Índice

SINOPSIS

PORTADILLA

CITA

DEDICATORIA

MOTIVACIONES Y SENTIDO

EL VIAJE DE LLUÍS COMPANYS. CENTRALISMO, CAPITALISMO Y DEMOCRACIA

REPÚBLICA Y PLURINACIONALIDAD. EN LAS AFUERAS DEL FEDERALISMO

EL PACTO DEL 78. NACIONES Y ESTADO EN EL PROCESO CONSTITUYENTE ESPAÑOL

EXPERIMENTANDO LA PIEL DE TORO PLURINACIONAL

¿REFORMA O RUPTURA? LOS FUTUROS (IM)POSIBLES

NOTAS

CRÉDITOS

SINOPSIS

Un haz de naciones busca respuestas a la mayor crisis democrática y territorial de nuestra historia desde el fin del franquismo, a partir de diversos ángulos: el de un catalán que no ha defendido la independencia de Catalunya, pero sí un proyecto de reconocimiento nacional de la misma, y de esta manera también una nueva concepción de España; el de un activista que ha explorado la necesidad de buscar nuevos momentos constituyentes para Cataluña y España, ante la certeza que el cúmulo de quiebras del sistema probablemente no es sorteable sin un reformismo radical o un nuevo comienzo; y el de un historiador, hecho que marca profundamente la mirada de este libro.

Desde el convencimiento que todo lo que hemos vivido en esta última década es solo prólogo, el texto aborda cuestiones candentes como la relación pasada, presente y futura entre Cataluña y España; el debate sobre la(s) soberanía(s); el problema territorial y de la plurinacionalidad desde una perspectiva histórica y comparada; la crisis de legitimidad del sistema político en los últimos años, y la emergencia de nuevos proyectos políticos y su evolución, para dibujar finalmente distintas propuestas que puedan inaugurar nuevos caminos de salida a las crisis políticas, democráticas y nacionales actuales.

Xavier Domènech

Un haz de naciones

El Estado y la plurinacionalidad en España

(1833-2017)

Que el idioma en España no es uno solo; que el clima no es uno solo; y que la historia no es una sola: esto es, que en España los elementos constitutivos de su personalidad nacional no son uniformes sino variados, y que no hay en ella, por tanto, un solo pueblo, una sola nacionalidad, sino varios pueblos, varias nacionalidades: que España no es, en el riguroso y buen sentido de la palabra, una sola nación , sino un haz de naciones .

JOAN BAPTISTA GUARDIOLA,

republicano igualitarista y socialista,

Diario de Barcelona , 1854

A Josep Fontana, maestro de maestros,

in memoriam

MOTIVACIONES Y SENTIDO

I

A veces, un libro se escribe para explicar una propuesta e intentar convencer a los lectores; otras veces, en cambio, se realiza como un proceso de comprensión de una experiencia vivida, de aprehensión y metabolización de esa experiencia para construir, en todo caso con ella, posibles caminos a seguir. Esto último es el sentido de este libro.

Como muchos de mis conciudadanos, he podido vivir e interactuar intensamente —es decir, experimentar— con la última década de la historia de Cataluña y España; una década que ha sido a todas luces extraordinaria y donde el mundo entero se ha puesto patas arriba. Como le contaba Rosa Luxemburg a Luise Kautsky para otra época «En lo que concierne al espectáculo del mundo, del que te quejas, pronto volverá todo a ser armonioso: cuando todo esté en su sitio, volveremos a tener un cuadro de conjunto coherente». Y esto sucede no porque el mundo vuelva atrás, a las épocas «normales», sino porque nosotros acabamos por poder comprenderlo, ya que «Sin duda, has oído hablar de un experimento de fisiología en el que el sujeto, gracias a unas gafas especiales, ve todas las cosas cabeza abajo; al cabo de un cierto tiempo se ha acostumbrado hasta el extremo de que se orienta y mueve con tanta facilidad como el que tiene una visión normal». ¹ En este sentido, la recomposición de la experiencia de esta época de cambios es en realidad parte de un espejo roto. Cada uno de nosotros contiene solo un pequeño cristal del mismo en una verdad que solo puede ser colectiva. Mi fragmento de ese espejo ha pasado de las calles y las plazas a la esfera política e institucional en un tipo de acción y actividad que interactúa muchas veces —demasiadas veces— con el instante, donde la táctica se impone a la estrategia y la necesidad de dar una respuesta inmediata, a la posibilidad de elaborar las propuestas. Puestos uno al lado de otro, esos instantes dejan abiertos muchos interrogantes que en su momento tampoco pudieron ser respondidos.

De esto trata este libro: de intentar buscar respuestas a la mayor crisis democrática y territorial de nuestra historia desde el fin del franquismo a partir de un ángulo concreto. Y vale la pena esclarecerlo. El ángulo es el de un catalán que ha defendido el reconocimiento nacional de Cataluña y, de esta manera, también una nueva concepción de España. El ángulo es a su vez el de un activista que ha explorado la necesidad de buscar nuevos momentos constituyentes para Cataluña y España, ante la certeza de que el cúmulo de quiebras del sistema probablemente no es sorteable sin un reformismo radical o un nuevo comienzo. El ángulo también es, finalmente, el de un historiador, hecho que marca profundamente la mirada de este libro. Responde en este sentido a la necesidad de explicar una situación política, pero lo hace alguien habituado a pensar estas situaciones históricamente, a seguir a Pierre Vilar cuando decía que los historiadores debemos ayudar a pensar históricamente el presente. En este marco, este libro es en gran parte un ensayo histórico (sobre todo en sus primeros capítulos), y evidentemente es también un ensayo político (en particular, en los dos últimos), desde el convencimiento de que todo lo que hemos vivido en la última década es solo prólogo.

Asimismo, conviene aclarar de entrada que este no es un libro sobre el conjunto de mi experiencia política, ni tampoco su relato completo, sino que en él se aborda una clave concreta de esa experiencia, la de la relación entre el Estado, las soberanías y la plurinacionalidad. Una clave no menor, ya que, a mi parecer, es la que explica la crisis de Estado que se vivió en 2017, que en muchos sentidos está lejos de haber concluido. También se ofrece un relato en primera persona de ciertos momentos de esta crisis en el plano institucional, con episodios compartidos tanto con compañeros como con adversarios. Experiencias que contienen, todas ellas, líneas de tensión que van mucho más allá de su momento concreto. Sin embargo, como se ha dicho, no es un libro sobre esa experiencia. Tampoco es un libro sobre la independencia de Cataluña, el independentismo o el procés . Hay muchos libros ya sobre este tema, y algunos admirablemente escritos, pero estos parten de dinámicas políticas específicas que a menudo tienden a centrarse en una suerte de conjura de los irresponsables . Aunque puede tratarse de un ejercicio interesante, en mi caso he decidido no hacerlo así. Creo que los políticos pueden actuar mejor o peor, además de que efectivamente existe un campo de autonomía de lo político, pero creo también que en ocasiones, en muchas más de las que imaginamos, estos actúan sobre líneas de fuerza que no controlan y que son reales y no una mera invención. Líneas de fuerza que hunden sus raíces en el tiempo, y de las que a veces ellos no acaban ni de ser conscientes. En todo caso, aquello que quería decir de forma extensa respecto al catalanismo, el soberanismo y el independentismo catalán ya lo escribí recientemente en un libro conjunto con Àngels Barceló y Joan Tardà. ² Además, hay ya muchos libros que se centran en lo que sucedió en 2017 en la Generalitat y pocos los que ponen el foco en lo que estaba ocurriendo en el Estado. En este libro, la perspectiva se centra en el Estado y su interacción con la realidad plurinacional de España. Se habla evidentemente de Cataluña, pero también del País Vasco, Galicia, Andalucía y otros territorios que han conformado el Estado en igual medida en que este ha pretendido conformarlos a ellos. Pero, ciertamente, lo sucedido en Cataluña durante la última década, que llegó a su zenit en octubre de 2017, es el gran motivador de la reflexión que está en la base de este libro.

II

Ante las crisis que hemos vivido se ha instalado a veces una suerte de melancolía, de lamento, por el retorno o el mantenimiento de un pasado que en realidad tampoco nunca fue tan bueno. En un mundo dramáticamente cambiante, esta reacción es comprensible; sin embargo, en ocasiones dicha reacción ha acabado derivando en un intento ideológico por conservar el orden establecido: en realidad, el mundo ya ha cambiado, de modo que la elección no es entre pasado y presente, sino entre el presente verdaderamente existente y el futuro que queremos. El 15M, por ejemplo, irrumpió como movimiento con una despreocupación hacia el pasado que luego se ha mostrado absolutamente injustificada. «Y si el día menos pensado tengo el deseo de bajar un par de estrellas para dárselas a alguien a guisa de gemelos, no quiero que un estirado petulante venga, con el dedo amenazador, para advertirme que estoy trastornando todos los atlas escolares de astronomía», ³ escribía, desde detrás de los barrotes de la cárcel, la Rosa más roja del socialismo más cálido. Y, ciertamente, sin esa «irresponsabilidad» tampoco existiría el cambio. La lucidez de la inteligencia, que a veces se confunde con la mera melancolía, no puede ahogar el optimismo de la voluntad.

He vivido dos grandes momentos que para mí eran fundacionales. El 15M, que fue una gran expresión de fraternidad y de pulsión de democracia cuando todo parecía hundirse, como experiencia compartida en toda España. No en vano, ante las cargas policiales ordenadas por el conseller de Interior de la Generalitat en la plaza Catalunya, se hizo viral el tuit de solidaridad «Si Barcelona no tiene miedo, Madrid no té por » («Madrid no tiene miedo»). Pero si la enorme intensidad política y emocional del 15M llegó a marcar a toda una generación hasta el punto de causar en los siguientes años profundas réplicas que dieron la vuelta al sistema político del país, los hechos de octubre de 2017 en Cataluña tuvieron una intensidad emocional y política como jamás había visto. La energía que se desplegó, en especial del 1 al 3 de octubre, afectó a millones de personas en un único territorio. En este sentido, en comparación con el 15M, el legado del 1 de octubre (1-O) es más circunscrito, pero a su vez más intenso, y gran parte de sus futuras réplicas, es decir, de las consecuencias políticas que puede tener, aún las desconocemos.

Cataluña no va a ser independiente. No lo será porque ha escogido la peor situación internacional para plantear esta cuestión, más allá de la ingente propaganda que se ha vertido sobre el tema. No lo será porque los nuevos Estados solo se crean mediante el hundimiento de los anteriores (como ocurrió con la extinta URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), mediante una rebelión o sedición —que el procés ha demostrado no ser, por mucho que hayan insistido en ello los fiscales del Tribunal Supremo—, o mediante un pacto, y el Estado español está lejos de ello. Y no lo será, sobre todo, porque aún no lo quiere la mayoría de su población: haber logrado el 47 o 48 % de apoyos es impresionante, pero no es suficiente.

No lo será, todavía.

En ningún lugar está escrito que los factores anteriores, en tiempos convulsos como son los nuestros, no puedan cambiar radicalmente. De hacerlo, la opción de la independencia estará allí, disponible, como horizonte de esperanza cargado ya de experiencia histórica para una posible mayoría. De hecho, en estos mismos momentos, sobre todo debido a la reacción del propio Estado contra el soberanismo catalán, se puede estar dando la paradoja de que, a pesar de que la posibilidad de una independencia esté cada vez más lejos, haya cada vez más independentistas. Hay pocos lugares en Europa —o ninguno, según se mire— donde existan al mismo tiempo una deslegitimación tan patente del Estado, que va del rechazo a la Constitución hasta la desaprobación del jefe de Estado, y a la vez una opción de ruptura que apoyan, en diferente grado, más de dos millones de personas. En este sentido, Cataluña se encuentra en el corazón de una crisis de Estado que, en realidad, es mucho más amplia y que tiene que ver con el Estado en sí mismo.

III

La crisis de nuestro tiempo toma claramente a nivel mundial la forma concreta de una crisis de soberanías que se expresa de las maneras más diversas y con contenidos políticos e ideológicos incluso contradictorios. No comprender esa realidad nos lleva a veces a una incomprensión profunda de los fenómenos políticos que estamos viviendo y ante ellos solo somos capaces de apelar a la «irracionalidad». Así, por poner un ejemplo reciente aparentemente alejado de nuestras realidades, cuando Boris Johnson sustituyó a una exhausta Theresa May, el Partido Conservador británico estaba absolutamente a la deriva y condenado a pasar a la oposición cuando se volvieran a abrir las urnas. Ahora, este mismo Boris Johnson, que en muchos medios de comunicación de España, y también de Cataluña, había sido tratado prácticamente como un político grotesco, ignorando quién es realmente, ha conseguido lo que parecía imposible: la mayoría absoluta. Lo ha hecho con un lema claro: «Get Brexit done » (algo así como «Cumplamos ya con el Brexit»). De hecho, ha sido su empeño por mantener contra viento y marea una voluntad férrea para cumplir con el resultado del referéndum de 2016 lo que lo ha llevado a la mayoría absoluta. Esto para muchos comentaristas es incomprensible. ¿No se ha dicho repetidas veces que aquel referéndum se hizo bajo el signo de la manipulación?, ¿o que los referéndums dividen al buscar respuestas sencillas a cuestiones complejas…? Pues ahora, con un sistema «complejo» —unas elecciones parlamentarias—, el resultado vuelve a ser el mismo. Es más: solo aquel que ha mostrado la determinación de llevar a cabo el Brexit ha ganado. Ante la incapacidad para comprenderlo ahora, saldrán múltiples explicaciones culpando básicamente al Labour, el Partido Laborista británico, de que no se hayan cumplido las expectativas de desactivar el Brexit. Se dirá que el problema es que el Partido Laborista había virado demasiado hacia los extremos —como si el conservadurismo no lo hubiera hecho también en el caso del Brexit, que no ha tenido una posición clara a favor de quedarse en la Unión Europea (UE), sin tener en cuenta que los liberales que sí que la tenían consiguieron tan solo once escaños, y su líder ni siquiera fue elegida—. También podrán decir, justo en el otro extremo de críticas al Labour, que habían elaborado una campaña pensada en exclusiva para las clases medias, cuando justo antes de saber el resultado electoral se estaba alabando esa misma campaña. Pero quizás lo mejor que se podría hacer, más allá de centrarse en los partidos concretos, es dejar de mirar hacia los británicos favorables al Brexit de forma condescendiente de una vez, viéndolos como seres «irracionales» profundamente manipulables. Los complejos de superioridad pueden ir muy bien en una tertulia, pero en política no sirven para nada. «Let’s take back control » («Recuperemos el control») fue un buen lema para conseguir el sí al Brexit, pues servía tanto para las clases populares y medias diezmadas por la globalización como para una parte de las élites nacionales que quieren controlar su propio espacio económico. ¿Soberanismo reaccionario? ¿Miedo ante la globalización? Básicamente, el Brexit prometió lo que ha prometido siempre el proyecto europeo: tener el control sobre nuestras sociedades con un modelo propio frente a la globalización. Algo que, para muchos votantes favorables al Brexit, Europa ya no cumplía.

La crisis actual de soberanías, entendida como la pérdida de control por parte de la ciudadanía de sus propios destinos, empezó a finales de los años setenta del siglo XX , cuando la política dejó de intervenir en parcelas enteras que afectan a nuestras vidas y que devinieron en «incontrolables», y se agudizó a partir de la crisis de 2008, cuando se «impusieron», más allá de lo que la gente votase, programas de reestructuración de nuestras sociedades. Es por ello que el 15M proclamó en 2011 que quería una «democracia real ya»: para dejar de ser «mercancías en manos de políticos y banqueros», afirmando además con el «No nos representan» la crisis de representatividad democrática y de soberanía que se estaba viviendo. Sin embargo, esta crisis que atraviesa el mundo toma la forma de una crisis nacional y, en algunos casos, además, del carácter plurinacional de los Estados. Así, los movimientos de respuesta ante lo que se percibe como una imposición «externa» de los grandes mercados financieros o de otros países se convierten en movimientos de dignidad nacional, cuando no en una vertiente más reaccionaria de «orgullo» nacional. Pero en países como España, no hay una sola nación de referencia y la relación entre la nación dominante —la española— y el resto ha revestido históricamente una enorme complejidad que toma nuevas formas en la crisis de soberanías de nuestro presente.

La crisis de Estado actual es, en este sentido, un aspecto concreto de un proceso más amplio que se está viviendo en términos globales. Pero en su realidad concreta de crisis territorial (que va desde la España vacía hasta el problema del agujero negro de Madrid, pasando por las tensiones plurinacionales), su explicación proviene de la manera específica en que se ha configurado la relación entre Estado, soberanías y naciones desde el nacimiento del Estado liberal capitalista hasta hoy en España. Esto y las posibles vías de salida futuras de la situación actual es el tema de este libro.

IV

Un haz de naciones está dividido en cinco capítulos que abordan la relación entre Estado, soberanías y naciones en España desde los años treinta del siglo XIX , momento de nacimiento del Estado español moderno, hasta nuestros días. En el primero de ellos se analizan precisamente los factores que llevaron a que uno de los reinos con mayor diversidad cultural —aún no definida en términos nacionales— de Europa articulara uno de los Estados más centralistas del continente. En este sentido, se da una especial relevancia a las condiciones específicas de implementación del modelo capitalista español, con una base social escasa y un sistema de concentración de la propiedad profundamente desigual, que conllevó, para poder hacer efectiva esa implementación, la formación de un Estado liberal monárquico, blindado a la población y con voluntad de control territorial desde el centro (exceptuando la especificidad de los territorios forales vascos y navarros). En este marco, el cierre de este modelo de Estado y, por tanto, la imposibilidad de una construcción nacional española entendida como un pacto social inclusivo en términos de derechos y libertades de la población implicó su legitimación a partir de la articulación, no de una «nación cívica», sino de una nación cultural que, en este caso, además, era de corte esencialista. Se configuró así un Estado nación que igualaba y homogeneizaba a la población culturalmente, es decir, que pretendía nacionalizarla, y que legitimaba su existencia precisamente para garantizar la continuidad de esa nación a la que representaba. Una nación definida más en términos de pasado, como realidad inmanente, que no como proyecto de futuro. Pero también es relevante para esta aproximación el hecho de que las alternativas a este modelo, muy rápidamente de carácter republicano, democrático, populistas y socializantes, partieran de la necesidad de reconstruir ese Estado sobre bases federales o confederales y la soberanía de los municipios y los territorios históricos que provenían de la antigua monarquía compuesta, previa a la llegada de la dinastía borbónica.

Será precisamente el fracaso de estas alternativas lo que permitirá consolidar un modelo determinado de Estado nación español y, a la vez, abrirá el campo en el último tercio del siglo XIX para la articulación de proyectos nacionales alternativos, conclusos e inconclusos en distintos grados, en los casos catalán, vasco, gallego y andaluz, que establecerán, exceptuando el caso vasco, una intensa dialéctica con el republicanismo federal-confederal anterior. Este es el tema inicial del segundo capítulo del libro, que enseguida se amplía hacia el desarrollo de los distintos proyectos nacionales y la relación que establecieron con la formación de la Segunda República. Será este el primer intento en la historia de España de encajar las diversas realidades nacionales a partir inicialmente de la asunción del derecho de autodeterminación. Esta interacción llevará a un debate sobre la propia naturaleza nacional española y generará por primera vez el modelo autonómico, estableciendo principios básicos ya para nuestro propio presente, como son la consideración de los estatutos como formantes del bloque de constitucionalidad o el principio dispositivo. Sin embargo, muy pronto este modelo empezará a generar tensiones, en la medida que las influencias de las ideologías nacionales españolas de Estado impedirán su profundización, hasta cambiar radicalmente su propia naturaleza, como habían intentado los republicanos del siglo XIX . De todas formas, esta experiencia tuvo en realidad poco tiempo de desarrollo a causa de la imposición de la dictadura franquista.

En el tercer capítulo del libro se analiza el impacto que tuvo la dictadura tanto en la exacerbación de corte fascista de la nacionalización española como en su deslegitimación entre amplios sectores de población, y también en la construcción y aceptación de la plurinacionalidad como uno de los principales signos de identidad del proyecto antifranquista y del ulterior proceso de democratización. En realidad, y paradójicamente, si el franquismo erosionó profundamente a muchos proyectos nacionales (empezando por la misma legitimidad democrática de la nación española), en otros casos, como fue claramente el vasco, de manera involuntaria los reforzó. Era ineludible que la llegada de la democracia conllevara, como mínimo, la solución del encaje nacional del País Vasco, Cataluña y, en menor medida en ese momento, Galicia, pero ello se hizo en medio de distintas concepciones nacionalistas españolas en juego y de la emergencia de problemáticas específicas en Andalucía, el País Valenciano o Canarias que dieron como resultado el Estado autonómico. Esto conllevó una dialéctica contradictoria que dio como resultado el pacto territorial de 1978, en el cual se asumía tanto la asimetría y la necesidad de diferenciar entre «nacionalidades» y regiones como una indisimulada voluntad de homogeneización y de amortiguamiento del reconocimiento de la pluralidad nacional y territorial. Fue en esta última voluntad y en la articulación de un sistema político dominado durante las primeras décadas de la democracia por el bipartidismo en la que se sentaron las bases para la crisis posterior del Estado autonómico y, en un mundo en transformación, del renacimiento de las dialécticas nacionalistas. Todo esto es la materia que conforma el cuarto capítulo del libro, conjuntamente con el análisis de la quiebra de ese mismo Estado autonómico a raíz de la eclosión del Plan Ibarretxe, de la reforma del Estatut de Cataluña de 2006 y, en especial, de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Todo ello se aborda en el marco del análisis de las interacciones que se establecieron entre este proceso y la crisis de soberanías de carácter global, en la que se entró con la crisis económica de 2008 y su gestión en España por parte del Estado central y del nacionalismo español.

En el último capítulo de esta obra nos situamos en el periodo que va de 2015 a 2017, aunque en algunos extremos se llega hasta 2019, cuando lo que era inicialmente una crisis de sistema político se convirtió en una crisis de régimen y, finalmente, en una crisis de Estado. La naturaleza de esta crisis, los condicionantes que la han llevado hasta la situación actual, el papel de los diversos actores y las posibles vías de salida son los principales temas de un trabajo que pretende ser una metabolización de la experiencia vivida para quien escribe estas palabras, pero también algo más: ser útil.

V

Este libro es producto tanto de una experiencia y mirada personales como de una experiencia y diálogo colectivos. Ese diálogo, en realidad, es sobre España, los distintos pueblos y naciones que la pueblan y sus posibilidades de cambio. De hecho, durante los intensos años que estuve comprometido con la política institucional, desarrollé este diálogo de modo extremadamente fragmentario, sin tiempo para una reflexión más profunda, con personas como Pablo Iglesias e Irene Montero, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino, Alberto Garzón o Íñigo Errejón, entre tantas otras. A su vez, me acompañaron de formas muy diversas también amigos y amigas como Adrià Porta, Manel Ros, Lídia Rubio o Maria Corrales. En parte, este libro trata de todo lo que habría querido hablar en ese diálogo con ellos y ellas y con muchísimos más. Rafael Campalans decía que la política es pedagogía: pedagogía hacia uno mismo y hacia los demás, y que nos hace falta.

Durante este tiempo también he podido hablar más o menos intensamente con personas como Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva o Jordi Turull. Lo he hecho visitándolos en prisión, en una prisión donde los creo injustamente encarcelados, al igual que el resto de sus compañeras y compañeros. Mientras escribo estas líneas, los que han sido mis compañeros en España están a punto de entrar en un Gobierno compartido con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el apoyo de una de las principales fuerzas independentistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que tiene a sus principales dirigentes presos por el Estado. Esta conjunción es resultado más de una correlación de fuerzas, o de debilidades, que no de una reflexión política profunda, pero indica lo extraordinario del momento que estamos viviendo y la profundidad de su crisis. Superarla puede ser no el resultado de meses, sino de años o décadas, aunque a veces, y eso lo hemos aprendido en estos últimos tiempos, un solo año puede producir una aceleración histórica sin parangón. Este libro solo pretende ser un material más en la articulación de las soluciones que tendrán que venir en un momento u otro. Ha sido un raro honor haber vivido lo que he vivido, en representación de muchísimas personas que así lo decidieron. Que este trabajo sea una contribución y tributo a todas ellas. El camino seguido ha sido posible y ha cobrado sentido por mi hijo, Drac, y mi compañera, Sònia, ya que por lejos que me haya llevado este viaje, ellos siempre han estado en el principio de todo.

Finalmente, tengo que agradecer a un conjunto de gente que ha leído algunas partes de este libro y que, con sus valiosos comentarios, me ha animado a seguir trabajando en él. Con Ricard Martínez (con el que afortunadamente me he podido reencontrar una vez que dejé mis responsabilidades institucionales), Gerardo Pisarello y Adrià Porta he podido comentar algunas partes y me han dado pistas importantes. Por otro lado, Ferran Archilés ha atendido prontamente a varios de mis mensajes urgentes por WhatsApp con preguntas muy específicas que prácticamente solo él podía responder. En el mismo sentido, también Borja de Riquer me ha dado pistas que me han ayudado a iluminar ciertos aspectos de este libro. Asimismo, quiero dar las gracias a la historiadora Vega Rodríguez-Flores que me haya permitido acceder a sus importantes trabajos inéditos sobre la cuestión nacional y las izquierdas durante la Transición. Este libro tiene la forma de un ensayo, con lo que he reducido su aparato crítico a lo que he considerado indispensable, pero no hubiera podido escribirse sin el inmenso trabajo realizado por la historiografía en las últimas décadas. Se suele decir que, a pesar de todas estas ayudas y estímulos, los errores de un libro corresponden solo a su autor. Dicho queda.

EL VIAJE DE LLUÍS COMPANYS. CENTRALISMO, CAPITALISMO

Y DEMOCRACIA

A las 15:27 horas del 27 de octubre de 2017, Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlament de Cataluña y hoy condenada a once años y medio de prisión, leía una propuesta de resolución, es decir, una declaración parlamentaria sin efectos jurídicos, en la que se constituía la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. No hay ninguna intervención solemne para alumbrar ese momento, pero el Régimen del 78 ya no podía contener todo lo que ha sucedido hasta llegar a este punto. Al cabo de poco se aprobaría la aplicación del artículo 155 a partir del que empezaría la intervención del autogobierno de Cataluña y con ello se rompería un pacto —otro más— de los de la Constitución de 1978. Cómo se ha llegado hasta aquí no es motivo de este libro: basta decir que lo que pasó el 27 de octubre no fue un «farol», como afirmó un año después la consellera de ese Gobierno Clara Ponsatí. En el análisis a corta distancia, lo sucedido en esos últimos días de septiembre tuvo mucho más que ver con la carrera loca de dos coches que compartían un mismo Gobierno hacia el precipicio propio de Rebelde sin causa , para demostrar que ninguno de los dos era un «gallina», con un trágico final para los conductores, que con un órdago de mus al Estado. Ni el póker ni el mus son especialidades catalanas.

Nos podríamos quedar aquí, en la descripción minuciosa de los hechos, pero muchos lo han hecho ya antes que yo, y seguramente mucho mejor, a pesar de que algunas piezas del puzle aún no están encima de la mesa. Pero con ello no daríamos cuenta de lo más importante: ese 27 de octubre vino precedido de un 1 y un 3 de octubre, donde el Estado fracasó completamente en el primero de esos días, incapaz de parar unas urnas, incapaz de parar a una ciudadanía, y mostró, a su vez, en el segundo la profundidad de su crisis con el discurso de Felipe VI. Una crisis que en ningún caso ha terminado. Parapetados el Estado y gran parte de la clase política detrás del gobierno de los jueces, estamos delante del canto del cisne de alguien que se niega a ver, que se empecina en morir por cerrar los ojos, como afirmaba Max Aub. Podríamos quedarnos aquí, pero en realidad no daríamos cuenta de lo que lleva años en juego: el Estado, la soberanía, la democracia, la misma concepción de España. Que los Gobiernos del Partido Popular (PP) durante estos últimos años hayan pensado, primero, que todo esto era un suflé que se desinflaría por sí solo y, después, que con la «ley» y los jueces esto se solucionaría solo indica su incapacidad supina. Recuerdan a esa frase atribuida a Pinochet: «La patria se encontraba ante el abismo y dimos un paso al frente». Que el Gobierno del PSOE pensase que esto se afrontaba con comisiones bilaterales sobre los más variados temas, menos sobre el que realmente estaba encima de la mesa, solo demuestra una incapacidad altamente peligrosa para afrontar la crisis que tenemos delante.

El problema no es el Régimen del 78; ahora mismo es mucho más profundo, no es una crisis de régimen: es la crisis de un Estado que se gestó como Estado unitario en la guerra de Sucesión española (1701-1715) y que se construyó como Estado liberal a mediados del siglo XIX .

Las jornadas de octubre, los hechos que marcaron el zenit de una crisis profunda, abren grandes interrogantes. En esos días, el 1 y el 3 de octubre de 2017, en medio de una de las movilizaciones más importantes que he podido vivir, el Estado devenía líquido en las calles y se mostraba como nunca antes se había visto. En esos días me era imposible no pensar en otro octubre catalán y español. Guardaba semejanzas y radicales diferencias con el de 2017.

En ese otro octubre, el de 1934, el entonces president de la Generalitat, Lluís Companys, que fue uno de los grandes catalizadores de la llegada de la Segunda República, al declararla el 14 de abril de 1931 desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, se encontraba atenazado. La subida de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) al poder de la República española y el ataque a las leyes agrarias aprobadas por el Parlament de Cataluña a favor del campesinado catalán estaba dejando sin salida al Gobierno de Cataluña. La CEDA se había declarado «accidentalista» ante la forma republicana, y su entrada en el Gobierno se producía en medio de la llegada al poder de Hitler en Alemania y de Dollfuss en Austria, este último en una versión de fascismo nacionalcatólico muy similar al que alumbraría España en un futuro muy cercano. Cataluña mantenía sola en esos momentos la amplia coalición que trajo la República de 1931; una coalición que se había reforzado bajo el Gobierno de Companys con la entrada de la Unió Socialista de Catalunya (USC), Acció Catalana Republicana (ACR) y el Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra (PNRE) en el Govern de la Generalitat, y que ya anunciaba lo que sería posteriormente el Frente Popular. Lo que sustentaba al Gobierno catalán, aun cuando el resto de las izquierdas republicanas habían sido desalojadas del poder en España, era su determinación en profundizar las reformas sociales que reclamaba la base social republicana. La medida estrella era la Llei de Contractes de Conreu o Ley de Contratos de Cultivo, que favorecía el acceso a la tierra de los rabassaires (aparceros). Sin embargo, los grandes propietarios catalanes, la Lliga de Cambó y el Tribunal de Garantías Constitucionales se mostraron contrarios al proyecto, y este último dictaminó que la Generalitat no tenía competencias para aprobar esa ley. Así, un conflicto social devino claramente en un conflicto nacional y político que, con la subida de la CEDA al poder en octubre de 1934, se presentaba como irresoluble. Iniciada la insurrección asturiana, declarada la huelga general en España, y con el firme compromiso de no defraudar de nuevo a las clases populares, motivo último de la derrota de los republicanos en España en 1933, el 6 de octubre de 1934, Companys declaró, de nuevo desde el balcón y en «solidaridad con los hermanos que, en las tierras hispanas, luchan hasta la muerte por la Libertad y el Derecho», «el Estado Catalán de la República Federal Española».

El resultado es conocido por todos. El Gobierno de la Generalitat en pleno fue detenido —exceptuando a Josep Dencàs, que huyó— y condenado a treinta años de prisión. En un precedente directo de la aplicación del 155 en 2017 (tan directo que los magistrados del Constitucional recibieron la documentación de 1934 referente a esa suspensión por si la «necesitaban»), se suspendió el autogobierno. La represión se extendió a muchos militantes de diversos partidos, a la vez que millares de rabassaires eran desahuciados de las tierras que trabajaban y dos millones de catalanes, dos tercios del total, vieron como sus ayuntamientos fueron suspendidos. Dos años después, el Tribunal de Garantías Constitucionales fallaba contra la legalidad de la suspensión, pero, sobre todo, se producía la victoria del Frente Popular en España y del Front d’Esquerres de Catalunya en ese territorio. Companys era inmediatamente liberado y recibido en Cataluña donde pronunciaría una frase que pasaría a la historia: «Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a guanyar » («Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a ganar»).

Lluís Companys ha quedado fijado en el imaginario del catalanismo como el «presidente mártir», el único presidente elegido en la Europa de entreguerras fusilado durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Así como ha quedado fijado en el imaginario de parte de las derechas españolas como un símbolo sobre el que descargar su odio. Pero muchas veces, demasiadas, su carácter de símbolo deviene por su muerte, más que por su vida. Su vida es incómoda en la medida en que Companys simboliza también el carácter de una izquierda republicana comprometida con los trabajadores, los campesinos y el frentepopulismo antifascista, algo que a la memoria del catalanismo conservador, traumatizada por el periodo de la República y la Guerra Civil, le es difícil de asumir. Por ello su vida se relata más por su muerte que por los hechos que protagonizó, perdidos en las imágenes de las sucesivas memorias que se construyeron encima de los mismos. La declaración del 6 de octubre de 1934, tomada como declaración de independencia de Cataluña, sería absolutamente surrealista en los anales de tales declaraciones en la historia mundial. La de Companys fue una declaración que invitaba inmediatamente a todos los antifascistas españoles a construir un Gobierno en el exilio en Cataluña para reconquistar la democracia en España. Pero es que en realidad pocos se han fijado en lo que declaró exactamente el presidente de la Generalitat aquel 6 de octubre de 1934: no fue una República catalana independiente (de hecho, Companys ni siquiera volvió a la fórmula utilizada por Francesc Macià el 14 de abril de 1931 de una República catalana en el marco de una federación ibérica). Su formulación fue muy precisa: un Estado catalán dentro de la República federal española. Apelaba a una forma de constituir Cataluña, pero también a una forma de constituir España.

Y esa fórmula, y no otra, era la relación que se definía entre Cataluña y España en el proyecto de Constitución de la Primera República española de 1873, presidida por Francesc Pi i Margall. Una Constitución que no solo los reconocía sino que, de hecho, se construía a partir de diversos Estados, entre ellos el catalán, que se federaban en una república federal. Todo ello en una República, la primera, que usualmente se nos presenta como muy lejana, lejana incluso para la experiencia de la Segunda República, pero que se encuentra en realidad en la principal encrucijada para explicar los conflictos de fondo no resueltos en aquel octubre de 1934 ni en el nuestro, el de 2017. Companys no era historiador; su linaje se fundaba en el republicanismo popular y conectaba directamente con el republicanismo que representó Pi i Margall, al que quiso conocer y conoció al final de sus días. Un republicanismo formado en las principales intersecciones del nacimiento del Estado liberal y del capitalismo español, ante el que constituyó su principal alternativa. Companys no era historiador, pero en aquel octubre de 1934 sabía que en el fondo de todo aquello se encontraba la cuestión irresuelta de la articulación del Estado y, con ella, la de un determinado modelo de distribución de la propiedad y los derechos; se encontraban también las cuestiones irresueltas de las soberanías, las naciones y la misma democracia. Por ese motivo, en el momento de máxima tensión política y social, cuando se puso en juego la república y el autogobierno de Cataluña, Companys lanzó una señal, inició un viaje. Es en ese viaje olvidado donde podemos encontrar la naturaleza profunda de las cuestiones irresueltas que todavía nos maldicen en nuestros días.

ESTADO, CAPITALISMO Y CENTRALISMO EN ESPAÑA: ORÍGENES

Existe, fijada en el relato sobre nuestro pasado, una confusión interesada entre Estado liberal, capitalismo y democracia. Según la misma, tales conceptos serían prácticamente sinónimos y, en el proceso histórico, cada uno sería consecuencia del otro. Una confusión que los primeros liberales doctrinarios del siglo XIX nunca tuvieron, pues «la democracia liberal les parecía una contradicción terminológica: o liberalismo, que se basaba en una elite a la que se podía acceder por méritos, o democracia». ¹ Es absolutamente cierto que el nacimiento del capitalismo está ligado de manera indisoluble al nacimiento del Estado liberal en Europa, durante el primer tercio del siglo XIX . Pero no lo es en ningún sentido que todo ello esté ligado a la democracia. De hecho, el sufragio universal en la mayoría de los países centrales del capitalismo no llegaría hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, tras más de cien años del nacimiento de los Estados liberales. Tampoco el modelo de Estado liberal nace de la Revolución francesa, ni mucho menos del jacobinismo, como se deriva de otra confusión muy habitual, sino de sus cenizas, esto es, del Estado napoleónico que se impone después del largo Termidor contrarrevolucionario.

En el caso de España, que en eso no presenta ningún retraso respecto a sus congéneres europeos, aunque sí muchas peculiaridades, la construcción del Estado liberal fue un proceso largo. El punto de no retorno, con la desaparición de la monarquía absoluta anclada en el Antiguo Régimen feudal, se daría en la década de los años treinta del siglo XIX . Una cuestión sucesoria (quién debería acceder al trono tras la muerte de Fernando VII), que abrió el enfrentamiento entre los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón, por ello llamados «carlistas», e Isabel II, hija de Fernando VII, desató el enfrentamiento de las fuerzas en pugna de un mundo en tránsito. Los seguidores de Isabel II, comandados por su madre María Cristina y que dominaban el Estado, se aliaron con las fuerzas liberales para hacer frente a los carlistas. Los isabelinos, escindidas las fuerzas del absolutismo, no podían hacer frente al carlismo sin las fuerzas liberales; los liberales, con una base social inestable, no podían imponer sus principios sin la alianza con la monarquía. En el proceso se alumbró un nuevo tipo de Estado y se encaró la mutación definitiva hacia un nuevo sistema socioeconómico: el capitalismo.

La subordinación completa de toda realidad al libre mercado y del valor de uso al valor de cambio vino a sustituir a un feudalismo ya en ruinas. Unas ruinas producidas no tanto por la acción de una nueva clase ascendente —la burguesía—, sino por las diversas formas de resistencia y desafío del campesinado, ² que habían puesto en crisis el sistema de diezmos y la captación de los derechos señoriales, debilitando a la nobleza. Pero el cambio que se estaba produciendo no se hizo a favor de este mismo campesinado, sino en contra de sus conquistas, con la llegada de los nuevos propietarios salidos de las burguesías urbanas, la conversión de la nobleza en propietaria capitalista y la sustracción de derechos y tierras comunales.

La transformación significó el paso de la propiedad «imperfecta» o compartida y vinculada del feudalismo a la propiedad «perfecta» o plena del capitalismo. Se liberó así la tierra de cualquier vinculación, separando la fuerza de trabajo de los medios de producción, y se la hizo entrar de pleno en el libre mercado en unas condiciones que aseguraran su posesión por parte de unos pocos. Se abolieron los derechos señoriales, se suprimieron los diezmos, se procedió a un largo proceso de desamortización eclesiástica, se cerraron las tierras, se privatizaron los usos del agua, y se expropiaron y se privatizaron las tierras comunales y las municipales, a la vez que se acababa con las prerrogativas de los gremios en las ciudades, asegurando allí también la creación de una fuerza de trabajo sin ninguna regulación.

Se inauguraba un nuevo mundo, pero su parto fue turbulento y marcó gran parte de la historia del siglo XIX . Para realizar tamaña transformación, la burguesía, con una base social escasa e inestable, pactó con la monarquía y una parte de la nobleza que en el proceso devino propietaria. Su principal herramienta no fue la promesa revolucionaria de un mundo de iguales en derechos (solo en momentos muy determinados y por poco tiempo tuvo que recurrir a ella), sino la construcción de un nuevo tipo de Estado que pudiera imponerse a la sociedad y transformarla. Un Estado que en sus políticas excluía a buena parte del campesinado, gran perdedor del proceso de redefinición de la propiedad de la tierra, que contaba con un sistema electoral censitario que permitía definir la ordenación del nuevo sistema por unos pocos frente a los muchos, y que aseguraba el monopolio de la violencia con el control del ejército y la creación, en 1844, de un nuevo cuerpo de control social y político: la Guardia Civil. Pero todo ello ocurría entre dos mundos en guerra —el representado por el carlismo y el representado por el liberalismo—, entre dos posibles vías históricas, en un proceso guiado por unas clases dirigentes con una base social inestable y reducida. España se convirtió así en el país de Europa con más guerras civiles durante el siglo XIX , donde el cambio y la reacción se jugaban entre un ejército sobredimensionado por la misma experiencia de las guerras internas, y absolutamente clave para la construcción del Estado liberal, y los intentos revolucionarios democráticos protagonizados por las clases populares. Todo ello con la Iglesia católica, el gran intelectual orgánico del statu quo en el Antiguo Régimen, más preocupada por resistir inicialmente en el viejo mundo condenando al nuevo que en legitimar el nuevo orden.

En este marco, el Estado liberal español se construyó de una forma muy determinada, como un Estado extremadamente blindado frente a la población, concentrando todo el poder en su centro y extendiéndose en el territorio de arriba abajo y del centro a la periferia. Por ello se creó la nueva ordenación provincial de 1833, ordenación que pervive como principal muestra del origen de la matriz del Estado actual hasta nuestros días, que no respondía a ninguna realidad histórica, económica o política más allá del interés del control del Estado. Como demarcación administrativa, pero también militar, judicial y de hacienda, que aseguraba el control de las diputaciones y municipios desde el centro. Fue así como, en uno de los territorios con más diversidad de Europa, se construyó uno de los Estados más centralistas posibles. Pero ello era necesario, si de lo que se trataba era de conseguir controlar e imponer una gran transformación que beneficiara a unos pocos sin que mediara el control y la participación de la población. El centralismo, por tanto, previamente a cualquier idea de nacionalismo de Estado, era el correlato necesario del modelo de propiedad que se implementaba y de un proceso de transformación dirigido por las nuevas y parte de las viejas elites. El Estado liberal centralista y el modelo capitalista español eran dos caras de la misma moneda. No obstante, todo ello no sucedió sin una fuerte resistencia y sin que se iniciara la construcción, en el mismo momento fundacional de nuestra modernidad, de una alternativa global a este modelo.

EL ÁRBOL DE LA LIBERTAD: REPÚBLICA, FEDERALISMO Y POPULISMO

Como hemos dicho, España se convirtió durante el siglo XIX en el país de Europa con más guerras civiles, pero también en el país donde más intentos revolucionarios se ensayaron. No se seguía el modelo francés, es decir, el de la Revolución francesa, que, en realidad, más que un modelo, fue una excepción en el contexto europeo. Una excepcionalidad enormemente influyente y matriz de nuestra modernidad, pero no por ello un modelo de las revoluciones liberales del resto de Europa, que siguieron caminos propios. Este hecho a veces no se ha percibido con nitidez al buscar revoluciones francesas donde no las había y concluir que prácticamente en ningún sitio se produjo una revolución liberal, o bien que esta siempre quedaba «inconclusa». En el caso español, esto ha llevado incluso a conclusiones sonrojantes, mantenidas hasta bien entrado el siglo XX , sobre la inexistencia de un modelo capitalista o el fracaso de la revolución burguesa, tomada como sinónimo de la Revolución industrial. Pero un observador fascinado por las revoluciones hispánicas como fue Marx estableció claramente los ritmos y la forma del cambio en España:

España no ha adoptado nunca la moderna moda francesa, tan en boga en 1848, de comenzar y acabar una revolución en tres días. Sus esfuerzos en esta línea son complejos y más prolongados. Tres años parece ser el plazo mínimo que se impone el país a sí mismo, mientras que el ciclo revolucionario se extiende a veces hasta nueve. Así, su primera revolución en este siglo se prolongó de 1808 hasta 1814; la segunda, de 1820 a 1823; y la tercera, de 1834 a 1843. Hasta cuándo se extenderá la presente o cuál será su resultado no puede predecirlo ni el político más perspicaz. Pero no es exagerado afirmar que no hay otra parte de Europa, ni siquiera Turquía y la guerra rusa, que ofrezca al observador reflexivo un interés tan profundo como España en este momento. ³

Una reflexión, elaborada en 1854, que, sorprendentemente, se extendía hacia el futuro: si vemos lo que sucedió en el Sexenio Democrático (1868-1874) o en el periodo de la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). Se trata de una reflexión que, en todo caso, describe los intentos revolucionarios que se prolongaron y maduraron en el tiempo a lo largo del siglo XIX . Entre el viejo mundo feudal absolutista, defendido por los carlistas, y el nuevo mundo liberal capitalista, serán estos intentos los que construirán una posibilidad democrática y de justicia social. En este sentido, si la confusión entre liberalismo y democracia es una confusión históricamente interesada, lo es también aquella que establece que históricamente habría, por un lado, unos derechos de primera generación (libertad de expresión y de asociación, inviolabilidad, derecho a la propiedad privada, etc.) surgidos con la modernidad y, por tanto, de obligado cumplimiento, y, por el otro, unos derechos de segunda generación (de acceso a la educación, la sanidad, el trabajo, etc.) y, en consecuencia, proyectivos, surgidos durante el siglo XX . En realidad, el debate y la reivindicación de todos estos derechos surgieron en el mismo momento, tanto en las revoluciones inglesa y francesa de los siglos XVII y XVIII , respectivamente, como en el conjunto de revoluciones europeas del siglo XIX . La diferencia entre unos derechos y otros no es temporal, sino que estriba en que unos, los primeros, fueron incluidos no sin limitaciones, mientras que los segundos fueron excluidos de los ordenamientos jurídicos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y si eso es cierto en general, más lo es en el caso que nos ocupa. En las tierras hispánicas, la emergencia de la lucha por la democracia es inseparable de las primeras formulaciones socialistas y comunistas. Y todo ello es absolutamente inseparable también, por las mismas condiciones de la construcción de un Estado liberal centralista que excluía tanto la democracia como cualquier noción de redistribución en el paso de un mundo a otro, de la discusión sobre el modelo de Estado.

El impulso revolucionario, que aparece y reaparece de forma sincopada hasta la Restauración borbónica de 1874, se configura en este camino en torno al intento de restablecer sobre nuevas bases la creación del Estado liberal. Si este se constituyó como una propuesta censitaria que excluía a la inmensa mayoría de la población, la base de la respuesta fue la apelación a la democracia; si tomó la forma de una monarquía constitucional que no reconocía la soberanía popular, los demócratas deberían ser necesariamente republicanos; si este se establecía a partir de un modelo extremadamente centralizado, precisamente para conseguir escapar al control de la población, la propuesta alternativa sería la reconstrucción del Estado de abajo arriba y de las periferias al centro a partir de un modelo confederal o federal (la distinción entre confederación y federación no sería clara hasta finales del siglo XIX ), y si este definió un modelo de capitalismo, la respuesta fue la posibilidad de un Estado dominado por las mayorías sociales para imponer políticas redistributivas inspiradas fuertemente en el primer socialismo y comunismo. En este sentido, los primeros demócratas que emergieron con el inicio de la consolidación del modelo liberal en los años treinta y cuarenta serán ya republicanos, federales y, casi sin solución de continuidad, inspirados por el primer socialismo o comunismo. ⁴

Probablemente, la figura que representa de forma más clara esta transición inicial del liberalismo exaltado al republicanismo federal de carácter democrático sea el agitador y revolucionario Ramon Xaudaró, conocido como el Marat de Barcelona. ⁵ Conectado en su exilio en Francia durante los años veinte con las sociedades carbonarias, donde se estaba gestando el futuro comunismo blanquista, publicará en 1832 la primera propuesta de Constitución republicana en España (y, de hecho, la única durante la primera mitad del siglo XIX ). En sus Bases de una constitución política o principios fundamentales de un sistema republicano , ⁶ articula la idea de una república federal compuesta por varios Estados que enviarían representantes a una cámara del conjunto de la federación, llamada Estados Federales. El objetivo no era otro que asegurar la intervención directa de la ciudadanía en la política, con la limitación de cualquier tipo de despotismo de un poder central. La posición de Xaudaró no era singular, y en ese sentido fue el predecesor directo de los primeros núcleos republicanos, que se extendieron de forma acelerada en Cataluña mientras que las sociedades secretas de carácter carbonario tomaban importancia por toda la Península, en medio de diferentes episodios revolucionarios. Pronto estas tuvieron suficiente entidad, sobre todo en los territorios de Cataluña, Madrid y, posteriormente, Andalucía, como para formar una organización que las coordinaba que se llamó —no por accidente— Federación, con un sistema de presidencia rotatoria por territorio. ⁷ Pero sería su actividad pública mediante la extensión de diarios republicanos, su actividad en las Milicias Nacionales y, en el caso catalán, su participación directa en la formación del primer sindicalismo de clase y la creación de las sociedades patrióticas públicas lo que iría configurando el espacio de una alternativa cada vez más global al Estado liberal, todavía en formación.

Ese espacio era el del republicanismo, democrático, populista, con un fuerte componente socialista o comunista. Sus contornos eran todavía difusos en aquellos momentos iniciales, pero ya contaba con una importante capacidad de influencia en el espacio municipal y una marcada vocación popular. En este sentido, la figura de este nuevo republicanismo emergía claramente en las formas tradicionales de motín popular (actualizadas en este nuevo periodo), aunque también en el nuevo sindicalismo, que se articuló con inusitada fuerza especialmente en Cataluña entre los años treinta y cuarenta, a la vez que bebía de la crítica de Flórez Estrada al proceso de desamortización, el cual había llevado a la concentración de tierras en unas pocas manos. Este tipo de republicanismo entendía, en este sentido, la lucha por la libertad —en palabras de uno de los grandes padres de estos estadios originarios, Abdó Terradas— como la lucha «por la cuchilla niveladora de la democracia». ⁸ Democracia era nivelación, y todo ello era inseparable de la necesidad de reconstruir el Estado sobre bases radicalmente distintas: de aquí que su federalismo no fuera un elemento más de su propuesta, sino un componente esencial.

Todo ello no es óbice para observar que el enraizamiento de la idea de la necesidad de la articulación de España en Estados federados tan rápidamente es sorprendente. Lo es sobre todo si tenemos en cuenta que este primer republicanismo tiene, tanto en su iconografía como en sus tradiciones y corrientes ideológicas, su matriz primigenia en la Revolución francesa. Mantiene en este sentido un contacto permanente con las distintas corrientes políticas del país del hexágono, favorecido en muchos casos por los sucesivos exilios que impuso el absolutismo. Es incluso más intenso este constante fluir político en el caso catalán por las constantes interacciones económicas, sociales y culturales que se daban entre los dos lados de los Pirineos. No fue por azar que el primer núcleo importante de republicanismo se diera en el Empordà, ni que la primera vez que se declarara la República en España fuera en Figueres o que este primer nodo fuera esencial para entender la dinámica revolucionaria en Barcelona y el resto de Cataluña. Pero también es un proceso que explica tanto las conexiones con el neobabuvismo de la conjura de los iguales, en una evolución paralela al propio surgimiento del blanquismo, en el caso catalán, como la influencia del fourierismo, en el caso gaditano. Un fourierismo que se extendió de la mano de Fernando Garrido desde Cádiz hacia Madrid, lo que condicionó a los primeros grupos socialistas de la capital de España. Pero fuere como fuere, lo cierto es que la tradición revolucionaria francesa no era en todo caso federalista.

La matriz revolucionaria francesa es primordialmente centralizadora del poder en el Legislativo, ante la importancia que adquirió durante la revolución de 1789 (y de hecho también en todas las revoluciones posteriores) París como vanguardia del radicalismo. Dinámica que se vio reforzada a lo largo del proceso revolucionario, ya que, para hacer frente de forma efectiva al ataque combinado de las monarquías absolutas europeas sobre suelo francés, era preciso centralizar el poder. Es cierto que esta tradición no es unívoca. De la misma manera, no se le puede atribuir a ella el modelo de Estado liberal centralista, más propio de la reacción contra el jacobinismo de Termidor que del jacobinismo en sí, como tampoco se puede olvidar que existe un «federalismo jacobino». Este último surgió de dos preocupaciones que son propias de la tradición republicana: a) la necesidad de repartir las instancias de soberanía para no propiciar la existencia de un poder dictatorial, necesidad que defendían tanto los Cordeliers (Marat, Danton, Hébert ) como los enragés del movimiento seccionario de los sans-culotte en París, afirmando la volonté de tous («la voluntad de todos») frente a la volonté générale («la voluntad general»); b) y que esa distribución de soberanía tuviera una encarnación territorial, como defendían algunos jacobinos de provincias (especialmente el jacobinismo de Marsella), aliados con los hebertistas de la capital. ⁹ Esa tradición federalista pareció pervivir débilmente durante el primer comunismo, surgido de la Revolución francesa y que tendría una breve primavera en Buonarroti, codificador de este primer comunismo de la conjura de los iguales, y los revolucionarios franceses de 1830 para, declinar, finalmente en favor de la centralidad —y el centralismo— del París revolucionario. En todo caso, influyera o no esta breve epifanía federal en la primera formulación del republicanismo español, no basta para explicar su matriz federalista, y menos todavía si nos atenemos al hecho de que en ningún otro país de Europa la necesidad de reconstruir el Estado sobre bases radicalmente diferentes fue un signo característico y hegemónico durante tanto tiempo de los proyectos emancipatorios. Es evidente que esto tiene que ver, en primer término, con la forma en que se configuró el Estado liberal en España y, en un proceso posterior, con cómo ese tipo de articulación produjo una forma específica de construcción de la identidad nacional, pero también con varios factores más que concurrieron en la articulación de una propuesta que marcaría el siglo y que todavía hoy nos interpela.

La configuración de la matriz republicana en España no solo bebió de la Revolución francesa o de las evoluciones ideológicas en el país vecino: en realidad, uno de los grandes espejos del republicanismo ibérico que marcó su conformación de manera continuada fue la Revolución americana y la evolución histórica de Estados Unidos, y también, aunque más tarde y en menor medida, la historia de la configuración en la Confederación Suiza contemporánea. Este americanismo del primer republicanismo puede parecer «extraño» a una mirada marcada por el siglo XX , donde el americanismo no ha formado parte del acervo de las izquierdas españolas, pero es absolutamente central para entender las configuraciones ideológicas que han llegado hasta nuestros días. Sus fuentes primigenias las debemos rastrear en la tradición del pensamiento disidente europeo. Este buscaría en la construcción de una nueva sociedad en América un espejo invertido frente a la «corrupción» de los sistemas europeos. Una sociedad donde no existía el Antiguo Régimen, sino solo uno nuevo, y donde se podía consumar la última y mejor esperanza de la tierra, la causa de la humanidad, en palabras de Thomas Paine; una sociedad donde, frente al pasado y el presente, solo había futuro. La persistencia de este mito en las sociedades europeas y en los proyectos de emancipación gestados en su seno —persistencia que se encuentra en la base de la creencia en la «excepcionalidad» americana, que marca la propia cultura política de Estados Unidos— podemos encontrarla, por ejemplo, en la utopía icariana, que tuvo una fuerte influencia en la Cataluña del siglo XIX , o en la amplia difusión en España del libro de Tocqueville La democracia en América . Pero, más allá de ese sustrato de fondo, la impronta política de este americanismo emergería claramente en las primeras formulaciones republicanas de los años veinte del siglo XIX , que veían en la república federal americana un modelo, así como en las primeras formulaciones del nuevo republicanismo populista y democrático de los treinta y cuarenta del mismo siglo. Y seguiría presente también en el Partido Republicano de Pi i Margall y en la misma formulación de la Constitución de la Primera República de 1873, en cuya presentación se afirmaba sin ambages: «Hemos querido imitar la conducta de los grandes fundadores de la Federación en el mundo moderno, que con establecerla sobre una tierra virgen y en contra de una Metrópoli aristocrática, guardaron religioso culto a todo aquello que, además de ser progresivo, estaba ungido por la autoridad incontestable del tiempo». ¹⁰

Cuando, ante el campo de batalla de Gettysburg, Abraham Lincoln afirmaba en 1863 que «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» no desaparecería «de la faz de la tierra», hablaba el líder de la única revolución y república triunfante en el mundo en ese momento. Por ello, cuando muera asesinado dos años después, Walt Whitman podrá llorarle «¡Oh, capitán, mi capitán!», sabiendo que «el barco había anclado, sano y salvo, y que su travesía había concluido». Esa no era la suerte del republicanismo en Europa. Las repúblicas europeas eran inestables y derivaban fácilmente, a ojos de muchos, hacia sistemas despóticos. La república nacida de la Revolución francesa había terminado bajo el Imperio napoleónico, y las grandes esperanzas abiertas con las revoluciones de 1848 acabaron con la imposición en 1852 del Segundo Imperio en Francia, bajo —ironías de la historia— Napoléon le Petit , como llamó Victor Hugo al sobrino de Napoleón y nuevo emperador. Decía Marx, a cuenta de este episodio, que la historia se repite siempre dos veces, sí, pero «una vez como tragedia y otra vez como farsa». Ante esta farsa, el éxito de la república americana, como federación de los Estados Unidos de América, devenía una presencia cada vez más intensa en los debates republicanos europeos. Una influencia que se puede rastrear claramente por un tiempo en referentes como Giuseppe Mazzini (crucial en las propuestas federales del gaditano Fernando Garrido) y en el republicanismo de los años sesenta. Pero esta primavera federalista en Europa que tuvo su momento cumbre en 1867, con la celebración del congreso de la Liga por la Paz y la Libertad presidido por Garibaldi, fue episódica y no tuvo la centralidad ni la permanencia que mantuvo aquí. Y ello tiene que ver con las condiciones peculiares de la formación del Estado moderno en España.

Si el Estado liberal español se organizaba a partir de un modelo absolutamente centralizado desde los años treinta del siglo XIX , eso se hacía en el marco de una realidad política que se desarrollaba precisamente a partir de la diversidad territorial. La intensa experiencia que supuso la entrada a la «modernidad» con las guerras napoleónicas marcó ese destino. Mientras que los viejos Estados absolutistas de Europa se enfrentaron y casi sucumbieron a la nueva forma de Estado moderno francés, reforzando su poder y centralización para evitar la derrota, en España sucedió justo lo contrario. El Estado monárquico se derrumbó y quien libró la guerra contra la invasión napoleónica de 1808 fue la sociedad. Una sociedad organizada en los municipios y en las antiguas demarcaciones del reino, y que asumió no solo funciones de defensa, sino también de gobierno, encarnándose en juntas territoriales que se coordinaban finalmente en la Junta Central. Este hecho, inédito en Europa, constituyó un mito persistente: primero, un mito de la lucha contra el invasor; después, un mito antiabsolutista, y, finalmente, un mito nacional, pero también fundó realidades.

Las provincias históricas, es decir, los antiguos reinos previos a la articulación de la monarquía absoluta coronada en 1714 por la nueva dinastía borbónica, resurgían de golpe durante la guerra contra Francia (1808-1814) como espacio social y político en una dinámica que marcaría todo el siglo XIX . A partir de ese momento, a lo largo del siglo cualquier revolución, triunfante o derrotada, se iniciaba con levantamientos locales y provinciales y la elección de juntas que, de forma coordinada, cercaban al Estado en lo que se ha llamado «la utopía insurreccional del liberalismo». ¹¹ Así fue en 1820, inaugurando el Trienio Liberal, o en 1835, cuando se intentó una primera rectificación democrática de la revolución liberal de los años treinta de ese siglo. En esta dinámica, el peligro federalista se mostraba como uno de los grandes fantasmas presentes en la acción de las elites frente al pueblo. Peligro que surgía como una respuesta casi natural del propio proceso revolucionario. Se podía observar cuando, como sucedió en 1835, las diversas juntas de la antigua Corona de Aragón se propusieron la constitución de una junta que las federase a todas, a la vez que la Junta del Mediodía (o Junta de Andújar) hacía lo propio con las juntas de Andalucía. Por ese motivo el liberal José María Queipo de Llano, conde de Toreno, ya avisaba en las Cortes de Cádiz del peligro de construir «una nación federada, en vez de construir una sola e indivisible nación», o, veinte años después, Juan Álvarez Mendizábal, cuando llega a la presidencia del Gobierno en 1836, afirmaba que «Pienso dedicarme exclusivamente a formar un todo de esta monarquía, con casi tantos estados como provincias». ¹² De hecho, la negación del federalismo por parte de un sector del liberalismo, que acabará por monopolizar el conjunto del liberalismo en los años treinta, será casi tan vieja como el mismo federalismo. En las Cortes de Cádiz, ante la negativa de los diputados peninsulares, la posibilidad federal fue puesta encima de la mesa por los diputados americanos, a los que finalmente no les quedó otro camino que la independencia, prácticamente de la misma forma que lo que había sucedido con las trece colonias de América que fundaron Estados Unidos poco antes. Pero esta no era solo una aspiración americana. Si los diputados catalanes en las Cortes de Cádiz tenían órdenes precisas de la Junta Suprema de Cataluña de reivindicar la reintroducción de los fueros perdidos en 1714 y algunos de ellos apoyaron, también en este sentido, a los diputados americanos, en 1809 Flórez Estrada redactó un proyecto titulado «Constitución para la nación española», que entregó a la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias. Se trataba de una constitución que, inspirada en el ejemplo de los recién fundados Estados Unidos, entendía que solo con el federalismo se podría articular la diversidad de España expresada en sus diversas realidades provinciales anteriores a la división provincial de 1833 (es decir, de los antiguos reinos). ¹³ En realidad, era una propuesta más confederal que federal, aunque, como hemos dicho, la distinción entre lo uno y lo otro fue más propia de la segunda mitad del siglo XIX que de la primera, ya que se establecía en la misma una articulación por congresos provinciales soberanos que escogían representantes para formar una cámara conjunta común. El proyecto de Flórez Estrada contenía a su vez todos los elementos que, a partir de la década de los treinta del siglo XIX, desarrollaría el republicanismo federal. La propuesta partía de las ideas de que no existe libertad sin igualdad material —de aquí la crítica posterior a la forma que tomó la desamortización—, de que los males sociales provenían de la desigualdad de fortunas y condiciones y de la necesidad de limitar el poder y la autoridad para evitar la formación de cualquier tipo de oligarquía. Es normal en este camino que, cuando el liberalismo se convierta en liberalismo doctrinario en los años treinta (influenciado por la nueva elite triunfante después de la revolución de 1830 en Francia), el legado de Flórez Estrada fuera recogido por los primeros republicanos y socialistas, produciéndose una escisión en el campo del liberalismo y una transición de una parte de los liberales exaltados de los años veinte hacia el nuevo campo del republicanismo. De hecho, si su propuesta —como la de los diputados americanos y algunos de los catalanes— no pudo llegar a buen puerto fue precisamente por el carácter monárquico del Estado que se mantuvo en las Cortes de Cádiz, ya que se interpretó que el principio federal iba en contra de la posibilidad monárquica, que fragmentaba su dominio, y de la necesidad también de controlar el proceso de cambio político desde una sola esfera de poder parlamentaria. El padre de la Constitución de 1812, Agustín de Argüelles, fue claro en este sentido: «No aspiraría a ser tomado por liberal si no quisiera acabar para siempre con el federalismo». ¹⁴

Pero a pesar de este posicionamiento del liberalismo, ciertamente el republicanismo miraba hacia la experiencia de la república federal americana, pero se construía —y sin ello no entenderemos su éxito ni la permanencia de la propuesta federal— sobre una realidad política, social y cultural que estaba inscrita en el desarrollo histórico del siglo XIX . En este sentido, el proceso revolucionario que iba de las periferias territoriales al centro del poder, el «juntismo», era también para los republicanos la base para la configuración de un nuevo Estado federal. Medio y fin devenían así en lo mismo. Y ello se inscribía en una lucha global contra un nuevo sistema social y político, en la búsqueda de una democratización plena y una transformación social en beneficio de «los más». Para conseguir su realización, si el Estado liberal pretendía subordinar todas las posibles realidades a su poder, el republicanismo hacía de la territorialidad y la diversidad sus principales fuerzas, enclavándose claramente en dos espacios que, frente a un Estado lejano y coercitivo, aparecían como los ámbitos «naturales» de la acción política democrática.

El primero de estos ámbitos «naturales», y con una fuerza inusitada en los procesos de cambio político tanto en el siglo XIX como en el XX , era el municipalismo. Era allí, en el espacio urbano, donde la organización y la intervención política democrática tomaban carta de realidad en medio de una dinámica económica, social y cultural acelerada, y donde los republicanos tenían su principal bastión revolucionario. No por casualidad, ya en la Cortes de Cádiz se temió que la vitalidad municipal fuera la semilla federal. Por esa razón se decidió en aquel momento que los ayuntamientos fueran elegidos por los vecinos, pero subordinados al poder central para evitar, así, que pudieran ser considerados órganos de representación política. De nuevo según el conde de Toreno: «Para alejar que no se deslicen y propendan insensiblemente al federalismo, como es su natural tendencia, se hace necesario ponerles el freno del jefe político que, nombrado inmediatamente por el Rey, los tenga a raya […] para apartar el federalismo, puesto que no hemos tratado de formar sino una Nación sola y única». ¹⁵ Pero ante la dificultad de que los vecinos considerasen menos representativo un organismo elegido por sufragio universal masculino que unas Cortes liberales elegidas por sufragio censitario, y no lo contrario, finalmente el Estado liberal intentó aplicar una nueva ley municipal en 1840 para controlar directamente la elección de los alcaldes. Lo que sucedió luego, como reacción a esa medida, fue el inicio del ciclo revolucionario de 1840-1843 y el exilio de la reina regente María Cristina, lo cual da cuenta de la importancia del municipalismo durante ese periodo.

Pero más allá incluso de los periodos revolucionarios, la ciudad era el principal espacio de refugio, de experimentación y de inicio de las dinámicas de cambio político del republicanismo. Allí era donde los republicanos sacaban sus mejores resultados electorales, como ocurrió durante el Sexenio Democrático y la Primera República (1868-1874); allí era donde aspiraban a seguir gobernando en las épocas de restauración monárquica, y allí fue donde se fraguó una nueva primavera republicana en abril de 1931, en una continuidad que atravesará dos siglos. No en balde, en la transición política española, las elecciones municipales, que tenían que ser las primeras del ciclo político posterior a la muerte del dictador Franco en 1975, se pospusieron al final del ciclo y se acabaron celebrando en abril de 1979, ante el temor de que fueran un elemento de ruptura democratizadora. Tampoco por casualidad, en la crisis de estos últimos años del sistema político, las nuevas olas de cambio de 2014 y 2015 se encarnaron en los ayuntamientos de las principales capitales de España. Barcelona, Madrid, Zaragoza o Cádiz, Santiago o La Coruña fueron la cuna del republicanismo, como han sido también la cuna de las principales fuerzas del cambio político en España.

Además, si ampliamos el foco más allá de la localidad, el republicanismo fue desde sus orígenes enormemente consciente de la diversidad social, cultural, histórica y política que conformaba la realidad peninsular (conciencia previa a cualquier formulación en términos de diversidad nacional, la cual no se daría hasta el último tercio del siglo XIX ). La propuesta federal partía también de la existencia de un patriotismo territorial que, conjuntamente con el renacer político de las antiguas provincias y reinos (anteriores a la ordenación provincial de 1833) y la pervivencia de instituciones forales en el País Vasco y Navarra, señalaba el espacio de construcción de este federalismo. Esta reflexión podemos encontrarla ya en formulaciones tan tempranas como la ya mencionada de Flórez Estrada o la de José Canga Argüelles en sus Cartas de un americano sobre las ventajas de los gobiernos republicanos federativos , de 1826, ¹⁶ así como en la misma propuesta de constitución republicana que elaboró Xaudaró en 1832, donde se afirma: «[Si] la libertad es la primera prerrogativa de los hombres, también lo ha de ser de los pueblos, por tanto, hemos de preferir la división en pequeños Estados libres a su acumulación en uno solo». ¹⁷ En definitiva, como escribía el propio Abdó Terradas en 1840, en palabras y conceptos que se reproducirían en los principales textos del republicanismo posterior:

Muy ciego o muy obcecado se necesita estar para no conocer la gran tendencia y disposición de las diferentes provincias de España, que fueron poco ha reinos independientes, a emanciparse del gobierno común y constituirse en repúblicas federadas, a la manera que lo está la América del Norte. […] ni las leyes, ni las costumbres, ni la lengua, ni los intereses, ni las afecciones, ni nada de cuanto se requiere para constituir una sociedad bien ordenada ha sido común entre ellas, y más que como partes integrantes de un cuerpo único han vivido como hermanos menores sujetos a la patria potestad […]. Parece, pues, necesaria e inevitable la disolución de esta monarquía en sus antiguos elementos, formándose de ella otras tantas repúblicas independientes y federadas. ¹⁸

En este marco, entre el municipio y los antiguos «reinos independientes», con una nueva vida en la dinámica del siglo XIX , se configuraba, en los mismos orígenes del Estado liberal capitalista, una alternativa. Una alternativa no teórica (de hecho, no tuvo cuerpo teórico como tal hasta la llegada de la generación de Pi i Margall), sino política. Una alternativa que tuvo dos momentos constituyentes claves para intentar imponerse. El primero de ellos, durante lo que se conoció como la «revolución centralista», de 1843, y el segundo, en una fase mucho más madura del republicanismo, en el marco del Sexenio Democrático, entre 1868 y 1874. Abordemos aquí el primigenio, que se dio con inusitada fuerza a pesar de que el movimiento republicano se encontraba en una etapa tan temprana de desarrollo.

El mantenimiento, en el marco del proyecto de construcción de un Estado liberal centralista, blindado a la extensión de los derechos sociales y políticos, de la esperanza de que con este proceso se pudiera dar un desarrollo mínimamente democratizador era cada vez más frágil. El momento de inflexión se produjo con el intento de controlar los municipios por parte del Estado central. Como hemos relatado anteriormente, esto llevó a una revuelta que provocó el exilio de la reina regente María Cristina y la subida al poder del progresismo liberal, liderado por el general Espartero. Fue entonces cuando las limitaciones democráticas de este progresismo llevaron a una ruptura franca entre el mismo progresismo y el creciente republicanismo. Perdida cualquier esperanza en los progresistas, los republicanos ensayaron entonces la imposición de su propio proyecto.

En este sentido, más allá de la temprana y primera proclamación de la República en España, en la que se enarbolaron banderas rojas, que se dio en Figueras el 12 de junio de 1841, durante el periodo comprendido entre 1840 e inicios de 1844 la evolución de los acontecimientos llevó a una progresiva radicalización del republicanismo. Las principales fuentes de tensión política y social se arremolinaron en torno a la implementación del sufragio universal masculino y la conversión de las juntas provinciales (creadas en el proceso de caída de María Cristina en 1840) en la base de un nuevo tipo de Estado. Se va fraguando en los programas revolucionarios la idea de un nuevo Estado democrático que tuviera en su matriz las juntas provinciales (de las provincias históricas), combinadas con un fuerte poder municipal. A su vez, este Estado debería respetar, entre otros derechos, el de la libertad religiosa y de imprenta, además de implementar una fiscalidad progresiva y asumir derechos sociales como los de la educación o la jubilación de los trabajadores. Este era un programa de mínimos para el republicanismo, que debía dar pie a un proceso constituyente donde se pusieran en juego propuestas más radicales. El posible paso del programa de mínimos al de máximos iba acompañado de la conciencia entre los activistas republicanos de que sus propuestas más profundas necesitaban de un proceso largo de desarrollo político y entre la propia población. De este modo, inicialmente el programa de mínimos se desarrolló en el decurso de varios intentos revolucionarios. Los activistas republicanos consiguieron derrocar a Espartero con el concurso esencial de las juntas, pero quisieron ir más allá y, en septiembre de 1843, dieron inicio a lo que se conoció como «revolución centralista». Las bases fueron acordadas en un encuentro de representantes de treinta provincias celebrado en Madrid, y su nombre se debe al intento de imponer una Junta Central como institución de gobierno que representase directamente el poder de los diversos territorios (con)federados. El epicentro de este intento revolucionario radicó en Barcelona, con réplicas especialmente en Sevilla, Granada, Valladolid, Zaragoza, Vigo y León. De hecho, durante todo ese periodo, Barcelona fue el principal centro revolucionario del estado: fue dos veces bombardeada, resistió a varios intentos de control militar y enarboló por primera vez en sus tejados las banderas rojas y negras que serían características de los movimientos populares durante los siglos XIX y XX . Sin embargo, su rendición el 20 de noviembre de 1843 marcaría el fin de ese periodo, a pesar de que ciudades como Figueres resistirían aún hasta 1844. ¹⁹

Con la caída de Barcelona y la reacción posterior se cerraba un primer periodo de conformación de las bases del Estado liberal y de un nuevo sistema político, económico y social. En el mismo instante de su nacimiento se alumbró también la alternativa al mismo y, a pesar de su poca maduración, esa alternativa habría intentado rectificar las propias bases del proceso. Había, en este sentido, conciencia de este fin de ciclo en las palabras finales de la última proclama de la Junta de Barcelona, cuando afirmaba ante la población: «La historia tiene preparadas unas páginas muy hermosas para transmitir a la posteridad los esclarecidos hechos de armas que han tenido lugar en este recinto desde que enarbolamos la bandera de la Junta Central, la historia referirá con imparcialidad los cruentos sacrificios que hemos hecho para sostener una causa que creíamos justa». ²⁰

En los momentos finales de esta revuelta se declaró la mayoría de edad de Isabel II y, sobre las cenizas de los intentos revolucionarios, la monarquía volvió a consolidarse, en alianza con la contrarrevolución del liberalismo moderado. Y fue precisamente de esas cenizas de donde nació también la alianza entre el Estado y el discurso nacionalista, en una nueva concepción de lo que se conocería como «Estado nación».

ESTADO Y NACIÓN

La Constitución moderada de 1845 fue la de mayor permanencia en España, con una influencia central en la construcción del Estado español durante el resto del siglo XIX y gran parte del XX . Hija del pensamiento reaccionario de Donoso Cortés, partía de la premisa, expuesta en el dictamen de su comisión redactora, de que «La sociedad no puede estar bien regida y gobernada cuando los pueblos están regidos y gobernados por corporaciones populares». ²¹ Esta premisa suponía en el texto constitucional el cierre del Estado a cualquier noción de participación popular o de mera descentralización ya no solo del poder, sino incluso de las competencias. Pero este mismo cierre plantea el problema de la legitimación de este nuevo tipo de Estado para afirmar su poder ante la población. Aunque no se trataba de una legitimación democrática, tampoco provenía del mandato divino encarnado en la monarquía absoluta. Se instauraba una monarquía constitucionalizada que no reconocía ni la soberanía nacional ni la popular, sino únicamente la soberanía compartida entre la monarquía y las Cortes, como expresión más clara del pacto entre las elites y la reina Isabel II. Pero ello no tenía ningún fundamento más allá de las clases dirigentes; la legitimidad debería provenir progresivamente, entonces, de la asunción desde el Estado de un nuevo tipo de idea de la nación, en la que la igualdad de los ciudadanos, su misma existencia, residiera en compartir una historia y una cultura común, una identidad, y no unos mismos derechos. Un concepto de nación étnico-cultural, generada desde el mismo Estado que poco tenía que ver con el utilizado hasta entonces.

El concepto de nación nacido de la Revolución francesa es un concepto de nación política, ciudadana, entendida como proyecto compartido de futuro y donde su construcción histórica se refiere a la memoria de las gestas nacionales, que pueden ser interpretadas en clave liberal o republicana; una memoria de la lucha por las libertades contra el absolutismo o la imposición extranjera que da cuenta de su contenido y carácter liberales. En consecuencia, la nación es el pueblo soberano y, en su extremo, planteado por Sieyès, no existe como tal sin un organismo —una asamblea nacional— que la represente como expresión de su soberanía. Es cierto que una cosa es el concepto de nación, entendida en este caso como cívica y no cultural, y otra, la realidad, incluso en el caso francés, que probablemente, a pesar de proclamar lo contrario, sea de los modelos más duros en términos de nacionalización cultural de la población. Aun así, durante gran parte del siglo XIX, el concepto que manejaron los republicanos y que ha llevado muchas veces a lecturas del pasado distorsionadas desde nuestro presente, fue el de nación política. En esta concepción, la nación es el espacio de la soberanía y el ejercicio de derechos civiles y políticos, mientras que el Estado es el organismo que garantiza dicho ejercicio. Por el contrario, en el nacimiento de la concepción cultural e identitaria de la nación (identidad que se puede definir en términos étnicos, religiosos o históricos), es su propia existencia la que legitima la del Estado y el ejercicio del poder.

En este marco, para el caso español, el concepto de nación que surge de la Constitución de Cádiz de 1812 conecta plenamente con la idea de nación política, aunque ello no signifique que conecte, a pesar de todo lo que se ha escrito, con la nación española actual. Según el artículo 1 de la Constitución de 1812, «la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios», lo cual evoca directamente una nación de carácter imperial y no peninsular, sin una territorialidad nacional definida. Es más, lo que define a la nación es la monarquía, ya que los españoles lo son en la medida en que eran súbditos de los territorios dispersos por el mundo de la monarquía. Ello no es óbice para que existan a la vez una visión castellanista de lo que es la cultura española y la idea de que la homogeneización cultural puede estar al servicio de la extensión del propio Estado en el territorio, pero esa idea de homogeneidad cultural no define a la nación ni constituye la legitimación de la misma existencia del Estado. ²² En todo caso, la nación se define básicamente como el espacio donde la soberanía es ejercida por la ciudadanía (otra cosa es qué o quién se considera que es la «ciudadanía»). De hecho, el problema siempre ha residido en la soberanía, es decir, en quién decide, o, lo que es lo mismo, en el debate de por qué ese sujeto y no otro tiene la capacidad de decidir. La nación entendida como un espacio cultural identitario emerge precisamente de la irresolución de este debate, a posteriori . También fue así en el origen del propio catalanismo político: su hacedor primigenio, Valentí Almirall, no reivindicaba Cataluña como nación, pues la consideraba una región, pero sí la necesidad de su reconocimiento como espacio de soberanía. ²³ En este sentido, la lucha por la democracia durante la primera mitad del siglo XIX (y, de hecho, hasta el Sexenio Democrático) fue por la configuración de la nación política, no por la nación cultural identitaria, algo que es absolutamente homologable en todo el panorama europeo. El principio de las nacionalidades, esto es, la idea de que a toda nación étnico-cultural le corresponde un Estado, ergo también que un Estado se sustenta en una nación cultural, no se empezó a difundir hasta después de 1848. Así, emergerá una nueva concepción —la del Estado nación— y, de ella, la «necesidad» de «nacionalizar» a poblaciones muy diversas en sus culturas y sentimientos de pertinencia para hacer congruente este nuevo principio. Este proceso se intensificará a partir del último tercio del siglo XIX y ocupará a los Estados europeos durante gran parte del XX , que lo exportarán al resto del mundo con la experiencia colonial. Aquí, la apelación a la «nación política» por parte de esos mismos Estados deviene ya solo una forma de esconder el propio nacionalismo (para el Estado nación, los nacionalistas siempre son los «otros», y, en todo caso, los que sustentan esta afirmación son solo patriotas). Por eso Josep Fontana no dudaba en calificar «la invención y consolidación del Estado nación» como una «monstruosa alianza entre un fenómeno de dimensiones sobre todo culturales y la maquinaria política del Estado, que se intenta así legitimar, dotándolo de un sustrato étnico que quiere hacerlo “natural” y necesario, arrinconando la vieja y sana doctrina que sostenía que la base sobre la que había de sustentarse el Estado no era otra que el contrato social». ²⁴ Este fue y es, efectivamente, un proceso europeo y mundial, pero en pocos estados europeos existía la diversidad cultural que había en España. Y, sobre todo, en pocos estados de Europa la posible diversidad cultural, lingüística y territorial se había activado como espacio político en el mismo proceso de paso del Estado absolutista al Estado liberal capitalista.

Las dos concepciones —la de nación política y la de nación cultural— competirán en España, al tiempo que se impregnarán mutuamente, en el proceso de paso de una sociedad de lealtades e interacciones básicamente locales, propia del Antiguo Régimen, a una sociedad cada vez más interconectada social, cultural y económicamente en el marco capitalista. A finales del siglo XVIII, Voltaire escribía en su Diccionario filosófico : «[La] patria es un conjunto de diversas familias; y así como alguien mantiene generalmente su familia por amor propio […] mantiene por el mismo amor propio su villa o pueblo, al que llama patria. Como más grande es esta patria, menos la quiere […]. Es imposible querer tiernamente una familia demasiado numerosa que justo se conoce». Realidad que también vivirá, cien años después, Pi i Margall, quien afirmaba que, «en una nación pequeña, el amor a los ciudadanos constituye el amor a la patria». ²⁵ Hay un paso de gigante entre esta concepción de la patria, entendida como algo que se da a pequeña escala, y el sentimiento de pertinencia y lealtad a una misma nación donde cada miembro siente, en una comunidad imaginada, según Benedict Anderson, ²⁶ que comparte una identidad común con un conjunto de gente que no conoce. ²⁷ Un paso que no es conceptual, sino real. Toda construcción de una nación es un proceso de transferencia de lealtades locales a lealtades nacionales, en la traslación de la concepción de la nación que se da entre Voltaire y Anderson. Esa misma transición es la que estaban viviendo los republicanos del siglo XIX , que intentaban redirigirla en un rumbo diferente a los liberales, que habían apostado ya por la construcción de una nación identitaria española en la segunda mitad del siglo XIX . La ventaja de los primeros y la problemática de los segundos para consolidar un Estado nación en España era que el proceso que iba de lo local a lo nacional, por la propia dinámica política e histórica del siglo XIX , pasaba por las provincias históricas. Y esas provincias, mientras se intentaba una «nacionalización» española con un fuerte carácter reaccionario, de hecho incluso un poco antes, construyeron una memoria, una cultura y, en algunos espacios, además, una lengua que viviría una renaixença , en el caso catalán y valenciano, o un rexurdimento , en el gallego, es decir, un espacio de lealtad patriótica propio. Por ese motivo se ha hablado, en referencia a este periodo, de un «doble patriotismo» —a la provincia histórica y a España—, ²⁸ que se resolvería en un sentido u otro dependiendo, entre otros factores, de cómo se resolvía la cuestión del tipo de Estado. Y fue en ese camino donde se dieron las conexiones o desconexiones claves que marcarían el relativo fracaso de la nacionalización española y la dinámica plurinacional del futuro.

En este marco, el modelo de Estado nación de los liberales españoles, con el que pretendían legitimar un Estado antidemocrático, se inspiraría en el Segundo Imperio francés (1852-1870). Si el modelo de Estado centralizado de los años treinta se había basado en el Primer Imperio napoleónico, ahora el modelo de nación y de nacionalización tomaba como base su segunda reedición. Se trataría de construir entre la población una identidad nacional común y un proyecto de futuro compartido, lo cual se constituye en dos polos, igualmente necesarios, de exclusión e inclusión: el del quebrantamiento y negación de la diversidad cultural anterior y el de la integración en una nueva identidad. Para ello, y para la suerte de este proceso de nacionalización, serían básicos instrumentos como la escuela pública, establecida por el Estado a partir de la Ley Moyano, de 1857, el servicio militar, la articulación de la opinión pública y la misma vertebración comunicativa del territorio, en un proceso incesante que cubriría parte del siglo XIX y todo el XX , ante la constatación inmanente de la invertebración española que tanto preocupaba a Ortega y Gasset. Todo ello a partir de una matriz cultural que mimetiza la cultura —y la lengua— castellana con lo español y que considera la nación española como una realidad preexistente, católica, esencial y eterna. ²⁹

Frente a ello, la posibilidad de una nación política que integrase sus distintas diversidades sería defendida por los liberales catalanes, los fueristas vascos, los provincialistas gallegos y los republicanos (corrientes de fondo que, mil veces transmutadas, llegan hasta nuestros días). Pero en este periodo solo los republicanos tendrían una capacidad de incidencia real para cambiar el decurso de la construcción del Estado nación español. Para ellos, la nación era España en la medida que no la concebían como nación identitaria. De hecho, el paso a la posibilidad de considerar las naciones como realidades esencialmente definidas por lo cultural fue tardío, tanto en el campo republicano como en el de los diversos regionalismos. Aunque había una conciencia clara de la diversidad cultural, como hemos dicho antes incluso para el padre del catalanismo político, Valentí Almirall, Cataluña era una región y España, la nación. Paradójicamente, se percibe en ese republicanismo una mayor conciencia de la posibilidad de la existencia de varias naciones dentro del estado que en el primer catalanismo. En este sentido, Pi i Margall, cuando habla de los diferentes espacios territoriales de soberanía, se refiere a ellos como «provincias que un día fueron naciones», una evolución de la concepción de Abdó Terradas de los «reinos que fueron independientes». Eso no significa que Pi i Margall las considerase realidades del pasado, ya que en gran parte el republicanismo federal se basaría en ellas para su propia acción y construcción política, además de que constataría que esas «provincias que un día fueron naciones» estaban viviendo, durante la segunda mitad del siglo XIX, un renacimiento cultural y lingüístico. De hecho, en Pi i Margall se observa claramente, como en ningún otro protagonista de este periodo, como en el tránsito de los sentimientos de pertinencia local al nivel nacional, pasando por el patriotismo provincial, se estaba dando ya la posibilidad de la emergencia en España de una realidad plurinacional:

El pueblo ha sido y ha habido de ser en todas partes la primera sociedad política. Por necesidades que no ha podido satisfacer por sí mismo se ha reunido con otros pueblos y ha creado con ellos un poder común, regulador de los comunes intereses […]. La colectividad, fruto de este movimiento, constituyó una nación, no una provincia; se da a las naciones el nombre de provincias solo cuando unidas llegan a formar, por decirlo así, una nación de segundo grado y si las continúo llamado provincias es para entendernos mejor. ³⁰

En este pasaje, según el cual España sería una nación de segundo grado formada por naciones de primer grado, se denota la fluidez de un momento histórico en el que emergían nuevos significados sobre la realidad nacional. Pero, de todas formas, este es un desarrollo marginal. Para los republicanos, la nación, entendida como nación política, era España. Solo hay un caso no estudiado, y extraordinario por su modernidad tan temprana, que es el del influyente dirigente republicano de Figueres, originario también del grupo de Abdó Terradas y secretario del Ayuntamiento de Barcelona (aunque debió abandonar el cargo por su colaboración con los trabajadores durante la huelga general de Barcelona en 1855), Joan Baptista Guardiola. En el contexto de un posible debate constituyente durante la revolución de 1854, él fue el primero en plantear consideraciones como las que siguen:

Que la raza española no es una sola; que el idioma en España no es uno solo; que el clima no es uno solo; y que la historia no es una sola: esto es, que en España los elementos constitutivos de su personalidad nacional no son uniformes sino variados, y que no hay en ella, por tanto, un solo pueblo, una sola nacionalidad, sino varios pueblos, varias nacionalidades: que España no es, en el riguroso y buen sentido de la palabra, una sola nación , sino un haz de naciones . ³¹

Una conceptualización muy temprana más propia del siglo XX que del XIX . En todo caso, lo que estaría en juego durante ese periodo sería la posibilidad de construir una federación democrática y socialmente avanzada que uniese la diversidad territorial en un proyecto común. Al frente de esa posibilidad se encontraba un Estado centralista, antidemocrático y defensor de una determinada distribución de la propiedad que quería «nacionalizar» a los ciudadanos en una determinada concepción de lo que era España. El momento crucial de esta historia —y que marca nuestro propio presente— se dio durante el Sexenio Democrático. Pero, antes de abordar ese cruce, debemos fijarnos en un hecho no menor para comprender las contradicciones en la construcción de ese Estado liberal. Un hecho que también llega hasta nuestro presente.

EXCURSO: EL PUNTO DE FUGA DEL RELATO

DEL ESTADO CENTRALISTA (EL PAÍS VASCO Y NAVARRA)

Hay una paradoja en la construcción del Estado liberal español, un vacío donde su propio relato se transforma completamente. El paso en la monarquía hispánica de un Estado compuesto, con distintas esferas de poder territorial, a una monarquía absolutista de carácter centralista se consumará en 1714, con la derrota de Barcelona y Cataluña y la llegada de los decretos de Nueva Planta. En este sentido, el origen de la dinastía borbónica que llega hasta la actualidad está ligado precisamente a la negación de esa realidad compuesta. La interpretación de este hecho histórico es diversa según quién la anuncie. Así, para unos este sería un eslabón más —consumado con la creación del Estado liberal centralista— de la necesaria «modernización» española, que acabaría con «antiguallas» propias del Antiguo Régimen. ³² Para otros, en cambio, esta sería la demostración de la incapacidad de la monarquía absoluta, o de la misma dinastía borbónica, para permitir un desarrollo libre de la diversidad, la cual, a su vez, habría podido conllevar desarrollos más democráticos hacia la modernidad. ³³ Pero hay un tema que se deja aparte en estos análisis.

En 1714 —o, más bien, en 1715, con la toma del Reino de Mallorca— culminaba efectivamente la erradicación de las instituciones de los antiguos reinos de la Corona de Aragón, que incluían a las islas Baleares, Aragón, Cataluña y País Valenciano, y, con ello, se consumaba también el proceso de centralización absolutista en España. En toda España, excepto en las provincias vascas y el Reino de Navarra. En estos casos, su apoyo a la dinastía borbónica, es decir, a Felipe V en la guerra de Sucesión que lo enfrentaba a los Austrias, les garantizó el mantenimiento de sus instituciones y fueros en el mismo momento en que eran erradicados de los reinos de Valencia, Aragón y Mallorca, así como del Principado de Cataluña. Dichos fueros se seguirían manteniendo y desarrollando en las provincias vascas y el Reino de Navarra durante la monarquía absoluta a partir de —ironías de la historia— los argumentos desarrollados por la tradición jurídica pactista de los reinos de la antigua Corona de Aragón. En todo ello, más que la «voluntad» real de construir un Estado moderno centralizado (la cual no se verificó en el caso vasco y el de Navarra), sobresale mucho más la realidad pura del poder (basado en el «derecho de conquista»), a la que se busca una legitimación posterior supuestamente «modernizadora». Así, en el primer Decreto de Nueva Planta expedido por Felipe V en 1707, dedicado a Valencia y Aragón, se presentaban de forma desnuda las motivaciones que habían llevado a erradicar «todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban» a causa de:

La rebelión que cometieron […], añadiéndose ahora la circunstancia del derecho de conquista […] y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes [...]. He juzgado conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el Universo.

Si lo que hubiese anidado de fondo fuera una consideración real de la necesidad de erradicar instituciones para «modernización», el mismo criterio se habría aplicado sobre lo que se conoció posteriormente como la España foral. No fue así y, de hecho, este es el origen (consideraciones constitucionales aparte) de un tratamiento específico que llega hasta nuestros días con la disposición adicional primera de la Constitución española actual. Una disposición que deja al País Vasco fuera del régimen común autonómico, mientras que en el caso de Navarra es difícil considerar que su estatus sea realmente el de una autonomía.

Esa situación pervivió en el paso de la monarquía absoluta al nuevo Estado liberal. Con la finalización de la primera guerra carlista en el norte de España se llegó al pacto —simbolizado en el abrazo de Vergara entre el general liberal Espartero y el general carlista Maroto— de mantener el estatus específico de las provincias vascas y el Reino de Navarra. Ese pacto fue sancionado en la Ley de Confirmación de Fueros, de 1839, y posteriormente la Ley de Modificación de Fueros de 1841 insertó el estatus específico de Navarra en el nuevo ordenamiento liberal, por lo que pasó de reino a provincia «foral». Ambas leyes, a pesar de tener más de 175 años, son las que fundamentan la actual Ley de Amejoramiento Navarro, que es el marco jurídico del estatus político de Navarra, más allá de los relatos que intentan explicar la falsedad de que todo nuestro ordenamiento político y jurídico proviene de la Constitución de 1978. De hecho, aunque estas leyes asegurasen la inserción de las provincias históricas vascas y de la nueva provincia foral de Navarra en el nuevo Estado liberal español, la realidad era que escapaban a su lógica. Su estatus establecía un sistema que podría definirse como de cosoberanía, ³⁴ defendido tanto por los republicanos, que lo veían como base para un desarrollo federal, como por los liberales vascos, que veían en ese estatus la posibilidad de construir un subestado propio. Aquí de nuevo aparece la visión del modelo americano, incluso para los adversarios de ese estatus. Así, el ex gobernador civil de Vizcaya Francisco Azcárate, en una carta a Isabel II, afirmaba en 1856:

Si se les cogiera a las provincias vascongadas, y se las trasladara a la América del Norte, serían otros tres Estados independientes más, que entrarían a constituir parte de la unión americana, sin tener que hacer la menor innovación, porque son países que se gobiernan por sí mismos, y cumplirían aun con enviar sus diputados a Wassimpton [sic ] como aquí los envían a Madrid. Pero SEÑORA, esto no puede seguir así, porque las provincias vascongadas forman parte de vuestra monarquía, que desde que se ha hecho constitucional, tienen que ser aquellas monárquico-constitucionales y no republicanas, tienen que respetar y reconocer la unidad constitucional. ³⁵

Este fue el modo de inserción específico de las provincias vascas y Navarra dentro del Estado liberal español; una inserción que, a diferencia del caso catalán, las mantendría siempre en un «afuera» de ese Estado. De hecho, en los mapas políticos de España de 1850 se describían tres realidades: la de la «España uniforme o puramente constitucional»; la de la «España incorporada o asimilada», que incluía a todos los territorios de la antigua Corona de Aragón, y la de la «España foral», integrada por las provincias vascas y Navarra. Tres Españas que, en cierta manera, han seguido marcando el rumbo de la historia política y territorial hasta nuestros días. Cataluña, de la «España incorporada o asimilada», al estar plenamente dentro del Estado liberal pero aspirar a un Estado que fuera diferente, ha marcado el camino del debate territorial que ha afectado al conjunto del estado. Esto fue así en el debate autonómico de la Segunda República, que fue básicamente un debate catalán, y lo ha sido en el desarrollo del Estado autonómico actual, donde, al estar dentro del régimen autonómico común, ella marcaba el camino de su evolución. Por el contrario, en el caso del País Vasco y de Navarra su inserción específica perduró en el tiempo. A pesar de que la Ley de Fueros de 1876, en plena Restauración canovista, erradicó en parte esta situación, lo que hizo crecer el nacionalismo vasco, lo cierto es que tanto el Concierto de las provincias vascas como el Convenio navarro mantuvieron una situación diferenciada. Y esa situación se sostuvo a lo largo del siglo XX: incluso cuando la dictadura de Primo de Rivera eliminó las diputaciones (en una medida básicamente pensada para las catalanas), dejó intactas las del País Vasco y Navarra. También durante el franquismo, máxima exacerbación del nacionalismo centralista español, se conservaron el Convenio navarro y el Concierto en Álava (no así en Guipúzcoa y Vizcaya, que se mantuvieron leales a la República y lo perdieron, otra vez, a partir del «derecho de conquista»), con el fin de que pudieran reintegrarse de forma plena en la realidad constitucional actual.

Este marco aseguró una «integración» específica donde las elites vascas encontraron un «acomodo» (más o menos conflictivo) con el Estado liberal. En el caso catalán, sin instituciones propias, las elites quedaron excluidas del poder político. Esto no era nuevo: desde que Madrid fuera designada como capital de la Monarquía Hispánica de los Habsburgo en 1561, la mayor parte de los altos cargos del Estado y de la Iglesia fueron ocupados por castellanos. Cuando, casi dos siglos después, fueron eliminados los fueros de la Corona de Aragón, ello significó también que los cargos en sus administraciones podían ser ocupados por castellanos. Y así ocurrió. Pero la legitimación de esta medida se efectuó con la indicación de que, además, a partir de entonces los altos cargos del nuevo Estado borbónico podrían ser ocupados también por catalanes, valencianos, aragoneses o mallorquines, cosa que, como quedó patente en las Cortes de 1760 convocadas por Carlos III, no sucedió. ³⁶ Ya en la época contemporánea, solo tres catalanes llegaron a ser presidentes del Gobierno de España entre 1814 y 1900, mientras que no hubo ninguno durante todo el siglo XX . Por añadidura, esos tres lo serían durante el Sexenio Democrático (1868-1874), en representación de opciones claramente democráticas y republicanas. En el mismo lapso de tiempo, únicamente veintidós de los 850 ministros españoles fueron de procedencia catalana, la mitad de ellos también durante el Sexenio, ³⁷ momento en el que, por otro lado, hubo 32 gobernadores civiles catalanes en España, algo que no iba a repetirse jamás. Como es evidente, el Sexenio fue la gran oportunidad de construcción de un Estado sobre bases radicalmente diferentes, y su suerte constituyó un punto de inflexión en nuestra historia.

LA GRAN BIFURCACIÓN: PI I MARGALL Y LA PRIMERA REPÚBLICA

El primer intento de rectificación democrática en la construcción del Estado liberal ensayado en el ciclo 1840-1844 fracasó, y aún harían falta más de dos décadas para que surgiera una nueva oportunidad. Fueron dos décadas convulsas, donde la alternativa republicana tomaría cuerpo y encontraría un marco propositivo e ideológico mucho más maduro, en el cual el carácter socialista y comunista de los grupos originarios se iría diversificando, sobre todo con la fundación del Partido Demócrata (1849), que ampliaría el espectro de ese republicanismo inicial. A este respecto, las diversas polémicas en las filas de esa formación política durante la década de los sesenta entre «individualistas» y «socialistas» supondrían la primera difusión de un debate público y extenso sobre el socialismo en España, con amplia repercusión entre los trabajadores. En relación con ello, el federalismo se iría concretando en términos doctrinales y teóricos durante este periodo y profundizando en su carácter de proyecto, que no trataba solo del cambio en la forma de Estado, sino también de una reorganización completa en el ámbito político, cultural y económico, como propuesta alternativa al dominio de las clases dominantes. En palabras del manifiesto presentado en la Asamblea Federal del Partido Republicano Federal en 1870: «La federación, más que una forma, es un sistema que invierte completamente las relaciones políticas, administrativas y económicas que hoy unen con el Estado los pueblos y las provincias». ³⁸

Esa concepción se popularizó gracias al trabajo de propagandistas y agitadores, que desarrollaron una actividad frenética por toda España, entre los que destacan personalidades como la del gaditano Fernando Garrido, quien escribiría, en 1855, La república democrática federal universal . ³⁹ Pero, por encima de todos ellos, sobresale claramente la figura del principal pensador político de talla europea que hemos tenido en nuestra Península en los últimos doscientos años: Pi i Margall.

Pi i Margall fue un pensador y político reivindicado por igual por las filas anarquistas (desde Federico Urales a Salvador Seguí), las del catalanismo de izquierdas (con figuras para quienes es un referente, como Rovira i Virgili o Companys) o las andalucistas (como Blas Infante), y en el campo del socialismo fue considerado por Engels durante la Primera República «el único socialista, el único que vio la necesidad de apoyar la república en los trabajadores». ⁴⁰ En este sentido, Pi i Margall devendría una de las fuentes genuinas del conjunto de las izquierdas en España y, en particular, en Cataluña. Según su postura, el federalismo se convierte en una teoría política global, que va mucho más allá de una propuesta de Estado. En sus manos el federalismo pasa a convertirse en una cosmovisión que iba desde la naturaleza del ser humano hasta la esencia del poder y la libertad. Y es en su concepción sobre el poder que se comprende que Pi i Margall y las problemáticas irresueltas por el republicanismo histórico, así como la experiencia misma de la Primera República, se encuentren en el punto focal de las diversas izquierdas de la península Ibérica, tanto para aquellas que tienen su referente nacional en España como para las que lo tienen en realidades nacionales alternativas. Cuestión que hunde sus raíces en una contradicción fundamental.

Hay una tradición que bebe de diversas fuentes, relacionada con la problemática de la soberanía, que sitúa el problema principal de la acción política en la resolución de la cuestión del poder y su contradicción con la libertad. En esta tradición, el poder significa básicamente dominio: como afirmó uno de los padres de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, John Adams, dominio de unos humanos sobre otros, donde la libertad depende directamente de la contención, la limitación y la fragmentación del poder. ⁴¹ Esa es la raíz que une a los revolucionarios ingleses del siglo XVII , en su vertiente disidente, con los revolucionarios americanos del XVIII y su apuesta por el federalismo. Pi i Margall comparte plenamente esta tradición, y precisamente por ello ha podido ser reclamado como fuente tanto por los republicanos (aunque no todos) como por los socialistas, los anarquistas y los catalanistas. La ventaja de esta posición, y de la tradición que funda, reside en que, al situar la contradicción fundamental entre el poder y la libertad y, por tanto, la finalidad de la política como el arte de acabar con el dominio para imponer la libertad, en ella se abarcan —a diferencia de en aquellas tradiciones que fijan una sola de las posibles contradicciones como esencial— una infinitud de temas: desde las formas de Estado, pasando por la posibilidad de poderes territoriales alternativos, hasta las contradicciones capital-trabajo o patriarcado-feminismo.

A pesar de que la Comuna francesa de 1871, justamente reivindicada por los republicanos federales socialistas como un experimento cercano a sus posiciones, impuso nuevas reflexiones en Marx sobre el carácter del Estado (reflexiones que conectan directamente con el Lenin más libertario de El Estado y la revolución , escrito antes de la toma del poder en 1917), en el socialismo marxista la contradicción principal se establece entre capital y trabajo. Así, la fortaleza de esta postura reside en la posición de clase dentro del capitalismo, pero con poca sensibilidad hacia otras formas de opresión (nacional, de género, territorial, etc.), que son siempre leídas en relación con la primera contradicción. En cambio, para Pi i Margall y la tradición que funda (o, más bien, a la que da coherencia, ya que en realidad esta es muy anterior), todas las contradicciones son suyas, ya que todas se refieren a la tensión entre poder y libertad. Su amplitud en este sentido es inmensa. Aunque a veces esto también lleve a la posibilidad de «perderse» o a obviar algunas contradicciones fundamentales en aras de otras, eso explica el carácter matriz de Pi i Margall y el republicanismo de este periodo, en relación tanto con las izquierdas como con una parte de los proyectos nacionales alternativos.

El objetivo último de este republicanismo no era otro que el de inaugurar un nuevo orden; por ello Pi y Margall empezaba su primera obra relevante, escrita en 1854, con las palabras: «Tomo la pluma para demostrar que la revolución es la paz, y la reacción, la guerra», ⁴² buscando la libertad sin dominación y la autoridad sin poder. Y para ello, para fundar una nueva sociedad, sostenía:

No sólo es necesario acabar con la actual organización política, sino también con la económica; que es indispensable, no ya reformar la nación, sino cambiar la base […]. La constitución de una sociedad sin poder es la última de mis aspiraciones revolucionarias; en vista de este objeto final, he de determinar toda clase de reformas […]. El poder, hoy por hoy, debe estar reducido a su menor expresión posible […], ¿le da fuerza la centralización? Debo descentralizarlo […]. ¿Se la dan el principio religioso y la actual organización económica? Debo destruirlo y transformarla. Entre la monarquía y la república optaré por la república; entre la república unitaria y la federativa, optaré por la federativa […]. Ya que no puedo prescindir del sistema de votaciones, universalizaré el sufragio […]. Dividiré y subdividiré el poder, lo movilizaré y lo iré seguro destruyendo. ⁴³

Se trataba de fundar un nuevo orden basado en los derechos y libertades del ciudadano y en la federación de municipios y de «provincias que antes fueron naciones»: la república federal, donde tanto las libertades individuales como las colectivas son sustantivas (ya que, como afirmaba el viejo Pi i Margall en 1890, «es tan inalienable la libertad de los pueblos como la de los individuos»), ⁴⁴ en un federalismo que no solo debía ser político, sino también económico y social. En este sentido, para un Pi i Margall que vivió en sus años mozos la experiencia directa de la agitación obrera y de la formación del primer sindicalismo de clase moderno en Cataluña, la cuestión social era la cuestión del siglo, y la lucha por la democracia política era tan solo el prólogo de la lucha por la democracia social. Recogía así toda una tradición republicana gestada en los años treinta y cuarenta del siglo XIX , y le otorgaba coherencia en un nuevo corpus teórico específico donde democracia, republicanismo, federalismo y socialismo conformaban un mismo camino.

Su objetivo de destruir el poder —es decir, el del Estado— con su disolución en espacios múltiples de soberanía, donde el ejercicio de lo público fuera más controlable, eficiente y concreto, encuentra en este sentido solo dos límites que deben ser comunes en todos los espacios de soberanía: la garantía absoluta de los derechos y las libertades ciudadanas y la regulación de las fuerzas económicas para garantizar un orden justo. Sin igualdad no hay posibilidad de democracia, pero, a su vez, sin federalismo no hay tampoco, para Pi i Margall, posibilidad de república. Así, criticando las diversas repúblicas fallidas francesas, Pi i Margall afirmaba: «Se quiso una e indivisible república, se mataron las regiones, y cuando sonó la hora de la tiranía, no hubo donde reunir las disgregadas asambleas, ni donde organizar contra los dictadores las fuerzas del pueblo». ⁴⁵ Por ello su mirada, como la de tantos otros que lo precedieron, se fijaba en el modelo americano, y por ello también, como señalaba Valentí Almirall, Pi i Margall era más un federalista republicano que un republicano federal, pues una república no federal le parecía la sustitución de un poder por otro, pero no su transformación profunda. Su federalismo era el de la afirmación de la soberanía de cada una de las partes, que decidían compartirla en la federación sin perder su capacidad de ejercerla en los momentos de modificación o refundación, ⁴⁶ frente a algunas de las corrientes federalistas actuales que confunden descentralización con federalismo. A su vez, la propuesta de Pi i Margall era también lo que ahora llamaríamos «federalismo asimétrico», adaptado a cada realidad en vez de pretender adaptar la realidad a la propuesta federal para luego poder disolverla (pretendiendo que eso sea solución para algo): «Somos federales precisamente porque entendemos que las diversas condiciones de vida de cada provincia exigen no la uniformidad, sino la variedad de instituciones provinciales». ⁴⁷

Pese a las acusaciones reiteradas de dogmatismo e idealismo hacia Pi i Margall (en lo que en realidad era una voluntad férrea en tiempos volubles), el federalismo que defendía no provenía de una abstracción, sino que tenía como base la comprensión de la dinámica histórica y política de la España de su tiempo. Y era, al mismo tiempo, una experiencia biográfica y vivencial. Cuando el joven Pi i Margall recorría las barricadas de la Barcelona varias veces bombardeada durante el periodo de 1840-1843, bajo la bandera de la Junta Central, allí se defendía el programa político al que él dio cuerpo. La matriz de su federalismo fue el primer republicanismo, liderado por los Terradas, Cuello, Monturiol, Sunyer, Clavé o Guardiola, muchos de ellos además compañeros posteriores del propio Pi i Margall en el Partido Republicano Federal. Implicado a su vez en las revueltas de Madrid durante la revolución de 1854 que inauguraría el Bienio Progresista, es precisamente en este momento cuando publicaría su primera obra política, la ya citada La reacción y la revolución . En ella se presentaba una filosofía completa sobre el poder y la libertad, se apreciaba ya una clara orientación hacia las clases trabajadoras y los jornaleros y se apostaba por la república federal.

Esa república federal debería acabar con la dinámica de centralización inaugurada con la monarquía absoluta borbónica después de la caída de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714 —cuando «ahí, en ese fuego, ardieron no solo las instituciones de Cataluña, sino también la libertad de España»—, ⁴⁸ y beber del retorno a la arena histórica de esas «provincias que una vez fueron naciones». Un retorno marcado para Pi i Margall por la experiencia de 1808, cuando las provincias históricas salvaron a España justo cuando la monarquía la abandonaba ante la invasión francesa: «Separadas las provincias, tuvo que luchar el enemigo no ya contra una, sino contra trece naciones: complicación para él inmensa». ⁴⁹ Fue entonces cuando crearon la Junta Central Suprema, que no era para Pi «sino un Consejo Federal». ⁵⁰ Todo ello como simple preludio de una dinámica revolucionaria que atravesaría el siglo, partiendo del poder de los municipios y las provincias en 1820, 1835, 1840, 1854 y 1868.

Usualmente se ha atribuido a este federalismo republicano la influencia de Proudhon. Pero ello no tiene en cuenta que el mismo está en la génesis del republicanismo desde el primer tercio del siglo XIX y que El principio federativo no se publicó hasta 1863. ⁵¹ Es decir, las primeras formulaciones de Pi i Margall que se enmarcan en una tradición federal propia son anteriores a las del francés. De hecho, Pi estudiaría intensamente y traduciría a Proudhon (en 1868, tradujo y prologó El principio federativo ) después de que el fracaso del levantamiento de 1866 contra Isabel II lo llevara al exilio en Francia. Proudhon pudo reforzar el pensamiento de Pi i Margall sobre el federalismo, pero este bebía de una tradición propia y compartida. Es por ello que el federalismo consiguió en España, a diferencia de en el resto de Europa, una base social amplia formada por las clases urbanas, entre la pequeña y mediana burguesía, pero también entre las clases obreras y jornaleras. Dicho en palabras del que acabaría siendo presidente de la Primera República española: «Por eso, la idea federal ganó tan rápidamente los ánimos en el año 1868. Sólo hizo falta enunciarla para que la abrazasen con entusiasmo miles de hombres. […] Si hubiese sido, como pretenden sus adversarios, una idea exótica, no se habría difundido tan fácilmente». ⁵²

El federalismo no era un exotismo proudhoniano de algunos dirigentes republicanos, era una planta profundamente enraizada en la realidad del siglo XIX que pronto dio sus frutos. Para los republicanos, y especialmente para el mismo Pi i Margall, en una posición que mantendría y maduraría incluso una vez pasada la experiencia de la Primera República, la forma de llegar a la república pasaba por la consolidación del proceso revolucionario juntista: «En los primeros días de una de tantas revoluciones […] cada provincia, como hemos visto, se declara independiente, y nombra, en medio del tumulto, una Junta Suprema». ⁵³ Esta junta debería convertirse en el Consejo Federal de la nueva república y preparar la transición hacia la consolidación republicana con la convocatoria de asambleas de las provincias históricas, «las que antes fueron naciones», para redactar sus respectivas constituciones. Una vez aprobadas estas, se procedería a la convocatoria de una Cámara Federal que redactase la constitución federal. ⁵⁴ Pero para ello haría falta una preparación y planificación previa que impidiese que las juntas revolucionarias de cada provincia cediesen el poder adquirido durante el proceso revolucionario a un Gobierno provisional y se disolviesen. La entrega del poder a un Gobierno provisional antes de haber consumado la fórmula federal es precisamente lo que pasó al inicio del Sexenio Democrático, aunque ello no evitó que en el periodo comprendido entre 1868 y 1874 se diera el intento más logrado de consumar el proyecto revolucionario que había atravesado el siglo. El Sexenio, en este sentido, fue el momento clave de todo el proyecto alternativo del republicanismo federal, y también el último intento real de construir globalmente el Estado y la sociedad española sobre bases radicalmente diferentes. Momento crucial que situó al republicanismo español a la vanguardia del republicanismo europeo.

En 1868, el Estado liberal, en el que en 1863 solo podían votar 179.000 personas de los diecisiete millones de habitantes que tenía España, asegurándose así el control de la política en manos de unos pocos, había llegado al colapso. La sucesión de crisis financieras, del tejido productivo y agrícola, que produjeron situaciones de paro y carestía, llevó al aumento de la represión contra la población hasta la instauración práctica de una dictadura del Gobierno y la monarquía. A la vez, la coalición política y social que aseguraba el poder, y que había construido el mismo Estado liberal, se encontraba en franca descomposición. Incapaz, por un lado, de dar respuesta a los sectores sociales y económicos a los que representaba en medio de la crisis, la propia monarquía, cada vez más encerrada en sí misma, los expulsaba del poder. Esto llevó a amplias alianzas entre sectores del liberalismo progresista y los demócratas republicanos. Los sucesivos fracasos de los primeros en el intento de un cambio de Gobierno con el solo uso del ejército (mediante pronunciamientos militares) los habían convencido de la necesidad de pactar con los republicanos para movilizar a amplias franjas de la población. La alianza entre ambos se selló con la aceptación por parte de los progresistas del sufragio universal como base para construir un nuevo régimen y dejar la cuestión de la monarquía o república en manos de unas futuras Cortes constituyentes. La revolución de 1868 encontró, sin embargo, a la mayoría de los dirigentes republicanos en el exilio, y, frente a las juntas formadas en el proceso revolucionario que llevó a Isabel II al exilio, siguiendo el camino de su madre en 1840, se impuso un Gobierno provisional bajo la regencia del general Serrano, en espera de encontrar a un nuevo candidato o candidata que ocupara el trono vacante. Es más, la mayoría de las juntas, exceptuando la posición radicalmente contraria de la de Barcelona, aceptaron a regañadientes la formación de un Gobierno provisional, en vez de operar ellas mismas como nuevo Gobierno, en espera de la convocatoria de Cortes a partir del sufragio universal masculino.

Se abría, de todas formas, un nuevo periodo para el republicanismo, con un papel fundamental tanto en las juntas como en su capacidad de penetración entre la población, en un momento en que los gobiernos sin base social podían quedar en manos de los humores del ejército. A su vez, en el nuevo clima de libertades, la posición favorable de algunos de los dirigentes del Partido Demócrata al Gobierno provisional, la cual no era mayoritaria dentro de la formación, llevó a un proceso de articulación y clarificación del republicanismo con la creación, a finales de 1868, del Partido Republicano Federal. Este partido, del que pronto Pi i Margall sería su máximo dirigente, que se organizó a partir de una amplia red de clubs en el mismo seno de una naciente sociedad civil y con una importante influencia tanto en el seno de las organizaciones de la clase obrera como en el campo. Se trataba de popularizar política, social y culturalmente un nuevo horizonte de esperanza: la república federal. Un horizonte, además, que ya en sus orígenes contenía múltiples significados: la cultura, el acceso a la tierra a quienes habían sido excluidos de ella, mejoras en la vida de los trabajadores y trabajadoras, la instauración de un nuevo tipo de democracia federal anticentralista, etc. En este sentido, el republicanismo inició un proceso de crecimiento exponencial durante el Sexenio, cosechando ya muy pronto importantes victorias electorales en la mayoría de las capitales de provincia en las primeras municipales celebradas con sufragio universal. Y fue en mismo contexto donde se articuló una amplia red de centros y publicaciones por todo el país que dieron densidad a unas culturas y memorias que glorificaban las gestas de lucha contra el absolutismo de las provincias históricas.

Todo ello ocurría en un marco de fuerte agitación política y social generado por las fuertes contradicciones que inauguraba el Sexenio, incapaz de estabilizarse a sí mismo con casi tantos candidatos al trono como gobiernos se sucedían. El incumplimiento de las aspiraciones de amplias capas de la población (fueran estas el acceso a la tierra, la mejora de las condiciones de vida o el fin de las quintas que llevaban a los jóvenes al ejército), así como el desarrollo de las guerras con los carlistas en España y con los insurrectos en Cuba, constituían el marco del descontento social y político. Descontento que encontraba un espacio de polarización política muy concreto en el intento del Estado central de imponerse a las juntas provinciales y a las Milicias Nacionales (cuerpos de voluntarios defensores de la revolución, presentes desde los años treinta en todas las etapas de cambio en España) decretando su disolución. A pesar de que la mayoría de las juntas no habían intentado, en el inicio de la revolución, constituirse como poder frente al Gobierno provisional, lo cierto es que representaban una amenaza de doble poder típica de las situaciones revolucionarias, como fue el caso de la Asamblea Nacional frente a la monarquía en la Revolución francesa o el de los sóviets respecto al Gobierno provisional durante la Revolución rusa. En medio del descontento social y político y esa dinámica de enfrentamiento entre el Estado y la juntas, el republicanismo creció de forma exponencial, pues representaba a la vez un horizonte de esperanza de cambio social e integraba el poder de las juntas en una nueva propuesta de Estado federal. Su presencia se hizo especialmente fuerte en los territorios del arco mediterráneo. Entre Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía —sus territorios centrales—, era en Cataluña donde el republicanismo tenía una mayor densidad histórica y social, mientras que sería en Andalucía donde este se expresaría con mayor radicalidad social y revolucionaria. Probablemente porque es allí donde la cuestión social (en este caso, la de la tierra) se expresaba por primera vez de forma abierta, mientras que en Cataluña el sindicalismo ya tenía casi treinta años de historia detrás. A la vez, en Andalucía la agitación social y política no tenía ante sí la amenaza del carlismo, que sí que actuaba en Valencia y, más intensamente, en Cataluña. De hecho, si los bastiones del republicanismo se situaban en el arco mediterráneo, los del carlismo estaban en el norte de España (especialmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña), lo cual conllevaba una clara desigualdad territorial en la posibilidad de una construcción federal.

Esta implementación desigual del republicanismo tenía como correlato que, si bien el resultado en las elecciones municipales dieron a los republicanos la mayoría de las capitales de provincia, no se puede afirmar lo mismo cuando se pasaba de la escala de las capitales a las primeras elecciones generales a Cortes. Sus resultados en este caso fueron sustancialmente menores, a pesar de quedar como segundo grupo en la cámara, frente a los progresistas, que quedaron primeros. De hecho, en esos comicios, los republicanos solo consiguieron una mayoría aplastante en Barcelona, Sevilla y Cádiz. La mitad de los diputados federales provenían de Cataluña y Andalucía, que eran, de la misma forma que sucedió durante la revolución de 1835, los principales pilares del republicanismo, como también lo serían de las izquierdas durante el siglo XX . En Andalucía, su presencia era muy fuerte en provincias como Málaga o Cádiz y, especialmente, en Sevilla, donde los republicanos ganarían de forma aplastante las elecciones municipales, y en las elecciones a Cortes cuatro de las cinco actas en juego de la provincia serán para candidatos republicanos. Su programa respondería a los anhelos de las clases urbanas, pero además incluiría el reparto de la tierra concentrada en los latifundios y el retorno de las tierras comunales privatizadas a los pueblos. Todo ello con la emergencia de una conciencia andalucista, nucleada en torno al diario republicano La Andalucía , que propugnaba desde 1860 una «Unión Bético-Extremense». Por otro lado, en el caso catalán, el republicanismo tendría una presencia dominante en las ciudades industriales y en la costa (especialmente en las Terres de l’Ebre, Tarragona y el Empordà), nacida de unas tradiciones profundamente enraizadas desde la década de los cuarenta y una fuerte adhesión por parte tanto de los obreros como de las clases medias urbanas, la menestralía y los campesinos enfiteutas. A la vez, el republicanismo en Cataluña sería el principal definidor de un espacio político catalán cuyo portavoz era el diario El Estado Catalán , fundado el 15 de julio de 1869 por Valentí Almirall.

La disolución de las juntas por el Estado central y la confirmación a partir de junio de 1869 por parte de las nuevas Cortes de que España no dejaría de ser un reino (aunque no sabían de qué rey ante la imposibilidad de restablecer una monarquía borbónica contra la que se había realizado la revolución), inauguraron una etapa en la que el republicanismo intentaría reforzar el poder territorial. La iniciativa partiría de Cataluña y, especialmente, de Valentí Almirall, que era ya en esos momentos el principal dirigente del republicanismo catalán, con la creación del Pacto de Tortosa el 18 de mayo de 1869. Este pacto aunaba los antiguos territorios de la Corona de Aragón, y a él siguieron, a su imagen y semejanza, los pactos de Córdoba (Andalucía, Extremadura y Murcia), Valladolid (Castilla la Vieja y Castilla la Nueva), La Coruña (Galicia y Asturias) y Éibar (el País Vasco y Navarra). Con ellos se intentaba dotar de protagonismo político a los poderes territoriales para hacer avanzar el proceso revolucionario hacia la república y asegurar la base para su construcción federal, descentralizando la dinámica política radicada en Madrid. Emergían así dos formas de actuación del republicanismo, la representada por la acción política en Madrid, vehiculada a partir del grupo parlamentario en Cortes que incidía en el centro del Estado, y la que tenía como base la construcción de poderes alternativos en los territorios. Pi i Margall se mantenía en el centro mismo de esta dualidad al no permitir, por un lado, que en el centro el partido se subordinase políticamente al progresismo a su derecha, atracción constante para muchos de sus principales dirigentes en las Cortes, y, por el otro, tampoco que una dinámica territorial desigual se impusiese bajo el peligro de desmembrar la posibilidad federal. Esta posición permitió mantener el republicanismo como una fuerza alternativa evitando a la vez su subordinación y su fragmentación, pero no sin fuertes contradicciones. No era una postura estática, se trataba de utilizar la fuerza periférica para imponer una estructura federal en el centro, pero sí que era una posición muy inestable.

De hecho, el republicanismo avanzaba como alternativa a una coalición gubernamental que no conseguía estabilizar la situación ni encontrar un candidato de consenso al trono, en un contexto internacional que, además, parecía favorecerle. La proclamación de la Tercera República en Francia el 4 de septiembre de 1870 y el surgimiento de la Comuna de París en 1871, que fue la principal victoria final del blanquismo, parecía anunciar que la república en España seguía el sentido de la historia. De hecho, blanquismo y republicanismo federal tenían unos orígenes compartidos en los años treinta del siglo XIX y una historia paralela que los llevaría a vivir su máximo —y último— momento de esplendor en los años setenta del siglo XIX . Tanto una como la otra son asimismo corrientes muy desconocidas en nuestro presente, ya que no trascendieron históricamente, y en el caso del blanquismo su legado teórico escrito ha sido pobre. Blanqui, respecto a los socialistas y anarquistas, solía afirmar: «[Están] en la orilla de un río discutiendo si el campo de la otra orilla es de trigo o centeno. Crucemos a verlo». ⁵⁵ Y fue al cruzar la orilla el blanquismo cuando los dos procesos revolucionarios por un momento se tocaron. En este sentido, para los republicanos, en palabras de Pi i Margall, la Comuna era una revolución obrera y federalista:

Porque es ley del progreso que desaparezca la última forma de servidumbre y caiga el feudalismo industrial como cayó el feudalismo guerrero. Son la revolución del futuro, ¡y qué!, ¿no dice nada que unánime y espontáneamente hayan buscado en la federación su arma de combate para hoy y sus instituciones para mañana? Seguro que no se habrían acordado de ella si fuese una idea ya pasada y muerta. ⁵⁶

La derrota final de la Comuna de 1871 marcó el eclipse final del federalismo en Europa, condenado públicamente por referentes como Mazzini, y a su vez del propio republicanismo, porque lo que emergería posteriormente con especial fuerza sería ya un socialismo deslindado de este campo.

Sin embargo, en España, donde el federalismo provenía de condiciones genuinas, la imposibilidad de estabilizar un nuevo régimen monárquico constitucional desde el liberalismo finalmente llevó al colapso. La breve monarquía de Amadeo de Saboya, casi sin apoyos, acabó con su marcha y la proclamación final de la República, el 11 de febrero de 1873. Un largo camino, que se inició con la revolución de 1843 como intento de crear un nuevo poder basado en la federación de diversos Estados que parecía consumarse. Pronto, además, el máximo exponente de este proyecto, Pi i Margall, se convertiría en presidente de la República. Se abriría un momento crucial para conseguir que esta se construyera como un nuevo tipo de Estado de Estados, rompiendo la naturaleza medular del Estado liberal centralista.

En un principio, la República solo fue reconocida por dos países: Estados Unidos y Suiza, precisamente los dos Estados que habían constituido la mayor referencia del republicanismo federal. Esta era una República asediada por el carlismo, que con su proclamación había recrudecido su actividad, con un ejército de dudosa lealtad, cuando no franca hostilidad, y donde las tensiones sobre su forma final aflorarían con toda su fuerza. Así, el 8 de marzo de 1873 se proclamaba el Estado catalán por el presidente de la Diputación de Barcelona, Baldomer Lostau, con el apoyo dubitativo del resto de las diputaciones catalanas, asediadas por la actividad carlista. No obstante, la declaración fue suspendida por las gestiones de Estanislau Figueras, en ese momento presidente de la República, Pi i Margall, ministro de Gobernación, y Valentí Almirall a cambio de la disolución del Ejército en Cataluña y el compromiso de la resolución federal de la República. Pero el ataque principal a la nueva situación provino de las filas de los radicales nacidos del antiguo partido liberal progresista, que llevaron a cabo una tentativa de insurrección, comandada por el general Francisco Serrano con el apoyo de una parte del ejército y el capitán general de Madrid, para conseguir el restablecimiento del «orden social» y que se declarara el carácter unitario del Estado antes de la convocatoria de unas Cortes constituyentes. La insurrección fue desbaratada por la movilización popular y la milicia republicana, organizada por Pi i Margall desde el Ministerio de Gobernación para hacer de contrapeso al Ejército. En ese marco, entre el poder territorial republicano y los intentos de reacción, se planteaba en toda su crudeza el problema del camino a seguir para conseguir la transformación del Estado de un Estado liberal a una federación de Estados. En este caso, había pocos procesos revolucionarios que pudieran servir de referencia.

Los jacobinos, como ya hemos afirmado con anterioridad, hicieron de la centralización del poder (también del poder territorial) una herramienta para el avance revolucionario, lo cual vino dado por dos realidades. En primer lugar, la centralización del poder y de la soberanía en un solo cuerpo aseguraba la acumulación de recursos y su disponibilidad inmediata a favor de la revolución. En segundo lugar, la concentración de ese poder en París garantizaba que el desarrollo revolucionario se mantuviera a la vanguardia, ya que, por su naturaleza, tenía su principal bastión en la capital. Por ello mismo, como ya hemos explicado, los revolucionarios franceses de 1830, a pesar de que coquetearon con la idea federal, optaron de nuevo por el centralismo, y también por ello Blanqui fue el digno sucesor del jacobinismo y la Comuna de 1871, la máxima expresión de ese poder revolucionario concentrado en París, tan separado del resto de Francia que ahora, irónicamente, buscaría en la federación su propia soberanía. Pero en el caso español la dinámica revolucionaria del siglo XIX era justo la contraria, y, de hecho, lo que la separaba no solo de Francia, sino también del resto de Europa. Y más cuando la capital de la revolución, si es que hubo una, se establecería antes en Barcelona, Sevilla o Cádiz que en Madrid. Es precisamente por ese motivo que los republicanos, y especialmente Pi i Margall, pensaban en términos de una revolución desde las periferias hacia el centro y no del centro a las periferias. Pero aunque ello obedeciera claramente a una «realidad» (a diferencia de lo que se ha dicho muchas veces, el federalismo en España no es una abstracción teórica, sino que surgió —y por ello se hace hegemónico en el campo del desafío al Estado durante el periodo que va de 1830 a 1873— de profundas dinámicas políticas, sociales y culturales), lo cierto es que no solucionaba el problema básico de la necesaria acumulación de recursos y fuerzas para la revolución en un solo cuerpo o centro. Esta misma contradicción la viviría Pi i Margall en sus carnes en el momento preciso de máxima posibilidad de realización de su proyecto, cuando presidía la Primera República. Atenazado por esa contradicción, Pi i Margall se obsesionó en la aprobación de una constitución federal por parte de las Cortes (opinión que, por cierto, compartiría con Valentí Almirall, a pesar de que se haya podido decir lo contrario) ⁵⁷ utilizando el poder de los territorios, y desechó tanto la posibilidad de imponer una dictadura desde su presidencia para instituir una república federal como la de conformar poderes territoriales independientes previamente a la mutación del Estado. Se trataba de intentar transformar el Estado con la fuerza de la periferia en su mismo centro y un nuevo orden constitucional, no de devenir en un episodio dictatorial probablemente transitorio o en la dispersión de fuerzas con la declaración de poderes territoriales independientes solo en algunas zonas. Además, esta contradicción sería la que atenazaría todas las revoluciones, excepto la americana —seguramente porque allí no se trataba de conquistar un Estado existente para transformarlo, sino de fundar uno completamente nuevo—, como se puede ver en el paso que da el Lenin que escribe El Estado y la revolución y el que impone finalmente el asalto al Estado y la concentración del poder ya no en los sóviets, sino en ese mismo Estado. La misma contradicción sigue estando en la base de los procesos de cambio —más o menos rupturistas, más o menos reformistas— de la España actual.

Como el mismo Pi i Margall, la mayoría del Partido Republicano Federal consideraba en 1873 que la federación de abajo hacia arriba era imposible en aquellas circunstancias y que solo lo sería a partir de unas Cortes constituyentes. Esta era la causa de su obsesión por aprobar una nueva constitución antes que las contradicciones entre el cantonalismo y el poder central abrieran un abismo insalvable. Finalmente, las Cortes constituyentes se abrieron con una mayoría de diputados republicanos. Pi i Margall fue elegido presidente de la nueva República e inició su mandato con un programa de fuerte contenido social que incluía la abolición de la herencia colateral, la expropiación de tierras, la recuperación de tierras comunales, la reforma agraria, la enseñanza libre y obligatoria y la implementación de las nueve horas y de los jurados mixtos. Un programa social absolutamente revolucionario en el contexto de los Gobiernos que se habían sucedido desde el principio de la revolución liberal hasta ese momento. Todo ello acompañado de la propuesta de una articulación del poder totalmente distinta con la aprobación de una nueva Constitución. Pero precisamente entonces, la tensión mantenida hasta ese momento se desbordó y todas las contradicciones afloraron con la declaración del cantón de Cartagena que buscaba la construcción de la república federal desde la periferia ante un centro inestable. Pi i Margall, que perdió momentáneamente la mayoría parlamentaria, se vio obligado a dimitir el 18 de julio. La nueva constitución, que debía aprobarse el 11 de agosto (el mismo día en que, en 1789, se abolió el feudalismo en Francia), instituía por primera vez una República que reconocía y se basaba en la existencia de los diversos Estados. Se constituía así en ella el Estado catalán dentro de la República federal española (la fórmula que Lluís Companys proclamará sesenta años después), junto con dieciséis Estados más. La articulación de las soberanías establecidas en su artículo 43 se realizaría por círculos concéntricos, acotados en su artículo 40: «Todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional, de la Federación». Pero con la caída del Gobierno de Pi i Margall llegó la reacción en la forma de Gobiernos autoritarios cada vez más sostenidos por los militares. A su vez, la experiencia cantonalista, que se reprodujo en Sevilla, Cádiz, Málaga y Valencia, pero no en Cataluña, fue descoordinada, demasiado centrada en una parte del territorio e inerme, exceptuando el caso de Cartagena, ante la reacción militar.

Hubo una última oportunidad de rehacer, después del fracaso del movimiento cantonalista, la mayoría republicana federal. Pero cuando se reabrieron las Cortes, en enero de 1874, ante la posibilidad de una nueva mayoría en torno a la recuperación de la presidencia por Pi i Margall, el general Pavía le puso fin entrando a caballo en el pleno. A finales de 1874 retornó la dinastía borbónica al poder con Alfonso XII y se iniciaba la Restauración. Se había clausurado un ciclo de la historia de España y, a partir de ahí, el Estado liberal tal como se había construido ya no encontraría alternativa. En el futuro solo se plantearía la posibilidad de su modificación, pero ya no su reconstrucción sobre bases radicalmente distintas. Y por ello, aquel octubre de 1934, Companys no propuso otra cosa que volver a ese momento de inflexión de nuestra historia para reabrirlo. Con razón o no, pero ciertamente solo reabriéndolo —«por el corredor que no tomamos, hacia las puertas que no abrimos», como afirmaba T. S. Eliot— era posible vislumbrar una solución de futuro para Lluís Companys.

REPÚBLICA Y PLURINACIONALIDAD.

EN LAS AFUERAS DEL FEDERALISMO

La Diputación provisional de la Generalitat de Cataluña, en la redacción del proyecto único del Estatuto, ha partido del derecho de autodeterminación que compete al pueblo catalán […], ha creído que al destacar la personalidad política de Cataluña debía precisar su compromiso con la República española […]. Con esta obligación voluntariamente asumida se ha querido ofrecer a las Cortes Constituyentes de la República una prenda del amor que pone Cataluña en la defensa de la libertad que todos los pueblos de España han conquistado por la revolución del 14 de Abril.

Prefacio del Proyecto de Estatuto de Cataluña, 1931

El Sexenio Democrático y la instauración de la Primera República representó en España la última posibilidad de articulación sobre nuevas bases de un Estado de matriz distinta al que se había empezado a gestar cuarenta años antes. A partir de ese momento histórico, cuando se volviera a reabrir este debate ya se haría desde parámetros completamente diferentes, a partir de proyectos definidos por lo nacional. Una vez clausurada la posibilidad de un modelo de Estado alternativo, se consolidaría la emergencia de la nación española entendida en términos identitarios como fuente de legitimación del poder político. Dicha consolidación establecería una relación dialéctica con la historia de la emergencia de la diversidad nacional dentro del Estado. No se construyó en este sentido una nación política democrática que integrase la diversidad cultural y aceptase una forma de poder federal y el resultado fue la emergencia posterior de una pluralidad de proyectos de naciones posibles. La construcción de España en un determinado sentido y la emergencia de alternativas nacionales eran dos caras de un mismo fenómeno histórico. Lo que haría Lluís Companys en octubre de 1934 sería atravesar el siglo, y por ello utilizó la fórmula de la Primera República de un Estado catalán en el marco de una República Federal española, para plantear el problema donde residía, no en cómo debería ser Cataluña solamente, sino en cómo debería ser España. No como un problema de Cataluña, sino como un problema de España.

Con la clausura del Sexenio y la instauración de la Restauración borbónica, a la que los republicanos llamarían «el Régimen» (en este caso, el Régimen del 74), la alternativa republicana federal perdió centralidad como proyecto social, cultural y político. La cuestión social encontró nuevos caminos de florecimiento en un nuevo movimiento obrero con un fuerte componente anarquista en las zonas que habían sido de predominio republicano federal (Cataluña, País Valenciano y Andalucía). Para este movimiento con presencia del anarquismo, no se trataba ya de transformar el Estado, ni siquiera de reconstruirlo, sino de destruirlo. Otro camino fue el de la emergencia del movimiento obrero en otros territorios. Con el nacimiento del PSOE (1879) y de la Unión General de Trabajadores (UGT, 1888), con una raíz más madrileña y vasca, se estableció, por lo menos hasta 1918, un espacio fuertemente unitarista en lo territorial y estatalista que entendía la unidad obrera como unidad nacional española (motivo por el que no conseguiría enraizar en Catalunya a pesar de ser la zona con mayor presencia de la clase obrera de España). Pero si la cuestión social se deslindó, por diferentes caminos, de la propuesta del republicanismo federal, en el mismo campo del republicanismo la alternativa federal pasó de ser el tronco común de los distintos republicanismos a convertirse en una opción política más. Ello tuvo también consecuencias «nacionales» para este republicanismo, muy influido por el organicismo krausista, en la medida que la nación española ya no era solo producto de la voluntad ciudadana (es decir, del pacto social y territorial) sino una realidad comunitaria, intangible y eterna que regenerar. A su vez, el viejo federalismo se mezcló —cuando no directamente alumbró— de diversas maneras con los movimientos que dieron pie al nacimiento de los llamados «nacionalismos periféricos», es decir, aquellos que postulaban no ya una nación española alternativa, sino una nación alternativa a la española. El fin de la Primera República y su fracaso conllevaron, así, el nacimiento de tres realidades interrelacionadas pero que se movían en proyectos diferenciados (cuando no enfrentados): nuevos tipos de republicanismo, las alternativas obreras y los distintos nacionalismos.

LA POESÍA DE LAS NACIONES

El rearme que se dio bajo la Restauración del nacionalismo español para articular el Estado nación liberal no fue un fenómeno aislado. Este sería un fenómeno de carácter europeo ante la emergencia de una nueva sociedad de masas para el que el Estado liberal oligárquico establecido durante el siglo XIX no estaba preparado. Su naturaleza antidemocrática y su incapacidad para articular al conjunto de la sociedad con el Estado se verán amenazadas con la aparición de las nuevas expresiones de clase de masas, sindicatos y partidos obreros. En este sentido, la legitimidad del Estado y el poder se fundamentaba no en ser el órgano representativo de la ciudadanía con derecho a sufragio, sino de la nación, de la exaltación nacional sublimada en el creciente imperialismo. Pero en este contexto, la articulación española de un nacionalismo de Estado tomó unos derroteros específicos. A diferencia del de la mayoría de los grandes Estados europeos, el discurso nacional español adoptaría un cariz claramente tradicionalista, basado en el catolicismo y la monarquía y cuya matriz cultural no sería otra que Castilla. La nación no era así una conquista nueva, sino la afirmación de una realidad esencial. En palabras de Cánovas del Castillo, el gran arquitecto de la Restauración: «[Una] nación permanente […] obra de Dios o, si alguno o muchos de vosotros lo preferís, de la naturaleza». ¹ La afirmación hacia fuera del proyecto nacional, como una conquista imperial, sería difícil en una España que contaba las décadas del siglo XIX por posesiones coloniales perdidas, y ya claramente imposible después del «desastre» del 98, con su expulsión de las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. De hecho, los intentos posteriores, ya en el siglo XX , de reconstruir la gloria imperial vía Marruecos generarían una épica (la de los militares africanistas, de donde surgiría Franco), pero también una sucesión de sonoros fracasos y revueltas internas en contra de esas guerras. Tampoco participará España finalmente en la Primera Guerra Mundial como gran espacio de movilización nacional e imperial. Precisamente de esa imposibilidad emergió la España de Menéndez Pelayo y su Historia de los heterodoxos españoles : «Martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma y cuna de San Ignacio, esa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vetones o de los reyes de taifas». Una España —«no tenemos otra»— que se define por su capacidad de luchar no contra los enemigos «externos», sino contra los «internos», pues ese es el camino para evitar su propia disgregación en «reinos de taifas». Esos enemigos son, básicamente, y partiendo de esa idea de la nación española, los nacionalismos alternativos y el conflicto social, pilares fundamentales de la idea de las «dos Españas» (o de la España y la anti-España) que luego marcará el siglo XX . Y así como Castilla tenía, según el mismo Ortega y Gasset, la misión de unificar España, la lengua nacional no sería otra que el castellano. ²

En ese contexto, el fracaso de la Primera República y la intensificación de la imposición del modelo del Estado nación serían el marco de un desplazamiento del espacio de acción política de los proyectos alternativos del conjunto del estado hacia los territorios. Así, durante esos años nacerían ya de forma explícita, con diferentes grados de fortaleza, el catalanismo, el nacionalismo vasco, el galleguismo y el andalucismo como proyectos políticos.

El caso más precoz y con mayor incidencia política, social y cultural durante estas primeras etapas de articulación nacional será el del catalanismo político. Este bebía de fuentes diversas a partir de una corriente cultural que tiene sus orígenes en Cataluña en los años cuarenta del siglo XIX que se conocería posteriormente como Renaixença, en una doble vertiente. La primera se estableció en el desarrollo de una cultura patricia de recuperación del catalán como lengua escrita, con una producción cultural de carácter romántico y ruralizante que idealizaba fuertemente el pasado medieval de Cataluña. En gran parte, era la sublimación escapista de unas elites liberales moderadas que vivían una fuerte desconexión con el Estado. Un Estado que, por su propia articulación, no respondía a una sociedad que estaba sufriendo una profunda transformación de carácter industrial, con intensos conflictos sociales y democráticos e intentos revolucionarios o guerras carlistas. En esa situación, la represión parece ser la única respuesta con el control directo del orden público por parte del ejército. Un control que durante veinticinco años, desde el final de la revolución centralista de 1844 hasta el inicio del Sexenio en 1868, se llevó a cabo, sobre todo, a partir de la suspensión de garantías constitucionales (el tiempo total en que no estuvieron vigentes estas garantías no excede los nueve años). ³ De esta manera, la violencia social y la violencia política llevaron a una parte de la burguesía catalana a buscar un imaginario-refugio basado en la idealización de un pasado mitificado mientras vivían en un presente traumático. ⁴ Incapaces de liderar la sociedad culturalmente (lo cual los hubiera llevado a formar un modelo cultural completamente diferente), y en una sociedad en pleno proceso de modernización , generaron una cultura de elite de autoconsumo con un fuerte componente autolegitimador. Pero frente a esta Renaixença emergía otra de tipo progresista, democrática y republicana, con una fuerte presencia en el teatro popular en catalán: no es casualidad que la primera obra representada en esa lengua durante el siglo XIX fuera la sátira antimonárquica Lo rei Micomicó , de Abdó Terradas, estrenada en Barcelona en 1838. Esta corriente se extendía a las corales obreras y populares de Anselm Clavé, otro renombrado dirigente republicano comunista, o a la celebración de los carnavales, la sátira o el humor popular. Pero, a diferencia de la Renaixença patricia, que era permitida por las autoridades, esta segunda veía como muchos de sus actos eran perseguidos y prohibidos. Aunque ello no fue óbice para que la extensión del catalanismo cultural fuera imparable en una sociedad que, durante el Sexenio, viviría un crecimiento exponencial de sus entidades, articulando una fuerte sociedad civil.

La activación política de este catalanismo cultural fue un paso que se dio precisamente después del fracaso de la Primera República. Y ese paso lo dieron algunos de los activistas que habían protagonizado la revolución republicana en el Sexenio y, de manera significativa, su principal líder: Valentí Almirall. Existía también —y tomaría cada vez más cuerpo a finales del siglo XIX y hasta la fundación de la Lliga Regionalista en 1901— un catalanismo fuertemente conservador que bebía tanto del liberalismo moderado como del integrismo católico con raíces carlistas, lo que marcaría claramente una parte de la matriz del catalanismo. Pero la configuración de las características políticas del catalanismo, con principios que llegarían hasta nuestros días, tuvo lugar a partir del desplazamiento de campos que se dio en el seno del republicanismo federal catalán.

En ese primer catalanismo, el problema no era la nación (es decir, la consideración de que Cataluña lo fuera), eso no llegaría hasta más tarde, sino la soberanía, la articulación de un proyecto que reconociera la soberanía de Catalunya para poder compartirla luego en el marco de un Estado compuesto con España. Pero, dado el fracaso del proyecto de la república federal, que analizaban como un punto de no retorno, su acción política se desplazaba exclusivamente hacia la articulación de Cataluña, hacia la reivindicación y la construcción de un poder político catalán que por su misma consecución transformase España. Seguían pensando en el marco del federalismo, pero abandonaban esa etiqueta en su propia propuesta. De hecho, se daría la paradoja de que, después de Pi i Margall, el máximo pensador y conocedor del federalismo en España sería sin duda Valentí Almirall, cuyo conocimiento de los sistemas y principios federales no tenía rival. Pero, a pesar de ello, sintetizó su posición como catalanista, dentro de lo que definió como «particularismo», ya que la utilización de la palabra «federalismo» en España por aquellos que no lo eran, algo recurrente hasta nuestros días, había invalidado su mismo sentido. Almirall explicaría al respecto: «Los que somos federales no podemos llamarnos así, mientras que los que ni lo son ni lo quieren ser van paseando la palabra por las calles y plazas. Dejémosles pues la palabra, ya que la fatalidad así lo quiere y quedémonos con la cosa, que es lo que nos interesa». ⁵ Pero es que, además, el catalanismo desbordaba al federalismo: «En efecto, el federalismo no es otra cosa que una de las manifestaciones del sistema particularista. Este es mucho más amplio por su propia naturaleza». ⁶ Así, el particularismo, como corriente que partía de la conformación de las formaciones sociales específicas, y, en concreto en el caso catalán, el catalanismo incluían diversas posibles opciones de desarrollo y solución política, de las cuales el federalismo republicano era solo una. Esto fue clave en el desplazamiento que se dio: su transversalidad política e ideológica, que quería sumar distintas corrientes desde la izquierda hasta la derecha (motivo último de la ruptura entre Valentí Almirall y estos catalanistas con Pi i Margall y el republicanismo federal) en un nuevo campo político. Por eso, siguiendo esta línea, en el segundo Congreso Catalanista (1882) se afirmó la necesidad de ruptura con los partidos de ámbito estatal en el camino de la creación de un sistema político propio, elemento absolutamente esencial en adelante para la definición de un espacio nacional propio que articulase tanto a las izquierdas como a las derechas.

También en este desplazamiento se introdujeron otros conceptos totalmente nuevos que tomarían una fuerza inusitada en el futuro del debate territorial. Así se describe la creación de un poder propio que articulara la soberanía en Cataluña como un proceso de autogobierno. Este concepto lo introdujo Almirall durante la campaña en torno al Memorial de Greuges o Memorial de Agravios de 1883, una movilización activada a partir del pacto comercial entre Gran Bretaña y España, el cual iba en detrimento de la industria catalana, y en el marco de la defensa del derecho civil catalán (en un momento en que se pretendía la unificación y homogeneización del Código Civil en España) y de la lengua catalana. La misma llevaría a reivindicar un poder propio entendido como «autogobierno», noción que debe su introducción en el marco del catalanismo gracias a las que se habían desarrollado en esa dirección tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. En este último caso, aplicado a la creación del Domino de Canadá en 1867, donde se pasó de la idea de local government o gobierno local a la posibilidad bajo el Imperio británico de establecer un self-government o autogobierno con Parlamentos y Gobiernos propios, distintos a los de la metrópoli colonial. La legitimación de este paso se postuló a partir de la idea de que una sociedad civil diferenciada en el marco de un territorio dado implicaba la necesidad de un autogobierno propio. ⁷ Y esta concepción ligaría a la perfección con un catalanismo basado, precisamente, en el desarrollo de la sociedad civil. El desplazamiento político hacia Cataluña sería también, en primer término, un desplazamiento hacia la sociedad civil como un espacio de transversalidad ideológica y de creación de una institucionalidad catalana propia (inexistente en un Estado de corte centralista) donde la lengua de uso, a diferencia de las instituciones educativas o la Administración controladas por el Estado, fuera el catalán. Fue a lo largo de ese proceso cuando emergió, aunque todavía no definida como tal, la prefiguración de la nación, radicada en una sociedad civil cada vez más densificada, que hablaba en la lengua del pueblo y que generaba una institucionalidad frente al Estado. Todo ello haría ya de uso corriente, tanto en los sectores que fundan el catalanismo en la tradición como en aquellos que lo fundan en la modernidad, la idea de Cataluña como nación y la de España como Estado a partir de la década de los noventa del siglo XX .

En el camino de generación de toda esa nueva constelación de conceptos y significados, el primer catalanismo político introduciría también el concepto de autonomía, con una fortuna que llegaría hasta el Estado de las autonomías actual. En este caso la inspiración provino, por un lado, de la declaración de Hungría como territorio autónomo en 1867, lo que dio nacimiento al imperio dual de Austria-Hungría, que tanta influencia ejercería luego como modelo de solución entre los sectores monárquicos conservadores del catalanismo —una monarquía, dos naciones—, y, por otro lado, de la creación de la Liga para el Gobierno Autónomo en la década de los setenta del siglo XIX en Irlanda. Esta derivó en la creación del Partido Parlamentario Irlandés, que, dejando atrás la incidencia de los antiguos partidos británicos, ganaría las elecciones de 1880 en Irlanda y llevaría la cuestión de la aprobación de un estatuto de autonomía para ese territorio al centro del debate político británico en las siguientes décadas. El proceso irlandés, que finalmente acabó con la independencia de Irlanda, tendría una influencia clave sobre el desarrollo del catalanismo político, ⁸ y, a partir del propio catalanismo, en todo el debate sobre la autonomía que se abriría, aunque en menor grado, en diversos sitios de España durante el primer tercio del siglo XX . Se entenderá así que la solución a la cuestión catalana pasaba por su reconocimiento como «entidad autónoma». ⁹ La voluntad del entonces primer ministro de Gran Bretaña, William Gladstone, de aprobar un estatuto de autonomía para Irlanda llevaría a Almirall a describirlo como el «precursor de la regeneración de las caducas sociedades europeas» y a asegurar que la historia le reservaría, sin lugar a dudas, un lugar al lado de Washington y de aquellos otros pocos «a los que se puede llamar benefactores de la humanidad e impulsores de la civilización». ¹⁰

Los nuevos conceptos de autogobierno o autonomía que se fundaban en este nuevo catalanismo político se basaban en el reconocimiento de la soberanía de Cataluña. De hecho, en este caso la soberanía devenía plenamente nacional, ya que, a diferencia del federalismo anterior, el sujeto de soberanía se circunscribía a Cataluña, desde donde se compartía con el Estado, y ya no también en el municipio (si bien en este primer catalanismo político se reconoce la importancia de la descentralización de derechos y libertades hacia el municipio, con la adopción de un sistema de cartas municipales). ¹¹ Se define así una posición claramente soberanista, cosa que muchos que se reivindican actualmente catalanistas y contraponen el catalanismo al soberanismo olvidan fácilmente: este en su origen es soberanista. Es más, el catalanismo es antes soberanista que nacional, ya que provenía del republicanismo federal (a pesar de que muchos que dicen defender el federalismo actualmente también olvidan que este defendía la soberanía de las partes y no solo del todo):

La esencia del federalismo radica en la división de la soberanía. Una nación constituida federalmente no es un Estado simple, pero tampoco una agregación de Estados soberanos. Es un Estado compuesto, formado por diversos Estados soberanos y un Estado general, en parte, también soberano […]. De esta organización surge que la soberanía de los Estados particulares es originaria, mientras que la del conjunto es delegada. ¹²

Pero a pesar de que la reclamación de esta soberanía proviniera claramente de la tradición del republicanismo federal, en ese primer catalanismo político el propio modelo federal fue abandonado en dos sentidos.

El primero atañe, como ya se ha afirmado anteriormente, a su propia definición de transversalidad, es decir, a la posibilidad de soluciones tanto republicanas como monárquicas que pudieran agrupar un gran arco ideológico dentro del catalanismo, que fue la característica esencial de la composición y proyección del primer Congreso Catalanista (1880) y de la creación del Centre Català (1882) como centro aglutinador del primer catalanismo. En este sentido, este catalanismo político coincidía con el republicanismo federal en que el despotismo puede darse por igual en una república que en una monarquía en la medida que las dos formas de Estado mantengan un mismo modelo de centralización. Pero, si la conclusión de todo ello era para los federales seguidores de Pi i Margall que la libertad solo se podía dar en una república federal, los primeros catalanistas, en relación con el debate de república o monarquía, eran más bien accidentalistas. Si el despotismo se puede dar por igual en una monarquía que en una república, entonces carece de importancia el debate republicano. Ese posibilismo les llevará a aceptar soluciones diversas: «Para influir en el cambio, necesitamos tener adeptos en todos los campos. Mientras haya monarquía, a sus partidarios toca la parte más visible de su labor. Ellos son los que tienen que facilitar el camino a las innovaciones. Mañana cuando haya república, la iniciativa nos correspondería a los republicanos». ¹³ Esto, por ejemplo, los llevó a admitir —y a reclamar, como se hizo con la presentación del Memorial de Greuges ante Alfonso XII en 1885— soluciones monárquicas de tipo británico o alemán (no hay que olvidar, además, que en la Alemania monárquica existían länder , que eran republicanos) o, en especial, el modelo dualista de la monarquía austrohúngara (un rey para dos naciones), que se convertiría en uno de los sueños permanentes del catalanismo conservador.

El segundo camino en el abandono del federalismo en ese primer catalanismo tiene que ver con la lectura de lo que ha sido la historia y la suerte del republicanismo federal en España. La conciencia de que la solución federal puede no ser una solución querida por todas las regiones se hizo presente en este abandono; debilidad todavía hoy de la propuesta federal auténtica (otra cosa es la retórica de decirse federalista cuando en realidad se está hablando de mera descentralización) en la medida que no hay una demanda de este tipo en la mayor parte de España. También estuvo presente en este cambio de orientación la consideración de que la configuración del Estado central, y el poder de Madrid en este, puede falsear cualquier tipo de propuesta federal. En este sentido, finalmente, se mostró la predilección por modelos confederales. ¹⁴ Esta desconexión del federalismo por parte del catalanismo no sería absoluta (en pocas décadas, una parte sustancial de las propuestas catalanistas serían de nuevo explícitamente federales), pero sí que se revelaría una tensión de fondo constante. El catalanismo nació, en parte, del fracaso de un modelo de Estado alternativo al Estado liberal centralista, y por eso se centra en la transformación de la propia Cataluña y, al fin y al cabo, en su nacionalización. Pero para llevar a término sus propios proyectos se precisa también una transformación de España. Si el origen del catalanismo fuera la constatación de un fracaso —el de un Estado que no asume la diversidad—, la consecución de sus metas pasan necesariamente por la transformación de ese mismo Estado. Por ese motivo el catalanismo ha basculado a lo largo de su historia entre la construcción de la «Catalunya endins », una Cataluña hacia dentro, y la «Espanya gran », una España grande, en palabras de Prat de la Riba: dos polos constantes que generan enormes contradicciones, inestabilidad y tensiones dentro del propio catalanismo, y finalmente también en la historia compartida entre Cataluña y España.

Este primer catalanismo político, que tiene en su génesis una parte del republicanismo federal catalán, tuvo un enorme éxito y, a la vez, algunos fracasos importantes. La operación de generar un espacio transversal como matriz del catalanismo donde cupieran todas las posibles ideologías y proyectos, y de concebir ese mismo catalanismo político como un movimiento y no como un partido, ligado a la sociedad civil y con una lengua común —el catalán—, generó la nación como espacio compartido. El catalanismo se convirtió, así, en un proceso largo y no sin repliegues y contradicciones, en hegemónico en términos culturales, sociales y de sistema político. Respecto a esto último, por ejemplo, se establecería una diferencia fundamental con la emergencia del nacionalismo vasco, ligado a un solo partido —el Partido Nacionalista Vasco, PNV— y a un solo arco posible del espectro político —la derecha— hasta, como mínimo, los años treinta. Este hecho dificultó la propia nacionalización vasca e hizo de la cuestión catalana la principal cuestión nacional en España durante el primer tercio del siglo XX . Pero si ese fue el éxito principal de la propuesta catalanista (y un éxito que atraviesa los siglos), esto no se dio sin un fracaso de esta primera generación que protagonizó este desplazamiento cultural y político. La transversalidad, aquello que había llevado fundamentalmente a su ruptura con el republicanismo de Pi i Margall, acabó suponiendo de manera muy rápida la hegemonía política del movimiento por parte de las derechas. Es en este contexto que debemos entender las palabras amargas del último Valentí Almirall.

En el cambio de siglo, el catalanismo político estaba prácticamente monopolizado por la Lliga Regionalista, de carácter fuertemente reaccionario y de base católica, en un momento, además, de intenso crecimiento de la conflictividad social, que culminaría con la huelga general de Barcelona de 1902 y la declaración del estado de guerra con el apoyo de la misma Lliga. A este respecto, Valentí Almirall escribiría ese mismo año, cuando le quedaban ya solo dos años de vida, una denuncia durísima contra el movimiento que él mismo había contribuido a crear. En el prólogo a la edición castellana de 1902 de Lo catalanisme , libro fundamental del origen del catalanismo político, escrito en 1886, afirmaba:

A pesar de que no han pasado ni treinta años, tenemos que hacer constar que no tenemos nada en común con el catalanismo o regionalismo al uso […]. Durante nuestra vida activa se nos ha elevado a todos los sitios de honor del regionalismo catalanista, desde las presidencias del primer Congreso Catalanista y de los Juegos Forales de Barcelona, hasta la dirección del primer Diari Català y la presidencia del Ateneu Barcelonès. Las excomuniones que se lancen contra nosotros comprobarán que los que han cambiado no hemos sido nosotros, sino los que han querido hacer del catalanismo un arma de reacción contra las ideas modernas y expansivas, tanto en el terreno político como en el social y en el religioso. Han absorbido casi todo el carlismo de Cataluña [...]. ¹⁵

Paradójicamente, en esos mismos años Pi i Margall, también al final de sus días, que había roto con el primer catalanismo por su transversalidad y accidentalismo en la cuestión de la forma de Estado, seguía el camino inverso de Almirall y se acercaba precisamente al catalanismo. Veía en él un nuevo aliado para la transformación republicana federal del Estado: «No olvidéis que unidos podríamos fácilmente transformar las condiciones de vida del país y dentro de ellas asegurar la pujanza de nuestra querida Cataluña. Felices todos si todos juntos consiguiéramos transformarlas bajo la República». ¹⁶ Y avisaba a su vez a los gobernantes de España: «Hasta la independencia los podríais llevar si no cambiáis de rumbo y contra ellos os atrevierais a dictar leyes excepcionales». ¹⁷ En el fondo estaba la siguiente idea: «¿Quién ve con malos ojos que nos acerquemos? Principalmente los iracundos unitarios, que, sin poder disimular su furia en vernos en mayo cordialmente recibidos por los catalanistas, nos califican poco menos que de traidores a la patria […]. Juntos caminaremos sin pactos hacia la disolución de un régimen que nos envilece». ¹⁸

Lo cierto es que aquí Pi i Margall inauguraba una tradición que luego se repetiría en Salmerón y Azaña o en Pablo Iglesias en la actualidad: la del político español de izquierdas que ve en el catalanismo, incluso con toda su transversalidad, la posibilidad de afianzar una transformación de España y asentar una mayoría progresista. Se basa en una realidad, pues solo con el concurso del catalanismo, tanto en su vertiente de izquierdas como a veces también en la de derechas, han sido posibles mayorías de izquierdas en España. Pero la visión de Valentí Almirall no era la de un político español, sino la de un político catalán que se enfrentaba precisamente a la hegemonía de un catalanismo conservador. De hecho, las principales paradojas que inauguraría el afianzamiento de este gran desplazamiento político que se dio en Cataluña con el nacimiento del catalanismo político se concentraron de una forma inusual en las candidaturas republicanas de principios de siglo. En 1901, Pi i Margall sería elegido por Barcelona como diputado a Cortes en una candidatura que proyectaría a Lerroux, que todavía no había hecho del españolismo una de las señas de identidad de su discurso, hacia el liderazgo político del republicanismo catalán. En 1903, la modernización política del republicanismo, introducida por el lerrouxismo al hacer de él una organización con prácticas de masas homologables a los partidos socialdemócratas europeos, lo convertiría en el principal rival de la Lliga Regionalista y lo llevaría a la victoria en el Ayuntamiento de Barcelona, donde posteriormente entraría como regidor un joven llamado Francesc Layret, quien lideraría con los años las corrientes del catalanismo de izquierdas, con el apoyo de un joven llamado Lluís Companys. Poco después, en 1903, el mismo Valentí Almirall apoyaría una nueva candidatura, primero, a la Diputación de Barcelona y, después, en las generales del lerrouxismo, que conseguirían el mejor resultado de las izquierdas catalanas hasta la Segunda República. La intersección de tantos personajes claves —algunos de ellos, enfrentados en el pasado— en un periodo de tiempo tan corto marca una de las principales encrucijadas del catalanismo y de la historia política de Cataluña y España. Frente a la imagen, fijada por el catalanismo conservador, de un movimiento lerrouxista ya originariamente definido como un populismo españolista destinado a destruir el catalanismo, lo cierto es que muchos referentes ligados al pasado y al futuro del catalanismo republicano de izquierdas se encontraron implicados en él durante el cruce de siglo.

Ciertamente, el sueño de la transversalidad del catalanismo llegaría a su zenit con Solidaritat Catalana en 1907, producto directo de la intervención del ejército en la vida política catalana, y que consiguió 41 de los 44 escaños en juego en las elecciones generales de 1907 en Cataluña. De hecho, la conformación de Solidaritat llevaría a la misma ruptura del republicanismo, con una de sus partes apoyándola directamente y con el propio Nicolás Salmerón, último presidente vivo de la Primera República, presentándose con ella. Pero, de nuevo, esa transversalidad sería hegemonizada muy prontamente por la Lliga Regionalista, que acercó sus posiciones al presidente del Gobierno de España, el conservador Antonio Maura, en torno a una nueva ley de administraciones locales que favorecía los intereses de la Lliga. Así, la victoria de Solidaritat se desharía enseguida en unas nuevas elecciones en 1908 en las que, de manera sorprendente, el lerrouxismo avanzó de nuevo a los solidarios. Tal como afirmaba —pese a haber apoyado él mismo a Solidaritat— Gabriel Alomar, el principal pensador del catalanismo de izquierdas en la Cataluña de las primeras décadas del siglo XX y el primero en sintetizar claramente la lucha por el socialismo con la lucha por la emancipación nacional: «La derrota solidaria vino. ¿Por qué? Porque el color de la libertad fue en esa hora antisolidario». ¹⁹

La transversalidad limitaba y delimitaba el campo del catalanismo, y más todavía en momentos de fuerte conflictividad social como fueron la huelga general de Barcelona de 1901 o la Semana Trágica de 1909, que marcaron el nacimiento del anarcosindicalismo catalán. La conciencia de esta limitación está en el origen de la articulación del catalanismo político republicano de izquierdas. En su proceso de articulación, de nuevo paradójicamente, la generación de los Companys, Layret o Alomar se acercó más a Pi i Margall que al propio Valentí Almirall. Buscaron más en el viejo republicano federal que en el primer catalanista político las raíces para la reconstrucción de un republicanismo con el que Almirall quizás había roto amarras demasiado rápidamente para su gusto, perdiendo el ancla que evitase la derechización posterior del movimiento. Lo hicieron, sí, pero en el campo y el desplazamiento político hacia Cataluña que había definido Almirall. De hecho, no hicieron sino finalmente reforzar el camino que él había iniciado. Y fue esa misma ruptura de la transversalidad hacia una pluralidad ahora nacional lo que acabó asegurando, en un camino largo y conflictivo, que el catalanismo y, por tanto, la propia realidad nacional se convirtieran en hegemónicos en los años treinta construyéndose desde la diversidad de proyectos del conjunto de sectores sociales. Esto convertiría entonces la cuestión catalana en la principal cuestión territorial de la República y, a su vez, conllevaría que la propia suerte de la República y del republicanismo español quedase ligada al republicanismo catalanista, el más fuerte social y culturalmente de todos los republicanismos hispánicos. Al fin y al cabo, en un nuevo campo nacional, posible gracias a la transversalidad inicial y exitoso gracias a la ruptura posterior, lo que había hecho el republicanismo catalanista no era otra cosa que disputar la nación. Como dice uno de los mejores historiadores hispánicos sobre estos temas, la nación es un espacio de conflicto y, «sobre todo, un espacio en disputa». ²⁰

Pero el proceso de emergencia de naciones alternativas a la española no se circunscribió al caso catalán; si acaso, este sería el más acabado, en el sentido de que generó un ecosistema político y cultural donde, al final, casi no existiría ningún «afuera» del propio catalanismo. Prácticamente en el mismo periodo se articularía el nacionalismo vasco como propuesta política. Surgiría de una realidad común al resto de casos coetáneos —la instauración de la Restauración y la nacionalización española—, pero de una matriz cultural e ideológica con radicales diferencias. Su aparición es inseparable también de la profunda transformación económica que viviría el País Vasco, más tardía que la catalana y ligada al proceso de la segunda revolución industrial del último tercio del siglo XIX . La industrialización conllevó un proceso migratorio acelerado en Vizcaya, la provincia vasca de donde emergería la propuesta nacionalista, que entre 1877 y 1920 supondría el crecimiento de su población en un 215 %. Este factor, percibido por algunos sectores sociales como una «invasión maketa », se combinaría con la pérdida de la institucionalidad foral. La derrota de la última guerra carlista en el norte se saldaría con la Ley Abolitoria de Fueros de 1876, que comportaría la pérdida de la capacidad en las provincias vascas de vetar la aplicación de leyes españolas, la exención del servicio militar y de gran parte de las atribuciones de las diputaciones. Lo cierto es que a cambio el Estado ofreció, a partir de 1878, el control del concierto económico a los grandes industriales vascos mediante su integración en los partidos dinásticos españoles, así como el dominio de la Diputación de Vizcaya. Todo ello acarreó la pérdida de poder de los sectores de la pequeña burguesía y el campesinado, de lo cual surgiría, en una sociedad en profundo cambio, la propuesta nacionalista. Pero, al contrario que en los casos de Cataluña, Galicia y Andalucía, en el del País Vasco la raíz provenía del catolicismo e integrismo carlista, y al final se extendería hacia un área más amplia de regionalismo de tipo liberal conservador. Su programa era, en este sentido, el retorno a la situación foral anterior a 1839 que permitiría defender el reconocimiento de los derechos históricos como base de un mayor poder foral, y a la vez la propia independencia del País Vasco, según se interpretara el significado de este retorno. Esto tenía poco que ver con el programa del catalanismo político, o los del galleguismo o el andalucismo, y los fundadores del nacionalismo vasco eran conscientes de ello. Para Sabino Arana: «Cataluña padece por ingratitud de su propia madre, España; Bizcaya es presa de una nación extraña, que es patria común de catalanes, baleares, gallegos». ²¹ De hecho, el nacionalismo político vasco, todo él, se concretaría en una única formulación posible, el Partido Nacionalista Vasco, nacido en 1895. Este sería, además, un partido-comunidad, hasta tal punto que, en realidad, la nación era la propia comunión nacionalista, organizada como partido-sociedad. No se pretendía extender un movimiento en el seno de la sociedad civil, ni tampoco se mantenía ninguna pretensión de transversalidad, como fue el caso del catalanismo, sino la creación de un nacionalismo integral. En este sentido, poca vida había fuera de esa comunidad. Los intentos de creación de otras opciones dentro del campo nacionalista para ampliarlo hacia opciones liberales o republicanas —como fueron el Partido Nacionalista Vasco Liberal (1910) o el Partido Nacionalista Republicano Vasco (1911)— no fructificaron. No sería hasta 1930, con la aparición de Acción Nacionalista Vasca, cuando se inició esa posibilidad, pero para entonces el nacionalismo vasco no habría participado en el Pacto de San Sebastián ni conectado con la coalición republicana que dio nacimiento a la Segunda República. A su vez, este desarrollo conllevaría que en el País Vasco se expresasen dos sistemas políticos diferenciados: uno conectado con las propuestas e ideologías estatales, en el caso de la izquierda, y el otro propiamente nacionalista, lo que acabó de cristalizar la existencia de dos comunidades nacionales sin apenas conexión entre sí. A pesar de ello, la influencia del PNV no pararía de crecer desde su fundación. Si en 1898 tuvieron su primer diputado provincial, Sabino Arana, con el apoyo de los euskalerriacos (fueristas moderados de Ramón de la Sota), al año siguiente se convirtieron ya en la mayoría minoritaria del Ayuntamiento de Bilbao, y en 1918 obtuvieron la mayoría absoluta en la Diputación de Vizcaya y, por tanto, el control de los recursos del concierto económico. Este crecimiento sería incomprensible sin la capacidad, por un lado, de aunar una matriz nacionalista radical con un fuerte pragmatismo político y, por el otro, de ofrecer una herramienta con la que gobernar el proceso acelerado de transformación social con el control de las instituciones y a partir de un fuerte comunitarismo.

Contrariamente, en Galicia, donde el galleguismo tendría menos fuerza que en los casos anteriores, se dio una constante interrelación con el republicanismo federal. En este caso, difícilmente se puede hablar de un desplazamiento del campo del republicanismo hacia el galleguismo, pero sí de una dialéctica constante, a pesar de las diferencias y contradicciones, entre los dos espacios políticos que compartían un modelo alternativo de Estado. Más en particular, el galleguismo como propuesta política era deudor absoluto del republicanismo federal en lo que atañía al proyecto de Estado, aunque como movimiento político tenía orígenes propios. Las raíces del galleguismo se encuentran en el provincialismo como corriente de fondo desarrollada a partir de los años cuarenta del siglo XIX , momento en el que se consolidó el Estado liberal como Estado nación, en términos de reivindicación de un pasado nacional del Reino de Galicia, y en el Rexurdimento historiográfico y literario, que eclosionó en la década de los sesenta del mismo siglo. Un movimiento de todas formas minoritario y con casi nula traducción política. Pero esa falta de influencia política tampoco podría ser absorbida por un republicanismo federal fuerte en el caso gallego. A pesar de ello, sería de este republicanismo de donde surgirían las primeras propuestas para articular políticamente Galicia. Si primero esto se circunscribió al Pacto Galaico-Asturiano de 1869, en el marco de los pactos iniciados con el Pacto de Tortosa de Valentí Almirall, en la Constitución de 1873 ya se proyectaba el nacimiento de un Estado de Galicia, concretado más tarde por el propio Partido Republicano Federal de Pi i Margall, durante el desarrollo de las diversas constituciones para cada territorio que emprendió en 1883. Así, en el proyecto de constitución para Galicia, esta era definida como Estado autónomo y soberano. A pesar del fracaso de la Primera República, ese proyecto marcó claramente la propuesta federal del galleguismo, lo cual no fue óbice para que el galleguismo encontrara unas enormes dificultades para alcanzar una concreción política. Su debilidad organizativa y la pluralidad de sus fuentes en términos ideológicos marcaron su desarrollo inicial. En su fase regionalista a finales del siglo XIX , el galleguismo no conseguía encontrar un espacio político propio. Los intentos posteriores (como la creación de una Solidaridad Gallega a imagen y semejanza de la Solidaritat Catalana de 1906) solo cosecharían un rotundo fracaso. Tampoco su mayor cohesión y extensión organizativa a partir de 1916, con la creación de las Irmandades da Fala, donde se consolidará el paso del regionalismo al nacionalismo, serían suficientes para articular una fuerza política autónoma antes de la Segunda República. Es más, parte de este galleguismo confluiría con el republicanismo de corte federal dentro de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) de Casares Quiroga, creada en 1929. Fue desde este marco que el galleguismo podría desarrollarse políticamente y conectar con el republicanismo hispánico, participando del Pacto de San Sebastián de 1930 junto con el catalanismo republicano y los partidos republicanos españoles. Finalmente, cuando se hizo evidente que el republicanismo gallego abandonaba el proyecto federal al aceptar el Estado integral republicano y se desarrollaba el debate sobre la posibilidad de un estatuto de autonomía para Galicia, nacería, en un marco de expansión de las ideas galleguistas, el primer partido político nacionalista gallego a finales de 1931: el Partido Galleguista. ²²

Sin embargo, a pesar de la debilidad de la nacionalización gallega —sin que se llegara a dar una conciencia nacional predominante, aunque sí una difusa y difundida conciencia diferencial—, o precisamente por esa misma debilidad, lo cierto es que desde muy pronto el nacionalismo gallego pensaría el problema nacional español en su globalidad. En este sentido, el galleguismo no plantea, a diferencia de los otros nacionalismos, una relación dual con España, una relación binaria, sino que ya pensaba España como un estado plurinacional. De hecho, uno de sus principales hacedores, Manuel Murguía, enseguida definiría Galicia como una nación y España como un Estado. ²³ Esta definición sería recogida y ampliada en 1920 por Vicente Risco en su Teoría do nacionalismo galego , ²⁴ texto fundacional del nacionalismo gallego, en la que se consideraba que España era un estado plurinacional en su realidad, más allá de que el Estado español se fundara en su negación, conformado por cuatro naciones: Galicia, el País Vasco, Cataluña y Castilla. Fue a partir de esta constatación, y de la propia conciencia de que Galicia difícilmente conseguiría por sí misma su emancipación nacional, que se desarrolló una estrategia original. Para este primer nacionalismo gallego, la solución a la problemática de las diversas naciones —y, por tanto, también de la transformación radical del Estado español— se producirá a partir del ejercicio múltiple y convergente de procesos de autodeterminación nacional que llevasen a una articulación conjunta de carácter plurinacional con soberanías compartidas. No es extraño, en este sentido, que en nuestro propio presente, con la emergencia de la idea de procesos constituyentes en diversas naciones del estado, Xosé Manuel Beiras, la personalidad predominante en el ámbito del nacionalismo gallego en las últimas décadas, no haya defendido un proceso separado, sino un proceso común conformado por los procesos constituyentes de las distintas realidades nacionales, lo cual responde a la matriz originaria del galleguismo histórico.

De entre todos los casos —más o menos exitosos— de construcción nacional, el andaluz es el más tardío en la afirmación de la existencia de una nación alternativa a la española, y también el que presenta mayores singularidades. Andalucía vivió con una especial intensidad política y social la experiencia del Sexenio Democrático. Pero esa intensidad no conllevó la afirmación de un proyecto territorial con antecedentes en algún movimiento de afirmación cultural, como tampoco contaba con una historia como entidad con instituciones propias desde la Reconquista y su integración en el Reino de Castilla. Por ese motivo el andalucismo del siglo XX buscaría sus referentes históricos directamente en el al-Ándalus musulmán. De hecho, ni siquiera la propia definición territorial era clara en los albores del andalucismo. Sería en el campo del republicanismo andaluz donde se propagaría la idea de una Unión Bético-Extremense desde la década de los sesenta del siglo XIX , aunque en la definición de los pactos federales que se extendieron en 1869, impulsados por los de Tortosa y Córdoba, iban mucho más allá de lo que hoy consideramos Andalucía, pues incluían a Andalucía, Extremadura, Murcia y hasta Canarias como posible unidad territorial dentro de la nueva República. Incluso, cuando esta llegó en 1873, en su proyecto de constitución federal se distinguió entre un Estado de Andalucía oriental y un Estado de Andalucía occidental. En la misma línea, el movimiento cantonalista durante la Primera República no se articuló, a diferencia de lo sucedido con anterioridad en Cataluña, en un Estado andaluz, sino que se fragmentó en sucesivos cantones que describían las áreas de influencia de las ciudades (Cartagena, Cádiz, Sevilla, etc.). No sería hasta los años ochenta del siglo XIX cuando, para determinar más detalladamente el modelo territorial, definido inicialmente por el Partido Republicano Federal de Pi i Margall, se elaborara el proyecto de la que se conocería como la Constitución de Antequera de 1883. Esa fue la primera vez en que se afirmó la unidad política de Andalucía, definida como entidad «soberana y autónoma» (a pesar de que ella misma se articulara en ese proyecto como una federación de cantones). ²⁵ Pero la suerte de esta definición como entidad política unitaria tardaría años en afirmarse, y ni siquiera en el propio debate del Estatuto de Andalucía durante la Segunda República parecía evidente que Andalucía debiera constituir una unidad política y territorial. La tarea de afirmar esta unidad política y, en el mismo sentido, de crear un pueblo andaluz sería probablemente el principal objetivo del andalucismo durante el primer tercio del siglo XX , para el cual la Constitución de Antequera se convertiría en su diamat . En tal camino, el movimiento andalucista sería el que tomara más claramente el testigo del republicanismo federal, casi extinguido en Andalucía después de la elaboración del que fuera su último legado en estas tierras, en la forma de la propuesta constitucional de 1883. Aun así, en este caso no podemos hablar de un desplazamiento de campo del republicanismo hacia al andalucismo, como en el caso catalán, ni tampoco de una relación dialéctica entre republicanismo federal y andalucismo, como en el caso gallego, sino de la emergencia de un nuevo movimiento que actualizó el legado de Pi i Margall.

Lo que sí legó el Sexenio, de la misma manera que en el caso catalán pero en un contexto social y económico muy diferente, fue el crecimiento de la sociedad civil andaluza, con la creación de ateneos, casinos, círculos y academias en sus principales concentraciones urbanas. Y sería sobre este tejido que se desarrollaría, en el último tercio del siglo XIX , un amplio movimiento de estudios sobre la identidad andaluza y su folklore. No obstante, a diferencia de las respectivas renaixences de Galicia y Cataluña, este movimiento se integraría en el proceso de construcción étnica de la españolidad que se estaba desarrollando durante el último tercio del siglo XIX en el marco de la articulación del nacionalismo español. Mediante ese proceso, bajo el impulso de las elites andaluzas, se pretendía convertir lo andaluz en una parte fundamental de la definición de la españolidad , aunque subordinada a la raíz castellanista de esta, lo que en parte bloqueó el posible desarrollo de lo andaluz como una identidad propia y diferenciada. Es más, este camino de integración conllevó que el regionalismo conservador andaluz no generase una expresión política. Las más de las veces, este regionalismo irrumpía solo de forma episódica en el debate público, en especial en los debates que planteaba el catalanismo, como sucedió con la posibilidad de creación de la Mancomunitat de Catalunya a partir de 1912.

De hecho, el catalanismo, como movimiento más maduro y exitoso en la construcción nacional y que planteaba un claro y continuado desafío a la articulación del Estado liberal centralista, devino muy pronto en un estimulador de la emergencia de otros movimientos nacionales o regionales en el resto del estado. A este respecto, a lo largo del siglo XX la construcción territorial española estaría tan marcada por el Estado central como por la propia dinámica catalana en su capacidad para generar movimientos de emulación o negación y, a la vez, activar movimientos nacionales alternativos. Se estableció así una doble dialéctica entre Cataluña y el Estado español y entre Cataluña y las diversas realidades regionales o nacionales de España; relación que tenía distintos grados de interacción con los diversos regionalismos y nacionalismos hispanos. Exceptuando el caso vasco, esta incidencia se puede rastrear claramente en el gallego y en el andaluz, pasando por el canario o el de las islas Baleares o —en este caso a veces por negación— por el valenciano. El catalanismo establecía en este sentido una disputa sobre la noción de España con el propio nacionalismo español, lo cual explica que en el tablero hispánico la construcción de estos dos nacionalismos constituyera una relación de una intensidad sin igual. Camino donde difícilmente la existencia de cada uno se puede explicar sin la del otro.

Pero esta relación tampoco significa que cada movimiento de tipo nacionalista o regionalista no obedezca a sus propias realidades. Cuando el mismo Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, fue invitado por el Ateneo de Sevilla para exponer las doctrinas del catalanismo conservador y propuso la articulación de un regionalismo andaluz de corte también conservador, su idea cayó en saco roto. No será de las filas de los sectores conservadores de donde emergerá el andalucismo. Estos estaban demasiado presentes en el intento de articularse en el marco del Estado español, en el que se sentían integrados, y a la vez formaban parte de una sociedad donde la polarización de clases se presentaba demasiado crudamente como para intentar liderar y hegemonizar una idea de pueblo que las integrase. En este sentido, la defensa de la España y la españolidad estaría muy vinculada a las clases dominantes, lo cual, probablemente, acabaría teniendo efectos negativos sobre el sentimiento de españolidad difusa entre algunos sectores de las clases populares andaluzas hasta bien entrado el siglo XX .

El andalucismo irrumpió durante la segunda década del siglo XX, a raíz precisamente de la ruptura con el regionalismo de raíz conservadora. Saldría de las filas de las clases medias y de los profesionales liberales de las ciudades andaluzas y se articularía, a partir de 1916, en torno al Centro Andaluz de Sevilla y la revista Andalucía . La personalidad dominante de este movimiento, además del guía intelectual y político del andalucismo, sería Blas Infante, quien, en su Ideal Andaluz , ²⁶ de 1915, definiría el hecho diferencial de Andalucía. Este no partía de una lengua propia, realidad que sí que se daba en Galicia, el País Vasco o Cataluña, sino de un pasado romano y árabe que, según el andalucismo, definía un carácter y un proyecto diferenciado. Esta formulación histórica lo alejaría por completo de la reivindicación de las libertades «provinciales» que habían renacido en el siglo XIX, o de los fueros conservados en el caso del País Vasco y Navarra. Es más, situaba su intersección histórica en la misma reconquista católica, coronada en el siglo XV , y la conectaba, además, con el islam. Pero el «ideal» de Infante también era un proyecto de futuro de reconstrucción del pueblo andaluz como portador de un federalismo de los pueblos de carácter universalista. Este «ideal», característico de la historia de Andalucía según Blas Infante, era profundamente democrático e igualitarista, y para él no cabía la posibilidad de pueblo, ni tampoco de la misma Andalucía, sin cohesión social y democracia, esto es, sin la eliminación del caciquismo y el latifundismo.

La conexión de este andalucismo con el federalismo republicano del siglo XIX es más que evidente, sobre todo en la medida en que el primero no planteaba solo la construcción del Estado en un sentido federal, sino que además concebía esa transformación de la distribución del poder como un cambio radical también en el orden económico y social existente, en aquello que se refería a la municipalización de los servicios y la fiscalidad y sobre todo en la distribución de la tierra. En este sentido, su objetivo último era la creación de un pueblo andaluz, y ello no era posible sin un cambio de base de sus condiciones de vida, dada la pobreza y desigualdad a la que estaba condenado este en el campo. Su vocación política no era la articulación de un partido, sino la de un movimiento que construyera el pueblo, y no una fracción del pueblo. Por eso tomó la opción de construirse, de igual modo que el primer catalanismo, como sociedad civil. Pero a su vez esto hace imposible, a diferencia de él, cualquier vocación de transversalidad inclusiva de unas elites que ya estaban profundamente implicadas en la articulación de la españolidad y que, además, no tenían ningún interés en acabar con la desigualdad social, pues esta era la fuente de su propio estatus. Aquí fue donde se estableció el principal límite en la posibilidad de la construcción de una idea de pueblo que incluyera a todas las clases sociales. Aunque este andalucismo se parecía al catalanismo en su voluntad de construir sociedad antes que partido, al ver la imposibilidad de hacerlo con el conjunto de sectores sociales andaluces, acabó escorado en un marco claramente de izquierdas. Así, se convertiría en la antítesis de la construcción nacional vasca, en origen escorada a la derecha del arco ideológico, pero daría como resultado una misma realidad: la construcción nacional quedaba en manos de un marco y unos sujetos determinados, lo que imposibilitaba su hegemonía final. Hubo, además, otro condicionante, más allá de la negación de la transversalidad, para que el éxito de este primer andalucismo se consumara. Su construcción, que tenía como objeto y sujeto las clases populares, campesinas y urbanas, se encontraría con un espacio ideológicamente «ocupado». En un marco de fuerte confrontación de clases, los militantes de las clases populares tendrían su espacio natural de desarrollo político en el anarquismo y el marxismo, pero no en el andalucismo en primer término. Esto daría lugar a un fenómeno único entre los casos que estamos analizando. El precario proceso de construcción nacional daría paso a la impregnación, mayor o menor según el momento, del discurso y los símbolos del andalucismo en las izquierdas andaluzas. Y este hecho es el que mantendrá la ambivalencia sobre el carácter nacional andaluz hasta nuestros días —cuando, en realidad, son muy pocos los que la reconocen y se reconocen como nación—, clave para entender en el último tercio del siglo XX el papel de Andalucía en la construcción territorial de España, sobre todo en la medida que el andalucismo ha sido patrimonio de las izquierdas andaluzas hegemónicas durante casi los cuarenta años de democracia.

A pesar de todas las limitaciones que se le presentaban a este andalucismo originario, el movimiento inició, desde la creación del primer Centro Andaluz de Sevilla en 1916, una activa labor de proselitismo, con su principal materialización en la extensión de centros andaluces por toda Andalucía. Extensión que va pareja a una mayor definición que transita del regionalismo a la afirmación, ya en la Asamblea de Ronda de 1918, de Andalucía como nación y de la Constitución de Antequera de 1883 como la «Carta Magna del proyecto andalucista». ²⁷ Todo ello ocurría en un momento en que el desarrollo del andalucismo se veía influido por el debate coetáneo que se daba en Cataluña sobre el proyecto de autonomía en términos de reconocimiento de su soberanía, así como por un contexto internacional propicio para el surgimiento de las cuestiones nacionales en Europa. A este respecto, la finalización de la Primera Guerra Mundial conllevaría el reconocimiento del derecho de autodeterminación para los pueblos de Europa, derecho que sería asumido por el andalucismo en el Manifiesto Nacionalista Andaluz de 1919, cuando el grito «¡Viva Andalucía libre!» tomó carta de naturaleza. Esta radicalización nacional iría acompañada de un proceso también de radicalización social y de una progresiva mayor capacidad de difusión del andalucismo, que, a pesar de ello, no encontraba una traducción política directa. Se ensayó el acercamiento a republicanos federales y socialistas autónomos para dar forma, en el contexto de 1918-1920, a una Candidatura Demócrata Andaluza con escaso éxito electoral. Solo en el caso de los comicios municipales se consiguieron regidores y la alcaldía de Jaén. Ese escaso éxito electoral se mantuvo con la llegada de la Segunda República, cuando el andalucismo se radicalizaría ante la insatisfacción producida por la evolución inicial del nuevo sistema político. Su carácter no federal y su incapacidad para cambiar las estructuras profundas de la propiedad llevarían al andalucismo a un acercamiento al Partido Republicano Federal, opción ya minoritaria en ese entonces, además de al anarquismo. El andalucismo intentaría así recuperar, más de medio siglo después, la simbiosis que se dio en el marco del Sexenio Democrático entre el movimiento republicano de carácter federal y las expresiones políticas de las clases populares, e iniciaría un confuso intento de redefinición ideológica al rechazar los términos regionalistas o nacionalistas andaluces, percibidos con connotaciones burguesas, para pasar a autocalificarse como movimiento liberalista . ²⁸ Ello no significaría abandonar en ningún momento la consideración de Andalucía como nación ni la defensa de un Estado libre de Andalucía, pero sí acentuar el carácter del andalucismo como movimiento impregnador de las izquierdas. Se podría constatar en este marco que el andalucismo, por tanto, fracasó, en el sentido de que no generó una identidad nacional andaluza hegemónica, ni siquiera un movimiento nacionalista político, pero ello nos llevaría a no comprender la realidad que en verdad originó.

El andalucismo fue clave para que finalmente las izquierdas andaluzas asumieran el proyecto de autonomía durante la década de 1930, aunque este no pudo llevarse a cabo por el golpe militar de 1936 que inició la Guerra Civil. Blas Infante fue elegido presidente de la Junta Regional preautonómica. Pero este solo sería un aspecto del legado andalucista. En la Asamblea de Ronda de 1918 se estableció, además del lema «Andalucía para sí, para España y para la humanidad», la bandera y el escudo de la Andalucía actual, obra de Blas Infante creada a partir del verde de los omeyas del Califato de Córdoba y el blanco del Imperio almohade. Asimismo, el himno de Andalucía, con letra también de Blas Infante, forma parte del legado del andalucismo político. Todo ello nos indica hasta qué punto el andalucismo impregnó el discurso de las izquierdas andaluzas, hegemónicas después de la transición política de los años setenta, y generó un espacio y una dinámica política propios en Andalucía. Si Cataluña será la clave para el desarrollo del futuro Estado autonómico después de 1978, Andalucía será el conector de su extensión en España y marcará el desarrollo de la llamada constitución territorial de 1978.

Andalucía constituiría un caso aparte en la emergencia de las cuestiones nacionales en la España del siglo XX . En todo caso, más allá de su singularidad, durante el primer tercio del siglo XX se consolidaron tres proyectos nacionales alternativos a la nacionalización española, con distintos grados de madurez. En la medida que el Estado nación español inició, a partir de la década de los cincuenta del siglo XIX, el proyecto de conversión en una nación cultural-orgánica (precisamente porque no quería realizarse como nación política plena, excluyendo de derechos a una parte de la población), emergieron la posibilidad y la realidad de la construcción de una nación alternativa en Cataluña, el País Vasco y, de forma más tardía, en Galicia. El momento decisivo para este paso se daría con el fracaso del Sexenio Democrático, es decir, el fracaso de la posibilidad de articular una nación política española que integrase la diversidad cultural y política territorial a partir del reconocimiento de las diversas soberanías en juego.

Se atribuye el nacimiento de los proyectos nacionales alternativos al fracaso de la «nacionalización» española, ²⁹ esto es, al de un Estado que era incapaz de organizar unos aparatos educativos y culturales y una integración política y social que socializaran plenamente a la población en el nuevo espacio nacional español. Y es cierto que, si se compara con los procesos de nacionalización en Francia desde el Estado, en el caso de la educación pública, que se dejó en manos de ayuntamientos sin recursos por la Ley Moyano de 1857, el resultado fue que en 1900 había aún un 59 % de analfabetismo en España. Por otro lado, la integración comunicativa de los territorios era algo más que precaria o, incluso, en algunos casos prácticamente inexistente. Por último, pese a la pretensión de que el Ejército actuara como «vertebrador» de la nación, la realidad es que, durante buena parte del siglo XIX , en Cataluña se pagaba a los remplazos para no tener que servir en lo que sería una muerte segura, y, cuando no se podía pagar, se producían revueltas de quintas; en el País Vasco se estaba exento del servicio gracias a la foralidad, y en Galicia hubo revueltas y huidas migratorias para evitar coger las armas, lo cual describe a la perfección cuál era la relación de cada uno de esos territorios con el Estado central. Solo teniendo en cuenta el papel del Estado, y no de otros factores como la Iglesia o las culturas políticas, el proceso nacionalizador de la población fue un fracaso. Pero, aunque eso sea importante, no parece ni mucho menos definitivo: explica en todo caso el «fracaso» del proceso nacionalizador español, pero menos la emergencia de proyectos nacionales distintos. Existe ciertamente una dialéctica entre el intento de españolización que no consigue imponerse y la reacción defensiva, de preservación de las culturas propias, que acaba por producir primero una nacionalización negativa y después la posibilidad de la emergencia de una nación alternativa, pero no siempre es así. En el caso valenciano, por ejemplo, parece ser predominante, a principios del siglo XX, la adhesión a la nación española entendida como nación política. No debemos menospreciar en este sentido la potencia cultural de la difusión de la nación política, pues, a pesar de que no se define a sí misma en términos étnico-culturales, sí que construye, a partir de un relato histórico, una simbología y un universo cultural propios. En ocasiones, estos elementos buscan la homogeneidad social y cultural en unos términos que nada tienen que envidiar a aquellas naciones que se conciben a ellas mismas en términos étnico-culturales (el caso francés es ilustrativo en este sentido), a pesar de que contengan también la posibilidad de integrar teóricamente la diversidad cultural en su seno. El caso valenciano, aunque aquí se podría traer a colación también los casos de las islas Baleares e incluso en parte Galicia, es quizás donde emergió con mayor claridad la pervivencia de esta adhesión propia del siglo XIX . Valencia comparte con Cataluña una lengua y parte de su historia. Además, ha vivido también el fenómeno de la Renaixença cultural en catalán y la articulación de una memoria histórica de las viejas libertades del Reino de Valencia, perdidas en 1707; todo ello acompañado de la difusión de un relato anticentralista y anticastellano y de la realidad, como señalan Ferran Archilés y Manuel Martí, de la dificultad de hablar de una nacionalización cultural y lingüística española en la Valencia de principios del siglo XX . Aun así, este marco no llevaría a la activación de un nacionalismo alternativo al español. Más allá de la adhesión de una parte de la población al régimen de la Restauración, tampoco es menospreciable, según los autores citados, la socialización que implicaron tanto la revolución liberal como el propio Sexenio Democrático para explicar un patriotismo español en términos de adhesión a una idea cívico-política de nación española. ³⁰

Esto nos lleva a tener que considerar de forma más específica los aspectos decisivos que hicieron emerger la nación alternativa en el caso catalán comparativamente con el caso valenciano. Cataluña fue el principal centro de la posibilidad republicana de una construcción nacional española alternativa, tanto en el marco de 1840-1843 como en el de la Primera República, partiendo de un Estado construido sobre bases radicalmente diferentes (de la misma manera que, más tarde, el catalanismo ha sido también el principal desafío a la articulación territorial del Estado y a la concepción de España como nación). Por ello, el fracaso de esta construcción alternativa tuvo una especial incidencia precisamente en su epicentro: Cataluña. Ciertamente, se daban en el caso catalán los factores previos para una construcción nacional propia como en ningún otro lugar, exceptuando el caso vasco, aunque este tiene, como ya hemos reseñado, unas peculiaridades específicas en su relación con el Estado español. Una realidad cultural y lingüística diferenciada, una historia propia y la activación de esa historia y esa cultura en la producción de mitos, creencias y espacios simbólicos en el intento de democratización del Estado; un tejido socioeconómico diferenciado que agrupaba a las distintas clases sociales en su defensa frente a un Estado que obedecía a una realidad diferente; una densidad social y política que permitía una articulación como sociedad civil extremadamente potente, hasta el punto de poder constituirse como «alternativa» al Estado. Todo ello explica la emergencia de una realidad nacional, pero lo decisivo fue la articulación sobre esa realidad de un catalanismo cultural y político que activaría la suma de todos estos factores hacia la construcción de la nación. Y esa activación se dio en un contexto determinado: el fracaso del principal proyecto de transformación del Estado y de la concepción de España que se dio en el siglo XIX con el fin de la Primera República.

No obstante, el proceso de producción de una nación cultural o de una nación política y los proyectos implicados en ellas nunca es una realidad acabada, sino que es siempre una realidad dialéctica que se transforma en el tiempo. De hecho, el proceso de «nacionalización» —sea de una nación sin Estado o de un Estado nación— es siempre incesante e inacabado. De la misma manera, ambos proyectos de nación, política y cultural, conviven de forma muy diversa y con múltiples yuxtaposiciones tanto en el campo político como en el cultural y el social. El mismo desarrollo del catalanismo a principios del siglo XX , que competía con fenómenos como el lerrouxismo o el anarquismo y la adhesión de algunos sectores sociales a España, entendida como una nación política, muestra cómo el proceso de creación de una nación es básicamente un proceso multidireccional de nacionalización de la población. En este sentido, la yuxtaposición entre nación cívica política y nación cultural sigue en nuestros días. En el caso de España, esta división se da entre aquellos que han intentado afirmarla como una «patria constitucional», o aquellos que la afirman como un espacio de derechos y libertades, ante la insuficiencia constitucional, bajo fórmulas como «La patria son los hospitales» o «La patria es la gente», y aquellos que la entienden como una realidad esencial inmanente y homogénea donde la heterogeneidad es solo la anti-España. En Cataluña, esta división se da también entre quienes afirman su carácter nacional fuera de cualquier noción de nacionalismo, y explican la nación como un nuevo pacto social o proyecto de futuro, y aquellos que hacen de su realidad cultural diferenciada casi la única fuente de su construcción política. Ello no implica que desde cada extremo no se integre la concepción aparentemente contraria, pues una y otra se impregnan y entrecruzan de forma indisoluble, ya que, en realidad, prácticamente cada una es insostenible sin un cierto componente de la otra. La diferencia reside más en dónde se pone el acento en la legitimación política de la construcción nacional, lo cual tiene implicaciones sobre esta propia construcción, que no en la verdad absoluta de su propia retórica.

La dificultad que presenta la diversidad de proyectos nacionales en España, y la propia diversidad interna de cada uno de ellos entre diferentes proyectos en pugna, reside en las conexiones que se establecen entre la nación española como definidora de la legitimidad del Estado y las naciones alternativas. Y estas conexiones son imposibles de obviar en la medida que, al final, se comparte un mismo Estado —aunque este se funde en la presunción de la existencia de una única nación— y una dialéctica sin fin entre ambas realidades. Como demostraría Azaña por un tiempo, y como demuestra ahora Podemos, la única conexión política posible de los nacionalismos alternativos se puede dar con aquellas propuestas de una nación política española alternativa que implica también, y aquí reside una de las dificultades principales, un cambio de base en la naturaleza del Estado. Pero, por otro lado, eso conlleva una serie de riesgos y problemáticas de no fácil resolución, como vivió Companys en sus carnes y demuestra la experiencia de la Segunda República.

REPÚBLICA Y AUTODETERMINACIÓN

Hay una verdad que se repite en la política española hasta la saciedad, sea dicha por políticos o por doctos opinadores, y es aquella que afirma que el derecho de autodeterminación nace y solo es aplicable para dar respuesta a la realidad de los pueblos colonizados. Y cierto es que esta es, además, la interpretación dominante en el derecho internacional, y por ello, para soslayarla, los casos de Canadá/Quebec y del Reino Unido/Escocia han sido calificados como procesos «distintos» a la aplicación del derecho a autodeterminación. De allí que se haya hablado más en algunos momentos determinados de «derecho a decidir» que de «derecho a la autodeterminación». Pero, una vez establecido esto, no queda muy claro exactamente en qué son distintos uno y otro derecho, ya que en realidad el «derecho a decidir» es una aplicación práctica del «derecho a la autodeterminación» que no se quiere hacer extensiva más allá del caso concreto. De hecho, sucedió lo mismo con el reconocimiento del derecho de autodeterminación por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tuvo lugar cuando este ya se estaba ejerciendo en África y Asia (no sin la oposición de los países occidentales, aunque finalmente decidieron abstenerse en su ratificación). Así, en 1960 se aprobó la resolución 1514, que afirmaba en su artículo 2: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación». Este principio fue trasladado en su literalidad, de nuevo con la oposición de los Estados occidentales, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966. De todas formas, pronto este derecho fue limitado a una sola realidad: la colonial. Así, en la resolución 1541, también de 1960, aprobada después de la 1514, y en la resolución 2625, de 1970, sobre la Declaración sobre Relaciones Amistosas de la ONU, se circunscribía el derecho a la autodeterminación a este solo ámbito. ¿Entonces es cierto, como afirma una destacada pensadora del federalismo actual, que «el derecho de autodeterminación se declaró pensando en las colonias» y que «Cataluña nunca ha sido una colonia de nadie»? ³¹ No, no lo es.

La confusión entre el reconocimiento del derecho de autodeterminación en el ordenamiento jurídico internacional después de la Segunda Guerra Mundial, con su concreción en los años sesenta, y que este derecho nazca específicamente para dar respuesta al proceso de descolonización, puede ser útil en términos políticos, pero no responde a la realidad. De hecho, el derecho de autodeterminación nació específicamente de y para el contexto europeo. Surgido con el principio de las nacionalidades, especialmente al calor de las revoluciones de 1848, tomaría especial fuerza en el marco de la finalización de la Primera Guerra Mundial, otra vez pensado básicamente para el marco europeo. Así, el presidente Wilson lo anunciaría en sus catorce puntos, siendo este derecho uno de los «principios» que en apariencia deberían regir el nuevo rumbo europeo después de la Paz de París de 1919. De él nacerían luego los nuevos Estados de Austria, Checoslovaquia o Hungría, en el centro de Europa, y los de Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, en el norte del Viejo Continente. A su vez, el triunfo de la revolución bolchevique dio carta de naturaleza dentro de los movimientos izquierdistas europeos a algo que hasta entonces solo había sido patrimonio del austromarxismo: el derecho de autodeterminación como parte programática de todo proceso revolucionario. Todo ello ocurrió mucho antes de que naciera la ONU, en 1945, y de que siquiera se plantease el derecho de autodeterminación como algo específico del proceso descolonizador, en los años sesenta.

Del mismo modo que el derecho a la autodeterminación impregnó la realidad política y de los distintos movimientos nacionalistas de Europa, este fue integrado por todos los proyectos de nación alternativa del Estado español, que, a excepción del caso vasco, apostaban por un modelo federal. De hecho, contrariamente a lo que se haya podido postular teóricamente en relación con la incompatibilidad entre federalismo y autodeterminación, algo que también se repite hasta la saciedad, históricamente lo cierto es justo lo opuesto. Aquellos que en el primer tercio del siglo XX apostaban claramente por un modelo federal eran precisamente los que defendían la autodeterminación de los pueblos. Es más, el derecho de autodeterminación era la forma específica para la consecución federal. Y esta realidad no solo impregnó los diversos proyectos de naciones alternativas en España, sino que también fue asumido por la parte central del republicanismo español. Como veremos, las siguientes palabras, que Azaña dirigió a un público catalán en marzo de 1930, no eran una postura aislada: «Si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola su navío, sería justo permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor prejuicio posible para unos y otros y desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida pudiésemos establecer al menos relaciones de buenos vecinos». ³² El derecho de autodeterminación estuvo en el mismo origen del pacto constituyente que trajo la República en España.

En el mismo sentido, la reclamación de autonomía no era una suerte de demanda descentralizadora separada del problema de la soberanía. Si en las constituciones republicanas de 1883 —que en los casos gallego y andaluz se reivindican como matriz del galleguismo y el andalucismo— se definían los Estados federados como un «Estado Autónomo y Soberano», en el proyecto de 1918 de «Bases para la autonomía de Cataluña», votado favorablemente por el 98 % de los ayuntamientos catalanes, se reclamaba también la autonomía a partir de la «plena soberanía para regir los asuntos internos de Cataluña». ³³ Ciertamente, el proyecto de 1918 se pospuso en gran parte por la agitación social que se generó en España y en Cataluña tras la Primera Guerra Mundial, momento en que el catalanismo, hasta entonces hegemonizado políticamente por los sectores conservadores, se escindió ante la cuestión de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Pero la demanda de autonomía volvió en los instantes finales de la Restauración. De manera paradójica, fue precisamente la escisión en el campo catalanista la que aseguró que la cuestión territorial acabara retornando con una fuerza inusitada —entendiéndose en primer término como la cuestión catalana— y se situara en el mismo corazón de la cuestión republicana.

Como ya hemos afirmado con anterioridad, el único espacio donde la formulación de una nación alternativa devino hegemónica en los años treinta sería en Cataluña, con la articulación de un sistema político propio que cubriría todo el espectro ideológico y el domino político del republicanismo catalanista. La expresión política más clara de esta realidad será el casi 90 % de los votos que cosecharon las opciones catalanistas en el nuevo Parlament de Cataluña elegido en 1932, así como la mayoría absoluta de un nuevo partido: Esquerra Republicana de Catalunya. La explicación última de todo ello se encuentra en las opciones que tomó el primer catalanismo político a finales del siglo XIX y la construcción posterior de un proyecto de izquierdas catalanistas desgajado del catalanismo conservador. Ese proceso se potenció y culminó durante la dictadura de Primo de Rivera. Si esta fue apoyada inicialmente por el catalanismo conservador para acabar con la conflictividad social, que tenía uno de sus principales baluartes precisamente en Cataluña, poco después —de hecho, solo cinco días después— de su instauración el 13 de septiembre de 1923, la dictadura tomó un marcado carácter no solo anticatalanista, sino directamente contrario a las expresiones de la catalanidad. El decreto de Defensa de la Unidad Nacional prohibió el uso del catalán en actos oficiales y la exhibición de la bandera de Cataluña, a lo que seguiría la disolución de los ayuntamientos y las diputaciones. La dictadura se mostró, así, no solo como antirrepublicana y profundamente antiobrerista en Cataluña, sino también como anticatalanista. En consecuencia, los conservadores catalanes que la habían apoyado quedarían progresivamente fuera de la centralidad del campo del catalanismo, implicándose la misma Lliga Regionalista de Cambó en los últimos Gobiernos de la dictadura, bajo la égida de Alfonso XIII, y defendiendo de modo cada vez más accidental una autonomía para Cataluña. Un marco en el que el catalanismo, una parte del cual se había mostrado con anterioridad accidentalista en la cuestión de si monarquía o república, devendría masivamente republicano, así como el republicanismo, a su vez, devendría masivamente catalanista en la articulación de un frente común contra una dictadura marcada por la exacerbación del nacionalismo español. La cuestión nacional catalana se convertía así en mayoritaria y se inscribía en el corazón de la cuestión republicana al convertirse Cataluña en el principal espacio político del republicanismo de todo el estado.

La máxima expresión de esta conexión entre catalanismo republicano y republicanismo español se dio con el Pacto de San Sebastián, un pacto político que sería la base del propio proceso constituyente de 1931. En él se reunieron Alejandro Lerroux y Manuel Azaña, por la Alianza Republicana; Marcel·lí Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, por los radicalsocialistas; Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, por la Derecha Liberal Republicana; Santiago Casares Quiroga, por la Federación Republicana Gallega; y, por la parte catalana, Manuel Carrasco i Formiguera, por Acció Catalana; Macià Mallol, por Acció Republicana de Catalunya, y Jaume Aiguadé, por Estat Català. De la reunión no se levantó acta, pero de las notas posteriores que se publicaron se extrae que la cuestión catalana fue central para llegar al pacto republicano. En este sentido, se acordó que Cataluña se regiría por un estatuto «redactado libremente por Cataluña», ³⁴ aunque «sometiéndolo a refrendo de las Cortes constituyentes». ³⁵ Según la nota publicada por los delegados catalanes a La Publicitat (con el permiso del resto de los asistentes al Pacto de San Sebastián), la solución pasaba por «el compromiso formal contraído por todos los presentes respecto a la solución de la cuestión catalana en base al principio de autodeterminación, concretado en el proyecto de estatuto o constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña y aceptado por la voluntad de la mayoría de los catalanes, expresada en un referéndum votado por sufragio universal». ³⁶ Y es precisamente en este contexto que debemos entender las declaraciones de Azaña de 1930 en Barcelona, en una idea —la de que el Estatuto es una expresión del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña— que seguiría vigente aún en los años setenta, cuando, en la creación de la Assemblea de Catalunya en 1971, máxima expresión del antifranquismo social, cultural y político catalán, se establezca la necesidad del «restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios configurados en el Estatuto del 32 […] como vía para llegar al pleno ejercicio del derecho de autodeterminación». ³⁷

El proceso de articulación de un republicanismo catalanista popular, ensamblando dos realidades —la del republicanismo y la del catalanismo— que se habían mantenido mayoritariamente separadas desde principios de siglo con la hegemonía de la Lliga, y de que esta misma articulación estuviera en el corazón del impulso republicano español se consumó con el advenimiento de la Segunda República. La máxima muestra de que el proceso de ensamblaje entre republicanismo y catalanismo era profundo y se había dado tanto en términos sociales como de la propia sociedad civil catalana fue la propia suerte de Esquerra Republicana de Catalunya. Este partido se había fundado el 17 de marzo de 1931, a menos de un mes de las elecciones municipales del 12 de abril, como una amalgama de partidos previos y de seiscientas entidades locales adheridas, sin afiliación directa, y del que nadie esperaba que obtuviera ningún éxito significativo. Para sorpresa de todos, incluso de ellos mismos, que se habían ofrecido a pactar listas conjuntas con Acció Republicana de Catalunya en una posición subordinada, se alzó con la victoria en las municipales. En realidad, había sido una parte de la sociedad civil la que había creado un espacio político nuevo al que la mayoría del electorado, sorpresivamente, decidió apoyar, ya que conectaba con un proceso profundo, en parte invisible, que se había soldado durante el periodo de la dictadura.

El mediodía del 14 de abril de 1931, Lluís Companys, el candidato que había reunido más votos en la capital de Cataluña, se dirigió decidido hacia el Ayuntamiento de Barcelona, tomó la vara de alcalde, se acercó al balcón que daba a la plaza Sant Jaume y proclamó la República. Fue solo un gesto, pero un gesto con profundas consecuencias en una constelación de tensiones irresueltas tras el resultado de las elecciones municipales del 12 de abril. En el conjunto de España, esas elecciones las habían ganado las candidaturas monárquicas, pero en 41 de las 51 capitales de provincia arrasaron las candidaturas republicanas y socialistas. Era donde vivía la mayoría de la población y, sobre todo, donde se podía votar de forma plural, ya que era inaplicable el artículo 20 de la ley electoral, que llevaba a la proclamación automática de la candidatura ganadora en aquellos lugares donde solo hubiera una (con lo cual, de lo que se trataba en muchos sitios era precisamente de «evitar» que hubiera varias candidaturas). Esas elecciones municipales, que se habían convocado para soslayar precisamente la demanda de unas elecciones generales, se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía. Un plebiscito que la monarquía perdió, de modo que ahora llegaría otro plebiscito, el de la calle, que marcaría el signo de la llegada de la República, impulsada por las diversas proclamaciones de los nuevos representantes electos. La primera de ellas se dio a las seis y media de la mañana en Éibar, pero la que aceleró el proceso, en una serie de reacciones en cadena, fue la de Barcelona. El «gesto» público de Companys fue seguido solo una hora después por otro de Francesc Macià, quien proclamó desde el mismo balcón el Estado catalán dentro de la «Federación de Repúblicas Ibéricas». La noticia llegó rápidamente a Madrid, donde por la tarde el pueblo se echó a la calle. A las ocho de la noche se proclamaba la república en la capital del Estado, el Comité Revolucionario devenía en Gobierno provisional, y Alfonso XIII iniciaba su marcha al exilio. Mientras tanto, Francesc Macià se hacía cargo del Gobierno de la República catalana en Catalunya como Estado integrante de la federación ibérica, después de haber hablado con Niceto Alcalá-Zamora, con quien había ratificado los acuerdos del Pacto de San Sebastián. Según afirmó el periodista Àngel Estivill, que estaba viviendo estos momentos en directo en la capital de España: «En Madrid estos gritos sonaban más a la liquidación, no de régimen, sino de sistema». ³⁸ Lo cual era profundamente cierto, ya que se pretendía abrir lo que se había cerrado en 1873, esto es, el carácter del Estado mismo. Pero ese fue un paso que la Segunda República no acabó de dar por completo.

El 17 de abril llegaban a Barcelona Nicolau d’Olwer, ministro de Economía del Gobierno provisional de la República y presidente de Acción Catalana Republicana; Marcel·lí Domingo, viejo conocido de Companys, ministro de Educación y dirigente del Partido Republicano Radical Socialista, y Fernando de los Ríos, ministro de Justicia y miembro del PSOE. En la reunión que mantuvieron con Francesc Macià, Lluís Companys, Joan Casanovas y Ventura Gassol, acordaron eliminar las referencias al Estado catalán en la definición del nuevo Gobierno de Cataluña y resucitar el nombre de Generalitat, que proviene de la institucionalidad catalana medieval. Esta realidad, a su vez, se regularía en el futuro por un estatut propuesto por Cataluña y asumido como ponencia propia por el Gobierno de España en el procedimiento de su aprobación en las Cortes; todo ello como manera de dar cumplimiento al Pacto de San Sebastián, que devenía ahora un pacto político entre gobiernos, en la medida que el Gobierno central se comprometía a defender como propia la propuesta surgida en Cataluña. Pero a ese acuerdo le faltaba un marco: el de la forma de Estado que asumiría la república. En esos momentos iniciales se pensaba en un modelo federal-confederal, y un modelo, además, que reconociera la soberanía catalana. Se ha afirmado reiteradamente, desde ópticas incluso contrapuestas, que en el mismo 14 de abril Macià renunció al modelo federal y, por tanto, al reconocimiento de la soberanía de Cataluña. Pero si algo quedó meridianamente claro en el proceso de convocatoria de las Cortes constituyentes españolas de junio de 1931 y en el discurso que Macià dirigió a los parlamentarios catalanes que debían formar parte de ellas fue justo lo contrario. Para el president de la Generalitat provisional, las Cortes solo debían ratificar —no modificar— el estatuto salido de Cataluña en una articulación confederal donde se pudiera dar cumplimiento a «la reclamación de un pueblo» para que le fuera devuelta «la soberanía de que se le desposeyó». ³⁹ De hecho, cuando a menudo se trae a colación el «error» de 1931 de elaborar y aprobar el Estatuto de Cataluña, vía referéndum, con anterioridad a la propia aprobación de la Constitución española («error» que se habría «subsanado» en el proceso constituyente de 1978), se obvia que esa fue una opción consciente. En una construcción federal que respetase la soberanía de las partes, era precisamente de estas partes de donde surgía la propuesta, a partir de un pacto político previo, el Pacto de San Sebastián refrendado en las negociaciones iniciales de los primeros días de la República. Como se verá, sobre ello no había ningún «equívoco» ni rebaja en la propuesta estatutaria.

Si algo caracterizó la elaboración del Estatut fue su premura para que pudiera llegar a las Cortes en el propio debate constituyente, y no como una pieza que derivara de él, sino como parte integrante del mismo. La comisión redactora, conformada por miembros de ERC, Acció Catalana Republicana y la Unió Socialista de Catalunya, reunidos en Núria, elaboró la propuesta en solo diez días, entre el 10 y el 20 de junio de 1931. Jaume Carner, Amadeu Hurtado —persona clave en este periodo que ejercía de puente entre Francesc Macià y Alcalá-Zamora— y Rafael Campalans lo presentaron al presidente de la República, el mismo Alcalá-Zamora, que lo modificaría muy superficialmente. ⁴⁰ Más tarde sería aprobado por el conjunto de ayuntamientos de Cataluña, el 26 de junio, y plebiscitado vía referéndum, el 2 de julio, con la participación del 75 % del censo en la votación, con un 96 % de votos afirmativos, acompañados de las firmas de apoyo de cuatrocientas mil mujeres, que aún no podían ejercer el sufragio. Finalmente, en un tiempo récord, el 11 de agosto el Estatut sería publicado por decreto de la Generalitat, y el 18 de ese mismo mes Alcalá-Zamora lo presentaría a las Cortes españolas. En este sentido, el Estatuto de Cataluña, el único que se encontraba presente en aquellos momentos en las Cortes, se convirtió en el eje del debate territorial y de la misma forma del Estado en el proceso constituyente español que debía elaborar la Constitución de la República. La orientación estatutaria era muy clara; en su prefacio se afirmaba que el mismo había partido «del derecho de autodeterminación que compete al pueblo catalán, del hecho de la restauración de la unidad catalana al proclamarse la República y del Estado de derecho creado por los decretos del 21 de abril y del 9 de mayo del presente año». ⁴¹ También se enunciaba el objetivo (compartido por el Gobierno de la República, que así lo había hecho posible) de intervenir con la propuesta estatutaria en el debate constituyente, ofreciendo «a las Cortes Constituyentes de la República una prenda del amor» que ponía Cataluña «en la defensa de la libertad que todos los pueblos de España han conquistado por la revolución del 14 de abril». ⁴² En relación con el modelo de Estado, también se era directo: «Cataluña quiere que el Estado español se estructure de manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos, ya establecida, desde luego, por medio de los estatutos particulares como el suyo, ya de una manera gradual». ⁴³ A este respecto, en el artículo primero se establecía que Cataluña era «un Estado autónomo dentro de la República española», donde, según se afirmaba en el segundo, «el Poder de Cataluña emana del pueblo y se encarna en la Generalitat». ⁴⁴ Unas intenciones y objetivos que calaron en el debate constituyente y se convirtieron en parte de él, pero no de la forma esperada.

La Constitución de 1931 de la Segunda República fue claramente un intento de superar el constitucionalismo liberal, ya en su crisis final en la década de los años treinta, a partir de un nuevo constitucionalismo social que sería más propio del periodo posterior a 1945. El texto se inspiró en las constituciones de la época, como la mexicana, de 1917, y, en especial, la de Weimar, de 1919, y la austriaca, de 1920. Estas dos últimas, bajo la influencia de dos importantes constitucionalistas: Hugo Preuss y, sobre todo, Hans Kelsen. Su influjo afectó tanto al modelo territorial como al mismo concepto de soberanía, que Kelsen pretendía eliminar de la arquitectura constitucional. Este legado poco o nada tiene que ver con el federalismo original, y afectó a parte del pensamiento federal hasta nuestros días, incluso acabó por eliminar la misma noción de sujeto constituyente presumiendo una estabilidad de la norma, del Estado de derecho, que jamás ha existido en el tiempo histórico y que se ha acabado convirtiendo en la balsa de la medusa en un mundo que siempre se percibe en naufragio. Pero, más allá de esto, la voluntad social de la Constitución de 1931 —«Hacemos una constitución de izquierdas», ⁴⁵ afirmó Luis Jiménez de Asúa en el discurso de presentación del proyecto constitucional que él mismo había presidido— se recogía tanto en su artículo primero, donde se definía como «una república democrática de los trabajadores de toda clase», como en el articulado que garantizaba la protección social o la subordinación de la riqueza al interés social, previendo la posibilidad de llevar a cabo procesos de socialización y nacionalización. Por ese motivo, así como por el proceso de laicización del Estado que implicaba, se trataba de una constitución avanzada a su tiempo que influyó en el constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero también era una constitución que afrontó uno de sus grandes retos iniciales en las cuestiones que tenían que ver con el modelo de Estado, la soberanía y la nación.

Lo primero que sorprendió en su momento fue el abandono inmediato de la opción federal, tanto por la Comisión Jurídica Asesora —presidida por Ángel Ossorio Gallardo, pero donde la personalidad predominante fue el catedrático de Derecho Político de la Universidad de Madrid Adolfo González-Posada—, que realizó el primer anteproyecto constitucional, como por la comisión de las Cortes que elaboró el proyecto que finalmente fue llevado a debate en el Congreso, presidida por el catedrático de Derecho Penal, también de la Universidad de Madrid, y miembro del PSOE Luis Jiménez de Asúa. Lo reconocía, con cierta sorna, el propio presidente de la Comisión Jurídica Asesora ante las Cortes: «Lo primero que nos dijeron fue: “¡Ah!, ¡pero si este proyecto no es federal! ¡Pero estos hombres no han hecho una Constitución federal! Pero ¿es que la Constitución no va a ser federal?”. Y por todas las columnas de los periódicos circulaba un hálito de indignación porque no habíamos hecho un proyecto de Constitución federal. Yo confieso que llegué a pasar unos momentos realmente bochornosos, porque me parecía que cuando iba por la calle las gentes me señalaban con el dedo diciendo: “Fíjate, ese hombre voluminoso no es federal”». ⁴⁶ Los argumentos aducidos para negar la opción federal los sintetizó Jiménez de Asúa de la siguiente manera: a) no se puede federar lo que ya está unido; b) el federalismo exigía un equilibrio territorial inexistente en España, y c) los Estados federales presentaban signos evidentes de agotamiento, según había mostrado el intento de Hugo Preuss de difuminarlos en la Constitución de Weimar (intento que no se pudo llevar a buen puerto, cabe decir). A pesar de ello, en esta explicación también se afirmaba un mito persistente hasta nuestro propio presente, aunque aquí referido al Estado de las autonomías: «Nuestra Constitución es más federal, valga la palabra, que la de la propia Austria». ⁴⁷ Pero había otros motivos para desechar el federalismo, según expuso posteriormente el krausista y miembro determinante de la Comisión Jurídica Asesora Adolfo González-Posada. Él consideraba al catalanismo un movimiento más que catalanista «tendente a desagregar la unidad nacional» y «agrio» cuando tomaba «un tono sentimental». ⁴⁸ Según su relato, el problema no era la inexistencia de Estados previos que se pudieran federar en el caso español, es decir, que no se pudiera unir de forma diferente lo que ya estaba unido: tenían muy claro que esto no era óbice para la conformación de un Estado federal. No lo había sido en la Constitución de los Estados Unidos de Brasil de 1891 ni, más recientemente, en la de Austria tras la Primera Guerra Mundial, ejemplos que tenían presentes. Probablemente el problema residía más en entender el federalismo como opuesto al «espíritu nacional de la España indestructible», ⁴⁹ según afirmaba el mismo Posada. Para él, más allá de las interpretaciones posteriores que se pudieran hacer de la Constitución, miméticas a las que se hicieron después de la Constitución de 1978, la cuestión era que a pesar de «que los federalistas no pretendan encontrar en la Constitución sino el Estado federal, al menos el germen de un Estado federal posible, y que los regionalistas, federalistas o federalizantes la quieren interpretar en un sentido federal […], [es] un equívoco toda interpretación federalista de la organización nacional establecida por la Constitución». ⁵⁰

En realidad, en contra de una línea interpretativa del federalismo que lo cree opuesto a cualquier nacionalismo sin Estado —que en el caso español, está perfectamente representada por aquellos federalistas que han llegado a considerar el Estado autonómico casi como la culminación de un Estado federal—, la cuestión fue que el federalismo en el debate constituyente fue básicamente defendido por los catalanistas y los galleguistas, y, por la parte española, solamente por los radicalsocialistas de Marcel·lí Domingo y el Partido Republicano Federal, representado por el diputado canario José Franchy y Roca. ⁵¹ Gran parte de las corrientes republicanas españolas del momento estaban impregnadas del krausismo de Giner de los Ríos, con una fuerte influencia intelectual de la Institución Libre de Enseñanza, que propugnaba, como mucho, un organicismo regional descentralizador. Por otro lado, el PSOE, que entonces era el primer partido en las Cortes, a pesar de que en su XI Congreso de 1918 había aprobado, a iniciativa de los socialistas catalanes y con el apoyo de Julián Besteiro, su apuesta por una confederación republicana de nacionalidades ibéricas, había abandonado esta posición hacia el moderado autonomismo defendido por Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. ⁵² Se imponía, por una parte, la propia la matriz ideológica del PSOE, que, más allá de la retórica, nunca había sido federalista, y, por la otra, la preocupación por la posible pérdida de influencia de la UGT ante la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) si los socialistas no mantenían el control de las competencias en políticas laborales y sociales en el Estado central. Un poder autonómico soberano en Cataluña podía suponer, en este sentido, también una CNT fuerte, ya que gran parte de su afiliación era precisamente catalana. Aun con todo ello, también es cierto que, durante la tramitación en el pleno del título preliminar de la Constitución, la enmienda del diputado galleguista Ramón Otero Pedrayo, en la que se definía la república como federal, fue aprobada con el apoyo del Partido Republicano Radical de Lerroux, los radicalsocialistas y los diferentes partidos nacionalistas. ⁵³ Esta enmienda después fue «olvidada» en el debate final de la Constitución, a la vez que se prohibía la federación entre autonomías (artículo 13) y se establecía la cláusula residual frente al poder autonómico a favor del Estado.

En la base del descarte de la solución federal hubo claramente un problema de concepciones previas e intereses. Como ya hemos visto, entre estas concepciones e intereses destacaba un PSOE que no quería perder ninguna competencia que pudiera controlar desde el Estado central en su rivalidad sindical con la CNT; la concepción nacionalista española, que veía el peligro de la disgregación si se otorgaba carácter soberano a proyectos nacionales alternativos (aunque estos quisieran compartir un Estado común), o la dificultad para crear un modelo federal fuera de las realidades nacionales que incluyera territorios que no tenían entre sus demandas un Estado federal. Ante esto último se podría haber optado por un modelo de federalismo plurinacional, pues lo que se tenían que federar no eran las regiones, que podían no tener ningún interés en la fórmula federal, sino las naciones. Así lo defendían los galleguistas, que concretaban las posibles partes de la federación en Castilla, Cataluña, el País Vasco y Galicia. Pero esta opción hubiera conllevado necesariamente una redefinición de la nación española. No obstante, en realidad, más allá del debate teórico , había otro tema —para nada menor, por mucho que tal vez pasara más desapercibido— que operó de forma activa tanto durante el debate constitucional, donde la preeminencia de catedráticos de la Universidad de Madrid fue casi absoluta, como en el debate del Estatut de Cataluña en las Cortes: la «necesidad» evidente, en el caso de una parte del personal del Estado y de los juristas concentrados en Madrid, de mantener el poder último, es decir, la soberanía, en el Estado central. Tal como afirmaba Castelao, que vivió de cerca estos debates: «Los juristas —vigilados por las estatuas de los Reyes Católicos— repitieron en el primer Parlamento de la segunda República los mismos conceptos que un día lejano emitiera, allí mismo, Don Antonio Maura en defensa de la Soberanía. Y los juristas ganaron la batalla». ⁵⁴

Pero una vez desechada la posibilidad de una transformación radical de la naturaleza del Estado, quedaba aún por resolver el problema de la cuestión catalana, ya que inicialmente la cuestión territorial se trató casi en exclusiva como la cuestión de Cataluña. Al final, la Constitución de 1931 definiría España como un Estado integral, término extremadamente confuso que se atribuye a la influencia de lo que quería hacer —no de lo que en verdad hizo— Hugo Preuss, en el caso de la Constitución de Weimar, de eliminar la soberanía de los Estados federados de Alemania y reducirlos a entes autónomos político-administrativos. Básicamente, el término «integral» definía un Estado unitario pero compatible con la autonomía de regiones y municipios. Así, se pensaba en un modelo asimétrico donde la mayoría de las regiones quedarían en el campo del Estado central, mientras que las otras, de nuevo según Jiménez de Asúa, «tendrían su autodeterminación en mayor o menor grado». ⁵⁵ En este sentido, se dejó fuera de la Constitución un modelo territorial acabado y se introdujo el principio «dispositivo», es decir, que fueran las regiones que cumplieran una serie de condiciones las que dispusieran qué grado de autonomía querían. Estos dos elementos —dejar fuera de la Constitución el modelo territorial y el principio dispositivo— tendrían una influencia clave en la Constitución de 1978.

CATALUÑA EN EL «SER» DE ESPAÑA: NACIONES Y SOBERANÍA

Esta «innovadora» definición de Estado integral no fue óbice para que se desatara una apasionada discusión sobre dos conceptos que estaban en el fondo de todo el debate sobre Cataluña: el de nación y el de soberanía. Porque, si bien la nación española no aparecía en ningún lugar como fundamento de la propia Constitución de 1931, tampoco lo hacía la soberanía. Aquí se hacía notar probablemente la influencia de Preuss y, sobre todo, la de Kelsen, que, en su sueño de la articulación de un sistema constitucional armónico y estable que perdurase, eliminaban el mismo concepto de soberanía, entendiéndola como una noción de carácter teológico. Un sueño aún hoy abrigado por algunas izquierdas, en el fondo liberales, que creen que la estabilidad se consigue en un mundo de reglas institucionales y mecanismos de cambio establecidos fuera de cualquier noción de poder constituyente, siempre «peligroso». Un sueño que en España, además, las más de las veces ha servido básicamente para soslayar los problemas nacionales. En aquel momento, sin embargo, esta problemática de fondo tenía también motivaciones de orden más pragmático. La ausencia de los conceptos de nación y soberanía probablemente obedecía a la necesidad de encontrar un encaje concreto de la cuestión nacional catalana sin violentar el propio concepto de nación española. Así, nada más llegar al preámbulo de la Constitución (como todo preámbulo, sin efectos jurídicos), se puede leer: «España, en uso de su soberanía, y representada en las Cortes constituyentes, decreta y sanciona esta constitución». Esta formulación fue polémica por varias razones: en primer lugar, por hablar de España y no de nación española, y, en segundo lugar, porque ni la nación ni la soberanía, ni en su forma de soberanía nacional ni en la alternativa de soberanía popular, aparecían prácticamente ya en ningún otro lugar del articulado constitucional, o bien, si lo hacían, como ocurría con el caso de la nación, era de forma lateral. Se entendía que la soberanía pertenecía al pueblo, ya que de él emanaban todos los poderes de la República, el de «todos sus órganos», como se establecía en el artículo 1 de la Constitución de 1931. Algo que probablemente estaba inspirado en la formulación mucho más clara, en la referencia a la soberanía, del título tercero de la Constitución de la Primera República de 1873 que afirmaba que «La soberanía reside en todos los ciudadanos y se ejerce en representación suya por los organismos políticos»; entendiendo que estos organismos eran, por igual, el municipio, el Estado y la federación. Así, se establecía un verdadero Estado compuesto, donde el poder de cada una de sus partes no emanaba de la «delegación» de competencias de un único espacio de representación de la soberanía —el Estado central—, sino directamente de la soberanía que los ciudadanos delegaban en distintos organismos institucionales. Fuere como fuere, y a pesar de que la distinción era y es importante, ya que es lo que determina el tipo de relación, de igualdad o de jerarquía, entre los distintos organismos representativos, la eliminación de ambos conceptos en la Constitución de 1931 parecía claramente orientada por la cuestión catalana. O, al menos, así lo sospechaban los siempre omnipresentes funcionarios del Estado central. Así, el letrado del Congreso y catedrático de la Universidad de Madrid Nicolás Pérez Serrano sostenía: «Tememos mucho […] que haya influido la problemática existencia de alguna “Nación” regional para negar la realidad evidente de la Nación española». ⁵⁶ Lo cierto era que la Comisión Jurídica Asesora en su anteproyecto, previo al elaborado por la Comisión Redactora, sí que había incluido la referencia a la «nación española en uso de su soberanía» (en este caso, soberanía de la nación, no del pueblo). Pero esta referencia desapareció en la reelaboración posterior que llegó al Congreso, de la misma forma que la enmienda presentada en el pleno de las Cortes para sustituir España por la «nación española», con las firmas de Antonio Royo Villanova (de la minoría agraria, de carácter monárquico) o de Miguel de Unamuno, fue rechazada. Aun así, la derrota de la enmienda no significó el abandono del debate. Como afirmó Ossorio Gallardo, presidente de la Comisión Jurídica Asesora y futuro abogado defensor de Lluís Companys tras los hechos de octubre de 1934: «A cada paso, siempre que se afronta cualquiera de los aspectos del asunto, brota el tema de la soberanía. ¡Ah! ¡Esta facultad no se puede ceder porque merma la soberanía; de esto no se puede hablar porque desintegra la soberanía; esto no se puede reconocer sin mengua de la soberanía! […] No; de muchos modos viven los pueblos felizmente, y hay soberanía plena, y hay soberanía delegada, y hay soberanía compartida». ⁵⁷ Pero esa disposición abierta a discutir y a compartir soberanías no fue la corriente predominante en ese momento. La solución, en todo caso, pasó por la regulación constitucional específica del Estatuto y por el mantenimiento del pacto político entre los actores que configuraron el Pacto de San Sebastián.

Las referencias al Pacto de San Sebastián fueron explícitas a lo largo de todo el debate constitucional y estatutario, y se centraron en un punto concreto: la posibilidad o no de que las Cortes modificaran el texto estatutario. Se entendía que, si las Cortes solo podían ratificar o no, pero sin capacidad de modificar el Estatut, lo que se establecía era un pacto entre dos entidades que compartían soberanías, donde Cataluña se autodeterminaba sobre su propia realidad. Esta posibilidad fue motivo de vehementes críticas por parte de las formaciones de derecha no republicanas y de un sector mayoritario de la Agrupación al Servicio de la República, comandada por Ortega y Gasset. Esto obligó a intervenciones tanto de Lerroux como de Azaña y Maura, presentes en el pacto de agosto de 1930, para afirmar que no se estaba sustrayendo en ningún caso capacidad a las Cortes. Miguel Maura, que formaba parte de la Derecha Liberal Republicana, por su trayectoria política iniciada en las filas monárquicas conservadoras, fue quizás el más contundente a la hora de intentar atajar la polémica. Sobre lo que se había acordado en San Sebastián, sus palabras fueron las siguientes: «Que ese estatuto pasaría por el plebiscito de Cataluña, sería traído a las Cortes, pero que las Cortes, libérrimamente, sin ninguna traba, que ni siquiera podía alcanzar a los estaban presentes en el Pacto en San Sebastián, […] lo discutieran, votaran y aprobaran». ⁵⁸ Sin embargo, su intervención no parecía sugerir que el Estatuto pudiera ser modificado. De hecho, cuando afirmó en el mismo discurso: «¿Hay quien tenga que decir más sobre esto? (Pausa) ¿No? Pues de una vez para siempre quede claro», daba la impresión de que estas intervenciones estaban pactadas con la parte catalana. Porque lo cierto es que el artículo 12 de la Constitución finalmente aprobado no dejaba lugar a dudas: «Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten [en referencia al procedimiento de elaboración en el territorio proponente] al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional»; lo que implicaba una aprobación automática, sin modificaciones, siempre que el estatuto en cuestión no fuera contrario al marco constitucional. De nuevo, la concreción de esta problemática, que implicaba un pacto constitucional con el que no todos estaban de acuerdo, se tuvo que resolver mediante el pacto político y la intervención directa del presidente de la República: Niceto Alcalá-Zamora.

En el debate de la Constitución se fragua el sentido concreto que tomará el Pacto de San Sebastián como acuerdo entre los representantes del republicanismo catalán y la propia presidencia de la República. En este sentido, en la defensa de la enmienda constitucional que va a permitir delimitar las competencias que ejercería Cataluña, será directamente Niceto Alcalá-Zamora quien tome la palabra. Establece primero un marco: «Toda España tiene que rendir la justicia al Estatuto de considerarlo no merecedor de discusión en cuanto es la vida interior, peculiar, autónoma de Cataluña y, sin embargo, se somete a las Cortes». Luego añade: «La representación catalana, a su vez, ha reconocido que, en cuanto es la vida de relación, en cuanto es deslinde de atribuciones, siguiendo y cumpliendo el espíritu del Pacto de San Sebastián, ella traía una aspiración, traía una propuesta, formulaba un deseo, pero jamás pensó en imponer un ultimátum». ⁵⁹ Es decir, de nuevo el Estatuto no era «merecedor de discusión», pero la parte catalana aceptaba, todavía en el contexto del debate constituyente (es decir, no en el proceso de aprobación del Estatuto), la discusión sobre el marco en el que debía encajar este estatuto presentado previamente a la propia elaboración de la Constitución. A su vez, el presidente de la República en este debate delimitaba una realidad (presente también en la Constitución de 1978 pero no en su desarrollo), en la definición del marco competencial del futuro Estatut. La voluntad claramente asimétrica en relación con otras realidades territoriales, en la que era una propuesta que partía de la realidad de que «nada de imitaciones, nada de uniformes, nada de traje patrón con el que hayan de vestirse todas las regiones; una gradación diferencial, flexible y sutil en los matices». ⁶⁰ Todo ello había sido pactado previamente, antes de su presentación y aprobación en las Cortes, en el marco de la Comisión Constitucional con Gabriel Alomar, de la Unió Socialista de Catalunya, y Antoni Xirau, de Esquerra Republicana de Catalunya, y políticamente con Amadeu Hurtado, el verdadero ungidor del pacto y puente entre los Gobiernos de Cataluña y España en esos momentos. Este pacto —el del establecimiento de las competencias que corresponderían al Estatuto y el artículo 12 de la Constitución, que aseguraba su aprobación siempre que no superase el marco constitucional—, llevaba un sello político que era su garantía: el del mismo presidente de la República, AlcaláZamora. Al final del discurso en el que defendía este pacto, el presidente se dirigió a la representación catalana:

Es posible que si este debate se quiere terminar, no engrandeciéndolo, sino envenenándolo, se recuerde todo el eco de las largas discusiones por mí mantenidas con vosotros […] de un periodo constituyente que se engendró en el Pacto de San Sebastián […]. Luchamos siempre, muchas veces, noblemente. Por eso hemos podido entendernos; por eso creo que hemos realizado una obra noble, de elevada transacción patriótica, de la cual, ni vosotros ni yo, podemos ni debemos arrepentirnos. Siempre que hemos discutido pudimos al final darnos la mano; hoy creo que podemos darnos los brazos. ⁶¹

Pero este pacto se fundó sobre un principio en parte fallido, una realidad y una ambigüedad. El principio en parte fallido era el que establecía el artículo 12 de la Constitución de 1931, según el cual los estatutos serían aprobados siempre que no contuvieran preceptos contrarios a la Constitución o a las leyes orgánicas en las materias que fueran potestad del Estado. Y, ciertamente, se mantendría el principio dispositivo, es decir, que en este caso fuera Cataluña la que propusiera el contenido del que se lo quisiera dotar. No obstante, las Cortes, como se comprobaría pocos meses después de haberse aprobado la Constitución el 9 de diciembre de 1931, acabaron por atribuirse la posibilidad de modificarlo en el proceso de aprobación estatutaria, cosa que el artículo constitucional no indicaba. Pero si ese fue el principio en parte fallido, la realidad será la imposibilidad de modificar el Estatuto una vez aprobado por las propias Cortes si no era por iniciativa estatuaria de Cataluña, sin modificar a su vez la propia Constitución, ya que el Estatuto se considera parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado (algo que se mantendría en la Constitución de 1978 y hasta la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, con la que se rompería este principio). Tal como afirmaba Sánchez-Román, catedrático también de la Universidad de Madrid y diputado del grupo de Ortega y Gasset, esa realidad, que él negaba, significaba que las regiones tenían competencia constitucional, ⁶² o, más claramente, y en positivo, según establecía Ángel Ossorio: «Lo han apuntado los Sres. Hurtado y Abadal: el Estatuto ha de tener la categoría de un concepto constitucional, nada menos, pero nada más: es una pieza de la Constitución». ⁶³ Esto (lo que posteriormente llamaremos «bloque de constitucionalidad»), que los estatutos forman parte del ordenamiento constitucional y no son una ley orgánica más, significaba para Sánchez-Román, también aquí como denuncia en el debate constituyente, «una expresión de soberanía que comparten las regiones con el Estado». Por último, la ambigüedad la encontramos en sentido profundo de este pacto, o, de nuevo, dicho en palabras de Sánchez-Román en el Congreso: «¿Y si, cuando vosotros creéis que en esa distribución de competencias no habéis enajenado nada de la soberanía del Estado, las regiones estatutariamente organizadas entienden lo contrario?». ⁶⁴

Fue sobre estos tres elementos —el principio en parte fallido, la realidad y la ambigüedad— que se constituyeron las bases para el nacimiento de la propuesta de las autonomías como modelo de articulación territorial, que afectará tanto a la suerte de la Segunda República como a la del Régimen del 78, ya que este último se basará claramente en el modelo republicano en este tema. En momentos de cierta estabilidad, esta arquitectura puede desarrollarse sin problemas, pero, cuando se entra en una crisis política, sus contradicciones salen desnudas a la intemperie. Tal como señalaba Sánchez-Román al final de su discurso: «Autonomía, sí; soberanía compartida, no. He dicho». ⁶⁵ Hablaban por él los letrados, abogados y catedráticos del Estado, de un Estado no ex novo , sino del que conservaba en su naturaleza profunda lo establecido a mediados del siglo XIX , con un componente nacional español clarísimo en su propia legitimación. Porque este finalmente fue el debate central y decisivo: qué era la nación española. Y esta cuestión solo se desarrolló cuando se entró de lleno, una vez aprobada la Constitución, en el proceso de aprobación del Estatut. En realidad, las más de las veces que España se ha afirmado, definido o intentado redefinir como nación, lo ha hecho en relación con Cataluña.

El debate del Estatuto empezaría el 6 de mayo de 1932. Su preámbulo, como ya hemos indicado, se fundamentaba en el derecho de autodeterminación de Cataluña y definía de manera consciente las competencias de la Generalitat previa aprobación de la Constitución española, en una lógica que respondía a la del federalismo desde abajo, como había postulado Pi i Margall, y al ejercicio de la soberanía. Así, definía Cataluña como un Estado autónomo dentro de la República y donde el poder de la Generalitat emanaba directamente del pueblo, que, en ejercicio de su propia soberanía, se constituía como Estado para formar parte del nuevo Estado compartido español. Eso implicaría contar con una hacienda y un poder judicial propios, así como la existencia de un tribunal federal, entre otros elementos. Pero se interpretaba que esa realidad podía entrar en colisión con la propia Constitución recién aprobada, tanto en aquello que afectaba a la soberanía como en la afirmación estatutaria de que el poder de la Generalitat emanaba del pueblo (catalán, se entiende aquí). En este sentido se organizó una comisión parlamentaria de las Cortes, que emitió un dictamen el 8 de abril de 1932 (aceptado por la Lliga de Francesc Cambó ante el silencio de la Minoría Catalana, que no lo asumió, en espera del debate en las Cortes) para conciliar ambos textos. El dictamen entraba en muchas materias competenciales —en la configuración del Estatut más allá de su constitucionalidad— y cambiaba la definición de «Estado autónomo» por la de «región autónoma», pero aceptaba que el poder de Cataluña emanaba del pueblo catalán y añadía que lo hacía de acuerdo con el Estatut y la propia Constitución. ⁶⁶ Pero incluso esta última formulación resultaba polémica, ya que se entendía que la referencia al pueblo de Cataluña establecía un principio de soberanía, y por ello el debate a la totalidad en el pleno del Congreso acabó centrándose en ello, con Nicolau d’Olwer, de Acció Catalana Republicana, y la minoría federal defendiendo la soberanía compartida. No obstante, el debate derivó rápidamente ya no en una cuestión de soberanías, sino en qué era España y en su relación con Cataluña. Ese fue el momento culminante del debate territorial de la Segunda República, centrado en la concepción de España y Cataluña subyacente en cada una de las posturas. Los discursos de Ortega y Gasset y de Azaña quedarían fijados posteriormente como la esencia de la cuestión catalana y tendrían una enorme influencia en la formación de la opinión política sobre este tema después de 1978, hasta el punto de que se ha llegado a considerar que «es imprescindible conocer bien estos dos discursos para entender la problemática del catalanismo y de los otros nacionalismos subestatales en España, porque marca exactamente los parámetros de la cuestión». Normalmente, los que consideran esto piensan también que «Azaña, finalmente, le dio la razón a Ortega sin reconocerlo». ⁶⁷ Lo cierto es que el planteamiento de Ortega y Gasset tuvo una influencia enorme en la configuración política del debate territorial después de 1978, y, de hecho, fue un discípulo intelectual suyo, Eduardo García de Enterría, el que aseguró que esta influencia marcara el desarrollo del Estado autonómico. ⁶⁸ Pero que tuviera una influencia posterior enorme no significa que la tuviera realmente en ese momento ni tampoco que ofreciera las claves del debate esencial que se estaba librando en aquel tiempo.

De hecho, el discurso de Ortega y Gasset, más que dar las claves del debate real, es una magnífica radiografía de los velos de la incomprensión de gran parte del nacionalismo español hacia la realidad catalana. Esa pieza oratoria capaz de agrupar una serie de imágenes y espejos donde se mira el nacionalismo español para «confirmar», y de allí el éxito de su discurso posteriormente, aquello que cree sobre sí mismo y sobre el catalanismo. Un fenómeno, este último, «que no se puede resolver, que solo se puede conllevar», según una expresión del filósofo que hizo fortuna y que ha servido, sobre todo, para legitimar el hecho de no hacer nada al respecto. Así, para Ortega y Gasset, el catalanismo se produce «por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos»; ⁶⁹ fenomenología que, en cambio, no observa en el caso español: «No existía en nosotros ese sentimiento negativo, precisamente porque estábamos poseídos por el formidable afán de ser españoles, de formar una gran nación y disolvernos en ella». ⁷⁰ Y es que esa misteriosa y fatal predisposición es «algo de lo que nadie es responsable; es el carácter mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que arrastra angustioso a lo largo de su historia. Por eso la historia de los pueblos como Cataluña e Irlanda es un quejido casi incesante». Un problema, en definitiva, «fatigoso para los demás», y que según él, en su colección de tópicos que apelaban a lo irracional, era una cuestión minoritaria en el seno de la sociedad catalana: «¿Qué van a hacer los que discrepan? Son arrollados; pero sabemos perfectamente de muchos, muchos catalanes catalanistas que en su intimidad hoy no quieren esa política concreta que les ha sido impuesta por una minoría». ⁷¹ Al final de este discurso sobre la irracionalidad del problema catalán, solo quedaban dos cosas claras (además del complejo de superioridad del filósofo sin que nada lo sustentase): «Es absolutamente necesario que quede deslindado de este proyecto de Estatuto todo cuanto signifique, cuanto pueda parecer amenaza de la soberanía unida, o que deje infectada su raíz»; ⁷² y que para amortiguar el «problema catalán», se debía imponer la autonomía a todas las regiones de España. ⁷³ Una idea, esta última, que haría fortuna en el tiempo, concebía las autonomías como un proceso de descentralización de competencias de tipo regeneracionista que ahogase y disminuyese, a su vez, toda realidad nacional que no fuera la de la nación española.

Lo más extraño de esa opinión enormemente extendida de que el debate entre Ortega y Gasset y Azaña contiene las claves del debate sobre Cataluña, incluso para nuestro presente, es que uno se pregunta: ¿las claves para entender Cataluña solo se encuentran entre dos personalidades de Castilla? ¿No había ninguna voz catalana en ese debate? Como es evidente, la hubo, aunque no se haya querido recoger en la posteridad, y fue muy clara en su análisis sobre lo que allí estaba realmente en juego. Amadeu Hurtado, representando a la Minoría Catalana, intervino justo después de Ortega y Gasset para resituar el debate en una clave política, no esencialista, y republicana. Su discurso ante las Cortes se iniciaba precisamente en la eclosión histórica del catalanismo político, en los albores del siglo XX, para desvelar esa «misteriosa y fatal pulsión». El mismo antiguo republicano federal que con el cambio de siglo vio «cómo se derrumbaban los dogmatismos del partido […] pero quedaba la idea» se adhirió al movimiento catalanista pese a estar, en aquel entonces, hegemonizado por la derecha. ⁷⁴ Su generación veía en el catalanismo la posibilidad de cambio en Cataluña y en España, como también la vieron, según él, los viejos republicanos españoles (con Nicolás Salmerón a la cabeza, antiguo presidente de la Primera República y que se presentó a las elecciones de 1907 encabezando Solidaritat Catalana). En este sentido, en su discurso, se iba desgranando la tesis de que el catalanismo había sido clave en la lucha contra la monarquía y para el advenimiento de la Segunda República en el momento en que: «La fusión se ha hecho; una nueva capa social, casi la totalidad de las masas populares de Cataluña, ha invadido realmente el campo del movimiento político catalán, y ha venido la República». ⁷⁵ Ante las divagaciones metahistóricas orteguianas, Hurtado presentaba la alianza real entre Cataluña y España que había hecho posible la República. Incluso llegaba a situar fuera de esta alianza a los representantes de la Universidad de Madrid del momento, a quienes identificaba como los opositores al Estatut. Formados, según él, en las filas monárquicas, «en la cultura de un sentimiento dinástico», y reconvertidos, como el mismo Ortega y Gasset, a última hora en republicanos. Reivindicaba en su lugar a la vieja generación de profesores madrileños republicanos, como Giner de los Ríos. Para él, esa dicotomía generacional llevaba a los monárquicos reconvertidos en republicanos a seguir actuando bajo los viejos principios de la soberanía del rey cuando afirmaban «No, no sois vosotros, los representantes de esos pueblos, los que debéis formular el Estatuto de vuestros derechos; es el Estado, actual representante de la antigua soberanía, el que dirá la extensión y el límite de esos derechos y se reservará la facultad de concederlos, de controlarlos y de quitarlos, si le place, una vez los haya otorgado». ⁷⁶ Por ello abominaban de la sola idea de un pacto entre los representantes de Cataluña (de la Generalitat, instaurada con anterioridad a la misma aprobación de la Constitución) y los de la República desde su Gobierno provisional. Y era precisamente ese pacto el que defendía Hurtado: «No es realmente, como decía elocuentemente el Sr. Franchy y Roca ayer, el pacto federal; es un pacto político, como he dicho antes, igual al que se estableció en la Constitución de la monarquía entre el poder del pueblo y el poder del rey». ⁷⁷ Era un pacto no federal, pero de rango constitucional, en la medida que las autonomías, a diferencia de los municipios y las diputaciones, no eran reguladas por una ley votada en las Cortes, sino a partir de la voluntad plebiscitada en Cataluña y aprobada por las Cortes: «Las Cortes, por sí solas, no pueden pedir la reforma del Estatuto, y el Parlamento catalán, por sí solo, no puede pedir tampoco la modificación del Estatuto», ⁷⁸ un estatuto que forma parte del ordenamiento constitucional. Todo ello porque, para Hurtado, el catalanismo no era algo que hubiera que «tratar», sino parte constituyente de la República, y por eso proclamaba «claramente ante España y claramente ante la República que la expansión del espíritu ciudadano, cuyo impulso salió de las tierras catalanas hace más de treinta años, hará desaparecer, como profetizaba D. Nicolás Salmerón, no ya la monarquía, que ya está ausente, sino el sentimiento monárquico que ha quedado aún dentro de España». ⁷⁹ Finalmente, su discurso, que establecía un marco diferente del que había pretendido Ortega y Gasset (a quien Hurtado expulsaba de la alianza fundacional de la República), se dirigía especialmente al primer partido de la Cámara, el PSOE, y al segundo, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. A los socialistas, que no intervinieron en este debate, les recordó que, diciéndose federalistas, difícilmente podrían votar en contra del Estatut. En cuanto a los republicanos radicales, que eran los que más claramente podían decantarse en contra de este dentro del campo republicano, Hurtado establecía un diálogo directo con Alejandro Lerroux y su trayectoria política iniciada en Cataluña precisamente contra el catalanismo político de principios de siglo, desde un partido, según Hurtado, tan catalán como el resto, y a partir de la conciencia de que España se cambiaba desde Cataluña. Lerroux le seguiría en la palabra, y en la evocación de sus orígenes políticos afirmaría, a pesar de sus reservas y para sorpresa de muchos, una defensa tanto del catalanismo como de su voto afirmativo al Estatut. Sabía que lo que estaba en juego en ese momento era la alianza que había traído la República.

Este debate quedó cerrado con la intervención de Azaña, lo cual fue importante por lo que simbolizaba en términos de liderazgo republicano español, ya que era el presidente del segundo Gobierno provisional de la República, aunque su partido, Acción Republicana, era el quinto grupo de la Cámara, por detrás de la propia Esquerra Republicana de Catalunya (en el caso de Ortega y Gasset, su grupo, la Agrupación al Servicio de la República, era el décimo de las Cortes). El punto de partida de Azaña era radicalmente distinto al planteado por Ortega y Gasset: «[Cataluña no es] un pueblo frustrado en su principal destino […], un personaje peregrinando por las rutas de un Canaán que él solo se ha prometido a sí mismo y que nunca ha de encontrar» y ello no solo porque considerase la «fisonomía catalana pletórica de vida, de satisfacción de sí misma, de deseos de porvenir, de un concepto sensual de la existencia poco compatible con el concepto de destino trágico». ⁸⁰ Azaña partirá del terreno de la historia y de la política para acercarse a la cuestión catalana, no de la mística de la intrahistoria trágica, y encontrar precisamente una solución histórica y política, ya que las Cortes no eran «el Sinaí […] con pretensiones de eternidad». ⁸¹

Su punto de partida, además, recogía el discurso de Amadeu Hurtado respecto a la contribución del catalanismo al advenimiento de la República. Recorría una historia política conjunta con varios episodios, entre ellos, la presencia en Solidaritat Catalana del último gran superviviente de la Primera República, Nicolás Salmerón, y establecía la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona de 1917, conjuntamente con la huelga general obrera de ese mismo momento para conseguir la implementación de la república, como los antecedentes directos de la revolución de abril de 1931. En relación con estos episodios, Azaña señalaba: «En cierto modo, [eran] el anuncio y la prefigura: la Asamblea de Parlamentarios porque era la iniciación de una Asamblea Constituyente, que sólo hemos podido reunir después de proclamada la República, y la huelga general, porque era el levantamiento de una gran parte de la totalidad del proletariado español y sumándose a una petición para el cambio de régimen». ⁸² Una alianza entre catalanismo, republicanismo y clases populares que estaba en la base de la República. Además, opinaba que esta alianza se había forjado durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando los catalanistas se hicieron más republicanos y los republicanos españoles sellaron su suerte a la de Cataluña: «En virtud de lo cual este régimen eleva a preocupación primordial en la organización del Estado republicano lo que hasta ahora era un problema local, catalán o nacionalista». ⁸³ Azaña, en este sentido, era consciente de que la tarea no se circunscribía solo a un encaje de Cataluña en España, ya que, ante la configuración del propio Estado liberal del siglo XIX, cabía una única opción: «Rectificar la línea histórica de que procedemos […], la línea histórica que marca el fracaso profundo del antiguo régimen monárquico y el fracaso profundo del régimen liberal, parlamentario, burgués del siglo XIX ». ⁸⁴ Esa línea tenía su primer jalón en 1714, cuando, en una frase donde resuena claramente el Pi i Margall de Las nacionalidades , de 1877, la implementación de la dinastía borbónica llevó a que «el último Estado peninsular procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la Corona despótica y absolutista fue Cataluña; y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas». ⁸⁵ El Estado liberal no superó aquella realidad, sino que la acentuó: «Los liberales españoles, los liberales del liberalismo parlamentario, tuvieron la desgracia, o se vieron forzados a pasar por ella, de aliarse con la dinastía reinante en Madrid […], reducido aquel pobre liberalismo a unos cuantos cientos de familias parlamentarias […], cuando la rama despótica, absolutista y católica se insurreccionó». ⁸⁶ Lo cual llevó, además, al levantamiento de «regiones adheridas a la causa despótica de don Carlos absolutamente indiferentes al problema dinástico, porque lo que les importaba a los vascos no era D. Carlos, sino sus fueros». ⁸⁷ Y era esa línea histórica de un liberalismo monárquico centralista, que había construido el Estado español, lo que ahora se debía rectificar.

Pero, más allá de si era posible la rectificación del Estado con la sola aprobación del Estatut, una vez que se había renunciado a modificar radicalmente las bases de la distribución de la soberanía en una nueva realidad federal, en ese discurso hay algo que usualmente no se suele señalar y que Amadeu Hurtado captó al instante en su artículo «He aquí Castilla», publicado en el diario Ahora de Madrid: «A pesar de la emoción de aquel momento excepcional, me parecía adivinar que ni España ni Castilla se habían dado cuenta de que estaba frente al Gobierno uno de los más ilustres representantes de su genio […]. Más que al amigo sincero de nuestras aspiraciones, admirábamos en aquella hora al superviviente de una tradición imperial castellana. Adaptada al espíritu moderno de una democracia liberal, aquella tradición no tendría continuador». ⁸⁸ Y es que Azaña, al final de su discurso, reivindicaba la indisoluble unidad entre Castilla y el Estado, entre Castilla y España. A él —lo repetía varias veces en su discurso— no le gustaba hablar de «concesión» de la autonomía, como algo que se daba desde el Estado y no una realidad fundante de este, pero, según sus palabras, «no se me ocurre de momento otro vocablo». ⁸⁹ Una concesión de un Estado donde:

Castilla no ha sido nunca instrumento ni móvil de una frustración de libertades españolas. Las preocupaciones de Castilla no son de orden regional, sino de orden de Estado […] el genio político se revela por la facilidad de accesión al orden del Estado y que solo los pueblos, o los hombres que por herencia, naturalmente, o por haberlo adquirido con su esfuerzo, son capaces de subir fácilmente al orbe del Estado, pueden algún día ser cabeza de una política de valor universal […] cuando se ha peregrinado por los caminos de Castilla, bordeados de ruinas, y se ha percibido y auscultado un silencio enorme, y se ha bebido en la limpidez del cielo un poco del alma de nuestra patria y de nuestros mayores, hay derecho a volverse a estos hombres de la periferia española y decirles: de nosotros no tenéis nada que temer; a nosotros, los castellanos, nos basta nuestro destino, que es llevar sobre los hombros la universalidad del nombre de España. ⁹⁰

Había en juego en este debate, como mínimo, cuatro concepciones sobre lo que eran Cataluña, Castilla y España. La de Azaña afirmaba abiertamente la hegemonía que debía ejercer Castilla, es decir, una España hegemonizada por los valores y los líderes castellanos, pero que encajara las otras naciones alternativas en un proyecto republicano común, desde la conciencia del fracaso nacionalizador y del Estado liberal. Para Ortega y Gasset, la nación española podía conllevar, como mucho, la existencia de particularismos, como expresión de frustraciones irresueltas, solo a partir del crecimiento de la España regional, de España desde sus territorios, en un proyecto común que los haría cada vez más irrelevantes. Para Hurtado, por el contrario, el catalanismo y Cataluña eran aquella realidad republicana que podría transformar España y acabar con todos sus restos monárquicos, en una idea, muy presente en el catalanismo en determinadas fases históricas, de que Cataluña se situaba a la vanguardia del cambio en España y de España. Finalmente, en el caso del andaluz Alcalá-Zamora, entendía que España se había formado por irradiación de dos grandes polos: «La Reconquista oriental le trajo a Cataluña, como destino histórico, la hegemonía del Mediterráneo y la grandeza del imperio sobre el mundo clásico, y señala sobre los hombros de Castilla la carga de asegurar la Reconquista y terminar la obrar de la unidad nacional […] en una hegemonía central incontrastable y una vitalidad periférica indestructible». ⁹¹ Aunque todas esas concepciones sobre la nación española y la catalana seguirían en juego a lo largo de los años, se consiguió finalmente un acuerdo sobre el Estatut, con el que pretendían iniciar, menos en el caso orteguiano, una nueva historia. Para su aprobación definitiva, Azaña acabó proponiendo la modificación del artículo 2, con el que no se declaró personalmente en desacuerdo, pero que consideraba que contradecía la Constitución. Desapareció de esta manera el concepto del pueblo catalán como fundante del poder en Cataluña, así como el de la ciudadanía catalana, que también se recogía en el proyecto original del Estatut de los años treinta. Pero con ello no sería suficiente: pasados los apasionados debates de mayo de 1932 sobre el Estatut, este languideció con la presentación de falsas enmiendas interminables; un mecanismo parlamentario muy usado, también hoy, cuando no se quiere aprobar alguna iniciativa para la que ya hay un compromiso mayoritario. El intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en Sevilla el 10 de agosto de 1932, al grito de «¡Viva España única e inmortal!» —si se quiere, una última noción de España, pero con la que solo se conllevaría la concepción nacional orteguiana durante el franquismo—, fue lo que posibilitó la aprobación del Estatut. La intentona golpista puso a la coalición que había traído la Segunda República ante la disyuntiva de seguir eternizando la solución para Cataluña, permitiendo que el problema se fuera engrandeciendo y diera espacio al golpismo, o aprobar el Estatut de una vez. Finalmente, el 9 de septiembre de 1932, se aprobaría con 314 votos a favor y solo 24 en contra. Lluís Companys, que se había mantenido en un plano discreto en sus intervenciones en las Cortes para no alentar polémicas, en ese momento se levantó y gritó: «¡Viva España!». ⁹²

Resuelta la cuestión catalana, parecía abrirse la vía para resolver las cuestiones vasca y gallega, e incluso la andaluza, algo más tardía. El modelo era Cataluña, a veces hasta el extremo. Así, para el caso andaluz, en el debate celebrado en enero de 1933 en la Asamblea de Córdoba, que reunió a 236 delegados de ayuntamientos, diputaciones, diputados, partidos y sindicatos, estos se encontraban divididos por cuestiones tan centrales como si se debía optar por una única autonomía para toda Andalucía o separarla en dos, una occidental y otra oriental, o si esta solo debía aspirar a ser una mancomunidad de provincias o afirmar un demos conjunto. Ante todo ello, Mariano López Muñoz, el representante del Ayuntamiento del Puerto de Santa María y antiguo republicano federal seguidor de Pi i Margall, afirmaba que, con la aprobación del Estatuto catalán, bastaban «unos sencillos cambios de nombre y unos breves cortes y reducidas adiciones para adaptar dicho cuerpo legal a Andalucía». ⁹³ Cataluña marcó claramente el camino presente y futuro del Estado español hasta el punto de que el actual Estado autonómico es fruto directo del modelo catalán. Pero esto presentaba mayores dificultades en los casos donde la propuesta de una nación alternativa era una realidad madura, ya que se debía producir la adaptación a un modelo y a un marco que no les eran propios. Este era el caso del País Vasco y su nacionalismo, pues este mostraba problemas para adaptarse al nuevo periodo. Si su propuesta nunca había sido federal, tampoco había participado del debate sobre la autonomía. En su vertiente «moderada», se situaba en un reconocimiento de la realidad foral anterior a 1839 sin apenas actualizaciones, mientras que, en la radical, sencillamente deseaba la independencia. Se planteaban, en este sentido, como mínimo tres problemas para la adaptación al modelo republicano definido por Cataluña. El primero era un foralismo de base provincial, con una fuerte demanda de soberanía y competencias hacia las provincias vascas y la de Navarra, pero no regional o nacional para el conjunto del País Vasco o, incluyendo a Navarra, de Euskal Herria sin Iparralde, el País Vasco francés. El segundo obedecía al espacio de definición del sujeto de la autonomía: ¿incluía a Navarra y el País Vasco, o solo al segundo? Y el tercero era cómo transitar de una afirmación foralista o directamente independentista a una articulación autonómica. Esto conllevó, por un lado, una gran dificultad para establecer un proyecto estatuario, y la necesidad, por el otro, de modernizar el propio proyecto político nacionalista. Paradójicamente para aquel espacio político, pues había sido el primero en presentarse de manera explícita como nacionalista a finales del siglo XIX , se trataba de «nacionalizar» la cuestión vasca introduciendo referentes teóricos del nacionalismo europeo para, de este modo, superar el provincialismo foral y actualizar un discurso que había quedado muy atrapado en las formulaciones aranistas. A su vez, en su vertiente independentista , la aceptación del Estatuto implicaba una necesaria articulación discursiva en el seno del propio nacionalismo. En este sentido, el papel del futuro primer lendakari, José Antonio Aguirre, sería clave.

En una conferencia hacia sus bases en septiembre de 1932, justo cuando el Estatuto catalán era aprobado por las Cortes y mientras los proyectos vascos no encontraban salida, Aguirre afirmaba de nuevo la clave independentista: «¡Euzkadi y su derecho a la independencia! Esto es para nosotros indiscutible. Podríamos decir nada más: “¡Porque queremos, y basta!”». Pero, una vez dada la reafirmación, el «nada más», se ponía a decir «algo más»: «Nosotros queremos el Estatuto como algo nuestro, como algo que nos pertenece, porque el Estatuto no es más que un medio después del cual viene el resto, que es la libertad plena […]. Vosotros, socialistas, tenéis un ideario, un ideario que no refleja la Constitución española, un ideario que en la Constitución ha encontrado un cauce, un camino por el que vuestra idea socialista puede empezar a marchar. Pero ¿es que diréis que por eso vosotros habéis renunciado a vuestro ideario socialista?». ⁹⁴ Se trataba, pues, de mantener los objetivos máximos, pero adaptándose al modelo establecido en el marco de la República entre Cataluña y España. Pero, a pesar de este aggiornamento , subsistían tres problemas para que la propuesta llegara a buen puerto. El PNV no formaba, por voluntad propia, parte de la coalición que había traído la República; es más, al inicio de la misma parecía más dispuesto a aliarse con las erosionadas derechas monárquicas que no con el republicanismo. Además, en el País Vasco no existía prácticamente, a diferencia de en Cataluña, una izquierda republicana nacionalista, más allá de la reciente creación de Acción Nacionalista Vasca, que pudiera conectar con las izquierdas españolas e hiciera, a su vez, claramente hegemónica la demanda vasca. El sistema político vasco estaba escindido entre una derecha nacionalista y una izquierda, señaladamente el PSOE, que actuaba en el marco del sistema político español y no hacía suyas las demandas autonómicas. Y, por último pero absolutamente clave, en su reivindicación autonómica los nacionalistas vascos incluían lo que Aguirre llamó «independencia espiritual», esto es, la posibilidad de firmar un concordato con el Vaticano que frenase en el País Vasco y Navarra el proceso de separación de la Iglesia con el Estado que se estaba dando en el contexto de la Segunda República.

En este marco, la primera propuesta de estatuto —redactada por la Sociedad de Estudios Vascos, aprobada por una asamblea de alcaldes del País Vasco y Navarra y que cristalizaría en el Estatuto de Estella del 14 de junio de 1931— contemplaba la posibilidad de establecer un concordato propio con el Vaticano, motivo que llevó a las Cortes a rechazar el proyecto. Entonces, el PNV inició una vía posibilista que conduciría a la aprobación de una nueva propuesta el 19 de junio de 1932, marcada ya por el debate sobre el Estatuto catalán que se dio en mayo en las Cortes. Al no incluir en el nuevo texto la posibilidad de un concordato separado con el Vaticano, será plebiscitado vía referéndum el 5 de noviembre solo en el País Vasco actual, ya que Navarra optaría por descolgarse de la propuesta. Pero ese mismo mes, la CEDA, una coalición de derechas no republicana, ganó las elecciones generales en España. Inicialmente, el PNV se alineó con el bloque conservador, representado por la CEDA, pero muy pronto descubrió, en una realidad que ha marcado la historia posterior del nacionalismo vasco, que esta formación no apoyaba las demandas de autonomía vasca y que además se iba a producir, también en este campo, una involución radical con respecto al primer bienio de la Segunda República. En el verano de 1934, con la cuestión catalana en plena crisis, la posibilidad de eliminación del concierto económico llevaría al acercamiento del PNV con las izquierdas republicanas y los socialistas. Este proceso se consolidaría con la victoria del Frente Popular en 1936, cuando el PSOE, a través de Indalecio Prieto, impulsara la tramitación del Estatuto vasco junto con el PNV. El inicio de la sublevación militar en julio de 1936 y la necesidad de asegurar la integración del nacionalismo vasco en el bloque republicano ya en plena Guerra Civil llevaron, por vía de urgencia y aclamación, a su aprobación definitiva en las Cortes, el 6 de octubre de 1936.

En cuanto a Galicia, al principio el Estatuto impulsado por los galleguistas era apoyado por la Acción Republicana de Azaña y los radicalsocialistas, pero en contra estaban el Partido Republicano Radical de Lerroux y el PSOE. Inicialmente, el bajo peso en las Cortes de la Organización Republicana Gallega Autonomista y del Partido Galleguista paralizó la propuesta estatuaria, inspirada en el modelo catalán y aprobada por la mayoría de los ayuntamientos en 1932. Fue la integración posterior de la ORGA dentro de la Izquierda Republicana de Azaña, fundada en 1934, la propia expansión del galleguismo político y su inclusión en el Frente Popular en 1936 lo que permitió que finalmente se plebiscitara en referéndum el 28 de junio de 1936 y se aprobara por las Cortes el 1 de febrero de 1938, en una sesión celebrada en el monasterio de Montserrat, en plena Guerra Civil y con Galicia ya en manos de los franquistas. Fue, en este sentido, un estatuto inhábil, comparado con el catalán y el vasco, pero el hecho de que fuera plebiscitado y aprobado posteriormente por las Cortes permitió que se lo considerase el último de los estatutos del periodo republicano. Esta fue la base para que la Constitución de 1978 considerase a Cataluña, Galicia y el País Vasco «nacionalidades», distintas a las «regiones», lo que les abrió la puerta a la vía rápida del autogobierno y estableció la arquitectura básica de las autonomías.

En el caso de Andalucía, a pesar de que después de la victoria del Frente Popular había conseguido dar un impulso al debate estatutario, el golpe de Estado de julio de 1936 hizo imposible su desarrollo y aprobación. Hubo también otras iniciativas mucho menos maduras, como las de Aragón, Asturias o Murcia, pero todo ello quedaría cortado de raíz con la Guerra Civil y la imposición del franquismo.

De hecho, la propia victoria de las derechas en noviembre de 1933 mostró cuan frágil era todavía el pacto territorial con Cataluña, lo que en realidad significaba también cuán frágil era el orden republicano. La República aún no tenía mecanismos nuevos y democráticos para hacer frente a una conflictividad social creciente, realidad que tuvo su máximo símbolo en los sucesos de Casas Viejas. A su vez, había levantado unas enormes esperanzas que no se concretaban, cuya máxima expresión era la timidez con la que avanzaba la reforma agraria. Precisamente esa misma lentitud se convertía en la base de la difusión de miedos infundados, que con una aplicación más rápida se habrían esclarecido, lo cual comportó la movilización de los pequeños propietarios en su contra. Todo ello llevó al retraimiento electoral de los votantes de las izquierdas mientras se producía una amplia movilización de las derechas. El mito afirma que fue la instauración del sufragio universal en 1932, es decir, la posibilidad de que las mujeres pudieran votar, lo que provocó la victoria de las derechas al estar la población femenina bajo el influjo de las sotanas. Pero, más allá de que el dirigente del PSOE Indalecio Prieto afirmara, una vez aprobado el voto de las mujeres en las Cortes, que aquello era «una puñalada trapera a la República», lo cierto es que todas las investigaciones han demostrado la falsedad de ese mito que, por otro lado, de ser cierto haría inexplicable la victoria del Frente Popular en 1936, comicios en los que las mujeres también votaron. Pero fuere como fuere, lo cierto es que la mayor parte de la coalición política que había estado en la base de la creación de la República se encontraba desalojada del poder solo dos años después de su creación, constituyéndose un Gobierno del Partido Republicano Radical que dependía de la CEDA y los monárquicos.

En Cataluña, aquellas elecciones generales las ganó la Lliga Catalana, la antigua Lliga Regionalista, frente a Esquerra Republicana de Catalunya, pero el nuevo poder autonómico —el único poder autonómico constituido en ese momento— seguía en manos de ERC. La Lliga quería y reclamaba de forma vehemente la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para reeditar su victoria de las generales, ahora, en el Parlament de Cataluña. En ese contexto, Lluís Companys llegaba a la presidencia de la Generalitat después de la muerte de Francesc Macià, el día de Navidad de 1933, y la primera medida que tomó fue la creación de un Gobierno de concentración de las izquierdas. A pesar de contar con la mayoría absoluta en el Parlament, incluyó en el nuevo Gobierno a la Unió Socialista de Catalunya, que obtuvo la conselleria clave de Economía y Agricultura, a Acció Republicana de Catalunya y al Partit Nacionalista Republicà d’Esquerres. Se trataba de hacerse fuerte ante la reacción de las derechas en un frentepopulismo avant la lettre , pero, sobre todo, de lanzar a las bases electorales desencantadas un mensaje claro de intensificación y aceleración del programa republicano. En enero de 1934 hubo unas elecciones municipales en Cataluña que ganaron las candidaturas que reunía la nueva coalición de Companys frente a la Lliga y el resto de las derechas. Lo primero que hizo el nuevo Gobierno una vez pasada esta contienda fue tramitar en el Parlament de Cataluña una nueva ley de contratos agrarios (la Llei de Contractes de Conreu), que intentaba dar solución a la cuestión rabassaire , el principal pleito en el campo catalán entre los pequeños arrendatarios y los grandes propietarios agrícolas. Pero estos últimos, con el apoyo de la Lliga y las derechas españolas, se activarían contra esa ley y presentarían un recurso en el Tribunal de Garantías Constitucionales. El 8 de junio de 1934, este tribunal emitiría una sentencia contraria a la Ley de Contratos de Cultivo, dictaminando que la Generalitat no tenía competencias para elaborarla. Lo que era claramente un conflicto social devino entonces en un conflicto entre las instituciones de Cataluña y España. Companys, una vez que se produjo la sentencia, hizo que se aprobase de nuevo el texto de la ley de contratos que había sido anulada en el Parlament de Cataluña sin tocar una coma. Su argumento, que luego tendría mucha continuidad en el tiempo, era el siguiente: «Esa ley no va contra la Constitución, ni la roza siquiera. Quien va contra la Constitución es el Tribunal de Garantías, y ahora resulta, catalanes, que velan por la pureza de la Constitución los que no la votaron». ⁹⁵ El conflicto institucional estaba absolutamente abierto en un momento de enorme tensión en la política española ante la posibilidad de que la CEDA acabara accediendo al Gobierno de la República.

En el contexto europeo, Mussolini llevaba ya años en el poder, Hitler había accedido a él en 1933, y en Austria se había producido un autogolpe de Estado del canciller Dollfuss, que instauró una dictadura fascista nacionalcatólica que aplastó, primero, a los poderes regionales y, finalmente, pese a la resistencia obrera, a la oposición de izquierdas. El entonces líder de la CEDA, José María Gil-Robles, declarado admirador de Mussolini y Dollfuss, provocaba en sus visitas a fábricas que los trabajadores dejaran automáticamente de trabajar en señal de protesta, así como, en algunos casos, sus mítines iban acompañados de huelgas obreras al grito de «¡Antes Viena que Berlín!». Un grito que expresaba la voluntad de resistir al posible ascenso del fascismo aunque esa oposición fuera derrotada, como sucedió en Viena, antes que quedarse inerme, como sucedió ante el ascenso del nazismo en Alemania. En ese marco, la cuestión catalana simbolizaba la supervivencia republicana para las izquierdas españolas. En junio de 1934, Azaña afirmaba en las Cortes: «Así como hoy Cataluña es el último bastión que le queda a la República, el Poder autónomo de Cataluña es el último Poder republicano que le queda en pie a España». ⁹⁶ En julio de ese mismo año, por su parte, El socialista publicaba: «El verdadero interés republicano, nacional, defensor del interés colectivo de toda España, está hoy en Barcelona». ⁹⁷ En septiembre, la cosa ya iba mucho más allá, en palabras del dirigente del PSOE Luis Araquistáin, que no dudaba en afirmar: «Una Cataluña independiente pero revolucionaria […] nos inquieta menos que una Cataluña sin autonomía». ⁹⁸ Mientras tanto, en Madrid se producía una huelga general en solidaridad con los rabassaires catalanes. Pero lo cierto es que mientras todo esto sucedía, el entonces presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, y el del Gobierno, el valenciano Ricardo Samper, del Partido Republicano Radical, se encontraban en negociaciones con Lluís Companys para llegar a un acuerdo que permitiera la aplicación de la ley de contratos. Lo alcanzaron el 30 de septiembre de ese mismo año, y aquello llevó a la CEDA a provocar una crisis de Gobierno y a exigir su entrada en él, cosa que consiguió el 4 de octubre de 1934. Ante ello, el PSOE y la UGT convocaron una huelga general ese mismo día, mientras que en Asturias se levantaba la comuna asturiana por la acción conjunta de la UGT y la CNT en lo que era directamente una insurrección. En esta situación, el 6 de octubre, Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, salió de nuevo al balcón, aunque esta vez desde el palacio de la Generalitat, al otro lado de la plaza Sant Jaume:

La Cataluña liberal, democrática y republicana no puede estar ausente de la protesta que triunfa por todo el país, ni puede silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que, en las tierras hispanas, luchan hasta morir por la Libertad y el Derecho […]. En esta hora solemne […] proclamo el Estado Catalán de la República Federal Española, y, en establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno Provisional de la República, que encontrará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una república federal libre y magnífica.

Era un gesto que, probablemente, pretendía provocar la caída del Gobierno y la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. En abril de 1931, ese mismo gesto le había salido tremendamente bien y la Segunda República había llegado. Esta vez, sin embargo, no ocurrió así. La represión conllevó la detención de casi todo el Gobierno de la Generalitat, al que le caerían treinta años de prisión, y el encarcelamiento de 3.700 personas en Cataluña. Además, los campesinos catalanes sufrirían más de un millar de desahucios de sus tierras, mientras dos tercios de la población de Cataluña vivían bajo ayuntamientos intervenidos por el Estado. ⁹⁹ Fue un gesto, en este sentido, fracasado, pero con el que Companys tomó una dirección concreta cuando afirmó la necesidad de ir hacia un Estado catalán dentro de una república federal. Era un viaje al pasado para reabrir lo que había quedado atrapado en él. No bastaba con los pactos políticos, que estuvieron en la base de la solución catalana al inicio de la República: se tenía que reabrir el proceso constituyente y el problema profundo de la naturaleza del Estado. En octubre de 1934, Companys realizó, en medio del bullicio, un viaje al pasado. El viaje de Companys es nuestro viaje todavía hoy.

EL PACTO DEL 78.

NACIONES Y ESTADO EN EL PROCESO

CONSTITUYENTE ESPAÑOL

El Estado español contemporáneo, nacido durante la primera mitad del siglo XIX , siempre ha tenido una forma de definirse como Estado territorial «peculiar» en sus fases democratizadoras. En realidad, exceptuando el intento de construcción de una república federal en 1873, lo que ha hecho es no definirse. Así, la Constitución de 1869 no definió una forma de Estado, aunque sí un senado territorial, en este caso provincial, y en el caso de la Segunda República se optó, como hemos visto en el capítulo anterior, por la muy sui generis definición de «Estado integral». Definición, esta última, que parecía proceder de lo que planeó hacer, pero no hizo finalmente, el constitucionalista Hugo Preuss para reducir el papel de los länder en la Constitución de Weimar de 1919. Para España, esto parecía significar básicamente un Estado unitario compatible con alguna(s) autonomía(s), en particular la catalana en el momento en que se diseñó este modelo. Tampoco la Constitución de 1978, surgida del proceso de cambio político de los setenta, definía un modelo de Estado territorial. A pesar de todo lo que se pueda pensar, en la Constitución no aparecen los conceptos de Estado autonómico, unitario, «integral» o regional. Esto, evidentemente, está relacionado con la problemática «nacional» que presenta ese mismo Estado. Si en la Constitución republicana de 1931 se optó por que no aparecieran prácticamente ni la palabra «nación» ni la de «soberanía», en la de 1978, por el contrario, se estableció que la soberanía era nacional, es decir, de la nación, a la vez que se reconocía la existencia de nacionalidades, en una tensión entre una y otras más que evidente en la misma redacción del articulado.

Todo ello no es baladí. Como recordaba uno de los padres de la Constitución de 1978: «Ningún otro Título de la Constitución se elaboró en medio de tantas tensiones, de tantos intereses contrapuestos, de tantas reservas y, en definitiva, de tantos obstáculos. El consenso peligró en muchas ocasiones, pero en ninguno como en el caso de las autonomías». ¹ Se situaba allí una tensión clarísima entre la construcción del Estado nación, consolidada durante la primera Restauración (1874-1931) cuando se entendió que había una única nación —la española—, y los proyectos alternativos que inundaron parte del siglo XX , que se encontraban de nuevo, ahora frente a frente, en el debate constituyente de los setenta. De hecho, toda la contemporaneidad española había estado marcada hasta el franquismo por tres grandes problemáticas interrelacionadas: la de la distribución de la tierra, desde la desamortización de Mendizábal de 1836; la de las condiciones de vida de las clases populares urbanas, y la de la configuración de un Estado centralizado frente a las demandas de distribución del poder en el territorio, primero de carácter federal y posteriormente marcadas por la emergencia de las problemáticas nacionales. De estas tres grandes problemáticas, la de la (re)distribución de la tierra (central, por ejemplo, en la Segunda República, tanto por la importancia que tuvo la reforma agraria como por la reacción de clase contra ella) perdió toda centralidad bajo el franquismo. Y no porque se solucionase la cuestión, sino sencillamente porque no se solucionó y se perdió toda perspectiva de que eso pudiera ocurrir bajo la dictadura. Ante ello, lo que vino fue un proceso migratorio masivo del campo a la ciudad y el inicio del vaciamiento poblacional de la España rural. Al proceso de cambio político, entonces, le quedaban solo dos cuestiones estructurales por resolver: la problemática obrera y la de la existencia de proyectos nacionales alternativos, sustentados por amplias capas de la población que se negaban a ser subsumidas en una única identidad y el proyecto nacional español.

En términos territoriales, esta problemática se localizaba específicamente en Cataluña, el País Vasco y, en menor medida, en Galicia. En este sentido, podría parecer que en realidad era una problemática poco relevante en el proceso de cambio político, y más cuando la principal oposición al régimen franquista, exceptuando el fenómeno de la violencia abertzale en el País Vasco, se desarrollaba desde los movimientos sociales. ² Pero no era así: en las diez provincias de España con un mayor producto interior bruto (PIB), salvo Madrid, se planteaban problemas como mínimo de identidades nacionales duales. De hecho, un 40 % de la población española vivía en territorios bilingües, ³ y las tres provincias con un mayor volumen de conflictos obreros de todo el Estado —Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa— se encontraban también en el corazón de la problemática nacional. De esta manera, la emergencia de la protesta obrera y la nacional no fueron dos fenómenos ajenos uno del otro, sino que compartieron tiempo y territorio y se interrelacionaron. En ese contexto, las organizaciones nacionalistas se adaptaron, de una forma u otra, a la centralidad de la protesta obrera en su oposición al franquismo, y, a su vez, el movimiento obrero se integraba en las distintas realidades nacionales en diferentes sentidos. Así, se podían dar casos de comisiones obreras, como las guipuzcoanas en los sesenta, donde la intervención de la izquierda abertzale era directa en su articulación organizativa. Pero también otros en los que era directamente el movimiento obrero, sin la participación de ninguna organización de carácter nacionalista, el que se definía en términos nacionales, y en la medida que así lo hizo construyó la propia nación, a veces no sin polémica, como sucedió con la creación de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña en 1967. En todo caso, ambas realidades eran concurrentes tanto en su emergencia, pues las dos surgían de un fenómeno de socializaciones compartidas, como en su acción de erosión de la dictadura y en el impulso del proceso de cambio político.

El marco de renacimiento de las cuestiones nacionales durante los años sesenta y setenta del siglo XX , e incluso el hecho de que algunas de ellas estuvieran ligadas a nuevos fenómenos de violencia política, no era propio solo de España, sino que respondía a una realidad que conmovía al conjunto del mundo occidental. Los sesenta serían los años de redefinición del problema de Quebec en términos nacionales, del mismo modo que tomaría fuerza la cuestión escocesa o la de Irlanda del Norte, como también se darían fenómenos similares pero de carácter menor en sitios como Gales, Córcega u Occitania. Pero, a pesar de no ser exclusivo de España y de que respondiera a cambios más profundos, sí que en ella estos fenómenos tomarán una fuerza inusitada, en gran parte debido al enraizamiento en el tiempo de las problemáticas nacionales desde finales del siglo XIX y principios del XX. De hecho, la misma existencia del franquismo acentuó esta realidad en Cataluña, el País Vasco y, con menor intensidad durante este periodo, en Galicia.

En este último caso, las reivindicaciones de reconocimiento nacional siempre habían sido menos intensas y bajo el franquismo se produjo una desconexión generacional con el galleguismo histórico en medio de una fuerte represión social y política que en Galicia se inicia en el mismo 1936 con el triunfo de la sublevación en ese territorio. Desaparecieron en esta desconexión el nacionalismo de corte liberal y republicano, así como el neotradicionalista. Esta realidad llevaría a la disolución, a finales de los años cuarenta del siglo XX, del Partido Galleguista y a la reclusión de esta tradición en el activismo cultural nucleado en torno a Ramón Piñeiro y la Editorial Galaxia. La emergencia posterior del galleguismo político en los años sesenta y su despliegue, ya en los setenta, sería pilotado por organizaciones de corte marxista como el Partido Socialista Gallego, creado en 1963 y liderado por Xosé Manuel Beiras, o la Unión do Povo Galego. Pero la combinación de un movimiento nacionalista que no contaría con sectores moderados o de derechas —ya que no se producirá una reaparición de los mismos en los sesenta recogiendo el legado anterior al franquismo— con la asunción de un discurso regionalista por parte de la Unión de Centro Democrático (UCD) y la Alianza Popular (AP) gallegas, se traduciría en la incapacidad del galleguismo para influir en el proceso de cambio político en los setenta. El resultado electoral de las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977 fue definitivo en Galicia: la UCD sacó veinte representantes, frente a los cuatro de la Alianza Popular y los tres del PSOE. A pesar de ello, la asunción de una parte del programa del galleguismo histórico por la UCD gallega y el impulso de la recuperación de la autonomía catalana serían el marco que permitiría recuperar el autogobierno en Galicia en 1980 y su consideración de nacionalidad histórica. ⁴

Pero, si en Galicia la consolidación de las opciones políticas que defendían su existencia nacional tendría que esperar aún un tiempo, en Cataluña y el País Vasco la situación bajo el franquismo y la Transición sería otra. Episodios como la celebración de las manifestaciones masivas del 1 y el 8 de febrero de 1976 o las del 11 de septiembre de 1976 y 1977 nos hablan de la centralidad de la reivindicación nacional en el antifranquismo catalán. En el mismo camino, episodios vascos como el Juicio de Burgos de 1970, clave en la reactivación de la movilización antifranquista en el conjunto del Estado, o la violencia armada que llevó al asesinato en 1973 de la misma eminencia gris del régimen, Carrero Blanco, se enmarcan claramente en el campo nacionalista vasco. Pero si en este sentido los casos catalán y vasco son un factor de cambio político, de la misma forma que configuraron en parte la realidad resultante del proceso de democratización, el ejemplo de Galicia nos da cuenta de una realidad que va mucho más allá de Cataluña y el País Vasco. A diferencia de en otros Estados donde los conflictos de tipo plurinacional en realidad son binacionales (como en el caso de Canadá o Bélgica), en el caso español conviven realidades nacionales maduras con otras más tenues y dinámicas de regionalismos más o menos fuertes, lo cual genera problemáticas específicas. En este sentido, en la medida que Cataluña y el País Vasco generaron modelos de reconocimiento territorial, a estos rápidamente se sumó Galicia, a la vez que Andalucía y, en menor grado, Canarias y el País Valenciano en un proceso de agregación que acabó por afectar al conjunto del territorio del estado. Así, el modelo autonómico se extendió hasta convertirse en un nuevo tipo de Estado: el Estado de las autonomías. En el proceso, lo que era un problema de reconocimiento de la plurinacionalidad devino en un nuevo modelo territorial, confundiendo, a veces interesadamente, lo uno con lo otro. Se buscaron de esta manera soluciones que podían ser fuente también de futuros problemas.

LAS REALIDADES NACIONALES Y EL PROCESO DE CAMBIO POLÍTICO

La construcción nacional española vivirá una enorme paradoja a finales del franquismo. Por un lado, el proceso de nacionalización más acabado y completo de toda la historia de España se produjo bajo la dictadura, y, por el otro, ese mismo proceso generó también la deslegitimación de la nación y sus símbolos. La Cruzada franquista, tal como fue sancionada por la Iglesia, partió de la necesidad de recuperar una patria, España, que se encontraba en manos de la anti-España, formada por republicanos, rojos y separatistas. Para ello, no solo se depuró profundamente el espacio simbólico y a los cuadros políticos, sociales, culturales y educativos de la República, sino que además se procedió a nacionalizar al conjunto de la población española hasta la exasperación. En este marco, la «débil nacionalización» de un Estado ineficiente durante el siglo XIX dio paso a una hipernacionalización de corte fascista. Nunca antes —ni nunca después— el Estado fue tan omnipresente en la construcción de la «Nueva España» como entonces.

De todas formas, este nuevo proceso de nacionalización, cuyos efectos entre la población española no se pueden minusvalorar después de cuarenta años de control de los espacios de socialización, educativos, culturales y mediáticos, también conllevó consecuencias inesperadas. La construcción fascista de la nación entendida como orgánica era una realidad con tanta capacidad de inclusión, a partir de la adhesión o la coerción, como de exclusión. Es decir, en la medida que se agrupaba y creaba una base social para el proyecto de esa «Nueva España», se expulsaba de ella, en un proceso de nacionalización negativa, a amplísimos sectores de la población, en un nacionalismo que buscaba centralmente sus enemigos en el interior más que en el exterior. Esto no era nuevo ni exclusivo del franquismo, ya que otras formas de nacionalismo español respondían a estos parámetros desde finales del siglo XIX . Pero sí que era una novedad la intensidad de la construcción nacional española como un proceso de depuración y homogeneización interna sin parangón. Entre los excluidos se encontraban los trabajadores y trabajadoras que protestaban, los estudiantes que luchaban por establecer espacios de libertad en las universidades o sectores de las clases medias que aspiraban a un modelo de libertades. De hecho, las distintas ideologías y tradiciones fuera del campo franquista de carácter republicano, liberal, socialista, comunista, anarquista o feminista eran consideradas directamente antiespañolas, enemigas de la nación. Evidentemente, también entre los excluidos y represaliados se encontraban todos aquellos símbolos, lenguas y culturas que planteaban la posibilidad de un proyecto nacional alternativo. Por último, no es extraño que del conjunto de desafectos surgiera un fenómeno de rechazo a la exaltación del nacionalismo español, a la vez que se prestigiaban y legitimaban los proyectos nacionales alternativos, llamados asimismo «nacionalismos periféricos». Es más, interrumpida una tradición nacionalista española liberal-republicana, e incluso la socialista y comunista, y monopolizados el españolismo y la españolidad por el franquismo y los aparatos del Estado, el antifranquismo en su desarrollo se impregnó de las culturas nacionales alternativas y planteó mayoritariamente el proceso de democratización, sobre todo como un proceso de redefinición del Estado en su vertiente territorial y de reconocimiento de su pluralidad nacional y del derecho de autodeterminación. Se prestigiaron así las reivindicaciones de las naciones alternativas de un modo que iba incluso mucho más allá del pacto entre una parte de esos nacionalismos y el republicanismo y las izquierdas españolas durante la Segunda República. La democratización era sinónimo tanto de reconocimiento de las distintas realidades nacionales como de la posibilidad de crear un modelo de distribución del poder que dinamitara las bases del Estado franquista. Se abría así de nuevo la cuestión del Estado y se entendía que su rearticulación a partir de las distintas demandas nacionales era un factor democratizador —y, al mismo tiempo, desarticulador del aparato franquista— de primer orden. A su vez, si el régimen erosionó profundamente proyectos políticos y sociales de construcción nacional, como fue el caso gallego, fracasó e incluso en algunos casos en cierto sentido reforzó, a pesar suyo, procesos de consolidación de realidades nacionales como la catalana y, especialmente, la vasca. Todo ello convirtió la cuestión del reconocimiento y las libertades nacionales en un punto clave para la suerte del cambio político, al situarse, en ciertos momentos, en el mismo centro de ese proceso de cambio.

En esta doble realidad —la de la nacionalización española y la de su pérdida de legitimidad entre significativos sectores sociales, que pasaron a apoyar las aspiraciones de los proyectos nacionales alternativos—, el objetivo del franquismo de construir una nación española homogénea y erradicar proyectos nacionales alternativos fracasó. De hecho, estos proyectos nacionales (o, mejor dicho, las militancias y tejidos sociales que los sustentaban) se mantuvieron vivos con mejor o peor suerte. Como hemos visto, en Galicia en algún caso el franquismo amputó una parte de la evolución del galleguismo en su vertiente liberal y republicana, y, en Andalucía, el andalucismo como movimiento político autónomo quedó prácticamente interrumpido. ⁵ Por el contrario, en el caso de Cataluña la eclosión y el despliegue del antifranquismo supusieron también la emergencia de nuevo del catalanismo popular y de izquierdas, pilotado en este caso por el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), que en la cuestión nacional había heredado el papel y gran parte del discurso de la ERC de los años treinta. El perímetro del antifranquismo catalán era prácticamente el perímetro del catalanismo. Pero si esto era lo que sucedía en Cataluña, en el País Vasco el nacionalismo se reforzó en parte porque el propio franquismo hizo tremendamente «real» el discurso tradicional del nacionalismo vasco de raíz aranista, que veía las tierras vascas como una sociedad ocupada por España. ⁶ Este fenómeno, además, ayudó a ampliar el campo ideológico del nacionalismo.

El franquismo no solo no había conseguido acabar con los proyectos nacionales alternativos, sino que la existencia de los mismos reforzaba el conjunto del antifranquismo, en especial el catalán y el vasco. En una realidad que no se daba en el resto del estado; los antifranquismos catalán y vasco contenían en toda su extensión una mayor agregación y transversalidad de sectores sociales e ideológicos. En el conjunto de España, el antifranquismo no contaría con figuras como las de Jordi Pujol, Xabier Arzalluz o Carlos Garaikoetxea, pues allí no hubo, más allá de algunos pocos casos concretos, una derecha antifranquista. Pero esta situación solo nos habla de una realidad más profunda que se vivió tanto en Cataluña como en el País Vasco, y que iba mucho más allá de los núcleos militantes o las personalidades.

La catalanidad y el catalanismo previos a la Guerra Civil sobrevivieron bajo el franquismo, en parte como expresión de formas de resistencia difusas, sociales y políticas, y en los espacios privados de una Cataluña que mayoritariamente había sido republicana y catalanista. Esto afectaba a sectores sociales populares e incluso mesocráticos, pero también a una parte de la potencial base social del régimen que, si en otros lugares del Estado podía ser claramente afecta al franquismo, en el caso catalán evolucionó hacia posturas antifranquistas. Hablamos de sectores sociales, o segmentos significativos de ellos, de raíz conservadora y católica que habían definido un proyecto nacionalcatólico catalán con anterioridad a la propia Guerra Civil. ⁷ Proyecto que, una vez consumada la victoria del franquismo, acabó por integrarse en el nacionalcatolicismo español. Compartían ambas versiones del nacionalcatolicismo un entramado de valores y una sola contradicción fundamental: la nación de referencia. Esta contradicción fue salvada por la experiencia traumática de la propia República y la Guerra Civil, que los llevó a denunciar la falsa ruta que había supuesto un catalanismo hegemonizado finalmente por las izquierdas. Para estos sectores, el catalanismo había supuesto una disgregación interna de la sociedad catalana abriendo las puertas a la subversión, y era por ello que se hacía necesario abrazar el franquismo. ⁸ Pero a pesar de esta integración en el proyecto franquista, estos sectores siguieron manteniendo espacios de sociabilidad y sustentando un tejido civil y cultural propio impregnado de un acervo cultural catalanista. Se trataba de símbolos, valores, referencialidades y una lengua que seguían latentes para unas nuevas generaciones que, sin la experiencia vital de sus progenitores que habían vivido la República y la Guerra Civil, volverían a poner en primer término la contradicción nacional entre este «nacionalcatolicismo» catalán y el nacionalcatolicismo español. Y sería esa contradicción entre patrias, insoluble en el marco de la rigidez del españolismo franquista, lo que los llevaría a evolucionar hacia posiciones plenamente democráticas. Eso permitió configurar un espacio donde el catolicismo catalanista, que iba mucho más allá del nuevo catolicismo progresista de los años sesenta del siglo pasado, y los sectores sociales que representaba se tocarían con el antifranquismo político y social de izquierdas, y lo harían en un sentido que no se dio entre los sectores sociales homólogos en el resto de España. Sin duda, ese proceso iba más allá de lo político, pues se integraba en la emergencia de un nuevo tejido social de colores diversos, al que el régimen veía in toto como catalanismo, como mostraba perfectamente un informe del Consejo Nacional del Movimiento en 1971:

Por último debemos destacar que este catalanismo, cuyo Estado Mayor (se conocen todos sus miembros uno a uno) es capitalista, tiene como masa a los barbudos, melenudos, marcusianos, che-guevaristas [sic ], marxistas, intelectuales del neoizquierdismo, los jóvenes clérigos, las monjas (en especial las castellanas), los universitarios contestatarios, a los que el Banco Urquijo sostiene económicamente, y una clase media que quiere ser europea, que frecuenta las boîtes, que sabe de striptis [sic ], que asisten a Montserrat, piden el divorcio, que tienen coches, y organizan huelgas y comandos. ⁹

Pero si esto era lo que sucedía en Cataluña, en el País Vasco los sectores de oposición al franquismo de carácter conservador y católico tendrían su punto de referencia, no en un espacio o tejido social y cultural más o menos difuso, más o menos denso, sino en un partido: el PNV. Esta realidad diferencial es plenamente congruente con un catalanismo que desde sus orígenes se había afirmado como un movimiento de la sociedad civil, con diversas expresiones políticas, y un nacionalismo vasco que se había definido como un partido-comunidad. Pero, sobre todo, es congruente con el hecho de que el PNV se hubiera mantenido fiel a la República durante la Guerra Civil y hubiera sufrido la represión directa del franquismo en sus carnes. Esta continuidad histórica se saldaría, además, con el protagonismo de este partido en la segunda mitad de los años setenta del siglo XX , cuando se convertiría en el partido hegemónico del nacionalismo vasco y el que pilotaría el proceso de negociación política en el País Vasco. No es que el PNV hubiera sido el protagonista del activismo antifranquista en la clandestinidad, pues es innegable que ese papel correspondía a los comunistas y a la izquierda abertzale , pero sí que mantuvo una continuidad histórica con el periodo anterior a la Guerra Civil como ningún otro partido en el País Vasco y España, además de reforzar, durante este periodo, los códigos nacionalistas. Estos últimos se intensificaron en el seno de la familia, la vida asociativa, las cuadrillas o la Iglesia. ¹⁰ Todo ello iría acompañado de un cambio sustancial, estructural, en el campo nacionalista bajo el franquismo. Si en el caso vasco, a diferencia del catalán, el nacionalismo se había definido desde su nacimiento, a finales del siglo XIX, a partir de la existencia de un partido-comunidad cuyos contornos delimitaban tanto los límites de la comunidad nacionalista vasca como del mismo espacio nacional, simbólico y político del nacionalismo, esto terminó bajo el franquismo.

Había habido intentos de articular políticamente un nacionalismo liberal o republicano antes del periodo franquista, como hemos visto, con los efímeros Partido Nacionalista Vasco Liberal (1910) y Partido Nacionalista Republicano Vasco (1911), y también con la tardía aparición de Acción Nacionalista Vasca (ANV, 1930), pero lo cierto es que no fructificaron. El nacionalismo vasco escapó del campo exclusivamente conservador y católico con el nacimiento de la izquierda abertzale a finales de los años cincuenta del siglo pasado, ligada al fenómeno de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), pero que acabaría por producir una ecología política propia en su diversidad. Esto supuso una actualización ideológica del nacionalismo vasco, ¹¹ que rompió con el legado racial y católico de Arana, abriendo el mismo campo nacionalista hacia la izquierda. Un proceso que llegó hasta el punto de convertir a la clase obrera vasca, aunque solo fuera en el espacio discursivo, en el centro de la construcción nacional y el cambio político. Esta última realidad era antitética al corpus doctrinal —claramente antiobrerista— establecido en el nacimiento del nacionalismo vasco, a finales del siglo XIX . Esta expansión y transformación del campo nacionalista permitirá su ampliación y, finalmente, su conversión en mayoritario política y electoralmente en el mismo proceso de cambio político a finales de los setenta.

Pero si esto implica una ampliación del espacio nacionalista en el País Vasco, que ya en democracia conseguiría agrupar en algunos momentos hasta el 70 % de los votos, no significó el fin su segmentación del espacio político vasco en dos sistemas políticos diferenciados: uno en clave claramente vasca y otro que reproducía el sistema político del conjunto de España. En todo caso, el nacimiento de unas izquierdas nacionalistas vascas —que a finales de los años setenta se agruparon básicamente en torno a Euskadiko Ezkerra (EE) y Herri Batasuna (HB)— sí que tuvo consecuencias en el empequeñecimiento del espacio potencial de los comunistas y los socialistas. A diferencia del PSUC y de las corrientes socialistas catalanas, que se adscribían en el campo compartido del catalanismo, tanto el Partido Comunista de Euskadi (PCE) como el Partido Socialista de Euskadi no formarían parte del campo del nacionalismo vasco. De hecho, el Partido Comunista de Euskadi acabaría deviniendo marginal políticamente ya que, a pesar del papel jugado en el seno del movimiento obrero, no conseguiría ningún diputado en las elecciones generales de junio de 1977. Su intento tardío de construir un discurso nacional propio ¹² no le evitará vivir incluso en el seno del movimiento obrero una doble competencia: por una parte, la de una izquierda radical con una apreciable influencia (sobre todo en Álava y Navarra), y, por otra, la de la propia izquierda abertzale (especialmente en Guipúzcoa y Vizcaya). A su vez, mientras que el espacio comunista tradicional y parte del socialista, en el proceso de la transición, aceptaron renunciar a parte de sus señas de identidad para integrarse en otras que no les eran propias (asumiendo la monarquía y la bandera rojigualda y abandonando la republicana en sus actos públicos), en el caso vasco ese fenómeno contrastaba con espacios políticos (entre ellos, el propio PNV) que no aceptaban la legitimidad de la Constitución de 1978. Así, el eje nacional propiciaba posiciones más rupturistas, incluso en partidos nacionalistas conservadores, que las de aquellos partidos de izquierdas que aceptaban el marco de la monarquía parlamentaria como propio. Fácilmente, en ese contexto, la radicalidad social transitaría también hacia posiciones nacionalistas, en detrimento del Partido Comunista de Euskadi y del propio PSE, el cual, además, inicialmente se aliaría con la UCD en el País Vasco, como veremos más adelante. Y todo ello en medio de una crisis económica que estaba afectando profundamente a los sectores populares y compitiendo con una izquierda abertzale que se seguía situando en posiciones de ruptura social y nacional.

En este marco, si en el caso catalán se puede afirmar que el espacio que delimitaba el catalanismo y la lucha por las libertades nacionales fue casi mimético al espacio del antifranquismo (de lo que se traduce que no había dos sistemas políticos segmentados por el hecho nacional), en el caso vasco, a pesar de la ampliación del sistema de partidos del campo nacionalista, esto no ocurrió así. Se estableció, en este sentido, una diferencia fundamental entre el catalanismo y el nacionalismo vasco en el proceso de cambio político de los setenta. En el caso catalán, la polarización principal no se daba entre España y Cataluña. El problema nacional impregnaba el conjunto de la realidad del antifranquismo (agrupado en torno a plataformas unitarias de carácter político-social amplísimas, como fue la Assemblea de Catalunya) y, debía ser resuelto, pero no se presentaba como el conflicto nuclear del antifranquismo. En el caso vasco, el campo del nacionalismo definía un área de oposición exclusiva, y a veces excluyente, donde la cuestión nacional devino la principal cuestión de polarización y resolución en la transición política.

No obstante, más allá de la jerarquía de la cuestión nacional en el conflicto político, había también una segunda diferencia fundamental entre la actuación del catalanismo y la del nacionalismo vasco durante este periodo. Dicha diferencia se verificó en la distinta actuación de los dirigentes políticos antifranquistas catalanes y vascos respecto al papel que querían jugar cada uno y sus objetivos en el proceso de cambio político. Si unos, los primeros, pretendían transformar España y liderar esa transformación que daría un nuevo encaje a Cataluña, los otros, los segundos, aspiraban a transformar centralmente la situación del País Vasco y su relación con España. Ello era congruente tanto con el papel que jugaban los movimientos que representaban como con las genéticas constituyentes del catalanismo y el nacionalismo vasco a finales del siglo XIX . En este sentido, los líderes del catalanismo jugaron a dirigir el cambio y, en realidad, a intentar ser clase dirigente en España. Por el contrario, los nacionalistas vascos —de un nacionalismo que en verdad nunca estuvo interesado en transformar España, sino en «liberarse» de ella— solo aspiraban a ser clase dirigente vasca. Por ello el catalanismo sería central en el debate sobre la nación española y el Estado en el proceso constituyente, mientras que el nacionalismo vasco lo sería en la definición del País Vasco y su «soberanía» en el marco de su inserción en el Estado. Y, si unos están en la raíz, pero no en las consecuencias más generales de la fundación del Estado autonómico, los otros lo estarán en la de sus asimetrías más claras.

CATALUÑA O LA(S) NACIÓN(ES)

La reivindicación de la nación española y la necesidad de su defensa y construcción quedaron fuertemente debilitadas en el espacio público en los años setenta del siglo XX . Pero eso no significaba que su defensa y construcción no estuvieran presentes tanto en los proyectos políticos de la derecha —en algunos casos, como el de la Alianza Popular de Manuel Fraga, de manera absolutamente evidente— como en los de la izquierda española. De hecho, si en la Segunda República se optó por ni siquiera utilizar el concepto de nación como fundante del modelo constitucional, en 1978 se produjo justo lo contrario: la misma soberanía se definió como nacional. En este sentido, la ruptura con el pasado reciente no se dio, ni mucho menos, de forma absoluta. Los efectos nacionalizadores del periodo franquista pudieron ser absorbidos por la Transición como construcción política, normativa e ideológica, pero, a pesar de los intentos de una versión castiza y muy endeble del patriotismo constitucional alemán, la Constitución no creó la nación ex novo . Según su artículo 2, la Constitución se funda en la nación, pero no la funda . El problema reside en saber qué es, entonces, algo que la misma Constitución no define, pero que la constituye. En este campo hay un retorno —e incluso una «invención» sobre lo que había significado en su momento— a la importancia del pensamiento de Ortega y Gasset en relación con la construcción nacional española como negación «conllevante» de cualquier realidad nacional alternativa. Coincido plenamente al respecto con Núñez Seixas y su reciente afirmación de que «la más sólida fundamentación doctrinal del nacionalismo constitucional español se encuentra sin duda en la larga sombra del legado del filósofo José Ortega y Gasset». ¹³

En realidad, el proceso constituyente, que salía de una dictadura nacionalista española, debía suponer también un proceso de redefinición nacional, pero eso se presentaba harto complejo. En la Transición concurrieron tres grandes proyectos nacionales. En primer lugar, el representado por las opciones políticas, nacionalistas o no, que sustentaban la existencia de naciones alternativas y, por tanto, de un Estado plurinacional o multinacional, según lo formuló el PCE en su día. Esas opciones buscaban un encaje que implicaría el reconocimiento nacional de estas «otras» naciones más allá de la española y, en algunos momentos, incluso el reconocimiento de su soberanía. En este caso, se entendía que estas otras naciones eran Cataluña, el País Vasco y Galicia.

Con el PCE haciendo de puente con las posiciones anteriores, se encontraban, en segundo lugar, las opciones que podríamos llamar «federales», aunque, las más de las veces, de un federalismo reciente y con muy poca profundidad, salvo el del PSUC. En este campo, el espacio mayoritario era el representado por el PSOE, que podía aceptar una cierta flexibilidad en el reconocimiento de la pluralidad nacional, pero sin poner en duda el rango superior de la nación española. Así, si en el caso del PCE la propuesta era un Estado multinacional de carácter federal, en el del PSOE, en su XXII Congreso de 1964, se formula la idea de una confederación republicana de nacionalidades ibéricas. Esta posición la habían sustraído de la moción aprobada en su XI Congreso de 1918, en ese caso, a iniciativa de los socialistas catalanes con el apoyo de Besteiro y que luego, en los años treinta, había sido rápidamente abandonada por un tenue autonomismo. La misma historia de los años treinta se reeditaría, con más o menos cambios, durante la década de los setenta. En todo caso, en el Congreso de Suresnes de 1974 se acabaría defendiendo el reconocimiento a «nacionalidades y regiones» y el derecho a la autodeterminación para los distintos pueblos de España. ¹⁴ Finalmente, las posiciones comunistas y socialistas se trasladarían tanto a la Junta Democrática —plataforma unitaria nucleada en torno al PCE— y a la Plataforma de Convergencia Democrática —dominada en este caso por el PSOE— como a la posterior Platajunta o Coordinación Democrática —resultado de la fusión de las dos plataformas unitarias anteriores— y a la llamada Comisión de los 9, que debía negociar con el régimen. Pero esta traslación supondría sin más la demanda de la necesidad de reconocimiento de los pueblos catalán, gallego y vasco, sin concretar el contenido exacto de ese reconocimiento.

En todo caso, si estos dos proyectos demandaban el reconocimiento nacional y estaban dispuestos a buscar una fórmula para ello sin menoscabar su concepción de España, nos será más difícil delimitar cuál fue la propuesta de la derecha posfranquista. Esta iría desde las posiciones de mantenimiento de una nación única y homogénea, que se pueden encontrar dentro de Alianza Popular, hasta las más plurales, como la de la UCD. Y es en este campo donde se dibujará un tercer proyecto más difuso pero enormemente influyente, nacido en el seno del propio franquismo y al calor del debate europeo sobre la descentralización regional y las políticas tecnocráticas de los polos de desarrollo regionales en España. Este proyecto contaría con el apoyo de elites políticas, económicas y funcionariales de carácter local y regional; apoyo que, en el marco de la Transición, se profundizaría y encontraría en el discurso orteguiano su principal anclaje para una propuesta de renovación del nacionalismo y la nación española. Se trataba, en este sentido, de encontrar una fuente que permitiera desarrollar un nuevo tipo de autonomismo homogeneizador sin beber de la raíz republicana. Ante la propuesta autonómica nacida en la Segunda República específicamente para solucionar la cuestión catalana, se reafirmaba la propuesta de Ortega y Gasset de los años treinta, sin duda derrotada en aquel momento, pasada por el regionalismo tecnocrático de los años sesenta y setenta. El principal defensor de esta corriente sería el neoorteguiano catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría (los expertos en derecho administrativo fueron clave en este periodo, en algunos casos incluso más que los constitucionalistas), ¹⁵ que ejerció, junto con sus discípulos, una gran influencia tanto en la UCD como en el mismo PSOE de los pactos autonómicos de 1981 y la posterior Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Su propuesta de un «nuevo regionalismo», como espacio de articulación de la nación a partir de la extensión y homogeneización autonómica, ¹⁶ pretendía la realización del viejo sueño orteguiano:

Si la Constitución crea desde luego la organización de España en regiones, ya no será la España una quien se encuentre frente a frente de dos o tres regiones indóciles, sino que serán las regiones entre sí quienes se enfrenten, pudiendo de esta suerte ceñirse majestuosos sobre sus diferencias el Poder nacional, integral, estatal y único soberano. ¹⁷

Como se ha dicho, esta propuesta, en principio difusa, sería finalmente la que impregnara la práctica del Estado en el proceso constituyente y, sobre todo, durante el tiempo que vino después. En primer término, porque era funcional al mantenimiento de la preeminencia de la nación española y del Estado central como garantes de la soberanía sobre otras posibles realidades (y en este sentido fue adoptada por algunos sectores de la UCD y del PSOE), y, en segundo término, porque también lo era a una parte del propio aparato del Estado. De esta manera, cuando Jordi Solé Tura, padre de la Constitución, descubra que la tramitación del Estatut encontrará serios problemas, resonarán en él las palabras de Castelao ya citadas en otro capítulo: «Los juristas —vigilados por las estatuas de los Reyes Católicos— repitieron en el primer Parlamento de la Segunda República los mismos conceptos que un día lejano emitiera, allí mismo, Don Antonio Maura en defensa de la Soberanía. Y los juristas ganaron la batalla». ¹⁸ Aunque la reflexión de Solé Tura será mucho más directa, la oposición al Estatut seguirá, según él, los «criterios del más rancio centralismo» que ponían «por delante los intereses de la burocracia central de los grupos que dominaban a través del Estado centralizado y de los sectores más reacios a una reconstrucción democrática del Estado español». ¹⁹

Es difícil determinar el peso y las líneas de actuación de estos grupos, ya que la historia del Estado como sujeto —y no solo como objeto— y la de su personal técnico-político aún están en gran parte por desarrollar. ²⁰ Pero, en todo caso, en el proceso constituyente, las dos realidades que se encontraron cara a cara en el proceso de definición nacional y en la creación del modelo autonómico fueron el catalanismo y el españolismo. El primero quería su reconocimiento nacional; el segundo comprendía una gradación diferencial que iba desde la aceptación de los distintos hechos nacionales, pero subordinados a la nación española, hasta el intento de diluirlos en un nuevo regionalismo homogeneizador. Este no fue un tema menor del proceso constituyente, y ello fue así porque se encontraron frente a frente concepciones radicalmente contrapuestas sobre España en una comisión constitucional donde esta discusión se estableció básicamente desde el catalanismo. El PNV no tuvo representación directa en la ponencia constitucional, y al final, como veremos, lo apostó todo a la construcción de una vía estatutaria propia. El catalanismo, en cambio, tendría en esa ponencia a dos representantes, Jordi Solé Tura (PSUC) y Miquel Roca (Convergència Democràtica de Catalunya, CDC), quienes, a su vez, representarían las dos grandes corrientes del catalanismo popular y patricio. Ello fue así por la fuerza que el antifranquismo catalán —y, en él, la cuestión catalana— tomó en las diferentes fases que definieron las condiciones del proceso constituyente de 1978.

Cataluña no solo se convirtió en los años de la Transición en el territorio con mayor conflictividad obrera del Estado, con huelgas locales y comarcales que prefiguraban la posibilidad de la ruptura, sino también en el espacio de una fuerte contestación al régimen de carácter ciudadano. Justo después de la muerte del dictador, las manifestaciones masivas del 1 y 8 de febrero de 1976 a favor de la amnistía y las libertades dejaban muy claro el reto. Si para Sánchez-Terán, gobernador civil de Barcelona, «la primera batalla de la Transición se da en la calle», para el Daily Mail británico «la batalla de Barcelona» constituía «la más grande demostración de desafío al régimen español en treinta y seis años». ²¹ En el mismo sentido, también la celebración masiva del 11 de septiembre de 1976 en Sant Boi, con una fuerte presencia obrera y popular, marcaría claramente un hito en términos de reivindicación nacional.

De hecho, el programa básico de la ruptura catalana fue definido por la Assemblea de Catalunya, creada en 1971. Única plataforma unitaria del estado que agrupaba en su seno tanto a entidades de la sociedad civil como a movimientos sociales y partidos políticos, que iban desde colegios profesionales, entidades católicas o asociaciones de vecinos hasta grupos scout , nucleó el antifranquismo entorno a cuatro puntos: la consecución de la amnistía general para los presos y exiliados políticos; el ejercicio de las libertades democráticas fundamentales que garantizan el acceso efectivo del pueblo al poder económico y político; el restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios configurados en el Estatuto de 1932 como vía para llegar al pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación; y, en cuarto lugar, la coordinación de la acción de todos los pueblos peninsulares en la lucha democrática. Pero si estos puntos generaron un amplio consenso entre el antifranquismo catalán hasta la llegada del proceso constituyente, será precisamente el último punto, el de la coordinación de las luchas a nivel peninsular, en el que se producirán la polémica y el enfrentamiento en el marco opositor catalán. Esta tensión sería una nueva expresión de una dinámica más profunda, la cual atraviesa el catalanismo desde su nacimiento, entre el intento de liderar la transformación de España desde Cataluña y el de construir la propia libertad de Cataluña de manera autónoma.

El debate se establecería en este sentido entre la opción de articular el proyecto de la oposición antifranquista alrededor de Josep Tarradellas, president de la Generalitat en el exilio, para que este pilotara un proceso de ruptura o negociación separada con el régimen, o la opción de priorizar las plataformas unitarias estatales para reforzar al conjunto de la oposición antifranquista, a pesar de las rebajas en las reivindicaciones catalanas que se dieron en la Platajunta , creada en marzo de 1976, y aún más en el seno de la Plataforma de Organismos Democráticos, que tendría su primera expresión en septiembre de 1976. Ante esta disyuntiva, en la Comisión Permanente de la Assemblea de Catalunya del 30 de octubre de 1976, mientras el PSUC, en boca de Antoni Gutiérrez Díaz, se negaba a bailar una «sardana idílica» alrededor de Tarradellas, los otros, tal como también explicó Empar Moliner, en esa misma Permanente rechazaban que les marcase el compás el «chotis reformista» español. ²² Sea como fuere, entre la sardana y el chotis bailó el conjunto del antifranquismo catalán hasta llegar al proceso constituyente. Si la «opción Tarradellas» de una negociación aparte agrupó al Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC-R), ERC y Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC), el principal aliado del PSUC fue la CDC de Jordi Pujol. Es más, paradójicamente, en esta fase la figura de Jordi Pujol contó con un gran apoyo de las filas comunistas para conseguir reunir a amplios sectores alrededor del antifranquismo. En palabras de Gregorio López Raimundo, secretario general del PSUC durante ese periodo: «Tuvimos la impresión, cuando apareció Pujol, de que en su entorno se iba agrupando enseguida la gran burguesía, de que Pujol podría encabezar un movimiento muy representativo, muy fuerte de la gran burguesía. Pero todavía la burguesía catalana, mayoritariamente, no está con Pujol». ²³ Producto de esta alianza, que se reforzó ante la ofensiva de Tarradellas, Jordi Pujol acabaría como representante de Cataluña en la Comisión de los 9, que debía iniciar la negociación con Adolfo Suárez. Pero, finalmente, la concreción del proceso democratizador en Cataluña y su impacto en el proceso general español, donde las propuestas catalanistas se convertirán en el corazón del diálogo entre las distintas Españas posibles, se dará con la resolución de la dialéctica de las dos grandes líneas estratégicas del antifranquismo catalán. Esta resolución estará marcada por un hecho concreto: el resultado electoral de las elecciones de junio de 1977 en Cataluña.

Si en España las elecciones del 15 de junio de 1977 resultaron una sorpresa, en Cataluña directamente desbordaron cualquier previsión. A pesar del resultado en escaños —calculados a partir de un sistema electoral que premia a los partidos mayoritarios y con implementación en las circunscripciones menos pobladas— en el conjunto de España los partidos que venían del franquismo —Unión de Centro Democrático y Alianza Popular— obtuvieron un 43 % de los votos, mientras que aquellos que venían del campo del antifranquismo sumaron el 49,2 % de ellos. Un resultado como este después de cuarenta años de dictadura, del control de la escuela, el ocio y los medios de comunicación y de depuración masiva de la sociedad, es sorprendente. Fue ese mismo resultado lo que llevó a que las Cortes, saltándose la ley que había permitido la contienda electoral, se declarasen constituyentes, lo que rompería con el franquismo en términos institucionales (otra cosa sería hacerlo a nivel de aparatos del Estado y elites). Pero si eso fue así en España, en el caso catalán los resultados tuvieron un claro carácter de derogación del franquismo. Lo explicaba una pintada hecha la misma noche del 15 de junio en una calle de Barcelona. Parafraseando el último parte de la comandancia sublevada al final de la Guerra Civil, en el que se declaraba la derrota total de la República, esa pintada decía: «En el día de hoy, derrotadas las fuerzas facciosas, la democracia ha alcanzado sus primeros objetivos: PSC-PSOE: 29,8 %; PSUC: 18,7 %; Pacte Democ.: 15,9 %». La realidad era que las fuerzas antifranquistas sumaban el 70 % del electorado catalán, mientras que el partido que había ganado en España, UCD, se quedaba solo con dos diputados, y AP, con uno. En este momento saltaría por los aires el proyecto de Suárez para Cataluña, dirigido por Federico Mayor Zaragoza e iniciado entre enero y febrero de 1977, de instituir un régimen especial a partir de sus diputaciones. De hecho, Suárez había perdido el control político de Cataluña, y fue ahí donde nació la posibilidad de la «operación Tarradellas».

Inhabilitado cualquier proyecto político para Cataluña que se pudiera pilotar desde el Gobierno central, el resultado electoral, que configuraba un sistema político catalán claramente diferenciado del español, creaba una nueva legitimidad democrática con la que se debía negociar. Una legitimidad, además, claramente situada a la izquierda y con visos de poder devenir hegemónica en la construcción de la institucionalidad catalana, fuera esta la que fuera. En definitiva, para Suárez, pactar el autogobierno sobre la base de la legitimidad democrática suponía cruzarse con la hegemonía electoral de la izquierda, en la que los comunistas catalanes jugaban un papel fundamental, de modo que se abrió entonces la posibilidad de establecer el contacto con otra forma de legitimidad, la histórica, es decir, la de la Generalitat, la de la posibilidad de su restablecimiento.

Aunque en un inicio esta opción parecía más tentativa que real, el 11 de septiembre de 1977, cuando cerca de un millón de catalanes de distinto origen se manifestaron reclamando el retorno del Estatut de 1932, cualquier duda se disipó. El 29 de septiembre de ese mismo año, la Generalitat de Cataluña era restablecida como institución que emanaba directamente de la Segunda República y único elemento de recuperación en el proceso de cambio político de la legitimidad republicana en toda España. El president de la Generalitat en el exilio volvía a Barcelona el 23 de octubre y, ante una plaza Sant Jaume abarrotada, gritó su famoso «Ja soc aquí !» («¡Ya estoy aquí!»), al que la gente respondía «Volem l’Estatut !» («¡Queremos el Estatuto!»), que, al fin y al cabo, era por lo que se habían manifestado el 11 de septiembre. Tarradellas, finalmente, respondió: «Jo també el vull » («Yo también lo quiero»). Por un momento había parecido que se intercambiaba un president por un Estatut, pero no ocurrió así. Esos fueron los momentos cruciales en que se sellaron dos realidades: la discusión de que el encaje nacional con España sería el autonómico y, previamente a su consumación constitucional, se reconocía el autogobierno de Cataluña. No obstante, este no sería el único elemento que se establecería como previo a proceso constituyente. Si por abajo se recuperaba el autogobierno de raíz republicana, por arriba se imponía la corona.

La monarquía no se cuestionó, no formó parte del proceso constituyente, sino del pacto previo que permitía abrirlo. Por ello, antes de su legalización, los partidos de izquierda aceptaron abandonar los símbolos republicanos y abrazar los monárquicos. Y también por ello, en las elecciones de junio de 1977, no se pudieron presentar los viejos partidos republicanos (solo ERC lo consiguió, presentándose con el Partido de los Trabajadores de España), para evitar que esas elecciones pudieran convertirse en un plebiscito sobre la monarquía. De igual modo que la monarquía era previa al proceso constituyente —y, en ese sentido, es como mínimo precario afirmar que la legitimidad de esta proviene de la Constitución—, la Generalitat entraba también en el pacto preconstitucional, ya que no nacía de la Constitución, sino que era anterior a ella y su legitimidad última descansaba en la Segunda República. Era evidente, por tanto, que la solución territorial sería la misma que la de la Segunda República para Cataluña: la solución autonómica.

Cabe recordar que el modelo autonómico y estatutario inicialmente se estableció durante los años treinta para el caso catalán. En consecuencia, se adaptó mal al foralismo vasco y su configuración provincial en ese periodo, además de que la basculación del nacionalismo vasco en el primer bienio republicano hacia las derechas monárquicas españolas y su defensa del catolicismo hizo que su desarrollo estatutario ya no se diera hasta la Guerra Civil. Lo mismo se puede decir del caso gallego, que tendría también un desarrollo estatutario tardío. El modelo se estableció para (y en) el debate catalán, y fue en el debate constituyente sobre el mismo durante la Segunda República cuando se generaron los grandes principios que ahora serían incorporados al proceso constituyente de los setenta: el bloque de constitucionalidad y el principio dispositivo. En el primer sentido, en la medida que la Constitución no define un modelo territorial prefijado, los estatutos no derivan directamente de ella, sino que adquieren rango constitucional, que los sitúa por encima de las propias leyes orgánicas del Estado y hace que conformen un bloque constitucional con la misma Constitución, lo cual permitiría hablar, en principio, de Estado compuesto (aunque en 2010, como veremos en el próximo capítulo, descubriríamos que no). En cuanto al segundo sentido, la creación de la autonomía es a iniciativa provincial y su modelo competencial también, solo respetando las competencias exclusivas del Estado, aunque incluso ellas son finalmente transferibles si hay acuerdo. Una vez aprobado un estatuto, este no es modificable por las Cortes, sino nada más que por el mismo procedimiento por el que se aprobó, es decir, de nuevo a iniciativa de la comunidad autónoma. Hay, de todas formas, algunas diferencias, al menos en el terreno teórico, sustanciales con el modelo de la Segunda República. El artículo 12 de la Constitución de 1931 establecía que por parte de las Cortes «Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten [en el procedimiento de elaboración en el territorio proponente] al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución». Por el contrario, en el modelo de 1978 hay capacidad de modificación de la propuesta estatutaria en las Cortes más allá de certificar su constitucionalidad o no.

Pero una vez establecidos estos principios en el debate constituyente, quedaba pendiente la cuestión de si esta era una solución específicamente para las realidades nacionales o si se podía ampliar a otras opciones. La posición del PSOE, en este caso vía Gregorio Peces-Barba, y a pesar de las resoluciones que había defendido en sus congresos respecto a las «nacionalidades», era la de la generalización autonómica en un Estado de tipo regional. Pero esta fórmula fue desechada tanto por la Minoría Catalana, formada por Convergència Democràtica de Catalunya, como por el PSUC y los socialistas catalanes. En este caso, se diferenció entre dos vías de acceso a las autonomías: la vía «rápida», que se aplicaría mediante el artículo 151, y la «lenta», que se correspondía con el artículo 143. Una, la rápida, se establecía para las «nacionalidades», aunque era difícil saber cuáles eran, ya que ni siquiera se las mencionaba en el artículo 2 de la Constitución. En todo caso, deberían ser identificadas según la disposición transitoria segunda, de la que se deducía que eran aquellas que habían plebiscitado un estatuto durante la Segunda República. Fuere como fuere, lo que sí parecía claro era que la vía «lenta» se aplicaría en aquellos territorios que pudiesen acceder a la autonomía mediante mayorías suficientes, pero sin presuponer que este modelo debiera ser generalizado. En este caso, también una parte de la propia UCD, y entre ellos especialmente ponentes constitucionales como Miguel Herrero de Miñón, sustentaba la idea de un modelo no generalizable. Es más, el propio Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno y hombre clave en esos momentos en la elaboración constituyente, propuso que aquellos otros territorios que no hubieran plebiscitado un estatuto durante el periodo republicano pero quisieran acceder a la vía del 151 deberían realizar un referéndum con resultado mayoritario en cada una de las provincias del territorio, y todo ello para evitar precisamente que el País Valenciano pudiera acceder a la autonomía por esta vía. ²⁴ Cabe señalar, además, que la diferencia entre el acceso pensado para las «nacionalidades» y el de las «regiones» no solo residía en su rapidez y en los techos competenciales implicados, sino también en la realización de un referéndum estatutario que sellaría el acuerdo alcanzado entre los representantes de la «nacionalidad» y de la «nación». Ello implicaba la existencia y el reconocimiento de un demos diferenciado al que expresaba la soberanía nacional que refrendaba el Estatuto antes de su aplicación, como expresión de una realidad paccionada.

Por tanto, en realidad, la existencia de la nacionalidad presuponía, en principio, no solo un reconocimiento de una diversidad cultural o identitaria ligada a un territorio, sino también la existencia de una realidad institucional propia, con un demos que elegía a los representantes que debían elaborar la propuesta estatutaria y que, a su vez, la refrendaba finalmente. Pero, a pesar de ello, la definición de «nacionalidad» era inexistente en la Constitución, que, como hemos dicho, ni mencionaba específicamente cuáles eran. Si había algo que se acercaba a definirlas parecía ser, como único criterio, el hecho de que fueran territorios que hubieran plebiscitado estatutos durante el periodo republicano, lo cual no conllevaba a ninguna definición sustantiva. En el fondo de este debate se encontraba la posibilidad o no de reconocer la existencia de varias naciones en España y, en el caso de que fuera así, qué relación guardaban estas con la nación española. A la vez, definida en la propia Constitución la soberanía como «nacional» en vez de como popular, ese debate también tenía implicaciones en el tema de la posibilidad o no de que la aceptación de la existencia de otras naciones supusiera, además, el reconocimiento de su soberanía.

En este marco hubo un intento, específicamente socialista, de recuperar un concepto que bebía de su propia tradición para hacer transitable la idea de la existencia de varias naciones en España que, a la vez se agrupaban en una sola nación, de rango superior por ser la única soberana, y, de esta manera, poder definir España como una nación de naciones. En realidad, la idea y el concepto no eran tan nuevos, ni tampoco propiamente socialistas. Se han llevado a cabo sesudos debates sobre el origen de este concepto en la persona del socialista federalista castellano Anselmo Carretero, influido en este caso por el catalán Pere Bosch Gimpera. ²⁵ Pero lo cierto, como hemos visto en el capítulo anterior, es que la idea de la existencia de naciones de «primer grado» y de «segundo grado» para el caso español ya se encontraba en Pi i Margall, con la diferencia que este otorgaba un mayor estatus nacional y soberanía a lo que ahora se llamaría «nacionalidades» que a la nación española, y también sería dentro de la tradición del republicanismo federal catalán que España se definiría por primera vez, en 1854, como un «haz de naciones». En el mismo sentido, el concepto «nación de naciones» proviene básicamente de la tradición norteamericana, cuya épica nacional describía Estados Unidos, de la mano de Walt Whitman, en 1855, de la siguiente manera: «He aquí, no una sola nación, sino una ingente nación de naciones». ²⁶ Síntesis de nación compuesta a su vez por naciones, que en el caso norteamericano se refería a la procedencia migratoria de su propia ciudadanía originaria, que sería profusamente utilizada en el discurso político estadounidense en los años cincuenta y sesenta del siglo XX . En el caso español, Peces-Barba, ponente constitucional del PSOE, opinaba: «La existencia de España como nación no excluye la existencia de naciones en el interior de España […], la nación de naciones que es España». ²⁷ Pero había límites en esta concepción; la misma no podía comportar, según el propio Peces-Barba, ninguna cesión de soberanía: «No queríamos en ningún caso que se pudiera apoyar en la Constitución un federalismo originario, y no solo organizativo, consistente en defender una soberanía propia de las nacionalidades, basada en una torcida aplicación del principio romántico de que cada nación tiene derecho a ser un Estado independiente…». ²⁸ Y ello a pesar de que para el mismo Anselmo Carretero, fuente originaria para los socialistas de ese concepto, la idea de nación de naciones también implicaba, en polémica con Ortega y Gasset, que «la soberanía de España como propia de una comunidad de pueblos» no podría ser «tan superlativamente unitaria como Ortega creía que era y deseaba que fuera». Su argumentación finalizaba así: «Hay algún punto en el que la soberanía de cada uno de sus pueblos no es inferior a la del conjunto español». ²⁹ Y es que es el problema de la soberanía, el punto clave para comprender por qué en la Constitución se introdujo la idea de que existía una nación —la española— y unas indeterminadas «nacionalidades».

Enric Prat de la Riba, fundador del catalanismo político conservador, ya había utilizado el concepto de nacionalidad a principios de siglo específicamente referido al caso catalán en La nacionalitat catalana , publicado en 1906, como también antes de forma genérica había sido utilizado por Pi i Margall en las Las nacionalidades , de 1877. Su utilización se establecía en este caso como sinónimo de la palabra «nación», pero en el marco del proceso constituyente de los años setenta, su introducción permitía buscar un nombre diferente al de nación, reservado solo para la española, y se lo desproveería de cualquier connotación soberana. ³⁰ En este campo, la fórmula de las «nacionalidades» fue una propuesta de Miquel Roca, de la Minoría Catalana, apoyado por los diputados del PSUC y los socialistas catalanes, y defendida en el pleno del Congreso por Peces-Barba. Finalmente, el redactado del artículo 2 de la Constitución quedó en una fórmula alambicada en la que se afirmaba que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española», y en la que se reiteraba, por si no estaba lo suficientemente claro todavía, que esta era la «patria común e indivisible de todos los españoles», aunque también se reconocía «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Solo las presiones (como es bien sabido, provenientes de los altos mandos del Ejército) explicaban este tipo de redacción, de la misma forma que la presión y la fuerza del catalanismo explicaban la introducción del término «nacionalidades» en un proceso en que se reconocía que: «La ambigüedad de su redactado expresa el compromiso al que ha hecho falta llegar para constitucionalizar el término nacionalidades». ³¹ Esa ambigüedad sería fundacional de la futura democracia en la medida que en un mismo artículo aparecían dos lógicas: la del Estado plurinacional y la del Estado uninacional, que permiten afirmar, por ejemplo, a Miquel Roca, que en el fondo el redactado constitucional se aceptaba «toda una realidad: que España es un Estado plurinacional y por tanto estas nacionalidades que integran España tienen una soberanía originaria, y que en la cesión de parte de su soberanía se define la soberanía del Estado. No el proceso a la inversa». ³² De hecho, esta ambigüedad es fundante del modelo constitucional, en parte porque se pensó en un desarrollo abierto y flexible, lo que dio un papel fundamental al mismo Tribunal Constitucional. Así, el mismo, en su sentencia sobre la Ley de Territorios Históricos vasca de 1988, sostendría que la Constitución no se funda en un pacto entre territorios con derechos anteriores a ella, ³³ cuando, en realidad, en su artículo 2, esta «ampara y respeta» algo que no crea ella misma. Es en este sentido que el artículo 2 ha sido interpretado tanto como una legitimación de la plurinacionalidad como su propia negación. En definitiva, esa ambigüedad fundante, junto con la restauración de la Generalitat previa a la propia Constitución, fue clave para aceptar la legitimidad de la Constitución por las diferentes vertientes del catalanismo. Tal como afirmó Jordi Pujol, futuro presidente de la Generalitat, en el debate constituyente, la aceptación y reconocimiento de las «nacionalidades» fue «un punto esencial, absolutamente básico en su política en materia constitucional y, en general, en su política consensual». ³⁴

Pero si ese fue el camino del catalanismo, el de influir y participar plenamente en el proceso constituyente, el del nacionalismo vasco fue otro. En este caso, el de no aceptación de la legitimidad constitucional, centrando el problema no en la nación, sino en las soberanías, y concentrándose en construir una vía específica de inserción en el nuevo régimen que, en cierta medida, también acabó por transformarlo.

EL PAÍS VASCO O LA CUESTIÓN DE LAS SOBERANÍAS Y LAS ASIMETRÍAS

El proceso de cambio político en el caso del País Vasco tiene una temporalidad propia y diferenciada del que se produjo en el resto del estado. En este último, el decreto ley de amnistía de 30 de julio de 1976, primera medida del nuevo Gobierno de Adolfo Suárez, constituyó un primer momento de inflexión real en las lógicas tanto de la oposición como del régimen. La amnistía significaba ya no el indulto, el perdón del delincuente como gracia del Estado, sino la declaración de la falta de delito y, por tanto, la quiebra de la misma base penal y represiva del régimen. Indultos había habido muchos bajo el franquismo, pero amnistía, ninguna, y por ello la oposición antifranquista se concentró en la petición de esta última, que llevó a grandes movilizaciones, como fueron la del 1 y el 8 de febrero de 1976 en Barcelona, y a una extensa campaña a la que se adhirieron sectores importantes de la Iglesia y la sociedad civil. Finalmente, las amplias movilizaciones del primer semestre de 1976, en las que España se puso a la cabeza de Europa en cuanto a conflictividad social y política, cortocircuitarán el primer Gobierno de la monarquía bajo la dictadura y llevarán al primer Gobierno de Adolfo Suárez a probar una primera amnistía. Aquello era un signo de que estaba dispuesto a asumir el programa de la oposición, pero pilotado por la monarquía y el personal político de la dictadura, lo cual no era un dato menor. Pero si esta realidad tuvo efectos en todo el estado, no se puede decir lo mismo en el caso vasco, al excluir los delitos que hubieran puesto en riesgo la vida a los afectados de la acción delictiva, lo cual evidentemente tenía efectos sobre la realidad política vasca. Allí, la cuestión de la amnistía siguió abierta hasta la aprobación de la ley de amnistía de octubre de 1977, la que, a su vez, y a diferencia de las anteriores, amnistiaba también a los responsables franquistas. Esta cronología diferencial entre el País Vasco y el resto del estado convertiría el tiempo del cambio político en este territorio en un proceso de mayor densidad negociadora, con una cronología de movilización en la calle más amplia y una mayor fragmentación de los distintos sectores de lo que había sido la oposición antifranquista.

De hecho, el fenómeno de la violencia fue característico del caso vasco durante el proceso de cambio político y tendría un impacto profundo tanto en su configuración política como en la inserción final del País Vasco en el Estado. Ciertamente, el incremento de la violencia ejercida por el régimen en los últimos años del franquismo (o, más bien, desde el año 1966, cuando emergió con toda su fuerza una nueva oposición basada en los movimientos sociales) fue característico de todo el territorio. El aumento de la acción colectiva opositora con formas de desafío que tomaban cada vez más la forma de ocupación del espacio público, en un momento donde el control de la calle devenía en fundamental, produciría también un aumento de la violencia de una acción policial que nunca había tenido que hacer frente a la pérdida del control social, aun fuera solo por ciertos momentos y delimitado territorialmente. Esto conllevaría que en los setenta el fenómeno de personas asesinadas en acciones policiales aumentara de forma exponencial, afectando tanto a los tres obreros muertos en la huelga general de la construcción en Granada en 1970 como a Ruiz Villalba, asesinado en la SEAT de Barcelona un año después, por poner solo dos ejemplos de una geografía de la muerte franquista. Pero, mientras que esta situación se extendió al conjunto del estado, se intensificó en el caso vasco. Los cinco trabajadores que caerían ante las balas policiales en la huelga de Vitoria de marzo de 1976, durante el primer gobierno de Juan Carlos I, solo serían el síntoma de una realidad más amplia. Entre 1974 y 1975 habría treinta y seis personas asesinadas por la policía, dos terceras partes de las cuales lo serían en el País Vasco, de la misma forma que, de los siete estados de excepción que se produjeron entre 1967 y 1975, cinco fueron en este territorio. Hay varios factores concurrentes para explicarlo. El hecho es que la violencia armada practicada por ETA, aunque en realidad se concentraría posteriormente de manera intensa entre 1978 y 1980, implicaba sin duda un aumento de la tensión con el régimen. ³⁵ Pero fuere como fuere, lo cierto es que las razias policiales, las actuaciones de grupos ultras con la cobertura del Estado y los propios asesinatos en el ejercicio del derecho no reconocido a la protesta conllevarían el mantenimiento y extensión de la sensación, en amplios sectores de la población, de vivir en un país ocupado. Es en este marco que se explica el éxito de la campaña «Que se vayan», iniciada el 19 de julio de 1979 bajo el impulso de Euskadiko Ezkerra, después de que las imágenes del asalto de la policía a diversos comercios de Rentería, robando pasteles y disparando balas de goma contra balcones, dieran la vuelta al mundo. ³⁶

En este contexto se debe entender tanto el desarrollo y la hegemonía del nacionalismo vasco —en sus diversas vertientes— en el proceso de cambio político como los problemas de legitimación de este mismo proceso en su desarrollo. Esto ya era observable en sus inicios, cuando, en el referéndum para la reforma política de 1976 —reforma todavía en ningún sentido constituyente de una nueva realidad democrática—, a pesar de estar prohibida la campaña por el no o la abstención, que era lo que propugnaba en esos momentos el antifranquismo, en Guipúzcoa la abstención llegó al 56 %, y en Vizcaya a un 47 %, frente a solo el 22,2 % en el conjunto de España. A su vez, se produjo la negativa en diferentes momentos, ya desde la formación de la Comisión de los 9, a negociar con el Gobierno por parte de los representantes del nacionalismo vasco hasta que no se consumara una amnistía con efectos reales en el País Vasco. En este marco, el PNV, que pronto se mostraría como el principal partido de este territorio en términos electorales, recuperaría el discurso foralista como propuesta operativa en su primera asamblea celebrada a la luz pública desde los años treinta en Pamplona en marzo de 1977. Ello le permitiría defender una propuesta basada en la idea de una «soberanía originaria» vasca a partir del pacto foral con la nueva monarquía instaurada. ³⁷ Puede parecer una propuesta «arcaica», pero como ya hemos visto en capítulos anteriores, el foralismo fue básico para integrar las diversas almas del nacionalismo vasco y, a la vez, articular y actualizar una legitimidad histórica que favoreciera una inserción específica en el Estado, como ya se había dado en el marco del Estado liberal del siglo XIX . De hecho, el PNV jugaría en dos campos escindidos, y sería prácticamente el único actor en hacerlo con una estrategia clara, lo cual aseguraría su centralidad en el proceso de configuración de la situación vasca. El primer campo sería el marco de «integración» en el nuevo régimen que se configuró, y el segundo, el de la «negación» de su legitimidad. Así, ante las elecciones de junio de 1977, el PNV fue capaz, junto con ESEI (Euskadiko Sozialistak Elkartze Indarra), de articular la candidatura para el Senado del Frente Autonómico, en coalición con el PSE-PSOE, mientras a su vez y prácticamente en el mismo momento decidía con el resto de los partidos políticos abertzales su participación o no en las elecciones generales.

En una serie de encuentros realizados en Chiberta, en el País Vasco francés, entre el 30 de abril y el 23 de mayo de 1977, se reunió la constelación entera de grupos que formaban parte del mundo nacionalista vasco. ³⁸ Básicamente todos ellos eran agrupables en tres grandes polos: el nacionalista tradicional, representado por el PNV; el de ETA político-militar (ETA-pm), y el de ETA militar (ETA-m). La ruptura entre las dos ETA se había producido en 1974 en el debate sobre la necesidad de subordinar la lógica de las acciones armadas a la dirección política, tal como reclamaba ETApm, pero pronto tendría otros componentes: las posibles alianzas con izquierdas no nacionalistas o la necesidad de participar en el proceso político con la fundación de un partido de masas. Estas opciones serían las que defendía ETA-pm, que en 1977 fundó, primero, EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia) y, posteriormente, la coalición electoral Euskadiko Ezkerra, con el Euskadiko Mugimendu Komunista-Movimiento Comunista de Euskadi (EMK-MCE). ³⁹ Ese paso le llevaría a jugar un papel similar al del PNV desde la vertiente de izquierdas, solo que a partir de una posición mucho más periférica. En este sentido, la centralidad del PNV en el proceso de negociación del cambio político se vería favorecida por varios factores (más allá del evidente, es decir, sus resultados electorales). Entre ellos no es menor el papel que jugaría en el marco del conjunto del movimiento nacionalista, que se definiría precisamente en las reuniones de Chiberta. En un principio, en ellas se intentó adquirir un compromiso común de todas las fuerzas nacionalistas para no participar en las elecciones del 15 de junio de 1977 (las primeras que debían iniciar el ciclo del pluralismo político) sin la consecución previa de la amnistía y un acuerdo alrededor de un programa común de las fuerzas nacionalistas que sustituyese a la lucha armada. En realidad, paradójicamente, si uno lo mira desde la perspectiva actual —donde, en ausencia de violencia armada, ni siquiera se plantea la posibilidad de un diálogo, en este caso con el independentismo catalán, que no sea en el marco constitucional—, esta estrategia tuvo visos de fructificar con el establecimiento de negociaciones con el Gobierno de España y el mismo Adolfo Suárez. Este último se negaba a la concesión de una nueva amnistía antes del proceso electoral, pero necesitaba una tregua durante la campaña y en el día de votaciones para poder legitimar dicho proceso y que el escenario aparentara cierta «normalidad». Por ello, finalmente se produjo la salida de prisión de todos los condenados en el Juicio de Burgos contra ETA, entre los que destacaban Mario Onaindia y Teo Uriarte, expatriados a Bélgica con el compromiso de recuperar su libertad plena después de las elecciones. ⁴⁰ No obstante, ello afectaba básicamente a los dirigentes de ETA-pm, que se avino al compromiso y declaró una tregua indefinida antes del proceso electoral, pero no a ETA-m. En este contexto, a pesar de no haber conseguido la amnistía antes de las elecciones de junio de 1977, finalmente, tanto el PNV como ETA-pm (en este caso, vía Euskadiko Ezkerra) decidieron presentarse a las elecciones con el compromiso de seguir luchando por la libertad de los presos también desde el marco institucional. Esto inició una escisión estratégica en el campo del nacionalismo vasco que, paradójicamente, como veremos, no debilitó en ningún momento la posición negociadora de este movimiento, e incluso la reforzó con el paso del tiempo, así como reforzó el papel del PNV en el proceso. Pero el momento clave —de la misma forma que había sucedido con el catalanismo— para la condensación de las distintas decisiones estratégicas y la producción de una nueva realidad fueron las elecciones de 1977.

En las elecciones de 1977 la derrota de las derechas que provenían del franquismo, aunque sin llegar a los extremos de Cataluña, no tuvo tampoco paliativos en el País Vasco, exceptuando el caso de Álava. En Guipúzcoa, por ejemplo, la Alianza Popular escondió sus siglas presentándose bajo el nombre Guipúzcoa Unida, y UCD ni siquiera pudo presentar candidato al Senado. El partido que gobernaba España entonces —y el único que tenía en sus manos los resortes del Estado ante una oposición recientemente legalizada— sacaría solo un 12 % de los votos, mientras que la Alianza Popular llegaría al 7 %. Ganaría las elecciones el PNV, con el 29 % de los votos, seguido por el PSOE, con el 26 %, lo que aseguraría una mayoría del Frente Autonómico sin que hubiera una mayoría nacionalista, ya que el PNV conjuntamente con EE llegaron a un 35 % de los sufragios. Pero en realidad, aquí existía un elemento distorsionador del que, a pesar de ser una incógnita todavía, también todo el mundo era consciente. El mundo representado por ETA-m no se había presentado a las elecciones para no legitimar el proceso conocido como transición. Cuando finalmente lo hiciera en los comicios de 1979, una vez aprobada la Constitución, dentro de la coalición Herri Batasuna, que agrupaba a Herri Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI), Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (LAIA), Euskal Sozialista Biltzarrea (ESB) y la antigua ANV republicana, para reforzarse ante las próximas municipales, conseguiría el 15 % de los votos, el 20 % en las municipales en el País Vasco, y superaría al mismo PNV en Navarra con un 11 % de los votos. De hecho, su presencia electoral a partir de 1979 aseguraría la ampliación del voto nacionalista, hasta superar el 50 % de los votos y, en años posteriores, incluso el 70 %, con lo que HB se convertiría en el segundo grupo en la Cámara en las primeras elecciones autonómicas, en 1980. Ese ascenso no se entiende sin antes comprender cómo el nacionalismo vasco radical consiguió agrupar a su alrededor tanto al radicalismo nacional como al social, en el contexto de una fuerte crisis económica a finales de los años setenta, como impugnación a la forma concreta en la que se estaba dando el proceso de cambio político. En este sentido, como afirma el historiador Javier Corcuera Atienza: «El mundo nacionalista se amplía así a ámbitos que nunca habían tenido tal carácter (lo que, por otro lado, fortalece la hegemonía del nacionalismo en el conjunto de la sociedad vasca)». ⁴¹ A diferencia de otras zonas del estado donde lo que se estaba dando era un proceso de integración en el nuevo sistema político, el espacio abertzale permitió crear un polo de radicalidad fuerte que partía de lo nacional para ir agrupando otros malestares, con lo cual ampliaba su propio espacio y, por tanto, también el espacio del conjunto del nacionalismo, dejando sin espacio a otras opciones de la izquierda. Como ya hemos dicho, el hecho de que ni la izquierda abertzale ni el mismo PNV aceptasen la legitimidad constitucional contrastaba con que partidos de izquierda tradicional, con el objetivo de integrarse, abandonasen señas de identidad como el republicanismo para abrazar la bandera monárquica. En el camino que va de la bandera tricolor republicana a la rojigualda, muchos decidieron enarbolar la de la nación alternativa. Pero, a su vez, esta participación electoral del mundo de Herri Batasuna se combinaría con el boicot a la participación posterior en las instituciones, lo cual, aunque por un lado aseguraría la mayoría electoral nacionalista, por el otro dotaría al PNV de la capacidad de erigirse como único representante del mundo nacionalista en la negociación, de modo que este partido acabaría adquiriendo una fuerza negociadora enorme.

Como ya hemos relatado, una vez conocido el resultado electoral, las Cortes españolas se convierten en Cortes constituyentes, que era algo que no estaba previsto. Todo ello es inseparable del conjunto de votos que las fuerzas salidas del antifranquismo consiguieron aglutinar, como lo es también del papel fundamental que jugaron los resultados en Cataluña y el País Vasco en esta agregación. Pero, a pesar de ello, el PNV quedó fuera de la ponencia constitucional, formada por tres miembros de UCD, uno del PSOE, uno de AP, uno del PSUC y uno de la Minoría Catalana, que en principio representaba a su vez a los vascos. Pero esa externalidad del primer partido del País Vasco, en realidad, reforzaría su propia posición negociadora en la medida que el nacionalismo vasco no estaba interesado en determinar cómo debía ser España, a diferencia del catalanismo, sino el encaje vasco en ella. Esta realidad se combinaba con la necesidad de los grandes partidos estatales de asegurar la integración de una parte de la sociedad vasca, que percibía correctamente como mayoritaria (como se verificaría en las elecciones de 1979 cuando se presentara HB), en el proceso de cambio político. Se establecía así una cadena desde fuera del sistema hacia dentro, y donde el PNV jugaba un papel privilegiado. En su eslabón más externo se encontraba una parte de la izquierda abertzale (HB) que directamente no aceptaba participar en el proceso político tal como se estaba dando. En los siguientes eslabones se encontraría la otra parte de la izquierda abertzale (EE), que sí que participaba en el proceso político, pero planteando la necesidad del ejercicio del derecho de autodeterminación, y el PNV, que se constituía en el actor clave de esta dialéctica entre el afuera y el adentro del sistema. Posición que le llevaba a negociar la Constitución desde fuera de su comisión redactora, poniendo en solfa la posibilidad de aprobarla o no según su resultado, proponiendo a su vez cambios de calado en la misma en aquello que se refería a la especificidad vasca. En su conjunto, las diversas posturas de los diferentes actores del nacionalismo vasco podían parecer, y hasta cierto punto lo eran, contradictorias, pero en realidad reforzaban su capacidad de incidencia política. Por parte de los partidos de carácter español se estableció en este marco una dialéctica de integración, de búsqueda constante de la integración de la mayor parte de la población vasca en la legitimidad del nuevo sistema político, que reforzaba una posición negociadora fuerte del nacionalismo vasco.

Hubo en este contexto solo un intento, por parte del nacionalismo vasco, de influir en la configuración de España, impulsado más por EE que por el PNV. Un intento fallido y, en este caso, referido al problema de la(s) soberanía(s). El anteproyecto constitucional, inspirado en el modelo de la Segunda República, inicialmente definía que la soberanía residía en el pueblo español, lo cual fue modificado por acuerdo entre la UCD y AP, que establecieron que la soberanía era «nacional». Por otro lado, el diputado de EE Francisco Letamendia, junto con Xabier Arzalluz, del PNV, y con el apoyo de Heribert Barrera, de ERC, presentaron una enmienda para ubicar la soberanía en los «pueblos» de España, reconociendo así la pluralidad de pueblos que la componían y sus soberanías originarias. De hecho, finalmente, el mismo Letamendia acabó por presentar una modificación completa del artículo 2 de la Constitución donde se disponía que «la Constitución se fundamenta en la plurinacionalidad del Estado español, la solidaridad entre sus pueblos, el derecho a la autonomía de las regiones y las naciones que lo integran, y el derecho a la autodeterminación de estas últimas». ⁴²

Evidentemente, dichas enmiendas no prosperaron, y aquí hubo una serie de pasos fundamentales en el cierre de la cuestión territorial para el futuro. El primero de ellos fue establecer que la soberanía era nacional —de la nación española en este caso— y el segundo cerrar la posibilidad al ejercicio del derecho de autodeterminación. En los años setenta del siglo XX , este derecho había sido defendido tanto por los partidos nacionalistas como por el PCE y el PSOE, y no como un derecho para las situaciones coloniales, sino de aplicación en las naciones históricas de España. El PCE había adoptado esta postura a causa de su matriz leninista, es decir, del hecho de que el propio Lenin había hecho del derecho de autodeterminación una pieza fundamental de la estrategia comunista. En cuanto al PSOE, el mismo fue asumido en el Congreso de Suresnes de 1974, y no por la vieja generación socialista, sino por la nueva liderada por Felipe González. Tampoco fue incorporado pensando en situaciones coloniales, sino más bien en la necesidad de que fueran los movimientos de izquierdas, en este caso los socialistas, quienes lideraran las demandas nacionales en España dentro de su propuesta de configuración de una república federal de las nacionalidades (no de las regiones). Estos principios fueron ratificados sin apenas modificaciones en el siguiente congreso del PSOE, en 1976. ⁴³ Para justificar cómo se pasó de esta posición a la contraria, en 1978 el socialista Peces-Barba no tuvo reparos en contemplar que el derecho a la autodeterminación se refería a la autodeterminación interna propia de un Estado federal (dando por supuesto que España era un Estado federal, a pesar de que él mismo había negado su carácter de federalismo originario que le hubiera permitido sustentar esa posición), y no externa solo aplicable en los casos coloniales. Por su lado, en el debate y la votación sobre este tema en la Comisión Constitucional, de la que se ausentaron los representantes del PSC y de la Minoría Catalana para no tener que votar en contra de este derecho, Jordi Solé Tura justificó su voto contrario —sentido del voto que no había consultado previamente con sus compañeros de partido— afirmando estar a favor del derecho de autodeterminación en general, pero no en el caso concreto español. Posteriormente construyó una justificación un poco más elaborada de esta posición que tenía dos líneas argumentales. La primera de ellas establecía que la defensa del pacto del 78 en relación con las autonomías no permitía la defensa del derecho de autodeterminación, ya que podía ser contradictorio con el mismo pacto autonómico, y lo segundo era que ese derecho era relativo, pues atendía a criterios de interés, contexto de aplicación y valores implicados. Finalmente, esta última explicación le llevó a afirmar, más allá de si era relativo o absoluto como derecho —es decir, algo que defender o no según las circunstancias—, la incompatibilidad entre ser de izquierdas y defender el derecho de autodeterminación en una posición ya muy alejada de la leninista. ⁴⁴ Se trata de la misma posición que ha utilizado para intentar fundamentar esta incompatibilidad en el presente una parte de las izquierdas y más allá incluso. Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo, tuvo a bien recitarme citas de los textos de Solé Tura sobre el tema para justificar por qué debíamos apoyar al Gobierno del PP en esta cuestión durante los últimos años. En todo caso, en el debate constituyente de 1978, este tema planeó constantemente a pesar del rechazo ampliamente mayoritario, incluso entre las fuerzas nacionalistas, a apoyar la posibilidad de construir un pacto basado en el derecho a la autonomía, pero que incluyera también la posibilidad de la autodeterminación en casos y condiciones muy concretos. De hecho, en algunos extremos, como la intervención del diputado de la UCD José Martín Oviedo en su defensa del artículo 2, frente a las posiciones contrarias de Alianza Popular, se llegó a afirmar que: «Digámoslo con toda claridad: en la hipótesis de que un pueblo de España pretendiera ciertamente su supuesto derecho constitucional a la autodeterminación, ninguna constitución podrá impedírselo, por más que evite un término [nacionalidades] que, desde luego, mi Grupo coincide con la mayoría en negar que lleve dentro de sí mismo tal derecho». ⁴⁵ Casi cuarenta años después, esta afirmación dejó de ser hipotética. En todo caso, en ese momento, Francisco Letamendia, después del fracaso en este intento de modificar la concepción de España y su relación con los diversos pueblos, pasó a militar en HB y la estrategia del PNV en realidad nunca estuvo aquí.

Haciendo honor al foralismo soberanista, algo muy propiamente vasco, el primer intento que permitiera una inserción específica del País Vasco en el marco del 78 se realizó mediante la enmienda 689. Esta consistía básicamente en que la Constitución incluyera una disposición final que derogase la ley de 1839 de inserción de los fueros dentro del Estado liberal y la ley de 1876 de derogación de los fueros, con lo que se reconocería la situación de las provincias forales vascas anterior a 1839. En definitiva, se proponía el retorno de las «soberanías originarias» y el pacto foral directamente con la Corona. ⁴⁶ El rechazo a esta posibilidad fue tajante por parte del PSOE y la UCD, ya que hubiera significado prácticamente otorgar al País Vasco un estatus de Estado independiente dentro de una commonwealth unificada por la monarquía. Ante esta oposición, el PNV renunció a ello y aceptó la vía estatutaria, a cambio del reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales en la disposición adicional primera de la Constitución. Como veremos, esto abrió una puerta completamente nueva, más allá del modelo autonómico de la Segunda República. Pero el hecho sería que este acuerdo, en el que tanto el PSOE como la UCD creían que se jugaban la posibilidad de integrar a la mayor parte de la población vasca en el nuevo sistema político e, incluso, acabar con la violencia de ETA, tendría un camino difícil. El redactado de la disposición adicional primera de la Constitución sería motivo de negociación continuada hasta casi el mismo momento de llevar el texto constitucional a referéndum de la población. El punto principal en disputa era que, a pesar de que la disposición habla explícitamente del «reconocimiento» de unos derechos que en este sentido son previos a la Constitución, el PNV no quería que estos se reconocieran en «el marco constitucional», que es lo que hacía también la disposición. En este contexto, la UCD ofreció introducir, tal como se hizo en el artículo 150.2, la posibilidad de que el Estado transfiriera sus propias competencias a las comunidades autónomas, hecho que introdujo la perspectiva de un principio dispositivo autonómico sin techo. Por su lado, el PSOE, a través del ponente constitucional Peces-Barba, propuso —con la aceptación de la UCD, a cambio de que el PNV votara en contra del derecho a autodeterminación— sustituir el reconocimiento de los derechos forales en el «marco constitucional» por el «marco jurídico». El acuerdo, de todas formas, se acabaría rompiendo por las presiones del estamento militar, clave también en la redacción del artículo 2, y de la UCD navarra, que quería limitar cualquier «privilegio» vasco, aunque, paradójicamente, Navarra sería la principal beneficiada de las reivindicaciones del PNV. Finalmente, y de manera sorpresiva, en la votación de las enmiendas se retiró el nuevo texto pactado y se volvió al primero que incluía la cláusula de «en el marco constitucional». ⁴⁷ Esto llevaría a la retirada del PNV del Congreso cuando se votara la versión original de la adicional primera y, a la vez, se derogaran también las leyes abolitorias de fueros de 1839 y 1876, lo cual no fue óbice para que ambas medidas fueran aprobadas. Las negociaciones aún tendrían un epílogo final en el Senado, aunque no podría consumarse por la presión de la UCD de Navarra. Esta, a cambio de apoyar la solución del contencioso con el PNV, quería incluir, además, un estatus especial de Navarra en la disposición adicional primera. Fue así imposible el acuerdo, todo ello, a pesar del ofrecimiento de sectores de ETA-pm de conseguir una tregua de las dos ETA a cambio de que se aprobase la propuesta del PNV, que en aquel momento se consideraba que reconocía la foralidad, un procedimiento estatutario pactado y una soberanía originaria. ⁴⁸ En este sentido, el conjunto del nacionalismo vasco, que no se debe olvidar que en 1979 ya representaba a la mayoría del electorado vasco, no votaría a favor de la Constitución en el Congreso y pediría la abstención en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978, un referéndum en el que, en España, la abstención fue del 32 %, mientras que en el País Vasco esta fue la opción mayoritaria, con un 56 % en Vizcaya y Guipúzcoa, un 41 % en Álava y un 33 % en Navarra. Pero como vio rápidamente Xabier Arzalluz, «La cuestión no es tanto la Constitución como el Estatuto». ⁴⁹

La «integración» del nacionalismo vasco en el nuevo régimen político no se dio por la vía de la aceptación de la legitimidad constitucional, sino por la vía de la creación del marco estatutario, pero esta conllevó también una vía sui generis de «integración». Ello es así tanto para el caso del PNV como para el de EE, e incluso parcialmente para el caso de HB, que viviría también un momento clave. La conciencia de que en el proceso constituyente y, después, en el estatutario se estaba jugando el cierre de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo —donde sería clave tanto el reparto de cartas que se diera como quién entrara a jugar la partida y quién no— llevó a la concentración de atentados terroristas por parte de ETA militar precisamente durante los años 1978 (aprobación de la Constitución), 1979 (aprobación del Estatuto) y 1980 (primeras elecciones al Parlamento vasco), ⁵⁰ ya que se percibiría —correctamente— que estos constituirían los episodios esenciales del proceso de integración o negación hacia el nuevo sistema político. Finalmente, la mayor parte del nacionalismo se integraría institucionalmente sin asumir la legitimidad global del sistema, mientras que ETA quedaría fuera de ella al persistir en la violencia, a pesar de que la rama política, HB, sí que participaría de las instituciones electoralmente. En este proceso se abriría una vía específica y asimétrica de articulación de la autonomía vasca.

La vía específica vasca, que tendría importantes e inesperadas implicaciones para Navarra, empezó a tomar forma después de las elecciones de 1977, cuando se constituyó la Asamblea de Parlamentarios Vascos, que inicialmente incluiría también a diputados navarros (exceptuando a los de la UCD). El pacto entre Adolfo Suárez y Josep Tarradellas que permitió restablecer la Generalitat de Cataluña abriría también, en este sentido, el proceso preautonómico en el País Vasco. Pero aquí también el resultado electoral sería determinante, ya que, si bien el PNV había ganado las elecciones de 1977, no lo había hecho el nacionalismo vasco en su conjunto y existía la posibilidad de una mayoría alternativa conformada por un partido de la oposición antifranquista, el PSOE, y otro que provenía de las filas del régimen, la UCD. Tampoco existía una institucionalidad republicana previa consolidada que restablecer, puesto que el Estatuto de los años treinta se aprobó ya con la guerra desatada. Así, en el caso vasco no se optó por restablecer el Gobierno y la Lehendakaritza en el exilio, como sí se hizo en Cataluña, donde, después de las elecciones, el Gobierno se había quedado sin opción política, sino por constituir, el 4 de enero de 1978, el Consejo General Vasco por decreto legislativo, con una composición que reflejaba los resultados electorales de junio de 1977 en ese territorio. En ese contexto, a pesar de las peticiones de la UCD, el Gobierno en el exilio, presidido por el peneuvista Jesús María Leizaola, se negó a disolverse para reconocer la legitimidad del Consejo. Suárez intentaría conseguirlo posteriormente, aunque sin resultado alguno, con la ayuda de Tarradellas como intermediario ante Leizaola, y saltándose el PNV (no hay nada extraño en este sentido en que Tarradellas fuera un personaje poco querido entre el nacionalismo vasco), como condición para abrir un diálogo con ETA. ⁵¹ El hecho era que, por mucho que el PNV hubiera sido el partido más votado, el pacto entre el PSOE y la UCD acabaría llevando al socialista Ramón Rubial a la presidencia del ente preautonómico.

Aun así, cuando el Consejo General del País Vasco estableciera, en noviembre de 1978, los mecanismos que conducirían a una acelerada elaboración de la propuesta de estatuto, indudablemente el PNV sería el principal protagonista de dicha propuesta. Se trataba de conseguir su «integración» después de no votar la Constitución en las Cortes, ante el peligro de que no solo la izquierda abertzale quedara fuera del sistema, sino que pasara lo mismo con el conjunto del nacionalismo. Se partía de la conciencia de que, a pesar de que el nacionalismo vasco en su conjunto no hubiera obtenido la mayoría electoral en 1977, ello podía obedecer a la distorsión que había supuesto que HB no se presentara. Y esa percepción devino cierta en las elecciones generales de 1979, cuando, efectivamente, HB se presentó. Con todo, fue a partir de esa percepción y de la necesidad de buscar la integración del nacionalismo vasco lo que acabó por convertir el anteproyecto estatutario en el Estatuto del PNV, aprobado, además, con veintiocho votos a favor y una sola abstención por la Asamblea de Parlamentarios Vascos, conformada por el conjunto de partidos. De hecho, en su fase final, la aprobación del anteproyecto se aceleró de forma sustancial para conseguir que llegara a Cortes antes de su disolución y la nueva convocatoria de elecciones, una vez aprobada la Constitución por referéndum. Y, sobre todo, para que llegara a Cortes antes que el Estatuto catalán. Para ello se llegó a alquilar una avioneta para llegar antes a Madrid que los catalanes. Finalmente, ese objetivo se consiguió, lo que aseguraba que el Estatuto vasco sería el primero en ser discutido en las nuevas Cortes, que se abrirían después de las elecciones generales de marzo de 1979. A su vez, en estas nuevas elecciones (a las que esta vez sí que se presentaría HB, como ya hemos relatado) el PSOE perdería en el País Vasco diez puntos, en un resultado inverso al que obtendría en el resto de España. Es probable que el pacto con la UCD para alcanzar la mayoría en el Consejo General Vasco frente al PNV pasara factura a los socialistas. En todo caso, en esas elecciones el nacionalismo conseguiría la mayoría de votos y representantes, la cual se reforzaría en las municipales de abril del mismo año, donde el PNV conseguiría las alcaldías de las tres capitales vascas (algo impensable durante la Segunda República, pero que certifica que, durante el franquismo y la Transición, el nacionalismo vasco se extendió y reforzó hasta cotas nunca antes alcanzadas). Con el cambio de mayorías electorales, la presidencia del Consejo General del País Vasco pasaría al PNV, en concreto a Carlos Garaikoetxea, y la posición de este partido como actor central de la negociación estatutaria quedaría ya absolutamente consolidada. Es más, su consolidación sería tal que la negociación estatutaria, a diferencia de la constitucional, ya no estaría en manos de los parlamentarios vascos en el Congreso, sino en las del propio Garaikoetxea con Adolfo Suárez. Una negociación en la que habría dos características que darían forma a la especificidad vasca en el marco del resto de estatutos.

La primera de ellas se gestaría en los contactos previos de dirigentes del PNV con referentes constitucionales de la UCD como Antonio Fontán, a la sazón ministro de Administración Territorial, o José Pedro Pérez-Llorca, ponente constitucional, que pactarían que la propuesta estatutaria se enmarcara dentro de la «reintegración foral» que establece la disposición adicional primera. Ello permitiría, en campos como las competencias sobre policía, concierto económico o poder judicial, generar un desarrollo propio y, a la vez, cortar (cosa que preocupaba a la UCD) cualquier proceso de «emulación estatutaria» de otras posibles comunidades autónomas, ya que se interpretaba que los derechos forales estaban restringidos para los casos del País Vasco y Navarra. La segunda característica (presente, de hecho, en todo el proceso de inserción de la realidad nacional vasca en el Estado español) tenía que ver con el fenómeno de la violencia. En la negociación bilateral estatutaria entre los dos presidentes, lo que en verdad se estaba negociando era un proceso de «normalización» y legitimación del sistema político en el País Vasco a partir de diversos grados posibles de integración. El área de «desafección», en su núcleo más exterior pero también más amplio, se encontraba en el nacionalismo vasco que no había aceptado la Constitución, mientras que en su núcleo más interior estaba la violencia terrorista. Por ese motivo el poder del PNV era tan alto en la negociación al haberse situado fuera del consenso constitucional. Se trataba de conseguir su integración a la vez que sobre la negociación planeaba la posibilidad de la consecución del final de la violencia política en el País Vasco. Fue en ese contexto donde un elemento que podría parecer menor, pero no lo es en ningún sentido, devino en una carta importante en la negociación: la posibilidad que se produjera o no la visita del rey al País Vasco como forma de cerciorar el proceso de legitimación del nuevo sistema político. Esa posibilidad se iría aplazando hasta febrero de 1981, una vez que se hubo consumado todo el proceso de institucionalización del cambio político ⁵² (lo cual no evitaría que finalmente la visita del jefe de Estado no fuera acompañada de una fuerte tensión). Esto llevaría a que, en el procedimiento de debate y aprobación del Estatuto en las Cortes, el PSOE y la UCD plantearan consideraciones sin entrar a enmendar el texto realmente, desde la percepción de que en el proceso estatutario se estaba jugando la posibilidad de la paz en el País Vasco. Todo ello ocurría en un momento de aumento constante de la actividad de ETA. ⁵³ En este sentido, se consumó por una vía absolutamente anómala el principio que ya se intentó durante la Segunda República, y que el mismo PNV había planteado previamente en el debate constituyente del 78, de que las Cortes solo procedieran a aprobar o no la propuesta estatutaria vasca, pero no a modificarla. Dicho en palabras de Javier Corcuera Atienza: «Ello supondría en la práctica que el PNV conseguía hacer triunfar por otra vía lo que había sido una de sus enmiendas al procedimiento de debate de los estatutos: que los motivos de desacuerdo tuvieran como único objeto analizar “si el contenido de los artículos del proyecto de Estatutos tiene encaje constitucional o no”». ⁵⁴

Finalmente, el 21 de julio de 1979, tanto la Comisión Constitucional del Congreso como el pleno de la Asamblea de Parlamentarios Vascos ratificaron el anteproyecto negociado, en un modelo de doble aprobación que recuerda al de doble soberanía, y el 25 de octubre de 1979, en el aniversario de los 140 años de la aprobación de la ley de conformación de fueros que aseguraba la inserción de las provincias forales vascas en el Estado liberal, se celebraba el referéndum para su aprobación en el País Vasco. Alianza Popular fue el único partido que hizo campaña por el no, mientras que HB pedía la abstención a causa del no reconocimiento del derecho de autodeterminación y la separación de Navarra del País Vasco. Pero incluso en este último caso la izquierda abertzale no pedía el no, como sí hizo en el referéndum constitucional. El Estatuto, en todo caso, fue aprobado con un 60 % de participación del censo y el voto afirmativo del 90 %. Una vez refrendado y antes de que fuera publicado en el BOE por el Estado central —no antes de lo uno, pero tampoco después de lo otro—, como afirmación de la soberanía vasca frente a la del Estado, el lendakari en el exilio Jesús María Leizaola volvía al País Vasco el 15 de diciembre de 1979. Sería recibido de manera multitudinaria en Bilbao, donde disolvería el Gobierno vasco en el exilio y transferiría la legitimidad histórica al nuevo «lendakari» (aunque entonces era el presidente del Consejo General del País Vasco, Carlos Garaikoetxea). ⁵⁵

Se sancionaba así una inclusión específica, como en 1839, del País Vasco en el nuevo régimen político, donde la mayoría de sus fuerzas políticas no aceptaban el consenso constitucional de 1978, pero sí el estatutario. Aquella fue, sin duda, la mejor posición negociadora posible por parte del nacionalismo vasco, con un pie fuera del sistema y otro dentro, y, desde la perspectiva de las fuerzas políticas estatales, probablemente también fuera la única vía posible de asegurar una integración (si no constitucional, al menos sí estatutaria) de la mayor parte de la comunidad nacional vasca. Ello se hizo negociando a veces claramente fuera del marco de la ley, como cuando se abordaron negociaciones directamente con ETA, y abriéndose a un marco de articulación asimétrica. Ambos elementos se encuentran en el origen del propio sistema democrático, a pesar de la negación constante de este hecho por parte de nuestro propio presente político.

DE LAS NACIONES AL ESTADO AUTONÓMICO (A)SIMÉTRICO

Con el cierre de los dos modelos estatutarios catalán y vasco —uno, inspirado claramente en el modelo de la Segunda República, y el otro, en el reconocimiento sin parangón en el constitucionalismo comparado de la especificidad foral— se pretendía resolver el problema de la diversidad nacional en España. Esta solución no presuponía directamente la inauguración de un modelo territorial (lo que se conocería como «Estado autonómico», que como tal no está recogido en la Constitución), ni tampoco la conformación de un modelo simétrico. La confusión de la solución de los problemas nacionales a partir del debate de modelos territoriales, realidades no reducibles la una a la otra, es persistente en el tiempo, pero en 1978 no tenía por qué ser ese el camino. Pero lo fue. Desde la aprobación en 1979 de los estatutos vasco y catalán hasta 1983, se acabarían aprobando hasta diecisiete estatutos de autonomía, con lo que se cerraría un modelo territorial ex novo . Pero si este proceso de extensión no estaba previsto, y precisamente por eso son los estatutos y no la Constitución los que definen el modelo territorial, que constituyen así el bloque de constitucionalidad, tampoco es cierto que el Estado autonómico sea simétrico. No lo es ni en el propio texto constitucional ni en el pacto territorial, desarrollado por los estatutos que conforman este bloque de constitucionalidad. Si algo caracterizaba la formación del Título VIII y las disposiciones de la Constitución era su intensa diversidad. En ella no había un Estado autonómico, sino un «Estado con autonomías», que, a su vez, reconocía los derechos históricos de Navarra y el País Vasco, así como la posibilidad de su integración en una sola entidad en su disposición transitoria cuarta. Algo que a su vez se prohibía, en la forma federativa, claramente para el resto de las comunidades autónomas en el artículo 145, ante el peligro de que naciera un modelo federal desde abajo, más allá de la voluntad del Estado central, y de que este modelo federal pudiera, por otro lado, tener un componente nacional en forma de Países Catalanes. El Título VIII también preveía, además de las dos posibles vías de acceso a la autonomía (la rápida o reforzada, del artículo 151, y la lenta, del 143), algunas soluciones específicas, como la opción de que Ceuta y Melilla fueran ciudades autónomas o un régimen fiscal especial para Canarias. De hecho, incluso cabía la posibilidad, basada en el artículo 144, de que el Estado central crease él mismo comunidades autónomas por «interés nacional» u obligase a territorios a incorporarse a ellas. Fue así como en 1983, ya al final del proceso autonómico, se creó la Comunidad de Madrid de forma absolutamente artificiosa o se obligó a Segovia, que había expresado su voluntad de convertirse en una autonomía uniprovincial, a incorporarse a Castilla y León. De hecho, finalmente, ya fuera de la propia Constitución, el desarrollo autonómico acabó por propia iniciativa de los territorios o bien inducido desde el Estado, con la formación de cuatro autonomías del 151, las forales de País Vasco (que en este caso pertenecía también a la vía del 151) y de Navarra, siete comunidades autónomas uniprovinciales y diez multiprovinciales, dos ciudades con un régimen especial (las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), cabildos insulares y consells insulars . Ante todo ello, difícilmente se puede hablar de un modelo simétrico. Navarra es la máxima expresión en este sentido de hasta dónde puede llegar la asimetría en ciertos casos y, aun así, no generar ningún tipo de polémica, cuando en otros esta asimetría se niega por sistema.

Efectivamente, en Navarra se dieron una serie de características únicas en la construcción de los poderes territoriales en el proceso de cambio político. Navarra había sido, como Álava y a diferencia de Vizcaya o Guipúzcoa, una provincia «fiel» en el alzamiento contra el orden constitucional en julio de 1936. Y no solo eso: si en algún lugar se puede hablar de levantamiento popular contra la Segunda República (y no solo de golpe de Estado fallido que devino posteriormente en guerra civil), este es Navarra. Unos 35.000 requetés, que veían en ese conflicto la última de las guerras carlistas, se levantaron en Navarra. Esto conllevó, a diferencia de Vizcaya y Guipúzcoa, que durante el periodo franquista se respetara el carácter de provincia foral de Navarra, encarnado institucionalmente en la Diputación y el Consejo Foral, que serían la base desde la que se partiría en el proceso de cambio político. Y más cuando la negociación de la disposición adicional, de manera inesperada, beneficiara principalmente a los navarros y no a los vascos. De manera inesperada o en apariencia inesperada, ya que los dirigentes de la UCD Navarra y, en especial, Jaime Ignacio del Burgo, que conectaba con la tradición del foralismo carlista, sabían perfectamente lo que se hacían en el marco del proceso constituyente.

La disposición adicional primera, que, como hemos visto, reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, se utilizó de forma harto «flexible». Se reconocía como sujetos de estos derechos al País Vasco y Navarra, pero no a otros territorios que también habían tenido con anterioridad «derechos forales», como Cataluña o Galicia. Establecer el criterio por el cual se reconocían estos derechos en algunos casos mientras se negaba en otros llevó finalmente la cuestión al Tribunal Constitucional. Este, en la Sentencia 76/1988, excluyó específicamente a los antiguos territorios de la Corona de Aragón y a Galicia, al afirmar que en estos casos se carecía de continuidad histórica en el ejercicio de estos derechos y por tanto no podían ser reconocidos en el presente. Eso era cierto para los antiguos territorios de la Corona de Aragón, pero en realidad también lo era para el caso de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, que habían visto cómo sus derechos forales habían sido derogados en 1939, lo cual no fue considerado, ya que se habría entrado en un galimatías de difícil resolución. Pero, soslayando esto, incluso entre aquellos territorios en los que sí que eran reconocidos estos derechos se estableció una diferencia sustancial en su aplicación. En el caso vasco, esto afectó sobre todo a la posibilidad de mantener el concierto económico, mientras que en el navarro definió de forma mucho más amplia una vía que difícilmente se puede considerar estatutaria.

Hay también una última característica que explica la vía navarra diferenciada respecto a otros territorios. En el caso navarro, la hegemonía de todo el proceso estuvo en manos de la UCD, que detentaba tanto las conexiones con las elites franquistas provinciales y locales como la mayoría electoral. Todo ello a pesar del desarrollo de un fuerte radicalismo obrero en la Navarra de la Transición, de los buenos resultados de la propia izquierda abertzale y de que, en las elecciones de junio de 1977, la UCD ganara con solo un 29,03 % de los votos, lo que hubiera podido construir una mayoría alternativa conformada por los grupos nacionalistas vascos y los socialistas. En este sentido, era absolutamente indispensable para garantizar el mantenimiento del dominio de la UCD evitar la integración de Navarra en el País Vasco, como estaba previsto en la disposición transitoria cuarta de la Constitución, cosa que efectivamente se consiguió, y se coronó con la evolución navarrista de los socialistas de Navarra hasta desgajarse del Partido Socialista de Euskadi y formar al fin, en 1983, el Partido Socialista de Navarra. De esta manera se garantizaba el domino de una UCD navarrista y foralista, y también, a diferencia de otros territorios, el tránsito de continuidad entre los viejos poderes locales franquistas y los nuevos democráticos, donde la consumación de un nuevo poder foral reactualizado no constituía ningún peligro de dislocación de los poderes tradicionales, sino más bien lo contrario, pues podía servir —sobre todo eliminada la incógnita de una posible unión con el País Vasco— para reforzarlos en un periodo de fuertes procesos de cambio.

Es en este marco que debemos entender que toda la constitución del nuevo poder territorial en Navarra pasaría por la disposición adicional primera, y no por la vía del 151 o el 143, como se preveía para las autonomías en la Constitución. Y no solo eso: la derogación que se establecía de la Ley de Confirmación de Fueros de 1839, en la disposición derogatoria de la propia Constitución quedaba eliminada específicamente para las provincias vascas, pero no para Navarra. Con esta omisión, el texto constitucional en realidad confirmaba la vigencia de la ley de 1839 para Navarra, lo que, junto con la Ley de Modificación de Fueros de 1841 (específica para Navarra y que tampoco quedaba derogada), constituía la base para una actualización de los derechos que se recogían en ellas. Es por ese motivo que Navarra no tendría un estatuto, sino una Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra, es decir, una ley de retorno y amejoramiento del fuero con base en las leyes de 1839 y 1841. Ciertamente, se podría decir que esto fue y es así porque la Constitución española lo permite, pero los intentos kelsenianos de seguir manteniendo que toda fuente de legalidad y legitimidad proviene de la Constitución del 78 o de la existencia de una supuesta simetría que solo se predica en ciertos casos se sostienen mal ante el espejo navarro. El propio Tribunal Constitucional ha tenido que bascular en varias sentencias para intentar encajar esa realidad en su marco discursivo. De hecho, el mismo procedimiento que llevó a aprobar la Ley de Reintegración y Amejoramiento estableció, incluso, una legitimidad previa constituyente desde la propia foralidad. Navarra fue el único territorio que contó con un Legislativo elegido por sufragio universal y constituido con anterioridad a la propia aprobación de su estatus territorial. En las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, celebradas en toda España, se eligió también el Parlamento Foral de Navarra. El antiguo Consejo Foral devenía así en el primer Legislativo territorial de toda España, a la vez que se elegía una nueva Diputación Foral que ejercía el poder ejecutivo navarro. El cometido de estas antiguas/nuevas instituciones no era otro que proceder a formular y negociar el amejoramiento del fuero. Su misma negociación y aprobación paccionada nos indica hasta qué punto el poder navarro tiene carácter constituyente de su propia realidad. Si la negociación de la Ley de Amejoramiento se estableció entre ejecutivos, su aprobación se realizó con el procedimiento de lectura única, sin capacidad de presentar enmiendas, tanto por parte del Parlamento de Navarra como por parte del Congreso de los Diputados; una forma de proceder que recuerda más a un convenio internacional entre dos Estados que a la aprobación de un estatuto de autonomía. El contenido final de esta propuesta, realizada en el marco específico de la disposición adicional primera, implica la existencia de un sistema de hacienda propio, el Convenio Económico (similar al Concierto vasco), el blindaje competencial y elementos claros de cosoberanía. No sin razón uno de los padres de la Constitución, Herrero de Miñón, ha afirmado sobre el estatus navarro: «Su autonomía actual ofrece claros elementos estatales […]. Más aún, todo ello se fundamenta en elementos originarios de soberanía que vino a reconocer el mismo sistema de acceso a la autonomía». ⁵⁶

En este marco, es insostenible la afirmación de que el modelo territorial español es simétrico. Todas las apelaciones en este sentido, ante cualquier nueva demanda, a una supuesta «igualdad» son pura retórica, surgida de una confusión reiterada entre igualdad y homogeneidad. Ello no es óbice para que en la configuración del modelo territorial, y en su crisis actual, se encuentre una voluntad constante de ahogar esta asimetría en procesos sostenidos de homogeneización y recentralización. Esta dialéctica está en la base de la forma determinada en la que se pasó de un Estado con autonomías a un Estado autonómico. Ciertamente, la Constitución no definía un Estado autonómico, e incluso Herrero de Miñón había presentado una enmienda al anteproyecto constitucional que distinguía entre las autonomías para las nacionalidades históricas y un sistema de mancomunidades provinciales para el resto de los territorios que aspiraran a articularse, más pensado en términos de descentralización administrativa que política. Pero ello no quería decir que, a pesar de que los grandes partidos estatales no tuvieran un modelo claro y hubiera que encontrar una solución al problema del encaje nacional vasco y catalán en la nueva articulación constitucional, no existiera una voluntad evidente de homogeneización territorial, tanto por parte de la UCD como del PSOE o el mismo PCE y, por supuesto, Alianza Popular. Una voluntad, en este sentido, «orteguiana», en la medida que fue esta corriente la que podía dotar de coherencia, en términos nacionales españoles, a la pulsión homogeneizadora del Estado y sus viejas y nuevas elites. Es por ello que una figura neoorteguiana como García de Enterría y sus discípulos devendrían centrales en este periodo en la formación de comisiones de estudio y la emisión de informes para impulsar y «racionalizar» el sistema autonómico. En este camino fue clave, por parte de la UCD, Manuel Clavero Arévalo (ministro para las Regiones y, al igual que García de Enterría, con quien mantenía relación, catedrático de Derecho Administrativo), que estableció, desde su elección en 1977, una actitud proactiva para generalizar los sistemas preautonómicos. En el mismo sentido, en el caso del PSOE la persona clave sería Alfonso Guerra, que controlaría muy de cerca la Secretaría de Política Autonómica del partido. ⁵⁷ En este sentido, en 1985, Guerra no dudaría en describir la victoria del PSOE en 1982 como la demostración final de que «estamos, por fin, ante una España vertebrada». ⁵⁸ Finalmente Ortega se había encarnado también en el socialismo español.

Esta voluntad de hegemonización no era una suerte de intento de articulación de un gran poder autonómico distribuido por todo el territorio frente al Estado central, sino que buscaba su nivelación rebajando el techo competencial. Al mismo tiempo se intentaba evitar que la generalización del proceso autonómico de forma acelerada provocase un desborde tanto del propio Estado central como de las elites locales que habían detentado el poder bajo el franquismo. El primer punto de tensión se encontraba en el intento de limitar el acceso a la autonomía por la vía del 151. Pensada en un origen para las nacionalidades históricas, definidas como tales básicamente (pero de forma elidida) por la disposición transitoria segunda de la Constitución por el hecho de haber plebiscitado un estatuto durante la Segunda República, esta vía era solicitada también por Andalucía, el País Valenciano, Canarias y Aragón. Esto conllevó intereses cruzados de los diversos partidos en distintos territorios, lo que ponía en riesgo su propia coherencia interna en un momento todavía de formación del sistema político español. Por ello, tanto la UCD como el mismo PSOE tenían la voluntad de cortar esta vía con Cataluña, algo que podía dejar fuera de ella incluso a Galicia. Sin embargo, llegar hasta ese extremo no fue posible.

En el caso de Galicia, en una de las tres comunidades donde se había plebiscitado un estatuto durante la Segunda República, pero donde la UCD era mayoritaria electoralmente, se intentó realizar un cortafuegos para el desarrollo autonómico en los máximos competenciales y el mínimo tiempo. Se trataba de «dividir os territorios en dúas clases ben diferenciadas. Por un lado, Cataluña e Euskadi, con auténtica autonomía. Polo outro, os demais, cunha autonomía moi recortada. E Galicia era fundamental para que ese designio saíse adiante, porque se o aceptaba sendo nacionalidade histórica, as demais comunidades, que no tiñan tal status, probablemente aceptarían tamén ». ⁵⁹ Se aprobó, en este sentido, en el Congreso un proyecto donde se hacía depender las competencias estatutarias no del propio estatuto, sino del desarrollo de las leyes del Congreso. Se eliminaba así cualquier resto del principio dispositivo y se convertía la autonomía en un proceso descentralizador decidido en cada momento por el Estado central. ⁶⁰ A pesar de este cambio radical de naturaleza de los estatutos que significaba la propuesta para Galicia, la misma tenía el apoyo más o menos silencioso del propio PSOE, aunque no del Partido Socialista de Galicia. Si no se llegó a realizar fue porque era absolutamente insostenible justificar este cambio en una «nacionalidad histórica». En realidad, esto conllevó crisis internas en los distintos partidos estatales, en una Galicia donde se habían producido amplias movilizaciones el 4 de diciembre de 1977, después de la manifestación del 11 de septiembre en Cataluña y el propio restablecimiento de la Generalitat, el 29 de ese mismo mes. La UCD pagó electoralmente esta actitud en Galicia al pasar de ocupar el número uno en las elecciones generales de 1977 y 1979 a ser superado por Alianza Popular en los primeros comicios autonómicos. El partido de Manuel Fraga, que inicialmente estaba en contra de la autonomía gallega, pronto descubrió, como harían también otros en Andalucía o el País Valenciano, que podía sacar ventaja electoral de defender que Galicia no podía ser discriminada ante Cataluña o el País Vasco. Finalmente, el Estatuto de Galicia fue aprobado en 1981, siguiendo el modelo catalán.

El papel del Estatuto catalán sería en este sentido absolutamente fundamental en un camino que daría un papel clave a Cataluña tanto en el desarrollo del Estado autonómico como en su crisis posterior. El modelo autonómico había sido creado en la Segunda República por y para Cataluña, y ahora este modelo tenía otra variante marcada por el País Vasco, solo que la suya era específica, no generalizable, ya que no eran generalizables los derechos forales. El País Vasco no formaría parte de las comunidades autónomas de régimen general, mientras que Cataluña, en cambio, sería su primera versión. Posteriormente, cuando el Estado autonómico estuviera ya establecido, el papel que jugaría en él Cataluña en cada negociación sería claro. Ella marcaba las reivindicaciones máximas y el camino que recorrer para el resto. Esto llegó al extremo con la cláusula Camps de la reforma estatutaria del País Valenciano de 2006, que establecía que cualquier mejora que consiguiera Cataluña en términos competenciales debía ser automáticamente incorporada al País Valenciano. Pero si Cataluña fue, paradójicamente, el gran hacedor del sistema autonómico español, el gran conector de este sistema, aquel que aseguró su extensión hasta convertirse en un modelo de Estado, fue Andalucía.

Andalucía, durante el periodo franquista, sufrió una transformación social de primer orden. Más de dos millones de andaluces y andaluzas marcharon de su tierra una vez clausurada cualquier esperanza de transformación agraria. Un 60 % de estos migrantes fueron a parar a Cataluña, lo que construyó una fuerte huella en los respectivos imaginarios —tanto en el catalán como en el andaluz— sobre «el otro». ⁶¹ A su vez, esta marcha masiva de población propició una transformación interna en los que se quedaron. Con la emigración de una gran parte del ejército laboral de reserva subieron los salarios agrícolas. Esto propicio la inversión técnica en el campo, para soslayar el incremento del coste de la fuerza de trabajo, y también un proceso migratorio interno del campo a las ciudades de Andalucía. Pero este éxodo del campo a la ciudad llevó a muchos trabajadores al sector servicios ante la insuficiencia de los procesos de industrialización en las áreas urbanas. En este marco, el doble fenómeno de migraciones a territorios más desarrollados y la falta de desarrollo industrial en el propio proceso de cambio económico andaluz acarreó la extensión de la idea del agravio andaluz en comparación con otras zonas de España y, en especial, por la intensidad de la relación establecida, con Cataluña. Este también fue un marco propicio, junto con la extensión del antifranquismo y el crecimiento al final del franquismo de las luchas obreras y jornaleras, para una cierta recuperación del andalucismo de primer tercio del siglo XX . La imagen que se dibujaba de esta protesta social y la imagen de tierra agraviada no era otra que la de la «Andalucía irredenta» de Blas Infante que ahora se levantaba. Una imagen que, al igual que el andalucismo histórico, se orientaba más hacia la izquierda que hacia la derecha. ⁶²

Pero el gran catalizador de todo esto probablemente no fuera otro que la celebración de la monstruosa manifestación del 11 de septiembre de 1977 en Barcelona, que culminó con el restablecimiento de la Generalitat republicana el 29 de septiembre de ese mismo año. El 9 de octubre, lo sucedido en Cataluña tuvo una importante réplica en Valencia. Medio millón de personas salieron a la calle al grito de «Llibertat, Amnistia i Estatut d’autonomia !» en la que fue la manifestación más importante de la historia del País Valenciano hasta ese momento. Otro tanto pasaría el 4 de diciembre, día en el que se sucedían las manifestaciones por la autonomía en Galicia y en Andalucía, en este último caso con grandes concentraciones en el conjunto de capitales andaluzas, que llegaron a reunir a más de un millón y medio de personas. Este desbordamiento popular fue vivido con una fuerte ansiedad por las elites franquistas locales y regionales, pues veían amenazada claramente su posición de poder, y generó una gran tensión durante ese 4 de diciembre. La actuación de los gobernadores civiles (alentados, además, por unas diputaciones que estaban proponiendo la creación de, como mucho, una mancomunidad de provincias de carácter descentralizador) alentará la represión de estas manifestaciones y la muerte incluso de un manifestante: Manuel José García Caparrós. La realidad es que, en las elecciones del 15 de junio de 1977, el PSOE y la UCD habían quedado a una corta distancia entre ellos, con un 36,16 % el primero y un 34,37 % la segunda, por lo que parecía clave saber quién hegemonizaría el proceso autonómico andaluz. Esto llevó al PSOE a reforzar su perfil andalucista, y, a su vez, el proceso contaba con el pleno apoyo del ministro de la UCD Manuel Clavero, quien, mientras que por un lado estaba en ese momento intentando extender la iniciativa autonómica por toda España, por el otro era catedrático en la Universidad de Sevilla y consideraba fundamental la consecución de la autonomía andaluza. De hecho, sería muy poco después cuando se produciría en el primer aniversario de la manifestación del 4 de diciembre de 1977 y en el lugar donde se había aprobado el proyecto de Constitución para un Estado andaluz en 1883, referente de todo andalucismo, el Pacto de Antequera de 1978. Era un pacto por la consecución de la autonomía (reforzada por la vía del 151) a todas luces sorprendente, y no solo por la cantidad de partidos implicados en él —once—, sino también por el amplio espectro ideológico comprometido, que iba de la maoísta Organización Revolucionaria de Trabajadores hasta Reforma Social Española, recién salida de las filas falangistas, pasando, evidentemente, por la UCD y el PSOE.

El intento de llevar a Andalucía por la vía del 151 no siendo esta una «nacionalidad histórica» implicaba que su acceso a la misma no podría ser automática, sino que necesitaría de la iniciativa de tres cuartas partes de los municipios de cada provincia implicada y el voto afirmativo de la mayoría absoluta de cada provincia en un referéndum. Solo a partir de estas condiciones se podría iniciar el proceso estatutario por la vía reforzada. Era evidentemente difícil cumplir estas condiciones: estaban pensadas para dificultar el acceso al nivel de reconocimiento de las consideradas nacionalidades históricas. Es más, entre 1978 y 1980, cuando se consiguieron los apoyos municipales necesarios para celebrar el referéndum, la posición de los partidos había cambiado. La UCD, que en esos momentos estaba intentando modificar la misma naturaleza del Estatuto gallego, pidió la abstención en el referéndum para acceder a la vía del 151. Apoyada por Alianza Popular el PSOE, que estaba fundamentalmente de acuerdo con la postura de la UCD a nivel general, en el caso andaluz ya no podía volver atrás después de haberse arropado en el andalucismo. Además, esa posición le permitió poner la primera piedra de lo que serían sus mayorías absolutas en las décadas de 1980 y 1990 en Andalucía. En este sentido, la posición de la UCD la debilitaba como defensora de los intereses andaluces a ojos de una gran parte de la población, y además la rompía por dentro. El ministro Manuel Clavero, a su vez presidente de la UCD andaluza, y otros dirigentes andaluces dimitieron de sus cargos y se marcharon del partido. ⁶³ El referéndum se celebró, así, en medio de fuertes rupturas y con una gran movilización socialista que llevó a acciones tan surrealistas como la huelga de hambre a favor del sí en el referéndum de Rafael Escudero, presidente por entonces de la Junta de Andalucía preautonómica, huelga que fue secundada por responsables de 61 municipios andaluces. Finalmente, cuando se realizó la votación el 28 de febrero de 1980, a pesar de que el resultado global fue afirmativo, en una provincia, Almería, no se cumplió el requisito de que votara afirmativamente la mayoría absoluta. Si se hubiese seguido lo que establecía el artículo 151 de la Constitución, es decir, la vía constitucional, Andalucía debería haber pasado de la vía reforzada del 151 a la del 143. No se siguió la legalidad constitucional, ya que aceptarla habría llevado a la imposibilidad del pacto posterior en materia de armonización autonómica entre la UCD y el PSOE. Además, difícilmente una mayoría de andaluces habrían aceptado lo que sin duda considerarían como un nuevo «agravio». Se impuso así por encima de la ley y la propia Constitución un pacto sustanciado en dos proposiciones de ley que sustituían la iniciativa autonómica de Almería y se la incorporaba al resto de las provincias andaluzas, ⁶⁴ a pesar de que el artículo 151 era muy claro al respecto.

Andalucía jugó en este camino dos papeles fundamentales en la articulación del Estado autonómico. Con su acceso a la autonomía por la vía del 151, se diluyó la frontera entre las nacionalidades entendidas como naciones, las que se consideraban en ese momento así, y las regiones. Andalucía se definió a sí misma como nacionalidad a pesar de no autodefinirse en sus principales corrientes políticas como nación. A su vez, Andalucía inauguró un discurso autonómico que ya nada tenía que ver con el reconocimiento de la singularidad, sino con la asunción de que las autonomías eran una forma de garantizar un desarrollo económico igualitario en un proceso básicamente definido por su emulación de Cataluña. El lema de la campaña a favor de que Andalucía accediera a la autonomía por la vía del 151, «No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos», encerraba una lógica que iniciaría una dialéctica que llega hasta nuestros días. Finalmente, con ella se cerraba el modelo autonómico y se asumía su extensión como modelo territorial al conjunto de España, cuyos ritmos gobernarían, como veremos, los dos principales partidos. Pero, para conseguirlo hubo que cerrar en falso las situaciones creadas durante el proceso en el País Valenciano y Canarias.

En el primer caso, después de la manifestación del 9 de octubre de 1977 (que se convertirá en el futuro en la Diada oficial del País Valenciano), se estableció un Consell preautonómico acordado con Manuel Clavero. A este ministro para las Regiones de la UCD, Andalucía y el País Valenciano, donde el restablecimiento de la Generalitat en Cataluña había llevado a una amplia movilización proautonómica, le estaban sirviendo no tanto para responder a las demandas de estos territorios, sino para iniciar el camino de extensión del modelo autonómico a toda España. Pero si esta era la lógica general que había conducido a UCD a aceptar el proceso autonómico del País Valenciano, en la realidad política valenciana el proceso estuvo presidido por una gran complejidad propositiva e identitaria.

Un año después del 9 de octubre de 1977, de la misma forma que en Andalucía se firmaría poco después el Pacto de Antequera, el Partit Socialista del País Valencià-PSOE (PSPV-PSOE), la UCD y el Partit Comunista del País Valencià (PCPV) firmarían, en vísperas del 9 de octubre de 1978, el Compromiso Autonómico, que reafirmaba la opción de acceder a la autonomía por la vía reforzada del 151. Pero, por debajo de ello, la realidad es que tanto la manifestación del 9 de octubre de 1977 como el hecho de que la demanda autonómica la estuvieran liderando las izquierdas, que habían ganado por poco las elecciones de junio de 1977 en el País Valenciano, llevaron a un amplio temor entre las derechas valencianas ante un proceso en el que podían perder la hegemonía detentada bajo el franquismo. A su vez, el antifranquismo valenciano tenía en sus demandas territoriales un fuerte sabor catalán y catalanista, a pesar de que muy mayoritariamente ello no implicaba un proyecto político de articulación de los Países Catalanes. Por ese motivo, a propuesta del diputado de Alianza Popular Alberto Jarabo, pero con el apoyo del vicepresidente del Gobierno valenciano, Abril Martorell, se establecería en la Constitución, por el artículo 145, que «en ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas». Esa, a pesar de las lecturas «federales» de la Constitución de 1978, es la única vez que apareció en ella la palabra «federación». Para prohibirla. Pero este solo era un elemento más de lo que se iniciaría a partir de ese momento y que se conocería como la Batalla de Valencia. En ella, con una extraordinaria virulencia, la derecha valenciana se movilizaría apelando al anticatalanismo contra la izquierda. El conflicto se concentraría en los símbolos, la bandera, el nombre que debía darse al País Valenciano y la lengua —con la negación de su unidad lingüística con el catalán—, y pondría claramente a las izquierdas a la defensiva. En este sentido, si la agitación identitaria, en el marco del andalucismo, había beneficiado a la izquierda frente a la derecha, en el caso valenciano pasaría justo lo contrario, aunque al valencianismo no se opondría a la reivindicación directamente españolista, de difícil articulación en los estertores finales del franquismo, sino el anticatalanismo y el «sano regionalismo». El conflicto paralizó el desarrollo del procedimiento autonómico, a la vez que reforzó los resultados electorales de la derecha, poniendo prácticamente a la par al PSPV-PSOE y la UCD en las elecciones generales de 1979. Por ello, cuando a principios de los años ochenta se decidió, por parte de los dos grandes partidos, «ordenar» y «armonizar» el proceso autonómico, el País Valenciano, a pesar de los compromisos adquiridos por los partidos estatales, fue apartado de la vía del 151 para acceder a la autonomía.

En el caso canario, su condición de insularidad, en un enclave que la conectaba con las realidades políticas de África, le confirió también un proceso específico de cambio político en la década de 1970. La necesidad, para el desarrollo de la economía canaria, del reconocimiento de su insularidad en términos fiscales, recogido en su Régimen Económico y Fiscal (REF), se reconocía en la disposición adicional tercera de la Constitución. Pero, en un marco más amplio, al final del franquismo Canarias estaba viviendo de cerca los distintos procesos —y movimientos— descolonizadores que se estaban dando en el continente africano. Fuera porque se veía directamente afectada por ellos al concentrar un gran sector de la población española que había residido en el Sahara español, fuera porque a partir de los años sesenta se habían generado nuevos movimientos políticos, como el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), se postuló la condición también colonial de Canarias y la necesidad de desarrollar su propia construcción nacional. Estos movimientos, que al mismo tiempo defendían la lucha armada, tuvieron una influencia social y política no desdeñable a pesar de la actuación del Estado contra ellos, que practicó el terrorismo contra sus principales dirigentes, como Antonio Cubillo. De hecho, a pesar de que la UCD fue el principal partido electoral de Canarias hasta 1982, la tercera fuerza política era la Unión del Pueblo Canario (UPC), que en 1979 obtuvo la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Fue en este contexto marcado por la insularidad y la influencia creciente de las opciones que definían Canarias como nación que se acordó optar en un inicio por la vía del 151. Pero el dominio del proceso por parte de la UCD, reforzada por la retirada de los representantes de la UPC de la discusión estatutaria al no asumirse el debate sobre el derecho a la autodeterminación, haría que fuera relativamente fácil pasar el proceso autonómico canario posteriormente a la vía del 143, cuando así fuera pactado por los dos grandes partidos estatales. Relativamente fácil, pero, al igual que en el caso valenciano, no sin concesiones.

La voluntad tanto de la UCD como del PSOE, y en esto también compartida por el PCE, de extender el proceso autonómico de forma controlada desde los poderes centrales del Estado era patente desde 1980. Pero los diversos compromisos territoriales y las distintas perspectivas electorales en el proceso que se había abierto tras el restablecimiento de la Generalitat republicana en Cataluña hacían muy difícil este cierre. El gran catalizador que lo hizo posible fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El golpe no fue el origen de ese proceso, que se encontraba en una voluntad anterior tal como explicaron en su momento tanto José Calvo-Sotelo como Felipe González, pero sí que fue el acontecimiento que permitió disciplinar el proceso autonómico. Así, el 31 de julio de 1981 se firmaban los pactos autonómicos entre la UCD, entonces en el Gobierno, y el PSOE. Estos pactos tenían un triple significado y voluntad. En primer término, a partir de ese momento, los dos grandes partidos estatales iniciaban una vía donde el pacto territorial era para ellos solo cosa de dos. No solo es que se dejó de lado en esos pactos al PCE, que había sido básico en los consensos de la Transición (a pesar de que el mismo estaba sustancialmente de acuerdo con el contenido de los pactos), ⁶⁵ es que se excluyó también a los partidos de ámbito territorial con los que expresamente se había querido establecer el pacto territorial del 78, para asegurar la estabilidad de los acuerdos constituyentes. ⁶⁶ En segundo término, los pactos significaron el cierre de la vía del 151 para el País Valenciano y Canarias, para asegurar que el proceso autonómico no se construyera de forma asimétrica y a partir de la libre voluntad de los territorios y, sobre todo, que cualquier noción de un demos propio de los distintos pueblos de España desapareciera. Precisamente, si algún contenido se le puede otorgar al concepto de nacionalidad, contenido no definido en la Constitución, es la existencia de un demos propio, un pueblo que refrenda, aprueba, vía referéndum, su propio estatuto, elemento diferencial de las autonomías del 151 respecto a las del 143 y del que se quería evitar su extensión. No se trataba tanto de que el País Valenciano y Canarias no pudieran acceder a los techos competenciales del 151, sino de cerrar definitivamente esta vía de acceso autonómico. Por ello, y dado que los compromisos políticos de los dos grandes partidos tanto en Canarias como en el País Valenciano habían sido otros, las aprobaciones de los respectivos estatutos de estos dos territorios, en 1983, fueron acompañadas por sendas leyes orgánicas —la Ley Orgánica de Transferencia de Competencias de Titularidad Estatal a la Comunidad Valenciana (LOTRAVA) y la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias (LOTRACA)—, que aseguraban un traspaso competencial equiparable a las autonomías del 151. En este caso, sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido en el caso andaluz, ninguna de las dos autonomías se definió como nacionalidad. Mientras que en las Canarias se aludía a su identidad sin esclarecer si esta era regional o nacional, en el caso del País Valenciano se procedía a una definición que solo era comprensible considerando la enorme presión identitaria a la que se había sometido el proceso. Así, en el preámbulo de su estatuto, se definía el País Valenciano como el espacio «donde la tradición valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano, dando origen a la autonomía valenciana, como integradora de ambas corrientes de opinión que enmarcan lo valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco geográfico que comprende», lo que, definitivamente, era un galimatías de difícil ubicación. De hecho, del conjunto de estatutos que se cerrarían en 1983, exceptuando los del 151, solo el de las islas Baleares las definiría, aunque en su artículo 9, como nacionalidad, probablemente porque la relación con el catalanismo allí nada tiene que ver con la de la derecha valenciana.

En todo caso, más allá de la definición de cada una de las autonomías, en último término la voluntad de los dos grandes partidos iba mucho más allá de reconducir el proceso autonómico por la vía del artículo 143, lo que les permitía acompasar la temporalidad de la construcción autonómica sin generar asimetrías y asegurando un traspaso o mantenimiento de poderes en las elites locales y regionales ordenado. Esto se hizo evidente con la aprobación, en 1982, de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico a partir del informe de un grupo de expertos liderado por, de nuevo, García de Enterría. La sonrisa de Ortega y Gasset se volvía a hacer presente al final del proceso. La LOAPA era en este sentido un intento de asegurar no solo lo homogeneización, sino también la primacía de la legislación estatal por encima de la autonómica. En el fondo se pretendía que lo que se había intentado ya en el caso del Estatuto gallego volviera ahora en forma de ley orgánica del nuevo bipartidismo para aplicarse al conjunto de las autonomías. Evidentemente, eso rompía el principio de que los estatutos eran los definidores, junto con la Constitución, del modelo territorial (es decir, que conformaban un bloque de constitucionalidad) y los subordinaba a la legislación ordinaria del Estado. Esto, que fue lo que dictaminó en última instancia la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut catalán en 2010, era difícilmente asumible en un momento tan cercano todavía al proceso constituyente del 78. El recurso de inconstitucionalidad contra la LOAPA que presentaron tanto el Gobierno de la Generalitat como el Gobierno vasco conllevó una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 1983 que establecía claramente que igualdad no significaba homogeneidad, además de que los estatutos, como formantes del bloque de constitucionalidad, no era subordinables a la legislación del Estado central. En realidad, esta era la base del pacto territorial del 78, juntamente con el modelo paccionado y refrendado establecido por la vía autonómica del 151. Pero, más allá de la sentencia que inutilizó la LOAPA, lo cierto es que la voluntad política expresada en ella por el bipartidismo no quedó ni mucho menos anulada, y lo que no podía hacerse vía ley orgánica específica se intentó por otros caminos.

El nuevo bipartidismo, primero formado por la UCD y el PSOE y, posteriormente, por el PP y el PSOE, mantuvo (y, como veremos en el próximo capítulo, amplió) los principios que habían conformado la LOAPA en la práctica política de las décadas de 1980 y 1990. Lo hacían mediante órdenes ministeriales, la elaboración de leyes que sustraían competencias autonómicas —con lo que aumentaba la conflictividad competencial—, la declaración de infraestructuras territoriales como de interés general y con el abuso en la producción de leyes orgánicas. Si bien estas se preveían según el artículo 81 de la Constitución para legislar en exclusiva sobre derechos fundamentales, estatutos y régimen electoral, lo cierto es que se multiplicaron para una variedad de temas no previstos. Negociadas y aprobadas según la lógica bipartidista (y no desde el pacto territorial, a pesar de que implicaban en la mayoría de los casos invasión de competencias), se llegaron a aprobar más de trescientas, sin otra razón que menoscabar los propios estatutos. En este sentido, se quería imponer la lógica de que el rango estatutario era equiparable al de una ley orgánica. Sin embargo, tal como afirmaba el exministro de Justicia Francisco Caamaño: «Se puede tomar una pizarra, escribir con mayúsculas “los estatutos autonómicos son, y solo son, leyes orgánicas” y subrayar la frase varias veces. La afirmación solo será cierta si antes se ha borrado nuestra historia política y la pizarra se encuentra fuera de la fuerza gravitatoria del planeta Tierra». ⁶⁷ Los estatutos eran leyes paccionadas y, los del 151, incluso refrendadas por un demos propio, y las leyes orgánicas no. Los estatutos formaban parte del bloque de constitucionalidad, eran en sí mismos constituyentes, las leyes orgánicas no. Aunque en realidad no se trataba de principios constitucionales, sino de rectificar algunos extremos del 78. La consolidación del bipartidismo intentaba así asegurar un poder central fuerte y una lectura específica y unilateral del pacto del 78. Al fin y al cabo, incluso la victoria del PSOE en 1982 fue interpretada por el New York Times como la victoria de los young nationalists ; una descripción que no desagradó a aquellos que, según Alfonso Guerra, iban a materializar el viejo sueño orteguiano de vertebrar definitivamente España. Pero si el poder del bipartidismo permitió que su lectura sobre el 78 fuera al fin la lectura dominante, la crisis de ese mismo bipartidismo abrió finalmente de nuevo la puerta a todo aquello que se quiso encerrar. El pacto territorial del 78 se fraguó con muchas ambigüedades y sobrentendidos, y eso permitió que este tuviera lecturas diametralmente opuestas, las cuales dependerían, sobre todo, de la correlación de fuerzas. Sin embargo, a partir de un cierto momento, esta dialéctica entre las diversas interpretaciones cruzaría un punto de no retorno.

EXPERIMENTANDO LA PIEL

DE TORO PLURINACIONAL

La plurinacionalidad asimétrica de España, el carácter diferencial que no federal de su estructura, plantea problemas que si no se solucionan producen frustraciones, tensiones y aun situaciones lacerantes, que todos, en verdad, lamentan. La plurinacionalidad no constituye amenaza alguna para la integridad de España, porque es parte esencial de su ser profundo. Pero sí es un grave riesgo para dicha integridad el desconocimiento de este rasgo constitutivo de su propia estructura. La realidad suele vengarse de quienes la ignoran.

Miguel Herrero de Miñón,

Derechos históricos y Constitución , 1998

En diciembre de 2015, Podemos y las confluencias se convirtieron, para sorpresa de muchos (en esos momentos las encuestas señalaban que Ciudadanos, siempre alentado desde los grandes poderes económicos y mediáticos, iba a sacar unos setenta diputados, y el fenómeno Podemos estaba ya de baja), en la tercera fuerza política del Estado, casi empatada con la segunda, los socialistas. En efecto, un espacio político que tenía poco más de un año de singladura (y, en algunos territorios, ni eso) se había quedado a menos de 350.000 votos del PSOE en esas elecciones. Superó al Partido Socialista, aunque quedó por detrás del Partido Popular, en islas Baleares, País Valenciano, Canarias, Galicia, Madrid y Navarra, e incluso ganó las elecciones como fuerza más votada en el País Vasco, a pesar de que allí el PNV ganó en número de escaños, y en Cataluña.

En el caso catalán, era la primera vez en la historia de la democracia nacida en 1978 que un espacio político situado claramente a la izquierda del socialismo y con un programa rupturista con el llamado «Régimen del 78» ganaba unas elecciones. Nunca antes había pasado. El PSUC, mítico y mitificado partido del antifranquismo en Cataluña, roto por los conflictos internos en su V Congreso de 1981, nunca había superado al PSC, y se había quedado muy lejos de una victoria tan espectacular como la vivida en 2015. Esto era especialmente sorprendente en un medio político tan competitivo como el catalán, con un sistema político pluralista donde hasta seis partidos sacaron representación, y lo era aún más si tenemos en cuenta que el resultado en las generales en Barcelona superó en cuarenta mil votos al de Barcelona en Comú unos meses antes, cuando Ada Colau llegó a la alcaldía. Se había ganado en todas las ciudades del área metropolitana de Barcelona, exceptuando Sant Cugat, donde se quedó en segundo lugar. En la provincia de Tarragona, desde las empobrecidas Terres de l’Ebre, que habían sufrido de forma aguda la crisis, hasta Tarragona ciudad, como también en todo el litoral de Girona, el resultado había sido espectacular. En la misma Lleida donde, a pesar de tener una propuesta excesivamente urbana ante una situación de crisis rural, se leyó a En Comú Podem como el espacio político de la salida de la crisis. En definitiva, a diferencia de lo que había sucedido en el resto de España, espectacular por sí mismo, En Comú Podem fue la candidatura que consiguió no solo unos grandes resultados en las áreas urbanas, sino también en las rurales. Ganó en la capital de Cataluña y, al mismo tiempo, en su pueblo más pequeño, de treinta habitantes, Sant Jaume de Frontanyà. De hecho, en este último pueblo sacó un 53 % de los votos frente al 27 % de Barcelona ciudad.

Todo ello es algo que viví de cerca. La sorpresa ante esa victoria fue mayúscula, y no solo ante extraños, sino también entre los propios. Recuerdo perfectamente las duras negociaciones por el puesto número tres de la lista, ya que todos los actores en pugna, absolutamente todos, situaban el tercer diputado como el límite posible de escaños que podrían salir. No sé si era por el hecho de ser el cabeza de lista, por primera vez en mi vida y también de forma absolutamente inesperada para mí, pero a veces me parecía ser de los pocos que apostaban que ganaríamos las elecciones en Cataluña. Fue precisamente esa falta de confianza absoluta en un resultado superior a los tres escaños lo que nos dio una libertad en esa campaña como nunca más tuvimos en otras. Recuerdo que ya en la segunda semana, cuando empezábamos a despuntar un poco en las encuestas, en los mítines empecé a decir aquella frase de Gandhi: «Primero te ignoran, luego se ríen de ti y finalmente te atacan, entonces ya has ganado». Y lo más irreal de todo es que así fue. Posteriormente, un montón de gente, de periodistas e intelectuales «amigos» que en ese momento no estaban, te aconsejará, a veces incluso con buena intención, y presionará para que las cosas vayan en un sentido u otro, porque ellos saben por qué se ganó. Pero la realidad es que en ese momento un pequeño grupo de personas hizo, literalmente, lo que quiso. El resultado de ello se puede explicar de muchas maneras, con números y análisis históricos, pero para mí su significado siempre se contendrá en pequeños instantes. En la segunda campaña electoral que se realizó siete meses después, ante la imposibilidad de formar un nuevo Gobierno, acabado un mitin en un barrio de Hospitalet, cuando todo el mundo ya se había marchado, un hombre muy mayor se me acercó detrás del escenario. Andaba con muchas dificultades y parecía arrastrar mucha historia con él, historia de los de abajo, pero yo estaba agotado y me lo miré con cara de «no puedo más». Me hizo un ademán que indicaba que no me preocupase. «No te voy a molestar», me dijo susurrando, y me puso las manos sobre los hombros y una sola frase brotó de sus labios: «Gracias; jamás había ganado».

Lo dijo llorando.

¿Por qué ese nuevo espacio político ganó aquellas elecciones en Cataluña? Seguramente, en un debate interno se hablaría mucho del peso determinante de los diversos liderazgos, organizaciones o marcas. En el caso de un debate externo en los medios se utilizarían varias tesis para demostrar las teorías de aquellos que las anuncian. En realidad, muchos de estos debates son más de legitimidades que de otra cosa. No soy politólogo, pero aquella victoria se fraguó en el mismo momento en que la propuesta que se construyó en muy poco tiempo —empezaron a trabajar en ella unas pocas personas a partir de agosto de 2015— supo colocarse en el vértice de las tres grandes crisis sistémicas del momento. Lo que ganó no fue una candidatura de los «derechos sociales», a pesar de que, en los últimos años, algunos que la mayor parte de las veces ni estaban al principio han sido capaces de hacer pensar a muchos que este era el origen de la victoria de 2015, sino una candidatura que tenía respuestas para los tres grandes ejes de la crisis social, nacional y democrática. Respuestas imbricadas, además, en un horizonte de esperanza y cambio rupturista contra las elites sociales, económicas y políticas. En este marco, la victoria por sorpresa de En Comú Podem solo era explicable por la profundidad de las crisis que estábamos —y estamos todavía— viviendo. Cataluña, con aquella mayoría electoral en la que doblamos en número de votos al segundo partido, en este caso Esquerra Republicana de Catalunya, estaba lanzando un mensaje claro a España sobre la necesidad de buscar una salida a la triple crisis. Por ello prometí mi cargo de portavoz parlamentario en el Congreso con la divisa republicana de «libertad, la igualdad y la fraternidad», porque era en aquellos tres valores donde se debían encontrar las soluciones. Pero este mensaje no podía ser eterno: tenía una temporalidad concreta. En Cataluña, tras la victoria electoral independentista en las elecciones al Parlament de septiembre de 2015, se había iniciado una hoja de ruta hacia la independencia, y su calendario solo tenía dieciocho meses.

Nacimos en el 15M y de él, pero también supimos ubicar ese legado en unas coordenadas y un país concreto, el nuestro: Cataluña. La crisis de 2008 devino muy rápidamente en una crisis del sistema político y, en el mismo sentido, en una crisis de soberanía(s) que pronto iniciaría una crisis de legitimidad del régimen constitucional del 78 y finalmente del mismo Estado. ¹ Los partidos que conformaban el sistema político, en la medida que aceptaron que la acción política debía subordinarse a los intereses marcados por el mercado y, en concreto, por los mercados financieros, fueron del todo incapaces de dar respuesta a los grandes problemas de fondo que estaba viviendo la sociedad y se blindaron ante ella, lo que provocó una crisis de representatividad sin parangón. A su vez, la corrupción, entendida como un sistema de acceso a recursos públicos por parte de intereses privados, colapsó. La escasez de recursos implicaba que había menos para repartir, tanto en términos públicos como privados, y dejó de funcionar el soborno o la concesión ilegal como máquina engrasadora del sistema. Su quiebra conllevó la emergencia de denuncias y la intervención de los tribunales. Los mecanismos clásicos para pervertir la democracia ahora aparecían con toda su crudeza, como había sucedido de forma parecida en la Italia de la década de 1990, cuando la caída del comunismo , que, como adversario, era el gran unificador del sistema, había llevado a la crisis del conjunto del sistema político.

Todo ello sucedía además en un momento de crecimiento acelerado de las desigualdades sociales, la pobreza y la inestabilidad vital. Crisis social y crisis democrática que se encontraban profundamente ligadas y en Cataluña, además, a ello se le debía añadir una problemática propia: la quiebra del sistema autonómico a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut en 2010. Antes de que se dictara la misma, en 2009, un editorial publicado por doce diarios catalanes, titulado «La dignidad de Catalunya», avisaba de lo que podía venir si se confirmaban los peores augurios sobre aquella sentencia. Fue escrito por el periodista de La Vanguardia Enric Juliana, con unas notas previas del notario Juan José López Burniol, por encargo de los entonces directores de La Vanguardia , José Antich, y El Periódico , Rafael Nadal. No provino en este sentido ni del mundo convergente (que, en realidad, conoció la iniciativa a última hora) ni del mundo de Esquerra Republicana de Catalunya. De hecho, contra la mayoría de interpretaciones sobre el origen del procés , quien lo anunció no provenía de ninguna fila nacionalista. El editorial era claro a este respecto: «Que nadie yerre el diagnóstico […]. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. […]. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable». ² Esto era justo antes de la publicación de la sentencia; justo después, el president de la Generalitat, el socialista José Montilla, tampoco nada sospechoso de pertenecer a las filas nacionalistas, expresaba su indignación, que iba más allá de lo que dijera un Tribunal Constitucional, «lamentablemente desautorizado y moralmente deslegitimado para dictar esta sentencia», desde la certeza de que «somos una nación y formamos un solo pueblo». Pocos días después, se convocaba una manifestación con más de un millón de personas bajo el lema «Som una nació: nosaltres decidim » («Somos una nación: nosotros decidimos»). Se iniciaba el ciclo de lo que después sería conocido como el procés , aunque este hundiría sus raíces mucho antes, en medio de la crisis del Estado autonómico, de la que la sentencia del Estatut era solo un momento de inflexión, y la crisis de soberanías que se estaba viviendo de forma mucho más amplia, como mínimo, a escala europea.

ESPLENDOR Y CAÍDA DEL ESTADO AUTONÓMICO:

UNA SENTENCIA PARA GOBERNARLOS A TODOS

El desarrollo del Estado autonómico se suele calificar como uno de los grandes éxitos en la consumación de un modelo territorial para España. En este sentido, como modelo territorial se presenta a la par que el éxito de la Transición y el sistema político salido de 1978, y hasta se arguye, en un argumento muy parecido a los usados durante la Segunda República, que España ha devenido, con el Estado autonómico, en uno de los países más, sino el que más, descentralizados del mundo. En este desarrollo se habrían vivido sucesivas fases coronadas, sin duda para muchos comentaristas, con éxito. En 1983 se habrían aprobado los últimos estatutos y se habrían celebrado ya elecciones en todas las comunidades autónomas. Lo que era una posibilidad —que algunos territorios accedieran a autonomías— se había convertido en un modelo territorial. Toda España se agrupaba en diecisiete autonomías, con lo que el sueño de Ortega y Gasset se había hecho realidad. En 1992 se inició un amplio proceso de igualación competencial de todas las comunidades autónomas, ya que entre 1987 y 1989 se habían extinguido los cinco años demandados a las autonomías de la vía del 143 para poder acceder a las mismas competencias que las del 151. Este proceso de igualación competencial culminaría en 2001 con el traspaso completo de las competencias en sanidad y educación al conjunto de las comunidades autónomas. Finalmente, entre 2006 y 2007 se iniciaría la reforma de seis estatutos, siguiendo la estela de Cataluña, en un proceso que todavía no se ha cerrado. ³

Pero, a pesar de este amplio proceso de descentralización de casi cuarenta años, lo cierto es que el gasto público de cada nivel administrativo sigue mostrando, todavía hoy, que es el Estado central el que aglutina más del 50 % de los recursos. En el caso autonómico, a pesar de que las competencias en sanidad y educación, que son las que generan más gasto, están transferidas, se concentraría tan solo un 35 % de este gasto. Es más, el gasto autonómico en sanidad y educación, que es el volumen central de gasto en este nivel administrativo, en realidad es un gasto bloqueado, por tanto, en términos de capacidad de decidir el destino de los recursos, es decir, de hacer políticas estratégicas, la capacidad de maniobra del Estado central es muchísimo más alta, incluso más allá del hecho de que su capacidad casi dobla a la de las comunidades autónomas. Finalmente, en cuanto a la Administración local, se concentra solo el 15 % del gasto público. Por si todo esto fuera poco, el reparto de los recortes en los tiempos de crisis ha sido inversamente proporcional a esta realidad y se ha privilegiado al Estado central, atacando claramente a las políticas sociales transferidas a las comunidades autónomas. Estos datos matizan mucho la imagen que se ha querido ofrecer sobre el proceso de «descentralización» español. De hecho, además, la distribución actual se consiguió tras los sucesivos pactos de los nacionalistas conservadores catalanes y vascos, primero con el PSOE y después con el PP, a finales de los noventa del siglo pasado, momento en el que el Estado central concentraba el 70 % del gasto público. Tampoco entraremos a valorar aquí el desarrollo del Estado autonómico como modelo territorial, pero lo que sí queda claro es que la crisis no proviene directamente de su carácter territorial, sino más bien de su falta de capacidad progresiva de «integrar» la realidad plurinacional, que en la década de 1990, en el último gran proceso de homogeneización autonómica, quedó reducida al reconocimiento de la existencia de «hechos diferenciales». En todo caso, si su desarrollo se afirma como un éxito, ¿de dónde proviene la crisis?

El 11 de octubre de 2017, el PSOE, a cambio de apoyar la intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado central con la aplicación del 155, consiguió, según dijo, dos cosas: el compromiso de Mariano Rajoy y el PP para realizar una reforma constitucional «en seis meses» y la creación de una «Comisión para la evaluación y el perfeccionamiento del Estado autonómico». Lo cierto es que, de lo primero, de la reforma constitucional, Rajoy no dijo ni media palabra de hecho, ni siquiera confirmó que tuviera compromiso alguno con Pedro Sánchez sobre este asunto, y la verdad es que sería extraordinario en la historia política que se procediera a hacer una reforma «aperturista» ante un problema a la vez que se está interviniendo represivamente sobre este. Lo segundo, la constitución de una comisión en la que se afirmaba en su justificación que la historia del Estado autonómico había sido un éxito y que ahora cabía, en todo caso, «perfeccionarlo», constituye una perfecta metáfora sobre la neolengua orwelliana de la política española. Estábamos en ese momento, superado el 1 de octubre de 2017 y suspendida la declaración de independencia por parte de Puigdemont del día 10 de ese mismo mes, en la crisis de Estado más grave de la democracia desde 1978. Una crisis que mostraba claramente como el Estado autonómico estaba a punto de volar por los aires. En medio de esto, lo que cabía, según habían pactado el PP y el PSOE, era su «perfeccionamiento». Pero, por mucho que se pretenda encubrir, la realidad es tozuda. El Estado autonómico estaba tocado de muerte, precisamente, por la parte que nunca se había querido afrontar. El modelo autonómico no nació para producir un modelo territorial, sino para dar respuesta a una problemática plurinacional, aunque fuera subsumiéndola en un marco descentralizador, y por ello el fallo se produjo en el mismo corazón de la propuesta, con lo cual la crisis se volvió general.

El modelo autonómico fue creado originariamente, ya en la Segunda República, por y para Cataluña, y fue de su matriz que se desarrolló por toda España cuando se quiso hegemonizar lo que era plural. Es más, en la medida que Cataluña, a diferencia del País Vasco, se mantuvo en las autonomías de régimen general fue su modelo originario. Han sido en este sentido precisamente las demandas catalanas las que han marcado el techo de todo el resto de comunidades autónomas en cada nuevo desarrollo del Estado de las autonomías. Las aspiraciones catalanas y el Estado autonómico han sido dos realidades inseparables. Por ello la crisis actual no es solo una crisis de la relación entre Cataluña y el Estado, sino que en realidad significa la quiebra de todo el Estado autonómico, ya que no da respuesta al motivo por el que surgió inicialmente. Esto puede no ser evidente en un inicio, de la misma manera que uno se puede estar muriendo y conservar partes del cuerpo que en apariencia funcionen perfectamente. Para poner un único ejemplo que ilustre lo que estamos hablando, en 2014 se tenía que haber renovado por ley el sistema de financiación de unas autonomías con problemas graves de suficiencia financiera y que estaban sufriendo la crisis en primera línea. No se hizo. De hecho, cuando estas palabras sean publicadas, tampoco se habrá hecho todavía. Estamos en 2019. En 2017, una comisión de expertos abordó cuáles deberían ser las principales modificaciones en el sistema de financiación e hicieron un informe que prácticamente ha pasado inadvertido. Ello es así porque Cataluña no está participando en el sistema. Un sistema que se basaba en que Cataluña marcaba las peticiones competenciales máximas y, a partir de aquí, se organizaba la negociación, que acababa por afectar al conjunto. Pero esto ya no es así y no hay negociación ni nuevo sistema de financiación, mientras, lentamente, se han ido acumulando los problemas en el conjunto. Al sistema autonómico de España se le ha parado el corazón, y sus extremidades se están quedando sin sangre. Por tanto, la base de la crisis es nacional, o plurinacional, pero los efectos son sobre el modelo territorial global.

La dialéctica que nos ha llevado hasta aquí es, efectivamente, nacional. La Constitución de 1978 en el terreno nacional afirma el nacionalismo español dominante, pero pacta su existencia, convivencia y conllevancia con otras posibles naciones alternativas, llamadas, en este caso, «nacionalidades». En este sentido, la Constitución de 1978 se ha llegado a postular como un momento cero de la nación española. Es la Constitución la creadora de la nación, según estas explicaciones, a pesar de que el texto se funda en ella y de que la reconozca como un elemento preexistente. Y es a partir de esa nueva zona pretendidamente cero que el nacionalismo español, en parte en la forma de patriotismo constitucional, se activa a sí mismo para dar una lectura y un desarrollo específicos al modelo constitucional que trascienda los pactos de origen de 1978. Se trataría de buscar en ese desarrollo, en la vertiente territorial, una homogeneización constante entre realidades diversas, así como un intento también constante de preservar y reforzar, en la medida de lo posible, el poder del Estado central frente a las autonomías. Ciertamente, este no es un proceso ni mucho menos lineal, ni tampoco responde a ningún modelo de renegociación formal constante en los diversos niveles, como sería propio de un modelo federal. En este sentido, las esperanzas de los federalistas del PSOE —aunque el federalismo de los socialistas siempre ha sido algo muy relativo— y parte de las izquierdas surgidas del ámbito del comunismo español de que el Estado autonómico era ya casi un Estado federal, no eran más que eso: esperanzas. El 78 no marcó un punto de salida del federalismo en un proceso abierto que podía llevar a él. Pensarlo tal vez tuviera, en los orígenes del Estado autonómico, algún sentido (la espera, a veces, es esperanzada), y es probable que sirviera para mantener un compromiso entre las convicciones propugnadas y la realidad defendida, pero que actualmente se siga defendiendo que el Estado autonómico, claramente en quiebra, es ya casi un Estado federal da una dimensión exacta del fracaso del federalismo de estos sectores. De hecho, el proceso de desarrollo y crisis del Estado autonómico tampoco es describible como de federalismo plurinacional. Es más bien lo contrario: el intento de negación constante de la realidad plurinacional generó una dialéctica permanente entre proyectos nacionales distintos que desarrolló en sentidos contrapuestos el modelo territorial. Así, aquello que se desarrollaba, en vez de solucionar los problemas de fondo, llevaba también en su seno la semilla de su destrucción.

La consolidación del bipartidismo con la configuración inicial de dos grandes partidos —primero, la UCD y el PSOE; más tarde, el PP y el PSOE— y el mantenimiento de un sistema de práctica mayoría absoluta de la UCD en 1979 y de mayoría absoluta del PSOE desde 1982 hasta 1993 aseguraron la estabilización de un poder político central dominante en el conjunto del sistema político que no tenía ningún corrector federal , ya que manifiestamente el Senado no había sido pensado para cumplir ese papel. Además, ello permitió al bipartidismo presentarse como el garante y heredero del pacto de 1978 y su principal desarrollador, lo cual es un hecho realmente notable si tenemos en cuenta que parte del mismo, Alianza Popular, ni siquiera había apoyado la Constitución y que el pacto territorial constitucional no se fraguó solo entre los dos grandes partidos. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, en los pactos autonómicos de julio de 1981, o en la misma aprobación de la LOAPA, se partía de la consideración, por un lado, de que el desarrollo del modelo territorial correspondía a los partidos «nacionales» (de los que se excluía expresamente tanto a los partidos no estatales como a los comunistas), y, por el otro, de que este se debía llevar a cabo asegurando la preeminencia legislativa del Estado. Esto iba justo en el sentido contrario de lo que se había pactado en el mismo proceso constituyente. En el mismo el pacto se hizo expresamente intentando incluir a los partidos no estatales y se estableció un sistema de reparto competencial en el que no existía una «primacía» de una instancia por encima de otra, especialmente en aquellos estatutos —los del 151— que eran refrendados por un demos propio. Por ello la voluntad «nacional» del bipartidismo finalmente no pudo realizarse mediante la LOAPA, en gran parte suspendida por el Tribunal Constitucional, pero marcó las vías hacia la autonomía de gran parte de los territorios que accedían a ellas, y, a su vez, esa voluntad se encarnaba en una actividad legislativa y de decretos que entraban en conflicto constante de competencias con las autonomías, especialmente con las «nacionalidades históricas». A la voluntad del Estado central de sustracción competencial vino a ayudarla el propio proceso de integración europea iniciado en 1986, motivo de preocupación constante en el futuro para los partidos de las naciones alternativas. La Comunidad Económica Europea (CEE), futura Unión Europea, intervendría directamente en las competencias (en un proceso que, a pesar de no ser explícito, se puede describir sin dudarlo de articulación de soberanías compartidas) que básicamente correspondían a las comunidades autónomas, como la pesca, la agricultura o el medioambiente. Aunque estas competencias no eran propias del Estado central, respecto a ellas se erigía casi como interlocutor único ante la UE, lo que rebajaba las capacidades de las comunidades autónomas. El desarrollo de este proceso, más el desarrollo legislativo del Estado central, conllevó un fuerte incremento de los conflictos competenciales, convirtiendo de facto al Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa de revisión, interpretación y establecimiento de doctrina. De hecho, ante la manifiesta inutilidad del Senado como cámara territorial, este tribunal acabará por ejercer en realidad de segunda instancia legislativa, lo que lo convertirá en un elemento clave de la crisis de Estado actual.

El papel del Tribunal Constitucional en España no tiene prácticamente parangón en otros países de tradición occidental. Está determinado por la influencia del modelo austriaco-kelseniano, que tanto ha impactado en España. Pensado para un país con una sola nación de referencia y de tradición jurídica germánica, se aplica en un país plurinacional y de tradición jurídica francesa. En este campo, el Tribunal Constitucional no solo actúa cuando se plantea un conflicto concreto en el ámbito de la justicia ordinaria que puede tener consecuencias constitucionales (como sí ocurre en otros sistemas, en muchos de los cuales no existe un Tribunal Constitucional sino una Corte Suprema), sino que además revisa la constitucionalidad y voluntad del legislador con sentencias interpretativas sin partir de un caso particular (algo que solo sucede en España y Austria). Todo ello lo hace como institución al margen del poder judicial y con un sistema de elección que beneficia claramente al bipartidismo, a pesar de las consecuencias territoriales de sus decisiones. Así, si en el caso austriaco (en el que se inspira el nuestro) y el alemán el Tribunal Constitucional es elegido por las instituciones territoriales, o mientras que en Estados Unidos la Corte Suprema debe ser ratificada por un Senado verdaderamente territorial y en Bélgica cada mitad es elegida por cada una de las comunidades nacionales, en España ocurre justo lo contrario. En la medida que los miembros del Tribunal Constitucional español se encontraban cercanos temporalmente al pacto constitucional, mantuvieron en sus sentencias el espíritu del mismo, pero a medida que la práctica constante de los criterios nacionales españoles iban imponiéndose (y repercutiendo en la elección de los propios miembros), la situación fue cambiando. De esta manera, en una fecha tan clave como 1992, Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, afirmaba: «El Estado de las Autonomías no debe cerrarse con la igualación competencial […], la Constitución no lo exige y la prudencia lo desaconseja. […] Pero la última y principal razón en favor de la inicial diferenciación competencial es la diferencia real, por histórica y presente, entre las nacionalidades y regiones que subyacen bajo cada Comunidad». ⁴ Pero en 1992 Tomás y Valiente dejaría de presidir el Tribunal Constitucional y a la vez la voluntad homogeneizadora del bipartidismo viviría un nuevo impulso que despertaría una nueva dialéctica entre proyectos nacionales.

El año 1992 fue clave en el intento de construcción de una nueva idea de España. Después de una historia plagada de demasiadas «excepcionalidades» respecto a Europa, se suponía que nuestro país había entrado definitivamente en la «modernidad», en una especie de «fin de la historia» patrio. Esta entrada estuvo simbolizada tanto por las Olimpiadas de Barcelona como por la Expo de Sevilla y la firma del Tratado de Maastricht, que convertía a España, por primera vez en su historia, en parte fundante de la Unión Europea. A su vez, si todo ello miraba al futuro de la nación, hacia el pasado se remarcaban dos cosas que se conmemoraban ese año. Por un lado, en 1992 tuvo lugar la celebración del V centenario del «nacimiento» de la nación española, cuyo relato, que se haría fuerte hasta nuestro presente, se basaba en la idea absolutamente ahistórica de que España era la nación más vieja de Europa a partir de la unión matrimonial de las coronas de Castilla y Aragón y la finalización de la Reconquista. Por el otro, se celebraba también el hecho de que ese «nacimiento» de la nación española se había hecho hacia fuera, hacia el mundo, con su propio «destino manifiesto» —el «descubrimiento» de América— como gran referencia histórica nacional. Así, el gran referente constitutivo de la nación no eran ni la memoria democrática republicana ni, mucho menos, alguna gloria nacional contra los invasores, como el levantamiento de 1808. El PSOE, después de una década de mayoría absoluta, no solo no había condenado institucionalmente el régimen franquista, sino que no quiso ni recuperar la memoria republicana como memoria democrática por considerar que dividía la nación. ⁵ Tampoco quiso hacerlo con la memoria de conflictos que pudieran ser apreciados, aunque fuera remotamente, como antieuropeos, como el levantamiento popular contra la invasión napoleónica, que dio pie al nacimiento de la «nación liberal» en Cádiz en 1812 y que podía aparecer como contrario a la construcción de la Unión Europea. Finalmente, entonces, optó por «externalizar» el problema. Al no querer asumir conflictos «internos», construyó el relato histórico del triunfo de la democracia española a partir —paradójicamente— de la gran aventura colonizadora, que acabó con millones de vidas de las poblaciones originarias de América. Por ello, en 1987, el Gobierno socialista estableció el Día de la Hispanidad, fecha del «descubrimiento» de América, como fiesta nacional y no el 6 de diciembre, día de aprobación de la Constitución. Ciertamente, lo que se celebraba era el pretendido «encuentro» entre culturas, pero no deja de ser sorprendente que, queriendo evitar hacer políticas de la memoria sobre los conflictos internos, en su escapada acabara por enaltecer la conquista de América.

En todo caso, en este marco se intentó articular, por parte de los socialistas, un nuevo discurso nacional español basado en la idea del «patriotismo constitucional». Esta idea, elaborada en Alemania en 1990 y ampliamente difundida, también en España, por Jürgen Habermas, en su trasplante español, paradójicamente, perdía una de sus características principales: el consenso antifascista de condena a las dictaduras del pasado. Una condena que el PSOE no ejercía institucionalmente y que solo pediría al PP cuando este gane las elecciones de 1996. En todo caso, en su versión patria, el patriotismo constitucional defendía la existencia de una nación española cívica que miraba al futuro, alejando los demonios del pasado, y se oponía desde ciertos sectores a los nacionalismos «étnicos» y «excluyentes» de las naciones alternativas. Es decir, lo de unos —los que defendían la nación española— era patriotismo «incluyente», mientras que lo de los otros —los que defendían la existencia de otras naciones— era nacionalismo «excluyente». En este marco de nuevo intento de cierre del nacionalismo español (en este caso progresista, aunque muchas de sus aseveraciones serían utilizadas posteriormente por las derechas) en esta suerte de «fin de la historia» debía ir congruentemente acompañado también de un intento de cerrar el modelo autonómico. Así, el 28 de febrero de 1991, el PSOE, el PP y el Gobierno firmaron unos nuevos pactos autonómicos que reeditaban la voluntad de los de 1981. Se trataba de conseguir que todas las comunidades autónomas llegaran al mismo techo competencial, de modo que se hizo desaparecer prácticamente la diferencia entre las del 151 y las del 143, aunque aceptando, eso sí, «hechos diferenciales». Difícilmente esto último podía ser de otra manera. Una comunidad autónoma sin una lengua propia no podía tener competencias sobre ello, y tampoco se podía borrar de la Constitución la disposición adicional primera, sobre los fueros, o la tercera, sobre el régimen fiscal canario. Aquello era el café para todos, en una lectura unilateral del bipartidismo sobre el modelo constitucional que excluía a los partidos no estatales del pacto del 78 (del que estos eran también hacedores), pero en la que había extremos que difícilmente se podían tocar. No obstante, fue precisamente esta voluntad la que, lejos de cerrar el problema autonómico y el modelo territorial en un fin de la historia propio y espectacular en medio de los fastos de 1992, inauguró, en la segunda mitad de los noventa, una dialéctica endiablada entre procesos de recentralización y descentralización. Así, en espacios extraordinariamente cortos de tiempo (el que daba una legislatura), se establecían políticas territoriales del todo contradictorias que no respondían a ningún acuerdo de fondo, sino a dos nuevas realidades: el fin del bipartidismo «perfecto» y los rearmes nacionales, tanto en el caso del nacionalismo español como en el de aquellos que propugnaban la existencia de naciones alternativas.

Cuando los fastos de 1992 cerraron sus últimas y deslumbrantes luces, lo que vino fue una dura resaca: la crisis económica, la implementación de las primeras grandes medidas neoliberales por parte del Gobierno socialista y la explosión de casos de corrupción. El sistema político seguía siendo eminentemente bipartidista (de hecho, estaba a punto de verificarse el recambio bipartidista), pero en el paso de un tipo de poder a otro, del PSOE al PP, se inauguró lo que se llamaría «bipartidismo imperfecto». Es decir, la necesidad, tanto por parte del PSOE en 1993 como del PP en 1996, de apoyarse en los partidos nacionalistas conservadores catalanes y vascos para conseguir mayorías parlamentarias. Eso evidentemente reforzó la agenda neoliberal de los dos grandes partidos estatales, pero a su vez, a pesar de los pactos que intentaban cerrar el sistema autonómico en 1992, inauguraba un proceso de transferencias competenciales en ningún caso previstas por los grandes partidos españoles. Esto no respondía a un nuevo pacto territorial o a una discusión sobre el modelo global y específico de cada territorio o realidad, sino a la pura y dura correlación de fuerzas políticas de cada momento. El bipartidismo había querido excluir a los partidos no estatales de la definición del modelo, y ahora este se abría sin una hoja de ruta en ningún sentido compartida, ni siquiera discutida. Entonces se entró en una dialéctica pública de «concesiones», por un lado, y pulsiones «recentralizadoras», por el otro, cuando los partidos nacionales españoles no necesitaban de los periféricos. Así, durante la última legislatura de Felipe González (1993-1996) se produjo la transferencia de la gestión recaudatoria del 15 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), y el acuerdo político para que las comunidades autónomas participaran en las delegaciones de la UE (aunque, en realidad, esto empezaba a ser bastante inevitable, ya que el Tratado de Maastricht había creado el Comité Europeo de las Regiones, presidido por Pasqual Maragall a partir de 1996, mientras que Jordi Pujol presidía la Asamblea de las Regiones de Europa desde 1992). Más tarde, en la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000), se mejoró el cupo vasco y se transfirieron las competencias de tráfico a Cataluña, se suprimieron las figuras de los gobernadores civiles y se cedió el 30 % del IRPF, a la vez que las comunidades autónomas adquirían capacidad normativa sobre los impuestos cedidos.

Sin embargo, esta dialéctica competencial entre la descentralización y la recentralización o la homogeneización se establecía sobre una dialéctica más dura de tipo nacional. La voluntad homogeneizadora del bipartidismo, que desde 1981 había excluido expresamente del desarrollo del modelo territorial —cuando no de la misma idea de España— a los partidos de carácter nacionalista, además de a gran parte del conjunto de los espacios políticos de las naciones alternativas, también definió un tipo de nación española. A su vez, esto reimpulsó a los partidos nacionalistas y planteó la necesidad, no ya de desarrollar el Régimen del 78, sino de ir hacia un modelo de Estado diferente. Así, si el patriotismo constitucional era una forma de definición de la «patria» —España— frente a los «nacionalismos», estos se reagruparían, a finales de la década de 1990, en torno a un nuevo proyecto de Estado. Este fenómeno eclosionó en el marco de la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000), donde se conjugó un proceso de descentralización, producto de la correlación de fuerzas, con el rearme de los distintos proyectos nacionales ante la evidencia de que lo primero no respondía a ningún proyecto compartido. A pesar de que en esos tiempos Aznar, según decía el mismo, hablaba catalán en la intimidad, lo cierto es que una de las medidas más polémicas en ese momento fue el decreto de humanidades de Esperanza Aguirre, a la sazón ministra de Educación y Cultura. Un decreto que pretendía pasar por encima de las competencias en educación transferidas a las comunidades autónomas y articular un relato histórico de España de tipo uniformizador y memorialístico que respondía a la creencia de que la nación española se estaba desintegrando en las aulas. Hay una conexión directa entre ese decreto y el intento años después del ministro —también de Educación— José Ignacio Wert de «españolizar a los alumnos catalanes» en 2012. En este sentido, la entrada del Partido Popular al Gobierno, después de más de catorce años de poder socialista, sin haber condenado el franquismo a nivel institucional y con un fuerte discurso nacionalista, llevaba poco a engaño. Sería en este marco que el campo propositivo de los partidos nacionalistas evolucionaría sustancialmente.

A finales de los años noventa del siglo XX se darían, además, dos circunstancias que propiciarían la reactivación de las cuestiones nacionales en España. La primera de ellas sería la propia consolidación como proyecto de la Unión Europea con la entrada de la moneda única, la constitución del Parlamento Europeo con más competencias y la intención, finalmente fallida, de dotar a la UE de una constitución propia. Un marco en el que aquellas realidades que se reivindicaban como naciones percibieron la necesidad de afirmarse en el proyecto europeo, que parecía ofrecer la posibilidad de una nueva distribución de poder y soberanías. Eran conscientes, además, de que si no estaban presentes en este debate, correrían el peligro de acabar absolutamente subordinados a un Estado —el español— que se erigiría como único interlocutor ante una UE que actuaba competencialmente en el ámbito autonómico. Es en este sentido que para esos proyectos nacionales alternativos se percibía a «España como problema y Europa como solución», pero ello no puede esconder tampoco la ansiedad ante la posibilidad de quedar absolutamente apartados y subordinados en un nuevo momento del reparto de cartas competencial.

La segunda circunstancia que permitiría esta reactivación sería el Pacto de Lizarra/Estella, firmado el 12 de diciembre de 1998 por los partidos abertzales , básicamente el PNV, Eusko Alkartasuna (EA), HB, y Ezker Batua-Izquierda Unida. Un acuerdo donde los distintos actores políticos asumían encontrar una solución política conjunta al conflicto vasco en el «ámbito vasco de decisión» y «en ausencia de violencia». Como se había planteado ya en 1977 en los encuentros de Chiberta, se trataba de la creación de un marco en el que una parte del sistema político se comprometía a abrir el debate y la decisión sobre el modelo de inserción del País Vasco en España o la misma posibilidad de su independencia, es decir, se comprometía con el ejercicio del derecho de autodeterminación, pero para ello debería desaparecer la actividad terrorista. Cuatro días después de la firma de este compromiso, ETA declaraba una tregua indefinida y sin condiciones. En realidad, esa tregua, que también propició que Aznar hablara de ETA como del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, solo duró hasta 1999, pero por un tiempo abrió el campo para que se definiera una nueva agenda programática de las naciones alternativas no lastrada por la violencia de ETA.

En este contexto, en 1998 Convergència i Unió (CiU) y el PNV, entonces partidos gobernantes en Cataluña y el País Vasco, junto con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), en ese momento segunda fuerza en Galicia y por delante del Partido Socialista de Galicia, firmaron la Declaración de Barcelona, a la que siguieron, hasta 1999, las declaraciones de Vitoria y Santiago y a la que, posteriormente, también se sumó el Partido Andalucista. Lideraron esta iniciativa dos partidos claramente de derechas en el campo del nacionalismo y el BNG —en Galicia, de hecho, no existía el nacionalismo de derechas—, pero la realidad es que gran parte de los postulados de esta declaración serían defendidos también por las izquierdas catalanistas, incluyendo tanto al PSC como a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Se partía en ella de la realidad de que, en el veinte aniversario de la Constitución de 1978 «continúa aún sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional […] hemos padecido una falta de reconocimiento jurídico-político e incluso de asunción social y cultural de nuestras respectivas realidades nacionales». Es más, según los firmantes: «El desarrollo del modelo constitucional a través de los Estatutos de Autonomía y la progresiva homogeneización competencial de los mismos formó parte de una estrategia de las fuerzas estatales para desvirtuar el autogobierno de las naciones sin Estado y reforzar los instrumentos institucionales políticos, culturales y económicos del poder central». Pero si ese era el diagnóstico a nivel interno, la urgencia que se planteaba estaba bien dibujada en el contexto europeo: «Este reconocimiento, además de justo y democrático, resulta absolutamente necesario en una Europa en proceso de articulación económica y política y que, además, apunta, a medio plazo, hacia una redistribución del poder político entre sus diversas instancias y niveles». Como se puede observar, ahora la solución final ya no era una relectura del pacto del 78, sino la constitución de un nuevo modelo de Estado compartido de corte confederal, plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Pero si este es el modelo, que supera claramente el Régimen del 78, cuando se entre en el campo de las medidas concretas que se reclaman lo cierto es que estas se pueden mover todavía en el marco dibujado en 1978, pero con un desarrollo que nada tenía que ver con la lectura del mismo realizada por el bipartidismo. Así, reclamaban las competencias plenas y exclusivas en materia cultural y lingüística, la reformulación del papel del Senado, la reforma de la financiación para asegurar la autonomía y suficiencia financiera, la competencia exclusiva en recursos naturales, el nombramiento de representantes de las distintas naciones al Tribunal Constitucional por los respectivos Parlamentos, la articulación de justicias propias a partir de los Tribunales Superiores de Justicia, la representación en la UE y el reconocimiento como naciones. Estas mismas demandas son las que estarían en el corazón de la reforma del Estatut de Cataluña en el nuevo milenio y que una lectura flexible del 78 hubiera permitido. Pero, como sabemos, lo que sucedió no fue esto.

La Declaración de Barcelona tuvo una rápida réplica en el ámbito del PSOE (más concretamente, en su poder territorial de base guerrista), materializada en la Declaración de Mérida, también de 1998. Impulsada y suscrita por los llamados «tres tenores» —el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el de Castilla-La Mancha, José Bono, y el de Andalucía, Manuel Chaves—, en ella básicamente se apelaba a la fidelidad a la Constitución y a la necesidad de que no hubiera una negociación política a partir de la tregua de ETA, así como al hecho de que «vemos con preocupación las posiciones nacionalistas que cuestionan la cohesión garantizada en la Constitución y niegan la soberanía a los españoles en su conjunto». Pedían en este sentido la comparecencia de Aznar en el Senado para dar cuenta de todo ello. Esta declaración y la reacción de una parte de la izquierda española respondía a una visión extendida entre el guerrismo y más allá, con una capacidad de influencia que llega hasta nuestros días, según la cual el mantenimiento de la unidad de la nación española era la precondición del mantenimiento de la igualdad y la justicia social. Contrariamente, según esta misma visión, la afirmación nacional de otras posibles naciones sería una acción insolidaria de nacionalismo excluyente, obra de las elites burguesas. Aun así, aparte de ese papel en el campo de la izquierda, evidentemente no toda, no hubo ninguna respuesta a las nuevas demandas nacionales.

La mayoría absoluta del PP de José María Aznar en el año 2000 posibilitó la expresión sin ataduras de un nuevo proyecto para España que, en realidad, culturalmente tenía mucho de viejo, y donde se trataba de definir una sola España posible, con un solo partido posible para gobernarla y una única política posible para gestionarla. Ya no se trataba solo del decreto de humanidades o de comenzar a plantear que el castellano se encontraba perseguido en Cataluña o el País Vasco, sino de construir, o reconstruir, una idea de comunidad nacional. Para ello se creó en 2002 la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), integrando y disolviendo las cinco fundaciones anteriores de la derecha, que expresaban su pluralidad ideológica, para conseguir establecer un solo instrumento de generación de discurso. En este caso, también el PP entonces en el poder, como había ocurrido con el PSOE en los noventa, adoptó en 2002 el discurso del patriotismo constitucional. En el XIV Congreso del Partido Popular, María San Gil, dirigente del PP en el País Vasco, y Josep Piqué, dirigente de la misma formación en Cataluña, se encargaron de dar sustancia a ese «Patriotismo constitucional del siglo XXI », el cual, a pesar de definir España como nación cívica (frente a los considerados nacionalismos étnicos y excluyentes de las naciones alternativas), lo hacía también a partir de su identidad cultural e histórica. En este sentido, la mejor obra contemporánea de esa nación española, de su comunidad nacional, habría sido la Constitución de 1978. Pero de nuevo faltaban componentes básicos para homologar el patriotismo constitucional español con el que se había desarrollado en Alemania. El patriotismo constitucional de Habermas no se acoge a un texto constitucional como el alfa y el omega de la verdad posible, sino a los principios fundantes de la Constitución, y, a la vez, realiza una revisión democrática y republicana sin concesiones tanto a la historia como a las culturas nacionales. Pero esto no fue incorporado en la propuesta del PP. En ella, la Constitución, interpretada por el propio PP o, como mucho, por el bipartidismo, se elevaba a fetiche intocable de la construcción de la nación española, que a partir del cambio de milenio entraba plenamente en la modernidad frente a los nacionalismos excluyentes arcaizantes. Todo este rearme se coronó con la bandera española de más de trescientos metros cuadrados que se colocó en 2001 en la plaza de Colón de Madrid, como espacio de celebración de las grandes efemérides nacionales y exaltación patriótica de España. El mensaje quedaba claro.

Pero a pesar de todo ello (o precisamente por ello), durante la segunda legislatura de José María Aznar se pusieron las bases para reabrir los acuerdos de 1978 por parte de los proyectos nacionales alternativos, ya no con declaraciones, sino con el inicio de nuevos procesos políticos e institucionales. En el caso vasco, buscando una salida después de la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y ETA, en el 24 aniversario del Estatuto de Guernica, el lendakari Ibarretxe presentaría en 2003 el conocido como Plan Ibarretxe, el primero en plantear explícitamente el derecho a decidir en España dentro del ciclo que, como veremos en el próximo capítulo, había abierto Quebec durante la segunda mitad de la década de 1990. Se trataba de dotar de un nuevo Estatuto Político a la Comunidad Autónoma de Euskadi en un proyecto que se tramitaría como una reforma estatutaria, pero que propondría, de hecho, el paso a un Estado confederal, solo ratificable por el pueblo vasco si se daba un marco de «ausencia de violencia». Por tanto, esta propuesta, apoyada por el tripartito del Gobierno vasco, formado por el PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, buscaba tanto un nuevo encaje del País Vasco en España como el fin de la actividad de ETA. A pesar de ello, la reacción del Gobierno de España contra esta propuesta fue de una extremada virulencia política. En la medida que en ella se incluía la posibilidad de ser votada por el pueblo vasco vía referéndum, se impusieron en 2004 en el Código Penal penas de cárcel para aquellos que convocaran referéndums sin la autorización del Gobierno de España. El PSOE, por su parte, que accedió de nuevo al poder en el mismo 2004, cumpliendo con lo que había sido un compromiso electoral despenalizó de nuevo la convocatoria de referéndums, pero no fue más allá. Cuando el Plan Ibarretxe llegó a las Cortes en 2005 sería rechazado de forma contundente, ya no su aprobación sino su sola tramitación, en una votación que encontraría tan solo 29 votos favorables, dos abstenciones y 313 votos en contra. Se creó entonces una situación de impasse que solo encontraría «solución» al ilegalizarse la izquierda abertzale y, aun habiendo ganado las elecciones, desalojando a Ibarretxe fuera del poder en 2009 por el PSE, con Patxi López a la cabeza, a partir de un pacto con el PP y Unión Progreso y Democracia (UPyD). Pero el proceso que tendría efectos claves para la voladura del pacto territorial del 78 sería, finalmente, el mucho más «moderado» de reforma del Estatuto de Cataluña. Es probable que ello fuera así por la posición central que ocupa Cataluña, a diferencia del País Vasco, en el sistema autonómico, y también porque en este caso la reforma no fue impulsada por un partido nacionalista, sino por el PSC de Pasqual Maragall, elegido president en 2003 y que tenía el compromiso público de José Luis Rodríguez Zapatero (hecho antes de acceder a la presidencia de España en 2004) de aprobar el Estatuto que saliera del Parlament de Cataluña. En ese contexto, quien tumbó el Estatut de Cataluña no fue el Congreso ni el pueblo en referéndum, fue el Tribunal Constitucional, de una forma determinante para entender lo que vendrá después.

La propuesta de reforma del Estatuto en Cataluña, que conllevaría, además, la apertura de seis reformas estatutarias más en otras comunidades autónomas, era clave en el proyecto del nuevo socialismo que llegó al poder en 2004. Tras casi una década en la oposición, los socialistas habían articulado un nuevo horizonte de esperanza, el mismo que hizo posible su victoria después del desastre de la intervención en la guerra de Irak por parte de España y de los atentados terroristas de Al Qaeda el 11 de marzo de 2004. Acabado y agotado el ciclo discursivo del PSOE como constructor el Estado del bienestar en España, sobre todo cuando tampoco parecía querer ir mucho más allá en políticas redistributivas, ahora el proyecto se basaría en una nueva promesa de derechos y libertades, políticas de memoria, (derechos de colectivos LGTBI, de atención a la dependencia, etc.) así como en la articulación de lo que llamarían la «España plural». Aquello le permitiría al PSOE intentar construir una idea de España desde la diversidad cultural y las identidades nacionales, lo cual, a su vez, estaría en la base de la victoria electoral de un Partido Socialista que quería parecerse a la España real. Esto último daría pie a una nueva generación de estatutos que pivotarían sobre el Estatuto catalán y, al mismo tiempo, rompería con la dinámica bipartidista en la definición del modelo territorial, iniciada en 1981. Por primera vez, una falta de mayoría absoluta de uno de los grandes partidos estatales no se intentaba subsanar con el apoyo del nacionalismo conservador vasco o catalán, sino con el del catalanismo republicano que se integraba en el tripartito catalán, el nacionalismo gallego de izquierdas del BNG, Izquierda Unida (IU) y la Chunta Aragonesista. Se trataba de partidos que representaban realidades nacionales y territoriales diversas, con los que, además, se pretendía compartir, más allá de los votos para obtener mayorías, un camino en la construcción de la «España plural». En este sentido, por primera vez desde los años noventa del siglo XX , se intentaba articular una hoja de ruta territorial compartida, y no solo establecer políticas territoriales contradictorias a partir de la correlación de fuerzas de cada momento. También, por primera vez desde los años ochenta del mismo siglo, el desarrollo del modelo territorial se realizaba integrando en el mismo a partidos de las afueras del bipartidismo. Al menos fue así durante la primera mitad de la legislatura de Zapatero, porque la reacción del PP ante todo ello no se hizo esperar. En noviembre de 2004, los presidentes regionales del PP, acompañados por sus presidentes de las comunidades autónomas, suscribían la Declaración de San Millán de la Cogolla, en la cual, en términos muy parecidos a los de los presidentes socialistas años antes en la Declaración de Mérida, avisaban contra el peligro de la ruptura de la igualdad y la unidad nacional. Pero en realidad esto solo sería el principio de una campaña constante de hostigamiento a la reforma estatutaria catalana, con iniciativas en su contra en toda España planteando que toda ella debía poder decidir sobre la misma.

Pero independientemente de la demagogia que utilizó el PP, reconocida por sus mismos dirigentes años después en privado e, incluso, algunas veces en público, lo cierto es que la reforma estatutaria catalana tenía implicaciones sobre el conjunto del modelo territorial. Era así precisamente porque la definición del modelo territorial, en realidad, era tan estatutaria como constitucional; por eso mismo los estatutos forman parte del bloque de constitucionalidad, como ya hemos explicado en el capítulo anterior. Era así, también, porque Cataluña jugaba un papel central en la definición del conjunto del Estado autonómico, sobre todo si su reforma estatutaria quería ser una relectura de todo el desarrollo del modelo del 78. Y eso es lo que quería. La voluntad última del catalanismo desde su nacimiento no había sido construir solamente Cataluña, sino construir España. El Estatuto de Cataluña de 2006 fue el último gran intento del catalanismo a este respecto, pues ya de entrada tenía carácter de constitución: definía una nación, una carta de derechos y un marco competencial, legislativo y judicial propio. Era una relectura global que habría afectado (y en parte lo hizo) al modelo territorial español. A diferencia de en el caso vasco con el Plan Ibarretxe, aquí se trataba de una reestructuración no solo de la relación entre Cataluña y España, sino de todo el modelo autonómico, lo cual, evidentemente, obedecía tanto al principio de bloque de constitucionalidad como al principio dispositivo, que eran los principios básicos presentes tanto en el nacimiento del modelo autonómico durante la Segunda República como en el pacto territorial de 1978.

Estos son los principios que saltarían por los aires con la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional. Aunque también habría algo más.

El proceso de debate y aprobación del Estatut de Cataluña se vivió con una intensidad política enorme en España, incluso mucho más que en la propia Cataluña. Finalmente, en 2006, después de que fuera aprobada la propuesta del Parlament en el Congreso de los Diputados —no sin antes dejarse unas cuantas plumas emocionales a cuenta de palabras tan irresponsables como las de Alfonso Guerra referidas al Estatut («Lo cepillamos como un carpintero durante la comisión») y haberse producido, además, el pacto Zapatero-Mas, que dejó en la cuneta política a Pasqual Maragall—, el Estatut fue refrendado por el pueblo de Cataluña. Pero inmediatamente se presentó, por un lado, el recurso firmado por 49 diputados del Partido Popular, y, por el otro, el que presentó el defensor del pueblo, Enrique Múgica, aunque eran los letrados y abogados del Estado quienes estaban detrás del mismo, razón por la cual este segundo recurso tuvo mucha más importancia de la que se le supone en la conformación final de la sentencia. La sentencia del Tribunal Constitucional activada por estos recursos tardaría cuatro años en llegar, de hecho, atendiendo al resultado final de esta sentencia, Cataluña estuvo durante esos cuatro años (entre 2006 y 2010) fuera de la Constitución sin que aparentemente nada perturbador sucediese. Durante estos largos años de deliberación constitucional, el espectáculo que dio ese tribunal ante la opinión pública, y especialmente ante la opinión pública catalana, fue a todas luces asombroso. Un tribunal formado inicialmente por seis miembros conservadores y seis progresistas, donde el voto de calidad de su presidencia residía en los progresistas, vio cómo se recusó y se anuló a uno de sus miembros «progresistas», cómo se mantuvo a cuatro magistrados con el mandato expirado expresamente para que estuvieran presentes para dictar la sentencia del Estatut, o cómo incluso no se sustituyó a un magistrado fallecido durante el proceso para asegurar una mayoría contraria al Estatut. Finalmente, un tribunal ya de por sí deslegitimado ante este proceso dictó sentencia. Una sentencia, con seis votos favorables y cuatro en contra, que derogaba catorce artículos, reinterpretaba, arrogándose un papel propio del legislativo, 27 más y declaraba sin efectos jurídicos el preámbulo del Estatuto. Los preámbulos nunca tienen efectos jurídicos, pero el Tribunal Constitucional sintió una imperiosa necesidad, sin duda de carácter nacional, de dejar claro lo que ya lo estaba. Como afirma el actual director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, gran parte de estas derogaciones y reinterpretaciones de los artículos del Estatut se hizo «sobre la base de hacerles decir lo que no dicen». ⁶ La sentencia anulaba o rebajaba, entre otros elementos, la definición nacional de Cataluña (que, de hecho, se negaba), la preeminencia del catalán, la posibilidad de desarrollar un poder judicial autónomo, el carácter prescriptivo del Consejo de Garantías Estatutarias catalán (paradójicamente, más tarde se acusaría al Parlament de Cataluña de no obedecer al Consejo, cuando había sido el mismo Tribunal Constitucional el que lo había determinado así), la bilateralidad o cualquier derecho histórico que quedaba circunscrito solo a los casos vasco y navarro. Se anulaban incluso artículos, como el referido al Consejo de Justicia de Cataluña, o el papel de la Generalitat en las entidades de crédito no bancarias, que quedaron incólumes en otros estatutos que se habían inspirado, cuando no habían copiado directamente, en el redactado del catalán. Pero, en esencia, la sentencia rompía tres elementos claves del pacto territorial de 1978. Situaba el Estatuto en un rango subordinado a las leyes orgánicas, negando así su capacidad de contribuir a la configuración de los ámbitos competenciales, algo que solo podía hacer la Constitución y el Tribunal Constitucional, y destruyendo las bases del principio dispositivo, según el cual eran los estatutos los que definían su configuración competencial, y las del bloque de constitucionalidad, en la medida que eran los estatutos, junto con la Constitución, los que definían el modelo territorial. Todo ello se contradecía con sentencias anteriores del propio Tribunal Constitucional, pero incluso más allá de esto se llegaba a entrometer en la voluntad de las Cortes al negar que estas estuvieran sujetas a preceptos específicos sobre inversiones o impuestos cedidos que ellas mismas habían aprobado. Como señalaba Carles Viver Pi-Sunyer, uno de los padres del Estatuto y exmagistrado del Tribunal Constitucional: «Parece que, para la sentencia, el Estatuto no es fruto de un pacto entre el Estado y la Generalitat, sino una norma autonómica que unilateralmente pretende imponer obligaciones al Estado». ⁷ Si bien en la lógica de la sentencia se rompían el principio dispositivo y el de bloque de constitucionalidad, lo que tuvo consecuencias en realidad definitivas para toda una concepción del modelo y el pacto territorial, lo cierto es que lo más espectacular fue el hecho de que la sentencia se impusiera sobre una decisión paccionada entre dos Parlamentos —el de Cataluña y el de España— y refrendada vía referéndum por el pueblo catalán. Esto es lo que llevó a un jurista como Pérez Royo a hablar directamente de que el «Tribunal Constitucional dio un golpe de Estado en Cataluña». ⁸

El problema no solo reside en que actualmente Cataluña sea la única autonomía que no se rige por el Estatuto que votó su pueblo (algo que, teniendo en cuenta que el modelo autonómico fue creado por y para Cataluña, ya nos debería dar la dimensión de la distorsión actual del Estado autonómico), sino que, además, afecta a la misma realidad de los pactos entre demos compartidos que sanciona la Constitución del 78 para las autonomías del artículo 151. Estos demos se activaban con el proceso de aprobación de los estatutos y sus reformas mediante referéndums en las nacionalidades históricas, procedimiento que expresaba un pacto entre el Estado y estas comunidades, construido entre los Parlamentos autonómicos y las Cortes y refrendado por el pueblo correspondiente, no por el conjunto del pueblo de España. Es por ello que el Estatut de Cataluña de 1979 recogía aquello de que los poderes de la Generalitat emanaban no solo de la Constitución, sino también del pueblo, emulando en parte el artículo 2 del proyecto de Estatut de 1931, donde se afirmaba: «El poder de Catalunya emana del poble i el representa la Generalitat » («El poder de Cataluña emana del pueblo y lo representa la Generalitat»). Un artículo también presente en el Estatuto de 2010, pero que en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional quiso precisar que no era al margen de la Constitución (lo cual, en realidad, el artículo tampoco negaba, ya que afirmaba que el poder emanado del pueblo de Cataluña se ejercía «de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución»). Por tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, además de anular competencias, rompía precisamente el pacto territorial refrendado por el demos catalán vía referéndum. De hecho, la modificación del Estatuto vía sentencia se saltaba el artículo 152 de la propia Constitución, donde se dispone que «Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes». Todo ello, en el contexto de la crisis de soberanías global que expresó la gran recesión de 2008, inició un camino que abrió de nuevo la cuestión de la plurinacionalidad en un proceso que, ante la falta de respuesta del Estado, ya no tuvo retorno a la situación anterior. Tampoco el Tribunal Constitucional quedó incólume. Impuso a una ley paccionada y a un demos una ley que este mismo demos no había aprobado, y todo ello sin ninguna reflexión del propio Tribunal. Podrá subsistir, en forma de zombi que cree que está todavía vivo, pero en realidad ese día se suicidó.

De hecho, a partir de ese momento, la dinámica que convertía de facto al Tribunal Constitucional en la tercera cámara legislativa del Estado ahora devendría en una intromisión constante del Judicial en el Legislativo, lo que produjo una crisis perpetua de los principios del Estado de derecho y la separación de poderes. En 1989, el Parlament de Cataluña aprobaría su primera resolución favorable al derecho de autodeterminación. Después de la misma y hasta 2013 se aprobarán once resoluciones más en un sentido similar. Ninguna sería nunca impugnada por el Tribunal Constitucional, ya que eran declaraciones políticas dentro del marco de competencias de la cámara legislativa, sin efectos jurídicos. A partir de 2013, esto cambiaría radicalmente cuando el Tribunal Constitucional aceptase por primera vez la impugnación del Gobierno de la resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, que afirmaba que Cataluña era un sujeto jurídico y político soberano. Resolución política, no jurídica, que sería anulada en parte por la sentencia 42/2014 en una dinámica que ya no se detendría. Una vez abierta la puerta (que en realidad se abrió con la sentencia del Estatuto), ya no se cerraría hasta llegar a la pura intervención arbitraria. Al Parlament de Cataluña se le puede anular así una proposición que considere la monarquía como caduca, como se hizo en 2019 con una resolución aprobada en 2018, argumentando que no son atribuciones del Parlament discutir la forma de Estado (aunque, al tener el Parlament capacidad de iniciativa de reforma constitucional, es evidente que sí lo son). Pero si esto se le puede hacer al Parlament, nada se dice, por poner un ejemplo, sobre la propuesta aprobada por el PSOE y el PP en el Parlamento de Extremadura en la que se pedía la aplicación del 155 en Cataluña. Por lo que se ve, esta sí es una atribución del Parlamento de Extremadura. Pero es que la cuestión todavía va más allá: en el mismo Parlament hemos podido vivir en directo como una resolución de un juez instructor del Tribunal Supremo (en este caso, del juez Llarena) nos conminara como parlamentarios a infringir el reglamento del Parlament de Cataluña y la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en una práctica que tampoco se agotará por parte del Tribunal Supremo con esta resolución. Jueces que dictaminan cuál debe ser la voluntad del legislador, jueces que intervienen y anulan declaraciones políticas y no jurídicas, jueces que conminan a saltarse la ley…; todo ello pone en crisis la legitimidad democrática y la misma democracia en un estado de excepcionalidad jurídica. Cuando, en 1921, Edouard Lambert escribió, para otro contexto, su famoso libro El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en los Estados Unidos , en el que avisaba contra los peligros que conllevaba el control de constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces, afirmaba que, en la deriva intervencionista, el equilibrio de poderes se rompía «a favor del poder judicial, que ha sometido a los otros dos a su control y ha establecido, de esta forma, un régimen de gobierno de los jueces». ⁹ Algo parecido ha sucedido en España durante estos últimos años, cuando, partiendo de la ruptura del pacto territorial, el poder judicial se ha querido erigir, no en el defensor del régimen, sino en el de la nación y el Estado, en una concepción muy particular —que no universal, pese a la retórica utilizada las más de las veces— de lo que debe ser el Estado.

La clave para entender cómo ha sucedido esto se encuentra en el propio carácter y profundidad de la crisis territorial en España, acrecentada a partir de 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional. Francisco Caamaño, exministro de Justicia en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba en 2014, mucho antes de que el 1 de octubre de 2017 fuera siquiera imaginado y el 155 aplicado: «Treinta y cinco años después de aprobarse la Constitución de 1978, el modelo de distribución del poder por ella articulado —el conocido como Estado de las Autonomías— padece una avanzada aluminosis». ¹⁰ En el mismo momento, aunque desde laderas situadas mucho más a la derecha, el constitucionalista Santiago Muñoz Machado escribía: «La organización territorial del Estado en España necesita ser reexaminada en profundidad, y muchos de los esquemas regulatorios que se han mantenido vigentes hasta ahora deben ser sustituidos». ¹¹ En definitiva:

Traspasado el umbral del siglo XXI , la crisis del sistema se hizo absolutamente manifiesta. Una buena parte de las comunidades autónomas reformaron sus estatutos, no tanto para eliminar regulaciones incorrectas como para ampliar sus competencias y fortalecer sus instituciones, tratando de asimilarlas a las del Estado. Pero no ha sido posible arreglar la situación mediante reformas estatutarias porque la decadencia del sistema tenía su raíz en la propia regulación constitucional, que es la que evidentemente debe ser objeto de reformas. ¹²

No obstante, esta crisis es incomprensible si no entendemos que, a pesar de su concreción en el modelo territorial español y el reconocimiento de sus distintas realidades nacionales, es global. Responde a la gran crisis de soberanías que atraviesa nuestro nuevo siglo.

SOBERANÍAS EN TIEMPOS DEL 135 Y EL 155

El 31 de agosto de 2016 celebrábamos en el Congreso de los Diputados la primera investidura fallida de Mariano Rajoy después de la repetición de elecciones. En mi discurso cité a Azaña para defender la necesidad de andar hacia un modelo de reconocimiento de las distintas naciones en el Estado español como reconocimiento, también, de su realidad soberana, hacia un proyecto común de articulación de soberanías compartidas. Podría haber citado al Azaña del discurso del 27 de marzo de 1930 en Barcelona, donde afirmaba buscar entre Cataluña y España una «unión libre de iguales con el mismo rango» y que en el caso de que Cataluña «resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor perjuicio […], hasta que cicatrizada la herida pudiésemos establecer al menos relaciones de buenos vecinos». ¹³ Pero escogí la que Azaña pronunció sobre en el debate del Estatuto en 1932 (y que ya hemos traído a colación en el capítulo segundo de este libro), en la que afirmaba, para defender en realidad un Estado compuesto, que en 1714: «El último Estado peninsular procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la Corona despótica y absolutista fue Cataluña; y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas». ¹⁴ Esta cita iba dirigida, más que a Mariano Rajoy, a un sector de las izquierdas españolas, específicamente al PSOE, que en ese momento se negaba a configurar una mayoría alternativa al PP, en el sentido de que la lucha por la libertad en Cataluña era también, en el fondo, la lucha por la libertad en España. El presidente Rajoy, en funciones en aquel momento, me respondió, provocando cierto revuelo mediático, dos cosas. La primera era que le sorprendía que utilizara a Azaña para defender el derecho a decidir de los catalanes, tras lo cual me recomendó su lectura, y la segunda, que todo el mundo sabía que la soberanía no era compartible, pues su misma esencia la hacía indivisible. En ese momento ya no pude responder, pero me pasaron varias cosas por la cabeza sobre un problema de fondo que está en la clave de gran parte de los problemas que vivimos y de sus soluciones y que, a la vez, cada día tiene menos solidez.

El dogma de la soberanía única, absoluta, inalienable, indivisible, imprescriptible me lo recordaría, pocos meses después, Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y mentor intelectual de Ciudadanos (Cs), en un artículo titulado «Domènech y la claridad», ¹⁵ citándome a Jean Bodin, autor del siglo XVI , como fuente de autoridad: «ya que en toda la teoría política, sólo con alguna excepción, por lo menos desde Bodino en el siglo XVI , el término soberanía, precisamente, se predica de un poder supremo único y no compartido con nadie más». Y ciertamente, el francés Jean Bodin desarrolló —aparte de innumerables ideas para torturar a las brujas, hecho por el que fue censurado por sus coetáneos—, en su obra Los seis libros de la República , publicada en 1576, sobre todo en su capítulo sexto, un nuevo concepto de soberanía que está en la base de las consideraciones de gran parte de la clase política española y —aunque cada vez menos— europea. Bodin buscaba una nueva legitimación no religiosa del poder monárquico, ya que en esa época los distintos poderes de Europa se empezaban a ver —y así seguiría siendo durante el siguiente siglo— atenazados por las guerras de religión y necesitaban buscar una forma de legitimidad fuera de la construcción teológica clásica. Esa nueva legitimidad provendría del concepto de soberanía que no sería otra que la de la soberanía del monarca, el soberano, es decir, un poder absoluto, sin límites, inalienable y perpetuo que produce la ley, según Bodin, pero que no está sujeto a ella: de estarlo, dejaría de ser un poder soberano para ser súbdito. No deja de ser curioso que los políticos actuales sigan apelando a este concepto de soberanía. Es cierto que el rastro de la misma se puede encontrar en el artículo 56.3 de la Constitución de 1978, en el que se dispone que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», es decir que el rey no puede ser juzgado, ya que no es, como decía Bodin, «súbdito de la ley». Pero este concepto de soberanía, aunque Thomas Hobbes lo intentara legitimar afirmado que el poder soberano absoluto proveía de seguridad a los súbditos, nada tiene que ver con el concepto de democracia o de soberanía popular. ¿No hay, según parece, otra posible concepción de soberanía?

Poco después de la creación del concepto moderno de soberanía en Bodin, el alemán Johannes Althusius, en su Política , publicada en 1603, partiría de un lugar radicalmente distinto para definir la soberanía: el pueblo. En este sentido, Althusius es considerado uno de los grandes precursores, junto con Rousseau, de la soberanía popular y del federalismo. En el primer sentido, Althusius entendía que existe un pueblo soberano, pero no un rey soberano o un Estado soberano, los cuales, en todo caso, actúan por delegación (nunca como fuente del poder). No es extraño, además, que defendiera en este sentido también el derecho a la rebelión y el derecho de resistencia del pueblo contra el poder despótico. A su vez, la soberanía —es decir, el pueblo— es relacional y asociativa, producto de la simbiosis de distintas realidades (la ciudad, la provincia, el reino o el imperio), no absoluta, sino divisible y, por tanto, también federable . Aquí convergen dos grandes líneas de pensamiento de la modernidad de carácter democrático: por un lado, el de la soberanía popular; por el otro, el de la necesidad de limitar y dividir el poder (y, en consecuencia, la misma soberanía) para asegurar que un Estado que acumula todos los poderes no se lo usurpe al pueblo. Así, Althusius se mezclaría con Montesquieu en un nuevo tipo de modelo de soberanía y de Estado. Pero la encarnación de todo ello sería, como siempre, práctica, no teórica. Como le gustaba afirmar a Marx en su octava tesis sobre Feuerbach: «La vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica».

El proceso de creación de la primera república de la contemporaneidad se enfrentó directamente a la concepción de soberanía de Bodin. Cierto es que esta concepción había trasmutado en suelo anglosajón al pasar de ser soberanía monárquica a soberanía parlamentaria durante el proceso revolucionario inglés del siglo XVII , pero en la transferencia no había perdido ningún atributo: seguía siendo ilimitada e indivisible. No obstante, si bien ello era cierto en lo teórico, no lo era para nada en lo práctico. El modelo de las colonias americanas implicaba la existencia de sus propias instituciones, leyes, tribunales y textos constitucionales. Allí donde nacieron las realidades que darían luz a los conceptos de autogobierno, que andando el siglo XIX se convirtieron en claves también en Europa, también se gestó un nuevo tipo de soberanía. La contradicción entre lo postulado teóricamente, como forma de legitimación de un poder, y lo practicado realmente se desató cuando la teoría intentó actuar contra la práctica. Es decir, cuando la metrópoli británica pretendió añadir nuevos impuestos a las colonias dados sus problemas de hacienda después de la derrota ante Francia en la guerra de los Siete Años (1756-1763). En ese momento, las colonias establecieron que sus derechos, en cuanto demos constituidos, implicaban que el imperio solo podía tener atribuciones externas (comercio, defensa, fronteras, etc.) y no internas que correspondían a las colonias (leyes, tribunales, impuestos sobre el consumo, etc.). El imperio no aceptó esta nueva definición, que implicaba que la soberanía del Parlamento británico ya no era absoluta y que, en todo caso, era compartida con las colonias (a pesar de que con el tiempo la convertiría en un nuevo modelo de relaciones para evitar, precisamente, lo que le sucedió con las trece colonias americanas). ¹⁶ Desde la óptica británica, tal como explica Bernard Bailyn refiriéndose a un informe de las autoridades imperiales, ese cambio comportaría:

Una unidad de gobierno independiente dentro del territorio del Estado principal […] «es un monstruo , un objeto fuera de la naturaleza »; a los revolucionarios se les había metido en sus «doctas , filosóficas cabezas» que «el supremo poder legislativo, que es indivisible por naturaleza, era, como la materia, divisible ad infinitum »; y guiado por este error profundo, uno empieza a dividir y a separar, hasta que, trozo por trozo, ha pulverizado y cercenado ese poder, reduciéndolo a menos de un átomo. ¹⁷

Se trata de una descripción absolutamente certera sobre el proyecto republicano si uno lo compara con las parecidas palabras, a pesar de que ahí no dichas con horror sino con esperanza, de Pi i Margall en La reacción y la revolución , citado en el capítulo primero de este libro. Sea como fuere, la no aceptación por parte del imperio de la posibilidad de compartir soberanías conllevó finalmente la independencia de las trece colonias y la creación de los Estados Unidos de América, pero esta nueva realidad política, esta nueva nación, ya no se hizo con el viejo vocabulario de Bodin, sino con el de uno de los padres fundadores del nuevo país, James Madison. Para él, hacedor conjuntamente con Alexander Hamilton y John Jay de The Federalist Papers , y muchos otros pensadores y políticos, y finalmente el mismo pueblo americano, este nuevo país se debía constituir sobre bases radicalmente diferentes a las de las monarquías absolutas (con soberanías también absolutas). No en vano establecieron en su Constitución el revolucionario principio de «We the People of the United States », el cual iría acompañado del hecho de que cada una de las colonias constituidas en estados sería soberana en sí misma y para sí misma, con un demos , un parlamento, un gobierno y una constitución propios, y, a su vez, compartiría esa soberanía, en un demos conjunto, también con su propio parlamento, gobierno y constitución. Lo que había sido imposible en el viejo Imperio británico sería posible en la nueva república. Pero ello no era solo así porque lo hubiera marcado el mismo proceso de independencia, sino que lo era también porque consideraban que ese modelo, tal como había postulado Madison, era el más justo posible. De acuerdo con su tesis, en él se aseguraba la división del poder para resguardar la libertad republicana contra un Estado federal extremadamente poderoso por su amplitud y recursos. Pero en su unión federativa se garantizaba también que un solo estado de la unión no ejerciera el despotismo de las mayorías contra unas minorías que podían encontrar alianzas con otras minorías, del mismo o diferente orden, de los otros estados con los que compartían una federación.

Por tanto, lo que Rajoy creía inexistente o lo que Francesc de Carreras consideraba como «alguna excepción» fue, así, el modelo dominante del federalismo en el siglo XIX . Otra historia sería a partir de la segunda mitad del siglo XX , cuando se volviera a plantear la posibilidad de ejercer la soberanía centralizada del Estado, en contra de la soberanía compartida del pueblo. Se pasaría entonces del federalismo dualista al cooperativo y, finalmente, al cooptativo, ¹⁸ que es el modelo que muchos «federalistas» españoles enarbolan actualmente, cuando en realidad a partir de los noventa fue progresivamente abandonado, de modo que se está volviendo al modelo competitivo o dualista originario. No obstante, ese modelo de soberanía —no absoluta, no indivisible, no estatal ni monárquica, sino popular y republicana— no es una planta extraña en nuestra tierra: fue fundante en cierta medida de la tradición de una parte del republicanismo español, que, a su vez, es la tradición de la democracia en nuestro suelo. Pero si Rajoy, en todo su derecho, no quería mirar hacia el pasado, habría bastado con que mirase esos mismos días los diarios. En ellos, mientras el líder del PP, como el del PSOE en aquellos momentos, afirmaba la indivisibilidad de la soberanía, Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, explicaba que: «Compartir las soberanías nacionales es la mejor manera de defender nuestros intereses comunes». ¹⁹ Y es que sostener en nuestro presente desde España que la soberanía es indivisible es ya mera retórica; retórica interesada y creadora de realidades, pero retórica, al fin y al cabo.

Decía Marx que:

La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración por el pasado. […] La revolución del siglo XIX debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, para cobrar conciencia de su propio contenido. Allí, la frase desbordaba el contenido; aquí, el contenido desborda la frase.

No estoy sugiriendo en este sentido que Mariano Rajoy o Pedro Sánchez no estén preparados para llevar a cabo una revolución —es evidente que esa idea no se incluye en ninguno de sus proyectos—, pero sí que su discurso se construye a partir de un mundo que ya no existe, si es que alguna vez existió y hablan para un mundo que parecen no comprender, donde el contenido desborda la frase. Volviendo otra vez a Marx: «Es como el principiante que ha aprendido un idioma nuevo: lo traduce siempre a su idioma nativo, pero solo asimila el espíritu del nuevo idioma y solo es capaz de producir libremente en él cuando se mueve dentro de él sin reminiscencias y olvida en él su lengua natal». ²⁰ Pero en el tema de las soberanías, hay algo más que mera falta de aprehensión de un mundo nuevo. En un mundo donde España ha transferido su defensa exterior a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), su moneda y gran parte de sus políticas a la UE y la capacidad de incidencia regulatoria en lo económico a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), seguir hablando de soberanía absoluta e indivisible produce lo que describía Hans Kelsen, referente para muchos de nuestros intelectuales y políticos cuando se trata de legitimar el modelo territorial español, en el sentido de que: «Es obvio que esta relativización del Estado deificado a toda costa muestra un poderoso cambio de la ideología social. Por ello se comprende que este cambio primero se intente ocultar bajo una terminología que parece buscar la conservación de la soberanía del Estado». ²¹ Es en esta posición tan precaria, entre la afirmación y la realidad, que se abren camino dos posibles posturas. La primera de ellas acoge el lenguaje de la «modernidad» solo hacia fuera, pues dice desconocerlo hacia dentro, mientras que la segunda acaba por negar la misma existencia de la soberanía en aras de la clausura de un mundo «ordenado».

Cuando se produjo la sentencia final contra los líderes políticos y sociales soberanistas catalanes en 2019, Pedro Sánchez, en ese momento presidente provisional del Gobierno de España, afirmó que la misma le daba la razón política a la posición que habían mantenido los socialistas y significaba la derrota del independentismo. Más allá del hecho contradictorio que supone mantener a la vez que hay separación de poderes, que el juicio no había sido político y que la sentencia daba razones políticas , Sánchez añadió algo más. Para él, el independentismo en el mundo actual no tenía sentido en el momento de la construcción de una Europa de soberanías compartidas . Aquello no era nuevo: Miquel Iceta, dirigente del socialismo catalán, en su libro La tercera vía (publicado, además, en 2017, mismo año del 1-O), escribía también que la solución al problema político debería ser hacia fuera ,«coherente con el marco de soberanías compartidas de la Unión Europea», aunque más adelante afirmaba, sin detectar la contradicción, que, internamente, la soberanía debería residir en el conjunto del pueblo español: «Nosotros no equiparamos nación a soberanía». ²² De hecho, aquí la contradicción ya es múltiple, porque para negar la capacidad soberana de Cataluña se afirma que no se puede equiparar nación a soberanía, con lo que en realidad se defiende la soberanía nacional española tal como se describe en la Constitución de 1978. Esta contradicción, que no solo es propia del PSOE en la clase política española, se llega a veces a reducir en privado. En una reunión celebrada entre un conjunto de dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos y sus confluencias, también en 2017, pero meses antes del 1 de octubre, cuando yo le dije a Pedro Sánchez que no bastaba con una plurinacionalidad cultural, él no tuvo reparos en contestarme: «Es cierto que se puede decir que el autogobierno implica también soberanía». De todas formas, ese no es un problema de opinión política, porque la existencia de soberanías compartidas ha tenido un reconocimiento institucional de Estado en el caso español. Después de más de un año de negociaciones entre el Gobierno británico y el español, en plena legislatura de José María Aznar, para solucionar el contencioso de Gibraltar acordaron plantear un referéndum a los habitantes del peñón, celebrado finalmente en 2002, con la siguiente pregunta: «¿Aprueba usted el principio de que Gran Bretaña y España deben compartir la soberanía sobre Gibraltar?». Se podría argüir que esa es una situación colonial, que Gibraltar es una colonia británica y que, por tanto, de la misma forma que cuando se habla del derecho de autodeterminación, lo que es aplicable allí no lo es en el caso de un marco no colonial. A pesar de que la soberanía compartida es aquí entre España y Gran Bretaña y no con Gibraltar, el argumento colonial ciertamente sirve tanto para un roto como para un descosido.

Vamos entonces a otra situación claramente no colonial , más europea clásica. La propia construcción de la UE ha llevado a establecer los límites de aquello que en España se postula como absoluto, que es la soberanía nacional. Esos límites son reconocidos en el artículo 11 de la Constitución italiana, el 23 de la alemana, el 28 de la griega y el 3 de la eslovena. En este sentido, ante la posibilidad, no realizada finalmente, de aprobación de una constitución de Europa, se pidió un dictamen al Tribunal Constitucional para establecer qué tipo de relación deberían mantener la Constitución europea y la española. Dicho de otro modo, se pretendía dilucidar si el hecho de aprobar una constitución de la UE y, por tanto, instaurar una soberanía de rango europeo implicaba necesariamente la reforma del artículo 1 de la Constitución española, ya que el texto constitutivo europeo afectaba a la «indisoluble» e «inalienable» soberanía nacional. El dictamen 1/2004 del Tribunal Constitucional dispuso que no había contradicción en el hecho de que la UE impusiera límites a la soberanía nacional española. Solo el voto particular de Javier Delgado Barrio afirmaba —con razón, añadiría yo— que para poder implementar una soberanía europea, primero hacía falta reformar el artículo 1 de la Constitución española, como así se consideró también en el caso alemán, donde sí se acabó llevando a cabo esa reforma. ²³ Dicho en las palabras de la constitucionalista Laura Cappuccio, en referencia al caso español: «Así pues, la soberanía es limitable cuando deriva de la actividad internacional del Estado, mientras que resulta un todo indivisible en las relaciones internas». ²⁴ Todo es posible hacia arriba, hacia los grandes poderes, e imposible hacia abajo, hacia el pueblo que se pretende representar y no solo gobernar.

Pero en este camino de aceptar hacia fuera lo que no se acepta hacia adentro, las contradicciones de este tipo de discurso sobre la soberanía han llevado al extremo de intentar cortar el nudo gordiano a la brava y afirmar, finalmente, su inexistencia. Este juego de dónde está la bolita se ha intentado jugar varias veces con cierto aire de condescendencia en el caso catalán. Cabe decir, además, que con una condescendencia no demasiado justificada por su pobre elaboración, que no esconde el intento de conseguir que muerto el perro, muerta la rabia. Si la soberanía no existe, el independentismo no tendría ninguna base real al pedir algo que, en realidad, es pura teología. Esto tiene una larga y respetable tradición, más allá de este contexto de utilidad concreta y apresurada. El sueño del fin de la soberanía es la imposición de la norma por encima de cualquier arbitrariedad. En el origen de este sueño encontramos, de nuevo, a Hans Kelsen, que ha tenido una influencia enorme en el desarrollo del constitucionalismo español. Padre de la Constitución de Austria de 1920, la cual introdujo en los órdenes constitucionales europeos la figura de un tribunal constitucional como clave de bóveda del ordenamiento jurídico, Kelsen fue un constitucionalista cercano a la socialdemocracia, aunque no al marxismo, pues lo criticó duramente, como también rechazó las formas consejistas de la ola revolucionaria posterior a 1917. Su pensamiento estaba mucho más cercano al socialismo de tipo estatista —ferozmente criticado por Marx— de Ferdinand Lassalle, al que consideraba un referente, y se proyectaba hacia la posibilidad de un acceso ordenado del socialismo al poder del Estado y al desarrollo de su política utilizando la institucionalidad y la normatividad. En el campo jurídico, era un positivista normativo que tenía como principal sueño la construcción del derecho como ciencia autónoma de la política. Esta pretensión da un especial relieve al problema de la soberanía, sobre todo en su forma de poder constituyente, que queda fuera de cualquier normatividad. Para él, era fundamental la visión de un orden jurídico como estructura autosuficiente y jerárquica donde no reinara la libertad, entendida como caos, sino la necesidad, entendida como orden. La soberanía era, en este marco, «una máscara trágica, bajo la que se esconden deseos de dominio distinto», ²⁵ y Kelsen acabó por desplazarla del pueblo o del poder constituyente al propio orden jurídico, que era la mejor manera de intentar disolver el problema: encarcelando la libertad de la bestia en su propia negación. Por tanto, no existe ya distinción entre legalidad y legitimidad, ni tampoco oposición o diferencia posible entre democracia y ley. El orden jurídico es el único soberano, pero un soberano que no puede actuar como tal, ya que no es sino pura norma y jerarquía de normas reguladas, hasta el punto de que solo ellas se explican por sí mismas en un orden tautológico que, como tal, no puede explicar ni su propio origen. En efecto, queda el problema de cuál es el fundamento del orden jurídico si el soberano es en sí mismo ese orden. La solución, finalmente, sería exterior a la propia realidad del Estado en «la comunidad jurídica del mundo», lo que, a su vez, reforzaría el carácter científico e universal del derecho, dirigido, como toda ciencia, «hacia la unidad de su sistema», y ganaría así, como las ciencias naturales con la unidad de lo físico, la «unidad de la concepción jurídica del mundo»:

Los vínculos de derecho internacional [la comunidad jurídica internacional] no son otra cosa que una unión de Estados. Y debe señalarse que todas las comunidades jurídicas, desde la confederación hasta la última asociación de derecho civil, pasando por el Estado federal, el Estado unitario, el Estado federado, la provincia autónoma o la entidad local, son ordenadas por la universal comunidad jurídica internacional en una cadena continua de formas jurídicas. Cuando alguien considera que una de las configuraciones jurídicas integradas en esta cadena puede ser soberana, esto significaría, como mucho, que tal comunidad jurídica tiene sobre sí únicamente a la comunidad jurídica internacional […], como ocurre en la mayoría de Estados, pero no, por ejemplo, en los estados miembros de la Federación. ²⁶

Y así, de un plumazo, Kelsen no solo acaba con el debate de la soberanía de los estados de la federación alemana que se había dado a finales del XIX , sino también con el mismo concepto de soberanía.

Este nuevo tipo de concepciones será penetrante, y lo será porque solucionan el pecado original de todo Estado liberal, formado por un poder constituyente y que, una vez constituido, niega a ese mismo poder constituyente la capacidad de transformarlo. Finalmente, la mejor forma de negar esa capacidad es haciendo desaparecer su propia existencia. Así, la soberanía se extingue en el propio orden constitucional. Precisamente para evitarlo, Thomas Jefferson, gran aliado de Madison y a cuya mano debemos tanto la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa (decía Thomas Paine, en carta a Washington, que vivir para ver dos revoluciones era vivir para algo, verdad que en Jefferson es todavía más profunda), quería imponer en la Constitución americana que, cada veinte años, el poder constituyente debería volver para articular un nuevo sistema. Para él, el mundo pertenecía a cada nueva generación que lo poblaba. Siguiendo esta misma idea, la Constitución de la Francia revolucionaria de 1793, en su artículo 28, disponía: «Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras». Un problema no menor cuando sabemos que la mayoría de las personas vivas en edad de votar actualmente no votaron la Constitución del 1978, además de que en los territorios donde se ha preguntado (es decir, en Cataluña), solo un 17,4 % lo haría hoy afirmativamente. ²⁷

El sueño de la estabilización de los sistemas políticos e institucionales y, para ello, la extinción del problema de la propia soberanía han ocupado a mentes brillantes dentro del propio pensamiento federal tanto a nivel internacional como en España. En este sentido, se ha querido ver en la difusión del poder en ámbitos distribuidos territorialmente la capacidad de diluir finalmente la jerarquía de competencias de los diversos niveles del Estado, lo que da lugar a un Estado sin «soberanía» donde todos los poderes se limitan entre sí a la vez que ninguno se puede imponer al otro. ²⁸ Esta posición ha sido defendida, con distintos matices, tanto por Ramón Máiz o Daniel Elazar como por Miquel Caminal o Francisco Caamaño. ²⁹ Pero esto responde al sueño de un orden estable, autorregulado y de tipo normativista que presupone la normalidad. En la normalidad se puede suponer que la soberanía se diluye hasta desaparecer, pero es en la excepcionalidad donde esta verdad se pone a prueba y donde la soberanía latente se hace presente, como comprobó Caminal en unas de las reflexiones más lúcidas al final de su vida, plasmadas en «Trilogía federal: tres cartas de un federalista catalán». ³⁰ La defensa del imperio de la ley en ese momento es solo una forma de ocultar que esta cede el paso al soberano. Como apuntó Carl Schmitt, frente a Kelsen, es entonces cuando el Estado (o la voluntad de sus servidores, que son el Estado en sí mismo) se afirma por encima del derecho, ya que «Soberano es quien decide sobre el estado de excepción». ³¹ Algo sabía de ello Schmitt, pues se encargó de la defensa del Reich en el proceso por la suspensión de la autonomía de Prusia de 1932, gobernada por la izquierda, en los últimos días de la República de Weimar. En 1934, en su introducción a la obra de Schmitt Teoría de la Constitución , Francisco Ayala apuntaba:

Schmitt se dedica a espiar los momentos críticos, los momentos de quiebra de la construcción del Estado de derecho, y los denuncia para evidenciar que entonces, en el instante decisivo, el Estado constitucional traiciona sus propios principios y recae en soluciones que vienen determinadas por aquellas características inherentes y esenciales al tipo nacional de Estado que decíamos grabadas en él por el principio de poder político generado suyo: la monarquía. Debajo del Estado de derecho duerme, en efecto, la monarquía. ³²

Y es que ciertamente, en el mundo cambiante en que vivimos —el mundo de la modificación del artículo 135 de la Constitución para poner como límite a las políticas públicas soberanas la soberanía de los mercados, y también el de la aplicación del 155 para intervenir la Generalitat de Cataluña—, afirmar que estamos en un Estado compuesto o que la jerarquía y la soberanía se han extinguido en la distribución del poder deviene un puro ejercicio de escapismo o de melancolía por un orden inexistente que legitima el realmente existente . Solo en la estabilidad absoluta se puede crear la ficción de que no existe soberanía y por ello aferrarse, en medio de la crisis, a la literalidad de la norma, se acaba convirtiendo en la defensa de un statu quo profundamente agrietado, ya que la crisis hace emerger, precisamente, aquello negado, aquello en apariencia «solucionado»: la soberanía. Solo en el mismo sentido que se pudo creer que España era un Estado federal y así convivir con la realidad de que no lo era, se puede afirmar ahora que la soberanía no existe y así convivir con la realidad de su brutal ejercicio durante estos últimos años, tanto desde el Estado como desde los poderes económicos. De hecho, es incomprensible la crisis territorial y nacional actual sin entender la emergencia radical de la cuestión de la soberanía a partir de la crisis económica de 2008 y, sobre todo, su gestión extractiva por parte de las elites desde un proyecto profundamente recentralizador.

Explicaba el penetrante pensador italiano Antonio Gramsci desde las cárceles fascistas (donde lo había recluido Benito Mussolini para, en palabras del fiscal que le pidió la condena, «impedir funcionar a este cerebro durante veinte años») que usualmente, en las «crisis orgánicas» (crisis en las que la crisis sistémica deviene una crisis de hegemonía de los viejos partidos y régimen), el partido patriota suele ser, justamente, el partido del extranjero:

Cuanto más subordinada a las relaciones internacionales está la vida económica inmediata de una nación, tanto más un partido determinado representa esta situación […] con frecuencia el llamado «partido del extranjero» no es precisamente aquel que es vulgarmente indicado como tal, sino el partido más nacionalista, que, en realidad, más que a las fuerzas vitales del propio país, representa la subordinación y el sometimiento económico. ³³

Una dualidad que es exactamente la misma en la que hemos vivido desde 2008. La crisis conllevó un proceso de sustracción de soberanías, el cual, a su vez, condujo a la crisis de representatividad y legitimidad del sistema político, pero ello ha comportado también un proceso de recentralización y renacionalización española. El impacto constitucional de esta realidad se inició con el 135 y acabó —por lo menos de momento— con la aplicación del 155, unidos por un hilo que va del problema de las soberanías a la crisis territorial.

Hay en España una larga tradición, secular en realidad, de hablar sobre reformas constitucionales y no llevar a cabo casi ninguna. A pesar de que desde su aprobación inicial hasta el día de hoy nos separan ya más de cuarenta años (más que los que estuvo vigente el régimen franquista), la Constitución de 1978 solo ha sido reformada dos veces, y las dos por cuestiones relacionadas directamente con la soberanía. La primera de ellas fue en 1992, cuando se reformó el artículo 13.2 para poder implementar el Tratado de Maastricht, que daba nacimiento a la UE, y la segunda, en el verano de 2011, cuando se modificó el artículo 135 para dar cumplimiento al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Con esta última reforma, sin debate constitucional previo, sin referéndum y nada más que con el apoyo del PSOE y el PP, se introducían los principios neoliberales en la matriz del pacto social constitucional, subordinando toda política pública al pago de la deuda a los mercados y cercenando las posibilidades de políticas anticíclicas de corte keynesiano. Suponer que con ello no se iba a producir una profunda deslegitimación del pacto del 78 era realmente mucho esperar. Pero ello no tuvo solo consecuencias para el pacto social, sino también (y rápidamente) para un pacto territorial que ya había saltado por los aires en el caso catalán con la sentencia contra el Estatut de 2010. Ello era así porque las políticas sociales —principal objeto de la política de recortes para garantizar el pago de una deuda que, si inicialmente era privada, devino en pública con un rescate bancario cuyo monto principal jamás fue devuelto— estaban en manos de las autonomías. En este marco, la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, conocida como «ley Montoro», permitía al Estado intervenir en las finanzas de las comunidades autónomas exigiéndoles recortes e incluso regulando el conjunto de sus gastos, como se demostró en su aplicación para hacer frente al 1 de octubre de 2017, algo que en realidad poco o nada tenía que ver con la «estabilidad presupuestaria». Esta intervención del Estado central se amplió también a los municipios con la aprobación en 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que llevó a un recurso sobre la misma de más de tres mil municipios de toda España. Todo ello conllevó un reforzamiento del Tribunal Constitucional como tercera cámara de revisión legislativa, ya no solo en términos de conflicto territorial, sino también en los de protección de las políticas de la austeridad. En este sentido, este tribunal generó una «jurisprudencia de la crisis» que sancionó el control financiero de las autonomías tanto en sus políticas de gastos como en las de ingresos, interviniendo sobre los tributos territoriales, de sanidad o administración de justicia. ³⁴ Se entraba así en la tormenta perfecta para una crisis de soberanías.

La derecha gobernante se articulaba, desde 2012, bajo la tríada de recortes a las políticas sociales, adelgazamiento del Estado y recentralización. Aunque se trata de una realidad que puede ser ineficiente económicamente —al final, los Estados rescatados por la crisis económica fueron precisamente los que tenían un modelo más centralizado—, no lo es en términos de redistribución de abajo hacia arriba de la crisis y de mantenimiento de las elites. A su vez, la variante de la izquierda del bipartidismo —el PSOE— entraba en una profunda crisis al ser incapaz de ofrecer una alternativa fuera del marco donde se había movido desde la década de 1990. El dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba lloró cuando tuvo conocimiento en 2011 que el gobierno socialista impulsaría la reforma del artículo 135, y, tal como ha contado recientemente José Bono, ³⁵ lo hizo porque sabía que el PSOE iba a perder las elecciones. Se desataba un doble movimiento tectónico que reclamaba la «recuperación» de la soberanía: por un lado, el 15M, que explosionó como movimiento en 2011, ocupaba las plazas y las calles reclamando una «Democracia real ya!» y negando a que los ciudadanos fuéramos «mercancías en manos de políticos y banqueros» bajo el grito de «¡No nos representan!»; por el otro, se desplegaba con toda su fuerza el movimiento soberanista, en este caso articulado en términos nacionales en Cataluña.

LA VENGANZA DE LA REALIDAD: LA RECENTRALIZACIÓN

Y EL RETORNO DE LA PIEL DE TORO

Con el inicio del nuevo milenio, España tenía motivos para la autoconfianza: tras más de veinte años de democracia, parecía que el pasado finalmente había quedado atrás y que se había llegado a una modernidad plena dentro del proyecto de la Unión Europea. Su población estaba viviendo en el marco de un crecimiento económico sin parangón, solo equiparable al desarrollismo de los años sesenta del siglo XX , cuyo reverso tenebroso era únicamente visible, o bien para aquellos que lo sufrían (muchos más de los que se pensaba y decía), o bien para los movimientos sociales que se oponían al modelo de despegue económico del momento, pero esto no formaba parte del discurso público. Ciertamente, los conflictos por lo nacional seguían presentes y podían marcar las políticas, no obstante parecían «conllevarse» en un nuevo modelo territorial —el Estado de las autonomías—, que, por lo menos en apariencia, se estaba consolidando. De hecho, incluso los conflictos de carácter nacional podían pasar del orgullo del «España va bien» de José María Aznar, donde se perdía lo complejo de la reivindicación de España, lo español y su bandera (para ejemplo, la que presidía la plaza de Colón), a la más suave y optimista «España plural» de José Luis Rodríguez Zapatero, que prometía, por fin, integrar la pluralidad española en un proyecto común galvanizado por las reformas estatutarias. Además, todo ello tenía lugar en un marco donde parecía realizarse el sueño cosmopolita de finales del siglo XX de un mundo donde la globalización cultural implicaría la pérdida de la centralidad de los conflictos nacionales. Dos estudiosos de las naciones y los nacionalismos tan diferentes ideológicamente como Eric Hobsbawm y Ernest Gellner (aunque no otros como Benedict Anderson) anunciaban el fin de esa centralidad. ³⁶ El conflicto político principal de este periodo en España no fue otro que el de la intervención en la guerra del Golfo de 2003, donde se oponían dos concepciones del orden internacional (no del nacional). Ciertamente, seguía presente en sus últimos estertores el fenómeno de la violencia de ETA, que acabaría definitivamente en 2011, pero era el terrorismo internacional de Al Qaeda, que impactó con una fuerza inusitada en España en 2004, el que tomaba el testigo. En todo caso, aquellos fueron años de extensión del «nacionalismo banal» que nos había descrito Michael Billig, donde la «Furia Española» de la selección de fútbol daba paso a un modo de identidad renacionalizadora más «moderna» en la forma de la Roja, que coronaba los éxitos que van desde la victoria en la Eurocopa de 2006 hasta el Mundial de 2010, en medio de la euforia popular y una exaltación de España que, por primera vez, parecía no agredir a nadie. En ese mismo momento, un grupo de buenos historiadores italianos escribía Le patrie degli spagnoli , ³⁷ que parecía alinearse con la posibilidad de la nueva España plural de Zapatero. Uno de sus autores, en una cena de Madrid, me soltó de repente, a cuento del debate sobre la reforma del Estatut en Cataluña: «Pero ¿cuándo creceréis los catalanes?». Me sorprendió, sobre todo porque el Estatut no era uno de mis temas de conversación de sobremesa, aunque, a juzgar por su tono, parecía ser verdad e imperativo que «creciéramos» de una vez y dejáramos de distorsionar la «modernidad» constitucional y española.

Pero todo esto acabó de golpe.

Le podría haber contestado a aquel historiador que realmente España estaba muy lejos de la nacionalización italiana. Cuando se produjo su unificación, durante la segunda mitad del siglo XIX , Massimo d’Azeglio afirmó aquello de «L’Italia è fatta. Restano da fare gli italiani » («Italia está hecha. Falta hacer a los italianos»), ya que solo un 2,5 % de su población utilizaba el italiano de manera habitual. Más de un siglo y medio después, todo el mundo lo habla y es prácticamente la única lengua «nacional» que se enseña en la escuela pública, mientras que el resto de las otras lenguas, excepto en el caso del alemán en Bolzano, son consideradas dialectos, lo cual no hubiera sido así sin el larvado y cruento conflicto conocido como brigantaggio , en la segunda mitad del siglo XIX . Pero, en realidad, lo raro en el mundo son los Estados que han conseguido tal homogeneidad étnica y cultural en un modelo que es básicamente europeo y de unos muy pocos Estados. A principios de los años sesenta del siglo pasado, por poner un ejemplo, solo el 9,2 % de los Estados eran étnicamente homogéneos, y solo en el 30 % de ellos había un grupo étnico que aglutinara a más del 50 % de la población. A pesar de que la pluralidad étnica y cultural no supone directamente la existencia de realidades plurinacionales, sí que puede imposibilitar, más allá de los proyectos políticos, el modelo de Estados naciones culturalmente homogéneos. En el caso de España, el 40 % de la población vive en territorios con lengua propia y con identidades plurales, y existen como mínimo tres o cuatro proyectos nacionales en juego. ³⁸ En este contexto, la crisis, la sustracción de soberanías que esta conllevó y el modelo centrípeto de esta sustracción abrieron todo aquello que pretendía seguir cerrado.

La imposición de políticas de recortes sobre derechos y vidas que nadie llevaba en su programa electoral (ni siquiera el PP, cosa que ya indica la intensidad de la agresión sufrida) operó de arriba abajo —de la troika o el Banco Central hacia los Estados— y del centro a las periferias —del Estado central hacia las comunidades autónomas—. Este proceso cumplía una doble función: colmar las pulsiones centralistas de una cierta concepción nacional española y asegurar que los recortes se hicieran sobre los derechos sociales, ya que son precisamente las políticas sociales las que recaen sobre las comunidades autónomas. Siguiendo el camino inverso, la resistencia y el desafío ante esta agresión se plantearon de abajo arriba y de las periferias hacia el centro, y la imposición de este tipo de políticas se abordó como un problema de democracia, de soberanías y de dignidad nacional, lo que reactivó de manera específica el problema de las diversas realidades nacionales. En nuestra piel de toro plurinacional, los movimientos que toman la forma de dignidad nacional no se realizan sobre una sola nación de referencia. Si bien el fenómeno en torno a Podemos se afirmó como una reivindicación de que la «patria son los hospitales», eclosionaron también otros movimientos de afirmación de las naciones alternativas. Y ello tuvo un impacto central en el caso catalán, por dos motivos. En primer lugar, porque Cataluña era el corazón mismo del modelo territorial español y, por tanto, el impacto de la crisis de este modelo fue ahí especialmente agudo. En segundo lugar, porque, a diferencia del País Vasco, donde la incidencia de la crisis económica fue menor y se contaba con un sistema diferencial de integración en el Estado que ofrecía mayores recursos para gestionar la situación, en Cataluña las elites vivieron una crisis de hegemonía sin parangón.

Es evidente que estos procesos se han puesto también al servicio de la posibilidad de transmutación de una parte —no todas— de las viejas elites políticas de cada una de las naciones del Estado, que pretenden pasar de sustractores reales de las soberanías populares, en la forma de desmantelamiento de los derechos sociales y de políticas al servicio de los grandes intereses económicos, a libertadores o defensores de las soberanías nacionales. Pero ello es posible no porque la soberanía sea un simple señuelo inventado, sino precisamente porque el problema de las soberanías es la raíz del problema de nuestras libertades en esta fase histórica y, en consecuencia, la lucha por la hegemonía y la construcción de un nuevo bloque histórico de cambio se debe dar precisamente en este campo. Todo proceso de reconstrucción y transformación social es así un proceso de reconstrucción y transformación nacional, y, en nuestro caso, de reconstrucción y transformación de las diversas naciones que pueblan la piel de toro. En realidad, que las elites utilizan las realidades nacionales a su servicio es un dato para tener en cuenta, pero no nos dice nada sustantivo sobre el propio proyecto soberanista. Lo raro sería lo contrario, que no hubiera una parte de las elites que intentaran (re)construir su proyecto político como un proyecto nacional. Existen multitud de identidades potenciales y reales que interactúan con la construcción política, pero el hecho es que el único sentimiento de pertenencia sobre el que se fundan un Estado y un poder político es el nacional. Únicamente en el terreno de la identidad de clase se ha pretendido legitimar un nuevo poder político y estatal, y ello solo por un breve espacio de tiempo en el caso de la fundación de la Unión Soviética, hasta la fase de la Gran Guerra Patria, es decir, la Segunda Guerra Mundial. El resto de las revoluciones de carácter comunista tuvieron, ya fuera en Vietnam, China o Cuba, una clara dimensión de proceso de liberación nacional. En este sentido, la acción política difícilmente podrá obviar lo nacional en el momento de enfrentarse a la cuestión del poder, ya que todos los actores políticos y sociales aceptan esa adscripción, de manera explícita o implícita, como base de la existencia de un Estado. La construcción de una alternativa al poder político se funda así en la relectura del hecho nacional o en la construcción de un proyecto nacional alternativo, de una nación alternativa. En consecuencia, intentar equiparar políticamente la identidad nacional a otras identidades, atribuyéndole un rango menor para la acción política, tiende a negar la cuestión de la legitimidad última del Estado y del poder político. Por tanto, nada hay de extraño en que en la eclosión del soberanismo y del independentismo haya varias dimensiones de clase implicadas, sin el que tampoco se puede comprender, y no a pesar de la forma populista que toma, sino precisamente por ella. Su emergencia actual es incomprensible sin el marco de la crisis de 2008 y la consecuente reacción de las diversas clases sociales. En este sentido, este fenómeno no es reducible, por mucho empeño que se ponga en ello, a un proceso pilotado por las elites, mucho menos todavía a un proceso pilotado por la burguesía. Hay, como mínimo, dos factores implicados en este análisis: a) la reacción a la crisis como una reacción de dignidad nacional por parte de amplias capas de la población, que toma un significado muy determinado en nuestra piel de toro plurinacional, ante la gestión e imposición neoliberal de la crisis y su forma concreta (como una imposición de arriba hacia abajo, de los centros a las periferias), y b) la necesidad de unas elites políticas y unas bases sociales de estas mismas elites, subsidiarias de unas conexiones que se rompen con la misma crisis (elites «periféricas», sin el control del Estado, y ancladas en contextos sociales concretos frente a la casta internacional), que ante la crisis del proyecto buscan un nuevo campo de legitimidades. Esta doble realidad se imbrica claramente con la crisis territorial de España y el agotamiento del Régimen del 78. Pero, además, todo ello se da en un contexto muy concreto en términos nacionales: el del rearme del nacionalismo español en el proceso de mutación que estamos viviendo.

En este sentido, se suele enmarcar, desde algunas corrientes de izquierdas, el renacimiento de los nacionalismos periféricos y los diversos soberanismos a la intemperie que la globalización generaría en sectores de las clases medias, lo cual, por otro lado, suele sugerir que su agenda social y política sería una reacción retrógrada ante la modernización. Algo que se podría atribuir, por lo demás, también al movimiento obrero, que cuenta entre sus demandas con la regularización de sus condiciones laborales ante la «intemperie» que generan también los procesos de globalización en este campo (suele ser habitual ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio). Pero se analiza menos cómo los procesos de corte neoliberal y globalizador refuerzan los nacionalismos estatales y las dinámicas recentralizadoras. Margaret Thatcher, en los albores de la revolución neoconservadora que ha marcado nuestros tiempos, acompañó estas políticas con la exaltación del nacionalismo británico en el conflicto de las Malvinas y, a la par que doblegó la columna vertebral del movimiento obrero en la huelga minera de 1984 y 1985, también disolvió, un año después, el Greater London Council (Consejo del Gran Londres), que gobernaba sobre doce millones de personas y era presidido por Ken Livingston (apodado Red Ken o Ken el Rojo). ³⁹ De hecho, de igual modo que en los albores del Estado liberal español la centralización y eliminación o subordinación de las estancias distribuidas de poder fue clave para implementar el capitalismo, el neoliberalismo se apropió de esas mismas técnicas. Realidad que, con la crisis de 2008, se exacerbó en términos no solo estatales, sino también nacionales, intensificándose un proceso anterior propio del orden neoliberal. En esa construcción anterior de ese nuevo orden, si en apariencia se estaba abriendo un periodo de mayor globalización cultural y política, tal como explicaba Miquel Caminal al respecto, prácticamente: «Ante un territorio que se abre a otras culturas y etnias por exigencias del mercado, ante un territorio que se disuelve en otro mayor como espacio económico unificado, ante un territorio que se articula con otros como espacio comunitario en el orden político y jurídico, al Estado le queda el recurso de la cultura nacional como elemento clave de identidad nacional y justificación de permanencia». ⁴⁰ En España, este proceso de renacionalización de la nación dominante se vivió intensamente a partir de la década de 1990. Momento de implementación de las políticas neoliberales, que fue a la par de un abandono de los grandes horizontes de esperanza referidos a las clases populares por parte de las izquierdas dominantes. La precarización real de segmentos cada vez mayores de las clases obreras y las clases medias fue acompañada en este sentido de una transformación de las izquierdas institucionales hacia los principios neoliberales, presentados en este caso como socioliberales. El vacío que se generó, en la medida que se dejó huérfana a la clase de representación política como clase, fue progresivamente llenado por nuevos tipos de nacionalismo popular tanto en los proyectos nacionales dominantes como en los alternativos. Esto era un proceso global que tomaba significados políticos diversos —por lo que no se puede hacer una lectura unívoca en términos de derechas o izquierdas— y que afectaba a la emergencia de opciones de tipo nacionalista en espacios tradicionales del voto de las izquierdas, como pasó en Escocia o Gales, el norte de Italia o Cataluña. Si el Estado deja de ser provisor de derechos, su legitimidad será cada vez más nacional y menos cívica, por mucho discurso legitimador de «patriotismo constitucional» que ponga por en medio. En el mismo sentido, tanto los proyectos alternativos de las clases populares como los de las elites que queden excluidas del poder por el proceso recentralizador y renacionalizador se construirán, o bien a partir de una lectura alternativa del nacionalismo dominante, una suerte de nuevo patriotismo popular como el que quiso representar Podemos en sus orígenes, o bien a partir de un nacionalismo alternativo.

Finalmente, este es un proceso que acaba teniendo un impacto sobre el conjunto del sistema político, que va más allá incluso de donde hay proyectos nacionales alternativos. El debilitamiento del Estado en el marco del modelo neoliberal conlleva un proceso centrípeto, en términos económicos del Estado, en el lugar donde residen las elites del propio Estado y las extractivas (en este caso, Madrid, como capital), que, a su vez, exacerbarán el discurso nacionalista para legitimarse en un proceso de neonacionalismo económico. De esta manera, el centro del mismo Estado en términos territoriales se convierte en una especie de agujero negro gravitatorio absoluto que va vaciando de recursos los espacios menos fuertes mientras se activa una suerte de resistencia en aquellos que disponen de la posibilidad de una construcción nacional alternativa. En ese agujero negro (o, más bien, en sus bordes exteriores, lo que en astrofísica suele conocerse como el horizonte de sucesos) se produce una distorsión del espacio y el tiempo en relación con cómo se vive fuera de ese agujero. En el caso español, ese horizonte de sucesos se concreta en un sistema político y mediático absolutamente distorsionado y acelerado que, a pesar de que se cree la genuina representación de España, no es sino la representación de ese mismo agujero negro. En este sentido, Madrid no es España, y la realidad de estas últimas décadas demuestra que lo es cada vez menos y por ello mismo exacerba su pretendida representación de lo nacional. Así, se asiste atónito en toda España, menos en las elites políticas, jurídicas, económicas y mediáticas de la capital, al espectáculo de ver cómo, siendo Madrid prácticamente el único ayuntamiento grande realmente en quiebra técnica, esta se carga sobre el conjunto del sistema local español. De hecho, las administraciones locales son, de todos los niveles administrativos, las que históricamente, pero también durante la crisis, han tenido menos déficit. En realidad, en 2012, los más de ocho mil ayuntamientos de España presentaban incluso un superávit global de 2.000 millones de euros, lo que, en medio de la crisis, era a todas luces un milagro. En Madrid no ocurría lo mismo, sino que allí se acumulaba una deuda de unos 8.000 millones de euros, acumulada a partir de obras faraónicas, que suponía el 25 % del total de la deuda municipal en España y que podía llevar a la bancarrota de la capital del Estado. Ante ello, desde la Administración central se decidió no intervenir el Ayuntamiento de la capital, gobernado en ese momento por el Partido Popular, sino al conjunto de los ayuntamientos de todo el Estado. Se los obligó a destinar el superávit a pagar la deuda a los bancos, los mismos que tenían la deuda con la capital, a pesar de que estuvieran al día del pago detrayendo recursos del desarrollo de políticas sociales absolutamente necesarias para paliar los efectos sociales más dramáticos de la crisis que se estaba viviendo entonces. A cambio de ello, se estableció el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores, lo que permitió el rescate de los ayuntamientos en quiebra, como el de Madrid. Además, se calculó que entre 2014 y 2019, mediante la LRSAL, se podrían detraer de las finanzas locales unos 8.000 millones de euros que irían a los bancos en el pago de la deuda, justo el monto que debía la capital a los mismos bancos. ⁴¹ Porque, para algunos, Madrid es —en este caso, literalmente— España, y sus problemas no pueden dejar de ser los del conjunto. Mientras tanto, sin que las políticas deficitarias supusieran un problema para la «confianza» económica, Madrid, con la utilización de su comunidad autónoma, ha atraído masivamente desde el cambio de milenio a empresas y las rentas más altas del resto de España. ⁴² La práctica intensa de dumping fiscal de atracción de rentas, inversiones y empresas realizada por la región más rica de España, combinada con la jerarquización territorial que ha permitido, intensificando la lógica radial de los flujos de comunicación españoles, el desarrollo del tren de alta velocidad, ha llevado a drenar y vaciar cada vez más España. Todo ello en un momento donde a las comunidades autónomas se les ha impuesto un fuerte control financiero y no se han renovado, a pesar de que era obligado por ley, sus sistemas de financiación, lo que ha llevado a una realidad que, si bien, en términos relativos, afecta en especial a Cataluña y Andalucía, que son las que mantienen la presión fiscal más alta, en términos absolutos tiene un impacto enorme sobre lo que se ha llamado precisamente la «España vacía» (es decir, vaciada). De hecho, una de las caras de todo lo que estamos viviendo podría describirse como una guerra abierta de las elites territorializadas en el centro del Estado para acumular cada vez más recursos en un mundo cambiante. Así, a partir de los hechos de octubre de 2017 en Cataluña, el Gobierno central, haciendo justo lo contrario de lo que propugnaba (es decir, afirmar que tenía controlada la situación y que, por tanto, no había de qué preocuparse), aprobó un decreto para facilitar el traslado masivo de empresas catalanas hacia Madrid.

Estos factores, junto con la madridización de la política española, que podría traducirse como la incapacidad de los partidos que se declaran «nacionales» de servir realmente a los intereses de la «nación» más allá de Madrid, alimentan ya no solo el auge de los partidos que defienden naciones alternativas, que en 2019 han llegado a sus máximas cotas de representación en el Congreso de los Diputados, sino también la emergencia de nuevos partidos con representación regional, como el Partido Regionalista de Cantabria, o, por primera vez en la historia, de partidos que, siendo de representación exclusivamente provincial, consiguen ganar en una provincia con tres únicos diputados en juego, como ha sucedido en las elecciones generales de noviembre de 2019 con Teruel Existe. Esto era ya una tendencia que se verificó en las elecciones generales de 2011, donde este tipo de formaciones llegaron a agrupar, en un máximo histórico, a 38 diputados. Dicha tendencia se retrajo clara y momentáneamente entre 2015 y 2016 por la irrupción de Podemos y sus confluencias (En Marea, En Comú Podem, A la Valenciana), que eran portadores, precisamente, de la promesa de una nueva España plurinacional y construida desde los territorios. Pero, en la medida que esa construcción no ha sido posible, en 2019 se alcanzó una nueva cota histórica con 43 diputados que ya no pretendían representar al conjunto de la «nación española» porque ella los había dejado de representar, sino a naciones alternativas o, directamente, a territorios. Una tendencia de fondo que solo un viraje radical del camino seguido hasta ahora podría hacer retroceder.

Finalmente, el momento culminante de todo este proceso de tensionamiento territorial, plurinacional y de soberanías se vivió durante la crisis institucional de 2017, cuando la crisis política y de régimen devino finalmente una crisis de Estado. La implosión del Estado autonómico en su corazón, Cataluña, a partir de 2010, la crisis económica entendida como una crisis de soberanías y de la(s) nación(es), se acabaron entrecruzando y sintetizaron en una gran crisis de Estado de la que todavía no hemos salido. La realidad de esta crisis podrá ser echada por la ventana, e incluso atravesar nuevos momentos donde parezca «apaciguada» o «desinflamada», pero volverá una y otra vez a llamar a la puerta, hasta que, desde su profundidad, afrontemos también la profundidad de las posibles soluciones.

¿REFORMA O RUPTURA?

LOS FUTUROS (IM)POSIBLES

Sin ninguna sombra de miedo me acojo a este procedimiento que se cree tan lleno de peligros. Y a pesar de que los tuviese, no por ello lo abandonaría. Que no es racional admitir los principios sin sus consecuencias, y si por los peligros que su realización comporta tuviésemos que abandonarlos, no se realizaría ninguno en el mundo. Lo extraño es que estos vacilantes federales ven peligros en el principio mismo.

Pi i Margall, Las nacionalidades , 1877

A solo un mes de haber ganado las elecciones en Cataluña, en diciembre de 2015 me encontré frente a frente con el rey de España, Felipe VI. No me lo esperaba; es decir, cuando entré en el campo de la política institucional, nunca caí en la cuenta de que me tocaría ir a ver al monarca. Me chocaba profundamente estar sentado delante del último de la dinastía de los Borbones, implantada con la derrota de 1714, quien, además, llevaba el nombre de Felipe VI en recuerdo directo a Felipe V, el primero de los Borbones españoles. Pero no era una cuestión nacional lo que más me sorprendía; era el hecho de que, mientras que su estirpe estaba hecha de reyes, la mía lo estaba de republicanos que se habían enfrentado de mil formas posibles a la monarquía, y ahora estaba sentado allí, frente al rey. Y no una sola vez. Si el padre del rey actual había hecho once rondas de investidura con los representantes de los diversos partidos con representación parlamentaria en 39 años, Felipe VI, en uno, había llevado a cabo más de la mitad que Juan Carlos I en todo su reinado. Esto solo ya nos indica hasta qué punto el sistema político español había entrado en crisis. De hecho, en una de esas rondas le sugerí que, si era por desbloquear, y ante la ausencia de candidato, me proponía directamente a mí mismo, que lo haría encantado. Se rio, y luego supe que con anterioridad había comentado algo parecido en varios círculos de la capital. En esos múltiples encuentros hablamos muy poco de la investidura, que en principio era de lo que nos tocaba hablar, porque básicamente lo hacíamos de otros dos asuntos: la crisis del sistema y la de Cataluña.

En cuanto a la crisis del sistema, a mí siempre me sorprendió, y así se lo transmití en el primer encuentro que tuvimos, que las elites del sistema no realizaran una reforma más o menos profunda, o aparentemente profunda, del sistema político y constitucional del 78. Recuerdo a la perfección, justo cuando nos encontrábamos precisamente en las catacumbas de la política, preparando desde diferentes espacios el debate sobre el asalto a la política institucional después de la experiencia del 15M, cómo en mayo de 2013 el Círculo de Economía, una de las principales organizaciones de las elites catalanas, presentaba un documento público titulado «Fin de ciclo. Nuevos tiempos». Era curioso comprobar cuán concurrentes podían ser las reflexiones que albergaba ese documento con las que estábamos realizando en esos mismos momentos desde los aledaños de lo que había sido el 15M. Para el Círculo de Economía, presidido entonces por Josep Piqué, exministro de Exteriores con José María Aznar, la crisis había tomado una clara dimensión de crisis de legitimidad del sistema en un contexto, el de Europa, donde una de las tensiones principales se establecía «entre política y democracia». Nada menor: entre política y democracia. Es decir, la política no era ya a ojos públicos la portadora de la democracia. Ello, en España, significaba además «el agotamiento político e institucional de la ya larga etapa que iniciamos a mediados de la década de los setenta», esto es, el agotamiento del régimen político que emergió de lo que se ha conocido como Transición. Se trataba de un análisis claro de la crisis, que no era solo política, sino de régimen o de lo que rápidamente se calificó desde los nuevos movimientos políticos como tal. En este sentido, el conjunto político institucional nacido de 1978 se definía por primera vez como un objeto en sí mismo que ya no era, por tanto, el «fin de la historia» de España, sino una etapa más, un régimen, el «Régimen del 78». Pero más allá de esto, en la presentación ante la prensa de ese documento, Josep Piqué fue claro y directo sobre la transitoriedad posible del régimen. El mensaje iba dirigido al conjunto de la clase política, al conjunto del bipartidismo en este caso: si no se iniciaba una reforma profunda que implicara una relegitimación del sistema, «o la hacen ellos [los políticos], o serán las nuevas formaciones surgidas de la desafección las que se encargarán de hacerlo». Por supuesto, de no hacerla los políticos, entonces no habría una reforma, sino una ruptura. ¹ Si el mensaje hubiera sido asumido en toda su plenitud, se habría iniciado una dialéctica entre la reforma del sistema desde el sistema y las fuerzas rupturistas que emergían en las afueras de este. Pero no fue así: ante el atrincheramiento del viejo sistema político, tanto el campo de la reforma como el de la ruptura quedaron en manos de esas nuevas fuerzas, y, fuera de ellas, de los proyectos que se apoyaban en las naciones alternativas.

Por ese motivo, le decía al rey en esos encuentros, no entendía que precisamente ellos, los representantes del sistema, no iniciaran el camino de la reforma. Mi camino, le explicaba, era otro: yo apostaba por un proceso constituyente ex novo , pero no entendía cómo el mensaje de 2013 emitido desde el Círculo de Economía, una institución en ningún sentido sospechosa de rupturismo, no había calado. Cuando un sistema político se siente en retirada, sus posiciones defensivas, como es lógico, tienden a endurecerse, pero no está claro que allí se encuentre la clave de la supervivencia. En todo caso, no sabemos si la alternativa hubiera funcionado mejor, ya que eso no sucedió, aunque sigue siendo un debate no solo del pasado, sino también del futuro. Mi impresión de esas conversaciones era que el rey era consciente de la necesidad de abrir ese debate, que afectaba además a la propia sucesión de la Corona, en la medida que esta sigue discriminando la vía femenina frente a la masculina, y a la propia legitimidad de la monarquía. En este sentido, el mismo entorno del rey parecía claramente orientado hacia la necesidad de modernizar la institución por nuevos caminos, pero está por ver si su orientación será la correcta para conseguir aquello que se propone.

Sobre el segundo tema, Cataluña, con quien hablé más y más abiertamente de ese tema durante los años que estuve en Madrid fue, de manera paradójica e inesperada para mí, con Felipe VI. Estaba extremadamente bien informado, al menos en el plano teórico, y tenía conocimientos más que considerables (seguro que muchos más que la mayor parte de la clase política española) sobre las cuestiones que se encontraban en juego. El diálogo, así, podía pasar sin solución de continuidad de los casos de Canadá y Quebec o Gran Bretaña y Escocia para ir a parar al de Cataluña. En ello, su posición era muy clara (lo sorprendente hubiera sido lo contrario): nada se podía hacer que afectase a la soberanía nacional, es decir, ninguna decisión del tipo de las que planteaba nuestra propuesta de un referéndum para Cataluña podía darse, ya que implicaban la fragmentación de la soberanía. De hecho, el mismo concepto de soberanía del Estado como absoluta e inalienable era propiamente monárquico, por lo que difícilmente el soberano iba a renegar de él. «Ese puede no ser el problema», le planteé. Y enseguida añadí: «De la misma forma que, aunque usted afirme que el referéndum escocés no es un ejercicio del derecho de autodeterminación, sino que proviene de la Union Act de 1707, estoy seguro de que si le pregunta a un escocés, él estará convencido de que sí que lo es. Por tanto, si el escollo definitivo es que el referéndum no puede celebrarse solo en Cataluña, celebrémoslo en toda España». Aquí el rey guardó silencio, ya que supongo que estábamos yendo demasiado lejos en aquel diálogo.

Mi sensación en esas reuniones era que hablar con él era lo más cerca que estaría jamás de hablar con el Estado. No en el sentido de «el Estado soy yo» de Luis XIV, el Rey Sol, pero sí de hablar con el representante del Estado en su continuidad histórica. No obstante, posteriormente, algo de esa supuesta encarnación en primera persona del interés del Estado en la persona del rey hubo cuando mostró su disposición, que finalmente no se hizo efectiva, a pedir de manera pública una reforma del sistema de investidura para evitar el bloqueo del sistema si Rajoy volvía a rechazar ser el candidato en julio de 2016 (como hizo en la legislatura de 2015, que acabó con la repetición de elecciones), y, más claramente, en su durísimo discurso del 3 de octubre de 2017. De hecho, en ese discurso del 3 de octubre de 2017, era evidente que el rey no hablaba en nombre del PSOE, que intentó intervenir sin éxito en él, ni del Gobierno, que no estaba de acuerdo siquiera en que se realizara. Entonces, si ni los dos principales partidos del sistema político español ni el Gobierno de España alentaron ese discurso, ¿en nombre de quién hablaba Felipe VI? Solo hay una respuesta posible: en nombre del Estado o, como mínimo, de una concepción del Estado que, sin duda, muchos servidores de ese Estado —en realidad, el Estado mismo, aunque a veces puedan creer que el Estado tiene vida propia más allá de ellos— compartían. Pero eso, en ese momento, todavía tenía que suceder, y mi impresión aún no se acercaba a la del soberano capaz de declarar el estado de excepción, sino a la de estar delante de la textura más tangible del Estado. De hecho, en aquellos años solo tuve una sensación parecida de estar hablando, más que con una opción política, con el Estado como sujeto activo, en una larga conversación con la vicepresidenta del Gobierno, donde, a pesar de situarnos cada uno en las antípodas del otro en todos los sentidos, pude mantener uno de los intercambios más interesantes sobre Cataluña de esos años. Además, a pesar de las ocasiones en las que me peleé con ella, era una de las personas más inteligentes que pude conocer en política. Sin embargo, todo aquello no sirvió de nada: el Estado, que podía aprehender a partir de esas privilegiadas voces, no se iba a mover un ápice de donde estaba y, si lo hacía, era solo en su vertiente represiva. Absolutamente incapaz de la reforma y de la flexibilidad imaginativa necesaria para afrontar una crisis política y territorial, finalmente esta devino en crisis de Estado.

LA ÚLTIMA CENA DE LA CRISIS INSTITUCIONAL

Aunque se han escrito ríos de tinta sobre el bloqueo y la inacción legislativa en la política catalana, la política española tiene poco que envidiarle en esto. Ciertamente, la última legislatura catalana que agotó los cuatro años de mandato fue la de 2006-2010, mientras que en España, hasta 2011-2015 se mantuvo un mandato legislativo «normal», pero pronto cogió carrerilla también. Si en Cataluña, desde 2010, hubo cuatro elecciones (en 2010, 2012, 2015 y 2017), en el caso de España, empezando los ciclos cortos en 2015, también se ha conseguido el récord de cuatro elecciones en cuatro años (en 2015, 2016, 2019 y 2019). Y si en el Parlamento de Cataluña hemos visto como la aprobación de unos presupuestos conllevó a una moción de confianza en septiembre de 2016, de la que salió el compromiso de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017, en el caso de España se celebraron dos mociones de censura en 2017 y 2018. Hasta entonces solo se habían celebrado otras dos (con siete años de diferencia entre ellas), y la de 2018 era la primera triunfante de toda la historia de la monarquía parlamentaria del Reino de España, instituida en 1978. ¿Todo ello es producto de la «conjura de los irresponsables»? La verdad, no. Más allá de la calidad de los dirigentes políticos y del interés que pueda tener el análisis de sus aciertos y errores, tiene que ver con una crisis profunda que atraviesa nuestro sistema desde 2008 y que, en su vertiente de crisis de soberanía, es común tanto a Cataluña como a España. Pero, aun siendo la raíz común, lo cierto es que en España esta crisis política ha tenido un nombre propio: el bipartidismo.

Las olas de cambio que se gestaron en la sociedad española desde 2010 o 2011 no impactaron con toda su fuerza en el corazón del sistema político español, el Congreso de los Diputados, hasta finales de 2015, y la sorpresa fue absolutamente mayúscula para los viejos representantes de los partidos políticos en el Congreso. Se podía leer en sus caras que miraban y se miraban interrogándose: «¿Qué nos ha sucedido?», parecían preguntarse. Las corbatas desaparecieron de las universidades con el Mayo del 68; en el Congreso de los Diputados hizo falta casi otro medio siglo. No hacía tanto, en 2011, mientras las calles y las plazas ardían pidiendo una democracia real y la crisis se recrudecía entre los sectores populares, José Bono, entonces presidente del Congreso de los Diputados, se enfrentaba con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, de su mismo partido, por el hecho de que este último propugnase el ejemplo de no llevar corbata en el hemiciclo del Congreso para ahorrar energéticamente en el uso del aire acondicionado. A partir de 2015, lo de menos, debieron pensar muchos, era la corbata. Pasaban cosas como que alguien, en este caso Carolina Bescansa, entrase con su bebé en brazos, o que otro, en este caso Alberto Rodríguez, llevara con orgullo sus rastas, o que el primer morreo público en la historia del hemiciclo lo protagonizaran, además, dos hombres (uno de ellos, yo mismo). Aquello era, para muchos, el summum del escándalo y, más allá de este, se podría afirmar que la historia de la política española en estos últimos años ha sido la historia de la metabolización de ese momento, del fin del bipartidismo y, en la medida que ello no se ha hecho, ha sido una historia de demasiados bloqueos.

De todas formas, no se puede decir, a pesar de la sorpresa de quien cree que el mundo es su casa y su casa es el mundo, que no estuvieran sobre aviso. El PSOE había perdido tres millones de votos en las elecciones de 2015, y el PP, un millón y medio, pero el aviso había venido ya en 2014. En las elecciones europeas de ese año, por primera vez en la historia el bipartidismo caía por debajo del 50 % de los votos emitidos. Se podía argüir ciertamente que las elecciones europeas, a diferencia de otras convocatorias electorales, eran un espacio de voto «libre» donde la orientación del voto «pragmático» se anulaba y, además, eran utilizadas para mostrar el descontento «crítico». Podía ser cierto, pero también lo era que en las elecciones europeas celebradas cinco años antes, en 2009, el bipartidismo había agrupado el 81 % de los votos. La caída era absolutamente espectacular, y aceleró la abdicación de Juan Carlos I en un pretendido proceso de relegitimación del sistema, en previsión a nuevos sobresaltos. En realidad, era solo el primer aviso. En mayo de 2015, una suerte de candidaturas «surgidas de la desafección», tal como había pronosticado Josep Piqué, en un proceso municipalista que tenía ya una larga tradición (tanto en la revolución de 1840 como en las primeras elecciones del Sexenio, en 1868, o en la misma llegada de la Segunda República), se impusieron en las elecciones locales. De golpe, la capital de España, Madrid, al igual que ciudades como Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela, La Coruña o Cádiz, pasaron a ser gobernadas en solitario por esas nuevas fuerzas políticas, que también entraban en gobiernos municipales en lugares como Oviedo, Valencia o Valladolid. Millones de personas de los principales centros urbanos del Estado, exceptuando el caso del País Vasco, renunciaban completamente al bipartidismo y entraban en un campo político radicalmente nuevo e inesperado. El golpe para el sistema fue enorme, y en ese momento todo parecía posible. Un futuro teniente de alcalde de Barcelona me dijo la noche de esa victoria electoral: «¿Deberíamos ir a la plaza Sant Jaume a proclamar la república?». Le contesté que habíamos ganado y obtenido once regidores, pero que yo me esperaría a sacar unos veinte para plantearnos tal hazaña. Evidentemente, eso respondía a la euforia de los que, no siendo nada en términos de política institucional —no hacía tanto, el que dijo esas palabras y yo mismo habíamos sido retenidos por la secreta en medio de la calle—, ahora se encontraban gobernando las principales capitales de Cataluña y España. Pero aquello que para unos se percibía con euforia, para otros se percibía con peligro. En Barcelona, nosotros lo vivimos como una gran ruptura, un momento de inflexión, pero, en realidad, la capital de Cataluña no dejaba de ser la vieja Rosa de Fuego incrustada en el pensamiento conservador español como un nido de potenciales desafecciones. Pero no quiero ni imaginar cómo debían temblar los cimientos de España viendo avanzar a Martiño Noriega, de Compostela Aberta, por la plaza del Obradoiro hacia el Ayuntamiento de Santiago, con la catedral justo a sus espaldas, para ser investido ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. Mientras ello sucedía, Marea Atlántica entraba de la mano de Xulio Ferreiro en la alcaldía de La Coruña; Kichi, José María González Santos, en la de Cádiz; Pedro Santisteve, en la de Zaragoza, o Joan Ribó, de Compromís, en la de Valencia. Aquello se tenía que parar. Se dedicaron recursos y medios de comunicación enteros para conseguirlo, pero hacía falta algo más: encontrar, antes de las elecciones generales, una alternativa a Podemos, que entonces aparecía como el posible ganador en algunas encuestas.

En 2011 me sorprendió una conversación que tuve con una persona que había sido dirigente del PP catalán, muy ligada a los sectores aznaristas y habitual de los cursos de verano de la FAES. Después del curso de ese verano, un verano en el que se aprobó la modificación del artículo 135 de la Constitución y en el que el 15M estaba todavía en pleno auge, me dibujó una previsión que ni en los sueños más locos de los revolucionarios más radicales había podido oír para ese momento. Según ella, es decir, según la FAES, la crisis se recrudecería de forma alarmante, y era posible que hubiera levantamientos violentos con barricadas y fuego en las calles de las grandes ciudades. En ese contexto, lo más probable era que el PP y sus primeras líneas de dirigentes se quemasen políticamente, con lo que el partido quedaría inservible como opción de poder. Se trataba, entonces, en la medida que ello sucediese, de migrar hacia Ciudadanos, como nueva opción de recambio conservador. Cabe decir que poco después de esa conversación, esa misma dirigente se fue a Ciudadanos. Pero no solo desde las huestes políticas de la derecha tradicional se estaba alimentando a Ciudadanos (y ya no como un fenómeno exclusivamente catalán, sino también, por primera vez, en disposición para competir en la arena política española). Tras las elecciones europeas, en junio de 2014 se celebró un acto empresarial donde el nerviosismo patronal estaba tan a flor de piel que Mónica de Oriol, perteneciente a una de las grandes estirpes empresariales de España y presidenta en ese momento del Círculo de Empresarios, llamó «casta» tanto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como a los grandes sindicatos. En ese mismo acto de tintes casi revolucionarios, viendo lo sucedido, Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, llamó a formar una «especie de Podemos de derechas» para salvar al sistema. Y este Podemos de derechas no podía ser otro que Ciudadanos. La realidad es que con el impulso de estos apoyos, Cs empezó a enfilarse mediáticamente y en las encuestas, que antes de las elecciones le daban hasta una setentena de diputados, mientras que Podemos, al que algunas encuestas le habían llegado a dar la mayoría, cada vez se hundía más y más en ellas. Finalmente, sin embargo, pasó justo lo contrario de lo que aseguraban ciertas encuestas: Cs sacó 42 diputados, mientras que Podemos y sus confluencias alcanzaron los 69.

La campaña que llevó a Podemos y sus confluencias a ese resultado absolutamente espectacular (nunca antes un partido fuera del bipartidismo había llegado hasta esas cotas) fue plurinacional, lo que explica tanto su capacidad de agrupar votos en todas las «periferias» de España —sus mejores resultados fueron, en este sentido, en el País Vasco, Galicia, el País Valenciano, las islas Baleares o Canarias— y Madrid, dibujando la posibilidad de un nuevo pacto plurinacional y territorial, como que En Comú Podem ganase las elecciones en Cataluña. Ello fue si cabe más sorprendente si tenemos en cuenta que se venía, en este último caso, de un gran resultado en las elecciones catalanas del 27 de septiembre por parte tanto de los partidos independentistas como de Ciudadanos, mientras que, en el caso de Catalunya Sí que es Pot, básicamente la marca de Podemos e ICV, en aquellas elecciones no se habían cumplido las expectativas que habían despertado las encuestas de julio de ese año, que la daban como posible ganadora de las elecciones. Pero en diciembre, en las elecciones generales, contra todo pronóstico, se ganó. Como hemos dicho anteriormente, ello fue así en la medida que supimos ponernos en el centro de los tres ejes de la política catalana en ese momento (el democrático, el social y el nacional), pero fue precisamente el carácter plurinacional de aquella campaña lo que permitió hacer creíble la viabilidad de la propuesta. Nuestra oposición a Cs no se planteó entonces en términos identitarios binarios, sino en el terreno social, mientras presentábamos la posibilidad de representar a una España diferente, la España del cambio, que devino atractiva para amplísimos sectores de la sociedad catalana. Creo que, en el ciclo de elecciones en Cataluña desde 2010 hasta día de hoy, aquella fue la primera y última vez que esto se hizo, y con éxito. El lema con el que Cs había sacado unos buenos resultados en las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, elecciones que tomaron un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña, fue «Mejor juntos». Ese era, sin duda, un buen lema. Pero al «mejor juntos» debería haberle seguido en todo caso un «¿para qué?» y, sobre todo, un mejor juntos «¿cómo?». Y allí ganamos la partida. Cataluña es un crisol de identidades y sentimientos de pertenencia, probablemente como ningún lugar de España, solidificados en un amplio consenso en torno a una identidad catalana común que, a pesar de todo lo vivido, en abril de 2018 agrupaba todavía al 89 % de la sociedad. ² Ese crisol de identidades, que van mucho más allá de las propias fronteras del Estado español, se da en una sociedad que, si bien, por un lado, ha vivido sucesivos procesos migratorios, por el otro, durante los siglos XX y XXI ha encontrado en la articulación amplia del catalanismo tanto un paraguas contra la nacionalización española fuerte como la posibilidad de la preservación y desarrollo de identidades de origen en términos familiares y sociales. Paradójicamente, en este sentido, es probable que lo más parecido a la España plural sea Cataluña, más incluso que el resto de España. A la vez, Cataluña es una sociedad de valores principalmente situados a la izquierda, tanto por su propia historia como por todas las historias contenidas en las maletas de los que migraron a sus tierras, y, en comparación, mucho más a la izquierda que el conjunto de la sociedad española. Así, frente a la España homogénea y vacía de Ciudadanos, que, en realidad, era la España martillo de herejes «constitucional» o las Españas sin regeneración del PP y sin ilusión del PSOE, nosotros intentamos mostrar, no lo que era, sino lo que podía ser. Y así, del norte bajaba el viejo padre de Galicia con sus barbas y sus camisas blancas, Xosé Manuel Beiras; del sur aparecía, desde Andalucía, la imagen de Teresa Rodríguez con sus acentos, que resonaban tanto en tierras catalanas; mientras que del País Valenciano emergía la fuerza inusitada que había sido Mònica Oltra contra el PP más corrupto, y de Madrid venían dos jóvenes, Pablo e Íñigo, que hablaban en un lenguaje completamente diferente, jamás antes oído desde la capital, levantando toda la indignación social y hablando, en el caso de Íñigo, en catalán. Era lo nunca visto en una campaña electoral en Cataluña, y parecía imposible (al menos, me lo parecía a mí) no ganar. Pero esa promesa pasaba por un nuevo pacto fundante donde el referéndum era la mejor expresión de ese nuevo carácter fundacional, donde la alternativa a la Cataluña independiente se construía solo desde otro horizonte de esperanza realmente posible: la España plurinacional. Dos años más tarde, en la moción de censura que Podemos y sus confluencias, ante la inasistencia del PSOE, organizamos contra el Partido Popular, Pablo Iglesias se mostró como el candidato con un discurso más claramente plurinacional de todos los que había habido durante el siglo XX y lo que llevábamos del XXI , e Irene Montero brilló con una luz propia mostrando un futuro posible. En mi propia intervención en esa moción, después de decirle a la vicepresidenta del Gobierno que su problema principal era que al final, ante la ausencia de proyecto de futuro, solo tenían la amenaza, acabé afirmando lo siguiente sobre nuestro grupo parlamentario confederal: «Llevamos un tiempo demostrando en la calle y aquí que este grupo confederal es un grupo hecho de fraternidades, y en la medida que es así, que viene de donde viene y que apunta adónde va, no solo es un grupo confederal: es el futuro de este país». Lo creía así, pero el problema era que habían pasado ya más de dos años desde nuestra llegada al Congreso y no estábamos ni en el Gobierno de España ni en el de Cataluña, mientras que el PSOE esperaba no se sabía exactamente qué y el PP seguía en el poder. Pero el futuro no esperaba. Era junio de 2017 y estaba a punto de llegar una cita inevitable para todos: el 1 de octubre.

La colosal fuerza que se gestó en las calles y en las plazas en 2011 y que irrumpió en el Congreso de los Diputados en 2015 quedó absolutamente paralizada en el bloqueo institucional, que duró, como mínimo, hasta junio de 2018. Pasamos de la sociedad de la rapidez, de las mil y una imágenes, de los millones de tuits, de las manifestaciones, a la estasis. Parecíamos salir de la misma alegría con la que marchaban los ejércitos en el verano de 1914 de todas las capitales de Europa para ir a parar a la dura realidad de la guerra de trincheras de la Navidad de ese mismo año; una guerra que duró casi cuatro años y donde conquistar un solo kilómetro de terreno devenía una epopeya sin igual. Incluso, de vez en cuando, parábamos el conflicto para salir a jugar un partido de fútbol con el enemigo. Desde finales de 2015 hasta finales de 2016, cuando Pedro Sánchez acabó siendo defenestrado de su propio partido en una noche de asesinatos en el Comité Federal, vivimos instalados en un diálogo hamletiano donde el PSOE le preguntaba al Régimen del 78 si era posible salvarlo sin morir el partido en el camino, es decir, si era posible salvarlo sin darle el poder al PP sacrificándose él mismo, y el Régimen le contestaba constantemente: no. ¿Había otra posibilidad? Hasta Francesc Homs, de la antigua Convergència, se tuvo que levantar una vez en el Congreso para decirle a Pedro Sánchez para sorpresa de todos, incluso de él mismo: «Es extraño que esto lo diga yo, pero sí, hay una mayoría de izquierdas posible en este Congreso». Aquello era algo que el PSOE siempre había negado en redondo, cuantas veces fuese necesario, hasta casi el mismo día de la moción de censura que en 2018, tres años después de las elecciones de 2015, llevó a Pedro Sánchez al Gobierno. Tres años perdidos, tres años absolutamente fundamentales.

En 2015, Rajoy jugó a un juego peligroso, pero seguramente no tenía más opción que hacerlo si quería seguir manteniéndose en el poder; el juego se llamaba «no hacer nada». Ante una crisis institucional sin parangón, sentarse y esperar. Una espera que crujiese al PSOE por dentro hasta que, derrotado, le diera sus votos pidiendo clemencia e invistiéndolo. Para ello, Rajoy hizo algo inaudito: declinó ser elegido por el jefe de Estado, Felipe VI, como candidato a la investidura. Con ello provocó dos cosas. La primera de ellas fue que el reloj no corriera: en el sistema político español, hasta que un candidato no se ha presentado a la investidura, no empieza a correr el tiempo para conseguir la presidencia de España o celebrar nuevas elecciones. Así, teóricamente, podíamos mantenernos en esta situación durante años, con un Gobierno en funciones elegido por un Parlamento que ya no existía gobernando por encima de un Parlamento que no lo había elegido y, en principio, no lo quería, como un elemento claro de erosión del conjunto del sistema político y de agudización de su crisis de legitimidad. La segunda cosa que consiguió es que fuera Pedro Sánchez el que fracasase públicamente, y no él, al aceptar ser elegido como candidato a la investidura por parte del rey (algo que no está muy claro que el rey pudiera hacer, ya que en este caso actuó políticamente eligiendo como candidato a aquel que había perdido las elecciones y que, por tanto, no contaba con los votos comprometidos para poder ser elegido). Pedro Sánchez, ya elegido como candidato, tenía sobre la mesa dos opciones para conseguir la presidencia, y ambas pasaban por Podemos y sus confluencias. Una que sumaba con Podemos y los partidos nacionalistas, lo que habría significado claramente la construcción de una alianza y una nueva mayoría plurinacional con clara hegemonía de la izquierda. La otra era pactar con Podemos sin contar con los partidos nacionalistas y con el apoyo de Cs. Aunque la primera era sin duda la más factible, el PSOE se pasó años huyendo de ella porque le obligaba a afrontar con profundidad políticas que claramente superasen lo que había hecho él mismo cuando había estado en el Gobierno, tanto en el terreno económico y social como en el plurinacional. Huyó de esa mayoría durante dos años enteros, hasta que esta le dio la presidencia con la moción de censura de 2018. Aun así, volvió a huir de ella hasta provocar incluso una repetición electoral en 2019. Pero a pesar de esa actitud en 2015, la segunda opción era imposible, ya que Ciudadanos había dado el paso a la política estatal para evitar precisamente que el hundimiento del bipartidismo conllevase una nueva mayoría que se situara fuera del Régimen del 78. Pero el PSOE probó aún una tercera vía: pactar con Cs, que contaba con solo cuarenta diputados, y no con Podemos, y pretender que Podemos y las confluencias le dieran la presidencia.

Pensar que eso era posible era asombroso, pero no fueron pocos los medios de comunicación «progresistas» que establecieron que era justo eso lo que Podemos y las confluencias «debían» hacer. Es más, en la presentación del pacto entre Cs y el PSOE, el propio Albert Rivera afirmó que ese pacto no se hacía para otra cosa que para evitar la influencia de Podemos en el nuevo Gobierno, basculando la búsqueda de apoyos hacia el PP. Pero por asombroso que fuera, la presión mediática y política a la que estuvimos sometidos fue colosal, y en algún momento, por alguna parte, estuvo a punto de conseguir resultados incluso en el espacio de los comunes. En realidad, nosotros pensábamos que todo ello estaba hecho para evitar que estuviéramos en el Gobierno y allanar el camino a la Gran Coalición, y a partir de un cierto momento no confiábamos para nada en un Gobierno conjunto de nosotros con el PSOE, a pesar de que no dejábamos de intentarlo. Las negociaciones por parte del PSOE las preparaba José Enrique Serrano, un personaje enormemente influyente en esa etapa que había sido jefe de gabinete tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero (al que Serrano llamaba «el joven presidente»), y un hombre, según todos los entendidos del viejo sistema, que «tenía el Estado en su cabeza». A su vez, cuando la mayoría de los expertos constitucionalistas de referencia del PSOE habían apostado por solucionar la cuestión catalana mediante un referéndum, fue él quien paró esta opción dentro del PSOE. También fue Serrano el encargado de preparar la estrategia negociadora del PSOE, que básicamente consistía en «doblegarnos». Para ello se establecieron dos mesas que negociarían en el mismo momento en diferentes sitios del Congreso de los Diputados. Una, la mesa entre el PSOE y Cs, avanzaba de manera silenciosa en la redacción de un documento que sería la base para el nuevo Gobierno, mientras que la otra, con todos los medios de comunicación esperando fuera de la sala donde estábamos, no avanzaba ni un milímetro. El PSOE, según me contó posteriormente Meritxell Batet, a quien creí, ya contaba con el acuerdo cerrado con IU y Compromís cuando estábamos negociando. En realidad, para nuestro caso, se trataba de llegar a la investidura con los socialistas habiendo mostrado ante la opinión pública que tenían voluntad de hablar con nosotros, pero sin llegar a ningún acuerdo real que de facto hubiera roto su pacto con Cs. Eso conllevaría un aumento de la presión hacia Podemos y sus confluencias para conseguir que, en el momento de la investidura, diéramos el plácet al acuerdo del PSOE con Cs con una abstención. Era el intento de hacer una investidura por «presión», y las «negociaciones» parecían más un juego para amedrentarnos que no otra cosa. En la primera reunión que tuvimos, poco después de haberme sentado en la mesa y abierto la boca, me interrumpía Rodolfo Ares, exconsejero de Interior del Gobierno vasco con Patxi López: «Yo he negociado con gente más dura que tú, gente que llevaba pistola». Creo que era una descripción bastante exacta de lo que se trataba allí: de un desarme.

Evidentemente, toda esta estrategia no funcionó, por muy «duros» que fueron los negociadores del PSOE y por muy intensa que fuera la presión mediática (e incluso interna) que hubo. El primer intento de investidura de Pedro Sánchez, celebrado el 1 y el 2 de marzo del 2016, fracasó. Hubo nuevas negociaciones durante la Semana Santa celebradas en Madrid, estas sí fuera de cualquier foco mediático, donde se nos trató de convencer con propuestas tan delirantes como que firmásemos un acuerdo que guardarían en una caja fuerte, y en donde se incluía la posibilidad de entrar en el Gobierno un tiempo después de haberse constituido, pero que nadie conocería. Aquí se hacía evidente el problema principal que afrontaban los negociadores del PSOE si de verdad se quería llegar a un acuerdo con nosotros: el propio PSOE. En el Comité Federal de este partido, que tenía que dar el visto bueno a cualquier acuerdo de gobierno, una parte sustancial de los barones territoriales habían marcado dos líneas rojas: que la investidura no se realizara con los votos por activa o pasiva de los partidos independentistas y que no hubiera Gobierno con Podemos. Era la cuadratura del círculo, y las negociaciones no prosperaron. Era imposible, y ese era el problema de fondo, a pesar de que la construcción narrativa y mediática fuera que este residía en que Podemos y sus confluencias hubieran «osado» celebrar una rueda de prensa proponiendo un Gobierno en coalición, lo cual supuso una tremenda «ofensa» y «herida» en el PSOE. Hubo un punto en que, rotas todas las negociaciones, los contactos continuaron en Barcelona, lejos de los focos mediáticos de la capital, entre Miquel Iceta y yo. No se trataba tanto de negociar como de ir generando principios que pudieran allanar el camino de una negociación posterior. Él tenía el mandato de Pedro Sánchez de que yo no me levantara de la mesa (mandato fácil de cumplir, o mucho más, en todo caso, que con los negociadores del PSOE). En un inicio, quedábamos en diversos bares discretos de la ciudad, y la verdad es que todo era más fluido. Miquel tenía un estilo radicalmente diferente al de los viejos dinosaurios madrileños del PSOE y, cuando hablaba del referéndum, no hablaba de su ilegalidad, sino que te respondía francamente que el PSOE (o «la PSOE», como decía él) no lo podía asumir. Además, tiene un finísimo sentido de la ironía, y también un morro considerable, con lo que la verdad sacar, lo que es sacar, en realidad no sacamos nada, pero disfrutaba los debates. Si bien en el primer encuentro que tuvimos en la librería La Central de Barcelona me dijo a todo que no, mientras un hombre que se había acercado a la mesa nos pedía «Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo», en el segundo, ya mucho más formal y con representantes a ambos lados de la mesa, sacó un documento que aseguró haber enviado a Madrid. Se titulaba algo así como «Cómo conseguir un Gobierno con estos chicos de Podemos». Nos lo leyó. Cuando terminó, enseguida protesté: «Miquel, aquestes són les propostes que et vaig comentar l’última vegada que vam quedar, i em vas dir a tot que no » («Miquel, estas son las propuestas que te comenté la última vez que quedamos, y me dijiste a todo que no»). Él me contesto: «No és veritat, són totes meves !» («No es verdad, ¡son todas mías!»).

En la propuesta que el PSOE había enviado para negociar al conjunto de los partidos se hablaba, como mucho, de un barniz federal —federalismo «siquiera mínimamente» era la expresión que se utilizaba en el documento— sin abordar tampoco «siquiera mínimamente» ni el blindaje de competencias ni la ordinalidad en la financiación autonómica ni el régimen de cooficialidad de las lenguas. Comparativamente, nuestra propuesta representaba mejor que la del PSOE el programa del PSC en el modelo territorial. En el mismo debate de investidura de marzo de 2016, Pedro Sánchez redujo el problema de Cataluña a un problema de convivencia con una rima fácil («En Cataluña no hay un problema de independencia, sino de convivencia»), en un discurso que ha sido y fue recurrente incluso mucho antes de poder imaginar el 1 de octubre de 2017 o la declaración unilateral de independencia (DUI). En este mismo sentido, se negaba en rotundo a asumir cualquier principio que pudiera romper, según él, la soberanía nacional, mientras yo decía ante la Cámara que era imposible la formación de un Gobierno progresista a espaldas de Cataluña y ello obligaba a afrontar la cuestión plurinacional con profundidad. En este sentido, en nuestro documento «Bases políticas para un gobierno estable y con garantías», en la parte sobre el modelo territorial, entendíamos que se había quebrado el modelo de encaje territorial a causa del «desarrollo de un modelo de descentralización que no reconocía las diversas singularidades nacionales y territoriales como realidades en sí mismas; la subordinación de esas realidades a la construcción de un Estado nación basado principalmente en una única identidad, y los procesos de recentralización vividos en los últimos años». Ante ello, proponíamos un reconocimiento previo a cualquier debate sobre el modelo territorial de las realidades nacionales, es decir, el reconocimiento de que en España existían, no una, sino diversas naciones. Así pues, optábamos por la construcción de un Estado plurinacional, ya que: «La Constitución vigente solo reconoce una nación —la española— y mantiene en una posición subalterna a las otras naciones que conviven en el Estado». En este marco se debía implementar el carácter oficial y en plano de igualdad de todas las lenguas del Estado; establecer un nuevo modelo de organización territorial del Estado que blindase las competencias, permitiese la federación de las comunidades autónomas y su participación en las delegaciones y la formación de criterios ante la UE; emprender la reforma del Senado para convertirla en una cámara territorial; disolver las diputaciones, exceptuando las forales, en la medida que respondían a un modelo provincial que, a su vez, no respondía a la territorialidad de las comunidades autónomas ni a los modelos internos de articulación territorial de cada una de ellas; fijar que los gobiernos de las naciones y comunidades políticas (con este nombre se intentaba describir aquella que, aunque no era solo una región, tampoco se consideraba a sí misma una nación, como es el caso de Andalucía) participaran en la elección del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que se articulase un Poder Judicial propio y se crease un tribunal de arbitraje competencial fuera del Tribunal Constitucional, y, por último, dar curso a un nuevo modelo de financiación que asumiera el principio de ordinalidad, es decir, que manteniendo la solidaridad interterritorial no se perdieran posiciones en el paso del puesto de comunidades contribuyentes al puesto en el orden de comunidades receptoras. Este ambicioso programa incluía el siguiente principio: «Para poder garantizar que se haga [este nuevo modelo plurinacional] desde la plena adhesión a un proyecto común, debe tener como correlato la aceptación del derecho a decidir en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad». En la práctica, esto significaba que Cataluña y el País Vasco debían poder celebrar un referéndum sobre su permanencia en España. Pero si esta era la propuesta básica en las conversaciones con Miquel Iceta y el PSC, luego la desarrollaríamos en un documento propio, el «Document de treball sobre la plurinacionalitat i la celebració del referèndum a Catalunya». En el mismo, para propiciar la posibilidad de un acuerdo de Gobierno, separamos aquello que era el modelo final al que nosotros aspirábamos de aquello que podíamos compartir y pactar con los socialistas en una parte del camino para llegar a los objetivos finales. El modelo no era otro que el Estado plurinacional que debía partir del reconocimiento de «soberanías compartidas» entre las diversas realidades nacionales con la ampliación de las atribuciones de los demos propios, ya reconocidos para los casos de Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía al ser comunidades que accedieron a la autonomía por el 151, como hemos visto en el capítulo tercero de este libro. Para llevarlo a cabo haría falta una reforma fuerte o un proceso constituyente de facto , mientras que la forma de transición, sabiendo que no había la suficiente fuerza entonces para iniciar un cambio constituyente, pasaría por pactar con los socialistas el blindaje competencial, la posibilidad de federación de las comunidades autónomas, la transformación del modelo de financiación, la participación de los Parlamentos nacionales y las comunidades políticas en la UE, la disolución de las diputaciones, exceptuando las forales, y políticas culturales y lingüísticas ya claramente plurinacionales, entre otras medidas.

Pero si había un modelo final y un camino para ir hacia él que pudiera ser asumible por los socialistas, o, como mínimo, por una parte de ellos, en un gobierno compartido, el tema del derecho a decidir era básico para la legitimación de toda esa propuesta. En ese sentido planteamos al PSC un marco legal, el del artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, que regulaba las diferentes modalidades de referéndum, e incluso dos posibles modelos de la pregunta que se podría formular: «¿Está de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado independiente con los procedimientos legales pertinentes?» y «¿Está de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado independiente mediante la correspondiente reforma de la Constitución?». Iceta, cuando vio esas preguntas, no objetó nada en su formulación, y estoy seguro de que él mismo había pensado en algunas similares en otros momentos. De hecho, durante aquellos meses, él y Carme Chacón, la candidata del PSC en las elecciones generales de diciembre de 2015, habían estado afirmando públicamente que, en caso de que un referéndum sobre la reforma constitucional que debían plantear los socialistas tuviera más votos negativos que positivos en Cataluña, habría que responder de alguna manera: «En este escenario, el mensaje sería clarísimo, y aquí nos tendríamos que poner todos a trabajar, empezando probablemente por lo que hizo Canadá, donde la pregunta tenía que ser pactada y muy clara y la mayoría, suficiente». ³ De hecho, Carme Chacón, en una faceta quizás poco conocida de ella, había trabajado profusamente la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá que avalaba un referéndum para Quebec. Mi planteamiento ante esto era que no había diferencia entonces entre celebrar un referéndum sobre la reforma constitucional, que los mismos dirigentes del PSC habían calificado como un referéndum que en su celebración en tierras catalanas certificaría la voluntad o no de independencia de Cataluña, y, ya más directamente, hacerlo todo junto. Es decir, realizar un solo referéndum en el que, en el caso de Cataluña, el proyecto de reforma constitucional se convertiría en la propuesta de un nuevo acuerdo con España frente a la opción de independencia de Cataluña. Así, en este último referéndum, se daría a optar entre el nuevo acuerdo con España y la independencia. Pero para llevarlo a cabo hacía falta un gobierno conjunto, ya que, si no, la propuesta de plurinacionalidad no tenía garantías de salir adelante, como tampoco cualquier propuesta de referéndum.

La realidad de que solo con un gobierno conjunto se pudiera realizar tanto una propuesta de nuevo encaje, para nosotros plurinacional, como un referéndum en Cataluña parecía la única posibilidad de tomar la iniciativa en la crisis territorial. También era esa la interpretación que le dio Meritxell Batet en una conversación de trabajo que mantuvimos en el Congreso, donde, ante la dificultad de llegar a cualquier acuerdo, yo le dije que lanzaran ya su propuesta de referéndum de reforma constitucional, a lo que ella me contestó que no, que si no había un acuerdo sobre esa reforma con En Comú Podem (que entonces era la candidatura vencedora de las elecciones generales en Cataluña), no se irían a Cataluña a perder ese referéndum. Yo estaba de acuerdo con ello, pues ese referéndum sería materialmente constituyente y obligaría a hacer una oferta real de un nuevo encaje de Cataluña en España y, por tanto, de reformulación de la misma naturaleza del Estado español en el camino hacia un Estado plurinacional. Es por ello que la reforma constitucional sigue estando bloqueada en un sistema que amenaza con la implosión y con una constitución cada vez más vaciada de significado, porque, para que el sistema se pueda reformar constitucionalmente, se necesita contar con el acuerdo de Cataluña, para lo cual, a su vez, se necesita un nuevo acuerdo con Cataluña. En caso contrario, ese referéndum sobre la reforma constitucional, a pesar de no preguntar directamente sobre Cataluña, materialmente se convierte en un referéndum sobre su independencia. Finalmente, para desbloquear la posibilidad de llegar a una solución sobre la propuesta para Cataluña, Pablo Iglesias anunció la posibilidad de que en el acuerdo con el PSOE (en aquellos momentos estaba corriendo ya el reloj que nos llevaba a elecciones si no se formaba un nuevo Gobierno), en aquello que se refería a Cataluña, ambos partidos lo delegaran a una mesa de negociación exclusiva entre En Comú Podem y el PSC. Algo que el PSOE, que ya estaba intentando controlar al propio Pedro Sánchez, no aceptó. Fuimos a nuevas elecciones en junio de 2016.

En la repetición electoral, aunque la nueva unión con IU a nivel estatal nos dejó con el mismo número de diputados, perdimos un millón de votos, la mayor parte de ellos en Cataluña eran abstencionistas de los barrios más populares, que nos habían votado por una sola vez en la ola de esperanza de 2015 y que habían vuelto irremediablemente a la abstención. Ciudadanos, por su parte, perdió cinco diputados, y aunque mirando muchos medios de comunicación parecía que eran el tercer partido de España, en realidad estaban muy lejos de serlo. Si el pacto entre Ciudadanos y el PSOE no parecía haber favorecido a los de Albert Rivera, tampoco al PSOE, que perdió cinco diputados más, parecía haberle beneficiado. El PP, en cambio, ganó catorce actas, aunque la aritmética nos había dejado casi exactamente igual que antes de la repetición de elecciones. Inicialmente, todo apuntaba a que podíamos dar el sorpasso al PSOE en esta segunda convocatoria, pero no fue así. Siempre he creído que el impacto del Brexit, aprobado en Gran Bretaña tres días antes de las elecciones españolas, alentó la reacción conservadora del electorado que favoreció al bipartidismo. Pero en todo caso, fuere como fuere, lo cierto es que tenía ganas de entrar de nuevo al Congreso con un gorro de Napoleón y una trompeta. Éramos los mismos y con los mismos problemas por delante, pero en realidad la situación había empeorado. Pocas semanas después del resultado electoral quedé con Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso. Estaba negociando la posibilidad de que nos reconocieran el grupo propio y el otro Hernando, Rafa, en este caso portavoz del PP, después de decirme que era imposible que el PP lo apoyara, y no porque no fuera legal, sino porque «esto», refiriéndose tanto al Congreso como en realidad al conjunto del sistema político español, «estaba montado para dos, Xavi, y ahora ya somos cuatro» —se refería a Cs y a Podemos—, «y no pueden ser ya más, pero, vaya, si Antonio te dice que sí, lo aceptaremos». Antonio me dijo que no, que el PSC se le echaría encima. Empezamos bien otra vez, pensé, pero luego dudé un instante y, a pesar del portazo que me acababa de dar, le solté: «Antonio, si nosotros aceptamos que no vais a acabar como el PASOK y que, por tanto, vais a seguir siendo uno de los grandes partidos de España, y si vosotros aceptáis que no vamos a desaparecer como un fenómeno pasajero y que hemos venido para quedarnos, de estas dos tesis se infiere que solo hay una alternativa posible para echar al PP: que nos pongamos de acuerdo. Para que no suceda como la otra vez, antes de empezar las negociaciones con los medios esperando a la salida de la reunión y enviándonos recados a través de ellos, ¿por qué no abrimos ya mesas sectoriales donde vayamos avanzando en aquellos temas en los que estamos de acuerdo y detectamos en cuáles no lo estamos para ver cómo los tratamos?». Me miró sorprendido, se tomó unos segundos y me respondió: «Es verdad lo que dices, pero no puede ser. Hay mucho odio…». Me quedé perplejo, porque además, como pude comprobar más veces, tenía razón. Se me había abierto una dimensión del problema que desconocía completamente: el resentimiento acumulado por la misma emergencia de Podemos y sus críticas a los socialistas. Me parecía alucinante que eso pudiera estar afectando en serio a la posibilidad de negociar una alternativa real al PP, pero así era. En todo caso, la realidad era que nos quedábamos sin tiempo: nosotros teníamos un mandato, y Cataluña no esperaba.

Tras las elecciones me reuní con Carles Puigdemont, al que no conocía en persona. La reunión fue discreta a petición suya. Estuvimos hablando largo y tendido de la situación política. Los presupuestos de la Generalitat no habían sido aprobados por la negativa de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a apoyarlos y se planteaba una moción de confianza para septiembre. La forma de superarla parecía clara. El 27 de septiembre de 2015, el independentismo, con la significativa excepción de la CUP, durante la noche electoral declaró que había ganado el plebiscito con el que había planteado las elecciones. Pero si llegásemos a considerar que unas elecciones parlamentarias pudieran sustituir a un referéndum, no era cierto que el independentismo lo hubiera ganado. En escaños, sí, pero no en votos, y en un referéndum lo que cuentan son los votos. De todas formas, a partir de ahí, los partidos independentistas iniciaron una «hoja de ruta» que en dieciocho meses debía llevar a la independencia de Cataluña. Menos de un año después, era evidente que nada de esa hoja de ruta se había cumplido. En ese contexto y, sobre todo, tras la victoria electoral de En Comú Podem, llevando en su programa el referéndum que los partidos independentistas calificaban de «pantalla pasada», emergió el concepto de «referéndum unilateral». Puigdemont, en julio de 2016, había decidido también incorporarlo, según me contó en esa reunión. De hecho, todo lo que me dijo aquel día lo cumplió. Iría a la moción de confianza de septiembre con la propuesta que más adelante se llamaría «O referèndum, o referèndum » con una fecha fija, el 1 de octubre de 2017, tiempo en el cual se establecería la posibilidad de llegar a un pacto sobre dicho referéndum (en lo relativo a la fecha, la pregunta, la mayoría calificada, etc.), y, en caso de que el Estado no quisiera negociar, lo convocaría igualmente. Cuando en septiembre empezó a cumplir lo que me dijo, me quedó claro que el procés entraba en una nueva fase mucho más dura.

Pero eso no movió nada de las coordenadas que estábamos viviendo en la capital de España, donde siempre se pensó que el procés era un suflé al que no había que hacer demasiado caso más allá de agitar las bajas pasiones en tiempo electoral. En esta segunda fase, después de la repetición electoral no hubo ya más negociaciones. Rajoy fracasó en su primer intento de investidura en agosto: en realidad, no ofrecía nada, era un «o yo, o el caos» y, aunque eran muchos los que seguro que contestarían sin dudar «¡El caos, el caos!», lo cierto es que esto significaba ir a terceras elecciones. Una vez activado el reloj con su investidura fallida, Rajoy se sentó a esperar, sin más. A esperar que las contradicciones crujieran por dentro al PSOE, y la verdad es que todo parecía jugar a su favor. En aquel momento, el grupo dirigente socialista, atenazado por las tensiones internas y por la presión de ciertos medios externamente, no se atrevía a hacer ningún movimiento. Recuerdo en ese contexto una breve reunión con Meritxell Batet en Barcelona donde analizamos posibles escenarios de encuentro futuros con una sinceridad descarnada. Pospusimos seguir hablando hasta después de las elecciones gallegas y vascas que se debían celebrar el 25 de septiembre. Y era ese también el mensaje que se enviaba desde el PSC y el PSOE: hasta después de las elecciones no se podría hablar de nada.

Finalmente, las elecciones no fueron bien para los socialistas. Perdieron cuatro escaños en Galicia, donde el PP ganó con el mismo resultado que ya tenía, y En Marea quedó como segunda fuerza, superando a los socialistas gallegos. En el caso del País Vasco, perdieron siete escaños, quedando por detrás del PNV, Bildu y Elkarrekin Podemos. Eran realmente unos resultados desastrosos para Pedro Sánchez en ese contexto. Pero en realidad el problema para poder abrir una negociación residía en que pensaban que, si lo hacían, eso llevaría a la revuelta interna de los barones, a la vez que algunos medios, señaladamente aquellos ligados a Prisa, se dedicaban día sí y día también a condenar esta opción y al mismo Pedro Sánchez. Era una campaña brutal. Recuerdo un pequeño encuentro de celebración del 40 aniversario del diario El País en Barcelona donde Juan Luis Cebrián hizo referencia a esta campaña política afirmando que, a pesar de que los acusaran de hacer política, «en realidad solo eran negocios». Fuera política o negocios, Pedro Sánchez fue defenestrado de la Secretaría General del PSOE en la noche de autos del 2 de octubre, y el 29 de octubre Mariano Rajoy fue elegido otra vez presidente de España, con 68 abstenciones del PSOE. La estrategia de Rajoy de sentarse y esperar mientras crujía el sistema político acabó con un éxito absoluto y el PSOE prácticamente de rodillas pidiendo compasión. Pero había poca gloria en esa victoria hecha de hiel. Empezaba la legislatura del bloqueo. El bloqueo a un parlamento donde el Gobierno no tenía una mayoría clara, practicado desde la Mesa del Congreso, donde sí que la tenía; el bloqueo de un Gobierno sin capacidad de sacar adelante iniciativas en ese mismo parlamento que mantenía bloqueado, y el bloqueo también con Cataluña. Pocas semanas después de la investidura de Rajoy, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi llegaban a un acuerdo para formar un nuevo Gobierno en el País Vasco. Ese acuerdo incluía abrir el debate sobre el derecho a decidir en el marco de una nueva reforma estatutaria. En ese caso, tras un año de bloqueo, presiones y crujidos, aquello que según el PSOE hacía imposible un acuerdo con Podemos y la confluencias en España, no fue un problema en el caso vasco.

Tampoco el retorno de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE el 21 de mayo cambió sustancialmente la situación a pesar de lo épico que fue ese proceso. Un Pedro Sánchez que ahora afirmaba que Cataluña era una nación, que hablaba de plurinacionalidad y del pacto con Podemos que no hizo en su etapa anterior, fue aupado por la militancia contra el aparato del partido en las primarias contra todo pronóstico. Para muchos socialistas, fue su particular 15M. Pero él, que ya no tenía acta de diputado, y el nuevo núcleo dirigente decidieron instalarse en el tiempo de espera una vez conseguido el poder interno en el partido: según decían, antes de hacer nada, tenían que ganar el conjunto de congresos regionales socialistas. Cierto que se intentaba hacer reuniones, algunas con el propio Pedro Sánchez, en las que se parecía anunciar un nuevo ciclo, pero la verdad es que él no controlaba un grupo parlamentario que, en puridad, en parte era el mismo que lo había defenestrado de la Secretaría General, y tampoco en aquello que se refería a Cataluña o la plurinacionalidad, como en muchos otros temas, se apreciaban pasos más allá de un nuevo discurso. Patxi López, que, por lo demás, se había enfrentado con Pedro Sánchez por la Secretaría General preguntándole qué entendía por nación (una pregunta que hizo precisamente para criticar sus nuevas posiciones), era ahora el nuevo responsable de la plurinacionalidad y de la propuesta de modelo territorial en el PSOE. Tal como se había aprobado en junio de 2017, durante su 39 Congreso, los socialistas se comprometían a «perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado», lo cual, por lo que se ve, era algo ya reconocido que solo cabía «perfeccionar», en el marco de una reforma federal, pero sin tocar el tabú de la soberanía indivisible. En la medida que era yo mismo quien se ocupaba de los temas de la plurinacionalidad en el grupo confederal, quise hablar con Patxi López para intentar encontrar un lenguaje común con ellos que permitiera poner las bases para empezar a hablar de soluciones en el contexto catalán. En un breve encuentro, que ya no se repitió más, previo a una reunión que debíamos mantener con el PSOE sobre el tema territorial, y que creo que al final tampoco se llegó a celebrar, le comenté la posibilidad a López, dado el problema que generaba la palabra «soberanía», de que en vez de ese término utilizáramos el de demos , el demos catalán, vasco, gallego o andaluz, pues estos existían para decidir de forma separada y refrendataria sobre su propio Estatuto. Me dijo que sí, pero se quedó pensativo y, al cabo de nada, exclamó: «¡Me estás haciendo trampa!». Yo le contesté que no, que estaba tratando de encontrar un lenguaje común. Poco después le envié un prudente mensaje a un dirigente socialista catalán diciendo que no había encontrado al nuevo responsable del tema territorial muy puesto en el tema, pero que quizás no era más que una impresión. Su respuesta fue clara: «Creo que tu impresión es correcta». Habíamos hecho una moción de censura al PP en julio de 2017 que ofrecimos primero al PSOE, pero, a pesar de dibujar muchos futuros (im)posibles en ella, no fructificó, y ahora faltaban solo cuatro meses para el 1 de octubre. En España nada se movía, mientras que en Cataluña miles de voluntarios actuando en la clandestinidad (hasta el punto de devenir indetectables para el Centro Nacional de Inteligencia), entre los cuales había gente insospechada que se comprometía después de años e incluso algunos que no habían militado nunca, estaban creando las condiciones para el fracaso del Estado.

A finales de agosto, Pere Portabella, que había retomado hacía pocos años la tradición del suquet que inauguraba el curso político en la década de 1980, nos convocó a todos a esa cena en su masía de Palau-sator, en el Empordà. En esa extraordinaria comida se encontraban reunidos desde el president Puigdemont hasta Pedro Sánchez, pasando por Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez o Carles Mundó (si no me equivoco, ese año Carme Forcadell no fue). En Barcelona se acababan de producir los atentados terroristas en La Rambla, lo que había llevado a una enorme tensión entre los representantes del Estado y la propia Generalitat con el mayor Josep Lluís Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra y nuevo héroe popular en una Cataluña necesitada de héroes como agua. En esa cena, Puigdemont le ofreció a Pedro Sánchez su apoyo si presentaba una moción de censura al PP —lo cual podría haber abierto un escenario completamente nuevo antes del 1 de octubre—, oferta que el secretario general del PSOE rechazó. Cuixart y yo nos lanzábamos puyas de broma en una mesa que compartíamos, y también tuve un intenso intercambio con Jordi Sànchez y un comentario con Oriol Junqueras sobre por qué Josep Benet, que pensaba que llegaría a ser presidente de la Generalitat, nunca lo fue y sobre la necesidad de resguardarse las espaldas de los compañeros de viaje. Una vez que hubo acabado la cena, pensé que allí se encontraban casi todos los protagonistas del drama que se iba a desatar en los próximos meses. Faltaban los del PP, que iban afirmando día sí y día también que todo estaba controlado y que no había urnas. Faltaba, además, el protagonista principal de lo que vendría: una parte importante del pueblo de Cataluña que, con su determinación, iba a llevar a cabo el 1 de octubre. También pensé: «A ver cuántos vamos estar aquí el año que viene…». Al año siguiente, la mitad de los protagonistas de esa cena estaban en prisión o en el exilio. Fue la última cena antes de la crisis más profunda del Estado español desde 1978. Una crisis que tomó la forma de la afirmación de las soberanías.

DEL DERECHO A DECIDIR A LA CRISIS DE ESTADO:

1 DE OCTUBRE DE 2017

El 1 de octubre fui a votar. Con mi pareja y mi hijo de cinco años a hombros, como muchísimos vecinos y vecinas que también habían ido a votar, esperábamos pacientemente bajo una lluvia persistente en el patio de colegio donde siempre habíamos ido a depositar nuestra papeleta. Habían atacado el sistema informático que debía permitir la votación y por ello no se abrían las urnas. Dentro del colegio se encontraba Ana Pastor, de la Sexta, junto con otros muchos medios de comunicación. Era la escuela donde había más mesas electorales de toda Barcelona: por eso se habían reunido ahí. Afuera, mientras llovía, se iba concentrando muchísima gente. Algunos venían de otros barrios donde la policía estaba actuando, ya por la mañana, con una contundencia que dejaría al final del día más de mil heridos. Pronto vendrían también a la escuela donde nos encontrábamos nosotros. Bajan rápidamente de los furgones con las porras en las manos, voy para allí a pesar de que mis acompañantes me dicen que no lo haga, pero, finalmente, cuando me acerco, vuelven a subir de golpe a los furgones y se marchan tan rápidamente como han venido. ¿La presencia de medios estatales con primeras figuras entre ellos los había desalentado? ¿O fue la cantidad de gente presente? No lo sé. En todo caso se van y se abren las urnas. Mi pareja, que siempre ha sido más lista que yo en situaciones de aglomeración, vota primero; luego llega mi turno y voto con mi hijo. Nada más echar la papeleta en la urna, me exclamo: «Per fi, hòstia !» («¡Por fin, hostia!»). Salgo hacia fuera, extrañado de mi propia exclamación. Un hombre al que no conozco de nada me abraza, llorando, y me dice a la oreja: «El que ens han fet aquests fills de puta… ». Después, días después, las imágenes se irían acumulando en mi retina. No es que no hubiera visto antes cargas policiales contundentes, las he visto y las he vivido, pero probablemente nunca había visto a tanta gente diferente recibiendo lo que recibieron aquel día. Habrá un antes y un después del 1 de octubre para todos aquellos que lo vivieron en primera persona.

El referéndum, el derecho a decidir, se había acabado convirtiendo en el cristal contenedor de toda la luz de lo que estábamos viviendo, en el punto de intersección fundamental entre el Estado y la soberanía. Este no era un tema exclusivamente catalán, sino internacional, ya que los factores que explican la emergencia de la cuestión catalana en nuestro propio presente, tal como hemos desarrollado en el capítulo anterior, están profundamente entremezclados con la gran cuestión de nuestros tiempos: la cuestión de la soberanía. Cuestión que impacta por igual en todas las sociedades y que, en algunas de ellas, se entremezcla y toma la forma de cuestiones nacionales irresueltas que se influyen mutuamente a escala global. Así, en realidad, el origen de la problemática en torno al derecho a decidir nace en su versión contemporánea en Quebec, Canadá. Tampoco nada extraño hay en ello. Canadá ha sido un contraespejo de España en política territorial, y no desde estos últimos años, sino desde los años ochenta del siglo pasado. ⁴ Conceptos como «hecho diferencial», introducido en la década de 1990, o la propia Conferencia de Presidentes autonómicos son ideas que germinaron primero allí. Pero, más allá de eso, la cuestión quebequesa y la respuesta a ella ha influido tanto en la cuestión catalana como en la escocesa de forma directa. La base de su desarrollo está, a su vez, marcada por una tensión triangular constante entre un modelo de federalismo provincial, otro de base plurinacional y el mismo intento de rearmar un poder central fuerte en el marco de un nacionalismo canadiense que reacciona tanto a la cuestión de Quebec como a la necesidad de construir una identidad diferenciada de Estados Unidos. Es en este contexto donde se han de entender tanto el referéndum quebequés de 1980, que buscaba una nueva relación de corte confederal con Canadá de Asociación-Soberanía, como el proceso de repatriación constitucional de 1982, que suponía de facto una redefinición del modelo federal. En este último caso, el Acta de Canadá, aprobada por el Parlamento británico de Westminster a petición del Gobierno de Canadá, otorgaba la capacidad de reforma constitucional de Canadá a los propios canadienses. Se trataba de un proceso de redefinición donde Canadá alcanzaba su plenitud constitucional y soberana, desatándose ya completamente de su pasado colonial en la relación con Gran Bretaña, pero, a la vez, derogaba el anterior derecho a veto de Quebec ante cualquier reforma constitucional, no le reconocía el estatus de «sociedad diferenciada» y daba al poder federal central competencias en materias culturales y lingüísticas, saltándose los acuerdos sobre estas cuestiones a los que se había llegado entre los primeros ministros de las distintas provincias en 1971. El resultado fue que Quebec no ratificó la repatriación constitucional (a día de hoy, todavía no lo ha hecho) y se situaba fuera de los consensos constitucionales. Los intentos posteriores de negociar conjuntamente con todos los primeros ministros provinciales un «federalismo renovado» basado en la idea de two nations («dos naciones») por parte de los quebequeses para que Canadá se convirtiera en una «comunidad de comunidades» (según el entonces primer ministro de Canadá, Joe Clark), concretados en los acuerdos del lago Meech (1987) y de Charlottetown (1992), fracasaron al no ser ratificados por el conjunto de provincias restantes. Esto supuso una radicalización de los actores políticos de Quebec, con la práctica desaparición de los partidos políticos estatales y el nacimiento del Bloque Quebequés, que, junto con el Partido Quebequés y Acción Democrática de Quebec, planteó un nuevo referéndum en 1995, reivindicando nuevamente la Asociación-Soberanía. Un referéndum donde, esta vez, el voto positivo no se alcanzó por un exiguo margen de 54.228 votos. Lo que vino después, ante la posibilidad real de que en un nuevo referéndum se lograra la victoria soberanista, fue una reacción en dos sentidos. El primero de ellos, contra todas las tesis difundidas en España de que el Estado central «paró», sin más, al soberanismo, fue el reconocimiento por parte de la Cámara de los Comunes de que Quebec era «una sociedad diferenciada» con el compromiso subsiguiente de la retirada del intervencionismo del Estado de las competencias propias de Quebec. Este compromiso fue ratificado por los nueve primeros ministros anglófonos con la Declaración de Calgary, que establecía el carácter único de la sociedad quebequesa. La segunda reacción del Estado fue la elevación de una serie de preguntas al Tribunal Supremo de Canadá para que dictaminara contra la posibilidad de la secesión de Quebec de Canadá. Pero la respuesta no fue la esperada.

El Tribunal Supremo de Canadá resolvió que no era posible, a partir del derecho internacional y la Constitución de Canadá, un proceso de secesión unilateral. Esgrimía que no se podía considerar a Quebec como un pueblo oprimido para aplicarle el derecho de autodeterminación reconocido en el derecho internacional. Muestra de ello era, de acuerdo con el Tribunal Supremo, que durante cuarenta años de los últimos cincuenta el primer ministro de Canadá había sido quebequés, el mismo presidente del Tribunal Supremo en el momento de emitir el dictamen también lo era, al igual que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Canadá, lo cual demostraría que no había ninguna negación de acceso de la población de Quebec a las más altas instancias del poder político, militar y judicial. ⁵ Cabe decir que este argumento aplicado al caso catalán, sin un solo presidente de España catalán durante los siglos XX y XXI (hubo únicamente tres, y circunscritos al Sexenio Democrático del siglo XIX) , ni tampoco ningún catalán presidente del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo ni, mucho menos, de las Fuerzas Armadas españolas, llevaría a conclusiones radicalmente opuestas. Algo que, como hemos explicado en el capítulo anterior, solo es explicable a partir de la discriminación en el acceso a ciertos cargos del Estado por razón de origen, ya que estadísticamente es una clara anomalía. De hecho, incluso más allá de la ausencia de catalanes en la presidencia del Gobierno de España, en los siglos XX y XXI , de la misma forma que sucedía en los siglos XVIII y XIX , también se mantuvo una clara situación de falta de presencia de catalanes y catalanas en los ministerios. En este caso, en el periodo democrático actual del total de ministros que ha habido, solo un 8,75 % procedían de Cataluña, cuando esta tierra representa el 16 % de la población española, por el 50 % de ministerios ocupados por personas procedentes de Madrid y Castilla y León (en este caso más Castilla que León) que como territorios representan el 19 % del total de la población en España. Pero, situándonos de nuevo en Canadá, la negación del derecho a la autodeterminación de Quebec según el derecho internacional no significaba, de acuerdo con ese dictamen, una negación del derecho de la población de Quebec a decidir su futuro, y de aquí que posteriormente se hablara, para los casos vasco y catalán, de derecho a decidir y no de derecho a autodeterminación, lo que abriría un camino nuevo. La resolución del Tribunal Supremo canadiense establecía que si, en un nuevo referéndum, a una pregunta clara se producía una mayoría clara a favor de la secesión, esto «conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que el resto de los participantes de la Confederación tendrían la obligación de reconocer». ⁶ En este sentido, estos últimos deberían «negociar reformas constitucionales con el objetivo de dar respuesta al deseo expresado». ⁷ La fundamentación de esta obligación constitucional a negociar no se basaba en la Constitución escrita, ya que «la Constitución no es solo un texto escrito» ni «una camisa de fuerza», ⁸ sino una realidad que evoluciona con el tiempo a partir de sus principios constitucionales fundantes. De esta manera, el dictamen apelaba directamente, entre otros, al principio federal y democrático a partir de la idea —anatema absoluto para muchos de nuestros «defensores de la Constitución» patrios en estos últimos años— de que «un sistema de gobierno no puede sobrevivir solo mediante el respeto a la ley. Un sistema político debe poseer también legitimidad, lo que exige, en nuestra cultura política, una interacción entre la primacía del derecho y el principio democrático». ⁹ Por tanto, «las relaciones entre democracia y federalismo significan, por ejemplo, que pueden coexistir dos mayorías diferentes —la de Quebec y la de Canadá— e igualmente legítimas [...]. Ninguna mayoría es más o menos “legítima” que la otra en cuanto expresión de voluntad democrática». ¹⁰ Todo ello a la vez que se reconocía, además, que la realidad diferencial de Quebec fue uno de los motivos para establecer un sistema federal, aceptando implícitamente el carácter de federalismo plurinacional de Canadá y la existencia de diversos demos en este territorio. Podríamos seguir con este dictamen del Tribunal Supremo canadiense, modélico en términos pedagógicos y de fundamentación histórica y jurídica, pero lo importante es que tuvo un impacto tanto directo a nivel canadiense como a nivel internacional.

En el primer sentido, ciertamente, en el año 2000 se aprobó en la cámara legislativa federal una Ley de Claridad para determinar qué sería una pregunta clara y una mayoría clara. Ley más o menos discutible, ya que el dictamen del Tribunal Supremo no determinaba que esa potestad recayese en la Cámara de los Comunes de Canadá ni en su Gobierno, sino en el conjunto de actores políticos. Pero, más allá de eso, estoy de acuerdo con Carme Chacón cuando escribía, en su trabajo sobre esa sentencia, que «en cierta forma esa declaración no puede dejar de considerarse un refuerzo jurídico a la postura del Gobierno de Quebec» en lo que es, «sin duda, un dictamen de lectura recomendable y del que se pueden extraer conclusiones útiles para los Estados compuestos con problemas de integración territorial». ¹¹ No hace falta mucha imaginación para pensar a qué país podía estar refiriéndose la que fue ministra de Defensa de España. De hecho, la lectura que ha quedado en muchos sectores en España es que la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá y la propia Ley de Claridad sirvieron para «meter en vereda» al independentismo de Quebec hasta acabar con él. Si ello fuera cierto, no haría falta sino elaborar una ley de claridad en España y, tal como se hizo también en Canadá, aprobar, además de lo que ya había establecido después del referéndum de 1995, un sistema de financiación adicional para Quebec y, sobre todo, declarar, como se hizo en 2006 por 266 votos a favor contra 16 en la Cámara de los Comunes de Canadá, que Quebec era una nación.

Pero, en un segundo sentido, más allá de los efectos que comportó esa sentencia para Canadá, tuvo también un enorme impacto internacional, señaladamente en los casos de Gran Bretaña y España, es decir, de Escocia, el País Vasco y Cataluña. En el caso escocés, el soberanismo creció en una primera oleada durante la década de 1970 con el declive del Labour, agrupado en torno al Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés). Ese crecimiento se volvió a reactivar en la década de 1990 con la creación, a partir de la fundación del Partido Verde Escocés o el Partido Socialista Escocés, entre otros, de un sistema político propio separado del británico. En este marco, la Ley de Escocia, aprobada por el Parlamento de Westminster en 1998, permitió la apertura del Parlamento de Escocia, dominado inicialmente en sucesivas elecciones por los laboralistas. Pero en 2007, en un momento de decrecimiento del socialismo en toda Europa, el SNP, bajo la dirección de Alex Salmond, ganaría las elecciones con un 31 % de los votos y una propuesta de referéndum. En las nuevas elecciones parlamentarias celebradas en 2011 conseguiría ya la mayoría absoluta, con un 45 % de los votos, y fijaría un referéndum no vinculante, es decir, de carácter consultivo, para el 2014, en el 700 aniversario de la batalla de Bannockburn, en 1314, donde finalmente Escocia logró mantener su independencia tras la revuelta iniciada por William Wallace en 1296 contra la invasión de Inglaterra. ¹²

Se ha argüido que en el caso de Escocia, a diferencia del de Cataluña, ese referéndum se pudo celebrar debido a que Escocia e Inglaterra se unieron formando Gran Bretaña con el Acta de Unión de 1707, votada por los respectivos Parlamentos, lo que dio lugar a una única cámara legislativa a la vez que se respetaba la diversidad religiosa y el derecho propio de cada una de las naciones. Así pues, la unión provenía de la necesidad de establecer, ante el hecho de dos territorios que se encontraban bajo una misma Corona, una sola política exterior, un modelo colonial conjunto y un único Parlamento. Ciertamente, la diferencia de origen con el caso de la guerra de sucesión española del mismo periodo que conllevó la homogeneización, por lo demás no parlamentaria, de los decretos de Nueva Planta, basados en el derecho de conquista, es notoria. Pero también es verdad que ya en nuestra historia presente el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, negó la potestad del Parlamento de Escocia para convocar este referéndum reafirmando la soberanía del Parlamento británico, de la que se derivaba, de hecho, la creación del propio Parlamento de Escocia, instituido en 1998. Pero no por ello negó la posibilidad de celebrar el referéndum. Inspirado en el impacto de la sentencia canadiense, Cameron planteó la posibilidad de transferir temporalmente la competencia para realizar un referéndum vinculante desde el Parlamento británico hasta el escocés, modificando para ello la propia Ley de Escocia, siempre y cuando se pactara una pregunta clara. Según el constitucionalista Santiago Muñoz Machado: «El Gobierno británico puso por delante el principio democrático —basado en el hecho de que en el programa electoral del partido ganador en las elecciones escocesas se establecía el compromiso del referéndum— a las cuestiones de legalidad para autorizar la celebración del referéndum escocés». ¹³ Finalmente, en el acuerdo de Edimburgo de 2012 entre David Cameron y Alex Salmond, se pactaría una única y clara pregunta —renunciando los nacionalistas escoceses a incluir una segunda cuestión sobre la posibilidad de una devo-max , una devolución máxima de competencias a Escocia que, en realidad, se acabaría convirtiendo en la oferta del Gobierno británico durante el referéndum de 2014 para evitar la victoria del sí—, la fecha de celebración del referéndum en 2014 y el compromiso de aceptación del resultado por todas las partes. Fue precisamente este modelo el que llevó a que una delegación del Parlament de Cataluña formada por Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV-EUiA) planteara ante el Congreso de los Diputados la petición de transferencia de la competencia del Estado, recogida en el artículo 150.2, para poder convocar un referéndum en Cataluña. Y es que, en ese triple juego entre Quebec, Escocia y Cataluña, justo cuando se firmaba el acuerdo de Edimburgo se iniciaba en Cataluña el camino hacia el referéndum.

El derecho a decidir había tomado forma, en el caso español, con el desarrollo del Plan Ibarretxe entre 2003 y 2005 y el posterior intento de aprobación de la ley vasca de consulta de 2008, anulada por el Tribunal Constitucional, ya que se partía, en el mismo preámbulo de la nueva Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, del principio de que «el pueblo vasco tiene derecho a decidir su propio futuro». Pero esta iniciativa estaba más vinculada a la consecución del fin de la actividad de ETA que no a una movilización masiva de la sociedad vasca y acabó por bloquear frente a la negativa a negociar del Gobierno de España. Fue más tarde en Cataluña, y relacionada con la sentencia contra el Estatut, que la demanda del derecho a decidir devino en una reivindicación de masas. Paralelamente a la manifestación de protesta contra la sentencia del Estatut de 2010 bajo el lema «Som una nació: nosaltres decidim », el independentismo catalán se estaba articulando. Lo hacía en torno a plataformas como la Plataforma pel Dret de Decidir, que convocó una masiva manifestación en 2007 denunciando el caos ferroviario y reivindicando la necesidad de decidir sobre las infraestructuras y transportes propios, o extendiéndose por el territorio mediante el conjunto de consultas populares por la independencia. Entre 2009 y 2011, con la última de estas consultas celebrada en Barcelona, unas ochocientas mil personas habían participado en ellas, y sería de esta experiencia que nacería en 2012 la Asamblea Nacional Catalana. Esta organización, con el apoyo de Òmnium Cultural, convocaría, el 11 de septiembre de 2012, una manifestación bajo el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa » («Cataluña, nuevo Estado de Europa») que agrupó, según los organizadores, entre un millón y medio y dos millones de manifestantes. Sería en este contexto que eclosionaría el debate sobre el derecho a decidir.

Francesc de Carreras, uno de los principales mentores intelectuales del partido Ciudadanos, entonces de ámbito exclusivamente catalán, solo nueve días después de la manifestación del 11 de septiembre de 2012 escribía en La Vanguardia :

Estamos, pues, ante un problema, un gran problema: unos quieren separarse de España y otros no. En política es peligroso dejar que las situaciones se pudran y se enquisten. A pesar de las dificultades, debemos encontrar una salida que pasa, en primer lugar, por despejar una duda, una gran duda: ¿cuál es el porcentaje de ciudadanos catalanes partidarios de separarse de España? […] hay que saber la verdad. Y la única manera de averiguarla es votando. Sólo ante una urna y en secreto, cada ciudadano, individualmente, tras haberse informado de las causas y de las consecuencias, puede expresar libremente su parecer.

Inspirándose claramente en el ejemplo de Canadá, continuaba: «Todo lo aquí planteado no es nuevo ya que encaja dentro de la filosofía del dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 en relación con la hipotética secesión de Quebec». Incluso proponía una pregunta para ese referéndum: «¿Desea usted que Cataluña se separe de España y se constituya como Estado propio o considera mejor que siga formando parte de la actual España constitucional?». Una pregunta y un medio para poder materializarla plenamente constitucional, explicaba: «El [camino] más factible que se me ocurre es activar el tipo de referéndum previsto en el artículo 92 de la Constitución, según el cual “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”». A su vez, proponía un acuerdo entre los Gobiernos de España y Cataluña sobre participación y mayorías necesarias para aceptar el resultado que, en caso de ser afirmativo, debía llevar a la negociación —modificaciones constitucionales incluidas— de la independencia. Era más que evidente la influencia del dictamen del Tribunal Supremo de Canadá en esos argumentos, y también en la certeza de que «Si una comunidad plantea seriamente que desea separarse de España, la única salida democrática, agotadas las posibilidades de acuerdo, es utilizar los procedimientos previstos en nuestro Estado de derecho». ¹⁴ Como también era evidente en ese momento que, si esto lo estaba planteando alguien tan lejano al soberanismo como Francesc de Carreras, la celebración de este referéndum era (y es) absolutamente viable como vía de solución del conflicto, a pesar de todo lo que se dijera más adelante, cuando empezó a reaccionar el Estado profundo y los hombres que tenían el «Estado en la cabeza» y no solo la política. De hecho, poco después, el 27 de septiembre de 2012, el Parlament de Cataluña aprobaba una resolución, apoyada por CiU, ERC e ICV-EUiA y con la significativa abstención del PSC, en la que se defendía la celebración de un referéndum para la legislatura siguiente, una vez celebradas las nuevas elecciones catalanas, que se convocaron para finales de ese mismo año. Poco más tarde, Francisco Rubio Llorente, entonces constitucionalista de referencia del PSOE, presidente del Consejo de Estado entre 2004 y 2012 y vicepresidente del Tribunal Constitucional de 1989 a 1992, certificaba la viabilidad de ese referéndum inspirándose también en el ejemplo canadiense:

Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia y solidez de esa supuesta voluntad. Una doctrina que hoy pocos niegan y cuya expresión más conocida puede encontrarse en el famoso dictamen que la Corte Suprema de Canadá emitió en 1999 sobre la legitimidad de la celebración de un referéndum en Quebec (que, dicho sea de paso, los independentistas perdieron por poco más de 50.000 mil votos). ¹⁵

Esa doctrina «que hoy pocos niegan» recibió un respaldo definitivo con las nuevas elecciones al Parlament de Cataluña, celebradas el 25 de noviembre de 2012. El resultado en estos comicios conllevó que de los 135 diputados del Parlament de Cataluña, 107 llevaran en sus programas el compromiso con el derecho a decidir de los catalanes y las catalanas. Es decir, una mayoría muy amplia, que cubría el 80 % de la representación parlamentaria, apostaba claramente por la afirmación de la soberanía de Cataluña. En el caso del PSC esto cambió posteriormente (con idas y vueltas al tema hasta, como mínimo, 2016) con la aprobación de la Declaración de Granada en 2013. En ella el PSOE, que en realidad se olvida casi siempre de esa declaración con la misma intensidad que el PSC la recuerda, se comprometía con el desarrollo de un Estado federal. Pero, en todo caso, la consecuencia inmediata del resultado electoral fue la Resolución 5/X, de 23 de febrero de 2013, sobre la soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Esto comportó la intervención del Tribunal Constitucional en algo que no le competía. No se trataba de una resolución con efectos jurídicos y por ello este tribunal se estaba inmiscuyendo de lleno en una potestad del Poder Legislativo. Será precisamente este primer precedente el que iniciaría el ciclo de intervención constante por parte del Poder Judicial sobre el Legislativo que ha llegado al paroxismo en nuestros días. Pero de todas formas, en esta primera intervención, la sentencia 42/2014 apuntaba dos cosas contra quienes pronto se opusieron a la posibilidad de celebrar un referéndum, los autotitulados «constitucionalistas». La sentencia negaba la soberanía de Cataluña, pero también afirmaba que «las referencias al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña […] no son inconstitucionales», algo que el mismo presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, reafirmaba en 2016 declarando que: «El “derecho a decidir” debe ser una “aspiración posible” y no se debe sofocar el debate». ¹⁶ Por otro lado, la sentencia establecía también: «En nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de “democracia militante”, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución». Algo, esto último, que los «constitucionalistas» parecen desconocer y es que a veces los que se llaman defensores de la Constitución son precisamente aquellos que la entierran cada día. Finalmente, la sentencia parecía indicar que la salida al embrollo debía ser la capacidad de iniciativa en la reforma constitucional del propio Parlament de Cataluña. El problema reside en que nuestra Constitución, en aspectos como el que afecta a la soberanía o la nación, parece ser hecha para no ser reformada.

Había, en realidad, varías vías para hacer posible el derecho a decidir; vías que el Tribunal Constitucional intentaba cerrar en sucesivas sentencias mediante varios recursos: la utilización del artículo 92 de la Constitución, que permitía la convocatoria de ese referéndum por parte del Gobierno central a partir de una nueva mayoría parlamentaria; la transferencia de la competencia para convocar referéndums con la aplicación del artículo 150.2, teniendo en cuenta que en las negociaciones constituyentes se había establecido esta vía para posibilitar que, si había acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma, no hubiera techo competencial; la ley catalana 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por referéndum, suspendida y anulada en 2017 por el Tribunal Constitucional, o la ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, que fue aprobada con los votos favorables de CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA y la CUP. Esta última ley fue la que se utilizó para convocar la consulta del 9 de noviembre de 2014, que fue suspendida inmediatamente por un pleno convocado de urgencia del Tribunal Constitucional. Finalmente, esta consulta se convocó utilizando las competencias de la Generalitat para organizar procesos participativos y delegando el proceso a voluntarios externos a la propia institución, lo que no fue óbice para que los principales responsables políticos del mismo acabaran siendo condenados por los tribunales. Participaron 2,3 millones de personas, pero, aunque la consulta fue un éxito (lo que desató las iras de las elites políticas y mediáticas de la derecha española), era evidente que no resolvía la cuestión. Tampoco lo hizo la convocatoria de las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 con su pretendido carácter plebiscitario, a pesar del compromiso posterior de llegar a la independencia en dieciocho meses.

El problema residía en que el derecho a decidir era materialmente constituyente en el caso español. Es decir, que el mismo derecho, a pesar de que se desarrollara como un referéndum no vinculante —hay que recordar que tampoco el referéndum de la OTAN fue vinculante, ya que en el ordenamiento jurídico español solo el referéndum constitucional y los estatutarios lo son—, y con independencia de su resultado, significaba de facto , aunque no fuera de iure , un reconocimiento de la soberanía del pueblo de Cataluña. Eso se podía soslayar jurídicamente, como se había hecho en otros países, pues el referéndum era consultivo, pero no políticamente. En este último sentido había dos grandes escollos: por un lado, la concepción del Estado que tenían gran parte de sus servidores (que son los que lo reproducen ideológicamente), y, por el otro, la misma concepción política que se fue imponiendo tanto en el PSOE como, en especial, en un Partido Popular que gobernó durante todo ese periodo. En este campo, el ejercicio del derecho a decidir reabría todo lo que se quiso cerrar en 1978 en el contexto de una crisis de soberanías y del Estado autonómico, y, de facto , su realización hubiera tenido que llevar a un nuevo pacto fundacional al que no se estaba dispuesto desde el Estado español. Solo a partir de esta realidad se explica un cambio tan radical de opinión sobre el derecho a decidir respecto a la que se tenía inicialmente en ciertos sectores de la opinión en España, incluso hasta transformar el relato y la interpretación sobre la solución canadiense. Fue también en este marco de cierre que empezó a tomar una fuerza inusitada el debate sobre la unilateralidad centrado en la posibilidad de una declaración unilateral de independencia. Un debate que fue alentado en el campo del independentismo por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Kosovo, emitida el 22 de julio de 2010. Esta opinión, pedida por Serbia a la ONU, debía dictaminar la legalidad de la declaración unilateral de independencia (DUI) realizada el 17 de febrero de 2008 por el Gobierno provisional de Kosovo, en aquellos momentos bajo el control de la UE y la KFOR. Esa DUI se hizo efectiva en la medida que fue reconocida por varios Estados y que el Ejército del Estado serbio no tenía posibilidad de actuar en territorio kosovar. En el proceso abierto por la Corte Internacional de Justicia, alegaron diecinueve Estados de los 27 de la UE, cuatro Estados europeos que no eran de la UE, cinco Estados americanos, cuatro asiáticos y dos africanos. Además, en la fase oral llegaron a intervenir 32 Estados. Pero, finalmente, la opinión consultiva no esclarecía mucho ni sobre el derecho de autodeterminación ni sobre la DUI. Lo que sí quedaba claro (hecho al que se agarraron algunas fuerzas independentistas, que hasta hicieron decir a la opinión consultiva lo que no decía) era que la DUI no era ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, ya que «La Corte considera que el derecho internacional general no contiene ninguna prohibición de las declaraciones de independencia aplicable y llega por tanto a la conclusión de que la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no vulneró el derecho internacional general». ¹⁷ Aunque, en realidad, ello es así porque en el campo de la DUI el derecho se enfrenta a la zona de su inexistencia y, de hecho, de su misma fuente matriz constituyente, a la que a menudo no quiere ni mirar ni reconocer. Básicamente, una DUI se realiza si tiene capacidad de ser reconocida por otros Estados e imponerse de manera efectiva sobre un territorio, es decir, si cubre dos de las virtudes esenciales de un Estado: reconocimiento y fuerza. De hecho, solo hay tres procedimientos conocidos por los que se produce la independencia de un nuevo Estado: la insurrección o la guerra con una fuerza capaz de imponerse a la fuerza del Estado matriz controlando el territorio; la implosión del Estado matriz, que conlleva la posibilidad de construir nuevos Estados, como sucedió con el fin de la URSS, o la vía pactada. La DUI corresponde a las dos primeras situaciones; la unilateralidad catalana, sin fuerza efectiva y sin el apoyo de ningún Estado, en realidad corresponde a la tercera. Puede explicarse como un procedimiento no pactado, pero en el fondo se busca con un gesto de fuerza, pero sin la fuerza realmente necesaria producto de una insurrección o un conflicto armado, el mismo pacto que se niega. Es el bloqueo del Estado a cualquier marco de negociación lo que llevó en este sentido a un intento de demostración de fuerza y de afirmación de soberanía. Pero este intento no podía ser realmente una DUI, que hubiera demostrado su incapacidad realizadora en el mismo momento de declararse, como sucedió efectivamente el 27 de septiembre de 2017, y que, además, no contaba con una mayoría de la población a favor, sino que tenía que volver al punto de origen: el referéndum. Todo volvió allí el 1 de octubre y, a la vez, todo fue diferente.

El 25 de mayo de 1997, la Liga Norte convocó un referéndum en el norte de Italia sobre la independencia de una república federal soberana, la República de Padania. Participaron 4,8 millones de personas que dieron una abultada mayoría a favor de dicha república, por lo que se procedió a convocar unas elecciones para constituir un Parlamento que también se celebraron, y a partir de ahí se empezó a buscar el reconocimiento internacional de la nueva república. El Estado italiano, ante tamaño ataque a su soberanía nacional, no hizo nada. Incluso a pesar de que el mismo Juan Pablo II pidió a la República Italiana que actuara, esta decidió no hacerlo. Nadie se acuerda de aquel referéndum. Poco tiempo antes de la celebración del 1 de octubre, me reuní con un alto e influyente cargo del Gobierno de España del Partido Popular y, en un momento dado, respondiendo a mis posiciones de que debían negociar y en ningún caso reprimir el 1 de octubre, me dijo: «Mira, Xavi, yo sería partidario de no hacer nada, absolutamente nada. El día después del 1 de octubre, la gente se despertaría, iría a trabajar, sacaría el dinero del banco, llevaría a los niños al colegio y descubriríamos que Cataluña es tan de Berlanga como España». Pero enseguida me aclaró: «Solo que mi posición no es la del Gobierno». Y es que España no es Italia, de la misma forma que Cataluña no es Padania, y el 1 de octubre, aunque el Gobierno podría haber optado, como hizo el 9 de noviembre de 2014, por no actuar, es dudoso que el Estado se lo hubiera permitido una segunda vez, y mucho menos el Estado radicado en Madrid.

A principios de septiembre, ese mismo Estado estaba empezando a mostrar síntomas de desesperación. El Gobierno de la Generalitat había anunciado que ya tenía las urnas, mientras que el Gobierno de España e incluso la misma vicepresidenta, llamando directamente a los directores de los principales diarios, afirmaban que no era cierto, que no las tenían. Aun así, y pese a la información que pensaban tener vía CNI (nunca se hizo una revisión pública de qué es lo que le pasó al Centro Nacional de Inteligencia durante esos días, pero parecía absolutamente ciego ante lo que estaba sucediendo), procedieron a intervenir las finanzas de la Generalitat de Cataluña. La intervención se llevó a cabo desde una comisión delegada del Ministerio de Hacienda, utilizando como excusa la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo principal objetivo era asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit, pero que aquí se aplicaba con fines completamente diferentes de control sobre el autogobierno. Esto era profundamente ilegal, pero habíamos llegado ya a un punto donde sobre todo se trataba, como tuve la ocasión de decirle posteriormente en el Congreso a la vicepresidenta, de asegurar la victoria de unos frente a la derrota de los otros, en una lógica que nada tenía que ver con la de un Gobierno que dice representar al conjunto de la ciudadanía. En esos mismos momentos, desde varios sitios de España salían cuerpos policiales destinados a Cataluña para detener el 1 de octubre, despedidos en olor de multitudes, como si fueran a la guerra, al grito de «¡A por ellos!». Recuerdo denunciar en el Congreso que permitir esa situación rompía los lazos fraternales entre los distintos pueblos de España, pero, por mucho que hubiera gritado entonces desde la tribuna un «¡Viva Andalucía libre!» y asegurado que Andalucía formaba parte de Cataluña, lo cierto es que, más allá de la imagen de Andalucía que ciertamente es una raíz de la propia Cataluña, ese «¡A por ellos!» quedará grabado por años en muchas mentes. Por si esto no fuera poco, tres cruceros de enormes dimensiones, el más conocido de los cuales fue llamado popularmente Piolín por tener a este personaje de la Warner dibujado en él, se encontraban en el puerto de Barcelona para alojar a miles de policías preparados para actuar sobre la ciudad. El Rubicón, a todo esto, se cruzó el 20 de septiembre con las detenciones de varios altos cargos de la Generalitat. Ese día será recordado por la concentración delante de la conselleria de la Generalitat de Cataluña mientras la comitiva judicial procedía, acompañada por guardias civiles, al registro ordenado por el juzgado número 13 de Barcelona. Y será recordado porque esos hechos se acabaron convirtiendo en la base para la acusación de sedición de los líderes del procés , aunque entonces nadie le dio ese significado, ni en Cataluña ni en el Gobierno de España, que nunca los usó como base discursiva, ni siquiera para la motivación de la aplicación del 155. Pero ese día el Poder Judicial se sintió humillado ante una protesta que bloqueaba su acción, y eso, como hemos visto, se paga. De todas formas, en ese momento lo que causó mayor impacto en Cataluña no fue esa concentración, sino las detenciones. En el mismo momento en que se procedía a efectuarlas, me encontraba en el Congreso de los Diputados. Allí fui preguntado por Cristóbal Montoro sobre qué era exactamente lo que yo defendía, a lo que contesté: «Defiendo un Estado que no utilice sus recursos para perseguir adversarios políticos, un Estado que no intervenga el autogobierno de Cataluña [por ser] incapaz de negociar con él, un Estado que no detenga a sus adversarios políticos […]. Esto ya no va de independentistas, federalistas o confederalistas: va de ustedes contra Cataluña, y nos encontrarán enfrente como un solo pueblo…». No compartía la estrategia independentista, en la que sabía que no había nada preparado ni ningún plan B para salir de una situación imposible, algo que, además, me parecía irresponsable y que acabaría con la detención de mucha gente ante un Estado que distaba mucho de comprender, pero se había roto la baraja con ese Estado que, en realidad, solo pensaba en la derrota absoluta de sus adversarios.

Hicimos un último intento de redirigir la situación con la Asamblea de Zaragoza del 24 de septiembre de 2017 que se celebró allí —sorprendería saber la gente que se negó a que tuviera lugar en su ciudad o institución— por la nobleza de Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, una de esas personas que, en los momentos realmente difíciles, deja aparcada cualquier otra consideración para ayudar en lo que sea necesario. Se pudo celebrar gracias a él, y la idea de hacerla se inspiró en la Asamblea de Parlamentarios de 1917, cuando, en ese año crítico, una parte de los diputados de las Cortes españolas se reunieron en Barcelona pidiendo un proceso constituyente, aunque aquí el objetivo era establecer un puente de negociación y construir posibles futuros compartidos. De hecho, ofrecimos al PSOE el protagonismo de esa asamblea que estábamos organizando. Pensamos que, como el Gobierno del PP estaba en minoría parlamentaria, si el PSOE asumía el liderazgo de esa asamblea en realidad se estaba reuniendo en ella una mayoría alternativa que podría abrir tanto una mesa de diálogo con el Gobierno de Cataluña como formar un nuevo Gobierno en España. Pero si yo mismo había podido hablar con Pedro Sánchez por teléfono a principios de septiembre, lo cierto es que el PSOE había cortado toda comunicación con nosotros a partir de cierto momento de ese mes: sencillamente, ya no contestaban nuestras llamadas y mensajes. Finalmente, seguimos impulsando la iniciativa sin su concurso y nos reunimos, en la antigua capital de la Corona de Aragón, 427 cargos que representaban a más de seis millones de electores. Había algo de irónico en que la España plurinacional se encontrara precisamente en la sede de la primera realidad institucional compuesta de tipo confederal de la historia de España. Las tensiones hasta llegar allí entre los diferentes partidos fueron enormes, pero también fue extraordinario que en ese momento absolutamente crítico se consiguiera celebrar la asamblea: prefiguraba un futuro plurinacional posible que, a su vez, era el germen de la mayoría alternativa al PP que se acabaría imponiendo en 2018. Estábamos allí desde las distintas confluencias y Podemos hasta ERC y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), pasando por Compromís, Moviment d’Esquerres (MES) o el PNV, actor que para nosotros era absolutamente clave, pues tenía la llave para la aprobación futura de los presupuestos del PP. Hubo grandes discursos en aquel encuentro, que, por otro lado, estuvo rodeado por fascistas al grito de «¡Contra la traición, ejecución!». Incluso consiguieron agredir a la presidenta del Parlamento de Aragón con un botellazo en la cabeza, ante la incomparecencia de las fuerzas policiales (después supimos que una parte de la concentración estaba formada por policías fuera de horas de trabajo). Pero, si bien en ese encuentro se podían prefigurar futuros (im)posibles —allí se encontraba reunida la mayoría que echó finalmente al PP del poder a pesar de las reticencias del PSOE hasta el último momento—, en el presente la suerte estaba ya echada.

El 1 de octubre aparecieron las urnas que el Gobierno de España había dicho que no existían. Comprender cómo aparecieron y por qué el 1 de octubre se celebró contra todo pronóstico significa comprender cómo se enfrentaron ese día dos tejidos sociales y culturales diferentes en el terreno de uno de ellos. Las urnas fueron cogidas y distribuidas por una tupida red, formada por una parte de la propia sociedad civil catalana, en una sociedad que, a falta de Estado, se ha nutrido de una densa red relacional con infinitos nodos organizativos horizontales. A un Estado y sus servidores formados en la verticalidad y su fuerza frente a la sociedad, le costaba «ver» lo que estaba sucediendo, y eso que las urnas distribuidas podían estar escondidas hasta en las copas de los árboles. Así, el Estado optó entonces por una intervención represiva furibunda, pensando que esto generaría algaradas que acabarían con el propio 1 de octubre convertido en disturbios urbanos. Con ello demostró no entender el tipo de cultura política que representaban el independentismo catalán y su propia determinación: a pesar de que estuvieran pegando a los votantes en una escuela, en la de al lado la gente seguía impasible haciendo cola (cosa que, por cierto, sorprendió tanto a dirigentes políticos madrileños como a vascos con los que pude hablar ese día). Pero es que incluso este tipo de actuación activó una fuerte cultura antirrepresiva siempre latente en los sectores populares urbanos de Cataluña, lo que llevó a que mucha gente que no pensaba hacerlo fuera a votar o a proteger las escuelas. Así, se dio la paradoja de que en ciudades como Vic votó menos gente el 1 de octubre que votos independentistas había en las convocatorias electorales, mientras que en el área metropolitana pasaba justo lo contrario. De esta manera, a pesar de la represión policial, acabaron por votar 2,2 millones de personas de un censo electoral de 5,3 millones, es decir, un 44 %, pero participaron de alguna manera u otra de esa experiencia, teniendo en cuenta la gente sin derecho a voto por edad u otros motivos, unos tres millones de personas. Si el 15M en Cataluña afectó a centenares de miles de personas y eso inauguró un ciclo político que todavía perdura, en términos de socialización política de diversas generaciones aún desconocemos las consecuencias últimas en términos políticos del 1 de octubre de 2017. Una movilización disruptiva con un Estado que afecta en torno al 40 % de la población de una sociedad no tiene parangón en las sociedades europeas contemporáneas. Hay revoluciones que se han hecho con menos gente movilizada.

El 1 de octubre, la crisis de sistema político y de régimen que veníamos viviendo desde 2011 devino una crisis de Estado, porque fue el Estado el que fracasó. Pasó lo que había prometido que no pasaría. Tal como le dije a la vicepresidenta del Gobierno desde el Congreso de los Diputados, prometieron que el 1 de octubre no se celebraría y se celebró, que no habría papeletas y las hubo, que no aparecerían las urnas y aparecieron: pusieron tan cara la victoria que probaron la derrota. De hecho, por un momento parecía que todo se iba a descontrolar completamente. La Unión Europea, que siempre había tratado este tema como un asunto interno del Estado español, el día 2 de octubre llamó por primera vez, a través de Margaritis Schinas, el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, «a todos los actores relevantes» en el conflicto catalán «a pasar rápidamente de la confrontación al diálogo», afirmando, además, que «la violencia nunca puede ser un instrumento en política». ¹⁸ Y aquí no se refería precisamente a la violencia que se inventó la Fiscalía para llevar a prisión a los líderes del procés , sino a la violencia del Estado. El PSOE, por su parte, el 3 de octubre, en medio de una Cataluña que amaneció absolutamente paralizada en protesta contra la represión del Estado, pidió la reprobación de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como responsable de los hechos acaecidos el 1 de octubre, señalando, no a los participantes en esa jornada, sino al Gobierno de España. Pero todo esto cambiaría radicalmente cuando, al final de aquel día 3 de octubre, Felipe VI, el último de la estirpe de Felipe V, saliera a pronunciar su discurso. No hablaba en nombre del PSOE, ni tampoco en el del Gobierno del PP, sino que lo hacía en nombre del Estado, o de una concepción del Estado, y su llamada era una llamada al orden y la disciplina. Si Juan Carlos I, su padre, tuvo su momento de legitimación de la monarquía en el discurso dado la noche del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Felipe VI, por su parte, dio ese 3 de octubre el discurso que parece que va a marcar su reinado. Lo que vino después fue una vuelta al orden del viejo bipartidismo, la conminación del Gobierno de España al Gobierno de la Generalitat a volver al orden constitucional, las detenciones de los principales dirigentes sociales del independentismo, una declaración unilateral de independencia sin voluntad jurídica alguna y sin apenas celebración, la aplicación del 155 y la detención de los principales dirigentes políticos del procés , exceptuando los que marcharon a Bruselas. Pero, si toda una historia concreta había terminado, en realidad, incluso más allá de las consecuencias represivas y las movilizaciones contra ellas, nada lo ha hecho. El problema, la crisis, puede haber sido contenido, o no, pero en toda su profundidad seguirá presente durante décadas.

¿DE LA CRISIS DE ESTADO A LA(S) REPÚBLICA(S) ? VÍAS DE SALIDA

El 23 de marzo de 2014 moría en Madrid Adolfo Suárez. Había pasado los últimos años de su vida padeciendo una enfermedad que lo dejó sin memoria precisamente en los años en que se construiría su mito como uno de los grandes hacedores de la democracia en España. No siempre había sido así. A pesar de haber sido el audaz táctico (más táctico que estratégico, en este sentido) del proceso de la Transición, sobre todo desde la perspectiva de aquellos que venían de las filas del franquismo, lo cierto es que, el 29 de enero de 1981, abandonó la presidencia del Gobierno de España terriblemente solo. El partido que él puso en pie, nutrido con el personal político proveniente del franquismo, la UCD, se había convertido en un avispero para su fundador. Los militares que se sentían traicionados por las promesas incumplidas —incumplimientos sin los cuales el proceso de democratización hubiera estado más limitado— lo querían sí o sí fuera del Gobierno, lo cual no era un dato menor teniendo en cuenta la cantidad de rumores sobre operaciones golpistas. Pero fue sobre todo el deterioro de su relación con el rey (ese rey que a la muerte de Suárez afirmó que la Transición «la impulsamos Adolfo y yo») lo que acabó por dar la puntilla final a su presidencia. Su último desencuentro se había producido a causa del nombramiento, que Suárez se negaba a aceptar, de Alfonso Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Se impuso la voluntad del rey, pero la razón estaba de la parte de Suárez: posteriormente, Armada se convertiría en el Elefante Blanco del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero eso tuvo finalmente poca importancia. Después del 23F y la intervención del jefe de Estado por la televisión en la madrugada del 24 de febrero, el mito que se construyó no fue el de Suárez (quien, por lo demás, solo sacó dos diputados con su nuevo partido, el Centro Democrático y Social, en las elecciones de 1982), sino el del rey. España no era monárquica, pero pasó a ser juancarlista, y el rey, a su vez, pasó de una legitimidad de origen más que dudosa —había sido designado como sucesor por Franco en 1969 en lo que no fue una restauración monárquica, sino una instauración franquista— a una legitimidad de ejercicio esplendorosa. Era, además, un mito útil, el del gran piloto de la Transición rodeado de una elite de políticos que supieron ver el futuro y dejar atrás el pasado, en la construcción de la democracia. En una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 1985, incluso cuatro años después del inicio del mito del rey y las elites políticas como grandes hacedores de la democracia, cuando se preguntaba a quién eran debidas las libertades, solo un 13 % de los españoles apuntaba a sus dirigentes, mientras que un 55 % lo seguía haciendo al papel de las movilizaciones populares en la calle. ¹⁹ Por ello el relato mítico de la Transición se intensificó: era importante demostrar que la democracia no venía de la mano del conflicto, sino del consenso, en épocas de «modernización» y de reconversiones industriales que rompieron la espina dorsal del movimiento obrero surgido del antifranquismo.

Sin embargo, con el cambio de milenio ese mito empezó a dar signos de agotamiento, como le ocurrió también al régimen construido en 1978, algo que se hizo más evidente a partir de la crisis de 2008, justo cuando Suárez apenas recordaba ya el pasado. Se necesitaba intensificar el mito ante su propia crisis. Fue en ese momento cuando apareció la famosa fotografía del rey, de espaldas, arropando a Suárez en un paseo conjunto que certificaba el reencuentro entre el monarca y su antiguo aliado político. Poco después, el escritor Javier Cercas, ligado al grupo Prisa y a la defensa de la monarquía y los «valores» de la Transición, escribiría el libro Anatomía de un instante . En esta novela que se quiere historia se encuentra la semilla de la construcción contemporánea del mito de Suárez como el héroe trágico, incomprendido por sus contemporáneos en la misma medida que lo engrandece la luz de la posteridad, ya que él, en su audacia de llanero solitario, convivía tanto con la incomprensión como con la irresponsabilidad que estaba llevando, también en este nuevo presente —el nuestro—, a echar por la borda todo lo grande que había en nuestro sistema. Y, así, lo que nació (o renació) con fuerza a partir de 2008 llegó a su zenit, como reificación del mito, con el fallecimiento en 2014 del penúltimo secretario general del Movimiento y primer presidente de la democracia. Pero este era un mito que se articulaba y difundía desde el Palacio justo cuando las calles estaban llenas de protestas pidiendo una «Democracia real ya!» y en Cataluña se desplegaba con toda su fuerza el inicio del choque con el Estado. Una crisis que en 2014 acabó provocando la misma abdicación del rey, como muestra más preclara de la crisis social, política y cultural donde estábamos inmersos y de lo que estaba por venir, donde los mitos y héroes del 78 cada vez tenían menos poder apaciguador.

Justo cuando el 15M irrumpía con toda su fuerza, entre 2011 y 2012, se vivía el annus horribilis de la monarquía española. La imputación de la infanta Cristina de Borbón, hermana del actual rey Felipe VI, y su marido Iñaki Urdangarin, que acabaría finalmente en prisión por el caso Nóos, pondría muy en duda la relación entre la monarquía, el sector privado y las administraciones públicas. Si todo esto ya revestía gravedad, iría seguido, además, por los polémicos accidentes de caza, la relación con Corinna, la sucesión de operaciones médicas a Juan Carlos I, lo cual mostraba cada vez más que los años no pasaban en balde. Incluso en un terreno como el de las relaciones internacionales, donde la jefatura del Estado había tenido un papel en apariencia relevante (aunque no sin claroscuros, como las amistades peligrosas con las monarquías del Golfo), entraba en crisis. Eran cada vez más evidentes las malas relaciones de la monarquía española con varios países latinoamericanos, que se empezaron a visualizar ya con el «¿Por qué no te callas?» de Juan Carlos I a Hugo Chávez en 2007. Todo ello conllevaría una caída abrupta y brutal del apoyo a la institución monárquica, como se hizo patente en una encuesta de Sigma Dos de 2013, donde la aprobación a la monarquía pasaba de un 78 % a un 53 % (en una caída de 25 puntos) y, entre las edades comprendidas entre los 19 y los 26 años, directamente era suspendida como forma de Estado. ²⁰ En ese momento, según el destacado periodista y exdirector del monárquico ABC , José Antonio Zarzalejos, se debía prever ya la abdicación del rey Juan Carlos I y que la misma conllevase una relegitimación completa no solo de la Corona, sino también del conjunto del sistema: «Porque ya su permanencia al frente de la institución de la Corona ha traspasado el umbral de la optimización de la monarquía de tal forma que la proclamación de don Felipe produciría una regeneración institucional completa con un efecto dominó en todo el sistema, ahora muy renqueante». ²¹ A pesar de ello, el jefe de Estado resistió más de un año antes de abdicar para propiciar esa operación de regeneración y relegitimación del sistema en un país que, en puridad, no era monárquico. En este sentido, siempre se quiere poner a la monarquía española en el conjunto de monarquías consolidadas occidentales, y se arguyen, además, todo tipo de encuestas para demostrar que estas monarquías son democracias mucho más estables que las repúblicas. Se olvida demasiado fácilmente que España es el único país de Europa donde la monarquía ha sido expulsada dos veces y dos veces restaurada: una, por el golpe de Estado contra la Primera República; la otra, por el régimen resultante del golpe de Estado contra la Segunda República, que primero declaró España como reino, en 1947, y luego nombró a Juan Carlos I como el futuro sucesor de Franco, en 1969. En el resto de los países de Europa, desde la segunda mitad del siglo XIX , una vez que la monarquía ha sido expulsada ya no ha vuelto, o, lo que es lo mismo: cuando esta se mantiene es solo porque nunca ha sido expulsada. Esto significa que en el resto de los países europeos donde la monarquía permanece (véase el caso británico y el de algunos países del norte de Europa) lo que está consolidado es la propia institución monárquica, no un rey concreto, y por ello la monarquía británica, por ejemplo, por muchos escándalos que acumule, no está realmente en peligro. En España ha habido dos restauraciones monárquicas, es cierto, pero también dos repúblicas.

En las elecciones de mayo de 2014, el bipartidismo en su conjunto era vencido por primera vez y surgía un nuevo fenómeno, Podemos, que pronto despegaría en las encuestas de una forma acelerada. Era el momento de la abdicación y ya no se podía esperar más, ni en términos de necesidad de regeneración del sistema ni en cuanto al peligro de que un Congreso sin mayoría del bipartidismo impidiese la abdicación y la sucesión que debían llevarse a cabo mediante una ley orgánica aprobada por el Legislativo por mayoría absoluta. El 2 de junio de ese año se anunciaba el fin del reinado de Juan Carlos I. Para que se pudiera hacer efectiva la sucesión, el papel fundamental, según varios de los actores de entonces, fue el del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que en aquel punto crítico se necesitaba del concurso del PSOE para aprobar la ley orgánica que permitiera la sucesión sin que ello abriese un debate sobre la forma del Estado. Las calles estaban agitadas desde hacía años, la crisis de legitimidad del conjunto del régimen era fuerte y el bipartidismo estaba en retroceso: parecía que no se podía permitir un debate parlamentario demasiado abierto ni voces críticas dentro del PSOE. Finalmente, la ley orgánica fue aprobada por procedimiento de lectura única y sin capacidad de enmienda, algo insólito en una ley de este tipo, con la única abstención dentro de las filas socialistas de Odón Elorza. Pero la chapuza mayor se hizo con el mantenimiento del aforamiento de los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, ya que se perdía la inmunidad que, en el caso del rey, recogía el artículo 56.3 de la Constitución al declararlo inviolable y no sujeto a responsabilidad. Entonces se decidió aprovechar el trámite de aprobación de una ley que nada tenía que ver con el tema (una práctica que se ha realizado más veces en el Congreso para favorecer a lobbies económicos concretos sin que fuera demasiado notorio), la Ley Orgánica sobre el Sector Público, para modificar, en una voltereta en este caso ya mortal, otra ley orgánica, la del Poder Judicial, y asegurar así el aforamiento de los exmonarcas. Con el camino ya limpio de obstáculos legales, el 19 de junio de 2014 se iniciaba el reinado de Felipe VI. La proclamación del nuevo rey comenzaba, sorprendentemente, con un acto privado en la Zarzuela entre el padre y el hijo. El primero le imponía al segundo el fajín rojo de capitán general de las Fuerzas Armadas. La unión entre el papel de jefe de Estado y el de jefe de las Fuerzas Armadas provenía tanto de la tradición monárquica como de la decisión de Franco, el mismo Generalísimo de todos los ejércitos en un régimen que se había impuesto militarmente, de que Juan Carlos fuera formado en las tres academias de los tres ejércitos (el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire), cosa que también hizo posteriormente su hijo. Hay otros casos donde el jefe de Estado es a la vez el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como ocurre en Estados Unidos de América, pero la diferencia radica en que, en la mayoría de estos, el cargo que ejerce de jefe de Estado es electivo y, por tanto, normalmente es un civil al que se subordina al poder militar. De hecho, la relevancia del carácter militar de la jefatura del Estado quedó clara cuando el nuevo rey Felipe VI juró el cargo en las Cortes tras la ceremonia en la Zarzuela. Iba vestido con el uniforme de capitán general en la cámara de la representación ciudadana.

Con la llegada de un nuevo rey se pretendía regenerar y relegitimar la Corona, que corona, valga la redundancia, el conjunto del sistema del 78. Es difícil saber si en un inicio se consiguió en algún sentido, ya que, con el cambio de rey, en 2015 el CIS dejó de preguntar sobre la monarquía, y tampoco se produjeron más encuestas desde medios privados, lo cual ya es enormemente significativo. Pero los pocos estudios de los que disponemos indican que no, no se consiguió. Así, una encuesta publicada en el 2018, hecha para el HuffPost , dibujaba un escenario donde el 67 % de los españoles creían que se debía celebrar un referéndum sobre la monarquía o la república, más o menos el mismo porcentaje de catalanes que piden un referéndum para decidir la relación entre Cataluña y España. En esa misma encuesta, un 48 % de la población apostaba por una república, mientras que un 35 % quería una monarquía, con lo cual los indecisos quedaban como elemento clave en la decisión final, también de igual manera que un 47 % de los catalanes quieren la independencia de Cataluña. ²² Curiosamente (y es probable que como expresión de una crisis de régimen común), la apuesta por un referéndum y por la república es prácticamente igual en Cataluña y en España. Las diferencias residen en que, mientras que en el caso de España esta es una demanda latente, no activada políticamente, en el caso de Cataluña es una demanda presente. En esto y en que además en el caso catalán la demanda republicana es nacional. Se quiere una república catalana en un Estado que no reconoce ni la forma republicana ni la plurinacionalidad. Sea como sea, parece que la sucesión por sí misma no ha mejorado la situación, sino que más bien la ha empeorado. Si entre las mujeres la preferencia por la república es más alta que entre los hombres, entre los jóvenes esta es claramente mayoritaria. Su valoración, según una encuesta publicada por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO), en 2019 está en 4,22 puntos sobre 10 en el conjunto de España, mientras que en Cataluña se sitúa en 2,21, siendo la institución que menos confianza genera entre los catalanes. ²³ Y es que la crisis ha sido de sistema político, de régimen y de Estado, y en todo ello difícilmente el cambio de rey por sí solo iba a «regenerar» la situación.

La crisis del viejo sistema político se desarrolló en primer lugar como una crisis de legitimidad «externa» para, luego, en la medida que no se solucionó, pasar a ser «interna». En el primer sentido, nunca antes un movimiento como el 15M, que cuestionaba el conjunto del sistema político desde, si se quiere, un alma reformista y otra rupturista, tuvo porcentajes de apoyo igual, pues en algunos momentos llegaron según algunas encuestas al 80 % de la población. En el segundo sentido, al conjunto del sistema político le llegó el terremoto con el fin del bipartidismo en 2015, cuando entró en lo que se convertiría en una suerte de crisis permanente que todavía dura hoy. A su vez, esta crisis no pudo ser «subsanada» o «elidida», ni siquiera por unos breves instantes, con el método habitual del bipartidismo español. Este tradicionalmente configuraba un tipo de bipartidismo imperfecto en el que, cuando uno de los dos partidos no conseguía mayorías absolutas, encontraba en alguno de los partidos nacionalistas vascos o catalanes la palanca para mantener la estabilidad política. Esto sigue siendo así para el PNV, pero ya no lo es para el nacionalismo catalán, que en el pasado había dado mayorías tanto al PSOE como al PP. La crisis de soberanías había roto una de las patas estabilizadoras del sistema. El bipartidismo (y, en este caso, el PSOE) era incapaz de enfrentarse y aceptar esta nueva realidad, tanto en aquello que atañía a la emergencia de Podemos y las distintas confluencias como en el hecho de que una parte de los partidos nacionalistas de las naciones alternativas se situaban en la práctica —y no solo en términos de legitimidad histórica, como ocurre con el PNV— fuera de los consensos de 1978. Estas realidades políticas se situaban fuera del marco del 78 y eran, además, la única vía para configurar un Gobierno alternativo al del Partido Popular. Finalmente, esto se hizo evidente con la moción de censura de 2018, pero eso no significa que el PSOE lo haya aceptado en toda su extensión, como hemos visto en la repetición electoral de 2019: solo la acepta si esas nuevas realidades entran en el marco del 78 y no intentan transformarlo. Y eso era lo que estaba en juego en la formación de un gobierno en coalición entre Unidas Podemos y sus confluencias y el PSOE con el apoyo de fuerzas independentistas a finales de 2019. Por supuesto, este no es un problema propiamente español. Desde la crisis de 2009 y, de hecho, desde el fin de la Guerra Fría, los sistemas políticos europeos han encontrado dificultades crecientes para formar mayorías parlamentarias y de gobierno estables. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, de toda Europa solo en el caso español la crisis política ha conllevado una repetición electoral (o, más bien, dos: en 2015-2016 y en 2019).

Sin llegar a estos extremos de bloqueo político, aunque sí más allá en la producción de nuevos momentos fundacionales, algo parecido sucedió en muchos países europeos en los noventa del siglo pasado, cuando la emergencia de partidos políticos de derechas, fuera de las coaliciones antifascistas que dieron origen a los sistemas políticos de posguerra, significó la crisis de las constituciones que bebían de ellas. El caso extremo fue Italia, donde, al final, el único modo de afrontar la situación fue una defensa numantina del viejo acervo cultural y político en coaliciones que, como El Olivo primero o el Partito Democratico después, integraban en su seno corrientes que provenían del conjunto del sistema político anterior, desde la democracia cristiana hasta buena parte de los comunistas, en una estrategia de preservar lo viejo en nuevas fórmulas. Había buenos motivos para ello, ya que las constituciones de la posguerra eran constituciones democráticas y sociales avanzadas de carácter antifascista, pero acabó por provocar, en el caso italiano, la implosión de toda la izquierda y la emergencia de dos tipos de nuevos populismos. Uno, de carácter posmoderno, y el otro, claramente de derechas, representados por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, respectivamente, han acabado por dominar el sistema político. En España, la diferencia radica en que esto se produce, no en una crisis causada por el fin de la Guerra Fría, sino en una crisis de soberanías en un mundo globalizado, y que la Constitución de 1978 no surge del consenso antifascista, con lo que los actores que han aparecido contra este consenso no provienen de la derecha, como en el caso italiano, sino de la izquierda. De hecho, la emergencia posterior de Vox, a finales de 2017, sin duda puede leerse como la crisis final del 78, precisamente como promesa de que la bestia , en este caso, en la forma de un partido neofranquista, no volverá a salir de la jaula. Pero Vox no irrumpió con fuerza en el origen de la crisis de soberanías, sino que pretende cerrarla en la exasperación de la reivindicación de la soberanía de la nación, incluso sustrayendo la soberanía popular. Es la reacción de una concepción nacional española y de un sentido de lo que es ser español que se ha visto desafiado y amenazado por los 15M, los feminismos, las distintas mareas e izquierdismos que se han abierto en estos últimos años y, evidentemente, por el movimiento soberanista catalán. La tentación ante la forma reaccionaria que está tomando también esta crisis (y difícil que no fuera así ya que si las fuerzas acumuladas del cambio en distintos sentidos estaban deviniendo colosales era imposible pensar que eso no conllevaría también oleadas de reacción) es resguardarse de nuevo bajo el manto del 78. El peligro es acabar como Italia: mirando solo hacia el pasado, sin nuevos horizontes de esperanza que ofrecer, al final se acaba por desaparecer. En la década de 1990, la izquierda italiana pudo optar por configurar amplias coaliciones de defensa del acervo cultural, político y constitucional del pasado, e incluso con ello pudo ganar algunas elecciones, pero con eso por sí solo ha acabado por perder toda centralidad política. Si no proyectas el futuro, es difícil que este acabe siendo habitable para ti.

Cuando el único proyecto político por ofrecer, que es lo que ha estado haciendo el bipartidismo estos años, es un «constitucionalismo» con acentos diferentes —socioliberal, neoliberal o conservador—, entonces ese proyecto es puramente de gestión, precisamente en una época de mutaciones constantes que demandan política. Es un proyecto que intenta resistir en el pasado y no encarar el futuro. Primero, porque la propia Constitución de 1978 tiene un problema básico al mostrar enormes dificultades para ser reformada. Solo lo ha sido dos veces y las dos por motivos externos a la sociedad española, relacionados con la construcción europea y los grandes pactos de gestión de la crisis. Esto es algo absolutamente anómalo: la Ley Fundamental de Bonn, por poner un ejemplo en el que la Constitución española se ha inspirado para otras cosas, ha sido 62 veces reformada en sus setenta años de historia, es decir, casi una vez por año, lo que le ha permitido adaptarse a cada nuevo tiempo. La española, en cambio, únicamente ha sido reformada dos veces en 41 años. No se trata solo de un problema de desfase temporal de la Constitución (que lo es, en términos de funcionalidad) ni de que la mayoría de las personas que viven hoy no la votaran ni participaran en ninguna de sus reformas (que también lo es, en términos de legitimidad), sino sencillamente de que su incapacidad de adaptación a nuevas circunstancias la convierte, además, en un objeto más de la batalla política. Y ese es su segundo gran problema: ya no es una Constitución leída para representar el todo, sino a una parte, a una parte contra otra. Así, en vez de ser un pacto —social, territorial, democrático—, se convierte en un instrumento político de un bloque contra otro. El día en que tres partidos en Cataluña —el PP, Cs y el PSC— decidieron presentarse a unas elecciones como el «bloque constitucionalista» y, además, perdieron esas elecciones como bloque, tanto en escaños como en votos, en ese día los «constitucionalistas» vaciaron de todo sentido la Constitución. Esta, por tanto, está pasando de ser una constitución normativa a convertirse en un herramienta primero política, después coercitiva para devenir, finalmente, en puramente nominal. Una situación donde, a pesar de que todo parezca orientarse a dejarla incólume, los costes de no reformarla ya son, ahora mismo, infinitamente mayores que los de hacerlo.

Unos meses antes del 1 de octubre pude mantener un largo encuentro con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Nos habíamos enfrentado demasiadas veces en el Congreso como para no acabar hablando ampliamente del tema de Cataluña en algún momento. Para intentar explicar cómo veía la situación de las derechas españolas, le expuse en ese encuentro la historia del final del franquismo desde la perspectiva del propio régimen. Había en él a partir de los años sesenta dos grandes posiciones con múltiples variantes internas: la posición «aperturista», que no debe confundirse con demócrata, y la posición tecnócrata. La primera de ellas estaba formada básicamente por falangistas y nombres propios, como el de Fraga Iribarne, que entendían que, veinticinco años después del fin de la Guerra Civil, la legitimidad de origen, que no era otra que la victoria de unos por la derrota de otros, debía dar paso a una nueva legitimidad de ejercicio. Superado el «orden, unidad y aguantar» de Carrero Blanco cuando el franquismo se encontraba aislado internacionalmente después del final de la Segunda Guerra Mundial, ahora, en una nueva época de bonanza económica y crecimiento, el franquismo debía aprovechar para abrirse a la sociedad, a través de una ley de prensa que eliminase la censura previa para atraerse a las clases medias, elecciones sindicales en las fábricas para atraerse a los trabajadores y su institucionalización en una nueva Ley Orgánica del Estado que ofreciese una suerte de barniz de constitucionalidad. Se trataba de abrirse para integrar a la sociedad en el régimen, ampliar su base social y generar nuevos consensos. La otra corriente no quería experimentos que pudieran salir mal y lo apostaba todo a generar consenso vía crecimiento económico, que aumentase el consumo y el bienestar de la población, y a garantizar la sucesión de Franco en Juan Carlos I. A finales de los sesenta, esta segunda corriente fue la que se impuso, ya que su fórmula aparentemente no implicaba complicaciones y parecía acorde con los grandes intereses económicos. La «aperturista», por su parte, quedó marginada del poder. Pero el problema sobrevino cuando entre 1974 y 1975 irrumpió la crisis: ya que si el consenso se había establecido sobre la base del crecimiento, cuando este quebraba, ¿qué quedaba? Nada. De hecho, en ese momento volvieron todos los que habían sido desalojados del poder a finales de la década de 1960, pero era ya demasiado tarde y el régimen era incapaz de permanecer más allá de la represión. Cuando acabé de explicar esta historia, la vicepresidenta me soltó un «Estoy flipando» (se me fue un poco la explicación, la verdad). Pero era exactamente así como yo veía al PP entonces, y se lo había dicho mil veces en la tribuna: sin proyecto de futuro, sin más proyecto que la imposición, «o nosotros o el caos», y solo con Montoro repitiendo el mantra —mientras estábamos bajo el volcán de una crisis institucional de primer orden— de que la crisis ya estaba superada y que, por lo tanto, todo estaba arreglado. Sin proyecto para Cataluña y, por lo tanto, en realidad, sin proyecto para España. Ciertamente, una parte del PP también veía esa realidad (es probable que la más lúcida de ellos fuera la propia vicepresidenta) y estaban dispuestos a afrontar, o eso decían, un amplio programa de reformas que pasase por leyes orgánicas y no por modificar la Constitución, cosa que, como veremos, presentaba algunas ventajas, pero el problema es que solo concebían eso a partir de la victoria del Estado frente al soberanismo catalán. Pero hay victorias que en el fondo no son sino derrotas.

En los hechos de octubre de 2017 se intentó la victoria del Estado en un proceso que lo llevó a su mayor crisis en décadas. Todo él parecía averiado. El Congreso de los Diputados estaba absolutamente bloqueado por una Mesa del Congreso que, siguiendo indicaciones del Gobierno, impedía que se discutiesen y aprobasen nuevas leyes. Se trataba de evitar que se gobernase desde un Congreso que expresaba una mayoría que no era la del Gobierno, sino la de la moción de censura que se acabaría por realizar en 2018. Pero, si bien el Congreso no hacía de Congreso, el Gobierno tampoco hacía de Gobierno sin una mayoría parlamentaria clara. El Tribunal Constitucional llevaba al paroxismo su intervención en el poder político, convirtiéndose en el árbitro primero de una situación de conflicto político, mientras la Comisión de Venecia del Consejo de Europa avisaba del peligro de pérdida de neutralidad de este organismo y señalaba la aberración de que un Tribunal Constitucional pudiera hacer directamente incidentes de ejecución de sus propias sentencias, lo cual lo convertía en un tribunal de intervención directa sobre el proceso político. Pero si el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial estaban viviendo situaciones «anómalas», en el caso del rey todo estaba saltando por los aires. Su intervención directa en el conflicto con su discurso del 3 de octubre, que ni el Gobierno ni el principal partido de la oposición querían, se ha intentado justificar dentro de las funciones que la Constitución atribuye al rey de «arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones», ²⁴ pero no parece que ese discurso tuviera nada que ver con el «arbitraje», ni mucho menos con la «moderación». En todo caso, se acercaría más a su carácter de «símbolo de la unidad y permanencia del Estado» que recoge el artículo 56.1. Nótese, en este sentido, que el rey simboliza la unidad y permanencia, no de la Constitución, ni siquiera de la democracia o la nación, sino del Estado, pero «simbolizar» tampoco es lo que hizo el 3 de octubre.

Lo que se vivió en aquellos días era, en realidad, una confrontación del Estado con una parte de la población que decía representar, con lo que su propia legitimidad se abrió en canal. Se llegó a extremos absolutamente surrealistas, como el hecho de que en ese momento el PSOE, que se había pasado todo el verano diciendo que no apoyaría la aplicación del 155 y que el mismo día 3 de octubre había pedido la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno por la actuación del Estado el 1 de octubre, finalmente a cambio de su apoyo al 155 «consiguió» supuestamente que el PP aceptara abrir la reforma constitucional. Más allá de que al final no consiguiera nada —el PP nunca confirmó ese compromiso a pesar de que el PSOE lo anunciara a bombo y platillo—, intentar vender una reforma constitucional a una parte de la población en el mismo momento en que se están interviniendo sus instituciones de autogobierno debe ser una pieza única y nunca vista de pacto y legitimación constitucional. Todo ello diciendo, además, que lo que hacía falta era «perfeccionar» el Estado autonómico en una «comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico», creada justo cuando este saltaba por los aires. Porque, aunque con el 155 solo se interviniera el autogobierno y las instituciones de Cataluña, en la medida que, como hemos visto en el capítulo segundo y tercero de este libro, el Estado autonómico fue creado básicamente para encajar Cataluña en el Estado español y ella misma era el corazón de su desarrollo, se puede afirmar que la aplicación del 155 era el fin del conjunto del pacto territorial. Cualquier sueño de Estado compuesto murió ese día. Tal como afirmaba el constitucionalista Pérez Royo:

La aplicación del 155 [es] como un certificado de quiebra de la Constitución territorial diseñada en 1978: pienso que es así porque, aunque es verdad que el artículo 155 se ha aplicado exclusivamente en Cataluña, no lo es menos que la Constitución territorial fue diseñada en 1978 con la finalidad de posibilitar la integración en el Estado de Cataluña […]. Formalmente, el paréntesis del 155 se ha cerrado, pero materialmente no es así. ²⁵

Tal vez ahora, pasados dos años de los hechos y sin nada solucionado (mucho menos con la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés ), quepa pensar que la situación se puede mantener exactamente igual que antes de todos estos hechos. Sin embargo, no es posible, y cuanto más tiempo se tarde en afrontarlo, más probable será la pura bancarrota del sistema. En este sentido, «técnicamente» hay tres únicas vías de salida: un cambio profundo en un conjunto de leyes orgánicas, una reforma constitucional y el inicio de un(os) proceso(s) constituyente(s). Las dos primeras opciones son claramente reformistas; la tercera es la ruptura. Vale la pena tener en cuenta que a veces la ruptura no proviene de una acción revolucionaria, sino de la implosión del orden anterior, incapaz de seguir permaneciendo en sus contradicciones.

La vía de las leyes orgánicas es, sin duda, la ideal para los viejos partidos del bipartidismo, en especial el PP, que nunca ha hecho de la reforma constitucional un mantra, como sí ha hecho el PSOE en estas últimas décadas pese a no abrir ese debate efectivamente nunca y de pedir de facto la vía de modificación de leyes orgánicas en la Declaración de Barcelona del PSC y el PSOE en 2017. Además, ofrece ciertas ventajas sobre los otros procedimientos. Solo se necesita una mayoría absoluta de la cámara para poder realizarla. Es decir, 176 diputados, que son, a su vez, una mayoría de investidura en primera vuelta, con lo que el programa de gobierno pactado en una investidura, que necesariamente, en la era del posbipartidismo, se construye a partir de una mayoría plural, puede ser al mismo tiempo un programa de profundas reformas que afecten al modelo territorial y al reconocimiento de la diversidad nacional. En este último sentido, se puede optar tanto por desarrollar la diferenciación entre nacionalidades y regiones como por asumir una vía específica para Cataluña (como se hizo para el caso del País Vasco, que afectó también a Navarra, con la disposición adicional primera). Pero, al ser una vía de modificación de leyes orgánicas, siempre tendrá un rango menor que la disposición adicional primera, inscrita en la Constitución. Estas modificaciones, de todas maneras, pueden afectar a un conjunto de materias lo bastante amplias como para producir el tránsito hacia una nueva realidad. En aquello que respecta al poder judicial, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría desarrollar su articulación autonómica, ya que es el único poder, junto con el Ejército, que no ha vivido un verdadero proceso de distribución en el territorio y, menos aún, de carácter plurinacional. Para el caso del Tribunal Constitucional, la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional podría transformar sus formas de elección, composición y potestades dándole claramente un carácter plurinacional y eliminando su carácter de tercera cámara legislativa. En el campo de la financiación autonómica se podría, por ejemplo, modificar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica de manera que Cataluña tuviera un tratamiento específico hasta producir de facto el pacto fiscal. Finalmente, cambios en la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum podrían clarificar la posibilidad de celebración de un referéndum sobre el encaje de Cataluña en España o modificar de facto el procedimiento de negociación estatutaria hacia un nuevo estatus político con un referéndum previo incluido. En este mismo camino se podría utilizar (o incluso ampliar) este mecanismo para producir, por ejemplo, una ley orgánica sobre el plurilingüismo del Estado o de símbolos, etc.

El conjunto de estas modificaciones, juntamente con una reinterpretación de la Constitución, podrían permitir transitar hacia lo que Herrero de Miñón llamaba una «mutación constitucional». El problema que presenta esta vía es que, a pesar de poder llegar a producir una modificación materialmente constituyente, es reversible por una mayoría igual a la que la hace posible. Este mecanismo puede tener importancia para una aplicación transitoria más que como solución final. En el primer sentido, por ejemplo, la modificación de la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum podría facilitar la celebración de un referéndum en Cataluña sobre su relación con España. Este referéndum sería materialmente constituyente, por muy consultivo que fuera, y obligaría a transitar hacia modificaciones profundas en términos constitucionales en la medida que las propuestas que se implicarían en su realización llevarían a un nuevo pacto fundante. Pero para ello, en el segundo sentido, las grandes soluciones de fondo son de tal magnitud que la vía de modificación de leyes orgánicas aparece como demasiado precaria. A su vez, esta vía de nuevo no modifica el texto constitucional del 78, con lo que estaría por ver la suerte de los recursos de inconstitucionalidad que seguro que habría sobre estas leyes ante un Tribunal Constitucional manifiestamente recentralizador en las últimas décadas. De hecho, seguramente realizar todas estas modificaciones solo sea posible cambiando, en primer término, un tribunal tan absolutamente deslegitimado en algunas partes del estado como es el Tribunal Constitucional. Pero incluso haciéndolo, si lo único que se utiliza para llegar a una solución es la vía de modificación de leyes orgánicas se estaría dando la razón a este mismo tribunal en el origen del problema.

El Tribunal Constitucional en su sentencia del Estatut de 2010 consideró que los mismos textos estatutarios están sujetos y subordinados a las leyes orgánicas del Estado. Es decir, lo que hizo en ese momento el Tribunal Constitucional fue hacer saltar por los aires la doctrina de que los estatutos, solo reformables por un procedimiento paccionado entre la comunidad y el Estado, formaban parte del bloque de constitucionalidad. Ahora, lo que se estaría intentando para solucionar la anomalía abierta por ese tribunal sería aceptar el principio que estableció el propio Tribunal Constitucional cambiando precisamente leyes orgánicas. Pero estas, en realidad, son modificables solo por una mayoría absoluta en el Congreso, a diferencia de los estatutos, que son realidades paccionadas entre dos cámaras, el Parlamento y el Congreso, y en las comunidades autónomas del 151, refrendadas por la población de cada comunidad. ¿Aceptar esto y proceder a la vía de las leyes orgánicas podría ser una solución factible? Sí. ¿Duradera? No lo creo.

La otra vía en el campo de la reforma sería la de la modificación constitucional. Esta parece ser la vía abanderada por el PSOE retóricamente desde hace décadas y, de hecho, se ha afirmado mucho entre sus propias filas, e incluso de forma más minoritaria entre las filas cercanas de otros partidos situados a su izquierda, que el pacto del 78 establecía un modelo de partida casi federal que se iría desarrollando para completar el carácter federal del Estado. Esto ha llevado a una gran confusión en el pasado y en el presente según la cual se puede llegar a decir casi en la misma frase, por parte de destacados dirigentes socialistas, que la solución a todos los problemas es federal y que el Estado autonómico, que manifiestamente no es la solución a los problemas actuales, es ya federal. Incluso, yendo más allá, se puede llegar a afirmar, como ha hecho el presidente del Senado recientemente, que el aspecto «federal» que cabe desarrollar del Estado autonómico para completar su «federalismo» es precisamente el «cooperativo», es decir, el centralizador, en este juego de hacer pasar por federalismo lo que no es sino mero estatismo. Hay, en este sentido, dos fábricas de independentistas en España: el PP y los federalistas que no lo son, ya que convierten el federalismo en una suerte de gran engaño y, como tal, inservible para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. En todo caso, más allá de esto, es cierto que la reforma constitucional permitiría ir a la matriz de los problemas y orientarlos en un sentido u otro. A este respecto, en los últimos años se han puesto encima de la mesa dos propuestas políticas: la del PSOE-PSC y la de Podemos-En Comú Podem.

La primera de ellas, sustanciada en la Declaración de Granada de 2013 a cambio de la renuncia del PSC a la defensa del derecho a decidir, antes que a un sistema federal, a pesar de las palabras, apunta más a una normativización y clarificación del Estado autonómico, que, a pesar de que le daría una mayor solidez ante propuestas de carácter recentralizador, también eliminaría su carácter dispositivo y de bloque de constitucionalidad, esto es, sus elementos de federalismo originario, creados durante la Segunda República y transportados al pacto del 78. Todo ello sin tocar para nada el carácter no plurinacional del Estado. De esta manera se quiere fijar el mapa autonómico en la Constitución para, así, eliminar el carácter de iniciativa desde abajo de la creación de las comunidades autónomas e impedir su modificación futura. También se quiere establecer constitucionalmente el reparto competencial entre las diversas administraciones, lo cual va en contra del principio dispositivo que posibilitaba a cada territorio fijar qué modelo competencial quería adquirir. Congruentemente con esto, se plantea, además, fijar el sistema de financiación autonómico en la propia Constitución. Frente la aceptación de la plurinacionalidad (aunque discursivamente el concepto de plurinacionalidad se utiliza según convenga en cada momento tanto por parte del PSOE como del PSC), su propuesta solo habla de constitucionalizar los «hechos diferenciales», algo que podía servir en los noventa del siglo pasado como intento en apariencia «superador» del problema de las diversas naciones, pero que es inservible en la crisis de soberanías y de plurinacionalidad actual. Finalmente, este proyecto de reforma incluye mecanismos propios del federalismo cooperativo (ahora mismo, en retroceso como modelo en los diversos países realmente federales) que constitucionalicen los mecanismos de cooperación entre las distintas comunidades autónomas y de representación exterior, a la vez que se reforma el Senado para que sea una cámara verdaderamente territorial. Es una reforma, por tanto, que promete avances (aunque en algunos temas eso podría ser dudoso) a cambio de incrementar la rigidez del modelo territorial sin tocar el aspecto básico de la crisis actual: las soberanías y la plurinacionalidad. Uno de los principios de Henry Ford se estableció cuando este, al ver en su fábrica de coches que los ingenieros no conseguían que un eje no se rompiera a pesar de que lo reforzaban cada vez más, les indicó que pusieran un eje menos denso que el primero que se les rompió. Al hacerlo por primera vez, el eje no se quebró, y no lo hizo, según les contó Ford, porque a veces, a mayor densidad, se produce una mayor presión que lleva a una rotura más rápida. Para mí, ese es el problema de la propuesta de reforma constitucional del PSOE. A mayor densidad y rigidez, probablemente la ruptura sería todavía más rápida. Creo más en menos cambios, menos reglamentistas, pero que ataquen el núcleo del asunto.

En el caso de las reformas constitucionales de Unidas Podemos y En Comú Podem, recogidas en los documentos «Bases políticas para un gobierno estable y con garantías», acordado entre Podemos, En Comú Podem y En Marea, y «Document de treball sobre la plurinacionalitat i la celebració del referèndum a Catalunya», de En Comú Podem, ambos de 2016, estas no apuestan por un aumento de la rigidez del sistema, sino que atacan puntos cardinales, dejando el resto de los temas al desarrollo fuera del texto constitucional (el poder judicial, la financiación, las competencias, etc.). Estos puntos son la definición de España como un Estado compartido de carácter plurinacional, lo que tiene implicaciones tanto en el campo cultural y simbólico como en el de las soberanías compartidas y el de la composición de las delegaciones que lo representan en el exterior. Por otro lado, apuntan a permitir la federación entre comunidades —lo que daría al principio dispositivo para crear comunidades un grado más de consecución al producir nuevas realidades territoriales— y a la disolución del modelo provincial instituido en 1833, que no responde a más realidad que la del control del Estado central sobre el territorio.

Pero el procedimiento de reforma constitucional presenta dos problemas fundamentales para su realización: uno de orden «técnico» y otro político. En el primer campo, la Constitución de 1978 fue pensada, al menos en apariencia, para que fuera muy difícilmente reformable, a pesar de que una constitución irreformable suele ser, en la práctica, una constitución condenada a muerte. Así, establece dos caminos para la reforma: el ordinario, recogido en el artículo 167, y el agravado, recogido en el 168. Para el ordinario, que podría incluir muchas de las reformas propuestas por el PSOE y algunas de Podemos-En Marea-En Comú Podem, se necesitan tres quintas partes de los votos favorables de las cámaras, lo que supone 210 diputados. A su vez, si el resultado de la votación sobre las reformas constitucionales es afirmativo, debería validarse por referéndum si una décima parte de los diputados lo pide. Caben pocas dudas de que lo pedirían, aunque, en el caso de la reforma del artículo 135, se hizo por este procedimiento sin que nadie lo pidiera. Para el segundo procedimiento, el agravado, que afecta a partes constitucionales que se consideran esenciales, algunas de ellas incluirían las propuestas de reforma que plantearon Podemos y sus confluencias de 2015 a 2017, para las que se necesitarían dos tercios de las cámaras a favor de las reformas —233 diputados y diputadas—, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, que, una vez celebradas, necesitarían, de nuevo, los dos tercios a favor de la reforma de las nuevas cámaras y un referéndum posterior de reforma constitucional. En definitiva: un procedimiento prácticamente irrealizable. El mecanismo de reforma de la Constitución es casi una cláusula de intangibilidad de esta, lo que augura un mal final para esta Constitución. Ciertamente, todo sistema tiene una puerta trasera, y en la Constitución del 78 esta parece ser el hecho de que los constituyentes no incluyeron dentro del procedimiento agravado de reforma los artículos que establecían cómo efectuar la reforma. Es decir, siguiendo el procedimiento ordinario, con la necesidad de solo 210 diputados y diputadas, se puede modificar completamente el sistema de reforma constitucional para hacerlo realizable. Pero esta puerta trasera parece pensada para un momento crítico, en el que se consigue poner de acuerdo a 210 diputados y diputadas para hacerla efectiva. Pero cuando se llega a esos momentos críticos suele ser ya precisamente cuando se hace necesario un proceso constituyente y una constitución, como mínimo en la práctica, ex novo . En realidad, la propia Constitución de 1978 se hizo sin unas elecciones constituyentes previas y sin la previsión legal de que esas Cortes pudieran ser constituyentes, sino a partir de una decisión soberana fuera de la norma. El paso del franquismo a la democracia no fue «de la ley a la ley»: eso se afirma para ocultar un pecado original que, para la tranquilidad de los normativistas y el orden social, no se quiere que se repita, porque entonces no juzgaríamos la legitimidad o ilegitimidad de las acciones no solamente según la ley, sino también según los principios democráticos.

Pero si las dificultades de orden técnico para proceder a la reforma constitucional se presentarían claramente en el momento de abordarla, las de mayor calado son las dificultades políticas. El PSOE, que lleva décadas diciendo que apuesta por una reforma constitucional que «perfeccione» el modelo territorial (algo que ya estaba presente en su lectura del 78 como una base para desarrollar un Estado federal), es el partido que más mayorías absolutas ha acumulado en la historia de España desde 1978, y con ellas no ha iniciado ningún procedimiento de reforma. Tampoco hasta ahora —está por ver si en el futuro esto cambia— se ha planteado iniciar una propuesta de reforma constitucional sin el concurso previo del Partido Popular. Ello ha implicado que el PP nunca se haya tenido que posicionar realmente sobre la necesidad o no de llevar a cabo una reforma constitucional, a pesar de que, según encuestas internas, sus propios votantes la ven necesaria; solo con no entrar a valorarla ha sido suficiente para que los otros partidos ni abrieran realmente el debate. En este sentido, se ha permitido al Partido Popular mantener una posición de veto, conferida en este caso por el PSOE, sobre esa posibilidad. De hecho, siempre ha habido una excusa «válida» u otra para no iniciar una reforma que se decía que se quería: hoy, esta excusa es Vox. Ahora tocaría, según se dice, en un argumento que parece llegar hasta Podemos, ponerse detrás del 78 para defenderlo ante el neofranquismo, y no delante de él. Por ahora, esto no ha servido más que para que, entre las elecciones de abril y las de noviembre de 2019, Vox se haya convertido ya en el tercer grupo de la Cámara. Las posiciones defensivas tienen, en realidad, muy poca utilidad contra estos fenómenos. Y menos aún cuando esto significa recluirse en el pasado en vez de construir el futuro. Pero hay dos problemas de fondo que van más allá de todo esto y que están en la base de la dificultad política para afrontar la reforma constitucional desde los partidos tradicionales: esta reforma es prácticamente imposible sin un pacto previo de carácter plurinacional y, además, no es controlable en aquello que atañe a la forma de Estado.

En el primer sentido, el referéndum, para la reforma constitucional, sería, sin lugar a dudas en territorios como el País Vasco y, en especial, Cataluña, el referéndum sobre su independencia que no se ha querido hacer. De este modo, se está construyendo una caja de Pandora que esconde cada vez más problemas. No hay posibilidad de pervivencia constitucional a la larga (lo que implicaría una reforma constitucional en profundidad) sin plurinacionalidad, como no hay posibilidad de soberanía sin soberanías. De hecho, en el fondo, no se trata de un problema de vías, leyes orgánicas o reformas constitucionales, sino de la consecución de un pacto político con Cataluña que después se pueda administrar con diferentes tiempos, tanto en la modificación y producción de nuevas leyes orgánicas como en la posibilidad de una reforma constitucional en profundidad. Ese pacto, según la forma que tome, sería materialmente constituyente, y es innegable que no hay alternativa a ese pacto si no es a costa de la propia Constitución española o con el uso de la represión. Sin ese pacto, la Constitución nunca será reformable, ya que el referéndum sobre esa misma reforma tomaría un carácter diferente en Cataluña. Es por ese motivo que los sectores más lúcidos del PP solo se planteaban la posibilidad de iniciar el camino para encontrar un nuevo encaje con base en la derrota absoluta del soberanismo. Pero hay un problema: esa derrota absoluta es imposible si no es a costa de la misma democracia. Una caja de Pandora que, cuanto más tiempo se tarde en abrir, más monstruos va a contener.

A su vez, el proceso de reforma constitucional no es «controlable»; hay demasiadas cosas que nunca se han preguntado y que difícilmente admitirían, en una reforma constitucional de calado, ser soslayadas de nuevo. En el corazón de las preguntas no hechas para evitar las respuestas no queridas está la forma de Estado. En 1978 no se le preguntó al pueblo español sobre si quería vivir en una monarquía o en una república, sino que esa (no) decisión fue previa al proceso constituyente. Según Adolfo Suárez en una entrevista concedida a Victoria Prego en 1995, principalmente fue así porque las encuestas de las que disponían revelaban que se apoyaría la república y no la monarquía. Fuere como fuere, no es ya que no se preguntara directamente a la ciudadanía sobre la forma de Estado, es que incluso en las primeras elecciones de junio de 1977 no se permitió que se presentasen los partidos republicanos. Manuel Azaña es un político citado múltiples veces desde el inicio de la democracia por líderes tanto del PSOE como del PP, pero lo cierto es que su partido no pudo presentarse en 1977, por lo que quedó apartado del origen de nuestro sistema político actual. De todos los partidos que llevaban en sus siglas la palabra república, solamente ERC logró concurrir a las elecciones de 1977, presentándose con el Partido de los Trabajadores de España. Esta prohibición se realizó para evitar precisamente que las elecciones pudieran convertirse en un plebiscito sobre la monarquía. Pero incluso más allá del debate sobre monarquía o república, ¿existe la posibilidad de una monarquía plurinacional que lidere ese nuevo pacto fundante? Para muchos autores, no, porque la monarquía borbónica estaría ligada indisolublemente al carácter centralista y uninacional del Estado. Hay muchos argumentos históricos que les apoyan. Para Herrero de Miñón, sin embargo, esto no es así, de hecho, él solo ve viable España a partir de la idea de la «España Grande» de Prat de la Riba fundada a partir del pacto con la Corona: «Esto es, lo que puede y debe ser la Monarquía plurinacional española». ²⁶ Nada es imposible, sobre todo teniendo en cuenta que, como demostró Juan Carlos I (cuando descubrió que mantener el franquismo era la forma más rápida de hacer desaparecer la propia monarquía y abrazó el camino hacia la democracia), el primer deber de todo monarca es garantizar la supervivencia de la monarquía; una supervivencia que, según prueba la historia europea, no dista de ser compleja. Pero que no sea imposible no quiere decir que sea probable. El futuro de la plurinacionalidad, sin la cual la Constitución difícilmente sobrevivirá, tiene más visos de ser republicana, y no de una sola república o Estado. Y esto nos lleva, finalmente, al problema de la ruptura y al del modelo de encaje de esa plurinacionalidad.

Se podrá tardar más o menos, años o incluso décadas, pero las alternativas solo serán tres: o bien un reformismo fuerte que tomará la forma de un nuevo pacto fundante (y que ahora mismo el sistema político no parece dispuesto a afrontar), o bien un proceso constituyente de tipo rupturista, o bien el crecimiento de las vías autoritarias, que afectará al conjunto del cuerpo social y no solo a una parte. Ciertamente, el ordenamiento jurídico actual no admite el retorno del poder constituyente (de hecho, ya admite bastante mal la propia reforma constitucional), pero este puede venir de muchas formas. La sola utilización del artículo 92 de la Constitución para celebrar un referéndum en toda España sobre la necesidad de acometer una reforma constitucional, a pesar del carácter no vinculante de ese referéndum para el orden jurídico actual, con una respuesta afirmativa ya haría saltar políticamente los candados que no permiten la reforma constitucional y abriría un proceso constituyente. La apertura de ese proceso conllevaría necesariamente pactar antes con Cataluña el reconocimiento de su propio proceso constituyente para ser viable y ello, más que probablemente, activaría otros procesos de carácter plurinacional. Y allí se abrirían dos vías: o la independencia, o el nuevo pacto fundante. Ese podría ser uno de los caminos posibles, pero en realidad sobre esto se puede escribir poco ya que el camino se hace al andar. No obstante, ¿qué modelo podría tomar ese nuevo pacto fundante para seguir un camino común? El problema no es de modelo territorial (o no esencialmente), pero sí es uno de sus aspectos. A pesar de la insistencia de muchos «federalistas» patrios, Miquel Caminal decía: «El federalismo territorial no sirve para la resolución de los conflictos nacionales y para la acomodación de las nacionalidades por la sencilla razón de que no fue pensado para eso». ²⁷ Sin embargo, sí que hay una conexión en la medida que el federalismo es el modelo que nace, no solo de la posibilidad, sino de la necesidad de la divisibilidad de la soberanía. Por ese motivo, es en el campo del federalismo plurinacional, asimétrico y pluralista donde podríamos encontrar una parte de las soluciones. Aunque esto parte de una primera opción fundante que no se puede negar si se quiere construir un proyecto realmente compartido: «El problema en sentido liberal, democrático y federal no es vivir juntos, sino que alguien desde fuera imponga la unidad. La posibilidad de separarse es un derecho fundamental para que la unidad sea posible y querida […]; los demoi anteceden al demos , no al revés». ²⁸ Fue precisamente esta certeza la que llevó al final de sus días a uno de los pensadores más importantes del federalismo en España, junto con Ramón Máiz o Francisco Caamaño, y resueltamente contrario a pensar una vida que no fuera en común con los distintos pueblos de España a escribir en «Trilogía federal: tres cartas de un federalista catalán»:

Así que la obligación de todo federalista es promover la unión en la diversidad, pero cuando esto no es posible, también asume el deber y el derecho a promover la secesión o independencia, aunque sea la última opción, cuando todas las demás han resultado baldías o imposibles […]. El catalanismo, en la hora actual, está asumiendo de forma preponderante la opción por la independencia de Cataluña y su separación del Estado español. Durante décadas se han defendido de forma mayoritaria las opciones autonomista y federalista dentro del Estado español, pero la cerrazón e intolerancia del nacionalismo español ha dejado sin futuro ni credibilidad estas tradiciones pactistas del catalanismo. Solo una rectificación radical y profunda en los planteamientos del nacionalismo español podría cambiar las cosas […]. No parece que vaya a suceder. En ese caso, la ruptura se hace inevitable y a la nación catalana, siempre abierta al acuerdo y convivencia con los demás pueblos hispánicos, no le queda más remedio que iniciar su propio camino, navegar por su cuenta y esperar que su voluntad de autodeterminación sea respetada y no ahogada por la fuerza. ²⁹

Estas palabras, escritas en 2013, son extremadamente significativas por quién las escribía, una persona que había trabajado toda su vida contra el escenario que ahora se planteaba ya como ineludible. Su esperanza de que el derecho a decidir no fuera ahogado por la fuerza no se cumplió, pero también es verdad que en Cataluña, por ahora, la voluntad de independencia todavía no es mayoritaria según cuentan las encuestas en términos absolutos. Aun así, la única manera real para cerciorarse de ello es votando. Además, lo que sí es mayoritario es el soberanismo, entendido, en este caso, como la voluntad de una comunidad política a decidir su propio futuro. En este sentido, la única solución que emerge en el horizonte solo puede ser federal o confederal. No obstante, como decía Valentí Almirall hace más de un siglo, y según hemos relatado ya en el capítulo segundo de este libro, el problema del «federalismo» hispano influyente políticamente que se autotitula como tal es que siempre escoge la peor versión posible de esta corriente, o, como mínimo, las más alejada para poder dar una solución federal a la plurinacionalidad. Ahora mismo, esto se concreta en una propuesta de federalismo «cooperativo», un concepto nacido en los años sesenta en Estados Unidos (aunque los mecanismos cooperativos reales habían nacido en los años treinta y se habían practicado hasta los sesenta: lo que vino luego sería más adecuado calificarlo de «coercitivo») y que hizo suyo la Administración Nixon. En este caso, su utilización iba más encaminada a producir más federación, es decir, un mayor control del Estado central, y menos federalismo, en la forma de menos soberanía de los estados federados. Haría fortuna también en la Alemania del mismo periodo a partir de la primera Große Koalition o gran coalición, entre la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y el Partido Socialdemócrata de Alemania (CDU y SPD), para producir, en un momento de fuerte conflictividad social y política, una centralización de carácter autoritario del poder y una «sociedad integrada». De hecho, a pesar del nombre, algunos autores hablan directamente de federalismo cooptativo. ³⁰ Esta opción se convirtió básicamente en sinónimo de recentralización del poder, que conllevó un incremento de tecnocracia, una falta absoluta de transparencia en cómo y quién tomaba las decisiones y una pérdida de democracia. Todo ello comportaría, a su vez, que a partir de la década de 1990 se fuera abandonando este modelo como referencia para volver al federalismo dualista en todas partes (a excepción de España, que, además, en realidad, por no ser, no era ni federalista). Pero a pesar de todo esto, precisamente en un país donde el problema radica en su carácter plurinacional, se pretende que la solución pase por técnicas de centralización de las decisiones, por muy «cooperativas» que sean estas técnicas.

El problema por solucionar no es otro que el de la plurinacionalidad, lo que significa generar modelos de encaje que no tomen la forma de intentos de ahogar las distintas realidades nacionales. Como afirmaba Caamaño: «Puede que durante años, como ha señalado Juan José Solozábal (2004), “la clave del éxito del sistema autonómico” haya sido “evitar los argumentos identitarios” en la delimitación de competencias. Pero no dudo, a la vista de la situación actual, que de aquel éxito vienen estos lodos». ³¹ Porque, como señala este mismo autor, al final, en esencia, la diferencia radical entre Gran Bretaña y Canadá (a partir, en este caso, de 2006) y España es que para las dos primeros, Quebec y Escocia son naciones, mientras que para España, Cataluña, el País Vasco y Galicia, no. Somos el único Estado del mundo que ha llegado a generar una forma de identidad que no es nacional, sino de «nacionalidad», ya que un 9,3 % de los españoles consideran que su territorio no es ni una región ni una nación, sino una nacionalidad (lástima que no se les preguntara inmediatamente después qué diferencia existía para ellos entre nacionalidad y nación). ³² Pero no debería ser tan extraño: la realidad plurinacional se ha intentado negar y subsumir en un debate de modelos territoriales cada vez más alejados de la fórmula originaria del Pacto de San Sebastián de 1930, analizada en el capítulo segundo de este libro. Tanto es así que algunos autores para nada sospechosos de soberanismo, como Muñoz Machado, reivindican que la solución actual pasa por el retorno a ese modelo originario:

Es preciso dar muchas vueltas a los problemas para concluir que la mejor forma de resolverlos ya estaba inventada […] se había acordado [en el Pacto de San Sebastián] que Cataluña se dotaría de su propia Constitución o Estatuto, que se aprobarían en referéndum y que regiría la forma de integración en el Estado […]. Esta idea originalísima para resolver las aspiraciones de autogobierno, que permitía una modernización del antiguo pactismo y restablecía formas de relación institucionales que recordaban más a la época austracista que la borbónica […]. En 1978 se repuso el modelo, pero ahora en peores condiciones. Una fórmula que había servido para expresar el derecho de autodeterminación interna de Cataluña se transformó, sin que nadie explicara las razones a que se debía el cambio, en un simple procedimiento formal para establecer en toda España una intensa descentralización política […]. El arreglo de la cuestión catalana exige recuperar la versión inicial del derecho de autodeterminación. ³³

Este modelo, que se define por la construcción desde la propia soberanía de la forma de relación que se quiere con el Estado compartido, no es recuperable sin un reconocimiento previo del carácter plurinacional del estado. ¿Se puede construir la nueva realidad desde un concepto de nación española pluralista? ³⁴ Eso es lo que defiende de forma admirable Ramón Máiz en su último libro, afirmando la reconstrucción del concepto y práctica de la nación y su acervo histórico y cultural desde requerimientos democráticos hasta convertirla en una realidad abierta y cambiante por ciudadanos con identidades múltiples. Creo sinceramente que este es el camino que debería tomar toda construcción nacional, pero también creo que en el caso que nos ocupa un Estado compartido no puede ser ya un Estado nación, por muy cívica que se quiera esa nación. Demasiados ejemplos de naciones «cívicas» que acabaron por ser culturalmente dominadoras acumulamos ya a nuestras espaldas como para no pedir una tregua en esto. España deberá ser plurinacional, y sus naciones, a su vez, multiculturales —incluyendo en esa multiculturalidad también a identidades nacionales diversas— con un Estado compartido también de carácter plurinacional, y no con una sola nación de referencia. Además, la articulación de esa plurinacionalidad debería ser confederal y republicana, de las diversas repúblicas que así se quieran, donde se respeten los demos propios. Así, por ejemplo, el Senado, una cámara que mil veces se ha dicho que se debe reformar pero sin nunca intentarlo, debería desaparecer y ser sustituido por una conferencia de presidentes de las diversas repúblicas. El modelo debería ser confederal en la preponderancia de los demos propios para decidir la incardinación en el proyecto conjunto, la capacidad de separarse y las relaciones con el Marco Europeo, así como federal en la articulación de un demos conjunto que se expresaría en una sola cámara compartida. En este sentido, el poder judicial (junto con el Ejército, el único poder que no ha sido descentralizado y, probablemente por ello, el máximo garante de la conservación del Estado central) debe ser también distribuido. Cada nación que conforme el Estado conjunto debe poder tener su propio sistema y poder judicial, donde, de la misma forma que los jueces de España se convierten en jueces del derecho comunitario cuando hace falta (no teniendo la UE un sistema judicial propio en cada uno de los Estados miembros), los jueces de cada sistema judicial hagan, asimismo, de jueces de la legislación conjunta generada en el Estado compartido. Finalmente, el Tribunal Constitucional debe tener una forma de elección también plurinacional, y actuar sobre casos particulares que puedan generar cuestiones de constitucionalidad abandonando el modelo de control previo de constitucionalidad, el cual solo se aplica en Austria y España (siendo Austria un país uninacional y España, no).

No obstante, para que ello sea posible, hay un valor que es absolutamente clave. En Comú Podem ganó las elecciones generales en Cataluña y se articuló de forma confederal, junto con compañeros y compañeras de toda España que habían protagonizado una de las historias más inauditas de la democracia, constituyendo la tercera fuerza política de España. Eso fue posible a partir de la vieja tríada republicana de libertad, igualdad y fraternidad. De esa tríada, la fraternidad no era un valor que expresase solo bondadosas intenciones: solo mediante ella era posible construir la libertad y la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas y de los diversos pueblos del Estado. Difícilmente haya construcción social avanzada y democracia real si no es plurinacional. La negación de este último componente significa la debilidad de mayorías progresistas (incluso, finalmente, la pérdida de su carácter de posible mayoría) y el aumento del poder de los componentes coercitivos del Estado frente a su carácter democrático. A pesar de que se hayan escrito ríos de tinta afirmando que la izquierda debe alejarse de los debates nacionales, es justo cuando lo hace en un país como este que imposibilita la consumación de su propio proyecto. Escribía Caamaño en 2014, justo antes de que apareciéramos como proyecto político: «Hay valiosas piezas aprovechables —en nuestro pasado reciente— que solo requieren ser encajadas en un discurso político de nuevo cuño, que incorpore con fuerza a la arena pública la clásica y un tanto olvidada noción de “fraternidad”, como ligazón entre los diversos pueblos de España. Para ello, se necesitan cambios culturales profundos que, evidentemente, desbordan las limitadas capacidades de lo jurídico». ³⁵ Sin ello, todo lo demás es imposible.

La situación a la que hemos llegado es sumamente compleja; podríamos ante ella retirarnos y resguardarnos detrás del 78, pero eso no es una opción. El cambio y la inestabilidad han venido para quedarse; la diferencia radicará en si actuamos para dar forma a este cambio en un sentido de libertades democráticas, igualdades materiales y fraternidades plurinacionales o, por el contrario, nos dejamos arrastrar por él mientras mantenemos una suerte de melancolía por un pasado que nunca fue tan bueno como nos lo presentan y un lamento hacia un futuro que solo sabemos analizar en clave de «irracionalidad». En otro momento de reacciones y revoluciones, Pi i Margall decía:

Sin ninguna sombra de miedo me acojo a este procedimiento que se cree tan lleno de peligros. Y a pesar de que los tuviese, no por ello lo abandonaría. Que no es racional admitir los principios sin sus consecuencias, y si por los peligros que su realización comporta tuviésemos que abandonarlos, no se realizaría ninguno en el mundo. Lo extraño es que estos vacilantes federales ven peligros en el principio mismo. ³⁶

En 2019, una vez emitida la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes sociales y políticos del procés en Cataluña, Carlos Lesmes inauguraba el año judicial militar ante la fiscal general del Estado, María José Segarra, y la cúpula del Ejército criticando a los que protestaban contra la sentencia. Ellos, según él, «cegados por la irracionalidad», atacaban «la democracia española», y, parafraseando a Séneca, recordaba: «[En] un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo acaba hundido en el abismo […]. Solo hay un objetivo claro: la defensa de nuestra Constitución de 1978». Lesmes también propugnaba la necesidad de defender el «alma del Estado», cada uno desde la posición que ocupe en «el engranaje del Estado». Cabe decir que la «insolencia» hacía referencia a la protesta contra la sentencia, algo que está amparado en el derecho a protesta, pero, más allá de esto, era una intervención netamente política de defensa del Estado desde una ideología de Estado. Esa ideología nació en los albores del Estado liberal centralista y monárquico, allá por los años treinta del siglo XIX , y sigue tan presente como presente está la importancia de construir una alternativa republicana, igualitaria y confederal para cambiar la naturaleza de este Estado que es, en sí mismo, el problema.

Notas

1 . Rosa Luxemburg, Cartas a Karl y Luise Kautsky , Galba, Barcelona, 1970, p. 203.

2 . Xavier Domènech, Àngels Barceló y Joan Tardà, Entre Ítaca e Icaria , Roca Libros, Barcelona, 2019.

3 . Rosa Luxemburg, op. cit ., p. 72.

1 . Eric J. Hobsbawm, Los ecos de la Marsellesa , Crítica, Barcelona, 1992, p. 54.

2 . En un proceso que no parece ser solo español, sino también europeo, véase: Josep Fontana, Capitalismo y democracia, 1756-1848 , Crítica, Barcelona, 2019.

3 . Karl Marx, «Revoluciones españolas», New York Tribune , 9 de septiembre de 1854, en Karl Marx y Friedrich Engels, Escritos sobre España , Trotta, Madrid, 1998, p. 104.

4 . Los primeros demócratas fueron también los primeros introductores de las nuevas corrientes socialistas y comunistas en España a finales de los años treinta y cuarenta del siglo XIX . Ellos mismos se definirán según estas corrientes, a pesar de que la mayor parte de las veces situarán los objetivos comunistas y socialistas al final del mismo proceso de cambio democrático y no al principio. Posteriormente, la conjunción de estos grupos con otros desgajados del progresismo llevará a la creación, en 1849, del Partido Demócrata, pero la vertiente socialista y comunista pervivirá y evolucionará hasta la fundación, en 1868, del Partido Republicano Federal. A este respecto, véase: Jordi Maluquer de Motes, El socialismo en España 1833-1868 , Crítica, Barcelona, 1977; Josep Soler i Vidal, Abdó Terrades. Primer apòstol de la democràcia catalana (1812-1856) , La Magrana, Barcelona, 1983; Jaume Guillamet, Abdón Terradas. Primer dirigent republicà, periodista i alcalde de Figueres , Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres, 2000; Antonio Eiras Roel, El Partido Demócrata español 1849-1873 , Ediciones 19, Madrid, 2015; Carmen Pérez Roldán, El Partido Republicano Federal (1864-1874) , Endymion, Madrid, 2001; Florencia Peyrou, Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II , Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.

5 . Anna Maria García Rovira, «Ramón Xaudaró, el Marat barcelonès», en Manuel Pérez Ledesma e Isabel Burdiel, eds., Liberales eminentes , Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 125-156.

6 . Ramon Xaudaró, Bases d’une constitution politique, ou Principes fondamentaux d’un système républicain , F. Chapolaud, Limoges, 1832. Hay una versión de esta obra en castellano, pero lamentablemente para nuestra política patrimonial la de acceso más fácil es en francés. Las traducciones son mías.

7 . Iris Zavala, Masones, comuneros y carbonarios , Siglo XXI, Madrid, 1971, pp. 171, 172 y 323-327.

8 . Jordi Maluquer de Motes, op. cit ., p. 243.

9 . Irene Castells, «La Revolución Francesa: jacobinos y jacobinismo», pp. 31-33, en Lluís Roura e Irene Castells, eds., Revolución y democracia. El jacobinismo europeo , Ediciones del Orto, Madrid, 1995, pp. 1-40; Jacques Guilhaumou, Marseille républicaine , Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, París, 1992.

10 . Archivo del Congreso de Diputados, Sección General, Proyecto de Constitución Federal de la República Española , 1873, legajo 177, n.º 239.

11 . Irene Castells, La utopía insurreccional del liberalismo , Crítica, Barcelona, 1989.

12 . Ambas citas se pueden encontrar en Borja de Riquer, Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal , Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 73-74.

13 . Véase: José Luis Villacañas, «Una propuesta federal para la Constitución de Cádiz: el proyecto de Flórez Estrada», en Manuel Chust e Ivana Frasquet, La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América , Biblioteca Valenciana, Valencia, 2004, pp. 77-92.

14 . Citado por Francisco Caamaño, Democracia federal , Ediciones Turpial, Madrid, p. 30.

15 . Manel Risques, L’Estat a Barcelona , Editorial Base, Barcelona, 2008, p. 11.

16 . Para estas primeras formulaciones federales y el patriotismo territorial, véase: Juan J. Trías y Antonio Elorza, Federalismo y reforma social en España (1840-1870) , Hora H, Madrid, 1975, pp. 78-79.

17 . Ramon Xaudaró, op. cit ., p. 38.

18 . Abdó Terradas, «Defensa del federalismo», El Huracán , n.º 150, 14 de diciembre de 1840.

19 . Para este proceso revolucionario, todavía insuficientemente investigado, véase: Josep Fontana, La revolució liberal a Catalunya , Eumo, Vic, 2000; Josep Soler i Vidal, op. cit .

20 . Josep Fontana, La época del liberalismo , Crítica, Barcelona, 2007, p. 204.

21 . Citado en Jordi Solé Tura y Eliseo Aja, Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936) , Siglo XXI, Madrid, 2009, p. 46.

22 . A este respecto, en el caso del primer constitucionalismo liberal español, véase: Xavier Arbós, La idea de nació en el primer constitucionalisme espanyol , Curial, Barcelona, 1986.

23 . Valentí Almirall, Lo catalanisme , Llibreria de Verdaguer, Barcelona, 1886.

24 . Josep Fontana, La construcció de la identitat , Editorial Base, Barcelona, 2005, pp. 11-12.

25 . Francesc Pi i Margall, Les nacionalitats. Escrits i discursos sobre federalisme , Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2010, p. 187. En adelante, todas las citas traducidas al castellano de este texto son mías.

26 . Benedict Anderson, Comunitats imaginades , Editorial Afers, Valencia, 2005.

27 . Para la cita de Voltaire y las transformaciones en el modo de entender la nación, véase: Ferran Archilés, «Absència i persistencia. L’estudi de la nació i el nacionalisme», en Ferran Archilés, ed., La persistència de la nació , Editorial Afers, Valencia, 2014, pp. 9-43.

28 . Josep Maria Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida , Marcial Pons, Madrid, 2003.

29 . Sobre esto, véase: Borja de Riquer, op. cit .; José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX , Taurus, Madrid, 2001; Xosé Manoel Núñez Seixas, Suspiros de España. El nacionalismo español 1808-2018 , Crítica, Barcelona, 2018.

30 . Francesc Pi i Margall, op. cit ., p. 355.

31 . Joan Baptista Guardiola, «De la centralización», Diario de Barcelona , n.º 257, 14 de septiembre de 1854.

32 . Véase, por ejemplo: Henry Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces , Temas de Hoy, Madrid, 2000.

33 . Eva Serra, La formació de la Catalunya moderna (1640-1714) , Eumo, Barcelona-Vic, 2018.

34 . Para esto, véase: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Derechos históricos y Constitución , Taurus, Madrid, 1998, pp. 297-313.

35 . Citado en: Joseba Agirreazkuenaga, «Las oportunidades de construcción del Estado liberal español: la España foral», Ayer , n.º 35, 1999, pp. 120-146. Véase sobre este tema también: Luis Castells y Arturo Cajal, eds., La autonomía vasca en España (1808 -2008) , Marcial Pons, Madrid, 2009.

36 . Véase: Angel Smith, Los orígenes del nacionalismo catalán, 1770-1898 , Marcial Pons, Madrid, 2019, p. 31; Santiago Muñoz Machado, Cataluña y las demás Españas , Crítica, Barcelona, 2014, pp. 62-69.

37 . Borja de Riquer, op. cit ., p. 82.

38 . Carmen Pérez Roldán, op. cit ., p. 43.

39 . Fernando Garrido, La federación y el socialismo , Editorial Mateu, Barcelona, 1970, pp. 49-106.

40 . Karl Marx y Friedrich Engels, op. cit ., p. 250.

41 . A este respecto, véase: Bernard Bailyn, Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana , Tecnos, Madrid, 2012, p. 67.

42 . Francesc Pi i Margall, La reacción y la revolución , Anthropos, Barcelona, 1982, p. 65.

43 . Ibid ., pp. 248-249.

44 . Citado en Ramón Máiz, «Estudi introductori: federalisme, republicanisme i socialisme en Pi i Margall», en Francesc Pi i Margall, Les nacionalitats..., op. cit ., pp. 11-84.

45 . Ibid ., p. 56.

46 . Francesc Pi i Margall, Les nacionalitats ..., op. cit ., p. 357.

47 . Ibid ., p. 349.

48 . Ibid ., p. 299.

49 . Ibid ., p. 304.

50 . Ibid ., p. 306.

51 . Pierre-Joseph Proudhon, El principi federatiu i altres textos , Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2012.

52 . Francesc Pi i Margall, Les nacionalitats ..., op. cit ., p. 312.

53 . Ibid ., p. 306.

54 . Ibid ., pp. 377-379.

55 . Citado en George Lichtheim, Los orígenes del socialismo , Anagrama, Barcelona, 1970, p. 71. Sobre Blanqui y el blanquismo en castellano, véase: Samuel Bernstein, Blanqui y el blanquismo , Siglo XXI, Madrid, 2016.

56 . Francesc Pi i Margall, Les nacionalitats ..., op. cit ., p. 169.

57 . Durante ese periodo, Valentí Almirall, apuntando a evitar la anarquía, afirmaría: «Creemos que las Cortes tienen que establecer antes que nada el pacto federal y después declarar a los Estados independientes en aquello que no los ligue a ese pacto». Sobre ello, véase: Valentí Almirall, «Bases per a la Constitució Federal de la Nació Espanyola i per a l’Estat de Catalunya», p. 65, en Valentí Almirall, Antologia de textos , Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2011, pp. 45-70.

1 . Citado en Borja de Riquer, op. cit ., p. 94.

2 . Xosé Manoel Núñez Seixas, op. cit ., pp. 50-53.

3 . Manel Risques, op. cit ., p. 59.

4 . Josep Maria Fradera, op. cit .; Joan Lluís Marfany, Nacionalisme espanyol i catalanitat. Cap a una revisió de la Renaixença , Edicions 62, Barcelona, 2017.

5 . Valentí Almirall, Lo catalanisme , op. cit ., p. 198.

6 . Ibid ., p. 199.

7 . Ibid ., pp. 158-160; Enric Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán , Edhasa, Barcelona, 2003, pp. 96-97.

8 . Valentí Almirall, Lo catalanisme , op. cit ., pp. 275-276.

9 . Ibid ., p. 330.

10 . Ibid ., p. 276.

11 . Ibid ., p. 332.

12 . Valentí Almirall, «La Confederació Suïssa i la Unió Americana. Estudi polític comparatiu», pp. 222-223, en Valentí Almirall, Antologia de textos , op. cit ., pp. 121-282.

13 . Valentí Almirall, Lo catalanisme , op. cit ., p. 214.

14 . Ibid ., pp. 327-328.

15 . Valentí Almirall, «Pròleg de Valentí Almirall a l’edició castellana de 1902 de Lo catalanisme », en V. Almirall, Antologia de textos , op. cit ., pp. 631-634.

16 . Francesc Pi i Margall, «Los catalanistas y los federales», El Nuevo Régimen. Semanario Federal , 10 de agosto de 1901.

17 . Francesc Pi i Margall, «El regionalismo», El Nuevo Régimen. Semanario Federal , 15 de junio de 1901.

18 . Francesc Pi i Margall, «Los catalanistas y los federales», El Nuevo Régimen. Semanario Federal , 10 de agosto de 1901.

19 . Citado, en un libro básico para entender el fenómeno lerrouxista y su compleja relación con el catalanismo, en Joan B. Culla, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1903) , Curial, Barcelona, 1986, p. 197.

20 . Ferran Archilés, op. cit ., p. 38.

21 . Javier Corcuera Atienza, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco. 1876-1904 , Siglo XXI, Madrid, 1979, p. 194.

22 . Los dos principales trabajos actuales sobre el galleguismo son a mi parecer: Justo G. Beramendi, De Provincia a nación. Historia do galeguismo político , Xerais, Vigo, 2007, y Ramón Villares, Galicia. Una nación entre dos mundos, Pasado y Presente, Barcelona, 2019.

23 . Justo G. Beramendi, «Proyectos gallegos para la articulación política de España», Ayer , n.º 35, 1999, pp. 147-169. Véase también: Justo G. Beramendi, El nacionalismo gallego , Arco, Madrid, 1997.

24 . Vicente Martínez Risco, Teoría do nacionalismo galego , Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 2000.

25 . Salvador Cruz Artacho, Andalucía en el laberinto español , Junta de Andalucía, Sevilla, 2017, pp. 46-48.

26 . Blas Infante, Ideal andaluz. Varios estudios acerca del Renacimiento de Andalucía , Fundación Blas Infante, Sevilla, 2015.

27 . Salvador Cruz Artacho, op. cit ., p. 163.

28 . Ibid ., pp. 199-200.

29 . Tesis central para la innovación de los estudios sobre las realidades nacionales en España, desarrollada por Borja de Riquer en varios trabajos y asumida, a pesar de las críticas iniciales y posteriores, como una perspectiva fundamental. En este sentido, véase: Borja de Riquer, «La débil nacionalización española en el siglo XIX », Historia Social , n.º 29, 1994; José Álvarez Junco, op. cit .

30 . Manuel Martí y Ferran Archilés, «La construcción de la nación española durante el siglo XIX : logros y límites de la asimilación en el caso valenciano», Ayer , n.º 35, 1999, pp. 171-190.

31 . Victoria Camps, Joan Botella y Francesc Trillas, ¿Qué es el federalismo ?, Catarata, Madrid, 2016, p. 25.

32 . Andrés de Blas Guerrero, «Azaña y la cuestión nacional-regional», p. 159, en Alicia Alted, Ángeles Egido y María Fernanda Mancebo, eds., Manuel Azaña: pensamiento y acción , Alianza Universidad, Madrid, 1996, pp. 156-166.

33 . Base segunda del proyecto. Se puede consultar íntegramente en José Antonio González Casanova, Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938). Documents , Curial, Barcelona, 1974, pp. 581-588.

34 . «Llegan a un acuerdo en San Sebastián», El Sol , 19 de agosto de 1930.

35 . «Las izquierdas españolas», La Vanguardia , 19 de agosto de 1930.

36 . «Unes manifestacions de Manuel Carrasco», La Publicitat , 19 de agosto de 1930. La traducción es mía.

37 . «Comunicat de la primera sessió de l’Assemblea de Catalunya», 7 de noviembre de 1971. Documento reproducido en Josep Maria Colomer, Assemblea de Catalunya , L’Avenç, Barcelona, 1976, pp. 119-121.

38 . Citado en Josep M. Roig i Rosich, L’Estatut de Catalunya a les Corts Constituents , Curial, Barcelona, 1978, p. 34.

39 . Francesc Macià, «Discurs a l’Assemblea de Parlamentaris catalans», reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial de la Segunda República española , Athenaica, Sevilla, 2016, pp. 99-104.

40 . Amadeu Hurtado, Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps 1894-1936 , Edicions 62, Barcelona, 2011, p. 80.

41 . Proyecto de Estatuto de Cataluña, aprobado por la Diputación provisional de la Generalitat de Cataluña en la sesión de 14 de julio de 1931 y presentado a las Cortes por el señor presidente del Consejo de Ministros. Reproducido en Joaquín Tornos Mas, Los Estatutos de Autonomía de Cataluña , Iustel, Madrid, 2007, pp. 169-179.

42 . Ibid .

43 . Ibid .

44 . Ibid .

45 . Discurso de Luis Jiménez de Asúa en las Cortes constituyentes del 27 de agosto de 1931. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, op. cit ., pp. 111-118.

46 . Discurso de Ángel Ossorio y Gallardo en las Cortes constituyentes del 26 de mayo de 1932. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, op. cit ., pp. 223-244.

47 . Discurso de Luis Jiménez de Asúa en las Cortes constituyentes del 27 de agosto de 1931. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, op. cit ., pp. 111-118.

48 . Adolfo González-Posada, La nouvelle constitution espagnole. Le régime constitutionnel en Espagne , Librairie du Recueil Sirey, París, 1932, p. 67. Reproducido y traducido en Daniel Guerra Sesma, op. cit ., pp. 65-72.

49 . Ibid ., p. 70.

50 . Ibid .

51 . Solo en el caso del nacionalismo vasco de carácter foralista no se dio esa defensa del modelo federal. En este sentido, el PNV en las Cortes constituyentes formó grupo parlamentario con el tradicionalismo navarro.

52 . A este respecto, véase: Daniel Guerra Sesma, «El socialismo: las dudas históricas sobre la cuestión territorial española», en Jorge Cagiao y Conde, ed., Desde los márgenes. Culturas políticas de izquierda en la España contemporánea , Comares, Granada, 2018, pp. 87-122.

53 . Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 33-34.

54 . Alfonso Castelao, Sempre en Galiza , Edición As Burgas, Buenos Aires, 1944, p. 391. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 378-394.

55 . Discurso de Luis Jiménez de Asúa en las Cortes constituyentes del 27 de agosto de 1931. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 111-118.

56 . Citado en Antonio Royo Villanova, La Constitución española de 9 de diciembre de 1931: con glosas jurídicas y apostillas , Castellana, Valladolid, 1934, p. 129.

57 . Discurso de Ángel Ossorio y Gallardo en las Cortes constituyentes del 16 de mayo de 1932. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 223-244.

58 . Citado en Joaquín Tornos Mas, op. cit ., p. 29.

59 . Discurso de Niceto Alcalá-Zamora en las Cortes constituyentes del 23 de septiembre de 1931. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 139-157.

60 . Ibid ., p. 141.

61 . Ibid ., p. 157.

62 . Discurso de Felipe Sánchez-Román en las Cortes constituyentes del 25 de septiembre de 1931. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 159-171.

63 . Discurso de Ángel Ossorio y Gallardo en las Cortes constituyentes del 16 de mayo de 1932. Reproducido en: Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 223-244.

64 . Discurso de Felipe Sánchez-Román en las Cortes constituyentes del 25 de septiembre de 1931. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 159-171.

65 . Ibid ., p. 171.

66 . Esta formulación, que hacía emanar el poder de la Generalitat del propio pueblo de Cataluña, fue finalmente eliminada. Se incluyó de nuevo, y en este caso se mantuvo, en el Estatut de 1979, incorporando en el trámite en el Congreso, como fuente de ese poder, la propia Constitución y el Estatut. Formulación que se hizo incluso más fuerte en el Estatut de 2006, en el que se recuperó el pueblo de Cataluña como única fuente de poder de la Generalitat ejercido, en todo caso, de acuerdo con el propio Estatut y la Constitución.

67 . Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., p. 43.

68 . El mismo García de Enterría se ocupó del debate entre Azaña y Ortega y Gasset, que cuenta con varias publicaciones, entre ellas: Eduardo García de Enterría, ed., Sobre la autonomía política de Cataluña , Tecnos, Madrid, 2006. Sobre la influencia de García de Enterría tanto en la Unión de Centro Democrático como en el PSOE en la configuración del Estado de las Autonomías, entendido este como el café para todos y último legado de Ortega y Gasset hasta mutar, el mismo concepto de autonomía, al de la España actual, véase: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, op. cit ., pp. 59-62.

69 . Discurso de José Ortega y Gasset en las Cortes constituyentes del 13 de mayo de 1932. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 172-196.

70 . Ibid ., p. 178.

71 . Ibid ., p. 180.

72 . Ibid ., p. 184.

73 . Ibid ., p. 185.

74 . Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (DSCC), «Intervención de Amadeu Hurtado», n.º 169, 20 de mayo de 1932.

75 . Ibid .

76 . Ibid .

77 . Ibid .

78 . Ibid .

79 . Ibid .

80 . Discurso de Manuel Azaña en las Cortes constituyentes del 27 de mayo de 1932. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 245-307.

81 . Ibid ., p. 252.

82 . Ibid ., p. 255.

83 . Ibid ., p. 257.

84 . Ibid ., p. 263.

85 . Ibid ., pp. 266-267.

86 . Ibid ., p. 268.

87 . Ibid .

88 . Amadeu Hurtado, op. cit ., p. 684.

89 . Discurso de Manuel Azaña en las Cortes constituyentes del 27 de mayo de 1932. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 245-307.

90 . Ibid ., pp. 304-305.

91 . Discurso de Niceto Alcalá-Zamora en las Cortes constituyentes del 23 de septiembre de 1931. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 139-157.

92 . Ángel Ossorio y Gallardo, Vida y sacrificio de Companys , Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 133.

93 . Salvador Cruz Artacho, op. cit ., p. 238.

94 . José Antonio Aguirre, «Los derechos de Euzkadi a su independencia», San Sebastián, 1932. Reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 337-362.

95 . Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., p. 50.

96 . Andrés de Blas Guerrero, op. cit ., p. 165.

97 . Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., p. 52.

98 . Ibid ., p. 53.

99 . Véase: Ricard Vinyes, La Catalunya internacional. El frontpopulisme en l’exemple català , Curial, Barcelona, 1983, pp. 94-138.

1 . Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos , El Viejo Topo, Barcelona, 2019, p. 125.

2 . Para esto y, en general, para las referencias a los movimientos sociales, el antifranquismo, el periodo franquista y la Transición, véase: Xavier Domènech, Luchas de clases, dictadura y democracia (1939-1977) , Icaria, Barcelona, 2012.

3 . Ferran Archilés, «Una improvisada pervivencia: la Constitución de 1978 y la idea de nación española», p. 21, en Ferran Archilés e Ismael Saz, eds., Naciones y Estado , PUV, Valencia, 2014, pp. 15-50.

4 . Justo G. Beramendi, «Proyectos gallegos…», op. cit ., p. 163; Justo G. Beramendi, El nacionalismo , op. cit ., pp. 63-71.

5 . Salvador Cruz Artacho, op. cit ., pp. 249-270.

6 . Ander Gurrutxaga, Del PNV a ETA. La transformación del nacionalismo vasco , Haranburu, San Sebastián, 1996, p. 25; Gurutz Jáuregui, Ideología y estrategia política de ETA , Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 239-248.

7 . Antonio Canales Serrano, «El relato mítico sobre el franquismo de la historiografía católico-catalanista », comunicación presentada en el V Encuentro de investigadores del franquismo, Albacete, 2003; Jordi Font, «¡Arriba el campo!»: primer franquisme i actituds polítiques en l’àmbit rural nord-català , Diputació de Girona, Girona, 2001.

8 . La formulación más clara de esta posición: Fernando Valls Taberner, «La falsa ruta», La Vanguardia , 15 de febrero de 1939.

9 . Carles Santacana, El franquisme i els catalans , Afers, Barcelona, 2000, p. 79.

10 . Ander Gurrutxaga, El código nacionalista vasco durante el franquismo , Anthropos, Barcelona, 1985.

11 . Gurutz Jáuregui, op. cit .

12 . Diego Díaz Alonso, Disputar las banderas. Los comunistas, España y las cuestiones nacionales (1921-1982) , Ediciones Trea, Gijón, 2019, pp. 229-266.

13 . José Manoel Núñez Seixas, op. cit ., p. 83.

14 . Ferran Archilés e Ismael Saz, eds., op. cit ., pp. 25-26. En general, para la postura socialista ante el tema nacional y territorial, véase: Vega Rodríguez-Flores, «Entre el carnaval y la cuaresma. El PSOE y la “racionalización” autonómica (1978-1980)», inédito, 2019; Vega Rodríguez-Flores, Nación española y Estado autonómico en el Partido Socialista Obrero Español , tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2017. Agradezco a la autora la posibilidad de acceder a la lectura de estos textos.

15 . Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, op. cit ., pp. 61-62.

16 . Eduardo García de Enterría, «El problema regional», El País , 21-26 de septiembre de 1976.

17 . Citado en Santiago Muñoz Machado, op. cit ., p. 107.

18 . Alfonso Castelao, op. cit .

19 . Carme Molinero y Pere Ysàs, La cuestión catalana , Crítica, Barcelona, 2014, p. 314.

20 . Contamos ya con algunos títulos importantes de historia del Estado, pero en aquello que se refiera al origen, valores e ideología de su personal técnico , sobre todo cuando este fue reclutado bajo el franquismo, nos queda mucho camino por andar. Véase: Enrique Orduña Rebollo, Historia del Estado español , Marcial Pons, Madrid, 2015; Juan Pro, La construcción del Estado en España , Alianza, Madrid, 2019; Laura Román Masedo, Funcionarios y función pública en la transición española , Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997.

21 . Reproducido en David Ballester y Manel Risques, Temps d’amnistia , Edicions 62, Barcelona, 2001, p. 89.

22 . Antoni Batista y Josep Playà, La gran conspiració , Empúries, Barcelona, 1991, p. 236.

23 . ANC (fondo del PSUC), Un paso decisivo hacia la democracia. Intervención de Gregorio López Raimundo, en torno a la huelga general de Sabadell, en una reunión de dirigentes del PSUC en Sabadell , CE del PSUC, 1976, caja 9.

24 . Ferran Archilés e Ismael Saz, eds., op. cit ., p. 34.

25 . Anselmo Carretero, Las nacionalidades españolas , Hyspamérica, San Sebastián, 1977.

26 . Walt Whitman, Hojas de hierba , Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017, p. 1413.

27 . Gregorio Peces-Barba, Discursos parlamentarios de Gregorio Peces-Barba Martínez , Cortes Generales, Madrid, 2014.

28 . Ferran Archilés e Ismael Saz, eds., op. cit ., p. 43.

29 . Anselmo Carretero, op. cit .

30 . Jordi Solé Tura, «La qüestió de l’Estat i el concepte de nacionalitat», Taula de canvi , n.º 1, 1976.

31 . Rafael Ribó, «Les nacionalitats al Projecte de Constitució», Treball , 4 de agosto de 1978.

32 . Citado en Carme Molinero y Pere Ysàs, op. cit ., p. 222.

33 . Laura Cappuccio, «Los modelos de articulación territorial de los poderes públicos», pp. 98-99, en Jorge Cagiao y Conde et al ., coords., El encaje constitucional del derecho a decidir , La Catarata, Madrid, 2016, pp. 82-109.

34 . Diario de Sesiones (DS), 4 de julio de 1978, p. 3809.

35 . Antonio Rivera, «La transición en el País Vasco: un caso particular», p. 87, en Javier Ugarte, ed., La transición en el País Vasco y España , UPV, Guipúzcoa, 1998, pp. 79-92. Sobre el tema de la violencia, véase: Pau Casanellas, Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977 , La Catarata, Madrid, 2014.

36 . Antonio Rivera, op. cit ., p. 82; John Sullivan, El nacionalismo vasco radical 1959-1986 , Alianza Universidad, Madrid, 1988, p. 251.

37 . Luis Castells y Arturo Cajal, eds., op. cit ., p. 324; Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodríguez Ranz, El péndulo patriótico , vol. II, Crítica, Barcelona, 2001, pp. 333-334.

38 . Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodríguez Ranz, op. cit ., p. 391.

39 . John Sullivan, op. cit ., pp. 180-181.

40 . Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodríguez Ranz, op. cit ., pp. 342-344.

41 . Javier Corcuera Atienza, «El momento constituyente y la elaboración del Estatuto de Guernica», p. 326, en Luis Castells y Arturo Cajal, eds., op. cit ., pp. 323-344.

42 . Manuel Alcaraz Ramos, «Construcción y decadencia del Estado autonómico», pp. 57-58, en Ferran Archilés e Ismael Saz, eds., op. cit ., pp. 51-88. Para el conjunto de intervenciones sobre esta temática en el Congreso de Francisco Letamendia, ver: Francisco Letamendia, Denuncia en el parlamento, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1978.

43 . Vega Rodríguez-Flores, Nación española… , op. cit ., pp. 27-45.

44 . Jordi Solé Tura, Nacionalidades… , pp. 171-193.

45 . Carme Molinero y Pere Ysàs, op. cit ., p. 249.

46 . Javier Corcuera Atienza, «El momento constituyente…», op. cit ., p. 335.

47 . Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodríguez Ranz, op. cit ., pp. 360-361.

48 . Ibid ., p. 363.

49 . Xabier Arzalluz, Así fue , Foca, Madrid, 2005, p. 175.

50 . Antonio Rivera, op. cit ., p. 87.

51 . Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodríguez Ranz, op. cit ., p. 351.

52 . Ibid ., p. 376.

53 . Javier Corcuera Atienza, «El momento constituyente…», op. cit ., p. 341.

54 . Ibid ., p. 342.

55 . Ibid ., pp. 335-340.

56 . Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, op. cit ., p. 305.

57 . Vega Rodríguez-Flores, Nación española… , op. cit ., p. 259.

58 . Ferran Archilés e Ismael Saz, eds., op. cit ., p. 45.

59 . Justo G. Beramendi, A autonomía de Galicia , Cuadernos Museo do Pobo Galego, Santiago, 2005, p. 99.

60 . Vega Rodríguez-Flores, «Entre el carnaval…»; Manuel Clavero Arévalo, España desde el centralismo a las autonomías , Planeta, Barcelona, 1983, pp. 120-121; Justo G. Beramendi, A autonomía… , op. cit ., pp. 95-106.

61 . Xavier Domènech, Lucha de clases …, op. cit ., pp. 17-100.

62 . Salvador Cruz Artacho, op. cit ., pp. 283-290; Alfonso Martínez Foronda, coord., La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía , FES, Cádiz, 2005; Marcial Sánchez Mosquera, Del miedo genético a la protesta , FES, Sevilla, 2008.

63 . Manuel Clavero Arévalo, op. cit ., pp. 121-147.

64 . Salvador Cruz Artacho, op. cit ., p. 342.

65 . Vega Rodríguez-Flores, «Fer país»: comunismo valenciano y problema nacional (1970-1982) , Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2018, pp. 276-278.

66 . Jordi Solé Tura, Nacionalidades ..., op. cit ., pp. 118-119.

67 . Francisco Caamaño, op. cit ., p. 268.

1 . Sobre esta crisis de carácter orgánico, véase: Xavier Domènech, Hegemonías. Crisis, movimientos de resistencia y procesos políticos (2010-2013) , Akal, Madrid, 2014.

2 . «La dignidad de Catalunya», La Vanguardia , 26 de noviembre de 2009. Las cursivas son mías.

3 . Para todo esto, de la mano de uno de los máximos expertos en el desarrollo del Estado autonómico y que lo ha definido como un Estado federal con hechos diferenciales, véase: Eliseo Aja, Estado autonómico y reforma federal , Alianza Editorial, Madrid, 2014.

4 . Ibid ., p. 164.

5 . A este respecto, véase: Xavier Domènech, «Entre el poder y la sociedad», en: Ricard Vinyes, El Estado y la memoria , RBA, Barcelona, 2009, pp. 425-440.

6 . Santiago Muñoz Machado, op. cit ., p. 145.

7 . Carles Viver Pi-Sunyer, «Efectos jurídicos de la sentencia del Estatut», El País , 20 de julio de 2010.

8 . Javier Pérez Royo, «El Tribunal Constitucional dio un golpe de Estado en Cataluña», El Confidencial, 30 de mayo de 2019.

9 . Edouard Lambert, El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en los Estados Unidos , Tecnos, Madrid, 2010, p. 21.

10 . Francisco Caamaño, op. cit ., p. 29.

11 . Santiago Muñoz Machado, op. cit ., p. 29.

12 . Ibid ., p. 113.

13 . Eduardo García de Enterría, Sobre la autonomía ..., op. cit ., pp. 24-25.

14 . Discurso de Manuel Azaña en las Cortes constituyentes del 27 de mayo de 1932, pp. 249-250, reproducido en Daniel Guerra Sesma, El pensamiento territorial… , op. cit ., pp. 266-267.

15 . Francesc de Carreras, «Domènech y la claridad», El País , 8 de noviembre de 2016.

16 . Bernard Bailyn, op. cit ., pp. 201-230.

17 . Ibid ., pp. 224-225.

18 . Para esto, véase: Miquel Caminal, Democràcia i plurinacionalitat , La Magrana, Barcelona, 2017, p. 63.

19 . Jacques Delors, «Sí, somos europeos», El País , 26 de octubre de 2016.

20 . Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte , Ariel, Barcelona, 1968, pp. 12-15.

21 . Hans Kelsen, «La transformación del concepto de soberanía», p. 38, DPU , n.º 58, 2014, pp. 32-42.

22 . Miquel Iceta, La tercera vía , La Catarata, Madrid, 2017, pp. 26 y 36.

23 . Andrés Boix Palop, «La rigidez del marco constitucional español respecto al reparto territorial del poder y el proceso catalán de desconexión», p. 22, en Jorge Cagiao y Conde et. al ., coords., op. cit ., pp. 11-63.

24 . Laura Cappuccio, op. cit ., pp. 104-105.

25 . Josu de Miguel y Javier Tajadura, Kelsen versus Schmitt , Escolar y Mayo Editores, Madrid, 2018, p. 42.

26 . Hans Kelsen, op. cit ., p. 41. La cursiva es mía.

27 . CEO, «Enquesta sobre context polític a Catalunya», enero de 2018.

28 . Ramón Máiz, op. cit ., pp. 66-67.

29 . Ramón Máiz, Nacionalismo y federalismo , Siglo XXI, Madrid, 2018; Daniel J. Elazar, Anàlisi del federalisme i altres textos , Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2011; Miquel Caminal, op. cit .; Francisco Caamaño, op. cit .

30 . Miquel Caminal, «Trilogía federal: tres cartas de un federalista catalán», en Miquel Caminal, op. cit ., pp. 577-587.

31 . Carl Schmitt, Teología política , Trotta, Madrid, 2009, p. 13.

32 . Carl Schmitt, Teoría de la Constitución , Alianza Editorial, Madrid, 2017, p. 19.

33 . Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno , Ediciones Nueva Visión, Madrid, 1980, p. 52.

34 . Laura Cappuccio, op. cit ., p. 107.

35 . José Bono, Se levanta la sesión , Planeta, Barcelona, 2019.

36 . Ernest Gellner, Naciones y nacionalismo , Alianza Universidad, Madrid, 1988, pp. 143-167; Eric J. Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780 , Crítica, Barcelona, 1991, pp. 173-193; Benedict Anderson, op. cit ., p. 21.

37 . Alfonso Botti, ed., Le patrie degli spagnoli. Spagna democrática e questioni nazionali (1975-2005) , Bruno Mondadori, Milán, 2007.

38 . Ferran Archilés e Ismael Saz, eds., op. cit ., pp. 16-17.

39 . Xavier Domènech, Hegemonías…, op. cit ., pp. 237-270.

40 . Miquel Caminal, Democràcia i plurinacionalitat…, op. cit ., p. 71.

41 . Francisco Caamaño, op. cit ., pp. 212-220.

42 . Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco, «Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales», Studies on the Spanish Economy , n.º 28, 2017.

1 . Dani Cordero, «El Círculo de Economía se suma a la reforma de la Constitución», El País , 27 de mayo de 2013.

2 . CEO, «Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2018», junio de 2018.

3 . Redacción El Periódico , «Chacón, partidaria de un referéndum si los catalanes votan “no” a la reforma constitucional», El Periódico , 26 de febrero de 2016.

4 . Esther Mitjans y Josep Maria Castellà, Canadá. Introducción al sistema político y jurídico , Canadiana, Barcelona, 2001; Juan Maldonado, Historia contemporánea de Canadá , Síntesis, Madrid, 2018.

5 . Corte Suprema de Canadá, «Dictamen sobre la secesión de Quebec», fundamento jurídico 136.

6 . Corte Suprema de Canadá, op. cit ., 1998, p. 4.

7 . Ibid ., p. 89.

8 . Ibid ., pp. 4 y 68.

9 . Ibid ., p. 67.

10 . Ibid ., p. 36.

11 . Carmen Chacón y Agustín Ruiz Robledo, «El dictamen sobre la secesión de Quebec: un comentario», Punt de vista , n.º 5, Fundació Carles Pi i Sunyer, 1999, p. 14.

12 . Michael Keating, La independencia de Escocia , Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2012; Xosé Manoel Núñez Seixas, Movimientos nacionalistas en Europa. Siglo XX , Síntesis, Madrid, 2004, pp. 309-317.

13 . Santiago Muñoz Machado, op. cit ., p. 171.

14 . Francesc de Carreras, «¿Un referéndum?», La Vanguardia , 20 de septiembre de 2012.

15 . Francisco Rubio Llorente, «Un referéndum para Cataluña», El País , 8 de octubre de 2012.

16 . Redacción La Vanguardia , «Presidente TC: debate sobre derecho a decidir debe respetar la Constitución», La Vanguardia , 26 de septiembre de 2016.

17 . Corte Internacional de Justicia, «Conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo», opinión consultiva, 22 de julio de 2010, p. 155.

18 . Beatriz Navarro, «La Comisión Europea, sobre Catalunya y el 1-O: “La violencia nunca puede ser instrumento de la política”», La Vanguardia , 2 de octubre de 2017.

19 . Datos citados en Manuel Pérez Ledesma, «Nuevos y viejos movimientos sociales», p. 126, en Carme Molinero, ed., La transición. Treinta años después , Península, Barcelona, 2006, pp. 117-151.

20 . Jordi Canal, La monarquía en el siglo XXI , Turner, Madrid, 2019, p. 45.

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22 . Daniel Ventura, «El 48 % de los españoles prefiere que España sea una república», HuffPost , 5 diciembre de 2018.

23 . CEO, «Percepció sobre el debat territorial a Espanya», 2019.

24 . Jordi Canal, op. cit ., pp. 80-81.

25 . Antón Losada y Javier Pérez Royo, Constitución: la reforma inevitable , Roca Editorial, Barcelona, 2018, p. 35.

26 . Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, op. cit ., p. 15.

27 . Miquel Caminal, Democràcia i plurinacionalitat… , op. cit ., p. 61.

28 . Ibid ., p. 73.

29 . Miquel Caminal, «Trilogía federal », op. cit ., p. 587.

30 . Ibid ., p. 63.

31 . Francisco Caamaño, op. cit ., 181.

32 . CEO, «Percepció sobre el debat territorial a Espanya», 2019.

33 . Santiago Muñoz Machado, op. cit ., pp. 220-222.

34 . Ramón Máiz, Nacionalismo y federalismo… , op. cit ., pp. 172-173.

35 . Francisco Caamaño, op. cit ., p. 251.

36 . Francesc Pi i Margall, Les nacionalitats… , op. cit ., p. 360.

Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017)

Xavier Domènech

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