WALTER BLOCK

DEFENDIENDO LO

INDEFENDIBLE II

Libertad en todos los ámbitos

Traducido por Diego González Calles

Índice de contenido

DEFENDIENDO LO INDEFENDIBLE II Libertad en todos los ámbitos

ÍNDICE

DEDICATORIA

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

I. COMERCIO

1. EL EMPRESARIO MULTINACIONAL

2. EL CONTRABANDISTA

3. BP

4. LA ENERGÍA NUCLEAR

5. El tiburón financiero

II. TRABAJO

6. EL VERDUGO DE LA EMPRESA

7. EL QUE TRABAJA EN CASA

8. EL ESQUIROL

1. ¿SINDICALISMO LEGÍTIMO?

2. SINDICATOS DEL SECTOR PÚBLICO

3. ¿LIBERTARIOS UNIÉNDOSE A UN SINDICATO?

4. NO SER CONSCIENTE DE LA VIOLENCIA

5. EN DEFENSA PROPIA

6. PERO FIRMARON UN CONTRATO

7. MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS

8. JERARQUÍA, EL VERDADERO PROBLEMA.

9. EL CANGURO

10. EL AUTÓMATA

III. MEDICINA

11. EL FUMADOR

12. EL TRAFICANTE DE ÓRGANOS HUMANOS

13. El proveedor de sucedáneo de leche materna

IV. SEXO

14. LA QUE HACE TOPLESS EN PÚBLICO

15. EL MATRIMONIO POLÍGAMO

16. LA MALTRATADA ASESINA

V. DISCRIMINADORES

17. EL SEXISTA

18. EL VOYEUR

19. EL ETARISTA

20. EL HOMÓFOBO

21. EL PROPAGADOR DE ESTEREOTIPOS

VI. NEGOCIOS

22. EL FABRICANTE DE JUGUETES BÉLICOS

23. EL COLORADOR

24. EL VENDEDOR DE BEBÉS

25. EL DESTRUCTOR DE EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS

VII. EL POLÍTICAMENTE INCORRECTO

26. EL MAL SAMARITANO

27. EL DUELISTA

28. EL VERDUGO

29. EL LANZADOR DE ENANOS

30. EL QUE DENIEGA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DEDICATORIA

Este libro está dedicado a quienes más me han influenciado en mis recientes meditaciones acerca de asuntos de economía política: William Barnett, Lipa Dubrawsky, Michael Edelstein, Stephan Kinsella, y Hans Hoppe. Estoy en deuda con Jeff Riggenbach por su espléndido trabajo editorial en este libro; con Lew

Rockwell por fundar y dirigir el Mises Institute, una fuente de inspiración para mí a lo largo de los años; con mis compañeros de la universidad de Loyola en Nueva Orleans, especialmente con Bill Barnett, pero también con Dan D'Amico, John Levendis, Leo Krasnozhon, Nick Capaldi, y Stuart Wood, que han hecho de mi vida académica en los últimos años un gran placer. Quiero dedicar este libro también a mi agente literario, Mei Yao, que me presiona, me dirige, me inspira, pero siempre con gran delicadeza. Este libro no habría sido publicado sin su ayuda, ni sin los importantes esfuerzos de mi editor, Iulian Tănase. Los siguientes estudiantes de la universidad de Loyola en Nueva Orleans fueron de gran ayuda en la labor investigadora, en la formación y elaboración de este trabajo.

Son Andrew

Naquin y especialmente Michael O'Brien, a quien debo mucho trabajo. Quiero agradecer también al Fraser Institute de Canadá por la confianza puesta en mí durante el tiempo que estuve empleado allí, desde 1979 hasta 1991.

Dedico este libro también a mis hijos, Matthew y Hannah. Que ellos y su generación hagan lo posible para promover la libertad.

PRÓLOGO

Es para mí un placer introducir el libro Defendiendo lo indefendible II: libertad en todos los ámbitos, la última obra de mi amigo Walter Block. Este libro es una secuela al trascendental trabajo de Block Defendiendo lo indefendible.

El libro original provocó una cierta polémica, y sospecho que la presente obra será mucho más controvertida —e influyente—. Este libro generará una audiencia mayor que el original, dado que muchos más ciudadanos (especialmente entre la juventud) comienzan a estar interesados en las ideas de la libertad. Además, Block es ampliamente reconocido como uno de los intelectuales del movimiento libertario más importantes, y este libro es más actual que el anterior, que fue escrito en 1976.

En cuanto a la controversia, ¿cómo podría no encontrarse en un libro que pretende defender a quienes toman el control de empresas, a traficantes de órganos humanos, y a polígamos? No cabe duda de que incluso muchos liberales reaccionarán al menos a priori

con asombro y escándalo ante ciertos pasajes del libro. Algunos incluso se preguntarán cómo es posible que un libertario cristiano pro vida culturalmente conservador como yo pueda apoyar este libro.

Y lo hago por la misma razón por la que libertarios culturalmente conservadores como F. A. Hayek y Murray N. Rothbard lo hicieron con la primera entrega: pese al engañoso título, el propósito de Block no es defender actividades "indefendibles", sino defender la base del libertarismo: el axioma de la no agresión.

Este axioma consiste en la sencilla idea de que es inmoral iniciar una agresión contra otra persona o su propiedad.

Este axioma deriva lógicamente de una creencia en el derecho a la propiedad privada, incluyendo el interés de la propiedad del individuo sobre su propio cuerpo.

Después de todo, si la gente tiene el derecho de controlar sus propios cuerpos y su propiedad, no puede ser moral impedirles por la fuerza llevar a cabo actividades que no violen los derechos de otros —por muy inmorales que puedan ser consideradas tales actividades—.

Mucha gente apoya la aplicación del axioma de la no agresión a la conducta privada. Lo que nos distingue a los libertarios de los conservadores modernos y los liberales ¡es que aplicamos el axioma de la no agresión al gobierno!

Para los libertarios, cualquier uso de fuerza para alterar el comportamiento de la gente por motivo que sea es un acto profundamente inmoral. Además, la intervención estatal para prohibir o regular el comportamiento individual ¡siempre ha provocado consecuencias no intencionadas que han perjudicado a la misma gente a la que el Estado clama haber beneficiado con su intervención!

Pongamos por ejemplo la ley del salario mínimo, que al ilegalizar el pago por trabajo de una cantidad menor a la dictada por el Estado, expulsa del mercado laboral a todos aquellos que se hallen en los peldaños más bajos de las escaleras del ingreso y la experiencia.

La guerra contra la droga no hace sino crear incentivos para que los traficantes vendan drogas más fuertes y más peligrosas a la par que desalentar a los drogadictos a que busquen ayuda.

Observé un ejemplo de esto durante mis años como ginecólogo: las pacientes que hacían uso de sustancias ilegales tendían a mostrarse reacias a compartir conmigo su historial de drogadicción por temor a que hacerlo pudiera llevar a su encierro.

Obviamente esto me hacía más difícil la protección de la salud de estas mujeres y de sus hijos no nacidos.

La observancia del axioma de la no agresión no implica en ningún modo la aprobación de comportamientos como la drogadicción. Muchos, si no todos los libertarios tienen fuertes objeciones morales contra actividades como el uso de drogas o la pornografía.

No obstante, reconocen que la única vía moral y efectiva de combatir contra este tipo de comportamientos es la educación pacífica y la persuasión moral.

Instituciones privadas del tipo de familias poderosas, comunidades, e iglesias, son mucho más efectivas a la hora de imbuir valores morales de lo que lo son las leyes o los programas del gobierno. Por supuesto, los libertarios también se oponen a cualquier intento gubernamental de obligar a la gente a mantenerles económicamente, asociarse con ellos, o apoyar en cualquier modo elecciones de estilo de vida que encuentren moralmente cuestionables o auto destructivas. Una sociedad en la que los individuos cargasen con la responsabilidad de sus propios actos contemplaría mucho menos abuso de drogas, entre otras actividades perjudiciales, que una sociedad en la que el gobierno promueve los problemas resultantes de comportamientos auto destructivos.

Block señala también que la observancia coherente del axioma de la no agresión resuelve muchos, si no todos los ámbitos de los conflictos sociales.

En una sociedad libre, los dueños de una propiedad podrían decidir si permitir o no fumar en dicha propiedad, y lo que constituye un matrimonio válido.

Respetar los derechos de propiedad y contrato implicaría una eficaz protección medioambiental. En una sociedad libertaria, por ejemplo, las compañías petrolíferas tendrían incentivos por extraer petróleo de la forma más eficiente y segura, pues serían legalmente responsables de todo el daño provocado por sus actos.

El axioma de la no agresión no es por tanto una invitación al libertinaje, sino que tiene su arraigo en el reconocimiento del derecho natural de cualquier humano a la vida, la libertad, y la propiedad. Solo hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo con Walter Block, y es que preferiría que invirtiera más tiempo diferenciando libertarismo de libertinaje.

Esto, sin embargo, no disminuye de ninguna manera el valor de este nuevo libro, que esperemos que sirva, como dijo Roger Lea MacBride de su precuela, de "desatascador de mentes". Tengo confianza en que Defendiendo lo indefendible II: libertad en todos los ámbitos mostrará a una nueva generación la importancia de la observancia coherente del axioma de la no agresión.

Ron Paul, Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 14º distrito de Texas.

INTRODUCCIÓN

En 1974, cuando comencé a recopilar la colección de ensayos iconoclastas que eventualmente se convertirían en Defendiendo lo indefendible (Ed. Innisfree, 2012), mi propósito era sencillamente el de promover una apreciación del libertarismo a base de aplicarlo a los casos "difíciles".

¿Qué es el libertarismo? Es la filosofía política que no hace más que una pregunta, para la cual no ofrece más que una respuesta. ¿La pregunta?

¿Cuándo está justificada la fuerza o la amenaza del uso de la misma? ¿La respuesta? Únicamente en respuesta a, en defensa de, o en represalia contra el uso previo de violencia contra una persona o su propiedad legítima. ¿Y de donde viene? ¿Cómo un territorio virgen se convierte efectivamente en una propiedad privada? De nuevo el libertarismo es sucinto: a través de la teoría de que la tierra es de quien la trabaja, y de cualquier subsiguiente forma legítima de traspaso del título de la propiedad. Esta teoría consiste en mezclar el trabajo propio con la tierra u otras partes inamovibles de la naturaleza, y la propiedad debe ser transferida legítimamente de una persona a otra mediante cualquier método voluntario y no fraudulento, como la venta, el regalo, el trueque, la permutación, el juego, la herencia, etc.

Este medio de convertir la naturaleza en una propiedad apropiable por la humanidad ha sido criticado en lo concerniente a territorios apreciados por sus virtudes prístinas, como por ejemplo el área de secuoyas del Gran Cañón.

Pero incluso en este caso, existe cierta combinación de trabajo que puede establecer la propiedad: podar ramas muertas, crear senderos y construir aseos, etc., que permiten un mejor disfrute de la zona. No es una solución "perfecta" al problema, pero cualquier alternativa es mucho peor.

Una posibilidad es garantizar la propiedad al gobierno, pero existen dos problemas con esta opción: el primero es que los lacayos del Estado no han hecho nada para demostrar su posesión, no han mezclado su trabajo con la tierra; el segundo es que el gobierno es en sí mismo una institución invasiva, que obliga a la gente a unirse contra su voluntad, y que no les permitirá irse (debido a las leyes contra la secesión).

Otra posibilidad es la de convertir la tierra virgen en propiedad privada a través de la mera proclamación. La dificultad aquí está en que cualquiera puede proclamar verbalmente lo que le de la gana, con lo que las disputas continuarían. Por la presente me declaro poseedor del Sol, de la Luna y de las estrellas, y, si tú haces lo mismo, habría que determinar quién es el propietario legítimo. Una tercera posibilidad es la de dividir toda la propiedad equitativamente, para cada persona en el mundo, con lo que cada uno poseeríamos una fracción de uno entre siete mil millones de todo el territorio del planeta; pero esta opción promovería la inacción con respecto a la tierra, debido a los largos encuentros de comités, y la consecuente muerte de la mayoría de la población terrestre, pues las discusiones continuarían indefinidamente. Si aplicáramos este concepto a la parcela de propiedad privada más importante que todos poseemos, nuestros cuerpos, el sistema fallaría inmediatamente, pues nadie tendría permiso para levantar la mano como muestra de aprobación en ninguna de esas reuniones, no digamos respirar, pues seríamos poseídos por todos los demás, y por tanto precisaríamos de su permiso para poder hacer tal cosa.

El libertarismo es un aspecto de la filosofía política, separado y distinto de la ética. No trata de qué está bien o mal, qué es moral o qué es inmoral, sino que se limita a tratar la justificación o no del uso de la fuerza.

Tomemos el consumo de heroína como ejemplo. Existen numerosas teorías de moralidad que denigran tal práctica, pero como libertario, debo hacer una única pregunta: ¿introducirse (un adulto) sustancias dañinas en el cuerpo, comprarlas o venderlas, constituye una invasión per se? La respuesta es clara:

según esta filosofía política, estos actos no dejan de ser legítimos. Siendo así, la violencia ejercida contra aquellos que los llevan a cabo está injustificada.

Oponerse a nivel personal al uso de dicha droga, pero al mismo tiempo rechazar sanciones físicas contra sus usuarios puede parecer una contradicción lógica, pero no lo es.

Se trata simplemente de uno de los casos difíciles, en los que la gente está tomando parte en actividades que no violan los preceptos libertarios, y pese a ello son víctimas del vilipendio de la mayoría de la sociedad, e incluso de la amenaza de violencia, generalmente en forma de aprisionamiento. El consumo de heroína es un ejemplo perfecto. Existen miles de personas que han sido encarceladas por este crimen sin víctimas que es el consumo de drogas, cuando ninguno de ellos ha iniciado necesariamente ningún tipo de violencia, por lo que merecen ser puestos en libertad (cualquier consumidor que haya violado la propiedad o los derechos de otra persona merece ser castigado, pero únicamente por estos actos, no por la compra, venta o consumo de sustancias prohibidas).

La presente obra, Defendiendo lo indefendible II: libertad en todos los ámbitos, se dedica a la discusión, el análisis, y, lo que es más importante, la defensa de toda una serie de actores económicos que son inocentes del delito de violar el código libertario, y pese a ello, son víctimas de un severo ataque, física o intelectualmente. En muchos casos sus actos son heroicos, en tanto que perseveran, pese a hallarse frente a unas condenas sin fundamento.

No hay problema en promover el libertarismo en los casos "fáciles".

Son cruciales los libros sobre la importancia de la privatización, la desregulación, los bajos impuestos, etc.

Los artículos que muestran los errores de las leyes de salario mínimo, del control de la renta y de las tarifas son una parte necesaria de la lucha por la libertad, de hecho, este libro incluye algunos ensayos de este tipo, pero, en ocasiones, es importante también apretar un poco las tuercas, mostrar que lo deseable no sería únicamente liberarnos de las barreras del comercio internacional, sino también darle su oportunidad al contrabandista, demostrar que lo ideal no sería únicamente desregular el mercado de valores, sino que también es parte legítima de la lucha dar las gracias al especulador que se dedica a comprar empresas, y a la corporación multinacional por sus heroicas hazañas.

El libertarismo es prácticamente único en cuanto que la mayoría de la gente lo acepta como válido teniendo en cuenta únicamente sus premisas básicas, pero no siguen sus conclusiones lógicas. ¿Quién, al fin y al cabo, sostiene que no pasa nada por acercarse a un extraño que no está agrediendo a nadie y asaltarle violentamente? ¿Que es correcto violar, asesinar, robar, o malversar? ¡Pues precisamente en esto consiste la mayor parte de la legislación actual! Las leyes contra el consumo de heroína agreden a consumidores pacíficos, las leyes del salario mínimo violan los derechos de aquellos que las desobedecen, cuando está claro que no es una invasión per se

ofrecer a alguien un contrato mutuamente aceptado en el que el salario pueda resultar demasiado bajo para otros. Las leyes de control de la renta penalizan a la gente por poner precio a sus propios bienes.

¿Por qué es necesaria la libertad en todos los ámbitos? Por una cuestión, en la que puede que no hayas caído, y es que no vivimos en una sociedad plena y puramente libertaria, por lo que es de la incumbencia de todos continuar luchando en esa dirección.

Una pequeña contribución a este esfuerzo es destacar cada vez más casos, demostrar que el libertarismo es un hueso duro de roer, capaz de resistir toda clase de asaltos intelectuales contra sus premisas básicas, y cualquier desafío por difícil que sea. Otra cuestión es la educacional: el mejor modo de introducir a algunos neófitos a la libertad económica y social es a través de una serie de casos, comenzando y terminando con las nociones básicas, mientras se van inculcando axiomas cada vez más radicales de libertarismo.

Si buscas esa clase de aproximación, Defendiendo lo indefendible II: libertad en todos los ámbitos no es tu libro. Pero para mostrar a otros neófitos los méritos de esta filosofía el único método es propinarles un porrazo (intelectual) en toda la cara. Este libro tiene la esperanza de ganarse esta descripción.

He escrito esta obra con el objetivo de promocionar el libertarismo.

Mucha gente piensa que las únicas opciones políticas que se les presentan son o bien la panacea liberal izquierdista de los demócratas, o bien la derecha conservadora de los republicanos.

Los primeros son relativamente libertarios (pero muy lejos de serlo totalmente) en lo concerniente a la libertad personal, como el derecho a consumir marihuana, o mantener los ojos del Estado alejados de las habitaciones de la nación; pero cuando se trata de libertad económica, del derecho a la compraventa, al trueque, a la libre empresa, los demócratas se horrorizan.

Los republicanos, por el contrario, se oponen a los controles sobre rentas y precios, y a algunas regulaciones intervencionistas, por lo que tienen una escasa observancia del capitalismo de laissez faire. Pero en lo que concierne a la libertad personal, se hayan radicalmente en contra.

Existe, no obstante, una tercera opción, que es exclusivamente la del libertario que apoya la libertad humana en todos los ámbitos de la existencia.

Únicamente la filosofía libertaria se opone a las guerras imperialistas de agresión contra naciones que no nos han invadido previamente. En absoluto contraste, los partidarios de Bush y Obama apoyan las guerras de agresión contra Irak

y Afganistán, y el mantenimiento de alrededor de 800

bases militares estadounidenses en cerca de 150 países diferentes. Difícilmente eso es defensa.

Elegí los temas incluidos en este volumen debido a que todos ellos ejemplifican las premisas libertarias de no invasión y los derechos de propiedad. Muchos de ellos son mi intento de demostrar los beneficios de los principios económicos básicos. Muy pocos de ellos son relativamente no controvertidos; lo que la mayoría de ellos tiene sin embargo en común es que clavan una paja (figurada) en el ojo del no economista, y en particular del no libertario. Como nota para el público general debo informar de que si lo que usted busca es una lectura tranquila, que no desafíe sus profundas nociones preconcebidas acerca de política económica, quizás debería usted buscar en otra parte. He elegido estos temas porque soy confrontacional por naturaleza. Mis cursos de economía no se basan en entregar el material a mis alumnos, sino que mi modus operandi es el de sacar el infierno que llevan dentro para que sean capaces de procurarse su propio material. Mi objetivo en esta obra es similar: coger a bebés no libertarios e introducirles esta filosofía de un modo que les haga enfadarse hasta el punto de que lleguen a desafiar sus creencias más profundas. Es un asunto además de educación interna: no todos los que se hacen llamar libertarios están preparados para aceptar todas las implicaciones de esta perspectiva.

Quizás este libro les ayude en el camino.

Considero importante para el público general examinar estos asuntos controvertidos desde un punto de vista sociocultural, debido a que el libertarismo es la mejor de las últimas esperanzas para una vida civilizada de la humanidad, es más, para su propia supervivencia. Es la única filosofía predicada en base a la noción de “todo aquello que es pacífico”. El hombre puede hacer todo lo que desee, siempre y cuando respete este mismo derecho en los demás. Todas las otras perspectivas de política económica parten de la base de que está completamente bien obligar a gente inocente a hacer cosas (como pagar impuestos, mostrar pasaportes, carnets, etc.) en contra de su voluntad, siempre que la autoridad (el dictador, el líder elegido democráticamente) lo apruebe, pero es bárbaro forzar a gente inocente a llevar a cabo acciones que no aprueban. Esta clase de actos forzosos, cuando se aplican a la política interior, conducen al desempleo, la inflación, y el desajuste interno. Cuando se aplican a la política exterior, desencadenan guerras injustificadas. Teniendo en cuenta la tecnología moderna, el futuro de nuestra especie está en juego a menos que adoptemos el libertarismo. No puede haber nada más importante que eso.

Como en el caso de seguramente todo autor, tengo la ferviente esperanza de que este libro genere un fuerte impacto. En caso de hacerlo, que promueva en el público general una comprensión de esta forma libertaria de pensar, que después de leer este libro dejen de confundir libertarismo con libertinaje o liberalismo, y, en el mejor de los casos, que adopten esta filosofía como propia y promuevan la libertad, o, en su defecto, que al menos dejen de oponerse firmemente a la filosofía de la libertad.

Sin embargo, si la experiencia sirve de guía, la principal respuesta del público será el profundo desprecio:

“¿cómo puedes decir eso?”, “eso es demasiado frío y calculador", “¿y qué hay de los pobres?” “no tienes sentimientos humanos”, y acusaciones de analfabetismo económico serían las reacciones típicas. Como si la pobreza sufrida en países relativamente capitalistas —repletos de coches, televisores, y aires acondicionados—estuviera emigrando en masa hacia las naciones con mayor intervencionismo económico. No, de hecho, el tráfico se dirige más bien en la dirección contraria. Pero los habrá que se tomarán a pecho los desafíos aparecidos en este libro, los rumiarán, harán sus propias investigaciones, y quizás sea posible que tal vez se adhieran a la única filosofía económica realmente ética.

¿El concepto de “derechos de propiedad privada” y el principio de “no agresión” no son las dos principales filosofías detrás de la lógica de mis pensamientos aquí presentados? No, estas no son las “principales” perspectivas subyacentes en este libro, sino que más concretamente son las únicas y exclusivas. Lo demás es aderezo.

No hay ninguna otra filosofía implicada. No, ninguna, nada, cero.

Consideremos unas pocas alternativas y veamos por qué todas ellas deben ser rechazadas. El libertarismo se confunde en ocasiones con el individualismo, y con un rechazo del colectivismo. Los seguidores de Ayn Rand son especialmente culpables de esta ofuscación. En la presente obra se promueve el individualismo y se denigra el colectivismo, pero no hay nada de malo en actuar en colectividad, siempre que se haga de un modo voluntario. Si fuera cierto que únicamente la acción individual es legítima, y no la cooperación entre diferentes individuos de un modo completamente voluntario, tendríamos que rechazar deportes de equipo como el fútbol, el baloncesto, el béisbol, y limitarnos a ensalzar las virtudes de deportes individualistas como el atletismo, la natación, o los pulsos. Pero cribar los deportes de equipo es totalmente absurdo.

Veamos otra. Se suele decir que el jazz es la única música libertaria, mientras que el barroco, por ejemplo, no. ¿Por qué? Porque en el primer caso, con unas limitaciones muy amplias, el músico es libre de tocar lo que le apetezca, mientras que en el segundo caso no hay posibilidad de improvisación: cada miembro de la orquesta debe interpretar exactamente

lo que aparece en la partitura. Y no solo eso, sino que todas las cuerdas deben ser frotadas al unísono. En el caso de los intérpretes de viento, todos deben respirar exactamente cuando el director lo permita. Difícilmente puede haber algo más intrusivo que el que te digan cuando inhalar o exhalar. Ni siquiera los esclavistas llegan a tales extremos. ¿Es por tanto la libertad de expresión (musical) parte de la libertad? Por supuesto que no, siempre y cuando los miembros de la banda de jazz o del cuarteto de cuerda desempeñen su tarea libres de amenaza, y nadie ha sugerido esto, por lo que ambos son libres, igualmente libres, en lo que concierne a política económica. Podría decirse que Jackson Pollock tenía más libertad que Vincent van Gogh, ya que el primero arrojaba la pintura de forma aparentemente aleatoria, mientras que el segundo se hallaba bajo una gran presión, pero sería frívolo.

Consideremos otro caso. En ocasiones se ha considerado ético, e incluso portador de la esencia de la moralidad, el adoptar la filosofía de que “cada uno de acuerdo con su habilidad, para cada uno de acuerdo con su necesidad".

¿Cómo reacciona el libertarismo ante este principio? ¿Es preciso rechazarlo categóricamente? No, no del todo. Siempre que este concepto sea implementado por, y aplicado a, únicamente aquellos que están de acuerdo con él, no existe incompatibilidad alguna con la doctrina subyacente en este libro. Por ejemplo, instituciones voluntarias como el convento, la abadía, el kibutz, la comuna, el monasterio, o el priorato, se basan en esta perspectiva, en mayor o menor medida. Incluso la familia tradicional típica opera de este modo: la niña pequeña come de acuerdo con sus necesidades, no con su habilidad para ganar dinero. Por ello, no existe la más mínima incompatibilidad con este concepto y la adhesión a los principios libertarios.

Veamos un último ejemplo. Se suele decir que deberíamos "vivir el libertarismo", lo que se suele interpretar como que deberíamos ser buenos, caritativos, tolerantes, y poseer virtudes del estilo. Pese a que por supuesto no existe incompatibilidad alguna entre el libertarismo por un lado, y estas características por otro, tampoco existe, del mismo modo, necesidad de que los libertarios las adopten. No cabe duda de que Ebenezer Scrooge podría ser partidario de la filosofía de la libertad.

Todo lo que tendría que hacer es actuar de acuerdo con el axioma de la no agresión, basado en el derecho a la propiedad privada. Aparte de esto, podría ser todo lo desagradable, huraño, sucio, intolerante y poco caritativo que desease, sin que con ello atacara credencial libertario alguno.

I. COMERCIO

1.

EL EMPRESARIO MULTINACIONAL

Las corporaciones multinacionales están siendo atacadas como nunca antes tanto a nivel nacional como extranjero. Los gobiernos hostiles extranjeros han impuesto todo un despliegue de restricciones entre las que se incluyen aranceles de importación y exportación, limitaciones en el cobro de beneficios, controles de conversión, demandas de participación en gestión, obligación de contratar a extranjeros, y reinversión obligatoria de ganancias, mientras por detrás acecha la siempre presente amenaza de nacionalización y expropiación —inadecuadamente compensadas, por supuesto—.

A nivel nacional... bueno, basta con fijarse en las enormes protestas públicas cada vez que se reúne la Organización Mundial de Comercio. Las empresas multinacionales son acusadas de exportar trabajos y, por tanto, de generar desempleo, de permitir la libre circulación de acciones y con ello poner trabas a los que tienen más dificultades para pagar. Se les acusa de explotar a los países subdesarrollados, de monopolizar, explotar y arruinar la balanza de pagos. Llega a parecer que se les culpa de todo lo malo bajo el sol, con las posibles excepciones del mal aliento y el mal olor corporal.

La acusación que tiende a hacerse, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, es que el tamaño, riqueza, poder, movilidad, y eficiencia de las empresas multinacionales las sitúa por encima del control de cualquier nación, lo que supone el desarrollo de un monstruo de Frankenstein de los negocios que funciona según sus propias leyes.

No resulta sorprendente que las respuestas a esta forma de pensar sean el miedo, la sospecha, y el resentimiento. Decenas de gobiernos en el mundo proponen o crean leyes con el propósito de debilitar a estas empresas.

Pese a este bien orquestado asalto, no encuentro estimable el caso contra los empresarios multinacionales.

Veo poca justificación al enorme y creciente número de restricciones puestas en el comercio internacional.

Por el contrario, este movimiento me causa una gran inquietud. Temo que si tiene éxito, estaremos ante el fin de una institución que es capaz de preservar una división internacional del trabajo y del comercio internacional de un modo único, amén de la cooperación económica universal que le acompaña.

No nos equivoquemos con este asunto, pues lo que depende de las decisiones que tomemos los años venideros al respecto es nada menos que el futuro de la paz mundial.

Uno de los puntos más importantes a la hora de determinar el éxito en la búsqueda de la paz será nuestra habilidad para superar el abismo entre las naciones que “tienen” y las que “no tienen”. Las grandes disparidades en riqueza siempre han sido una fuente de envidia, un fenómeno desestabilizador en asuntos internacionales. Pero las empresas privadas internacionales, al contrario que nuestros programas gubernamentales multitudinarios de donaciones, han sido una de las pocas fuerzas que se han enfrentado a las grandes diferencias de riqueza mundial.

Las corporaciones multinacionales aportan nuevas tecnologías, educación, entrenamiento, y salarios más elevados para las áreas subdesarrolladas del mundo, y, lo que es más importante, llevan consigo una esperanza realista y una expectativa de que se pueden alcanzar importantes progresos.

Consideremos pues, con cierto detalle, varias de las acusaciones más comunes levantadas contra las corporaciones multinacionales, para mostrar lo poco que se sostienen.

Existe la queja generalizada de que las compañías estadounidenses son responsables de “exportar” trabajos, por lo que deberían ser frenadas. Por ejemplo, se considera que la culpa de la pérdida de empleo es de la inversión en el extranjero, de las importaciones hechas por fundadores extranjeros de corporaciones estadounidenses, de la transferencia de tecnología nacional hacia otros países, y del crecimiento de las corporaciones multinacionales, a las cuales se acusa además de ser responsables de todo lo anterior.

Existen graves fallos en este razonamiento. Si bien es cierto que la inversión fuera del país crea desempleo en dicho país, es igualmente cierto que la inversión en un estado por parte de una compañía localizada en otro crea desempleo en el estado en que se fundó.

Si una inversión por parte de Ford en Alemania genera desempleo en los Estados Unidos, del mismo modo una inversión de una compañía de Los Ángeles en Texas generará desempleo en California. Si una de ellas debiera ser prohibida, la otra entonces también. No obstante, ninguna de las dos prohibiciones es aceptable.

El análisis debe ser llevado mucho más allá. Si es válido para una nación y un estado, también lo es para una ciudad, un barrio, e incluso una calle. Para llevar este argumento hasta su conclusión lógica, debemos aceptar que cualquier residente de la calle Elm que invierte en la calle River reduce el empleo de sus vecinos, por lo que es justificable que dichos vecinos prohíban que exporte capital a la calle River dado que el gobierno tiene que poner trabas a las políticas de inversión extranjera de las corporaciones multinacionales. Si lo llevamos a su conclusión lógica, ¡la oposición a la inversión en el extranjero impediría a cualquier individuo invertir en cualquier cosa (nótese el paralelismo entre este caso y el comercio internacional)!

No es cierto que los negocios estadounidenses hayan reducido el empleo a nivel nacional. El hecho es que muy poca de la producción extranjera desempeñada por fundadores de corporaciones estadounidenses ha podido despegar en su propia nación, pues hubieran tenido que superar aranceles, y controles de importación y transporte. Nos guste o no, la elección a la que las compañías estadounidenses tienen que enfrentarse no es la de crear trabajos con producción nacional o extranjera, sino que deben decidir entre crear una fábrica en el extranjero o no crear nada en ninguna parte —y perder ante la competencia extranjera—. Es por ello que cualquier intento de ahogar a la compañía en pos de traer trabajo a nivel nacional difícilmente va a triunfar.

Además, es un error pensar en desempleo únicamente en términos cuantitativos.

Las empresas multinacionales juegan un papel mucho más importante que el de meramente aumentar el número de empleos a nivel nacional. El objetivo de la política económica no es solo el de incrementar el empleo per se. Si lo fuera, se lograría de un día para otro a base simplemente de volar las carreteras entre Nueva York

y Los Ángeles, y contratar trabajadores para que las reconstruyeran. Eso mantendría a Estados Unidos en una situación de “pleno empleo” (y plena pobreza) durante los próximos 10 000 años.

Cada nuevo sistema de mantenimiento del empleo destruye trabajos, pero es de gran beneficio para la humanidad, ¡pues crea trabajo en ámbitos en los que antes era imposible!

En tiempos de la fundación de Estados Unidos, más del 95% de la mano de obra tenía que trabajar en el campo para alimentar a la nación, pero hoy en día menos del 5% de la población se dedica a eso. ¿De haber sabido que esto iba a pasar, deberían los ciudadanos haberse preocupado de la pérdida de trabajos en la agricultura? ¿Deberían de haber tratado de frenar los avances en tecnología que acabaron con el 90% de los trabajos existentes en la época? Más bien, fue la liberación del 90% de la mano de obra de la agricultura lo que permitió enormes avances en los dos últimos siglos.

El objetivo de la política económica no es, pues, el de conseguir trabajo duradero, sino trabajo productivo, y aquí es donde aparecen las empresas multinacionales. Pese a toda la crítica y manifestación en su contra, estas compañías son maestras sin igual en la creación de los empleos más productivos que el mundo ha conocido.

Antes de su aparición en escena, el despliegue laboral hasta sus usos más productivos se había limitado a una única nación, y ahora se ha extendido hasta el mundo entero.

Si el viaje espacial se volviera comercialmente viable, no cabe duda de que surgirían corporaciones interplanetarias, que obtendrían beneficios de llevar los principios de la ventaja comparativa a todos los rincones del universo. Pese a que los críticos del futuro se quejarían de que las corporaciones multinacionales exportasen trabajos a Marte, o algún sinsentido del estilo, lo cierto es que el bienestar universal se vería maximizado, y no dañado, por un sistema que permitiría a marcianos y terrícolas dar lo mejor de sí mismos, y comerciar entre ellos, y que permitiría a una corporación fundada en un planeta tener filiales en otro.

Una acusación que se alza contra las corporaciones multinacionales, a colación con esto, es la de que abren fábricas en países extranjeros para aprovecharse de la mano de obra barata. Este asunto resulta terriblemente mortificante para los sindicatos. Peor aún, la comunidad empresarial se halla en tal estado de confusión en lo que concierne a este asunto, que muchos portavoces que deberían ser más sensatos han afirmado la necesidad de legislación al respecto —esto es, leyes que impidan la apertura de filiales en áreas de menor calidad de vida—.

Para empezar, es imposible que las corporaciones multinacionales se aprovechen de la mano de obra barata.

Una corporación solo puede ofrecer un salario superior, inferior o igual al que existiera antes de su llegada. Si el salario es superior, el trabajador ganará, si es inferior, no aceptará el trabajo ofrecido, y si es el mismo, su condición no habrá cambiado, salvo por el hecho de que dispondrá de una opción adicional que antes no tenía. En ningún caso, pues, la mano de obra del país subdesarrollado puede ser explotada de un modo que no sea el de recibir y aceptar ofertas de mejores salarios. Si esto es "explotación", es precisamente lo que necesita el Tercer Mundo. Lejos de explotar países subdesarrollados, las empresas multinacionales han hecho más que nadie, incluyendo a todas las organizaciones caritativas juntas, para sacarlos adelante en el siglo XXI. De hecho, la principal queja del mundo subdesarrollado es precisamente que reciben demasiada poca inversión multinacional, no que reciban demasiada.

La motivación de las compañías multinacionales a la hora de contratar extranjeros no es solo la de buscar mano de obra barata, si bien es indudablemente una parte significativa de la ecuación. Las principales razones de la inversión en el extranjero son los costes de transporte, la proximidad a las materias primas y los mercados, la ausencia de cuotas, tarifas, aranceles, e impuestos excesivos, el abastecimiento de habilidades y tecnologías extranjeras, y cualquier otra ventaja ofrecida por los gobiernos de los países que las acogen.

Pero aún en el caso de que la inversión en áreas extranjeras con mano de obra barata se produjera masivamente, surgirían nuevos empleos que sustituirían a los desaparecidos.

Pese a que resulte difícil de comprender en una era de desempleo elevado y persistente, es cierto. Las razones de nuestra tasa de desempleo actual son muchas y muy complejas, pero no incluyen la contratación de mano de obra barata. ¿Cual es la prueba? Que si el trabajo extranjero realmente fuera más barato que el nacional, aún teniendo en cuenta el resto de factores económicos, los costes caerían si una corporación nacional despidiera a alguno de sus trabajadores nacionales para contratar a alguno extranjero. Como consecuencia, los precios para el consumidor se reducirían, la producción se expandiría, y los beneficios aumentarían.

Cualquiera de estas consecuencias —y, por supuesto, la combinación de las tres— crearía empleo a nivel nacional.

Consideremos un descenso en el precio final de los bienes. Los consumidores que estuvieran dispuestos a comprar el producto al precio anterior, ahora tendrían dinero extra en sus bolsillos, que ahorrarían para crear puestos de trabajo en construcción, industrias básicas e inversión, dependiendo de cuánto dinero prestaran los bancos. Parte de ello sería invertido a nivel nacional en bienes no relacionados, lo que crearía nuevas oportunidades de trabajo en otros campos. Esto, junto a las adquisiciones extra de la gente que no comprara nada al precio anterior, más caro, aseguraría la expansión de la producción. Una mayor producción requiere más trabajadores.

Los beneficios excedentes serían distribuidos, parcialmente, a los accionistas, lo que aumentaría su poder adquisitivo. Este gasto generaría nuevos trabajos que sustituirían aquellos desaparecidos debido a la mano de obra extranjera.

Los beneficios no distribuidos serían retenidos por la corporación para invertirlos en expansión interna, lo que a su vez crearía oportunidades de empleo para los trabajadores.

La inversión extranjera no ayuda de un modo inmediato al empleo nacional, pero, eventualmente, cuando los extranjeros hagan uso de sus ganancias, parte del dinero volverá a la nación y creará trabajos exportados.

Pese a que es imposible identificar cuales serían los nuevos trabajos generados —nuevo mercado de consumidores, expansión de producción, beneficios, un comercio internacional aumentado— podemos, con absoluta certeza, concluir que aparecerán, pues el número de puestos de empleo desaparecidos que necesitan ser llenados no es fijo ni finito. Un trabajo es la manifestación de un deseo insatisfecho por parte de un consumidor.

Mientras haya gente que quiera más de lo que tiene, habrá oportunidades de trabajo. ¡Esta es la única explicación posible para el hecho de que más del 95% de los empleos de la actualidad no existieran hace 200 años! Es por ello que no hay razón para temer que vayamos a perder nuestros empleos frente a la mano de obra barata.

Nosotros, junto a ellos, únicamente podemos salir ganando de la cooperación, de una división internacional del trabajo, y del comercio.

Además, si se prohíbe a las multinacionales crear filiales de mano de obra barata en el mundo subdesarrollado, los totalitaristas lo tendrán más fácil para progresar y extender su esfera de influencia, asumiendo que Estados Unidos no fuera el principal poder imperialista del mundo actual, cosa que sería contraria a la realidad. Estamos encerrados en una lucha ideológica competitiva con las fuerzas del totalitarismo mundial —una batalla que el mundo libre parece estar perdiendo entre los países neutrales—.

No tiene mucho sentido que nos deshagamos de una de nuestras armas más efectivas en la lucha contra el totalitarismo:

la habilidad para demostrar a esas naciones los beneficios del libre sistema empresarial —a base de implicarles en él— (de acuerdo, de acuerdo, de lo que queda de la poca libertad económica que una vez existió; en el momento de escribir estas líneas, hemos sufrido cuatro años del social-

fascista Bush, y casi dos años del social-fascista Obama).

Así pues, aquí subyace una cuestión de hipocresía.

¿Alguien propondría una política nacional de no contratar a los pobres?

Poco probablemente. La política pública en los Estados Unidos es, al menos ostensiblemente, devota a la ayuda a los pobres, con la inversión de millones de dólares en formación laboral, educación especializada, y otros programas relacionados. Del mismo modo ningún hombre de bien pondría objeciones a la apertura de una nueva fábrica en cualquiera de las áreas vírgenes de nuestro propio país, de los Apalaches o del sur de ciudades como Newark o Detroit, pero la oposición al empleo de mano de obra barata extranjera es seguramente el equivalente moral a estas políticas.

Hablemos sobre excesos empresariales. Sí, existen empresarios deshonestos, y es el deber de todos nosotros tratar de mantener constantemente nuestras casas en orden, pero unas pocas quejas legítimas se han permitido el lujo de calumniar la simple idea de la empresa multinacional, y esto está mal. También hay una cierta confusión, tanto dentro como fuera de la comunidad económica, sobre lo que constituye una mala praxis empresarial.

Por ejemplo, el intento de prohibir a las empresas multinacionales aprovecharse de los “paraísos fiscales” es un tanto cuestionable. Se quejan de que los empresarios analizan las estructuras de impuestos de varios países antes de abrir una nueva fábrica, y, lógicamente, eligen la que menos impuestos cobre. Pero los impuestos son uno de los muchos factores que todo empresario racional debe tener en cuenta. Como mínimo, los países del mundo se beneficiarán de los sanos vientos de la competencia en materia de políticas de impuestos. ¡Dejemos que el mercado mundial tome las riendas de algunas de las más excéntricas políticas de impuestos!

En resumen, lejos de ser los hombres del saco internacionales como aparecen mostrados en los medios, las corporaciones multinacionales son una fuerza para el crecimiento, la prosperidad, y el progreso, — sobre todo entre las naciones del Tercer Mundo, que están en la mayor necesidad de desarrollo económico. Nuestra forma de tener en cuenta estos asuntos necesita ser seriamente reconsiderada.

2.

EL CONTRABANDISTA

Un contrabandista es alguien que importa bienes sin pagar los impuestos (generalmente conocidos como aranceles o renta de aduanas) aplicados por el gobierno. Además, transfiere bienes cuya importación o exportación ha sido prohibida por completo por el gobierno.

¿Debería el gobierno prohibir cualquier clase de comercio internacional?

¿Debería el Estado imponer toda clase de tasas a los bienes que cruzan las fronteras nacionales? Se habla mucho de libre comercio en la actualidad, pero este concepto tiende a llevar a los líderes políticos a un temor que les obliga a sustituirlo por expresiones como “comercio más libre”, “comercio mejorado”, “comercio justo”, o circunloquios similares, para que el temido nombre nunca tenga que pasar por sus labios en su forma auténtica.

Nosotros, el pueblo, por nuestra parte, no tenemos por qué trabajar bajo esta aprehensión, sino que haríamos bien en entender la teoría del libre comercio en toda su gloria prístina, y darnos cuenta de que es lo mejor para el interés del pueblo.

Los Estados Unidos, la tierra del libre y el hogar del valiente, pretenden ser el bastión de la libre empresa a estos efectos. Cuanto menos hablemos de este tema durante los gobiernos de Bush I, Bush II y Obama, mejor.

Ni siquiera durante la presidencia de Ronald Reagan, que ensalzaba constantemente la “magia del mercado” a la hora de resolver problemas económicos y traer prosperidad, los Estados Unidos se hallaban cerca de representar los principios de Adam Smith. En vista de los hechos, los Estados Unidos son más bien un país proteccionista aún bajo el gobierno de aquellos que emplean la retórica del libre comercio. En los últimos años ha aumentado tarifas e impuestos a una gran variedad de bienes y productos, entre los que se incluyen motos, hierro, coches, y textiles.

Aun así, el exilio autoimpuesto de los beneficios de la especialización y la división internacional del trabajo es un grave error incluso para un gran país como Estados Unidos, que tiene entre sus fronteras un mercado a gran escala, muchas habilidades y materias primas y gran parte del capital disponible en el mundo. En el caso de naciones pequeñas, perseguir esta clase de políticas es aún más estúpido.

El propio término “proteccionismo” es en sí mismo un equívoco, pues implica que los ciudadanos estén defendidos contra la explotación económica que de algún modo se ha vuelto más siniestra por su génesis extranjero. Nada podría estar más lejos de la realidad.

Para verlo claramente, comenzaremos no con una nación que se niega a comerciar con otras, sino con un individuo que impone barreras comerciales entre sí mismo y el resto del mundo. Una persona así tendrá obviamente que proveerse a sí mismo de todas y cada una de sus necesidades.

Deberá cultivar su propio alimento, fabricar y tejer su propia ropa, construirse su propia casa, diagnosticarse a sí mismo cuando esté enfermo, proporcionarse entretenimiento a sí mismo, etc. Al no poder especializarse en ninguna cosa, su productividad no podrá alcanzar niveles que le hagan vivir decentemente. Su vida será “sucia, brutal, y corta”. Si todo el mundo intentara vivir siguiendo el camino del solipsismo económico, esta tierra fértil, que hoy puede sostener las vidas de más de seis mil millones de personas, tendría que mantener a unos pocos millones de salvajes que se comunicarían a base de gruñidos y llevarían una vida miserable de práctica inanición.

A nivel nacional, un argumento a favor del proteccionismo es que una política de libre comercio significaría la pérdida de los trabajos nacionales. Los que temen la eliminación de todas las barreras comerciales impuestas por el gobierno explican su temor a la pérdida de empleos en tanto que los extranjeros pueden producir bienes a una fracción de los costes locales, lo cual es de hecho realista. Acabar con las leyes que protegen a las industrias de la competencia extranjera implicaría recortes masivos —o puede que incluso la total eliminación— del empleo en estos sectores.

Pero todo esto sería para bien, pues ¿porqué debería desperdiciarse la mano de obra nacional en empleos que producen menos de lo que deberían? El agricultor que realiza tareas que bien podrían ser llevadas a cabo por un animal o por medios mecánicos (arar, transportar, cargar), se esforzaría menos si se centrara en realizar tareas que podría hacer mucho mejor (usar un arado mecánico, usar un tractor como medio de transporte, cargar con un montacargas). Del mismo modo, y por los mismos motivos, los negocios funcionarían mucho mejor si los empleados dedicados a producir bienes de un modo ineficiente pasaran a ocupar puestos de trabajo en los que podrían ser más productivos.

Porque “cualquier viejo empleo” no puede ni debe ser nuestra meta. Se podrían crear millones, qué demonios, miles de millones de puestos de trabajo si la gente usara cucharillas en lugar de arados. Lo que queremos, lo que necesitamos, como país, si vamos a negociar con éxito nuestro camino económico en el siglo XXI, es disponer de puestos de trabajo en los que la gente tenga la libertad de realizar tareas más productivas.

Este fue el mensaje de libre comercio de Adam Smith, que vituperaba a los mercantilistas, los “nacionalistas” económicos de entonces.

Vio con claridad que la “riqueza de las naciones” dependía de la productividad, es decir, del trabajo dirigido a quien lo emplease de forma más efectiva. Y

como corolario necesario, demostró que esto solo podía tener lugar en un régimen de libre comercio absoluto, donde el gobierno no situara obstáculos en el camino de la cooperación internacional, la especialización, y la división internacional del trabajo.

Podemos observar este caso con claridad en el ejemplo del sirope de arce y las bananas (véase la tabla adjunta sobre las ventajas al final del capítulo). Seguramente, las bananas puedan cultivarse en Canadá, lo único que haría falta sería disponer de miles, o quizás cientos de miles de invernaderos gigantes y extraordinariamente costosos.

Y, de igual manera, un país tropical como Costa Rica podría producir sirope de arce. Solo tendrían que erigir enormes refrigeradores, en los que mantendrían los arces (estamos hablando de refrigeradores bien grandes).

La sola idea es surrealista, por supuesto. Todos apreciamos la falacia.

Es mucho mejor para los canadienses producir sirope de arce, para los costarricenses cultivar bananas, y para ambos comerciar con el artículo en que el otro se especializa —para beneficio muto—. ¿Cuál es el mejor método para que una profesora de piano consiga un coche? ¿Construir uno con sus propias manos, o dar clases de piano y comprar uno con los beneficios? En la propia pregunta está la respuesta, debería quedarse haciendo lo que se le da bien, y no profundizar en el totalmente desconocido (para ella) mundo de la producción de coches. No obstante, muy pocos se dan cuenta de que este mismo principio se aplica también al textil, a los zapatos, a los coches, y a los bienes electrónicos tales como televisores, de hecho, a todo cuanto hay bajo el Sol.

Pero lo hace, desde luego que lo hace.

Consideremos los textiles por un momento. Si a los compradores se les ofrece elegir entre un par de vaqueros regionales por cincuenta dólares y un par idénticos fabricados en el sureste de Asia —en Hong Kong, por ejemplo—por diez dólares, caben pocas dudas de que la práctica totalidad de los consumidores elegirán ser económicos y ahorrarse cuarenta de sus dólares conseguidos con arduo esfuerzo, lo que inevitablemente resultará en la pérdida de trabajos regionales de producción de vaqueros.

Pero no nos quedemos aquí, como hacen los proteccionistas, pues existen muchos más casos a considerar.

¿Qué harán los consumidores con cuarenta dólares extra? Puede que se lo gasten en otros productos de la zona, y, si lo hacen, algunos de los fabricantes de vaqueros desempleados podrán encontrar trabajos en estos otros sectores. También puede que ahorren el dinero, y entonces los bancos podrán ofrecer préstamos en términos más accesibles, creando con ello puestos de trabajo adicionales en construcción o en industrias.

De manera alternativa, podrán adquirir cuatro pares adicionales de vaqueros extranjeros (o de otras importaciones de otros países) por los mismos cincuenta dólares.

Así que debemos preguntarnos, ¿qué harán los abastecedores extranjeros con los diez (o cincuenta) dólares recibidos? Los dólares americanos no se aceptan en Hong Kong, del mismo modo en que los dólares de esa colonia no sirven para pagar en los Estados Unidos.

Si los nuevos dueños de estos dólares americanos desean usarlos, solo hay un lugar en el mundo en el que podrán hacerlo: el país que les compró los vaqueros. Y, con este dinero regresando a la nación de donde salió, se empleará para la adquisición de bienes y servicios, lo que creará trabajos adicionales allí.

Si los habitantes de Hong Kong

son perversos, y se niegan a gastarse los dólares estadounidenses en los Estados Unidos —si los guardan debajo del colchón o los queman, por ejemplo—, esto beneficiará enormemente

la economía estadounidense, pues, en lo que a esta política respecta, los chinos ofrecerían bienes valiosos y recibirían a cambio trozos de papel que dejarían a sus propias acciones sin valor alguno.

Sería como si Hong Kong ofreciera a los Estados Unidos un regalo, o ayuda extranjera, en forma de vaqueros, lo que difícilmente podría perjudicar a los estadounidenses o a los beneficiarios de semejante donación (si los exportadores de Hong Kong gastan su dinero en un tercer país donde fueran aceptados solo por determinados compradores, como Francia, los franceses tendrían que gastarlos en Estados Unidos, creando así puestos de trabajo allí, o manteniéndolos, lo que sería en efecto un regalo). Esta forma de “ayuda extranjera”, podría, por supuesto, convertir la industria de vaqueros en superflua, pero todos los ciudadanos que ahorrasen en sus facturas de vaqueros pasarían a poder permitirse bienes adicionales —lo que crearía nuevos empleos en las industrias dedicadas a estas nuevas necesidades—.

No importa cómo lo enfoquemos, el comercio entre adultos que consienten beneficia a ambas partes, de otro modo no tendría lugar. El intercambio de dólares estadounidenses por vaqueros de Hong Kong no es una excepción.

Tampoco lo es el cambio de dólares estadounidenses por prendas de la república de China, y no obstante, hace unos pocos años tuvo lugar una disputa entre estas dos naciones, con Pekín amenazando con tomar medidas contra Washington por la interferencia del proteccionismo estadounidense con el comercio textil. De acuerdo con la agencia de noticias china Xinhua, el embajador chino estaba indignado con la normativa de la “denominación de origen” estadounidense. Según esta normativa, los agentes de impuestos estadounidenses habían recibido autorización para rechazar ropa fabricada en Hong Kong usando materiales y vestidos incompletos del centro de china. Los chinos se quejaron de que esta normativa amenazaría varios miles de millones de exportaciones textiles a estados unidos. Un portavoz afirmó que “cientos de fábricas y cerca de sesenta mil trabajos serían puestos en peligro en las provincias del sur [de su país], lo que sería un terrible golpe contra la industria china, el empleo, el comercio, y el desarrollo comercial”.

Adam Smith debe haberse revuelto en su tumba. ¡Imaginemos un país supuestamente devoto a los principios del capitalismo y el mercado libre (es decir, Estados Unidos), erigiendo barreras al comercio y a los (ex) comunistas chinos protestando!

Los principales perjudicados por una política de libre comercio no son los trabajadores con menor salario con entrenamiento general, aplicable tanto a la producción de vaqueros como a cualquier otra cosa, pues encontrarán trabajo alternativo con salarios similares.

Quienes verdaderamente pierden son los dueños de fábricas protegidos, y los trabajadores con grandes salarios y gran protección de los sindicatos, que hayan invertido en habilidades específicas de la fábrica de vaqueros. Como consecuencia, los sindicatos tienden a apoyar a los fabricantes en su interés por más protección y más asistencia.

Una de las mayores limitaciones en el aumento de las exportaciones desde Norteamérica a los países menos desarrollados es el hecho de que no tienen suficientes dólares con los que comprar las exportaciones, y no pueden adquirirlos a menos que se les permita comerciar. La ayuda extranjera, que durante años ha sido la alternativa socialista de solución a la pobreza tercermundista, no es la respuesta. La experiencia y la lógica sugieren que la “ayuda” económica únicamente será invertida en comprar limusinas para los gobernantes, armamento para mantenerles en el poder, inútiles estatuas y efigies para promover su vanagloria (las 3 emes: metralletas, monumentos, y Mercedes), y dinero con el que centralizar y socializar cada vez más su economía y con ello empujar al pueblo a una miseria cada vez mayor. El eslogan de aquellos verdaderamente preocupados por los oprimidos tercermundistas debería ser: “millones en comercio extranjero, ni un penique en ayuda extranjera”.

Si un país puede fabricar vaqueros más barato que otro, tiene sentido que este se concentre en lo que mejor sabe hacer, y comerciar —explotando así las características y dones especiales de cada región del globo—. Una nación nunca será todo lo rica que pueda si obliga a su pueblo a realizar trabajos que otros pueden realizar de forma más barata. El abogado carísimo que insiste en realizar su propia mecanografía, su propia limpieza de oficina, y sus propios recados, se dará cuenta enseguida de que haría mucho mejor en ser abogado de oficio (véase tabla adjunta al final del capítulo). La tragedia es que Estados Unidos sigue malgastando valiosa producción laboral en tareas que solo pueden considerarse insignificantes —desde una perspectiva multinacional y económica—.

Existen otras tragedias provocadas por el proteccionismo, por supuesto. Una de ellas es el crecimiento de algo conocido como “comercio compensatorio”.

Supongamos que posees un coche usado que por el motivo que sea dejas de querer, y en su lugar quieres un bote de remos, una radio y un reloj. En un transcurso de eventos ordinario simplemente venderías el automóvil, ya fuera a través de anuncios por palabras o de una tienda de segunda mano, y saldrías a adquirir el bote de remos, la radio y el reloj. ¿Podría algo ser más simple?

Pero supongamos que no hay dinero en la sociedad y que debes cumplir este cometido a través del trueque. ¿Te haces idea de lo difícil que resultaría? ¿Puedes imaginarte las dificultades de encontrar a alguien que quiera un coche usado y tenga un bote de remos, una radio, y un reloj que quiera intercambiar? En lenguaje económico técnico, esto se conoce como la "doble coincidencia de necesidades". Los economistas usan este fenómeno para mostrar la importancia de la compraventa con dinero debido a la gran coincidencia que sería necesaria para poder realizar este intercambio mediante trueque.

Pero en el campo del comercio internacional se da un cambio fascinante, conocido como comercio compensatorio, que no es más que el trueque de un bien, o un conjunto de bienes o servicios, por otro.

Por ejemplo, la compañía automovilística Ford de Detroit intercambia coches por pieles de oveja de Uruguay, o Italia cambia barcos por aceite iraquí, o Pierre Cardin recibe sedas orientales a cambio de ofrecer servicios de consulta a China, o un bufete de abogados mexicano que recibe sombreros de lana y fideos a cambio de ofrecer asistencia legal a países del Tercer Mundo.

¿Por qué hemos cambiado del comercio, a través de la intermediación del dinero, a semejante trueque internacional? Una posibilidad es que con el trueque los países puedan continuar exportando pese a unas reservas de cambio extranjero inadecuadas y sin arriesgar un balance adicional de crisis de pago. Esta es una situación que afecta a muchos países del Tercer Mundo que debido a una planificación centralizada y socializada llevan mal sus economías. El comercio compensatorio es una manera de que estas naciones contrarresten los programas de austeridad que les impone el Fondo Monetario Internacional, una fuente de préstamos para el Tercer Mundo formada por un consorcio de instituciones de las democracias del Occidente desarrollado.

Un tercer motivo es que el comercio compensatorio bilateral puede ser usado en ocasiones para evadir barreras al comercio, sean arancelarias o no. De ser así, consideremos la grave situación de un país con el mercado lucrativo congelado de este modo. Si se implica en el comercio compensatorio, lo perderá todo debido a la ineficacia del trueque, pero podría compensarlo, o incluso superarlo, si lograra evitar la barrera arancelaria.

El problema en ambos casos es lo que los economistas llaman la “segunda mejor” solución. El trueque puede servir, pero solo debido a tarifas o errores de gestión gubernamental. La “primera mejor” solución sería traer el mercado descentralizado a las naciones del mundo, y reducir o eliminar los aranceles.

Entonces el comercio compensatorio no sería necesario, y el mundo podría volver a un uso más eficaz del sistema monetario.

Otra tragedia generada ocasionalmente por el proteccionismo es el flagrante desperdicio de recursos económicos, aparte de mano de obra, para conseguir imponer las barreras gubernamentales al libre comercio. Un ejemplo de esto es la apertura de fábricas de automóviles japonesas en Norteamérica.

Cuando yo era muy pequeño, mi madre me consiguió un trabajo en la verdulería del barrio, consistente en contar las judías verdes que había en un enorme cubo a rebosar. El propósito de este “empleo”, por supuesto, no era el de crear un bien o un servicio, o el de mejorar las ventas, la promoción o la productividad en cualquiera de los sentidos usuales de estos términos, sino que este “trabajo” era una forma encubierta de mantenerme alejado, y mi salario era en negativo, dado que mi madre pagaba al verdulero para que me mantuviese ocupado (algunos de mis detractores han llegado tan lejos como para desearme un empleo similar en mi vida adulta).

De un modo parecido, esta apertura de una nueva fábrica de automóviles no puede ser comprendida como una típica decisión empresarial. Si bien es cierto que la fábrica parece

haber sido construida con motivos económicos, este parecido es pura coincidencia. El único motivo de la localización de esta fábrica es el de evadir el escollo arancelario impuesto a los japoneses y a otros coches extranjeros, y evitar diversas barreras no arancelarias erigidas por las autoridades norteamericanas contra los importadores de dichos automóviles. En pocas palabras, el gobierno obliga a los japoneses —mediante extorsión— a construir una fábrica que de ningún otro modo habrían accedido a crear.

Como nación, Estados Unidos debería agachar la cabeza de vergüenza ante el hecho de que un acto tan rastrero sea perpetrado en su nombre. La localización de esta fábrica no se debió a motivos de eficacia, ni siquiera es posible que pueda alcanzar este objetivo. Solo es necesario considerar el hecho de que una significativa cantidad de la producción de la fábrica es enviada de vuelta a Japón para montaje. Siendo este el caso, se deriva que estas compañías habrían podido producir sus coches de un modo más barato en una fábrica (equivalente) en Japón, en lugar de en esta. Como resultado del acoso, estos fabricantes crean un producto más costoso, y los consumidores norteamericanos tienen que pagar un precio más elevado por sus coches.

Debido a esta coacción económica, Estados Unidos es percibida como una nación más intervencionista, y, por tanto, menos interesante para la inversión extranjera. Asimismo, a un grado mayor que nunca, es percibida como una nación que no es capaz de atraer la inversión extranjera por sus propios méritos, y, en su lugar, debe acudir a tácticas económicas represivas para conseguirlo.

¿Por qué, entonces, si la defensa del libre comercio tiene tanto sentido, nos encontramos sometidos a una mayor afluencia de barreras arancelarias?

Parte de la respuesta parece ser que, en demasiados casos, aquellos que son conscientes del sentido que tiene el uso del comercio libre, están muy preocupados de que este comercio no solo sea libre, sino de que además sea "justo".

En los pasados años, como resultado, ha entrado una nueva frase en el léxico popular: jugar en “igualdad de condiciones”. Suena a jerga deportiva, pero no lo es. En su lugar, se refiere a un aspecto más bien técnico del comercio internacional. En este sentido, la “igualdad de condiciones” alude a una situación en la que los ciudadanos de ningún país tengan ventaja competitiva alguna con respecto de los demás. Si el comercio entre naciones pudiera representarse mediante un campo de juego, de acuerdo a esta doctrina, no debería estar inclinado hacia ninguna parte, el viento no debería soplar a la espalda de ninguno de los equipos, ni el sol debería dar más en los ojos de un bando que en los del otro. En deportes como el fútbol, el baloncesto, el hockey y el rugby, las metas se cambian a mitad del partido para igualar cualquier desventaja que pudiera haber derivado de un campo de juego desigual.

La práctica de mayor preocupación para los defensores de la “igualdad de condiciones” en el comercio internacional es la de subvencionar las exportaciones. Los defensores estadounidenses de la igualdad de condiciones, por ejemplo, han tenido una gran preocupación durante los últimos años acerca del pescado barato enviado desde Canadá a su país, pues argumentan que es resultado del esquema de seguro de desempleo canadiense, que paga durante el invierno por un trabajo exclusivo de verano. Según la perspectiva de estos don angustias estadounidenses, se trata simplemente de una sutil forma de subsidio disfrazado para los pescadores canadienses, que perjudica a toda la industria marítima estadounidense, pues sin esta ventaja, la industria pesquera canadiense no podría competir de manera eficaz. Por lo tanto, los comerciantes estadounidenses han demandado una "igualdad de condiciones" en la que el gobierno canadiense no ayude a sus ciudadanos a competir "injustamente" contra los estadounidenses.

En un análisis superficial, este punto de vista es razonable. Después de todo, hay unos perdedores específicos —los pescadores de Nueva Inglaterra—que sufren directamente los efectos del seguro de desempleo canadiense, pero si miramos más profundamente, comprobamos que insistir en una “igualdad de condiciones” no tiene ningún sentido económico.

Para demostrarlo, consideremos no una situación en la que los burócratas canadienses persigan una política que, en efecto y no en intención, permita a los ciudadanos de ese país vender productos a un precio que para los estadounidenses no podría ser tan bajo de ninguna otra manera; consideremos en su lugar un caso hipotético extremo en el que el gobierno alentase o incluso obligase a sus ciudadanos a ceder sus bienes, libres de impuestos, a los Estados Unidos.

Supongamos por ejemplo que mañana se aprueba una ley para subvencionar permanentemente el 10%

de toda la leña ofrecida a los Estados Unidos, es decir, por cada 100 dólares de productos madereros enviados por los ciudadanos canadienses a través de la frontera con un precio de 0 dólares, el gobierno canadiense concede a esos ciudadanos 110 dólares. Obviemos la objeción de que esto provocaría la bancarrota de Canadá, y preguntémonos únicamente qué efecto tendría en la economía estadounidense.

Resulta fácil comprender que pese a que esta política arruinaría toda la industria maderera estadounidense, sería una gran ayuda para su economía en conjunto, pues ahora los estadounidenses tendrían tanta madera como antes, gracias a Canadá, y dejarían disponibles un gran número de puestos de trabajo cuyo capital podría ser transferido a otras ocupaciones. La calidad de vida subiría, sin necesidad de una mayor contribución. Así es cómo las economías de posguerra europeas se reconstruyeron tras la Segunda Guerra Mundial, gracias al generoso plan Marshall. Si quisieran ser coherentes, los estadounidenses difícilmente podrían dar la espalda y rechazar tal ayuda en caso de que les fuera ofrecida.

Esto es en lo que consiste el campo de juego en "desigualdad de condiciones": la oferta de un país de contribuir a la economía de otro. En lugar de quejarnos de que otras naciones persigan este tipo de políticas, deberíamos animar a otros a “inclinar” el campo de juego en la dirección del subsidio a las exportaciones. Aún así, la sabiduría económica convencional estadounidense sostiene justo lo contrario, que cada nación debe protestar cuando sus vecinos le dan dinero.

La demencia no se encuentra solo en los manicomios, y tampoco se limita a los defensores de la igualdad de condiciones, sino que está también presente entre los nacionalistas económicos, que claman que el libre comercio amenaza la identidad cultural, o, incluso peor, la soberanía política de cualquier nación que se atreva a acogerse a ella. Hace poco hemos hablado de la presunta “invasión” japonesa de América del Norte —con la referencia a la venta de coches, radios, ordenadores, u otros bienes dentro de Estados Unidos por parte de compañías japonesas—. Estamos oyendo cada vez más aseveraciones ridículas sobre cómo los japoneses se han vengado de la victoria estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, a través de medios económicos en lugar de militares.

¿Y qué hay de las artes? A través del libre comercio, la música, el arte y la cultura de otros países se irán imponiendo y acabarán con la variedad exclusivamente nacional. Absurdo. Es ridículo pensar que solo el arte creado en una nación puede expresar su cultura.

Mozart y Bach no eran americanos. La Biblia, las obras de Shakespeare y Rembrandt no fueron concebidas en la Tierra de Libertad, Hogar de Valientes.

Observemos la siguiente muestra de lo que los economistas llaman “ventaja absoluta”:

consideremos dos años, dos productos y dos países. Si no hay comercio entre los dos países, Canadá produce 500 unidades de sirope de arce y 15 bananas por un total de 515 libras (hagamos la simplificadora hipótesis de que estos dos productos puedan contabilizarse de este modo). Costa Rica produce 400 bananas y 25 unidades de sirope de arce por 425 libras.

Tabla 1 Ventaja absoluta

Sirope Bananas PIB

de arce Canadá 500

15

515

Costa 25

400

425

Rica Sin 525

415

940

comercio Con 1000

800

1800

comercio

El PIB mundial (considerando como mundo únicamente estos dos países) será de 940, constando del total de bananas (415) y el de envases de sirope de arce (525), o de la suma de los PIB de ambos países (515 + 425).

En la última línea, se describe qué ocurre cuando se abre el comercio entre estas dos naciones, y cada una invierte ambos “años” en el producto en el que tiene una ventaja absoluta. Canadá dobla su producción anual de 500 botellas de sirope de arce a 1000, huyendo por completo de las bananas, y Costa Rica pone todos sus recursos en la producción de bananas, ignorando el otro producto, con lo que dobla su anterior producción de 400 a 800. El PIB mundial pasa de ser 940 a ser casi el doble, 1800. Está claro que ambos países salen ganando con este acuerdo, y si no, siempre pueden rechazar el comercio, y regresar a la autarquía del primer ejemplo.

Tabla 2 Ventaja comparativa

Trigo Televisores PIB

EEUU

125

300

425

Japón 200

1500

1700

Sin 325

1800

2125

comercio Con 250

3000

3250

comercio

Pero supongamos que una nación es “mejor” a la hora de producir todos

los bienes. ¿Dejaría de tener sentido el libre comercio? No. Para verlo con claridad, introduzcamos el concepto de ventaja comparativa, con un país más eficiente que otro. Tengamos en cuenta de nuevo dos "años", dos productos, y dos países, solo que en esta ocasión dotando a una de estas naciones con una ventaja absoluta en ambos productos.

Así, el superhombre de Japón puede producir más trigo que el estadounidense, y también más televisores. Vayamos a los números. Sin comercio, el PIB de los Estados Unidos consta de 125 fanegas de trigo y 300

televisores, lo que suma un total de 425

(de nuevo simplificamos hasta el punto de asumir que estos bienes puedan ser acumulables entre sí como si fueran piezas de fruta). Japón produce 325

fanegas de trigo al final del periodo de dos años y 1800 televisores, con lo que el PIB mundial para a ser de 2125 (325

fanegas y 1800 televisores), o de 425 en Estados Unidos y 1700 en Japón.

En un segundo análisis, consideremos el comercio entre ambos.

En esta ocasión, cada país se especializa en el bien sobre el que tenga la ventaja comparativa (recordemos que Japón tiene una ventaja absoluta sobre ambos productos, por lo que no puede generar comercio). Así pues, ¿quién tiene una ventaja comparativa sobre qué? Japón es cinco veces superior en fabricación de televisores, pero solamente 1,6 veces superior en producción de trigo, o, visto de otro modo, Estados Unidos puede producir el 62,5% del trigo que produce Japón pero solo el 20% de los televisores, con lo que Japón tiene una ventaja comparativa en equipamiento electrónico, y Estados Unidos la tiene en bienes agrícolas.

Veamos los resultados de esta especialización:

Estados Unidos abandona la producción electrónica y centra sus energías en la agricultura. Si puede producir 125 unidades de trigo con la mitad de sus recursos, obtendrá 250 si se centra en este producto; Japón, por su parte, puede pasar de producir 1500 televisores a producir 3000, si se centra exclusivamente en este producto.

Como resultado del comercio entre estos dos países, uno “desarrollado” y el otro no, el PIB mundial sube de 2125 a 3250, un aumento gigantesco atribuible a esta ley de ventaja comparativa, descubierta por David Ricardo en 1817. Cuándo absorberán los políticos modernos este conocimiento, que lleva existiendo desde hace ya dos siglos.

Consideremos un último ejemplo numérico de los beneficios del comercio, incluso entre compañeros de circunstancias diferentes. Tenemos un abogado que puede producir servicios legales a 1000 dólares por día, que requerirían de otro día de servicio de secretaría que produciría 150 dólares.

Si trabaja solo, en dos días producirá 1000 más 150, que hacen un total de 1150, pero si obtiene la ayuda de un secretario legal, podrá obtener 2000, y, pese a que haya tenido que pagar 300

dólares por los dos días, habrá igualmente obtenido más que si hubiera trabajado solo, pues al reducirse los 300

de los 2000 que ha obtenido, seguirá teniendo 1700, que es más que los 1150

que habría obtenido si hubiera trabajado solo en las dos ocupaciones. El libre comercio beneficia a ambas partes, independientemente de sus circunstancias financieras, quod erat demonstrandum.

Tabla 3 Más ventaja

comparativa

Sin

Secretario Abogado comercio

Día 1

150

1000

Día 2

150

150

Total 300

1150

Con

Secretario Abogado comercio

Día 1

150

1000

Día 2

150

1000

Total 300

2000 - 300

= 1700

3.

BP

BP (anteriormente conocida como British Petroleum) está en todas las listas de tipos malos, lo que la pone en la diana de personajes a considerar héroes en esta obra. ¿Héroes? ¿Cómo podemos siquiera plantearnos tal? El 20 de abril de 2010 sus instalaciones de Deepwater Horizon estallaron, provocando la muerte de once empleados, y soltando más de 750 millones de litros de petróleo en el Golfo de México, lo que puso en peligro los trabajos, el bienestar y las vidas de miles de habitantes de Texas, Louisiana, Misisipi, Alabama, y Florida. Y la explotación petrolífera es la punta del iceberg. También está el empleo que sirve a esta industria, el turismo, el abastecimiento de comida, la pesca, etc.

BP no solo no merece el trato honorífico de “heroico”, sino que mucha gente se plantea seriamente si los directivos de esta corporación no deberían ser considerados criminales absolutos. Este es, al menos, el concepto que se tiene de BP.

¿Existe otra perspectiva de esta historia? Sí, por supuesto, pero no la escucharás en los principales medios de comunicación. Parte de ella consiste en darse cuenta de que la industria pesada (perforación, construcción, minería, exploración, dinamización) es en ocasiones, qué diantres, siempre, peligrosa. Si no puedes soportar el calor, aléjate de este tipo de trabajos y hazte librero, profesor o limpiador de zapatos. Solo por este motivo deberían ser felicitados, pues ponen sus vidas y propiedades en juego cada día.

Pero hay más. ¿Por qué BP

situaría su plataforma petrolífera Deepwater Horizon tan en alta mar (a 322 kilómetros de la tierra más cercana), y en aguas tan profundas (de un kilómetro y medio de profundidad)?

¿Acaso no se dieron cuenta de que barrenar cerca del continente hubiera sido más seguro? Al fin y al cabo, es más fácil gestionar calamidades sucedidas a 15 metros de profundidad que a kilómetro y medio, amén de que la disponibilidad de ayuda es mayor cerca de tierra firme. Por supuesto que se dieron cuenta, pero una tremenda alianza de ecologistas y políticos de izquierdas les impidieron hacerlo. Además, el Minerals Management Service

(servicio de gestión de minerales), o MMS, no sale indemne de este embrollo, pues se vieron implicados en sobornos, visionado de pornografía en horario de “compañía” en ordenadores del gobierno, y en toma de drogas durante el trabajo. Esto debería servir para frenar ese pensamiento de que la solución para cualquier problema, incluso para aquellos provocados por el gobierno, es crear más leyes.

Pero la contribución del MMS a este asunto no acaba aquí. De acuerdo con el Wall Street Journal, BP recibió ataques del congreso y de grupos medioambientales por su falta de preparación para gestionar un vertido petrolífero grave, pero estas críticas han obviado el elemento clave de que los legisladores federales exigieron a BP que basara sus preparativos en modelos diseñados por el departamento de interior en 2004, que se centraban en explotaciones en la superficie marina e ignoraban los efectos de un vertido en aguas profundas.

Y aún no hemos ahondado en los entresijos de la responsabilidad del gobierno estadounidense en este problema. La sumisión del gobierno de Obama a los sindicatos es tan profunda y arraigada que varios días después del vertido de petróleo rechazó la ayuda del grupo de gestión de vertidos Spill Response Group Holland, pese a que la capacidad de uno de sus barcos para lidiar con el problema era mucho mayor que la de todos los barcos estadounidenses juntos. Los holandeses, expertos en problemas masivos marítimos, gestión marítima, y construcción de diques, se ofrecieron también a proteger las marismas de la Costa del Golfo con bermas y barreras de arena, pero esta oferta fue también rechazada, alegando que implicaría recibir una ayuda a cambio de nada. La adhesión de Estados Unidos a este principio se ha aplicado también a decenas de otras ofertas de flotas de navíos de gestión de vertidos enormemente superiores a las alternativas estadounidenses.

¿Por qué está tan atrasada la tecnología estadounidense? Esto se debe a las perniciosas normativas medioambientales que emanan de Washington, D. C. En la Tierra del Libre, Hogar del Valiente, los navíos de salvamento no pueden devolver al mar agua con petróleo que hayan recogido si su pureza no es de al menos el 99,9985%. La tecnología de otras naciones no es tan restrictiva como para requerir un estándar de 15 partes por millón.

Así, cuando los barcos estadounidenses tragan agua contaminada, están obligados a almacenarla en tierra. Los largos viajes de vuelta a la costa consumen gran cantidad de tiempo, teniendo en cuenta las masivas acumulaciones de petróleo expulsado. En contraste, los navíos holandeses y los de otras naciones habrán dejado más petróleo en el Golfo, pero habrán resultado mucho más eficientes.

Eventualmente, el gobierno estadounidense cambió su tónica (¿qué pasó con los principios?) y aceptó ayuda extranjera, pero con una condición: los holandeses no podrían usar sus métodos superiores directamente. En su lugar, transferirían su equipamiento de tratamiento petrolífero a los botes estadounidenses.

¿Por qué?

Sobra mencionar que esto pospuso los trabajos de limpieza. Al igual que en el agua, ocurrió igual con los trabajos de las bermas y las barreras de arena. En lugar de permitir a los extranjeros, más eficaces, que se hicieran cargo, su papel se limitó a un entrenamiento de la mano de obra estadounidense, lo que supuso una pérdida de tiempo.

Además, la ley de protección petrolífera de 1990 limitó a BP la responsabilidad financiera por daños en 75 millones de dólares, lo que no se puede encuadrar en los principios del capitalismo de laissez faire (en el caso de que, y hasta el punto en que esta compañía estuviera implicada en crear este subsidio implícito por sí misma, no podría defenderse como parte de un sistema de libre empresa, sino que más bien se une a los niveles del estado de monopolio de los capitalistas corporativos, o fascistas. Pero la evidencia que apoya esta contienda no ha sido presentada, y la carga de las pruebas pesa sobre los hombros de quienes hacen tales acusaciones). Por otro lado, en el momento de escribir estas líneas el gobierno de Obama está tratando de obligar a esta compañía petrolífera a que abone los salarios perdidos a causa de todo el tiempo desperdiciado con los ociosos trabajadores del petróleo en el Golfo de México, lo cual sería aún peor, pues, hasta el punto en que BP fuera responsable de este desastre, la compañía debería responsabilizarse también de todos los daños directos a personas y propiedades, sin límite alguno. Sin embargo, lo que lo hace aún peor, mucho peor, es que el gobierno estadounidense pretende obligar a BP a pagar por los salarios perdidos de los trabajadores que se hallaban ociosos debido a la propia moratoria del gobierno a la hora de barrenar las profundidades marinas.

Las familias de los trabajadores fallecidos en esta tragedia denunciaron a BP. ¿Debería permitírseles cobrar una indemnización? No según la ley libertaria, desde luego, pues esos desafortunados trabajadores asumieron la responsabilidad de lo que hacían.

Presumiblemente, cobraron un extra salarial debido a los riesgos que entraña este tipo de empleo. ¿Los herederos de pilotos que fallecen durante pruebas de nuevos aviones deberían poder ir a juicio por estas muertes? No más que en el caso de BP, al menos, claro está, que pueda probarse que los directivos de esta compañía petrolífera hicieron estallar deliberadamente las instalaciones, cosa que ni siquiera se plantea en este caso.

Además, existen una ley Real de asistencia en aguas profundas de 1995, y una reforma de 1978 de la ley de plataformas terrestres no continentales, que sirven de subsidio a la industria petrolífera, en forma de ayudas económicas. El objetivo de la ley de 1995 era presuntamente incitar a una exploración de las áreas de aguas profundas del Golfo de México en busca de petróleo y gas natural. ¿Por qué era esto necesario? Porque la producción petrolífera en este área era considerada demasiado peligrosa y cara para que intereses privados se atrevieran con semejante reto. Si los legisladores del gobierno están tan interesados en promover esta actividad, ¿por qué no asumen sus responsabilidades cuando algo sale mal con los resultados de sus propias decisiones, en lugar de buscar “culos que patear”, como anunció Obama? Si hubiera justicia en el mundo, el presidente de los Estados Unidos debería buscar en el espejo el objetivo a patear.

Esta tragedia humana y medioambiental no podría estar completa sin tener en cuenta la perniciosa ley de Jones de 1920. Al igual que las leyes de navegación británicas, que fueron parte de los motivos de la secesión de Estados Unidos en 1776, estas leyes reservaron el monopolio de los barcos a dicho país.

Bajo esta ley, solo los navíos estadounidenses pueden comerciar en aguas estadounidenses como el Golfo de México, y deben estar formados por tripulaciones estadounidenses. Así, ha habido barcos de otras naciones que estuvieron más que dispuestos a ayudar en momentos de necesidad, pero la guardia costera siempre les ha impedido hacerlo. Evidentemente, para Obama es más importante postrarse ante los sindicatos —principales beneficiarios de la ley de Jones— que tener en cuenta el medio ambiente. No podemos evitar recordar que bajo el gobierno de Bush

II, la FEMA (agencia federal de gestión de emergencias) también rechazó ayuda ofrecida a Nueva Orleans tras el desastre del Katrina. ¿Qué pasa con Washington, D. C., y los estados del Golfo?

También está la ley de servicios de pasajeros de embarcaciones (PVSA) de 1886 (46 U. S. C. 289), que dispone que ninguna embarcación extranjera transportará pasajeros entre puestos o lugares de los Estados Unidos. Existe una ley similar que prohíbe transportar pasajeros por aire de una ciudad estadounidense a otra. La cuestión es que es muy fácil culpar a BP de la fuga de petróleo, cuando, con leyes como estas, el gobierno estadounidense es al menos parcialmente responsable de esta tragedia.

Otra complicación aparecida en este episodio es que el Golfo de México esté o bien desposeído, o bien totalmente controlado y/o poseído por el gobierno estadounidense. El primer caso da lugar a la tragedia de que los incentivos usuales para preservar y salvaguardar la propiedad se ven enormemente atenuados, si no totalmente. El segundo caso corresponde al sistema económico soviético, en que el gobierno planea toda la economía.

Por el contrario, si esta porción de agua hubiera sido poseída por, digamos, la Corporación del Golfo de México, el asunto se hubiera gestionado de un modo muy superior, pues, de no hacerlo, se verían sujetos a las habituales reacciones mercantiles de beneficios y pérdidas. Sin embargo, ¿pierde acaso dinero Obama cuando se vierte petróleo, y/o llega a la costa y arruina el comercio? Por supuesto que no.

Consideremos una objeción a lo anterior: que el Golfo de México pertenezca (lo cual sería poco probable) a cientos de corporaciones. Una de ellas es particularmente irresponsable, pues permite a una compañía minera perforar en su propiedad, pero no impone restricción de seguridad alguna en sus contratos (pues de este modo aumenta los beneficios). En caso de accidente, no dispone de los recursos necesarios para sufragar los costes a sus vecinos dueños de zonas de agua. Ninguna compañía de seguros tocaría a una gente tan poco fiable ni con un palo. ¿Cual es la solución ofrecida por el código legal libertario a este desastre potencial?

Aplicar desde el minuto uno restricciones a este tipo de irresponsabilidades, pues constituyen un peligro claro y evidente, una amenaza.

Para evitar conflictos legales, cada propietario del Golfo tendría un incentivo para registrar sus medidas de seguridad por parte de un tribunal, o una asociación de propietarios.

Así que la próxima vez que oigas a alguien echando la culpa a BP de este desastre, date cuenta de que la principal culpa, sino absolutamente toda, de este trágico suceso, es del gobierno estadounidense, y no de la compañía petrolífera.

4.

LA ENERGÍA NUCLEAR

Las muertes del 20 de abril de 2010, derivadas de la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, fueron una gran tragedia.

Fallecieron once empleados, y cientos de miles de litros de petróleo fueron vertidos en el Golfo de México.

La tragedia humana y medioambiental es aún más motivo para re examinar las dudas generalizadas sobre la energía nuclear que nos son impuestas por el movimiento “ecologista”.

La tragedia del Deepwater Horizon, desafortunadamente, no ha sido el primer accidente relacionado con la energía que se lleva numerosas vidas.

En realidad, el campo de la energía no nuclear está plagado de una serie de desastres similares.

Entre otras fatalidades masivas en plataformas petrolíferas marítimas se incluyen:

· las muertes de ochenta y cuatro hombres en el hundimiento de la plataforma de extracción petrolífera Ocean Ranger cerca de Terranova; ·

el hundimiento de las instalaciones petrolíferas Alexander Kielland, de miles de toneladas, en el Mar del Norte de Noruega, en marzo de 1980, con la catastrófica pérdida de 123

vidas; · el colapso en noviembre de 1979 de una plataforma petrolífera durante una tormenta en el Golfo de Bohai, al noreste de China, que acabó con la vida de 72 trabajadores; · la explosión en octubre de 1980 de la plataforma estadounidense Tappmeyer, en Arabia Saudi, en la que fallecieron 18 personas.

La minería de carbón también está plagada de numerosos accidentes de gran escala, por todo el mundo:

· en Canadá, la mina de carbón “Springhill” sufrió un desastre que se llevó 39 vidas en 1956 y otras 74 en 1958; · en los Estados Unidos, cerca de 300 mineros de carbón mueren en acto de servicio cada año; · además de a los derrumbes, los mineros se ven sometidos a la fatal enfermedad del pulmón negro, que ha lisiado a muchos, y, directa o indirectamente, matado a muchos otros.

Si las crónicas del pasado parecen desoladoras, el futuro da señales de ser igualmente funesto. Pese a que la tecnología se halle en constante desarrollo, mientras la búsqueda de petróleo en altamar continúe internándose rápidamente en ambientes cada vez mas inhóspitos, lo único razonable es esperar más de lo mismo.

Lo mismo se aplica a la minería de carbón. Si los precios de la energía continúan subiendo, para obtener una mayor fuente de carbón será preciso cavar más profundo —en terreno mucho más peligroso—. La minería a cielo abierto cercana a la superficie conlleva el riesgo de inundaciones, derrumbamientos, y otros desastres —según vociferan los así llamados “ecologistas” —. Otras alternativas de suministro energético conllevan sus propios riesgos, un escalofriante ejemplo de ello es el estallido de una presa hidroeléctrica que ahogó a miles de personas en la India.

¿Qué hay de la energía nuclear?

Pese a las mediatizadas lamentaciones y rechinar de dientes que acompañaron el accidente de la isla de Three Mile Island en Pensilvania, la cuestión es simple y llanamente que no ha habido ni una sola muerte relacionada con radiación en el cuarto de siglo de la generación de la energía nuclear comercial. Como dicen en Estados Unidos: “ha muerto más gente en Chappaquiddick que en Three Mile Island".

Y la letanía prosigue, con manifestantes en las centrales nucleares intentando constantemente frenar las operaciones nucleares —y recibiendo una dedicación entre respetuosa y aduladora por parte de la prensa—.

Pese a estar incurriendo en allanamiento de morada, los manifestantes reciben trato de “morales” y “preocupados”.

No se trata de afirmar que el gobierno deba inclinar la balanza económica hacia el lado de la energía nuclear, en absoluto. De hecho, el gobierno no debería inmiscuirse en estos temas, ni debería opinar al respecto. A

estos efectos, la ley de Price-Anderson, que limita la responsabilidad en caso de percances en esta industria, debería abolirse de inmediato. Si, y hasta el punto en que el petróleo y el carbón sean culpables de violar derechos de propiedad en forma de allanamiento perpetrado por partículas de humo, debe cesar ipso facto. La respuesta libertaria es la de la libre competencia: permitir que todas las fuentes de energía; petróleo, carbón, agua, energía nuclear, eólica, o solar, compitan entre ellas, sin temores ni privilegios. Y dejar que sea el mercado el que decida cuales, y en qué proporciones, sirven mejor a la humanidad. Así es como ocurre con frutas y verduras, o al menos, deberíamos gestionar así estos bienes de comercio (no me recuerden los subsidios del azúcar, los impuestos de la cerveza, las normativas sobre las comidas "grasientas", etc.).

¿Por qué no también con las fuentes de energía?

5.

El tiburón financiero

En 1932, Adolf A. Berle Jr. y Gardner C. Mens escribieron un libro titulado The Modern Corporation and Private Property, un ensayo sobre la gestión empresarial que la acusa que ser fría y ególatra, alejada del consumidor e irresponsable con el accionista. Este volumen se convirtió en la biblia de los marxistas, los intelectuales de izquierdas y los políticos intervencionistas. Bajo el estandarte de la separación de propiedad y control, la tesis de Berle y Means supuso un ataque a la estructura empresarial que hace tambalearse incluso a los altos ejecutivos de hoy en día.

Siendo así, uno pensaría que la gente, ansiosa de un mayor papel para el sector público, habría acogido positivamente la llegada del tiburón financiero, pues esta nueva casta de capitalistas ha hecho temblar a los habitantes de las salas de juntas. Al arrasar empresas a base de lanzar opas "hostiles", estos tiburones de las finanzas han conseguido sustituir la gestión de decenas de industrias, y asustar a miles de jefes ejecutivos descuidados, haciéndoles asumir una mayor responsabilidad.

Al menos según la teoría de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, habría sido de esperar que los críticos del mercado, especialmente los seguidores de Berle y Means, hubiesen apoyado la causa del tiburón de las finanzas.

Sin embargo, esta expectativa no ha sido cumplida. La actividad del tiburón de las finanzas no solo es despreciada por los defensores de la intromisión del gobierno en el mercado, sino que ha sido severamente condenada por la práctica totalidad de expertos en política pública. En 1987, el director de izquierdas Oliver Stone condensó la imagen común del tiburón financiero en el presuntamente despreciable Gordon Gekko, brillantemente interpretado por el oscarizado Michael Douglas. Y la imagen de Gekko es la que se asocia actualmente a la del tiburón de las finanzas.

Pese a este desprecio universal, la opa hostil beneficia a consumidores y accionistas, y sirve de advertencia para los gestores relajados. En un célebre caso que salió a la luz poco antes de que la mencionada película de Stone, Wall Street, fuera estrenada, el agresivo empresario Carl Icahn lanzó una opa por un conjunto de acciones de Phillips Petroleum. Los ejecutivos de Phillips, heridos por la opa, ofrecieron una mejora del plan de recapitalización que se vieron forzados a realizar en respuesta a un intento de adquisición previo, esta vez protagonizado por T.

Boone Pickens. Como resultado, Icahn obtuvo 50 millones de dólares, Pickens registró un beneficio de 89 millones de dólares en una reventa de sus acciones a la compañía, los accionistas de Pillips se beneficiaron de la mejor oferta, y la propia empresa petrolífera acabó con mucho más caudal que antes.

Sobra mencionar que ni Icahn ni Pickens ni ninguna de las otras mentes brillantes que protagonizaron el boom de adquisición de empresas de 1980

fueron públicamente agradecidos por el bien que obraron. Por el contrario, ambos fueron no solamente objeto de burla de Oliver Stone, sino que también se les arrebató la oportunidad de hacer más buenas acciones como las que hicieron, debido a los estatutos anti opa que fueron aprobados en la década.

Henry Manne declaró que las opas hostiles habían pasado de constituir el catorce por ciento de las causas de fusión empresarial a solo el cuatro por ciento.

La sabiduría convencional sostiene que este resultado es bueno para los inversores, pero los hechos muestran lo contrario. No podemos hablar de tiburones de las finanzas sin olvidar el papel del heroico Michael Milken. Asumamos que existiera un hotel que valiese 20 millones de dólares. Con un interés del 5%, sus propietarios obtendrían un millón de dólares. Pero, ya sea debido a ineficiencia, a avaricia, a un salario desorbitado de los directivos, o a una combinación de los anteriores, los propietarios estarían ganando menos que en dividendos, y adivina qué, las acciones tendrían un valor inferior que el que deberían, si estos factores no hubieran ocurrido.

Entonces aparece el “malvado” Michael Milken, adquiere la suficiente cantidad de capital de la empresa como para expulsar la antigua junta directiva y sustituirla por una nueva nombrada por él, lo que se considera una opa “hostil” llevada a cabo por un “tiburón” financiero.

¿De dónde sale la hostilidad? Todo lo que hizo Milken fue comprar una serie de acciones.

¿Amenazó acaso a alguno de los accionistas con expulsarles si no vendían? No, por supuesto que no, estamos hablando de tratos en el mercado de valores. Podemos inferir lógicamente que los propietarios de estas acciones prefirieron el precio ofrecido por el “tiburón”, pues si no, no habrían vendido. La hostilidad, en su lugar, proviene de la junta directiva y sus amigotes, que estaban arruinando al hotel.

Los Milkins del mundo son parecidos al canario de la mina, pues suponen la línea de advertencia de la economía. Cuando entran en acción, es en respuesta a que algo está podrido, ¿y cual es la reacción general? En lugar de alzarles y ofrecer galas en su honor, la gente les muestra el dedo corazón. En el caso de Milkin, fue acusado por la agencia gubernamental SEC

por comercio interno, violación de las leyes de seguridad estadounidense, y otras felonías financieras. Se declaró culpable solo cuando las autoridades le amenazaron con ir a por su hermano. Por coacción.

II. TRABAJO

6.

EL VERDUGO DE LA EMPRESA

En la película “Up in the Air”, George Clooney viaja alrededor del mundo despidiendo a gente, lo que en el mundo empresarial se conoce como ser el verdugo de la empresa. Se dedica a lo que los jefes de la interminable lista de compañías retratadas en la película no tienen estómago para hacer.

Parece injusto para todos los moralistas progresistas que un empleado pueda ser despedido sin “motivo”; que el puesto de una persona pueda quedar vacante por cualquier razón que el patrón estime apropiada —o sin razón alguna—. Y aun así, es precisamente eso lo que significa tradicionalmente el trabajo “de libre elección”. La mayoría de la gente encuentra injusto despedir a un empleado sin una buena causa. Para algunos, defensores de un empleo garantizado de por vida, parece injusto despedir a un empleado por cualquier motivo, quizás excluyendo comportamientos criminales o extremadamente inmorales.

La razón de la extendida popularidad de esta perspectiva es que la mayoría de la gente entiende el trabajo como una posesión. Hablamos de "mi trabajo", y asumimos implícitamente derechos de propiedad sobre la relación laboral. Si el trabajo se termina —ya sea por un despido, por el cierre de una planta, o por un “esquirol” haciéndose con el puesto durante un conflicto sindical— mucha gente se siente tan víctima como si hubieran sufrido un atraco.

Pero este análisis es incorrecto.

Un trabajo se limita a describir una relación entre dos partes. No es algo que ninguna de las dos partes pueda poseer, y desde luego que no es la posesión por derecho de solo una de las partes. El uso del posesivo en el término "mi trabajo" es una forma de hablar en extremo desafortunada y engañosa.

Existen otros términos posesivos en el habla, pero rara vez crean una confusión análoga. Hablamos, por ejemplo, de “mi esposa”, o “mi marido”, sin dar por hecho, al menos en esta era moderna, que dicha gente esté en la relación contra su voluntad.

Hablamos de "mi sastre", o "mi carnicero”, sin denotar cualidad posesiva alguna. Si el comerciante en cuestión recoge sus bártulos y se muda a otra ciudad, o se retira y cambia de ocupación, podrá suponernos un inconveniente, pero difícilmente sentiremos que estamos sufriendo una violación de nuestros derechos. Por el otro lado, un comerciante podrá hablar de "mi cliente", pero sabe que no tiene ningún derecho de propiedad sobre él.

Si "su cliente" se marcha, por cualquier motivo, causa o albedrío, el comerciante no puede tener nada en su contra. Ni siquiera se consideraría injusto.

Para analizar el despido improcedente desde una perspectiva correcta, consideremos el divorcio improcedente. Mucha gente de buena voluntad verá las nuevas leyes que permiten el divorcio sin motivo como un gran progreso sobre el antiguo sistema.

En el pasado, para obtener un divorcio, era necesario probar crueldad, adulterio, o similar. Hoy en día, el divorcio es posible por cualquier motivo, o por ninguno. ¿Querrían nuestros amigos de la izquierda liberal volver a las antiguas leyes de divorcio?

Es poco probable.

De un modo similar, el patrón que desea “divorciarse” de su empleado, debería poder efectuar dicho divorcio sin motivo. Es decir, el despido improcedente no es injusto ni inapropiado, no más de lo que lo es el divorcio sin motivo. Si uno es un avance progresista en las relaciones humanas, también lo es el otro.

La asimetría de esta perspectiva es otra complicación de este asunto. Los miembros de sindicatos y sus partidarios se quejan fervientemente de ser despedidos sin motivo. ¿Pero qué hay de los que dejan un empleo sin motivo? Si llevamos este punto de vista hasta su conclusión lógica, abandonar un empleo sin motivo debería verse como algo igualmente negativo. Después de todo, el patrón puede estar contando con los servicios continuados del trabajador, y, en cualquier caso, es “su” empleado.

¿Debería pues ilegalizarse el abandono de un empleo? No, por supuesto que no.

El empleado debería poder divorciarse de su patrón sin tener que pedir permiso a nadie.

Por supuesto, ambos están justificados. Los hombres libres tienen el derecho de renunciar a sus empleos, y también de despedir a sus empleados —sin que exista motivo alguno—. A menos que el contrato especifique lo contrario, el patrón y su empleado deberían poder finalizar su relación en el momento en que lo deseasen, por cualquier motivo, o sin motivo alguno.

Otro factor importante a tener en cuenta en este contexto es la necesariamente limitada estabilidad laboral. ¿Cuántos de nosotros no desean tener un trabajo asegurado para nosotros mismos, nuestros amigos, vecinos y familiares?

Pero la estabilidad laboral es limitada, y si algunos de nosotros tenemos más, como los miembros de sindicatos, o trabajadores del sector público, otros tendrán necesariamente menos. Si bien es cierto que se podría aumentar la estabilidad laboral para toda la comunidad, solo podría llevarse a cabo con una mayor flexibilidad económica y un crecimiento económico retardado.

¿Cómo funciona esto?

Consideremos una sociedad agraria de hace dos o tres siglos, antes de la revolución industrial. Entonces no había cambios ni innovaciones.

Ningún producto se importaba repentinamente.

La gente nacía, vivía sus vidas, y moría haciendo el mismo tipo de cosas durante toda su estancia en la Tierra. Comía la misma comida, vestía las mismas ropas, vivía en el mismo tipo de hogar, y se entretenía de los mismos modos que en tiempos remotos.

En un sistema así, se da por hecho que todos en la sociedad tenían su puesto de trabajo asegurado. Con conceptos como bancarrota y creación de nuevas empresas siendo prácticamente desconocidos, no había muchos motivos para cambiar de empleo. Todo tendía a estar bien ordenado, sin cambios, y estable.

Pero hoy en día vivimos en una era de continuo cambio. La industria de caballo y calesa dejó paso a la del automóvil; en la actualidad se pueden producir en el sureste asiático textiles mucho más barato que en América del Norte —con la consecuente pérdida de estabilidad laboral en el textil estadounidense, y otras industrias del tipo de la de caballo y calesa—; y en el horizonte asoman los robots, los ordenadores cada vez más sofisticados, la ingeniería genética, y muchas otras industrias que solo escritores de ciencia ficción se habrían tomado en serio hace décadas. Todas estas nuevas formas de hacer cosas mejorarán nuestra calidad de vida inconmensurablemente. De hecho, las vidas de billones de nuevos humanos dependerán de ellas, del mismo modo en que la mayoría de los actuales habitantes de la Tierra encontrarían imposible vivir sin todos los avances de los que disfrutan.

Pero todos estos nuevos inventos sembrarán el caos con los métodos de producción actuales. Si nos adaptamos a este progreso, la seguridad de tener un trabajo sufrirá necesariamente. Y si algunos de nosotros tenemos una mayor seguridad de que mantendremos nuestros trabajos, a través de leyes y privilegios especiales, la carga de tener que ajustarse al cambio pasará injustamente al resto.

Si la gente realmente desea una mayor seguridad en mantener sus empleos de un modo que no suponga una amenaza para el resto de la sociedad, que lo paguen por sí mismos: aceptando unos salarios inferiores, o participando en una política de seguro que les permita pagar extras por tener el privilegio de asegurarse una continuidad laboral. Así pues, dediquemos una ovación o dos, quizá tres, al personaje interpretado por George Clooney en "Up in the Air".

7.

EL QUE TRABAJA EN CASA

El hogar de un hombre puede que sea su castillo, pero no en lo concerniente a trabajo —no al menos para los que defienden la existencia de leyes que restrinjan la actividad comercial en el domicilio propio—.

Originalmente, estas leyes fueron creadas para imponer trabajo infantil y salarios mínimos.

Asimismo, los sindicatos protestaron fervorosamente, alegando que los que trabajan desde casa pueden resultar muy difíciles de organizar, y el resultado sería un regreso a las condiciones de los talleres clandestinos de explotación laboral.

En la era moderna, sin embargo, la gente que desea trabajar en casa tiende a ser profesional, gestor, o representante de ventas, que pueden trabajar independientemente y/o no desean desplazarse hasta un lugar de trabajo.

Algunos son mujeres razonablemente pudientes que desean ganar algún dinero extra. Por ejemplo, hubo un escándalo acerca de varios cientos de mujeres de los estados de Nueva Inglaterra, que tejían guantes y gorros para el invierno, y lo justificaban como "libertad de empresa". Y, como para mostrar que no solo los políticos buscan extraños compañeros de cama, se acogieron a la liberación de la mujer, ya que trabajar en casa era el único modo en que muchas de ellas podían trabajar —mientras seguían cuidando de los niños—.

Pero la polémica sobre las que tejían en casa no fue más que una montaña de un grano de arena. A lo sumo implicaría a varios miles de costureras en una industria que había estado a punto de ser suplantada por la tecnología durante muchos años. De mayor importancia estadística es la emergente tendencia hacia el traslado de los administrativos de las oficinas a sus casas, que está siendo posible en una escala importante debida a avances tecnológicos en el ámbito informático, pero es posible que esta pequeña tendencia se convierta en una costumbre generalizada.

De ocurrir, el alegato sindical de que la industria artesanal es sinónimo de explotación y clandestinidad tendría aún menos sentido. Es por ello conveniente que sometamos este debate a un análisis crítico, pues es incorrecto, y la política pública basada en su presunta veracidad obtendrá resultados contraproducentes.

Para comenzar, debemos admitir que existe un cierto atractivo superficial en esta perspectiva. Después de todo, en los siglos XVII y XVIII, cuando el trabajo en casa estaba a la orden del día, las condiciones económicas eran en verdad deplorables, pero sostener que porque A (la industria artesanal) y B (la pobreza) convivieran en el mismo momento histórico A provocara B, es caer en la falacia conocida como post hoc ergo propter hoc. Tiene tanto o tan poco sentido como afirmar que dado que la rueda existía hace mucho tiempo, su invención supuso un retroceso en la civilización.

De hecho, la organización laboral en gigantescas unidades de negociación no puede ser la razón de una mejor calidad de vida. En primer lugar, se han dado mejoras económicas durante cientos de años, y mientras que los sindicatos se formaron a finales del siglo XIX, no tuvieron poder real hasta principios del XX. En segundo lugar, hay gran cantidad de países en todo el mundo, especialmente en Oriente, que han obrado "milagros económicos" donde los sindicatos eran débiles o inexistentes. Y en tercer lugar, el sindicato no puede ser motivo del fin de unas pésimas condiciones de vida ni siquiera en países donde esté bien arraigado. Esto se debe a que, junto con las ganancias que indudablemente se han generado en industrias sindicadas, empleados del sector no sindicado han obtenido beneficios iguales o superiores, en campos como la informática, los bancos, o incluso el servicio doméstico.

Si no podemos seguir asumiendo la idea de que la sindicalización es lo que se halla entre la calidad laboral y la explotación, entonces simplemente no hay motivo para interferir en la institución del trabajo desde casa, sin importar lo vasto que se vuelva. Es más, llega a ser absurdo siquiera plantear el concepto de que el trabajo desde casa sea un retroceso hacia la explotación laboral del pasado, pues, si lo fuera, ¿por qué la gente iba a acogerse a ello?

Si partimos del hecho de que han decidido dar este paso de un modo voluntario, podemos inferir lógicamente que, al menos según su punto de vista, mejora su condición laboral. Si no lo hiciera, en ningún momento se habrían embarcado en este tipo de actividad económica.

Existen todas las razones para permitir esta nueva forma de organización industrial. La gente tiene el derecho natural de hacer lo que le plazca, siempre que sus acciones no infrinjan los derechos de los demás de hacer exactamente lo mismo. Los que defiendan el sindicalismo y la liberación de la mujer tendrán que elegir: o lo uno o lo otro. Como muestra el anterior ejemplo, no se pueden dar ambas a la vez.

8.

EL ESQUIROL

No hay nada como el “derecho a sindicar”. La afirmación de que sindicar sea parecido, o peor, implícito en el derecho libertario de libre asociación es completamente espuria. Cierto es que la organización laboral podría limitarse a organizar un paro masivo a menos que y hasta que consiguieran lo que desean.

Esto por supuesto que sí sería compatible con el derecho libertario de libre asociación.

Pero todos los sindicatos con los que estoy familiarizado se reservan el derecho a emplear la violencia (es decir, a iniciar violencia) contra trabajadores rivales, por ejemplo contra esquiroles, ya sea "al estilo proletario", es decir, dándoles una paliza, o "al estilo oficinista", aprobando leyes que obliguen a los trabajadores a aliarse con ellos, y no con los esquiroles (una vez creí haber encontrado una excepción en el sindicato

Christian Labor Association of Canada, pero tras una entrevista telefónica con un representante, puedo decir que, aunque evitan la agresión "al estilo proletario", apoyan la versión "al estilo oficinista").

Pero ¿qué hay del hecho de que existen muchos sindicatos que no se han implicado en la iniciación de violencia?

Es más, hay incluso gente asociada durante muchos años con el sindicato que nunca han sido testigos del inicio de agresión física alguna.

Permítanme aclarar mi postura:

mi oposición no es simplemente a la violencia, sino también a la amenaza de violencia. Generalmente no es necesario el uso de la fuerza si la amenaza es lo suficientemente seria, lo que considero que es práctica común en los sindicatos de Estados Unidos, Canadá y Europa occidental.

Es probable que ningún miembro de la IRS haya incurrido en el uso de violencia física, lo que se debe a que los empleados de esta organización se apoyan en los brazos legislativo y judicial del gobierno estadounidense, que tienen un poder desmesurado (pero no contra los iraquíes, los afganos o los iraníes, sino contra su propio pueblo).

Pero sería superficial sostener que la IRS no ejecuta actos de violencia, o de amenaza de violencia, igual que el policía que te pone una multa de tráfico.

Son, y están entrenados, para ser excesivamente educados, pero la violencia, o la amenaza de la misma, es lo que define toda su relación contigo.

No negaré que la administración emplee en ocasiones la violencia, o la amenaza de la misma, mi única disensión está en que es posible señalar numerosos casos en los que no, mientras que lo mismo es imposible para el sindicato, al menos en los países de los que estoy tratando.

Además, la empresa se encuentra siempre, por necesidad, en una posición defensiva con respecto al sindicato. Si este último se limitara a realizar parones masivos, la empresa tendría pocos motivos para iniciar violencia contra ellos. Tendría más sentido ignorar la amenaza del sindicato y seguir adelante con el negocio contratando trabajadores para reemplazarles.

La amenaza que emana de los sindicatos es objetiva, no subjetiva. Es la amenaza, en los antiguos tiempos del proletariado, de que cualquier trabajador rival, cualquier esquirol, recibirá una paliza si intenta cruzar una línea de piquetes, y, en la moderna era del oficinista, de que cualquier patrón que despida a un miembro del sindicato en huelga y lo sustituya por un trabajador a tiempo indefinido, incurrirá en la violación de varias leyes laborales (¿por qué no es "discriminatorio" y "detestable" referirse a los trabajadores dispuestos a recibir un salario inferior y rivalizar con los sindicados mediante el término “esquirol”?

¿No debería considerarse igual que llamar “negratas” a los negros, o “sudacas” a los latinoamericanos?).

Pongamos por caso que un flacucho atraca a un tipo fornido cual jugador de rugby y le amenaza con que, si no le da su dinero, le pateará el culo.

Se trata de una amenaza objetiva, sin importar que el tipo grande reaccione partiéndose de risa. Supongamos ahora un caso similar, pero en el que el tipo flacucho saca una pistola y amenaza con disparar al otro a menos que le entregue su dinero.

Hay dos clases de tipos fornidos.

Una se sentirá amenazada y le entregará su cartera. La segunda atacará al individuo (en defensa propia, por supuesto). Quizás se sienta omnipotente, o quizás vista un chaleco antibalas, no importa, una amenaza es una amenaza, independientemente de la reacción del tipo fornido, sin importar su respuesta primaria.

Volvamos a las relaciones de gestión laboral. El sindicato amenaza objetivamente a los esquiroles y a los patrones que les contratan. Es así necesariamente, es un hecho, puro cual ley, no basado en sentimientos psicológicos de una de las partes. En cambio, pese a que no podamos negar que en ocasiones los empleados inician violencia contra otros empleados, no lo hacen necesariamente. Por norma general, sin embargo, no llegan a emplear la violencia, sino que, dadas las leyes sindicales, los sindicatos están violando los derechos de los empleados continuamente.

En ocasiones, los empleados hacen uso de la fuerza contra el sindicato, pero en defensa propia, por ejemplo, cuando defienden su propiedad, o a los “esquiroles” contra los huelguistas.

No debemos jamás sucumbir al canto de sirena de la brutalidad sindical.

Consideremos ocho objeciones a lo anterior.

1.

¿SINDICALISMO

LEGÍTIMO?

Teóricamente, los sindicatos son compatibles con una sociedad libre. Sí.

Nada de lo anteriormente dicho debería considerarse incoherente con esta perspectiva. Todo lo que tendrían que hacer los sindicatos sería evitar la violencia proletaria y oficinista. Me limito a exponer que nunca ha ocurrido, no que sea imposible que vaya a ocurrir.

No obstante, es seguro que una asociación de trabajadores que evitase por completo la iniciación de violencia, o incluso la amenaza de la misma, merecería una nomenclatura distinta de las organizaciones como los sindicatos a las que se asemeja aunque solo sea superficialmente. Mi sugerencia es que no tildásemos de sindicato a la organización laboral que se limitase estrictamente a la amenaza de renuncia masiva.

¿Cómo deberíamos pues denominar a un grupo de trabajadores que rehúyen tanto las palizas a esquiroles como las leyes que obligan a los patrones a negociar con ellos? He aquí varias posibilidades: asociaciones de trabajadores, grupos de empleados, organizaciones de miembros de personal, etc. Así pues, las asociaciones de trabajadores, tal y como han sido anteriormente definidas, ¿son compatibles con la libre empresa?

Puedes apostar a que sí. ¿Los sindicatos o el sindicato cumplen con esta premisa tal y como operan en la actualidad? No y mil veces no.

2. SINDICATOS DEL SECTOR

PÚBLICO

¿Cuál es su estatus?

Los sindicatos del sector público presentan el libertarismo teórico con un complejo desafío, si bien de un modo ligeramente diferente al que lo hacen los sindicatos del sector privado. En este caso, no son necesariamente incompatibles con la sociedad libre, pero, tal y como pasa, no existen casos actuales de existencia de organizaciones de empleados que sean coherentes con la libertad económica.

La complejidad presentada por los sindicatos del sector público es que, por un lado, desde una perspectiva libertaria pueden ser vistos como un contrapeso a los gobiernos ilegítimos, mientras que por otro lado constituyen un ataque a ciudadanos inocentes. Cada uno de estos diferentes roles exige un análisis diferente.

Comencemos con el primer caso.

Para el libertario de gobierno mínimo, o minarquista, el Estado es ilegítimo si excede sus propios límites, y hasta el punto en que lo haga. Esto incluye ejércitos (para defensa contra poderes extranjeros, no para ofensiva contra los mismos), policía, para mantener controlados a los criminales (es decir, a los violadores, explotadores infantiles, asesinos, etc., no para los “criminales” sin víctimas, como los traficantes de droga, las prostitutas, etc.), y juzgados para determinar culpabilidad o inocencia. Algunos defensores del laissez faire más moderados añaden a esta lista agencias para construir y mantener carreteras, tratar y controlar enfermedades contagiosas, y proveer vacunas, protección contra incendios, y control de insectos. Para el anarco-libertario, por supuesto, no existe el concepto de gobierno lícito.

¿Qué tienen que decir entonces los libertarios sobre un sindicato de profesores del sector público en huelga contra una escuela estatal (un análisis similar es válido para sindicatos del sector público de basureros, servicio postal, carreteras, o cualquier sector en el que la implicación gubernamental sea, para empezar, impropia)? El análisis correcto de esta situación es “que una plaga destruya ambas casas”, pues no uno, sino ambas organismos son ilegítimos. No hay libertario que defienda las escuelas gubernamentales, ya sea anarquista o minarquista (Milton Friedman, defensor de la escuela pública siempre que opere bajo un sistema de cupones, queda pues fuera del ámbito del libertarismo en esta cuestión). Así, desde una perspectiva libertaria, ambos bandos de esta disputa son ilegítimos.

Hay dos fuerzas enfrentadas, ambas equivocadas. Desde un punto de vista estratégico, podríamos incluso apoyar al sindicato frente al gobierno, ya que es el más débil de los dos oponentes, pero desde una perspectiva de principios, deberíamos analizar ambos bandos como todo hombre de bien analizaría una batalla entre latin kings y ñetas, o entre la Alemania nazi y la Rusia comunista:

¡rechazando a ambos!

Consideremos el segundo caso:

nótese aquí que el sindicato del sector público hace mucho más que atacar a un gobierno ilegítimo. Además causa molestias a la población. Cuando las escuelas cierran, la basura no se recoge, los autobuses no circulan —porque los sindicatos del sector emplean la violencia y la amenaza de la misma para estos fines—, la respuesta libertaria es clara: oposición total a los sindicatos infractores.

Compliquemos ligeramente la visión de los sindicatos públicos.

Consideremos un episodio del programa de noticias 20/20, de la ABC, en el que se habló de cómo los sindicatos públicos están luchando contra gente que se presenta voluntaria para el bien público.

La cuestión principal era que los ciudadanos estuvieron presentándose voluntarios para hacer cosas como ayudar a los sindicados del sector público a recoger basura en los parques, ayudarles a plantar flores, colaborar en tareas de almacenamiento en librerías públicas, etc., y los sindicatos reaccionaron maliciosamente, como de costumbre.

Antes de que podamos arrojar luz libertaria sobre este polémico asunto, debemos preguntarnos primero:

¿cuál es el análisis libertario sobre la gente que se presenta voluntaria para ayudar al gobierno a hacer trabajos que para empezar no debería estar haciendo?

Plantearlo de esta manera es prácticamente responder a la pregunta.

No existe diferencia moral entre prestarse voluntario para ayudar al Estado a realizar actos ilegítimos (que, por supuesto, no son ilícitos per se, como los campos de concentración, sino que es inapropiado, según la teoría libertaria, que los gobiernos asuman tales responsabilidades) como gestionar y mantener librerías, escuelas, parques, etc., y entregarles donaciones monetarias para que desempeñen tales tareas. En ambos casos, se está siendo cómplice de una actividad perniciosa, y arriesgándose a ser declarado culpable de crímenes contra la humanidad por un juzgado de Nuremberg de un futuro libertario.

Repita conmigo: libre empresa, bueno, gobierno (en exceso, para los minarquistas), malo. Una vez más, desde el principio: ¡libre empresa, bueno, gobierno (en exceso) malo! El apelativo “libertario” es honorífico. Es demasiado valioso como para ser enarbolado por aquellos que se etiquetan falsamente. La gente que apoya el gobierno (en exceso) simplemente no es digna de su uso, al menos en el contexto específico en el que violan el axioma de no agresión. Es por ello que John Stossel, pese a ser un libertario en muchos otros aspectos, en este no lo es.

He aquí una lección para libertarios: si quieres ser merecedor de esta denominación, y deseas contribuir con tu dinero a una buena causa, no se lo des a un gobierno que va más allá de su autoridad legítima. Hay muchas causas que merecen la pena y se oponen a las depredaciones estatales, en lugar de apoyarlas. Si quieres ser digno de este título honorífico y deseas donar tiempo a una buena causa, como recoger basura, plantar flores, colocar libros, etc., hazlo por los grupos relevantes privados, ya sean caritativos o con ánimo de lucro, no importa lo más mínimo.

3. ¿LIBERTARIOS UNIÉNDOSE

A UN SINDICATO?

¿Es apropiado, o incluso lógicamente posible, que un libertario se una a un sindicato coactivo? Por mucho que odie ser controvertido (está bien, no me importa lo más mínimo), mi respuesta es sí. Habrá muchos asuntos en los que discrepe con William F.

Buckley, pero su decisión de unirse al ACTRA, Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, no es uno de ellos (era el requisito que le impusieron para permitirle emitir Firing Line, su programa de televisión).

¿Porqué adoptar una postura tan distorsionada?

Permíteme contestar indirectamente. Dado que es ilegítimo que el gobierno gestione escuelas y universidades, ¿es ilegítimo para un libertario unirse en calidad de estudiante o profesor? Si es ilegítimo que el gobierno organice una oficina postal, ¿es ilegítimo que el libertario envíe una carta? Si es ilegítimo que el gobierno construya y gestione carreteras, calles y aceras, ¿es ilegítimo que un libertario las emplee? Si es ilegítimo que el gobierno abastezca de moneda (la constitución lo permite, pero para el libertario únicamente el mercado debe tener la capacidad de hacerlo), ¿es ilegítimo que el libertario use euros o dólares?

Es hora de confesarse. He sido estudiante en escuelas públicas:

primaria, secundaria, y universidad. He sido profesor en varias escuelas y universidades públicas. Adquiero con regularidad sellos de la pérfida oficina postal del gobierno, e incluso tengo la osadía de enviar cartas. Camino por aceras públicas y hago uso de calles y autopistas. Llevo billetes en mi cartera.

¿ Mea culpa? En absoluto.

Si el heroico personaje Ragnar Danneskjöld de Ayn Rand nos ha enseñado algo, es que el gobierno no es el dueño legítimo de lo que proclama ser. ¿Por qué, entonces, deberíamos respetar sus "derechos de propiedad privada", cuando no hay razón alguna para hacerlo? Si esto quiere decir que los libertarios pueden participar en servicios que favorezcan la privatización, que así sea.

Es similar con los sindicatos coactivos. Si un atracador te pide tu dinero a punta de pistola, entregárselo no

es incompatible con el libertarianismo, pese a estar accediendo a un robo. Si el sindicato te amenaza con hacerte daño físico a menos que te unas a él, acceder a hacerlo no saca a la víctima de las filas del libertarismo.

Buckley, para otorgarle algún reconocimiento, nunca cesó de quejarse de que este hecho fue una injusticia cometida contra él. Si se hubiera cambiado de bando y se hubiera puesto a defender a los sindicatos, hasta el más mínimo atisbo de libertarismo en él se habría desvanecido. De acuerdo con esto, hay un abismo de diferencia entre un profesor marxista en una universidad pública que promueve el intervencionismo, y un libertario que se opone.

4. NO SER CONSCIENTE DE

LA VIOLENCIA

Muchos miembros no son siquiera conscientes del uso de violencia en sus propios sindicatos.

Muchos empleados del IRS

probablemente no se dan cuenta de que están colaborando enormemente con la amenaza de la iniciación de violencia.

Todos los miembros del sindicato deben no ser apenas conscientes de ello para que la tesis de este capítulo sea correcta. Después de que los británicos se fueran de la India, el gobierno de esta comenzó a realizar sondeos entre miembros de lejanas aldeas rurales sobre este tema, pero tuvieron que dejarlo cuando se dieron cuenta de que los habitantes ni siquiera habían tenido constancia de que los británicos hubieran estado allí. Rayos, ¡debe de quedar aún gente que piensa que la Tierra es plana, o que el socialismo es un sistema ético y eficaz! No tiene sentido.

5. EN DEFENSA

PROPIA

Consideremos la objeción de que la violencia sindical existiera, pero estuviese justificada pues fuera ejecutada únicamente en defensa propia, contra empleados, esquiroles, o extraños. Consideremos cada caso.

Sí, los empleados también son violentos. La agencia de detectives Pinkerton viene inmediatamente a la mente. Algunos de estos casos fueron justificados como defensa propia, contra una agresión previa sindical, y algunos no. En el primer caso, no hay garantía de comportamiento invasivo por parte del sindicato, pero incluso en el segundo caso no puede servir como justificación para una agresión sindical generalizada.

En el mejor de los casos, puede justificar defensa propia únicamente en casos de agresión del empleado.

¿Y qué hay de los “esquiroles"?

Se alega que los “esquiroles” están robando, o, mejor aún, tratando de robar un trabajo que es poseído, como un abrigo o un coche. Sin embargo, un trabajo es muy diferente. No es algo que se pueda poseer, sino más bien es un acuerdo entre dos partes, empleado y patrón, pero cuando este trata de contratar a un esquirol y despide al sindicado, esto prueba que ya no está de acuerdo. No nos dejemos engañar por la expresión "mi trabajo". No denota posesión, más que "mi esposa", "mi marido", "mi amigo", "mi cliente", o "mi sastre". En su lugar, todas estas expresiones son indicativos de una interacción voluntaria, que termina (dejando de lado las leyes matrimoniales que lo impidan) cuando el acuerdo cesa.

Entonces, está la supuesta "amenaza" impuesta por los trabajadores mexicanos (o hindúes o japoneses, quien quiera que sea el chivo expiatorio económico del día). ¿Recuerdas aquel "gigantesco sonido de succión”? El mejor remedio para esta clase de ignorancia económica es analizar el caso del libre comercio (véase el capítulo sobre el contrabandista en este mismo libro).

6. PERO FIRMARON UN

CONTRATO

Como el empelado firmó un contrato laboral, debería estar obligado a cumplir sus cláusulas. ¿Pero porqué el patrón debería observar un contrato que fue firmado bajo coacción? No puede existir contrato puramente volitivo alguno entre empresa y sindicato con la espada de Damocles pendiendo sobre el anterior. Supongamos que te apunto con una pistola, y te amenazo con disparar a menos que firmes un "contrato" conmigo, en el que te comprometes a entregarme 100 dólares semanales. Más tarde, cuando estás a salvo, reniegas de este contrato. Ciertamente, estarías en tu derecho.

7. MAXIMIZAR

LOS

BENEFICIOS

Los sindicatos maximizan los beneficios de sus miembros, por lo que están justificados.

Para empezar, aun si esto fuera cierto, cualquier criminal podría afirmar lo mismo. Un atracador también desea maximizar sus ingresos y para ello comete agresiones contra gente inocente.

¿De qué manera es diferente el sindicado del atracador en este aspecto?

En segundo lugar, no está en absoluto claro que el sindicato sea la mejor opción para el bienestar económico del trabajador. ¿Alguien ha oído hablar del "cinturón de óxido"? Los sindicatos localizados en lugares que van desde Illinois hasta Massachusetts exigieron salarios y suplementos que superaban los niveles de productividad, y los patrones carecían de poder para impedirlo. El resultado fue devastador.

O bien cayeron en bancarrota, o huyeron a lugares como Alabama, Misisipi, y Luisiana, donde el sindicalismo era considerado como la lacra económica y moral que es, al contrario que en “Tasachussetts”. Si organizar a los trabajadores en sindicatos es el sine qua non de la prosperidad, ¿cómo es que los salarios y las condiciones laborales son tan buenos en la informática, las aseguradoras, los bancos, y una plétora de otros sectores no sindicados? ¿Cómo es que los salarios reales subieron antes del primer advenimiento de los sindicatos a comienzos del siglo XX?

¿Cómo es que a finales del siglo XX los sindicatos decayeron mientras que los salarios ascendieron?

8.

JERARQUÍA, EL

VERDADERO PROBLEMA.

El verdadero problema de los sindicatos es que son jerárquicos; el libertario debe oponerse a todas las organizaciones jerárquicas, lo que sin duda incluye a los patrones, también.

Pero esto es simplemente absurdo. Los libertarios se oponen a la iniciación de la coacción o a la amenaza de la misma, no a la jerarquía. Sí, todos los grupos que violan el axioma de no agresión de los libertarios son jerárquicos. Los gobiernos, las bandas, los violadores, imponen su voluntad, por la fuerza, sobre sus víctimas. Dan órdenes. Y sí, en todas las jerarquías, la gente en lo alto de la cadena alimenticia da órdenes a aquellos que tienen debajo.

Pero la diferencia, y esto es crucial, entre la jerarquía lícita y la ilícita, es que los receptores de órdenes en el primer caso deben haber accedido a aceptarlas, lo que no se aplica en el segundo caso.

El violador ordenando a la víctima que haga lo que le pide es una jerarquía ilegítima. El director de orquesta que ordena al violonchelista es una jerarquía legítima. Me opongo a los sindicatos no porque sean jerárquicos, sino porque sus víctimas esquiroles nunca han accedido a llevar a cabo sus órdenes.

9.

EL CANGURO

¿Cuidar de niños a cambio de dinero? A algunos, el simple concepto ya les deja patidifusos.

Según esta gente, por un lado tenemos a los niños de la nación —tiernos, dulces, adorables, monos, y encantadores—. Por otro lado tenemos el maligno sistema de remuneración, duro, frío, y calculador, con una caja registradora en vez de alma.

¿Vamos a dejar a nuestros pequeñines a merced de las “frágiles misericordias del sistema capitalista que solo existe para el beneficio”? No si el socialista común sospecha que tiene algo que decir al respecto. Según su punto de vista, cuando el dinero se convierte en la primera consideración, la calidad pasa a un triste segundo plano. Puedes hacer eso con un producto, pero no con niños. Los niños son el principal recurso del futuro.

Pero esta dicotomía entre dinero y calidad, entre beneficios y cuidado, es una simple invención. Para empezar, ha habido numerosos casos a lo largo de la historia de fieles ofrecimientos de servicios —¡a cambio de dinero!—.

Ejemplos del sector sanitario incluyen doctores, psiquiatras, psicólogos, y enfermeros. Los miembros de cada profesión, ya sean mecánicos o canguros, fontaneros o incluso economistas, ofrecen y cobran sus servicios.

En segundo lugar, esta argumentación destruye por completo el papel de los beneficios en nuestra sociedad. Lejos de ser un impedimento para un servicio de alta calidad, los ingresos son siempre un aliciente para desempeñar una conducta ejemplar y una prueba de su existencia. No es coincidencia que las compañías que son prácticamente sinónimas de altos beneficios sean también conocidas por sus productos y servicios de alta calidad. Es más bien la ausencia de beneficios la que está relacionada con no proporcionar al público un bien o servicio que valga el precio que tiene.

¿De qué otro modo podría ser si no?

¿Realmente esperamos que un bajo ingreso esté relacionado con un servicio ejemplar, o altos ingresos con clientes insatisfechos (estoy obviando las empresas que obtienen beneficios no a través de transacciones mercantiles, sino, en su lugar, a base de concesiones gubernamentales, como subsidios, privilegios especiales, exenciones fiscales, etc.)?

En cualquier caso, ya sea privado o público, el cuidado de niños no puede concebirse sin la intermediación del nexo monetario. En el sistema privado, los padres pueden contratar de modo voluntario a los canguros que elijan, o pueden formar cooperativas mantenidas con donaciones voluntarias. Pero con el cuidado público, los fondos serían tomados forzosamente de todos los ciudadanos a través de impuestos, estuvieran o no interesados en este servicio, o incluso tuvieran hijos o no.

Los defensores del cuidado de niños nacionalizado pueden hacernos creer que obran de un modo desinteresado, y que se preocupan únicamente por el bienestar de los niños, pero no es el caso. Son más bien un grupo organizado de presión económica, que pretende maximizar su propio beneficio en competición con las fuentes alternativas del servicio, fundamentalmente niñeras, au-pairs, o quien trabaja desde casa (generalmente con sus propios hijos), e incluso me atrevería a decir que también con lugares privados que gestionen estos servicios.

Los partidarios de la escuela de pensamiento del "Gran Hermano —deja que el gobierno lo haga—” ya han triunfado a la hora de establecer normas arbitrarias y discriminatorias con desalentadoras alternativas de centros de cuidado privados. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones, una compañía privada de cuidado infantil debe abonar 150 dólares por una licencia concedida por el ayuntamiento —mientras que un centro sin ánimo de lucro, registrado como sociedad, ¡debe pagar únicamente un dólar! —. Además, las empresas privadas deben invertir su propio dinero en el proyecto, mientras que los centros sin ánimo de lucro reciben subvenciones del gobierno (pagadas, por supuesto, con impuestos generados por empresas privadas). Además, existen limitaciones sobre el número de niños que cada centro tiene permitido atender, y restricciones de contratación, que imponen un “credencialismo” irrelevante y discriminatorio a los dueños de centros de cuidado infantil privados. Estas restricciones, además, violan los derechos del personal cualificado que debería conformar estas instituciones —sin el beneficio de los generalmente artificiosos e innecesarios títulos universitarios avanzados en cuidado infantil—.

Algunos gobiernos amenazan con hacer algo aún peor que esto. Existen planes, incluso, de retirar prestaciones tributarias a mujeres casadas que se quedan en casa, y usar el dinero recibido para aumentar las deducciones monetarias de los centros de cuidado infantil externos. El Estado, en otras palabras, arrebataría dinero a las mujeres que cuidan de sus hijos en casa, y se lo entregaría a madres que hacen uso de centros de cuidado infantil. ¿Qué posible justificación podría haber para que el gobierno diera a las familias incentivos financieros para aumentar el número de horas semanales que los niños pasan siendo cuidados fuera del hogar?

No debemos ponernos paranoicos a la hora de buscar explicaciones. Por otro lado, tampoco debemos obviar posibles explicaciones por miedo a parecer alarmistas.

Así que consideremos una posible explicación:

que las instituciones del Estado centralizador e intervencionista y las de la familia hayan estado históricamente polarizadas, y que esta presente amenaza sea otro capítulo de esta saga en expansión.

Un gobierno implicado en desempeñar un papel aún más activo en la vida de su ciudadanía antes o después entra en conflicto con otras instituciones —véanse Iglesia, asociaciones de voluntariado, familia—, que también cuentan con la fuerte lealtad de la gente.

Y cuando esto ocurre, el gobierno debe o bien dejar de lado sus aspiraciones totalitarias, o decidirse a entrar en una guerra sin cuartel con estas instituciones alternativas.

En los países que han languidecido tras la Cortina de Hierro, esta guerra fue librada hace tiempo, y las instituciones como la Iglesia, las asociaciones, la familia, y los grupos étnicos, fueron desterradas.

En Norteamérica, la batalla aún está por terminar de librarse, es decir, que aún queda esperanza para instituciones privadas como la familia.

Pero cada vez que el gobierno consigue promover el cuidado infantil más allá del nivel natural que de otro modo habría adquirido, o convence artificialmente a la mujer de que salga del hogar y entre a formar parte del mundo laboral, o agrede al tratamiento tributario de las mujeres casadas que viven en el hogar en favor de aquellas que abandonan a sus hijos a las seductoras mercedes del Estado, debilita a la familia como alternativa de gobierno.

La extensión lógica de tal proceder sería una vida familiar como la que ha sido durante generaciones en Europa central y oriental —una institución menos viable de la que se ha podido mantener en Estados Unidos—.

Para preservar y proteger la familia norteamericana, no es necesario adoptar una posición “maximalista”: que el gobierno deba hacer todo lo que esté en su poder para fortalecer artificialmente la familia, a base de penalizar instituciones alternativas como el estatus de soltería o de carencia de hijos. Hacer esto sería como dejar al zorro a cargo del gallinero.

Basta con adoptar una posición "minimalista": que el Estado se limite a no poner en práctica políticas que lleven a la disrupción familiar. De esto es de lo que trata el “laissez faire”.

Este capítulo está dedicado a todos los entregados canguros y cuidadores de niños en general que han sido llevados a prisión por las autoridades gubernamentales bajo cargos inventados.

10.

EL AUTÓMATA

Se le llama de muchas maneras —inteligencia artificial, revolución electrónica de micropunto, la era de la robótica—.

Sea cual sea el nombre, puede desempeñar numerosas y asombrosas tareas. Los ordenadores modernos, compaginados con circuitos integrados de silicona y chips, pueden diagnosticar enfermedades pulmonares, localizar depósitos minerales, jugar al ajedrez a un nivel superior al de un gran maestro, cortar troncos, montar automóviles, y otras tareas industriales, con una eficiencia muy superior a la de los humanos.

Estos sirvientes electrónicos, además, trabajan veinticuatro horas al día, siete días a la semana, cincuenta y dos semanas al año, sin descanso para tomar café, sin vacaciones y sin chismorreos. Nunca piden bajas ni contestan al jefe (a menos que se les programe para ello), ni presentan demandas contra sus patrones.

Por muy asombrosos y maravillosos que sean estos logros, de acuerdo con algunos, existe un enorme gusano en la manzana. Las quejas son numerosas:

· Millones de trabajadores de oficina, ventas y servicios —en oficinas bancarias, aseguradoras, y de negocios en general— han perdido sus trabajos debido a los procesadores de palabras y otros autómatas relacionados con la oficina.

· Cuando una fábrica de metal abre una planta totalmente automatizada, produce la misma cantidad con la mitad de trabajadores que se usaban antes.

· Los nuevos robots suplantarán a los humanos en las fábricas de automóviles aún más de lo que ya lo hacen, siendo los japoneses los principales transgresores, pues ya están listos para una quinta generación de estas máquinas de inteligencia artificial.

· Por todo el mundo se afirma que la nueva generación automática ha aumentado el grado de enajenación sufrida por aquellos que trabajan con máquinas. Las quejas incluyen una moral en decadencia, una despersonalización, y una alienación laboral.

En base a estas y otras historias de terror, se ha generado una reacción ante la nueva era de los ordenadores.

Además de restricciones al desarrollo, existe la amenaza de una moratoria tecnológica, y lo que es peor, una nueva generación de luditas (los luditas

originales fueron quienes en el siglo XVIII quemaban los recién inventados telares mecánicos por miedo a perder sus empleos) está lista para combatir contra los nuevos ordenadores de inteligencia artificial —mediante el sabotaje—.

Parece necesaria una respuesta más comedida a la aparición de este espectro. Debemos darnos cuenta de que mientras haya necesidades insatisfechas y gente dispuesta a trabajar para cubrir tales necesidades, se crearán nuevos puestos de empleo. Desde el punto ventajoso de nuestra economía agrícola de hace 200 años, habría sido imposible predecir con precisión qué clases de trabajos existirían hoy. De un modo similar, no podemos predecir qué ocupaciones surgirán para sustituir aquellas que muestren ser innecesarias debido a la nueva revolución computacional.

Sin embargo, sabemos que serán

creadas, y sabemos por qué. Si un robot, con un gasto y coste de mantenimiento mínimos, es realmente capaz de reemplazar a mil trabajadores (para ponernos en el “peor” caso posible), los resultados derivados serán en verdad monumentales, y cada uno de ellos creará nuevas oportunidades de empleo.

Para empezar, las compañías que los utilicen generarán una inmensa cantidad de beneficios. Sus accionistas (y/o dueños particulares) gastarán o ahorrarán su nuevo patrimonio. Si lo gastan impulsarán otros sectores, mientras que si lo ahorran reducirán las tasas de interés (naturalmente, no a través del plan de centralización de la Reserva Federal), creando nuevas oportunidades de préstamo y nuevos empleos.

Pero estos niveles de beneficio no pueden durar mucho. En un sistema de libre mercado razonable, entrarán nuevos participantes para aprovecharse de las extraordinarias devoluciones. Al adquirir factores de producción robótica adicionales (y con ello aumentar sus precios), y al vender más de estos productos a menores precios, los niveles de beneficio se disiparán en seguida.

Los primeros fomentarán un mayor empleo en producción robótica, y los segundos permitirán a los consumidores adquirir aún más por el mismo precio, aumentando con ello su nivel de vida, lo que llevará a una mayor creación de empleo en las áreas en las que se invierta en este nuevo poder adquisitivo.

En el pasado tuvieron lugar grandes cambios de empleo a través de un proceso similar a este, acompañado de la misma preocupación histérica. No cabe duda de que continuará funcionando del mismo modo. Una vez se temió que las hilanderías automatizadas provocarían el desempleo permanente de todo el sector de costura a mano, pero en vez de eso, el resultado fue la producción de ropa más barata y la aparición de más puestos de trabajo en fabricación de ropa. La primera generación de ordenadores amenazaba con crear un "ejército de parados" permanente entre los trabajadores de oficina, pero, en su lugar, compañías como IBM, Microsoft, Google y Yahoo, han creado millones de puestos de empleo a través de la economía, abaratando precios y aumentando el nivel de vida.

La nueva revolución de la inteligencia artificial no traerá otra cosa.

El gusano en la manzana no será un robot ordenador frío y sin rostro que se lleve el pan de las mesas de los trabajadores, sino que serán los luditas

modernos quienes de nuevo amenazarán el progreso.

Los luditas están continuamente implicándose en actos de destrucción y vandalismo contra cada introducción de equipamiento automático, desde los puentes aéreos automatizados en aeropuertos hasta los tranvías de alta velocidad sin conductores (vivos). Parte de esto está motivada por el hecho de que estas máquinas no pueden afiliarse a sindicatos. Pero una parte mayor de estas nefarias actividades está engendrada por el miedo de la gente a que esta maquinaria suplante el esfuerzo humano. Después de todo, según su “razonamiento”, si los robots hacen el trabajo, ¿qué quedará para que haga la gente?

El ludita primigenio, Ned Ludd, realizó el primer ataque ludita, quemando telares mecánicos porque permitían a una persona realizar el trabajo de veinte. Sus intenciones eran buenas, pues, después de todo, ¿quién querría ver a diecinueve personas desempleadas, aún si ello implica que la vigésima aumente su productividad hasta igualar la del grupo entero trabajando con una tecnología inferior? Esto no sería más que una tragedia —a nivel económico, moral, espiritual, y social —.

De un modo similar, la filosofía que subyace al vandalismo moderno puede haber sido benévola en su origen, aunque sus métodos dejaran algo que desear. Aquellos que se encuentran detrás de la destrucción pueden haber temido que las tasas de desempleo ascendieran, al menos en comparación con la situación en la que cada tren o avión tiene un conductor humano. Desde este punto de vista, estas máquinas han suplantado varios miles de puestos de trabajo, el número de maquinistas que habrían sido usados si no.

Pero una reflexión momentánea nos convencerá de que un sistema automatizado no genera la pérdida de estos ni de ningún trabajo. En primer lugar, se necesitaron empleados adicionales especializados en tecnología para construir el equipamiento necesario. En segundo lugar, están los salarios que los maquinistas dejarán de cobrar. Este dinero será usado en su lugar para otros propósitos: la creación de más "robots", para el desempeño de tareas nuevas y adicionales que habrían sido imposibles de financiar, o para el consumo extra de bienes ya existentes.

Sea cual sea la opción escogida, significará un aumento de empleo en estos otros campos.

Pero el mito aquí es asumir que el trabajo en el mundo es limitado. La en ocasiones llamada "falacia de la porción de trabajo" es una perspectiva económica que sostiene que la gente del mundo requiere una cantidad limitada de trabajo que hacer. Una vez esta cantidad es sobrepasada, no habrá más trabajo que hacer, por lo que los trabajadores perderán sus empleos. Según esta perspectiva, asegurar que no se usa equipamiento automático es de vital importancia, pues si estas máquinas trabajan demasiado, supondrán la ruina para todos, pues todo lo que trabajen de más serán oficios que la gente dejará de poder hacer. Al “acaparar" la limitada cantidad de trabajo que existe, dejan demasiado poco para los humanos. Es como si la cantidad de trabajo que pueda ser hecha sea como un pastel de un tamaño fijo. Si los robots pueden hacerse con parte de ese pastel, quedará menos para los homo sapiens.

Si esta visión económica del mundo fuera correcta, la filosofía del vandalismo podría tener algo en lo que apoyarse, pues insistir en que las máquinas automáticas no fueran puestas en marcha tendría alguna justificación.

Sin embargo, hay tanto trabajo por hacer como deseos insatisfechos.

Dado que los deseos humanos son, a todo propósito práctico, ilimitados, la cantidad de trabajo que se puede hacer tampoco tiene límite. Es por ello que no importa cuánto trabajo complete el robot, no puede agotar, ni tan siquiera menguar, la cantidad de trabajo que hacer.

Si no “se lleva el trabajo de la gente (pues hay una cantidad ilimitada de trabajo por hacer)”, ¿qué efecto “tiene” la tecnología informática?

Aumentar la producción. Debido al trabajo de los robots, el tamaño del pastel aumenta —el pastel que será compartido por todos los humanos que tomen parte en su producción o que se beneficien de su uso—.

Consideremos, a colación de esto, la miseria de una familia que haya naufragado en el trópico. Cuando la familia Robinson suiza buscó refugio en una isla, sus posesiones constaban únicamente de aquello que habían rescatado del barco.

Un exiguo abastecimiento de bienes, junto con su habilidad trabajadora, determinarían si sobrevivían (y hasta qué punto). La familia Robinson suiza se encuentra ante una ilimitada lista de deseos, mientras que los medios a su disposición para la satisfacción de dichos deseos son en extremo limitados.

Si suponemos que todos los miembros de la familia se ponen manos a la obra con los recursos materiales que tienen a su disposición, nos encontraremos con que solo pueden satisfacer algunos de sus deseos.

¿Cuál sería el resultado de tener un robot a su disposición en una situación como esa? Supongamos que, con ayuda tecnológica, la familia consigue producir el doble que antes por día. ¿Supondría esto la ruina de la familia? ¿”Quitaría trabajo” a los otros miembros de la familia, y desataría el caos en la pequeña sociedad que han creado?

Es obvio que este no sería el resultado.

Por el contrario, la maquinaria sería vista como lo beneficiosa que es, pues no habría ningún peligro de que el aumento de productividad dejara a la familia sin trabajo que hacer.

Si la nueva tecnología puede producir diez unidades extra de servicios de transporte, es posible que otros miembros de la familia ya no tengan que llevar a cabo estas tareas, así que se les asignarán nuevos trabajos.

Claramente, el resultado final será una mayor satisfacción para la familia. De un modo similar, la robótica provoca que la sociedad en conjunto avance hacia una mayor satisfacción y prosperidad.

Es por ello que el razonamiento que subyace a la filosofía del vandalismo es pobre. Existen problemas con una iniciativa gubernamental que utiliza la automatización para el tránsito masificado, pero la ausencia de conductores humanos no es uno de ellos.

Aun así, los vándalos que destrozan la maquinaria moderna están lejos de hallarse solos en su forma de pensar.

Recientemente hojeé el periódico y vi un titular sobre mujeres contra robots. ¿Qué es esto? Me dije a mí mismo. ¿Acaso han llegado robots del espacio exterior y están atacando a las mujeres? Con gran preocupación, pasé a leer el artículo entero. Me alegra poder informar de que semejante barahúnda fue solo una falsa alarma.

Ningún robot extraterrestre ha venido a arrasar, incendiar, y violar. En vez de eso, la historia del periódico trataba sobre la introducción de maquinaria para limpiar pescado en una piscifactoría. El sindicato protestaba fervorosamente contra la introducción del nuevo equipamiento automatizado, y el titular histérico se debía a que la mayoría de limpiadoras de pescado en el sindicato eran mujeres.

A primera vista, estas mujeres sindicadas parecerían poder tener su punto de razón. Después de todo, muchos de sus trabajos pasaban a quedar obsoletos por culpa de robots capaces de limpiar pescado de un modo más rápido y barato. Pero, obviamente, también había beneficios, pese a que estas mujeres en particular solo participaran de ellos en su papel de consumidores. Con costes más bajos en el sector, los ahorros llevan o bien a mayores beneficios o bien son disfrutados por los compradores de pescado en forma de reducción de precios. Beneficios extra significan más trabajos —a medida que este dinero se vaya invirtiendo— y los precios reducidos animarán a los consumidores a comprar más pescado, creando potencialmente empleo adicional.

De hecho, el sindicato debe indudablemente muchos de sus trabajos actuales a introducciones pasadas de tecnologías más eficientes. Después de todo, si se siguiera pescando a base de poner un gusano en un anzuelo y lanzarlo con una caña, habría muy pocos puestos de trabajo en el sector pescadero —y muy poco pescado para alimentar a la hambrienta población mundial—.

Isaac Asimov, escritor de ciencia-ficción, vio la verdad hace medio siglo, en sus famosos relatos Yo, Robot, que hace tiempo fueron adaptados al cine: los robots son una bendición para la humanidad, y no una amenaza. Si los políticos estuvieran realmente interesados en el pueblo consumidor, adoptarían una política de laissez-faire en este asunto.

III. MEDICINA

11.

EL FUMADOR

Los fumadores de cigarrillos son una especie en peligro de extinción.

Hospitales, oficinas, centros de ocio, centros comerciales, y otros lugares, tienen o se han convertido en zonas de no fumadores. Ciudades y municipios han mejorado su salud a través de leyes que restringen los límites en los que se puede fumar. En muchos casos, se han impuesto prohibiciones directas. Por ejemplo, en muchos lugares ya no se puede fumar en bares ni restaurantes.

Los anuncios de tabaco han quedado estrictamente limitados, y en algunos distritos se ha pedido su completa eliminación. Caben pocas dudas de que, llegados a este punto, el gobierno pronto prohibirá fumar a nivel nacional, tanto en interiores como en exteriores.

El motivo de este aluvión de prohibiciones no es difícil de discernir.

El tabaco ha sido siempre considerado perjudicial para sus consumidores.

Además, recientes estudios médicos parecen sugerir que los no fumadores que se hallan en estancias cerradas junto a fumadores, también están en peligro, debido a los efectos secundarios de esta práctica. Puede ser algo hipócrita para un gobierno que sigue subvencionando plantaciones de tabaco el subirse al carro de los anti fumadores, e incluso intentar conducirlo. En el furor para eliminar este hábito "maligno", la coherencia lógica ha sido una de las primeras víctimas.

Existen básicamente dos vías para mediar el asunto del tabaco. Una es el decreto gubernamental, y la segunda es permitir que las instituciones del sistema de libre empresa lidien con el problema.

Desafortunadamente, los líderes políticos de nuestra sociedad están tan filosóficamente acostumbrados a usar la legislación como medio para forzar la solución a todas las dificultades que el segundo tipo jamás ha sido contemplado. De hecho, no es una exageración afirmar que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de él. ¿Cómo trataría entonces el mercado con el desafío del consumo de tabaco?

Pese a que siempre parece arriesgado tratar de anticipar la forma de actuar del mercado, una de las posibilidades sería que cada empresa decidiera si imponer o no una restricción al tabaco, y, en caso de hacerlo, de qué tipo.

Algunas permitirían fumar en todas las zonas en todo momento. Otras dispondrían zonas especiales, que podrían variar según la hora del día o el día de la semana, y otras podrían verse tentadas a lidiar con el problema de modos aún desconocidos.

Una vez establecido este abanico de normativas sobre el tabaco en los diferentes establecimientos, los clientes se distribuirían de acuerdo a sus necesidades, sufragando a quienes les satisficieran más. Las empresas pasarían a competir entre ellas, no solo en lo relativo a su bien o servicio (restaurantes, centros comerciales, etc.), sino también en lo concerniente a las normas sobre fumadores que hubiesen dispuesto.

El mismo análisis se aplica al lugar de trabajo. Habría una “mano invisible” actuando aquí también, guiando a los empleados para establecer las reglas que mejor les conviniesen a sus respectivos patrones.

¿Cómo funcionaría? Supongamos que un sector está compuesto de anti fumadores empedernidos (por ejemplo, productores de alimentación sana). Permitir que se pudiera fumar en las instalaciones de las fábricas, aunque fuera en áreas pequeñas y estrictamente limitadas, supondría un efecto fuertemente negativo, equivalente a imponerles cualquier otra condición laboral indeseable. En ese caso, los trabajadores tenderían a abandonar y buscar otros trabajos, y solo se quedarían si fueran compensados —con mayores sueldos—.

En tales circunstancias, resultaría claro para la empresa que prohibir fumar en todas sus instalaciones sería la decisión más conveniente.

Consideremos ahora un negocio en el que los empleados sean bastante indiferentes a los peligros del tabaco (como los cowboys de los espectáculos de rodeo). Una prohibición en la práctica del fumar podría ser considerada una condición laboral indeseable, exactamente al contrario que en el ejemplo anterior. Aquí, las fuerzas del mercado obrarían en pro de permitir fumar. En caso contrario, los empleados se irían a otro lugar en el que su hábito estuviese más considerado.

Las ventajas de permitir que sea el mercado, y no el gobierno, el que disponga las leyes sobre el tabaco —tanto para el consumidor como en el lugar de trabajo— son numerosas. En primer lugar, con cada empresario estableciendo sus propias reglas, habría decenas, si no cientos, de métodos diferentes de tratar con el problema de la polución secundaria de humo.

Teniendo en cuenta que los mejores medios de lidiar con esta complicación aún no han sido descubiertos, dejarlo en manos del mercado maximizaría las oportunidades de descubrir rápidamente la solución más eficaz.

En segundo lugar, el proceso de mercado es más flexible que la intervención gubernamental.

Generalmente solo hay una legislación en un área geográfica concreta, pero, en la libre empresa, los negocios son capaces de adaptar sus normativas tabaqueras a las necesidades de una clientela ampliamente divergente. Por ejemplo, a los dueños de una piscina, una bolera, o una discoteca, les convendría permitir fumar en todas sus instalaciones. Los clientes de esta clase de establecimientos tienen una baja tendencia a objetar al respecto, y suelen estar cómodos en estas circunstancias.

Por el contrario, los almacenes de comida saludable y los restaurantes vegetarianos solo sobrevivirían imponiendo una prohibición total sobre el consumo de productos tabaqueros. El mercado puede acomodar ambos tipos de persona, pero es difícil ver de qué modo puede hacerlo la legislación coactiva.

En tercer lugar, y quizás el más importante, está ese siempre ignorado asunto de la libertad del individuo. Pese a los deseos de algunas personas, los Estados Unidos aún son un país, aunque solo sea parcialmente, apuntalado por la institución de la propiedad privada. De acuerdo con esta doctrina, cada uno de nosotros es el rey de su propio castillo.

Es por ello nuestro derecho humano ser capaces de determinar por nosotros mismos cómo la gente debe comportarse en tiendas, restaurantes, centros comerciales, etc., poseídos de forma privada. Si el gobierno puede hacerse con este ámbito y dictar su política contra los deseos de los propietarios de estos establecimientos, entonces nuestra libertad está siendo restringida.

Existe una razón, no obstante, que desafía directamente la libertad de cada individuo, pero aún así algunos barrios lo piden. Bajo los acuerdos actuales de sanidad pública, si una persona contrae cáncer o enfisema o alguna otra terrible enfermedad como resultado de haber fumado, sus cuidados serán financiados directamente con dinero de los impuestos públicos. En estas circunstancias, se considera que el Estado tiene el derecho de insistir en que la gente mantenga su salud, aunque solo sea para evitar drenar dinero de las arcas públicas.

El problema con esta línea de razonamiento es que pone el carro delante del caballo. Las naciones democráticas occidentales sermonean la presunción básica de que el Estado existe para servir los deseos de la gente, no que los ciudadanos existan para promover los intereses del gobierno. Si se puede prohibir a la gente fumar en base a que el Estado encuentra inconveniente la resultante amenaza a la salud, se podría prohibir a la gente tomar parte de otras actividades potencialmente peligrosas.

Pero, ¿queremos realmente una sociedad supernanny que ilegalice el fútbol, el rugby, el hockey, las maratones, los triatlones, el parapente, el motociclismo, los helados, los caramelos, el alcohol, y cualquier otra cosa que pudiera ponernos en peligro? Es poco probable.

Sería mucho mejor eliminar la financiación pública de cuidados médicos, o, al menos, permitir a la gente que no insiste en poner en peligro su propia salud de este modo optar por no contribuir.

12.

EL TRAFICANTE DE ÓRGANOS

HUMANOS

En tiempos pasados, no había crisis alguna de partes corporales de repuesto. Los transplantes de órganos eran totalmente imposibles, salvo en ciencia ficción. Solo el Dr. Frankenstein y literatura del estilo tenían necesidad de órganos vivos.

Pero hoy en día, gracias a los magníficos descubrimientos y a las nuevas técnicas de la medicina moderna, estas posibilidades son reales. En la actualidad es posible transplantar corazones, riñones, hígados, ojos, córneas, sangre, médulas, y muchas otras partes del cuerpo. Personas que hace pocos años habrían estado condenadas a morir, o a padecer vidas tenues y dolorosas, ahora pueden favorecerse de estos milagros médicos y llevar vidas sanas, felices, y productivas.

Pero no todo está bien en el ámbito de los transplantes. En lugar de generar un regocijo desproporcionado, estos nuevos avances revolucionarios han traído consigo una gran cantidad de problemas.

Para empezar, hay una gran escasez de órganos válidos para el transplante.

Las enfermedades los inutilizan, así como las incompatibilidades por diferencia de grupos sanguíneos.

Esto ha llevado a la aparición de una serie de problemas que han cruzado los límites de la ética médica, pues, dado el limitado abastecimiento de partes del cuerpo, los doctores han tenido que cribar —con sus antojos personales como único criterio— cuales de los muchos receptores necesitados obtendrán esta ayuda vital, y a cuales se les denegará. Para ello, sitúan al final de la lista a fumadores, ancianos, y otros que parezca que se van a beneficiar menos de estas operaciones, algo que no ocurre en ningún otro escenario comercial.

Por ejemplo, los proveedores de verduras, automóviles, o libros, no realizan tales injustas distinciones entre aquellos más o menos dignos de beneficiarse de sus productos.

La dificultad radica en que el sistema legal y económico no está en sintonía con la avanzada tecnología médica. La ley ha prohibido a la gente hacer uso de los derechos de propiedad sobre sus propios cuerpos.

Concretamente, ha prohibido el comercio, o un espacio de comercio, de sangre, médulas, y otras partes corporales vivas sobrantes.

Mantengo que la no regulación de este mercado es la solución al problema de los transplantes. Pero antes de que explique cómo la libre empresa funcionaría en este proceso, permítanme dejar de lado ciertos temores.

Sí, es cruento, repugnante, y muy incómodo, discutir sobre permitir que los incentivos de los beneficios operen en este campo. La simple idea implica imágenes de ladrones de tumbas, monstruos de Frankenstein, y bandas de “ladrones de órganos” robando corazones, hígados y riñones de gente del modo descrito en varias novelas de Robin Cook. Parece cruel e insensible tratar acerca del mercado de partes de cuerpo usadas del mismo modo en que hablamos del mercado de coches usados. Pero esto se debe únicamente a que en la sociedad actual, pese a que podemos apreciar los milagros de la medicina moderna sin comprenderlos necesariamente, tenemos una comprensión tan pobre de los milagros del mercado que no podemos siquiera empezar a apreciarlos.

Así que sentémonos, relajémonos, y consideremos esta idea con calma y tranquilidad, por sus propios méritos, con todas las preconcepciones y prejuicios. Dejemos que nuestro único criterio no sea nuestro prejuicio, injustificado en este caso, sino nuestro asesoramiento sobre si esta idea aumentaría realmente el número de donantes, salvaría vidas, y liberaría a los doctores de la onerosa decisión de tener que escoger qué gente necesitada será salvada, y quienes serán condenados a una muerte llena de pena y sufrimiento.

Como cualquier estudiante de primero de economía sabe, cuando un bien está en escasa oferta, su precio es bajo, y el caso de los órganos humanos no es una excepción. Por el contrario, es un paradigma de este fenómeno, pues las leyes sobre esta cuestión, al prohibir el desarrollo de un mercado, han impuesto un precio cero a estos bienes.

Pero a un precio cero, no debería resultar sorprendente que la demanda supere enormemente la oferta.

Esto, después de todo, es una de las leyes más básicas de la economía. Si el precio puede subir a su nivel de mercado, no hay un gran cambio en el número de partes del cuerpo demandadas. Esto es lo que los economistas llaman “demanda inelástica”. ¿Quiere esto decir que si necesitas sangre, médula o transplante de órganos, no importa cuán alto sea el precio (dentro de unos límites, por supuesto), nada te detendrá? No. El principal efecto de un mercado libre de partes del cuerpo usadas y fluidos ocurrirá sobre la cantidad ofertada.

¿Cómo funcionaría un mercado de estas características?

Nunca es posible anticipar del todo el funcionamiento de un sector que en la actualidad está prohibido por el gobierno, sin embargo, habría que aclarar unos pocos principios generales.

Sabemos que la principal fuente de donación de órganos preferida son jóvenes sanos que pierden la vida —por accidente de tráfico, asesinato, guerra, ataque al corazón, o una miríada de maneras que dejan sus órganos intactos y reutilizables—.

Si el sector se legalizara, surgirían nuevas empresas. O quizás, las compañías de seguros o los hospitales expandirían sus bases de operación.

Estas empresas ofrecerían miles de dólares a la gente que reuniera los criterios médicos y que accedieran, a que, tras su muerte, ciertos órganos de su cuerpo fueran a pasar a formar parte de la empresa en cuestión. Entonces estos órganos serían puestos a la venta, por un precio, a gente necesitada de transplantes. Además, estas nuevas empresas operarían para tratar de obtener el consentimiento de familiares de gente recientemente fallecida de usar sus órganos. En una libertad económica, estas empresas estarían en posición de ofrecer incentivos monetarios —así como la oportunidad de salvar otra vida humana—. En el caso de la sangre, la Cruz Roja, por supuesto, paga por su abastecimiento, pero sus precios son demasiado bajos, como muestra el hecho de que las cantidades obtenidas son escasas. Asimismo, ha fracasado a la hora de adoptar una política de precios diferentes que reflejen la escasez relativa de los distintos tipos de bienes necesitados. Y no hay razón para creer que estas compañías privadas no serían capaces de aumentar el suministro de este factor de acuerdo a su demanda.

Los empresarios del resto de campos —algunos mundanos, otros exóticos— han sido capaces de llevar a cabo esta tarea sin desatar escándalos ni fanfarrias.

De un modo similar, los empresarios del negocio de los órganos humanos aumentarían el abastecimiento de donantes de órganos. Ciertamente, mucha gente de todo el mundo estaría encantada de sacar provecho de la oportunidad de conseguir dinero, mientras estén con vida, a cambio de permitir el uso de sus órganos después de que hayan muerto. Nadie que objetase —por motivos, por ejemplo, religiosos —tendría que cooperar.

Como resultado, los receptores potenciales ya no tendrían que sobrevivir sin recibir un transplante. Tampoco habría que temer que aquellos que llevasen a cabo esta práctica ganaran beneficios “desorbitados”, pues tal tendencia atraería a nuevos integrantes al sector que provocarían un aumento de la oferta aún mayor y reduciría los beneficios a niveles que podrían ser obtenidos de cualquier otra manera.

Existen cientos, quizá miles de personas cuyas vidas podrían mejorar enormemente si pudieran hacer uso de un riñón sano. Hay miles de otras personas que mueren cada año, llevándose a la tumba con ellos riñones sanos, que carecen de incentivos financieros para legar sus órganos a quienes los necesitan. ¿Por qué no ofrecer una recompensa pecuniaria a donantes potenciales por hacer lo correcto?

En su lugar, nuestra sociedad debe recurrir a toda clase de estratagemas ineficientes en un intento de llevar órganos transplantables a quienes los necesitan.

Personajes famosos nos exhortan a que, en caso de que fallezcamos, ofrezcamos nuestros riñones como regalo póstumo. Las escuelas médicas entrenan a sus estudiantes en las mejores técnicas para aproximarse a sus familiares más cercanos, el problema es que deben pedir permiso en el preciso momento en que es menos probable que vayan a darlo —cuando está a punto de fallecer un ser querido—.

Como resultado, todo esto es de escasa utilidad. Mientras que receptores potenciales languidecen en máquinas de dolorosa diálisis renal, en la macabra espera de que un accidente de tráfico les salve la vida, el pueblo se niega a firmar el suficiente número de permisos para la donación automática póstuma de sus riñones. Las cosas han llegado a tal punto que se rumorea la existencia de grotescos y fascistas planes gubernamentales de apoderarse de los riñones de víctimas de accidentes a menos que hayan firmado un documento negando el permiso para realizar semejante incautación. La idea es que si alguien no ha declarado específicamente que mantiene su propiedad, entonces podemos apropiarnos de ella, lo cual justifica el asalto, la violación, y el robo, si la víctima está demasiado asustada como para protestar. Cuando el Estado emplea esta cruel doctrina, existe también la amenaza implícita de que el gobierno se pondrá en contra de cualquiera que se declare fuera de su lista de donantes “voluntarios”. Los críticos de la tiranía estatal han declarado siempre que son tratados como si fueran esclavos de esta institución. Ninguna otra política se ha acercado más a una encarnación de este temor. Esta política implica que todos los órganos (¿toda la gente?) realmente pertenecen al Estado.

El sistema de libre empresa, si se le permitiera operar en este caso, sería un milagro para los desafortunados que sufren de disfunciones renales. Un mercado legal podría generar miles de donantes. Si existieran incentivos de libre empresa, estaríamos —perdón por la expresión— hasta el cuello de riñones.

Este es el proceso probado y auténtico en el que nos apoyamos para procurarnos todas las otras necesidades de la vida: comida, ropa, y cobijo. No dependemos de donaciones voluntarias para el abastecimiento de estos bienes y servicios.

Tampoco dependemos de mercados negros para proveernos de comida, ropa, y cobijo. Pero en las circunstancias actuales, cuando las donaciones voluntarias demuestran ser inadecuadas, tenemos que depender de ventas ilegales para órganos transplantables. De acuerdo a ciertas estimaciones, el valor de un riñón transplantable en el mercado negro está entre 50.000 y 100.000 dólares —un valor muy superior a su peso en oro—.

La cuestión es, ¿el abastecedor clandestino de dichas partes corporales actúa en beneficio o en detrimento? Un argumento de lo segundo es que el traficante, si tiene éxito, tenderá a socavar el respeto por la ley y el orden.

Después de todo, está burlándose de las autoridades debidamente constituidas, que se han mantenido siempre firmes en su declarar ilegales tan "macabras" ventas y adquisiciones. Contra esto, podría sostenerse que cualquier ordenamiento jurídico cuyo efecto o intención condene a individuos inocentes a la muerte o a vidas miserables encadenados a máquinas de diálisis renal merece ser ignorado.

Pero un punto está claro. El “macabro” mercado negro beneficia a los donantes de órganos al ofrecerles remuneración financiera así como la satisfacción de saber que los órganos que donen tras su fallecimiento permitirán vivir a otros. Al hacerlo, como hemos comprobado, aumentará también el número de órganos disponible, lo que será de inestimable beneficio para aquellos que de otro modo tendrían que haber sobrevivido sin riñón sano.

Dejemos que la libre empresa opere en el campo de la sangre, la médula, y los órganos transplantables, y ahorrémonos una gran cantidad de dolor, agonía, sufrimiento, y tragedia.

Podría objetarse a lo anterior que si permitiéramos la aparición de precios de mercado para estos bienes, surgirían ladrones de órganos, que entrarían en nuestros dormitorios en plena noche y se apoderarían de nuestros hígados, pulmones, corazones, etc. Esta objeción, no obstante, se basa en una ignorancia económica. La recompensa, y por tanto, la tentación de dicho robo de órganos dependerán del precio de los bienes en cuestión. Pero el precio de órganos en el actual mercado negro es muy superior del que sería en el mercado libre. ¿Por qué? Porque mientras que la demanda sería la misma, la oferta de órganos sería mayor en un régimen de libertad económica. Así, de existir algún peligro de sufrir robos de órganos, ese peligro existe ahora mismo

que el precio de control es cero, lo cual quiere decir que el riesgo de hurto de órganos sería menor en un régimen de libertad económica de lo que es ahora.

Permíteme concluir este capítulo con el único argumento que he sido capaz de descubrir a favor del actual sistema cruel (no me llaman Walter “el justo y equilibrado” por nada), que es el siguiente: la vigente prohibición de un mercado libre de órganos humanos genera una gran cantidad de argumentos dramáticos para cine y televisión.

¿Conseguirá el pequeño y adorable niño su transplante de corazón antes de morir o no? ¿Será capaz el receptor potencial de dejar de fumar, para que así la enfermera declare que los médicos le darán un nuevo hígado? Sin un precio de control de cero, estas situaciones pasan a ser parte del medievo, lo que deja a los guionistas sin una fuente de drama.

13. El proveedor de sucedáneo de leche materna

La supuesta crisis de leche materna es otra vara usada por los críticos del mercado para golpear al sistema de libre empresa. La primera prueba de su acusación es que los fabricantes de este producto lo venden en polvo en países tercermundistas asolados por la pobreza. El problema está en que el agua con que se mezcla la leche es impura, lo que genera un producto perjudicial para los infantes.

¿Y de qué tiene culpa el mercado? A nadie se le ocurre sugerir que el problema sea el sustituto de la leche materna per se. No, esto siempre ha estado por encima del reproche. La única causa del problema es, en su lugar, el agua. ¿Y quién, si puede saberse, está a cargo del abastecimiento de agua? ¿El sistema de libre empresa? Ni por asomo. Es el sistema estatal el que se ha apropiado del control de este "fluido vital", por lo que la responsabilidad del fracaso de los sustitutos de leche materna recae en el así llamado sector público, y no en el privado.

Nuestros amigos los críticos de izquierdas del capitalismo tampoco se muestran comprensivos sobre este tema.

No. Cualquier atisbo de privatización del abastecimiento de agua es tratado con escarnio por ellos. ¿Deberíamos ceder las reservas a las atractivas mercedes de los beneficios, la ambición, y los mercados? No a su parecer. En su lugar, tienen un odio hacia esa reducida porción de este mercado de la que se han apoderado los empresarios: el agua embotellada. Qué osadía la de esta gente. Culpan a un producto privado de la miseria, cuando es la disposición gubernamental la culpable. Hacen lo posible por acabar con el inocente polvo fabricado de forma privada, mientras lo intentan todo para proteger al auténtico culpable: el control gubernamental sobre el abastecimiento de agua.

La segunda prueba de su acusación contra el uso de leche infantil es el hecho de que los hospitales tienden a ofrecer estos productos de forma gratuita a las madres de recién nacidos, lo que anima a los padres a usarlo, debido a que es gratis, y a que viene con el beneplácito de la profesión médica.

Pongámonos cómodos y observemos todo esto por un momento.

En primer lugar, los opositores del mercado están siempre criticando el laissez faire por promover la avaricia, los beneficios, los precios elevados, etc.

Aparece una institución que provee de algo, a un precio no solo bajo, sino gratis, ¿y cual es su reacción?

¿Agradecimiento?

No.

Todo lo contrario. En segundo lugar, mientras que la leche materna natural es en la mayoría de los casos considerablemente superior al sustituto químico, hay algunas mujeres que no son capaces de amamantar, para las que la leche instantánea es un milagro. Incluso para las madres que puedan funcionar a este respecto, la leche en polvo sigue pudiendo servir de suplemento al proceso natural. ¿Deben ser penalizadas estas mujeres porque algunas madres ignorantes y/o descuidadas abusen de este producto? Si así fuera, habría que prohibir también el alcohol, el chocolate, el helado, los perritos calientes, las patatas fritas... porque alguna gente irresponsable los consume en exceso y con ello se dañan a sí mismos y/o a sus bebés.

Pero esto es solamente la punta del iceberg. Los artículos de reclamo, o directamente los obsequios temporales, son una estrategia de las compañías para entrar en nuevos mercados. Qué mejor modo de animar a la gente poco familiarizada con un producto que cobrarlo a un precio espectacularmente bajo, o regalarlo. Puesto que cualquier

producto puede ser usado en exceso, y por tanto resultar dañino (la dosis lo es todo), la lógica de la oposición a regalar leche infantil implica prohibir bajar los precios o regalar cualquier cosa. Uno se pregunta si estos críticos del mercado aceptarían esta implicación lógica de su postura.

También está el problema concerniente a la leche en polvo china que supuestamente contiene veneno, que, como resultado de su ingesta, se dice que muchos niños han resultado muertos.

¿No debería esto hacernos parar a pensar antes de pagar a los proveedores de este producto?

No.

Esto puede ocurrir con cualquier cosa consumida por los hombres. ¿Con la leche mamaria artificial? Sí. Pero también con las manzanas, el pan, los guisantes, los filetes, el helado…

cualquier cosa. ¿Debería el gobierno estar a cargo de toda la alimentación y todos los productos medicinales en base a que el mercado es imperfecto, y algunas personas serán matadas por él?

Existen problemas con una solución como esta. En primer lugar, el asunto de la leche en polvo para bebés china tuvo lugar en 2008. El capitalismo laissez faire apenas intervino en aquella época y lugar. China, pese a sus magníficos avances al respecto, aún dista de ser el paradigma de la libre empresa. En cuanto a la importación de este peligroso producto para los Estados Unidos, la FDA (Food and Drug

Administration, órgano de administración gubernamental de alimentación y medicamentos) tuvo la responsabilidad total de permitir que este desastre ocurriera.

El mercado tiene muchas ventajas frente a la certificación gubernamental de salubridad, ya sea en cuanto a alimentos, medicinas, o cualquier otro producto. Cuando surgen errores (que pueden darse en cualquier

acuerdo institucional, público o privado), en el mercado existe un mecanismo de reacción automática:

pérdida de dinero y eventual bancarrota.

Y no importa cuantas vidas haya arruinado la FDA, que sigue en el negocio.

Sí, algunas personas perecerán al usar productos que emanen del sector privado, es el precio que hay que pagar por no vivir en el Jardín del Edén, pero muchas, muchísimas más lo harán si estas tareas se ceden a los burócratas estatistas.

Una vez establecida nuestra tesis en este asunto, analicemos una objeción, presentada por un grupo muy influyente.

De acuerdo con la INFACT (Infant Formula Action Coalition), varias empresas multinacionales fueron culpables de llevar a cabo una campaña de publicidad agresiva dirigida a vender sustitutos de la leche materna a madres del Tercer Mundo, lo que llevó a una gran cantidad de muertes de infantes debido a la “enfermedad de la botella de lactante”, porque, mientras que el producto pueda ser perfectamente aceptable en Europa o Norteamérica, eso no se aplica al Tercer Mundo. Los motivos: 1) el agua suele estar contaminada, por lo que la leche en polvo se mezcla con agua impura, con efectos nocivos; 2) la grave pobreza hace difícil adquirir el combustible necesario para hervir y esterilizar el agua; 3) las madres del Tercer Mundo no pueden permitirse comprar la suficiente cantidad de leche en polvo para sustituir su propia leche —por lo que deben diluir el agua en una cantidad muy distinta de lo estipulado en las instrucciones de uso—; 4) no refrigeran la leche, dado que existen muy pocas neveras, lo cual también va en contra de las instrucciones; y 5) para el momento en que la madre se percate de que la leche en polvo provoca que el bebé se desarrolle enfermiza y malnutridamente, su propia leche se habrá agotado, y no tendrá otra alternativa que seguir usando la artificial.

Es presumiblemente por estas o similares razones que muchos críticos de la empresa multinacional también aprueban los esfuerzos del Tercer Mundo o internacionales (de las Naciones Unidas) para manejar mejor las prácticas de las compañías farmacéuticas multinacionales.

La premisa implícita de su argumento es que, por malas que sean estas prácticas de las multinacionales, los trabajos de las varias organizaciones de las Naciones Unidas no podrían ser peores. Pero, analizado de este modo, un alegato así es muy difícil de sostener.

La INFACT y otros detractores de las multinacionales conceden que no hay nada malo en la leche en polvo per se. La dificultad afecta únicamente a la situación económica en el Tercer Mundo con la que la leche en polvo debe interactuar: la pobreza, el agua impura, la ignorancia, la falta de refrigeración, etc.

¿Pero qué organizaciones son responsables de esta lamentable situación en primer lugar?

La organización económica colectivista de los gobiernos socialistas del Tercer Mundo (y las Naciones Unidas) son responsables de la pobreza, la impureza del agua, el analfabetismo, la falta de refrigeración, etc., que son las principales causas de la tragedia de la leche en polvo. Pedir a los gobiernos tercermundistas o a la ONU que se hagan cargo y mejoren las cosas es como pedir a un pirómano que extinga un fuego.

Consideremos un segundo argumento en contra del control gubernamental de las multinacionales farmacéuticas, de nuevo asumiendo que la situación presentada por la INFACT fuera correcta.

Vivimos en un mar de ignorancia. A este lado del Jardín del Edén, aún con la mejor de las intenciones, los hombres tienden a errar.

Sus equivocaciones suelen ser graves hasta el punto de llevar en ocasiones a causar la muerte de grandes cantidades de personas. No hay nada que se pueda hacer para alterar esta desafortunada situación, pues deriva directamente de la imperfección humana.

Hay, no obstante, un remedio (admitidamente imperfecto):

si no podemos eliminar este error, al menos

decidámonos a adoptar un sistema que recompense rápida y automáticamente a la gente con menor tendencia a cometer tales errores y disuada a aquellos con mayor tendencia a cometerlos. El mercado es muy preferible en este aspecto con respecto a los despachos regulatorios muy indirectamente controlados a través del proceso político. Para cimentar aún más esta percepción, consideremos otra tragedia farmacéutica más que rivaliza incluso con el horror del sustituto de la leche materna: el caso de la talidomida.

La talidomida (un medicamento contra la hiperémesis gravídica que causa malformaciones en los fetos) fue producida por una compañía privada y aprobada por el departamento de regulación farmacéutica de la Alemania del Oeste. ¿Qué precio ha pagado cada uno por este terrible error? ¿Quién fue obligado a cesar y desistir, la compañía privada, a través del mercado, o el departamento alemán de regulación, a través del proceso político?

Obviamente, el primero. El segundo, pese a ser también responsable de la tragedia, sigue en funcionamiento. Algo similar puede aplicarse al caso de la compañía de vichyssoise que cayó en bancarrota tras provocar varias muertes por envenenamiento, mientras que la FDA, que ofrece su beneplácito a compañías similares, sigue haciendo negocios bastante bien en el mismo viejo puesto de venta de limonada.

Habiendo asumido, pues, la precisión de la versión de la INFACT, es hora de desafiarla. De acuerdo con los detractores de la leche en polvo, los anuncios de los fabricantes son responsables de la adopción de alternativas a la leche materna en el Tercer Mundo, pero hay poca correlación estadística entre la publicidad y el uso de leche en polvo.

Además estaba el alegato de que “hasta un millón de muertes son provocadas cada año por la leche en polvo". Sin embargo, como se ha probado, la "prueba" de esta acusación fue una "figura simbólica", por ejemplo, una fabricada con ropa por un activista anti leche en polvo. El problema con estos alegatos de "hasta un millón de", es que son válidos aunque el resultado fueran una, dos, tres, o ninguna muerte.

Si John se comió un pepinillo, es cierto que se comió “hasta un millón de pepinillos”. Lo cual es demagogia.

IV. SEXO

14.

LA QUE HACE TOPLESS EN PÚBLICO

Las feministas se han llevado su merecido, y no les gusta mucho.

Varias mujeres en los Estados Unidos y Canadá han ganado en juicios el permiso para poder exhibir sus pechos en parques públicos y piscinas.

Han presentado la teoría feminista "clásica" de que los hombres y las mujeres son iguales en todos los aspectos, que tienen los mismos derechos, y que si los hombres pueden ir en topless en esos sitios, las mujeres también.

Algunas sedicentes feministas están estallando de rabia. Se quejan de que este no es modo de alcanzar la igualdad. En su lugar, es una puerta abierta para las exhibicionistas por un lado, y para los hombres lascivos por otro. Tampoco es divertido para el resto, los que crían niños o los que buscan un decoro en base a motivos morales, culturales o estéticos.

No nos confundamos, esto es solo una parte. No cabe gran duda de que otras mujeres llevarán a cabo juicios similares, y los jueces les darán la razón, al presentar estos precedentes. Hoy, parques y piscinas, mañana, estos lugares más cualquier otro en el que los hombres acostumbren a quitarse las camisetas: en la cancha de baloncesto (camisetas vs. pieles), en la acera en un día caluroso, en la playa, jugando al fútbol, etc.

Nadie puede culpar a estas feministas exhibicionistas. Es cierto que el pecho femenino está cargado de sexualidad de un modo no aplicable al masculino (contrariamente a lo que consideran las feministas, existen muchas enormes diferencias biológicas entre sexos), pero los derechos son los derechos. ¿Por qué no deberían las mujeres tener ese derecho a ir en topless del que los hombres disfrutan tan desdeñosamente?

Las no feministas tampoco están del todo contentas con esta nueva avalancha de fallos judiciales. El pecho femenino, al parecer, no puede relacionarse con la moralidad, la formación familiar y los desiderátums del derecho conservador. En ocasiones se aplica una excepción al amamantamiento, pero de cualquier otra forma, el topless es visto como una ostentación inmoral. Otra flecha de este particular carcaj es el alegato de que tan libidinoso comportamiento derivará en violación. Los hombres, por lo visto, son incapaces de controlar sus impulsos salvajes ante la visión de un pecho desnudo. No obstante, de ser esto cierto, tendríamos que prohibir no solo estar medio desnuda, sino también las minifaldas, las camisas de tirantes, etc., con lo que acabaríamos declarando el burca obligatorio para todas las mujeres, una política que se adecua más bien poco a las nociones libertarias de la libertad.

La causa del problema social, y un atisbo de la solución, es el derecho de propiedad privada. Estas nuevas dispensaciones judiciales se aplican únicamente a la propiedad pública. No hay posibilidad, al menos en lo concerniente a los derechos de propiedad privada, de que las mujeres muestren sus senos, aunque a los hombres sí se les permita, en campos de golf privados, o en parques de atracciones, centros comerciales o tiendas, si el dueño de las instalaciones se opone a tal semi desnudez. Si el McDonald's puede negarse a servir a un cliente que no lleve zapatos, también puede hacerlo, al menos en la sociedad libre, si alguien no está vestido de acuerdo con los deseos de la empresa.

Y aquí está la clave de cómo debemos plantear la tarta, y también de cómo debemos comérnosla. De qué manera, como sociedad, podemos no tratar a la mujer de forma diferente, y aun así alcanzar un nivel mínimo de decencia sartorial: privatizar toda la propiedad; carreteras, playas, parques, pabellones deportivos, calles, aceras, piscinas, ¡lo que sea! La empresa privada se encargará del resto. Es posible que algunos lugares permitieran a las mujeres ir sin camiseta cuando lo hacen los hombres, pero tenderían a ser pocos y alejados, pues en el mercado, el cliente manda. Si la inmensa mayoría desea perpetuar una diferencia entre el atuendo masculino y el femenino, la práctica totalidad de empresarios deberá adecuarse a sus gustos, o enfrentarse a una bancarrota segura (asumiendo que el gobierno no realice ningún rescate financiero). Pero la pequeña minoría que desee divertirse en base a la espléndida igualdad de sexo podrá salirse con la suya, pues seguramente en el mercado aparecerán negocios dispuestos a adaptarse a sus gustos, también.

Así, de golpe y porrazo, nos ahorramos todo el debate sobre si las mujeres tienen derecho o no a exponer la parte superior de su cuerpo, pues sobre este tema existen innumerables discusiones acerca del sexo de los ángeles. Sin violación posible de los derechos, confinamos este comportamiento al pequeño porcentaje de propiedad que más posiblemente sea utilizado por gente de este criterio, mientras que permitimos a una pequeña minoría disentir del resto de la sociedad.

Existen, además, otra serie de beneficios. Si toda la propiedad está en manos privadas, el nivel de seguridad se elevará, del mismo modo en que la policía de Disneylandia tiene una mayor obligación hacia sus patrones y, a través de ellos, hacia el cliente, de la que tienen los policías que se niegan a arrestar a los “salvajes” de Central Park

en Nueva York. Es de esperar que los accidentes de tráfico desciendan también, pues cambiamos de un sistema de transporte que solo puede describirse como “sovietizado” a uno más compatible con nuestras instituciones básicas de propiedad privada (véase mi libro La privatización de carreteras y autopistas [Unión Editorial]).

15.

EL MATRIMONIO

POLÍGAMO

¿Cuál es la perspectiva libertaria sobre el matrimonio polígamo? Ya sea poliginia (un hombre con más de una mujer), poliandria (una mujer con más de un marido), o poligiandria (cuando varias esposas y maridos se casan entre ellos), la respuesta libertaria es la misma que para todo lo demás. Si la institución constituye una violación per se del principio de no agresión, debe ser prohibida, si no, debe ser legal.

Así pues, ¿el hecho de que un hombre se case con varias mujeres implica necesariamente una agresión contra ellas? Es difícil ver de qué manera y por qué podría ser así. Por supuesto, en algunas sociedades las mujeres son forzadas a casarse contra su voluntad, lo que es ciertamente contrario a la ley libertaria, y debería ser por tanto erradicado, pero la coacción matrimonial puede ocurrir sin importar cuantas mujeres estén involucradas. No podemos negar que en algunas sociedades mujeres menores de edad son secuestradas y obligadas a casarse sin su consentimiento, pero de nuevo, esto tiene lugar tanto dentro de la poligamia como de la monogamia. El problema, al menos para los libertarios, está en la coacción, no en el número de esposas.

¿La poligamia es socialmente peligrosa, en cuanto que los hijos de matrimonios con múltiples esposas llevarán una vida más disoluta, delinquirán, y se darán a las drogas, con una frecuencia mayor que la progenie derivada del matrimonio tradicional?

No hay pruebas para tal proclama. Y aún si las hubiera, incluso si se diera un patrón claro a este respecto, seguiría sin justificar una razón legítima para prohibir la práctica. Los niños negros sufren de este mal en mayor grado que el resto. De acuerdo con la perniciosa “lógica” que ilegaliza los matrimonios polígamos, debería aplicarse también a los matrimonios en la comunidad afroamericana, una situación verdaderamente absurda.

No, el matrimonio, en la sociedad libertaria, debería ser llevado a cabo como cualquier otra asociación de negocios. Cualquiera puede casarse con cuantas esposas (adultas) desee siempre y cuando haya consentimiento mutuo.

Los hombres mueren antes que las mujeres, su esperanza de vida no solo es menor, sino que fallecen en mayor medida que las mujeres, debido al crimen (como criminales y como víctimas), accidentes o enfermedades.

Por ello, en cualquier década de la vida tiende a haber menos maridos disponibles que esposas, lo que es una desgracia particularmente para las negras, pues un número desproporcionado de negros que de otro modo estarían dispuestos a casarse con ellas, están encarcelados o muertos. Por ello, la poligamia tiene ciertas ventajas sobre la monogamia, al menos en cuanto que maximiza el número de gente que puede estar casada y reduce la cantidad de gente que tendrá que resignarse a vivir sin estar asociada a esta institución. La política china de un hijo por pareja ha resultado en un relativo "excedente" de varones en comparación con mujeres. La implicación de esta brutal política nos inclinaría hacia los matrimonios múltiples.

No es necesario decirlo, pero lo diremos igualmente: este criterio de consentimiento mutuo se aplica de igual manera al matrimonio homosexual.

Parece lógicamente incoherente permitir matrimonios entre el mismo sexo, pero prohibirlos entre grupos de heterosexuales.

Las personas son personas, sin importar sus preferencias sexuales o la cantidad de ellas implicada. Es ciertamente divertido encontrarse con que la gente a favor de legalizar los matrimonios homosexuales se opone a la poligamia, y viceversa. Es decir, los defensores de la poligamia heterosexual tienden a rechazar el matrimonio para los gays. ¿Por qué no podemos llevarnos todos bien, y permitir que todos los adultos que consientan en ello hagan lo que deseen, ya sea a solas, o con otra persona, o con varias personas, siempre y cuando no se viole ningún derecho en dicha relación?

Si realmente nos oponemos a la poligamia, debemos reconsiderar nuestra posición acerca de la monogamia en serie, que es actualmente legal. En la actualidad, un hombre puede casarse con cuantas mujeres desee (siempre que ellas accedan), y viceversa, por supuesto. No hay límite alguno, salvo la esperanza de vida. Por ejemplo, podría empezar a los veinte, y continuar, digamos, hasta que cumpliera los setenta, casándose con una mujer por año, divorciándose a los doce meses, y empezando de nuevo con la siguiente Sra. en su pista de baile. De hacerlo, habría tenido cincuenta esposas (estaría algo confuso, pero eso ya es otra cuestión).

Debe de haber pocos polígamos que se hayan casado con tantas mujeres a la vez. Así pues, ¿cuál es la diferencia real entre la poligamia en cualquier momento, y la poligamia a través del tiempo, es decir, la monogamia en serie? ¿Alguien está a favor de poner un límite al número de matrimonios monógamos que puede contraer una persona? Elizabeth Taylor, Larry King, avisen a sus congresistas.

16.

LA MALTRATADA ASESINA

En 1984, la NBC presentó una película para televisión llamada “Maltratada”, protagonizada por Farrah

Fawcett, que cuenta la historia de Francine Hughes, una mujer que fue golpeada por su marido durante 13 años, hasta que la maltrecha esposa inundó la cama de su marido con gasolina, encendió una cerilla, y lo quemó hasta su muerte.

Justo después de la emisión de esta película, tuvieron lugar tres actos de violencia en tres ciudades estadounidenses diferentes.

En Milwaukee, Joseph Brandt, de treinta y nueve años, esperó a su ex esposa Sharon, de treinta y siete años, en su portal. En cuanto la vio llegar, la roció de gasolina y le arrojó una cerilla encendida. En Quincy, Massachusetts, un marido enfureció al ver la película y le dio una sangrienta paliza a su esposa.

De acuerdo con el director del refugio que la acogió, el hombre le dijo que acabaría con ella antes de que ella acabase con él. Y en Chicago, como si quisiera alimentar los temores de este hombre de Quincy, una mujer maltratada disparó a su marido con una pistola tras ver la película.

Este no ha sido el único caso de arte imitado en la vida real. En Portsmouth, Virginia, un hombre vio la película “Revenge of the Ninja”, una historia sobre un mercenario japonés.

Deprimido por el desahucio de sus padres, Gregory Eley, de veinticuatro años, se puso un atuendo oriental, se armó de shurikens, una subametralladora, dos ballestas y una pistola, y asesinó a una mujer que le había denunciado por un asunto de negocios.

Ante esto surge una pregunta de forma natural: ¿debería la sociedad prohibir películas que incluyan temática relacionada con muerte y destrucción, que pudiera llevar a gente a emularla?

Resulta fácil defender la censura, pues, si estas dos películas no hubiesen sido retransmitidas, varias personas no habrían sido asesinadas.

Pero un momento de reflexión arroja dudas sobre tal decisión de ámbito público. Si prohibiéramos las películas, deberíamos prohibir también los libros, las pinturas, las obras de teatro, las óperas, etc. Incluso los cuentos infantiles, como Jack y las judías mágicas, Caperucita Roja, o Hansel y Gretel, están repletos de caos y asesinato.

Seguir este camino conllevaría el final de la cultura y el arte tal y como los conocemos.

Pero hay una objeción aún más básica a la censura y la restricción. El ser humano es una criatura con libre albedrío. La gente, les guste o no, es responsable de sus propios actos.

“Maltratada” y otros proyectos artísticos no son culpables de los actos de aquellos que elijan emularlos. Solo los criminales son responsables y culpables.

En cuanto a la restricción previa, sabemos que las celebraciones que siguen a cualquier evento deportivo importante resultan a veces en muertes, ya sea por exhuberancia, o por los actos de los gamberros hooligans. Si hacemos caso a la “lógica” aquí, deberíamos prohibir todo tipo de eventos deportivos, pues no bastaría con simplemente censurar las celebraciones posteriores, ya que el entusiasmo de los fans de estos deportes derivaría en el intento de realizar tales celebraciones.

Además, los matones que llevan a cabo estos disturbios son bien conocidos en términos demográficos:

varones adolescentes y jóvenes de no más de 30 años. Podríamos salvar vidas con una cierta “restricción previa” si encarceláramos a todos los varones de 15 años hasta que cumplieran los 30.

Suena absurdo, ¿verdad? Pero el mismo razonamiento es el que se aplica a la censura de películas, obras de teatro, y literatura que se pueda probar que incita a la violencia.

Más recientemente, en Tucson, un demente armado asesinó a seis personas e hirió a otras trece, entre los que se hallaba la ex representante de los Estados Unidos Gabrielle Gifford. En un terrible libelo lanzado por los “progresistas”, se culpó de esta tragedia a Glen Beck, Rush Limbaugh, Sarah

Palin, y otros conservadores por sus corrosivos discursos políticos.

¿Deberíamos prohibir a los portavoces de derechas hablar en público? Estamos ante el mismo problema. Seguramente, esta proclamación sería vista como “incitadora del odio”, y, por tanto, si usamos la lógica de los críticos de izquierdas, estos acabarían lanzando piedras contra su propio tejado, pues sus propios cargos serían ilegales en base a las leyes que ellos mismos apoyan.

V. DISCRIMINADORES

17.

EL SEXISTA

En los buenos viejos tiempos, el concepto de derechos humanos estaba claro. Todos teníamos derecho a no ser asesinados, a no ser torturados, a no ser violados, a no ser secuestrados, a no ser robados, a que nuestra morada no fuese allanada, y a no ser víctimas de otros delitos como asalto con agresión, fraude, carterismo, y otras felonías del estilo. Estos eran derechos negativos, pues otros tenían la obligación de abstenerse de violar a otras personas o sus propiedades.

Pero hoy en día, nos encontramos bajo la influencia de la nueva presunta filosofía de los derechos humanos.

Estos activistas han introducido una batería de derechos positivos completamente nueva. De acuerdo con esta perspectiva, ahora tenemos derecho al cuidado médico, a una vivienda decente, a una escolarización adecuada, y a un cierto nivel de ingresos. Existen incluso organizaciones de “derechos de bienestar” dedicadas a demandar pagos para asegurar el bienestar del resto de la sociedad, no como una forma de caridad, sino como un “derecho”.

Toda esta charlatanería sobre los derechos humanos no tiene en verdad nada que ver con los derechos, sino que es un intento fraudulento de comerciar con un concepto enormemente respetado —los derechos— y tratar de integrar bajo este disfraz un plan secreto totalmente diferente y oculto:

el igualitarismo o redistribución de riqueza. Consideremos hasta qué punto los dos conceptos son diferentes: la vieja perspectiva de los derechos negativos, y la nueva relativa a los derechos positivos.

Según el concepto clásico, a la gente se le pedía únicamente abstenerse de llevar a cabo determinados actos perniciosos o antisociales. No podían asesinar, violar o robar. Según el nuevo concepto, no se pide a los individuos que se abstengan de nada, sino que se les obliga a entregar parte de sí mismos, de su tiempo y de su dinero, para que su propio patrimonio pase a estar disponible para los propósitos de otra gente.

Otra diferencia. Si la totalidad de la raza humana estuviera dispuesta, se podría, de un plumazo, poner fin a las violaciones de derechos negativos. Es decir, a través de un acto de voluntad puro, podríamos decidir acabar con el asesinato, la violación, y el robo, de un modo instantáneo, y lo único que requeriría sería una decisión por parte de todos nosotros. Por el contrario, tal cosa no es posible en el ámbito de los derechos positivos. Aún con la mejor voluntad del mundo, no existe posibilidad de acabar con la miserable y absoluta pobreza —la mayor parte de la cual, debo añadir, viene derivada de un exceso de esta filosofía igualitaria— de muchos de los países del Tercer Mundo.

Una tercera diferencia: si yo me beneficio de más de mis derechos positivos, tú te beneficias de menos de los tuyos. Si se gasta más dinero en comida para ti, queda menos para que pueda gastarme yo, pues los derechos positivos son en realidad una demanda de redistribución de riqueza. Por el contrario, si se perpetra menos robo contra mí, no necesariamente se perpetra más contra ti. Como hemos visto, los robos pueden reducirse mediante un mero acto de voluntad. De un modo similar, porque yo tenga una mayor libertad de expresión o de culto, tú no tienes por qué tener menos.

Como cuarta diferencia está el hecho de que no hay reductio ad absurdum posible para los derechos negativos. Todo lo que sus defensores deben hacer es abstenerse de invadir los límites de los demás. En contraste, el defensor de los derechos positivos —que tiene más riqueza que el terrícola promedio— debe explicar por qué no ha seguido voluntariamente su propia interdicción y donado este “exceso” a los pobres. Presumiblemente, el ciego que carece de ojos se beneficiará al recibir estos órganos más de lo que el donante perderá al llevar a cabo tal transacción. Y, aun así, hay defensores de los derechos positivos que no han realizado esta transferencia. Así que la próxima vez que veas a un igualitario, mírale a los ojos. Si conserva ambos, es un hipócrita.

Cuando escuches a alguien quejarse sobre la desaparición de los derechos humanos, pregúntate si está hablando de la violación de los derechos reales (negativos) o si simplemente manifiesta su descontento ante el hecho de que hayan disminuido la cantidad de transferencias coactivas de riqueza.

Cuando hay una discusión acerca de reducir el poder de una comisión de presuntos derechos humanos, los izquierdistas modernos desatarán tal ruido y furia que pensarás que Genghis Khan a pasado a estar a cargo de los derechos y las libertades.

Un ejemplo de esto es la negativa de los defensores de los “derechos humanos” de permitir a una mujer mayor poner un anuncio buscando un inquilino que sea “buen cristiano”, en base a que, presumiblemente, esto supondría una discriminación hacia los inquilinos malos y no cristianos. ¿Pero acaso no tiene derecho a elegir a quién quiere de arrendatario? ¿Qué será lo siguiente, decirles a las mujeres de quién deben hacerse amigas? ¿Con quién deben casarse? Otro ejemplo, este de Canadá, es el acoso a un pequeño negocio de Vancouver, Hunky Bill’s Perogies, cuyo propietario cometió el único "delito" de insistir en su derecho a llamar a su propia empresa como él quisiera (al parecer el nombre "Hunky" resulta ofensivo para algunos, bien, si es así, que no aporten dinero al establecimiento). Además, esas juntas de presuntos “derechos humanos” se negaron a permitir a un club de golf privado reservar el campo un día a la semana únicamente para hombres. Una comisión incluso se negó a permitir a una tienda que vendía ropa para mujeres altas anunciar que buscaban una dependienta alta. Presumiblemente, esto resulta discriminatorio para los dependientes bajos y hombres. Es interesante apuntar, no obstante, que jamás se hace objeción similar alguna cuando tiene lugar una conferencia feminista —que prohíbe la entrada a los hombres—.

Las feministas son hipócritas. En ocasiones están decididas a actuar no a favor de una sociedad libre de discriminaciones, como cabría esperar, sino a favor de una sociedad segregada en base al sexo. Por ejemplo, en una conferencia únicamente para mujeres, organizada por grupos ostensiblemente opuestos a la segregación sexual, los hombres fueron excluidos debido a que, según una organizadora de la conferencia, un número de hombres reporteros ya habían sido entrevistados sobre el tema. Evidentemente, el hombre reportero que trató de cubrir una sesión de fin de semana, pero al que se le obligó a irse, no era uno de aquellos que habían "sido ya entrevistados". De acuerdo con una portavoz del evento, esta situación fue un intento de incluir a las mujeres más que de excluir a los hombres.

¡Chupaos esa, cerdos chovinistas machirulos del mundo!

Esta falta de lógica no sirvió para agotar los poderes explicatorios del movimiento de las mujeres. De acuerdo con una editora de Herizons, una revista de noticias de mujeres, la decisión de excluir a los hombres fue una forma de acción afirmativa: “es realmente importante que las mujeres se pongan al día en este campo, y por supuesto el lugar lógico para darles la oportunidad de hacerlo es en una conferencia de mujeres”.

¿Alguien puede imaginarse cual hubiese sido la respuesta de las profesionales feministas, y todos los demás implicados en negocios de “derechos humanos”, si un grupo de protestantes anglosajones hubiesen usado un argumento similar para justificar la exclusión de mujeres, o de homosexuales, o de nativos, o de discapacitados, o, de hecho, de cualquier otro grupo favorecido por las modas actuales?

El simple uso del término “derechos humanos” por esta gente es de un presuntuoso descarado. Estos actos de frivolidad tienen tanto que ver con los derechos humanos como los peces con las bicicletas —por usar un aforismo que les encanta a las presuntas feministas—, pues la gente tiene el derecho humano a discriminar.

¿Deberían los pubs homosexuales estar obligados a contratar mujeres? ¿Debería el restaurante o club social de lesbianas estar obligado a contratar hombres?

¿Deberían los restaurantes chinos estar obligados a contratar cocineros y camareros que no fueran orientales?

¿Y qué hay de los católicos, los judíos ortodoxos, y los miembros de la Iglesia Ortodoxa Rusa? Sus principios religiosos prohíben la ordenación de mujeres, pero esto es incompatible con la legislación de los derechos humanos que obliga a contratar independientemente del sexo. Vincular la legislación que prohíbe estas libertades religiosas con los “derechos humanos” es de una desfachatez máxima.

Los heterosexuales son verdaderamente repugnantes, en cuanto que discriminan a la mitad de la raza humana en términos de candidatura a un interés amoroso.

Los hombres heterosexuales eliminan a todos los hombres en este aspecto, y las mujeres heterosexuales discriminan a todos los otros miembros de su propio sexo. Lo mismo es cierto para los igualmente repulsivos y discriminadores homosexuales.

Ellos también son asquerosos, del mismo modo. Las lesbianas no contemplarán una relación romántica con un hombre, y los hombres homosexuales no considerarán mantener una con una mujer. Únicamente los bisexuales son aceptables en lo concerniente al sexismo, pues están abiertos a relaciones con cualquiera.

Así pues, la acusación contra el sexismo es en realidad una no tan oculta llamada a la bisexualidad obligatoria, o al menos en tanto que defiende que pase a formar parte de la ley. Por supuesto, los bisexuales también son personas despreciables, pues discriminan en términos de “aspecto”, como sentido del humor, inteligencia, logros, y otros atributos similares. ¿Dónde, oh, dónde, podremos encontrar un hombre completamente honesto en base a este distorsionado criterio?

18.

EL VOYEUR

Vivimos en una época en la que se exalta la privacidad, al menos en lo concerniente a la ley. Los así llamados derechos de privacidad están profundamente arraigados en la ley, y son defendidos por los críticos. ¿Qué es el derecho a la privacidad? Es el derecho a que nadie más se entere de nuestros asuntos, que podamos permanecer anónimos si lo deseamos, que podamos escapar del radar, que nadie menos nosotros nos vea a menos que queramos, entre otras cosas.

Incluso a primera vista, hay algo muy problemático sobre este concepto, pues de golpe y porrazo prohíbe la actividad de los detectives, los que posiblemente sean los mayores violadores de la privacidad. Si la privacidad imperase, y fuese exportada al mundo de la ficción, no habrían existido Lew Archer, Elijah Baley, Batman, Harry Bosch, Temperance "Huesos" Brennan, el Padre Brown, el comisario Brunetti, Conan Edogawa, Chen Cao, Rex Carver, Charlie Chan, Ellah Clah, el inspector Clouseau, el teniente Colombo, Elvis Cole, Alex

Cross, R. Daneel Olivaw, Rick Deckard, Harry Dresden, Nancy Drew, Jessica Fletcher, Dan Fortune, Mike Hammer, Hardy Boys, Cliff Hardy, Sherlock

Holmes, Miss Marple, Thomas Magnum, Philip Marlowe, Veronica Mars, Perry Mason, Travis McGee, Kinsey Millhone, Adrian Monk, Stephanie Plum, el comisario Montalbano, Hércules Poirot, Laura Principal, Precious Ramotswe, Sunny Randall, Ezekiel “Esay” Rawlins, Jack Reacher, Jim Rockford, el padre (más adelante obispo, y más adelante arzobispo) “Blackie” Ryan, John Shaft, Rabbi David Small, Sam Spade, Spenser detective privado, Jesse Stone, Guillermo de Baskerville, V. I. Warshawski, y Nero Wolfe. Mis disculpas a los autores y fans de aquellos que hayan quedado fuera de esta lista, envíenme los nombres que faltan, y los añadiré en la siguiente edición del libro. Es difícil de creer que en un mundo en el que la privacidad fuera un derecho, estos famosos detectives hubieran tenido que ser condenados al olvido. O, que sus acciones, en cuanto que detectives, fueran completamente ilegales. Aun así, es difícil derivar alguna otra conclusión, y no solo los detectives sufrirían las prohibiciones de esta doctrina de los “derechos de privacidad”. También hay otros que buscan gusanos debajo de las piedras:

periodistas, historiadores, cotillas, y cualquiera que trate de ir más allá de las máscaras y penetrar a través del velo de la ignorancia. Las mentes curiosas quieren saber, y estas son las personas que nos ayudan a satisfacer en nuestra búsqueda de ese conocimiento.

Una gran parte de lo que un detective, historiador, o periodista (véase el ejemplo de Julian Assange) hace es tratar de sacar a la luz secretos, publicar lo que sus objetivos han hecho y quieren mantener oculto del escrutinio general.

En verdad que no podemos pretender prohibir por ley todos los intentos de averiguar lo que una persona hace y quiere guardarse para sí misma.

De acuerdo con el código legal libertario, podemos hacer cualquier cosa a los demás, les guste o no, con la única condición de que al hacerlo no violemos —no sus "derechos" de privacidad, que no existen, sino— sus derechos de propiedad sobre sus propias personas y propiedades físicas justamente poseídas. Si el historiador o el cotilla lo hacen, están actuando contrariamente a esta estipulación, pero pueden hacer cualquier otra cosa que deseen, siempre que lo haga dentro de estos límites.

Así pues, ¿puede un detective, contratado por una esposa, perseguir a un marido para determinar si está cometiendo adulterio o no? Sí, siempre y cuando no cometa allanamiento o cualquier otra violación de derechos.

¿Puede el detective usar binoculares o incluso un telescopio si quisiera para llevar a cabo una vigilancia a gran distancia? Por supuesto que sí. Si el periodista puede mirar a su objetivo con sus ojos desnudos, de igual manera puede hacerlo haciendo uso de ayuda técnica. Nadie se opone en serio al uso de gafas o gemelos. El propósito para el que son usados debería considerarse irrelevante (asumiendo, de nuevo, que no se viola ningún derecho). En el libro Night and Day de Robert B. Parker, el jefe de policía Jesse Stone se enfrenta a Mrs. Betsy Ingersoll, directora de una escuela del barrio, que obliga a las adolescentes a ir al vestuario, subirse los vestidos y mostrar su ropa interior.

¿Esta “educadora” está violando la privacidad de las chicas? Parece un paradigma de tal perjuicio. ¿Cómo se trataría una invasión tal en la sociedad libertaria? Cualquier escuela privada perdería clientes si los tratase de esta manera. Obviamente, prohibiría tales invasiones de la privacidad por parte de sus administradores, y, en caso de desobedecer, les despediría sumariamente. ¿Qué hay de las gafas “mágicas” que permiten a quien las lleva ver a través de la ropa, e incluso a través de los ladrillos y el cemento, debido al uso de visión de rayos X del tipo de la de Superman? Sí a esto también, pues el objeto de la búsqueda no tiene derecho a la privacidad o a cualquier otra cosa que pudiera usarse en contra del usuario de estas gafas.

Algunos aeropuertos usan una tecnología similar pero menos potente.

¿Está justificado? No, pues se basa en un requisito quid pro quo (si no estás dispuesto a permitir esta invasión electrónica, no tienes permiso para volar), y quienes lo imponen (el gobierno), no tienen derecho a hacerlo, según el código civil libertario. Por otro lado, si un aeropuerto o línea aérea puramente privados hicieran tal demanda, ciertamente tendrían el derecho a someter a sus futuros clientes a semejante búsqueda íntima. Es su propiedad privada, al fin y al cabo.

Aquellos que no quieran estar sujetos a semejante pérdida de privacidad son libres de ir a cualquier otro lado. Y, en un sistema de mercado, teniendo en cuenta la reticencia de la mayoría de la gente ante tal falta de respeto a su privacidad, tiene sentido afirmar que esto conferiría una ventaja competitiva a los empresarios que omitiesen el uso de tal maquinaria. Por otro lado, si esta tecnología promoviese la seguridad, y el consumidor valorase este hecho por encima de cualquier vergüenza sufrida por tener que ser visto al natural, entonces el mercado lo adoptaría.

Supongamos que hay respuestas defensivas disponibles, por ejemplo, para bloquear la visión de rayos X de Supermán. O quizás una capa "mágica" se invente algún día. ¿Estaría dentro de los derechos del objetivo usar dicha tecnología preventiva? Por supuesto (y de hecho lo hará, a menos que el dueño de la propiedad en la que se halle le exija que renuncie a este derecho para estar en ella). Pero volvamos al mundo real por un momento. Si A mira a B, este no tiene derecho a evitarlo. "Me está mirando" no es alegato suficiente para justificar la intervención de las fuerzas de la ley y el orden. La gente tampoco está obligada a vivir en casas de cristal (sin cortinas) o vestir de un modo que permita a cualquiera ver todo su cuerpo.

De qué modo, pues, debemos considerar al “fisgón”. Usa su derecho a abrir sus ojos y mirar aquí y allá de un modo procaz. Su escrutinio de señoritas desnudas y semidesnudas, sin lugar a dudas, no pasa del “examen olfativo".

Es ciertamente cuestionable desde un punto de vista moral. Pero, si esta actividad fuese ilegalizada, cualquier contacto “ojo a pecho”, algo de lo que prácticamente todo hombre heterosexual es culpable, y por una significativa proporción de sus horas activas. Por supuesto, existen diferencias entre el voyeur y los hombres normales, pero consisten, principalmente, en el hecho de que el primero efectuará allanamiento, mientras que el segundo no. Pero ya tenemos, apropiadamente, leyes que prohíben la entrada en propiedad ajena, sea o no con el objetivo de observarles ilícitamente.

Así pues, el voyeurismo no es un delito per se, mientras que el allanamiento sí.

Si el voyeur no incurre en allanamiento, en lo concerniente a la ley libertaria, puede tirotear cuanto le plazca. Pero ¿acaso esta actividad no deriva en delitos más serios, como la violación?

¿No debería bastar esta justificación para prohibir la práctica? Pues no. De ser así, Victoria’s Secret sería ilegal, así como cualquier película o libro que llevase a alguna persona desquiciada a cometer un delito. Es de hecho un “libelo de sangre” acusar a Sarah Palin, Rush Limbaugh o Glenn Beck de los horrorosos asesinatos de Arizona aunque sus acciones “llevaran” al trastornado Jared Loughner a perpetrarlos, pues no existe ni un ápice de prueba al respecto.

Existe otro factor a tener en cuenta.

Una gran cantidad de voyeurismo tiene lugar en las calles y aceras de la nación. Estos mirones tienen todo el derecho a frecuentar estos lugares, lo que es una gran ayuda para sus costumbres. ¿Qué puede hacerse? En la sociedad libertaria, no habría algo como una calle o acera pública. Todo sería privatizado (véase mi libro La privatización de carreteras y autopistas, Unión Editorial).

Presumiblemente, sus propietarios privados prohibirían tal actividad. Fin del problema, de un plumazo, con la excepción de quien espíe desde un helicóptero, o desde un edificio a otro, etc.

Si viviésemos en otra clase de mundo, donde el simple hecho de mirar a otros les provocase un daño físico, entonces, y solo entonces, estaríamos haciendo algo que pudiera considerarse como una invasión. En un mundo así, estaríamos obligados por ley a evitar el contacto visual a menos que tuviésemos permiso para hacerlo (es decir, que solo los sádicos podrían mirar a los masoquistas).

Consideremos el caso de los hombres que miran bajo las camisetas de mujeres que están sobre ellos en escaleras, y/o las fotografían en dichas posiciones reveladoras. Este es otro caso paradigmático de violación de la privacidad. Queda claro que las mujeres desean evitar ser exhibidas de semejante manera. Teniendo esto en cuenta, los empresarios competirán para diseñar escaleras en las que tal vista quede enormemente atenuada, y/o imposibilitada. Una situación similar tiene lugar con las mesas escolares, cuya forma cuadrada está dispuesta para promover cierta modestia a este respecto. Por otro lado, supongamos que los hombres prefieren las escaleras y las mesas descubiertas. Si están dispuestos a pagar suficiente dinero por este privilegio, es posible que un empresario pagase a las mujeres lo suficiente como para que obviasen su desavenencia ante ser exhibidas de este modo. Pero, ciertamente, en ninguna sociedad libertaria los dueños de escaleras y mesas serían considerados delincuentes por no proteger a las señoritas de miradas no deseadas de hombres. La regla sería que cualquiera puede mirar donde le plazca, a menos que el propietario privado disponga reglas en contra de ello. En lo concerniente a mirar de una propiedad a otra, aún con la ayuda de binoculares, el simple hecho de mirar no puede ser considerado una invasión.

¿Cómo se gestionaría el problema de los paparazzi en una sociedad libre? O, ¿deberían las estrellas de cine famosas, los atletas profesionales, o los músicos top ventas y similares ser forzados a soportar hordas de vándalos armados con cámaras en sus caras (asumiendo que no usan flashes que dañen los ojos de sus objetivos, pues estos sí causan un daño físico en sus víctimas)? La respuesta es, de nuevo, simple: privaticemos las calles y las aceras. De este modo la “deseconomía externa” puede internalizarse. Algunos dueños de calles prohibirán la toma de fotos en sus instalaciones.

Otros no pondrán restricción alguna a esta práctica. Otros adoptarán una postura intermedia, permitiéndolo algunos días, a ciertas horas, pero no otros. Entonces, los clientes se agruparán en base a estas reglas, del mismo modo en que los fumadores tenderán a dejar su dinero en bares y restaurantes que acepten el consumo de tabaco, mientras que los no fumadores se inclinarán en dirección a los establecimientos de comida sana que no lo permitan. Aquí vemos el riguroso papel de los derechos de propiedad privada a la hora de reducir el conflicto.

Mientras que bajo los presentes acuerdos institucionales, principalmente la propiedad pública, existe generalmente una regla que vale para todos. Pero somos heterogéneos, no homogéneos, y la disonancia entre los fanáticos de ser fotografiados, y los que odian las cámaras, es una gran prueba de esto.

Un análisis similar se aplica a la tensión entre los que quieren privacidad, y los que desean enviar spam o correo basura. Los que desean ser dejados en paz son más afortunados en el primer caso, dado que internet viene acompañada de una generosa dosis de derechos de propiedad privada. Si no nos gusta el modo en que un proveedor nos bloquea mensajes no deseados, podemos buscar otro, generalmente a cambio de un estipendio.

La competencia tiende a asegurar una alta calidad a bajo precio. En el caso del correo ordinario, sin embargo, las cartas están echadas. La oficina pública de Correos provee una serie de reglas, y pobre de aquellos cuyos gustos no estén satisfechos por ella.

Supongamos que A desea privacidad y construye una verja de seis metros de alto alrededor de su casa. B, su vecino, objeta, alegando que este accesorio bloquea su vista del mar. Aquí tenemos un aparente conflicto de derechos, anatema del código legal libertario, que se predica no en su existencia, sino en su resolución.

Una forma de salir de este dilema es llegar a un acuerdo. ¿Quizás una verja de 3 metros de alto? No funcionaría, porque entonces A podría decir que su intención era la de erigir una barrera de 12 metros de alto, y, con seis metros, ya estaba quedándose a medio camino en beneficio de B.

Tampoco termina de determinar quién tiene el derecho en este asunto. Otra solución es que el Estado promulgue una ley que establezca una altura máxima en la construcción de verjas, quizá en metro y medio. Pero el gobierno es una institución ilícita, debido a que se basa en la agresión inicial. Quizás podría topar con la solución correcta, pero es muy poco probable, debido a la clase de organización inmoral que es. Y, aunque lo hiciera, aún necesitaría un criterio con el que juzgar si ha tenido éxito o no.

Además, esto es por definición otro acuerdo sin principios. Siempre es posible preguntar, al menos para aquellos que no sean positivistas legales, "la ley ordena X, pero ¿es acaso X correcto?" Desde la perspectiva libertaria, el asunto está claro: nadie puede poseer una vista. Punto. Simplemente no hay modo de apropiarse de algo así. Si así fuera, el primer hombre que vio el Sol, la Luna, las estrellas, o el océano, se convirtió en su dueño legítimo. O, si por alguna razón no específica planteamos que no puede poseer estos entes en sí mismos, pero sí la vista (continuada) de los mismos, en cualquier momento en que alguien abriera un paraguas que interfiriera con su vista de estos cuerpos, o cuando un avión volase provocando el mismo resultado, sus derechos habrían sido violados. Cuando cualquiera alzase la vista al cielo, tendría que abonar al propietario de dicha vista lo que este hubiese especificado como precio. Absurdo.

También hay conflictos sin solución que surgen siguiendo esta filosofía: yo veo el modo en que te peinas. Tu peinado se convierte en parte de mi vista. Si yo poseo esta vista, puedo impedirte que te cortes el pelo, pues esto interferiría con mi vista de ti.

En un sentido, yo poseería un aspecto de ti. Pero lo contrario también sería cierto.

Me ves, por lo que posees parte de mí.

Así que cada uno es parcialmente esclavo del otro. Esto sería ridículo, porque entonces podríamos ordenarnos mutuamente no ordenarnos nada.

No, A está en pleno derecho, y B carece por completo de razón, en lo que concierne a la verja de seis metros de alto. Con respecto a la ley, A puede construir una verja que llegue hasta el cielo, si así lo desea. No obstante, existen varias soluciones para que B no tenga que sufrir este encierro, como adquirir una casa en un condominio en el que las reglas estipulen la altura de las verjas, o podría llegar a un acuerdo entre él y sus vecinos, que les impida construir verjas por encima de cierta altura. Si la gente valora sus vistas, el propietario inicial de la tierra puede aumentar sus beneficios al vender cada parcela con esta limitación contractual como parte del acuerdo. De nuevo, lo derechos de propiedad privada y el sistema de libre empresa acuden al rescate. Solo de este modo la gente puede distribuirse geográficamente de acuerdo, en este caso, con su valoración sobre la importancia de mantener las vistas, frente al interés de mantener la privacidad detrás de grandes muros.

Aquel que quiera tomar el sol desnudo sin nadie contemplando este espectáculo, puede construirse un jardín en lo alto del rascacielos más alto del vecindario, pero entonces tendría que lidiar con aviones, helicópteros, y vecinos que quisiesen situar espejos en lo alto de mástiles gigantescos, sin recibir ayuda alguna de las autoridades legales.

Consideremos el caso de Snyder contra Phelps, en el que se enfrentaron Albert Snyder y Fred Phelps. El demandante es el padre del cabo Matthew Snyder, muerto en combate en Irak. El acusado es el pastor de la Iglesia Baptista de Westboro, una Iglesia fundamentalista cristiana que se opone firmemente a los homosexuales, hasta el punto de tener una página web llamada www.godhatesfags.com y organizar mítines públicos en funerales de soldados estadounidenses, para protestar contra la tolerancia estadounidense con los gays. Pese a que esta demanda tiene muchos elementos de libertad de expresión, fue llevada en base a motivos de privacidad (intrusión en los derechos de aislamiento y contra la publicidad que la ley ofrece a reuniones estrictamente privadas, como funerales).

¿Cómo resolvería tal disputa la ley libertaria? ¿La gente que celebra funerales (y bodas, y otros encuentros privados) tiene derecho a la privacidad?

No, por supuesto que no. La privacidad no es un derecho, es un privilegio, que debe ser pagado, en la sociedad libertaria, al igual que cualquier otro bien o servicio deseado. Pero, en un sistema de libre empresa, estos beneficios serían relativamente baratos, como sería el caso para todos los productos. ¿Y cómo se conseguiría? A

través de los derechos de propiedad privada, por supuesto.

Los boicoteadores de funerales (o de bodas, o de cualquier reunión similar) son allanadores, y serían tratados como tales, más bien severamente, bajo el código legal libertario. Seguramente, uno de los servicios ofrecidos por los negocios funerarios y los cementerios sería brindar a las familias de luto la privacidad que desean. La competencia entre estas empresas derivaría en ofrecer este privilegio a un coste modesto, o quizás incluso gratis.

¿Mantendría esto alejados a los Fred Phelpses y a las Iglesias Baptistas de Westboro? ¿Permitiría esto a la gente celebrar funerales en la privacidad que fervientemente desean? No, por supuesto que no. Los detractores siguen pudiendo mantener sus protestas fuera, en la acera que rodea al cementerio. Pero esto no es culpa del sistema de empresa privada.

Esta laguna deriva del hecho de que el mercado no es lo suficientemente ubicuo, ni mucho menos, pues las calles y aceras alrededor de los funerales no son propiedades privadas. Si lo fueran, las funerarias y los cementerios se localizarían en lugares en los que los deseos de privacidad de sus clientes fueran respetados por los dueños de las calles y aceras. Probablemente, incluso tuvieran que abonar un extra por esto, pese a que es dudoso, pero la conclusión es que aquellos que deseasen privacidad podrían obtenerla en tales circunstancias.

¿Qué hay del derecho a la libertad de expresión de Fred Phelps y su Iglesia Baptista de Westboro? ¿No tienen derecho a hacer público su punto de vista? Por supuesto que lo tienen, pero, de nuevo, únicamente en su propiedad privada, y/o en la parcela que alquilen para este propósito. Esto es, según el laissez faire, que podrían ser libres para hacer pública su filosofía con respecto a los homosexuales o cualquier otro tema en periódicos, revistas, y publicaciones que estuvieran dispuestas a portar su mensaje. Podrían alquilar una valla publicitaria para ello.

Podrían continuar llevando su página web

políticamente incorrecta, www.godhatesfags.com. Podrían incluso organizar piquetes en las calles y aceras colindantes con los funerales, dado que son propiedad pública.

En la sociedad libertaria, los derechos de cada una de estas partes en conflicto, los que desean celebrar sus funerales en privado, y los que desean hacer públicas sus perspectivas críticas, son respetados por igual.

Consideremos varias iniciativas gubernamentales que, a propósito, o por casualidad, reducen la privacidad. Por ejemplo, las tarjetas de seguridad social gubernamentales, los carnets de conducir, las matrículas, los papeles identificativos, los pasaportes, los registros de llamadas, las preguntas intrusivas del censo que nada tienen que ver con la contabilización de la población con propósitos representativos, los alcoholímetros, la inspección postal, las inspecciones fronterizas de nuestras propiedades y de nuestros cuerpos, el seguimiento de teléfonos móviles, las conversaciones telefónicas pinchadas, la publicación por parte del gobierno de información privada sobre nosotros, la copia de nuestros correos electrónicos, las cámaras diseminadas por todas partes presuntamente para acabar con el crimen y/o las violaciones de las normas de tráfico, el allanamiento e intrusión en hogares y negocios privados (con o sin orden judicial), para rastrear delitos sin víctimas como la inmigración ilegal, el uso de drogas, la homosexualidad, etc.

Esto sin tener en cuenta los exóticos programas algunos ya en funcionamiento y otros en proceso de ello: los documentos de identidad biométricos (que utilizan imágenes de nuestros globos oculares y/o de los dorsos de nuestras manos), la tecnología digital para escanear nuestras huellas digitales, el uso de nuestros códigos genéticos, la instalación de monitores GPS en nuestros cuerpos, hogares, coches; y, por último, pero decididamente no por ello menos importante, el uso de máquinas que permiten a servidores del Estado ver bajo nuestras ropas en los aeropuertos. ¿No violan acaso nuestro derecho a la privacidad? No, no lo hacen, dado que, para empezar, no tenemos tal derecho. ¿El libertarismo apoya cualquiera, no digamos todos, estos programas? No, por supuesto que no.

Todos y cada uno de ellos violan el código legal libertario, pero por diferentes motivos. No voy a llegar tan lejos como para afirmar que cada acción del gobierno es necesariamente ilícita según esta perspectiva. Ciertamente, si los sacamos del contexto de cómo son financiados (por coacción), cuando los agentes del gobierno detienen a un violador, o rescatan a alguien de un incendio, estos son actos legítimos. Aun así, existe la presunción de que todos y cada uno de los actos llevados a cabo por el Estado son contrarios a la ley justa. Y esto se aplica, a todos los efectos, a sus violaciones de nuestros "derechos" de privacidad.

Por ejemplo, el gobierno obliga a la gente a pagar por seguridad social, a obtener pasaportes o permisos de conducir si quieren viajar, a responder a preguntas del censo. En ocasiones el gobierno emplea un quid pro quo: nos permite hacer algo, pero solo si estamos dispuestos a dar al Estado información privada sobre nosotros. Por ejemplo, podemos conducir si conseguimos una licencia, que implica ofrecer nuestra dirección, fecha de nacimiento, etc.

Ahora bien, no hay nada malo per se en el quid pro quo. Toda interacción comercial implica esto necesariamente (te doy algo, si me das otra cosa). Pero la cuestión es, ¿tiene el gobierno el derecho de prohibir el uso de carreteras, fronteras, terminales aéreas, servicio postal, etc., a menos que les demos la información personal que requieren?

Desde el punto de vista libertario, al menos, la respuesta es clarísimamente que no. Así pues, en todos los casos similares, la invasión estatal de nuestra privacidad es ilícita, pero no porque tengamos derecho a la privacidad, sino porque la están intercambiando en base a una amenaza quid pro quo que en primer lugar no tienen derecho a emplear, pues no son los dueños legales de estas instalaciones.

Los policías tampoco tienen derecho a violar nuestros beneficios o privilegios de privacidad para frenar delitos sin víctimas. ¿Qué hay de delitos de verdad, como el asesinato, la violación, y el asalto? ¿Puede un policía allanar una propiedad privada por sospechar que alguna de estas actividades esté teniendo lugar? Sí, por supuesto. No la policía gubernamental, que para empezar no debería existir, pero, ciertamente, sí los defensores privados de la ley y el orden. Lo que les ocurriría si errasen en su sospecha es una cuestión demasiado alejada de la temática del presente capítulo —la privacidad— para un análisis completo; baste decir que la compañía policial tendría que pagar la multa por allanamiento, como cualquier otro. A

menos, claro, que existiera un contrato previo con el dueño de la propiedad que negase esta presunción, pero, presumiblemente, cualquiera que quisiera proteger su propiedad privada estaría más que dispuesto a tomar parte en un acuerdo previo tal.

De acuerdo con la cuarta enmienda constitucional estadounidense, ratificada el 15 del 12 de 1791, se asegura el derecho de la gente a estar seguros en sus cuerpos, casas, escritos, y efectos, contra inspecciones y confiscaciones no razonables, y no se podrán realizar órdenes judiciales salvo por causa probable, apoyada por juramento, y que describa concretamente el lugar sobre el que se realizará el registro, y las personas o bienes que serán confiscados. No tenemos tal derecho. Es meramente un privilegio, uno que, por suerte, el mercado libre puede conferirnos.

19.

EL ETARISTA

El rey Canuto ordenó a las olas no llegar a las playas de su imperio. De un modo similar, varios niveles del gobierno están tratando de cortar de raíz el paso del tiempo y el envejecimiento —al ordenar a los ciudadanos ignorar sus efectos—.

Canuto no logró imponerse a las leyes de la naturaleza, y el gobierno tampoco parece que vaya a tener éxito.

Consideremos los siguientes:

· Una madre de una niña de cuatro años denuncia en un tribunal del medio oeste estadounidense la discriminación llevada a cabo por una escuela de su distrito al no admitir a niños que no hayan cumplido los cinco años.

· Una comisión de derechos humanos obliga a una estación de radio a disculparse a una niña de once años por no permitirle participar a través de una llamada en un programa —en el que se estaba hablando de los strippers

masculinos— debido a su tierna edad.

· Una aerolínea es declarada culpable de discriminación debido a su política de ofrecer preferencia especial a los aprendices de piloto de entre veintiún y veintisiete años.

Resulta muy difícil ponerse en el lugar de los defensores de este movimiento de "derechos humanos".

Prohibir la discriminación por edad es ir en contra de la realidad, la naturaleza, y el sentido común —por no hablar del derecho humano a discriminar en base a la edad—. El deseo de discriminar por edad es dominante en toda clase de instituciones y empresas humanas. Los casos citados no son más que la punta del iceberg.

La gente tiende a discriminar por edad a la hora de elegir pareja amorosa o marital. Los anuncios personales que aparecen en internet y periódicos ofrecen una gran prueba de ello: "mujer, de __ años, busca hombre, de __ años, para matrimonio", es sólo un ejemplo.

Además, sería raro el cliente que pagara voluntariamente a un dentista, abogado, electricista, doctor, fontanero, arquitecto, o cualquier otra profesión similar, que tuviera seis años de edad —aunque fuera un “niño prodigio” que hubiese superado todos los requisitos de certificación pertinentes—. Un médico precoz, también conocida como El Doctorcito, o Doogie Howser, una serie sobre un médico adolescente, podría servir como contraejemplo, pero claro, era una serie, de ficción. Tampoco sería una idea muy bien recibida permitir a niños sacarse el carnet de conducir, pues algunos podrían pasar el examen, y entonces ¿dónde estaríamos?

Una tienda de muebles en una ciudad de la costa oeste de Estados Unidos es otra flagrante discriminadora por edad. Su “ballroom", una sala para niños, está llena de bolas de poliestireno de un metro de alto, pero prohíbe la entrada a niños de menos de cuatro años —un pañal manchado y suelto podría producir un desastre— y de más de nueve —podrían jugar con demasiada intensidad y aplastar a los niños más pequeños—.

¿La gente no tiene el derecho humano de discriminar de esta manera?

La prohibición de la discriminación por edad es tan ridícula y anti intuitiva que incluso los comités de derechos humanos llegan a actuar con sensatez en determinadas ocasiones en las que la seguridad pública está en juego, pero, al hacerlo, deben renunciar a los preceptos básicos de su filosofía.

Por ejemplo, un comité de defensa de los derechos humanos se dio cuenta de que diez pilotos que fueron obligados a retirarse a los sesenta años no fueron víctimas de discriminación por edad, y declaró que las aerolíneas no fueron culpables porque la jubilación obligatoria de los pilotos aéreos a los sesenta era una "práctica normal" en el sector.

Pese a que esta decisión fuera tomada en base a la seguridad y el sentido común, fue claramente arbitraria e ilógica. Si “práctica normal” puede usarse como defensa contra el cargo de discriminación, entonces cualquier discriminador puede ser declarado inocente siempre que haya otros que sigan su práctica.

La edad es un claro representante, o sustituto, de otros atributos humanos. Es rápido, fácil y barato determinar la edad de una persona, al contrario que calibrar y hacer seguimiento de su agudeza mental, su velocidad de reacción, y sus habilidades. Si las capacidades humanas no variasen con la edad, tendría poco sentido discriminar en base a ella, y sería poco probable que ocurriese. Pero las habilidades varían con la edad. La razón de no enviar a niños de tres años al colegio, o de no permitir a niños de once años debatir los méritos o deméritos de los strippers masculinos, es que esos niños tienden a carecer de la madurez necesaria para haber tenido contacto con estas experiencias. El motivo por el que las aerolíneas gustan de entrenar a jóvenes pilotos y jubilar a los viejos, es que generalmente lleva mucho tiempo aprender las habilidades necesarias, que tienden a deteriorarse a medida que las reacciones físicas merman en la vejez.

Hay, por supuesto, excepciones a todas estas reglas. Algunas niñas de tres años, posiblemente, podrían ir solas al colegio, mantener sus pañales limpios, debatir sobre sexología, casarse, conducir un coche, o trabajar como doctoras o abogadas cualificadas, y algunos ancianos de setenta y cinco años podrían desempeñar con éxito una labor de piloto aéreo, y es ciertamente “injusto”, al menos en alguno de los sentidos que tiene tan abusada palabra, impedir a gente con tal talento, si es que pudiera encontrarse, llevar a cabo esos papeles.

Pero la cuestión es, ¿debería permitirse a dichos individuos excepcionales desempeñar tales tareas en contra de la sociedad? Las aerolíneas son, al fin y al cabo, las únicas agentes de los clientes que vuelan, y no emplearían voluntariamente a un piloto de setenta y cinco años por muy cualificado que estuviese, porque sus clientes temerían por sus vidas (aunque fuera de un modo irracional, en estos pocos casos excepcionales). Las leyes que obligan a volar a pilotos pasados de edad son definitivamente una violación de los derechos humanos de los pasajeros, así como una intromisión en la industria aérea.

20.

EL HOMÓFOBO

En octubre de 1983, un tribunal de apelación de Los Ángeles dictaminó que los Boy Scouts estadounidenses tenían prohibido discriminar a los líderes scouts homosexuales.

Esta decisión fue exaltada ampliamente como una victoria de los derechos civiles de los grupos homosexuales, por las asociaciones de “derechos humanos” —y por el líder Scout homosexual en cuestión. Timothy Curran, asistente primero de jefe de tropa Scout, afirmó estar muy sorprendido a la par que agradado por esta decisión judicial, ya que consideraba que los Boy Scouts lo tenían muy difícil para probar la inmoralidad de sus actos.

Curran, que tenía veintiún años en el momento en que el caso fue llevado a juicio, estaba también en su último año de estudio de literatura inglesa en la universidad de California en Berkeley. En aquel entonces era asistente de la tropa 37 en el consejo de Monte Diablo, pero fue destituido cuando se supo acerca de sus preferencias sexuales. Según los líderes al cargo, aunque Curran había obtenido el rango más alto de Scout y era uno de los más sobresalientes de la organización, un homosexual no es considerado un buen modelo de conducta para los jóvenes de la tropa.

Existen dos escuelas de pensamiento sobre la cuestión de la discriminación. De acuerdo con una, la predilecta de los activistas de los “derechos humanos”, la discriminación es siempre errónea, simple y llanamente.

Según esta perspectiva, el tribunal de apelación californiano estaba en lo correcto al defender el derecho del homosexual Timothy Curran a mantener su puesto, pues la tropa 37 le había discriminado y debía cesar tan infame práctica.

Existe no obstante un problema lógico con esta perspectiva, pues el propio Curran, como homosexual practicante, discrimina a todas las mujeres como objeto de relaciones románticas. El movimiento de “derechos humanos” es lógicamente incoherente.

No puede ponerse de parte de un homosexual, discriminador confeso donde los haya, en nombre del apoyo a la lucha contra la discriminación. En su lugar, si deseara ser coherente con su lógica, este movimiento debería limitarse a apoyar los derechos de los bisexuales, gente que se implica en relaciones románticas con miembros de ambos sexos, pues ellos son los únicos que no discriminan en materia sexual.

Todos discriminamos de algún modo. Lo hacemos en base a la honestidad, a la belleza, al talento, a los intereses comunes, etc. Incluso los bisexuales son culpables de esto, por lo que es totalmente imposible adoptar una política coherente de anti discriminación.

En marzo de 1998, el tribunal supremo de California revocó la decisión del tribunal de apelación, decretando que los Boy Scouts tienen el derecho de excluir a los homosexuales de sus filas. Dos años más tarde, en junio del 2000, el tribunal supremo de los Estados Unidos revocó un decreto del tribunal supremo de Nueva Jersey, en un caso muy similar al de Timothy Curran, en el que se declaró ilegal la expulsión de un líder Scout gay en base a la ley anti discriminación. Estas son buenas noticias para los Boy Scouts, pues si el fallo del tribunal de apelación se hubiese ratificado hasta el máximo nivel, habría sido una fatalidad para la organización.

¿Cuántos padres heterosexuales querrían confiar a sus hijos a la tutela de líderes Scouts homosexuales?

Existe una situación similar sobre los Big Brothers (hermanos mayores), la organización dedicada a juntar niños huérfanos de padre con adultos que puedan guiarles y aconsejarles, del Gran Los Ángeles. En la misma época en la que Timothy Curran llevaba a juicio a los Boy Scouts en Los Ángeles, los Big Brothers eran llamados a declarar por una denuncia hecha por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del sur de California. ¿Su pecado contra la filosofía de los “derechos humanos”?

Cometieron la temeridad de excluir a los homosexuales y a los bisexuales, en base a que serían modelos de conducta impropios para los jóvenes. La ACLU

efectuó la denuncia para acabar con un acto de flagrante discriminación contra su cliente, Richard Stanley, bisexual confeso.

No nos confundamos, si los litigantes como Stanley y la ACLU

prevalecen en casos como este, supondrá la sentencia de muerte para grupos como los Big Brothers. Si estas organizaciones no pueden garantizar a las mujeres de familias monoparentales que sus hijos no van a ser puestos en situaciones íntimas con hombres adultos homosexuales o bisexuales, pronto no querrán tener nada que ver con el programa.

¿Los homosexuales y bisexuales no tienen el “derecho” a no ser discriminados de esta forma? Es decir, ¿no tienen el “derecho” de tener a jóvenes inocentes a su cuidado en contra de los deseos de sus padres o tutores?

La propia pregunta revela el extremo absurdo del asunto. Nadie tiene el “derecho” de imponerse sobre una víctima que no lo desea. En todo caso, el bisexual tiene más “derecho” a tener citas con la madre del chaval, contra su voluntad, que de entrar en una relación de hermano mayor con su hijo, sin su permiso, pues ella al menos es una adulta, pero su hijo no. Y, por supuesto, nadie, de ninguna preferencia o práctica sexual, tiene el “derecho” de utilizar la ley para obligar a una mujer a mantener una relación con él, por consiguiente menos aún puede usar los tribunales para convertirse en hermano mayor de su hijo.

Esto no tiene nada que ver con la cuestión de si los homosexuales o bisexuales aprovecharán su estatus de hermanos mayores para seducir a los chavales, pues la violación y otros abusos de posición no son en absoluto desconocidos en el mundo heterosexual.

Nuestra conclusión deriva únicamente del hecho de que en una sociedad libre toda relación debe basarse en un consentimiento mutuo. Cada persona tiene por tanto el derecho a ignorar, boicotear o discriminar a aquellos que preferiría evitar.

Esto incluye especialmente a todo individuo y organización privada, como la United Way y otras fundaciones caritativas, que cuentan con el apoyo financiero de los Boy Scouts, por tanto, todos aquellos que estén de acuerdo con el derecho de los Boy Scouts y otros grupos similares de discriminar a los homosexuales deberían ser libres de boicotear a la United Way.

En la sociedad en que vivimos, sin embargo, nuestro derecho a discriminar a aquellos con quienes no deseamos tener relación no está protegido por el gobierno, de hecho podemos ser castigados por el Estado si ejercemos tal derecho. Tomemos el caso del ejército de salvación como ejemplo de que podemos ser castigados por poco menos que discriminación ilegal.

El ejército de salvación se encontraba con el agua hasta el cuello en Nueva York, pues el gobierno municipal amenazaba con faltar a su compromiso de pagar 5 millones de dólares que debía por contratos ya firmados con Sally Ann, principalmente destinados a gestionar centros de día. ¿El problema de la gran manzana? Que el ejército de salvación se había negado a firmar un juramento en que afirmase no discriminar contra los homosexuales.

De acuerdo con Roland Schram, teniente coronel del ejército de salvación, su organización no pretendía discriminar a los homosexuales en sus prácticas laborales, pero, como grupo cristiano fundamentalista, con una férrea posición pro familia tradicional, no quiere ser vista —o ser de hecho culpable de— subvertir la institución de la familia.

Pero la discriminación es discriminación, sin importar cual sea el motivo en cualquier caso particular, y la política de contratación del ejército de salvación neoyorquino ha chocado con la legislación de los derechos humanos de Nueva York, que prohíbe la discriminación contra los homosexuales y varios otros grupos de gente. Sally Ann se ha encontrado con un problema similar en la costa oeste y en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, así que la cuestión aquí es: ¿tiene el ejército de salvación, o cualquier otra entidad, el derecho a discriminar a los homosexuales?

De no ser así, ¿qué ocurre con el derecho humano a la libertad religiosa?

¿Acaso los fundamentalistas cristianos no tienen el derecho a practicar su culto de acuerdo con sus propios principios?

El contrato de 5 millones de Nueva York es solo la punta del iceberg, es más, el ejército de salvación y otros grupos religiosos, como la Iglesia católica y los judíos ortodoxos, son culpables de violar la norma de los derechos humanos de no discriminar a los homosexuales, pues ninguno de ellos ordena homosexuales como sacerdotes o rabinos. ¿Deberían ser enviados a la cárcel el general del ejército de salvación, el papa, los cardenales, los obispos y los rabinos?

Poco probablemente, pero esta es la implicación lógica de tan extremista e histérica legislación de derechos humanos basada en fundamentos enfermizos.

Consideremos un último ejemplo de “derechos humanos” que pisotean el derecho humano a la libre asociación. El servicio de citas online e-Harmony fue fundado en el año 2000 por el Dr. Neil Clark Warren, psicólogo clínico y ex

decano en el Seminario Teológico Fuller, que impulsó esta compañía en un intento explícito de promover su filosofía religiosa y pro familia alentando los matrimonios entre hombres y mujeres. En el 2008, muy en contra de su voluntad, se vio obligado a llegar a un acuerdo por una denuncia presentada por la New Jersey’s Civil Rights Division, con lo que tuvo que lanzar una nueva web de citas, para homosexuales. Para añadir aún más escarnio a tal injuria, en el 2010 se vio obligado a asumir otra iniciativa: la de unir bajo el mismo techo sus anteriormente separadas páginas web heterosexual y homosexual, y promocionar aún más la última. Hemos pasado de una era en la que los gays eran tratados con (totalmente injustificable) brutalidad, a una en la que tenían los mismos derechos, ni más ni menos, que el resto del mundo, y de ahí a la época moderna, en la que se les permite minar las instituciones de otras personas que son inocentes de cualquier delito real.

Todo esto ha sido llevado a cabo bajo la bandera de la no discriminación, pero esta filosofía legal no tiene ni pies ni cabeza, pues ni sus defensores se la toman en serio. Si lo hicieran, esta ley no podría ser aplicada de un modo tan carente de orden ni concierto, y, sí, de un modo tan discriminatorio. Por ejemplo, si un restaurante chino prohibiera la entrada a los judíos, esta conducta sería sumariamente frenada por las fuerzas de la ley y el orden, y si un establecimiento de comida judía se negase a servir a chinos, le ocurriría lo mismo. Pero si los comensales judíos se negasen a entrar en restaurantes chinos, aunque fueran casher, y los chinos se negasen a comer en restaurantes judíos, ambos grupos de despiadados y desvergonzados discriminadores escaparían impunes de las garras de la corrección política de los policías. ¿Por qué imponer esta ley en los restaurantes, pero no en los clientes?

De un modo similar, simplemente no hay justificación en la imposición de tales draconianas intromisiones en el derecho de libre asociación de la gente en sus papeles comerciales, pero no en sus vidas privadas. Simplemente no hay motivo para obligar a la gente a asociarse con otra en contra de su voluntad en los negocios, pero no en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, si está en contra de los “derechos humanos” discriminar al contratar, al admitir en una universidad, o al dejar entrar en lugares “públicos” como restaurantes y tiendas, ¿por qué no también en lo relativo a la amistad y el matrimonio? ¿No deberíamos tener matrimonios mixtos obligatorios? Por supuesto, nadie, y cuando digo nadie quiero decir nadie, defiende tal cosa, ni siquiera los más fervientes defensores de los “derechos humanos”. ¿Y por qué no, hipócritas?

21.

EL PROPAGADOR DE ESTEREOTIPOS

Los estereotipos tienen mala prensa en nuestra era de corrección política. Aquellos que los crean y diseminan están promoviendo la discriminación, la catalogación, el resentimiento, la ignorancia, y cosas peores.

Y aun así los estereotipos no son más que generalizaciones empíricas amplias basadas en el válido método científico de la inducción. La gente observa ciertos patrones generales que se repiten una y otra vez. Suelen tratarse de características de raza, sexo, especie, animales, minerales, vegetales, etc.; cuyo empirismo casual es tan vasto que los ejemplos de lo contrario suelen ser las excepciones que confirman la regla.

Teniendo en cuenta que los estereotipos sobre los humanos están siempre cargados de connotaciones negativas, comencemos con un examen de este fenómeno en un terreno más calmado. Consideremos los perros, por ejemplo.

Estereotipos correctos:

· El husky de Alaska es bueno tirando de trineos. Es la mejor elección a la hora de participar en las carreras de trineo con perros de Iditarod. Tiene pelaje grueso y es inmune al frío.

· El bichon frisé es un perro pequeño de compañía, esponjoso y cariñoso.

· El dóberman es un perro guardián leal, fiero, valiente, agresivo, impertérrito y lleno de energía.

· El pastor alemán es criado, como su nombre indica, para vigilar ovejas.

· El galgo es muy rápido, capaz de alcanzar velocidades de hasta 65

kilómetros por hora. Tiene poca grasa corporal y es sensible al frío.

· El chihuahua es muy pequeño, se le puede enseñar a usar un arenero, y tiene mal genio.

· El San Bernardo es el gigante bonachón del reino perruno.

· El dachshund es un perro salchicha con tendencia a excavar y a sufrir problemas de espina dorsal.

Este listado de descripciones corresponde en su totalidad a estereotipos.

En general, las descripciones son ciertas, pero hay excepciones. Al fin y al cabo, hay cosas tan raras como un bichon frisé agresivo y un dóberman dócil, pero, por lo general, y con un amplio margen, los perros tienden a entrar en las categorías descritas.

La “prueba” de que en efecto hay una gran precisión en estas descripciones queda notoria cuando las invertimos. Veamos pues una serie de descripciones generadas a base de aplicar las descripciones anteriores en los sujetos erróneos.

· El husky de Alaska es un perro salchicha con tendencia a excavar y a sufrir problemas de espina dorsal.

· El bichon frisé es un perro guardián leal, fiero, valiente, agresivo, impertérrito y lleno de energía.

· El dóberman es un perro pequeño de compañía, esponjoso y cariñoso.

· El pastor alemán es muy rápido, capaz de alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. Tiene poca grasa corporal y es sensible al frío.

· El galgo es criado, como su nombre indica, para vigilar ovejas.

· El chihuahua es el gigante bonachón del reino perruno.

· El San Bernardo es muy pequeño, se le puede enseñar a usar un arenero, y tiene mal genio.

· El dachshund es bueno tirando de trineos. Es la mejor elección a la hora de participar en las carreras de trineo con perros de Iditarod. Tiene pelaje grueso y es inmune al frío.

Esta lista invertida es simplemente absurda. Leída bajo la influencia de alguna droga, puede incluso llegar a ser divertida, ofreciendo así una prueba de que en la lista original hay algo más que una cierta veracidad (cabe añadir que en la actualidad hay un creciente intento de prohibir a los pit bulls, debido a que algunos de ellos han agredido e incluso matado a algunas personas, pero claro, esto es equivalente a “discriminación canina”).

Una vez establecido este principio en lo concerniente a los perros, probémoslo en seres humanos, en base a raza, nacionalidad, y sexo.

Estereotipos correctos:

· Los judíos son inteligentes y estudiosos, destacan en negocios, ciencia, derecho, y medicina. Tienen una merecida reputación de regateadores, y son los que mayor propensión tienen a contraer la enfermedad de Tay-Sachs.

· Los italianos adoran la ópera y el espagueti, son emocionalmente expresivos, y destacan por sus contribuciones al arte, al curtido de cuero, y a la producción de vino.

· Los irlandeses creen en los leprechauns. Su narcótico favorito es el licor. Son enérgicos, guerreros, y con alta tendencia a las discusiones.

· Los suecos son morosos y taciturnos, de piel clara, y con elevado índice de suicidios.

· Los franceses son los mejores cocineros del mundo. Son expertos catadores de vino.

· Los negros son grandes atletas, especialmente en baloncesto, carrera, y fútbol. Destacan también como músicos, especialmente en jazz, hip hop, y rap.

Están estadísticamente por encima como clase en la representación proporcional de criminales, y sufren de anemia falciforme.

· Los latinos destacan por su excelente habilidad como bailarines.

· Las mujeres son criadoras y forjan fuertes vínculos con sus hijos.

Sufren ataques de histeria, especialmente durante el período.

· Los hombres son agresivos y no viven tanto como las mujeres. Son valientes, fieros, les gusta el riesgo, son territoriales y posesivos. Tienen una mayor propensión a sufrir accidentes que las mujeres.

Decir que últimamente los propagadores de estereotipos tienen mala prensa es la subestimación del año.

Esta gente es vilipendiada desde todos los frentes. Aplicar estereotipos es políticamente incorrecto y se tiene como el peor de los prejuicios. Seguramente nadie, aparte de unos pocos paletos del sur o miembros del Ku Klux Klan con afiliaciones nazis realizarán actos tan despreciables.

Estos últimos son también estereotipos, por supuesto, pero son aceptables según las normas de corrección política ya que sí es correcto ridiculizar a estos grupos, pero no a los hippies, a los comunistas, o a los sindicalistas.

No tan rápido. Cojamos aire y reflexionemos sobre, precisamente, de qué es culpable el propagador de estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? No es ni más ni menos que la generalización en base a una evidencia del pasado.

Añade al prejuicio este concepto particular de que se basa en una observación previa que recuerda a la actual (el prejuicio, el acto de prejuzgar, también es objeto de oprobio similar si no mayor, y es una práctica que defendemos también en el presente capítulo).

Veamos la siguiente frase: “yo soy firme, tú eres testarudo, él es un estúpido cabezota”. A un nivel emotivo, son caracterizaciones muy diferentes: la primera es rotundamente positiva, la segunda es moderadamente negativa, y la tercera es totalmente insultante. En esencia indican que una persona se adhiere a sus principios, lo cual el hablante, respectivamente, apoya, condena ligeramente, o condena tajantemente. De un modo similar, podemos decir en lo concerniente a los estereotipos que yo soy un científico y me apoyo en la inducción, tú un mero pragmático influenciado por la opinión pública, y él, por otro lado, es un prejuicioso propagador de estereotipos.

De nuevo, el primero es un cumplido, el segundo una especie de crítica (al menos en círculos no pragmáticos), y el tercero es uno de los peores apelativos que uno puede proferir sobre otra persona. Y, aún así, la base del presente capítulo es que en sustancia hay escasa diferencia entre el último conjunto de descripciones (relativas a los estereotipos) de la que existe en el caso anterior (relativo a la firmeza de pensamiento).

¿Qué es, pues, la inducción?

Es, junto con la deducción, uno de los dos pilares del método científico. La inducción es la extracción de conclusiones derivadas de la experiencia pasada, de observaciones, o de experimentos. Por ejemplo, veamos una serie de conocimientos obtenidos por inducción: una parte de oxígeno y dos partes de hidrógeno se combinan para crear agua, los atletas negros son jugadores de baloncesto superlativos, los blancos son buenos nadadores, el sol saldrá mañana.

Aprendemos estas verdades meramente a base de observar el mundo real. En la deducción, por el contrario, no alcanzamos conclusiones de la experiencia, sino basándonos en pura lógica. Por ejemplo, sabemos que todos los hombres son mortales, y si Sócrates es un hombre, entonces es mortal. Este conocimiento deriva mera y completamente del simple razonamiento, no experimentamos ninguna de estas verdades, y, de hecho, no podemos. Por el contrario, no existe necesidad de que el H2O produzca agua, de que los negros sean buenos en el baloncesto, de que los blancos ganen medallas de natación, o de que mañana amanezca un nuevo día. Las cosas podrían ser diferentes. En un universo alternativo, signifique esto lo que signifique, estos hechos podrían ser de otro modo. Al menos podemos imaginar un mundo en el que estas afirmaciones no sean ciertas. En total contraste, no hay excepciones en cuestiones de lógica. En todos los casos en que A>B>C, se colige que A>C, no hay vuelta de hoja al hecho de que si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal, y esto es cierto en cualquier universo. Con generalizaciones empíricas, sin embargo, puede haber excepciones, que “confirman” la regla. Ciertamente, no todos los negros son buenos en el baloncesto, ni mucho menos excelentes.

Algunos orientales son buenos también, véase el caso de Yao Ming.

Consideremos los siguientes estereotipos:

· Los británicos son buenos gerentes.

· Los suecos son taciturnos.

· Los franceses son buenos cocineros.

· Los irlandeses son despreocupados.

· Los negros son excelentes atletas.

· Los judíos son inteligentes.

· Los asiáticos son genios de las matemáticas.

· Los italianos son grandes amantes.

Todas estas son generalizaciones empíricas, juicios hechos en base a la vasta experiencia de millones de personas a lo largo de muchos años. ¿Estas afirmaciones no tienen excepción? Por supuesto que la tienen: algunos suecos son pletóricos, y hay orientales que no pueden juntar dos más dos para obtener cuatro (jamás me he encontrado con un asiático de más de 18 meses con problemas con las matemáticas, pero estoy seguro de que alguno hay). Es cierto que no todos los hombres son más altos que todas las mujeres, pero, ¿son correctas estas generalizaciones? ¿Están ampliamente basadas en realidades empíricas? Por supuesto que sí, difícilmente se las podría considerar estereotipos si no lo estuvieran.

Un modo de demostrarlas es invertirlas, es decir, en lugar de atribuir correctamente características a grupos étnicos y raciales, haremos a propósito exactamente lo contrario. Consideremos pues los siguientes estereotipos falsos:

· Los italianos son buenos gerentes.

· Los esquimales son jugadores de fútbol de renombre internacional.

· Los británicos son despreocupados.

· Los judíos son matones borrachos.

· Los negros son genios de las matemáticas · Los irlandeses son los mejores jugadores de baloncesto.

· Los franceses son taciturnos.

· Los orientales son los amos del rugby.

· Los italianos siempre ganan el Iditarod.

· Las mujeres son más altas que los hombres.

No solo son falsos, sino que algunos son ridículos. De este modo podemos comprobar cómo al invertir estereotipos y llegar a conclusiones obviamente absurdas acabamos teniendo que apoyar la lista original de generalizaciones ganadas a pulso a base de experiencia.

Un amigo y en una ocasión co-

autor mío cuenta que si ofreciera a algún detractor de los estereotipos cien dólares a cambio de ir a un campus desconocido y elegir dos estudiantes, uno que destacara en baloncesto, y otro que pudiera resolver una ecuación de segundo grado, ¿elegiría a un negro alto (rayos, es que incluso uno bajo) para lo primero y un estudiante asiático bajito y con gafas, tal delgado como el fondo de una botella de Coca-Cola para lo segundo, o haría lo contrario? Recurrir a los estereotipos relevantes es obviamente el método con el que más probablemente obtenga estos cien dólares. No hay garantías, por supuesto, esta elección no necesariamente supondrá un acierto, pero es más probable, mucho más probable, que así sea.

¿Por qué es así? En una palabra, prejuicio. O más exactamente, o etimológicamente más correctamente, pre-juicio.

Prejuzga a los dos estudiantes y sus capacidades en el momento en que toma la decisión con la que tendrá más probabilidades de ganar esos cien dólares. ¿En base a qué hace esa elección? Pues a una plétora de experiencias previas. Sabe, además, que es más probable que el estudiante asiático sepa ejecutar un kata de kárate y tocar el violín, mientras que el joven negro tenderá a encestar y tocar el saxofón.

Pongamos por caso que abres la puerta de tu salón y ves un tigre sentado en tu sofá. ¿Acaso se te ocurriría ser tan prejuzgador y propagador de estereotipos como para cerrar la puerta inmediatamente, bloquearla, y llamar a la policía, o rechazarías semejante comportamiento de aceptación de los estereotipos y de prejuicios políticamente incorrectos, y analizarías la situación con una mente abierta? Caso de optar por la segunda, entrarías en el salón, quizás permitieras al tigre olerte primero, tal vez tratarías de acariciarle para mostrarle que eres amigable, y entonces te encontrarías con que este tigre en particular te comería para desayunar. Sabes que, como norma general, los tigres tienden a comer primero y preguntar después, pero tú no quieres ser un prejuzgador propagador de estereotipos (no puedo evitarlo, adoro esta frase, es la esencia de la incorrección política, resume en una expresión todo lo que los liberales izquierdistas encuentran despreciable), por lo que estás dispuesto a ignorar tales averiguaciones de experiencias pasadas.

Pero, si tienes el más mínimo sentido común, prejuzgarás a este tigre en particular, del que no tienes conocimiento alguno, basándote en el comportamiento que tú (y muchos otros) has visto mostrar a otros tigres en el pasado. Además, tenderás a vivir más si te aferras a tu propagador de estereotipos interior.

Pero ¿no es esto injusto?

Seguramente, este tigre no merezca ser metido en el mismo saco que otros animales agresivos de su misma especie.

Este tigre, podemos por tanto suponer, nunca ha hecho daño a una mosca. Todo lo que puedo decir sobre esto, tigre, es que lo lamento por este ataque a tus sentimientos, pero los prejuicios y los estereotipos están por encima de todo.

Si los prejuicios, los estereotipos y la inferencia de la experiencia pasada a la futura son tan eminentemente razonables, tan científicos, en tanto que hacen uso de la inducción, ¿a qué viene la calumnia vertida sobre aquellos que llevan a cabo este comportamiento?

Esto es meramente especulativo, pero uno de los motivos bien podría ser la corrección política que últimamente arrasa con los campus, los púlpitos y las salas de prensa, que ha convertido en una osadía pronunciar palabras como señora, señorita, negro, prejuicio, estereotipo, oriental, negroide, blanco, o afroamericano, entre otras muchas.

¿Y por qué diantres las fuerzas de la corrección política atacan con especial ímpetu a los prejuicios y los estereotipos? Son parte de en ocasiones odiosas comparaciones hechas por científicos sociales y el hombre de la calle (por usar otro término prohibido).

Las fuerzas de la corrección política sin duda piensan que la reducción de expectativas debida al uso de estereotipos lleva a una conducta peor que la que se desempeñaría en cualquier otro caso. Por ejemplo, si se dijera que los negros no son buenos nadadores, sus marcas en los 100 metros mariposa descenderían; si se dijese a los hombres blancos que no son buenos saltando, se reduciría su autoestima, y por consiguiente sus tiempos; pero de ningún modo se ha probado que la maestría y el éxito varíen en función de las expectativas, ni de las propias ni de las ajenas. En cualquier caso, posiblemente la mitad de los estereotipos sean positivos. Cuando Usain Bolt batió los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos, ¿fue debido a los estereotipos positivos sobre los corredores negros?

De ser así, ¿por qué no le emulan en estos récords hercúleos todos miembros de su raza? Si los “espíritus animales” de Keynes son la mejor explicación del éxito económico, y pueden ser engendrados por estereotipos, deberían equilibrarse en base a esto.

Otra razón del rechazo común a los estereotipos es que las élites intelectuales son demasiado “cosmopolitas” para apreciarlos. Estos líderes tienen una fuerte inclinación hacia el igualitarismo, pero los estereotipos hacen lo que ellos perciben como perniciosas comparaciones entre grupos. Ahora, ninguna clase de persona puede superar a otra en todas las capacidades, por lo que ninguna raza o grupo étnico puede ser “mejor” que otro, pero algunas personas se obsesionan en competiciones con otras en términos de características particulares consideradas de importancia, y esto es algo que el fetiche moderno del igualitarismo no puede tolerar, de ahí su total rechazo de todo aquello golpeado por los estereotipos.

Profundicemos más preguntándonos por qué los estereotipos son invariablemente ciertos, y por qué los estereotipos falsos anteriormente mencionados (tanto para perros como para humanos) no se alzan y obtienen reconocimiento. Pues es debido al sentido común del ser humano. Si una persona se dedica a promover continuamente falsos prejuicios (como que los esquimales son excelentes en las carreras de camellos, o que los árabes son maestros de los territorios nevados), recibirá la burla y el escarnio de todos lo demás, y, de hecho, creer tan extremo sinsentido, podría no tener un gran valor en términos de supervivencia.

De acuerdo con encyclopedia.com, el uso de estereotipos se resume en asumir realidades sobre individuos o grupos en base a información (que podría o no ser válida) obtenida antes de haber tomado contacto con el individuo o grupo. Una vez encontrado, las opiniones formadas pueden basarse en la vestimenta, la forma de hablar, el sexo, el origen étnico, la nacionalidad, y los gestos.

Desafortunadamente, los seres humanos tienden a realizar prejuicios selectivos sobre sus congéneres, viendo solo lo que quieren ver e ignorando factores que no encajan con sus creencias preconcebidas. Tienden también a asumir que todos los individuos de un grupo poseen características iguales o similares, así, que todos los graduados son inteligentes, y que todos los desempleados son vagos, son dos de los estereotipos que deben evitarse a la hora de realizar entrevistas de trabajo.

Pero esto obviamente se basa en una comprensión errónea del concepto. Por supuesto que no es cierto que todos

los graduados sean inteligentes, ni que todos

los desempleados sean vagos, pero según una moderada y razonable interpretación de estos estereotipos, los graduados, por lo general, son más inteligentes que los no graduados, y los desempleados tienden a ser más vagos que los empleados. Estas afirmaciones pueden ser o no ciertas en todos los momentos y lugares, pero al menos no son absurdas.

De hecho, si todo lo que supieses sobre una persona fuera si es graduada o tiene empleo, extraerías ciertas conclusiones de esta información. Los detractores de los estereotipos negarán esto. Acudamos de nuevo a la inversión de estereotipos, la técnica anteriormente mencionada para tratar este problema.

Así, preguntémonos no cual de las siguientes afirmaciones es categóricamente cierta, sino cual es más probable.

A: todos los graduados son inteligentes y todos los desempleados son vagos.

B: todos los no graduados son inteligentes y todos los empleados son vagos.

Presentar el caso de esta manera muestra la profunda estupidez de la afirmación del autor del diccionario, pues A es presumiblemente cierta, y B

es simple y llanamente absurda. ¿Cómo podría ser que todos los empleados

fueran vagos? ¿Están trabajando, no?

Tienen al menos una ventaja muy importante sobre los desempleados en el ránking de los menos vagos: están empleados, por el amor de Dios, y, céteris páribus, la gente que trabaja es presumiblemente menos vaga que la gente que no. Un comentario similar puede aplicarse al asunto de la inteligencia. Si los graduados son tan estúpidos, ¿cómo demonios es que se graduaron? Lo sé, lo sé, teniendo en cuenta el modo en que la corrección política arrasa con todo, especialmente en el ámbito universitario, el simple y mero hecho de aprobar los cuatro años de un grado significa muy poco. Pero, aun así, sigue significando algo. Al fin y al cabo, un estudiante debe dominar (si es que puedo seguir usando semejante palabra) áreas como las matemáticas, la química, etc., que las fuerzas feministas y multiculturales aún no han sido capaces de corromper, y, además, uno debe mostrar una cierta astucia para no violar las siempre confusas estructuras de la corrección política.

VI. NEGOCIOS

22.

EL FABRICANTE DE

JUGUETES BÉLICOS

¿Qué es lo que tienen en común algunos grupos pacifistas, organizaciones religiosas, feministas, y expertos en cuidado infantil? Que han alzado las armas (perdón por el juego de palabras) contra los juguetes bélicos.

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) publicó un panfleto urgiendo la creación de “zonas libres de juguetes bélicos”. El comité central de los menonitas organizó una campaña epistolar para protestar contra las empresas que fabrican estos juguetes.

Organizaciones como la feminista Voice of Women o la Alliance for Non-Violent Action han tratado de organizar boicots de consumidores de juguetes bélicos. La Parents for Peace dirige grupos de estudio sobre juguetes bélicos, publica una lista de juguetes alternativos, y crea estrategias para que los padres lidien con los hijos que quieren juguetes bélicos en lugar de las alternativas recomendadas. El experto en cuidado infantil Benjamin Spock, autor de El libro del sentido del común del cuidado de bebés y niños, que ha vendido más de treinta millones de copias desde 1946, también lideró esta protesta. Según su punto de vista, “cuando compramos (a los niños) fusiles, bombas y cascos y les animamos a que jueguen a la guerra, les estamos inculcando que la guerra es buena”. La Alliance for Non-Violent Action, además de dirigir un boicot de juguetes bélicos, inició el primer día internacional contra los juguetes bélicos, con vigilias, panfletos, y una campaña de puerta a puerta. El incidente más estrafalario de todos ocurrió cuando los editores de la magnífica página web libertaria antiwar.com arremetieron contra J. C. Penney por atreverse a lanzar al mercado un juguete bélico llamado Forward Command Post (véanse http://www.antiwar.com/comment/jcpenney.html y http://www.antiwar.com/justin/j122502.html Estos detractores opinan que el Forward Command Post (FCP) muestra un hogar de clase media en los Estados Unidos, no en un país extranjero, lo cual les resulta “siniestro”. Bien, quizás lo sea, respeto la percepción de estos escritores, pero se trata de un juego para niños de cinco años. Es muy poco probable que cualquiera de esos chiquillos vea el FCP del muy sofisticado modo en que lo ven los analistas de antiwar.com.

Dejando de lado los méritos de sus acusaciones, está claro que estos grupos e individuos se lo toman en serio. No se trata solo de luchar contra los muñecos de G. I. Joe (que el Consejo Mundial de Iglesias aboga porque sean rediseñados en forma de “Builder Joes, Creadores del Universo”). En la actualidad, el movimiento de protesta trata de erradicar creaciones como uzis, metralletas, pistolas submarinas, lásers, Luger P-128 de juguete, y una horda de robots, GoBots, Transformers, Mazingers, Evangelions, animales de La Guerra de las Galaxias, He-Mans, She-Ras, y otros tantos similares armados hasta los dientes. Hace unas pocas décadas, el icónico Rambo inundó el mercado con al menos setenta artículos diferentes, entre los que se incluían pijamas, chicles, relojes, y linternas. Y a lo largo de los años los videojuegos violentos y centrados en la guerra, como los creados por los genios informáticos Nolan Bushnell (de Atari), y John Carmack (el hombre detrás de la saga Doom), han aparecido en las noticias como objeto de polémica, comentarios destructivos, y denuncias.

La alta tecnología lleva mucho tiempo siendo parte de la escena de los juguetes bélicos. Los robots de Tech

Force, por ejemplo, podían moverse por control remoto. Según la Newsweek, mediante señales de audio codificadas en las pistas de sonido de programas de televisión o videocasetes, un niño podía hacer que un robot combatiese contra otro a través de señales televisivas. Los robots, de quince a veinte centímetros de alto, se movían, emitían sonidos y se disparaban rayos infrarrojos bajo las órdenes de los niños, de forma que un disparo directo incapacitaba temporalmente al robot enemigo.

Dejemos de lado los juguetes y los detractores, y pasemos a observar los argumentos exhibidos por cada parte de la controversia.

La prueba “A” de la acusación contra los juguetes bélicos es la perspectiva de que insensibiliza a los niños sobre la guerra. En una era nuclear, es de vital importancia no tomar por buenos los valores bélicos, según argumentan los detractores.

Pero hay varias objeciones que presentar. Primero, no hay prueba que conecte el uso por niños de juguetes bélicos con un comportamiento belicoso de adultos. Los juguetes bélicos están tan inmersos en la sociedad que sería difícil siquiera imaginar encontrar sujetos sobre los que poder realizar experimentos longitudinales polarizados. El comité educacional de una gran ciudad estudió la incidencia de la violencia y el comportamiento macabro a través de los ensayos presentados por estudiantes de primaria y secundaria, y concluyó que aquellas representaciones gráficas de sangrías y asesinatos estaban “siempre influenciadas por la violencia en televisión y cine”. Pero hay numerosas objeciones contra esta interpretación, pues no se consideraron otras fuentes de estos comportamientos, amén de que no fue un estudio longitudinal, pues no explicaba que necesariamente fueran a llevarse a cabo actividades belicosas en la etapa adulta. De ser cierto, no obstante, sería una prueba en contra de la teoría de que los juguetes bélicos ayudan a fomentar la guerra, pues presenta la hipótesis alternativa de que las películas violentas también.

En segundo lugar, está el argumento de que cualquier medida de insensibilización por encima de cero es óptima. La guerra, al fin y al cabo, es un negocio horroroso, pero hay guerras defensivas, y, por tanto, justificadas.

Aunque los juguetes bélicos insensibilizasen unos sentimientos que “de forma natural” serían anti belicosos, seguirían siendo apropiados.

Una explicación alternativa es la de que en las mentes infantiles las armas de juguete tienen poco que ver con la guerra, pero mucho que ver con la lucha del bien contra el mal.

Una tercera objeción es que si se prohibieran los juguetes bélicos, los niños se desarrollarían sin preparación para la vida real, que contiene una parte de violencia, aún es estos tiempos modernos y presuntamente civilizados.

Los juguetes bélicos, así vistos, no son más que un simple medio de preparar a los niños para la vida adulta.

Una segunda flecha en el carcaj

de la facción detractora es el concepto de que muñecos como los G. I. Joe, con sus roles predefinidos de buenos y malos, inhiben la creatividad. De acuerdo con un especialista en educación infantil, “antes de la aparición del marketing (de juguetes bélicos), los niños podían jugar a su modo. Pero ahora un niño no tiene por qué construir sus propias estructuras”.

Esta afirmación también hay que cogerla con pinzas, ya que no hay verificación independiente de ello. Así mismo, muchos creativos jugaban con armas cuando eran niños, lo cual dista mucho de servir como referente de experimento controlado, pero podría ser una refutación de sentido común a la idea de que los juguetes bélicos repriman la creatividad. Más bien, en la perspectiva de muchos hombres adultos, la protesta se reduce a poco más que una suerte de conspiración feminista para convertir a los niños en maricones. Sin embargo, considerando el asunto desde la ignorancia (por ejemplo, si hay tantos otros juguetes donde elegir, ¿por qué adquirir los juguetes polémicos?), parece mejor para los padres tomar partido del lado del boicot.

Los defensores de los juguetes bélicos, por su parte, no carecen de defensa. Uno de sus argumentos es que estos juguetes son un modo positivo de que los jóvenes canalicen su agresividad. De ser así, los juguetes bélicos estarían alejados de la relación con la delincuencia juvenil —la idea de que estén relacionados es otra propuesta no probada, por no decir imposible de probar—.

Esta perspectiva, no obstante, ha sido muy criticada. De acuerdo con un autor, si los juguetes bélicos previenen, o, cuanto menos, reducen los impulsos agresivos, ¿por qué no fabricar “kits de allanamiento” para reducir el índice de delincuencia, o, como sugirió un columnista, “el kit para colocarse”, que incluiría “una pequeña aguja de plástico hipodérmico, un tubo de goma, una cucharilla y una vela”, para reducir la adicción a las drogas?

Hay que admitir que es un intento muy inteligente de emplear el reductio ad absurdum, pero definitivamente es inválido, pues se debe a que no hay una consecuencia lógica que derive en que el hecho de que un “kit de allanamiento” no reduzca la delincuencia juvenil, ni un “kit para colocarse” reduzca los índices de drogadicción, impliquen que los juguetes bélicos no reduzcan la agresividad. Puede ser concebible, pero hasta qué punto, es una cuestión empírica que no puede responderse mediante un recurso como el reductio ad absurdum, por muy inteligente que este sea. La analogía entre estos tres tipos de actividades es además de algún modo sospechosa. A los niños pequeños, especialmente a los chicos, les gusta decir “bang, bang” mientras apuntan con los dedos en forma de pistola, prácticamente desde el momento en que empiezan a hablar, pero no suelen jugar a juegos de allanamiento, ni de “chutarse” sustancias en las venas, aunque vean a doctores hacerlo.

Tras haber tratado los pros y los contras, ¿cómo podemos evaluar el caso presentado por cada parte?

Dependiendo del tipo de análisis que estemos considerando. Si estamos recomendando a los padres que críen a sus hijos lo mejor que puedan, lamentablemente tenemos que dejar que tomen sus propias decisiones, ya que, pese a que ambos bandos arrojan llamas al tema, ninguno arroja mucha luz, en forma de prueba clara. Y por el mismo motivo, no podemos determinar si es del interés de los niños que los juguetes bélicos sean prohibidos. En una sociedad libre, la gente tiene el derecho de comprar los productos que desee; que lo hagan de un modo inteligente o no, es un asunto completamente distinto, pero aquellos que desean boicotear la venta de juguetes bélicos no tienen el derecho de hacerlo —aunque no pueda probarse el daño que estos artículos puedan causar sobre los niños—. Esto deriva de la ley de asociación libre (por la cual, todos tenemos el derecho de tomar parte en interacciones comerciales o de cualquier otro tipo con otras personas a nuestra discreción), que no se basa en la inteligencia o eficacia de las acciones tomadas.

Existe, sin embargo, una perspectiva totalmente diferente desde la que acercarse a este debate. Podemos plantearnos no si es inteligente

erradicar los juguetes bélicos, sino si está justificado que sean prohibidos por imperativo legal.

Podría pensarse que tal pregunta tiene un interés meramente teórico, ya que nadie ha llegado tan lejos como para pedir la prohibición legal de los juguetes bélicos, pero lamentablemente este no es el caso. De acuerdo con un defensor de esta posición, “es peligroso dejar las necesidades de nuestros hijos en el mercado”, y tanto grupos de consumidores como consejos eclesiásticos han pedido ya al gobierno que prohíba televisar anuncios de juguetes bélicos y series de animación en las que aparezcan armas.

Este inquietante desarrollo de los acontecimientos es ciertamente un ataque a los derechos de libertad de expresión de los proveedores de juguetes. Si no fuera por el hecho de que los niños están implicados en calidad de consumidores, la defensa de anteponerse al mercado a base de prohibir estos anuncios sería mucho más débil de lo que es, pero los niños están implicados, y debemos enfrentarnos al desafío de que tales interferencias deben estar justificadas por este hecho.

El caso resulta complejo cuando debemos enfrentar la inteligencia de los adultos reguladores contra la de los niños usuarios, pero dejando de lado bromas burocráticas sobre la inteligencia, es preciso comprender que quienes prohibirían los juguetes son adultos, y los niños no, por lo que, en cualquier disputa entre ellos, se presume que la posición de los primeros prevalecerá sobre la de los segundos.

Pero no deja de ser una presunción. Si nos lo tomamos muy a pecho, llegamos inexorablemente a una visión de la justicia según la cual la facultad de la Universidad de Harvard podría someter a la gente a su voluntad, pues, basándonos en la definición convencional del fenómeno, los miembros de la facultad son más inteligentes que la mayor parte del resto de la gente, pero resultaría harto difícil probar que los más inteligentes tengan derecho a gobernar sobre el resto de nosotros.

El asunto de la prohibición de juguetes bélicos se aclara cuando nos damos cuenta de que no se trata de burócratas adultos (presumiblemente inteligentes) contra simples niños, con demasiada poca experiencia del mundo como para ser capaces de decidir sabiamente sobre sí mismos. Por el contrario, se trata de los padres de estos niños “indefensos” contra los fariseos.

La defensa de la prohibición falla, aunque sea simplemente en términos funcionales, a menos que se pueda demostrar que en general el Estado tiene un mayor interés en los niños del que tienen los propios padres. Dada la falta de pruebas de un bando y del otro, esta resulta una barrera insuperable contra una prohibición legal.

Debemos concluir que, pese a los posibles peligros de los juguetes bélicos, no hay defensa posible para prohibirlos por imperativo legal. Es más, estos fabricantes, al tener el coraje de perseverar en sus actos, pese a la calumnia proferida en su contra, merecen la caracterización de “heroicos”.

23.

EL COLORADOR

La coloración ha invadido nuestra sociedad. Este proceso, que relanza en color viejos clásicos del cine en blanco y negro como Ciudadano Kane o Luces de la ciudad, ha sido recibido por la comunidad artística con quejas e indignación. Aunque los telespectadores puedan quitar el color y ver estas películas en su prístino blanco y negro original, los culturetas siguen oponiéndose ferozmente.

¿Cuál es su razonamiento? Para empezar, el alegato de que estas películas son parte de una “herencia emblemática” y cualquier alteración de las mismas es igual a sacrilegio. Esta es una perspectiva muy peculiar por parte de gente que no es conocida por su conservadurismo innato. Aparte de la hipocresía que esto implica, la complicación de la filosofía de “como esté, está bien”, es simple y llanamente que no es verdad. Las cosas pueden

mejorarse, las protestas sobre esto son de un sosaina sin precedentes.

Tampoco es cierto que la preciada herencia artística del blanco y negro vaya a perderse para siempre. Por el contrario, existen varias copias de estas viejas películas archivadas, y los coloradores siempre dejan algunas intactas. El argumento en base a la herencia es engañoso, pues no se trata de que las ediciones clásicas vayan a desaparecer, simplemente que no van a ser exhibidas tan ampliamente como antes. ¿Y por qué deberían, teniendo en cuenta la preferencia de ver cine en color por parte de una nueva generación de telespectadores?

Uno se estremecería ante la propuesta de una Mona Lisa siendo “recolorada”, parecería como pintar un grafiti en la pared, o añadirle un mostacho, la integridad de la obra desaparecería. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el cine y las grandes obras de arte: en el primer caso, hay varios originales iguales, en el segundo, solo existe uno.

Hay también quejas sobre la calidad de la coloración, y acusaciones de que la decisión sobre qué tonalidad debe ser usada en cada lugar está hecha por técnicos informáticos “no cualificados”.

Este argumento es también erróneo, pues el mercado tiende a asegurar que solo los más destacados coloradores podrán alterar estas preciadas películas. Asimismo, lo que tenemos ante nosotros es el producto de un proceso revolucionario, del que podemos esperar vastas mejoras con el paso del tiempo y los avances tecnológicos.

Pero la principal protesta sobre la coloración es que pasa por encima de los derechos del artista. Al respecto, Woody Allen afirma que nadie debería alterar el trabajo de un artista en modo alguno, por motivo alguno, sin el consentimiento del artista, tan simple como eso. Hay, no obstante, una obvia réplica: estas películas no son posesión

de los artistas que las crearon, sino que son propiedad de aquellos que asumieron los riesgos de financiarlas.

La cuestión es que cuando el artista accede a no ser el recipiente principal de ingresos, es decir, el propietario, y en su lugar trabajar para él por una tarifa fijada, consiente en cederle a este el derecho de alterar el producto.

Lo que está en juego aquí es un intento de satisfacer o ignorar los deseos del consumidor, lo que resulta claro cuando preguntamos “¿por qué el colorador está intentando mejorar esta película antigua? ¿Será un impulso destructivo? ¿Será porque disfruta arruinando los trabajos de artistas, que son mejores personas que él?” En absoluto. Lo hace únicamente porque trata de maximizar beneficios, está siendo conducido, como por una “mano invisible”, a producir lo que satisfará de mejor manera al consumidor.

Y los motivos de los antagonistas del colorador

son igualmente claros: satisfacer los deseos del público. Por ejemplo, según afirma el señor Allen, uno de los principales detractores, “ni yo querría ver mi película Manhattan en color, ni aunque la recaudación se multiplicase por diez, ni aunque todas las audiencias del mundo suplicasen o exigiesen verla de ese modo”. En este caso, por supuesto, como dueño de su película, tiene el absoluto derecho de tomar esta decisión (esta afirmación está sujeta a restricciones descritas en el capítulo de la propiedad intelectual), pero si fuera únicamente el artista, y no el artista y también el propietario, no podría.

Woody Allen lamenta que en nuestra sociedad los comerciantes estén dispuestos a degradar algo o a alguien con tal de obtener un beneficio financiero. La respuesta a esta acusación es que los artistas tienen el derecho de intentar reunir los recursos necesarios para la creación de una película. Si lo consiguen, entonces, como dueños de la obra, tienen el derecho de decidir sobre asuntos tales como la coloración. Pero si no logran conseguirlo, deben someterse al contrato que hayan firmado, que cede estos derechos de propiedad a otra gente.

En este caso, el mercado no degrada nada ni a nadie, simplemente sitúa los recursos de un modo en que maximice la satisfacción del consumidor. Esta es tanto la belleza del sistema de libre empresa como uno de sus aspectos más nobles.

24.

EL VENDEDOR DE

BEBÉS

A primera vista, pocas cosas podría haber más atroces que la venta de niños. El simple concepto evoca imágenes de abuso infantil, corrupción, y avaricia. Los pequeños están entre los seres humanos más indefensos, por lo que nos compadecemos de las presuntas víctimas de la venta infantil, y entramos en cólera contra aquellos que perpetran un acto tan vil.

Pero una breve reflexión nos convencerá de que esta imagen es errónea, puesto que la venta de niños no es más que adopción, solo que en el segundo caso no hay intercambio de dinero u otros bienes, mientras que en el primero sí.

Nadie se opone a que una pareja adopte un bebé abandonado, o a uno cuyos padres no puedan cuidar.

Teniendo en cuenta que esta transacción se efectúa con las protecciones apropiadas para minimizar la posibilidad de abuso infantil, y asumiendo que no existen otras intenciones aparte de la de criar a un chiquillo sano y feliz, no hay nada de problemático en la adopción. Las estrellas de cine estadounidenses no dejan de ir a Sudamérica o África con este objetivo, y nadie, salvo quizás algún cómico de programas televisivos de medianoche, les castiga por ello. De hecho, es un acto totalmente virtuoso, aun en el caso de que los motivos tras ello puedan en ocasiones ser totalmente egoístas (véase engrandecimiento personal o publicidad), pues los niños son criados con amor y afecto.

Pero, si X es virtuoso, ¿por qué se convierte en despreciable solo porque un dinero cambie de manos? Si es una buena acción adoptar a un chiquillo, ¿por qué es ilegal hacerlo cuando los padres naturales reciben dinero a cambio de ceder a su progenie (o, en algunos casos, si los padres pagan a aquellos que adoptan a sus hijos)? Si es lícito lavar el coche, ¿debería estar prohibido por ley pagar a alguien para que lo haga (o ser pagado por alguien para este propósito)? Partiendo de la base de que es legal llevar un gorro con hélice en la cabeza, sería una monstruosidad encarcelar a alguien por el “delito” de vender gorrocópteros en el mercado.

Sí, sí, la venta de bebés podría estar asociada con el abuso infantil.

Podría incluso darse el caso de que, al vender el derecho del bebé a ser criado, el infante sea tratado pobremente, mientras que, en contraste, cuando la adopción tiene lugar sin entrega alguna de dinero, el bienestar del bebé aumenta considerablemente.

No estoy al corriente de ninguna prueba que corrobore esta opinión, ni de que sea posible hallar alguna, dado que la adopción por dinero es ilegal. Pero supongamos que es cierto que cuando las adopciones se dejan en manos del mercado es más probable que haya abusos que cuando el dinero no juega papel alguno en el proceso.

Así pues, ¿debería prohibirse un acto solo porque esté estadísticamente correlacionado con comportamientos perniciosos y aborrecibles? Por supuesto que no. De hacerlo, habría que prohibir inmediatamente, en calidad de crimen, el “acto” de ser un adolescente varón.

Habría que encarcelar a todos los chicos en cuanto cumpliesen 13 años, por el “crimen” de ser un adolescente varón, y ponerlos en libertad cuando dejasen de exhibir esta característica “maligna”, generalmente, cuando cumpliesen los 20

años. ¿Por qué? Porque existe una correlación estadística positiva entre estas características, y ser culpable de asesinato, violación, robo, y conducción bajo efectos de narcóticos, que llevan a homicidios por atropello, etc.

Quizás podamos aportar algo de claridad a este infeliz episodio legal meramente a base de un cambio de nomenclatura. En la actualidad, el acto ilegal, y lo que da título de este capítulo, son “la venta de bebés”. Hay que admitir que suena horrible. Por el contrario, si lo llamásemos “venta de adopción”, una buena parte del veneno se disiparía. Nadie quiere comer “carne de vaca”, mientras que todos (o, al menos, la mayoría), estamos totalmente dispuestos a consumir hamburguesas, filetes, etc. Quizás, si se llamasen “burguers de carne de vaca”, ya habrían sido prohibidos por ley. De este modo, a través de un simple juego de palabras, podríamos acabar con la prohibición de estos artículos de comida rápida.

Pero esto cuenta solamente una parte de la historia. Existe un odio visceral hacia el mercado que arde fieramente en los corazones de socialistas, fascistas, y otros ideólogos intervencionistas, que no aceptarán lo que indudablemente interpretarían como un truco barato: la alteración de “venta de niños” a “venta de derechos de adopción”. Y esta aversión no se limita a los profesionales de la demagogia, sino que se ha filtrado, rabiosamente, a la comunidad general. Hasta que, y a menos que, estos miedo y asco irracionales hacia el sistema de libre empresa puedan ser atrofiados de alguna manera (siendo el presente libro uno de tantos intentos de movernos en tal dirección), continuaremos sufriendo este tipo de interferencias injustas en los mercados.

El dinero mueve los engranajes del comercio. Cuando la actividad comercial es prohibida, como en el presente caso, los compradores y vendedores no pueden interactuar para obtener ganancia mutua. En este caso, bajo los actuales acuerdos institucionales, estas transferencias de derechos de tutoría sobre niños de padres que les valoran menos, a otros padres potenciales que les valorarían más, no se darán (¿quién se encargará mejor de cuidar al niño: los padres biológicos que quieren vender los derechos de adopción, o aquellos que valoran a los niños lo suficiente como para pagar por el derecho a cuidar de ellos?). De estas transacciones, solo tendrán lugar aquel subconjunto de ellas que puedan efectuarse sin la intermediación de dinero, con lo que los niños sufrirán como resultado de esta ley perniciosa.

25.

EL DESTRUCTOR DE EDIFICIOS

EMBLEMÁTICOS

Hay un pequeño pero muy organizado e influyente grupo de gente que pretende imponer su visión de la estética y la historia al resto de nosotros —queramos o no—.

Me refiero a esos vociferadores entrometidos que intentan imponer el estatus de patrimonio histórico a edificios viejos y ruinosos de las capitales.

Esta gente suele tener muchos estudios, ser sofisticada, y poseer un alto nivel cultural. Quieren exaltar sus propios gustos, y proteger los antiguos edificios que son del gusto de la gente de su índole. Pero lo hacen a costa de aquellos que podrían beneficiarse de los trabajos y hogares que podrían ser creados si en su lugar se erigieran torres de oficinas modernas o grandes bloques de apartamentos.

Si estos entrometidos quieren salvaguardar los edificios que admiran, bien por ellos. Que se compren estas estructuras emblemáticas —del mismo modo en que adquieren muebles antiguos y coches vintage—, pero es totalmente injusto obligar a otras personas, la mayoría de ellos pobres, a pagar por este entretenimiento particular suyo.

En la actualidad, dejar la preservación de edificios patrimoniales al mercado y al sistema de precios, en lugar de obligar a los pobres a pagar por ello a través de acción gubernamental, significaría un resultado mucho mejor que el que los vociferantes entrometidos afirman esperar, pues, pese a que no se realice siempre, el sistema de precios tiende a promover la preservación óptima de reliquias del pasado, al igual que hace con todo lo demás.

Consideremos la situación con el mobiliario de época. Si se hubieran salvado demasiadas pocas de estas reliquias del pasado, el sistema de precios habría puesto remedio a la situación, con precios extremadamente altos, que animarían a la gente a rebuscar en vertederos, etc., con la esperanza de descubrir más antigüedades que poner en el mercado, y con ello hacer frente a la gran demanda.

El movimiento tendería al descubrimiento y aumentaría el abastecimiento.

Pero no es menos cierto que un exceso de abastecimiento de artefactos también crearía problemas, pues si nuestros hogares estuviesen demasiado cargados de antigüedades, habría menos espacio para los artículos modernos de los que también disfrutamos. Si se fuera a dar una situación tal, muchas antigüedades perderían valor y serían sumariamente destruidas.

Ninguna de estas situaciones es ni remotamente probable, por supuesto.

De hecho, la prueba de que el sistema de precios está funcionando bien es que ambas son ridículas, pues no hay un “problema” con las antigüedades, al menos en lo concerniente a mobiliario o automóviles; no existe ningún abastecimiento ni de menos ni de más.

Sin embargo, las cosas son completamente diferentes en lo concerniente a los monumentos y edificios históricos, pues el mercado ha sido sino desterrado, y el urbanismo gubernamental se ha vuelto dominante, lo que provoca graves problemas.

Si hubiera un sistema de precios actuando plenamente sobre los edificios antiguos, sin interferencias urbanísticas, algunos de ellos, los que valieran más in situ que derribados, se preservarían.

Pero sin un mercado, los costes de mantenimiento de tales estructuras en condición prístina son ignorados. No hay manera de discernir cuál vale más que permanezca, ni cual sería más valioso si cediera su espacio a una nueva construcción.

¿Por qué el dueño de un edificio antiguo lo preservaría, cuando podría venderlo por millones a una agencia?

Teniendo en cuenta que este edificio sea uno de los que merece ser preservado, los consumidores lo valorarían más por su carácter histórico que por el espacio que pudiera ceder a un rascacielos (asumiendo que la posibilidad de trasladar el edificio entero a una localización diferente fuera demasiado costosa). De ser así, el beneficio que el dueño pudiera extraer a través de venta de entradas, además de su propio deleite psicológico, superarían con creces cualquier beneficio alternativo.

¿Por qué escasea tanto en el mercado la preservación de edificios históricos? Por un motivo, los costes son relevantes en la decisión económica, lo que explica por qué las pequeñas reliquias del pasado tienen una mayor posibilidad de ser preservadas que las grandes. Los sellos y monedas antiguos, la joyería y los juguetes infantiles pueden preservarse a un coste menor que los automóviles, las locomotoras, los veleros, y los edificios.

Consecuentemente, a menos que los grandes artefactos sean más valiosos en proporción al espacio cúbico que ocupan (obviando costes adicionales de mantenimiento), pocos de ellos serán salvados para la posteridad.

Pero hay otra complicación generada por una solución mercantil a la cuestión de los edificios históricos: las externalidades. Antes de tratar con objeciones basadas en este concepto, ofrezcamos un tanteador con el que diferenciar a un jugador, por así llamarlo, de otro. Las externalidades son costes o beneficios asumidos por un agente económico, llamémosle A, que vuelcan sobre, o afectan, a otro participante del mercado, llamémosle B.

Por ejemplo, A se ducha, o lava su coche, o poda su césped. Esto hace la vida de B, vecino de A, más satisfactoria, y aumenta el valor de la casa de B. Puede que A haya llevado a cabo esas acciones únicamente para su beneficio propio, pero tienen repercusiones en el bienestar de B, en cuanto que externalidades positivas, o economías externas.

Ahora, consideremos las externalidades negativas, o deseconomías externas. A

gusta de encender su cadena de música a gran volumen a las tres de la mañana, y quema su basura en la puerta de al lado de B. A no trata de imponer coste alguno en B, y si B estuviera sordo y no le importasen las partículas de humo invadiendo sus pulmones, A no lo haría.

Pero, en el caso más normal, A ha impuesto unos costes, algunos físicos, otros pecuniarios, en B. Lo que la mayoría de economistas sostienen sobre esto es que el gobierno debería subsidiar economías externas, en ocasiones llamadas daños colaterales, e imponer impuestos sobre, o prohibir, las deseconomías externas. Para el austro-

libertario, por el contrario, las externalidades positivas son una señal de civilización, y no hay garantía de que la interferencia del gobierno no suponga un fracaso mercantil. En cuanto a las externalidades negativas, tampoco constituyen un fracaso mercantil, sino que son una violación de los derechos de propiedad, por lo que son los juzgados quienes deberían lidiar con ellas. Con esta introducción a estos conceptos, regresemos al tema en cuestión.

Puede no haber ningún modo viable para los consumidores de ver el interior del edificio sin pagar por este privilegio, pero la principal atracción podría ser la fachada, y todos los viandante pueden disfrutarla gratis.

¿Cómo podría un empresario internalizar esta externalidad y convertir la parte externa del edificio en objeto de beneficio?

El problema surge porque no todos los elementos de la situación son parte del mercado competitivo. Las calles, por ejemplo, están controladas por el gobierno. Si fueran propiedad de un dueño privado, desaparecería un aspecto importante del problema de la externalidad. Los dueños del edificio histórico y de las calles y aceras colindantes llegarían presumiblemente a algún acuerdo relativo a compartir el beneficio económico recogido de los viandantes. Posiblemente uno compraría al otro.

Quedaría no obstante la cuestión de los rascacielos de alrededor. Sus dueños bien podrían cobrar el acceso a sus ventanas o azoteas con el objetivo de contemplar la atracción vecinal. Esto, por supuesto, supondría un escollo para los esfuerzos del dueño del monumento de mantener su edificio como una fuente de beneficio económico.

Pero hay varias contramedidas que podría adoptar. Podría erigir (o amenazar con hacerlo) una enorme valla alrededor del edificio para cortar la vista desde las plantas inferiores del vecindario, o un escudo sobre el techo para que nadie pudiera disfrutar de las vistas desde fuera. Teniendo en cuenta estas posibilidades, los dueños de los rascacielos circundantes estarían dispuestos a negociar un pago por los derechos de visión. De un modo alternativo, las estructuras históricas colindantes podrían pasar a compartir propietario —porque un dueño venda a otro, o ambos a un tercero—. En cualquiera de estas eventualidades, las externalidades desaparecerían, pues pasarían a ser internalizadas. La fachada del edificio, así como el interior, pasarían a formar parte del nexo económico.

Ambos podrían cobrar, permitiendo con ello a la gente registrar la importancia que dan a la historicidad.

El monumento antiguo prevalecería, siempre que el valor de mercado continuara siendo mayor que el de cualquier uso alternativo de la propiedad. En otras palabras, se daría una privatización zonal, un proceso que no tiene que ser necesariamente monopolio gubernamental.

Es importante darse cuenta, sin embargo, de que no todos los beneficios externos deben ser internalizados.

Muchos, si no la mayoría de los establecimientos comerciales viables, generan beneficios externos de los que son incapaces de obtener beneficios.

Mucha gente se beneficia del mero hecho de saber que tiene ciertos entretenimientos en su ciudad —la orquesta sinfónica o el equipo deportivo local, por ejemplo—, aunque no pague por ello.

Los dueños de tales establecimientos, no pueden, por supuesto, enviar una factura a todo el mundo que se limita a apreciar su existencia, pero pueden obtener un beneficio suficiente pese a este “fracaso”. No es necesario asegurarse de que cada persona que disfruta de un monumento histórico paga por ello.

Todo lo que es necesario para que dicho monumento perdure es que su mantenimiento genere más dinero del que generaría cualquier otro uso del terreno.

Siempre existe la posibilidad, si existen suficientes “gorrones” ansiosos por ver el monumento, pero no dispuestos a pagar por el privilegio, de que el monumento sea usado con propósitos publicitarios. El modo más obvio sería erigir vallas publicitarias alrededor y sobre el edificio. Pero esto posiblemente restaría valor a la belleza o carácter histórico del mismo. De otro modo, el mensaje comercial podría aparecer lejos de la estructura en sí misma —en la radio, en la televisión, o impreso—. La perfección nos fue negada a este lado del Jardín del Edén.

El mercado no es perfecto en el sentido de satisfacer plenamente todos y cada uno de nuestros deseos. Se trata simplemente de que las transacciones mercantiles sean mutuamente beneficiosas, al menos en el sentido ex ante, y ninguna otra institución puede siquiera acercarse a esto, mucho menos el gobierno, que podría definirse como economía a punta de bayoneta.

Bajo la ley de urbanismo gubernamental, cuando la propiedad es de interés histórico, es declarada patrimonial, y no debe ser alterada, mejorada, o demolida. Aun siendo (o habiendo sido) propiedad privada, el dueño pierde sus derechos sobre ella.

Los costes, o los usos alternativos del espacio ocupado por el edificio, no son tenidos en cuenta. La pasión por las antigüedades es el único criterio válido. Al contrario que las antigüedades en el mercado, estos monumentos no necesitan ser más valiosos como reliquias de lo que serían si se les diera otros usos, solo necesitan tener algo de valor desde una perspectiva histórica para ser preservados.

Así, es poco probable que el bienestar del consumidor vaya a aumentar por una ley de urbanismo patrimonial. En vez de ello, un pequeño grupo de anticuarios elitistas tiene el derecho de ignorar los deseos del resto de la población e imponer la preservación de un número excesivo de edificios históricos.

Una razón por la que quizás la gente acepta una política así es que es difícil discernir “lo que pudiera ser”. El patrimonio histórico está ahí. La gente lo ve, lo disfruta, lo fotografía, y lo toca.

Es más difícil apreciar la fábrica que podría estar funcionando allí, o imaginar el empleo que su construcción podría haber generado, o los bienes a bajo precio que produciría. Es poco menos que imposible visualizar el gigantesco edificio que podría haber ocupado este bien inmueble, disminuyendo los precios de alquiler. Estas posibilidades no son menos importantes, sea como sea, pese a la dificultad de imaginarlas.

Hubo un caso en Berkeley, California, en el que un grupo de anticuarios elitistas pasó a la acción para salvar una pequeña casa absolutamente mediocre condenada a la demolición por los obreros del oeste de la ciudad. Iba a ser reemplazada por un edificio de apartamentos de varios pisos y puertas, cuando un vecino entrometido se enteró de que la casa unifamiliar de la Quinta calle había sido construida en 1878, con lo que se trataba de una de las estructuras más antiguas de Berkeley, así que los anticuarios elitistas de la zona firmaron la petición del entrometido y comenzaron a hacer campaña para que los dueños del edificio fueran privados de sus derechos de propiedad, aún sabiendo que desde su construcción este edificio había sido bien distinto de sus compañeros ornamentados de la época, que había sido alterado enormemente de su diseño original, y que varios vecinos lo describían como ruinoso. Pese a todo, sostenían ampulosamente que los ricos no deberían poder comprar y destruir la historia de los pobres. Al intentar impedir la demolición de la antigua casa, sin embargo, ellos mismos estaban ayudando a destruir el futuro de los pobres que se habrían beneficiado del nuevo empleo y de la nueva riqueza que el proyecto habría traído a su comunidad.

Este asunto es también de gran relevancia en mi ciudad natal, Nueva Orleans, una ciudad que, quizás, tenga más edificios históricos que cualquier otra, al menos proporcionalmente. Si, ciertamente, si estas casas fueran demolidas en masa, se perdería una parte importante del carácter de la Big Easy. El turismo, por ponernos en lo peor, decrecería. Lo que impide tal alteración en la actualidad es la legislación vigente dirigida a la conservación histórica, pero, como demuestra este capítulo, esta arrasadora aproximación constituye una violación de los derechos de propiedad privada; nada sugiere que esta modalidad burocrática vaya asegurarse de que el número de edificios históricos conservados sea el óptimo, sino que este número nunca cambiará (obviando sobornos, chanchullos, etc.). Pero, con las alternativas privadas descritas anteriormente, estas externalidades pueden ser internalizadas con la técnica efectiva, delicada y precisa del mercado. Si todas las calles del barrio francés, por ejemplo, fueran privatizadas, se avanzaría mucho hacia la aparición de una asociación que reuniese a todos los dueños de esta área uniéndose con acuerdos restrictivos que asegurasen la preservación de estos edificios patrimoniales. Si esto hubiese estado operativo cuando el bien inmueble se construyó, los problemas de “mantenimiento” habrían sido enormemente atenuados.

VII.

EL

POLÍTICAMENTE

INCORRECTO

26.

EL MAL SAMARITANO

En la Biblia, la parábola del Buen Samaritano es una de las más dramáticas: tras haber sido ignorado por los viajeros que pasaban a su lado, solo el buen samaritano se paró a socorrer al hombre que yacía a un lado del camino en necesidad de socorro.

La moraleja está clara: si ayudas al menos afortunado, serás recompensado. En la “versión moderna” del cuento, el Buen Samaritano es un trabajador social que, al encontrarse con una víctima de asalto con agresión tirada en la calle desangrándose, exclama “¡oh, cuán faltos de humanidad los vándalos que hayan hecho esto! Deben haberse sentido fatal por haber perpetrado tan baja afrenta. Debo ir y consolarle”.

Hasta aquí, no hay nada que entre en conflicto con el ideal libertario.

La ley de no agresión ciertamente no prohíbe ayudar al prójimo necesitado.

Pero esta idílica escena fue violentamente interrumpida con la promulgación de la ley del “Buen Samaritano” de Minnesota, que estipula que cualquier testigo de alguien en “grave peligro físico” debe acudir en su ayuda; no hacerlo incurrirá en cargos de delito menor y recibirá multas de hasta 200 dólares. Esta ley no exige que los transeúntes lleven a cabo actos de heroísmo al tomar parte en situaciones violentas o potencialmente violentas. En estos casos solo está obligada la “asistencia razonable”, como llamar a la policía.

Esta iniciativa fue creada por la ciudad de New

Bedford, en Massachusetts, a raíz de un pleito en el que una mujer fue violada sobre una mesa de billar frente a varios espectadores, y el famoso caso de Kitty Genovese, en el que una mujer fue brutalmente apuñalada en una calle de Queens, en Nueva York, ante la mirada de decenas de personas desde las ventanas de sus apartamentos.

De acuerdo con Randy Staten, Representante de Minnesota, que fue quien promulgó la medida, “hasta ahora, un socorrista profesional podía contemplar sentado y sin hacer nada cómo un bebé de seis meses se dirigía al río y se ahogaba, y no pasaba nada (…), lo que es una conducta totalmente inaceptable en una sociedad civilizada”.

Pero no funciona así. Cualquier socorrista que permaneciera sentado sin hacer nada mientras un bebé de seis años (o cualquier persona, en realidad) se ahogase delante de él, sería como mínimo culpable de violación contractual. El socorrista fue contratado, presumiblemente, para que este suceso no ocurriese. El hecho de que no moviera un dedo para prevenir que el bebé se ahogara habría sido indudablemente penado por la ley —mucho antes de que Minnesota aprobara la Ley del Buen Samaritano—.

Por supuesto, si un socorrista fuera de servicio, o cualquier otro ciudadano sin obligación contractual de llevar a cabo operaciones de rescate viera a alguien ahogarse, no estaría legalmente obligado a acudir en su ayuda.

Este es el quid de la cuestión.

De acuerdo con la ley de Minnesota, el observador debe o bien rescatar a la víctima, o, por lo menos, notificar el problema a las autoridades, pero según el código legislativo libertario, una persona solamente está obligada a no iniciar una agresión, filosofía según la cual no existe responsabilidad positiva alguna que incumba al agente moral aparte de las que él mismo tenga impuestas por acuerdo contractual.

En los círculos libertarios existe el debate de si se debe o no obligar contractualmente a la realización de esta acción concreta. A promete cantar en la boda de B por un precio, y firman un contrato a tal efecto. En el último minuto, A se echa atrás. Según una de las partes de esta disputa, A debería ser multado por ello. Además, su reputación sufriría, y, si hubiese estipulado una cláusula de garantía de buena ejecución, esto también iría a los tribunales, pero, de acuerdo con esta perspectiva, A no debería ser arrastrado a la boda de B

pataleando y gritando, ni ser obligado a cantar bajo amenaza de violencia. En mi opinión, existen dos tipos de contratos:

uno especifica que la actuación puede no ser llevada a cabo, y el otro que sí (presumiblemente, este último estaría mejor pagado). Si A fuera a negarse, podría ser obligado legalmente a actuar, lo que tiene poco sentido a la hora de cantar canciones en bodas, pero algo más en lo relativo a socorrer gente en piscinas. Supongamos lo siguiente: C

contrata a D para sostener una cuerda; si D suelta la cuerda, C caerá y morirá. D

decide ignorar este contrato y está dispuesto a abonar la multa correspondiente. Por algún motivo, únicamente D puede sujetar la cuerda. E, amigo de C, ve cómo D está a punto de soltar la cuerda y le amenaza con que si lo hace, será disparado. ¿Estaría justificado? Según mi punto de vista, sí.

Podemos quizás juzgar entre estas cosmovisiones éticas polarizadas considerando dos dimensiones:

la práctica y la lógica.

¿Qué consideraciones pragmáticas militan contra el buen samaritanismo obligatorio? Si tenemos en cuenta que el propósito es promover la ayuda mutua entre los miembros de nuestra especie, ¿el mejor modo para conseguirlo es la coacción legal, o es siquiera un medio razonable a este fin?

Hay pruebas de peso en contra de tal hipótesis. Para empezar, el asesinato de Genovese y la violación en la mesa de billar salieron en los periódicos precisamente por su carácter excesivamente raro como para que la gente llegue a quedarse parada y contemplar como lo llevan a cabo. Por cada caso similar hay literalmente cientos si no miles de casos de gente sacando a niñas del paso de camiones a toda velocidad, rescatando a señores mayores de edificios en llamas, de búsquedas de niños perdidos, de rescates de mineros, de rescates marítimos, etc., siempre conllevando un enorme gasto, un gran riesgo personal, y una perseverancia bien pasado el momento en que se puede dar todo por perdido. La prueba estadística de esta afirmación —reconocimientos por actos de valentía y heroísmo, por ejemplo—, abunda enormemente.

Y ciertamente ninguna de estas acciones ha sido motivada por un miedo a estar fuera de la ley. Los actos heroicos de esta clase han tenido lugar desde el amanecer de la historia, y la promulgación de Minnesota ha sido relativamente reciente. Y lo que es más, si esta ley se copiara en todos los lugares, de un modo tan diligente como sus defensores pretenden, ¿Cuántos de estos heroicos rescatadores recularían

antes de llevar a cabo estos actos? Los motivos para echarse atrás incluirían el resentimiento provocado por la obligación de cumplir la ley, pero también podrían estar alimentados por el miedo a estar involucrados mínimamente, aún en calidad de viandante, pues la ley de Minnesota estipula también el derecho de la “víctima” a iniciar un proceso legal contra el “Mal Samaritano”, es decir, la persona que pudiendo acudir al rescate, o acudir a las autoridades, se niegue a hacerlo.

Otro problema práctico es que en muchas situaciones de peligro (por ejemplo, estarse ahogando), un rescate es la única respuesta que podrá ser de alguna ayuda. Para cuando el testigo pueda informar a alguien más de la tragedia, la posibilidad de una ayuda efectiva ya habrá pasado. Pero la ley de Minnesota exime de culpabilidad a aquellos que buscan ayuda de terceros en lugar de intentar socorrer a las víctimas. Presumiblemente, no habría sido políticamente factible castigar a ciudadanos no dispuestos a arriesgar sus propias vidas en actos samaritanos. Esta medida ambigua, entonces, no llega a obligar a realizar el único acto que podría ser de suficiente ayuda.

Aún en el caso de que una mera notificación fuera de alguna utilidad (violación, atraco), existe una dificultad pragmática. Para dar un aviso, los testigos tendrán que alejarse de la escena del crimen (máxime antes de la era de los teléfonos móviles). Si tal persona realmente no está dispuesta a realizar la tarea encomendada, es fácil para ella evadirse en tales circunstancias, y difícil probar que lo hizo.

Pero los impedimentos de esta legislación van mucho más allá de la mera funcionalidad; existen además dilemas filosóficos.

Surge una disyuntiva en relación a los antecedentes causales. En el caso de inundación, incendio, ahogamiento, violencia, etc., es bastante sencillo identificar la razón del problema, y, por consiguiente, al menos en principio, llevar a cabo un rescate. Pero hay miles de personas que mueren, y por tanto podrían haber sido salvadas por algún aspirante a buen samaritano, debido a antecedentes que no están claros, al menos para algunas personas.

Consideremos la hambruna de Etiopía, un problema que estuvo mucho tiempo en las noticias durante los años en que el órgano judicial de Minnesota estaba desatando el frenesí de la ley del buen samaritano (obviamos el hecho de que los etíopes fueran extranjeros y por tanto no merecieran la “protección” de la Ley del Buen Samaritano de Minnesota, pues la filosofía subyacente a esta ley es la exhortación bíblica de que cada uno de nosotros debe actuar como si fuera “el guardián de su hermano”). Hay numerosas hipótesis que han tratado de explicar este fenómeno:

sequía, guerras civiles, imperialismo, falta de ayuda extranjera, socialismo, capitalismo, etc.

Pongamos por caso que un ciudadano de Minnesota fuera llevado a juicio por una situación similar a la que estamos tratando —es decir, una ley del Buen Samaritano que no se limite a exigir una notificación a las autoridades sino una acción directa para socorrer a la víctima—. Supongamos que ha sido acusado al amparo de esta ley, o bien por las fuerzas de la ley y el orden, o, como en el ejemplo, por un etíope muriendo de hambre. ¿Qué clase de defensa podría tener?

Podría alegar haber contribuido a la ayuda extranjera a Etiopía, pero esta justificación podría fallar por al menos dos motivos: en primer lugar, porque la ayuda extranjera, lejos de ser una ayuda para solucionar el problema de la hambruna, ha sido de hecho una de las causas que lo han provocado; y en segundo lugar, aunque la contribución a la ayuda extranjera hubiera sido la respuesta apropiada, el acusado no donó los fondos suficientes.

Esto nos lleva a cuestionarnos:

¿cuánto empeño debe poner un Buen Samaritano para salvar una vida?

La ley de Minnesota es incompleta en el sentido de que deja abierta la cuestión de cuanto pueden la “sociedad” o las “autoridades” hacer por la víctima. Si todo cuanto ha de hacerse es notificar al gobierno de una persona necesitada, y el gobierno puede entonces cruzarse de brazos y no hacer nada, entonces el proceso entero es nulo.

Así que nos preguntamos de nuevo, acerca de esta filosofía del “guardián del hermano”, ¿cuánto debe el Buen Samaritano hacer los por demás?

Solo hay dos respuestas, pues cualquier otra sería una mera variante de cualquiera de las dos: una posibilidad es que el Buen Samaritano trate las vidas de los demás como si fueran la suya propia. Siguiendo este sistema, continuaría cediéndose a sí mismo y sus posesiones hasta que el problema estuviese resuelto, o hasta que no le quedase nada. En el caso del etíope, este resultado se aplica sin importar cuál sea la causa de la inanición. Si esta se debe a la ausencia de ayuda extranjera (cosa terriblemente poco probable), el Buen Samaritano deberá continuar donando hasta que el problema se resuelva —o hasta que él mismo no esté en mejor situación que el etíope—. Si la hambruna se debe a la ausencia de un mercado libre en Etiopía, el Buen Samaritano deberá de igual modo seguir donando a la causa —solo que en esta ocasión la causa será promover el sistema de libre empresa en Etiopía—nuevamente hasta que el problema sea solucionado, o sus circunstancias económicas no sean mejores que las de los etíopes, pues, en cualquier punto antes de llegar a este extremo, véase, después de que el ciudadano de Minnesota haya entregado casi todo su caudal, pero aún tenga diez veces más que el etíope, el problema permanecerá:

el etíope seguirá muriendo de hambre, si bien quizás en un grado menor, y el ciudadano de Minnesota seguirá teniendo los recursos necesarios para salvarle (¿cuán rápidamente debe la víctima de estarse muriendo para que el ciudadano de Minnesota no sea considerado culpable de violar la ley del Buen Samaritano?

Podríamos, quizás, dejar fuera estar “muriendo de viejo”, pero ¿qué hay del cáncer? ¿Y del fumar? ¿Es culpable un ciudadano de Minnesota si no arranca los cigarros de las manos de cualquier fumador con el que se cruce?).

La única alternativa real es realizar lo opuesto a la actitud del “hermano guardián”, renunciar por completo a la filosofía del Buen Samaritano, y abrazar la alternativa libertaria de la no obligación.

Pero no hemos concluido aún el caso contra la ley del Buen Samaritano.

¿Qué otra defensa podría tener el ciudadano de Minnesota acusado de esta violación? Supongamos que alega ser un científico investigador, corriendo hacia su laboratorio para encontrar una cura contra el cáncer, o contra el SIDA, o contra el envejecimiento. Supongamos que alega estarse recreando o pasando el tiempo de cualquier otro modo, solamente para poder perseguir aquellos objetivos de un modo más eficiente (al fin y al cabo, el trabajo sin reposo, no solo convierte al hombre en un soso, sino que además interfiere con su “creatividad”). En cualquier caso, según esta defensa, tendría que concedérsele que la persona en problemas debería conformarse y no requerir los bienes o servicios del investigador (¿podría este estatus de investigador ser autodefinitorio? O necesitaría de un doctorado en bioquímica de Harvard, o, en su defecto, de la Universidad de Minnesota? En tal caso, ¿cómo se podría lidiar con el indudable hecho de que numerosos y maravillosos descubrimientos hayan sido hechos en laboratorios instalados en garajes de gente “no cualificada”?).

Pero seguramente, se podría sostener que deberían concedérsele mayores “créditos de Buen Samaritano” a un investigador que salva diez millones de vidas en diez años que a uno que salva una hoy. ¿Cuál, en otras palabras, es la tarifa de descuento apropiada por salvar vidas?

Este problema, obviamente, es tan absurdo como intratable, pues es imposible determinar la tarifa de intercambio apropiada entre la ayuda actual en el presente y la ayuda potencial en el futuro. Cualquier solución que se pueda plantear a este problema está ligada al fracaso debido a tener que ahondar en la cuestión de la comparación interpersonal de utilidades —el hecho de que la gente discrepa sobre qué cosas son valiosas y hasta qué punto lo son—.

¿Podrá la defensa alegar ignorancia? Está bien establecido que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”, pero ¿qué hay de la ignorancia del sufrimiento? En esta era moderna de noticias televisivas, es extraordinariamente difícil no ser consciente de la angustia que tiene lugar alrededor del mundo.

Hambrunas, avalanchas, terremotos, tifones, asesinatos en masa… todos ellos, lamentablemente, conforman las noticias de cada día. Para obviar tal defensa, ¿lanzará el gobierno de Minnesota un programa obligatorio de educación cívica y eventos actuales?

La ley del Buen Samaritano adoptada en Minnesota fue arbitraria y caprichosa, y conduce a un declive hacia una redistribución masiva de los ingresos mayor de la que nunca haya sido prevista por sus defensores originales. El peso de las pruebas podría parecer estar con los partidarios de cualquier doctrina, pero no se ha ofrecido prueba alguna para demostrar la opinión que subyace a este decreto: el argumento del “hermano guardián”. Es por todas estas razones que el Mal Samaritano, la persona que se niega a someterse al abuso del buen samaritanismo, es digno de aplauso.

27.

EL DUELISTA

La visión común de los duelos es que son una reliquia de una época pasada —una época pasada, incivilizada, primitiva, y salvaje—.

Toda sociedad moderna, progresista, y vanguardista, prohíbe esta práctica, y por un buen motivo, se alega, pues con el duelo, el fuerte podría matar al débil, los matones podrían pasar por encima de cualquiera, y los mansos nunca podrían vivir lo suficiente como para heredar nada, mucho menos la Tierra entera.

Sin embargo, esta visión ampliamente aceptada no es más que una sarta de falacias. Los detractores de ajustar cuentas a través del combate carecen de fondo, pues sus grandes beneficios han sido ignorados.

Lo primero que hay que aclarar con respecto a los duelos, es que se tratan de una oferta, no de una amenaza, pues para que un duelo tenga lugar, ambas partes deben acceder. En otras palabras, un duelo puede tener lugar únicamente entre adultos que consientan, y, como tal, debería ser objeto de la tolerancia con la que los hombres de buena voluntad tratan tales actos.

Consideremos un caso en el que A le dice a B “si no te enfrentas en duelo conmigo voluntariamente, te patearé el culo”; esta afirmación es claramente una amenaza, y, como tal, debería ser prohibida por el ordenamiento jurídico libertario.

Una oferta es algo que somos tan libres de aceptar como de rechazar; ningún uso o amenaza de fuerza nos serán aplicados si rechazamos la oferta.

Así, en el caso de una oferta de duelo, si la persona invitada se niega a participar, se acabó el asunto. El iniciador del duelo no puede persistir. De hacerlo, sería únicamente una muestra de que la “oferta” original no era tal. En cuanto que se trate de una oferta de buena fe, una mera negativa pone fin a la cuestión.

Si B

rechaza un duelo “ofrecido”, y A emplea la violencia o la amenaza de violencia contra él, demostrando así que la “oferta” original era en realidad una amenaza, A es tan culpable de agresión en el sistema actual, que ilegaliza el duelo voluntario, como lo sería en un sistema legislativo que lo permitiera. Debemos por ello rechazar el alegato contra el duelo voluntario que afirma la implicación del uso de la fuerza.

Por supuesto, si rechazamos un duelo, podemos estar sujetos a toda suerte de sanciones no agresivas y no violentas.

Se nos podría llamar cobardes, pero, estrictamente hablando, de ningún modo puede esto violar los derechos de nadie. Los palos y las piedras pueden romper huesos y violar derechos, pero insultar no.

Es cierto, por supuesto, que ser llamado cobarde puede causar daño psicológico, pero que lo haga o no está en gran medida bajo el control de cada persona individual. Gracias al trabajo pionero del psicólogo Albert Ellis, y su compañero, el Dr. Michael Edelstein, autor de Three Minute Therapy, la habilidad del individuo para evitar el daño provocado por situaciones como esta, está ampliando su reconocimiento.

El Dr. Albert Ellis es un seguidor en el siglo veinte de Epicteto, un filósofo del primer siglo A. C., que afirmaba en sus fundamentos filosóficos que “lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas”. Por ello el Dr. Ellis sostiene que el daño psicológico no es causado por el hecho de ser llamado cobarde sino por la opinión que tenemos de ser objeto de tal insulto.

Si tomamos una visión irracional de ser llamados cobardes, nos haremos daño. Si tomamos una visión racional, no nos haremos daño. Lo que no puede ser lo suficientemente recalcado es que la elección está enteramente en nosotros.

En otras palabras, depende completamente del individuo elegir ser dañado o no por el hecho de ser llamado cobarde.

Una perspectiva irracional sería la siguiente: “oh, qué horror, es terrible

ser llamado cobarde. No puede ser. Es injusto. No puedo soportarlo. Nunca podré mirar a nadie a la cara. Me odiarán. Me despreciarán. Y esto será aún más espantoso, aún más intolerable.

Tendré que permanecer escondido. Pero ¿cómo podré ser capaz siquiera de mirarme a la cara a mí mismo? No queda sino suicidarse”.

Tener pensamientos tales llevaría directamente al daño psicológico.

Por otro lado, podemos optar por un acercamiento más juicioso.

Podríamos elegir decir algo del tipo “es cierto que tendré que pagar una penalización por negarme al duelo.

Cuando el duelista me llame cobarde por negarme a luchar contra él, habrá varias personas que se negarán a tener nada que ver conmigo, lo cual es desafortunado, lamentable, y un grano en el culo. Pero la vida está llena de cosas así, y, aunque no me guste, seré capaz de aguantarlo. De hecho, podría tolerar cosas mucho peores, llegado el caso.

Limitarme a tener que soportar este castigo es sin duda mejor que arriesgarme a morir por entrar en combate, así que aceptaré la pena que implica el negarme a hacerlo. No me gustará, pero será la mejor opción”.

Es, qué duda cabe, cierto que no es tarea fácil ser capaz de asumirlo realmente, cuando nos toca aproximarnos racionalmente a una situación así. Es demasiado fácil limitarse a decir las palabras racionales.

Y esto es de lo que trata la terapia “racional emotiva conductual” del Dr.

Ellis; a través de mucha práctica y de una especie de diálogo socrático con el terapeuta, interiorizando la visión racional, y aprendiendo cómo aplicarla a toda clase de situaciones. Esta lección es tan directa que el compañero de Ellis, el Dr. Michael Edelstein, ha demostrado lo que puede hacerse en “tres minutos”.

Enfrentarse en duelo es una actividad legítima que debería legalizarse; la oferta de un duelo no puede hacer daño a nadie (excepto posiblemente de un modo psicológico); la demanda de un duelo debería ser ilegal, tal y como es ahora.

Consideremos el punto ventajoso del masoquista. Los derechos del masoquista son ignorados por completo con excesiva frecuencia, y el caso del duelista no es una excepción. Según estipula la ley en la actualidad, con los duelos prohibidos, el masoquista está totalmente impedido de poder ejercer su derecho a tomar parte en un duelo. Es cierto que la motivación de un masoquista al tomar parte de un duelo es prácticamente la contraria de la que la mayoría de la gente tendría, pues, en lugar de intentar dañar o matar a su antagonista, el masoquista busca ser dañado. Pero esto no debería suponer diferencia alguna en lo concerniente a los pros y contras de este caso. Si reconocemos el derecho del masoquista a suicidarse —y resulta difícil ver cómo podría un libertario negar tal derecho—su derecho a ser asesinado en un duelo deriva lógicamente. El derecho a suicidarse, recordemos, deriva directamente del derecho de propiedad que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestras respectivas personas. Una vez se nos concede el derecho de posesión sobre nosotros mismos, el suicidio y el duelo derivan directamente.

El masoquista debería tener el derecho de cualquier adulto a hacer cualquier cosa que desee, siempre y cuando haya un consentimiento mutuo, y siempre y cuando el acto concierna exclusivamente a los adultos implicados en el mismo.

Una posible crítica a este caso se basa en cuestionar la afirmación de que tal acción masoquista concierne necesariamente a “una sola persona”.

Supongamos que el masoquista que toma parte en un duelo es un marido y un padre de familia, cuya mujer e hijos dependen de el. En este caso, ¿no sería ilegítimo que participase en un duelo? Y, dado que casi todo el mundo tiene a alguien

al menos parcialmente dependiente de él, podríamos colegir que es pues erróneo que cualquiera tome parte en un duelo (o arriesgue su vida innecesariamente de cualquier otro modo). Siendo así, la prohibición podría estar justificada.

Pero esta crítica tiene varios aspectos equivocados. En primer lugar, pasa por alto la doctrina de la autoposesión. Si una persona no puede

arriesgar su vida legalmente porque hay gente que depende de ellos, entonces, a tal efecto, no es libre. Pero si no lo es, entonces aquellos que dependen de él son sus dueños, o sus amos, dado que le controlan, por lo que esta crítica del duelo se basa en la defensa de la esclavitud.

Además, si la familia depende del sustentador, él también depende de ella (¿de qué otro modo podríamos explicar su frecuente voluntad de tolerar sus decisiones sobre qué inclinaciones debería tener y qué riesgos debería asumir?). Pero si depende de ellos, entonces por los mismos motivos por los que tiene que seguir sus órdenes sobre el comportamiento peligroso, ellos tienen que seguir su perspectiva sobre dicho comportamiento peligroso. Dicho de otro modo, si él puede ser esclavo de ellos, entonces ellos, por la misma lógica (o la misma falta de lógica), pueden ser considerados esclavos de él.

Y si realmente son esclavos de él, entonces él puede ordenarles que le permitan asumir el riesgo que temen, y deben obedecer la orden que le permitirá tomar parte en el duelo, pues de otro modo estarían siendo esclavos desobedientes, cosa que nunca harían.

Pero por la misma regla de tres, pueden ordenarle que no les de la orden de permitirle participar en el duelo, y así sucesivamente. La cuestión aquí es que es una situación completamente ilógica para una persona ser a la vez esclavo y dueño de otra —de la misma otra—. Y

esta ilógica es lógicamente derivable de la crítica de la participación voluntaria en duelos en base a que el duelista potencial tiene “responsabilidades”.

¿Qué hay de la elección de armas? Presumiblemente, esto recae en la persona retada, no en el retador.

Tradicionalmente era así. Sin embargo, se solía limitar a espadas, puños, o pistolas. Sin embargo, no existe justificación alguna a esto. Más bien, esta decisión debería ser ampliada; y con ampliada quiero decir precisamente eso. Consideremos el caso de A, que es experto tirador, maestro de la espada y campeón de boxeo. Mide dos metros y pesa 120 kilos de puro músculo. Reta a B, que es el típico tirillas de 40 kilos que lleva unas gafas de culo de vaso a través de las cuales ya le cuesta ver. En un duelo con pistolas sería más peligro para sí mismo que para cualquier otro.

¿Espadas? B difícilmente puede levantar una, no digamos ya luchar con ella. Sin embargo, es un maestro del ajedrez, un campeón mundial de canicas y un bailarín sin rival. A tendría que ser especialmente valiente para retar a cualquier B, teniendo en cuenta que es este el que puede escoger la habilidad en la que él sea experto. La cuestión es que todo el mundo es mejor que alguien en algo. Si esto no manda al garete la mayoría de los duelos, nada lo hace. En mi caso, soy un maestro de la queja.

Cualquiera que me rete a un duelo, ya está perdido.

28.

EL VERDUGO

Para algunas personas podría parecer una broma grotesca considerar el papel del verdugo de un modo mínimamente positivo, mucho menos como una figura heroica. Esto se debe a que el verdugo juega un papel central en la imposición de la pena de muerte, y este tipo de castigo es el anatema de muchos de los que juzgan los actos humanos a través de un código ético.

Según esta perspectiva, está mal que un hombre asesine a otro, por lo que es un acto de salvajismo brutal matar a sangre fría a un asesino. El homicidio está siempre injustificado desde este punto de vista, y, por consiguiente, dos errores no hacen un acierto.

Para mostrar la equivocación de este modo de analizar el asunto, será necesario justificar el castigo definitivo desde una base moral, cosa que intentaré hacer en lo sucesivo. Pero ofreceré una justificación “débil” a la pena de muerte, no una “fuerte”. Es decir, trataré de probar que hay al menos algunos

casos en los que es éticamente apropiado sesgar la vida de una persona que ha sido declarada culpable de asesinato, no que siempre lo sea.

Al hacerlo, tendré que obvias varias objeciones.

Para empezar, estipulo que el asesino convicto es realmente culpable de haber cometido el crimen, y que no ha habido circunstancias atenuantes (como la defensa propia) que hayan podido mitigar la enormidad del acto. En segundo lugar, no cuestionaré la jurisdicción de aquellos que llevan a cabo la pena capital; asumiré que ha sido realizado por las “fuerzas de la ley y el orden”, sean quienes sean, y que estos son completamente inocentes de cualquier otra fechoría, aparte quizás, del acto en cuestión. En tercer lugar, asumo que no habrá daños morales para los verdugos, véase, que no se brutalizarán, ni cometerán crímenes por su cuenta como resultado de haber llevado al condenado a la muerte.

Con el escenario dispuesto de este modo, nos encontramos con un asesino y su víctima muerta.

Supongamos que existiese una máquina como la de la serie de los 90 Babylon 5, y que cupieran en ella dos cuerpos y un interruptor, que, al activarlo, pudiera transferir la vida de un cuerpo a otro. Es decir, que el asesino vivo podría ser arrastrado, pataleando y gritando si fuese necesario, a esta máquina, y puesto junto a su víctima (la “invención” de esta máquina se inspiró en Anarquía, Estado y utopía, de Robert Nozick).

La pregunta ética que plantea esta máquina es la siguiente: ¿sería justo pulsar el interruptor, transfiriendo con ello la vida del asesino a la víctima?

Damos por hecho que no tenemos acceso a una máquina tan maravillosa todavía, pero, teniendo en cuenta los avances en informática, inteligencia artificial, ingeniería genética, etc., es probable que sea solo una cuestión de tiempo que exista.

Plantear la cuestión de si su uso está moralmente justificado es responder a la misma.

Consideremos las implicaciones de una respuesta negativa.

Esto significaría que, pese a que el asesino haya en efecto robado una vida de su víctima, no será forzado a devolver una. ¿Puede imaginarse acto menos justificado?

Difícilmente.

Tampoco puede ser considerado gratuito, “cruel e inusual”, o de un salvajismo desbocado, obligar al asesino a tomar parte en este procedimiento un tanto macabro, pues, en este caso, el asesino no será muerto “sin ningún motivo”, que es lo que los detractores de la pena capital entienden por una sed de venganza. Por el contrario, debe ser ejecutado para que otro, su víctima inocente, pueda vivir.

Aquellos que estén en contra de obligar al asesino a entrar en la máquina, estarán necesariamente defendiendo que la vida del asesino debe ser considerada más valiosa que la de la víctima.

Es crucialmente importante tomar conciencia de este aspecto, pues es nuestro único arma contra los detractores de la pena capital por motivos morales. Al usar esta fantasiosa máquina, hemos metido la pezuña de la pena capital en la hasta ahora inexpugnable fortaleza construida por los opositores a este castigo. Hemos establecido que, al menos en un caso, está justificado quitar la vida del asesino, lo que significa que las vidas de todos los asesinos están perdidas moralmente, dada la validez del supuesto en el que nos mantenemos (que no haya posibilidad de errores, que no haya circunstancias atenuantes, etc.).

Dejemos ahora de lado estas presunciones artificiales y volvamos al mundo real. Hemos establecido que la vida del asesino está moralmente perdida, que ya no puede clamar por ella de ningún modo. ¿Quién, pues, tiene el título de propiedad válido de su vida?

Dado que la víctima ya no está con nosotros, y no puede volver al mundo de los vivos, sus herederos pasan a ser titulares de todas sus posesiones en la tierra, pero una de sus posesiones en la tierra (o fuera de ella), como hemos visto, es el derecho a la vida del asesino. Si bien es cierto que, en ausencia de nuestra máquina, la víctima no puede ejercitar este derecho, lo sigue teniendo igualmente. Este derecho pasa pues a sus herederos, junto con el resto de sus derechos, propiedades y asignaciones.

Supongamos que los herederos de la víctima son una esposa y niños pequeños. En este caso, la esposa se convierte en dueña de la vida del asesino, y solo ella puede disponer de la misma. Si ella lo desea, puede ordenar que sea asesinado, o bien puede ser una pacifista y acceder a perdonarle por asesinar a su marido. No obstante, la víctima puede haber dejado un testamento en el que estipule, entre otras cosas, cómo desea que sea tratado su asesino, en caso de que tal cosa ocurriera. De ser así, su deseo debe ser respetado, y no el de sus herederos, pues la propiedad de la vida del asesino está basada únicamente en la de la víctima, con lo que tiene prioridad. Otra opción sería permitir al asesino comprar su libertad a la mujer. Si pueden llegar a un acuerdo financiero, el asesino podrá salir impune (el asesino y/o sus amigos y socios podrían desear poner a los herederos de la víctima en una situación insostenible a base de amenazas. Para evitar semejante situación, deberá firmarse un acuerdo vinculante previo con las fuerzas de la ley y el orden, que presumiblemente son lo suficientemente poderosas como para que no les afecten tales amenazas). Por último, pero no por ello menos importante, la viuda puede insistir en que el asesino sea encarcelado de por vida, obligado a realizar trabajos forzados, y que los beneficios extraídos de estos trabajos sean usados para mantenerla a ella y a sus hijos. Existen pocas dudas de las ventajas de un acuerdo así. La esclavitud, después de todo, fue un sistema económico viable, y lo seguiría siendo, de no ser por las graves objeciones morales que en este caso no se aplican. El uso de grilletes también era económicamente sostenible. En la era moderna, los asesinos reciben tres comidas completas al día, se alojan en celdas cálidas y secas, tienen televisor, atención médica, etc., y, para más inri, los herederos de la víctima son obligados a pagar por todo esto a través de sus impuestos. ¿Es imaginable algo menos justificado que esto?

Olvidemos la presunción de certidumbre.

En otras palabras, expongamos una situación del mundo real a este respecto. Aquí, salvo en casos como el del disparo de Jack Ruby a Lee Harvey Oswald, que fue presenciado por un montón de testigos en el momento en que ocurrió, y por millones más a través de la televisión, los actos de cualquier asesino solo pueden saberse con un mayor o menor grado de probabilidad. Supongamos incluso que en un caso particular un hombre haya sido acusado, encarcelado, juzgado, condenado, y ejecutado, pero más tarde se prueba, de forma concluyente, que ha sido un trágico error. Esta es seguramente la incidencia que los detractores de la pena de muerte más temen y citan en defensa de su posición.

Al aplicar nuestros principios una vez más, no importa cuán poco intuitivo pueda parecer tal proceder a primera vista, solventaremos el problema con éxito. El homicidio es el asesinato injustificado de una persona inocente. El juez y el jurado que sentencian a una persona inocente a morir, junto con el verdugo que lleva a cabo esta pena, están actuando de modo que asesinan a esta persona, por lo que son culpables de su muerte. Como tales, son ellos quienes deben pagar por tal crimen, y no cabría duda de que han llevado a cabo esta ejecución injustificada.

Un escenario así es completamente irreal en la sociedad moderna, por supuesto, pero esto se debe a que nuestros líderes políticos no aplican de forma coherente la ley de que aquellos que llevan acabo un asesinato erróneo son culpables de comportamiento criminal. Hacen una excepción para jueces, jurados, verdugos, etc., gente que opera de acuerdo con la ley, que están desinteresados, y motivados únicamente por un deseo de castigar al culpable.

Pero un asesinato por error es un asesinato por error, lo consideremos legal o no (no necesito más que citar los Juicios de Nuremberg para apoyar esta aseveración), e independientemente de la motivación o las motivaciones del perpetrador o los perpetradores. Estas consideraciones pueden ayudarnos a distinguir entre diferentes grados de culpa —asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, homicidio imprudente, etc.—, pero no podemos exculpar a quien es culpable. Además, el homicidio involuntario es asesinato, lo que debería, en justicia, ser punible.

Pese a lo improbable del caso, supongamos por un momento que esta percepción se incorpora a los procedimientos del sistema legislativo.

No es difícil anticipar que bajo tal régimen los jueces y los jurados serían muy cautelosos en sus imposiciones de pena de muerte (y, en menor grado, por supuesto, de cualquier otra pena), y los verdugos sentirían mayor reticencia a la hora de ejercer su cometido de forma indiscriminada. El “juez cruel” podría seguir siendo popular en juicios ficticios, pero no duraría mucho en la vida real. Así, aunque se legalizara la pena de muerte, no habría una prisa improcedente de enviar acusados de asesinato a sus destinos finales, y las sangrías temidas por los detractores de la pena de muerte no se materializarían.

Pero hay una flecha más en el carcaj de los defensores de la cadena perpetua como pena máxima. Según su perspectiva, por muy justificados que estén los actos del verdugo, la pena de muerte no disminuye el índice de asesinatos —su propósito aparente—.

Dicho de otra forma, se reafirman en su oposición refugiándose en meros argumentos funcionales.

Pero también hay problemas con esto. Para empezar, la reducción del índice de asesinatos es solo una justificación para la pena de muerte. La otra, como hemos visto, es una cuestión de principios, pues solo de este modo la vida de la víctima le será (posiblemente) devuelta. En segundo lugar, la prueba citada por los detractores de la pena de muerte en apoyo a su argumento utilitarista es pobre, pues consiste principalmente de estudios que correlacionan la presencia o ausencia de la pena de muerte con el índice de asesinatos (tratando de obviar otros factores constantes como el tamaño y densidad poblacional, la variedad de riqueza, el nivel de pobreza, etc.), y, mire usted por donde, no hay apenas relación estadística entre estas dos variables.

Pero Isaac Ehrlich, un investigador más cuidadoso, rechazó toda esta metodología. Razonó que no se trataba de la presencia o ausencia de pena de muerte lo que actuaba como principal incentivo a favor o en contra del asesinato, sino el índice de ejecuciones llevadas a cabo. Un estado puede tener disponible el castigo definitivo, pero nunca efectuarlo, y esta ley puede caer en saco roto, resultando relativamente ineficaz a la hora de cambiar el comportamiento. En lugar de tratar de encontrar una relación entre la ley y el número de asesinatos que tienen lugar, Ehrlich exploró la correlación entre los porcentajes de ejecuciones y asesinatos, y sus pruebas son altamente reveladoras: los asesinos, al igual que el resto de nosotros, tienden a ser racionales, y por tanto influenciados por la dureza de las penas que se les imponen.

Tampoco resulta complicado entender el sentido común detrás de las averiguaciones de Ehrlich. Sabemos que cuanto más elevada sea la pena (siempre que la probabilidad de que sea impuesta se mantenga constante), mayor es la posibilidad de que el comportamiento a eliminar no sea llevado a cabo. Una sentencia de quince años de prisión supone una mayor amenaza que ser encarcelado una década, y la cadena perpetua es más severa que quince años de prisión, pero la pena de muerte es seguramente un castigo más riguroso que la cadena perpetua. ¿De qué otro modo se explica el desesperado intento de los prisioneros en el “corredor de la muerte” por postergar o rescindir su cita con la silla eléctrica, para poder “ser libres” en una cadena perpetua?

Consideremos lo que debe pasar por la mente de un criminal que ha tomado parte en un acto que roce el asesinato. Con la ley de la pena de muerte en plena vigencia, lo normal es que el perpetrador piense: “si mato a mi víctima, elimino a un testigo que podría testificar contra mí; pero por otro lado, me arriesgo a una pena mucho mayor si me pillan”. Sin la pena de muerte, el razonamiento más probable es bien distinto, pues las ventajas del asesinato se mantienen, pero no la desventaja del mayor castigo. En estas condiciones, es terriblemente fácil ver por qué sucede el asesinato.

El caso a favor de la pena de muerte, y, por consiguiente, del empleo del verdugo, se apoya en argumentos tanto de principios como de funcionalidad.

Una condición necesaria pero no suficiente para el castigo justificado en casos de robo es que el perpetrador devuelva lo que ha robado. Difícilmente se podrá decir que se ha hecho justicia si se permite al ladrón quedarse sus ganancias obtenidas mediante fechoría mientras la víctima es obligada a permanecer observando cómo el ladrón disfruta su propiedad. Si te robo un diente, como mínimo, la justicia requiere que se me haga darte uno de vuelta. Así es como se justifica el mandato bíblico del “diente por diente”.

Pero esto no cumple ni a medias (fíjense en que “a medias” es correcto tanto literaria como figurativamente).

Supongamos que A roba 100 dólares a B. Si la justicia se basa únicamente en obligar a A a devolver los 100 dólares a B, no se puede decir que haya tenido lugar castigo alguno. A no está peor que antes, con lo que a esta devolución se le puede llamar de cualquier manera menos castigo. Como mínimo, A debería ser forzado a devolver a B sus 100 dólares, y después su castigo debería consistir en recibir lo que él previamente le había hecho a B, es decir, quitarle 100

dólares, y entregárselos a B. Puesto que transferir 100 dólares de A a B dos veces es equivalente a transferir 200

dólares del uno al otro, corresponde con el aforismo de “dos ojos por ojo” (véase La ética de la libertad, de Murray N. Rothbard, publicado por Unión Editorial en 1995 y 2009).

Dada la ley de “dos ojos por ojo”, es lamentable que la plena justicia no pueda ser llevada a cabo, aún con el advenimiento de nuestra máquina mágica, pues el asesino en realidad debe a su víctima no una sino dos vidas, y nuestro aparato solo puede obligarle a desprenderse de una. Si, no obstante, la gente fuera como los proverbiales gatos, y no tuviera una sino siete vidas, entonces está claro que se podría hacer justicia al obligar al asesino a pasar por la máquina dos veces, lo que, por supuesto, permitiría a la víctima acumular una vida extra, y pasar a tener ocho.

29.

EL LANZADOR DE ENANOS

Los enanos, o “personas de talla baja”, como se les llama a veces, desempeñan toda clase de profesiones, pero algunos se apuntan a una actividad más bien única: el uso de sí mismos como proyectiles humanos. A veces son lanzados, y la competición depende de la distancia, el tiempo o la gracia en el aire, o algún otro criterio. En otras ocasiones, son usados como bolas de bolos humanas, siendo el número de bolos derribados lo que marca la puntuación. Pero, por chiflada que sea la actividad en que participan, todas tienen dos cosas en común: en primer lugar, ni uno solo de estos enanos es obligado a tomar parte de estas actividades. Si cualquier persona de talla baja fuera coaccionada a participar en dicha ocupación, los libertarios se opondrían, pero a la obligación, no al trabajo. En segundo lugar, esta práctica es universalmente vilipendiada por todos los entrometidos y todas las almas caritativas. Dicho de otro modo, estos juegos consisten en “actos capitalistas entre adultos que consienten”, por lo que se puede sacar provecho de ellos en este libro, que defiende comportamientos que carecen de la aprobación de la mayoría de la gente, pero que no violan la censura de la ley libertaria.

¿Por qué la gente de talla baja permite que se le use de tal manera? Es como cuando le preguntaron a Willie Sutton por qué robaba bancos, y él respondió que porque es allí donde está el dinero. De un modo similar, una de las fuerzas motivadoras en el presente contexto es el atractivo del dinero, pues la práctica de lanzamiento de enanos ofrece más dinero que muchas otras ocupaciones o pasatiempos.

¿Cómo se explica este fenómeno? Es parte de la compensación de diferenciales. Para empezar, se trata de un trabajo peligroso. Puede que vuelen por el aire con la mayor facilidad, pero deben regresar a tierra en algún momento, y, cuando lo hacen, es, cuanto menos, una experiencia desagradable, sin importar cuanta protección lleven.

Para continuar, muchos de estos seres humanos diminutos bien pueden tener una aversión a ser tratados de este modo. De ser así, merece una mayor compensación inducirles a llevar a cabo aquello que consideren, muy razonablemente, como algo indigno. Si estas no fueran sus motivaciones, las retribuciones no se verían afectadas. Si disfrutasen de la experiencia y vieran los aspectos sociales de su oficio de un modo positivo, las remuneraciones caerían, pues se formarían colas para desempeñar estos trabajos.

Los economistas saben que, a fin de cuentas, los enanos obtienen un beneficio con cada “salto” al que se someten. Si no fuera este el caso, difícilmente accederían a ser tratados de tal modo. Si un enano recibe cien dólares por ser arrojado, podemos deducir que todos los aspectos negativos de la experiencia —el riesgo de sufrir daños, las alternativas que deben rechazar para tomar parte de este juego, la posible humillación que puedan sufrir — son en conjunto menos importantes para ellos que la cantidad de dinero que reciben. La diferencia es un beneficio para el enano.

¿Por qué las almas caritativas hacen lo que hacen? ¿Por qué están empecinados en su intento de acabar con estos tejemanejes?

Parte de la explicación debe ser que son aspirantes a dictadores, siempre dispuestos a imponer sus perspectivas sobre las elecciones hechas por otros. Otra parte puede ser que estén disgustados por el espectro de la gente (mal)tratada de esta manera. Es más, deben de ser pésimos economistas y no darse cuenta de que todo acto voluntario es necesariamente beneficioso aunque solo sea en sentido ex ante. Es decir, después de haber sido lanzada, la pequeña persona puede llegar a arrepentirse de lo que ha hecho (o, más bien, de lo que ha dejado que le hagan). Por ejemplo, podría desear no haber participado en el lanzamiento si se hubiese lesionado, o si su familia le hubiese “pillado”. Pero, previamente, el esperaba más beneficio que daño, o si no no habría accedido al trato.

De todos modos, se puede decir lo mismo de cualquier actividad humana, desde comprar, vender, arrendar, o apostar, hasta levantarse de la cama por la mañana. Todos llevamos a cabo estas actividades porque percibimos la ganancia como mayor que la pérdida, y, como con cualquier actividad, en ocasiones nos equivocamos, por lo que el lanzamiento de enanos no tiene nada de particular.

Además, las mismas consideraciones se aplican al organizador de eventos de bolos enanos.

El también espera obtener un beneficio al ingresar más dinero por la venta de entradas de lo que le ha costado el evento, y, en ocasiones, puede llevarse una decepción.

Así pues, no importa cuán vilipendiada sea esta práctica, debe permitirse en la sociedad libre. Y, por acceder a ser lanzado, afrontando el ridículo, el oprobio, y el asco, el enano lanzado (así como el lanzador) debe ser considerado heroico.

30.

EL QUE DENIEGA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La mayor parte de la gente sostiene que, del mismo modo que poseemos legítimamente lápices, mascotas, y pepinillos, podemos tener derechos de propiedad sobre nuestras ideas. Después de todo, nuestros pensamientos emanan de nuestro interior, de lo más profundo de nuestro ser. Sería injusto que no pudiéramos poseer lo que producimos de este modo.

Ciertamente, nuestras leyes predican según esta perspectiva. Asimismo, este argumento tiene un aspecto práctico: se sostiene que a menos que la propiedad intelectual esté protegida por la ley, la investigación y el desarrollo de nuevas ideas se atrofiarán, y el progreso de la humanidad sufrirá un colapso.

Existen dos protecciones principales de la propiedad intelectual.

En el caso de patentes, se debe registrar un nuevo invento a través de las autoridades, y el primer inventor en hacerlo tiene el derecho de vender o mantener para su propio uso todos los beneficios de su descubrimiento durante una cantidad establecida de años.

Existen dos problemas con esta cuestión, ambos terribles para el argumento. En primer lugar, ¿qué hay del inventor independiente? A y B pueden haber estado años trabajando para crear la misma invención. A llega a la oficina de patentes cinco minutos antes que B, con lo que A tiene el 100% de los derechos sobre su innovación, mientras que B no tiene absolutamente nada. Esto es totalmente incompatible con la justificación de la propiedad intelectual, que todos deberían poder poseer los frutos de su propia creatividad. Bien, ¿y qué hay del pobre B? ¿No debería poseer este invento, sin tener que pagar a A licencia alguna (estipulamos que B

es un inventor independiente y no sabía nada del trabajo de A)?

El segundo fallo del razonamiento de las patentes es el límite de tiempo en la propiedad. En cuanto a mis lápices, mascotas, y pepinillos, los poseo permanentemente, no únicamente por un espacio arbitrario de tiempo. No solo los poseo por tanto tiempo como desee, sino que además los puedo entregar a mis herederos. Si realmente soy dueño de mis ideas como claman los defensores de la propiedad intelectual, entonces debería poseerlas siempre, pero esto crea un problema de contradicción insuperable para este punto de vista. Si todos podemos poseer ideas, entonces podemos ejercer derechos de propiedad privada sobre palabras, dado que las palabras son una mera manifestación de ideas. En esta última frase, he usado 24 palabras, de las cuales 4, “podemos”, “de”, “palabras”, e “ideas”, han sido repetidas, lo cual hace un total de 20

palabras utilizadas, pero cada una de estas palabras fue creada originalmente por otra persona. Por ejemplo, la palabra “para”, pongamos que fue pensada por primera vez por el señor Para, la palabra “si” por el señor Si, la palabra “nosotros” por el señor Nosotros, etc.

Si la propiedad intelectual estuviese justificada, sería inapropiado que hubiese usado cualquiera de esas 20 palabras sin el permiso de sus dueños. Tal permiso no me ha sido nunca exigido a mí, ni a nadie más. Pero nuestros problemas no terminan aquí, pues cada palabra del lenguaje fue creada por alguien, y esto no se aplica exclusivamente a esa lengua, sino que trasciende a todas, por lo que, si la propiedad intelectual fuese correcta, ninguno de nosotros podría usar palabra alguna. No podríamos hablar ni podríamos escribir. No podríamos ni gruñir, dado que el señor Gruñido comenzó su uso. Esto atañe también a la persona que defiende la propiedad intelectual. Basada en su propia filosofía, no podría articular de forma lícita su punto de vista, pues para hacerlo requeriría del uso de palabras, y el uso de palabras existentes le está prohibido en base a su propia filosofía.

Podría crear palabras nuevas, como zopofaji, poiuwerkjls, y lkjmwmkls, pero sería harto difícil comunicar algo de este modo, no digamos ya defender la propiedad intelectual. Para aquellos que no acepten esta perspectiva, somos totalmente libres de contradecir la propiedad intelectual con el uso de palabras (debo la idea de la contradicción del pensamiento a Hans Hoppe).

Se me recriminará estar llevando las cosas demasiado lejos. Pues vaya, este es precisamente el fundamento de la argumentación reductio ad absurdum, tomar los alegatos en serio y llevarlos a su conclusión lógica. En ocasiones es más fácil ver la falacia de una teoría cuando se expone de esta manera. Los defensores de la propiedad intelectual no tienen derecho a decir que esta se aplique únicamente por un determinado número de años y/o que no se aplique al lenguaje. Si las ideas pueden realmente ser poseídas por sus creadores, entonces no existe objeción lógica posible al análisis de lo que esto realmente significa, como acabamos de hacer, pues implica lógicamente que los defensores de este razonamiento deben mantener silencio.

La segunda protección de la propiedad intelectual es el copyright, que también caduca. Generalmente, estos derechos de autor duran una cantidad de años, en ocasiones medio siglo después del fallecimiento del autor, lo que nuevamente no puede ser compatible con la propiedad, ya que esta no tiene limitación temporal.

Pero los copyright tienen un mejor estatus deontológico (orientado a los derechos o a la ética) que las patentes. Nadie cuestiona que un autor reciba el 100% de los beneficios, y otro, que también merece crédito por la innovación (basándonos en la filosofía de los derechos de propiedad), no se lleve nada. De este modo el copyright

se beneficia de estar realizado de forma contractual, algo de lo que carece el ámbito de las patentes.

Estas dos maneras diferentes de crear derechos de propiedad sobre las ideas siguen padeciendo la misma dificultad, que el propósito de los derechos de propiedad es reducir, o incluso eliminar, conflictos sobre bienes que escasean. Si la propiedad sobre bienes y servicios está plenamente especificada y respeta las leyes, no puede surgir conflicto alguno, pero no es necesario que surja ningún conflicto con las ideas, pues, una vez conocidas, cualquier parte puede hacer uso de ellas. La utilización de una idea por una persona no restringe el uso de la misma idea por otra u otras. Supongamos que la chica A es la primera en hacerse una cola de caballo con el pelo. La chica B

observa esto y se arregla el cabello siguiendo el mismo estilo. ¿Le ha robado algo a A? No. La cola de caballo de B no opaca en modo alguno el peinado de A. No es como si B hubiese atacado a A y le hubiese arruinado o deshecho su peinado. La coleta de A no sufre daño alguno cuando B hace uso de su idea. Podemos tener nuestra tarta y comerla también. Mi uso del teorema de Pitágoras no te impide usarlo tú. Crear derechos de propiedad sobre ideas, es, por tanto, sustituir la escasez donde no es necesario que esta exista. La escasez es enemiga del bienestar. A reduce con éxito la escasez económica, no la aumenta.

Pero ¿qué hay de los contratos de copyright? X crea un libro o una canción o una nueva máquina o una fórmula para un medicamento, que vende a Y, no completamente, sino con una condición: que Y no lo copie sin el permiso de X (por lo que X deberá pagar a Y). X está, en efecto, vendiendo a Y el derecho a usar su innovación, pero no permite a un tercero Z usarlo.

Hasta ahí bien. Pero Y pierde el producto y Z lo encuentra, o Z ve a Y (o a X) usándolo y, en base a esta observación, lo copia para su propio uso o lo vende a otros. ¿Ha violado Y el contrato con X? No. Y solamente está obligado a no copiar lo que ha adquirido, y no lo ha hecho. Y nunca accedió contractualmente a no perderlo o a impedir a otros como Z su uso. ¿Ha realizado Z un acto ilícito? Ciertamente no ha hecho nada de lo que estuviese contractualmente obligado a no hacer, dado que era Y, y no Z, quien accedió a no realizar copias.

Movámonos de las consideraciones deontológicas a las prácticas.

Consideremos no los derechos del asunto, sino qué sistema creará más riqueza. Visto por encima, puede parecer que esta consideración esté del lado de la propiedad intelectual, al fin y al cabo, siguiendo el razonamiento usual, si los inventores, artistas, y creadores, no pueden mantener la posesión de sus propias ideas, tendrán menos, si no ningún incentivo para crearlas en primer lugar.

Sin la propiedad intelectual, la creatividad, la innovación, la investigación, los inventos, etc., se desvanecerían hasta quizás desaparecer.

Cierto es que sin este incentivo añadido, asumiendo que el resto de cosas permanezcan igual, habría menos actividades de esta clase. Sin embargo, el resto de cosas decididamente no permanecen igual. Una vez que las patentes son concedidas (y/o los derechos de propiedad se vuelven la orden del día), estas mismas sirven como barreras para continuar con innovaciones. Sí, cuando se concedieron las primeras patentes este fenómeno no existía, pero a medida que las propiedades intelectuales se apilan, los nuevos avances son más difíciles de lograr, pues ahora el inventor debe estar atento no solo a lo que está tratando de conseguir, sino a los derechos de propiedad de los demás, para no transgredirlos. Es decir, los derechos de propiedad vigentes actúan como obstáculo contra el desarrollo de nuevo conocimiento. La propiedad intelectual ha dado también lugar a numerosos juicios sobre patentes y derechos de propiedad, con lo que miles de técnicos, ingenieros, y científicos, que podrían haberse puesto manos a la obra en investigación y desarrollo, en su lugar se han pasado a la profesión de servir como expertos testigos de querellantes y/o acusados en juicios sobre propiedad intelectual.

Otra actividad que interfiere con el surgir de conocimiento científico es la conocida como “submarinismo”, en la que una empresa de alta tecnología adquiere una patente, pero no lo da a conocer al público, entonces usan una continuación, para más tarde volver a adquirir la patente. Esta estrategia se basa en esperar mayores avances en este campo y entonces volver a adquirir patentes después de que otros hayan llenado los huecos.

Pueden aprovecharse de esta adquisición temprana para impedir que advenedizos se beneficien de su propia investigación.

Así pues, haciendo balance, ¿la propiedad intelectual ayuda o entorpece al avance científico? Difícil de decir. Es una cuestión empírica cuya respuesta correcta puede cambiar según el momento, es decir, durante algunos años se crearán más ideas como resultado de la propiedad intelectual, y durante otros, menos. Como hemos visto, surgen fuerzas opuestas de la propiedad intelectual, algunas de ellas tienden en la dirección de crear más ideas, y otras no.

¿Cuál es la cantidad óptima de investigación y desarrollo? Desde el punto de vista funcional, suena como si nuestra medida nunca fuese a estar colmada, pero esto es erróneo, pues si nos quedamos sin la mayoría de nuestros ingresos, moriremos de inanición, de carencia de hogar o de atención médica, etc. Para maximizar la riqueza que se espera obtener, los recursos deben disponerse de tal manera que no puedan obtenerse más cambiando el valor de un dólar de una actividad a otra. Dado que no podemos determinar con confianza razonable alguna si la propiedad intelectual acelerará este proceso o lo retrasará, la disposición ideal de los recursos es aquella compatible con la ley libertaria.

Hay dos elementos que debemos tener en cuenta: el deontológico, y el pragmático (¿cuánta investigación debe ser llevada a cabo en ausencia de “derechos” de propiedad intelectual?).

Para el libertario, el primero es crucial; la cantidad correcta u óptima de I+D es precisamente la cantidad que habría si la ley fuera justa, esto es, sin propiedad intelectual alguna, con lo que si en este sistema la cantidad de I+D fuera cero, sería porque es la cantidad apropiada.

Consideremos la siguiente objeción: “¿pero qué hay de aquello que no tenga equivalente de uso?” Para empezar, no creo que exista tal cosa.

Supongamos que hago una gran película o videojuego y recibo beneficio cero por mi esfuerzo al crearla, ni siquiera la cantidad que pueda conseguir por la ventaja temporal de haber sido el primero (véanse los ejemplos de las ediciones de bolsillo frente a las de tapa dura, las películas en cine frente a los DVDs, los vestidos parisinos frente a las imitaciones de Macy’s). Bien, las películas y videojuegos seguirían produciéndose, solo que no directamente por dinero. ¿Qué otros beneficios podría haber? Hay conferencias de devotos de películas y videojuegos. Mis honorarios como orador en ellas se elevarían.

Podría conseguir una silla en el departamento de cine de una universidad. Microsoft, IBM, y Google, comenzarían a pelearse por mis servicios. Además, está la benevolencia, Podría ganar un Óscar a la mejor película. ¿Da esto dinero? No estoy seguro, pero, aunque no fuera así, seguiría siendo un chico popular. Las groupies me harían favores, etc.

Para terminar: no hay violación de derechos de propiedad alguna si una compañía invierte millones creando una pieza de software de videojuegos o una película, y la tecnología permite a cualquier consumidor copiar el producto final por un coste cero (para el consumidor). Este ejemplo extremo quiere únicamente decir que la gente seguiría haciendo películas o videojuegos, pero no basándose en la motivación monetaria.