«Yo no especulo, doy trabajo a la gente», solía repetir Javier de la Rosa a sus invitados en el Blue Legend, el magnífico yate con ocho camarotes y un salón de sesenta metros cuadrados en el que veraneaba antes de que los jueces decretaran su inmovilización. Sin embargo, a lo largo de su fulgurante carrera en el ámbito de la especulación financiera y la manipulación del dinero ajeno, «JR» —como le bautizaron algunos medios de comunicación— desencadenó la mayor quiebra empresarial conocida en España, la del Grupo Torras, con un agujero de 500.000 millones de pesetas y cuyas víctimas no sólo fueron los numerosos accionistas de las sociedades filiales, sino también varias decenas de miles de trabajadores.

¿Quién es este personaje oscuro e intrigante? ¿Puede considerársele como la encarnación más clara de la figura del financiero dominado por la ambición y carente de escrúpulos de la «era del pelotazo»? ¿Qué incógnitas encierra la espectacular trayectoria de un hombre que, obsesionado por el fasto y los signos externos de poder, intentó protegerse mediante una auténtica trama de espionaje privado urdida en torno a sus intereses económicos y políticos? Xavier Horcajo y Manel Pérez, que a través de las páginas de El País y otras publicaciones desvelaron las turbias operaciones de Javier de la Rosa desde sus inicios en la banca hasta sus «manejos» como representante de los intereses de KIO en España y sus irregulares actividades en Torras, Ercros, Ebro-Agrícolas, Grand Tibidabo y otras empresas, presentan en este libro la crónica de una época y la biografía crítica de uno de los protagonistas más destacados de la «borrachera» financiera de los últimos años, cuyas implicaciones trascienden las fronteras de nuestro país y los límites estrictos del mundo de los negocios.

Manuel Pérez
Xavier Horcajo

J.R. El tiburón

— oOo —

A Alba, Daniel e Isabel.

PROLOGO

Javier de la Rosa ha conseguido con todo merecimiento un puesto de privilegio en la lista de los mayores tiburones de la historia económica española. En términos cuantitativos, su turbia trayectoria se podría resumir en una sola cifra, la de los 700.000 millones de pesetas perdidos por las empresas que cayeron en sus manos. Y todo en menos de una década.

La trayectoria de JR coincidió en gran medida, aunque no totalmente, con la fase de especulación financiera que vivió la economía española entre mediados de los ochenta y principios de los noventa. En la euforia de esos años, en la carrera por el enriquecimiento rápido que los caracterizó, encontró el clima adecuado para explotar la codicia y la sed de fortuna de muchos.

Pero no fue exclusivamente una creación de esos años de boom, más bien acudió atraído por las posibilidades que la situación brindaba. JR encarnaba una forma particular de entender el mundo de los negocios, aparentemente más cercana en sus formas a la piratería que al comercio. Afrontaba sus negocios como emboscadas para cuya ejecución conjuraba toda clase de medios hasta desalojar a sus rivales. Desde el espionaje de las vidas privadas y el acopio de información sensible a la presión psicológica. Fue el pionero en el uso sistemático y masivo de esos métodos en España, y fue así como consiguió sus éxitos. Incluido el de que su rival y amigo, Mario Conde, el ex presidente de Banesto, le perdonara el primer gran agujero de su carrera, el hundimiento del Banco Garriga Nogués. Desplegando iguales artes, estas dos almas gemelas quedaron en tablas y se lanzaron a la aventura, aparentemente cada uno por su cuenta. Al final del camino estaban juntos de nuevo, aunque en esta ocasión para poner en común sus arsenales e intentar sortear las consecuencias de sus propios actos.

A pesar de ello, JR gozó durante largos años de la consideración pública y de la aureola del éxito, incluso cuando la lista de sus víctimas había alcanzado niveles alarmantes. Ello fue posible gracias a que las elites del país, desde grandes banqueros y hombres de influencia a numerosos políticos, no pusieron problemas mientras JR se acordara de ellos a la hora de repartir negocios o comisiones astronómicas. De la Rosa supo utilizar, como pocos lo habían hecho antes, ríos de dinero fresco para forjarse un escudo protector con una parte significativa de la crema española. La misma que hoy no quiere acordarse del pasado cuando JR utiliza sus dossiers para escapar a la acción de la justicia.

La historia de Javier de la Rosa sería irrelevante si no hubiera coincidido con una época en la que se extiende por la sociedad española un auténtico cáncer de los valores éticos, primero en las esferas políticas y luego difundido en metástasis por el mundo de los negocios.

Tampoco el Gobierno del PSOE puede presentar un excelente balance. Presente en los más variados frentes, muchos de sus ministros, y el propio presidente González, acabaron echando mano de JR para resolver los más variados expedientes, con el inconveniente de que en la escala de valores de este último cada favor era interpretado como una autorización para acometer nuevas depredaciones. La progresiva debilidad de los gobiernos socialistas permitió a JR sentirse capaz de utilizar al mismo Rey para superar su difícil situación.

Por último, aunque no es menos importante, destaca la responsabilidad de los medios de comunicación, que, salvo en muy contadas ocasiones, olvidaron su papel crítico y vigilante para abandonarse plácidamente a la más cómoda tarea de actuar como simples transmisores de las consignas de los poderosos del momento. La desfachatez de las prácticas de individuos como JR, y su reincidencia, habrían sido mucho menos dañinas si el conjunto de la prensa hubiera estado a la altura de las circunstancias. La adulación de parte de los medios que recibió JR durante años hace pensar en la vigencia de la frase que un periodista francés escribió en el lejano 1837: «Denme 30.000 francos para anuncios y me encargaré de colocar todas las acciones de la peor compañía posible».

Las páginas que siguen pretenden relatar la trayectoria de Javier de la Rosa desde que inició su andadura como ejecutivo de una filial de Banesto hasta sus últimos intentos de bloquear el normal funcionamiento de las instituciones judiciales. Son el resultado de varios años de investigación periodística, de centenares de entrevistas y del análisis de varias decenas de miles de documentos. Cuando este trabajo de investigación se puso en marcha, en los días en los que JR era amo y señor de Barcelona, los autores no imaginaron que acabaría generando la obra que el lector tiene en sus manos. Lamentablemente, el protagonista central de los hechos descritos en estas páginas se ha negado a aportar sus propias opiniones. «No tengo el menor interés en hablar con vosotros», fue su exacta respuesta. Si su contenido sirve para esclarecer, aunque sea en una pequeña parte, el pasado reciente y contribuye a evitar que se repitan algunos errores en el futuro, los autores habrán colmado sus aspiraciones.

Este libro ha sido posible gracias a la colaboración de decenas de personas que, a veces con riesgo para su prestigio y patrimonio, han desafiado las mentiras de Jotaerre sembrando de luciérnagas su oscuro camino en los negocios.

CAPITULO UNO

UNA SOCIEDAD INDEFENSA

No era la primera vez que Manuel Prado y Colón de Carvajal se dirigía al palacio de La Zarzuela. En esta ocasión, a mediados de diciembre de 1995, sin embargo, llegaba tenso. Acudía a reunirse, como tantas veces en los últimos veinte años, con su «Señor», como le gusta referirse a Juan Carlos I. Al llegar a palacio se topó con Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey desde enero de 1993, un hombre con el que nunca había sintonizado. Prado, cabizbajo, le saludó sin demasiado entusiasmo, inquieto al percibir que Almansa estaba en condiciones de hacerle algún reproche. El embajador at large (sin cometido específico) temía que todo aquel embrollo suyo con Javier de la Rosa pudiera perjudicar a la Corona como institución y a su privilegiada relación personal con el Monarca. Mientras cruzaban unas palabras corteses, apareció don Juan Carlos. Apenas hubo sonrisas. El semblante del Monarca parecía entristecido. Almansa fue directo al grano y le echó en cara a Manolo que la supuesta operación de chantaje al Rey ocupara las portadas de todos los medios informativos. El discurso de Almansa le sonaba conocido: él era el responsable de haber dejado que una «trifulca entre financieros» se convirtiera en un grave asunto de Estado. Todo aquello le daba claramente a entender que la llamada «operación Cortafuegos», cuyo objetivo era concentrar sobre él las consecuencias de la batalla provocada por Javier de la Rosa, contaba con poderosos apoyos.

El Rey permanecía en silencio, pero Prado no estaba dispuesto a rendirse sin batalla. Se defendió explicando que tenía la desgracia de haber sido elegido por Jotaerre como un instrumento en su campaña de presión sobre el Estado y sus instituciones para salir indemne de las causas penales que estaban abiertas contra él. El Rey seguía callado; era evidente que se sentía incómodo. Almansa concluyó su reprimenda recomendando al veterano embajador: «Manolo, tendrías que buscar una solución ¿no eres residente en Suiza?».

La «operación Cortafuegos» se había puesto en marcha inmediatamente después de que Javier de la Rosa hubiera revelado ante la Corte Comercial de Londres que Manuel Prado era el receptor de 100 millones de dólares que, según los representantes de KIO, procedían de las arcas de su filial española Grupo Torras. De la Rosa había decidido incluir el nombre de Prado en su declaración del 8 de noviembre de 1995, tras el fracaso de sus presiones sobre el embajador y la Administración española para conseguir nuevos fondos con los que levantar el cerco judicial al que estaba siendo sometido, tanto en Barcelona como en Londres. El financiero llevaba años asociando la imagen de Prado con la del Rey, en un intento nada sutil de demostrar, como si fuera una obviedad, que pagar a Prado equivalía a obtener la impunidad diplomática. En su intento por cobijarse tras el «parapeto real», también aprovechaba cualquier oportunidad para dejar constancia de su cercanía, su «buena relación» con la corte.

LA «OPERACION CORTAFUEGOS»

A los pocos días de que estallara el escándalo alguien decidió que ese tremendo pulso al Estado que De la Rosa llevaba meses maquinando debía dar un giro copernicano y ser presentado ante la opinión pública como un duro enfrentamiento entre hombres de negocios sin piedad. La «operación Cortafuegos» pretendía evitar que la justicia escarbase demasiado en la trama conspirativa en la que, con uno u otro papel, aparecían los dos tiburones de los ochenta, Mario Conde y Jotaerre. Arropados en la bandera de la libertad de expresión, significados editores de prensa como Luis María Anson o Pedro J. Ramírez se abonaban a la prédica de Almansa, un buen amigo de Mario Conde. Confundidos en el propósito común de preservar la figura del Rey, lo que algunos buscaban en realidad era que no se profundizara en la naturaleza y los partícipes de aquel bochornoso reto a las instituciones. Un sentir contrario al que, a mediados de noviembre de 1995, Felipe González había expuesto al Monarca, mostrándole su convencimiento de que había que actuar a fondo contra la amenaza.

Sin embargo, el intento de burlar la actuación normal de la justicia y de las instituciones democráticas existió. Es más, se demostró que el Estado no tenía anticuerpos para hacer frente a un mal de esa naturaleza. Aunque a De la Rosa le supuso aparecer como el gran apestado, no es menos cierto que el hombre que falsificó cartas con el membrete de la Casa del Rey[1], que insinuó poseer grabaciones en las que don Juan Carlos le agradecía en el hotel Claridge de Londres el dinero entregado a Prado, el mismo que disfrutaba pagando elevados «rescates» por fotos supuestamente comprometedoras del Jefe del Estado no tiene por estos hechos causa penal alguna en su contra. El fiscal general del Estado, Carlos Granados, dio carpetazo al asunto amparándose en que el Rey era «total y absolutamente ajeno» a los negocios entre Prado y De la Rosa y no considerando necesario perseguir a los flagrantes manipuladores de los símbolos institucionales. En lugar de analizar los hechos, los poderes públicos prefirieron desoír las insidias de De la Rosa, como si formaran parte de la rabieta propia de un botarate aficionado a la bebida en pleno delirio. ¿No es eso en sí mismo un éxito para quien se vale de tales artes?

Los responsables de la seguridad del Estado, y especialmente de sus servicios de información, sabían lo que podía suceder por lo menos desde diciembre de 1994, pocos días después de que De la Rosa entrase en prisión. Los telegramas enviados desde presidio por el financiero a diversos dirigentes políticos con el escueto mensaje de «Todavía estoy en prisión. Stop» pusieron en alerta a los agentes del Cesid. Ernesto Torres García, su hombre fuerte en Barcelona, entró en contacto con círculos próximos al financiero preso para inquirir sobre supuestos dossiers, vídeos y fotografías que pudiese manejar en relación con personajes de la vida pública, incluidos los miembros de la Familia Real.

Poco después, en los primeros días de enero de 1995, Juan José Folchi, el que fuera abogado mercantilista de De la Rosa, acudía acompañado de Manuel Prado a la sede del Cesid, en las afueras de Madrid[2]. Allí les esperaba el teniente general Emilio Alonso Manglano, director general de los servicios de espionaje. Folchi le entregó copias de dos cartas con el membrete de la Casa del Rey y con la firma de Manuel Prado que habían sido hábilmente manipuladas para simular un escrito en el que Prado, en nombre del Rey, agradecía el envío de 429 millones de dólares. En uno de los escritos, fechado el 10 de octubre de 1990, se expone: «Siguiendo instrucciones de Su Majestad, me dirijo a su Excelencia [el ministro kuwaití de Finanzas] de manera estrictamente confidencial para, en este momento de gran preocupación en su país, agradecerle su ayuda». La ayuda referenciada se concretaba en la segunda misiva, supuestamente dirigida a De la Rosa: «Te adjunto carta dirigida a Su Excelencia Sheik Ali Khalifa al Athbi al Sabah, ministro de Finanzas de Kuwait, para su entrega dado que, por razones de Estado, sólo puedo enviarla a través tuyo. La carta, como verás, se refiere a los 129 millones de dólares del año 1989 y a los 300 millones de dólares de hace pocas semanas». El abogado Folchi había sido el emisario que en nombre de De la Rosa llevó, en octubre de 1990, durante la invasión iraquí de Kuwait, las falsas cartas a la sede de KIO en Londres.

Prado supo de la existencia de las cartas, que nunca firmó, mucho antes de reunirse con Manglano, en mayo de 1993. Folcli le puso al corriente de las maquinaciones y truculencias de De la Rosa. Su reacción fue informar de ello al Rey, quien le recomendó acudir al fiscal general del Estado. En lugar de eso, el embajador prefirió exponer la situación al presidente del Gobierno, Felipe González, y al líder de la oposición, José María Aznar. Los líderes de la política española no entendieron el alcance de las palabras de Prado, que, por supuesto, no explicó que había recibido de De la Rosa la bonita cifra de 100 millones de dólares. El Gobierno socialista, acosado por los escándalos y en una situación de tremenda debilidad, optó por no hacer nada.

Finalmente, Prado exigió explicaciones a De la Rosa. Tras un cruce de correspondencia a través de Juan Piqué Vidal, el penalista que defiende al financiero, consiguió el 17 de mayo de 1993 un documento en el que De la Rosa afirmaba: «Que jamás he conocido existencia de ninguna carta o fotocopia de carta que con tu membrete, más símbolos institucionales y con tu firma, se haya dirigido a mí y/o a los señores Ali Khalifa al Sabah o Fahad al Sabah, haciendo referencia a temas políticos, de contribución generosa, de Defensa o de cualquier otra índole con Kuwait, que de existir se trataría de burdas falsificaciones». Asimismo reconocía: «Que nuestras relaciones han sido siempre de carácter amistoso, empresarial y financiero, y que jamás en mi conocimiento, yo personalmente o a través de ninguna sociedad directa o indirectamente vinculada con KIO, durante el mandato profesional de esas empresas, se te han abonado sumas dinerarias, ni en España, ni el extranjero, para atender pagos políticos a personalidades o instituciones». Aquello, sin embargo, era considerado como papel mojado por De la Rosa, aunque al embajador le tranquilizara durante un tiempo pensar que disponía de un arma contra su antiguo socio.

El general Manglano, al conocer los textos falsificados, se limitó a comunicar el hecho al Gobierno. Pero ni él ni González ni el propio Prado acudieron al fiscal. En lugar de eso, se pensó otra «solución»: había que conseguir que JR se fuera de España.

En los primeros días de enero de 1995 Prado ya era el objetivo preferido de De la Rosa, aunque no el único. Así lo demostró en una carta manuscrita enviada desde el centro penitenciario de Can Brians en la que relacionaba los nombres de receptores de dinero y favores, entre ellos ilustres miembros de la clase política como González, Benegas, Solchaga, Pujol, Roca, Ramón Rato (hermano del dirigente del PP) e incluso el Rey. El Banco Santander también estaba en el punto de mira del financiero. Además de presentar una demanda contra la entidad en un juzgado de Barcelona, JR comenzó a rastrear cualquier posible información que resultase perjudicial para Botín, desde algo referente al contencioso que la entidad tenía abierto con las autoridades bursátiles neoyorquinas al supuesto cobro de comisiones en operaciones de venta de armamento. Al igual que su ex colega Conde, De la Rosa pensaba que el banco cántabro podía ser el pagano ideal.

LAZOS DE SOLIDARIDAD

Al salir de prisión se reforzaron los lazos de solidaridad entre De la Rosa y Mario Conde. A la semana de estar en libertad Jotaerre comenzó a visitar a Conde en su domicilio madrileño y en su finca de Toledo. De regreso a Barcelona, comentaba a sus íntimos: «Vamos a conseguir la abdicación del Rey si no arreglan nuestros problemas». Conde empezó a transmitir mensajes de De la Rosa a Prado: «Este chico está desesperado, Manolo. Tiene información sensible sobre altas instituciones del Estado; habría que hacer algo para ayudarle». El trastorno de JR tenía un origen clínico. El mismo envió en enero de 1995 a los tribunales de Londres un certificado, firmado por un médico de la clínica New Teknon, según el cual «presentaba desde septiembre de 1994 un cuadro ansioso-depresivo que me obliga a someterle a tratamiento». Los mensajes de amenaza sobre Prado habían sido difundidos antes por otros enviados menores, como Piqué o Alfredo Fraile, su relaciones públicas.

Las presiones sobre Prado no sólo buscaban una salida judicial, sino también dinero: «Dice que si le das dinero, cuando tenga que presentar su escrito de defensa en Londres omitirá lo de tus 100 millones de dólares». Prado, que sabía que si cedía una vez estaría en manos de Jotaerre, se negaba en redondo y confiaba en que su condición de residente en Laussane, Suiza, atenuara sus posibles problemas judiciales.

La tranquilidad del establishment español tenía un precio: 14.000 millones de pesetas, 3.000 para el catalán y 11.000 para el ex banquero. Al tiempo que el gallego intentaba encontrar con el Gobierno una solución al «caso Banesto», los documentos sustraídos del Cesid por el coronel Juan Alberto Perote comenzaron a ver la luz convertidos en titulares de cinco columnas. De la Rosa, por su parte, planteaba su batalla desde Barcelona contándole sus «prioridades» a Jordi Pujol, con quien se reunió a principios de marzo en casa del entonces consejero de Sanidad, Xavier Trias.

En el encuentro con Pujol, De la Rosa no se anduvo con chiquitas. Su lista de peticiones no olvidaba nada: paralización de los casos abiertos contra él en Barcelona y Londres (el de la Audiencia Nacional no importaba demasiado, pues estando Moreiras en el juzgado no había problemas), 2.000 millones de pesetas para hacer frente a parte de sus deudas con Grand Tibidabo y 75 millones al mes para gastos corrientes.

Pujol intentó ser didáctico con su admirado empresario modelo:

—Nosotros no podemos hacer nada de lo que nos pide, no podemos parar a los jueces y no podemos darle dinero —fue en esencia la respuesta de Pujol.

De la Rosa se irritó:

—Con lo que yo he hecho por ustedes… Además, si no me ayudan se armará una gorda. Sepa usted, president, que tengo grabaciones en las que el Rey me da las gracias por el dinero enviado. Pujol saltó electrizado al oír esas palabras e hizo ademán de irse, aunque acabó sentándose de nuevo tras las disculpas de JR. El president intentó tranquilizarle prometiéndole alguna gestión abstracta, pero JR comprendió que iba a avanzar poco por ese camino, aunque luego fuera presumiendo de recibir 70 millones mensuales de la Generalitat. La existencia de esa reunión fue negada por Pujol, que se limitó a reconocer que De la Rosa le había hecho llegar un escrito con las peticiones mencionadas anteriormente.

También intentó que esa estrategia funcionase en Cataluña. De la Rosa amenazó con arruinar la carrera política de Miquel Roca, su chivo expiatorio en aquel territorio. Roca, al que auguró que no llegaría a ser alcalde de Barcelona, abandonó la secretaría general de CDC en un incomprensible mutis por el foro en el que Jotaerre no parece haber cumplido únicamente el papel de espectador.

Las reuniones entre Manglano, Prado y Folchi continuaron. Poco a poco el rompecabezas se aclaraba en la mesa del jefe del Cesid. Escarmentado por las informaciones que su «traidor» Perote aportaba a diario, Manglano se volvió más interesado en conocer los datos sobre las antiguas operaciones de Torras, así como sobre la posible financiación a partidos políticos.

MARCAJE A MANUEL PRADO

De la Rosa redoblaba su marcaje a Manuel Prado, convertido ya en su enemigo público número uno. Tan fuerte era la presión que Prado buscó alivio entrando en contacto con los kuwaitíes, empecinados en hacer pagar la juerga de Torras. Por entonces, el emirato había abierto embajada en Bahamas para perseguir a los huidizos responsables del fiasco de KIO. La crisis de las inversiones kuwaitíes en España había enfriado notablemente las relaciones entre ambos países. El nuevo embajador del emirato, buen amigo de Manuel Prado, no había sido recibido aún por representantes oficiales del Gobierno español. Prado consiguió que el entonces ministro de Exteriores, Javier Solana, recibiera al representante de Kuwait, lo que reforzó su papel como mediador en los conflictos pendientes entre ambos estados.

Sobre esa base, Prado participó en varias reuniones con representantes de KIO[3] en las que introdujo la posibilidad de que el conflicto judicial abierto en Londres pudiera resolverse mediante un acuerdo privado en el que los demandados restituyeran parte del dinero desaparecido.

La primera de esas reuniones tuvo lugar a finales de marzo de 1995 en Ginebra, y en ella se discutió la posibilidad de que el ex presidente y el ex director general de KIO, además del propio De la Rosa, pagaran en torno a 200 millones de dólares. Las conversaciones continuaron en Londres dos meses más tarde. Finalmente se produjo una reunión en El Cairo (13-15 de junio) en la que, además de la agenda oficial sobre las ayudas del Gobierno español a las empresas de Torras, se formuló una propuesta más perfilada de acuerdo entre las dos partes en litigio. La base de ese acuerdo consistía en pagar 200 millones de dólares a KIO y aportar bienes por otros 300 millones sometidos a una comisión de arbitraje. Sin embargo, la oposición de parte del Gobierno de Kuwait, del responsable de KIA (organismo de control de KIO) y del ministro de Finanzas impidió avanzar. Además, De la Rosa se mostró inflexible: «Yo no pongo ni un duro».

A finales del verano la posibilidad de un pacto era nula. A principios de octubre De la Rosa tenía claro que la causa de Londres no se iba a bloquear. A partir de ese momento, para JR, Prado sólo podía ser una fuente de dinero. Finalmente, cuando esto tampoco fue posible se decidió a convertirlo en su rehén y lo utilizó de parapeto en su escrito de defensa ante el tribunal inglés. Una historia similar se planteó con Enrique Sarasola Lerchundi, empresario bien relacionado con Felipe González, a quien De la Rosa quiso cobrar los favores del pasado, de nuevo sin éxito. En la defensa de Londres incluyó un párrafo señalando que la sociedad panameña Horowitz, que él relacionaba con Sarasola, había recibido 27,4 millones de dólares como pago en negro por la compra de los solares de la plaza de Castilla de Madrid, donde se acabaron construyendo las torres Puerta de Europa. En el momento en el que decidió lanzar su órdago incluyendo a Prado y las referencias a Sarasola, De la Rosa apostó a fondo y lanzó una campaña directa de insinuaciones contra el Rey.

Lejos quedaban los tiempos en los que, solícito, intentaba ganarse la confianza del Monarca con espectaculares regalos, como un deportivo Porsche hecho a mano que hizo llegar, junto con un grupo de empresarios catalanes, en 1988 a La Zarzuela con motivo de la cincuenta onomástica del Rey y utilizando el nombre del príncipe Zourab Tchokotoua.

La documentación fue localizada durante un registro judicial en Quail, la sociedad de De la Rosa. Los pagos por el deportivo, marcado con el número de chasis WPQZZZ95ZJS900243 y liquidado por 24.499.930 pesetas, llevan una «nota» en la que se especifica que «La presente operación está pendiente de importación (con el siguiente pago del derecho arancelario e IVA) por efectuarse directamente por la Casa Real» (factura de fecha 10 de octubre de 1988). De la Rosa entregó una paga y señal mediante siete talones de la cuenta 595-41 de la oficina C/Balmes 182 de La Caixa por un total de 3.397.345 pesetas (30 de noviembre de 1988). El resto del importe (21.102.585 pesetas) fue satisfecho vía cheque bancario de Banca Catalana que fue ingresado en las cuentas de Porsche en el Deutsche Bank el 15 de noviembre de 1988.

CAPITULO DOS

DRAMATIS PERSONAE

Mosén Miquel es un ampurdanés fiel a los principios culinarios y vitales defendidos por el escritor Josep Pla, tanto o más que al mismísimo Evangelio. No se fía de la gente que come mal. Está dotado de una fina ironía que corta como un cuchillo y goza del chascarrillo ocurrente, como Robespierre gozaba de la máquina inventada por el doctor Guillotin. El orondo ministro de Dios conoce bien a los feligreses de Cadaqués, por motivos que no vienen al caso. Un día alguien le habló de los generosos donativos que De la Rosa hacía a las monjitas que acudían a su residencia de veraneo (existen pruebas documentales que los relativizan a unas 30.000 pesetas por entrega[1]). Y ese mismo alguien se ofreció para presentarle al dadivoso Jotaerre, justo cuando éste salía del restaurante Es Baluard. Con un crujiente acento de tramuntana, el introductor dijo en castellano:

—Mosén, le quiero presentar al señor De la Rosa, un gran católico y un magnate de los negocios.

De la Rosa extendió su mano y el mosén se la estrechó mientras decía con acartonada indiferencia:

—Es curioso que, en español, sólo el orden de dos letras diferencia la palabra de origen latino magnate de la palabra mangante.

Nacido el 29 de septiembre de 1947, Javier de la Rosa es el tercero de una serie de seis hijos (Antonio, Fernando, Carlos, Pilar —«Pikiki» para los amigos— y Pedro son los otros cinco) de una familia acomodada. A otra persona podría darle igual, pero para él, como para sus hermanos, es importante el horóscopo. Por eso conviene señalar que es un Libra con ascendente Escorpio. Tiene una fe ciega en las estrellas y las artes adivinatorias, o cualquier otra cosa que le sirva para autoconvencerse —desde bien pequeño— de que no ha venido al mundo a hacer de currante, sino a ser uno de los elegidos. Por ejemplo, el nombre de Blue Legend que lleva su yate se debe al parecer a una profecía que le hizo un quiromántico cuando era muy joven: «Tienes los ojos azules y serás una leyenda». Cualquier otro lo hubiera olvidado, pero JR no.

EL ALMA DE LA CLASE

Francisco Javier fue un aplicado alumno de la promoción de 1964 del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Caspe de Barcelona. De la Rosa recuerda aquella etapa de su vida como «muy feliz dentro de un ámbito de clase media de no demasiada riqueza. Mis padres eran muy exigentes con los estudios y, después del colegio, recibíamos clases particulares en casa». Entre sus amigos de juventud, como Jorge Badosa o Javier Malagrida, compañeros de correrías por Llinàs, se comenzaba a vislumbrar un déficit afectivo brutal en el amigo Javier, por entonces todavía humilde y con sentido del humor. Uno de los que compartieron pupitre con él fue el abogado y auditor Francisco de Quinto Zumárraga, adscrito hoy al despacho de Piqué Vidal. Otro de sus compañeros de estudios tempranos explica: «Recuerdo que ya por entonces Javier tenía unas carpetas perfectamente archivadas con todo tipo de datos sobre profesores e incluso compañeros».

Estudió Derecho en la Universidad Central, con el lapso obligado de las milicias universitarias durante los cursos tercero y cuarto en el campamento de Castillejos; realizó las prácticas en el cómodo destino del Cuartel de Alta Montaña de Berga, donde compartió «espadín» con Xavier Trias y Vidal de Llobatera, hijo de una acaudalada familia propietaria de los laboratorios farmacéuticos Carlo Herba y actual consejero de la Presidencia de la Generalitat. El alférez De la Rosa convidaba a cava a sus compañeros y superiores en el campamento de Castillejos y así consiguió eludir las incómodas letrinas de uso general, así como olvidarse de guardias y fatigas. Oficiales y jefes de la unidad vivieron uno de los años mejor regados de sus vidas. A cambio, el soldado obtuvo una mili relajada. Alguno de los reclutas, hoy conocidos hombres de empresa, como Enric Crous, director general de la cervecera Damm, aún recuerdan con envidia la mili de Jotaerre y las furgonetas con cava que mandaba traer desde Barcelona para ganarse a los mandos de la unidad. Fue fundamental para conseguir que «incluso el capitán general le impusiera la banda de número uno, mientras su padre lloraba emocionado y balbuceaba: “¡Qué gran soldado español!”. Muchos de nosotros creíamos que aquello y su obsesión por anotarlo todo de todos tenían que ver con su pertenencia al Servicio de Información Militar. Pero quizá lo consiguió con algunos enjuagues, sin más», recuerda un compañero de armas.

De la Rosa cultiva la amistad de Xavier Trias, que estudiaba Medicina, y juntos inician unos interminables viajes en Seat 600 a la localidad costera de Sitges. En ellos descubre su interés por las grandes finanzas y sobre todo por hacerse rico, muy rico, cuanto antes. De hecho, propone inversiones al vástago de la extensa familia Trias y se desespera por la apatía que éste muestra hacia todo lo monetario. «De todo el grupo de amigos, el arquitecto Juanín Flores, Santi Tomeo, Luis Badia, él era el único que no tenía coche. No tenía un duro», señala uno de sus grandes amigos, aficionado, como él, al fútbol.

Tras licenciarse en Derecho, De la Rosa tantea iniciar Económicas o ingresar en la Escuela de Periodismo de Madrid (única entonces en todo el país). Al final, se decanta por un master en una de las más prestigiosas business schools españolas, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), próxima al Opus Dei, en la que se gradúa dentro de la quinta promoción de los cursos de Finanzas de 1971. Allí coincide con Joaquim Molins[2], años después portavoz de CiU en el Congreso. «Nos conocimos en el colegio, Javier siempre venía a casa. Luego, a los dos nos pagaban por jugar a fútbol sala e incluso coincidimos en la Asociación Deportiva Sarrià. Además, Javier y yo éramos el alma de la clase en el master del IESE», afirma Molins. Por esa época, De la Rosa se mueve por la parte alta de Barcelona en un Volkswagen Golf.

Javier conoció a Mercedes Misol Hierro, nacida el 4 de agosto de 1948, en la boda de su amigo Trias con Purificación Arraut, que se celebró en Valldoreix (Barcelona). «Todo fue rapidísimo, a los ocho meses nos casábamos», resumía en una entrevista años después Mercedes. Cuando contraen matrimonio, él tiene veinticuatro años y está a punto de iniciar su singladura bancaria en el Banco Pastor. Ella, hija de una familia catolicísima, había estudiado ATS y ejercía como enfermera de cirugía cardiaca. «Al haber tenido tres hijos en cuatro años», según explicó ella misma a la prensa rosa, Mercedes abandonó sus planes de ser médico y estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El padre de Mercedes, Pedro Misol, había conseguido mantener en sus manos la compañía química Foret[3], fabricante de agua oxigenada. Los hermanos Foret debieron exiliarse a Francia tras la Guerra Civil y Pedro Misol[4] había sido su factótum en la España de Franco. Mientras la mayor parte de las empresas españolas del sector eran vendidas a capital exterior, Foret era una pera en dulce a la espera de comprador. De hecho, el primer gran negocio en el que De la Rosa estuvo implicado fue la venta del 50 por ciento de Foret a la norteamericana FMC Corporation. De la Rosa diseña una operación puente, compra a crédito, con dinero de Banesto, y luego vende a los norteamericanos a un precio mucho más alto.

JR se promociona en banca e inicia operaciones de gran calado. Para entonces, el matrimonio tiene ya tres hijos, Mercedes, Gabriela y Javier, y se instala en un elegante edificio tras el campo de fútbol de la Avenida de Sarrià, donde juega el R.C.D. Español. La vivienda (quinto piso de Doctor Fleming, número 18-20[5]) bien pudiera haber sido el escenario inspirador de la famosa obra de Buero Vallejo Historia de una escalera. Allí coincidieron durante algunos años los De la Rosa, Javier de Godó, conde de Godó, editor de La Vanguardia, Antonio Asensio, presidente de Grupo Zeta, José Manuel Lara, forjador de Editorial Planeta, Josep Lluís Monreal, presidente de Editorial Océano, y el empresario Eduardo Bueno Ferrer. Aquel «Fleet Street» catalán daba pie a favores mutuos y —es de suponer— a unas jugosas reuniones de vecinos entre concesiones de televisiones privadas, ataques hostiles, alianzas estratégicas o planes de los periquitos para salvar al Español… Todo ello en una urdimbre de chóferes, chachas y guardaespaldas de unos y de otros. Todo un «Macondo» para el atribulado Isidro Brenchat, portero de la finca que las ha visto de todos los colores. Una mañana, poco después de que Miguel Moreiras rechazase por primera vez la querella de KIO, el editor Lara coincidía con De la Rosa en el ascensor:

—Javier, ¿cuánto quieres por tu piso?

—No, no, si nosotros no nos cambiamos de piso —respondió sorprendido Jotaerre con una media sonrisa, pensando que se trataba de una de las ironías del editor.

—Eso es lo mismo. Tú dime cuanto quieres por tu piso, que yo te lo doy.

—No. El piso no está en venta —dijo tajante De la Rosa.

—Mira, es que yo te lo quiero comprar porque nosotros no estamos seguros contigo aquí, que cualquier día te ponen un bombaso y saltamos todos por los aires.

Y eso que el editor no es un hombre fácil de amedrentar: años antes había llevado encañonado y manos arriba a un ladrón que trató de asaltarle hasta la comisaría más próxima al lugar de los hechos. De la Rosa, pálido, ni siquiera contestó.

Por lo que respecta a los otros cinco hijos del abogado del Estado Antonio de la Rosa Vázquez y de Pilar Martí, Fernando se hizo ingeniero y fue colocado por su hermano Javier en Tierras de Almería; Pilar se casó; Antonio, el mayor, y Carlos se hicieron —como Javier— abogados. Antonio trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona, la entidad que instó la causa penal contra su padre. Quizá porque esto le dejó en mala posición (el alcalde Narcís Serra pensó ponerlo de patitas en la calle), Antonio y su hermano Carlos[6] abrieron un bufete conjunto llamado DLRS («Delarosas») en la calle Lauria, 118, 2º de Barcelona. De Antonio de la Rosa-hijo dice un informe de una agencia de detectives, que lleva fecha de 1989: «Es persona altiva, característica congénita al parecer, de carácter difícil y con ningún sentido de la humildad e incluso, en determinados casos, de la sociabilidad».

Antonio también es un entendido de las cartas astrales y ha ganado cierto renombre entre los empleados municipales realizándolas. Como hemos dicho, Jotaerre también es un apasionado de estas «ciencias», e incluso ha compartido echador de cartas con la soprano Montserrat Caballé. El adivino era Cesco Domènech, un profesional que antes tenía «consulta» en el barcelonés barrio de Gràcia y ahora la tiene en Sitges.

Lo oculto sin duda despertaba mucho interés en Jotaerre. Quizá confundido por lo exótico del nombre, decidió acudir un día a un centro de shiatsu, una disciplina de masaje japonés que consigue con los dedos unos efectos similares a los de la acupuntura china. El financiero llegó a la consulta del especialista nipón en plena crisis con Mario Conde, cuando todavía representaba a KIO en Cartera Central, y explicó al oriental:

—Mire, yo vengo porque Mario Conde me ha echado mal de ojo…

—Hombre, nosotros aquí… Pues el riñón, el bazo, esto sí, pero ¿los males de ojo? No tratamos esto —adelantó el japonés entre incrédulo y dubitativo por no dominar al cien por cien los matices del castellano.

—No, no, si yo de salud estoy cojonudamente. Quizá lo único, un poco más nervioso, y es por esto del mal de ojo.

—Bueno nuestra técnica puede ayudarle a contener sus nervios y a relajarse —razonaba el artista del shiatsu.

Finalmente convencido de lo benéfico del intento, De la Rosa se sometió a la práctica. Al salir del centro buscó en su bolsillo y entregó un billete de 10.000 pesetas al maestro japonés. Este le devolvió la mitad y De la Rosa le hizo un gesto con la mano indicando que estaba bien así. El japonés le dijo algo nuevo para sus modales de nuevo rico:

—Señor, aquí no se aceptan propinas.

A LO GRANDE

Las artes adivinatorias, la lotería y todo lo relativo a las técnicas adelgazantes son elementos esenciales en la rutina diaria de Jotaerre, que se prodiga con gran fidelidad en las mismas mesas de Finisterre o en el bar de copas Ideal, por poner algunos ejemplos barceloneses.

El bar Ideal, o Can Gotarda, es un punto de encuentro de ejecutivos y el preferido de De la Rosa. Se trata de uno de esos santuarios del buen beber y de la coctelería con raigambre. A JR le hace sentir en casa, por lo consentido que lo tienen. Por ejemplo, mantienen una despensa de latas especiales de almejas para su consumo particular, a 18.000 pesetas por envase. Cuando los escoltas asoman la nariz en el local, precediendo la entrada rutilante del obeso Jotaerre, el barman, la vendedora de lotería y el público en general se envaran. El Ideal es el marco en el que De la Rosa desliza sus confidencias. Allí mantiene, por ejemplo, su especial relación con el periodista Feliciano Baratech. En la coctelería, JR y Baratech comparten un discreto rincón, especialmente los sábados a mediodía. Allí le dicta a «el del puro» (como conocen al periodista en el círculo de JR por su afición a los habanos) las insidias más abruptas sobre Alfonso Escámez, los «Albertos», Escondrillas o, más tarde, «esos bobos de KIO». Entre susurros se pasan consignas, odios, visceralidades, aguijonazos y favores escritos. Como dos coleguis, así ha sido durante muchos años.

Tras el largo periodo de ausencia forzosa por la estancia en prisión, otro cliente ocupó su silla preferida en el bar Ideal. Recuperada la libertad, aunque fuese en forma provisional, De la Rosa acudió a repostar y ni siquiera tuvo que preocuparse por recuperar su plaza. Al verle entrar por entre las cortinas de terciopelo rojo, el encargado ordenó: «El Beefeater de don Javier y desalojad su silla, ¡Rápido!». Luego pidió disculpas al financiero y, como si nada hubiera ocurrido, éste siguió contando —entre el tintineo de los cubitos— sus desgracias y las traiciones de los que creía fieles. El desalojado pagó, se fue, y ahora vive convencido de que «todo este lío de meterle en la cárcel no va a servir para nada. Esta sociedad le sigue consintiendo».

Por otra parte, el financiero libra una terrible lucha interior por controlar la verdad. Todo lo que no le gusta —especialmente de sí mismo— es retorcido, alterado y falseado hasta ser aceptable por su pretendidamente estricta moralidad. El problema es que, más tarde o más temprano, la realidad somete a contraste «su verdad» con los hechos. Y se descubre la mentira. Por eso, es esencial controlar la información para poder deformar la realidad y mantener la mentira. Esos son los peores momentos para todos aquellos que se creen su propias «realidades». De la Rosa encarna un prototipo clásico que se estudia en las facultades de Medicina y que alterna delirios de grandeza con tremendas inseguridades, miedos y timideces.

El que fuera nuevo rico más rico de España tiene miedo a muchas cosas. Eso explica que duerma siempre cerca de su pistola, a pesar de que la 441 Comandancia de la Guardia Civil le abrió expediente para revocar la licencia de armas el 30 de enero de 1995. Incluso, en algún arrebato, Jotaerre se atrevió a mostrársela a algunos periodistas, más como bravuconada que como amenaza. Los miedos de De la Rosa comenzaron en las épocas gloriosas, cuando ganaba un millón de pesetas por hora y despertaba de noche a su fiel chófer Capilla (ya retirado) para que le llevase al aeropuerto. Como quien paga el precio de la gloria, JR comenzó a temer la noche. En un principio todo se atribuyó a una serie de traumas familiares. «Es que he pasado momentos de mi vida familiar muy duros…». Luego el miedo se extendió a las horas de oficina y se intentó exorcizar con la constante compañía de guardaespaldas. A los enemigos que potencialmente pudo hacerse en el ejercicio de su actividad De la Rosa siempre encontró otros que añadir, pues así justificaba su desasosiego y la obsesión permanente de estar perseguido. Es el caso de ETA. «Me han dicho que estoy en la lista», susurraba a los amigos. Unos creían que lo hacía para darse importancia, otros que vivía obsesionado con persecuciones de todo tipo.

Los miedos se fueron multiplicando. Miedo a que un árabe le saltara al cuello alfanje en mano. Miedo a la salud. Miedo a la prensa. Obsesión por lo que dicen de él: «¡Todo se debe a que ese editor me odia!», decía a un periodista como quien maneja la piedra filosofal. Otras veces, menos cínico, reconocía de plano: «Hace diez años tenía comprados a todos los periodistas financieros de Barcelona para que hablasen bien de mí. Ahora es más sencillo, controlo toda España, pagando tan sólo a seis editores». Eran sus buenos tiempos.

FASCINADO POR EL FASTO

«La verdad es que tengo la impresión de que él siempre ha estado deslumbrado por el estilo de vida de la jet-set, envidioso de todos esos lujos. Desde muy joven dio la impresión de ir siempre de farol. Es como un niño grande, un jugador insaciable», afirma uno de sus próximos. De la Rosa disfrutaba con el halo de grandeur a su alrededor, le gustaba ser temido. Se complacía en impresionar a los que le conocían poco, por ejemplo, el personal sanitario de la Clínica Teknon. Uno de sus médicos, Ruperto Olivero, y dos enfermeras no olvidarán fácilmente el día en que entraron en su habitación para someterle a unas pruebas y le encontraron con el teléfono en la mano: «Esperaos un poco, que ahora estoy comprando un 4 por ciento del Banco Santander». Su personalidad coincide con las características tipológicas que definen a los hipocondriacos, además de tener una tendencia natural a hincharse, quizá por ser un hombre que goza comiendo y bebiendo. También está habituado al uso de tranquilizantes. En la cárcel se los prohibieron, pero el sumario del «caso Grand Tibidabo» incluye las listas de pedido a la farmacia, que suelen rondar las 50.000 pesetas al mes. En ellas aparecen fármacos para el insomnio y tranquilizantes nerviosos, como Dormodor, Dogmatil o Tranxilium. Gracias a esos datos del sumario, una nueva verdad se revelaba respecto a De la Rosa: a pesar de que llevaba años repitiendo que «para mí triunfar es acostarme tranquilo por las noches», Jotaerre, como él mismo certificaría ante la Corte de Londres, dependía de los tranquilizantes y tenía problemas para dormir, cosa que hacía, por cierto, en una habitación sin ventanas y con una pistola en la mesita de noche.

El «cliente 55» de la farmacia Serrano también encargaba Trifosfaneurina, un neurotónico de frecuente recomendación a personas con problemas con el alcohol. Ese es el gran secreto, los programas de desintoxicación alcohólica a los que se ha sometido, siempre bajo el atento control de Mercedes y a través de profesionales ligados a la Teknon, como el doctor Seoane o la doctora Rodríguez Martos, e incluso algunos médicos externos al centro pero con consultorio en él, quienes le sometieron a tratamiento en algún balneario de La Carriga (Barcelona). Uno de esos tratamientos tuvo lugar el 26 de mayo de 1994. Y es que cuando Mercedes detecta un problema en JR, aprovechando la influencia que tiene sobre él, no duda en proponer su solución a los mejores especialistas.

De la Rosa, descontento con un físico tendente a la obesidad, probó insistentemente con los sobres adelgazantes kneipp, los Biomanan y otros productos similares hasta que se decidió a someter su papada a cirugía estética reductora. Se trataba de practicar un estiramiento facial que le proporcionase una imagen con la que se sintiera más a gusto. El encargado de aquella intervención fue un médico chileno, especialista de la Teknon. La operación fue un completo desastre: todavía hoy unos costurones tremendos suben por el cuello del financiero como recuerdo de aquel fiasco que no solventó la flaccidez de sus carnes. El doctor tuvo muchos problemas por aquello en la clínica regida por la esposa del paciente. Le hicieron la vida imposible, hasta que se marchó. Este mismo facultativo ha tenido otros errores que le han causado graves problemas.

Sin embargo, al magnate no parecen disgustarle los hospitales; es más, durante años repetía lo importante que era el empeño puesto en la Teknon, y cuando le hablaban de pérdidas económicas solía decir: «No importa si perdemos 800 millones. Para eso está la Fundación, además servirán para desgravar». En la Teknon le veían muy a menudo, e incluso se sorprendieron con las frecuentes visitas que realizó a un enfermo terminal de sida, un pintor residente en Sitges que era conocido suyo.

La gran incógnita que rodea siempre a Jotaerre se centra en el patrimonio que ha logrado acumular y en el modo en que lo ha hecho. Desde que, a finales de 1985, se puso al frente de las inversiones de KIO hasta finales de 1992, De la Rosa pudo amasar, gracias al maná kuwaití, una auténtica fortuna de entre 30.000 y 50.000 millones de pesetas, según el ojo clínico del observador de que se trate. Sin embargo, algunos de sus amigos más íntimos explican que el propio financiero les ha confesado que sus fondos no superan los 5.000 millones de pesetas. «Tiene lo justo para recibir 25 millones de renta al mes que le llegan de Suiza», asegura uno de ellos que recuerda sus frecuentes visitas al hotel Noga Hilton de Ginebra (rue Chantepoulet). «Si sólo tiene esa cifra es que, de verdad, es tonto. Porque de todo lo movido por KIO en este país, el 25 por ciento ha pasado en forma de comisiones por las manos de Javier». Se refiere a los 1,2 billones de pesetas en operaciones empresariales que cambiaron de mano con su intermediación.

En la primavera de 1991 De la Rosa admitía que «mi patrimonio asciende a unos 20.000 millones de pesetas», pero más adelante, en diciembre de 1992, reconocía: «He ganado dinero con KIO, igual que todos en tiempo de bonanza económica. Han sido unos 5.000 millones». Para aumentar la confusión, solía hacerse la víctima y confesar a las plumas afines: «He pagado 200 millones de pesetas por rendimientos del capital en la última declaración de la renta». Como si eso pudiera inspirar lástima alguna a la gente de bien.

Contradictoriamente, le gustaba definirse a sí mismo como «poco ambicioso» y «más blando de lo que la gente piensa». Pero de ahí a presumir de pagar impuestos es, directamente, un escarnio a la moral pública. Las declaraciones a Hacienda de Javier de la Rosa correspondientes al ejercicio 93 mantienen que había ganado unos 10 millones de pesetas, a razón de quince pagas de 449.000 pesetas mensuales que percibía de la compañía Ebro. Sobre su patrimonio, su liquidación era negativa. Los bienes declarados ascendían a 394,3 millones y presentaba deudas de 434 millones de pesetas. Es decir, que debía 40 millones más de lo que tenía. Analizados los impresos de declaración a Hacienda, la pregunta está clara: ¿cómo podía De la Rosa llenar el depósito de su Blue Legend?, operación que costaba unos 4 millones de pesetas. Pero nada despertó la curiosidad de la Delegación de Hacienda de Pedralbes-Sarrià ante el modesto «modelo 100» presentado por el contribuyente De la Rosa Martí, al que se le había practicado una retención previa de 3 millones de pesetas y que no declaraba inmueble alguno de su propiedad, ni rústico ni urbano. La única carga fiscal del declarante eran unos modestos rendimientos de capital de 175.659 pesetas y otras 714.622 pesetas por dividendos y participaciones en beneficios de sociedades.

No era un ciudadano rumboso con el fisco y se dedujo 707.901 pesetas como gastos por enfermedad, así como 670.062 por primas de seguros de vida, muerte o invalidez. Tras los oportunos cálculos en las tablas de Hacienda, debía pagar 104.068 pesetas, que fragmentó en dos pagos, el segundo de los cuales (161.627 pesetas) se abonó mientras estaba en prisión por el «caso Grand Tibidabo», el 6 de noviembre de 1994. El contribuyente se autodeclara consultor en la casilla D, de la tercera página del modelo, aunque no incluye ningún ingreso por este concepto. Tampoco declara cotizaciones a la Seguridad Social, a la que dejó de cotizar en 1985, cuando todavía trabajaba para el Garriga Nogués.

La cartera de valores personales declarada asciende a 273 millones de pesetas, en títulos de Ebro, Indo, Grand Tibidabo, Banesto, Fecsa, Ercros, Eppic y Santana Motor. Entre los títulos que no cotizan figura RCDE (posiblemente Real Club Deportivo Español, el club de sus amores), Philby, Barair, Vitrefax (después Mesa Redonda), Adone, Quail y Nueva Madrugada. Sus saldos bancarios ascienden a 22 millones de pesetas. Las deudas que le permiten presentar un patrimonio negativo se mantienen con sociedades de su propiedad como Siec o Quail, además del Banco de Barcelona, al que debía 120 millones de pesetas.

El ejemplo norteamericano de Al Capone, según el cual todos pueden caer por los detalles menores de sus declaraciones de impuestos, en nuestra administración tributaria es un ejercicio de ciencia ficción. Como dice el periodista Jesús Cacho —quizá quien más flores ha arrojado a su paso—: «De la Rosa es un caso atípico de filántropo, porque no sólo hace caridad con los pobres, sino también con los ricos». Desde luego, un párrafo no recomendable para los sufridos 9.000 rehenes-accionistas de Grand Tibidabo.

La declaración de renta de Mercedes Misol es más sustanciosa. Reconoce un patrimonio de 136 millones de pesetas y declara ingresos como los de su marido, de medio millón neto al mes. Misol declaró, por el método simplificado, un total de ingresos brutos por rendimientos del trabajo de 10.800.000 pesetas, a los que se practicaron retenciones de 2.300.000. Se consigna un pago a la Seguridad Social por 1.358.287 pesetas, un importe que los expertos fiscales consideran un posible error de quien hizo la declaración.

La esposa presentaba, en su renta, rendimientos inmobiliarios de 825.952 pesetas. En la declaración de patrimonio se domicilia en la localidad barcelonesa Sant Vicent de Montalt (urbanización Ballesguard[7]) y declara un tercio de la vivienda por 5.900.000 pesetas en régimen de copropietaria. El piso —embargado judicialmente— donde suelen vivir los De la Rosa (calle Doctor Fleming) aparece valorado en 35.900.000 pesetas en las declaraciones a nombre de Nimer SL. La propiedad costó unos 40 millones de pesetas, pero sus dueños no se adaptaron al cerrado ambiente de Port Balís, donde las familias históricas les consideraban nuevos ricos.

Mercedes obtuvo más ingresos procedentes del capital que su marido. De un lado, diferentes cuentas bancarias —principalmente de La Caixa— le proporcionaron (en 1993) 1.400.000 pesetas de rendimientos, sobre unos saldos de 26.800.000. Por dividendos de sociedades declaraba ingresos de 60.000 pesetas, sobre acciones con un valor nominal de 23 millones. En resumen, debía pagar 1.200.000 pesetas al fisco y, como su marido, también se acogió al fraccionamiento de pago. Por patrimonio, abonó al erario público 553.489 pesetas.

UN MUNDO DE APARIENCIAS

Los patricios desafectos por el dinero, hondamente católicos y deseosos de formar parte de la elite social, no querían ser magnates ante el ordenador de Hacienda. En esa circunstancia preferían ser modestos profesionales liberales… Y nadie se preguntaba cómo era posible llevar aquel tren de vida con una tan modesta declaración de bienes. En sus años buenos, ese colosal dispendio anual fue cifrado en unos 5.000 millones por Yves Byrde, una de las personas que mejor conocía los movimientos de fondos de Jotaerre tanto en el Bankers Trust como en la gestora de patrimonios suiza Gesfinance.

Lo cierto es que aprovechaba las facturas más variopintas e incluso ridículas que cabe imaginar para aumentar el capítulo de gastos de sus empresas, confundiendo lo privado con lo societario. Las incautaciones de facturas y contabilidades de las empresas por él gestionadas permiten hacerse una ligera idea de cómo era la vida de la familia. Los libros de Quail, Mexans o Diagonal Investment están trufados de increíbles hallazgos domésticos que permitirían a un guionista avezado escribir una serie de televisión fidedigna sobre sus vidas. No cabe en modo alguno alegar que con la divulgación de estas facturas se invade el ámbito de su privacidad, por cuanto por libre decisión de los afectados éstos convertían los pagos de sus necesidades hogareñas en actos mercantiles públicos al adscribirlos a la contabilidad de unas sociedades anónimas. Eso por no hablar del clarísimo ánimo defraudatorio que iluminaba este proceder.

Todo entraba en los gastos de las empresas. Desde las multas por estacionamiento prohibido o saltarse semáforos en rojo[8] a los seguros de los automóviles que utiliza la familia, entre los que destaca el espectacular Mercedes Benz (B-3941-MV, a nombre de Diagonal Investment), que paga anualmente 792.820 pesetas y tiene una póliza adicional de 17.984 pesetas para el teléfono interior.

Los hijos de los altos funcionarios de Quail —como Arturo Piñana— disponían de tarjetas de crédito American Express con las que viajaban con cargo a la empresa. Y, cómo no, los gastos del bien vestir de la familia De la Rosa eran cubiertos por las compañías. Por ejemplo, 29.400 pesetas en veinte pares de calcetines adquiridos en Gonzalo Cornelia; 96.900 pesetas por dos bikinis y dos cinturones de la tienda Moirée; 331.200 pesetas en detalles de joyería, gargantilla, pendientes y cinturones de Puig Doria (agosto 93); 107.130 pesetas en camisas de popelín (agosto 93); 169.175 pesetas en colonias (Loewe y Armani) compradas en la perfumería Regia del paseo de Gràcia, y un Rolex de acero adquirido en Unión Suiza la víspera de Reyes de 1994. Un día antes, De la Rosa compró los regalos de sus hijos en la tienda de Loewe del hotel Presidente de Barcelona: unos llaveros con sus iniciales, amén de estuches de cosméticos y carteras.

Los gastos más personales tenían un lugar previsto en las contabilidades del entramado de empresas, incluso el gusto de Mercedes Misol por las flores. Junto a los envíos de cincuentenas de ramos a Madrid que hacía Quail, con diferentes motivos, Mercedes encargaba en la misma floristería Bertrán, de la calle Muntaner, las flores para su domicilio y algunas para su despacho. Las facturas de un trimestre, que ascienden a 479.408 pesetas[9], hacían las delicias de Ramona Coll, la propietaria de la floristería.

Los gastos de los De la Rosa son especialmente abultados cuando se trata de comer, y no sólo en restaurantes, sino también en casa. Semon, próximo al domicilio de la familia, es uno de los proveedores habituales. En sus facturas nunca falta la ginebra Beefeater y el whisky Johnnie Walker etiqueta negra. Las provisiones son delicatessen de primera, a ritmo de 350.000 pesetas mensuales de facturación. María, la propietaria de Semon, les pertrechaba de maravilla. Por ejemplo, el 26 de agosto de 1993 los señores De la Rosa compraron, tal vez para tomar el vermut, doce latas de almejas, seis de berberechos, cuatro de otro tipo de almejas y jamón ibérico por un importe de 204.870 pesetas. Por no hablar de las kilométricas notas de restaurantes como Finisterre, Quo Vadis, Can Isidre, El Trapío, La Dorada o Botafumeiro.

Junto a tales sibaritismos, otras facturas demuestran que los chicos de seguridad que rodean en todo momento al financiero son tanto su chaleco protector como sus edecanes y palafreneros. El dispositivo de seguridad está organizado en equipos que se encargan de cada uno de los miembros de la familia, comenzando por Javier de la Rosa. Este recibe el nombre cifrado de «R-l», mientras que el resto son «R-2» o «R-3». Pero los chicos de la pistola en el sobaco hacen también las funciones y recados más insólitos, desde pagar cuando R-l no lleva dinero a prestarle 2.000 pesetas en efectivo a Gabriela, la menor de las hijas[10]. La cara de malas pulgas que los hombres de seguridad suelen llevar cuando acompañan a Jotaerre quizá se deba a que compran para él y su familia cordones de gafas, traen pizzas, van a buscar pilas, helados, productos de ferretería, bambas… Lo mismo acuden al zapatero remendón como al estanco a por tabaco «andorrano», a la tintorería, al horno de Cadaqués a comprar bollos para el desayuno o a por discos. Incluso llevan el perro a la peluquería canina Saki a lavar y cortar. Tras abonar 4.600 pesetas, que anotarán cuidadosamente en la hoja de liquidación de gastos, el equipo «R-2» volverá al domicilio con el perro en condiciones[11]. Mientras, Quail satisfacía una factura por la seguridad de la familia que ascendía a 600 millones al año.

Los hombres de seguridad son multifuncionales y en ocasiones encubren las debilidades de una mentalidad infantil como es la de su jefe. En el verano de 1995, que no fue precisamente el más feliz, un buen amigo de la familia era testigo de una curiosa anécdota. Invitado a la casa de Cadaqués, se vio sorprendido por una pantagruélica mesa de desayuno en la que no faltaba de nada. Mercedes, la anfitriona, se desvivía por atender a sus invitados. Estos, al preguntar por Javier, recibieron por respuesta un seco: «No, no, Javier desayuna en un bar del pueblo, más frugalmente». Poco después, los invitados salieron a la calle en busca del financiero y lo encontraron en el lugar previsto con sus guardaespaldas a la puerta del establecimiento como dos serviolas. En el interior, Javier de la Rosa devoraba butifarras, embutidos y cervezas. En definitiva, se daba un auténtico festín matinal sorteando la vigilancia a la que le someten en casa por su exceso de peso. Al día siguiente, Javier desayunaba opíparamente cuando los guardaespaldas entraron precipitadamente para anunciarle la llegada de su esposa: «¡Que viene, que viene!» En un periquete, todas las viandas desaparecieron como por ensalmo para ser sustituidas por un humilde bollo. A la llegada de Mercedes, aparentemente todo estaba OK, incluso el régimen de su marido.

Su dieta se debe a un preocupante exceso de peso. Ello ha dado paso a nuevas funciones para los edecanes-guardaespaldas, como ha podido apreciarse el pasado verano. Los De la Rosa quisieron dar la imagen de que todo volvía a ser como antes. Jotaerre pidió permiso al juzgado para comparecer en Cadaqués, y le fue concedido. Se enfundó un meyba de talla extragrande y se dispuso a lucir las flaccideces que le dan esa prestancia característica de millonario de posguerra. Un inoportuno esguince obligaba a uno de los muchachos de la pistola a controlar a su patrón cuando se lanzaba al agua desde el barco Nelson, predecesor del Blue Legend y ahora su sustituto. Y cada vez que se bañaba, numerito. Uno de los hombres de seguridad se lanzaba al agua cuando De la Rosa hacía ademán de subir al yate y le empujaba por detrás en la siempre penosa ascensión por la escalerilla. A bordo, otro de los hombres de R-l le esperaba, toalla en mano, para secar cuidadosamente su gran humanidad.

Cuesta imaginar que un gigante de las finanzas como él incluyera —para engrosar los gastos de las empresas— facturas como: «Caprabo II, fecha 19-11-93. Por patatas Crecs y Filomatics 5 hojas. Total: 1.534 pesetas». O bien la escrita a mano por los escoltas: «Collar perro, 250 pesetas». Incluso: «Vídeo Instan SL. Alquiler de vídeo: Madame Bovary y Rebeca. Total: 1.225 pesetas». Las miserias domésticas que inflaban los gastos de las empresas incluyen facturas de tintorería: «Angela Martí Jané. Tintorería. 1 falda y dos blusas. Total: 2.320 pesetas, más 15 por ciento de IVA: 348 pesetas. Total: 2.668 pesetas». Por no hablar de las 25.000 pesetas que cobra el peletero Christian por la guarda del abrigo de martas y el tres cuartos de visón de Mercedes. ¡Hay que ver cómo se ha puesto la vida!

Sin duda debió ser la crisis lo que llevó a JR a descontarse la factura de las 66.000 pesetas que costaban las clases de sevillanas de Merceditas y Gabriela en José de la Vega, Estudio de Danza[12]. Es insólito, aunque siempre podrá alegarse que es un activo intangible para la empresa que las hijas del «Jefe» bailen sevillanas.

Los gastos fijos de la familia incluían las 259.368 pesetas de la matrícula de Mercedes-hija en la elitista escuela St. Peter’s School; los similares gastos por las clases de Gabriela en la Fundación Universitaria San Pablo-Abad Oliva; las cuotas del Club de Tiro Poble Nou, para no hacer el ridículo al sacar la pistola en público; las del tradicional Real Club de Polo, uno de los últimos reductos de la Barcelona elitista; o las cuotas del fitness center de las chicas, que van al exclusivo centro femenino Iradier. También figuraban las cuotas del gimnasio Bonasport, al que acude el hijo varón, Javier. Amén de las cuotas del Real Club Náutico o las del carnet de socio 53.625 del Fútbol Club Barcelona, que corresponde a Jotaerre. La familia paga tres cuotas, porque la esposa y el hijo también son socios, con lo que abonaron 184.800 pesetas en total al club blaugrana en la temporada 1994-1995.

De la Rosa vive colgado del teléfono. Con él organizaba sus defensas y ataques por el «caso Grand Tibidabo» y antes el frenético ir y venir de compras, ventas, OPAs y fusiones. Por ejemplo, el 2 de junio de 1989 el financiero se alojó en el hotel The Pittsburg Hilton, de la ciudad estadounidense del mismo nombre, en Pennsylvania. Allí pernoctó y pagó 427,44 dólares, de los que menos de la mitad correspondían a la habitación. El resto —unas 35.000 pesetas— eran llamadas telefónicas, sobre todo a España, de un solo día. Lo mismo ocurría en sus frecuentes visitas a Londres, a la sede de KIO, con sus estancias en el elegante The Dorchester, de Park Lane. Si no fuera por el invento de Graham Bell sería pobre de solemnidad.

Su obsesión por lo que los demás piensen de él no tiene límites. Especialmente en su círculo más próximo, donde la acumulación de falsedades e ideas-tipo se repite de forma sistemática: «Javier es muy amigo de sus amigos», «Los tenemos comprados a todos». Y una que lo resume todo: «Aunque le dediquemos todo el tiempo del mundo, no podemos reconocer que este problema existe». Cualquiera de estas máximas vale lo mismo si hay dificultades de liquidez y hay que movilizarse para conseguir dinero, o si se trata de una venganza y hay que fingir indiferencia y perdón. En síntesis, los problemas no existen si no se reconocen. Decía De la Rosa a su confesor en la prisión que se extrañaba porque un hombre como él no escribiese cartas: «Si escribo desde prisión es que habré aceptado que estoy en ella». La apariencia es lo que cuenta.

Al magnate le convenía fomentar una imagen de católico ejemplar, proclive a la dádiva y a las obras de buen samaritano. Hizo donativos más rumbosos que los de las monjitas de Cadaqués. Por ejemplo, en abril de 1993 aportó 500.000 pesetas a la construcción de un templo del Opus Dei en Roma. Curiosamente, una carta oficial del Bank of America con el encabezamiento de su vicepresidente, Prudencio Pedresa Rey-Daviña, le pide en un escrito a mano a Arturo Piñana que cumpla lo acordado por el «querido Javi». Se trataba de arrimar el hombro para construir una iglesia en nombre de la Prelatura dedicada al beato José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei[13]. En este proyecto, «una iniciativa pastoral en un barrio periférico de Roma», había empeñado su palabra el obispo prelado del Opus, monseñor Alvaro del Portillo. El contacto de la Obra (Pedrosa) sugiere que «para evitar posibles líos con los de Transacciones Exteriores, la aportación se haga a nombre de Mercedes. Y es que a los dos la Obra les parecía estupendamente, congeniaban con facilidad con los soldados de Escrivá y practicaban rigurosamente —especialmente De la Rosa— el principio de distinción que hizo popular el fundador del Opus: «¿Tú adocenado? ¿Tú del montón?… Si naciste para Caudillo».

El 30 de agosto de ese mismo año Jotaerre pagó 2.539.700 pesetas, que era el coste de la rehabilitación de la iglesia de Gessa, próxima a su chalet en Baqueira Beret (Vall d’Aran)[14]. La carta petitoria de mosén Evaristo Vigatá es muy formal y precisa: «El pueblo de Gessa está contento y agradecido por la obra realizada. Interesado también por saber el benefactor, lo cual guardo en el más estricto secreto, observando el compromiso. […] Como párroco de Gessa puedo extender certificado por la cantidad abonada (Ley 18/91; art. 78, seis C) y de la cual podrá deducir el 10 por ciento en la próxima declaración de renta». ¿Cuándo se ha visto a los ministros de la Iglesia tan preocupados por los temas de este mundo, como son los de Hacienda?

Javier solía asistir a los servicios religiosos de la parroquia de San Odón. Allí incluso se animaba a servir de reclamo y pasar la bandeja entre los feligreses después de haber depositado en la brillante superficie metálica un buen billete. Cuando empezaron los líos con los kuwaitíes dejó de hacerlo, e incluso comenzó a preferir para los servicios la capilla del Real Club de Polo. A De la Rosa le interesaban tanto las obras pías como dejar constancia social de ellas puntualmente.

Las obras pías del financiero son una fuente inagotable de sorpresas. Entre la contabilidad de Mexans apareció un estudio-propuesta del periodista José Eulogio López, al parecer financiado por Jotaerre[15]. El trabajo describe un «Hollywood Cristiano» mediante el que «no se trata de retransmitir misas, sino de hacer lo mismo que los demás rechazando aquello que repugna a una conciencia cristiana y haciendo especial hincapié en una serie de valores que fomentan esa conciencia». El promotor habla de una empresa cristiana de series y películas en la que «ha de quedar claro que una productora de inspiración cristiana precisa de guionistas cristianos, directores cristianos y gerentes cristianos. Pero también requiere accionistas que compartan el cuerpo ideológico que se defiende […]. Sólo aquel hombre que considere su fe como lo más importante de su vida puede comprometerse». El documento de once páginas considera la pornografía como «lo más anticatólico del entretenimiento contemporáneo vía imagen» y propone «recristianizar la imagen» como tarea «ineludible y urgente».

DE VACACIONES

Pero donde los De la Rosa daban el golpe era cuando estaban de vacaciones o de fin de semana. En definitiva, cuando salían de su burbuja en la parte alta de Barcelona. Por ejemplo, en aquellas alegres Navidades en el complejo La Romana (República Dominicana), con un charter lleno de amigos; en Ibiza con el yate Nelson; en Cadaqués con el helicóptero o navegando a toda máquina en el Blue Legend por delante de Rosas. «Querían que todos supiesen que habían llegado —asegura un histórico de los veraneos de Cadaqués—. Es algo muy poco catalán. A ellos les gustaba dar el cante. Incluso pedían en restaurantes de confianza, como Es Trull de Cadaqués, que algunas mesas de su alrededor se quedasen libres. Ya sabes, no les gusta que les atosiguen».

Sus irrupciones molestaban al personal por lo petulante. A las ocho en punto de la tarde de un veraniego sábado un Mercedes 500 llega a toda velocidad precedido de un todo-terreno con las puertas medio abiertas. Frenan ante la iglesia de Jesús, en Ibiza. Varios hombres armados, comunicados con walkie talkies, preceden a una mujer muy delgada y a un hombre de ojos azules que entran en la Iglesia. Todos los miran. Comienzan un cántico de murmuraciones en plena misa: «¡Oye! ¡Oye! Este es el De la Rosa. ¿No?». Todos saben que JR está allí. La pareja trata de disimular y comulga devotamente, mirando al techo. Musitan oraciones como si desconocieran el motivo de la curiosidad que se ha suscitado en la tranquila parroquia. Años antes, en la isla —que es frecuente motivo de sus viajes por su predilección por las aguas cristalinas de la vecina Formentera— todos recuerdan las visitas de inspección que previamente realizaba la escolta y los revoloteos de las turbinas del superhelicóptero que despertaba a los ibicencos. Dos guardaespaldas fornidos seguían día y noche al matrimonio De la Rosa, y las maniobras de atraque y desatraque del yate Nelson en la Marina Botafoch recordaban una operación paramilitar. Pero el Nelson, a pesar de sus 21,5 metros de eslora, era poca cosa y fue sustituido por el Blue Legend, en cuyo salón podía celebrarse un concurso de sevillanas (sesenta metros cuadrados).

La pasión de Jotaerre por la náutica es innegable; basta echar un vistazo a las innumerables facturas que pagaba por reparaciones y mantenimiento de las varias embarcaciones de la familia. Además de los 4 millones mensuales de arreglos en el Blue Legend, los De la Rosa pagaban a través de Quail o de Nimer varios millones de pesetas por temporada a talleres y astilleros por invernajes y reparaciones, especialmente de la lancha Riva que lleva el nombre de una de las hijas del financiero, Gabriela.

Al jefe no le gusta que la prensa publique fotos suyas en bañador, y estuvo a punto de conseguirlo de no ser por unas imágenes obtenidas desde un helicóptero por Ykaro Press poco antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. El Blue Legend, entre juegos de plata y cortinas de seda, era uno de los pocos lugares donde De la Rosa podía olvidarse de las ofensivas judiciales en su contra, de las suspensiones de pagos y de las presiones de los kuwaitíes. Lo que no podía evitar era aparecer como un adiposo tripulante, debido a una gula tan insaciable como la que demostró en el mundo de los negocios.

Acodado en la cubierta de popa del Blue Legend, explicaba que los ordenadores son para los tontos: «Yo siempre, todo en la cabeza». Cada verano machacaba a sus invitados con la última consigna, que debía repetir a menudo para llegar a creérsela: «Yo no soy un financiero, soy empresario», «No soy el hombre de KIO, soy su socio», «Yo no especulo, doy trabajo a la gente», «No tengo nada que ver con la cultura del pelotazo». «Es la actitud constante del cristiano profundo que sabe que peca —asegura un psiquiatra que le conoce bien—. De la Rosa niega por el método de reducción al absurdo y construye un escenario idílico en el que siempre es el héroe de sí mismo. Eso es sustancial en todas sus mises en scéne sociales».

Desprovisto de sus juguetes de lujo, en el verano de 1995 De la Rosa no ha renunciado a seguir dejando boquiabiertos a sus invitados. Cuando éstos se deshacían en elogios hacia una lancha neumática de su propiedad dotada de alta tecnología, les dijo: «Es que es un regalo de Su Majestad el Rey». El parecía estar convencido de ello, aunque fuese una de sus proverbiales licencias respecto de la verdad. En su último verano, el financiero barcelonés ha hecho suya una máxima árabe que hasta hace poco los de KIO utilizaban contra él: «La venganza es un plato que se come frío». Resulta físicamente improbable que Jotaerre cumpla con un listado tan grande de ingratos a los que quiere hacer morder el polvo. Sin embargo, desde el puente del Nelson, cada vez que se cruza con el barco de algún plutócrata que «me ha vuelto la espalda», él tiene una maldición a punto: «A ése ya le arreglaré yo. Este me las pagará todas juntas. Le hundiré». Y como siempre, una coletilla que resulta familiar a muchos periodistas que han tratado con él: «¡Con la de favores que yo le he hecho!».

Sólo disfruta con su trabajo, maquinaciones incluidas. Colecciona cuadros porque lo hacen todos los de su nivel, pero «no le interesa la pintura». Nunca ha sido visto en cine o teatro. Rechaza las invitaciones a veladas en el Liceu. Todo lo más un concierto de Julio Iglesias como concesión a Mercedes y porque «se lo debemos por los buenos ratos que nos hizo pasar cuando éramos jóvenes».

CAPITULO TRES

UN DIA EN LOS JUZGADOS

«Se decreta la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Francisco Javier de la Rosa Martí, como responsable de un delito de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, a disposición de este juzgado». Este último párrafo del auto dictado el 19 de octubre de 1994 por el juez Joaquín Aguirre López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ponía un dramático colofón a los casi quince años de andanzas de «Jotaerre» en el mundo financiero. Cuatro folios de razonamientos jurídicos acababan con una leyenda de impunidad que él mismo había cultivado. La firma del juez al pie del auto mantuvo a De la Rosa en prisión hasta el 13 de febrero. La historia de estos hechos, sin embargo, comienza unos meses antes.

En la mañana del 1 de julio, el fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, leía la prensa de la jornada. La mayoría de los medios de comunicación destacaba la celebración, el día antes, de la junta general de Grand Tibidabo. Los pequeños accionistas de la sociedad habían protestado contra la gestión de Javier de la Rosa, quien no estuvo presente en la reunión al haber dimitido días antes. Sin previo aviso, el consejo de administración, controlado por el propio De la Rosa, había presentado unas cuentas con pérdidas escandalosas que ascendían a 10.924 millones.

Jiménez Villarejo y el teniente fiscal, José María Mena, seguían desde hacía tiempo las actividades de De la Rosa. Dos meses antes, en mayo, la Fiscalía había abierto diligencias por las irregularidades detectadas en el uso de un aval de la Generalitat a la promotora del parque Port Aventura, controlada entonces por De la Rosa. No se trataba de simples asuntos mercantiles, en los que los contenciosos quedaban limitados a diferencias económicas entre las partes contratantes. Jiménez Villarejo y Mena conocían la existencia de un sólido grupo de intereses, encabezado por el magnate De la Rosa, que aspiraba a controlar los movimientos políticos y empresariales y los negocios en Barcelona. En los despachos de la Fiscalía se recibían esporádicamente testimonios que reafirmaban la idea de la existencia de esa red de intereses. Nombres como el del abogado Juan Piqué Vidal, el de Lluís Prenafeta, ex secretario general de la presidencia de la Generalitat, y, siempre, el de Javier de la Rosa, flotaban en el ambiente.

Al mismo tiempo, se había generalizado en el país el uso de medios ilegales, como las escuchas telefónicas y la adquisición de informaciones confidenciales sobre vidas privadas, para controlar los movimientos de personas importantes. El propio fiscal jefe era víctima de pinchazos telefónicos, como lo habían sido Josep Antoni Duran i Lleida, dirigente de Unió Democràtica de Catalunya, el partido coligado con Jordi Pujol; el ex consejero delegado de Port Aventura, Carles Vilarrubí; Rafael Ribó, presidente de Iniciativa per Catalunya, o Enric Sopena, director de TVE en Cataluña, por citar sólo unos ejemplos significativos. Informaciones recogidas a través de esta clase de procedimientos aparecían después convertidas en dossiers con los que destruir a un rival o favorecer el éxito de un buen negocio. Ocasionalmente acababan en las redacciones de algunos medios de comunicación, lo que constituía la señal inequívoca de que el afectado había ofrecido resistencia. Los fiscales se formulaban siempre las mismas preguntas: ¿quién estaba detrás de todos esos pinchazos?, ¿cuáles eran sus motivaciones y objetivos?, ¿quién podía financiar una red tan compleja y tupida de control de la información?

A principios de 1993 Villarejo había encargado un informe al jefe de la Policía de Barcelona, Enrique de Federico. El documento policial elaborado a raíz de esa pedción incluía los nombres de las empresas que podían formar parte de la trama —entre ellas Check-In, propiedad de Francisco Alvarez, ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista, posteriormente encarcelado por su supuesto papel en la organización de los GAL—, pero no aportaba ningún dato para denunciarlas ante un juez.

EL RELEVO DE ELIGIO HERNANDEZ

La idea de poner freno a las actividades de De la Rosa se iba abriendo camino. La Fiscalía del Estado había atravesado una fase de verdadera indolencia durante el mandato de Eligió Hernández. El anterior fiscal general del Estado había reducido la institución a una simple delegación del Gobierno, sin apenas actividad propia aparte de las querellas que le encargaba promover el Ejecutivo. Las relaciones de los fiscales de Barcelona con el fiscal general eran frías. El caso más relevante de ese desencuentro fue el del informe sobre los créditos concedidos por la CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña), elaborado por la Fiscalía de Barcelona y remitido a Eligió Hernández, en el que aparecían personas aforadas. El fiscal general, a pesar de declarar que «había un cierto olor a corrupción», decidió archivar el expediente. El caso de Javier de la Rosa era diferente y la Fiscalía de Barcelona podía actuar con absoluta autonomía al no tratarse de un aforado.

Algunos de los colaboradores de Villarejo y Mena recuerdan un hecho que reflejaba el estado de las relaciones entre sus jefes y Eligió Hernández. En una ocasión habían decidido solicitar una entrevista con el entonces ministro del Interior, Antoni Asunción. Para no alimentar suspicacias, acordaron que la petición fuese tramitada a través de Eligió Hernández. El ministro no sólo contestó positivamente a la solicitud sino que decidió invitar a los dos fiscales a un almuerzo en las dependencias ministeriales. El día previsto, a las cuatro de la tarde, la secretaria de Asunción llamó a la Fiscalía de Barcelona para averiguar qué había sucedido, pues el ministro estaba sentado a la mesa esperándolos. Eligió, simplemente, no había comunicado a Villarejo que el ministro les aguardaba.

El 27 de mayo el Gobierno nombró a Carlos Granados nuevo fiscal general del Estado. En Barcelona, el relevo de Eligió se acogió con esperanza, cuando no con alborozo. Jiménez Villarejo continuó preparando el «caso De la Rosa», y no tuvo problemas para explicarle a Granados su convicción de que era necesario hacer algo, transmitir a la opinión pública la seguridad de que la Fiscalía estaba dispuesta a actuar. En aquellos meses la sociedad española vivía con tensión la evolución política. Los escándalos se sumaban y su evolución marcaba la agenda política y parlamentaria. Los casos del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, eran verdaderos affaires políticos que afectaban a la credibilidad de las instituciones. Algunos funcionarios públicos estaban comenzando a pagar sus abusos, pero, en cambio, los llamados delincuentes de guante blanco campeaban a su aire. Mario Conde, cuyo banco había sido intervenido en diciembre de 1993, veraneaba en la costa italiana a bordo de su lujoso yate Alejandra, mientras que Javier de la Rosa hacía lo propio en el llamativo Blue Legend. El nombramiento de Granados había sido presentado como el comienzo de una nueva etapa por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Con esos antecedentes, la actuación de Villarejo no podía tener mejor interlocutor. Granados manifestó su apoyo a la iniciativa de Villarejo, quien el mismo día 1, en una de sus tradicionales ruedas de prensa informales de los viernes, anunció que las puertas de la Fiscalía estaban abiertas para todos aquellos accionistas que quisieran denunciar a los gestores de Grand Tibidabo.

DOS FISCALES RIGUROSOS

Jiménez Villarejo y Mena tenían una larga experiencia en causas complejas. Nacido en Málaga en 1935, Jiménez Villarejo, abogado, fue miembro de la Unión Progresista de Fiscales y militó durante varios años en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), el partido de los comunistas catalanes. De formación marxista, fue uno de los fundadores de Justicia Democrática y de Cristianos por el Socialismo. Por su activismo durante la dictadura de Franco, en 1972 fue desterrado a Huesca, tras haber intentado procesar al jefe de la Brigada Político-Social de Barcelona. Junto a José María Mena fue uno de los encargados del sumario abierto por el «caso Banca Catalana», lo que le valió la antipatía vitalicia de las principales figuras del nacionalismo catalán. En 1987 fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona. Su hermano José fue el primer fiscal antidroga en España. En 1990 había presentado una querella contra Lluís Prenafeta, entonces secretario general de la Presidencia, por presuntas incompatibilidades, que luego archivó el juez Luis Pascual Estevill, decisión que finalmente ratificó la Audiencia de Barcelona. En 1992 solicitó el procesamiento de los consellers y ex consellers de la Generalitat Macià Alavedra, Antoni Subirá, Vicenç Oller, Josep Manuel Basáñez, Joan Hortalà y Josep Maria Cullell por concesión irregular de avales de la Generalitat a empresas vinculadas a dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya. En diciembre de 1995, Jiménez Villarejo fue nombrado jefe de la primera fiscalía anticorrupción de España.

La trayectoria profesional de Villarejo se halla estrechamente unida a la de José María Mena. Nacido en Villarcayo (Burgos) en 1936, llegó a Cataluña en 1967, con tres años de experiencia en la carrera fiscal. Venía de Tenerife, donde había procesado a un alto cargo militar con destino civil por un delito de malversación de caudales públicos al emplear un automóvil oficial para el traslado de prostitutas. En 1972 fue desterrado, como Villarejo, esta vez a Lleida, por su «relación con elementos desafectos al Régimen». Fue miembro fundador de Justicia Democrática, junto con el propio Jiménez Villarejo, Fernando Ledesma, Pedro Nácher y Luis Valentín. Durante un breve mandato, hasta 1989, fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Un día antes de entrar en vigor la Constitución abandonó la militancia en el PSUC. Mena fue nombrado teniente fiscal del Tribunal Superior de justicia de Cataluña en 1991.

Tras el paso adelante de Jiménez Villarejo al anunciar su disposición a investigar la gestión de Grand Tibidabo, los pequeños accionistas de la sociedad, en un constante goteo, se fueron presentando en la Fiscalía para formular denuncias contra De la Rosa. Entre otros, el abogado Javier Nart, buen amigo de Juan Alberto Belloch, presentó una denuncia estructurada que en gran parte relataba los hechos por los que después sería encarcelado JR, en representación de una cincuentena de accionistas de la sociedad. Con esos elementos en la mano, la Fiscalía comenzó a investigar y analizar el contenido de las denuncias, así como las posibles consecuencias penales de los hechos.

Poco antes de que Nart formalizara su denuncia, un preso del penal de Ocaña-1, Carlos Odena Savall, presentó un sencillo escrito ante el juzgado decano de Barcelona. «Por medio del presente escrito interpongo denuncia contra el ciudadano Francisco J. de la Rosa y Juan Piqué Vidal por estafa y falsedad en principio en relación a Grand Tibidabo en unión de la entidad Urbas, SA.». Esta denuncia de no más de dos folios manuscritos, remitida a mediados de julio, abrió el proceso contra Jotaerre. El confuso documento fue a parar por sorteo al Juzgado número 1, dirigido por el magistrado Joaquín Aguirre López. En la denuncia, Odena también pretendía que se investigara a De la Rosa en relación a su empresa Nuevos Mercados, extremo que acabó desestimando el juzgado. Odena llama «nelógano» a De la Rosa y escribe «Tividabo» en lugar de Tibidabo.

Para cuando el Juzgado número 1 comunicó a la Fiscalía que era competente para instruir el caso por la gestión de Javier de la Rosa en Grand Tibidabo, Jiménez Villarejo ya tenía en la mano todos los elementos necesarios para comenzar a redactar las conclusiones de su investigación preliminar. La última decisión que le quedaba por adoptar era si en su escrito al juez debía incluir la petición de que se ordenara la detención del inculpado.

¿Sería JR capaz de huir cuando conociera los delitos que le imputaba la Fiscalía? ¿Se comportaría de la misma forma que Mariano Rubio, el ex gobernador del Banco de España, que sabiendo que estaba sometido a vigilancia policial no mostró ninguna intención de poner tierra de por medio? ¿Podía ser un nuevo Luis Roldán, el ex director de la Guardia Civil, protagonista de una sonada espantada que le costó el cargo a Antoni Asunción? ¿Utilizaría sus medios económicos para desaparecer sin dejar rastro? Jotaerre había vaciado su principal empresa patrimonial, Quail, haciendo desaparecer los miles de millones que había acumulado durante sus años como máximo ejecutivo del Grupo Torras. Por otra parte, ¿qué posibilidades tenían el juez y los fiscales de obtener pruebas con De la Rosa en la calle y libre para moverse a sus anchas? Los fiscales estaban acostumbrados a tratar con los delincuentes comunes, cuyas huidas eran práctica habitual aun disponiendo de pocos medios, pero era difícil prever la reacción de un hombre como De la Rosa. Además, si se optaba por la detención, la apuesta debería ser firme. Querían evitar la posibilidad de que después todo quedara en la negociación de una fianza y con el inculpado libre, algo habitual con la mayoría de los delincuentes de guante blanco. Durante la instrucción del caso, juez y fiscales tendrían numerosas oportunidades de comprobar que las semejanzas entre la delincuencia común y la llamada delincuencia económica eran mucho más intensas de lo que habían imaginado.

La importancia de los delitos, su cuantía y su repercusión social aconsejaban dictar la orden de detención. Para evitar sorpresas de última hora, la Fiscalía ordenó a la Brigada de Policía Judicial un discreto control de sus movimientos. Sin embargo, un llamativo despliegue policial alertó al equipo de seguridad de De la Rosa. Agentes en automóviles y motocicletas se apostaron sin disimulo ante la puerta de su domicilio, en las oficinas de Grand Tibidabo y en el puerto a fin de vigilar las salidas del Blue Legend. Una extraña falta de prudencia en el control de un individuo que gastaba más de 600 millones de pesetas al año en medidas de seguridad, y que despertó no pocas suspicacias por lo que sucedió cuando se decidió pedir su detención, el 13 de octubre. De la Rosa ya sabía que algo grave se preparaba y, en consecuencia, desapareció. Los policías encargados de vigilar sus movimientos durante el fin de semana (el juez Aguirre firmó la orden de detención el viernes 14, pero como los juzgados están inactivos los sábados y domingos, se decidió esperar al lunes para hacerla efectiva) no le vieron el pelo ni en su casa ni en su despacho durante esas cuarenta y ocho horas de vigilia.

Por fin, el lunes 17 la acción se desencadenó. A primera hora de la mañana la Policía Judicial efectuó siete registros en las oficinas de algunas de las sociedades controladas por De la Rosa, entre ellas Quail España y Grand Tibidabo, así como en su domicilio particular. La Fiscalía se volcó y ocho oficiales del ministerio público acompañaron a los agentes en los diferentes registros que tuvieron lugar en Madrid y Barcelona. El juez y José María Mena se centraron en Grand Tibidabo, empresa en la que se habían perpetrado los supuestos delitos y donde esperaban recoger abundantes documentos. Sin embargo, la Policía no les informó de que las oficinas estaban en la avenida Diagonal y no en la antigua sede, al pie de la montaña del Tibidabo, adonde acudieron en un principio. Aguirre y Mena perdieron media mañana cruzando la ciudad.

Mientras tanto, De la Rosa no aparecía. Al final del día se despejó una parte de la incógnita cuando concedió una entrevista al programa La Linterna de la cadena COPE. Allí acusó a los fiscales de formar parte de una curiosa conspiración contra él y la Generalitat, y amenazó con que «todos los movimientos que se están intentando desde un punto de vista político en este país tienen que tener una respuesta y, si la respuesta se quiere, se va a tener. Y se va a tener en un volumen que nadie se espera. Y por lo tanto, si vamos todos a jugar con las cartas encima de la mesa, las vamos a jugar todas». Tal vez esperaba que sus amenazas paralizasen la orden contra él. Aquello anunciaba el clima de escándalos aún más graves que iba a sacudir al país en los próximos meses; no era un simple ataque de nervios de De la Rosa, como dirían después sus portavoces. Las afirmaciones de JR encajaban con demasiada precisión en el esquema de defensa utilizado en estos casos por hombres que se consideran poderosos y creen tener posibilidades de defenderse atacando. Intentan cambiar el sentido de los hechos para proyectar la sombra de la sospecha sobre las motivaciones de los funcionarios judiciales, los acusadores, y ahorrarse el mal trago de explicar sus propios actos. Refiriéndose a los fiscales dijo: «Me estaban esperando desde el lunes, y estaban esperando una comparecencia el miércoles del señor Alavedra —el conseller de Economía de la Generalitat— en el Parlament, y obviamente todo me parece concatenado con este tema. No olvide usted que el señor Villarejo y el señor Mena fueron los que llevaron el caso Banca Catalana adelante». De la Rosa buscaba un rehén: Jordi Pujol. Pero JR ya no era el hombre influyente de los años dorados de Torras-KIO y su mensaje no tuvo eco. La fría respuesta a sus burdas insinuaciones le obligaría a rectificar pocos días después.

PIQUE VIDAL, ALGO MAS QUE UN ABOGADO

Durante esas horas críticas, mientras JR permanecía escondido, apareció en escena su abogado, Juan Piqué Vidal, un penalista que ganó gran fama por ser el defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. La principal especialidad jurídica de Piqué es el derecho procesal, el que se refiere a las normas de procedimiento en la administración de justicia, con cuya práctica ha ganado justa reputación de ser un gran histrión en los tribunales. En torno al respeto de las garantías formales de los procesados ha construido sus más acertadas estrategias de defensa a lo largo de muchos años, entrando en muy pocas ocasiones en una discusión jurídica sobre el fondo de los procesos.

Piqué es un hombre tan hábil en la adulación que es capaz de insultar haciendo a la vez una sumisa reverencia. Su principal preocupación ha sido siempre estar muy bien informado sobre los magistrados de la ciudad de Barcelona, de los cuales ha llegado a confeccionar fichas en las que apunta con meticulosidad su historial de traslados y datos personales. No era raro que, cuando un nuevo magistrado llegaba destinado a la ciudad, Piqué se ofreciera diligente para conseguir un piso decente al recién llegado a cambio de un alquiler justo. El magistrado quedaba eternamente agradecido por la ayuda.

La gran leyenda de Piqué se construyó en torno a los rumores que le señalaban como un hombre que mantenía muy buenas relaciones con los jueces más importantes. El mismo fue el principal incentivador de esa idea, hasta el punto de que atemorizó a gran número de abogados y procuradores de la ciudad. A ello contribuyó el hecho de que los jueces barceloneses Carlos Lorenzo Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia, condenados —en una sentencia sin parangón en España— por un delito de cohecho en 1983, fuesen «recogidos» por Piqué Vidal para que realizaran trabajos en la trastienda de su despacho. Aquello le valió el reconocimiento de muchos magistrados.

Piqué era idolatrado por Jotaerre por haber salvado de la cárcel a su padre, cerebro de una estafa multimillonaria perpetrada en la Zona Franca de Barcelona. Tenía su fotografía dedicada en un marco de plata en sitial de privilegio de su despacho de Quail. Era como de una raza superior, aunque al abogado le gustaba alardear de sus orígenes humildes, de haber contribuido en su juventud al sostenimiento de su familia despachando productos de droguería en el negocio que sus padres tenían en el populoso barrio de Poble Sec de Barcelona. Sin embargo, Piqué tampoco se libraba de los ejercicios de prepotencia de Javier.

En una ocasión De la Rosa llegó de improviso al despacho del letrado, en Diagonal 612, una especie de minarete que permite el dominio de las servidumbres de su oficina-negocio. El abogado, profesor en la Universidad de Barcelona, estaba hablando por teléfono y tenía la mesa repleta de papeles sobre diferentes casos que estaba estudiando. De la Rosa entró por detrás, le colgó el teléfono y dio un manotazo sobre los papeles, que cayeron desordenados al suelo: «Con lo que yo te pago deberías trabajar sólo para mí».

Otro rasgo destacado de Piqué es la facilidad con la que entremezcla sus propios negocios con los de sus clientes, especialmente con De la Rosa. La vocación de letrado no había adormecido en él una clara ambición mercantil. A los efectos prácticos, ambos aparecían como una compañía con dos socios exclusivos, siendo difícil saber dónde terminaban los intereses de uno y comenzaban los del otro. No era por casualidad que Piqué estuviera incluido en la primera querella presentada contra JR. Como defensor de este último, su posición iba a ser extremadamente delicada, pues había colaborado y asesorado en operaciones que serían consideradas delictivas por el juez y los fiscales.

En la tarde del 17 de octubre, Piqué se empeñaba en asegurar que el financiero no tenía intención de eludir la acción de la justicia. Afirmaba que se encontraba en Toledo («Toledo, España, no Toledo, Ohio», comentaba cínicamente») y que se presentaría voluntariamente ante el magistrado. Pero el tiempo pasaba y De la Rosa seguía en paradero desconocido. En realidad, durante esas horas en las que JR se convirtió en un huido de la justicia, su escondite estaba mucho más cerca, en la calle Nena Casas de Barcelona, en el domicilio de su socio, Narciso de Mir.

Juan Piqué Vidal consiguió engañar a muy pocos cuando a la puerta del juzgado entonaba un «Yo soy un humilde abogado…», con la mirada clavada en sus zapatos. Las dotes teatrales —que sin duda posee y que han cautivado a docenas de magistrados— no le funcionaron ante las cámaras de televisión. Media España se quedó con la idea de que era un lobo con piel de cordero.

El martes 18 pasará a la historia de la crónica negra de la economía española como el último día en libertad de JR en los siguientes cuatro meses. Por la mañana, Piqué Vidal y De la Rosa planificaban la estrategia para convencer al juez. A las diez, Francisco Martín Rivas, conductor y asistente del encausado, recogía a los dos hombres en la Plaza de España de Barcelona, cuando ambos «se encontraban paseando por dicha plaza», según consta en su declaración judicial. El conductor trasladó a defendido y defensor a un parking situado frente a los juzgados.

Juan Piqué le había dicho que confiaba en aquel juez, Joaquín Aguirre, un hombre serio, cabal, de orden; un magistrado militante de la Asociación Francisco de Vitoria, de tendencia conservadora. «Mena y Villarejo son de cuidado, pero el juez es un hombre justo», calibraba el penalista sin que el marmóreo azul de sus ojos trasluciera engaño. «Javier, tú estáte tranquilo que saldremos de todo esto con bien», le dijo Piqué. Tan convencido quedó JR que él y Piqué Vidal tenían hecha una reserva para ir a comer unos buenos garbanzos con butifarra negra en el restaurante Can Isidre, uno de sus favoritos y que ha merecido los elogios del mismísimo International Herald Tribune.

LA DETENCION

En torno a las doce de la mañana, Piqué, sin su característico maletín, subió las escaleras del edificio judicial y acudió a las dependencias del Juzgado número 1. Allí le esperaban el juez Joaquín Aguirre y el teniente fiscal José María Mena. Piqué comenzó a hablar con tranquilidad:

—Vengo a ver cómo podemos hacer para que se presente mi cliente. —Parecía un intento de comenzar una negociación sobre las condiciones de entrega y una posible fianza.

Mena, que llevaba varias décadas viéndose las caras con Piqué, no se anduvo por las ramas:

—Vamos, Juan, tú tienes muy cerca de aquí a tu cliente. El letrado, sin contestar, esbozó una leve sonrisa, mientras el juez seguía sin decir palabra. Piqué volvió a la carga:

—Me gustaría que mi cliente se presentara después de la comida; no es por él, es que yo tengo un asunto particular que querría arreglar antes.

El fiscal se tomó a broma el asunto:

—Si quiere comerse un buen bocadillo en la calle en lugar del que dan en los calabozos, es su problema, no el nuestro.

En ese momento, Aguirre puso un contundente punto final a la conversación:

—El señor De la Rosa tiene una orden de búsqueda y captura contra él y debe presentarse en el juzgado; si no, será detenido.

Mientras el abogado fracasaba estrepitosamente en su ensayo de diálogo, Jotaerre estaba escondido en el aparcamiento subterráneo situado frente a los juzgados. Convencido de la capacidad negociadora de Piqué, aguardaba noticias, acompañado de su chófer, en el interior de un VW Golf de color negro. Fue su último refugio. Cuando Piqué acudió al juzgado, los agentes de la Policía Judicial ya estaban rastreando la zona, convencidos de que su cliente estaría camuflado por los alrededores. Una vez el letrado abandonó el despacho de Aguirre con cara de pocos amigos, tras comprobar que ni el juez ni los fiscales le habían seguido el juego, varios policías se adelantaron a sus pasos. Localizaron a JR gracias a que sus nervios le hicieron salir del automóvil y dar unos pasos por el parking. Fue detenido cuando el reloj marcaba las 13:10 horas, detención que no permitió a los dos socios, Piqué y De la Rosa, discutir su estrategia frente a la determinación de los representantes de la justicia. ¿Podía haber optado por la huida? La acción de la Policía le ahorró el esfuerzo intelectual.

Sin esposar, luciendo uno de sus relojes favoritos y provisto de unas enormes gafas de sol, el financiero entró en el juzgado esbozando una sonrisa de circunstancias. Jamás imaginó lo que se le venía encima. La comilona en Can Isidre tuvo que aplazarse nada menos que cuatro meses.

De la Rosa pasó largas horas en el calabozo de detenidos del juzgado de guardia antes de ser llamado a prestar declaración ante el juez y los fiscales. Juan Piqué y un abogado de su despacho, Miguel Capuz, deambulaban por los pasillos con aspecto de abatimiento, sin conocer aún el sentido de la decisión judicial. El ilustre togado tomó un teléfono y llamó al domicilio particular de don Javier. Allí Mercedes Misol, la esposa de este último, aguardaba impaciente las noticias.

—Mercedes, prepara cuarenta millones en efectivo que esto está a punto de concretarse —le dijo—. Te volveré a llamar. Un saludo.

Mercedes Misol, a quien todos llamaban «doctora» en la Clínica New Teknon, es una mujer de carácter, aunque sólo se diplomara en enfermería y no pasara del primer curso de Medicina. Nerviosa y eficiente, empezó a hacer llamadas. «¿Cómo se les ocurre pedirme ahora cuarenta millones en cash? —se preguntaba—. Esto es un problema».

Mercedes Misol trasladó la responsabilidad a otros miembros de la familia, se sentó en el amplio comedor y se dispuso una copa de champán. Había que tomárselo con calma. Los chicos estaban con ella y se le empezaba a pasar el tremendo enfado que le había provocado la inesperada visita y la revisión pormenorizada del inmueble. La verdad es que el registro domiciliario fue espectacular: más de veinte policías pusieron patas arriba el domicilio de los señores De la Rosa.

En realidad, la pesadilla estaba a punto de empezar. Mena, nombrado por Jiménez Villarejo fiscal especial para el caso, tiene fama de ser un duro interrogador. En la tarde del día 18, su actitud ante el detenido era la de siempre, correcto pero frío, casi espartano. Sentado frente al inculpado, es un hombre distante, ajeno a las dudas y balbuceos que recibe como respuesta a sus preguntas, mostrando el semblante de quien sabe que el acusado no puede responder de otra manera.

Ante él, en la sala de vistas del juzgado de guardia se encuentra a un De la Rosa desconocido, alejado del estereotipo de financiero arrogante que se ha labrado a lo largo de su carrera, absolutamente perplejo. Sus respuestas durante las tres horas y media que dura el interrogatorio son cortas, inconexas.

Esta primera declaración aporta ya sugerentes pistas acerca del método de defensa por el que ha apostado, a pesar de su debilidad anímica. Ante la primera pregunta del juez Aguirre, «¿Qué cargos ostentó sobre Grand Tibidabo?», De la Rosa se lanza a explicar que «en 1991 fue abordado por la firma Asesores Bursátiles que venía en nombre del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a fin de que se hiciera cargo de la sociedad…», según consta en la transcripción judicial. En lugar de una respuesta más parece una versión mercantil del «usted no sabe con quién está hablando». Aguirre tuvo que interrumpirle de entrada «para que conteste a la pregunta formulada». De la Rosa no se mostró dispuesto a reconocer ninguno de los delitos que se le imputaban.

Mena no quiso dejarle sin la oportunidad de sacar a relucir sus amenazas de tirar de la manta del día anterior. El fiscal quería que cuando todo fuera público nadie pudiera decir que no había ido hasta el fondo. Un aturdido JR tuvo que hacerse repetir la demanda del fiscal: «Preguntado si tiene conocimiento de alguna irregularidad de alguna persona relacionada con el mundo de las finanzas, que no haya dicho y que tenga deseos de manifestar, dice que en concreto no conoce ninguna», según consta en la copia de su primera declaración ante el juez. Por lo menos en esta ocasión, prefirió olvidarse de sus amenazas apocalípticas.

AUTO DE PRISION

Al acabar el interrogatorio, el juez, los fiscales y los funcionarios judiciales dieron cuenta de unos bocadillos y unas pizzas encargados a un restaurante de los alrededores. Pasada la medianoche, José María Mena ratificó al juez su petición de prisión incondicional para De la Rosa. Después, Joaquín Aguirre se encerró en su despacho durante varías horas —vividas con gran intensidad por los periodistas que a centenares esperaban a las puertas de los juzgados— y escribió el auto de prisión de Javier de la Rosa. Una resolución que iba a causar un gran impacto entre el empresariado y, en general, en la opinión pública.

El escrito constituía una revisión sistemática de las prácticas habituales de De la Rosa. Refiriéndose a un documento en el que Quail, la sociedad de JR, reconocía deber hasta 2.285 millones a Grand Tibidabo, el auto retrataba negro sobre blanco que las prácticas de De la Rosa no eran «meros incumplimientos de contratos de repercusión únicamente civil, sino de hechos con relevancia penal, al existir un ánimo específico de apropiarse del dinero ajeno, disfrazando los presuntos hechos delictivos bajo la apariencia de complejas operaciones económicas, que servían, precisamente, para ocultar el carácter ilegítimo de aquéllas». También incluía demoledores análisis sobre otras operaciones, como la que se realizó a través de la sociedad madrileña Lista 16 y con la que De la Rosa colocó en sus cuentas personales 900 millones de Grand Tibidabo: «Se trata inicialmente de negocios jurídicos, que quedan criminalizados al constar de modo patente la inicial y previa intención del deudor de no asumir el cumplimiento de las obligaciones contraídas, lo cual revela el ánimo de apoderamiento del capital ajeno». Según el juez, los hechos constituían claros indicios de delitos de estafa, consistente en la obtención de beneficios mediante engaño, con los agravantes de lesionar los intereses de una multitud de afectados y de la elevada cantidad de dinero defraudado, lo que significaría, caso de ser condenado, penas de prisión mayor. Abarcaba también delitos de apropiación indebida, referidos a los actos de distracción de dinero por parte de quienes tenían el deber de administrarlo. Las imputaciones se repetían en referencia a otras operaciones, como la compra por Grand Tibidabo de una clínica propiedad de De la Rosa, o el endoso de 2.424 millones en pagarés a esta misma sociedad a cambio de retirar dinero contante y sonante.

La esencia del mecanismo empleado para vaciar Grand Tibidabo se resume en una frase: «Al haberse utilizado por Javier de la Rosa su posición prevalente en ambas sociedades contratantes para beneficiar a aquella sociedad en la que posee la casi totalidad del capital social, lo cual constituye, indiciariamente, una apropiación ilegítima de dinero ajeno, sancionable penalmente». Una definición que tanto podría aplicarse a su gestión al frente de Grand Tibidabo como a la que había desarrollado también en el Grupo Torras, mal que le pese al juez Miguel Moreiras, titular de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, quien rechazó en cuatro ocasiones una querella presentada por el grupo árabe KIO contra su ex gestor en España. Mientras Moreiras señalaba que la legislación española no contemplaba tales delitos, el juez Aguirre conseguía, gracias a su interés por desentrañar la esencia de las prácticas de JR, traducir su supuesta ingeniería financiera en concretos y materiales artículos del Código Penal español.

El titular del Juzgado número 1 no olvidó otro de los mecanismos preferidos de De la Rosa: maquillar balances, inflando el valor de las inversiones de Grand Tibidabo, para ocultar su desastrosa situación financiera. Apoyándose en el informe de auditoría de Ernst & Young, el juez afirmaba que la sobrevaloración de activos «constituye una nueva irregularidad falsaria con relevancia penal».

La doctrina del juez Aguirre abría una línea concreta de desarrollo en la persecución de los llamados delitos económicos, que se profundizó con el auto dictado dos meses después por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que llevó al otro gran protagonista de los ochenta, Mario Conde, el ex presidente de Banesto, a la cárcel madrileña de Alcalá-Meco. El hilo conductor de estas resoluciones partía de la Fiscalía de Barcelona, pues no en vano Jiménez Villarejo había apoyado técnicamente la elaboración de la querella presentada por la Fiscalía de Madrid contra Conde y sus socios.

En otros países, la delincuencia económica había sido tratada por las autoridades con gran dureza y rigor. En Estados Unidos, un modelo hacia el que nuestros gobernantes miran sólo cuando conviene, la burbuja financiera de los años ochenta generó una cadena de actividades delictivas a las que se puso un dramático punto final con largas condenas de prisión y cuantiosas sanciones económicas. El «rey de los bonos basura», Michael Milken, fue condenado a diez años de cárcel y al pago de una multa de 600 millones de dólares. La estrella de Wall Street, Ivan Boesky, el «genio» de la bolsa, pagó con tres años de privación de libertad y 100 millones de dólares de sanción. La sociedad Drexel Burnham Lainbert fue sancionada con multas por valor de 650 millones de dólares. Más significativo fue el hecho de que la acción de los agentes judiciales había tenido lugar antes de que se hubiera producido el crack de la bolsa, en pleno apogeo de las estrellas de las nuevas finanzas norteamericanas. Los jueces dictaron duras sentencias en las que no se limitaban al análisis de los hechos considerados probados, sino que incluían críticas sobre la catadura moral de los delincuentes y acerca de las consecuencias sociales de sus actos.

En España la situación era diferente. Parapetados tras nutridos y bien pagados equipos de abogados, los delincuentes económicos, disfrazados tras la aparente dignidad que les otorgaba la etiqueta profesional de banqueros o financieros, reducían sus actos a meras desavenencias mercantiles o simples incumplimientos de contrato. El hundimiento de empresas o la desaparición de dinero eran el resultado de circunstancias exteriores e imprevistas, no de un deseo de enriquecimiento rápido o de un intento de engañar al prójimo deliberadamente. Estos razonamientos encontraban fácil acomodo en la conservadora judicatura española, reticente a cualquier consideración penal que relacionara la gestión empresarial con la estafa o la malversación sistemática de bienes ajenos.

Insensibles a los desastres generados por estas prácticas, en forma de recursos dilapidados y empleos perdidos, y de sus dañinos efectos sobre la idea de seguridad en las transacciones económicas, básica para el funcionamiento del sistema, los jueces y tribunales no acometían ninguna acción decidida para erradicarlas. Tampoco se advertía un fenómeno nuevo que floreció y dominó la vida económica española desde mediados de los años ochenta: la estrecha relación entre esa delincuencia y otras prácticas socialmente perniciosas, como el chantaje, el espionaje o los pinchazos telefónicos. Ello atentaba contra uno de los pilares de las sociedades democráticas, la libertad de expresión, amenazada por los tiburones, ansiosos de publicidad para sus hazañas y del secreto para sus fechorías. Utilizaban miles de millones, ganados a costa de la salud de bancos y empresas, en silenciar a los medios de comunicación o extorsionar a los editores críticos. Poniendo en solfa la supuesta independencia del poder judicial, estos medios parecían sugerir que los encargados de administrar justicia compartían el prejuicio popular que asocia riqueza con inteligencia y honradez.

No se trata de comparar a JR con individuos como Milken o Boesky, incrustados en la corrupción estructural de los mercados bursátiles con un conjunto de prácticas que comportaban el uso de información privilegiada o el abuso de poder conseguido gracias al control de grandes mercados, como el de los bonos basura, lo que les permitía manejar dichos mercados a su antojo o, más exactamente, según su sed de beneficio. En contraste, De la Rosa no había hecho nada nuevo, como no sea que se otorgue tal consideración a su audacia en la búsqueda del dinero ajeno. No en balde los delitos que le imputaba el magistrado constituían el clásico catálogo del timo: la estafa, el engaño, el abuso de confianza y la rapacidad. La única innovación era que tanto él como los otros depredadores de los años ochenta en España habían conseguido encaramarse al puesto de mando de grandes empresas y bancos. Su poder estaba en proporción al tamaño de la caja. Que cosas así pudieran suceder, y perdurar, indica que la España de aquellos años estaba adormecida por el culto a la riqueza.

El juez Aguirre parecía compartir las ideas que llevaron al juez Lasker, quien condenó a Boesky a tres años de prisión, a afirmar que «ha llegado el momento en el que es totalmente inaceptable para los tribunales actuar como si la prisión fuera impensable para los acusados de cuello blanco… Para preservar no sólo la integridad real de los mercados financieros sino también la apariencia de integridad en estos mercados, el comportamiento delictivo de personas como Boesky no puede quedar sin investigar»[1].

En España, un habilidoso uso de las complejas y prolijas normas procesales permitía a los abogados de este tipo de personajes dilatar hasta las calendas griegas la celebración de los pocos procesos que se ponían en marcha. El sistema de recursos y apelaciones estaba al servicio de una estrategia que bloqueaba la capacidad de acción de los jueces que se enfrentaban a la gran delincuencia económica.

«UNA REACCION TRAGICA»

Pasadas las tres de la madrugada, Joaquín Aguirre finalizaba la redacción del auto. Las largas horas de espera habían generado una expectación inusitada. No sólo los medios de comunicación aguardaban con atención a saber dónde dormiría De la Rosa aquella noche. En las calles se hablaba abiertamente del tema y la duda persistía. ¿Sería posible que el hombre que cavó un agujero de 100.000 millones en el Banco Garriga Nogués, que había levantado la camisa a KIO, vulnerado las más elementales normas de comportamiento en la bolsa durante los ochenta y recibido los más encendidos elogios de Jordi Pujol, diera finalmente con sus huesos en la cárcel? El modesto juez de instrucción Joaquín Aguirre deshizo ese encantamiento.

Al filo de las cuatro de la lluviosa madrugada del 19 de octubre, Javier de la Rosa recibía a sus abogados en los calabozos del juzgado de guardia. Los letrados iban acompañados del oficial que le leyó los cuatro folios del auto judicial. Tuvo «una reacción trágica» al oír las fatídicas resoluciones, según reconoció su defensa. El símbolo del dinero fácil, protagonista de una trayectoria empresarial marcada por el estigma del lucro a costa de empresas que se hundían, se desmoronaba. La reacción de Piqué al conocer el auto fue escueta: «Creo que el juez se equivoca». Una actitud serena en apariencia, pero que se iría modificando con el transcurrir de los días.

Protegido de las cámaras, a las 4:10 De la Rosa abandonó los juzgados a bordo de un furgón policial, camino de la cárcel Modelo de Barcelona. La ira de algunos inversores de Grand Tibidabo estalló. Un hombre vestido de negro, entre cámaras, antorchas y flashes, se acerró a la puerta posterior del vehículo, dio unos golpecitos y con voz ronca y profunda le espetó: «¡Ríete ahora si puedes, Javier!, ¡cabrón!».

Minutos después ingresaba en la cárcel. Ya sin corbata y cinturón, De la Rosa se despojó de su elegante traje —que junto al resto de sus ropas fue fumigado, práctica obligatoria entre los recién llegados— y fue conducido a las duchas. Los funcionarios del centro penitenciario le entregaron un chándal —algo descosido y pequeño— que se convertiría a partir de entonces en su uniforme.

La conocida afición de Jotaerre a los relojes (tiene una colección valorada en más de cien millones de pesetas) le llevó a tratar de conservar en la cárcel dos ejemplares de su colección, un Rolex de oro y un Breitling. Los funcionarios los retuvieron por entender que corrían peligro en prisión; también le intervinieron todas sus tarjetas de crédito (seis) y cinco medallas religiosas que, con una cruz de Caravaca, pendían de una cadena de oro, un pedazo de cristal pulido y una caja plateada con la inscripción «JR» que demuestra que el apelativo «Jotaerre», lejos de ser considerado ofensivo, gozaba de la simpatía del financiero. También le retiraron gran cantidad de pastillas, entre ellas bastantes dormodores, píldoras de uso frecuente entre insomnes. Tras unas primeras horas en el módulo de ingresos fue trasladado a la celda número 16 de la primera galería, que compartió con un abogado y dos traficantes.

CAPITULO CUATRO

UN MILLON Y MEDIO

EN LA MUÑECA O ALAVEDRA

TIENE UN RELOJ

El encarcelamiento de Javier de la Rosa afectó a la vida política catalana tanto como al detenido. El partido más «tocado» fue Convergència Democràtica de Catalunya, la formación del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Aunque sólo fuera por el hecho de que le había defendido públicamente, al estallar el «caso KIO», en la famosa rueda de prensa en la que calificó a JR de empresario modelo. Si para De la Rosa la noche de su detención fue larga, lo mismo puede decir Pujol de ésa y de las siguientes. Él era la primera víctima política de la verborrea de De la Rosa, a quien siempre le había gustado asociar en sus actividades la política con los negocios. Esa primera noche, preocupado por el curso que pudieran seguir los acontecimientos, el president habló de temas delicados con personas de su confianza. ¿Qué podía decir De la Rosa? Le asaltaban dudas sobre la connivencia de algunos miembros de su entorno político con el comisionista encarcelado. ¿Hasta dónde podían haber llegado las relaciones de algún conseller?

Las respuestas que recibió no fueron tranquilizadoras. Le producía pánico pensar en el daño que podía causar a su partido un De la Rosa lanzando acusaciones y bravuconadas sin cuento.

Al día siguiente, el consejero de Economía, Macià Alavedra, el hombre de Convergència con quien De la Rosa había establecido unas relaciones más estrechas, comparecía en la comisión de Economía del Parlament. En su muñeca, un magnífico reloj Audemars Piguet, modelo Royal Oak, casi un millón y medio de pesetas en oro. Ese día tenía que explicar un tema controvertido: el uso que había hecho De la Rosa del aval de 10.000 millones de pesetas concedido por la Generalitat para construir el parque de Atracciones de Tarragona, conocido antes como Tibigardens y ahora como Port Aventura.

De la Rosa controlaba desde febrero de 1992 la mayor parte del capital, el 80 por ciento, a través de Grand Tibidabo, si bien sólo había desembolsado la mitad de la cantidad que valía su participación, 6.000 millones de pesetas. Los otros 6.000 millones quedaban pendientes para una posterior ampliación de capital, a realizar en diciembre de 1993, pero que nunca se produjo. Cuando adquirió su participación a la promotora inicial del proyecto, la multinacional norteamericana y propietaria de otros centros recreativos Anheuser Busch, De la Rosa nombró presidente de Tibigardens a su cuñado Alfons Maristany, quien compatibilizó el cargo con el de director del área internacional de La Caixa. El resto del consejo quedó formado por Narciso de Mir y Santiago Tomeo, sus socios en Quail; el abogado Juan José Folchi; Alejandro Torrado, director general, del parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona; Lluís Llubià y William Randolph Baker, en nombre de los norteamericanos, y Carles Vilarrubí, recién nombrado consejero delegado de la empresa.

Carles Vilarrubí Carrió, un hombre próximo al presidente de la Generalitat, había sido en 1980, con sólo veintiocho años, secretario general de la Corporació Catalana de Radio y Televisió de Catalunya y director general adjunto de Catalunya Ràdio. Dos años después, en 1982, ocupó la dirección general de la recién creada EAJA, ente gestor de las loterías de la Generalitat. Antes de entrar a trabajar en el parque era el consejero delegado de Trébol Condal, empresa de inversiones cuyo principal accionista era Manuel Prado y Colón de Carvajal. Vilarrubí fue propuesto para el cargo por el abogado mercantilista Juan José Folchi. De la Rosa aceptó la idea pensando en sus buenas relaciones con la Generalitat.

A fin de financiar las obras iniciales de construcción, los ejecutivos de Tibigardens, con Vilarrubí a la cabeza, acudieron a la Generalitat para negociar la concesión de un primer tramo del aval de 10.000 millones de pesetas que el Parlament de Cataluña había acordado conceder al proyecto atendiendo a su alto interés estratégico para el sector turístico catalán. Se llevaron una grata sorpresa cuando Alavedra les comunicó que obtendrían el aval sin necesidad de formalizar ninguna garantía y que el interés sería de tan sólo un 0,5 por ciento. Es decir, que en el caso de que Tibigardens quebrara o suspendiera pagos, lo que no era tan improbable a la vista del historial de su principal accionista, la Generalitat habría tenido que esperar a que cobraran primero los trabajadores y los acreedores con garantías hipotecarias antes de recuperar el dinero público. Esto en el caso de que quedara algo.

La alegría de Vilarrubí duraría muy poco. Dos días antes de que se firmara el primer crédito avalado de 1.500 millones, la directora administrativa del parque, Rosa Piñol, recibió instrucciones para preparar dos talones de 500 millones de pesetas cada uno a nombre de Grand Tibidabo y de Quail. De la Rosa ya había encontrado un destino alternativo al oficial para el dinero garantizado por el Parlament. El encargado de transmitir las órdenes a Rosa Piñol fue Miguel Soler, el frío e insondable cerebro financiero de Jotaerre. Soler no figuraba en el organigrama de Tibigardens, no tenía ninguna función, ni siquiera cobraba de la empresa, pero asumía en la sombra todas las prerrogativas de un director financiero, es decir, controlaba desde el exterior la tesorería de la casa, un método que De la Rosa ya había aplicado en profundidad cuando estaba al frente del Grupo Torras, desgraciadamente para esa sociedad. Rosa Piñol no vio las cosas claras y puso objeciones, por lo que Soler intentó eliminar cualquier sospecha diciéndole que no se preocupara, pues «esto ya lo sabe el señor Vilarrubí», quien por aquellas fechas se encontraba en Estados Unidos. Poco después, cuando consultó con el consejero delegado, pudo comprobar que no era cierto que lo supiera.

TIBIGARDENS Y EL AVAL DE LA GENERALITAT

Intrigado por lo que le había contado Rosa Piñol, Vilarrubí acudió a las doce de la mañana del 22 de octubre de 1992 al acto de la firma del crédito avalado por la Generalitat. Nada más volver a su despacho, De la Rosa lo llamó para citarle a las cinco y media en sus oficinas de la Diagonal. Lo que sucedió en Quail aquella tarde se pareció más a una comedia de enredo que a una discusión empresarial. Allí, un De la Rosa desconocido para Vilarrubí, amable primero, casi siciliano después, se quitó la careta. Cuando Vilarrubí entró en la sala le esperaban Narciso de Mir, Santiago Tomeo, Miguel Soler y Alfons Maristany. Excepto el último, que no decía nada, el resto representaba una conversación distendida:

—Bueno, ahora que tenemos un excedente de tesorería, ¿qué podríamos hacer para sacarle algo de interés? —decía uno.

—¿En qué banco podríamos depositarlo? —añadía distraídamente otro.

Entonces, Miguel Soler descubrió sus intenciones:

—Hombre, para eso es mejor que lo pongamos en Grand Tibidabo, y ésta lo invierta con un buen rendimiento —comentó aparentemente sin intención alguna.

En ese momento, Vilarrubí, que ya empezaba a compartir los nervios de su directora administrativa, se sintió obligado a intervenir:

—Ya sabéis que la ley del aval del Parlament tiene un sentido finalista y no permite que el dinero se destine a otros cometidos distintos a las obras del parque. Además, no sé si lo recordáis, pero en el acuerdo con los norteamericanos hay una cláusula que prohíbe los préstamos a los socios de la empresa.

Los presentes, aparentando calma, expresaron su opinión contraria:

—Pero, hombre, seguro que Javier tiene permiso de la Generalitat.

Sólo Maristany seguía callado; no en balde en los pocos meses que llevaba como presidente del parque ya se había hecho famoso por su negativa a firmar ningún papel, incluidos los contratos laborales que él mismo había negociado.

La discusión llegó a un punto muerto. Vilarrubí seguía firme en su idea de que el dinero no podía salir de Tibigardens. Entonces, De Mir salió del despacho y a los pocos segundos volvió acompañado por De la Rosa:

—¿Qué habéis pensado hacer con el aval? ¿Qué os parece lo de colocarlo en Grand Tibidabo? —adelantó como si cualquier cosa el gran jefe.

—A nosotros nos parece bien, pero Vilarrubí parece que pone problemas.

—Pero ¿qué dices, Carles? A la Generalitat y a los americanos seguro que les parece bien obtener un buen interés. Oye, de todas maneras, si tienes problemas que firme los talones De Mir.

Pero Vilarrubí no variaba su posición:

—El problema no es quién firme, Maristany también tiene poderes, sino que eso no se puede hacer.

De la Rosa tampoco cedía. Decidió llamar al abogado y secretario de la empresa Carlos Calderón, quien también optó por ganar tiempo y se comprometió a presentar a las nueve de la mañana del día siguiente un dictamen sobre el tema. Al acabar la reunión, Vilarrubí se quedó a solas con De la Rosa y una tercera persona; quería aclarar las cosas:

—Oye, Javier, ya sé que tú no tienes por qué saberlo todo del proyecto, pero aunque los demás te digan que se puede hacer, la ley prohíbe taxativamente sacar de Tibigardens el dinero que está avalado por la Generalitat. Y te quiero pedir una cosa, Javier, diles a tus amigos que no me presenten ningún talón a la firma, porque entonces cogeré la chaqueta y me iré de la empresa.

Un De la Rosa que parecía comprender asintió:

—Muy bien, Carles. ¿Verdad que si consigo el permiso de la Generalitat y de los norteamericanos no hay ningún problema? Pues no te preocupes, vete a tu despacho y en media hora te digo algo.

Cerca de las diez de la noche Vilarrubí se marchó a su despacho en la calle Tuset. Aún no llevaba allí ni diez minutos cuando recibió una llamada de JR:

—Oye, que sepas que los de la Busch están totalmente de acuerdo. ¿Ves cómo no hay ningún problema? Mañana hablaré con la Generalitat. Bueno, y ahora que está resuelto el tema quiero decirte algo: nunca me vuelvas a montar la escena de antes en mi despacho. Tú no eres nadie para darme a mí lecciones de moralina. Yo no estoy para esas cosas —le espetó irritado.

Casi sin tiempo a reaccionar, Vilarrubí llamó a Lluís Llubià, representante de Busch y consejero de Tibigardens, quien confirmó sus temores:

—Pero ¿qué dice Javier? De ninguna manera, Busch no ha autorizado ni autorizará nada de eso.

De la Rosa mentía y Vilarrubí comenzaba su cuenta atrás en el parque.

A las nueve de la mañana del día siguiente el todavía consejero delegado acudió a Quail. Antes de entrar había llamado a su gente en Tibigardens para encargarles que empezasen a recoger las cosas porque se iba de la empresa. En las oficinas de De la Rosa le esperaba Narciso de Mir:

—Ya está todo arreglado, ya se pueden firmar los talones. Estamos a punto de recibir el informe de Calderón, que ya nos ha adelantado que es positivo.

Frío, Vilarrubí replicó:

—Yo voy a mi despacho, cuando llegue el dictamen me avisáis.

Estaba claro que el dictamen del abogado no iba a llegar nunca.

La escena final del enredo se desarrolló en el despacho de Vilarrubí. Allí se presentaron Miguel Soler, Santiago Tomeo y Alfons Maristany, quien abrió la boca por primera y única vez:

—Como ya está todo arreglado, os dejo. Me voy a Italia, mi avión sale en media hora y tengo el taxi abajo.

Con él se fue Tomeo. Al final sólo se quedó Miguel Soler, con un maletín en la mano:

—Bueno, voy a preparar los talones para que los firmes —le dijo con su mirada inexpresiva.

Vilarrubí se levantó, se puso la chaqueta y, al tiempo que le decía «espera un momento», salió del despacho. Nunca más volvió. Esa misma mañana, tan sólo veinticuatro horas después de que la Generalitat hubiera concedido el aval, acudió al notario Enrique Robles Perea y formalizó su dimisión como consejero delegado de Tibigardens.

La noticia de la marcha de Vilarrubí corrió como un reguero de pólvora entre los ejecutivos del parque. La primera reacción fue la de marcharse en masa. Además de Rosa Piñol, Salvador Grané, director de construcción, Mateo Tersol, director del área residencial, e Inma Folchi, asesora jurídica de la empresa, comenzaron a preparar sus cartas de dimisión. Esa misma noche, todos ellos, excepto Inma Folchi, a quien su hermano Juan José había convencido de que se quedara, se reunieron con Vilarrubí, en su casa, cerca de la vía Augusta de Barcelona.

El recién dimitido quería evitar que su marcha significara la hecatombe del parque. Para ello, Grané y Tersol debían continuar. De lo contrario las obras quedarían paralizadas, así que intentó convencerlos. Discutieron varias horas y finalmente encontraron una posible solución. Grané y Tersol presentarían a Maristany una lista de condiciones para continuar en la empresa. La relación de requisitos, que se redactó esa misma noche, recogía las condiciones en las que se contratarían las obras de construcción, la forma en la que se gestionaría la tesorería y la prohibición explícita de financiar empresas ajenas a Tibigardens. Para evitar la crisis, Maristany firmó el documento, gracias al cual las obras pudieron continuar durante un año y medio sin grandes sobresaltos. Estos fueron los salvavidas que mantuvieron a flote el parque de Tarragona: la marcha de Vilarrubí, la rebelión de los ejecutivos y la firma de ese compromiso, aunque después algún responsable político intentaría atribuirse el mérito.

Dadas las buenas relaciones entre el dimitido consejero delegado y Jordi Pujol, es fácil suponer que este último recibió puntual información sobre lo sucedido. A consecuencia de estos hechos, la Generalitat reforzó sus cautelas sobre el aval, dosificando la concesión de nuevos tramos en función de las obras efectivamente realizadas en el parque. La decisión de Vilarrubí había pinchado los proyectos que pudiera albergar De la Rosa para utilizar el parque como plataforma para el endeudamiento bancario y fuente de recursos para sus negocios particulares. A toro pasado, algunos días después, Alavedra supo lo sucedido y llamó a Vilarrubí para decirle: «Carles, ¡qué gran servicio has prestado al país!».

En abril de 1993 Alavedra concedió otros 3.500 millones de pesetas y, rectificando sus anteriores decisiones, en este caso sí exigió garantía hipotecaria, los propios terrenos del parque, además de comprometer a De la Rosa con un calendario para desembolsar los 6.000 millones pendientes en el capital de Tibigardens.

A principios de 1994, la Generalitat ya había otorgado los avales hasta el tope máximo de 10.000 millones de pesetas, a pesar de que De la Rosa no había cumplido su compromiso de desembolsar los 6.000 millones pendientes en el capital de Tibigardens. Esto significaba que en esa fecha la administración autonómica tenía comprometido en el parque más dinero que nadie y, en especial, que el principal accionista. Como colofón, y para celebrar la fluidez en la entrega del aval, Alavedra recibió como obsequio un reloj suizo marca Audemars Piguet valorado en cerca de un millón y medio de pesetas, el mismo que lucía en la sesión parlamentaria.

LAS DIABLURAS DE JR

La tormenta generada por la marcha de Vilarrubí parecía cosa del pasado y JR se sentía de nuevo con fuerzas para jugar a las diabluras en el parque. El 31 de diciembre de 1993, mediante una complicada operación cuyo diseño cabe atribuir a Miguel Soler, pidió a la Caixa de Tarragona un crédito de 1.000 millones de pesetas para Grand Tibidabo. El objetivo de este dinero era pagar, con un año de retraso, el dividendo pendiente a los accionistas de la sociedad. Los directivos de la entidad financiera, que ya se olían que las empresas de De la Rosa atravesaban problemas, tenían claro que no habría créditos sin las correspondientes garantías. Tras un tira y afloja contra el reloj, pues la fecha límite era el 31 de diciembre, se acordó que Grand Tibidabo entregaría como garantía del crédito varios pagarés por un total de 1.000 millones de pesetas. Además, y previendo la posibilidad de que no se devolviera el crédito, Soler y De la Rosa entregaron una segunda garantía: Tibigardens, la promotora del parque, se comprometía por escrito a comprar los pagarés de Grand Tibidabo si esta sociedad no podía hacerlos efectivos. Dicho de otra manera, 1.000 millones de pesetas del parque, que por la falta de aportaciones de su principal accionista había comenzado a retrasar algunos de los pagos a sus proveedores, se habían convertido, inadvertidamente, en garantía de un crédito a una empresa, Grand Tibidabo, que por esas fechas, finales de 1993, arrojaba pérdidas no reconocidas de 10.924 millones de pesetas.

Para montar toda esta filigrana, De la Rosa tuvo que echar mano, una vez más, de sus artes preferidas. No consiguió que su cuñado, el único con poderes, le firmara las órdenes para que Tibigardens comprara los 1.000 millones de pesetas en pagarés de Grand Tibidabo. A pesar de ello, sus presiones sí que alcanzaron para que Maristany firmara poderes mancomunados hasta un máximo de 200 millones de pesetas a favor del ínclito Miguel Soler y para Javier Garrido, director general de Tibigardens.

Con estos instrumentos en la mano, JR llamó a Garrido a su despacho:

—Oye, vamos a hacer unas inversiones financieras con dinero de Tibigardens y tú me firmarás unas autorizaciones para que la empresa pueda comprar pagarés.

Educadamente, Garrido le recordó al impaciente De la Rosa que él no tenía poderes, por lo que no podía firmar nada.

—Ahora sí —le espetó JR con una de sus sonrisas más satisfechas mientras sacaba del cajón de su mesa los poderes impuestos al director general del parque.

Garrido es un hombre de reflejos y reaccionó con rapidez. Salió del despacho habiendo firmado las órdenes de compra, pero, a cambio, también consiguió que JR le firmara un compromiso exonerándole de cualquier responsabilidad y asegurándole una cuantiosa indemnización para el caso de que hubiera problemas. Los hubo, y tanto Soler como Garrido acabarían inculpados por el juez Aguirre. Diferente fue el caso de Maristany, quien saldría del juzgado como simple testigo, algo que su cuñado no le perdonaría.

Finalmente, Grand Tibidabo no devolvió el crédito en el momento de su vencimiento, a finales de febrero de 1994. Para resolver el entuerto, es decir, para evitar que se descubriera el mal uso del aval y, lo más grave, para impedir que el préstamo de 1.000 millones fuera efectivamente ejecutado por la Caixa de Tarragona, De la Rosa pidió a la misma entidad financiera un nuevo crédito para pagar el primero. A la luz de la crítica situación, la Caixa de Tarragona se negó. JR pensó que a lo mejor la Caixa aceptaría conceder el nuevo crédito directamente a Tibigardens, mucho más solvente que Tibidabo y a la que la Generalitat no dejaría caer en ningún momento. Se dirigió a Alavedra, a quien explicó que Tibigardens necesitaba un crédito para pagar a los proveedores y a los constructores. Parece ser que Alavedra no comprobó si tal cosa era cierta y se puso en contacto con Francesc Montaña, director general de la Caixa de Tarragona, para que atendiera la solicitud de De la Rosa. Según explicó en su momento el mismo Montaña a los autores de este libro: «Alavedra me suplicó que concediera el crédito, había que salvar el parque». En su comparecencia parlamentaria, Alavedra, en cambio, negó haber intervenido nunca en esa operación.

El nuevo crédito de 1.000 millones para Tibigardens, con garantía hipotecaria, fue finalmente concedido y la Caixa lo utilizó para cobrarse el que había otorgado anteriormente a Grand Tibidabo. Como siempre en los negocios de De la Rosa, los propietarios de las empresas, los accionistas, sólo se enteran de estas chapuzas cuando no tienen solución. Así les pasó a los representantes de Anheuser Busch, propietarios del 20 por ciento de Tibigardens, y a la eléctrica catalana Fecsa, recientemente incorporada al accionariado del parque. Al detectar que faltaban 1.000 millones en la caja de la empresa y que a cambio De la Rosa les había dejado unos papelitos sin valor alguno, los norteamericanos montaron en cólera. A las siete de la tarde del 25 de marzo de 1994, el consejo de administración de Tibigardens se reunió con carácter extraordinario a petición de los estadounidenses. Lluís Llubià, representante de Anheuser Busch, expresó con firmeza su indignación por la desaparición del dinero y pidió explicaciones de lo sucedido. La única respuesta fue la dimisión de Maristany como presidente de la empresa.

Una vez se hizo público el escándalo, De la Rosa, siempre preocupado por su imagen, emitió un comunicado en el que afirmaba haber solicitado que la Intervención General de la Generalitat revisara las cuentas para comprobar que el aval no se había utilizado indebidamente. En realidad, la iniciativa no había partido de él, sino del propio Alavedra, que le dijo: «Lo mejor, Javier, es que pidas la intervención para que no haya dudas». Como era de esperar, la Intervención realizó un rápido informe en el que se confirmó que el uso había sido correcto.

Partiendo de ese mismo informe, algún periodista pudo deducir justamente lo contrario. Más adelante, en una reunión de la Comisión de Economía del Parlament de Cataluña, celebrada el 23 de junio de 1994, un desconcertado Alavedra fue incapaz de dar una respuesta convincente a las precisas preguntas del portavoz de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, sobre los manejos del aval. Al final no quedaba tan claro que la Generalitat hubiera fiscalizado correctamente los movimientos de De la Rosa con el dinero público. No era el único ejemplo de falta de control. En 1992 De la Rosa se había vendido a sí mismo, a través de una extraña entidad suiza, casi un 10 por ciento del capital del parque para generar plusvalías ficticias de más de 1.000 millones de pesetas y poder declarar así beneficios en Grand Tibidabo. Alavedra tampoco dijo nada sobre este baile de participaciones que revelaba que algo no iba bien en el parque.

LAS EXPLICACIONES DE MACIA ALAVEDRA

El 19 de octubre de 1995, durante su comparecencia en la comisión, mientras De la Rosa pasaba su primera mañana de paseo en el patio de la cárcel Modelo, Alavedra se limitó a señalar que el parque se estaba construyendo a buen ritmo, que todo el dinero avalado había sido invertido, que se habían buscado nuevos socios para el proyecto y que si su departamento no detectó lo que estaba ocurriendo con el aval fue porque los directivos de la Caixa de Tarragona habían ocultado los hechos. Esta entidad estaba presidida por Francesc Lluesma, un miembro de CDC que antes militó en AP de Tarragona.

Los grupos de oposición consideraron insatisfactorias estas explicaciones y criticaron duramente a Alavedra y a la Generalitat por la falta de control sobre el aval. Tanto el PSC como el PP e IC denunciaron la existencia de una red de intereses entre JR y destacados prohombres del nacionalismo. La mayoría de las formaciones políticas pidieron ese día la dimisión del peso pesado del gobierno de Pujol, con la gran excepción de los socialistas catalanes, que formularon algunas críticas generales sin acompañarlas de propuestas concretas. La tibieza de los socialistas, si no sirvió para otra cosa, por lo menos evitó que De la Rosa pudiera echar mano de la politización del caso. Poco antes de ingresar en prisión había intentado explicar la orden de detención contra él como parte de una maniobra política destinada a desgastar al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Sin embargo, el Gobierno central dependía del apoyo parlamentario de CiU y no parecía un buen momento para fastidiarle, lo cual explicaba en gran medida la tibia actitud del PSC.

A pesar de la defensa que Alavedra hizo de sí mismo, horas antes había presentado su dimisión al presidente de la Generalitat. En aquellos momentos Pujol parecía decidido a aceptarla, e incluso comunicó a algunos allegados el sentido de su decisión. Sin embargo, pocos días después estalló un escándalo de tráfico de influencias relacionado con el conseller de Obras Públicas, Josep Maria Cullell, y Alavedra presionó para que las dos dimisiones no se produjeran a la vez. «Mi caso es distinto al de Cullell», decía un Alavedra taciturno en aquellos tormentosos días. A la postre, esa exigencia acabaría salvándole de la caída. De hecho, Cullell, muy afligido tras su dimisión, atribuyó parte de su desgracia al conseller de Economía, Macià Alavedra i Moner.

El asunto del aval se presentaba en apariencia como uno de los más espinosos para el partido de Jordi Pujol en el caso de que el juez y los fiscales decidieran profundizar en el análisis de las consecuencias penales del asunto. Algunos tenían la esperanza de que el aval se convirtiera en el eje del sumario. De la Rosa pensaba del mismo modo, y durante su última declaración ante el juez dijo que quería «señalar que he leído en la prensa que el conseller de la Generalitat, señor Alavedra, en el Parlament había señalado que 1.000 millones de ese aval habían quedado inmovilizados durante dos meses y que se habían enterado ellos más tarde. No es cierto, puesto que el señor Alavedra mucho antes de diciembre de 1993 estaba enterado día a día de los pormenores de su relación con la Caja de Tarragona […]». El comisionista creía que su salvación vendría de la politización del sumario a través del aval, un escándalo que borraría sus propios pecados. Con pocos escrúpulos, no le importaba disparar contra quien había sido su principal valedor en el gobierno catalán. Pensaba que el mero hecho de que él hubiera estado en la cárcel era la prueba de que no habían hecho todo lo que podían y debían para ayudarle.

Teniendo en cuenta el historial de Mena y Villarejo, convertir el tema del aval en la pieza destacada podía dar pie al argumento de que todo era una maniobra política contra los nacionalistas. Tales expectativas quedaron frustradas. El auto de prisión de De la Rosa no mencionaba el uso del aval, en buena medida debido al hecho de que tanto los fiscales como el juez habían reunido suficientes argumentos jurídicos para inculparle sin necesidad de entrar en el tema. En parte también porque «ni las propias víctimas de esa apropiación indebida, es decir, la Generalitat, habían mostrado ningún interés por hacer cumplir la ley», como se decía en aquellos días por los pasillos de la Fiscalía. Poco antes de la detención de De la Rosa, la Intervención de la Generalitat emitió un nuevo informe sobre el tema en el que se reconocía que la operación «podría haber puesto en dificultades la liquidez y solvencia de la empresa y la continuidad del proyecto». Más adelante, el juez Aguirre, que no se olvidó del asunto, dictó un auto en el que señalaba que «la circunstancia de que se reintegrara dicha cantidad —los 1.000 millones avalados— […] no impide considerar consumado el presunto delito de estafa […]». El documento definía certeramente el sentido de la acción: «Constituye una actuación mendaz la de convencer a los poderes públicos a fin de que avalen la concesión de un crédito para la construcción de un proyecto de interés turístico y, precisamente el mismo día de su otorgamiento, desviar una quinta parte de lo concedido en préstamo a la financiación de unas sociedades anónimas ajenas a la construcción del parque recreativo».

A pesar de eso, tanto Alavedra como Pujol afirmaron en varias ocasiones que, como al final todo el dinero había ido al parque, lo demás no importaba. En cualquier país habituado a que la administración cumpla y se preocupe de hacer cumplir la ley, la comprensión de los vicios de De la Rosa por parte de la Generalitat habría sido un verdadero escándalo. En esta ocasión, en Cataluña no fue así.

El martes 25 de octubre era Pujol quien comparecía en el pleno del Parlament, en este caso para abrir el debate anual sobre la situación política general. La tormenta generada por el «caso De la Rosa» estaba en esos días descargando con toda su furia sobre las huestes nacionalistas. Los debates de política general en el Parlament no solían generar demasiada expectación, en parte debido a que CiU llevaba ya tres legislaturas disfrutando de una holgada mayoría absoluta. Por primera vez en varios años el debate cobró un interés inusitado. La preocupación era palpable entre los personajes con más fuelle de CDC, que no reconocían al Pujol de esos días, el cual parecía haber perdido parte de los reflejos políticos que le habían caracterizado.

A estas alturas Pujol ya había hecho dos encendidas defensas públicas de JR. La primera en el lejano 1992, cuando el grupo árabe Kuwait Investment Office (KIO), propietario del Grupo Torras, acusó a De la Rosa, que había sido vicepresidente de la empresa española, de haber originado un agujero de 500.000 millones de pesetas. La segunda, mucho más recientemente, en julio de 1994, menos de tres meses antes de su detención. Estos antecedentes marcaron el discurso del presidente ante sus señorías. Pujol no se permitió ninguna crítica a la trayectoria de De la Rosa y se parapetó tras el Gobierno central para justificar su actitud, pues «fue avalado varias veces política, administrativa y financieramente por personas y entidades muy serias y respetables». Lejos de rectificar sus anteriores elogios al detenido, el líder nacionalista afirmó categórico que «no sólo la Generalitat depositó su confianza en De la Rosa […]; por tanto, que nadie se sacuda este asunto de encima y además trate de darnos lecciones de modos». Como colofón, recordó que, a diferencia de otros casos, la principal operación que realizó De la Rosa con la Generalitat, la construcción de Port Aventura, había acabado bien. Una gran parte de los diputados presentes en el debate intuyó que la estrategia de Pujol era la de negar responsabilidades sin provocar las iras de un De la Rosa que se iba impacientando a medida que sumaba días en prisión. Se le enviaba el mensaje de que si no se buscaba líos con la Generalitat, le pagarían con la misma moneda.

CAPITULO CINCO

LAS AMARGAS LAGRIMAS

DE MERCEDES MISOL

En la calle Doctor Fleming 18-20, domicilio de los De la Rosa, la noticia del encarcelamiento era sencillamente increíble. El detenido, que durante tiempo no se acostaba sin llamar antes a Piqué por si pasaba algo, dormía ahora en la Modelo y la situación no estaba bajo control. «No te preocupes Mercedes, en una semana estará en la calle. ¡Ya verás cuando lean el recurso!». Las palabras de Piqué sonaban a promesa. Mientras, la habitación sin ventanas donde dormía De la Rosa desde sus problemas con KIO se quedaba vacía.

Javier había pedido a su esposa, Mercedes Misol, y a sus tres hijos que no le visitaran para ahorrarles el horror de verle en ese penal hacinado y antiguo del centro de Barcelona. Mercedes Misol, que por entonces había tomado férreamente las riendas, acudió ese primer sábado a la prisión Modelo y allí su marido le mostró un papel con instrucciones por el cristal de la sala de visitas. Una de ellas era requerir la presencia de su hermano Antonio, que le visitó en calidad de abogado.

Ese día aparecía en los medios de comunicación una tétrica imagen de Jotaerre, embutido en su chándal paseando por el patio de la vetusta cárcel, entre un travestí reteñido de rubio y minifaldero, yonkies y sirleros. Esa fotografía, y otra que le inmortalizó devorando un bocadillo tras las rejas de su celda[1], hicieron que Instituciones Penitenciarias trasladara días más tarde al preso al moderno centro de Can Brians, cerca de Martorell, argumentando motivos de seguridad. Allí coincidió con José Moreno Cuenca, alias «el Vaquilla». El traslado fue todo un trato de favor. Brians es un centro vedado a los presos preventivos, como De la Rosa. Además, durante su larga estancia, el preso gozó de una celda individual, uso de teléfono a voluntad y Canal Plus.

Un día, en Can Brians, la mujer de «el Vaquilla», Isabel Fallas, veía desde las ventanas del locutorio 33 a un De la Rosa demudado, flaco y con el pelo reteñido, lloriqueando ante su mujer Mercedes en el cubículo contiguo.

La normalidad de la vida en la cárcel, donde JR hacía de cámara ocasional en el taller de vídeo, sólo se vería alterada, más adelante, con la publicación de unas fotos tomadas por otro preso en las que aparecía caminando por las instalaciones. El enfado fue monumental y las autoridades penitenciarias catalanas decidieron separarlo del resto durante unos días.

Entre dudas, los De la Rosa se aíslan. Dejan de leer, de ver o de escuchar los medios de comunicación. Aquel gallardo: «Espero que Javier no se derrumbe» que Mercedes Misol dijo al salir de su primera visita a la Modelo adquiría un significado diferente: «Espero que aguante aunque todos le abandonen».

Ajena a la tormenta política que el caso levantaba sobre Jordi Pujol, la Generalitat y Convergència Democràtica de Catalunya, la familia movió todos sus contactos. Mientras Pujol aseguraba que «el señor De la Rosa es una piedra en el camino», la familia era contundente: «No se atreverán a darnos la espalda después de lo que Javier ha hecho por ellos, de la fortuna que se ha gastado en ayudarles… Y todo por Cataluña», añadía Mercedes como quien trata de autoconvencerse.

Se entrega aplicadamente a repasar la lista de los amigos en CiU. «Joaquim Molins nos ayudará, nos conocemos de toda la vida; Josep Maria Cullell y Xavier Trias, igual, son amigos. Pero, sobre todo, contamos con Macià Alavedra. Macià es de ley, no como Roca». Justo a la inversa de lo que pensaba Pujol en aquellos días: «En las situaciones difíciles sólo se puede contar con Roca, Macià se arruga». La señora de De la Rosa explicaba a Nelson-Javier, su primogénito: «Macià sí que puede entendernos, porque él también ha sido víctima del juicio fácil del populacho, como papá. Nos contaban él y Doris [la esposa del conseller] que ha sido el peor verano de su vida. En Barcelona, agobiados por eso de los avales y cuando subían a Calella para estrenar su nueva barca de veinte metros[2]. ¡Oye, la ilusión de su vida! Pues la gente les silbaba y les abucheaba en el puerto de Llafranch. ¡Cómo es la gente!, ¿no?».

Los contactos se suceden y les llega el eco del negativo efecto de las amenazas radiofónicas vertidas la noche anterior a la detención. Es un golpe duro para Mercedes, que al final reconoce que «Javier se equivocó». «Los nervios, fueron los nervios», afirma tratando de recomponer el «paraguas» convergente. «Además, últimamente, Javier estaba realmente mal». De hecho, el apetito que demuestra De la Rosa en prisión tiene que ver con los síntomas de alguien sometido con frecuencia a tratamientos con fármacos ansiolíticos, según señalan algunos expertos.

Pero, ¿por qué Miquel Roca era el enemigo? Resultaba chocante, sobre todo después de saber que Elena, la hija del secretario general de CDC, había sido empleada de De la Rosa hasta pocos meses antes de su declive.

Roca, tantos años en Madrid y amigo del ex vicepresidente Narcís Serra, sabía que el entreguismo catalán a JR contrastaba con las distancias que estaban tomando en Madrid. El político catalán estaba destinado a chocar con el financiero. Por eso fue el primero en deshacerse de la pringosa relación con él. De la Rosa no podía creerlo, no se le ponía al teléfono. «Y eso que ya veríamos dónde estaría sin nosotros. Sería un muerto de hambre», insistía Mercedes, influida tal vez por los cuentos de su marido.

Miquel Roca hizo despedirse a su hija Elena y comenzó a sentirse a salvo. Serra dirigía el relevo de De la Rosa como accionista mayoritario del maltrecho parque de atracciones Tibigardens, aprovechando sus privilegiadas relaciones con La Caixa. Se trataba de ayudar a salvar el proyecto preferido de Jordi Pujol. El president encargó a Roca que mediara ante la entidad para que facilitase un crédito a De la Rosa, que sufría agobios financieros en Grand Tibidabo. Roca llamó a Josep Vilarasau, director general de La Caixa, y con su habitual frialdad le dijo: «Te llamo de parte del president porque convendría que solucionaseis positivamente un crédito que ha pedido De la Rosa. A mí me da lo mismo, pero en fin…».

Vilarasau había concedido importantes créditos a De la Rosa, aunque no tanto por iniciativa propia como por la de uno de los directores generales adjuntos ejecutivos de la entidad, Isidre Fainé, hombre bien relacionado con De la Rosa. Cada vez que Fainé presentaba una operación, Vilarasau se aseguraba de que estuviera debidamente respaldada con garantías hipotecarias o valores solventes. En más de una ocasión había rechazado nuevos créditos que consideraba exagerados. Vilarasau encontró en el renuncio de Roca la tabla de salvación. Así se lo hizo saber al propio De la Rosa: «Mira, no es posible ampliar tus créditos. Compréndelo, además Roca me ha llamado y me ha dicho que a él le da lo mismo». Aquello fue demasiado. De la Rosa estaba fuera de sí. Furioso, juró vengarse.

El verano anterior al de su detención coincidió con el ex secretario general de CDC en la boda de un vástago de Cullell y allí, sin más, Javier le espetó: «Tú no serás alcalde de Barcelona». «Fue violentísimo, pero se lo merecía», recordaba meses después Mercedes mientras veía cómo los días pasaban, su marido seguía en la Modelo y el juez dictaba otros autos de prisión incondicional contra sus colaboradores en Quail y Grand Tibidabo.

Mercedes seguía aguardando noticias de sus pretendidos amigos de Convergència. Piqué Vidal sugirió que era muy difícil recabar ayudas si Javier no rectificaba sus amenazas radiofónicas. «Lo ha puesto todo muy difícil. Esa era condición sine qua non». Poco tiempo después, un texto encabezado como «único comunicado de Francisco Javier de la Rosa Martí» desmentía sus amenazas. Según el texto, difundido por la Agencia A, ya no se iba a «tirar de la manta», como dijo en la COPE. Las relaciones con la Generalitat habían sido siempre «transparentes y limitadas al proyecto Tibigardens», para redundar en que su detención era un injusto proceso político. A nadie se le escapó que el texto salía a la luz el primer día del calvario de Pujol en el debate de política general del Parlament de Cataluña, el 25 de octubre.

LA SEMILLA DE LA DESCONFIANZA

A medida que pasaban los días, la semilla de la desconfianza había germinado en el entorno familiar, que sabía que Juan Piqué estaba personalmente implicado en los negocios de De la Rosa. Planeaba una duda: «¿No estará tratando el abogado de evitar lo que le pasó a Bruna de Quixano?» La referencia obliga a explicación: José Luis Bruna de Quixano era el responsable jurídico del Consorcio de la Zona Franca cuando Antonio de la Rosa (padre) compraba terrenos inexistentes con dinero del Estado. El padre se fugó, pero Bruna de Quixano dio la cara y fue a prisión.

En otras palabras, la familia temía que Piqué hubiera podido favorecer que las cosas fueran como hasta entonces para eludir responsabilidades propias. «Parece mentira, con lo que Javier hizo por él en Renta Barna, aquella sociedad suya relacionada con el Garriga. Oye, que le sacó del atolladero. Tenía unos guardias civiles en el despacho que le apuntaban con pistola», explicaba Mercedes a una amiga. Piqué también había aconsejado a su cliente redactar un documento de reconocimiento de deudas a favor de Grand Tibidabo, pues así se podía justificar la salida del dinero como operaciones de crédito. Este papel fue localizado por el juez Aguirre en la caja fuerte del despacho de Quail.

Parece que el abogado no tuvo en cuenta que el juez no consideraría tal justificación, al tratarse de un documento elaborado a posteriori, meses e incluso años después de la distracción del dinero. Ese reconocimiento se convirtió además en la mejor guía para Aguirre y los fiscales, pues gracias a él podían reconstruir con facilidad la mayoría de las operaciones consideradas delictivas.

Sin embargo, el principal motivo de suspicacia era la extraña estrategia adoptada por el letrado durante la instrucción. Acostumbrado a emplear artimañas para dilatar los procesos, Piqué Vidal comenzó a inundar el Juzgado número 1 con recursos y más recursos, obligando al juez a retrasar el desarrollo de la instrucción y el análisis de la voluminosa documentación incautada. Los días pasaban y Aguirre tuvo que prolongar varias veces el secreto de las actuaciones sumariales.

Los fiscales tampoco se explicaban los movimientos de Piqué. «La principal preocupación de un abogado debería ser sacar a su cliente de la prisión, no prolongar el proceso mientras se pudre en la cárcel», pensaba Mena, mucho más ocupado ahora en el caso que su jefe. Para los acusadores públicos era como si Piqué «estuviera en otra guerra», enfrascado en un laberinto procesal sin sentido y sin rebatir ninguna de las imputaciones contra su cliente. Muchos pensaban que la principal preocupación del abogado era eludir su implicación en el asunto, no ser llamado a declarar como imputado por el juez. No en vano él había sido incluido en la denuncia inicial, era miembro del consejo de administración de Grand Tibidabo junto a De la Rosa y también consejero de la inmobiliaria Urbas, una empresa hacia la que JR había desviado 2.708 millones. Urbas estaba presidida por Ramón Fiter, un turbio cliente del letrado.

En esos días, Piqué no podía retirar de su semblante, normalmente apacible y risueño, un aire de profunda preocupación. La caída de De la Rosa también se estaba llevando por delante su aureola de invencible, de gran manipulador de los juzgados de Barcelona. La fuga de clientes y de otros letrados dejaba en cuadro su despacho de la Diagonal, en otros tiempos concurrida encrucijada de negocios. Sus preocupaciones no eran infundadas: tanto el juez como los fiscales esperaban encontrar documentos que delataran la mano de Piqué en alguna de las operaciones. Los rumores sobre una segura citación del letrado recorrían en zigzag los despachos de la ciudad.

La mañana del 26 de octubre Mercedes estaba de buen ánimo. Era el día en el que el juez revisaba el recurso presentado por Piqué. «A lo mejor hoy ya duerme en casa», comentó a sus hijos. A primera hora de la noche se pinchaba el globo: el recurso había sido rechazado. «Todo esto parece una conspiración, las cartas están marcadas». La rabia daba paso a la desesperanza: «Papá podría pasar mucho tiempo allí dentro».

«Hay que recabar el máximo apoyo posible», reflexionaba Mercedes. Por la tarde, acompañada de Isabel Vilallonga, «que buena amiga es Isabel», Mercedes se fue a ver al editor de La Vanguardia, Javier de Godó. Juntas le pidieron árnica para el financiero catalán.

—Ahora tienes que ponerte en contacto con Antonio Asensio —le dijo Isabel al salir del edificio de la calle Pelayo donde tiene la sede el histórico rotativo catalán.

—Es crucial, es crucial —repetía la esposa.

Las penalidades de su marido, la distancia, hacen que Mercedes comience a verle como un héroe. Ahora afloran los recuerdos, como cuando la norteamericana NME, nueva propietaria de la clínica privada New Teknon que ella había dirigido, le prohibió la entrada. «Javier estuvo increíble. Llamó a Macià Alavedra para que los mossos d’esquadra me franquearan el paso». Fue allí, con sus escoltas, y le armó la marimorena a Rubén Fernández, el hispano nombrado nuevo gerente.

Fernández también recuerda aquel mal trago. De la Rosa irrumpió en su despacho como un miura desbocado profiriendo amenazas: «Os vais a enterar, canallas. Cómo os atrevéis a hacerle esto a Mercedes, que es el alma del hospital. Sinvergüenzas, os vais a enterar. ¡Lo voy a volver a comprar todo y os pongo de patitas en la calle hoy mismo!» Rubén Fernández no entendía la reacción. Probablemente no la entenderá nunca.

EL CODIGO DEL SILENCIO

Mientras tanto, el juez y la Fiscalía continuaban con la instrucción del caso. Su intención era no dilatar innecesariamente las diligencias y concentrar sus pesquisas en los temas económicamente más voluminosos, alejándose por tanto de la idea de reconstruir el conjunto de los complejos tejemanejes de De la Rosa durante sus tres años al frente de Grand Tibidabo. «No quiero conocer toda la verdad, lo que interesa es probar los principales delitos», explicaba José María Mena. En las mentes del juez y del fiscal estaba también presente el propósito de no presentar complejas e intrincadas operaciones financieras ante el tribunal encargado de juzgar y dictar sentencia. La falta de experiencia de los magistrados españoles en el análisis de esta clase de transacciones podía acabar convirtiéndose en un arma en favor de los propios acusados. De hecho, algunos de los que más tarde serían inculpados no ocultaban cierto sentimiento de superioridad al comprobar las dificultades que encontraban el juez Aguirre y los fiscales para desentrañar muchas operaciones. Estaban convencidos de que el recurso al argot mercantil y las sutilezas de las finanzas empresariales echarían para atrás al tribunal. La receta de Mena era simple: «Saber a dónde, a qué bolsillos ha ido a parar el dinero desaparecido de Grand Tibidabo; siguiendo este rastro y viendo quién ha salido beneficiado tendremos a los inculpados».

El primero en acudir al juzgado, el 25 de octubre, fue Arturo Piñana Bo, el peón de confianza de De la Rosa, el nombre que más mencionó en su declaración. JR indefectiblemente contestaba a cada pregunta: «Esto es cosa de Piñana». El apoderado de casi todas las sociedades de JR, como Quail, Nueva Madrugada, Nuevo Atardecer, Mexans, Siec y Mira, entre otras, y antiguo ordenanza del Garriga Nogués no dijo nada contra su amo y el juez Aguirre también le envió a prisión acusado de los mismos delitos: estafa, apropiación indebida y falsedad en documento público. «Lo que lamenta no es ir a la Modelo, sino volver a estar allí con De la Rosa», afirmaba uno de sus amigos íntimos que, para resumir la relación entre ambos, calificaba al «Colonias», apodo por el que era conocido Piñana, de felpudo del magnate. Lejos de estas tribulaciones, la familia recibía la noticia con cierto alivio: «Bien, por lo menos ya no estará allí solo, entre travestidos y drogados».

En esos primeros días el juzgado recibió un anónimo en el que se advertía de la existencia de un piso-zulo alquilado por Arturo Piñana en Sant Just Desvern. El registro de la vivienda permitió obtener, entre otros materiales, una carpeta-archivador de color verde en cuyo interior se guardaban dossiers sobre políticos, banqueros, empresarios, funcionarios de justicia y personalidades kuwaitíes. De la Rosa sostendría que sólo eran «informes comerciales sobre empresas», aunque éstos incluían datos personales y actividades muy detalladas de los espiados. Sin embargo, estos datos eran por lo general anticuados e incluso en algunos casos falsos. En la misma carpeta se encontró una factura del hotel Ritz de Madrid extendida a nombre del magistrado barcelonés Luis Pascual Estevill por importe de 45.000 pesetas, propina incluida. El juez reconoció no haber pagado la factura, aunque dijo desconocer cómo había llegado a manos de De la Rosa. El registro del zulo también proporcionó al juzgado información sobre manipulaciones de formularios bancarios y extractos de cuentas.

El hallazgo de estos impresos reveló a un De la Rosa convertido en chapucero del engaño que recortaba firmas de folletos comerciales de entidades financieras para pegarlas en documentos en blanco a los que él añadía, con su peculiar redacción, todo lo que le parecía que podía servir para convencer a algún incauto. Era un mito crepuscular que ya no contaba con el concurso de los abogados de lujo del pasado.

Tras su ingreso en la Modelo, la imagen de Piñana en el juzgado era patética: esposado, con bastón, aquejado de un ataque de gota y con síntomas de encontrarse psíquicamente hundido a causa de un profundo síndrome paranoico. En uno de sus traslados, aseguró a los policías que temía que alguien atentara contra su vida.

A pesar de este triste episodio, a Piñana no le habían ido tan mal las cosas desde que JR se cruzó en su camino. Su estilo de vida había dado un giro de ciento ochenta grados en los últimos años. De correveidile en el Garriga Nogués, se había montado en el dólar al lado de Jotaerre. Incluso en ese periodo había cambiado de coche y de compañera. El «rico» Piñana se separó en 1992 de su primera esposa, Pilar Cruz, y se fue a vivir con Clara Valls Biosca, hija de los propietarios de Industrias Valls (la textil que fabrica los calcetines Punto Blanco), a la que conoció en Quail. Clara era secretaria de Josep Maria Cullell, ex consejero de Economía y de Obras Públicas de la Generalitat y uno de los hombres de Convergència Democràtica de Catalunya que estuvieron en la nómina de Jotaerre. Cuando fue detenido, Piñana se estaba construyendo un chalet de lujo en la zona alta de Barcelona valorado en unos 300 millones de pesetas. En el proyecto del edificio estaba prevista una piscina y un parking con capacidad para múltiples vehículos.

A la vista de la magnitud del caso, el magistrado había impuesto a De la Rosa una fianza de responsabilidad civil de 13.333 millones de pesetas. Dado que los representantes legales del financiero no la presentaron en el tiempo establecido, el juez acabó decretando el embargo de bienes para cubrir la responsabilidad fijada. Tarea que se presentó complicada, puesto que la mayoría de los bienes estaban pignorados, hipotecados o a nombre de terceros. De la Rosa no tenía nada. La propia Mercedes Misol había hipotecado la vivienda del matrimonio tres días después de que se presentara la querella que llevó a su marido a la cárcel. En las primeras pesquisas el magistrado sólo consiguió embargar dos relojes, una pulsera y una pluma estilográfica al «rey Midas». A lo largo de los meses se sumarían otros objetos y tres barcos: el lujoso yate Blue Legend, propiedad de Diagonal Investment; una lancha rápida bautizada con el nombre de Mer y otra embarcación tipo mallorquína denominada Polux. Poco, muy poco, para tanto patrimonio como se suponía que tenía.

CAMBIO DE TACTICA

Las decisiones del juez Aguirre irritaban cada vez más a De la Rosa y su familia, pero sobremanera a Piqué Vidal, preocupado por la merma de su prestigio y de su capacidad de intervenir en los acontecimientos. Súbitamente comenzaron a circular rumores sobre la vida privada de Joaquín Aguirre, olvidadas las anteriores afirmaciones de que era un hombre de bien. Tal vez por simple venganza, personas del entorno de la defensa esparcían la especie de que el auto de prisión de JR había sido escrito por José María Mena, supliendo la falta de interés del juez. Cuando éste dictó otros del mismo tenor que el primero, e incluso más complejos, esa campaña cesó.

Se impuso un cambio de táctica. Los más pequeños detalles sobre la personalidad del magistrado fueron cuidadosamente escrutados. La falta de resultados concretos no les desanimó. Poco a poco, personas que tenían contacto con el equipo defensor de De la Rosa comenzaron a escuchar y transmitir rumores acerca de supuestas relaciones de Joaquín Aguirre con la fiscal María Victoria Ribas. En realidad, lo que hacían era comer juntos al salir del juzgado. Siempre se podía exagerar un poco y sugerir cosas extrañas.

A pesar de estas artimañas, la instrucción continuó al mismo ritmo. El 2 de noviembre de 1994, tras el encarcelamiento de Piñana, el juez decidió tomar de nuevo declaración a De la Rosa para aclarar ciertos movimientos de fondos en el extranjero y, sobre todo, sus responsabilidades en la relación entre Grand Tibidabo, presidida por él hasta mayo de 1994, y Quail España, su holding de inversiones privadas. De la Rosa vivió en esta segunda declaración un auténtico bochorno del que fueron responsables los mossos d’esquadra, que intentaron por todos los medios que las cámaras no pudieran captar la imagen del preso en su camino hasta la puerta del Juzgado número uno. Los cien metros que separan el acceso de la primera planta del despacho del juez Aguirre estaban repletos de cámaras, flashes y focos.

A la vista de la situación, cuatro agentes de paisano de la policía autonómica catalana decidieron esconder con sus propios cuerpos a un Jotaerre de mirada perdida, diez kilos menos y veinte años más. Los agentes le asieron por las axilas y lo transportaron casi en volandas, empujando y arrollando todo lo que se interponía en su camino. El celo de los mossos, propio de un partido de rugby, no sirvió de nada. Todos los objetivos captaron su imagen, vestido con traje, sin corbata y sin esposar. El mal trago no acabó aquí. Desde la calle y desde los pasillos de los juzgados los gritos de «chorizo» y «ladrón» no cesaron.

No había pasado ni una semana de este incidente cuando el juez Joaquín Aguirre citó a declarar a Narciso de Mir Faura, socio de Javier de la Rosa en Quail, Grand Tibidabo y otros muchos negocios del financiero. De Mir, auténtico alter ego de De la Rosa, siguió los pasos de Jotaerre y Piñana: el 7 de noviembre ingresó en la cárcel Modelo. En el auto de prisión, después revocado por la Audiencia de Barcelona, el juez asegura que De Mir «administró fraudulentamente el patrimonio de Grand Tibidabo», sociedad de la que era consejero. Los cargos que se le imputaban eran los mismos que los de su jefe, además de falsedad en documento oficial. El juez decidió imponerle una fianza de 1.860 millones de pesetas por responsabilidad civil.

De Mir asumió su comparecencia ante el juez con bastante buen humor, a pesar de intuir lo que se le venía encima. Pocos días antes del interrogatorio comentaba a un peluquero, en el establecimiento Iranzo, de calle Ganduxer: «Déjamelo cortito porque no podré venir en algún tiempo».

SIGUEN LOS INTERROGATORIOS

Con De la Rosa, Piñana y De Mir entre rejas, le tocó el turno de declaración a Mercedes Misol. El juez decano de Barcelona, Santiago Torres, para evitar que se repitiesen incidentes en los pasillos del edificio judicial restringió el acceso a los medios de comunicación y requirió la colaboración de cincuenta agentes de la Policía Nacional. Tal fue el despliegue y el celo policial que una gitana barrigona fue rodeada y reducida cuando sacó una pistolilla de juguete de uno de sus churumbeles. «E de mi niño. E pajugá», insistía la mujer.

En el interior del Juzgado número 1, Misol contestaba a las preguntas del magistrado, asistida por el catedrático de derecho procesal Jorge Carreras Llansana. Después de cuatro horas de declaración, centrada en la doble operación de venta de Grand Tibidabo, la de la participación de Mexans en la clínica New Teknon —de la que ella fue gerente— y la segunda, también a GT, de los terrenos a cargo de Quail España, Mercedes quedaba en libertad sin fianza, aunque seguía en la causa como inculpada por cooperadora necesaria de las actividades financieras presuntamente delictivas de su esposo. La fianza por responsabilidad civil quedó fijada, días más tarde, en 328 millones de pesetas.

La peripecia judicial de esta mujer acababa de empezar. El juez Aguirre le imputó también un delito de alzamiento de bienes por haber hipotecado su vivienda y los bienes de la sociedad patrimonial Nimer, el 26 de julio de 1994, tres días después de que se presentara contra su marido la primera denuncia que dio origen a la investigación judicial. La señora Misol obtuvo una hipoteca de 250 millones de pesetas con La Caixa el mismo día que Javier de la Rosa firmaba el polémico documento de reconocimiento de deuda a favor de Grand Tibidabo. Las propiedades familiares figuran oficialmente a nombre de Nimer, S.L., sociedad presidida por Mercedes Misol y de la que era administrador único Arturo Piñana. Misol dijo al juez: «Mi marido me pidió que hipotecase mis bienes, es decir, los de Nimer, la sociedad de la que yo era única accionista. Quería dinero. Lo necesitaba para Grand Tibidabo, para un asunto relacionado con Grand Tibidabo, pero no recuerdo para qué».

Tras Misol, el viernes 11 de noviembre, le tocó el turno de declaración a Joan Cruells Mercadé, el enjuto presidente de Grand Tibidabo, que anteriormente había ocupado los cargos de consejero y director general. Cinco horas de interrogatorio y tres de deliberación entre los fiscales y el juez dieron como resultado el cuarto auto de prisión incondicional. Cruells fue un modesto y oscuro directivo de la empresa hasta la llegada de Javier de la Rosa, quien rápidamente descubrió su ambición y le convirtió en el encargado de firmarlo todo a cambio de un sustancioso aumento de sus ingresos. Fue acusado de los mismos delitos que se le imputaron a De la Rosa y días más tarde le fue impuesta una fianza de responsabilidad civil de 6.000 millones de pesetas.

Uno de los documentos que le tocó firmar a Cruells fue el reconocimiento de deudas de JR con Grand Tibidabo. Esa firma fue uno de los motivos que llevaron al juez Aguirre a dictar auto de prisión sin fianza contra él. Javier de la Rosa suscribió en Barcelona el primer documento —el 26 de julio de 1994— por un importe de 1.900 millones de pesetas. Luego, se volvió a redactar para establecer la cantidad definitiva de 3.285 millones y se hizo intervenir por fedatario público, concretamente por el corredor Luis de Grandes Díez, coronel de la reserva en el cuerpo de letrados jurídicos y socio de Juan José Folchi en la bodega de cava Coll de Juny. El original definitivo se suscribió aparentemente en Tarragona, también con fecha 26 de julio, aunque un original firmado en Barcelona fue presentado ante el consejo de Grand Tibidabo. Esta disonancia provocó que el corredor fuera citado a declarar.

El magistrado entendió que este reconocimiento de deuda explicitaba técnicamente el uso de la tesorería de Grand Tibidabo como si fuese propia por parte del financiero, primer accionista de la empresa. Algunos consejeros de Grand Tibidabo, como Santiago Tomeo Loscertales (que asimismo era consejero de Quail) también tuvieron que dar explicaciones ante el juez. Quedaron como inculpados, pero en libertad sin fianza.

El juez, a medida que iba avanzando con la instrucción, no se dejaba impresionar por las súplicas de Jotaerre y tumbaba uno tras otro todos los recursos de los abogados de los implicados siguiendo con tenacidad la instrucción del caso. El martes 13 de diciembre, día maldito para los supersticiosos, fue el presidente de Corporación Alimentaria Ibérica (CAI), Urbas y Fitinvest, Ramón Fiter Autet, quien estaba citado a declarar. Fiter tiene un negro historial mercantil y, según informes elaborados por la Policía Nacional a petición de un juzgado de Barcelona, ya en la década de los sesenta y principios de los setenta era un hombre de «dudosa conducta». Desde 1963 se encuentra en situación de quiebra y no consta en el juzgado su posterior rehabilitación. En aplicación del artículo 13 del Código de Comercio, durante los últimos treinta y dos años ha pesado sobre él la prohibición de comerciar por no haber liquidado las deudas de un negocio de construcción.

Sin embargo, Fiter siguió con su actividad, creó el grupo de empresas Fitinvest y en 1992, con dinero entregado por Grand Tibidabo, entonces presidida por Javier de la Rosa, compró el 25 por ciento de la inmobiliaria Urbas a Eduardo Bueno Ferrer, operación que investigó el juez Aguirre. Fiter tuvo que responder a un sinfín de preguntas de los fiscales del caso, que trataban de esclarecer por qué Fiter canjeó los pagarés de Urbas y Fitinvest, que garantizaban su deuda con Grand Tibidabo, por otros de CAI, que fue declarada en quiebra con fecha anterior a la sustitución de garantías, el 1 de abril de 1992. Esta operación provocó a Grand Tibidabo unas pérdidas de 2.700 millones de pesetas.

En su declaración ante el juez, Ramón Fiter afirmó que tanto Javier de la Rosa como Joan Cruells, entonces presidente y director general de Grand Tibidabo respectivamente, conocían que los 2.700 millones en pagarés de CAI no valían nada, porque la empresa estaba al borde de la quiebra. El magistrado calificó la actuación de Fiter de «torticera» y le dictó un auto de prisión provisional sin fianza por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El auto del juez deslizaba también una pequeña perla sobre Piqué Vidal, pues «ostentaba simultáneamente la condición de consejero de Grand Tibidabo y de Urbas», por lo que debería haber conocido la realidad de la situación. La fianza por responsabilidad civil, después anulada por la Audiencia de Barcelona, ascendía a 3.600 millones de pesetas. Fiter fue el último de los inculpados en ingresar en la cárcel Modelo, de la que luego sería trasladado al madrileño centro penitenciario de Alcalá-Meco, más próximo a su residencia habitual en Madrid.

SOLIDARIDAD ECONOMICA

Después de todos estos interrogatorios, José María Mena, el fiscal especial del caso, ya tenía claro que los principales implicados en el caso —De la Rosa, Piñana, De Mir, Cruells, Fiter, Soler— estaban comprometidos en una ley del silencio que limitaba sus declaraciones a un mero reconocimiento de los hechos ya demostrados, sin que ninguno de ellos tuviera la menor intención de colaborar en el esclarecimiento de lo investigado. Nadie aportó pruebas que permitieran formular nuevos cargos contra el jefe. Esta omertà revelaba que todos, en mayor o menor medida, habían colaborado en el diseño de las operaciones y no ganaban nada revelando hechos adicionales. El fiscal conocía ya suficientemente la personalidad de JR como para saber que no era un genio de las finanzas y que sus métodos de gestión preferidos se limitaban a pedir ingentes cantidades de dinero desde el teléfono vía satélite que tenía instalado en su fastuoso yate. De la Rosa podía ser el beneficiario, pero no el cerebro. También existían, pensaba Mena, estrechos lazos de solidaridad económica entre los inculpados. La mayoría habían hecho su fortuna a la sombra de De la Rosa y sabían que una vez volvieran a estar en la calle dependerían de la buena voluntad de éste para seguir disfrutando de los placeres de la buena vida. Joan Cruells, por ejemplo, cuando ya había recuperado su libertad, entró a trabajar en Quail con un salario de un millón de pesetas al mes. A Cruells y Piñana el propio De la Rosa acabaría pagándoles la fianza que más adelante les impondría el juez para abandonar la prisión.

Tan sólo Folchi había hecho amagos ele colaborar, enviando mensajes en este sentido a través de su abogado, Emilio Zegrí. Los fiscales se preguntaban qué estaría dispuesto a ofrecer. Sin duda, tras sus largos años como cerebro mercantil de De la Rosa, debería saber muchas cosas. Aún estaban calibrando sus movimientos cuando el juez Aguirre decidió citar a Folchi en calidad de imputado. El letrado fue consejero de Grand Tibidabo hasta finales de 1993, momento en que advirtió a JR que aquel lío acabaría llevándole a la cárcel. Folchi se había quedado a un lado de los negocios privados de Jotaerre tras intervenir en el meollo mercantil del Grupo Torras. De la Rosa reaccionó con violencia: «Eres un pájaro de mal agüero… ¡Vete a la mierda!», y durante meses le castigó con su indiferencia. La ruptura fue seria. Folchi abandonó todas las empresas de De la Rosa, mientras el abogado del Estado musitaba al oído de quien le quisiera oír: «Este tío se ha vuelto loco, se está robando a sí mismo». Casi un año después, JR volvía orejas gachas al «blindado»[3] despacho de Folchi. Tras una retahila de finas ironías, a las que Folchi es aficionado, el abogado del Estado comenzó a remar contra corriente tapando las trampas de la gestión ruinosa de Grand Tibidabo. Folchi había abandonado su cargo de consejero de Grand Tibidabo para no tener que firmar las cuentas correspondientes a 1993.

El abogado se hundió cuando vio fracasar sus tentativas para comparecer en calidad de testigo. Abrumado, le confesaba a un amigo: «Mi problema es que he estado demasiado cerca de un gángster». Intentó eludir la citación judicial alegando incompatibilidad por razones de secreto profesional, al haber sido letrado de personas y empresas implicadas en el caso. Folchi, también consejero de una filial en el paraíso fiscal de las islas Bermudas, Sierra Nevada Holding, alegó ante el Colegio de Abogados de Barcelona que nunca tuvo responsabilidades ejecutivas en las sociedades investigadas y que se limitó al papel de asesor de éstas, como en el caso de la venta de las acciones de la clínica New Teknon a Grand Tibidabo. La estratagema, motivada por el pánico a acabar en la Modelo, no le sirvió de nada y tuvo que comparecer el 30 de noviembre ante el juez, quien le dejó en libertad, aunque manteniéndolo como imputado. Poco después de prestar declaración, De la Rosa, que controlaba desde la prisión los movimientos de su entorno, le enviaba un sucinto telegrama en el que se leía: «Lamento que no te hayas acordado de hablar bien de mí delante del juez».

El ex consejero de Finanzas de la Generalitat con Josep Tarradellas y vicepresidente del F.C. Barcelona participó directamente en la venta del 50 por ciento de New Teknon a Grand Tibidabo y en la concesión de un crédito de Sierra Nevada a De la Rosa con el que éste pagó los intereses de un crédito particular al Banco Santander. La declaración del letrado tampoco aportó novedades, y los fiscales pensaron que no se habían perdido nada.

CAPITULO SEIS

TODAVIA ESTOY EN LA CARCEL

Mientras los principales inculpados iban desfilando por el despacho del juez Aguirre, ni éste ni los fiscales habían abandonado la tarea de analizar la voluminosa información recogida en los diversos registros realizados. Alguno de los hallazgos fue realmente sorprendente, como un pasaporte panameño, con fotografía de De la Rosa y a nombre de Joaquín José Martí Ríos. El Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá y la embajada de este país en España, a petición del juez Aguirre, manifestaron que el pasaporte era un buen trabajo de falsificación[1].

Otros hallazgos tuvieron más trascendencia. El auto de prisión de Joan Cruells, el presidente de Grand Tibidabo, nombrado por el propio De la Rosa para cubrirle la retirada, incluía otra operación relevante que el juez y los fiscales habían detectado gracias al análisis de esos papeles y de las informaciones procedentes de diversas fuentes. De la Rosa había utilizado cerca de 1.000 millones de pesetas de Grand Tibidabo para financiar el diario nacionalista El Observador, promovido por el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta. La operación se había cubierto cediendo obligaciones convertibles en acciones y diversos créditos a la sociedad Coterma, presidida por Armand Carabén, quien también ocupó el mismo cargo en Predeusa, promotora del diario. El Observador se editó entre octubre de 1990 y el mismo mes de 1993. Tres años durante los cuales Prenafeta y, de nuevo, Juan Piqué Vidal, transmutado ahora en editor, presionaron a empresarios y profesionales para conseguir aportaciones que mantuvieran en vida un proyecto que, en su concepción inicial, debía competir con La Vanguardia y que acabó casi regalándose en los kioskos de Barcelona. Ofreciendo las obligaciones como garantía, Prenafeta y Piqué intentaron conseguir créditos para seguir inyectando dinero en el rotativo. La respuesta de los bancos era siempre la misma: «¿Obligaciones de Grand Tibidabo?, pero si no valen nada». Prenafeta también había recibido otros favores de JR, como el cobro de una cuantiosa comisión en una operación de compraventa de un salto de agua de una filial de Ercros, el grupo químico de Torras. Tras el hundimiento de JR llegaba el de Prenafeta. En aquellas mismas fechas, a consecuencia de sus delirios editoriales, Prenafeta vivía acosado por las demandas de embargo en los juzgados por deudas de El Observador, y un juzgado de Vic le reclamaba su aparatoso Jaguar, que era propiedad de la peletera Tipel, en situación de quiebra. En no mejor posición quedaba el abogado del clan, Piqué, que por aquellas fechas debía a La Caixa créditos de 660 millones de pesetas, de los que no estaba pagando los intereses, que sumaban ya 83 millones. Prenafeta y Carabén pasaron a engrosar la lista de inculpados en el caso.

LAS SORPRESAS DE EL OBSERVADOR

Sin embargo, el affaire El Observador aún iba a deparar nuevas sorpresas. El 15 de diciembre un acontecimiento inesperado provocó un nuevo giro en la instrucción del caso. En julio de ese año había estallado en Mallorca un multimillonario escándalo de dinero negro en la agencia de valores Brokerval, propiedad del financiero insular Francisco Berga, en aquellos días fugado a Panamá. El fiscal del caso, Ladislao Roig, había acudido a la Jefatura de Policía de Barcelona para asistir al interrogatorio de Albert Freixa Vidal, administrador de una sociedad llamada Aciesa. Esta había cobrado 200 millones de Brokerval y los instructores querían saber si esos pagos estaban justificados. Tras el interrogatorio, el fiscal mallorquín se preguntó si Aciesa y Freixa no serían de interés para su amigo José María Mena. En su declaración habían salido nombres de personas y sociedades que tenían relación directa con el encarcelado De la Rosa.

Finalmente le comunicó sus cuitas a Mena y aportó un dato capital: la dirección donde se encontraba toda la documentación de la empresa. No era una información trivial. La sede social de Aciesa estaba en la calle Consell de Cent de Barcelona, justo en el domicilio particular de Freixa. Sin embargo, la documentación se había trasladado a otro despacho, en la misma calle, pero veinte números menos, un local propiedad de Joan Francesc Pont, asociado de Juan José Folchi, quien lo había alquilado a unos economistas. Este traslado fue motivado por un hecho importante. A petición de los abogados del grupo KIO y de Torras, que habían presentado una querella contra Javier de la Rosa y sus colegas, el poco motivado juez Miguel Moreiras, encargado del caso, había ordenado el 6 de junio el registro de algunas sociedades del financiero. Eso no preocupaba a los hombres de De la Rosa, ni a su abogado Juan Piqué, que tenía perfectamente controlado el juzgado de Moreiras. Un día antes de que el registro, teóricamente secreto, fuera ejecutado, los hombres de De la Rosa retiraron todos los papeles comprometedores de los despachos de Quail y otras empresas que iban a ser visitadas por los agentes judiciales. Entre ellas se encontraba Aciesa. Los papeles simplemente se trasladaron, y cuando se produjo el registro todo funcionó como estaba previsto: los funcionarios se fueron con las manos vacías. Estremecida, lo explicaba Elena Roca, hija de Miquel Roca y empleada de Quail, a una amiga íntima días después de haber presenciado los hechos.

Con esta valiosa aportación en la alforja, Mena informó al juez Aguirre de que el 15 de diciembre ordenó el registro del despacho y la incautación de las decenas de cajas con toda la documentación de Aciesa, una sociedad que operaba a través del despacho de Juan José Folchi y que había ingresado miles de millones de pesetas en comisiones procedentes del Grupo Torras y de Grand Tibidabo, gracias a las cuales De la Rosa se financiaba sus lujos. El juez había descubierto una de las tapaderas más importantes del comisionista. A los dos días, Freixa Vidal, el administrador de Aciesa, tuvo que acudir a declarar ante el juez. Freixa, un joven licenciado en Filología, aseguró que había firmado numerosísimos papeles a cambio de un salario mensual de 300.000 pesetas. Según él, en la mayoría de las ocasiones no conocía los detalles de las operaciones. Sin embargo, al ser preguntado por el cobro de 300 millones de pesetas de Grand Tibidabo, Freixa declaró que ese dinero fue utilizado para pagar comisiones por la venta a la Generalitat de la antigua sede de CNL, anterior nombre de Grand Tibidabo. Exactamente, el atribulado licenciado declaró: «Que el martes 13 […] tiene una entrevista con el Sr. Folchi, el cual le comunica que el tema está muy complicado y dado que considera que él es un buen chico se plantee la posibilidad de estudiar en el extranjero […] y que hay un tema de una provisión de fondos relacionada con un edificio en el que hay una comisión que ha ido a parar a un hijo de Pujol. Que Folchi no le dice expresamente que edificio era, pero el dicente supone que es el edificio de la Consejería de Medio Ambiente, comprado a CNL». En el mismo sentido, el 26 de octubre había llegado un anónimo escrito a mano en el que se denunciaba el cobro de comisiones en la compra del edificio. El anónimo apuntaba directamente a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor de Jordi Pujol, como receptor de una comisión de entre 150 y 200 millones de pesetas. Folchi negó tanto la conversación con Freixa como haber dicho nada sobre Pujol Ferrusola. Sin embargo, esa historia llevaba ya varios años en circulación.

La venta del edificio había tenido lugar en julio de 1991. Fue una operación rápida, sorpresiva. La Generalitat compró el inmueble a De la Rosa por 4.185 millones, y la oposición denunció que la administración catalana había pagado un jugoso sobreprecio para compensar la entrada de JR en Tibigardens. Desde el mismo día de la venta comenzó a circular la versión que finalmente Freixa acabaría revelando al juez. Jordi Pujol Ferrusola sólo se había reunido en una ocasión con Javier de la Rosa, un encuentro que apenas duró diez minutos y que, según testigos presenciales, sirvió para constatar que no se caían bien. ¿Cuál era entonces el origen de la historia? Todas las fuentes que aseguraban conocer la existencia de esas comisiones tenían un punto en común: pertenecían al círculo de colaboradores del propio De la Rosa. Alguna de esas personas afirmaba haber oído explicar esa versión de las cosas a JR, quien ilustraba la narración con detalles sobre la manera en la que había entregado los talones. En ocasiones, el propio Pujol era el protagonista; «Le he metido los talones en el bolsillo de la chaqueta», decía acompañando las explicaciones con un movimiento de la mano de arriba hacia abajo, a la manera de Ruiz-Mateos pero con los dedos alargados en forma de pinza.

La historia llegó a extremos aún más increíbles. En el verano de 1994, pocos meses antes de la detención de De la Rosa, Sebastiá Guirado, responsable de Iniciativa per Catalunya, recibió la visita de un extraño personaje que se identificó como Hernández, casi con toda seguridad un nombre falso. Hernández refirió a Guirado la historia de las comisiones en la venta del edificio de Grand Tibidabo a la Generalitat, con hijo de Pujol incluido, tras la que supuestamente andaba un importante diario, y se ofreció a facilitar, a cambio de la adecuada compensación económica, copias de los hipotéticos talones utilizados en la transacción. No todo lo que vendía Hernández era mercancía falsa, puesto que sabía algo que entonces era conocido por muy pocos y que sólo sería descubierto tras una trabajosa investigación judicial: en el pago de las comisiones se habían empleado talones al portador del Banco de España. Guirado se limitó a contestar que no pagaba por las informaciones y Hernández no volvió a dar más señales de vida.

Todo esto no era casual. Durante aquellos meses, los rumores sobre las supuestas comisiones eran un secreto a voces en Barcelona y Madrid, ciudad en la que circulaba otro según el cual un generoso JR habría salvado a Pujol Ferrusola de un escándalo de pagarés falsos desembolsando 1.500 millones de su propio peculio. Esta mentira fue incluso publicada por algún prestigioso columnista de prensa nacional. Tal fue la fuerza del rumor que el Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa) investigó las actividades de Pujol Ferrusola. Nada revelador o escandaloso fue descubierto en esas pesquisas. Las historias habían llegado a oídos del presidente de la Generalitat, quien pensaba que todo era resultado de una campaña destinada a desgastarle políticamente. Parece que alguien, la fuente de los rumores, pensaba que podría blindarse contra futuras desgracias si conseguía hacer creer a personajes importantes que su caída arrastraría a otros por el camino.

En realidad, ¿qué pasó con los famosos talones del Banco de España que sirvieron para pagar las comisiones? Su seguimiento demostró que la mayoría del dinero, 250 millones, fue a parar al diario El Observador, es decir, a Prenafeta, Carabén y Piqué. 11 millones habían sido para el periodista Xavier Domingo i Alavedra, primo del conseller de Economía y que, aunque en el momento del descubrimiento era delegado de El Mundo en Cataluña, cuando sucedieron los hechos era editor y propietario del semanario Set Dies, posteriormente absorbido por El Observador. El resto apareció en la empresa Delta Aviación, en la que participaba el propietario del Grupo Zeta, Antonio Asensio. La supuesta participación del hijo de Pujol se revelaba una mentira intencionada.

LA IMAGINACION DE DE LA ROSA

Sin embargo, De la Rosa continuó en sus trece. En su última declaración ante el juez, el 9 de febrero de 1995, un De la Rosa ya libre negó estos hechos contrastados documentalmente y refirió una nueva historia, imaginativa pero incoherente. Este relato contenía el elemento que faltaba para reunir todos los ingredientes del clásico culebrón judicial: un muerto, Francisco Ibáñez Berenguer, que a partir de ese momento sería el gran protagonista de la película.

De la Rosa explicó que «se pagó una comisión de 300 millones de pesetas, más IVA, a Francisco Ibáñez Berenguer. Que luego ha sabido que este señor cedió esta comisión a Acie. […] Francisco Ibáñez, que en paz descanse, era la persona que se dedicaba a los negocios inmobiliarios en el Bufete Folchi». El generoso JR no tuvo ningún problema para justificar que se le pagara la comisión a Ibáñez «a pesar de que fue el declarante el que llevó personalmente las negociaciones con la Generalitat […]. El señor Ibáñez le exigió que le dejara una comisión que si en apariencia puede parecer grande puesto que es un 6 por ciento, el precio de venta era suficientemente atractivo o beneficioso como para permitir esta comisión ya que la venta ascendió a 4.200 millones». Ibáñez debía haber sido un hombre muy persuasivo para poder «exigirle» una comisión a De la Rosa.

Pero, a pesar de ello, De la Rosa no perdió de vista los talones de la comisión. «Dichos cheques del Banco de España se los entregó en mano al señor Ibáñez, el cual a cambio del pagaré se los entregó» de nuevo a De la Rosa. ¿Qué hizo éste con los talones? «Se los entregó a una persona […] que lamenta no poder decir de quién se trata». Para muchos todo este juego constituía un círculo cerrado. Según algunos testigos de la operación, esa persona a la que De la Rosa entregó los talones no era otro que su propio abogado, Piqué, quien se los hizo llegar a Prenafeta. ¿Se refería a él el encarcelado?

De la Rosa finalizaba su declaración señalando que «el dinero le fue pedido para acabar de finalizar la entrada de Grand Tibidabo en el parque de Vilaseca y Salou». La entrada en el parque se había producido en febrero de 1992, la venta del edificio en julio de 1991 y los talones llevaban fecha del 26 y el 29 de julio de 1991. Su explicación no cuadraba.

Los nervios consumían a De la Rosa, que iba camino de cumplir sus dos primeros meses en prisión, y comenzó a enviar mensajes al exterior. Algunos directamente, otros a través de intermediarios. Unas semanas antes había remitido cinco telegramas a otras tantas personalidades de la vida política española con un escueto mensaje: «Todavía estoy en la cárcel. Stop». Escribió también una misiva al juez Aguirre en la que le aseguraba que podía encontrar créditos y financiación para hacer frente a sus deudas con Grand Tibidabo. En la carta, Jotaerre exponía al magistrado: «No dudo que usted entenderá el drama, sin defensa pública alguna, que estoy viviendo»; y finalizaba con un dramático «mi familia me necesita».

Pero también hubo mensajes más siniestros. En aquellos días, diferentes personas en Madrid y Barcelona, entre ellos Manuel Prado y Colón de Carvajal, comenzaron a recibir llamadas: «Sepa usted que dos despachos de la ciudad poseen copias de informaciones sobre su persona y que pueden comenzar a circular en los próximos días». Algunas veces, Juan Piqué o Alfredo Fraile Lameyer, el relaciones públicas de De la Rosa, llamaban a algunas personas importantes: «Este hombre se está trastornando en la prisión y es capaz de cualquier cosa, y con lo que él sabe se podría armar una gordísima, tienes que ayudarle, hacer todo lo posible para que salga cuanto antes», explicaban. ¿Una petición de ayuda? Muchos tenían la impresión de estar siendo amenazados.

OPTIMISMO EN LA INSTRUCCION JUDICIAL

A principios de diciembre, el juez Aguirre y la Fiscalía podían contemplar la instrucción del caso con optimismo. La línea de la defensa propugnada por Piqué se había revelado inoperante y, desde el punto de vista de la opinión pública, no había servido para vindicar la imagen del preso. Todas las esperanzas de Piqué y De la Rosa estaban depositadas en el recurso contra el auto de prisión incondicional presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, la que, si no había imprevistos, debería juzgar el caso cuando llegara el momento. Piqué se había jugado a una sola carta que el tribunal dejara libre a su ya desesperado cliente y amigo.

La tradición indicaba que las audiencias tenían tendencia a proponer resoluciones salomónicas, intermedias entre las peticiones de libertad incondicional de los abogados defensores y el mantenimiento de la prisión que propugnaban los jueces instructores y los fiscales. La sala estaba formada por los magistrados Pedro Martín García (presidente), Germán Gambón Alix y José Carlos Iglesias Martín. Martín es miembro de la misma asociación de jueces que Aguirre, la conservadora Francisco de Vitoria, aunque habían sido rivales al presentarse en diferentes listas para la presidencia de la organización. Desde entonces, las especulaciones sobre si este hecho podía influir en la actitud de la sala eran la comidilla de cada día entre los periodistas que cubrían la información judicial. Las apuestas se inclinaban hacia una libertad con fianza. Una resolución en esa línea habría significado prácticamente el final de la instrucción, pues nadie creía que se pudieran seguir haciendo pesquisas, confiscaciones y descubrimientos con De la Rosa de nuevo al mando de sus tropas. Bien es cierto que la decisión de la Audiencia se estaba haciendo esperar, y para cuando fuera pública la instrucción ya estaría muy avanzada.

Como ya sucedió cuando De la Rosa fue detenido, la expectación era enorme. Pocos días antes, la Fiscalía de Madrid había presentado en la Audiencia Nacional una querella contra Mario Conde, el ex presidente de Banesto. Las acusaciones eran muy parecidas a las vertidas contra JR, aunque los mecanismos supuestamente empleados por el ex banquero parecían más complejos y menos chapuceros que los del ex presidente de Grand Tibidabo.

El 23 de diciembre, el mismo día que Mario Conde era encarcelado por su gestión al frente de Banesto, la Audiencia de Barcelona confirmaba la prisión para De la Rosa y su apoderado, Arturo Piñana. Jiménez Villarejo, que ese mismo día había estado trabajando en la Fiscalía de Madrid, no podía ocultar su satisfacción. Los magistrados advirtieron que los hechos que se le imputaban a De la Rosa «han producido tal desvalor, expresado en una sensación colectiva de inquietud, escándalo y contrariedad que trasciende a los afectados directos e indirectos [… que] se ha generado una grave desconfianza en la ciudadanía en lo relativo a inversiones, como la de los accionistas de la sociedad perjudicada, con eventual repercusión en nuestro sistema financiero, atendida además la relevancia social y económica del imputado De la Rosa en la fecha de los hechos». La Audiencia también consideró que la prisión provisional «asegura el resultado final del proceso con la presencia del inculpado en el acto del juicio oral, impidiendo su huida y garantizando el efectivo cumplimiento de la condena que pudiera serle impuesta», e insistía en su conveniencia para «tan importantes delitos económicos, ante el fundado temor de que el acusado pueda alterar, dificultar o desnaturalizar […] la actividad probatoria si estuviera en libertad».

Respecto al polémico concepto de «alarma social», utilizado por el juez Aguirre como argumento para dictar la orden de prisión, la Audiencia negó la pretensión de la defensa de culpabilizar a los medios de comunicación de esa posible alarma social. El tribunal entendió que no podía asumirse «que hayan sido los medios de comunicación los productores de la alarma social, pues éstos han dado la noticia de los hechos que son los que en sí mismos considerados producen esa conmoción en la comunidad».

NAVIDAD ENTRE REJAS

La primera consecuencia de la resolución de la Audiencia fue que De la Rosa y los otros cuatro implicados pasaron las fiestas navideñas entre rejas. Lejos quedaban aquellas Navidades en las que el rumboso «rey Midas» fletaba charters para ir con sus amigos a La Romana (República Dominicana) o de crucero por las Vírgenes. Tampoco pudo tomar esos tragos de gin with beer, la extraña mezcla de inequívoco pedigrí británico que solía saborear en la cubierta del yate Blue Legend. La suculenta comida del día de Navidad de 1993, servida por el restaurante El Trapío, a base de ostras, jamón de jabugo, rollitos de lenguado, cochinillo al horno y carpaccio de buey, entre otras exquisiteces —que costó 75.000 pesetas, religiosamente cargadas a la cuenta de Quail España— se convirtió un año después en un triste plato de escudella, siguiendo la tradición catalana, servida en Can Brians. La leyenda de esas Navidades no será azul, sino gris marengo, como los barrotes de su celda.

Para Nochevieja, en el comedor del módulo le esperaba una ensalada con entremeses, un surtido de fritos a base de buñuelos y croquetas y un plato de ternera en salsa. De postre, café con nata y de alcohol, nada, por el maldito diktat de la «ley seca» en prisión. Un suplicio para él, que presumía de un estómago privilegiado capaz de conciliar una gloriosa ingesta con los ácidos aromas de la gin Beefeater, su preferida, a palo seco, incluso en los mejores manteles. Ahora, ni una gota de champán.

La coincidencia entre la resolución de la Audiencia de Barcelona y el encarcelamiento de Mario Conde fue un acontecimiento de gran impacto en la vida económica y social española. El tribunal presidido por Pedro Martín había utilizado argumentos de enorme calado, que incluían el reconocimiento de las graves implicaciones que el asunto tenía sobre la confianza en el conjunto del sistema económico el comportamiento de individuos como De la Rosa y la necesidad de hacerle frente con medidas contundentes. Por aquellos días comenzaron a circular historias sobre el florecimiento en España de una especie de procesos del tipo de la operación italiana «Manos Limpias». Los dos grandes tiburones, los reyes del enriquecimiento rápido y sin escrúpulos estaban entre rejas, mientras que el gobernador del Banco de España y el director general de la Guardia Civil pagaban sus culpas. Cuatro días antes, el 19 de diciembre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desataba una cascada de órdenes de encarcelamiento contra ex altos mandos del Ministerio del Interior y de la Policía por su presunta participación en la organización de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), encargados de la guerra sucia contra ETA. Se trataba de un tema controvertido que estaba destinado a generar una profunda división en la sociedad española.

En la Fiscalía de Barcelona, las buenas nuevas sobre la supuesta regeneración de la vida pública española sonaban a ingenuidad. A principios de diciembre, Jiménez Villarejo revelaba públicamente sus reflexiones en el transcurso de un coloquio celebrado en Barcelona. El responsable de la Fiscalía en Cataluña y futuro fiscal anticorrupción reconocía que «tenemos un poder judicial incapaz de hacer frente en su totalidad a la corrupción. La verdad es que las respuestas de este poder son todavía hoy desiguales». Más cáustico, Mena explicaba los acontecimientos de aquellos días como una especie de disfunción, «un agujero, que se ha de aprovechar mientras dure, pero nada más».

La crisis política generada por el «caso GAL» proyectó su sombra sobre el conjunto de la actividad del país. Con el Gobierno a la cabeza, una enorme campaña de opinión pública comenzó a cuestionar la potestad de los jueces de instrucción para decretar la prisión incondicional de los inculpados. La presión iba a acabar afectando también a la instrucción de los casos de delincuencia económica.

El juez instructor del caso De la Rosa vio como a principios de febrero de 1995 la Audiencia de Barcelona, que le respaldó totalmente en el encarcelamiento de Jotaerre, empezaba a tumbar algunas de sus decisiones. El 6 de febrero el tribunal dejó en libertad sin fianza a Narciso de Mir, resolviendo el recurso de sus abogados, por entender que no fue cooperador de la supuesta apropiación indebida en la operación de venta del 50 por ciento de la clínica New Teknon a Grand Tibidabo. El auto de libertad de la Audiencia señalaba que el hecho de que el inculpado interviniera como apoderado en la operación no conllevaba que fuera cooperador necesario de la misma. Sin embargo, el tribunal matizaba que esta «estimación no prejuzga el carácter lícito o delictivo de la operación de autos, ni en su caso de la posible responsabilidad criminal que pudiera tener el hoy recurrente». Justo un mes más tarde, el 6 de marzo, la Audiencia también anulaba la fianza de responsabilidad civil de 1.860 millones, al entender que por no existir suficientes indicios para sustentar la acusación de apropiación indebida era «forzoso» anular la responsabilidad civil.

El socio de De la Rosa abandonó la cárcel Modelo de Barcelona ese mismo día, a primera hora de la tarde, con un semblante desmejorado que reflejaba el tiempo pasado en prisión y la progresión de su enfermedad. Pocas semanas después, De Mir era sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un pulmón en la clínica New Teknon. De Mir fue el primero de los cinco encarcelados al que la Audiencia admitió el recurso y quedó en libertad.

1.000 MILLONES DE FIANZA

De la Rosa debería esperar todavía algunos días. Él mismo y su familia ya no podían esconder por más tiempo la disconformidad con la estrategia de su defensa, confiada a Juan Piqué Vidal. Se palpaba la desconfianza hacia el penalista y socio de Jotaerre, que podría, aseguran muchos, estar amparando posibles responsabilidades propias tras el escudo de De la Rosa. La familia trató de sustituirle en la defensa y colocar en su lugar al mercantilista Albert Carrillo, quien desde el primer momento exigió la no interferencia de Piqué Vidal. Este advirtió seriamente a De la Rosa contra cualquier intento de crear un equipo defensor que él no controlase. Al final, el 7 de febrero, los De la Rosa consiguieron incorporar al equipo jurídico a Antonio Hernández-Gil Alvarez Cienfuegos, pero no lograron desasirse de Piqué Vidal. En esta situación de crisis, De la Rosa denunció al juez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sentirse «agraviado» como consecuencia de la conducta del magistrado y solicitó acudir a dar explicaciones ante los diputados catalanes. Ninguna de sus dos peticiones prosperó.

Por fin, el 13 de febrero, el juez Aguirre decidía dejar en libertad a De la Rosa, Piñana, Cruells y Fiter, por entender que había transcurrido tiempo suficiente desde que dictó su prisión provisional para reunir las pruebas suficientes. Al primero le impuso una fianza de 1.000 millones de pesetas, a Piñana y Cruells, 40 millones cada uno, y otros 250 millones para el presidente de CAI. Tras una auténtica carrera contra el reloj, Miguel Soler, el hombre de las finanzas de De la Rosa, llegó al juzgado ese mismo día 13 con la fianza, avalada por el Banco Popular, cuando faltaban dos minutos para las tres de la tarde, hora de cierre del juzgado. Las fianzas de Piñana y Cruells llegaron junto a la de Jotaerre. La rapidez con la que éste había depositado la fianza llamó poderosamente la atención. Cuando el juez había dictado el embargo de sus bienes para hacer frente a la responsabilidad civil de 13.333 millones de pesetas, apenas se había encontrado dinero en sus cuentas bancarias y sus bienes no alcanzaban ni el 10 por ciento de esa cifra. Ahora, en cambio, no había habido ningún problema. Los portavoces del financiero, la Agencia A de Alfredo Fraile, comenzaron a intoxicar con diferentes versiones diciendo que «un nutrido grupo de amigos ha avalado la fianza ante el banco», mientras se deslizaban nombres que luego resultaron ser falsos. Más certeros parecían otros rumores que aseguraban que una entidad extranjera, probablemente suiza, había depositado el dinero en el Popular. Días después, el juez requirió información al Popular sobre las garantías de ese aval. El banco informó al magistrado de que se trataba de contragarantías bancarias.

Tras el pago de la fianza, Jotaerre abandonó esa misma tarde la cárcel de Can Brians. Curiosamente, fue puesto en libertad quince minutos antes de que el auto del juez entrara en el centro penitenciario. A las cinco de la tarde llegó a su domicilio de la calle Doctor Fleming, a bordo de una lujosa furgoneta futurista modelo Aerostar.

La experiencia carcelaria había sido muy dura para De la Rosa. El sacerdote de Can Brians, Josep Maria Fabró Gibert, en una entrevista a la agencia Efe reconoció la falta de adaptación del comisionista a la vida entre rejas. El capellán, que dio la comunión diariamente a De la Rosa, declaró que el preso «no paró de recriminar y de recitar siempre en voz alta los nombres del juez y del fiscal Mena». Sin embargo, según el sacerdote, las críticas más duras se dirigían a los políticos, de los que decía: «Yo los ayudé a todos y ahora ellos no me ayudan a mí».

El sacerdote, nacido hace cuarenta y nueve años en El Prat de Llobregat, contaba en esa entrevista que De la Rosa se negó siempre a escribir cartas porque consideraba que «el día que yo escriba una carta desde la cárcel es que he aceptado que estoy en ella». Jotaerre, rebautizado en prisión con el alias de «El Colegui», hizo gran amistad con el sacerdote, a quien regaló unos flamantes zapatos negros para que, en palabras de este último, «jubilara mis gastadas sandalias». Según el capellán, «Javier de la Rosa no sólo fue generoso conmigo, sino con todos los internos que conoció en la cárcel». Jotaerre ayudó económicamente a los presos, con cantidades que oscilaban entre las 10.000 y las 100.000 pesetas.

La entrevista detallaba la vida carcelaria del preso preventivo, pero, curiosamente, horas después de concederla y de que su contenido llegara a los medios de comunicación el capellán negó que hubiera hecho estas declaraciones. Alguien debió de darle un toque.

Una vez en libertad, De la Rosa dedicó todas sus energías a demostrarse a sí mismo y al mundo exterior que las cosas iban a seguir igual que antes de su ingreso en prisión. La primera noche, su hipotecado domicilio de Doctor Fleming se convirtió en el escenario de una representación, la de un hombre empeñado en vivir en la irrealidad. Mercedes organizó un festejo de liberación en el que JR iba a dejar claro que, por lo menos él, sí que no había cambiado. Mercedes en persona se dedicó a llamar a los más cercanos al matrimonio: «Es una sorpresa que quiero darle a Javier, será algo discreto, unos pocos, para tomar una copa con él y ya está». Para algunos la sorpresa fue encontrarse con que a la fiesta íntima habían acudido —a saber cuántos fueron invitados— unas cincuenta personas, en su mayoría matrimonios, en algunos casos acompañados por sus vástagos. La lista se reducía a poco más que los amigos de toda la vida: Javier Juncadella, empresario textil; Lorenzo Rosal, encarcelado en el pasado por un delito de evasión de capitales y propietario de concesionarios de ITV y de Cidesport, la empresa concesionaria de la marca Nike; Artur Suqué, presidente de Casinos de Cataluña y bien relacionado con el aparato financiero de Convergència; Carlos Goyanes, un habitual de la jet set, Alfredo Fraile, su relaciones públicas; Jorge Ventosa; Jorge Núñez, su «hombre del papel» en Torras… Presentes estaban también la mayoría de los que habían compartido la odisea carcelaria: el fiel Piñana, el modesto Cruells, a quien los días de prisión habían convertido en un incondicional de JR y acabaría rechazando algunas ofertas de trabajo para incorporarse a Quail («Con 500.000 pesetas al mes no se puede vivir», contestaba a los que le preguntaban por qué iba a trabajar para JR), y Narciso de Mir. De la Rosa pululaba por los corros de invitados, eufórico, como si el cambio de aires le hubiera sobreoxigenado las ideas. «En Can Brians yo seguía mandando», decía a unos. «Ahora se van a enterar, voy a meter en la cárcel a la mitad de los políticos de este país», soltaba a otros. A veces, las amenazas se acompañaban de toques melodramáticos: «Después de lo que he pasado ya no me pueden hacer nada peor». A medida que la noche iba avanzando, sus alusiones eran cada vez más concretas y directas. La lista de traidores, que primero era de tres, iba creciendo hasta ser multitudinaria: Pujol, Roca, Alavedra, entre los políticos; el abogado Folchi, su cuñado Maristany, su primo Javier de la Rosa Maura, que le había denunciado ante los árabes de KIO, y Santiago Tomeo, entre los amigos y profesionales. Manuel Prado y Colón de Carvajal, entre los empresarios con los que había hecho negocios. Ninguno de ellos estaba presente en la fiesta, obviamente, como tampoco lo estaba su penalista, Juan Piqué Vidal.

El discurso belicoso que vierte De la Rosa aún no asimila la desastrosa situación en la que se encuentra su ejército. Lejos de cohesionar a sus fieles, los aleja aún más. Piñana y De Mir se arremolinan en un aparte:

—Yo no pienso firmar ni un papel más —murmura el primero.

—Pues conmigo que no cuente para más guerras —responde el otro.

A las cinco de la madrugada la fiesta termina y los invitados van desfilando por la puerta. Muchos de ellos intercambian miradas de incredulidad, elevando los ojos hacia el cielo. Algunos balbucean excusas para justificar su asistencia: «Mi mujer ha insistido en venir porque es muy amiga de Mercedes», «Yo he venido por la familia, pero si llego a saber que iba a decir todas esas cosas…», muchos de ellos ricos gracias a las ayuditas y los soplos del antes venerado artista del dinero. ¡Qué lejos quedaba aquella fiesta del cuarenta aniversario de JR, cuando lo más florido de la ciudad acudió a degustar el caviar beluga y el champán francés! Ya en la calle, uno de sus pocos amigos de verdad exterioriza su preocupación: «Hay que hacerle comprender que las cosas no son como antes».

AMENAZAS Y BRAVUCONADAS

A las ocho de la mañana, la primera en libertad, De la Rosa ya está en su despacho de la Diagonal para, según la Agencia A, llamar a los amigos y agradecerles sus aportaciones para cubrir la fianza impuesta por el juez. La realidad es menos rosada. Un JR sobreexcitado está enfrascado con fruición en la práctica de su deporte favorito, amenazar. A unos, por traidores, a otros, por no haberle ayudado. Aún queda tiempo para pedir dinero; «Necesito 200 millones», suelta, como si tal cosa, a los oídos de sus interlocutores, que casi se caen de espaldas al otro lado del teléfono.

Bastan unas pocas horas de actividad para que la psicosis se apodere de la ciudad. La gente vuelve a ser poco locuaz en sus conversaciones telefónicas. Las especulaciones sobre las explosivas revelaciones que hará De la Rosa son la comidilla en despachos y redacciones. A todo ello contribuye sin duda que su tren de vida no parece haberse visto afectado por la quiebra de Grand Tibidabo: sigue paseando a bordo de lujosos automóviles y su aparatosa escolta le acompaña allá donde va. Acentuando esta exhibición de fuerza y poderío, su mensaje de que acabará con quien haga falta si no se archiva la causa abierta contra él por el juez Aguirre llega como una marea a los despachos oficiales.

A pesar de todas esas apariencias, hace falta dinero y De la Rosa se impacienta. Algunos han de acudir a su despacho. Allí les anuncia la buena nueva:

—Mira, Jorge, necesito que me des tu despacho de la calle Muntaner.

—Pero, Javier, sabes que no puedo —contesta estupefacto el visitante.

—Bueno, entonces tú veras —prosigue JR mientras intenta aterrorizarle balanceando un hierro con su dedo índice.

Poco a poco, la realidad se impone. Tras conocerse que había estado jugueteando con la pistola delante de unos periodistas, el juez Joaquín Aguirre ordenó a la Guardia Civil que le retirara las armas que pudieran tener él y el resto de inculpados en la causa. A De la Rosa ya le habían intervenido un arma en la mesita de noche del dormitorio sin ventanas de su casa.

El juez Aguirre es otro de los diablos íntimos de De la Rosa. Tal es ese odio que, un día, De la Rosa, preguntado por un grupo de periodistas sobre un auto del magistrado, afirmó que si alguien había cometido algún delito ése era el juez. Esta bravuconada le valió una bochornosa declaración ante el fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, quien le interrogó por si había cometido un delito de desacato. Una vez más, la presencia de De la Rosa en las dependencias judiciales estuvo envuelta por la polémica. En mayo, Jotaerre llegó en coche al edificio de la Fiscalía acompañado de su escolta personal y tres inspectores de policía adscritos a la Brigada de Información. Los policías mostraron sus placas y los guardias civiles que en ese momento custodiaban el edificio les abrieron la puerta del garaje, reservado al personal de la Fiscalía. En el interior del parking se encontraron con el mismísimo Villarejo, quien les ordenó que entrasen por la puerta principal «como hace todo el mundo». El fiscal jefe estaba indignado por esta escolta policial, que él no había solicitado, y abrió un expediente informativo a los agentes.

A De la Rosa le sobraba tiempo para meterse en más líos. Uno de ellos le acarreó una denuncia ante la Policía por supuestas amenazas al empresario José María Juncadella, ex propietario de la empresa Industrias Burés y tradicionalmente uno de los hombres más críticos de los métodos del comisionista. JR se cruzó con él en el centro de la ciudad y, según la denuncia, le insultó al tiempo que le advertía que corría peligro su integridad física. Juncadella acudió a una comisaría del Eixample de Barcelona. Pocos días después, agentes del cuerpo se presentaron en el domicilio de De la Rosa y se lo llevaron para que prestase declaración. Se defendió negando los hechos y alegando la supuesta perturbación mental del denunciante. Pero no podía jugar, estaba en libertad bajo fianza y una condena en un juicio de faltas, por leve que fuera, le obligaría a pasar algunas noches encerrado. Para evitarse el mal trago, De la Rosa aceptó firmar una carta dirigida a José María Juncadella en la que le pedía disculpas por el incidente callejero y se retractaba de los «malentendidos» que hubieran podido ocasionar las referencias a su estado psíquico. La carta finalizaba pidiendo excusas sobre otros hechos anteriores que hubieran podido producir intranquilidad en el denunciante o en alguien de su familia (Juncadella había estado sometido a su acoso desde hacía varios años) y se comprometía a evitar sucesos parecidos en el futuro. A la vista de la carta, Juncadella retiró su demanda.

ARTIMAÑAS FRUSTRADAS

En un último esfuerzo por acabar con el caso, Piqué Vidal había apostado por las artimañas procesales, presentado un recurso de nulidad de las actuaciones debido a que el juez Aguirre no había comunicado a las defensas una de las prórrogas del secreto sumarial. De hecho, la Audiencia había aceptado un recurso en el que se pedía que esa prórroga fuese declarada nula. De la Rosa creyó con fervor las palabras de Piqué («Esta vez ganaremos») y ya daba por seguro que nunca habría juicio. Era incapaz de comprender que a estas alturas, una vez puestas al descubierto todas sus prácticas en Grand Tibidabo, ningún juez podía dictar la nulidad de la instrucción. Habría sido un escándalo.

El 28 de julio de 1995, la Audiencia de Barcelona dictó un auto en el que rechazaba el recurso con un argumento simple pero incontestable: «En el presente caso, el secreto de las actuaciones sumariales acordado por el juez instructor y las sucesivas prórrogas del mismo eran de dominio público en toda España». Además, respaldaba el conjunto del trabajo realizado por el juez Aguirre y criticaba al abogado de De la Rosa por actuar con «pasividad, desinterés y falta de diligencia». La resolución dejaba franco el camino para que Javier de la Rosa fuera juzgado como presunto autor de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento público.

Al mismo tiempo De la Rosa, requerido por sus escasos amigos, trataba de devolver las cantidades que éstos suministraron a la familia para atender a la fianza que le permitió salir de prisión. Uno de ellos recibió una maleta de Jotaerre: «Toma, aquí tienes tu dinero» (sin un «gracias»). La sorpresa del prestatario fue importante, no porque De la Rosa pudiera pagar, sino porque cuando llegó a su despacho descubrió que Javier le devolvía su dinero en marcos alemanes, y alguien había hecho una conversión de monedas que no tenía en cuenta el proceso depreciativo de la peseta en los últimos tiempos… La consecuencia era que había prestado 50 millones y le devolvían 46 y medio.

CAPITULO SIETE

EL BANQUERO DE LAS RAMBLAS

No era para nada normal. Tenía treinta años y era la rutilante figura en ascenso de la órbita de Banesto. La gerontocracia imperante en el Español de Crédito de don Pablo Garnica Mansi no contaba para Javier de la Rosa. Sin embargo, Jotaerre profesaba actitudes que poco tenían que ver con las que practicaban gentes de su edad en el sector bancario barcelonés. Su despacho fue uno de los últimos de la Ciudad Condal en descolgar el retrato del general Franco del sitial de privilegio, junto al crucifijo. Al morir el dictador, el retrato de Pablo Garnica le sustituyó.

De hecho, su escoramiento hacia el ultraconservadurismo le llevó a protagonizar el episodio más valeroso de su actitud pública juvenil. Cuando era estudiante de Derecho se caracterizó por ser un chico tranquilo, de orden, en la convulsa universidad de la época. Sus «peludos» compañeros antifranquistas andaban excitados con la idea de derribar al decano, Miquel Fenech, un contumaz «martillo de herejes y comunistas» en la Facultad de Derecho. Una travesura estudiantil llevó a Fenech a tomar represalias contra los estudiantes, lo que soliviantó a aquellos jóvenes de trenca. Las masas enardecidas se disponían a tomar el Decanato como si fuera el Palacio de Invierno al grito de: «¡A por él! ¡Hay que tirarlo por la ventana!». Fue entonces cuando el discreto Javier de la Rosa decidió intervenir. Cruzó su cuerpo ante la puerta del decano para impedir tamaña felonía. Las masas vociferantes no esperaban aquella actitud. Por suerte para él, un amigo le sacó del brete a empellones. El estudiante De la Rosa se salvó, por los pelos, de la turba. Durante años presumió de aquella intervención gloriosa.

De la Rosa llegó al Banco Garriga Nogués de la mano del vicepresidente de Banesto, José María Sainz de Vicuña, colega y amigo de su padre, el abogado del Estado Antonio de la Rosa Vázquez. Poco antes, De la Rosa, había decidido hacer carrera en banca, por lo que necesitaba hacer méritos y ganar experiencia. Quizá por ello se autopropuso al que sería su descubridor, Germán Sela Cremades, para tomar parte en el relevo del equipo de gestión del Banco Pastor, en 1971.

Sela tuvo graves problemas con la condesa de Fenosa[1], Carmela Arias y Díaz de Rábago, poco después de llegar a la dirección general del Pastor. De la Rosa, adjunto a la dirección, se quedó solo en la cornisa Cantábrica. Habría de pasar poco tiempo para que desapareciera del Pastor, llevándose el primer poso de su cultura bancaria y una bandeja de plata firmada por el consejo que exhibía, tiempo después, como si fuera un trofeo de caza. Menos aireados fueron determinados problemas con impagados de amigos de De la Rosa que le cerraron las puertas del Pastor. También se trajo de Galicia una útilísima amistad con Manolo Igea Gil, que más adelante ocuparía el cargo de director general de Banesto.

Después de este primer revés bancario y tras unas gestiones familiares con Juan Lladó, se incorporó —en 1973— al pujante Banco Urquijo. Fue destinado a una oficina barcelonesa, pero el golpe de estado en ciernes en el banco, tras los intentos de fusión del Urquijo con el Hispano, y la dureza de un director regional que le vio el plumero le impidieron triunfar e incluso tener despacho propio. El director regional era José Acacio Gómez-Vigo. De la Rosa, dando ya claras muestras de su carácter de echao palante, sostuvo una entrevista con el presidente del Banco de Europa[2], Carlos Ferrer Salat, que al haber sido nombrado primer presidente de la CEOE buscaba un alto ejecutivo para su banco. Ferrer preguntó a Jotaerre por Gómez-Vigo, que acabaría haciéndose con el cargo, y De la Rosa le puso de vuelta y media. La anécdota se saldó con una doble enemistad entre JR y los dos hombres del Banco de Europa: Ferrer Salat y Gómez-Vigo.

LOS ENCANTOS DE JR

Apenas con veintisiete años, De la Rosa recalaba en la oficina principal del Banco Garriga Nogués, en las Ramblas 140, justo frente a la fuente de Canaletas, convencido de haber encontrado su verdadera vocación y decidido a desplegar sus encantos. Era enero de 1974. El enchufado comenzaba como los hijos de los grandes clientes, con la categoría profesional de jefe de Quinta, sin examen previo alguno. Tras la junta de ese año, De la Rosa era ascendido a director general, tres años después (28 de noviembre de 1977) se convertía en consejero delegado y el 28 de junio de 1982 llegaba a ser vicepresidente. El verdadero arte del joven JR era saber satisfacer, a costa de lo que fuese, los deseos de aquellos dinosaurios del Banesto de la era de don Pablo Garnica.

Los hombres fuertes de Banesto podían pagar favores a través del nuevo ejecutivo del Garriga. Así, Sainz de Vicuña favorecía a su íntimo Victorino Anguera Samsó con el cargo de secretario del consejo. Por el Garriga pasaron César de la Mora, Ignacio Garnica, Ramón Bustamante y de la Mora, Juan Herrera Martínez Campos (hijo del presidente de Petromed, Juan Herrera Fernández) o Ramiro Cervera Garnica, nieto de «don Pablo»[3], que luego habría de trabajar para la poderosa máquina de Jotaerre: Quail España.

Todos ellos obtuvieron una solícita coima en las oficinas del «banquero de las Ramblas», como se conocía al joven De la Rosa. Sus habilidades con hijos, cuñados y yernos de consejeros de Banesto no implicaban por entonces un exagerado interés por el dinero. Lo que estimulaba a De la Rosa era más bien el poder y las influencias que llevaban parejos tantos favores. Para cerrar el círculo, JR precisaba de servicios confidenciales tanto jurídicos, como financieros y, especialmente, de investigación. Desde entonces se relacionó con profesionales del espionaje comercial, a los que no regateaba minutas.

De la Rosa conocía como pocos las miserias y debilidades humanas y tenía labia. Aprendió a colgarse a diario del teléfono de los principales consejeros de Banesto y a juguetear con informaciones, rumores e intoxicaciones; en suma, al pasilleo, esa inveterada pero útil forma de conspirar. Pasaba horas al teléfono adulando y aconsejando a César de la Mora, José María Oriol, Dositeo Barreiro, Ricardo Gómez Acebo, Vicente Camacho o Juan Herrera Fernández. En privado, los más viejos del banco le oyeron decir: «No he visto cosa más inocente que un consejero de Banesto». Eso sí, aparentaba desvivirse por satisfacer a «don Pablo» Garnica, un gran trabajador de la banca pero hombre poco mundano, retraído socialmente y fácil de impresionar. Garnica tenía pocos elementos para medir a la gente. Además, las familias del consejo de Banesto debían a Jotaerre el hecho de haber sacado alguna rentabilidad a sus ahorros de toda la vida.

En el banco cada día se daba más ínfulas. Sus colegas se quedaban de piedra cuando, muy serio, les decía: «Por favor, podéis salir del despacho… voy a hablar con Pío Cabanillas».

Durante esa época, De la Rosa se dedicó a cultivar la moda de la City y un ferviente gusto por las marcas (relojes, camisas, corbatas, zapatos…). En resumen, el fomento de la vanidad y una pasión desmedida por la quiromancia y las artes adivinatorias llenaban su tiempo. El joven banquero simultaneaba misas y comuniones de católico ejemplar con una fe ciega en echadores de cartas y componedores de cartas astrales. Además de su gran perdición, una adicción ludópata a la lotería, en la que ya entonces gastaba verdaderas fortunas. De la Rosa no soñaba con un buen pellizco, quería la serie entera del número ganador y arrimar a su bolsillo 10.000 millones cuando menos. Otra cosa le quedaba chica.

Jotaerre daba a Garnica la medicina adecuada a cada momento, como depósitos obtenidos a costa de fuertes extratipos en los momentos en que Banesto se veía enzarzado en la guerra del pasivo para ganar dimensión, una de las obsesiones del sector bancario en la época, con las consiguientes «cajas B» que financiaban extratipos de interés. Toda Barcelona se enteró de quién era «el banquero de las Ramblas» que aspiraba dinero a borbotones gracias a que ofrecía soberbias rentabilidades, lo cual le catapultó a la órbita del éxito.

Las reuniones con su staff del Garriga eran de libro. Su vínculo de hijo predilecto de Garnica le llevó, directamente, a una indigesta prepotencia juvenil. En 1980 pocos podían decir en los pasillos del banco que pasaban parte del verano en la casa de don Pablo en Noja (Santander). Cuando alguien ponía peros a lo razonable de una operación, De la Rosa usaba dos argumentos, un «tú es que no me sigues» o un «no digas más tonterías, ¿cómo va a ser esto antibancario?».

Con el control de los flujos monetarios de los grandes de Banesto, De la Rosa se creía cada vez más poderoso, más influyente. Su condición de parvenú en el Gotha financiero catalán le llevó a lanzar varios salvavidas a alguna de las más notables familias del mundo industrial e inmobiliario barcelonés. Todo para su mayor honra y gloria, pero con cargo a Banesto. Esos caprichos eran graciosamente concedidos desde su mesa preferida en el restaurante Finisterre, donde, como un Corleone siciliano, prodigaba su benevolencia. Luego en el Garriga estos pegotes rezumaban la cuenta «4.863 Acreedores Varios» y otras que, años después, dejarían turulatos a los auditores de Banesto. Convertido en una especie de yuppie avant la lettre, se inició en los aviones privados con cargo al banco, en los lujos y en el «yo soy Dios y tú un piojo insignificante» para con sus subordinados. El líder se construía a sí mismo, sólo fallaba en algo: las mujeres. Nunca admitía bromas sobre eso. En las escapadas a Madrid fallaba sistemáticamente a las citas de sus ejecutivos en Alazán, una conocida barra americana. «No me vuelvas a hacer esto nunca más», advirtió a un colaborador, que, en un claro exceso de funciones, trató de llevar a una señorita a la habitación del hotel Villamagna donde De la Rosa dormía desde hacía varias horas.

Comenzó a alimentar la especie de ser «muy amigo de sus amigos» y sacó a más de uno de un apuro con dinero «de mi cuenta corriente». Este último extremo sólo era verdad en sentido metafórico, ya que el BGN acababa pagando siempre. La gente de su alrededor se preguntaba cuáles eran su pedigrí o sus estudios.

Una mediocre licenciatura en Derecho en la Universidad Central de Barcelona, que acabó en 1969, no justificaba aquella proyección. Aunque impreciso, su manejo de la terminología anglosajona en materia financiera —producto de un master en el IESE— dejaba embobados a clientes y patriarcas de Banesto. Si alguien mantenía alguna duda, JR desplegaba sus encantos de hombre de afectada tradición católica y raigambre franquista a pesar de su juventud. Eso, y el hecho de que los depósitos del Garriga daban espectaculares saltos de año en año (los 79.401 millones de 1984 ascendieron a 105.000 al año siguiente), convirtieron a Jotaerre en un astro en el firmamento del viejo Banesto.

Tanto que, según testimonio de Armand Carabén Ribó, De la Rosa le pidió en una ocasión: «Redáctame un par de párrafos bien elogiosos sobre mi gestión, que se los colocaré en el discurso a Aguirre Gonzalo». Y así se hizo. En la junta de accionistas Aguirre Gonzalo se refirió a De la Rosa como «ese meteoro que tenemos en Barcelona, en el Garriga Nogués». Su influencia llegó a ser muy importante, hasta el punto de que intentó colocar a José María Ruiz-Mateos en el sanctasanctórum de Banesto. La operación, ya con Garnica de presidente (lo fue desde 1984), pretendía canjear el Banco Atlántico por un 10 por ciento de Banesto. Sólo la negativa de don Pablo hizo que Jotaerre se olvidase del empresario jerezano. Pero tener ganado a Garnica equivalía a tener enemigos. De la Rosa tenía de uñas a todos los gallitos de la generación del relevo: Jaime Argüelles, Pablo Garnica (hijo) o Jorge Brosa, el gran experto industrial de Banesto. En esa pugna, JR no dudaba en utilizar en beneficio propio los rumores sobre la vida privada del primero o la condición de oveja negra de la familia de Pablo Garnica, a quien nombró consejero en el Garriga. «No te preocupes, déjamelo a mí», le aseguraba Jotaerre a don Pablo.

EL ESCANDALO DE ANTONIO DE LA ROSA

Su carrera bancaria se vio sacudida por un hecho esencial: la estafa de su padre, Antonio de la Rosa Vázquez, en el ente público Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, descubierta en 1979. Ante sus colaboradores más directos, De la Rosa no pudo contener las lágrimas cuando su padre era acusado por la estafa. Estaba hundido: «No entiendo a mi padre», les confesó. En ese momento, Jotaerre se acabó de ganar a Garnica. Tomó un avión, se fue a Madrid y le presentó la dimisión: «Mire, don Pablo, esto va a salir en la prensa y yo no quiero perjudicar al banco». La pirueta le colocó en la casta de los intocables.

Con el tiempo, De la Rosa se rehizo del escándalo paterno e intentó —con muy poca mano izquierda— arreglar el desaguisado de «don Antonio». Se produjo incluso un hecho crucial para el futuro de aquel joven banquero, acostumbrado ya a actuar con un evidente aire de superioridad ante la clase política. JR se sentó frente al alcalde de Barcelona, el socialista Narcís Serra y, talonario en mano, se ofreció a compensar el quebranto producido por su padre, «a cambio de taparlo todo». Obviamente, se equivocó al medir a aquel barbas que llegaría a ser vicepresidente del Gobierno.

El trauma paterno cambió profesionalmente a Javier de la Rosa, según sus compañeros. Al mismo tiempo, De la Rosa asimilaba deprisa. Vio la banca suiza y trató de imitarla: gestión de patrimonios, división médica… Cuando aún no se conocían en España, De la Rosa vivía obsesionado con las comfort letters y las opas. Sus pirulas se multiplicaron por diez a partir de su traslado a la oficina de vía Augusta, junto a la plaza Narcís Oller. El monstruo se desataba. Su reacción fue explosiva, desplegó más actividad que nunca. Tomó todo tipo de decisiones, en las que mezcló el dinero del Garriga Nogués con proyectos quiméricos y favores poco razonables a sus amigos. Incluso, cuando la bola de nieve se hizo imparable, quebró el banco en una operación de la que muchos salieron favorecidos, y perjudicados sólo los accionistas de Banesto, que acabaron indigestos con el pufo bancario de De la Rosa en el Garriga Nogués.

Él mantenía que siempre había obedecido órdenes. En el banco, hasta su secretaria, Luz, tenía dudas. Todos aseguraban que, al menos hasta 1984, no metía la mano en la caja. La vorágine posterior, embrollada y en parte externa al banco, pudo permitir un fácil enriquecimiento. En Banesto todos sabían que aquello no podía ser, pero todos callaban. Lo mismo ocurría con los principales deudores del Garriga, como Eduardo Bueno, quien llegó a confesar claramente: «Todo esto es una locura infernal. Es imposible que podamos pagar». Sin embargo, continuaban engrosando la bola de nieve, hipnotizados por el poder de convicción de Jotaerre.

La clave del éxito consistía en el engaño sistemático al Banco de España, y de ello se encargaba el salmantino Ignacio Carabias Torres. Su función era esencial en el birlibirloque contable, al que hizo considerables aportaciones de fina inspiración con las que se consolidaban contablemente chapuza tras chapuza.

Tercamente, el Banco Español de Crédito se negaba a reconocer el quebranto de su filial catalana (que usaba incluso los mismos formularios de ingreso que Banesto). Primero se habló de un agujero de 40.000 a 45.000 millones; luego la cifra fue creciendo y creciendo hasta quedar muchos años después estabilizada en 98.526 millones. A pesar de la trascendencia de esa cifra, sobre todo en 1986, y de que se mantuviera en stand-by la aprobación de la gestión del vicepresidente y consejero delegado del Garriga, Francisco Javier de la Rosa Martí, ni José María López de Letona, primero, ni luego Mario Conde, que asumió la presidencia de Banesto el 16 de diciembre de 1987, se atrevieron a llevar a JR a los tribunales.

Preguntar por ello suponía ya tener graves problemas con JR, como le ocurrió a un periodista barcelonés tras una cena en Jockey, en Madrid, con José María López de Letona. A pesar de que los comensales eran pocos, al día siguiente De la Rosa llamaba a Josep Faulí, director de Avui, para expresar todo tipo de amenazas. Poco antes, jactándose de que él podía «comprar el periódico, la calle, e incluso el barrio entero», había intentado parar informaciones y fotografías en este mismo periódico.

Para entonces, una legión de auditores internos de Banesto, capitaneada por José Luis Fominaya y Francisco Javier Escudero, jefe de inspección de Banesto, llevaba más de un año volviendo del revés el banco, en el que aparecían auténticas barrabasadas cotidianas de difícil seguimiento. Sus conclusiones califican aquellas prácticas de «chapuza desorbitada».

«AQUI HAY SEVICIA CONTRA EL BANCO»

Algunos hechos resultaron de lo más insólito, como ver a los vecinos de una finca del cinturón barcelonés quejándose porque se les requería el pago de letras falsas. Aquello era patético: «Si nosotros no hemos firmado nada, no les debemos nada», aseguraban sorprendidas las víctimas. También aparecían sociedades inoperantes que eran titulares de importantes créditos impagados. Créditos sin garantías y mal documentados, favores inexplicables, lujos suntuarios, extratipos alucinantes, «cajas B», triples contabilidades, avales prestados por el banco a cambio de entregas de cantidades en metálico, comisiones en toda suerte de apalancamientos y compras, pactos ocultos de recompra… En suma, un prontuario de banca sucia de esos que nunca se enseñan en los masters de las escuelas de negocios. «Sevicia, aquí hay sevicia contra el banco», bramaba una mañana uno de los inspectores más experimentados de Banesto.

El equipo o task force de Banesto, básicamente hombres del Banco de Madrid, de la plena confianza de José Luis Fominaya, como Liberato Hosta Romagosa o Juan Monfort Isern, iba de sorpresa en sorpresa. Por ejemplo, con la reclamación de otros bancos ante el envío de pelotas por miles de millones, o el hallazgo de «materiales estratégicos» en el despacho que demostraban que Jotaerre conocía el contenido de conversaciones telefónicas de algunos de sus colaboradores.

La vorágine deudora de aquel fiasco crecía y crecía, ante lo que el ex gobernador del Banco de España, José María López de Letona, vicepresidente y consejero delegado de Banesto, sólo se atrevía a decir: «No hemos apreciado indicio alguno perseguible por la vía penal». Su cara llegaba casi hasta el suelo. En la época sólo se reconocían internamente quebrantos por 73.814 millones. A 31 de diciembre de 1984 se ratificaba el origen del agujero patrimonial en el banco en la toma de riesgos concentrados en cinco grupos de empresas ligados a amigos del vicepresidente y consejero delegado Javier de la Rosa. Concedidos de forma poco ortodoxa a veces, unos 65.000 millones fueron a cinco grupos amigos, cuando el capital del banco era de 6.000 millones y el total de riesgos del banco era de 124.312 millones. Es decir, esos cinco grupos suponían más de la mitad del riesgo. El reparto en orden de magnitud situaba a Grupo Ibusa (15.849 millones) en primer lugar, seguido del Grupo Harry Walker (14.538 millones), Quash-Tierras de Almería (13.006 millones), Grupo Urbas-Bilmo-Mabal (1 1.072 millones) y Renta Barna (9.674 millones). Así consta en el informe final a López de Letona.

La recomposición del mapa bancario español puso a Banesto ante las garras del crecido Banco de Bilbao. Este último presentó una oferta de compra hostil de Banesto a finales de 1987. Mario Conde apareció como el salvador de la independencia de la entidad. Cuando, en 1989, De la Rosa se alió con los «Albertos» para tomar el control del Banco Central, Conde volvió a resucitar el «caso Garriga Nogués», esta vez del brazo del abogado Rafael Pérez Escolar. El nuevo presidente de Banesto ordenó en febrero de 1988 la activación del «Informe Garriga Nogués», tras advertir que en su día se dejó la puerta abierta a posibles reclamaciones a De la Rosa por su gestión en la filial catalana. José Luis Fominaya afiló el lápiz y, sin las cortapisas del anterior equipo directivo obstinado en deglutir el trauma, elevó las pérdidas del banco a 98.526 millones.

Cuando el informe Fominaya llegó a manos de Mario Conde, éste gritó: «¡Esto es intolerable! Vamos a ir a por él, preparad una querella». Sus interlocutores eran el penalista José María Stampa Braun y el abogado del banco Rafael Pérez Escolar.

Los diversos informes permiten reconstruir las sutilezas bancarias del «banquero de las Ramblas» y, sobre todo, saber si de la ayuda a los amigos obtuvo o no beneficio. El Banco Garriga Nogués, fundado en 1885 y protagonista de una quiebra anterior, en los años cincuenta, naufragó por los créditos otorgados a empresas relacionadas, al menos en sus orígenes, con el empresario Eduardo Bueno Ferrer, años después primer espada de Alianza Popular en las elecciones de 1984 al Parlamento de Cataluña. Ibusa, Promociones Bilmo y Mabal, empresas de Bueno, recibían como maná las inyecciones del Garriga.

El primer punto de contacto fue Ibusa[4], una de las inmobiliarias que construyeron los suburbios más sórdidos del desarrollismo franquista en Cataluña. Ibusa naufragaba en una fuerte crisis del sector y era sostenida a peso por la filial catalana de Banesto. A pesar de lo irrecuperable de ese esfuerzo financiero, Jotaerre y Bueno eran inseparables. Ello les llevó a una segunda aventura: Urbas (Urbanizaciones y Transportes), una promotora que se había quedado muchos terrenos de su antigua actividad ligada al transporte urbano de pasajeros.

Urbas estaba presidida por Ignacio Ventosa Despujol, y De la Rosa llegó a ser vicepresidente. En justa correspondencia, Jorge Ventosa Garí[5], hijo del presidente de Urbas, se incorporaba al grupo de los elegidos de Jotaerre en el Garriga.

Además de hacerle un favor a José María Sainz de Vicuña, que también era consejero de Urbas, financiando a esta compañía, Bueno y Jotaerre se entendían de maravilla. Ibusa debía al Garriga Nogués 19.860 millones en 1984, justo el año en que Eduardo Bueno encabezó la lista de Alianza Popular a las legislativas catalanas. Una firma del vicepresidente y consejero delegado, De la Rosa (que lleva fecha del 24 de noviembre de 1985), arregló de un plumazo el entuerto. El apaño supuso la condonación de los créditos a cambio de unas propiedades de escasísimo valor. Bueno era propietario del 45 por ciento del capital y en sus empresas participaban entre otros el empresario Abel Matutes, que sería comisario europeo.

Como siempre, tuvo que ser Banesto el que, a finales de 1985, pagase los platos rotos. Banesto tuvo que actuar deprisa atendiendo pagos de Ibusa, «ya que sus dirigentes amenazaron con dar a la luz pública toda una serie de manejos llevados a cabo a beneficio de BGN (Banco Garriga Nogués) en las cuentas de las sociedades de ese grupo». Así recuerda el chantaje posterior de Bueno y los suyos el informe que el propio Sainz de Vicuña redactó para López de Letona[6].

En aquellos momentos, el culto a su propia personalidad llenaba buena parte de la jornada de Jotaerre. Hacía correr en su entorno la especie de que estaba propuesto para ser nombrado ministro de Comercio o consejero de Banesto, según el caso. A través del amigo, también del mundo de la banca, Jorge Segarra Pijoan (al que convertiría años después en consejero de Grand Tibidabo), De la Rosa conoció a Pere Mir, quien manejaba la oficina comercial de Paraguay en Zurich. El «banquero de las Ramblas» no dudó en embarcarse en la fundación del Bancopar (Banco Comercial Paraguayo), en el que el BGN llegó a tener más del 60 por ciento del capital en sociedad con el yerno del dictador Alfredo Stroessner. Años después pudieron vender el paquete sin graves contratiempos.

PELOTAZO EN EL DESIERTO

Juntos, Bueno y De la Rosa tramaron un buen pelotazo sobre la base de una idea visionaria. En 1981, la Seat y otras empresas pioneras de la industrialización comenzaban a regular plantillas y se trataba de ofrecer interesantes oportunidades agrícolas a esos «obreros con dinero» que querían volver a su tierra. Varias empresas ligadas a Bueno (Almeriflower, Transalmería, Construcciones El Ejido y otras) vendieron terrenos a Quash. La operación de compra de 2.200 hectáreas de cultivo se cerró por 4.140 millones de pesetas. Es decir, más de 1.800.000 pesetas del año 1981 por cada hectárea. Muchas de las parcelas habían sido adquiridas por Eduardo Bueno pocos días antes a la fecha de la venta.

Así nacía, el 15 de octubre de 1981, el faraónico negocio de Quash Tierras de Almería, una promotora de invernaderos para fruta temprana que aprovecharían el agua subterránea de la zona. Luego resultó que el agua debía ser trasladada desde más de cuarenta kilómetros. Al final, un pozo sin fondo en el que se abocaron miles de millones. De la Rosa colocó a su hermano Fernando, ingeniero de profesión, como administrador.

El 1 de agosto de 1982, gracias a las artes del ex ministro José Luis Leal, el Gobierno de UCD otorgó la consideración de Gran Area de Expansión Industrial al proyecto Tierras de Almería, lo que probablemente, de haber seguido en el Gobierno, hubiera supuesto la obtención de importantes ayudas públicas. No fue así. Cuando Jotaerre percibió el final de sus días en el Garriga Nogués, su fino olfato le llevó a buscar un tapado que le ayudase a zafarse del fracaso en el desierto. Su objetivo era obtener plusvalías desesperadas para frenar las acometidas crecientes del desconfiado Banco de España. La primera gran huida hacia delante fue buscar el pelotazo con un comprador generoso cuyo dinero tapase las Ibusa, Renta Barna o Harry Walker que se comían el banco. El BGN daba beneficios maquillados de 30.469 pesetas en 1983. Quash había pasado de 50.000 pesetas de capital en 1981 a 9.965 millones en julio de 1983.

Primero Jotaerre cameló a uno de los hermanos del rey Fahd de Arabia Saudí, Nabad ben al Azziz, que le entregó 15 millones de dólares como si fuera una imposición a plazo fijo por la que el BGN pagó un 15 por ciento de rentabilidad anual. Al año siguiente, De la Rosa negoció con Khaled ben Ibrahim, cuñado del rey Fahd. Le ofreció el 100 por ciento de Quash por 180 millones de dólares (18.000 millones de pesetas). Pero el reparto de las comisiones dividía a los dos negociadores.

En esa época, los despachos profesionales de los ex ministros de UCD Juan Antonio García Díez, José Luis Leal o Carlos Bustelo se forraban asesorando a Quash en sus cuitas contra el Gobierno, que pretendía limitar la extracción de agua de los acuíferos de la zona para evitar su salinización. Entre la cohorte de asesores figuraban también los socialistas Antonio Calleja y el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, José Miguel Salinas.

Providencialmente, apareció David André Grebler, gran jefe de la comunidad judía de Barcelona y socio de Bueno en la aseguradora El Porvenir de los Hijos y en una piscifactoría levantada. Grebler, natural de Tánger, tomó una opción de compra de Quash para su compañía Urania Business (con fecha 10 de julio de 1985). Esta posibilidad se frustró al fallar la financiación. Al final, De la Rosa negoció con el saudí Saleh Kamel la venta financiada al grupo Al-Baraka («la fortuna»).

Banesto apoyaba la operación con 20.000 millones en créditos blandos (así se firmó el 6 de agosto de 1985). Doctor en huidas hacia adelante, estuvo a punto de convertir en socios al príncipe Kamel, propietario de varios bancos islámicos muy significados políticamente, y a un judío amante de los negocios visionarios, a pesar de que Quash llevaba sobre los hombros pérdidas acumuladas de 8.600 millones de pesetas.

La Inspección del Banco de España apretaba de lo lindo. La cosa se ponía muy fea, y en el carrusel de las fidelidades Jotaerre debía decidirse en cuestión de días. Él lo tenía claro. El 20 de julio de 1985 (once días después de haber dimitido como vicepresidente y consejero delegado del Garriga) De la Rosa extendió un compromiso de recompra a favor de Urania y de Al-Baraka. El contrato de compra-venta reconocía la reposición de las pérdidas a los nuevos propietarios. De la Rosa pactó con Banesto abandonar el cargo ejecutivo pero conservar los poderes hasta que le fueran reclamados notarialmente. Al final, dimitió ante notario el 24 de noviembre de 1985. Dos meses y medio después abandonó también la vicepresidencia del Garriga Nogués. Era febrero de 1986.

Banesto conoció la traición en enero de ese año, cuando los compradores le reclamaron los 4.000 millones de expectativa de negocio perdida y la anulación de la compra-venta. La situación precipitó el acceso de José María López de Letona al cargo de vicepresidente y consejero delegado (el 19 de marzo de 1986), hasta entonces ocupado por Garnica, con el pleno apoyo de la autoridad monetaria. Banesto evitó el escándalo y pagó más de 25 millones de dólares, parte al judío Grebler, parte a los fundamentalistas de Al-Baraka y parte al príncipe saudita Nabad ben al Azziz, quien, a través de Driehoek Investments BV, también participaba en Quash. El laudo de equidad lleva fecha de julio de 1986 y está firmado por Santiago Foncillas. Banesto podía haber luchado más, aunque técnicamente era batalla perdida.

Antes Jotaerre había prestado un aval, en nombre del Garriga, a un crédito concedido por el Chase Manhattan de Mónaco a los compradores de Quash por 6 millones de dólares. Con ello se cubrían los intereses, asesorías, auditorías, informes y gastos de la operación.

Los inventos de De la Rosa con Quash hundieron el Garriga y sentaron precedente de lo que más tarde se desarrollaría en Grupo Torras y en Grand Tibidabo. Por ejemplo, en la transmisión frustrada de Quash, el Garriga se embolsó una comisión de 2.351 millones, con la que fue posible mantener la gran mentira de unos artificiosos beneficios en 1984.

Todo aquel frenético ir y venir buscando compradores para Quash sirvió a De la Rosa para establecer contacto en Washington con un antiguo agente de la CIA, bien relacionado con el kuwaití Al Rashed, responsable de la Kuwait Investment Agency (KIA)[7]. Otras versiones menos amables con Jotaerre establecen directamente un puente de conexión entre los árabes a los que salvó la piel con el pacto de recompra de Quash-Tierras de Almería y los kuwaitíes de KIO. De la Rosa se convertía en hermano de los kuwaitíes, porque con Quash les había hecho un favor impagable.

La razón del atrevido nexo es que, cuando Mario Conde pretendió acorralar a De la Rosa con el agujero del Garriga Nogués, se negociaba abiertamente el intercambio de Quash (en poder de Banesto) por Explosivos Río Tinto, que acababa de ser tomada por De la Rosa en nombre de KIO. Más adelante, el paquete de KIO en la azucarera Ebro se convirtió igualmente en moneda de cambio. ¿Podría hacer eso si KIO no tuviera interés en arreglar cuentas con Banesto?, aunque los hechos posteriores demostrarían que De la Rosa tenía secuestrada la voluntad de KIO.

AMIGOS PARA SIEMPRE

En su etapa de banquero, la cocina idónea para ensayar su modelo de banca era la contabilidad independiente de la Oficina División Médica, quizá lo mejor de su etapa de gestor bancario. La interpretación que De la Rosa hacía del do ut des latino, en el sentido de «doy para que me des», cautivó al presidente de la Cooperativa de Crédito del Colegio de Médicos, Manuel Girona Callol, y ello permitió a De la Rosa controlar todos los depósitos de los médicos de la cooperativa. Este flujo de dinero amamantaba las ingentes necesidades financieras de Ibusa, Renta Barna, Quash y Urbas. Ello le valió el odio de muchos profesionales de la medicina barceloneses por el peligro en el que puso sus ahorros.

Otro de los grandes beneficiados por el «banquero de las Ramblas» fue el difunto Josep María Figueras Basols, ex presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de España y empresario del sector inmobiliario. De la Rosa financió a su grupo, Harry Walker, de forma poco prudente, e incluso el banco se convirtió poco a poco en su primer accionista. A 31 de diciembre de 1984, este grupo debía al banco 14.538 millones de pesetas, en un prodigioso crecimiento desde los 770 millones adeudados en 1980.

Cuando ya no pudo justificar más financiación para Harry Walker, De la Rosa decidió financiarla a través de créditos a la firma Cominser, en la que participaba uno de los consejeros del banco e íntimo de Jotaerre, Lorenzo Rosal Bertrand. La mecánica era conocida en aquel momento para con las sociedades industriales de los bancos: dar a crédito sin medida y enjugar los intereses con nuevos créditos, aún mayores, al vencimiento impagado de los mismos.

Los créditos de Harry Walker se suscribían al 25 por ciento de interés, con lo que en pocos años las deudas crecían en proporciones geométricas. Los activos del banco aumentaban ficticiamente sobre renovaciones de créditos engordadas con intereses inatendidos. Victorino Anguera, ex director provincial de Trabajo, operó una drástica reestructuración de Harry Walker en el bienio 1979-1980. Luego se practicó una operación acordeón de Harry Walker en la que participaban otros industriales, como Pedro Olabarría Delclaux.

En junio de 1987, Rosal, Olabarría, Juan Calvete, Ignacio Mata y Enrique Marugán fueron procesados por evasión de capitales después de que la Brigada de Delitos Monetarios interviniese sus teléfonos con autorización del juez Soto Vázquez. El caso acabó con multas y sospechas cruzadas. La brigada del comisario jefe Pepe Cordón perseguía a De la Rosa y a Juan Piqué Vidal por tener sospechas de que desde su despacho se canalizaba el retorno de inversiones huidas del fisco español, vestidas de inversiones foráneas («la vía andorrana» en argot policiaco). Una de esas conversaciones interceptada entre Javier de la Rosa y Enrique Marugán Giró demuestra que Jotaerre recababa información sucia sobre López de Letona.

Marugán le informó que trató de comprar Inerga, una empresa del grupo Banco de Madrid (filial de Banesto) en 1983, pero justo antes un hijo de López de Letona, José María López de Letona y Olarra, se la había quedado por 400 millones gracias a un crédito de Cadesbank (también filial de Banesto). Letona jr. la consiguió vender, poco después, por varias veces el valor de compra. López de Letona, ex gobernador del Banco de España y entonces hombre fuerte de Banesto, supo de todo aquello. Tal vez por eso se produjeron las detenciones en el entorno de Cominser-Harry Walker. Una de las cintas en poder de Delitos Monetarios reproduce una conversación de Lorenzo Rosal en la que explica otra operación que daría mucho que hablar: «Vamos a por el Central, va a ser un pelotazo increíble».

La «Operación Cominser»[8] fue fundamental para el desbaratamiento de la bola de nieve del Garriga Nogués. Justo cuando Conde se disponía a hacer uso de la información sobre el paso de JR por el Garriga Nogués, el juzgado de Delitos Monetarios entraba a galope tendido en los libros del Garriga. Los jueces investigaron una posible vía evasora a Andorra y Suiza de parte de la abundante financiación prestada por De la Rosa a sus amigos y que se había evaporado, concretamente un millón y medio de dólares.

La detención de Marugán y Rosal permitió a la Brigada de Delitos Monetarios conocer los entresijos de Quash-Tierras de Almería, las interdependencias entre el grupo Harry Walker y los circuitos de financiación establecidos por De la Rosa desde el banco. A mediados de 1987, De la Rosa tuvo que acudir a Juan Piqué Vidal, abogado de su padre, para intentar un tanteo con Fernando Bahamonde, ex juez encargado de perseguir el tráfico de divisas. Piqué confió la gestión a Carlos García de Ceca, uno de los juristas clásicos del equipo que protege a Jotaerre.

Poco a poco, las sospechas se convertían en informes y datos que a los ojos del entonces subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, significaban que De la Rosa había perdido cualquier posibilidad futura de convertirse en banquero. Se confirmaban todas las sospechas que Aristóbulo de Juan, director general adjunto del Banco de España, mantenía desde 1984. El primer aviso de Rubio a Banesto se remonta a mediados de ese año. A finales de 1985 remitió un informe con el «ruego expreso» (de hecho una orden, ya que partía de la autoridad monetaria) de que fuera leído a los consejeros de Banesto, en el que denunciaba un primer agujero de unos 40.000 millones.

Fue Mariano Rubio quien envió varias veces a los inspectores de Aristóbulo de Juan a husmear en las cuentas del Garriga Nogués y quien retrató a De la Rosa ante el mundo bancario. Ese fue el principio de una enemistad que daría mucho que hablar y escribir.

El borrador de la querella contra De la Rosa preparada por los abogados de Banesto estaba listo, pero los «Albertos» —Alberto Cortina y Alberto Alcocer— decidieron lanzarse contra el Central. Mario Conde acudió en auxilio de Alfonso Escámez y Javier de la Rosa se convirtió en aliado táctico. Fue salvado por el gong. El pago a esos servicios vino el 9 de enero de 1989 con la exoneración de responsabilidades en la gestión del Garriga Nogués. Un escueto texto firmado por Mario Conde finiquitaba el tema: «Después de los análisis realizados en su día y pormenorizados por asesoramientos legales oportunos quiero confirmar […] que no existe por nuestra parte motivo alguno de reclamación de ningún orden». Fue, sin duda, uno de los favores más generosamente pagados de la historia financiera española, y cerraba la puerta abierta en 1986, cuando la junta general no aprobó la gestión de De la Rosa al frente del Garriga Nogués.

El texto yacía como una valiosa joya en la caja fuerte de Quail España. Obsesivo, De la Rosa ya había conseguido antes otro documento parecido de José María Sainz de Vicuña, con fecha 30 de junio de 1986 que decía que la junta general de accionistas había decidido «exonerarle de toda responsabilidad, agradeciéndole de modo expreso los servicios prestados».

El tremendo desequilibrio patrimonial de la filial catalana de Banesto llevó a su disolución y extinción el 18 de diciembre de 1986. El primer agujero de Jotaerre se había cobrado la primera víctima. En sus contactos personales con periodistas, Jotaerre descartaba, en 1988, haberse enriquecido a costa de la filial catalana. «Cuando salí del Garriga Nogués —dice— sólo tenía 12 millones en mi cuenta corriente», lo que resulta difícil de creer.

LA POLITICA SIEMPRE ES BARATA

Una de las primeras cosas que De la Rosa descubrió en la transición democrática española es que la política se hace con dinero. Y eso siempre es un dato útil. Como quien no quiere la cosa entró en Editorial Mencheta (editora de El Noticiero Universal, coloquialmente conocido como el «Ciero») previo pacto con el cuñado de Adolfo Suárez, Aurelio Delgado, a la sazón uno de los grandes fontaneros de La Moncloa. De la Rosa no se contentaba con pagar las nóminas y dirigir desde la sombra a su director, Jordi Domènech (posteriormente uno de sus cientos de relaciones públicas a sueldo), sino que también mandaba algún artículo de opinión firmado con el pseudónimo de un clásico griego.

De su mano desembarcaron en el «Ciero» sus amigos Lorenzo Rosal Bertrand y el abogado Luis Pascual Estevill, años más tarde vocal del Consejo General del Poder Judicial tras una polémica carrera como juez de cuarto turno jalonada de denuncias por presunta prevaricación. Ya en los tiempos del Garriga Nogués, De la Rosa compartía mantel un par de veces al mes con el entonces mercantilista Pascual Estevill. En 1979 el grupo Bertrand tomó un 25 por ciento del capital de Editorial Mencheta y De la Rosa cubrió desde el BGN todas las necesidades financieras del periódico.

Poco tiempo antes, varios despachos de influyentes abogados ligados al partido de Adolfo Suárez percibían sustanciosas minutas por elaborar supuestos informes de viabilidad de Tierras de Almería y por influir ante el Gobierno para recibir facilidades. También de esa época es la amistad establecida con el director de seguridad del Estado, Luis Alberto Salazar Simpson, que prestaría grandes servicios a Jotaerre.

Algo de ese dinero también llegó al PSOE. Antonio Ubach y Ricardo García Clemente entregaron de parte de «don Javier» un talón de 60 millones al senador socialista José Batlés para ayudarle a comprar el periódico La Voz de Almería, que salió a subasta pública como resto de la vieja cadena del movimiento.

El «caso Garriga» también sacó a la luz financiaciones puntuales a campañas electorales de Unión de Centro Democrático y de Alianza Popular y a otros grupos de comunicación, como Mundicom, con el que el Garriga perdió 583 millones.

El «banquero de las Ramblas» forjó en el Garriga Nogués lo que después sería su sanedrín en Quail y posteriores aventuras. Arturo Piñana Bo era su secretario personal en el banco, donde se le conocía como el «Colonias», ya que asesoraba al gentleman De la Rosa sobre qué esencia debía llevar según el momento del día y la ocasión. Jorge Ventosa Garí era su mano derecha; Javier Juncadella Salisachs, Ignacio Carabias Torres, Xavier Aguilar y el hombre para todo de Quail, Gabriel Florido Alonso, proceden todos del banco desaparecido que había mantenido al heredero dinástico, Pepe Garriga-Nogués y Nogués, marqués de Gabanes, en el papel de presidente decorativo.

«¡Piñana, eres tonto!», ése era uno de los gritos despóticos preferidos de Javier de la Rosa en las dependencias del Garriga. Arturo Piñana, convertido en una especie de secretario particular, obedecía y reía las gracias del paternalista De la Rosa, cuyo poder se consideraba omnímodo y que le había sacado de cortar cupones en la sección de valores. Otro sufridor de aquellas intemperancias era Xavier Aguilar, a quien solía criticar por su mal gusto en el vestir: «¿Cómo puedes llevar ese fucsia con unos pantalones verdes? Te voy a tomar bajo mi protección para enseñarte a vestir». Aguilar levantó mucho dinero con las fíducias del Garriga y, junto al editor balear Juan Molí, compró al banco su participación del Banco de Crédito Corporativo, desaparecido y transformado en el Banco de las Islas Canarias (Isbanc).

Por no hablar del servicio de estudios, la perla del banco, en el que colocó, a modo de caridad, a Vicenç Oller Compañ, que en 1980 se convertiría en conseller de Industria de la Generalitat con el primer gobierno de Jordi Pujol. En el servicio también estaba Armand Carabén, que luego sería uno de los promotores del diario pro-convergente El Observador.

Tanto poder aglutinó Jotaerre que el banco tenía un equipo de fútbol aficionado y De la Rosa —que en su juventud tuvo un buen toque de balón— quería dirigirlo. El entrenador —un compañero del banco— era muy duro con todos: «¡Tú, vamos, marca ahí! ¡Corre, venga, pareces un desmayao!…», se acaloraba en la banda. De repente, sus ojos se cruzaban con la mirada de un Jotaerre de calzón corto y atemperaba la voz: «Usted, don Javier, a su aire». Jotaerre lanzaba todas las faltas, los córners e incluso los saques de banda. «¡Tú!, ¿qué haces?, que la tire don Javier», rugía el mister al que hacía el amago de robar un libre directo al crack. En su etapa como joven banquero, JR quiso revivir sus pinitos en el equipo de regional de Llinás del Vallés, donde llegó a ser centrocampista. «Aunque era torpón, tenía buenas maneras», recuerdan sus compañeros del equipo en el que jugaba aprovechando las estancias en la segunda residencia de sus padres, en una espléndida masía de Sant Pere de Vilamajor.

Pero el vicepresidente del Garriga estaba muy gordo y, poco a poco, dejó de ir al campo. Sin embargo, una bolsa acompañaba siempre al equipo con la indumentaria y botas de Jotaerre por si aparecía. Era como una reliquia del club. Por entonces, De la Rosa se jactaba de ser hincha del Real Madrid y, subsidiariamente, supporter del R.C.D. Español. Ello le situaba en las antípodas del Barça y de todo aquello del «algo más que un club». De hecho, para el joven banquero, el idioma catalán era un vestigio del pasado, una cosa pueblerina que Franco había hecho muy bien en arrinconar.

Otros rasgos característicos de su personalidad también quedaron definidos en la época bancaria. Así, por ejemplo, los cajones de su mesa en la central del Garriga estaban ya repletos de aparatos en miniatura, prodigios de la electrónica que grababan conversaciones: micros direccionales, minigrabadoras, minúsculas agujas-grabadoras de corbata cuyo uso es fácil de imaginar y que De la Rosa compraba en Suiza o Andorra con auténtico afán de coleccionista de gadgets electrónicos.

CAPITULO OCHO

EL FRANQUISTA

«JUAN ANTONIO SAENZ»

El rastro del abogado del Estado Antonio de la Rosa Vázquez se perdió a finales de agosto de 1979, cuando adoptó la identidad falsa de «Juan Antonio Sáenz». Unos meses más tarde, como consecuencia de una querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, el Juzgado de Instrucción número 4 decretaba prisión incondicional contra él por haber dispuesto, como secretario general del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZF), de los fondos de la entidad dependiente del Estado.

El fraude se estimó en 1.250 millones de pesetas de los fondos del organismo, nutridos por el erario público, que fueron dedicados a la compra de terrenos inexistentes, según quedó probado en el posterior juicio. Ni fincas ni vendedores eran reales. Antonio de la Rosa fue procesado en rebeldía, y contra él pesa una orden de busca y captura internacional tras quedar plenamente demostrada su culpabilidad en el affaire destapado por Narcís Serra, primer alcalde democrático de la Ciudad Condal, en 1979.

Don Antonio era un hombre que presumía de sus inquebrantables principios, de su moralidad, de ser franquista y «de misa diaria». Incluso era conocido como «San Antonio» entre los funcionarios del Consorcio, por la histórica rectitud de su carácter. Fue así toda la vida, hasta que llegó la decadencia del Caudillo Franco y se comenzó a presagiar un cambio de régimen. Entonces, en poco tiempo, se volvió un juerguista redomado. De la Rosa Vázquez manejaba el Consorcio como si fuera su cortijo. Al final, como queriendo tomar ventaja del inminente cambio democrático, urdió una estafa. Su venganza, entre alcohol y mujeres, se consumaba en noviembre de 1975. Exactamente el día 20 (el famoso «20-N» en el que murió el dictador Franco) fue la fecha elegida para librar los primeros talones destinados a comprar fincas inexistentes para un ambicioso proyecto del Consorcio.

Desde entonces: casinos, coches de lujo, whisky, Rolex de oro, prostitutas, langostas, discotecas, viajes… Todo en el más total y desordenado despilfarro «con cargo a Presupuestos». Las fechas no son para nada casuales. Don Antonio volvió a elegir otro día muy señalado, el 3 de abril de 1979 (fecha de las primeras elecciones municipales democráticas), para firmar la compra de un fabuloso alijo de fincas inexistentes o vendidas dos veces. Ese mismo día los socialistas llegaban al poder municipal, y pronto se descubriría la estafa.

Don Antonio siempre había sido autoritario e intolerante, que solía presumir de ser un hombre apuesto, a pesar de sus cabellos blancos y sus gruesas gafas a lo Aristóteles Onassis. Pasó de quejarse de lo pequeños que eran los bikinis de las turistas que veía en Sitges, su lugar de veraneo, a llevar la vida más disoluta y licenciosa. Su mundo se había venido abajo, se había trastornado. Por ejemplo, el día del atentado contra el almirante Carrero Blanco, don Antonio estaba «como una moto». Ataviado con la toga, recorría los pasillos del Palacio de Justicia vociferando y encarándose con los abogados que se sabía propugnaban el cambio de régimen.

El 17 de marzo de 1975, Antonio de la Rosa atropelló al menor Javier Lletcher Sobreviela cuando conducía un potente Jaguar XJ-S, matrícula B-1461-BT, según consta en su ficha policial. Don Antonio apenas si le dio importancia; era un franquista recalcitrante y contaba con todos los apoyos en la administración del viejo régimen del Movimiento. Antiguo capitán de la Legión, defendía los «principios del 18 de julio» a ultranza. No toleraba insinuaciones sobre el «invicto Caudillo» y tildaba de «rojos» a todos los que no comulgaran con su credo político.

DE FRANQUISTA A DISOLUTO

Poco a poco, la sensación de que el franquismo se acababa embargó a la sociedad de la época. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo, pero España estaba por el cambio. Se notaba sobre todo en los ambientes laborales. Don Antonio tenía en su despacho un busto de bronce de Francisco Franco. En cierta ocasión, muerto ya el Caudillo, el secretario del Consorcio tuvo que desalojar su oficina por unas obras. Sus idas y venidas eran continuas en busca de papeles. En una de ellas vio que uno de los obreros tenía agarrado el busto por el cuello y gritaba desaforadamente: «¡Al fin te tengo en mis manos, canalla!», entre las grandes risotadas de sus colegas de obra. Don Antonio, en el quicio de la puerta, estaba demudado. Su mundo se desmoronaba, tomado al asalto por aquellos miserables maleducados. Al advertir su presencia, el escarnio se contuvo y don Antonio se llevó el busto en brazos a su domicilio particular. La Comisión Judicial se lo encontró en un rincón de su elegante casa de la avenida de la Reina Victoria de Barcelona, en la primavera de 1980, cuando cumplía el mandato de embargo de los bienes del prófugo.

Aquel severo anticatalanista se despertó una mañana libertino. Los caudales públicos que robaba en el ejercicio de su cargo de alto funcionario eran derrochados en espectaculares juergas con sus amigos Rafael del Barco Carreras y Fernando Serena Mascaray. Pisos y coches de lujo eran distribuidos generosamente entre señoritas de compañía y aduladores de conveniencia. Antonio de la Rosa se hacía construir yates sin reparar en precios, y todos sacaban tajada de su enloquecida huida hacia delante.

Las facturas de whisky o de langostas estaban tan descontroladas como los talones que libraba don Antonio. En el juicio, que fue revisado por el Tribunal Supremo, Marie José Castañer, una modelo francesa retirada (que en 1970 tenía unos cuarenta años muy bien llevados), declaraba que don Antonio la ayudaba financieramente al verla «afligida y sin dinero». El abogado del Estado le entregó, según confesó madame Castañer, más de veinte millones de pesetas, así como dos Alfa Romeo y un Lancia y, cómo no, le montó una boutique. Algo parecido hizo con otras muchas.

El regalo de automóviles era «norma de la casa». Una muestra: don Antonio se enteró un día de que Marie José vendía a escondidas los coches que él le compraba por no pedirle abiertamente dinero. Entonces apareció ante su puerta con un Mercedes coupé y, con un «que no vuelva a pasar nunca más», dio por zanjado el incidente. De la costumbre de regalar automóviles se aprovechaba su amigo Fernando Serena, conocido importador, entre otras, de la marca Ferrari, quien entre 1976 y 1981 vendió a De la Rosa padre cuarenta y dos coches.

El «sirviente público» encargó y pagó en 1977 veinte coches, entre ellos un Rolls Royce «Silver Shadow», ocho Mercedes Benz, seis Alfa Romeo, un Aston Martin, un De Tomasso «Longchamp», etc. Según la sentencia, Serena ganó más de 100 millones con don Antonio. «Era un caprichoso de los coches y yo encontraba el que él quería», dijo Serena. En esa época ambos se embarcaron en una aventura inversora en la discoteca Charly Max de Ibiza, donde Antonio de la Rosa inyectó 150 millones.

El chófer que el Consorcio de la Zona Franca tenía en Madrid fue testigo de las francachelas del secretario De la Rosa y sus amigotes Serena y Del Barco. Prudentemente calificó al trío como «compañeros de juergas, con intervención de señoritas», al ser preguntado por el juez. La sentencia de la Audiencia Provincial (25 de mayo de 1983) mantiene que el «procesado rebelde» (es decir, De la Rosa padre) «regalaba autos a las mujeres que conocían De la Rosa, Serena y Del Barco y que la mayoría de ellos eran recuperados por Serena para volverlos a vender». En otras palabras, Serena negociaba con las obsequiadas y les recompraba el deportivo con el susurro de: «¿Qué vas a hacer tú con un coche así?».

Esta vida licenciosa tuvo algunos tristes pasajes, como una explosión en un yate utilizado por don Antonio para ir a un casino en la Costa Azul. El accidente le costó la vida a una señorita. En la excursión participaba un buen amigo de De la Rosa Vázquez y del franquismo económico, Mariano Calviño de Sabucedo y Gras. La Policía exponía en un informe leído en el juicio (18 de mayo de 1983) que «celebraba orgías con star girls a bordo de lujosos yates de su propiedad», uno de ellos un barco de la Royal Navy reconvertido en yate de recreo.

Los amigotes le preparaban encuentros «casuales» con mujeres de moral relajada que actuaban teledirigidas. Entonces susurraban en la oreja del vanidoso y casi siempre bebido don Antonio: «¿Se ha fijado en la rubia?… No le quita ojo. ¡La tiene en el bote! Vamos, dígale algo». El abogado del Estado se acercaba y, en pocas horas, otra mantenida recibiendo collares, abrigos, coches… Mientras, de todo ello Serena y Del Barco pellizcaban jugosas cuotas.

TIMOS EN FAMILIA

Entre 1975 y 1978, el Consorcio, con la excusa de instalar un centro integrado de transportes, compró ciento diecinueve fincas, de las que setenta y dos resultaron inexistentes. «Los recibos en los que el tal vendedor manifestaba recibir la cantidad contenían firmas fingidas o simuladas», dice el expediente judicial. Todo esto se pagó con ciento dos talones al portador que fueron ingresados en las cuentas de Financiera de Negocios Sociedad Anónima (Finesa), empresa en la que participaba Bruna de Quixano.

De las cuentas de Finesa, unos 1.100 millones fueron a parar a De la Rosa padre. Algunos de esos talones fueron ingresados en cuentas de clientes del Banco Garriga Nogués, dirigido entonces por Francisco Javier de la Rosa Martí (uno de esos clientes era Vicente Pedro Puig). Este poco elegante timo permitió que la mitad de los 2.600 millones previstos para la central de TIR (Transportes Internacionales) se desviara para financiar los placeres mundanos del huido. Antes de desaparecer intentaron la maniobra de recomprar los terrenos por sólo 589 millones. Rafael del Barco actuó como ofertante, pero la tentativa fue desbaratada.

Mientras De la Rosa padre estaba missing, Del Barco y Serena fueron condenados a purgar sus culpas en la cárcel. Los dos «amigotes de papá» pasaron más de dos años en la Modelo como encubridores de un delito de malversación de caudales públicos. A José Luis Bruna de Quixano, delegado del Estado en el Consorcio, se le impusieron penas más elevadas por malversación y receptación (dos años) y estuvo más de cinco años en prisión. El Gobierno le indultó, en 1984, diez años de condena.

Rafael del Barco, que volvería a prisión años después por un asunto de pagarés falsos, no duda en mantener que la estafa de Antonio de la Rosa fue urdida por De la Rosa hijo[1]. Del Barco sostiene que un grupo vinculado al Garriga Nogués actuaba con los terrenos para la estación TIR y lo argumenta: «Porque Javier de la Rosa cobró una comisión de 600 millones por la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias del Consorcio. El hijo era el más interesado en que se fuera del país. El hijo urdió, desde una oficina de la Rambla de Cataluña, los contratos de compras de terrenos falsos».

Según Del Barco, padre e hijo estaban de acuerdo desde el primer día, y toda la locura derrochadora, la doble vida y la telaraña de complicidades estaba planeada de antemano: «Eso explica que a las chicas a las que ponía pisos ni siquiera las tocase. Ellos querían vender la burra de que tenía una doble vida delictiva, lo que les permitía resguardar a la familia De la Rosa, especialmente al hijo banquero y también a varios de sus hermanos que trabajaron para papá en el Consorcio». Acabaron pagando los que indirectamente se aprovecharon de su robo, pero no quien lo había cometido.

Poco antes de estallar el escándalo, Javier de la Rosa convenció a su padre para que abandonase notarialmente el ejercicio de sus funciones y tomase una excedencia como abogado del Estado. Le había convencido de que arreglaría aquello. Pero las cosas se pusieron feas y Antonio de la Rosa abandonó el país, según se cuenta, oculto en el maletero del coche de su abogado Juan Piqué Vidal. Muchos años después, Jotaerre, molesto con Piqué por cómo llevaba la defensa en el caso Grand Tibidabo, confesaba: «No puedo buscar otro abogado. Soy su rehén. Él lo sabe todo de mi padre».

RESPONSABLE UNICO

Antonio de la Rosa Vázquez no estaba en el banquillo de los acusados el 18 de mayo de 1983, cuando en la sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona comenzó el juicio por la estafa del Consorcio. Al final, fue considerado por la sentencia como «responsable único» de la malversación en el Consorcio de la Zona Franca. Aquello tuvo graves consecuencias para toda la familia, afectó muchísimo a Javier y estuvo a punto de dejar sin trabajo a Antonio de la Rosa (hijo), abogado en el Ayuntamiento, donde Narcís Serra le hacía la vida imposible. Antonio, conocido por ser un consumado especialista en hacer cartas astrales a los funcionarios, se portó como un verdadero hermano con Jotaerre en los peores momentos de su estancia en prisión por el caso Grand Tibidabo.

Cuando huyó, Antonio de la Rosa Vázquez tenía sesenta y dos años (nació el 6 de diciembre de 1917). Dejaba tras de sí un edicto del juzgado que le advertía de ser declarado rebelde y que finalizaba así: «Al propio tiempo ruego a todas las autoridades, tanto civiles como militares, y ordeno a los agentes de la Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento del paradero del mencionado inculpado procedan a su captura y traslado, con las seguridades convenientes, a la prisión correspondiente, a disposición de este juzgado». Firmado: don Ezequiel Miranda de Dios, juez de Instrucción número 4 de Barcelona.

En 1980, el director de la Seguridad del Estado prohibió su salida de España y ordenó que se le retirase el pasaporte, expedido en la comisaría de Universidad el 6 de julio de 1979 con el número B-V06216, según consta en su ficha policial. La orden de busca y captura fue dictada por el Juzgado 4 de Barcelona (sumario 9/80) por falsedad y malversación de fondos públicos.

A pesar de su edad, se fugó a lo «James Bond». Desde entonces se le supuso en París, Uruguay, la isla caribeña de St. John e incluso en Cadaqués, donde veranea su hijo. También residió en Panamá durante la época del general Manuel Noriega. Allí recibía regulares transferencias de fondos enviados por su hijo a través de su sobrino Javier de la Rosa Maura, residente en Nueva York. De la Rosa padre dejó frecuentes deudas de juego en el casino de Le Boulou, a pocos kilómetros de la frontera española, por lo que se supuso que tenía su residencia en el sur de Francia. Jotaerre cubrió siempre estas deudas de juego de papá.

El escándalo del padre actuó como una espoleta en el hijo. Primero traumatizado, después forzó en él la reacción de querer taparlo todo. Desde hacer desaparecer las fotos de su padre de los archivos de los periódicos de Barcelona hasta impedir que las dos órdenes de busca y captura (una de 1979 y otra de 1983) surtieran efecto.

El cuñado de Adolfo Suárez, Aurelio Delgado, reconoce que Javier De la Rosa «acompañado del sociólogo José Luis Sanchís vinieron a verme y pretendían pagar los 1.200 millones con la condición de que se saldara la deuda y se echara tierra sobre el asunto». «Lito» Delgado trató de fraguar un arreglo a través de Jaime García Añoveros, entonces ministro de Hacienda. Lo mismo intentó con el alcalde socialista de Barcelona, Narcís Serra.

Años después, convertido Jotaerre en el timonel de las inversiones kuwaitíes en España, tenía «paniaguados» a varios funcionarios de policía madrileños para que le informasen de cualquier demanda de busca y captura que entrase en el ordenador Berta de la Seguridad del Estado.

El 3 de mayo de 1995, Javier de la Rosa anunció (a pregunta de J.L. Martín Prieto en Onda Cero) que su padre «murió hace dos años» y que la noticia no era conocida «ni por sus más estrechos colaboradores». Según reveló, sólo lo sabía su madre, Pilar Martí, y sus hermanos (Antonio, Pedro, Carlos, Fernando y Pilar). Su fama de mentiroso y la forma en que lo dijo en antena restaban credibilidad al por otra parte respetable dolor por la pérdida de un padre. ¿Por qué esperar dos años a dar la noticia?, ¿por qué silenciar dónde está enterrado?, ¿por qué no zanjar el asunto con la presentación judicial del certificado de defunción? Si el padre llevaba muerto dos años, ¿por qué Jotaerre temía que Piqué rompiera la ley del silencio respecto a su padre?

Muchos no creyeron a Jotaerre, a pesar de que un católico no bromea con esas cosas. «¿Habrá muerto en España?», se preguntaban incluso sus amigos. El financiero dijo a los más próximos que su padre había muerto en febrero de 1993, de un infarto, y que estaba enterrado en las afueras de París.

CAPITULO NUEVE

EL COMIENZO

DE UNA GRAN AMISTAD

A principios de 1984, Javier de la Rosa estaba enfrascado en una huida hacia adelante que le permitiera aplazar el estallido de la bomba que había creado con su gestión al frente del Garriga Nogués. Buscaba un comprador para la papelera Inpacsa, que perteneció a la familia Porcioles (cuyo más destacado miembro fue José María Porcioles, conocido alcalde franquista de Barcelona) hasta que el Garriga tuvo que adjudicársela tras haber acumulado préstamos impagados por 8.000 millones de pesetas.

Gracias a sus relaciones con el exterior, a través de la quimera de Tierras de Almería había conectado con el grupo árabe Kuwait Investment Authority (KIA). El financiero inglés Ewin Quayle encargó el primer asunto serio a De la Rosa cuando le sugirió que llevara a pasear por Barcelona a Fahd Mohamed al Rashed, director de la agencia oficial de inversiones de Kuwait y organismo de control de KIO, la Kuwait Investment Authority (KIA). Se trata de un organismo del Estado de Kuwait que invierte los excedentes financieros producto de la riqueza petrolífera del pequeño emirato del Golfo Pérsico.

Kuwait es un pequeño emirato gobernado desde el siglo XVIII por la familia al Sabah, que en la década de 1930 se vio obligada a introducirse en el negocio del petróleo como consecuencia de la desaparición de su principal fuente de ingresos hasta entonces: el comercio local de perlas. Probablemente sea éste el motivo por el que los kuwaitíes se preocuparon años después por asegurar su futuro en el hipotético caso de que el negocio del petróleo dejara de manar ingresos[1].

KIO fue creado en 1976 y, hasta que tropezó con Javier de la Rosa, había trabajado sigilosamente para cumplir la misión de invertir en negocios solventes en países occidentales con la orientación estratégica de que la riqueza financiera del emirato se revalorizase para servir de reserva técnica con la que asegurar el nivel de vida futuro del poco más de un millón de privilegiados kuwaitíes, así como de sus descendientes[2]. La agencia de inversiones funcionó siempre como un reino de taifas, en el que su presidente, Fahd Mohamed al Sabah, primo del emir, gozaba de plena autonomía mientras no conspirase contra éste. Esta autonomía estaba apoyada además por el todopoderoso ministro del Petróleo, Ali Khalifa al Sabah.

Sin conocer a Javier de la Rosa, los kuwaitíes ya habían mostrado interés por invertir en España. Su primera operación se remonta a 1984 y tiene que ver con la reprivatización de Rumasa. Fouad Khaled Jaffar, un elegante hombre de negocios cuyo origen árabe sólo lo delatan su bigote y su cabello rizado, se presentó en Madrid con 2.500 millones de pesetas para contribuir a que el Grupo Sol comprase Hotasa (Hoteles Agrupados) al Gobierno español, que había expropiado dicha empresa, junto al resto del holding Rumasa, al empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, el 23 de febrero de 1983.

Cuando Fouad Khaled Jaffar —acostumbrado a comprar paquetes de las principales empresas europeas sin que le pusieran peros— se sentó ante Javier del Moral, director general del Patrimonio del Estado, y un notario, ocurrió algo que pudo apartar a KIO de España para siempre. El notario requería la presentación del pasaporte del firmante en nombre de los todopoderosos kuwaitíes. Jaffar se lo tomó como un insulto; movía nervioso su corbata —algo muy del gusto de su país— y con la otra mano el cheque bancario conformado por la mencionada suma. «¿Que tengo que demostrar mi identidad? ¡Esto no me ha pasado en ningún otro país de Europa!», decía ofendido en una mezcla de inglés que mira por encima del hombro lo español y de árabe que cree ser objeto de discriminación racial.

Del Moral le explicó como pudo que en cualquier escritura es necesario aportar un documento, como el pasaporte, para comprometerse a pagar la deuda pendiente de Hotasa según calendario establecido. Jaffar no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer: «Tienen nuestra palabra. Si nuestro dinero no es garantía suficiente, como en el resto del mundo, ¡nos marchamos!». Por suerte, los de KIO habían llevado sus negociaciones con Patrimonio apoyándose en Aresbank y el representante del banco se ofreció a asumir —en nombre de KIO— la deuda pendiente, unos 9.400 millones. Aresbank conocía perfectamente a KIO, que era uno de sus accionistas, pero por aquel entonces el Gobierno español todavía no sabía con quién estaba tratando.

Al salir de la Dirección General de Patrimonio, Jaffar estaba hecho una furia. El enfado le duró al menos hasta el 20 de junio de 1984, cuando el Consejo de Ministros aprobó pomposamente la venta de la cadena hotelera Hotasa. Aquella primera operación de KIO, sin Jotaerre, se producía dos años antes de que, por primera vez en 1986, los rendimientos de los Fondos de Reserva de Kuwait superasen la renta petrolera anual del emirato.

UN ARABE EDUCADO EN HARVARD

Es a Jaffar a quien De la Rosa acude cuando busca una solución parcial a los problemas del Garriga y visita la sede de KIO en Londres. Los dos establecerán excelentes relaciones que en el futuro desembocarán en una indisoluble sociedad de intereses comunes, una verdadera «banda de malhechores», según los abogados del grupo árabe. Nacido el 24 de noviembre de 1945, Fouad Khaled Jaffar era, en aquel año de 1984, el todopoderoso hombre fuerte de la agencia árabe, gracias a sus facultades como presidente adjunto del consejo de administración y director general de KIO. Formalmente, el grupo está presidido por Fahd Mohamed al Sabah[3], primo del emir de Kuwait, que por padecer una lesión cardiaca deja el día a día en manos de los ejecutivos y que finalmente acabará participando en los negocios más turbios de la pareja que formarían Jaffar y De la Rosa. Jaffar maneja el dinero que recibe desde Kuwait, unos excedentes petrolíferos estimados en 22.000 millones de dólares anuales. El ejecutivo árabe, sin embargo, no está imbuido de la cultura y los lazos tribales que aún dominan la vida política y social del emirato. Educado en Harvard y casado con una inglesa, se encuentra cómodamente instalado en la campiña de Surrey (concretamente en Pitthanger, Frensham). Jaffar pronto desvelará su interés por acumular una importante fortuna al margen de su sueldo como alto funcionario de KIO.

Producto de este primer contacto, el 26 de junio de 1984 De la Rosa (treinta y seis años de edad, de profesión «banquero»), en representación del Banco Garriga Nogués, y Jaffar, en nombre de KIO, estampan su firma en un documento por el que el grupo kuwaití se compromete a comprar al Garriga Nogués el 95 por ciento de Industrias del Papel y la Celulosa (Inpacsa), por un precio de 7,45 dólares cada acción, es decir, unos 1.800 millones de pesetas[4]. El mismo acuerdo incluía el compromiso de que KIO ampliará inmediatamente el capital de Inpacsa hasta los 28 millones de dólares, unos 4.200 millones de pesetas al cambio del momento. La empresa papelera estaba dirigida por Jordi Mercader, próximo al entonces ministro de Defensa del Gobierno, Narcís Serra, y que años después acabaría presidiendo el Instituto Nacional de Industria. Mercader consideró la operación de JR un atentado contra la empresa y presentó su dimisión.

La compra de Inpacsa culminaría bastante más tarde. A pesar de que De la Rosa abandonó la vicepresidencia del Garriga en febrero de 1986, si bien su dimisión ante notario fue el 24 de noviembre de 1985, en diciembre de este mismo año el ubicuo personaje ya aparece firmando un documento en nombre de KIO. Se trata de la compra de un paquete residual del 18 por ciento de Inpacsa que el Garriga aún tenía en sus manos como consecuencia de la anterior ampliación de capital pactada con KIO. En esta ocasión De la Rosa firmaba como representante de la compañía holandesa Koolmes Onroerend, BV, por entonces aún desconocida pero que pronto daría mucho que hablar como brazo inversor de KIO en España. La representación del banco la ostentaban Francisco Soler Manzano y José Garriga-Nogués Marcet. El acuerdo regulaba la compra de poco más de dos millones de acciones de Inpacsa al precio de 1.008 millones de pesetas, es decir, unas 539 pesetas por título. Sin embargo, el pacto incluía también una pequeña perla que revela ya el tipo de relaciones que De la Rosa estaba comenzado a tejer. Los árabes sólo pagaban al contado el 20 por ciento de la operación, 201 millones de pesetas. El resto, 806 millones, se abonaba en cuatro pagos aplazados de vencimiento anual cada uno de ellos, hasta diciembre de 1989. En total, incluyendo 282 millones de intereses, 1.088 millones de pesetas. Los pagos aplazados se garantizaban con letras de cambio en las que el librado, es decir, quien se comprometía a pagar, era la propia empresa adquirida, Inpacsa. Posteriormente, tal vez porque había sido demasiada audacia, las letras se cambiaron por pagarés de Koolmes, la sociedad holandesa de KIO. En total, KIO pagó por el 95,5 por ciento de Inpacsa 7.018 millones de pesetas.

Los aduladores de JR hicieron correr la especie, repetida hasta la saciedad —se supone que para destacar los orígenes modestos del ex banquero hecho a sí mismo—, de que pidió prestado un Jaguar Sovereign para impresionar al escocés Bruce Amager Dawson, enviado por el grupo árabe para ver in situ la fábrica de la papelera en Balaguer (Lleida) que su nuevo agente en España les proponía comprar.

A principios de 1986, De la Rosa ya ha intimado con Jaffar y ganado méritos ante Al Sabah, un hombre de ceño fruncido (perennemente escondido tras un grueso bigote y unas grandes gafas ahumadas) y con cara de pocos amigos. El affaire Garriga Nogués no ha hecho más que comenzar, pero él ya ha encontrado una nueva víctima, que en apariencia posee recursos ilimitados. En los primeros meses de ese año, De la Rosa prepara el gran golpe, la compra por KIO de la papelera Torras Hostench. El ex banquero huele que las posibilidades de hacer negocio son muy grandes y afila sus armas. En el mes de febrero, JR crea la plataforma desde la que, en los años siguientes, se organizará el saqueo de lo que con el tiempo se llamará Grupo Torras. Este instrumento es la sociedad Quail.

QUAIL, LA ASPIRADORA

Jotaerre insiste en que la creación de Quail España fue consecuencia de un encuentro casual en el hotel La Gavina de S’Agaró, en la Costa Brava, con el consejero delegado de Quail Investment, Quentin Baer. Juntos acordaron crear una filial española, con el consentimiento del socio de Baer, Ewin Quayle Launder.

El 4 de febrero de 1986 firman ante el notario de Barcelona Enrique Peña la constitución de la sociedad con un capital de tan sólo 200 millones de pesetas. Quail Investments adquiere 19.998 de los 20.000 títulos posibles. De la Rosa y Narciso de Mir adquieren las dos restantes por 2.500 pesetas cada uno, ya que los accionistas sólo desembolsan el 25 por ciento del valor nominal. Tras la preceptiva autorización de Transacciones Exteriores (expedida el 8 de enero de 1986), De la Rosa asume la presidencia de Quail España, cuyo objeto social es actuar como sociedad de cartera.

Las siglas BV del principal accionista de Quail significaban el acceso a un régimen libre de impuestos, sin obligación de depositar las cuentas. Quail Investments, radicada en Amsterdam (Herengracht, 416), se convierte en una pantalla contra la que choca cualquier investigación sobre su origen, que se pierde en otra sociedad, Rosco NV, de Curasao, Antillas Holandesas.

Con las ganancias del primer asunto pilotado para KIO, JR se hace con un piso en el número 484 de la Diagonal de Barcelona, muy cercano a su último despacho en el Garriga Nogués (antes la sede era su propio domicilio y un discreto piso en Diagonal 299). Poco tiempo después los vecinos de la zona deberán acostumbrarse a la presencia de un montón de hombres de traje oscuro con un sospechoso bulto en la axila. Detalle revelador éste de los guardaespaldas del gusto de JR por la ostentación y por llamar la atención, que le acompañará hasta en los momentos más críticos. Los gorilas custodian la entrada del despacho, que acabará conociéndose como «el nido del cuco» o la «cueva del pirata», según sea, de índole psicológica o económica, la herida sufrida por el visitante. Se trata de un lugar con poca luz y paredes color crema en las que se echa de menos una mano de pintura. Un decorado que adquiere su verdadero sentido cuando su ocupante despliega sus habilidades y su afición por el espionaje. En suma, un centro de operaciones francamente siniestro. Allí, De la Rosa ha ido creando un equipo incondicional de colaboradores que se caracteriza por la más rigurosa observancia del principio de obediencia debida, por más asombrosas y peligrosas que sean las órdenes que emanan de un casi siempre malhumorado «don Javier».

Quail está compuesta por un reducido staff. Narciso de Mir (número dos), Arturo Piñana Bo (secretario particular), Gabriel Florido Alonso (contable), Jorge Ventosa y Santiago Tomeo Loscertales. Además de las secretarias, entre las que destaca Rosa Garrido Resina, el «ordenador» de «don Javier», conviven con ellos dos chóferes.

Mención especial merece un personaje, de aspecto siniestro y frío, no incluido en la lista anterior pero que ocupa un lugar central en las actividades de De la Rosa. Se trata de Miguel Soler Sala, al que conoce como profesor en el IESE y que es su cerebro en la sombra, el encargado de elaborar la ingeniería financiera del ex banquero, las intrincadas argucias contables que le permitirán presentar cuentas de resultados con beneficios donde en realidad hay pérdidas, o con las cuales el financiero acumulará montañas de deudas que se avalan unas a otras como una tela de araña. Como relata Armand Carabén, antiguo gerente del F.C. Barcelona que acabaría presidiendo el fallido diario nacionalista El Observador, refiriéndose a De la Rosa: «Creo que tenía la carrera de Derecho y que después había hecho uno de estos masters en administración de empresas que, como mínimo, facilitan un cierto dominio de la terminología financiera anglosajona, la cual manejaba De la Rosa —todo sea dicho— con más desenvoltura que precisión»[5]. Sería injusto no reconocer a este modesto profesor su contribución fundamental e imprescindible a las prácticas destructivas de un De la Rosa que nunca rebasó la medianía en su conocimiento de las finanzas.

Narciso María de Mir i Faura, socio de Quail, es un ingeniero altivo y soberbio, aficionado a la caza en los montes oscenses. Conoció a De la Rosa cuando ambos compartían estudios en el master del IESE, promoción de 1982. Mir estuvo siempre en los consejillos más íntimos del peculio de De la Rosa, pero el viejo empleado del grupo industrial de Banca Catalana nunca entró como un igual en el círculo familiar de los De la Rosa. Jotaerre le enviaba el helicóptero a su casa en Orriols, pero no le dejó entrar en el clan de los elegidos. Los guardias forestales de Ainsa tardarán en olvidar a aquel ricacho con escopeta que pretendía subir a lo más alto en helicóptero para disparar, sin tener que patear el monte, a las huidizas cabras montesas.

En el sanedrín de Quail, Arturo Piñana actuaba de chico para todo como administrador de las más secretas alcantarillas por las que se fugaba el dinero de Torras primero y el de Grand Tibidabo después. Piñana igual valía para un barrido que para un fregado: desde encargarse de poner las lucecitas en el árbol navideño de los De la Rosa hasta decorar sus fiestas infantiles. JR le hizo consejero de Quail y luego administrador de Nueva Madrugada, Diagonal Investmenty Mexans y New Teknon, las empresas que debían hacer realidad el capricho de Mercedes Misol: crear un hospital para la burguesía barcelonesa. En suma, era el hombre que lo firmaba todo, aunque no supiera exactamente de qué se trataba. A pesar de ello, en la intimidad, nada había cambiado. «Javier le trataba como a un perro, pero en cada ladrido gana medio kilo», afirma uno de sus amigos. Por ejemplo, cuando De la Rosa fue interrogado por primera vez por el juez Joaquín Aguirre, instructor del «caso Grand Tibidabo» que acabó ordenando su ingreso en prisión, se escudaba en Piñana. Cuando el magistrado le preguntaba por sus bienes, el financiero decía: «Yo no sé muy bien lo que es mío y lo que no». «Eso, pregúnteselo a Piñana», contestaba reiteradamente De la Rosa al fiscal José María Mena.

Otro de sus fieles, Santiago Tomeo, amigo de juventud de JR, revelaba ante el mismo juez algo fundamental del funcionamiento de la aspiradora Quail: «De la Rosa tomaba las decisiones sin reunir ni una sola vez al consejo de administración». Tomeo, hermano del novelista Javier Tomeo y antiguo director general adjunto del banco de Fomento (de la órbita del Central), era utilizado como mensajero ante las entidades financieras catalanas.

Pero el funcionamiento orgánico de Quail dependió en muchos momentos de las habilidades aspiradoras de un hombre: Plinio Coll Gutiérrez. Este hombre, nacido en Gibraltar y casado con una uruguaya, tomó el primer avión hacia Punta del Este (Uruguay) en cuanto los kuwaitíes presentaron su querella ante la Audiencia Nacional. Plinio Coll figura en la querella ante Moreiras y en la acción jurídica de Londres ya que era el operador de las trasfusiones dinerarias de las cuentas de Torras a las de De la Rosa. Al principio, Coll trabajaba en el despacho del abogado Folchi, pero con el tiempo su colaboración era tan esencial y tan esforzada que hubo de trasladarse a las mismísimas oficinas de Grupo Torras.

AL ACECHO DE LA PRESA

Torras Hostench era una tradicional empresa papelera de Girona que en aquellos primeros meses de 1986 se encontraba en uno de los mejores momentos de su historia. Tras un pasado difícil, acababa de superar una suspensión de pagos y su salud financiera era envidiable. Pero esto sólo era conocido por unos pocos, entre ellos Jorge Núñez y, sobre todo, Pedro Olabarría, un ingeniero vasco que había desembarcado en la empresa en 1982 con un plan de reflotamiento debajo del brazo.

En febrero de este último año los bancos españoles acreedores de la papelera estaban desesperados. La compañía, vinculada al grupo industrial del desaparecido Banco de los Pirineos, fue objeto de una clamorosa suspensión de pagos[6]. Su presidente, Higini Torras Majem, huyó a Brasil, donde murió tiempo después, con cincuenta y cinco años. Era el arquetipo del empresario hecho a sí mismo, miembro supernumerario del Opus Dei que se acercó a la política cuando ya no sabía cómo salir de sus problemas empresariales. Higini Torras consiguió un escaño en el Parlament catalán —de la mano de Eduard Punset— como candidato de Centristes de Catalunya-UCD. Sin embargo, no pudo evitar la ruina de muchos industriales con el agujero que produjo de forma fraudulenta en el Banco de los Pirineos, con créditos blandos (concedidos en condiciones favorables) a los consejeros. A finales de 1982 se declaró la quiebra técnica del banco y se certificó un agujero de 17.000 millones[7].

Rafael Martínez Cortiña, responsable del Banco Exterior, Jaime Carvajal, del Urquijo, y Alejandro Albert Solís, del Hispano, se reunían en Madrid. Juntos concentraban casi 2.000 millones de créditos impagados por la papelera, el grueso de las deudas con bancos españoles. Decidieron buscar un gestor de crisis y se fijaron en Pedro Olabarría Delclaux, un ingeniero vasco ligado a la industria catalana. Le pidieron que estudiara un plan de salvamento de la empresa, que en 1982 perdió 1.532 millones de pesetas y al año siguiente suspendió pagos.

Pedro Olabarría pidió tres meses de tiempo y comenzó a hacer números. Torras Hostench estaba quebrada, con un agujero de más de 5.000 millones. No se trataba de la típica felonía empresarial del huido Higini Torras, sino más bien de no haber sabido prever —en pleno vacío de poder— las consecuencias de un negocio, el papel, caracterizado por su carácter cíclico y una situación financiera de fuerte endeudamiento en dólares. Los bancos tenían entre sus manos a la criatura enferma, pero no sabían qué hacer con ella.

El ingeniero Olabarría acababa de salir por la puerta pequeña de Motor Ibérica después de enfrentarse con Juan Echevarría Puig. Asumió el encargo y puso a Jorge Núñez Lasso de la Vega como presidente de la papelera. Núñez también provenía de Motor Ibérica, donde se ocupaba de la planificación, y fue elegido por Olabarría porque ya había trabajado en la empresa papelera, aunque tuvo que abandonarla, años atrás, tras una reestructuración ordenada por su antiguo presidente, José Luis Gutiérrez de Loma. En cierta ocasión Olabarría dijo de Gutiérrez que, «si le dejan un poco más, quema las reservas de papel», para resumir el desconcierto industrial reinante[8].

CON EL VIENTO A FAVOR

La suerte acompañó a los nuevos gestores, aunque no hubo milagros. La industria del papel entró en un ciclo favorable justo después de que los directivos de Torras hubieran comprado deuda casi por 20.000 millones, pagando sólo el 25 por ciento de esa cantidad.

Las deudas de Torras Hostench bajaron a unos 12.000 millones de pesetas, al tiempo que la mejora de la gestión y la producción aumentaba aprovechando el viento a favor de la coyuntura papelera internacional. A finales de 1985 la compañía obtenía unos beneficios de 4.000 millones de pesetas, aunque oficialmente sólo se declararon 1.634 millones. Lo peor había quedado atrás. El convenio de acreedores que permitió levantar la suspensión de pagos se firmó el 7 de mayo de 1985, y el valor volvía a los corros bursátiles el 26 de julio del mismo año.

La negociación se llevó con gran sigilo y secretismo entre los gestores. Estos comenzaron a ver el interés de la compañía y a comprar títulos en bolsa. Olabarría y sus amigos Luis y José Ignacio Romero García, este último casado con una de las hermanas Gallardo, propietarias de los Laboratorios Hubber (que fueron vendidos a José María Ruiz-Mateos), reunieron a un grupo de entidades, amigos e inversores interesados en apostar por el intento. La razón era de peso: se había podido salir del agujero sin hacer ninguna operación de ampliación de capital. En sólo cuatro años de trabajo la caja de la compañía sumaba unos 20.000 millones de pesetas. Una pera en dulce, como años después ocurriría con CNL.

Las acciones de Torras Hostench cotizaban al 7,5 por ciento, es decir, a 75 pesetas por acción. El grupo gestor adquirió muchos de sus títulos cuando las cotizaciones estaban aún a 50 pesetas por acción. Por entonces, Javier de la Rosa se había acercado a Olabarría para intentar venderle Inpacsa (Industrias del Papel y la Celulosa), antes de colocársela a KIO, pero el vasco no picó y le dijo —como se comprobó muchos años después— que la papelera de Balaguer no podía ser negocio.

Un día, Pedro Olabarría vuelve de Madrid en el puente aéreo. Javier de la Rosa le pide al pasajero que viaja junto al ingeniero que le ceda el asiento.

—Pedro, represento a una gente muy importante. Yo querría entrar contigo en vuestra compañía y convertirla en el buque insignia de alguien en España. Se trata de los kuwaitíes de KIO.

Jotaerre interpreta en realidad un guión escrito por los ingleses de Quail y utiliza una expresión, buque insignia, que más tarde se haría famosa.

—Bien, podemos estudiarlo, yo ando buscando un inversor sólido de los de largo plazo.

Olabarría sopesó el ofrecimiento. El buscaba un socio financiero que capitalizase la firma para los momentos de vacas flacas, inevitables en sectores como el papelero. Pero nadie se niega a una buena venta con multimillonarias plusvalías. Se hizo una valoración de Torras sobre la base de una capacidad de generación de recursos de 6.000 millones año en una empresa sin grandes inversiones, con lo que casi todo iba a parar al cajón de los beneficios. El capital era de 2.445 millones de pesetas. El estudio arroja la conclusión de que Torras Hostench valía 42.000 millones de pesetas.

Las negociaciones van avanzando, pero el temperamento de Jotaerre está a punto de malograr el negocio. Llamaba a diario a Olabarría para convencerle de la conveniencia de que siguiera dirigiendo Torras Hostench, pero éste —después de tamaño pelotazo— prefería dedicarse a sus propios asuntos.

—Pues si no vienes, no la compro —llegó a decir en un arranque infantil.

Pero Olabarría conocía bien a aquel hombre, su superficialidad y su continuo ir y venir de un tema a otro.

—Mira, Javier, tú y yo somos amigos. Si trabajamos juntos, dejaremos de serlo. Y yo quiero seguir siendo amigo tuyo.

Aquello le sentó fatal. No había manera, Jotaerre estaba emperrado, e incluso denotaba una cierta inseguridad a la hora de encarar el futuro industrial de la perla que trataba de adquirir. Pícaramente, Olabarría le ofreció una solución:

—Tienes una persona, Jorge Núñez, que es un gestor capaz. Puede llevarte el día a día.

Una sonrisa de confianza llenó el rostro de De la Rosa. Podía cerrar el trato para KIO si confiaba en Núñez, que ya había ocupado el cargo de consejero delegado en la empresa entre 1975 y 1980.

El acuerdo se iba encarrilando. Las negociaciones de la compra de Torras Hostench fueron directamente supervisadas por Ewan M. Launder, ex ejecutivo del Hong Kong & Shanghai Bank. Finalmente, el 30 de junio de 1986, Pedro Olabarría y el siempre presente director ejecutivo de KIO, Fouad Jaffar, firmaban un acuerdo (del que recibieron una copia Baer, de Quail Londres; De la Rosa; el abogado Juan José Folchi, que por entonces ya estaba casi completamente dedicado a asesorar al ex vicepresidente del Garriga; Juan Escudero, abogado de Olabarría, y José Pedro Pérez Llorca, el ex ministro de Asuntos Exteriores de la UCD, conocido como «el zorro plateado», que ocupaba un puesto en el consejo de Inpacsa) que certificaba que el ingeniero vasco se «ha comprometido a procurar la venta de 661.020 acciones ordinarias de la compañía (Torras Hostench) de 1.000 pesetas cada una, y que el comprador (KIO) se ha comprometido a comprar dichas acciones». Lo interesante del acuerdo, obviamente, era el precio: «7.637,7 millones de pesetas», es decir, al 1.250 por ciento de su valor nominal. Dicho de otro modo, 12.500 pesetas por acción. El pelotazo era sonado, pues en aquel momento las acciones cotizaban en bolsa al 450 por ciento, es decir, a 4.500 pesetas. La mayoría de los títulos adquiridos por KIO estaban en manos de los anteriores accionistas desde unos meses o, en algunos casos, años antes. En conjunto, las plusvalías obtenidas por la familia Olabarría, la familia Romero, Alfonso Ferrari, Núñez y el propio De la Rosa alcanzaron como mínimo unos 5.000 millones de pesetas.

El inmenso paquete de acciones había sido amasado pacientemente con títulos que costaron desde 800 pesetas hasta unas 4.400 pesetas por acción. De acuerdo con los contratos suscritos por las sociedades utilizadas por los vendedores para traspasar las acciones (Irasco SA e Igüedo SA), los ingresos percibidos fueron los que se detallan en el cuadro:

(*) Notas [9] y [10]

Por si esto fuera poco, los contratos de venta de las acciones contienen una interesante cláusula de salvaguarda que prevé «para el supuesto de que en la fecha en que se formalice la compra-venta prometida la cotización en bolsa de las acciones fuera superior al 1.250 por ciento de su valor nominal, que el precio que percibirá la vendedora se incrementará en una cantidad igual al mayor gravamen impositivo que para la vendedora implique la diferencia entre el valor de cotización y el previsto en este contrato». En otras palabras, los vendedores se aseguraban incluso contra los propios rumores que su alocada compra de acciones había provocado y atribuían a KIO la obligación de hacer frente a posibles incrementos en el coste fiscal de la operación.

Es evidente que, en sí mismo, este pelotazo del grupo de Olabarría, De la Rosa y KIO hubiera constituido un delito de iniciados en países con legislación más estricta que la española, o con algún organismo encargado de velar por la eficacia de los mercados. En aquella época no existía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este organismo se creó algo después, en 1988, aunque su puesta en marcha no significó un freno para las prácticas de De la Rosa. Hizo un gran negocio a costa de la ignorancia del mercado y de los accionistas de Torras Hostench. El mercado desconocía las mejoras operadas en la empresa. En caso contrario, los accionistas no habrían vendido, incluso a 50 pesetas, a los intermediarios de KIO.

Sin embargo, aun siendo grave, ésta era sólo una parte de la historia, la menos trascendente. El paquete que oficialmente se acababa de adquirir a finales de agosto de 1986 era sólo del 24,9 por ciento. Otra parte muy importante había sido adquirida por el propio De la Rosa, en torno al 7,6 por ciento, a través de la búsqueda en la Bolsa de Barcelona, y un paquete aún mayor, éste en manos del grupo Olabarría, se había vendido asimismo a los kuwaitíes mediante un pacto secreto firmado fuera de España, según reconoció el propio Olabarría a los autores del presente libro años después. Es decir, controlaban más del 50 por ciento de Torras Hostench.

Años después, tanto De la Rosa como Jaffar no dudarían en utilizar esta información contra sus anteriores patronos de KIO. Durante la instrucción de una demanda presentada por el grupo árabe ante los tribunales británicos, los anteriores gestores insinuaron reiteradamente que denunciarían a KIO por haber violado la ley española de OPAs, además de amenazar con presentar demandas referidas a esas cuestiones en los tribunales españoles. De esta manera, pretendían utilizar sus propios montajes, de los que Kuwait apenas tenía información, para cubrir sus responsabilidades.

CRIMEN IMPERFECTO

A pesar de la discreción con la que se llevó a cabo la transacción, el crimen no fue perfecto. Alguien, obviamente bien informado sobre el asunto, cometió un error al cumplimentar el impreso de «Solicitud de verificación de inversiones extranjeras liberalizadas» de la Dirección General de Transacciones Exteriores. El documento, con sello de entrada en el Ministerio de Economía el 15 de septiembre de 1986, explícita que la participación extranjera en Torras Hostench era en aquel momento del 55,63 por ciento, sobrepasando por lo tanto el límite legal del 25 por ciento que obligaba a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de acciones[11] sobre el total del capital de la sociedad.

En la España de la época no era costumbre preguntar por la procedencia del dinero, y en el sello de autorización sólo faltó estampar un «¡gracias!» bien grande. Las misteriosas Koolmees y Kokmeeuw cuelgan a su vez de dos sociedades anónimas radicadas en el paraíso fiscal de las Antillas Neerlandesas. Koolmees depende de Haininged Holdings y Kokmeeuw de Clachard Holdings, ambas con domicilio en el número 119 de Coolsingel Street, Rotterdam, y están registradas con un capital social de sólo 100.000 florines holandeses (unos 5 millones de pesetas).

Posteriormente KIO aparecerá como propietaria de tan sólo el 24,9 por ciento de Torras. ¿Qué ocurrió con el otro 30,73 por ciento? Una parte fue vendida al mismo tiempo que se realizaba la operación, aprovechando la espectacular subida de los títulos en bolsa. Es decir, sirvió para financiar la compra de la parte oficialmente reconocida. Otros grupos de acciones fueron apareciendo en la cartera de KIO, como, por ejemplo, un paquete de 224.739 títulos, es decir, un 9 por ciento de Torras, que quedó depositado en el banco Lombard Odier et Cie., de Suiza, y fue formalmente reconocido como propiedad del grupo árabe en marzo de 1989.

Eludida la pega de la ley española sobre las ofertas públicas de adquisición de acciones, informando a todos los efectos que se compró sólo un 24,9 por ciento, aunque se tomase más del doble, quedaba convencer al Gobierno español de que no se trataba de caudales controlados por un gobierno extranjero. Los kuwaitíes exponen que «son fondos no gubernamentales. Es dinero de los Unit Trust Fonds que pertenece a los ciudadanos kuwaitíes y se invierte en sociedades holandesas BV[12] por motivos fiscales».

El objetivo era conseguir la mayoría para los kuwaitíes, pero obteniendo por el camino suculentas comisiones y espléndidos beneficios. Tras el golpe dado a las prácticas bancarias durante su paso por el Garriga Nogués, De la Rosa consiguió aquí su primer gran pelotazo en la bolsa, que demostraba además que su comportamiento no había cambiado. Había elegido la reincidencia, y las consecuencias de estos hechos llegarán casi hasta el día de hoy. Como en la psicología de un niño, la ausencia del castigo generó en él sensación de impunidad y le estimuló en su tendencia a pensar que sus tropelías no tenían por qué conocer límite legal alguno. Mientras tuvo dinero ajeno para comprar y vender, todos los agentes del mercado sabían que la bolsa española era una ruleta manipulada en manos de un tahúr profesional.

Sirva un ejemplo. En el frenesí por conseguir acciones para vender a los árabes, De la Rosa, con la ayuda del mercantilista Juan José Folchi, constituyó en mayo de 1986 la sociedad Cegajo. El 4 de agosto de ese año Cegajo compró a Industrial Cartonera (ICSA) 15.860 acciones de Torras Hostench por 83.317.500 pesetas, es decir, a un precio de 5.250 pesetas cada una. A finales de ese mes De la Rosa vendió esas acciones a KIO por 198.375.000 pesetas, es decir, con un beneficio limpio de polvo y paja de 115 millones, obtenido en sólo veinticuatro días de inversión. El problema es que ICSA, la empresa que vendía las acciones a JR, era filial de la propia Torras, es decir, se utilizó un activo de la sociedad que se adquiría, con engaño para el resto de los accionistas de Torras, en beneficio de un particular. Casualmente, De la Rosa.

Es obvio que no fueron estos los únicos ingresos del financiero. Otro contrato refleja que De la Rosa tenía más acciones de la papelera, en este caso 6.555 títulos, que vendió por casi 82 millones. Esto sin contar la minuta oficial correspondiente a su labor como mediador en la operación. Aunque se trata de cifras todavía modestas en comparación con lo que pasaría después, en pleno «saqueo» de las arcas de Torras, según KIO, revelaban cuál era el método empleado por el ex banquero.

Al objeto de cerrar la operación, Olabarría se reunió con Fouad Khaled Jaffar en Ginebra. Al volver a Barcelona, el ingeniero vasco confesó a De la Rosa: «Me ha impresionado Jaffar cuando ha dicho eso de que tú, para él, eres como un hermano». La sociedad de intereses operaba ya a pleno rendimiento. ¿Cómo, si no, se entiende que el máximo ejecutivo de KIO aceptara pagar cantidades astronómicas por unas acciones que el mercado valoraba muy por debajo y que los intermediarios estaban comprando a precios de risa para revendérselas a los árabes? Una parte de la explicación proviene del hecho de que la compañía había sido valorada en 42.000 millones, mientras que en los acuerdos firmados entre Olabarría y Jaffar la valoración de toda la empresa se situó en 30.500 millones. Era un pelotazo para ambas partes, con De la Rosa como maestro de ceremonias y Torras Hostench como víctima a desvalijar.

Por otra parte, ¿de dónde obtuvo De la Rosa el dinero para la compras de acciones a título personal? Parece ser que consiguió parte del dinero —unos 300 millones de pesetas— del propio Jaffar, lo que selló todavía más su relación de amistad y de mutua protección. En aquellos días De la Rosa aseguraba a sus amigos que sólo tenía 12 millones en su cuenta bancaria. Otras fuentes señalan que las ayudas provinieron de Andorra, a través del banquero Antonio Ubach[13], con el que De la Rosa mantenía relaciones desde la época del Garriga Nogués.

La prueba de que la sintonía entre el máximo ejecutivo de KIO y De la Rosa había alcanzado ya un nivel de intimidad sospechoso es un borrador de contrato elaborado el 28 de julio de 1986, es decir, menos de un mes después de que Olabarría hubiera firmado su pacto de venta de las acciones de Torras Hostench a KIO. En el documento, desconocido hasta hoy, la papelera, a través de su presidente, Jorge Núñez, acepta someterse a las draconianas condiciones que imponen De la Rosa, en primer lugar, y subsidiariamente KIO.

El documento incluye una exposición de motivos que recuerda la tradicional afición de los árabes de KIO por actuar con discreción. Se lee «que las acciones de Torras Hostench actualmente cotizan en bolsa, siendo de interés de KIO hacer la operación de compra de acciones con las mismas excluidas de cotización; sin embargo, acepta el criterio de Quail España de que no es conveniente por el momento su exclusión». ¿Tenía De la Rosa planes para utilizar a Torras como un portaaviones desde el que desplegar sus conocidas artes para el enriquecimiento rápido en la bolsa y por eso se resistía a que fuera excluida desde el principio?

La solución que se arbitra para conjugar estas intenciones encontradas no es otra que el sometimiento de la empresa. En el apartado tercero de los pactos se puede leer: «Si antes del año 1992 Quail España considera conveniente la exclusión de las acciones de Torras Hostench de bolsa se lo comunicará a KIO, la cual se lo hará saber a Torras Hostench, obligándose ésta a partir de dicho momento a facilitar dicha operación». Más claramente, a cambio de embolsarse sustanciosas plusvalías en la venta de sus acciones a KIO, los ejecutivos de Torras sometían el futuro de la empresa a la voluntad de Javier de la Rosa, y esto durante un plazo de cinco años.

Pero aún hay más. El punto siguiente obliga a la empresa a saludar con entusiasmo cualquier OPA que decida presentar el grupo árabe. El apartado cuarto de los pactos afirma: «Torras Hostench se obliga frente a Kokmeeuw durante el periodo de duración del presente contrato a mantener una posición frente a ella favorable y no hostil ante los accionistas de la propia Torras Hostench, ante las administraciones públicas y demás instituciones, y ante la opinión pública en toda Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Torras Hostench que pudiera presentar Kokmeeuw si ello tuviera por conveniente».

De la Rosa conseguía mucho más de lo que podía imaginar: sumaba a las plusvalías en la venta de las acciones y a los honorarios por la intermediación en la operación un control absoluto y secreto, desconocido para las autoridades y el resto de los accionistas, sobre la vida futura de la empresa. Era un nuevo capítulo de gestión modélica que estaba dispuesto a escribir.

Esto ocurría en 1986. Torras Hostench era entonces una sociedad saneada, financieramente solvente y muy poco endeudada. Menos de seis años después, en 1992, tras pasar por las manos de De la Rosa, la empresa papelera se encontró sumergida en una de las crisis más graves de su historia. Inundada de deudas, acorralada por la banca e incapaz de aprovechar una de las mejores coyunturas papeleras de las últimas décadas.

LA DEPREDACION

Durante todo el año 1986 y el siguiente, De la Rosa despliega al frente de Torras Hostench una completa campaña de malversación sistemática de la empresa, según denunciaría posteriormente KIO. Había puesto sus zarpas sobre la víctima y no la iba a soltar mientras quedara algo de vida en su interior.

JR desembarca por fin en el consejo de Torras el 9 de septiembre de 1986. Una de sus primeras decisiones fue asumir todos los poderes ejecutivos de la mano del aún presidente y consejero delegado Jorge Núñez. Poco después se procede a adaptar la composición del consejo de administración a la nueva mayoría de KIO. Los gestores de Olabarría se van (es el caso de Manuel Esteve Garriga o José Luis Gutiérrez Fierro) y otros se quedan, como Jorge Núñez. De la Rosa organiza un consejo liderado por His Excelency («Su Excelencia» como le trataba respetuoso Jotaerre) Fahd Mohamed al Sabah, que ocupará la presidencia como primer ejecutivo de KIO. Tras él, los dos hombres fuertes de KIO-Londres, Fouad Khaled Jaffar y Bruce Amager Dawson, quienes, junto con De la Rosa, serán vicepresidentes.

A ellos se suma una selecta representación del consejo de Inpacsa. Jotaerre coloca a su suegro, Pedro Misol Herrador, al abogado penalista Juan Piqué Vidal (defensor de Jordi Pujol en el «caso Catalana»), a José Pedro Pérez Llorca, a Emilio Gutiérrez y Fernández de Liencres y a Manuel Guasch, presidente de Fasa-Renault, con quien el ex banquero llegará a intimar extraordinariamente. Pérez Llorca y su socio Jaime García Añoveros se encargan de convencer al Gobierno del PSOE de la bondad de las inversiones de KIO. Este despacho había comenzado a trabajar para De la Rosa en el «caso Quash-Tierras de Almería». Después de todos los cambios, Núñez sería a partir de entonces consejero delegado, y en 1986 la papelera produce 7.700 millones de beneficios.

La primera preocupación del nuevo equipo ejecutivo fue derogar las limitaciones que pesaban sobre la vida financiera de la empresa como consecuencia del convenio de acreedores que había permitido a Torras levantar la suspensión de pagos. Con ese objetivo, en octubre de 1986 se compra a la empresa pública ENCE su filial Papelera del Mediterráneo (Pamesa), sociedad que había propuesto el convenio de acreedores. Es decir, se integra en el mismo centro de decisión a la sociedad que debía vigilar el cumplimiento del convenio de Torras. Una vez adquirida, Pamesa se utiliza para liquidar la parte final de las deudas de Torras Hostench, que adquiere y paga en un 72 por ciento. Cuando, en 1992, los interventores de la suspensión de pagos del Grupo Torras —tras la debacle de KIO en España— analizaron la historia de la empresa, encontraron inexplicable esta decisión: «En principio no parece económicamente ventajoso para Torras Hostench anticipar a su valor nominal unos débitos cuyo vencimiento pactado se había escalonado a lo largo de diez años. Mas como quiera que Pamesa sí canceló el préstamo con los nominales de los créditos, pero los adquirió en una suma notablemente menor, fue Pamesa quien obtuvo un beneficio importante en la operación»[14]. Explicándolo en román paladino, la operación consistía en que Torras Hostench facilitaba a Pamesa créditos de hasta 12.700 millones de pesetas para que esta filial pagara a un precio muy inferior las deudas de la propia Torras Hostench. De la Rosa pretendía dos cosas. La primera, obtener beneficios rápidos. Gracias a un simple movimiento contable, Torras podía registrar pérdidas por anticipar el pago de los créditos, con lo que en pura práctica se descapitalizaba, pero esa pérdida, gracias al juego del trilero aplicado por De la Rosa, se convertía en un beneficio de 2.955 millones en Pamesa, lo que —vía dividendos de las filiales— repercutía en la cuenta de resultados de la propia Torras. En segundo lugar, la cancelación de la deuda significaba que los nuevos ejecutivos quedaban libres para poder repartir beneficios, endeudar de nuevo la empresa y realizar nuevas inversiones. Las actas del consejo de administración de Torras del 27 de marzo de 1987 lo recogen explícitamente: «El presidente da cuenta del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio de Acreedores […] poniendo de manifiesto haber alcanzado un acuerdo con acreedores que representan el 97,5 por ciento del total del pasivo, los cuales han hecho constar ante el propio juzgado su conformidad al levantamiento de las prohibiciones contenidas en las cláusulas 8ª y 10ª sobre reparto de beneficios e inversiones» [15].

La prueba de que la cancelación de esa deuda no estaba motivada por ninguna intención de mejorar la salud financiera de la empresa es que en el mismo consejo se aprobó «emitir obligaciones simples por importe de 4.000 millones de pesetas […] con un interés bruto del 9 por ciento anual»[16]. De nuevo deuda.

Como ya se ha dicho, Torras Hostench había salido de la suspensión de pagos con una liquidez abundante, unos 20.000 millones de pesetas. Ese era en realidad el objetivo, lanzarse sobre la caja. El mismo consejo que celebró con entusiasmo haber pagado más dinero por la cancelación anticipada de la deuda acuerda un primer reparto de dividendos de 1.222 millones, y esto a los pocos meses de haber entrado en la sociedad. Al mismo tiempo se aprueba una ampliación de capital por la misma cifra, 1.222 millones, con la particularidad de que las nuevas acciones se adjudican a los accionistas con cargo a las propias cuentas de la compañía, es decir, sin poner ni un duro. Este primer ciclo depredador se cierra, en junio, con un nuevo dividendo, éste por la cantidad de 1.124 millones. El nuevo accionista, KIO, que había invertido 7.637 millones en comprar su paquete oficial en Torras, recibía menos de un año después casi 900 millones como rendimiento de su paquete del 24,9 por ciento. Una rentabilidad superior al 13 por ciento anual. Eso sí, a costa de los recursos de la propia empresa.

El mercado bursátil, como siempre, se dejaba engañar por las aparentes artes mágicas del nuevo «rey Midas». Ahí comienza la época dorada de la historia bursátil de Torras Hostench, uno de los valores considerados chicharros (inflados artificialmente) del mercado, gracias a la cual se hicieron ricos algunos españoles que jugaron con información confidencial. De hecho, la consigna «hay que vender a 3.000» corría como la pólvora paseo de Gràcia arriba, paseo de Gràcia abajo. Muchos de los amigos del financiero hicieron su primera pela gracias al soplo del propio JR. Algunos de ellos eran conocidos periodistas. La prensa, en general, desempeñó un pobre papel en aquella triste historia de manipulación del mercado calificando a JR de «mago de las finanzas». De la Rosa siempre había tenido presente la importancia de que los medios de comunicación actuaran como caja de resonancia de sus juegos de artificio. Cuando la verdad, finalmente, se descubría, ya era demasiado tarde y las víctimas se contaban por miles.

En la cresta de la ola, De la Rosa se comporta con sus empleados y con quienes ponen peros a sus propuestas como un hombre prepotente e iracundo. Se considera intocable. Amenaza a periodistas, compra voluntades, chantajea a editores con problemas, usa dossiers contra sus enemigos, espía a ministros y políticos… y se lleva por delante a quien rechiste. En una ocasión descargó su terrible ira contra el entonces síndico de la Bolsa de Barcelona, Ignacio Bañares Sanz[17], porque le había enviado un notario a casa para dejar constancia de que la junta sindical ponía problemas a una operación de JR por encontrarla escasamente afianzada. «Me ha ofendido gravemente y acabaré con ese tío», rechinaba entre dientes el financiero.

Pequeños problemas al margen, las cosas iban tan bien que un pequeño círculo de íntimos enriquecidos con el soplo a tiempo de la operación en Torras —entre los que estaba Piqué Vidal— decidieron regalarle un Goya. Como no recibían noticias del financiero, uno de ellos optó por llamarle y recibió un seco: «¡Vaya cosa! Es falso». Los que pagaron, a razón de 10 millones per cápita, aseguran que no lo era.

EL GRAN GOLPE

Las decisiones del consejo del 27 de marzo de 1987 habían sido, desde la triste perspectiva de la empresa papelera, un simple preaviso de lo que estaba por venir. En la siguiente reunión, que se celebró el 24 de abril, el consejo de Torras Hostench aprobó la compra del 95,49 por ciento del capital de Inpacsa, propiedad de KIO.

Conviene recordar que, para hacer frente a los apuros del Garriga, De la Rosa había colocado a KIO el 95,49 por ciento de Inpacsa. Para los árabes, la inversión total en la sociedad había sido de 7.018 millones. Menos de tres años después, y sin que la evolución de Inpacsa hubiera justificado tal cambio, Torras compraba las acciones por 9.074 millones. Dicho de otra manera, con un beneficio de 2.421 millones, un 29 por ciento.

De nuevo aquí, reforzada, otra de las características de la gestión de De la Rosa. Para favorecer sus intereses, en este caso KIO, que constituía su principal fuente de ingresos, obliga a terceros, en este episodio Torras, sociedad de la que los principales accionistas sólo poseen oficialmente el 24,9 por ciento del capital, a invertir su dinero en una operación perjudicial: adquirir una empresa a ese mismo accionista para el que trabaja. En el futuro, por ejemplo en Grand Tibidabo, aplicaría ese mismo mecanismo, no al servicio de terceros sino exclusivamente de sí mismo. En realidad, la compra de Inpacsa la estaban pagando los ignorantes e incautos pequeños accionistas que poseían el resto de Torras y que, en muchos casos, estaban ese mismo día comprando acciones de la empresa a más de 50.000 pesetas cada una. Para el propio grupo KIO la operación era una trampa, pues los beneficios que recibía eran a costa de la descapitalización de su principal inversión, Torras. En adelante, De la Rosa utilizará esta práctica de pelotear las participaciones desde sociedades de KIO a Torras, apuntando beneficios contables al grupo árabe y acumulando las pérdidas en la empresa española.

La audacia de satisfacer tan amplia y rápidamente a su compinche Jaffar tuvo una recompensa inmediata. El 3 de junio de ese año De la Rosa firma con Jaffar un draconiano contrato que permite a Quail, una empresa sin conocimientos, ni formación técnica, ni personal adecuado, ni capacidad financiera, someter a su voluntad la vida y el futuro de Torras Hostench.

El contrato establece que Quail asume el «control y la gestión» de Torras, la «prospección y asesoramiento en relación a inversiones a efectuar por Torras en valores y participaciones en sociedades u otras empresas», el «asesoramiento y gestión financiera de la tesorería de Torras», el asesoramiento sobre acceso de Torras al mercado de capitales sobre emisiones de obligaciones y títulos de renta fija o variable, el «asesoramiento en relación a operaciones bursátiles» y «cualquier otra que la compañía le encargue en conexión con las anteriores».

Dicho más claramente, el prestigioso equipo formado por De la Rosa, De Mir, Soler, Piñana y Tomeo asume el control absoluto de la compañía y de su dinero. Para más comodidad de estos artificieros contables, «los servicios objeto del presente contrato serán prestados por Quail España en su domicilio social y en sus propias dependencias, sin que tenga que desplazar a ninguno de sus empleados, directivos, ni administradores al domicilio ni a las dependencias del Grupo Torras». Queda patente que la preocupación de De la Rosa se centra en controlar exclusivamente los movimientos financieros de Torras, sin pensar lo más mínimo en la actividad empresarial o industrial.

A pesar de su limitada estructura, Quail piensa que puede dedicarse a otras cosas y el contrato incluye que «podrá prestar los mismos servicios objeto de este contrato o parte de los mismos» a otros. No así Torras, que «se obliga a no efectuar encargo de los mismos servicios […] a otra persona física o jurídica».

Las condiciones económicas impuestas por De la Rosa son draconianas. Quail percibirá «con independencia de la existencia o no de encargos efectuados por el Grupo Torras […] treinta millones de pesetas […] cada año». Pero lo más importante viene a continuación: Quail cobrará «el porcentaje que se acuerde en cada caso, en concepto de comisión, sobre las operaciones que en el marco del presente contrato Grupo Torras concierte con terceras personas y en las que Quail España intervenga como mediador. El mencionado porcentaje será aplicado y calculado sobre la base del monto global neto de la operación […]». Al amparo de esta cláusula, De la Rosa someterá a Torras a un ritmo frenético de compras y ventas injustificadas, con el único objeto de cobrar comisiones. Al final de la pesadilla, Torras habrá pagado en cinco años más de 12.000 millones de pesetas a Quail.

Finalmente, el contrato establece que si durante sus cinco años de vigencia Torras decidiera cancelar el contrato, debería pagar a De la Rosa «cincuenta millones de dólares» (7.500 millones de pesetas en aquella época). Pero Quail cobraría en cualquier caso esa indemnización si «se modificara la composición del capital en forma que cambiara el grupo de control sobre la compañía»; si «se modificara la composición del consejo de administración de tal manera que la mayoría de sus componentes pasen a ser extranjeros»; si «los fondos invertidos en Torras dejaran de tener a los efectos de la legislación española actual o futura la consideración de privados», o si se incumplieran «los compromisos contraídos por el grupo accionarial mayoritario respecto a facilitar en cada momento el apoyo financiero necesario para el correcto funcionamiento de la compañía». ¿Quién da más? De la Rosa conseguía de un plumazo controlar la vida financiera del grupo y determinar el sentido de las decisiones del propio grupo KIO, tanto en relación con los nombramientos en la empresa, como —y más importante— sobre política de financiación ella misma.

¿Por qué Al Sabah y Jaffar aceptaron aquella monstruosidad? Como se verá, ellos dos, junto con el propio De la Rosa, fueron los principales beneficiados de la pérdida de recursos de Torras y del propio KIO. También es probable que, ya en aquellos meses de la primavera de 1987, De la Rosa amenazara a sus socios con romper la imagen de sigilo y discreción que caracterizaban a KIO[18] en todo el mundo en el hipotético caso de que se supiera cómo habían entrado en Torras y qué decisiones se habían aprobado una vez se sentaron en el consejo de la papelera.

En cualquier caso, la firma de este acuerdo fue el comienzo de la apoteosis de los métodos depredadores de JR, pero también el de su propio fin. Aunque Jaffar pensara que concediendo tal gracia soldaba su amistad con el ex banquero y se aseguraba ingresos adicionales con los que prepararse para un exilio dorado, en realidad se inició el camino para que Torras acabara sucumbiendo en un colapso financiero que pasará a la historia como el más voluminoso de las finanzas españolas.

CAPITULO DIEZ

JR ENTRA EN SOCIEDAD

Al mismo tiempo que desembarcan en Torras, KIO y De la Rosa han puesto en marcha otro movimiento, la compra de acciones del Banco Central. El presidente de la entidad, Alfonso Escámez, está presionado por el gran volumen de su autocartera y busca un comprador para un buen paquete de acciones. Utilizando de mensajero al periodista barcelonés Feliciano Baratech, Alfonso Escámez pide ayuda a De la Rosa para reducir esa autocartera. Tras unas reuniones previas con Luis Blázquez, consejero y director general del banco, en las oficinas de Ginebra del Banco Lombard Odier, el 20 de octubre de 1986 Escámez y Epifanio Ridruejo se reúnen con Fouad Khaled Jaffar y Jotaerre. Allí pactan la compra, a través de la compañía suiza GSM Securities Management, de 3.471.197 acciones, es decir, el 4,95 por ciento del capital del Central, por 14.405 millones de pesetas. Se trataba de no poner en guardia al Banco de España, que mantenía un férreo control sobre los movimientos que afectaban a paquetes de más del 5 por ciento. Sin embargo, la compra fue bastante más importante de lo reconocido. Concretamente, se adquirió otro paquete de 1.330.000 acciones por un precio global de 5.395 millones de pesetas. De nuevo, las gestiones en el exterior solucionaban las rigideces administrativas españolas, en este caso las impuestas por el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que defendía la idea de que «la banca es un sector estratégico».

A pesar de que a estas alturas De la Rosa arrastra ya un historial que debería inspirar poca confianza al presidente de un gran banco como el Central, la debilidad de la entidad, gastada tras años de gestión gerontocrática e instalada en la inercia, permite a JR encontrar una puerta de entrada y vindicarse socialmente, mirando con insolencia a la cara de quienes le habían dado por muerto o le consideraban incapaz de conducir de manera seria un negocio de envergadura. Como ocurrirá en otros muchos casos, la mediocridad de una parte significativa de la clase empresarial y política española contribuirá en no poca medida a que las maniobras del hombre de KIO en España alcancen dimensiones de desastre nacional.

En cualquier caso, Escámez será de los primeros en arrepentirse de haber bendecido la entrada de JR en su banco. KIO llegó a controlar un 12,25 por ciento del Central. El paquete había costado 30.936 millones. La compra se realizó a espaldas del Banco de España, a través de GSM Securities Management, de Zurich. El pacto secreto había proporcionado una jugosa comisión de 1.440.456.755 pesetas a favor de Intermutual Trustees, BV, con sede en Amsterdam[1]. Las buenas relaciones con Escámez, sin embargo, durarían muy poco.

Casi sin solución de continuidad, el broker Jotaerre planea un nuevo pelotazo bancario —en julio del 87— con las maneras de un tiburón bursátil. Un montón de órdenes de compra colocadas en múltiples lugares dan a KIO 1.259.871 acciones, un 5,03 por ciento, del Banco de Vizcaya, la entidad presidida por Pedro Toledo Ugarte[2]. Las compras se realizan a través de las sociedades GSM Securities, Lloyd’s International Banking, Montrex y B.P.S. El coste de las compras es de 11.636 millones de pesetas. Posteriormente, el 22 de julio de 1987, De la Rosa traspasa esta participación a Torras, que se las compra a las sociedades de KIO por 12.441 millones, es decir, con un beneficio para los árabes de 805 millones.

Días antes do conocerse el desembarco de KIO en el Vizcaya, Pedro Toledo cometió la torpeza de afirmar: «A nosotros no se nos va a colar ningún árabe por la puerta de atrás». Cuando pronunciaba estas palabras, los árabes ya se habían colado de rondón. Demasiado para la vanidad del banquero vasco, que acude a las más altas instancias del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se encuentra su amigo Carlos Solchaga, pidiendo árnica.

El tema finalmente llega a la mesa de Felipe González y, después, a la del gobernador del Banco de España. Mariano Rubio se preguntaba: «Si son serios, ¿por qué les representa un apestado?».

EL FAVOR DE MANUEL PRADO

El Presidente del Gobierno intentó entonces una solución diplomática. El elegido fue el embajador Manuel Prado y Colón de Carvajal, residente en Suiza y al que el Rey ya había enviado en misiones especiales en el extranjero, algunas de ellas en países árabes. El propio Monarca transmitió a Prado el objetivo de su misión: informar al emir de Kuwait sobre la preocupación de las autoridades españolas por el hecho de que el gestor de sus inversiones fuera Javier de la Rosa. Curiosamente, fue el propio Prado quien puso objeciones: «Este señor no está formalmente acusado de nada, ni en ningún tribunal está abierto sumario contra él. Sería injusto sembrar dudas sobre él». Un favor que De la Rosa acabaría agradeciendo sobradamente.

Tras quedar bloqueada esta iniciativa, el Gobierno optó por enviar a Londres, donde se encuentra la sede de KIO, a Julio Feo Zarandieta, antiguo secretario general de Presidencia del Gobierno, con la finalidad de negociar con los kuwaitíes una salida airosa para el Vizcaya, un banco muy bien relacionado con el PSOE. Le acompaña Juan Antonio Ruiz de Alda, subgobernador del Banco de España. A la primera pregunta casi retórica sobre sus verdaderas intenciones en la banca española, Fouad Khaled Jaffar les soltó la famosa frase: «De todo eso, hablen con mister Javier de la Rosa, que es nuestro hombre en España». La misión había sido un desastre.

La ayuda prestada por Prado permitió a De la Rosa hacer frente a la oposición del Gobierno, que vio rebajado su nivel de acceso a la persona de Jaffar, quien en aquellos momentos ya era un estrecho socio y amigo del financiero. La intervención de Prado impidió que las autoridades de Kuwait conocieran directa y oficialmente la opinión del Gobierno español.

Tras la ineficacia de los emisarios enviados a Londres, Jotaerre compró y compró: un 1 por ciento del Santander, un 3 por ciento del Popular, un 0,4 por ciento del futuro BBV y todo un paquetón del Central. A todo esto, JR seguía jurando que su interés no era especulativo, sino a largo plazo. Incluso Mariano Rubio llegó a entrevistarse con Fouad Khaled Jaffar para advertirle de los peligros que corría aliándose con De la Rosa, pero chocó con un valladar: «No siga usted por ese camino, señor gobernador, Javier de la Rosa es como mi hermano». Lo mismo le pasó a Carlos Solchaga, que volvió a intentarlo abordando a Jaffar en una reunión del Fondo Monetario Internacional en Nueva York.

Tras el fracaso de los contactos directos con KIO, Toledo se ve obligado a negociar la recompra de las acciones de su banco, firmada el 18 de octubre por Jotaerre, un hombre de KIO-Londres de segunda fila, Richard Robinson, y los dos representantes del banco, Angel Corcóstegui y Alfredo Sáenz Abad. Eran momentos de apoteosis para De la Rosa, que anunció a bombo y platillo que la recompra del paquete del Vizcaya había generado a Torras unos beneficios de 5.700 millones de pesetas por sólo cuatro meses de inversión y, curiosamente, veinticuatro horas antes del famoso crash bursátil. Sin embargo, la supuesta plusvalía no fue nunca detectada en la contabilidad de la empresa papelera.

Según un informe de KPGM Peat Marwick, elaborado en octubre de 1991, más de tres años después de que la operación se hubiera producido, para conocer el verdadero estado de sus inversiones en España y los beneficios conseguidos, «el beneficio obtenido en la venta de las acciones del Banco de Vizcaya a Torras, de un total de 805 millones de pesetas, debería considerarse como no realizado, ya que, a la fecha de este informe, Torras forma parte del grupo KIO y no tenemos constancia de la venta de esas acciones» [3]. ¿Qué pasó entonces con los supuestos beneficios en la reventa de los títulos al Vizcaya? ¿Cómo es posible que tres años después no figure esa venta en los libros de contabilidad de Torras? Si hubo beneficios parece claro que se evaporaron. Conviene subrayar que, curiosamente, el informe había sido encargado por el propio De la Rosa.

LA BATALLA DEL CENTRAL

Con la seguridad del que tiene el bolsillo repleto y puede aprovechar como pocos las estrecheces bancarias españolas, los de Quail iban engordando vía comisiones por la intermediación en todos los raids bancarios. De la Rosa siempre supo que los bancos, en España, son poder, y ahora tenía dinero, con lo que el poder estaba al alcance de la mano. Podía moverle la silla a cualquiera.

La operación Banco Central subía de tono. En junio de 1987, KIO reconoce la posesión de un 6,4 por ciento del banco de Alfonso Escámez. Un año más tarde controla el 10,5% y la alianza lleva camino de convertirse en un compromiso estable. Escámez insinúa la posibilidad de ceder a KIO dos sillas en el consejo en el transcurso de una reunión en la sede del banco en la que participan Mohamed al Sabah, presidente de KIO, Fouad Jaffar, director ejecutivo, De la Rosa y Paul A. Dawson, directivo de KIO en Londres. Incluso se produjeron los primeros escarceos para que los kuwaitíes tomaran un 15 por ciento de Cepsa, la petrolera del Central, si la filial del banco rompía sus contratos con la compañía IPIC, de Abu Dhabi, y la sustituía como suministradora por la Kuwait Petroleum. El incumplimiento de esos acuerdos será, según los árabes, el principio de la ruptura con Escámez.

Por entonces, el abogado Matías Cortés, también estrechamente ligado a Mario Conde, había insinuado a De la Rosa la posibilidad de tomar el Central y arrinconar al dinosaurio Escámez. Le ofrecía como alternativa a Miguel Boyer Salvador, ex superministro de Economía, venido a menos tras perder su batalla política con el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, e iniciar sus relaciones de lujo con Isabel Preysler. Jotaerre ya había tenido varios encontronazos con Escámez, el banquero de Aguilas, que no quería ver kuwaitíes en su consejo, tras el desaire con Cepsa. La permanencia de KIO como accionista mayoritario en situación de tapado no podía seguir por mucho tiempo y, caso de descubrirse, se interpretaría como un intento de desestabilizar el sistema bancario. Mariano Rubio sólo lo toleraría si el paquete se españolizaba.

Aparece aquí Alfredo Fraile, propietario de la Agencia A y relaciones públicas de JR. En su empresa trabajaba Cari Lapique, cuñada de Alfonso Cortina[4], que organizó una cita a ciegas entre Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los primos que controlaban Construcciones y Contratas, y JR, buscando la carambola. Las gestiones para asociar a los «Albertos» con KIO en el papel de primeros accionistas del Central precisaban sin embargo del placet gubernamental. De ello se encargaría Enrique Sarasola en diversas gestiones privadas por las que cobró al Grupo Torras 400 millones de pesetas. En noviembre de 1987 Felipe González comunicó su gran decisión y dio el O.K. a Sarasola con la única condición de que fueran los «Albertos» quienes liderasen la nueva sociedad. El acuerdo entre los dos socios se firmó en Londres. Fue entonces cuando se anunció que KIO controlaba un 12,25 por ciento del banco a través de varias sociedades internacionales.

Años después, los anteriores gestores de Torras no dudaron en atribuir al soborno la luz verde a esa operación. En su escrito de defensa contra la demanda presentada por KIO en Londres, De la Rosa afirmó que una sociedad panameña, Horowitz, relacionada con Sarasola, había recibido 27.400.000 dólares para convencer a las autoridades. En la misma línea, Fouad Jaffar declaró que «fue necesario utilizar incentivos para obtener de los políticos y los funcionarios (civil servants) españoles las aprobaciones y permisos requeridos»[5].

La luz verde de González pone de relieve que la actitud del Gobierno respecto a De la Rosa era incoherente. Será ésta una de las paradojas de la posterior caída de De la Rosa, cuando muchos intentarán reprochar al Gobierno una supuesta manga ancha con el hombre que hundió el Garriga Nogués. Solchaga, movido por las órdenes emanadas de Felipe González, que estaba influido por otros ministros, como Narcís Serra (que entonces ocupaba la cartera de Defensa), hizo algunos intentos de oponerse abiertamente al creciente poder del comisionista. Sin embargo, las posibilidades eran limitadas. Como revelarán otros episodios, el Gobierno estuvo siempre dividido acerca de la actitud a adoptar. Esta división fue sabiamente instrumentalizada por los «reyes del pelotazo», que consiguieron limitar los efectos de los intentos de hombres como Serra por neutralizarlos. Según la ocasión, se acercaban a los guerristas (éstos, y en especial José María «Txiki» Benegas, tendieron fuertes relaciones con individuos como Conde y De la Rosa, quizá porque a ellos les correspondía la responsabilidad de llenar las arcas del partido), o a los llamados renovadores. Un ejemplo son las relaciones indirectas que De la Rosa consiguió establecer con Solchaga por medio de Manuel Guasch y del jefe de gabinete del ministro, Luis Sempere.

La única aportación de Conde y De la Rosa a la vida política fue el hecho de que, por lo menos en lo que a ellos concernía, todas las distancias políticas eran salvables. Además, el hecho de que el Gobierno desempeñara un papel muy activo en el sector financiero, propiciando algunas fusiones bancarias y oponiéndose a otras —lo que, como en el caso de la alianza con los Albertos, le llevó a buscar aliados sin demasiados miramientos—, ayuda a explicar la falta de una postura clara. Por último, la declarada política ultraliberal que se aplicaba en aquellos años, pregonando el enriquecimiento rápido y el culto al becerro de oro, haría el resto.

COMISIONES DE PELICULA

El vehículo del acuerdo entre los Albertos y KIO fue la sociedad Cartera Central, constituida el 7 de enero de 1988 con un capital de 41.100 millones. Para equilibrar sus participaciones, KIO aceptó canjear un paquete del 5 por ciento del Central que poseía por unos terrenos de la plaza de Castilla de Madrid, propiedad de los Albertos. El acuerdo no era nada beneficioso para KIO, pues valoraba los terrenos a precio de oro, más de 14.000 millones. Un nuevo mito se derrumbaba, el de Jotaerre como hábil negociador. Fue el precio que tuvo que pagar De la Rosa para que le compraran un paquete del Central que estaba inmovilizado y no ofrecía demasiados rendimientos. Error relativo, porque para él fue una sabrosa fuente de comisiones. Tras la creación de Cartera Central el paquete del Banco Central se revalorizó hasta 43.300 millones. Aquélla era una ocasión fantástica para sacar tajada, es decir, cobrar una comisión suculenta. De la Rosa instrumentó un simple movimiento de paquetes, traspasar las 3.284.200 acciones de Cartera Central que poseía GSM Securities, propiedad de KIO, a Torras. Gracias a este simple movimiento, De la Rosa consiguió que dos sociedades de su propiedad, Quail y Diagonal Trade, cobraran nada más y nada menos que casi 4.000 millones de pesetas de comisión. El contrato lo firmaron, en febrero de 1988, Jorge Núñez, en nombre de la papelera, y Narciso de Mir, en el de Quail. O sea, yo me lo guiso y yo me lo como.

Es más, en el contrato hay un «pacto cuarto» que considera «exclusiva» de Quail y Diagonal Trade cualquier intento de venta y se especifica que «percibirán las comisiones acordadas sin necesitar acreditar ni probar su intervención efectiva en la operación encargada». Pasaron minuta al comprar las acciones y también en el momento de venderlas. La contabilidad de Torras tiene una factura (número 5/88) de Quail España donde se lee: «Por nuestros servicios de intermediación en la venta de acciones de Cartera Central y Banco Central, respectivamente, de acuerdo con el contrato suscrito con Uds». Total, 2.500 millones, cobrados con fecha 17 de noviembre de 1988. Por si fuera poco, escasamente dos meses antes —el 22 de septiembre— Quail había cobrado otra factura de 1.500 millones por la compra de las mismas acciones. En ambos documentos figura el registro de caja como pagado por Grupo Torras.

La compra de los terrenos de la plaza de Castilla de Madrid, en los que se construyeron las torres de KIO, también sirvió para que De la Rosa practicara sus dotes imaginativas, a costa de la fama de otros y para encubrir desvíos de fondos no justificados.

Cuando, en 1992, estalló la crisis de Torras y los abogados de los nuevos gestores de KIO buscaban con pocas esperanzas el destino de los cientos de miles de millones de pesetas desaparecidos, toparon con una extraña transacción. El 1 de junio de 1988, 27,4 millones de dólares (unos 3.500 millones de pesetas) procedentes de Torras habían sido ingresados en una cuenta cifrada en el Republic National Bank of New York.

Sólo Javier de la Rosa, en teoría, conocía al beneficiario y titular de la cuenta. Preguntado por algún abogado colaborador, JR no se sonrojó al afirmar que ese dinero había servido para pagar a los propietarios de los terrenos de la plaza de Castilla, en aquellas fechas los Albertos, en el exterior a fin de que no pagaran impuestos[6].

LOS TRAPOS SUCIOS

Tras la constitución de Cartera Central, y en un mapa bancario en ebullición, Escámez responde a la maniobra de los Albertos y KIO para desalojarle del primer puesto de su banco echándose en los brazos de Mario Conde, flamante presidente del Banco Español de Crédito. El más joven banquero y el más viejo anuncian su intención de fusionar las dos entidades financieras más veteranas de España y crear el Banco Español Central de Crédito, entidad que nunca llegó a nacer al ser abandonada por sus inspiradores cuando se disipó la amenaza de ser engullidos por alguna nueva operación de fusión bancaria. En esos días, la suite presidencial de la planta novena del exclusivo hotel Villamagna de Madrid, que ocupa sistemáticamente De la Rosa (a razón de 180.000 pesetas la noche) es el ojo del huracán. Hasta el último momento, Jotaerre intentó sacar partido de las circunstancias, marcadas por el agrio enfrentamiento que mantenían los Albertos y Escámez. De la Rosa aparecía en la oficina de Cortina y Alcocer con una oferta de Escámez para recuperar el porcentaje del Central. «O me lo compráis vosotros a este precio, o acepto la oferta de Escámez». Para entonces, Jotaerre ya se había hecho con Urbanor, la sociedad propietaria de los terrenos de la plaza de Castilla de Madrid, y la había revalorizado hasta 33.400 millones, adscribiéndola a Prima Inmobiliaria, en una operación que dio plusvalías contables de 25.700 millones. Una clásica maniobra para tapar los agujeros que comenzaban a generarse en Torras, reducida ya a una fuente de comisiones.

Tampoco duró mucho la entente con los Albertos. De la Rosa se encontraba entonces en una situación crítica. Mario Conde había encargado al abogado Rafael Pérez Escolar un estudio sobre las responsabilidades de De la Rosa al frente del Garriga Nogués. Pérez Escolar había utilizado como documento base el informe Fominaya, elaborado por este ejecutivo del banco y finalizado el 10 de febrero de 1988[7]. Conde utilizó el informe para hacer saber a De la Rosa que, de mantener su alianza con los Albertos y su oposición a la fusión Central-Banesto, se encontraría con una querella en los tribunales. De la Rosa, obsesionado por las consecuencias legales que se derivaban de su actuación en el Garriga Nogués, tampoco se estuvo quieto y buscó armamento con el que chantajear a Conde. Con este objetivo había encargado a la agencia norteamericana Kroll un dossier sobre el presidente de Banesto. En ambos frentes se exhibían armas atómicas que en caso de utilizarse provocarían la muerte de los dos protagonitas. Finalmente, se pactó la paz. Conde envió a De la Rosa una carta exonerándole de responsabilidad y, a cambio, De la Rosa aceptó dinamitar su pacto con los primos de la construcción y deshacer Cartera Central.

Aunque sus hagiógrafos lo definan como un caso mariano de filantropía y prístina caridad, De la Rosa movió todas sus malas artes contra los Albertos. Primero fueron las insinuaciones sobre la relación de Alcocer con «Clotilde», el nombre en clave de la bellísima Margarita Hernández, una de las secretarias de Javier de la Rosa en Madrid, que le llevaron a separarse de Esther Koplowitz. Mientras filtraba estas informaciones, JR no pestañeaba al ofrecerse a los primos como mediador para impedir su publicación o velar por su imagen en algunos medios de comunicación, como los del Grupo Zeta, con cuyo propietario, Antonio Asensio, mantenía excelentes relaciones.

La más audaz de esas maniobras fue la que por fin consiguió hundir la alianza con los primos Alcocer y Cortina. De la Rosa prestó a su azafata de confianza en Alfa Jet, Marta García Trabanco, para que hiciera el servicio del jet HS125 (matrícula EC-ELK) que llevó a Alberto Cortina al aeropuerto parisino de Le Bourget. Allí recogieron a Marta Chávarri y siguieron viaje a Viena. La azafata tuvo puntualmente informado a JR de la cita amorosa de ambos en el hotel Palais Schwarzenberg. Puntualmente también la agencia Scorpio se encargó de fotografiar las pruebas del romance de los dos casados infieles. Aquella carnaza de revista rosa se llevaba por delante la fusión del Central y el Banesto, además del matrimonio de Cortina con Alicia Koplowitz.

La ruptura fue de las que hacen época. Los Albertos estaban tan irritados que el automóvil Bentley que De la Rosa les había regalado se quedó en un garaje madrileño. Atrás quedaban los buenos ratos de Alberto Alcocer con Margarita Hernández. No había vuelta atrás. Los Albertos le responsabilizaban de haber filtrado las fotos del viaje de Cortina y Chávarri a Viena. De la Rosa también tuvo la culpa —dicen los primos— de la difusión de la foto de Marta en la que se apreciaba que no llevaba ropa interior[8].

En abril de 1989 se firmó la salida de KIO de Cartera Central. Construcciones y Contratas (Conycon) pagó por el 48,9 por ciento de la sociedad 37.201 millones, de los que 7.201 eran intereses. Un pelotazo cruel que costó a los primos la parte esencial de su fortuna y su vida conyugal. La compañía de Alicia y Esther Koplowitz, que asumieron el control de la empresa, liquidó la deuda pendiente el 6 de abril de 1993, mucho antes de lo previsto.

Tiempo le faltó a De la Rosa para, una vez cerrado el flanco de las posibles acciones legales de Banesto contra él, revolverse de nuevo contra Conde. Justo cuando KIO negociaba la venta de su 48 por ciento en Cartera Central se produjo un importante cambio en la correlación de fuerzas del tándem Juan Abelló-Mario Conde. El vástago heredero de los laboratorios Abelló vendía sus acciones de Banesto, dimitía de la presidencia de la aseguradora La Unión y el Fénix y dejaba todos sus cargos en la cima de Banesto. Abelló se quebró ante las presiones de un dossier que más tarde afectaría al propio Conde.

Del agradecimiento, De la Rosa pasó, en poco más de un año, a provocar un episodio confuso, intranquilizador y peligroso que tuvo lugar en el restaurante Jockey de Madrid a primeros de marzo de 1991. Allí se dieron cita Rafael Pérez Escolar, consejero del Banco, Santiago Foncillas (mediador entre Conde y Jotaerre) y un conspicuo personaje llamado Manuel Rico-Zorrilla, que había colaborado con la CIA en Madrid y que contó a los hombres de Conde que había sido abordado por De la Rosa para organizar una campaña sobre la vida privada de Mario Conde y sus devaneos con el sexo débil. Tras el caso de los Albertos, el financiero catalán trataba de medrar para ver si era posible desbancar a Conde de Banesto.

A pesar de la aparente victoria sobre los dos primos de Construcciones y Contratas, De la Rosa abandonaba el frente de Madrid habiendo ganado nuevos enemigos. La cruenta batalla del Central-Banesto había desvelado la existencia de unos métodos desconocidos hasta entonces: espionaje, chantaje, dossiers, compra de voluntades… Javier de la Rosa y Mario Conde habían aportado su sello distintivo; aparecían como vencedores, pero a costa de levantar un muro infranqueable entre ellos y el resto del mundo económico y financiero.

Jotaerre había perdido su oportunidad de integrarse en el Gotha financiero. Su reacción ante el fracaso adquiere virulencia. En enero de 1992 De la Rosa invita a su casa de Baqueira Beret al constructor Juan Entrecanales, acompañado del fontanero de Torras-KIO en Madrid, Manuel Guasch. Jotaerre tantea a Entrecanales para dar un golpe contra Mariano Rubio. El constructor contesta:

—Pues yo creo que lo está haciendo muy bien. Es un hombre honrado, y si sigue o no dependerá del Presidente del Gobierno.

—Pues yo creo que hay que acabar con él —dice enigmático De la Rosa[9].

Aquella amenaza marcó el inicio de una campaña que desembocaría en la defenestración de Rubio y —a consecuencia de la imputación de un delito fiscal supuestamente cometido por el gobernador— su ingreso en prisión. Cuando la conversación trascendió a conocimiento público, De la Rosa pidió a Guasch que desmintiera lo publicado, pero éste se negó. Ahí comenzó un relativo distanciamiento entre ambos.

OPERACION IBERCORP

A Mariano Rubio se le habían atragantado los cacahuetes, la debilidad íntima del gobernador del Banco de España. Un dossier sobre supuestas irregularidades en sus inversiones privadas estaba en circulación. A la mañana siguiente, no lo dudó. Tomó el teléfono y llamó a Javier de la Rosa a su suite en el hotel Villamagna:

—¿Qué es eso que me cuentan sobre la existencia de un dossier?

El financiero confesó:

—Es verdad que me ha llegado un dossier, pero no le he hecho ni caso y lo he metido en un cajón. Pero en prueba de buena voluntad, te lo llevará mañana Guasch.

Los «papeles» eran zafios y burdos, en eso coincidieron las dos partes. En enero de 1992 Manuel Guasch visitó al gobernador en su despacho oficial con unos papeles. Rubio afirmó: «Si me das eso, te llevo al juzgado de guardia ahora mismo, por amenazas y coacción a un funcionario público». Guasch se quedó de piedra. El informe contenía operaciones supuestamente cruzadas entre el Grupo Ibercorp y sociedades controladas por Manuel de la Concha y Jaime Soto, además de citar un número de cuenta como propiedad de Mariano Rubio en la entidad Ibercorp[10]. Aquello era un escalón estratégico en la voluntad expresada por De la Rosa ante Guasch y Juan Entrecanales en Baqueira Beret: «Hay que acabar con Rubio». Así lo entendió el gobernador, quien llegó incluso a reunirse con De la Rosa, el 30 de enero a las cinco de la tarde, para decirle que conocía sus manejos y echárselo en cara.

Rubio, que no tenía reparos en renunciar a jugar al golf con importantes banqueros por mantener su amistad de siempre con Manolo de la Concha, se lo había confesado muchas veces: «De JR no nos podemos fiar». Para muestra, el botón del encuentro que De la Concha y De la Rosa mantuvieron el 11 de noviembre de 1987 para que el barcelonés facilitara la OPA del Bilbao sobre Banesto. «Acuérdate, Manolo, hasta vino a verme y me dio a entender que apoyaría los planes con su 12 por ciento, y al cabo de dos días se lo contaba en una cena a Mario Conde y a Juan Abelló»; aquello confirmaba las tesis que había mantenido el gobernador desde los tiempos de Jotaerre en el Garriga Nogués.

El 3 de enero de 1992, De la Rosa, Guasch y Manuel de la Concha mantuvieron una reunión en un piso del paseo de la Castellana de Madrid, propiedad de ERT. Allí el financiero catalán ratificó sus amenazas: «Voy a acabar con vosotros». La sentencia estaba echada para la beautiful people. Todo había comenzado en el verano de 1991, cuando De la Concha había descubierto que de unas oficinas personales suyas —próximas a Ibercorp— alguien se había llevado un PC y varios diskettes. En mayo descubrió que le tenían pinchado el teléfono y cuatro meses después que alguien se «paseaba» por la informática de Ibercorp Bolsa.

Todo aquel embrollo se desató porque Juan José Folchi, abogado de JR, pidió a uno de los empleados de la empresa de seguridad ISDS Ibérica, en la que participaba, que comprobase unos datos de cuentas bancarias. Se trataba de averiguar si, como le habían informado, aquellos números sin sentido correspondían a cuentas personales del gobernador en Ibercorp. El ex policía Joaquín Torrado, de ISDS, lo intentó primero desde Barcelona y, más tarde, desde Madrid, a través de su ex compañero y amigo Antonio González Pacheco, «Billy el Niño». El polémico policía se brindó a colaborar con él. González Pacheco contaba con que su amigo Santiago Orgaz, que era buen cliente del banco, le ayudaría. Santiago Orgaz Fernández, «Verde», es un ex jugador del Atlético de Madrid recordado por sus pegajosos mareajes a Gento y es también propietario de un garaje en la madrileña calle Oca, número 75. Orgaz preguntó primero, a pecho descubierto. En Ibercorp vieron que algo extraño estaba pasando y le prepararon una operación trampa. Pacheco y él fueron invitados a ir a la entidad para resolver el enigma de los números de cuenta.

El ex policía «Billy el Niño», jefe de seguridad de Renault (empresa presidida por Manuel Guasch) y colaborador de JR en Madrid, era grabado por los sistemas de seguridad del banco cuando trataba de obtener información a través de uno de sus directores de oficina. Antonio González Pacheco, con un amplio historial ultraderechista, visitaba en enero de 1991 a Gustavo Barrajón, director de Ibercorp, acompañado de su amigo. En la filmación le pedían datos internos con el pretexto de elaborar un informe comercial.

Pacheco fue uno de los policías más polémicos de la transición, salpicado por el «caso Atocha» y por implicaciones con el Batallón Vasco Español y el GAL. Ulteriores informaciones permitieron descubrir que otros policías amigos de Billy habían colaborado en la confección del informe Ibercorp que luego desgranó cierta prensa. A alguno de ellos esta colaboración le costó la expulsión del cuerpo.

La sustancia de las informaciones que presentaban al gobernador del Banco de España como un corrupto provenía del secretario del consejo de Sistemas AF, Juan Peláez Fabra, a la sazón miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y «mensajero» de Jotaerre para asuntos escabrosos en la capital.

Sin embargo, para De la Rosa aquel embrollo debía explicarse, y deprisa, pues si no los resultados podrían ser imprevisibles. De ahí que se brindara a ofrecer el dossier al gobernador y que lo enviase a través de Manolo Guasch. Todos los datos apuntaban contra él. En realidad, todo aquello se lo debía a su insaciable curiosidad por lo «confidencial» y a haber adquirido los datos que le ofrecía uno de los más aventajados vendedores de este tipo de productos. El vendedor, que obtuvo por ello unos 14 millones de pesetas, era Juan Martínez Grasa, confeccionador de Restricted News, una publicación confidencial cuyas fuentes de información se encuentran generalmente en los núcleos sindicalistas de la banca. Martínez Grasa fue en otro tiempo periodista en una publicación desaparecida cuyo director fue Eliseo Bayo.

La irregularidad más llamativa en el banco de Manuel de la Concha López-Isla y Jaime Soto López Doriga era Sistemas Financieros AF. Ibercorp la adquirió al Banco Urquijo en septiembre de 1986 y, tras sanearla, colocó en el mercado un porcentaje importante de su capital. En diciembre de 1988 decidió comprar Mecalux, y cuando estaba a punto de llegar a un acuerdo con Steelcase Stratford para venderle los activos de Sistemas AF entró en escena un broker de Londres, Carnegie, que supuestamente actuaba en nombre de Peka Banking, aunque se sospechaba que quien estaba detrás era Javier de la Rosa.

Cuatro empleados del Grupo Ibercorp perdieron sus cargos y, significativamente, se fueron a trabajar para Carnegie. Eran Javier Fernández Galiano, Diego Prado Pérez de Seoane, Enrique Pérez Pla y Alvaro Lianza Figueroa. Aquellos empleados «infieles» conocían todas las confidencialidades, y que entre los accionistas de Sistemas Financieros AF estaban Miguel Boyer, Mariano Rubio, Isabel Preysler y Juan Antonio García Díez. Algunos de ellos, como el gobernador, camuflados en los listados enviados a la Comisión del Mercado de Valores con nombres disimulados. La cabeza del hombre que firmaba los billetes de banco legales en España estaba en una bandeja.

Esta vez las disculpas de Javier de la Rosa no sirvieron de nada. Señalado con el dedo por sus prácticas entre la beautiful, De la Rosa dio la venia para que el dossier surtiera sus efectos periodísticos. En la calle Balmes de Barcelona, un conspicuo detective buscavidas llamado José María Porrata Doria «ilustraba», meses después, al periodista de Madrid que descubrió el escándalo con los mismos papeles del dossier.

«Guste o no guste, hubo conspiración», mantiene Manuel de la Concha, ex síndico de Madrid y amigo personal de Rubio, que carga las tintas sobre sus empleados traidores: «Los cuatro conocían los secretos de la compra de Mecalux, su posterior ampliación de capital y emisión de obligaciones de Sistemas AF, y la revelaron a Carnegie International, competidora de Ibercorp, tras la que presumiblemente se encontraba De la Rosa. Los cuatro directivos de Ibercorp acabaron montando una sociedad de intermediación con Mark Giacopazzi, primer ejecutivo de Carnegie».

Al publicar Cambio 16 unas conversaciones producto de un pinchazo ilegal, Juan Peláez Fabra, marqués de Alella, aparecía como el informador del periodista Jesús Cacho en los acontecimientos del «caso Ibercorp» que venía publicando en grandes titulares El Mundo. Peláez es uno de los tradicionales correveidiles de Jotaerre en Madrid. El propio financiero confesó a Cacho: «O acaban ellos conmigo, o yo con ellos». De la Rosa había sido cazado gracias a otro pinchazo. En esas conversaciones, Jotaerre se hacía llamar «Andrés» y se refería a Cacho como «Chucho». Juan Peláez ya había sido señalado por la misma revista, así como Juan Piqué Vidal, como el artífice de la operación que permitió el aterrizaje de los primos Cortina y Alcocer en el Banco Central. Era evidente que el teléfono de Cacho estaba pinchado, aunque las pruebas concretas que se aportaron para demostrarlo levantaron muchas suspicacias.

Una tertulia de Antena 3 Radio lanzó la noticia que informaba del pinchazo del teléfono de Cacho y lo atribuía intencionadamente a Alan Paterson, un especialista en electrónica y seguridad. El sábado 21 de marzo, a las ocho y media de la tarde, Jesús A. Gutiérrez Argüelles, socio de Paco Alvarez[11] en Check-In, y otros hombres de la firma llegaron al domicilio del periodista enviados por De la Rosa para detectar el emisor. Este estaba bien visible, en el cajetín del teléfono.

«Aquello fue todo un montaje. Ningún profesional pincharía de esa manera —explicaba Paterson—. Es una ofensa que le relacionen a uno con una chapuza como ésta». Ulteriores investigaciones demostraron incluso que el emisor japonés de VHF burdamente instalado en casa de Cacho era defectuoso. El ingenio emitía en una frecuencia que limitaba su alcance a unos pocos metros.

De la Rosa amenazó con hundir al Grupo 16, que le presentaba como el gran beneficiario de aquella operación contra el gobernador del Banco de España. Su venganza consistió en ordenar la compra de deudas a empresas papeleras para instar la quiebra del entramado empresarial encabezado por Juan Tomás de Salas. Alfredo («Fredy») Fraile echaba balones fuera y atribuía el origen de la información que dinamitó el escándalo Ibercorp a la ex esposa de Manuel de la Concha, Paloma Jiménez Altolaguirre, vinculada al empresario de la construcción Salvador Cutillas, accionista de El Mundo. Mientras, Manuel de la Concha y Mariano Rubio fueron detenidos e ingresaron preventivamente en prisión, de donde salieron en libertad provisional, e Ibercorp pasó a manos de Caja Cantabria. Rubio había sido aplastado. De la Concha perdió hasta la camisa, 2.300 millones, según dejó por escrito ante el juzgado el 3 de abril de 1995.

«El “caso Ibercorp” fue la operación más eficaz de acoso y derribo de unos periodistas al servicio de unos intereses», resume el profesor Miguel Bajo Fernández, abogado de De la Concha.

CAPITULO ONCE

POR TIERRA, MAR Y AIRE

Yates, helicópteros, cochazos y aviones privados en propiedad son absolutamente necesarios, según la mentalidad de Jotaerre, para desplegar un aura de todopoderoso que permita entrar en una supuesta dimensión desconocida en la que no se discute por dinero. Los juguetes de transporte denotan una dimensión internacional en el mundo de los negocios, aunque luego sirvan para ir a Cadaqués o Mallorca. Impresionan a los socios y permiten toda suerte de favores, a la larga muy interesantes, con su préstamo. Pero su función más importante es que aíslan al dueño del molesto populacho que hace colas en los aeropuertos o que veranea con una lancha de goma a diez metros de la arena, como es el caso —por ejemplo— de Narcís Serra. Los juguetes resplandecen cuando el que los posee los cede a los amigos para ir a la Feria de Sevilla, o a una cita de urgencia en Londres.

El que recibe prestados los juguetes de JR se encontrará en el nirvana de la cultura del pelotazo. Sólo tiene que preocuparse de dos cosas: de la factura que luego le enviará alguien por el disfrute de estos medios y por no mantener conversaciones estratégicas en un nidal de micrófonos y gadgets. La parafernalia del transporte llegó a estar valorada en unos 5.000 millones de pesetas y llegó a ser una provocación, un insulto para los trabajadores del Grupo Torras o para los accionistas de Grand Tibidabo.

De la Rosa lo tuvo claro desde el primer momento. Si quería ser el hombre de KIO y colocar a los árabes Inpacsa no podía llevar al supervisor de Londres en su coche; por eso pidió prestado un Jaguar Sovereign. Poco tiempo después, para él era evidente que su nivel exigía, para sus transportes en Barcelona, el Mercedes más largo disponible en España. Para moverse por Madrid había que subir el listón. Aún era más necesario impresionar que en Barcelona, una ciudad sometida, excepto para algún pequeño círculo, al vellocino de oro de Quail. En Madrid se movía con un Bentley, primo hermano del Rolls Royce.

Aunque uses el vehículo más caro del mundo, estás obligado a rodar por calles y carreteras al alcance de todos, y eso molestaba a JR. Por eso encargó a principios de 1989 uno de los medios de transporte más exclusivos y deseados: un helicóptero de largos desplazamientos, uno de los más caros en el mercado. El helicóptero, de color azul muy oscuro, era uno de sus juguetes preferidos. Era una especie de trueno azul de impresionante estampa fabricado por Aerospatiale, modelo Dauphine-2, y valorado en más de 500 millones de pesetas[1]. El aparato era propiedad de Quail, que incluso llegó a cambiar el objeto social de la compañía incluyendo «la compraventa o gestión de aeronaves».

La máquina, dotada de una potente turbina, protagonizó algunos episodios curiosos, como soliviantar al equipo de fútbol de Cadaqués, que nunca conseguiría jugar sobre hierba porque su terreno de juego era el helipuerto de «don Javier». O bien cuando, con Mercedes Misol de tripulante, fue multado con 100.000 pesetas por la gendarmería andorrana al haber aterrizado sin permiso en un helipuerto de La Massana (Andorra)[2]. El «cacharro», como admirativamente le llamaban en el aeropuerto de El Prat o en el aeródromo de Sabadell, deslumbraba a tirios y troyanos, pero Jotaerre quería más. De ser un nueve plazas en sus orígenes, acabó siendo sólo cinco plazas por el continuo proceso de reformas que impulsaba De la Rosa. No había pijada que apareciese en el mercado aeronáutico que no fuera instalada a bordo, incluidos un dispositivo eléctrico de escalerillas de acceso, una nevera mueble-bar y un sinfín de extras.

Por eso, cuando aparecieron las dificultades y el helicóptero fue puesto en venta, costó muchísimo colocárselo a un millonario mexicano, ya que todos los precios razonables arrojaban pérdidas para Quail. La agonía del trueno azul fue muy larga y su operadora lo sometió a un insultante negocio de alquiler por horas, con lo que algunas entidades lo utilizaron como medio de transporte de ejecutivos a 300.000 pesetas la hora.

En los momentos dorados, la supremacía aérea exigía también un avión ad hoc, y De la Rosa se decidió por un Falcon 900, un tipo de avión del que sólo disfrutaban dos personas en España: el rey Juan Carlos I y el banquero Emilio Botín. ¿Podía De la Rosa conformarse con menos? El aparato, fabricado por la firma francesa Marcel Dassault, costó 2.500 millones y podía transportar hasta dieciséis pasajeros. Disponía de tres motores y permitía saltar el Atlántico. De la Rosa lo utilizó, por ejemplo, para acudir a Saint Louis (Missouri) a negociar con Anheuser Busch su entrada en Tibigardens. En el largo viaje le acompañó un equipo de TV3, la televisión autonómica catalana, que fue testigo de cómo De la Rosa ordenaba abrir la portezuela, una vez a bordo, para arrojar a la pista un ejemplar de Cambio 16, mientras gritaba a la azafata: «¿Cuántas veces tengo que decir que no quiero ver esta revista nunca más?».

El aparato le permitió algunas fanfarronadas. Por ejemplo, en un restaurante de Madrid Jotaerre se encuentra a un viejo compañero de la Facultad de Derecho.

—Me voy al aeropuerto, quiero estar pronto en Barcelona —dice el amigo, billete de Iberia en mano.

—Pues deja eso —le dice De la Rosa señalando el billete— y vente conmigo en mi avión, que te ahorras la espera y así charlamos.

El otro accede y ambos se ponen en camino. En vuelo, una tormenta les da el viaje: saltos, meneos, vibraciones… De la Rosa suda en frío y de pronto mira los ojos a su acompañante y le pregunta:

—¿Te importa si te cojo de la mano?

Sin esperar respuesta, lo hace. Después de aterrizar en El Prat, Jotaerre vuelve a hablar. Aún demudado, se excusa:

—Chico, lo siento. ¡Qué mal lo he pasado!

De pronto, se gira y comienza a increpar al piloto:

—No volveré a volar nunca más contigo. ¡Estás despedido! De la Rosa hubo de vender su avión por 19 millones de dólares (algo más de 2.000 millones de pesetas) al Banco Santander y destinar parte de los ingresos a cubrir las deudas contraídas con la entidad.

JR ya estaba acostumbrado a moverse en avión privado. Antes de tener el trirreactor transoceánico, utilizó también un Falcon 50, matrícula suiza HB-IAG, que sucedió al polémico Falcon 20 adquirido a Paul Dawson. Este había sido construido por Marcel Dassault, era apto para nueve pasajeros y estaba pintado de blanco con una franja azul marino y dorada, los colores de Jotaerre. Los trapícheos con el birreactor constituyeron un caso increíble, que activó los resortes de la Brigada de Delitos Monetarios; De la Rosa utilizó el Falcon 20 a título personal entre 1988 y 1991, cuando se decidió por un modelo más exclusivo. El aparato, matrícula EC-EDH, fue adquirido por Novax, una filial de Torras, a la empresa LBD Investments de Neuchâtel (Suiza), cuyo titular era Paul Dawson, hijo de uno de los directivos de KIO en Londres —Bruce Amager Dawson— y que después sería nombrado consejero de Grand Tibidabo. Dawson percibió 3.560.000 dólares (394.500.000 pesetas) por el avión usado, más de seis veces el valor que se estimaba en ese momento. Lo mejor es que Dawson (hijo) había comprado el avión ese mismo día a ALG Aeroleasing, de Ginebra, por sólo 600.000 dólares. Todo un pelotazo. Además Aeroleasing se lo había ofrecido a la firma española Gestair por 800.000 dólares varios años antes.

A los inspectores de Delitos Monetarios —desconocedores de los detalles íntimos de la operación— todo aquello les sonó a evasión de capitales, cuando se trataba de 450 millones de limpias comisiones para los Dawson. Luego Novax le vendió el avión a la operadora Barair por 150 millones de pesetas, el 1 de octubre de 1991. Además el Grupo Torras suscribió en el mismo momento un «derecho de uso preferente», curiosamente por el mismo importe. En la práctica, Barair se hizo con el aparato sin desembolsar ni un duro.

Alfa Jet Charter, la operadora del avión, facturaba a Quail los favores y gestos que De la Rosa prodigaba con su avión o con otros y, en muchos casos, Quail facturaba a su vez al interesado. Otras veces pagaba sin más. Es el caso de 1.076.750 pesetas satisfechas por el transporte de Manuel Prado y Colón de Carvajal en el trayecto Barcelona-Madrid-Sevilla-Barcelona el 25 de marzo de 1988. Casi lo mismo sucedió con el Hawker Siddeley 125-600 puesto a disposición de las señoras de Cortina y Alcocer «más dos niños» el 27 de marzo de 1988 y que las llevó ida y vuelta de Madrid a París. La broma le costó a Quail 1.108.236 pesetas.

UN YATE DE LEYENDA

Pero el momento de máximo lujo coincidió con el final de gestión de JR al frente de Grupo Torras. Había previsto sustituir su yate Nelson por uno que estuviera a su altura. Con el nuevo barco in mente, el financiero impulsó la creación de un muelle en mitad del viejo puerto de la Barceloneta. Marina Port Vell se inauguró con los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92, y el destino dispuso que se convirtiera en la prisión del nuevo barco tiempo después. Ni corto ni perezoso, JR acudió a Mefasa (Mecanizaciones y Fabricaciones), filial de Banesto, que entonces construía un velero para Mario Conde (el Alexandra), atraído por la publicidad que para los astilleros de Avilés había supuesto fabricar el yate real Fortuna, valorado en unos 1.200 millones de pesetas.

Resultaba evidente que De la Rosa no conocía lo que Federico el Grande pensaba de la riqueza ni por qué dijo aquello de que «el lujo no estimula al hombre para la virtud, sino que sofoca en él todos sus buenos sentimientos». La botadura del Blue Legend («Leyenda Azul»), una impresionante embarcación de casco azul marino, el color favorito de JR, fue un discreto acto, aunque no se reparó en gastos. Por ejemplo, Foto Estudio Angelín pasó una factura el 23 de agosto de 1992 por 250.000 pesetas en concepto de «Reportaje fotográfico de la botadura del barco»[3]. Las pruebas de navegación del yate sufrieron un intento de boicot por parte de los trabajadores de Fesa-Enfersa, que vivían un conflicto laboral en esos momentos y llegaron a pintarrajear la pulida superficie del barco. Los manifestantes reprochaban con su actitud que el magnate gastase 2.000 millones en un yate de recreo mientras los trabajadores de la filial de Ercros no cobraban la nómina y eran sometidos a un proceso cruento de regulación de plantilla.

Toda aquella presión social, que le apuntaba con el dedo por el derrumbe de Torras, llevó a De la Rosa a ser más precavido en la exhibición de su Blue Legend. El primer viaje del Blue Legend fue bastante ominoso: salió a oscuras y de madrugada de Avilés para refugiarse en Barcelona de unos peligros que nada tenían que ver con Poseidón. Posteriormente JR se cuidó de tenerlo a buen recaudo en su Marina Port Vell, bien alejado de la vista del público.

Pero esconder un yate de cuarenta y un metros de eslora no es tan fácil, por lo que la seguridad de Jotaerre velaba al pie de la escalerilla del preciado juguete. El ostentoso yate dispone de ocho camarotes, un salón de sesenta metros cuadrados y sofisticados sistemas de navegación por satélite. La fiebre náutica alcanzó a todo el sanedrín de Jotaerre, que intentaba emular a «don Javier» en términos de eslora y manga. Sometido a la implacable inmovilización judicial (desde el 7 de diciembre de 1994), el Blue Legend se mece hoy en el mínimo oleaje de los pantalanes de Marina Port Vell, o bien en el taller de reparaciones del puerto de Mallorca.

El aluvión de facturas acumuladas en el Juzgado número 1 de Barcelona por el «caso Grand Tibidabo» permite comprobar con facilidad que Jotaerre gastaba cerca de 4 millones al mes en reparaciones, mantenimiento y extras que añadía al Blue Legend. El sobrecargo del barco, curiosamente llamado John Shipman (en inglés, literalmente, «hombre barco») aportó al juzgado un montón de facturas que van de marzo de 1993 a diciembre de 1994 y que demuestran que De la Rosa pagó 77 millones de pesetas en reparaciones y mantenimiento. A pesar de que formalmente el barco pertenece a Diagonal Investment, alguna de las facturas fue abonada por Quail España. Tras su fase carcelaria, el financiero llegó a pedir al juez Aguirre que le permitiera alquilar el barco «cuanto antes para obtener ingresos por su utilización». La explotación comercial del barco no fue autorizada. El barco figura en la relación de bienes patrimoniales de la sociedad Diagonal Investment por un valor contable de 1.054.237.398 pesetas.

A medias entre la pasión del coleccionista y el afán de ostentación, De la Rosa posee una interesante colección de relojes que incluye los modelos más caros y exclusivos de los maestros relojeros suizos. Su colección de relojes compite con muy pocas en España, quizá sólo con las del conde de Godó y la del rey Juan Carlos. Entre las joyas de la colección destaca un Gran Complication de Gerald Genta (unos 14 millones), un Patek Phillippe de oro de valor incalculable, un Royal Oak de Audemars Piguet y muchas otras piezas Jaege-Le Coultre (como el Reverse 60 Aniversario, que vale más de 4 millones), Cartier, Rolex, Breitling o Vacheron Constantin. Una fortuna en ruedecillas y coronas con las que De la Rosa adorna sus gordezuelas manos, como significativamente puede apreciarse en casi todas sus fotografías en público.

LA OFENSIVA

Tras convertirse en amo y señor de Torras por mor del contrato de gestión en favor de Quail, De la Rosa inicia una alocada carrera de compras de participaciones en empresas y bancos. Los recursos para semejante política se obtienen en teoría de una ampliación de capital de 3.668.160 acciones con una prima de emisión de 14.000 pesetas por acción, es decir, 55.022 millones de pesetas de supuestos nuevos recursos para la sociedad, «la más grande de la historia española», según fue definida en su momento por los propagandistas de JR. La operación se aprobó en la junta del 5 de junio de 1987.

Era una aportación teórica, pues se trataba de una ampliación liberada, lo que en el argot financiero significa que quienes ya eran accionistas de la empresa recibían las nuevas acciones a cambio de las viejas. Así, sin más, sin poner ni un duro. ¿Cómo es esto posible? Sencillamente convirtiendo en teórico capital y reservas los recursos que previamente había generado la sociedad; de nuevo, un simple movimiento contable.

La trampa de la operación consistió en que tanto De la Rosa como KIO vendieron gran cantidad de acciones de su cartera en el mercado. En otras palabras, los recursos que se generaron gracias a las compras de acciones de terceros fueron a parar, no a la compañía, sino a los bolsillos de quienes vendieron sus acciones en los corros, con plusvalías inimaginables. Se trataba de acciones que, en el peor de los casos, se habían comprado a 12.500 pesetas, en el caso de KIO, o a 500, en el caso de JR. El informe de Peat Marwick, de octubre de 1991, explica que «el 29 de julio de 1987, Kokmeeuw vendió 100.000 acciones de Torras por un precio de 2.970 millones de pesetas (29.700 pesetas por acción), cuyo coste promedio fue de 2.220 millones. […] El beneficio obtenido por Kokmeeuw fue de 750 millones de pesetas». Poco, si se compara con el que pudo obtener De la Rosa al desprenderse de una parte significativa de su paquete del 7,6 por ciento.

Obviamente, una ampliación que no aportaba nuevos recursos no podía, por definición, sostener una política de inversión expansiva. La misma junta había aprobado autorizar al Consejo para que emitiera nueva deuda por una cifra de hasta 50.000 millones de pesetas, que, sin embargo, pronto se quedaría corta. En junio del año siguiente De la Rosa obtendría autorización para emitir más deuda, de nuevo por 50.000 millones.

Con ese dinero, De la Rosa apunta sus cañones contra dos grandes objetivos: las empresas químicas Cros y Unión Explosivos Río Tinto y la alimentaria Ebro. En el primer caso, De la Rosa se enzarza en una batalla con el entonces presidente de ERT, José María Escondrillas, que adquirirá un nivel de virulencia superior incluso al de la aventura bancaria de los años 1987 y 1988.

EXPLOSION EN LA QUIMICA

Tras el pelotazo de Torras Hostench, las vidas de Jotaerre y Pedro Olabarría volvían a encontrarse. El ingeniero vasco era el fundador, junto a César Alierta, de la sociedad de bolsa Beta Capital. Los analistas de Beta descubrieron que en el mercado había una compañía, Unión Explosivos Río Tinto (ERT), cuyas acciones cotizaban al 18 por ciento de su valor nominal, es decir, a unas 90 pesetas, aunque sólo en activos valía diez veces más. El olor de la sangre excita a los tiburones. El plan de Beta era tomar pausadamente paquetes de ERT sin hacer ruido (llegaron a tener casi el 8 por ciento) hasta controlar el 15 por ciento del capital. Luego se trataba de buscar un grupo financieramente potente que quisiera hacer de compañero de viaje y tomar otro 15 por ciento. Luego, con el 30 por ciento en la mano, la compañía era suya.

Pero entonces llegó «Javierete», como le llamaban sus compañeros de promoción en Derecho, y entró como un elefante en una cacharrería: «Esto hay que hacerlo a lo grande, no como vosotros. ¡Chico!, parece que jugáis al Monopoly. Yo me ocupo de todo. Pero tú, Pedro, tú te vienes de presidente».

Olabarría volvió a dar calabazas a JR, pero de nuevo obtuvo jugosas plusvalías al venderse sus acciones de ERT. Además, en los contactos de JR con Miguel Boyer sobre Cartera Central el ex superministro ya le había sugerido las ventajas de un gran proyecto nacional en la química, con la fusión de Cros y ERT.

El desembarco de KIO en el sector químico se inició en 1987, aunque Javier de la Rosa, como de costumbre, lo negó durante meses. Al final del año Torras reconoció que era propietaria de 8.571.918 acciones de Explosivos Río Tinto. Comprando a través de las sociedades GSM Securities y Lloyds International Banking, había conseguido el 26,3 por ciento de la empresa con un coste de 21.878 millones, es decir, al escandaloso precio de 2.552 pesetas cada título. Importantes beneficios habían quedado ya por el camino. Los de KIO desataron un auténtico greenmailing [4], mientras que Escondrillas se enrocaba defensivamente. Esa resistencia desató la prepotencia de De la Rosa, que para darle una lección a Escondrillas acabaría comprando la compañía. Con los años, esta fanfarronada les costaría a los árabes centenares de miles de millones.

Durante más de un año, José María Escondrillas Damborenea[5] y Javier de la Rosa libraron una de las más duras batallas empresariales conocidas en España. Hasta que JR convence a Jaffar para que KIO dé el do de pecho y comienza a adquirir un 10 por ciento de Cros. Rápidamente, De la Rosa barrió en el mercado las acciones de la química catalana, por aquel entonces presidida por Francisco Godia Sales. En septiembre de 1987, Torras posee casi un 20 por ciento de Cros, porcentaje que llegaría a ser del 58,08 por ciento a finales de año[6]. El objetivo final del asalto era controlar las dos sociedades, fusionarlas, con las consiguientes exenciones públicas para los beneficios aflorados, y después trocearlas para cobrar las correspondientes comisiones.

El 23 de julio de 1987, De la Rosa y su abogado Matías Cortés se presentan en el despacho de Escondrillas y le anuncian al más puro estilo de Gordon Gekko, el protagonista de Wall Street, que controlan la compañía. Escondrillas fija la vista en César Alierta, el hombre de Beta que pilotaba el raid bursátil, pero no termina de creerse que los kuwaitíes le han comprado, ya en aquel momento, un 15 por ciento de ERT sin advertirlo. Del «no me lo creo», Escondrillas pasa a quedarse boquiabierto. De la Rosa amenaza con dominar el 45 por ciento de la empresa a través de fondos norteamericanos como Warburg o Fidelity, aunque se trata de un farol que más adelante se descubrirá. De la Rosa tenía amañadas otras cartas.

«Voy a acabar contigo. Vuestro consejo de administración es una mierda. No tenéis riesgo personal, ni una sola peseta propia. ¡Fuera de una vez!», le gritaba enfurecido Jotaerre a Escondrillas mientras éste trataba de activar al Gobierno en su favor por la condición estratégica de la división de explosivos de la compañía.

Jotaerre maniobró contra Escondrillas. En septiembre de 1987 amenazaba con montarle un numerito en la junta de accionistas apoyándose en las artes reventadoras de sus abogados Matías Cortés y Juan Piqué Vidal. Los bancos negociaban un plan de cancelación de deuda propuesto por Escondrillas. Sorprendentemente, el Crédit Commercial de France (CCF) se opuso. «De la Rosa nos compró»[7], confesaba uno de los ejecutivos de la entidad financiera gala, y el plan que afectaba a unos 19.000 millones de deuda global se frustró. ERT debía al CCF 2.000 millones, y un periodista de Barcelona, Feliciano Baratech, propició, a petición de JR, un encuentro con Escondrillas. Los franceses accedieron a ser utilizados de ariete para derribar a este último a cambio de que el financiero catalán les liquidara su cuenta bajo mano.

La defensa numantina del vasco, aferrado a un 24 por ciento del capital que controlaba indirectamente, estaba en jaque mate. Escondrillas llamó a todas las puertas tropezando con una incomprensible lenidad gubernamental. El empresario vasco había recibido ERT de manos de Carlos Solchaga en 1982 para «sacarla del túnel»[8] y ahora el Gobierno no le apoyaba. Sólo le escuchó el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, que conocía bien a JR: «Es un peligro público». Serra argüía que los kuwaitíes tenían negocios con el libio Gadafi y que la empresa española era un gran proveedor de munición de los países de la OTAN.

Pero Jotaerre contaba con apoyos en el Partido Socialista. Tantos, que el memorándum que envió el vasco Escondrillas a Felipe González instándole a tomar partido por los gestores españoles no fue contestado. Luis Carlos Croissier, ministro de Industria en esa época y posteriormente presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, fue el más cruel con Escondrillas: «A nosotros ese tipo de argumentos nos da igual. Eso son cosas de las empresas. Hoy día todo está internacionalizado». El vasco no olvidaría jamás el día 12 de julio de 1988, cuando tuvo que dimitir de la presidencia muy a su pesar. Otros socialistas viraban en la misma dirección de Croissier. Eduardo Santos, secretario de Estado de Industria, comentaba a un extrañado delegado del Gobierno en Cataluña, Francesc Martí Jusmet: «De la Rosa no es tan mal chico, además está dispuesto a invertir».

Cuando Luis Carlos Croissier expuso al Consejo de Ministros que tenía «arreglado» lo de los fertilizantes «con los kuwaitíes que han venido con Javier de la Rosa», Serra casi le salta al cuello: «¿Cómo recibes a ese chorizo?» Al final, la dudosa teoría política del mal menor acabó imponiéndose. González y Solchaga, una vez más, cedieron. El Gobierno autorizó la venta a los kuwaitíes de Explosivos Río Tinto. El 20 de octubre de 1987, en pleno crash bursátil, Solchaga comunica a Manuel Guasch y Jaffar la buena nueva. De la Rosa queda fuera de la foto para no herir más susceptibilidades. A fin de preservar los secretos militares de las fábricas de ERT, Serra impuso a un agente del Cesid como responsable de la vigilancia en las instalaciones estratégicas a las que los de Kuwait tenían prohibida la entrada. El agente era el teniente coronel Francisco Acín Gallego, que abandonó al financiero catalán dos años más tarde, harto de ser utilizado como un títere. Pero, al final, Txiki Benegas ganaba y Serra perdía. «Me voy y me echan por motivos políticos», decía Escondrillas al hacer mutis por el foro.

El asalto a ERT fue la consecuencia de la más grande de las audacias de KIO en España. Después de tomar el control de la catalana Cros, se trataba de entrar hostilmente en ERT y potenciar la fusión de ambas para dar lugar a Ercros. Para ello JR contaba con poder lanzar una ampliación de capital de Cros que financiara la toma de ERT, pero sus planes toparon con el crash bursátil que dejó un sonoro suspenso sobre su mesa de despacho como mago de los mercados. De la Rosa utilizó 51.000 millones de pesetas en la jugada. Cros hizo una OPA sobre ERT y Escondrillas quedaba superado por la fuerza del dinero. De la Rosa imponía su ley y el vasco dejaba la compañía. Como en sus momentos autojustificativos más lúcidos, De la Rosa hacía suya la máxima de Ivan Boesky: «La codicia funciona, la codicia es justa».

Una vez conseguido el poder en ERT, Torras decidió vender su paquete a su participada Cros, lo que supuso a la compañía holding de KIO unos ingresos de 25.215 millones gracias al aumento del valor en bolsa. Como se trataba, una vez más, de un simple movimiento de papeles, efectuado en el momento en el que el valor estaba más inflado[9], la picardía financiera de JR acabó generando, para Cros, pérdidas de 16.272 millones por la caída posterior de las acciones. Además, Torras le endosó 16.200 millones en pagarés que se engulleron por la apurada empresa química a fuerza de ampliaciones de capital.

La fusión se aprobó en octubre de 1988, aunque no se formalizó hasta el año siguiente, con un valor en bolsa de 2.200 pesetas por acción y los pronunciamientos favorables del Gobierno a la concesión de beneficios fiscales por la integración, que generó unas plusvalías de 45.754 millones. En otras palabras, el Gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de abortar o consentir tanto tiburoneo.

Para celebrarlo se dispuso una fiesta en el hotel Ritz con gran dispendio de canapés, cava y discursitos con diapositivas. Un lujoso opúsculo proyectaba beneficios hasta el infinito sobre la base de sinergias, reflotaciones y dinero fresco a llegar de KIO. A partir de ahí, lo de siempre: el tobogán. Si en la fusión Cros tenía una capitalización bursátil de 14.441 millones y ERT de 5.311 millones (a fecha de 31 de enero de 1986), el mismo valor en bolsa poco antes de la suspensión de pagos de 1992 no superaba los 5.200 millones en conjunto. Las acciones compradas por KIO a 2.600 subían como la espuma a más de 4.000 pesetas por título. Incluso en Cros, las acciones superaban las 6.000 pesetas, favoreciendo una fusión que aparentemente era un negociazo para los mayoritarios en Cros, Grupo Torras, aunque en realidad se hacía a costa del hundimiento de sus inversiones.

De la Rosa cumplía cuarenta años poco después de salir «airoso» de su enconada batalla. Contaba con la victoria incluso antes de que se marchara Escondrillas. El miércoles 7 de octubre de 1987 un centenar de íntimos se dieron cita para saborear un menú, que un cronista de sociedad estimó en 60.000 por barba, en el que el beluga, los centollos y el champán Dom Perignon rebosaban en las mesas. Los promotores de la soirée tuvieron un detalle digno de adolescentes de colegio religioso: engancharon unas pegatinas en las botellas de rioja (Marqués de Cáceres) en las que se podía leer: «Explosivo Vino Tinto. Cosecha 1987. Bodega Javier de la Rosa». La gracia se completaba con una cinta de regalo, de Loewe, claro, en el cuello de la botella, de la que colgaba un cartucho de perdigón de caza del calibre 13 mm, de los fabricados por ERT.

Con Ercros ya activa, De la Rosa traicionó a Paco Godia Sales, el presidente de Cros y vicepresidente en funciones de la fusionada Ercros, a quien había prometido la continuidad, y buscó a un interlocutor con la Administración. Godia Sales había hecho su fortuna al socaire de Jaime Castell Lastortras (Banco de Madrid-Prodinsa) y con los negocios de piensos Diana y Trías. Piloto automovilístico en su juventud, sustituyó al asesinado José María Bulto en la presidencia de Cros cuando nadie se atrevía a hacerlo después de que un grupo terrorista enganchara una bomba en el pecho de su predecesor. Godia, un oscense franquista, fue el último de aquellos dinosaurios que dieron la cara en el tardofranquismo catalán. Castell huyó a Lausanne (1978) por lo que les había sucedido a Bulto y a Joaquín Viola Sauret, ex alcalde de Barcelona también asesinado. Godia aguantó la entrada de Torras en la paralizada química Cros y, como se ha dicho antes, tenía la palabra de De la Rosa de que le mantendría en la presidencia.

Una mañana, Paco Godia —traicionado por Jotaerre— paseaba como un jubilado cualquiera por los alrededores del «Conventet», su magnífica residencia junto a la Cruz de Pedralbes. «Tú, pase lo que pase, desconfía siempre de Javier. Es la única manera de que no te enrede con sus líos. Un hombre sin palabra no cambia nunca», afirmaba Godia a un periodista.

Godia, fallecido en 1992, fue objeto de un homenaje en el hotel Princesa Sofía de Barcelona, uno de cuyos salones estaba bautizado con el nombre del hotelero Juan Gaspart[10]. De la Rosa se presentó en el acto, lo que fue considerado como un insulto por la mayoría de los asistentes. Tanto que algunos íntimos de Godia abandonaron inmediatamente el homenaje.

Jotaerre había comentado con el ministro de Industria el nombramiento del nuevo presidente: «Yo de eso de la química no tengo ni idea, pero supongo que no os gusta Paco Godia. ¿Quién te parece el hombre apropiado?». Industria, por boca de Claudio Aranzadi, señaló con el dedo a un hombre. El elegido para la presidencia de la flamante Ercros fue el donostiarra Javier Vega de Seoane, ex director general del INI, que sustituyó a Francisco Godia en octubre de 1988. Su nombramiento buscaba la conciliación con Carlos Solchaga, ministro de Economía. Con la misma intención, De la Rosa convirtió en presidente de la filial Unión Española de Explosivos a José Fernando Sánchez Junco, un ex director general de Industria.

Vega inició un proceso de desinversiones en actividades periféricas —incluso la perla de Ertoil— y desarrolló el guión escrito entre De la Rosa y el Ministerio de Industria. Su sueño era poner a volar la primera química española. «Como dicen los norteamericanos: If you can dream it, do it! («si puedes soñar con ello, hazlo»). «Pues de eso se trata», explicaba alborozado el día que llamó a De la Rosa para confirmarle que el Consejo de Ministros había aprobado conceder exenciones fiscales por el 99 por ciento de los casi 100.000 millones solicitados por la fusión ERT-Cros (21 de junio de 1989)[11]. Como se verá más adelante, De la Rosa utilizó esta operación para maquillar las cuentas de Torras de 1988. El cáncer comenzaba a extenderse.

EL VACIADO

El pago a la vista gorda en los abordajes empresariales se materializa cuando Ercros adquiere Enfersa al Instituto Nacional de Industria para fusionarla con Fesa y crear una gran división de fertilizantes. El negociador de la Administración era Jordi Mercader, uno de los enemigos declarados de JR. La decisión de compra llegó en septiembre de 1989 en un consejo celebrado en Santander, por invitación de Emilio Botín, vicepresidente de la química. Vega lo planteó y nadie se opuso, aunque JR expuso antes y después del consejo que «no lo veía nada claro». Ercros pagó 7.600 millones al Estado en una operación a todas luces incomprensible que acabó gangrenando las finanzas del grupo químico, a pesar de las ayudas públicas recibidas —unos 26.000 millones—, que fueron insuficientemente controladas por el Ejecutivo. A pesar de todo, esas pérdidas operativas eran casi insignificantes si se comparan con las generadas por la gestión de De la Rosa y sus amigos.

Torras impuso la venta de activos inmobiliarios de Ercros a Prima Inmobiliaria para ingresar 23.000 millones y Vega de Seoane vendió en unos 18.000 millones las empresas farmacéuticas Dr. Andreu (a Hoffman-La Roche), Lisac, Cepa, Farmaiberia y el Instituto de Farmacología Española. El vaciado fue sistemático y proporcionó unos 103.000 millones. Pero no fue suficiente.

La labor de Vega, ingeniero de minas de profesión, se vio siempre entorpecida por los mediáticos intereses de Jotaerre, más atraído por la tarea de desgajar y vender (con suculentas comisiones a su favor) que por el futuro de Ercros. La prueba de ello es que durante el periodo 1987-1992 Ercros enajenó más de 100.000 millones de su patrimonio. Tanto que los kuwaitíes calificaron la empresa de empty box (caja vacía) cuando le vieron las tripas. Los intermediarios, encabezados por De la Rosa, se llenaban los bolsillos mientras se desatendía el saneamiento financiero de la división de fertilizantes, lo que afectaba al conjunto del grupo químico.

Además, la relación entre JR y Vega entró en erupción cuando el donostiarra le colocó un 4 por ciento de Ercros al Hispano, en contra de la opinión del gran jefe en la sombra. Ercros precisaba fondos, y los engreídos hombres de Quail decidieron, en diciembre de 1990, lanzar una ampliación de capital de 16.664 millones valorando cada acción al 120 por ciento. La ampliación de capital fue un fracaso, ya que «no estaba siendo debidamente atendida por sus anteriores accionistas», reconocían en Torras. Es decir, los inversores no se creían ya el cuento y no compraban las nuevas acciones de Ercros.

Se trataba de pensar algo y deprisa. El diseño de la operación tenía que servir para ocultar al accionista principal, KIO, algo que ya empezaba a correr en medios empresariales y financieros: que la empresa química estaba seriamente averiada y sus activos rentables o valiosos habían sido dilapidados. Obviamente, para la camarilla de De la Rosa también se trataba de hacer un buen negocio.

Folchi, el mercantilista de JR, se sacó de la chistera un truco pedestre, pero efectivo. Los conspiradores crearon una serie de sociedades que asumirían la titularidad de las acciones de Ercros de nueva emisión. Folchi recurrió a una sociedad del conocido suministrador Javier Villaba: Promociones Vitrefax. La firma tenía un capital de 500.000 pesetas. Para no tener que ampliarlo, la sociedad se transformó en Mesa Redonda S.L. y en sus cargos directivos se colocaron Blanca Boixeda (abogada de Folchi Asociados) y Gabriel Florido (administrador de Quail).

Un contrato mercantil (intervenido por el corredor de Tarragona, Luis de Grandes, que hasta la época de Grand Tibidabo dará fe pública de todos los papeles que le lleven a la firma los hombres de De la Rosa[12]) establece que la sociedad Abelia (domiciliada en el despacho de Folchi) vende Promociones Vitrefax. Sus 500 acciones son adquiridas por Javier de la Rosa en un 60 por ciento, o lo que es igual, paga 300.000 pesetas; Narciso de Mir paga las restantes 200 acciones, 200.000 pesetas. La sociedad se traslada de domicilio al mismo de Quail. El 22 de marzo de 1991 (dos días después de tomar la sociedad) Jotaerre hace firmar a sus hombres de Grupo Torras y al representante de Mesa Redonda un acuerdo entre la filial española de KIO y la sociedad por el que Mesa Redonda se responsabiliza de tomar las acciones de la ampliación de Ercros, nada menos que a 600 pesetas por título. Grupo Torras se compromete a financiarles para ello. Así fue, Grupo Torras prestó un máximo de 9.198 millones de pesetas ese año a Mesa Redonda. Al año siguiente, a fecha 31 de julio de 1992, la cifra se incrementó sospechosamente a 12.016 millones, el récord de lo prestado por Grupo Torras a Mesa Redonda.

Ello les permitió aparentar cierta normalidad y seguir comunicando a la CNMV que el Grupo Torras-KIO sólo controlaba un 39,7 por ciento de Ercros (un 33 directamente vía Torras y un 5 por Torras Hostench London). De la Rosa y su equipo hicieron que la operación Mesa Redonda fuese aprobada en el consejo de Grupo Torras (18 de diciembre de 1990), pero no los préstamos que comenzaron antes incluso de que De la Rosa desembarcara en Mesa Redonda. No se estableció ningún plan de retorno, pero sí el pago de un hipotético 1 por ciento de las plusvalías en caso de venta de las acciones. En sus alegaciones contra De la Rosa, los nuevos gestores de KIO consideraban curioso que tan importante contrato de fiducia en nombre de Grupo Torras fuese firmado por dos simples apoderados, José María Sot y Miguel Soler, y «ni tan siquiera por el consejero delegado, o el vicepresidente». Como es obvio, al consejo no se le explicó la realidad y se le vendió una milonga.

Según el acta, Narciso de Mir expuso «que para asegurar el éxito de la ampliación y para reforzar el papel de los ejecutivos ante la opinión pública, se constituya una sociedad que compre, al menor precio posible, los derechos no absorbidos por el mercado». La frase es suficientemente ambigua. ¿Quién compra, los ejecutivos o Torras? Cuando estalle la crisis, en 1992, De la Rosa y su banda no querrán saber nada de esas acciones. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones de que en realidad son títulos propiedad de Torras-KIO, no han podido enseñar ningún documento en ese sentido y, en el Registro Mercantil, que es donde deberían constar los hechos, sólo aparecen como propietarios De la Rosa y De Mir. Por su parte, KIO afirma que no tiene nada que ver con Mesa Redonda. Por eso, el juez Aguirre ordenó el embargo de las acciones cuando rastreaba el posible patrimonio de JR.

La operación escondía otros pequeños detalles, el precio pagado por las acciones era de 4.000 millones menos que lo prestado por Grupo Torras. La trampa con la ampliación de Ercros se cerraba con unas pérdidas para Grupo Torras de unos 15.000 millones. Los famosos honorarios de la KKR (Kohlberg, Kravis & Roberts), prestamistas dedicados a fusiones y absorciones en la bolsa neoyorquina, eran un modelo ético en comparación con estas prácticas.

Mucho después, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores despertó de un tolerante letargo, abrió expediente sancionador a Javier de la Rosa al descubrir que les hacía una soberbia pirula y controlaba —a través de la fiduciaria Mesa Redonda— un 16,85 por ciento de Ercros (revelación que la prensa había aireado a los cuatro vientos un año antes). Mesa Redonda, donde el rey Arturo era De la Rosa, adquirió su paquete de Ercros con financiación de Grupo Torras. Mesa Redonda había adquirido 14 millones de acciones de Ercros, lo que supuso un desembolso de 8.416 millones que acabó de financiar una entidad bancaria contra la pignoración de las propias acciones[13]. El método de la pignoración era muy recurrente en las prácticas de Jotaerre, sobre todo porque le libraba de someterse al control de la oficina de KIO en Londres para que garantizase sus movimientos crediticios en España. De la Rosa había presionado a Vega de Seoane, el primer presidente de Ercros, y a su equipo para que se quedasen con un paquete de la química, que se estimaba en un 1,5 por ciento.

En teoría, once directivos debían poner sus dineros en aquel incomprensible intento de disimular el hundimiento de la compañía en bolsa. El grupo de caballeros elegidos para la Mesa Redonda estaba encabezado por Vega de Seoane, y completaban la alineación: Jerónimo Angulo, Fernando Labad Sasiaín (cuñado de Escondrillas), Josep Piqué Camps, Rafael Loste, Javier Targhetta, José Luis del Valle, Isabel Verdeja, José Fernando Sánchez Junco, Juan Antonio Martínez, José Manuel Pardo de Santayana. De la Rosa no consiguió forzar a los ejecutivos de Ercros a participar en la idea y tuvo que asumir la totalidad del paquete, incluido el 1,5 por ciento que había reservado para el management de Ercros. Jotaerre había vuelto a burlarse de todos y había controlado —sin OPA— un 57 por ciento de la química, engañando de paso a los propios accionistas mayoritarios, KIO.

Es apresurado afirmar que, cuando De la Rosa interviene en una operación, se conocen todos los mecanismos que es capaz de utilizar para exprimir a su víctima. El caso de Ercros es una buena confirmación de ello. Además de haber ventilado 4.000 millones de pesetas por la diferencia entre el precio de las acciones y los préstamos recibidos, JR había diseñado otra fuente adicional de ingresos.

El comisionista había invertido en el exterior pequeñas cantidades de sus sustanciales ganancias. Durante una temporada canalizó esas operaciones a través de su primo, Javier de la Rosa Maura, residente en Nueva York y propietario de la sociedad de inversión Piper Investment. Maura también manejó recursos de otros amigos de su primo, como el empresario textil Javier Juncadella. Maura había intervenido en algunas operaciones de KIO, como la compra del Grupo Trillo o, más adelante, en las negociaciones para la venta de la papelera Torras a un grupo norteamericano, y acabó trabajando también en la oficina de Quail en Madrid. Finalmente la aventura acabó mal y De la Rosa y su primo se cruzaron sendas demandas en los Estados Unidos. Maura acabó presentando una ante la Supreme Court of the State of New York el 6 de septiembre de 1994.

Por su extraordinario interés conviene reproducir la parte de la demanda de Maura referida a Ercros:

«Alrededor de marzo de 1990 y hasta abril y mayo de ese año [las mismas fechas en las que se pone en marcha la operación de Mesa Redonda], el demandante Maura recibió instrucciones orales del demandado Javier de la Rosa en Madrid, España, en las oficinas privadas de Quail España, de las que Maura era directivo, para que comprara acciones de Ercros utilizando la cuenta número 101900, con el nombre en código Stuart, en el Bankers Trust de Ginebra.

»Maura recibió de De la Rosa una autorización oral discrecional para llevar a cabo las compras.

»En ese tiempo Ercros era la empresa química y de fertilizantes más grande en España y estaba controlada aproximadamente en un 40 por ciento por el Grupo Torras.

»Maura ejecutó las instrucciones de De la Rosa a través de la cuenta Stuart […] del Bankers Trust, utilizando un margen de 700 a 900 pesetas para la compra de las acciones de Ercros.

»[…] Las órdenes de compra de De la Rosa se basaban en un plan confidencial que De la Rosa estaba recomendando a los responsables de KIO para lanzar una OPA sobre el 60 por ciento de las acciones de Ercros que Torras no poseía todavía, lo que redundaría en un sustancial beneficio para De la Rosa y sus co-conspiradores en el Grupo Torras y KIO.

»En junio de 1990 la OPA no se había aprobado y el retraso y las condiciones del mercado crearon dudas acerca de la capacidad de Torras para asegurar la financiación de KIO para los planes de expansión defendidos por De la Rosa.

»Como resultado de estos hechos el valor de las acciones de Ercros en torno a junio de 1990 cayó a las 400 pesetas aproximadamente, de lo cual Maura informó oralmente a De la Rosa».

Poco después, la invasión de Kuwait por Irak, en agosto, terminó de desbaratar los planes denunciados por Maura, lo que provocó «pérdidas superiores a los 5 millones de dólares»[14], para JR y sus amigos.

Obviamente, la vida en Ercros comenzaba a hacerse difícil. Josep Piqué Camps, consejero delegado y presidente de Fesa-Enfersa, citaba a un amigo periodista para espetarle: «Javier se ha enterado de que somos amigos. Me ha prohibido taxativamente que vuelva a hablar contigo. Ya sabes cómo es, lo espía todo. Está convencido de que yo te informo y, aunque no sea así, yo no me la puedo jugar por nadie. Así es que no vuelvas a llamarme». Las técnicas de Jotaerre rompían una larga amistad que provenía de los tiempos en que Piqué era un PNN «de izquierdas» en la Facultad de Económicas.

Las discrepancias entre Vega, mero testigo del vaciamiento de la compañía, y De la Rosa se fueron agudizando. JR veía peligrosa la proximidad de Vega con los ministros de Industria, el anterior, Luis Carlos Croissier, y el del momento, Claudio Aranzadi. La bronca más sonada fue a raíz del asunto Río Tinto Minera. El hombre de KIO en España pretendía retirarse de la productora de cobre, en la que poseía un 51 por ciento del capital. Javier Vega se oponía frontalmente a la venta e incluso pretendía algo muy bien visto por Industria: adquirir el 49 por ciento de Río Tinto Minera en manos de la multinacional británica RTZ.

El presidente de Ercros llevaba meses intentando reunirse con De la Rosa para presentarle su dimisión, pero este último demoraba deliberadamente la entrevista, consciente de que aquello sería un escándalo que encendería las luces de alerta en el ministerio de Industria. Debía encontrar un recambio que procurara la tranquilidad de las autoridades. Sin embargo, como zorro viejo, De la Rosa llevaba en negociaciones con José Aureliano Recio desde antes de finalizar 1991. Vega de Seoane rompería con De la Rosa en octubre de ese año sin que se pueda decir que saliera inmaculado del emporio comisionero urdido a su alrededor. Pero el motivo esencial era el desacuerdo con la venta de Ertoil, operación que se formalizó en diciembre de 1990. Vega quería seguir las recomendaciones de Industria y vender a Cepsa, la petrolera del Central. También mantuvo contactos con Conoco y con Total, lo que algunos relacionaron con sus apetencias de conseguir un sillón en tan rutilantes consejos de administración.

«Tú aquí no eres nada. Aquí mando yo. Si te portas bien, cobrarás. Y si montas un escándalo, saldrás perdiendo tú», amenazó el magnate a Vega de Seoane. Este optó por morderse la lengua y abandonar Ercros por la puerta pequeña, llevándose una buena indemnización. Javier Vega de Seoane Azpilicueta cobró 168 millones por unas invisibles «gestiones para la preparación y compra de activos de Sarrió». Unos servicios que nunca prestó, según Torras expone en la carta de despido de su director financiero, Miguel Soler Sala, fechada el 2 de octubre de 1992. El pago del silencio a Vega de Seoane se realizó a través de la sociedad Ferupi, SA[15], de la que es administrador único. Uno de los asesores de KIO argumentaba que «esa comisión tan abultada era para tenerle directa y personalmente implicado en la gestión irregular de Grupo Torras».

De la Rosa le hacía responsable de todos los males por la falta de resultados del plan de viabilidad de fertilizantes. Los de Quail se vieron forzados a colocar en la presidencia a Narciso de Mir[16], número dos de Jotaerre, que sería el timonel del desastre.

EL BOOM INMOBILIARIO

En aquellos años de pelotazo y culto a la riqueza fácil no había nadie en España que pudiera considerarse importante si no conseguía hacer una gran operación inmobiliaria. JR no podía ser menos, pero como él contaba con los recursos de Torras y KIO no podía limitarse a hacer operaciones casuales, tenía que montar la inmobiliaria más grande y con las mayores dosis de ingeniería financiera de España.

En enero de 1987, a través de Alfredo Fraile, De la Rosa consiguió poner en marcha su peculiar visión del negocio inmobiliario y discutió la posibilidad de asociarse con Alfonso Cortina, consejero delegado de Portland Valderrivas, que promovía desde 1980 a título privado un pequeño negocio llamado Edificios Coslada. Cortina tenía como socio en esta empresa a Juan F. («John») Gómez Hall[17]. Pronto, De la Rosa, Cortina y Gómez Hall alcanzan un acuerdo y, tras el preceptivo viaje a Londres, a la sede de KIO, sellarán su alianza. A partir de ahí inicia su andadura Prima Inmobiliaria.

Prima había comprado —en mayo de 1988— al grupo Interpart-Sasea, del italiano Giancarlo Parretti[18], la Torre Negra de Azca, en Madrid, sede del Banco Santander, todo un símbolo en la cultura del boom especulativo-inmobiliario madrileño. Prima pagó 13.500 millones por el inmueble. En el consejo de la inmobiliaria todavía figura Alfonso Cortina.

Desde la trinchera del hotel Villamagna, Jotaerre movía los peones a su antojo. Un día, en el bar, le decía irritado a un hombre de negocios madrileño: «¿Cómo que tú no tienes precio? ¿Cuánto quieres por trabajar para mí y convencer a tu amigo de que me venda la empresa?». Posteriormente, el interlocutor explicaba: «Nunca me he sentido tan humillado en mi vida. Quería comprarme como si fuera un carnero o una puta».

El primer paso en Prima fue una ampliación de capital en la que la sociedad Koolmees Holding BV, de KIO, aportaba 2.684 millones por la compra de 1.396.149 acciones, es decir el 50 por ciento de la sociedad, mientras Gómez Hall mantenía un 26 por ciento, Cortina un 12 por ciento y Fraile, el relaciones públicas convertido en flamante hombre de negocios, un 4 por ciento. En junio de 1988, Koolmees volvió a invertir otros 33.431 millones, lo que le otorgaba el control casi absoluto, con un 80,6 por ciento. Mientras esto sucedía, la consolidación del pacto con los Albertos, que dio paso a Cartera Central, adjudicó a Prima el solar de Plaza de Castilla por el que KIO pagó 21.000 millones, cuando en realidad los terrenos no valían más de 12.000. Por este acuerdo, Urbanor, la sociedad que Ernesto Koplowitz compró al Istituto per la Ricostruzione Italiana (IRI), quedaba adscrita a Prima Inmobiliaria.

Prima gestiona un patrimonio inmobiliario de 50.000 millones y su principal inversión es la antigua sede de la Secretaría General del Movimiento, en Alcalá 44, en Madrid. Es el momento, octubre de 1988, de sacar a bolsa un porcentaje de su capital, lo que permite a Koolmees recuperar 8.748 millones, casi una cuarta parte del dinero invertido en su toma de control, 36.115 millones. Los beneficios de esa operación para Koolmees fueron de 909 millones. Una vez más se trata de un simple movimiento de papelitos. Koolmees se había desprendido de 1.725.000 acciones, pero 400.000 de ellas, es decir, el 23 por ciento, fueron adquiridas por Torras. Todo quedaba en las mismas manos.

Posteriormente, en diciembre de 1989, Kokmeeuw y Koolmees lanzarían una OPA sobre Torras, ofreciendo a los accionistas sus títulos de Prima, debidamente inflados de valor, a razón de 8.300 pesetas por cada título. Previamente, la cotización de la acción había sido calentada para preparar el intercambio. La bolsa volvía a ser manipulada descaradamente sin que nadie se diera por enterado.

La inmobiliaria recibió en 1989 el encargo de De la Rosa de comprar a Ercros su patrimonio inmobiliario para revenderlo. La inmobiliaria pagó 23.520 millones a la química y colocó 27 de las 29 propiedades en cuestión por una cifra algo inferior a la pagada. El traspaso de activos sirvió para que las cuentas de Ercros registraran beneficios, con los que tranquilizar a KIO, y, cómo no, para cobrar comisiones. Tras las ventas, Prima se quedó dos grandes activos: la sede social de Cros (paseo de Gràcia 56, Barcelona) y la fábrica de Cros en Valencia (de una extensión de 322.800 metros cuadrados).

Para colocar el patrimonio inmobiliario de Ercros, De la Rosa estableció un puente con el poder socialista, a través de Enrique Sarasola Lerchundi y la empresa sevillana Proinsur, relacionada con insignes personajes del socialismo andaluz. Precisamente, Sarasola se sintió traicionado por su socio Antonio «Gordo» Blázquez por culpa del pastel de Ercros. En el verano de 1988 Blázquez tenía ya ligado un contrato entre Froinsur y Ardelca, una sociedad participada por el alcalde de Sevilla, Manuel del Valle[19], Gregorio Aranda Alcántara y Francisco Carrera Cabello, para comprar 70.000 metros cuadrados de terrenos en San Pedro de Alcántara, muy cerca de Marbella, que acabaría en forma de Tibigolf Guadalmina entre los activos de la desfallecida Grand Tibidabo por obra y gracia de JR.

La imprescindible comisión recibida por Quail por traspasar los inmuebles de Ercros a Prima fue de 591 millones de pesetas, cobradas por su sociedad filial Servicios de Información y Estudios Catalanes (Siecsa) en concepto de «servicios recibidos para la venta y compra de activos». Junto a la empresa de De la Rosa otra se embolsaba 137 millones: era Universal Business Consulting, cuyo administrador único es José María González de Caldas, uno de los propietarios de Proinsur.

Algunos guerristas del PSOE obtenían lucrativas ganancias de su colaboración con ventas inmobiliarias de Prima, a través del intermediario José Luis Pinedo. Es el caso del edificio Recoletos 22, en Madrid. Prima lo compró por 1.026 millones, el 17 de agosto de 1989, y lo vendió a Proinsur el 31 de julio de 1990, en pleno boom constructor, por sólo 1.160. Proinsur intentó hacer lo mismo dos meses después en una operación que le supondría un ingreso de 5.250 millones, aun cuando no eran propietarios de todo el edificio. Sin embargo, el compromiso adquirido era vender la totalidad, cosa que hizo meses después, obteniendo unas plusvalías netas de 3.279 millones, casi veinticinco veces las que obtuvo Prima. Es decir, aquello era un pago de servicios, sobre todo si tenemos en cuenta el comprador último del edificio: el pagano fue Dinsa Consultores Inmobiliarios, propiedad 100 por cien de la Caja Postal.

Dinsa compró los inmuebles a precios hasta un 360 por ciento superiores, lo cual permitió a la inmobiliaria sevillana, que trabaja con intermediarios próximos a Enrique Sarasola o a través del propio José Luis Pinedo, obtener grandes beneficios, cifrados en 5.864 millones en tan sólo dos operaciones pagadas por la Caja Postal.

El triángulo Prima-Proinsur-Caja Postal (presidida esta última por Baltasar Aymerich[20] al igual que Dinsa) se reproduce con el edificio barcelonés de Aragón 271 que permitió beneficios de 2.585 millones. Proinsur también se quedó una finca de la calle Almirante Francisco Moreno, de Madrid (1.230 metros cuadrados), pero la venta se pifia y el inmueble retorna a Prima, aunque en el camino los influyentes transitarios se quedan 699 millones limpios[21].

Es una época dorada, en la que Prima puede costearse las informaciones privilegiadas del Ayuntamiento de Madrid en materia de solares a través de la empresa GMP Consultores, al frente de la cual están dos antiguos colaboradores del entonces secretario de Finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. Se trata de Sotero Jiménez y Juan Carlos Mangana Morillo, cuñado de Valentín Medel, ex concejal de Tráfico y Urbanismo de Madrid. Estos dos hombres se vieron envueltos en un escándalo de cobro de 800 millones por parte de la alemana Siemens en relación al contrato del Tren de Alta Velocidad.

LA «BATALLA» DE EBRO

La última de las grandes aventuras de Torras fue el asalto a la compañía alimentaria Ebro. La operación se caracterizó por su hostilidad hacia la familia Lozano, que controlaba el consejo de la sociedad, presidido por uno de sus miembros, Francisco Javier Lozano Bergua. El aragonés fundador de la azucarera no daba crédito a lo que sucedía: le quitaban la empresa de la familia y encima no podía dar rienda suelta a su explosivo carácter porque de algún modo Jotaerre condicionaba el futuro de su hijo a que él se tragara el sapo y sonriese el día de la foto. Lozano estuvo a punto de reventar cuando aquel mozalbete chantajista llegó a Ebro y le soltó: «Hola Paco, no sabes lo contento que estoy de tenerte conmigo». Lozano, entre amarillo y rojo, decidió retirarse.

Ebro será prácticamente la única de las empresas de la órbita de JR que producirá siempre beneficios y no sucumbirá en la crisis del Grupo Torras, desatada en el segundo semestre de 1992. Una vez más, De la Rosa había decretado la compra subrepticia de acciones. Durante la primavera de 1987, GSM Securities adquiere 119.498 acciones de la azucarera, a un coste de 988 millones de pesetas, para luego revenderlas a Torras por 1.867 millones, es decir, con un beneficio para GSM de 900 millones. Este tipo de compras se sucede durante todo el año 1987, hasta que Torras alcanza el control del 20 por ciento de Ebro. En enero de 1988 se presenta una OPA, que el consejo de la empresa atacada rechaza. Rafael Pérez Escolar, quien acabaría siendo uno de los más estrechos colaboradores de Mario Conde, toma la ofensiva jurídica y presenta diferentes demandas que no prosperan.

La sed de éxito que empuja a De la Rosa durante los años 1987 y 1988 le hará no reparar en gastos para conseguir el control de Ebro y vencer la resistencia del consejo de la empresa. Un motivo adicional para mostrarse generoso era que en la operación le acompañaban importantes socios como Emilio Botín, presidente del Banco Santander, padre del actual presidente de la entidad cántabra. Fue precisamente la participación del banco, y su filial Santander de Negocios, una de las claves de la operación.

JR había explicado su propósito azucarero al patriarca Botín, quien le brindó su apoyo y avaló la OPA sobre Ebro, que le serviría de trampolín para construir el primer grupo azucarero español. Aquello coincidía con el final feliz de la batalla contra Escondrillas. Botín apoyó a Jotaerre contra la familia Lozano porque se trataba de un gran negocio financiero, aunque corriera el riesgo de ser considerado un traidor por las grandes familias del campo español. El Santander financió a De la Rosa con los 25.000 millones que le permitirían el ataque y Rodrigo Echenique fue durante años su embajador en el imperio Botín.

Los pequeños accionistas de Ebro tuvieron que elegir entre la moral y el dinero. La tentación del precio resultó definitiva. Sucumbieron mayoritariamente a la oferta de compra de sus acciones al 4.286 por ciento (30.000 pesetas por cada título de 700 pesetas nominales). Tras la OPA, cuidadosamente preparada por Ramón Hermosilla, abogado de Manuel Prado y Colón de Carvajal, Torras-KIO dominaba un 51,3 por ciento de Ebro. La toma de control de Ebro supuso para Quail España una comisión de 1.129 millones. Francisco Javier Lozano Bergua no lo entendía, pero acababa de ser desalojado de la empresa de su vida (la familia tenía un 16 por ciento hasta la OPA). El 5 de mayo de 1988 De la Rosa y Emilio Botín se incorporan «del bracito» al consejo de administración de Ebro. Más adelante, en 1992, el banquero cántabro incluso aportó 10.000 millones en líneas de crédito a De la Rosa para que éste se hiciera con su paquete personal de la azucarera (9,93 por ciento del capital). Junto a ellos lo hacían Manuel Guasch, que alcanzaría la presidencia, y Rodrigo Echenique.

Guasch era una pieza fundamental en el operativo de De la Rosa, especialmente por su papel en Madrid ante los ministerios y otras áreas de poder económico. Sus suaves maneras y su extensa red de relaciones personales le convertían en el hombre ideal para llevar los mensajes o para tantear el estado del terreno. Esas funciones le hicieron ganar el apelativo de «el espía paraguayo» que le impuso Iñigo de Oriol, presidente de Iberdrola. «Manolo» sacó un gran partido a esa función, especialmente en forma de presidencias y puestos en consejos de administración, pero también en relación con la gestión de la empresa azucarera. De todas las graneles empresas de Torras, Ebro fue la única que no se vio envuelta en la red de créditos cruzados y trampas contables que tejió De la Rosa.

A cambio, Guasch, reunió una importante fortuna gracias a que JR lo colocó en la mayoría de los cómodos consejos que controlaba. Además, «Manolo» consiguió que Torras le pagara el yate con el que aún continúa veraneando en los alrededores de la Marina Botafoch de Baleares. El barco pertenecía a Francisco Javier Sitges, presidente de la constructora naval Mefasa, filial de Banesto, quien se adjudicó otro con el mismo diseño que el Blue Legend de Jotaerre. El buque de Guasch estuvo durante varios años a nombre de la sociedad Pinyer, una de las instrumentales del abogado Folchi, también aficionado a la navegación.

A finales de 1990 Torras fusionó Ebro con otra azucarera, la catalana Compañía de Industrias Agrícolas. Esta empresa había pertenecido históricamente a las familias Carner y Suñol, aunque, de nuevo, el Banco Santander estaba presente con una participación muy significativa, el 10 por ciento. Este paquete fue colocado por la entidad financiera en una sociedad extranjera, Philbo Salomon, que posteriormente traspasó un 5 por ciento del capital al Grupo Torras. Después, una rápida incursión —intermediada por Santander de Negocios— permitió a Torras hacerse con un 15 por ciento, en una loca carrera para controlar la futura empresa. El objetivo era alcanzar el 24,9 por ciento. En ello se invirtieron unos 10.000 millones. Tras la fusión, la empresa de KIO pasó a controlar cerca del 40 por ciento de la nueva Ebro-Compañía de Industrias Agrícolas.

En diciembre de 1990 echó a andar Ebro-Agrícolas que, en su primer ejercicio, ganó 6.324 millones y se convirtió en la joya de la corona de las inversiones de KIO. Era el primer grupo alimentario español, con una facturación por encima de los 125.000 millones. La fusión recibe los beneficios fiscales e ingentes plusvalías que incluso salvan las cuentas del Grupo Torras. De la Rosa contabiliza la fusión como beneficios de 33.730 millones para Torras, lo que genera una salvedad en el informe de auditoría de 1990.

Al estallar la crisis de Torras, los nuevos ejecutivos enviados por Kuwait se dedicaron a buscar, sin éxito, el dinero desaparecido. Uno de los abogados del financiero, Juan José Folchi, envió un memorándum secreto al fiscal general del emirato intentando justificar lo sucedido y presionando para paralizar las investigaciones.

El documento en cuestión explicaba que «5 millones de dólares se entregaron a Bankers Trust como un pago complementario por la toma de control de Ebro». Más adelante se podía leer: «Siguiendo el éxito de la toma de Ebro, el desarrollo de planes estratégicos para la expansión de la compañía continuó. Se adquirieron varios activos y en ejecución de la política de diversificación continuaron las negociaciones con otras compañías azucareras. El 28 de febrero de 1990 el consejo de administración del Grupo Torras fue informado de que se habían alcanzado acuerdos con Compañía de Industrias Agrícolas para la fusión de ambas empresas […]. Como consecuencia de estas negociaciones, serían necesarios otros pagos complementarios. […] Se realizaron dos transferencias por importe de 22,5 y 15,5 millones de dólares para hacer pagos complementarios»[22].

Obviamente, todo era mentira. Como luego descubrirían los abogados y sabuesos de KIO, la mayor parte de ese dinero fue a parar a los bolsillos de los ejecutivos del grupo.

CAPITULO DOCE

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS

En poco más de un año, desde el desembarco en la papelera Torras del verano de 1986, De la Rosa pavoneó su personalidad de nuevo rico entre los poderes económicos, la banca y un importante número de empresas que tuvieron que rendir sus fortalezas. Muchos grandes salieron derrotados o cuando menos escaldados. También superó las presiones gubernamentales encaminadas a conseguir que KIO le reemplazara como su representante en España. En los medios de comunicación contaba con gran predicamento gracias a las campañas de imagen que le montaban algunas plumas de prestigio. La soberbia desplegada por JR en esas campañas no sólo le permitía vencer, también humillaba, revelaba hasta qué punto tenía clavado el estigma de la estafa de su padre y la suya propia en el Garriga Nogués. En su psicología, la «buena sociedad» que le había dado la espalda debía pagar ahora su falta. Para tal expiación todos los medios eran lícitos.

En las escuelas de negocios los alumnos querían ser «Jotaerres». Era la señal de alarma de una enfermedad que embargaba a nuestra sociedad. El diagnóstico era claro: la ingeniería financiera se imponía socialmente sobre el trabajo productivo de las industrias y empresas. El derroche barroco, la gomina, el lujo y el impacto social atraían la envidia insana de todos. Sin embargo, en una economía que aspira a ser seria, la segunda ley de Newton acaba siempre por cumplirse: lo que tiene que caer, cae.

Cuando el grupo árabe asumió el control de Torras, las pocas deudas que aún tenía la sociedad fueron rápidamente canceladas. A finales del año el balance presentaba un aspecto tranquilizador, aunque JR ya le había clavado un nuevo paquete de créditos que sumaban 21.432 millones. Los gastos financieros, es decir, el pago anual de intereses por los créditos recibidos, eran de 1.505 millones, normal en una empresa que facturaba más de 33.000 millones.

Al cierre del ejercicio de 1987 el panorama ha cambiado radicalmente. Las deudas se sitúan ya en 78.873 millones, a pesar de las ampliaciones de capital realizadas por la papelera, una cifra que comienza a producir vértigo. Quizá más importante que lo anterior es el hecho de que de esas deudas, 21.307 millones, tienen como garantía acciones de Torras o de empresas que ésta controla, valoradas en 32.283 millones. Esta es una práctica por la que JR siempre ha sentido debilidad. Su uso indiscriminado acabará convirtiendo las finanzas de las empresas en una enrevesada madeja imposible de desovillar, y que desencadenará un efecto dominó cuando una de ellas deje de atender sus deudas. Así lo pudieron comprobar los nuevos gestores de KIO cuando, aterrados, hojearon los libros de contabilidad de Torras, una vez que De la Rosa ya había puesto pies en polvorosa. Además, el método de la pignoración permitía a De la Rosa endeudarse más sin pedir autorización a KIO, ya que, en caso contrario, debía ser el grupo árabe el que garantizase directamente las deudas.

En consonancia con ese importante volumen de créditos, los gastos financieros se habían situado en 3.680 millones. Es decir, dos veces y media más que el año anterior, mientras que la cifra de negocio sólo había crecido un 50 por ciento. El dato no llamó demasiado la atención en aquellos días, ya que el holding declaró beneficios de 14.162 millones, un 48 por ciento más que en el año anterior. La reconquista personal de JR comenzaba a pasar factura.

EL MAQUILLAJE DE TORRAS

Muy pronto, en el ejercicio siguiente, el de 1988, los gestores de Torras debieron ya maquillar profundamente las cuentas del ejercicio para ocultar la verdad. De poco sirvieron las plusvalías por la venta de Cartera Central, infladas hasta 10.128 millones.

Convertido en un apóstol de la deuda, De la Rosa había catapultado el endeudamiento de Torras hasta los 123.139 millones, y los gastos financieros se disparaban hasta los 14.769 millones. La mayor parte de la banca comenzaba a intuir que algo no funcionaba y exigía garantías reales para cada préstamo. Como consecuencia, a finales de ese año 1988, el 61 por ciento de la cartera de acciones de Torras estaba hipotecada con cajas y bancos. Si sólo se cuentan las acciones que cotizaban en bolsa, el porcentaje de títulos hipotecados era del 90,5 por ciento.

Se compran y venden empresas: la participación en Ebro alcanza el 48 por ciento; nace Ercros, se adquiere el 50 por ciento de la papelera belga La Cellulose des Ardennes, el 44 por ciento de Erpo, el 95 por ciento de la aseguradora Amaya y el 50 por ciento de Beta Capital.

Esta última adquisición fue especialmente lucrativa para De la Rosa. La mitad de las acciones de esta sociedad de bolsa, controlada por su amigo César Alierta, costó a Torras 9.836 millones de pesetas, un precio astronómico, 8.886 millones más que su valor neto patrimonial. Quail, la sociedad de De la Rosa, cobró un peaje de 2.430 millones de pesetas, «sin que necesite acreditar ni probar la intervención efectiva en la operación», según figura en el contrato firmado por Jorge Núñez, en nombre de Torras, y Narciso de Mir, en el de Quail. Pero la compra se explica sobre todo porque Beta era la sociedad mediante la que el equipo de Torras manipulaba la bolsa a su antojo. Tal y como se leía en la querella presentada por KIO ante la Audiencia Nacional: «Un conjunto de operaciones realizas por los querellados en relación con adquisiciones y enajenaciones de acciones, y transacciones para mantener artificialmente el precio de las acciones de las sociedades del grupo, realizadas principalmente a través de la sociedad Beta Capital. […] Según los informes elaborados por Peat Marwick habían producido unas pérdidas de 3.500 millones de dólares, actividades todas ellas tendentes, bien a la mera obtención de comisiones en las operaciones de compraventa, bien a forzar artificialmente el mantenimiento de altas cotizaciones bursátiles de los valores correspondientes a sociedades del Grupo en las que los querellados eran a su vez partícipes. [Y] todo ello, con el oscuro fin tanto de presentar su gestión como adecuada, como de obtener altas cotizaciones estrictamente ficticias que les permitiesen obtener un lucro personal más elevado a través de las transacciones realizadas»[1].

Beta Capital fue la cabeza de puente en todas las operaciones de De la Rosa hasta que dejó de confiar en los águilas de César Alierta para comenzar a trabajar con Asesores Bursátiles. También en el movimiento del día a día, el hombre de Beta en Barcelona, Luis Badía, veía con desespero cómo Miguel Angel Alvarez y otros agentes de la plaza navegaban sobre la ola de las operaciones de Jotaerre. Sobre la caída en desgracia de Badía, amigos de juventud y compañeros de facultad afirman, con chanza, que la hipótesis más probable es la que uno de los acólitos de De la Rosa le desveló en la Rambla de Cataluña, después de una operación importante de Torras Hostench:

—Luis, Javier está muy cabreado contigo. Tú sabes que es costumbre que después de pasar una operación así le hagan un buen regalo personal. Al fin y al cabo, él hace que a ti te vayan bien las cosas. Y vosotros os habéis saltado la regla.

—¿Y qué crees que debo hacer? —preguntó Badía.

—Quizá un buen reloj para su colección… podría arreglarlo. No lo sé.

Beta nunca volvió a capitanear las incursiones en la bolsa del «hombre de la manguera».

La consecuencia de todos los maquillajes contables aplicados por JR en Torras era que ni el más experto sabueso podía hacer un diagnóstico serio de la situación del grupo. La jugada maestra fue la fusión de Ercros. Aunque la aprobación gubernamental para la fusión, vía concesión de exenciones fiscales, se produjo en julio, los efectos contables eran retroactivos a octubre de 1988. Este movimiento del calendario permitió a De la Rosa y a su equipo de belleza contabilizar como «beneficio fusión del grupo» 10.727 millones de supuestas plusvalías, que por otra parte nunca se realizaron, y que se incluyeron directamente en la cuenta de resultados, ayudando así a que Torras declarase beneficios de 16.530 millones en 1988. Ajenos a los problemas que empiezan a dibujarse, Jotaerre y sus hombres viven sus momentos más dulces a bordo del buque insignia que financian los árabes. De la Rosa, sentado a la popa de su barco, recibe a amigos, clientes y pedigüeños en la Costa Brava. Para unos «no estoy», para otros «dile que suba», a todos los mira por encima del hombro y les corta cuando le viene en gana: «Llámame el martes» y, mirando al camarero: «El señor se va», como un latigazo de despedida. La mala educación y los excesos etílicos son señas de identidad en la regala del Nelson, su primer yate, adquirido a la familia Matutano.

El dispendio continuaba de mil y una maneras. De la Rosa se gasta 5.103 millones de pesetas de Torras para comprar a James R. Fees, un amigo ex agente de la CIA norteamericana, el 44 por ciento de una sociedad llamada Deltec Panamérica. Muchos años después de la compra sigue sin saberse cuál era la actividad —caso de tenerla— de esa sociedad. La única pista es que su domicilio social estaba en Panamá, lugar donde se especuló que pudo refugiarse temporalmente el padre de JR, y que poseía algunas sucursales en otros paraísos fiscales del Caribe.

El mecenazgo de Torras arropa opens de golf en Monaco y los festivales de música que la familia Suqué[2] organiza cada año en el Castillo de Perelada. La señora de Núñez prodigaba igualmente invitaciones a sus amigas para «tomar el té viendo el sol rojo de Copenhague», gracias al avión de Torras. El aguilucho lo pagaba todo. Núñez trató de hacerse con la presidencia del club de golf de Sant Cugat del Vallès, la pequeña población residencial cerca de Barcelona, donde reside. A pesar de sus promesas de inundar los hoyos con petrodólares, los orgullosos industriales se arremolinaron en torno a Juan Echevarría Puig, presidente de Motor Ibérica, para cerrar el paso a Núñez. La enemistad entre ambos provenía de los tiempos en los que Echevarría se había deshecho de Núñez como director financiero de Motor Ibérica.

La susceptibilidad del entorno de JR era tan acusada que Núñez en persona ordenaba cacerías de los periodistas que tímidamente revelaban su sueldo o bien su interés por el patrocinio del open monegasco:

—Jorge, creo que tenemos un topo. Es un periodista deportivo que dice que no revelará su fuente a no ser que se le ponga ante un pelotón de fusilamiento —se lamentaba un asesor de imagen.

Su respuesta fue taxativa:

—Pues entonces, ¡fusílalo! Aquí no se va nadie de la lengua sin su merecido. Estaría bueno.

La bolsa continuaba tan bien informada como siempre. El valor Torras era su barómetro y los títulos de la papelera batían récords de cotización. El movimiento del mercado interpretaba la música que marcaban las continuas especulaciones sobre cuiál sería la nueva presa del aguilucho de Torras.

A finales de ese año de vino y rosas, los problemas financieros obligan al equipo de De la Rosa a poner en marcha una nueva ampliación de capital. El propio JR lo explica ante un consejo que siempre había recibido sin rechistar los magisterios de su vicepresidente: «La conveniencia de capitalizar la empresa, reducir su endeudamiento e iniciar el plan de internacionalización de la misma me lleva a proponer hacer uso de la autorización otorgada por la junta general para aumentar el capital social». El financiero explica que la colocación de dicha ampliación estaría asegurada por entidades financieras españolas y extranjeras de primera línea y, de este modo, Torras Hostench consolidaría sus posiciones para afrontar el futuro.

Con el fasto de costumbre, el 1 de diciembre de 1988 se inició la ampliación de capital, que, de nuevo teóricamente, implicaba inyectar 45.240 millones de pesetas en la empresa. Los grandes brokers del mundillo financiero se encargaron de colocar las nuevas acciones. Nikko Securities, Salomon Brothers y Warburg Securities aportaron su materia gris a la operación a cambio de sustanciosas minutas. De la Rosa, Núñez, Guasch, De Mir, en fin, la plana mayor del grupo, recorrieron medio mundo —Londres, Edimburgo, París, Francfort, Ginebra, Zurich, Chicago, Boston, Nueva York y Madrid— para explicar las excelencias de Torras a los grandes inversores internacionales.

Todo para nada. La colocación se saldó con un fracaso. De cada diez nuevas acciones puestas en circulación sólo tres fueron adquiridas en el mercado. Casi la mitad de los títulos fueron adquiridos por las sociedades Folma, Mira y Philby, todas controladas por el propio De la Rosa y sus amigos. Un 12 por ciento del capital de Torras pasaba a manos de JR, para lo que recibió los correspondientes créditos de Torras, 21.000 millones de pesetas, es decir, casi la mitad de los recursos aportados con la ampliación de capital. Con el tiempo, esta partida alcanzaría los 47.000 millones.

Pero, en fin, a mal tiempo buena cara, debió de pensar JR, que aprovechó la nueva situación para crear otro mito: «Yo no soy un empleado de KIO. Soy su socio», con el que alardeaba públicamente, al tiempo que intentaba ocultar a los representantes del grupo árabe que su inversión valía mucho menos de lo que ellos pensaban y que muy pocos estaban dispuestos a comprar acciones. A finales de 1988 KIO llevaba invertidos, sólo en Torras, 66.490 millones de pesetas y controlaba el 37 por ciento de su capital. Otro 2,5 por ciento, procedente del banco suizo Lombard Odier, también era propiedad de los árabes, aunque al día de hoy aún no han conseguido saber cuánto les costó.

EL AGUJERO

Torras entró definitivamente en barrena en 1989, cuando comenzó a hacerse visible el agujero que De la Rosa y su equipo habían generado en un tiempo récord. La evolución negativa de 1988 se acentuó en los primeros meses del año siguiente y, si no se introducían medidas correctoras, la perspectiva de las pérdidas era inevitable. JR era un hombre de recursos y se puso manos a la obra. Había llegado la hora de la verdad para los profesionales de la ingeniería financiera, encabezados por el profesor Miguel Soler, asistido en la misma mesa de operaciones por el experto abogado Juan José Folchi. Este equipo se puso manos a la obra y durante ese año organizó un baile contable más movido que el twist.

La primera gran chapuza fue la fusión de Torras Hostench con su filial Pamesa, en el mes de mayo, para posteriormente colocar todos los activos papeleros en una nueva sociedad, Torraspapel. Esta movida da origen al nuevo Grupo Torras, como se conocerá desde ese momento a la empresa de KIO en España. Jorge Núñez, consejero delegado del grupo y flamante presidente de Torraspapel, declara pomposamente que el objetivo de la operación es agrupar por divisiones las empresas papeleras para optimizar su funcionamiento. En realidad el motivo fundamental es generar beneficios contables con los que ocultar las pérdidas. Gracias a este simple movimiento de papeles, Grupo Torras incluyó en sus cuentas de ese año 22.053 millones de plusvalías. Cifra muy elocuente si se tiene en cuenta que los beneficios declarados al final de ese año por el holding fueron de tan sólo 5.748 millones de pesetas.

Existía también otro motivo que Núñez, responsable de la nueva división papelera, se cuidó muy bien de no desvelar. Torras necesitaba ingresos adicionales para hacer frente al mar de deudas que la estaban ahogando. Para entonces (1989), los créditos habían crecido espectacularmente hasta alcanzar 123.009 millones en la matriz del grupo, y 247.289 si se tiene en cuenta el balance consolidado. Los intereses que se pagaban devoraban los ingresos de las empresas: 15.210 millones en la matriz y 21.313 millones en el conjunto del grupo. La venta de Torraspapel y de Ercros se convertía en una necesidad para sobrevivir, motivo por el cual tenían que ser sociedades independientes. Así lo reconoció el propio De la Rosa en el consejo del 27 de noviembre de 1989, en donde explicó que se estaba considerando «la venta de las participaciones en los sectores cíclicos, como las de Torraspapel y Ercros, destinándose los recursos generados en parte a la reducción de la deuda global del Grupo»[3]. JR decía esto sin inmutarse tan sólo cuatro meses después de haber creado la empresa química y a menos de un año de haber invertido casi 30.000 millones en la adquisición de la papelera belga Cellulose des Ardennes.

De paso, la fusión entre Pamesa y Torras Hostench dio otra excusa para rebañar un poco más las arcas del grupo. Antes de que la operación se formalizara, en abril, la sociedad Philby compró, con créditos de Torras, un paquetito de Pamesa. Al concretarse la fusión, Torras recompró esas acciones. JR devolvió el crédito y ganó 621 millones de pesetas. El 100 por cien. ¡Bingo!

Finalmente, la auditoría del ejercicio, elaborada por CPA Touche Ross, incluía ya una salvedad sobre Ercros que más adelante revelaría su importancia: «Los sectores de fertilizantes y de defensa del Grupo Ercros se encuentran en procesos de reconversión y reordenación por lo que determinadas sociedades de estos sectores están incurriendo en pérdidas significativas. Si bien se ha constituido una provisión para cubrir los costes que se puedan derivar de estos procesos […] no es posible determinar razonablemente cuál será el coste final resultante de los mencionados procesos de reconversión y reestructuración»[4]. Curiosamente, ésta fue la última auditoría que firmó esta empresa. Durante los siguientes años el trabajo fue encargado a Coopers & Lybrand, que acabó siendo sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con una multa de 37 millones de pesetas por su informe de auditoría de 1990. Significativo también fue que uno de los accionistas censores de cuentas —se trataba de accionistas elegidos al azar por la junta para verificar que las cuentas se elaboran correctamente— era Gabriel Florido Alonso, administrativo de Quail.

Todos estos apaños, sin embargo, no eran suficientes para esconder debajo de la alfombra la porquería que generaba la catastrófica situación del grupo. A finales de 1989 se produce una inflexión: las cotizaciones récord de 3.200 pesetas (el nominal de las acciones es ahora de 100 pesetas) se quedan en un mero recuerdo y se está marcando en las pizarras un mínimo histórico de 1.520. Durante el ejercicio, las acciones del buque insignia se habían depreciado un 25 por ciento, o lo que es lo mismo, se habían perdido unos 30.000 millones. La capitalización bursátil de Torras bajaba hasta los 62.290 millones de pesetas. Jotaerre —convertido en el gran provocador intelectual de los mercados de acciones españoles— tiene que desistir del lanzamiento de warrants (obligaciones canjeables por acciones) con el que pretendía saldar sus deudas con el Hispano y Aresbank, valoradas en unos 15.000 millones.

Sin embargo, él no altera su vida normal. Cada domingo, media docena de escoltas armados acompañan a la familia De la Rosa a misa. El numerito de los walkie-talkie rodea al hombre de KIO en sus cumplimientos del deber católico, ocasionalmente en la capilla del Club de Polo y casi siempre en la iglesia de San Odón de la Ciudad Condal, también conocida como «el templo de las vanidades». Una cinta electrónica ilumina los dígitos de salmos y lecturas, complemento ideal para una iglesia que recuerda los diseños arquitectónicos de Le Corbusier. Allí, De la Rosa se ha permitido incluso la ligereza de pasar el cepillo, eso sí, después de nutrirlo con un buen billete de 5.000 pesetas. Devota comunión y luego, rodeados de escoltas, al coche blindado.

UNA MEDIDA DRASTICA

Sin embargo, JR está preocupado. La situación de Torras es ya tan complicada que propone una medida drástica. El 30 de diciembre de 1989, KIO, a través de sus sociedades Koolmees y Kokmeeuw[5], presenta una OPA sobre la totalidad del capital de su filial española, de la que posee casi el 40 por ciento. Según el consejo de la empresa, el objetivo de la operación es el control total «para desarrollar los objetivos a largo plazo del grupo industrial, es decir, la toma de participaciones en empresas, su capitalización y reestructuración, considerándose la venta en los sectores cíclicos, como en los casos de Torraspapel y Ercros, y destinándose los recursos generados en parte a la reducción de la deuda global»[6]. Más adelante, en pleno enfrentamiento con Kuwait, JR acusará a los árabes de haber provocado la crisis al no querer seguir invirtiendo en Ercros y en Torraspapel. Él había sido el primero en proponer, dos años y medio antes, la venta de esas empresas. Tan sólo un año después de haber lanzado una ampliación de capital prometiendo maravillas, se reconoce que el plan supone renunciar a los beneficios a corto plazo.

La oferta que se hace al resto de los accionistas contempla pagar parte del precio de la oferta en acciones sobrevaloradas de Prima Inmobiliaria, que entonces vivía —¿casualmente?— las más grandes alegrías de su historia. Cerró 1989 a 8.300 pesetas por título, doblando su cotización de principios de año. «Es la mejor inmobiliaria de España», dice De la Rosa a los accionistas. ¿Milagro o passing shot?

¿Cabe pensar que era coincidencia que los títulos de Torras bajaran en picado un 25 por ciento y que al mismo tiempo los de Prima ascendieran un 517 por ciento, doblando su valor en el mismo periodo de tiempo? Pero más adelante se vería que el canje estaba manipulado. Sorprendentemente, la OPA fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Santander, propietario del 8 por ciento de Torras, avala la operación, que privatiza la compañía, como explica el propio De la Rosa en el hotel Princesa Sofía de Barcelona. Posteriormente se lanzará una nueva OPA para recoger las pocas acciones que aún quedan desperdigadas y retirar la sociedad de la bolsa. «Fuera de bolsa se puede actuar con mayor discreción», afirma el vicepresidente de Torras, De la Rosa, dejándose traicionar por el subconsciente. El desarreglo de Torras es demasiado visible y hay que refugiarse en la opacidad.

En la última de las juntas, en la que se formalizó la OPA de exclusión de bolsa, cuarenta sufridos accionistas de Torras —con una media de edad por encima de los sesenta años— tuvieron que aguantar la humorada de De la Rosa: «Nos vamos de la bolsa porque no queremos especuladores»[7]. Un bonista se atrevió a rechistar, denunció a la claque de la primera fila, en la que se encontraban empleados y abogados del financiero jaleando todas las intervenciones de JR con «¡Bravo!» o «¡Muy bien!», y se quejó de la oferta presentada. De la Rosa le tapó la boca comprometiéndose, muy fanfarrón, a pagarle de su bolsillo la diferencia que pudiera haber. Al terminar el teatro, los hombres de JR, propietarios a crédito del 22 por ciento de Torras, se fueron en procesión de Jaguars a celebrar el triunfo al restaurante Can Isidre. Antes de irse, el pérfido Jotaerre afirmaba: «Esta operación y otras del grupo no han sido entendidas debido a la falta de preparación técnica y financiera que existe en España».

Queda aún por explicar el verdadero motivo desencadenante de la OPA. En Kuwait habían comenzado a preocuparse por la marcha de sus inversiones exteriores, lo que equivale a decir KIO. Un nuevo ministro comenzó a descubrir cosas extrañas en las cuentas de la agencia. Desde 1988, Jaffar tuvo el total respaldo del ministro del Petróleo, Alí Khalifa al Sabah, que apoyaba la independencia de la oficina de Londres. El cambio ministerial coincidió con la compra de un 22 por ciento de British Petroleum por KIO, lo que despertó los recelos del Gobierno inglés, que obligó al grupo árabe a vender su participación. Este choque puso en la picota a Jaffar. Los kuwaitíes se vieron obligados a reducir su participación, obteniendo fuertes ganancias. Además, una importante inversión en mercados de futuros y derivados a través de paraísos fiscales del Caribe generó también cuantiosas pérdidas.

La propuesta de tomar el control del 100 por cien de Torras buscaba cubrir al hermano Fouad Khaled Jaffar frente a las peligrosas pesquisas de las autoridades del emirato. Sólo desde esta perspectiva se entiende el diseño de la operación. Las sociedades de KIO, Koolmees y Kokmeeuw, invirtieron en efectivo 29.881 millones de pesetas para comprar las acciones de Torras que acudieron a la OPA. El grupo árabe contabilizó ese dinero como inversión adicional en España. Koolmees pagó además parte de la compra con acciones de Prima. Estas acciones estaban valoradas en los libros de Koolmees en 16.510 millones, mientras que las que ahora adquiría de Torras tenían un valor contable de 30.151 millones, gracias a las artes de JR. Nada por aquí, nada por allá, Koolmees obtenía, en teoría, unos beneficios de 13.641 millones. Esto aún no era suficiente; otra filial de Torras, la británica Torras Hostench London, compraba a Koolmees el resto de sus acciones de Prima, en este caso generando un beneficio contable para Koolmees de otros 9.237 millones. En total —¡todo sea por arreglarle las cuentas al apurado hermano Jaffar!—, fueron 22.878 millones de beneficios literalmente sacados de la chistera. Todas las acciones continuaban en manos de las mismas sociedades —ni KIO ni Torras habían ganado nada—, pero debidamente mareadas servían para tapar agujeros.

Lamentablemente para De la Rosa, todo esto no fue suficiente y, tras declinar la oferta para volver a Kuwait con un cargo más modesto en KIA, el enriquecido Jaffar ejecutó un despechado mutis por el foro. En marzo de 1990, Mohamed al Sabah asumió los poderes ejecutivos de KIO y, antes de que las autoridades de Kuwait se dieran cuenta de que este jeque también formaba parte del juego, se produjo la invasión de Kuwait por Irak, el 2 de agosto de 1990. El desenlace se aplazaba.

Mientras tanto, en España, Jotaerre comprende que la marcha de Jaffar es la señal para emprender la huida antes de que la situación explote. Una noche de verano[8], De la Rosa, entre lingotazo y lingotazo, revela a unos periodistas en el restaurante de la montaña del Tibidabo, en la que se encuentra un parque de atracciones que ha comprado a título personal: «Me voy a retirar dentro de dos años, cuando cumpla los cuarenta y cinco, en septiembre de 1992. Ha llegado la hora de los gestores del día a día. Y yo me dedicaré a una fundación privada de asistencia médica que proyecta mi mujer, Mercedes, a partir de la Clínica Teknon». Una revelación que marcaría su futuro y que curiosamente se relaciona con la desaparición de Jaffar de la oficina londinense de KIO, en el 150 de Cheapside Street.

Al acabar 1989, Torras se encuentra en una situación real de pérdidas, endeudada hasta las cejas y con un accionariado ficticio. Si la crisis no estalló en ese momento fue gracias a la complicidad activa de Al Sabah, presidente de KIO, y de Fouad Jaffar, máximo ejecutivo, además de por los esfuerzos de De la Rosa para esconder la realidad. La historia de los dos años y medio siguientes es la del ocultamiento del desastre financiero de Torras y del brutal coste económico que ello tuvo para KIO y la economía española.

CAPITULO TRECE

Y EN ESAS LLEGO

SADDAM HUSSEIN

El 2 de agosto de 1990 Saddam Hussein al Majid ordena la invasión del territorio de Kuwait tras fracasar las negociaciones sobre un contencioso fronterizo relacionado con las reservas petrolíferas del pequeño emirato del Golfo Pérsico. Las tropas del rais iraquí tardan muy pocas horas en entrar en Kuwait City, la capital del país. El emir Jaber Ahmad al Sabah tiene que huir en un helicóptero facilitado por la familia real saudí. Durante los meses siguientes, las grandes potencias mundiales disputarán una compleja partida en la que se decidirá el futuro de Irak, pero también el del conjunto del Golfo Pérsico y el control del mercado petrolero.

La invasión sorprende a De la Rosa en su yate Nelson, fondeado en el club Marina Botafoch de Ibiza. De inmediato se cita con Manuel Guasch en el Yatch Club de Menorca y se ofrece, solícito, «para lo que sea» a las autoridades kuwaitíes. La primera misión que le encomiendan es facilitar los contactos con el Gobierno español para convencerle de la necesidad de que no congele los bienes de KIO en España y reconozca al Gobierno en el exilio la autoridad exclusiva sobre sus recursos financieros. En otros países, el deseo de impedir el acceso de los iraquíes a los fondos de Kuwait había provocado una práctica congelación de bienes, inmovilizados en un momento en que los kuwaitíes tenían que mantener a una importante población flotante que dependía de los recursos enviados por el Estado.

Las primeras peticiones de los árabes son atendidas inmediatamente por el Gobierno español, que concede autorización previa para los movimientos de capitales de empresas controladas directamente por los kuwaitíes y para la circulación de fondos entre España y el extranjero. Las participadas gozarán de total libertad.

KIO recibe un glorioso permiso para transferir fondos a Torras en agosto. De la Rosa ha resuelto la papeleta y lo celebra en Horcher, en Madrid, en un almuerzo con los «números uno» del grupo, Manuel Guasch, César Alierta, Javier Vega y Jorge Núñez; falla John Gómez Hall, que está de viaje. «El bloqueo internacional a Irak es un hecho —les dice Jotaerre—, pero puede acabar en desastre». Está satisfecho e impresionado tras pasar unos días en St. Vedast House conviviendo con los desesperados kuwaitíes de KIO en Londres. De la Rosa facilita al ministro kuwaití del Gobierno provisional en el exilio Alí Khalifa al Sabah[1] una entrevista con Felipe González, Presidente del Gobierno español, Carlos Solchaga, titular de Economía, y Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Exteriores. La síntesis de las conversaciones es la consecución de ayuda militar española a cambio de mantener las inversiones después de la liberación.

LOS HERMANOS KUWAITIES

En público, De la Rosa expresa su apoyo a las autoridades de Kuwait y destina dinero de Torras a financiar una campaña publicitaria de solidaridad con el pueblo kuwaití. Alfredo Fraile y su Agencia A diseñan las acciones a desarrollar y promueven la creación de la Asociación de Amigos de Kuwait. JR viaja a Londres y durante unos meses se instala en Madrid con la justificación de haber recibido amenazas de los enemigos de Kuwait. En fin, se muestra como un fiel servidor de sus hermanos árabes.

Desde un punto de vista práctico, la atropellada entrada en escena de Irak había dado a JR un margen de maniobra importante. Tras la OPA de KIO sobre Torras, los problemas financieros de la empresa se habían agravado enormemente. A 31 de marzo, las deudas sumaban ya 119.072 millones en la matriz y 237.163 millones en el conjunto del grupo, sin contar avales o garantías concedidos a terceros. Unas deudas que el grupo era incapaz de devolver. La sobrevaloración de la cartera de participaciones ocultaba que el grupo debía mucho más dinero del que valía, lo que, en palabras más claras, significaba una situación técnica de quiebra. Las presiones de los directivos del grupo consiguieron que, tan sólo un mes y medio antes de la invasión de Kuwait, KIO transfiriera a su buque insignia en España 54.430 millones de pesetas.

La invasión brindó una excusa perfecta para pedir más dinero sin reconocer la realidad de la situación. Efectivamente, hubo muchas entidades financieras, como el Santander o el Central, que nada más estallar el conflicto se presentaron en la sede de Torras para pedir la devolución inmediata de los préstamos que habían concedido. Pero, como han explicado diversos responsables bancarios, esa situación no se habría producido si la empresa hubiera tenido un balance saneado y un menor volumen de endeudamiento. En cualquier caso, para muchas entidades la invasión fue una buena excusa para recuperar unas inversiones que empezaban a no ver claras.

Atendiendo las peticiones de JR, y teniendo en cuenta que, por el trato acordado por España al movimiento de fondos de Kuwait, Torras parecía un buen refugio, KIO prestó a su empresa española otros 120.000 millones de pesetas entre los meses de septiembre y octubre. En total, entre junio y octubre, Torras recibió de KIO 167.499 millones de pesetas, de los que más adelante sólo devolvió una pequeña cantidad, 4.587 millones. Oficialmente, el dinero pedido por los gestores españoles debía utilizarse para atender el pago de la deuda bancaria del grupo. Sin embargo, a finales de ese año, una vez descontados los préstamos del principal accionista, Torras debía 71.640 millones, tan sólo 47.432 millones menos que antes de recibir la voluminosa financiación de KIO. ¿Qué pasó con los 115.000 millones restantes? Literalmente desaparecieron, volaron de la caja de Torras. Mientras Kuwait estaba invadida y el mundo se preparaba para una guerra que costó la vida a miles de personas, especialmente —pero no sólo— iraquíes, las arcas del grupo quedaban exangües en nombre de la Asociación de Amigos de Kuwait.

Las investigaciones realizadas posteriormente por KIO han permitido reconstruir la historia de una parte de ese dinero volatilizado, en torno a 50.000 millones de pesetas, unos 500 millones de dólares al cambio de 1990. Con las pruebas reunidas, el bufete Baker & McKenzie presentó el 13 de abril de 1993 una demanda ante los tribunales de Londres contra Al Sabah, Jaffar, De la Rosa, De Mir, Folchi, Núñez, Piqué Vidal y Miguel Soler, entre otros.

La mayor parte de esos 500 millones de dólares fluyeron hacia cuentas privadas en Suiza, cuyos titulares o beneficiarios son conocidos en algunos casos y en otros no. Las primeras pruebas reunidas por KIO han demostrado que, por lo menos en el caso de Al Sabah, Jaffar y De la Rosa, utilizaron el dinero para enriquecerse.

El dinero desapareció a través de complejos canales en los que participaba un incontable número de sociedades (sólo en Londres figuran como demandadas treinta y siete) domiciliadas en paraísos fiscales de Europa, el Caribe, Centroamérica y Asia. La gran mayoría de las empresas utilizadas en ese entramado fueron creadas y controladas por el abogado de la isla de Jersey (Reino Unido) Michael Russell, estrechamente relacionado con Juan José Folchi y dos empleados del abogado catalán, Carin Linda Parker y Graham Pearson. Todas estas sociedades, en las que no es posible separar los intereses de Russell de los de Folchi o De la Rosa, formaban parte de un grupo de empresas en cuya cúspide se encuentra una entidad llamada Castle Trust[2].

En el primer paquete de envíos vuelan 105 millones de dólares. El vehículo es una sociedad llamada Oakthorn Limited, domiciliada en el paraíso fiscal de Jersey, una isla del Canal de la Mancha. Las sociedades constituidas al amparo de la legislación de la isla no tienen obligación de presentar su contabilidad. Si el propietario de la sociedad es no residente y no tiene actividad en la isla, goza de exención de impuestos y, lo más importante, no tiene por qué desvelar su identidad, pudiendo nombrar como accionistas a testaferros que, normalmente, facilita el propio gabinete de abogados que crea la sociedad, el cual, además, ofrecerá su despacho como sede social. Todos los impuestos anuales que deberá pagar una sociedad suman 600 libras, 120.000 pesetas[3].

El 12 de junio de 1990, un día después de ingresar el primer crédito de KIO, Oakthorn Limited recibe en su cuenta bancaria en el Royal Bank of Scotland (banco participado por el Santander) 50 millones de dólares procedentes de la filial londinense de Torras, Torras Hostench London. Esa misma sociedad había recibido un año antes, el 21 de julio de 1989, otros 55 millones de dólares. Desde ahí el dinero voló hacia otros paraísos fiscales. Torras, por su parte, justificó la salida de los 105 millones de dólares (14.473 millones de pesetas) como préstamos, que, al no ser devueltos, fueron considerados pérdidas por la empresa en sus cuentas de diciembre de 1990, mientras Kuwait estaba invadido.

¿Cómo explicaron De la Rosa y su equipo esta pirula? Años después, cuando los nuevos gestores de KIO pidieron explicaciones, Juan José Folchi envió un memorándum al fiscal general de Kuwait en el que relataba que 49.500.000 millones de dólares (5.000 millones de pesetas de la época) habían ido a parar a external accounts (cuentas exteriores, de las que en teoría eran titulares autoridades de Kuwait) en diferentes bancos suizos. Otros 38 millones de dólares (4.000 millones de pesetas) se habrían destinado a pagos en dinero negro a los accionistas de Compañía de Industrias Agrícolas.

Los 17,5 millones de dólares restantes (unos 2.000 millones de pesetas) sirvieron supuestamente para pagos en negro a accionistas de Ebro, comisiones bancarias y honorarios de abogados.

¿Qué ocurrió en realidad? Las investigaciones de KIO, ratificadas por los tribunales británicos, han conseguido demostrar que una cuenta en el Chemical de Londres que recibió 22,5 millones de dólares era propiedad del ex presidente de KIO, Mohamed al Sabah. El jeque utilizó una parte de ese dinero, 630 millones de pesetas, para comprarse una lujosa casa en el número 52 de Cadogan Place, en Londres. De igual manera, otras cuentas en el Privat Bank y en el Rud Blass, que habían ingresado 17,5 millones de dólares, pertenecían a Fouad Jaffar, quien ocultaba su identidad tras la Fundación Jakhal. Finalmente, la cuenta del Morgan Grenfell, Jersey, a la que le tocaron en el reparto 15,5 millones de dólares, estaba gestionada por el abogado Michael Russell, colaborador de Folchi. KIO había descubierto el destino de poco más de 55,5 millones. Además, había buenas pistas para seguir el paradero del resto de las cantidades. Por ejemplo, el gestor de la cuenta del Bankers Trust que se zampó 5 millones de dólares era Yves Byrde, empleado del banco que acabó montando en Suiza una sociedad de gestión de patrimonios, Gesfmance, estrechamente relacionada con De la Rosa.

MILES DE MILLONES PARA JOTAERRE

La más voluminosa de todas las operaciones fue la realizada a través de la sociedad Pincinco. El botín en este caso fue de 300 millones de dólares. El dispositivo se puso en marcha el 4 de octubre de 1990, en el momento en el que mayores eran las dudas sobre el futuro de Kuwait. Pincinco reenvió el dinero al Bankers Trust de Ginebra y de allí se despistó hacia un rosario de cuentas cifradas repartidas por todo el mundo. Las más significativas de estas transferencias corresponden a una cuenta abierta en el propio Bankers Trust, con el nombre clave Stuart y controlada por JR, que recibió nada más y nada menos que 105,9 millones de dólares; 80 millones fueron a parar a una cuenta en Ginebra de la Société Genérale de Banque (Sogenal), controlada por Manuel Prado y Colón de Carvajal; 75 millones de dólares acabaron en Lombard Odier, de Ginebra; 15 millones en la cuenta número 400-52146 de la sucursal en Nueva York del Chemical Bank, y 4 millones en la cuenta de Zurich del Rud Blass Bank, a la atención de Rudy Frei, entre las más importantes.

Gran parte del dinero aún no ha sido localizado y, cinco años después de producidos los hechos, KIO desconoce aún muchas de las operaciones que llevaron a la volatilización de los 115.000 millones de pesetas aportados por el grupo árabe. Aunque si tienen muy claro el principio definido por Séneca en Medea: qui prodest scelus, is fecit («a quien beneficie el delito, éste es su autor»)

LOS REYES DEL PETROLEO VENDEN UNA REFINERIA

Las transferencias directas de fondos no fueron el único golpe contra la caja de Torras y KIO. Durante las Navidades del 90, Jotaerre, Vega y Folchi estuvieron pegados a sus teléfonos en sendas y alejadas estaciones de esquí donde se relajaban. El tema que les ocupaba era la venta de la empresa de refino de petróleo, Ertoil, 100 por cien propiedad de Ercros.

—Oye, los de Total dicen que 40.000 millones. ¿Qué te parece? —comentaba excitado un lugarteniente de Jotaerre.

—Pues dile a Vega, que ya son dos los que superan la oferta de Cepsa… —respondía excitado De la Rosa.

El postor tradicional, que contaba con la bendición de Industria, era Cepsa, y Luis Magaña Martínez el negociador designado por Alfonso Escámez. Magaña, también presidente de Fecsa, buen conocedor del mundo del petróleo y negociador hábil, no pasaba de 35.000 millones. «Este se cree que somos unos pardillos», le dijo Magaña a otro consejero de Cepsa refiriéndose a JR. El 26 de diciembre recibió una llamada de Quail: «Tenemos un comprador que paga 44.000 millones, pero si vosotros subís a 40.000 millones, Ertoil es vuestra». Magaña entendió que le trataban de liar y se mostró reacio. El quería dilatar la negociación y los hombres de De la Rosa tenían cada vez más prisa. Después de una cena en Barcelona, el día de los Santos Inocentes, no hubo acuerdo, Magaña no se fiaba. «Que no Luis, que tenemos un comprador serio», le repetía Jotaerre. Para Reyes, Ertoil había cambiado de manos, concretamente a las del holding luxemburgués General Mediterranean Holding (GMH), que actuó de testaferro de Elf Aquitaine. En aquel momento Vega ya había sido apartado de la negociación. Años después comentó a un periodista: «Alguien apareció hablando de comisiones y De la Rosa se mostró encantado, yo fui apartado de las negociaciones».

Folchi y De la Rosa acabaron entendiéndose con el iraquí —curiosa paradoja— nacionalizado británico Nadhmi Auchy y con Nasir Abid Kayl, banquero luxemburgués, según su pasaporte, a pesar del nombre. Auchy, afincado en Kensington High Street de Londres, es el propietario del Banco Internacional de Luxemburgo y uno de los primeros accionistas privados de la Banque Paribas. Los sabuesos de KIO empalidecerían, tiempo después, al conocer la intervención en la venta de un iraquí y, sobre todo que, como consecuencia de esa venta, cada parte se adjudicó 1.800 millones en comisiones.

El acuerdo con Auchy suponía pagar en efectivo 36.500 millones, mediante una transferencia de Paribas, y luego cantidades aplazadas hasta 41.400 millones, algo menos de lo previsto, porque la auditoría obligó a algunas rebajas que mermaron los 45.000 iniciales previstos. Estas diferencias forzaron la intervención de un tercer auditor, además de KPMG Peat Marwick y Ernst & Young. En el contrato de compra-venta se establece como esencial «el compromiso a no revelar la existencia de este contrato». Auchy y el General Mediterranean Holding habían actuado de tapados de Elf Aquitaine.

Unos meses después, Loik Le Floch, presidente de Elf Aquitaine, vendió Ertoil a la empresa española Cepsa, que acabó pagando algo más de 3.100 millones por encima de lo que les había costado a los intermediarios del Gran Ducado de Luxemburgo (exactamente 44.515 millones, según reconoce la memoria de Cepsa de 1991).

EN SITUACION DE QUIEBRA

Se acercaba el final del ejercicio de 1990. Torras ha vendido una de sus mejores empresas, la petrolera Ertoil, desparramando cuantiosas comisiones por el camino. KIO ha tenido que acudir en ayuda de su filial, aportando 163.000 millones de pesetas. Gracias a esa ayuda y a una manipulación contable escandalosa que le costó una multa a la firma Coopers & Lybrand el holding pudo presentar sus cuentas ocultando lo que era la cruda realidad: el Grupo Torras estaba en quiebra.

El balance cerrado ese año reconocía que, sin contar los últimos 120.000 millones enviados por KIO, los recursos propios, capital y reservas, del grupo habían quedado reducidos a 40.697 millones, frente a unas deudas de 71.640 millones (47.000 millones de deuda bancaria habían sido cancelados antes de la invasión con el primer crédito de KIO). Del total del endeudamiento, 55.700 millones eran a corto plazo. Frente a ello, el activo circulante, es decir, el dinero del que la empresa podría disponer a corto plazo y con el que podría hacer frente a las deudas también a corto plazo era de sólo 29.000 millones. Es decir, técnicamente se encontraba ya en situación de suspensión de pagos.

Frente a tantas deudas, ¿cuál era el activo de Torras? Aparte del activo circulante a corto plazo, ya mencionado, la principal partida del activo era la del inmovilizado financiero, que sumaba en total 248.000 millones. Aquí se incluían créditos de 45.553 millones a De la Rosa y los suyos para que controlaran el 23 por ciento de Torras y el 13 por ciento de Ercros y cuyo valor real era cero; 29.475 millones de la filial Torras Hostench London, que ese año había perdido 2.663 millones y debía a los bancos 60.000 millones, y cuyo valor también era cero; 3.725 millones del 22 por ciento de Eppic (antigua Inpacsa), que quebró tiempo después; 50.324 millones de la participación en Ercros, grupo sobre el cual los auditores incluyeron una salvedad en la auditoría y que estaba generando cuantiosas pérdidas; y Torraspapel, por un valor de 54.059 millones, que —en contra de lo que figuraba en el balance— se encontraba en situación de pérdidas, lo que llevó a la quiebra a su filial de Bélgica. Finalmente, entre las participaciones importantes se encontraba Ebro, recién fusionada con Compañía de Industrias Agrícolas, motivo que sirvió a JR para inflar su valor en 33.730 millones, que además pasaron a beneficios, lo que motivó la segunda salvedad en el informe de auditoría de Coopers & Lybrand. En resumen, y sin entrar en detalles menores, el activo financiero de Torras quedaba reducido, tras estos descuentos, a poco más de 80.000 millones de pesetas. Una situación de quiebra prevista en la Ley de Sociedades Anónimas.

Por ese motivo, JR y los suyos forzaron a KIO a convertir en capital los 120.000 millones de nuevos créditos enviados a Torras cuando Kuwait estaba ocupado por Irak y que en realidad ya habían sido dilapidados en obscenas transacciones a cuentas suizas. Esta conversión, sin embargo, no se produjo hasta unos meses después, en la junta celebrada en julio del año siguiente. A 31 de diciembre, los créditos de KIO habían vencido y no habían sido pagados ni convertidos en capital. Gracias a la situación bélica en Kuwait, esta circunstancia no tuvo consecuencias en ese momento.

Mientras desaparecía el dinero, se vendían las pocas empresas rentables del grupo y Torras se hundía en un mar de deudas y pérdidas, De la Rosa mantenía una actitud de provocación permanente. En los medios de comunicación afines se publicaban amenazadoras declaraciones contra los bancos que habían pedido la cancelación anticipada de los créditos o contra los empresarios que se atrevían a manifestar públicamente sus críticas. Unos métodos poco ortodoxos en quien se hacía llamar financiero. De sus invectivas sólo se salvaba «Su Majestad el Rey», como le gustaba decir con engolado acento. Sus intentos por estrechar lazos con el Monarca fueron desde siempre muy intensos. Al boato con que acompañaba todas sus actividades mundanas —el lujoso yate Blue Legend, los aviones privados y helicópteros— le faltaba contar con el favor real para compensar su enorme aislamiento social. Fueron momentos, aquellos de 1990, de estrecho contacto con Manuel Prado y Colón de Carvajal. Una relación que le franqueó las puertas de La Zarzuela y le facilitó una fotografía dedicada por el Monarca con la que impresionaba a quienes entraban en su despacho como incautos corderos en el matadero.

JR utilizaba además las expectativas sobre las oportunidades que entrañaba para las empresas españolas el programa de reconstrucción de Kuwait, una vez fueran expulsados los iraquíes. «El que no se porte bien no tendrá contratos», era la frase preferida de De la Rosa durante aquellos días. En ese momento, el 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio luz verde al uso de la fuerza para expulsar a Irak de territorio kuwaití.

El 12 de mayo de 1991 De la Rosa acompaña al ministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi, a un Kuwait liberado hace pocos meses. Son días en los que su imagen brilla más que nunca. De la Rosa preside la Asociación de Amigos de Kuwait y su esposa, Mercedes Misol, realiza un viaje, a primeros de marzo de 1991, junto a veintiún médicos, casi todos de la Clínica Teknon, para tratar de echar una mano. La Asociación, según sus promotores, envía al emirato 500 toneladas de alimentos y medicinas. De la Rosa no es un altruista y la vanidad acaba traicionándole. Media página de publicidad en la edición europea de la biblia del periodismo económico, el rotativo norteamericano The Wall Street Journal, del 24 de junio de 1991, da fe de su apoyo a Kuwait. El título es algo inmodesto: «Thank you Spanish Association of the Friends of Kuwait. Thank you Mr. De la Rosa». La traducción es completamente innecesaria, así como la de la firma del anuncio: «The People of Kuwait». El anuncio fue pagado por Torras, a través de Agencia A y recogido por Feliciano Baratech en La Vanguardia.

Más modesto se muestra Folchi, quien, a través de la empresa de seguridad ISDS, mantiene buenas relaciones con agentes del Mossad, servicio secreto israelí, y ha organizado un rescate en el Kuwait invadido por Irak. Se trataba —como en las películas de Rambo— de liberar a tres miembros de la familia real kuwaití que habían quedado atrapados en el emirato. El comando —integrado por profesionales norteamericanos— entró en Kuwait por vía marítima desde Arabia Saudí, para lo que se tuvieron que solicitar los correspondientes permisos diplomáticos.

Dicen que los mentirosos llegan a creerse sus propias historias. Algo así debió ocurrirles a los arrogantes gestores de Torras. Pensaban que con cuatro anuncios y unas cuantas frases engoladas sobre el sufrimiento del pueblo kuwaití sería suficiente para que sus pecados quedaran perdonados. Que la vida seguiría como antes, dedicados a su orgía de gasto sin límite. En la primera semana de julio de 1991 los prebostes de Torras, con Jorge Núñez a la cabeza, acudieron a celebrar el cuarto Open de Golf de Torras en Mónaco. Una legión de gorreros, compuesta por más de cuatrocientos invitados, acudió a pasárselo a lo grande al principado. Torras pagaba la fiesta, centenares de millones de pesetas, mientras los proveedores de Fesa-Enfersa llevaban meses sin cobrar y las empresas del grupo vivían en la asfixia financiera.

La expedición llenó dos de los hoteles más exclusivos durante cuatro días de lujo irreverente. Allí estaban Javier Valls Taberner, que rompió su tradicional austeridad, Arturo Suqué, Claudio Güell, Antonio y Elias Hernández, los copropietarios de Herba, el periodista del corazón Jesús Marinas y Arturo Moya, entre otros.

Cada día, sin falta, las señoras, todas, se llevaban la agradable sorpresa de encontrar sobre la almohada un exclusivo regalo, siempre distinto y siempre carísimo. Un joyero, o un jersey de cashmere, siempre de primeras marcas, como Loewe. Todo era a lo grande, las cenas en la residencia Rothschild de Cap Ferrat, las carpas con mesas rebosantes de delicatessen o la celebración del tradicional «Baile de la Rosa». Tanto dinero daba para todo. En la noche de gala, Núñez brilla como nunca antes y comparte mesa y mantel con el príncipe Rainiero, su hijo Alberto y la princesa Estefanía. El no va más para Núñez y sus amigos del Prat. Núñez tiene la gran oportunidad de lucir su barroca y enrevesada oratoria. En un francés torturado ejerce de aprendiz de poeta ante los Grimaldi: «A l’Espagne, nous avons la mer, nous avons des arbres, du golf, mais nous n’avons pas… Monaco» («En España, tenemos el mar, los árboles, el golf, pero no tenemos… Monaco»).

La cursilería fue el motivo de conversación a la mañana siguiente en los microbuses que conducían al green. Alguno de los invitados, que ya sabía que en Torras las cosas no eran tan dulces, se preguntaba, apesadumbrado sobre la posibilidad de no disfrutar de por vida de esos días de dispendio ajeno:

—Yo no sé si podremos repetir esto al año que viene. Una rubia cincuentona giró su cabeza y, con cara de indignación, le espetó:

—Pues a mí Jorge me ha dicho que lo del año que viene está hecho, y si Jorge lo dice, se hará, faltaría más.

CAPITULO CATORCE

LA GRAN IMPLOSION

Si la historia de la crisis de Torras se relatara según el guión escrito por JR, se reduciría a explicar que todo fue muy bien hasta que cambiaron al presidente de KIO y él decidió dedicarse a otras actividades. La ruptura, artificialmente rodeada de un cierto desdén, sucedía el 26 de mayo de 1992, cuando JR presentó la dimisión de sus cargos en una escueta carta remitida al nuevo presidente de KIO, Alí Rashid al Bader. En ella argumentaba:

«Acabada la Junta General Extraordinaria del Grupo Torras que he presidido y en la que se ha elegido su nuevo consejo de administración, entiendo definitivamente acabada mi etapa como vicepresidente de Grupo Torras SA.

»En su consecuencia, procedo ya desde ahora a renunciar expresa y formalmente a los poderes que me habían sido concedidos como vicepresidente ejecutivo de la compañía, dando por extinguida, desde este mismo instante, cualquier facultad de representación de Grupo Torras SA. Asimismo les comunico que me abstendré de realizar actos, actuaciones, negocios o contratos en nombre de Grupo Torras SA.

»No quiero dejar pasar este momento sin agradecer una vez más la confianza que en todo momento y durante estos años me han demostrado los directores de KIO y las autoridades del Gobierno de Kuwait.

»Muy atentamente, Javier de la Rosa».

En realidad, los hechos fueron bastante más complejos. A finales de 1990, Torras se encontraba en situación de quiebra, y sólo los continuos envíos de fondos desde KIO habían permitido aplazar la crisis. Una vez recuperada la normalidad, tras la derrota militar de Irak, las autoridades de Kuwait comenzaron a definir el programa de reconstrucción del emirato.

Durante el año de la invasión, KIO había aportado a sus empresas españolas más de 157.500 millones de pesetas. Incomprensiblemente para las autoridades de Kuwait, y para cualquier observador imparcial, aquellas cuantiosas ayudas no fueron suficientes. El presidente de KIO, Mohamed Fahad al Sabah, y los responsables de Torras, encabezados por De la Rosa, pedían más y más dinero. La situación financiera no había mejorado, y cada día que pasaba afloraban nuevas pérdidas o avales otorgados a bancos para conseguir préstamos para las filiales.

La situación no podía mantenerse en estos términos durante mucho tiempo. JR comienza a tomar distancias para que el hundimiento de Torras, que él y sus compinches han provocado, no le pille a bordo de la nave. Es a partir de ese momento cuando comienza a reforzar sus declaraciones e insinuaciones a media voz a los periodistas sobre su cansancio «tras cinco años de grandes esfuerzos en Torras». Para que la coartada sea más creíble habla también de dedicarse «a mis propios negocios». Esta contingencia coincide en el tiempo con el estreno de De la Rosa como flamante presidente ejecutivo del Consorcio Nacional del Leasing (CNL), tras lanzar una OPA en abril de 1991, con lo que los rumores sobre su marcha de Torras cobran más actualidad. Se trata de ganar tiempo. Una vez instalado en CNL, y con el dinero de los pequeños accionistas de la sociedad, concede a la filial española de KIO un préstamo de 15.000 millones de pesetas con el que espera que resista unos meses más. Con el envío de este dinero espera retrasar los efectos de la onda expansiva que generara la crisis de Torras.

En julio de 1991 los cuarteles de Torras viven una tensión inusitada. Se está preparando la conversión en capital de los créditos de 162.000 millones concedidos por KIO durante la guerra. JR y los suyos llevan la operación con el máximo sigilo. Cuanto menos se sepa en Kuwait que KIO va a enterrar tan gran cantidad de dinero en Torras, en un momento en que el emirato necesita dinero fresco, mejor. Folchi, el abogado encargado del papeleo, trabaja durante largas jornadas en una operación de cuyo buen fin depende la supervivencia del grupo, ya en aquel momento es sometido a respiración asistida. Una mañana, al acabar una junta de CNL, Juan Piqué Vidal, el otro abogado de JR, y rival de Folchi, comenta distraídamente ante tres periodistas: «KIO va a capitalizar sus deudas en Torras, es una operación de gran importancia». Por la tarde, al recibir las llamadas de algunos medios de comunicación para interesarse por el tema, los nervios estallan. «¿Quién se ha ido de la lengua? ¡Alguien quiere reventar la operación!», exclaman en la sede de Quail. Las filtraciones pueden dar al traste con el plan de pasar bajo mano una operación que implicaría cuantiosas pérdidas para Kuwait. La capitalización, y una segunda inmediatamente posterior, también tienen que servir para ocultar la desaparición de miles de millones durante la Guerra del Golfo. Una vez conocida la operación, De la Rosa envía a su representante en la capital, Manuel Guasch, para que le venda una milonga al jefe de gabinete de Solchaga, Luis Sempere. «Los kuwaitíes no sólo no venden, sino que inyectan nuevos recursos en el grupo», explica en el ministerio, utilizando en vano, una vez más, el nombre de los árabes, quienes en la práctica no tienen ni idea de la que han organizado en España JR y los suyos.

LA DESCONFIANZA DE LOS KUWAITIES

Inmediatamente después del verano en Kuwait comienza a cundir la desconfianza y, con ella, las presiones sobre Al Sabah para que explique qué diablos pasa en España. El presidente de KIO, al igual que había pasado antes con Jaffar y está pasando ahora con De la Rosa, comienza a pensar en jubilarse y dedicarse a la pesca en su lujosa mansión «Fairview», en las Bahamas. Ninguno de ellos puede, a esas alturas, dar explicaciones convincentes de nada.

Las presiones procedentes de las autoridades del emirato continúan y, a la vuelta de las vacaciones de verano, los kuwaitíes deciden encargar —a través de Quail— un informe sobre las inversiones en España a la firma auditora KPMG Peat Marwick. El trabajo, realizado con más pena que gloria, arroja unas primeras conclusiones el 14 de octubre. A pesar de sus limitaciones, incluye ya pistas inquietantes para los accionistas árabes. La inversión de KIO en España ascendía a 422.812 millones de pesetas. Tras descontar las ventas, se mantenían todavía 300.387 millones. Alex Verth, el autor del informe, advertía, sin embargo, que de la mayoría de las operaciones no existía constancia documental, y por este motivo las valoraciones debían basarse en informaciones orales facilitadas por los hombres de Quail.

La principal conclusión de esta primera parte del informe es que el beneficio realmente realizado por KIO desde su desembarco en Torras, hacía entonces cinco años, era de 8.599 millones, a los que debían sumarse 5.310 millones de dividendos en el grupo y algunas filiales. El resto de supuestas plusvalías, 27.944 millones, presentadas por De la Rosa mediante continuos y estériles movimientos de papeles en ventas entre KIO y Torras, eran meros apuntes contables. Como dice el informe, son «beneficios o pérdidas no realizados, generados en el grupo KIO como resultado de operaciones con compañías controladas por KIO».

El equipo de Peat Marwick continuó trabajando para elaborar un informe adicional, éste con fecha 31 de diciembre de 1991, sobre otras áreas de la actividad de Torras. La ausencia de soportes documentales sobre los que sustentar las explicaciones dadas por JR y los suyos llevaron al equipo auditor a una situación de bloqueo. Por fin, tras continuos requerimientos, Al Sabah, De la Rosa y Folchi comenzaron a contar historias sobre la existencia de «pagos complementarios» y «pagos políticos». Los cachorros de JR también emplearon un arma que ya formaba parte del estilo de la casa, el chantaje. En estos primeros escarceos, los auditores, y con ellos Kuwait, comenzaron a conocer otras cosas que no sabían: los pecados originales de las relaciones entre Jaffar y De la Rosa desde el momento en que se saltaron la ley de OPAs al entrar en Torras Hostench, o que habían urdido un costoso mecanismo de financiación para comprar acciones de Torras, Ercros y Prima, en virtud del cual Jotaerre presumía de ser socio de los árabes, aunque había sido financiado por KIO. Ahora, De la Rosa afirmaba no ser el propietario de esas acciones y amenazaba con que, en caso de que tal hecho fuera conocido por las autoridades españolas, las consecuencias legales podían ser desastrosas para KIO. La gente de Peat Marwick, boquiabierta, se limitó a tomar nota, revisar papeles y emitir un informe sucinto sobre la situación del grupo.

Este documento dibujaba una perspectiva aterradora. Las deudas bancarias y de bonos a corto plazo (un año) llegaban a la friolera de 146.384 millones de pesetas, con un coste de unos 15.000 millones de pesetas anuales en intereses. De la deuda, 40.000 millones vencían en el mes de enero. La lista de bancos era reducida pero impresionante: 30.000 millones de pesetas al Santander, 23.200 al Chase Manhattan Bank, 20.000 al Bank of America, 20.000 al Crédit Suisse, 10.200 al Sumitomo Bank, 3.000 a La Caixa. No estaban incluidas las deudas de filiales tan importantes como Prima o Ercros. Más tarde se sabrá que la deuda total, a diciembre del 91, se fija en 321.000 millones de pesetas.

El apartado de recomendaciones y conclusiones del documento es un híbrido entre los resultados del análisis de la situación financiera y las confusas explicaciones de los ejecutivos: «El holding está organizado como una estructura para ahorrar costes fiscales sobre los dividendos. No habrá dividendos en los próximos años. KIO está estudiando cambiar la estructura. […] Cinco representantes de KIO forman parte del consejo de Torras. El consejo no se ha reunido completo desde hace más de un año y no está dirigiendo la estrategia del grupo». También se incluía, sutilmente, la petición de más dinero, ya que el equipo de gestión de Torras «está desilusionado porque no ve una orientación clara en las políticas de Kuwait».

El texto concluye con una advertencia que explica parte de lo ocurrido en los meses siguientes: «La estructura de gestión necesita ser removida para colocar una efectiva representación de Kuwait en el consejo del Grupo Torras. KIO necesita reorganizar sus relaciones internas para controlar mejor sus inversiones directas».

El primer paso es la destitución, en febrero de 1992, de Mohamed Fahad al Sabah como presidente de KIO, nombrando en su lugar a Alí Rashid al Bader. También caen Khaled al Sabah y Bruce Amager Dawson. Al Bader nombra a Mahmoud al Nouri asesor de la presidencia de KIO y le encarga la pesada tarea de utilizar la información y los documentos reunidos durante la inspección de Peat Marwick para conocer la situación de sus empresas en España.

En primer lugar había que atender las urgencias financieras del grupo, convertido en un pozo sin fondo. Durante el año 1991, KIO inyectó otros 140.000 millones de pesetas, y al final de 1992 el dinero invertido en España por los kuwaitíes superaba los 420.000 millones de pesetas.

Al mismo tiempo, comenzaron a estudiarse las cuentas de resultados. Un análisis en detalle, una vez desbrozados los maquillajes aplicados por el doctor Soler, confirmaba que todas las empresas del grupo, con la única excepción de la azucarera Ebro, estaban en pérdidas.

Torraspapel cerraba 1991 con pérdidas de explotación de 2.509 millones de pesetas. Una condonación de créditos de 2.000 millones de pesetas, acordada en el último momento entre Jorge Núñez y De la Rosa, transformó en negros los números rojos.

Prima, la inmobiliaria del grupo, había declarado beneficios de 4.809 millones y conseguía presentar una auditoría inmaculada firmada, una vez más, por Coopers & Lybrand. En realidad, los beneficios eran el resultado de dos pelotazos. El primero de ellos arrojó beneficios de 1.239 millones gracias a que JR consiguió un comprador, los 9.000 pequeños accionistas de CNL, que en aquellos momentos crepusculares en Torras comenzaba su vía crucis particular. El resto de los beneficios, 2.503 millones, provenían de la venta del 20 por ciento de la empresa Ciudad 2000. En total, las deudas consolidadas de la inmobiliaria ascendían a 78.489 millones. Entre los acreedores figuraban las principales entidades financieras: el Hispano Americano de José María Amusátegui, con 6.172 millones; Caja de Madrid, 4.446; La Caixa (que heredaba una deuda de la antigua Caja de Barcelona), 2.942 millones, y Crédit Commercial de France, 2.500 millones.

Pero el problema más importante era Ercros. Las cuentas de 1991 se habían cerrado con pérdidas de 16.436 millones de pesetas. El informe de auditoría de Peat Marwick, sin embargo, incluía salvedades sobre la división de fertilizantes suficientes para considerar en quiebra al grupo químico: «La capacidad de estas sociedades para atender a sus obligaciones en los importes y plazos por los que están registrados y para realizar sus activos está condicionada al éxito de sus operaciones futuras y al apoyo financiero que reciban». El mismo informe añade que, en 1990, Ercros debería haber declarado pérdidas de por lo menos 2.917 millones, en lugar de beneficios de 645 millones. La lista de salvedades era interminable, e incluía puntos tan importantes como las dudas sobre el grado de cobertura del fondo de pensiones o las dificultades para devolver los cuantiosos créditos recibidos de las administraciones públicas.

Las cuentas del Grupo Torras correspondientes a 1991 ya no pudieron cerrarse en plazo. El consejo en el que De la Rosa presentó su renuncia no pudo revisar la memoria y las cuentas de resultados. Los problemas financieros, los interrogantes planteados por los árabes y las dudas de los auditores impidieron que JR protagonizara este último maquillaje en Torras.

Desde que había comenzado a estudiar la realidad del grupo, en febrero de 1992, Al Nouri no ganaba para sustos. Cada día que pasaba iba descubriendo en pequeñas dosis cómo habían saqueado el dinero de KIO. Estaba aterrado, y su peculiar calvario no había hecho más que comenzar.

EN LA ENCRUCIJADA

El nuevo hombre de KIO se encuentra en una encrucijada. Por un lado constata que las cuentas del grupo son una completa mentira. Tiene pruebas de la desaparición de miles de millones de las arcas de Torras e intuye que sólo se trata de una pequeña porción del dinero evaporado. Piensa, y así lo ha expresado públicamente, que De la Rosa, Jaffar y Al Sabah formaban la cúspide de un banda de conspiradores dedicados a depredar Torras. Sin embargo, ese mismo trío y los que trabajan con ellos, los Folchi, Núñez, Guasch, Gómez Hall, etc., tienen toda la información, y sin ella es muy difícil reconstruir la historia de los hechos. Además, Al Nouri debe impedir que se produzca un vacío de poder que precipite la caída de Torras antes de que KIO haya adoptado una decisión final sobre lo que quiere hacer.

Al Nouri y Al Bader optan finalmente por una vía pragmática. Seguirán recogiendo más información e intentarán detectar con qué miembros del antiguo equipo directivo pueden contar. Este hecho explica que el acta de la junta de 25 de mayo de 1992 diga que «se aprueba sin reserva de clase alguna la gestión de todos los cesados en su cargo y se les agradecen los servicios prestados». Era un método habitual de De la Rosa alfombrar sus desastres con cierta cortesía. Para los nuevos responsables de la agencia árabe era un intento de impedir una ruptura absoluta con todos los viejos gestores, una constatación del temor a precipitar al vacío el Grupo Torras. Después, cuando la realidad de los hechos superó ampliamente la imaginación más febril, acabaron pensando que fue un error creer que existía alguna posibilidad de romper la unidad de la banda.

A estas alturas, JR está ya muy preocupado. Él es el único de los tres máximos responsables de la jauría que continúa en el Grupo Torras, tras la marcha de Jaffar y Al Sabah. Sabe, mucho más que cualquier otro, cuánto tiene que esconder y que, una vez los nuevos hombres de KIO descubran una mínima parte de lo sucedido, le exigirán responsabilidades. De la Rosa es, sin embargo, un hombre experimentado en estas lides. A estas alturas, en la primavera de 1992, lleva a sus espaldas numerosas experiencias: el Garriga Nogués, la batalla del Central, la campaña contra los «Albertos», el acoso y derribo de Mariano Rubio e Ibercorp, los chantajes y pactos con Conde, por no mencionar su conocimiento detallado del mundo del espionaje, los dossiers y la amenaza. También él decide una línea de acción: la mejor defensa es un buen ataque. Su plan contará con todos los ingredientes al uso: espionaje, medios de comunicación y contratos blindados sacados de la bocamanga como un tahúr del Mississippi. También se encuentra, aunque no formaba parte del cálculo, con la ayuda de un Gobierno, el español, que mantiene una actitud pasiva permitiendo a De la Rosa ganar un tiempo precioso y desdibujar ante la opinión pública su responsabilidad en los hechos.

La primera parte de su plan, el espionaje, era la más fácil. No en vano su experiencia era dilatada. Cuando los kuwaitíes Al Bader y, sobre todo, Najid al Ibrahim ocuparon sus despachos en el Grupo Torras, en el número 678-680 de la Gran Vía de Barcelona, y comenzaron a negociar con De la Rosa no tardaron mucho en deducir que sus teléfonos estaban pinchados. Alarmados, encargaron a sus escoltas de Quasar Seguridad[1], filial al 99 por ciento de Torras, que practicasen un «barrido» de sus teléfonos y despachos. Al frente de Quasar estaba el ex comandante del Cesid juan Antonio Díaz Molist, quien luego, a través de la sociedad Top Risk[2], continuaría proporcionando escoltas y chóferes a la familia De la Rosa. En primer lugar cazaron a una secretaria de Torras en Madrid que grababa las reuniones de los nuevos gestores de KIO. Luego no tardarían en descubrir un pequeño habitáculo, dos pisos por debajo de la centralita de teléfonos de Torras, en los sótanos del vetusto edificio de la Gran Vía barcelonesa, en el que había material para grabaciones y evidencias de pinchazos. El equipo de seguridad del edificio no conocía aquel escondite y la sorpresa fue mayúscula. De la Rosa espiaba desde dentro del Grupo Torras a los kuwaitíes y los hombres de seguridad de la compañía habían fallado clamorosamente.

Estas operaciones sólo ocupaban una pequeña parte de la actividad de JR, ocioso al no poder dedicarse al cobro de comisiones. El 28 de abril, poco menos de un mes antes de su marcha de Torras, De la Rosa fabricó un contrato de sindicación de acciones entre su sociedad Adone —a través de la que controlaba su paquete del 10,3 por ciento en la azucarera Ebro que había adquirido con un crédito del Santander— y Torras, representada por Jorge Núñez, que le entregaba en la práctica la gestión y la tesorería de la empresa azucarera, en la que KIO tenía un paquete del 40 por ciento. Asimismo, el acuerdo otorgaba a De la Rosa un derecho unilateral de tanteo sobre las acciones de KIO en la azucarera, con lo que bloqueaba cualquier operación que no contara con su consentimiento e inmovilizaba la única inversión rentable de los árabes.

Una vez descubierto el atraco, Mahmoud al Nouri, el sustituto de De la Rosa al frente de Grupo Torras, acudió a la CNMV hecho una furia: «Este es un contrato leonino, intolerable. Tienen que protegernos, estamos indefensos. Esto es un robo. Tienen que ayudarnos a impedir que nos quiten la compañía». Los receptores del mensaje, Aníbal Sánchez y María Gracia Rubio, estaban atónitos ante las pruebas que Al Nouri les mostraba y que revelaban los planes de JR para dar el golpe de estado a los kuwaitíes.

El truco se materializó a través de Adone, domiciliada en la sede del abogado Juan José Folchi y pilotada por el mismo hombre que firmó el contrato junto a Jorge Núñez, Albert Freixa Vidal, licenciado en Filosofía y Letras que actuaba de testaferro en Aciesa, otra gran tapadera de comisiones. Por si esto fuera poco, dos días después de su marcha del consejo, De la Rosa sumó a su paquete en Ebro otros 5.000 millones en acciones de la misma sociedad, en concepto de cobro de la indemnización estipulada en el contrato firmado en 1986 entre Quail y Jaffar.

Los hombres de KIO montaron en cólera al conocer la noticia. Se produjo entonces un acontecimiento interesante. A los pocos días Luis Vañó, el abogado José Luis López Sánchez y Manuel Guasch conseguían que De la Rosa y Jorge Núñez entrasen en razón y devolvieran las acciones.

Poco después, los kuwaitíes habían encontrado a alguien dispuesto a separarse de los antiguos gestores y colaborar: el traidor era Manuel Guasch, un hombre que ya había conseguido el récord de haber sido subsecretario del Ministerio de Comercio con cinco ministros diferentes. Guasch era en Madrid lo que Núñez en Grupo Torras o lo que Narciso de Mir en Quail, dentro de la órbita de los consiglieri del financiero catalán.

Este «Ilmo. Sr.» Guasch había sido además presidente de Fasa-Renault, Montefibre Hispania, vicepresidente de Huarte y consejero de Tubacex, Elosúa y Riviere, así como ex director general del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Además de consejero de todos los núcleos de poder «rosacruciano»[3]: Torraspapel, CNL, Grand Tibidabo, Eppic, Ercros o Grupo Torras. Guasch consiguió sobrevivir a la caída en desgracia de JR. En efecto, tras el impasse en el que los kuwaitíes no sabían si fiarse o no de él, Guasch acabó siendo asesor de KIO en España, aunque no consejero. No fue fácil. Incluso en septiembre de 1992, Rashid al Bader y Al Nouri le hicieron salir con malos modos de una reunión del consejo de Torras. «Mr. Guasch juega a dos barajas», repetía Al Nouri. Al final le resultó imposible seguir con Javier y supo aprovechar su oportunidad para mantenerse en la presidencia de Ebro. Fue el único integrante del núcleo duro de Torras no incluido en las querellas y demandas presentadas contra los antiguos gestores. Licenciado en Derecho por Deusto y especialista en Economía Internacional por la London School of Economics, Guasch demostró sobradamente su incombustibilidad. Ese mismo año condujo una complicada junta de accionistas de Ebro en la que tuvo que reconocer que la empresa debía 1.000 millones a Hacienda por irregularidades en los ejercicios 1986-1990, que no fueron reclamadas hasta que De la Rosa fue un astro apagado. Pero la historia pasa factura, y Guasch, tras la marcha de Solchaga y Sempere de Economía y la pérdida de la presidencia de Renault, dejó de ser lo que era.

EL «REY MIDAS» SE MARCHA

Atrapado en sus propias prácticas, y tras el asalto a Ebro, a De la Rosa no le quedan ya posibilidades de continuar en el consejo de Torras. Precisamente por eso formaliza su dimisión a finales del mes de mayo de 1992. En un primer momento es él solo quien marcha. Al Bader asume la presidencia del grupo y coloca en el consejo al consejero delegado de Aresbank, Luis Vañó. De momento continúan en sus puestos hombres de la completa confianza de JR, como De Mir, Núñez, Alfonso Ferrari y el aún fiel Guasch. Esto sin contar con que Juan José Folchi asume el cargo de secretario que hasta entonces había ostentado su rival Juan Piqué.

En estas primeras horas como ex vicepresidente, De la Rosa concentra sus energías en cohesionar las filas de su gente, temeroso de que las traiciones puedan comenzar a producirse en cadena, pues si alguien canta puede revelar hechos poco defendibles. Finalmente, dos días después de la marcha del «rey Midas», el 27 de mayo de 1992, Jorge Núñez, consejero delegado de la Holding Grupo Torras, dirigía la siguiente carta al consejo de la compañía:

«He tenido conocimiento de que en fecha de ayer se celebró Junta General Extraordinaria de la Compañía Grupo Torras SA, en la que se designó un nuevo Consejo de Administración compuesto por doce miembros de los cuales ocho tienen la condición de extranjeros. En concreto los Sres. Al Bader, Al Nouri, Al Radhwan, Razzuqi, Al Sultán, Al Bahar, Betts y el Sr. Al Haroon carecen de nacionalidad española.

»Como consecuencia de la referida modificación en la composición del consejo de administración del Grupo Torras SA se produce el supuesto previsto en el artículo undécimo B del contrato que tengo suscrito con Uds. en fecha 8/9/88. El contrato mencionado prevé para éste, entre otros casos, mi derecho a rescindir unilateralmente el contrato con pleno derecho por mi parte al cobro de la indemnización prevista en el pacto décimo.

»Como Ud. sabe he iniciado conversaciones con los nuevos responsables de KIO en busca de una solución que pueda ser conveniente para ambas partes.

»Esto no obstante y para el caso de que tales conversaciones se cerrasen sin un acuerdo, entiendo conveniente para la defensa de mis derechos y en tal sentido al amparo del contrato 8/9/88, exijo proceda a asegurarme suficientemente y a mi plena satisfacción el cobro de la indemnización pactada.

»Es oportuno tener presente en tal sentido lo dispuesto en el pacto undécimo de nuestro contrato. Al efecto, le adjunto, además de la correspondiente hoja de liquidación, mi propuesta de hacer pago de la misma con 638.772 acciones de la compañía Ebro-Agrícolas Compañía de Alimentación, a su valor contable según balances de tal compañía a 31 de marzo de 1992 […]».

Con el contrato de Núñez en la mano todo parece mucho más claro. Había conseguido unas condiciones extraordinarias. En el tercer punto del contrato (de fecha 8 de septiembre de 1988) queda claro que el consejero delegado no se conforma con el estatus de personal directivo a que tenía derecho por ley. Su contrato tenía «duración indefinida». ¿Cómo es posible que un consejero delegado tenga un contrato laboral indefinido, más allá de lo que disponga la junta general de accionistas de la compañía o el consejo? En suma, directivo con contrato laboral indefinido, jubilación de lujo y cláusula de conciencia. La estabilidad laboral y la protección social del mejor asalariado ostentando al mismo tiempo las omnímodas facultades de un consejero delegado. Lo mejor de ambos mundos.

Por supuesto, se admitía la posibilidad del despido, pero a un precio tal que sin duda hubiera obligado al auditor de la compañía a hacer provisiones en la cuenta de resultados para hacer frente al pago indemnizatorio del señor Núñez. Además, el consejero delegado —a quien se supone un conocimiento privilegiado de la calidad del balance— podía escoger para cobrar entre los activos de la empresa, a su valor contable, sin duda muy inferior al precio de mercado, y con algunos gastos fiscales, que —como ya se especifica— quedaban a cargo de la empresa, of course.

Las acciones de Ebro propuestas por Núñez como indemnización del Grupo Torras tenían un valor en libros de 1.217.499.432 pesetas, casi un 22 por ciento por encima de los 1.000 millones establecidos inicialmente en su contrato laboral, que disponía ya de la indexación de la cifra según los incrementos salariales registrados por los sueldos de Torras Hostench. Pero lo que Núñez quería llevarse consigo a su ostentoso chalé de la calle Sant Ponç, de Sant Cugat del Vallès, tenía un valor en bolsa de 2.126.500.386 pesetas. De acuerdo con el pacto sexto de su contrato, «los impuestos que pudieran devengarse para cualquiera de las partes contratantes por el pago de la indemnización […], incluidos el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, serán a cargo de Torras Hostench».

En pleno episodio de vacío de poder de las empresas de Grupo Torras, ¿cómo resistir a la tentación de facturarse uno mismo el despido propio? Desde luego, Núñez no resistió, y trató de meterse en el bolsillo una parte muy importante del capital de Ebro-Agrícolas, sin duda la perla de la cartera de valores de Torras.

El 2 de octubre de 1992, una carta del abogado José María Sot, en nombre de Grupo Torras y Torraspapel, puso las cosas en su sitio desde el punto de vista de los intereses de KIO. Tras dos páginas de duras recriminaciones a actos concretos de Núñez, la carta entra en la circunstancia personal:

«[…] Por si todo lo anterior no resultara suficiente para justificar nuestra decisión [de despido], debemos añadir que ésta se basa también en la autorrealización y permisión de su pretendido derecho a la indemnización. En efecto: el 27/5/92 obtuvo de subordinados suyos firmas en orden irrevocable de venta, a favor de Ud. y en garantía de su pretendida indemnización, de 638.772 acciones de nuestra propiedad de la compañía Ebro-Agrícolas Compañía de Alimentación, SA, valorándose aquéllas según balance a 1.906 pesetas la acción.

»Con fecha 28/5/92 hizo lo propio a favor de Quail España SA en garantía de la indemnización pretendida por ésta, firmando Ud. la correspondiente orden de venta de 2.623.295 acciones de la expresada compañía Ebro y por el indicado precio. Por último, también entre finales de mayo y principios de junio del corriente año permitió el pago de 608.750.000 pesetas netas a D. Miguel Soler Sala, como pretendida indemnización por haber dado éste por extinguidas sus relaciones con nosotros. Aun cuando pudimos obtener la revocación de las mencionadas órdenes de venta, así como el reintegro de la expresada suma por parte del Sr. Soler, no por ello debemos dejar de calificar su proceder como contrario a las más elementales exigencias de la buena fe».

Los seis folios del documento describen innumerables irregularidades, principalmente salidas de fondos injustificados de la caja de Torras. La lista de beneficiarios es heterogénea. El atípico contrato de directivo de Núñez también permitía el disfrute de treinta días laborables de vacaciones al año y un pacto de jubilación de oro con derecho al 100 por cien del salario.

UN PARACAIDAS DE ORO

En un simpático «hoy por ti, mañana por mí», los ex gestores de Grupo Torras se habían preparado un puerta de salida, por supuesto dorada. Núñez conseguía un jugoso blindaje de 2.126 millones y firmaba a su vez otros blindajes para cubrir a Narciso de Mir, por 400 millones, y Miguel Soler Sala, por 1.062 millones. Por cierto, a Soler le tocó el dudoso honor de ser el último en perder el blindaje en los tribunales. En realidad él había pactado una cláusula de paracaídas de 500 millones, pero acabó reclamando 1.062 millones por actualización de la cláusula. Incluso obtuvo de Jorge Núñez, el 2 de junio de 1992, nada menos que 608,7 millones de pesetas, importe que devolvió cuatro días después al ser advertido del inicio de acciones en su contra[4].

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo añicos las pretensiones de los antiguos gestores de KIO de cobrar los fabulosos blindajes que se habían autootorgado alegremente. Todos aquellos contratos pretendían que los kuwaitíes pagasen 12.000 millones de pesetas por prescindir de los servicios de De la Rosa y su equipo. Una tras otra, las demandas que llegaron a los tribunales se estrellaban en las «salas de lo social», donde los jueces sonreían acostumbrados a despidos e indemnizaciones de otro tenor a la reclamada por Jorge Núñez, que, como hemos visto, ascendía a 2.126 millones de pesetas.

En la lotería organizada por JR nadie se había quedado sin su golden parachute [5]. El 28 de mayo de 1992 Alfredo Fraile, propietario de Agencia A, recibía dos cheques de 120 y 60 millones. Entre los ejecutivos, Francisco Hernán Sanz obtenía un contrato de 75 millones; Jaime Alvira Calvo otro de 40 millones, Jaime Mir Teixidor y José Garrido Arillo también 40 millones cada uno, siempre a revalorizar y libres de impuestos. Todos como si fueran futbolistas de primera división. Puestos a sacar pecho, se otorgan antigüedades en la empresa desde 1982, o incluso de 1971, aun cuando KIO tomó las riendas de Torras Hostench a primeros de septiembre de 1986 (la escritura notarial fue firmada a finales de agosto). La consigna parecía ser: «¡Asaco!, y el último que apague la luz».

José María Sot, el secretario general de Torras, obtenía un compromiso indemnizatorio por 200 millones. Ignacio Carabias Torres, que era secretario general adjunto, desempeñaba «funciones confidenciales, ciertamente confusas y poco claras que en esencia consistían en pagar a los miembros del consejo determinadas sumas de dinero, de difícil justificación, si no ficticias», según expone la sentencia[6] que eximió a Grupo Torras de pagarle los 75 millones reclamados.

Pero el caso de Sot —apellido que literalmente significa, en catalán, «agujero»— merece capítulo aparte. El 27 de mayo de 1992 reclamaba 200 millones más otros 243,5 como pago de lo que consideraba su «indemnización neta», que alcanzaba la suma de 421.028.140 pesetas. José María Sot estaba reclamando a Torras el cumplimiento de uno solo de sus dos contratos blindados. Urgent. Double contract, marcaron en inglés los sabuesos contratados desde la oficina londinense de KIO (St. Vedast House). En la documentación de la querella presentada por los nuevos gestores de Torras contra De la Rosa ante la Audiencia Nacional figuran dos contratos de Sot, ambos con la misma fecha de 8 de septiembre de 1988. Por uno de ellos, el protocolizado en Tarragona por el omnipresente corredor de comercio Luis de Grandes, Torras Hostench se obliga a una indemnización de 200 millones. En el segundo contrato, igual que en el primero, estampa su firma Jorge Núñez por cuenta de Torraspapel y se establece una indemnización de 75 millones, cuyo pago Sot ni siquiera llegó a reclamar. No lo hizo porque el segundo contrato no amparaba cláusulas de conciencia caso de «extranjerizarse» el consejo. Otros fallos judiciales permitieron aflorar pagos a ejecutivos sin contabilizar, usos y abusos de dinero negro. «Una orgía de millones», concluyó el abogado de Torras/KIO ante el juez.

Jorge Núñez, tras dar orden de pagar a Quail con acciones de Ebro-Agrícolas (orden que no llegó a ejecutarse), ordenó un vendí a su favor de 638.772 acciones de la empresa azucarera como pago de su blindaje. Núñez las cobró, pero luego, aturdido porque De la Rosa no hacía igual, acabó por devolverlas. Su caso fue el más entretenido en tribunales. Núñez reclamaba el dinero, pero nunca cuestionó la durísima carta de despido de que fue objeto. En ella se le acusa de pagar 1.202 millones al Santander en comisiones por la venta de un paquete de acciones de Ebro (12 junio de 1990), cuyo valor, por cierto, no superaba los 2.000 millones (eran casi un millón de títulos y cotizaban a 1.900). Algo incomprensible.

En el juicio, Núñez perdió totalmente los nervios. El abogado de Torras, Joan Esteve Oriol, le calificaba de individuo de un «lobby enquistado en Grupo Torras que pretendía cercenar toda voluntad de control de los propietarios» y le recriminó que su indemnización equivalía a «ochenta y cinco años de su salario o bien a 8,5 años de pago por año trabajado». Núñez, altivo, afirmó: «Yo soy matemático y lo que pido es un poco menos que las provisiones de fondos de los abogados que defienden a KIO»[7]. Quizá por su estilo, el orgulloso consejero delegado de Grupo Torras acabó siendo condenado en costas (75.000 pesetas) en su recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En la documentación constaba una autorización de Fouad Khaled Jaffar para pagar máximos indemnizatorios a Núñez hasta 1.000 millones, además de 500 a Soler y 200 millones a Sot. El documento está fechado el 2 de septiembre de 1988.

Núñez, que consiguió un lugar en el Golf de El Prat, con cargo a las cuentas de Torras, comenzó a trabajar para la cadena hotelera Husa, previo acuerdo con su presidente, Juan Gaspart, que le hizo alto ejecutivo del grupo sólo por seis meses. Cuando el dinero de la indemnización de Torras no pudo inyectarse en Husa, Núñez se quedó en mero asesor de la presidencia.

Tanto aprendió Núñez a la sombra de JR que se decidió a montar su propia cobradora de comisiones. Ocupando plaza en el consejo de Grupo Torras y como presidente de Torraspapel fundó con su esposa, Juana Brugueras Berenguer, y su cuñado Luis Carnicer Jorge la empresa Ceaja, SA, domiciliada en paseo de Gràcia 81, de Barcelona. Como actividad se establece la de estudio de mercados y administración de inmuebles. Como empleados figuran la cuñada y dos hijas de Jorge Núñez: María Rosa Brugueras, María Cristina y Victoria Eugenia Núñez. En 1989 Ceaja facturó a Torraspapel por la intermediación en la compra de un inmueble, pero el cobro se enmascaró como un estudio de mercado. La factura dice: «Por el estudio de viabilidad del sector papelero», lleva fecha de julio de 1989, y asciende a 41 millones de pesetas. Y es que en Grupo Torras «el más tonto hacía relojes».

Sin embargo, sus relaciones con JR no acabaron muy bien. Tras ser expulsado con lo puesto de su despacho en Torras, del que tuvo que retirar apresuradamente los cuadros y los muebles, Núñez se preguntaba atribulado: «¿Por qué no se me pone Javier al teléfono?». Tres días después consiguió concertar una cita con el magnate a bordo de su yate Blue Legend. De la Rosa le recibió pomposamente, apoltronado en los butacones de cubierta, y escuchó con cara de aburrido las preocupaciones del amigo Núñez por su futuro, «ahora que nos hemos tenido que ir».

Cuando acabó, Jotaerre le dijo: «No te preocupes, Jorge. He pensado mucho en ti y quiero que seas director general de una empresa de puertas que tenemos en Cuenca». Se refería a una pequeña filial de Bamsa. Núñez estaba anonadado. No daba crédito a lo que oía: «A mí, que he sido un puntal en su imperio, y que le he dado sentido industrial a las inversiones de KIO en el papel. ¡Menuda ofensa!», comentaba a alguno de sus íntimos. Tras el encuentro, quedaba claro que Jotaerre no es tan amigo de sus amigos.

También participó en la creación de Extor (luego Acie), una de las grandes cobradoras de comisiones que se repartían los gestores de KIO en España. Por entonces, Núñez presumía de Jaguar azul, aunque «a mí, si me giran al revés, me cae menos dinero que a Tarzán», comentaba gozoso justo cuando acababa de ser abuelo por primera vez. La mano derecha industrial de Jotaerre también destacaba por su furibundo anticatalanismo, que quizá Pujol no conozca, y que le ha llevado a protagonizar alguna escena en Puigcerdá, donde tiene una casa junto al campo de golf, cuando los socios más catalanistas pretendían cambiar el rótulo del establecimiento por otro, escrito en la lengua de Verdaguer.

Conocido por su afición a los tirantes con la bandera nacional, Núñez se atrevió a devolver al consejero de la Generalitat Josep Miró Ardévol una carta oficial porque estaba escrita en catalán y no la entendía. Durante la invasión de Kuwait Núñez disfrutaba escribiendo lo que le gustaría hacerle a Cristina Almeida, diputada de IU, por oponerse a los planes para lanzar la guerra contra Irak.

LA BATALLA

Nada más abandonar el consejo, JR comienza a diseñar una estrategia de la confusión con Alfredo Fraile, el chico para las relaciones con la prensa que presumía siempre de tener un agente infiltrado en todas las redacciones importantes. Pocos días después, ABC publica, sin darle demasiada relevancia, la noticia de que Javier de la Rosa abandona la vicepresidencia de Torras para dedicarse a sus negocios. Lo de siempre. Los discípulos de Fraile martillean las redacciones de los medios de comunicación con confusos mensajes según los cuales KIO no quiere aceptar la dimisión: «Le necesitan», «Les ha hecho ganar mucho dinero», «Le consideran un hermano», «Le darían todo lo que le pidiese», «Tendrán que organizar un gran concurso internacional entre los grandes bancos de negocios para que uno de ellos ocupe su lugar», «Javier está ahora interesado en la construcción de un complejo turístico recreativo en Tarragona». Mientras los árabes están haciendo frente a los incendios que Jotaerre les ha dejado prendidos, éste juega con ventaja, generando una corriente de opinión para impedir que la verdad se abra paso.

El programa de actos incluía también la celebración del comienzo de una nueva etapa. El entorno del «financiero catalán», nuevo apelativo con el que ahora se identificaba, decidió ofrecerle una fiesta homenaje de agradecimiento por aquellos días dorados que ya todos presumían que «nunca habrían de volver». Una cincuentena de ejecutivos de Torras, de CNL-Grand Tibidabo y de Quail, abogados, relaciones públicas y colaboradores de toda índole fueron convocados, vía fax, por Alfredo Fraile. La convocatoria se fijó en el restaurante de la discoteca Up & Down, quizá por ser una participada de Grand Tibidabo en esos momentos.

En una escena digna de ser concebida por Mario Puzo y llevada a la pantalla por Francis Ford Coppola, no faltó ninguno de los enriquecidos por la contumacia embrolladora de Jotaerre. A los postres llegó el regalo. Alguien se levantó y entregó a De la Rosa un reloj de oro del estilo Patek Philippe «Grand Complication», que algún experto valora en cerca de 40 millones. En la corona, bien visible, el reloj lleva inscrita la palabra «GRACIAS».

Pero «el Padrino», agobiado por las presiones de los kuwaitíes, no tenía un buen día. La seriedad de JR llevó a los invitados a pensar que aquello de la inscripción debía ser explicado de forma más sabrosona. Rápidamente fueron elegidos seis destacados miembros de su equipo. Luces fuera, focos y, uno a uno, fueron desgranando adjetivos que comenzasen por la letra encomendada. Esto es: «Javier, hemos grabado G porque tú eres generoso y grande…» Otro: «La R es porque tú eres rico, rumboso…» Y así hasta la S, con una clara omisión: la letra I. Con aire grave, un repeinado directivo de Quail se levantó y remató la faena: «La I es la última letra; la hemos dejado para el final porque es la más importante. Tú eres imprescindible», y añadió un par más de adjetivos melifluos que comienzan por esa letra. Todo les parecía poco, era el fin de un sueño.

Esta horterada hollywoodiana tuvo un day after todavía más sórdido. Alfredo Fraile mandaba de nuevo por fax el tanto por barba del agradecimiento. La cifra era de espanto, más de dos millones de pesetas. Alguno de los comensales, todavía enrolado en empresas de Torras, trató de enroscar la factura como gastos de representación a los kuwaitíes, pero no coló. Para entonces, los nuevos gestores ya sabían que Grupo Torras se había gastado 1.532 millones en donativos, 6.330 millones en servicios de asesores externos y 1.930 millones se habían pagado a empresas relacionadas con los consejeros salientes.

VISITA A LA FISCALIA

El fasto, sin embargo, no podía esconder la emergencia de una situación crítica. El principal abogado mercantil de JR, Juan José Folchi, estaba encerrado mañana y tarde atendiendo las peticiones de información de la firma británica Stephenson Harwood, contratada por KIO para interpretar las complejas operaciones montadas durante los años dorados de los anteriores gestores. Folchi se resistió durante muchos días, lanzando pelotas fuera, acogiéndose al secreto profesional, explicando historias increíbles, inundando a los ingleses con toneladas de papeles inservibles. Pero, haciendo gala de la paciencia que caracteriza a sus clientes árabes, los sabuesos volvían una y otra vez en busca de más explicaciones, cada vez más concretas.

Finalmente, Folchi decidió puentear a los hombres de Stephenson y entrar en contacto directo con las autoridades de Kuwait. El abogado envió mensajes indicando su intención de entrevistarse con las autoridades del emirato o con el fiscal general. Los árabes, deseosos de obtener explicaciones, pero escépticos ante las historias que pudiera contar el abogado, contestaron que le esperaban en Kuwait City. De hecho, Folchi se planteó la posibilidad de viajar a Kuwait e incluso comentó a José A. Recio, con quien se había relacionado a raíz de su efímero fichaje para la presidencia de Ercros, si podía utilizar sus contactos para conseguirle un pasaporte diplomático. Folchi estaba seguro de poder entrar en el emirato, pero no de poder salir.

La posibilidad de viajar a Kuwait quedó finalmente descartada y se acabaron organizando dos reuniones en Londres los días 13 y 15 de noviembre de 1992. A ella acudieron, además de Folchi, dos representantes de la Fiscalía de Kuwait y un representante de KIO, Naphel al Hathel. El abogado entregó un memorándum en el que justificó las extrañas operaciones en las que se habían volatilizado miles de millones en supuestos pagos políticos, transferencias para autoridades de Kuwait y pagos en negro por la compra de algunas empresas en España. Ni un dato concreto fue aportado, aunque en relación con los pagos políticos Folchi explicó a sus interlocutores que «un contacto directo a nivel de Estado a Estado (español y kuwaití) por parte de autoridades españolas del más alto nivel se producirá muy pronto con el objetivo de identificar los receptores de estos pagos». Se hablaba abiertamente de 30.000 millones de pesetas invertidos en torcer voluntades de políticos europeos para la causa kuwaití. Los árabes estaban enfrascados recogiendo pruebas para presentar una querella contra De la Rosa y su equipo, lo que efectivamente sucedió en enero de 1993, y decidieron esperar a ver si tal contacto tenía lugar. Un mes después de la reunión con Folchi, los árabes le recordaron que nadie se había dirigido a ellos para explicarles nada, por lo que esperaban que fuera él quien les facilitase las identidades de los beneficiarios de las cuentas que recibieron las transferencias multimillonarias. Folchi se limitó a enviar una copia de los impresos bancarios con los números y claves de las cuentas, sin identificar a ninguno de los titulares. Excepto uno. Se trataba de una cuenta en el Bankers Trust con la clave Falcon, en la que recibió dinero.

Mientras tanto, quienes sí ofrecían datos eran los nuevos gestores de KIO. Por primera vez, los kuwaitíes acusaron a sus ex gestores de emplear su dinero para «hacer favores políticos» en España. Lo dijo su abogado, Juan Esteve Oriol, en la vista oral del juicio instado por Núñez para cobrar su blindaje. Jorge Núñez, en representación de la entonces llamada Torras Hostench, había alquilado dos pisos de la finca situada en la calle Antonio Maura 4, de Madrid. El contrato, que se firmó el 11 de marzo de 1988, establecía una duración de cinco años y el pago en contrapartida de 150 millones de pesetas. Es decir, a 35 millones por año[8].

Estos pisos, al igual que el conjunto del inmueble, eran propiedad de una sociedad de Adolfo Suárez y, según documentos internos de Grupo Torras, no consta que los dos pisos alquilados fueran utilizados nunca por la sociedad. La compañía Antonio Maura 4 es propietaria del inmueble en cuyo primer piso tiene su despacho el ex presidente del Gobierno español. Los pisos alquilados por Torras eran el subsótano y la planta cuarta, que, con fecha 31 de octubre de 1990, fueron subarrendados por Torras a la empresa S.D. Ibérica Inmobiliaria Urbana. Torras sólo ingresaba 15 millones al año, menos de la mitad de lo que pagaban a Suárez. Es evidente que la operación no era precisamente ventajosa para Grupo Torras. De la Rosa siempre se llevó muy bien con UCD, con Aurelio Delgado, cuñado de Suárez, y con José Pedro Pérez Llorca, consejero de Torras Hostench, desde que la empresa echó a andar.

ERCROS, LA PRIMERA PIEZA DEL DOMINO

Ercros fue la primera de las empresas de Torras en reconocer oficialmente su estado catastrófico. Fracasado De Mir en la presidencia y con los agobios de unas pérdidas de 17.000 millones en el ejercicio 1991, Jotaerre volvió a las andadas y fichó por una cantidad astronómica a José Aureliano Recio, militante del PSOE[9] y consejero del BBV, como presidente. Recio aguantó poco, hasta que se dio cuenta del juego del financiero y le plantó, horas antes de la junta de accionistas de junio de 1992. Llevaba sólo veintidós días en el cargo. La intención de JR era aprovechar la gran amistad que unía a Recio con el Presidente del Gobierno y Carlos Solchaga. Algo sumamente útil a la hora de pedir subvenciones o buen trato, sobre todo para Fesa-Enfersa, a las que Industria negaba el pan y la sal alegando que el Ministerio ya había cumplido y aquél no era su problema. Las deudas superaban los 175.000 millones.

Recio, ex consejero del gobierno andaluz, llegaba al cargo recomendado por Manuel Guasch. De la Rosa le había cautivado con uno de sus característicos «¡nada, hombre, te envío mi helicóptero y estás en Barcelona en un santiamén!» y con un salario de 80 millones de pesetas al año, más Audi y chófer. Por entonces, la gran solución para la división de fertilizantes era un acuerdo con la norteamericana Freeport. Para ello, Narciso de Mir se había comprometido formalmente a pagar unos 300 millones de pesetas a John Rosillo, entonces presidente de la inmobiliaria Kepro y relacionado con Freeport, para que intermediara en la venta de Fesa-Enfersa y también en la de Río Tinto Minera.

Lo que él no sabía es que llegaba al cargo dos días después de que De la Rosa y su equipo hubieran sido destituidos por los nuevos responsables de KIO. Cuando el andaluz le pidió a JR orientaciones acerca de su cometido, éste, cínico, le dijo: «Bueno, sí, pero mejor llamas a Londres y hablas con un tal Al Nouri». Recio no sabe inglés.

José Aureliano Recio devuelve a De la Rosa el problema de Ercros y comenta a un íntimo de la beautiful people: «Estos tíos me han engañado. Primero aprueban el plan de salvación de la empresa, le dicen al ministro que van a mantener las inversiones en España y ahora dicen que ellos no ponen dinero. Me voy, ¡no lo aguanto más! Ni entiendo al catalán ni a los de Londres». Extrañas explicaciones de un hombre que había estado negociando su incorporación a Ercros durante más de seis meses. ¿De qué habían hablado?

La junta de accionistas del 22 de junio de 1992 se inició con la sorprendente lectura de la dimisión de Recio. De la Rosa no compareció, mientras sus consejeros se miraban con cara de horror[10] buscando la salida. Los independientes, como Josep María Figueras, Francisco Salsas o Juan Antonio Samaranch (hijo), se marcharon. Era evidente que si el hombre puente con el Gobierno se marchaba a la carrera y Claudio Aranzadi, el ministro de Industria, se había ratificado en «no dar un duro más» a Ercros, KIO, que no hacía más que descubrir nuevas pérdidas cada día que pasaba, quedaba contra las cuerdas.

«¡¿Dónde está De la Rosa, que nos iba a descubrir las Américas y ahora ni se le ve?!», grita un accionista sevillano en la Junta de Ercros. Al salir de la asamblea, los pocos que quedan en el consejo se reúnen para elegir un presidente. De la Rosa, que sí se presenta a esta reunión, le dice a Josep Piqué, en presencia de Luis Vañó: «Mira, hemos pensado de común acuerdo que si tú aceptas eres el mejor presidente posible». Piqué pone condiciones y reclama 4.000 millones de alivio crediticio urgente. Pocos días después les plantea la necesidad de suspender pagos. KIO se encoge de hombros y dice que eso es responsabilidad de la presidencia. En el lado opuesto, JR se autoinvita a las reuniones del consejo y pide que se atrase la suspensión unos días más para hablar con la banca, pensando en desligar su marcha del estallido de la crisis.

Ese mismo día, Jotaerre envió un memorándum en inglés al Board of Directors of Ercros en el que les comunicaba que se había llegado al acuerdo simultáneo entre él y Grupo Torras para aportar 25.000 millones a la química. De la Rosa se comprometía a aportar 10.000 millones y Torras los otros 15.000. La oferta estaba condicionada a que la división de fertilizantes se vendiera a Freeport, que había presentado una propuesta para quedarse sólo los activos, dejando las deudas a KIO. El 6 de julio, De la Rosa, Mir y Gabriel Florido esperaban ansiosos en la sala de firmas de la notaría de Miguel Tarragona (Diagonal, 407). Era la una y media del mediodía, hacía mucho calor y tenían algún motivo adicional para que las manos les sudasen en abundancia. Los antiguos hombres de KIO aducían que, como Torras había «acordado no facilitar nuevas financiaciones a Ercros», se desligaban del compromiso de aportar los 10.000 millones y renunciaban al mandato y a la fiducia de Mesa Redonda, que poseía casi el 17 por ciento de Ercros.

Ercros, el primer grupo químico español, con una plantilla superior a diez mil empleados y una facturación consolidada de más de 215.000 millones se gripa y suspende pagos el 8 de julio de 1992, al mismo tiempo que su principal filial, Fesa-Enfersa, con un pasivo de 250.000 millones y un exigible de 87.000 millones. La reacción de De la Rosa es muy primaria: «Yo no la hubiera presentado. Son contables de cuarta categoría», afirma en referencia a Luis Vañó, el líder del nuevo equipo gestor de KIO en España.

Para entonces comienza el visionado documental de los años de gestión del financiero De la Rosa. Aparecen, por ejemplo, cartas sometidas a la firma de los consejeros en las que se expresa el «más explícito apoyo y gratitud» a De la Rosa por sus decisiones gestoras. Las cartas se refieren, entre otros casos, a la venta de activos inmobiliarios a Prima, que motivó la dimisión del consejero Fernando Tapias.

La química, participada en un 40 por ciento por Torras, inicia un efecto dominó sobre el resto de las empresas de KIO en España. Se trata de un hecho trascendental para la economía nacional, un problema de Estado. La responsabilidad máxima recae en Josep Piqué Camps, que llegó a la compañía desde el cargo de director general de Industria de la Generalitat gracias a las artes de Macià Alavedra, el caballero blanco de Jotaerre en la corte de Jordi Pujol.

Josep Piqué asumió la presidencia con mal pie. Un informe de los interventores judiciales sitúa el pasivo en 140.260 millones y en 109.718 millones el de las filiales de fertilizantes. La deuda reflejada en el expediente de suspensión de pagos asciende a 157.585 millones, de los que 27.000 son «deuda cruzada».

Ercros obtuvo unas pérdidas de explotación superiores a 30.000 millones de pesetas en el 92. Al final, tuvo que recurrir a una «operación acordeón» y reducir el capital de 88.000 millones a sólo 8.304 millones. La química era una cáscara vacía. La operación fue aprobada en la junta de accionistas en la que los fotógrafos descubrieron a Jorge Núñez espiando el acto tras una puerta, entre bambalinas, en el Colegio de Abogados de Barcelona. A JR ni se le vio.

El propio De la Rosa tuvo un incidente con un airado accionista de Ercros en la discoteca-restaurante Up & Down (participada por Tibidabo), donde se celebraba una fiesta.

El infarto de Ercros duró hasta el 23 de noviembre del 93, cuando el juzgado levantó la suspensión de pagos, con lo que entraban en vigor los convenios con los acreedores para el conjunto del grupo. Por el camino quedaron varios miles de empleos perdidos, por la vía de jubilaciones anticipadas, la renuncia de muchos trabajadores a sus complementos de pensiones y una abultada renuncia de bancos y proveedores a la mayor parte de sus créditos.

PRIMA

La crisis de Torras arrastró a Prima Inmobiliaria, que el 12 de diciembre de 1992 presentó suspensión de pagos ante el Juzgado número 20 de Madrid, y a su filial Urbanor. Los balances presentaban un pasivo conjunto de 160.000 millones y un activo cercano a los 90.000 millones. La compañía perdió 13.880 millones el año 1992. Aquello se producía siete días después del descalabro de Torras en el juzgado. Grupo Torras, cómo no, era el principal acreedor, con 11.000 millones de deuda. Lo más sorprendente fue que John Gómez Hall, vicepresidente y consejero delegado de la empresa, desveló enseguida que la operación de venta de los activos inmobiliarios de Ercros había arruinado a Prima y reclamó 12.500 millones a Grupo Torras como «daños y perjuicios». «La operación era muy mala para nosotros. Yo la acepté porque Javier de la Rosa y Narciso de Mir hicieron una enorme presión sobre mí. En todo aquello, Quail cobró una importante comisión que figura registrada en la contabilidad de Prima», reconocía, avergonzado de haberse dejado retorcer el brazo por los sañudos hombres de Quail.

El esqueleto retorcido de las Torres de KIO se convirtió en el símbolo del descalabro y del disparate. Aparecieron las primeras acusaciones de quiebra fraudulenta y de administración con mala fe. Como casi siempre, es decir, tarde, la CNMV descubrió que Inversiones Gran Vía, sociedad perteneciente al grupo Torras, tenía un 5 por ciento de Prima a escondidas; que Hammerstone International (una fiducia) llegó a tener un 15,23 por ciento, que había comunicado a la CNMV, pero no así otra compra de un 12,12 por ciento de la inmobiliaria española.

La autoridad bursátil descubrió también que Albert Freixa Vidal, administrador de Aciesa (la gran comisionera), era el administrador único de Círculo Fiduci y Father and Son (dos inventos del abogado Folchi), que poseían un 4,33 y un 3,2 por ciento, respectivamente, de Prima, lo que no se comunicó a la Comisión. Es decir, Jotaerre controlaba ilegalmente la marcha de un valor admitido a cotización en el mercado de valores español… lo de siempre.

Otras sociedades, como Hammerstone International, controlada por Jaffar y su amigo el multimillonario texano Hines, tenían previsto un gran pelotazo con Prima Inmobiliaría. Como la cosa salió mal, obligaron a Torras a recompensar las acciones que adquirieron por 10.200 millones de pesetas.

Mientras, el aturdido Gómez Hall, convertido malgré lui en presidente de Prima, se enfrenta a una inspección de Hacienda según la cual debe pagar 1.000 millones si no quiere ir a la cárcel por defraudador fiscal. ¿Le hubiera pasado igual si el mago Jotaerre hubiera hecho durar el encantamiento?

ARQUEOLOGIA EN TORRAS

La CNMV tuvo que enviar tres requerimientos al Grupo Torras para que remitiera sus cuentas correspondientes a 1991. Los auditores de Coopers & Lybrand arrojaron la toalla y entregaron un informe preliminar en el mes de septiembre de 1992. La primera conclusión fue que la situación de la empresa era tan delicada que «la continuidad de la misma depende del apoyo de los accionistas». Es decir, de que KIO continuara poniendo montañas de dinero. Donde en 1991 se declaraban beneficios de 2.751 millones, ahora tocaba reconocer pérdidas de 29.395 millones, a pesar de que se incluían beneficios ficticios de 26.799 millones generados en una operación de traspaso de pagarés a la filial de Londres, también insolvente. Los fondos propios caían fulminados a menos de 29.000 millones. Los gastos financieros superaban los 35.600 millones. «Nosotros hacemos arqueología, más que auditoría», comentaba uno de los responsables del informe sobre Torras. Este constataba que el orgulloso grupo había estado al borde del abismo desde 1989 y que una eficaz maniobra de traslado de deuda a las filiales había retardado el infarto. La prestidigitación se había acabado.

Una auditoría posterior, correspondiente al año 1992 y elaborada por Ernst & Young, acotaba unas pérdidas de 154.256 millones de pesetas. Otro récord para inscribir en la ya larga lista de hazañas de Javier de la Rosa.

Pero el bravucón de JR tenía que dejar su impronta y le echó cara al problema. En un espectacular golpe de efecto presentó una supuesta oferta de compra del Grupo Torras a los kuwaitíes. Con ello quería demostrar que el fatalismo era falso y que las empresas aún eran apetecibles. Sin embargo, el detalle —calificable de farol atrevido— hizo que muchos comparasen sus actos con el juego del póquer del mentiroso. Jotaerre ofertó 250.000 millones por la compra de Torras. El financiero se autocalificaba como «inversor minoritario» en un presunto grupo que tomaría las riendas desbocadas de Torras. Cuando los árabes requirieron más detalles al comprador y pidieron «clarificar la seriedad» de la operación, De la Rosa retiró la propuesta, que no estuvo en pie ni cuarenta y ocho horas. El 27 de julio retiraba la oferta y curiosamente, dos días después, ésta era publicada como vigente por un rotativo con el que siempre había mantenido buenas relaciones, el prestigioso Financial Times.

Al Nouri todavía no comprende por qué, cuando llamaba a De la Rosa, «una voz grabada que no permitía dejar mensajes repetía una y otra vez los términos de la oferta y el porqué de su retirada». La maniobra intoxicadora era brillante y se acompañó de mensajes a la prensa «dócil»: «Yo no me he llevado ni un duro, sólo recibí dinero al dimitir y vender mis acciones». El hermano Fouad Khaled Jaffar cenó en Finisterre con De la Rosa para concertar una salida conjunta y evitar —si era posible— los tribunales.

Pero el Kuwait posterior a la invasión era distinto. Los jóvenes tecnócratas coparon el poder y exigían responsabilidades por el fracaso de sus inversiones multimillonarias en España. Hasta la prensa norteamericana se recreaba en el caso español y comentaba lo extraño de lo ocurrido con Grupo Torras. En otro gesto de valor suicida, Javier de la Rosa advirtió que «nosotros seremos los que iniciaremos acciones penales, porque todo eso son mentiras y falacias. Esos señores son unos mentirosos que no se han mirado ni un solo papel».

Los kuwaitíes, sin embargo, no acababan de comprender lo que sucedía en España. Un inversor internacional de la envergadura de KIO había sido estafado, saqueado hasta hacerle perder 500.000 millones de pesetas. Como consecuencia de ello, Torras se encontraba al borde del precipicio, con más de 30.000 empleos directos en peligro mortal. El prestigio de España en los mercados internacionales, tan querido por Solchaga, estaba en juego. En fin, un cúmulo de factores críticos suficientes para que el asunto se convirtiera en un escándalo nacional. Sin embargo, JR se movía a sus anchas y el Gobierno jugaba a la esfinge, no decía nada, como si la música no fuera con él.

A pesar de ello, los kuwaitíes consideraron oportuno explicar al ministro competente, Carlos Solchaga, cada paso que daban. Efectivamente, el 20 de noviembre de 1992 una delegación de KIO compuesta por el viceministro kuwaití de Finanzas, Al Bader, y Al Nouri visitó al ministro, a quien explicaron su intención de llevar a De la Rosa y a los otros ex gestores del grupo ante los tribunales españoles, señalando que esperaban un apoyo activo del Gobierno español. Solchaga les contestó que le parecía muy bien, pero que el Gobierno no podía hacer nada, puesto que se trataba de un asunto entre particulares. Sin acabarse de creer lo que oían, los árabes respondieron al miembro del Gobierno que, como en este país no pasaba nada hasta que las empresas se encontraban en una situación límite, habían decidido también presentar la suspensión de pagos del Grupo Torras, el famoso buque insignia de KIO en España. Aquí el ministro sí que consideró que debía decir algo, aunque obviamente también se trataba de un asunto privado, y desaconsejó adoptar tal medida. Desde entonces, los responsables de KIO han tenido que convivir con el síndrome de estar rodeados por las trampas de De la Rosa y el silencio gubernamental. Otro tanto cabe decir de la oposición parlamentaria, especialmente del PP. Al presentarse la suspensión de pagos, el PP creó una comisión de investigación y llegó a amenazar al Presidente del Gobierno con presentar una querella contra él por prevaricación. El portavoz del PP en el Congreso, Rodrigo Rato, no pronunció en sus incendiarias intervenciones ni una sola vez el nombre de Javier de la Rosa. Lo conocía personalmente, entre otras cosas porque su hermano Ramón, que estaba al frente de la cadena de radio Rueda Rato, era amigo de JR.

El Grupo Torras presentó suspensión de pagos el 4 de diciembre de 1992. Los jueces ya tenían sobre la mesa pasivos por valor de más de 500.000 millones, a pesar de que el Gobierno —a través de Carlos Solchaga, titular de Economía y Hacienda— consideraba un error jurídico de KIO la política de suspensiones de pagos, las mayores de la historia económica española.

Era ya una evidencia que la gestión pésima y la presunta apropiación indebida de fondos del holding por parte de De la Rosa y su equipo habían ocasionado unos 500.000 millones de pesetas de pérdidas a KIO. Las conclusiones de los interventores judiciales sobre las causas determinantes de la suspensión de pagos[11] son muy claras:

«El desarrollo de prácticas financieras heterodoxas que afectaron a la cartera de acciones y a la autocartera, como el vaciado de activos de las compañías, la adquisición por la propia sociedad o por las filiales, a precios ajenos a la realidad del mercado, de acciones propias y de empresas vinculadas, provocando el empobrecimiento de la compañía y sus accionistas.

»La utilización de fondos propios para fines ajenos a los declarados en el objeto social.

»La financiación, por encima de las posibilidades que permitían los recursos propios, de operaciones de apoyo a empresas insolventes o en crisis, sin la adopción de garantías suficientes de reintegro o reestructuración, que permitiese aun a largo plazo un adecuado reembolso.

»Elevadísimos gastos de gestión, administración, seguridad e imagen.

»El inicio de inversiones desmesuradas en relación con los recursos propios y con la capacidad financiera real de la compañía, en sectores cíclicos, olvidando la reestructuración y rentabilización de las compañías propias.

»La ocultación de la crisis al mercado mediante técnicas contables heterodoxas».

Quien mejor resumió lo acontecido en Torras fue Ricardo Bolufer, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría, que dijo: «La contabilidad del Grupo Torras es un manual didáctico de ingeniería-prostitución financiera». A la sazón, pasó a ser uno de los personajes más odiados por Jotaerre, junto a Narcís Serra o Jordi Mercader, ex presidente del INI y de Inpacsa. Los frutos del desaguisado eran más de 500.000 millones de pesetas perdidos por KIO durante la gestión de Javier de la Rosa, algo que bien merecía encargar a Kroll la búsqueda del dinero del financiero español por todo el mundo.

CAPITULO QUINCE

EL AGUJERO NEGRO

Los nuevos responsables de Torras, dirigidos por Mahmoud al Nouri, el asesor de Alí Rashid al Bader, el nuevo presidente de KIO, habían llegado a España a finales de junio de 1992 y desde entonces no habían descansado. El primer episodio fue la crisis de Ercros, que acabó en suspensión de pagos un mes después. Cada día hacían descubrimientos nuevos: créditos no contabilizados, avales y garantías, contratos inexplicables en favor de los antiguos directivos, créditos multimillonarios para De la Rosa y sus amigos, los contratos draconianos entre Quail y Torras, que permitían a la primera controlar el holding como si se tratara de una propiedad feudal, el rosario de sociedades extranjeras, centenares, a través de las que se filtraban los millones que ya nunca más aparecían. Un sinfín de martingalas que siempre acababan en lo mismo, dinero desaparecido y más pérdidas para el grupo. En los primeros días de julio decidieron encargar un auditoría interna de todo el grupo y sus filiales para tener una idea global de lo que había pasado.

De la Rosa y los suyos sabían que aquello no podía acabar bien. Tarde o temprano los kuwaitíes encontrarían cosas impresentables y comenzarían a pedir explicaciones que ellos no podían dar. Decenas de abogados españoles, ingleses y del propio emirato estaban revisando los papeles y lanzando centenares de preguntas a los letrados mercantiles del anterior equipo gestor.

En Kuwait se iba conociendo poco a poco la dimensión del problema y el recién constituido Parlamento, elegido tras la expulsión de las tropas iraquíes, exigía responsabilidades. La oposición, encabezada por el Foro Democrático, liderado por Abdulah al Nibari, tronaba contra los responsables del desastre: «Queremos que las investigaciones lleguen hasta el final; caiga quien caiga vamos a exigir el máximo castigo a los responsables». Cuando estas cosas llegaban a oídos de los De la Rosa, Núñez o Folchi, los pelos se les ponían de punta.

En otoño los sabuesos de KIO y de las firmas británicas Stephenson Harwood, Peat Marwick y Baker & Makenzie ya habían sacado todas las conclusiones posibles de los documentos a los que habían tenido acceso a través de la contabilidad de Torras, una chapuza desordenada que sólo registraba una pequeña parte de los movimientos de dinero organizados por el equipo de De la Rosa. Ahora, los abogados de KIO querían más y las respuestas a sus interrogantes sólo podían venir del cerebro mercantil de la mayoría de las operaciones montadas en aquellos años de orgía financiera y saqueo: Juan José Folchi.

Folchi resistió pacientemente las largas sesiones de preguntas con la esperanza de que al final los ingleses se dieran por vencidos y le dejaran en paz. Pero aquél era un mal cálculo. Era imposible que todo quedara en agua de borrajas. La situación en Kuwait y la astronómica cifra de dinero evaporado, junto con las pérdidas del grupo, eran un acicate demasiado poderoso para seguir investigando. Folchi tenía un gran problema. Los árabes ya sabían que más de 120.000 millones habían desaparecido y él había diseñado las operaciones que permitieron transportar el dinero hacia refugios seguros. El abogado explicaba una y otra vez que no conocía el destino final del dinero, ni a sus beneficiarios, pero Al Nouri y sus asesores no se lo creían.

Mientras esto sucedía, De la Rosa buscaba abrirse las puertas de La Moncloa, para lo que negoció la contratación de Julio Feo, el ex fontanero de Felipe, antiguo emisario a Londres de las quejas del Gobierno español contra el responsable del agujero en el Garriga Nogués. No le salió. Sus explicaciones sobre lo que está ocurriendo repetían un viejo esquema: él era la víctima de los pecados de hombres más poderosos. «Los árabes han cambiado de criterio y, como no quieren invertir a largo plazo, se lo quieren cargar todo», afirmaba, a pesar de que la nueva contabilidad de las empresas, más ajustada a la realidad, arrojaba deudas y pérdidas incontestables. Llegó incluso a jugar a la alta política internacional: «Lo que pasa es que hay una guerra de familias en Kuwait, allí son una tribu, y se quieren cargar al emir; Torras y la situación en España son una excusa, por eso cuanto peor vaya aquí, mejor para los que quieren desestabilizar el emirato», mientras daba a entender que él pagaba los platos rotos por ser amigo del primo del emir. Incluso acusó a los nuevos responsables de KIO de ofrecerle la posibilidad de no ser acusado de nada a cambio de testificar contra el ex presidente de KIO, Mohamed al Sabah, y el ex director general, Fouad Jaffar. Ese papel de cabeza de turco no se ajustaba muy bien con su tren de vida, pavoneándose a bordo de un lujoso yate que en ocasiones dejaba anclado en el Caribe para cuando fuera a pasar unos días con la familia y sus amigos íntimos.

«PAGOS POLITICOS»

A finales de octubre el equipo de De la Rosa sabe que los árabes ya han reunido pruebas más que suficientes para acudir ante los tribunales. Hay que tomar alguna decisión drástica para impedir que eso pase. Bloquear el proceso

.

Folchi se pone en marcha y decide que lo mejor es hablar directamente con el fiscal general de Kuwait, Al Assousi, responsable final de las posibles acciones legales de KIO contra los ex gestores de Torras.

La primera reunión se celebró en Londres el 1 de noviembre. Folchi se reunió con el nuevo presidente de KIO, Al Bader, a quien el abogado español explicó «las razones que explican mis problemas para hablar libremente con el equipo de investigación. Como consecuencia de la reunión, Al Bader sugirió que me reuniera con el fiscal general de Kuwait y acordó hacer los preparativos necesarios para que la reunión tuviera lugar».

Los días 13 y 15 de noviembre de 1992, el fiscal general de Kuwait, Al Assousi, y su ayudante se reunieron con el abogado español. Durante las conversaciones, Folchi repitió en inglés la historia que De la Rosa llevaba años haciendo correr en voz baja: «La mayor parte del dinero desaparecido fue para pagos políticos al objeto de premiar a las autoridades de los países occidentales, entre ellos España, por su contribución a la liberación de Kuwait». El objetivo del mensaje no dejaba lugar a dudas: «Querellarse contra los antiguos gestores obligaría a éstos a dar explicaciones para salvar su propia piel y se crearía una crisis política de consecuencias incalculables. En España no queremos una situación a la italiana». Cualquier argumento era bueno si servía para convencer a los kuwaitíes de que no acudieran a los tribunales. «Si ustedes quieren ajustar cuentas con sus compatriotas háganlo en Kuwait, que las autoridades españolas ya harán lo propio».

Folchi se comprometió a recoger esa información por escrito y el día 19 de noviembre envió un memorándum al fiscal general de Kuwait en el que se refería la misma historia, aunque con más detalles. En la página 8 del memorándum, bajo el epígrafe «D) Pagos políticos», se leía lo siguiente:

«Finalmente, una razón adicional para mantener confidenciales las operaciones mencionadas es que, según me fue explicado, algunas fueron emprendidas para facilitar pagos políticos a realizar en España y en el extranjero.

»Las instrucciones para realizar tales pagos me fueron dadas por personas que, según mi entender, tenían suficiente autoridad para ello. Se produjeron en un momento de extraordinaria incertidumbre para el Estado de Kuwait. Estos pagos políticos fueron hechos en el contexto de la congelación de los fondos internacionales de Kuwait, a continuación de la invasión por Irak. Como el acceso a estos fondos fue garantizado en España más rápidamente que en otros países, era natural que tales pagos políticos se hiciesen a través del Grupo Torras.

»Yo siempre entendí que tales pagos políticos fueron hechos en nombre del Gobierno de Kuwait, dada la situación de ocupación y guerra en la que se encontraba. Como que KIO representaba al Gobierno de Kuwait, suponía que estos pagos políticos habrían sido excluidos de las averiguaciones del equipo de investigación, teniendo en cuenta su carácter sensible y confidencial y, además, mi conciencia de que habían sido ordenados por el Gobierno de Kuwait. En cualquier caso, he sido advertido de que cualquier información en relación con esos pagos debería ser facilitada sólo a través de contactos directos a nivel de Estado y que yo no debería revelar ninguna información sobre este tema. Estoy convencido de que tal contacto se producirá en el futuro más inmediato. […]

»En agosto de 1990 Kuwait fue ocupado por Irak, dando lugar a una profunda crisis en el Golfo Pérsico. La crisis tuvo significativas repercusiones sobre las operaciones de KIO en general e importantes consecuencias para las que se realizaban en España.

»Por un lado, los activos de Kuwait fueron congelados en todo el mundo para prevenir que Irak pudiera apropiarse de ellos; por otro lado, surgió un amplio movimiento de solidaridad internacional para apoyar al país invadido y su Gobierno legítimo, el cual estaba exiliado en Arabia Saudí. Adicionalmente, se puede decir que la posición financiera de las empresas españolas de KIO y sus relaciones con sus banqueros eran extremadamente difíciles como resultado de la congelación de activos.

»Grupo Torras necesitaba un importante soporte financiero de KIO para superar la congelación de activos impuesta por sus banqueros. Obtuvo este soporte financiero en forma de préstamos por un total de 1.200 millones de dólares, los cuales fueron posteriormente capitalizados junto con otros créditos anteriores.

»Al mismo tiempo que KIO facilitó estos fondos adicionales a Grupo Torras, requirió a ésta que hiciera pagos a terceras partes por un importe de 300 millones de dólares. Se dieron instrucciones de que todos los pagos se hicieran fuera de España y fueran altamente confidenciales ya que, entre los receptores de los fondos, había cuentas exteriores y autoridades e instituciones españolas y extranjeras. […]

»En nuestra reunión de Londres del 13 de noviembre, entregué copias de documentos que poseía mostrando el destino de 111,1 millones de dólares. También dije en esa reunión que la información sobre el destino de los fondos restantes sería tratada a través de contactos de Estado a Estado. […] Como resultado de esos contactos, yo no tendría que facilitar ningún documento o información acerca de las restantes cantidades. Para evitar cualquier duda, debería decir que no tengo evidencias empíricas sobre los beneficiarios finales de ninguno de los mencionados 300 millones de dólares».

Si Folchi y De la Rosa estaban de acuerdo en esta estrategia no tiene excesiva importancia, aunque lo cierto es que el objetivo buscado al elaborar el memorándum, caso de alcanzarse, habría sido beneficioso para ambos. Atemorizar a los árabes con el fantasma de que podían desestabilizar algunos países occidentales no era cosa fácil. Por eso el documento incluía algunas otras referencias a las consecuencias económicas que podría tener para KIO que se conociera cómo habían sido declaradas sus inversiones en España, o el hecho de que los anteriores gestores de Torras habían montado tal lío con las participaciones en empresas filiales, como Ercros o Prima, que las autoridades bursátiles españolas acabarían obligándoles a presentar OPAs que les costarían miles de millones. También hacía referencia al supuesto cobro de dinero en el exterior por empresarios que habían vendido sus activos a Torras. Los árabes, en cualquier caso, no mordieron el anzuelo, las pruebas que estaban reuniendo de que habían sido víctimas de un atraco eran contundentes, y un mes después de recibir el memorándum volvieron a ponerse en contacto con Folchi.

El representante de KIO, Naphel al Hathel, le escribió a Folchi para comunicarle que ninguna autoridad española se había puesto en contacto con ellos y que, haciendo honor a su palabra, debería facilitar los datos completos de los beneficiarios de los 300 millones de dólares. Folchi se hizo el loco y, de momento, no contestó.

De la Rosa, por su parte, continuaba haciendo sus pinitos, guiado por la escurridiza mano de Juan Piqué Vidal. El 10 de diciembre, un día antes de que los juzgados de Madrid aceptasen la suspensión de pagos de Torras, una propietaria de 4 millones de pesetas en bonos de esta sociedad presentó en Barcelona una extraña querella contra los nuevos ejecutivos del grupo. Para el día anterior también estaba previsto que José María Stampa Braun, el primer abogado español de KIO, presentase su querella contra el equipo de De la Rosa, lo que finalmente no sucedió hasta principios de enero. La presentación de la querella de Barcelona había llegado a oídos de algunos periodistas con antelación. Todo indicaba que se trataba de una estrategia de defensa jurídica de De la Rosa, con la pretensión de que, al ser la primera, cualquier nueva acción que se presentase en otro lugar de España quedaría subsumida en ésta, por el mecanismo de acumulación de causas.

El abogado responsable de la presentación de la querella en Barcelona, Alberto Salazar, no ocultaba que el día elegido no era casual, aunque por otro motivo diferente de los apuntados antes. Ese día el polémico juez Luis Pascual Estevill estaba de guardia, pero en lugar de adjudicárselo él, el caso fue a reparto y recayó en el Juzgado número 7. Salazar estaba muy enfadado, él quería a Pascual Estevill.

De la Rosa conocía a Stampa Braun por haber ayudado a defender a su padre en la estafa del Consorcio de la Zona Franca. Ahora, su hijo pensaba que esto podía servir para neutralizarle y llegó a ofrecerle dinero. Al fin y al cabo, Stampa ya había tenido en sus manos otro asunto contra Javier, el de su gestión en el Garriga Nogués, y no había mostrado ningún entusiasmo en encausarle. El 10 de enero de 1993, KIO presentó en la Audiencia Nacional una querella por presunta estafa de más de 120.000 millones de pesetas, 50.000 de ellos perdidos «en beneficio de los querellados» y los 70.000 restantes «de desconocido paradero». Incluía además las acusaciones de falsedad en documento público y en documento mercantil, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y delitos fiscales. La lista de querellados estaba encabezada por Javier de la Rosa, a quien acompañaban Fahad al Sabah, Fouad Jaffar, Narciso de Mir, Jorge Núñez, Juan José Folchi y Miguel Soler. La gran sorpresa era que entre ellos no se encontraba Manuel Guasch, presidente de Ebro.

La querella se dividía en ocho grandes apartados: la fusión entre las empresas textiles Coma Cros e Industrias Burés, las operaciones en Ercros a través de Mesa Redonda la venta al exterior de la papelera Industria Cartonera (ICSA), el contrato entre la sociedad Adone, propiedad de De la Rosa, y Torras para el control de Ebro, la compra del avión Falcon, la adquisición de la papelera Sarrió, el cobro de talones sin justificación, los contratos laborales de los ex directivos y el contrato de Quail España. No es que no hubiera más cosas: era lo que se había podido reconstruir después de más de seis meses de paciente trabajo.

LOS BENEFICIOS DE QUAIL

KIO elaboró un informe en el que se habla de beneficios presuntamente fraudulentos de Quail España, la compañía de Jotaerre, por valor de 70.000 millones, sin contar otros 55.000 millones dados a ganar a sociedades relacionadas. Resulta muy llamativo que en el contrato que unía a las dos empresas, firmado por diez años el 3 de junio de 1987, se especifique que:

«TERCERO: Los servicios objeto del presente contrato serán prestados por Quail España SA en su domicilio social y en sus propias dependencias, sin que tenga que desplazar a ninguno de sus empleados, directivos ni administradores al domicilio de Torras Hostench.

»[…] QUINTO: Torras Hostench SA se obliga a no efectuar encargo de los mismos servicios objeto de este contrato o parte de los mismos a otra persona física o jurídica».

Ni siquiera esa omnipresencia fue respetada por De la Rosa, que desgajó comisiones a una larga cadena de compañías, como Aciesa o Diagonal Investment, por citar las más conocidas. Además, la exclusividad privaba de competencias al propio consejo de Torras Hostench. De la Rosa envió el contrato —junto al de prestación de servicios de la Agencia A de Alfredo Fraile Lameyer— al sheik Fahad Mohamed al Sabah, quien autorizó una cláusula de indemnización de 50 millones de dólares (5.000 millones de pesetas) para Quail. Este desolador panorama se extiende por todo el firmamento Torras. La filial inglesa Torras Hostench London compró 2.124.160 acciones de Ercros por 3.864 millones, y automáticamente se las revendió a sus instrumentales Novax y Extor, ligadas a Jotaerre, de modo que la tajada en comisiones siempre quedaba en el mismo plato.

Las «perlas» son innumerables. No hay gestor en el mundo que haya tenido la posibilidad de autofijarse condiciones tan favorables para él y tan lesivas para los propietarios. En julio de 1987 Torras concertó con Quail España y la sociedad holandesa Wienerwald Holland BV la colocación de acciones de una ampliación de capital de Torras. Se acordó el pago de una comisión del 5 por ciento. Quail se responsabilizó de colocar un 15 por ciento y se llevó comisiones por 413 millones, y Wienerwald, «sociedad sin duda controlada por De la Rosa», según la querella de KIO, se encargó del restante 85 por ciento de la ampliación, por lo que percibió 2.338 millones de pesetas (10 de septiembre de 1987). Se utilizó Wienerwald por su condición de BV radicada en Amsterdam, de manera que eludía el pago de IVA o el equivalente VAT que le hubiese correspondido en otro lugar de Europa.

En otros casos, las comisiones son una trama que hace sonreír a los entendidos en materias mercantiles. En 1989, Quail y Diagonal Investment (su filial) firmaron con Grupo Torras un contrato de opción de compra de 2.700.000 acciones de Inpacsa. Una curiosa cláusula establecía penalizaciones para Torras si ésta no ejecutaba la opción antes de mayo de 1990. Torras, gestionada por el dueño de Quail (Jotaerre), no supo, no quiso o no pudo cumplir dicha cláusula. Automáticamente Quail y Diagonal cobraron cada una 227,6 millones «por el perjuicio» que Torras les había ocasionado. Parafraseando el guión de la película Shanghai Surprise. «El comercio está bien, pero es mucho mejor robar».

Javier de la Rosa consiguió que el 29 de septiembre de 1986 su socio Fouad Khaled Jaffar, ex vicepresidente de Kuwait Investment Office, le autorizase una cláusula de indemnización de 5.000 millones de pesetas (50 millones de dólares) en caso de rescisión del contrato de Quail como gestor de Torras. Las pruebas llevadas por KIO a la Audiencia Nacional están trufadas de facturas golosas. Quail facturó 1.200 millones el 14 de diciembre de 1990 por «intermediar la consecución de un crédito participativo por 120.000 millones destinado a convertirse posteriormente en ampliación de capital». Es decir, De la Rosa iba a Londres, pedía a KIO, o para ser más exactos a sus amigos Jaffar y Al Sabah, la cantidad como anticipo de una ampliación y por la gestión se adjudicaba 1.200 millones.

Quail España pasaba facturas regulares por sus servicios de «seguimiento, control y consultas», como la de 330 millones que correspondía a 1989 (factura 10/89 de la contabilidad de Grupo Torras). Pero luego, puntualmente se giraban facturas por las «puntas» de trabajo en operaciones concretas. Por ejemplo, «por la ampliación de capital de noviembre de 1988, según contrato suscrito con Ustedes», 756.596.727 pesetas (fecha 20 de abril de 1989). Con la práctica y la proliferación de empresas en la órbita de Torras, las facturas de Quail se convirtieron en «facturas escoba» que amparaban conceptos dispares: «Por trabajos para Ebro-Agrícolas, venta de acciones; venta de acciones de Torraspapel y gestiones para asegurar la emisión de Prima, 593 millones», el 25 de julio de 1991. O la factura de 4 de febrero de 1991, «estrategias para Torraspapel, 250 millones; Ebro-Agrícolas 350 millones; Ercros 300 millones y Prima 250 millones». En total: 1.568 millones por la gestión de Quail. ¿Cómo no iba a aspirar JR a indemnizaciones? Perder ese chollo era un perjuicio inconmensurable.

La relación es impresionante: «Por intermediar en la ampliación de capital de Torras»: 412 millones; «por servicios prestados a Ercros en 1989»: 200 millones. Incluso los lujos suntuarios a los que De la Rosa estaba tan acostumbrado eran colados vía factura de gastos: «Por los gastos de utilización de nuestro helicóptero EC-EKQ»: 67,2 millones de pesetas. O la suite del hotel Villamagna, por la que se pasó factura de 3.692.006 pesetas sin especificar a qué periodo se refiere. En total, unos 50.000 millones de «desplazamientos patrimoniales» favorables a los ex gestores de Torras. De ellos, 15.958.700 son comisiones de infarto y 38.063 beneficios presuntamente fraudulentos. De la Rosa siempre ha insistido: «Cubro a miembros del Gobierno kuwaití».

LOS «PAPELITOS» DEL PAPEL

«Papelitos. Eso es lo único que sabe hacer ése, mover papelitos». La frase, ya célebre, es de Ricardo Tejero, un agente de cambio y bolsa barcelonés, que de un modo tan gráfico pretendía describir la peculiar forma que tenía JR de hacer sus negocios, siempre atento a las comisiones y las plusvalías. Algunas de las más relevantes de dichas operaciones tuvieron al sector papelero como protagonista. No en vano Torras Hostench fue su principal punto de partida como socio español de KIO. Los kuwaitíes ponían el dinero, Torras compraba y, a ser posible, vendía de nuevo, cuanto antes mejor. Eso era todo.

Casi todo. El hilo de las operaciones de compra-venta de acciones o activos a menudo se perdía en un dédalo de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales. Cuando la transacción llegaba a su fin, una jauría de sociedades anónimas más o menos desconocidas dejaba sobre la mesa de Torras todo tipo de facturas por comisiones o gestiones. La sociedad patrimonial de De la Rosa, Quail España, nunca fue la única, aunque sí la más beneficiada.

El 29 de noviembre de 1988, la sociedad holandesa Doferas Finance BV y dos sociedades del grupo papelero irlandés Jefferson Smurfit, Smurfit International BV y su filial española Smurfit Holdings, rubricaron en Londres el contrato de compra-venta de Industrial Cartonera (ICSA), en presencia de un representante de Torras Hostench. El traspaso de ICSA a Smurfit se pactó por 11.982,3 millones de pesetas, y se hizo efectivo mediante un cheque del Banco de España expedido por orden de Smurfit a nombre de la sociedad holandesa.

La presencia de Torras en el contrato era algo más que un trámite necesario para cerrar un fleco de la operación, pues tenía que firmar una póliza de crédito de hasta 2.300 millones pesetas a un año. ¿De quién era Inpacsa? De Torras Hostench en un 96 por ciento. Entonces, ¿qué diablos hacía Torras prestándose a sí misma? Torras había vendido ICSA el 7 de marzo de 1987 a Inpacsa por sólo 1.908.060.483 pesetas. Inpacsa pagó efectivamente sólo 500 millones: el resto debía haberse abonado por un pagaré que no parece existir en la contabilidad de Torras.

Inpacsa vendió ICSA a Croesus International Limited, una sociedad gibraltareña, el 7 de junio de 1988 por 4.200 millones de pesetas. La relación entre Torras-De la Rosa y Croesus va mucho más allá del caso ICSA. En la oficina londinense de la firma de abogados Baker & Makenzie todavía persiguen 25 millones de dólares —más de 3.000 millones de pesetas— que formaban parte de un préstamo pedido en mayo de 1988 por De la Rosa a KIO, supuestamente para Torras Hostench. El 1 de junio del mismo año, la instrumental holandesa de KIO Kokmeeuw prestó 27.400.000 dólares reclamados por JR. Tal como De la Rosa había pedido a KIO, la suma fue ingresada en la cuenta del Merrill Lynch Bank Suisse nº 608108179 (subcuenta 261319). Aunque ese pago nunca fue inscrito en las cuentas de Torras, una filial británica de Torras, Torras Hostench London (THL), se ocupó de que se devolvieran a Kokmeeuw en noviembre de 1989 cerca de 2.600.000 dólares correspondientes a una parte del principal e intereses de la operación. Los juristas británicos están convencidos de que la parte del león, 25 millones de dólares, se camufló bajo un falso contrato de crédito de THL a Croesus, firmado el 15 de septiembre de 1989. El crédito, nunca devuelto a Grupo Torras, pasó primero a ser garantizado por éste en junio de 1990, para acabar cancelado contra los resultados de 1990 de Grupo Torras, traspasado a la cuenta de prima de emisión de acciones. La demanda presentada ante la Commercial Court de Londres por KIO contra de la Rosa y otros administradores de Torras se ocupa extensamente de lo que da en denominar «operación Croesus».

Un mes y medio antes de la venta de ICSA a Smurfit, el 4 de octubre de 1987, Croesus concedió a la también domiciliada en el peñón Wantley Developements Ltd. una opción de compra sobre la totalidad del capital de ICSA. El conjunto de la operación se valoró en 4.220 millones de pesetas —20 millones por el derecho de opción y el resto por las acciones de la compañía—, todo ello supeditado a la conformidad de una financiera británica denominada Cresthayes Ltd., filial de Salomon Brothers, que anteriormente había actuado como proveedor de crédito para Croesus. Seis meses y una semana después de haber firmado un contrato de crédito para Croesus —avalado, entre otras, por una comfort letter de Quail España—, Wantley recibió 7.782,3 millones de pesetas en un pagaré a un mes emitido por Doferas BV, aparentemente para responder por el crédito dado por Cresthayes.

Aunque los nuevos gestores de KIO-Torras no llegaron a saber el montante exacto de dicho crédito, sí consta un contrato firmado en junio de 1988 entre Cresthayes y Croesus por el que tres compañías españolas garantizan la operación como covenantors o fiadores y copartícipes. Se trata, ni más ni menos, que de Inpacsa, ICSA y, por supuesto, Torras Hostench. Rubrican el documento Alan Saad (Cresthayes), Modesto González (por Torras y por ICSA), el ciudadano con residencia en Gibraltar Plinio Coll Gutiérrez (Inpacsa) y un misterioso Desmond R. Reoch, que recibe el crédito por Croesus. La operación estaba avalada también por Quail.

No contentos con haber mareado ya bastante la perdiz por los siempre opacos andurriales mercantiles gibraltareños, los ingenieros de finanzas de JR decidieron darle una nueva vuelta de tuerca a la operación ICSA. Croesus Ltd. —representada por Reoch— debía vender ICSA a Wantley Ltd. —representada por Maurice Perera, otro desconocido attorney gibraltareño— por esos 4.220 millones de pesetas. Ambas sociedades comparten el mismo domicilio social.

Para llegar a la transacción con Smurfit —la única que representa un cambio real de control de ICSA— ya sólo quedaba la venta de la cartonera a una sociedad de los Países Bajos, Doferas Finance BV, domiciliada en la ciudad holandesa de Deventer y representada por la abogada Carin L. Parker, que es quien vendió efectivamente ICSA a Smurfit por cerca de 12.000 millones.

Explicar desde una lógica no dolosa la operación ICSA no parece posible ni desde la más radical de las ingenuidades. Torras quiere venderse la empresa, pero es evidente que no quiere hacerlo a las claras. Para ello se sirve primero de una compañía filial, Inpacsa, por aquel entonces cotizando en bolsa. Inpacsa compra por 1.908 millones de pesetas y vende a los pocos meses por 4.200 millones a Croesus International Limited, una desconocida compañía radicada en la colonia británica de Gibraltar.

Una buena plusvalía, pero casi nada comparado con la que hace Wantley, otra sociedad gibraltareña que aparentemente se hace con ICSA por sólo 4.220 millones de pesetas y que con buen ojo consigue en poco más de un mes —compra la opción sobre ICSA el 8 de octubre de 1988 a Croesus por 20 millones y vende el 25 de noviembre a Smurfit— un pelotazo de 7.762 millones.

Ya en el contrato de 8 de octubre de 1988 por el que Croesus otorga a Wantley la opción de compra sobre ICSA se establece que la transacción deberá hacerse y pagarse «fuera de España», aunque cumpliendo la legislación española «en materia de inversiones extranjeras». El dinero se cobra fuera, aunque, como el que compra es extranjero, deberá ponerse en regla con Transacciones Exteriores. Por lo que respecta al que vende, se trata de una sociedad gibraltareña, y la Hacienda de España no es su problema. Más claro, agua.

Más adelante, el contrato de compra-venta de ICSA entre Doferas BV y Smurfit firmado en Londres el 29 de noviembre de 1988 dispone de una cláusula realmente extraña, pues condiciona la operación al mantenimiento del domicilio fiscal de la sociedad en el ámbito de la delegación de Hacienda de Barcelona, a pesar de que la sede de la compañía se trasladó a Madrid. De todo ello se desprende que De la Rosa pudo disfrutar de un trato privilegiado de la delegación barcelonesa del fisco para sus inversiones.

En octubre de 1988 era responsable de la inspección fiscal de Barcelona el riguroso Ramón Lanau. No había pasado ni un año desde la firma del contrato de ICSA cuando Lanau abandonó su puesto de trabajo en virtud de una excedencia voluntaria para engrosar precisamente las filas de los fiscalistas del despacho de Juan Piqué Vidal, el más próximo de sus abogados y el más asociado personalmente durante varios lustros a las empresas de JR.

Lanau abandonó su cargo en el verano de 1989, y era Josep María Huget Torremade quien estaba al frente de la Inspección. Huguet ha sido durante cinco años uno de los más influyentes poderes en la Barcelona de los negocios. En septiembre de 1994, Huguet hizo oficial su decisión de salir de Hacienda para ganarse la vida como asesor fiscal en un despacho compartido con Ernesto Aguiar, ex delegado especial de Hacienda para Cataluña que tras un periodo de responsabilidades en Madrid decidió también volar por su cuenta.

En paralelo al extraño recorrido a lo largo del Mediterráneo y del Atlántico de las acciones de ICSA, el taller de finanzas de JR orquestó varias operaciones financieras. Por de pronto, los 2.300 millones de pesetas prestados por ICSA a Torras concuerdan con otros 2.300 millones: los de la plusvalía realizada por Inpacsa al vender ICSA a Croesus. Por cierto que el 29 de noviembre de 1988, cuando Torras hizo efectiva la devolución a ICSA de tal préstamo, sólo le reintegró 2.100 millones.

El argumento de que los fondos obtenidos como plusvalías fueron destinados a apoyar las operaciones de expansión internacional de Torras en el sector papelero es rechazado por los gestores de KIO que llevaron a De la Rosa ante los tribunales. «No fueron a parar al patrimonio del dueño inicial de la empresa vendida, sino, más que presumiblemente, al de los querellados», puede leerse en la querella presentada ante la Audiencia Nacional.

Aquella expansión internacional de la que tanto se vanagloriaban se hizo también a golpe de comisiones. Grupo Torras pagó 727 millones (IVA aparte) por la prospección que Quail hizo del mercado para acabar adquiriendo la compañía belga Cellulose des Ardennes. La factura está fechada el 12 de diciembre de 1988.

Pero el papel daba mucho de sí, tanto que permitía comisiones para todos. Cuando Carlo Campanile (no suele usar su primer apellido, Bonomi), representando a Invest International Holding, y Javier de la Rosa llegaron a la conclusión de que sería bueno que Grupo Torras comprase varias fábricas de Sarrió por 43.600 millones, ambos estuvieron de acuerdo en conceder la exclusiva de intermediar en la operación a Johnston Associates, que fijó sus honorarios en 250 millones de pesetas. Se estableció un contrato basado en un put and call o, lo que es lo mismo, cruces de derechos de compra y de venta sobre acciones de Torraspapel. Las partes consideraban esencial el secreto sobre lo establecido en el contrato y obviaban los consejos de Johnston, que afirmaba que los activos no valían más de 30.000 millones.

Donald Johnston III, el presidente de Johnston Associates, cobró sus honorarios, y tras él lo hicieron otros, como Quail España, que no participaron en la operación. De la misma operación cobraron Promociones Sa Tuna[1] (fecha 29 de abril de 1991), que percibió algo más de 200 millones, y Aciesa, luego famosa por el «caso Grand Tibidabo». Aciesa cobró por su «asesoramiento» 95,2 millones y posteriormente (11 de junio de 1991) un complemento por 78,4 millones. En total, 173,6 millones. La fiesta dio incluso para otros 20,1 millones de legal fees que percibió Asistencia Inmobiliaria, una empresa domiciliada en la misma escalera que el despacho del abogado Juan Piqué Vidal y que mantiene evidentes vinculaciones con él, así como la auditora Audiec. La compra de activos de Sarrió generó 1.112,3 millones en comisiones (se incluyen los 168 millones cobrados por Ferupi-Javier Vega de Seoane).

¿SUEÑA EL BURRITO BLANCO CON PAGARES TEXTILES?

Uno de los más claros ejemplos del extraño management por el que JR se regía y de su virtuosismo a la hora de manejar el dinero ajeno es el que proporciona su relación con los Juncadella. En enero de 1988 los kuwaitíes habían dado un paso incomprensible —al menos para quien no estuviese al tanto de la costumbre de De la Rosa de dispensar favores a quien le convenía— al entrar en un sector en crisis con la compra de Sucesores de J. Coma Cros, hasta entonces controlada por Javier Juncadella. Sobre esta compra planeó siempre la sombra del pago de un «sobreprecio», con un perjuicio evidente para el comprador —no era otro que el gigante Torras— que los nuevos gestores de KIO denunciarían en su querella ante la Audiencia Nacional.

En febrero de 1990 Javier de la Rosa volvió a negociar con la familia Juncadella. Se trataba esta vez de comprar Industrias Burés, una empresa textil cuyo futuro la familia trataba de salvar a toda costa. Famosa por fabricar las sábanas El Burrito Blanco, Industrias Burés atravesaba una etapa de pérdidas constantes al tiempo que una negativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una colocación de títulos cerraba sus vías de financiación. Como buen tiburón, JR no tardó en olfatear la presa.

Un día se presentó en el domicilio del patriarca de la familia de industriales, José María Juncadella Burés. Y, como si se tratara de una escena del filme de Martin Scorsese sobre la mafia Uno de los nuestros, repartió suerte a diestra y siniestra:

—A ti —dijo dirigiéndose al patriarca— te aprecio por lo bien que trataste a mi padre. Pero a ti —dijo señalando a José María hijo— te odio entrañablemente. Antes —prosiguió— tú eras el guapo, el importante; ahora lo soy yo. Tienes que dejar la presidencia de la empresa.

En una muestra más del cuando menos extraño proceder a la hora de hacer negocios, el financiero obligó a José María Juncadella Salisachs a firmar una carta de «agradecimiento» por la feliz decisión de compra, cuyo texto establecía incluso la obligación de «hablar bien de la operación y del comprador en un futuro».

José María Juncadella Salisachs acabaría dimitiendo en 1991, sin indemnización alguna, tras un enconado enfrentamiento con el depredador JR. Sin embargo, por su parte, el industrial había tomado ya precauciones. El 20 de febrero de 1990, día en que se formalizó la compra de Burés por una peseta, Juncadella Salisachs había visitado al notario para dar cuenta de un sorprendente hecho que estaba a punto de acontecer: «Al parecer en la tarde de hoy le obligarán a vender el 100 por cien de las acciones de Industrias Burés por el importe de una peseta en favor de su señor padre don José María Juncadella Burés, que a su vez se verá obligado a vender por ese importe de una peseta el 50 por ciento de dichas acciones al grupo encabezado por Javier de la Rosa […]. Quiere dejar constancia de que no lo hace por su libre y espontánea voluntad, como bien conoce la parte contratante, ya que lo hará coaccionado por las presiones a las que se ha visto sometido su señor padre […] para salvar su vida, coacciones debidas al hecho de estar involucrados sus patrimonios y los de la familia en los avales por su señor padre y por él prestados y que según ha prometido, de palabra y por su honor, el señor De la Rosa se irán cancelando a lo largo de este año de 1990». Pocos documentos son tan explícitos sobre el estilo del tiburón JR en los negocios.

LA DECISION DE MOREIRAS

El 9 de marzo de 1993 el juez titular de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, pronunciaba una conferencia en Barcelona. La parte más interesante de su intervención (Juan Piqué Vidal, sentado en primera fila, siguió con tal atención las palabras del magistrado que en el coloquio se permitió hacerle alguna consulta de las que permiten iniciar la contestación con aquello de «me alegro que me haga usted esa pregunta») fue la dedicada al análisis de la personalidad del estafador: «Frío, premeditado, más inteligente que la media; los efectos de sus delitos son tremendos, son insaciables; siempre están pensando en dar el golpe, nunca desisten, son los delincuentes más difíciles de insertar, disfrutan con el hecho de engañar a la víctima; dan imagen de seriedad profesional, al principio caen bien, gustan de respetabilidad social y toman todas las precauciones posibles para poder escapar; detrás de cada uno de ellos hay un gran ego». ¿Se refería el juez Moreiras a alguien con nombre y apellidos? Desde luego, no a javier de la Rosa, pues hacía poco más de un mes que el magistrado había rechazado la querella presentada por KIO contra él y sus cómplices durante sus años locos en Torras.

La querella, sobre cuyo nivel de calidad en términos jurídicos se sigue hablando aún hoy, ocupaba ciento doce páginas, sin contar los anexos documentales. Eso no fue problema para el juez Moreiras, que no necesitó más que diecisiete días para decidir no admitirla a trámite. Todo un mentís para los ciudadanos que se quejan de la lentitud en la administración de la justicia. El principal argumento de Moreiras para rechazar la querella era que la llamada administración fraudulenta, único tema que pareció haber llamado su atención, «no constituye delito ya que todavía no se ha incluido en el Código Penal». Un razonamiento que cayó como una bomba en el equipo jurídico de Torras y en KIO: «¿Cómo es posible, si las pruebas presentadas demuestran tantos delitos como artículos del código?», exclamaban indignados. Tan novedosa era la doctrina Moreiras que llegó a despertar la curiosidad de periodistas de medio mundo: «Oye, ¿qué código tenéis en vuestro país?», decían mientras intentaban reprimir sus carcajadas. El auto judicial emplazaba un esclarecimiento del tema a la resolución de la suspensión de pagos, un proceso lento pero que al día de hoy ha llegado más lejos que la instrucción del magistrado.

Los nuevos responsables de Torras no entendían nada, sabían que JR y los suyos se habían enriquecido con más de 120.000 millones de pesetas de la empresa, amén de que habían creado un agujero que requería otros 300.000 millones para garantizar su futuro. La decisión de Moreiras les resultaba inexplicable. La justicia española, Moreiras dixit, se inhibía de la investigación del escándalo empresarial más importante de Europa.

Tan impresionados estaban Al Nouri y los suyos que no era extraño que prestaran atención a todos los rumores acerca de las relaciones entre Moreiras y el equipo defensor de De la Rosa, encabezado por Juan Piqué Vidal. Ya no lo vieron nada claro, como otros muchos ciudadanos, cuando Moreiras, que sabía que la presentación de la querella en su juzgado era inminente, participó en diciembre de 1992 en una conferencia financiada por el grupo Iberforo, del que Piqué era miembro principal, en el hotel Juan Carlos I de Barcelona. La defensa de De la Rosa, como siempre en estos casos, ya había desarrollado una teoría conspirativa de la historia. Piqué, a través de un conocido y polémico juez de Barcelona, actualmente miembro de un alto órgano de la judicatura en Madrid, había llegado a dominar el entorno de Moreiras. «No puede ser», pensaban en Torras. Aunque sospechaban que el letrado barcelonés conocía con antelación las decisiones que adoptaba el juez.

Miguel Moreiras Caballero, nacido en Logroño en 1949, era un hombre solitario y reservado que vivía con su madre, aunque recientemente se casó, y que había pasado por diversas suertes en su carrera judicial. Primero se dedicó a los delitos comunes en Viella, Ronda e Ibiza. Luego fue juez de Vigilancia Penitenciaria en Madrid. En 1985 se hizo cargo de una Magistratura de Trabajo en Ciudad Real, y después fue el titular de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional. Es el juez de las fianzas gigantes (PSV o Banco Santander) que luego retira, de las exculpaciones de los emisores de facturas falsas y de los autos que parecen sentencias, o de las sentencias que parecen autos. Moreiras tiene un punto negro en su currículum: es el juez más sancionado en activo en España. En dos ocasiones ha sido sancionado a un año de suspensión de empleo y sueldo. La primera vez por conceder indultos como juez de Vigilancia Penitenciaria, facultad que únicamente corresponde al Rey. La segunda vez Moreiras fue cazado cuando alteró la fecha de un certificado de enfermedad con el que pretendía conseguir un permiso que le sirviera para ausentarse de territorio español y acudir a las Olimpiadas de Los Angeles.

Algunas de sus sentencias pueden ser calificadas de pintorescas. La más famosa es una —cuando estaba al frente del Juzgado número 19 de Madrid— en la que calificaba de «sociedades mercantiles fraudulentas» a las empresas que conforman la organización Arthur Andersen en el mundo.

La irritación de los propietarios de Torras crecía a medida que pasaban los meses. Moreiras tumbaba uno tras otro sus recursos, las empresas se hundían sin remisión y todo el mundo miraba hacia otra parte. Tampoco estaban contentos con la actitud del Gobierno. Además, la única medida de algún órgano relacionado con la Administración fueron las sanciones por valor de 1.815 millones de pesetas que Economía impuso precisamente a KIO por ocultar sus posiciones reales de dominio accionarial a través de sociedades interpuestas en Ercros y Prima Inmobiliaria, que cotizan en bolsa. De la Rosa también fue multado, con el máximo previsto para una persona física, 5 millones de pesetas por violar la Ley del Mercado de Valores en sociedades donde se movían en conjunto más de 300.000 millones. Es decir, que hasta en este caso las víctimas del vaciado acababan pagando más que el acusado.

Ante esta perspectiva, los árabes optaron por presentar una nueva demanda, en la primavera de 1993, pero en este caso en Londres, para escarnio de la Administración y el poder judicial españoles. El caso fue asumido con seriedad por la corte británica, que en pocos meses obtuvo resultados espectaculares.

Cuando los tribunales británicos ya habían embargado los bienes de la mitad de los anteriores gestores de Torras, la justicia española dio un tímido paso. La Audiencia Nacional obligó a Moreiras —casi un año después— a admitir la querella criminal de KIO, que aprovechó para ampliarla. Moreiras, con parsimonia, rechazó la petición de prisión incondicional contra el financiero. Durante las rondas de declaraciones, el juez sorprendió a propios y extraños cuando preguntó a De la Rosa si se consideraba víctima de una campaña de la prensa contra él. No es necesario reproducir la respuesta del querellado. En otra ocasión no permitió a unos abogados londinenses de KIO estar presentes en las declaraciones, aduciendo que ellos habrían hecho lo mismo en el caso de que hubiera sido al revés. Stampa y los nuevos miembros del equipo jurídico de KIO, Manuel Cobo del Rosal y Miguel Bajo, estaban indignados y llegaron a pedir al Consejo del Poder Judicial que emprendiera acciones contra él, dada la parálisis de la instrucción. Moreiras les pedía calma, pues el colapso del juzgado no le permitía instruir el caso.

CAPITULO DIECISEIS

A POR LA CAJA

Javier de la Rosa nunca mostró interés por las ideas políticas. Cuando estaba a sus anchas, entre amigos, hablaba con desprecio de los funcionarios públicos, así como de los periodistas, su otra obsesión permanente. Disfrutaba transmitiendo la idea de que todo el mundo tenía un precio, el que él fijaba.

Sin embargo, en contra de ese desdén aparente, a lo largo de su carrera había procurado estar siempre cerca del poder y de los periodistas influyentes, hasta el punto de que en todas sus grandes operaciones, en Torras pero sobre todo en Grand Tibidabo, intentaba hacer un favor a alguna administración y buscaba la fanfarria de los medios de comunicación.

Un contrabandista, por ejemplo, habría preferido, para trabajar con comodidad, la cobertura de las sombras. A De la Rosa le gustaba operar en un medio ambiente adulador y propagandístico. En parte revelaba a un individuo desarraigado en busca de reconocimiento social. Era un aspirante a formar parte del establishment, que gozaba exhibiendo su fortuna ganada con tanta facilidad pero a quien no se aceptaba porque había algo oscuro en su comportamiento y en el origen de su dinero. Muchos lo intuían, otros podían dar testimonio. Para estos últimos, que conocían sus métodos, esta obsesión por el relieve público era inexplicable.

En el orden económico, sentar a políticos y empresarios en su mesa redonda particular tenía un significado estratégico. Él no era un empresario, tampoco un financiero. El Garriga Nogués cayó porque alguien se llevó el dinero y en su lugar dejó pólizas de crédito y papeles sin valor. Con estos antecedentes no podía ir muy lejos, ni inspirar confianza. Para continuar su carrera necesitaba la bendición del poder, que legitima y protege, y el aplauso de los medios de comunicación, que moldean la imagen de los individuos y la que la sociedad tiene de sí misma.

Este operativo, que no era exclusivo de De la Rosa, floreció en un terreno abonado, el de la España de la mitad de los ochenta, cuando muchos se sintieron llamados a participar en la carrera hacia el enriquecimiento rápido. Los partidos políticos, por ejemplo, no quedaron al margen de esa fiebre, y su financiación se convirtió en la vía por la que penetraron los piratas de altos vuelos, que más tarde acabarían utilizando esos hechos como prueba de complicidad si ello les garantizaba la impunidad o el placer de la venganza.

LAS RELACIONES CON LOS PARTIDOS

El 10 de mayo de 1993, estando de plena actualidad la crisis del Grupo Torras, Francisco Alvarez Cascos, secretario general del Partido Popular, y Luis Ramallo, portavoz adjunto en el Congreso, se soltaron la melena en una conferencia de prensa celebrada en los locales del PP de la calle Génova de Madrid. «El Partido Popular insta al fiscal general del Estado, don Eligió Hernández, a que examine la documentación sobre KIO y presente una querella contra cuatro miembros del Gobierno y siete altos cargos», decía pomposamente Alvarez Cascos. Luego vino el anuncio de querella criminal contra los ministros o miembros del Gobierno «que resulten responsables de la crisis de KIO, por no haber tomado las medidas oportunas». Iban a galope tendido y pidieron la comparecencia ante el Congreso de medio Ejecutivo socialista. Nunca pronunciaron el nombre del pecador, Javier de la Rosa. El primer grupo empresarial privado había naufragado en un mar de pérdidas, cuya cifra exacta aún era desconocida, y a juzgar por las palabras de los líderes populares aquello se había producido simplemente porque el Gobierno no había hecho rellenar unos impresos. Las elecciones del 6 de junio estaban cerca y el PP había abierto la caja de los truenos. Pasados los comicios y, sin ninguna explicación, el PP retiraba sus iniciativas parlamentarias sobre KIO y se marcaba un discreto mutis por el foro. Los socialistas no se lo recriminaron, tampoco los nacionalistas catalanes. Silencio total. Uno de los líderes del PP —hoy venido a menos tal vez por este asunto— mantenía ante los autores de este libro que «Jotaerre ha sido un financiador habilísimo de muchas formaciones políticas españolas». Recordó a José María Benegas, del PSOE, a Miquel Roca, de CiU, y luego entonó un comedido mea culpa que sabía a poco.

—¿Por qué no habéis ido hasta el final? —le preguntaban.

—Pues porque algún tonto de los nuestros aquí [en Cataluña] pudo haber llegado a firmar recibos, vete a saber…

La relación de De la Rosa con el PP de Cataluña era larga y, gracias a la incorporación de Josep Maria Trías de Bes al PP catalán, promete continuar siéndolo. El primer gran tránsfuga del partido de Jordi Pujol dedicó a Javier de la Rosa un artículo en ABC en el que protestaba por la «irregularidad» de su encarcelamiento en la Modelo. También en ese mismo diario, el periodista Francisco Marhuenda escribió un larga serie de artículos que justificaban las andanzas de De la Rosa, al tiempo que mostraba su indignación por el trato al que estaba siendo sometido. Trias de Bes, a quien Ramón Trías Fargas, fallecido ex presidente de CDC, gastaba la broma de llamarle «Trias de Res» (en catalán «Trias de Nada»), comenzó militando en la izquierda en su época de joven abogado y acabó enrolado con Roca en CDC, partido con el cual llegó a ser diputado en el Congreso.

Trias de Bes se convirtió en «el hombre del maletín de CiU». Sin eufemismos. El mismo presentó una denuncia en una comisaría de Policía por la sustracción de un maletín de su automóvil, que había dejado abierto, con 22 millones de pesetas. Trias argumentó que llevaba esta suma para atender pagos de la joyería de su padre. Ya nadie le quitó el sambenito. Máxime cuando, en octubre de 1995, el propio De la Rosa se confesaba simpatizante del PP y partidario de Trias de Bes, a la vez que contrario a Vidal Quadras, en unas declaraciones radiofónicas.

La pugna por el control de CiU entre Jordi Pujol y Miquel Roca le llevó a escribir un artículo en el que comparaba al honorable Pujol y a la Cataluña que construye con la «Insula de Barataría». Pujol nunca le perdonó y, tras un largo ostracismo, Trias ingresó recientemente en el PP catalán, poco después de que lo hiciera Jorge Trias Sagnier, ilustre abogado, accionista de El Mundo y en otra época negro escribiente de las filosofías del constructor Josep Maria Figueras Bassols.

Pero la relación de De la Rosa con el PP catalán es mucho más antigua. Se remonta a los tiempos en los que Jotaerre financió la campaña de su amigo y vecino Eduardo Bueno Ferrer, jefe de filas de la coalición Alianza Popular-PDP-UL, en las elecciones a la presidencia de la Generalitat del año 1984. Desde el Banco Garriga Nogués apoyó los pinitos políticos de Bueno y del número cuatro de la lista, Juan José Folchi, alistado en el partido que lideraba Oscar Alzaga. Además de este favor para financiar al PP catalán, que supuso unos 100 millones de pesetas, amplió las facilidades crediticias al constructor Bueno, cuyos riesgos constituyeron una parte importante del agujero descubierto en el Garriga Nogués, y financió el periódico El Noticiero Universal, que se caracterizó por su apoyo a la opción Coalición Popular que lideraba Bueno en Cataluña. La contribución al sostenimiento de «El Ciero», que antes había apoyado descaradamente a Adolfo Suárez, le costó al Garriga Nogués cerca de 2.000 millones de pesetas.

Desde entonces, tanto Jorge Fernández Díaz, diputado del PP en Madrid, como Enrique Lacalle, jefe de filas en las últimas tres campañas municipales en Barcelona, conocen perfectamente el despacho de Quail, en Diagonal 484.

Está claro que los antecedentes políticos de De la Rosa le situaban muy lejos de las coordenadas nacionalistas. Nunca había mostrado interés por asimilar los símbolos básicos del catalanismo, comenzando por la lengua. Jamás habló catalán. Sus únicas relaciones, en aquellos tempranos días, habían sido más fruto de la prevención («Hay que estar a bien con todos por lo que pueda pasar») que de una proximidad ideológica o política. El canal para esa relación fue Miquel Roca Junyent, entonces el segundo de Pujol en Convergència y responsable de la organización y las finanzas del partido, con el que nunca sintonizó personalmente. Roca comprendió desde el primer momento que dejarse ver con JR podría llegar a ser perjudicial en el futuro y estableció unas normas muy estrictas para los encuentros entre ambos. Roca citaba a De la Rosa en una barca, en el centro de la cala donde se encuentra su residencia de verano, en Port de la Selva, en el norte de la Costa Brava catalana. De la Rosa no soportaba esa clandestinidad: «No sé por qué este hombre siempre quiere esconderme». Máxime cuando, años después, una vez establecida su sólida amistad con Alavedra, el conseller de Economía no pondría reparos en pasar con él sus vacaciones de verano, o unos días en el Caribe, a bordo del Blue Legend.

Cuando De la Rosa se convirtió en el poderoso «hombre de la manguera» de KIO —a ésta le había tocado en suerte sustituir a Banesto como pagana de sus excesos—, su actitud hacia el nacionalismo sería de ignorancia, cuando no de desprecio. Bien es cierto que ya tenía a algunos conocidos convergentes en nómina. El primero de ellos fue Vicenç Oller Compañ, ex conseller de Industria y posteriormente consejero de Grand Tibidabo[1]. La amistad con Oller proviene de los tiempos en los que éste ocupaba el cargo de secretario general del Fomento del Trabajo, la patronal catalana. Carlos Ferrer Salat, presidente entonces, le había colocado al asumir la máxima responsabilidad en la CEOE. Se trataba de controlar a la vieja guardia de la organización, agrupada en torno a Alfredo Molinas. A pesar de su enemistad tradicional con Ferrer Salat, De la Rosa intentó, junto a Oller, copar Fomento en sus años de vicepresidente del Banco Garriga Nogués. Tenía pocas posibilidades de desbancar a Molinas, pero lo intentó espoleado por la preponderancia social que el liderazgo de Fomento le podía reportar. Un cargo de alta representación que la mayor parte del empresariado no envidiaba precisamente, en esos años, pero que atraía el insaciable ego de aquel joven «banquero de las Ramblas». De la Rosa y Oller se encariñaron. Cuando este último fue conseller de Industria, labor en la que brilló por favorecer la creación de la CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión industrial)[2], le prestó su despacho particular a De la Rosa, lo que hoy son las oficinas de Quail España. Luego, cuando Oller naufragó en las rocosas costas de la política pujoliana, su amigo le tendió un cabo y le convirtió en el convidado de piedra de sus negocios. Era una manera de extender su pretendida fama de ser «amigo de sus amigos».

Oller, por problemas de índole familiar, redujo su protagonismo social a niveles mínimos. La única presidencia que ostentó fue la de GRUP de Consellers Financers, una sociedad de inversión colectiva de la que dimitió el día antes de que presentase suspensión de pagos, con unas deudas de más de 3.000 millones de pesetas. JR iba explicando sin ninguna discreción su función en Quail: «Yo estoy haciendo una caridad con él».

El primer gran favor —cien por cien político— fue ofrecer una retirada honorable a Josep Maria Cullell al poco de perder en su enfrentamiento electoral contra Pasqual Maragall en 1987. Quail le pagó unos cursos de inglés en Londres y Cullell —muy deprimido— pudo airearse lejos de la Ciudad Condal. Aunque él negaba su relación con el financiero, alguien le envió un día una carta certificada a las oficinas de Quail con el siguiente texto: Gotcha! («te pillé» en jerga inglesa). Tal vez fue ésta la relación más explosiva de De la Rosa con un político. Tras su periplo como empleado de Quail, Pujol decidió reutilizarlo en su gobierno como conseller de Obras Públicas hasta que tuvo que dimitir por un presunto trato de favor que desvelaban unas cintas ilegales con sus conversaciones privadas publicadas por el El Triangle y en El Mundo. En ellas aparecía el conseller Cullell intercediendo en favor de su cuñado, el constructor Joan Vilaró, para que el ayuntamiento convergente de Sant Pere de Torelló le comprase unas fincas. Cullell dimitió a finales de 1994. De la Rosa negó en todo momento haber filtrado estas cintas.

Cullell decidió cambiar de aires y marcharse una temporada a Estados Unidos. En su fiesta de despedida había un extraño invitado, Javier de la Rosa, en teoría el origen de sus males. Cullell no tuvo reparo en sincerarse con más de uno de los presentes: «Sí, ya sé lo que dije, pero mira: suerte que soy amigo de él y que se ocupa de mí, porque ya ves, Convergència me da la espalda». A Quail llevó a su secretaria, Clara, que acabó en los brazos del secretario de Jotaerre, Arturo Piñana. Este, por su parte, tenía un hermano, Luis, trabajando en el departamento de capitales de Banca Catalana.

Con todo, no eran más que simples distracciones para un hombre que tenía su centro de interés en las batallas bancarias y empresariales de Madrid. En aquellos años dorados de KIO, De la Rosa se deja llevar por su debilidad hacia los fastos y el brillo del poder. Deseoso de obtener reconocimiento, se ofrece voluntario para cualquier misión que pueda estrechar sus relaciones con el Gobierno central. Escucha con veneración las revelaciones que le susurra Luis Sempere, el jefe de gabinete del ministro de Economía, Carlos Solchaga. En público, omite el nombre del intermediario: «He hablado con Carlos y me ha pedido…» Paga cifras millonarias a cualquier buscavidas de la capital que le ayude a compartir mesa y mantel con un ministro o un presidente de comunidad autónoma del Partido Socialista. Barcelona no tiene interés para él, excepto como refugio personal.

Este cuadro cambia cuando sus métodos de corsario le ponen en entredicho ante significativos miembros de la elite económica y política madrileña. A finales de 1989 y, más claramente durante los primeros meses de 1990, De la Rosa comienza a buscar nuevos recursos económicos con los que taponar las vías de agua de Grupo Torras, no en vano él es la persona mejor informada sobre su desastrosa situación financiera. Incapaz de decir la verdad, viste este movimiento como la preparación de una futura carrera profesional al margen de KIO.

JR es un hombre práctico y capaz de emplear la más visible gazmoñería si con ello consigue rendir la fortaleza. Conoce la preocupación nacionalista por la debilidad financiera de Cataluña y la facilidad con que muchos aventureros han utilizado ese sentimiento en su propio beneficio. Es la época en la que empieza a dejarse querer y parece escuchar seriamente las frases que le dirigen hombres como Alavedra: «Tienes que olvidarte de Madrid y trabajar siempre aquí». La conversión de De la Rosa será fruto del ánimo de lucro. No se molesta en elaborar un discurso político, su contenido se agota en el enunciado: «En Madrid no me entienden». No era ideología sino dinero lo que buscaba.

CAMBIOS EN LA GENERALITAT

Por las mismas fechas se estaban produciendo importantes cambios en la administración pública catalana. En primer lugar, el nombramiento de un peso pesado de CDC, Macià Alavedra, como consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. Tras una dilatada carrera política, Alavedra desembarcó en el departamento en octubre de 1989, en principio para sustituir provisionalmente al fallecido Ramón Trías Fargas, aunque Pujol lo confirmó definitivamente en la renovación del gabinete que emprendió en diciembre de ese año. Al ganar las primeras elecciones autonómicas, en 1980, Pujol nombró a Alavedra consejero de Gobernación, cargo en el que se mantuvo a intervalos hasta 1986. Más tarde ocupó la Conselleria de Industria, hasta 1987, momento en el que fue elegido parlamentario en las Cortes. Durante su etapa en Gobernación, cuando su despacho aún estaba en la Plaza de Sant Jaume, había tejido sólidas relaciones con el todopoderoso secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta Garrusta. Estos contactos tomarían nueva actualidad una vez que Alavedra asumió la cartera de Economía.

Alavedra se estrenó con un discurso liberal muy similar al de Trías Fargas, su antecesor en el cargo, aunque la diferencia esencial entre los dos estribaba en que el fallecido se creía lo que decía. Desde su despacho en la Rambla de Cataluña, asumiría más y mayores cuotas de poder en un gobierno en el que el peso de la cartera de Economía ya era de por sí muy importante: la elaboración del Presupuesto, el teórico control sobre las cajas de ahorro, la gestión de las compras y ventas patrimoniales de la Generalitat, la negociación de los temas económicos con el Gobierno central, entre otras cosas. Posteriormente acabaría pilotando la gestión de un asunto trascendental, la crisis del parque de atracciones que la multinacional norteamericana Anheuser Busch tenía que construir en los municipios tarraconenses de Vilaseca y Salou.

El otro cambio importante fue la dimisión de Lluís Prenafeta como secretario general de la Presidencia, el 9 de marzo de 1990, después de pasar diez años a la vera de Pujol. Ponía fin a una época en la que había mezclado sin demasiados escrúpulos su papel como miembro de una administración pública con el de hombre de negocios privados. Cuando aún ocupaba su cargo, Prenafeta fue acusado de incompatibilidad por la Fiscalía de Barcelona, al ser también consejero de la compañía Iberia de Seguros, cuyo presidente y accionista mayoritario era el empresario Enríe Bernat, propietario de Chupa Chups. La acusación de Jiménez Villarejo precipitó la marcha de Prenafeta de la administración.

Recién desembarcado en el mundo de los negocios, Prenafeta contaba con el apoyo de Bernat y una sólida relación política y personal con Alavedra. También tenía una larga amistad con Juan Piqué Vidal, el hombre con mayor influencia sobre De la Rosa. El círculo se cerraba con otros pocos pero escogidos nombres: el abogado Juan Vives Rodríguez de la Hinojosa, secretario de la eléctrica Fecsa, o el director general de esa misma compañía, José Zaforteza. A partir de entonces ese grupo intentaría fiscalizar todas las grandes operaciones económicas que tuvieran lugar en Cataluña.

El nombramiento de Prenafeta en Iberia de Seguros había sido el colofón de una trayectoria común con Bernat cuyo hilo conductor era la creación de una nueva entidad financiera catalana. Prenafeta podía presumir aún de contar con la confianza de Jordi Pujol, que le había nombrado presidente de Petrolis de Catalunya (Petrocat) y Túnel del Cadí. Pensando en su proyecto de crear un banco, Prenafeta y Bernat, acompañados por José Ramón Pamies, el consejero delegado de Iberia de Seguros, habían llamado a la puerta de todas las entidades financieras que tenían en su activo un banco en Cataluña. La comitiva visitó la sede del Banco Atlántico, sin resultado. Se dirigieron al Banco Bilbao Vizcaya, a través del broker Crédit Suisse First Boston, en cuya sede central trabajaba en aquella época uno de los vástagos de Pujol, Josep Pujol Ferrusola[3], para proponer la compra de Banca Catalana, para lo que no reunieron los recursos suficientes. Incluso se entrevistaron con Fernando Garro, brazo derecho de Mario Conde y director general de Banesto, para estudiar la compra del Banc Català de Crèdit, una entidad creada con los residuos de los agujeros de Banesto en Cataluña, entre ellos el Garriga Nogués. Prenafeta y sus amigos casi se desmayaron cuando Garro, engominado como su jefe, aunque algo más imperturbable, les dijo que Banesto no vendería su filial catalana por menos de 70.000 millones de pesetas. Conde se desprendería del Català pocos años después por tan sólo 10.000 millones, última oferta del Istituto Bancario San Paolo de Torino.

LA PIRAMIDE DE CONSORCIO NACIONAL DEL LEASING

En esa peregrinación, Prenafeta y sus amigos tropezaron con una entidad llamada Consorcio Nacional del Leasing (CNL). En 1989 una Inspección del Banco de España descubrió que CNL escondía un mercadillo secundario de acciones de la compañía que permitía que el precio de los títulos fuera manejado por el consejo de administración según su conveniencia. De acuerdo con la contabilidad real de la empresa, las acciones valían 1.700 pesetas, pero en el mercado controlado por el hombre fuerte de CNL, José Ruiz Ortiz, se vendían a más de 3.000 pesetas, incluso a 3.470.

Unas seis mil vendedoras, «las chicas Avon de las finanzas», se pateaban tanto Barcelona como Madrid, llevaban los rendimientos a casa del cliente y pasaban a recoger físicamente los ahorros para invertirlos en la gran caja de Pandora que los multiplicaba gracias al visionario José Ruiz. Para captar los recursos, la empresa ofrecía rentabilidades que en algunos casos llegaron a ser del 40 por ciento. La mayoría de los inversores, pensionistas y ahorradores modestos, suscribían los títulos de CNL pensando más en que estaban haciendo un depósito bancario que comprando acciones. Puertas adentro, el sistema de Ruiz no difería mucho del juego de la pirámide: para pagar las rentabilidades necesitaba acciones nuevas y para que éstas fueran adquiridas tenía que ofrecer remuneraciones de disparate.

Todo aquello voló por los aires tras la inspección del Banco de España. José Ruiz dimitía en la junta del 30 de junio de 1990, junto con María Teresa Poch Molins, la presidenta, y Carlos Zaragoza Garrigosa, uno de los consejeros. La Fiscalía de Barcelona investigaba a la presidenta como presunta autora de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. Para la red de vendedoras aquello fue el comienzo de un largo calvario —aún no finalizado— en el que han tenido que dar la cara por Ruiz, por CNL y por De la Rosa ante los inversores a los que convencieron para adentrarse en el laberinto del leasing. El idolatrado José Ruiz[4] tenía que desmontar su Redcoval, su Orgesa o su Cogespa, las empresas que utilizaba para controlar CNL. El burgalés de Atapuerca era inhabilitado por cinco años y su ejército de señoras captadoras de pasivo mediante reuniones a lo Tupperware se rendía en pocas horas y comenzaba a hablar mal de él.

Los cinco años anteriores habían sido una mentira, así como los beneficios, que habían llegado en 1989 a la cifra récord de 2.979 millones sobre unos recursos propios de 24.872 millones de pesetas. Los manejos con las acciones le costaron al Consorcio del Leasing una multa de 30 millones impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que sancionó también a Orgesa con 25 millones.

El hachazo del Banco de España colocó la compañía en manos de José María Martín Oviedo y de José Manuel Pemán, que traían la cartilla bien leída: acabar con el mercado secundario, salir a bolsa y vender al mejor postor. Bernat y Prenafeta vieron en la empresa una oportunidad de «salvar» al pequeño ahorro de Cataluña del desgobierno detectado en CNL. Pensaban hacerse con el control de una empresa que nadie dominaba, pues el capital estaba muy atomizado entre una masa accionarial de 13.000 personas de las que nadie ostentaba más del 1,8 por ciento, para fusionarla con Iberia de Seguros. La supercorporación movería unos 46.000 millones de pesetas.

Iberia de Seguros se valoraba en 15.000 millones de pesetas, de los que la mayor parte, 12.000 millones, correspondían a la sede de la compañía, la Casa Batlló, un singular edificio modernista obra de Antoni Gaudí, situado en el elegante paseo de Gràcia. Los antiguos accionistas de CNL no veían clara la propuesta y querían que Bernat y sus socios entrasen aportando dinero y «no sólo piedras». Los dos socios potenciales se discutían recíprocamente sus valoraciones. De la fusión planeada inicialmente se pasó a intentar adquirir el 40 por ciento de las acciones y luego a una modesta ampliación de capital. Al final, agua de borrajas. Tras medio año de tira y afloja, el 19 de diciembre de 1990, Iberia retiró su oferta. CNL se quedaba como al principio y con 27.000 millones de ahorros invertidos en la caja a la espera de un comprador.

El Banco de España abanderó para el CNL la solución Martín Oviedo, letrado del Consejo de Estado, director del Fondo de Garantía de Depósitos —la UVI bancaria— de 1983 a 1987, y ex presidente del Banco de Expansión Industrial (Exbank). Martín Oviedo era toda una garantía para el Banco de España y además aceptable para la familia accionista mayoritaria de CNL, la representada por Florencio Cerda Poch. Ellos le conocían desde que Cerda, cuando fue director general del Exbank, trabajara a sus órdenes. José Manuel Pemán, ex presidente de Chase Manhattan Bank en España, había intentado que Mercapital e Ibercorp se quedaran CNL, pero a todos les daba miedo aquel pez tan gordo y Pemán se desesperaba en su habitación del hotel Condes de Barcelona.

En ésas aparecieron, casi al mismo tiempo, Javier de la Rosa y Mario Conde. El entonces presidente de Banesto perdió ante la audacia de JR. Mientras el primero pretendía colocar a los accionistas de CNL acciones de la autocartera del banco, el de Barcelona presentó una tentadora oferta de compra con dinero en efectivo. Además, contaba con el placet de la Generalitat, gracias a Prenafeta y Alavedra.

El 4 de abril de 1991, De la Rosa presentó a título personal una OPA sobre el 30 por ciento del capital de CNL[5] con el aval del Banco Hispano Americano. Jotaerre ofreció 1.925 pesetas por título. «Estoy convencido de que será un buen negocio, si no, no arriesgaría más de 8.000 millones particulares en ello». Era cierto a medias. Jotaerre invirtió, junto a Manuel Prado y Colón de Carvajal, 8.250 millones en la compra de 4.445.628 acciones de CNL que le fueron prestados por el Banco Hispano Americano el 23 de abril de 1992, mediante póliza de crédito con garantía solidaria de Quail España. Fue significativo que el banquero de la operación no fuera Botín. Por aquel entonces, los cántabros no veían claros sus tejemanejes y no quisieron avalarle. De la Rosa montó en cólera y ordenó cancelar todas las cuentas con el banco.

Con ese 30 por ciento, el financiero controlaba totalmente la compañía y presumía de recoger en sus planteamientos lo básico del proyecto de Bernat y Prenafeta: la creación de una gran corporación financiera catalana. Por esa época, Jotaerre hacía públicos elogios de lo barcelonés y lo catalán en contraposición a Madrid, «donde no me entienden».

ESTAFA CON PREMEDITACION

El Código Penal español considera que para que exista delito de estafa, uno de los varios que el juez Aguirre imputó a De la Rosa, deben darse dos circunstancias: el engaño y la intención previa de apropiarse del dinero. El primer elemento puede presentarse bajo diferentes formas, como, por ejemplo, las «de atribuirse poder, influencia o cualidades supuestas, aparentar bienes, crédito, empresa o negociaciones imaginarias»[6]. Para esto es de especial utilidad la proximidad y la cobertura del poder político y de la prensa. La premeditación se da cuando el supuesto estafador se acerca a la empresa, o a su caja, con el proyecto de obtener «un provecho exorbitante fuera de las ganancias normales de manera más o menos inmediata». ¿Qué hizo JR una vez tomó el mando de CNL?

El encargado de bendecir públicamente la conversión de De la Rosa al nacionalismo fue Macià Alavedra, conseller de Economía de la Generalitat, quien en aquellos días declaró: «El CNL representa una oportunidad histórica para Cataluña»[7], reconociendo que «la Generalitat ve la operación con buenos ojos, como ha dicho ya el señor De la Rosa». Alavedra veía a CNL convertida en el gran banco que dotase a Cataluña de un centro de decisión financiera. Una coartada política que le fue muy útil a De la Rosa, pues así pudo hacer y deshacer a su antojo mientras los pequeños accionistas vivían tranquilos pensando que la Generalitat velaba por sus ahorros.

Convertido en primer accionista, el 29 de mayo de 1991, De la Rosa vendió la cartera de leasing al Banco Hispano Americano. Poco después le llegó el turno a la sede social de Corporación CNL, con lo que JR se pulía los dos principales activos de la compañía y obtenía una liquidez alternativa de 31.000 millones de pesetas. La operación de la cartera de leasing se realizó en mayo de 1991 y el comprador fue Unileasing, filial del Hispano que ya estaba en los primeros compases de los planes de fusión con el Banco Central y que había avalado la OPA sobre CNL. Los negocios con esta entidad tenían más componentes. De la Rosa, junto con Prado, fue titular del 1 por ciento del Hispano, que provenía de la autocartera. Años después, el juez del «caso Grand Tibidabo» repasaría aquellos contratos con la sospecha de que existía un pacto secreto entre el banco financiador de la OPA y también comprador de la cartera de leasing y Javier de la Rosa.

Esta venta constituía un ejemplo premonitorio de las ideas que De la Rosa llevaba en la cabeza. El Banco de España planteó la exigencia de que el comprador de CNL se deshiciera de la cartera de leasing, a fin de sanear la empresa, pero, sobre todo, para excluir a los posibles compradores de su área de competencia. De la Rosa, siempre preocupado por su imagen, se dirigió al entonces consejero delegado, Florenci Cerdà, diciéndole que él ponía como condición para entrar en la compañía la venta de la cartera. Era un vano intento de ocultar que Mariano Rubio no quería verle ni en pintura.

Tras iniciar contactos con el Banco Santander y La Caixa, la entonces esposa de Juan José Folchi acordó la venta a Unileasing. Para aprobar la transacción, De la Rosa se cobró su correspondiente comisión de 500 millones de pesetas. Pero el hecho significativo es que antes de lanzar su OPA de compra de CNL De la Rosa ya había vendido la cartera, sin tener el control de la propiedad y gozando por tanto de una información valiosísima que no conocían ni el mercado ni el resto de los pequeños accionistas de la sociedad.

Unileasing, filial del BHA, pagó 27.043 millones de pesetas por la cartera. En la junta del 3 de abril de 1992 De la Rosa proclamó que la operación producía 1.227 millones de beneficios cuando, en realidad, con el tiempo arrojaría pérdidas de 2.227 millones.

La primera junta tras la OPA, celebrada el 28 de junio de 1991, aprobó la modificación del objeto social de la compañía, el cambio de nombre a Corporación CNL y la elección de un nuevo consejo de administración presidido por el propio De la Rosa, un hecho insólito en su evolución empresarial, sólo precedido por la modesta presidencia de Urbanor, la filial de Prima. Sentado a su derecha se encontraba Manuel Prado y Colón de Carvajal, el amigo del Rey, y los habituales de De la Rosa: Juan José Folchi, Juan Piqué Vidal, Manuel Guasch, Vicenç Oller, Jorge Segarra y Santiago Tomeo. También se incorporaba Juan Antonio Samaranch Salisachs, hijo del presidente de La Caixa y del Comité Olímpico Internacional.

Una de las primeras decisiones fue pagar dividendo, lo que representaba para las cuentas particulares de JR un ingreso de 443 millones, de los que una cuarta parte correspondían a los beneficios del 90, año en el que él no era siquiera accionista de la empresa. Al salir de la junta uno de los relamidos ejecutivos de Quail acuñó un nuevo significado para las siglas CNL: «Caja Nuestra Líquida».

Por lo que respecta a la sede social, ubicada en Diagonal 525, fue vendida, en julio de 1991, a la Generalitat, que trasladó allí su departamento de Medio Ambiente, de reciente creación. Adquirido en régimen de leasing, la venta del inmueble sólo supuso 2.081 millones de ingresos para la sociedad, de los que 1.950 millones se destinaron a la compra de la nueva sede, (de sólo 1.938 metros cuadrados), en el número 632 de la misma Avenida Diagonal. Por la compra de este inmueble al Isbanc, que estaba dirigido por un viejo amigo de De la Rosa con el que había roto unos años antes, Xavier Aguilar, miembro de la junta directiva del Barça, el presidente de CNL se embolsó una comisión de 75 millones de pesetas, cobradas por su sociedad Diagonal Investment. La simple comparación de los precios de la venta y la compra lo dice todo sobre la idoneidad de la operación: el edificio viejo de 7.036 metros se vendía a 618.000 pesetas/metro cuadrado, y el nuevo se compraba a 1.006.200.

La operación con la Generalitat fue orquestada en julio de 1991 por el Patrimonio catalán, que depende de la Conselleria de Economía. La Generalitat batía récords de diligencia salvando hasta cinco trámites burocráticos el mismo día, el 26 de julio de 1991, para posibilitar la compra-venta. Inmediatamente después, Javier de la Rosa retiró de la caja de CNL 300 millones de pesetas con los que se pagaron las comisiones por la venta a Prenafeta y su diario El Observador.

Después de estas operaciones, De la Rosa tenía en sus manos una sociedad en la que había invertido 8.500 millones. La caja de CNL rebosaba con una liquidez superior a los 31.000 millones de pesetas. ¿Qué hizo con ese dinero que pertenecía también a los 9.000 pequeños accionistas que aún permanecían en la sociedad? Utilizarlo como si fuera suyo y para su exclusivo beneficio.

Primero, destinó nada menos que 28.000 millones de pesetas a conceder créditos al Grupo Torras y sus filiales, del que era todavía vicepresidente. Para CNL estos préstamos entrañaban un riesgo elevado de perder toda su liquidez, pues Torras se encontraba ya en una situación financiera difícil. Para De la Rosa, en cambio, representaba una magnífica oportunidad de utilizar dinero ajeno con el que tapar los agujeros que su gestión estaba provocando en Torras. Ganaba tiempo mientras se enrocaba a las cuatro barras buscando una cobertura para su nuevo agujero. De hecho, una parte muy importante de esos créditos, nada menos que 10.000 millones de pesetas, no fue nunca devuelta. Por ese motivo, una teórica corporación financiera como CNL acabó convertida en propietaria de naves industriales y enormes terrenos en la urbanización malagueña de Guadalmina. Prima, la sociedad de Torras que había recibido los créditos, no devolvió el dinero y entregó a cambio esas propiedades.

Por si esto era poco, De la Rosa compró a Urbanor, filial de Prima presidida por él mismo, cuatro naves industriales en Coslada (Madrid). Los inmuebles estaban alquilados y se transmitieron a un precio fijado en 2.300 millones. Corporación CNL pagó 848 millones en el acto y aplazó los 1.452 millones restantes. Urbanor devolvió a CNL los 848 millones, pero a cambio esta última firmó una opción de compra sobre las naves, es decir, se comprometía a quedárselas en el futuro. La filial de Prima estaba inventando una venta para mejorar su balance. El artificio permitió a Prima lucir plusvalías de 1.239 millones en el ejercicio de 1991.

Corporación CNL era la compradora ficticia de las naves. No pagó un duro y fue prestada por De la Rosa para permitir fácticamente que Prima le vendiera los inmuebles a su filial Urbanor. El birlibirloque era perfecto, hasta que los inspectores de Hacienda llegaron a Urbanor y se fijaron en dos facturas por 300 millones de Diagonal Investment que los contables habían camuflado como gastos. Los inspectores alegaban que las facturas de Diagonal (empresa satélite de Quail España) no especificaban qué tipo de servicio habían prestado. Les parecía muy sospechosa la coincidencia nominal de Javier de la Rosa al frente de Corporación CNL, de Urbanor (compradora y vendedora, respectivamente) y además de la comisionista: Diagonal Investment. Pero esto no fue más que el principio. Después De la Rosa colocaría en CNL todas sus empresas averiadas, siempre a cambio de dinero fresco.

A fin de deslumbrar a los cándidos, CNL creó Sierra Nevada Holding, una filial con sede en Hamilton, islas Bermudas, con unos dudosos socios estadounidenses que gastaban a manos llenas y que según De la Rosa «tienen la misión de situarnos en el gran mundo de los negocios». Allí fueron a parar 10 millones de dólares (1.200 millones de pesetas) procedentes de los fondos de CNL. Paralelamente, algunos periódicos amigos dedicaron páginas y páginas a la asociación de CNL con «el prestigioso grupo italiano Ferruzzi» en la sociedad CNL-Nikols «para la intermediación en uno de los sectores con mayores expectativas de crecimiento, el del seguro». CNL-Nikols nunca llegó a ser operativa. Lo mismo ocurrió con otra noticia bomba, interesada, sobre una inversión de 45.500 millones en Circle K, una compañía norteamericana en suspensión de pagos desde 1990. Cortinas de humo para despistar: el dinero estaba saliendo a riadas de la empresa y JR utilizaba todos sus fuegos de artificio para que los accionistas no lo advirtieran.

CAPITULO DIECISIETE

ENROCADO

EN LAS CUATRO BARRAS

La dimensión de los problemas financieros del Grupo Torras era demasiado grande como para que la tesorería de CNL pudiera ocultarlos por sí sola. De la Rosa necesitaba obtener nuevas fuentes de recursos. Sus privilegiadas relaciones con Alavedra y Prenafeta brindaron una buena oportunidad. En septiembre de 1990, la cervecera Anheuser Busch, promotora de un gran parque de atracciones en las localidades tarraconenses de Vilaseca y Salou, había decidido tirar la toalla y abandonar el proyecto. Los norteamericanos no entendían cómo era posible que un proyecto de esa envergadura, que además el gobierno catalán consideraba estratégico para el futuro del turismo, estuviera paralizado por una disputa territorial entre los dos municipios donde debían ubicarse las instalaciones recreativas. Tras una sentencia del Tribunal Supremo que reconocía el derecho de Vilaseca a segregarse de Salou, los dos alcaldes de CDC no alcanzaban un acuerdo sobre los límites territoriales de ambos municipios, por lo que los de la Busch se estaban inquietando, hasta el punto de establecer como condición que el parque se construyera sobre un solo municipio. Era un seguro para evitar que los enfrentamientos entre las dos localidades pudieran afectar a su funcionamiento en el futuro.

Eso tampoco apaciguó la pugna entre los alcaldes y, al final del verano de ese año, Pujol se encontró con la decisión irrevocable de la Anheuser Busch de marcharse, dispuesta incluso a olvidar los casi 8.000 millones de pesetas que había invertido en la compra de los terrenos. La luz roja de alarma se encendió en la Generalitat. Era necesario presentarles a los americanos un socio dispuesto a asumir el riesgo, adquiriendo la mayoría de las acciones del parque. La participación de la Busch era imprescindible, pues sin su soporte técnico y su experiencia en este tipo de instalaciones, no sería posible acabar el proyecto. El nuevo socio tenía que asumir la mayor parte del riesgo financiero, una inversión superior a los 40.000 millones de pesetas.

Pujol había encargado a Alavedra la gestión directa de la crisis. Este último y Prenafeta presentaron una solución al presidente: Javier de la Rosa estaba dispuesto. Prenafeta jugó con habilidad en los dos frentes de la negociación. A De la Rosa, ansioso por conseguir nuevas plataformas de acceso al crédito bancario, le vendió que su participación era una manera de vindicarse en Cataluña, aunque para conseguirlo tendría que ayudarle a él en sus proyecto de lanzar un nuevo diario nacionalista, El Observador. De la Rosa dijo en aquella época a sus íntimos que el núcleo del pacto fue el compromiso de entregar unos 1.000 millones de pesetas, cantidad que efectivamente llegaría al rotativo casi un año después, aunque en su mayor parte en forma de obligaciones y no de dinero fresco, lo que motivó el enfado de Prenafeta. Ante Pujol, el ex secretario general de la Presidencia utilizaba la versión de que había sido muy difícil convencer al hombre de KIO para que aceptase comprometerse con el parque, lo que obligaría a la Generalitat a tratarle con suma deferencia.

A finales de 1990, De la Rosa era aún la imagen del poderoso hombre de los petrodólares. En España eran años de fusiones bancarias, compras y ventas de empresas. Los grandes del pelotazo, que movían miles de millones con gran desenvoltura, vivían sus momentos estelares. En la plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat, Pujol pensaba que Cataluña no estaba beneficiándose del boom financiero que dominaba la vida empresarial española. Pujol no ha establecido nunca relaciones fluidas con la gran burguesía catalana, pendiente de Madrid y siempre dispuesta a vender sus empresas al mejor postor. El presidente tenía experiencia acerca de lo difícil que resultaba conseguir apoyo financiero de esos sectores para las grandes operaciones impulsadas desde la Generalitat. Además, se sentía moralmente obligado a compensar a la zona turística de Tarragona, poblada de industrias petroquímicas y que corría el peligro de perder importancia como uno de los destinos veraniegos de millones de visitantes europeos. En aquellos días, atenazado por la presión de la Busch, Pujol puso su proyecto de ensueño en manos de De la Rosa y no le pidió su carnet de identidad ni sus antecedentes.

Alavedra veía así la situación: «En Cataluña hay dos núcleos básicos de poder económico, las empresas familiares y La Caixa. Las primeras están muy bien gestionadas pero no miran más allá de sus intereses a corto plazo. En cuanto a La Caixa, está ya en muchas cosas. Cuando se presentan inversiones de interés estratégico es muy difícil reunir el dinero. Esta es la coyuntura en la que De la Rosa se ofrece para salvar el parque. Además, en un país sin poder financiero ni grandes multinacionales, las inversiones de KIO le convierten, en apariencia, en el gran redentor». Un discurso teórico que sería asumido por Pujol y que Alavedra acabaría llevando al límite al sentarse en la corte de De la Rosa, a quien afirmaba haber conocido «casualmente en una cena organizada por Mariano Puig», el presidente de la empresa de perfumería Antonio Puig. Pujol nunca pudo resistir más de diez minutos de conversación con él, un hombre con quien no compartía ninguna de sus preocupaciones políticas básicas. En su caso la relación era claramente de circunstancias. Distinto era el dúo Alavedra-De la Rosa, cuyo eje de sustentación era la atracción del político por el alarde de dinero que hacía el comisionista, y la de este último por las competencias presupuestarias del otro.

De la Rosa comenzó las negociaciones para la entrada en el parque de Tarragona a través de la sociedad Tibidabo, propietaria del parque de atracciones de la montaña del mismo nombre, en Barcelona. En 1988, De la Rosa había adquirido un 24 por ciento de la empresa a la familia Andreu. Al mismo tiempo, el banco suizo Lombard, Odier et Cie. tomaba otro tanto en su nombre y un grupo de amigos se quedaba con un 18 por ciento. Todo se hacía a través de una ampliación de capital de 2.430 millones que daba el 51 por ciento de la empresa a Quail. Juan Antonio Andreu, nieto del farmacéutico que fundó el parque y que construyó el funicular y el tranvía azul, no podía hacer más inversiones en la caduca instalación del siglo pasado y se quedó sólo con un modesto 10 por ciento.

Fue el gran momento estelar de De la Rosa en el estrecho universo financiero catalán. En esos días encarnaría una especie de mezcla local entre la idea de que «en el origen de todas las grandes fortunas hay aspectos que hacen temblar» y la saga de los Rius, la historia de Ignaci Agustí que narra los avatares de una adinerada familia catalana. En suma, el poder del dinero conseguía que de noche todos los gatos parecieran pardos.

En términos más prácticos, para De la Rosa se trataba de un simple intercambio: asumir el proyecto y recibir protección política. La operación del parque le servía para obtener el visto bueno político para la entrada en CNL y su bendición como banquero catalán.

FINANCIERO DEL CATALANISMO

Una vez convertido en mecenas del turismo catalán, JR encontró abiertas muchas puertas en Convergència y su compañía pasó a ser codiciada por los prebostes del partido. Eran los tiempos en los que su avión privado se convirtió en una especie de palco del Liceo para algunos altos cargos del gobierno catalán. De ello, el mejor ejemplo tiene color blaugrana.

El Barça de la era Cruyff pasaba su primera reválida. La Ciudad Condal estaba sobreexcitada con la posibilidad de que el F.C. Barcelona se convirtiera en campeón de Europa por primera vez en su historia. En las oficinas de Quail, Josep Maria Cullell convenció a De la Rosa —buen aficionado al fútbol— para ir a Wembley el 20 de mayo de 1992 a ver la final contra la Sampdoria. La expedición se amplió con la invitación a los principales dirigentes de CDC. La lista estaba completa cuando Miquel Roca llamó para intentar subir a bordo y Jotaerre decidió fletar otro avión privado. El avión supersónico Falcon 900 y otro más antiguo se convirtieron en la flotilla de «Mystères» oficiosos del gobierno de la Generalitat en misión de apoyo al Barça.

Finalmente, De la Rosa se hizo acompañar de Macià Alavedra, el todopoderoso conseller de Economía y Finanzas, y su esposa Doris Malfeito; Miquel Roca, secretario general de CDC y portavoz en el Congreso en ese momento; Joaquim Molins, entonces conseller de Obras Públicas; el propio Cullell, jefe de la oposición municipal de CiU, y Carles Vilarrubí, consejero delegado de Tibigardens. También aprovecharon el vuelo el vecino editor José Manuel Lara y su esposa; el abogado Juan José Folchi y su secretaria; Mo Samaranch (hija de Juan Antonio Samaranch, presidente del COI y de La Caixa) y su marido; Javier Juncadella, el arquitecto Juanín Flores, íntimo amigo de De la Rosa, y su esposa. Fueron días de gloria para el financiero, convertido en cicerone de la plana mayor de los nacionalistas. A la llegada a Heathrow, un flamante microbús esperaba para trasladar al estadio al selecto grupo. Con el micrófono en la mano De la Rosa relata, gozoso, los pormenores del trayecto.

Al llegar al escenario de la final europea la comitiva se divide en tres grupos: los políticos se dirigen hacia la zona de tribuna, donde el club blaugrana les ha reservado unos asientos; otros se acomodan en el gol sur de general. Alavedra se dirige hacia el palco de honor, desde donde observará cómodamente el desarrollo del encuentro, acompañado de un invitado especial al que él ha conseguido colocar en la zona privilegiada. Obviamente, se trata de Javier de la Rosa.

Nada más acabar el encuentro De la Rosa volvió a España en compañía del matrimonio Lara y de Carles Vilarrubí. El resto volvió al día siguiente por sus propios medios. Roca se desmarcó del resto de la comitiva, que hubo de esperar varias horas, alegando una reunión en Madrid.

En esos meses de la primavera de 1992 JR era el referente financiero de la Generalitat para salvar todos los problemas que se plantearan. Incluso, en algunos ambientes, se presumía que Pujol podría ahorrarse el duro trámite de negociar con Josep Vilarasau, el director general de La Caixa, cada vez que apretaba alguna urgencia. Seducidos por su poderío económico, Alavedra y Prenafeta buscaron aproximarse aún más al que tendría que ser el gran banquero de Cataluña. Por aquel entonces ya era el primer soporte de El Observador, promovido por Prenafeta y Piqué. En la sombra, Alavedra desempeñaba un papel destacado en la orientación del diario y a su despacho acudían los empresarios o editores disconformes con la línea emprendida por el rotativo proconvergente.

Para el consejero de Economía y para el ex secretario de la Presidencia, De la Rosa era el remedio para todo. Hasta para los problemas financieros del diario nacionalista Avui, escrito en catalán. En una ocasión, Miquel Roca, en su papel de secretario general de Convergència, advirtió a Pujol sobre el asunto:

—Presidente, o mantenemos el partido o el diario, pero las dos cosas a la vez no pueden ser.

Prenafeta ofreció una solución:

—Pues yo he hablado de esto con De la Rosa y está dispuesto a quedárselo.

Roca no quiso ni oír hablar del asunto:

—Pero ¿qué quieres, que dentro de unos meses tengamos un problema todavía más gordo?

De la Rosa no se andaba tampoco por las ramas y pensaba que sus relaciones con los nacionalistas podían serle de gran utilidad. Pocos meses después de la incorporación de Cullell, el director general de Industria de la Generalitat y el economista más cualificado de los jóvenes cachorros de Pujol, Josep Piqué Camps, dejó la administración pública y se pasó a la empresa privada. Macià Alavedra le había franqueado el pase a las filas empresariales del financiero en el grupo Ercros. Piqué empezó en Electrometalúrgica del Ebro, luego ascendió a Erkimia y acabó heredando el problema de Ercros en fase terminal tras la oncológica gestión del prestidigitador empresarial.

Similares intenciones reunía el fichaje de Carles Vilarrubí, bien relacionado con Pujol, como consejero delegado de Tibigardens. En este caso, se saldó con un gran fracaso al negarse Vilarrubí a participar en la desviación del aval de la Generalitat. El De la Rosa de aquellos tiempos utilizaba argumentos sentimentales para asegurar a sus interlocutores la seriedad de sus intenciones: «Ahora pienso en mi familia y en mis hijos y quiero hacer algo por Cataluña que perdure en el tiempo».

De la Rosa contaba además con otros dos pilares en la sombra: Juan Piqué Vidal, el coordinador de la defensa de Pujol cuando los fiscales Mena y Villarejo querían inculparle por el caso Banca Catalana, y Juan José Folchi, considerado por Pujol «uno de los catalanes más inteligentes» y cuñado del entonces conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Josep Miró i Ardèvol. Miró, inspirador del Comité Olímpico Catalán (COC), en el que militaron algunos de los hijos de Pujol en la célebre campaña «Freedom for Catalonia», también acercó al gobierno catalán a algunas empresas de seguridad y tecnología israelíes. Folchi mantiene aún hoy muy buenas relaciones con Alavedra.

Cuando las aventuras de De la Rosa lo llevaron a la prisión, Alavedra se sintió dolido porque consideraba injusta la campaña que le asociaba con las andanzas del financiero: «Todos creen que yo me he beneficiado de ser amigo de Javier y no es así —comentaba en tono lastimero mientras desayunaba copiosamente en la glorieta-comedor de su despacho—. Resulta que es amigo personal de Xavier Trias y Vidal de Llobatera [conseller de Sanitat], de Joaquim Molins, de Miquel Roca. No digamos de Prenafeta, que hacía negocios con él, o de Cullell, que ha trabajado para él. Y, sin embargo, todos me señalan a mí cuando se habla de De la Rosa. Yo sólo le conozco desde que el president me encargó buscar una solución de recambio a Anheuser Busch para el parque de Tarragona». En la mente de quienes le escuchaban estaban presentes otras frases del conseller, pronunciadas en momentos más propicios para De la Rosa. Como cuando les decía a los periodistas que investigaban sus actividades: «La obsesión sólo conduce a la ignorancia o a la mala fe». O como las declaraciones de marzo de 1993, en las que, refiriéndose a la decisión del juez Moreiras de rechazar la demanda de KIO contra De la Rosa, decía: «Se ha ganado la primera batalla», traicionado por la alegría de quien ya ha tomado partido.

Otros hechos revelan unas relaciones impropias entre un político y un personaje con los antecedentes de De la Rosa. Con ocasión de la boda de un vástago de Jorge Núñez y Lasso de la Vega, lugarteniente papelero de Javier de la Rosa, éste y su esposa se encontraron en Sant Cugat con Macià Alavedra y Doris Malfeito, la pintora esposa del conseller. Los cuatro intercambian saludos en el aperitivo. De repente, Jotaerre, como quien no quiere la cosa, les dice:

—Macià, no he podido dormir pensando en el cuadro ése tan bonito que tenéis colgado en…

—No insistas, Javier. Ya te dije que ese cuadro no tiene precio. No está en venta.

Airado, De la Rosa se saca un talonario del bolsillo y, mientras firma, dice:

—¿Cómo que no tiene precio?

En un acto que los testigos presenciales calificaron como humillante para el servidor público, le introduce el talón en el bolsillo superior de la americana y, feliz por la ocurrencia, concluye:

—¡Ese cuadro ya está vendido!

La escena, digna de una de las partes de El Padrino, contrasta con los lamentos posteriores de Alavedra: «Yo soy el que menos le conoce de todos».

Toda esta trayectoria tuvo su momento memorable en el acto de colocación de la primera piedra de Tibigardens, el 27 de abril de 1992, un acto que tuvo connotaciones de boda entre el poder político de Pujol y el económico de JR. El maridaje fue ofrecido en directo en forma de gala por TV3-Televisió de Catalunya, conducida por Josep Cuní, uno de sus más emblemáticos profesionales. Además de Roca y el propio Pujol, siete miembros del ejecutivo catalán se dieron cita en el evento. Alguno de ellos mascullaba entre dientes: «Si los socialistas tienen las olimpiadas que duran quince días, nosotros tenemos el parque que es para siempre». Como a De la Rosa le gusta hacerlo todo a lo grande, hubo actuaciones, menú de lujo y, al final, regalo de una tarjeta de plata a los asistentes. Ese mismo día, De la Rosa estuvo dos horas en un apartamento de Salou ensayando su pequeño discurso en catalán, muy corto, por cierto. Raimon Obiols, primer secretario de los socialistas catalanes, utilizaría ese acto en la tribuna del Parlament como motivo para arremeter contra las connivencias del ejecutivo de CiU con De la Rosa: «Es una muestra de la apoteosis barroca del dinero. Es un valor insoportable y una animalada».

De la Rosa siempre quiso traducir sus privilegiadas relaciones con Alavedra en fructíferos negocios. Ya le había tendido a la Generalitat la sede de CNL y se puso manos a la obra para colocarle también el edificio de la antigua clínica Teknon, en la calle Lázaro Cárdenas, número 4, de Barcelona, para que el departamento de Sanitat lo reconvirtiera en geriátrico. De la Rosa lo tenía todo listo para sacar 1.500 millones con la operación. Economía había dado el visto bueno, pero entonces Xavier Trias, conseller de Sanitat que no confundía la amistad con el dinero, se opuso porque le parecía carísimo y el negocio se vino abajo. La esposa del financiero, Mercedes Misol, había entrado en el capital del centro en 1986 —entonces se llamaba Policlínica Herraiz— a raíz de la financiación de unas reformas que dieron la mayoría en dicho capital al constructor Turró, quien acabó quedándose con el inmueble.

ENCOMENDADOS A DIOS

Mientras De la Rosa se daba un baño nacionalista, las arcas de CNL se iban vaciando. En noviembre de 1991 obligó a la empresa a comprarle a él mismo un 34 por ciento de su sociedad Tibidabo. CNL compró las acciones a Quail por 3.609 millones de pesetas, al cambio del día de la operación. Curiosamente, el precio de los títulos había subido 46 pesetas poco antes de anunciarse la compra. De la Rosa había recuperado con este golpe casi la mitad del dinero que empleó para controlar CNL. De hecho, el dinero que ingresó fue directamente al Banco Hispano, para pagar el crédito que había obtenido cuando lanzó la OPA sobre CNL. Utilizando con prepotencia su posición de presidente, se arrogó a sí mismo un derecho que negaba al resto de los accionistas: utilizar la liquidez de la compañía para comprarse acciones.

En esta operación, además, forzó la ley del mercado de valores hasta extremos desconocidos, gracias a la colaboración de sus abogados. El argumento empleado fue que, como las dos sociedades tenían más de la mitad de sus consejeros comunes, podían considerarse un solo grupo a los efectos de unidad de decisión, situación contemplada en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. La CNMV tenía claro que se estaba violando el espíritu de la ley, pero no hizo nada para impedirlo.

Esta venta revelaba que De la Rosa había perdido definitivamente su clásica fuente de financiación, el Grupo Torras, del que aún era vicepresidente. Primero, utilizó a CNL para ocultar los problemas de Torras, luego la convirtió en la caja que pagaba todos sus gastos. Con la particularidad de que era la única caja, y de ella dependerían desde la supervivencia de sus otros negocios y los de sus amigos a las vacaciones en Mallorca. En menos de tres años, durante la gestión de JR se esfumarían los 31.000 millones de pesetas de los 9.000 accionistas de CNL.

Poco después de haberse autocomprado sus acciones se sacó otro truco de la chistera. En este caso se trataba de la fusión de CNL y Tibidabo. Los consejos de las dos aprobaron la operación el 8 de enero de 1992. Tibidabo absorbería a Corporación CNL, dando lugar a una nueva sociedad llamada Grand Tibidabo, con 31.000 millones de recursos propios y con De la Rosa en la presidencia. Tibidabo aportaba a la nueva Grand Tibidabo su gran proyecto de parque temático en Tarragona, hijo del fracaso de Anheuser Busch, el 25 por ciento de la cadena privada de televisión Tele 5 y otras inversiones menores, como el local Up & Down o el Parque de Atracciones Tibidabo (PATSA). Las valoraciones estaban claramente hinchadas, como en el caso de Tibigardens, 2.421 millones, a pesar de que aún no habían comenzado las obras, que implicaban una inversión de 40.000 millones de pesetas y que en su capital social quedaban aún pendientes de desembolso otros 6.000 millones. Esto sin contar con que, en realidad, 2.000 millones de la primera inversión habían sido aportados por CNL, pero esto no figuraba en los activos de esta última compañía. El valor teórico atribuido a Tibidabo fue de 10.991 millones, según Coopers & Lybrand «por sus grandes posibilidades de negocio». A Corporación CNL, que aportaba 30.000 millones líquidos, se le atribuyó un valor de 27.805 millones.

De todas las trampas contables utilizadas en la fusión, la más audaz fue la referida a la participación en Tele 5. De la Rosa consiguió que su paquete en la cadena privada de televisión se valorara en 7.300 millones de pesetas, a pesar de que la empresa no registraba beneficios, gracias a que se comparaba con la cotización en bolsa nada menos que de la TF1 francesa. Lo más grave no era sólo lo exagerado de este criterio, sino el hecho de que mientras hacía creer a los accionistas de la nueva Grand Tibidabo que eran propietarios de la cuarta parte de la «pantalla amiga», en esas fechas ese paquete ya estaba en manos de otro propietario, en este caso el magnate italiano Silvio Berlusconi, que oficialmente controlaba sólo otro 25 por ciento de la empresa televisiva. Además, el paquete se había vendido a un precio inferior al del valor utilizado en la fusión.

De la Rosa había entrado en Tele 5 a raíz de los enfrentamientos entre los principales accionistas fundadores de la cadena: Berlusconi, la empresa editora Anaya, y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), cuyo director general era entonces Miguel Durán. Esta última era oficialmente propietaria del 25 por ciento, al igual que los otros socios, si bien tenía a su disposición un paquete del 15 por ciento perteneciente a empresarios afines. Las divisiones entre ellos provocaron la marcha de Germán Sánchez Ruipérez, presidente de Anaya, que puso en venta su paquete.

Siempre dispuesto a conseguir las bendiciones del poder, De la Rosa atendió las peticiones del PSOE para que adquiriera la participación en Tele 5 que había dejado Anaya. El tema fue incluso objeto de conversación entre el propio De la Rosa y el entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga, según este último reconoció en una entrevista[1] en la que, sin embargo, no explicó cuál era el interés por la presencia del financiero catalán en la cadena privada, ya que ésa no era área de su competencia.

Aunque bienvenida, la invitación del ministro no era necesaria, pues De la Rosa tenía verdadera obsesión por controlar medios de comunicación, inclinación que compartía con otro ilustre personaje, Mario Conde. Sentados frente a frente podían mostrarse sus piezas de ajedrez: «Si tú estás en El Mundo, yo controlo Tele 5». Quail no había previsto entrar en negocios de prensa o televisión («Es más barato comprar periodistas que ser editor» era una de las frases preferidas de De la Rosa), pero acabó haciéndolo. Acudió en auxilio de Antonio Asensio, propietario del Grupo Zeta, y financió su diario económico La Gaceta de los Negocios, dirigido por Carlos E. Rodríguez, de quien Gregorio Morán recordaba cómo se extasiaba ante «la libertad que había traído el régimen nacido el 18 de julio» el mismo día que Franco había hecho fusilar a cinco presos políticos, el 27 de septiembre de 1975[2]. De la Rosa aportó dinero a La Gaceta durante años, aunque acabó dejando a deber unos 800 millones. Quail, que llegó a controlar el 42,6 por ciento del capital de la editora, Spesa, ya había hecho sus pinitos en el mundo televisivo, en el fracasado Canal C, en el que tenía dos tapados: Juan Piqué Vidal y Valentín Bascuñana, presidente de la inmobiliaria Filo.

El 27 de marzo de 1990, De la Rosa acabó comprando el 25 por ciento de Tele 5 por 4.500 millones de pesetas, más 900 millones en comisiones pagadas a la empresa Divercisa, propiedad de la ONCE, en concepto de honorarios por la intermediación. La adquisición fue financiada por La Caixa y el Banco Santander. De la Rosa materializaba uno de sus sueños, codearse con un gran magnate de la comunicación, Su Emitenza, como se conoce en Italia a Berlusconi por su práctico monopolio de los medios televisivos, con quien establecería una relación que rebasó el marco meramente mercantil. Empleados del italiano le enseñaron, por ejemplo, a navegar con la planeadora desde Cadaqués hasta los tranquilos puertos franceses del golfo de León para ir a ver a su padre a finales de los ochenta. De la Rosa solía salir pilotando él mismo una especie de «fórmula 1» del mar con capacidad para seis personas, que poco tiene que envidiar a las supermotoras de los Cassiraghi y compañía. Al llegar a su destino, Jotaerre solía contar con hombres de Berlusconi en Francia que le ofrecían cobertura.

Berlusconi quería asegurarse el control mayoritario de Tele 5, a pesar de que la legislación española prohibía a cualquier accionista poseer más del 25 por ciento de las acciones. Esto no representaba ningún problema, pues tanto el italiano como De la Rosa estaban acostumbrados a no tener demasiado en cuenta esa clase de prohibiciones. Las negociaciones para entregar las acciones a los italianos comenzaron un año después de que de la Rosa hubiese adquirido su paquete.

El primer problema fue que Berlusconi quería que la transacción fuera registrada mediante escrituras públicas, algo imposible según la legislación española. Los abogados de De la Rosa tuvieron que emplearse a fondo para convencer a la otra parte de que no podía ser. Luego vinieron los líos entre los representantes de Berlusconi. La primera delegación italiana estuvo encabezada por un hombre de su confianza, Angelo Prevesti. Cuando todo estaba a punto, Berlusconi destituyó al equipo negociador y la operación tuvo que diseñarse de nuevo.

Ahora el jefe de los italianos era Giovanni Acampora, un abogado de confianza de Berlusconi con despachos en Milán, Roma y Ginebra. Acampora fue interrogado por los fiscales milaneses de la «operación Manos Limpias»[3]. Otro abogado español, Sebastián Enseñat, formaba parte del equipo. Tras intensas negociaciones durante las Navidades de 1991, se alcanzó un acuerdo. El 8 de enero de 1992, Alfredo Fraile, el relaciones públicas de De la Rosa y miembro del consejo de administración de Tele 5, en representación de los españoles, y Joaquín Fernández-Escribano Calsina, en nombre de la sociedad Hamudi, controlada por los italianos, firmaron el pacto[4].

El valor de esa opción de venta era de 2.000 millones de pesetas, más otros 4.600 millones correspondientes al precio de las acciones, más un 15 por ciento en concepto de intereses. El vencimiento de la opción se fijó para el 30 de junio de 1993. De hecho, el pago se produce en ese mismo momento, aunque de una manera que convierte a De la Rosa en fiduciario de Berlusconi. El italiano deposita los 4.600 millones de las acciones en el Banco Internacional de Luxemburgo[5], con sede en Suiza. Utilizando ese depósito como aval, el Crédit Commercial de France concedió un préstamo a Tibidabo, que pudo así disponer del dinero desde el primer día.

No hubo que esperar a la fecha límite para que la opción de compra se hiciese efectiva. En noviembre de 1992, Alfons Maristany y el propio de la Rosa acuden a la mansión de Berlusconi en las afueras de Milán. Pocos días después, el día 30, se firma la venta definitiva, valorada en 6.500 millones, de los que De la Rosa ya había recibido 4.600 millones. Al acto asisten representantes del Crédito Comercial de Francia y varios italianos. Meses después, en enero de 1993, De la Rosa no se empacha al decir que está negociando la venta del paquete. Finalmente, la versión oficial recoge que el grupo alemán Kirsch compra un 25 por ciento de Tele 5. Todo esto era inimaginable para los pequeños accionistas de la nueva Grand Tibidabo, a los que se les endosa por 7.300 millones un paquete cuya venta ya se había establecido en 6.600.

Javier Godó, el editor de La Vanguardia, también ofreció sus acciones de Antena 3 Radio a De la Rosa a mediados de 1992, poco después de ser destituido de su cargo de presidente del consejo. Los demás consejeros, encabezados por Manuel Martín Ferrand, consideraron que Godó no había actuado correctamente al no informarles de las negociaciones para la venta de sus acciones en la emisora. De la Rosa, vecino y «amigo» de Godó, estaba en el ojo del huracán de la conspiración contra el editor, una operación encabezada por Mario Conde. A través del abogado Alberto Garrofé Pardo, JR estaba comprando —bajo mano— pequeños paquetes de acciones de Tisa, editora de La Vanguardia, para apoyar el despliegue de Conde, impaciente por entrar a través del rotativo barcelonés en Antena 3 Televisión.

Godó, sometido a mucha presión, firmó el acuerdo con Conde que creaba Inversiones Godó y que daba luz verde al banquero en sus planes de controlar el rotativo barcelonés. Pero el editor se echó atrás y rompió el pacto, ayudado por las facilidades financieras de La Caixa. Por el camino se rompían lazos históricos como el del abogado Jiménez de Parga, al que Tisa atribuiría el papel de traidor.

En el transcurso de una cena celebrada en el nuevo palacete-residencia de Godó, De la Rosa se jactaba pérfidamente de haber ayudado al editor en los momentos difíciles. Leopoldo Rodés, vicepresidente del Banco del Progreso, no pudo resistirlo y le reconvino: «Javier, aquí todos sabemos que quien ha salvado a Godó ha sido Josep Vilarasau», que era el director general de La Caixa. Jotaerre quedaba en ridículo. Un año después, Rodés se vería mencionado —de la pluma de Jesús Cacho— en un relato sobre su vida personal. Algo olía a venganza.

La junta de la fusión entre CNL y Tibidabo no fue cómoda para De la Rosa. Los pequeños inversores no estaban de acuerdo con el canje previsto (siete acciones de Tibidabo por cada cuatro de Corporación CNL). Aquel 3 de abril de 1992, De la Rosa estuvo balbuciente, sus razones sonaban hueras: «Porque Corporación es liquidez y Tibidabo proyectos», «Las valoraciones son aquellas a las que nos obliga la ley…», «Yo no tengo acciones de Tibidabo, con lo que una valoración baja de CNL también me perjudica, a mí más que a nadie». Cuando el tono se va agriando, a De la Rosa le sale la vena autoritaria: «Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas». Todo aquello suena a incoherente, y llega a afirmar sin sonrojarse: «Tenemos quien nos da 12.500 millones por nuestro 25 por ciento de Tele 5». Su intervención termina confiando en que «con la ayuda de Dios esta empresa tendrá un gran futuro». De la Rosa se aproximaba mucho a un personaje de Nostromo, la conocida novela de Joseph Conrad, que «considera a su Dios algo así como un socio influyente, que obtiene su parte de beneficios en la dotación de Iglesias. Esta es una especie de idolatría. Me dijo que dotaba iglesias todos los años».

Sin duda, la fusión fue para él una operación redonda, la culminación de nueve meses de vaciado de la empresa. Como resultado de la fusión, De la Rosa recibía ocho millones de acciones de Grand Tibidabo, valoradas en 8.480 millones, justo lo que había gastado para comprar el 30 por ciento de su inversión inicial en CNL. En ese momento, el libro de cuentas de Jotaerre arrojaba un saldo espectacular. Controlaba una corporación capaz de cumplir el compromiso del parque contraído con Pujol y además había conseguido 2.000 millones para ese proyecto, antes de la fusión, y sin que lo supieran los pequeños inversores. A eso hay que sumarle otros 3.150 millones del paquete de Tibidabo que se había hecho comprar a sí mismo. Quedan los 5.000 millones de beneficios tácitos que había colado en las valoraciones de las participaciones de Tibidabo (Tibigardens, Tele 5 y PATSA), beneficios que nunca existieron, antes al contrario, se convirtieron en pérdidas. Todo sumado, JR conservaba sus 8.480 millones en acciones, pero se apuntaba además 10.150 millones como rendimiento de su inversión. ¿Quién da más? Sin duda era un mago, pero de la malversación de los ahorros de los 9.000 accionistas de Grand Tibidabo.

PUJOL DEFIENDE A JR

Pocos meses después, los árabes de KIO comenzaban a descubrir el agujero que De la Rosa había cavado en Torras. La crisis del holding coincidió con el estallido del caso Ibercorp, cuyo objetivo final era forzar la salida de Mariano Rubio del Banco de España. De la Rosa estaba detrás de la campaña contra el gobernador. Abandonado por sus hermanos de KIO, como a él le gustaba decir, con los negocios en dificultades y con la batalla jurídica que se avecinaba, De la Rosa vio llegado el momento de aprovechar el entramado de relaciones que había tejido en Cataluña. Las finanzas madrileñas le habían cerrado las puertas.

Jordi Pujol se encontró en una tesitura difícil: callar o defender a De la Rosa, el hombre que estaba al frente del principal proyecto de inversión en Cataluña. Optó por la segunda opción. En la media tarde del viernes 3 de abril de 1992 aprovechó una rueda de prensa oficial como presidente en funciones de la Generalitat para contestar una pregunta de un periodista y arropar con la bandera de la catalanidad al comisionista. Los informadores quedaron boquiabiertos al escuchar a Pujol defender a un particular. Aludió a una «maniobra de desprestigio sistemático» contra De la Rosa, «un linchamiento» llega a decir.

Pujol esgrimió su propia experiencia personal como víctima de campañas sistemáticas: «Cada vez que veo una de ellas, se remueve algo dentro de mí. De la Rosa merece un reconocimiento, porque está haciendo servicios importantes a la economía catalana. Estoy moralmente obligado a decir que no creo que De la Rosa haya intervenido, como se le atribuye, en el “caso Ibercorp”». Uno por uno, Pujol repasó los méritos de Javier de la Rosa en el fer pais, a pesar de ser un dudoso paladín de la lengua y la cultura catalanas. «Si no hubiese sido por De la Rosa, el parque de Tarragona posiblemente no habría salido adelante». Todo aquello no era espontáneo, Pujol barría para casa y su «capote» al financiero coincidía con la junta en la que Corporación CNL aprobaba la fusión con Tibidabo para la creación de Grand Tibidabo, la auténtica llave para poner en marcha el parque Tibigardens. El president catalán se «olvidó» de algo que De la Rosa había reconocido ante los 9.000 accionistas de CNL en el Palau de Santjordi: el parque debía acometerse con dinero de otros. Especialmente con la inyección de 25.000 millones públicos, 15.000 en forma de créditos de la Administración central y 10.000 avalados por la Generalitat.

«Es un hombre —dijo— que ha actuado con eficacia para salvar grandes empresas. Aquí había una que peligraba, Torras, y desde hace muchos años él la ha sacado adelante, a veces solo, a veces con KIO, pero el caso es que la ha sacado adelante. Había otras que iban mal como Cros y Explosivos Río Tinto y de momento las saca adelante con muy poca ayuda de la Administración central». Para terminar el repaso, el president de la Generalitat recordó en relación a la fusión de Ebro y Compañía de Industrias Agrícolas que De la Rosa «siempre se ha preocupado de que sus empresas estén en Cataluña y de evitar la emigración hacia Madrid, que él ha frenado».

A pesar de encontrarse en ese momento en funciones, siguió y siguió, hasta el punto de que la conferencia de prensa se conoce periodísticamente como «el día en que Pujol pagó a De la Rosa». Destacó que CNL había atravesado también una situación muy difícil, que mucha gente se podía ver atrapada «y él ha defendido esta compañía y la ha sacado adelante, y ahora es un instrumento financiero importante que está radicado en Barcelona». Sólo un milagro parecía poder impedir que Jotaerre se hiciera con una Cruz de Sant Jordi, el máximo galardón del gobierno catalán. Era como si, salvando las distancias, el presidente norteamericano George Bush hubiese apoyado la conducta de Ivan Boesky o de Michael Milken, el padre de los «bonos basura». Muchos empresarios, de los que van cada día a la fabrica o a la empresa, siguen sin comprender esos elogios.

En octubre del 92, la oposición catalana comienza a criticar a Pujol por su «favoritismo» y «connivencia» con Javier de la Rosa. «Es insólito que la Generalitat apoye a especuladores», apuntan los portavoces socialistas y comunistas. El gobierno catalán recibe críticas por haber participado, como socio con De la Rosa, en el reflotamiento de Industrias Burés, después de solicitarle que asumiera riesgos en la textil propiedad de la familia Juncadella. Desde entonces comienzan a denunciarse «oscurantismos» en los mecanismos del aval de 10.000 millones que la Generalitat acordó prestar a Tibigardens.

La velocidad a la que De la Rosa iba exprimiendo los recursos de CNL, ahora Grand Tibidabo, no tenía precedentes. Poco antes de la fusión, había adquirido un paquete del 8 por ciento del capital del Banco de Ibiza, controlado por la familia Matutes, cuyo miembro más conocido es el dirigente popular Abel Matutes. La operación en sí implicaba el incumplimiento de una de las condiciones impuestas por el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, para permitirle la entrada en CNL: nada de participaciones en entidades financieras. El vigilante de la salud de las finanzas españolas quería evitar la infiltración de De la Rosa. A finales de año, el paquete ya estaba depositado en la caja fuerte de La Caixa, que había aceptado prorrogar el crédito a cambio de garantías suficientes. Este fue el punto de partida de un vía crucis que llevó todas las propiedades de Grand Tibidabo al monte de piedad de los pocos bancos que estaban dispuestos a hacer negocios con De la Rosa. Desde la sede social de la empresa a los terrenos de Málaga o las acciones de empresas participadas (Bamsa, Diset), no hubo ningún bien valioso que no fuera entregado en prenda. La sociedad languidecía, consumiendo sus recursos, mientras que De la Rosa seguía veraneando a bordo de su Blue Legend.

El entorno de De la Rosa se iba deteriorando a medida que lo hacían las condiciones financieras. En Tibigardens, una empresa que necesitaba gran cantidad de fondos para continuar las obras de construcción, el ambiente era irrespirable. En un consejo celebrado a mediados de marzo de 1993, el análisis de algunos pequeños inconvenientes que estaban planteando los auditores, la firma Arthur Andersen, degeneró en una enorme trifulca entre Alfons Maristany, el presidente y cuñado de JR, y Narciso de Mir, su socio. Este último acabó abandonando la reunión a media sesión, mientras Maristany amenazaba con dimitir. Los dos representantes de los estadounidenses, Randolph Baker y Lluís Llubià, ya no se sorprendían. Hacía mucho tiempo que sabían a quiénes tenían como socios.

Dos meses antes habían tenido que soportar que la Generalitat aplazara la concesión de nuevos créditos avalados. Era la consecuencia de la denuncia de Vilarrubí de las intenciones de De la Rosa con el primer tramo de 1.000 millones del aval. La Generalitat había tomado nota de la situación y ya estaba buscando con sigilo nuevos socios para el proyecto. El mismo día que la prensa publicó que la Generalitat había congelado sus aportaciones, Alavedra anunció que Fecsa y otras empresas catalanas de servicios estudiaban su entrada en el proyecto. De hecho, no existía aún tal estudio; la administración catalana quería evitar el naufragio hacia el que caminaba De la Rosa y estaba presionando a varias empresas para que asumieran parte del riesgo. En aquellos días Tibigardens estaba con el agua al cuello. De Mir ya había llamado a la consultora Sereland para ponerles en antecedentes: «A lo mejor tardamos un poco más en pagar». Una empresa de mobiliario tuvo que aceptar una letra por 16 millones. Salvador Grané, el director de construcción del parque, sudaba cada vez que comparaba en su ordenador la evolución de las obras con la tesorería de la empresa: «De seguir así, en treinta días las obras pueden quedar paradas».

A los problemas financieros de De la Rosa se sumaba ahora uno nuevo, consecuencia de la crisis del Grupo Torras, al que la administración central había financiado con ayudas públicas de muchos miles de millones de pesetas. Un sector del Gobierno, encabezado por el vicepresidente Narcís Serra, consideraba inaceptable que un banco público, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), facilitara créditos preferenciales a De la Rosa, el responsable de la crisis de Torras. Cuando el proyecto estaba exclusivamente en manos de la Busch, el ICO se había comprometido a conceder 15.000 millones de pesetas para financiarlo. Ahora, la condición previa era que De la Rosa no tuviera nada que ver.

La decisión del ICO colocaba a JR en una situación insostenible. Grand Tibidabo estaba seca y no tenía ni un duro para invertir en el parque. En esos días llegó a escribir varias cartas a Pujol pidiéndole su intervención. Las cartas revelan que De la Rosa estaba convencido de que era Narcís Serra el que ordenaba a Miguel Muñiz, presidente del ICO, no aprobar los 15.000 millones de créditos. Esperaba que Pujol interviniese ante Pedro Solbes, ministro de Economía, y ante el secretario de Estado, Pedro Pérez, luego presidente de Tabacalera, y se quejaba amargamente del trato recibido del Gobierno socialista. Una carta fechada en febrero de 1994 plantea crudamente que Serra bloqueaba las ayudas por su presencia en el proyecto. Miquel Roca recibió en su etapa de portavoz en el Congreso otras misivas de De la Rosa con sugerencias, lo mismo que Macià Alavedra. El conseller de Economía también escribió otra en la que seguía al pie de la letra un borrador escrito antes por De la Rosa y que fue remitida —previa firma de Alavedra— a Pearson (el grupo británico que negociaba su entrada en el parque y que acabaría asumiendo la mayoría del capital) en noviembre de 1993. En ella se ratifica el «total apoyo» de la Generalitat para que el proyecto obtenga los créditos previstos del ICO, así como el compromiso de que Fecsa tomará un 10 por ciento del capital. Además, el conseller recuerda el enorme esfuerzo inversor de la Generalitat en el asunto.

Cuando Alavedra divulga la existencia de conversaciones, Fecsa aún no se ha reunido con los propietarios del parque. Las negociaciones se ponen en marcha sin que los hipotéticos nuevos socios hayan tenido tiempo de pensar qué se les ha perdido a ellos en un parque de atracciones. El ambiente no es propicio. El presidente de la eléctrica, Luis Magaña, conoce bien a De la Rosa y su opinión no es muy positiva: «Es un especulador y un pantera». En un primer momento se baraja la idea de que un pool de eléctricas, Endesa, Fecsa, Iberdrola y RWE (la filial española de la multinacional alemana), se repartan un paquete. Finalmente será sólo la catalana la que acabe comprando por las presiones de la Administración, «que considera el proyecto prioritario y de interés público», según reconoció Magaña.

Magaña es un experimentado negociador, y cuando Alavedra le propone entrar en el parque sabe que la situación es crítica. En esos primeros días de contactos, presenta una completa carta a los Reyes Magos como contrapartida a su entrada en Tibigardens: compromisos de participación de empresas del grupo en las obras de ejecución del trasvase del Ebro, cuya inversión global se calculaba en 250.000 millones de pesetas; un nuevo plan urbanístico para unos terrenos propiedad de la empresa en la zona de Finestrelles, en la localidad barcelonesa de L’Hospitalet, y mayor flexibilidad de la administración catalana en su exigencia de inversiones en mejoras medioambientales. Magaña no obtuvo satisfacción a todas sus peticiones, pero la entrada de Fecsa en el parque implicó un elevado coste para la Generalitat. Los terrenos de Finestrelles, de 40 hectáreas de extensión, fueron recalificados y Petrocat, la petrolera catalana controlada por la Generalitat y presidida por Lluís Prenafeta, compró una filial de la eléctrica, Baseiria Oil, por 1.500 millones de pesetas. La operación se cerró en diciembre de 1993, coincidiendo con la compra del 10 por ciento de Tibigardens, por la misma cifra[6]. ¿Casualidad?

MAS DINERO

En la caja de Grand Tibidabo ya no quedaban ni telarañas y De la Rosa comenzó a repatriar parte de su fortuna en el exterior. En un caso, el ingreso fue de 2.000 millones de pesetas, a través de una de sus sociedades extranjeras, Setsar. Con ese dinero, que permitiría a la mayoría de los mortales vivir lujosamente durante varias generaciones, sólo podría mantenerse unos meses. Los principales símbolos exteriores de su riqueza también iban quedando por el camino, como su avión Falcon 900, entregado, a cambio de cancelar unos créditos que no estaba pagando, al Banco Santander. Este mismo banco le exigió garantías adicionales para el crédito de 10.500 millones de pesetas con el que había comprado su participación en Ebro. De la Rosa entregó un paquete del 12 por ciento de Grand Tibidabo.

En esa época JR inicia también un periplo por las oficinas bancarias a fin de conseguir créditos a cambio de hipotecar Quail y sus activos. Folchi le acompaña a visitar a la Unión de Bancos Suizos, donde casi se mueren de risa al oír que el abogado valora la patrimonial de De la Rosa en 5.000 millones de pesetas. En otros casos, el enviado era Santiago Tomeo, que había alcanzado un alto grado de refinamiento en sus visitas para pedir créditos multimillonarios «lo más pronto posible, antes de las tres». Como que sabía de antemano cuál iba a ser la contestación, comunicaba previamente a su secretaria el teléfono del despacho en el que iba a entrar poco después y le explicaba que debía llamar en unos minutos preguntando por él. Indefectiblemente, nada más oír la negativa del ejecutivo bancario, recibía la llamada acordada y podía marcharse del banco o de la caja con la cabeza bien alta: «Me ha llamado Javier, ¿sabes?, lo de ese crédito no hace falta, ya lo ha arreglado».

1993 acaba dejando en el aire la sensación de que Grand Tibidabo podía estallar en cualquier momento. Al cierre del ejercicio, las deudas suman 43.000 millones de pesetas, de las que casi 20.000 millones tienen vencimiento inferior a un año. Los responsables de la empresa se zambullen día y noche en los libros de contabilidad para intentar esconder los pufos debajo de la alfombra. De la Rosa utiliza todos sus contactos, entre ellos a Mario Conde, a quien pide créditos de 900 millones. Respondiendo a la petición de auxilio, Fernando Garro telefonea a su regional en Cataluña: «El presidente [Conde] te ruega que des, ahí, el crédito de 900 millones que pide De la Rosa». El regional advierte que no lo ve claro y que dará su informe negativo a la comisión de operaciones. Luego, Conde le llama directamente, pero choca con un subordinado testarudo: «¿Por qué no se lo dais directamente desde Madrid?». Y así fue, aunque por una cantidad menor, 400 millones. El 1 de diciembre Banesto facilitó el dinero, en una operación que debió ser de las últimas fallidas de Conde, pues el banco fue intervenido poco después, el día 23, y Grand Tibidabo no devolvió el dinero.

La Generalitat observaba los acontecimientos con preocupación creciente y Alavedra tuvo que acudir, una vez más, a La Caixa, en este caso para que salvara Tibigardens. Los británicos del Grupo Pearson estaban dispuestos a invertir, pero habían puesto varias condiciones, algunas de orden técnico, como la separación del parque del negocio inmobiliario que se contemplaba en el proyecto inicial y, sobre todo, que De la Rosa no figurase en el nuevo accionariado y que una entidad financiera de primera fila adquiriese un porcentaje importante.

Las negociaciones con Pearson y La Caixa entraron en una fase decisiva a finales de 1993, pero, en febrero de 1994, los socios que ya estaban presentes, Busch y Fecsa, descubrieron que De la Rosa había limpiado 1.000 millones de Tibigardens a cambio de unos pagarés de Grand Tibidabo y otras filiales. Josep Vilarasau, director general de La Caixa, acudió el 25 de marzo de 1994 al Palau de la Generalitat y entregó a Pujol un documento en el que todos los accionistas, viejos y nuevos, pedían explícitamente que mientras las negociaciones estuvieran en marcha Javier de la Rosa no debería tener ningún poder de decisión en la empresa. A los pocos días, la Generalitat desembarcó en Tibigardens e impuso en la práctica la intervención de la sociedad.

En este ambiente, las negociaciones continuaron aún durante varios meses. La Caixa y Pearson querían asegurarse de que el anterior accionista mayoritario no dejaba ninguna trampa escondida e impusieron unas condiciones muy duras. De la Rosa quedó al borde del abismo. El 13 de mayo de 1994, los nuevos socios compraron el paquete de Grand Tibidabo por 10.500 millones de pesetas, pero la sociedad sólo recibió 1.500 millones. 5.625 iban a cubrir la ampliación de capital pendiente en Grand Tibidabo, 1.000 cancelaron una deuda de la sociedad con La Caixa, y los 1.500 restantes quedaron depositados como garantía contra riesgos no previstos. La venta supuso pérdidas contables de 1.200 millones para Grand Tibidabo, que se quedó sin su principal activo y sin liquidez. Ya no era posible aplazar la crisis por más tiempo.

CAPITULO DIECIOCHO

UNA VERSION CHAPUCERA

DEL «SABER PARA VENCER»

El 23 de octubre de 1992 Carles Vilarrubí se encontraba en la sala de firmas de la notaría de Barcelona en la que había formalizado su dimisión como consejero delegado de Grand Península, la empresa promotora del parque Tibigardens. Todavía retumbaba en su cabeza el «¡a mí no me des lecciones de moralina!» con el que se había despachado Jotaerre. Vilarrubí había optado por dimitir antes que ser cómplice en la malversación de los primeros 1.000 millones de pesetas que la Generalitat avalaba. Fue una decisión que le supuso la renuncia a la máxima responsabilidad ejecutiva en el mayor proyecto de inversión privada en Cataluña.

La determinación de enfrentarse a las maquinaciones de De la Rosa con el aval le supuso el comienzo de una larga pesadilla. Su marcha de Tibigardens era una amenaza para las relaciones de JR con la administración catalana. Por ese motivo, la principal preocupación de este último fue la de asegurarse que el ex consejero delegado mantendría la boca cerrada, atemorizarlo. Persuadirle de que había cosas con las que no se tenía que jugar se convirtió en una tarea prioritaria. Se trataba de aplicar los tradicionales métodos de castigo.

Nada más dejar su cargo, Vilarrubí comenzó a detectar que alguien seguía sus pasos. Cuando salía de su casa o de su despacho, un potente automóvil esperaba en la esquina y le seguía allá donde iba. A los pocos días, el dispositivo dio una vuelta de tuerca más y los movimientos de intimidación se dirigieron también contra su esposa, María Rosa Jordá, cuando acompañaba a su hija o iba a buscarla a la escuela. Los gorilas no se escondían, no tenían intención de ocultar ningún secreto. Bien al contrario, las órdenes recibidas eran explícitas: «Que se os vea, que sepa que lo tenemos controlado». Vilarrubí intentó tranquilizarse pensando que «el Padrino» olvidaría esa neura y su vida volvería a ser normal, como antes de haber entrado a trabajar en el parque de Tarragona.

Sin embargo, algo vino a torcer sus optimistas pensamientos. En los primeros días de enero de 1993, Macià Alavedra comenzó a hacerse el remolón ante las peticiones de JR y los suyos de que concediera nuevos tramos del aval. En realidad, la administración catalana había decidido no autorizar nuevas entregas de fondos si su necesidad no estaba absolutamente justificada. Al cabo de unos días, De la Rosa lo tenía claro. La Generalitat había cerrado el grifo hasta que tuviera garantías de que las nuevas aportaciones realmente iban a ser destinadas a la construcción del parque. A sus ojos, Vilarrubí era el culpable, él se lo había explicado todo a Pujol y éste reaccionaba imponiendo cautelas. De nuevo, a Vilarrubí le tocó sufrir las consecuencias.

PINCHAZOS Y GRABACIONES

Cuando pensaba que el acoso era cosa del pasado, Vilarrubí recibió una noticia escalofriante. Alguien de la presidencia de la Generalitat le dijo que Miquel Roca, secretario general de Convergència Democràtica y diputado en Madrid, había recibido la visita de «un tipo que decía llamarse José García y le ha enseñado un sofisticado maletín repleto de cintas magnetofónicas pulcramente ordenadas y le ha hecho escuchar una conversación tuya con un conseller de la Generalitat en la que hablabais de él… Esto es lo de menos… pero imagínate qué escándalo… porque le ha dicho que si le interesaban se las vendía. El dice que lo ha puesto de patitas en la calle inmediatamente, pero pienso que deberías saberlo». Casi sin tiempo a reaccionar tras descubrir que alguien estaba violando su intimidad, el atónito Vilarrubí recibió otras llamadas refiriendo la misma historia o muy parecidas. Una campaña de descrédito de su persona se había puesto en marcha. Quien la había montado no ganaba nada con ello, excepto, claro está, el placer de la venganza, de la destrucción de quien se había atrevido a poner en peligro sus montajes.

Finalmente, la víctima decidió defenderse, rompiendo de nuevo una norma no escrita que, como en la cosa nostra, implicaba guardar siempre silencio ante el temor de que las consecuencias fueran aún peores para el denunciante. El primer paso fue llamar a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana. Vilarrubí se puso en contacto con el entonces director general de Seguridad Ciudadana, Antoni Cruells. Al jefe de los Mossos la historia le parecía increíble, «pero Vilarrubí es una persona seria, algo habrá que mirar», se dijo a sí mismo tras colgar el teléfono. Discretamente, la Brigada de Información, un pequeño comando compuesto tan sólo por dieciocho hombres y mujeres al mando del sargento Joan Carles Molinero, se puso en marcha.

El 22 de abril, los policías de la Generalitat localizaron dos transmisores en las líneas de los teléfonos del despacho y la vivienda de Vilarrubí. No era ninguna «fantasmada», alguien estaba controlando todas sus conversaciones. Lo más importante era que los aparatos todavía estaban activos, es decir, emitiendo. Los espías podían ser cogidos in fraganti, algo que no había ocurrido nunca hasta entonces en España. «Deben de estar en un coche cerca de aquí», comentaban alborozados los policías ante la posibilidad de apuntarse la hazaña de ser los primeros en coger a alguien con las manos en la masa en este tipo de asuntos.

Los mossos sospechaban que por aquellas fechas había unos doscientos teléfonos pinchados en toda la ciudad, la mayoría ordenados por la misma red de intereses que había hecho pinchar los aparatos de Vilarrubí. «Estos emisores los venden Amaya o Proselec», comentaban entre sí los policías mientras tomaban fotografías. Decidieron mantenerlos activos y organizaron un discreto dispositivo de vigilancia para controlar, día y noche, si alguien asomaba las narices por las cajas de las líneas telefónicas.

Un día después del hallazgo, el 23 de abril, se celebra en el Palau de la Generalitat el tradicional desayuno de Sant Jordi. En el gótico Pati dels Taronjers, cientos de invitados de la Generalitat degustan un tradicional chocolate con melindros. Pocos conocen el asunto de los pinchazos a Vilarrubí. Alavedra se dirige a uno de los que están en el secreto y le dice con tono cómplice:

—Javier se ha vuelto loco.

A lo que su interlocutor contesta:

—¡Ah!, pero ¿ha sido él?

El conseller da marcha atrás rápidamente:

—Yo no sé nada. No sé nada.

Antoni Cruells y Joan Carles Molinero sospechan desde el primer momento que la responsable de los pinchazos es la empresa Check-In, cuyo administrador es Francisco («Paco») Alvarez, quien también controla la empresa Mantenimiento Instalaciones Telefonía SA (MITSA), una licenciataria de Telefónica. Las dos sociedades son conocidas por trabajar casi en exclusiva para De la Rosa, a quien incluso le instalaron líneas telefónicas de alta seguridad en Quail. Cuando alguien entraba a desempeñar un alto cargo en alguna de las empresas de De la Rosa, recibía a los pocos días la visita de Paco Alvarez, quien se presentaba como su hombre para asuntos «especiales» y de información. Invariablemente, los nuevos ejecutivos llamaban a De la Rosa para confirmar las credenciales de Alvarez. En efecto, Jotaerre les garantizaba que se trataba de una persona de su absoluta confianza, «como si fuera de la familia».

Paco Alvarez, nacido el 8 de diciembre de 1944, fue jefe superior de Policía en Bilbao y acabó con sus huesos en la prisión de Valdemoro por orden del juez Baltasar Garzón, por su presunta relación con el «caso GAL». Alvarez, que tenía negocios con Julián Sancristóbal, ex director general de la Seguridad del Estado, también tuvo que declarar en relación al sumario de los «fondos reservados» porque su esposa percibió 15 millones del Ministerio del Interior difíciles de justificar.

Después de dejar el mando de la lucha antiterrorista, Paco Alvarez se trasladó a Barcelona. Un alto cargo de la Administración susurró al oído de Jotaerre: «A este chico hay que ayudarle. Te será muy útil». Por entonces Alvarez recibió de la semipública Campsa un contrato de 70 millones para vigilar el aprovisionamiento de cubas de gasolina pirata a las estaciones de servicio.

Paco Alvarez, cordial, inteligente e incluso catalanoparlante, hizo mucho dinero en Barcelona al lado de Javier De la Rosa y el abogado Piqué Vidal. Ultimamente dividía su tiempo entre España y Argentina, donde manejaba otro negocio con una concesión de Telefónica. El origen de las relaciones con esta empresa controlada por capital público tiene que ver con los servicios prestados al Estado por Paco Alvarez y con la vieja amistad con su antiguo jefe en la Policía, Sebastián Fernández Dopico, responsable de seguridad de Telefónica. De este modo, Alvarez pudo compatibilizar el negocio telefónico con el también lucrativo de la seguridad. Una mezcla que debería estar prohibida en cualquier país que pretenda garantizar el derecho constitucional a la intimidad y el secreto de las comunicaciones personales.

El negocio de las escuchas y las comunicaciones era pues muy rentable, hasta el punto de que importantes hombres de negocios catalanes, como José María Juncadella, ex empresario textil, y Leopoldo Rodés, vicepresidente del Banco del Progreso y ex presidente del Instituto de la Empresa Familiar, se interesaron por tomar una participación en el capital de MITSA, radicada en Cornellá de Llobregat (Barcelona). Las continuas advertencias que recibieron de que hacer negocios con Alvarez era ponerse en manos de De la Rosa acabaron desbaratando la operación. Servir a tan buen señor resultaba tan lucrativo que, incluso cuando se vio acusado de pasar la aspiradora por los fondos reservados, muchos de sus ex compañeros seguían atribuyendo su fortuna personal a sus trabajos para JR.

El historial del ex jefe superior de Policía de Bilbao ya tenía alguna mácula anterior. En 1986 fue procesado por presunta prevaricación y, poco antes de abandonar «el cuerpo» para irse como jefe de seguridad a Sintel, filial de Telefónica, antes de radicarse en Barcelona, tuvo una condena en Francia por denegación de auxilio a la justicia. El afable y culto Paco Alvarez no era precisamente un angelito.

El socio de Alvarez, Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, también fue inspector de Policía hasta que —incorporado al Grupo de Atracos de Barcelona— mató de un disparo a un delincuente en el barrio de Horta. Argüelles cumplió por ello una condena de dos años en la prisión de Quatre Camins. Eso y otras aventuras le hicieron ganar una reputación de «gatillo inquieto» entre sus compañeros policías, que le conocían por el sobrenombre de «el Matao». La protección de sus superiores, entre ellos Alvarez, le sirvió para que sus audacias fueran premiadas con la Medalla de Oro al Mérito Policial.

Argüelles fue detenido en Francia por su implicación en el secuestro del miembro de ETA-pm José María Larretxea Goñi, acción que llevó a cabo en 1983 junto con un capitán y dos sargentos de los geos. El comando pretendía obtener la liberación, por canje, del capitán de farmacia Martín Barrios, secuestrado y posteriormente asesinado por ETA. Gutiérrez Argüelles todavía luce un reloj de oro que recibió como premio, al igual que los tres agentes de los geos que participaron con él en la infructuosa incursión en territorio francés. Según su versión, fue el propio ministro José Barrionuevo quien se desplazó al restaurante Los Tres Molinos de la Diagonal para estimular a los héroes del «escuadrón del GAL». Aquel raid de octubre de 1983 demuestra que la semilla del GAL no era ajena a los mandos policiales barceloneses bajo el mandato de Agustín Linares como jefe superior. En ese periodo la comisaría de San Andrés —la de Argüelles— se convirtió en el polarizador de sus hombres de confianza, como los tres integrantes del comando GAL adscritos a la disciplina de los geos: el capitán Francisco Javier López Mallen y los sargentos José María Rubio Gani y Sebastián Soto.

LOS HOMBRES DE ALVAREZ

Una vez descubierto el pinchazo a Vilarrubí, los mossos se aprestaban a la excitante tarea de cazar a los hombres de Alvarez. Efectivamente, éstos se encontraban en un automóvil, donde habían emplazado las grabadoras, a escasa distancia de los teléfonos. La «estación de escucha» contaba además con un piso alquilado de observación desde el que podían controlarlo todo sin miedo a que les cogieran desprevenidos. El alquiler se pagó, generosamente, por varios meses para no despertar sospecha. Para Check-In, el encargo también tenía algo de especial. Con su habilidad, el especialista externo al que encomendaron el servicio había dejado boquiabiertos a los chicos de Check-In, entonces radicados en la calle Aragón de Barcelona. El artista se personó en las oficinas y le dijo a Francisco Alvarez: «Ya está hecho, y los dos transmisores están funcionando». Incrédulos, los hombres de Check-In incluso pusieron en peligro el trabajo de pinchado haciendo llamadas para comprobar la eficiencia del sistema de escucha y grabación. Alborozados, se rindieron ante la habilidad del experto, que nada tenía que ver con el nivel de los métodos utilizados hasta ese momento. Según parece, los pinchazos solían encargarse a personas con influencia en las centrales de Telefónica que practicaban puentes impunemente en los paneles de control. Algo muy difícil de detectar, seguro, fiable, pero caro por el riesgo que asume el pinchador.

Los mossos, sin embargo, no se limitaron a esperar pasivamente. Mientras unos estrechaban el cerco sobre las unidades móviles de escucha, otros comenzaron a seguir a Alvarez y los suyos, tomando fotografías y estudiando el historial de cada uno de ellos. Gracias a eso, la policía autonómica llegó a conocer todos los movimientos del ex comisario, sus visitas a los despachos de JR y a la Jefatura Superior de Policía, donde renovaba la impunidad para sus acciones a cambio de facilitar importantes informaciones, acerca de las cuales los policías no preguntaban su origen.

La policía catalana descubrió entonces algo que les llamó la atención, pero para lo que no encontraron explicación clara en aquel momento. Alvarez se reunía con Mikel Lejarza Eguía, alias «el Lobo»[1], ex agente del Cesid y presunto autor y corresponsable de la red de pinchazos en el diario barcelonés La Vanguardia. Los agentes de Cruells habían detectado desde hacía tiempo que el Cesid no había encajado bien que la labor de espionaje y servicios especiales relacionados con los Juegos Olímpicos que se celebraron en Barcelona en julio de 1992 hubiera quedado en las exclusivas manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por lo que habían acabado utilizando a La Vanguardia como tapadera de sus actividades.

En relación con el caso Vilarrubí, los espías detectaron que habían sido descubiertos gracias a una llamada telefónica de Vilarrubí a su esposa a través de una línea que éste pensaba, equivocadamente, que no estaba pinchada. Finalmente, la policía autonómica llevó los aparatos y las pruebas obtenidas al Juzgado de Instrucción número 31. A pesar de que los mossos retuvieron y presentaron ante el juez a un empleado de Telefónica al que pillaron en la azotea del edificio en el que vivía Vilarrubí, no se emprendió ninguna acción. Aún hoy, Molinero y sus hombres no se explican el motivo por el cual el juez no ordenó el registro de Check-In. No fue la única vez que la policía de la Generalitat topó con esta empresa. En otra ocasión estuvieron a punto de cazarles cuando se disponían a intervenir los teléfonos de un conseller. Un falso movimiento del chófer del coche policial alertó a los espías de que estaban siendo seguidos y pusieron tierra por medio.

El sumario del juez Aguirre pone de manifiesto que el espionaje era una función calculada en las actividades de JR. En varios registros se localizaron altillos con bolsas de deporte azules llenas de cintas Sony, como las del apartamento-zulo de Arturo Piñana (sito en la calle Can Solans, número 28-Casa 7 de Sant Just Desvern). Pero, quizá, la primera vez que JR concentró todos sus servicios de espionaje fue en el caso de Carles Vilarrubí. «Aquello no se pudo hacer por menos de 4 millones», señala un experto de los mossos.

Como escribió Balzac: «Muy bella cosa es el oficio de espía cuando se ejerce por cuenta propia y en provecho de una pasión. ¿No es tanto como permitirse los placeres del ladrón sin dejar de ser persona honrada?».

El magnate siempre ha sido un auténtico admirador de los gadgets electrónicos. En Quail España se llegaron a intervenir visores nocturnos, entre cintas, baterías y micrófonos de alta sensibilidad. Check-In efectuaba para él y sus abogados un barrido semanal en busca de micros y de pinchazos en sus líneas telefónicas, generalmente los miércoles. Su mesa de caoba en Quail —de estilo clásico y que recuerda vagamente a la mesa del despacho oval de la Casa Blanca— tiene dos detectores de grabadoras. Incluso llegó a instalar en el marco de la puerta de su despacho un sofisticado aparato alemán que detectaba las grabadoras de los visitantes por muy silencioso que fuera su motor.

Coincidiendo con la estancia de De la Rosa en prisión, los empleados de Alvarez tuvieron que utilizar toda su capacidad de persuasión para convencer al ordenanza filipino de JR —ataviado con un estricto chalequito a rayas—, que insistía: «El señol no está. No estoy autolisado», de que les dejara entrar en su despacho. Al filipino le parecía muy raro que, tras dos meses de ausencia, alguien viniera a hacer obras en las oficinas. Unas cuantas llamadas a Alvarez y otras de éste al abogado Juan Piqué Vidal bastaron para que comenzara el tendido de las líneas con secráfono (terminal telefónico que protege contra posibles pinchazos en la línea). La instalación, que se efectuó en diciembre de 1994, incluyó un aparato en la sauna del despacho. Desde 1989, las oficinas de Quail contaban con un «criptógrafo digital» (codificador de mensajes) de fabricación estadounidense que De la Rosa hizo instalar convencido por Alfonso Cortina, consejero delegado de Portland Valderrivas, en los buenos tiempos de Cartera Central[2].

EL ESTILO CHICAGO

Los dossiers, las fotos y las cintas localizadas con la irrupción de la policía judicial en Quail y en el zulo de Piñana no tienen trascendencia para la causa judicial abierta por la descapitalización de Grand Tibidabo. Sin embargo, sí tienen el valor de prueba ontológica. Confirman sin equívoco posible —y ante un juzgado— un método de hacer negocios basado en las cartas marcadas y la extorsión, al más puro estilo de Chicago.

De la Rosa encargaba a detectives y a ex miembros de la seguridad del Estado que espiaran para él a políticos y empresarios. Entre los espiados figuraba el ex superministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga Catalán. El dossier del ex ministro incluía sus supuestos negocios y los de su esposa, Gloria Barba (directora de la empresa pública Focoex), además de una foto en color de ambos, todo lo cual figura en el sumario del «caso Grand Tibidabo».

Además de muchas debilidades de personalidades kuwaitíes, entre las que destaca el sexo y el alcohol, el zulo de Piñana también contenía un informe de dos folios de una agencia de detectives sobre Eduardo Martín Toval, relativo a la época en que éste era portavoz del PSOE en el Congreso de Diputados. El espionaje al político malagueño incluía sus dos casas, las relaciones con su ex esposa, sus ingresos…

Las pesquisas judiciales tropezaron con otro curioso hallazgo: una investigación sobre el periodista Francisco Marhuenda, de ABC-Cataluña y antiguo colaborador de Economist & Jurist, una revista jurídica editada por el despacho Piqué Abogados. Marhuenda se ha caracterizado siempre por su defensa a ultranza de De la Rosa en sus escritos. Ello viene a desvelar la existencia de un elemento paranoico en las actividades de espionaje de Jotaerre. Siempre le interesó lo que opinaban a sus espaldas los más allegados. Se trataba de un detalle revelador de su personalidad, una combinación de inseguridad y paranoia que se convertía en una verdadera tortura para las personas que tenía más a mano.

Durante varios años, la afición del «jefe» por el espionaje se completaba con la que igualmente practicaban algunos de sus amigos, como Prenafeta o Piqué. Este último controla las empresas Privacy y Enterprise Investigation, dirigida esta última por el ex guardia civil Sebastián Martínez Ferraté; su objeto social es la prestación de servicios de investigación y compartió sede en el mismo edificio que el bufete del abogado. El penalista Piqué tiene también estrechas relaciones con Seprosa Servicios SA, otra de las más activas del sector, controlada por Felipe Gutiérrez Moreno, domiciliada en la calle Casanovas número 27 de Barcelona.

Como los recursos invertidos daban para mucho, también se dedicaban a controlarse unos a otros. En una ocasión, Piqué facilitó a Prenafeta un dossier sobre el semanario satírico en catalán El Triangle para que se lo entregara a JR. El objetivo de Piqué era desacreditar ante el capo al otro abogado y rival, Juan José Folchi, demostrando que éste era socio fundador de El Triangle. JR, en la cúspide, se reía de todos, pues ya conocía los detalles antes de que sus fieles servidores se los llevaran a la mesa.

En los registros ordenados por el juez Aguirre también se localizó información «clasificada» de entidades financieras como La Caixa, Banco Santander, Central-Hispano o Banesto. De la Rosa negó la existencia de estos dossiers como tales y los calificó de «informes comerciales».

«¡En la vida, para ganar, hay que ponerse de mierda hasta el cuello!», ésta era una de las divisas preferidas de Jotaerre, que largaba a discreción cuando alguien ponía mala cara a alguna de sus instrucciones. «A ése le tengo yo bien pillao. Y no por donde él se cree, sino por el dinero que tiene en Suiza…» Uno de los agentes del orden de los que presumía tener en nómina era el comisario Alberto Elias, quien, al enterarse de lo que De la Rosa iba diciendo de él, tuvo algo más que palabras con el financiero.

Los servicios que De la Rosa demandaba de Check-In y las vinculaciones de Paco Alvarez («Gálvarez») con Interior llevaron al Gobierno a investigar los servicios que el coronel Juan Alberto Perote Pellón, ex miembro del Cesid y amigo de Mario Conde, prestó a Check-In a través de la empresa ZPA Servicio de Informes Técnicos SL[3]. Perote, procesado por la filtración de cintas con grabaciones ilegales del Cesid, entre las cuales figuraban conversaciones del Rey, tuvo diversos encargos de Check-In relacionados con JR. Perote era, al parecer, una de las piezas clave de la venganza de Mario y Javier tramada en los llamados «pactos de “La Salceda”». Desde su expulsión del Cesid, en 1991, Perote había prestado servicios al ex presidente de Banesto y a De la Rosa.

No era la primera vez que eran descubiertos los métodos de Jotaerre. Poco después del cese de sus gestores españoles, los kuwaitíes Al Bader y, sobre todo, Najid al Ibrahim llegaron a sus despachos de Grupo Torras, en Barcelona, y comenzaron a negociar con De la Rosa. Pronto dedujeron que sus teléfonos estaban pinchados e indicaron a su compañía Quasar Seguridad, filial al 99 por ciento de Torras, que practicasen un «barrido» de sus teléfonos y despachos. El ex comandante del Cesid Juan Antonio Díaz Molist era el responsable de la seguridad, aunque luego, a través de la sociedad Top Risk (licencia 1706 de Interior), continuaba dando escoltas y chóferes a la familia De la Rosa[4]. Los kuwaitíes no daban crédito a todo aquello: primero descubrieron a una secretaria en Madrid que grababa las reuniones de los nuevos gestores de KIO para JR. Luego nadie supo explicarles cómo había un pequeño habitáculo (dos pisos por debajo de la centralita de teléfonos de Torras) en los sótanos del vetusto edificio en el que había material para grabaciones y evidencias de que les habían pinchado los teléfonos. El equipo de seguridad aseguraba desconocer que De la Rosa espiaba a los kuwaitíes en su propia casa, pero era fácil saber quién tenía capacidad para moverse por allí. Los materiales, las pruebas señalaban con el dedo a Alvarez y a Jotaerre.

Paco Alvarez frecuentaba la compañía de Arturo Piñana Bo, el secretario particular de Jotaerre, y de un extraño personaje, Carlos Vicente Marín Cascudo, un gallego que tenía línea directa con el magnate. Marín, economista y master en IESE, curiosamente siguió como brazo derecho de Raúl Chamorro, el nuevo gestor de Torraspapel, tras el relevo de JR; eso sí, como director de personal. De él siguieron dependiendo las empresas de seguridad Protego (junto a José Arroyo Jiménez) y Capsesa, controladas aún por Torras a través de Afita (Aglomerados, Fibras y Tableros), una interpuesta o tapadera que elude las suspicacias por el origen árabe de su capital[5]. Actualmente está muy endeudada con la Seguridad Social y Hacienda.

De Piñana y Marín dependían las cuestiones de inteligencia del financiero, en las que a menudo intervenía personalmente. Muchas tardes era el propio Jotaerre quien escuchaba directamente los informes que le traían de un montón de agencias de detectives. A su alrededor había construido una «lonja de secretos», siempre por cuenta de Torras. En sus años dorados, los del pelotazo, tanto en Madrid como en Barcelona cualquier detective, espía o comerciante de rumores, verdaderos o falsos, sabía que en De la Rosa tenía un cliente siempre dispuesto a comprarlo todo. Con esas informaciones en sus manos, él se encargaba de gestionarlas, haciendo saber a los competidores que si se oponían a sus planes su imagen pública podría salir muy dañada.

Su obsesión por la seguridad le hizo llevarse a sus escoltas a un cursillo de conducción evasiva en Londres, del que volvieron con sofisticado material de comunicaciones Argén, el mismo que usa el MI-5 británico.

De la Rosa podía contar con una red asociada que le suministrara material tecnológicamente avanzado. Se trataba de ISDS Ibérica, un invento del abogado Juan José Folchi Bonafonte (su hermano Carlos era apoderado de la compañía) , bien relacionada con alguno de los mejores agentes del Mossad israelí, como Ricardo Norberto Guelman, de origen argentino. Fuentes de la compañía le consideran un «comercial que se las da de espía» y recuerdan que su relación con Israel es escasa desde que las deudas de sus negocios de lavandería le hicieron imposible quedarse en el país.

En ISDS Ibérica, radicada en la calle Balmes, número 152, de Barcelona, figuraban como consejeros el general Luis del Pozo y Pujol de Senillosa (primo del político fallecido Antonio de Senillosa), el administrador único de Aciesa, Albert Freixa Vidal, y el policía Joaquín Torrado, ex miembro del Cesid, una institución cuyo lema es, precisamente: «Saber para vencer».

ISDS Ibérica se organizó como filial española de la israelí International Security and Defense Systems (ISDS Ltd.), cuyo presidente es Leo Glaser, un coronel en la reserva del ejército israelí, auténtico cerebro de sus operaciones internacionales e implicado en la «guerra sucia» en diferentes países latinoamericanos. Los Folchi entraron en relación con ISDS a través de los contactos que Josep Miró Ardèvol, cuñado de Folchi y ex conseller de Agricultura de la Generalitat, tuvo con empresas de seguridad israelíes. Los Folchi participan en ISDS a través de su holding de inversiones General Investment.

Las sospechas de pinchazos efectuados en el teléfono del rey Juan Carlos, en conversaciones con sus amigos Manuel Prado y Colón de Carvajal o Zourab Tchokotoua, movieron a la Casa Real a contratar, en 1990, los servicios de ISDS Ibérica para instalar varios secráfonos que protegieran las conversaciones telefónicas del Monarca. Se compraron cuatro aparatos. La decisión fue adoptada por Sabino Fernández Campo, en aquella época jefe de la Casa Real.

Para asuntos nacionales, Jotaerre disponía de los servicios del teniente coronel Francisco Acín Gallego, uno de los grandes del contraespionaje español en la última década. Acín, contratado como jefe de seguridad de Explosivos Río Tinto-Ercros en 1987-1988, prestó brillantes servicios al Cesid, entre ellos la detención de varios espías de la Unión Soviética entre los años 1977 y 1982. Acín acabó rompiendo con Jotaerre al no prestarse a determinados servicios. De igual modo, el general de la Guardia Civil Fernández Romero colaboró con Quasar y con Piñana en trabajos especiales de JR.

CAPITULO DIECINUEVE

UNA CLINICA PARA MERCEDES

Beatissime Pater, Procurator Generalis Congregationis S. Petri ad Vincula, archidiocesis Barcinonensis, a Sanctitate tua humiliter implorat facultatem alienandi pro summa 950.000.000 pesetarum, escribía la Congregación de San Pedro ad Vincula a la Sacra Congregación en favor de la Religión y los Institutos Seculares del Vaticano en Roma. El documento en latín pedía autorización para enajenar «según su arbitrio y conciencia» la finca de «Torre Vilana», antiguo Asilo Durán, en el barrio de Sant Gervasi de la Ciudad Condal. De la Rosa había llamado a las puertas de la orden religiosa con 950 millones de pesetas y las trompetas de Jerusalén sonaban para él.

La Santa Sede dio su venia y la venta de «Torre Vilana» se hizo el 2 de noviembre de 1989. La sociedad Anfibol, compuesta por profesionales de la Clínica Teknon, de la que Mercedes Misol era gerente, pagó 712,5 millones y Quail España puso otros 237,5 millones. Los padres de San Pedro ad Vincula perdían la finca Vilana 12, de Barcelona (un lugar bucólico, lleno de árboles y con un edificio decadente que fue asilo de ancianos durante décadas) e ingresaban a cambio una cantidad muy sustanciosa, nada menos que 950 millones de pesetarum.

Jotaerre siempre ha tenido un especial feeling hacia las congregaciones religiosas que apostaron por sus empresas y perdieron un pellizco de su patrimonio con sus atrevidas inversiones. Un rosario de conventos se quedaron atrapados en las inversiones de Torras y Grand Tibidabo. Algunas de estas instituciones aseguran que ignoran ser titulares de paquetes accionariales, por lo que cabe la posibilidad de que fueran utilizadas para aparcar la titularidad de estos valores. «Nosotras hemos hecho votos de pobreza. No le hemos comprado acciones a nadie. ¿Está usted de broma?», afirmaba incrédula la secretaria de las Esclavas del Sagrado Corazón, titulares de 11.691 tibidabos, como se conocía en bolsa a las acciones de Grand Tibidabo.

LAS ACCIONES DEL CLERO

El omnipresente notario de los negocios de JR, Miguel Tarragona, certificó la lista de accionistas en la junta de Grand Tibidabo del 30 de junio de 1994, de la que resultaba que el Instituto Hermanos de San Gabriel, con 75.789 títulos, era el quinto accionista de la empresa que presidía De la Rosa. La retahila de órdenes y conventos es espectacular: Convento Santa Angustias Ermitaeas, 2.093 acciones; Congregación Oratorio San Felipe Neri, 2.443 títulos; «CRM» de Santo Domingo, 11.081 acciones; Parroquia San Juan Bautista, 3.493 títulos; Escola Pía de Catalunya, 11.691 acciones; Mercedarias Misioneras de Berritz, 6.293 títulos; Comunidad Carmelitas de Ayala, 13.818 títulos. Sólo en Grand Tibidabo, monjas y curas controlaban 164.382 acciones, que en los buenos tiempos eran unos 300 millones de pesetas y que ahora son humo.

«Todo esto es muy raro. Nosotras vivimos alejadas del mundo. ¡No puede ser!», reflexionaba sor Encarna, de Agustinas Misioneras, al ser informada de su condición de accionista de Grand Tibidabo-CNL. De la Rosa, como si pretendiera emular a Mendizábal con la desamortización de los bienes eclesiales de 1836, involucró a otras organizaciones religiosas que aparecen como acreedores de Grupo Torras en el momento de la suspensión de pagos. Entre ellas, la Provincial Tarraconense de la Compañía de Jesús, con deudas por 17,1 millones de pesetas; RRS Sagrado Corazón de Jesús, con 16,5 millones; el Ordinario de la Diócesis de Lleida, 8 millones; el Arzobispado de Barcelona, 3 millones; el de Toledo, 3 millones, y las Hijas de María Auxiliadora, con 1,5 millones de pesetas. Catorce conventos y los arzobispados de Barcelona y Toledo, atraídos por el ruido bursátil de los mahometanos de KIO…

Estas buenas relaciones sirvieron sin duda para facilitar la compra de «Torre Vilana», donde debía llevarse a cabo el gran sueño y la gran promesa de Javier de la Rosa a su esposa Mercedes: un hospital que fuera el orgullo de ambos, la obra magna que les consagrara ante la sociedad barcelonesa como unos proceres enraizados con la misma. «Un hospital de nivel», explicaban juntos a sus amigos. Tras comprar los terrenos había que solucionar los problemas de urbanismo que impedían levantar el faraónico capricho de Mercedes.

Para cualquier españolito aquello era imposible, aunque De la Rosa asombraba a todos al asegurar que lo tenía todo «bajo control». La finca nunca tuvo licencia de parcelación y tenía la calificación de «inedificable» según el Plan General Metropolitano. Sin embargo, los De la Rosa la solicitaron al Ayuntamiento de Barcelona. El financiero inició contactos con la constructora Huarte para que levantara el edificio diseñado sobre una superficie de 13.561 metros cuadrados y provisto de una volumetría que sobrepasaba lo legislado para esa zona residencial de la burguesía barcelonesa más tradicional.

El Ayuntamiento hacía oídos sordos a sus peticiones. Un día, De la Rosa no aguantó más el desamor del alcalde barcelonés, Pasqual Maragall, y se plantó en su despacho de la plaza de Sant Jaume:

—Me estás destrozando la vida. Mi mujer no duerme desde hace una semana y esto irá de mal en peor hasta que nos dejes construir la clínica —dijo exigente aquella mañana de invierno de 1991.

—Cuando entre usted en el despacho del alcalde, lo primero que debe hacer es tratarle con el respeto debido y ponerse a sus órdenes. ¿Qué se ha creído? ¡Fuera! —gritó Maragall en un agudo que sus bedeles todavía recuerdan.

Al salir, De la Rosa dio un portazo monumental. Un hito en la historia del Ayuntamiento democrático barcelonés. Lo nunca visto. Aquélla era la segunda vez que le trataban como un pelanas en el despacho del alcalde. La primera vez el encontronazo había sido con Narcís Serra.

Algunas horas después, unos cuantos empresarios se esforzaban en cruzar el Rubicón para Jotaerre. Entre ellos Pere Durán Farell, presidente de Gas Natural. «¿Qué le has hecho a Javier?», preguntaban al todavía enfurruñado Pasqual Maragall. Lo que Maragall no sabía es que, años después, el financiero construiría su propia versión del incidente, según la cual fue el alcalde olímpico quien trató de hacerle chantaje para obtener 1.000 millones con los que financiar la Olimpiada Cultural a cambio de la licencia de obras para la clínica. La verdad es que todos los intentos para que el todopoderoso De la Rosa aportase un granito de arena a la Barcelona del 92 fracasaron en sus primeros compases.

Los vecinos de la Clínica comenzaron a movilizarse contra los proyectos de Jotaerre. Mientras, los compradores de la finca cedían sus derechos a la sociedad Mexans, que promovía un Plan Especial para solucionar los inconvenientes urbanísticos. Pero autorizarlo implicaba sobrepasar los 9,15 metros de altura máxima legal hasta los 18,5 que debía medir el edificio proyectado. Además, la edificación se hacía a costa de unos jardines que constaban en el catálogo del patrimonio de la Ciudad Condal. Pese a todo, la Comisión de Urbanismo de la Generalitat concedió, por vía subrogatoria, la licencia de obras el 1 de julio de 1991. La autorización saltaba por encima de las competencias municipales. Aquélla era una concesión muy «política», puesto que existía un informe negativo del Ayuntamiento de Barcelona, vulneraba el Plan General Metropolitano y además dejaba fuera del beneficio de la reforma al resto del vecindario. Fue un traje a medida que evidenciaba un trato de favor por parte de la Generalitat.

La Comisión de Urbanismo aprobó «por trámite de urgencia» el Plan Especial, y en un tiempo récord de sólo seis días el acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Generalilat. Habitualmente se considera normal un periodo de tres meses para cualquier asunto similar.

LA OBSESION DE MERCEDES

Mercedes apretaba a Javier con la obsesión de la clínica. Los contactos internacionales cuajaron una alianza con un gigante de la sanidad: National Medical Enterprises (NME), que buscaba una implantación en Europa. Quail y NME acordaron una joint venture, al 50 por ciento, para construir un hospital de 188 camas, con un coste de 5.600 millones de pesetas. El acuerdo se firmó el 30 de septiembre de 1991. Los De la Rosa eran felices.

Pero la irritación de los vecinos iba en aumento y recurrieron al juzgado. Concretamente al de Primera Instancia número 5, de Barcelona, que decretó, a primeros de diciembre de 1991, la paralización de las obras atendiendo a sus peticiones. De la Rosa estaba excitadísimo. Una noche acudió al domicilio de Armand Basi, un conocido empresario textil aficionado a la caza mayor cuya casa linda con la clínica, y le amenazó: «Tú no sabes lo que se os va a venir encima si no deponéis vuestra actitud contra mí».

Los abogados de De la Rosa demandaron a los vecinos reclamando daños y perjuicios. En el escrito se habla de «cincuenta y un días de paralización» de las obras, aunque éstas se reanudaron el 7 de enero de 1992, es decir, mucho antes de lo que afirmaban los letrados. El juzgado falló contra los vecinos y mantuvo el curioso argumento de que las obras de un hospital, aunque sea privado, son «una obra social».

Uno tras otro, los inconvenientes eran salvados y Mercedes tocaba su sueño, ya convertida en presidente de New Teknon, la sociedad mixta con los norteamericanos de NME. Esta compañía obtuvo un crédito hipotecario de La Caixa por valor de 3.600 millones de pesetas que hacía viable la construcción del complejo hospitalario. El préstamo hipotecario constituye un ejemplo inaudito de los privilegios que algunas entidades otorgan a los poderosos con influencia. El consejo de administración de La Caixa aprobó, con fecha 26 de septiembre de 1991[1], la concesión de un crédito a una empresa que todavía tardaría diecinueve días en constituirse ante notario. Exactamente lo hizo el 15 de octubre del mismo año, ante el notario Joan Rúbies Mallol. Curiosamente, el importe prestado —3.600 millones— doblaba el del contrato de obra suscrito con la constructora Huarte, que era de 1.425 millones.

La sociedad gestora tomaba forma y apariencia. En el consejo de New Teknon se insertaban los tradicionales colaboradores de De la Rosa: Santiago Tomeo, Alfons Maristany, casado con una hermana de Mercedes Misol, y el abogado Juan José Folchi, a la postre secretario del consejo.

Además del crédito, el proyecto necesitaba aportaciones dinerarias, y eso suponía un problema para De la Rosa, por lo que las relaciones con los enviados de NME empeoraron. Los norteamericanos descubrieron que una aportación de 350 millones supuestamente efectuada por Quail no procedía de sus cuentas, sino de las de Grand Tibidabo. Por aquel tiempo, De la Rosa era presidente de Grand Tibidabo y se inventaba auténticas películas de reestreno para demostrar a los norteamericanos de Santa Mónica (California) que la ampliación no era necesaria porque su crédito con La Caixa era «ilimitado».

La ira de los vecinos de la clínica iba en aumento ante la presencia de las excavadoras, las hormigoneras y la tala de árboles. Tanto que aquellas Navidades enviaron felicitaciones alusivas a todo el mundillo político catalán. Con una foto del edificio en construcción ironizaban sobre la destrucción patrimonial que se había producido en la zona. La esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, les devolvió la cartulina con una nota en la que les contestaba que: «Esto es cosa del Ayuntamiento». Aquel grupito de burgueses, buena parte de ellos votantes de CiU, no daba crédito a tanto cinismo. Macià Alavedra, Jordi Pujol, todos les volvían la espalda, especialmente Miquel Roca, secretario general de Convergència, al que los vecinos relacionan como verdadero cerebro de la recalificación manu militari. La plana mayor convergente se retrató en la colocación de la primera piedra del hospital privado diseñado como un templo de lujo con diecisiete suites para parteras pijas.

La presión siguió sobre aquella revuelta de burgueses. Fueron objeto de querella por parte de Arturo Piñana, el secretario de JR, por su actitud levantisca ante las obras, y también condenados a pagar a Jotaerre 14.300.000 pesetas como «lucro cesante» por la paralización de las obras. Al final, tras varios recursos, la Audiencia de Barcelona les absolvió[2] e incluso condenó al querellante en costas, lo que constituyó la primera de una serie de victorias judiciales que han dado la razón a los vecinos de forma irrefutable. Juan Piqué Vidal puso otra querella por injurias y calumnias que cayó en el juzgado de Luis Pascual Estevill, el magistrado que se dejaba invitar en el hotel Ritz por Jotaerre. El polémico juez interrogó, uno por uno, a los veintiún vecinos «con la evidente intención de intimidarnos antes de archivarla. En esa época tuvimos todo tipo de presiones físicas y legales», recuerdan José Giner y Eberhard Flamme, dos de los vecinos.

INAUGURACION Y QUERELLA

El gran día de la inauguración llegó el 17 de febrero de 1994. Justo cuando la Audiencia Nacional obligaba al juez Miguel Moreiras a admitir la querella de KIO-Torras contra JR, Jordi Pujol le distinguía con vivas muestras de afecto en la inauguración oficial de la Clínica Centro Médico Teknon, a la que faltaron los representantes de NME por discrepancias con De la Rosa. La tensión entre socios estaba a punto de estallar.

En aquel lluvioso mediodía, Mercedes ofreció una macetita con pensamientos y narcisos sin cortar a Marta Ferrusola, que es dueña de una floristería y está en contra de las flores sin vida. Pujol, desde el entarimado, preguntó a Mercedes Misol: «¿Dónde está Javier?», y al localizarle en una discreta posición entre el público se acercó a saludarlo deferentemente. El president de la Generalitat incluso pasó por alto el lapsus linguae de Enrique Sarasola, invitado de honor junto a Alfredo Fraile. El broker del poder le espetó un «¿cómo está, venerable?», en lugar del honorable de rigor protocolario.

Aparecieron innumerables desavenencias sobre las aportaciones entre socios al capital de New Teknon. De la Rosa sufría el agobio de una liquidez asfixiada por los problemas de Grand Tibidabo. Sus días estaban contados en la presidencia. Había que salir como fuera y ordenó la venta de su 50 por ciento de la clínica a Grand Tibidabo, en un intento de reducir su propio endeudamiento privado con la sociedad que presidía.

La reacción de NME fue muy enérgica: «Iremos a los tribunales por vulnerar nuestro derecho preferente para comprar el 50 por ciento en manos de De la Rosa». Los norteamericanos negociaron duro, bien y deprisa, y el 6 de julio de 1994 recuperaron el paquete que les otorgaría el 100 por cien. Además, por sólo 1.200 millones, cuando De la Rosa se lo había colocado a la maltrecha Grand Tibidabo en 2.200 millones, lo que sustanció uno de los razonamientos de su procesamiento por la descapitalización de la sociedad.

Pero si aquella operación teñía con 1.000 millones en números rojos la contabilidad de Grand Tibidabo, proporcionaba en cambio beneficios de 625 millones a Mexans, empresa que era propiedad al 99,97 por ciento de Quail España, el meollo privado de Jotaerre.

El intento de pirula quedaba abortado por las exigencias de NME, aunque les quedaba una difícil asignatura pendiente, que era hacer desaparecer a Mercedes, el alma de la clínica. Esa misión le tocaría a Rubén Fernández, el hispano-estadounidense nuevo administrador del centro.

Tras modificar varias veces los criterios de la venta a Grand Tibidabo, De la Rosa acabó por venderles los sótanos de la clínica por 1.800 millones contra cancelación de 2.200 millones de sus deudas. Pero, al mismo tiempo, contraía un compromiso con NME, cediéndoles una opción de compra por sólo 1.300 millones a diez años y con cláusulas de revisión mínimas. O sea, que en la práctica reconocía que los sótanos valían 1.300 millones y que los había vendido sobrepreciados. La compra fue una decisión graciosa del primer accionista de Grand Tibidabo, que no pidió siquiera autorización al consejo.

Esta dolosa compra-venta de los 6.880 metros cuadrados de sótanos del edificio de la clínica se hizo el 31 de diciembre de 1993, a pesar de que la propiedad está afecta a un derecho de superficie de la nueva New Teknon, ahora propiedad de los norteamericanos. Grand Tibidabo compraba aire. Los sótanos estaban además hipotecados por el préstamo de La Caixa de 3.600 millones, y el derecho de opción de compra hasta el 2003, aceptado por Juan Cruells Mercadé, en nombre de Grand Tibidabo, les dejaba atados de pies y manos como propietarios a su pesar de un subterráneo para aparcamientos invendible. La vendedora, Nueva Madrugada, aceptó en el acto de compra-venta unos pagarés de Quail que figuraban inertes en las arcas de Grand Tibidabo. Los pagarés ascendían, en importes líquidos, a 2.070 millones de pesetas, que naturalmente se restaron a las tremendas deudas de De la Rosa con la compañía. El texto de los pagarés (sin intervenir por fedatario) demuestra que eran más bien «vales de caja» que tomaba a su albedrío. Firmados por Arturo Piñana, un simple folio reconoce: «Quail España pagará a Grand Tibidabo la suma de pesetas… el día… fijando como domicilio de pago el arriba indicado». Más rápido que rellenar un talón bancario.

El 5 de noviembre de 1994, con De la Rosa en la cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña daba la razón a los vecinos de la clínica y anulaba la resolución de la Generalitat que autorizaba la construcción del edificio. La querella había costado años de esfuerzo al abogado Joaquim de Ribot, y con el fallo se formuló la petición de la demolición parcial del edificio al Ayuntamiento.

EN LA UVI

Junio de 1993. Se aproxima la fecha de la junta de accionistas del Consorcio Nacional del Leasing (CNL) y crece la evidencia de que Javier de la Rosa ha utilizado más de la mitad de los fondos propios del holding para autofinanciarse o para alimentar operaciones y negocios de empresarios afines, como las herencias de Prima, las operaciones de Ramón Fiter Autet o los apoyos a la familia Matutes. El día de la junta, tras un suntuoso tapiz trasladado ex profeso al hotel donde se celebró la reunión, De la Rosa cometió el error de prometer dividendos «cuando nuestras inversiones maduren», con lo que se armó la gran bronca. Jotaerre llevaba semanas aplacando las iras de las comerciales de CNL, pero allí se soliviantaron ante su soberbia. Emilio Cassinello Auban, ex dirigente del PSP de Enrique Tierno Galván y ex comisario de la Expo ’92, acababa de incorporarse al consejo de administración y no daba crédito a sus ojos al ver cómo los accionistas que deseaban interpelar al consejo se veían obligados a subir al estrado por una inestable escalera.

Cassinello había sido captado por De la Rosa con una jugosa nómina de 50 millones al año y cantos de sirena sobre su función rectora de un holding de comunicación multimedia. La oferta le llevó a renunciar a su cantado nombramiento como embajador de España en Londres, para cuya designación el Gobierno de Madrid había obtenido ya el placet británico. «Hubiera sido idiota de no aprovechar la oferta», dijo en una de las frases menos afortunadas posibles en boca de un diplomático. No sabía que, mientras presumía de ser el nuevo responsable de la división audiovisual de Grand Tibidabo, De la Rosa ya había vendido, por debajo de la mesa, la inversión más importante, el 25 por ciento de Tele 5. Por entonces, Juan José Folchi dejaba discretamente el consejo de Grand Tibidabo.

El cierre del ejercicio 1993 provocó importantes discusiones entre consejeros y directivos de la compañía. El consejero Florencio Cerdà Poch (hijo de la antigua presidenta de CNL) y el secretario y consejero Modesto Llopis de Aysa dimitieron a finales de noviembre convencidos de que la bicicleta financiera de Javier de la Rosa no podía acabar bien. Prueba de la desconfianza de los dimisionarios es que —como Carles Vilarrubí había hecho más de dos años antes— acudieron a un notario para que certificara su salida de la compañía en el momento en que se produjo, «ni medio minuto después», confesaba Cerdà a su secretaria.

La dimisión de Cerdà tuvo lugar a raíz de que la Dirección General de Seguros revocase la autorización para que Consegur, filial de Grand Tibidabo, pudiera seguir operando en el sector asegurador. La compañía aseguradora fue obligada a disolverse y a devolver a los asegurados las primas por haber utilizado los 300 millones de reservas que Consegur debía mantener en caja[3].

El hueco gestor dejado por Cerdà fue ocupado por Joan Cruells Mercadé, un ejecutivo gris que llegó a CNL de la mano de Martín Oviedo y que estaba destinado a hundirse en la barca, fiel al amo De la Rosa. Junto a Cruells, que dejó cartas con faltas de ortografía en varias redacciones de periódicos (escribe, por ejemplo, embergadura), otro personaje adquiría protagonismo en Grand Tibidabo: Carles Malfeito Bonet, hermanastro de la esposa de Macià Alavedra, el todopoderoso conseller de Economía y comisario del parque de Tarragona, que fue fichado como «coordinador». Casi a la vez, tomaron posiciones en el holding Daniel Valencia, el marido de la secretaria de De la Rosa en Quail (Rosa Garrido), y el propio hermano de Mercedes Misol, Pedro, que asumió el cargo de jefe de mantenimiento de Patsa, cien por cien Tibidabo.

Pagar los dividendos se convirtió en la cuadratura del círculo. El impago de los dividendos podía significar que cualquiera de los deudores tomara el temido camino del juzgado. De la Rosa obtuvo un hipotecario sobre la propia sede de la compañía y con los 400 millones de dinero fresco del crédito pagó los dividendos. El equipo gestor de Jotaerre cerró el ejercicio del 93 con 621 millones de beneficios, pero los auditores devolvieron las cuentas de la compañía a Grand Tibidabo por impresentables. Inmediatamente, los gestores rectificaron y reconocieron 605 de pérdidas donde antes certificaban 621 millones de beneficios. Los auditores sentían una espada de Damocles sobre sus cabezas: transigir podía llevarles a la cárcel; no hacerlo suponía enfrentarse a JR. Era la penúltima estación del calvario Grand Tibidabo.

Los pequeños accionistas escribieron desconsoladas cartas a Jordi Pujol y a Luis Carlos Croissier, presidente de la CNMV, al que reclamaban claridad sobre las cuentas de la compañía y su evolución en los mercados. Meses más tarde Croissier se justificaba ante los autores: «Hemos seguido a Grand Tibidabo con lupa. El número de requerimientos que les hicimos a Tibidabo no se los hemos hecho a nadie. Aunque lo que nosotros aprobamos era la OPA, no la compra en sí». Croissier, una vez encarcelado De la Rosa, se adentró en el terreno de la confidencia: «En una entrevista personal yo le dije: “Con eso que me estás contando de abandonar el leasing y adentraros en las inversiones en diferentes sectores, yo no compraría acciones de la compañía”. Él —recordaba Croissier— se enfadó muchísimo».

Tras el agujero en el Garriga Nogués y la tolerancia social hacia el «caso Grupo Torras», la vorágine de compras, troceos, recompras, pignoraciones, fusiones, pactos secretos y comisiones está a punto de convertirse en un ejemplo nada deseable de gestión empresarial integralmente parasitaria y vampirizadora de capitales ajenos. La reincidencia de Jotaerre hace añorar los postulados de los halcones de la política republicana en Estados Unidos, que defienden la imposición de una especie de código de Hammurabi inspirado en las reglas del béisbol: three strikes, you’re out («tres errores y a la calle»). Una regla que se echa a faltar en el mundo financiero español.

Como si interpretara un guión bien preparado, De la Rosa prepara su abandono de la presidencia. Prevé dejarla en manos del dócil Cruells, con el que será fácil firmar los últimos documentos que darán un baño de legalidad a la descapitalización operada desde su llegada a la compañía. Antes que a Cruells, De la Rosa ofreció infructuosamente la presidencia a Rafael Español, gestor de crisis en La Seda y próximo a CDC, y al primogénito de Jordi Pujol.

UN GANGSTER DE LOS NEGOCIOS

A las dos de la madrugada del viernes 13 de marzo de 1993 las luces de la planta 21 del edificio central de La Caixa, las torres negras, estaban encendidas. Ramón Fiter y el abogado Ginés María abandonaban poco después el edificio; acababan de vender a la inmobiliaria Colonial, filial de La Caixa, la cartera de aparcamientos propiedad de Urbas. Sin embargo, no estaban contentos. El botín era menor de lo que De la Rosa les había prometido. Los 11.000 millones se habían quedado en sólo 5.850, y de éstos, los representantes de La Caixa consiguieron arañar garantías auxiliares y además enjugaron las deudas del anterior propietario de Urbas, Eduardo Bueno, con 4.000 millones, que acabarían saliendo de Grand Tibidabo. El plan urdido por De la Rosa y el abogado Juan Piqué se basaba en poner de acuerdo a Bueno, íntimo amigo del juez Luis Pascual Estevill, con Fiter[4]. El pellizco se había quedado reducido a 1.850 millones de pesetas y a la propiedad de Urbas, que en realidad valía muy poca cosa.

Fiter y Jotaerre se sintieron engañados el uno por el otro. De la Rosa paró el envío de dinero de Grand Tibidabo cuando se llevaban prestados 2.425 millones. Por su parte, Fiter, que había depositado como garantía 1.698 millones en pagarés de la propia Urbas y 826 millones en títulos de su holding Fitinvest, decidió sustituirlos por otros pagarés, de Compañía Alimentaria Ibérica, que eran papel mojado. Se había actuado «torticeramente», como dice el auto que envió a Fiter a prisión. El Juzgado número 6 de Pamplona decretó, a instancias de los trabajadores de CAI, la quiebra con efectos retroactivos desde el 1 de abril de 1992.

Fiter recompuso su equipo. Para secundarle en la presidencia, colocó en el consejo a Josep Lluís Vilaseca Guasch, director general del deporte de la Generalitat[5] y a Juan Piqué Vidal, el sempiterno adlátere de Jotaerre, así como al hijo de éste, Juan Carlos Piqué Hernández, que se constituyó en secretario de la compañía. Para el cargo de nuevo consejero delegado se escogió a José Prior Cierco, un clásico en los negocios manejados por Piqué Vidal desde su participación mutua en Renta Barna.

En enero de 1994 Fiter vendió un 19 por ciento de Urbas a otro de los clientes más dudosos de Piqué Vidal, Miguel Castellví Gual, especializado en subastas judiciales de hipotecas, algunas de ellas investigadas por Hacienda. La familia Castellví tomó el resto del paquete accionarial de Bueno, pero no tardó mucho en enfrentarse con Fiter y sus manejos. La ruptura entre ambos grupos se produjo después de que los Castellví impusieran la firma Montagut-Pérez Costa y Rovira como auditora de Urbas, lo que tendría una importancia crucial para el futuro de la compañía. A pesar del fabuloso ingreso por la venta de los parkings, la inmobiliaria Urbas languidecía y sus auditores denunciaban prácticas irregulares en la firma y expresaban sus dudas sobre la continuidad del negocio. Algunos de los accionistas plantearon en la junta general de 1994, celebrada en Madrid, que la sociedad se encontraba en quiebra técnica, tras unas pérdidas de 451 millones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores investigaba la participación real de Fiter, escamada por una sanción anterior de 9,4 millones por incumplir la ley de OPAs con la aseguradora Mas Fondo Asegurador y por otro expediente anterior relacionado con Fitinvest y la sociedad instrumental Pamaica. Al final le sancionó con 20 millones de multa por haber rebasado la propiedad del 25 por ciento del capital que obliga a formular una OPA.

A pesar de los comentarios en su despacho, Piqué continuó al lado de Fiter en Urbas. En sus balances, las deudas de la empresa del primer accionista, Fitinvest, se cancelaron por la cesión de propiedades sobrevaloradas del grupo de Fiter. Incluso se detectó un caso en el que un antiguo empleado de Urbas actuaba como apoderado de la compañía vendedora.

Cuando el juez Aguirre dictó auto de prisión sin fianza para Fiter, no era la primera ocasión en que iba a la cárcel. Con una vida jalonada de suspensiones y quiebras, era lógico que así fuera. Fiter se trasladó a Madrid después de instar la quiebra voluntaria de una promoción inmobiliaria en Esparraguera. Una sentencia de la Sección 15 de la Audiencia de Barcelona, de fecha 31 de diciembre de 1991, le inhabilitó para el comercio desde que, en 1963, presentó la dudosa quiebra de un negocio de construcción. Años después dio su pelotazo con la aseguradora Grupo 86, que acabó desintegrándose y siendo liquidada, con un agujero patrimonial de 10.000 millones.

Muy dura es la opinión que de él tiene una de las mejores agencias de detectives de Barcelona, Detectives Vélez-Troya, que en septiembre de 1978 recorrió sus desastres e indagó en la época en que estuvo «comercialmente desaparecido». El informe concluye que «el interesado es hombre listo y aprovechado, sin escrúpulos y acomodaticio. En definitiva, un gángster de los negocios. Ponerse en sus manos es, comercialmente, exponerse a perecer de la peor manera». También añade una lista de antecedentes: talones sin fondos, quiebras, buscas y capturas, detenciones, estafas parcelarias y denuncias a ritmo de cinco diligencias judiciales por año.

Con este currículum, Fiter era un proscrito en la Barcelona financiera de los setenta, pero se rehabilitó con la llegada de la «apoteosis barroca del dinero» de los años 1986-1992. Incluso recibió la «Llave de Barcelona» por sus genialidades en bolsa de manos de un grupo de patriarcas locales. El retorno a la «vida activa» se produjo cuando Fiter, asociado al magnate suizo de las materias primas Marc Rich, tomó la mayoría de la cárnica Explasa, de Vic, muy cerca de Sant Julià de Vilatorta, de donde es natural. Al final, todo quedó en nada y Fiter entró con todo merecimiento en el escaparate de los horrores empresariales.

EL ZUMBIDO DE BAMSA

—Javier, págame lo prometido, todo lo que me debes! —vociferaba Antonio Asensio, presidente de Grupo Zeta, desde la cubierta de su yate a un Jotaerre fuera de sí que paseaba nervioso por su lujoso Blue Legend.

—Pero ¿quién eres tú para venirme a mí con ésas? ¡Con todo lo que he hecho por ti! ¡Si no hubiera sido por mí, ahora no estarías donde estás! —contestaba Javier de la Rosa desde su barco.

Los insultos, reproches y amenazas cruzaban las tranquilas aguas mediterráneas a primeros del mes de junio de 1992. El intercambio de artillería significó una ruptura en la relación entre Antonio Asensio y Javier de la Rosa en el mundo de los negocios, cuyo principal exponente era la sociedad Bamsa, en la que ambos ostentaban un importante paquete accionarial. Los planes de De la Rosa de lanzar una OPA sobre Bamsa abrieron importantes brechas entre sus socios, que incluían a las más ilustres familias de los negocios catalanes.

El incidente marítimo entre Asensio y Jotaerre —vecinos del mismo inmueble— tuvo lugar poco tiempo después de que Pedro Cuatrecases Sabata, que participaba en Bamsa a través de la sociedad Corsabe, se enfrentara también a «don Javier» por idénticos motivos. Cuatrecases, el patriarca del conocido bufete de igual nombre, llegó a agarrar al magnate por la solapa.

En aquel contexto, Luis Badía, primer ejecutivo catalán de Beta Capital, compañero de De la Rosa en la facultad y en los partidos de fútbol de la época juvenil, decidió que había llegado el momento de pasar cuentas. Badía le dirigió una carta en la que le exponía que no era un empresario, sino un funambulista «nefasto». La ruptura fue muy sonada. De la Rosa le condenó por aquella insolencia: «¡Bah!, Badía es un botiguerh [6], un Pepito Grillo en el mundo de las finanzas… Un mediocre que nunca hará nada».

La OPA sobre Bamsa fue autorizada por la CNMV el 17 de junio de 1992. Asesores Bursátiles, Beta Bolsa y AVB fueron los agentes, y Quail declaró tener un 22,55 por ciento del capital de la sociedad. La ampliación de capital —el punto de partida de la nueva Bamsa— permitió la entrada de importantes empresarios e industriales. El objetivo era la adquisición de participaciones en empresas pequeñas y medianas de todos los sectores con gran potencial de crecimiento, sin olvidar la obtención de importantes plusvalías para los socios de Bamsa, según recogía el folleto de presentación de la sociedad al inversor. «La inversión tanto en equipos de gestión como en recursos financieros en este tipo de empresas no sólo va a resultar un beneficio innegable para la economía de nuestro país en general, sino que puede resultar un magnífico negocio», explicaba el folleto. El venture capital interpretado por De la Rosa,… ¡casi nada!

Esta fue precisamente la idea que De la Rosa transmitió a los empresarios e industriales a los que captó para su negocio. Les prometió, a cambio de una inversión de 100 millones per cápita en Bamsa, que irían a negocios pequeños pero muy lucrativos, con unos beneficios rápidos y garantizados del 25 por ciento. Algunos picaron y acudieron a la ampliación de capital. El consejo de administración de la nueva Bamsa quedó presidido por De la Rosa y figuraban como vocales Javier Abadal Tarruella, que había sido subdirector general del Banco Exterior de España y que entró en Bamsa en representación de la sociedad Rentas Fijas; Antonio Asensio; Luis Badía; Juan Camp, ex propietario de Jabones Camp, Pedro Cuatrecases Sabata, por Corsabe; Pascual Gómez Aparicio, antiguo propietario de Inter; Javier Juncadella; Narciso de Mir; Ramón Sarda Pérez-Bofill, también de Rentas Fijas, y Carles Vilarrubí, de Trébol Condal, filial de la inversora de Manuel Prado. Jorge Ventosa fue designado consejero delegado de la sociedad.

Con algunas otras inversiones en marcha, De la Rosa lanzó a primeros de junio de 1992 una OPA sobre la mayoría del capital de Bamsa. Según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la OPA era amistosa y contaba con el apoyo de todo el consejo de administración. Asensio y Juncadella aseguraban que la operación no era en absoluto amistosa. De la Rosa pretendía pagar las acciones que fueran a la OPA con obligaciones de Grand Tibidabo, extremo que fue rechazado por algunos de los socios, que no sólo reclamaban el pago de esta transacción en cash, sino que exigían el pago de los beneficios prometidos. La CNMV no autorizó de entrada la operación, por lo que Jotaerre se vio obligado a cambiar los términos de la oferta y pagar las acciones en metálico. De la Rosa ofreció finalmente 1.340 pesetas por título, aunque no olvidó su viejo plan: «Yo os pago en metálico y reinvertís el dinero en obligaciones de Grand Tibidabo». Cuatrecases y Asensio no lo aceptaron.

Finalmente, De la Rosa pagó al presidente del Grupo Zeta mediante un talón de 25 millones de pesetas dirigido a una empresa participada por el editor denominada Delta Aviation. Esta sociedad, radicada en Madrid y cuyo consejero delegado es Félix Espelosín Peña, ingresó en su cuenta del Banco Bilbao Vizcaya un talón de Caixa de Barcelona, expedido por Coterma el 26 de julio de 1991, por la misma cifra. De la Rosa había pagado a Asensio la rentabilidad prometida pero con comisiones de operaciones descapitalizadoras de Grand Tibidabo, como plantea la causa judicial.

Tras la dimisión de CarLes Vilarrubí se produjo la de Pedro Cuatrecases en noviembre del mismo año, y en enero de 1993 la de Antonio Asensio, Luis Badía, Juan Camp y Pascual Gómez Aparicio. Meses después, tras la OPA de Grand Tibidabo, su director general, Joan Cruells, entró en Bamsa. Algunos de sus socios dimitieron de Bamsa siguiendo urgentes consejos de sus representantes legales: «Mira, tú no me preguntes por qué, pero yo soy tu abogado y te digo que debes dimitir ya. Aunque te tengas que enfrentar a él».

De la Rosa se fue quedando solo en Barcelona mientras su delirio, trufado de amenazas y desaires, le descubrió ante los demás con rasgos de evidente paranoia. «Todos están contra mí» era el eje motor de su mundo. Así hasta el día en que, entre la espada y la pared, abandonó la presidencia de Grand Tibidabo, al tiempo que se producía la venta de su principal activo, el parque Tibigardens. La explicación que dio a los accionistas fue insólita: «Por las críticas tendenciosas y poco objetivas que reiteradamente vienen publicando dos grupos de comunicación de Madrid […] emitidas por oscuras y desconocidas razones».

Lo cierto es que Jotaerre trataba desesperadamente de eludir una acción de responsabilidad y que, incapaz de hacer frente a pago alguno, ofrecía a Cruells su 26 por ciento en el capital de la empresa a cambio de la cancelación de sus deudas. El acuerdo por el que cedía sus acciones al precio simbólico de una peseta para resarcir a los accionistas de su funesta gestión fue papel mojado, un artificio para enmascarar su vergonzante salida de la compañía. Aquello era vital para dar credibilidad al nuevo consejo cooptado y decidido por el propio De la Rosa, que dejaba la pesada carga de Grand Tibidabo sobre los hombros de Cruells. Tras la venta de Tibigardens, más de 11.000 millones de deudas amenazaban a la compañía, desprovista de la joya de la corona.

Los guionistas del nuevo consejo recomiendan anunciar con carácter urgente la reorientación de las inversiones para disimular que tienen la caja vacía y unos activos sin valor. Para entonces, los títulos de los nueve mil sufridos accionistas de CNL que quedan entre las garras de De la Rosa han perdido el 90 por ciento de su valor. Algunos de ellos, sin duda los más decididos, exponen humildemente su papel de comparsas en la opera soap que el financiero esta protagonizando con la empresa: «Esta compañía ha sido utilizada como el banco privado del señor De la Rosa, a costa de nueve mil accionistas que somos, de alguna manera, el ahorro de Cataluña».

El ambiente está crispado. Una de aquellas tardes, De la Rosa recibe la llamada de un accionista díscolo al que no ha podido localizar anteriormente: «No me ha gustado nada eso que dices por ahí. Si te metes conmigo sabrás lo que es bueno». Las dos personas que están ante el financiero empalidecen. Las sospechas de tanto tiempo atrás eran ciertas: Javier es «Jotaerre». Pero, al trabajar para él durante tanto tiempo, el dinero había cerrado sus ojos y sus oídos.

«¡EL TIBIDABO ES MIO!»

El parque de atracciones del Tibidabo se había puesto de gala para dar la bienvenida a la temporada estival y la presentación de las nuevas atracciones. Era una noche calurosa y a la fiesta se había invitado a algunos de los más incómodos líderes de los pequeños accionistas en una hábil operación de relaciones públicas. Uno de los invitados, cómo no, era el ínclito Javier de la Rosa, que anduvo hosco toda la noche y, en cierto momento, irrumpió a gritos en la terraza, con una copa en la mano: «¡El Tibidabo es mío! ¡Todo esto es mío!». Los invitados estaban lívidos. Los fieles de Quail se apresuraron a retirar en volandas al jefe a posiciones mejor ventiladas en las que superar aquel incomprensible intento de emulación de Manuel Fraga, sin duda fruto de algún exceso etílico, según los testigos presenciales.

Son días muy tensos, en los que el balance de la compañía está sometido a los avatares más dudosos, como la presentación de dos diferentes cuentas de resultados del 93 a la CNMV, lo que determina que ésta exija a la compañía que explique de una vez y por todas su «situación financiera real y actual». A la confusión contribuye la salida del consejo de los hombres de confianza de De la Rosa, entre ellos Juan Piqué Vidal, que acaba colocando en la secretaría a su hijo Juan Carlos Piqué Hernández.

El auditor, Ernst & Young, presenta un informe previo en el que deja bien claro que los balances de la compañía no reflejan su patrimonio real; además, denuncia treinta salvedades graves, alguna de ellas relacionada directamente con los consumados manejos de caja única por parte de Javier de la Rosa. Esta auditoría marcará un hito como ejemplo de revolcón a un consejo por su actuación empresarial. Por contra, el balance de los tres años de gestión de De la Rosa al frente de Grand Tibidabo arroja un resultado positivo para su propio bolsillo de por lo menos 5.000 millones de pesetas.

La auditoría revela que Grand Tibidabo tiene pérdidas de entre 6.800 y 11.000 millones y plantea serias dudas sobre el futuro de la compañía. Por esos días, el propietario del restaurante de lujo barcelonés Vía Véneto se sorprende al ver cómo la otrora comitiva derrochadora compuesta por De la Rosa y su séquito de aduladores, en lugar del habitual caviar beluga, las almejas y el bogavante, pide unos bocadillos de jamón con cervezas en la barra del establecimiento. «¡Cosas veredes!», piensa el discreto Monge.

La agonía financiera había llevado a De la Rosa a malvender el helicóptero Trueno Azul, y cada día aparecían nuevos signos de penuria económica, como que la filial SA El Tibidabo figurara en el RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) por no atender un pago de medio millón de pesetas a uno de los proveedores de los restaurantes del parque de la montaña del Tibidabo, Ketchup World.

La Junta de accionistas se acercaba y había que organizarlo todo y deprisa, aunque todos sabían que había capítulos imposibles de enmascarar, como el relativo a Ramón Fiter y los préstamos para tomar Urbas, garantizados con pagarés de CAI, o el de Lista 16.

Joan Cruells, presidente de Grand Tibidabo, se atrevió a levantar el telón de la compleja junta del 30 de junio de 1994 en la que un millar de accionistas acabarían exigiendo a gritos: «¡A la cárcel!», «¡Sinvergüenzas!», dirigidos a un De la Rosa que prefirió navegar por la Costa Brava, sin prever que serían esos pequeños inversores quienes acabarían llevándole a prisión. De la Rosa era «el innombrable»; ni Cruells ni el secretario Piqué (hijo) hicieron referencia alguna a su nombre. Tenían instrucciones. «¡Trampa!, ¡trampa! ¡Que devuelva lo robado!», gritaba encendida la masa accionarial. El atribulado Cruells relacionaba los endémicos males de una gestión malintencionada con el «perjuicio que nos ha causado el Ministerio de Industria», aludiendo a la negativa de la Administración a permitir la participación de las eléctricas públicas en el capital del parque de atracciones de Tarragona.

Este fue el gran día del constitucionalista Tomas Gui Mori, quien en nombre de una veintena de accionistas denunció que en la noche anterior el consejo había modificado los resultados haciéndolos pasar de 16 millones de beneficios a 10.924 millones de pérdidas. «Y encima ustedes nos dicen “rogamos disculpen” y esperan que les aprobemos las cuentas», reflexionaba Gui en pleno alarde oratorio. El abogado incluso desenmascaró a Narciso de Mir, quien, móvil en mano y escondido tras unas plantas tropicales a la derecha de la mesa presidencial, trasmitía a Jotaerre todos los pormenores del acto en el que los accionistas le ponían como chupa de dómine.

Pero el abogado Gui se equivocó de estrategia. Propugnaba una acción de responsabilidad, lo que requiere preceptivamente la aprobación de al menos un 5 por ciento del capital de la compañía que no obtuvo. En las votaciones, los paquetes controlados por el consejo ponían al descubierto que De la Rosa poseía acciones teóricamente propiedad de terceros, como un 7 por ciento de la compañía que estaba fiduciado por el Liechtensteinische Landesbank. La tumultuosa junta aprobó las cuentas gracias a la sobrada mayoría del consejo títere manejado entre bambalinas por JR y la desorganización entre los pequeños accionistas. Gui acabó tramitando una demanda de impugnación de acuerdos en la que acusó a De la Rosa de «fraude premeditado».

La casa de avenida Doctor Fleming vivía jornadas de actividad febril. Cuatro días antes de presentarse la denuncia, Jotaerre en persona acudía a Banca Catalana y liquidaba una cuenta personal y otras dos de sus sociedades patrimoniales, Diagonal Investment y Quail. Las cuentas —que en tiempos de Torras arrojaban saldos multimillonarios— habían quedado a cero.

El ciclo se completaba y, en menos de un año, Grand Tibidabo había pasado por las manos de cinco presidentes diferentes: De la Rosa, Juan Cruells, Emilio Cassinello, Jorge Segarra y Jaume Casajoana, primer director de la radiotelevisión pública catalana. Casajoana es un intelectual, antiguo jefe de redacción de Edicions 62 y adjunto a la dirección de la Gran Enciclopedia Catalana. Fundador de Convergència, fue detenido junto a Pujol y encarcelado como él por los hechos del Palau[7]. Sin embargo, Casajoana representa a uno de los grupos de pequeños accionistas y su ascendencia sobre Pujol poco valió a la hora de que el Institut Català de Finances (ICF) aportase dinero fresco a Grand Tibidabo.

El equipo Casajoana vendió la sede al Banco Zaragozano, con el que mantenía una onerosa hipoteca, y cerró un acuerdo con De la Rosa por el que se comprometía a pagar 512 millones a la compañía y cedía un 19,5 por ciento de sus acciones a cambio de que la compañía le condonara las deudas por 1.935 millones. Casajoana quería soluciones y firmó el acuerdo, que pagaba los títulos por encima de su valor teórico contable, en la confianza de que Jotaerre no podría pagar. No dejaba de ser un pacto escandaloso, pues, de haber salido adelante, De la Rosa habría cancelado gran parte de sus deudas a cambio de unas acciones que él mismo había reducido a polvo. La compañía daba por cerrado el ejercicio de 1994 con pérdidas de 14.433,9 millones que obligaban a reducir capital, según la Ley de Sociedades Anónimas.

El pragmatismo de Casajoana chocaba con los gestos de De la Rosa, que conservaba una «quinta columna» en la compañía y amenazó varias veces con romper el acuerdo «porque me he enterado de que queréis echar a la calle a mi cuñado». El financiero rociaba a menudo con todo tipo de improperios a los nuevos gestores.

Pero la junta de accionistas tumbó los planes de Casajoana de reducir capital para amortizar pérdidas. Poco antes de la junta, el Santander vendió sus acciones en Grand Tibidabo al ex ministro franquista de Información Alfredo Sánchez Bella, famoso en los consejos de ministros de El Pardo por gozar de un certificado médico que disculpaba ante el Caudillo una aerofagia incontinente que padecía. La última junta de accionistas de Grand Tibidabo se convirtió en un pimpampum contra «ese señor que sale de las cavernas».

CAPITULO VEINTE

LA TRAMA EXTERIOR

No es extraño que los kuwaitíes hayan dedicado tanto esfuerzo y dinero para localizar el patrimonio exterior de De la Rosa. Quail, la sociedad más conocida de JR, cobró de KIO más de 12.000 millones de pesetas en comisiones, amén de estar acusada de haber obtenido ganancias ilegales de 70.000 millones sólo en España. Además, a través de sus cuentas en Suiza y en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, recibió otros 159 millones de dólares (unos 16.000 millones de pesetas de 1990).

Las principales investigaciones sobre la fortuna exterior de Javier de la Rosa han estado relacionadas con la demanda civil presentada por Torras en Londres. El 13 abril de 1993 la filial británica del bufete norteamericano Baker and McKenzie presentó, en nombre del Grupo Torras, una demanda civil contra sus anteriores gestores reclamando casi 452,4 millones de dólares. Los demandados eran el Sheik Fahad Mohamed al Sabah, ex presidente de KIO y del Grupo Torras; Richard Robinson, director de Inversiones de KIO y consejero de Torras; Fouad Khaled Jaffar, adjunto al presidente y director general de KIO y vicepresidente y consejero de Torras; Walid Edmond Mouzarkel, directivo de Torras Hostench Londres; Francisco Javier de la Rosa, vicepresidente y directivo del Grupo Torras; Miguel Soler, director financiero de Torras, directivo de Torras Hostench Londres; Jorge Núñez, director general de Torras y presidente de Torraspapel; Juan Piqué Vidal, secretario del consejo de administración de Grupo Torras[1]; Narciso de Mir, directivo de Torras; Juan José Folchi, asesor legal de Torras y Torras Hostench Londres, directivo de esta última y con firma en sus cuentas bancarias; Plinio Coll, responsable de diversas sociedades utilizadas para canalizar las salidas de dinero, y Michael Russell, propietario y directivo de varias sociedades pantalla empleadas como tapadera de las operaciones denunciadas[2]. Más adelante la lista de demandados se ampliaría hasta cincuenta y seis, entre los que se incluirían varias sociedades y otro miembro de la familia real kuwaití.

El esquema utilizado tenía siempre la misma estructura. KIO recibía peticiones de dinero de los ejecutivos españoles, demandas que se incrementaron notablemente durante la invasión de Kuwait con el argumento de que los bancos españoles no querían mantener sus créditos con el Grupo Torras por temor a que los activos del emirato quedaran definitivamente en manos de Saddam Hussein. KIO, a través de alguna de sus filiales holandesas, enviaba el dinero. Este, sin embargo, lejos de ser utilizado para amortizar deudas, salía inmediatamente de las cuentas de Torras hacia sociedades pantalla con nombres pintorescos: Croesus, Pincinco, Wardbase, Oakthorn. Todas ellas formaban parte de una tupida red de varios centenares de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Las sociedades pantalla recibían el dinero como supuestos créditos que se prorrogaban de manera indefinida y que nunca se pagaban. Indefectiblemente, a través de avales y garantías, Torras siempre acababa considerando esos créditos como pérdidas propias, así hasta sumar 452,4 millones de dólares.

FALSAS ESPERANZAS

La reacción inicial de De la Rosa a la presentación de la demanda de Londres fue de tranquilidad. Desde el punto de vista de la opinión pública había conseguido transmitir la idea de que los kuwaitíes acudían a la Corte de Londres como respuesta ante la negativa de Moreiras de admitir la querella presentada ante la Audiencia Nacional española. Creía que se trataba de un movimiento desesperado que no tendría implicaciones prácticas. Posteriormente los hechos le sacarían de su error, pero la primera impresión que tuvo fue que los problemas se alejaban de su centro de operaciones. Como siempre, contaba con la capacidad de sus letrados para presentar recursos y disputas sobre competencia y evitar así que el caso avanzara.

Además, De la Rosa intentó convencerse de que el proceso legal abierto contra él no era más que una consecuencia de la crisis política desatada en Kuwait tras la retirada de las tropas de Irak, que conllevó la elección de un Parlamento en el que las fuerzas de oposición exigían el esclarecimiento de lo ocurrido con las inversiones de KIO. Su cálculo era que, tras las primeras conmociones —una especie de reforma democrática encabezada por los notables del reino sin lazos familiares con el clan gobernante— y la petición de castigo para quienes habían desplegado prácticas corruptas en las principales instituciones gubernamentales, el emir reaccionaría retomando el control de la situación, con algún remedo de golpe de Estado, y todos los problemas se disolverían.

Estos cálculos se derrumbaron al confirmarse las primeras resoluciones de la Corte de Londres. A finales de 1993 el tribunal londinense, a petición de Grupo Torras y THL, dictó un mareva injunction, un embargo preventivo de bienes por 500 millones de dólares junto a la prohibición de vender activos o realizar determinados movimientos de capital sin autorización del demandante, contra Fouad Jaffar, ex director general de KIO. La orden se basaba en el hecho de que el grupo kuwaití había confirmado documentalmente que Jaffar había recibido 21,5 millones de dólares. Posteriormente sucedería lo mismo con Fahad al Sabah, el ex presidente de KIO, que se había apropiado de 44,5 millones de dólares.

Para los demandados fue la primera señal de que el procedimiento de Londres no era una broma. Con todo, la decisión del tribunal tenía carácter preventivo, mientras decidía si admitía a trámite la demanda y la Corte de Apelación estudiaba un recurso de los demandados en favor de que los tribunales británicos se consideraran no competentes para juzgar el caso. De la Rosa y el resto de los incluidos en la demanda centraron sus esperanzas en la posibilidad de que el juez no la admitiera a trámite o en que la Corte de Apelación denegara la jurisdicción a los tribunales ingleses. Todo eso quedó en nada el 19 de mayo de 1994, cuando el tribunal comunicó a las partes su dictamen favorable.

Esta resolución representó ya un duro revés para los anteriores gestores del grupo. Sin embargo, pocos meses después las cosas se complicaron aún más para JR. En diciembre de ese año, el juez Mance aceptó la petición de Baker and McKenzie de dictar la orden de mareva injunction contra él. La medida era de la misma índole que las dictadas meses antes contra Al Sabah y Jaffar, pero para De la Rosa representaba un duro golpe en cuanto que agravaba sus problemas para mover dinero en el exterior justo cuando en España se encontraba en bancarrota y estaba encarcelado por orden del juez Aguirre a consecuencia de su gestión en Grand Tibidabo.

EL PRIMO DE NUEVA YORK

Los abogados ingleses de KIO pidieron al juez el embargo apoyándose en unos hechos muy reveladores incluidos en una demanda presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York por Javier de la Rosa Maura, primo de JR, el 6 de septiembre de 1994.

De la Rosa Maura es un experto de inversiones instalado en Nueva York desde hace muchos años. Desde allí, Maura actuó como asesor de inversiones en dinero negro para De la Rosa, el empresario Javier Juncadella Salisachs y otros conocidos hombres de negocios barceloneses. La demanda presentada por Maura iba dirigida contra su primo, contra Juncadella y contra la sociedad Oakthorn. Maura, que actuaba además en nombre de la sociedad Piper Investment SA, con sede social en Panamá, había decidido acudir ante los tribunales como medida defensiva, pues antes, el 25 de febrero de 1993, De la Rosa, Juncadella y otros clientes suyos le habían demandado a él, también ante los tribunales neoyorquinos. En este caso, De la Rosa reclamaba a su primo 4.179.000 dólares, que para Maura eran pérdidas de las inversiones, pero que sus clientes consideraban una estafa.

La primera demanda de Juncadella y JR contra Maura había sido formulada por una empresa llamada Oakthorn, con sede social en 50 Locust Avenue, New Canaan, en la isla de Jersey, el paraíso fiscal de las islas del Canal tan querido por los abogados de JR. La decisión de echar mano de Oakthorn como demandante acabaría siendo letal para JR, pues esta empresa había sido utilizada por los antiguos gestores de Torras para descapitalizar el grupo en una de las operaciones descritas ante la Corte de Londres. Además, tanto los abogados de De la Rosa como el resto de los demandados en Londres quedaban en evidencia, puesto que habían negado tener relación alguna con Oakthorn y las demás sociedades implicadas. La querella contra su primo había sido presentada pocos meses antes de que los kuwaitíes acudieran a la Corte de Londres. Para Maura, las consecuencias de la demanda fueron muy duras. El tribunal de Nueva York, siguiendo las peticiones de De la Rosa y Juncadella, había enviado faxes a los principales bancos de Wall Street comunicando que provisionalmente Maura quedaba inhabilitado para operar como gerente de inversiones. Al demandado no le quedó más remedio que volver a Madrid e instalarse en un despacho de abogados de la ciudad especializado en operaciones inmobiliarias.

Una mañana de principios del mes de mayo de 1994, el abogado norteamericano de Maura, Bernard Kobroff, encontró una sugerente información en el Wall Street Journal. El principal diario de información económica del mundo había seguido con regularidad la crisis de las inversiones de KIO en España y recogía con detalle la demanda presentada en Londres contra De la Rosa. Kobroff descubrió así que la sociedad que perseguía a su cliente estaba siendo demandada también en Londres.

Aconsejado por su abogado, Maura acudió al tribunal a presentar su propia demanda contra De la Rosa, Juncadella y Oakthorn. En su reclamación, Maura solicitaba que fuera rechazada la que previamente había sido presentada contra él, que se le devolviera la cantidad de 1.569.000 dólares que había entregado a De la Rosa y a Juncadella como compensación por las pérdidas de sus inversiones y que se le indemnizara por los daños y perjuicios sufridos.

El punto más importante de la demanda de Maura hacía referencia al uso de información privilegiada en operaciones de compra en el extranjero de acciones de empresas filiales de Torras, Prima y Ercros, ordenadas por De la Rosa a su primo. El dinero utilizado en esas operaciones tenía como punto de partida y destino la cuenta Stuart abierta en el Bankers Trust de Ginebra, la misma que había recibido 129 millones de dólares de los reclamados en la demanda de Londres. Estas informaciones incluidas en el escrito de Maura permitieron a los abogados de KIO solicitar al juez Mance el embargo preventivo de los bienes de De la Rosa.

NUEVOS HALLAZGOS

Maura también conocía la existencia de otras sociedades extranjeras utilizadas por JR y de las que hasta entonces no se había oído hablar. Era el caso de Buckley Resources Limited, radicada en las islas Vírgenes, con cuentas en el Bank of New York y, una vez más, en el Bankers Trust de Suiza. Otra rama de la red estaba formada por Hertili, domiciliada en las Antillas Holandesas y que era propietaria de Aciesa, utilizada por De la Rosa para cobrar comisiones a Torras y Grand Tibidabo.

Luego vendrían nuevos hallazgos. Por ejemplo, la sociedad panameña Alanis Financiera, propietaria formal de un inmueble en el londinense barrio de Mayfair que JR utilizaba como residencia cuando acudía a las reuniones de KIO.

Los investigadores contratados por los kuwaitíes también prestaron atención a la sociedad Tradeco, administrada por James Fees, el ex agente de la CIA y amigo de De la Rosa. Tradeco estaba domiciliada en el paraíso fiscal de Nassau, en las Bahamas, pero su oficina operativa se encontraba en el número 18 de la calle Plantamour de Ginebra, casualmente la misma dirección que la de la sociedad de inversiones Gesfinance, una gestora de fortunas creada en 1991 por dos ejecutivos del Bankers Trust: Yves Byrde y Louis Olivier. Se trataba de los mismos personajes que habían gestionado las cuentas de Javier de la Rosa en el Bankers Trust y otras que habían recibido 134 millones de dólares en el segundo semestre de 1990. Cuando JR canceló esas cuentas y se llevó el dinero, en 1991, Byrde y Olivier abandonaron su banco y crearon Gesfinance. Algunos testimonios aseguran que esta sociedad trabajaba en exclusiva para JR, si no era de su propiedad.

Las casualidades no terminaban aquí. Sierra Nevada Group, una empresa con participación de Grand Tibidabo, gestionada también por Fees, tenía sus oficinas en el número 18 de la calle Plantamour. Sin embargo, cada vez que los kuwaitíes encontraban una nueva sociedad relacionada con JR, éste ya se había adelantado y el dinero había desaparecido.

Ante el avance del proceso, la defensa de De la Rosa reposaba en un argumento simple: «Todo lo hice siguiendo instrucciones de mis superiores, en especial el presidente de KIO». Para dar más credibilidad a sus afirmaciones se había sacado de la manga una batería de cartas con membrete de KIO que en su mayoría se han demostrado falsas, como es el caso de unas que utilizaban el código telefónico vigente en Londres a partir de 1992 pero que estaban fechadas varios años antes. En diciembre de 1995 el ex presidente de KIO negó ante la Corte de Londres que él hubiese firmado las cartas presentadas por De la Rosa.

CAPITULO VEINTIUNO

CON LOS BROKERS DEL PODER

En la arriesgada aventura emprendida por Javier de la Rosa en los felices ochenta nada hubiera sido posible sin su relación con una peculiar galería de personajes cuya composición fue variando con el tiempo. En un momento, tenían mayor peso individuos que facilitaban las relaciones de JR con el poder —ya fuera político o financiero—; en otro, a su lado formaban, inseparables, una serie de subalternos, los profesionales, siempre dispuestos a sacarle las castañas del fuego porque ellos siempre obtendrían tajada. Entre unos y otros se movía tiburón JR, siempre intrigante, en busca de sus objetivos.

El instinto había llevado hacía muchos años a De la Rosa a extraer una conclusión brillante que, aunque ahora parezca obvia, demuestra lo útil que ha sido para el financiero disponer de información privilegiada sobre el entorno de los personajes con más poder político en España. Jotaerre percibió la conveniencia de engrasar a los brokers bien relacionados con las más altas instancias españolas, como Manuel Prado y Colón de Carvajal o el príncipe Zourab Tchokotoua, por su relación con el rey Juan Carlos, y Enrique Sarasola Lerchundi por lo que respecta a Felipe González. La relación en Cataluña con Lluís Prenafeta o Macià Alavedra tuvo las mismas características. Eran los brokers del poder.

Prado es uno de los amigos más íntimos y antiguos del rey Juan Carlos. La relación entre ambos se inició hace veinte años, cuando Carlos de Borbón Dos Sicilias, duque de Calabria, llevó una noche a Prado a cenar con su primo, el entonces príncipe Juan Carlos. Prado, descendiente del descubridor de América, era un funcionario de la organización sindical franquista relacionado con la aristocracia en virtud de las profundas convicciones monárquicas de su familia. Cuando la marcha de sus negocios se lo permitió, abandonó su puesto en el sindicato vertical y creó el holding Trébol, en el que figuraban como socios el príncipe Zourab Tchokotoua y el rey Simeón de Bulgaria.

Manuel Prado reunió un considerable patrimonio timoneando los contratos de la industria de construcción de barcos. Cultivó lobbies —como el Columbus— y relaciones en el mundo árabe, Hispanoamérica y los Estados Unidos. Aquello le sirvió para adentrarse en consejos de administración de relevantes empresas como Ford Motor Co., General Electric y la poderosa Fundación Onassis. Desde sus oficinas madrileñas del edificio Pirámide llegó a controlar la oficina de la Abu Dhabi Development Agency o el transporte aéreo de Costa Rica. En 1975 Prado llegó a la presidencia de Iberia, compañía en la que encargó un nuevo diseño para los aviones en el que se incorporaba la corona real. El fiasco fue fenomenal, porque una pintura mal elegida aumentaba desproporcionadamente el peso de los aparatos, los cuales perdían operatividad. Prado tuvo que dar la orden de despintar toda la flota y volverla a pintar.

Nombrado senador por designación real en 1977, su participación en política fue prudente y discreta, como gustaba en La Zarzuela. Diplomático «en misión extraordinaria permanente», la posición del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en la guerra de las Malvinas le obligó a abandonar la presidencia del Instituto de Cooperación Iberoamericana, en 1982, por los enfrentamientos que tuvo con José Pedro Pérez Llorca. Sus gestiones diplomáticas levantaron no pocos revuelos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto con UCD como con los ministros socialistas Fernando Morán o Francisco Fernández Ordóñez.

Manuel Prado, que perdió un brazo en un accidente automovilístico a los dieciocho años, estructuró su grupo a partir de Trébol Internacional. Las filiales de Trébol se organizaron en Sevilla (Trebolquivir) de la mano del ex diputado de UCD por Granada Arturo Moya Moreno, y en Barcelona (Trébol Condal) por obra de Carles Vilarrubí, hombre de confianza de Jordi Pujol.

Prado conoció bien el mundo empresarial catalán. Había tratado de pilotar la llegada de Disneyland a España de la mano de su amigo Cyd Bass, propietario del 25 por ciento de los parques estadounidenses. Tras recorrer el Levante, escogieron Cataluña, pero fracasaron por las trabas que interpuso un sector de los socialistas valencianos, quienes alentaron a un ministro del PSOE a proclamar aquel famoso «todo, menos un favor a Jordi Pujol». A pesar del fracaso, Prado estableció una buena entente con el secretario de Pujol, Lluís Prenafeta, quien, tratando de ganarle como paladín en La Zarzuela, le convirtió en presidente de una compañía de inversiones de su familia llamada Vilassar Internacional.

Según Prado, De la Rosa ya había intentado hacer negocios con él cuando ocupaba la vicepresidencia del Garriga Nogués, en 1985, ofreciéndole una participación o la posibilidad de buscar nuevos socios para el proyecto Tierras de Almería. Durante un vuelo de Londres a Barcelona, JR le propuso adquirir un paquete de la recién nacida Quail España, la sociedad del barcelonés.

De la Rosa, como su amigo y rival Mario Conde, siempre consideraron la penetración en el círculo real como un objetivo de primer orden. El barcelonés comenzó a frecuentar a Tchokotoua, príncipe de origen georgiano casado con una mallorquína, que gozaba de excelentes relaciones con el Monarca. Prado y De la Rosa se conocieron a través de Tchokotoua, y fue también a través de él cómo el embajador comenzó a recibir las primeras informaciones sobre las actividades empresariales del catalán.

En 1987 el dinero que manejaba el hombre de KIO conseguía que casi todos olvidaran, por lo menos en público, sus andanzas en el Garriga o la estafa de la Zona Franca. Eran los años del pelotazo y del culto al dinero fácil. Lo importante era el dinero, y para conseguirlo muchos hombres poderosos de la España de aquel entonces se disputaban un lugar a la sombra del «amigo» de los kuwaitíes. Era una época en la que Prado no ocultaba su interés en seducir a JR, un hombre que realizaba grandes operaciones un día sí y otro también, y con el que había mucho a ganar para un hombre que había hecho de la habilidad para aparecer en medio de todos los negocios su principal fuente de ingresos.

La oportunidad, como siempre, se presentó de la forma más inesperada. A finales de 1987 el Gobierno había decidido echar el resto para apartar a JR de la escena económica. El Ejecutivo había optado por enviar misiones en nombre propio y del Rey a Londres y a Kuwait City explicando a los kuwaitíes con quién se jugaban sus dineros en España.

El Rey había pensado encomendar esa misión a Prado, a quien ya había encargado otras semejantes en el pasado y que además era un buen conocedor del mundo árabe. Sin embargo, Prado se mostró contrario a enviar tal mensaje argumentando que no existían motivos formales, pues De la Rosa no estaba acusado de nada.

Según el relato de Prado, posteriormente, cuando De la Rosa conoció los hechos, comenzó a acosarle ofreciéndole oportunidades de negocio en señal de agradecimiento. Existen otras versiones de este episodio, entre las que se encuentra la de que Prado no actuó de manera tan altruista cuando salvó a JR, pues en realidad intercedía en su favor atendiendo a un ruego que le había llegado a través de Tchokotoua. Tras la intervención de Prado, las relaciones entre ambos personajes ya no necesitaron a ningún intermediario y Tchokotoua fue desplazado del primer plano de la escena.

LAS OPERACIONES CON MANUEL PRADO

La primera gran operación protagonizada en común por Prado y JR fue el intento de compra de la siderurgia Aristrain. Prado mantenía una antigua amistad con José María Aristrain, propietario de la empresa siderúrgica vasca del mismo nombre. Poco después de fallecer Aristrain, Prado formuló junto con De la Rosa una oferta para comprar la compañía a los dos hijos del empresario. Las negociaciones, sin embargo, no avanzaron, debido fundamentalmente a la resistencia del consejero delegado de la empresa, Javier Imaz, que se opuso como pudo a la venta, convencido de que De la Rosa sólo buscaba poner un pie en la siderúrgica para drenar la importante liquidez que había acumulado para acometer así nuevas inversiones. En 1990 se desestimó la inversión.

La siguiente operación en la que se cruzaron los intereses de Prado y De la Rosa fue la compra por parte de Prima Inmobiliaria, la filial de Torras, del 52 por ciento de Castillo de los Garciagos, un ambicioso proyecto inmobiliario del embajador en Jerez de la Frontera. La promoción, que incluía hoteles y un lujoso campo de golf, necesitaba cuantiosos recursos en un momento en que Prado no estaba en condiciones de aportarlos. En 1989 Prima formalizó la compra, aunque la operación generó fricciones en el equipo ejecutivo de la empresa compradora, pues su presidente, John Gómez Hall, estaba en contra. JR impuso la inversión, dejando en el ambiente la impresión de que lo que menos interesaba era la rentabilidad del negocio y que se trataba de una compensación privada entre él y Prado.

La relación económica entre el embajador y De la Rosa no deja más rastros hasta que, en octubre de 1990, estando Kuwait ocupado por las tropas de Irak, Prado recibió 80 millones de dólares en su cuenta de la banca suiza Sogenal. JR había sacado el dinero de Torras.

Pocos meses después, en diciembre de 1990, el embajador desembarcó en el consejo de Tibidabo, antecesora de Grand Tibidabo, a cuya vicepresidencia sería catapultado más tarde. Formalmente, Prado no poseía ninguna participación accionarial significativa en esta última sociedad, pero en realidad, según apuntan diversas fuentes, Prado mantenía ya relaciones con De la Rosa: había sido su socio en la OPA que el financiero lanzó sobre el capital de CNL en abril de 1991, una operación que serviría para que ambos planificaran operaciones de mayor alcance.

Según estas versiones, la participación de Prado en Grand Tibidabo se formalizaría en febrero de 1992, mediante un crédito de 1.500 millones de pesetas concedido por la sociedad suiza Libra Invest a Nueva Madrugada, una patrimonial de JR que se encargaría de la compra de las acciones, las mismas que servirían como garantía del propio crédito. Las negociaciones para que esta operación se materializara llevaron su tiempo, pues en realidad comenzaron casi en el momento en que se formuló la OPA sobre CNL. En ellas, Prado estuvo representado por Norbert Haussler, el gestor de sus cuentas suizas, que se ocupó de garantizar la seguridad de la inversión de Prado.

También en 1991, De la Rosa y el embajador participaron con una inversión de 1.000 millones de pesetas por cabeza en la compra del 1 por ciento del capital del Banco Hispanoamericano, una operación sugerida por el propio presidente de la entidad, José María Amusátegui, deseoso de aligerarse de autocartera. Aunque públicamente sólo apareció como comprador el barcelonés, Amusátegui sabía que JR era la pantalla y que Prado también estaba en la operación. Las acciones se vendieron pocos meses después con importantes plusvalías.

En aquellos momentos, principios de los noventa, De la Rosa, que continuaba obsesionado por imitar el comportamiento de las elites madrileñas, estudió, asesorado por Prado, la posibilidad de comprar una finca en Huelva colindante con la de su amigo el embajador. La compra no cuajó, pero JR se convirtió en propietario de una caseta en la Feria de Abril de Sevilla. Allí, Prado y él celebraron fiestas e incluso compartieron copas con el rumboso presidente de Banesto, Mario Conde. En ocasiones, Prado invitaba a Javier a alguna fiesta en su propiedad. Allí, Mercedes y sus hijas montaban a caballo, se vestían de faralaes y celebraban misas campestres dedicadas a la Virgen del Rocío.

En 1992, los negocios inmobiliarios de Prado en España atravesaban momentos difíciles. Necesitaba dinero y le propuso a De la Rosa una operación de leasing. Grand Tibidabo compraría por 1.500 millones de pesetas una participación en la promoción hotelera Expovillas, propiedad de Trebolquivir. Esta última se comprometía a recomprar la participación más adelante pagando los 1.500 millones más intereses. A JR la operación no le acababa de convencer, pues ya había consumido en sus propias martingalas los recursos de Grand Tibidabo. Sin embargo, la operación se hizo, precisamente el mismo día en que Libra prestaba los 1.500 millones a Nueva Madrugada. Las risas pudieron continuar, aunque no por mucho tiempo.

En mayo de 1992 De la Rosa abandonó, antes de que le echaran a patadas, la vicepresidencia de Grupo Torras. Unas semanas después de su marcha, y en plena batalla con los nuevos responsables de Torras-KIO, JR encontró tiempo para asistir a un acontecimiento especial en su vida. En junio, la familia De la Rosa al completo acudió al palacio de La Zarzuela, donde iba a tener el honor de compartir un pequeño refrigerio con la Familia Real, también al completo. El organizador del encuentro fue Manuel Prado, ignorante, como la mayoría de los españoles, de la bomba nuclear que De la Rosa había dejado activada en Torras.

A De la Rosa le faltó tiempo para acreditar su fama de bocazas y transmitir la impresión de que gozaba de un contacto íntimo con el rey Juan Carlos. Ya en el aeropuerto, tras abandonar La Zarzuela, se encontró con Miquel Roca, un habitual del puente aéreo dada su condición de portavoz de CiU en el Parlamento. JR le invitó a volver a Barcelona en su avión privado. Durante el vuelo, inspirado tal vez por la altura, Javier le relató a Roca una película sobre las supuestas quejas contra Jordi Pujol que le había transmitido el Monarca. A las pocas horas, Prado se veía obligado a corregir esa historia a diestro y siniestro. Evidentemente, JR tenía prisa por que se supiera que había sido recibido por el Rey. Debía de pensar que le resultaría muy útil una reunión pública con el Monarca justo cuando los kuwaitíes estaban comenzando a buscarle las cosquillas por su gestión en Torras. Pocos días antes, De la Rosa había enviado a la cuenta suiza de Prado los otros 20 millones de dólares, el último de los envíos conocidos.

Sin embargo, la marcha de Torras y la afloración de los primeros problemas en Grand Tibidabo iban a representar un escollo insuperable en la relación entre el embajador y De la Rosa. A finales de 1992 Prado consiguió que el barcelonés renunciara al derecho a que Trebolquivir le recomprara a Grand Tibidabo el 49 por ciento de Expovillas, al tiempo que permutaba los terrenos comprados por otros también propiedad de Prado en la localidad sevillana de Dos Hermanas. JR que con esa decisión convertía a Grand Tibidabo en propietaria firme de esas parcelas, no informó al consejo, aunque acudió a un notario ese mismo día y explicitó por escrito las intenciones ocultas de su actuación:

«Barcelona, 21 de diciembre de 1992

»Muy Sr. Mío,

»Por la presente pongo en conocimiento de quien sea necesario lo siguiente:

»En el día de hoy debo acudir al Notario de Madrid D. Francisco Javier Rovira Jaén para elevar a público:

»1. Una escritura de compraventa y compromiso de venta otorgada por Expovillas, SA y Grand Tibidabo, SA sobre unas parcelas propiedad de la primera por valor de 1.581.687.082 ptas.

»2. Que posteriormente, y a requerimiento de D. Manuel de Prado y Colón de Carvajal, Vicepresidente de Grand Tibidabo y principal promotor y propietario de las parcelas, señaladas anteriormente, de Expovillas, SA, deberé firmar una escritura de compraventa en firme que sustituya a la anterior, por parte y en nombre de Grand Tibidabo, SA y por ello quiero dejar constancia de lo siguiente:

»Que ha llegado a mis oídos que D. Manuel de Prado y Colón de Carvajal posteriormente a la firma, y con la excusa de una incompatibilidad en la Presidencia de una empresa de capital mixto (semi-público) va a presentar la dimisión de Vicepresidente de Grand Tibidabo. SA.

»Y por si ello fuera así, y en el plazo de los tres meses siguientes a esta declaración, deseo dejar constancia de que la antedicha operación de compra en firme de las parcelas de Expovillas, SA, por parte de Grand Tibidabo, SA sólo será fehaciente si no presenta la mencionada dimisión. Pues esta operación sólo se haría por favorecer al Sr. Vicepresidente de Grand Tibidabo, SA y no tendría sentido si dejara de serlo.

»Por lo cual, quiero declarar que ninguna compraventa será firme en esta operación, si el citado D. Manuel de Prado y Colón de Carvajal deja dicha Vicepresidencia de Grand Tibidabo.

»Esto es así por deseo personal mío y como Presidente de Grand Tibidabo, y que firmase lo que se firmara hoy en dicha Notaría sería contra mi voluntad y por lo cual nulo.

»Así lo hemos decidido en la reunión habida en Grand Tibidabo con sus ejecutivos».

(Los subrayados son del original, firmado de puño y letra por Javier de la Rosa.)

Como fácilmente puede intuirse, Prado había amenazado con irse y De la Rosa trataba de mantenerle en la pomada, condicionando el apoyo financiero al proyecto inmobiliario del diplomático en Sevilla. Su presencia en el consejo de Grand Tibidabo era fundamental para su credibilidad en el mundo de los negocios.

JR fracasó y, a finales de ese mes de diciembre, Prado le comunicó que dejaría la vicepresidencia y el consejo de Grand Tibidabo por la incompatibilidad con el nuevo cargo que iba a asumir, la presidencia de Partecsa, sociedad encargada de crear un centro recreativo en el recinto de la Expo de Sevilla. Prado confiaba en que su marcha silenciosa de Grand Tibidabo no sería conflictiva y que De la Rosa se olvidaría de él.

LA RED DE SARASOLA

Enrique Sarasola Lerchundi, conocido como «Pichirri» desde los tiempos en que sorprendía a todos con sus dotes futbolísticas en las playas guipuzcoanas, se graduó como perito mercantil estudiando al tiempo que trabajaba de botones en la Caja de San Sebastián. Como muchos otros vascos, se marchó a América Latina en busca de fortuna y se acreditó como buen vendedor de fondos Dreyfuss (la compañía de Boston controlada por el clan Kennedy). Esa actividad le llevó a Bucaramanga (Colombia), donde se casó con María Cecilia Marulanda, conocida como «la Negra», que pertenecía a una aristocrática familia colombiana.

Enrique Sarasola se lanzó a organizar su propia red de fondos, en la que participaron Osvaldo Hurtado (ex presidente de Ecuador) y Carlos Andrés Pérez («CAP», presidente de Venezuela). Volvió a Europa montado en su Key Found, una sociedad radicada en Luxemburgo, y en 1976 aterrizó en Madrid con la constitución de Iseco (Investments Securities Corporation), cuya principal inversión fue el Edificio Iseco, en la bahía de Cádiz. Se trataba de un intento de multipropiedad, tipo time sharing, que le obligó a dejar a deber mucho dinero (especialmente a Juan Huarte), algo que sería una constante en su carrera en años posteriores.

Abrió sus oficinas en la plaza de Callao, junto al Banco Atlántico, con el que trataba de organizar un fondo, aunque la operación acabaría frustrándose. Por entonces, Sarasola contactó con Juan Tomás de Salas, con quien había coincidido en Colombia, y un grupo de intelectuales —entre quienes se contaban Alfredo Lafita, Blas Calzada, Luis González Seara y Romualdo Toledo— e impulsó el lanzamiento de la revista Cambio, luego Cambio 16. Aquel proyecto salió adelante con un crédito de 2 millones del Banco de Vizcaya, pero sin que su «padrino», Sarasola, pusiera un duro, aunque paradójicamente formara parte del consejo de administración de la sociedad editora de la publicación.

También intentó hacer negocios en el sector inmobiliario mediante una «sociedad mixta» con el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias que le reportó un sinnúmero de querellas, pleitos y deudas. Aquello coincidió con la decisión de Juan Tomás de Salas de desvincularlo del recién nacido Cambio 16 por intentar cobrar comisiones en el proyecto de compra de un palacete que había sido sede de la Embajada de Marruecos.

Pero Sarasola tenía suerte. El diputado del PSOE por Teruel Carlos Zayas, marido de la cantante Massiel, le presentó en 1973 a «Isidoro», Felipe González Márquez, durante un concierto de la eurovisiva en Guadalajara. Este encuentro le proporcionó nuevas expectativas de negocio. Sarasola ofreció ideas para la financiación exterior tanto del PSOE como de la UGT, para la que organizó una sociedad en Panamá, llamada Poseidón.

En los negocios, el gran valedor de Enrique Sarasola es su vecino en la zona madrileña de la carretera de la Playa, Alvaro Alvarez Alonso, cuyo padre fue una especie de «escudero» del almirante Carrero Blanco (además, había sido presidente de Texaco España y artífice del suministro de petróleo estadounidense a los «nacionales» durante la Guerra Civil). Alvarez Alonso, casado con Montse Roqué —hija del empresario del transporte catalán Fernando Roqué y buena amiga del marqués de Villaverde—, fue el introductor de Sarasola en el Gotha financiero, en virtud de su condición de cuñado de Pablo Garnica Gutiérrez (hijo de Garnica Mansi) y de su amistad íntima con Juan Abelló Gallo. Una de las más sonadas fiestas de aniversario de los brokers de Jotaerre fue la celebrada el 6 de febrero del 91 en el restaurante El Cielo, de Madrid, en la que Sarasola y De la Rosa obsequiaron con un poney a su amigo.

Aunque luego todo fuera como la seda, los comienzos de Sarasola fueron muy difíciles. En Madrid se le conocía como «el rey del RAI» (Registro de Anotaciones Impagadas). En 1981 no consiguió un modesto crédito de 3 millones que, al final, le concedió el Cadesbank de la plaza de Salamanca, con el aval de José Junyent y Alvaro Alvarez. Su mala estrella en los negocios se hizo proverbial, como lo demostró el escándalo de Editora de Libros Antiguos, cuyo gerente era, por cierto, García Maestreta, subdirector del Hipódromo de Madrid, el principal negocio de Sarasola.

Alvaro Alvarez es presidente de Ibermer, la compañía de inversiones de Enrique Sarasola, y forma parte de los consejos de Cervezas El Aguila, Texaco y Merril Lynch. Jotaerre conocía la vía de acceso a Sarasola y la usó, como lo demuestra una factura de Agencia A a Arturo Piñana, el contable de Quail, fechada el 3 de febrero de 1993, en la que se pasan gastos por una fiesta para Alvaro Alvarez por 3.341.838 pesetas y «complementos para la Srta. Marianne» por 1.100.000 pesetas.

Sarasola hizo múltiples favores a Jotaerre, pero se los haría pagar muy caros todos ellos, desde el asalto a Ebro hasta la batalla contra Escondrillas o los encuentros del ministro Carlos Solchaga con las autoridades kuwaitíes. Una de las grandes amistades de Sarasola es, precisamente, Solchaga, y buena parte de sus negocios giran en torno a los excedentes agrícolas españoles, muy relacionados con Focoex, la empresa presidida por Germán Calvillo en la que presta sus servicios Gloria Barba, esposa del ex ministro. Quizá por ello, en 1991, Sarasola cobró de Grupo Torras 500 millones de pesetas en concepto de «servicios profesionales, asesoramiento técnico, financiero y de estrategia empresarial, así como por la intermediación en determinadas desinversiones del Grupo»[1]. Las supuestas gestiones se llevaron a cabo a través de Ibermer, de la que es vicepresidente, bajo la batuta de Alvaro Alvarez Alonso. Según las cuentas de Ibermer, depositadas en el Registro Mercantil, los 500 millones se habían satisfecho a 31 de diciembre. Los «kilos» de Jotaerre supusieron el 82 por ciento de la facturación del año. Lo más curioso es que en la factura no se detalla operación por operación, sino que parece un forfait. A pesar de eso, Sarasola negaba en el diario Expansión haber realizado operación alguna con De la Rosa desde la famosa intervención en Cartera Central.

Enrique Sarasola descubre un día que quien controle la bolsa de películas con que alimentar a las proliferantes televisiones privadas puede hacer un gran negocio. El 19 de mayo de 1988 inscribe en el Registro la sociedad Cinepaq, dedicada a comprar, vender y alquilar derechos de películas de cine. Como socios busca a uno de los más directos colaboradores de François Mitterrand, Marc Tessier, hombre fuerte de Canal Plus Francia, y a Germán Sánchez Ruipérez, entonces promotor de El Sol y propietario de Anaya. Tessier aporta 190 millones a través de Quatrième Chaine y de la suiza Celebrity; Ruipérez pone 40 millones, a través de Compañía Europea de Comunicación e Información.

Ibermer también fue la sociedad elegida por Sarasola para controlar unas obligaciones generosamente cedidas por De la Rosa en su etapa de presidente de Grand Tibidabo. Ibermer tenía en su poder unos 400 millones en obligaciones de Grand Tibidabo, pero a través de otras sociedades suyas, como Cuetin o Société Général Alsacienne, llegaba a controlar hasta 1.000 millones. El valor total de las obligaciones emitidas por Grand Tibidabo era de 6.700 millones de pesetas, de los que Quail, la holding de De la Rosa, poseía 340 millones. El 90 por ciento de las acciones de Ibermer se las reapartían Enrique Sarasola y su socio Alvaro Alvarez Alonso, a través de la sociedad Euromed MV, radicada en Holanda.

Aunque en las cuentas de Grand Tibidabo no Figura la compra de estas obligaciones por Sarasola, ni tampoco que fueran efectivamente abonadas en su nombre, sorprendentemente «Pichirri» figuraba como el obligacionista más importante de Grand Tibidabo, según se desprendía de las listas confeccionadas para la asamblea de obligacionistas en la que se decidió el recorte del dividendo que ofrecían estos títulos como consecuencia de la crisis de la compañía. Sólo en 1992, Pichirri suscribió 600 millones en obligaciones de CNL-Grand Tibidabo.

LOS PROFESIONALES

«Javier de la Rosa siente una fascinación por los profesionales que se podría comparar con la que los aborígenes de Papúa-Nueva Guinea pueden sentir por el que les lleva la luz eléctrica. Los respeta en un sentido totémico, desproporcionado, que revela una profunda dependencia», afirma con cierta sorna uno de los profesionales que han cobrado más minutas del financiero, lego en múltiples materias, incluso las legales, pese a su discreta licenciatura en Derecho.

A pesar de la obsesiva voluntad por rodearse de «lo mejor de lo mejor» en materia de asesores, lo cierto es que Jotaerre no les dispensaba un trato demasiado deferente. Sobre todo, una vez les veía devorar la manzana, no les perdonaba el pecado original del dinero generoso que les facilitaba por sus servicios. Las páginas de fervor mariano más sincero se alternaban, sin orden ni concierto, con episodios despóticos que hacen sonrojar a los profesionales de prestigio que dependieron de JR y de su estado de ánimo. Eso dio pie a una relación de amor-odio entre esos profesionales y el Prometeo que traía la llama del enriquecimiento fácil.

El profesional con quien ha mantenido una relación más larga es su penalista preferido, Juan Piqué, un hombre que aparece asociado a varios escándalos pero a quien nunca se le ha podido probar nada que vaya más allá de un descarado interés por las piernas bonitas de las jóvenes abogadas, a pesar de que durante años se le relacionara con el Opus Dei. No obstante, algunas demandas en su contra sí han llegado a los juzgados. La más seria de todas ellas quizá sea la presentada por la sociedad ETIC, que le pide 175 millones por daños y perjuicios como consecuencia de una presunta «negligencia» profesional[2]. La demanda expone que la sociedad denunciante vendió la empresa Metales y Platería Ribera a la firma Pieta, controlada por el subastero Miguel Castellví Gual, y que se nombró árbitro de la transacción a Juan Piqué Vidal. Surgieron divergencias entre las partes y la vendedora descubrió que el abogado mantenía sociedades con Castellví desde 1989 (Promociones Flager[3]), que ambos eran socios en otras empresas, como Urbas, y que la auditora Audiec —muy activa en las filiales de Grand Tibidabo— estaba presidida por Francisco de Quinto, miembro del bufete Piqué Abogados Asociados. Finalmente, la demanda se archivó tras alcanzarse un acuerdo no revelado entre las partes.

La influencia de Piqué en Barcelona había llegado a ser asfixiante. Lo más característico de las actuaciones del «toga de oro» es que suele acabar asociándose a las empresas o los particulares a los que defiende profesionalmente. Así ocurrió con De la Rosa, con Fiter, con el grupo BGI de José María Sanclimens, con la familia Sabaté, propietaria de la empresa Imssa[4], o con Joan Bilbao y su Banco Eurohipotecario, por citar algunos ejemplos.

El nombre de Piqué Vidal ha aparecido también en asuntos de tráfico de diversa naturaleza a través de la frontera con Andorra: desde los correos detenidos en las gasolineras de Cataluña, adonde los miembros de las redes acudían regularmente para recoger fondos y trasladarlos al principado andorrano, a casos muy serios de tráfico ilegal de carnes o paso de maletas con dinero. Piqué llevó la suspensión de pagos de Frigelsa (Frigoríficos del Alto Urgel), empresa propiedad de Francisco Javier Solé Pons, que fue implicada en el intento de introducir ilegalmente en España 70.000 kilos de solomillos australianos por la aduana de La Seu d’Urgell. Solé huyó a Paraguay y volvió después de ser absuelto por la justicia española.

El hermano de Solé, Joan Solé Pons, fue cazado por la Brigada de Delitos Monetarios, acusado de actuar como correo de una red de evasión de capitales que utilizaba la «vía andorrana»[5]. El emisario cantó de plano e implicó directamente a Piqué Vidal, ya que, según sus declaraciones, fue en el despacho del abogado donde entró en relación con Juan Calvete, contable de la empresa Cominser, la propietaria del dinero a evadir. Solé Pons trasegaba los billetes a comisión, compatibilizando esta actividad con su profesión de veterinario en la fronteriza población de La Seu d’Urgell. Al final, Joan Solé quedó absuelto, siendo condenados Lorenzo Rosal y Enrique Marugán, los propietarios de Cominser, empresa estrechamente relacionada con Javier de la Rosa durante su etapa al frente del Garriga Nogués. Sin embargo, para Piqué Vidal todo aquello era «una coincidencia, ya que por este despacho pasa mucha gente».

Quizá fue también una coincidencia la que movió a De la Rosa a conceder un favor al abogado Piqué con motivo del escándalo Renta Barna. Una maldita coincidencia, pensarían muchos de los inversores que entre 1981 y 1982 perdieron hasta la camisa con aquel negocio, en el que Piqué estaba comprometido por su gestión de la compañía. Renta Barna se dedicaba a la inversión inmobiliaria ofreciendo rentabilidades milagrosas a sus clientes. La recesión en este mercado hizo que la sociedad no pudiera hacer frente al pago de esos desorbitados intereses. Surgió entonces, también milagrosa, la figura de Piqué Vidal, que pudo evitar el escándalo gracias al apoyo financiero que De la Rosa le prestó con fondos del Banco Garriga Nogués. El affaire, de unos 1.000 millones, no pudo atenderse con dinero líquido y muchos de los perjudicados cobraron con lotes de terrenos en Quash-Tierras de Almería, una de las más polémicas inversiones del banco. En Renta Barna operaba otro consejero del Garriga Nogués, Esteban Casanovas, e incluso en el mismo edificio del despacho de Piqué Vidal se organizó una oficina de crisis, con un liquidador próximo al Opus que ofrecía coches BMW a los abogados que apaciguaban y convencían a los clientes más díscolos.

Pero el gran profesional de la primera época de JR fue Juan José Folchi Bonafonte[6], que había sido el primer conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat restaurada que presidió Josep Tarradellas a partir de 1977. Estuvo en el cargo hasta 1980, cuando CiU ganó las elecciones. Entonces Folchi decidió reincorporarse a la Abogacía del Estado. Había conocido a Jotaerre y éste le encomendó que guiase, por cuenta del Garriga Nogués, la fusión entre Talleres Sanglas y Mototrans, participadas del banco, y la posterior venta de la mayoría del capital a la multinacional japonesa Yamaha.

El letrado Folchi militaba en Centristes de Catalunya-UCD, junto a su cuñado Josep Miró Ardèvol y el ahora portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins. Luego, los avatares de la política le llevaron a presidir el PDP de Cataluña, que se presentaba electoralmente junto a Alianza Popular y Unión Liberal. Número cuatro de la candidatura de Coalición Popular al Parlamento de Cataluña en las elecciones de 1984, su lista recibió el apoyo financiero del banco de Jotaerre. Brillante civilista, Folchi fue profesor de Derecho Internacional y de Derecho Civil en la Universidad Central y en la Autónoma. Cuando aprobó las oposiciones de abogado del Estado (1974) desempeñó sus funciones en Tarragona, de donde le vienen algunas amistades, como la del corredor de Comercio Luis de Grandes. Folchi ejerció allí hasta 1977, y más tarde en Barcelona.

Su salida de la política coincidió con sus primeros trabajos para De la Rosa y los kuwaitíes de KIO, como la adquisición de la papelera Inpacsa o el asalto a Torras. Folchi, especialista en materia fiscal, no sólo despertaba el interés de Jotaerre, sino que también fue captado, en 1989, por Josep Lluís Núñez, presidente del Fútbol Club Barcelona, para ser vicepresidente de la entidad. De Folchi partió la idea de la Fundación del Barça. Aunque Folchi haya podido caer en desgracia en la corte del segundo hombre más importante de Cataluña, representó en su día el único puente de diálogo entre Núñez y Pujol. En aquella época, CiU impulsaba la candidatura a la presidencia del Barça de Sixto Cambra, tras el que se escondía la mano de Lluís Prenafeta, secretario de operaciones especiales de Pujol. Y es que el abogado despierta la consideración del president Pujol, así se lo hizo saber cuando dimitió como conseller y así se lo recuerda cada vez que le ve: «Usted, Folchi, es una de las mejores cabezas que tenemos en Cataluña». En privado, el president le considera, sin embargo, un arribista entre los cruzados del nacionalismo catalán. No obstante, el abogado ha cultivado el jardín pujoliano. Su hermana Inma Folchi y su ya ex cuñado Josep Miró Ardèvol han gozado en diferentes etapas de la máxima confianza del president. Inma Folchi abandonó la secretaría del departamento de Gobernación para «seguir sirviendo a la patria» en el parque Tibigardens. Mientras, la familia Folchi tomaba posiciones en la prensa más favorable al parque, como Diari de Tarragona o Nou Diari de Reus.

En el hotel Churchill de Londres, una pseudo-embajada donde residen los funcionarios de KIO y KIA, el abogado Folchi había llegado a convertirse en todo un personaje. No en vano se pasaban horas leyendo los papeles que éste les enviaba.

Rota su relación con los kuwaitíes, las querellas de KIO contra el equipo que lideraba Javier de la Rosa han adquirido un plus de peligrosidad, teniendo en cuenta la secular disposición del mundo árabe a las venganzas truculentas. Quizá por ello, a mediados de julio de 1994, media docena de buceadores de la Guardia Civil se sumergían cerca de Palamós (Costa Brava) para garantizar a Folchi que el casco de su barco Lady Mónica, de treinta metros de eslora y con una tripulación de cinco marineros, estaba limpio de cualquier adición sospechosa.

Otro de los profesionales idolatrados por De la Rosa es Alfredo Fraile Lameyer, propietario de Agencia A, el más significativo de los numerosos relaciones públicas que han tratado de vehicular las informaciones que aparecían en prensa sobre el financiero. De todos ellos, sólo Fraile tuvo la oportunidad de introducirse en sus negocios, y ello se debió a las privilegiadas relaciones que mantiene con la jet-set española e internacional. La tarea no era fácil, había que contar muchas mentiras con cara de convicción y De la Rosa siempre se mostraba insaciable. Lo que para otros era un artículo elogioso, él lo entendía como una terrible crítica. Además de sus afinidades personales había concomitancias de estilos similares que unieron rápidamente a Alfredo y a Javier. «Javier es mi amigo. Y yo no hablo de dinero con los amigos». Sin embargo, la documentación de la Agencia A intervenida entre los papeles de Quail y Mexans demuestra una realidad bien distinta, plagada de notas, SOS financieros enviados por el contable de Agencia A requiriendo urgentes pagos por organizar «fiestas», «complementos» para señoritas, pagos a medios de comunicación y otros gastos. Quizá la más desesperada de estas cartas, dirigida a Arturo Piñana, es la que dice: «El pago no puede dilatarse más del día 16 de diciembre [se había reclamado desde febrero], pues en caso negativo o retraso por vuestra parte no podríamos hacer frente a pagos tan importantes y de inmediato futuro como es el de la “paga extraordinaria” de diciembre». La factura ascendía a 48.900.000 pesetas[7].

Conocidas ciertas debilidades de algunos de los invitados de Jotaerre, algún esbirro se encargaba de contratar bonitas happy hookers para que entretuvieran al agasajado, mientras el magnate se retiraba pudorosamente de la escena dejando la sospecha de que algún vídeo se ponía en marcha. Algo de todo ese material ha llegado al juzgado que instruye el «caso Grand Tibidabo».

Pero Agencia A se caracterizó sobre todo por su peculiar y laxo sentido del respeto a la libertad de expresión. Sus comunicados eran como la propaganda de Ceaucescu, y las sutilezas se reservaban para demonizar a los pocos críticos que predicaban en el desierto de una sociedad embobada con los juegos malabares de JR, el acróbata de las cuentas de resultados. Incluso hay que reconocer un sorprendente éxito en el manejo de la prensa económica internacional, especialmente The Financial Times o Forbes, que llegó a considerar a JR «el nuevo rostro de España».

Agencia A no reconoció que había problemas en Torras hasta el momento en que Ercros entró de urgencia en el juzgado. Sus empleados se colaban de rondón en actos públicos, simulando ser periodistas, para informar a Jotaerre. En suma, que si Gorbachov, que hizo aprender a Occidente el significado de las palabras perestroika o glásnost, hubiera sido cliente de Fraile, hoy los historiadores hablarían de maskirovka («enmascaramiento») y dezinformatsia («desinformación»). Alfredo Fraile trabaja ahora para empresas e intereses relacionados con la familia de Hassan II, rey y guía espiritual de Marruecos que está muy lejos de ser un ejemplo en materia de libertad de información.

Otro profesional que se ha ganado un lugar preferente en la galería de hombres públicos que en su día fueron esenciales para la credibilidad de Javier de la Rosa en el mundo empresarial español es Santiago Eguidazu Mayor, nombrado por el BOE del 1 de agosto de 1986 secretario general técnico del Ministerio de Industria. Es decir, nombrado siete días después que el propio ministro de Industria, Luis Carlos Croissier.

Cuando ambos abandonaron el ministerio, Croissier fue nombrado presidente de la CNMV, es decir, sheriff del mercado de valores (octubre de 1988), mientras que Eguidazu se incorporaba a Asesores Bursátiles. La llegada de Eguidazu a Asesores coincidió con el relajo de sus tres socios fundadores, Ignacio Garralda, Pedro Guerrero Guerrero y Salvador García Atance. Eguidazu, miembro del llamado «clan de los técnicos comerciales del Estado», como Manuel Guasch o el propio Carlos Solchaga, consiguió algo inimaginable: desplazar a Beta Capital del papel de piloto del dinero kuwaití en sus incursiones por la bolsa española. Y eso que Grupo Torras controlaba el 50 por ciento del capital de Beta y había invertido en ello 2.000 millones en efectivo y una cantidad similar en títulos.

Eguidazu consiguió aficionar a De la Rosa a la buena cocina navarra del restaurante El Frontón, en la calle Pedro Muguruza, de Madrid, donde un restaurador, pelotari aficionado y buen conocedor de la muga, obra maravillas culinarias que entusiasman también —¡menuda casualidad!— al ex superministro Carlos Solchaga, tafallés ejerciente. Pero donde Eguidazu opera auténticos milagros es en la bolsa, el territorio de su ex ministro, el canario Croissier. No es la coincidencia lo que hace que De la Rosa cambie de canal en bolsa poco antes de que Torras presente una más que dudosa emisión de bonos convertibles que debía ser aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a finales de 1989.

Asesores se benefició de operaciones de Torras en las que había mucho dinero en juego, como la toma de control de Ebro o la OPA de CNL, que supuso 100 millones de tarifa para la gente de Eguidazu. En las declaraciones al juez Aguirre (9 de febrero de 1995) De la Rosa expone que Eguidazu le propuso, en nombre de Luis Carlos Croissier, presidente de la CNMV, y de los servicios de inspección del Banco de España, que hiciera una OPA a CNL. Luego cuenta que pagó dos veces 50 millones a Asesores, una vez por buscar socio y la otra por valorar el negocio. Hubo otras comisiones que no constan en querella alguna, como sucedió con ocasión de la venta —en marzo de 1992— del 1,76 por ciento del Banco Santander propiedad de Torras a la propia entidad cántabra. Con esta operación JR se embolsó 450 millones. Aquello era increíble; tanto que los hombres de Asesores pidieron autorización por escrito a KIO Londres antes de mover un dedo, por temor a incurrir en un ilícito penal.

Santiago Eguidazu trabajó también para el multimillonario sirio Abderramán el Assir, amigo de Enrique Sarasola y especializado en vender bienes de equipo y tecnología a países del mundo árabe. El 2 de febrero de 1989, Sarasola y El Assir coincidieron como invitados en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela.

Manuel Pérez, (izquierda). Es periodista, natural de Barcelona. Después de trabajar en varias publicaciones sectoriales del Grupo Planeta se incorporó a la delegación barcelonesa del diario económico Cinco Días, y desde 1992 desarrolla su actividad profesional en la sección de economía de El País.

Xavier Horcajo, (derecha). Nació en Barcelona y es licenciado en Ciencias de la Información. Tras ejercer diversas responsabilidades en las áreas de economía y política de El Noticiero Universal y Avui, formó parte del equipo fundacional de La Economía 16 y fue delegado en Cataluña de Diario 16 y Cambio 16. Desde 1995 escribe en las páginas económicas del diario El País.

Los autores son conocidos desde hace años por sus trabajos individuales de investigación asomándose al pozo oscuro de los manejos del financiero De la Rosa, precisamente desde Barcelona, su feudo, y conocen como pocos las amenazas y presiones con las que el pretendido mago de los negocios conseguía la complacencia del entorno social y político.

Título: J.R. El tiburón

Autor: Manuel Pérez y Xavier Horcajo

Fecha de edición: 1996

Se permite la reproducción total o parcial de este libro, su incorporación a un sistema informático, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico o mecánico, por fotocopia, grabación u otros métodos, sin el permiso previo del autor, entre particulares sin animo de lucro. (Art. 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Epub: Libros vagabundos, 2014

NOTAS

CAPITULO UNO

[1] El País, 10 de noviembre de 1995. <<

[2] El País, 6 de octubre de 1995. <<

[3] El País, 16 de noviembre de 1995. <<

NOTAS

CAPITULO DOS

[1] Así aparece referenciado en las hojas de liquidación del equipo de guardaespaldas «R-l» con fecha 6 de agosto de 1993. Hoja 19.162 del sumario. <<

[2] Joaquim Molins pertenece a la familia propietaria de Cementos Molins. <<

[3] Y otras empresas filiales, como Glucosa y Derivados. <<

[4] Pedro Misol falleció el 15 de agosto de 1995, a la edad de ochenta y cuatro años. <<

[5] Fue adquirido por De la Rosa a finales de los setenta por más de 40 millones. En 1992, uno de los vecinos históricos de la finca vendió y su propiedad se había revalorizado fuertemente: obtuvo 280 millones por ella. <<

[6] También es apoderado de Masson Little Brown and Co., SA. <<

[7] Allí poseen la casa «Tramuntana 1º A», que figura a nombre de la sociedad Nimer. <<

[8] Al vehículo B-1269-MP de su hijo Javier, por valor de 20.000 y 15.000 pesetas. <<

[9] Son las facturas de diciembre de 1993, enero de 1994 y febrero de 1994. <<

[10] Nacida el 1 de febrero de 1975. El préstamo está consignado en la hoja 19.521 del sumario. <<

[11] Así consta en la hoja 19.266 del sumario. La peluquería canina se encuentra en Rambla General Mitre, 99, de Barcelona. <<

[12] Fecha 28 de enero de 1994, hoja del sumario 19.260. <<

[13] Escrivá de Balaguer fue elevado a los altares por Juan Pablo II el 17 de mayo de 1992. <<

[14] La casa está situada en el número 20 de la calle D’Eth Piu, de la Pleta de Baqueira, fue adquirida hace más de diecisiete años, tiene un valor catastral de 12.900.000 pesetas y está muy próxima al chalet que suele utilizar la Familia Real en Navidades. <<

[15] Folio 11.210 del sumario del «caso Grand Tibidabo» (Mexans C-20). <<

NOTAS

CAPITULO TRES

[1] James B. Stewart, Den of Thieves, Simón & Schuster, Londres, 1992. <<

NOTAS

CAPITULO CINCO

[1] Obra del fotógrafo Carles Ribas. <<

[2] La Dorotea IV, una embarcación Sunseeker de 20 metros (matrícula 7º-A-2-629-94), propiedad de Alavedra, que según él es de segunda mano, aunque parece recién comprada. <<

[3] La finca adquirida en una extraña operación inmobiliaria a la eléctrica pública catalana Enher dispone de sofisticados sistemas de seguridad. <<

NOTAS

CAPITULO SEIS

[1] Así lo certificó el ministro del Interior de Panamá, Raúl Montenegro. <<

NOTAS

CAPITULO SIETE

[1] Sin duda el título nobiliario del franquismo con más chispa, ya que fue concedido al marido de la condesa por el general Franco y, sin mayores esfuerzos de imaginación, aprovechó el nombre de la empresa que dirigía, Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa). <<

[2] Con el paso de los años, el Europa, una entidad tan conservadora hacia el riesgo ajeno como irresponsable concediendo créditos a negocios de sus consejeros, acabó acogiéndose a la «munificencia salvífíca» de La Caixa, en palabras de un conocido publicista financiero barcelonés. Ferrer es primo de Josep Vilarasau Salat, director general de La Caixa. <<

[3] Ramiro Cervera Garnica es hijo de Ramiro Cervera, ex presidente de Carburos Metálicos, y de Pilar Garnica, la hija preferida de don Pablo. <<

[4] Proveniente de Fusa (Fincas Urbanas), Bueno entró en Ibusa junto a Juan Díaz de Budallés. <<

[5] Nieto del fundador del movimiento Lliga Regionalista, Joan Ventosa i Calvell, que fue ministro de Finanzas del Gobierno Aznar (1931). <<

[6] Ernesto Ekaizer, Banqueros de rapiña, Plaza & Janés, Barcelona, 1994, pág. 122. <<

[7] Véase el libro Catalunya és més que, un club?, de Armand Carabén, Edicions 62, Barcelona, 1994, pág. 177. <<

[8] Un documento de fecha 24 noviembre 1981 descubre el uso de fiduciarios para suscribir ampliaciones de capital de Harry Walker, a cambio de recibir financiación del BGN. El acuerdo está firmado por De la Rosa ante el notario José Villaescusa Sanz. <<

NOTAS

CAPITULO OCHO

[1] Entrevista de Gonzalo San Segundo en Cambio 16, número 1.108, pág. 32. <<

NOTAS

CAPITULO NUEVE

[1] Daniel Yergin, La historia del petróleo, Plaza y Janés, Barcelona, octubre de 1992, pág. 388. <<

[2] La cartera de inversiones de KIO en el mundo incluye participaciones valoradas en 10 billones de pesetas que facilitan una renta anual de 600.000 millones. Entre las principales inversiones destacan: British Petroleum (10 por ciento), Midland Bank, Royal Bank of Scotland, Daimler-Benz (14 por ciento), Metallgesellschaft (22 por ciento), Hoescht (23 por ciento), Paribas, Fiat, Arabian Oil, Arab Banking, Hay Group, Saint Martin’s Property o las norteamericanas IBM, Great Western Bank o Santa Fe Int. <<

[3] Nacido el 3 de octubre de 1938, prefería su magnífica mansión del 105 de Cadogan Garden al trabajo en las oficinas de KIO Londres. <<

[4] Concretamente, el acuerdo establece que KIO «está interesado en adquirir las acciones representativas del capital social de Inpacsa, entre un 95 y un 100 por ciento […]. El comprador indemnizará a los titulares de las acciones representativas del capital social de Inpacsa con la suma de US$ 7,45 por cada acción». En aquel momento, el capital social de Inpacsa era de 805.336.500 pesetas, repartidas en 1.610.673 acciones al portador de 500 pesetas cada una. <<

[5] Armand Carabén, op. cit. <<

[6] Juzgado de Primera Instancia 4 de Barcelona, marzo de 1983. <<

[7] Doce años después de que se produjera la quiebra del Banco de los Pirineos y tras la ratificación de su carácter fraudulento por el Supremo, los consejeros esperaban para sentarse en el banquillo, entre ellos Tomás Feliu de Cendra, padre de Maria Angels Feliu, la farmacéutica que fue secuestrada en Olot. <<

[8] En el consejo dormitaban Francisco Fernández Ordóñez y Juan Antonio Ruiz de Alda, entre otros. <<

[9] Pedro Olabarría, José Ignacio Romero, Jorge Núñez, Hernán Sanz, Vicente Vilanova, Carlos y Jesús Echevarría fueron ejecutivos de Motor Ibérica, empresa que abandonaron cuando Juan Echevarría Puig la incorporó a la japonesa Nissan Motor Co. <<

[10] La suma final de acciones compradas y de cantidades pagadas no coincide con las que figuran en el acuerdo firmado por Olabarría y Jaffar el 30 de junio de 1986. Los datos incluidos en el cuadro están extraídos de los contratos de compra-venta formalizados ante los notarios de Barcelona Elias Campo Villega y José-Félix Belloch Julbe. <<

[11] Es una operación bursátil mediante la cual una persona física o jurídica notifica a los accionistas de una sociedad que cotiza en bolsa que está dispuesto a adquirirles los títulos que se le ofrezcan a precio superior al de cotización, para de esta manera alcanzar o reforzar su dominio de la sociedad. Es preceptiva siempre que se adquiera un 25 por ciento del capital de la empresa. Este código de conducta se puso en funcionamiento en España con el Decreto 1.848, de 5 de septiembre de 1980, luego reformado el 25 de enero de 1984. <<

[12] Las BV son sociedades limitadas holandesas, no obligadas a depositar cuentas ni informes financieros y con exención total de impuestos sobre dividendos o de sociedades (Vennootschaap Beloste). <<

[13] Antonio Ubach fue director general de la Caja Andorrana de la Seguridad Social y, tras el estallido de un fraude financiero estimado en unos 8.000 millones de pesetas, fue encarcelado. <<

[14] Dictamen de la Intervención Judicial del Grupo Torras S.A. al Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, 20 de abril de 1994. <<

[15] Dictamen de la Intervención Judicial, págs. 16 y 17. La cursiva es de los autores. <<

[16] Idem. <<

[17] Fallecido el 10 de septiembre de 1995. <<

[18] Su eslogan es «Riqueza, Prudencia y Discreción». <<

NOTAS

CAPITULO DIEZ

[1] Ernesto Ekaizer, El País, 31 de enero de 1993, «Domingo», pág. 3. <<

[2] Fallecido en diciembre de 1989. <<

[3] KPMG Peat Marwick, Informe sobre Grupo Torras del 14 de octubre de 1991 (el texto destacado es del editor). <<

[4] Alfonso Cortina, presidente del consejo de administración de Portland Valderribas, está casado con Miriam Lapique, hermana de Cari, quien a su vez está casada con Carlos Goyanes, íntimo de Alfredo Fraile, que fue involucrado en temas de narcotráfico por el arrepentido Ricardo Portábales de los que resultó finalmente absuelto. <<

[5] Extraído de las declaraciones de De la Rosa y Jaffar ante la Commercial Court de Londres. <<

[6] Esta operación está incluida en la demanda presentada por KIO en Londres y en la que se reclaman 500 millones de dólares a los antiguos ejecutivos del grupo. <<

[7] Ernesto Ekaizer, Banqueros de rapiña, op. cit. <<

[8] Marta Chávarri demandó a la revista Interviú, propiedad de Antonio Asensio. La Audiencia de Barcelona condenó a la revista en julio de 1995 a pagar 34 millones de pesetas a Marta Chávarri por la foto, que fue publicada en 1989. <<

[9] Cinco Días reprodujo aquella premonitoria conversación el 27 de julio de 1992. <<

[10] El caso se siguió en el Juzgado 21 de Madrid (Abreviado 994/92), y Mariano Rubio vería sobreseídas las imputaciones que le afectaban. <<

[11] Acusado de participar en la gestación de los GAL desde distintos e importantes cargos de la seguridad del Estado. <<

NOTAS

CAPITULO ONCE

[1] La aeronave a turbina, construida en 1988, contaba con aviónica Collins, aire acondicionado por freón, freno del rotor, aislamiento de lujo y nevera, y estaba pintado en azul pacífico con una línea dorada (repintado en 1992). <<

[2] La esposa de De la Rosa, una de sus hijas y los dos pilotos Pacho Muñoz y Joan Fontanals, estuvieron en una comisaría andorrana durante más de cuatro horas dando explicaciones. <<

[3] Folio 19.556 del sumario Grand Tibidabo. <<

[4] Término anglosajón que define una operación de tiburoneo empresarial en la que el comprador de las acciones pretende forzar con su entrada no deseada la recompra del paquete a un precio muy superior a su valor real o de mercado. <<

[5] Hermanastro del político vasco Ricardo García Damborenea. Este último fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya, promotor de una tendencia izquierdista y, finalmente, próximo al PP. Además, está inculpado en el «caso GAL». <<

[6] Primero, De la Rosa compró al Santander un 9,4 por ciento, en agosto de 1987; luego en bolsa se hizo con un 24,9 por ciento. En diciembre de 1988, JR tiene un 58,08 por ciento de Cros y un 26,3 de ERT. <<

[7] Confesión del ejecutivo del banco José Antonio del Pino a Ernesto Ekaizer. Banqueros de rapiña, pág. 52. <<

[8] El ministro se lo ofreció el 7 de enero de 1983, cuando Escondrillas dirigía su Consulting Check, en Bilbao. <<

[9] Aurelio Medel, Diario 16, 4 de agosto de 1992. <<

[10] Tres años después, entre los papeles de Quail, aparecería una carta del grupo hotelero Husa por la que se garantizaba a JR una comisión de 200 millones si cerraba la venta de los hoteles Ritz y Princesa Sofía de Barcelona a un grupo kuwaití. <<

[11] La valoración de activos correspondió a American Appraisal y Arthur Andersen. <<

[12] El juez Aguirre expresó en uno de los autos del «caso Grand Tibidabo» su «extrañeza» por algunas de las intervenciones de Luis de Grandes. <<

[13] Pignorar es conseguir un crédito con la garantía de títulos valores que se depositan en la entidad prestataria. Caso de no pagar, el banco o caja se convierte en propietario directo de los títulos pignorados. <<

[14] Extraído de la demanda presentada por Javier de la Rosa Maura ante la Supreme Court of the State of New York. Esta demanda permitió a KIO demostrar ante la Corte de Londres que la cuenta Stuart, en el Bankers Trust, que había recibido como mínimo 15.000 millones de pesetas del Grupo Torras, pertenecía a Javier de la Rosa. <<

[15] Creada en Bilbao, en febrero de 1988, se dedica a caza de talentos. Su capital inicial era de 100.000 pesetas. <<

[16] Fichado para Quail en 1985. Antes trabajaba en Hispacement. <<

[17] Nacido en 1934, de madre inglesa, vivió en el Reino Unido hasta 1958. <<

[18] Escondido de las finanzas europeas en un refugio de la costa de Túnez. <<

[19] Del Valle era socio del despacho de laboralistas donde trabajó Felipe González junto a Rafael Escuredo y su mujer Ana María Ruiz Tagle. Francisco Carrera es primo de González y Gregorio Aranda es un viejo socialista que había cobijado en su casa a «Isidoro» en los tiempos de la clandestinidad. <<

[20] Dinsa estaba confiada a Francisco Javier del Oro Pulido, ex colaborador de José Barrionuevo en el Ministerio del Interior. <<

[21] Diario 16, 15 septiembre de 1992, pág. 47. <<

[22] «Memorándum secreto a la Fiscalía General de Kuwait», elaborado por Juan José Folchi y fechado el 19 de noviembre de 1992. <<

NOTAS

CAPITULO DOCE

[1] Querella presentada por KIO ante la Audiencia Nacional el 8 de enero de 1993, pág. 13. <<

[2] Arturo Suqué es socio fundador y presidente de Casinos de Cataluña y de Luditec, empresas a las que la Generalitat de Cataluña concedió la explotación del juego en esa autonomía. El «caso Casinos» le implica como financiador ilegal de CDC, el partido de Jordi Pujol. <<

[3] Dictamen de la Intervención Judicial. <<

[4] Informe de auditoría del Grupo Torras realizado por la firma CPA Touche Ross, en fecha 3 de abril de 1990 y modificado el 17 de mayo para introducir la salvedad citada. <<

[5] Los árabes, grandes aficionados a los simbolismos, decidieron que las principales instrumentales llevasen nombres holandeses, pero debían comenzar con k, como Kuwait (KIO, Koolmees, Kokmeeuw, aunque ello les llevase a adoptar nombres de pájaros poco comunes, como la gaviota de cabeza negra o el herrerillo para las dos últimas sociedades), en los que los ensalzadores a sueldo creían ver influencias del poeta sufí Aftar referidas a la cetrería. <<

[6] Dictamen de la Intervención Judicial. <<

[7] Junta extraordinaria de marzo de 1990. <<

[8] El 28 de junio de 1990. <<

NOTAS

CAPITULO TRECE

[1] Miembro de la familia gobernante en Kuwait y ministro de Finanzas. <<

[2] El trust es una figura jurídica inglesa. <<

[3] Edouard Chambost, Guide des Paradis Fiscaux face à la Communauté Européenne, Ed. Sand, 1993. <<

NOTAS

CAPITULO CATORCE

[1] Quasar Seguridad se constituyó el 20 de septiembre de 1991, con 30 millones de capital y el mismo domicilio que Torras. Novax y Seymour, ligadas a los ex gestores de KIO en España y que se repartían cada una un 0,5 por ciento del capital junto a Grupo Torras, mantienen deudas de 150 millones con Hacienda. Quasar era un pequeño ejército privado con 750 pistolas declaradas en Interior que asumió labores de custodia de las industrias relacionadas con Torras. La licencia de Interior lleva el número 1.795 de registro. <<

[2] Licencia número 1.706 del Ministerio del Interior. <<

[3] Los rosacrucianos son una antigua orden de carácter gnóstico, muy cerrada en sí misma. (En lugar de seguir los cambiantes postulados de Rosencreutz, en Quail se seguían los de De la Rosa). <<

[4] Núñez, como consejero delegado, suscribió contratos autosometidos con Alfredo Fraile Lameyer, Miguel Soler Sala, José María Sot Casas, Francisco Hernán Sanz, Jaime Alvira Calvo, José Garrido Arillo e Ignacio Carabias Torres (ex Garriga Nogués). <<

[5] Literalmente: «paracaídas de oro». El concepto hizo fortuna en Estados Unidos en los años ochenta y consiste básicamente en las indemnizaciones multimillonarias que determinados ejecutivos se autoestipulan para el caso de ser despedidos en las empresas donde prestan servicios. <<

[6] Sentencia 6519/83, de 17 noviembre de 1993, Sala de lo Social del TSJC. <<

[7] Vista oral autos 813/92 ante la magistrada Luisa María Gómez Garrido, el 4 de febrero de 1993. <<

[8] Diario 16, 5 de febrero de 1993, pág. 42. <<

[9] Antiguo secretario particular de Ramón Rubial, presidente del PSOE. <<

[10] El 8 de mayo de 1992 Ercros comunica a la CNMV la lista de sus principales accionistas. Narciso de Mir tiene 9.327 títulos; Jorge Nûnez 4.250; Juan Antonio Andreu, 5.492; Juan Antonio Samaranch Torelló (padre), 1.198; José Maria Catá Virgili, 500; Santiago Martinez Lage, 305; Juan Antonio Delgado, 254; Francisco Salsas Sapera, 140; Emilio Botín, 100, y Javier Vega, 286 acciones. <<

[11] Presentada ante el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, el 4 de diciembre de 1992. Las deudas eran de 243.000 millones. <<

NOTAS

CAPITULO QUINCE

[1] Administrada por Ginés Marfá Pons, entonces en Piqué Abogados, ex letrado de la Delegación de Hacienda de Cataluña y eminente fiscalista. Ramón Lanau y Marfá fueron fichados de sus cargos públicos en el fisco por Piqué Vidal. <<

NOTAS

CAPITULO DIECISEIS

[1] Nacido en 1937, conseller de Industria desde 1980 a 1984 y presidente en dos ocasiones del Círculo de Economía, por tres años. <<

[2] Protagonista de un grave escándalo por haber facilitado dinero público de la Generalitat a empresas ligadas a personas del gobierno catalán o a familiares directos suyos, entre ellos Macià Alavedra, Joan Vallvé, Antoni Subirà y Huís Prenafeta. El fiscal general del Estado, Eligió Hernández, archivó el caso en 1992 a pesar de afirmar que en todo aquello había «un cierto aroma de corrupción». <<

[3] Luego trabajó en la empresa alemana Metallgesenschaft, participada por KIO. <<

[4] Había trabajado junto a Enrique Sarasola en fondos de inversión latinoamericanos. <<

[5] Sería la primera vez en España en la que un particular lanza una OPA a una empresa. <<

[6] Aranzadi, Código Penal, Deusto, 1983. <<

[7] Declaraciones realizadas durante una entrevista publicada por el diario Cinco Días. <<

NOTAS

CAPITULO DIECISIETE

[1] El País, 19 de mayo de 1991, pág. 52. <<

[2] Gregorio Morán, El precio de la transición, Planeta, Barcelona, 1991. <<

[3] En su declaración ante el juez Gherardo Colombo, el 13 de octubre de 1994, Acampora refirió que «profesionalmente he asesorado a la sociedad PTB (del grupo alemán Kirsch) en cuestiones mercantiles en España, por Tele 5, que es en parte propiedad de Fininvest, en parte de la ONCE, en parte de una sociedad de la que no recuerdo el nombre y cuyo responsable es un cierto señor Medrano, y en parte del grupo Kirsch». No mencionó a De la Rosa como socio de la cadena, que era en realidad quien vendió el paquete en la operación en la que intervino Acampora. <<

[4] Hamudi SA tiene su domicilio social en la calle Alfonso XII número 46 de Madrid. Su administrador único era Fernández-Escribano y el apoderado Sebastián Enseñat. Ambos son consejeros o secretarios de un buen número de empresas italianas establecidas en España. <<

[5] Los jueces italianos de «Manos Limpias» están investigando las relaciones de Berlusconi con el Banco Internacional de Luxemburgo, que también fue utilizado por el ex primer ministro italiano para hacerse con el control de la cadena de televisión italiana Telepiù, rebasando los límites legales de participación. El BIL tiene su sede en 15, Avenue Montchoisi, CH, 1006 Lausanne, y es filial del banco luxemburgués del mismo nombre. <<

[6] La compra de Baseiria Oil se justificó por motivos de estrategia empresarial. Sin embargo, el entonces consejero delegado de la sociedad, y actual presidente, Josep Maria Calmet, se opuso inicialmente porque consideraba que la adquisición endeudaba peligrosamente a la sociedad. En agosto de 1995 la Generalitat vendió parte de su participación en Petrocat a Repsol y Cepsa. <<

NOTAS

CAPITULO DIECIOCHO

[1] «El Lobo» tenía montada en Barcelona una red de servicios en gestiones reservadas a empresas y empresarios, aprovechando su condición de influyente agente del Cesid. La empresa más activa de las que utilizó era Sevip Strategic, en la que incluso se afirmaba que las minutas de comisión «eran para fondos reservados con los que financiar la organización de inteligencia». <<

[2] Así consta en sendas cartas de febrero de 1989 de la empresa Técnicas de Cifra SA de Madrid (sumario, hoja número 17.989). <<

[3] Domiciliada en glorieta de Ruiz Jiménez número 7 de Madrid. Constituida como empresa de asesoramiento, negocios inmobiliarios y estudios de viabilidad. Juan Alberto Perote era su administrador único, y su hija Ana Pilar era la apoderada. <<

[4] Junto a Díaz Molist, cuatro hombres de su confianza se fueron con él a Top Risk: José Peña Expósito, Enrique Lapuente, Salvador Corominas y José Arroyo. <<

[5] Diario 16, 13 de noviembre de 1994, pág. III «Dossier». <<

NOTAS

CAPITULO DIECINUEVE

[1] Así lo certificó el secretario general de La Caixa, Ricardo Fornesa Ribó, poco antes de abandonar el cargo. <<

[2] En sentencia de la Sección Primera, fecha 9 de noviembre de 1994. <<

[3] La orden apareció en el BOE 11.474. <<

[4] A las trece horas y dos minutos del 13 de junio de 1992 Eduardo Bueno Ferrer, vecino de Javier de la Rosa, abandonaba la presidencia de la compañía Urbas, después de haber vendido el 24,9 por ciento de ella a Fitinvest, la sociedad holding de Ramón Fiter. La toma de una cuarta parte del capital de Urbas se gestionó en bolsa a través de Gaesco, al cambio de 660 pesetas por acción. <<

[5] El nombramiento era del todo incompatible con la ley catalana de altos cargos; quizá por ello, Vilaseca no llegó a asumir de facto la vicepresidencia que le ofrecía Fiter y renunció al cargo casi inmediatamente. Vilaseca fue jefe de la asesoría jurídica del grupo Banca Catalana y miembro del comité ejecutivo de la entidad cuando la presidía Jordi Pujol, y posteriormente uno de los acusados por el «caso Catalana». <<

[6] En catalán, en sentido literal, «pequeño comerciante»; en el contexto, «corto de miras sin visión global». <<

[7] Nacido en 1930, de profesión abogado, Casajoana estaba en el núcleo fundacional de CDC, en Montserrat, en 1974. El fue quien más dio la cara en la protesta antifranquista de mayo de 1960 en la que unos jóvenes nacionalistas entonaron Els Segadors en el Palau de la Música coincidiendo con una visita de Franco. Casajoana fue detenido y torturado. <<

NOTAS

CAPITULO VEINTE

[1] Núñez y Piqué fueron retirados de la demanda por problemas de procedimiento. <<

[2] La demanda incluye a diez sociedades pantalla controladas por Plinio Coll y Michael Russell. Este último es un abogado residente en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, lugar en el que se encuentra la mayoría de las sociedades utilizadas, y está relacionado con Juan José Folchi. La esposa de Russell, Carin Parker, acabaría también incluida en posteriores ampliaciones de la demanda de Londres. Las sociedades que aparecían en la primera demanda presentada en Londres son: Russell Limebeer, Wardbase Limited, Oakthorn Limited, Westow Limited, Anslow Limited, Croesus International Limited, Wantley Developments Limited, Coggia 1 BV y Riquel BV. <<

NOTAS

CAPITULO VEINTIUNO

[1] Ramón Tijeras, Diario 16, 1 de diciembre de 1994, pág. 52. <<

[2] Presentada en octubre de 1992 ante el juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona. <<

[3] Esta atípica sociedad aunó a Piqué con Miguel Castellví Gual en la promoción de una discoteca en Esplugues, en la antigua nave de Corberó, una empresa de la línea blanca en crisis. Piqué y Castellví le compraron la nave a la Generalitat. <<

[4] Otro asunto que llegó al juzgado, denunciado por los trabajadores en 1992. <<

[5] Segre, 7 de junio de 1987. <<

[6] Nacido en Zaragoza el 21 de junio de 1947. <<

[7] Sumario, folios 25.794 y 25.792. <<