Ansaldi, Waldo

América Latina, la construcción del orden : de las sociedades de masas a las sociedades en proceso de reestructuración / Waldo Ansaldi y Verónica Giordano. - 1a ed. - Buenos Aires : Ariel, 2012.

E-Book.

ISBN 978-987-1496-34-1

1. Historia de América . I. Giordano, Verónica

CDD 980

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© 2012, Waldo A. Ansaldi y Verónica Giordano

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Primera edición en formato digital: octubre de 2012

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ISBN edición digital (ePub): 978-987-1496-34-1

WALDO ANSALDI

VERÓNICA GIORDANO

AMÉRICA LATINA. LA CONSTRUCCIÓN DEL ORDEN

DE LAS SOCIEDADES DE MASAS A LAS SOCIEDADES EN PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN

Capítulo 5

EL ORDEN EN SOCIEDADES DE MASAS

La década de 1930: crisis y transformaciones en proceso

En el imaginario social continental, la década de 1930 está inevitablemente asociada a la idea de crisis. Esta, ha observado Jorge Graciarena (1984: 44), “se ha convertido en una especie de comodín que nadie explica porque su sentido se supone sobreentendido”. De allí, la necesidad de unas breves consideraciones al respecto.

Las crisis son estados transitorios. Son parte de un proceso, y si bien no tienen un patrón de duración previsible, tienen un desenlace. En una situación de crisis se expresan contradicciones, tensiones y rupturas de una intensidad tal que los sujetos –individuales y colectivos– vacilan respecto de las acciones a realizar. Las normas y las instituciones hasta entonces existentes dejan de ser observadas y reconocidas, llegando, en el límite, a ser concebidas como un obstáculo para el desarrollo de la sociedad. Al mismo tiempo, las nuevas propuestas no terminan de ser elaboradas o, estándolo, no terminan de ser asumidas como eficaces y/o pertinentes. Así, las grandes crisis definen momentos históricos en los cuales, como decía Antonio Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Esta irresolución pone de relieve ese componente fundamental de toda crisis que es el tiempo.

Las crisis son fenómenos históricos usuales, mas la conjunción de crisis económica, social, política y de valores no lo es tanto. Menos usual aun son las crisis de mayor intensidad, las que Gramsci llamó crisis orgánicas y definió en estos términos: “En cierto momento de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales, esto es, los partidos tradicionales con una forma organizativa dada, con los determinados hombres que los constituyen, los representan y los dirigen ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o fracción de clase. Cuando estas crisis se verifican, la situación inmediata deviene delicada y peligrosa, porque el campo queda abierto a las soluciones de fuerza, a la actividad de potencias oscuras representadas por hombres providenciales o carismáticos” (Gramsci, 1975: III, 1602-1603).

La característica esencial de la crisis orgánica es la de ser crisis de hegemonía. Es una crisis de autoridad de la clase dirigente, que deviene solo dominante, y de su ideología, de la cual las clases subalternas se escinden. En una situación tal, argumenta Gramsci, los partidos políticos tradicionales se han tornado “anacrónicos” y se encuentran separados de las masas, suspendidos en el vacío. Hay, pues, una ruptura entre representantes y representados.

Ahora bien, en una crisis orgánica, la capacidad de reacomodamiento de la clase dirigente o dominante es mayor y más rápida que la de las clases subalternas. Ello le permite –incluso realizando sacrificios y/o formulando propuestas demagógicas– mantener el poder, reforzarlo y emplearlo “para destruir al adversario”. La crisis orgánica también puede resolverse, si bien menos frecuentemente, por la iniciativa política directa de las clases subalternas. En tal situación, la multiplicidad de fuerzas y partidos políticos de tales clases confluye en una única organización política, que es la que mejor representa y resume las necesidades de toda la clase. Si se produce esta segunda salida, la solución es “orgánica”. Pero igualmente puede ocurrir que no se genere una solución orgánica sino una tercera, la del jefe carismático. Tal salida “significa que existe un equilibrio estático (cuyos factores pueden ser eliminados, si bien prevalece la inmadurez de las fuerzas progresistas), que ningún grupo, ni el conservador ni el progresista, tiene la fuerza necesaria para la victoria, y que incluso el grupo conservador tiene necesidad de un jefe” (Gramsci, 1975: III, 1604). En este caso, existe un equilibrio estático en el que ni el grupo progresista ni el grupo conservador puede vencer, e incluso este tiene necesidad de un jefe.

En la América Latina de la década de 1930 hubo crisis económica, crisis social, crisis política y crisis de valores. En los distintos países, estos tipos de crisis se combinaron de modos diversos, e incluso, en algunos de ellos, derivaron en una crisis orgánica. En general, sin embargo, la crisis política fue más de dominación que de hegemonía. Un nuevo pacto de dominación era necesario, pero el acuerdo sobre sus términos fue objeto de inestabilidad aun antes y más allá de la década de 1930 (1).

La crisis desatada en Wall Street el jueves 24 de octubre de 1929 no solo arrasó con la economía norteamericana sino que afectó el sistema capitalista a escala mundial. El comercio y la producción cayeron entre 1929 y 1932, al tiempo que el sistema financiero se derrumbó en 1931. En América Latina, sus efectos fueron devastadores, pues aquí se solaparon las cuatro crisis indicadas. Al respecto, el signo más notorio del impacto de la economía en la política fue la caída, entre 1930 y 1933, de la mayoría de las situaciones políticas consolidadas en el período precedente, que Tulio Halperin Donghi ha llamado de madurez del orden neocolonial y que aquí presentamos como crisis del modelo primario exportador con dominación político-social oligárquica y transición a una sociedad de masas, bien entendido que en esa transición la recomposición de los poderes preexistentes fue una posibilidad cierta y efectiva.

En los años más severos de la Depresión, en la mayoría de los países latinoamericanos se produjo el acceso al poder de grupos o individuos que no lo detentaban cuando se desató la crisis. Sin embargo, esto no significó la constitución inmediata de un nuevo orden y la inestabilidad continuó, como se ha dicho, aun más allá de la década de 1930. Así, el año 1930 es expresión simbólica de una crisis internacional que en América Latina fue múltiple y de duración variable. En efecto, la crisis económica del centro del sistema capitalista –la de 1929–, se soldó en la región con su propia crisis económica –la del agotamiento del modelo primario exportador– y con las que se produjeron en el plano de la política –crisis de dominación– y de la cultura –en buena medida, de los valores del liberalismo–. Tal como afirma Martín Puchet (2003: 327), en América Latina “en los años treinta, el propio carácter exterior de la crisis la vuelve un catalizador o aglutinante de transformaciones en proceso”.

En la década de 1930, la dominación oligárquica estuvo fuertemente cuestionada, pero fueron varias las líneas de continuidad –tal como se ha mostrado en el capítulo 4. Una buena estrategia para discriminar entre casos es aplicar el concepto crisis de una forma de Estado. Este concepto pertenece a Graciarena (1984: 44-45), quien lo distingue de ese otro que denomina crisis básica del Estado. El autor afirma que “[e]n su sentido más estricto, una crisis básica de Estado existe solo cuando lo que está en cuestión es la matriz fundamental de la dominación social que le es inherente y sobre la que se constituye. […] En la crisis de una forma de Estado lo que cambia es la figura de este, manteniéndose como invariante la relación fundamental de dominación”.

La disolución del orden colonial consistió en un cambio de la relación básica y, en este sentido, puede aplicarse la primera de las acepciones de crisis. En cambio, las vías de disolución de la dominación oligárquica pueden ser interpretadas como respuestas a la crisis de una forma de Estado y de articulación de nuevas formas, variables según los países.

Los conflictos que emergieron a la superficie con el crack de 1929 alcanzaron dimensiones extraordinarias, pero, como se dijo al comienzo, se trataba de tensiones que ya unos años antes se habían evidenciado como agoreras de un derrumbe. Según Patricia Funes (2006a: 12-13), “[e]n general la década de 1920 ha quedado deprimida en las periodizaciones clásicas entre ‘1880 y 1930’, arco temporal nada caprichoso, por cierto, y congruente con las dinámicas económicas y políticas de la región. Otras veces, los años veinte quedan englobados en el ‘período de entreguerras’, lo que tampoco contribuye a reconstruir la dinámica continuidad-cambio, esa forma de respiración de los procesos históricos. […] Los años veinte son años de tránsito, de ideas nómades, hermafroditas. Todo está ‘como por ser’ o despidiéndose de lo que era, y esa situación eclipsa la entidad de las búsquedas y rupturas de esos años. Algunas de esas preguntas y sus respuestas se desvanecieron después de la crisis de 1929. Otras, en cambio, adquirieron nitidez en los años treinta y cuarenta. También las hubo más díscolas, que quedaron suspendidas y reaparecerán en la década de 1960”.

No es el caso ahondar en la trama de la década de 1920, cuestión que por su parte es objeto del enjundioso libro de Funes. Sí, en cambio, queremos señalar que la referencia a la crisis de 1930 de algún modo lleva implícitas otras varias transformaciones que la década arrastra de años anteriores. Y esto no solo en el plano de las ideas y los valores, sino también en el plano económico, político y social. Hacia fines de la década de 1960, Tulio Halperin Donghi (1992: 282) ya señalaba que “desde las primeras etapas de su afirmación, el orden neocolonial parece revelar a través de [crisis de intensidad creciente] los límites de sus logros; si no puede decirse que nace viejo […] nace por lo menos con los signos ya visibles de un agotamiento que llegará muy pronto”. También, y en esos mismos años, Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto (1990: 56) agudamente apuntaban que “sin negar, naturalmente, la importancia de la crisis económica mundial para la economía latinoamericana, […] políticamente el sistema de dominación ‘oligárquica’ empezó a deteriorarse antes de la crisis económica mundial”.

Un punto de inflexión en este proceso histórico de más larga duración fue sin duda la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, hubo demandas radicales de transformación social, culminadas con éxito en el caso ruso y con fracasos en Hungría, Alemania, Italia... La revolución soviética comenzó cuando la Gran Guerra aún no había concluido, mientras los procesos frustrados se desencadenaron cuando la paz ya había sido firmada, aunque ella también fue imprescindible para los revolucionarios bolcheviques. Al margen de las precisiones cronológicas, una y otros fueron expresiones de la coyuntura de esta primera posguerra. Más temprano que tarde, los diagnósticos de tal coyuntura se formularon en términos de crisis estructural. Dicho de otra manera: la crisis coyuntural de la primera posguerra fue leída como una crisis estructural, esto es, de mayor intensidad. Lo fue en el plano internacional, donde era planteada como “crisis de Occidente” o bien como “crisis del capitalismo”. Las interpretaciones podían divergir en aspectos sustantivos, pero coincidían en un punto: el diagnóstico de agotamiento del liberalismo y sus derivaciones en el plano de la economía, la política y la sociedad.

En América Latina, la Gran Guerra tuvo sus efectos sobre el férreo orden oligárquico, un orden que, por relación especular con Europa, las clases dominantes homologaban a la “civilización”. En diversos grupos se hizo evidente eso que con lucidez advertía el argentino José Ingenieros: Europa se “suicidaba” en una guerra. Enseguida, la idea de civilización comenzó a ser sometida a juicios de diversa índole. Este momento de crítica coincidió con el estallido de dos procesos claves: la Revolución Mexicana de 1910 y la Reforma Universitaria de Argentina en 1918, cuyas repercusiones se sintieron en todo el subcontinente. El binomio “civilización” urbana y “barbarie” rural se invirtió: la ciudad fue entonces denostada por su cosmopolitismo y lo rural fue reinterpretado como una vía de escape para los efectos disgregadores de la modernidad. Fue este el espacio ponderado para llevar adelante la “urgente” redefinición de América Latina.

Así, la década de 1920 fue de cambios, protestas e impugnaciones en toda la región, con matices de acuerdo con la situación nacional. En términos generales, el proceso de cambio por el cual atravesó, y eventualmente se disolvió, el Estado oligárquico, muestra una aparente paradoja: sociedades estructuralmente agrarias con disrupciones urbanas. Excepto los casos de México y, más tarde, Bolivia, en los cuales la destrucción del Estado oligárquico ocurrió por la vía revolucionaria (en México coronada por la emergencia del populismo cardenista), en los otros casos de dominación oligárquica, la ruptura fue menos violenta –e incluso muy tardía–. Más allá de las similitudes y diferencias, en toda la región, para decirlo una vez más, estructurada sobre una matriz agraria, surgieron movimientos políticos, en general, conducidos por las clases medias urbanas.

En la mayoría de los países, con estrategias diversas para sortear la crisis, hubo un reforzamiento de las tendencias autoritarias. En Colombia, la liberal “Revolución en Marcha” iniciada por el presidente Alfonso López Pumarejo en 1934 fue frenada casi inmediatamente con “La Pausa”, en 1936. Los cambios fueron entonces insuficientes para desplazar efectivamente la dominación oligárquica, de la que el mismo López fue continuista (durante sus dos mandatos, 1934-1938 y 1942-1946). Algo similar ocurrió en Perú, donde el gobierno de Augusto B. Leguía asumió una retórica indigenista que parecía dispuesta a apoyar la organización y sindicalización de los campesinos. De hecho, en 1923, se formó la Federación Obrera Regional Indígena. Pero en la medida que esta organización radicalizó sus demandas, el Gobierno retiró su apoyo y la convirtió en objeto de persecuciones y proscripciones. En Bolivia, la derrota en la Guerra del Chaco (1932-1935) y el trienio militar de David Toro y Germán Busch (1936-1939) no consiguieron desarticular el poder de la oligarquía, pues “la Rosca” se impuso nuevamente e incluso obligó a retroceder respecto de las leyes progresistas sancionadas por los militares reformistas. En Ecuador, singularmente, los años treinta trajeron consigo una exacerbada crisis política, que fue una genuina situación de vacío de poder. En Venezuela, el férreo régimen de Juan Vicente Gómez, con el beneficio del auge petrolero, se prolongó por lo menos hasta la muerte del dictador, en 1935. Y aun después le siguió una década de relativa estabilidad bajo el régimen de sus sucesores, los militares Eleazar López Contreras (1936-1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945) –significativamente, presidentes militares avalados por elecciones en el Congreso–.

En América Central y el Caribe, la crisis se resolvió por la vía de la dictadura tradicional. Los nombres del poder fueron Jorge Ubico Castañeda en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carías Andino en Honduras. En otros dos países, las dictaduras tradicionales se deslizaron hacia formas sultanísticas: en Nicaragua bajo el gobierno de Anastasio Somoza y en República Dominicana bajo el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. En Panamá, no hubo una dictadura semejante a la de los otros países, sino un reforzamiento del autoritarismo a través de una sucesión de gobiernos impuestos, ya fuera por elecciones practicadas sin oposición, o por golpes de Estado, en general poco sangrientos y controlados por los intereses de Estados Unidos en el canal. En Haití, la pauta fue similar. Solo en 1957 la dominación se articuló bajo la forma de una férrea dictadura, la de François Duvallier, también conocido como “Papa Doc”, cuyo poder se continuó con la dictadura encabezada por su hijo, conocido como “Baby Doc”, hasta 1986 –sucesión que hizo de Haití otro caso frecuentemente señalado como de dominación sultanística–.

En Brasil, un ejemplo paradigmático de crisis de la dominación oligárquica, la Revolução de 30 fue una revolución política que inauguró una fase de inestabilidad, hasta el surgimiento del populismo, el cual definitivamente desarticuló la relación fundamental que sostenía a la dominación oligárquica. En Chile se implementó un cambio de carácter reformista (de un reformismo militar), pero este no alcanzó a desarticular el poder de la oligarquía, aun habiendo dado paso a fórmulas políticas singulares, como la del breve socialismo de Marmaduque Grove, y más tarde la del Frente Popular dominado por la alianza entre radicales, socialistas y comunistas. Aunque, efectivamente, la experiencia frentistapopular chilena significó una pauta transformadora en muchos sentidos, hubo continuidad del poder terrateniente basado en el sistema de hacienda, y con ello de uno de los rasgos fundamentales de la oligarquía.

En otros casos, el panorama fue distinto. En Bolivia, la apelación a la guerra contra Paraguay sirvió para disfrazar la crisis de la dominación oligárquica, cuya solución –reiterémoslo– recién llegaría en 1952 por la vía de una revolución social, como había ocurrido un tiempo antes en México, país en el cual, como ya señalamos, la revolución iniciada en 1910 alcanzó su clímax bajo una forma populista. En Argentina, a partir de la Ley de Sufragio de 1912 hubo una transición reformista de la dominación oligárquica a la democrática, interrumpida en 1930 por un golpe de Estado que dio lugar a una restauración, conservadora, sí, pero no oligárquica. En Argentina, en rigor, la crisis política de 1930 no fue una crisis de la dominación oligárquica, sino de la dominación democrática, que no había podido consolidarse.

En Cuba, un país donde no hubo strictu sensu dominación oligárquica, la insurrección popular de 1933 de ningún modo marcó el fin de las soluciones autoritarias. Uruguay también se destaca por la ausencia de oligarquía y lo mismo ocurre con Costa Rica. Pero esta singularidad, en Uruguay, no fue óbice para la instauración de regímenes autoritarios como el del colorado Gabriel Terra, que ejerció el Gobierno constitucionalmente entre 1931 y 1933, año en el que dio un golpe de Estado, disolvió el Parlamento e instauró un régimen basado en la represión y la censura. En Costa Rica, el orden democrático se mantuvo estable, aunque hay que señalar que Ricardo Jiménez Oreamuno, que ya había sido dos veces presidente, fue designado con el cargo de Primer Designado a la Presidencia directamente por el Congreso –y no mediante elección popular– para el período 1932-1936. En 1939, Jiménez se postuló nuevamente, pero entonces el presidente en ejercicio ya se había inclinado por la candidatura de Rafael Ángel Calderón Guardia. Fue un período de persecuciones políticas y restricciones a la libertad de expresión. En Paraguay, otro país que no conoció la dominación oligárquica típica, los años treinta fueron los del enfrentamiento bélico con Bolivia por la posesión del Chaco. El 17 de febrero de 1936, el coronel Rafael Franco, que había participado en la guerra, encabezó una insurrección que condujo, tras algunas mutaciones internas, a la creación del Partido Revolucionario Febrerista, en 1951 –uno de los principales blancos de la larga dictadura stronista–.

Los signos de agotamiento de las diversas fórmulas de orden se hicieron evidentes: primero, frente a las limitaciones del modelo primario-exportador y a las propias de la dominación oligárquica, y después de 1929, frente a los fracasados intentos de superar la crisis estructural, la del modelo primario-exportador. En los años treinta, los efectos de esa crisis se vieron atenuados por la recomposición del capitalismo en los países centrales y luego por la fase de bonanza que trajo consigo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En esta coyuntura, desde el Estado se implementó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI). Empero, enseguida quedó al desnudo (una vez más) la debilidad estructural de las economías del subcontinente. Al concluir la década de 1950, con las excepciones de México y Brasil, las economías latinoamericanas revelaban claros indicadores de estancamiento, cuando no de regresión.

Política y socialmente, América Latina –otra vez con la excepción mexicana y su singular proceso de revolución imbricado con un coronamiento populista– no consiguió ni afirmarse ni estabilizarse. Las sociedades reconstituidas tras la crisis de los años treinta estuvieron signadas –cual más, cual menos– por la masificación urbana, de tal magnitud que, como observara José Luis Romero (1976: 322, 331 y 336), “comenzaron a masificarse también muchas ciudades en cuyas sociedades no se habían constituido masas”. Por doquier, si bien en distinta medida, se asistió al cambio cualitativo de sustitución “de una sociedad congregada y compacta por otra escindida, en la que se contraponían dos mundos”, el tradicional y el de los grupos inmigrantes internos. Las masas urbanas latinoamericanas se constituyeron (en un proceso que de algún modo había comenzado en los años de la Gran Guerra) por la fusión de “los grupos inmigrantes y los sectores populares y de pequeña clase media de la sociedad tradicional”. Surgieron, pues, en los márgenes sociales y desde ellos. De ahí en más, las sociedades latinoamericanas, escindidas, vivieron en una permanente tensión entre la integración y el enfrentamiento. Ni las dictaduras tradicionales y autocráticas, ni las experiencias populistas del Cono Sur, ni las contadas excepciones democrático-liberales o las desarrollistas (la de Arturo Frondizi, en Argentina, levantó la consigna “integración y desarrollo”) pudieron conjurar unas crisis político-sociales renuentes a toda solución más o menos consolidada ni, mucho menos, superar esa tensión. Clases sociales dominantes acostumbradas a tratar la cuestión social como una cuestión policial se encontraron entonces en una encrucijada de más difícil resolución. La efímera bonanza de la Segunda Guerra y la posguerra fue seguida por efectos visiblemente negativos: deuda externa (si bien todavía muy lejos de los estragos de las décadas de 1980 y 1990), balanzas comerciales y de pagos deficitarias, importación de insumos industriales, etc. Por añadidura, el predominio norteamericano se expandió.

Hacia 1950, el conjunto de problemas y de soluciones posibles comenzó a pensarse de un modo diferente. Un complejo entramado de situaciones puso de manifiesto la necesidad de ese cambio: límites evidentes del modelo ISI, insurgencia social (sobre todo campesina, no ajena al avance de las relaciones capitalistas en el agro), recomposición del capitalismo a escala mundial y Guerra Fría. En dos sociedades, predominantemente campesinas, se intentaron soluciones por la vía de la revolución: en Guatemala (1944), con una frustración, y en Bolivia (1952), con éxito relativo en el largo plazo. En ambos casos, fue evidente (aunque de distinto modo) el celo estadounidense por una alteración supuestamente radical en su patio trasero. En cambio, en otras dos sociedades, mucho más urbanas y con significativa presencia proletaria, se intentó salir de la crisis mediante la aplicación del desarrollismo. Orientado fundamentalmente a una transformación amplia de la economía, que equilibrase la agricultura y la industria, el desarrollismo buscaba unificar los polos desarrollados y los marginales e integrar social y políticamente a las masas asalariadas y, en su caso, campesinas, es decir, unificar “sociedades duales”. Esta solución se practicó, temporalmente, en Brasil y en Argentina bajo los gobiernos de Juscelino Kubitschek (1955-1960) y de Arturo Frondizi (1958-1962), respectivamente –si bien el primero tuvo cierta continuidad hasta el golpe militar de 1964–. Antes de agotarse, y al no poder vencer los límites y las resistencias al cambio estructural dentro de la matriz capitalista, el desarrollismo encontró, adicionalmente y contra toda previsión más o menos fundada, el formidable antagonismo generado a partir de la Revolución Cubana.

Un clima de ideas antiliberal

La crisis, del liberalismo en general y de la dominación oligárquica en particular, creó condiciones que hicieron posible la articulación política de las masas bajo un nuevo signo ideológico –cuya manifestación paradigmática en América Latina fue el populismo. En el plano interno, esta articulación se dio en medio de condiciones favorables de urbanización e industrialización y expectativas de un desarrollo autónomo relativo. En el plano internacional, ella estuvo acompañada por la afirmación de Estados Unidos como nuevo centro financiero internacional.

La crisis afectó no solo las interpretaciones dominantes de cuño liberal sino también las de cuño positivista, con las que aquellas estaban imbricadas. Paradójicamente, la democracia como valor universal fraguó en un clima de ideas profundamente antiliberal. Más paradójico aun: fue en medio de este clima de ideas cuando ocurrieron ampliaciones significativas de los derechos ciudadanos y de la Nación –precisamente, dos nociones que habían surgido de las revoluciones liberales del siglo XVIII–.

La creciente gravitación de Estados Unidos sobre la región se tradujo en hegemonía imperialista, tanto en el nivel económico como en el político y social. Como contrapartida, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, y más notablemente en los años veinte, se articuló un antiimperialismo que tuvo expresiones diversas (en grupos de intelectuales, movimientos sociales y partidos), pero que, en general, fue casi exclusivamente antinorteamericano. Este tipo particular de antiimperialismo no cuestionó de modo tan explícito el componente económico de la relación –extracción y transferencia de excedente en beneficio del capital extranjero–, y sí, en cambio, denunció con lucidez las intervenciones políticas y militares, en particular las de Estados Unidos en la región del Mar Caribe.

Como muestra Funes (2006a), entre 1898 y 1903, y hasta superado el paréntesis de la Primera Guerra, se articuló una oposición política e ideológica que revalorizó la defensa de la democracia y la soberanía, y puso en el centro de los debates de la década de 1920 el problema del imperialismo y el carácter dependiente de las sociedades latinoamericanas. A tono con los estilos de escritura más en boga en Europa, las nuevas ideas circularon a través del ensayo, engrosando una tradición de pensamiento latinoamericano que gustaba particularmente de este género. En este escenario, descollaron las revistas literarias y políticas, varias con el título Claridad –inspiradas directamente en el novelista Henri Barbusse y su movimiento Clarté!–. También lo hicieron varias publicaciones de circulación continental que expresaron creativamente la voluntad y utopía de la unidad latinoamericana: entre ellas, Repertorio Americano (1919-1959), Revista de Avance (1927-1930) y Amauta (1926-1930), publicadas en San José de Costa Rica, La Habana y Lima, respectivamente (Ansaldi y Funes, 1998: 29).

Como se ha señalado en otra parte (Ansaldi, 2008), desde el inicio, la reacción antiimperialista constituyó mucho más claramente una estrategia política y una forma de afirmación identitaria de Nuestra América, según la feliz expresión de José Martí. Este fue claro en su oposición a la dependencia latinoamericana de Estados Unidos. En 1891, señaló:

El caso geográfico de vivir juntos en América no obliga, sino en la mente de algún candidato o algún bachiller, a unión política (apud Martí, 1977: 205-206, itálicas nuestras).

Martí apuntaba al núcleo duro de la concepción del panamericanismo que, como se vio antes, apelaba a la comunidad geográfica de las repúblicas americanas como un argumento a favor de la propuesta de la potencia norteamericana.

El socialista argentino Manuel Ugarte fue otro de los intelectuales denunciantes del imperialismo norteamericano, tarea que asumió con la misma pasión con la cual, para contrarrestarlo, proponía la unidad latinoamericana, esto es, una única nación. Tan temprano como en 1901, en un breve texto, “El peligro yanqui”, denunciaba la intencionalidad histórica de Estados Unidos:

Basta un poco de memoria para convencerse de que su política tiende a hacer de la América Latina una dependencia y extender su dominio en zonas graduadas que se van ensanchando primero con la fuerza comercial, después con la política y por último con las armas (Ugarte, 1978: 65).

Significativamente, los intelectuales antiimperialistas latinoamericanos entendieron que la mejor estrategia para enfrentar al imperialismo norteamericano era la unión de los países de la región, en la saga bolivariana. Así, por caso, el argentino José Ingenieros, en carta al mexicano Felipe Carrillo Puerto (fechada el 1º de junio de 1922), argumentó:

Mi opinión personal es que convendría ir preparando una confederación de los países latinoamericanos (apud Terán, 1979: 474).

Estos testimonios constituyen apenas una pequeña muestra de los pronunciamientos antiimperialistas de esos años.

En estrecha relación con la cuestión del imperialismo, la década de 1920 fue también de ampliación de la nación –según la expresión de Antonio Annino (1994)–. En Brasil, el debate en el interior del movimiento modernista fue expresivo de estas tendencias. Desde el lanzamiento del “Manifesto regionalista do Nordeste”, en 1926, el denominado grupo Verde-Amarelho –nacionalista y próximo a posiciones de extrema derecha– reaccionó contra el cosmopolitismo citadino instalando el debate (sobre todo con Mario de Andrade) en torno al problema del regionalismo y la nación. Como se verá más adelante, esto coincidió con las insurrecciones tenentistas –expresión de los movimientos de clase media urbana–. En una sociedad simultáneamente sacudida, en el plano cultural, por la “Semana de Arte Moderna” (11 al 18 de febrero de 1922), acta de nacimiento del modernismo, considerado por algunos una verdadera revolución intelectual, la Columna Prestes se convirtió, pese a su fracaso inmediato, en la manifestación más nítida de la crisis de la dominación oligárquica.

En Argentina, también hubo una reacción contra el cosmopolitismo citadino. Como en Brasil, la presencia de los inmigrantes había modificado el paisaje socioétnico de las ciudades. No obstante, en Argentina el proyecto de ampliación de la nación se elaboró a partir de una coyuntura particular. La reforma política introducida por la Ley Sáenz Peña dotó de un sentido nuevo la idea de nación, ahora mucho más ligada a la de ciudadanía política. “Es el caso de la superposición ‘partido-nación’ en el radicalismo, o las fórmulas cada vez más corporativas y autoritarias que desplegaron las corrientes nacionalistas” (Funes, 2006a: 21). Así, el pensamiento sobre la nación se tejió desde lugares tan diversos como la Unión Cívica Radical (UCR) y su propuesta liberal, o los proyectos nacionalistas que reivindicaban ideas organicistas, muchas de ellas fundadas en la jerarquía, la tradición y la religión católica. Es aquí –pero también en Brasil y, como veremos más abajo, en México–, donde el “ensayo de democracia política se realiza, justamente en la década en que estos principios comienzan a erosionarse” (Funes, 2006a: 328).

En Perú, como ha mostrado Funes, el proyecto de los intelectuales en torno de la nación fue gestado desde la sociedad hacia el Estado. Pero, a diferencia de Argentina y Brasil, el pensamiento sobre la nación se erigió frente a un Estado extremadamente débil y en una sociedad mayoritariamente indígena.

En Perú, la elaboración de consignas nacionalitarias y nacionalistas guarda relación con la exclusión política propia de la dominación oligárquica, que con su política de persecución y represión el Oncenio de Leguía había exacerbado. En este marco, se destacó Víctor Raúl Haya de la Torre y su reflexión sobre la Nación y el imperialismo. También se destacó José Carlos Mariátegui y su intento por pensar la nación desde el socialismo, buscando aunar las categorías etnia y clase. Desde el catolicismo, despuntó el pensamiento de Víctor Andrés Belaúnde. Y también hubo expresiones contestatarias desde el indigenismo articulado por los intelectuales cuzqueños. En este escenario, sin duda, descuella la polémica entre Haya de la Torre y Mariátegui, y el deslizamiento del primero hacia una posición nacional-popular.

México ofrece un panorama excepcional por el hecho histórico de la Revolución. Tal como afirma Funes (2006a: 20), a diferencia de otros países –como Perú, donde la cuestión principal era “cambiar el orden”–, en el México revolucionario, la cuestión prioritaria fue “ordenar el cambio”. Desde la Secretaría de Educación del Gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924), José Vasconcelos promovió “una recreación del orden cultural del país y alentó la reflexión sobre una ‘mexicanidad’ en pleno proceso de reformulación. Muestras de ello fueron la producción acerca de la identidad mexicana del Ateneo de la Juventud, la reflexión ‘mestizófila’ de Andrés Molina Enríquez, Antonio Caso con sus Discursos a la nación mexicana, la primera producción de Samuel Ramos, o el indigenismo de Manuel Gamio, entre otros” (Ansaldi y Funes, 1998: 16).

En esos años, México había superado con cierto éxito los diez años de guerra civil que se abrieron con la revolución maderista en 1910 y la nueva situación política se legitimaba, en buena medida, a partir de un nacionalismo que sustentaba la idea de un “México mestizo”.

En Cuba, concluidas las guerras por la independencia de España y bajo la dominación imperialista de Estados Unidos, las primeras décadas del siglo XX fueron escenario de un acelerado proceso de definición de la identidad nacional. En este contexto, se puso en marcha una lucha por crear la Nación en el marco de un orden ahora republicano. “[L]a nación se pensó, en distintas etapas y no solo en los años inmediatos posbélicos, como resistencia y programa” (Naranjo Orovio, 2004: 368). Uno de los intelectuales más destacados en este proceso fue Fernando Ortiz (autor de Los negros brujos y Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar), quien desde el Partido Liberal, la Cámara de Representantes y varios cargos gubernamentales aunó la empresa intelectual con la política.

En 1923, Ortiz fue líder en la creación de la Junta Cubana de Renovación Cívica, en medio de una convulsión social desatada por la cada vez más sofocante presión de Estados Unidos y por la generalizada corrupción política y económica en torno a la economía del azúcar. Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes estudiantes, que había participado en las luchas universitarias por la reforma, irrumpió en la escena política. A este grupo se sumaron otros sectores y hubo repercusiones en la prensa y en la literatura. También se crearon varias revistas que se hicieron eco de las demandas de soberanía nacional.

Ortiz encarnó un recorrido repetido por varios intelectuales latinoamericanos de su época. Del positivismo y la escuela criminalista lombrosiana pasó a la elaboración de un pensamiento nacionalista, en su caso, centrado en la etnia, la cultura y la historia como elementos cristalizadores de la cubanidad –desestimando el más cerrado y eurocéntrico concepto “raza”–. Como afirma Naranjo Orovio, Ortiz sostuvo un proyecto integrador de las diferencias con fuerte énfasis en la educación y el trabajo.

En toda América Latina, el tenor de la crisis de 1930 generó incertidumbres acerca de la unidad nacional. Así, después de 1930 y particularmente en los años cuarenta, surgieron ideologías nacionales comprensivas: el populismo, el nacionalismo revolucionario de México y Bolivia, el socialismo chileno y el neobatllismo uruguayo, entre los más destacados.

En medio de la crisis, en varios países, las fuerzas descreídas de la democracia acusaron un fuerte giro hacia la derecha. Buenos ejemplos son: “Façamos a revolução antes que o povo a faça”, propuesta de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada en Brasil, o “Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada”, proclama de Leopoldo Lugones en Argentina.

Para analizar estos cambios, se debe evitar asignar al eje derecha-izquierda fijaciones de sentido que la realidad histórica misma desafía. Según Sandra McGee Deutsch (2005: 21): “la derecha se consolida en reacción a las tendencias políticas igualitarias y liberadoras del momento –cualesquiera que sean estas– y a otros factores que a su juicio socavan el orden social y económico. Teme que los impulsos niveladores y los ideales revolucionarios universales les debiliten el respeto por la autoridad, la propiedad privada, las tradiciones que valora y las particularidades de la familia, el terruño y la nación”.

A los efectos de nuestra argumentación en este libro, no nos detenemos en la porosidad del concepto “derecha” y simplemente optamos por una denominación en plural, tal como propone la misma McGee Deutsch en el libro citado: “Las derechas”. Esta inscripción en plural refiere inmediatamente a la multiplicidad de sentidos que el concepto encierra. En términos muy generales, que son otra vez los de McGee Deutsch –pero también los de Norberto Bobbio (1995), entre otros– es posible distinguir dos grupos dentro de la derecha: las derechas extremas (en general, autoritarias) y las derechas moderadas (más proclives a posiciones democráticas, sean conservadoras o liberales, o, frecuentemente en América Latina, ambas cosas a la vez). En los dos tipos, en general, los grupos que detentan esa posición mantienen fuertes vinculaciones con la Iglesia Católica y con las Fuerzas Armadas, aunque –como es obvio– con actitudes más violentas en el primero de ellos.

La inscripción en plural refiere también a la contingencia histórica. José Luis Romero (1970: 11, itálicas nuestras) afirma: “con ese nombre [derecha (y en nuestra argumentación “derechas”)] no se define una doctrina concreta –como podría ser el liberalismo, el fascismo o el comunismo– sino un haz impreciso de ideas que se combinan con ciertas actitudes básicas, configurando en conjunto una corriente política cuyo sentido fundamental está en relación inmediata con los problemas en juego en cada momento y con las doctrinas y actitudes del centro y de la izquierda, a su vez conjuntos también complejos y con frecuencia definibles ideológicamente solo por sus contrarios” .

Así, como afirmamos en otro lado (Giordano, 2009), entendemos que las derechas es una categoría histórica y relacional, en un sentido extrínseco e intrínseco.

Para el pensamiento de las derechas, el desiderátum era alcanzar una sociedad regida por el orden, la disciplina, la jerarquía y la obediencia. En buena medida, ese objetivo derivaba de la convicción de la existencia de una situación de desorden social generada por la adopción del ideario liberal, y agravada, en algunos casos –como Argentina–, por las corrientes inmigratorias europeas, portadoras de ideas disolventes, fueran ellas imputables a liberales, masones, judíos, anarquistas, socialistas o comunistas, cuando no a extrañas mixturas de unos y otros. A juicio de buena parte de las derechas, tal situación de anomia se superaba solo mediante la creación de un nuevo orden fundado en una “ideología nacional”, elaborada a partir de la matriz societal colonial, como en los casos de Argentina y Brasil, y, tenida, por tal razón, como mucho más auténtica que la ideología liberal y/o las que esas derechas consideraban emparentadas con ella, como el socialismo y el comunismo, a las cuales se les achacaba un carácter exótico, importado y ajeno al pretendido “ser nacional” o a la idiosincrasia de nuestros pueblos.

Como se ha dicho, el universo ideológico de las derechas nacionalistas y antiliberales dista de ser homogéneo, aun cuando tengan un sólido sustrato común. Por ejemplo, José Luis Beired (1999) muestra que el campo intelectual de lo que él identifica como la derecha argentina estaba compuesto por los polos católico y fascista, mientras que el de la brasileña sumaba, a estos dos, el cientificista. Según muestra Beired, en Brasil, el polo católico estaba integrado por intelectuales vinculados a la revista A Ordem y al Centro Dom Vital. Sus figuras más destacadas eran Jackson de Figueiredo y Alceu Amoroso Lima, también conocido como Tristão de Ataide. El polo fascista, de mucha mayor entidad y envergadura que otros similares en América Latina, estaba representado especialmente por la Ação Integralista Brasileira (AIB). Su figura máxima era Plínio Salgado, pero también descollaron Miguel Reale, Gustavo Barroso y Olbiano de Mello. El polo cientificista estaba compuesto por aquellos intelectuales que analizaban la realidad social como un fenómeno evolutivo, regulado por leyes naturales. Dentro de este grupo tuvo un lugar central el positivismo, cuyas figuras cumbres, fuertemente influenciadas por la sociología, fueron Antônio José do Azevedo Amaral y Francisco José de Oliveira Vianna. Ellos sostenían un orden natural positivo y no trascendental y representaban una corriente no totalitaria, aunque tampoco democrática.

Entre los intelectuales de las derechas era común establecer una genealogía de corrientes de pensamiento consideradas perniciosas. Se trataba de una historia cuyos orígenes se situaban en la Reforma Protestante del siglo XVI –cuando no en el Renacimiento–, continuaba con la Revolución Francesa de 1789 y culminaba con la Revolución Soviética de 1917 –expresión del comunismo, que no era más que un hijo del liberalismo–. Las derechas extremas que proponían una suerte de “revolución” moral se afirmaron más fuertemente en los dos casos mencionados, Argentina y Brasil, y también en Chile, paradigmáticamente, en el Movimiento Nacional Socialista (MNS) (1932-1938), conducido por Jorge González von Marées.

En Argentina, como en el centro-sur de Brasil, el pregonado cambio moral apuntaba a restituir la unidad amenazada por la presencia inmigratoria y semita. Para ello, se afirmaba a la familia como célula del orden social, conducida por la autoridad del hombre, con una visión militarizada de la masculinidad, que asignaba a las mujeres un papel estrictamente doméstico –a pesar del hecho notable de haberse creado secciones femeninas dentro de estas fuerzas: en Brasil, donde los integralistas tuvieron un apoyo popular más masivo, las mujeres lograron cierta independencia dentro del movimiento (un factor que se debe considerar es que se legalizó el sufragio femenino en 1932)–.

La radicalización de las derechas se pronunció también frente al avance de las izquierdas, sobre todo en Chile, en medio de los terribles efectos que allí tuvo la crisis económica. En Brasil, algunas fuerzas de izquierda confluyeron en la Aliança Nacional Libertadora (ANL) y junto a la AIB conformaron los dos primeros –aunque efímeros– partidos de masas (ambos fueron disueltos entre 1935 y 1937, cuando Getúlio Vargas consolidó su liderazgo). Pero no solo en Brasil estas corrientes fallaron en la afirmación de sus instituciones y de sus líderes. En Argentina, donde el antiliberalismo había calado hondo durante la década del “fraude patriótico”, el ascenso de los militares derechistas en 1943 fue rápidamente seguido por la consolidación de Juan Domingo Perón como líder populista. En Chile, las oportunidades políticas de las derechas estuvieron cercadas por la fortaleza del sistema de partidos. Brasil ofrece una nota singular: Plínio Salgado logró afianzar un fuerte liderazgo y hubo movilizaciones masivas y una proyección de la AIB como fuerza nacional, aunque, como se ha dicho, la AIB fue disuelta. En contraste, en Chile, si bien el liderazgo de González von Marées fue sólido, el MNS fue una fuerza marginal en la estructura política.

El furibundo, casi irracional, anticomunismo fue un punto clave de coincidencia entre las diferentes corrientes antidemocráticas de los años treinta. Para sus militantes, el comunismo y los comunistas eran portadores del odio, la peste, los flagelos y, por añadidura, estaban al servicio de una ideología foránea e internacionalista. Pero como si lo anterior fuera poco, eran también partidarios de la igualdad, del amor libre –y por lo tanto, enemigos de la familia–, materialistas y, casi siempre, judíos.

En Colombia, la ideología derechista tomó cuerpo en la idea de una conspiración judeo-masónica que amenazaba al país, sobre todo después de 1936, cuando el estallido de la Guerra Civil en España estimuló su desarrollo. Hubo una abierta propaganda nacionalista y franquista cuyo principal promotor y articulador en el campo de la política fue Laureano Gómez, jefe del Partido Conservador entre 1932 y 1953. Gómez se inspiró en algunas de las ideas elaboradas contemporáneamente por clérigos de la Iglesia Católica para promover un pensamiento antijudío y antiliberal en su país. Su abierto apoyo a Francisco Franco y a Adolf Hitler le valió el exilio en varias oportunidades.

Entre 1937 y 1939, además, se formó y se desarrolló un movimiento de extrema derecha denominado Acción Nacionalista Popular (ANP), que se enfrentó a la política abstencionista de Laureano Gómez. El liderazgo de Gómez se mantuvo y en 1942 él mismo dirigió una intensa campaña antimasónica que prácticamente vinculaba al Partido Liberal a una conspiración anticatólica de alcance internacional. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el jefe conservador todavía podía beneficiarse con su filiación a un discurso pro Eje.

En 1949, Gómez fue el candidato único a la presidencia, pues el Partido Liberal se había retirado de la contienda argumentando la falta de garantías en medio de la violencia iniciada con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Gómez ejerció la presidencia entre 1950 y 1953, período en el que tomó medidas francamente autoritarias, reduciendo las libertades civiles y los derechos sindicales. La Violencia ya estaba en marcha y Gómez no dudó en reprimir, no solo a los liberales y a los comunistas, sino también a los disidentes dentro de su partido. A través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, intentó imponer un régimen corporativo, pero no pudo concretar sus planes pues fue derrocado por el golpe militar de 1953.

Bolivia es otro país donde los años treinta estuvieron atravesados por la violencia, en este caso con la Guerra del Chaco. En 1937, se fundó la Falange Socialista Boliviana, de carácter abiertamente fascista e inspirada en el modelo de la Falange española de José Antonio Primo de Rivera. Este nacionalismo violento era un giro del nacionalismo aventado durante el conflicto bélico contra Paraguay.

En cuanto a la impugnación del orden desde posiciones históricamente consideradas de “izquierda”, según lo expuesto en otro lado (Ansaldi, 2006c), cabe decir que en América Latina la influencia de las izquierdas se hizo sentir mucho más a través de los movimientos sociales y la acción política directa que a través de los partidos políticos, que sí los hubo, pero con insignificante repercusión electoral –excepto en el caso de Chile y, en cierta medida, en Cuba–. Los partidos comunistas latinoamericanos fueron severamente proscriptos durante largos lapsos. El caso quizá más llamativo sea Brasil, donde el PC se fundó en 1922; en 1935 tuvo una actuación central en el intento insurreccional conducido por su líder Luís Carlos Prestes, pero estuvo proscrito hasta 1945. El partido fue legalizado en el contexto de la democratización de la segunda posguerra, pero enseguida, en 1947, fue devuelto a la ilegalidad, y así permaneció hasta 1985. Los Partidos Socialistas, por su parte, solo fueron electoralmente relevantes en Argentina (básicamente en la ciudad de Buenos Aires) y en Chile –y en distintas coyunturas–. Las revoluciones cubana y nicaragüense fueron las expresiones más acabadas de movimientos de cambio social conducidos por fuerzas de izquierda en América Latina –aunque solo la primera fue exitosa–. Antes de la Revolución Cubana, las izquierdas tuvieron influencia en los movimientos sindicales, en los movimientos estudiantiles y en las expresiones intelectuales en general, con distintas posiciones respecto de la Internacional Comunista (1919-1943).

En la medida en que los Partidos Socialistas se alinearon tras las posiciones reformistas, socialdemócratas, de la II Internacional, el grueso de la izquierda radicalizada quedó, en teoría, encarnado en los partidos comunistas. El primero de ellos en América Latina se creó en Argentina, en 1918, inicialmente con el nombre de Partido Socialista Internacional, a partir de una escisión de izquierda del PS. Es posible que el peso que Argentina tenía por entonces en América y en el mundo (por su economía y los masivos contingentes de inmigrantes europeos –con más fácil acceso a los materiales de la III Internacional Comunista o Komintern)– pusiera al PCA en un puesto de privilegio dentro de la Komintern, pese a que su papel dentro del sistema político nacional no era equiparable, por ejemplo, al de su homónimo chileno. El PCA se caracterizó por el largo (vitalicio) liderazgo de sus principales dirigentes –Vittorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi– y su total alineamiento con las posiciones del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) hasta la disolución de este. En 1945-1946, el PCA se alineó con las derechas en contra del surgente movimiento peronista y en los años sesenta fue un feroz crítico de las posiciones de Ernesto Che Guevara.

El más importante de los partidos comunistas latinoamericanos fue el chileno, el único que llegó a ser un partido de masas duradero. Fue una continuación del Partido Obrero Socialista (POS) fundado en 1912 por el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren. En su Primer Congreso (1915), el POS declaró su condena a la guerra mundial (a la cual consideró imperialista) y, por extensión, a la dirección de la II Internacional. En el Tercer Congreso, en 1922, la mayoría partidaria decidió convertir al POS en Partido Comunista de Chile y adherir a la Komintern. El PCCh tuvo una importante presencia dentro de la clase obrera y el campesinado, amén de una significativa acción política parlamentaria que le permitió ocupar bancas legislativas e incluso ser parte del Gobierno en la efímera República Socialista (1932), en la experiencia del Frente Popular (1938-1947) y en la frustrada experiencia de Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973).

De hecho, casi todos los partidos comunistas latinoamericanos fueron contrarios a la apelación a la lucha armada, excepto en contados casos y en particulares coyunturas nacionales. Las insurrecciones en El Salvador (1932) y en Brasil (1935) fueron dos casos notorios de la excepcionalidad comunista en materia de lucha armada. Esa línea política, de hecho, reformista, se hizo permanente después del abandono de la estrategia “clase contra clase” y el paso a las alianzas “antifascistas” (cooperación de clases), cuya mayor expresión fueron los Frentes Populares, y a la estrategia de “unidad nacional”, que no excluyó casos de alianza con las derechas. Manuel Caballero (1987: 141) sostiene que el Frente Popular fue pensado para su aplicación en Europa, mientras que para el mundo colonial y semicolonial proponía por entonces (1935) un Frente Unido Antiimperialista y que este no era “contra el imperialismo sino incluyendo al imperialismo norteamericano como aliado”. Añade que esta política no estuvo vinculada a la alianza entre la URSS y Estados Unidos contra el Eje, sino que fue anterior a 1941 y guardaba relación con la percepción que Joseph Stalin tuvo de la intención de Franklin D. Roosevelt de entrar en guerra contra Alemania desde antes de la efectiva declaración en tal sentido.

Tal como Funes lo hace para la década de 1920, bien se puede afirmar que la década de 1950 “ha quedado deprimida en las periodizaciones clásicas”, en este caso entre la crisis de 1930 y los revolucionarios años de la década de 1960. Como en los veinte, este “arco temporal” tampoco es “nada caprichoso”, y es “congruente con las dinámicas económicas y políticas de la región”. El crack de 1929 y sus efectos mundiales, en un extremo de ese arco, y los postulados de la Alianza para el Progreso y el giro socialista de la Revolución Cubana, en el otro, son sin duda dos hitos. Pero para “reconstruir la dinámica continuidad-cambio”, es necesario reponer el peso de la década de 1950. En América Latina, como se verá más adelante, dos países permiten realizar esa reposición: Paraguay, con la larga dictadura de Alfredo Stroessner iniciada en 1954, y Guatemala, con su revolución fallida a partir de la contrarrevolución iniciada aquel mismo año.

Sociedades agrarias, impugnaciones urbanas (2)

La complejización social que resultó de la consolidación del Estado y la inserción en el mercado mundial hacia fines del siglo XIX trajo consigo la emergencia de nuevos sujetos sociales: burguesías nacionales vinculadas a la incipiente industrialización, movimientos obreros más o menos combativos y clases medias (especialmente militares, estudiantes y mujeres de este segmento) con aspiraciones específicas. En las sociedades latinoamericanas modernas, estructuralmente agrarias, las rupturas aparecieron por la presión política de estos nuevos sujetos sociales urbanos, no contemplados en el pacto de dominación que sustentaba al orden oligárquico.

Hacia 1930, la complejización social era evidente. América Latina tenía una población de 107.468.000 habitantes. Para entonces estaba concluyendo el ciclo de crecimiento demográfico fundado en el fuerte aporte inmigratorio, sobre todo en Argentina, Brasil y Uruguay. Pese a las transformaciones, la América Latina de la década de 1930 seguía siendo una región estructuralmente agraria. El promedio de urbanización era de 17%, en Haití de apenas 4% y en El Salvador y República Dominicana de 7%. Así y todo, algunos países acusaban grados de urbanización importantes –los más elevados dentro de los países no desarrollados del mundo–, como Argentina, Uruguay y Chile, con 38%, 35% y 32% del total de la respectiva población nacional (considerando urbanos los centros con más de 20.000 habitantes). En los países con fuerte presencia demográfica de campesinos, como los países andinos, Guatemala y México, la población estaba constituida fundamentalmente por indígenas y/o mestizos.

Ahora bien, las crecientes tasas de urbanización no suponen necesariamente presencia mayoritaria de proletarios industriales. De hecho, en general, la población urbana latinoamericana de los años treinta estaba constituida, en buena proporción, por hombres y mujeres de clase media, de composición heterogénea y a cuyo incremento contribuyó la industrialización por sustitución de importaciones. No obstante el peso de las estructuras agrarias, las ciudades latinoamericanas –incluso desde la época colonial, como hemos visto– tenían una estructura de clase diversa, en buena medida por diferencias de tamaño y complejidad económica (creciente) entre los grandes centros metropolitanos, a menudo capitales nacionales, “los centros administrativos y comerciales de las regiones provinciales, y los asentamientos urbanos más pequeños”, que fungieron “como centros de mercado y núcleos de transporte a la población agricultora” (Oliveira y Roberts, 1997: 226). El proceso de migración interna, del campo a las ciudades, dio lugar a una importante presencia de campesinos en las urbes. Estos campesinos eran portadores de pautas culturales a menudo bien diferentes de las preexistentes en las ciudades, generando muchas veces situaciones de violencia. En el punto culminante de tal proceso es posible observar verdaderas “ciudades de campesinos”, apelando a la expresión de Bryan Roberts (1980).

En las ciudades más grandes, la estructura social estaba constituida por burgueses (agrarios, comerciantes e industriales), terratenientes absentistas, clero, amplia clase media (profesionales liberales, pequeño-burgueses –pequeños comerciantes y fabricantes–, asalariados de servicios, maestros, empleados de oficinas privadas y públicas, artesanos autónomos), trabajadores varios (personal de servicio doméstico, vendedores ambulantes, jornaleros) y proletarios (donde había fábricas). Existía también una presencia significativa de inmigrantes extranjeros –presentes en la estructura social de manera vertical– y, acentuándose a partir de la crisis de 1930, de migrantes internos, casi siempre en la base de la pirámide social. Según José Luis Romero (1976: 336), la “fusión entre los grupos inmigrantes [sin duda, se refiere a los más pobres] y los sectores populares y de pequeña clase media de la sociedad tradicional” constituyó “la masa de las ciudades latinoamericanas” ya desde los años de la Gran Guerra.

La industria manufacturera hizo uso intensivo de la fuerza de trabajo y de tecnología importada, con escasa velocidad de renovación. Los proletarios que trabajaban en ella, aunque no poseían aun niveles altos de calificación, adquirieron una creciente importancia dentro de la clase obrera, al igual que los trabajadores ferroviarios y portuarios, llegando a constituir algo aproximado a una aristocracia del trabajo. En cuanto al trabajo femenino, los indicadores existentes permiten afirmar que tuvo una baja participación en el mercado laboral urbano y una mayor participación en las áreas rurales. Según Mirta Lobato (2006: 804), en Argentina y Uruguay –por dar solo dos ejemplos– los porcentajes de trabajadoras en la población activa total era de 36% en 1947 en Argentina y de 27% en 1954 en Uruguay. La misma autora advierte que “[s]in embargo, la mayor parte de las trabajadoras quedaba fuera del relevamiento estadístico pues desplegaban una cantidad importante de actividades en sus domicilios o en el servicio doméstico”.

En este marco de transformaciones, se desarrolló uno de los movimientos de clases medias urbanas más importante: el movimiento estudiantil universitario. El movimiento de Reforma Universitaria comenzó en Córdoba (Argentina) en 1918, pero pronto se extendió por el país y tuvo fuertes repercusiones en toda América Latina. Según expresó en 1936 su mentor, Deodoro Roca, “el puro universitario [era] una cosa monstruosa”. Esta apreciación, compartida por muchos de los jóvenes involucrados, promovió lo que fue un símbolo de la época: la unión y la lucha obrero-estudiantil. La Reforma se elaboró bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, un gobierno, precisamente, reformista. Su repercusión en otros países, en cambio, se enfrentó con “duras realidades de tiranos e intervención extranjera”, de allí que, en general, el movimiento estudiantil pronto abandonase el reclamo sectorial a favor de una lucha política más amplia (Ansaldi y Funes, 1998: 11).

Los jóvenes cordobeses de la Reforma Universitaria de 1918 proclamaban altivos y orgullosos: “Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten, estamos pisando sobre una Revolución, estamos viviendo una hora americana”, según versaba el texto “La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América, Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria”, Córdoba, 21 de junio de 1919. Estos jóvenes eran parte de un clima de época que pronto se diseminó por toda América Latina, un clima en el cual el criticismo juvenil inspirado en el pensamiento de José Ortega y Gasset estaba a la orden del día. El concepto “generación” fue para estos grupos un concepto “continente” (Ansaldi y Funes, 1998: 11).

Estos movimientos se desplegaron a partir de una certeza sin precedentes: la caducidad del orden, sobre todo del orden liberal. Así, la referencia y autorreferencia a una “nueva generación” fue una pauta común a los intelectuales y políticos reformistas de la década de 1920. La “nueva generación” expresaba una “nueva sensibilidad” constituida por valores políticos, sociales, éticos y estéticos con los cuales los jóvenes buscaban diferenciarse. Conceptos como hombre nuevo, novomundismo y juvenilismo pulularon en los discursos sobre la realidad social, política y cultural de esos años.

Siguiendo el ideal del novelista francés Henri Barbusse –en su Manifeste aux intellectuels (1927)– los jóvenes universitarios se pronunciaron “por el advenimiento de una nueva humanidad, fundada sobre los principios modernos de justicia en el orden económico y en el orden político”, y a “destruir la explotación del hombre por el hombre”, según la formal resolución del Primer Congreso Internacional de Estudiantes. La universidad albergó y formó una generación de políticos enrolados en las corrientes críticas del período. La Federación Universitaria Argentina estableció contacto con organizaciones similares en Perú, Chile y México. Con la premisa de que la universidad y la cultura debían estar al servicio del pueblo, se crearon numerosas universidades populares, la primera de las cuales se estableció en Lima en 1921, llamada González Prada desde 1923, que en su lema proclamaba tener como dogma “la justicia social”. Las universidades populares –y también el autodidactismo en boga– colaboraron para borrar las fronteras disciplinarias y contribuyeron al escenario de creación de nuevos espacios y prácticas educativas, artísticas y culturales, siempre atravesados por las prácticas gremiales o políticas.

En este contexto de compromiso político, muchos artistas e intelectuales se convirtieron en militantes políticos, subordinando su labor a las directivas partidarias. Este fue el caso de los célebres pintores Xavier Guerrero, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, miembros del Comité Central del Partido Comunista mexicano. También, los intelectuales cubanos Rubén Martínez Villena y Julio Antonio Mella, los peruanos José Carlos Mariátegui y César Vallejo se comprometieron activamente en las luchas políticas –incluso, Mella fue asesinado en México por orden del dictador cubano Gerardo Machado–. En otros casos, como el de los muralistas José Clemente Orozco (mexicano) y Cándido Portinari (brasileño), las obras fueron clara expresión de la cuestión social, aun cuando sus realizadores se negaron explícitamente a fundir el quehacer artístico con la política. En Brasil, también estuvieron afiliados al comunismo el novelista Jorge Amado y el arquitecto Oscar Niemeyer. Como expresión del compromiso con la política, se destaca la conversión de Mella y Siqueiros en dirigentes sindicales o la actitud de los muralistas mexicanos, quienes crearon un Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos, y se vestían de obreros cuando pintaban.

El compromiso con la política se tradujo entonces en antiimperialismo, indoamericanismo, reformismo, revolución, socialismo y problema nacional, entre otros tópicos recurrentes. El mencionado “Manifiesto Liminar” interpelaba a “los hombres libres de América” y el Primer Congreso Internacional de Estudiantes “[condenaba] las tendencias imperialistas y de hegemonía, y todos los hechos de conquista territorial y todos los atropellos de fuerza”; invitaba a luchar “por la abolición de las tendencias militaristas”; protestaba contra “el avance imperialista que sobre Santo Domingo y Nicaragua [estaba] ejerciendo el Gobierno de los Estados Unidos”. Más paradigmáticamente, el programa de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), creada en 1924 a instancias del peruano Haya de la Torre, en su punto número uno levantaba la consigna: “Contra el imperialismo yanqui”. En la misma época se creó en Buenos Aires la Unión Latinoamericana, de orientación socialista (Ansaldi y Funes, 1998: 39-40).

Junto al movimiento de la Reforma Universitaria, y fuertemente vinculado a él, el APRA fue otro de los movimientos políticos de clases medias urbanas que se pensó en escala continental. Su programa, que, como se dijo arriba, se levantaba “contra el imperialismo yanqui”, se completaba con una apelación a la “unidad de América Latina” (segundo punto); a la “nacionalización de tierras e industrias” (tercer punto); a la “internacionalización del canal de Panamá” (cuarto punto), y a la “solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo” (quinto punto). Su mentor, Haya de la Torre, acuñó el concepto “Indoamérica” como comunidad de destino y de proyectos. Indoamérica e indoamericanismo permitían una clara diferenciación del significado de otros tres nombres y corrientes históricamente precedentes: el hispanoamericanismo, el latinoamericanismo y el panamericanismo, expresiones del dominio colonial, de la república y del imperialismo yanqui, respectivamente (Ansaldi y Funes, 1998: 44).

Haya de la Torre leyó la conocida proposición leninista en sentido inverso. Así, en Indoamérica el imperialismo debía contribuir a superar el atraso material heredado de las estructuras coloniales (“feudales” hasta la llegada del capitalismo). Lejos de ser la “etapa superior”, era la primera fase del capitalismo, necesaria para su superación. Mariátegui, original pensador marxista, y Mella, de orientación comunista, debatieron profundamente y se enfrentaron duramente con Haya de la Torre sobre este punto. El APRA promovía la formación de un frente de clases liderado por los sectores medios, claramente en los antípodas de las propuestas levantadas por los partidos comunistas latinoamericanos.

En febrero de 1927 se celebró en Bruselas el Primer Congreso Antiimperialista Mundial (Congreso Contra la Opresión Colonial y el Imperialismo), convocado por la Internacional Comunista y financiado por México y China. Allí, Haya de la Torre presentó las cuatro “secciones de acción” en las que, según su argumentación, el imperialismo operaba en Indoamérica: 1) el Caribe (área que en su visión incluía a México, Centroamérica, Panamá y las Antillas), donde “los intereses directos de la expansión económica y los indirectos de la estrategia militar” estaban unidos y el imperialismo norteamericano había pasado “el período de la concesión, del tratado, de la acción diplomática” y había entrado en la fase “de la acción agresiva, de la amenaza, o de la violencia”; 2) las “repúblicas bolivarianas” (en su visión: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia), donde el imperialismo se encontraba en la fase del empréstito, la concesión, “alentando despotismos y convirtiéndolos, mediante apoyo financiero, en agentes del imperialismo en esos países”; 3) los países de mayor desarrollo nacional (según su propuesta: Chile, Argentina, Uruguay), donde el Estado era “más definido y estable”, y donde los proletarios eran “más organizados y más numerosos”; 4) Brasil, donde Haya apenas destacaba la existencia de fuertes inversiones norteamericanas (Haya de la Torre, [1927] 1936; Funes, 2006a: 231-239).

El APRA, y más específicamente el programa elaborado por Haya de la Torre y discutido por Mariátegui, fue objeto de una de las polémicas más descollantes del período: la que presentaba al binomio Reforma-Revolución como un par antagónico. En la polémica entre Haya de la Torre y Mariátegui o entre Haya de la Torre y Mella se expresaron las opciones reformistas y revolucionarias a propósito de los objetivos, los tiempos y los sujetos del cambio social. Estos y otros debates ideológicos que la creación del APRA suscitó fueron la expresión más acabada de la discusión del marxismo en América Latina. Un elemento que sin duda contribuyó a estos encendidos debates fue la Revolución Mexicana. Para muchos, México representaba una experiencia revolucionaria prometedora, pero ella aun estaba en curso y el derrotero de violencia todavía no alentaba la idea de un afianzamiento del proceso como revolución desde abajo.

Perú también fue cuna de uno de los pensamientos más originales de hibridación del marxismo con otros elementos propiamente latinoamericanos, como el problema indígena. A diferencia de México, donde la cuestión indígena fue pensada e instrumentada desde posiciones asimilacionistas, en Perú, el pensamiento indigenista radical de la década de 1920 se construyó en oposición al hispanismo de las clases dominantes de la oligarquía.

El indigenismo radical fue una corriente cuyo desarrollo está ligado al impacto de la reforma universitaria en el país. Cabe recordar que Haya de la Torre fue uno de los líderes de la Federación de Estudiantes Peruanos. El APRA tuvo un componente indigenista en su ideología y apeló a la utilización de muchos de los símbolos de la tradición incaica. Por su parte, Mariátegui identificó al “indio” con la clase oprimida y colocó en este sujeto la clave de la construcción nacional. El indigenismo se difundió paradigmáticamente en la revista Amauta, dirigida por el mismo Mariátegui y publicada entre 1926 y 1930, y tuvo fuerte impacto en la literatura y en el arte de vanguardia. Singularmente, Mariátegui sostuvo una visión de la articulación del “problema del indio” con el “problema de la nación” que era radical y contestataria: rechazaba de plano la occidentalización de los indígenas.

El indigenismo no era algo nuevo en Perú. Ya la Asociación Pro Indígena había articulado un discurso de denuncia. Después de la convulsión que significaron la rebelión de Rumi Maqui y la Gran Rebelión del Sur en la Sierra Sur, algunos intelectuales y universitarios se articularon en un movimiento conocido como indigenismo cuzqueño. Enseguida, este tuvo alcance nacional, principalmente a través de su difusión en revistas, algunas de ellas publicadas en Lima. El Gobierno de Augusto B. Leguía intentó apropiarse del indigenismo, oficializándolo. Leguía introdujo una ruptura, más discursiva que política, en la larga dominación oligárquica a través de la interpelación a los indígenas. Durante su Gobierno, se instauró el “Día del Indio”. Más allá de la retórica, lo cierto es que en la práctica la segregación y la represión se intensificaron.

En este clima de cambios y de creación social, también el denominado “primer feminismo” hizo su aparición en la escena pública (3). El feminismo se perfiló como un movimiento conducido primordialmente por sectores urbanos de clase media, en muchos casos con acceso a la educación universitaria. En general, este feminismo entendía que el mejoramiento de la condición social de las mujeres era de algún modo un mejoramiento de la Nación en su conjunto. No obstante, hubo polifonías e insubordinaciones nada desdeñables. En el conjunto, se puede distinguir un feminismo conservador, más ligado a la tradición y/o al catolicismo, de otro reformista, más liberal y radical. Una consideración aparte merecen las mujeres anarquistas (4).

En Brasil, el primer feminismo comenzó a articularse en torno al momento de agitación política y social que precedió a la proclamación de la República. En 1888, Josephina Alvares de Azevedo, quien una década antes había estrenado la pieza teatral O Voto Femenino, fundó el periódico A Família en São Paulo, el cual en 1889 se trasladó a Rio de Janeiro. La publicación tenía por objetivo “oponerse a los antiguos y tontos prejuicios contra las mujeres”. El periódico relacionaba el movimiento de abolición y la fundación de la República con la noción de emancipación femenina y la lucha por los derechos de las mujeres. En 1900, las jóvenes mineiras Cleia, Zélia y Nicia Corrêa Rabello fundaron el periódico Voz Feminina, con el subtítulo “Órgano dos Direitos da Mulher. Literario y noticioso”. En el Brasil todavía imperial, la cuestión del voto recibió mayor atención respecto del tópico de emancipación civil, este último de carácter inevitablemente polémico en un país estructurado sobre el trabajo esclavista.

Después de 1889 se consolidaron varios “partidos” Republicanos. En este contexto, se creó el Partido Republicano Femenino, que editó el periódico Tribuna Feminina. También se dieron condiciones favorables para que se dictase el tan demorado Código Civil, el cual, en el marco de la centralización del poder que significó la afirmación de la política do café com leite, finalmente fue sancionado en 1916.

En Argentina, en 1900 se creó el Consejo Nacional de Mujeres, a instancias de Cecilia Grierson, primera médica del país, graduada en 1889. El objetivo de esta institución era “elevar el nivel moral e intelectual de la mujer”. En 1904 se creó el Centro de Universitarias Argentinas, con el impulso de Petrona Eyle, argentina graduada de médica en Suiza en 1893 (con título revalidado en Buenos Aires dos años después). En 1910, este centro participó de la organización del Primer Congreso Feminista Internacional, realizado en Buenos Aires. Entre otras organizaciones, adhirió a este acontecimiento el Centro Feminista, fundado en 1905, por iniciativa de Elvira Rawson, también médica. Rawson se destacó por su acción en el Centro Pro Hogares Maternales Juana Manuela Gorriti (1910) y en la Asociación Pro Derechos de la Mujer (1919), donde trabajó junto a Alfonsina Storni y Adelia Di Carlo, entre otras. Otra mujer destacada del “primer feminismo” argentino fue Julieta Lanteri, italiana de origen, luego nacionalizada, también médica. Lanteri participó en la organización del mencionado Congreso Feminista y tuvo un rol protagónico en la lucha por los derechos políticos durante las primeras décadas del siglo XX, creando el Partido Feminista Nacional (1918). La demanda de sufragio también fue bandera del socialismo, que tuvo a Alicia Moreau de Justo a su más conspicua referente.

En Uruguay, la participación activa de las mujeres en la esfera pública estuvo precedida por cierta integración a través de la educación –como en Argentina, gracias al impulso del normalismo–. Así y todo, en Uruguay, la primera médica se graduó en 1908: Paulina Luisi. Además de ser un referente del primer feminismo uruguayo, Luisi fue la primera mujer latinoamericana que representó a su país ante la Liga de las Naciones. También fue delegada de su país en varias ocasiones e incluso viajó a Francia para formarse en higiene social a pedido del Gobierno de José Batlle y Ordóñez. El dos veces presidente Batlle dio una importancia notable a las conquistas sociales, y, en este marco, impulsó legislación específica para las mujeres. Cabe destacar la ley que estableció el divorcio por “la sola voluntad de la mujer” (ante la sola voluntad de la mujer de divorciarse, el juez debía concederlo), la ley que dispuso 40 días de descanso en el período de embarazo y la denominada “ley de la silla” de 1918, que estipuló que todos los establecimientos donde trabajasen mujeres tenían que tener un número suficiente de sillas para que estas pudieran tomar asiento.

En México, el “primer feminismo” se benefició de la coyuntura revolucionaria de 1910, en la cual las mujeres tuvieron participación activa. En ocasión del Congreso Constituyente, Hermila Galindo presentó un proyecto de sufragio. En la década de 1920, las mujeres accedieron al voto en Chiapas, Yucatán y Tabasco, con lo cual Galindo y otras mujeres resultaron elegidas y tuvieron oportunidad de llevar adelante proyectos legislativos favorables a la emancipación femenina. Una agrupación dinámica de esta época fue el Consejo Feminista Mexicano, que en 1923 convocó a un Congreso Feminista al que asistieron mujeres de todo el país. Entre los objetivos figuraba: la Ley Federal de Trabajo, la Ley Agraria y la modificación del Código Civil.

En Chile, cabe destacar la fortaleza y el dinamismo de las organizaciones de mujeres vinculadas a la Iglesia Católica. A tal punto llegó el temor ante el avance de la movilización de las mujeres conservadoras en pos del voto que en 1884 el Partido Liberal pasó una ley que explícitamente prohibió (la Constitución no lo hacía) el sufragio femenino. Se trataba de una maniobra que de algún modo era consecuencia de la acción de un grupo de notables mujeres católicas, quienes en 1875 se habían registrado para votar (a favor de la Iglesia y contra la política liberal). En 1912, otro grupo de mujeres católicas formó la Liga de Damas Chilenas. Poco tiempo después, en 1917, el Partido Conservador presentó el primer proyecto de ley de sufragio femenino, respaldado por otra organización elitista de mujeres, el Club de Señoras. Las organizaciones reformistas liberales más destacadas surgieron en la década de 1920: el Consejo Nacional de Mujeres, creado en 1919, y el Partido Cívico Femenino, constituido en 1922. Pero las mujeres católicas también tuvieron su espacio en estos años, organizándose en la derechista Acción Nacional de Mujeres de Chile. Esta organización estuvo liderada por Adela Edwards de Sala (también fundadora de la antes mencionada Liga).

En Perú, Clorinda Matto de Turner fue una de las pioneras que bregó por el acceso de las mujeres a la educación y fue una ferviente luchadora por los derechos civiles y políticos desde fines del siglo XIX. En 1914 se creó Evolución Femenina, responsable de varios proyectos de reforma del Código Civil presentados al Congreso. Diez años después se creó también Feminismo Peruano. Durante el Oncenio de Leguía, solo esta última organización se mantuvo activa. Como señalamos, el Oncenio se caracterizó por la imposición de una fuerte represión del movimiento obrero y de los campesinos, y las mujeres no escaparon a esta circunstancia. En 1917, un grupo de mujeres solidarias con sus familiares hombres se sumaron a una protesta en la ciudad de Huacho y fueron masacradas. Esto originó un primer encuentro de mujeres donde confluyeron las vinculadas al feminismo, a la política y al mundo del trabajo. Ya en los años treinta, refortalecido Feminismo Peruano, fue fuerte la demanda del voto.

En todos los casos, sin embargo, incluso las posiciones más liberales y radicales distaron mucho de las sostenidas por el anarquismo. Esta corriente abordó tempranamente las cuestiones referidas a la sexualidad, pero sus posturas fueron soslayadas conforme se consolidó un feminismo fundado en la demanda de igualdad legal y política, en el que muchas veces convergieron conservadores, liberales, socialistas y comunistas. Sobre el carácter marginal que tuvo la cuestión de la sexualidad en los movimientos de mujeres, sobre todo en su corriente conservadora y tradicional, pero también en la liberal y reformista, Christine Ehrick (2000: 229) afirma: “a largo plazo la vía de la liberación sexual resultó más amenazante e incontrolable, por lo que, en general, la ventana del ‘amor libre’ se cerró tan rápido como se abrió. En su lugar quedó un discurso feminista –escandaloso pero finalmente menos subversivo– enfocado en la obtención de la igualdad femenina dentro de la esfera legal y política, y apartado de los elementos más ‘íntimos’ y efímeros del anarquismo libertario”.

El “primer feminismo” institucionalizó sus demandas solo parcialmente. En general, hubo acuerdo entre liberales, conservadores, socialistas y católicos acerca de las leyes de protección a las madres y las trabajadoras, todo enmarcado en una ideología maternalista de la que no fueron ajenas las propias organizaciones de mujeres. En cambio, suscitaron diferencias los derechos políticos y también los derechos civiles de las mujeres casadas –sometidas, según el Código Civil, a la potestad del marido–. Sobre esto último, cabe notar que, aunque hubo algunas ampliaciones parciales en los años veinte, la capacidad jurídica plena de las mujeres casadas se incorporó en los códigos recién en la segunda mitad del siglo XX. Dos países se destacan por cierta legislación favorable a la ampliación de los derechos civiles de las mujeres en los años veinte: Chile y Argentina (aunque no se derogó el artículo del Código Civil que establecía la incapacidad de hecho relativa de las mujeres casadas). La reforma, en 1925 en Chile y en 1926 en Argentina, afectó ciertos derechos patrimoniales y se hizo simultáneamente con el avance de los derechos sociales y en nombre de una mujer ideal: la madre y la esposa. Congruentemente, se mantuvo el principio de autoridad del varón en el seno de la familia y la exclusión de las mujeres respecto del sufragio.

Respecto de esto último, América Latina recibió el impulso de los movimientos de mujeres de Estados Unidos y de Europa, en buena medida, estimulados por el protagonismo que las mujeres habían adquirido durante la Gran Guerra. En general, aunque hubo algunas manifestaciones pioneras de acceso al voto en el nivel municipal (como en Chile en 1934), las mujeres fueron titulares del derecho a elegir y ser elegidas en el ámbito nacional a partir de los años cuarenta –fenómeno iniciado tempranamente por Brasil, Uruguay y Cuba en los primeros años de la década de 1930–. En Uruguay, la ciudadanía política femenina fue reglamentada en 1932, pero las mujeres tuvieron que esperar hasta las elecciones de 1938, convocadas por el presidente Gabriel Terra, para ejercer su derecho a voto. En Brasil, el sufragio femenino también fue habilitado en 1932, pero por la dictadura del Estado Novo las mujeres ejercieron ese derecho con periodicidad recién a partir de 1946.

Ian Roxborough (1997: 139-140) asocia las luchas obreras de la década de 1930 –período que prolonga hasta el final de la Segunda Guerra Mundial– con la cuestión de la ciudadanía. En efecto, las luchas obreras pujaron por cuestiones como: “Apoyo a la democracia contra las dictaduras militares; legislación laboral favorable, incluido el derecho a la actividad sindical independiente, y un sentido difuso pero, pese a ello, importante de no ser ‘ciudadano de segunda clase’”. Este impulso abarcó también a las mujeres y sus derechos. Ahora bien, el voto femenino, en general, se hizo efectivo en el marco de un sistema de partidos de estructura patriarcal que se mantuvo prácticamente intacto.

El sufragio femenino se extendió: en 1942, en República Dominicana; en 1945, en Guatemala, Venezuela y Panamá; en 1947, en Argentina; en 1949, en Chile y Costa Rica; en 1950, en El Salvador y Haití; en 1952, en Bolivia; en 1953, en México; en 1954, en Colombia; en 1955, en Honduras, Nicaragua y Perú; en 1961, en Paraguay, y en 1967, en Ecuador –cabe señalar, no obstante, que Ecuador fue el primer país latinoamericano que concedió el voto optativo a las mujeres alfabetas, a través de su Constitución de 1929 (el año 1967 señalado corresponde a la sanción del voto femenino con carácter obligatorio) (5).

A partir de 1940, y hasta bien avanzada la década de 1960, los movimientos de mujeres, hasta entonces inspirados en la problemática específica de la emancipación (aquellos que denominamos “primer feminismo”), se subsumieron en movimientos y organizaciones con identidades y consignas más abarcadoras, como las de la clase, las del partido y las alusivas a la paz mundial, en un contexto internacional bélico. En general, en ese período, la participación de las mujeres en la esfera pública estuvo supeditada a lineamientos ideológicos que no cuestionaban, y más bien reproducían, la dominación patriarcal.

El caso de México, donde las mujeres obtuvieron los derechos políticos recién en 1953 (un buen tiempo después de institucionalizada la Revolución y pasada la fase de populismo) permite poner de relieve la complejidad del fenómeno de la ciudadanía. Ella no puede reducirse a secuencias estables del tipo derechos civiles/políticos/sociales, como la que propone T. H. Marshall para Inglaterra. Los derechos de las mujeres deben ser leídos más bien en términos de desigualdades y asincronías respecto de los derechos de los varones y respecto de una ciudadanía pretendidamente universal (tal la propuesta de Giordano, 2012).

Con todo, el proceso revolucionario de México constituyó una ocasión excepcional para la inclusión de las mujeres en la vida social y política. El involucramiento de familias campesinas enteras en la guerra librada en el sur; las “soldaduras” del norte que ofrecieron resistencia a la dictadura de Huerta; el Primer Congreso Feminista de 1916, en Mérida, Yucatán, son algunas de las formas en las que se configuró esa inclusión. Como afirma Fernando Mires (1988: 219): “Alguien dijo que cuando lo imposible se convierte en cotidiano, se vive una revolución. Y en efecto esa es la impresión que queda cuando se sabe de la multitud diferenciada de actores que actuaron en el drama mexicano: por ejemplo, las mujeres. ¿Podía algo ser más imposible en esa tierra de ‘machos’ y pistolas que la movilización de las mujeres?”.

No obstante, como se ha visto, incluso en el excepcional escenario mexicano, la movilización de mujeres no significó, inmediatamente, una revolución en el sentido de emancipación y superación del patriarcado.

Los años veinte fueron también los años de politización y de ofensiva en la lucha por la hegemonía cultural de la Iglesia. En sociedades en las que el Estado había optado por un liberalismo apenas moderadamente antieclesiástico –luego de 1890 aún más matizado–, la hegemonía cultural de la burguesía expresó algunos supuestos básicos: enseñanza laica, secularización de cementerios, registro civil y matrimonio civil, valor de la educación como canal de ascenso social, confianza en el progreso ilimitado, ventajas del modelo primario-exportador, etc., que eran compartidos por las clases media y obrera –si bien dentro de estas, y sobre todo por parte de algunas organizaciones sindicales y partidarias, se postularon posiciones más radicales–.

En las primeras décadas del siglo XX, la Iglesia Católica hizo un tránsito del catolicismo tradicional al catolicismo social. Características de este último fueron el compromiso con la intervención del Estado para mitigar los efectos negativos de la modernización capitalista y el compromiso con el sindicalismo como forma de sostener los derechos de los trabajadores y demandar justicia social. Este catolicismo remontaba sus orígenes a la Encíclica Rerum Novarum del papa León XIII (1891). A partir de entonces, de modo creciente, la Iglesia Católica auspició la organización de congresos, la fundación de periódicos y la creación de asociaciones de trabajadores.

En algunos países, la Iglesia bregó por recatolizar a esa clase, resignificando los valores orden, tradición y patria. En Argentina, por ejemplo, uno de los instrumentos pergeñados fue la Unión Popular Católica Argentina (UPCA). Creada en abril de 1919, era una organización vertical de las agrupaciones de laicos católicos sujetas al control de los párrocos, en la base, y de los obispos, en el vértice. Esta organización se inscribe en la serie de cambios que se había iniciado con la postura fijada por León XIII hacia fines del siglo XIX, que se tradujo en el país en la creación de círculos de obreros católicos y otros grupos de activistas. Dicho de modo muy esquemático, la concepción básica de la UPCA era que los ricos debían dar a los pobres como forma de conservar la propiedad y la riqueza. Si bien la recaptura ideológica de la burguesía era el objetivo inmediato principal, la UPCA no descuidó el trabajo entre los obreros. Su acción se prolongó hasta fines de los años veinte, siendo reemplazada por una nueva organización, la Acción Católica Argentina, que se estableció por la pastoral colectiva del 1º de diciembre de 1928, aunque fue fundada formalmente en 1931. Desde el comienzo, la Acción Católica contó con el reconocimiento papal.

La estructura de esta nueva organización reprodujo la de su predecesora –es decir, los obispos tenían la dirección–, aunque su política fue enunciada en términos de privilegiar la dimensión estrictamente espiritual de la Iglesia. No obstante, la Acción Católica desempeñó, como en todos los países católicos, un papel político-ideológico considerable, cuando no central, en particular en el campo de la educación y en la formación de cuadros católicos laicos. Esto era reflejo del cambio que había introducido el papa Pío XI en la idea de la Acción Católica. El nombre procedía del grupo italiano Azione Cattolica y Pío XI le dio un sentido nuevo, restringiendo los trabajos de los laicos a aquellos indicados por mandato de los obispos.

Está claro que la ofensiva de la Iglesia en la lucha por la hegemonía cultural tuvo hechos previos que le allanaron el camino. Pero fue solo a partir de las décadas de 1920 y 1930 cuando ellos definieron, precisamente, un fenómeno permanente. En 1931, en ocasión de las elecciones presidenciales, la jerarquía eclesiástica prohibió a los católicos afiliarse a partidos y/o votar candidatos que propugnasen la separación de la Iglesia y el Estado, el laicismo escolar y el divorcio legal. Y se bregó por el incremento de las partidas presupuestarias del Estado destinadas a la Iglesia y por la aprobación de la enseñanza religiosa obligatoria. En 1934, se realizó el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, en Buenos Aires. Un muestrario incompleto y raquítico de la ofensiva de la Iglesia incluye: la consagración de Argentina al Sacratísimo Corazón de Jesús, durante el Gobierno del general Agustín P. Justo; las campañas propagandísticas antiliberales, antisemitas, antisocialistas, profascistas y profranquistas, como también las destinadas a velar por la “moral y buenas costumbres”, y a combatir los filmes norteamericanos que difundiesen ideas que a juicio de tales “moralistas” eran veneno mortal para la civilización, películas que eran consideradas parte del “complot judío” para la destrucción de la sociedad y la cultura cristiana, tarea que habían comenzado, entre otros, Marx, Freud, Bergson, Einstein, Curie, Liszt, Ravel... Uno de los más destacados propagandistas, el sacerdote jesuita Julio Meinvielle, calificó a judíos, masones y comunistas como agentes del diablo en la lucha contra el cristianismo, y al Estado democrático liberal como lo más tiránico.

La convergencia de las líneas del catolicismo ultramontano (el integrismo francés de Jean Ousset, Jean Madiran y otros) y de los militares antiliberales generó una combinación ideológica profundamente anticomunista, antijudía, antimasónica, antidemocrática y dictatorial de larga y persistente influencia en el proceso de formación doctrinaria de las Fuerzas Armadas.

En otro extremo, en México, la Iglesia afrontó la nueva coyuntura en el marco de una revolución. Allí, los recorridos de la Iglesia estuvieron entreverados con el curso sinuoso de las primeras décadas revolucionarias. Al comienzo, el catolicismo social y político vio en Francisco Madero la oportunidad de un cambio favorable. Sin embargo, enseguida, con el ascenso del constitucionalismo, la posición de la Iglesia se vio seriamente afectada. La Constitución de 1917 le prohibió asumir personalidad jurídica y poseer bienes raíces tanto como ejercer derechos políticos, fundamentalmente el voto y cualquier tipo de manifestación sobre los asuntos del Estado. Asimismo, le sustrajo el control de toda la educación primaria.

Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en 1924 puso en marcha un proyecto nacionalista que era excluyente de cualquier lealtad que no fuera la revolucionaria. Como respuesta a su política, diversos grupos católicos formaron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. En 1926, la llamada Ley Calles dispuso la aplicación, sin excepción, de las leyes vigentes sobre religión; hubo prohibiciones y castigos y se clausuraron iglesias. La Liga optó por la insurrección. El 1º de enero de 1927 esta organización, cuya dirigencia era netamente urbana, encabezó una rebelión conocida como La Cristiada o Guerra de los Cristeros, que se extendió especialmente en el ámbito rural, donde la religión católica calaba más hondo. El movimiento tuvo más arraigo en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Colima, y su nombre hace referencia a la causa que levantaban: la de Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. La violencia llegó a dimensiones insospechadas, cuando en 1928, José de León Toral, miembro de la Liga, disparó contra Álvaro Obregón asesinándolo.

En 1929, el conflicto llegó a su fin por decisión de los obispos, quienes con la mediación de Estados Unidos, alcanzaron un acuerdo con el Gobierno de la Revolución. Por entonces, la Iglesia estaba profundamente dividida entre quienes apoyaban a la Liga y la acción violenta, y la cúpula, que intentaba centralizar la participación de los laicos a través de la Acción Católica Mexicana. La Iglesia no obtuvo más concesiones que la libertad de culto. El conflicto tuvo un saldo de miles de muertes. Cabe señalar que en el ámbito rural, La Cristiada fue un movimiento campesino mucho más que un movimiento católico. O, si se prefiere, un movimiento campesino católico.

En toda América Latina otro de los cambios surgido de la crisis, en este caso introducido en los años treinta, fue la institucionalización de la violencia política ejercida sobre opositores. En Argentina, por ejemplo, los treinta fueron años de aplicación sistemática de la tortura a los presos políticos por parte del aparato represivo estatal. Los primeros casos denunciados corresponden a febrero de 1931, ocasión en la que, en los sótanos de la penitenciaría porteña, se torturó a dirigentes obreros, a estudiantes e incluso a militares opositores. La tortura era practicada también en otras localidades, siendo las principales víctimas militantes socialistas y anarquistas. Hacia 1934-1935 comenzó a aplicarse la picana, instrumento brutal que se sumó a una larga serie de variantes aberrantes. Leopoldo Lugones (h), jefe de la siniestra Dirección de Orden Político, fue la figura emblemática de la política estatal de violación de los derechos del hombre y de la arbitrariedad del poder.

En este clima de desprestigio de la democracia liberal y de los valores asociados a ella, no extraña que la década de 1930 fuera de consolidación del militarismo. En Argentina, Bolivia, Brasil, Dominicana, Guatemala, Perú, en 1930, y en Chile y Ecuador, en 1931, los militares llegaron al poder a través de un golpe de Estado. Jefes militares fueron electos presidentes en México (Lázaro Cárdenas, 1934-1940); Venezuela (general Eleazar López Conteras, 1935-1941); Paraguay (mariscal José Estigarribia, 1939-1948, si bien antes, en febrero de 1936, había habido un golpe militar que llevó a la presidencia al general Rafael Franco, a su vez desplazado por el Ejército en agosto de 1937); y Uruguay (general Alfredo Baldomir, 1938-1942, después de la dictadura civil del colorado Terra).

La pauta común de todas estas intervenciones militares en la política fue la función constructiva del Estado y la Nación, que los hombres de armas se sentían legítimamente llamados a cumplir. En efecto, la instrucción militar obligatoria había colocado a las Fuerzas Armadas en un lugar difícilmente neutral, toda vez que era atributo suyo la inculcación de las responsabilidades cívicas. No obstante, el abanico de expresiones del militarismo es bien amplio. Hubo experiencias reformistas, como la de los tenentes brasileños, los “julianos” ecuatorianos, los revoltosos oficiales chilenos –en la década de 1920– y los “socialistas” bolivianos, en la de 1930. También hubo expresiones más cercanas al conservadurismo, como la de los militares argentinos y, en el límite, las dictaduras tradicionales centroamericanas y caribeñas.

Ya se ha dicho que las de la América Latina oligárquica eran sociedades estructuralmente agrarias que generaron sus elementos disruptivos en el espacio social urbano. En efecto, fueron los nuevos sujetos sociales urbanos –clases medias, burguesía y trabajadores industriales y de servicios, pequeñoburgueses– quienes se movilizaron por acceder a la participación en las decisiones políticas. Pero no fue solo la reivindicación del sufragio: a menudo se reclamó también transformaciones sociales de mayor o menor envergadura. Y es en este plano donde más se destaca la actuación de los militares.

En Brasil, por ejemplo, una porción considerable de estos reclamos de cambios estructurales tuvo por protagonistas a jóvenes oficiales del Ejército, los tenentes. A diferencia de los movimientos campesinos de Canudos y Contestado, los urbanos que comenzaron a expandirse en la década de 1920 lograron erosionar más eficazmente la dominación oligárquica. Como en otras sociedades latinoamericanas, en Brasil se produjo un divorcio entre quienes reclamaban democracia política (clases medias, algunos sectores burgueses) y quienes enfatizaban la demanda de democracia social (trabajadores, algunos militares, el Partido Comunista) –demandas que en la mayoría de los casos fueron antagónicas e irresolubles–.

Los tenentes se insurreccionaron contra el régimen oligárquico de la República Velha en 1922, pero fueron fácilmente derrotados. Mas en 1924, un nuevo levantamiento en el sur del país originó una campaña de mayor envergadura y la épica de la “larga marcha” de la columna comandada por Miguel Costa y Luís Carlos Prestes, que recorrió, entre octubre de 1924 y febrero de 1927, casi 25.000 kilómetros de territorio brasileño hasta su internación en Bolivia, donde se disolvió. Coincidente en el tiempo con el esplendor modernista, la Columna Prestes se convirtió, pese a su fracaso inmediato, en la manifestación más nítida de la crisis de la dominación oligárquica. No es casual, pues, que en 1938, en plena campaña anticomunista, el varguismo del Estado Novo utilizase la “Marcha para Oeste” como contra-imagen positiva de la liderada por el teniente devenido líder del Partido Comunista (PCB) –cuya creación data también de 1922, y cuyo líder fue, hasta la década de 1980, el mismo Prestes–.

Como se ha visto, la crisis de la dominación oligárquica tuvo cursos y ritmos variables. Aunque es cierto que el militarismo reformista es un dato presente a escala regional, no en todos los casos fue una vía de salida del Estado oligárquico. Sí lo fue en Brasil, donde algunos tenentes apoyaron la Revolução de 30 y colaboraron con el ascenso de Vargas al poder, pero no lo fue en los intentos reformistas, a la postre limitados, de la década de 1920 y 1930 en países como Chile o Ecuador.

En Chile, como se ha visto en el capítulo 4, en septiembre de 1924 las sesiones del Senado fueron interrumpidas por un grupo de oficiales de baja graduación que exigían la sanción de unas postergadas leyes sociales, entre ellas el Código de Trabajo. Como consecuencia, se aprobaron algunas medidas de corte social, pero el poder del presidente Arturo Alessandri se vio gravemente erosionado y este debió alejarse del país. En 1925, una nueva intervención militar devolvió el mando a Alessandri. De estos hechos resultó fortalecido su ministro de Guerra, Carlos Ibáñez, quien llegó al poder en 1927 y gobernó dictatorialmente hasta su renuncia en 1931. Fue un período represivo que afectó principalmente a los partidos y a los sindicatos obreros. El reformismo chileno tuvo su continuidad en 1932 con la efímera República Socialista, cuyo mentor, Marmaduke Grove, fue uno de los fundadores del nuevo Partido Socialista en 1933. Más tarde vinieron los gobiernos del Frente Popular (1938-1947). No obstante, como se ha visto, en Chile hubo continuidad del poder olgárquico, particularmente en su dimensión social.

En Ecuador también hubo un reformismo de tipo militar conducido por jóvenes oficiales. En 1925 estalló la llamada Revolución Juliana, que levantaba la consigna “la igualdad de todos y la protección del hombre proletario”. Según la interpretación de Juan J. Paz y Miño Cepeda (2002a: 72-73), la Revolución Juliana y el Gobierno de la Primera Junta Provisional articularon un nuevo Estado-Nación que proponía un modelo de gobierno basado en el intervencionismo estatal. Como las otras experiencias de reformismo militar, la Revolución Juliana apuntaba a la modernización y desarrollo del país, y a la destrucción del orden oligárquico. Para ello, señala Paz y Miño Cepeda, los militares ecuatorianos postularon la supremacía de los intereses de “la nación”, representada por el Estado, sobre los “intereses privados” y “la imposición de la autoridad política, centralista e institucional del Estado” como modo de superación de “los fraccionamientos regionales, sociales, partidistas y de grupo y […] el juego de fuerzas tradicionales”. Respecto de las clases subalternas, postularon la conversión de la cuestión social en política de Estado.

En contraste con la interpretación de Paz y Miño Cepeda, Rafael Quintero y Erika Silva (1991: I, 379-80) sostienen que el golpe de Estado del 9 de julio de 1925 no fue una “revolución de la clase media para la clase media”, sino solo “un reordenamiento del juego de fuerzas de las clases dominantes regionales cuyo poder en el Estado”, antes del golpe, no era equivalente “al poder real que habían alcanzado en el terreno de la sociedad civil”. La Revolución Juliana, argumentan Quintero y Silva, se dio en el contexto de la consolidación del dominio imperialista norteamericano en América Latina, y su proceso de modernización no hizo más que sellar “la vía gamonal-dependiente de constitución del Estado abierta en 1912”, tras el asesinato de Eloy Alfaro y la nueva presidencia de Leónidas Plaza, con la cual se consolidó la hegemonía de la plutocracia liberal, “anulando definitivamente la posibilidad de constitución de un Estado nacional en el Ecuador”.

En una línea interpretativa similar, Agustín Cueva (1984: 295), unos años antes, había afirmado que el reformismo de la Revolución Juliana estaba conducido por militares “incapaces de concebir un proyecto profundo de transformación” y “condenados no solo a seguir una línea zigzagueante frente a la oligarquía, sino a expresar su ‘protección al hombre proletario’ con medidas tan ilusas que ni siquiera merecen el calificativo de ‘populistas’”.

La crisis ecuatoriana se prolongó más allá de la década de 1920 y no tuvo parangón: en los diez años que van desde la Revolución Juliana hasta el triunfo presidencial de José María Velasco Ibarra, en elecciones libres, en 1934, se sucedieron más de una decena de presidentes. Sin duda, el Ecuador de los años treinta constituye un caso exacerbado de crisis e inestabilidad política, una genuina situación de vacío de poder. Tras los breves gobiernos de la Primera y la Segunda Plural, el 3 de abril de 1926 se hizo cargo de la presidencia Isidro Aroya Cueva, quien ejerció el poder dictatorialmente hasta el 9 de octubre de 1929, fecha en la cual fue designado presidente interino por la Asamblea Constituyente que él mismo había convocado. Le tocó, pues, enfrentar la crisis del capitalismo iniciada dos semanas más tarde y que en Ecuador provocó, según Cueva (1984: 300), “una exacerbación de todas las contradicciones sociales” y “una crisis de hegemonía de vastas proporciones”. Una de las manifestaciones de tal crisis fue la proliferación de presidentes –diecisiete a lo largo de la década de 1930– y una cruenta guerra civil.

Aroya Cueva fue derrocado por los militares en agosto de 1931. Su reemplazante, el coronel Luis Larrea Alba, su último ministro de Gobierno, ejerció la presidencia durante solo tres meses. Le sucedió Alfredo Baquerizo Moreno –quien había sido presidente entre 1916 y 1920, es decir, durante la fase oligárquico-liberal–, encargado de conducir el proceso electoral que llevó, en octubre, al amplio triunfo del hacendado Neptalí Bonifaz, el candidato conservador de Compactación Obrera Nacional, una fuerza política caracterizada por Cueva (1984: 300) como un “movimiento de corte fascistoide” capaz de aglutinar a “los ex campesinos y artesanos empobrecidos o caídos en la desocupación, fáciles de manipular gracias al dominio ideológico absoluto de la Iglesia Católica en la sierra”. No obstante, meses después, el Congreso Nacional desconoció el pronunciamiento electoral y rechazó su designación por entender que estaba en duda la nacionalidad ecuatoriana de Bonifaz e incluso aduciendo su condición de peruano. Contra tal decisión se produjo un alzamiento militar-popular en Quito, el 26 de agosto de 1932, la llamada “guerra de los cuatro días” –un enfrentamiento sangriento con más de mil muertos– que concluyó con la derrota de los partidarios de Bonifaz. Jorge Salvador Lara (1994: 457) señala que “[t]anto los sublevados en la capital como las tropas que los combaten creen luchar ‘por la constitución’. Quito cae, al fin, en poder de los batallones partidarios de la descalificación, cuyo comandante en jefe es el general Ángel Isaac Chiriboga”. Durante ese breve tiempo, ejerció el Gobierno Carlos Freire Larrea. No deja de ser paradójico, según interpreta Cueva (1984: 301), “que la primera reacción aparentemente ‘popular’ a la crisis” haya sido “de signo derechista y que la insurrección de una tropa manipulada por el clero y los terratenientes” terminase siendo “aplastada a sangre y fuego por los contingentes dirigidos por la oficialidad progresista”.

Derrotada la insurrección, el presidente del Senado, Alberto Guerrero Martínez, se hizo cargo del Poder Ejecutivo durante tres meses. En octubre, nuevas (y escandalosamente fraudulentas, según coinciden Lara y Cueva) elecciones dieron el triunfo al candidato de la burguesía agroexportadora, Juan de Dios Martínez Mera. Empero, este no pudo llevar adelante su gestión, fuertemente criticada en el Parlamento y desde él por el diputado José María Velasco Ibarra, un abogado devenido nuevo líder popular. Malestar social y múltiples y crecientes manifestaciones callejeras dieron el tono de la situación. Finalmente, abandonado por su propio partido, Martínez Mera renunció en 1933. Le sucedió Abelardo Montalvo, un hombre del liberalismo radical (oligárquico) que gobernó durante diez meses, al cabo de los cuales, en 1934, entregó la presidencia a Velasco Ibarra, triunfante en elecciones esta vez libres. Velasco fue elegido por el amplio apoyo de lo que Cueva llamó el subproletariado de Quito y Guayaquil, sin tener enfrente a candidatos de los terratenientes conservadores y/o la burguesía liberal. Autoproclamado liberal y cristiano, Velasco Ibarra fue combatido, en términos de clases, por una “combinación de la burguesía de Guayaquil y la clase media” (Cueva, 1984: 301) y, políticamente, por los liberales, entonces dirigidos por el abogado guayaquileño Carlos Arroyo del Río, presidente del Senado, y, en menor medida, por el débil frente constituido por los Partidos Socialista y Comunista, más algunos liberales disidentes. El mandatario intentó disolver el Congreso, pero la maniobra fracasó y en agosto de 1935, antes de cumplir un año en el ejercicio del cargo, debió resignarlo.

Con su caída se frustró una posible salida política para la crisis de dominación. La nueva sucesión de presidentes de corto tiempo de gestión es un claro indicador de su continuidad. Así, Antonio Pons, un médico sin filiación política que reemplazó al derrocado Velasco Ibarra, permaneció brevemente en el cargo (1935), entregándolo al Ejército, fuerza que designó al ingeniero Federico Páez (1935-1937), un senador también sin partido, elegido por el sector agrícola, quien gobernó “investido de plenos poderes”, recurso que le llevó a suspender las garantías constitucionales, con su secuela de “perseguidos, confinados y desterrados, primero de la derecha y luego de la izquierda” (Lara, 1994: 458). Algunos éxitos de su gestión le llevaron a convocar a una Asamblea Constituyente, que lo designó presidente interino, decisión previa a una pensada posterior constitucionalización de su mandato, pero la maniobra fue frustrada por un golpe de Estado encabezado por su ministro de Defensa, el general Alberto Enríquez Gallo (un progresista, según Cueva), quien gobernó durante diez meses (1937-1938). Una de sus medidas más importantes fue la promulgación del Código de Trabajo, en 1938, una compilación de leyes reguladora de las relaciones obrero-patronales que, entre otras garantías, reconocía el ejercicio del derecho de huelga, pero insuficiente para superar la precariedad de la fuerza de trabajo. Una campaña de prensa en su contra lo llevó a convocar a una nueva Asamblea Constituyente, integrada por representaciones numéricamente iguales de conservadores, liberales y socialistas.

Tras su renuncia, el cuerpo designó provisoriamente a Manuel María Borrero, un antiguo integrante de la Suprema Corte. El mismo cuerpo, tras redactar una nueva Carta, resolvió designar presidente, con mandato por cuatro años, a Aurelio Mosquera Narváez, ex rector de la Universidad Central de Quito y hombre de la burguesía liberal de Guayaquil. En diciembre de 1938, el nuevo mandatario disolvió la Asamblea, envió a prisión a varios representantes de izquierda (incluyendo a algunos que lo habían votado) y repuso la vigencia de la Constitución liberal de 1906. Tampoco él alcanzó a cumplir su mandato, pues poco antes de concluir un año en ejercicio del cargo murió sorpresivamente, en noviembre de 1939. Asumió el Poder Ejecutivo el presidente del Senado, Carlos Alberto Arroyo del Río, líder del Partido Liberal Radical y abogado de compañías extranjeras, quien convocó a elecciones. Interesado en presentarse como candidato, renunció y cedió el cargo, según la prescripción constitucional, al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés F. Córdova, también liberal. En las elecciones presidenciales compitieron tres candidatos: Carlos Alberto Arroyo del Río, por el Partido Liberal, Jacinto Jijón, por el Partido Conservador, y José María Velasco Ibarra, por una conjunción de fuerzas antioligárquicas. Otra vez, un fenomenal fraude burló la voluntad popular: contra todos los indicadores que daban por triunfador a Velasco Ibarra, el resultado oficial marcó la victoria de Arroyo del Río. Acusado de ser responsable del fraude, Córdova rechazó la imputación y renunció, sucediéndole Julio E. Moreno, quien, tras apenas veinte días en la función, entregó el mando a Arroyo del Río, quien a su vez logró permanecer en el cargo cuatro años, de 1940 a 1944, pero sin poner fin a la inestabilidad política, prolongada hasta fines de la década.

En 1944, la Revolución Gloriosa, conducida por militares y apoyada por todos los partidos de izquierda, encumbró en la presidencia a Velasco Ibarra. El hecho tuvo lugar en Guayaquil, donde se escuchó el grito masivo de “¡Viva Velasco Ibarra!”. Exiliado, “el Gran Ausente” no participó de la insurrección, pero pronto se erigió en líder popular –populista, según la interpretación de Carlos de la Torre (1998)–. En efecto, Velasco Ibarra concitó el apoyo popular con un discurso que apelaba a la democracia del pueblo contra la oligarquía y a la integración nacional basada en la justicia social y el sufragio libre. Velasco Ibarra convocó a una Asamblea Constituyente que lo erigió presidente constitucional de la República, pero en 1947 fue derrocado.

En Bolivia, la oligarquía también fue cuestionada por un grupo de militares descontentos con la inoperante política de partidos. En este caso, los hechos tuvieron lugar en la década de 1930, después de los desastrosos resultados de la Guerra del Chaco. Entre 1936 y 1939, se instauró un gobierno militar, denominado en la historiografía boliviana “socialismo militar”, a pesar de tener una ideología difusa que combinaba consignas fascistas y antijudías con otras progresistas. Sus presidentes fueron David Toro y Germán Busch. En todo caso, este “socialismo militar” era profundamente antioligárquico –singularmente, nacionalista y antiimperialista–. La guerra había puesto de relieve la importancia del control nacional sobre el petróleo, por lo cual una de las leyes sociales del Gobierno militar fue la nacionalización de la compañía Standard Oil, en 1937, que pasó a conformar la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. El proyecto de estos militares era construir un Estado fuerte, capaz de fundar un orden “socialista de orientación nacional”. La experiencia llegó a su fin cuando Busch se suicidó y un sector del Ejército, afín a los sectores más ranciamente oligárquicos, tomó el Estado por asalto.

La Guerra del Chaco tuvo varias consecuencias en Bolivia. Entre otras, produjo el debilitamiento del aislamiento, la dispersión y los particularismos regionales (sin llegar a suprimirlos), contribuyendo a poner en evidencia la crisis de dominación. La movilización de hombres provenientes de distintos espacios étnicos, sociales y geográficos para confluir en el frente de batalla constituyó la vía de la politización de las masas. Fue una situación generadora de los tres elementos señalados por Gramsci como distintivos de toda crisis orgánica: movilización y entrada de las masas en la política, formación de una solidaridad y de objetivos comunes, creación de áreas de nivelación (es decir, de igualdad). Más aún, también se dio ese otro componente que puede producir una crisis orgánica: el fracaso de la clase dominante en la guerra, una empresa política de gran porte para la cual requirió o impuso por la fuerza el concurso (eventualmente, el consenso) de las masas.

Más tarde, la experiencia liderada por el coronel Gualberto Villarroel (1943-1946), de la logia militar Razón de Patria (Radepa), con apoyo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), vino a completar el impulso de resurgimiento del nacional-militarismo boliviano. Pero también en este caso la experiencia se vio rápidamente interrumpida por iniciativa de las fuerzas oligárquicas, que tuvieron su desquite en 1946, cuando –con financiamiento de las empresas de los “barones del estaño” y el apoyo del stalinista Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR)– impulsaron una sangrienta revuelta que terminó con la vida del presidente Villarroel, colgado de un farol de la plaza situada al frente de la Casa de Gobierno (Palacio Quemado).

La corriente nacional-militarista parece haber sido predominante en varias Fuerzas Armadas latinoamericanas. Una de sus características fue la de no oponerse al cambio si este era realizado ordenadamente, ni a las mejoras de las condiciones de las clases trabajadoras si ellas se efectuaban bajo tutela del Estado. Según la interpretación de Alain Rouquié y Stephen Suffern (1997), las Fuerzas Armadas de América Latina compartieron el diagnóstico de descrédito del liberalismo político y de los países centrales que lo practicaban. La crisis y las transformaciones estructurales en curso habían debilitado a las clases dominantes, y ellas mismas no encontraban acuerdo sobre temas básicos, en particular sobre el modo de industrialización a impulsar y la política a seguir frente a “una clase trabajadora en expansión y cada vez más combativa” (Rouquié y Suffern, 1997: 289). Luiz Alberto Moniz Bandeira (2008a: 99) alude al nacionalismo autoritario y estatista, corriente dentro de la cual sitúa los procesos argentino (Perón), boliviano (Villarroel) y brasileño (Vargas), caracterizados por el avance o consolidación de los derechos sociales y los intentos de desarrollo económico “contra el predominio extranjero”, particularmente el norteamericano. Pero como dijimos más arriba, los procesos argentino y brasileño, desde nuestra perspectiva, constituyen casos de populismo, bien diferentes del proceso boliviano.

En términos generales, en el plano ideológico, tal como señala Halperin Donghi (1992: 395-396), la crisis de 1930 trajo una “nueva incertidumbre”, que “se tradujo entonces menos en el surgimiento de corrientes y figuras dispuestas a definirse en cerrada oposición al consenso ideológico previo, que en una apertura hacia nuevas perspectivas y una disposición a explorar todos los horizontes, por parte de un elenco político apenas renovado en su composición y poco más en sus procedimientos, pero más innovador en las justificaciones que invoca para estos. Lejos de agregar nitidez a los conflictos sociales que pugnan por encontrar expresión política, el impacto de la crisis hace más difícil descifrar el impacto que ellos alcanzan sobre una vida política cuyos actores deben avanzar a tientas en un mundo que no comprenden, guiados por convicciones ideológicas que no saben cómo reemplazar, pero en las cuales no pueden depositar la misma fe que en el pasado”.

En la década de 1930 la identificación entre liberalismo y democratización no solo se hizo “cada vez más problemática”, sino que las dictaduras se incrementaron, al tiempo que se hizo evidente, a partir de 1948, que ellas eran “la clave de la efectiva política latinoamericana de Estados Unidos (acentuada desde el retorno del Partido Republicano al Gobierno en 1952) que la cruzada anticomunista ocultaba cada vez peor” (Halperin Donghi, 1969: 380 y 377).

La coyuntura de mediados de 1940 parecía ser claramente otra: se trataba de un clima de revalorización de la democracia, fundado en la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Precisamente, Estados Unidos, que hasta entonces había apoyado gobiernos dictatoriales, por entonces se autoproclamó paladín de la democracia en América Latina, pero esta defensa escondía mal la oposición a gobiernos, partidos y movimientos que no le resultaban gratos (Perón, Vargas, Arévalo y Arbenz, el MNR, por ejemplo), pues, en contrapartida y en contraposición con la retórica de la democracia, no dejó de apoyar a las dictaduras de Somoza, Trujillo y, poco después, Batista y Duvalier. En estas circunstancias, surgió una nueva forma de activismo político de los militares. A diferencia del nacional-militarismo, esta nueva forma de reformismo militar era “democrático”, conciliador a la vez que conservador, y definitivamente alejado de las simpatías nazifascistas. El derrocamiento del dictador Ubico en Guatemala y de Hernández Martínez en El Salvador, pero también de López Contreras en Venezuela, son algunos de los ejemplos más significativos de estas nuevas expresiones sociopolíticas.

Los trabajadores urbanos y rurales: de la resistencia a la institucionalización

Pese a desenvolverse en sociedades estructuralmente agrarias, la clase obrera, en particular, la industrial urbana (en las ciudades donde había industrias, que no eran muchas), constituyó un sujeto social y, en algún caso (como en Chile), un sujeto político decisivo en las luchas antioligárquicas.

En los primeros años de su formación, la clase obrera estuvo constituida por cinco grandes grupos de trabajadores: 1) los de las plantaciones capitalistas (sustitutas de las esclavistas), como las de Colombia y Honduras, dedicadas al cultivo del banano, y las de la zona costera de Perú, dedicadas a la caña de azúcar y el algodón; 2) los de las industrias extractivas, como los de la minería del cobre en Perú y en Chile; la plata y el estaño en Bolivia; el salitre en Chile; y, un poco más tarde, el petróleo en Venezuela, México y, otra vez, Perú; 3) los de las agroindustrias, como los trabajadores de ingenios azucareros, molinos harineros, frigoríficos, fábricas de calzado de cuero, como en Argentina; 4) los de las actividades vinculadas al comercio exportador, sobre todo portuarios y ferroviarios; y 5) los proletarios de industrias, como la metal-mecánica, la metalúrgica y la textil, y los de ciertos bolsones ubicados en algunas pocas grandes ciudades, como Buenos Aires, Medellín, Monterrey y São Paulo (Rouquié, 1990: 154).

La comparación entre casos resulta primordial para formular interrogantes en clave macrohistórica. Charles Bergquist (1988: 36) ofrece algunas pistas para explorar en este campo. Recuperando los aportes de lo que llama “estructuralismo latinoamericano”, señala la importancia de los trabajadores del sector exportador, poseedores de “un enorme poder económico y político”, y, en segundo lugar, el “abanico de factores que alentaban o inhibían el desarrollo de toma de conciencia y la organización de la clase trabajadora”. Para Bergquist, el origen del capital invertido en las áreas principales de las economías nacionales (el sector exportador) desempeñó un papel decisivo. Así, al menos en los casos de Chile y Argentina, el control nacional de los recursos productivos (es decir, predominio del capital de origen local) en el segundo de estos países coincidió con un movimiento sindical corporativista y fuerzas políticas de izquierda débiles, mientras en el primero, donde la economía minera exportadora fue controlada por capitales extranjeros, el movimiento obrero adhirió al marxismo y el sistema político contó con la izquierda “más poderosa de América Latina” (Bergquist, 1988: 40).

Una de las hipótesis del autor señala que en la relación entre fuerzas materiales (la economía exportadora) y conciencia humana (el movimiento obrero organizado), relación que no es casual ni fortuita, es muy importante “la influencia de los sistemas políticos, forjados en el período posterior a la independencia, sobre el desarrollo social” derivado de la consolidación de las economías primario-exportadoras a partir de 1880. Así, a su juicio, “la trayectoria socialista y electoral del movimiento obrero chileno durante el siglo XX no puede comprenderse plenamente sin el Estado fuerte y el sistema político multipartidista” previo al auge salitrero. En cambio, en Argentina, la inexistencia de un sistema de partidos fuerte durante el siglo XIX y, sobre todo, de un partido conservador organizado a escala nacional, llevó a la burguesía (Bergquist dice la elite) “a soslayar el sistema partidista y a dar su respaldo a una solución militar a la crisis de 1930”, estrategia reiterada en las décadas siguientes. En Venezuela, a su vez, la política se hizo moderna solo a partir de 1936 (esto es, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez) y en parte fue posible por la existencia de “un débil sistema partidista durante el siglo XIX, cuyos remanentes fueron virtualmente arrasados por la brutal dictadura personalista” de Gómez, mientras Colombia contó con un sistema bipartidista fuerte, forjado a partir de la década de 1840, que “marcó tan profundamente el cuerpo político que los cambios sociales” del siglo XX “no encuentran expresión duradera por fuera del monopolio político de los dos partidos tradicionales” (Bergquist, 1988: 459-460). Ahora bien, Uruguay –caso no estudiado por el autor–, que también tuvo un sistema bipartidista fuerte, muestra una variante: también allí los cambios sociales más importantes ocurrieron dentro de ese marco –específicamente, con el batllismo, impulsados por el Partido Colorado, largamente hegemónico–, pero el monopolio comenzó a romperse a comienzos de la década de 1970, cuando se constituyó el Frente Amplio –proceso interrumpido por la dictadura de 1973-1985, pero retomado durante la nueva fase democrática del país.

Desde una perspectiva macrohistórica, Francisco Zapata (1993) dividió la historia del sindicalismo latinoamericano en tres fases –“heroica”, “institucional” y “excluida”–. Cada una de ellas muestra que la articulación entre patrón o modelo de acumulación y marco institucional “permite identificar diferencias en la composición del sindicalismo, en los tipos de organización, en las formas que asume el conflicto laboral y en los componentes ideológico-partidarios que caracterizan la acción obrera”. Así, la primera fase, la “heroica”, fue propia del modelo primario exportador, la “institucional”, de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), y la que le sigue, la “excluida”, lo es del modelo de transnacionalización del capital.

La fase “heroica” se caracterizó por el predominio del sindicalismo de clase y de confrontación, mientras que en la etapa “institucional”, que se correspondió con el Estado de Compromiso Social, en particular, con el populismo, predominó el sindicalismo de negociación.

La fase institucional se desplegó en la década de 1930, aunque en rigor se inició hacia fines de los años veinte, y se prolongó hasta fines de la década de 1970 e inicios de los años ochenta, cuando el nuevo patrón de acumulación impuso una política de desmovilización y despolitización del movimiento obrero. Durante esta fase, sostiene Zapata (1993: 29), fue central el papel desempeñado por el corporativismo, “que fue el modelo de organización de las relaciones políticas, en tanto estructura clientelar”. El liderazgo sindical estuvo “más vinculado a las instancias decisorias del Estado que a la representación de las demandas de los trabajadores” y el conflicto sindical, cuando apareció, reveló “tensiones en esa articulación más que una radicalización de la base obrera” (Zapata, 1993: 91). No obstante, el dato significativo es que la expansión del capitalismo bajo fórmulas de corporativismo estatal provocó cambios sustantivos cuyo impacto hay que buscar más en la apropiación de los derechos extendidos a los trabajadores que en la verticalidad de esa extensión. En efecto, un factor crucial de la crisis a la que, hacia 1960, se sumó la del patrón de acumulación basado en la ISI correspondiente a la forma del Estado de Compromiso Social fue la existencia de un movimiento obrero articulado y con unos derechos que lo habían tornado un sujeto social poderoso.

Pero volvamos a la fase “heroica”. Durante esta fase, el movimiento obrero se caracterizó por la articulación de un sindicalismo de corte clasista que se asumió como movimiento político o bien se expresó políticamente a través de los partidos de izquierda. Como se ha dicho, fue un sindicalismo de confrontación, con altos niveles de autonomía respecto del Estado y en el cual había una distancia estrecha entre la dirección y las bases. En esta fase, la clase obrera estuvo dividida ideológicamente en tres grandes corrientes: la anarquista, la socialista y la sindicalista revolucionaria. Después de la Revolución Rusa a estas corrientes se sumó la comunista. La lucha estuvo orientada principalmente a la obtención de derechos sociales básicos (reglamentación de la jornada laboral y del trabajo de las mujeres y de los niños, mejoras salariales, derecho de huelga y, en buena medida, derecho a la organización).

El anarquismo era contrario a la sindicalización mientras que el sindicalismo revolucionario exaltaba al sindicato como vehículo de transformación social. Esta corriente surgió como alternativa frente a la ineficacia del anarquismo, pero también como alternativa a las posiciones cada vez más reformistas del socialismo. En un punto coincidieron los anarquistas y los sindicalistas revolucionarios: la desestimación de la lucha política y parlamentaria. Estas diferencias se aprecian bien en Argentina y en Chile. En el primero de estos casos, donde la corriente sindicalista fue hegemónica durante varias décadas –y en cierto sentido, se prolongó en el peronismo–, se observa ese desinterés por la lucha política democrática y parlamentaria. En Chile, donde predominaron las corrientes socialistas y comunistas, hubo una temprana y sólida articulación entre la lucha sindical y la lucha política, mediadas por el sindicato y el partido obrero, respectivamente.

Con excepción de Uruguay, donde, como ya se ha dicho, el batllismo articuló un tipo particular de reformismo, durante la fase heroica, la política del Estado frente al movimiento obrero fue represiva, recurriendo indistintamente a la policía y al Ejército. Las clases dominantes concebían la cuestión social como mera cuestión policial. Así, el carácter de dominación de clase de la oligarquía se aprecia claramente en la relación Estado-movimiento obrero.

Son muchos los ejemplos históricos que pueden invocarse para ilustrar la violencia estatal frente a los trabajadores. El reformismo del presidente Yrigoyen (1916-1922) llevó adelante, en Argentina, una política que diferenció la respuesta del Estado frente al movimiento obrero en función de la orientación político-ideológica de los sindicatos: arbitraba a favor de los trabajadores si la dirección de su sindicato era sindicalista, reprimía si era anarquista (desde los años veinte también si la detentaban los comunistas) y no carecía de ambigüedad frente a los socialistas –competidores electorales–, a los cuales si no se reprimía con violencia física se castigaba con fallos desfavorables. La estrategia diferencial fue más tarde seguida en otros países, por ejemplo, en Brasil durante los primeros años del varguismo, cuando Lindolfo Collor –destacada figura de la “generación de 1907” y de la oligarquía gaúcha– fue ministro de Trabajo (1930-1932).

México fue, en 1906, objeto de intervención militar por parte de Estados Unidos. Como ya se ha visto en el capítulo 4, la intervención tuvo un claro componente clasista. La ocupación de Cananea, en el norteño estado de Sonora, sirvió para reprimir a obreros mexicanos de una empresa cuprífera estadounidense, que declararon una huelga por salarios más altos y trato igualitario para los trabajadores nacionales (discriminados respecto de los norteamericanos). Un centenar de obreros murieron y otros tantos resultaron heridos. También en México son ilustrativos los casos de las huelgas de los trabajadores textiles de Río Blanco, en 1906 y 1907.

En los mismos años, Chile fue escenario de una notable manifestación de violencia estatal, ejercida contra una clase que no postulaba la revolución sino que levantaba reclamos tales como reducción de la jornada de trabajo y pago extraordinario de las horas adicionales (horas extras); seguridad en el trabajo e indemnización por accidentes; fin de las pulperías (monopolio comercial de la patronal); reconocimiento legal de sindicatos y mancomunales. En 1890 se declararon en huelga los cancheros (trabajadores que embarcaban el salitre) de Iquique, reclamando el pago en dinero efectivo, reclamo inicialmente rechazado por la patronal. Se adhirieron portuarios y ferroviarios, y finalmente se alcanzó el objetivo. También lo hicieron los salitreros, con sus demandas de pago del salario en dinero; enseñanza primaria obligatoria; prohibición del juego, el alcohol y la prostitución; derecho de petición; seguridad en el trabajo en las cachuchas (ollas gigantescas donde se procesaba el salitre), donde existía peligro de muerte. El pliego fue rechazado por la patronal, que solicitó la intervención del Gobierno nacional. El presidente José Manuel Balmaceda, tras una vacilación inicial, dispuso el envío de tropas, que reprimieron dejando como saldo muertos y heridos (hecho conocido como “la matanza de julio de 1890”). En 1903, los obreros portuarios de Valparaíso se declararon en huelga en reclamo de mejores salarios. Fueron también ferozmente reprimidos por el Ejército, con un saldo de medio centenar de obreros muertos y alrededor de doscientos heridos. Dos años más tarde se produjo en Santiago la “Semana Roja”. En este caso los trabajadores se pronunciaron contra la carestía de vida en una huelga general que fue duramente reprimida, con saldos similares a los de Valparaíso. En 1906, en Antofagasta, hubo una huelga ferroviaria apoyada por obreros salitreros, portuarios y fabriles, objeto también de una dura represión. En 1907 se produjo el punto más alto de violencia cuando el Gobierno arremetió contra miles de obreros salitreros de Santa María de Iquique.

La masacre de Santa María de Iquique fue emblemática de la lucha obrera y de la ferocidad de la represión estatal. Se produjo en un contexto de caída de las exportaciones del salitre y, por extensión, despido de obreros. La protesta –comandada por anarquistas– se inició con la demanda de abolición del sistema de vales y la inmediata reducción de las fichas, sin descuento; abolición de la pulperías; seguridad laboral; educación nocturna gratuita; dos semanas de preaviso en caso de despido por cualquier motivo; inmunidad para los delegados obreros y reconocimiento legal y público de sus organizaciones. Miles de trabajadores, provenientes de distintos pueblos salitreros, se congregaron en la escuela Domingo Santa María y eligieron un comité de huelga que devino virtual poder de la ciudad (a modo de la Comuna parisina). La patronal no accedió al pedido y solicitó, al igual que el intendente, la intervención militar, que fue dispuesta por el Gobierno nacional. Dos regimientos fueron enviados en tres cruceros para reforzar a los dos ya existentes en Iquique. Los trabajadores requirieron la mediación del Gobierno, pero este no aceptó, se alineó junto a la patronal (inglesa), declaró el estado de sitio (es decir, la suspensión de las garantías constitucionales) y ordenó la represión. El Ejército ametralló a las miles de personas refugiadas en la escuela, matando a trabajadores, a sus mujeres y a sus hijos, en número impreciso: el más alto ha sido de 3.600, pero la cifra más aceptada ronda los 2.200. Significativamente, el Gobierno dispuso no expedir certificados de defunción de los asesinados, que fueron todos sepultados en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Los que no murieron fueron relocalizados.

Además de la represión, que junto a la pura violencia adoptó formas tan variadas como la clausura de las sedes sindicales, el saqueo a las redacciones de periódicos obreros, la práctica de espías y la protección a los rompehuelgas, el Estado adoptó también formas simbólicas de violencia. Así, a lo largo de la primera década del siglo XX, en varios países se promulgaron leyes contra los “agitadores extranjeros”: en Argentina, las xenófobas leyes de Residencia (1902) y de Defensa Social (1910); en Brasil, leyes equivalentes en 1907. Asimismo, fue frecuente el envío de los trabajadores presos a cárceles ubicadas en zonas inhóspitas como la Amazonía (en Brasil), Yucatán (en México) o Ushuaia (en Argentina).

Durante las décadas de 1910 y 1920 la violencia y la represión continuaron. Las huelgas de esos años fueron parte de la ola de alta conflictividad obrera mundial del período 1911-1922, caracterizada –como las precedentes de 1806-1820, 1866-1877 y la posterior de 1967-1973– por cuatro rasgos. Fueron acciones: 1) proletarias, esto es, la clase obrera desempeñó un papel central; 2) generales dentro del centro del sistema capitalista mundial, en el cual se produjeron simultáneamente; 3) autónomas, “es decir, fueron movimientos espontáneos de la clase obrera, que rompió con su habitual dependencia y subordinación a la dinámica económica, política y social del sistema capitalista”, y 4) radicales, en tanto atacaron la raíz de ese sistema (Screpanti, 1985: 70-71). De esas cuatro olas, la de 1911-1922 fue la de mayor violencia laboral.

En Chile, en 1919 y 1920, los obreros de los frigoríficos y los empleados públicos de Magallanes y Puerto Natales en huelga fueron duramente reprimidos. En 1921, hubo más trabajadores salitreros muertos durante una huelga en San Gregorio. En 1925, la violencia alcanzó un clímax: el presidente Arturo Alessandri envió el Ejército para reprimir una huelga de salitreros en La Coruña de Iquique. Las fuerzas militares actuaron con tal virulencia que dejaron un saldo de 1.900 muertos. A este hecho se sumó la deportación de más de 2.000 trabajadores. Como resultado, la Federación Obrera Chilena (FOCh), creada en 1908, quedó severamente debilitada. La clase dominante chilena reaccionó frente a la insurgencia obrera con una combinación de brutal violencia física y mecanismos de control laboral. “En 1924, a costa del derrumbe total del sistema político, la clase gobernante chilena fue la primera de Suramérica en abandonar la fracasada política de simple represión de los obreros organizados. Trató, en cambio, de contener el potencial revolucionario de los obreros por medio de mecanismos legislativos, integrando sus sindicatos a la vida institucional de la nación” (Bergquist, 1988: 90). En el inicio de la presidencia de Ibáñez, se abrió un nuevo ciclo de violencia. En el contexto de la severa crisis internacional, y recogiendo la legislación precedente de los tumultuosos años veinte, se promulgó el Código de Trabajo (en 1931). Significativamente, la reforma laboral chilena era similar a la que en 1904 había intentado establecer en Argentina el Gobierno, también oligárquico, de Julio A. Roca, mediante el proyecto de Código de Trabajo elaborado por su ministro del Interior, Joaquín V. González, rechazado, convergentemente, por los burgueses y el movimiento obrero.

En Argentina –el país con mayor desarrollo de un movimiento obrero anticapitalista en América Latina (Bergquist, 1988: 137)–, los niveles de violencia más altos se alcanzaron durante la llamada Semana Trágica en enero de 1919 –a despecho de una dirigencia sindical moderada que prefería la mediación estatal y la negociación antes que la clásica apelación a la acción directa u otras formas de confrontación– y durante la represión a los trabajadores rurales de las estancias de la Patagonia en 1921-1922.

Pero no fueron esas las primeras represiones violentas: ya en 1909 y 1910, los trabajadores fueron objeto del duro proceder de la policía. El 1º de mayo de 1909, en un acto, los anarquistas fueron reprimidos, tras lo cual se convocó a la huelga general. El suceso es conocido como la Semana Roja. El 8, en medio de la escalada de violencia de ambas partes y con la huelga sin decrecer, el Gobierno se vio obligado a pactar. Era la primera vez que el Gobierno nacional negociaba con los obreros y, por añadidura, cediendo a sus demandas. El Comité de Huelga acordó con el presidente del Senado la abolición del Código de Penalidades de la municipalidad capitalina, la libertad de todos los huelguistas presos y la reapertura de los locales sindicales. En 1910, el año del primer centenario de la Revolución de Mayo, se sucedieron las protestas obreras y la represión. El estado de sitio fue levantado recién en octubre. La burguesía oligárquica tuvo su celebración del Centenario, pero debió hacerla en un clima represivo. Y, podemos agregar, acorazada por las ya citadas Leyes de Residencia y de Defensa Social, pensadas y aplicadas para “decapitar periódicamente al movimiento obrero deportando a extranjeros supuestamente subversivos” (Bergquist, 1988: 147).

El año 1910 marcó, en rigor, más la derrota de la estrategia insurreccional anarquista que la del movimiento obrero, donde ganaron espacio las estrategias reformistas. El sindicalismo de negociación comenzaba a desplazar al sindicalismo de confrontación. Así, no extraña que cuando la organización se recompuso, recién a mediados de los años veinte, lo hiciera bajo dirección de los sindicalistas revolucionarios. El Estado jugó con astucia al potenciar la acción del Departamento Nacional del Trabajo, creado en 1907, aunque sin abandonar su rechazo a una legislación laboral sensible a las demandas de los trabajadores.

Las huelgas obreras siguieron después de 1910, algunas de ellas muy importantes, incluso bajo dirección de los anarquistas –derrotados, pero no del todo–. La mayoría se produjo bajo la primera presidencia de Yrigoyen. El ciclo 1917-1922 fue especialmente conflictivo, destacándose las huelgas de los trabajadores ferroviarios, de los frigoríficos, petroleros, marítimos, metalúrgicos, de la industria del tanino (en el Chaco) y de los obreros rurales de la región pampeana y de la Patagonia.

Como ya señalamos, una de las más brutales agresiones al movimiento obrero fue la Semana Trágica de enero de 1919. Los obreros metalúrgicos comenzaron una huelga el 2 de diciembre de 1918 en los talleres Pedro Vasena e Hijos, en la ciudad de Buenos Aires, demandando jornada de ocho horas, aumento salarial, pago de las horas extras, supresión del trabajo a destajo y reincorporación de los despedidos por su actividad sindical. Al cabo de un mes, a los 2.500 obreros se sumaron los capataces. La empresa –cuyo abogado era Leopoldo Melo, simultáneamente senador nacional radical antiyrigoyenista– respondió contratando esquiroles con la colaboración de la Asociación Nacional del Trabajo (ANT), una organización que reunía a las principales asociaciones de interés de la burguesía. En enero, la protesta tomó un giro tras la intervención violenta de la policía en un enfrentamiento entre los huelguistas y los esquiroles. Funcionarios estatales invitaron a Vasena a conceder algunas de las demandas obreras, pero la empresa se negó, como también se negó a dialogar con los huelguistas. En cambio, solicitó mayor protección policial. La Federación Obrera Regional Argentina (FORA) del V Congreso (anarquista o, más específicamente, partidaria del comunismo anárquico) convocó a la huelga general por tiempo indeterminado a partir del día 9. El Partido Socialista trató de impedirla (aunque ofreció sus locales partidarios para velar a los obreros muertos por la policía) y la FORA del IX Congreso (sindicalista revolucionaria) se solidarizó con los huelguistas. En ocasión del cortejo fúnebre del sepelio de los obreros y vecinos muertos, el mismo día 9, el Ejército mató a 20 trabajadores e hirió a un número mayor. La huelga se generalizó. Al cabo de una semana, cuando esta concluyó, el número de muertos fue de, al menos, 400 más 2.000 presos.

Un rasgo notorio de la Semana Trágica fue el contenido militante y agresivo que la derecha le dio a su accionar: antijudío. El enemigo era el “judío ruso”, expresión compuesta que encerraba dos enemigos hechos uno: el judío y el ruso (sinónimo de bolchevique). No era una cuestión menor en una ciudad donde existía una numerosa comunidad judía, en buena medida proveniente de Rusia. Otro rasgo notorio fue el accionar de un grupo parapolicial muy violento, constituido por civiles burgueses (argentinos y extranjeros), eclesiásticos, políticos conservadores (e incluso algunos radicales) y oficiales del Ejército y la Marina (solo la primera de estas fuerzas aportó un millar de oficiales afiliados) que el 19 de enero cambió su nombre Comité Pro Defensores del Orden por el de Liga Patriótica Argentina, tolerada por el Gobierno nacional.

La Liga intervino en el asesinato de un buen número de trabajadores en ocasión de posteriores conflictos, particularmente en el Chaco santafesino y en la Patagonia. El primer caso refiere a las huelgas de 1919-1921, protagonizadas por los obreros de The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited –una empresa inglesa conocida como La Forestal, radicada básicamente en el área chaqueña de la provincia de Santa Fe, donde explotaba bosques de quebracho para producir taninos y procesar la madera– entraron en huelga reclamando aumento de salarios, reducción de la jornada laboral y suspensión de los despidos compulsivos. La Forestal era un verdadero enclave. Fue la más brutal de las explotaciones del imperialismo inglés en territorio argentino. Dispuso de hasta 2.800.000 hectáreas confiscadas a los pueblos originarios de Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta. Alrededor de 1920 contaba con cinco fábricas, 10.000 trabajadores y una “lista negra” de 12.000 despedidos. En su momento de mayor crecimiento llegó a tener 40.000 obreros y administrativos. Disponía de una línea férrea de 140 kilómetros, un puerto, barcos, policía y hasta moneda propia. La jornada laboral era de sol a sol y el salario era pagado con vales que los trabajadores solo podían canjear en las proveedurías de la propia empresa, donde el precio de las mercancías era veinte veces superior al del mercado, estimándose que, por esta vía, el 75% del dinero pagado en salarios regresaba a La Forestal. Los trabajadores vivían hacinados en viviendas precarias, propiedad de la empresa, de las cuales eran desalojados violentamente si se negaban a abandonarlas al ser despedidos. La dureza de las condiciones de trabajo favoreció la tarea de militantes anarco-comunistas de la FORA V Congreso. La Forestal arrasó con los bosques argentinos de quebracho colorado. En 1963 concluyó con esa explotación y se trasladó a África para dedicarse a la de la mimosa (acacia rica en taninos).

La lucha de los obreros rurales de las estancias laneras patagónicas cerró el ciclo conflictivo 1917-1922. El escenario fue el por entonces Territorio Nacional de Santa Cruz, con una geografía física amplia pero con una geografía social pequeña y tremendamente desigual: en 1922, 36 terratenientes, sobre 439, controlaban el 55% del territorio. Los escasos 17.295 habitantes eran mayoritariamente (9.480) extranjeros y la mitad del total vivía en solo cuatro localidades: Río Gallegos (la capital) y los puertos San Julián, Santa Cruz y Puerto Deseado. La actividad económica principal era la ganadería lanar ovina para exportación, principalmente al Reino Unido. El mayor latifundista era Mauricio Braun, un ruso judío llegado a Santa Cruz desde Chile, quien se casó con María Menéndez Behety, hija de inmigrantes españoles enriquecidos en la Patagonia. Mauricio Braun, su hermana Sara y José Menéndez (el padre de María) constituyeron varias empresas –entre ellas la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (un millón de hectáreas)– dedicadas a múltiples actividades productivas, comerciales y de servicios. De la alianza matrimonial-económica de los Braun y los Menéndez Behety surgió, en 1908, la poderosa Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, más conocida como La Anónima (todavía existente). En el conflicto, el triunfo de los estancieros fue total, como total fue la derrota del movimiento obrero, que –más allá de la retórica discursiva– no perseguía la revolución social sino tan solo una sustancial mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Se cerraba así el ciclo de más alta conflictividad obrera y el ejercicio de la más alta violencia represora vivido por Argentina hasta entonces.

Fue así, bajo un Gobierno reformista y popular –el primer período del radical Yrigoyen–, cuando las Fuerzas Armadas actuaron con mayor virulencia para resolver un típico conflicto social. La política gubernamental fue una hábil y eficaz combinación de fuerte represión discriminada (contra los anarquistas), incluso apelando a efectivos militares, y las concesiones y trato favorable a los sindicalistas revolucionarios. Esa política pudo ser exitosa no solo por habilidad de la clase dominante y errores de la dirección política de izquierda de la clase obrera, sino también por razones estructurales. Afirma Bergquist (1988: 174 y 175) que “la concepción anticapitalista de la clase obrera revolucionaria ofrecía escaso atractivo para otros elementos de la sociedad”. De modo que “las organizaciones obreras revolucionarias tropezaron con dificultades al querer universalizar su condena del capitalismo”. Pero si Bergquist tiene razón al enfatizar el peso de la estructura, ello no debe descuidar la incapacidad de las fuerzas de izquierda para construir una concepción y una práctica eficaz para superar tal límite.

Si en Chile “[l]a insurgencia [obrera] obligó a la clase gobernante […] a hacer concesiones y a adaptar una nueva estrategia de control laboral”, abandonando “la fracasada política de represión física de los obreros organizados”, incluso “a costa del derrumbe total del sistema político” (Bergquitst, 1988: 90), en Argentina, la política represiva fue más eficaz para doblegar la rebeldía proletaria, combinándola con acciones favorecedoras de los sectores reformistas de la clase obrera, y con las razones estructurales que permitían ocluir el proceso de formación de una conciencia de clase anticapitalista.

En Chile, la izquierda fue derrotada en 1928, pero logró reconstituirse y se convirtió en una fuerza política central, llegando al Gobierno, en una alianza moderada con el Partido Radical (el Frente Popular), en 1938, y con mayor pretensión de reformas estructurales en 1970. En Argentina, en cambio, la derrota de la izquierda, incluso en su preponderante línea reformista, en 1945, fue decisiva y desde entonces no volvió a ser una fuerza significativa en el sistema político del país.

En Perú, el proyecto modernizador conservador del régimen de Leguía, en su primera fase (1919-1923), adoptó ciertas pautas de inclusión de los trabajadores urbanos. Frente a la creciente movilización del sector, el Gobierno reconoció la jornada de ocho horas y estableció arbitrajes para los conflictos y las huelgas. Sin embargo, y de modo similar a lo que fue su política frente a los campesinos, esta fase inicial de satisfacción de las demandas populares culminó con duros enfrentamientos. A partir de 1923, el Gobierno adoptó medidas crecientemente represivas y autoritarias.

En Brasil, las huelgas se multiplicaron hacia fines de la década de 1910 y todas ellas fueron duramente reprimidas. La fase más combativa del movimiento obrero llegó a su fin en los primeros años de la década siguiente, cuando ese movimiento fue finalmente diezmado por el estado de sitio impuesto por el Gobierno de Artur da Silva Bernardes (1922-1926). A esto debe agregarse la inexistencia de un Partido Socialista significativo y el debilitamiento de un Partido Comunista recién fundado (1922).

En Colombia, los trabajadores bananeros de la UFCo, en Santa Marta, fueron ametrallados durante una huelga en 1928. Un factor importante a tener en cuenta para entender la lógica de acción de las clases subalternas en este país es la relación de los sectores rurales con el movimiento obrero típicamente moderno, principalmente surgido del desarrollo económico dependiente en las zonas productoras de banana y petróleo, directamente controladas por capitales de Estados Unidos.

La huelga de los bananeros colombianos de 1928 constituye un capítulo importante de las luchas obreras latinoamericanas y en particular, obviamente, colombianas. El país ya había conocido otras acciones obreras, entre ellas las de los ferroviarios (en 1910) y los petroleros (en 1927), amén de las realizadas por los trabajadores bananeros en 1919, 1924 y 1927. En ellas descollaron las direcciones anarcosindicalistas y socialistas con demandas de salubridad de los campamentos, calidad de la alimentación, estabilidad laboral, salarios, servicio médico, sistema de contratistas, préstamos en vales, comisariatos. En 1927, el Partido Socialista Revolucionario (PSR) –creado el año anterior por la fusión de varios grupos– lanzó una campaña de agitación y propaganda para ganar adhesión popular, extendida en 1928 a los trabajadores agrícolas (6). De inmediato, una joven, la poeta María Cano –hija de una familia de periodistas liberales de Medellín– se convirtió “en símbolo de los obreros rebeldes y en una oradora capaz de electrizar a las multitudes de trabajadores que acudían a escuchar su apasionada retórica”. Apodada La Flor del Trabajo y La Flor Roja y Revolucionaria de Colombia, lograba en los mitines que los obreros presentes respondieran “a su entusiasmo con una pasión similar, saludando al Partido Socialista y el advenimiento de una nueva era de justicia social” (Bergquist, 1988: 403).

En ese contexto, Ignacio Rengifo, ministro de Guerra, y el presidente Miguel Abadía Méndez (1926-1930) –el último de la etapa conservadora iniciada en 1887– clamaban contra lo que llamaban “el bolchevismo”, considerado con notoria exageración “el mayor peligro que se le ha presentado a la República durante su existencia”, y presagiaban la inminencia de una revolución comunista que, como en Rusia, implicaría “la dominación de la horda” (apud Melgar Bao, 1988: II, 179). Con semejante concepción, no extraña que impulsara con éxito la aprobación de una ley represiva, conocida como “Ley Heroica” o “Proyecto Heroico” (julio de 1928), precedida de una campaña ferozmente represiva contra el PSR, al que acusaron de organizar un complot subversivo que debía producirse el 1º de mayo. La resistencia a esa ley llevó a una alianza entre el PSR y los liberales (táctica del frente único que la Internacional Comunista había aprobado en su V Congreso, para abandonarla en el VI, en 1928, que viró hacia la línea de lucha de clase contra clase).

Pese a la represión, los trabajadores de las plantaciones bananeras no cejaron en sus reclamos. El 6 de octubre de 1928 la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM) aprobó un pliego de nueve reclamos estrictamente laborales, los cuales se fundaban en argumentos legales (en la tradición socialista reformista que tenía exponentes notables en los dirigentes del Partido Socialista argentino Juan B. Justo y, sobre todo, Alfredo L. Palacios, hombre muy conocido en el subcontinente). “Toda esa fundamentación eminentemente reivindicativa [dice Melgar Bao] fue la nota disonante con la práctica del sindicalismo rojo [el de la III Internacional], ya que debería aparecer ligado a la reivindicación política”. El pliego fue presentado al gerente de la UFCo, quien no solo lo desconoció sino que –barruntando una declaración de huelga– gestionó (con éxito) ante el presidente Abadía Méndez el envío de una división del Ejército para restablecer el orden. La presencia militar aisló a los trabajadores de la USTM del resto del país, con el agravante del enfrentamiento en el interior del PSR entre una facción moderada y otra radical. Con todo, la huelga se declaró a principios de diciembre. La UFCo operó con toda la intención de crear un clima de miedo que sirviese de justificativo para la represión, acción en la cual tuvo éxito. El Gobierno nacional declaró el estado de sitio en la región y los trabajadores respondieron, en palabras de su líder Alberto Castrillón, con la proposición del “derrocamiento de la tiranía proimperialista y la instauración de una Colombia de soviets obreros y campesinos”.

La represión gubernamental fue feroz, prolongándose a lo largo de cuatro meses, bajo el imperio de la Ley Marcial. La respuesta obrera violenta fue el boicot y el sabotaje, insuficientes para contener las acciones militares, pero con fuerza suficiente para una resistencia larga. Un tardío llamamiento del PSR a la insurrección general, formulado desde Bogotá, concluyó en un fracaso. Cuando el Ejército dejó sin efecto el estado de emergencia en el área bananera, los trabajadores se concentraron en las estaciones ferroviarias, donde las tropas los atacaron a bayoneta calada y ametrallamiento. El número exacto de muertos nunca fue precisado: después del absurdo número dado inicialmente por el Gobierno –nueve–, el Consulado norteamericano los estimó en 50, luego en 500 a 600 y por último, en un comunicado de enero de 1929, tomando como fuente a la propia UFCo, en más de mil. Según Melgar Bao, unas 1.400 personas (huelguistas y manifestantes) fueron asesinadas, unos 600 sobrevivientes fueron enviados a prisión y enjuiciamiento por un consejo de guerra, de los cuales 136 recibieron fuertes condenas (hasta 25 años de cárcel).

La masacre de 1928 tuvo alcances políticos que trascendieron a socialistas y comunistas al convertirse en acción parlamentaria del líder liberal Gaitán. También hizo clara la oposición entre los intereses oligárquico-imperialistas y los populares. “El dilema clase obrera-nación quedó revelado bajo la forma de auténtica tragedia, pero esta a su vez forzó a nivel ideológico la cohesión del movimiento popular nacional, bajo posturas antioligárquicas y antiimperialistas” (Melgar Bao, 1988: II, 282).

Como se ha visto, las tres primeras décadas del siglo XX fueron de intensas luchas proletarias y de brutales represiones estatal-burguesas. Solo en Chile, Argentina y Colombia los trabajadores asesinados por las policías y los Ejércitos superaron, por lo menos, la cifra de ocho mil.

En los años posteriores a la crisis de 1930, y en particular durante la década de 1940, el movimiento obrero latinoamericano entró en su fase institucional, durante la cual las exigencias de ampliación de la ciudadanía se concretaron. Desde el Estado, hubo un avance constante hacia la regulación de las relaciones de trabajo a través de la codificación de leyes y otras expresiones burocrático-administrativas. Llamativamente, en sus inicios, esta nueva fase estuvo atravesada por un ciclo de violencia generalizada, al cual nos referiremos más adelante.

Como ya se ha visto, Roxborough (1997: 139-140) asocia las luchas obreras de los años treinta, dentro de una fase prolongada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con la cuestión de la ciudadanía. Durante los años treinta y la primera mitad de los cuarenta, “las exigencias de ampliación de la ciudadanía” están “estrechamente vinculadas a las luchas a favor de la institucionalización del movimiento obrero”. Se trata de un período de unos tres lustros que pasa por la agitación y movilización desarrolladas pari passu la crisis económica, las propuestas frentepopulares (segunda mitad de los treinta) y la “tranquilidad laboral general durante la Segunda Guerra Mundial”.

Ya se ha dicho que la fase institucional correspondió al cambio en el patrón de acumulación. La ISI contribuyó a incrementar la urbanización, principalmente en países como Argentina, Chile y Uruguay, donde este proceso se había iniciado ya bajo el modelo primario exportador. Con ello se acentuó el carácter urbano de la clase trabajadora, pues el locus de las reivindicaciones fueron las fábricas y los barrios pobres de las ciudades. Con la adopción del nuevo modelo, los obreros industriales tuvieron un peso creciente dentro de la estructura ocupacional. Asimismo, se fortalecieron los servicios financieros, el transporte y la construcción y, como resultado de la mayor intervención del Estado, la burocracia. La creación de empresas de propiedad estatal, como las de la industria siderúrgica, de electricidad y de petróleo, entre las principales, propició la formación de un sindicalismo fuerte y con efectiva capacidad de presión para alcanzar sus objetivos. Las demandas apuntaban a mejoras de los salarios y de las condiciones de trabajo, acceso a la vivienda, a la educación y a la salud, y reducción del costo de los medios de transporte.

Las organizaciones que se crearon en esta nueva fase se hicieron cargo de representar al conjunto de la clase obrera, desempeñando “un papel de creciente importancia en la negociación de salarios a nivel global, pero sobre todo en la articulación con el Estado”, esto es, la simultánea consolidación del sindicalismo “tanto como representante de los trabajadores en el sistema de relaciones industriales como en el sistema político” (Zapata, 1993: 40). En este sentido, la nacionalización de empresas privadas fue utilizada simbólicamente como expresión de autonomía, dignidad e independencia. Durante la vigencia del modelo ISI –y notoriamente en las experiencias populistas– se estableció “un marco institucional de regulación de las relaciones laborales para el proceso de acumulación de capital” que permitió la expansión cuantitativa del sindicalismo (más asalariados sindicalizados) y el ingreso de los trabajadores en alianzas políticas. Estas, a su vez, incrementaron las tasas de sindicalización, aumentando la capacidad de presión colectiva del sindicalismo sobre el sistema político y, al mismo tiempo, fueron resultado del proceso de cooptación inducido por el Estado (Zapata, 1993: 41).

En esta fase, se crearon, por ejemplo: la Confederación General del Trabajo argentina (CGT), en 1930 –por fusión de las precedentes Unión Sindical Argentina y Confederación Obrera Argentina–; la Confederación de Trabajadores de México (CTM) –heredera de la Confederación Regional de Obreros de México (CROM) y de la Confederación General de Obreros y Campesinos Mexicanos (CGOCM)–; la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) –ambas en 1936–; la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh), en 1938 –con mayor capacidad de representación y de negociación con la patronal y con el Estado, y luego sumida en la Confederación Única de Trabajadores (CUT), creada en 1953–; la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), en 1939; y la Confederación de Trabajadores de Perú, en 1944. En Bolivia, en 1946, se creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que aunque nucleaba solo a una categoría de trabajadores tuvo un papel clave en el desarrollo político y social del país.

Durante estos años, el Estado apeló a la legislación laboral para proteger a unos trabajadores cuya lucha había quedado subordinada a la negociación y cuyas organizaciones representativas habían sido creadas y/o controladas “desde arriba”. En efecto, el Estado intervino en la actividad de los sindicatos en detrimento de su autonomía organizativa –y a menudo ideológica–. Esto es bien visible en dos de los países que construyeron estados populistas, Brasil y Argentina –aunque el proceso se había iniciado antes: en Brasil, en los comienzos del Gobierno de Vargas; y en Argentina, durante los gobiernos de la democracia ficta (1932-1943). El sindicalismo populista de México, Brasil y Argentina contrasta con el sindicalismo de clase predominante en Bolivia, Chile y Perú: el primero alcanzó mayor capacidad de representación y eficacia y, por tanto, mayor adhesión de los trabajadores, pero al mismo tiempo inhibió la formación de una identidad obrera generadora de una acción sindical autónoma (Zapata, 1993: 91-92).

En México, la legislación laboral tuvo la impronta de la Revolución. El artículo 123 de la Constitución de 1917 –que por sí solo constituía el título sexto de la Constitución– dispuso: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley”. Tras esta prescripción inicial, el artículo explicitaba las cuestiones sobre las cuales el Congreso debía sancionar las leyes pertinentes. La extensa enumeración incluía la jornada laboral diurna de ocho horas; nocturna, de siete, y de seis para los menores de 14 a 16 años; la prohibición del trabajo infantil (menores de 14 años); descanso semanal; protección de la mujer embarazada y de sus hijos lactantes; salario mínimo suficiente; igualdad de salario (a igual trabajo, igual salario, sin distinción de sexo ni nacionalidad); pago de salarios en moneda de curso legal, con prohibición de hacerlo en mercancías, vales, fichas u otra forma no monetaria; derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas; responsabilidad patronal en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; derecho de obreros y patrones a organizarse en defensa de sus respectivos intereses y a recurrir a la huelga y el paro; indemnización en caso de despido injustificado; establecimiento del seguro social (invalidez, vejez, enfermedades y accidentes, cesación involuntaria del trabajo, servicio de guardería), entre otras disposiciones para la época muy avanzadas. El Estado tenía amplios poderes en el arbitraje y la conciliación de los conflictos, y con esto empezó a delinearse la ampliación de la ciudadanía social y el sindicalismo de carácter vertical típico de los estados populistas. Así, estas regulaciones tuvieron aplicación recién después de 1930 bajo el cardenismo.

En 1918 se creó la CROM, un instrumento central del control estatal en todo el decenio de 1920, que comenzó a desintegrarse durante la presidencia de Calles. En 1931, se sancionó la Ley Federal de Trabajo, de neto corte corporativista, por la cual el Estado se hizo cargo de funciones hasta entonces ejercidas por la CROM, desplazándola. Singularmente, las organizaciones campesinas estuvieron afiliadas a la CROM. Ya bajo la fase populista de Cárdenas se creó la CTM en 1936. Los campesinos fueron excluidos de esta organización y reunidos en la Confederación Nacional Campesina. Hacia mediados de 1940, las relaciones entre el Gobierno y la CTM estuvieron fuertemente tensionadas. El Gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) mostró un claro interés por imponer su control al sindicalismo. En 1947, tres sindicatos industriales –los más grandes– se apartaron y formaron la Central Única de Trabajadores (CUT), que el Gobierno intervino casi inmediatamente.

Jesús Díaz de León, apodado “el Charro”, era el secretario general del Sindicato de Ferroviarios –uno de los tres poderosos– que formaban la CUT. A raíz de una denuncia por desfalco, fue suspendido en su cargo por el propio Sindicato, pero la sede de este fue ocupada por efectivos militares y policiales. Tras ello, el defenestrado dirigente, partidario del Gobierno, fue repuesto en el cargo de secretario general y de inmediato, con la participación del Estado, comenzó la formación de comités sindicales “charristas”. La alianza entre Díaz de León y el Gobierno significó el despido de miles de trabajadores y la consolidación del charrismo. Así, se afianzó una estructura de apoyo incondicional del sindicalismo a las políticas del Gobierno, en la cual la corrupción era una práctica frecuente.

En Brasil, durante la experiencia del Estado Novo (1937-1945), hubo un control riguroso de los fondos de los sindicatos a través del imposto sindical, una contribución anual obligatoria deducida directamente del salario de cada trabajador, sindicalizado o no, y constituida por el importe de la remuneración correspondiente a un día de trabajo. Esos fondos eran redistribuidos por el Estado entre los sindicatos para ser empleados –por disposición legal– en determinadas áreas. Asimismo, se crearon poderosas organizaciones, como el temible DOPS (Departamento da Ordem e Política Social) (7). En 1943, se promulgó la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que codificaba la legislación laboral estadonovista y funcionó como un instrumento de disciplinamiento y control filiado en la legislación laboral del fascismo italiano (la Carta dil Lavoro).

La CLT estableció que los deberes de los sindicatos eran “colaborar con los poderes públicos para el desarrollo de la solidaridad social” y “promover la conciliación en los conflictos laborales”. En rigor, hizo de las direcciones reconocidas (la burocracia sindical) una instancia de mediación entre la clase y el Estado, conocida como peleguismo (8).

La CLT organizó a los sindicatos en una estructura piramidal y prohibió expresamente la constitución de organismos de coordinación horizontal entre sindicatos locales de diferentes actividades. En el vértice de la pirámide se situaba el Ministerio de Trabajo, al cual seguían las confederaciones, debajo de las cuales se encontraban las federaciones y, en la base, los sindicatos. Al prohibirse las articulaciones horizontales intersindicales, se reforzaba y centralizaba la toma de decisiones en los niveles federal y confederal.

Argentina constituye otro caso en el que el Estado se erigió como mediador en el conflicto capital-trabajo, acorde con la posición del entonces coronel Juan Domingo Perón de favorecer la conciliación de clases. Perón fomentó la organización sindical aun antes de llegar a la presidencia, desde su desempeño como Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno surgido del golpe militar del 4 de junio de 1943. Así, obtuvo de los trabajadores un apoyo inusitado que se materializó el 17 de octubre de 1945, día que cambió el curso de la historia argentina, cuando las masas se movilizaron hasta la Plaza de Mayo reclamando la libertad del líder tras ser ordenada su prisión en la isla Martín García.

Una vez presidente, Perón centralizó el control de la CGT a través de una política de cooptación de los dirigentes sindicales basada en el clientelismo. Con esto, se desarrolló una compleja burocracia sindical que fue crucial para la estabilidad del populismo argentino.

La subordinación del movimiento obrero resultó una pieza clave del mecanismo de dominación política liderado por Perón. Un instrumento clave fue el decreto de octubre de 1945, que estatuyó las normas para la organización sindical. Inspirado en la Carta dil Lavoro, el objetivo principal era subordinar la organización sindical al Estado mediante un mecanismo que instituía la libertad sindical, haciendo posible el reconocimiento mediante una simple inscripción en un registro ad hoc, pero distinguiendo dos tipos de asociaciones, las inscriptas, con la capacidad de acción de cualquier organización civil, y las poseedoras de personería gremial, únicas con derecho a la negociación de los convenios de trabajo. La potestad de concesión de esta personería era privativa del Estado.

A diferencia de México y Brasil, la clase obrera, que fue columna del populismo argentino, creó su partido desde abajo para, en lo inmediato, posibilitar la candidatura presidencial de Perón, pero también, estratégicamente, para fungir de control del cumplimiento del programa de Gobierno que este debía realizar. La autonomía política y sindical de la clase obrera y sus instituciones –partido y sindicatos– respecto del Estado y del Gobierno fue parte del núcleo duro del Partido Laborista (PL), creado en noviembre de 1945.

La organización del PL –dirigida por veteranos y probados líderes sindicales, en su mayoría provenientes del anarcosindicalismo, con Luis Gay a la cabeza– fue un proceso rapidísimo y eficaz. Para las elecciones de febrero de 1946 se decidió concurrir coaligados con otras fuerzas, atendiendo al poderío de la Unión Democrática, la efímera coalición antiperonista. En la campaña electoral tuvo una activa y grosera participación el ex embajador norteamericano, Spruille Braden, quien actuó en favor de la oposición al líder de los trabajadores. Así, la consigna ¡Braden o Perón! fue una formidable síntesis propagandística para plantear el dilema excluyente: colonia o patria, oligarquía o pueblo.

Triunfó la fórmula Juan Perón-Hortensio Quijano. Pero apenas concluido el proceso electoral, muchos dirigentes del PL, en particular su presidente, Gay, comenzaron a ser objeto de una campaña de difamación, que culminó en mayo de 1946 con la orden de Perón de disolver el partido. En noviembre, Gay fue elegido secretario general de la CGT. Su posición era de apoyo al Gobierno, aunque con independencia y autonomía. Pronto, el choque con Perón fue manifiesto y Gay renunció a su cargo. De ahí en más, aunque no faltaron resistencias, la CGT fue perdiendo autonomía y, como en el caso del peleguismo brasileño terminó siendo mucho más representante del Gobierno ante la clase obrera que a la inversa.

El charrismo mexicano, el peleguismo brasileño y la burocracia sindical argentina (que ha tenido denominaciones cambiantes) fueron piezas claves del mecanismo de funcionamiento del sindicalismo de negociación a la vez que trabas para la democratización de los sindicatos. Lo mismo puede decirse del mujalismo cubano.

En Cuba, la década de 1930 fue de cambios significativos para el movimiento obrero. En este pequeño país, el movimiento obrero se organizó en 1925, con la creación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC). Sin embargo, el sector más numeroso y estratégico de la clase obrera, esto es, los trabajadores del azúcar, no estaban sindicalizados. La falta de sindicalización, sumada a las divisiones ideológicas internas y a la política de persecución aplicada por la dictadura de Machado, hizo que el movimiento obrero entrara en una fase de debilitamiento. El asesinato de Julio Antonio Mella, líder del PC, y de Alfredo López, que lo era de la CNOC, profundizó esta tendencia. Incluso, Machado creó una central obrera paralela, la Federación Cubana del Trabajo (FCT), pero no pudo controlar a la clase: como veremos más adelante, el movimiento obrero desempeñó un papel muy importante en la insurrección de 1933, sobre todo el movimiento de los tabacaleros, donde predominaban los anarquistas pero donde también empezaba a sentirse la influencia de los comunistas (gracias a la labor de Mella). En 1939 se constituyó la CTC, muy pronto convertida en el “sindicato del Estado”, al introducir al Ministerio de Trabajo como el imprescindible interlocutor para dirimir los conflictos laborales.

Ello no fue óbice para que los comunistas alcanzasen el control de la CTC. Ramón Grau San Martín, presidente entre 1944 y 1948, dio impulso a la política tendiente a disponer de una central obrera dependiente del Estado y del partido gobernante. En 1947, el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, el del presidente y el de su sucesor, Carlos Prío Socarrás (que entonces era ministro del Trabajo), lanzó una ofensiva para desplazar a los comunistas de la dirección sindical, exigiendo la renuncia de su secretario general, Lázaro Peña. Los comunistas, obviamente, rechazaron la ofensiva y el Gobierno disolvió el Congreso de la CTC, que se fracturó en dos. Antes de la fractura, en su seno ya existían tres tendencias, una de las cuales estaba liderada por Eusebio Mujal (ex comunista y ex trotskista), finalmente triunfante cuando este fue designado secretario general de la central oficialista. Entonces, la CTC, a través de la burocracia mujalista, estrechó fuertes lazos con el Gobierno, y aunque la agitación laboral continuó más allá de 1950, el mujalismo fue un apoyo valiosísimo para la dictadura de Fulgencio Batista iniciada en esos años, siendo finalmente desarticulado por la Revolución. Esa burocracia fue, señala Mires (1988: 298), hábil para negociar con el gobierno de turno, pero sobre todo generadora de corrupción.

La Confederación de Trabajadores de Colombia se creó en 1936. Los enfrentamientos entre liberales y comunistas en el seno de esta organización siguieron un ritmo de altibajos de acuerdo con las posturas asumidas por el Partido Liberal: durante los dos gobiernos de López primó el acercamiento entre ambas fuerzas. Hasta 1945, la Confederación representó los intereses del movimiento de obreros ferroviarios, de las empresas públicas y del Río Magdalena. Más tarde se incorporaron los intereses del sector privado, fundamentalmente de los obreros textiles, que la industrialización había promovido. Inicialmente, el lopismo se había inclinado hacia la institucionalización del movimiento obrero: reconocimiento legal de los sindicatos, reconocimiento (aunque restrictivo) del derecho a huelga, mediación del Estado en los conflictos capital-trabajo. Esta actitud debilitó seriamente la capacidad combativa del movimiento y, sumada a la postura adoptada en relación con los trabajadores rurales, habilitó un espacio de relativa estabilización de los conflictos que solo explotó a partir de 1948, por la convergencia de una serie de factores entre los cuales sin duda cuenta el asesinato de Gaitán. A partir de allí, Colombia se sumió en La Violencia, hecho al que nos referiremos en el próximo capítulo.

En Chile, Bolivia y Perú la existencia de un sindicalismo clasista se explica por la presencia de trabajadores mineros. El aislamiento espacial de las minas, entre otros factores, colaboró con la formación de una identidad de clase. El componente de enclave de estas minas, esto es, la propiedad extranjera, fraguó la identidad de clase con una conciencia profundamente nacionalista. Fue, justamente, en los enclaves donde se constituyeron las primeras grandes organizaciones obreras (Melgar Bao, 1988: I, 18). No obstante, solo en Chile hubo condiciones favorables para el desarrollo de un movimiento obrero fuerte. Hacia 1940, la influencia del socialismo en el movimiento obrero era notoria y había crecido en detrimento de otras influencias, la del anarcosindicalismo y la del comunismo. Para ello fue altamente favorable la política del Frente Popular, que gobernó desde 1938, por la que el número de sindicatos se multiplicó más de cuatro veces. Sin embargo, el sindicalismo sufrió un fuerte retroceso cuando, bajo la presidencia de Gabriel González Videla, en 1948, se dictó la Ley para la Defensa Permanente de la Democracia, que persiguió duramente a los dirigentes sindicales.

En Bolivia, los trabajadores estaban divididos entre los partidarios del MNR, de corte nacionalista y surgido en 1941, y los del Partido Obrero Revolucionario (POR), de línea trotskista, creado en los años treinta. El movimiento obrero era singularmente fuerte, en contraste con la precariedad del Estado y del mercado interno. Por ello surgieron expresiones de violencia que constituyeron verdaderas masacres. En 1919 tuvo lugar la primera de ellas, la de Catavi, y en 1923 hubo otra terrible masacre en Uncía. La fortaleza del movimiento obrero era resultado de la doble inscripción identitaria, a la etnia y a la clase, pues la mayoría de los obreros mineros se reclutaban entre la población indígena. Desde el final de la Guerra del Chaco, a mediados de 1932, hasta el estallido de la Revolución en 1952, predominó una política de violencia y represión, con algunas excepciones, como la negativa del presidente Busch a reprimir la huelga de 1936, presidencia en la cual también se dictó el Código de Trabajo (en 1939), que recogía muchas de las demandas históricas de los obreros. En 1942, bajo el Gobierno de Enrique Peñaranda, Catavi fue nuevamente objeto de una feroz represión, y luego otra vez en 1949, convirtiéndose en símbolo de la izquierda boliviana. La primera organización sólida fue la FSTMB, creada en 1944, con la cual estrechó lazos el MNR. En menor medida, los mineros estaban liderados por el POR, bajo el liderazgo de Juan Lechín Oquendo, siempre en diálogo con el MNR. En noviembre de 1946, la FSTMB aprobó el documento más radical emitido por el movimiento obrero latinoamericano: las Tesis de Pulacayo. La Confederación Obrera Boliviana (COB) se creó en abril de 1952, pocos días después del triunfo de la insurrección que dio inicio al proceso revolucionario.

En las mencionadas Tesis, los trabajadores mineros se pronunciaron a favor de “elementales garantías democráticas y por la revolución agraria”, y acotaron “que la revolución democrático-burguesa, si no se la quiere estrangular, debe convertirse solo en una fase de la revolución proletaria”. Negaban ser “propugnadores de una inmediata revolución socialista en Bolivia”, por entender que para ello no existían condiciones objetivas. Y afirmaban: “[d]ejamos claramente sentado que la revolución será democrático-burguesa por sus objetivos y únicamente un episodio de la revolución proletaria por la clase social que la acaudillará”. Esta revolución proletaria no implicaba la exclusión de “las otras capas explotadas de la nación sino la alianza revolucionaria del proletariado con los campesinos, los artesanos y otros sectores de la pequeña burguesía ciudadana”.

Las Tesis reivindicaban la preeminencia de la acción directa de masas y, dentro de esta, la huelga y la ocupación de minas. Pero la opción no implicaba negar la importancia de otros métodos de lucha, aunque subordinados. En las elecciones generales de 1947, la FSTMB y el POR constituyeron un frente político denominado Frente Proletario, y presentaron candidatos propios. Obtuvieron, sobre todo por los exitosos resultados en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, dos senadores y diez diputados, quienes conformaron el Bloque Parlamentario Minero (o Bloque Minero Parlamentario). El grupo distaba de ser homogéneo en términos partidarios, toda vez que pertenecían, o simpatizaban con diferentes organizaciones. La dirección del Bloque estaba a cargo del senador Juan Lechín y el diputado Guillermo Lora. Pese a las debilidades y a los conflictos entre las dos tendencias que coexistían en el Bloque, sus integrantes llevaron adelante una tarea que fastidió al Gobierno de Mamerto Urriolagoitia, quien los acusó de hacer “uso y abuso del derecho sindical”, de desarrollar una sistemática actividad conspirativa, emplear “las inmunidades parlamentarias contra el régimen democrático”, ser agentes del comunismo internacional y hasta responsables de la masacre de los mineros de Siglo XX (28 de mayo de 1949). Finalmente, la Cámara de Diputados se hizo eco de las demandas del Poder Ejecutivo y en septiembre del mismo año decidió licenciar, desaforar y suspender el ejercicio del mandato a diputados del Bloque e incluso a algún connotado dirigente del MNR, como también al diputado Hernán Siles Suazo.

En materia de alianzas, las Tesis de Pulacayo se expidieron en contra de cualquier compromiso con la burguesía y plantearon la posibilidad de “forjar bloques y firmar compromisos” con “la pequeña burguesía como clase”, pero no con sus partidos, siempre bajo dirección proletaria.

La colaboración revolucionaria de mineros y campesinos es una tarea fundamental de la FSTMB, tal colaboración es la clave de la revolución futura. Los obreros deben organizar sindicatos campesinos y trabajar en forma conjunta con las comunidades indígenas. Para esto es necesario que los mineros apoyen la lucha de los campesinos contra el latifundio y secunden su actividad revolucionaria.

En la Tesis VI se expuso una cuestión vital: la del armamento de la clase obrera. Se trataba de evitar la masacre de Catavi. Para ello debía enseñarse a los obreros a armarse, recordando que contaban con un medio eficaz, los poderosos explosivos con lo que trabajaban diariamente. De hecho, en la insurrección de abril de 1952, la apelación al instrumento de trabajo –la dinamita– para convertirlo en arma se hizo realidad, desempeñando un papel decisivo en el desenlace.

Por último, en Perú, la representación del movimiento obrero se repartía entre el APRA y el PC peruano, con mayor influencia en el movimiento minero. Sin embargo, como en Bolivia, la década de 1930 fue de reforzamiento del poder oligárquico, sin ni siquiera atravesar por intentos reformistas como el de los militares Toro y Busch, a instancias de los cuales se creó la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia. En Perú, durante toda la década, predominó una política de represión y violencia, que tuvo en el APRA y en los trabajadores a sus principales blancos. Como resultado, la CGT fue disuelta. En la década siguiente, y hasta 1945, no hubo en el país una política favorable a los trabajadores.

En el agro, también los trabajadores y los campesinos se sumaron a la movilización social y política. Estos sectores estaban concentrados en grandes áreas: México, América Central, países andinos, Nordeste de Brasil. Pero no presentaban, por cierto, magnitudes similares en cuanto a intensidad y extensión de los conflictos y de la participación.

En México, ya se ha visto, los campesinos fueron sujetos principales de la Revolución. Pero en los años treinta, el presidente Lázaro Cárdenas subordinó la Confederación Campesina de México (como ya se ha visto en el capítulo 4, creada en 1931 y luego convertida en Confederación Nacional Campesina, CNC), a la estructura burocrática del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), creado en 1938 a partir del ya existente Partido Nacional Revolucionario (PNR). Con esto, los campesinos sufrieron un fuerte retroceso en las posiciones conquistadas hasta entonces, aunque la pérdida de poder real quedó compensada por ciertos beneficios recibidos de parte del Estado Populista, en particular, el acceso a la tierra.

Bolivia fue otro país donde el campesinado participó de un proceso revolucionario desde abajo. Allí, después de la Guerra del Chaco, los trabajadores rurales y campesinos fueron parte del movimiento reformista llevado adelante por jóvenes oficiales del Ejército –el trienio del “socialismo militar”–, comenzando un proceso de sindicalización, impulsado por el Gobierno, que los convirtió en protagonistas de un movimiento que culminó en 1952 con la Revolución Nacional. No es un dato menor la organización del Primer Congreso Nacional Indígena, en mayo de 1945, bajo el Gobierno de Villarroel, el primero en cuestionar seriamente el sistema de propiedad de la tierra.

Pero fue en El Salvador, como veremos, donde los campesinos protagonizaron la lucha más violenta. A diferencia de los salvadoreños, los campesinos del sertão brasileño llevaron adelante acciones de protesta bajo la forma de bandidismo social asociado al misticismo. Como se ha visto en el capítulo 4, los movimientos campesinos, en tanto mesiánicos, incluso bajo la forma del bandidismo, fueron reacios a la adopción de ideologías laicas, mucho menos si eran radicales. Así, cuando la Columna Prestes marchaba a través de Brasil (1924-1927), el padre Cícero intentó armar a Virgolino Ferreira, un notable cangaceiro conocido como Lampião, y su banda para que atacasen a los tenentes que luchaban contra el poder oligárquico.

Con la centralización del poder, a partir de 1930 (y sobre todo de 1937, con la instauración del Estado Novo), el coronelismo perdió mucha de la fuerza de antaño, en buena medida por la desaparición de la competencia electoral: el tráfico de votos, como lo llama José de Souza, era un componente fundamental del coronelismo, de modo que al no haber elecciones, los coroneles no tenían nada para negociar con el poder central. No fue por azar que al caer la dictadura del Estado Novo, en 1945, el sistema de partidos por entonces constituido admitió la constitución de una organización muy fuerte de hacendados y antiguos coroneles (el Partido Social Democrático, PSD), afín a Vargas, y a través de él la prolongación de una presencia todavía significativa del coronelismo (Martins, 1981: 64).

Los movimientos campesinos brasileños dejaron de ser expresiones de mesianismo y se secularizaron –aunque el bandidismo y el mesianismo persistieron durante un tiempo más, como lo prueban los hechos de Catulé, en 1954-1955. La secularización, en buena medida, ocurrió recién a partir de mediados de la década de 1950, cuando se constituyeron los sindicatos y las Ligas Camponesas como se verá en el próximo capítulo.

Tiempo de insurrecciones

La década de 1930 fue una década de notable ejercicio de la violencia. No solo en América Latina, sino en varios lugares del mundo. Buenas pruebas de ello son la llamada Guerra Civil en España (1936-1939), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la “descampenización” en la Unión Soviética, que se sumó al genocidio de los ucranianos (1932-1933) ejecutado por el régimen stalinista.

En su libro sobre la insurrección aprista en Trujillo, Guillermo Thorndike (1969: 12 y 15) dice que 1932 fue, para Perú, “el año de la barbarie”, calificación que ratifica y refuerza casi de inmediato: “El año de la ferocidad, el ensañamiento y la barbarie”. Su juicio se refiere a la represión de los apristas y comunistas realizada por las fuerzas gubernamentales de Luis Sánchez Cerro: “51 inocentes asesinados en una cárcel sombría”, entre 600 y 800 fusilados (Thorndike, 1969: 22), mas es factible extenderlo a por lo menos otros dos dramas del mismo año: la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay, y la salvaje represión de la insurrección campesina en El Salvador, ordenada por el dictador Maximiliano Hernández Martínez. En la Guerra del Chaco murieron alrededor de 110-120.000 bolivianos y paraguayos. En El Salvador, país con una población de 1.500.000 habitantes, fueron asesinadas entre 20.000 y 30.000 personas.

Pero no solo 1932 fue el año de la barbarie. La década entera está atravesada por hechos de ferocidad en toda la región. La Guerra del Chaco constituyó el conflicto más violento y costoso en vidas humanas. Ella fue el resultado de un complejo entramado de factores, desde viejas disputas por definir territorios heredados de la colonización española, hasta los intereses contrapuestos entre 1) las grandes compañías petroleras Standard Oil y Royal Dutch Shell; 2) los capitales anglo-argentinos y norteamericanos, y 3) la política exterior del Reino Unido y de Estados Unidos en relación con América del Sur –sin olvidar los conflictos internos en torno al poder político y la conservación o transformación de las estructuras sociales–. En este último campo, cabe señalar que el recurso de la guerra fue utilizado por el Gobierno boliviano como un mecanismo para estimular el nacionalismo y, mediante él, galvanizar al conjunto de la sociedad en pos de objetivos que permitieran disimular el fracaso de la gestión en el plano interno. Ya en 1928, el presidente Hernando Siles había apelado al nacionalismo mediante acciones provocativas en la frontera con Paraguay, que perseguían unificar la voluntad popular por encima de las diferencias económicas, sociales, políticas y étnicas, contra supuestos enemigos externos: los comunistas (de escasísima presencia en Bolivia) y los paraguayos. Su sucesor, Daniel Salamanca, reiteró tal política, añadiéndole su intención de convertirse en el vértice de la pirámide política, en el gran líder unificador del país.

Como se adelantó, en El Salvador los campesinos protagonizaron un intento insurreccional que fue brutalmente reprimido, con un saldo controversial de campesinos muertos (entre 10.000 y 30.000), una cifra (aun la mínima) que sitúa la matanza, realizada en nombre del anticomunismo, entre las mayores atrocidades del continente. Ella constituyó el punto más alto de la conflictividad rural latinoamericana durante los años treinta y un verdadero punto de inflexión en la historia del país, marcando fuertemente el imaginario social.

Además de ser el país más pequeño del continente (prescindiendo de las Antillas menores), El Salvador constituye un caso singular dentro de América Central, pues no tuvo una economía de enclave bananero ni sufrió la intervención militar norteamericana. País estructuralmente agrario, con predominio de haciendas cafetaleras (que antes habían sido cerealeras, ganaderas y/o frutícolas) controladas por terratenientes nacionales con fuertes vínculos con el extranjero (de ahí su caracterización como “clase superior cosmopolita”), El Salvador era gobernado de modo oligárquico por catorce familias, todas ellas caficultoras, aunque –no todas del mismo modo– ligadas también a otras diversas actividades, productivas (azúcar, industria), unas, comerciales (sobre todo la exportación de café) y de servicios (bancos y seguros), otras.

Las condiciones de explotación hicieron surgir, en 1922-1923, las primeras organizaciones obreras, de inmediato reunidas en la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños (FRTS). Algo similar ocurrió en el resto de América Central, lo cual llevó –en la tradición unionista heredada de la República Federal– a la constitución de la Confederación Obrera Centroamericana (COCA), en 1926. En el seno de esta coexistían moderados, socialistas y comunistas, si bien crecientemente fueron afirmándose las posiciones más radicales. En 1925 fue fundado –por cuadros provenientes de Guatemala y México– un pequeño y clandestino Partido Comunista, que comenzó a cobrar auge en 1930, cuando extendió sus actividades de propaganda y organización entre los trabajadores agrícolas. Hasta 1929 dependió del Comité Central del PC guatemalteco, pero ese año, con la creación del Secretariado del Caribe, con sede en Nueva York, las directivas fueron dadas desde esta ciudad, si bien en El Salvador el partido contó con su Comité Ejecutivo Central.

En marzo de 1930, los dirigentes comunistas de la FRTS desplazaron a sus colegas anarquistas y constituyeron formalmente el Partido Comunista de El Salvador (PCES), contando con el importante papel desempeñado por el mexicano Jorge Fernández Anaya, enlace con la Komintern. El novel partido se vinculó rápidamente con esta, a través de la Confederación Sindical Latinoamericana, la Internacional Sindical Roja (ISR) y el ya mencionado Secretariado del Caribe. Dos de sus dirigentes –el campesino Modesto Ramírez y el zapatero Miguel Mármol– participaron del V Congreso de la ISR, en aquel mismo año (Cerdas Cruz, 1986: 274). El 1º de mayo realizó un exitoso desfile por las calles de San Salvador, la capital del país, del cual participaron 80.000 personas, según Thomas Anderson (1982: 43).

Simultáneamente con ese proceso constitutivo del PCES se desarrolló la campaña electoral para elegir al sucesor del presidente Pío Romero Bosque, un hombre que hablaba de la “organización científica del trabajo” y había promulgado leyes reglamentarias de las indemnizaciones por accidentes laborales y las horas de trabajo en algunas industrias, pero que cuando advirtió la demostración de fuerza de los comunistas en el mencionado desfile, no vaciló en disponer medidas represivas: prohibición de reuniones de trabajadores, actividades de agitación e impresión y circulación de literatura marxista, autorizándose al correo su confiscación. Durante agosto y septiembre, la Guardia y la Policía nacionales llevaron adelante una campaña que Anderson califica de “terror blanco”. En noviembre, un nuevo decreto prohibió todas las manifestaciones obreras y campesinas. Entre mediados de noviembre de 1930 y fines de febrero de 1931, fin del mandato de Romero Bosque, fueron a la cárcel más de 1.200 personas acusadas de agitación sindical y actividades izquierdistas, entre ellas Farabundo Martí, dirigente del PC (deportado a Estados Unidos en diciembre de 1930), amén del asesinato en Santa Ana del organizador Pedro Alonso y siete de sus compañeros (Anderson, 1982: 66). El elevado número de presos y heridos por la represión llevó a la intervención humanitaria de la sección salvadoreña del Socorro Rojo Internacional (SRI) (Cerdas Cruz, 1986: 279).

Las elecciones fueron atípicas. En primer lugar, pudieron presentarse libremente varios candidatos (todos los que quisiesen), lo cual no había ocurrido en el pasado. En segundo lugar, fueron razonablemente libres, aunque caóticas, según caracteriza Anderson. Por último, ganó el candidato popular, frustrando las expectativas puestas en el preferido de Romero Bosque, Alberto Gómez Zárate.

En este escenario, el movimiento obrero decidió participar activamente a favor de un candidato sensible a las necesidades de trabajadores y campesinos. No era posible pensar en un candidato propio, surgido de las masas, pero sí en uno que, aun siendo integrante de “la aristocracia dominante […] estuviese dispuesto a proclamarse defensor de los débiles” (Anderson, 1982: 68). El candidato fue el ingeniero Arturo Araujo, hijo de una rica familia terrateniente que además de darle una vida de lujos lo envió a Europa para que estudiase ingeniería e idiomas. En Inglaterra trabajó profesionalmente en una fábrica de Liverpool, entró en contacto con el Labour Party y sus ideas y se casó con una joven de familia rica. De regreso en El Salvador, se tornó en el “buen terrateniente” que pagaba a sus trabajadores salarios que doblaban lo usual y contribuía a embellecer el pueblo de Armenia (en el cual permanecía mucho tiempo), y también a actuar en política en contra de la poderosa y muy oligarca familia Meléndez-Quiñonez, que gobernó férreamente el país entre 1913 y 1930 en representación del Partido Nacional Democrático, aunque Alain Rouquié (1994a: 57-58) dice que el verdadero poder lo detentaba la Asociación Cafetalera, organización que reunía “a los dueños de las plantaciones, propietarios de beneficios y exportadores” (9). La participación de Araujo en la fracasada rebelión contra la dinastía Meléndez-Quiñonez, en 1922, le granjeó fama de liberal.

En 1930, entonces, Araujo se convirtió en la esperanza de los desprotegidos. Para sostener su candidatura se creó el Partido Laborista, inspirado en su homónimo británico, integrado por hombres provenientes de distintas vertientes políticas e ideológicas, algunos de los cuales pretendieron darle una orientación radical y hasta revolucionaria. Araujo se esmeró en borrar la imagen de marxista que se le imputaba, no solo por convicción –ya que no lo era– sino también por conveniencia electoral, pues, como señala Anderson (1982: 71), había advertido que además de contar con los obreros urbanos y los campesinos –y no todos ellos lo votarían– debía sumar la adhesión de “las clases medias y bajas ilustradas”. Incidió mucho en el pensamiento de Araujo el escritor Albert Masferrer, de gran prestigio en El Salvador, partidario del vitalismo, postura que preconizaba la adopción de un ingreso “mínimo vital” suficiente para que todos pudiesen vivir decentemente, postulaba la cancelación de los gastos inútiles (ente los cuales incluía los pertrechos militares) e invitaba a los ricos a redistribuir sus riquezas. Masferrer, electo diputado, rompió con Araujo al poco tiempo de asumir este la presidencia.

Dicho brevemente, Araujo ganó las elecciones por amplio margen y la decisión popular fue ratificada por el Poder Legislativo. Asumió el 1º de marzo de 1931, dispuesto a cumplir un programa moderado de nueve puntos: 1) limitar a seis horas diarias la venta de bebidas alcohólicas y reducir el peso del impuesto al aguardiente dentro de los recursos estatales; 2) utilizar al Ejército como una institución educadora básica de los reclutas; 3) aumentar los servicios de agua; 4) mejorar la administración municipal mediante la inversión en cada localidad de los impuestos recaudados en ella; 5) proteger a los trabajadores salvadoreños frente a la competencia de los de origen extranjero (una medida que apuntaba en particular a los chinos residentes); 6) reorganizar el sistema escolar y construir más escuelas; 7) proteger a la mujer; 8) realizar una reforma universitaria; y 9) establecer en todo el país un programa de asistencia médica gratuita (Anderson, 1982: 83).

Dos días después de asumir, miles de campesinos y obreros se congregaron frente al Palacio Presidencial –donde permanecieron durante tres días– reclamando el cumplimiento del programa y exigiendo una inmediata reforma agraria. No era un buen comienzo. Araujo encontró una dificultad más: la carencia de cuadros propios, lo cual lo obligó a trabajar con personal inexperto y a lidiar con una burocracia adversa, forjada en las prácticas oligárquicas.

El descontento campesino se acentuó, transformándose en huelgas aisladas (abril y mayo) y luego en un movimiento de mayores proporciones. El ministro de Guerra y vicepresidente de la República, general Hernández Martínez, ejerció una sangrienta represión. También los estudiantes universitarios –liberales vagamente radicales, antioligárquicos, pero no comunistas– se sumaron a la protesta cuando la Asamblea Nacional aprobó la negociación de un préstamo en el exterior, soportando ellos también la represión –en un episodio que, según Anderson, fue crucial para el rumbo del Gobierno, que estableció el estado de sitio y entró en fase de descrédito popular, sin que ello implicase ganar la adhesión de los cafetaleros–. Otros elementos se sumaron a la tan rápidamente cuestionada gestión de gobierno de Araujo: corrupción, ineficiencia, incapacidad para pagar los sueldos de los militares y de la burocracia. En noviembre, jóvenes oficiales comenzaron a complotar para destituir al presidente, a quien consideraban incapaz de contener el descontento popular y el crecimiento de las fuerzas revolucionarias. El 2 de diciembre se concretó el golpe de Estado y Hernández Martínez se hizo cargo del Gobierno. El papel de este durante el complot no está claro: se dice que Araujo siempre creyó que era el cabecilla secreto; Anderson (1982: 94) considera que no estaba al tanto de la conspiración –aun cuando presentía que algo ocurriría– y se encontraba “listo para aprovecharse de lo que fuera”. Tanto este historiador norteamericano como, más explícitamente, el politólogo francés Rouquié (1994a: 59) consideran que los oficiales decidieron que Hernández Martínez, en tanto vicepresidente, se hiciese cargo de la presidencia para obtener el reconocimiento diplomático de Estados Unidos –cuyo Gobierno estaba obligado por ley de 1923 a no reconocer a los de facto–, manteniendo así una fachada de legalidad.

No es un dato menor el hecho de que el breve gobierno de Araujo transcurriese bajo el impacto de la crisis de 1929, aun mayor en El Salvador que en los otros países centroamericanos en razón de la abrumadora dependencia de su economía de un único cultivo: en 1932, el 92,17% de las exportaciones era café. El precio del grano cayó un 35%, muchos productores decidieron no cosechar y, por lo tanto, despidieron a sus trabajadores. Al desempleo se sumó una caída del salario del orden del 50% (Rouquié, 1994a: 58).

La insurrección de 1932 se produjo en ese contexto, a poco más de un mes de la asunción de Hernández Martínez. El PC había crecido rápidamente –solo en el occidente cafetalero organizaron sindicalmente a 80.000 trabajadores rurales–, participado de la contienda electoral y ganando varias alcaldías (municipios) –en elecciones que luego anuló el dictador Hernández Martínez–, infiltrado al Ejército entre los soldados y suboficiales, y orientado su acción hacia el campesinado insurgente, cuyas acciones se habían producido espontáneamente. El Comité Central evaluó la existencia de una situación revolucionaria que ameritaba pasar a la ofensiva, so pena de quedar detrás de las masas. Mientras preparaban la insurrección, las células militares fueron neutralizadas por el Gobierno, al tiempo que tres dirigentes civiles, Farabundo Martí (que había sido secretario de Augusto César Sandino, en Nicaragua), Alfonso Luna y Mario Zapata –estos dos, líderes estudiantiles–, fueron detenidos y fusilados. Tras ellos, otros militantes conocidos fueron apresados.

La mala organización de la insurrección impidió avisar a todas las células de tal caída y suspender, posponer o abortar el comienzo de ella, excepto en unos pocos casos. Así, los campesinos la iniciaron el 22 de enero en la zona de Sonsonate-Izalco, tomaron varias localidades, ejecutaron a sus autoridades y a algunos grandes propietarios (en total, no más de 25 a 50 personas y en toda la sublevación no más de 100, tal el saldo de la violencia campesina), y se acercaron a San Salvador. El miedo se expandió entre la clase dominante, que vivió la sublevación “como una orgía de saqueos, incendios, violaciones y violencias” (para decirlo con las palabras con las que Rouquié ilustra el hecho, que no difieren mucho de las utilizadas por Anderson). Presagios de horrendas acciones en contra de las mujeres ricas fueron imaginados y divulgados, y sirvieron de justificación de la brutal represión llevada a cabo por militares y guardias cívicas privadas organizadas por los propietarios.

Para Anderson (1982: 107-110), la insurrección fue básicamente “un producto autóctono”, con un importante componente de “sentimiento racial” –participaron indígenas y ladinos, cuyas culturas chocaban–, y en ella “el indigenismo no desempeñó un papel extremadamente importante en el éxito de la propaganda comunista en toda la zona occidental”, pero “sí tuvo gran influencia en los distritos intensamente indígenas de Sonsonate. Eso explica por qué uno de los conversos más importantes a la nueva doctrina [el comunismo] fue José Feliciano Ama, cacique de Izalco”.

El 25 de enero la insurrección estaba completamente derrotada. La represión, tan “atroz como sistemática” (la expresión es de Rouquié), se tradujo en una terrible matanza, que no respetó ni a mujeres ni niños. Llevar un machete o ser indígena era causa suficiente para que los soldados y los guardias cívicos de los terratenientes consideraran que se trataba de sospechosos y los fusilaran. En las plazas, señala Rouquié (1994a: 60), se realizaron “ejecuciones masivas con ametralladoras”, verdaderas “[s]aturnales indígenas aplastadas con sangre”, a modo de escarmiento. Anderson (1982: 216) dice que “[l]a rebelión desencadenó una orgía de pillajes e incendios, pero no una orgía de violaciones o asesinatos”, en contraposición con la brutalidad de la respuesta gubernamental-terrateniente.

El número de muertos no ha sido precisado aún: el Gobierno admitió algo más de 2.000. Anderson (1982: 200) documenta especulaciones que van entre los 20.000 y 40.000 muertos. Y añade: “Cuando ya no fue posible enterrarlos, y las zanjas de desagüe de las carreteras hedían de manera insoportable, se cargó a los cadáveres en carretas tiradas por bueyes y amontonados como basura en algún lugar, se procedió a rociarlos con gasolina y darles fuego. […] Los archivos gubernamentales fueron destruidos. La Biblioteca Nacional fue purgada de manera sistemática de todos los libros e incluso los periódicos que se referían a la rebelión” (Anderson, 1982: 202 y 215-216).

Anderson llega a la conclusión de que la insurrección se produjo en un contexto de injusticia y odio, y estalló cuando las tensiones sociales se hicieron más agudas en razón de la desarticulación de la economía provocada por la crisis de 1929, “haciendo que la situación, apenas tolerable en el occidente del país, se convirtiera en una situación totalmente insoportable”. El mayor A. R. Harris, agregado militar estadounidense en América Central, tras recorrer el país, constató la inexistencia de “clase media alguna entre los inmensamente ricos y los pobres de solemnidad. […] El 90% de la riqueza del país la posee el 0,5% de la población. Entre 30 o 40 familias son propietarias de casi todo el país”. A su juicio, la situación en El Salvador se asemejaba mucho a la existente en Francia, México y Rusia antes de sus respectivas revoluciones, y estaba madura para una insurrección comunista (apud Anderson, 1982: 129-130 y Cerdas Cruz, 1986: 279).

El fracaso se explica, según Anderson (1982: 218), porque los radicales, ente ellos los comunistas, “se negaron a tomar en cuenta, o fueron incapaces de entender, el hecho de que había mucha gente que iba a ser hostil o indiferente al llamado de los campesinos y peones cafetaleros de la zona occidental, e iba a tener conciencia de lo mucho que les tocaría perder en caso de que triunfara el levantamiento. Esta gente le dio su apoyo a la política represiva del gobierno”.

A su vez, Ricardo Cerdas Cruz (1986: 298-299) evalúa que los comunistas salvadoreños tomaron la decisión de llevar adelante la insurrección de manera “bien fundamentada y enmarcada en las directrices de la Internacional Comunista”, pero fracasaron por una conjunción de inexperiencia, falta de coordinación, filtración de información, carencia de “una verdadera organización militar y el no haber tomado en cuenta la poderosa y pronta presencia de ingleses y norteamericanos”.

Miguel Mármol, dirigente comunista de destacado papel en el proceso insurreccional y único sobreviviente de un grupo de fusilados en el inicio de la represión gubernamental –hecho, muy bien narrado por él mismo (apud Dalton, 2007: 197 y ss.)– es, en una autocrítica retrospectiva, minucioso en el análisis de las causas del fracaso. Señala que el plan insurreccional era sencillo por desconocimiento de estrategia y táctica militar: se trataba de tomar por sorpresa los principales cuarteles, desde adentro (en aquellos en los que hubiese una organización de soldados comunistas –que los había, aunque fueron liquidados antes de entrar en acción– suficientemente fuerte) y desde afuera (por medio de la acción directa de las masas) y así quebrar la fuerza principal del enemigo, apoderarse de armamento liviano y pesado, entregarlo a las masas populares urbanas y rurales, y constituir el Ejército Rojo de El Salvador. Con el apoyo de este, el pueblo en armas tomaría el control militar, administrativo y político del país, es decir, el poder. A partir de ahí se construiría el orden revolucionario, basado en los Consejos de Campesinos, Obreros y Soldados (es decir, soviets) locales. No obstante, en el propio Comité Central había un increíble desconocimiento de la importancia de la información y su empleo, y “una tremenda subestimación acerca del manejo de la técnica militar insurreccional. Hasta última hora, el Partido manejó la insurrección como un hecho político de masas simplemente, sin desarrollar una concepción militar específica del problema”. Tampoco contaban con medios materiales necesarios, como medios de transporte y dinero, ni fueron capaces de obtenerlos y, por si fuera poco, el Partido había sido infiltrado en alto grado por agentes del Gobierno. La captura de la dirección nacional del PCES antes del comienzo de la insurrección fue un golpe demoledor. En síntesis: “[l]a falta de coordinación, la desaparición de la Dirección Nacional en el momento más álgido, el descuido en las medidas de seguridad conspirativa, la falta de organización adecuada a nivel nacional para las tareas netamente militares de la insurrección”, constituyeron, para Mármol, “las principales causas del fracaso militar, base del fracaso total” (apud Dalton, 2007: 254-255, 189, 256-257). La preparación de los campesinos no era mejor que la de los organizadores de la insurrección: Cerdas Cruz (1986: 294) señala que estaban armados solo con machetes y carecían de cualquier experiencia militar.

Anderson, Cerdas Cruz y Mármol coinciden en que la insurrección fue decisión, responsabilidad y acción de los comunistas salvadoreños, sin intervención ni directrices de la Komintern, como sí ocurrió en el intento en Brasil en 1935. Los organizadores y dirigentes fueron comunistas, pero no lo eran los campesinos indígenas que llevaron adelante la insurrección, tan carentes de convicciones o simpatías ideológicas por el comunismo que, como cuenta Mármol, morían fusilados cantando himnos religiosos.

La insurrección comunista que se produjo en Brasil, en términos organizativos, fue de mayor envergadura que la salvadoreña. Tras la caída de la República Velha en 1930, aparecieron en el país numerosos partidos políticos estaduales –solo entre 1934 y 1937 se crearon alrededor de 200–, parte de un proceso de búsqueda de una organización capaz de articular las demandas de importantes sectores de la sociedad movilizados, partícipes del juego político desde el disparador golpe de octubre de 1930. Por fuera de las estrategias gubernamentales y oligárquicas, otras fuerzas intentaron organizarse procurando alcanzar una dimensión nacional. Solo dos formaciones lograron un relativo éxito: la Ação Integralista Brasileira (AIB) y la Aliança Nacional Libertadora (ANL), significativamente ubicadas en los polos opuestos del radicalismo político-social, el fascismo y el comunismo, y capaces de captar militantes del tenentismo en disolución.

La AIB fue creada en 1932 como expresión del descontento conservador frente a la orientación del Gobierno Provisorio, mientras la ANL se fundó en marzo de 1935 con la aspiración de constituir una alternativa de izquierda fundada en la movilización de masas. Esta fue, en verdad, una de las grandes novedades de la política posgolpe, en principio privativa de la AIB, convertida en el mayor movimiento de masas del país (entre 600.000 y un millón de adherentes).

La ANL, el segundo movimiento de masas urbanas, reunió a sectores de clases media y obrera a partir de la acción del ala legalista del Partido Comunista y del liderazgo de Prestes, cuyo prestigio como jefe de la columna tenente atraía adhesiones múltiples. La ANL no fue una creación de los comunistas –a cuyo Partido Prestes se había incorporado recientemente–, pero ellos fueron animadores principales de la organización, que en definitiva fue una coalición cívico-militar. La mayoría de sus fundadores no era comunista. Tres de ellos eran militares –Hercolino Cascardo, presidente de la organización, líder de la insurrección tenentista de 1924; Roberto Henrique Sisson, oficial de la Marina, este sí ligado al PCB, y el capitán Amorety Osório, vicepresidente, del ala del tenentismo encabezada por Prestes– y otros tres eran civiles –Benjamin Soares Cabello, periodista; Manoel Venâncio Campos da Paz, médico; Francisco Mangabeira, abogado–, gente de clase media alejada de los obreros y de los campesinos.

Paulo Sérgio Pinheiro (1991: 273) señala que el programa de la ANL tenía puntos comunes con los de los frentes populares creados en otros países, y destaca las cinco exigencias básicas del programa aliancista: 1) anulación de la deuda con los países imperialistas; 2) nacionalización de las empresas extranjeras; 3) libertades públicas; 4) derecho al gobierno popular; 5) distribución de las propiedades feudales [sic] entre los campesinos y protección a los pequeños y medianos empresarios. Pinheiro se hace eco también de una apreciación de Leôncio Martins Rodrigues, según la cual la ANL significó la alianza política de la intelligentsia brasileña con la oficialidad nacionalista. Thomas Skidmore (1985), a su vez, considera a la ANL un frente popular.

Desde otra posición, Wang Ming –representante chino en el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista– definía la Aliança, en 1935, como “una organización que representa un bloque antiimperialista de clases” constituido “por iniciativa del proletariado [el PC] y las fuerzas nacional-revolucionarias”, dentro de las cuales incluía a los tenientes. El mismo dirigente señalaba que el Gobierno de la ANL “será primeramente un gobierno antiimperialista, pero no será una dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y de los campesinos”, y tendrá como miembros a “representantes de esa parte de la burguesía nacional que hasta ahora todavía apoya temporalmente la lucha del pueblo”. Wang Ming también aclaraba que la nacionalización de las empresas extranjeras no sería de la totalidad de ellas sino solo de las “que no se sometan a las leyes del gobierno nacional”, el cual “favorecerá las inversiones de capital extranjero que no afecten la soberanía del pueblo brasileño” (apud Caballero, 1987: 165-166).

La ANL innovó notoriamente en el modo de hacer política, sacándola de los cónclaves de caballeros y llevándola a las calles. La Aliança creció y se expandió, especialmente, a partir de la confrontación con la AIB. Esto preocupó a los sectores conservadores del Congreso, que sintonizaban así con las maniobras de Vargas para obstaculizar las actividades de la ANL: en abril de 1935 se promulgó una ley de seguridad nacional que daba poderes especiales represivos al Gobierno federal. Para Vargas, como observó Caballero (1987: 168), la Aliança y su líder eran más peligrosos que los integralistas: la primera no era una mera secta de conspiradores, sino un adversario político de envergadura “cuya propaganda podía alcanzar a la misma gente que Vargas quería influir”; el segundo tenía popularidad y una persistente influencia en el seno de las Fuerzas Armadas. Está claro que, a la inversa, Vargas era un competidor serio en cuanto a las masas a ganar.

Obsérvese que la caracterización que se hacía de la sociedad brasileña destacaba la existencia de feudalismo en su seno, interpretación tributaria de las posiciones de los comunistas locales y de la Komintern, que ya en 1930 –en ocasión de la campaña electoral que enfrentó al Partido Republicano y a la Aliança Liberal– caracterizó la coyuntura del país como dominada por la lucha política entre la “camarilla feudal agraria”, representada por el primero, apoyado en el imperialismo inglés, y la Aliança, inclinada hacia el imperialismo norteamericano. Como bien acota Pinheiro (1991: 236), el análisis de la crisis estaba dominado por la explicación de esta como expresión de la lucha interimperialista, agravada por la agudización de la crisis económica mundial.

Los errores en el análisis de la sociedad brasileña fueron notorios y ayudan a entender mejor el fracaso de la insurrección, tanto en el terreno político-social como en el técnico-militar. Parte de esos errores refieren a la caracterización de Brasil como “una economía feudal y esclavista” (¡sic!), que en el Nordeste, poblado por diez millones de personas que vivían bajo un “sistema semi-feudal o semi-esclavista”, mostraba el potencial revolucionario de los cangaceiros, según lo expresó Prestes en un artículo publicado a comienzos de 1934. La sobreestimación de ese potencial fue compartida por la I Conferencia Nacional del PCB, realizada en agosto de ese año, en la cual se consideró a los nordestinos como miembros de “una nacionalidad oprimida”. Pinheiro conjetura que la valoración positiva de los cangaceiros pudo estar motivada, al menos en Prestes, por una reducción “al formalismo de su táctica de combate, la guerrilla”, viendo en ellos, por ende, a campesinos guerrilleros. De hecho, los cangaceiros no solo no se sumaron a la insurrección sino que muchas veces desempeñaron un papel contrarrevolucionario. Aunque Prestes y sus camaradas eran conscientes de las limitaciones de esos campesinos bandidos, no dejaron de atribuirse “la tarea de orientar y organizar el cancaço, articulándolo e integrándolo al proletariado y la pequeña burguesía” (Pinheiro, 1991: 275-276).

Vargas utilizó con inteligencia la tenaza anticomunista de la movilización y los grupos de choque integralistas, y de la norma legal dada por el Congreso. El ala revolucionaria del PC le brindó el componente restante: una buena razón para proscribir a la ANL. El 5 de julio, aniversario del levantamiento tenente del Fuerte de Copacabana, Prestes pronunció un fuerte discurso antivarguista y reclamó un “Gobierno popular realmente revolucionario y antiimperialista” y “todo el poder a la ANL”. El 13, el Gobierno respondió con la ocupación de la sede de esta, la confiscación de documentación, la clausura de la organización por seis meses y el encarcelamiento de dirigentes izquierdistas (Prestes logró evadirse hasta marzo de 1936). Interpretando que la vía legal se había cerrado, el ala revolucionaria del PC organizó una insurrección que, a la postre, terminó siendo mucho más una operación militar que popular o, como dice Caballero (1987: 172), “un alzamiento militar dirigido por comunistas que eran civiles u oficiales del ejército”. La insurrección se produjo en noviembre de 1935, comenzando en los cuarteles de Natal y Recife, en el nordeste, pero en evidente desconexión con los de Rio de Janeiro, lo que facilitó la represión por parte de las fuerzas leales al Gobierno.

El PCB apostó fuertemente al papel de los militares en la insurrección. Se creyó ver en ellos a pequeñoburgueses que, frustrados en su intención de ser bachilleres, se incorporaban al Ejército tan solo para percibir un salario. Las escuelas militares fueron evaluadas como un “bastión de la lucha revolucionaria por la libertad democrática”, según Keirós –un comunista brasileño partícipe de un congreso realizado en Moscú en octubre de 1934 que se presentó ante sus camaradas como un antiguo soldado–, quien también evaluó la situación interna de la fuerza como dominada por la indisciplina y la desmoralización, y donde el partido, a su juicio, había conquistado posiciones mayoritarias. Pinheiro dice que en 1984 Prestes aseguró que en los años treinta el Partido tenía más éxito en incorporar soldados que proletarios.

Por ignorancia o por autoengaño, los comunistas erraron en el análisis de las relaciones de fuerzas: no apreciaron que las Fuerzas Armadas de los treinta no eran las de los veinte. Después de la insurrección paulista de 1932, las relaciones entre la corporación militar y el poder político se habían recompuesto, la jerarquía de los mandos fue restaurada y en 1934 los tenentes ya no eran parte de la estructura de poder, y “las Fuerzas Armadas estaban firmemente encuadradas por los oficiales superiores, como Eurico Gaspar Dutra o [Silvestre Péricles de] Góis Monteiro”, partícipes de la revolución de 1930. Los revolucionarios de 1935 desconocían la real situación de las Fuerzas Armadas con las cuales debían enfrentarse, y si bien lograron una importante infiltración en varios escalones –“herencia en su mayor parte de los lazos tenentistas”–, ya no podían esperar fracturas en los comandos como las de 1930. El PCB también ignoró un dato político central al subestimar los cambios ocurridos en el país después de 1930, especialmente el fortalecimiento del poder estatal “nacional”, producido por el desplazamiento de la política dos governadores, con su “equilibrio ultra inestable”, en favor de “una rígida política de centralización” ejecutada por interventores estaduales designadas por el presidente, más las disposiciones de la novísima Constitución (Pinheiro, 1991: 294, 284 y 283).

La estrategia insurreccional de los comunistas brasileños fue tributaria de las posiciones entonces dominantes en la Komintern y de las prácticas insurreccionales tenentistas de los veinte, y de los bolcheviques rusos en 1917. En efecto, por un lado, primó la concepción impuesta por la Internacional Comunista, que envió algunos cuadros destacados (entre ellos el argentino Rodolfo Ghioldi –el dirigente más importante, después de Vittorio Codovila, en el Secretariado Latinoamericano–, el alemán Arthur Ewert, quien ingresó al país con un falso pasaporte norteamericano a nombre de Harry Berger, y la alemana Olga Benário, luego esposa de Prestes) en calidad de asesores o instructores. Esa concepción calificaba a Brasil como un país semicolonial y tenía como referente el proceso chino, con su apelación a la lucha armada. Tanto se miró a China que se llegó a creer en la existencia de agudas contradicciones en el interior de las clases dominantes, no exentas de intentos de resolución mediante la vía armada directa, similares a las observadas en aquel país. Desde esa óptica, la insurrección paulista de 1932 y el enfrentamiento con las tropas gubernamentales era una prueba del aserto. Adicionalmente, para la Komintern, a la luz de la Larga Marcha del Ejército Rojo comandado por Mao Zedong (Mao Tse-tung) precedente, diez años antes, de la Columna Prestes, adquirió un valor superlativo.

Por otro lado, la visión militarizada reunía la tradición tenente y la concepción de la insurrección como básicamente una operación militar, utilizada exitosamente por los bolcheviques en San Petersburgo, en 1917, y fallida en varios intentos de comunistas europeos, entre 1919 y 1925. Como se sabe, León Trotsky, de decisiva intervención en el asalto al Palacio de Invierno, consideraba la insurrección un arte que, como cualquier otro, tenía sus leyes.

En ese sentido, como coinciden distintos analistas, la visión militarizada primó por sobre cualquier otra consideración. Según Caballero (1987: 170-171), por ejemplo, mirada en su conjunto, la insurrección de 1935 fue concebida y realizada “más como un pronunciamiento militar clásico que como una revuelta popular. […] En lugar de atrapar [sic] la ocasión de una crisis política para profundizarla, lanzando una insurrección con un apoyo popular más amplio, la rebelión parecía haber sido concebida independientemente de esa crisis, buscando más apoyo en los cuarteles que en las calles, y mucho menos entre las clases trabajadoras y entre los soldados, que en las clases medias civiles y militares”.

La insurrección se preparó entre julio y noviembre de 1935, es decir, tras la clausura de la ANL, tiempo durante el cual ingresaron clandestinamente en el país Prestes y los instructores de la Internacional. Las operaciones comenzaron en la noche del 23 de noviembre en Natal, donde 110 soldados (menos de un cuarto del total de efectivos) del 21° Batalhão de Caçadores, a los cuales se sumaron algunos guardias civiles y trabajadores, sobre todo desempleados, en total unas 300 personas. El 24 fueron tomados edificios públicos, mientras el gobernador huyó y las familias ricas se refugiaron en sus casas protegidas por barricadas o bien en navíos de la flota mexicana ocasionalmente anclados en el puerto de la ciudad. El 25 se formó un Comité Revolucionario de cinco miembros (4 civiles y un militar con el grado de sargento) que, sin éxito, intentó ejercer el gobierno local y estadual. Tomó algunas medidas (como reducción de las tarifas de transporte y del precio del pan) destinadas a ganar el apoyo popular, pero la mayoría de la población no alcanzó a tomar conocimiento de ellas. También editó el diario A Libertade. En el interior del estado se movilizaron coroneles con sus pistoleros, militantes integralistas y fazendeiros con intenciones contrainsurgentes, pero lo más importante –la insurrección popular– no se produjo. Tras el fracaso del levantamiento en Recife y la amenaza de bombardeo de la ciudad por la aviación oficial, los insurrectos se rindieron. Cuatro días después de su fuga, el gobernador retomó el Gobierno. Más tarde, Prestes dirá que el acontecimiento de Natal fue una acción espontánea no ordenada por el partido.

En Recife, el levantamiento comenzó en las primeras horas del 24 de noviembre, cuando soldados del cuartel de Socorro lo tomaron y luego marcharon sobre la ciudad en una columna de unos 400 hombres. Hubo un enfrentamiento con policías, se levantaron barricadas y se produjeron varios focos insurreccionales. Durante la mañana, sindicalistas comunistas tomaron el cuartel de la policía. Los combates se prolongaron hasta la noche. Tropas gubernamentales enviadas desde João Pessoa y Maceió contuvieron a los insurgentes, mientras la población, al igual que en Natal, permaneció en sus casas. Al concluir el lunes 25, los rebeldes se retiraron y su jefe, Silo Mereiles, fue apresado.

En Rio de Janeiro, por entonces la capital del país, en la madrugada del 27 de noviembre, comenzó la insurrección en el 3º Regimento de Infantaria de Praia Vermelha. La orden de Prestes era que el regimiento (rebautizado 3º Regimento Popular Revolucionário) debía desdoblarse en tres flancos, cada uno de ellos con sus respectivos objetivos: tomar el Palacio Guanabara, residencia del Presidente de la República, el primero, y el Palacio del Catete, sede del Gobierno, el segundo, mientras el tercero debía dirigirse al Batallón Naval en apoyo de sus insurgentes. Empero, los objetivos no se alcanzaron.

En el Tercer Regimiento hubo batallas entre los sublevados –1.100 a 1.200 efectivos, sobre un total de 1.700– y las tropas leales al Gobierno. El enfrentamiento fue resuelto a favor de los primeros en la mañana. No obstante, a la una de la tarde, tras la última intimación del general Dutra, ministro de Guerra, se rindieron en presencia del presidente Vargas. Significativamente, la primera reacción de los capitanes Agildo Barata Ribeiro y Álvaro Francisco de Souza, jefes de los rebeldes, fue, ante la primera intimación de Dutra, señalar que el movimiento no era comunista, “sino nacional, popular, revolucionario, con el más digno de nuestro compañeros al frente: Luís Carlos Prestes” (apud Pinheiro, 1991: 302).

Casi simultáneamente con Praia Vermelha se levantó la Escola de Aviação Militar, en el Campo dos Afonsos, compuesta por unos 1.200 hombres, entre oficiales, soldados y alumnos. También aquí hubo enfrentamientos menores, y al poco tiempo los insurgentes capitularon y se fugaron desordenadamente.

El saldo fatal de la insurrección en las tres ciudades fue de 22 muertos gubernamentales y solo 2 insurrectos.

En la década de 1950, Prestes hizo una autocrítica de los acontecimientos de 1935, reconociendo que la decisión de precipitar la insurrección fue un error, pues por entonces las fuerzas del partido en la clase obrera y el campesinado eran débiles y no existía una alianza entre las dos clases. Adjudicó el error al predominio, en la dirección, del “radicalismo pequeñoburgués” bajo la forma del “golpismo tenentista”. Explícitamente señaló:

Para o triunfo da insurreição popular é indispensável ganhar o apoio de soldados e marinheiros, mas reduzir a insurreição a uma luta quase só de quartéis é grave erro que teria levar, como de fato levou, à derrota do movimento de novembro de 1935 (apud Pinheiro, 1991: 308).

Paulo Pinheiro se hace eco de la apreciación de Michael Löwy y señala que la rebelión de 1935 fue un acontecimiento a mitad de camino entre la táctica del “tercer período” (“clase contra clase”, rechazo de alianzas con clases o sectores que no fuesen proletarios) y la de los frentes populares (10). El programa de los comunistas brasileños era frente popular, pero el método insurreccional se correspondía más con el “tercer período” (Pinheiro, 1991: 290).

A su vez, Caballero (1987: 163) considera que la derrota en Brasil llevó a los comunistas latinoamericanos a una nueva actitud política que los caracterizará durante muchos años: preferir “sistemáticamente una alianza con una fuerte personalidad (para no hablar de ‘hombre fuerte’) antes que con un partido político organizado que pudiese proponer o, peor aún, imponer tácticas independientes y un liderazgo diferente y permanente sobre la alianza (o ‘frente’)”. La política de los comunistas frente a Batista en Cuba avala esa proposición, pero la seguida con Perón en Argentina la refuta.

Derrotada la insurrección, Vargas obtuvo inmediatamente una ampliación de los poderes especiales. Dispuesto el estado de sitio, la represión policial fue intensa, desarticulando todas las formaciones de izquierda y encarcelando a unos 6.000 políticos, civiles y militares. Durante 1936 continuó la represión y el incremento de los poderes de emergencia: el estado de sitio fue prorrogado cuatro veces, cada una por 90 días; un senador y cuatro diputados federales fueron apresados y el Congreso consintió su enjuiciamiento; un nuevo Tribunal de Seguridad Nacional otorgó a Vargas más poder represivo.

El Estado de Compromiso Social, el populismo y otras formas de intervención social del Estado

Francisco Weffort, en alusión al populismo brasileño, utilizó el concepto Estado de Compromiso Social para referirse a una de las formas históricas que asumió el Estado en América Latina tras la crisis de 1930. Ella se distingue de esa otra forma de Estado, de matriz eurocéntrica (y no verificable en la región), conocida como Welfare State o Estado de Bienestar Social. También, se diferencia de las experiencias derivadas del New Deal en Estados Unidos y los frentes populares avalados por la Internacional Comunista.

Siguiendo a Weffort, puede decirse que el Estado de Compromiso Social se fundó en unos arreglos políticos inestables con incorporación de los sectores medios y movilización de las masas (trabajadores) desde arriba, quienes dispusieron de distintos grados y cuotas de poder, según los casos. Puesto que el conflicto político no radicaba en el antagonismo de clases propio del capitalismo (burguesía vs. proletariado), este adquirió un carácter difuso: oligarquía vs. pueblo. Como pauta general, ninguna clase o fracción de ella fue capaz de ejercer la hegemonía y llevar adelante un proyecto nacional con éxito duradero. Como resultado, la dominación se articuló con base en el compromiso. Los Estados de Compromiso en su forma más acabada fueron Estados Populistas (Graciarena, 1984). Pero no debe asumirse que el populismo es una forma generalizable a toda la región. En efecto, la experiencia del batllismo en Uruguay, la del yrigoyenismo en Argentina, las de Alessandri y luego Aguirre Cerda en Chile, la del MNR boliviano, la del aprismo peruano o la de Velasco Ibarra en Ecuador –por referir solo a los casos más citados– aluden a una ampliación de las bases sociales del Estado y a una política de inclusión sobre la base de una identidad más o menos ambigua, pero no constituyen, ninguna de ellas, experiencias pasibles de ser consideradas populistas e incluso, algunas, ni siquiera de incorporación de las clases trabajadoras.

El Estado de Compromiso Social hace referencia a una forma de Estado con régimen democrático que históricamente sucedió a las crisis de la oligarquía (aunque en algunos casos no llegó a reemplazarla en sus trazos fundamentales) y puso en marcha cierta práctica política de ampliación de las bases sociales, de intervención social del Estado y de interpelación popular.

Hay dos países, que no tuvieron Estado oligárquico (en los términos en que lo hemos conceptualizado en el capítulo 4), que presentan singularidades significativas: Uruguay, donde el reformismo batllista fue la forma en la que se consolidó el Estado moderno como forma particular de resolución de las luchas inherentes a la modernización; y Costa Rica, que tempranamente logró la articulación con el mercado mundial a través de la expansión de la economía del café y la centralización del Estado sobre bases más o menos sólidas (en buena medida, colaboró con esta centralización la ausencia de estructuras coloniales fuertes en su territorio) y más proclive a la implementación de reformas sociales. Uruguay fue, desde la primera década del siglo XX, un Estado Protector; Costa Rica, desde los años cuarenta, más bien, un Estado de Compromiso Social.

En América Latina, puede decirse, hubo Estados de Compromiso Social, Estados Protectores (para utilizar la expresión acuñada por el argentino Luciano Andrenacci), Estados Populistas y Estados intervencionistas. La distinción nos introduce en un nuevo rodeo de especulación teórica: ¿cuál es la especificidad del Estado populista?

Otra digresión teórico-conceptual: el populismo

Populismo es uno de esos conceptos que ha sido objeto de una recurrente inflación semántica. Entre quienes reivindican un uso amplio, descuella Ernesto Laclau (2005), quien considera el populismo como la “esencia” de lo político. En la misma línea, visiones como las de Benjamín Arditi (2004a) y Francisco Panizza (2005) optan por definirlo en términos de “rasgo” o “dimensión” de la política moderna. Otros, como Alan Knight (2005, capítulo 6), prefieren asociarlo a términos como “estilo” político. Estas definiciones de algún modo se inspiran en experiencias históricas recientes, como las de los gobiernos “neoliberales” de los años noventa o la Revolución Bolivariana en Venezuela, para nombrar las más sobresalientes en América Latina. En términos más estrictos, estructurales e históricamente acotados, se cuentan definiciones como la de Francisco Weffort (1980).

Sabiendo que el populismo ha sido un objeto teórico e histórico controvertido, aquí proponemos una conceptualización que, como la de Knight –y a pesar de no coincidir con su noción “estilística”–, se construye sobre la base de “procesos históricos”, más que sobre “convergencias historiográficas” (2005: 241, las itálicas son del autor). Así, creemos conveniente seguir sosteniendo una definición a la vez sociológica e histórica del populismo latinoamericano, una línea metodológica y epistemológica que, con matices, es la seguida por varios autores –con diferencias en cuanto a la extensión del concepto, pero con énfasis en su carácter sociohistórico: entre los clásicos, Weffort (1968a, 1968b, 1980), Cardoso y Faletto (1990), y más recientemente, Vilas (1995b), Mackinnon y Petrone (1998) y Ansaldi (2007b).

Como es evidente, nuestra posición discrepa radicalmente de la de Laclau y seguidores, que consideran el populismo “simplemente un modo de construir lo político” (Laclau, 2005: 91), una visión que Guillermo Almeyra (2009: 283) critica diciendo que está situada “fuera de la historia y de los conflictos sociales, y prescinde del estudio de las particularidades del desarrollo de cada formación económico-social y de cada cultura”.

En América Latina, el populismo acompañó el surgimiento político de las masas en las condiciones creadas por la crisis de la dominación oligárquica y de la crisis de la idea, más que de la paupérrima práctica, de la democracia liberal, en una coyuntura de ensayos de desarrollo autónomo relativo y de urbanización e industrialización en países agrarios y dependientes. Como escribió Octavio Ianni (1989: 9), el populismo se correspondió, en América Latina, con “una etapa específica en la evolución de las contradicciones entre la sociedad nacional y la economía dependiente”.

En efecto, en América Latina, el populismo fue una experiencia histórica significativa a partir de la década de 1930, tras la crisis de la dominación oligárquica y del liberalismo –un liberalismo que ya venía siendo cuestionado desde Europa por el fascismo y por el comunismo–. Se apoyó en una alianza entre el Estado, la burguesía industrial nacional (o local) y el proletariado urbano industrial, y pudo abarcar, como en el caso mexicano, a los campesinos (11). El Estado fue soporte de esa alianza y en este sentido devino un Estado fuerte. Weffort (1980: 84-85) ha definido el “sistema populista” como una “estructura institucional de tipo autoritario y semicorporativo, orientación política de tendencia nacionalista, antiliberal y antioligárquica, orientación económica de tendencia nacionalista e industrialista, composición social policlasista, pero con apoyo mayoritario de las clases populares”. La alianza policlasista en el Estado es un factor explicativo nodal y es el que priorizamos en nuestra definición del fenómeno –lo cual nos acerca a la definición de Weffort mucho más que a cualquier otra–. Desde esta perspectiva, de modo excluyente, las experiencias populistas en América Latina son el cardenismo, el peronismo y el varguismo.

Francisco de Oliveira ha llamado la atención sobre un aspecto central del populismo, relacionándolo con el cambio del patrón de acumulación del capital, que sustituyó el establecido por el modelo primario-exportador. Un componente de ese cambio fue el establecimiento “de nuevas formas de relación entre el capital y el trabajo, a fin de crear fuentes internas para la acumulación”. Este hecho permite apreciar el papel de la legislación laboral, en general favorable a los trabajadores. Pero esta legislación, como ya había señalado Weffort –y Oliveira retoma– llevó a su punto máximo el pacto entre la surgente burguesía industrial y los trabajadores urbanos. En el caso de Brasil, señala Oliveira, ese pacto apuntó a la liquidación política de las antiguas clases propietarias rurales. La alianza no fue producto de la presión de las masas, sino “de una necesidad de la burguesía por evitar que la economía, luego de los años de guerra y con el boom de los precios del café y de otras materias primas de origen agropecuario y extractivo” retornase a la situación previa a la crisis de 1930 (Oliveira, 2009: 70-71). Lo que el autor observa en Brasil puede apreciarse también en México –aunque aquí el previo proceso revolucionario social fue una variable decisiva–, y en Argentina, si bien en este país la antigua clase propietaria rural no fue liquidada políticamente por completo, en buena medida, porque el peronismo no solo no afectó el régimen de propiedad de la tierra, sino que –dato no menor– se trataba de una burguesía terrateniente que había diversificado notablemente sus intereses, entrelazándose particularmente en el sector industrial, como bien demostró, hace ya mucho tiempo, Milcíades Peña. Para el caso de Brasil, Oliveira (2009: 69) considera el populismo la forma política de la revolución burguesa, revolución que tuvo la particularidad –contrario sensu la revolución burguesa clásica– de trasladar el “poder de las clases propietarias rurales a las nuevas clases burguesas empresario-industriales” sin “una ruptura total del sistema”.

Según gran parte de las caracterizaciones sociohistóricas, el populismo latinoamericano mantuvo una relación ambigua con el capital extranjero, atravesada por una ideología nacionalista, fuertemente antiimperialista (no anticapitalista) y, a menudo, también anticomunista y antisocialista. El articulador de estos discursos heterodoxos fue un líder de tipo carismático capaz de suscitar el apoyo de las masas, fundamentalmente a través de una interpelación en términos de “pueblo” y “trabajadores”. Pero hay que notar que la interpelación al “pueblo” no fue exclusiva del populismo, puesto que en las sociedades de masas, efectivamente, el “pueblo” es el gran interpelado. En el populismo, sin embargo, esa interpelación “se asocia regular y lógicamente con una dicotomización”: entre el pueblo y las distintas formas de no pueblo (Knight, 2005: 246) y más usualmente la oligarquía. En rigor, el discurso potencia al sujeto pueblo en tanto opuesto a otros dos sujetos, el burgués (asociado al liberalismo) y el proletario (que es parte de la tradición socialista). Discursivamente, esa distinción es tributaria de lo que suele denominarse revolución de derecha o revolución conservadora, pero la similitud no debe llevar a considerar a los populismos latinoamericanos como fascistas o nazis. Por otra parte, también la llamada doctrina social de la Iglesia tiene un discurso que se presenta al mismo tiempo como antiliberal y antisocialista. Esta doctrina, por caso, ha sido invocada como el fundamento del peronismo por el propio Perón y muchos de sus partidarios.

Fue característica del populismo que las demandas populares de la sociedad hacia el Estado se expresaran por mediaciones corporativas, especialmente a través de los sindicatos, y que se diera una ampliación de la ciudadanía, en particular de los derechos sociales, extendida desde arriba. Tal como señala Maria Helena Capelato (1998), en el populismo se constata un cambio en el patrón organizador de la ciudadanía. De la lógica de la confrontación se pasa a la de la negociación en la gestión de la ciudadanía; el ciudadano-trabajador desplaza al ciudadano-individuo y los derechos sociales se extienden o simplemente se hacen efectivos los existentes. Como se aprecia, ese pasaje coincide con –según hemos indicado antes– el del sindicalismo de confrontación al de negociación, siguiendo la clasificación de Zapata.

En este sentido, el carácter democrático de los populismos se observa también en la dimensión social de la ciudadanía. En efecto, los populismos decididamente privilegiaron los derechos sociales, mucho más que los políticos y los civiles. No obstante, esto debe ser analizado con cuidado puesto que las realidades históricas desbordan la voluntad generalizadora: el populismo mexicano no cumplió enteramente con las prescripciones de la Constitución de 1917 (las del artículo 123, al cual ya aludimos) y el derecho de ciudadanía política femenina fue reconocido recién en 1953; en el populismo brasileño hubo una extensión de los derechos políticos a las mujeres (en verdad extendidos en 1932 pero puestos en práctica recién después de la caída del Estado Novo) y una legislación electoral favorable al empadronamiento de los trabajadores urbanos, pero la eliminación de la restricción por analfabetismo data de 1988; el populismo argentino se destaca por haber completado la universalización del sufragio con la extensión del voto a las mujeres en 1947, además de hacer efectivos y ampliar considerablemente los derechos sociales, que en 1949 adquirieron rango constitucional, como antes había acontecido en Brasil. Cárdenas no necesitó dotar de constitucionalidad los derechos sociales, pues, como hemos visto, la Constitución revolucionaria de 1917 así lo había dispuesto. En cambio, Vargas y Perón promovieron acciones dirigidas en tal sentido.

En Brasil, ya la Carta de 1934 –con su oscilación entre lo liberal y lo social, de ahí su calificación como híbrida– incluyó un capítulo dedicado al “orden económico y social”. Allí se estableció la intervención estatal en ese plano: nacionalización de la explotación de las riquezas del suelo y subsuelo, participación en la implementación de industrias estratégicas para la seguridad nacional y el desarrollo del país, reconocimiento de la competencia del Estado para regular el mercado de trabajo y consagrar derechos sociales, entre los cuales se mencionaban la autonomía sindical, la jornada laboral de ocho horas, la previsión social y los acuerdos colectivos, la educación, la protección de la maternidad, la infancia, la juventud y las familias de prole numerosa. En buena medida, la Carta sintetizaba las líneas de “confrontación y compromiso” desplegadas durante el primer momento del proceso iniciado con el golpe de 1930. Con todo, ella hizo más lugar a las posiciones liberal-“democráticas” de los grupos tradicionales que a las reformadoras-autoritarias de los tenientes.

Caído el Estado Novo en 1946 –que tuvo su específica Constitución, la polaca, como se la llamó peyorativamente por su inspiración en la de Polonia (aunque hubo también mucha influencia del fascismo y del nazismo), sancionada, sin mediación de una Asamblea Constituyente, en 1937–, se aprobó una nueva Constitución, que fue un compromiso entre el Estado Social y la tradición liberal. Se retomó la concepción de la de 1934 en cuanto al orden económico conforme los principios de la justicia, que ahora fue definida explícitamente como justicia social. El trabajo fue considerado obligación social, debiendo asegurarse a todos los habitantes del país la posibilidad de una existencia digna. Entre otros derechos, se dispuso la participación obligatoria y directa de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el descanso semanal remunerado, la estabilidad laboral, la asistencia a los desempleados, la indemnización del trabajador despedido, la previsión social para enfermos, ancianos e inválidos. La asociación profesional o sindical fue declarada libre y se reconoció el derecho de huelga.

En Argentina, la Constitución aprobada en 1949 incorporó el capítulo “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”. Si bien es cierto que no pocos de esos derechos ya tenían rango legal –merced a la lucha del movimiento obrero y de los legisladores socialistas desde 1904–, la realidad mostraba la disposición patronal a no observarlos y de los gobiernos a no obligar a los patrones a cumplir. Así, el Estado populista otorgó el máximo rango a los derechos de trabajar, retribución justa, capacitación, condiciones dignas de trabajo, preservación de la salud, bienestar, seguridad social, protección de la familia, mejoramiento económico, defensa de los intereses profesionales (en el caso de los trabajadores), asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física y moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto (para los ancianos). A diferencia de la brasileña de 1946, la argentina de 1949 no reconoció el derecho de huelga. Cabe añadir que en el Preámbulo –reiterativo del de la Constitución liberal de 1853– se añadió al final “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. Esta Constitución fue derogada ilegalmente en 1955 por la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora, aunque la Convención Constituyente reunida en 1957 aprobó la inclusión, en el texto que se restituía (el de 1853), del artículo 14 bis, que reconocía los mencionados derechos sociales y añadía el de huelga.

Otra característica del populismo fue la creación de partidos políticos desde arriba, fuertemente identificados con el Estado y con el líder. En este marco, el clientelismo, ahora preponderante en las burocracias sindicales, partidarias y estatales, fue una nota de continuidad entre el orden signado por el pacto oligárquico y el creado con el nuevo pacto de compromiso o, según el caso, el pacto populista –lo cual, cabe notar, constituye un claro ejemplo de la temporalidad mixta de América Latina–. Esta dimensión clientelar, por definición basada en la reciprocidad, y ahora fundada en una intermediación organizativa que complejizaba la relación típica “cara a cara”, es quizás uno de los elementos que permiten acordar, tal como sostiene Knight (2005: 248) que “el populismo [y mejor aún, decimos, la relación líder-pueblo] debe ser entendido como una relación recíproca, no una imposición desde arriba”.

En general, las primeras definiciones sociológico-históricas del populismo latinoamericano (Germani, Di Tella, etc.) estuvieron pensadas sobre la matriz del populismo urbano e industrial de las décadas de 1940-1950, los liderados por Perón en Argentina y por Vargas en Brasil. Sin ir más lejos, la definición que aquí presentamos en pos de una reflexión más amplia sobre el populismo histórico pertenece al brasileño Weffort, señaladamente preocupado por explicar el fenómeno populista de su país. Sin embargo, como hemos dicho ya, el concepto designa también otro fenómeno histórico particular, con predominio del espacio rural y de los campesinos: el populismo mexicano, liderado por Cárdenas –particularidad que, sin duda, está asociada a su origen revolucionario social–.

El componente “autoritario” es, a nuestro juicio, el más crítico dentro del conjunto de rasgos que según Weffort (pero también otros autores) definen el “sistema populista”. En efecto, además del componente policlasista que el autor señala, el carácter formalmente democrático de los regímenes o Estados populistas es, desde nuestra perspectiva, un factor explicativo clave. El populismo latinoamericano puso sobre el tapete la falacia de una única forma de democracia y constituyó regímenes democráticos con un fuerte componente antiliberal y corporativo que no pueden caracterizarse como una forma lisa y llana de autoritarismo ni, mucho menos, dictadura.

Los populistas no solo no se reconocieron como enemigos de la democracia –como los califican sus adversarios– sino que se asumieron como sus verdaderos adalides, en tanto permitieron la participación “igualitaria” del “pueblo” en la política. Esta participación no se realizó a través de los procedimientos clásicos de la democracia liberal (fundamentalmente, sufragio libre e identificación “un individuo, un voto”), sino a través de una mediación clientelar y corporativa y, en general, más ampliamente actualizada en actos públicos que en las urnas. Por esto, el populismo ha sido caracterizado, en el mejor de los casos, como una forma de democracia plebiscitaria. Así, autores como José Álvarez Junco (1994) enfatizan la dimensión afectiva del vínculo líder/masa y la dimensión ritual de la participación popular.

Entre las estrategias populistas se destacó la organización corporativa de la sociedad. En el caso de Cárdenas y de Perón, ella fue complementaria de la democracia representativa. En el de Vargas, en cambio, hay que distinguir dos momentos: el primero, el fundacional de las organizaciones corporativas, correspondiente a la dictadura del Estado Novo; el segundo, correspondiente al momento estrictamente populista (1951-1954) –más próximo a los casos de México y Argentina–.

En México, sostiene Arnaldo Córdova (1993: capítulo 6), el corporativismo se aprecia claramente en la transformación del PNR en PRM. De hecho, el Partido de la Revolución Mexicana no surgió “como un partido de masas, sino como un partido de corporaciones, en el que sus unidades de base eran las organizaciones, mientras que los individuos resultaban elementos secundarios. Eran las organizaciones (o el pueblo organizado) las que constituían al partido” (Córdova, 1993: 148-149; itálicas del autor). En la misma línea, Hans Tobler (1994: 647-648) coincide en considerar la política de Cárdenas como orientada a organizar corporativamente el Estado y la sociedad, lo cual se aprecia en la reorganización del partido de Gobierno: el PNR era un “partido de cúpulas”, constituido como tal “para disciplinar la heterogénea elite política del país y someterla” a la dirección de Calles. El PRM, en cambio, se constituyó como un partido de masas, sí, pero no de masas integradas voluntariamente, sino de “masas organizadas”, a estos efectos, en cuatro sectores (obrero, campesino, militar y popular –este último era el de los empleados públicos y agrupaciones de clase media–). Coincide Tobler, pues, con Córdova en caracterizar el PRM como un partido administrador de corporaciones, antes que de “masas” en sí.

En cuanto a los empresarios, mediante la Ley de Cámaras de Comercio e Industria, de 1936, Cárdenas los obligó a integrarse, según el caso, en la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) o bien en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), ambas declaradas órganos de colaboración con el Estado en sus respectivos campos de incumbencia.

En el caso del PRM, su Pacto Constitutivo consagraba la autonomía de todas y cada una de las organizaciones que lo conformaban. Ellas eran, básicamente, obreras y campesinas, fueran estaduales o nacionales. En Brasil y en Argentina, ni el Partido Social Democrático (PSD) y el Partido Trabalhista Brasileiro, en el primero, ni el Partido Peronista (PP), en el segundo, incorporaron a corporaciones orgánicamente, si bien el PTB se basaba en los sindicatos y su articulación fue confiada al ministro de Trabajo, Alexandre Marcondes Filho, y el PP contaba con dos ramas de género –la masculina y la femenina– y una sindical.

Perón tuvo especial cuidado en balancear las representaciones corporativas. Así, a la Confederación General del Trabajo (CGT) sumó la Confederación General Económica (CGE) –organización de la burguesía nacional (contrapuesta a la histórica Unión Industrial Argentina, UIA, que reunía a la burguesía industrial asociada al capital imperialista industrial, y la Confederación General de Profesionales (CGP), que reunía a los egresados universitarios de diferentes disciplinas y profesiones–.

Por todo lo dicho, es evidente que el populismo es un concepto que rehúye a su encorsetamiento en oposiciones binarias. El populismo es una forma propia ¿de la democracia o de la autocracia (o autoritarismo)?; ¿del orden constituido o de la revolución?; ¿de la movilización social y política espontánea o del control vertical de las masas?; ¿de la inclusión o de la exclusión?, etc. Seguramente, a estos interrogantes pueden añadirse muchos más.

Ya se ha dicho que Arditi entiende el populismo como un “rasgo recurrente de la política moderna”. El autor reflexiona primordialmente sobre la conexión entre populismo y democracia, haciendo frente a unos estudios que han tendido a desplazar esa cuestión y resaltar la conexión entre populismo y modernización, la irrupción de los excluidos en la arena política y la importancia dada a los liderazgos carismáticos. Provocativamente, Arditi sostiene que “el fenómeno puede ser algo más peligroso que un modo de representación o una perturbación de la democracia [dos acepciones que él atribuye al concepto], ya que también puede anunciar una interrupción de esta”. Y afirma: “Examinadas en su conjunto, estas tres posibilidades del populismo –como modo de representación, como política en los bordes turbulentos y como amenaza– nos permitirán repensar la experiencia populista como una periferia interna de la política liberal-democrática” (Arditi, 2004a: 66, el énfasis es del autor).

En la misma línea, Carlos Vilas (1995b: 97-98) había afirmado antes: “La frontera entre lo democrático y lo autoritario en el populismo no es clara ni rígida. […] Democratización y autoritarismo conviven y se tensionan recíprocamente en cada experiencia populista”. En realidad, la ambigüedad de los populismos ya ha sido señalada y estudiada por varios autores, comenzando por Weffort, para quien el populismo fue, simultáneamente, “una forma de estructuración del poder para los grupos dominantes y la principal forma de expresión política de la irrupción popular en el proceso de desarrollo industrial y urbano”. A las clases dominantes, el populismo le permitió ejercer su dominación, pero al mismo tiempo fue “una de las maneras a través de las cuales ese dominio se encontraba potencialmente amenazado” (Weffort, 1968b: 56).

Sin embargo, consideramos que la expresión “periferia interna de la democracia política” elaborada por Arditi es una síntesis cabal y operativamente muy útil, pues pone de relieve la tensión entre tres elementos claves para entender la dinámica histórica de los populismos y de las sociedades latinoamericanas en general: democracia, populismo y revolución –precisamente, tres elementos que Knight (2005) reunió en una interesante colección de ensayos–.

Según Arditi, el populismo es un fenómeno interno de la democracia liberal aun cuando una de sus características típicas es su manifiesta aversión por las instituciones liberales y sus prácticas (y, valga la redundancia, en razón de esto es que le atribuye el carácter de fenómeno “periférico”). En efecto, a pesar de su crítica al formalismo de la democracia representativa, el populismo encuentra su fuente de legitimidad de origen en los procedimientos propios de esa forma de régimen: elecciones y partidos, fundamentalmente.

Aquí cabe hacer una acotación: no son pocos los autores que han encontrado similitudes, cuando no cierta identificación, entre los populismos –en particular, el varguismo y el peronismo– y el fascismo italiano, fundamentalmente, a partir de rasgos como el personalismo y el culto del líder, las grandes movilizaciones de masas con sus símbolos y rituales, la retórica y la exaltación nacionalista, el monumentalismo de la arquitectura, la legislación sindical inspirada en la Carta dil Lavoro, entre otros elementos. No obstante, estas eventuales coincidencias no deben ocultar una gran diferencia cualitativa. Los populismos fueron expresión política de la alianza de clases entre el capital industrial urbano nacional y la clase obrera también industrial y urbana de países capitalistas dependientes, con un cierto grado de contradicción con el capital imperialista, que se fue atenuando más pronto que tarde (como lo muestra, v.gr., el caso argentino respecto del capital norteamericano e italiano hacia 1954-1955). En contraste, el fascismo fue el proyecto de una alianza de clases bien distinta: la del gran capital monopolista con la pequeña burguesía urbana en una sociedad capitalista central tardíamente (en relación con los casos considerados clásicos) constituida como tal. Una sociología comparada de ambos regímenes mostraría, por ejemplo, que: el fascismo fue mucho más jerárquico que el populismo y tuvo un fuerte desprecio por las instituciones democrático-liberales, que los populismos mantuvieron, incluso con las restricciones que suelen endilgárseles; el nacionalismo fascista llegó hasta la exasperación, fue militarista y agresivo internacionalmente, rasgos ausentes en los populismos; el fascismo fue xenófobo, imbuido de la ideología de la supuesta superioridad racial y la misión civilizadora de Italia; la política represiva del fascismo fue de una brutalidad que no se encuentra, ni siquiera en los casos más extremos (que los hubo) del populismo, para citar solo algunos aspectos.

Aunque el de Arditi no es estrictamente un enfoque sociológico-histórico, su interpretación de algún modo abona la perspectiva sociohistórica que aquí asumimos, pues para decidir si el populismo “como periferia interna de la democracia” resulta ser un modo de representación que acompaña a la democracia liberal o un movimiento radical que la acosa o incluso amenaza con disolverla es necesario tomar en cuenta las condiciones históricas (12). Así, entendemos que el populismo es un fenómeno propio (o “interno”) de la democracia política, con la particularidad de que en América Latina la política liberal democrática no ha sido ni plenamente liberal ni plenamente democrática, y que las posibilidades concretas de su realización fueron discutidas y ensayadas en una doble coyuntura: de crisis mundial de la democracia en tanto régimen y de redefinición de la idea misma de democracia. En este sentido, el populismo fue una de las formas históricas que asumió el Estado y el régimen de gobierno de tipo democrático.

El componente de representación del populismo es evidente cuando se lo observa desde una perspectiva histórica: los populismos introdujeron una práctica política de reforma y de interpelación popular ausente en los regímenes oligárquicos. Ya se ha dicho que varios autores señalan, en relación con esto, el carácter ambiguo del populismo, resaltando que la incorporación política y la representación presentan algunas contradicciones vis-à-vis los mecanismos de la democracia. Así, por ejemplo, Carlos De la Torre (1994: 58) señala: “por un lado, al incorporarlos [a los sectores excluidos], ya sea a través de la expansión del voto o a través de su presencia en el ámbito público, en las plazas, el populismo es democratizante. Pero, a la vez, esta incorporación y activación popular se da a través de movimientos heterónomos que se identifican acríticamente con líderes carismáticos que en muchos casos son autoritarios. Además, el discurso populista, con características maniqueas que dividen a la sociedad en dos campos antagónicos, no permite el reconocimiento del otro, pues la oligarquía encarna el mal y hay que acabar con ella. Este último punto señala una de las grandes dificultades para afianzar la democracia en la región. En lugar de reconocer al adversario, de aceptar la diversidad y de proponer el diálogo, que en sí incluye el conflicto mas no la destrucción del otro, los populismos, a través de su discurso, buscan acabar con el adversario e imponer su visión autoritaria de la ‘verdadera’ comunidad nacional”.

Afirmamos que el populismo es un modo de representación de la democracia política; una forma de régimen cuya realización ocurre indefectiblemente en el Estado, históricamente situada en la crisis de la dominación oligárquica y resultante de los arreglos institucionales –pacto político y social– establecidos entre diversas clases, las burguesías y los trabajadores urbanos (y en el caso mexicano, también los campesinos). Desde esta perspectiva, como se ha dicho, las experiencias populistas en América Latina son las tres que ya hemos señalado: el cardenismo, el peronismo y el varguismo.

Ahora bien, el populismo –según la segunda posibilidad interpretativa apuntada por Arditi– refiere a un modo de movilización de las masas. El sociólogo dice expresamente: movimiento “en los bordes turbulentos”. Y añade: “el populismo, al igual que otros movimientos radicales, puede ser democrático o no (13), pero cuando lo es –por ejemplo, invocando a la participación como suplemento de los procesos institucionales– pone a prueba la obviedad de aquello que es visto como la normalidad del orden democrático”. Y continúa: “se posiciona […] en un área gris dónde no siempre es fácil distinguir la movilización populista del gobierno de la turba” (Arditi, 2004a: 74). Según el mismo autor, esta modalidad del populismo es potencialmente renovadora: “sea como una reacción contra la política convencional o como una respuesta ante los fracasos de la democracia elitista, esta modalidad de la intervención populista tiene el potencial de renovar y a la vez perturbar los procesos políticos, sin que ello siempre o necesariamente implique rebasar el formato institucional de la democracia. Su acción se despliega en los bordes más ásperos del orden democrático liberal. En todo caso, resulta evidente que con ello el espectro comienza a distanciarse de la modalidad anterior, donde era una suerte de compañero de ruta de la representación liberal democrática en su forma mediática. Más bien aparece como una presencia inquietante y comienza a generar cierta incomodidad en la clase política, la prensa y la intelectualidad” (Arditi, 2004a: 97).

Precisamente, el populismo (sobre todo considerado en su dimensión de movimiento) fue identificado por los militares argentinos y brasileños responsables de la instauración de las dictaduras de las Fuerzas Armadas de las décadas de 1960 y 1970 como uno de los “vicios de la democracia”, tan amenazantes como los supuestos vicios constituidos por “la izquierda revolucionaria y los movimientos guerrilleros” (Ansaldi, 2004b y 2007b).

Es evidente que, desde esta perspectiva, el concepto populismo tiene una relación compleja no solo, como se ha visto, con el concepto democracia sino también con el concepto revolución –esto último, más aún en el caso de México–.

Tal como sostiene Weffort (1984), la revolución no se distingue por la violencia que el proceso involucra sino por el predominio de los mecanismos de la democracia directa sobre los mecanismos de representación. En este sentido, no caben dudas, el populismo está lejos de constituir una forma revolucionaria. Al contrario, él se caracteriza por la representación política mediada y mediatizada. Y si por revolución se alude a movimientos orientados a producir cambios radicales desde abajo, la descalificación es aún más clara. Para ponerlo en términos históricamente polares: no se trata de una revolución sino de un reformismo. Son, quizá mejor, casos o tipos de revoluciones pasivas dependientes o de modernizaciones conservadoras dependientes.

En las revoluciones, la apelación a la democracia convierte a esta última en un programa contestatario (y en el mejor de los casos, una realidad). En los populismos, la apelación a la democracia la convierte en un principio de legitimidad eficaz. No hay un quiebre de las reglas del juego democrático, más bien se da una democratización del consumo y de la participación (en gran medida informal) en el Gobierno, en beneficio de sectores antes excluidos que se incorporan al extenso y difuso colectivo “pueblo” a través de movimientos heterónomos.

La representación mediada por el líder, una cooptación vertical de las masas y su manipulación instrumental componen, en buena medida, la dimensión autoritaria que algunos –como Weffort– atribuyen al populismo. Aquí, reiteramos, preferimos destacar que la amenaza de identificación extrema del líder con la masa, del Gobierno con el Estado, etc. –que es la tercera posibilidad interpretativa del populismo que brinda Arditi– es exactamente eso: una amenaza, no un hecho consumado.

La identificación del populismo con el autoritarismo, y más precisamente la identificación del denominado “neopopulismo” con formas autoritarias de ejercicio del poder, ha tenido gran impacto académico y mediático en los últimos años, sobre todo en relación con la experiencia de gobiernos como el de Alberto Fujimori en Perú, impacto replicado más recientemente en relación con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.

En efecto, algunas prácticas políticas de fin del siglo XX –de diverso signo– han sido caracterizadas como populistas o bien neopopulistas. En contraste con el populismo, tal como ha sido definido hasta aquí, la –a nuestro juicio– poco feliz expresión neopopulismo designa una experiencia resultante de las reformas neoliberales y de la crisis de la deuda externa de las décadas de 1980 y 1990 (Roberts, 1998). Así, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en México, Carlos Menem (1989-1999) en Argentina, Fernando Collor de Mello (1990-1992) en Brasil, o Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú, entre los más sobresalientes, han sido caracterizados como neopopulistas. Y como se dijo arriba, más recientemente, también el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela ha sido caracterizado como una expresión del populismo. Por ejemplo, De la Torre (2008) lo incluye dentro de los populismos nacionalistas y radicales. Pero está claro que en todos estos casos se trata, por lo menos, de un uso amplio, estirado y abusivo del concepto.

Moira Mackinnon y Mario Petrone (1998) caracterizan una “unidad analítica mínima” de la cual parten para distinguir los rasgos singulares de cada una de las experiencias populistas y de estas respecto de las llamadas neopopulistas. Los autores consideran dos elementos: la base social y la díada incorporación/exclusión (14). Con el añadido de la variable temporal, igual que Mackinnon y Petrone, sostenemos una visión crítica del concepto neopopulismo. Gobiernos como los de Menem o Collor de Mello ni siquiera practicaron formas populistas de hacer política.

La dimensión temporal es clave para distinguir histórica y analíticamente los casos típicos de regímenes populistas –los de Argentina, Brasil y México– de estos fenómenos nuevos. En efecto, ya se ha dicho, el populismo es un fenómeno surgido en el entramado de una triple crisis: la del capitalismo en el centro del sistema mundial, la del modelo agroexportador y la de la oligarquía como forma de Estado. Asimismo, la alianza de clases, el modelo ISI y la política de masas fueron tres de sus rasgos constitutivos, ninguno de ellos está presente en las versiones denominadas neopopulistas de los últimos años, en las que, contrariamente, la desindustrialización y la despolitización fueron signos característicos.

En consecuencia, retomando los ejes señalados por Mackinnon y Petrone, los supuestos populismos de nuevo tipo apelaron a una integración fragmentaria, a través de programas económicos, por ejemplo, que erosionaron la ciudadanía y la institucionalización y organización de la sociedad civil. El llamado neopopulismo estuvo lejos de promover políticas distribucionistas y, por el contrario, propulsó fórmulas de Estado mínimo inspiradas en aquello que trascendió como Consenso de Washington. Además, la clase obrera fue la principal perjudicada por esas políticas, que negaron, cuando no arrasaron, con buena parte de las conquistas en materia de ciudadanía social. La pobreza fue el signo característico de los mal llamados neopopulismos, en rigor, regímenes socialmente excluyentes y fragmentarios. En cambio, y en remarcable contraste con estos, los populismos “clásicos” (Drake, 1982) o “efectivos” y “exitosos” (Knight, 2005), en definitiva, los que aquí denominamos Estados Populistas, se basaron en la movilización a través de la incorporación social de las masas, a través de una proliferación de derechos sociales, y en la incorporación política, a través de la participación mediada por el Estado y las corporaciones. Se basaron, también, en la incorporación simbólica de las masas a través de una noción extensiva e inclusiva de pueblo de carácter nacionalista. Así, una variable crucial para entender y distinguir el fenómeno populista es la lucha de clases, que el populismo conculca bajo la idea-fuerza de “compromiso”.

Si se presta atención a la dimensión de clase, el abanico de posibilidades históricas que se abre con la crisis de 1930 abarca una variedad de trayectorias difícilmente resumibles en un patrón único. Dos autores, con objetivos y objetos diversos, señalan la importancia del antagonismo de clase típico: Ian Roxborough (1981) y Perry Anderson (1988) –quizá para contrapesar esa idea muy difundida a partir del clásico trabajo de Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto (1990), que asume que la incorporación de la clase media es un factor crucial para entender la coyuntura crítica de los años treinta–. En efecto, la incorporación de las clases medias fue un proceso que se inició dentro de la fase de dominación oligárquica (como se ha visto en el capítulo 4), mientras que la incorporación de los trabajadores urbanos y rurales fue un proceso (revolucionario o reformista) iniciado contra la oligarquía.

Los populismos no rompieron con la lógica burguesa de escisión entre sociedad y Estado y de su recomposición ilusoria mediante la asociación entre Nación y Estado. Como se sabe, la hegemonía burguesa se expresa bajo la forma de hacer equivalentes los principios nacional y estatal, siendo este el que ordena los valores (y sus relaciones) que definen la identidad de una comunidad. En este sentido, las clases obreras de América Latina no pudieron “elevarse a la condición de clase nacional” (para usar la expresión de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista), es decir, recomponer y unificar a todas las clases populares. Apelando a categorías gramscianas puede decirse que, en sentido estricto, en los populismos, el proletariado no transitó desde lo clasista-corporativo hacia lo político-estatal, es decir, no generó un sentido colectivo de la acción o, si se prefiere, una voluntad nacional-popular. Así, la lucha de los trabajadores fue corporativa, no hegemónica (15).

Los populismos parecen haber potenciado, en el campo de las fuerzas políticas, el segundo momento de las relaciones de fuerza, esto es –superando el económico-corporativo– aquel en el cual los miembros de un mismo grupo social son conscientes de la solidaridad de intereses entre todos ellos, pero aún dentro del campo meramente económico. No avanzarían, en cambio, hacia el tercer momento, el más estrictamente político, aquel en el que se alcanza “la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación de grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados” (16).

En los populismos, fue el Estado el que absorbió la crisis de la burguesía al reorganizar a la sociedad civil y al consenso bajo la forma de una revolución pasiva. La burguesía nacional supo despojar a sus antagonistas históricos de las banderas de la justicia social y encolumnarlos tras objetivos de conciliación de clases, realizando cambios en las estructuras y descartando la posibilidad de realizar cambios de las estructuras. En este sentido, se trató de una exitosa operación de transformismo orgánico.

No obstante, si se piensa correctamente la cuestión de la traducibilidad de las categorías, es decir, renunciando a cualquier mecanicismo, no puede menos que coincidirse con la apreciación de Juan Carlos Portantiero (1981: 232) acerca de la peculiaridad del proceso latinoamericano vis-à-vis el europeo. En nuestra región, el proceso de constitución política de la clase obrera –o sea, como sujeto colectivo– no fue “un sucesivo crecimiento de la participación a partir del desarrollo de luchas sociales” expresadas luego como luchas políticas, sino un crecimiento “constitutivo de una crisis política y fundante de una nueva fase estatal en la que las clases populares, y en especial la clase obrera, que se conformaban en el proceso de industrialización, penetraban en el juego político antes de haberse constituido como clase con perfiles claros de acción corporativa”.

Con agudeza, Portantiero señala, tras admitir la ruptura que los populismos introdujeron en el proceso de articulación de la acción corporativa con la acción hegemónica, que en América Latina la superación de la crisis política desarrollada pari passu los procesos de crecimiento industrial desde 1930 “implicó un tipo de relación entre Estado y clases, un módulo sociológico de recomposición política” que cuestionó “la imagen clásica de las articulaciones entre sociedad civil y Estado”. Así, el modo en el que las clases populares latinoamericanas transitaron de la acción corporativa a la acción política fue sui generis: participaron “del sistema político sin expresar un sentido hegemónico” y no se constituyeron como pueblo por “el desarrollo autónomo de sus organizaciones de clase (o de los grupos ideológicos que se reclamaban como de clase)”, sino por “la crisis política general”, asumiendo el papel objetivo de “equilibradoras de una nueva fase estatal”. Es claro que a este desenlace contribuyó destacadamente el fracaso de las organizaciones de clase preexistentes en el pasaje de la acción corporativa a la hegemónica. Por tal razón, la recomposición de la unidad política de los trabajadores fue obra de los populismos mediante “la acción de elites externas a la clase y de líderes carismáticos”. El abandono de su externalidad respecto de la política fue, para la clase obrera, un proceso protagonizado por movimientos nacional-populares. De allí que los perfiles de la clase “quedaron habitualmente definidos por las peculiaridades del principal instrumento ‘propio’ que operó como puente para esa constitución: el sindicalismo de masas”.

Ahora bien: debe destacarse que “por más heterónomo que aparezca su comportamiento en términos de un modelo clásico de constitución, la presencia política de las clases populares estuvo casi siempre mediada por instancias organizativas ‘de clase’ y no por una pura vinculación emotiva con un liderazgo personal”. Así, el sindicalismo –“la instancia de mediación privilegiada para la inserción de las masas en el Estado”– fue un sindicalismo político que definió su acción en nombre de todos los trabajadores, teniendo “como principal interlocutor al Estado y no a la empresa” y buscando “colocarse en el sistema político como fuerza gubernamental” (Portantiero, 1981b: 232-233; itálicas nuestras).

En el mismo lugar, Portantiero (1981b: 234) señala una cuestión clave para los análisis macrohistóricos: que “el problema es que si efectivamente como proyecto estatal los populismos están en crisis, como fase de la constitución política de los sectores populares no sufren ese deterioro con la misma rapidez: la memoria histórica es más duradera como elemento fundante del sentido de la acción social. El populismo, en buena medida, como experiencia de clase, nacionalizó a las grandes masas y les otorgó ciudadanía. Fundó para ello, con mucha mayor productividad política que el internacionalismo de la II y la III Internacional, un terreno de lo ‘nacional-popular’ como principio articulador de la política de masas”.

La idea de Portantiero es estimulante incluso para pensar el presente. Aquí hemos avanzado en el sentido de distinguir el populismo como “proyecto estatal” históricamente situado. La inflación conceptual que ha padecido la noción de populismo ha sido alentada tanto por quienes han abrevado en ella por convergencias historiográficas, políticas e ideológicas, como por aquellos que por divergencias del mismo tipo la han rechazado pero siguieron colocando al populismo como pivote de sus reflexiones.

Los populismos paradigmáticos: cardenismo mexicano, varguismo brasileño, peronismo argentino

El populismo latinoamericano fue una experiencia observable históricamente en México (1934-1940), Brasil (básicamente durante la última presidencia de Vargas, 1951-1954, pero también bajo las de Jânio Quadros y João Goulart, 1960-1964) y Argentina (inequívocamente entre 1945 y 1955, pero no desaparecido por completo después del derrocamiento de Perón, extendiéndose más mal que bien hasta 1975). De los tres populismos, el único que se aproximó a la secuencia régimen oligárquico-populismo fue el de Brasil –pasaje que, como se ha visto, se dio vía una revolución política protagonizada por los sectores oligárquicos aperturistas–, todo esto si se consideran las tres primeras fases del varguismo (1930-1934, 1934-1937 y 1937-1945) como intentos fallidos de salida a la crisis de la dominación oligárquica. En Argentina, el populismo fue respuesta a la crisis de la democracia liberal, encarnada en el reformismo (“hegemonía pluralista”, según la expresión de Waldo Ansaldi; o “hegemonía compartida”, en los términos de Alfredo Pucciarelli) de la experiencia de la UCR en el Gobierno, y más tarde, a las contradicciones propias de una restauración conservadora mal lograda. En México, fue freno a la eventual mayor radicalización de la revolución, en el contexto de la crisis de la década de 1930, tal como se advierte en la exitosa (para sus promotores) desarticulación del bloque obrero-campesino durante la presidencia de Cárdenas.

En los tres casos, el fin de la dominación oligárquica se inició por la fractura de la clase dominante. En México se produjo entre 1910 y 1915 la etapa política de la revolución, que luego evolucionó hacia una revolución social, coronada por el señalado populismo de la década de 1930. En Brasil, la fractura se expresó durante la Revolución del 30, luego seguida por la dictadura del Estado Novo (1937-1945). Y en Argentina, ocurrió durante el reformismo yrigoyenista, pero la restauración conservadora (1930-1943) iniciada con el golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu fue un intento de reponer la dominación oligárquica. Puesto que el populismo mexicano fue una experiencia anterior a la segunda posguerra, la exaltación de la democracia fue consecuencia del origen revolucionario del fenómeno. En cambio, en Argentina y, fundamentalmente, en Brasil, la reivindicación de la democracia correspondió a la fase de “unidad interamericana” propia de la segunda posguerra.

En México, Lázaro Cárdenas asumió la presidencia en 1934 con el apoyo de una coalición muy heterogénea que, no obstante, abrevaba en la necesidad de atender los acuciantes problemas agrarios y de llevar adelante un proyecto económico nacionalista. Cárdenas fue el candidato del PNR, un partido fracturado internamente por las contradicciones propias de una revolución que todavía no había asestado su golpe final a la oligarquía. El cardenismo, con obreros y campesinos movilizados por la revolución, llevó a cabo una reestructuración de la sociedad mucho más radical que la de los populismos argentino y brasileño –dos fenómenos más decididamente urbanos–.

En los tres casos hubo un marcado énfasis social en la construcción de la democracia pero, en México, este énfasis derivaba de los cambios impulsados por el proceso revolucionario mismo, que había movilizado a la clase obrera y a los campesinos pero que todavía no se decidía por su real inclusión. Paradigmáticamente, la reforma agraria llevada adelante por el cardenismo, con alcance extenso, fue corolario y asignatura pendiente de la revolución iniciada en 1910. Cárdenas expropió latifundios centrales (por un total de 17.000.000 de hectáreas), transfiriendo las tierras a los ejidos (propiedad comunal) en tal magnitud que la mitad de la superficie agrícola cultivada quedó en manos de estos, a lo cual hay que sumar la multiplicación de la pequeña propiedad campesina individual.

En Brasil, el populismo se edificó sobre la experiencia del Estado Novo, pero también sobre la breve etapa democrática de 1934-1937. La ideología estadonovista se basaba en elementos propios de su época: el antiliberalismo y la demanda de un Estado fuerte y centralizado. Así, como se ha dicho en otro lado (Ansaldi, 2003c), en la confrontación político-ideológica de los años treinta, Brasil no fue vermelho (rojo), como querían los comunistas, ni verde, como aspiraban los integralistas. Fue verde e amarelho, como quería Getúlio Vargas. Entre 1935 y 1937, el líder logró desplazar a esos dos poderosos contendientes. Ya hemos señalado que el Estado Novo promulgó una nueva Constitución, elaborada por Francisco Campos –ministro de Justicia de Getúlio y destacada figura de la derecha autoritaria– e inspirada en las Cartas de los regímenes dictatoriales de Europa. Ella estableció la supremacía de la organización por sobre la participación y creó un Poder Legislativo pulverizado y convertido en Consejo Administrativo. Como es obvio, el Poder Ejecutivo estuvo fuertemente centralizado y personalizado en la figura de Vargas. El Estado Novo abrió una etapa de industrialización por sustitución de importaciones, la sociedad se urbanizó y la división social del trabajo se tornó más compleja, constituyéndose en base de una organización política corporativa fundada sobre el principio de la justicia social.

Veamos las grandes líneas de este proceso con algún detenimiento. El nombre, la figura y la acción de Getúlio Vargas ocuparon el centro de la escena política brasileña durante el lapso que va de 1930 a 1954, año de su suicidio. Durante este lapso es posible distinguir cinco momentos: gobierno provisorio (1930-1934), presidencia constitucional (1934-1937), dictadura y Estado Novo (1937-1945), presidencia del general Eurico Gaspar Dutra (1945-1951), retorno de Vargas a la presidencia y populismo (1951-1954).

El clima ideológico autoritario y antiliberal de los años treinta tuvo en Brasil sus fundamentos en las obras de Alberto Torres, Francisco José de Oliveira Vianna, Antônio José Azevedo Amaral, Francisco Campos, entre los más importantes intelectuales de esa tendencia durante la dominación oligárquica (17). Después de octubre de 1930 confrontaron varias propuestas autoritarias, de las cuales tres parecen ser las más relevantes: la de los tenentes, la integralista y la del Estado Novo. Ninguna de ellas bregaba por un sistema de partidos. La propuesta autoritaria de los tenientes tuvo peso en el comienzo del proceso inaugurado por el golpe, cuando confrontó con las posiciones de los oligarcas aperturistas. El proyecto tenentista fue, en lo político, un reformismo autoritario, estatista, corporativista, elitista y francamente partidario de la centralización político-administrativa del Estado y enemigo de las autonomías estaduales. Los oligarcas aperturistas, en cambio, se situaban en la posición opuesta.

En 1931, los oligarcas aperturistas y los tradicionales constituyeron frentes únicos en São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, asociaciones políticas que fueron expresión de la reunificación oligárquica, superando la escisión prerrevolucionaria. Los Frentes pasaron de inmediato de la escala estadual a la federal en pos de tres objetivos: nuevo Código Electoral, convocatoria a una Asamblea Constituyente y designación de un interventor civil y paulista en el Gobierno de este estado.

En tal situación, Vargas tuvo ante sí dos opciones. Si sus preferencias estaban más cerca de la posición centralizadora de los tenientes, su olfato político le permitió apreciar la fuerza del movimiento oligárquico y de la demanda constitucionalista. Finalmente, cedió a la presión de los oligarcas aperturistas. Decretó un nuevo Código Electoral (24 de febrero de 1932) y fijó fecha para elegir los miembros de la Asamblea Constituyente. El nuevo Código cambió algunas reglas: estableció el voto directo y universal, incluyendo el femenino (pero solo para alfabetos y alfabetas), dispuso la aplicación de la representación proporcional (sistema ya reclamado por Rui Barbosa en 1910) e instituyó la justicia electoral imparcial e independiente, encargada de resolver en materia de validez de las elecciones y proclamación de los candidatos. Frente a esta jugada, los tenientes carecieron de capacidad de reacción y terminaron no solo debilitando su posición sino favoreciendo la intensificación de la ofensiva oligárquica.

Dentro de este contexto se produjeron la ya citada insurrección de São Paulo, la convocatoria a elecciones de constituyentes y la reunión de la Asamblea. El levantamiento paulista comenzó el 9 de julio de 1932, encabezado por el Partido Democrático (PD), con importante participación de la clase media de la ciudad y el entusiasmo y el apoyo mediático de O Estado de São Paulo, el influyente diario de la familia Mesquita que llegó a detentar el liderazgo entre los conspiradores (Capelato y Prado, 1980: 47). La revuelta, cuya filiación suele definirse como constitucionalista liberal, originó una guerra civil prolongada a lo largo de casi tres meses, con un saldo de unos 700 muertos. Los esperados apoyos de grupos similares de Minas Gerais y Rio Grande do Sul no se produjeron o bien carecieron de envergadura suficiente, facilitando la represión del gobierno federal. Así, Olegário Maciel, en el primero de esos estados, y Jose Antônio Flores da Cunha, en el segundo, optaron por la adhesión a Vargas. Es explicable: finalmente, mineiros y gaúchos se habían coaligado, en 1930, para enfrentar el papel dominante de São Paulo, que el presidente Washington Luís Pereira había exacerbado con su decisión de postular, como sucesor, a Júlio Prestes, en detrimento de un candidato de Minas Gerais, conforme la política do café com leite. Todavía entonces, esa competición interoligárquica tenía vigencia y suplantó el temor al tenentismo. Por añadidura, en ambos estados los sectores que adhirieron a la revuelta paulista eran inequívoca expresión de la dominación oligárquica tradicional, expresada en los partidos republicanos estaduales, en este caso dirigidos por Borges de Medeiros y Artur Bernardes, “patriarcas de la República Vieja”, cuya adhesión a la conjura contribuyó a rotularla como “contra-revolución de los ‘oligarcas’ del antiguo régimen” (Skidmore, 1985: 37-38).

La insurrección paulista –a veces llamada, con exageración, revolução– ha sido motivo de conflictivas interpretaciones en la historiografía brasileña desde el momento mismo de su estallido. Aquí nos inclinamos por la de Maria Helena Capelato y Maria Lígia Prado, quienes sostienen que si bien la posición de O Estado de São Paulo –que negaba la imputación varguista de la intención separatista del Estado–, no era secesionista, es indudable la existencia, en São Paulo, de un grupo más radical partidario de la separación estadual del resto del país, tal como se podía apreciar en las columnas de O Separatista, una publicación efímera. Según Capelato y Prado (1980: 50), “el movimiento de 1932 surgió como una explosión de regionalismo paulista, en una tentativa desesperada de someter el gobierno central a su comando. Todos los partidos se unieron (con excepción de la Legión Revolucionaria) y la industria y el comercio sumaron fuerzas por el ‘ideal revolucionario’”. Prado (1986: 110-111) sostiene: “La cuestión política central hasta el movimiento de 1932 consistió en la lucha entre São Paulo y el gobierno federal. La insistencia en la fórmula de un ‘interventor y paulista’, como solución para la impasse creada por la intervención de João Alberto ocupó todo el debate político […] [los que Paulo Nogueira Filho] llama ‘autonomistas radicales’ eran, en verdad, separatistas. El separatismo paulista se ha constituido en un verdadero tabú en la historiografía brasileña. […] Entretanto, el separatismo fue un movimiento de amplia repercusión en São Paulo, estando profundamente entrelazado con el movimiento de 1932. Así, la sociedad paulista –o mejor, algunas fracciones de la clase dominante y sus aliados ideológicos de las clases medias– moviéronse abiertamente por el retorno de la constitucionalidad y, clandestinamente, por el separatismo”.

El desenlace de la guerra civil fue paradójico: la derrota militar de los paulistas marcó simultáneamente tanto el cénit del poderío tenentista como el comienzo de su declinación, pero también el triunfo político de los sublevados, pues la campaña constitucionalista continuó e incluso se intensificó: ya no fue solo “una bandera de lucha oligárquica”, sino “un verdadero movimiento social” (Forjaz, 1983: 491).

En cierto sentido, la confrontación entre tenientes y oligarcas aperturistas marcó una diferencia sustancial en la concepción de la democracia: social para los primeros, y meramente política para los segundos.

La derrota paulista frente a las tropas del Gobierno Federal, fue otra vuelta de tuerca en el camino de la desaparición del Partido Democrático, pues sus principales dirigentes –que, como dijimos, habían acompañado a aquella y algunos de los cuales incluso eran separatistas– fueron enviados a prisión. En opinión de Prado, el PD dejó un legado político-ideológico prolongado en el Partido Constitucionalista, en la efímera União Democrática Brasileira y finalmente, desde 1945, en la más duradera e influyente União Democrática Nacional (UDN).

Las elecciones (3 de mayo de 1933) otorgaron un amplio triunfo a los partidos oligárquicos y una representación minoritaria a los tenentes y algunas fuerzas aliadas (los “diputados clasistas” y algunos de estados del norte). A fines del mismo año, los tenientes perdieron el control político de São Paulo y Minas Gerais. Para completar la derrota, también fueron desplazados en el plano militar. Como ya ha sido adelantado en el capítulo 4, los resultados de las elecciones y la propia composición de la Asamblea Constituyente expresaron el claro predominio de las fuerzas estaduales-federales sobre las nacionales-centralistas, lo que no era otra cosa que el triunfo de la continuidad sobre el cambio, la persistencia de prácticas típicas de la República oligárquica. Contrario sensu, esos mismos resultados indicaron la debilidad de las fuerzas políticas transformadoras. Empero, por debajo de la más visible línea de continuidad, se despliegan algunas modificaciones irreversibles, como el reconocimiento de la necesidad de la intervención estatal en los planos económico, social e incluso político. Por lo demás, el triunfo de partidos estaduales o regionales no significó un rechazo u oposición a Vargas, cuyo poder se reforzó al inclinarse hacia la derecha y prescindir de los tenentes. Su elección por parte de la propia Asamblea, en julio de 1934, fue parte de esa definición, aun cuando tuvo oposición. El poder presidencial, no obstante, tuvo límites constitucionales, toda vez que la gestión del Poder Ejecutivo era controlada por el Consejo Nacional, y el Poder Legislativo ganó atribuciones.

El momento 1934-1937 fue expresión de posiciones encontradas. Las opciones eran varias: ¿centralización o descentralización?; ¿autoritarismo o democracia?; ¿protagonismo político o sujeción militar al poder civil?; ¿ampliación o restricción de la ciudadanía política y social?; ¿política de masas o política de notables?; ¿aceptación o rechazo de las reglas constitucionales?; ¿sindicatos autónomos o sujetos al Estado?

En materia de organización de partidos se desplegaron dos estrategias: una, la del tenentismo, buscaba crear un partido nacional unificador de las corrientes “revolucionarias” y con capacidad para enfrentar al “adversario reaccionario”. Los interventores en los estados –delegados del Poder Ejecutivo– fueron la pieza clave para alcanzar el objetivo del proyecto, desplegando su accionar en su respectiva jurisdicción, paso previo a la integración de los partidos regionales en una estructura nacional. Aun en un contexto “revolucionario”, los constructores de un nuevo orden político no fueron capaces de inventar una nueva tradición y fueron tributarios de la definida por los oligarcas: la idea relativamente innovadora de fundar un partido de alcance nacional no consiguió prescindir, en sus bases organizativas, del modelo regionalista de hacer política (como lo llamó alguna vez la historiadora brasileña Ângela Gomes). Inequívocamente, el proyecto era crear un partido político desde el Estado, orientado a asegurar el continuismo de Vargas. El resultado final fue un fracaso, acreditando un éxito parcial solo en los estados del Norte-Nordeste, donde se constituyó la União Civica Nacional (UCN), la cual no dejó de ser expresión de los anhelos de aquellos de afirmar, a escala nacional, sus intereses regionales, largamente postergados por la primacía de los del Centro-Sur.

La otra estrategia fue la de los sectores oligárquicos estaduales, que rearticularon sus fuerzas apelando a dos procedimientos: la reactivación de sus viejos partidos estaduales (como el Partido Republicano Paulista y el Partido Republicano Mineiro) y la creación de nuevos partidos, también estaduales, como el Partido Progressista (PP), en Minas Gerais, y el Partido Republicano Liberal (PRL), en Rio Grande do Sul. En esta segunda variante, “los partidos, a pesar de su dimensión regionalista, presentaban un principio de formulación distinta, toda vez que disputaban exactamente con los antiguos partidos republicanos, representando la fuerza y el prestigio de los interventores federales, directamente ligados y orientados por el jefe del Gobierno provisorio. Por lo tanto, aunque estas agremiaciones mantuviesen con las antiguas fórmulas partidarias de la República Velha una línea de continuidad, atestada por su carácter regional, de hecho significaban un enorme esfuerzo de renovación política de cuño nítidamente pragmático”. Mediante estos partidos regionales de nuevo tipo, “el príncipe conseguía fortalecerse, reforzando la tendencia centralizadora del Gobierno Provisorio, a través de innumerables y valiosos aliados” y sin afectar las reservas electorales de los grupos partidarios de la autonomía estadual (Gomes, 1986: 20).

Esta segunda doble estrategia revela, una vez más, la pauta de articulación entre un fuerte poder central y no menos fuertes poderes estaduales (ya señalada en el capítulo 4), en particular, en los niveles ejecutivos. Así, añade Gomes (1986: 20), “el montaje de la máquina partidaria regional es capaz de reflejar tanto el fortalecimiento del interventor y de parcelas de las fuerzas políticas locales como la penetración de la influencia del Gobierno central en el Estado y su creciente poder de interferencia”.

El integralismo –tan bien estudiado por Hélgio Trindade (1974)– fue otra de las tres grandes corrientes autoritarias que confrontaron en la década de 1930. Su ideología ecléctica, dice este politólogo, reunía un nacionalismo telúrico, el mesianismo místico del “destino histórico” de la nueva raza mestiza, el tradicionalismo social y religioso del integralismo portugués y del salazarismo, el estatismo romano, el corporativismo del fascismo italiano y el antisemitismo nazi. Nadie podría poner en duda su carácter antidemocrático... A diferencia del tenentismo, la AIB se organizó como movimiento de masas urbano (sectores de clases media y trabajadora), recurrió a ellas, las interpeló, movilizó y organizó. El papel asignado a la movilización de masas contrastó con el autoritarismo desmovilizador de Getúlio, la tercera corriente de ese signo en los años treinta brasileños. Según Trindade, esa discrepancia explica por qué ni la AIB ni su jefe, Plínio Salgado, pudieron ser cooptados por Vargas: el modelo desmovilizador del autoritarismo del Estado Novo era incompatible con el modelo societal movilizador, fascista, de los integralistas.

En este clima, en 1935, tras la derrota de la insurrección comunista, comenzaron las primeras acciones para las elecciones presidenciales de enero de 1938. En 1937 se constituyó la União Democrática Brasileira (UDB), que levantó la candidatura del gobernador paulista Armando de Salles Oliveira, del denominado constitucionalismo liberal, reclamando una “robusta democracia social”, con la fortaleza suficiente para resistir a la subversión de izquierda y de derecha. Un segundo candidato fue el antiguo tenentista José Américo de Almeida, de Paraíba, dirigente de la Aliança Liberal en 1930, a quien se consideró candidato del Gobierno. El escenario mostraba otra vez dos actores: un candidato de la oligarquía del centro-sur, y otro, nordestino, del proyecto tenentista. Y las dudas: ¿una región u otra?, ¿democracia política o democracia social? En junio, los integralistas proclamaron a Plínio Salgado; he aquí un hecho significativo, argumenta Trindade: el movimiento se transformó en partido y aceptó las reglas de juego de la denostada democracia liberal. Esta tercera candidatura introdujo una novedad sustancial: una fuerza nacional movilizadora que definía como enemigos al liberalismo, el socialismo, el capitalismo internacional, el judaísmo y la masonería, y que –fundándose en un cálculo de posibilidades– adoptó una variante táctica que implicaba confrontar según reglas que despreciaba.

Las dudas de Vargas respecto de su delfín alimentaron la confusión, que, por lo demás, jugó en favor del propio presidente, algunos de cuyos allegados –y posiblemente él mismo– comenzaron a pensar en la posibilidad de la continuidad getulista. A ella contribuyó el anticomunismo. En efecto, aunque derrotados, los comunistas siguieron siendo, a los ojos de la derecha, un enorme peligro. Dentro del Ejército, un sector de peso desanduvo sus pasos y planeó la intervención en la política apelando al golpe de Estado. Según Gomes, lo que en 1934 se pensó contra Vargas, en 1937 se pensó en favor de Getúlio. Adicionalmente, en los preparativos del golpe se involucró el integralismo –a través del plan Cohen de Mourão–, conforme su modo de hacer política preferido: el asalto al poder. El Plan Cohen fue preparado por el capitán Mourão Filho –a la vez agente del Servicio Secreto del Ejército y jefe del Estado Mayor de la Milicia Integralista– en las propias oficinas del Estado Mayor del Ejército (legal), lugar de trabajo del capitán, lo que facilitó su conocimiento por el general Pedro Aurélio Gôes Monteiro. El plan fue adjudicado luego a los comunistas, procurando mostrar el peligro que estos representaban para Brasil. Así fue difundido por radios y diarios, informándose que había sido secuestrado en un operativo de las fuerzas militares. En realidad, fue un ejercicio interno de los integralistas que procuraba mostrar cómo, estratégicamente, los comunistas húngaros tomaron el poder en 1919, de donde extraían el cómo debía lucharse en tal situación. Salgado dirá, mucho más tarde, que en su momento no desmintió la falsedad del plan para no “desmoralizar a la única institución que tenía condiciones contra el comunismo en Brasil, que era el Ejército”.

Debilidad y división de las fuerzas políticas tradicionales y de sus variantes pos 1930, desarticulación y represión de la izquierda, apoyo integralista y militar, incremento del autoritarismo presidencial y retroceso de los límites legislativos... He ahí una combinación nada favorable para una respuesta democrática a las dudas de una sociedad que demandaba cambios. El Plan Cohen permitió “justificar” la ruptura de la legalidad jurídico-política. El 10 de noviembre de 1937, un golpe de Estado puso fin al segundo momento del proceso abierto en octubre de 1930 y abrió el tercero, caracterizado por el intento de dar una solución a la crisis de la dominación oligárquica mediante un explícito fortalecimiento autoritario del Estado.

El nuevo golpe mantuvo a Getúlio en el ejercicio del poder, clausuró el Congreso, promulgó una nueva Constitución, instauró una dictadura, derrotó el integralismo y profundizó cambios estructurales. El Estado Novo fue una solución a la crisis de la dominación política oligárquica que no expresó ni las reivindicaciones de la vieja clase dominante liberalizada, ni las demandas de transformación de los tenentes, ni fue síntesis de unas y otras. El Estado Novo resolvió parcial y temporalmente esa crisis, mas no pudo institucionalizar tal resolución ni afirmarla en la sociedad civil, toda vez que la dominación no se transformó en dirección o hegemonía, ni fue acompañada de esta. Conforme la línea de interpretación propuesta por Weffort, puede decirse que el Estado Novo no fue solo un nuevo Estado: fue también un formidable paso adelante en el proceso de construcción de un Estado moderno, nacional, proceso realizado a partir de la cúpula estatal y no de la propia sociedad.

Al respecto, Adriano Luiz Duarte, en una inteligente lectura de una de las hipótesis de Maria Helena Capelato, propone una interesante síntesis (notablemente crítica) de la situación de ambigüedad característica del Estado Novo. Capelato señaló que tanto el varguismo como el peronismo sustituyeron al ciudadano/individuo de la doctrina liberal por el ciudadano/trabajador, es decir, un nuevo patrón de ciudadanía. La condición de ciudadano ya no se definía tanto por la posesión de derechos civiles y políticos, sino por la de derechos sociales, de donde la realización plena de la ciudadanía (y de la democracia) se conseguía mediante la justicia social (cuyo peso fue mayor en el peronismo que en el varguismo), no por la libertad. En el caso brasileño, ciudadano era sinónimo de buen brasileño y “el buen brasileño era el que trabajaba por la grandeza de Brasil, respetando el orden” (lo cual se tradujo en la prohibición de las huelgas). El trabajo devino, pues, el primer deber, al mismo tiempo que era el primer derecho. “La formación del ciudadano/trabajador implicaba el disciplinamiento del trabajo” (Capelato, 1998: 173-174, 177 y 190).

La novedad del Estado Novo, argumenta Duarte, consistió en la ampliación de la esfera pública, en la cual los trabajadores –al menos los urbanos– pasaron a ser considerados ciudadanos, a ser incluidos, a ser parte de la Nación, en contraste con la República Velha, que los había excluido. “Definida a partir del trabajo, la noción de ciudadanía fue modelada, normatizada y circunscripta”. Mas lo que se enunció no se efectivizó, de modo que los derechos fueron declarados, mas no practicados. “Y lo que el Estado Novo veía como ciudadanía era la práctica de la obediencia, de la devoción y de la gratitud por el favor concedido”. El resultado, añade el mismo autor, fue la limitación de la participación política y, por ende, una restricción de la ciudadanía. El ciudadano no se constituyó plenamente pues, paradójicamente, “[e]l movimiento que incorporó a los trabajadores al universo de los derechos y de la ciudadanía, en verdad, fue el mismo que destituyó y solapó sus posibilidades, al mismo tiempo que las enunciaba. En esa medida, el Estado fue el gran desorganizador de la ciudadanía”. Esa exclusión social, en definitiva, “no fue el precio de la modernidad por la vía autoritaria, fue su condición”. Más aún: “La más evidente consecuencia de esa exclusión fue la institucionalización de la sospecha generalizada, porque todos los que no se encuadraran en el modelo refundado de ciudadano y de trabajador serían pasibles de sanciones” e incluso de marginación (Duarte, 1999: 323, 325 y 327).

Según algunos autores, el Estado Novo realizó en 1937 lo que se prometió en 1930, interpretación que contrasta fuertemente con la que ve en 1930 una promesa incumplida de democratización, por lo cual 1937 fue un resultado paradójico. Estas interpretaciones contrapuestas atienden solo a la dimensión política de la organización de la dominación de clase, mas soslayan otros elementos de complejidad del proceso. Puede decirse que este encerró, desde su inicio en 1930, una dialéctica perversa, una contradicción sin solución: democracia política sin democracia social frente a democracia social sin democracia política.

Los años 1930-1937 fueron de lucha por la dominación y/o hegemonía política. Durante estos años, la fracturada clase dominante no logró articular una solución consensuada, ni permitió que una fracción lograra subordinar a las otras (tal como la burguesía cafetalera lo hizo a lo largo de la República Velha). Ninguna de las clases subalternas, a su vez, generó un “espíritu de escisión” con la fuerza y viabilidad suficientes como para constituir un sistema hegemónico alternativo. En este contexto, no extraña que el Estado se haya elevado por encima de las clases y finalmente se haya fortalecido y convertido en garante de las clases dominantes, pese a afectar los intereses inmediatos (mas no los estratégicos) de estas. Como lo dice Eli Diniz (1986: 84), “el fortalecimiento del Ejecutivo [durante el Estado Novo] aparece como condición de preservación del orden y, por lo tanto, de sobrevivencia de los grupos dominantes”, lo que no implica que el Estado tuviera la condición de “capturado” característica del período oligárquico; por el contrario, este adquirió un notable grado de autonomía, dentro del cual el Ejército desempeñó un papel estratégico, que fue más allá de la propia corporación militar e influyó en el crecimiento industrial (aunque no lo controlara) y en el proceso de centralización política.

El Estado Novo puede interpretarse como una revolución pasiva o revolución-restauración, interpretación con la cual coincide Carlos Nelson Coutinho (1986: 15-16), para quien la dictadura de Vargas (1937-1945) puede caracterizarse como “revolución pasiva” o “restauración progresista”. En tal perspectiva, ese Estado cumplió lo que Gramsci llamaba funzione piemontesa, según la cual el proceso de transformación es conducido por un Estado que sustituye y dirige a clases o grupos sociales. Esa función refuerza al Estado, en detrimento de la sociedad civil, y privilegia el uso de la dominación, incluso dictatorial, por sobre la dirección o hegemonía.

El Estado Novo profundizó una etapa de industrialización por sustitución de importaciones que no fue acompañada de transformaciones estructurales agrarias. La sociedad se urbanizó crecientemente, al tiempo que la complejidad de la división social del trabajo se incrementó. Esta sirvió de base a una organización política corporativa concebida como una democracia de nuevo tipo, fundada sobre el principio de la justicia social. Según la interpretación de Gomes (1988: 222 y ss.), tal concepción supone asignar al Estado la finalidad de consagrar el bien común, entendido como justa delimitación de los intereses de cada uno. Al tiempo que niega el liberalismo político, proclama la voluntad de corregir los excesos del liberalismo económico. La negación es doble: de la concepción de la división de poderes –sustituida por la de “armonía”– y de la existencia de los partidos políticos y su reemplazo por uno único, “el partido del Estado, que es también el partido de la Nación”, según proclamaba Azevedo Amaral. Es decir: como en la dominación oligárquica organicista (1889-1930), el Estado Novo (1937-1945) no admitió la disidencia. Fue más allá aún: al identificar al Estado con la Nación, dice Gomes, eliminó “la necesidad de cuerpos intermediarios entre pueblo y gobernante”, sustituyéndolos por órganos técnicos y corporaciones que atendían “las verdaderas necesidades sociales por la observación y por la experiencia directas”.

En el Estado Novo, añade la misma analista, el pueblo fue concebido como “un cuerpo político jerarquizado por el trabajo. […] El trabajador brasileño era el ciudadano de la democracia social y el hombre de la nueva comunidad social”. El modelo de representación estadonovista combinó “la eficiencia de la organización corporativa de representación de intereses con la fuerza de la representación simbólica corporizada en el Presidente [concebido como pai dos pobres]. […] El contrato de fundación del Estado establecía […] una relación personal (lo que es diferente de individual) entre el jefe de la nación, materializado en la ‘persona moral’ del presidente Vargas, y todo el pueblo trabajador, entendido como una ‘persona colectiva’ y no como una colección de individuos” (Gomes, 1988: 227 y 251).

Vargas estableció el poder del Estado como institución, y este comenzó “a ser una categoría decisiva en la sociedad brasileña”. Fue un Estado que, sin dejar “de ser solución de compromiso y de equilibrio” entre los grupos económicamente dominantes, pasó “a condición de árbitro que decide en nombre de los intereses nacionales” (Weffort, 1980: 51). La mediación con la sociedad prescindió de los partidos políticos y, si bien apeló a instancias corporativas, se ejerció mediante el formato de representación estatista (18).

El proyecto autoritario estadonovista fracasó. Cuando, hacia 1944, comenzó a plantearse la necesidad de reformar el Estado Novo, la defensa del corporativismo se fundó “en articulación y no en oposición a las transformaciones que el régimen tendría que sufrir. […] El corporativismo democrático brasileño debía ser construido por la compatibilización de un Estado fuerte con un individuo libre; de una política de protección al trabajo con una política de defensa del capital” (Gomes, 1988: 278 y 280).

En efecto, hacia 1944, el propio desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el alineamiento del Gobierno brasileño detrás del norteamericano y la intensificación de los reclamos por parte de instituciones de la sociedad civil en pos de la democratización política hicieron inminente la convocatoria a elecciones libres. Téngase presente que Brasil había declarado la guerra a Alemania e Italia en 1942 y que participó efectiva y materialmente del enfrentamiento bélico. La estrecha colaboración del Gobierno estadonovista con Estados Unidos había incluido el permiso para la instalación de bases aéreas norteamericanas en la región Nordeste del país y el envío de tropas para combatir en Italia junto a la US Army en 1942. En retribución, Brasil recibió un fuerte préstamo del Export-Import Bank para la construcción de la siderurgia nacional. En febrero de 1945, después de la Conferencia de Yalta, un diplomático norteamericano viajó a Rio de Janeiro para exigirle a Vargas la redemocratización del país y el reconocimiento de la Unión Soviética. Las relaciones diplomáticas con esta se reestablecieron el 2 de abril de ese mismo año.

En el plano interno, las demandas de democratización política habían comenzado a acentuarse en 1943, levantadas por una oposición dividida en, al menos, tres grandes corrientes: los liberales, los antiguos núcleos oligárquicos regionales y los comunistas, cuya fuerza y capacidad de movilización era notable (a pesar de la represión) y con los cuales Getúlio intentó –“olvidando” 1935– un acercamiento que le permitiera ampliar su margen de maniobra. En 1944, por insistencia de instituciones de la sociedad civil, las demandas de democratización política se intensificaron y reaparecieron los partidos políticos como expresión de la mediación entre la sociedad civil y el Estado. Así, se fundó la União Democrática Nacional (UDN), considerada en sus inicios como una especie de frente integrado por los opositores a la revolución de 1930, por los que se consideraban traicionados por Vargas y por los descontentos con el autoritarismo estadonovista. Asimismo, el propio Vargas alentó dos formaciones políticas afines a sus posiciones, el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), creado a partir de la estructura sindical corporativa, y el Partido Social Democrático (PSD), que lo fue desde las estructuras regionales de poder establecidas por el régimen –fazendeiros y antiguos coroneles– y que combinó el conservadurismo con un tímido reformismo social.

En abril de 1945, Vargas proclamó la amnistía de los dirigentes comunistas presos, incluyendo a Prestes, y otorgó reconocimiento legal al Partido Comunista do Brasil (PCB). Aunque el comunismo solo pudo actuar legalmente entre 1945 y 1947, su participación en esta coyuntura electoral fue muy destacada, no solo por su papel en el movimiento queremista (por la consigna “Queremos Getúlio”) sino también por la destacada actuación en las elecciones presidenciales, realizadas en diciembre de 1945, en un marco de disputa pluripartidaria que constituyó toda una novedad en el país.

Inicialmente, el PSD levantó la candidatura del ministro de Guerra de Getúlio, el general Eurico Gaspar Dutra, y la UDN, la del brigadier Eduardo Gomes (un ex tenente devenido uno de los más importantes comandantes de la aviación); posteriormente, se sumó la del PCB, el ingeniero Iedo Fiúza, ex prefecto de Petrópolis, un extra partidario. Por su parte, el PTB impulsó, en principio, la reelección de Getúlio –campaña iniciada por el movimiento denominado queremista, dentro del cual, como se dijo arriba, también participaron activamente los comunistas–, pero luego terminaron apoyando a Dutra, que tenía el beneplácito de Vargas, expresado en la consigna “Ele disse: vote em Dutra”. El viraje no fue ajeno al derrocamiento de Vargas, el 29 de octubre de 1945, por los jefes militares, a la cabeza de los cuales estaba el ministro de Guerra, el general de brigada Pedro Aurélio de Góis Monteiro.

El golpe fue la respuesta de los oficiales de las Fuerzas Armadas a las ambigüedades políticas del presidente, sospechoso –a los ojos de aquellos– de inclinarse hacia la izquierda, de movilizar a los trabajadores en su propio provecho y de aspirar a su reelección. Aunque organizaciones de la sociedad civil –particularmente los partidos– se beneficiaron con el golpe, no fueron ellas quienes lo decidieron y concretaron, sino el Alto Comando del Ejército, o sea, un “un acto de fuerza por parte de los generales”, según bien señala Skidmore (1985: 78). Cayó el Estado Novo, mas el prestigio político de Getúlio se multiplicó. En 1950 volvió por la vía electoral.

En las elecciones de diciembre de 1945, el general Dutra obtuvo 55,39% de los votos, el brigadier Gomes 34,74% y el ingeniero Fiúza 9,7%. El Congreso (que funcionó también como Asamblea Constituyente), con un total de 328 bancas, se integró con 54% de pesedistas (177 escaños); 26,5% de udenistas (87); 7,3% de trabalhistas (24), 4,6% de comunistas (15); y 7,6% de cinco partidos pequeños (25).

La trascendencia histórica de estas elecciones reside, en primer lugar, en la incorporación definitiva de los sectores medios y bajos de las clases medias a la participación electoral y el acceso a ella de la clase obrera, aun cuando solo el 10% de esta tuvo acceso al espacio de la decisión política. Un segundo punto relevante fue la visibilidad de un sistema de partidos –con todas las flaquezas que se le quiera endilgar– que, siendo plural o multipartidario en apariencia, en rigor, lo fue de tres grandes fuerzas nacionales a las que acompañó una constelación de pequeños partidos. La aparición de un nuevo sistema partidario –por fin, un efectivo sistema de partidos o, al menos, lo más próximo a él– implicó el desmantelamiento del construido por la dominación oligárquica, con su práctica excluyente de la ciudadanía. Empero, no debe desatenderse la crucial continuidad de la estructura de relaciones corporativas en sectores claves de la sociedad civil (sindicatos obreros, asociaciones empresariales) y del propio Estado (Fuerzas Armadas).

En Argentina, el resultado de la confrontación ideológica derecha-izquierda de la década de 1930 fue más complejo y menos visible. Allí, la cuestión política estuvo más vinculada a la frustración del proceso de transición de la dominación oligárquica a la democrática (1912-1930), y a la confrontación por la hegemonía cultural entre liberales y católicos (19). Casi todo ese período (desde 1916) se correspondió con el del radicalismo en el Gobierno, sumido en la tensión entre las demandas de democracia política y de justicia social. Cada una de esas demandas fue prioritaria para clases diferentes: las clases medias enfatizaban la democracia política como primera solución; la clase obrera, el incipiente pero combativo proletariado urbano y los trabajadores rurales exigían prioritariamente la justicia social. Si bien Yrigoyen decía aspirar a ir más allá, los radicales se definieron por la democratización política, como el peronismo más tarde, frente a la misma tensión, optó por dar prelación a la demanda de justicia social.

El radicalismo triunfó en las elecciones presidenciales de 1922 y de 1928, con el 48 y el 58% de los votos, respectivamente. Sin embargo, esta primacía electoral no se tradujo en una efectiva hegemonía política y, sobre todo, no contribuyó a solidificar el sistema partidos políticos/Parlamento como vehículo de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. Así, los años veinte se presentan de un modo ambiguo: por una parte, la aparente consolidación del sistema electoral democrático definido por la ley Sáenz Peña; por la otra, las crecientes dificultades de los partidos y del Parlamento para canalizar eficazmente las demandas de la sociedad civil.

Yrigoyen combinó la potenciación de los poderes presidencialistas con la apelación al protagonismo de las asociaciones de interés o corporaciones. La creciente participación de estas en la función de mediación entre la sociedad civil y el Estado se reforzó, así, por un doble movimiento convergente, del que participaban el propio gobierno radical y las fuerzas sociales y políticas opositoras. Dicho con otras palabras: el vacío producido por la ineficacia de los partidos y el Parlamento en la mediación democrática tendió a ser cubierto por las asociaciones de interés, por las corporaciones. No se trata solo de las burguesas –la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y otras–, sino también sindicatos obreros, la Federación Agraria de los chacareros, las asociaciones representativas de las colectividades de inmigrantes, etc. Así, la mediación corporativa –una de las dos que constituyen el sistema político argentino (la otra es la mediación partidaria)– adquirió un peso creciente, si bien no todas las asociaciones de interés ejercieron de igual modo ni con el mismo peso la función de mediación, ni tampoco la practicaron desde un mismo momento.

Los sectores oligárquicos de la burguesía argentina negaron la posibilidad de construir una alternativa de poder democrática y optaron por la mediación corporativa crecientemente no democrática. Los sectores democráticos de esa misma clase, de escaso peso, fracasaron en el intento de constitución de una fuerza política orgánica y, en mayor o menor medida, concluyeron practicando formas no democráticas de mediación entre las sociedades civil y política. Las clases medias urbanas, los chacareros pampeanos, los obreros industriales, rurales y de servicios, a su vez, también apelaron predominantemente a la mediación corporativa, a menudo democrática, pero con más frecuencia indiferente al carácter democrático o no democrático de ella. La posición de sindicatos obreros y la de la Federación Agraria Argentina bajo la dictadura del general Uriburu o la semidictadura de su sucesor, el general Justo, constituyen ejemplos de ello.

Durante los catorce años de gobierno radical, la hegemonía burguesa tomó la forma pluralista, tendiendo a expresarse a través de una red de instituciones que operaban como mediadoras entre la sociedad civil y la sociedad política, paulatinamente debilitada en su componente de partidos políticos y reforzada en el componente corporativo. Es cierto que ello podría haberse expresado como fortalecimiento de la sociedad civil, pero de hecho se trató de un fortalecimiento corporativo, no democrático, a mediano plazo más efectivo para reforzar el poder estatal y las tendencias favorables al ejercicio coercitivo del poder político. La generalización de una cultura política golpista (referida no solo a la práctica del golpe de Estado, por cierto) apuntó en igual dirección.

Según la hipótesis expuesta en otros textos (Ansaldi, 1993; 1994; 1995) durante la hegemonía pluralista de la burguesía –esto es, el tiempo del ejercicio del Gobierno por el radicalismo– se hicieron explícitas todas las tendencias estructurales que apuntaban, más allá de la apariencia democrática, a trabar decisivamente la construcción de un orden social y político genuina y sólidamente democrático, en el marco de una sociedad obviamente definida por relaciones de producción capitalistas. La clave reside en el papel de uno de los componentes del sistema hegemónico burgués, el de la estructura agraria, más específicamente, las relaciones existentes entre las transformaciones operadas en su interior, con las estructuras de clases y de poder. La relación entre la estructura agraria y la estructura social global es el núcleo de la debilidad estructural de la democracia en Argentina. En tal sentido, uno de los elementos decisivos fue la retención de una parte muy considerable de poder político por parte de la burguesía (clase fundamental), al no producirse una ruptura a través de, por ejemplo, una eventual alianza entre sectores urbanos (obreros y clase media) y chacareros, base de una propuesta como la formulada por el socialista Juan B. Justo en pro de una democracia agraria.

Mientras hubo movimiento en la estructura agraria, la hegemonía burguesa fue firme. Cuando aquella empezó a cristalizarse, cuando la frontera agrícola pampeana fue alcanzada, el sistema hegemónico comenzó a alterarse. En tal sentido, la década de 1910, plena de conflictos rurales y urbanos, es clave para entender ese proceso, aunque sus manifestaciones decisivas aparecieron recién en 1930, cuando la crisis articuló elementos específicos, internos, de la sociedad argentina con los provenientes del sistema capitalista mundial.

Si esto es así, la hegemonía burguesa duró el tiempo que llevó la definición y consolidación de la estructura económico-social del país sobre una base agraria. En la década de 1910 ya eran claras las características, la orientación e incluso los límites del modelo societal, de los sujetos sociales que lo componían y de sus expresiones políticas. Con su culminación se fragmentó el bloque histórico y se desencadenó una crisis orgánica sin solución. Esta fue preparada, en buena medida, por la colisión entre dirección política representativa (partidos y Parlamento) y dirección burocrática (o técnica) representada por un Poder Ejecutivo avasallante (probablemente menos durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, entre 1922 y 1928), colisión que potenció la mediación corporativa no democrática y finalmente se expresó como crisis de autoridad, de representación, de hegemonía.

En buena medida, el fracaso de la primera transición a la democracia se explica por la ausencia de genuinos sujetos democráticos. Si no se llegó a la democracia burguesa fue porque la burguesía no era democrática ni creía en la democracia. Pero entre las clases subalternas no fue mayor el grado de adhesión real a la democracia (no solo a la burguesa). Las formaciones políticas de izquierda a menudo planteaban la cuestión de la democracia con un carácter meramente instrumental. Las organizaciones obreras privilegiaron las reivindicaciones de la clase de atención urgente. El predominio de anarquistas y de sindicalistas revolucionarios, con su rechazo a la lucha política mediante el sistema partidos/Parlamento no fue ajeno a esta despreocupación por la cuestión de la democracia.

Las consecuencias no tardaron en manifestarse. El golpe de septiembre de 1930 y la dictadura militar que entonces se instaló ejemplifican dramáticamente la cuestión, aunque no tanto como sucederá entre 1976 y 1983. En la crisis de 1930, una crisis orgánica, la cuestión fundamental era típica: se trataba de la relación de las masas y el Estado. Más específicamente, entre las clases sociales y las formaciones políticas antioligárquicas –básicamente: clases medias urbanas, proletariado industrial, chacareros; formaciones políticas radicales, socialistas, demoprogresistas, comunistas– y Estado. En este contexto, tiene especial importancia la acción política de los Partidos Comunista y Socialista, con su oposición global, férreamente estratégica, a los gobiernos radicales, en particular a los de Yrigoyen. Como bien ha indicado José Aricó (1980), tal posición fue el resultado lógico de una forma de percibir los movimientos sociales, la política y la propia naturaleza del capitalismo. Es así como se percibió al yrigoyenismo –a despecho de su condición de movimiento nacional y popular– como enemigo frontal del proletariado, actitud que debilitó fuertemente el campo de las fuerzas antioligárquicas.

Los sectores sociales y políticos identificados por su oposición a la burguesía oligárquica no alcanzaron a constituir un bloque homogéneo y fuerte, capaz de asegurar el espacio de la joven democracia política. Por el contrario, se fragmentaron y confundieron al aliado potencial con el enemigo principal y allanaron el camino para el retorno de la burguesía antidemocrática. Durante los años 1912 a 1930, la democracia política se amplió, pero no se fortaleció. Su debilidad quedó patentemente demostrada en septiembre de 1930.

Los cambios políticos fueron varios y se produjeron sobre la base del ya señalado agotamiento del modelo agroexportador. Esos cambios fueron estructurales u orgánicos, unos, y de coyuntura, otros (20).

El primer movimiento orgánico fue la redefinición del modelo de acumulación y del papel del Estado respecto de los mecanismos económicos y las articulaciones sociales y políticas, en procura de un mejor reajuste de la sociedad argentina dentro del sistema capitalista mundial pos crisis de 1929. Esta redefinición, a su vez, llevó a otra, la de las relaciones de dependencia, en consonancia con el desplazamiento del centro hegemónico del capitalismo mundial del Reino Unido hacia Estados Unidos. Esta segunda redefinición se concretó, en el caso de Argentina, a partir de la segunda posguerra. La redefinición del papel del Estado fue particularmente evidente en el plano de la economía, en la cual intervino decisivamente, no solo regulándola ampliamente sino incluso como productor. El Estado fue reformado y la reforma acrecentó su fortaleza frente a la sociedad civil.

El segundo movimiento orgánico fue la generalización de las disidencias partidarias y la debilidad y crisis del sistema de partidos políticos/Parlamento como vehículo de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. Fue parte de la crisis de representación. La proscripción del radicalismo y su posición abstencionista (hasta 1935) y el oportunismo socialista de beneficiarse electoral y parlamentariamente de aquellas circunstancias fueron manifestaciones visibles de tal crisis. Su existencia originó el tercer movimiento orgánico, también señalado antes: el peso creciente de las asociaciones de interés (corporaciones) en tal mediación. La mediación corporativa tendió a funcionar de un modo no democrático. Reforzó el aspecto más negativo de una de las varias formas posibles de fortalecimiento de la sociedad civil.

El cuarto movimiento orgánico fue la reorientación estratégica del movimiento obrero, con el fin de la etapa de la acción directa y el afianzamiento del reformismo. Fue el triunfo de la concepción sindicalista en el seno del movimiento obrero, es decir, del sindicalismo independiente del partido político, proclive a la negociación como instrumento fundamental de lucha y sensible a la mediación del Estado en la conflictividad obreros/capitalistas. En los términos ya señalados (de Zapata), fue el triunfo del sindicalismo de negociación sobre el sindicalismo de confrontación.

El quinto movimiento orgánico fue la exacerbación de la politización de las Fuerzas Amadas –que devino partidización (el “partido militar”)– y su triple tendencia a escindirse del Estado del que forman parte (a) y de la sociedad (b), y a actuar corporativamente (c). Tendencia a escindirse del Estado y actuar corporativamente no quiere decir que las Fuerzas Armadas dejaron de ser parte fundamental de él y se constituyeron en una especie de poder dual o paralelo; tampoco que estuvieron desconectadas de fuerzas y/u organizaciones políticas, económicas y sociales. Significa que se comportaron, de ahí en más, crecientemente, de modo tal que se constituyeron en una institución autoelegida para elevarse por encima de la sociedad y del Estado, velar por la defensa de “los intereses de la Patria” (invariablemente con mayúscula) y decidir sobre la pertinencia y capacidad de los gobiernos civiles (a veces de los propios militares) para asegurar tal defensa. Obviamente, su inserción en la estructura productiva del Estado (Fabricaciones Militares, de Aviones) y, más adelante –décadas de 1960 y 1970– en la privada (vía integración de directorios de grandes empresas, incluso de capital internacional)– convirtió a militares argentinos en beneficiarios directos de intereses económicos particulares, tanto institucionales (esto es, específicos de las Fuerzas Armadas qua corporación), como estrictamente personales (de los oficiales involucrados en tales negocios). La vinculación con el poder económico generó una lógica según la cual esos intereses eran presentados como los “de la Patria”.

El sexto movimiento orgánico fue la ofensiva de la Iglesia en la lucha por la hegemonía cultural. Desde 1912, la Iglesia bregó por recatolizar a los trabajadores primordialmente a través de la ya mencionada Unión Popular Católica Argentina (UPCA). Ya se ha dicho que un documento eclesiástico emitido en ocasión de las elecciones presidenciales de 1931 prohibía a los católicos afiliarse a partidos y/o votar candidatos que propugnaran la separación de la Iglesia y el Estado, “la supresión de las disposiciones legales que reconocen los derechos de la religión, y particularmente del juramento religioso y de las palabras en que nuestra Constitución invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”, el laicismo escolar y el divorcio legal. Al establecimiento de la Acción Católica Argentina se sumó la realización del Congreso Eucarístico Internacional, en Buenos Aires, entre el 9 y el 14 de octubre de 1934. La enseñanza religiosa obligatoria fue concedida en la provincia de Buenos Aires por el gobernador Manuel Fresco, según decreto del 6 de octubre de 1936, y en todo el país por decreto-ley del presidente golpista general Pedro Pablo Ramírez, el 31 de diciembre de 1943, el mismo día en que, por otro decreto-ley, se declaró en estado de asamblea a los partidos políticos existentes, invocando que ellos no respondían a la realidad política de la Nación...

El séptimo movimiento orgánico aparecido en estos años fue la “institucionalización” de la violencia política ejercida sobre opositores –un fenómeno que ya ha sido señalado como característico de toda la región en estos mismos años–. La tortura de presos políticos, el asesinato de figuras políticas, la connivencia entre las fuerzas de choque y vigilancia con las fuerzas de coacción estatal fueron algunas de las expresiones de ese fenómeno.

A diferencia de Brasil, los años treinta en Argentina no estuvieron dominados por una figura excluyente como la de Vargas. Como se ha dicho en el capítulo 4, el liderazgo del teniente general Uriburu, con sus tendencias corporativistas y fascistizantes, no logró afirmarse y pronto debió ceder ante el ala menos reaccionaria del Ejército, la encabezada por el general Justo, quien, al frente de fuerzas conservadoras, fue electo presidente, en 1931, al vencer a la fórmula de la Alianza Civil constituida por los Partidos Socialista y Demócrata Progresista. Como también se ha dicho, la UCR fue proscripta y la política democrática no fue más que una ficción dominada por el “fraude patriótico”. Justo (1932-1938) fue sucedido por Ramón Ortiz, también conservador, quien intentó reencauzar al régimen en las prácticas democráticas. Fallecido al poco tiempo de asumir, a Ortiz lo sucedió el vicepresidente, Ramón S. Castillo, ubicado mucho más a la derecha, también impedido de finalizar el mandato, en este caso, interrumpido por el golpe militar de 1943.

Tras comparar las posiciones de las derechas brasileña y argentina, Beired (1999: 97-101) llegó a la conclusión de la existencia de varios denominadores comunes y algunas divergencias entre ellas. Según él, ambas coincidieron en un fortísimo antiiluminismo, en la reivindicación del realismo –entendido como presupuesto interpretativo construido a partir de un orden natural dispuesto por Dios, en el caso de los católicos, o de un orden natural positivo y no trascendental, en el de los positivistas (caso Azevedo Amaral y Oliveira Vianna)–, en la convicción de la responsabilidad del liberalismo en la generación de una disyunción entre país legal y país real, resultante de la imposición a ambas sociedades de un orden institucional y de valores ajenos y contrarios a sus realidades y tradiciones. En el caso brasileño, ello ocurrió con la proclamación de la República, en 1889, mientras que en Argentina acaeció unas décadas antes, en 1852, con la caída de Juan Manuel de Rosas, que era, también, el comienzo de la decadencia argentina, cuyo punto culminante se habría alcanzado durante los gobiernos radicales (1916-1930). La decadencia fue, en efecto, otra apelación de ambas derechas, solo que en Brasil se la percibía como iniciada con el fin del régimen colonial. En ambos casos, este período histórico fue reivindicado –con mayor o menor énfasis– y considerado una verdadera “edad de oro”, caracterizada por la armonía, la jerarquía, la felicidad, la tradición y el catolicismo. También compartían una visión conspirativa de la historia y la apelación a la figura de un salvador.

Beired sostiene que, en contrapartida con esas coincidencias, los presupuestos conceptuales con que los ultraderechistas argentinos y brasileños de los años treinta pensaron sus respectivas sociedades, muestran algunas (pocas) diferencias apreciables. A su juicio, los intelectuales brasileños hicieron sus críticas fuertemente influenciados por la sociología, particularmente notable en los casos de Azevedo Amaral y Oliveira Vianna (filiados en el positivismo), pero también en el de católicos laicos, como Tristão de Ataide. En cambio, la derecha nacionalista argentina tuvo un fuerte rechazo por esa disciplina, asociada al positivismo liberal, y fue muy receptiva de las premisas católico-conservadoras y de las concepciones de la extrema derecha francesa (Charles Maurras y Action Française).

Otra cuestión en la cual son apreciables diferencias es la de la conciencia de los intelectuales respecto de sus respectivas naciones. Para los brasileños, Brasil no era aún una nación –Plínio Salgado se refería, en 1933, a un pueblo dividido en veintiún grupos de interés–, mientras que para los nacionalistas argentinos, su país era uno de los más ricos del mundo de entonces, con una cultura cristiano-occidental construida –lo cual era motivo de orgullo y defensa– por una España baluarte del catolicismo (en particular durante la Contrarreforma) y de las tradiciones latinas. Cabe observar, empero, que para los católicos ultrarreaccionarios, Argentina no había podido convertirse en una potencia debido a la acción negativa de las naciones protestantes.

Como se ha visto, la confrontación de expresiones de derecha, oscilantes entre el autoritarismo y el totalitarismo, no se resolvieron de igual manera en Argentina y Brasil. En efecto, en Brasil, hubo un claro vencedor, en términos de liderazgo político: Vargas. El desplazamiento de sus grandes enemigos –particularmente los comunistas y los integralistas– permitió al dirigente gaúcho avanzar en otra dirección, la del Estado Novo. La ideología política de este, empero, no se modeló conforme un patrón doctrinario exclusivo y/o rígido, y su construcción se hizo con “varios y diferentes portavoces” y “una división de trabajo intelectual” entre quienes fueron parte de la tarea, como muestra la socióloga brasileña Lúcia Lippi Oliveira (1982: 48 y ss.). No debe colegirse, de allí, que la ideología no haya sido importante para el proyecto político estadonovista. Bien por el contrario: según destaca la historiadora Mônica Pimenta Velloso (1982: 71), ella tuvo “un peso fundamental”, en tanto se constituyó “en una doctrina de ‘obligación política’ para la sociedad civil”.

Por cierto, entre los componentes de la ideología estadonovista se constatan antiliberalismo, demanda de Estado fuerte y centralizado, y vertientes conservadoras que venían desde fines del siglo XIX y desembocaron en los fascismos europeos. Pero a diferencia de estos –argumenta Ângela Maria de Castro Gomes– en ella, la condena de la democracia liberal (partidos políticos, parlamentarismo, sufragio universal) implicaba, simultáneamente, un “esfuerzo sistemático de recuperación de la ‘democracia’ por oposición al liberalismo”, procurando construirla con un sentido social, no político. Se resuelve bajo la forma de “democracia autoritaria”, explicable a partir del “hombre/trabajador”, que era su destinatario. La obra solo era posible por el papel de un verdadero héroe, el presidente Vargas. Más aún, debía construirse una figura ejemplar responsable del éxito de la empresa. En esta especie de trabajo de Hércules, el líder era tanto “el gran ejecutor del proyecto” como “su propia materialización”. “Así, el proyecto político del Estado Novo combina[ba], en un mismo análisis, una visión estructural de la evolución histórica” brasileña y “una visión personalista” del proceso político del país (Gomes, 1982: 145-146). Finalmente, el propio Vargas se construyó, simbólicamente, como figura del “padre” (“pai”), representación que tendrá continuidad en la política populista (Oliveira, 1982: 46).

En Argentina, en cambio, el resultado de la confrontación, en cierto sentido, solo pudo apreciarse cabalmente al cabo de varios años. Mirado en esta perspectiva, pues, el rédito mayor fue para el pensamiento católico integrista, cuya impronta se hizo sentir en sectores ultraderechistas constituidos bien por civiles prestos para la acción directa contra sus enemigos, bien, muy en particular, por militares de todo rango. El fuerte influjo del catolicismo integrista se proyectó en sectores del peronismo, en cuya constitución desempeñó un papel nada despreciable, y en varios de los civiles y militares opuestos a ese movimiento popular. No fue, por cierto, casual que los aviones de los militares sublevados contra el gobierno de Perón, en 1955, llevasen escrita la leyenda “Cristo vence”. Los militares llevaron a la práctica las enseñanzas de sus maestros, alcanzando los niveles más brutales del horror durante la última dictadura (1976-1983).

Como en Brasil, en Argentina el proceso que llevó a Perón a la presidencia se articuló a partir de una situación de dictadura instaurada tras un golpe de Estado estrictamente militar –sin participación de fuerzas civiles, a diferencia del de 1930 y de los posteriores de 1951 (frustrado), 1955, 1962, 1966 y 1976–. El nacionalismo económico y la justicia social fueron dos banderas del nuevo Gobierno, que habían sido levantadas con mucho menos éxito en etapas anteriores.

En Brasil (y también en México, donde el cardenismo creó el PRM), el populismo se edificó sobre la consolidación de un sistema de partidos en escala nacional antes inexistente. En cambio, en Argentina, el populismo surgió en el marco de un sistema de partidos débiles pero con fuertes identidades partidarias. Dos partidos históricos se destacaban en ese sistema: la UCR, de alcance nacional, y el PS, espacialmente restringido a la ciudad de Buenos Aires y alguna que otra ciudad del interior país, pero con una incidencia política notable, inversamente proporcional a su caudal electoral (excepto durante el primer quinquenio de la década de 1930, cuando se benefició del abstencionismo del radicalismo). El Partido Laborista –inmediatamente disuelto tras el triunfo electoral de 1946, como se ha visto, para dar lugar al Partido Peronista, primero y más tarde y hasta hoy, Justicialista (PJ)– surgió en este contexto.

Durante el período 1946-1955, el peronismo impuso restricciones a la oposición y en consecuencia el sistema de partidos se polarizó. Así tomó forma el bipartidismo conformado por el PJ y la UCR, cuyo rasgo característico y de larga duración fue la exclusión recíproca y sucesiva del partido en la oposición y la impugnación recurrente del partido en el Gobierno.

Ahora bien, una característica del populismo es la redefinición de la comunidad política en términos simbólico-discursivos polares que de algún modo opacan la función típicamente liberal de los partidos políticos en tanto vehículos de la representación. Alejandro Groppo presenta un análisis del populismo desde la teoría del discurso político específicamente centrado en el varguismo y el peronismo, aunque mejor sería decir en los liderazgos de Perón y Vargas, argumentando que ambos procesos fueron básicamente diferentes, si no opuestos. Las diferencias se gestaron durante los que el autor llama períodos de emergencia. “El peronismo se basó en la división del campo social en dos sectores antagónicos: peronismo y anti-peronismo. […] En Brasil también hubo fronteras políticas visibles entre 1930 y 1945. Pero tales fronteras no eran del tipo Vargas /anti-Vargas. Esta división aparece tardíamente en Brasil hacia fines de 1943 y no implicó una división generalizada a lo largo de la formación política que condensara una variedad de temas heterogéneos entre sí”. La emergencia del liderazgo de Vargas es explicable “por la lógica de la diferencia”, mientras que la de Perón lo es, paradigmáticamente, por la “lógica del antagonismo” (Groppo, 2009: 434 y 443).

El mismo autor concluye considerando que entre 1944 y 1946 “el imaginario político del peronismo redefinió la comunidad política de la Argentina de una manera populista, pero luego retrajo este ímpetu inicial”, de modo que el peronismo pasó, en lo simbólico-discursivo, de la lógica de la emergencia a la de la diferencia, “una dinámica diametralmente opuesta” a la observada en Brasil entre 1930 y 1954, donde el varguismo comenzó con la lógica de la diferencia y concluyó “en una clara lógica de la equivalencia” (Groppo, 2009: 449-450). Pero esto ocurrió, señala, recién durante la última presidencia de Vargas, de 1951 a 1954, id est, durante la fase estrictamente populista de Vargas, lo cual complica su argumentación, que no distingue internamente –como sí lo hacemos nosotros– el período 1930-1954.

La construcción y el ejercicio de los liderazgos es una dimensión que ofrece líneas comparativas interesantes. Nuevamente, el populismo argentino y el brasileño se asemejan más y el mexicano es discordante. Como se ha dicho, Vargas y Perón fueron líderes altamente personalistas o, si se prefiere, los suyos fueron liderazgos notoriamente personalizados, como prueban los apelativos pai do povo, aplicado a Vargas, y Primer Trabajador y Líder de los Descamisados o simplemente El Líder, a Perón. El Tata Cárdenas estuvo lejos de tal construcción.

En el caso del peronismo, la construcción y el ejercicio del liderazgo tuvo un elemento muy particular: el liderazgo de Evita. Como señala Dora Barrancos (2007: 180), “la evolución azarosa que la llevó desde un humilde hogar bonaerense, en condición de hija ilegítima, a la profesionalidad actoral y a la relación amorosa con el coronel Perón, transformándose en ‘Abanderada de los Humildes’ ha sido objeto de muy importantes análisis”. La misma autora señala que María Eva Duarte de Perón fue transformándose en Evita a partir de su actuación extraoficial en el área de Trabajo y, significativamente, de regreso de su viaje por Europa, a partir de la movilización de mujeres por el sufragio femenino, aprobado en 1947 por ley conocida como Ley Evita.

A poco tiempo de creado el PJ, surgió la rama femenina, reunida en el Partido Peronista Femenino. En las elecciones de 1951, las mujeres accedieron a cargos de representación en proporción abrumadora para las cifras de la época (6 en el Senado, 23 en la Cámara de Diputados). Según Barrancos (2007: 188), “la alta cuota de presencia femenina en los órganos de representación […] constituyó un mérito del régimen peronista”. Barrancos también llama la atención sobre la tensión visible en la figura de Eva: “Por un lado, desplegaba una retórica conservadora apegada estrictamente al estereotipo femenino, toda vez que recordaba las sagradas funciones maternales y hacía gala de lugares comunes respecto a las competencias diferenciales de los sexos, y por otro, exigía la mayor disponibilidad para realizar el mandato doctrinario del gran líder, Perón, invitando a abandonar los hogares por su causa”. Para la autora, esta combinación de virtudes domésticas y valores públicos también estaba presente en las corrientes feministas. Más llamativo, en cambio, es, a los ojos de la misma autora, la “devoción de los descamisados”, que señala a Eva como un “sujeto político encarnado en un ser femenino” (Barrancos, 2007: 185).

Ahora bien: la relación líder/masa tenía la peculiaridad de presentarse como parte de un todo orgánico y armónico, de una “imagen de identidad colectiva en el plano del trabajo: los trabajadores (los hijos) se igualaban al jefe de la Nación (el padre trabajador). Mas en esa igualdad identitaria había una jerarquía: el jefe de la nación/padre era superior a los hijos/trabajadores, porque trabajaba más que todos y tenía responsabilidades mayores en relación con lo colectivo. Por eso tenía que ser obedecido” (Capelato, 1998: 178-179).

En México, como se ha dicho, el populismo fue un fenómeno surgido del proceso mismo de la Revolución, lo cual dio un carácter particular al liderazgo de Cárdenas, articulado con un movimiento preexistente y surgido desde abajo. Apoyado en el PRM, un partido con fuerte capacidad de disciplinamiento y cohesión social, Cárdenas consiguió afianzar la política institucional en detrimento de la caudillista, institucionalizando la revolución por la vía del populismo. Más allá de esta singularidad, como todo líder populista, Cárdenas se apoyó en su carisma para centralizar el control del Estado. En su campaña electoral, recorrió miles de kilómetros, penetrando en los lugares más recónditos, empapándose de los problemas de los campesinos que la Revolución había agitado. Una nota ilustrativa es que la oficina de telégrafos estaba abierta durante una hora todos los días para recibir quejas de campesinos y obreros sin costo alguno –según ilustra Petrone (2003)–.

El populismo mexicano comparte con el de Brasil una característica significativa: tanto Cárdenas como Vargas habían tenido una participación en el sistema político antes de llegar a la presidencia y conocían personalmente los vericuetos de la política tradicional de la oligarquía. En Argentina, en cambio, Perón llegó al Gobierno desde fuera de la política de partidos. Era un militar cuyo liderazgo se había perfilado durante la dictadura de 1943. Pero el suyo no fue un gobierno militar, pese a la importante presencia de oficiales en él; ni mucho menos, de las Fuerzas Armadas, si bien estas fueron –junto al Partido Peronista, la CGT y la Iglesia Católica– uno de los pilares fuertes del régimen.

En Brasil, Vargas supo sacar rédito propio de la Revolução de 30 y construir a partir de allí su liderazgo populista. Los militares habían influido directamente en esa revolución. Así, cuando en 1945 dieron el golpe que terminó con el Estado Novo y se abrió la fase democratizadora del varguismo, el presidente electo, Eurico Dutra, fue un militar (aunque no populista).

En México, en cambio, puede decirse que durante el Gobierno de Cárdenas la revolución se desmilitarizó. Y si bien tras el final de su mandato, el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946) asumió la presidencia, este no construyó un gobierno militar. De hecho, fue el último militar que el partido de la revolución señaló como candidato oficial. El éxito de la desmilitarización es seguramente uno de los factores que contribuyen a entender el carácter estable de la democracia mexicana. En México, la dinámica de la democracia populista gestó su propio “reverso” (para retomar la propuesta de Arditi), que no es de ningún modo el totalitarismo (ni en México ni en ningún país de América Latina). En todo caso, cabe interpretar esta idea en relación con la identificación del Gobierno con el Estado, más aún del partido (sobre todo desde su conversión en Partido Revolucionario Institucional, PRI) con el Estado.

En los otros dos casos, las fuerzas militares privaron al populismo de su dimensión de amenaza dentro de los bordes de la democracia, al sancionarlo por la vía autoritaria directamente como “corrupción” y como “vicio” por la vía de golpes de Estado, que inauguraron dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas.

Córdova (1993: 135-145) acota que Cárdenas, al tiempo que se ocupaba de la organización de trabajadores, campesinos y empleados públicos, prestó especial atención al Ejército. Como es obvio, por la naturaleza de la institución, no se trataba de organizarlo y constituirlo como un sujeto político. “Se trataba más bien de hacerlo coincidir en sus intereses con la línea de masas adoptada por el Gobierno, liquidar los obstáculos que se seguían oponiendo a su plena institucionalización, mejorar sus condiciones de vida y elevar su nivel profesional”. En pos de tal objetivo, Cárdenas puso especial empeño en “mantener una buena imagen del ejército ante los trabajadores, como una institución a la que se debía la Revolución y de cuya existencia dependía que México pudiera progresar”.

El propósito del líder michoacano era llevar su política de masas a las Fuerzas Armadas, aun cuando ella, como bien señala Córdova, tuviese sus límites. La forma que Cárdenas encontró para lograrlo fue poner a los soldados “a trabajar junto con los obreros y los campesinos en obras de mejoramiento colectivo, ayudando a construir caminos, escuelas, albergues, etc., trabajo que tenía la virtud de poner a los militares, que provenían del pueblo, en contacto con la problemática popular que era el asunto principal de la política de masas cardenista”. Más aún, los militares se convertían en “agentes de primera línea” del proyecto de Cárdenas, dejando de ser “hacedores de guerra” para convertirse en “factores de paz”.

Institucionalmente, concluye Córdova, Cárdenas insertó a los militares en el PRM “como sector especial de carácter estamental”, inserción funcional a otros dos objetivos: “neutralizar el empuje de los obreros y de los campesinos y su peso” dentro del Partido, y “poner un freno al ejército mismo” al hacerlo partícipe de la política activa “en igualdad de circunstancias y de posibilidades con los demás sectores sociales”.

Por otra parte, Cárdenas continuó la práctica iniciada por Calles de habilitar a los militares la posibilidad de convertirse en empresarios y dedicarse a hacer negocios, dejando de hacer política. Fue un éxito, al menos con los “los militares de viejo cuño, más políticos que soldados”, los cuales “fueron desterrados por completo de la política de la Revolución”. Un buen ejemplo del final de esos “militares de viejo cuño” fue el fracaso del intento de golpe de Estado del general Saturnino Cedillo, con base en San Luis Potosí, pergeñado “al estilo de un caudillo rebelde de los años veinte”. Había sospechas, por otra parte, de connivencia entre el general golpista y representantes de las compañías petroleras expropiadas por el gobierno (Tobler, 1994: 652). Cedillo fue muerto por tropas leales al Gobierno, que lo perseguían, en enero de 1939.

Cómo Cárdenas, Perón era militar, solo que se trataba de ejércitos bien diferentes. El mexicano era nuevo, resultante de la Revolución, mientras que el argentino no había pasado por una situación de tamaña capacidad renovadora. No obstante, sus oficiales no eran ajenos a las incursiones en la actividad política de los civiles, exacerbada desde el golpe de Estado de 1930, pero no extraña a la precedente estrategia de la UCR, de acudir a los militares.

Para Rouquié, el apoyo dado por los militares –sobre todo del Ejército– a Perón, después de la gran movilización obrera del 17 de octubre de 1945, es explicable por el hecho de que, a despecho de prevenciones o reticencias, “Perón encarnaba el proyecto político de [el golpe de Estado de] junio de 1943: era el presidente de las Fuerzas Armadas” (Rouquié, 1982: 74).

Al igual que Cárdenas, Perón modernizó y expandió las Fuerzas Armadas. Entre 1945 y 1948, años de bonanza económica para el país, “las inversiones estatales en defensa nacional llegaron al 50,7% de las inversiones del Estado no directamente productivas”, un porcentaje que, años después, Antonio Cafiero, ministro de Economía de Perón, evaluó como excesivo (Rouquié, 1982: 75).

El Ejército constituyó, al menos durante la primera presidencia, uno de los sostenes del proyecto populista. No fue un dato menor la elevada participación de militares, retirados o en servicio activo. De hecho, fue la más alta registrada en un Gobierno constitucional (en las funciones de mayor jerarquía, osciló entre 25 y 34% durante los años 1946 a 1951). Pero la impronta de la presencia militar en la alta gestión gubernamental (ministros y secretarios nacionales, gobernadores provinciales) se hizo sentir en otro plano clave: inspiró la estrategia económica del gobierno, aunque es difícil distinguir entre “estilo militar de Gobierno” y “subordinación consciente o no de la actividad económica del país a los imperativos de la defensa nacional”, en un contexto, el comienzo de la segunda posguerra, dominado por la perspectiva de una Tercera Guerra Mundial. A esta perspectiva estuvo subordinada tanto la política de compras en el exterior (que en el caso de material civil y militar fueron elevadas en 1947 y 1948) como la de acopio de productos nacionales exportables, cuya venta se decidió postergar hasta el eventual momento de un alza de sus precios en el mercado internacional. Adicionalmente, el peso de lo militar en la gestión de Gobierno, vis-à-vis la eventualidad de la gran conflagración mundial, ayuda a entender la Ley de Organización de la Nación para Tiempo de Guerra, aprobada en septiembre de 1948, y la posterior de Delitos contra la Seguridad del Estado, de 1950, ambas devenidas, como es obvio, instrumentos de control político interno gratos a los militares.

La histórica rivalidad entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas “adquirieron un sentido político” durante el Gobierno peronista, que sistemáticamente favoreció al Ejército y la Aeronáutica, relegando a la Marina, fuerza que desde el inicio fue poco o nada favorable a Perón (responsable del conato de golpe de Estado de octubre de 1945 y del exitoso de septiembre de 1955).

Como Cárdenas, Perón apeló a las prebendas y beneficios económicos a favor de la oficialidad superior como modo de ampliar las adhesiones de los militares. Así, a partir de 1946, se otorgaron a oficiales de alto rango –los llamados “generales Cadillac”– licencias para importar automóviles (Rouquié, 1982: 86).

El general Perón, añade el politólogo francés, también tuvo la pretensión “de democratizar a largo plazo los cuadros del Ejército”, en particular mediante la suboficialidad, donde tenía más apoyo (expresado también electoralmente tras la modificación de la ley Sáenz Peña, de 1912, la cual excluía a los soldados del padrón electoral). El objetivo de democratizar el reclutamiento de los oficiales incluyó, entre los medios para alcanzarlo, la generación de facilidades para que los hijos de los suboficiales (como los de obreros y empleados) accedieran, becas mediante, al Colegio Militar, hasta entonces (1947), privativo de jóvenes de clase media o de la burguesía.

Al igual que Cárdenas, Perón intentó insertar a los militares institucionalmente dentro del Partido Peronista, como la cuarta rama de este (las otras tres eran la Femenina, la Masculina y la Sindical), pero no tuvo el éxito del líder mexicano y, por añadidura, terminó generando fuertes resistencias entre la oficialidad, con manifestaciones extremas como el intento de golpe de Estado del general Benjamín Menéndez, en septiembre de 1951, y el del atentado contra el propio Perón pergeñado por el coronel Francisco Suárez, en febrero de 1952.

A diferencia del caso de México, el populismo argentino exacerbó –aunque como efecto no deseado– la politización de los militares e, incluso, al menos entre 1955 y 1958, la conflictividad en el interior de las propias fuerzas, en particular dentro del Ejército, contribuyendo decisivamente al derrocamiento del líder popular y su régimen, y a la inestabilidad política e institucional. En junio de 1956, militares peronistas, encabezados por el general Juan José Valle, se levantaron en contra de la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora, pero el intento fue frustrado por el nuevo régimen, que reaccionó con una violencia sin par, ordenando el fusilamiento de 27 insurgentes (hubo otras 7 muertes en combate). Este hecho es clave para entender la violencia política en Argentina durante las décadas siguientes.

Asimismo, como Cárdenas, Perón se esmeró en crear, dentro de la clase obrera y de sus organizaciones sindicales, un sentimiento favorable a los militares. El centenario de la muerte del Libertador, general José de San Martín, en 1950, fue hábilmente aprovechado en ese sentido.

En el caso de Vargas, un civil, sus relaciones con los militares fueron de notable complejidad, ambigüedad y contramarchas. Al margen de la cuestión de los tenentes, sector militar con proyecto e impacto políticos –factor ausente en los populismos mexicano y argentino–, Vargas contó con respaldo militar para el autogolpe de noviembre de 1937, tras el cual se instauró el Estado Novo, y lo perdió en 1945, cuando los militares dieron el golpe contra Vargas. En 1954, los militares se complotaron otra vez contra Vargas, pero la crisis se zanjó con el suicidio del líder.

A diferencia de Cárdenas y Perón, Vargas no institucionalizó la participación militar en el partido de Gobierno, en su caso, en ninguno de los dos que le respondían. Posiblemente, un factor explicativo es la profunda politización y/o ideologización de las Fuerzas Armadas desde 1930, o tal vez antes, si tenemos en cuenta las insurrecciones tenentistas iniciadas en 1922. Esa politización dividió a los militares “en dos tendencias principales cuyos enfrentamientos públicos interrumpían la vida política” conforme “los cambios de los grupos dominantes en el seno de las Fuerzas Armadas, unas veces favorables a una política populista y nacionalista que estaba cerca de la de Vargas y sus herederos, y otras veces cerca de las posturas de los liberales conservadores”. Esa confrontación ponía límites y garantías a la autonomía del Gobierno. De hecho, “el sector hegemónico dentro de las Fuerzas Armadas” no solo “sancionaba y ratificaba los resultados electorales, sino que además todos los gobiernos tenían que neutralizar a sus adversarios en las Fuerzas Armadas con el fin de tener libertad de acción”. Ese “dispositivo militar” operaba como “expresión semioficial” y virtual de la institución militar y sin él “la estabilidad política era inalcanzable” (Rouquié y Suffern, 1997: 296).

El cuadro era aún más complejo en razón de un hecho importante, que Rouquié y Suffern señalan: “las actividades de los partidos y grupos políticos se extendieron a las Fuerzas Armadas, de manera más o menos institucionalizada”, de lo cual prueba elocuente es el hecho de que en las elecciones presidenciales de 1945, los dos principales candidatos –Eurico Dutra, oficialista, y Eduardo Gomes, opositor– eran generales. Hábil equilibrista, es posible conjeturar que Vargas prefirió no seguir la vía cardenista-peronista y getulizar a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, después del Estado Novo, Vargas sostuvo que se había apoyado en las Fuerzas Armadas para alcanzar tres objetivos:

1º) defender o Brasil; 2º) levar a termo um programa administrativo de grande envergadura; 3º) ampliar o desenvolvimento e a aplicação da justiça social em beneficio dos trabalhadores. Desde que me faltou o apoio das forças armadas, não poderia continuar no governo e dava por finda minha missão no exercício do cargo (apud Fonseca, 1989: 340).

Los populismos, como se ha visto antes, coincidieron en la integración del movimiento obrero mediante una política laboral radical en la cual los sindicatos fueron un factor crucial. En el peronismo y, sobre todo, en el varguismo, la integración se limitó al ámbito urbano. Tanto en Brasil como en Argentina, y siempre bajo la tutela del Estado, la legislación laboral constituyó el primer elemento de ciudadanía y de participación de las masas. En Brasil, el varguismo no implementó ni una reforma agraria ni la sindicalización de los campesinos y de los trabajadores rurales, si bien Vargas intentó, sin éxito, extender a estos la legislación laboral. En Argentina, a diferencia de Brasil, los campesinos no eran una clase numéricamente relevante. Allí, la demanda de justicia social se asoció con el proletariado, en particular (pero no solo) el industrial urbano. El Estatuto del Peón, una ley protectora de los aún más postergados trabajadores rurales, fue un buen ejemplo de la extensión de derechos laborales, aunque con éxito parcial, más allá del ámbito urbano. Respecto de este punto, Groppo (2009: 446) sostiene que “[e]n el caso de Perón, la estrategia discursiva vinculó a los trabajadores urbanos y rurales como modo de articular el campo y la ciudad, mientras que en Vargas ese lazo estaba ausente”. En ambos casos, la relación del líder populista con los obreros fue una construcción inmediatamente anterior al Estado populista. En el de Cárdenas, en cambio, esa relación se construyó con el líder ya en el Gobierno.

En México, la nota singular es que la integración impulsada por el cardenismo abarcó también al movimiento campesino. Desde el inicio, Cárdenas había contado con apoyos campesinos favorables a su candidatura a través de la Confederación Campesina Mexicana. Más tarde, esta organización derivó en la Confederación Nacional Campesina (CNC) en medio de las transformaciones impulsadas por la reforma agraria. Los campesinos se vieron beneficiados no solo por los cambios en la estructura de propiedad de la tierra sino también por la transferencia de recursos de los sectores industrial y de servicios al rural. La CNC, tanto como otras organizaciones intermedias, estuvo subordinada a la política cardenista. Tobler ha sintetizado muy bien el impacto y el peso del control de los campesinos por el Estado. “Este control fue un elemento esencial del sistema político y social que, a partir de 1940, en la estela del ‘milagro mexicano’, cargó sobre los campesinos gran parte del peso del rápido crecimiento económico” (Tobler, 1990: 173). También la clase obrera urbana fue integrada verticalmente. La nacionalización de los ferrocarriles y de la industria petrolera dio lugar a una experiencia de administración obrera de las empresas bajo control del Estado que reforzó este control vertical basado en la colaboración de los líderes sindicales unidos al Estado por lazos de clientelismo. El ya señalado charrismo es continuidad de este tipo de política.

El mismo Tobler (1994) ha destacado el carácter de pilar del cardenismo que tuvo el movimiento obrero, un hecho no previsible cuando Cárdenas asumió el Gobierno. Tobler recuerda que durante el maximato (esto es, el sexenio 1928-1934, el de la presidencia de Calles, Jefe Máximo de la Revolución), la CROM fue desintegrándose como consecuencia de disidencias internas, algunas de ellas ideológicas –como las que separaban a la corriente conservadora y anticomunista liderada por Luis Morones de la marxista encabezada por el intelectual Vicente Lombardo Toledano–, otras, en cambio, de concepción, organización y práctica sindicales, no siendo menor la cuestión de la manipulación política y la corrupción interna.

En 1933, la corriente dirigida por Lombardo Toledano creó la Confederación General de Obreros y Campesinos Mexicanos (CGOCM), de existencia breve pero muy activa. Cuando Cárdenas asumió la presidencia, la organización obrera tomó distancia del Gobierno, posición que cambió, cuando en junio de 1935, Calles formuló declaraciones antisindicalistas. En una coyuntura en la que se hablaba de un posible golpe de Estado derechista, los principales sindicatos crearon el Comité Nacional de Defensa Proletaria, germen de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fundada en febrero de 1936. Se produjo una interacción entre Cárdenas –promotor de la unidad de los trabajadores, en buena medida para frenar a Calles– y los sindicatos, favorecidos por la política de aquel. Incluso los comunistas, en el marco de la estrategia de los frentes populares impulsada por la Komintern, apoyaron tal alianza (Tobler, 1994: 623-624).

Calles fue derrotado en su intento de evitar la restauración de la alianza entre el Gobierno y el movimiento obrero. Este, a su vez, se vio beneficiado por medidas gubernamentales, pero al costo de quedar sujeto en el largo plazo al “sólido control del Estado”, en particular cuando en 1938 los sindicatos fueron integrados institucionalmente en el reformado partido revolucionario (el PRM). El cardenismo tuvo siempre especial cuidado en “conservar el predominio del Estado en las relaciones con el movimiento obrero. Esto tuvo como consecuencia que a la CTM, a pesar de todo el respaldo del Estado, no se le concediera el monopolio de la representación sindical”, amén de renunciar a su pretensión de organizar a los trabajadores rurales, pues “por voluntad de Cárdenas este campo fue reservado a la confederación campesina que estaba por crearse”. La integración política de los campesinos en el partido revolucionario comenzó, desde arriba, en 1935-1936, simultáneamente con la aplicación de la reforma agraria, pero tuvo para ellos un carácter ambiguo. Por una parte, se les concedió cierta influencia en la política nacional; por otra, no obstante, al mismo tiempo, se vieron sometidos a un mayor control estatal” (Tobler, 1994: 624 y 644-645).

Por otra parte, Cárdenas dio otro paso clave en materia de organización sindical, decisivo para la articulación Estado-movimiento obrero, bajo control del primero. En junio de 1937, el presidente dio a conocer un documento proponiendo la sindicalización de los empleados públicos y dando entidad jurídica a los derechos de tales trabajadores, incluyendo el de huelga. El Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Ejecutivo constituyó, por un lado, según Córdova, una ley francamente demagógica y, por otro, un medio para liquidar definitivamente “la dependencia de los burócratas respecto de los grupos de políticos que hasta entonces habían medrado con la inestabilidad y la virtual indefensión en la que se encontraban los empleados públicos”. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado fue creada en octubre de 1938. Con ella, Cárdenas no solo avanzó en el control de los empleados públicos –es decir, el aparato administrativo, la burocracia–, sino también en el debilitamiento de la CTM. Es que los estatales habían comenzado a organizarse con la colaboración de la CTM y como parte de ella. “Cárdenas, al igual que en el caso de los campesinos, temió que los empleados del Gobierno Federal, llegado el momento, si bien bastante remoto pero probable, de un enfrentamiento entre la organización obrera y el Estado, se pusieran del lado de aquella o de algún modo pudiesen apoyarla”. Una CTM fortalecida por la presencia organizada de los empleados públicos estaba en condiciones de “crecer más allá de lo que el proyecto cardenista de organización de los distintos sectores de la sociedad podía consentir” (Córdova, 1993: 126-133). En ese sentido, la corporativización o, si se prefiere, la organización corporativa molecular de los principales sujetos sociales fue parte central de la estrategia cardenista.

En el plano económico, los tres populismos propiciaron la industrialización y el desarrollo económico bajo una creciente regulación estatal, que no desestimó por completo el recurso a inversiones directas externas. El nacionalismo mexicano fue más allá que el de los otros países, pues su política económica respecto del sector agroexportador afectó a una fracción particularmente poderosa del capital extranjero. A su vez, el nacionalismo de Perón fue mucho más extremo que el de Vargas en relación con Estados Unidos. Sin duda, los ataques del Gobierno norteamericano al líder argentino, provocados por su rechazo a sumarse a la causa aliada, profundizaron las posiciones de uno y otro lado. No obstante, en momentos en que la economía mostró claros signos de deterioro, el Gobierno argentino obtuvo, en 1950, un préstamo del Export-Import Bank norteamericano por 125 millones de dólares, destinados a paliar el déficit comercial. En 1953 visitó Argentina, como parte de una gira por el continente, la misión encabezada por Milton Eisenhower (hermano del nuevo presidente), la cual tuvo como resultado inmediato un acercamiento entre ambos gobiernos. El mismo año, en Argentina, se promulgó la Ley de Inversiones Extranjeras, notablemente ventajosa para la inversión de capitales imperialistas. Para entonces, el nacionalismo de Perón era menos intenso y más permeable a las inversiones directas del capital extranjero: la industria automotriz, de capitales estatales, fue entregada a la italiana FIAT (1954) y a la norteamericana Kaiser (1955), al tiempo que se concertaba un préstamo por 10 millones de dólares para construir una planta siderúrgica y se negociaba la radicación de la Standard Oil Co. para incrementar la producción petrolera. El golpe militar de septiembre de 1955 derrocó a Perón antes de que su viraje adquiriera el carácter de política manifiesta. Por cierto, la política económica de la dictadura cívico-militar de la autodenominada Revolución Libertadora (1955-1958) fue claramente proimperialista. En contraste con el caso del peronismo, la política del varguismo, puede decirse, hizo el camino inverso: de la aceptación de la asistencia de Estados Unidos pasó a un nacionalismo cada vez más radical. No fueron ajenas a esto las presiones norteamericanas en ocasión de la creación de Petrobras en 1953.

En México, la nacionalización de los ferrocarriles y, sobre todo, del petróleo fueron las acciones antiimperialistas más relevantes del cardenismo. Ambas fueron precedidas de la nacionalización de grandes latifundios en la región de La Laguna, en aplicación de Ley de Expropiación de 1936, antecedente de la reforma agraria. Pero ella no solo afectó a los terratenientes: también a “pequeñas empresas y grandes conglomerados económicos”, causando “enorme impresión dentro y fuera del país” (Tobler, 1994: 626).

En el caso de los ferrocarriles, desde 1908, el 51% de la propiedad era estatal, de manera que la decisión tomada en junio de 1937 expropió a los accionistas minoritarios de una empresa casi en ruinas que ya no pagaba dividendos ni intereses y estaba cargada de enormes deudas. La nacionalización de los ferrocarriles fue significativa, en cambio, por un dato original, que Tobler (1994: 626-627) destaca: entregó la dirección administrativa de la empresa a una gerencia integrada por obreros ferroviarios sindicalizados, “con lo cual la autogestión obrera como forma de organización favorecida por Cárdenas fue aplicada por primera vez en una enorme empresa estatal”.

La nacionalización total de los ferrocarriles fue precedida de conflictos obreros, circunstancia que se repitió en la de las empresas petroleras extranjeras. Durante 1936, el Gobierno propició la sindicalización de los obreros petroleros, de ahí la constitución de un masivo (18.000 afiliados) y fuerte sindicato que se integró en la CTM y reclamó a las empresas la firma de contratos de trabajo que incluyeran aumentos de salario y mayor presencia mexicana en cargos directivos. Las largas negociaciones del invierno 1936-1937 no permitieron llegar a un acuerdo, pues las empresas consideraban excesivas las demandas obreras. El sindicato dispuso una huelga general a fines de mayo, suspendida a partir del 9 de junio, al acatar los trabajadores el arbitraje de supremo tribunal laboral. Las empresas, por su parte, rechazaron, como en el pasado, cualquier intervención del Estado, fuese jurídica, fiscal o social, por considerarla violatoria de sus legítimos derechos de propiedad.

El tribunal laboral, primero, y la Suprema Corte, después, fallaron en contra de las empresas, las cuales no acataron los fallos. En la ocasión, evaluaron mal la situación. Acostumbradas a imponer su voluntad al Estado, pensaron que podrían doblarlo una vez más. También consideraron inviable una nacionalización, pues entendían que el Estado carecía de la capacidad técnica y económica necesaria para sostener la industria petrolera. En contrapartida, el Gobierno entendió que la negativa a aceptar el fallo de la Suprema Corte era desconocer la autoridad del Estado mexicano, de modo que el 18 de marzo de 1938 dispuso la nacionalización de las 17 compañías petroleras extranjeras que operaban en el país. Entre ellas se encontraban Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (London Trust Oil-Shell), Mexican Petroleum Company of California (actualmente Chevron-Texaco), Pierce Oil Company (subsidiaria de Standard Oil Co.) y la Mexican Gulf Petroleum Company (más tarde, Gulf Co.). Jurídicamente, el decreto tenía sus fundamentos en la ya citada Ley de Expropiación de 1936 y en el artículo 27 de la Constitución de 1917 (21).

En el momento de tomar tal decisión, Cárdenas se encontraba en una fuerte posición de poder. En el plano internacional, contaba a su favor con la rooseveltiana “política de buen vecino” y, sobre todo, la acentuación de la crisis mundial generada por el expansionismo alemán en Europa y japonés en Asia, situación que para el Gobierno norteamericano era de mayor envergadura que la nacionalización mexicana. No obstante, como veremos a continuación, no permaneció indiferente a ella.

La medida tomada por Cárdenas tuvo un masivo apoyo, de carácter policlasista. Al de los obreros y campesinos se sumó el de la mayoría de la burguesía y el de la Iglesia Católica. En medio de grandes movilizaciones, se produjo una masiva compra de bonos, a la cual se sumaron colectas en las que se entregaban hasta gallinas, para reunir el dinero suficiente para pagar las indemnizaciones. La reacción de los gobiernos del Reino Unido, que rompió relaciones diplomáticas (reanudadas recién en octubre de 1941), y de los Países Bajos y Estados Unidos, que retiraron todo su personal técnico y aplicaron un embargo comercial –en el caso de los norteamericanos, la medida implicó el cese de la compra de petróleo, que pasó a adquirir en Venezuela, y de plata–, tuvo el efecto de consolidar el nacionalismo mexicano. Tobler (1994: 631) señala que lo único que Estados Unidos no podía hacer en la coyuntura era intervenir militarmente en México y/o apoyar una eventual rebelión contra el Gobierno cardenista, en particular porque abrigaba la sospecha de que ella podría tener una orientación fascista.

Por su parte, las empresas petroleras propiciaron un boicot contra el petróleo mexicano en aquellos países en los cuales operaban. Inicialmente, Pemex, la petrolera estatal, vendió a los países del Eje, pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial perdió esos mercados. De hecho, la pérdida de su posición como gran exportador mundial de petróleo hizo que el grueso de la producción se encauzara hacia el mercado interno y, en particular, a la atención de la demanda de la creciente industria nacional (Tobler, 1994: 633).

Un punto central de las negociaciones del Estado con las empresas expropiadas, después de que estas tuvieran que admitir la irreversibilidad de la medida, fue el monto de las indemnizaciones que el primero debía pagar a las segundas. Las empresas pretendían que en él se incluyera el valor de las reservas de petróleo, mientras que el Gobierno aducía que esa demanda era insostenible, toda vez que, según el artículo 27 de la Constitución Nacional de 1917, ellas eran (y son aún hoy) propiedad de la Nación, siendo su dominio inalienable e imprescriptible. Esta controversia fue, en particular, fuerte con Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado apoyó decididamente a las empresas (aunque el embajador en México operó en un sentido menos radical, según algunos casi como un mediador entre los intereses enfrentados). Estados Unidos pretendía un rápido pago de las indemnizaciones, mientras México ofrecía hacerlo en diez cuotas anuales. El conflicto se prolongó hasta 1942, cuando –con Estados Unidos inmerso en la Segunda Guerra Mundial– se llegó a un acuerdo más próximo a la posición mexicana. Tobler (1994: 632, n. 58) indica que el monto pagado a las petroleras fue de 30 millones de dólares.

Contra el pronóstico de las empresas expropiadas, México pudo resolver los problemas técnicos de la extracción y el refinamiento del petróleo, superando así una situación crucial.

En líneas generales, se asocia la consolidación del populismo con el patrón de acumulación fundado en la industrialización sustitutiva de importaciones. El populismo de Cárdenas, a diferencia de los (posteriores) populismos argentino y brasileño, surgió en un contexto en el que el modelo ISI como política de Estado todavía no era una opción claramente articulada, aun cuando estuviese presente. En Brasil y en Argentina, la ISI fue anterior a la crisis de 1929, si bien tanto los gobiernos de Vargas, en un caso, como el de los conservadores de la “década infame” y luego, con más impulso, el de Perón, le dieron mayor dinamismo. En estos dos países, la ISI fue la continuación, controlada desde el Estado, de un proceso en la práctica ya avanzado.

En los tres países, el modelo primario exportador había estado promovido por burguesías que detentaban el control de los medios de producción y de los recursos productivos, y había desarrollado un mercado interno de cierta envergadura y una economía diversificada. Aunque bien puede decirse que las clases terratenientes que habían sido el eje de la política del orden oligárquico fueron desplazadas por las burguesías nacionales industriales, es necesario señalar algunos matices. En México, las burguesías agrarias regionales transfirieron sus recursos económicos de la agricultura a la industria. El cardenismo había proyectado el desarrollo de una industrialización basada en los ejidos y en pequeñas comunidades industriales. Sin embargo, muy pronto, las burguesías, con el apoyo del Estado, desplazaron a las cooperativas agrarias. En Brasil sucedió algo similar, pues el sector primario, en particular, las burguesías vinculadas a la exportación del café, siguió siendo un actor clave.

Argentina ofrece un panorama diferente. Allí, las condiciones propicias para la profundización de un modelo de industrialización se dieron en la coyuntura de bonanza económica generada por la Segunda Guerra Mundial. Por entonces, ya existía en el país una burguesía industrial vinculada al sector agroexportador, del cual dependía y al cual vino a sumarse una fracción burguesa industrial nacional. En general, la estructura de propiedad latifundista de la tierra permaneció idéntica. Las condiciones laborales de los peones y las condiciones contractuales de los chacareros (medianos productores, en su mayoría arrendatarios) mejoraron notoriamente. El monopolio de la comercialización de granos y cereales, antes detentado por empresas multinacionales, fue transferido al Estado, que lo ejerció a través del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), un instrumento fundamental de la política económica del Gobierno. El populismo argentino, durante la primera presidencia de Perón (1946-1952) se caracterizó, por sobre todas las cosas, por tres grandes logros: el pleno empleo (en verdad, próximo al ideal), el incremento de los salarios reales (53% entre 1946 y 1949) y una formidable redistribución de los ingresos, que llevó a la clase obrera a tener una participación del 49%, sin igual ni en el pasado ni el futuro (hasta hoy) del país, cambio distributivo que también favoreció a la clase media. En 1951, casi el 70% de los asalariados gozaba de previsión y asistencia social.

Perón se propuso crear una “Nueva Argentina”, la fórmula oficial para designar al régimen. Esa “Nueva Argentina” –“políticamente soberana, económicamente libre, socialmente justa”, según el eslogan– estaba pensada no solo como un país capitalista autónomo (o mucho menos dependiente que en el pasado), sino también como un país que se insertaba entre aquellos que estaban a la cabeza en materia de innovaciones científicas y técnicas. Dos campos fueron particularmente destacables: el de la industria aeronáutica y el de generación de energía atómica para utilización pacífica. En ambos se alcanzaron éxitos notables. La Fábrica Militar de Aviones, creada en 1927, se transformó, en 1951, en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME). En el caso de la energía atómica, la política del Gobierno fue su utilización particularmente concebida como motor de la industrialización –en especial para ser empleada en la industria siderúrgica–, en el marco de la búsqueda de nuevas fuentes energéticas y en la hipótesis de una eventual Tercera Guerra Mundial. A tal efecto fueron creadas la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en 1950, y la Dirección Nacional de Energía Atómica (DNEA), un año después. Argentina alcanzó un alto nivel internacional en materia nuclear –que todavía hoy mantiene– y en el momento fundacional se situaba entre los cincos primeros países del mundo en tal rubro (los otros cuatro eran Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia).

Como se ha dicho, un rasgo típico del populismo fue la intervención del Estado a través de la propiedad de industrias y servicios, especialmente en áreas sensibles y estratégicas. En algunos casos se nacionalizaron empresas de capital privado, en particular las controladas por el capital imperialista, en otros casos, directamente se las creó. En México, la recién señalada transferencia al Estado de la propiedad del petróleo y los ferrocarriles posibilitó la reducción de los costos del combustible y de los fletes, favoreciendo el proceso de ampliación del mercado interno. Vargas levantó fábricas de propiedad estatal y/o mixta de materiales aéreo y naval, acero, energía eléctrica, motores para camiones y aviones, y no vaciló en apelar, para ello, al capital extranjero, como en el caso de la Companhia Siderúrgica Nacional, establecida con aportes del Gobierno norteamericano (como se ha dicho, a través del Export-Import Bank). También puso bajo control del Estado la industria del petróleo, creando Petróleo Brasileiro (Petrobras) en 1953.

Argentina tenía, cuando Perón asumió el Gobierno, una tradición de Estado propietario (del petróleo, de la fabricación de aviones y de insumos militares), iniciada y practicada por gobiernos radicales y conservadores. En este sentido, Perón innovó menos que Cárdenas y Vargas, pero ello no debe restar importancia a la magnitud de las nacionalizaciones realizadas por su Gobierno: las del Banco Central y los depósitos, los ferrocarriles (de empresas británicas y algunas francesas (22)), el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires, la generación y distribución de energía eléctrica, los teléfonos y telégrafos (propiedad de la International & Telegraph Company, ITT), los puertos y sus elevadores, la provisión de agua potable y de gas natural, el comercio exterior. La mayoría de las empresas nacionalizadas era de capital británico, pero también las hubo de capital alemán (secuela del desenlace de la Segunda Guerra Mundial), sobre las cuales se llevó adelante la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE). En 1949, lo que Perón llamaba “el sistema nervioso de la economía” era de propiedad estatal. La nacionalización de empresas de capitales imperialistas no fue solo un traspaso de propiedad: fue el inicio de una política de expansión de varias actividades por parte de las devenidas estatales. Así, por caso, la Empresa Nacional de Energía construyó 37 plantas generadoras de energía hidroeléctrica, Gas del Estado inició el tendido del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, Yacimientos Carboníferos Fiscales impulsó la explotación de las minas de Río Turbio…

La práctica de nacionalización de las empresas de capital imperialista no fue privativa de los populismos. También Uruguay, por ejemplo, que estuvo lejos de articular una política populista y tenía una larga tradición de Estado propietario, nacionalizó, en 1949, las empresas británicas de ferrocarriles y de aguas corrientes. En este caso, más que una política propia, fue el modo que Gran Bretaña impuso para pagar al país sudamericano la deuda que había contraído por la compra de carnes durante la Segunda Guerra Mundial.

En Argentina, la renacionalización de los ferrocarriles –cuya red fue la más extensa de América Latina (entre 45 y 47.000 kilómetros en su momento cúlmine) y la décima del mundo– había comenzado en 1938, cuando el Gobierno probritánico del general Justo adquirió el Ferrocarril Central Córdoba –una de las cinco grandes líneas–, compra que pretendía ser el punto de partida de una política de devolución al poder de la Nación del manejo de los servicios públicos esenciales. El mismo año, las otras cuatro grandes empresas ferroviarias británicas propusieron al sucesor de Justo, Ortiz, una operación similar, que este no aceptó. La propuesta fue reiterada en 1943. En 1940, el Gobierno del Reino Unido solicitó formalmente la nacionalización de los ferrocarriles, mientras el ministro de Hacienda argentino, Federico Pinedo, la incluyó, con apoyo de las propias compañías inglesas, dentro de su célebre Plan de Reactivación Económica (no aprobado).

El 1º de enero de 1947 caducaba la ley que daba a las compañías beneficios impositivos y autonomía sobre las tarifas. A partir de esa fecha, las empresas concesionarias debían pasar a pagar los derechos portuarios y de aduana y una serie de impuestos. Adicionalmente, los rieles y el parque de locomotoras estaban en estado de obsolescencia o próximo a ella. Es obvio que para las empresas británicas la nacionalización era la mejor solución.

Después del fracasado intento de constituir una empresa ferroviaria de capitales mixtos, prevista en el tratado Eady-Miranda o Eady-Bramuglia, el camino a la total reestatización quedó expedito. Según Milcíades Peña (1973: 105), en el fracaso de ese tratado incidió la posición del Gobierno norteamericano, opuesto a la cláusula que establecía que las libras esterlinas que Argentina tenía depositadas en el Bank of England solo podían ser utilizadas en el área de la moneda inglesa, “lo cual restringía el mercado argentino para las exportaciones norteamericanas”, un dato no menor, pues “violaba condiciones impuestas por Estados Unidos como requisito de su empréstito de 1945 a Gran Bretaña”.

En febrero de 1947, Argentina y el Reino Unido firmaron un contrato de compraventa de los ferrocarriles por £ 150.000.000, pago que se efectuaría con las divisas bloqueadas en el Bank of England. Pero el acuerdo se frustró. En efecto, al adherir a los convenios de Bretton Woods, en 1946, el Reino Unido se había comprometido al pronto restablecimiento de la convertibilidad de la libra esterlina con el dólar, que concretó en julio de 1947. No obstante, la reacción producida en el país llevó al Gobierno, a solo cinco semanas, a volver a la inconvertibilidad. Esta medida hizo que el Gobierno argentino denunciara el tratado Eady-Miranda (supeditado a la convertibilidad) por incumplimiento de parte y se negociara un nuevo acuerdo, el Pacto Andes, firmado en febrero de 1948, por el que Argentina compró los ferrocarriles en la cifra acordada, pagándolos en libras esterlinas (no en pesos) mediante un crédito acordado por Gran Bretaña a cuenta de futuros excedentes comerciales. Para el Gobierno argentino, el acuerdo era muy favorable: pagaría el crédito con saldos del comercio entre los dos países (sin garantía oro) y mantenía las libras bloqueadas (que sí tenían esa garantía). En contrapartida, pagó por los ferrocarriles –“hierro viejo”, según la certera expresión del propio Perón en julio de 1946– más de tres veces su valor real (23).

En los populismos, las políticas de industrialización y el desarrollo económico –con una creciente regulación estatal, aunque sin desestimar por completo el recurso a inversiones directas externas–, estuvieron acompañadas, como se dijo en la sección anterior, por la apelación a un discurso antiimperialista (pero no anticapitalista), a veces antisocialista. Es aquí donde se aprecia mejor el papel nodal de los populismos en la preservación del sistema capitalista: hicieron cambios considerables en la forma del Estado, sin alterar la matriz societal. Es que, como ha señalado José Álvarez Junco (1994: 20), “no los guía[ba] la bandera roja”, es decir, no perseguían la revolución social ni, mucho menos, el socialismo. “Marcha[ba]n, más bien, tras la bandera nacional, de la revolución democrática, de la ‘apropiación del poder por el pueblo’”. Significativamente, la primera de “Las Veinte Verdades del Peronismo” proclamaba: “La verdadera democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.

En efecto, los líderes populistas hicieron una apelación a las masas en términos difusos: pueblo, trabajadores; y respecto de los polos derecha e izquierda, articularon un discurso que se presentó como síntesis creativa. Es precisamente este tipo de apelaciones a fórmulas de síntesis el que define el carácter ideológicamente ambiguo de los populismos, carácter que se observa en los tres casos estudiados. En México, la relación con las ideologías de izquierda fue tal vez más ambigua. Cárdenas proyectó una educación “socialista” (en realidad, apoyada y fundada en el comunismo soviético), con vistas a afirmar su política anticlerical e industrializante. El PC mexicano tuvo, en la fase populista, el período de mayor influencia política de su historia, siendo especialmente fuerte en la CTM. Los comunistas eran para Cárdenas aliados útiles y, a su vez, estos eran permeables a la participación política en razón de sus convicciones frentepopulares. Adicionalmente –lo cual en el contexto internacional de la época no fue un hecho anecdótico–, el Gobierno de Cárdenas fue el único que brindó asilo político a León Trotsky tras su desplazamiento de la conducción soviética por el stalinismo. Asimismo, Cárdenas dio un formidable apoyo político a los exiliados españoles tras la sangrienta derrota de los republicanos en 1939. El caso contrasta con la actitud de Perón en Argentina, quien ofreció un sólido sostén a la dictadura franquista enviando alimentos a España. Perón también permitió el ingreso a su país de un importante número de nazis alemanes, tras la derrota del Eje, lo cual no significa necesariamente que Perón fuera nazi. Cabe señalar que en el caso de técnicos y científicos de ese origen, su comportamiento no fue distinto al de norteamericanos y soviéticos.

En Brasil, el clima de “unidad nacional” y democratización que trajo el fin de la Segunda Guerra Mundial fue argumento suficiente para operaciones hábiles, como la legalización efímera del PCB, abolida luego por Dutra. Empero, pese a su condición ilegal, el PCB apoyó a Vargas en su retorno al Gobierno, como también a los siguientes gobiernos populistas del país. En Argentina, en cambio, el alineamiento del PCA en la oposición a Perón le restó mucho del apoyo que había conquistado dentro de la clase obrera desde mediados de la década de 1930 y lo alejó de cualquier posibilidad de acuerdo o coincidencia con el Gobierno y, más severamente aún, de ganar al proletariado para sus posiciones.

Pese a los ataques de los medios, Cárdenas no dejó de observar la libertad de prensa. En los otros dos casos, Perón y Vargas (durante el Estado Novo) fueron menos tolerantes, no solo con la prensa partidaria de los partidos adversos sino también con la comercial (la prensa mal llamada independiente). También crearon sus propios medios: Ultima Hora, en el caso de Vargas, Democracia, en el de Perón.

El peronismo concentró el manejo de la información y la propaganda en la Subsecretaría de Informaciones y Prensa de la Presidencia de la Nación –que había sido creada por la dictadura del general Ramírez en 1943–, cuya dirección confió al mayor Carlos Aloé, quien también tenía a su cargo la editorial estatal Alea S.A. Esta empresa amplió su campo de acción en 1948, cuando el Estado adquirió la Editorial Haynes, controlando así radio El Mundo, el diario del mismo nombre (fundado en 1928) y revistas de gran difusión como Caras y Caretas (1898), PBT, El Hogar (creadas en 1898, la primera, y en 1904, las otras dos), entre otras. Algunos diarios preexistentes, como La Razón (1905), Crítica, (1913), Noticias Gráficas (1931) y nuevos, como El Líder, fueron también parte de esa red de medios gubernamentales. En 1951, el Gobierno expropió el diario conservador La Prensa, fundado en 1869 –junto a La Nación, tradicional expresión de la burguesía terrateniente–, y lo entregó a la CGT. A esos medios se sumaron otros, especialmente orientados a ganar adhesiones de la clase media, como las revistas destinadas específicamente a la familia, las mujeres y los niños. En otro registro, se encontraba Mundo Atómico. Revista de Divulgación Científica, clave en la socialización de conocimiento sobre los avances del país en materia nuclear (Marzorati, 2009). De hecho, era un modo de democratizar la información y el conocimiento y, por ende, la participación ciudadana.

Aun sin alterar la matriz societal, hay que destacar que al incorporar a vastas masas del pueblo a la política, los populismos generaron una cierta revolución política que, de hecho, fue democratizadora, incluso con todos los límites y contradicciones que se les quiera endilgar o que, objetivamente, tuvieron. De hecho, los tres líderes populistas tuvieron a la gran prensa en contra –decididamente, en Brasil, donde la prensa opositora –en particular los escritos del periodista Carlos Lacerda– desempeñó un papel decisivo en la campaña que llevó a Vargas al suicidio.

Empero, no debe descuidarse un dato inquietante: en Argentina y Brasil el populismo no generó defensas contra las dictaduras militares; en México, no creó condiciones para una democracia competitiva y, por el contrario, generó una muy larga hegemonía unipartidaria. Es que, finalmente, la ambigüedad fue nota distintiva de los populismos latinoamericanos. De ahí la aparente paradoja del populismo como paroxismo de la movilización de masas, para acceder al poder, y paroxismo de la desmovilización, una vez alcanzado el poder, desnudamente perceptible en el momento de la caída, como bien ilustran los casos de Perón en septiembre de 1955 y de Goulart en abril de 1964 –e incluso el suicidio de Vargas en 1954–. Ahí se percibe otra ambigüedad, si no contradicción, de los populismos: potenciaron, por un lado, la ciudadanía activa e incluyente, mientras por otro, privilegiaron una concepción y una práctica corporativista de defensa de los intereses adquiridos, quietista y retardataria.

Con gestiones y decisiones que no afectaban la matriz capitalista, las derechas fueron las principales oposiciones políticas a los gobiernos populistas, incluso –en Argentina y Brasil– apelando a prácticas antidemocráticas, como el golpe de Estado. En México, la oposición orgánica de derecha a Cárdenas –y a los sucesivos gobiernos priístas– fue llevada adelante por el Partido Acción Nacional (PAN), creado en 1939 por iniciativa de Manuel Gómez Morin, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para enfrentar la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y las políticas educativas y religiosas de Cárdenas. El PAN reunió a un conglomerado de fuerzas ideológicamente conservadoras, católicas, anticomunistas, hispanófilas (de donde su posición favorable al dictador Franco), siendo su base social una conjunción de clase media, intelectuales, banqueros, empresarios y profesionales.

En Brasil, la derecha se expresó orgánicamente a través de la UDN, considerada, en sus inicios (1945), una especie de frente integrado por los opositores a la Revolução de 30, los que se consideraban traicionados por Vargas y los descontentos con el autoritarismo estadonovista. Rápidamente devino una fuerza conservadora y reaccionaria, continuadora del constitucionalismo liberal de la década de 1930. Según Skidmore (1985: 425, n. 34), a mediados de 1945, la UDN tenía tres posiciones o alas internas principales: una de derecha, otra de centro y una tercera, de izquierda, denominada, precisamente, Esquerda Democrática, transformada luego en Partido Socialista. Si bien el discurso udenista era básicamente liberal, antipersonalista y antipopulista, su práctica no estuvo exenta de un estilo populista –como señalara en su momento Weffort– a través del controvertido Carlos Lacerda, un periodista renegado del PCB y luego del varguismo, que llegó a ser gobernador de Guanabara en 1960. Para algunos autores, la UDN representaba a sectores de las llamadas “oligarquías rurales y de las pequeñas ciudades”, y a un vasto contingente de clase media urbana de algunos estados. Más específicamente, podemos decir que su base social eran grupos de la gran burguesía industrial (sobre todo la extranjera y la vinculada a capitales imperialistas) y terrateniente, de la pequeña burguesía industrial y comercial, labradores y profesionales liberales, amén de altos tecnócratas y gerentes de industria. La ideología de la UDN era formalmente liberal, persiguiendo la destrucción de la que llamaba “tutela del Estado sobre la sociedad brasileña”, pero su práctica política fue una sistemática apelación al golpismo para sustituir el proceso electoral e instaurar una dictadura “regeneradora”, considerada paso previo a “la verdadera democracia”. Además de golpista, la UDN fue anticomunista y combatiente contra lo que consideraba, fantasiosamente, amenaza de implantación, por parte de los trabalhistas, de una “república sindicalista” (24).

Finalmente, en Argentina, donde la derecha nunca contó con un partido orgánico, su oposición a Perón se canalizó sobre todo a través de la UCR (para entonces básicamente un partido apoyado en la clase media y por ella), de buena parte de las viejas y disgregadas fuerzas conservadoras (algunas de las cuales, por lo demás, contribuyeron a formar el Partido Peronista) y los minoritarios Partidos Socialista y Comunista, como también, y sobre todo, las corporaciones representativas de la gran burguesía terrateniente (Sociedad Rural Argentina) e industrial (Unión Industrial Argentina). La base social antiperonista era muy parecida a la antivarguista.

En opinión de Weffort, el populismo tuvo como peculiaridad haber surgido, en tanto forma de dominación, en condiciones de vacío político en las cuales ninguna clase detentaba la hegemonía ni era capaz de asumirla. En una situación de crisis de hegemonía, el líder o el partido populista cumplió la función de intermediario entre los grupos dominantes y las masas. La adhesión de las clases populares al populismo tendió “necesariamente a oscurecer la división real de la sociedad en clases con intereses sociales conflictivos y a establecer la idea del pueblo (o de la Nación) entendido como una comunidad de intereses solidarios”. A su vez, la ampliación de la participación política de las masas impuso “un serio desafío: compatibilizar desarrollo económico y desarrollo democrático”. Esa compatibilización significaba, “en última instancia, romper radicalmente con toda la pasada formación de las sociedades agrarias. Los movimientos populistas, nacidos de la crisis de esta formación y por lo tanto desde el nacimiento comprometidos con ella, tuvieron el mérito de proponer la tarea pero se revelaron incapaces de realizarla” (Weffort, 1980: 159 y 164; itálicas del autor).

Curiosa y significativamente, las continuidades políticamente orgánicas del cardenismo y el varguismo se dieron a través de partidos despersonalizados respecto de ambos líderes. Ni el PRI mexicano, ni el PSD y el PTB, en Brasil, fueron partidos cardenista, el primero, y varguistas, los otros dos. En cambio, el peronismo sí persistió como tal, superando incluso dictatoriales prohibiciones y proscripciones, manteniendo una identidad que, aunque en algunos aspectos licuada, todavía hoy se mantiene vigente.

No obstante las críticas y sus límites, las experiencias populistas fueron un factor fundamental en el proceso de incorporación de vastas masas a la política y, por extensión, en la construcción de la concepción de la democracia con énfasis en lo social antes que en lo político, notoriamente en los casos de Brasil y Argentina. En este país, además, el peronismo dotó a la clase obrera de una identidad y una dignidad destinada a tener larga influencia en la sociedad.

Gino Germani, que no fue precisamente un admirador de los populismos, señaló certeramente: “Los golpes de Estado de 1945 contra Vargas y el de 1955 contra Perón, y numerosos de los golpes de Estado militares sucesivos en esos dos países fueron preparados, al menos en parte, con la intención de desmovilizar a las clases populares o reducir su participación política” (apud Sidicaro, 2004: 73).

Formas inconformes de populismo: movimientos, liderazgos, partidos y otras formas populistas de hacer política

El populismo se distingue de los movimientos y las políticas nacional-populares y de los movimientos y las políticas nacional-desarrollistas. En todos los casos, se trata de experiencias posteriores a 1930. Pero hay que notar una diferencia crucial: las políticas nacional-populares son un fenómeno más amplio que el populismo. Si bien todo populismo es una forma de política nacional popular, la proposición inversa no es cierta.

Alain Touraine (1989) propone diferenciar entre Estados, movimientos y partidos populistas, definidos por la prioridad, respectiva, del poder del Estado nacional o simplemente la presión popular y la participación política (25). La de Touraine es una proposición heurística. Su pertinencia está supeditada al concepto populismo que cada quien adopte. En este sentido, según nuestro parecer, los populismos realmente existentes fueron las experiencias estatales, es decir, los Estados populistas, lo cual significa que el populismo solo es aquel que se realiza como tal en el Estado. Ello no invalida la posible existencia de partidos y/o movimientos populistas. Pero estos solo pueden ser llamados tales si tienen su componente central: la alianza entre la burguesía industrial nacional y la clase obrera.

Veamos los casos que varios autores han considerado movimientos o partidos populistas.

La incorporación temprana de las masas en el escenario político durante las experiencias de Gobierno de Yrigoyen en Argentina y de Alessandri en Chile en las primeras décadas del siglo XX ha sido caracterizada como populista en razón de la dimensión participativa que esa incorporación supuso. Si bien es cierto que estas experiencias ocurrieron en un contexto de acelerado crecimiento urbano y de un marcado desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, también es cierto que el movimiento obrero no participó de la alianza de poder en el Estado. Estos gobiernos obtuvieron su apoyo de las clases medias y de las elites que propugnaban la ampliación de la ciudadanía, que fue fundamentalmente política y de sesgo liberal. Para el caso de Chile, René Millar Carvacho y Joaquín Fernández Abara (2005: 38) señalan que la elección de Alessandri marcó un cambio en la política –sobre todo en las estrategias de campaña, giras, mitines, desfiles y visitas a fábricas–, pero también sostienen que “ganó las elecciones porque tuvo un importante apoyo en sectores sociales tradicionales”, vinculados a los partidos de la Alianza Liberal.

Otra experiencia de inequívoco sesgo liberal que ha sido tildada de populismo es la ya reseñada del “impulso” batllista y su nutrido programa de legislación social. En nuestra opinión, el hecho de enfatizar la democracia social más que la democracia política, paradójicamente inscripta en un reformismo de sesgo liberal, no es un argumento convincente para considerar al batllismo como una experiencia populista.

A diferencia de las experiencias estatales señaladas arriba, el caso del gaitanismo en Colombia ilustra la noción de un supuesto movimiento populista, pues no remite a un Gobierno o a un Estado, ni siquiera a un partido (como pudo haber sido la UCR en Argentina o el Partido Colorado en Uruguay). En 1910, una Asamblea Nacional había reestablecido las libertades civiles y políticas, y dispuesto un mandato presidencial de cuatro años, elecciones directas, la no reelección y un margen mínimo para la representación de las minorías. A partir de mediados de la década de 1920 hubo una expansión del mercado financiero con hegemonía de Estados Unidos y, por ello, entrada de grandes capitales, obras públicas, crédito e inversiones. El sistema bancario se expandió pero también lo hizo la deuda externa. En 1924, la economía del café se benefició con la decisión de Brasil de retener su producción excedente ante la caída de precios, evitando así una crisis de sobreproducción que hubiera tenido efectos penosos. Empero, la crisis económica no tardó en manifestarse, y cuando lo hizo se soldó con la crisis de escala mundial desatada en 1929.

En 1930, las crisis internas dentro del Partido Conservador y la crisis económica de arrastre mundial dieron lugar a un recambio, asumiendo el poder el Partido Liberal, que colocó en la presidencia a Enrique Olaya Herrera. Hasta entonces, las afiliaciones partidarias habían tenido un estatus cuasi religioso. Esa mística partidaria fue la que habilitó la formación de identidades colectivas que fueron sucesivamente afirmadas y confirmadas durante las sangrientas guerras civiles que caracterizaron el proceso de centralización y consolidación del Estado moderno. Precisamente, fue este tipo particular de constitución de las identidades lo que obstruyó significativamente la formación de una sociedad asumida como sociedad de clases. Según Marco Palacios (1981: 69), “es posible obtener centralismo político con una débil formación nacional”, y esto fue lo que ocurrió en Colombia después de 1930.

La derrota electoral de los conservadores en 1930 dio comienzo a la llamada República Liberal y, dentro de ella, a la ya mencionada “Revolución en Marcha”, una experiencia de reformas sustanciales, en particular las que hicieron a los derechos de trabajadores y campesinos: leyes de trabajo, libertad de asociación, reglamentación de la propiedad de la tierra, a la cual se le asignó función social. Fue un contexto caracterizado, conforme Carlos Vidales (1997, capítulo II), por la radicalización del nuevo partido gubernamental y el notable ascenso del movimiento popular, tanto de signo liberal como comunista. Las asociaciones campesinas de uno y otro signo tanto colisionaban como cooperaban entre sí. Durante la década se produjeron dos movimientos armados internos: el organizado en 1932 por el entonces secretario general del PC, Luis Vidales (padre de Carlos), en el norte de Cundinamarca, centro-sur de Boyacá y centro del Huila, y el dirigido por el líder indígena Quintín Lame, operante en las cordilleras del Cauca. También, como se ha señalado en el capítulo anterior, se produjo la guerra de Leticia, con Perú.

Como se ha visto en el capítulo 4, la República Liberal llegó a su fin en 1946, cuando “el abismo entre los oligarcas liberales y el movimiento gaitanista” era ya profundo. “Después de un áspero debate parlamentario contra el presidente [Alfonso] López Pumarejo, la oligarquía liberal logró dividir al propio partido para impedir el triunfo de su propio candidato popular. En las elecciones de 1946, con dos candidatos, el liberalismo perdió frente a un candidato conservador único: Mariano Ospina. Pero entonces, en la perspectiva de las elecciones siguientes, quedaban solos en la arena política dos gigantes capaces de movilizar enormes masas: el liberal Jorge Eliécer Gaitán, populista, muy radical, extraordinariamente honesto y muy progresista; y el conservador Laureano Gómez,‘El Monstruo’,fanáticamente tradicionalista, pro franquista, excelente orador y temible polemista” (Vidales, 1997, capítulo II).

Fue en el contexto de la República Liberal que, en 1933, Gaitán fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), pero el partido tuvo una duración efímera. Al haber obtenido pésimos resultados electorales, Gaitán decidió disolverlo y plegarse al reformismo de cuño liberal –reformismo que auspició la excepcional estabilidad institucional de Colombia en el mapa de América Latina de los años treinta–. Gaitán capitalizó políticamente la agitación en el campo, a partir de “La Pausa” de 1936 impuesta por el propio López al impulso reformista que él mismo había iniciado con la “Revolución en marcha” dos años antes. Primordialmente, Gaitán capitalizó también esa agitación después de 1940, en el marco del Gobierno aún más moderado de Eduardo Santos Montejo, consiguiendo movilizar a cientos de miles de personas. El 23 de septiembre de 1945, más de 50.000 gaitanistas se reunieron en una manifestación en el Circo de Santamaría en Bogotá, al grito de “Guste o no le guste… Gaitán será tu padre” (apud Knight, 2005: 243). A comienzos de 1948, miles de seguidores de Gaitán se volvieron a reunir en la “Marcha del Silencio” reclamando el cese de la violencia entre liberales y conservadores.

Gaitán estimuló el desarrollo de un movimiento popular, con un discurso de integración social y unidad nacional. Pero desde el punto de vista que aquí sostenemos, su fracaso electoral (en su partido primero, y con los liberales después), y desde luego su asesinato (que descabezó al movimiento que lideraba), son las claves que impiden caracterizar el gaitanismo como una “estructura institucional”, para decirlo en los términos que utiliza Weffort, o como un caso de populismo “exitoso”, según la expresión que utiliza Knight.

Como en Uruguay (con el Partido Colorado) en Colombia, el Partido Liberal tuvo éxito en absorber los movimientos socialistas que comenzaron a esbozarse en los años veinte y treinta –por su parte, con una impronta intelectual y de clase media fácilmente asimilable por el reformismo, en sus distintas acepciones–. En el marco de esta singular democracia liberal es que el presidente López inició su programa reformista, la “Revolución en Marcha”, de la que, a diferencia de otros países, los militares no tomaron parte. Los militares tampoco ejercieron el gobierno en Uruguay, pues el golpe encabezado por Terra fue un golpe civil, dado por el propio presidente, y el Gobierno de Baldomir, que lo sucedió, no fue estrictamente un Gobierno militar, aunque este último sí tuviera esa condición.

En cuanto a los supuestos partidos populistas, el caso más emblemático es el del APRA peruano. Como se ha visto, el APRA estuvo fundado y liderado por Haya de la Torre, atraído por el modelo leninista de organización política, aunque sin filiación a la Internacional Comunista. Pero si en el primer tramo de su existencia, la lucha contra el imperialismo era medular, con el transcurso de los acontecimientos, este carácter se fue mezclando con matices propios de la escena política peruana y el APRA fue adquiriendo un sentido más integrador de fuerzas nacionales dispares, hasta su transformación en Partido Aprista Peruano (PAP).

En 1930, el golpe de Estado encabezado por Sánchez Cerro puso fin al Oncenio leguiísta. Aunque breve, esta experiencia tuvo consecuencias contundentes sobre el sistema político, dando lugar a dos elementos claves: la formación del primer partido de masas y el ingreso de los militares en la política nacional. Las Fuerzas Armadas se vieron animadas a encarar una acción política, entre otras cosas, por la necesidad de defender los intereses nacionales, que juzgaban seriamente afectados por la concesión a Chile de Tacna y Arica, a lo cual se sumó el tratado de límites con Colombia, que otorgó al país vecino el dominio sobre la región de Leticia.

El gobierno de Sánchez Cerro tomó medidas favorables a los sectores populares, golpeados por la crisis internacional. La derogación de la Ley de Conscripción Vial (que obligaba a los hombres de 18 a 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción de carreteras durante unos días al año), la baja de precios de artículos de consumo básico y la prohibición de desalojos fueron algunas de esas medidas. Esto y otras cuestiones, como la pretensión de Sánchez Cerro de permanecer en el mando, irritaron a las tradicionales clases dominantes, que buscaron en las Fuerzas Armadas un aliado. En medio de un clima de conflictividad creciente, Sánchez Cerro renunció a su cargo en 1931. Pero la inestabilidad continuó. Hubo un llamado a elecciones ampliadas, de las que Sánchez Cerro salió victorioso, aunque la experiencia duró poco, pues murió asesinado en 1933.

La elección de 1931 estuvo polarizada entre la Unión Revolucionaria, con Sánchez Cerro al frente, y el PAP, conducido por el líder histórico, Haya de la Torre. El PAP se fundó en 1931, después de constituirse el Comité Peruano del APRA en 1930, transformando así las aspiraciones movimientistas y continentales del APRA (1924-1928) en un proyecto de partido de masas de alcance nacional. A diferencia del APRA, el PAP se caracterizó por el gradualismo y la moderación. Pero estas características no impidieron que el partido fuera visto como una amenaza radical, sobre todo después de su actuación en el levantamiento de Trujillo en 1932, tras lo cual entró en un largo período de proscripción, hasta los años sesenta.

El carácter populista que algunos analistas le asignan al PAP deviene de la articulación Jefe-Partido-Pueblo, con base en los sectores mineros de Cerro de Pasco y en los trabajadores del azúcar de la costa norte. El marcado personalismo, o en otros términos, la identificación del jefe con el pueblo, pasando por el partido, no es un rasgo suficiente para caracterizar la experiencia de apertura política iniciada en 1930 como populismo. Entre otras razones, Haya de la Torre nunca fue elegido (ni en 1931, ni en los años sesenta, una vez levantada la proscripción del PAP), aunque hay que decir que el Jurado Nacional de Elecciones impugnó el triunfo del PAP bajo alegato de fraude. Y si Sánchez Cerro, desde la UR, alcanzó el mando y tuvo un perfil nacionalista y reformista favorable a la satisfacción de ciertas demandas populares y un programa de unidad nacional, su asesinato también dejó trunca la construcción de una nueva forma de Estado.

La dictadura de Oscar R. Benavides Larrea (1933-1939) fue la salida a la crisis abierta con el asesinato de Sánchez Cerro. Benavides era entonces ministro de Defensa y fue designado presidente por la Asamblea Constituyente de 1933, la cual, además, sancionó una nueva Carta –con vigencia hasta 1979–. Enseguida Benavides prohibió la actuación del APRA y del PC alegando que se trataba de fuerzas “internacionales”. En 1936, anuló las elecciones presidenciales que él mismo había convocado y así continuó en el poder hasta 1939. Ese año, una nueva elección favoreció al candidato Manuel Prado y Ugarteche, que obviamente contaba con el beneplácito del presidente.

Otro partido al que le fue asignado un carácter populista fue Acción Democrática en Venezuela (AD), sobre todo en su primer período (1948-1950) previo a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El boom petrolero había creado las condiciones estructurales para el surgimiento de las masas urbanas. Asimismo, las crecientes demandas sociales de este nuevo sector conllevó un cambio en el papel del Estado, ahora abocado a la ineludible tarea de intervenir (más que arbitrar) en la redistribución de los beneficios económicos de la nueva coyuntura. En este marco, AD estableció una estrecha relación con la central de trabajadores y levantó un amplio programa de legislación social. Pero como proyecto populista, AD “fracasó” (Knight, 2005: 248).

A los ejemplos anteriores, se añade otro, también emblemático: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Bolivia, la dirección de la Revolución Nacional. Como ya se ha visto, el MNR no se convirtió en un partido en el Estado, paradigmáticamente como el PRI mexicano, a pesar de compartir con él el origen revolucionario. De todos los partidos y movimientos considerados, por muchos autores, populistas, el del MNR es uno –si no el único– que reunió componentes que, según nuestra concepción del populismo, amerita una reflexión mayor. Podríamos considerarlo un caso de populismo fallido.

Es cierto que el MNR y la propia Revolución Nacional tuvieron un componente policlasista, cuyos elementos principales fueron la clase obrera (sobre todo la minera), los campesinos, la pequeña burguesía y la clase media urbana. Después del triunfo de la insurrección de abril de 1952, la Revolución, sostiene Ramiro Velasco (1985: 27-28), atravesó tres etapas, que él llama, con lenguaje de la Revolución Francesa: 1) revolucionaria o jacobinista (1952-1953); 2) del termidor (1953-1956); y 3) de afirmación burocrático-estatal y crisis del Estado (1956-1964). De esos tres períodos, el segundo es particularmente relevante a nuestros fines, ya que en él se produjo la institucionalización del Estado revolucionario, con base en el cogobierno COB-MNR, la reorganización del Ejército (en reemplazo de las milicias populares) y el intento de crear una burguesía nacional.

Ese termidor boliviano fue un breve movimiento dentro de la coyuntura, “caracterizado por la conclusión del equilibrio inestable entre la fuerza obrera y la pequeña burguesía gobernante [mejor, acotamos, clase media urbana], por el término de la indefinición de clase en el contenido del nuevo Estado, y por el esfuerzo, con más coherencia burguesa, de institucionalización de la Revolución Nacional. […] El ‘cogobierno’ congeló la correlación social existente y cohesionó el frente de clases”, dentro del cual la hegemonía pequeño burguesa “fue factor definitorio” para fijar los rasgos permanentes del Estado creado por la Revolución. “La prescindencia [¿no sería más exacto, la ausencia?] de una burguesía dirigente que modele al Estado según sus ambiciones propias de acumulación, el vacío ideológico y político de la clase históricamente dirigente de la revolución democrática (26), marcó el predominio de la instancia estatal o del desarrollo sobredeterminante de la función económica del Estado”, el cual, por añadidura, tuvo un papel central en el proceso de modernización y una hipertrofia en el plano de la política (Velasco, 1985: 28; itálicas del autor).

Para Velasco, el cogobierno no significó una auténtica presencia dirigente de la clase obrera. “Los ‘ministros obreros’ no representaban un desequilibrio a favor del ala izquierda del MNR, representaban la presencia del ala burocratizada y absorbida como elemento mantenedor del Estado”. La COB se estableció por vía burocrática, y solo momentáneamente, en el Estado revolucionario. La clase obrera actuó “como clase democrática y ya no como clase revolucionaria” y “estaba en el aparato del Estado pero no en el poder del Estado. […] Sin embargo, paradójicamente, el aumento del poder obrero en el aparato estatal no daba como resultado mayor poder político o ideológico”. Mirado desde esa perspectiva, la presencia de los ministros obreros solo expresaba “la transición de la fase revolucionaria al momento de la condensación burocrática del nuevo Estado” (Velasco, 1985: 29-30; itálicas del autor).

La nueva burguesía, “hija del Estado”, terminó por insertarse definitivamente en este, “y las modalidades de su acumulación imprimieron sus rasgos característicos a la clase dominante, la modelaron y caracterizaron como clase clientelista y succionadora de los mecanismos estatales económicos”. Esa burguesía, nacida de “una proximidad burocrática al poder”, acentuará y reforzará “aún más su condición pasiva y parasitaria” bajo los posteriores regímenes militares (Velasco, 1985: 31). No solo eso: cuando el Gobierno del MNR dio a conocer, en 1956, el Plan de Política Económica de la Revolución Nacional, que apelaba a la “ayuda financiera y técnica de Estados Unidos” –como dice el documento–, quedó claro que la nueva burguesía no tenía un ápice de nacionalismo económico ni política industrialista, ni lenguaje antiimperialista.

La Revolución creó ciertas condiciones de posibilidad de un populismo –más próximo al mexicano, por la presencia de campesinos–, mas no pudo crear condiciones para su realización.

Mucho menos consistente es la caracterización del Gobierno revolucionario de Juan José Arévalo, en Guatemala, como populista. El de Jacobo Arbenz, que lo sucedió, también desarrolló una práctica por muchos tildada de populista, fundamentalmente, por la política de compromiso del Bloque de la Victoria, de composición multisectorial y policlasista y por el control desde arriba de la CGT y la CGC, creadas en los primeros años de la década de 1950. Pero no cualquier alianza de clases ni cualquier proceso político controlado desde arriba constituye populismo.

En otros casos, de experiencias disímiles de implementación de políticas nacional-populares, e incluso desarrollistas, se ha utilizado el término populismo por ejemplo para caracterizar al reformismo militar de los años cuarenta (distinguible de aquella pauta de militarismo de los años treinta, más inclinada a fórmulas autoritarias y a menudo simpatizantes de las potencias del Eje). Este nuevo reformismo militar fundaba su intervención política en el clima de revalorización de la democracia, inclinándose a fórmulas reformistas “populares” y hasta “izquierdistas”.

En el caso de Chile hay quienes han caracterizado como populista al Gobierno de reformismo militar liderado por Marmaduke Grove, quien instauró la ya mencionada República Socialista en 1932. Empero, lo efímero de la experiencia impide una caracterización rigurosa. Luego, la influencia de la izquierda se hizo visible en la estrategia frentista, seguida en Chile con más éxito que en el resto de América Latina. El PC había sido fuertemente reprimido durante la dictadura encabezada por el militar Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), pero a partir de la internacionalización de la estrategia de los Frentes Populares, el PC creció en afiliados y en 1938 el Gobierno del Frente Popular, como también se ha visto en el capítulo 4, obtuvo su primera victoria electoral, asumiendo como propia la dicotomía democracia-fascismo.

Tampoco puede considerarse, con seriedad, como populista el segundo Gobierno del general Carlos Ibáñez (1952-1958). Este intentó nacionalizar el cobre y otros grandes yacimientos mineros, pero fracasó debido a la oposición del Congreso, donde no tenía la mayoría. Pudo, sí, mediante la llamada Ley del Nuevo Trato, crear el Departamento del Cobre, encargado del control de la producción y comercialización del mineral –de tipo estratégico, dominado en el mercado mundial por Estados Unidos, país que expolió a Chile, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, al fijar el precio a un nivel más bajo que el producido en el propio Estados Unidos– y de la formación de técnicos expertos en todo cuanto hacía a la explotación del cobre. También se produjo una fuerte intervención del Estado en la economía, pero esta no fue una novedad en un país que sabía de ella desde la anterior presidencia de Ibáñez, política no interrumpida por el segundo gobierno de Alessandri (esta vez conservador) ni por los del Frente Popular. La aproximación política de Ibáñez al Gobierno argentino de Perón no puede interpretarse como sinonimia de modelo. Es cierto que ambos compartieron un ideal nacionalista propiciador de la integración latinoamericana, el anticomunismo y la concepción de la cooperación de clases, pero ninguno de esos rasgos, ni los antes citados, permiten definir el régimen de Ibáñez como populista. No, al menos, en los términos en los cuales hemos definido el concepto populismo.

Otro caso que suele ser presentado como populista es el del velasquismo ecuatoriano. Como ya vimos, en 1944, la Revolución Gloriosa llevó a Velasco Ibarra, por segunda vez, a la presidencia del país, la cual solo ejerció hasta 1947, año de su segundo derrocamiento. La influencia de Velasco se proyectó largamente en la política nacional. Volvió a gobernar en tres períodos más (1952-1956; 1960-1961 y 1968-1972). El caso de Ecuador es un ejemplo de un fuerte liderazgo con apelación a la identificación del líder con el pueblo. De la Torre (2008: 6) señala: “José María Velasco Ibarra inició un nuevo estilo político”. Sin embargo, no debe confundirse este rasgo aislado con la “estructura institucional” que caracteriza al populismo en el Estado. Velasco, como los líderes del populismo típico, surgió como respuesta a la crisis de dominación de los años treinta, pero no construyó organizaciones estables e instituciones duraderas. La historia de Ecuador estuvo signada durante casi todo el siglo XX por la inestabilidad política y las crisis recurrentes.

A riesgo de ser reiterativos, insistimos en el hecho nodal de que en todos estos casos faltó el componente central del populismo genuino: la alianza de clases entre la burguesía industrial nacional y el proletariado industrial urbano. En todo caso, la alianza se articuló entre las burguesías y/o los terratenientes con el capital extranjero, no con las clases populares, fueran campesinos o trabajadores. Los líderes y movimientos señalados carecieron, por añadidura, de una base obrera de cierta envergadura, salvo quizás el MNR boliviano. En esas experiencias faltó, asimismo, otro componente fundamental: el control del Estado (y el populista fue un Estado fuerte), sin el cual no podía haber políticas redistributivas ni ejercicio de la mediación entre capital y trabajo, función en la cual no podían ni pueden ser sustituidos por partido o movimiento alguno. En pocas palabras, el populismo solo se realiza como Estado.

Retomando una proposición previa (Ansaldi, 2003a: 40), aquí sostendremos una adicional: la existencia de modos o formas populistas de hacer política. Se trata de liderazgos cuya escenificación pública recurre a movilizaciones, gestos, símbolos, discursos, lenguaje, retórica que son típicos del populismo. O, si se prefiere, repiten la llamada participación litúrgica populista. Velasco Ibarra en el pasado (su “denme un balcón y seré presidente” es paradigmática) y Hugo Chávez Frías hoy, son dos magníficos ejemplos de líderes que hacen una política que tiene formas populistas, pero carecen de contenido populista, en particular porque su base social carece de la varias veces referida alianza fundamental, la de la burguesía industrial nacional y el proletariado industrial urbano.

El populismo puede ser analizado también en su alternancia o combinación con fases desarrollistas. Pero en contraste con el populismo, el desarrollismo se basó en el intervencionismo más que en el estatismo, y fundó el orden económico en la programación orientada a aumentar la racionalidad del mercado, aunque siguió siendo fuerte el sector público. El nacionalismo, el intervencionismo y las políticas redistribucionistas en favor de las mayorías han emparentado al desarrollismo con el populismo. Pero como se verá en los párrafos siguientes hubo líneas de ruptura sustantivas.

El desarrollismo fue una propuesta de política económica elaborada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), bajo el liderazgo del economista argentino Raúl Prebisch, acompañado por el brasileño Celso Furtado y otros. El punto de partida fue el diagnóstico de economías en las cuales el capital era un recurso escaso –escasez que afectaba la expansión de la infraestructura básica necesaria para el desarrollo de la economía (comunicaciones, energía eléctrica, transporte)–. Tal escasez debía suplirse apelando a la puesta en movimiento de factores hasta ese momento ociosos. Específicamente, el capital necesario para el desarrollo industrial debía provenir de un mejor empleo de los recursos generados por las exportaciones y de la inversión extranjera directa, correspondiendo al Estado un papel central en tales tareas.

El desarrollismo, como teoría del crecimiento económico, sostuvo la existencia de un centro (países más industrializados) y una periferia (países menos desarrollados), entre los cuales existía una decisiva brecha de desarrollo y una desfavorable relación real de intercambio de los países menos industrializados o periféricos. Esa situación negativa podía y debía superarse aumentando la producción de bienes y servicios, sin romper la matriz capitalista de la sociedad, pero sí su dependencia del centro del sistema capitalista mundial. A diferencia del populismo, más orientado a privilegiar la distribución del ingreso a favor de las clases populares, el desarrollismo hacía hincapié en el incremento y la diversificación de la producción.

El desarrollismo se aplicó paradigmáticamente en dos países, Brasil, sobre todo, y Argentina. Como ya se ha dicho, esta suerte de correlato del populismo se practicó bajo los gobiernos de Juscelino Kubitschek (1955-1960) y de Arturo Frondizi (1958-1962), respectivamente. Solo en el primero de los dos casos, el desarrollismo tuvo cierta continuidad hasta el golpe militar de 1964, con los gobiernos de Jânio Quadros y João Goulart. En México, el desarrollismo se aplicó en un contexto de estabilidad, de ahí la denominación “desarrollo estabilizador”. En efecto, con Miguel Alemán Valdés en la presidencia (1946-1952), se inauguró una nueva etapa de la revolución o en todo caso la etapa de posrevolución. Alemán no había participado del proceso, no provenía de los sectores militares. Con él, el partido de la revolución tomó el nombre de Revolucionario Institucional (PRI). Durante su gestión hubo un crecimiento industrial formidable que tuvo como contracara un aumento también formidable de la corrupción y la inflación. A diferencia de los otros dos países, en México, el fin del desarrollismo ocurrió en un marco de continuidad democrática, en el que la matanza de Tlatelolco de 1968 significó para las clases dominantes una señal inequívoca de crisis. Hacia 1970, el desarrollo del país tocó fondo y “el milagro mexicano” entró en crisis.

Ya se ha visto en el capítulo 4 que en el Chile del Frente Popular y la Alianza Democrática se aplicó una política caracterizada como desarrollista.

En los años cincuenta el Partido Demócrata Cristiano (PDC) estuvo en el centro de la escena política. En torno a él se levantaban las expectativas de recomponer la estabilidad del sistema de partidos, al cual la experiencia del Frente Popular había privado de su partido de centro histórico: el Partido Radical. En efecto, la alianza de gobierno entre el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista había provocado ese corrimiento. El PDC tenía sus raíces en la ruptura del Partido Conservador y la consecuente formación de la Falange Nacional. Sus militantes eran estudiantes de la Universidad Católica que habían hecho su primera experiencia en la Acción Católica. El PDC pronto comenzó a recoger adhesiones entre los sectores populares urbanos, trabajadores y clases medias. El partido reunía en su seno tendencias conflictivas. Había un sector moderado que levantaba las consignas de modernización capitalista vinculada a un proyecto de industrialización. Había también un sector, mal llamado “populista”, que impulsaba la organización de los trabajadores (rurales y urbanos) y proponía una política de redistribución del ingreso y por último, había también un sector, más “radical”, que se hacía eco de las consignas de reforma agraria.

Los mayores éxitos del desarrollismo se alcanzaron sin romper la dependencia y sin instaurar un capitalismo autónomo. En México, mucho más eficazmente que en el resto de los países, la política económica era un asunto decidido por la cúpula del poder político que controlaba el Estado, con mucha más independencia de las organizaciones de la sociedad. Y esto era así toda vez que el proceso revolucionario había permitido destruir la capacidad de presión tanto del poder terrateniente oligárquico como de los trabajadores rurales y urbanos, como se ha visto, mediante el control desde arriba de su aparato sindical. En Argentina, el desarrollismo se estableció a partir de una compleja relación con las estructuras populistas. Frondizi llegó al poder con el apoyo de Perón, pero enseguida surgieron los conflictos y las presiones, a lo cual se sumó el descontento popular. Frondizi cayó por un golpe de Estado en marzo de 1962, y el motivo principal de su derrocamiento no fue su política económica desarrollista (con importante caudal de inversiones extranjeras), sino la cuestión del posible reingreso a la legalidad del peronismo, que para Frondizi formaba parte de la integración nacional. En el caso de Brasil, el desarrollismo, como se dijo, tuvo más continuidad, incluyendo la larga dictadura militar –cuestión que precisaremos en el próximo capítulo–.

Dos experiencias singularmente democráticas: Uruguay y Costa Rica

Aquí abonamos, como tantos otros (entre los que cuenta Rouquié, 1984), la hipótesis de la singularidad democrática de Costa Rica y Uruguay, pero la colocamos en una perspectiva latinoamericana que rechaza los conceptos de socialdemocracia y Estado Benefactor, y la ubica en el marco de condiciones materiales y matriciales de larga duración comunes a toda la región e históricamente significativas. Desde nuestra perspectiva, la singularidad de Uruguay y Costa Rica –en tanto países considerados de sólida tradición democrática– estriba en no haber contado, en el pasado colonial e independiente, con un sistema de hacienda, ni desarrollado un régimen oligárquico, al menos en el sentido en el que lo hemos definido en el capítulo 4. Ahora bien: en términos estrictos, tal vez sea mejor considerarlos regímenes políticos largamente estables, con sostenida ampliación de la democracia, consolidada desde fines de las décadas de 1930, en el primer caso, y de 1940, en el segundo caso.

El reformismo batllista, o primer batllismo, transcurrió en un momento clave. Extendido entre 1903 y 1916, el llamado impulso abarcó las presidencias de los colorados José Batlle y Ordóñez (1903-1907), Claudio Williman (1907-1911) y, nuevamente, Don Pepe (1911-1915), obviamente, el dirigente dominante de la experiencia. El batllismo nació en el Estado y en el tradicional Partido Colorado, por lo cual se trató de un proceso de modernización impulsado desde arriba. El impulso consistió en un conjunto de reformas en las estructuras sociopolíticas y cultural-ideológicas.

Entre las reformas, agrupadas en seis grandes campos (económico, social, rural, fiscal, moral y político) pueden señalarse, entre otras: la nacionalización o estatización del Banco de la República, el Instituto de Pesca, el Banco de Seguros del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay, las Usinas Eléctricas del Uruguay, la Administración de los Ferrocarriles del Estado, el fomento de la industrialización mediante una política proteccionista (reforma económica); apoyo al movimiento obrero, otorgamiento de una legislación social protectora y favorable a los trabajadores: jornada laboral de ocho horas, reglamentación del trabajo de mujeres y niños, salario mínimo, indemnizaciones por despido y por accidentes de trabajo, mejoramiento de la vivienda obrera, pensiones a la vejez, jubilaciones generales, participación de obreros y empleados en empresas estatales, medidas favorables a los desocupados a través del fomento de las obras públicas y a los pobres a través de la instalación de “ferias francas” (reforma social); tecnificación y transformación del sector agropecuario, mediante políticas de fomento agrícola, crédito rural, desarrollo de la forestación y de forrajeras, impuesto progresivo a la tierra y al ausentismo con el objetivo de máxima de la eliminación progresiva del latifundio y la promoción alternativa de “un país de pequeños propietarios” (reforma rural); incremento mayor de los “impuestos a los ricos” (a la tierra, a la herencia, a la exportación, al capital financiero hipotecado, a los consumos suntuarios) y menor de los impuestos al consumo (reforma fiscal); búsqueda de un “hombre nuevo” mediante el incremento de la educación (creación de liceos departamentales, de nuevas facultades en la Universidad de la República y de la Universidad de las Mujeres; cursos para adultos), defensa del cosmopolitismo, anticlericalismo radical y de sesgo social, emancipación de la mujer (ley de divorcio, tolerancia –y hasta promoción, según algunos– del matrimonio libre, protección de la madre soltera y los “hijos naturales”) (reforma moral); politización de la sociedad mediante la promoción del debate político ciudadano y la organización de los partidos, propuesta del Colegiado, como garantía contra la tiranía (reforma política).

El reformismo batllista fue atacado por los conservadores uruguayos y los capitalistas británicos, quienes acusaban a Batlle y Ordóñez de “obrerista”, “socialista”, “comunista”. Francisco Panizza (1990: 34) ha dicho, bien, que el programa de reformas de Batlle fue el más radical desafío al statu quo realizado por los reformadores liberales latinoamericanos de la época. Su concreción tuvo en el Estado a su principal protagonista, asumiendo este el papel de árbitro de las luchas sociales y, sobre todo, desempeñando un papel autónomo frente a los grupos económicos y sociales, como bien han demostrado José Pedro Barrán y Benjamín Nahum. Dentro del primer batllismo, al impulso le siguieron la república conservadora (1916-1929) y el segundo impulso reformista (1929-1933). El punto de inflexión fue la derrota del Partido Colorado en las elecciones para constituyentes del 30 de julio de 1916, tras las cuales el nuevo presidente, Feliciano Viera (1915-1919), ex ministro del Interior de Batlle, puso freno al reformismo con el llamado Alto de Viera.

El Uruguay batllista constituye un claro ejemplo de democracia entendida más en su dimensión social que política. Pero esto no autoriza a considerar al batllismo como una experiencia populista, como sí lo ha hecho Carlos Zubillaga (1983). Pero además –como han mostrado Barrán y Nahum–, el pueblo uruguayo demandaba democracia política tanto como democracia social. Justamente, el flanco débil del batllismo radicaba en su incapacidad para aunar una y otra vertiente de la democracia.

En la hipótesis de Barrán y Nahum (1979-1987: VIII, 125-126), “las clases conservadoras” no recurrieron a la fuerza porque ganaron “las elecciones a través del sistema de partidos existentes que les permit[ió] frenar legalmente al batllismo”. La legalidad se quebró en 1933, en medio de una situación de crisis económica y política a la cual la muerte de Batlle y Ordoñez solo añadió un elemento más de incertidumbre. En el clima de unidad nacional de la segunda posguerra, Uruguay volvió sobre sus cauces marcados por la impronta batllista. Paradójicamente –aunque significativamente, para la hipótesis aquí sostenida–, la “república reformista” fue sucedida por la “república democrática y conservadora”.

El Alto de Viera no fue una marcha atrás ni una anulación de las reformas batllistas, sino su detención. Ese “abandono de las reformas más audaces proyectadas en lo social y lo económico” desnudó “el conflicto entre las clases y la subordinación de lo social a lo político”, y constituyó el precio pagado para mantener la unidad del Partido Colorado, necesaria para vencer al Nacional (Barrán y Nahum, 1979-1987: VIII, 94-95).

Si el Alto de Viera tronchó el reformismo democrático-social batllista, el Gobierno de Terra llevó a la interrupción de la democracia política. Los tres fueron, entre 1904 y 1933, momentos relevantes dentro de la singularidad uruguaya. Conviene, pues, detenerse en el proceso de la dictadura terrista. Su importancia radica en que ella constituye una evidencia empírica más de la condición antidemocrática de las burguesías latinoamericanas.

Las elecciones de noviembre de 1930 afirmaron la primacía del Partido Colorado sobre el Nacional (o Blanco), cuyo líder, Luis Alberto de Herrera, fue el gran derrotado. El vencedor, Gabriel Terra, miembro de la corriente batllista del Partido Colorado, asumió la presidencia en marzo de 1931. No obstante, los comicios no aventaron la crisis de los partidos. Dentro del Partido Colorado, el fallecimiento, en 1929, de su gran conductor profundizó la división interna y las dificultades para armonizar las posiciones de las cuatro líneas coloradas, una batllista, progresista, y tres antibatllistas: riverista (Pedro Manini Ríos), sosista (Julio María Sosa) y vierista (Feliciano Viera). Si bien la primera era mayoritaria, el avance de los sectores conservadores dentro del partido le obligó a continuas negociaciones para enfrentar con éxito a los blancos, situación que se agravó con la crisis sucesoria.

En el Partido Nacional, a su vez, coexistían cuatro sectores: el caudillista o demócrata, mayoritario desde 1920, expresión del interior rural y de la burguesía agroexportadora, liderado por Herrera; el doctoral, conservador y elitista (Arturo Lussich); el radicalismo blanco (Lorenzo Carnelli, Ricardo Pasaeyro), con posturas reformistas doctrinariamente coincidentes con el batllismo; la Agrupación Nacionalista Demócrata Social, antiimperialista, partidaria de la democracia política (antifascista) y de una democracia social encaminada hacia el socialismo, con Carlos Quijano, proveniente del grupo radical, al frente.

Blancos y colorados constituían, desde la década de 1830, las dos grandes divisas políticas uruguayas. Sucesivos comicios mostraron que ambos reunían alrededor del 90% de los votos (siendo baja la tasa de abstenciones), dejando a los llamados “partidos de ideas” (Socialista, Comunista y Unión Cívica) el pequeño porcentaje restante.

En las citadas elecciones de 1930, los colorados retuvieron la presidencia del país y lograron seis cargos, contra tres de los nacionales, en el Consejo Nacional de Administración, cuerpo colegiado que constituía, junto con el Presidente, un Poder Ejecutivo bicéfalo (27). De los seis consejeros colorados, cuatro eran batllistas. Los blancos eran mayoría en el Poder Legislativo, controlando ambas Cámaras. El presidente Terra recién elegido representaba un nuevo tipo de político uruguayo: profesional de la política (larga carrera y permanencia en cargos públicos) con sólidos vínculos con los empresarios (un dato novedoso en un país donde el batllismo había consagrado una fuerte autonomía de la política y del Estado respecto de las clases económicamente dominantes).

Terra asumió la presidencia en una situación dominada por cuatro grandes cuestiones: el impacto en el país de la crisis de la economía capitalista de 1929; la crisis de los partidos políticos nacionales; las tendencias a un segundo impulso del batllismo; la ofensiva conservadora. El terrismo fue el resultado de la combinación de esos cuatro componentes de la coyuntura, cuyo desenlace será el golpe del 31 de marzo de 1933, la “revolución marzista” o, menos pretenciosa y más exactamente, la instauración de la dictadura.

Gerardo Caetano y Raúl Jacob destacan especialmente la cuestión de “los miedos conservadores” generados por la combinación de: a) los resultados electorales de 1930 que, en principio, implicaban la posibilidad del retorno del batllismo (cuyo avancismo había sido frenado en 1916 con el Alto de Viera), tendencia que parecía tomar cuerpo con la creación de la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland (ANCAP), en 1931 –un demorado proyecto de Batlle y Ordóñez–; b) los efectos de la crisis mundial en una economía agroexportadora dependiente, para cuya superación se propusieron medidas que extendieron la participación estatal en ella, tendencia con grandes posibilidades de imponerse después de c) el pacto de julio de 1931, firmado por los batllistas y los blancos antiherreristas o independientes (pacto del chinchulín), una componenda política que permitió el crecimiento del Estado, a costa de introducir reformas en su estructura, y liberó “al batllismo del siempre costoso precio que había tenido que pagar por el apoyo del riverismo y de los ‘otros partidos’ colorados” (28).

Según la hipótesis de Caetano y Jacob (1988-1991: I, 262), “[l]a profundización de la movilización conservadora y la radicalización de sus demandas ponían de manifiesto el giro que iba asumiendo el proceso político del país”. El “miedo conservador” a una “revolución desde arriba” impulsada no por una clase social antagónica sino por un partido policlasista, se orientó en la dirección de combinar la mediación corporativa con la partidaria. Así, la gran novedad en el nacimiento del terrismo fue, respecto de 1916, que la iniciativa partió de las organizaciones empresarias, pero el procesamiento y protagonismo decisivo del desenlace fue, una vez más, de los partidos. De allí surgió, argumentan los autores, la “nueva alianza político-gremial (la llamada ‘concordancia dictatorial’)”, que fue una efectiva operación de cooptación del presidente batllista Terra por las asociaciones de interés burguesas. Fue “una relación alimentada en forma bilateral”, a la cual contribuyó el propio Terra, “un hombre de contacto fluido con las clases altas nacionales y con los inversionistas extranjeros […], intermediario en la contratación de empréstitos norteamericanos e ingleses […], dirigente prominente de la Unión Industrial Uruguaya […], vinculado con los sectores del agro y del comercio de exportación” (Caetano y Jacob, 1988-1991: I, 271 y 273). Adicionalmente, Terra tenía habilidad “para hacer jugar también su carisma en clave popular”.

La propuesta del presidente fue simple: sortear la crisis de gobernabilidad generada por la bifacialidad del Poder Ejecutivo mediante la reforma de la Constitución (anulando el Consejo Nacional de Administración), enfrentar el “peligro comunista” –argumento central para entender las acciones de febrero de 1932, anticipatorias de la solución dictatorial–, erradicar los “inmigrantes indeseables” (“agitadores comunistas” y competidores en el limitado mercado de fuerza de trabajo), establecer un Gobierno “ágil y barato” para terminar con la “politiquería y la empleomanía”.

La ofensiva conservadora de 1930-1931, argumentan Caetano y Jacob (1988-1991: I, 271 y 270), reflejó, una vez más, “dos rasgos estructurales” de la case dominante uruguaya: uno, “eficacia política para contrarrestar y bloquear el avance del reformismo”, y el otro, “debilidad hegemónica para converger en la construcción de una nueva política estatal”. Así las cosas, el vacío hegemónico siguió siendo ocupado por el Estado. Ese fracaso era, en primer lugar, el de la fracción más importante de la burguesía, es decir, los ganaderos, inhábiles “en la tarea de convocar y reunir el conjunto de los sectores empresariales para dirigir la implementación de un nuevo modelo económico y social”.

El reformismo batllista no solo expandió, de manera inusual para el mundo capitalista de entonces, los derechos de ciudadanía social y la intervención del Estado en la economía, sino que también estableció importantes relaciones comerciales con la Unión Soviética. La identificación entre batllismo y comunismo se hizo cada vez más frecuente. La invención de un complot adjudicado a los comunistas era casi un corolario obligado. Y lo que para entonces ya se conocía como terrismo no vaciló en utilizar el ardid.

El complot, como es obvio, no existió y fue una patraña pergeñada por Terra para retomar la iniciativa política y afirmar su liderazgo. La acción del presidente fue parte de la crisis del sistema de partidos con sus fragmentaciones y la primacía de la ofensiva contra el batllismo, facilitada por la división en su seno entre los “netos” y los terristas, con estos cada vez más alejados del viejo tronco y convertidos en un nuevo grupo partidario. Empero, la situación no menguó la acción de los partidos ni los desplazó de su centralidad en el sistema político. En todo caso, la resignificó. Transacciones y pactos interpartidarios –tan frecuentes en la cultura y la tradición políticas uruguayas– redefinieron los alineamientos, en particular después de febrero de 1932: polarización entre dos grandes coaliciones albirrojas; colorados batllistas y nacionales o blancos independientes (el “pacto del chinchulín”), por un lado; blancos herreristas y colorados riveristas (“el contubernio”), por el otro. La izquierda, integrada por socialistas reformistas y comunistas radicalizados, era una fuerza marginal.

Una serie de hechos y acciones que tuvieron al presidente como protagonista contribuyó a completar el modelado de su perfil y su liderazgo: la ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina, motivada en incidentes más protocolares que genuinamente políticos; la creciente identificación de su figura con el papel de reformador de la Constitución; la capacidad de articular, astuta y demagógicamente, demandas contradictorias, ampliando su base social; la aproximación a los militares, cuya oficialidad era antibatllista y preferentemente riverista y bregaba por la reivindicación de la carrera y la profesión militares (desprestigiadas y hostigadas por la sociedad) y la realización de la unidad entre Ejército y pueblo. El empuje de la alianza rojiblanca herrero-riverista (Luis Alberto de Herrera y Pedro Manini Ríos) llevó a construir un trípode político cuya tercera apoyatura fue el terrismo, refinada operación que colocó a Terra “en una ‘alianza sagrada’ contra su propio partido”. La confluencia y la dialéctica de ambas perspectivas condujeron al desemboque del “proceso de consolidación del terrismo en una dirección progresivamente golpista”, aunque el discurso del presidente y sus acólitos siguiera “invocando y convocando al ciudadano” y repitiendo “muchas referencias fundamentales del ideario democrático. El camino para apurar y legitimar el golpe de Estado era el enfático reclamo de un plebiscito popular no previsto en la Constitución” (Caetano y Jacob, 1988-1991: II, 178-180).

En noviembre de 1932 se votó para renovar parcialmente el Consejo Nacional de Administración y elegir senadores en seis departamentos. A pesar del abrumador peso de las abstenciones, los resultados no dejaron de expresar un fuerte equilibrio entre los dos grandes bloques rojiblancos. Hubo un incremento de las tensiones, por confrontación y polarización, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el Presidente y el Consejo, e incluso, aunque menor, entre la Cámara de Representantes y la de Senadores (Caetano y Jacob, 1988-1991: III, 30-31).

Por otra parte, la crisis política se soldó con la económica, crisis esta en la que resaltaban la desocupación y el desfinanciamiento estatal. La gran burguesía agraria, a su vez, se soliviantó aún más, encontrando en el herrerismo un eficaz medio para atacar la política económica del bicéfalo Poder Ejecutivo. La consigna de Herrera –“ha llegado la hora de mandar y no de ser mandado”– era una declaración claramente golpista.

La crisis en el interior del batllismo llevó a la fractura definitiva en febrero de 1933: “netos”, por un lado, terristas, por el otro. Estos se alinearon, así, en el golpismo promovido por el herrerismo, principal sostén de tal política. Un tercer sector, el riverismo, se sumó a la “concordancia dictatorial” y, pese a su menor peso político respecto de los otros dos, incidió en cuestiones claves como los militares, la creación de comités de movilización pro reforma de la Constitución (en los cuales incidían los empresarios) y la campaña contra las reformas batllistas. En esta coyuntura, los partidos políticos tuvieron la primacía “en la conducción final de la ofensiva golpista” (Caetano y Jacob, 1988-1991: III, 47-48). A diferencia de los otros países de América Latina, el golpe de Estado no fue militar o cívico-militar, sino estrictamente civil y ejecutado por un presidente constitucional en ejercicio, singularidad esta que se repetirá en 1942 y 1973.

El tan anunciado golpe se produjo el 30 y 31 de marzo. Terra y sus colaboradores se establecieron en el Cuartel de Bomberos de Montevideo, plenamente respaldados por la policía –cuyo jefe era el coronel Alfredo Baldomir, cuñado de Terra–, y contaron con la complicidad militar. Desde allí, el presidente dispuso una serie de medidas de seguridad, entre ellas, la prohibición de realización de la Convención batllista, la censura previa de la prensa opositora, la intervención de las cárceles (con el argumento de la posible liberación de delincuentes), la ocupación armada de los servicios públicos fundamentales, sumando luego la disolución de la Asamblea General (Poder Legislativo) y del Consejo Nacional de Administración, cuyos miembros fueron encarcelados en su mayoría, más la cesantía de los directorios de los entes autónomos y otros organismos estatales, y el arresto de dirigentes opositores. Por un decreto adicional dispuso establecer una Junta de Gobierno de nueve miembros para asesorar al presidente en cuestiones políticas y administrativas.

Más allá de las declaraciones de dirigentes opositores, el golpe no generó reacciones populares significativas. Los sindicatos estuvieron al margen y la dividida oposición solo generó dos actos de protesta: la huelga universitaria (durante 23 días) y el solitario e inútil suicidio del ex presidente colorado batllista Baltasar Brum (en la calle, frente a su casa, con la policía que la cercaba y sus familiares como espectadores, después de esperar inane una reacción legalista del Ejército que nunca iba a producirse). La burguesía (rural, comercial, industrial), sus organizaciones y dirigentes representativos, y los capitalistas extranjeros aplaudieron y apoyaron el golpe. En palabras de Caetano y Jacob, la euforia conservadora era total. En contrapartida, encarcelamientos, deportaciones e incluso torturas fueron aplicados a los opositores.

Cabe señalar que las potencias imperialistas (Gran Bretaña y Estados Unidos) y sus empresas petroleras llevaban un tiempo presionando al gobierno de Terra, enfrentados a él por la creación de la estatal ANCAP y por los contratos comerciales firmados con la Unión Soviética –en particular, para la compra de petróleo–, asociando a la empresa Iuyantorg a una campaña de agitación y a un supuesto complot comunista, acusando a funcionarios del Gobierno (sobre todo el ministro de Industrias y el directorio de ANCAP) de ser “enemigos de las empresas petroleras extranjeras”. Terra rompió relaciones con la Unión Soviética en 1935, pero no dio marcha atrás con la ANCAP.

Como en la otra banda del Río de la Plata –donde el Estado, con la creación de YPF, controlaba la industria desde 1922, la Iuyantorg operaba desde 1926 y el golpe de Estado se produjo en 1930– se dijo que el golpe terrista tenía un fuerte “olor a petróleo”.

La dictadura de Terra tuvo sus peculiaridades, al menos vis-à-vis otras del continente, una de las cuales da cuenta del peso de las continuidades respecto de las rupturas, en particular la persistencia de la centralidad de los partidos políticos. Gerardo Caetano y José Rilla (2005: 226) la observan en “la casi obsesión del régimen por obtener su legitimación electoral” –sucesivas elecciones en 1933 y 1934–, en reformar la Constitución también para aparentar la legitimidad del régimen y en las acciones “para ‘afinar’ el sistema electoral, de modo de prevenir cualquier audacia rupturista”.

En 1934 entró en vigencia una nueva Constitución, a la medida de la dictadura. Ella dispuso –tal como antes lo había propuesto Terra, según se ha visto– el retorno al Poder Ejecutivo unipersonal, eliminando el sistema bicéfalo instaurado por la Constitución de 1919. El Poder Legislativo quedó constituido por una Cámara de Representantes (99 miembros) en la cual se respetaba la representación proporcional de los partidos, y una de Senadores (30) integrada paritariamente por los dos principales partidos (régimen del “medio y medio”). La reforma política se completó con la promulgación de la Ley de Lemas (completada en 1939), cuyo objetivo fundamental –señalan Ana Frega, Mónica Maronna e Yvette Trochon (1987: 14)– “era apropiarse del lema (nombre) del partido a favor de los sectores golpistas”.

En marzo de 1938 se realizaron las elecciones generales y el plebiscito de dos enmiendas constitucionales. Estuvieron lejos de ser genuinamente democráticas, pues en la composición del Senado se aplicó el sistema del “medio y medio”. Estas fueron las primeras elecciones nacionales en las cuales las mujeres pudieron ejercer el derecho de ciudadanía política. Adicionalmente, también compitió una nueva agrupación, el Partido Democrático Feminista, fundada por una activa militante sufragista, Sara Rey Álvarez, pero a la cual no acompañaron otras mujeres filiadas al primer feminismo –como Paulina Luisi–. Fue su única presentación, tras un resultado paupérrimo: apenas 107 votos (sobre casi 358.000).

El partido de Gobierno presentó dos lemas, encabezados por el general Alfredo Baldomir, uno, y por Eduardo Blanco Acevedo, el otro. Ambos estaban emparentados con Terra –cuñado, el primero; consuegro, el segundo–, de cuya dictadura fueron parte, si bien Baldomir aparecía como menos continuista. El Partido Colorado se impuso ampliamente sobre el Nacional y dentro de él, Baldomir superó cómodamente a Blanco Acevedo. El Partido por las Libertades Públicas –alianza de socialistas y comunistas– logró solo 4,7% de los votos.

En 1939 se aprobó una ley complementaria de la de lemas, modificación destinada a fortalecer a los partidos tradicionales (por lo tanto, al bipartidismo), admitiendo la lucha de fracciones pero dificultando la ruptura de los partidos. La ley –acotan Frega, Maronna y Trochon (1987)– “cerró el largo proceso de configuración del sistema electoral” y fue la “llave maestra” para delinear, largamente, los supuestos básicos del régimen electoral uruguayo.

Bajo el gobierno de Baldomir, la economía mostró el estancamiento agropecuario, el crecimiento industrial, la ampliación del mercado exterior y la decisiva consolidación de la intermediación financiera, todo en el corset de una economía dependiente. El Estado se afianzó una vez más como “gran árbitro institucional de alianzas y compromisos”, para decirlo con los términos de Francisco Panizza. La Segunda Guerra Mundial también desempeñó un papel importante en la coyuntura nacional, generando una confrontación entre aliadófilos y neutralistas que contribuyó a erosionar decisivamente la ya débil unidad oficialista y a redefinir las alianzas políticas. En opinión de Caetano y Rilla (2005: 231), esa disputa fue una de las razones explicativas del desplazamiento del herrerismo de posiciones gubernamentales y la gradual reunificación política de los colorados.

La cuestión política central era, en fin, la crisis de la coalición terrista. La clave de bóveda institucional de esta era la Carta de 1934. En consecuencia, la solución a la crisis planteaba una nueva reforma constitucional. Dentro de la coalición gobernante, el herrerismo se oponía a ella, distanciándose así de Baldomir. El distanciamiento, iniciado en 1938, se agrandó por las diferencias en política exterior, pues mientras los blancos de Herrera se oponían a la compra de armamento y a la instalación de bases norteamericanas en el país, el oficialismo se enrolaba decididamente con Estados Unidos. La línea de corte pasó a ser: “aliadófilos” y “nazi-fascistas”.

En marzo de 1941, una crisis generada en la elección del presidente de la Cámara de Representantes –donde los herreristas votaron en contra del candidato de Baldomir, que perdió así la elección– llevó al general a pedir la renuncia de los tres ministros blancos que tenía su Gabinete. Su argumento puede resumirse así: el Partido Nacional no podía ser, al mismo tiempo, partícipe del Poder Ejecutivo y “hacer política de oposición como elemento de disolución en el Parlamento, combatiendo al partido con el que debe colaborar” (apud Frega, Maronna y Trochon, 1987: 113). Contrariando la Constitución de 1934, Baldomir designó tres ministros colorados. El clima político se enrareció.

La reforma de la Constitución no era un trámite sencillo, pues el texto vigente establecía mecanismos que obligaban al consenso de terristas y herreristas. Por la fractura, ese consenso era imposible. Los colorados batllistas y los baldomiristas, el nacionalismo independiente y los comunistas, por distintas razones, coincidían en la salida de la crisis por la vía del golpe de Estado, que, finalmente, se consumó el 21 de febrero de 1942, ejecutado por el propio presidente constitucional. Inmediatamente, Baldomir disolvió el Congreso y la Corte Electoral, y nombró un Consejo de Estado (consultivo) integrado por un grupo de “notables colorados” batllistas y baldomiristas.

Este golpe fue llamado el “golpe bueno” –expresión acuñada por Juan Andrés Ramírez, blanco, director del diario El Plata, quien planteó que en la opción el herrerismo o el país, el país–, diferenciándolo así del precedente de Terra, el del “golpe malo” de 1933.

Lo paradojal de la coyuntura, evalúan Frega, Maronna y Trochon (1987: 117-118), radicaba en el hecho de resultar “menos ‘traumática’ una transición [a la democracia] a través de un golpe de Estado, planificado en la cúpula política, y por ende, sin una efectiva participación popular, que una salida a través de la unificación de las diferentes fuerzas opositoras”.

La Constitución fue reformada el mismo año. La nueva Carta estableció el ejercicio del Poder Ejecutivo por el Presidente, asistido por un Consejo de Estado. El Presidente recuperó la libertad de designar a sus ministros (que debían ser personas con apoyo parlamentario). El Senado del “medio y medio” fue reemplazado por el sistema de representación proporcional. En rigor, como escribió Silvia Dutrénit (2004: 101), la reforma solo “alteró el fundamento político de la Constitución de 1934, aunque no la modificó en otros niveles”.

En las elecciones de noviembre de 1942, sin proscripciones, la Constitución fue refrendada con el 77% de los votos, al tiempo que los colorados Juan José de Amézaga y Alberto Guani –claros vencedores dentro de los lemas del Partido– fueron elegidos presidente y vice. Los partidos tradicionales lograron casi el 92% de los votos. Los comunistas –que obtuvieron apenas 2,5% del total, aunque habían crecido casi un 150% respecto de 1938– presentaron la única candidatura femenina a la vicepresidencia.

El nuevo Gobierno asumió en marzo de 1943. El régimen político volvió a ser el de la democracia liberal –ampliada, en cuanto a sus bases electorales, por la incorporación ciudadana de las mujeres– y el de la excepción latinoamericana. En el plano político interno, la conclusión de Frega, Maronna y Trochon (1987: 150-151) da buena cuenta del significado de la coyuntura que fue del “golpe malo” al “golpe bueno”. “En 1933, el golpe de Estado había marcado un principio de diferenciación por encima de las divisas; en 1942, suponía el retorno al vínculo tradicional, donde los grandes partidos, unidos ante los comicios, albergaban sectores claramente diferenciados (aunque el Partido Nacional recién se unificaría totalmente en 1958, coincidentemente con su triunfo)”. Dicho en otras palabras, el pleno retorno de la centralidad de los partidos.

Por su parte, Costa Rica es un país de características también singulares en el mapa político de América Latina, especialmente cuando se lo mira desde una óptica centroamericana, en la que el carácter democrático del Estado contrasta crudamente con la violencia política y la inestabilidad institucional de sus vecinos. Vis-à-vis otras sociedades coloniales de América Latina, la estructura social costarricense estaba estratificada de manera mucho menos desigual, si bien, como advierte Fonseca (1983: 310-321), ese nivelamiento social por abajo no debe llevar a la exageración de creer en su igualitarismo.

Como es obvio, la estrecha relación que existe entre propiedad de la tierra y poder político permite apreciar el peso decisivo que, estructuralmente y en la larga duración, tuvo la pequeña propiedad para modelar, en el caso excepcional de Costa Rica, una sociedad predominantemente campesina, poco diferenciada socialmente y semiigualitaria. Los campesinos no fueron los dueños del poder político, pero su peso ocluyó la constitución de un régimen oligárquico –en el sentido en que antes hemos definido la dominación oligárquica– y permitió sentar las bases de una sociedad más democrática que las predominantes en América Latina.

Recordemos que el país se independizó en 1821 y tras la fallida experiencia de la República Federal Centroamericana, se proclamó Estado soberano. En la década de 1840 el café se convirtió en el único producto de exportación y en la principal fuente de acumulación de capital y de diferenciación social (Schifter, 1981: 20), desplazando al tabaco –producto, también de exportación, ya cultivado durante la colonia en el Valle Central–, que continuó siendo importante en las dos o tres primeras décadas poscoloniales. Ambos cultivos, el tradicional del tabaco y el reciente del café, fueron, por ende, importantes en el pasaje de la economía colonial a la economía capitalista dependiente, pero fue el café el producto que transformó la historia del país al impulsar relaciones capitalistas desde mediados del siglo XIX.

Ya durante la República Federal, el Gobierno impulsó –mediante una política de fácil acceso a las tierras baldías (acceso gratuito, al igual que el acceso a las plantas de cafetos) y públicas (venta a bajos precios)– el cultivo del cafeto, manteniendo la estructura de la propiedad parcelaria heredada de la dominación colonial. No obstante, la dinámica de la nueva economía generó un proceso de concentración de la propiedad de la tierra cafetalera del Valle Central y, probablemente, uno de expropiación de los campesinos por los beneficiadores (id est, los procesadores del grano) y los agentes actuantes en el proceso de distribución, según la hipótesis de Mario A. Ramírez (1981: 44). Una consecuencia fue la constitución de latifundios hacia 1860, según Rodrigo Facio, quien entendía que ello fue posible por la innovación tecnológica y el control del crédito por parte de los productores-exportadores (Schifter, 1981: 20).

Los cultivos iniciales estuvieron a cargo de campesinos que fueron ampliando paulatinamente la superficie plantada con cafetos –empleando fuerza de trabajo familiar–, mientras disminuían la dedicada a los cultivos de subsistencia. Lindo Fuentes (1993: 141-201) añade que la escasez de fuerza de trabajo y la posibilidad del campesino o del trabajador de colonizar nuevas tierras e iniciar el cultivo por su propia cuenta provocó el alza del costo de la fuerza de trabajo, al tiempo que inhibió políticas de reclutamiento forzoso. En cambio, el beneficio del grano y su exportación fueron privativos de los grupos dominantes, de modo tal que la contradicción se planteó entre productores, por un lado, y procesadores-exportadores, por el otro. No obstante, dos factores ya señalados –abundancia de tierra y producción mediante fuerza de trabajo familiar– ocluyeron la apelación a la violencia característica de otras situaciones en las cuales el conflicto se planteó en torno a la lucha por la tierra y a la disponibilidad de fuerza de trabajo.

En un texto publicado en 1977, Ciro Cardoso sostuvo: “lo interesante es que las medidas habitualmente asociadas a una reforma liberal, fueron tomadas y aplicadas tanto por gobiernos conservadores como liberales” (apud Gudmundson, 1983: 45-46, n. 5). En la línea explicativa de Cardoso, Lowell Gudmundson ha observado que, en Costa Rica, la tradicional división entre liberales y conservadores no es relevante para explicar el conflicto político. La díada conservadores voceros de los comerciantes monopolistas y los intereses eclesiásticos/liberales voceros de los terratenientes criollos demandantes de comercio libre y de estímulos para la exportación de la producción agrícola, típica del final del dominio colonial, no se dio en Costa Rica. Allí, unos y otros eran profundamente liberales en materia económica. “Se unieron en una sola burguesía agraria, relativamente homogénea, durante la primera mitad del siglo XIX. […] Es más, bajo la administración colonial tardía y la primera de la independencia, los declarados ‘conservadores’ superaron al más celoso liberal en las campañas de expropiación de las obras pías”. A su juicio, esta perspectiva contribuye a explicar la ausencia de una posterior “crónica lucha de fracciones bien definidas por la oposición Conservador-Liberal”.

En todos los casos, la economía cafetalera, al demandar créditos, fuerza de trabajo y caminos, favoreció el proceso de formación del Estado y definió buena parte de su campo de acción. Al mismo tiempo, la expansión cafetalera potenció e incrementó el peso político de los grandes productores.

Por lo demás, después de la resolución de los conflictos armados entre los municipios de Alajuela, Cartago, Heredia y San José, en 1823 y 1835, y el establecimiento de la capital del país en la última de esas ciudades, la política no fue otra cosa que una pugna por el Gobierno entre fracciones de cafetaleros, con total ausencia de participación y decisión de la mayoría de la población, pobre, analfabeta y “bárbara”, privada del ejercicio del derecho de ciudadanía. Como en toda América Latina, la política era una cuestión de caballeros.

Desde septiembre de 1878, cuando el general Tomás Guardia Gutiérrez dio un golpe de Estado que lo llevó nuevamente a la presidencia (había sido presidente entre 1870 y 1877) e instauró una dictadura, la historia del país se diferenció aún más que en el pasado de las otras repúblicas centroamericanas. La dictadura guardiana fue diluyendo los conflictos político-económicos en el seno de la clase dominante y, más decisivamente, ocluyó la formación de un núcleo militar con capacidad de disputar el orden. El triunfo del civilismo sobre el militarismo se afianzó bajo la presidencia del sucesor de Guardia, su cuñado el general Próspero Fernández Oreamuno (1882-1885). Luego, entre 1886 y 1890, Bernardo Soto Alfaro –un abogado perteneciente a una familia cafetalera, hijo de un militar e integrante del grupo de liberales llamado del Olimpo– reforzó aún más el proceso, en particular por una práctica política que privilegió la búsqueda de consenso. No deja de ser significativo el hecho de que la subordinación de los militares al poder civil se concretase con presidentes militares. En fin, como ha evaluado Héctor Pérez Brignoli (1993: 258), durante el último cuarto del siglo XIX, Costa Rica comenzó a forjar “un Estado y una nación con una decidida vocación democrática y un estilo político en el que predomina[ba] el civilismo” (29). La modernización del Estado fue, también, un proceso de secularización, el cual implicó un importante ataque a las posiciones de la Iglesia Católica.

En unos cuarenta años –entre fines de la década de 1870 y fines de la de 1910– Costa Rica atravesó “un accidentado e inestable proceso de liberalización del régimen republicano autoritario” instaurado a partir de 1821, que implicó una política de tolerancia a la organización y expresión de personas y agrupaciones opuestas al Gobierno de turno (Proyecto Estado de la Nación, 2001: 106).

El proceso de liberalización generó cinco resultados: 1) la supremacía del Estado sobre la Iglesia; 2) la supremacía civil en el ejercicio del gobierno; 3) la generalización de las elecciones como el mecanismo válido para acceder al poder político; 4) mayor intensidad y complejidad en la competencia política, y 5) una creciente, aunque intermitente, tolerancia al ejercicio de las libertades de expresión y organización por parte de nuevos sujetos sociales y políticos. La supremacía civil no implicó la abstención del Ejército para la resolución de los enfrentamientos políticos, pero sí hizo que fueran los civiles quienes lo utilizaron y no, como en el pasado, los militares. El Ejército dejó, así, de ser el árbitro de la política. Esa condición se afirmó con la caída de la dictadura de Federico Tinoco Granados, el intento postrero de los militares ticos para intervenir en la política (Proyecto Estado de la Nación, 2001: 107).

Durante el período señalado, el país tuvo algunos gobiernos “bastante más abiertos y tolerantes” –como los de Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oreamuno (1906-1910 y 1910-1914)–, propulsores de reformas electorales y respetuosos de las libertades civiles y los derechos ciudadanos, contrastando con los precedentes de José Rodríguez Zeledón y Rafael Yglesias Castro, más próximos “del liberalismo autoritario característico de América Latina”. No obstante, ni aquellos “ni las fuerzas políticas que estaban coaligadas a ellos, establecieron un sistema democrático” (Proyecto Estado de la Nación, 2001: 109).

A principios del siglo XX, según se ha visto en el capítulo 4, Costa Rica se insertó en el mercado mundial con una economía de enclave, la del cultivo de banana. Pese a su carácter latifundista, la pequeña propiedad de la tierra no se vio afectada con la misma intensidad que en los otros países, en buena media porque se instaló –al igual que la economía minera– fuera del Valle Central, en áreas menos pobladas.

Al analizar las relaciones de clases en América Central durante las décadas de 1870 y 1930, Víctor Hugo Acuña Ortega llegó a la conclusión de que el carácter que estas tuvieron en Costa Rica explica la especificidad del país en el contexto subregional (y no solo en él, añadimos). En Costa Rica –país cuyas clases subalternas rurales sufrieron escasas formas de coacción extraeconómica desde la mitad del siglo XVIII y fueron, por tanto, menos oprimidas que sus pares del resto de América Latina–, las reformas liberales no expropiaron a los campesinos, afectando tan solo a los escasos remanentes de comunidades indígenas no golpeadas por la catástrofe demográfica de la etapa colonial. Más aún, en general, el campesinado apoyó el proceso de privatización de tierras “porque no significó expropiación, sino la consolidación de su presencia como socio menor de la burguesía agrocomercial en el negocio cafetalero”. Así, los conflictos, sobre todo en el Valle Central, fueron atenuados por una eficaz combinación de la intervención estatal reformista y la válvula de escape de la colonización de nuevas tierras. El más frecuente de los conflictos fue el de los pequeños y medianos productores cafetaleros contra los beneficiadores y exportadores por el precio que estos le pagaban a aquellos por el grano, y por lo gravoso de los préstamos. La intervención de Estado, la fundación de cooperativas y la regulación de las relaciones entre las partes cuajó en una política reformista cuyos efectos se hicieron sentir particularmente a mediados de la década de 1930. “En suma, en Costa Rica el conflicto rural, en lugar de fundamento del autoritarismo y de la exclusión social, se convirtió en combustible de políticas reformistas”, concluye Acuña Ortega (1993: 312-313).

A diferencia de lo ocurrido en la década de 1840 con el giro al cultivo del café, el del banano –y menos aún la explotación minera– no provocó cambios drásticos ni en la economía ni en la marcha del proceso de liberalización política. En cambio, sí “hizo más compleja la economía agroexportadora y creó nuevos grupos sociales, como los trabajadores bananeros, pero no desplazó al café como principal actividad, ni implicó cambios en su sistema productivo”, si bien se produjeron las primeras crisis cíclicas típicas de las economías agroexportadoras. La liberalización también condujo a “la exitosa consolidación de las instituciones de un Estado liberal y el desarrollo de la identidad cívica nacional” (Proyecto Estado de la Nación, 2001, sintetizando la posición de varios autores).

Así, las dos primeras décadas del siglo XX fueron para el país de estabilidad política, excepto durante el breve Gobierno de Alfredo González Flores (1915-1917), quien fue derrocado por un golpe de Estado al que no fueron ajenos –como ha sido señalado en el capítulo 4– la UFCo, y los cafetaleros, quienes se opusieron a la política tributaria propiciada por el presidente, orientada a ampliar el poder y la intervención estatal, y a disminuir el impacto negativo de la inflación generada por la Primera Guerra Mundial. De hecho, los cafetaleros ejercieron un verdadero poder de veto sobre cualquier candidato contrario a sus intereses (Schifter, 1981: 44).

La breve dictadura de Tinoco Granados, de enero de 1917 a agosto de 1919, fue un paréntesis en el proceso de liberalización y transición a la democracia. Los gobiernos posteriores continuaron con el programa económico y político liberal iniciado hacia 1880 e impulsaron las políticas de Caminos y Escuelas y Orden Fiscal.

La nueva fase, entre 1919 y 1948, se caracterizó por la irrupción de fuerzas sociales antes excluidas de la política y por la formación de organizaciones de la sociedad civil llamadas a tener un importante papel. Así, se crearon, en el ámbito rural, asociaciones de trabajadores bananeros y de pequeños y medianos productores de café (que en las décadas de 1920 y 1930 se enfrentaron a los grandes), mientras en el urbano surgieron nuevos sindicatos de zapateros, trabajadores manufactureros, comerciantes y profesores, movimientos sociales en demanda de vivienda y organizaciones comunales (las juntas progresistas). Durante las décadas de 1930 y 1940, las huelgas se hicieron frecuentes, siendo la más importante la de los obreros de las plantaciones bananeras, en 1934, dirigida por los comunistas. En 1943 y 1944 se crearon la Confederación de Trabajadores de Costa Rica y la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum, comunista y socialcristiana, respectivamente. La última lo fue por iniciativa del arzobispo Víctor Sanabria, partidario de disputar a los comunistas la dirección de trabajadores y artesanos.

En el plano de la política fue notorio el incremento de la participación electoral, reservada a los varones mayores de 21 años. Entre 1919 y 1948, el número de votantes pasó de casi 9% a cerca del 20%. No debió haber sido ajena a ese incremento la fundación de los primeros partidos políticos orgánicos, si bien siguieron existiendo las tradicionales organizaciones personalistas, todavía mayoritarias electoralmente. Bajo el impulso del sacerdote y general Jorge Volio Jiménez, la CGT creó, en 1922-1923, el Partido Reformista, de orientación social cristiana. Si bien en las elecciones de 1923 obtuvo un significativo apoyo (20% de los votos), no logró superar su debilidad organizativa y se disolvió a mediados de la década de 1930.

En rigor, el primer partido orgánico fue el Comunista de Costa Rica (PCCR), que comenzó a gestarse en 1929 como Alianza Revolucionaria Costarricense (ARCO), devenida en 1931 Bloque de Obreros y Campesinos. Su promotor fue el abogado Manuel Mora Valverde, de militancia previa en el Partido Reformista. La estrategia del Bloque para la toma del poder era reformista, esto es, por la vía electoral, con respeto por las tradiciones democráticas, que debían ampliarse. A partir de 1932 participó en todas las elecciones, siendo un partido de oposición durante la década. Al igual que el Reformista, el PC fue un partido creado en el seno de la sociedad civil, es decir, desde abajo. En cambio, el Partido Republicano Nacional (PRN) fue creado desde el Estado.

Fundado en 1931 por partidarios de Jiménez Oreamuno, nuevamente presidente entre 1924 y 1928, el PRN se convirtió en una fuerza mayoritaria que ganó las elecciones presidenciales de 1932, 1936, 1940 y 1944, pese a su división a fines de la década en un ala liberal y laica, encabezada por León Cortés Castro (presidente de 1936 a 1940), y otra de tendencia católica, a cuyo frente estaba Rafael Ángel Calderón Guardia. Este procedió a reorganizar el partido, el cual adquirió un claro programa de reformas basadas en la doctrina social de la Iglesia, en tanto Cortés fundó en 1941 el Partido Democrático. A su vez, jóvenes profesionales, intelectuales y algunos artesanos y empleados de comercio crearon, en 1940, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el cual, a despecho de su nombre, tenía la clara intención de convertirse en un partido político. Alcanzó este propósito en 1945, al constituirse como Partido Social Demócrata, en el cual convergieron, además, hombres del sindicalismo cristiano y un agroindustrial medio recién llegado a la política, José Figueres Ferrer (Don Pepe).

Calderón Guardia –apoyado por la Iglesia, los cafetaleros, los banqueros y los grandes comerciantes (es decir, la burguesía) y por el presidente Cortés (antes de la ruptura entre ambos dirigentes, claro)– ganó, con el PRN y el 86% de los votos, las elecciones de 1940. Era, pues, un hombre del orden conservador. Empero, promediando su mandato comenzó a generar sorpresas: en 1942 promulgó leyes de seguridad social cuya financiación se organizó con aportes de los trabajadores (deducciones salariales) y de los empleadores. La administración de los fondos fue confiada a la Caja Costarricense del Seguro Social, un organismo gubernamental. También propuso un Código de Trabajo, y la inclusión de las llamadas Garantías Sociales –salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, derecho a una vivienda digna, vacaciones, obligación patronal de ofrecer condiciones mínimas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, reconocimiento legal de los sindicatos, obligación estatal de proveer educación a los trabajadores y, en materia de contrataciones, prioridad de los nacionales por sobre los extranjeros, entre otros derechos– y del principio de la función social de la propiedad en la Constitución.

La legislación promovida por Calderón estaba a tono con la época. En Europa, tanto socialdemócratas como socialcristianos la impulsaban y será una nota distintiva de los Estados de Bienestar Social europeos y los de Compromiso Social o Protectores latinoamericanos. Puede decirse también que ejemplifica una de esas situaciones en las cuales el Estado, a partir de su autonomía relativa, adopta medidas que, aunque en el corto plazo afectan a la clase dominante, en el mediano y en largo plazo aseguran estratégicamente sus intereses, tal como se ha señalado en el capítulo 3. Pero en la Costa Rica de la década de 1940 no fue visto así y los capitalistas se opusieron con fuerza.

El Gobierno había pedido el apoyo de aquellos, sin ganar, en contrapartida, el de los trabajadores, explicable por el peso que los comunistas –también opositores a Calderón– tenían entre ellos. La oposición comunista al Gobierno se había hecho notoria a partir de 1941, cuando se firmó un contrato con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, una subsidiaria de la norteamericana Electric Bond and Share Co., desfavorable para el país, más otros con compañías también norteamericanas para la explotación de cultivos considerados estratégicos.

La legislación social provocó una desmedida reacción patronal: despido de obreros rurales y urbanos, manipulación de los precios de las mercancías y acaparamiento de estas (es decir, desabastecimiento e inflación). La UFCo, obviamente, estaba entre los más duros opositores a las reformas. La clase media, identificada con las posiciones del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, encabezado por el economista Rodrigo Facio, también se encolumnó contra el Gobierno. El Centro, empero, se encontraba en una situación peculiar: por un lado, aprobaban las reformas, pero por el otro, combatían al Gobierno por considerarlo abusivo, arbitrario y corrupto. A juicio de sus miembros, las reformas sociales debían apoyarse en reformas en el Estado y en la estructura productiva del país (Rojas Bolaños, 1993: 89-90).

El giro de Calderón Guardia hacia las políticas sociales favorables a los trabajadores provocó el cambio de posición de los comunistas, que en 1943 mudaron de nombre y pasaron a denominarse Partido Vanguardia Popular (PVP) y a alinearse con el PRN para constituir el Bloque de la Victoria.

En un contexto de creciente y compleja polarización se realizaron las elecciones de febrero de 1944, en las cuales el Bloque de la Victoria obtuvo un triunfo cargado de dudas. El nuevo presidente, el abogado Teodoro Picado, del PRN, había prometido continuar la política de reformas de su predecesor, pero prefirió hacerlo sin los comunistas, en particular desde 1946, cuando comenzó la Guerra Fría y el Gobierno norteamericano expresó su preocupación por tal circunstancia, máxime en un país tan alineado con sus posiciones como Costa Rica (30). Así, Picado mantuvo la presencia de la misión militar de Estados Unidos e implementó medidas para la mejor administración pública. Pero, la política exterior estadounidense, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, no toleraba afinidades con los comunistas. De allí la intromisión en los asuntos internos de Costa Rica, expresada en contactos con la oposición y el apoyo al sindicalismo cristiano (vía la American Federation of Labor).

La muerte de Cortés en 1946 abrió el camino al liderazgo de Otilio Ulate, director del Diario de Costa Rica y a quien el Departamento de Estado invitó ese mismo año a visitar Estados Unidos. En febrero de 1947, su candidatura unificó a la oposición al Bloque de la Victoria de cara a las elecciones de 1948. En el ínterin, el Gobierno de Picado promulgó una ley tributaria autorizante de un ligero incremento en el impuesto territorial y transformadora del impuesto cedular territorial de 1931 en impuesto sobre la renta. Esta ley produjo la reacción de la burguesía: las Cámaras de Agricultura y Ganadería, de Comercio y de Industria, los productores de café y de azúcar, la Asociación de Comerciantes Importadores y Mayoristas protestaron alegando que esos impuestos empeoraban su situación, ya afectada por la aplicación de las leyes de derechos sociales.

En las elecciones de febrero de 1948, con una abstención del 43%, Calderón Guardia fue superado en votos por Ulate, mientras en las de diputados el Bloque de la Victoria obtuvo la mayoría. Los comunistas, pese a ser perseguidos por el Gobierno de Cortés, obtuvieron entre el 10 y 20% de los votos para legisladores entre 1942 y 1948, mientras el PRN alcanzó entre el 35 y el 40%. Mientras el oficialismo alegaba fraude, la oposición reclamaba el reconocimiento del triunfo. El Tribunal Electoral ratificó la victoria de la oposición, pero el Congreso anuló las elecciones. El 12 de marzo, Figueres se alzó en armas. Durante su exilio, este plantador cafetalero había logrado aglutinar a otros exiliados centroamericanos y caribeños en la Legión Caribe, un proyecto de lucha armada para terminar con las dictaduras, logrando incluir entre ellas al Gobierno costarricense. El acuerdo –conocido como Pacto del Caribe–, contó con el apoyo del presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, quien proveyó armas y otro material bélico (Rojas Bolaños, 1993).

La guerra duró un mes y, al costo de un buen número de muertos y heridos, concluyó con el triunfo de las fuerzas de Figueres. Una Junta de Gobierno presidida por este se hizo cargo del Gobierno y convocó a una Asamblea Constituyente. Los dirigentes opositores más importantes se exiliaron en Nicaragua y México, el PVP fue declarado ilegal, al igual que los sindicatos afines, y muchos de los vencidos fueron encarcelados –y cinco de estos presos políticos fueron fusilados–, al tiempo que se crearon tribunales especiales para enjuiciar a funcionarios acusados de corrupción. En diciembre, partidarios del Gobierno derrocado, apoyados por el dictador nicaragüense, Anastasio Somoza, invadieron el país, pero fueron derrotados, como también lo fueron los sectores conservadores de la Junta Gubernamental que pretendieron dar un golpe de Estado como reacción a la marcha del proceso.

El triunfo de los insurgentes no implicó el fin de las políticas reformistas, cuya legislación se mantuvo. Incluso se avanzó aún más con la nacionalización de los bancos, la imposición de impuestos al capital y la creación de nuevas instituciones destinadas a impulsar el desarrollo económico, entre ellas el Instituto Costarricense de Electricidad, convirtiendo al Estado en agente productor y regulador de los precios. La reforma constitucional de 1949 mantuvo los lineamientos fundamentales de la Carta de 1871, pero incorporó los derechos sociales promulgados por el Gobierno de Calderón Guardia. La Asamblea Constituyente también decidió ratificar la elección de 1948 y proclamar presidente a Ulate, con mandato hasta 1953.

La ilegalización del PC fue una medida demasiado tímida para unos sectores dominantes que estaban profundamente soliviantados. Ellos habían brindado su apoyo a Figueres y depositado en él la confianza de un reencauzamiento político, pero Figueres estaba asentando su poder sobre premisas no compartidas. De esta tensión surgió el Estado de Compromiso Social o Protector en Costa Rica: en la Asamblea Constituyente de 1949 Figueres depuso sus intenciones de institucionalizar su Ejército de Liberación y, en contrapartida, los sectores dominantes resignaron la creación de un ejército nacional regular. Así fue como Costa Rica dio rango constitucional a la supresión de todas las instituciones militares –aún hoy con vigencia y rasgo característico de su régimen político–.

En 1951, el PSD se convirtió en Partido de Liberación Nacional (PLN) y “su plataforma se hizo reformista, democrática y moderada” (Schifter, 1981: 88). En 1953, en elecciones en las cuales la abstención fue del 35,3% (con clara incidencia del impacto de los derrotados en la guerra civil), Figueres (PLN) logró el 65% de los votos, derrotando a Fernando Castro Cervantes, el candidato del Partido Demócrata, expresión de “los viejos sectores del capital” (Rojas Bolaños, 1993). Al asumir, Figueres puso en marcha un programa de desarrollo basado en la industrialización, implementado por un Estado fuerte e intervencionista. También dispuso la transferencia de ingresos hacia las clases medias, mucho más que al proletariado. El compromiso respecto de las fuerzas militares se convirtió en símbolo de la identidad nacional y pacto fundacional de la alianza de clases que sostuvo la estabilidad democrática, con alternancia del PLN y de los conservadores. Todo esto estuvo coronado por una política exterior que, desde la creación misma de la OEA en 1948, estuvo signada por la fidelidad a la política exterior de Estados Unidos. Figueres volvió a ocupar la presidencia en el período 1970-1974, pero a partir de entonces la política de compromiso comenzó a deteriorarse, si bien en 1998 se reactivaron las políticas sociales con la creación del Foro de Concertación Nacional, el cual instituyó un sistema de protección social de la salud y de ingresos universales ciudadanos, instrumento eficaz en la lucha por la disminución de la pobreza y el analfabetismo. Más de sesenta años después de la guerra civil de 1948, Costa Rica sigue ostentando su reputación de democracia estable. Significativamente, ella fue el resultado de la apelación a la violencia armada.

Un hecho de la envergadura de una guerra civil tiene, obviamente, propuestas explicativas muy variadas, compendiadas así en Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2001: 119). Una explicación –la de los vencedores del enfrentamiento– propone que la causa fue la anulación de las elecciones, de modo que Figueres se alzó en armas para defender la pureza del sufragio y, de paso, expulsar a los comunistas. Se le ha objetado que, en rigor, las elecciones nunca habían sido libres de fraude y que Figueres había optado previamente por una salida militar a la crisis de la polarización política. Otra versión, la del PVP, es decir, de uno de los principales derrotados, adjudica la guerra a la que llamaban “oposición oligárquica” al programa de reformas sociales impulsada por el Bloque de la Victoria, sumándose a ella la ofensiva anticomunista impulsada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. A esta postura se le ha observado que Figueres era partidario de esas reformas. Una tercera línea, elaborada por varios académicos, enfatiza el peso de las estructuras. Así, el conflicto fue, básicamente, un enfrentamiento entre clases sociales expresado en la confrontación entre, por un lado, el Gobierno, una alianza entre obreros agrícolas y urbanos, y un sector minoritario de la burguesía afín al PRN y, por otro, una alianza entre las clases medias rurales y urbanas y la “oligarquía cafetalera”. Ambas alianzas eran coaliciones de sujetos reformistas y antirreformistas. A esta posición se le ha objetado que el Gobierno del PRN no fue anticapitalista y que incluso algunas de las medidas favorecieron a los principales empresarios, de modo que no hubo un comportamiento homogéneo de la burguesía y que los principales partidos eran socialmente pluriclasistas. La cuarta explicación, más reciente, es de carácter político-institucional. Considera que la guerra civil no era inevitable y que lo ocurrido fue el progresivo derrumbe de las instituciones electorales, debido, inter alia, a la mayor frecuencia, intensidad y localización geográfica del fraude electoral. Se minó, así, “la autoridad de las instituciones electorales para dirimir la competencia política”, sumándose la polarización entre el Gobierno y la oposición, cuyo origen está situado en la ruptura entre Cortés y Calderón Guardia, que dividió al PRN. Así, apelando a la ya clásica propuesta de Juan Linz sobre la caída de las democracias, se postula que la unión de la oposición “semileal” al sistema político con la oposición antisistémica fue la causante de la guerra. “No obstante, esta versión reduce a una ‘representación’ factores que tuvieron un peso real en el conflicto, como el anticomunismo, el factor geopolítico, el alcance de la política social o la movilización de clase de actores como los bananeros y los artesanos urbanos”.

Los hechos de 1948, ha observado Edelberto Torres-Rivas (1987: 27, nota 9), constituyeron el enfrentamiento entre dos fracciones de la burguesía que perseguían “alterar o mantener las bases sociales del sistema político”. Lo que dificulta el análisis son las alianzas que se constituyeron: una fracción de la burguesía se alió con el PC y la Iglesia Católica; la otra, “igualmente representativa de la oligarquía cafetalera”, lo hizo “con sectores progresistas de las clases medias”.

En el proceso vivido por Costa Rica no dejan de sorprender los alineamientos que, como se ha visto, se produjeron: comunistas, socialcristianos y la Iglesia aunados en un proyecto de ampliación de derechos sociales encabezados por un presidente conservador y pronorteamericano; un presidente reformista, Juan José Arévalo, de Guatemala, cuyo programa estaba muy próximo al de Calderón Guardia, apoyó a los enemigos de este en la campaña militar para vencerlo; un dictador conservador, anticomunista y hombre de Estados Unidos, Anastasio Somoza, de Nicaragua, colaboró con el reformista Calderón Guardia, de quien los norteamericanos desconfiaban por su alianza con los comunistas, durante la guerra civil de 1948 y en el fallido intento armado contra el presidente Figueres –pronorteamericano y anticomunista– en 1955; Figueres incumplió el Pacto del Caribe y despachó de territorio tico a sus miembros en noviembre de 1948, y en 1953 y 1954 apoyó la acción desestabilizadora del Gobierno democrático guatemalteco de Arbenz impulsada por Estados Unidos… Aunque explicables, no dejan de ser paradojas.

Las dictaduras de América Central y el Caribe

A comienzos del siglo XX, América Central y el Caribe fueron blanco primordial del intervencionismo de Estados Unidos, que por entonces comenzaba a despuntar como pauta regular. Como ya se ha visto, se trataba de la nueva expresión que asumía el imperialismo en la región, a través de la cual se consolidó la situación de dependencia bajo la forma de economías de enclave, en general, en toda la subregión. Así, la intervención en el plano económico financiero se expresó en los enclaves bananeros en Honduras, Nicaragua (y Guatemala) (31), y azucarero en República Dominicana, hacia fines de la década de 1920 y en el plano político-militar en la intervención de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Nicaragua y República Dominicana. En estos tres países, la dominación fue demasiado inestable, inestabilidad de la que no fue ajena la ausencia de un producto dinamizador de la economía que permitiera la inserción en el mercado mundial. En este conjunto se inscribe, también por su inestabilidad, la pequeña República de Haití. Los casos de Panamá y Cuba, mirados desde el conjunto, presentan la singularidad de una tardía constitución nacional, aunque hay que señalar que la precariedad del Estado panameño en nada se asemeja con el más complejo proceso de construcción estatal de Cuba. También singular fue el caso de El Salvador, donde la intervención fue primordialmente política, puesto que allí se mantuvo el control nacional de la producción de café.

Todos estos países, más allá de sus diferencias, consolidaron un cierto orden en los años posteriores a la convulsionada década de 1920. La característica común es que lo hicieron a partir de la instauración de dictaduras de carácter tradicional, autocráticas y en el extremo sultanísticas. En el caso de Haití, la dictadura fue más tardía (1957). En El Salvador, la dictadura, fuertemente personalista y con un jefe militar a la cabeza, fue continuidad de la dominación oligárquica (inexistente en los otros países con sus rasgos típicos).

La política de intervención de Estados Unidos en su patio trasero durante las tres primeras décadas del siglo XX estuvo orientada a garantizar los intereses de las compañías fruteras en Honduras en 1903, los de las empresas azucareras en República Dominicana en 1916, los del National City Bank en Haití y Cuba, los de los banqueros en Nicaragua (así como los petroleros en México en 1914). En Panamá también se articuló una economía de enclave, pero aquí la dependencia fue más estrecha, pues el Gobierno de Estados Unidos controlaba directamente el Canal que une el mar Caribe con el océano Pacífico.

Cuando en los primeros años de la década de 1930, Estados Unidos decidió el retiro de sus marines (y en algunos casos aun antes de instaurada la “política del buen vecino” del presidente Franklin D. Roosevelt), la dominación política asumió la forma de un régimen de dictadura tradicional. La instauración de este tipo de régimen, en muchos casos, con fachada democrática, y el apoyo a ciertos dictadores en detrimento de otras fuerzas, fueron una estrategia que revestía menores costos políticos y económicos que el intervencionismo militar.

En el plano interno, la coyuntura abierta en 1929 impactó gravemente en los países centroamericanos y caribeños. A la crisis económica se sumó la crisis política. Por la extrema dependencia, las clases dominantes eran muy débiles, incapaces de articular un proyecto estable, y las instituciones intermedias estaban escasamente desarrolladas. No solo el poder económico y el poder político no coincidían sino que por añadidura el poder político estaba muy poco diferenciado, por lo cual su centralización en un individuo constituyó una solución certera. Aun en aquellos casos en los que la vía de acceso de los dictadores al poder fue la electoral y la fachada democrática se mantuvo, bajo estos regímenes el componente autoritario aumentó sensiblemente respectos de los niveles conocidos en el siglo XIX. Hay que decir que los comicios se realizaban sin la concurrencia de la oposición –excepto, quizás, en el caso de Honduras, donde hubo un proceso electoral más o menos competitivo–.

El caso de El Salvador presenta rasgos singulares que vale la pena destacar. Desde fines del siglo XIX se había configurado un Estado oligárquico típico con una economía agroexportadora de control nacional, excepcionalmente dinámica en el contexto centroamericano (la “República Cafetalera”, como ya señalamos antes). Así, el golpe de Estado con el que se inició la dictadura, en diciembre de 1931, estuvo encabezado por el sector conservador de un Ejército preexistente. Pero, aunque preexistente, este estaba débilmente institucionalizado, lo cual facilitó la centralización del poder en una sola persona, el general Maximiliano Hernández Martínez, quien asumió como presidente provisional. Así, El Salvador (y Guatemala también) constituye un ejemplo de pasaje lineal de la dominación oligárquica, con su formato republicano de legitimación, a una dictadura con legitimación tradicional.

Tras la feroz represión de la insurrección de 1932, el régimen inaugurado por Hernández Martínez dio lugar a las demandas de devaluación largamente levantadas por los hacendados. A tono con las políticas económicas prevalentes en la coyuntura, el dictador “fundó un banco central y retiró los derechos de emisión de instituciones privadas, impuso controles de cambio y ordenó la participación del Estado en un banco de crédito”. El Estado adoptó mecanismos de intervención “en estrecha colaboración con las poderosas asociaciones corporativas de la burguesía, como la Asociación del Café, que en 1942 se transformó en la Compañía Salvadoreña del Café y posteriormente siguió siendo poco menos que un gabinete económico paralelo debido al control que ejercía sobre el mercado del café” (Dunkerley, 2001: 93).

El Estado fue así un fervoroso defensor del sistema agroexportador tradicional –es decir, el de las familias oligárquicas–, pero también apuntó al apoyo de la clase media, incluyendo a los artesanos –a los cuales protegió obstruyendo, a contrapelo de otros gobiernos de la región, el avance de la industria– y a los comerciantes minoristas nacionales –mediante la prohibición de ejercicio de la actividad a inmigrantes, sobre todo a los llamados “turcos” (en rigor, palestinos, libaneses, egipcios) y chinos, de notables éxitos económicos desde principios del siglo. También procuró ganar a las clases populares mediante medidas para la construcción de viviendas económicas, conservación del empleo y reparto de tierras –más simbólicas que reales, evalúa Rouquié–, todo con el objetivo de evitar una nueva insurrección. Empero, según acota Rouquié (1994a: 62), el tibio reformismo de Hernández Martínez no fue compartido por la gran burguesía, la cual le achacaba tutela económica y administración paternalista.

Hernández Martínez enfrentó la crisis económica mediante medidas deflacionarias que incluyeron la fuerte reducción de los funcionarios públicos y la negativa a endeudarse contrayendo créditos externos y a permitir las inversiones extranjeras. Suprimió los partidos políticos y estableció uno único, al cual debieron afiliarse los funcionarios públicos. Prohibió también los sindicatos, reemplazados por una Reconstrucción Social, mezcla de mutual y asociación cultural. Simpatizaba con las potencias del Eje y reconoció la dictadura de Franco, pero la presión de Estados Unidos –principal mercado para el café– le llevó a virar sus posiciones, al punto de expropiar las tierras de italianos y alemanes residentes en El Salvador, a quienes, además, envió a campos de concentración, medida que le permitió el reconocimiento diplomático por parte de la potencia del Norte.

El dictador salvadoreño se destacó dentro del elenco de dictadores centroamericanos por su fervorosa adhesión a la teosofía, su creencia en los “médicos invisibles” (que provocó la muerte de uno de sus hijos, enfermo de apendicitis) y por su alarde de poderes sobrenaturales, por los cuales se lo conoció con el mote de “El Brujo”. Más allá de esta nota de exentricismo, la de Hernández Martínez fue “una dictadura unipersonal a la vez modernizadora y antiprogresista”, (Rouquié, 1994a: 61).

En 1943, los signos de deterioro del poder dictatorial eran marcadamente visibles. Los hacendados se veían afectados por la imposición de un impuesto a las exportaciones del café, las clases medias adjudicaban al régimen la responsabilidad del aumento de los precios, los trabajadores ferroviarios habían comenzado a reorganizarse y los militares rechazaban la ineficiencia del régimen personalista basado en la corrupción y el favoritismo. En 1944, el descontento estalló cuando el dictador dio muestras de pretender ser electo para un nuevo período y cuando sus convicciones antiliberales se vieron desalentadas por la circunstancia obligada de declarar la guerra a las potencias del Eje.

El movimiento antidictatorial no fue más allá de reemplazar al dictador por un hombre de su confianza, lo cual ocurrió a través del golpe perpetrado en abril de 1944. El orden habría permanecido casi inalterado si ciertas circunstancias no hubieran disparado el temor al cambio de los sectores más conservadores. En vísperas de las elecciones, el candidato reformista Arturo Romero daba claras señales de éxito y por añadidura contaba con el apoyo de los comunistas reorganizados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). A esto se sumó la caída del dictador Ubico en Guatemala y una movilización en la capital, San Salvador, en apoyo a la Revolución de Octubre en el mismo país vecino. Frente a estas circunstancias se impuso un nuevo golpe de Estado y en enero de 1945 nuevas elecciones. El resultado fue la ratificación del poder militar sobre el poder civil, cuyos representantes habían sido excluidos de la contienda. Las condiciones internacionales signadas por el furibundo anticomunismo empeoraron las chances de una vuelta a los cauces de la democracia, o más bien, de una construcción democrática hasta entonces inexistente.

El nuevo Gobierno del general Salvador Castañeda Castro no fue duradero. En diciembre de 1948 fue desplazado por un movimiento militar de capitanes y mayores dirigido por el teniente coronel Óscar Osorio. El golpe de los oficiales jóvenes abrió, en 1948, una etapa de tres décadas de “una república militar con una fachada representativa”, como la caracteriza Rouquié (1984). Osorio retomó la senda de intervención del Estado en la economía y dio apoyo a cierta modernización de la agricultura y la industria manufacturera. Bajo su Gobierno, los terratenientes y las clases medias gozaron de algunos espacios limitados de participación política y los sindicatos, aunque vigilados, fueron tolerados. Fue Osorio el creador del partido militar salvadoreño, Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), desde 1961, transformado en Partido de Conciliación Nacional (PCN), que gobernó el país hasta 1979.

En Nicaragua y República Dominicana la situación fue otra. Ambos Estados eran comparativamente más precarios en su institucionalidad que el de El Salvador. Asimismo, la existencia de economías de enclave era un rasgo que los diferenciaba del país vecino, con el cual contrastaban, además, por los escasos volúmenes de exportación y densidad demográfica.

Nicaragua sufrió la ocupación estadounidense en varias ocasiones, entre 1909-1910, 1912-1925 y 1926-1933. A diferencia de las intervenciones en otros países, justificadas por el mero pretexto de poner en orden las finanzas públicas, en Nicaragua pesó el interés de Estados Unidos de asegurar la posibilidad de construir un canal interoceánico.

En 1893, una revuelta liberal conducida por el general José Santos Zelaya puso fin a la dominación conservadora de cerca de tres décadas, derrocando al Gobierno de Roberto Sacasa (electo en 1891 para cumplir un mandato de cinco años). Los liberales defendían los intereses de la economía agroexportadora del café que los sectores más tradicionales ligados al comercio y la ganadería mal habían sabido atender. Así, bajo la dominación liberal, se dio un proceso de colonización de tierras y expansión de las haciendas, y se avanzó sobre las comunidades indígenas y la Iglesia. Zelaya fue reelegido en 1899. Durante este Gobierno se exacerbaron los conflictos con Estados Unidos, principalmente por la pretensión de Zelaya de negociar con otras potencias la construcción de un canal que aprovechara el cauce del río San Juan y los lagos de Nicaragua (o Cocibolca) y Managua, unidos, a su vez, por el río Tipitapa.

En efecto, las relaciones con Estados Unidos se tensaron cuando Zelaya mostró intenciones de disminuir la dependencia respecto de ese país, para lo cual canceló concesiones a compañías de ese origen e intentó interesar a Gran Bretaña, Alemania e incluso Japón en proyectos de cooperación, entre ellos el central de la construcción del canal.

En 1909, Zelaya fue obligado a renunciar y en 1910 los conservadores se hicieron del poder en Managua, nombrando como presidente a Juan José Estrada. La victoria de las fuerzas conservadoras se logró gracias al apoyo financiero y logístico de Estados Unidos. Por el Tratado de Dawson de 1911, el presidente autorizó al Gobierno de ese país a intervenir en los asuntos financieros. La delegación de soberanía acordada en 1911 sirvió de marco legal para la ocupación norteamericana entre 1912 y 1933.

En 1911 ausmió la presidencia Adolfo Díaz (1911-1917). Bajo su Gobierno, se firmó el Tratado Bryan-Chamorro por el cual Nicaragua concedió a Estados Unidos el derecho perpetuo a construir el canal interoceánico. Asimismo, Nicaragua concedió a ese mismo país un control más estricto sobre las aduanas, el Banco Nacional y los ferrocarriles, más la cesión por 99 años de las islas del Maíz y el derecho a instalar una base naval en el golfo de Fonseca. En 1925, los marines se retiraron pero enseguida estalló una nueva guerra civil. La lucha fue declarada por el Partido Liberal en 1926. La insurrección finalmente terminó con una conciliación con los conservadores, que los norteamericanos obviamente estimularon. Pero la violencia continuó y Estados Unidos decidió una nueva intervención. Contra ella se levantó Sandino, que había participado de la revuelta liberal pero que consideró la paz como una traición. Al frente de un pequeño ejército –el “General de Hombres Libres”, como lo llamara Henri Barbusse– llevó adelante una lucha que se tornó símbolo de la resistencia antiimperialista, incluso más allá de su asesinato en 1934.

Entre 1926 y 1929, Díaz ocupó la presidencia por segunda vez. Como condición impuesta por la intervención norteamericana, se abolieron todas las fuerzas de represión del país y se creó la Guardia Nacional, comandada inicialmente por oficiales nombrados por el Gobierno de Estados Unidos –condición que ya estaba vigente en Haití y que luego adoptaría también República Dominicana–. En unas elecciones muy reñidas, en 1928 resultó electo el general liberal José María Moncada (1929-1933), quien adoptó posiciones muy poco diferenciables de las asumidas por los conservadores. Sandino optó entonces por continuar la lucha, considerando a Moncada un traidor y enfrentándose con firmeza a las tropas extranjeras. Mientras tanto el Gobierno de Estados Unidos creía firmemente en que la Guardia Nacional en manos de infantes norteamericanos sería capaz de derrotarlo.

A diferencia de El Salvador (y de Guatemala), donde había unas clases dominantes con tradición política y con capacidad para imponer sus demandas al Estado, en Nicaragua la intervención de Estados Unidos prácticamente redujo a las clases dominantes, conservadoras y liberales, a la condición de agentes obsecuentes de la penetración imperialista.

En 1933, los marines se retiraron por completo de Nicaragua. La decisión había sido tomada en 1931 en medio de circunstancias propicias (y antes de inaugurada la “política del buen vecino”): la oposición dentro de Estados Unidos a la intervención militar en la región, la oposición creciente alentada por algunos gobiernos latinoamericanos en el seno de la VI Conferencia Panamericana, celebrada en La Habana en 1928, y la debacle económica provocada por efecto del crack de 1929, que restó importancia a la necesidad de construir un canal en el país (con la Depresión el canal de Panamá tenía capacidad ociosa).

Sandino no cejó en su lucha al frente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN). En las filas de este ejército había oficiales nacionales y de otros países latinoamericanos. Entre ellos descolló el salvadoreño Agustín Farabundo Martí, quien alcanzó el grado de coronel. Hacia 1929, Sandino había perdido sus mayores apoyos, especialmente de la Internacional Comunista, que lo señalaba como jefe liberal pequeñoburgués. Asimismo, en la propia Nicaragua, fracasaba en la edificación de un brazo político para el EDSN. En 1932, triunfó el candidato liberal Juan Sacasa, quien promovió una política de conciliación entre Sandino y el Gobierno. En febrero de 1933 se firmó la paz, pero las tensiones continuaron puesto que ese acuerdo nada decía acerca de la intervención militar de Estados Unidos y el carácter anticonstitucional de la Guardia Nacional (Bulmer-Thomas, 2001: 155-156). Somoza, prototipo de dictador, estaba por entonces al frente de la Guardia Nacional. Fue él quien en febrero de 1934 engañó a Sandino y lo asesinó, junto a un grupo de sus seguidores.

Por mandato constitucional, Somoza estaba impedido de ser candidato a la presidencia en lo inmediato. Las condiciones fueron propicias dos años más tarde, cuando renunció a su cargo de jefe director de la Guardia Nacional, seguro de contar con un fuerte capital político, recientemente incrementado a partir del cambio de ministros de Estados Unidos (frente al anterior había incumplido su promesa de no arremeter contra Sandino). A mediados de 1936 se fundó el Partido Liberal Nacionalista (PLN) para lanzar su candidatura. El 1º de enero de 1937, asumió la doble posición de presidente y jefe director de la Guardia Nacional.

Somoza ganó cierto apoyo de las clases terratenientes con la devaluación del córdoba, lo cual redundó en un importante impulso a las exportaciones agrícolas, en particular de café. Si bien el costo de vida aumentó significativamente, esto afectó menos a los miembros de la Guardia Nacional, que obtuvieron espectaculares aumentos salariales, y a los miembros del sector exportador, que tuvieron un aumento de los precios nominales de sus productos. Todo esto sirvió para unificar a la clase política tras el liderazgo de Somoza, quien después de la reunión de una Asamblea Constituyente fue declarado presidente por ocho años (hasta 1947).

Somoza contó con el apoyo de Estados Unidos, país que colaboró en la formación de oficiales de la Guardia Nacional y ofreció préstamos y apoyo financiero, en particular para la construcción de una carretera que comunicara la costa del Atlántico con la del Pacífico. El estallido de la Segunda Guerra Mundial privó a Nicaragua de uno de los principales mercados que habían servido para paliar los críticos años de la Depresión: los de Alemania. En diciembre de 1941, cuando Estados Unidos entró en el conflicto bélico, Somoza inmediatamente se alineó declarando la guerra a las potencias del Eje. Durante la guerra, las exportaciones se multiplicaron por tres, sin que tuviera correlato igual en las importaciones y, en consecuencia, los precios subieron. Esta situación fue aprovechada por la familia Somoza, que durante este período aumentó desmedidamente su fortuna. El sistema de corrupción ya vigente se potenció con la coyuntura, pues el Gobierno decidió la expropiación de tierras y empresas de los capitalistas de las potencias del Eje, tierras que pasaron inmediatamente a manos de la dinastía Somoza.

Frente a los trabajadores el dictador adoptó una posición ambigua. Algunas reformas sociales fueron inscriptas en la Constitución de 1938 y otras fueron objeto de promesas reiteradas pero no efectivas, en particular la de promulgar un Código de Trabajo –que mantuvo al movimiento obrero si no subordinado por lo menos expectante y en una posición no confrontativa–.

Las tensiones más significativas se articularon con la oposición liberal y conservadora. En 1947, Somoza fue sucedido por un antiguo opositor señalado como candidato por el propio dictador. Cuando el hombre elegido, Leonardo Argüello, dio muestras de autonomía Somoza ordenó un golpe de Estado que colocó al frente del país a su tío, Víctor Román y Reyes. El Gobierno de Estados Unidos presionaba desde hacía unos años por la democratización y por ende no reconoció al gobierno militar impuesto por Somoza. Sin embargo, la habilidad del dictador torció el rumbo de los acontecimientos. Tras invadir Costa Rica en apoyo del Gobierno de Picado, como se ha visto, un Gobierno respaldado por el PC, Somoza obligó al Gobierno estadounidense a reconocer a Román y Reyes. En 1951, Somoza resultó electo tras un pacto con el conservador Emiliano Chamorro (presidente entre 1917 y 1920 y por un breve lapso en 1926), pacto que signó la convivencia de la familia Somoza y los conservadores en el poder durante los siguientes decenios.

Sobre todo a partir de la difundida visión de los trabajos editados por Juan J. Linz y Houchang E. Chehabi (1998), muchos autores han coincidido en señalar que el régimen de la dinastía Somoza en Nicaragua (1936-1963 y 1967-1979) fue típicamente “sultanístico” –tipo al cual se añaden comúnmente también los casos de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana (1930-1952, continuado por su hermano hasta 1961) y de la dinastía Duvalier en Haití (1957-1986) y a veces incluso el caso de Fulgencio Batista en Cuba–.

Dicho brevemente, el sultanismo se caracteriza por el ejercicio personalista y arbitrario del poder, sin límites ni legales ni racionales, y por la existencia de un jefe frente al cual los súbditos obedecen por el terror pero también por la expectativa de recompensa. En este tipo de dominación, los súbditos se encuentran en una situación de sujeción a una autoridad no solo despótica sino también impredecible. El régimen se articula a través de relaciones de corrupción generalizada. El cuerpo administrativo está compuesto, en general, por miembros de la propia familia (natural o extensa) del dictador y la fuerza militar responde directamente al poder personal del jefe. Otra característica definitiva de los regímenes sultanísticos es que al caer, la transición a un régimen democrático es compleja, si no lejanamente posible, en buena medida, por las escasas instituciones que para tales efectos existen, circunstancia a su vez resultante del excesivo personalismo. Es evidente que la centralización del poder en un solo hombre y la extrema violencia son fuertes inhibidores de la creación institucional.

Honduras ofrece una construcción estatal y societal mucho más precaria. En este caso, el proceso de construcción del orden ni siquiera tuvo el rasgo de sultanismo que algunos señalan en el proceso nicaragüense (y en el dominicano, como veremos enseguida).

Hacia 1930, Honduras era un país extenso con una población extremadamente reducida. Por añadidura, las comunicaciones internas eran malas y la demarcación política del territorio todavía era objeto de disputas. Así, los atributos propios de la forma estatal nacional eran apenas visibles. Un dato que ilustra de modo cabal la precariedad de la formación del Estado nacional es la ausencia de una línea de ferrocarril o de una carretera que conectase la capital administrativa del país, Tegucigalpa, con los centros de producción más dinámicos, los de la costa atlántica, sujetos a la explotación de enclave.

Desde 1901 hasta fines de los años veinte, según se ha visto en el capítulo 4, Honduras vivió una fase de auge de la explotación de la banana, en manos de la Cuyamel Fruit Company, la Standard Fruit and Steamship Company y la United Fruit Company. Hasta la crisis abierta con el crack de 1929, Honduras fue el primer productor mundial de banano. En 1921, la UFCo fue adjudicataria del monopolio de los servicios radiotelefónicos y radiotelegráficos del país. Esta compañía frutícola, junto a la Zemurray’s Cozumel (que en 1929 fue absorbida por la poderosa UFCo), financiaban a los dos grandes partidos políticos hondureños, el Nacional y el Liberal Constitucional, respectivamente. En opinión de James Cockcroft (2001: 225-226), ellas gobernaban el país por intermedio de ambos y con ayuda de los marines hicieron de Honduras un país ocupado.

En 1923 estalló una guerra civil, cuando el enfrentamiento entre los dos partidos no pudo resolverse por los canales institucionales. Ninguno de los tres candidatos obtuvo la mayoría absoluta, ni el general Tiburcio Carías Andino (por el Partido Nacional), ni el ex presidente Policarpo Bonilla ni Juan Ángel Arias (candidatos del Partido Liberal, que se presentaba dividido). Los infantes de marina desembarcaron para “proteger los intereses norteamericanos” y, de hecho, para fortalecer la posición de los nacionales, es decir, de Carías, el futuro dictador. Ocuparon el país entre el 28 de febrero de 1924 y el 21 de abril de 1925. Entre 1924 y 1928 gobernó Miguel Paz Baraona (candidato a vicepresidente en la fórmula que integraba con Carías); en 1928, este fue sucedido por el liberal Vicente Mejía Colindres, triunfante en los comicios; y, en 1932, las elecciones definieron a Tiburcio Carías Andino como presidente de la República.

Esta excepcional secuencia de práctica democrática fue efímera. La crisis económica internacional puso en evidencia la fragilidad del pacto de dominación. A partir de 1932, la situación económica, que hasta entonces se había beneficiado de la decisión de las compañías extranjeras de concentrar la producción bananera en las plantaciones de Honduras, empeoró sensiblemente cuando las mismas compañías comenzaron a paliar la crisis con la baja de salarios. Hubo huelgas y se acentuó la crisis fiscal. También hubo algunas revueltas liberales, todas fracasadas. Frente a esta situación, Carías enseguida se inclinó por una solución de centralización del poder, de signo cada vez más autoritario.

En 1936 convocó a una Asamblea Constituyente que elaboró un nuevo texto, el cual derogó la prohibición de la reelección inmediata, extendió el mandato presidencial de cuatro a seis años y restituyó la pena de muerte. Carías fue electo presidente bajo la nueva Constitución, hasta 1943. Pero su mandato se prorrogó cuando, en 1939, el Congreso lo confirmó en el poder hasta 1949. Si bien la situación política empeoró a partir de 1944, cuando cayeron los dictadores de las vecinas repúblicas de Guatemala y El Salvador, Carías pudo sostenerse hasta el final del período previsto. Como ya se ha dicho, se trataba de un país mucho más dominado por los intereses extranjeros y en el cual la diferenciación institucional y la complejidad social eran sensiblemente más precarias.

En República Dominicana, como ya se ha adelantado, la dominación tradicional asumió rasgos de sultanismo. El país había logrado su soberanía en 1865. Desde entonces hasta la presidencia de Juan Isidro Jiménez en 1914, atravesó una fase de continuada inestabilidad.

Jiménez asumió como presidente por primera vez en 1899 pero su mandato quedó trunco por las rivalidades con su vicepresidente, Horacio Vázquez, quien lo depuso y asumió inmediatamente el poder. Recién en 1914, con el apoyo de Estados Unidos, Jiménez volvió a ocupar la presidencia, aunque otra vez nuevas tensiones dieron un abruto fin a su mandato. Como en Nicaragua, Estados Unidos intervino militarmente para hacerse cargo de los controles aduaneros, apropiándose de los fondos suficientes para cubrir el monto de la deuda con las compañías norteamericanas. Jiménez expresó su disconformidad (seguramente, influyó la ocupación militar de Haití por los norteamericanos), pero su ministro de Guerra y Marina, Desiderio Arias, se sublevó en abril de 1916 y abrió el camino a la invasión de Estados Unidos (mayo) y a la caída de Jiménez (julio).

Jiménez fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal, quien, sin embargo, no pudo consolidarse y, finalmente, el presidente norteamericano Woodrow Wilson dispuso, el 29 de noviembre de aquel año, que el país estaba ocupado, sometido al ejercicio de la ley militar de los marines y sujeto al gobernador militar norteamericano, el capitán H. S. Knapp. La ocupación duró ocho años.

El nuevo gobierno disolvió la Marina de Guerra y la Guardia Republicana, y las reemplazó por la Guardia Nacional, entrenada conforme el patrón de los infantes de marina estadounidenses. La intervención impuso una fase de estabilidad forzosa durante la cual el Estado adquirió cierta diferenciación institucional. Seguramente influyó el breve ciclo de bonanza económica –conocido como “Danza de los Millones”– generado por el aumento de la demanda de azúcar de caña, tabaco, café y cacao dominicanos, cuyos precios en el mercado internacional se incrementaron también.

En 1921, la caída estrepitosa del precio del azúcar provocó una fuerte crisis. En el mismo momento, recrudecían las campañas internacionales en contra de la presencia militar norteamericana, estimuladas por la elección de Warren Harding (1921-1923) en Estados Unidos, partidario de dar fin al intervencionismo militar. En esa coyuntura se llegó al acuerdo Peynado-Hughes, que preparó las condiciones para las elecciones que se realizaron en 1924, tras las cuales Estados Unidos retiró sus marines del territorio dominicano. Pero la recuperación de la independencia estuvo fuertemente limitada, pues el acuerdo ratificó la vigencia de la Convención de 1907, con lo cual los norteamericanos continuaron controlando las aduanas y ejerciendo el derecho de autorizar o no eventuales endeudamientos públicos.

Al retirarse los marines, Dominicana tenía una estructura social más compleja y un Estado más consolidado. Entre 1924 y 1930 hubo una nueva fase de inestabilidad política, generada por los conflictos entre los sectores dominantes, de los cuales ahora formaba parte también el general Rafael Leónidas Trujillo. La corrupción generalizada favoreció a Trujillo, quien acumuló el capital económico y político que sirvió de base a su dictadura (1930-1938 y 1942-1952), convirtiendo el control que ejercía sobre la Guardia Nacional en una actividad más que rentable en términos personales y acaparando el monopolio de la sal, la carne y otros productos. Su esposa, María Martínez, fue administradora de varios de estos negocios.

Trujillo dio un golpe de Estado en septiembre de 1930, inaugurando una fase de larga estabilidad política, bajo un régimen de dictadura patrimonialista que algunos señalan como sultanística. Paradójicamente, República Dominicana, que había pasado por innumerables intentos frustrados de construcción estatal nacional, pudo consolidar el orden durante los críticos años treinta. Claro está que se trató de un orden férreo, donde las manifestaciones de disidencia fueron duramente reprimidas. El caso más notorio es tal vez el de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), luchadoras antitrujillistas asesinadas por la dictadura en noviembre de 1960.

El régimen inaugurado por Trujillo soportó las exigencias de democratización política de la segunda posguerra y continuó indemne hasta 1961. En esta larga experiencia se destaca la promoción a la industrialización, sin duda una vía de crecimiento económico que el dictador explotó en beneficio propio. Las industrias se crearon sobre la base de una planta artesanal y manufacturera ya existente y considerablemente diversificada. Desde luego el carácter monopolista de este proceso tuvo consecuencias nefastas para el país, elevando a niveles extraordinarios la pobreza y el endeudamiento externo. Asimismo, en su afán de incrementar su poder personal, Trujillo avanzó exitosamente en la afirmación de la independencia, mediante la recuperación de la potestad estatal de administrar sus aduanas, lograda con el tratado Trujillo-Hull firmado en 1941.

En 1952, Trujillo entregó el mando a su hermano Héctor, quien gobernó desde 1952 hasta 1961, cuando tras las sanciones impuestas por la OEA por su intento de asesinar al presidente venezolano Rómulo Betancourt fue obligado a dejar el mando.

Roberto Cassá (1982: 673, 700, 678 y 699) encuentra rasgos y componentes del trujillato más complejos de los que podría sugerir una dictadura de corte tradicional. Para el autor, la dictadura de Trujillo desempeñó un papel central en la conformación del capitalismo como modo de producción dominante y predominante en la sociedad dominicana, dejando “un pesado fardo estructural” que todavía se hacía sentir a comienzos de los años ochenta (cuando el libro fue escrito). Su explicación atiende tanto a elementos estructurales de larga y media duración –internos y externos– cuanto a otros meramente coyunturales: “la instalación de la dictadura trujillista fue el resultado histórico de las tendencias acumulativas hacia el surgimiento de un Estado moderno de carácter capitalista” en el contexto de redefinición de las relaciones de dependencia. En sus orígenes constituyó “la mediación necesaria entre el viejo esquema de reproducción ampliada del sector agroexportador y los nuevos esquemas salidos de la crisis de este”. En una perspectiva de larga duración, el trujillato fue el resultado de “la alternativa básica entre despotismo y caudillismo [que] llevaba implícita la tendencia dominante a la organización despótica del Estado dominicano, a manera de respuesta a las insuficiencias de la sociedad civil”. Ese predominio del primero sobre la segunda fue coronado durante los años de la ocupación norteamericana.

Así, argumenta Cassá, el trujillato se construyó como un régimen político con una “autonomía radical del aparato del Estado” respecto de la clase dominante y, posteriormente, el propio imperialismo. Expresó simultánea y articuladamente los intereses inmediatos del imperialismo norteamericano y del sector monopólico azucarero dominicano que, para su salvaguardia, debieron ceder al Estado, para que las manejase discrecionalmente, porciones significativas de poder político. La amplitud de la autonomía relativa del Estado fue tal que hizo posible “variaciones sustanciales en las relaciones entre los diversos sectores internos de poder económico […], llegando a la subordinación de las corporaciones azucareras al interés –a la larga tornado hegemónico– de la acumulación trujillista”. Más aún –y permítasenos una larga cita esclarecedora–, esa amplia autonomía relativa del Estado “permitió y fue el mecanismo instrumental específico para que ella misma se retroalimentara y se fortaleciese mediante la aparición del rasgo histórico acaso más original de toda la tiranía trujillista”: la creación, por el Estado, con la intermediación personal del dictador, en tanto capitalista, de “su propia base de sustentación económica”, ampliando así “el margen de autonomía respecto a los factores tradicionales. Esa nueva base económica subordinó en el propio plano económico a todos los sectores tradicionales; desde el punto de vista cualitativo de funcionamiento del sistema, al poco tiempo de instalado el trujillato y, desde el punto de vista de la cuantía bruta de formación de capitales, sobre todo a partir de la Segunda Guerra. De tal manera, se configuró en la República Dominicana, como expresión sobresaliente del esquema trujilista de dominación, una centralización tendencialmente creciente del capital en sectores extremadamente reducidos que finalmente confluían en la propia persona del déspota” (Cassá, 1982: 701-704; itálicas nuestras).

Pese a su singularidad, el Estado trujillista no dejó de ser, nunca, capitalista y de clase. “Al contrario, en las condiciones históricas en las que tuvo lugar la génesis del esquema trujillista de dominación, el despotismo criminal fue la única alternativa que podía tener la dominación burguesa para perpetuarse en condiciones de ‘normalidad’. […] El trujillismo era, pues, la dictadura de la burguesía como clase, solo que con una versión en extremo original, ya que la dictadura se plasmaba en el control del déspota sobre los sectores dominantes”. La clase dominante quedó subordinada, sí, pero su interés de clase no fue afectado y siguió reproduciéndose, en tanto “la relación del Estado con las clases explotadas fue coadyuvar a la reproducción y profundización de las relaciones de explotación, incluso en las modalidades tendencialmente más negativas para sus intereses, y ello estaba dado por la articulación que ejercía el Estado de los desniveles en las relaciones de producción entre los métodos capitalistas modernos con las formas bárbaras y criminales de la represión social y política” (32) (Cassá, 1982: 715-716; las itálicas son nuestras).

Otra característica de la dictadura de Trujillo fue el total predominio de los organismos encargados de la represión política directa, los cuales funcionaron bajo la óptica de la desconfianza del propio dictador, “quien los sometía a mecanismos extraordinarios de control y de confrontación entre sí”. La desconfianza fue aún mayor en el caso del ejército regular, habida cuenta de la experiencia personal de Trujillo en la toma del poder y de las varias conspiraciones que se produjeron en la fuerza durante los años treinta.

La dictadura se ejerció apelando a un entramado de delaciones, censura, autocensura, amenazas y la brutal aplicación de crímenes, torturas, despojo económico, encarcelamiento, trabajos forzados “y otros abusos de variada gama”, todo ejecutado en el máximo silencio posible, incluso mediante la compartimentación entre los propios organismos represivos (Cassá, 1982: 771-712).

En Cuba, la década de 1920 se abrió con una intensa agitación ideológica y social por efecto de la crisis del azúcar, que puso en evidencia la perniciosa situación de dependencia. Diversos grupos reclamaron la democratización, entre ellos los intelectuales, jóvenes universitarios influenciados por la reforma argentina, que pedían el reconocimiento de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), imbuidos del clima antiimperialista de la época. También se movilizó el movimiento obrero, que se organizó en la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC). Esta organización abrevaba en el anarcosindicalismo, el reformismo y el comunismo. Por su parte, el PC se fundó en 1925, como ya se ha visto, bajo el liderazgo de Julio Antonio Mella, quien moriría asesinado en México cuatro años más tarde.

En las elecciones presidenciales de 1924 triunfó el general Gerardo Machado, candidato de la Liga Nacional, un frente de liberales y conservadores. El Gobierno construyó su legitimidad sobre bases y consignas amplias. Pero pronto la represión se impuso como forma de ejercicio del poder hasta cristalizar en el quiebre de la legalidad en 1927. Enseguida, Machado convocó a una Asamblea Constituyente que lo erigió presidente, sumándose así a la lista de dictadores que llegaron al poder por la vía de elecciones. La dictadura de Machado fue ferozmente represiva, tanto que le valió el mote de “Carnicero”. Una de las tantas prácticas fue la de “hacer arrojar a la bahía de La Habana los cadáveres mutilados de prisioneros políticos” (Mires, 1988: 287). Según un periodista del New York Times, el asesinato de los opositores “alcanzó la dignidad de un arte político” (apud Cockcroft, 2001: 347).

La oposición se articuló eficazmente, sobre todo cuando la crisis de 1929 debilitó gravemente al Gobierno. Particular fuerza tuvieron los obreros y los estudiantes, que fueron también el principal blanco de la represión cada vez más desesperada del machadismo. Es que, en efecto, la Universidad de La Habana se convirtió en “el foco catalizador de la lucha en contra de Machado”, bajo la dirección del Directorio Estudiantil Universitario, que liderado por Antonio Guiteras “no fue una simple entidad universitaria sino un movimiento político que desarrolló una línea de enfrentamiento directo con la dictadura, poniendo en práctica formas de lucha armada de carácter urbano e incluso rural”. Era, sin duda, la organización antimachadista más activa. Le seguía, con relativa importancia, el ABC, organización surgida luego de la derrotada conspiración encabezada por Mario Menocal y Carlos Mendieta, en agosto de 1932, con una base social más heterogénea que la del Directorio: además de intelectuales y universitarios había empleados y algunos sectores obreros. Tenía cierta afinidad ideológica con el aprismo y de hecho hizo suya la tesis de Haya de la Torre, según la cual en América Latina el imperialismo era la primera, no la última, fase del capitalismo. Impulsaba “la formación de un Estado de tipo corporativo, el desarrollo de una industria local y un nacionalismo ideológico difuso y retórico con características antinorteamericanas” (Mires, 1988: 284).

En 1930, Machado declaró: “en este país no habrá huelga que dure más de veinticuatro horas”. La respuesta fue una declaración de huelga general que duró más de ese tiempo, paralizando a todo el país. El punto culminante de la ofensiva contra el dictador se produjo en agosto de 1933: el 4, comenzó una pequeña huelga de autobuses, que, el 7, se transformó en una gran huelga general, en momentos en que Estados Unidos y la Iglesia Católica retiraban su apoyo a Machado. “Prácticamente todos los partidos –con la excepción del PC que por entonces atravesaba por una de sus desviaciones más sectarias llamando, completamente aislado, a formar soviets (!)– se pronunciaban por la pronta caída de la dictadura. En esas condiciones, Machado sería derribado el 12 de agosto por un movimiento de masas incontenibles” (Mires, 1988: 287-288). La violencia continuó aun después de su dimisión, convirtiéndose en una verdadera revolución política (Celia y Soler, 2003).

Carlos Manuel de Céspedes y Quesada –hijo del Gran Céspedes, el patriota de la lucha por la independencia– fue elegido presidente provisional, pero su ejercicio duró apenas del 12 de agosto al 4 de septiembre. Este mismo día se produjo la sublevación del “movimiento de los sargentos”, dirigido por Pablo Ramírez, un sargento de tendencia socialista. De resultas de ella se constituyó una junta revolucionaria, alternativa al Gobierno. Entre los partícipes se encontraba el sargento taquígrafo Fulgencio Batista. Los sublevados se unieron al Directorio proclamando la “reagrupación revolucionaria de Cuba”. Céspedes fue destituido y el Gobierno entregado a una Pentarquía, conformada por civiles (Ramón Grau San Martín, Sergio Carbó, Porfirio Franca, José Miguel Irisarri y Guillermo Portela y Möller), otorgando la conducción militar a Batista, ascendido a coronel.

Batista tenía todo el apoyo de Benjamin Sumner Wells, embajador especial de Estados Unidos. Este país no reconoció a la Pentarquía. El Gobierno norteamericano, que todavía gozaba de la prerrogativa de intervención militar otorgada por la Enmienda Platt, temió un giro a la izquierda y envió treinta navíos de guerra a varios puertos cubanos, aunque sin desembarcar. Después de solo cinco días, la Pentarquía fue disuelta y reemplazada por la presidencia unipersonal de Grau San Martín (profesor de Fisiología de la Universidad de La Habana). Inicialmente, contó con el apoyo del Directorio Estudiantil y el sostén de las Fuerzas Armadas, pero luego debió enfrentar la descomposición de las fuerzas que habían apoyado la revolución, ahora firmes opositoras a su Gobierno. Sin medios ni fuerzas suficientes para mantenerse en el cargo, Grau San Martín –objeto de ultimátum por parte de Batista y del embajador norteamericano, Jefferson Caffery– renunció, tras cuatro meses y cinco días de ejercicio, de ahí la denominación de “Gobierno de los Cien Días”.

Pese a la corta duración, su presidencia produjo cambios importantes, en particular los decretos impulsados por su joven secretario (ministro) de Gobernación, Guiteras: creación de la Secretaría de Trabajo; leyes de la jornada laboral de 8 horas y del jornal mínimo; rebaja de los precios de las mercancías de primera necesidad y de las tarifas eléctricas; institución del Sistema de Seguros y Retiros para los trabajadores; intervención de la Compañía Cubana de Electricidad (de capitales estadounidenses); reparto de tierras y elaboración de proyectos de colonización; depuración de los organismos estatales, entre otras medidas. A ellas se sumó la intención de convocar a una Asamblea Constituyente que debía reformar la Constitución y abolir la Enmienda Platt. Guiteras, militante antiimperialista, era consciente de que los decretos eran un duro ataque a Estados Unidos. No extraña que quienes no estaban interesados en un cambio más radical conspirasen exitosamente contra tal Gobierno (33).

El sucesor inmediato de Grau, el ingeniero Carlos Hevia, solo estuvo en el cargo pocas horas, siendo reemplazado, el 16 de enero de 1934, por el coronel Carlos Mendieta y Montefur, veterano distinguido del Ejército Libertador y de las luchas políticas de la Cuba independiente, con destacada participación en la oposición antimachadista. Mendieta aceptó con la certeza del reconocimiento diplomático (y la “ayuda económica”) del Gobierno norteamericano de Roosevelt y el apoyo del Ejército Constitucional comandado por el coronel Batista. Comenzó su gestión con algunos logros: una buena zafra (es decir, empleo para los trabajadores y divisas para el país) y un nuevo convenio azucarero con Estados Unidos. Pero sin duda fue decisiva la modificación del Tratado de Relaciones Permanentes de Cuba con Estados Unidos, del cual quedó suprimida la Enmienda Platt.

No obstante, Mendieta también encontró oposición interna. Mientras Batista se ocupaba de arrasar con los restos del machadismo (masacre de octubre de 1933) y, sobre todo, del guiterismo, Grau San Martín constituía el Partido Revolucionario Cubano Auténtico (PRC). Los estudiantes universitarios, agrupados en el Ala Izquierda Estudiantil y en Izquierda Democrática, liderada por Eduardo Chibás, se movilizaron intensamente, al igual que los trabajadores sindicalizados. Las huelgas, urbanas y rurales, se tornaron frecuentes, y aunque las tropas comandadas por Batista ocuparon las fábricas y asesinaron a los trabajadores en huelga (Cockcroft, 2001: 347), la agitación continuó hasta culminar en la masiva huelga general de marzo de 1935, cuya consigna central era inequívocamente política: “Gobierno constitucional sin Batista”. Como en 1933, aunque no tuvo las mismas dimensiones, la huelga surgió de un reclamo puntual y se expandió espontáneamente, pese a que las organizaciones políticas que la apoyaron –PRC, Joven Cuba, PC y ABC– fueron incapaces de definir un programa común. El Gobierno la reprimió brutalmente, se cerró la universidad, se ilegalizó a los sindicatos y se suspendieron las garantías constitucionales. Ella ha sido considerada el canto de cisne de la revolución de 1933.

Lucía Celia y Lorena Soler (2003) acotan que mientras la huelga general de agosto de 1933 contribuyó a, si no logró, derribar la dictadura de Machado, la de marzo de 1935 permitió el fortalecimiento de Batista. En ese contexto de pérdida de radicalismo y afianzamiento de Batista, el PC llegó a un acuerdo con este para participar en las luchas electorales. Este viraje en la estrategia del PC es explicable en el marco de los frentes populares promovidos por la III Internacional. Al respecto, el dirigente comunista Blas Roca explicaba: “Batista ha dejado de ser el punto focal de la reacción para convertirse, en cambio, en el punto focal de la democracia”. A su turno, Batista definió al PC como “un partido democrático que persigue sus fines dentro del marco de un régimen capitalista y ha renunciado a la violencia como método político”. Los comunistas acordaron apoyar los planes de Batista para la Asamblea Constituyente a cambio de la legalización del Partido y de los sindicatos bajo su dirección. Así, en 1939 se fundó la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC).

Pese a su política represiva, Mendieta no pudo contener el crecimiento de la oposición a su Gobierno, la cual le llevó a renunciar en diciembre, reemplazándolo, provisionalmente, José Barnet. Durante su mandato, fue suprimida la Corporación Exportadora Nacional de Azúcar, creándose en su lugar el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar, constituido por representantes de los hacendados y de los colonos, con intervención y fiscalización del Gobierno. También fue promulgado el Código de Defensa Social, de materia penal, en sustitución del colonial de 1870, todavía vigente.

En las elecciones presidenciales de 1936 –primeras desde 1925– se impuso la fórmula integrada por Miguel Mariano Gómez Arias (prestigioso ex alcalde de La Habana, hijo del general José Miguel Gómez, también del Ejército Libertador y segundo presidente de Cuba, 1908-1912) y el coronel Federico Laredo Brú. Pese a que resultó triunfante, Gómez carecía de apoyo político suficiente, siendo minoría en el Congreso, lo cual obstaculizó su breve gestión. Justamente, fue depuesto del cargo por el Poder Legislativo en diciembre de ese año. Laredo Brú –como Mendieta, veterano del Ejército Libertador y las lides políticas– llevó adelante un Gobierno caracterizado como “de reconstrucción”. La Universidad de La Habana reinició sus actividades en abril de 1937 y fue declarada autónoma. Los pequeños colonos se vieron favorecidos por la Ley de Coordinación Azucarera y los grandes productores por la firma del Convenio de Londres (una y otro en 1937), para la reglamentación de la producción y venta del azúcar. Una ley de amnistía dejó sin efecto las penas impuestas no solo a los acusados y/o condenados por los llamados delitos políticos y sociales cometidos desde agosto de 1933, sino también a todos los castigados por la dictadura de Machado. Por otro lado, un indicador de su política y su pensamiento está ejemplificado por el penoso acto de negar la entrada a Cuba de los más de 900 refugiados judíos que en el crucero San Luis llegaron al país en virtud de las visas concedidas por el propio Gobierno cubano en 1939. Al no poder desembarcar en Cuba, tuvieron que regresar a Alemania, donde la mayoría fue asesinada en los campos de concentración nazis.

En noviembre de 1939 se realizaron las elecciones para convencionales constituyentes. Constituida por representantes de ocho partidos, la Asamblea sesionó en La Habana entre febrero y junio de 1940. La nueva Carta dio rango supremo a las demandas políticas y sociales expresadas durante la revolución de 1933, particularmente al institucionalizar los derechos de ciudadanía social. También estableció, en lo atinente al régimen de propiedad de la tierra, la supresión del latifundio y la nacionalización del subsuelo. Se trataba de una de las Constituciones más progresistas de la época. No obstante, su aplicación fue mínima, de ahí la denominación de “Constitución virgen”.

Las elecciones generales se realizaron en julio de 1940, siendo los dos principales candidatos a la presidencia Batista, por la Coalición Socialista Democrática, y Grau San Martín, por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico. El militar ganó la contienda y se convirtió en el primer presidente cubano electo de modo efectivamente democrático (dentro de los cánones de la democracia representativa capitalista): voto universal (que por primera vez incluyó a las mujeres), libre participación de los partidos políticos y mecanismos electorales transparentes.

Mendieta, Gómez y Laredo Brú, sintetiza Mires (1988: 291), “realizaron el trabajo sucio de eliminar a los sectores más radicales. De este modo, desde 1934 hasta 1940 gobernó un régimen batistiano sin Batista”. En 1940, las cosas ocuparon su lugar: el hombre que detentaba el poder real lo ejerció con el máximo de legitimidad.

Batista construyó un importante consenso en torno a su figura por el amplio programa de avanzada que levantó: diversificación productiva, regulación de la industria del azúcar y el tabaco, beneficios sociales para los trabajadores y extensión de la enseñanza a zonas rurales. En la ejecución de su Plan Trienal, desempeñó un papel importante el Ejército, en particular en la creación de escuelas rurales cívico-militares para niños y adultos, donde los militares fungían de maestros. Batista –en cuyo Gabinete se desempeñaron dos ministros del PC– dispuso el reparto de tierras del Estado a familias y el aumento de los salarios de los trabajadores. Esto fue posible por el importante flujo de divisas que Cuba obtuvo por la venta de azúcar y mieles a Estados Unidos (que compró la casi totalidad de cuatro zafras sucesivas –1942, 1943, 1944 y 1945–, de las cuales solo se restó una parte para el consumo cubano) para abastecer a la población civil y a las tropas, y para producir alcohol para fabricar explosivos, caucho sintético y otros materiales bélicos. Como veremos más adelante, el Gobierno de Batista decidió sumarse a la guerra contra el Eje inmediatamente después del ataque japonés a la flota norteamericana en Pearl Harbor.

Conforme la Constitución de 1940, la reelección del presidente estaba prohibida (hasta después de dos períodos sucesivos al suyo). Impedido Batista de la competencia, esta se dirimió entre las fórmulas de la Alianza de los Partidos Revolucionario Cubano Auténtico y Republicano (Ramón Grau San Martín-Raúl de Cárdenas y Echagüe) y la coalición formada por los Partidos Liberal, Demócrata, Socialista Popular (comunista) y ABC. En comicios libres, garantidos y tranquilos, la Alianza se impuso con el 55% de los votos.

Muy pronto, Grau San Martín –distante del reformismo de la década anterior– disipó las expectativas populares puestas en su Gobierno. Su política reaccionaria incluyó, a partir de 1946, la persecución de los comunistas y medidas harto favorables a los intereses patronales y norteamericanos. Poco quedaba “del Grau idealista, y el espectáculo de su descenso al mundo de la corrupción política solo agudizó el descontento y la furia moral que consumía a radicales y nacionalistas” (Skidmore y Smith, 1996: 289). Los relativamente altos precios del azúcar en el mercado mundial inyectaron divisas en la economía cubana, generando el incremento desmesurado de la corrupción. El asesinato del dirigente sindical azucarero Jesús Menéndez, al final del mandato, acentuó el malestar popular, del cual buena cuenta dio la impresionante manifestación popular en ocasión del sepelio.

En las elecciones de 1948 triunfó el candidato oficialista, Carlos Prío Socarrás, quien continuó con las persecuciones a los sindicatos, a los comunistas y a los sospechosos de serlo. Asimismo, la corrupción y el latrocinio continuaron incrementándose. Se firmaron pactos militares con Estados Unidos, aunque la oposición popular impidió el envío de tropas a Corea.

En el plano estructural se produjo “una suerte de modernización de las relaciones de dependencia tradicionales”, propiciada por la política del imperialismo norteamericano de realizar inversiones industriales en los países dependientes. Como en otros países, esto implicó la recomposición de “la estructura interna del bloque de dominación”. En un país que no había conocido la ISI, la nueva orientación imperialista llevó, a partir de 1946, a la instalación de algunas industrias y con ellas a un incremento de las contradicciones en el interior de la burguesía cubana, las que, en el fondo, no eran más que las entabladas entre dos tipos de dependencia, la histórica del sector exportador tradicional y la incipiente de la industrialización sustitutiva. Ese aumento de las contradicciones intraburguesas obligó a los gobiernos de Grau y Prío a fungir de árbitros, tal como antes lo había hecho Batista (Mires, 1988: 295-297). Cabe notar, además, que durante los gobiernos de Grau San Martín y Prío Socarrás, Batista siguió detentando el máximo mando militar.

Panamá es un caso próximo al de Cuba en razón de su independencia tardía y una soberanía comprometida por el peso de los intereses norteamericanos. No obstante, esto último tuvo en Panamá un rasgo muy singular: el control directo de Estados Unidos sobre el canal interoceánico.

Hasta 1930, el país estuvo gobernado por un grupo de familias notables, bajo un régimen que solo nominalmente era soberano pues en los hechos funcionaba como un verdadero protectorado. La inauguración de las obras en el Canal coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial, a partir de lo cual Estados Unidos arreció los controles sobre su zona de influencia.

Las protestas populares, la desorganización de la economía y la obsecuencia de las elites dominantes frente a las exigencias de Estados Unidos acusaban la fragilidad de un orden que estaba a punto de estallar. En 1931, el presidente Florencio Harmodio Arosemena fue depuesto por un golpe de carácter nacionalista, o al menos con objetivos de reconstrucción nacional.

A partir de entonces, los hermanos Arnulfo y Harmodio Arias controlaron la escena política. Harmodio fue presidente entre 1931 y 1940. Piloteó los años de la Depresión con cierto éxito, pero aun así no consiguió imponer su reelección y debió ceder el mando a uno de sus favoritos. En 1940, su hermano Arnulfo alcanzó la presidencia y enseguida promovió la sanción de una nueva Constitución, de fuerte carácter nacionalista –que muchos opositores tildaron de fascista–. Arnulfo cosechó apoyos durante un largo período, pero lo hizo desde el exilio, pues en octubre de aquel mismo año fue depuesto por su ministro de Justicia, Ricardo Adolfo de la Guardia, quien contaba con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. Arias articuló un discurso fuertemente nacionalista y hasta xenófobo, y aun así construyó con las clases populares una estrecha relación, no exenta de demagogia.

Los años cuarenta fueron años de agitación, sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, que había extendido la democracia como valor en toda la región. Las tensiones entre las elites dominantes, la presión de los estudiantes organizados y las ambiciones de los miembros de las fuerzas de seguridad dominaron la escena. La conflictividad continuó en la década siguiente. A mediados de 1950 se frustró la firma de un tratado largamente elaborado entre el Gobierno panameño y el norteamericano, por el cual Panamá recuperaba parte de la soberanía arrebatada. El asesinato del presidente en ejercicio antes de que se firmara el acuerdo postergó una vez más las expectativas populares. En 1959, un grupo de estudiantes izó la bandera nacional en la zona del canal. Este hecho es tomado por los historiadores como símbolo de un cambio sustantivo en el proceso de construcción del orden en Panamá, pues a partir de entonces hubo un proceso de deterioro progresivo de las relaciones con Estados Unidos.

El 8 de octubre de 1968, la Guardia Nacional, a través de un golpe de Estado, instauró un Gobierno de orientación nacionalista que, como en el caso de Perú (la Revolución Peruana de ese mismo año), no encajó en ninguna fórmula preestablecida. Los militares tomaron el poder derrocando al presidente electo Arnulfo Arias, quien desde su regreso a Panamá en 1945 había ejercido la presidencia entre 1949-1951 (asumió el cargo después de que se reconociera un supuesto error en el conteo de votos, pero fue depuesto y privado de sus derechos políticos de por vida, aunque le fueron restituidos en 1960); había sido derrotado en las elecciones de 1964 (en una contienda teñida de fraude y corrupción); y había sido electo por tercera vez en 1968.

La Junta adoptó una actitud inesperadamente antinorteamericana, fundamentalmente cuando el general Omar Torrijos tomó las riendas del proceso hacia fines de 1969. Torrijos rechazó el pedido de prórroga de Estados Unidos de su dominio sobre la base aérea Río Hato y, en 1971, expulsó a los Peace Corps, aunque según Rouquié (1984: 362) fue una medida “simbólica”. En el plano económico las transformaciones fueron profundas: se reconoció la sindicalización de los trabajadores de las empresas bananeras norteamericanas, que recibieron el apoyo del Gobierno en los conflictos con sus patrones, y se dictó una legislación laboral a tono con los valores de justicia social que el nuevo Gobierno levantaba. También, se fijó un salario mínimo y se puso en marcha un plan de viviendas que favorecía a las clases populares desposeídas. Frente al capital extranjero, se nacionalizó la principal empresa de gas y electricidad, y se expropió a gran parte de los propietarios extranjeros a través de una reforma agraria gradual, tras la cual se crearon cooperativas y empresas estatales que controlaron la producción de azúcar y banana para la exportación. Así, un dato nuevo fue la creación de la Confederación Nacional Campesina (CONAC).

Como la Revolución Peruana, estudiada en el capítulo 4, el militarismo encabezado por Torrijos tuvo una ideología difusa, implementándose medidas incluso contradictorias con la línea quizá más clara de la política del Gobierno, el nacionalismo. Por ejemplo, Torrijos transformó al país “en un paraíso bancario gracias a una ley ultraliberal en materia de depósitos y circulación de fondos” (Rouquié, 1984: 363). El número de bancos se multiplicó y la comunidad financiera internacional prestó su apoyo a su Gobierno. Así, la política de Estados Unidos, inicialmente agresiva, tendió a suavizarse hacia 1970. Torrijos contó con un instrumento unificador de gran valor: su lucha por la recuperación del canal, donde Estados Unidos tenía intereses tan cruciales que no estaba dispuesto a arriesgar con una política incauta.

En 1977, como se adelantó en el capítulo 4, se firmaron los tratados Torrijos-Carter, entre el Gobierno del “Jefe Máximo de la Revolución Panameña”, título que Torrijos ostentaba por ley constitucional y el Gobierno de Carter. Estos documentos estipularon la transferencia progresiva de la soberanía del país latinoamericano sobre el Canal.

En 1978, Torrijos entregó el mando a un presidente electo. A diferencia de Perú, donde, como se ha visto, el SINAMOS era el único brazo político de la Revolución, Torrijos había confiado en la creación de un partido afín para dar continuidad a su proyecto. No obstante, conservó el cargo de jefe de la Guardia Nacional, por lo cual siguió dominando la política nacional hasta el 31 de julio de 1981, cuando se produjo la transición precipitada. Torrijos murió en un turbio accidente (la explosión en vuelo de la nave en la que se trasladaba), en el cual se sospecha –y se sostuvo– la intervención de norteamericanos opuestos a su política y a la de Carter. El hecho sucedió seis meses después del acceso de Ronald Reagan a la presidencia.

El caso de Panamá se asemeja al de Haití, que veremos con más detalle en el capítulo 6, en el carácter inestable de su formación política durante buena parte del siglo XX. En efecto, la dictadura de más largo aliento fue la de Torrijos y esta recién tuvo lugar hacia fines de la década de 1960.

La falta de tendencias sólidas de integración nacional, en ausencia de niveles considerables de urbanización e industrialización, explican que las dictaduras en estos países implementasen, en todo caso, políticas desarrollistas sin el componente de inclusión que caracterizó al desarrollismo, y antes a los populismos, en los países más modernos.

De la dictadura a la revolución fallida: Guatemala

Como ya se ha adelantado, Guatemala tuvo una dictadura tradicional que comparte rasgos con las estudiadas más arriba. No obstante, el caso ofrece una nota singular: el estallido de una revolución social. Si bien frustrados en sus resultados, los cambios intentados desde el estallido en 1944 constituyen elementos claves para entender la concatenación de hechos violentos posteriores, cuya expresión más cruel fue el genocidio ocurrido bajo los últimos regímenes militares. Como alguna vez expresara José Carlos Mariátegui, respecto de Perú, pero bien aplicable a otros países, las clases sociales están construidas racialmente. En efecto, revolución y dictadura son dos factores inescindibles de la inequívoca construcción del orden en clave racial en Guatemala.

Como en El Salvador, la crisis de la dominación oligárquica dio lugar a una dictadura de tipo tradicional. Jorge Ubico (1931-1944) construyó un Gobierno autocrático de carácter militar. Como en otros casos, la dictadura fue la respuesta de las clases dominantes al peligro que significaba una ampliación política que podía satisfacer a las clases medias pero que entrañaba un peligro aun mayor: el levantamiento campesino. Así, las comunidades indígenas fueron el principal blanco del régimen de exclusión y violencia de Ubico, quien prácticamente disolvió todas las organizaciones rurales creadas con anterioridad. Durante su Gobierno, la estructura de propiedad de la tierra siguió acusando los mismos niveles de concentración. Hacia 1945, solo 22 familias poseían más de la mitad de la tierra cultivable del país.

El modelo agroexportador funcionó gracias a la utilización de fuerza de trabajo barata, semi servil o casi esclava. Esta condición se sostuvo gracias a ciertas leyes, como la ley de vagancia, que garantizaba el trabajo obligatorio de los campesinos en las haciendas, o la ley de vialidad, que establecía el trabajo en obras públicas y en la construcción de caminos. Como en otros países, a la explotación económica y la exclusión política de los trabajadores –en Guatemala, a través de una exacerbación extrema del racialismo–, se sumó la exclusión de las clases medias urbanas surgidas de la relativa modernización de las estructuras del Estado y de la expansión del mercado durante la fase oligárquica.

Ubico ganó las elecciones con el 70% de los votos. Su proyecto fue de profundización de la modernización y del estímulo a la integración nacional. El país cambió a un ritmo vertiginoso: construcción de un aeropuerto, puestos de aduanas, palacios, puentes, seis mil kilómetros de carreteras, centrales de energía hidráulica, profesionalización de las Fuerzas Armadas. Pero esta modernización, aunque acompañada de reducción de la deuda pública y de estabilización económica, más que integrar a la sociedad, exasperó el conflicto social, toda vez que la gran masa de población indígena estuvo en el centro de la represión y la violencia del Estado.

Al lado de las Fuerzas Armadas se consolidó una red informal de fuerzas dedicadas a la administración de la información y la represión secretas. El Ministerio de Trabajo pasó a estar bajo el dominio de la Policía Nacional en 1934 y el Código Penal de 1936 otorgó funciones de control policial a los grandes propietarios y alcaldes. Así, los terratenientes de las haciendas, muchas veces ellos mismos imbuidos de autoridad pública, detentaban un fuerte control económico y político, potenciado por la desarticulación de los pueblos indios que llevó adelante la dictadura, fundamentalmente, a través de las expropiaciones de tierras y la institución del trabajo campesino bajo un régimen temporal obligatorio.

En la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo de Estados Unidos a Ubico redundó en la materialización de ciertas obligaciones del gobierno guatemalteco para con la potencia del norte, como la confiscación de tierras de propietarios alemanes y, en 1941, la declaración de guerra a los países del Eje. La economía del café se vio gravemente afectada con la decisión de modificar la cuota de exportación de ese cultivo a Alemania, ahora declarado enemigo. Por su parte, la modernización institucional había mostrado ser muy limitada en relación con los sectores populares. En 1944, las movilizaciones fueron irrefrenables.

Las clases medias urbanas ladinas levantaron la consigna de la incorporación política, encendiendo con esto la mecha de la revolución. Pronto se sumaron las clases obreras y otros sectores descontentos. En respuesta a la brutal represión ordenada por Ubico, el país entró en una huelga general que duró una semana. Las clases terratenientes retiraron su apoyo a Ubico, en un momento en el que el monopolio de los medios de coerción del Estado estaba en cuestión, fundamentalmente por el levantamiento de las fracciones de los jóvenes oficiales que habían apoyado la revolución. En este contexto, Ubico renunció y el mando pasó a una Junta Militar que inmediatamente se disolvió, dejando provisoriamente al frente del Gobierno a uno de sus miembros, el general Federico Ponce Vaides.

En vistas de las elecciones que el nuevo mandatario se había comprometido a convocar, se formaron nuevos partidos políticos. El Partido Social Democrático sostuvo la candidatura del coronel Guillermo Flores Avendaño, un militar que había colaborado con la renuncia decorosa de Ubico. Por su parte, el Partido de Renovación Nacional, más tarde unido al Frente Popular Libertador, sostuvo la candidatura de Juan José Arévalo Bermejo. Desconociendo sus propias promesas, Ponce Vaides continuó con un régimen autoritario. El 20 de octubre de 1944, el régimen continuista fue derrocado por un amplio movimiento cívico-militar que inició la denominada “Revolución de Octubre”.

Los jefes militares de la revolución fueron el capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el mayor Francisco Javier Arana, que representaban a la joven oficialidad sublevada. El jefe civil fue un joven miembro de una de las conspicuas familias guatemaltecas, Jorge Toriello Garrido, al frente de estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, obreros, y empleados en general… La revolución tenía un sentido claramente antioligárquico, y entre sus principales objetivos estaban la ampliación de los derechos políticos, la extensión de derechos sociales a los trabajadores y la reforma agraria. Pero a diferencia de la revolución mexicana –una revolución con claro resultado revolucionario–, la guatemalteca careció de una revuelta campesina surgida desde abajo y el proyecto de transformación social nunca cristalizó.

Eric Hobsbawm (1990: 38-39) dice de las revoluciones en general: “cuando el resultado probable es una revolución, no se puede determinar de forma retrospectiva, por cuanto en ese momento se conoce el resultado. Este tipo de ejercicios contrafactuales no ha de ser confundido con la afirmación de que, de hecho, era posible otro resultado distinto del que se produjo. […] De forma más general, puede afirmarse que en este momento el análisis comparativo de las crisis que podía pensarse que desembocarían en una revolución y que no lo hicieron, y de las revoluciones ‘fallidas’, es más útil que el ejercicio de realizar nuevas recopilaciones de las revoluciones que realmente ocurrieron”.

El ejercicio de pensar las revoluciones que no lo fueron es sin duda atractivo. Ya se ha señalado en otra parte (Giordano, 2003a) que el estudio del caso de Colombia como una revolución o como “situación revolucionaria” comporta un gran desafío (34). Pero si en el caso de Colombia el proceso es mejor comprendido cuando se lo enmarca más ampliamente en un proceso de cambio social, o si se prefiere de guerra civil, en el caso de Guatemala estamos decididamente frente a un caso de “revolución fallida”.

Recordemos que según la definición de Charles Tilly, una revolución tiene dos componentes: una situación revolucionaria y un resultado revolucionario. La situación revolucionaria supone una situación de soberanía múltiple, en la que convergen tres causas inmediatas: 1) la aparición de contendientes, o de coaliciones de contendientes, con aspiraciones, incompatibles entre sí, de controlar el Estado o una parte de él; 2) el apoyo de esas aspiraciones por una parte importante de los ciudadanos; y 3) la incapacidad, o falta de voluntad, de los gobernantes para suprimir la coalición alternativa y/o el apoyo a sus aspiraciones (Tilly, 1995: 7-8). En lo que respecta a los resultados revolucionarios, estos se producen “cuando tiene lugar una transferencia de poder de manos de quienes lo detentaban antes de que se planteara una situación de soberanía múltiple, a una nueva coalición gobernante, en la que, ciertamente, pueden estar incluidos algunos elementos de la coalición anterior” (Tilly, 1995: 11). En esta fase, las causas refieren a “las defecciones de miembros del Estado, la obtención de un ejército por las coaliciones revolucionarias, la neutralización o defección de la fuerza armada del régimen y el control del aparato de Estado por miembros de una coalición revolucionaria” (Tilly, 1995: 11).

En Guatemala, durante el proceso de cambio que se abrió en 1944 se identifican los tres elementos señalados arriba, pero no el resultado. Si bien se produjo la “transferencia de poder”, esta no llegó a institucionalizarse y fue interrumpida por el golpe de Estado contrarrevolucionario de 1954 (35).

En su inicio, la revolución creó una Junta Provisional que convocó a elecciones presidenciales y legislativas. Arévalo resultó electo presidente por amplia mayoría, y este nombró a los ex integrantes de la Junta en cargos de Gobierno claves (Arbenz, ministro de Defensa; Arana, jefe de las Fuerzas Armadas, y Toriello, ministro de Hacienda). El Gobierno ensayó la construcción de una democracia política tanto como la modernización de las estructuras económicas. Los partidos fueron el mencionado Frente Popular Libertador y el Partido Acción Revolucionaria, a los que se sumó después el Partido de la Revolución Guatemalteca. En 1951, Arévalo fue sucedido por Arbenz, respaldado por el 68% de los votos, y por un conjunto amplio y heterogéneo de fuerzas políticas que todavía seguían pugnando por el cambio (burguesía con proyecto industrial, pequeña burguesía urbana y sectores medios emergentes en general). Su política fue claramente antiimperialista e industrializante. Fundamentalmente, atacó los intereses de la UFCo, propietaria monopólica de los ferrocarriles (a través de IRCA, International Railroad of Central America), de la energía (a través de Electric Bond and Share) y del Puerto Barrios –aunque el gobierno revolucionario no propuso la nacionalización de estos servicios sino la creación de empresas estatales capaces de competir y desarticular el monopolio extranjero–.

La revolución intentó una profundización de la transformación capitalista que pronto creó contradicciones indisolubles entre las fuerzas que en un principio habían apoyado la revolución –con Arévalo, un proceso mucho más político que social–.

Los campesinos tuvieron solo tardíamente una participación central. La destrucción de los pueblos indios llevada adelante por el Gobierno dictatorial de Ubico es tal vez la principal causa de la tardía movilización, que se produjo recién durante el segundo Gobierno revolucionario.

Durante la presidencia de Arbenz se llevó a cabo una reforma agraria (1952) que significó la confiscación de tierras a la UFCo, repartidas entre 100.000 familias indígenas, y la obligación de los propietarios de tierras ociosas de rentarlas a los campesinos. En realidad, el programa de reforma recogió la iniciativa y demandas de la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG), manifiestas durante el Gobierno de Arévalo, y luego levantadas por el PC.

Mirada comparativamente, la reforma agraria en Guatemala fue mucho más limitada que la implementada en México, pues solo afectó tierras consideradas improductivas u ociosas. Su importancia deriva del impacto que significó para la UFCo, propietaria de un total de 220.000 hectáreas, de las cuales el 85% estaban sin cultivar, y de las cuales, a su vez, la revolución expropió alrededor de un 64%, aunque a un valor mucho menor que el de mercado.

La reforma agraria trajo aparejada dos cambios sustantivos: escasez de mano de obra y presión popular para el incremento de salarios y la organización de Comités Agrarios Locales encargados de llevar adelante el reparto de tierras.

En 1945, la revolución se dio su propia Constitución, la cual garantizó los derechos políticos y sociales. “Por única vez en la historia de Guatemala, y por primera vez en Latinoamérica” la Constitución reconoció los derechos de los pueblos indios, el derecho de propiedad comunal de la tierra y su función social (Rostica, 2006). En 1947 se dictó un Código de Trabajo, el cual terminó con la práctica de trabajo forzado y la discriminación por motivo de raza. También tuvieron impulso las organizaciones de trabajadores urbanos y rurales, y con ellas la práctica de la huelga como forma de protesta.

El Gobierno de Arévalo puso especial atención en la política educativa y cultural: se consiguió la autonomía de la Universidad de San Carlos; la creación del Instituto de Antropología e Historia y del Instituto Indigenista Nacional; la regulación de las lenguas indígenas; la aceptación de las costumbres, tradiciones y ritos indígenas en la celebración del matrimonio, entre otros cambios.

En cuanto a la construcción de un ejército revolucionario, la tarea exigía la depuración de las filas, su reorganización y su modernización. El proceso no estuvo exento de conflictos, pero finalmente la revolución contó con su brazo armado, bajo el liderazgo de Arbenz. Más tarde, las divisiones intestinas dentro de este cuerpo fueron un elemento corrosivo del poder de la revolución.

Todos estos cambios, en particular la movilización rural a través de los Comités Agrarios Locales, era indicador del inicio de un proceso revolucionario desde abajo que poderosos sectores de la política guatemalteca no estaban dispuestos a tolerar. En 1954, el proceso culminó con el golpe de Estado perpetrado con la intervención de la CIA norteamericana. La contrarrevolución depuso al Gobierno democrático de Arbenz y restituyó el 95% de las tierras a sus antiguos dueños, y solo continuó con aquellas obras que redundaban en beneficios para el nuevo Gobierno contrarrevolucionario: la carretera al Atlántico y el proyecto de la central hidroeléctrica de Jurún Marinalá –dos factores indiscutibles de modernización–. Desde entonces, fue una realidad insoslayable el recrudecimiento de la violencia, y también la resistencia y organización armada de los campesinos. Así, con el golpe de 1954, el poder no volvió a manos de quienes lo detentaban “antes de que se planteara una situación de soberanía múltiple”, pero sí se dejaron sin efecto las reformas estructurales más radicales. El poder del Estado se reconstituyó en manos de una elite política que antes era marginal.

Si en los inicios del proceso revolucionario, Estados Unidos actuó de modo tolerante según la “política del buen vecino”, en 1954, la buena vecindad hemisférica era cosa del pasado y en su lugar primó una política de defensa y seguridad profundamente anticomunista. Notablemente, los impulsos contrarrevolucionarios vinieron de las dictaduras vecinas de Trujillo en República Dominicana, de Somoza en Nicaragua y de Carías Andino en Honduras (y su sucesor).

La Revolución de Octubre de 1944 fue una revolución pergeñada en la coyuntura de democratización de la segunda posguerra (como luego la de Bolivia). El proceso estuvo más claramente originado en la necesidad de implementar un modelo de desarrollo que permitiera superar la larga crisis iniciada en la década de 1930 (nuevamente, igual que en Bolivia). Varios autores coinciden en señalar que la de Guatemala fue una revolución burguesa, pero no una revolución social (como sí lo fue la boliviana), sino una revolución desde arriba, es decir, sin una insurrección campesina.

No es ocioso reiterar que la “rivalidad internacional” que postula Theda Skocpol en el desarrollo de las revoluciones sociales no se verifica en términos estrictos en América Latina. Como sugiere Alan Knight, la dependencia económica no es directamente homologable a rivalidad entre Estados. No obstante, ya se ha dicho, esto mismo leído como situación de dependencia (concepto que integra la dimensión económica con la política), señala que el papel de Estados Unidos en el sistema internacional de Estados es un elemento crucial para entender las revoluciones. En el caso de Guatemala, a este factor hay que sumar las relaciones entre los estados centroamericanos, como sugiere Julieta Rostica (2006).

El papel de Estados Unidos es fundamental para entender el fracaso de la revolución social en Guatemala, país geopolíticamente ubicado en su patio trasero. No deja de ser significativa la diferente política de la potencia del norte frente al proceso revolucionario de Guatemala respecto de su influencia en las revoluciones de Bolivia y Cuba –sincrónicas o muy próximas en el tiempo–. En Guatemala, durante la administración de Harry Truman (1945-1953), Estados Unidos combatió fuertemente –hasta el punto de la intervención solapada o más o menos directa– la revolución, que en términos comparativos fue en sus comienzos muy moderada en sus objetivos fundamentales (en este aspecto, igual que la de Cuba). Y durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower (1953-1961), directamente, participó de la contrarrevolución –como se ha dicho arriba, en un clima de defensa y seguridad interna profundamente anticomunista–.

El canciller guatemalteco Guillermo Toriello (hermano menor de Jorge, ministro de Hacienda del Gobierno revolucionario de Arévalo), en su exposición ante la X Conferencia Interamericana, realizada en Caracas en marzo de 1954, durante la primera presidencia de Eisenhower, sostuvo que en su país se construían las “bases sociológicas de una democracia funcional y auténticamente guatemalteca”. Enumeró entonces las amplias libertades vigentes, la humanización de las relaciones entre el capital y el trabajo, su sistema de seguridad social, las medidas económicas destinadas a diversificar la producción y ampliar el mercado interno, “la liberación de los campesinos mediante la liquidación de los sistemas semifeudales” y el desarrollo agrícola, que propiciaba la reforma agraria (apud Sala de Touron, 2007: 209; itálicas de la autora). En esa misma conferencia, a instancias de Estados Unidos, se aprobó una resolución –votada en contra solo por Argentina, México y, obviamente, Guatemala– que establecía que la instauración de regímenes comunistas constituía una verdadera amenaza para la paz en la región. Así, tomando la expresión de Lucía Sala de Touron (2007: 211), el régimen revolucionario guatemalteco fue considerado “cabeza de playa del ‘comunismo internacional’”.

Entre los factores internos que conllevaron al fin de la experiencia revolucionaria, no es menor el hecho de que el anticomunismo fomentado por Estados Unidos cobrara cuerpo no solo entre las clases dominantes sino entre amplios sectores populares. Asimismo, la falta de organización y de recursos materiales de los Comités de Defensa de la revolución y las fracturas internas del Ejército sumaron su peso en el cuadro final del proceso. Arbenz renunció a mediados de 1954, ante la ruptura del Frente Democrático Nacional, sin movilizaciones populares, ni en defensa de su Gobierno ni de las conquistas logradas, con un Ejército fracturado y la ofensiva militar instigada por el coloso del norte (36).

Los mercenarios de las autotituladas Fuerzas de Liberación Nacional estuvieron conducidas por el coronel Carlos Castillo Armas –un oficial entrenado en la US Army Command and Staff School, en Leavenworth (Kansas)– que, con base en Honduras y Nicaragua, recibieron el apoyo necesario por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos para enfrentar a las fuerzas leales a Arbenz. Después de la ofensiva militar –durante la cual aviones piloteados por estadounidenses bombardearon centros urbanos– y de algunos vericuetos, Castillo Armas (conducido desde Honduras en un avión de la embajada de Estados Unidos), asumió el poder, gracias a un pacto que había acercado posiciones entre los militares golpistas y los más o menos leales al Gobierno constitucional.

Ya en el Gobierno, Castillo Armas procedió a devolver las tierras de la UFCo, derogó el Código del Trabajo, permitió a los patrones la reducción de los salarios obreros en un 30%, suspendió las garantías constitucionales, persiguió a sus opositores (fueron detenidas unas 4.000 personas), y no vaciló en ordenar la tortura y el asesinato. Castillo Armas fue asesinado por uno de sus guardaespaldas en 1957, acontecimiento que profundizó el proceso de construcción de dominio militar en la política nacional que condujo a la creación de “partidos militares” y en el límite a la instauración de férreas dictaduras.

James D. Cockcroft (2001: 160) es terminante en su conclusión: la verdadera razón de la “Operación Éxito” –el nombre que recibió la intervención norteamericana en Guatemala– no fue una supuesta amenaza comunista sino “una respuesta directa al intento de un Gobierno elegido constitucionalmente de cumplir su promesa de campaña electoral de entregar las tierras no cultivadas a los campesinos pobres”.

El inicio de la larga dictadura stronista: Paraguay (1954-1967)

Al analizar la historia reciente de América Latina es claro que cuando hacia mediados del siglo XX el Departamento de Estado norteamericano empezó a invocar fuertemente la democracia política, lo hizo mucho más como una forma de contener el potencial de cambio que amenazaba la estabilidad de la región –fuera este originado en el comunismo o en las experiencias populistas– que como una pretensión genuina de democratización. A despecho de esa apelación, como se ha visto, nada conculcó más fuertemente la posibilidad del ejercicio de la democracia política en su forma representativa liberal que la propia política exterior de Estados Unidos. Ahí está el reguero de dictadores en el Caribe y en América Central. A estos casos se suma el de Alfredo Stroessner en Paraguay, quien, en conjunto con los otros, constituye una prueba evidente de la falacia de aquella argumentación.

La dictadura stronista tiene la particularidad de haber sido una dictadura que en sus inicios se edificó sobre la base de una dominación tradicional, pero que a lo largo de su transcurso (1954-1989) fue incorporando rasgos típicos de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, primordialmente a partir de los años setenta (sobre esto volveremos en el capítulo siguiente). En su período inicial (ponemos el corte en 1967) (37), la dictadura tuvo entonces un carácter más típicamente tradicional, basado en un régimen político que ratificó la Constitución de 1940 y los partidos preexistentes como fuente de legitimidad, pero que ejerció un poder férreo fundado en la fuerza de la tradición y el culto al líder.

El Partido Colorado, entonces controlado por el dictador, fue el articulador del sistema político, de aquí entonces la expresión de Francisco Delich (1981), “república despótica” (38), o la de Lorena Soler (2007), “una productiva partidización del Estado y las Fuerzas Armadas conjugada con una buena dosis de personalismo”. En cualquier caso, se trata de una dictadura en la cual a la identificación típica del jefe con el Estado, propia de las dictaduras tradicionales, autocráticas, se agrega un dato singular: se trata de una dictadura civil –por la desmilitarización del régimen basada en la identidad Estado, Partido, Fuerzas Armadas– con “perversión de las instituciones representativas y los organismos estatales de vocación universalista” (Rouquié, 1984: 207, itálicas nuestras). Una de las instituciones representativas era, principalmente, el Partido Colorado y los organismos estatales de vocación universalista, las Fuerzas Armadas.

Con todos estos elementos, se puede pensar la dictadura stronista como una dictadura híbrida, que combina el personalismo autocrátio y el elemento “burocrático autoritario” civil y militar –que no cabe típicamente en la categoría de dictadura tradicional, como en América Central, ni de dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, como en los otros países del Cono Sur, como bien ha advertido Soler (2009)–. Por lo demás, la perversión que señala Rouquié está asociada al uso extensivo y estructural de la corrupción –rasgo que comparten todos los regímenes mencionados–.

En un Estado históricamente “contrabandista”, desde el contrabando hormiga hasta la “Conexión Paraguaya”, es evidente que las Fuerzas Armadas, cuya tarea primordial era resguardar las fronteras, tuvieron un lugar central. También lo tuvo el Partido Colorado, en una sociedad donde los partidos alcanzaron mayor penetración social que el propio Estado. Así, la movilidad ascendente que la corrupción habilitó era capital privativo del Partido Colorado y de los miembros de las Fuerzas Armadas (por condición previa, todos afiliados al Partido).

Paraguay es un país con características de larga duración muy singulares. Entre ellas se destaca la inexistencia de una fase de implementación del modelo ISI y la persistencia de una población mayoritariamente rural y una producción agrícola que aporta gran parte del Producto Bruto Interno. Asimismo, una característica también de larga duración es la preeminencia de despotismos que definieron una cultura política autoritaria, con frecuentes golpes de Estado, violencia y largos períodos de clausura electoral o bien prácticas electorales fraudulentas. En 178 años –de 1811 (independencia) a 1989 (fin de la dictadura de Stroessner)–, 95 fueron gobernados por cinco presidentes. Entre 1870 y 1954 se sucedieron 44 presidentes (a un promedio de 1 cada 23 meses), de los cuales 24 fueron destituidos violentamente. Sólo 9 de los 44 fueron militares, pero los civiles estuvieron generalmente vinculados a las Fuerzas Armadas. Además, el país sufrió dos guerras civiles (1922 y 1947) y dos internacionales, todas traumáticas: la de la Triple Alianza (contra Argentina, Brasil y Uruguay, 1865-1870) y la del Chaco (contra Bolivia, 1932-1935). El último dictador, Alfredo Stroessner, superó a todos sus predecesores al ejercer el poder durante 35 años.

La cultura política autoritaria y la inestabilidad contrastan significativamente con el hecho temprano de constitución de los dos principales partidos políticos actuantes durante el siglo XX: el Partido Liberal (en sus primeros años, Centro Democrático) y la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, prolongaciones orgánicas de la Legión Paraguaya (militares de la vieja clase propietaria que combatieron en las filas argentinas contra López) y de los nacionalistas –ambos constituidos en 1887–. De modo esquemático, puede decirse que el Partido Liberal reunía a la burguesía comercial y agraria vinculada al capital anglo-argentino y el Partido Colorado a terratenientes y militares conservadores pro brasileños, ampliando más tarde su base social con el campesinado.

En el período 1870-1954, el Partido Liberal estuvo en el gobierno durante 42 años, y el Colorado, durante 33. Durante la segunda mitad del siglo XX, el sistema de partidos se hizo más complejo. Del Partido Liberal se escindió el Partido Liberal Radical, que luego añadió el nombre de Auténtico, con bases campesinas y populares. También surgió el Partido Revolucionario Febrerista, de tendencia “socialdemócrata” y con una amplia base social: burguesía nacional, profesionales, estudiantes, terratenientes medios, artesanos, obreros. Otro partido que surgió en estos mismos años fue el Partido Demócrata Cristiano, con igual base que el PRF, aunque con más penetración en la clase media y con retórica desarrollista.

Como afirma Soler (2002: 18), salvo la dictadura militar del coronel Higinio Morínigo (1940-1948), que produjo la caída del régimen liberal en el contexto de la Guerra del Chaco y los fascismos europeos, todos los gobiernos paraguayos fueron –hasta la elección de Fernando Lugo, en 2008– colorados o liberales. “Existió solo un período de 18 meses, entre 1936 y 1937, en el cual se instaló un movimiento cívico militar de tinte nacionalista denominado Revolución Febrerista. Esta fue antecedente de la formación del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) en 1951”. Según Soler, incluso la experiencia encabezada por el general Morínigo apeló al apoyo medular del Partido Colorado, en 1947, al declararse la guerra civil.

En efecto, terminado el conflicto bélico por el Chaco, se instauró un Gobierno democrático que duró muy poco. El 17 de febrero de 1936, un golpe antiliberal, conocido como “Revolución Nacionalista”, derrocó al presidente Eusebio Ayala, acusándolo de traidor a la patria por la firma de la paz con Bolivia. El nuevo Gobierno, conducido por el general Rafael Franco, tomó medidas reformistas, como la expropiación de latifundios y su reventa a campesinos, y la promulgación de un Código de Trabajo. Con el Ejército dividido entre golpistas y liberales, la inestabilidad continuó y el 13 de agosto de 1937 un nuevo golpe colocó al mariscal José Félix Estigarribia al frente del Estado. En 1940, bajo su Gobierno, se sancionó una nueva Constitución, fuertemente centralista, basada en el modelo fascista italiano. Tras la muerte inesperada de Estigarribia, el poder pasó a manos de Morínigo, a la sazón su ministro de Guerra. Morínigo fue un dictador sin partido pero con apoyo en las Fuerzas Armadas, que llevó adelante un efímero proyecto corporativista. En 1947, hubo una guerra civil de la que salieron victoriosos los insurgentes (liberales y febreristas, y jóvenes oficiales). Morínigo tuvo el apoyo del presidente argentino Juan D. Perón y con ello logró imponerse de todos modos.

Pero la inestabilidad continuó, sucediéndose en el mando diversos gobiernos colorados durante dos años. Como se dijo más arriba, Morínigo había apelado al apoyo del Partido Colorado y con esto provocó su división interna. La “anarquía colorada” que sucedió a la guerra civil fue la lucha incesante por parte de las distintas facciones del partido por imponerse sobre el resto, recurriendo para ello al concurso de las Fuerzas Armadas.

Fue a partir de la experiencia de la dictadura de Morínigo que las Fuerzas Armadas ganaron una inaudita autonomía institucional. Los gobiernos civiles colorados siguientes (1948-1954) estuvieron dominados por las tensiones entre el Guión Rojo, un movimiento de línea fascista liderado por Natalicio González, que promovía la militarización del Partido Colorado y utilizaba técnicas de terror inspiradas en el nazismo, y la línea conducida por Federico Chaves, de corte democrático, pero siempre limitado. Desde entonces, la partidización de las Fuerzas Armadas marcó de forma indeleble la historia de Paraguay.

El 4 de mayo de 1954, Federico Chaves, desde 1950 presidente electo constitucionalmente, fue derrocado por un golpe de Estado. Chaves había desarrollado un Gobierno nacionalista próximo a Perón, con quien había firmado un tratado de comercio y amistad en pro de una integración económica, similar al que el presidente argentino había firmado con el general chileno Carlos Ibáñez. En el ámbito nacional, el golpe fue apoyado por la burguesía comercializadora surgida después de la Guerra del Chaco. En el plano internacional, contó con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, decidido a combatir toda expresión de nacionalismo que amenazase sus intereses imperialistas. En agosto de 1954, el colorado general Stroessner fue elegido presidente. A partir de allí se inició la larga dictadura durante lo cual fue electo fraudulentamente en sucesivas ocasiones.

Fue una dictadura antiliberal, anticomunista, pro norteamericana y desde 1970 más explícitamente adherida a la Doctrina de la Seguridad Nacional, pero –como se analizará en el capítulo 6– sin llegar a transformarse en una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, como sus vecinas del Cono Sur. En efecto, la primacía de los civiles en los cargos principales es uno de los rasgos que destaca la singularidad de la dictadura paraguaya. Durante treinta y cinco años, el ejercicio del poder fue acompañado de contrabando, corrupción, negociados, prebendas, nepotismo, narcotráfico...

La dictadura orientó la política económica y exterior hacia Brasil, en buena medida, por cálculo, especialmente en materia de control de estratégicos recursos hidroeléctricos (cuestión que preocupaba a ambos países y a Argentina). Esto afectó seriamente la histórica dependencia respecto de Argentina, que databa de la guerra de la Triple Alianza y cuyo legado era la penetración de capitales argentinos, el monopolio de la navegación interior y la salida forzosa al puerto de Buenos Aires. Por su parte, Brasil había recuperado posiciones gracias a su intervención favorable a Paraguay durante la Guerra del Chaco, posiciones que vinieron a reforzarse a partir de la caída de Perón en 1955. En 1956, entonces, Brasil concedió a Paraguay los privilegios de puerto libre en Paranagua, como parte de un conjunto de tratados y acuerdos comerciales que beneficiaron las relaciones paraguayo-brasileñas.

La supuesta legitimidad de origen en las urnas fue reforzada con un discurso nacional sobre el fracaso de los mecanismos de la democracia liberal y con un profundo anticomunismo –muy a tono con el clima de la Guerra Fría–. Pero a diferencia de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, instauradas en los países vecinos un tiempo después, en Paraguay la democracia liberal era la gran asignatura pendiente.

En cuanto a las estrategias institucionales de construcción y legitimación del poder, puesto que el Partido Colorado era el principal articulador del sistema político, el dictador rápidamente se abocó a la tarea de su disciplinamiento. Stroessner se mantuvo prescindente de las corrientes políticas predominantes –básicamente, la democrática de Federico Chaves y el Guión Rojo de Natalicio González, a quienes expulsó al exilio–.

En 1958, mediante un plebiscito, consiguió ser ratificado en su cargo de presidente. A partir de entonces, fue sucesivamente confirmado en el cargo por elecciones de las que invariablemente salió victorioso por abrumadora mayoría, en un país que vivía bajo un estado de sitio permanente, el cual solo se levantaba en ocasión de los comicios.

En 1959, con el recurso de una feroz represión, Stroessner salió indemne de una situación que amenazó su control: una huelga convocada por la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). Como respuesta, algunos sectores del Partido comenzaron a bregar por la democratización, pero nuevamente Stroessner neutralizó las fuerzas opositoras y expulsó al exilio a quienes consideraba un peligro. La oposición respondió con la organización del Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), el Movimiento Popular Colorado Nacional (MOPOCONA) y la Asociación Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia (ANRER).

Con respecto a los restantes miembros del partido, ahora todos afines al poder dictatorial, los organizó y los distribuyó en 240 secciones, conducidos por una Junta de Partido, elegida por medio de lista única. A través de sus seccionales, el Partido ejerció la doble tarea de cooptación y represión, y desarrolló tareas de construcción nacional en aquellos ámbitos (mayoritarios) en los que el Estado no tenía penetración. A tal punto esto fue así que el Partido se convirtió en proveedor de útiles escolares, servicios fúnebres y asesoría jurídica.

También, Stroessner reestructuró el Ejército, donde su poder no tenía bases firmes, tal como quedó demostrado en 1955, con el alzamiento de los jóvenes oficiales vinculados a una facción de disidentes del Partido Colorado. Stroessner destituyó a todos los oficiales con prestigio y, entre estos, en particular a los que se atribuían cierto heroísmo legado de la Guerra del Chaco. En rigor, parte de la purga militar de oficiales, liberales y febreristas, había sido realizada por el presidente Natalicio González (1948-1949), ante el intento fallido de golpe de Estado realizado por Stroessner.

Como se ha dicho, el dictador también se apoyó en la Constitución de 1940, que establecía una Cámara de Representantes y un Consejo de Estado, representantes de la “nación” y del “pueblo”. Claramente, la Carta, de inspiración fascista, se pretendía correctiva de la política liberal. El Consejo de Estado funcionaba como un colegiado corporativista que legitimaba los actos del Ejecutivo y corregía los desvíos de la política parlamentaria y de partidos.

Entre 1959 y 1967, Stroessner pudo mantener la unidad del sistema (en realidad, puede decirse que la unidad continuó hasta 1984). Fundamentalmente, la estrategia fue la tolerancia de fuerzas disidentes, pero que no amenazaban su poder, y la exclusión total de las consideradas más “peligrosas”. En 1962 aceptó una fracción separatista del Partido Liberal y le dio el monopolio legal para el uso del nombre del partido, escaños en el Congreso y autorización para publicar un semanario y reunirse en lugares cerrados. En 1967, reforma constitucional mediante, el régimen tuvo que reconocer al grupo mayoritario que no adhería al accionar del grupo separatista, pero este nuevo partido, a pesar de su nombre, Partido Liberal Radical, tuvo una actitud dócil frente al Gobierno.

La Constitución de 1967 modificó la composición del Consejo de Estado. A las categorías ya existentes (los ministros del Poder Ejecutivo, el arzobispo de Asunción, el rector de la Universidad Nacional, el presidente del Banco Central, un representante de la Industria y otro del Comercio), la nueva Constitución sumó representantes de las actividades agropecuarias, la agricultura y la ganadería, y un representante de los trabajadores. Sumó también a la Fuerza Aérea. El Partido Liberal y el Partido Liberal Radical, y los Febreristas, fueron reconocidos como legales. El PC, no obstante, siguió sometido a la ilegalidad.

Contra las otras fuerzas, la dictadura aplicó una feroz represión, ejercida principalmente sobre las Ligas Agrarias. En el campo, la represión la ejercían primordialmente las fuerzas del mismo partido, los mbaretés o caudillos de aldea.

En 1977, una reforma constitucional estatuyó la práctica de reelección indefinida. Como se verá en el próximo capítulo, una nueva ola represiva sobrevino, en un contexto de modernización económica centrada en el sector rural y con un activo papel del Estado, en particular mediante el impulso dado a la colonización. Pero en ese momento, el concepto de represión que animaba al régimen era el provisto por la DSN. En el plano de las relaciones internacionales, Itaipú es todo un símbolo de la influencia de esa Doctrina, con el sesgo desarrollista que ella tuvo en Brasil.

Venezuela, un caso de compromiso democrático y continuidad de la exclusión

En 1908, Juan Vicente Gómez aprovechó la estancia del presidente Cipriano Castro en París para desalojarlo del Gobierno mediante un golpe de Estado que lo colocó en el poder hasta 1935. El país se había consolidado a través de un proceso de simultáneo debilitamiento de los poderes locales y fortalecimiento del poder central basado en una alianza de los sectores dominantes, fundamentalmente los grandes terratenientes de la región andina y la llamada “oligarquía caraqueña”, caracterizada más típicamente como burguesa. Estos sectores fueron reunidos y unidos en torno a la figura de Gómez y el decidido apoyo de Estados Unidos, beneficiario de esta alianza en términos de concesiones a su capital. Pero, a partir de 1914, con el comienzo de la explotación de los yacimientos petrolíferos –abierta al capital privado, sobre todo el imperialista, en 1917–, la historia tomó un rumbo diferente: para Gómez y el grupo por él liderado “se abrió la posibilidad de ampliar las propias posiciones de poder y dominio sin tener que correr ‘el riesgo’ de nuevos experimentos”. En poco tiempo, Gómez se alejó “cada vez más de su base original y se convirtió en representante de un grupo de la burguesía compradora, de grupos burgueses improductivos y de grupos comerciales y financieros que estaban muy ligados al capital extranjero. Sus condiciones de existencia se basaron casi exclusivamente en el petróleo”, desarrollo que agudizó las contradicciones en el interior de las clases dominantes (Alert, 1990: 396).

Germán Carrera Damas sostiene que bajo la alianza entre la dictadura de Gómez y las empresas petroleras imperialistas “se generaron los grandes factores de cambio sociopolítico que han permitido marchar hacia el logro” de la realización de la institucionalidad democrática. A su juicio, tres de esos factores se gestaron durante la dictadura gomecista: 1) “la definitiva reconstitución de la clase dominante y de la base de su poder social”, posible a partir de la formidable acumulación de capital generada por el petróleo, los monopolios y la corrupción; 2) el “desarrollo de la burguesía urbana y el retroceso del poder social latifundista”; 3) el “enriquecimiento de la organización social” merced a la formación y crecimiento de una clase media y una fracción obrera modernas, a una movilidad social horizontal y a un incremento de la movilidad social vertical, sobre todo después de 1928 (Carrera Damas, 2000: 77-78).

Las Fuerzas Armadas, que Gómez mismo consolidó, fueron gendarmes de la alianza gomecismo-imperialismo, en un país donde la militarización de las relaciones sociales había sido el signo distintivo desde la ruptura del lazo colonial. En efecto, hasta la unificación lograda por la dictadura gomecista, el territorio había estado dominado por caudillos y bandidos cuya consecuencia más perecedera fue la acentuación del regionalismo. Anja Alert ha caracterizado al Ejército como “el instrumento de poder de la pandilla de Gómez”. Entre 1911 y 1920, alrededor del 20% de la renta nacional fue destinado a gastos militares. Con el asesoramiento de especialistas extranjeros, Gómez creó la Academia Militar, pero, más decisivamente, “ocupó todas las posiciones importantes en la administración pública con miembros del Ejército”, práctica que ligó estrechamente a los militares con el dictador. “Al lado de ellos, las autoridades civiles solo desempeñaban un papel subordinado y servían más para el mantenimiento de una fachada pseudodemocrática ante el extranjero” (Alert, 1990: 398).

El carácter autoritario del régimen se acentuó a partir de 1913, cuando Gómez dio un autogolpe. A partir de entonces, más enfáticamente, el país se transformó estructuralmente, en buena medida por el auge de la explotación petrolera y la intensificación de la explotación del café. El auge de este cultivo, y del cacao, significaron un reforzamiento de las relaciones tradicionales de producción: la ocupación de ex esclavos y el sistema de “enganche”. Pero el ciclo del café concluyó hacia fines de la década de 1920, momento en el que Venezuela se perfiló netamente como país petrolero.

En 1928, Venezuela se convirtió en el segundo productor y el primer exportador de petróleo de todo el mundo. El Estado dispuso, así, de ingentes divisas, parte de las cuales financiaron la construcción de un sistema vial (carreteras) y de obras de sanidad, además de, una vez más, fortalecer el presupuesto del Ejército. Empero, ese flujo de divisas y un estricto conservadurismo en el manejo de las finanzas públicas no se canalizaron hacia una industrialización, ni siquiera sustitutiva de importaciones. En cambio, algo inusual para la época, Gómez pudo exhibir un orgulloso nacionalismo al cancelar la deuda externa en el duro año 1930 gracias a las regalías.

La larga dictadura de Gómez fue ejercida apelando a una feroz represión, sin espacio para una oposición medianamente organizada. De hecho, excepto las acciones del movimiento estudiantil en 1928 y las menos eficaces del Partido Revolucionario Venezolano –fundado en México en 1927 por exiliados–, la dictadura no tuvo contradictores, muchos menos en el campo de las clases populares, mayoritariamente rurales.

Con la llamada Generación de 1928 comenzó a gestarse un cambio, tanto que suele considerársela precursora de la democracia venezolana. Aunque las masas tardaron un buen tiempo en incorporarse a la acción política, los sucesos de febrero de 1928 fueron, sin duda, un parteaguas.

En ocasión de las celebraciones de Carnaval, en febrero de aquel año, surgió una inesperada oposición al régimen. Los sucesos se desencadenaron con la decisión de un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, de reconstituir Centros que los agrupara y representara en cada Facultad y, a través de la Federación de Estudiantes de Venezuela, en la Universidad toda. Para recaudar fondos organizaron la Semana del Estudiante. La dictadura consideró inconvenientes las intervenciones de los estudiantes Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Joaquín Gabaldón Márquez en dicha celebración, e irrespetuosa la acción de Guillermo Prince Lara de romper una placa en honor del dictador. El Gobierno suspendió la continuidad de la Semana del Estudiante y envió a prisión a los “subversivos”, liberándolos luego de que la protesta iniciada en la Universidad de Los Andes se extendiera a otras ciudades.

La política comenzaba su pasaje a las calles, aunque no era todavía una política de masas. Según Anja Alert (1990: 402), el movimiento estudiantil de 1928 –en un contexto dominado por el auge petrolero, generador de una pequeña y una mediana burguesías productoras para un limitado mercado interno, a las cuales pertenecían muchos de los estudiantes movilizados– fue la primera expresión de la articulación de intereses burgueses específicos.

Poco tiempo después, algunos de los estudiantes liberados se vincularon conspirativamente con jóvenes oficiales del Ejército con la intención de dar un golpe de Estado, pero el operativo fue controlado por el Gobierno.

En agosto de 1929 se produjo un nuevo intento militar para terminar con la dictadura. Se constituyó en París la autodenominada Junta Suprema de Venezuela, de la cual fueron figuras destacadas los generales Román Delgado Chalbaud y José Rafael Gabaldón. Los complotados zarparon de un puerto polaco a bordo del Falke y desembarcaron en Venezuela procurando ocupar la ciudad de Cumaná, en combinación con una fuerza terrestre. Por descoordinación entre ambos grupos, el operativo falló. Si bien hubo enfrentamientos, las fuerzas gubernamentales vencieron.

Según Alert (1990: 403), los implicados estaban vinculados a un grupo de latifundistas que tempranamente había tenido contradicciones con el dictador y sus aliados. A su juicio, el fracaso de la expedición militar produjo “una diferenciación más profunda dentro de la burguesía”, tornando a la pequeña y a la mediana “más conscientes de sus propias posiciones” y emulándolas hacia reformas sociales.

Los acontecimientos de 1928-1929 marcaron el comienzo de cambios significativos. Hay quienes han destacado el pasaje del caudillismo individualista –cuya expresión más autocrática fue, precisamente, la de Gómez– a la dirección colegiada, congruente con el cambio de escenario del conflicto, que pasó del campo a la ciudad y, por lo tanto, implicó nuevas formas de lucha: boicot, huelgas, paros, movilizaciones callejeras. También se ha destacado el ingreso a la arena político-ideológica de nuevas corrientes, en particular, el socialismo, incluyendo su vertiente marxista. La creación del Partido Comunista de Venezuela (PCV) fue la primera expresión orgánica de ese cambio, fungiendo, incluso, de “fuente de la cual derivarían parte de su mensaje otras posturas políticas, entre las cuales la más importante, históricamente, ha sido la definida y orientada por Rómulo Betancourt Bello” (Carrera Damas, 2000: 78), si bien más tarde, él y su compañeros giraron hacia posiciones rotundamente anticomunistas, particularmente durante la década de 1960, con el triunfo de la Revolución Cubana.

El PCV fue creado como tal, en la clandestinidad, en 1931, y era una continuación del antes mencionado Partido Revolucionario Venezolano. También en 1931 se constituyó, en Colombia, por inspiración de Betancourt, la Asociación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), integrada por buena parte de los universitarios protagonistas de los hechos de 1928-1929, organización que expuso su programa en el Plan de Barranquilla, una propuesta de reformas democrático-burguesas (Alert, 1990: 404).

Entre los objetivos mínimos que se aspiraba conseguir, el Plan levantaba los de: nacionalización de la economía; protección de las clases productoras; control del poder civil (manifiesta expresión de antimilitarismo, por el gomecismo); respeto de los derechos individuales fundamentales; extensión y modernización de la educación, objetivo que incluía tareas de alfabetización y de enseñanza técnico-industrial y agrícola, y el reconocimiento de la autonomía universitaria, sin duda un eco de la por entonces no lejana Reforma Universitaria de la Córdoba argentina; convocatoria a Asamblea Constituyente (un eco de la Revolución Bolchevique rusa) para constituir un Gobierno provisional y reformar la Constitución de modo tal que se adecuase al proceso revolucionario.

A juicio de Luis Aznar (2010: 66), que compartimos, el Plan de Barranquilla fue, en buena medida, la primera exposición pública de un proyecto sociopolítico a mediano y largo plazo, pero también el intento de comenzar a trabajar en su concreción.

Se ha visto ya que la dictadura gomecista se fundó en una alianza con el capital imperialista –sobre todo a través de las empresas petroleras–. Hay que añadir ahora que esa alianza creó las condiciones para el cambio socio-político a partir de 1930. Carrera Damas (2000: 77-78) ha señalado tres factores coadyuvantes a esa creación: 1) “la definitiva reconstitución de la clase dominante y de la base de su poder social, gracias a la insólita acumulación de capital, favorecida por el negocio de las concesiones petroleras (39), los monopolios y el peculado”; 2) la expansión de la burguesía urbana y el consecuente retroceso del poder latifundista, también consecuencia de la transformación económica basada en la explotación petrolífera; 3) el surgimiento y el crecimiento de una clase media urbana y de un sector obrero moderno, favorecedor de una “movilidad social horizontal” y de una “ampliación de los canales de movilidad social vertical, particularmente a partir de 1928. Por primera vez en la historia republicana de la sociedad venezolana, no era la guerra el impulsor de los trastornos y los cambios sociales”.

Tras la muerte del dictador, siguieron los gobiernos gomecistas de los generales Eleazar López Contreras (1936-1940) e Isaías Medina Angarita (1941-1945). Durante esos nueve años, expresión de la continuidad del llamado “poder andino” (40), se constituyeron nuevas fuerzas políticas y creció la acción obrera. La izquierda, en sus dos vertientes (comunista y no comunista), actuaba unitariamente. El PCV, ilegalizado en 1935, mudó de nombre y pasó a denominarse Partido Republicano Progresista (PRP), mientras ARDI cambió el suyo por el de Movimiento Organización Venezolana (ORVE).

ORVE, que sumó a los miembros de ARDI, a personalidades externas –como el escritor Mariano Picón Salas, que se convirtió en Secretario General– se definió en términos programáticos de manera menos radical que su predecesora. Desaparecieron la demanda de realizar “la revolución históricamente necesaria” y el ataque al latifundio y el imperialismo que se encontraban en el Plan de Barranquilla, y, en cambio, se exigió luchar “por el Estado moderno y por la justicia social”, como puede leerse en el Manifiesto-Programa de 1936.

El PRP, ORVE y el Bloque Nacional Democrático se unieron en 1937 bajo la denominación Partido Democrático Nacional (PDN). En sus Tesis Políticas y programa de 1939, el PDN reivindicó el papel del Estado en la economía y la sociedad, considerándolo capacitado –aún más que en otros países de América– para ejercer, incluso antes de una profunda transformación democrática en la estructura, “una influencia determinante en la vida de la Nación”. En ambos documentos, el Partido recuperó buena parte del contenido, el lenguaje y el estilo del Plan de Barranquilla. Volvió a destacar el carácter negativo del latifundio –“un sistema de producción de bajo rendimiento”–, agravado por el hecho de que “la banca usurera y el alto comercio semibancario”, amén del “imperialismo extranjero”, resultaban los principales beneficiarios, aún más que los propios grandes terratenientes. La primacía del latifundio era coherente con la condición de “país semicolonial y semifeudal” que se le adjudicaba a Venezuela, muy a tono con el lenguaje predominante en la Komintern. Una de las formas de superar tal condición era el desarrollo de la industria nacional.

Para el PDN, la estructura social venezolana estaba constituida por la clase latifundista aliada al imperialismo, la burguesía (con dos fracciones, la financiera y la comercial), las capas medias, el campesinado (integrado por peones, conuqueros –es decir, campesinos seminómadas–, colonos medieros y pequeños arrendatarios independientes), los trabajadores urbanos manuales e intelectuales. Políticamente, estas clases se agrupaban en dos coaliciones sociopolíticas principales: la conservadora o reaccionaria (terratenientes, grandes comerciantes, industriales, grupos financieros y militares) y la progresista o democrática (intelectuales y estudiantes como vanguardia del campesinado y la surgente clase obrera). Por fuera de ambas coaliciones se encontraba la clase media dependiente (Aznar, 2010: 75-76).

Así, la matriz ideológica del PDN destacaba tres componentes: la autonomía relativa del Estado, con capacidad de asumir la dirección de tareas fundamentales para transformar la estructura social, de donde la necesidad de acceder a su control, no para destruirlo sino para reconvertirlo en democrático-popular y antioligárquico; la posibilidad de articular la acción popular-revolucionaria del Partido con la de los “sectores progresistas de la burguesía nacional, especialmente los de tipo industrialista”; la autodefinición del Partido como una organización amplia de masas y ajena a posiciones clasistas (Aznar, 2010: 77).

Las fuerzas opositoras a Gómez, unidas apenas por esa oposición, se fracturaron. Uno de los primeros y principales ámbitos de la acción política era la Universidad. Allí, la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) se dividió, en 1936, a raíz de la posición de su dirección, a cuyo frente se encontraba Jovito Villalba Gutiérrez, demandando al Gobierno la expulsión de los jesuitas y otras órdenes religiosas. La solicitud fue entendida como un ataque a la nada fuerte Iglesia Católica –golpeada duramente bajo el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco–, y llevó a universitarios católicos conservadores, encabezados por Rafael Caldera Rodríguez, a la escisión y a la posterior formación de la Unión Nacional Estudiantil (UNE). Pese a su debilidad institucional, la Iglesia tenía una considerable influencia en el terreno educativo, particularmente en la formación de cuadros de la clase dominante, con la cual compartía la posición anticomunista.

Otro motivo de diferenciación entre las distintas fuerzas políticas fue la Revolución Española, un proceso exterior que –al igual que en otros países de la región– devino un hecho de política interna. En Venezuela, los seguidores de Caldera se enrolaron entre los defensores del amotinado Franco, es decir, la derecha más reaccionaria; mientras los comunistas y los militantes y simpatizantes de ARDI eran decididamente partidarios de los republicanos. También la Segunda Guerra Mundial incidió decisivamente en la política venezolana. Los efectos más inmediatos se apreciaron bajo la forma de rápida expansión de la industria petrolera, grave crisis de abastecimiento alimentario y de insumos industriales –expresión de debilidad estructural– “e imposición de un conjunto de desarrollos políticos y sociales que sobrepasaban con mucho las fuerzas capaces de sustentarlos. Así, en la creciente experiencia democrática vivida por esa sociedad entre 1941 y 1948 se advierte el peso determinante de los factores externos de cambio político y social”. Esos factores incidieron en la generación del primer intento de disminución de “la brecha existente entre el sistema jurídico-social y el sistema jurídico-político, actualizando democráticamente la estructura de poder interna” (Carrera Damas, 1988: 121-122).

En relación con esta última cuestión, los años cuarenta fueron los de la creación de los partidos y del sistema de partidos políticos. En septiembre de 1941 se fundó Acción Democrática (AD), cuyos precedentes eran el Plan de Barranquilla y las experiencias organizativas de ARDI, ORVE y PDN. Ha sido considerado siempre un partido socialdemócrata (calificativo que en América Latina conviene tomar cum granus salis), perteneciendo a la Internacional Socialista, aunque tal vez sea más exacto señalar que su mayor afinidad ideológica era con el aprismo. Desde el comienzo su principal líder fue Rómulo Betancourt.

En diciembre de 1945 se creó la Unión Republicana Democrática (URD), inicialmente de ideología democrática y nacionalista, con algunos tintes revolucionarios. Muchos de sus cuadros provenían del PDN y otros del efímero PDV, es decir, reunía a hombres de izquierda y de derecha disidentes del gomecismo (41). Su líder histórico fue Jovito Villalba.

Finalmente, en enero de 1946 se constituyó el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), sobre la base previa de la UNE y del Partido Acción Electoral, organización impulsada en 1938 por Rafael Caldera, quien será durante décadas el gran dirigente del COPEI. En términos ideológicos, el nuevo partido se filió en las corrientes socialcristianas, siendo miembro de la internacional que reunía a partidos de similar orientación.

Cuando el Gobierno del general Medina Angarita levantó la prohibición de las actividades políticas, estas –que, no obstante, no habían cesado durante la veda– se incrementaron, como es lógico, y se produjeron algunos hechos significativos. Uno de ellos fue el accionar de AD, partido minoritario, sin experiencia, pero entusiasta y con una intachable conducta de falta de colaboración para con el Gobierno (el único en ese terreno), tenaz en su demanda de reformas políticas liberales y de la elección directa del próximo presidente. Sobre todo, como señala Judith Ewell (2002: 313), sus dirigentes demostraron poseer habilidad para organizar a los campesinos, a los trabajadores industriales y a profesionales de clase media. Una demostración de tal habilidad fue el desplazamiento de los comunistas del Congreso Obrero Nacional, tras la disolución de este por Medina, en 1944. Los adecos (tal como se conoce a los partidarios de AD) se convirtieron en dirección del movimiento obrero. Sin embargo, para Medina y “su régimen tolerante”, que contaba con apoyo mayoritario, el peligro parecía radicar en los inquietos partidarios de López Contreras y los antiguos gomecistas, quejosos “de la actividad sin precedentes de las organizaciones de izquierda” y todavía esperanzados en retomar el poder (Ewell, 2002: 314).

El general Medina Angarita tenía su delfín: Diógenes Escalante Ugarte, a la sazón embajador en Estados Unidos (y antes ministro y secretario privado del general López Contreras cuando este ejerció la presidencia). AD decidió apoyarlo por entender que continuaría y profundizaría las reformas democratizantes iniciadas por Medina, en particular la adopción de las elecciones directas para elegir al presidente. Pero antes de ser designado por el Congreso Nacional, Escalante enfermó gravemente y terminó internando en un centro psiquiátrico de Miami (donde falleció en 1964).

Los adecos no confiaban en el nuevo nombre propuesto por Medina y en plena crisis de sucesión se difundieron rumores de un intento golpista comandado por López Contreras, enrareciéndose aún más la situación. La salida resultó tan inesperada como sus protagonistas: la Unión Patriótica Militar (UPM) y AD. La primera reunía a jóvenes oficiales malquistados con los viejos generales gomecistas, con quienes discrepaban en términos de proyectos personales y nacionales. En este terreno, planteaban la necesidad de separar el poder civil y el poder militar para gobernar mejor. Los oficiales de la UPM estaban cansados de Medina Angarita y temían el retorno de López Contreras, por lo cual decidieron pasar a la acción conspirativa. Para un mejor resultado buscaron apoyos civiles, persiguiendo “más legitimidad de la que obtendrían de una rebelión cuartelera y compartir el poder”. Entre los oficiales conspiradores se encontraban Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbaud (hijo del general de la expedición del Falke) y Luis Felipe Llovera Páez. Ellos fueron los responsables de contactarse con la dirección de AD, el único partido al cual consideraban independiente de los herederos de Gómez y de los aborrecidos comunistas. En principio, los adecos rechazaron la propuesta, pero cambiaron de posición cuando se frustró la candidatura de Escalante. Pese a la suspicacia que Pérez Jiménez le producía a Betancourt, AD se sumó a la conspiración, una decisión que marcaría la vida política del país a lo largo de las siguientes cuatro décadas. “La participación en el golpe proporcionó al partido una tradición ‘revolucionaria’ que, al igual que en el caso de Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano, le permitiría presentarse como el partido de la revolución. A diferencia de los revolucionarios mexicanos, sin embargo, la AD derribó al Gobierno más liberal que Venezuela había visto hasta entonces y lo derribó en calidad de socio subordinado de una conspiración militar” (Ewell, 2002: 314).

El 17 de octubre de 1945, el Gobierno supo de la conspiración y apresó a Pérez Jiménez. En Caracas, su detención detonó la conspiración, a la cual Medina no opuso resistencia. Así, dice Ewell, los golpistas se encontraron, el 18 de octubre, con cierta sorpresa, instalados en el Palacio Miraflores, la sede presidencial. Betancourt fue designado presidente interino de un Gobierno básicamente civil, con solo dos militares en él: el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario Vargas, designados ministros de Defensa y de Comunicaciones, respectivamente. Comenzó así “el trienio”, nombre con el cual se conoce la peculiar experiencia, todavía hoy objeto de controvertidas explicaciones.

Aznar (2010: 83 y 229) llama la atención –por el hecho de que sus efectos no han sido ajenos a la aparición de Hugo Chávez y el chavismo– sobre la ruptura entre adecos y comunistas producida en la ocasión. Mientras los primeros fueron parte del golpe, los segundos –o al menos un sector de ellos– se opusieron abiertamente a él. Se trató de una confrontación “no solo ideológica sino directamente armada”.

Durante “el trienio”, AD imprimió un fuerte sesgo transformador al Gobierno que inicialmente encabezó Betancourt, reemplazado en 1948 por Rómulo Gallegos, elegido presidente en diciembre de 1947 con un abrumador 74,4% de votos. Uno de sus primeros objetivos fue construir un partido disciplinado y extendido por todo el país. El disciplinamiento interno se fundó en algunos modelos probados: el APRA, el PRI, el Partido Bolchevique ruso y la propia experiencia de los adecos cuando estuvieron en la clandestinidad. Es decir, más un partido de cuadros que de masas. El partido se convirtió en una organización efectivamente de alcance nacional, siendo el primero en lograr esa condición. Su éxito, señala Ewell (2002: 315), fue tal que “eliminó virtualmente a los partidos regionales e impidió, hasta cierto punto, la eficaz expresión política de los intereses de las regiones”.

El Gobierno del trienio otorgó a las mujeres el derecho de ciudadanía política, medida que le permitió, al votar por primera vez en elecciones nacionales, ganar muchos votos del nuevo electorado. Asimismo, convocó a una Asamblea Constituyente que, en 1947, reformó la Carta Magna introduciendo cláusulas garantistas de las libertades civiles, los derechos de los trabajadores y la obligación gubernamental de promover el desarrollo económico y el bienestar social, muy a tono con el clima de época en Occidente. El federalismo fue formalmente mantenido, pero de hecho, el poder central ganó y concentró capacidad de decisión en detrimento de la autonomía de los estados. La Constitución afirmó la decisión de gobernar democráticamente el país y, en esa línea, estableció el voto universal directo para las elecciones de presidente y legisladores.

Las presidencias de Betancourt y de Gallegos arremetieron contra el poder de la Iglesia en el ámbito educativo, generando una fuerte reacción por parte de ella, como también de los docentes católicos. Y aunque, como se ha dicho antes, la Iglesia venezolana no era particularmente fuerte, tenía la suficiente capacidad para, como expresa Ewell, fortalecer y legitimar a los adversarios del reformismo.

AD y el Gobierno reformista iniciaron una campaña contra la corrupción administrativa, la cual incluyó la revisión de casos del pasado. Parte de esa lucha se canalizó a través del Tribunal de Responsabilidades Administrativas, creado en 1946, que se encargó de confiscar bienes de importantes funcionarios de los gobiernos precedentes que no pudieron explicar satisfactoriamente los medios de su adquisición. Aunque algunas propiedades fueron devueltas, se avanzó aún más en la campaña contra la corrupción con la aprobación de una ley persecutoria del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.

Una cuestión importante fue la captura ideológica y política del movimiento obrero por parte de los adecos. Este proceso, iniciado en 1944, como se dijo más arriba, avanzó considerablemente en 1947 con la creación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), a cuyo frente se encontraba el adeco Ramón Quijada, fundador de la Confederación Campesina Venezolana. La creación de la CTV tuvo el propósito, indica Ewell, de “poner los sindicatos urbanos y rurales bajo el control de la AD”.

En materia de política exterior, los dos gobiernos del trienio fueron duros opositores de las dictaduras, particularmente de la de Somoza y la de Trujillo. También, Venezuela rompió relaciones con la España franquista. Aunque las relaciones con Estados Unidos fueron cordiales, Betancourt no dejó de insistir en el carácter colonial de la ocupación de Puerto Rico.

Las reformas que los gobiernos del trienio implementaron con premura y la movilización de las masas a la cual apelaron en busca de apoyos aumentaron el peso de la oposición: los sectores conservadores asociados al capital nacional, las empresas extranjeras y la Iglesia Católica, amén de militares que no se habían sumado al golpe de 1945, e incluso de algunos de los principales cabecillas de este, como Pérez Jiménez y Delgado Chalbaud, quienes, como otros oficiales, desconfiaban de Betancourt, a quien imputaban “el propósito de fortalecer el partido [AD] a expensas de las fuerzas armadas” (Ewell, 2002: 318).

El 24 de noviembre de 1948, los golpistas –encabezados por aquellos oficiales– detuvieron al presidente Gallegos y a sus ministros, reemplazando el Gobierno constitucional por una Junta Militar integrada por Delgado Chalbaud (que la presidió), Pérez Jiménez y Llovera Páez.

Por diferentes motivos, diversos sectores de la sociedad recibieron favorablemente el golpe, que no pudo ser evitado por la tardía movilización de los obreros petroleros. El golpe contó con el beneplácito de COPEI y URD, partidos que “creyeron que podrían hacerse con la iniciativa política después de que la AD fuera puesta al margen de la legalidad”. Por cierto, AD y los comunistas fueron ilegalizados. La Iglesia esperaba recuperar el control independiente de la educación y “reforzar su papel de árbitro moral de la sociedad”. Los terratenientes –afectados por una ley de reforma agraria y por la pérdida de sus tierras mal habidas– contaban con recuperar sus propiedades. Las petroleras de capital imperialista aspiraban a obtener más concesiones de exploración y explotación y el debilitamiento de las rigurosas leyes fiscales. Las Fuerzas Armadas, finalmente, pretendían modernizarse y ser protagonistas del desarrollo económico del país (Ewell, 2002: 318-319).

El modelo adoptado por los adecos y los militares con los cuales compartieron la denominada Revolución de Octubre era el de un desarrollo capitalista con participación del capital extranjero y una política redistributiva de los ingresos de talante tal que todas las clases “recibieran algunos beneficios, lo cual, en realidad, significaba una ganancia modesta para la clase trabajadora”. La nueva política, en cambio, encauzó “los beneficios principalmente hacia la burguesía –nacional y extranjera–”, mientras “los del trabajo permanecieron constantes” (Ewell, 2002: 319).

Así, otro golpe de Estado interrumpió la vida política y le dio otro giro, regresivo. En noviembre de 1950, Delgado Chalbaud fue asesinado en un confuso episodio en ocasión de un intento de secuestro, tras lo cual emergió el régimen dictatorial, conservador y personalista de Marcos Pérez Jiménez. Su dictadura –que se analizará en el próximo capítulo– duró una década y fue “policíaca y megalómana”, según la expresión de Rouquié (1984: 221).

A modo de balance político del trienio, Carrera Damas (2000: 84) destaca “la inauguración de un régimen de partidos modernos y el libre ejercicio de la sindicalización”, novedades que “significaron una inusitada ampliación de la participación política, que se reflejó en procesos electorales masivos”. Así, también Venezuela se convirtió en una sociedad de masas.

Puerto Rico, la hermana cautiva (42)

Tras la ocupación norteamericana, la economía puertorriqueña experimentó un cambio fundamental, particularmente en las estructuras agrarias, donde la hacienda azucarera tradicional cedió lugar a la plantación capitalista. La economía de haciendas relativamente pequeñas coexistía con la de pequeños campesinos autosubsistentes (que trabajaban temporalmente en aquellas o bien tenían relaciones familiares con los trabajadores permanentes). Un grupo de esos pequeños agricultores se convirtió en trabajadores de las plantaciones y los pequeños colonos, antes independientes, también pasaron a depender de las compañías norteamericanas. Los hacendados, a su vez, perdieron el poder político en 1898 (consecuencia de la invasión norteamericana y la resolución de la guerra con España) y paulatinamente el económico (consecuencia del avance del capitalismo en el campo y del papel de las grandes compañías azucareras y tabacaleras estadounidenses) (Quintero Rivera, 1978).

El pasaje de la economía de hacienda a la de plantación no se dio de manera homogénea, siendo más acentuado en los llanos costeros, con sus tierras más aptas para el cultivo de la caña de azúcar. Fue en esa geografía donde surgió, consecuentemente, el proletariado rural, prontamente organizado en la Federación Libre de Trabajadores (FLT) –creada en 1906, que mutó su composición originaria de artesanos con la incorporación de los trabajadores azucareros y los tabacaleros– y en su brazo político, el Partido Socialista (PS), cuya fuerza “estaba relacionada inversamente con la concentración en el cultivo de estos productos” (azúcar, café y frutos menores), de modo que el PS lograba mayor apoyo en las áreas azucareras y menor en las cafetaleras y otros cultivos. En 1920, las elecciones mostraron “un patrón de intensidad en el cultivo de caña por municipio muy parecido al patrón de votación del Partido Socialista” (Quintero Rivera, 1978: 119).

Apenas iniciada la ocupación norteamericana surgieron nuevos partidos políticos. En 1899 se crearon el Partido Republicano Puertorriqueño, el Partido Federal y el PS. El Partido Republicano era la expresión política de los puertorriqueños partidarios del poder metropolitano –al cual consideraban portador de modernidad–, en particular, los intermediarios al servicio de las corporaciones estadounidenses, un pequeño grupo de terratenientes que pudieron reorganizar su producción conforme el nuevo patrón y un tercer sector, menos homogéneo, constituido por profesionales, trabajadores “de cuello blanco”, empleados federales, etc. El nombre del partido remitía, justamente, al Republican Party norteamericano. Su máximo líder, José Celso Barbosa, era afroamericano, condición étnica que hizo que mulatos y negros de las clases medias urbanas apoyaran al Partido.

El Partido Federal fue fundado por Luis Muñoz Rivera. Su base social eran hacendados (interesados en comerciar con Estados Unidos), obreros y agricultores. Si bien buscaba intensificar las relaciones con la potencia ocupante, también reclamaba mayor autonomía. Se disolvió en 1904 para integrarse en la Unión de Puerto Rico (UPR), creada ese año por José de Diego (abogado y poeta que había sido partidario de crear una confederación antillana entre Cuba, Puerto Rico y República Dominicana), Luis Muñoz Rivera, Antonio Barceló y Rosendo Matienzo Cintrón (de los cuatro, el más crítico del régimen político impuesto por los norteamericanos). La nueva agrupación estaba constituida por tendencias heterogéneas, un abanico que iba desde los autonomistas hasta los independentistas. Pese a ello –o tal vez por ello–, la Unión tuvo éxito electoral inmediato y perdurable: ganó todas las elecciones realizadas entre 1904 y 1928.

La heterogeneidad de las tendencias alimentó enfrentamientos internos. No solo el que llevó a Matienzo Cintrón a abandonar el partido tras sus diferencias con Muñoz Rivera, y a fundar, en 1912, el Partido de la Independencia, sino también el muy duro entre los otros dos líderes. Las divergencias que separaban a De Diego y Muñoz alcanzaron un clímax en 1910, en ocasión de la Conferencia de Mohonk Lake. Allí, Muñoz planeó tres opciones posibles para Puerto Rico: convertirse en un estado pleno de Estados Unidos, disponer de un Gobierno propio unido a ese país, proclamar la independencia. Para él, las preferencias iban en ese orden. En cambio, De Diego negó que la incorporación como un estado más fuese una opción viable –a su juicio no la querían ni los norteamericanos ni los puertorriqueños–, de modo que solo quedaban las otras dos. Cerrado el camino de la federación, solo quedaba el del protectorado (Maldonado-Denis, 1969).

Tras la muerte de Matienzo, en 1913, De Diego pasó a encabezar la corriente independentista hasta su fallecimiento en 1921. A su vez, cuando Muñoz Rivera murió y fue reemplazado en la dirección de la Unión por Barceló, esta quitó de su programa la demanda de independencia y la reemplazó por la de Estado Libre Asociado.

El Partido Obrero Socialista fue creado por la FLT para luchar contra la explotación de los trabajadores. Se unió con el Partido Federal y luego con Unión de Puerto Rico, de la cual se separó cuando esta agrupación, en el ejercicio del Gobierno, no atendió los reclamos obreros. En 1906 decidió presentar candidaturas propias. En 1915 se fundó, también como brazo político de la FLT, un segundo PS, con posiciones claramente obreristas y opuestas a la política que ponía en un primer plano el asunto de la relación de Puerto Rico con la potencia colonial. En la asamblea, Santiago Iglesias, el líder de mayor jerarquía en la Federación, se opuso, pero fue derrotado y aceptó el dictamen mayoritario. El primer presidente del PS fue Esteban Padilla y su primer secretario general, Francisco M. Rojas. Contrariamente a una versión muy difundida, el PS no surgió como partido anexionista. En su Asamblea de 1917 (a solo dos años de fundado), parte de su dirección, liderada por Rojas, propuso que el Partido se declarase en favor de una república socialista. Después de muy interesantes debates, la propuesta no fue aceptada pero tampoco derrotada.

En la década de 1930, el PS sí adoptó una postura anexionista, que abandonó a fines de los años cuarenta. Hacia 1954 acordó disolverse, no en el partido estadista (ya existente) sino en el autonomista Partido Popular. Pero no por autonomista, sino por su programa de Gobierno fundamentado en la justicia social.

En la construcción del socialismo puertorriqueño fue decisivo el protagonismo de Iglesias, líder de los trabajadores. Español de nacimiento, llegó en la adolescencia a Cuba, donde se unió a la causa independentista, lo cual lo obligó a refugiarse en Puerto Rico. Hacia 1930, se convirtió en partidario de la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. A su juicio, ello permitiría mejorar las condiciones de vida de los obreros. La combinación reformismo-anexionismo caló fuertemente en la clase trabajadora, de modo que una amplia parte de ella dio su apoyo al PS y a su programa de reivindicaciones sociales. Así, el partido ganó dos elecciones en la década. En una de ellas, Iglesias fue elegido senador, representando el PS; en la otra, fue electo comisionado residente en Washington, en este caso por una coalición entre el PS y el Partido Republicano.

El cambio de las estructuras económicas fue acompañado por el producido en el ejercicio del poder político. Tras la retirada de los españoles, Estados Unidos impuso un breve gobierno militar de ocupación, reemplazado en 1900 por uno civil, conforme lo dispuesto por la llamada Ley Foraker (por el senador de Ohio Joseph Foraker, autor del proyecto), o Ley Orgánica. Por esta, la isla pasó a ser administrada por el Departamento de Estado, con un gobernador –titular del Poder Ejecutivo– designado por el presidente de Estados Unidos y asistido por una Asamblea Legislativa, y un Tribunal General de Justicia, en un remedo de poder republicano trino. La ley creó también la figura del comisionado residente, un funcionario que –elegido mediante el voto popular y con mandato por dos años– representaba a Puerto Rico en el Congreso norteamericano, sin derecho a voto. La Ley también creó la ciudadanía puertorriqueña, declaró el castellano y el inglés como idiomas oficiales y estableció la vigencia de todas las leyes federales estadounidenses en el territorio isleño, a excepción de las referidas a rentas internas. Y aunque la Asamblea Legislativa tenía la potestad de discutir y aprobar la legislación aplicable internamente, toda ley sancionada por ella debía ser comunicada al Congreso de Estados Unidos, al que se concedió “la facultad de anularla si lo tuviere por conveniente” (art. 31 de la Ley Foraker).

En 1917, la Ley Jones o Jones-Shafroth, firmada por el presidente Wilson, concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, separó los tres Poderes (creando una Legislatura bicameral) y otorgó al gobernador de la isla y al presidente de Estados Unidos la facultad de vetar cualquier ley aprobada por la Legislatura, manteniendo la concedida al Congreso por la Ley Foraker. La Ley Jones ratificó el control del Gobierno norteamericano sobre Puerto Rico en materia fiscal y económica, además del servicio de correo, inmigración, defensa y otras cuestiones centrales de administración.

En el contexto de surgimiento de una agricultura capitalista e institucionalización de la nueva dominación sobre Puerto Rico, la lucha política interna se tornó, como sostiene Ángel Quintero Rivera, triangular: “el recién desarrollado proletariado de plantaciones, por un lado, la clase de hacendados (con el apoyo de los trabajadores de hacienda y los campesinos) por otro, y sobre ambos, el poder de la metrópoli (con sus intermediarios puertorriqueños), combinando dos tipos de conflicto en su interacción: conflicto metrópoli-colonia y la lucha de clases.

“El partido que representaba a la clase hegemónica de hacendados, el Partido Unión, era también el grupo político mayoritario. Ganó las elecciones de 1904 y desde entonces no fue derrotado electoralmente hasta 1932. […] Ante esta realidad política, el proletariado de plantaciones tuvo que recurrir, en ocasiones, al poder de la metrópoli (a la American Federation of Labor o directamente al Gobierno de Estados Unidos) en su lucha interna con su clase antagónica de hacendados. Esto, por otro lado, fue dejando huella en su ideología” (Quintero Rivera, 1978: 125).

El sistema de tres partidos –Unión de Puerto Rico (UPR), Republicano y Socialista– perduró, más mal que bien, hasta los años treinta. Esta década, inaugurada con la crisis de 1929, mostró la pérdida de significado y representatividad de sus componentes, en buena medida por la acción de la política colonial. Había un cuarto partido, el Nacionalista (PN), que, si bien pequeño y con algunos filones católicos e hispanistas, en los treinta ocupó el centro de la política borinqueña por ser, estima Quintero Rivera, “el único grupo político con verdadero significado en términos de una alternativa de vida”.

El PN fue fundado en 1922 con la explícita aspiración de “constituir a Puerto Rico en una república libre, soberana e independiente, de acuerdo con el principio de las nacionalidades”. El PN nació de la abdicación socialista y unionista a luchar por la independencia. Dentro del grupo escindido de la UPR descolló prontamente Pedro Albizu Campos –químico, ingeniero y abogado formado en Vermont y Harvard–, quien entre 1924 y 1930 visitó varios países de América Latina, reuniéndose con dirigentes nacionalistas y revolucionarios, y haciendo campaña por la independencia de su patria. En 1930 fue elegido presidente del PN, hecho que lo dotó de una posición más radical y antiimperialista.

Al analizar los cuatro componentes centrales del PN –catolicismo, hispanismo, militarismo y antiimperialismo–, Kátia Baggio (1998: capítulo III) señala que algunos aspectos del partido lo aproximaban, en primera impresión, a posiciones fascistas, en particular, al franquismo. Pero las aproximaciones advertidas no permiten concluir que sea posible filiarlo en ese campo, en particular por las diferencias de los objetivos políticos: los fascistas bregaban por controlar y sujetar a las masas trabajadoras organizadas y por mantener el orden establecido, mientras el PN combatía por la ruptura de la estructura de poder y dominación colonial (Baggio, 1998: 129). Ciertamente, el PN y, sobre todo, Albizu Campos se oponían al PS por reconocer y promover la lucha de clases –principio que contrariaba la visión armónica de la sociedad que preconizaban los nacionalistas–, y por ser partidarios de la incorporación de Puerto Rico a Estados Unidos.

El PN organizó tempranamente un aparato militar, el Ejército Libertador, creado en diciembre de 1935 a partir de los Cadetes de la República, una fuerza originada en el interior de la Asociación Patriótica de Jóvenes Puertorriqueños, fundada en marzo de 1931. Albizu Campos era el jefe civil del Partido y el jefe militar del Ejército. El militarismo y el autoritarismo de la dirección partidaria generaron conflictos internos e incluso divisiones.

La base social del PN estaba constituida por descendientes del antiguo, pero por entonces decadente, grupo dominante de hacendados y comerciantes del período colonial español; por los estratos más pobres de la sociedad –campesinos y artesanos proletarizados después de 1898– y por hijos de profesionales liberales y de comerciantes de las ciudades. Como bien resume Baggio (1998: 46), el PN fue un partido de clases medias, particularmente en sus cuadros dirigentes, “con una participación significativa de estudiantes y trabajadores asalariados en las juntas locales (jerarquías medias) y en la base partidaria”.

Las transformaciones en la estructura económico-social impactaron, como es obvio, en el plano político. Los hacendados y medianos agricultores vendieron sus tierras y los recursos obtenidos fueron destinados, en parte, a pagar la formación superior de sus hijos (profesiones liberales y magisterio). Estos, pues, formaron una generación cuya inserción en la pirámide social era inferior a la que habían detentado sus padres, situación que, argumenta Quintero Rivera (1978: 130-131), los llevó a una posición radical y favorable al cambio, asumiendo las propuestas modernizadoras que habían levantado antes los republicanos. Arraigado en las tradiciones y la cultura de hacienda, este nuevo sector social sumó “el apoyo de los trabajadores de hacienda y de los agricultores de pequeña tenencia, pero su nueva ideología más radical y su nueva posición social secundaria permitieron una alianza con un importante sector del proletariado que estaba descontento con las ya decadentes instituciones políticas de su clase”. Para unos y otros, su principal contradictor social eran las grandes corporaciones azucareras norteamericanas. Esta coincidencia permitió una alianza organizada políticamente en el Partido Popular Democrático (PPD), creado en 1938 bajo la dirección de José Luis Alberto Muñoz Marín, hijo de Luis Muñoz Rivera. El nuevo partido fue inicialmente anticolonialista e independentista, virando luego hacia la conversión de Puerto Rico en Estado Libre Asociado.

Los treinta vieron nacer también otros dos Partidos, el Liberal Puertorriqueño y el Unión Republicana (UR) (ambos en 1932), y desaparecer a la UPR. Como se ha dicho arriba, el PS y la novísima UR se coaligaron y lograron elegir a Santiago Iglesias como comisionado residente para el período 1932-1936. El PN también participó de las elecciones de 1932 (en las cuales solo podían ejercer la ciudadanía política los alfabetos), pero después de ellas evaluaron que la vía electoral era inadecuada para alcanzar sus objetivos. Albizu Campos se pronunció por la no colaboración e hizo un llamamiento a la lucha armada para alcanzar la independencia.

En octubre de 1935, durante una manifestación estudiantil en la Universidad de Río Piedras, la policía asesinó a cuatro jóvenes nacionalistas (suceso conocido como la “masacre de Río Piedras”). En represalia, dos militantes del PN mataron al jefe policial, el coronel E. Frances Riggs, en San Juan. Apresados, fueron fusilados sin juicio previo, al tiempo que el partido se convirtió en objeto de represión. Albizu Campos y otros dirigentes fueron arrestados y trasladados a Estados Unidos, siendo juzgados y condenados por la Corte Federal a quince años de prisión.

En 1946, la demanda de extensión de los derechos políticos de los puertorriqueños tuvo una satisfacción con el nombramiento, por parte del presidente Truman, del comisionado residente Jesús T. Piñero Jiménez como gobernador de la isla, convirtiéndose en el primer nacional en acceder a este cargo. Al año siguiente, el Congreso norteamericano sancionó una ley concediendo a los puertorriqueños elegir a su gobernante mediante el voto.

El PDP se impuso en las elecciones senatoriales de 1940 y a partir de allí fue una fuerza incontenible que ganó todas las elecciones realizadas entre 1944 y 1964. En las de 1948, Muñoz Marín se convirtió en el primer gobernador elegido por voto popular. Algunas de las primeras medidas de su Gobierno fueron la nacionalización de algunas empresas de servicios públicos (entre ellas la de provisión de energía eléctrica) y una reforma agraria parcial, de alcance limitado. Al mismo tiempo, los dirigentes del partido –procurando construir una base económica para su hegemonía– optaron por impulsar un proceso planificado de industrialización. La posición originaria de llevarlo adelante mediante empresas estatales fue abandonada y reemplazada por una estrategia de “atracción planificada de capital privado norteamericano”. Este viraje tuvo consecuencias decisivas. Al adoptarla, “la independencia y las medidas radicales [fueron evaluadas] como obstáculos para este fin”, optando por “la autonomía como aspiración política y un enfoque moderado hacia lo socio-económico, enfoque que fue moviéndose progresivamente hacia la derecha”. Así, la industria puertorriqueña se constituyó mediante el establecimiento de subsidiarias estadounidenses y una política salarial de bajas remuneraciones (Quintero Rivera, 1978: 32).

La década de 1940 fue también la de ruptura y conflictividad “entre la nueva clase de tecnócratas (hijos de los antiguos hacendados) y la clase obrera”, hasta entonces aliados. Quintero Rivera (1978: 133-138) sostiene que la primera no tuvo dificultades en debilitar, cuando no controlar, a la segunda en un contexto de más transformaciones en la estructura de la isla, epifenómeno del crecimiento industrial y con ella el pasaje de la economía de plantaciones a la manufacturera. Fue muy importante lo que él llama “el deshacer del proletariado de plantaciones”. Este proceso fue el resultado de varios factores: 1) la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea generaron un nuevo tipo social, el de los veteranos, hombres provenientes, en su mayoría del proletariado de plantaciones; 2) el crecimiento de la clase obrera industrial llevó a los sindicatos metropolitanos a organizar a los trabajadores de las fábricas subsidiarias radicadas en la isla; 3) el cambio en la estructura legal de las relaciones obrero-patronales introducido por la Ley Taft-Hartley.

Por entonces, el crecimiento industrial también estaba modificando la estructura social de Puerto Rico en el campo de las clases medias, donde surgieron un nuevo tipo de intermediarios en la industria y el comercio y un grupo que podríamos llamar burguesía local comercial e industrial. La aparición de los nuevos intermediarios incidió fuertemente en el pronorteamericano Partido Republicano, donde la vieja guardia, representativa de los intermediarios en la economía de plantaciones, mantuvo el control partidario, aunque sus bases eran ya los nuevos intermediarios. Esta situación hizo crisis en 1966, cuando estos –bajo la dirección de Luis A. Ferré– crearon el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pero antes de ello, Puerto Rico atravesó un momento de apelación a la lucha armada para lograr la independencia, coincidiendo con la campaña de Muñoz Marín en favor de la proclamación del Estado Libre Asociado, estatus al cual Albizu Campos consideraba “una farsa colonial”. En 1947, este regresó al país y comenzó los preparativos insurreccionales. El PN fue reorganizado y las dos secciones del partido, la civil y la militar, fueron dirigidas por Albizu Campos.

En junio de 1950, el presidente Truman aprobó la Ley 600, por la cual se autorizaba a la Legislatura de Puerto Rico a convocar una Asamblea Constituyente encargada de redactar una Constitución, si bien condicionada por decisiones del Congreso norteamericano.Entre las restricciones se contaba una fundamental: establecía un Gobierno local con potestades limitadas exclusivamente a asuntos internos, por lo cual la condición colonial se mantenía. La Carta solo sería aprobada y puesta en vigor tras la certificación, por el presidente de Estados Unidos, de su adecuación a lo dispuesto por la Ley 600 y la Constitución de este país. Después de ese paso, debía ingresar al Congreso para su aprobación definitiva. De hecho, el objetivo era legitimar la condición colonial mediante el consentimiento de los propios colonizados.

El PPD y Muñoz Marín jugaron ese juego y avalaron la realización de un plebiscito popular –previsto para noviembre de 1950–, en el cual se votaría a favor o en contra de la Ley 600, con la participación de los electores capacitados. El Gobierno depuró el padrón electoral apelando a la Ley 53, de 1948, conocida como Ley de la Mordaza (rigió hasta 1957), entre cuyas facultades estaban las de vigilancia, persecución y violación de los derechos humanos de los puertorriqueños, en particular los independentistas, la mayoría de ellos detenidos y/o excluidos del padrón. La policía local y el FBI trabajaron de consuno en la acción represiva.

El comienzo de la insurrección nacionalista debió adelantarse considerablemente en razón de la acción policial que descubrió los preparativos y ocluyó el factor sorpresa. El presidente Truman declaró que el episodio era una lucha entre puertorriqueños, ocultando el verdadero carácter del levantamiento, impuso la ley marcial en toda la isla y envió tropas de la Guardia Nacional. El operativo fue objeto de censura de prensa, de modo que no fue conocido inmediatamente en el exterior. La represión terminó con la insurrección y en buena medida con el propio PN, haciéndose extensiva a los militantes y simpatizantes nacionalistas que no participaron de la insurrección, a los comunistas y los miembros del nuevo Partido Independentista, contrario a la lucha armada. La dirigencia nacionalista, en primer lugar Albizu Campos y Blanca Canales Torresola –notable luchadora de la causa independentista–, fue detenida y enjuiciada. Albizu Campos fue condenado a 80 años de prisión en una cárcel puertorriqueña, aunque el gobernador Muñoz Marín lo indultó en 1953. Empero, en 1954 el indulto fue revocado y Albizu Campos fue enviado nuevamente a la cárcel. En noviembre de 1964, Muñoz Marín volvió a indultarlo. Poco después, el 21 de abril, falleció. Su sepelio fue una formidable manifestación de masas.

En 1946, se creó el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), bajo la dirección de Gilberto Concepción de Gracia, como una escisión del PPD. En efecto, aunque para entonces la mayoría de la dirección de este partido todavía levantaba la consigna de la independencia, Muñoz Marín ganaba posiciones y adhesiones para abandonar esa posición. Así, en febrero de 1945, el PPD estableció la incompatibilidad entre la simultánea pertenencia al partido y al Congreso Pro-Independencia de Puerto Rico, medida que abrió el camino hacia la nueva organización. El PIP nació –y persiste en la tesitura– rechazando la lucha armada para alcanzar la independencia de Puerto Rico, la cual aspira a obtener mediante la lucha cívica y electoral y la desobediencia civil.

La estrategia impulsada por Muñoz Marín y el Gobierno norteamericano alcanzó su objetivo. En 1952 fue aprobada la Constitución y establecido el Estado Libre Asociado. De hecho, mantiene los términos del Tratado de París de 1898 y de las Leyes Foraker y Jones. Formalmente, por el artículo 1 “[s]e constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. […] El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico”.

Constituido de esta manera, el país fue gobernado ininterrumpidamente por el PPD hasta 1968 (Muñoz Marín fue gobernador hasta 1964), año en el que el recientemente formado PNP, beneficiándose de la división del oficialismo, se impuso en las elecciones y consagró gobernador a su líder, Ferré. “El triunfo electoral del PNP representó una victoria de aquellos sectores sociales cuyos intereses están íntimamente vinculados a la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos y que aspiran, en la estadidad, a la perpetuación de estas relaciones. […] La debilidad en la base del apoyo electoral al PNP quedó evidenciada con su derrota en las elecciones siguientes [1972], cuando sectores de obreros y marginados emitieron nuevamente su protesta (en esta ocasión, en su contra)”, según afirma Quintero Rivera (1978: 138).

Después, y hasta hoy, el PPD y el PNP se han alternado en el ejercicio recortado del Gobierno de la isla. En las elecciones de noviembre de 2008 se impuso Luis Fortuño, del PNP, hasta entonces presidente de este y comisionado residente.

La baja adhesión popular a la demanda de independencia –resultado de un complejo entramado de razones– no ha impedido la tozuda persistencia de ella. La cuestión de la independencia puertorriqueña está también en la agenda de la ONU.

La crisis del modelo primario exportador y la ampliación de la industrialización sustitutiva de importaciones

La historia de la crisis desatada a partir del crack de 1929 y su impacto sobre América Latina ha sido abordada un sinnúmero de veces. Sin embargo, son relativamente pocos los estudios histórico-económicos que la estudian desde un punto de vista comparativo y regional, y en referencia a las conexiones de los efectos de tipo económico con los de tipo político y social.

Un primer acercamiento al problema marca la distinción entre el origen externo de la crisis y sus repercusiones internas. En efecto, la crisis del modelo primario exportador en América Latina fue parte de un proceso de crisis global que comenzó con la debacle bursátil del “jueves negro” en Wall Street, el 24 de octubre de 1929, y continuó con el colapso del sistema financiero en 1931 y con los efectos que se desplegaron en los años subsiguientes. El crack de 1929 marcó el inicio de un ciclo de recesión económica global que afectó, primero a los países centrales y luego, y diferencialmente, a los países de América Latina. En la región, la recesión llegó tanto por efecto de la crisis de pagos que se desencadenó a partir de la caída de la demanda y de los precios de los productos latinoamericanos como por la fuga de capitales y la desaparición del crédito extranjero. La caída de los precios de las exportaciones superó a la caída de los precios de las importaciones, y los términos netos de intercambio cayeron en casi todos lo países. La deuda externa tuvo que ser cubierta entonces con los magros ingresos provenientes de las exportaciones, lo cual restringió fuertemente las importaciones. Como resultado, la situación fiscal de los países latinoamericanos se deterioró notablemente y hubo procesos inflacionarios que llegaron a afectar gravemente el orden constituido.

A comienzos de 1933, la estabilidad externa ya se había alcanzado. En el plano interno, sin embargo, la recuperación fue más lenta. Ella dependió, en buena medida, del impacto diferencial que tuvo el papel del Estado y las alianzas entre grupos de poder y la política económica, sobre todo frente al abandono del patrón oro por parte de los países centrales. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos siguió una política de control de cambios y racionalización de las importaciones. En general, se optó por financiar el déficit interno con la emisión de moneda, una práctica favorecida por la estrecha articulación de poder entre las burguesías financieras y las exportadoras, que en muchos países convergía en una misma red familiar.

Otro aspecto de la cuestión refiere a la distinción entre crisis económica y transformaciones estructurales internas, esto es, cambios de más larga duración, que la debacle de 1929, en todo caso, vino a catalizar en América Latina. Como ya se ha dicho, si la crisis tuvo un efecto destructivo en la región fue porque selló el fin sin retorno de un modelo económico, el primario exportador, cuya decadencia ya era observable a partir de la primera posguerra.

En efecto, el año 1914 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial significó un punto de inflexión en la historia económica mundial: la declinación del predominio de Gran Bretaña y del patrón oro, y su reemplazo por Estados Unidos y la “diplomacia del dólar”. La guerra afectó el equilibrio global del comercio y de los pagos, que hasta entonces habían tenido un desarrollo relativamente libre de restricciones, pero también afectó gravemente el equilibrio internacional de poder. En América Latina, los efectos fueron devastadores. Téngase en cuenta que, en 1913, según los datos que ofrece Aldo Ferrer (2000: 348), la participación de América Latina en el mercado mundial de exportaciones era altísima en los rubros nitratos (97%), café (82%), y muy alta en carne vacuna (64%). Con valores cercanos al 50% se ubicaban el cultivo de bananas (50%), maíz, semillas de lino y cacao (todos con un valor del 42%). Por último, era importante la participación en la producción de caucho (34%), estaño (20%) y cobre (alrededor de 10%). En otras exportaciones, las históricas, los valores también eran altos, del 38% para la plata, 30% para el azúcar y 17% para el oro.

Durante las primeras décadas del siglo XX, Europa avanzaba hacia formas cada vez más articuladas de proteccionismo e intervención estatal, y Estados Unidos afirmaba cada vez más su carácter de potencia hegemónica, con un superávit tal que estuvo en condiciones de proveer entradas espectaculares de capitales a la región. En este escenario, y en contraste con la antigua metrópolis, Estados Unidos articuló su hegemonía imperialista frente a unos mercados latinoamericanos de los cuales demandaba solamente productos primarios estratégicos. Asimismo, una nota particular de la nueva situación imperialista fue que Estados Unidos privilegió la inversión directa, paradigmáticamente, en el rubro de carnes enfriadas (chilled), compitiendo con el imperialismo inglés y desplazando las carnes congeladas. En los primeros años del siglo XX, los dos mayores frigoríficos del mundo, Swift y Armour, se instalaron en Argentina.

Argentina, otra vez, y Brasil fueron escenario de la penetración norteamericana. Durante las primeras décadas del siglo XX, y más señaladamente en los años veinte, se instalaron plantas fabriles controladas por grandes corporaciones capitalistas norteamericanas –y también algunas europeas–. Así, por ejemplo, The Remington Typewriter (1911), National Cash Register (1913), Kodak (1915), Firestone (1916), Standard Electric (1919), General Electric (1920), Westinghouse Electric International (1921), The American Express (1921), Standard Oil (1922), Ford Motors (1922), IBM (1923), General Motors (1925), Colgate-Palmolive (1927), Refinerías de Maíz (1928), en Argentina. Y General Electric (1919), RCA Victor (1919), International Bussines Machines, IBM (1924), Ericsson (1924), Philips (1925), Standard Electric (1926), Burroughs (1929), Pirelli (1929) y las automotrices Ford Motors y General Motors, en Brasil. En 1920 se creó la International Telephone and Telegraph Company (ITT). Enseguida, esta empresa tuvo el control de las principales compañías telefónicas de Argentina, México, Perú y Chile. Cabe notar que en este último país ella desempeñó un papel decisivo en el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende y la instauración de la feroz dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet. General Motors instaló una planta en Uruguay y Ford Motors instaló una fábrica de tractores en México.

Según Víctor Bulmer-Thomas (1997: 12), las señales de la decadencia previas a la crisis fueron, entre otras, el vertical aumento de los precios de las mercancías (aunque la oferta era superior a la demanda), en particular en los casos del trigo argentino, el azúcar cubano (marzo de 1928) y el café brasileño (marzo de 1929); el exceso de demanda del crédito y el alza de los tipos de interés; la fuga de capitales (atraídos por tipos de interés más elevados fuera de la región), como también la disminución, por igual razón, de nuevos flujos de capital. Estas señales, aunque evidentes, no fueron tenidas en cuenta, en buena medida, por la resistencia de los sectores dominantes vinculados al comercio internacional a resignar los beneficios (aunque cada vez menores) de un modelo de crecimiento hacia fuera que habían cultivado largamente y el cual había estructurado su identidad como grupo.

En los años inmediatamente posteriores a la quiebra de la bolsa de 1929, la caída abrupta de los precios y del volumen de las exportaciones, y el consiguiente deterioro de los términos de intercambio –esto es, una mayor caída de los precios de las exportaciones de materias primas de América Latina respecto del nivel de los precios de las importaciones industriales de los países centrales– terminó con la especulación en torno a las ventajas comparativas y puso de cruel manifiesto la situación de dependencia de los países periféricos. Entonces, fue evidente que el control de esa crucial variable económica estaba fuera del alcance de los Estados nacionales. La tendencia de deterioro de los términos de intercambio continuó durante toda la década y fue la durabilidad de esta tendencia la que selló la crisis del modelo (Díaz Alejandro, 1988).

Entre 1928 y 1932, los términos netos de intercambio cayeron un 44% para el conjunto de la región. Pero algunos países tuvieron una mejor respuesta que otros, como por ejemplo Venezuela, donde el precio unitario del petróleo cayó solo el 18,5%, u Honduras, donde el precio de exportación de la banana tuvo un deterioro del 9%. Como resultado, en estos países excepcionalmente poco afectados, los términos netos de intercambio no sufrieron variaciones críticas (Bulmer-Thomas, 1997: 12-13). Como se ha dicho, no era la primera vez que América Latina debía enfrentar una tendencia hacia la baja, pues una tendencia tal ya se había insinuado a comienzos de la década de 1920, cuando los progresos técnicos en la agricultura y el reemplazo de ciertos productos por otros nuevos (como los nitratos) alteraron el acostumbrado juego entre oferta y demanda en el mercado mundial en detrimento de algunos de los productos primarios latinoamericanos claves. Pero en los años treinta, la baja fue más pronunciada y durable, y la crisis tuvo efectos múltiples.

Las economías más afectadas fueron las de los países que sufrieron tanto la caída de los precios de sus materias primas como la de los volúmenes exportados: tales los casos de Bolivia, Chile y México, productores de minerales, cuya demanda las economías centrales podían satisfacer con las materias primas que tenían en existencia. En términos generales, la “combinación más desastrosa” fue la producida por “un alto nivel de apertura, un gran descenso del precio de las exportaciones y una disminución abrupta del valor de las mismas”. De allí, entonces, que Chile y Cuba resultasen los casos más agudos. En Chile, el valor de compra de sus exportaciones cayó 83%, entre uno y otro de los años 1928-1932. En Cuba, la extrema dependencia de Estados Unidos se tradujo en la firma del Convenio Internacional del Azúcar en 1931, que impuso fuertes restricciones a la exportación de esa producción. En una economía especializada en este único producto, el impacto fue fatal (Bulmer-Thomas, 1997: 13-14).

Un segundo grupo de economías afectadas por la crisis, en este caso con una caída de menos del 25% en el volumen de las exportaciones, está formado por Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y toda América Central. Estas economías, a diferencia de las mencionadas antes, tenían una composición de las exportaciones más diversa, fundamentalmente productos agrícolas y alimentos. Si las economías del centro pudieron satisfacer la demanda de productos minerales con los que tenían en existencia, en el caso de los productos primarios y de alimentos la misma solución no era viable por su carácter perecedero (Bulmer-Thomas, 1997: 14).

En el conjunto de países que integran este segundo grupo cabe señalar algunas particularidades históricas relevantes. En el caso de Argentina, los efectos de la crisis estuvieron mitigados por el tratado comercial firmado en 1933 con Gran Bretaña, conocido como pacto Roca-Runciman. Este pacto significó para el país la posibilidad de colocar sus exportaciones, aunque como contrapartida ofreció importantes concesiones arancelarias a Gran Bretaña para el ingreso de sus productos al país. En Perú, el impacto estuvo mitigado por el hecho de que una de las principales exportaciones era el petróleo, cuyo precio se mantuvo más elevado que el de otros minerales. Brasil no corrió la misma suerte. Si bien el Estado brasileño había sorteado las crisis sucesivas del café con la implementación de una estrategia de “defesa”, esto es, un plan de valorización del grano que permitió reducir la oferta y mejorar el precio, hacia 1929 la estrategia estaba probadamente fracasada.

Por último, hubo un tercer grupo, el de las economías poco afectadas por el descenso del volumen de sus exportaciones. Se trata de Colombia (café), Venezuela (petróleo) y República Dominicana (azúcar), cuyo descenso del quantum exportado fue inferior a 10% (Bulmer-Thomas, 1997: 14). República Dominicana se benefició de las restricciones a la exportación del azúcar impuestas a Cuba por parte de Estados Unidos en los primeros años de la década de 1930. Colombia había sorteado la crisis de los años veinte con la expansión de sus plantaciones.

La caída de los precios y de los volúmenes de exportación en todos los países redujo cuantiosamente el poder de compra de las exportaciones. Como se ha dicho, Venezuela fue uno de los casos excepcionales en el que esta variable se mantuvo estable, gracias a los enormes beneficios de la explotación del petróleo. El otro caso, también señalado, fue Honduras, donde las compañías extranjeras que explotaban el banano utilizaron el beneficio del bajo costo de las plantaciones del pequeño país para concentrar allí su producción global (Bulmer-Thomas, 1997: 15).

Víctor Bulmer-Thomas (1997) señala que los países latinoamericanos, en razón de la crisis, enfrentaron dos desequilibrios: 1) el desajuste externo generado por las caídas de los ingresos de la exportación y el flujo de capital; 2) el desajuste interno provocado por la contracción de los ingresos fiscales y, en consecuencia, el déficit presupuestario, no factible de ser saldado mediante recursos externos. Conexo a ambos desajustes se encuentra la situación monetaria, que se tornó clave cuando Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron abandonar el patrón oro. Tal decisión obligó a los gobiernos de la región a manipular el tipo de cambio.

Así, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y República Dominicana –países considerados pequeños, sujetos a la fuerte influencia norteamericana– optaron por vincular sus respectivas monedas nacionales al dólar estadounidense. En cambio, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua –con características similares a los del grupo anterior– intentaron el mismo procedimiento, pero finalmente debieron proceder a devaluar sus monedas. En el sur del continente, “Argentina, con algún éxito, y Bolivia, sin ninguno”, se orientaron a la vinculación de sus monedas a la libra esterlina, a partir de enero de 1934 y de enero de 1935, respectivamente. En cambio, sus vecinos Ecuador (mayo de 1932), Colombia (marzo de 1935), Chile (septiembre de 1936) y Brasil (diciembre de 1937), optaron por vincularlas con el dólar, al igual que México (julio de 1933). Paraguay constituye un caso especial, toda vez que su Gobierno decidió continuar con su política de paridad con el peso argentino. Venezuela también constituye un caso atípico y excepcional de flotación monetaria, en la que el bolívar se revalorizó frente al dólar en el lapso de cinco años (fines de 1932 a fines de 1937).

La imperiosa necesidad de reducción del déficit presupuestario llevó a los gobiernos latinoamericanos a subordinar a este objetivo el pago de las deudas interna y externa, si bien ninguno de ellos llegó al extremo de desconocerlas. Es cierto que se produjeron moratorias, decididas unilateralmente por los Estados deudores, pero también se arbitraron medidas para el pago de, al menos, la deuda externa. Según la argumentación de Bulmer-Thomas (1997), esta decisión pretendía preservar el acceso a los mercados de capital internacional. El adelantado en la declaración de la suspensión del pago del servicio de la deuda fue México, en 1928 –por razones que hicieron a la marcha de la revolución iniciada en 1910–, pero a partir de 1931 la acción se generalizó en la región.

Nuevamente, Venezuela es una excepción: en 1930, el dictador Gómez canceló la deuda externa generada en 1915. Argentina es otra: fue el único país que pagó, puntualmente, ambas deudas, “por razones que son todavía discutibles”, entre las cuales se citan la estrecha relación comercial y financiera que mantuvo con el Reino Unido, la posibilidad de obtener más préstamos y la ortodoxia financiera de los gobernantes conservadores (Bulmer-Thomas, 1997: 22). Empero, cabe acotar respecto de este caso, tales concesiones no implicaron mejoras en la situación de dependencia; por el contrario, ella se redefinió fuertemente en favor de la metrópolis económico-financiera, tal como lo muestra el tratado Roca-Runciman, alguna vez llamado el “estatuto del coloniaje”, por sus cláusulas tan decididamente probritánicas. En otros casos, como en el de Honduras, se suspendió el pago de la deuda interna, sin dejar de cumplir religiosamente con el pago de la externa, que también pagaron Haití y República Dominicana.

En términos del Producto Bruto Interno real, la recuperación de las economías latinoamericanas, en general, comenzó después de 1931-1932, y antecedió a la de Estados Unidos. Para la segunda mitad de la década, varios países de la región habían desarrollado “un respetable conjunto de instrumentos monetarios y fiscales, así como la voluntad de usarlos para evitar la deflación”. Durante el período 1929-1939, las tasas de crecimiento de las manufacturas variaron desde 3% anual, en Argentina, hasta 8% anual, en Colombia, muy por encima de la fluctuación alrededor de cero en Estados Unidos y Canadá (Díaz Alejandro, 1988: 52 y 57).

En medio de la crisis sin parangón, el Estado se convirtió en agente privilegiado de la gestión del comercio exterior, en particular de los acuerdos bilaterales orientados a asegurar una mejor reciprocidad en los intercambios, y a la racionalización de los recursos, en ese contexto, muy escasos. El Estado intervenía en la economía para fijar precios, establecer cupos máximos de producción, decidir la destrucción de la producción excedente, y en el mejor de los casos, pautar la indemnización de los productores afectados por estas medidas. También fijaba los precios de las tarifas de los servicios públicos. En los países donde los Estados ya habían logrado cierta diferenciación institucional, surgieron las juntas reguladoras y se crearon o fortalecieron los bancos centrales.

La crisis de 1930 trajo también como novedad el desarrollo de las instituciones financieras. Hubo créditos a mediano y largo plazo, los cuales favorecieron la construcción de viviendas y obras públicas, el crecimiento de la agricultura y, sobre todo, la industria. La promoción de los medios de transporte automotor, en desmedro de los ferrocarriles, potenció la construcción de nuevas carreteras pavimentadas, con efecto multiplicador en las industrias del cemento, hule, refinación de petróleo, ensamblado e incluso producción de autobuses, automóviles y camiones, como también en la percepción de ingresos fiscales derivados de tales actividades. Los nuevos caminos, las facilidades crediticias y, en el caso de México, la construcción de obras de riego contribuyeron a una expansión del capitalismo en la agricultura (Díaz Alejandro, 1988: 53-54).

La diversificación y ampliación de los medios de transporte, a su vez, rebajó sus costos. También apareció o se expandió el transporte aéreo. El pasaje del ferrocarril al automotor es inseparable de la lucha entre el imperialismo británico (promotor del primero) y el norteamericano (que lo fue del segundo).

Más allá de la controversia derivada de “las concepciones alternativas de los mecanismos de recuperación”, la “conclusión más notable” extraíble de la comparación entre casos sobre el impacto de la crisis externa y desarrollo de la crisis interna en los países de América Latina es “la rápida recuperación de la Depresión” (Thorp, 1988: 15). Los precios de las materias primas exportadas se recuperaron recién en 1936-1937, para volver a caer durante los dos años siguientes. Ahora bien, como los precios de las mercancías importadas se mantuvieron muy bajos, los términos netos del intercambio mejoraron desde 1933 hasta 1937, llegando en 1939 a un nivel 36% superior al de 1933 e igual al de 1930 (Bulmer-Thomas, 1997: 14-16 y 23).

Si bien la recuperación no implicó “un cambio estructural significativo” (Bulmer-Thomas, 1997: 45), cabe detenerse en el comportamiento del sector no exportador. En medio de la crisis, comenzó a tomar forma una alternativa: reorientar la economía hacia la producción de artículos sustitutos de las importaciones. Así, se fue delineando el modelo de industrialización de sustitución de importaciones (ISI), para sustituir las manufacturas que constituían el grueso de las importaciones, y la agricultura de sustitución de importaciones (ASI), para reemplazar los productos agrícolas que desde la década de 1920 muchos países estaban importando. La ISI y la ASI fueron mecanismos importantes de recuperación de la crisis en varios países de la región.

Respecto de la industrialización, cabe señalar que primero se desarrolló aquella de productos de bienes de consumo, para abastecer los mercados locales que empezaban a recuperarse pasado el cimbronazo de 1929. En buena medida, los primeros impulsos de industrialización aprovecharon la infraestructura y capacidad ociosas de los tímidos avances de la industria en los años previos y, desde luego, la gran disponibilidad de fuerza de trabajo de hombres y mujeres.

Como es evidente, la industrialización de bienes de consumo fue viable en aquellos países donde se había constituido un mercado interno y por ende había una masa de potenciales consumidores para la producción local. Así, la recuperación fue pronta en países que habían logrado cierta consolidación de sus Estados nacionales. A partir de 1935, se observan signos de rehabilitación en México, Brasil, Argentina y Colombia. También Chile, Perú y Venezuela pudieron recuperarse rápidamente; en el caso particular de Venezuela, gracias al beneficioso incremento de la producción de petróleo. Otro país que pudo sortear la crisis gracias a una coyuntura particularmente favorable a su especialización productiva fue Cuba, donde la exportación del azúcar estuvo estimulada por la recuperación de los precios internacionales. Decididamente, la ISI fue un mecanismo crucial de recuperación en Argentina y Colombia. Otros dos países sortearon mejor la crisis: Costa Rica y Uruguay, pues tenían un sector público relativamente autónomo y un alto nivel de integración social que les había permitido alcanzar cierta consolidación de sus mercados internos.

En otros países con economías pequeñas y Estados menos sólidos, especialmente Ecuador y algunos países de América Central y el Caribe, la crisis tuvo efectos más prolongados. La reactivación económica por la vía de la industrialización no contaba con el aliciente de un mercado interno. El caso de Guatemala es notable, puesto que allí se logró una recuperación relativamente más rápida gracias al mecanismo de la ASI. Y El Salvador, el otro país centroamericano que había logrado afianzar su Estado bajo la dominación oligárquica en el siglo XIX, también tuvo una buena recuperación hacia mediados de la década de 1930.

En los casos de Bolivia y Paraguay, la crisis se entreveró con el desastre provocado por el enfrentamiento bélico por la posesión del Chaco boreal. La victoria de Paraguay no significó para el país ninguna mejora económica: el valor nominal de las exportaciones siguió cayendo hasta 1940 (Bulmer-Thomas, 1997: 26).

En general, la expansión de un sector de la economía no exportador fue resultado del mismo crecimiento del comercio de exportación. En particular, la ISI fue un proceso generado por la crisis de 1929 y sus repercusiones en la región, pero no debe confundirse la implementación de la ISI desde el Estado y como modelo económico, con aquellas configuraciones incipientes de la ISI en los años previos a 1930. La sustitución de importaciones realizada en los años anteriores a la crisis de 1930 fue un fenómeno espontáneo estimulado por la expansión de las exportaciones. Puede decirse que el rasgo que marca la diferencia entre una y otra etapa es el carácter de política pública nacional que la ISI adquirió a partir de las décadas de 1940 y 1950, en países cuyos gobiernos entonces sí rechazaron de plano el crecimiento basado en la exportación. Es el caso de los populismos estudiados más arriba.

Conforme los resultados de varias investigaciones, resulta claro que la ISI tuvo expresiones diferentes según los países. En América del Sur, fue más intensiva en fuerza de trabajo que en capital. En general, si bien hubo casos de inversión directa por parte de empresas extranjeras, en estos países la ISI desarrolló pequeñas y medianas empresas de propiedad de capitales nacionales –con propietarios igualmente nacionales, pero sin desdeñar la presencia de nuevos inmigrantes provenientes de Europa, pero que no traían consigo capitales (Díaz Alejandro, 1988: 60)–. En términos generales, estos países continuaron la tendencia ya observada en los años veinte.

La intervención del Estado fue significativa en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y México, creándose organismos específicamente dedicados a la regulación de la comercialización de productos primarios. En Argentina esto ocurrió con las carnes, los granos, los cereales, la yerba mate, etc. Un dato singular aquí fue la creación de un impuesto al ingreso, una política realmente innovadora llevada adelante por iniciativa de Federico Pinedo en 1933. En Chile cabe destacar la creación de un emblemático organismo orientado a la promoción de producciones industriales a gran escala y con maquinaria moderna, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), fundada en 1939 por el presidente Pedro Aguirre Cerda bajo el Gobierno del Frente Popular. En México, fue notable la creación de la Nacional Financiera establecida por el presidente Lázaro Cárdenas y reorganizada en 1940.

En algunos casos, la intervención fue más directa y el Estado se convirtió en propietario de medios de producción, particularmente, en aquellos sectores considerados estratégicos para el desempeño nacional: sectores de infraestructura y sectores industriales productores de acero, armas y otros insumos necesarios para la defensa militar. No fue ajeno a esta circunstancia el ascenso del militarismo en toda la región. En efecto, según vimos precedentemente, esta forma de intervención del Estado potenció la participación de las Fuerzas Armadas en los asuntos nacionales. En Argentina, como ya se ha dicho, se constituyeron la pionera YPF en 1922, y luego la Fábrica Militar de Aviones (1927) y varias fábricas militares establecidas en la década siguiente y agrupadas en la Dirección de Fábricas Militares, creada a fines de 1936 bajo un Gobierno conservador. Todas ellas tuvieron una importancia decisiva en la industria. En Brasil se creó la siderúrgica Companhia Vale do Rio Doce. En México, se fundó Petróleos Mexicanos (PEMEX), creada a partir de la política de nacionalización del Gobierno de Cárdenas en 1938. Casi contemporáneamente, y bastante antes del estallido revolucionario, en Bolivia se creó la empresa Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), bajo el Gobierno reformista militar de David Toro, en 1936. En Uruguay, como ya se ha visto, un país en donde el batllismo había impulsado una forma de Estado tutelar muy peculiar, en 1931 se creó la emblemática Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Petróleo (ANCAP). Tanto la empresa boliviana (que hasta copió su nombre) como la uruguaya –y más tarde la brasileña Petrobras (1953)– tomaron como modelo a la argentina YPF.

Para Carlos Díaz Alejandro (1988: 58), Brasil y Colombia tuvieron una notable industrialización por ser economías cafetaleras que ya antes de la crisis contaban con sectores manufactureros relativamente separados de las exportaciones. En efecto, en Brasil, tal como lo había demostrado Warren Dean en 1969, hacia 1920 el país contaba con cierta industrialización de hierro en lingotes, cemento, instrumentos y motores eléctricos, maquinaria textil, equipos procesadores de azúcar, partes automotrices, implementos agrícolas, aparatos de gas, relojes y básculas, textiles de rayón (43). En Colombia, la incipiente producción industrial estuvo dominada por los textiles de algodón y de rayón, y en menor medida la cerveza, el azúcar y el cemento. En este país fue notable el desarrollo de Medellín con su pequeña industria metalúrgica, a lo cual no fue ajena la diversificación de las inversiones de los cafetaleros golpeados por la crisis. El rasgo particular de Colombia, frente a Brasil, es que la consolidación capitalista cafetalera fue rápida y vertiginosa, y comparativamente más tardía.

La industrialización de Chile, según Gabriel Palma, había comenzado más o menos en los mismos años que en los dos países señalados arriba. En este caso en particular, influyó decisivamente la caída de las exportaciones de nitrato, que perdió su capacidad de competir con productos sintéticos que cumplían las mismas funciones que el mineral chileno, y que los países centrales habían desarrollado durante la Gran Guerra. En opinión de Palma, “la crisis de los años treinta no representa tanto un rompimiento con el pasado inmediato, como una aceleración de un proceso de transición del crecimiento impulsado por la exportación a la industrialización con sustitución de importaciones que ya se había iniciado” (Palma, 1988: 70, itálicas del autor).

En México, la industrialización tuvo un fuerte impulso durante el período de auge del orden oligárquico, en razón de las fuertes inversiones realizadas durante el Gobierno de Porfirio Díaz, particularmente entre las décadas de 1870 y 1890, los cuales pueden considerarse, a juicio de Michel Gutelman (1974: 30), “como la época Meiji de México”. A partir de la minería del oro y la plata crecieron las ramas textil (que en vísperas de la revolución empleaba unos 40.000 obreros), metalúrgica, siderúrgica (en Monterrey) y las fábricas de productos de plomo (en el centro del país), además de las de alimentos y bebidas (cervecerías, aceiteras), tabacos, jabones y otros bienes de la industria liviana. Asimismo, según el mismo autor, se inició la perforación de pozos petrolíferos y se construyeron las primeras centrales hidroeléctricas. Un caso destacable fue la creación, en 1904, de la fábrica siderúrgica La Fundidora, primera productora latinoamericana de rieles ferroviarios. El proceso señalado se vio obstaculizado cuando estalló la revolución y todo el país se sumió en la violencia y la desorganización. Pero pasada la fase de mayores convulsiones, el país entró enseguida en una fase de industrialización creciente.

Argentina comparte con México y Brasil el mismo rasgo de temprana industrialización y de articulación de un nuevo modelo de crecimiento económico bajo un Gobierno populista. Argentina constituyó rápidamente un importante mercado interno de manufacturas y una cierta infraestructura de producción que corrieron parejos con la expansión de las exportaciones de productos primarios. Pronto, el país tuvo una de las economías más industrializadas de la región, si no la más.

En contraste, los países centroamericanos son claros ejemplos que ilustran la permanencia del modelo primario exportador hasta bien avanzado el siglo XX. Las clases dominantes encontraron en la pequeñez de los mercados nacionales el argumento propicio para seguir apostando al modelo de crecimiento hacia fuera. No obstante, cabe notar que si bien no hubo un impulso a la producción industrial sí hubo un cambio en el papel del Estado, entre los cuales puede citarse “el reconocimiento de la necesidad de cierto grado de intervención estatal en la economía” (Bulmer-Thomas, 1988: 354).

En buena parte de la región, la ISI fue entonces un proceso generador de cambios significativos en la composición industrial: además de la ya instalada producción fabril de textiles y alimentos elaborados, creció la producción de bienes de consumo duradero, de productos químicos y farmacéuticos, de metales y de papel, entre otras (Bulmer-Thomas, 1997: 37-39). Como consecuencia de la diversificación del mercado de bienes industriales, las relaciones interindustriales se tornaron más complejas.

Empero, la magnitud de tales cambios no debe exagerarse: en 1939, en Argentina, el país más industrializado, el índice de la producción manufacturera neta respecto del PBI llegaba a solo 22,7%. El mismo índice en México llegaba a un 16% y en Brasil a un 14,5%. Los otros países tenían niveles aún más modestos, excepto Chile que rondaba el 18%. Según la interpretación de Celso Furtado, la primera fase de industrialización, la inducida por la expansión de las exportaciones antes de la crisis de 1929, se limitó “al procesamiento de materias primas locales con equipos importados o a la terminación de bienes de consumo importados semielaborados, siempre sobre la base de equipos adquiridos en el exterior”. El mismo autor continúa argumentando: “esa aparente ventaja de un primer momento repercutiría de forma extremadamente negativa en la fase siguiente”. En efecto, cuando se avanzó hacia una segunda fase de industrialización por sustitución de importaciones, la ausencia de una “mentalidad industrial” fue evidente (Furtado, 1991: 109).

Los límites del crecimiento industrial durante esta segunda fase se vinculan con una actitud de las burguesías que privilegiaron la ganancia inmediata por sobre la inversión en infraestructura. En efecto, la baja productividad de la industria se explica por la escasez de electricidad, falta de fuerza de trabajo calificada, acceso restringido al crédito y tecnología anticuada. Las insuficiencias e ineficiencias se relacionan también con estructuras fiscales inadecuadas y con el aumento de las presiones financieras. Asimismo, hay que tener en cuenta que la industrialización no fue un proceso lo suficientemente profundo como para que el cambio estructural tuviera alcance nacional. Por el contrario, fue un fenómeno localizado en algunas ciudades: Buenos Aires, Concepción, Medellín, São Paulo, Monterrey…

Según Bulmer-Thomas (1997: 42-43), los cambios ocurridos en los años treinta constituyeron “los fundamentos para una transición hacia el modelo puro de sustitución de importaciones”, siendo el cambio más importante la sustitución de “las políticas económicas autorreguladoras” por instrumentos de política activados por el Estado, y esto incluso en países que conocieron muy débilmente o nada la industrialización.

Un párrafo aparte merece el papel relevante desempeñado por la sustitución de importaciones agrícolas y los servicios, en particular el turismo, como fuentes de crecimiento en el período que se abrió con la crisis de 1929. Bulmer-Thomas (1997: 39) señala que la ASI tuvo una expansión “particularmente impresionante en el área del Caribe”. Según el autor, allí la ASI fue “una manera fácil de compensar la falta de oportunidades en la ISI”. Díaz Alejandro (1988: 61) matiza el papel de la ASI en el Caribe, pues señala que en Cuba tuvo resultados modestos.

Más allá de estas divergencias, ambos autores coinciden en señalar la importancia de la ASI en Guatemala y en América del Sur. La ISI estimuló el comercio entre países dentro de la región mientras que la ASI se desarrolló, en buena medida, “a expensas del comercio intralatinoamericano” (Díaz Alejandro, 1988). Un ejemplo de esto es el caso de la producción argentina de yerba mate. Esta reemplazó la producción yerbera de Paraguay, la cual, en consecuencia, se vio gravemente afectada. Como es fácil deducir, frecuentemente, la ASI fue inseparable de la ISI, a la cual proveyó de las materias primas necesarias para la producción de alimentos y bebidas.

En la misma época, los bienes y servicios no comercializados en el mercado externo también crecieron, conforme creció la economía real y se recuperó la demanda nacional final. Si bien el desfase entre oferta y demanda constituyó “un problema constante durante la mayor parte de la década de 1930”, el exceso de demanda operó como “un estímulo poderoso para el crecimiento tanto de los servicios públicos como de la industria de la construcción” (Bulmer-Thomas, 1997: 40).

La ISI y el crecimiento económico –y la intensificación de la urbanización– tienen “diversas consecuencias para la estratificación”. Se aprecian, en la mayoría de los países, “definidas diferencias regionales en el carácter de la organización de clases”. La concentración de la clase obrera y el peso relativo de la clase media, distintas en cada país de la región, generaron amplias diferencias nacionales en los patrones globales de estratificación, contribuyendo también a diferentes regímenes políticos. Asimismo, no debe olvidarse “la importancia de la población rural en la formación de la clase obrera y, hasta cierto punto, de la clase media”, en buena medida porque en la mayoría de los países las clases sociales urbanas se encontraban en la etapa inicial de su consolidación y mantenían aún sólidos vínculos con la población rural (Oliveira y Roberts, 1997: 233).

En términos de distribución de ingresos, durante la década de 1930, los grupos exportadores tradicionales se vieron afectados y, en cambio, se vieron favorecidos los grupos empresariales de la ISI y la ASI, que acumularon “jugosos beneficios” (Díaz Alejandro, 1988: 64). Desde luego, el escenario que venimos de describir de precios internos elevados, costos de fuerza de trabajo muy bajos y materias primas a disposición fueron factores esenciales para esa acumulación. En efecto, la década de 1930 estuvo signada por un proceso de acumulación sin distribución de ingresos en favor de los trabajadores. El cambio se produjo recién a partir de mediados de la década de 1940, cuando efectivamente hubo una distribución de ingresos de carácter favorable para ellos. No obstante, esta política se vio opacada por el aumento constante de la inflación, y consecuentemente, del costo de vida, que entre 1945 y 1955 llegó a duplicarse en los países más industrializados. Si bien la ISI elevó los niveles de consumo –a través del incremento en la producción de determinadas mercancías– esto no conllevó la transformación sustantiva de la estructura social. La ISI se sirvió de las viejas estructuras, de modo que, en rigor, hubo industrialización sin revolución industrial.

La Segunda Guerra Mundial puso de manifiesto la importancia de los cambios que venían desarrollándose desde el colapso de 1929, pues cuando se cerró el acceso a las importaciones extrarregionales, América Latina estaba en condiciones de articular más enfáticamente el proyecto de industrialización. Con todo, como se ha dicho, el proceso tuvo límites significativos.

Hacia 1945, los países de América Latina que habían sorteado los años críticos con la implementación de una industrialización relativamente exitosa pudieron pensar en completar el proceso de transformación de sociedades estructuralmente agrarias vueltas “hacia fuera” a sociedades modernas industriales vueltas “hacia dentro”, y por fin encauzarse en la senda del desarrollo autónomo o autosostenido. Pero, como es sabido, la historia tomó otro rumbo. Para el economista brasileño Luiz Carlos Bresser Pereira, se trata de un “subdesarrollo industrializado”. En otras palabras, la ISI generó un proceso de crecimiento, mas no de desarrollo industrial.

En la misma línea, Rouquié observa que los límites de la industrialización en América Latina se comprenden mejor si se tiene en cuenta que la ISI producía “bienes de acuerdo con un modelo de consumo exógeno” y que se basó en la producción de mercancías “poco adecuadas a las necesidades fundamentales de la mayoría de la población y destinadas a grupos sociales relativamente estrechos y privilegiados”. En la visión del mismo autor, la adopción de “políticas económicas de redistribución regresiva de los ingresos con el fin de crear un mercado concentrado para esos productos” (hacia la década de 1960, los automóviles particulares, la “línea blanca” de los electrodomésticos, la televisión, etc.) agravó las consecuencias de ese patrón imitativo (Rouquié, 1990: 278).

En términos generales, el desarrollo basado en la ISI y/o ASI falló porque no hubo un aumento de la composición técnica del capital. El crecimiento industrial se basó en el aumento de la fuerza de trabajo y en el agotamiento de las instalaciones disponibles. El crecimiento de la producción de artículos de consumo fue continuamente superior al incremento de la producción de medios de producción. No hubo inversiones en generación de energía ni en transportes. Por su parte, la agricultura, en general, tampoco se tecnificó significativamente. En aquellos países que las conocieron, la industrialización y la agricultura de sustitución de importaciones entraron en crisis en la década de 1960.

De la “política del buen vecino” a la Guerra Fría y la histeria anticomunista

Los años de gestación y explosión de la crisis de 1930 coincidieron con la progresiva cristalización de la hegemonía imperialista de Estados Unidos sobre la región. Ya se ha dicho que una de las formas que adoptó la vocación hegemónica de ese país fue el panamericanismo impulsado por el secretario de Estado James G. Blaine. Un aspecto destacable de la I Conferencia Panamericana, la celebrada en Washington en 1889-1890, fue la propuesta, finalmente fallida, de crear una Unión Aduanera. En aquella oportunidad, Argentina, principalmente, manifestó una fuerte resistencia: el delegado Roque Sáenz Peña acuñó la consigna “América para la Humanidad”, enfrentándose a la imperialista “América para los americanos”, justificación ideológica acuñada por el presidente James Monroe en la década de 1820 y más tarde reeditada por Theodore Roosevelt en su Corolario a la Doctrina Monroe.

Antes de la debacle de 1930 se realizaron otras cinco Conferencias Panamericanas, como ya se ha dicho en el capítulo 4. Los lugares de celebración (México, Rio de Janeiro, Buenos Aires Santiago de Chile, La Habana) marcan un claro derrotero de la voluntad de Estados Unidos por consolidar sus intereses en la región.

En los años veinte, la presión imperialista aumentó considerablemente y los reclamos de los supuestos socios latinoamericanos no tardaron en hacerse oír. La V y VI Conferencias Panamericanas estuvieron atravesadas por fuertes polémicas, en un contexto en el que la mayoría de los países latinoamericanos defendía la no intervención y la igualdad jurídica entre los Estados. Los años que median entre la Conferencia de 1928 y la de 1933 fueron los de apogeo de la lucha de Augusto César Sandino en Nicaragua por la soberanía nacional, alentada en la región por el APRA y por la Internacional Comunista, en este caso sobre todo a través de la Liga Antiimperialista de Bruselas, si bien las relaciones entre sandinistas y comunistas alternaron coincidencias y diferencias, e incluso rupturas. En este marco, fue singular la posición de Uruguay, que propició “la internacionalización de la doctrina Monroe” (Halperin Donghi, 1992: 297), coherente con una estrategia panamericanista de la diplomacia uruguaya que se hizo notar en varias oportunidades a lo largo de su historia.

En las primeras décadas del siglo XX, los objetivos de largo plazo inicialmente planteados por el panamericanismo se entremezclaron con otros de carácter más inmediato, en particular, con los delineados por el presidente Roosevelt y su ya mencionado Corolario a la Doctrina Monroe, por el cual se impuso la “política del garrote” (big stick), aunque hay que notar la doble estrategia de Estados Unidos: conferencias en América del Sur e intervención militar en América Central y el Caribe.

En verdad, el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe fue la respuesta norteamericana a la Doctrina Drago, expresada en ocasión de la agresión anglo-alemana a Venezuela y llamada así en referencia al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, quien el 29 de diciembre de 1902 instruyó a su embajador en Washington, Martín García Mérou, informar al Gobierno norteamericano la posición argentina: la deuda de un Estado no podía ser argumento para justificar la agresión militar ni la ocupación de su territorio. Cabe notar que la Doctrina Drago apuntaba principalmente a las potencias europeas, sin advertir que, en rigor, el enemigo más peligroso para los Estados sudamericanos era la nueva potencia de América del Norte, como quedó de manifiesto muy poco tiempo después.

El sucesor de Roosevelt, William H. Taft (1909-1913), siguió una estrategia diferente: la “diplomacia del dólar”, aunque la política de Taft y luego la de su sucesor, Woodrow Wilson (1913-1921) y su New Freedom, en la práctica fueron tan intervencionistas como la del “garrote” de Roosevelt. Y si bien es cierto que bajo el Gobierno de Wilson, Estados Unidos acordó pagar a Colombia 25 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados por el apoyo de Roosevelt a la separación de Panamá (como se ha visto en el capítulo 4), también es cierto que en 1914 invadió, sin mayores consecuencias, el puerto de Veracruz en México e intervino política y militarmente en América Central y el Caribe.

Durante la década de 1920, Estados Unidos ratificó sus intereses en América Central y el Caribe, especialmente en Nicaragua y Haití, donde las intervenciones se extendieron más allá de 1930. En el plano interno, los años veinte fueron para el país del Norte años de crecimiento económico, ampliación considerable del consumo y aumento notable de los niveles de ocupación. Sin embargo, hubo también signos inequívocos de fragilidad: fueron años de creciente especulación y de endeudamiento del sector agrícola. Al final de la década, la crisis sin parangón obligó a revisiones profundas. El dato más sobresaliente es tal vez el New Deal, implementado a partir de 1933 por el recientemente electo Franklin D. Roosevelt. En esta nueva coyuntura, Estados Unidos impulsó políticas proteccionistas montadas sobre un andamiaje de subsidios y leyes reformistas fundamentalmente orientadas a promover la recuperación económica del país después del crack de 1929.

Franklin D. Roosevelt introdujo un nuevo concepto en la política exterior de su país. Ahora, la denominada “política del buen vecino” (good neighbor policy) rechazaba la unilateralidad de la intervención de Estados Unidos en los asuntos de los países latinoamericanos. No obstante, esto no significó que el país del Norte resignara su vocación hegemónica, por el contrario, ella fue expresada por otros canales. En particular, se utilizó la vía diplomática para garantizar la seguridad mutua contra posibles agresores. La “política del buen vecino” se tradujo entonces en la elaboración de un complejo entramado de acuerdos, convenios e instituciones que culminaron en la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948. Como ya se señaló, se abrogó la Enmienda Platt en Cuba, se retiraron las tropas de Nicaragua y Haití, y no hubo acciones significativas contra la política de expropiación de las empresas petroleras extranjeras en México.

Concluida la Segunda Guerra Mundial y con el recambio presidencial en Estados Unidos –de Roosevelt y su “política del buen vecino” al furibundo anticomunismo de Harry Truman (1945-1953)– el mundo entró en la denominada Guerra Fría. Estados Unidos montó más firmemente un “sistema interamericano”, cuya idea rectora era un sistema de seguridad hemisférico. En este contexto, en 1947 se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en Rio de Janeiro. El TIAR condensaba en términos diplomáticos eso que en el plano militar era la Defensa Interamericana. Así quedó instalada en toda la región la idea de “solidaridad continental”, en verdad, un sistema de defensa frente a un eventual ataque extracontinental que identificaba en el comunismo a su más acérrimo enemigo.

En 1948, la Carta de Bogotá fue la partida de nacimiento de la OEA. También, en estos años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reemplazó a la Liga de las Naciones (1920-1946). Con estos cambios, la Unión Panamericana se convirtió en órgano central de la OEA.

En 1933, la VII Conferencia Panamericana reunida en Montevideo había consagrado los principios de no agresión y conciliación de la “política del buen vecino” e iniciado una nueva etapa en la institucionalización de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. En este nuevo marco, de “cooperación interamericana”, tuvo lugar un evento clave para la institucionalización de los reclamos de las mujeres. En la VI Conferencia Panamericana de 1928, el delegado por Uruguay, Jacobo Varela Acevedo, había propuesto que se oyese a las mujeres representantes de las asociaciones femeninas. La iniciativa fue aceptada y las mujeres de varios países de América tuvieron acceso al debate público internacional. Como resultado, ese mismo año, se creó la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). En 1933, por iniciativa de la CIM reunida en Montevideo, se promovió y se adoptó la Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer, primer instrumento que reconocía los derechos específicos de las mujeres y que les permitía mantener su nacionalidad de origen en caso de matrimonio con extranjeros, situación muy frecuente en países de fuerte presencia de inmigrantes, como Argentina, Brasil y Uruguay. En 1938, la VIII Conferencia Panamericana aprobó la Declaración de Lima, en la que hubo consideraciones a favor de los derechos de las mujeres. Seguramente, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en el nuevo contexto de impulso a la industrialización guarda relación con todos estos cambios.

Con este marco internacional, en varios países latinoamericanos los derechos de las mujeres fueron revisados y ampliados sustantivamente. A cierta ampliación de la esfera de derechos sociales, que había tenido lugar durante las primeras décadas del siglo, se sumaba ahora la extensión de los derechos políticos (y algunos intentos exitosos de ampliación de los civiles, como en Uruguay). No fue ajeno a todo esto la presión ejercida por las organizaciones de mujeres.

Pronto, el compromiso de no intervención del “buen vecino” asumido por Estados Unidos comenzó a desmoronarse, especialmente a partir de 1941. Después del ataque a Pearl Harbor, los países de América Central y el Caribe inmediatamente se alinearon detrás de Estados Unidos, siendo Cuba y Costa Rica los primeros en declarar la guerra al Eje, aunque en el segundo de estos países solo contra Japón. En Cuba, el Gobierno de Fulgencio Batista explicitó su sólida vinculación dependiente: el 9 de diciembre de 1941, apenas 48 horas después del ataque japonés a la flota estadounidense, el Congreso votó, a solicitud del presidente, la declaración de guerra a Japón. El 11 la extendió a Alemania e Italia. Mediante dos convenios secretos de cooperación militar y naval con Estados Unidos, firmados en septiembre de 1942 y febrero de 1943, las Fuerzas Armadas de Cuba cooperaron con los norteamericanos durante toda la guerra, permitiéndoles el establecimiento de bases aéreas en San Antonio de los Baños, San Julián y Camagüey, y, en particular, participando en la persecución de los submarinos alemanes que operaban en aguas cubanas y vecinas, y en la formación y custodia de convoyes marítimos que transportaban mercancías y material de guerra entre ambos países.

México se sumó a la guerra en mayo de 1942 y un escuadrón aéreo profesional tuvo alguna intervención militar. Brasil experimentó el hundimiento de un alto número de barcos mercantes por parte de la marina nazi, lo cual llevó al Gobierno de Vargas a la declaración de guerra a Alemania en noviembre de 1942, dando lugar a la más importante participación latinoamericana en los frentes de combate, particularmente en el italiano. Pero en el resto de América Latina hubo posiciones más díscolas, frente a las cuales Estados Unidos adoptó una política de presiones crecientes. En Uruguay, en nombre de la causa aliada, Estados Unidos –que estaba reemplazando al Reino Unido en las relaciones de dependencia del país rioplatense– apoyó el golpe de Estado del presidente Alfredo Baldomir, en febrero de 1942: se trataba de defender la “democracia” y arrasar con el “fascismo” que se le imputaba a la oposición. Finalmente, en febrero de 1945, ya bajo la presidencia de Juan José de Amézaga, el Gobierno uruguayo declaró la guerra al Eje, poniendo fin a una neutralidad que nunca dejó de ser favorable a los aliados (y buena prueba de ello fue la actitud adoptada cuando el acorazado alemán Admiral Graf Spee entró en 1939 al puerto de Montevideo para reparaciones y fue conminado por el Gobierno de Baldomir, sujeto a presiones de las embajadas norteamericana y británica, a retirarse, no sin antes dar tiempo a la Royal Navy para aproximarse, enfrentarlo y hundirlo en la llamada batalla del Río de la Plata). Perú, Ecuador, Paraguay y Venezuela entraron en la guerra entre 1944 y 1945. Argentina –donde, a diferencia de Uruguay, la neutralidad encubría las simpatías del Gobierno y el Ejército por los nazis– recién declaró la guerra a Alemania en marzo de 1945. También Chile se resistió a brindar su apoyo militar a Estados Unidos hasta último momento y solo declaró la guerra a Japón (manteniendo la neutralidad con Alemania) sobre el final de la conflagración mundial (lo cual aconteció entre mayo y septiembre de 1945).

La América Latina de la década de 1950 no escapó a la cruzada anticomunista encarnada en Joseph McCarthy e irradiada desde Estados Unidos a todo el mundo occidental. En efecto, esos años fueron los de la definición del poderoso y terrorífico concepto Seguridad Nacional introducido por Dwight D. Eisenhower, político y militar presidente de Estados Unidos entre 1953 y 1961. En el contexto de la Guerra Fría, la política exterior de Eisenhower, seguido de su secretario de Estado John F. Dulles, se basó en el uso de la amenaza nuclear como instrumento disuasivo de la intervención soviética (o de la supuesta influencia soviética) en cualquier parte del mundo. El año 1959, el del comienzo de la Revolución Cubana, fue un parteaguas, es cierto, pero su impacto se proyectó sobre estructuras, en particular sobre las jurídicas y las mentales, que se incubaron en esa oscura década de 1950.

1. Tomamos de Ansaldi (2003a) varios fragmentos.

2. Esta sección reitera, con pocas modificaciones, lo sostenido en Ansaldi (2003a).

3. Los párrafos sobre el primer feminismo están basados en Giordano (2003b) y (2004).

4. Esta interpretación es la que propone Barrancos (2002) para el caso de Argentina y aquí la hacemos extensible al conjunto de la región.

5. Valobra (2010) ha llamado la atención sobre la reducción de los derechos políticos a la dimensión del voto, señalando que de este modo se soslaya la dimensión de representación respecto de la cual los derechos femeninos tuvieron que recorrer un trayecto bastante más allá de la sanción del sufragio (y que, añadimos, alcanza a las leyes de cuota).

6. El PSR fue la base del PC de Colombia, creado en julio de 1930.

7. El DOPS fue creado –sobre la base de anteriores organismos estaduales– para centralizar, bajo la dependencia del Gobierno federal, actividades de control de movimientos políticos y sociales y de sus dirigentes. Entre 1964 y 1974, bajo la dictadura, alcanzó un alto nivel de autonomía y se hizo tristemente célebre –sobre todo el de São Paulo– por su feroz acción represiva. Por su parte, la CLT transitó incólume el período de la democracia populista y fue aprovechada y reforzada durante la dictadura.

8. La expresión deriva de pelego, la piel de carnero con lana, empleada para cubrir y adornar las ancas del caballo (gualdrapa), pero en el lenguaje popular, e incluso en el científico-social, designa al dirigente sindical que actúa como portavoz y/o partidario, cuando no agente más o menos disfrazado, de la política del Ministerio de Trabajo, antes que de las posiciones de sus representados. El pelego hace, respecto de sus compañeros, lo que la piel del carnero al jinete: suaviza las fricciones, pero popularmente, se lo considera traidor de la clase obrera. El peleguismo se afirmó durante la fase populista y persistió bajo la dictadura, comenzando a ser erosionado desde fines de la década de 1970 (y por fuerza en la de 1980) con la aparición del novo sindicalismo.

9. Las sucesivas presidencias de cuatro integrantes de la familia a lo largo de casi dos décadas hizo que el período se conociera como el de la “dinastía Meléndez-Quiñonez”: Carlos Meléndez (1913-1914 y 1915-1918), Alfonso Quiñónez Molina (1914-1915 y 1918-1919 –como provisional– y 1923-1927), Jorge Meléndez (1919-1923) y Pío Romero Bosque (1927-1931). Jorge y Carlos eran hermanos, mientras Alfonso era cuñado de ambos, amén de ser vicepresidente de uno y otro de los hermanos Meléndez. Romero Bosque no pertenecía a la familia consanguínea pero fue considerado parte de ella por su condición de médico personal de la misma. Significativamente, varias de sus medidas afectaron los intereses de sus protectores. Con él concluyó la llamada “República Cafetalera”, iniciada en 1876 con la presidencia de Rafael Zaldívar.

10. El llamado Tercer Período de la Internacional Comunista (todavía con Nikolái Bujarin como presidente de su Comité Ejecutivo) comenzó con el VI Congreso Mundial de la organización (Moscú, 1928). Próxima la crisis del capitalismo, se aprobó la consigna de “clase contra clase” y el Programa de la Komintern. Durante el VII Congreso, reunido en agosto de 1935, la Internacional Comunista (dirigida desde 1934 por el búlgaro Georgi Dimitrov, tras el desplazamiento de Bujarin, en 1929), renegó de la concepción anterior, evaluada como ultraizquierdista, y adoptó la del Frente Popular como instrumento para enfrentar al fascismo.

11. Para Nora Hamilton (1983) el cardenismo no encaja exactamente en la definición clásica de populismo. El argumento principal es que la revolución había movilizado a las masas (fundamentalmente, las campesinas) y los sectores vinculados a la oligarquía ya habían sido desplazados. Asimismo, Hans Tobler (1994) argumenta que los industriales, aunque se beneficiaron de las políticas del Estado, no fueron formalmente parte de esa alianza e incluso importantes grupos de ellos entraron, en varias ocasiones, en conflicto con tales políticas. Mario Petrone (2003) confronta más detalladamente las distintas interpretaciones.

12. Al respecto, Arditi (2004a: 77-78) afirma: “determinar cuándo el modo de representación y el lado inquietante cruzan la línea y se convierten en un reverso de la democracia es una cuestión de juicio político y no puede ser establecido por mandato conceptual”.

13. Desde nuestra perspectiva, reiterémoslo, el populismo es siempre expresión de una forma de la democracia.

14. Mackinnon y Petrone definen tres rasgos que componen esa “unidad analítica mínima”: a) una situación de crisis y de cambio como condición de emergencia; b) la experiencia de participación como sustento de la movilización popular, y c) el carácter ambiguo de las experiencias populistas. Por su parte, Petrone (2003: 271), utiliza la definición de populismo como “articulación de rasgos” para el estudio del caso mexicano. Allí, se propone pensar el fenómeno populista “de manera afirmativa”, esto es, buscando poner en relieve lo que el populismo es y no aquello de lo cual este carece (fundamentalmente, en relación con las democracias de masas “típicas”).

15. La lucha corporativa organiza la lucha política de clases en torno al principio nacional-estatal, mientras la lucha hegemónica lo hace alrededor del principio nacional-popular.

16. Apelamos aquí al muy conocido fragmento “Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerza” (Gramsci, 1975: III, 1578-1589, particularmente pp. 1581-1582).

17. Oliveira Vianna fue un influyente consultor jurídico del Ministerio de Trabajo durante las gestiones de Lindolfo Collor (1930-1932) y Joaquim Pedro Salgado Filho (1932-1934). El primero de estos –abuelo materno de Fernando Collor de Mello– es clave para entender la política laboral de Vargas.

18. En el formato de representación estatista “los dirigentes políticos son reclutados de entre las personas que ocupan cargos dentro del aparato del Estado” (Therborn, 1979: 237). La variante estatista en la que se inscribe el varguismo es resultado “de los reagrupamientos y cambios en el equilibrio de fuerzas entre las diversas fracciones y sectores” de la burguesía producidos por la combinación de colapso del formato tradicional de notables en la constitución de una representación unificada de la clase dominante (mucho más que en materia de estructurar a las masas), crisis económica y divisiones en el interior de esa clase. Otro tipo de formato estatista es, siempre según Therborn, la dictadura militar contrarrevolucionaria, que en Brasil fue impuesta por el golpe de 1964.

19. El caso de Argentina es analizado aquí conforme lo planteado en Ansaldi (1995).

20. Utilizamos las expresiones movimientos orgánicos (“relativamente permanentes”) y movimientos de coyuntura (“ocasionales”) en el sentido señalado por Gramsci (1975: III, 1579-1580).

21. En el muy largo artículo 27, la Constitución de 1917 estableció: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. […] La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación”. Finalmente, dispuso declarar “revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público”.

22. Las empresas ferroviarias francesas eran tres y fueron compradas por el Estado en diciembre de 1946. Para entonces llevaban 14 años sin pagar dividendos.

23. La renacionalización de los ferrocarriles argentinos ha sido objeto de dos explicaciones antagónicas: para una de ellas implicó un acto de soberanía nacional; para otra, un gran negocio para el capital imperialista.

24. En las elecciones presidenciales de 1960, a instancias de Lacerda, impulsor de la tesitura de “aliarse con el pueblo”, la UDN apoyó la candidatura triunfante de Jânio Quadros, un outsider del sistema tripartidario, en una especie de triunfo electoral tantas veces negado. Después de la renuncia de Quadros la UDN se opuso con mucha fuerza al presidente trabalhista João –“Jango”– Goulart, a cuyo derrocamiento, en 1964, contribuyó decisivamente. En 1965, en el marco de la dictadura, los udenistas pasaron a ser parte de la oficialista Aliança Renovadora Nacional (ARENA).

25. Uno de los motivos por los cuales no tomamos in toto la definición de Touraine (1989: 165-166) de Estados populistas es porque el sociólogo francés, a pesar de la demoledora crítica de Florestan Fernandes en 1971, sostiene que América Latina no es explicable en términos de clases, sino de categorías sociopolíticas (oligarquía, pueblo, inteligencia). De ahí nuestro interés en subrayar como elemento nodal el componente policlasista que brinda Weffort.

26. Diferimos con el colega boliviano, de cuyo texto se desprende la convicción de que la revolución democrática tuvo y/o tiene como sujeto principal a la burguesía. La evidencia histórica muestra que la burguesía no ha sido ni es una clase constitutivamente democrática. En América Latina, menos aún que en otras partes del mundo.

27. El mencionado Consejo fue establecido por la Constitución de 1919. Fue expresión del acuerdo entre colorados y blancos para permitir a estos tener alguna participación en las decisiones de Gobierno. En 1933, Terra terminó con él.

28. Por el pacto, los cinco cargos de los consejos directivos de los entes autónomos se repartían proporcionalmente a los votos obtenidos. Posteriormente, ambos partidos, en su totalidad, incorporaron el reparto a la Constitución Nacional (reforma de 1951), redefinido conforme la regla de 3 y 2: tres para el partido mayoritario, dos para el minoritario. La componenda fortificó las prácticas clientelares. El mote despectivo de “pacto del chinchulín” fue puesto por Herrera, marginado del acuerdo.

29. Nos parece necesario destacar que el proceso costarricense de modernización, con el triunfo del civilismo, se desarrolló pari passu uno muy parecido en Uruguay, donde también fue un militar quien inició la primacía del civilismo sobre el militarismo. Ese papel lo desempeñó el general Máximo Tajes, presidente entre 1886 y 1890, cerrando el ciclo militarista iniciado, junto con el proyecto modernizador, por el coronel Lorenzo Latorre (1876-1880), quien renunció a su cargo por considerar a los uruguayos ingobernables. El sucesor de Tajes, el civil Julio Herrera y Obes (1890-1894), completó la transición. En ambos países, también, la Iglesia fue neutralizada como factor político, aunque Costa Rica mantuvo (hasta hoy) la religión católica como oficial y, en la década de 1940, la Iglesia Católica volvió al ruedo político.

30. Costa Rica había declarado la guerra al Eje y controlado a los alemanes residentes en el país, incluso enviando a algunos cientos de ellos a campos de concentración en Estados Unidos. También autorizó la radicación de una misión militar y la construcción de instalaciones bélicas estadounidenses en su territorio. Recibió, a cambio, “ayuda” económica. La política de Calderón (que inicialmente había complacido al Gobierno norteamericano) deterioró las relaciones en 1942-1943, no solo por la alianza con los comunistas sino también por la política social que afectó los intereses de la UFCo.

31. Tratamos el caso de Guatemala en sección aparte en razón del impacto que tuvo la Revolución de Octubre de 1944.

32. Esta situación ha sido (y sigue siendo, potencialmente) típica del comportamiento de las burguesías latinoamericanas. Véase Ansaldi (2007a: 35).

33. Guiteras reivindicó la lucha armada como recurso para derrocar a Machado. En 1935, mientras planeaba una insurrección, fue apresado y asesinado.

34. En el caso de Colombia, el momento que puede caracterizarse como de “aparición de coaliciones de contendientes con aspiraciones de controlar el Estado incompatibles entre sí” corresponde a un momento posterior (1948-1958) a la fase de movilización “de una parte importante de los ciudadanos” a favor de las aspiraciones de un grupo de contendientes (fundamentalmente, los liberales en los años 1930-1936; y más tarde, el gaitanismo). Como se verá en el próximo capítulo, la movilización de masas de 1948 y los años posteriores tuvo un fuerte contenido popular en ambas coaliciones contendientes (liberales –sobre todo– y conservadores), aunque decididamente carentes de estrategia, organización y dirección claras, vis-à-vis la incapacidad de las clases dominantes de institucionalizar el conflicto en lo inmediato.

35. Véase una discusión de las categorías de Tilly aplicadas al caso de Guatemala en Rostica (2006).

36. Un activo promotor de la intervención norteamericana en Guatemala, entendida, en tanto lucha contra el comunismo, fue Spruille Braden, el mismo de la oposición a Perón en Argentina. Durante el Gobierno de Truman se desempeñó como subsecretario de Asuntos Hemisféricos. Durante las negociaciones de paz entre Bolivia y Paraguay, al concluir la Guerra del Chaco, integró la comisión encargada de fijar los límites entre ambos países, operando en defensa de los intereses de la Standard Oil Co. En su actividad privada fue uno de los propietarios de la minera Braden Copper Company, que operaba en Chile, director de Relaciones Públicas de la UFCo y fundador de la ultraderechista John Birch Society. Alan Dulles, director de la CIA, John Moors Cabot, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, y el embajador Henry Cabot Lodge eran accionistas de la UFCo.

37. Tomamos como referencia la Constitución de 1967. En torno a ese año se produjeron otros acontecimientos significativos: el golpe de 1964 en Brasil, la creación de una Escuela Superior de Guerra en 1968, y un elemento que señala Diego Abente (1989): a partir de la década de 1960 el sistema de partidos paraguayo se puede definir mejor como un sistema hegemónico (colorado) pragmático, dada la extrema debilidad del Partido Liberal después de tantos años de represión.

38. “El despotismo [en el sentido definido por Jean-Jacques Rousseau en Du contrat social] republicano [...] incluye la idea del funcionamiento formal de la democracia, que invariablemente implica la existencia de un espacio político real diferenciado y diferenciable de los regímenes militares dictatoriales, en los cuales la referencia a la legitimidad se encuentra en el pasado (acción del terrorismo) o en el futuro (regreso a la democracia) pero en ningún caso en el presente. La república despótica, en cambio, intenta legitimidad en el presente. A diferencia de las dictaduras más o menos frecuentes, la república despótica es capaz de instaurar dominación política y hegemonía social” (Delich, 1981: 197 y 199).

39. Las compañías petroleras Royal Dutch Shell, Gulf y Standard Oil controlaban el 98% del mercado de exportación.

40. Se llama así al período comprendido entre el acceso a la presidencia de Cipriano Castro (1899) y el derrocamiento de Isaías Medina Angarita (1945). La denominación obedece al hecho de que durante esos cuarenta y seis años los cuatro presidentes que gobernaron el país habían nacido en el andino estado de Táchira, en el Occidente del país.

41. En 1941, el presidente Medina Angarita fundó Partidarios de las Políticas del Gobierno (PPG), luego Partido Democrático Venezolano en 1943. Fue el partido de la burguesía que, siguiendo a este general, había roto con lo que persistía del gomecismo y postulaba la democratización política. También atrajo a algunos intelectuales e incluso logró algunas adhesiones populares. En 1944 concurrió a elecciones municipales aliado con los comunistas, hecho que motivó la escisión de los partidarios del general López Contreras. Después del golpe de Estado de octubre de 1945, fue ilegalizado.

42. Agradecemos los comentarios y observaciones que a esta sección nos hiciera Ángel Rivera Quintero, permitiéndonos una mejor comprensión del proceso.

43. El clásico libro de Warren Dean es The Industrialization of São Paulo 1880-1945, Austin, 1969.

Capítulo 6

EL ORDEN EN SOCIEDADES DE VIOLENCIA

El inicio de una década revolucionaria. La Revolución Cubana en perspectiva comparada

Políticamente, la de 1960 fue la década del Mayo Francés, de la Revolución Argelina, de la descolonización en Asia y África, de la guerra de Vietnam, de la Revolución Cultural china, de la Primavera de Praga (y, para aplastarla, la invasión a Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia), de la construcción del muro de Berlín, de las luchas de los afroamericanos por su acceso a los derechos civiles, del Black Power, de los asesinatos de John y Robert Kennedy y de Martin Luther King, del inicio de la dictadura en Grecia, y de otras tantas formas de violencia… Fue parte del ciclo 1967-1973 de intensificación de la lucha de clases. En América Latina, sin duda, el suceso más importante fue la proclamación socialista de la Revolución Cubana iniciada en 1959.

Francisco Weffort (1984: 118-120) –como ya se ha dicho en el capítulo anterior– sostiene que es erróneo contraponer la violencia de las revoluciones al carácter pacífico de las democracias, toda vez que las primeras no se distinguen por la violencia, sino “por el predominio de los mecanismos de democracia directa sobre los mecanismos de representación”. La idea de Weffort pone de relieve un problema crucial, el de la relación de los procesos revolucionarios con la construcción de un orden democrático.

La Revolución Cubana, y antes la Mexicana y la Boliviana, fueron las tres revoluciones sociales “exitosas” de América Latina. No cabe duda de que en México y Bolivia las revoluciones, en tanto burguesas, fueron procesos acelerados de construcción de democracia, nación y ciudadanía. La Revolución Cubana, de resultado socialista, agrega cierta complejidad a la reflexión sobre esta tríada.

En efecto, democracia, nación y ciudadanía son tres ejes que permiten analizar los procesos revolucionarios zafando de su encorsetamiento en la categoría violencia. Si bien el proceso revolucionario mexicano tuvo una movilización violenta de masas de envergadura, en ningún momento viró hacia el comunismo o el socialismo. Más bien, la Revolución Mexicana osciló entre la derecha y la izquierda. Según las visiones más generalizadas, el giro a la derecha ocurrió entre 1927 y 1933 (después de Carranza) y después de 1938 (con Cárdenas y después de él). La Revolución Boliviana se orientó originalmente hacia la izquierda y luego, hacia 1956, viró a la derecha. Y aunque el golpe de 1964 no hizo más que afirmar más contundentemente ese giro, poniendo fin al proceso revolucionario, los principales cambios no fueron revertidos e incluso los militares golpistas continuaron con la reforma agraria (en claro contraste con la contrarrevolución en Guatemala). En este sentido, en el mediano plazo, el proyecto político fue derrotado, pero el resultado social de la revolución fue exitoso y decididamente burgués (Knight, 1993: 147-148). De modo singular, contra toda previsión más o menos fundada, los límites y las resistencias al cambio estructural fueron superados por la Revolución Cubana desde el momento en que, en 1961, esta se proclamó socialista.

En las tres revoluciones la efervescencia social expresó una crisis de implantación del capitalismo, pero mientras que la mexicana y la boliviana terminaron con la dominación oligárquica e iniciaron un proceso de modernización burguesa, la cubana, la más radical de las tres, sin el antecedente de una oligarquía y enfrentada a una fuerte presión imperialista, acabó con el capitalismo y se proclamó socialista.

La Cubana introdujo una idea y una práctica de la revolución, como equivalente de transformación social radical, que no se observa en la revolución de Bolivia, y que superó el impacto de la de México. Como se ha dicho, la dicotomía violencia/orden ha opacado algunas preguntas que hoy son relevantes acerca de los procesos revolucionarios latinoamericanos, en particular su relación con la democracia, la nación y la ciudadanía. Son estas cuestiones las que exploramos en las comparaciones que siguen.

La revolución socialista de Cuba fue una revolución no anunciada. Es cierto que la isla vivió una aceleración política en 1933, acompañada de la construcción de un imaginario revolucionario –como muestran Lucía Celia y Lorena Soler (2003)– que se nutrió de las imágenes de la Guerra de los Diez Años por la independencia, pero nada hacía suponer la magnitud de la insurgencia popular posterior. Desde una perspectiva comparativa, el resultado socialista en Cuba es menos sorprendente cuando se lo analiza en relación con los rasgos de la sociedad prerrevolucionaria, vis-à-vis aquellos que caracterizaban a las sociedades prerrevolucionarias de México y Bolivia.

Significativamente, Cuba no conoció un Estado oligárquico (en los términos en que hemos definido oligarquía), si bien tuvo ciertos rasgos comunes a las sociedades de dominación oligárquica: gran propiedad de la tierra, exclusión política, violencia y corrupción, entre los más notables. Sin embargo, como se ha visto, su desvinculación de España en 1898 estuvo inmediatamente seguida por la ocupación norteamericana y por la incorporación de la Enmienda Platt al texto constitucional, que entre 1902 y 1934 afectó gravemente la soberanía nacional. Desde entonces, unas clases dominantes débiles, oscilantes entre la intervención militar y un ejercicio civil de la política igualmente violenta, fueron la clave de la inestabilidad política del país.

En el plano material, la abolición de la esclavitud en 1886 permitió la desarticulación de las plantaciones tradicionales y un avance hacia una economía capitalista, basada, es cierto, en una economía de enclave, pero muy permeable a la proletarización rural. Así, en Cuba, los conflictos de clase fueron manifiestamente visibles y en cierto sentido favorables a la inclinación nacionalista y luego a un desenlace socialista del proceso revolucionario, tal como se aprecia no solo –y quizá, mejor, no tanto– en la extendida propiedad estatal de los medios de producción, un sector privado muy reducido, una economía planificada, sino muy particularmente en la fuerte propensión al igualitarismo, concebido este como base para la construcción de una nueva sociedad, integrada, cohesiva y cuyos miembros comparten una experiencia común.

Esa voluntad igualitarista se percibía, inter alia, en el achicamiento de la brecha salarial (entre los más y los menos remunerados) y de la distinción entre trabajo manual y trabajo intelectual, en los criterios para la distribución de los recursos materiales (en especial en los períodos más críticos, como aquellos en los cuales fue necesario apelar a la cartilla de racionamiento de los alimentos). Al respecto, Nita Manitzas (1973b: 79) señaló, en un original análisis, que, “[e]n contraste con el modelo soviético, los cubanos tratan de eliminar no solo las clases sociales sino también, en última instancia, todas las líneas tradicionales de división que puedan cortar a través de la trama de una comunidad nacional”, política que no solo se apreciaba en el creciente número de servicios proporcionados gratuitamente a toda la población, sino también “en el estricto sistema de racionamiento que limita igualitariamente el acceso de los cubanos a los bienes básicos menos abundantes”. Como se verá en el capítulo siguiente, la práctica igualitarista comenzó a ser afectada con motivo de algunas medidas tomadas durante el duro Período Especial, que entrañaron la reaparición de algunas formas de desigualdad y con ellas de estratificación social, amén de incrementos en la situación de pobreza.

Las de México y Bolivia, por su parte, habían sido sociedades extremadamente fragmentadas –fragmentación que obedecía a la combinación de economías de hacienda y de enclave, a la fuerte presencia de comunidades indígenas y a una geografía poco propicia para la integración, sobre todo en el país andino–. Y no solo es significativo que México y Bolivia construyeron un férreo orden oligárquico, sino que en el primero de estos países ese orden fue sumamente estable. En Bolivia, en cambio, el proceso revolucionario fue el corolario de una inestabilidad política creciente que había comenzado a perfilarse con la crisis económica de 1930 y la Guerra del Chaco, que luego pasó por los avatares del “socialismo militar”, la restauración oligárquica, la experiencia reformista del coronel Gualberto Villarroel (brutalmente interrumpida en 1946) y, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la imposición de la lógica externa de Estados Unidos sobre la política y la economía (del estaño) del país. Ninguna de estas dos revoluciones redujo la desigualdad social del modo en que lo hizo la cubana. De hecho, la mexicana y la boliviana siguieron siendo sociedades muy desiguales.

En Cuba, el proceso que culminó en una revolución socialista comenzó como una lucha democrática contra la dictadura instaurada en marzo de 1952. Los Gobiernos de Ramón Grau San Martín (1944-1948) y Carlos Prío Socarrás (1948-1952), ambos del Partido Revolucionario Cubano Auténtico –a los cuales nos referimos en el capítulo anterior–, se caracterizaron por ineficiencia, corrupción y persecuciones a dirigentes políticos y sindicales apelando a la violencia. Contra ese estado de cosas se levantó una fracción disidente del partido gobernante, encabezada por Eduardo Chibás, quien en 1947 fundó el Partido Ortodoxo. La nueva agrupación política adoptó como distintivo una escoba, símbolo de la disposición para barrer la corrupción. Sobre la base de la recuperación de la moral en la política, fue ganando un creciente apoyo popular, aun cuando en muchos lugares del país las direcciones locales fueron copadas por dirigentes tradicionales. El 16 de agosto de 1951, sorpresivamente, Chibás, al no poder presentar las pruebas de una de sus denuncias, se suicidó al final de uno de sus habituales programas radiales. Empero, el Partido Ortodoxo siguió creciendo y todo indicaba el triunfo de su nuevo candidato presidencial, Roberto Agramonte, en las elecciones de 1952. Lo apoyaban pequeño-burgueses, trabajadores y sectores humildes. Ante esa perspectiva, Fulgencio Batista, que también competía por la presidencia, dio un golpe de Estado –conocido como “el madrugazo”– el 10 de marzo de 1952, cuatro meses antes de las elecciones. Fue apoyado por la gran burguesía cubana, el capital norteamericano y el Gobierno de Estados Unidos.

Fidel Castro Ruz, un joven abogado simpatizante del Partido Ortodoxo, cuya lista de candidatos a diputados integraba para las fallidas elecciones de julio de ese año, se presentó ante la justicia denunciando a Batista por violar la Constitución. El recurso fue rechazado. Así, para él y un grupo de jóvenes pertenecientes y/o adherentes a ese partido, la lucha armada se presentó como única opción para enfrentar a la dictadura. El 26 de julio de 1953, unos 160 de ellos asaltaron dos cuarteles ubicados en la provincia de Oriente –Moncada (en la ciudad de Santiago) y Carlos Manuel de Céspedes (en la de Bayamo)– con la intención de hacerse de armas y llamar a la insurrección popular mediante una huelga general. El operativo fracasó, y entre muertos, heridos y detenidos las bajas superaron la mitad de los atacantes.

La acción difería radicalmente de la decisión de los partidos tradicionales, inertes frente al golpe de Batista, y del Partido Socialista Popular (PSP) –nombre con el cual actuaba el proscripto PC–, el cual se opuso firmemente a la acción conducida por Castro y la condenó por considerarla una aventura ajena a las masas populares y contraria a su estrategia en pro de un Frente Popular y de lucha de masas mediante las huelgas obreras y la acción parlamentaria del Partido.

Fidel fue preso y por su condición de abogado se hizo cargo de su propia defensa en el juicio. Su alegato final, un manifiesto político antes que una pieza jurídica, será conocido con la frase con la cual fue cerrado: “La historia me absolverá”. En él se expresaban las motivaciones y el programa de reivindicaciones –meramente reformistas y democratizantes– de los insurgentes. Es interesante observar la concepción de pueblo que Fidel define en su alegato:

Nosotros llamamos pueblo, si de lucha se trata, a los seiscientos mil cubanos que están sin trabajo […]; a los quinientos mil obreros del campo […]; a los cien mil agricultores pequeños […], a los treinta mil maestros y profesores […]; a los veinte mil pequeños comerciantes abrumados de deudas […]; a los diez mil profesionales jóvenes […]. ¡Ese es el pueblo que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo el coraje!

Los atacantes fueron condenados a diferentes años de prisión (Fidel Castro a quince), pero al cumplirse veintidós meses fueron amnistiados y expatriados por decisión del dictador, quien, frente a una demanda de la Iglesia Católica en favor de la paz social, quiso mostrar su benevolencia y su fortaleza. Los jóvenes se exiliaron en México, país en el cual permanecieron poco más de un año y medio. Durante ese lapso, repitieron el patrón de cultura política inaugurado por Martí –que también habían querido reiterar, a su turno, Mella y Guiteras, intentos frustrados por sus asesinatos, y que más adelante probarán los contrarrevolucionarios, especialmente en Playa Girón–, dedicándose a organizar un destacamento de militantes decididos a desembarcar en la isla y, en consuno con una huelga general, provocar una insurrección popular para derrocar al Gobierno. A ese grupo se sumaron algunos simpatizantes cubanos (entre ellos, Camilo Cienfuegos) y un médico argentino que debió huir de Guatemala tras el fracaso de la revolución encabezada por Arbenz y que se convertiría no solo en una de las principales figuras de la Revolución Cubana, sino también en un símbolo mundial de los combatientes contra el imperialismo y por un mundo mejor: Ernesto “Che” Guevara. Los conspiradores se entrenaron militarmente bajo las órdenes del general Alberto Bayo, un republicano español (aunque nacido en Cuba) exiliado en México tras el triunfo de Franco y la instauración de su brutal dictadura. Por cierto, no estuvieron exentos del control e incluso cierto grado de represión por parte de las autoridades mexicanas: incautación de armas y equipos, la ocupación del rancho que servía de campo de entrenamiento, la detención y prisión (durante un mes) de Fidel Castro y veinte de sus compañeros...

En cuanto a su composición social, el núcleo originario que se embarcó en el yate Granma estaba integrado por hombres y mujeres de clase media: estudiantes, abogados, médicos –a veces caracterizados como “intelectuales revolucionarios”– e incluso algunos desocupados urbanos (dos de los cuales tuvieron luego un notorio protagonismo: Camilo Cienfuegos y Efigenio Almeijeiras). Ninguno de ellos tenía –como reconoció más tarde Guevara– “antecedentes obreros o campesinos”, lo cual no fue óbice para que en Sierra Maestra aprendieran “a respetar al campesino y al trabajador viviendo con ellos”.

La dirección del Movimiento 26 de Julio (en adelante, M 26) –el nombre que adoptó el grupo, reivindicando la fecha y la acción de 1953– planeó combinar el desembarco de los exiliados y el comienzo de una insurrección y huelga general en Santiago de Cuba, hechos que debían producirse el 30 de noviembre de 1956. El Granma, con 82 combatientes a bordo, salió de México con la intención de arribar a Cuba en la fecha acordada, pero el sobrepeso que experimentó la nave y una tormenta tropical demoraron su llegada dos días. La asincronía fue fatal para los insurgentes.

La operación en Santiago de Cuba estaba bajo la responsabilidad de Frank País, un joven santiaguero procedente de los sectores pobres e intelectuales de la clase media, estudiante universitario y maestro. Sin saber del retraso del Granma, los santiagueros se lanzaron a la acción, que fue desbaratada por las fuerzas represivas de la dictadura batistiana. El yate llegó a las costas cubanas el 2 de diciembre tras una semana de viaje, pero no lo hizo en el lugar previsto sino unos pocos kilómetros más al sur. Por añadidura, como consecuencia del descalabro del 30 de noviembre, el ejército estaba al tanto del operativo y listo para reprimir. Así, el plan previsto originariamente no pudo ser cumplido. Los dos grupos, el del yate y el de Santiago, no pudieron contactarse. El ejército se lanzó en pos del primero de ellos, que trató de internarse lo más rápidamente posible en las montañas de Sierra Maestra, convertido, como dijera luego el Che, en “un ejército de sombras”. El 5 de diciembre, en Alegría del Pío, la columna del M 26 fue sorprendida, diezmada y dispersada por las fuerzas de la dictadura: entre capturados, muertos y prisioneros, las pérdidas sumaron setenta. Más tarde, los doce sobrevivientes serán llamados “los doce apóstoles”. Comenzó, así, una verdadera odisea que culminó veinticinco meses después, tras una serie de batallas. Cuando los rebeldes estuvieron en la mejor posición militar, la relación de fuerzas fue de 20 a 1.

Como consecuencia de los desastres de Santiago y de Alegría del Pío, la dirección del M 26 se vio obligada a tomar dos cursos de acción no previstos originariamente: operar militarmente en la sierra (la guerra de guerrillas) y reestructurar la organización del Movimiento en el llano, preparándola para el sabotaje, la agitación y la propaganda en todas las provincias. Empero, ambas decisiones se tomaron en el marco de la estrategia inicial de la lucha contra la dictadura, centrada en la insurrección urbana y la huelga general como medios eficaces para derrocarla.

Nada hacía presumir, entonces, que se perseguía una revolución cuyo contenido sería socialista. Veinte años más tarde, en 1976, siendo ministro de Cultura del Gobierno Revolucionario, Armando Hart Dávalos, uno de los compañeros de Frank País, al conmemorar el vigésimo aniversario del alzamiento de Santiago resumió precisamente el sentir suyo y el de sus compañeros de lucha:

En noviembre y diciembre de 1956, muchos de nosotros no éramos comunistas. Pero todos éramos luchadores revolucionarios honestamente, decididos a combatir en favor de los intereses del pueblo. Éramos sinceros revolucionarios, sinceros combatientes por las grandes transformaciones sociales (apud AA.VV., 1980a: 297).

De hecho, como acota Fernando Mires, el propio Fidel señaló que el M 26 no era “un partido político sino un movimiento revolucionario; sus filas estarán abiertas para todos los cubanos” sinceramente deseosos de “restablecer en Cuba la democracia política e implantar la justicia social”. Es que, como bien ha advertido el autor chileno, el M 26 era el resultado de una confluencia de tradiciones: la martiana, la revolucionaria de 1933 y la del chibasismo de los años cuarenta, a las cuales se sumaron el “nuevo movimiento estudiantil y […] toda la oposición democrática en contra de la dictadura”. El M 26 fue una organización amplia en cuanto a su composición ideológica, en contraste con una dirección política y militar unificada (una consecuencia de la lectura de los problemas surgidos durante la lucha por la segunda independencia), centralizada e incluso, “relativamente autónoma respecto al resto de la organización” (Mires, 1988: 305).

Entre abril de 1957, cuando el grupo que operaba en la sierra se incrementó con la llegada de los primeros combatientes provenientes del Llano –preparados por Frank País, quien murió asesinado en agosto de ese año–, y abril de 1958, el M 26 se mantuvo fiel a la estrategia originaria, en virtud de la cual convocó a una huelga general a realizarse el 9 de abril de 1958. En el ínterin se conoció el Manifiesto de la Sierra (15 de julio de 1957), documento en el cual se invitaba a la unidad más amplia de las fuerzas contrarias a Batista y se reclamaba la realización de “elecciones verdaderamente democráticas e imparciales” con el objetivo de elegir un nuevo presidente para sustituir al Gobierno provisional que sucedería a la dictadura. El llamamiento del M 26 contenía ocho puntos básicos: 1) constitución de un frente cívico con una única estrategia de lucha; 2) designación de un presidente del Gobierno provisional; 3) renuncia de Batista; 4) rechazo a la mediación o intervención de terceros países en la confrontación, incluyendo una solicitud al Gobierno norteamericano de suspensión de la ayuda militar al dictador; 5) rechazo a una junta militar constituida como Gobierno provisorio; 6) apartamiento de los militares de la política; 7) convocatoria a elecciones conforme la Constitución de 1940 y el Código Electoral de 1933; 8) bosquejo de un programa mínimo a realizar por el Gobierno provisorio. Parco y muy difuso, el documento solo se refería, en materia económica, a la necesidad de formular, por parte del Gobierno, las bases de una reforma agraria.

El Manifiesto se complementó con una carta abierta a las otras organizaciones antidictatoriales difundida a fines del mismo año. En ella, como bien señala Mires (1988: 310-311), el M 26 se reveló –al rechazar toda injerencia extranjera– como la primera en dar “un sentido abiertamente antiimperialista a la cuestión nacional”. Reiteró la oposición del Movimiento a la posibilidad de establecer una junta de Gobierno militar y ratificó que la lucha no era solo contra Batista sino contra el sistema político dictatorial y que se trataba de ocupar el poder real, no el poder formal.

La convocatoria a la huelga general insurreccional de abril de 1958 concluyó en un rotundo fracaso. Entonces, Fidel y la dirección del M 26 decidieron un cambio de estrategia. A lo largo de los dieciséis meses transcurridos entre las dos derrotas, la de Alegría del Pío y la de la huelga general, los jóvenes combatientes, provenientes de la clase media urbana, “descubrieron” a los campesinos y sus duras condiciones de vida, al tiempo que obtuvieron apoyo solidario y nuevos soldados de entre ellos. De allí provino buena parte de los efectivos del Ejército Rebelde, por entonces lanzado a una serie de acciones guerrilleras de mayor envergadura contra el de la dictadura, dejando atrás las acciones esporádicas de ataques seguidos de fuga típicos de la fase inicial. Este cambio produjo un fuerte incremento de la capacidad militar del Ejército Rebelde, aunque a costa de debilitar la formación política de los nuevos combatientes.

El dictador dispuso una “campaña de liquidación” de los rebeldes, la cual, en poco tiempo, devino en un verdadero desastre. Unidades militares enteras fueron capturadas por los guerrilleros, incluyendo armas, municiones y los códigos secretos. La represión dictatorial se acentuó, especialmente sobre los estudiantes y la clase media sospechosa de colaboración con el M 26. El resultado fue exactamente el inverso del buscado por sus promotores: cuanto más aumentaba la represión, tanto más se incrementaba el prestigio de Fidel y el apoyo a su lucha, incluyendo más incorporaciones a las filas del Ejército Rebelde. En opinión de Thomas Skidmore y Peter Smith (1996: 292), la táctica de los alzados en armas fue muy clásica: provocar en el Gobierno la adopción de medidas represivas que acrecentaban su impopularidad y el número de guerrilleros y simpatizantes. En agosto, tras varias derrotas, el ejército batistiano abandonó la sierra.

Por otra parte, la lucha contra Batista sumó otros contendientes, entre los cuales descolló el Directorio Revolucionario, una organización básicamente estudiantil universitaria (aunque también integró a trabajadores) fundada en febrero de 1956 por José Antonio Echeverría Bianchi (presidente de la Federación Estudiantil Universitaria), Faure Chomón Mediavilla, Fructuoso Rodríguez y otros. El Directorio fue tenaz opositor a la dictadura y decidido partidario de la lucha armada. No descartó la apelación a acciones terroristas en áreas urbanas, su campo de acción principal. El más resonante de sus actos fue el fallido ataque al Palacio Presidencial, el 13 de marzo de 1957, operativo que perseguía dar muerte al dictador. En esa acción murió Echeverría, y lo sucedió en la dirección Chomón. En febrero de 1958, el grupo comenzó a operar en las sierras de Escambray y terminó coordinando sus acciones con las de las columnas del M 26 dirigidas por Guevara y Cienfuegos. Después del triunfo, el Directorio se sumó a las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), en 1961, y a su sucesor, el Partido Unido de la Revolución Socialista, en 1962, que fueron antecedentes directos del nuevo Partido Comunista.

Otras fuerzas antibatistianas, pero partidarias de la negociación con Batista, fueron la Sociedad de Amigos de la República, el Partido del Pueblo Cubano (es decir, el Partido Ortodoxo creado por Chibás), el Conjunto de Instituciones Cívicas y un sector del Partido Revolucionario Cubano Auténtico dirigido por el ex presidente Grau San Martín. Incluso el Partido Socialista Popular (PSP) –como se dijo, el nombre que había adoptado el viejo Partido Comunista tras su proscripción– comenzó a cambiar su posición frente al M 26: así, algunos de sus militantes se sumaron al Ejército Rebelde o bien sirvieron como apoyo logístico.

Empero, ninguna de estas fuerzas políticas pudo superar el protagonismo y la dirección de Fidel y sus compañeros. Precisamente, fue en el terreno político donde el M 26 mostró clara superioridad. Su papel de vanguardia no copiaba el modelo de partido de vanguardia de la tradición de los Partidos Comunistas.

Un decisivo paso adelante –muestra del talento político de Fidel y expresión de una posición que se hacía más flexible en materia de alianzas, cuanto más fuerte era en materia militar (Mires, 1988: 313)– fue la firma, el 20 de julio de 1958, del Pacto de Caracas, del cual fueron parte todas las fuerzas opositoras a Batista, excepto el PSP. Mediante él, y en consonancia con las propuestas del Manifiesto de la Sierra, los signatarios coincidieron en tres puntos considerados pilares de la “unión de las fuerzas oposicionistas cubanas”, y expresaron de manera más diluida otros dos, más delicados: la posición frente a Estados Unidos y a los militares cubanos. He aquí el núcleo duro del pacto, el resolutivo:

Primero: estrategia común de lucha para derrocar la tiranía mediante la insurrección armada […].

Segundo: conducir al país, a la caída del tirano mediante un breve gobierno provisional, a su normalidad, encauzándola por el procedimiento constitucional y democrático […].

Tercero: programa mínimo de gobierno que garantice el castigo de los culpables, los derechos de los trabajadores, el orden, la paz, la libertad, el cumplimiento de los compromisos internacionales y el progreso económico, social e institucional del pueblo cubano.

Al pedirle al Gobierno de los Estados Unidos que cese toda ayuda bélica y de cualquier orden al dictador, reafirmamos nuestra postura de defensa de la soberanía nacional y la tradición civilista y republicana de Cuba.

A los militares decimos que ha llegado el instante de que nieguen su apoyo a la tiranía. […] Esta no es una guerra contra los institutos armados de la República, sino contra Batista, único obstáculo a la paz, que desean, anhelan y necesitan todos los cubanos, civiles y militares.

Los firmantes del Pacto no dejaron de convocar a otras fuerzas, procurando ampliar al máximo la base social de la lucha contra la dictadura.

En una segunda reunión, esta vez en Miami, el 11 de agosto, los firmantes del Pacto de Caracas acordaron unánimemente la designación de José Miró Cardona como Coordinador del Frente Cívico Revolucionario, y, por mayoría, la propuesta del M 26 de nombrar presidente provisional del país, después del triunfo, a Manuel Urrutia Lleó, un juez que había votado la absolución de los expedicionarios del Granma.

Al mismo tiempo, Castro impulsó y concretó la constitución del Frente Obrero Nacional Unido (FONU), expresión de coordinación de las organizaciones sindicales opuestas a la dictadura, y forjó otra alianza, esta vez con los comunistas, excluidos del Pacto de Caracas. Al respecto, cabe señalar que la política de alianzas del M 26 fue uno de los factores claves en su triunfo militar. La toma del poder fue el resultado de una “combinación de fuerza militar y extrema delicadeza política”. Las alianzas fueron, primero, dentro del propio M 26; luego, con el Directorio Estudiantil Revolucionario y los Partidos Ortodoxo y Auténtico, con sectores del Ejército, con los comunistas, con los sindicatos, con los campesinos. Se trata de una de “esas obras de arte que producen revoluciones y que a su vez son producidas por estas” (Mires, 1988: 315).

A fines de 1958, el Ejército Rebelde lanzó su ofensiva final. Una columna, encabezada por Cienfuegos, salió de Sierra Maestra rumbo a la provincia de Pinar del Río, en el extremo noroccidental de la isla (colindante con la de La Habana), prácticamente, atravesando todo el país, repitiendo la operación realizada por las tropas de Antonio Maceo en la guerra por la independencia. Otra, al mando del Che Guevara, se dirigió a la provincia de Las Villas, en la región central, donde realizó una fulminante campaña y libró la decisiva batalla de Santa Clara, a la cual atacó, exitosamente, con una columna de escasos 300 hombres.

En consonancia con lo acordado en Caracas respecto de los mandos militares, Fidel tuvo una entrevista secreta con el general Eulogio Cantillo Porras, jefe del Estado Mayor Conjunto, en la cual se acordó que este sublevaría la guarnición de Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1958, tras lo cual entrarían en la ciudad las columnas rebeldes. A último momento, el militar quiso dar un golpe y apoderarse del poder, pero Fidel reaccionó rápidamente llamando a la huelga general, conforme lo acordado en el Pacto de Caracas. El llamamiento –con la consigna “Revolución, sí; golpe de Estado, no”– culminó, esta vez sí, con éxito.

Batista que, como Machado en 1933, ya había perdido el apoyo económico y militar de Estados Unidos, renunció y huyó del país. Fidel entró en Santiago de Cuba el 1º de enero de 1959. El 2 comenzó la huelga general, Cienfuegos asumió el mando militar en Columbia y el Che en la fortaleza de La Cabaña. El 3 triunfó la huelga general revolucionaria y el nuevo poder se estableció en todo el país. El 5 llegaron a La Habana el presidente provisional Manuel Urrutia y el Consejo de Ministros, quienes dispusieron la disolución del Congreso, la supresión de los tribunales de urgencia y la Sala Segunda de lo Criminal del Tribunal Supremo. El 8, Fidel Castro entró en La Habana.

Durante los años iniciales se produjeron reacomodos dentro del nuevo Gobierno y se promulgaron importantes leyes reformistas, dentro de un contexto de políticas pragmáticas, nacionalistas, que no afectaron el sistema capitalista pero que fueron resistidas y combatidas por la gran burguesía, el capital imperialista y el Gobierno de Estados Unidos. Simultáneamente se produjeron innumerables operaciones contra el Gobierno Revolucionario financiadas por la CIA, entre las cuales fueron importantes las guerrillas que operaban en Escambray.

Una de las primeras medidas fue la aplicación de castigos ejemplares a los principales responsables de los crímenes cometidos por la dictadura –esto es, torturadores y asesinos–, si bien muchos de ellos lograron asilo político en Estados Unidos. También se procedió a la confiscación inmediata de todos los bienes mal habidos por los funcionarios batistianos. El viejo ejército fue disuelto y reemplazado por el Ejército Rebelde. La administración pública fue saneada de los cómplices de la dictadura y se procedió a erradicar la malversación de fondos públicos, las prebendas y la práctica de cobrar sueldos sin desempeñar el trabajo. Se restablecieron los derechos de los trabajadores, se reintegraron a aquellos despedidos por sus posiciones políticas y se desplazaron las direcciones corrompidas y entreguistas de los sindicatos. Cesaron los desalojos de campesinos. Las playas fueron abiertas a todo el pueblo, suprimiendo el exclusivismo y la discriminación. Se puso fin al juego, el tráfico de drogas, el contrabando y, más tarde, la prostitución y la mendicidad.

La pérdida de reservas monetarias –saqueadas por la dictadura–, la baja del precio del azúcar y la creciente dificultad para obtener créditos, mercancías y tecnología provenientes de Estados Unidos, obligaron al Gobierno a adoptar severas medidas de austeridad, que incluyeron la supresión de las importaciones de bienes superfluos y suntuarios, y a establecer una distribución igualitaria de los productos esenciales.

Cabe señalar que el Gobierno Revolucionario se hizo cargo de sus funciones en un contexto económico dominado por la fuerte dependencia respecto de Estados Unidos. A mediados de la década de 1950, el peso de la inversión de capitales norteamericanos en la economía cubana era “mayor que el ejercido en cualquier otra parte del mundo”. Por entonces, el 40% de la producción azucarera bruta, el 90% de los servicios eléctricos y los telefónicos, la casi totalidad de la explotación minera, el 50% de los ferrocarriles públicos y el 25% de los depósitos bancarios estaban controlados por el capital imperialista norteamericano. La incidencia de empresas estadounidenses era decisiva en materia de refinación y distribución de petróleo, comercio al por menor, manufacturas, ganadería, producción de cemento, de productos químicos y derivados del caucho, y turismo (rubro en el cual los grandes hoteles y casinos de juego de La Habana estaban en manos de Meyer Lansky, un célebre gángster norteamericano) –según el resumen de Manitzas (1973a: 27-28)–.

El 15 de febrero de 1959 renunció el Consejo de Ministros y Castro asumió el cargo de primer ministro, en reemplazo de Miró Cardona. El 1º de marzo se entregaron las escrituras de propiedad a campesinos de Pinar del Río, se dispuso la intervención de la Cuban Telephone Company y de las empresas Cooperativa de Ómnibus Aliados y de Ómnibus Metropolitana S.A., se rebajaron las tarifas telefónicas, los alquileres de viviendas (entre un 30 y un 50%) y el precio de las medicinas. También se creó el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC).

El 17 de mayo del mismo año, el Consejo de Ministros, reunido en La Plata (Sierra Maestra, en la provincia de Oriente) firmó la primera Ley de Reforma Agraria. Mediante ella se fijó el límite máximo de las propiedades rurales en 30 caballerías (403 hectáreas) y se prohibió a los extranjeros acceder a ellas. Más tarde, en octubre de 1963, se promulgó una segunda Ley de Reforma Agraria, la cual dispuso reducir el máximo a 5 caballerías (67 hectáreas), nacionalizándose las fincas con una superficie mayor. Mediante esta ley, el 70% de todas las tierras fértiles pasó a manos del Estado. Entre las propiedades afectadas se encontraban algunas de capital norteamericano, con superficies de hasta 17.000 caballerías (227.000 hectáreas). Así, la revolución democrático-popular se hizo también agraria y la suma de ambas generó una revolución nacional, carácter este dado, justamente, por la nacionalización de las tierras agrícolas, medida que le granjeó al Gobierno Revolucionario la enemistad de Estados Unidos mucho más decisivamente que la estatización de otros campos de la economía (Mires, 1988: 320).

Pero volviendo a la secuencia de 1959, en julio, el Consejo de Ministros aprobó una ley estableciendo sanciones para quienes atentaran contra la estabilidad de la nación (ya se habían producido agresiones contrarrevolucionarias en el país y en Miami, e incluso se habían desbaratado intentos de asesinato de Fidel). A su vez, el Senado norteamericano facultó al presidente del país para suspender ayuda a todo país que confiscara propiedades norteamericanas sin justa compensación. En ese contexto, ese mes se produjo un conflicto en el seno del Gobierno cubano, que llevó a la renuncia de Castro al cargo de primer ministro, al tiempo que acusaba al presidente de estar involucrado en una operación contrarrevolucionaria. También renunció Urrutia, quien perseguía, en realidad, culminar con éxito una maniobra destinada a desplazar al comandante. Pero un paro general, convocado por la CTC, y una concentración campesina frustraron la intentona. Urrutia debió dejar el cargo definitivamente, siendo reemplazado por Osvaldo Dorticós Torrado, mientras Fidel retomó su cargo de primer ministro.

El 11 de agosto se anunció la compra a Cuba, por parte de la Unión Soviética, de 170.000 toneladas de azúcar, y el 20 del mismo mes, el Consejo de Ministros dispuso rebajar el 30% el precio de las tarifas eléctricas. En octubre, el antiguo cuartel Columbia, convertido en Ciudad Escolar Libertad, fue entregado al Ministerio de Educación; el comandante Hubert Matos, que renunció a las Fuerzas Armadas argumentando que se estaba incrementando la influencia comunista, fue apresado, junto a sus seguidores, acusado de organizar un movimiento contrarrevolucionario (condenado a prisión, fue durante décadas un preso emblemático de los contrarrevolucionarios); se crearon las Milicias Nacionales Revolucionarias y se restablecieron los tribunales revolucionarios para el juzgamiento de las actividades de terroristas y contrarrevolucionarios, y desapareció la avioneta en la cual viajaba, de Camagüey a La Habana, el comandante Cienfuegos (el 27 de agosto). El 24 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó una ley que creaba el certificado de ahorro del pueblo y al día siguiente designó a Guevara como presidente del Banco Nacional. El 27 se inició la expropiación de los latifundios, mediante una resolución del Instituto Nacional para la Reforma Agraria (INRA).

En enero de 1960, “Año de la Reforma Agraria”, se estableció una nueva rebaja en el precio de los medicamentos y el antiguo cuartel de Moncada se convirtió en la Ciudad Escolar 26 de Julio, siendo entregada al Ministerio de Educación, el mismo día en que un avión procedente de Estados Unidos incendió quince millones de arrobas de caña en un central de Camagüey. En febrero, fueron confiscados el consorcio petrolero RECA y las propiedades del gran capitalista José López Vilaboy (entre las cuales estaba la Compañía Cubana de Aviación) e intervenidos catorce grandes centrales azucareros. Se dispuso la confiscación de las propiedades de todos los que se exiliaran y el agravamiento de las penas impuestas a los responsables de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, exacciones ilegales y otros, llegando, incluso, a la pena de muerte. El 13 de ese mes se firmó el primer convenio comercial cubano-soviético. El 16 de marzo se creó la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN). El 4 de abril se expropiaron los latifundios de la UFCo, se entregaron 80.000 caballerías a 200.000 campesinos para la creación de cooperativas cañeras y se creó el Banco de Comercio Exterior. El 8 de mayo se restablecieron las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. En junio fueron detenidos (y luego liberados, conforme las leyes internacionales) diplomáticos norteamericanos que estaban reunidos con conspiradores cubanos.

El 2 de julio de 1960, el presidente de Estados Unidos promulgó una ley que suspendió la compra de azúcar cubana (la cuota azucarera). El Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario respondió con el otorgamiento de poderes al presidente de la República y al primer ministro para nacionalizar –por la vía de la expropiación forzosa– las propiedades norteamericanas existentes en Cuba. El 23 del mismo mes se firmaron convenios comerciales, culturales, de pagos y de asistencia técnica con el Gobierno de la República Popular China. La supresión de la cuota azucarera por parte de Estados Unidos llevó a la Unión Soviética a decidir la compra de 500.000 toneladas durante cuatro años, a precio de mercado. El 19 de octubre de 1960, el Gobierno de Estados Unidos decidió el embargo de todo tipo de mercancías enviadas desde el país hacia Cuba, medida que llevó al Gobierno Revolucionario a nacionalizar todas las empresas norteamericanas que aún quedaban en el país.

Cabe destacar que uno de los puntos de mayor fricción entre los gobiernos cubano y norteamericano fue el relativo al petróleo, un insumo vital para cualquier economía, agravado en el caso de un país que, como Cuba, carecía de él. El Gobierno de Estados Unidos logró que Venezuela, gobernada por Rómulo Betancourt, y otros países dejaran de enviar crudo a la isla. Para superar la situación, el Gobierno Revolucionario firmó un acuerdo con la Unión Soviética. Las empresas norteamericanas Texaco y Eastern Seaboard Standard Oil(ESSO) y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell presionaron al Gobierno de Estados Unidos para que tomara medidas contra Cuba, al tiempo que se negaron a refinar petróleo soviético. El desenlace fue la nacionalización de esas empresas en agosto de 1960.

El 3 de enero de 1961, el Gobierno de Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. El 16 de marzo, en un acto de homenaje a las víctimas de los bombardeos comandados por fuerzas norteamericanas, Fidel proclamó el carácter socialista de la revolución y declaró el estado de alerta. Al día siguiente, 1.500 efectivos militares –mercenarios– desembarcaron en Playa Larga y Playa Girón (o también, Bahía de Cochinos). Esa fue la operación montada entre la CIA y cubanos contrarrevolucionarios exiliados en Estados Unidos desde julio de 1960, cuando todavía era presidente el republicano Dwight Eisenhower. La operación fue luego aceptada por su sucesor, el demócrata John Kennedy, quien la hizo efectiva, con un costo monetario final superior a 46 millones de dólares. Contrariamente a lo esperado por los organizadores, el pueblo cubano no les dio su apoyo y se movilizó masivamente en defensa del Gobierno y la Revolución. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias destrozaron a los invasores. Unos días más tarde, Kennedy asumió la plena responsabilidad por el operativo. Inmediatamente, se impuso un embargo total de las mercancías destinadas a Cuba, medida que fue ampliada por otra similar en 1962. Más tarde habría otras medidas restrictivas.

Según Skidmore y Smith (1996: 300), “[l]a invasión fallida marcó una línea divisoria en las relaciones de Cuba y Estados Unidos. La estrategia más evidente de Washington había fracasado. Cuba no sería la Guatemala del Caribe”.

La revolución nacionalista y antiimperialista estaba así en condiciones de entrar en el campo de posibilidades de convertirse en una revolución socialista, al margen de la intención originaria de los revolucionarios. A tal resultado no fue ajena la torpeza de la CIA, organismo que desde fines de 1959 había comenzado a organizar a exiliados contrarrevolucionarios y desde julio de 1960 a planear una operación de intervención en Cuba, que incluía desde el entrenamiento hasta la cobertura de una fuerza invasora integrada por exiliados cubanos y mercenarios, con apoyo norteamericano y del dictador nicaragüense, Anastasio Somoza. En opinión de Joseph Morray (1965: 70), “[n]o fueron los comunistas, sino la burguesía y los terratenientes quienes obligaron a la revolución verde oliva a manifestarse roja exigiéndole que se volviera blanca” (apud Mires, 1988: 325). Aún más: como sostiene Mires (1988: 324), la acusación a Castro de comunista, cuando objetivamente aún no lo era, en un contexto en el cual casi todo el país estaba a su favor, “no hizo otra cosa que favorecer el proceso que sus enemigos decían querer evitar. Así, cuando Castro se declaró comunista, no hizo más que seguir las reglas del juego impuestas por sus enemigos”, quienes, por lo demás, pusieron “el tema del ‘comunismo’ (y con ello el significado del PC) en el centro del debate” y convirtieron al PSP “en un eje de definición nacional”, algo que los comunistas tradicionales no se habían propuesto. “Pocas veces la historia ha hecho un regalo más hermoso a un partido político”. A su vez, Kennedy, haciendo lo contrario de lo que sostenía, hizo realidad su hipótesis de la inevitabilidad de la violencia revolucionaria cuando se impiden las revoluciones pacíficas (44).

En diciembre de 1961, Fidel se proclamó marxista-leninista. Poco después, el 31 de enero de 1962, la reunión de la OEA en Punta del Este (Uruguay) decidió expulsar al Gobierno de Cuba de su seno. El 4 de febrero, más de un millón de cubanos reunidos en la Plaza de la Revolución, en la capital, aprobó la Segunda Declaración de La Habana.

En octubre de 1962 se produjo la llamada “crisis de los misiles”, trece días que pusieron al mundo al borde de la guerra nuclear. Decididos a apoyar a los cubanos, tras la agresión de Playa Girón, los soviéticos acordaron con el Gobierno Revolucionario la instalación, en la isla, de misiles de alcance medio, capaces de impactar en ciudades y centros estratégicos ubicados en territorio norteamericano. Técnicamente, la acción parecía menos relevante, pues, de querer alcanzar objetivos norteamericanos, los soviéticos disponían de cohetes de largo alcance, eficaces para ello. Si bien es cierto que los de alcance medio reforzaban o potenciaban la eventual tarea de los de largo alcance, su instalación en tierra cubana implicaba, por sobre todo, un fuerte desafío sin precedentes al equilibrio del poder militar mundial, en particular si, como sospechaba la seguridad estadounidense, tales misiles eran dotados de ojivas nucleares. Por otro lado, los misiles soviéticos en Cuba aparecían como la contrapartida de los de Estados Unidos en Turquía.

Kennedy exigió al primer ministro soviético, Nikita Kruschev, el desmantelamiento de las rampas y el retiro de los misiles, so pena de establecer una cuarentena naval a todos los envíos militares a Cuba, incluyendo, llegado el caso, la intercepción de los propios navíos soviéticos por la US Navy, fuerza en la que no faltaban oficiales deseosos de ir a la guerra. El 27, un avión espía U-2 fue derribado por la defensa aérea cubana cuando volaba sobre territorio cubano. El 28, Kruschev, unilateralmente –es decir, sin consultar al Gobierno cubano–, acordó con Kennedy el retiro de los misiles soviéticos en Cuba, a cambio del desmantelamiento de las rampas estadounidenses en Turquía (el cual ya estaba previamente resuelto en razón de la obsolescencia de ese equipamiento). Mediante una cláusula secreta, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a garantizar que Cuba no sería objeto de ninguna agresión por parte de su país ni por otros países occidentales, si bien Kennedy se cuidó de no dejarlo formalmente asentado –por ejemplo ante la ONU– e incluso de reconocerlo públicamente. La indignación de los cubanos por haber sido marginados de la resolución del conflicto fue enorme. En las calles, el pueblo salió a gritar “Nikita, mariquita/lo que se da, no se quita”. Castro y Guevara consideraron que Estados Unidos había querido destruirlos físicamente pero que la Unión Soviética los había destruido jurídicamente.

En una investigación sobre la CIA, el periodista Tim Weiner, de The New York Times, señala que el 26, el premier soviético envió a la Casa Blanca una carta personal en la cual aludía a la catástrofe que significaría una guerra termonuclear, por lo cual, para evitarla, proponía retirar los misiles montados en Cuba a cambio de la promesa del presidente norteamericano de no invadir Cuba. Luego, Robert Kennedy se reunió con el embajador soviético en Estados Unidos, Anatoli Dobrinin. El primero le dijo al segundo que “Estados Unidos aceptaba el intercambio de los misiles [los soviéticos retiraban los suyos de Cuba, los norteamericanos los instalados en Turquía] a condición de que no se hiciera público”. Weiner sostiene que Robert Kennedy falseó deliberadamente el memorándum de su reunión con Dobrinin, “eliminando la referencia al intercambio. El trueque se mantuvo en un profundo secreto. […] A partir de entonces, durante muchos años el mundo creería que solo la tranquila resolución del presidente Kennedy y el firme compromiso de su hermano con una solución pacífica habían salvado a Estados Unidos de una guerra nuclear” (Weiner, 2008: 212-213) (45).

El arreglo entre los jefes de las dos superpotencias por encima de la soberanía cubana hizo que Kruschev privara a Castro de una excelente ocasión para plantear mejores condiciones de negociación y resolución del conflicto con Estados Unidos, como los cinco puntos levantados por Fidel: 1) suspensión del bloqueo y otras formas de agresión económica contra Cuba; 2) suspensión de todas las acciones subversivas fomentadas por Estados Unidos y gobiernos cómplices; 3) cese de los “ataques piratas” provenientes de bases en territorios norteamericano y puertorriqueño; 4) fin de las violaciones de los espacios aéreo y marítimo de Cuba por aviones y barcos de guerra estadounidenses; 5) retirada norteamericana de la Base Naval de Guantánamo y devolución a Cuba de su territorio, ocupado, como se recordará, desde 1898.

Después de Playa Girón, el Gobierno Revolucionario comenzó a definir una estrategia de desarrollo planificado. El Che Guevara, a cargo del recientemente creado Ministerio de Industrias (en febrero de 1961), preparó un Plan de Cuatro Años (1961-1965), cuyos objetivos principales eran la diversificación agrícola (tanto como base alimentaria de la población como para disminuir la importancia del monocultivo azucarero, generador de dependencia) y la industrialización (en principio, manufactura de bienes de consumo ligeros). Para Guevara era primordial y estratégico el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas que le permitieran a Cuba producir nuevos productos y nuevos procesos productivos adaptados a la geografía económica del país. Si bien entendía necesaria una inicial ayuda de los países socialistas, como medio superador de la situación de desconocimiento de los procesos técnicos modernos, su concepción y estrategia apuntaban a un proceso activo, no mero receptor pasivo de lo realizado por otros, en particular por su aguda conciencia del rezago de las plantas industriales de los países llamados socialistas respecto de las fábricas de más alta tecnología de los países capitalistas centrales.

En la perspectiva del Che, el plan de producción debía ir acompañado de otros planes: los de abastecimientos, de trabajo y salarios, de costos, financiero y de inversiones (Borrego, 2001: 88). La responsabilidad de la orientación de la economía planificada recaía en la JUCEPLAN, encargada “de realizar [primero] los cálculos centralizados de todas las necesidades” y luego de efectuar “los ajustes necesarios para balancear necesidades contra recursos y volver a precisar las posibilidades reales de lo que se podía alcanzar como cifra planificada para un período determinado” (Borrego, 2001: 85).

Cuba no había conocido el proceso de la ISI, situación que –como ha señalado Orlando Borrego (2001: 91), el colaborador más cercano que tuvo el Che durante su gestión como ministro de Industrias– explica la falta de conocimientos acerca de qué significaba un proceso de industrialización, del por qué de la misma y del modo de concretarla. Para superar la deficiencia, el Che ordenó la realización, en el seno del Ministerio, de un seminario de planificación que incluyó el análisis histórico de experiencias de industrialización tales como la inglesa y la soviética. En la trilla de Lenin y de Gramsci, el Che enfatizaba la necesidad de una revolución cultural en el campo de la economía y en el de la revolución toda.

Borrego señala que, para el Che, la industrialización cubana debía hacerse efectiva en tres fases: la primera, esencial, era la de planificación, estudio y apreciación del rumbo y velocidad del proceso; la segunda, más difícil que la primera, correspondía a la construcción y el reordenamiento industrial; la tercera, la de expansión y complementación del sistema industrial.

El objetivo de alcanzar una correlación adecuada y justa entre el nivel de vida de la población (durante un cierto período) y la tasa de acumulación ponía al poder político frente a una verdadera encrucijada: enfatizar en exceso la acumulación –es decir, esperar hasta que las industrias básicas estuviesen en condiciones de proveer maquinarias y materias primas a las industrias de consumo– implicaba frenar durante un número incierto de años el nivel del consumo. Una alternativa a esa vía era la de elevar discretamente, durante los primeros años, el nivel de vida de la mayoría de la población, estabilizarla a cierta altura y desde ella procurar el desarrollo de las industrias básicas. Entre una y otra de esas opciones podían pensarse otras variantes (Borrego, 2001: 95-96). A la luz de la experiencia soviética de industrialización forzada y acelerada impulsada por Stalin desde 1926 –contrariando la posición de Lenin de “Más vale poco pero bueno”, formulada en 1923, la cual apuntaba a un desarrollo más lento para no romper ni la conjunción de intereses de campesinos y proletarios ni su alianza de clases–, la definición de los ritmos y los plazos del proceso industrializador constituía un problema político trascendente.

El Plan cuatrienal perseguía colocar, durante ese lapso, las bases de la industrialización, necesarias para desplazar el centro de gravedad de la planificación hacia la expansión y complementación del núcleo industrial inicial. Con posterioridad, una nueva etapa permitiría incrementar la diversidad de artículos para el mercado interno y para la exportación, consolidando así el sistema productivo en su conjunto. Según el Che, tanto la industria como la agricultura diversificada debían producir ajustándose a estas normas: mayor cantidad de producción, alta productividad, variedad de la producción de acuerdo con las necesidades nacionales, la más alta calidad posible y el más bajo costo posible. Para el Che, algunos desarrollos industriales eran clave: pesca, astilleros navales, mecánica, química, construcción y, a fortiori, la que movería a todas ellas: la producción de energía.

Por otra parte, la concepción guevarista de la economía estatal cubana sostenía –al menos para el sector bajo su jurisdicción, el industrial– que esta debía organizarse y funcionar conforme el Sistema Presupuestario de Financiamiento, opción del Che opuesta al modelo soviético, fundado en el cálculo económico. Dicho en pocas palabras, se trataba de un sistema centralizado de la dirección de la economía, incluyendo un control riguroso de las empresas y de sus directores. Para el Che se trataba de “considerar el conjunto de la economía como una gran empresa y tratar de establecer la colaboración entre todos los participantes como miembros de una gran empresa, en vez de ser lobos entre sí, en la construcción del socialismo” (apud Tablada, 2005: 181).

Según el Sistema Presupuestario de Financiamiento, cada empresa no acumulaba ni retenía en efectivo, en una cuenta propia, los ingresos obtenidos, los cuales eran entregados al presupuesto nacional. Asimismo, cada empresa gastaba según el plan financiero, recibiendo del presupuesto nacional, vía bancaria, los fondos necesarios para atender el pago de los salarios, realizar inversiones y abonar otros gastos. Dicho en otros términos, el financiamiento de esas empresas debía hacerse por presupuesto; el control financiero lo realizaban los ministerios de Industrias y de Finanzas y los bancos tenían asignado un papel intermediario secundario. Por ley de diciembre de 1962 se dispuso la interconexión entre las operaciones y los planes financieros de las empresas y el presupuesto nacional, mientras otra, de agosto de 1963, oficializó el Sistema Presupuestario de Financiamiento.

Pero lo más importante del Plan de Industrialización no residía en sus aspectos económicos, aunque ellos fuesen, como es obvio, decisivos. Lo central, para el Che, era la moral, la conciencia, dimensiones claves para la construcción de un hombre (genéricamente, es decir, incluyendo a la mujer) y una sociedad nuevos. Coherente con esa posición, sostuvo la necesidad de la primacía de los incentivos morales –por sobre los incentivos materiales– en el proceso de construcción de la sociedad socialista.

De allí derivó uno de los debates primordiales de la Revolución Cubana. Desarrollado durante los años 1963 y 1964, ese debate trascendió los límites de Cuba y se hizo internacional con la participaron de teóricos marxistas de la envergadura de Ernest Mandel (partidario de la posición de Guevara) y Charles Bettelheim (opositor) (46). La discusión abarcó cuatro cuestiones principales. Las primeras dos fueron de orden práctico y las otras dos, de orden teórico. Las de orden práctico trataban los problemas de política económica de la revolución: la reorganización de las empresas industriales y la importancia relativa de los incentivos materiales frente a los incentivos morales en la construcción del socialismo. Las dos cuestiones de orden teórico se referían, como señaló Mandel, al “papel exacto de la ley del valor en la transición del capitalismo al socialismo, y la naturaleza estricta de los medios de producción estatizados en esa época (¿Son o no son mercancías? ¿Representan una propiedad social, o son propiedad de las empresas?, etc.)”. En pocas palabras, el debate entrañaba a una cuestión estratégica para cualquier proyecto revolucionario socialista: la elección del modelo más apropiado para la construcción de la sociedad socialista.

Según la síntesis de Michael Löwy (1971), los problemas debatidos fueron tres: 1) de política económica: sistema presupuestario o de autofinanciamiento económico; estímulos morales o estímulos materiales; 2) de economía política: ley del valor y planificación, correspondencia entre fuerzas y relaciones de producción, carácter mercantil o no de de los medios de producción socialistas; 3) generales de la teoría marxista: papel de la conciencia en la construcción del socialismo.

Las cuestiones señaladas, las prácticas y las teóricas, estaban claramente unidas dialécticamente. En ese debate internacional se destacó con creces la posición del Che Guevara, partidario de los incentivos morales (condecoraciones, diplomas, reconocimiento público). Como lo reconoció Mandel, “[e]l mérito de la contribución del Che Guevara reside en haber expresado claramente la particularidad de la revolución cubana, sin haber caído nunca en un pragmatismo vulgar”. Cabe señalar que la postura del Che en favor de los estímulos morales estaba inextricablemente unida a su concepción del hombre nuevo, condición sine qua non para construir el socialismo sin resabios de la alienación capitalista.

En Cuba, el contradictor más fuerte que tuvo Guevara fue Carlos Rafael Rodríguez, quien provenía del PSP, dirigía el INRA y formaba parte –al igual que el Che– de la dirección partidaria. Rodríguez defendía el sistema del cálculo económico (que el Che llamaba de autogestión), el trabajo a destajo y los incentivos materiales. Para él, el Sistema de Financiamiento Presupuestario era más progresista que el del cálculo económico, pero entendía que requería condiciones y premisas inexistentes en el corto plazo. Le imputaba también un exceso de centralización, que haría disminuir la independencia de las empresas y, por ende, desestimularía la eficiencia en su gestión. De allí su defensa del sistema de autofinanciamiento económico de las empresas, que llevaba a la aceptación del principio de su rentabilidad. En este sistema –que era el empleado en los países llamados socialistas– cada empresa disponía de autonomía contable y de una relativa descentralización del poder de decisión y administración. El Estado proveía a cada una recursos mínimos para la gestión ordinaria, por lo cual la actividad económica de cada una dependía de los créditos bancarios obtenidos (estructura financiera externa), situación que hacía posible el control de la gestión de la empresa. Además, las operaciones entre las empresas se basaban en criterios comerciales, o sea, del mercado.

En principio, la salida a las posiciones encontradas fue dual: en el área de competencia del Che se adoptó el principio de los estímulos morales; en el área bajo la dirección de Rodríguez, el de los incentivos materiales. Borrego (2001: 209-210) señala que tal dualidad no generó ningún obstáculo para la colaboración estrecha y solidaria entre las dos áreas y sus organismos. Los incentivos morales estuvieron vigentes hasta 1968, año en que se abandonaron los principios de Guevara. Significativamente, ese mismo año, Cuba apoyó la posición intervencionista armada de la Unión Soviética en Checoslovaquia, cuando el Gobierno de Alexander Dubcek intentó llevar adelante el proceso conocido como la Primavera de Praga y su consigna “un socialismo con rostro humano”.

Desde 1963, los soviéticos presionaron al Gobierno Revolucionario para aminorar el impulso industrialista y mejorar su planificación, y para que se reconociera la ventaja comparativa del azúcar (lo que implicaba mantener la dependencia económica). El punto más alto del retorno a la primacía del cultivo de la caña y la producción de azúcar fue el objetivo de la “zafra de los diez millones” de toneladas de caña para 1970, el “Año del Esfuerzo Decisivo”, que no fue alcanzado. Ese objetivo estaba inscripto todavía en la lógica “voluntarista” del Che, aunque él ya no estaba. En efecto, en 1965, cuando llegó el fin del Plan de los Cuatro Años –que no alcanzó sus objetivos de máxima, si bien se lograron éxitos en materia de educación, salud y conocimiento científico–, se produjo el alejamiento de Guevara. Renunció a su ministerio, a sus cargos, a la nacionalidad cubana –que le había sido otorgada en 1959– y desapareció de la escena pública. Años después se sabría que se había ido al Congo para participar de las guerrillas lideradas por Laurent Désiré Kabila. Por las diferencias con este, decidió marginarse de ellas y retornó a Cuba, tras una corta estadía clandestina en Praga. En la isla, preparó un operativo de envergadura, destinado a llevar la revolución al sur del continente, que comenzaría a prepararse en Bolivia y desde allí se extendería a los países vecinos, en particular Argentina. Este operativo culminó en una derrota, la captura y el asesinato del Che por los rangers del Ejército boliviano, el 8 de octubre de 1967.

Entre 1971 y 1985 Cuba aplicó una versión moderada del modelo soviético de economía planificada, mediante el cual se produjo una fuerte alza del crecimiento, con tasas del orden del 7,3% promedio, las más altas de la historia de la revolución. En contraste, el presupuesto nacional pasó a ser deficitario, al tiempo que, como había previsto Guevara, la Unión Soviética comenzaba a experimentar serios problemas económicos. Al concluir este período, la situación económica de la isla se había agravado, de la cual fue dramática manifestación, en 1980, el exilio de 125.000 cubanos en Estados Unidos, en su mayoría en Miami. Fueron conocidos como “marielitos”, en alusión a Puerto Mariel, el punto de partida.

Desde una perspectiva comparativa, la revolución cubana muestra algunos rasgos comunes a las experiencias revolucionarias de México y Bolivia. Uno de los resultados revolucionarios más evidentes en las tres revoluciones fue el peso adquirido por los partidos de masas, lo cual sin duda contribuyó a la tan demorada creación de sistemas de partidos de alcance nacional –en contraposición a los partidos de notables o partidos locales o regionales típicos del orden oligárquico o pos independiente (47). Cabe notar que, en toda América Latina, la historia de los partidos políticos –dicho muy brevemente– transcurrió en el siglo XX, salvo las excepciones ya presentadas en otros capítulos, como las tempranas divisas de los blancos y colorados uruguayos (de 1830), que se proyectaron en el siglo XX como Partido Nacional y Partido Colorado; las precarias asociaciones de liberales y conservadores en Colombia, que luego persistieron como verdaderos partidos modernos, y la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado) y el Partido Liberal paraguayos (ambos creados en 1887); como también el temprano Partido Radical de Chile (1863) y la Unión Cívica Radical (1891) y el Partido Socialista de Argentina (1896), entre los casos más señalados.

En Cuba, como se ha visto, el proceso revolucionario tuvo en sus inicios un carácter eminentemente democrático liberal y capitalista, pero enseguida se tornó abiertamente nacional y luego socialista, aunque sin perder ese carácter nacional. En opinión de Manitzas (1973b: 97), “el sentido de la comunidad nacional total” y el igualitarismo fueron el fundamento de “muchas de las decisiones primordiales de los dirigentes cubanos en materia de economía, de educación pública y de política general”, lo que hizo de esta experiencia revolucionaria “una interesante discrepancia con relación al marxismo prototípico y a la pauta general a que se ha sujetado la política de desarrollo latinoamericano”. Las de México y Bolivia, como ya señalamos en el capítulo 4, fueron revoluciones burguesas (aun con sus limitaciones, propias de la condición dependiente de ambos países). Y ambas comparten con la cubana el carácter nacional (Knight, 1993).

En cuanto a la vanguardia política, en las tres revoluciones ella estuvo a cargo de sendos movimientos en Bolivia y Cuba, aunque con un matiz diferenciador. En efecto, la Revolución Boliviana estuvo conducida por un partido preexistente que era más claramente una organización de sectores urbanos de clase media, educados y profesionales, y con fuerte presencia del movimiento estudiantil (que no la tuvo el partido de la Revolución Mexicana). En Cuba, en cambio, el M 26 se constituyó al margen y con independencia de los partidos, y fue el núcleo duro del futuro partido de la revolución, resultado de la unificación de varias organizaciones. El M 26 era básicamente urbano y de clase media universitaria, al menos en sus primeros años, sumando a los campesinos y más tarde a la clase obrera a lo largo de la lucha contra la dictadura. La Revolución Mexicana solo construyó su partido después de disipadas las fases de guerra civil y, cuando lo hizo, el hecho precedió en un lapso considerable de tiempo al momento de polarización propio de la Guerra Fría, que sí influyó en la configuración de los inicios de los otros dos procesos revolucionarios.

Por su parte, México también muestra algunas singularidades respecto del proceso de institucionalización de la revolución. Este país inició su revolución antes que los bolcheviques triunfaran en Rusia. Así, las ideas acerca de la democracia que más fuertemente circulaban en el momento del estallido revolucionario eran fundamentalmente las de la democracia liberal. Con la crisis del liberalismo en la década de 1920, culminada en la crisis global de 1930, la revolución mexicana se empapó de otras ideas e incluso asumió algunas de ellas, como las relativas a las democracias populistas. El Partido Revolucionario Nacional (PRN) recién fue creado en 1928, en medio de una conmoción política que se había desatado con el asesinato de Obregón. Así, la revolución iniciaba su identificación (muy duradera) entre partido y Estado. En esta coyuntura, la creación del partido permitía disciplinar y controlar a una clase política que durante el proceso revolucionario había probado ser altamente heterogénea. Es decir, el Partido se creaba para poner unidad a un mapa político fuertemente regionalizado, y fue utilizado como instrumento político de control de la sucesión presidencial, hasta entonces canalizada con el recurso a la violencia. Por fin, la revolución cumplía con el histórico principio de “no reelección”. Si en el lapso de seis años (entre 1928 y 1934), México había tenido tres presidentes, de los cuales dos tuvieron que dimitir por su enfrentamiento con Calles, de allí en adelante el país tendría un presidente electo cada seis años. La institucionalización de la revolución iniciada en 1928 con el PRN se continuó luego con su metamorfosis en el PRM, creado por Cárdenas en 1938, cuando incluyó a las principales entidades obreras y campesinas en la estructura del partido, hasta finalmente cristalizar, en 1946, en el PRI. Este dominó la escena electoral nacional, estadual y municipal durante décadas. Como se verá en el capítulo siguiente, recién en el año 2000 perdió por primera vez las elecciones nacionales, frente al derechista Partido Acción Nacional (PAN), creado en 1939 y que recién había logrado su primera victoria electoral gubernativa en 1989, en el estado de Baja California.

En Bolivia, la constitución de un sistema de partidos se demoró hasta por lo menos 1985. “Antes de la revolución de 1952, Bolivia había conocido –en el contexto de un sistema político oligárquico–, un sistema multipartidista excluyente y de reducida capacidad de representación”. La Revolución Nacional, a su vez, no generó, en rigor, un sistema plural de partidos, sino un sistema de predominio absoluto de un partido hegemónico –el MNR–, “el cual llegó a confundirse con el Estado”, asemejándose en esto al PRI mexicano. A diferencia de este, el MNR no alcanzó a consolidarse, careciendo de “la solidez y longevidad extrema” del PRI. Solo treinta y tantos años más tarde, durante el proceso de transición a la democracia iniciado en 1982, comenzó a configurarse un sistema multipartidario (Mayorga, 2004: 28). Por otra parte, lo cual no fue un dato menor, en 1952, según una temprana hipótesis de René Zavaleta Mercado, el proletariado era dominante, en el sentido de portador del monopolio de la violencia después de la insurrección, pero no pudo constituirse sino parcialmente en “dirección intelectual y moral”, situación que le impidió devenir efectiva vanguardia de la revolución. Esta suprimió las Fuerzas Armadas, si bien luego fueron reconstruidas, suplantando a las milicias populares, y en 1964 ellas pusieron fin a la revolución. Con el pacto militar-campesino, abrieron una nueva fase de fuerte incidencia en el control del Estado, en violenta confrontación con la sociedad civil –en particular con su organización más importante, la COB–, que llevó a una situación que René Mayorga denominó “empate catastrófico”. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas ejercieron ese control en alianza con los partidos políticos, como en el caso de la primera fase de la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, cuando dos de los principales partidos –el MNR y la FSB– desempeñaron un papel protagónico, conformando el Frente Popular Nacionalista (FPN) encabezado por Banzer. Como se verá en el próximo capítulo, con la “democratización por colapso” –según la expresión de Guillermo O’Donnell (1994)–, el país entró en la fase de constitución de un sistema de partidos plural, y de inusual estabilidad institucional –sin contar que en 2006 asumió la presidencia de Bolivia Evo Morales, el primer indígena en alcanzar ese alto cargo–.

En Cuba, el proceso de institucionalización de la revolución transitó un camino también relativamente largo, cuyo final puede situarse entre 1976 y 1985. En una primera etapa, 1962 a 1971, se crearon instituciones y fuerzas políticas nuevas, además de otras ya existentes que se consolidaron, como el INRA, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR). Así, 1963 fue denominado “Año de la Organización”. En el plano político, fue importante el proceso de fusión de las diferentes agrupaciones políticas revolucionarias, que pasaron de su autonomía (M 26, PSP, DER) a constituir, primero, las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), luego, en 1963, el Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS) y, finalmente, en 1965, el Partido Comunista de Cuba (PCC), proceso que continuó hasta diciembre de 1975, cuando este realizó su I Congreso. En opinión de Mires (1988: 326), el nuevo poder fue conformándose a partir del encuentro de una parte de la dirección del Ejército Rebelde y de los antiguos comunistas del PSP, siendo las ORI el locus de la transición. Al concluir esta y conformarse el nuevo PCC, quedó claro que, en tanto partido comunista, él difería radicalmente del modelo leninista: no fue creado desde abajo y desde fuera del Estado, sino en el interior del propio Estado.

En enero de 1966, “Año de la Solidaridad”, en el marco de la Primera Conferencia Tricontinental de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, fueron creadas la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL) y la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), ambas con sede en La Habana, a las cuales se sumó, en agosto del mismo año, la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE), las tres relacionadas con la concepción de llevar adelante procesos revolucionarios a escala mundial.

Entre 1971 y 1985 se alcanzó la definitiva institucionalización del régimen revolucionario en lo que hace a los organismos políticos, ideológicos y culturales. En 1975 se realizó el I Congreso del nuevo PCC y en 1976 se promulgó otra Constitución. De hecho, ideológica y políticamente triunfó el pragmatismo –desechando el “idealismo” del Che–, se fortaleció el papel del Partido, se reestructuraron los sindicatos y otras organizaciones de masas, simultáneamente con una mayor aproximación a la Unión Soviética y el abandono de la crítica a los Partidos Comunistas inscriptos en la línea moscovita, hasta entonces considerados reformistas.

En 1975 comenzó un proceso de ampliación de las bases de sustentación política de la revolución, mediante la celebración de elecciones populares para constituir las asambleas regionales. Si bien el objetivo era construir una estructura representativa de poder local, de hecho, la experiencia se vio dificultada por la centralización y burocratización –cuando no ineficiencia– del Estado, pese a las reiteradas exhortaciones de la máxima dirigencia revolucionaria para luchar contra el burocratismo.

Según la Constitución de 1976, la República de Cuba es un Estado socialista de obreros y campesinos, y demás trabajadores manuales e intelectuales (art. 1). En ella, “todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas derivan, o bien directamente”. Dicho poder “se sustenta en la firme alianza de la clase obrera con los campesinos y las demás capas trabajadoras de la ciudad y el campo, bajo la dirección de la clase obrera” (art. 4), al tiempo que el PCC, en tanto “vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista” (art. 5). A su vez, la Unión de Jóvenes Comunistas actúa como formadora de los futuros militantes del Partido y “contribuye a la educación de las nuevas generaciones en los ideales del comunismo, mediante su incorporación al estudio y a las actividades patrióticas, laborales, militares, científicas y culturales” (art. 6).

Además del núcleo duro partidario, el Estado “reconoce, protege y estimula a las organizaciones sociales y de masas”, entre ellas la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Unión de Pioneros de Cuba y otras. Se trata de las que surgieron en el proceso histórico de las luchas del pueblo cubano y “agrupan en su seno a los distintos sectores de la población, representan intereses específicos de estos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista” (art. 7).

Según el artículo 8, el Estado socialista cubano: a) realiza la voluntad del pueblo trabajador y encauza los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo; mantiene y defiende la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes, y el desarrollo integral de su personalidad; afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre; protege el trabajo creador del pueblo y la propiedad y la riqueza de la nación socialista; dirige planificadamente la economía nacional; asegura el avance educacional, científico, técnico y cultural del país; b) como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza: que no haya hombre o mujer en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades; que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia; que no haya enfermo que no tenga atención médica; que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido; que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar; que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte; c) trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable.

La Constitución establece amplia e inequívocamente el principio de la igualdad, aplicable sin distinción alguna en todos los planos de la vida social.

Los principios de organización y funcionamiento de los órganos estatales, definidos en el artículo 66, establecen que estos “se integran, funcionan y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista, la unidad de poder y el centralismo democrático”, según los cuales “todos los órganos de poder del Estado, sus órganos ejecutivos y todos los tribunales, son electivos y renovables periódicamente”, siendo competencia de las masas el control de “la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios”, mientras “los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación ante sus electores y estos tienen derecho a revocarlos cuando no justifican la confianza puesta en ellos”

Según el capítulo VIII, la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, representando y expresando la voluntad soberana de todo el pueblo trabajador. El Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República. Está integrado por diputados elegidos por las Asambleas Municipales del Poder Popular, con mandato quinquenal y con eventual revocatoria por sus electores en cualquier momento. Carecen de privilegios personales y beneficios económicos, y para el ejercicio del cargo disfrutan de licencia sin goce de sueldo en su trabajo habitual, recibiendo en compensación una dieta equivalente a su salario, más los gastos adicionales generados por el ejercicio del cargo.

“El Consejo de Estado –establece el artículo 87– es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta los acuerdos de esta y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye.Tiene carácter colegiado y, a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación del Estado cubano”.

El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo, y constituye el Gobierno de la República. Lo integran el jefe de Estado y de Gobierno, que es su presidente, el primer vicepresidente, los vicepresidentes, el presidente de la Junta Central de Planificación, los ministros, el secretario y los demás miembros que determine la ley. El presidente, el primer vicepresidente y los vicepresidentes del Consejo de Ministros integran su Comité Ejecutivo. Entre sus atribuciones se cuenta la organización y dirección de la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, científicas, sociales y de defensa acordadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (arts. 93, 94, 95 y 96). El Secretario General de la CTC tiene derecho a participar de las sesiones del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo.

A los fines político-administrativos, el territorio nacional se divide en provincias y municipios. Dentro de unas y otras las Asambleas de Delegados del Poder Popular son los órganos superiores locales del Poder del Estado, estando “investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en el ámbito de su jurisdicción”, para lo cual, “en cuanto les concierne, ejercen gobierno y, a través de los órganos que constituyen, dirigen entidades económicas, de producción y de servicios que les están directamente subordinadas y desarrollan las actividades requeridas para satisfacer necesidades asistenciales, económicas, culturales, educacionales y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una”(arts. 101 y 102). El mandato de los delegados dura dos años y medio.

El sistema electoral, conforme el Capítulo XI de la Constitución de 1976, establece que en toda elección y en los referendos el voto es libre, igual y secreto. Cada elector tiene derecho a un solo voto, y son titulares todos los cubanos, hombres y mujeres, mayores de dieciséis años de edad, excepto los incapacitados mentales (previamente declarados tales por vía judicial) y los inhabilitados (también judicialmente) por causa de delito.

Un aspecto significativo del orden construido por la revolución es el atinente a la situación de las mujeres. Al respecto, la Constitución de 1976 estableció (art. 35) que el matrimonio “[d]escansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos”, y también (art. 43) otorgó a las mujeres “iguales derechos que el hombre en lo económico, político, social y familiar”. En consecuencia, asestó, así, un duro golpe al machismo y a la clásica división sexual del trabajo en el seno familiar.

Volviendo a la cuestión general y a la comparación, digamos que si el análisis pasa de los resultados a los desarrollos de los procesos, es innegable que las revoluciones sociales –tal como se sostiene en la mayoría de las definiciones– suponen una gran movilización de masas y cambios estructurales profundos, cambios que, como se ha visto, pudieron tener un carácter burgués o bien socialista, pero que en los tres casos estudiados indudablemente conllevaron una ampliación de la nación. Ahora bien, si en términos de resultados, las tres revoluciones fueron nacionales, en el desarrollo de los procesos no hay una pauta común. En Cuba, donde el pasaje de la situación revolucionaria a los resultados revolucionarios fue breve, la movilización de masas condujo a un cambio estructural radical de carácter socialista, que en los otros dos casos solo apareció como aspiración en sectores obreros de Bolivia y enunciado vagamente en el programa del PRM, que postulaba como horizonte político la instauración de un régimen “socialista”, si bien es evidente que esta consideración nunca fue asumida seriamente por las direcciones del proceso, mucho menos después de 1938. Asimismo, como se ha visto, la Revolución Cubana fue inicialmente moderada y centrada en una lucha antidictatorial, pero, en comparación con las otras dos, más tarde, y siempre bajo el liderazgo de Fidel (y del Che), concluyó realizando el proceso de transformación sociopolítico más radical del continente, poniendo en la agenda de la región la posibilidad de la revolución socialista.

Los estudiosos de la Revolución Cubana no acuerdan plenamente respecto del papel desempeñado por las distintas clases sociales, en particular la clase media, los trabajadores y los campesinos. Más allá de la polémica –cuyo tratamiento detenido excede los marcos de este libro–, pueden señalarse algunas grandes líneas. En primer lugar, es innegable que la lucha contra la dictadura de Batista, desde el asalto a los cuarteles de Bayamo y Moncada, y el desembarco del Granma, fue iniciada por hombres y mujeres de clase media urbana, básicamente universitaria (estudiantes y profesionales). Ese apoyo se extendió después de la toma del poder, aunque algunas fracciones menguaron su adhesión, cuando no se tornaron contrarrevolucionarios, a medida que el proceso se fue radicalizando. El M 26 también tuvo soporte de la pequeña burguesía e incluso de la burguesía nacional, al menos en la etapa antiimperialista pero aún no socialista. Según el análisis del Che, considerando “las condiciones en que se libró la guerra revolucionaria y la complejidad de las tendencias políticas que se oponían”, tampoco fue excepcional que “algunos elementos latifundistas” hayan sido neutrales o no beligerantes durante la fase previa a la toma del poder (48).

Los campesinos, los de la provincia de Oriente en primer lugar, fueron incorporándose lentamente –el Che destacó la incidencia del miedo a las represalias del ejército batistiano en la primera fase de la lucha–, de ahí la importancia del primer contingente enviado desde el Llano por Frank País (50 hombres armados) en los primeros meses de 1957. Eric Wolf (1972: 368) conjetura que se trató de un grupo de trabajadores industriales o proletarios rurales de Oriente. Luego se produjo la creciente incorporación de campesinos como combatientes del Ejército Rebelde. Se trataba de pequeños productores sin títulos de tierras, enfrentados con el latifundio y con el Estado, del que tomaban terrenos con los cuales procuraban, mediante el propio trabajo, labrar una pequeña riqueza (campesinos asentados o precaristas, distintos de los aparceros, que pagaban al terrateniente una renta para poder trabajar su tierra). Se distinguían de los campesinos de otras áreas de Cuba, en las cuales predominaban los cultivos semimecanizados. El Che –que no negó su fundamental aporte a la lucha– los consideraba parte de una clase con un agresivo amor por la tierra y un típico espíritu pequeño-burgués. Los campesinos tuvieron un reconocimiento de ese papel político ya antes de la toma del poder, cuando el Ejército Rebelde controlaba áreas sustraídas al control del Estado (es decir, en términos de Charles Tilly, una situación de soberanía múltiple), sobre todo después de dejar de considerar al campo solo como una base de operaciones militares subordinada a la estrategia de la insurrección urbana.

El Gobierno Revolucionario favoreció inicialmente la pequeña propiedad campesina, mas no estimuló su ampliación, convirtiendo en propietarios a los campesinos que no lo eran, como en las reformas agrarias burguesas, incluso radicales como las mexicana, guatemalteca y boliviana. La opción política preferencial fue la de nacionalizar las propiedades agrícolas y crear en ellas granjas estatales demandantes de fuerza de trabajo, de modo tal que solucionara el principal problema –y la principal demanda– del campo cubano, el del empleo rural, y dinamizara el proyecto de diversificación de la producción agraria. En efecto, a diferencia de México, Guatemala (durante la revolución inconclusa de 1944-1954) y Bolivia, entre los casos emblemáticos, en Cuba no había “hambre de tierra” sino de trabajo, una consecuencia de la economía azucarera, que empleaba un importante número de trabajadores solo estacionalmente. Antes del triunfo del Ejército Rebelde, entre un tercio y un 40% de los trabajadores agrícolas (que sumaban casi un millón) tenía empleo solo unos cien días al año, o sea, entre tres y cuatro meses, mientras el resto era tiempo (conocido como “tiempo muerto”) de desocupación y penurias. Como dice Mires, los muchos desocupados rurales no reivindicaban “una propiedad que nunca habían tenido, sino el derecho al trabajo, que rara vez tenían” (49). De allí la lógica de no convertirlos en propietarios. Las granjas o haciendas estatales se constituyeron “en una relación de continuidad con los antiguos latifundios y no hubo así necesidad de producir quiebres demasiado bruscos en la tradicional estructura agraria. Tales haciendas fueron, en esas condiciones, una respuesta pragmática al problema de la desocupación” (Mires, 1988: 319-320).

En cuanto a la clase obrera, al margen de la querella respecto de si fueron más o menos importantes que los campesinos, su protagonismo parece haber sido más destacado y decisivo en la fase de los resultados revolucionarios que en la de la situación revolucionaria. Algunos autores –entre ellos Marcos Winocur e Irving Zeitlin– han enfatizado el papel de los trabajadores. El primero recuerda la agudeza de la réplica del dirigente obrero Jesús Menéndez a la pretensión burguesa “sin azúcar no hay país: sí, pero sin obreros no hay azúcar”. Es decir, sin obreros –el productor directo, aquel sin cuya fuerza de trabajo no se cortaba ni siquiera una caña– no había país. Winocur (1979: 73-75) distingue cuatro niveles en el interior de la clase obrera cubana, definidos por la combinación de localización espacial (urbana o rural), concentración por empresa y grado de especialización (maquinaria, etc. [es decir, calificación técnica]). El primer nivel es el de los obreros a) industriales (excepto el azucarero, al cual, por su especificidad, considera por separado), ligados a la maquinaria y a establecimientos que empleaban entre 500 y poco más de 2.000 trabajadores: industrias textil, tabacalera, alimentación y construcción, en su mayoría pertenecientes a la burguesía cubana, y b) los de servicios públicos –electricidad, teléfonos, transportes, refinerías de petróleo y minería–, dominio del capital norteamericano. El segundo nivel es ocupado por empleados de comercio mayor, administración pública, bancos y turismo, de localización urbana, concentración media y sin vínculos con la maquinaria. El tercer nivel corresponde a asalariados de manufacturas, comercio menor, talleres de reparación y chinchales (50). La concentración era baja, con escaso empleo de maquinaria (no del tipo gran industria). Dentro de este nivel se contaban establecimientos con menos de 500 dependientes. El cuarto nivel es el situado por Winocur en el sector rural (a nuestro juicio es mejor caracterizarlo como agroindustrial), combinando plantación latifundista básicamente dedicada al cultivo de la caña de azúcar e ingenio fabril. Pertenecían a él 100.000 proletarios “del sector industrial más desarrollado (161 ingenios)” y 400.000 macheteros cortadores de caña. Dentro de estos estaban los obreros agrícolas temporarios (o temporeros) y los campesinos que, sin perder su condición de tales, vendían su fuerza de trabajo –esto es, devenían asalariados transitorios– en las recolecciones colectivas del café y el tabaco.

A juicio de Winocur (1979: 160-161), el proletariado cubano estuvo presente en cinco momentos durante la lucha contra la dictadura de Batista: 1) las huelgas de diciembre de 1955 y, sobre todo, la general de agosto de 1957, tras la muerte de Frank País; 2) la interacción con las masas rurales de Oriente en la lucha guerrillera (1956-1958); 3) “protagonista civil del segundo escenario de la lucha armada”, el Llano, abriendo el camino a La Habana al Ejército Rebelde; 4) la huelga general declarada el 1º de enero de 1959 (pero decidida y planeada desde diciembre de 1958), centrada en la no realización de la zafra, medida esta que coadyuvó a apartar a los hacendados de Batista; y 5) en la misma huelga, en el remate de la dictadura y acompañando la ofensiva militar de la guerrilla, conforme lo acordado en el Pacto de Caracas.

A diferencia de Winocur, Zeitlin relativiza el papel de la clase obrera en la lucha contra Batista, pero enfatiza su cardinal papel después de la toma del poder por el Ejército Rebelde. Su hipótesis guía es: “Así como la estructura de clases de una sociedad es una de las bases principales de la diversidad y segmentación políticas, también tiene significación política la diferenciación social dentro de las clases”, sin descuidar que “todo conflicto entre las clases tiende a eliminar o a minimizar la importancia de las diferencias intraclasistas y a maximizar las diferencias interclasistas” (Zeitlin, 1973: 20). De allí deriva una serie de preguntas claves –referidas a las diferencias étnicas, a las políticas y el carácter de calificado o semicalificado, a la condición de empleado o desocupado, al origen social de cada trabajador, entre otras– cuya respuesta desarrolla a lo largo del libro.

Fruto de un trabajo de campo realizado en Cuba en el verano de 1962, el libro de Zeitlin es una encendida defensa del papel de los trabajadores en la revolución, al que califica de decisivo. Zeitlin (1973: 15 y 255) señala que se trata de la primera revolución socialista en Occidente y la única que ha “tenido lugar en un país capitalista donde los asalariados constituían la clase más numerosa de la población, y tal vez la más unida”. Estima en 56% el quantum de la fuerza de trabajo obrera, constituida por trabajadores urbanos, de los centrales azucareros y rurales (excluyendo al servicio doméstico) y distribuida en partes más o menos iguales entre urbana y rural. Le asigna a la clase media urbana una presencia que solo llegaba a dos quintas partes de la obrera.

Más tarde, Alan Knight (1993: 156-157; 2005: 170-171) sostendrá que el mayor grado de desarrollo (capitalista) de Cuba, vis-à-vis México y Bolivia “hizo lógico un desenlace socialista”, en buena medida porque los conflictos de clases eran favorables a este. Knight relativiza el papel de los campesinos –diferenciándose así de las interpretaciones de Guevara y de Wolf– y señala que el triunfo del M 26 “dependió de un conjunto de fuerzas, muchas de ellas urbanas, pocas de ellas rurales. Adicionalmente, el resultado final de la revolución se decidió en las planicies (en el llano, según expresa Guevara) y no en las montañas (la sierra)”. Knight añade que fue en el Llano donde la dirigencia revolucionaria confrontó con las demandas obreras de pleno empleo, generadas por la “lógica estructural de la industria azucarera […], expresadas como consigna militante en 1933 y que, con el triunfo de la revolución presionaron” a los dirigentes de esta “hacia políticas de expropiación y colectivización”. Al situar a los obreros azucareros en el Llano deja al lector una duda: ¿el llano es sinónimo de urbano? Si así fuese, contrasta con Winocur quien, como señalamos antes, los considera parte del sector rural, y con nuestra proposición de considerarlos agroindustriales, carácter que los coloca en un espacio socialmente ambiguo. Por otra parte, es obvio que la lucha se definiera en el Llano y particularmente en las ciudades: es allí donde estaban las distintas sedes del poder.

Según Zeitlin, la Revolución Cubana es una revolución obrera, pero no “en el sentido marxista clásico. No fueron los obreros quienes iniciaron la lucha por el poder, como lo hicieron tres décadas antes, en la insurrección contra Machado […]. En la revolución castrista, en cambio, desempeñaron un papel estratégico mediante su apoyo masivo y organizado a las medidas del Gobierno Revolucionario y su defensa. También cumplieron –aunque no como clase organizada– una función importante en la lucha contra Batista” (Zeitlin, 1973: 255-256).

El binomio insurrección campesina/revolución comunista no plasmó en América Latina, ni siquiera en el caso cubano, donde el entramado clasista y la heterogeneidad ideológica inicial del M 26, dentro del cual había posiciones fuertemente anticomunistas, alejaba el modelo de los casos de China y Vietnam. En cuanto a lo primero, como se ha visto, la Revolución Cubana no tuvo un carácter agrario desde el comienzo, sino que lo adquirió después de la toma del poder, cuando se incorporaron al programa de Gobierno las reivindicaciones campesinas. Pero fue también en esa etapa cuando el Gobierno Revolucionario prestó atención a las demandas obreras. Respecto de lo segundo, el Gobierno Revolucionario y Fidel mismo tomaron medidas para disipar el conflicto entre las posiciones comunistas y anticomunistas dentro del partido. En octubre de 1959, Castro nombró ministro de Trabajo a Augusto Martínez Sánchez, un no anticomunista, mientras que David Salvador, anticomunista, seguía afirmado en su cargo de delegado sindical del M 26 e interventor estatal en los sindicatos. En abril de 1960, Salvador fue obligado a renunciar y, poco a poco, los comunistas fueron ocupando posiciones, e incluso muchos miembros del M 26 se hicieron comunistas (Mires, 1988: 323). La revolución estaba pasando de su fase liberal democratizante a su fase nacional y luego definitivamente socialista, en el marco de unas relaciones internacionales vinculadas a la Unión Soviética y al Bloque Socialista, pero también a la lucha de liberación de otros países, como se verá más adelante.

Las revoluciones latinoamericanas, como todo proceso histórico, fueron resultado de una doble dialéctica, interna y externa. En este sentido, su comprensión debe atender a un hecho fundamental de larga duración: el imperialismo, obviamente inseparable de la construcción de la nación. En el caso de la Revolución Cubana, el carácter nacional condujo a un fortísimo y radical enfrentamiento con Estados Unidos (51) y, por paradójico que parezca, a un acercamiento con los países del llamado Bloque Socialista y, a despecho incluso de estos, a enarbolar una inequívoca política exterior fundada en los principios del internacionalismo proletario, más genuina y consecuentemente aplicada que en los casos de la Unión Soviética, los países de Europa Oriental y la República Popular China. En los otros dos países, México y Bolivia, la cuestión nacional estuvo indefectiblemente ligada a la cuestión étnica. En México, un país mayoritariamente mestizo, la revolución tuvo que lidiar con la realidad indígena solo en el sur, principalmente en Yucatán y Chiapas. En Bolivia, un país también mayoritariamente indígena, el problema de la integración cultural fue aún más evidente, toda vez que la polarización étnica era (y es) muy señalada.

Ya se ha visto que en México, la década de 1920 estuvo atravesada por la reflexión sobre la nación. Tal como sostiene Patricia Funes (2006a: 79), en México, “la reflexión sobre la nación se cruza con la revolución al punto de superponer ambos significados”. Y no es solo la militarización del poder y la violencia generalizada, que México ya había conocido en épocas anteriores, sino más importante aún la movilización de las masas campesinas, el elemento que inequívocamente estimuló un pensamiento nuevo sobre la nación. Como ya se ha visto, fue Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Obregón, el que delineó uno de los proyectos intelectuales más relevantes de construcción nacional en esos años. Sobre esto, Funes (2006a: 119) afirma: “El proyecto integracionista de Vasconcelos fue fundacional en dos sentidos. En la conformación de las identidades y las representaciones colectivas, fija imágenes nacionales que tendrán una enorme vigencia y un gran poder hegemónico. Por otra parte, el esquema de centralización y federalización de la cultura y la educación, incorpora las diferencias regionales al tiempo que las homogeneiza y las disciplina a escala nacional, lo que sienta las bases de una soberanía y un alcance del Estado nacional que será decisiva en la historia política mexicana”.

En efecto, en el proceso de institucionalización de su revolución México construyó un Estado con un fuerte poder centralizado en el PRI. La integración nacional lograda en esos años fue, sin duda, la clave de la hegemonía de esta particular fórmula del Estado-Nación. Homogeneización y disciplinamiento fueron dos tareas que el proceso revolucionario resolvió exitosamente. En lo sucesivo, México ostentaría unas relaciones entre nación, democracia y ciudadanía muy próximas a las formaciones sociales típicas.

En Bolivia, la revolución, que terminó con la dominación oligárquica, ocurrió tres décadas más tarde que la mexicana. Los años veinte bolivianos todavía estaban imbuidos del aquel pensamiento positivista tan funcional a la oligarquía, representado cabalmente por la pluma de Alcides Arguedas. Según Arguedas, en Pueblo enfermo, el origen de los “males” de Bolivia era su ser fundamentalmente “cholo”, que “únicamente piensa en sí”. La hibridación que los cholos encarnan es parte de un “proceso de selección”, en el que estos “todavía no han alcanzado a eliminar de sí las taras de su estirpe”. El predominio de la psicología del “cholo” en el “alma nacional”, o en otros términos, la “mestización” –siempre según el mismo Arguedas– era el factor primordial para explicar el atraso de la democracia y de la nación en el país. Tal como se ha escrito en Funes y Ansaldi (2004: 469), “desagregando el rosario de los males, [Arguedas] señala la propensión del carácter indo-español de alcanzarlo todo por la vía del Estado (“empleomanía”), el funcionarismo (característico de las razas latinas, según Le Bon), la megalomanía”.

En la década de 1930, la guerra del Chaco insufló un cierto nacionalismo, que se inscribió en la zaga de derrotas cuyo antecedente más frustrante había sido la de la guerra del Pacífico. La participación de las masas en aquella guerra favoreció la gestación del nacionalismo como corriente principal de pensamiento en el espectro político del país, lo cual finalmente cristalizó en la organización del MNR. Después de la derrota bélica, Bolivia sumó otro símbolo nacional: el presidente “colgado” en 1946. Así, la Revolución de 1952 vino a hacer realidad una “idea nacional” varias veces frustrada. Pero no solo en el plano intelectual la nación cobró vida. En la práctica, el cogobierno entre el MNR y los sindicatos, en el Estado, significó una verdadera creación social de la nación. No obstante, y en claro contraste con México, la nación en Bolivia no se construyó en relación con el ejercicio de la democracia.

En Cuba, puede decirse que gran parte del proceso de formación de la nación ya había transcurrido cuando se inició la revolución en 1959. Según Knight (2005: 144), “que el régimen cubano no haya tenido que ‘forjar patria’, liberó sus manos para, en lugar de eso, forjar el socialismo”. Este argumento va en la misma línea que el de Halperin Donghi (1992: 529), para quien la revolución que se inició en 1959 era la “siempre renaciente revolución cubana que [seguía] aspirando a una rehabilitación a la vez moral y nacional” que terminó tomando “un rumbo socialista”. Como sea, la revolución puso el nacionalismo antiimperialista en el centro de la construcción de un orden nuevo, con ánimos que superaban los límites nacionales. Los revolucionarios cubanos sostenían:

Porque esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigante ya no se detendrá hasta conquistar la independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia (Segunda Declaración de La Habana, 4 de febrero de 1962).

Como bien sostiene críticamente Knight, al aplicar a las situaciones latinoamericanas el eje “rivalidad internacional y bancarrota económico-financiera” propuesto por Skocpol, este eje se reduce, como ya señaláramos antes, en todo caso, a un análisis de la situación de dependencia. En efecto, con diferencias y matices, la situación de dependencia se constata en los tres países. Pero en el caso de Cuba, las condiciones históricas estructurales de dependencia son cruciales para entender el resultado socialista y multiplicador del proceso.

Cuba –a diferencia de México y Bolivia– se convirtió en una pieza de la política mundial. Ocurrió en un contexto dominado por la Guerra Fría, situación que llevó a atar sus políticas a las de la Unión Soviética, sin mengua de diferencias, en ocasiones muy fuertes. El acuerdo soviético-norteamericano de 1962, al permitir una salida pacífica a la crisis de los misiles de octubre de ese año, puso un límite a los designios estadounidenses de intervenir militarmente en la isla, aunque no eliminó el bloqueo comercial. En 1972, Cuba se integró parcialmente en el llamado Bloque Socialista al adherir al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME, más conocido, por sus siglas en inglés, COMECON) pero no al Pacto de Varsovia (el campo militar).

En el plano de la política mundial, Cuba desempeñó un papel muy importante. No se trata de la usual acusación de pretender exportar la revolución. La Cuba revolucionaria adoptó y practicó a raja tabla el llamado internacionalismo proletario, tan caro a las concepciones originarias del movimiento socialista y del cual el Che Guevara fue un defensor y propulsor coherente. Lo que sí es innegable es que la política cubana estuvo orientada a favorecer –con amplia ayuda material y moral, particularmente brindando adiestramiento, asesoramiento y armas– la creación y acción de organizaciones político-militares revolucionarias en América Latina con el objetivo de –mediando su triunfo– zafar de la repetición de la experiencia soviética de construcción del socialismo en un solo país. Esa política internacionalista fue también decisiva en África –aquí sí con intervención de fuerzas militares–, particularmente en Angola, adonde los soldados cubanos fueron por requerimiento del presidente Agostinho Neto con motivo de la guerra civil de 1974-1975. Esta decisión, como bien señala Moniz Bandeira (2008a: 495-497), fue tomada con independencia de la Unión Soviética, actuando de conformidad con los principios y sin ser un peón de la superpotencia. “De cualquier forma, Cuba desempeñó en África, un papel constructivo, incluso al favorecer soluciones diplomáticas para algunas situaciones, casos entre los cuales se encontraba el conflicto entre Angola y Zaire, y los de Rodhesia (Zimbawe) y Namibia”.

Pero el internacionalismo de los cubanos no fue solo militar. Fue más allá y se manifestó bajo la forma de médicos, educadores, técnicos y especialistas en agricultura, salud pública, hotelería y otros rubros, enviados a Angola, Etiopía, Congo, Mozambique, República Ecuatorial de Guinea, Guinea Bissau y, en Asia, a Laos, Yemen del Sur y Vietnam. En la primera década del siglo XXI, esa presencia solidaria internacionalista se aprecia en Bolivia, Venezuela y Haití (tras el asolador terremoto de enero de 2010).

Para los casos de México y Bolivia, en el capítulo 4 se mencionaron algunos episodios que refieren a la dimensión internacional o de dependencia. En el caso particular de México, cabe agregar que, entre 1920 y 1923, el Departamento de Estado norteamericano negó reconocimiento al presidente electo, general Obregón, en un contexto en el cual las relaciones entre ambos países presentaron dificultades por la pretensión norteamericana de derogación de algunos artículos de la Constitución mexicana de 1917, especialmente el 27 (al que aludimos en el capítulo anterior), que el Gobierno de Estados Unidos consideraba lesivos para los intereses económicos de sus connacionales. A su vez, para el Gobierno de Obregón, el reconocimiento de su vecino era clave para desactivar eventuales conflictos armados con él y para desalentar a los opositores internos partidarios de apelar a la intervención estadounidense para la consecución de su causa.

Finalmente, entre mayo y agosto de 1923 se realizaron negociaciones que culminaron en el Tratado de Bucareli (véase capítulo 4), que apuntaba a satisfacer las exigencias de ciudadanos estadounidenses cuyos bienes habían sido presuntamente afectados por el proceso revolucionario. En este marco, en 1924, Obregón enfrentó una revuelta y Estados Unidos le prestó ayuda bélica.

En Bolivia, la intervención de Estados Unidos fue también sinuosa. En 1943, el Gobierno de Franklin D. Roosevelt había negado su reconocimiento diplomático a la Junta Militar encabezada por Villarroel y apoyada por la alianza Radepa-MNR. El argumento era su ferviente nacionalismo, al que acusaban de nazi-fascista, en una coyuntura en la que Estados Unidos exigía todos los apoyos de los países latinoamericanos frente al conflicto bélico mundial. Como se sabe, el MNR había sido fundado en 1941 por iniciativa de Víctor Paz Estenssoro, y no era una organización que tuviera una ideología precisa. Habían confluido en sus orígenes sectores socialistas moderados y era claro que se edificaba sobre el antecedente del “socialismo militar” de los años previos. Si había sectores que podían simpatizar con el nazi-fascismo europeo, de ningún modo esta era una línea ideológica influyente y mucho menos rectora en la organización.

A diferencia de lo ocurrido en la década de 1940, en 1952, Estados Unidos tomó una posición de extrema “cautela”. La situación económica de Bolivia, previa al estallido revolucionario, se había deteriorado con la recesión provocada por la decisión de la Reconstruction Finance Corporation de bajar el precio del estaño, que compraba para utilizar en la guerra de Corea. Con este antecedente inmediato, Estados Unidos evaluó la composición del Gobierno Revolucionario y concluyó que de negar su reconocimiento a los insurgentes se correrían serios riesgos de inclinar la balanza a favor de los sectores más radicales, esto es, Juan Lechín (ministro de Minas y Petróleo) y otros con su misma orientación (Moniz Bandeira, 2008a: 115). Apostaron a la moderación y finalmente fue esta la línea predominante después de 1956.

En rigor, la política estadounidense para con el Gobierno de Paz Estenssoro no solo le permitió reforzar su posición anticomunista en el continente, sino que también fue funcional a los objetivos del ala de derecha del MNR, encabezada por el propio presidente, de desplazar a la fracción radical y de mantener el control del orden, afectado por la crisis alimentaria subsiguiente a la Reforma Agraria y por una bancarrota económica considerable, que llegó a enajenar el apoyo de la clase media, base social importante del partido. Estados Unidos envió ayuda alimentaria por valor de cinco millones de dólares. Luego, en el lapso de diez años, el país recibió cien millones de dólares, los cuales convirtieron a Bolivia en un país fuertemente dependiente, tanto que hacia 1958, al cabo del primer sexenio de revolución, los fondos de origen norteamericano permitían atender un tercio del presupuesto nacional. Bolivia era, además, el país más endeudado con Estados Unidos y, medido per cápita, el mayor del mundo (Klein, 1994: 290). Según Augusto Guzmán –en su Historia de Bolivia (1973)–, entre 1952 y 1964 “la ayuda norteamericana en préstamos, fundaciones sociales, asistencia militar y otros subsidios” ascendió a 398.200.000 dólares (apud Mires, 1988: 262). Paradójicamente, “[d]urante el Gobierno más nacionalista de la historia de Bolivia, la dependencia económica alcanzó su apogeo. […] Bajo el predominio de la Gulf Oil Company, las compañías norteamericanas se adueñaron prácticamente de todo el petróleo boliviano” (Mires, 1988: 263). Adicionalmente, la intervención económica estadounidense contribuyó al crecimiento de un área hasta entonces rezagada, el departamento de Santa Cruz. Se inició, así, un proceso cuya incidencia en la historia de Bolivia se prolonga hasta la actualidad.

Herbert Klein (1994: capítulo VIII) ha señalado otra paradoja de la Revolución de 1952: la decisión de un gobierno conservador, como el republicano del general Eisenhower y su Secretario de Estado, John F. Dulles, de apoyar a un Gobierno Revolucionario dirigido por una organización a la cual en la década anterior se había calificado oficialmente de “fascista”. Se entiende: en el contexto de la Guerra Fría, los “fascistas” eran preferibles a otra orientación política en tanto constituían “la única forma de evitar que la revolución cayera en manos comunistas”.

Cuando se observan los conflictos sociales se aprecia que en las tres revoluciones hubo una incorporación en esferas de poder de sujetos que antes estaban excluidos de ellas. En México, la revolución social concluyó en una etapa populista, eficaz para frenar la radicalización de obreros y campesinos, y asegurar la hegemonía burguesa. El cardenismo logró desmilitarizar la sociedad y subordinar el Ejército al Gobierno, pero en buena medida la “articulación de rasgos” populistas en México –para usar la expresión de Petrone (2003)– se explica por el proceso mismo de la revolución. En efecto, la revolución mexicana fue un proceso muy singular, en varios sentidos incluyente. La Constitución Nacional (especialmente el art. 123, al que se ha aludido en el capítulo anterior) y la Ley de Relaciones Familiares, ambas de 1917, reconocieron formalmente derechos de ciudadanía civil, política y social para dos sujetos “nuevos”: los campesinos y las mujeres.

En cuanto a la Ley de Relaciones Familiares, en un ejercicio de legislación comparada, Aquiles Yorio (1943: 129) clasifica las diversas disposiciones nacionales sobre derechos civiles de las mujeres en tres grupos. El primero de ellos reúne a aquellos Estados donde las mujeres adquirieron su “plena capacidad” jurídica. Hacia 1920, el único Estado latinoamericano que cabe en esta categoría –siguiendo a Yorio– es el de México. Se trata de un caso singular, según el mismo autor, por la influencia de su vecino Estados Unidos, y seguramente también –añadimos nosotros– por el impacto de la revolución que terminó con el orden oligárquico. Como se ha dicho en Giordano (2012), el Código Civil de 1884 había suavizado la sumisión de la mujer a la potestad del marido inscripta en la codificación anterior (de 1870), reduciendo el alcance de la licencia marital para los actos de la mujer, y dándole mayores posibilidades para que ella fuera administradora de los bienes comunes, ya fuera por convención matrimonial o por sentencia del juez. Más tarde, el Estatuto de las Relaciones Familiares de 1917 y la Constitución de ese mismo año ampliaron las libertades de las mujeres hasta concederles la “capacidad plena”, disposición finalmente inscripta en el Código Civil de 1928. Otra instancia de avance en la legislación civil fue la institución del divorcio vincular en 1914. No obstante, en México “predomin[ó] el intento por fortalecer la separación por géneros de las esferas pública y privada”, puesto que al mismo tiempo que se ampliaron las libertades de las mujeres, se reforzó su obligación de dedicarse a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos (Cano, 1993: 303). Hasta 1974, el marido podía prohibir a la mujer el trabajo fuera del hogar. Correspondía a la mujer la dirección y los cuidados del hogar. El marido, en tanto, tenía la obligación del sostén económico. En línea con este argumento, hay que recordar que el voto femenino fue aprobado en 1953.

En Bolivia, el Gobierno de Villarroel había ampliado significativamente los derechos civiles y sociales. En efecto, se estableció una legislación que protegía a los líderes sindicales hasta de la eventual represión. Se eliminó el pongueaje indígena; y hubo otras medidas de integración social y política de quienes hasta entonces habían sido sistemáticamente excluidos y reprimidos. Con la revolución, y sus medidas más radicales, la nacionalización de las minas y la reforma agraria, fue claro que se iniciaba un proceso de profundas transformaciones sociales. En cuanto a los derechos de ciudadanía, incluso se llegó a fórmulas tan radicales como las del cogobierno del partido con los sindicatos. Con poder de veto, los obreros y los mineros tuvieron participación directa en las decisiones económicas y políticas del país. Asimismo, se decretó el sufragio universal, para varones y mujeres, se dio estatus de ciudadanía a los indígenas y se generalizaron las relaciones de salario. A diferencia de México, donde el proceso estuvo entreverado con la articulación del primer feminismo y donde el clima antiliberal todavía no se había consolidado, en Bolivia no hubo disposiciones favorables a la democratización de las relaciones de familia.

Por su parte, la Revolución Cubana puso en cuestión una afirmación frecuente, nada trivial y por lo general malintencionada: la democracia capitalista es la única democracia posible o deseable. Está claro que Cuba no es una democracia capitalista, liberal, representativa. Pero ponerla en el campo no democrático por esa razón es una falacia y un planteo equivocado de la cuestión, sobre la cual avanzaremos un poco más en el capítulo siguiente. Aquí solamente señalamos que la Constitución de 1976, reformada en 1992, define a Cuba como “un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana” (art. 1).

No es posible ocuparse, aquí y ahora, de esta peculiar organización política con más detenimiento. En cambio, sí consideraremos la dimensión de derechos sociales (que para evitar rodeos teóricos evitamos expresamente reunirlos en la categoría ciudadanía, para muchos solo atributo de la democracia liberal y representativa). Para ello comenzamos por indicar un aspecto de las revoluciones sociales, primeramente señalado por Knight (1993: 155), en su crítica al enfoque estadocéntrico de Skocpol: “La significación fundamental de las revoluciones sociales es ser base para la reconstrucción de la sociedad civil, más bien que del Estado”.

En contraste con las otras dos revoluciones, y con varios otros países de América Latina, en Cuba el derecho de sufragio había sido extendido a las mujeres en 1934. Respecto de las relaciones de familia, Cuba tuvo una temprana ley de divorcio, en 1918, e incluso esta fue inscripta en el texto constitucional de 1940. También los derechos sociales ya habían sido sancionados por esta misma Constitución. Y, como se dijo más arriba, en su primer artículo, la Constitución de 1976 definió a Cuba como un Estado socialista, independiente y soberano, un Estado de “trabajadores”, organizado “para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.

El texto de la Constitución de 1940 había resultado de una Asamblea Constituyente en la que estuvieron representadas fuerzas muy heterogéneas. De algún modo, la sanción de la Constitución era una instancia culminante de la institucionalización del proceso de transformaciones iniciado con la revolución política de 1933, en el cual despuntó el liderazgo de Batista. El ejercicio del poder por parte de Batista, con base en la articulación de un Estado socialmente inclusivo y estrechamente identificado con el “pueblo”, fue uno de los elementos principales que señalan las versiones que ven en el Batista de los años cuarenta un ejemplo de populismo.

Si bien es cierto que las revoluciones terminan, sociológicamente, cuando se institucionalizan, o, como escribió Eric Hobsbawm (1990: 44), cuando no pueden ir más allá, es decir, cuando “han alcanzado los límites de su capacidad para producir el cambio, dada la configuración de las fuerzas posrevolucionarias”, también lo es que, como afirma Knight (2005: 115), aunque los regímenes revolucionarios abandonen su política, sus mitos y su discurso, la tradición revolucionaria trasciende los procesos revolucionarios. Ello es claramente perceptible en los casos de México y de Cuba.

Retomando la clave comparativa, señalemos que según Skocpol, en las revoluciones Francesa, Rusa y China se constata la temprana percepción de Tocqueville respecto del fortalecimiento del Estado al cabo del proceso revolucionario. Las tres generaron “Estados más centralizados, burocráticos y autónomamente poderosos en el interior y en el exterior” (Skocpol, 1984: 441). Ahora bien, es más difícil extraer la misma conclusión para las tres revoluciones latinoamericanas. El fortalecimiento estatal se observa en México y Cuba, mas no en Bolivia. En este país, puede decirse, la revolución creó el Estado. Asimismo, en los tres casos, el poderío del Estado en el exterior fue –por la condición dependiente– poco relevante, excepto, en buena medida, en el caso de Cuba, sobre todo, por convertirse en pieza de la Guerra Fría. El México y la Cuba posrevolucionarios, a su vez, son casos en los cuales el fortalecimiento del Estado no fue compensado por el fortalecimiento recíproco de la sociedad civil –algo que sí se dio en Bolivia– y, por añadidura, se articuló con el papel preponderante del partido revolucionario, devenido Partido-Estado. El peso de este ha sido mayor en Cuba que en México, aunque en este país la omnipresencia del partido (el PRI) a veces ha sido –o ha aparecido– opacada por la existencia de una oposición no solo tolerada sino también legal (básicamente el PAN), que recién pudo acceder a la presidencia en 2000, después de setenta años de primacía absoluta del PRI.

En Cuba, la cuestión de la adopción del modelo soviético, la centralización y burocratización, y la omnipresencia del Partido Comunista se convirtió en tema de debate explícito, en el interior de la isla y dentro del propio campo revolucionario, a partir de la coyuntura abierta con el pasaje de mando de Fidel Castro a su hermano Raúl, como veremos en el próximo capítulo.

En las revoluciones contemporáneas ha sido fundamental el papel de las nuevas Fuerzas Armadas, los Ejércitos en particular, en tanto garantes de ellas. En las latinoamericanas, ese papel ha sido, otra vez, más notable en el caso de Cuba, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias se convirtieron en un elemento clave de la economía. Tal vez, la militarización de la sociedad cubana no ha tenido la misma magnitud que la vivida en la Unión Soviética, pero no ha sido ni es un dato menor. En México, el poder civil subordinó al poder militar a partir del Gobierno de Cárdenas, mediante procedimientos a los cuales ya nos referimos en el capítulo anterior. En Bolivia, el poder revolucionario disolvió a las Fuerzas Armadas, reemplazadas inicialmente por las milicias populares, pero luego estas también fueron disueltas y en su lugar se crearon nuevas Fuerzas Armadas, las cuales, según vimos más arriba, se convirtieron en un elemento clave de la política nacional, en particular mediante la articulación con un sector de la sociedad civil, la del pacto militar-campesino, al cual nos referiremos más adelante, en este mismo capítulo.

Las tres revoluciones sociales latinoamericanas fueron posibles por la existencia de alianzas de clases –cambiantes a medida que se pasaba de la situación revolucionaria al desenlace revolucionario– en las que los sujetos revolucionarios coaligados contra el antiguo régimen (oligárquico en México y Bolivia; dictatorial burgués en Cuba) fueron los campesinos, la clase media, la fracción democrática de la burguesía y los trabajadores. La amplia alianza de clases –también decantada y, a la postre, fracturada– estuvo igualmente presente en el caso de la inconclusa revolución nicaragüense.

En los tres países, con matices, la respectiva situación revolucionaria generó condiciones de posibilidad para dos resultados o salidas revolucionarias: burguesa o proletaria. En México y Bolivia, la correlación de fuerzas favoreció a las capitalistas, es decir, produjo un resultado burgués. En Cuba, en cambio, se produjeron condiciones de realización de una revolución más radical aún. Florestan Fernandes (2008: 196) ha señalado que en Cuba “la situación revolucionaria global desató fuerzas sociales y políticas que profundizaron la disgregación del orden existente y alejaron la reconstrucción de la economía, de la sociedad y del Estado”.

Finalmente, señalemos que en los tres casos la toma del poder por los revolucionarios se dio de manera diferente. En México, comenzó con los levantamientos maderistas de noviembre de 1910, coronados con la renuncia de Porfirio Díaz en mayo de 1911, es decir, un período de seis meses. El asesinato de Madero por los contrarrevolucionarios dirigidos por Huerta, en febrero de 1913, le permitió a este tránsfuga acceder a la presidencia, siendo resistido por las tropas constitucionalistas, finalmente triunfantes en agosto de 1914. La caída de Huerta abrió una fase de fuerte conflictividad entre los principales dirigentes revolucionarios (Obregón, Carranza, Zapata, Villa), la cual concluyó con la derrota de los radicales en 1916. Pero la revolución ya no fue objeto de acciones contrarrevolucionarias, excepto el movimiento de los cristeros, entre 1926 y 1929.

En Cuba, el proceso comenzó con dos derrotas: una, en julio de 1953; la segunda, en 1956: el 30 de noviembre (represión de la insurrección en Santiago) y el 5 de diciembre (combate de Alegría del Pío). Desde ahí hasta la llegada a La Habana, el 1º de enero de 1959, pasaron dos años de combates militares y políticos, proceso intensificado durante el segundo semestre de 1958. En esos seis meses, la dirección del M 26 combinó magistralmente acciones políticas y acciones militares, coaligó a todas las fuerzas antidictatoriales, derrotó al ejército batistiano, e impidió –con apoyo popular– el golpe de Estado intentado por el general Eulogio Cantillo, tras lo cual las columnas guerrilleras entraron en La Habana.

En Bolivia, en cambio, la toma del poder por los revolucionarios fue fulminante: en la madrugada del 9 de abril de 1952, el MNR dio comienzo a la insurrección, dirigida por Hernán Siles Suazo, y contó con la colaboración del general Antonio Seleme, jefe de los carabineros de La Paz, con el objetivo de constituir un Gobierno cívico-militar, presidido por Seleme, quien convocaría a elecciones. Los insurrectos lograron tomar varios edificios públicos de la capital, pero la resistencia del Ejército les puso cerco, llevándolos a la posición de negociación, rechazada por la Junta Militar que gobernaba el país desde 1951, la cual demandó rendición incondicional. Seleme huyó, refugiándose en la embajada de Chile, pero sus compañeros siguieron resistiendo en sus posiciones, aunque en notoria desventaja militar. El 11, el curso de la insurrección cambió radicalmente: la llegada de los primeros grupos mineros con sus cartuchos de dinamita como arma puso a las tropas gubernamentales entre dos fuegos y, sobre todo, las dispersó y, finalmente, las llevó a la rendición al cabo de pocas horas. También en Oruro hubo fuertes y cruentos combates entre mineros y soldados, resueltos a favor de los primeros. “En síntesis, el MNR intentó dar un golpe de mano tradicional, pero la resistencia del ejército permitió la intervención de los mineros, los obreros fabriles y los sectores populares de La Paz, que transformaron lo que iba a ser un golpe palaciego más de la historia de Bolivia en el inicio de la revolución” (Hernández y Salcito, 2007: 85). Siles y Lechín se hicieron cargo del Gobierno hasta la llegada de Paz Estenssoro, exiliado en Argentina, el 16. El jefe del movimiento asumió entonces la presidencia del país.

Una comparación más es posible, en este caso, entre la Revolución Boliviana y la de Guatemala, a nuestro juicio exitosa (con límites) la primera, frustrada la segunda, criterio que difiere del de Edelberto Torres-Rivas, que considera a ambas como revoluciones burguesas frustradas. En cambio, coincidimos con el sociólogo guatemalteco en la apreciación que sostiene que una y otra, en tanto puntos de ruptura, ocluyeron la posibilidad de retorno al statu quo ante. Pero, entendemos que mientras que en Bolivia no hubo más dominación oligárquica, en Guatemala ella se metamorfoseó, sin desaparecer del todo (52). En ambos procesos, las burguesías fueron incapaces de establecer la democracia liberal y lograr el control de los recursos productivos, las clases populares tuvieron capacidad “para desafiar el poder pero no para tomarlo, para destruir el viejo orden pero no para construir uno nuevo”, y las clases medias encabezaron “con pasión jacobina” el ataque a la dominación oligárquica, logrando ocupar posiciones para luego terminar como aliados de la burguesía y los intereses extranjeros. En términos de lucha de clases, esta se hizo evidente en Guatemala solo al final del proceso revolucionario, mientras en Bolivia fue perceptible desde la masacre de Catavi, en 1942 (Torres-Rivas, 1977: 56-57 y 64).

En Bolivia y en Guatemala, como en Cuba, la clase media –sobre todo profesionales y estudiantes– fueron protagonistas iniciales de la ofensiva contra la dominación oligárquica, en los dos primeros, y la dictadura, en la tercera. En los tres casos, de esa clase surgieron los cuadros dirigentes del MNR, el Frente Popular Libertador y el M 26, respectivamente. Ni en Guatemala ni en Cuba –ni antes en México– la lucha fue iniciada por un partido político. En el primero de estos países, la ofensiva contra la dictadura oligárquica de Ubico fue encabezada por una organización estudiantil y “el amplio e inconsistente frente antidictatorial se descompuso rápidamente con ocasión de la campaña presidencial […]. La revolución guatemalteca quiso repetir la experiencia del partido único, pero fracasó. En su lugar hubo tres ‘tiendas’ partidarias [el Frente Popular Libertador –partido de profesionales y estudiantes universitarios–; Partido Acción Revolucionaria –el gran partido popular de apoyo a la política reformista de Jacobo Arbenz–, y el Partido Renovación Nacional, integrado por ‘maestros de escuela, pequeños propietarios y burócratas amigos del cargo y del señor presidente’] cuya estructura multiclasista recibió desigualmente el favor popular” (Torres-Rivas, 1977: 60 y n. 34). En esa cuestión, en cambio, las revoluciones mexicana, boliviana, cubana y nicaragüense lograron constituir, aunque no de igual manera, un partido revolucionario único.

Reformulamos el planteo de Torres-Rivas y señalamos que la revolución guatemalteca fue “derrotada ‘desde afuera’ […] bajo la forma de una invasión mercenaria del exterior, con aviones, dinero y dirección norteamericana”, mientras la revolución boliviana no pudo profundizarse (Torres-Rivas dice “fracasó”) como burguesa –ni, mucho menos, devenir socialista– porque fue “minada ‘desde adentro’ por la confusión política de su liderazgo obrero, por la inconsecuencia de su política económica y sobrepasada por objetivos políticos de naturaleza emocional y por la corrupción y desmoralización de los cuadros dirigentes del MNR” (Torres-Rivas, 1977: 56). En contraposición, Cuba pudo sortear tanto el minado externo como el interno, mientras en Nicaragua el desenlace se pareció al de Guatemala, aunque las características del minado “desde adentro” fueron diferentes.

La violencia, ¿última ratio de la política o componente estructural de las sociedades de clases?

Si se mira a la América Latina de los años sesenta y primera mitad de los setenta, está claro que la nota dominante fue la revolución, inspirada en el éxito de la cubana y en su estrategia de no repetir la experiencia de los soviéticos de la construcción del socialismo en un solo país y, en consecuencia, de la necesidad de expandirla a todo el continente e incluso, en lo posible, el mundo, anhelo sintetizado en la consigna “crear dos, tres, muchos Vietnam”.

Ahora bien, como ya se ha dicho, revolución no es sinónimo de violencia, aunque se ha tornado sentido común relacionar la revolucionaria década de 1960 con la apelación a ella. Al respecto, el célebre libro del martinico Frantz Fanon, Les damnés de la terre (1961), constituyó el alegato mejor fundamentado. En su argumentación, la apelación a la violencia por parte de los combatientes anticolonialistas y antiimperialistas era –si se quería una revolución verdadera– imprescindible para obtener la liberación. La violencia de los colonizados no era más que la contraparte de un clima de violencia explícita o implícita e institucional generado por los colonizadores, deviniendo un modo de unir al pueblo, superando la división que entre los colonizados impusieron los colonizadores para sostener su poder. La violencia de los colonizados era una violencia positiva, liberadora del complejo de inferioridad producido por la colonización. Pero en la argumentación de Fanon la apelación no era al empleo indiscriminado: la cuestión era cómo usarla con capacidad generadora de conciencia plena del pueblo, la cual debía no solo impedir las prácticas manipuladoras de los colonizadores, sino también la eventual de los nuevos gobernantes del país liberado. La propuesta de Fanon fue el resultado de su experiencia en la lucha anticolonialista en Argelia, en la cual también desempeñó tareas profesionales como psicoanalista. Fue, justamente, esta práctica la que le permitió subrayar una dimensión fundamental de su reflexión: la violencia era necesaria para lograr la liberación, pero debían tenerse bien en cuenta, seriamente, sus consecuencias, particularmente en el plano psíquico. Si bien la argumentación de Fanon refería directamente a la experiencia de las luchas anticolonialistas, de liberación nacional, ella fue asumida también por movimientos políticos que, como los latinoamericanos, se plantearon la lucha anticapitalista o de liberación social.

En rigor, la cuestión de la violencia es bien compleja o, como decía Georges Sorel, en su clásico libro Reflexiones sobre la violencia, oscura. Más allá de los juicios de valor sobre su uso –celebrado, combatido, renegado hoy por algunos de quienes la practicaron o alabaron– de lo que se trata es de explicar por qué sectores importantes de las sociedades –no solo latinoamericanas– recurrieron, en ciertas circunstancias históricas, a la violencia como última ratio para transformarlas. Por añadidura, la cuestión de la violencia supone un riesgo que debe ser sorteado con cautela: evitar juicios a priori (aprobatorios o reprobatorios).

Toda sociedad de clases –por lo tanto, sujeta a relaciones de explotación y dominación– es una sociedad en la cual la violencia es parte constitutiva. Esa violencia es, para decirlo una vez más, tanto física cuanto simbólica, y su posesión monopólica es estatal, al menos mientras no sea puesta en cuestión de manera inequívoca, particularmente en situaciones revolucionarias, pero no solo en ellas. Hay, pues, situaciones históricas en las cuales la violencia se torna medio o instrumento político-armado para la resolución de conflictos de distinta magnitud. Son situaciones en las cuales la lucha de clases (un componente estructural) se intensifica y agudiza, y en el límite deviene guerra de clases (un componente coyuntural). En tales situaciones se hace más evidente y descarnado el carácter de clase del Estado (53).

La evidencia histórica muestra con harta elocuencia el papel decisivo de la violencia en la instauración de regímenes políticos democráticos clásicos, como los de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Barrington Moore (1973: 407-408) ha observado, agudamente, que horroriza la parcialidad abrumadora (son sus palabras) con que se ha analizado la violencia revolucionaria: “Equiparar la violencia de quienes resisten a la opresión con la violencia de los opresores es ya no poco engañoso. Pero hay mucho más. Desde los días de Espartaco hasta los de Robespierre y hasta hoy mismo, el uso de la fuerza por los oprimidos contra sus amos ha sido objeto de casi universal condena. A la vez, la represión cotidiana de la sociedad ‘normal’ vaga confusamente por el trasfondo de la mayor parte de los libros de historia […]. La modernización sin una revolución auténtica ha tenido consecuencias trágicas: el fascismo y sus guerras de agresión con millones de víctimas. En los países atrasados, hoy día, hombres que no se han rebelado siguen sufriendo […]. En los países democráticos occidentales, la violencia revolucionaria (junto a otras formas de violencia) formó parte del complejo proceso histórico que hizo posible el cambio pacífico subsiguiente”.

La observación de Moore invita a una reflexión sobre el papel de la violencia, necesaria para explicar y comprender mejor la fase vivida por las sociedades latinoamericanas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, pero también las posteriores y las anteriores, es decir, la historia toda de nuestras sociedades.

La violencia puede ser individual o colectiva, directa o indirecta, pública o privada (doméstica), física o simbólica, política o social. Cualquiera sea la forma que adopte, el recurrir a ella –ha planteado y reiterado Charles Tilly– remite a algún tipo de relación con el Estado –tal vez más específicamente con los aparatos estatales y las personas concretas que ejercen la violencia– capaz de convertir las violencias sociales en repertorios de acción políticos. La violencia puede ser del Estado o contra el Estado, o bien interindividual, por lo general del ámbito privado, como en los casos de riñas entre personas o de violencia familiar, en los cuales, pese a su carácter privado, el Estado interviene para mantener el orden o para proteger a las personas objeto de la agresión.

La muy conocida y tantas veces citada definición formulada por Weber considera que Estado es el “instituto político de actividad continuada cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (Weber, 1984: 43-44; itálicas del autor). Al respecto vale retener la observación de Xavier Crettiez (2009: 75): el Estado es una abstracción y su monopolio de la violencia una ficción jurídica, toda vez que ella es practicada, en rigor, por los organismos estatales provistos de legitimidad de Estado. De hecho, en última instancia, quienes ejercen realmente la violencia son personas, hombres y mujeres, a quienes el Estado autoriza tal comisión.

La definición de Weber tiene la ventaja de destacar uno de los monopolios detentados por el Estado qua institución: el de la violencia física. Ya hemos señalado en la introducción que también detenta otros dos monopolios: el de la capacidad de percepción tributaria y el de la violencia simbólica. Pero esos monopolios solo se explican considerando al Estado como condensación de relaciones sociales conflictivas. Al introducir la dimensión clasista del Estado se torna más claro lo que oculta la definición weberiana.

En efecto, ella considera legítima una sola violencia, la de la clase dominante. Por definición, entonces y contrario sensu, toda violencia que no es la estatal es ilegítima. Leído en clave clasista: la violencia legítima es solo la de la clase dominante que detenta el control del Estado, cualquiera sea el formato de representación que utilice para ello. Empero, Crettiez (2009: 76) observa: “Aunque la violencia de Estado siempre sea legal, ¿es siempre legítima? En realidad, Weber no plantea la cuestión en estos términos: él une la legalidad con la legitimidad por el hecho mismo de que el Estado moderno tiene ambas”.

Tilly, por su parte, sostiene que la distinción radical entre los usos legítimos y los usos ilegítimos de la fuerza nunca debió ser admitida para la explicación sistemática por ser impracticable y engañosa. Es impracticable en tanto acciones que pueden ser incluidas en uno u otro campo a menudo son idénticas o casi, estando separadas solo por “un juicio político”. Un ejemplo clásico es el terrorismo. Es engañosa “porque refuerza la idea de la lucha entre diferenciación e integración y porque separa fenómenos que tienen mucho en común y que surgen a partir de condiciones semejantes” (Tilly, 1991: 76-77).

La operación mitificadora considera legítimas ciertas formas de ejercicio de la violencia –la guerra, el control de las masas, la pena de muerte, la apropiación de tierras–, en tanto son derivaciones del proceso de integración y control, e ilegítimas a otras que –como los disturbios, la rebelión, los tumultos, los asaltos, el robo y el fraude– son considerados resultado de procesos de cambio y desorden (54). “Los mismos actos pasan de ser ilegítimos a ser legítimos cuando los realiza una autoridad constituida. El hecho de matar aparece en ambas columnas, pero con valores muy diferentes. Los valores dependen de si el verdugo es un soldado, un policía, un mero ejecutor o una persona privada” (Tilly, 1991: 76).

Nuestro planteo será el de considerar que hay, al menos, dos violencias con pretensión de legitimidad, aunque solo una puede ser legal o institucionalizada. Para explicitarlo retomamos y nos basamos en las proposiciones teóricas de Florestan Fernandes (2008: 151-194).

La violencia institucionalizada, ha señalado el sociólogo brasileño, tiene dos funciones: 1) mantener, fortalecer y equilibrar el orden existente; 2) combinar estabilidad y cambios sociales, “de modo de transformar el equilibrio en inestable y hacer que las transformaciones sucesivas sean conciliables con la preservación del patrón de civilización desde el cual se configura el orden existente”. Es por eso que las sociedades de clases son mucho más violentas que las sociedades estamentales y/o de castas. Se trata, como diría Marx, de una variación específica (y explicativa) resultante de la lógica del modo de producción capitalista, que requiere una expropiación organizada del trabajo y su posibilidad de intensificación creciente (Fernandes, 2008: 155-156).

La violencia institucionalizada –esto es, la acumulada, concentrada y centralizada– tiene su forma contrapuesta: la “violencia amorfa, elemental y ‘anárquica’”. Ambas son “dos masas diversas de violencia, que se limitan e interactúan. En realidad, la segunda masa de violencia encarada como si fuera ‘caótica’ y más o menos ‘anómica’, cumple una función social: constituye la base sobre la cual opera la violencia institucionalizada, visible y por lo menos ‘útil’ o vista como ‘un mal necesario’ (por una o por ambas partes)”. Esta observación de Fernandes ayuda a entender mejor las políticas de criminalización de la protesta, como también de los marginados (aunque no ejerzan violencia) e incluso las prácticas de “limpieza social”. Dicho en otras palabras: a la violencia de las clases explotadoras y dominantes se contrapone la contraviolencia y, en el “límite histórico extremo”, la contraviolencia revolucionaria de las clases explotadas y dominadas. Quienes controlan el poder y defienden el orden establecido, estigmatizan la violencia de los “de abajo”, especialmente si se expresa como lucha de clases, ocurriendo tal estigmatización incluso –merced a la dominación ideológica– entre los propios explotados y dominados. Cuando la contraviolencia se torna activa, el poder la prohíbe y la declara ilegal. Ahí queda claro que el orden es portador de dos legitimidades: la de las clases dominantes y la de las clases dominadas, la de la clase fundamental y la de las clases subalternas. La de estas, acota Fernandes, tiene “un doble movimiento de revolución dentro del orden y de revolución contra el mismo” (Fernandes, 2008: 162-163).

En América Latina, hasta hoy, la violencia estatal –o la directa de las clases dominantes en caso de inexistencia o debilidad del Estado– se ha ejercido y se ejerce muy frecuentemente contra sectores socialmente marginados (“vagos y malentretenidos”, mendigos, prostitutas, entre los más “clásicos”), y esa violencia opera como una especie de campo de prueba de la que se ejerce luego sobre las clases “socialmente peligrosas”, sobre las clases explotadas económicamente y dominadas políticamente.

De modo que cuando se hace referencia al monopolio legítimo de la violencia, o a la violencia legítima (referida a la del Estado), hay que tener especial cuidado en anteponer la expresión considerado/considerada al calificativo legítimo/legítima. Cabe señalar que el propio Weber ya lo había señalado en la célebre conferencia de 1918 en la Universidad de Múnich –“La política como vocación”–, si bien la expresión ya no se encuentra en el libro Economía y sociedad. En tal ocasión sostenía: “Al igual que las instituciones políticas que la preceden históricamente, el Estado es una relación de hombres que dominan a otros hombres, una relación mantenida por medio de la violencia legítima (es decir, considerada legítima)” (Weber, 1985: 11).

Hay, pues, más de una violencia legítima o con pretensión de serlo. Esta dualidad permite leer la violencia de las clases oprimidas de otra manera. Y también entender mejor el significado de la proposición de Luciano Pellicani (que vimos en el capítulo 3) acerca de la importancia del conflicto de legitimidades en una situación revolucionaria.

La que puede llamarse, dice Fernandes, violencia orgánica del orden “trata de impedir o, cuando esto es imposible, de solapar y reducir el ímpetu” de la contraviolencia orgánica de quienes proponen una revolución dentro del orden o bien una contra el orden. La contraposición entre ambas violencias legítimas parece más clara en situaciones de dictadura –hay varias tradiciones, incluso teórica, política y/o filosóficamente contrapuestas, que consideran legítima la lucha contra el despotismo–, pero es opacada en situaciones de democracia. Más aún, como añade Fernandes (2008: 166), “en nombre de la democracia, las burguesías del mundo entero desintegran la contraviolencia revolucionaria”.

La apelación a la violencia armada remite a la lógica de la guerra, la cual supone, como hemos señalado en el capítulo 3, que el otro, el disidente, es un enemigo al que hay que aniquilar. La lógica de la política, en cambio, asume que ese otro que piensa distinto es alguien con quien hay que construir un espacio donde dirimir el disenso, procurando ya sea construir el consenso o que la voluntad de la mayoría se imponga sobre la voluntad de la minoría, pero en la que la posición de la minoría sea tolerada. La lógica de la guerra no permite concesión alguna para con el otro. La lógica de la política implica necesariamente negociación, en el buen y mejor sentido de la palabra. Bien es cierto que, pese a su antagonismo, ambas lógicas pueden complementarse, dependiendo de las circunstancias. En extremos opuestos, la primacía de la lógica de la guerra llevó al militarismo dentro de algunas organizaciones armadas, pero llevó también a la aplicación de una forma de violencia por parte de las Fuerzas Armadas que los militares franceses habían comenzado a definir, y a practicar en Indochina, primero, y en Argelia, después, transformándola en Doctrina de la Seguridad Nacional (en adelante, DSN).

Como ya se ha dicho, en las décadas de 1960 y 1970, la acción política se valió tanto de la lógica de la guerra como de la lógica de la política, articulando así un tipo de acción que a falta de otro concepto denominamos violencia política. En esas dos décadas, América Latina vivió un momento muy importante, aunque no original –pues ya lo habían experimentado Estados europeos–, en el cual los Estados Terroristas de Seguridad Nacional (pero no solo ellos, como lo prueban los casos de Colombia y Perú, en este último bajo el Gobierno de Alberto Fujimori) utilizaron la violencia ilegítima e ilegal.

La violencia revolucionaria (55)

La lucha armada se gestó en un escenario de fragmentación de las fuerzas contestatarias, característica que los años sesenta latinoamericanos compartieron con los veinte, aunque de manera más aguda. En ambas décadas, los Partidos Comunistas aparecieron como una línea claramente divisoria en los términos de la fragmentación. Los veinte fueron los años de constitución de los PC latinoamericanos, un efecto de la decisión del I Congreso de la III Internacional, reunido en Moscú en 1919, de llamar a la formación de nuevos partidos en todo el mundo. Aunque sus dirigentes estaban más interesados en Asia (China, en particular) que en América Latina –por lo menos hasta el IV Congreso, que sesionó en 1928–, algunos PC latinoamericanos alcanzaron cierta importancia, en especial el de Chile, con inserción en las masas y con su apoyo, y, en cierto sentido, el de Brasil, en este caso por su importante y fracasado intento insurreccional en 1935, avalado por la III Internacional. Los PC se presentaron o fueron vistos como la expresión revolucionaria del cambio social y político, en contraste con los Partidos Socialistas –enrolados en la II Internacional–, a los cuales los comunistas consideraban (y denostaban por) reformistas. En los sesenta, en cambio, al socaire de la Revolución Cubana, fueron los PC los considerados reformistas por la izquierda radicalizada.

En los veinte, el posicionamiento de los PC frente a las fuerzas clásicas de izquierda –anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarias– y a las nuevas que surgían por entonces sin sentirse parte de esas corrientes –el aprismo, el sandinismo– se tradujo en expresiones de franca condena, a veces después de haber aplaudido posiciones como las de Haya de la Torre y Sandino (primero héroes de la lucha contra el imperialismo, luego traidores nacionalistas). En Argentina, para el PC local, el presidente reformista liberal Yrigoyen era expresión del “social-fascismo”. En los sesenta, los PC latinoamericanos –en el contexto generado por el cisma entre el de la Unión Soviética y el de China (PCCh), por un lado, y el parteaguas cubano, por el otro– continuaban alineados en las posiciones definidas por el PC de la Unión Soviética (PCUS), a las cuales –en el marco de la confrontación bipolar a escala mundial, Guerra Fría y esferas de influencia– se subordinaban. No obstante, en razón de este posicionamiento, los revolucionarios latinoamericanos (también buena parte de los africanos y asiáticos) los consideraron posicionados en el campo equivocado. De un lado, los PC pro soviéticos sostenían posiciones reformistas tras la consigna del frente único y la lucha de masas. Del otro, las escisiones levantaban la bandera de la revolución y la necesidad de iniciarla desde el campo.

De hecho, en los sesenta, el triunfo de la Revolución Cubana y, en particular, su definición como socialista, puso en entredicho la centralidad del PCUS como Partido-guía, ya cuestionada por el PCCh, y abrió un debate que no fue solo teórico acerca de cuatro cuestiones: 1) el tempo y, por lo tanto, el carácter de la revolución –gradual o por etapas (revolución democrático-burguesa) o bien acelerada y radical (revolución socialista)–; 2) las vías y formas para la conquista del poder: partido marxista-leninista o guerrilla y nuevo partido revolucionario; 3) las formas de la lucha revolucionaria –guerra popular prolongada, foquismo, guerrilla más lucha de masas–; y 4) el escenario de la lucha revolucionaria: el campo, la ciudad, el campo y la ciudad, la ciudad y el campo (en estos dos casos, el primer espacio era considerado prevalente), como bien señala Inés Nercesian (2009: 41).

La ambigua postura de los comunistas pro soviéticos frente a la Revolución Cubana –proceso en el cual su papel fue considerado distante de ser revolucionario–, a la cual aplaudían hacia afuera y criticaban negativamente hacia adentro del partido, y la más clara resistencia al empleo efectivo y estratégico de la acción armada –con la importante excepción del PC colombiano, enrolado en ella, por razones de la propia política nacional, desde 1948– alimentaron los reproches de la izquierda radical. Fueron particularmente el Che Guevara y Régis Debray quienes más irritaron a los partidarios de las posiciones del PCUS, más de una vez acusados de “aventurerismo pequeño burgués”, calificativo que incluso le fue endilgado al propio Fidel Castro por Luis Carlos Prestes, el mítico dirigente del PC brasileño. No extrañó, entonces, el turbio papel del PC boliviano, en particular su máximo dirigente, Mario Monje, frente a la presencia y el plan del Che en el país andino.

La Revolución Cubana probó que la revolución era posible, que a las condiciones objetivas había que sumar las subjetivas, y que si estas no existían, podían crearse a partir de una vanguardia revolucionaria con voluntad de transformación. Esto es lo que expresaba la teoría del foco con su propuesta de disponer de un núcleo de militantes fuertemente convencidos del ideal de lucha y con la suficiente preparación política y militar, capaz, así, de crear en el ámbito rural las condiciones objetivas para iniciar y expandir el proceso revolucionario. Así lo resumía Debray (1967: 69):

Primero se va de lo más pequeño a lo más grande. Querer ir en sentido inverso no sirve de nada. Lo más pequeño es el foco guerrillero, núcleo del ejército popular, y no es un frente que crea ese núcleo, sino que es el núcleo el que, al desarrollarse, permitirá crear un frente nacional revolucionario. Un frente se hace en torno de algo existente, no solamente en torno de un programa de liberación. Es el “pequeño motor” que pone en marcha el “gran motor” de las masas y precipita la formación de un frente, en la ascensión de las victorias obtenidas por el pequeño motor.

La estrategia del foco, tal como fue expuesta por Debray, debía desarrollarse en una secuencia de tres etapas: la instalación del foco, la fase del desarrollo de la guerrilla y la etapa de la ofensiva revolucionaria para la toma del poder. Aunque parecido, no era lo mismo que planteaba el Che, quien consideraba que la guerra de guerrillas o de liberación tendría tres momentos: la defensiva estratégica, el punto de equilibrio (estabilización de las posibilidades de los contendientes) y el desbordamiento del ejército represivo, que abriría el camino a la toma de las grandes ciudades, a los combates decisivos y a la derrota del enemigo (Guevara, 1996: 368).

El Che coincidía en que el foco guerrillero debía ser inicialmente pequeño, pero enfatizaba que la lucha guerrillera era una lucha de masas:

La posibilidad de triunfo de las masas populares está claramente expresada por el camino de la lucha guerrillera basada en el ejército de campesinos, en la alianza de los obreros con los campesinos, en la derrota del ejército en la lucha frontal, en la toma de la ciudad desde el campo, en la disolución del ejército como primera etapa de la ruptura total de la superestructura del capitalismo anterior (Guevara, 1996: 216).

Para el foquismo, un hecho clave era el carácter estructuralmente agrario –por lo tanto, con predominio campesino– de los países latinoamericanos, con excepción de Argentina y Uruguay. En la América Latina subdesarrollada y rural, la ideología revolucionaria solo podía propagarse entre las masas, de manera durable a partir del foco insurreccional. Según la teoría del foco, este no pretendía la conquista del poder por sí solo, empleando un golpe de audacia, ni tampoco mediante la guerra o “una derrota militar del enemigo”. Su objetivo era tan solo “poner a las masas en condiciones de subvertir por sí mismas el poder establecido”. De allí que no persiguiera ni una victoria relámpago, ni una resolución rápida de la guerra revolucionaria. La instalación de un foco debía subordinarse a un análisis político riguroso de las contradicciones nacionales en términos de clases, análisis que debía llevar tanto a la elección del lugar como al momento de entrar en acción. Además, el foco no excluía las múltiples acciones pacíficas de las luchas de masas, si bien la experiencia venezolana alertaba sobre la inevitable corta duración de estas formas una vez iniciada la lucha armada (Debray, 1964-1965: 130-131, 138, 140).

El foco se apoyaba en tres elementos: el ejército rebelde; la fusión de mandos –el político y el militar– en una única dirección, y la creación de un frente de liberación. En ese frente podían converger en la lucha contra el imperialismo norteamericano tanto los campesinos como sectores de clase media y aun de la burguesía nacional con intereses objetivamente comunes. La revolución sería hecha por el pueblo, por los revolucionarios, con Partido o sin Partido (según palabras de Castro). Esta indiferencia respecto de la previa presencia de un partido de vanguardia fue un punto de fricción con los ortodoxos Partidos Comunistas. Contrariamente a la experiencia vietnamita, donde la vanguardia se construyó desde abajo, en América Latina la revolución seguiría la trilla cubana: “Fuerzas permanentes primero –el foco–; fuerzas semirregulares luego, en las inmediaciones del foco; milicias al final o después de la victoria”, un proceso de construcción de la pirámide militar de las fuerzas de liberación desde la cúpula (Debray, 1967: 41).

Según el balance del Che, el proceso cubano aportó tres evidencias: a) las fuerzas populares podían ganar una guerra contra el ejército; b) no era necesario que estuvieran dadas todas las condiciones para el asalto al poder, pues ellas podían ser creadas por el foco guerrillero, y c) en América Latina, el terreno de la acción insurreccional debía ser el campo. Así, la lucha armada se convirtió muy pronto en la estrategia privilegiada para la consecución de las transformaciones sociales. En algunos movimientos, esta lucha armada se subordinaba a la dirección política, y en otros, en cambio, generaba prácticas militaristas en las cuales la lógica de la guerra se imponía por sobre la lógica de la política. Pero esta brutal dicotomía entre una y otra lógica no fue solo privativa de las organizaciones armadas. La tensión invadió al conjunto de nuestras sociedades en mayor o en menor medida, ya fuera que se tuviese el poder o que se luchase por tomarlo.

En 1966, la lucha se planteó explícitamente, tal como se señalara en la Segunda Declaración de La Habana, en términos de combate por la segunda independencia –que habría de ser la verdadera y definitiva– y a él convocaba la OLAS. La solidaridad de los sesenta fue material –armas, logística, dinero, entrenamiento de cuadros– e incluyó múltiples decisiones individuales de incorporarse a la lucha armada en países distintos del de origen. El impacto y la política exterior de la Revolución Cubana marcó la diferencia de la violencia y la solidaridad de los sesenta (más agudas) respecto de las de los veinte (signadas por el proceso de la Revolución Mexicana). La OLAS tenía por función organizar a los grupos político-militares que actuaban en el continente, definir estrategias comunes, entrenamiento, etc. Esto se tradujo en un conjunto de acciones cuyo punto culminante fue la fallida experiencia del Che Guevara y su intento de construir una retaguardia en Bolivia con proyección hacia los países limítrofes, en un contexto en el que dos de los países principales (Brasil y Argentina) estaban ya sometidos a dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas.

Igor Goicovic (2007) señala “tres diseños táctico-estratégicos” de acción de los movimientos revolucionarios latinoamericanos en las décadas de 1960 y 1970: a) el foco guerrillero (Venezuela, Perú y Bolivia, entre los años 1960-1967); b) la guerra popular prolongada en zonas rurales (Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador); y c) la guerra popular prolongada en zonas urbanas (Brasil, Uruguay, Argentina). Con respecto al primero de los tres diseños, el foco guerrillero tal como este había sido concebido en la experiencia cubana fue el tipo de acción adoptado por los primeros grupos que recogieron las lecciones de la Revolución Cubana en América Latina: Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) en Venezuela; Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Perú; Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolivia.

La clasificación de Goicovic es ordenadora pero susceptible de aclaraciones. Por ejemplo, en Venezuela, un caso no tan conocido como el de Bolivia, es difícil de ser considerado estrictamente un ejemplo de foco, aunque Debray (1964-1965: 130) entendía –si bien condicionalmente– que allí la guerrilla “respondería a las características del foco tal como lo concibe el Che Guevara”. El MIR venezolano surgió como escisión de izquierda de AD, partido del presidente Betancourt, en abril de 1962, con la conducción del diputado Domingo Alberto Rangel. Ese mismo año, el MIR comenzó a evaluar, al igual que el PCV, la posibilidad de la lucha armada. Por otra parte, desde fines de 1961 estaban operando, en distintos lugares del país, varios grupos dispersos. En marzo de 1962, el estudiante de abogacía Douglas Bravo, proveniente del PCV (del cual fue expulsado en 1965), al frente de veinte hombres, abrió el Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos en las montañas del estado de Falcón, librando combates intermitentes con el ejército. Dentro de este grupo se encontraba también el economista Teodoro Petkoff. El mismo año, en mayo y junio, se sublevaron las bases navales de Carúpano y Puerto Cabello (esta, la principal del país), que dejaron un saldo de 400 muertos y más de mil heridos. En ambas hubo participación de civiles pertenecientes al PCV y al MIR. Por la misma época, el Buró Político del PCV decidió la creación de la Unidad Táctica de Combate, para operar en las ciudades, y de frentes guerrilleros rurales.

Las acciones de los insurgentes alcanzaron una notable envergadura, sobre todo en las ciudades, lo que llevó al Gobierno a realizar operaciones contrainsurgentes, las cuales fracasaron. Justamente, Venezuela fue el primer país sudamericano donde se desarrolló la que Debray (1964-1965: 146) llamó “una forma extraordinaria de guerrilla: la guerrilla urbana”.

Según Daniel Pereyra (1994: 114), en febrero de 1963 se crearon las FALN (otras fuentes dicen 1962, por decisión del PCV), por la unión de los Frentes Guerrillero José Leonardo Chirinos (operaba en Falcón y Yaracuí) y Libertador (con acciones en Portuguesa), el Comando Nacional Guerrillero (que nucleaba a grupos menores) y movimientos de militares partícipes de las sublevaciones de 1962. Básicamente eran el resultado de la convergencia del PCV y el MIR, que tenían cuatro frentes guerrilleros en operaciones. Las FALN eran el “brazo armado” del Frente de Liberación Nacional (FLN), organismo de dirección política (encabezado por Fabricio Ojeda) que mantuvo la decisión de continuar la acción parlamentaria y legal hasta donde fuese posible, es decir, hasta cuando el Estado la tolerase, límite al que se llegó en octubre de 1963, cuando el Gobierno de Betancourt (1959-1964) arremetió contra las libertades democráticas, suspendió la inmunidad parlamentaria de los diputados y senadores del PCV y el MIR, los ilegalizó y los envió a prisión. Domingo Rangel y Pompeyo Márquez, secretarios del MIR y del PCV, respectivamente, fueron apresados y así comenzó a desarticularse el aparato urbano. El nuevo presidente, Raúl Leoni (1964-1969), también de AD, continuó y profundizó la represión.

De hecho, la separación entre dirección política y dirección militar –algo que la teoría del foco aconsejaba no hacer–, más la no superada o mal resuelta heterogeneidad de las fuerzas coaligadas y las imprecisas definiciones político-ideológicas también contribuyeron a debilitar a la guerrilla. Así, 1964 y 1965 fueron años duros en los que esta vio reducida su capacidad operativa y vivió el rigor de la acción represiva del Estado.

Dos coyunturas electorales marcaron a fuego a las FALN: las elecciones presidenciales de 1963 y de 1968. En la primera, la organización planteó una combinación de huelga general y abstención electoral. La huelga de noviembre paralizó Caracas y hubo enfrentamientos con la policía. Pero ese logro político no fue corroborado por el de la segunda consigna: la ciudadanía concurrió a votar y dio la victoria al candidato oficialista, Leoni. El fracaso de la convocatoria al abstencionismo electoral “demostró que la guerrilla no había encontrado la respuesta correcta a la situación”, evalúa Pereyra (1994: 114), quien añade que el triunfo político del Gobierno, combinado con éxitos represivos, permitió a este mantener una cierta estabilidad del orden, mientras la guerrilla perdía iniciativa y se sumía en una crisis político-militar irreversible que la llevaría a su extinción hacia 1970.

En Venezuela, la lucha armada se inició en las ciudades con núcleos que efectuaban acciones de sabotaje y de propaganda armada, y se habían articulado con los alzamientos militares. La nueva coyuntura llevó a las FALN a desplazar “su centro de gravedad hacia la guerrilla rural, empujada[s] por la represión y el ejemplo cubano”. Pero en el campo las bases de apoyo eran menores que en las ciudades, lo cual facilitó la represión, con el añadido de que el envío de cuadros políticos a los frentes rurales debilitó el accionar en las ciudades, de por sí golpeados por los éxitos de las fuerzas represivas (Pereyra, 1994: 115).

A fines de 1965, la mayoría de la dirección del PCV optó por el abandono de la lucha armada, decisión que provocó la ruptura del partido y, por extensión, la reorganización de las FALN. Encabezadas por Bravo y Ojeda (quien murió luego), tuvieron una fase de fortalecimiento, incluyendo algunas acciones realizadas en Caracas y otras ciudades, a fines de 1966, por “algunos núcleos de combatientes reducidos y desmoralizados a consecuencia de la crisis política, pero de buen nivel técnico”. Pero sucesivas derrotas en el frente rural y el desmantelamiento del frente urbano por la represión representaron duros golpes, incluyendo el más importante (por efectivos y por acciones) de los frentes, el de Falcón, prácticamente disuelto durante 1968 (Pereyra, 1994: 116-117). Para entonces, el reclutamiento de campesinos era un fiasco: no solo eran pocos, sino que esos pocos desertaban en cuanto la columna guerrillera se alejaba del lugar donde vivían y trabajaban.

En el fondo de la situación, argumenta Pereyra (1994: 117), se encontraban “las profundas diferencias sobre lo que había que hacer. Si se sostenía la prioridad de la guerrilla rural era imposible pensar en una comandancia instalada en Caracas. Pero la persistencia de los problemas resaltaba la importancia de la capital, y Bravo se sentía una y otra vez obligado a trasladarse al centro urbano y desarrollar la lucha política, dejando su puesto de comandante rural y sembrando así dudas entre sus hombres”.

Las elecciones presidenciales de 1968, en las que se impuso el democristiano Rafael Caldera (1969-1974), fueron el canto del cisne para la guerrilla. En ellas participó, camuflado, el PCV, a quien Caldera legalizó en abril de 1969, liberando a sus dirigentes presos. El nuevo presidente creó el Comité de Pacificación, presidido por el cardenal José Humberto Quintero y compuesto por distintas personalidades de la sociedad civil e incluso hombres que habían sido parte de la guerrilla. Caldera privilegió la salida política por sobre la militar-represiva y obtuvo éxito, mientras las FALN no supieron superar su crisis y fracasaron en el proyecto revolucionario.

En Perú, la guerrilla tuvo orígenes y orientaciones variadas. La primera de ellas apareció –de modo poco usual– vinculada al trotskismo, con fuerte base campesina y ligada a las movilizaciones en el valle de La Convención, tal como se adelantó en el capítulo 4. En la huelga general de 1958, en Cusco, participaron militantes del trotskista POR, entre ellos el estudiante Hugo Blanco, quien entabló relaciones con dirigentes campesinos y trabajó con ellos. El proceso de organización del movimiento campesino fue democrático, de abajo hacia arriba: comenzaba con una asamblea, en la cual se proponían y definían las demandas y reivindicaciones, expresadas en un petitorio. En ocasiones, tras esa decisión, se declaraba la huelga, durante la cual los campesinos no trabajaban las tierras de los hacendados pero sí sus parcelas. El movimiento se extendió y llevó al POR a requerir la colaboración de Palabra Obrera, una organización trotskista argentina, que en 1961 envió varios militantes (Pereyra, 1994: 101). Por entonces, en el campesinado peruano caló fuerte el proceso de reforma agraria cubana y la apelación a la lucha armada como vía para la resolución de los conflictos, sintetizada en la consigna “¡Tierra o muerte!”. Dentro del POR se planteó esta cuestión, aunque no estaba clara cuál debía ser la forma de la misma.

En un contexto dominado por la extensión de movilizaciones, tomas de tierras, creación de sindicatos y federaciones, el POR llamó a la unidad de las izquierdas revolucionarias para apoyar al campesinado, ligar sus luchas con las del movimiento obrero y enfrentar las tareas políticas y militares necesarias. Así surgió el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), del cual participaron, además del POR, grupos disidentes del PC y militantes independientes (entre ellos, Juan Pablo Chang –“el Chino”–, quien pocos años después pelearía y moriría al lado del Che en Bolivia), pero al que no se sumaron otras fuerzas, debilitando la posibilidad de acciones de mayor envergadura. En 1962, el FIR dio a conocer su programa, sosteniendo:

Apoyo incondicional a la ocupación de tierras; reorganización de la central obrera y lucha por un pliego único de reivindicaciones; amnistía para todos los presos y perseguidos políticos; confiscación de todos los latifundios y distribución gratuita de la tierra a los campesinos; nacionalización de las empresas imperialistas; reforma urbana y Gobierno de los trabajadores (apud Pereyra, 1994: 101-102).

El FIR realizó una intensa actividad política y formó un aparato militar, desmantelado por las fuerzas represivas en Cusco cuando estaba a punto de operar entre los campesinos, acción que repercutió, negativamente y con fuerza, en el Frente. En Chaupimayo, el sindicato campesino alcanzó a conformar un grupo armado, la Brigada Remigio Huamán, que, sin suficiente capacidad operativa, tuvo algunos enfrentamientos con fuerzas policiales, en uno de los cuales, en mayo de 1963, fue apresado su líder, Blanco. Allí terminó esta experiencia. Posteriormente, Héctor Béjar, otro jefe guerrillero, dirá que la izquierda –en particular la revolucionaria– había sido responsable de esa caída. En el balance provisorio realizado por Debray (1964-1965: 128), este núcleo insurreccional cayó por falta de apoyo político y de una estrategia bien definida, amén de carencia de cuadros y de armamento. Pereyra (1994: 103), a su vez, retomando la argumentación de Béjar, señala que “[l]a izquierda revolucionaria en general no comprendió la potencialidad del movimiento campesino, y sus divisiones y sectarismos le impidieron acudir en su ayuda. Tampoco el FIR tuvo la capacidad ni la claridad suficientes para jugar el rol dirigente que las circunstancias exigían”.

En la confusa coyuntura electoral y política de 1962-1963, a la cual aludimos en el capítulo 4, se produjeron el golpe militar, la promulgación de una ley de reforma agraria parcial (para el valle de La Convención, en 1963) y luego la asunción de la presidencia por Belaúnde Terry, mientras se incrementaban la agitación rural y, sobre todo, las ocupaciones de tierras, que continuaron durante 1964, aunque la dureza de la represión, con su carga de campesinos muertos, llevó al desgaste.

En julio de 1962, el mes del golpe de Estado, un pequeño grupo de estudiantes comandados por Francisco Vallejo, teniente de la Guardia Republicana, tomó la cárcel, la comisaría y los bancos de Jauja, en la sierra central, llevándose armas, dinero, pertrechos varios y algunos campesinos que se sumaron a los insurgentes. La persecución por las fuerzas estatales terminó con el contingente, cuyos integrantes se reclamaban castristas.

Ese mismo año se constituyó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), conformado por un número reducido de jóvenes escindidos de la Juventud y el Partido Comunistas y comandado por Béjar. En 1964 se sumaron a ellos militantes que habían participado de las acciones del FIR, entre ellos Juan Pablo Chang y Guillermo Mercado.

El ELN levantó un programa de solo cinco puntos, en parte porque –según Béjar– la izquierda ya había redactado demasiados. Esos puntos eran: 1) gobierno popular; 2) expulsión de todos los monopolios extranjeros; 3) revolución agraria; 4) amistad con todos los pueblos del mundo, y 5) soberanía nacional.

La organización –que a pesar del origen urbano de la mayoría de sus componentes pronto se adaptó al medio– operó particularmente en el departamento de Ayacucho, en la sierra sur. Lo hizo durante nueve meses de 1965, hasta que finalmente cayó, tras una campaña del ejército que cortó sus contactos con los campesinos, la cercó y aniquiló. Edgardo Tello, al mando de la columna, cayó en diciembre de ese año, en una operación sorpresa del Ejército realizada en Tincoj. Los guerrilleros que quedaron fueron perseguidos y muertos uno a uno. Béjar fue detenido en Lima. Tres sobrevivientes –“el Chino” Chang, “el Negro” José Cabrera Flores y Lucio Galván (“Eustaquio”)– fueron parte de la guerrilla del Che en Bolivia.

También en 1962 se constituyó otra organización político-militar, la más importante, el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Como el de Venezuela, el MIR peruano se organizó con sectores disidentes de un partido de masas, en este caso el APRA, que formaron el llamado APRA Rebelde, dirigido por Luis De la Puente Uceda. Al igual que el ELN de Béjar, el MIR se alineó con las posiciones de los revolucionarios cubanos. No había demasiadas diferencias entre ambas organizaciones, salvo en tres puntos importantes, uno militar y dos políticos: 1) en el terreno operativo, el ELN era partidario de actuar en un espacio geográfico más reducido, es decir, mediante un único frente, mientras que el MIR se planteó un objetivo más ambicioso, que intentó concretar mediante la apertura de tres frentes guerrilleros. En el plano político, 2) el MIR nació como una organización política que optó por crear su propia estructura militar, mientras que el ELN pensaba que el partido surgiría a partir de la experiencia del foco guerrillero, y 3) el MIR preconizaba la realización del trabajo político en el área de operaciones previo a las acciones armadas, tesitura que el ELN rechazaba argumentando razones de seguridad. Adicionalmente, el MIR dispuso que para ser combatiente antes había que ser miembro del partido.

Hubo contactos entre ambas organizaciones en procura de acciones conjuntas, pero no culminaron exitosamente sino, muy parcialmente, hasta muy tarde, en septiembre de 1965, cuando vinculó a los cuadros urbanos, pero sin incidencia en los frentes rurales. Béjar evaluó como causal más importante del fracaso el distinto origen partidario de ambas organizaciones –el APRA y el PC–, con sus prácticas, estilos, métodos de trabajo y prejuicios distintos y de no rápida superación.

El MIR creó tres frentes guerrilleros, con la intención de dividir a las fuerzas represivas: el Pachacutec, en La Convención, en el área donde había operado el FIR y se procuraba incorporar a los activistas campesinos supervivientes de la experiencia trotskista; el Tupac Amaru, en las provincias de Jauja y Concepción, área en la cual “existía un potente movimiento campesino” y se producían múltiples tomas de tierras (Pereyra, 1994: 107); el Norte, en Piura. El primero de estos frentes estaba dirigido por De la Puente Uceda, el máximo jefe de la guerrilla; el segundo, por Guillermo Lobatón y Máximo Velando, y el tercero –que no llegó a entrar en acción por razones organizativas–, por Fernando González Gasco y Elio Portocarrero. Contrariamente a lo perseguido, la creación de tres frentes no dividió a las fuerzas represivas sino a la guerrilla, con resultados obviamente negativos para esta.

El Frente Central, o Tupac Amaru, realizó varias operaciones exitosas, las cuales llevaron al Ejército a un cambio de posición respecto de su intervención en las tareas de represión, de las cuales no habían participado por considerarlas tarea policial. Empero, la presión de asesores militares norteamericanos, de terratenientes y burgueses –y seguramente el compartir los valores del sistema– torció el rumbo y se decidió una masiva participación de las Fuerzas Armadas. Tras varios combates, los guerrilleros fueron empujados hacia la selva, donde quedaron aislados y sin abastecimientos. En diciembre de 1965 fue capturado y asesinado Velando. El resto, con Lobatón al frente, siguió combatiendo, mientras se internaban en la selva, pero por poco tiempo: el 7 de enero de 1966, el ya reducido grupo fue muerto.

El Frente Sur –donde se encontraba el Comando Central del MIR– intentó beneficiarse de la previa experiencia liderada por Blanco. Pero en esos pocos años, la situación había cambiado significativamente, pues la mayoría de los cuadros importantes habían muerto, estaban presos o habían buscado refugio en otras zonas. Los campesinos habían sido fuertemente reprimidos y algunos, en cambio, se beneficiaron con la reforma agraria de 1963. Empero, el MIR logró sumar algunos activistas. El Frente Sur, con el Comando Central incluido, se instaló en Mesa Pelada, un lugar al que estimaron inexpugnable –en razón de la topografía y las medidas de defensa tomadas– y en cual se ubicaron los campamentos y los depósitos. En septiembre de 1965 se produjeron varios combates entre los guerrilleros y el Ejército, que recurrió al terror para quitar el apoyo campesino a los guerrilleros y para obtener información sobre la ubicación de su campamento central. Bombardeos aéreos y ataques con mortero fueron empleados sobre los insurgentes. Un desertor de la guerrilla guió a las tropas oficiales hacia el campamento central, permitiendo la derrota de sus ex compañeros. De la Puente Uceda y otros jefes murieron en ese ataque final. Algunos guerrilleros lograron huir, pero el Frente quedó desecho. Béjar evalúa que el Frente Sur estaba, en el momento de la ofensiva del Ejército, mal preparado militarmente, en contraste con la mayor capacidad de combate que mostró el Frente Central.

En su análisis autocrítico, publicado en 1969, Béjar destaca los acontecimientos de 1963-1964 como nodales en la historia del fracaso revolucionario. Según él:

Constreñida por la falta de audacia, la izquierda peruana se había aislado por su propia voluntad del ascenso popular y en consecuencia no se encontraba en capacidad de utilizarlo para ligar las reivindicaciones de campesinos con los objetivos de la Revolución. Con ello perdía, como en 1962, una oportunidad revolucionaria (apud Pereyra, 1994: 103).

En 1980, en un contexto histórico diferente y con otra orientación política, la guerrilla reapareció en Perú con Sendero Luminoso, experiencia a la cual nos referiremos más adelante.

El sueño del Che

Bolivia fue, en la década de 1960, escenario del proyecto revolucionario de mayor envergadura. La Revolución de 1952 acentuó su carácter burgués en 1964, sepultando toda posibilidad de su eventual transformación en una revolución obrera más radical. Ese año marca un hito importante en la historia del país –hasta 1978-1979– con la concertación del llamado Pacto Militar-Campesino que, de hecho, implicó la subordinación política del movimiento campesino a los militares. Un aspecto del plan fue el de las milicias armadas campesinas, defensoras del Gobierno y capaces de convertirse en unidades contrainsurgentes especiales e incluso con la posibilidad de incorporarse al Ejército. César Soto (1994) señala que esas milicias “participaron del entrenamiento militar antiguerrillas y se movilizaron contra el foco de Ñancahuazú, aunque no entraron en combate directo”. A ello hay que sumar la brutal represión sobre el movimiento obrero minero en Catavi, Siglo XX y Huanuni, en mayo y septiembre de 1965, represión extendida a universitarios, maestros y obreros fabriles. En las operaciones represivas, las milicias campesinas actuaron en el área de conflicto. “En los hechos, el campesino fue la base social donde el Estado asentó y legitimó media década de represión hacia el movimiento popular” (Soto, 1994). No fueron datos menores del contexto sociopolítico de los sesenta bolivianos.

La constitución del foco guerrillero comandado por Guevara –quien, como es obvio, entró clandestinamente en Bolivia– e integrado inicialmente por probados cuadros cubanos y militantes bolivianos (provenientes del PC, entre ellos los hermanos Roberto –“Coco”– y Guido Álvaro –“Inti”– Peredo Leigue), y peruanos, y el desarrollo mismo de los acontecimientos tienen todavía una bruma explicativa. Según el Diario del Che, las actividades comenzaron el 7 de noviembre de 1966, cuando el grupo se instaló en la finca comprada para servir de primera base, y se prolongaron durante once meses. Al comenzar 1967, el foco tenía 50 combatientes: 1 argentino (el Che), una argentina-alemana (Haydée Tamara Bunke Bide, “Tania”), tres peruanos, dieciséis cubanos y veintinueve bolivianos. Los cubanos no eran novatos en estas lides: tres comandantes, dos primeros capitanes, siete capitanes, dos primeros tenientes y dos tenientes. Cuatro de ellos habían sido parte, junto al Che, de la experiencia en el Congo: “Tuma” (Carlos Coello), “Pombo” (Harry Villegas Tamayo), “Moro” (el médico Octavio Concepción de la Pedraja) y “Papi” (José María Martínez Tamayo).

La guerrilla, que adoptó el nombre de Ejército de Liberación Nacional, entró en combate, casi involuntariamente y en condiciones insuficientemente convenientes, antes de lo previsto, el 23 de marzo de 1967. Si bien este primer resultado le fue favorable y luego logró otros éxitos militares, de inmediato –por una serie de circunstancias que combinaron azar, deserciones, traiciones, conflictos entre los combatientes bolivianos y los cubanos, y errores, además de un cambio cualitativo en la capacidad represiva del Ejército boliviano– entró en una situación de aislamiento político y social que tornó crecientemente insostenible su situación, en particular a partir de agosto. El papel negativo jugado por el PC, en primer lugar su Secretario General, Monje, y la ruptura de los contactos con La Habana y La Paz también obraron en contra.

En marzo, cuando el Ejército (2.000 hombres con apoyo aéreo y bombardeo con napalm) comenzaba la persecución de la guerrilla, se encontraban en esta dos hombres claves, el francés Debray (“Danton”), encargado del contacto con Cuba, y el argentino Ciro Bustos (“Carlos” o “Pelao”), responsable de establecer la vinculación con grupos que estaban preparándose en su país para incorporarse. A poco de abandonar a sus compañeros para cumplir sus respectivas misiones, a comienzos de abril, fueron detenidos por las fuerzas estatales, un hecho decisivo para el futuro de la guerrilla (56) Sigue habiendo puntos controversiales en lo que hace a su real papel durante los interrogatorios a los que fueron sometidos. La intervención del Gobierno de Francia, por Debray, internacionalizó el caso y, posiblemente, contribuyó a salvar la vida de ambos. Lo cierto es que a partir de ahí, el Gobierno boliviano supo con certeza que el Che estaba en Bolivia y que este vio frustrada la continuidad del plan proyectado.

El Gobierno extremó las medidas y acciones represivas, ejercidas particularmente contra organizaciones de izquierda, como el PC (a pesar de la oposición de su dirección a la lucha armada), el POR y el Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista (PRIN), una escisión del MNR encabezada por Juan Lechín Oquendo.

La desaparición del Che en 1965 había generado conmoción en todo el mundo, y los diferentes y múltiples servicios de inteligencia –entre ellos la CIA norteamericana y la KGB soviética– estaban claramente desorientados, a punto tal que la CIA lo daba por muerto en el Congo. Para algunos analistas, esta desinformación –que, por otro lado, mostró la eficacia de la inteligencia y la contrainteligencia cubanas– demoró la intervención de Estados Unidos. Esta se materializó mediante la provisión de armamento y otros equipos bélicos, y un grupo de 6 altos oficiales y 12 instructores boinas verdes, el Mobile Training Team, encargado de la instrucción contrainsurgente y la formación de un cuerpo de 600 militares bolivianos (batallón de Rangers). Se sumó el envío, desde la base Howard, en Panamá, de grandes aviones especialmente aptos para operaciones de rastreo en la selva, ya utilizados en Vietnam (Pereyra, 1994: 138).

En junio, el ELN contaba con solo 24 efectivos y el Che requería que se sumasen entre 50 y 100 más, además de equipamiento militar y medicamentos. La apelación a cuadros urbanos era prueba del fracaso en la incorporación de campesinos, circunstancia esta que el Che consignó en varios pasajes de su Diario. La pérdida de contacto con la red urbana no permitió lograr tampoco este objetivo. A partir de cierto momento, la columna del Che y la comandada por Joaquín (el campesino cubano Juan Vitalio Acuña Núñez, un veterano de Sierra Maestra), que constituía la retaguardia, se separaron y se desconectaron, sin poder volver a unirse, aunque en agosto estuvieron cerca de reencontrarse. Empero, el 31 de ese mes –merced a la delación de Honorato Rojas, un colaborador de la guerrilla cooptado por la Octava División del Ejército– la columna de Joaquín (10 guerrilleros) fue conducida a una emboscada en Vado del Yeso, en la cual fue liquidada. Cayeron Joaquín, Tania (cuyo cuerpo fue quemado y desfigurado) y otros, como el médico peruano José “el Negro” Cabrera, apresado y asesinado cuatro días después. Los cuerpos de los guerrilleros muertos fueron expuestos, pese a su mal estado, en el lavadero del hospital del lugar, administrado por la Iglesia, y luego sepultados clandestinamente (recién pudieron ser hallados y exhumados en 1999).

Con la tragedia del Vado del Yeso, el Che perdió un tercio de sus combatientes. Procuró entonces retirarse hacia una zona más poblada y recontactarse con la red urbana y con La Habana. A mediados de septiembre fue capturada, tras una delación, Loyola Guzmán Lara, responsable de finanzas. La joven, torturada, intentó suicidarse en un descuido de los represores, pero no logró su objetivo y terminó muy malherida (57). Otra posibilidad se esfumaba…

A principios de octubre quedaban solo 17 guerrilleros, mal alimentados y mal vestidos, con enfermos y en completa soledad. Entre el 7 y el 8 intentaron salir de la Quebrada del Yuro en la cual se encontraban, pero el capitán Gary Prado Salmón, a cargo de una compañía de Rangers, se les adelantó, tras la delación de un campesino, y se situó en la cresta de la quebrada. En el combate murieron dos guerrilleros y tres, heridos, fueron tomados prisioneros: el Che, “el Chino” Chang y “Willy” (el boliviano Simón Cuba). Los tres fueron asesinados.

La orden de matar al Che llegó desde La Paz, dispuesta por el alto mando. Debía hacerse efectiva sin dispararle a la cara, para que pareciera una muerte en combate. El asesinato fue perpetrado el 8 de octubre a las 13:10 por el sargento Mario Terán, que, según algún relato, se había emborrachado, y disparó una ráfaga de 7 balazos, dos de ellos (en la garganta y en el corazón) fatales.

Los guerrilleros sobrevivientes del combate de la Quebrada del Yuro lograron escapar, al mando del “Inti” Peredo, pero el ejército los emboscó el 12 de octubre, matando a cinco. El 12 de diciembre hubo un combate más, tras lo cual la guerrilla se disolvió. Sus últimos cinco integrantes lograron refugiarse en Chile, donde encontraron la solidaridad del líder socialista Salvador Allende.

Posteriormente, a comienzos de 1969, “el Inti” Peredo se abocó a la reorganización del ELN. En febrero y abril, mediante acciones de propaganda, la organización dio a conocer sendos documentos dirigidos a los campesinos, uno, y a todo el pueblo, el otro. El segundo se pronunciaba contra la dictadura y la presencia del imperialismo en el país e invitaba a reanudar la lucha armada. En julio, un comando mató, en Cochabamba, a Honorato Rojas, el campesino delator de la columna de Joaquín en la masacre del Vado del Yeso. En septiembre, “Inti” y dos de sus compañeros fueron sorprendidos en una casa por un destacamento policial, y fueron abatidos los tres al cabo del enfrentamiento. La jefatura del ELN pasó a Osvaldo “Chato” Peredo.

La sospechosa muerte del general René Barrientos, en abril, hizo que el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas quedara al frente del Gobierno, pero su gestión duró muy poco: en septiembre fue derrocado por un golpe de Estado que dio el llamado sector nacionalista del Ejército, encabezado por el general Juan José Torres. El general Alfredo Ovando Candía asumió la presidencia del país (septiembre de 1969) y tomó algunas medidas que sorprendieron por su tenor, como la derogación de la muy represiva Ley de Seguridad del Estado –permitiendo así el ejercicio de las libertades civiles y, con ello, la reorganización de la COB– y la nacionalización de todas las concesiones petrolíferas que habían beneficiado a la Bolivia Gulf Oil Company. Empero, Ovando giró luego hacia la derecha, alejando de sus respectivos cargos al general Torres y al ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz, el autor de la nacionalización del petróleo.

Fue durante esta fase –prolongada hasta octubre de 1970, cuando Ovando fue derrocado– que reapareció el ELN, en julio de 1970. Bajo la dirección de “Chato” Peredo, la guerrilla actuó en una zona diferente a las anteriores: en Teoponte, a un centenar de kilómetros de La Paz. El 18 de ese mes ocuparon el pueblo y las instalaciones de la South American Placer, una minera norteamericana, donde tomaron como rehenes a dos técnicos alemanes, cuya libertad canjearon por la de diez presos políticos. De inmediato, la columna se internó en el monte. El Gobierno envió la aviación, que procedió a acciones de reconocimiento y bombardeo. El 29, los 58 combatientes del ELN tuvieron su primer enfrentamiento con el Ejército. Esta fuerza, por otro lado, asesinó a los guerrilleros dados de baja por la organización. En su Diario, Peredo anota, con satisfacción, que estaban recibiendo adhesiones de trabajadores mineros y universitarios, pero sin poder superar el problema de la falta de alimentos, agravado por la toma de pueblos por las fuerzas estatales. El 28 de agosto y el 1º de septiembre, la guerrilla sufrió dos decisivas derrotas. Entre muertos, heridos, desertores y “gente floja” (potenciales desertores), la columna quedó reducida a 25 hombres faltos de alimentos. El 13 de septiembre, tras otro combate, Peredo consignó en su Diario que el balance era negativo: “En menos de dos meses estamos prácticamente diezmados y, lo que es más grave, aislados” (apud Pereyra, 1994: 141). En una marcha para evitar al Ejército, varios guerrilleros murieron de hambre. El 13 de octubre, los sobrevivientes fueron capturados por los Rangers en Tinuani. El “Chato” Peredo fue detenido y luego amnistiado por el presidente Juan José Torres, general que el 7 de octubre accedió al Gobierno como culminación de un intenso y masivo levantamiento popular de trabajadores, campesinos y universitarios (58).

Mucho se ha dicho respecto de la guerrilla del ELN boliviano, en particular en su primera fase, la dirigida por el Che. Buena parte, si no la mayoría, de las críticas se ha orientado a resaltar la errónea elección de la zona de inserción original, como también la ausencia de vinculaciones con el movimiento obrero minero, cuya localización geográfica no estaba muy distante del foco. Sin embargo, como ya es evidente, el objetivo del Che no era el establecimiento de un foco guerrillero strictu sensu, sino la creación de, como dice Roberto Massari, un “territorio de paso y provisional”, es decir, un área de retaguardia para el acopio de alimentos, armas, medicamentos y fortalecimiento de un grupo de cuadros que se trasladaría a otros frentes para crear en ellos varios focos guerrilleros, particularmente en Perú y Argentina (donde se había instaurado la primera de las dos dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas que sufrió el país), amén de Bolivia. Massari (2004: 318) señala que “Guevara tenía la intención […] de formar un estado mayor de cuadros peruanos y bolivianos –con la ayuda al principio de los cubanos (mientras el sector argentino del proyecto estaba en preparación y pasaba además a través de las instrucciones confiadas a Bustos, el argentino arrestado con Debray). Estos cuadros, a su vez, crearían y adiestrarían a otros grupos guerrilleros en otras zonas de la misma Bolivia y de los países vecinos” (59).

Se trataba de un proyecto continental o –para repetir a Massari– “[u]n proyecto intercontinental de guerrillas, que tendría como epicentro a Bolivia”, país que fue elegido por el Che “para hacer converger a algunos de los mejores cuadros supervivientes a las guerrillas del Perú, formar cuadros bolivianos e involucrar nuevamente a los argentinos”, en proceso de recuperación tras el fracaso del Ejército Guerrillero del Pueblo en 1964, experiencia que abordaremos más adelante en este capítulo. “El objetivo a corto y mediano plazo era la apertura de varios frentes de lucha, pero al mismo tiempo el de conformar las premisas materiales para una victoria” en al menos Argentina, Bolivia y Perú, sin olvidar a las guerrillas que operaban en Guatemala, Colombia y Venezuela. Era realista evaluar la imposibilidad para Estados Unidos de enviar fuerzas militares a varios países latinoamericanos sin abandonar Vietnam (Massari, 2004: 319-320).

Bustos (2007: 313-314) dice que el Che le dijo, cuando conversaron en el campamento en Bolivia, que el objetivo estratégico era la toma del poder político en Argentina. Él pone en boca de Guevara estas palabras, parte de la orden que le estaba dando:

Quiero entrar al país por la zona por donde ustedes andaban [se refiere a la experiencia del EGP, es decir, la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia], con dos columnas de unos cien hombres, argentinos, en un plazo no mayor de dos años (itálicas nuestras).

Bustos añade: “Lo fundamental era reforzar y sostener la base aquí, en Bolivia, donde él [Guevara] pensaba que podrían foguearse en combate columnas de distintos países, a los que regresarían, llegado el momento, para continuar la lucha por su cuenta”.

Más detalladamente, el capitán Daniel Alarcón Ramírez –“Benigno”–, un veterano de Sierra Maestra y el Congo, señala en sus Memorias que fue en el campamento cubano en el que se entrenó el grupo inicial donde finalmente se les informó el destino:

Se nos planteó que nuestro objetivo inmediato era llevar la Revolución a Bolivia y que, después de establecernos allí, la lucha se extendería a Argentina, Brasil, Perú, Uruguay… No así en Chile, pues este país se mantendría como reserva estratégica, primero para aprovechar sus dos mil millas de frontera marina, porque los partidos chilenos de izquierda siempre estaban dispuestos a ayudar, y, segundo, porque se pensaba que, en aquellos momentos, Chile no tenía condiciones para la lucha armada [gobernaba la Democracia Cristiana con su proyecto de Revolución en libertad y la fuerte oposición de izquierda apostaba a un tránsito pacífico al socialismo]. Chile, en realidad, serviría como una fuente de abastecimiento para toda la guerrilla sudamericana. De Paraguay no se habló mucho, pues se decía que su núcleo revolucionario era muy pequeño y débil, incluso se hallaba en la clandestinidad fuera del país. Igualmente parecía que en Ecuador el movimiento era muy pobre y que los revolucionarios ecuatorianos solo comenzarían a sumarse a la lucha después de que América del Sur entrara totalmente en llamas (Benigno, 1997: 119-120) (60).

Desde el punto de vista estratégico, la elección de Bolivia era más que razonable: el país, con una extensión considerable y una geografía favorable, limita con otros cinco, dos de los cuales –Argentina y Brasil– se cuentan entre los más importantes de América Latina. Adicionalmente, por entonces las fronteras distaban de estar controladas con eficacia, a menudo más para atender un contrabando tolerado que en previsión de acciones armadas.

Empero, más allá de que la radicación de la guerrilla del Che era parte de una estrategia continental más compleja, lo cierto es que su derrota y asesinato significaron un duro golpe a los proyectos revolucionarios. La experiencia del Che en Bolivia significó también la derrota de la estrategia foquista tal como se la había practicado hasta entonces. A partir de allí, excepto la breve continuidad boliviana, hubo nuevos ensayos de lucha armada. Inicialmente, el espacio rural fue considerado el locus privilegiado de gestación de la revolución, mas en Uruguay –paradigma de país urbano– y, en diferente medida, Argentina y Brasil, el peso innegable de la realidad obligó a un replanteo de la estrategia de lucha en favor de la ciudad, reiterándose de algún modo la estrategia inicial de los revolucionarios venezolanos.

Las guerrillas en el Cono Sur

La guerrilla urbana fue el tipo de acción predominante en el Cono Sur, con algunas organizaciones de fuerte impacto como Ação Libertadora Nacional (ALN) en Brasil, Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros en Uruguay y Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina, entre las más importantes. La apelación a la guerrilla urbana como forma de violencia política fue, sin duda, uno de los elementos más novedosos en la época, mucho más si se tiene en cuenta que el campo había cobrado protagonismo en función de la generalizada consigna de reforma agraria, tanto desde la derecha como de la izquierda, y sin olvidar que en la mayoría de los países la estructura rural seguía siendo dominante.

Uno de los elementos comunes a esas experiencias fueron los contextos de represión, que exacerbaron el conflicto y de algún modo estimularon la acción directa. En Brasil y Argentina, es claro que la violencia estatal recrudeció con la instauración de las dictaduras militares. En Uruguay, la democracia siguió vigente unos años más, hasta el golpe de 1973. Pero la implementación de medidas altamente represivas por parte del Gobierno de Jorge Pacheco Areco (1968-1973) significó una estrangulación política comparable a la de los otros dos casos: proscripción del PS y otros grupos de izquierda, Medidas Prontas de Seguridad avaladas por la Constitución en caso de “conmoción interna” y participación de los militares en la represión interna; y desde 1972, ya bajo la presidencia continuista de Juan María Bordaberry, vigencia del “estado de guerra interno”.

Pero ni las guerrillas fueron una forma de combatir a las dictaduras, ni las dictaduras surgieron para eliminar a las guerrillas, aunque efectivamente ambas cosas sucedieron de hecho. En todo caso, un análisis más integrado del pasado reciente exige volver la mirada sobre la relación entre democracia y dictadura, sobre las formas de la violencia política, y en particular sobre los mecanismos de la lógica de la guerra y la lógica de la política, que recorren y atraviesan los procesos históricos, poniendo en evidencia cómo estos desbordan las trillas de conceptos hasta ahora más transitadas.

En el caso de Brasil, las organizaciones guerrilleras se constituyeron por escisión del fragmentado comunismo brasileño. Tal como señala Nercesian (2007), “[e]l golpe de Estado de 1964 implicó la rápida fragmentación dentro de la izquierda. Con anterioridad a 1964, se registraban cuatro fracciones de izquierda”, a saber: PCB (1922); Partido Operário Revolucionário (trotskista) (POR [T], 1953), Organização Revolucionária Marxista-Política Operária (ORM-POLOP, 1961), que reunía ideas socialistas y trotskistas, creada a partir de las críticas al reformismo, a la tesis etapista del PCB y a la alianza con la burguesía; Partido Comunista do Brasil (PCdoB, 1963), de orientación maoísta y creado por escisión del PCB. “De ellos, el PCB y el menor POR (T) continuaron impulsando la vía pacífica, no solo en el contexto de la lucha contra la dictadura sino también para la transición al socialismo. El resto, de un modo u otro, se acercó a la lucha armada y a la acción directa como medio central de lucha”.

Nercesian indica que entre 1966 y 1968 hubo más rupturas: con el surgimiento del Partido Comunista Revolucionário (PCR) de las filas del PCdoB, que sostenía que el Nordeste debía ser el locus de la acción revolucionaria; y con la creación del Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), que con el agregado del término “revolucionario” marcaba su distancia respecto de la línea de acción de alianza con la burguesía, para defender, en cambio, el carácter socialista de la revolución.

Los primeros grupos guerrilleros surgieron a partir de 1966 y, como ya señalamos, lo hicieron principalmente por escisión de alguna de las organizaciones mencionadas.

También hay que mencionar el caso de la guerrilla del Araguaia de orientación maoísta (en que impulsó el PCdoB), instalada en el sur del estado de Pará y en el norte del estado de Goiás, entre los años 1966 y 1967. Fue el caso del Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR 8) formado en 1968 a partir de una disidencia del PCB, la de Guanabara. La organización, como su nombre ya sugiere, tenía una orientación guevarista y actuó algunas veces con la ALN.

Sin duda, una de las organizaciones revolucionarias más importantes de Brasil, en este caso otra vez por desprendimiento del comunismo, fue la ALN, fundada en 1968 por el ex dirigente del PCB Carlos Marighella. Esta organización clandestina proponía la acción en la ciudad con el objetivo de conseguir los recursos necesarios para luego llevar la guerrilla al espacio rural. Marighella fue, además, autor del primer manual de guerrilla urbana. Otras dos organizaciones se crearon ese mismo año: Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) y Vanguarda Armada Revolucionária (VAR). Ambas estaban asociadas a la figura del ex capitán del Ejército, Carlos Lamarca. La primera tuvo su base en São Paulo y estaba formada por disidentes de la POLOP paulista, y por antiguos militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionário (MNR). En Rio de Janeiro y Minas Gerais se dio una situación similar con la formación del Comando de Libertação Nacional (COLINA), una organización política que sostenía que la guerrilla rural debía obtener sus apoyos de las ciudades. A mediados de 1969, VPR y COLINA convergieron en la formación de la VAR. Al poco tiempo esta sufrió escisiones, se reconstituyó la VPR y surgió la Dissidência de la VAR-Palmares (DVP). También cabe mencionar el Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP), integrado años después al PT. El MEP, una organización poco estudiada y a la cual se hace alguna referencia en Brasil: Nunca Mais (1985), fue una organización que se constituyó dentro de las filas de la POLOP, en Rio de Janeiro, la llamada Fração Bolchevique da POLOP que, en 1976, cambió de nombre y asumió el de Movimento pela Emancipação do Proletariado.

Distinto fue el caso de la guerrilla en la Serra Do Caparaó, formada inmediatamente después del golpe de Estado, pero que hacia 1967 estaba totalmente desmantelada. Esta “protoguerrilla”, como prefiere César Tcach (2006), se creó a instancias de Leonel Brizola, dirigente trabalhista de larga trayectoria política y ex gobernador del estado de Rio Grande do Sul. Después del golpe de 1964, Brizola había creado el MNR, una organización compuesta básicamente por militares y civiles, pero la guerrilla (o “protoguerrilla”) fue inmediatamente desarticulada por las fuerzas de la dictadura sin llegar a operar. Las otras, en cambio, recién comenzaron a operar uno años después, pero hacia mediados de la década de 1970, en general, todas las organizaciones guerrilleras habían desaparecido, en buena medida por la eficaz represión de la dictadura, durante el Gobierno de Artur da Costa e Silva –tarea que completó su sucesor, Emilio Garrastazu Médici–.

En Uruguay, la ausencia de campesinos y de condiciones geográficas favorables (sin selvas ni montañas) para una guerra de guerrillas clásica, es decir, rural, llevó al MLN Tupamaros –más allá de su nacimiento resultante de las reivindicaciones de los trabajadores de la economía agroindustrial azucarera– a privilegiar la guerrilla urbana, sobre la cual, por otra parte, teorizó el brasileño Marighella. Los Tupamaros se caracterizaron por ser una organización político-militar que tuvo especial cuidado en realizar operativos de envergadura con el menor número de muertos posible, no solo propios sino de sus enemigos. Entre las bajas infligidas a estos, el caso más sonado fue la ejecución, en 1970, de Dan Mitrione, agente secreto de la norteamericana Agency for International Development (AID), encargado de la enseñanza de técnicas de tortura a las fuerzas de seguridad uruguayas (61).

Como en Brasil, la guerrilla de Uruguay surgió del tronco de la izquierda, una izquierda que estaba compuesta principalmente por tres corrientes: anarquista, socialista y comunista. Pero a diferencia del país vecino, su relación con el movimiento obrero, y en particular con el sindical, fue clave en la orientación de la lucha armada que, como se ha dicho, se originó en el campo y pronto se trasladó a la ciudad.

Los antecedentes del MLN Tupamaros se remontan al año 1962, cuando comenzó a tomar forma el Coordinador, una organización que articulaba distintos partidos y agrupaciones de izquierda. Fue precisamente ante la necesidad de crear una entidad que unificara en una sola organización autónoma a los distintos sectores, que en 1965 se puso fin a la experiencia del Coordinador y a la doble militancia que ella significaba (en esta organización y en los partidos que la conformaban). En 1966, entonces, se creó el MLN Tupamaros. Como bien documenta Nercesian (2009), en el plan de acción de la nueva organización se privilegiaba explícitamente la lucha armada.

Las fuerzas de izquierda que integraron el Movimiento en sus inicios fueron principalmente algunas escisiones del PS (desde su XXXVII Congreso, más decididamente clasista y antiimperialista); el Movimiento de Apoyo al Campesino (MAC) –una fuerza constituida por desprendimientos del PS y del PC, que en 1961 formaron el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), y de cuyo seno, en 1962, surgió el MAC–; el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), creado en 1963, por escisión del PC, que reivindicaba la experiencia revolucionaria de Cuba y China; y los cañeros de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, de Bella Unión (UTAA), creado en 1961 por impulso de Raúl Sendic, líder surgido de las filas del PS, con destacada actuación sindical. Cabe notar que el MIR formó parte de los primeros encuentros, pero en 1966, cuando se realizó la primera convención del MLN-T y se definió que este no se constituiría en un partido sino en una organización político-militar, sus miembros decidieron apartarse. La propuesta, finalmente rechazada, era que el naciente MLN-T debía constituirse en el aparato armado dentro de un partido marxista leninista (en línea maoísta) y con el método de guerrilla rural.

Sendic encabezó una de las marchas de los cañeros hacia Montevideo en 1962. Por entonces ya se había perfilado claramente a favor de la reforma agraria y planeaba la ocupación de tierras en el norte del país. En 1963, a instancias del Coordinador, participó de uno de los hechos más resonantes: el robo de fusiles al Club de Tiro Suizo, con el objetivo de ser entregados a los cañeros. Este hecho revela con claridad una consigna del momento: subordinar la acción en las ciudades a los objetivos de transformación en el campo. Como consecuencia de esta acción, sin duda espectacular, muchos de los líderes revolucionarios pasaron a la clandestinidad y desde allí ingresaron más tarde al MNL-T.

Inicialmente, el Movimiento fue una organización cuantitativamente poco importante, pero hacia fines de 1968 y durante el año siguiente sus filas se incrementaron. En buena medida, este incremento se explica por la intensificación de la represión del Gobierno de Pacheco Areco, frente a la efervescencia de las organizaciones políticas y los movimientos sociales, fundamentalmente del movimiento sindical –con la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), creada en 1964, bajo liderazgo comunista– y del movimiento estudiantil.

Pero, como ya se ha dicho, no hay que descartar las particularidades del funcionamiento de la lógica política, más precisamente del sistema de partidos como factor crucial. En 1958, el Partido Nacional ganó las elecciones presidenciales por primera vez en casi cien años, inaugurando un cambio: la división, cada vez más pronunciada, del país entre izquierdas y derechas. No obstante, la centralidad partidaria –rasgo histórico de la cultura política uruguaya– no se erosionó. La fuerza de los partidos tradicionales logró acorralar a la izquierda tradicional (PS y PC), que en 1962 tuvo una paupérrima elección. En realidad, las fuerzas de izquierda tuvieron un estancamiento electoral progresivo, que algunos contemporáneos evaluaron como insalvable. Muchos análisis sostienen que la estrategia de la lucha armada fue abonada por quienes vieron clausurada la vía político-institucional. Asimismo, hay quienes sostienen también que la declaración de Tupamaros de adhesión al Frente Amplio en 1970 debe ser leída en una clave instrumental que se apropiaba de la histórica centralidad partidaria.

Con el golpe cívico militar que colocó al frente de la dictadura a Bordaberry, el Movimiento pasó por un proceso de revisión de la continuidad de la lucha armada y consideración de la formación de un partido. Al cabo de ese proceso, el MLN-T finalmente se dividió. Algunos de sus dirigentes optaron por la autocrítica, seguidos por varios de sus militantes ya exiliados en Argentina. Otros siguieron firmes en la postura inicial y estrecharon lazos de solidaridad con sus pares vecinos, hasta que en 1976 el golpe en Argentina significó la consolidación da las fuerzas dictatoriales en todo el Cono Sur.

La relación entre los movimientos revolucionarios de la década de 1960 y el sistema de partidos, y más precisamente, los partidos políticos, es una línea de investigación fértil. La comparación entre Uruguay y Brasil se impone. La creación del FA con sectores provenientes de la guerrilla tupamara y su creciente ascenso como fuerza política hasta llegar a ocupar el Ejecutivo invita a interpretaciones que contrasten este desarrollo con el del Partido dos Trabalhadores (PT) brasileño. El temprano fracaso militar de los guerrilleros brasileños (y el feroz éxito de las fuerzas reactivas de la dictadura y de su más sutil proyecto institucional) llevó a muchos de sus militantes a la incorporación en la política electoral que proponía la dictadura: el bipartidismo cuasi forzado del Movimento Democrático Brasileiro (MDB) y Aliança Renovadora Nacional (ARENA).

Los ex guerrilleros del MEP se integraron al PT (creado en 1979). Este, además, estaba presidido por un ex guerrillero rural, José Genoino, y contaba entre sus integrantes con Fernando Gabeira, militante del MR 8 y uno de los secuestradores del embajador norteamericano Charles Elbrik en 1969. De modo comparable a lo ocurrido en Uruguay, el PT estuvo formado con sectores provenientes de la guerrilla y tuvo un ascenso constante hasta su victoria electoral en 2002 con Inácio Lula da Silva en la presidencia. También, acota Tcach (2006), en el Partido Democrático Trabalhista (PDT), creado por Brizola en 1981. En este caso, sin embargo, se trata de un dirigente salido de la estructura de partidos creada durante el populismo varguista, que luego ensayó efímeramente un movimiento guerrillero, para finalmente volver a encauzar su acción en la contienda de partidos.

En Argentina, la primera experiencia guerrillera tuvo signo peronista: rural por su ámbito de acción y obrera por su composición, fue dirigida por el comandante Uturunco (Enrique Mena), vinculado a John William Cooke, figura prominente del ala combativa de ese movimiento y de la izquierda revolucionaria. Actuó brevemente en Tucumán, con alguna incursión en Santiago del Estero, entre septiembre de 1959 y enero-febrero de 1960, sin alcanzar un impacto político significativo y sin tener siquiera el apoyo de la conducción peronista (62).

Es importante tener en cuenta que la guerrilla surgió en Argentina como una inequívoca reacción a la conculcación del régimen democrático. El golpe de Estado de septiembre de 1955 no se contentó con derrocar a Perón: proscribió al mayoritario Partido Peronista (que estuvo proscripto durante 18 años) y prohibió nombrar a su líder y utilizar los símbolos partidarios, entre otras medidas represivas. La dictadura cívico-militar ejercida por la autodenominada Revolución Libertadora fue más allá de lo conocido hasta entonces en la apelación a la violencia física y simbólica contra los opositores. “Por sus prácticas represivas, la dictadura de 1955-1958 superó a las anteriores: los fusilamientos de militares y los asesinatos clandestinos de civiles de junio de 1956 fueron los sucesos con más resonancia pública de una larga serie que incluyó crímenes cometidos con fines políticos por agentes de los organismos de inteligencia, encarcelamientos masivos de obreros y sindicalistas y persecuciones generalizadas” (Sidicaro, 2004: 78). Incluso antes de triunfar, los golpistas, en un intento fallido de asesinar a Perón, en junio de 1955, bombardearon la Casa Rosada y la Plaza de Mayo con un terrible saldo de 350 muertos y 2.000 heridos.

Una digresión: la especificidad de la coyuntura argentina en la que surgieron las organizaciones político-militares debe ser tenida particularmente en cuenta. El sistema político del país se vio fuertemente alterado por la decisión de la dictadura de proscribir al peronismo. No solo porque creó condiciones contestatarias del nivel más alto, sino porque también pervirtió el sistema de partidos. La proscripción del Partido Peronista convirtió a los sindicatos obreros de esa orientación en la expresión organizativa mediante la cual se canalizaron las demandas y sentimientos de los partidarios de Perón. Así, en muchos casos, dirigentes sindicales devinieron verdaderos jefes políticos y en alguno de ellos –el del metalúrgico Augusto Vandor– se llegó incluso a poner en cuestión el propio liderazgo de Perón. La burocracia sindical dirigía organizaciones disciplinadas, con poderío económico y capacidad de movilización y de negociación. Tenía relaciones complejas y ambiguas con las Fuerzas Armadas, las cuales incluían tanto acuerdos y coincidencias como enfrentamientos. De hecho, según nuestra hipótesis, a partir de 1955 se constituyó en Argentina un sistema de partidos perverso: por un lado, el formal, constituido por las organizaciones políticas reconocidas legalmente y del cual, reiteramos, estaba excluida una fuerza popular y mayoritaria, lo cual le restaba legitimidad y capacidad de representación; por el otro, el informal, pero de acción decisiva, conformado por dos seudo partidos: el partido militar y el partido sindical (63). El primero tenía el apoyo de las asociaciones de interés de la burguesía y el capital imperialista; el segundo, el de la clase obrera. De esa manera, la lucha de clases se expresó en el plano político de manera atípica. Una de sus características fue la existencia de lo que Juan Carlos Portantiero (1989: 301) llamó una situación de empate hegemónico, es decir, una relación entre “fuerzas alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios”. Cuando la burocracia sindical (el partido sindical) fue objeto de cuestionamiento por sus posiciones claudicantes, acomodaticias, el espacio social para la acción de las organizaciones insurgentes, ya considerable por la señalada conculcación de la democracia, se amplió notoriamente. En ese contexto, la apelación a la violencia armada aparecía como la última ratio para romper con una dialéctica perversa, esto es, una situación de contradicciones sin solución. Cerramos la digresión.

A mediados de 1960 operó efímeramente, en el sur tucumano, un autotitulado Ejército de Liberación Nacional, sobre el cual es muy poco lo conocido. Más trascendencia, en cambio, tuvo el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), desbaratado en la fase preparatoria de un foco en Orán, en el norte argentino, en 1964. El EGP formaba parte de un proyecto del Che para iniciar un proceso revolucionario en Argentina. La cabeza visible fue el periodista Jorge Masetti, con nombre de guerra Comandante Segundo. Aunque alguna vez se especuló con la anfibología de Segundo –nombre de varón, número de orden en la jerarquía de mandos– no hay dudas de que seguía al Primero, Guevara, quien debió haberse sumado al grupo de no mediar su descalabro por la Gendarmería argentina (64).

La zona elegida para la instalación del foco del EGP atendía a condiciones geográficas físicas y sociales potencialmente favorables. Se trata de un área de montañas y selva, económico-social azucarera, con presencia de campesinos, en la provincia de Salta, vecina a Bolivia (país desde el cual ingresó el núcleo inicial) y Paraguay (65).

No obstante estos antecedentes, las principales organizaciones político-militares argentinas surgieron, como en Brasil, después del golpe de 1966, y su mayor presencia se dio durante el período 1970-1974, fundamentalmente con la estrategia de agudización del conflicto armado practicada por el ERP. La pluralidad de organizaciones revolucionarias creadas por entonces quedó finalmente reducida, en cuanto a extensión y capacidad de acción a dos grandes grupos: Montoneros y ERP. Montoneros contó entre sus primeros integrantes a jóvenes provenientes del catolicismo, aunque desde el comienzo se reivindicó como peronista, y terminó absorbiendo a otras organizaciones, entre las cuales la más importante fue Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de origen marxista. El ERP optó inicialmente por la guerra de guerrillas en el campo, operando en la provincia de Tucumán, donde las condiciones físicas (geografía de montaña y selva) y sociales (crisis de la economía del azúcar desde 1966) eran favorables.

No fueron esas las únicas organizaciones: otras surgieron antes o después, como parte de un movimiento amplio, descentralizado pero con objetivo unificador. Aunque produjeron hechos de cierto impacto, terminaron opacadas por el mayor desarrollo de Montoneros y ERP, cuando no absorbidas por ellas. Pueden mencionarse, entre otras, Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL), Movimiento Revolucionario Argentino (MRA), El Obrero, Vanguardia Comunista (VC), Organizaciones Armadas Peronistas (OAP), Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).

Tcach (2006: 126 y 126, n. 8) señala que, “[e]n contraste con los Tupamaros uruguayos –una guerrilla sin partido– y con el MIR chileno –un partido sin ejército–, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) fue fruto de la decisión de un congreso partidario, el quinto realizado por el PRT desde su fundación en 1965”. En ese Congreso, realizado en julio de 1970, el grupo guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), encabezado por Mario Roberto Santucho, formó el ERP. Cabe notar que sobre este punto Tcach sostiene que “el V Congreso fue el punto de partida de un creciente y claro alejamiento del trotskismo y de la IV Internacional. En este sentido, se equivoca Pilar Calveiro cuando caracteriza al PRT-ERP como guerrilla o grupo ‘trotskista’ reiteradas veces en su libro (por lo demás excelente), Política y/o Violencia. En rigor, el PRT rompió con la IV Internacional en 1973 […]; pero ya en los años precedentes la influencia de la Revolución Cubana y el guevarismo (redefinido en función de una sedicente adaptación a las condiciones del país) habían desplazado la influencia trotskista. […] Quizá la expresión más acertada para caracterizar al PRT-ERP sea la de ‘neoguevarismo’, porque asumía como central el legado del Che y la Revolución Cubana, pero lo redefinía –rechazo a la idea de una guerrilla sin partido y, por consiguiente, importancia de la fórmula organizativa partido, centralidad de la guerrilla urbana durante la etapa clave de su constitución– y lo hibridaba con otras influencias”.

A partir de 1970, el ERP protagonizó una seguidilla de operaciones militares de envergadura en el ámbito rural, y luego incursionó en la ciudad, pero en 1974-1975 su accionar culminó en sucesivas y decisivas derrotas (particularmente las de Catamarca, Villa María y Monte Chingolo) que desmantelaron fuertemente a la organización antes del golpe militar de marzo de 1976.

Comparativamente, Montoneros fue el grupo armado de mayor peso en el país. Según lo presenta Tcach, “[e]n contraste con el caso uruguayo, en Argentina la izquierda no suponía un peligro en términos electorales, pero las raíces de los Montoneros en la sociedad eran mucho más amplias y profundas que la de los Tupamaros –los primeros habían crecido inicialmente con el beneplácito del mayor líder carismático que tuvo la Argentina del siglo XX, Juan Perón– y la fuerza del movimiento obrero era considerablemente superior”.

Con la llegada a la presidencia de Héctor Cámpora en 1973, la lucha se intensificó aún más. El regreso de Perón, en junio de 1973, después de su largo exilio estuvo coronado por un acto que terminó en un violento y luctuoso enfrentamiento entre fuerzas divergentes dentro del propio movimiento peronista, acontecimiento conocido como “masacre de Ezeiza”. Tras la renuncia de Cámpora y su vice, Vicente Solano Lima, y el breve interinato de Raúl Lastiri, nuevas elecciones convirtieron a Perón y a su segunda esposa, María Estela Martínez, en mandatarios constitucionales. En julio de 1974, la muerte del líder sumó su peso a un escenario de violencia alentada también desde el Estado, por la acción de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), un aparato parapolicial creado y controlado por el secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social, el ex cabo de la policía José López Rega.

Recrudeció la violencia ejercida desde arriba, al tiempo que las acciones de los grupos armados fueron cada vez de mayor magnitud. Después de la muerte de Perón, Montoneros reforzó su lógica militar. Aunque hay que notar que en este caso, la decisión de retornar a la clandestinidad debilitó enormemente el movimiento popular sobre el que Montoneros se apoyaba.

Cuando en 1976 las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe, los movimientos guerrilleros estaban ya prácticamente desarticulados. Muy acertadamente, Ricardo Sidicaro (2006: 40; antes en 1996) se refiere a la dictadura de 1976-1983 como “refundación frustrada y contrarrevolución exitosa”, lo cual pone de relieve que mucho más que combatir la guerrilla ella procuró clausurar, de un modo inusitadamente feroz, un ciclo de efervescencia popular y revolucionaria iniciado durante la dictadura anterior (1966-1973). El objetivo frustrado fue establecer “un nuevo sistema de dominación estable que se suponía debía forjar un capitalismo dinámico y un nuevo sistema de partidos”.

En Chile, en contraste con Argentina, había una relativa estabilidad política, dada por unas fuerzas armadas poco proclives a quebrar la institucionalidad y unos partidos políticos arraigados como únicos intermediarios válidos entre la sociedad y el Estado. Claro que estas características también eran las de Uruguay, pero ya se ha visto cómo los años finales de 1950 indicaron un quiebre de sus tradiciones políticas. Del mismo modo, Brasil compartía con Chile la ausencia de golpes de Estado en su haber político, pero no hay que subestimar el poder de los militares desplegado en negociaciones que (hasta 1964) prescindieron del recurso del golpe de Estado.

Más allá de estas particularidades –que nos devuelven una vez más al examen de las condiciones históricas de las democracias y las dictaduras–, lo cierto es que en Chile el MIR no se constituyó como organización armada en el sentido estricto en que lo hicieron las otras organizaciones en el Cono Sur, sino que en su devenir privilegió la lógica política. Pese a su lenguaje, el MIR nunca pasó, en los hechos, a la política de la guerra. Cuando quiso hacerlo, ya era tarde: el general Augusto Pinochet se adelantó. No obstante, el MIR realizó numerosas acciones de propaganda armada, además de operativos, también armados, destinados a obtener fondos y armas (asaltos a bancos, armerías, supermercados, es decir, “expropiaciones revolucionarias”, una práctica común entre las organizaciones revolucionarias de la época).

El MIR se formó en 1965 sobre la base de un conjunto heterogéneo de organizaciones provenientes de la izquierda (el Partido Obrero Revolucionario, de orientación trotskista, la Vanguardia Revolucionaria Marxista, formada por ex militantes del PC y del PS, de orientación castrista, el Movimiento Revolucionario Comunista, de orientación maoísta y algunos ex militantes anarquistas). Según Goicovic (2007), “[e]l MIR se visualizaba como la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y de las capas oprimidas de Chile, a la vez que se concebía como el heredero histórico de las tradiciones revolucionarias chilenas”. Tal como sostiene el mismo autor, la organización apuntaba a la revolución socialista y a la insurrección popular armada, pero rechazaba tanto las visiones etapistas, que colocaban a las fuerzas democrático-burguesas en el centro, como la política de alianzas propuesta por la izquierda tradicional. En 1967, en el III Congreso del MIR, realizado en la ciudad de Santiago, la línea castrista liderada por Miguel Enríquez y otros resultó ser la predominante. Pero ella también ratificó el rechazo del foquismo en su versión original, sosteniendo, en cambio, la política de lucha armada asociada a la construcción de un partido de cuadros.

Dadas las condiciones existentes en el país, fundamentalmente la vía chilena al socialismo, el MIR se inclinó hacia la formación de frentes revolucionarios, más que a la estrategia del foco. Una vez concretado el golpe militar, se crea un frente político de resistencia para combatir a la dictadura. En virtud de la creación de “frentes intermedios” (Frente de Trabajadores Revolucionarios; Movimiento Universitario de Izquierda; Frente de Estudiantes Revolucionarios; Movimiento Campesino Revolucionario; Movimiento de Pobladores Revolucionarios), el MIR se destacó respecto de otros movimientos revolucionarios chilenos por su proyección nacional.

La llegada de Allende y la Unidad Popular (UP) al poder había creado condiciones propicias para organizar una retaguardia para los grupos insurgentes de América Latina. En 1972, tras una reunión celebrada en Santiago, con miembros del MIR, del PRT y del MLN Tupamaros se creó la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) a la cual en 1973 se sumó el ELN boliviano. Enseguida, como bien muestra Nercesian (2010), el golpe de Estado obligó a un cambio de rumbo, y a partir de 1974, la JCR trasladó su eje a Buenos Aires.

Goicovic (2007) afirma que, “a lo menos en la primera fase de la ofensiva represiva en el Cono Sur, el trabajo conjunto entre las organizaciones revolucionarias no se interrumpió. Por el contrario, el PRT asumió el liderazgo en esta fase y prestó ayuda y recursos a sus partidos hermanos, con el objetivo de que sortearan de manera más eficiente los embates represivos”. En efecto, la Junta funcionaba en Argentina y estaba formada fundamentalmente en torno al ERP, porque en aquel momento Argentina todavía vivía el (breve) interregno democrático y el ERP era la organización que contaba con mayor infraestructura económica.

Pero si los esfuerzos por consolidar una acción coordinada entre las principales fuerzas insurgentes del Cono Sur empezaban a tomar forma, también desde la derecha se estaba organizando la represión conjunta, fundamentalmente con la denominada Operación Cóndor, como veremos más adelante. A mediados de 1974, visitas mutuas de Pinochet y Stroessner afianzaron la cooperación en la represión. Mientras el plan represivo apoyado por Estados Unidos y la CIA lograba espeluznante solidez, la experiencia de la JCR se extinguía.

Seguramente, un hecho que contribuyó a fortalecer los lazos de solidaridad entre los movimientos insurgentes de los distintos países fue la fuga de los máximos jefes políticos de la guerrilla argentina (ERP y Montoneros), el 15 de agosto de 1972, desde el penal de Rawson, y la posterior ejecución de una parte de ellos en la base naval Almirante Zar de Trelew. Los que sobrevivieron se refugiaron en Chile, y luego, con el apoyo de Allende, tuvieron habilitada la salida a Cuba. Poco después, los golpes en Uruguay y Chile vinieron a fortalecer lazos ya existentes entre movimientos que encontraban refugio en la débil democracia argentina.

La desarticulación de la JCR se precipitó con la derrota político-militar del PRT-ERP. En febrero de 1975, el Operativo Independencia conducido por el Ejército contra las fuerzas insurgentes en Tucumán fue el principio del fin. A fines de ese año, el ERP intentó el copamiento del Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo, al sur de Buenos Aires. El fracaso, que constituyó una verdadera masacre, significó la derrota definitiva de la organización, confirmada por la muerte de Santucho en julio de 1976. Al año siguiente, el desmantelamiento de la JCR era un hecho.

La posibilidad de disponer de una fuerza militar de izquierda para oponer resistencia a las previsibles acciones militares de derecha no pudo concretarse en Chile con el MIR. Paradójicamente, el intento de construcción de una fuerza tal fue llevado adelante por el PCCh, históricamente opuesto a esa perspectiva. Ocurrió después de la caída del Gobierno de la UP, es decir, ya bajo la dictadura de las Fuerzas Armadas. En efecto, en 1974, en el seno del PCCh se revisó la postura anterior y se concluyó en la necesidad de apelar a la vía armada como opción legítima para derrotar a la dictadura. El desarrollo de la nueva política llevó a la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido, previo paso por la llamada perspectiva insurreccional o política de rebelión popular de masas. El objetivo era inequívoco: derrocar a la dictadura encabezada por Pinochet. El primer operativo (un apagón eléctrico que afectó la zona central del país) tuvo lugar en diciembre de 1983. Entre esta fecha y octubre de 1984 realizó 1.889 acciones, algunas de ellas de cierta envergadura. El FPMR contó con apoyo cubano, particularmente con un importante envío de armamento, almacenado en la caleta Carrizal Bajo, descubierto y parcialmente incautado en agosto de 1986 por la Central Nacional de Inteligencia (CNI), en buena medida por errores del propio Frente, por entonces con capacidad de financiamiento propio y autonomía respecto del PCCh, del cual se desvinculó definitivamente en 1987. La incautación de las armas, un fuerte golpe a la organización, se produjo muy poco antes del mayor operativo pergeñado: un atentado contra el propio Pinochet. Efectuado en septiembre, fracasó en su objetivo, aunque la mayoría de los frentistas involucrados en la operación lograron fugarse merced a errores de la CNI. Los detenidos se fugaron masivamente en 1990. En 1994, el presidente Patricio Aylwin decretó un indulto.

El fracaso de la Operación Siglo XX –tal el nombre del operativo para dar muerte al dictador– provocó una crisis en el interior del Frente, incluyendo un distanciamiento con el partido. La represión estatal también incidió en el debilitamiento de la capacidad de acción de la organización. En 1987 y 1988 se efectuaron acciones contra altos funcionarios de la dictadura y en octubre de este último año el Frente hizo un llamamiento a la “Guerra Patriótica Nacional”, mas en el operativo inicial, la toma del poblado de Los Queñes, murieron Raúl Pellegrini Friedmann, líder del grupo, y Cecilia Magni, pérdidas que dieron otro golpe a la organización.

Terminada la dictadura, el FPMR disminuyó sus acciones. Entre las resonantes se cuentan la muerte del senador Jaime Guzmán Errázuriz y el secuestro en 1991 de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario de derecha El Mercurio, ambos miembros de tradicionales familias oligárquicas. Después de estos hechos dejó de operar hasta diciembre de 1996, cuando en un espectacular operativo liberaron a cuatro de sus dirigentes presos en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Actualmente se encuentra desmovilizado.

En otros países, la insurgencia revolucionaria se desarrolló en zonas rurales. Esta fue la estrategia seguida en Colombia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Guatemala por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en El Salvador por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), con expresiones de guerrillas que venían de la década de 1960.

Las Ligas Camponesas, la guerrilla que no fue

Las Ligas Camponesas ya se habían formado en las décadas de 1930 y 1940 como parte de la acción del PCB en el campo, pero ellas no prosperaron (66). El mismo partido creó en 1954 la União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB), una coordinadora de las acciones de las asociaciones de trabajadores rurales afines a sus posiciones (67). Poco después, el gobernador de Rio de Grande do Sul, el trabalhista Leonel Brizola, apoyó la constitución del Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER), una entidad que reunía a 100.000 campesinos del estado, y avanzó algo más al expropiar y repartir tierras en las cercanías de la ciudad de Pelotas. En otros estados (caso de Goiás, Paraná, São Paulo), sus gobernadores impulsaron leyes que permitieron a los mismos recuperar tierras para su posterior distribución entre campesinos sin ellas. Fueron años de huelgas, ocupaciones de tierras y creciente demanda de reforma agraria.

La primera y más importante de las organizaciones surgidas en el Nordeste en los años cincuenta se constituyó en el ingenio azucarero Galiléia, en el municipio pernambucano de Vitoria de Santo Antão, no muy lejos de la capital estadual, Recife, en enero de 1955. Los campesinos foreiros –que reclamaban la presencia de una maestra para educar a sus hijos– fueron amenazados de expulsión de las tierras que arrendaban por el absentista dueño del establecimiento. Para defenderse formaron la Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco (SAPPP), bajo la forma de una asociación civil de beneficencia y auxilio mutuo que, en lo inmediato, permitiera fundar una escuela y constituir un fondo de dinero para costear los ataúdes de los muchos niños que morían por las pésimas condiciones de vida existentes.

Los objetivos no apuntaban directamente al dueño del ingenio, tanto que lo nombraron presidente honorario de la SAPPP, cargo al que luego renunció cuando otros latifundistas le imputaron introducir el comunismo al aceptar la organización de los campesinos. El senhor do engenho reclamó la disolución de la Sociedad e inició acciones para impedir su funcionamiento. La resistencia de los campesinos dio inicio a una lucha rápidamente extendida merced a la constitución de otras asociaciones similares a la del Galiléia, a las cuales los medios de comunicación llamaron Ligas, por entenderlas una continuación de las surgidas en las décadas precedentes.

La opción por la forma sociedad civil, propugnada por el abogado de las Ligas, Francisco Julião, aparecía como una solución más práctica y rápida que la del sindicato. La sindicalización de los trabajadores estaba autorizada por la Consolidação das Leis do Traballho, de 1943, aunque su vigencia en el ámbito rural fue prácticamente nula, pero la creación y la legalización de un sindicato dependía de un complicado procedimiento que, finalmente, dejaba la decisión en manos del Ministerio de Trabajo, el cual, por otra parte, lo subordinaba a su política.

En agosto de 1955 se realizó en Recife el Congresso de Salvação do Nordeste, un encuentro masivo (más de 2.000 personas) con representantes del gobierno, legisladores, la industria, el comercio, los sindicatos, la SAPPP, estudiantes universitarios y profesionales, dedicados a debatir, por primera vez en la historia del país, los principales problemas socioeconómicos del Nordeste. El mes siguiente se reunió el Primeiro Congresso de Camponeses de Pernambuco, una iniciativa de Josué de Castro. A partir de allí, la organización de los campesinos se expandió por buena parte del país. Así, a comienzos de la década de 1960, había Ligas en los estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Guanabara, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Acre e incluso el por entonces muy reciente Distrito Federal, es decir, Brasília, la nueva capital nacional. A comienzos de 1964 se formó la Federação das Ligas Camponesas de Pernambuco, que contaba con unos 40.000 afiliados. A estos se sumaban los casi 30.000 de Acre, Brasília, Rio Grande do Norte y Paraíba, donde se encontraba, en Sapé, el núcleo más importante (unos 10.000 campesinos afiliados), acrecentado, según algunas fuentes, tras el asesinato, por parte de un terrateniente, del principal dirigente estadual, João Pedro Teixeira.

Las Ligas combinaron, inicialmente, las luchas gremiales con las luchas políticas por la vía electoral, y en el límite, por la armada. Las primeras se desarrollaron en dos planos: el de la apelación a los instrumentos legales y jurídicos disponibles, y el clásico de las protestas y acciones reivindicativas. Sin duda, la articulación entre la lucha sindical y la lucha política se condensa en la figura de Francisco Julião Arruda de Paula, un abogado de Recife ya conocido desde 1945 por su defensa de los campesinos y los trabajadores rurales. Julião era también diputado (estadual, y luego, en 1962, federal) por el Partido Socialista Brasileiro (PSB), hecho que permitía amplificar las demandas de los campesinos (68).

En el plano de las luchas gremiales, la acción de las Ligas se vio afectada por la promulgación del Estatuto do Trabalhador Rural por el gobierno de João Goulart (ley 4.214, de marzo de 1963) –la primera norma legal regulatoria del trabajo rural–. La ley permitió la sindicalización, constituyendo la forma sindicato una organización con mayores institucionalización y capacidad de acción que las Ligas, incluso con las limitaciones que la norma fijó para el funcionamiento de la organización sindical (que podía ser de los empleadores o de los empleados), entre las cuales se contaban las referidas a las actividades político-partidarias, pero también la disposición que hacía de los sindicatos órganos de colaboración con los poderes públicos en el desarrollo de la solidaridad social. Por otra parte, se les reconocía a los trabajadores rurales –considerándose tales a todas las personas físicas que prestasen servicios a un empleador, en predio rural o rústico, y recibiesen por su trabajo un salario en dinero, in natura o mediante una combinación de ambas formas de pago– un conjunto de derechos que mejoraban sus condiciones de trabajo y de vida.

Parece clara la correlación positiva entre la promulgación del Estatuto y la previa decisión tomada por el I Congresso de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (Belo Horizonte, noviembre de 1961) de rehusar alianzas con el gobierno del presidente Goulart –que estuvo presente en el encuentro– y reclamar una “reforma agrária na lei o na marra” (por la ley o por la fuerza). La postura de las Ligas de no colaboración con el Estado puso a las mismas en el plano de la política y, sobre todo, en el de la confrontación político-ideológica sobre la cuestión agraria y, en particular, sobre la cuestión de los campesinos, al tiempo que los sindicatos prohijados por el Estado comenzaron a recibir beneficios que se les negaban a las Ligas.

Las luchas por la tutela política del campesinado tuvieron varios protagonistas, comenzando por dos de decisiva influencia: el Partido Comunista y la Iglesia Católica. En 1950 la Iglesia Católica dio a conocer, a través de Dom Inocêncio Engelke, obispo de Campanha (Minas Gerais), su primera pastoral sobre la cuestión agraria en el país. A diferencia de los comunistas, que pasaron a la acción en Trombas y Formoso (la victoriosa guerrilla de campesinos sin tierra del norte del estado de Goiás, 1950-1957), la Iglesia tardó en hacer visible su accionar en el campo, donde propiciaron la creación y consolidación de sindicatos, sobre todo después de 1962, mientras el PCB apuntaba a organizar federaciones y confederaciones. En otros términos, la Iglesia perseguía ganar las bases, el PCB, las cúpulas. La ya señalada creación de la ULTAB fue parte de la estrategia de los comunistas al respecto.

En ese contexto, las Ligas Camponesas surgieron como una forma disidente, aunque inicialmente apoyadas por el PCB, que luego las combatió como parte de un nuevo viraje (dispuesto por el V Congreso, en 1960) que mudó su orden de prelación, de los campesinos a los trabajadores y, por tanto de las Ligas a los sindicatos. Las Ligas preconizaban una revolución campesina, mientras el PCB sostenía la estrategia de coexistencia pacífica con la burguesía con miras a una revolución democrático-burguesa (Martins, 1981: 78).

Según José de Souza Martins (1981: 81), el PCB y la Iglesia Católica fueron organizaciones decisivas en “el despertar político” del campesinado, siendo ambas “una fuerza propulsora y, probablemente, un límite”. Ellas no se oponían a la colaboración de los sindicatos con el Estado. Una y otro terminaron confluyendo en la creación de la Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), en 1963.

Un cuarto protagonista se sumó a la confrontación: el propio presidente Goulart, dispuesto a la lid por el control político del movimiento campesino. El mencionado Estatuto de 1963 fue uno de los instrumentos que utilizó. El otro llegó tarde: el 13 de marzo de 1964, Goulart firmó un decreto que dispuso la desapropiación, a efectos de llevar adelante una reforma agraria, de las tierras ubicadas en una franja de diez kilómetros a lo largo de construcciones estatales como vías férreas, rutas camineras y lagos de represas. Dos días después envió al Congreso una serie de medidas que debían “atender a las viejas y justas aspiraciones de la población”. El 31 comenzó el golpe que instauró la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, la cual reemplazó las medidas reformistas con su propia propuesta: el Estatuto da Terra (ley 4.504, 30 de noviembre de 1964).

El proceso de politización de los miembros de las Ligas en los primeros años de la década de 1960 llevó, por un lado, a que grupos de campesinos las abandonaran para afiliarse a los sindicatos, y por el otro a radicalizar aún más las posiciones. Se pasó de la autonomía frente al Estado y los gobiernos (claramente perceptible en la postura abstencionista en ocasión del plebiscito por la restitución del presidencialismo en enero de 1963, y en la mantenida ante Miguel Arraes, un gobernador claramente favorable a las Ligas), pero manteniéndose en los márgenes del sistema, a la lucha armada, particularmente después del fallido intento de constituir, en 1962, un partido propio, el Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), concebido como paso inicial de la lucha.

La radicalización en el interior de las Ligas suele asociarse a las dos visitas que Julião realizó a la Cuba revolucionaria (la primera de ellas en 1960, como miembro de la comitiva oficial que acompañó al presidente Quadros). Este proceso entró en tensión con las tesis del PCB aprobadas en el V Congreso, esto es, la revolución por etapas y la posibilidad de sumar a posiciones nacionalistas y a la lucha antiimperialista a los sectores terratenientes con intereses no vinculados al capital norteamericano. Para el PCB, la tarea principal en el trabajo de masas debía ser el fortalecimiento de la unidad y la organización de la clase obrera en pos de su papel dirigente en la lucha democrática y antiimperialista. De allí que en la alianza obrero-campesina la organización de sindicatos de asalariados y semi asalariados fuese considerada más importante que la de los campesinos. En cambio, para Julião y los militantes comunistas vinculados a las Ligas –integrantes del grupo llamado “anti partido”, derrotado en el V Congreso– los campesinos eran la principal fuerza revolucionaria en el campo.

Cuba dio un sustancial apoyo a la guerrilla, que surgía en el ámbito rural y bajo un gobierno constitucional –a diferencia de la posterior, urbana y en situación de dictadura–, en un contexto de radicalización campesina y de fuertes combates políticos e ideológicos por la dirección del campesinado y la definición de su programa de acción –enfrentamiento, para decirlo una vez, más en el que participaban visiblemente el PCB, la Iglesia Católica, las Ligas y el gobierno trabalhista de Goulart–. Decimos visiblemente porque, como veremos de inmediato, había otros sujetos que, calladamente, se preparaban para decir –y hacer– lo suyo.

Uno de los dirigentes que recibió –junto a otros once miembros de las Ligas– entrenamiento militar en Cuba fue Clodomir Santos de Morais, responsable de la instalación de un foco guerrillero en Dianópolis, en el estado de Goiás, desactivado rápidamente por el ejército en 1963, al igual que otros campos de entrenamiento local establecidos en fazendas compradas a tal efecto en los estados de Acre, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul.

A fines de 1962, en un oscuro accidente, un avión de Varig, la principal compañía aérea de Brasil, cayó sobre territorio peruano. Entre los pasajeros muertos se encontraban los miembros de la delegación de Cuba que se dirigían a una reunión de la FAO en Rio de Janeiro. Uno de ellos portaba tres cartas sobre los preparativos insurreccionales de las Ligas Camponesas y su organización clandestina, el MRT. La revelación fue muy bien aprovechada por la derecha, enfrentada ferozmente con Goulart, y por el PCB, cuyo secretario general, el mítico Luiz Carlos Prestes, viajó a Cuba, después de entrevistarse en Moscú con el primer ministro soviético, Nikita Kruschev, para reprocharle a Fidel Castro el apoyo dado a los militantes de las Ligas para crear una guerrilla, “diciéndole que tales métodos, preconizados en la Segunda Declaración de La Habana, estaban dividiendo y perjudicando a la izquierda” en Brasil (Moniz Bandeira, 2008a: 427). Prestes y el PCB estaban convencidos de la posibilidad de un frente único con inclusión de la burguesía.

En 1963 comenzó una fase de profunda crisis para las Ligas, generada por las disensiones político-ideológicas internas y la pérdida de la dirección del movimiento social agrario frente a los sindicatos controlados por los comunistas y sectores de la Iglesia, en consonancia con la acción del Estado. Fue entonces, en octubre de 1963 cuando, en la Conferencia de Recife, se adoptaron decisiones muy importantes, a la postre inoperantes por el desarrollo de la situación política: adopción del nombre Ligas Camponesas do Brasil, con una nueva estructura orgánica que establecía y articulaba dos frentes: la Organização de Massas y la Organização Política.

La acción represiva sobre la guerrilla en gestación y el golpe de Estado de 1964 terminaron con las Ligas, mas no con el problema agrario, ni siquiera con todos los militantes. Muchos de los liguistas fueron parte de las nuevas organizaciones político-militares surgidas para enfrentar a la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas.

¿Situaciones revolucionarias sin cambio revolucionario? La revolución sandinista en Nicaragua y la guerra civil en El Salvador

Contemporáneamente a Guatemala (caso que trataremos a propósito de su dictadura genocida), en América Central otros dos países se destacaron por situaciones de violencia generalizada: Nicaragua y El Salvador. Pero aquí se trata de alzamientos armados y de avance del terrorismo estatal sin por ello derivar en una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas. Solo en Nicaragua hubo un proceso revolucionario, que si fracasó en términos políticos, ciertamente introdujo una serie de transformaciones sociales significativas. En El Salvador, la situación revolucionaria se expresó más como una articulación de “conflictos violentos”. Torres-Rivas (2004) reúne estas dos experiencias (y la de Guatemala, que veremos más adelante) bajo la categoría “revoluciones sin cambios revolucionarios”, que aquí desarrollamos introduciendo algunos matices y precisiones.

Tres elementos estaban en la base de la convulsión social de las décadas de 1960 y 1970: la demanda de democracia política, la reivindicación de justicia social y el reclamo por la tierra. Si bien estos elementos estuvieron largamente presentes en las sociedades centroamericanas, la opción por la lucha armada tomó forma solo a partir de 1960, cuando la Revolución Cubana y la exacerbación de la violencia estatal, con el apoyo norteamericano a los ejércitos nacionales, tensaron las relaciones sociales y polarizaron las opciones político-ideológicas. Esto coincidió, además, con una profundización de la modernización capitalista que afectó a la agricultura de exportación y tuvo por efecto el crecimiento y la diversificación de ese sector. La expansión de la frontera agrícola significó para los campesinos el aumento de las expropiaciones y de la pobreza. A fines de 1960, se firmó el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, con lo cual se intensificó también el crecimiento industrial, hasta entonces casi nulo. El proceso estuvo dirigido desde el Estado y recibió enormes aportes de inversión extranjera. En este plano, el socio-económico, también se produjo una progresiva polarización.

En este contexto, las demandas históricas señaladas más arriba tomaron forma principalmente entre los grupos de clase media urbana que acompañaron el proceso de industrialización: estudiantes, profesionales, maestros, oficiales del ejército, religiosos, entre otros. En la medida que los Gobiernos militares exacerbaron su autoritarismo con el pretendido argumento de perseguir al comunismo, los débiles Estados centroamericanos se convirtieron en Estados terroristas. Del otro lado, los movimientos sociales que bregaban por el fin de la oligarquía fueron agotando las vías legales y pacíficas de expresión de sus reclamos y la opción por la lucha armada empezó a delinearse con más forma, y “el descontento popular se transformó en guerrilla” (Torres-Rivas, 2004).

El movimiento guerrillero surgió como expresión de un grupo de estudiantes radicalizados, del descontento popular profundo y generalizado, del deterioro de los instrumentos de negociación y control del Estado, y de la debilidad histórica de posiciones políticas no extremas (ni de derecha, ni de izquierda). En los dos países (al que se suma Guatemala), el objetivo de los grupos armados era la toma del poder y la construcción de un nuevo Estado y una nueva sociedad. El proyecto era antiautoritario antes que socialista –una tendencia esta difusamente expresada por los movimientos revolucionarios en los dos países–. De hecho, Torres-Rivas (2004: 291) argumenta que “la ayuda cubana adoptó modalidades materiales multiformes: entrenamiento, armas, dinero, asistencia técnica, apoyos políticos, dirección militar. La cooperación de la Unión Soviética fue mínima. No tuvieron nunca simpatía por el hecho guerrillero en el traspatio norteamericano salvo la ayuda económica que dieron al régimen sandinista y alguna forma indirecta de asistencia militar. La victoria sandinista fue una derrota a los Estados Unidos pero no un éxito soviético”.

En Nicaragua, el imperialismo tuvo una fuerte impronta. El país recibió presiones para firmar una concesión canalera permanente (por el pacto Bryan-Chamorro) y estuvo ocupado por marines norteamericanos por un largo tiempo (desde 1909 hasta 1933). La lucha contra una dominación oligárquica precariamente constituida por efecto de la penetración imperialista se desencadenó más violentamente hacia la década de 1970. La revolución nicaragüense fue en este sentido una revolución antisomocista y antiimperialista.

Después de la muerte del primer Somoza, asumió brevemente la presidencia su hijo Luis, y finalmente, en 1967, llegó al poder Anastasio “Tachito” Somoza Debayle, hijo del primer Anastasio y hermano de Luis. Los tres gobernaron aplicando el principio de las tres P: plata para los amigos; palos para los vacilantes; plomo para los enemigos. Hacia 1970, la crisis política detonó diversas fuerzas de resistencia a la dictadura: las fuerzas políticas tradicionales, esto es, el Partido Conservador y los grupos de izquierda. A esto debe sumarse el vuelco de la opinión pública contra el somocismo por las secuelas de los desastres generados por el terremoto de diciembre de 1972, que destruyó la ciudad de Managua.

En mayo de 1972, Anastasio Somoza hijo se alejó formalmente de la presidencia, con el objetivo de postularse para su reelección, para lo cual se autodesignó presidente del Comité Nacional de Emergencia. Desde allí continuó dirigiendo los asuntos del país de un modo tal que la corrupción se volvió escandalosa. “Tachito” Somoza administró inescrupulosamente la cuantiosa ayuda internacional que Nicaragua recibía de Estados Unidos para combatir a las fuerzas insurgentes. La corrupción extendida y la represión, que también se intensificó, arrojaron a la burguesía a la oposición conspirativa.

La lucha armada surgió en Nicaragua antes del triunfo del M 26 en Cuba, pero es claro que la revolución potenció la resistencia nicaragüense. En julio de 1961, Tomás Borge, Carlos Fonseca Amador (quien morirá en combate en 1976), Silvio Mayorga Delgado (muerto en 1967 en una emboscada), Santos López (veterano del ejército de Sandino y adiestrador militar de sus herederos, muerto en 1965 en La Habana), Germán Pomares Ordoñez (caído en combate en 1979, poco antes del triunfo) y otros formaron el Frente de Liberación Nacional, que desde 1963, por empeño de Fonseca, pasó a denominarse Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Aportantes fundamentales de la organización fueron los estudiantes. En la lucha, muchos de sus militantes y dirigentes fueron muertos por las fuerzas del régimen, por lo cual, especialmente después de la derrota de Pancasán, en noviembre de 1967, el FSLN redefinió su estrategia, pero –pese a acciones espectaculares, como la toma de rehenes de diplomáticos y políticos– no logró avances significativos, situación que se tradujo en tensiones internas y en reveses militares, sobre todo en 1975-1976.

En ese contexto se produjo, en 1976, la fractura del FSLN en tres tendencias: la de la Guerra Popular Prolongada (GPP), la Proletaria y la Insurreccional o Tercerista. La Tendencia de la Guerra Popular Prolongada (Tomás Borge, Pedro Arauz Palacios, Carlos Agüero Echeverría y, en general, los marxistas más antiguos del FSLN, como Fonseca) preconizaba acumular fuerzas en el campo, donde actuaban focos guerrilleros, particularmente en el noreste del país, área de campesinos pobres; entendían, pues, que la toma del poder iba desde las guerrillas campesinas hasta el cerco a las ciudades. Predominante hasta 1975, los reveses militares llevaron a su cuestionamiento. Así surgió la Tendencia Proletaria (dirigida por Jaime Wheelock Román, Luis Carrión y Carlos Roberto Huembes), constituida por intelectuales y cuadros provenientes de los colegios católicos de clase media. Era proclive a crear un partido de trabajadores –considerados vanguardia de la revolución– antes que una estructura militar, y operaba sobre todo en las ciudades. Planteaba la revolución por etapas, la primera de las cuales tenía como tarea fundamental el aislamiento de la dictadura, lo cual incluía la alianza con otras clases sociales. La Tendencia Insurreccional o Tercerista (dentro de la cual se encontraban Eduardo Contreras, Víctor Tirado, los hermanos Humberto, Daniel y Camilo Ortega Saavedra, Plutarco Elías Hernández y Sergio Ramírez Mercado) bregaba por la reunificación del Frente, sin mengua de calificar de “dogmáticos y sectarios” a los miembros de la primera tendencia, y de “teoricistas” a los de la segunda. De allí la generación de su propia propuesta estratégica: lucha insurreccional en las ciudades basada en el movimiento de masas y amplia alianza con la burguesía antisomocista para terminar con la dictadura (punto en el cual coincidían con los “proletarios”). Los terceristas se afirmaron sobre una ancha base social que incluía a profesionales, empresarios, sacerdotes, políticos y, particularmente, a los jóvenes de las diferentes clases, incluso los de los barrios marginales y de la clase media empobrecida, coherente con el énfasis puesto en la lucha militar en los centros urbanos, de la cual fueron notables casos los ataques a los cuarteles de la Guardia Nacional en Masaya, Ocotal y Río San Juan, en septiembre de 1977, en coincidencia con la virtual derrota militar en las montañas, acompañada de la pasividad y defensiva políticas en el plano nacional, entendidas como explícito fracaso de la estrategia de la tendencia de la guerra popular prolongada. Un punto importante de diferencia era la caracterización del enemigo principal: la burguesía y el imperialismo para los partidarios de la GPP, la dictadura somocista y su Guardia Nacional, para las otras dos fracciones.

A fines de 1974 se creó la Unión Democrática de Liberación (UDEL), una heterogénea alianza de disidentes del somocismo, empresarios y sectores de la clase obrera (débil, por otra parte), dirigida por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director del diario La Prensa y dirigente de la Acción Nacional Conservadora, miembro de una familia tradicional que había dado cinco presidentes al país. Las organizaciones sindicales participantes eran la CGT y la CNT, y las agrupaciones políticas Partidos Social Cristiano, Liberal Independiente (una organización de centro-derecha constituida en 1944 como disidencia del Partido Liberal somocista) y Socialista Nicaragüense (comunistas), Acción Nacional Conservadora, Movimiento Constitucionalista y las recientes Movilización Nacional y Salvaguardia Nacional. La alianza era, básicamente, la expresión política de la burguesía, posicionada –excepto la fracción financiera (grupos Banic y Banamérica)– si no en la oposición franca al dictador, al menos diferenciada de él.

En agosto de 1977, UDEL dio a conocer un pronunciamiento en el que planteaba la contradicción democracia o dictadura como la disyuntiva histórica del país en esa coyuntura, y reclamaba cinco medidas imprescindibles para el proceso democratizador: 1) levantamiento del estado de sitio y de la censura a los medios de comunicación; 2) vigencia efectiva de la libertad de organización política y sindical; 3) designación de un jefe de la Guardia Nacional ajeno a la familia Somoza y con suficientes méritos profesionales y de servicios para asegurar un cuerpo profesionalista y apolítico; 4) establecimiento de un orden jurídico pluralista en lo político y favorecedor de la participación ciudadana en la generación de los poderes públicos; y 5) amnistía e indulto general para los presos políticos y exiliados.

En 1977, cuando la crisis política se agudizaba, el FSLN comenzó a recuperarse de los reveses del bienio anterior. En mayo, se creó el Grupo de los Doce, pensado como el primer Gobierno Revolucionario tras la caída de Somoza y la Guardia Nacional. “Para algunos asistentes [rememora Ramírez, 1999: 89-90] resultaba una sorpresa formar parte de la misma conspiración, sobre todo para quienes eran parte del alto mando de la empresa privada y las finanzas de Nicaragua”. El grupo inicial estaba constituido por Felipe Mántica Abauza (industrial y dueño de una cadena de supermercados), Joaquín Cuadro Chamorro (abogado del Banco de América, de la familia Pellas, llamado el “banco conservador”, por su filiación política) y de la Nicaragua Sugar State, miembro de una de las familias más tradicionales de Granada, Emiliano Baltadono Pallais (exportador e industrial cafetero), Ricardo Coronel Kautz (ingeniero agrónomo en un ingenio azucarero), Miguel de Escoto Borckman (sacerdote, secretario de comunicaciones del Consejo Mundial de Iglesias), Eduardo “Tito” Castillo (abogado) y Sergio Ramírez (escritor y abogado). Fernando Cardenal Martínez (sacerdote jesuita) estuvo ausente por su imposibilidad de salir de Nicaragua. Después se sumaron Carlos Tummermann Berhein (ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), Arturo Cruz Porras (economista, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington), Carlos Gutiérrez Sotelo (dentista exiliado en México) y Casimiro Sotelo Rodríguez (arquitecto). En una segunda reunión, en Cuernavaca (julio de 1977), quedó constituido el Gobierno Revolucionario y se aprobó el borrador de su programa de cinco puntos: 1) régimen democrático de libertades públicas; 2) abolición de la Guardia Nacional y su reemplazo por un nuevo ejército nacional; 3) expropiación de todos los bienes de la familia Somoza y sus allegados; 4) transformación del régimen de propiedad, comenzando por el de la tierra (reforma agraria), hacia un sistema de economía mixta; y 5) política internacional junto a los países no alineados. En lo medular, este programa se mantuvo hasta la toma del poder (Ramírez, 1999: 92).

El Grupo de los Doce alcanzó prestigio interno y externo, contribuyendo a socavar los apoyos o la indiferencia de terceros países ante Somoza. Por sobre todas las cosas, el Grupo –un acierto estratégico de los terceristas– fue el fautor de la unidad de las fuerzas antidictatoriales, “lo suficientemente amplia para incorporar a diferentes grupos políticos, lo suficientemente radical como para no permitir un acercamiento a la dictadura” (Mires, 1988: 419).

El asesinato de Chamorro, en enero de 1978, amplió el frente antidictatorial y potenció el accionar del Frente Amplio de Oposición (FAO), constituido en julio de ese año. Lo integraban UDEL, el novel Movimiento Democrático Nacional (MDN) –creado por Alfonso Robelo, reuniendo a empresarios, ejecutivos y grandes agricultores y que se autodefinía como socialdemócrata– y Los Doce. El crimen de Chamorro –al que no fue ajeno Anastasio “el Chigüín” Somoza Portocarrero, un psicópata, mayor de la Guardia Nacional y, sobre todo, hijo y heredero del dictador– provocó la ruptura definitiva de la burguesía no somocista con “Tachito”, incluyendo la opción por la lucha armada. Al mismo tiempo, el asesinato también generó una reacción popular, espontánea y violenta, contra Somoza y la Guardia Nacional.

En esa coyuntura, el FSLN mostró una notable capacidad para dirigir exitosamente la ofensiva: tomas de iglesias, huelgas, mitines, manifestaciones, combates callejeros en las ciudades y guerrilleros en el campo, sublevaciones de distinto alcance (Lozano, 1985: 16-17). La estrategia combinada de insurrecciones urbanas y guerrillas campesinas debilitó el poder del dictador. En agosto de ese año, un comando de 25 hombres del FSLN tomó el Palacio Legislativo, apresó a todos los diputados somocistas y varios familiares del dictador, además de otras personas que estaban en el lugar (el número inicial de rehenes fue de 3.000). El operativo, dirigido por Edén Pastora (“Comandante Cero”), escudado por Hugo Torres (“Comandante Uno”) y Dora María Téllez (“Comandante Dos” y responsable política de la operación), provocó un gran impacto. No solo obligó a Somoza a liberar a sesenta presos sandinistas (entre ellos Borge), sino también a pagar medio millón de dólares al Frente y a publicar manifiestos de este. En la ocasión, monseñor Miguel Obando y Bravo, arzobispo de Managua, ofició de mediador. A partir de septiembre, la crisis, ya severa, se tornó irreversible (Lozano, 1985: 89).

Ese mes se produjo una importante insurrección popular que, a juicio de Lucrecia Lozano (1985: 234), mostró “la plena madurez de las condiciones objetivas de la situación revolucionaria […]: exacerbación de la crisis política de la dictadura […], profundización y generalización de la lucha revolucionaria de las masas y agudización de la crisis económica”, con su secuela de agravamiento de las condiciones de vida. El levantamiento de septiembre de 1978 no produjo la caída de la dictadura por varios factores, entre los cuales cuenta, según la autora, “la insuficiente experiencia de las masas en la lucha insurreccional, la necesidad, por parte del sandinismo, de perfeccionar su capacidad técnico-militar y –el principal– la división” de las fuerzas revolucionarias.

De ahí en más, la situación revolucionaria fue inclinando la correlación de fuerzas a favor de los revolucionarios, tanto en el plano técnico-militar como en el político-militar. En diciembre se produjo un nuevo ascenso de las luchas populares, expresado en marchas y movilizaciones de protesta contra la represión y la carestía, tomas de iglesias (en una de ellas, en León, la Guardia Nacional penetró en el templo y asesinó a 7 jóvenes), huelgas de hambre, paros estudiantiles, huelgas sindicales. Esta vez, las protestas, por un lado, tuvieron un mayor nivel de violencia y, por otro, acompañaron la intensificación de las acciones militares del Frente. La burguesía opositora, por su parte, decidió boicotear el pago de nuevos impuestos dispuestos por la dictadura, acción que contribuyó a agudizar la crisis fiscal, que se sumó a la descapitalización por fuga de divisas. La economía se deprimió, incrementándose así la conflictividad social (Lozano, 1985: 239 y 247-248).

También en diciembre, las tres fracciones en que se había dividido el FSLN firmaron compromisos de acción unitaria. El 7 de marzo siguiente, en Panamá (tras un acuerdo básico en La Habana, patrocinado por Castro), acordaron constituir una Dirección Nacional unificada –integrada por nueve comandantes, tres por cada tendencia– y dirigir la ofensiva final. Así, el FSLN superó el fraccionalismo y supo articular y llevar adelante, a la vanguardia del proceso revolucionario –al igual que el M 26 en Cuba–, una alianza de fuerzas opositoras a la dictadura, sobre la base de una “extrema diplomacia y flexibilidad en la relación con la oposición” (Mires, 1988: 418).

En febrero de 1979, a instancias del FSLN, se constituyó el Frente Patriótico Nacional (FPN), integrado, además, por el Movimiento Pueblo Unido (MPU) –un reciente “producto del trabajo subterráneo realizado desde hacía tres años por la tendencia ‘proletaria’ del Frente”, que agrupaba a 24 organizaciones políticas y sindicales de izquierda, incluyendo al Movimiento de Mujeres Nicaragüenses y a asociaciones estudiantiles, docentes y de oficinistas (Rouquié, 1994b: 179)–, el Partido Popular Social Cristiano, Los Doce, el Partido Liberal Independiente, la Confederación de Trabajadores de Nicaragua, el Frente Obrero y el Sindicato de Radioperiodistas de Managua. Como bien acota Lozano, su creación fue expresión de la estrategia sandinista de “sumar y multiplicar fuerzas y no restar”. En el documento constitutivo, planteaban como principios la soberanía nacional; la democracia efectiva y la justicia; y el progreso social. También acordaron oponerse a todo intento de intromisión extranjera.

Entre marzo y el 4 de junio de 1979, la situación revolucionaria avanzó hacia su desenlace. Tres hechos fueron relevantes: la ofensiva militar del FSLN a escala nacional; la intensificación de las movilizaciones y las luchas populares; y el agravamiento de la crisis, que acentuó el aislamiento de la dictadura (Lozano, 1985: 251). Papel importante en la coyuntura fue el de Radio Sandino, emisora oficial del Frente, clave para neutralizar la propaganda y la desinformación de la dictadura. En las acciones bélicas, que mostraron el progresivo avance guerrillero del campo hacia las ciudades, fue importante el operativo desarrollado por el Frente Sur, con la toma simultánea de Rivas y El Naranjo, el 28 de mayo, compensando el desastre guerrillero en Nueva Guinea y la muerte del estado mayor en León. A partir de allí, la guerra devino de posiciones y convencional. Simultáneamente, el FPN intensificaba las acciones político-organizativas y la solidaridad internacional con los insurgentes aislaba aún más a Somoza. Es que, en efecto, el Frente supo utilizar el campo de la política internacional: el 15 de junio anunció en San José de Costa Rica la composición políticamente plural de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, con tres sandinistas: Daniel Ortega (FSLN), Moisés Hassán (Movimiento Pueblo Unido y Frente Patriótico Nacional), Sergio Ramírez (Grupo de los Doce), más Violeta Barrios de Chamorro (viuda del asesinado director de La Prensa) (UDEL) y Alfonso Robelo (presidente del Movimiento Democrático Nicaragüense y dirigente del FAO). El 18 se hizo público el Programa de Gobierno.

La corriente internacional antisomocista abarcó desde el apoyo de los Gobiernos de Costa Rica (Mario Echandi Jiménez), Panamá (Omar Torrijos), Venezuela (Carlos Andrés Pérez), incrementado con la decisión de la Internacional Socialista de apoyo al FSLN y a la lucha armada, hasta la ruptura diplomática con el Gobierno de Somoza por parte de varios países (iniciada por México, previa consulta con Costa Rica y Cuba) y al presidente James Carter a convocar a una Reunión de Consulta de la OEA, en la cual propuso la constitución de un Gobierno transitorio de conciliación nacional en sustitución de Somoza (a quien, por otra parte, procuraba convencer de la conveniencia de su renuncia para evitar la revolución); el envío de una fuerza interamericana de paz (eufemismo para la ocupación militar extranjera) y ayuda al nuevo Gobierno. Los cancilleres del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) contrapropusieron ratificar los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, explicitando que correspondía al nicaragüense resolver la crisis, bien entendida la necesidad de dar por concluida la dictadura y su reemplazo por un Gobierno democrático.

Esa fue la posición mayoritaria, pero el revés diplomático no inhibió al Gobierno norteamericano para continuar sus maniobras: mientras el nuevo embajador ante Managua, Lawrence Pezzullo, procuraba convencer al dictador de la conveniencia de su renuncia, el enviado especial William Bowdler pretendía, en San José, que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional incluyera a otros dos miembros, políticamente más moderados. La política del Gobierno de Carter frente a la crisis nicaragüense fue oscilante y contradictoria, como la califica Lozano. Incluyó la presión a los Gobiernos de Israel y Argentina (presidida por el dictador Jorge R. Videla) para que cesaran el envío de armas a Somoza, pero también la demora en definir las acciones que permitieran la caída de la dictadura mientras no encontrasen una salida satisfactoria para sus intereses en la cuestión clave del reemplazo de “Tachito”. Finalmente, en febrero de 1979 debió rendirse ante la evidencia del fracaso de sus objetivos, acentuado por la firmeza de la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos en no admitir ninguna otra solución que no fuese, justamente, el derrocamiento del dictador, y por la activa solidaridad moral, política y material de la Internacional Socialista y Gobiernos afines, la cual incluyó aportes en dinero, armas y combatientes voluntarios. Fue así como Carter decidió la suspensión de la ayuda económica y militar, más la retirada de voluntarios del Cuerpo de Paz y de la misión militar permanente en Managua. A fines de junio, la estrategia del Gobierno estadounidense comprendía cuatro puntos básicos: renuncia de Somoza; constitución de una Junta de Reconstrucción Nacional (que no era la propuesta por los sandinistas y sus aliados); designación de un gabinete amplio (con mayoría no sandinista); diálogo entre el nuevo Gobierno y la Junta del FSLN (Ramírez, 1999: 233-234).

La fase final de la caída de la dictadura fue breve, pero, en razón de los involucramientos multiclasistas y multisectoriales, y la dimensión nacional que adquirió, su impacto fue amplio. A la sazón, el bloque antidictatorial estaba constituido por el FSLN, el FPN, el FAO, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP, que reunía a seis grupos), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Asociación Nacional del Clero. Hubo entonces levantamientos espontáneos y la lucha se extendió por todo el país. En cuarenta y seis días, desde el 4 de junio hasta el 18 de julio de 1979, la crisis se hizo general, acentuando la situación revolucionaria. Acciones militares combinadas entre el Frente Sur y el Frente Interno del FSLN dispersaron y empantanaron a la Guardia Nacional, ocluyendo su capacidad de acción. El 4 de junio se inició la huelga general revolucionaria convocada por el Frente, al tiempo que se insurreccionaban las ciudades de León, Chinandega, Chichigalpa, Matagalpa, Estelí, Masaya, Nueva Rosita y Bonanza. El 9 se levantó Managua, pero aquí la resistencia de la Guardia Nacional fue muy fuerte, obligando al FSLN a replegarse a Masaya, tras 19 días de combates, durante los cuales las fuerzas del dictador bombardearon impiadosamente, por tierra y por aire, a los barrios insurrectos. El repliegue a Masaya, ciudad distante 28 km de la capital, involucró a más de 6.000 personas, entre guerrilleros y no combatientes (hombres, mujeres y niños) que recorrieron el trayecto bombardeados por la aviación somocista. El repliegue se tornó fortaleza: ese contingente reforzó a la ciudad, convirtiéndola “en una fortaleza inexpugnable para el ejército gubernamental” (Lozano, 1985: 269-270). Entre tanto, la huelga general, las insurrecciones locales y los combates militares continuaban.

El 16 de julio de 1979 la guerra había concluido. En la madrugada del día siguiente, Somoza se exilió en Miami con algunos de sus generales. Francisco Urcuyo Maliaños, presidente de la Cámara de Diputados, quedó encargado de entregar el poder a la Junta Provisional de Gobierno, pero lejos de cumplir lo acordado pretendió suceder en firme al depuesto dictador. Ante la maniobra, el FSLN incrementó aún más las acciones militares. Con la Guardia Nacional en desbande y desintegración, y sin apoyo político, Urcuyo no tenía posibilidad alguna de salirse con la suya. Su resistencia “eliminó para siempre la parte del acuerdo negociado con el embajador Bowdler, tanto en Costa Rica como en Panamá, a lo largo de las dos últimas semanas anteriores a la caída de Somoza, que consentía el poder militar compartido a través de un Estado Mayor conjunto de jefes guerrilleros y oficiales del Ejército” (Ramírez, 1999: 99). El 19 de julio, las columnas de los distintos frentes guerrilleros sandinistas entraron en Managua. Tras cuarenta y dos años, la dictadura de la familia Somoza cerraba su ciclo.

Según Orlando Núñez Soto (1987: 16), la insurrección sandinista tuvo dos características fundamentales: “a) la lucha pluriclasista por la democracia; b) el papel preponderante desempeñado por las masas urbanas”, sobre todo las de la periferia de Managua, la “tercera fuerza”, en el lenguaje de los sandinistas. Ese papel decisivo de las masas urbanas –mucho mayor que el de los campesinos– en el combate contra la dictadura, más notorio a partir del fracaso de la estrategia de la fracción de la GPP, es un dato que debe tenerse bien presente. A su vez, Sergio Bagú destacó tres rasgos originales en la revolución sandinista: 1) la juventud y la presencia femenina en las filas combatientes y en la dirección; 2) la importante participación de cristianos, incluyendo sacerdotes, junto a no cristianos en todos los frentes de lucha; 3) la incorporación de la política internacional como parte de su estrategia (a Lozano, 1985: prólogo, 10-11). La destacada presencia de mujeres, incluso en el frente militar, algunas, veinteañeras, que alcanzaron el grado de comandante como Dora María Téllez, que, en el Frente Occidental Rigoberto López Pérez, tuvo el mando de una tropa variada en cuanto a edades y condición social; Doris Tijerino Haslam, jefa de la policía sandinista después del triunfo; Mónica Baltodano, luego vice ministra de la Presidencia y ministra de Asuntos Regionales; Leticia Herrera, que llegó a ser coordinadora nacional de los Comités de Defensa Sandinistas (CDS), creados a semejanza de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana. La presencia femenina durante los primeros años de Gobierno sandinista fue notable en la campaña de alfabetización y educación popular (más de la mitad), en las brigadas de salud (dos tercios) y en la conformación de los CDS (alrededor de la mitad de sus miembros). Nora Astorga, de destacada actuación en el frente militar, fue viceministra de Asuntos Exteriores, embajadora en Estados Unidos y ante la ONU, hasta su temprana muerte en 1988. En las elecciones de 1994, 34 de 90 candidatos del Frente eran mujeres (Rouquié, 1994b: 186, n. 16).

Como señalara Bagú, fue clave el protagonismo de jóvenes de clase media-alta y de la propia burguesía, que se sumaron a las filas del FSLN desde los movimientos cristianos revolucionarios actuantes en los colegios católicos, en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en las distintas comunidades eclesiales de base dirigidas por el capuchino Uriel Molina, consideradas por Ramírez (1999: 47 y 168-169) como “una escuela de compromiso revolucionario” desde 1972, y en la Solentiname del trapense Ernesto Cardenal (solitaria precursora desde 1966), e incluso algunos que estudiaron en universidades norteamericanas. En opinión del argentino Carlos Vilas (1992: 421), vinculado al sandinismo antes y después del triunfo, “la represión ejercida por el somocismo contra los jóvenes de la burguesía conservadora por su condición de militantes o colaboradores sandinistas, incrementó el potencial de conflicto de sus padres con un Gobierno que no solo los excluía de los buenos negocios, sino que además convertía en víctimas a sus hijos. Las bases para la alianza de conservadores y sandinistas estaban sentadas”, hecho narrado con algunos detalles por Wheelock (1986), quien vivió la experiencia. Vilas hizo también una aguda observación respecto de un rasgo original de la revolución sandinista: las vinculaciones familiares y las alianzas entre dirigentes del FSLN y grupos burgueses de Granada, las cuales posibilitaron “el acceso al Gobierno de una buena cantidad de miembros y representantes de los grupos tradicionales antisomocistas y de los sectores empresariales emergentes”, o sea, “la estrategia de la unidad nacional”. Esas alianzas del sandinismo no siguieron la pauta tradicional de constituirse por vía matrimonial (típica de la dominación oligárquica), sino por la política de incorporación a la función pública, posible tras la caída del dictador (Vilas, 1992: 422-423).

El papel de los cristianos también fue decisivo. Las bases se movilizaron antes que la jerarquía, que recién en 1977 comenzó a distanciarse de Somoza. Después de la caída del dictador, a diferencia de Cuba –apunta Alain Rouquié (1994a: 124)–, donde sacerdotes y religiosos abandonaron el país un día después de la entrada de los guerrilleros en La Habana, en Nicaragua permanecieron en el país y apoyaron la revolución, si bien más tarde la jerarquía no solo tomó distancia del sandinismo, sino que fue puntal de la contrarrevolución. En noviembre de 1979, los obispos anunciaron el “compromiso de los cristianos con una nueva Nicaragua” en la Carta Pastoral así titulada, texto cuyo borrador fue obra del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, abanderado de la Teología de la Liberación. La Asociación Nacional del Clero estuvo representada en el Consejo de Estado por un miembro. Cuatro hombres de la Iglesia fueron ministros del sandinismo: Ernesto Cardenal, de Cultura; Miguel D’Escoto, de Relaciones Exteriores; Fernando Cardenal, jesuita, de Educación, tras haber dirigido la Cruzada de Alfabetización; Edgardo Parrales, un clérigo secular, de Asuntos Sociales, siendo después embajador ante la ONU.

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional –Violeta Barrios de Chamorro, Sergio Ramírez Mercado, Moisés Hassan Morales, Alfonso Robelo Callejas y Daniel Ortega Saavedra– se hizo cargo del país el 20 de julio, en una ceremonia en tres actos, cargada de simbolismos, desarrollada en la Plaza de la República, que pasó a denominarse de la Revolución, colmada de banderas rojinegras (del FSLN): en el primero, en el atrio de la catedral, los obispos de Nicaragua oficiaron un Te Deum para celebrar el triunfo de los antisomocistas; en el segundo, monseñor Obando, arzobispo de la capital, flanqueado por el representante del presidente Carter, tomó juramento y bendijo a los miembros de la Junta, a quienes presentó luego al pueblo reunido en la plaza declarando que “el sandinismo es la mejor opción para el país”; en el tercero, se desplegó un gran festejo popular, con la participación de los cinco juntistas, guerrilleros, representantes de la jerarquía eclesiástica y miles de habitantes de la capital, como resume Gilles Bataillon. A juicio de este autor, la modalidad de la jura colocaba “a la Iglesia como punto de referencia inconmovible”, mostrándola “como la única entidad digna de confirmar que el tiempo de la perturbación ha pasado y, por tanto, como la única instancia digna de juramentar a las nuevas autoridades temporales” (Bataillon, 2008: 192-194).

El mismo 20, la Junta aprobó el Estatuto Fundamental, a modo de guía legal y legítima de sus acciones. Mediante él se derogó la Constitución y se definieron los poderes del Estado. Uno de sus artículos, el 18, dispuso como una función especial del Consejo de Estado (reorganizado con representación plural) la elaboración de un proyecto de Ley Electoral y un anteproyecto de Constitución Política (69). Por otro, el 23, se disolvió la Guardia Nacional, formalizando lo que era un hecho, pero clave, en tanto expresaba la voluntad de erradicar el aparato represivo de la dictadura. Al mismo tiempo, el artículo 24 hacía referencia a un nuevo “Ejército Nacional formado por los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional; por los soldados y oficiales de la Guardia Nacional de Nicaragua que hayan demostrado una conducta honesta y patriótica frente a la corrupción, represión y entreguismo de la dictadura”, Ejército cuyos mandos, conforme el artículo 26, se integrarían “provisionalmente con los jefes militares y dirigentes del movimiento armado que puso fin a la dictadura, y los oficiales de la Guardia Nacional que se hubieren incorporado a la lucha”. También fueron disueltos los organismos de inteligencia. Un decreto del 22 de julio, el N° 10, ordenó poner “bajo el exclusivo control del Ejército Sandinista” la totalidad de “las instalaciones militares y civiles de la antigua Guardia Nacional”. Fue la primera vez que apareció esa denominación, confirmada por el decreto N° 53, del 21 de agosto, que creó el Ejército Popular Sandinista.

El nuevo Gobierno tomó rápidamente medidas decisivas, como la confiscación de los bienes de la familia Somoza y sus allegados, la nacionalización del sistema financiero, del comercio exterior y de los recursos naturales y una reforma agraria que admitía “diferentes formas de acceso a la tierra y a la asistencia técnica, el financiamiento y demás facilidades indispensables” (apud Lozano, 1985: 275-276). Es así como se puso en marcha la reestructuración de la economía, sobre la base de formas mixtas: estatal (luego llamada Área de Propiedad del Pueblo), privada y conjunta estatal-privada. Núñez Soto (1987: 87) indica también la existencia de cooperativas de producción y de servicios urbanos y rurales y el sector de campesinos y artesanos.

La Junta aprobó, también rápidamente, otras medidas, como el Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, que abolió la pena de muerte y restableció la vigencia de los derechos humanos y de las libertades públicas, al tiempo que se reorganizó la Corte Suprema de Justicia. La educación universitaria fue declarada gratuita. Fueron creados el Sistema Financiero Nacional y el Fondo Nacional para Combatir el Desempleo, y promulgada la Ley de Inquilinos, por la cual se redujeron los montos de los alquileres y se especificaron los derechos de los inquilinos. En febrero de 1980 se aprobó una lista de precios máximos para once productos de consumo básico y se promulgó la Ley de Defensa del Consumidor. En marzo se inició la Cruzada Nacional de Alfabetización, al cabo de la cual, en agosto, se redujo la tasa de analfabetos de 50 a 12 por ciento.

La Revolución se propuso alcanzar cuatro objetivos cardinales: democracia; desarrollo y transformación; bienestar social; soberanía; y autodeterminación, para cuya consecución se apeló a cuatro premisas fundamentales: pluralismo político; economía mixta; defensa soberana y no alineación en política internacional; participación y movilización populares (Núñez Soto, 1987: 85).

Ramírez (1999: 108), protagonista de primera línea convertido en crítico del proceso revolucionario, señala que el primero en recomendar a los sandinistas el respeto al pluralismo político y la economía mixta existentes en el país fue Fidel Castro, quien pensaba en un socialismo nicaragüense distinto al cubano.

La concepción de la economía mixta significaba la no abolición de la propiedad privada y la coexistencia de cuatro sectores: el empresarial privado, el estatal (o Área de Propiedad del Pueblo, APP); el de las cooperativas de producción y de servicios urbanos y rurales; y el de campesinos y artesanos (es decir, pequeños productores individuales). Se nacionalizaron el sistema financiero (bancos, compañías de préstamos y de seguros); el comercio exterior; las empresas agroindustriales del café, el azúcar y el algodón; las compañías mineras de oro y plata (primordialmente de capital extranjero); las empresas de transporte aéreo y marítimo; y la cuarta parte de la industria, entre ellas la maderera y, sobre todo, las empresas químicas, agroquímicas, textiles y de la construcción propiedad de la familia Somoza y allegados. En razón del carácter predominantemente agrario del país, la reforma de las estructuras en el régimen de propiedad y tenencia de la tierra fue una cuestión central.

Un punto destacable es que el reconocimiento de la propiedad privada significaba una cierta cuota de poder económico por parte de la burguesía, sin su correlato en el poder político. De hecho, en el Gobierno, mientras formó parte de él, su presencia fue minoritaria, siendo su figura más destacada Robelo. Se trató, como dice Gonzalo Barroso Peña (2011: 8), de “una invitación a la burguesía a colaborar con el nuevo proyecto político y económico”. Pero burgueses y sandinistas no tenían un mismo proyecto. De hecho, el grupo de capitalistas que se unió a la lucha contra la dictadura lo hizo como reacción ante la competencia desleal que realizaban los capitalistas somocistas, pero no por ello pensaban dejar de explotar a los trabajadores. Como ha escrito John Weeks, “para la oposición capitalista, la caída de Somoza sería la culminación de la Revolución nicaragüense; para los sandinistas, solo sería el inicio de la Revolución” (apud Barroso Peña, 2011: 7). Más temprano que tarde, entonces, la fractura era inevitable, como comenzó a visibilizarse con la política de nacionalizaciones.

Ya durante la primera etapa de la revolución (1979-1981), la Junta de Gobierno privilegió, dentro del patrón de economía mixta, al APP, pero esta no pudo desarrollarse ni sostener una productividad similar al área privada. El retraso de la primera obedeció a una conjunción de factores que afectaron a las empresas somocistas nacionalizadas: tecnología atrasada y, por añadidura, afectada por la guerra; masivo abandono del personal técnico, por convicciones ideológicas y/o por acceso a condiciones de trabajo y salarios mejores; relajamiento de la disciplina laboral de los trabajadores que permanecieron en esas empresas (Barroso Peña, 2011: 12).

La Junta optó por la diversificación agrícola, de manera tal que pudiera zafarse de la dependencia de las exportaciones tradicionales (café, azúcar, algodón, ganado), ampliándolas a cultivos nuevos o poco desarrollados (cacao, cítricos, madera, palma africana). Según la síntesis de Barroso Peña (2011: 9-10), se procuraba una economía centrada en el desarrollo del sector primario –de allí la importancia nodal de la reforma agraria– y con capacidad de mejorar las condiciones de vida de la población más humilde de la sociedad y reordenar el comercio exterior y el financiamiento internacional. Hubo resultados favorables –incluido un cierto grado de sustitución de importaciones industriales tradicionales, proceso en el cual fue importante el papel del Mercado Común Centroamericano–, en buena medida por el impulso estatal a una política de inversiones reactivadoras de los sectores productivos.

En abril de 1980, Robelo y Barrios de Chamorro renunciaron a la Junta alegando que el FSLN estaba dominado por el marxismo-leninismo y que Cuba tenía injerencia en los asuntos del país. Fueron reemplazados por otros dos conservadores: Rafael Córdoba Rivas y Arturo Cruz. En noviembre, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la organización que nucleaba a los capitalistas, retiró sus representantes del Consejo de Estado argumentando que el Gobierno había dejado de ser pluralista y había pasado a ser de un único partido, el FSLN. Comenzó así la ruptura de la burguesía con el sandinismo. Dos instrumentos fueron decisivos: el diario conservador La Prensa y la Iglesia Católica.

La Prensa pasó de ser el principal medio de comunicación opuesto a Somoza a serlo de la revolución, tras el alejamiento de la viuda de Chamorro de la Junta. Las columnas del diario expresaban las opiniones de la COSEP, de la jerarquía católica y de la oposición política interna (Rouquié, 1994b: 190). El Gobierno toleró la publicación, si bien con algunas trabas, hasta junio de 1986. El 25 de ese mes, después del despido de 230 empleados y de la aprobación por el Congreso norteamericano de un fondo de cien millones de dólares para financiar a los “contras”, se ordenó el cese por tiempo indeterminado del diario. Rouquié (1994b: 189-190) señala que el cierre de La Prensa fue “uno de los máximos errores políticos de los dirigentes sandinistas frente a la opinión política internacional”.

En un país con una religiosidad cristiana popular muy extendida (tanto católica como protestante), la nueva ubicación de la Iglesia, contrarrevolucionaria, fue un golpe fuerte para el Gobierno. También para la propia Iglesia, que se dividió en dos grandes bloques, el conservador (dentro del cual estaban las jerarquías), alineado en las posiciones del papa Juan Pablo II, un acendrado anticomunista, y el progresista, imbuido de la Teología de la Liberación. Esa fractura se trasladó al pueblo católico, también fracturado entre los partidarios de la revolución, por un lado, y sus enemigos, por el otro. Institucionalmente, Obando y Bravo impulsó acciones para controlar el sector renovador y unificar en torno a su autoridad –reforzada a partir de su paso a cardenal en abril de 1985– los proyectos pastorales y las distintas instancias orgánicas, entre ellas la Conferencia Religiosa. Los enfrentamientos fueron particularmente fuertes con jesuitas, dominicos y franciscanos, al tiempo que curas extranjeros que fueron al país para ser parte del proceso transformador debieron realizar su trabajo con independencia de la jerarquía. A su vez, muchos católicos laicos que trabajaban en organizaciones amparadas por la Iglesia optaron por formar asociaciones civiles con su propia personería jurídica, independizándose de ella. Aunque la Dirección Nacional del FSLN trató de disminuir la tensión, señalando, en octubre de 1980, que no tenía ninguna pretensión de interferir en los asuntos internos de la Iglesia, ni de querer dividirla, los enfrentamientos se fueron acrecentando. La política confrontativa de Obando y Bravo tuvo el fuerte respaldo papal, consolidado con la visita de Juan Pablo II a Managua, en marzo de 1983. Este papa fue una figura central en la estrategia que, en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos desplegaba para enfrentar a los países del llamado bloque socialista. La consecuencia inmediata de la visita fue un nuevo incremento de la confrontación de la Iglesia con el Gobierno, y se sucedieron hechos como el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, en agosto, en contra de la creación del Servicio Militar Obligatorio, una decisión clave para la defensa de la revolución en momentos en que la guerra estaba recrudeciendo. La respuesta sandinista fue el hostigamiento a los templos y la expulsión de dos curas salesianos. Así, como recuerda Ramírez (1999: 183), “a cada nuevo acto hostil de la jerarquía, una nueva respuesta”. Cuando, en las Pascuas de 1984, los obispos llamaron al diálogo con los “contras”, el hecho, añade Ramírez, “fue visto como el peor de los agravios y equiparado a una traición”.

Así, a partir de 1981, la reacción burguesa contra la política sandinista fue in crescendo. En el exterior, los contrarrevolucionarios –con el apoyo del Gobierno norteamericano de Ronald Reagan y de los militares de la dictadura argentina– incrementaron sus acciones, operando desde Honduras y Costa Rica. En el interior, los empresarios desacataban las directivas políticas que guiaban la economía, siendo acusados por el Gobierno de saboteadores por descapitalizar sus empresas. Ello fue más notorio, inicialmente, en el campo, donde los burgueses redujeron la superficie cultivada, vendieron maquinaria y ganado en el exterior (sobre todo en Honduras y Costa Rica), despidieron a trabajadores y/o emplearon fraudulentamente los préstamos concedidos por el Estado para fomentar la producción. Obviamente, esas acciones provocaron la reacción obrera, incrementando la tensión social.

La total solidaridad y generosidad cubana con el pueblo nicaragüense –que Barrios y Robelo utilizaron como pretexto para abandonar el Gobierno– fue utilizada por los contrarrevolucionarios como un argumento más en la lucha ideológica. La actitud de los cubanos contrastó notablemente con la de los soviéticos, particularmente renuentes a brindar al Gobierno Revolucionario el material bélico necesario, aunque sí fueron más que generosos en la cooperación económica, basada en créditos blandos, pero sin llegar a admitir a Nicaragua en el CAME. En mayo de 1980 viajó a Moscú la primera delegación sandinista, procurando un “alineamiento estratégico que nosotros deseábamos y que los soviéticos vieron todo el tiempo con reservas”, recuerda Ramírez (1999: 146). Ambos países firmaron acuerdos de cooperación militar. Uno de los puntos más importantes era el de provisión de aviones MIG, que los sandinistas consideraban necesarios para equiparar sus defensas militares con las de El Salvador, Guatemala y Honduras, que disponían de aviones de caza (la entrega de esos aviones nunca se consumó, sí en cambio recibieron helicópteros MI-25).

En enero de 1981, cuando Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos, una de las primeras medidas fue suspender el último desembolso de 15 millones de dólares, de los 75 aprobados por el Gobierno de Carter. En febrero, el gobierno norteamericano publicó el Libro Blanco sobre El Salvador, en el que acusaba a Nicaragua de contribuir al armamento de la guerrilla del Frente Farabundo Martí. En marzo, medios de prensa estadounidenses dieron cuenta de la existencia de campamentos contrarrevolucionarios nicaragüenses en Florida. Un año después, informaban que Reagan había aprobado un plan de operaciones encubiertas en Nicaragua, asignando 19 millones de dólares a ser administrados por la CIA. En cambio, excluyó a Nicaragua de un “Miniplan Marshall” para América Central y el Caribe, y en 1983 vetó préstamos concedidos por el BID y por el Banco Mundial, hecho que hizo de Nicaragua un caso singular: fue el único país al que, siendo miembro pleno de ambas instituciones, se le violentaron sus derechos por razones políticas a solicitud de otros Estados miembros (Rouquié, 1994a: 216).

La Junta –para entonces reducida a tres miembros: Ortega, Ramírez y Córdoba Rivas– propuso al Gobierno norteamericano realizar negociaciones directas, mientras la Cámara de Representantes votó, unánimemente, la prohibición a la CIA y al Pentágono de entrenar y/o armar a los antisandinistas. No obstante, William J. Casey, el nuevo jefe de la CIA, se las ingenió para, mediante acciones engañosas, trasgredir todas las restricciones legales cada vez más severas impuestas a la Agencia (Weiner, 2008: 398).

A partir de 1982, grupos somocistas (de la ex Guardia Nacional) armados por Estados Unidos, comenzaron una guerra mercenaria de baja intensidad cuyo objetivo primordial era el desgaste de la Revolución, mucho más que la derrota militar del enemigo. Para Ramírez (1999: 136), el punto de inflexión en la escalada de “la Contra” se produjo en marzo de ese año, cuando un grupo comando de ex guardias somocistas, entrenados en el manejo de explosivos, voló dos puentes en el norte del país. Así, “Estados Unidos asumió oficialmente, a través de la CIA, el patrocinio de los ‘contras’, hasta entonces en manos de los militares argentinos”. Autodenominada Resistencia Nacional –“la Contra” o “los contras”–, la oposición armada a la Revolución recibió asistencia técnica, financiera y doctrinaria de Estados Unidos. Fue una guerra extraña, pues Estados Unidos nunca hizo una declaración de tipo formal a Nicaragua –pese al involucramiento directo en operaciones militares– y ambos países nunca rompieron relaciones diplomáticas.

El 6 de noviembre de 1984, Reagan ganó su reelección. Dos días antes, el FSLN se impuso, con el 63% de los votos, en elecciones limpias. Seis partidos opositores recibieron el 31% de votos (tres de centro-derecha con 27% y otros tres, a la izquierda del Frente, con 4%). Daniel Ortega-Sergio Ramírez integraron la fórmula triunfadora. El sandinismo cumplió con su compromiso anunciado en 1980 de realizar elecciones en cinco años. El adelantamiento en un año se debió, dice Ramírez (1999: 137), a la intención de “debilitar la política de agresión de Reagan”, aunque el objetivo no fue alcanzado, pues para este el compromiso con “la Contra” había terminado por ser “la pieza esencial de su política de seguridad nacional y quería una solución militar”. A juicio de Ramírez, también incidió el creciente involucramiento del sandinismo en el conflicto salvadoreño.

El pueblo votó por el cambio revolucionario, decisión soberana que el Gobierno de Reagan estuvo lejos de aceptar. Al iniciar su segundo mandato, en enero de 1985, llamó a los “contras” “freedom-fighters” (luchadores por la libertad) y en marzo, ya más agresivo, dispuso el embargo económico a Nicaragua. Agentes de la CIA minaron los puertos del país y, desde lanchas rápidas, dispararon cohetes de alto poder contra los depósitos de petróleo de Corinto, acto terrorista que obligó a evacuar a todos los habitantes de la ciudad. Como en Cuba con los U 2, fueron utilizados aviones espías –SR 71, los “pájaros negros”– para sobrevolar todo el territorio nicaragüense. En 1986, el Congreso norteamericano viró su posición y votó destinar cien millones de dólares para financiar a los “contras”, que operaban desde Costa Rica, Honduras y El Salvador. No dejaba de ser una respuesta a la petición que el Gobierno sandinista formulara a la Corte Internacional de Justicia en abril de 1984. La Corte falló en junio de 1986 contra la posición de Estados Unidos.

El Gobierno de Reagan rechazó el fallo judicial y también la decisión casi unánime de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General votó, en noviembre de 1986, una resolución que le requería cumplir con la orden de la Corte. Obviamente, Estados Unidos nunca la acató. Más tarde, bajo el Gobierno de la viuda de Chamorro, Nicaragua retiró sus reclamos ante la Corte y, por lo tanto, renunció al derecho que esta le había reconocido.

Un dato que aquí apenas señalamos es el pasaje de los miskitu a las filas de “la Contra”. En los inicios de la Revolución, el FSLN decidió constituir un frente de masas de las comunidades indígenas La Moskitia, conocido como MISURASATA, acrónimo de MIskitu, SUmu, RAmas, Sandinista Asla TAkanka (Unidad de Miskitu, Sumu, Ramas y Sandinistas). A partir de allí se puso en marcha un proyecto político, llamado Autonomía, en procura de obtener mayor control indígena de los recursos económicos, del Gobierno local y, en general, del desarrollo social de la región. Para implementarlo, se realizaron negociaciones entre los representantes de las comunidades y los del Gobierno. Por primera vez, los representantes de los indígenas pudieron negociar sus relaciones con el Gobierno nacional (Pérez Chiriboga, 2002: 42). Empero, las negociaciones no solo se interrumpieron, sino que miskitu, sumu y ramas pasaron a integrar las fuerzas de “la Contra”. El problema era cultural. Ramírez (1999: 212) apunta: “Nosotros pretendíamos integrarlos de la noche a la mañana a la revolución y sus valores, a la vida moderna, al bienestar. Era un paternalismo ideológico […], pero ignorábamos su cultura y sus lenguas”. La ruptura total se produjo en junio de 1981. Como expresa Isabel Pérez Chiriboga (2002: 43), los miskitu perseguían la autonomía económica, social y territorial de la Moskitia independientemente de la orientación política e ideológica del Gobierno nacional. El Gobierno norteamericano aprovechó la situación para llevar adelante una campaña internacional tendiente a caracterizar a los sandinistas como genocidas.

Al sandinismo se le abrió otro frente de conflictividad, inesperado, con los campesinos, tanto por la demanda de tierras en propiedad de estos, como por ser las principales víctimas de la guerra declarada por la acción de los “contras”. El malestar campesino se acentuó tras la promulgación de la Ley de Servicio Militar Patriótico, en octubre de 1983. Campesinos se sumaron a “la Contra”, no por afinidades políticas o ideológicas, sino como una eventual vía para terminar la guerra.

Pronto, la guerra adquirió un carácter internacional, comenzando el proceso de paz que abordaremos en el capítulo siguiente. Durante la década que gobernaron, los sandinistas se encontraron en una disyuntiva clásica: ganar la guerra o hacer la revolución. Aunque con la guerra les fue relativamente mejor, en tanto no la perdieron militarmente, lo cierto es que cayeron políticamente y con esta derrota también perdieron la revolución.

En El Salvador, la situación devino en un conflicto armado de larga duración. En la década de 1970, como en Nicaragua, la crisis política conllevó el surgimiento de un movimiento de masas violento. Un proceso de erosión del poder del Estado, usurpado reiteradas veces por el Ejército, se vio acelerado por la crisis y favoreció la articulación de una oposición general antioligárquica, en la que se destacó la participación de los campesinos pobres. Los militares arrastraban los efectos negativos de la guerra con Honduras de 1969, lo que también colaboró con el descrédito generalizado.

En 1972, un proceso electoral fraudulento disparó la descomposición del régimen militarista. El candidato demócrata-cristiano, Napoleón Duarte, se había enfrentado al coronel Arturo Armando Molina, quien finalmente accedió a la presidencia. Pronto el Gobierno militar fue desacreditado, fundamentalmente por sus vacilaciones frente a la urgente cuestión agraria, que él mismo había considerado en una suerte de proyecto reformista. Los sectores oligárquicos directamente afectados por las intenciones de reparto de tierras incidieron directamente en ese descrédito en el que cayó el Gobierno de Molina. Al mismo tiempo, y producto de las transformaciones económicas ya señaladas, el descontento popular crecía exponencialmente y el Gobierno incrementaba la represión como única respuesta. Como en Nicaragua, se exacerbó la lucha armada no solo por la clausura de la vía político-democrática y el aumento de la violencia estatal, sino que además influyó la cuestión de la tierra.

En 1969, el PC formó una organización política legal, la Unión Democrática Nacional (UDN). Pero en 1970, el partido se dividió y algunas de sus fracciones pasaron a integrar las organizaciones armadas. Su secretario general, Cayetano Carpio, fundó las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL). En 1972, otro sector, sumando a algunos jóvenes radicales demócrata-cristianos, fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En 1975 y 1977, estas fuerzas político-militares fundaron el Bloque Popular Revolucionario y las Ligas Populares 28 de Febrero. Luego, en 1975 y 1979, surgieron otros dos grupos: la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, con sus correspondientes frentes de masas.

En 1977, nuevamente, el fraude fue la forma en que se resolvieron los comicios. El candidato del oficialista Partido de Conciliación Nacional, el general Carlos Humberto Romero, accedió a la presidencia. Por su parte, el candidato de la Unión Nacional Opositora (vinculada a la Democracia Cristiana) era también un militar, quien finalmente contó con el respaldo de los sectores que lo apoyaban para clausurar la vía legal. Así, se organizó una jornada de protesta en la Plaza Libertad de la ciudad de San Salvador que terminó en una verdadera matanza. Las matanzas siguieron y las acciones de las organizaciones revolucionarias se multiplicaron. En medio de un clima de insurrecciones y pérdida de control sobre el orden interno por parte del Estado, la victoria sandinista en Nicaragua no hizo más que incrementar la euforia.

Un grupo de oficiales derrocó al general Romero en noviembre de 1979. Las juntas civil-militares se sucedieron y la crisis fue irrefrenable. La represión del Ejército y de los grupos paramilitares siguió aumentando. En marzo de 1980 fue asesinado monseñor Oscar Romero, arzobispo de San Salvador. En efecto, la Iglesia fue otro sujeto vital de la oposición a la violencia del Estado. Mientras la represión contra miembros de la Iglesia, así como contra campesinos pobres, militantes de izquierda y toda expresión de disidencia aumentaba, los diversos grupos guerrilleros se reunieron en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), a mediados de 1980. En 1981, el FMLN lanzó su “ofensiva final”, que no pudo concretar con éxito.

Según Torres-Rivas (2004: 288-289), “la dinámica insurreccional en El Salvador transformó muy rápidamente el estilo guerrillero en guerra civil, en lo más parecido a una guerra de posiciones, es decir en el enfrentamiento de dos ejércitos peleando espacios propios con frentes de lucha definidos. En este país la guerra civil satisface las cinco razones clásicas: dos fuerzas militares con capacidad de violencia sin duda desigual pero sostenida por una década, mandos unificados, reconocimiento internacional como fuerza beligerante al FMLN, territorio y población ‘liberadas’. Tuvieron, además, una cierta diferencia clasista”.

En El Salvador, la guerra se prolongó durante una década. En ese lapso, el FMLN pasó de 1.200 a alrededor de 10.000 efectivos. Estados Unidos brindó abiertamente su ayuda para la reorganización del Ejército nacional. Así, aumentó el número de efectivos, de helicópteros y armamento, etc. En noviembre de 1989, el FMLN tomó la ciudad de San Salvador, pero esto ocurrió en momentos en los que los acuerdos de paz ya habían empezado a desarrollarse. Las conversaciones culminaron en enero de 1992. El saldo fue terrible: 75.000 muertos (el 2% de la población), mayoritariamente civiles, más las víctimas de violaciones, torturas, vejaciones, los mutilados, los huérfanos y 8.000 desaparecidos. Cifra que se torna más trágica al tener en cuenta que el país ya había vivido la matanza de 1932.

En la guerra civil se produjeron dos acontecimientos significativos para entender la lógica y la ética (ausente) de los defensores del orden establecido. Uno de ellos tuvo inmediata resonancia mundial; el otro, debió dar dura batalla contra el olvido. El primero fue el asesinato del arzobispo de la capital, Oscar Romero, en marzo de 1980, por un comando cívico-militar de ultraderecha (Escuadrón de la Muerte), dirigido –como se supo mucho más tarde, en 1993, a raíz de las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad– por el mayor Roberto d’Aubuisson (fundador de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, partido que lo postuló como candidato a presidente en 1984) y el capitán Álvaro Saravia. El crimen resultó aún más conmocionante, en particular para la mayoría de los católicos, porque ocurrió en el interior de una capilla de hospital mientras oficiaba una misa. Romero era un conservador, próximo al Opus Dei, que al ascender a la jerarquía arzobispal, en febrero de 1977, había sido recibido con beneplácito por la clase dominante y los militares. Su posición viró hacia el progresismo tras el asesinato del jesuita Rutilio Grande a manos de soldados en la zona azucarera del norte del país, donde actuaba en defensa de campesinos y trabajadores, hecho ocurrido en marzo de ese año. La ejecución de Romero –que por entonces quedó impune– generó masivas manifestaciones de protesta cuando se realizaron sus funerales, pero, como apuntó Bataillon (2008: 142) en una sugerente comparación, sin tener el efecto multiplicador del asesinato de Chamorro en Nicaragua.

El asesinato de Romero comenzó a ser investigado recién a fines de noviembre de 2009, por una decisión del presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena (el candidato del FMLN triunfante, con el 51% de los votos, en los comicios de ese año), que impulsó las acciones para acatar un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expedido en 2000.

El segundo hecho fue la llamada “masacre del Mozote”, un operativo del Ejército en las aldeas El Mozote, La Joya, Los Toriles, Jocote Amarillo, Ranchería y Cerro Pando, realizado entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981. Después del triunfo de Reagan en Estados Unidos, los Escuadrones de la Muerte y las Fuerzas Armadas salvadoreñas intensificaron sus acciones criminales, siempre impunes, asesinando a sacerdotes, monjas, universitarios, campesinos, trabajadores, sospechados o no de ser simpatizantes o integrantes de la guerrilla. Ya en mayo de 1980, cien campesinos fueron masacrados cerca del río Sumpul. Pero la de El Mozote supera todo horror imaginable: en esos cuatro días, tropas del Batallón Contrainsurgente Atlacat asesinaron alevosamente a unos 900 hombres, mujeres y niños campesinos, según los resultados de la Comisión de la Verdad. Fue la mayor matanza de población civil hecha por militares salvadoreños durante la guerra civil, y algunos la consideran una de las peores –si no la peor– de América Latina e incluso del mundo occidental.

El hecho toma más gravedad aún porque fue denunciado, el 27 de enero de 1982, por dos periodistas, el estadounidense Raymond Bonner y la mexicana Alma Guillermoprieto, en sendos artículos publicados en el New York Times y en el Washington Post. Las autoridades salvadoreñas no solo no iniciaron ninguna investigación, sino que negaron que se hubiera producido. La Casa Blanca y congresistas norteamericanos acusaron a estos periodistas de mentirosos, mientras el Washington Post cuestionó la veracidad de la información. La negación llegó hasta el período de Gobierno del presidente Alberto Cristiani (1989-1994), al menos hasta 1992, cuando el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense excavó restos humanos que permitieron comprobar la denuncia periodística de enero de 1982. El Gobierno no pudo seguir negando los asesinatos, pero entonces apeló al argumento del extravío de los archivos militares y la consecuente imposibilidad de precisar las responsabilidades y, finalmente, a los impedimentos derivados de la ley de amnistía de 1993, por la cual ningún militar fue enjuiciado por cometer delitos de lesa humanidad. El 16 de enero de 2012, el presidente Funes aprovechó la conmemoración del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Chapultepec para confirmar la responsabilidad del batallón Atlacat y de sus tres jefes máximos en la comisión de la masacre y ordenó al Ejército y a la Justicia que realizara una revisión.

Si por situación revolucionaria se considera la incomparable crisis social, política y económica, y la extensión de la lucha armada, pues entonces la expresión utilizada por Torres-Rivas presentada al comienzo de esta sección es muy útil. Pero hay que subrayar que, en cuanto a los resultados, la revolución en Nicaragua fue una revolución política que no llegó a devenir social. Aun cuando la dirección sandinista haya cometido errores, está fuera de duda que la frustración fue consecuencia de la agresión imperialista.

Las guerrillas latinoamericanas: un balance de trazos gruesos

Solo los revolucionarios nicaragüenses lograron repetir exitosamente el camino cubano: fuerte y sostenido apoyo del campesinado; constitución y continuidad de una fuerza militar insurgente con capacidad para resistir el ataque de las fuerzas armadas regulares y para llevar adelante una ofensiva que llevó a la derrota de estas; amplio frente social y político; pérdida de toda legitimidad por parte del gobierno dictatorial contra el cual insurgieron las guerrillas y constitución de una nueva legitimidad, revolucionaria, admitida como tal por el pueblo (Wickham-Crowley, 2001: 188).

En todos los otros casos, más tarde o más temprano, el proyecto de una transformación revolucionaria se frustró. La derrota se debió a diferentes razones. A nuestro juicio es importante explorar la situación y las condiciones sociohistóricas en las cuales se desplegó la confrontación. El combate entre organizaciones político-militares y fuerzas armadas regulares se insertó en coyunturas de interacción societales, en apelaciones múltiples y en respuestas a veces cambiantes a esas apelaciones. Es decir, la clave explicativa de los (pocos) éxitos y los (muchos) fracasos de los proyectos revolucionarios, y de los (muchos) éxitos y (pocos) fracasos del orden establecido se encuentra en la sociedad toda.

Así, pues, un análisis detenido de las razones del fracaso de los revolucionarios latinoamericanos que se propusieron construir un orden socialista –con excepción, claro, de los cubanos, nicaragüenses y, en cierta medida, salvadoreños– no puede menos que atender a cuestiones complejas de una dialéctica también compleja. Históricamente, toda organización revolucionaria con genuina vocación de alcanzar sus objetivos transformadores, para tener éxito en su cometido, ha debido superar al menos cinco problemas fundamentales (70). Esta constatación es particularmente pertinente en el caso de las estrategias de lucha armada fundadas en el foco guerrillero y/o en la guerrilla rural.

Prestaremos atención al espacio geográfico –físico y social– rural, porque la mayoría de las organizaciones revolucionarias interpeló al campesinado, al menos inicialmente, como sujeto del proceso revolucionario. Este punto requiere algunas precisiones conceptuales. Permítasenos, pues, una digresión.

Aun admitiendo que puede ser difícil definir al campesinado –la menos clasista de las clases escribió alguna vez Hobsbawm–, no por ello hay que escaparle a la conceptualización (71). Aquí sostendremos que los campesinos son productores rurales –básicamente agricultores, aunque también hay ganaderos y quienes combinan ambas condiciones– arrendatarios y/o medieros e incluso pequeños propietarios, que emplean su propia fuerza de trabajo (personal y familiar) y no compran (salvo muy excepcionalmente) fuerza de trabajo asalariada, emplean tecnología propia, rudimentaria y con escasa división del trabajo (aunque también pueden utilizar la provista por los terratenientes) y transfieren al propietario de tierra, bajo la forma de renta, la masa de plustrabajo producida. La economía campesina, llamada también empresa familiar, es un típico caso de reproducción simple, que en algunas ocasiones pasa a ser ampliada, circunstancia que permite que la masa de plustrabajo se convierta en cierto nivel de excedente bajo la forma de ganancia, es decir, de capitalización o, si se prefiere, acumulación de capital (campesinos ricos). Se trata de una definición bastante amplia, pero menos que la de Héctor Díaz-Polanco (1984: 141) que, en una conceptualización no muy diferente de la nuestra, incluye a los campesinos parcelarios, a los integrantes de las comunidades indígenas, a ciertos jornaleros agrícolas, artesanos y peones.

Los trabajadores rurales, en cambio, son quienes, a cambio de un salario percibido en dinero y generalmente complementado en especie (alimentación y vivienda), venden su fuerza de trabajo a un productor rural –en la mayoría de los casos un empresario capitalista, un terrateniente o, menos frecuentemente, un campesino rico–, un contratista de maquinaria agrícola (como ocurre en la región pampeana argentina), o también a un acopiador-comercializador de granos, cereales o ganado (particularmente cuando la actividad se desarrolla en el campo o en los pueblos rurales), quienes se apropian del plusvalor por ellos generado. La venta de la fuerza de trabajo puede ser permanente o bien temporaria, transitoria o estacional, tiempo este durante el cual suele realizarse de manera itinerante (por lo cual se los conoce como temporeros, golondrinas, etc.).

Un movimiento campesino es, como bien define Díaz-Polanco (1984: 141), “toda acción, colectiva o conjunta, de los campesinos, orientada a lograr determinados objetivos que tienden a modificar, más o menos profundamente, sus condiciones de vida”. El mismo autor añade que es necesario, en el estudio de sus acciones, una doble precisión: de lo propiamente campesino, en primer lugar, y del tipo de campesino de que se trata en cada caso concreto, en función de las condiciones específicas” en las que el campesino se desenvuelve, en segundo lugar.

En ese punto de su argumentación, Díaz-Polanco introduce una precisión no siempre tenida en cuenta cuando se apela a Marx y su opinión sobre los campesinos, en general tenida como negativa. Como se sabe, la versión más difundida de la concepción marxiana sobre estos es la consignada en El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Allí, Marx señala que los campesinos parcelarios, la clase más numerosa de la sociedad francesa de la época, constituían la base social sobre la cual se asentaba el gobierno surgido del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, cuyo jefe, Luis Bonaparte, representaba, precisamente, a esa clase. Tales campesinos parcelarios se caracterizaban por vivir en situación de aislamiento y autoabastecimiento, confinados en sus parcelas y en “intercambio con la naturaleza” más que “en contacto con la sociedad”. En su vívida descripción, Marx apunta: “La parcela, el campesino y su familia; y al lado, otra parcela, otro campesino y otra familia. Unas cuantas unidades de estas forman una aldea, y unas cuantas aldeas un departamento. Así se forma la gran masa de la nación francesa, por la simple suma de unidades del mismo nombre, al modo como, por ejemplo, las patatas de un saco forman un saco de patatas”. Esos campesinos parcelarios no forman una clase social porque solo tienen “una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política”. Carecían de capacidad para “hacer valer su interés de clase en su propio nombre, ya sea por medio de un Parlamento o por medio de una asamblea. No pueden representarse, sino que tienen que ser representados” (72).

Esa visión marxiana de los campesinos parcelarios como un saco de papas es tenida por muchos como la que el autor tenía sobre los campesinos en general. Mérito de Díaz-Polanco es destacar que reiterar esa postura es no haber leído, o leído mal, El 18 Brumario de Luis Bonaparte. En efecto, en la página siguiente a la cita, Marx señala explícitamente: “Pero entiéndase bien. La dinastía de Bonaparte no representa al campesino revolucionario, sino al campesino conservador; no representa al campesino que pugna por salir de su condición social de vida, la parcela, sino al que, por el contrario, quiere consolidarla; no a la población campesina que, con su propia energía y unida a las ciudades, quiere derribar el viejo orden, sino a la que, por el contrario, sombríamente retraída en este viejo orden, quiere verse salvada y promocionada, en unión de su parcela, por el fantasma del Imperio” (itálicas nuestras). Con su gusto por las ejemplificaciones históricas, Marx acota que los campesinos pueden actuar como en Cévennes (zona montañosa del Languedoc en la cual los campesinos se alzaron en 1702-1705 –la insurrección de los comisardos– contra el orden feudal) o como en Vendée (en los pays de la Loire, donde se desarrolló, entre 1793 y 1795, la más conocida contrarrevolución campesina, dirigida por la nobleza y el clero, en defensa del ancien régime).

Vale decir, para Marx, los campesinos –al menos, los franceses, pues es de ellos, finalmente, de quienes se ocupa en El 18 Brumario– pueden ser tanto revolucionarios como contrarrevolucionarios, y el comportamiento en una u otra dirección dependerá, como vimos que dice Díaz-Polanco, “del tipo de campesino de que se trata en cada caso concreto, en función de las condiciones específicas”, pero en el primero de los casos no lucha por sí mismo sino unido a las ciudades. Décadas después, en la perspectiva leninista, tal concepción se resumirá en la alianza obrero-campesina.

Cerrada la digresión retomamos nuestro análisis sobre las acciones de las organizaciones revolucionarias de los años 1960 y 1970. Decíamos que ellas debían, si pretendían tener éxito, superar algunos problemas importantes. En un texto de 1963 –“Guerra de guerrillas; un método”– Ernesto Guevara planteaba explícitamente “cómo podría comenzar un foco guerrillero” (itálicas nuestras):

Núcleos relativamente pequeños de personas eligen lugares favorables para la guerra de guerrillas, ya sea con la intención de desatar un contraataque o para capear el vendaval, y allí comienzan a actuar. Hay que establecer bien claro lo siguiente: en el primer momento, la debilidad relativa de la guerrilla es tal que solamente debe trabajar para fijarse al terreno, para ir conociendo el medio, estableciendo conexiones con la población [es claro que el Che piensa en núcleos no campesinos, ajenos al medio] y reforzando los lugares que eventualmente se convertirán en su base de apoyo.

Para asegurar su supervivencia, la guerrilla debía hacer efectivas tres condiciones: movilidad constante, vigilancia constante, desconfianza constante. Si se lograba ese primer objetivo, la guerra de guerrillas debía desarrollarse a lo largo de tres momentos: la defensa estratégica, el punto de equilibrio y “el momento final del desbordamiento del ejército represivo”, antesala de la toma de las grandes ciudades, las batallas decisivas y “el aniquilamiento total del adversario” (Guevara, 1996: 366 y 368).

Desde estas premisas pueden analizarse los cinco problemas fundamentales a superar. Las dos primeras cuestiones a resolver van entrelazadas. La decisión inicial, por obvia que parezca, no es nada trivial: la definición de los protagonistas de la acción, no solo de quienes combaten de un lado y del otro, sino también de los aliados y de la política a seguir frente a los neutrales. La decisión de apelar a la lucha armada presupone que, más temprano que tarde, la confrontación adquirirá forma de guerra, de mayor o menor intensidad, dependiendo de cómo se resuelvan los cuatro problemas siguientes a este primero.

Si la guerra es, según la muy conocida y citada expresión del prusiano Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, la continuación de la política por otros medios, la guerra de clases –el desiderátum de la apelación a la violencia armada para resolver el conflicto entre ellas– pone a la política en el comando de las acciones. Clausewitz entendía a la guerra –al menos la moderna– como un “acto político”, es decir, de inteligencia, a su juicio el único elemento racional de la misma, claramente diferenciado de los otros dos componentes, el odio y el juego del azar y las probabilidades, es decir, si se prefiere, la pasión y el cálculo. Odio, cálculo e inteligencia integran una trinidad inseparable y remiten, respectivamente, al pueblo, a los máximos jefes militares (carácter y talento) y sus ejércitos (valor), y al gobierno, que define los objetivos políticos de la guerra. Clausewitz, claro, pensaba la guerra entre Estados, no la guerra civil, la guerra de clases, pero sus observaciones merecen ser tenidas muy en cuenta a la hora de analizar estas.

En todo conflicto de clases, la lucha, el enfrentamiento entre dos o más de ellas es clave para definir, como se señaló en el capítulo 3, la identidad de cada una y la oposición que las separa. Si de proyectos de revoluciones sociales se trata, para los insurgentes los principales contendientes son las clases explotadas y oprimidas (en el caso de América Latina, básicamente los campesinos y los trabajadores rurales y urbanos), por un lado, los terratenientes y la burguesía aliada al imperialismo, por el otro. Pero entre uno y otro polo de la confrontación existen otras clases y sectores sociales: principalmente pequeña burguesía, burguesía nacional y clase media. Este tercer espacio social, nada homogéneo, es clave para dirimir el desenlace de la guerra o lo que suele llamarse el escenario de salida de la guerra: el triunfo o la derrota o bien una negociación que posibilite una salida política más o menos satisfactoria para ambas partes (como ocurrió en El Salvador). Una estrategia basada exclusivamente en la polarización clase contra clase, desatendiendo ese crucial tercero, crea las condiciones para que este tienda a engrosar las filas del enemigo. De allí la importancia de las alianzas (o las coaliciones, como prefiere Tilly), de las acciones políticas para sumar base social. En América Latina, los revolucionarios mexicanos, guatemaltecos, bolivianos, cubanos, nicaragüenses pudieron tomar el poder porque construyeron alianzas favorables, a pesar de que luego –en el caso de Guatemala y Nicaragua– el decurso posterior de la guerra llevara a la derrota de los revolucionarios. Un estudio detenido de las distintas experiencias, en particular las de las décadas de 1960 y 1970 (pero también las de la segunda ola, la de los años ochenta y noventa) probaría sin fisuras la hipótesis.

La segunda cuestión es la elección del momento político para crear o establecer el foco, que no significa simplemente el momento de inicio de las acciones militares. La existencia de un régimen dictatorial o de uno más o menos democrático no es un dato menor. En ocasiones, el foco surgió en la segunda de estas posibilidades, pero no para operar durante él sino como capacitación para actuar militarmente en el momento –que se presumía ocurriría en breve– de su derrumbe y reemplazo por una dictadura. Un caso claro fue el del EGP, en Argentina, y, aunque no se trató de un foco rural, el de los Tupamaros uruguayos. En cambio, las organizaciones revolucionarias brasileñas y las argentinas posteriores al foco salteño se constituyeron y comenzaron a actuar en situaciones de dictadura.

El tercer problema a superar es el de la inserción en el lugar elegido para el comienzo de las actividades (que, a su vez, es el resultado de una decisión crucial previa). Se trata de una fase especialmente delicada y de alta vulnerabilidad, pues –salvo que se trate, como veremos más adelante en este mismo capítulo, de una guerrilla originaria del lugar, como las FARC en sus inicios y en algún sentido, pero no igual, en los inicios de Sendero Luminoso– los guerrilleros deben reconocer el lugar, adaptarse a las condiciones físicas del mismo, construir una retaguardia que incluya depósitos de armas y parque, medicamentos y alimentos, amén de espacio de entrenamiento militar y concientización política de los cuadros; pero, además, deben evitar ser detectados por las fuerzas del orden, máxime si están en un cierto grado de alerta preventiva, el cual incluye eventuales infiltraciones de los servicios de inteligencia y/o las fuerzas represivas. La cuestión de la accesibilidad o inaccesibilidad del lugar inicial es, pues, clave. Por lo general, la elección no tiene un objetivo operativo, es decir, de entrar en alguna forma de combate, de elegir el teatro de operaciones. Un lugar inaccesible o de fuertes dificultades de acceso garantiza mayor grado de seguridad para los insurgentes, pero también los priva de la posibilidad de establecer contactos y relaciones con los campesinos, la base social a la cual aspiran sumar a la lucha. A la inversa, un espacio accesible geográficamente, con buenas comunicaciones (que son necesarias para la provisión de insumos y contactos con los núcleos urbanos) y población campesina, favorece el trabajo con estos, pero expone al grupo guerrillero a una más pronta y eficaz represión estatal, como bien ilustra el caso del comandado por Hugo Blanco. La lógica de crear la retaguardia antes de entrar en combate explica la elección del Che en Bolivia, pero la reacción rápida de las Fuerzas Armadas, sumada a otros elementos ya señalados, impidió superar exitosamente tal inicial fase crítica. En cambio, como veremos enseguida, Sendero Luminoso, que eligió un lugar inaccesible y tuvo tardíamente (recién en 1983) el hostigamiento del Ejército, pudo construir una base sólida antes de entrar en combate (Manrique, 1994: 57-58). Antes de Sendero, también el MIR conducido por de la Puente Uceda se instaló, como vimos, en un espacio geográfico de difícil acceso, al cual las fuerzas represoras llegaron por acción de un desertor de la guerrilla que ofició de delator.

El locus inicial es, pues, un doble problema geográfico: de geografía física y de geografía social. No siempre es posible armonizar ambas. La geografía física más ventajosa para la guerrilla es la de montaña y selva. En ese sentido, uno de los problemas más serios para las organizaciones revolucionarias peruanas fue que la topografía de los Andes en el país no reúne estas condiciones. La geografía social más favorable es aquella en la cual hay campesinos con demandas que facilitan su incorporación a la lucha contra el Estado, como veremos más abajo. Claro está que una geografía física favorable no sirve de mucho si en ella no viven los sujetos a los cuales se debe interpelar para llevar adelante la lucha. La inversa es igualmente cierta, situación en la cual las desventajas de la geografía física deben salvarse de otra manera, como hicieron los tupamaros uruguayos y las organizaciones argentinas, sobre todo después de que el ERP abandonara un locus rural inicialmente propicio, el de la provincia de Tucumán, con montañas, selva y una situación social explosiva. Finalmente, cabe tener presente que ambas geografías requieren condiciones políticas (nacionales y locales) propicias para impulsar la lucha contra el orden vigente.

El cuarto problema fundamental a resolver en los comienzos de la guerrilla en el locus elegido es del orden de la logística: provisión continua de armas, municiones, alimentos, medicamentos y otros insumos necesarios, si no imprescindibles, para la supervivencia en condiciones geográficas difíciles. Obviamente, es crucial la fuente (o las fuentes) de financiamiento de que dispone la organización para atender todos los gastos. Aquí también, según, otra vez, Manrique, Sendero tuvo éxito, al disponer de recursos generados internamente. Es, asimismo, el caso de las FARC que veremos más adelante. Una cuestión adicional y colateral, nada trivial, por cierto, es la relación ético-política con el modo de obtener los recursos monetarios: no es igual conseguirlos mediante la llamada expropiación de la burguesía (usualmente asalto a bancos y casas financieras e incuso secuestros de grandes burgueses por cuya liberación se pagaban importantes sumas de dinero, como en el sonado caso de los hermanos Born en Argentina) que a través de acuerdos con los narcotraficantes, para poner solo dos ejemplos.

El quinto problema a atender es clave para la continuidad de la lucha insurgente: disponer de una base social favorable, necesaria para obtener alimentos, información de los movimientos del enemigo, combatientes… La construcción de esa base requiere de la conjunción positiva de varios factores, que van más allá de la mera distinción y combinación clásica entre condiciones objetivas y subjetivas. Es una cuestión que se entrelaza con al primera. La capacidad de la dirección política y militar de los revolucionarios –que incluye la resolución de la cuestión vital de las alianzas– es un componente sine qua non. En esta cuestión, tanto el M-26 cubano como el FSLN nicaragüense fueron magistralmente exitosos. Antes de ellos, pero para hacer una revolución social burguesa, fue el caso también del MNR boliviano. En los tres, el resultado final –el desenlace revolucionario de la situación revolucionaria– combinó fuerzas sociales y políticas rurales y urbanas, campesinas, obreras y sectores de clase media.

Los que hemos identificado como segundo, tercero y cuarto problemas fundamentales que, en el inicio de sus acciones, deben resolver los movimientos insurgentes, no implican necesariamente una secuencia obligada. De hecho, suelen solaparse, principalmente los dos últimos. Si la organización revolucionaria supera esos escollos iniciales, sus posibilidades de acciones exitosas aumentan, pero ello no implica ni garantiza alcanzar sus objetivos. Sendero fue una experiencia que ilustra muy bien la superación de los problemas fundamentales del comienzo para concluir en una derrota estrepitosa, como veremos enseguida. En cambio, el FSLN en Nicaragua constituye el excepcional caso de una secuencia exitosa completa.

Si se quiere, a la hora del balance, es necesario, como propone Moore, fijarse en la sociedad entera. Así, no solo podremos responder a la pregunta acerca del por qué del éxito o del fracaso de la insurgencia, sino también a la otra que indaga cuáles son las condiciones socio-históricas y el coeficiente histórico que presenta la coyuntura objeto de análisis. Por caso: ¿qué explica la muy larga situación colombiana, donde, después de más de cincuenta años de lucha, no hay un desenlace, sobre todo un desenlace revolucionario? Como se verá más adelante, ni las FARC y el ELN han podido, hasta ahora, conquistar el poder ni las fuerzas regulares, hasta ahora, tampoco han podido derrotarlas definitivamente. En un contexto tal, ¿por qué la solución política del conflicto no ha sido viable? ¿Por qué no en Colombia, y por qué si en El Salvador?

En fin, durante las décadas de 1960 y 1970, las burguesías latinoamericanas, que tenían mucho que perder, cerraron filas en torno a la defensa de sus intereses fundamentales, apelando al ejercicio de la pura coacción mediante las Fuerzas Armadas, a quienes incluso llegaron a cederles su lugar en el control del gobierno, cuando no del Estado. Por su parte, los movimientos revolucionarios, en general, se fracturaron, se dividieron y ofrecieron, en consecuencia, un campo de oposición crecientemente más débil. Asimismo, sectores considerables de la sociedad permanecieron ajenos a este conflicto y, por acción o por omisión, operaron en una dirección que terminó inclinando la balanza en favor de aquellos que defendían un orden conservador férreo.

Analizado el proceso según el canon gramsciano de las relaciones de fuerzas en una situación determinada, es posible advertir cómo las mismas se definieron a favor de las burguesías (73). En el plazo inmediato, la derrota de los proyectos revolucionarios produjo una brutal represión burguesa, particularmente acentuada en el caso de los Estados Terroristas de Seguridad Nacional, ejercida sobre trabajadores, campesinos, y grupos de clase media urbana (estudiantes, profesionales, artistas). En el mediano plazo –digamos, entre 35 y 40 años-, tras la caída de las dictaduras, produjo la ratificación del capitalismo, fuera por la vía de modernizaciones conservadoras bajo democracia (en los noventa), extendiendo lo alcanzado durante las dictaduras, fuera por la recuperación de funciones y presencia del Estado, en la primera década del siglo XXI. En el mediano plazo, entonces, produjo la afirmación, mutatis mutandi, de aquello contra lo cual los revolucionarios de los años 1960-1970 habían combatido. Ese proceso fue condensado por Norbert Lechner (1985) en términos de pasaje de la revolución a la democracia.

Es cierto que procesos como los iniciados en Bolivia, Ecuador y Venezuela en la primera década del nuevo siglo han reposicionado a la revolución en el horizonte de las posibilidades, y pueden, eventualmente, generar procesos de transformaciones estructurales más o menos radicales, pero hasta ahora, más allá de la retórica, no pueden ser definidos, en términos conceptuales estrictos, revoluciones. Empero, no debe dejar de considerarse el análisis de estos procesos en curso como formas diferentes de hacer la revolución respecto de las del pasado, a partir de la constatación derivada de los golpes militares –señalada por Francisco Weffort (1984)– de que la construcción del socialismo no puede resultar de un golpe.

En el lapso de, más o menos, 40-50 años, las burguesías latinoamericanas evitaron la revolución y ahuyentaron el fantasma del socialismo/comunismo, y los revolucionarios sobrevivientes terminaron, en número considerable (si no mayoritario), integrados políticamente en el sistema capitalista o bien en los márgenes de él, sin posibilidad de incidencia real inmediata, es decir, relegados a posiciones testimoniales y en algunos casos inmersos en nostalgias de lo que pudo haber sido y no fue.

La Revolución Cubana no solo sirvió de inspiración, de acicate para hacer otras en el continente: sirvió de modelo. Y allí residió el drama, porque inspiración y estímulo fueron componentes fundamentales para impulsar los proyectos revolucionarios (que contaron con la más amplia y generosa solidaridad de los cubanos) y debieron servir para buscar formas adecuadas a la realidad de cada país (como intentaron, por ejemplo, los tupamaros uruguayos), mientras que en tanto modelo, este implicó imitar, incluso copiar, el camino cubano.

Algunos revolucionarios tenían claro que, tras la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, las burguesías latinoamericanas y el imperialismo norteamericano ofrecerían fortísimas resistencias –y por ende incrementarían las dificultades– a cualquier proyecto de cambio social radical inspirado en el socialismo, o definido como tal. No obstante, en el clima de los años 1960-1970, la posibilidad de la revolución era un acicate muy fuerte y a menudo hizo perder de vista no solo la primacía de la política (relegada en los hechos ante la lógica de la guerra), sino también que hacer la revolución era algo más que tomar el poder. Desde la distancia temporal, es posible conjeturar que los proyectos revolucionarios pudieron haber seguido procesos distintos a los efectivamente acaecidos si hubiesen tenido en cuenta el aprendizaje de Gramsci, quien reflexionó desde la derrota de los movimientos revolucionarios europeos posteriores a la Revolución de Octubre. La primera de esas “lecciones” era la necesidad de construir una relación orgánica (en el sentido que el italiano le dio a la expresión) entre las organizaciones revolucionarias y los movimientos obreros y/o campesinos. Con excepción de las nicaragüenses y en cierta medida de las salvadoreñas, esas organizaciones fueron básicamente minorías con fuerte voluntad, entrega y coraje y, al mismo tiempo, con escasa, cuando no nula, articulación con movimientos de masas. De esa forma obviaron un componente fundamental de una estrategia revolucionaria como la concebida por Gramsci: la lucha por la hegemonía de las clases obrera y campesina antes de la toma del poder. En ese sentido, el caso argentino, donde existía un amplio y fuerte movimiento obrero organizado, constituye un buen ejemplo, sobre todo porque en su seno predominaban posiciones políticas e ideológicas no socialistas –cuando no anticomunistas–, si bien se estaba produciendo, por esos años, un fuerte avance de distintas corrientes de izquierda. Es cierto que el trabajo de construcción de hegemonía se vio superado por la urgencia de la apelación a la violencia y por la capacidad de la derecha de neutralizar, política y militarmente, a las organizaciones revolucionarias y finalmente derrotarlas. Pero hay que explorar aún más ese déficit, en particular porque –como se ha visto– no eran pocos ni menores los antecedentes de rebeldía e insurgencia campesinas.

En el mediano plazo, la derrota de los proyectos revolucionarios tuvo otro corolario bien negativo para los propulsores de la transformación societal: puso en cuestión el núcleo duro o, como escribió Lechner, “la idea motriz” del proyecto revolucionario, es decir, el socialismo. Cuando “De la revolución a la democracia” se publicó por primera vez, parecía haber una neta distinción entre la América del Sur y la Central, con predominio de la demanda de democracia en la primera y de revolución en la segunda. En América del Sur, señalaba Lechner, se había producido, dentro de la izquierda, una crisis de proyecto que también era una crisis de identidad, de donde la incertidumbre respecto de qué transformaciones propulsar, qué orden presentar como posible y deseado (1985, in fine). Entre cinco y diez años más tarde, una encrucijada similar se produciría en Centroamérica, tras la derrota del sandinismo y la reformulación de la lucha en Guatemala y, sobre todo, El Salvador. También allí la cuestión de la democracia se presentó como una cuestión nodal.

En términos generales, las organizaciones revolucionarias perdieron en las tres dimensiones de las relaciones de fuerzas: sociales, políticas y militares. Para organizaciones político-militares como las surgidas en América Latina al socaire de la Revolución Cubana, el énfasis puesto en lo político-militar –y a menudo más en lo militar que en lo político– potenció la magnitud de la derrota. Las tendencias militaristas, al primar sobre las políticas, violaron una regla fundamental: “Solo la política crea la posibilidad de la maniobra y del movimiento” (Gramsci, 1975: I, 121). Las experiencias de Nicaragua y, en buena medida, El Salvador fueron excepciones parciales. Con las mismas excepciones, tales organizaciones también tuvieron una relación de fuerzas desfavorable en el plano internacional.

Un dato bien significativo, no siempre analizado adecuadamente, es que los proyectos de nuevo orden –tanto el revolucionario como el conservador– se fundaron en la apelación a la violencia. El proyecto de los revolucionarios concluyó, como vimos, en duras derrotas. El de las burguesías, en triunfos. Estos –en el doble momento de vencer a aquellos y de consolidar el nuevo orden– se obtuvieron mediante la violencia más brutal y tuvieron su expresión más terrible en los Estados Terroristas de Seguridad Nacional. Conviene recordar, asimismo, el papel desempeñado por las organizaciones paramilitares-paraestatales –particularmente la Triple A en Argentina, los Escuadrones de la Muerte en El Salvador, y las Autodefensas Unidas en Colombia que veremos más adelante– en la función de trabajo sucio contra las fuerzas revolucionarias y sus apoyos reales y/o potenciales. A propósito del paramilitarismo es bueno tener en cuenta una observación de Gramsci (1975: I, 121), según la cual las organizaciones armadas privadas –que surgen en una organización estatal debilitada– hacen “uso de la ilegalidad, mientras el Estado parece permanecer en la legalidad como medio de reorganizar al mismo Estado”.

Es cierto que la guerrilla rural reapareció en los años de 1980, en Perú, impulsada por dos nuevas organizaciones, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y en los años de 1990 en México, con el muy atípico Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en Bolivia con el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), pero no fueron proyectos equiparables a los de las décadas anteriores.

Perú: el Sendero Luminoso no fue el de Tupac Amaru

Por motivos que esperamos se desprendan de la lectura de esta sección, sostenemos que, como ha observado el sociólogo francés Henri Favre (1999), Sendero Luminoso rompió “con la rica tradición de las guerrillas latinoamericanas”, y por eso suele llamarse a esta experiencia –y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y en los noventa en México, al EZLN, y en Bolivia, al Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK)– la segunda ola (u oleada) revolucionaria (74).

En mayo de 1780, en plena insurrección indígena y en ocasión del sacrificio ritual, los dioses tutelares, por intermedio de Willaq Umu (alto sacerdote del Incario), le hicieron llegar a Tupac Amaru una profecía: “Debes hacer brillar el sol, y si no lo consigues totalmente, deberán pasar doscientos años para que vuelva a brillar”. La leyenda andina viene a cuento porque no fue por azar que en 1980 comenzó a desarrollarse en Perú la fase de lucha armada dispuesta por el IX Pleno de la VI Conferencia Nacional del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP SL), como bien destaca Manuel Jesús Granados (1994: 140). Empero, acota Carlos Iván Degregori, no debe verse a Sendero Luminoso como un movimiento mesiánico o milenarista que hunde sus raíces en el pasado incaico. A su juicio, “Sendero llega al mesianismo o a una suerte de concepción religiosa, pero por lo que podríamos llamar un ‘exceso de razón’. Son los últimos hijos del Siglo de las Luces que doscientos años más tarde, perdidos en los Andes, llegan a convertir la ciencia en religión” (Degregori, 1994: 130).

El 17 de mayo de 1980, en el final del Gobierno del general Francisco Morales Bermúdez y, por lo tanto, ya en el proceso de transición a la democracia, Sendero Luminoso hizo su aparición pública tomando un pequeño poblado del departamento de Ayacucho y proclamando su decisión de boicotear las elecciones generales del día siguiente. Como es obvio, la nueva organización no surgió de la nada, aun cuando para no pocos así pareció, pese a algunos indicios perceptibles ya en 1977 y a los cuales los servicios de inteligencia no prestaron mucha atención. Para entonces, ya operaban senderistas que propiciaban la guerra popular. Como organización política, SL remite en sus orígenes más lejanos a la escisión producida en 1964 en el Partido Comunista Peruano, ocasión en la cual –como en otros lugares del mundo– la fracción o tendencia pro china o maoísta se separó y constituyó el Partido Comunista Peruano-Bandera Roja. En 1967, una nueva crisis interna generó otra ruptura, disidencia que llevó a la creación del Partido Comunista Peruano-Patria Roja. En 1969, este se fragmentó sucesivamente en Partido Comunista de Perú-Puka Llacta (expresión esta que significa Patria Roja en quechua), Partido Comunista de Perú-Estrella Roja, Comité Mariátegui, Comité Stalin, Vía Proletaria y Posición Albanesa. Ese mismo año, dentro de Bandera Roja, su secretario de propaganda, Abimael Guzmán Reynoso (un profesor de filosofía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho, en los Andes centrales) encabezó otra escisión, la cual llevó a fundar el Partido Comunista del Perú Marxista-Leninista-Pensamiento Mao Zedong, cuyo lema fue “Por el sendero luminoso de Mariátegui”. La nueva organización creó, a su vez, una serie de otras, destinadas a actuar en espacios sociales diferentes y específicos: Frente de Estudiantes Revolucionarios, Movimiento de Campesinos Pobres, Movimiento Femenino Popular, Movimiento de la Juventud Popular. Su función, dice Favre, no era tanto el adoctrinamiento como la concientización de la injusticia en la cual vivían los jóvenes, las mujeres, los campesinos. En 1974, Guzmán renunció a su cargo docente y pasó a la clandestinidad para dedicarse de lleno a la construcción y fortalecimiento del partido. La estructura organizativa contempló la creación de comités regionales que abarcaban todo el territorio nacional. De cada uno de ellos dependían comités de zona, los cuales se conformaban con células de base de cinco o seis militantes cada una, sin conexión entre ellas, salvo la que mantenían los respectivos responsables jerárquicos (Favre, 1999: 103). Esta estructura organizativa, inspirada en el modelo bolchevique ruso, fue común a todas, o al menos a buena parte de las organizaciones político-militares de las décadas de 1960 y 1970.

La organización se constituyó a partir del encuentro “entre una elite intelectual provinciana mestiza y una juventud universitaria también provinciana, andina y mestiza” (Degregori, 1994: 119). Expandió su base social entre el campesinado, existiendo áreas, como Andahuaylas, donde de terroristas o universitarios pasaron a compañeros en solo tres años (Berg, 1994: 201). Su expansión geográfica fue notable, creciendo gradualmente el apoyo campesino e incluso (entre 1971 y 1978) el de los universitarios, si bien sus bases urbanas nunca fueron significativas en Lima (donde pesaba Izquierda Unida, la exitosa coalición política que SL consideró fuerza enemiga, calificándola de “reformista”), ni en la Costa. Desde Ayacucho y Apurímac, los senderistas se extendieron rápidamente, tanto que hacia 1990-1991, según Favre (1999: 105), controlaban no menos de la quinta parte del país. Cynthia McClintock (1994: 407) entiende que varios factores favorecieron el surgimiento de SL, asignándole condición básica a “la crisis de subsistencia en las tierras altas del sur”, iniciada simultáneamente con la aparición de los senderistas, que encontraron su “base primaria” entre los pequeños propietarios rurales de escasa presencia en la economía de mercado o en redes no agrícolas.

Heraclio Bonilla destaca la conexión existente entre tres serias limitaciones de la reforma agraria de Velasco y la condición de posibilidad para el asentamiento de SL. Aquella “favoreció de manera selectiva a colonos y trabajadores de las plantaciones; excluyó a la mayoría de las comunidades campesinas y reintrodujo una nueva modalidad de concentración de tierras en poder de cooperativas y sociedades agrícolas de interés social”. Así, las tensiones sociales se incrementaron, no solo por esas limitaciones sino porque, muy especialmente, la reforma agraria no abolió las relaciones de dominación, pues si los terratenientes dejaron un vacío de poder, este fue rápidamente llenado “por una nueva élite de comerciantes, quienes en complicidad con jueces y policías procedieron a nuevas extorsiones del campesinado” (Bonilla, 1994: 36-37).

SL fue una guerrilla muy doctrinaria, prestándole atención a cuestiones ideológicas y programáticas, aunque no produjo demasiados documentos. Más aún: se consideró gestor de una innovación teórica, el “pensamiento Gonzalo” (es decir, de Abimael Guzmán), del cual comenzó a hablarse tempranamente. Pero, curiosamente, como bien ha señalado Nelson Manrique (1994: 91-92), a diferencia del marxismo, cuya teoría del conocimiento se funda en la premisa de que si la realidad no coincide con la teoría que busca interpretarla, está errada y debe modificarse, Sendero procedió a la inversa, forzando la realidad para que encaje en la teoría.

Sendero partió de un postulado de matriz maoísta: la guerra popular prolongada desplegada desde el campo hacia las ciudades, a las cuales había que rodear hasta poder tomarlas. No obstante, después se apartó de las posiciones del PC Chino, acentuó su sectarismo y no hubo evidencia alguna de que contara con algún soporte o apoyo político-ideológico por parte de otras fuerzas políticas externas o, menos aún, Estados o Gobiernos.

Aunque SL decía guiarse por el pensamiento de José Carlos Mariátegui, en la práctica, e incluso en su propia concepción teórica, no fue así, particularmente en una cuestión clave para cualquier acción política en el mundo andino: la dimensión étnica, el “problema del indio”, indisoluble del “problema de la tierra”, y también, como dice Granados (1994: 147), el “del cholo”. SL ignoró por completo esa dimensión.

En ocasión del congreso partidario de 1988 se prepararon cinco documentos reunidos con el título “Bases para una discusión”, de significativa importancia. En el segundo de ellos, “Revolución democrática”, se exponía la proposición del “presidente Gonzalo” respecto de las clases que Sendero debía unir: proletariado, campesinado (especialmente el pobre), pequeña burguesía y burguesía media. El campesinado era la fuerza motriz de la revolución y el proletariado, la clase dirigente de esta. Las dos fracciones burguesas no eran “blanco de la revolución democrática”, cuyas tareas eran cuatro: 1) “destruir el dominio imperialista”, en particular el yanqui, y conjurar la acción del “socialimperialismo ruso”; 2) “destruir el capitalismo burocrático, confiscando el gran capital monopolista estatal y no estatal”; 3) “destruir la propiedad terrateniente feudal [¡sic!] confiscando la gran propiedad asociativa y no asociativa, entrega individual de la tierra bajo el lema ‘Tierra para quien la trabaja’ a los campesinos pobres primero y principalmente”; 4) “apoyar el capital medio al que se le permite trabajar imponiéndole condiciones”. La realización de esas cuatro tareas implicaba derrumbar el viejo Estado a través de la guerra popular con fuerza armada revolucionaria y la dirección del Partido Comunista construyendo un nuevo Estado” (apud González, 1994: 311-312).

Conforme el “pensamiento Gonzalo”, la revolución peruana debía seguir un derrotero que comenzaba con la revolución democrática, seguía con la revolución socialista, que debía desarrollar revoluciones culturales para arribar al comunismo, “todo en un proceso ininterrumpido aplicando la guerra popular y especificándola” (apud González, 1994: 313).

En la concreción de esa estrategia, SL desplegó una serie de acciones tendientes a ampliar el espacio de operaciones, todo en el marco de una concepción de largo plazo. Así, v. gr., a mediados de 1983 se instaló en los linderos del valle del Alto Huallaga, un área productora de coca (75). Se trata de un ejemplo puntual, revelador de las formas para concretar el logro de los objetivos. Fue esa una irrupción sorpresiva, no detectada por los servicios de inteligencia militar ni por las fuerzas represivas que operaban en esa zona contra el narcotráfico. Ante los primeros indicios de presencia de guerrilleros, la zona fue declarada en emergencia en julio de 1984 y puesta bajo el control de un comando político-militar que reorientó su lucha contra Sendero, que debió replegarse. El desplazamiento de la represión hacia la guerrilla implicó la libertad de acción para el narcotráfico, hecho que le valió al Ejército el apoyo de la población. El cultivo de coca se expandió, pero también la violencia. En efecto, en tanto Sendero y la policía estaban fuera de las poblaciones (donde el Ejército restringió la acción de la policía), el control de las poblaciones fue tomado por los narcotraficantes locales. Estos, dependientes de los cárteles colombianos, buscaron ampliar el margen de ganancia llevando a niveles muy bajos el precio pagado por las hojas de coca, y para forzar la aceptación de los cultivadores debieron aplicar una política de terror. Para los campesinos, los abusos de los narcos añadían más violencia a la históricamente ejercida por los policías. Por añadidura, a menudo unos y otros se coludían, permitiendo el tráfico, por un lado, y extorsionando a los campesinos, por el otro.

En ese contexto, SL replanteó sus objetivos y volvió al Alto Huallaga. La reinserción fue facilitada por la decisión del Gobierno de Alan García de reiniciar las operaciones policiales contra el narcotráfico (1986-1987). Con ellas, retornó la violencia sobre los campesinos, atrapados así entre dos fuegos. SL planteó “una alianza con los productores de hoja de coca y una convivencia con los narcotraficantes”, aunque no vaciló en aplicar la fuerza contra estos, como el caso de “dos de las trece ‘firmas’ locales [que] se resistieron al control senderista” y sobre las cuales, con ayuda de los cocaleros, perpetraron “masacres en las que murieron ‘señores’ y guardaespaldas que pretendieron mantener sus privilegios”. De ese modo, SL se afianzó y expandió, llegando a controlar poblados enteros “en los que organizaban a toda la población, incluso en turnos para hacer la limpieza pública”. Los senderistas –jóvenes andinos o lugareños de apariencia semejante a los campesinos locales– comenzaron “a consolidar su autoridad entre las poblaciones imponiendo su ‘justicia revolucionaria’ […]. En ellos, los campesinos encontraron todo el orden que nunca habían tenido” (Gonzales Manrique, 1989: 213-214; itálicas del autor).

El caso de Alto Huallaga ejemplifica una de las formas mediante las cuales SL logró fuerte inserción entre los campesinos. Con diferencias, según los casos, la construcción de una base social campesina –recordemos, considerada por Sendero “fuerza motriz de la revolución”– fue extendiéndose. Sin embargo, en algún momento algo cambió como consecuencia de una compleja trama en la que se entremezclaron concepciones y errores senderistas y eficacia de la represión militar. Las Fuerzas Armadas se capacitaron en contrainsurgencia siguiendo los procedimientos utilizados en Vietnam por Estados Unidos y por sus pares del Cono Sur americano. Y tuvieron la habilidad de revertir en su favor posiciones campesinas inicialmente favorables a Sendero. Ello fue especialmente posible cuando estos, dotados de un sectarismo e intransigencia fanática, verdadero fundamentalismo, comenzaron a actuar en contra de quienes no adherían expresamente, o disentían (poco o mucho), o eran acusados de acciones calificadas como delitos, entre otras. Las “desviaciones” fueron castigadas sumariamente, de manera que las ejecuciones de campesinos acusados de “espías”, “informantes”, “traidores” se hicieron frecuentes, a menudo de manera pública, reuniendo al pueblo en la plaza. A partir de un cierto límite, esa conducta enajenó el apoyo y las simpatías campesinas, y provocó un efecto búmeran. Los campesinos se organizaron en rondas, que de grupos de protección y de reparación de agravios pasaron a ser “instrumentos del Gobierno y de las Fuerzas Armadas” en la lucha contra SL (Bonilla, 1994: 40). Las primeras rondas contra Sendero surgieron en Urpay, hacia 1983. Aunque armadas rudimentariamente, pronto ganaron en organización y capacidad. Cuando en 1984 el Ejército llegó a la zona las incorporó a su estrategia antiguerrillera. No solo eso: rápidamente mostraron más capacidad que los propios soldados (González, 1994: 253-254). La multiplicación de esta articulación campesinos-Fuerzas Armadas facilitó en mucho la ofensiva contra SL. La espiral de violencia y brutalidad se elevó notoriamente.

Cuando los militares armaron a los campesinos ronderos para combatir a la guerrilla, abrieron la caja de Pandora. Bonilla ha sintetizado muy bien el cuadro de situación: en el clima social y político peruano de esos años, aunado a una concepción peculiar de la justicia, dotar de armas a esos hombres era abrir la posibilidad del uso indiscriminado, arbitrario, sobre todo con adversarios, no necesariamente guerrilleros, con los cuales había cuentas por saldar. Así, apareció un nuevo escenario, en el cual la guerra contra los insurgentes podía devenir guerra entre campesinos, o “guerra civil y criminal, cuando desde el poder o con el respaldo de la derecha” se organizaron verdaderas bandas paramilitares […] para colocar bombas o asesinar a dirigentes de la izquierda”, o incluso para cometer crímenes corrientes adjudicándoselos a Sendero (Bonilla, 1994: 40).

En 1990, cuando SL había alcanzado una notable expansión territorial, pero también empezaba a sufrir reveses importantes y a perder apoyos, Alberto Fujimori –un outsider de la política que el año anterior había creado la organización Cambio 90– ganó, en segunda vuelta, derrotando al liberal Mario Vargas Llosa, la presidencia de la República. Fujimori llevó adelante, a despecho de sus promesas electorales, una política económica neoliberal atada al FMI. En materia política, lanzó una fuerte ofensiva contra las guerrillas con métodos legales e ilegales. Aunó las tareas de inteligencia de los servicios de las fuerzas represivas (incrementando su eficacia); permitió el accionar de grupos militares; legalizó a las Rondas Campesinas (que pasaron a denominarse Comités de Autodefensa); permitió la sistemática violación de los derechos humanos, tanto por parte de los grupos paramilitares como por las fuerzas y organismos legales (como el Servicio de Inteligencia Nacional). Episodios como las llamadas “masacres de Barrios Altos” (asesinato de 15 personas, más 4 heridos, por el paramilitar Grupo Colina, en noviembre de 1991) y “de La Cantuta” (secuestro y desaparición de un profesor y nueve estudiantes universitarios, en julio de 1992) fueron hechos paradigmáticos de los cuales se responsabilizó a Fujimori mismo.

El 9 de abril de 1992, en un clima social y político marcado por denuncias de corrupción y venalidad de jueces y funcionarios, y por tensas relaciones entre el presidente y el Congreso, Fujimori anunció la clausura de este, la total reorganización del Poder Judicial y la asunción de la totalidad del poder, es decir, su conversión en dictador. El autogolpe de Estado –ejecutado en un contexto latinoamericano en el cual la democracia representativa distaba de estar consolidada– no fue condenado por la OEA, decisión que favoreció la política de Fujimori. El dictador adujo que la medida era necesaria para “salvar la democracia” y para hacer efectiva la “lucha contra la subversión”. Secuela más grave aún: en 2005, el 64% del electorado votó por la reelección de Fujimori.

Volviendo a SL, digamos que el 12 de septiembre de 1992, la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), un organismo policial, capturó al “presidente Gonzalo” y otros altos dirigentes de la organización, un golpe fortísimo para esta. Fujimori no se privó de un acto denigrante de la condición humana: para probar la veracidad de la información, mostró a Guzmán, ante corresponsales de la prensa nacional e internacional, enjaulado. El 6 de octubre este fue condenado a prisión perpetua por un Tribunal Militar, sentencia anulada en 2003. Enjuiciado nuevamente, en 2005 fue otra vez condenado a cadena perpetua.

En lo inmediato SL respondió con la realización de algunas acciones de cierta envergadura, pero lo cierto es que con la caída de Guzmán la organización fue decayendo, aunque algunos grupos mantenían cierta presencia en la selva peruana todavía a fines de la década del 2000.

Paralelamente al surgimiento de SL hizo su aparición otra organización político-militar, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), con características bien distintas a las de Sendero, con el que, desde sus inicios en 1982-1984, procuró diferenciarse en su línea estratégica y en el accionar táctico (Manrique, 1994: 92).

El MRTA resultó de la conjunción de diferentes fuerzas y militantes de izquierda, algunos de ellos ex militantes del MIR liderado por De la Puente Uceda. El abandono de los nombres y siglas anteriores dio paso a la nueva denominación, con la cual se quería expresar la continuidad histórica de la larga lucha del pueblo peruano contra la opresión y la injusticia. Tenía una visión latinoamericanista, en la línea de pensar una “Patria Grande”.

A diferencia de los senderistas, los emerretistas operaban en las áreas rurales realizando acciones de alguna espectacularidad, como en la toma de Janjuí, a fines de 1987, que fue mostrada por la televisión como “una gruesa columna guerrillera completamente uniformada y completamente armada”. El hecho puede leerse como una forma de propaganda mediática sin duda impactante, pero es claro que no fue la nota distintiva entre ambas organizaciones. Manrique dice que el MRTA procuró mostrarse como “una organización insurgente que no realizaba los macabros ‘juicios sumarios’ ni ajusticiaba cruelmente a los ‘enemigos de la revolución’ o del partido, que mantenía otro tipo de relación, no autoritaria, con la población, mostrando respeto por las autoridades elegidas por el pueblo […] y cuya presencia era acompañada por un ambiente festivo, en el que los guerrilleros se confundían con la población”, bailaban con las muchachas o jugaban al fútbol con los jóvenes del lugar. Esa imagen contrastante con la de SL le hizo ganar muchas simpatías a los emerretistas, pero lo cierto es que después de Janjuí, tuvieron más derrotas que triunfos, en buena medida por la intensidad de la represión (Manrique, 1994: 93). En ese sentido, fue especialmente duro el revés sufrido en el paraje de Molinos (departamento Junín), el 28 de abril de 1989, cuando una columna de 67 guerrilleros que pretendía tomar la ciudad de Tarma fue completamente aniquilada (es decir, no hubo sobrevivientes) por un contingente de 100 soldados del Ejército. De hecho, el episodio –del cual no hay cifras precisas de cuántos muertos eran combatientes y cuántos, población civil no partícipe– era revelador de la crueldad de los procedimientos empleados para “aniquilar a la subversión”.

Por otra parte, como en otros casos, también el MRTA se vio ganado por las prácticas militaristas por encima de las políticas, tanto que terminó realizando ejecuciones de algunos de sus integrantes, acusados de “traidores”.

Lejos de establecer acciones conjuntas o alcanzar algún tipo de acuerdo para la colaboración, emerretistas y senderistas chocaron violentamente por el control territorial. El distanciamiento fue de tal magnitud que ni siquiera en las cárceles –en contraste con las experiencias de otros países, en particular en Argentina, entre cuadros del ERP y de Montoneros– pudieron articular alguna acción conjunta, ni siquiera de protesta por las condiciones de detención.

Los emerretistas nunca alcanzaron la magnitud de desarrollo de Sendero, pero se mantuvieron activos durante un buen tiempo. En 1992, en el marco de la ofensiva represiva llevada adelante por Fujimori, fue detenido uno de los fundadores, el economista Víctor Polay Campos, quien ya había sido apresado en 1989, pero que en 1990 había logrado fugarse junto a otros 47 compañeros. Su detención, y la de otros dirigentes, no frenó las acciones, la más importante de las cuales se produjo el 17 de diciembre de 1996, cuando 14 comandos emerretistas, dirigidos por el ex obrero y sindicalista textil Néstor Cerpa, tomó la residencia del embajador de Japón en Lima, cuando se desarrollaba un encuentro social del que participaban unas 800 personas, en su mayoría prominentes políticos, funcionarios, diplomáticos, empresarios, quienes fueron tomados como rehenes, de ahí la denominación “crisis de los rehenes”. El MRTA peticionó el intercambio por 465 compañeros detenidos, entre los cuales estaban cuadros chilenos y la norteamericana Lori Berenson, a quien el Gobierno acusaba de pertenecer a la guerrilla.

El episodio se convirtió en un hecho de impacto mundial, tanto que el Vaticano envió al arzobispo de Ayacucho como negociador (obtuvo la liberación de la mayoría de los rehenes, salvo 72) y la Cruz Roja Internacional fue aceptada por los guerrilleros como garante de la alimentación y salud de quienes permanecían retenidos. No fue un hecho breve: se prolongó más de cuatro meses, hasta el 22 de abril de 1997, cuando Fujimori ordenó un operativo militar (no exento de espectacularidad, pues incluyó la excavación de túneles para acceder a la residencia y su cobertura por canales de televisión nacionales y extranjeros). El operativo estuvo a cargo de 140 hombres, y en él murieron los 14 emerretistas (incluso algunos capturados vivos), dos militares y un rehén.

Después de esta acción, al igual que en el caso de SL, la organización entró en un cono de sombras.

La violencia de Estado (ilegítima e ilegal) (76)

Las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, en Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, estuvieron basadas ideológicamente en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) –nómina a la que díscolamente se suman los casos de Guatemala y Paraguay–. En otros casos, el régimen democrático se mantuvo con mayor o menor ceñimiento a las fórmulas típicas de los Estados de Derecho, pero esto no fue óbice para cierta apelación a la lógica de la guerra y a la seguridad nacional como fundamento último de la acción política (como en los casos de Venezuela, Colombia y México).

Las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas se colocaron en la paradójica situación de pretender legitimarse con el argumento de ser restauradoras de la democracia, apelando a la DSN como principio de legitimidad de ejercicio del poder. Así, se autopresentaron como correctivas de lo que consideraban “vicios de la democracia”, vicios que ellas identificaban como producto de la subversión y la corrupción generalizada. En Bolivia, la dictadura encabezada por el general Hugo Banzer fue, discursivamente, una excepción: los militares asaltaron el poder y se hicieron de él para poner fin a “la amenaza potencial de la izquierda revolucionaria”, es decir, “terminar con el comunismo” antes que reinstaurar la democracia (77).

Pronto, la DSN se reveló insuficiente para cubrir las necesidades de legitimación. En este proceso decantó su carácter institucional, esto es, los procedimientos por los cuales las Fuerzas Armadas se preparaban para perpetuarse en el mando. Si no se abandonó, al menos, se debilitó la proyección hacia un pasado que supuestamente ellas venían a restaurar, en pos de una elaboración, ahora mucho más sistemática, de su proyección hacia el futuro.

La concepción del enemigo interno tenía un núcleo ideológico duro, de considerable proyección política. El objetivo militar era aniquilarlo, en tanto enemigo, como mandan los cánones clásicos de la guerra. Ahora bien: aniquilar es, técnicamente, la acción de neutralizar la capacidad operativa del oponente, acción que no conlleva necesariamente la muerte de los combatientes. Fue la criminalidad de la conducta de los militares latinoamericanos, particularmente (pero no solo) argentinos y guatemaltecos (y colombianos), la que convirtió la expresión aniquilar en sinónimo de asesinar y/o desaparecer, empleando incluso procedimientos ilegales. Pero más allá del objetivo militar, la idea de un enemigo interno tenía otra arista, la de negar cualquier forma de disidencia del orden establecido y de propuesta de un orden alternativo. El enemigo interno fue considerado un enemigo de la nación.

Así, la “lucha contra la subversión” era una pretensión que ocultaba razones de otra índole. Cuando se instalaron las dictaduras de Brasil (en 1964) y de Argentina (en 1966), la “subversión”, paradigmáticamente identificada en las organizaciones guerrilleras, no era una amenaza real. Y en Uruguay (en 1973), donde estas organizaciones sí habían surgido antes del golpe de Estado, ya se ha visto que el MLN Tupamaros estaba prácticamente desarticulado.

Como muestra Edgar J. Velázquez Rivera, la DSN es un elemento constitutivo de la dominación imperialista de Estados Unidos y de la dependencia estructural de América Latina. Este conjunto de conceptos y experiencias están basados en una concepción organicista de la sociedad, en la que la nación y la raza aparecen sustancializados. Así, la DSN tiene un alcance cultural a través de su proyección en la educación y la religión, y de cierto componente mesiánico. Tal como afirma Velázquez (2002: 14), para los sostenedores de la DSN “todas las actividades, individuales o colectivas, [so]n actos de guerra a favor o en contra de la nación”. De ahí que la DSN promoviera la penetración de otras confesiones religiosas en América Latina, ya desde la década de 1960, que en muchos casos se convirtieron en un importante instrumento de desmovilización y despolitización de los sectores sociales más vulnerables, y en elemento vertebrador de una base social para los Gobiernos. De ahí, también, que la DSN haya sido un elemento presente en países que no sufrieron golpes de Estado y Gobiernos dictatoriales pero que sí tuvieron altos oficiales comprometidos en la violación sistemática de los derechos humanos (Velázquez Rivera, 2002: 15-16).

Si bien algunos autores ubican los antecedentes más lejanos de la DSN en Brasil, ya en el siglo XIX, y en Argentina y Chile, a comienzos del XX, la DSN, tal como se la entiende desde la década de 1960, es la que se elaboró a partir de teorías geopolíticas, antimarxistas y de tendencias conservadoras o de extrema derecha del pensamiento social católico de organizaciones como el Opus Dei, en España, y Action Française. Con el comienzo de la Guerra Fría, elementos de la guerra total y de la confrontación inevitable entre las dos superpotencias –Estados Unidos y la Unión Soviética– y sus respectivos bloques militares –la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia– se incorporaron a la ideología de la seguridad nacional en América Latina. La DSN fue “una ideología desde la cual Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, consolidó su dominación sobre los países de América Latina, enfrentó la Guerra Fría, fijó tareas específicas a las Fuerzas Armadas y estimuló un pensamiento político de derecha en los países de la región (Velázquez Rivera, 2002: 11).

En América Latina, la DSN enfatizó la “seguridad interna” frente a la amenaza de la “acción indirecta” del comunismo. Así, mientras los teóricos norteamericanos de la seguridad nacional privilegiaron el concepto de guerra total y la guerra nuclear, y los franceses, envueltos en la guerra contra los guerrilleros comunistas en Indochina, primero, y en la Guerra de Argelia, después, concentraron su atención en la guerra limitada como respuesta a la “amenaza comunista”, los latinoamericanos, preocupados por el crecimiento de movimientos sociales de clase obrera, centraron su enfoque en la amenaza de la subversión interna y de la guerra revolucionaria.

Para los teóricos de la DSN, la bipolaridad del mundo constituida tras la Segunda Guerra Mundial llevaba a la desaparición de las guerras convencionales y a su reemplazo por guerras ideológicas disputadas dentro de las fronteras nacionales de cada país. A escala mundial, la confrontación entre el “mundo libre, occidental y cristiano”, y el “totalitarismo comunista ateo” dejaba en las Fuerzas Armadas norteamericanas la responsabilidad de evitar eventuales conflictos armados entre sus aliados y encabezar una confrontación con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. En esa escala, la guerra era, entonces, una guerra contra el comunismo internacional y se entablaba en todos los frentes: militar, político, social, económico, cultural e ideológico. En cada uno de ellos, las fuerzas armadas debían combatir, y para hacerlo debían prepararse para un enfrentamiento no convencional, puesto que la subversión internacional actuaba en todos esos frentes. Esa tarea exigía una actitud vigilante y una preparación o capacitación especial, de la cual carecían, a juicio de los ideólogos de la DSN, los políticos y la propia democracia.

La DSN comenzaba con una teoría de la guerra. Al respecto, definía cuatro tipos de guerra: 1) guerra total; 2) guerra limitada y localizada; 3) guerra subversiva o revolucionaria, y 4) guerra indirecta o psicológica. En la guerra revolucionaria no había más línea del frente de batalla pues el enemigo estaba en todas partes.

La teoría de la guerra total, en tanto se basaba en la estrategia de la Guerra Fría, la concebía como absoluta. Habida cuenta del inmenso poder destructivo de las armas nucleares y de la inevitable confrontación entre las dos superpotencias, decían los teóricos de la guerra total, esta no se limitaba al territorio de los países beligerantes, o a sectores específicos de la economía o de la población. En palabras del general brasileño Golbery do Couto e Silva, de guerra estrictamente militar se pasaba a guerra total, tanto económica, financiera, política, psicológica y científica como guerra de ejércitos, escuadras y aviaciones; de guerra total a guerra global; de guerra global a guerra indivisible y permanente.

En rigor, la formulación más elaborada de la DSN, tal como se la conoció y aplicó en América Latina en las décadas de 1960 y 1970 (sobre todo, pero no exclusivamente), comenzó con la experiencia de los militares franceses en sus guerras coloniales en Indochina y Argelia, la primera desarrollada sobre todo en terreno selvático y la segunda, en ámbitos urbanos. Las dos terminaron con el fracaso de Francia, que perdió ambas colonias. La “técnica” de desaparición de personas y el accionar de los “escuadrones de la muerte”, usuales en América Latina, fueron “invenciones” de los militares franceses que combatían al Frente de Liberación Nacional en Argelia. Desde mayo de 1958, los procedimientos aplicados por las tropas colonialistas francesas se convirtieron en materia de enseñanza y estudio en el Centro de Entrenamiento en Guerra Subversiva, creado por el ministro de Defensa galo, Jacques Chaban-Delmas, que participaba de los cursos oficiales de su país, a los que luego se sumaron portugueses (en guerra contra los independentistas en sus colonias africanas, como Angola, Mozambique, Guinea-Cabo Verde), israelíes, norteamericanos y latinoamericanos, entre otros. Los cursos incluían un mes de práctica en territorio argelino. Un corolario de estos fue la firma de acuerdos de cooperación militar que supieron incluir la creación de una misión militar francesa en el país contraparte.

Las derrotas francesas en Indochina y Argelia desplazaron la influencia en la formación de oficiales expertos en contrainsurgencia de Francia a Estados Unidos, coincidiendo con el comienzo del intervencionismo militar norteamericano en Vietnam y con los múltiples desafíos generados en América Latina por la Revolución Cubana. Los norteamericanos realizaron parte de su tarea en la Escuela de las Américas, establecida en 1946 en la zona estadounidense del Canal de Panamá y especializada, a partir de mediados de los años sesenta, en la guerra antisubversiva. El fracaso de la Alianza para el Progreso se tradujo en la adición del término “seguridad” a la ya mentada consigna de desarrollo. Pronto el énfasis se invirtió completamente: para lograr el desarrollo era menester afianzar férreamente la seguridad.

Inicialmente, los militares norteamericanos fueron instruidos por colegas franceses, conforme los acuerdos alcanzados con el ministro de Defensa de Francia, Pierre Messner, en 1960. Según ellos, el país europeo envió a Estados Unidos oficiales en calidad de asesores en materia de guerra revolucionaria. Los cursos se impartieron en Fort Bragg, y entre los instructores se destacó el general Paul Aussaresses, tenido por uno de los mejores agentes galos en la materia (78).

Si bien la DSN fue el sustento ideológico de las dictaduras de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, como se ha dicho, sus contenidos y aplicación no fueron similares en todos los países, e incluso ella caló en situaciones consideradas formalmente de democracia, como en Colombia. Un caso singular es el de las Fuerzas Armadas peruanas, que también desarrollaron, durante las décadas de 1950 y, sobre todo, 1960, una doctrina de “progreso social y desarrollo integrado” de contenido nacionalista y reformista, en la cual se aprecia la influencia de las posiciones de la CEPAL sobre la dependencia y el subdesarrollo. La doctrina de los militares peruanos –que se autoconsideraban “combatientes contra el subdesarrollo” al lado del pueblo– fue elaborada en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) y tuvo como nota distintiva concebir la seguridad nacional en términos no solo militares sino también económicos y sociales, en lo cual coincidía con la de los brasileños. Tal doctrina sirvió de fundamento a la denominada Revolución Peruana de 1968. El reformismo militar peruano postuló terminar con la dominación oligárquica y desarrollar una democracia con amplia base participativa. Ha sido caracterizado como un proceso autoritario de incorporación de las clases sociales populares urbanas y rurales en pos del objetivo del desarrollo del país. La experiencia comenzó cuando ya estaban instaladas dos dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur, la brasileña (1964) y la primera argentina (1966). Significativamente, el CAEM no contó con militares norteamericanos en su cuerpo de profesores, a diferencia de otros países, como Brasil, donde la misión norteamericana se extendió entre 1948 y 1960.

Otro caso singular fue, justamente, el de los militares brasileños, quienes elaboraron una concepción y aplicación de la DSN, que enfatizaba la relación entre desarrollo económico y seguridad interna y externa. Fue conocida como Doutrina de Segurança e Desenvolvimento (Seguridad y Desarrollo), expuesta en el Manual Básico da Escola Superior de Guerra, publicado por su Departamento de Estudios en 1976. La singularidad del caso brasileño se aprecia en la disímil política económica impulsada por las Fuerzas Armadas, claramente contrastante con la adhesión a las posiciones del más tarde llamado Consenso de Washington, de ajuste estructural, que fue característica de las otras dictaduras del Cono Sur, muy especialmente de la chilena. Es cierto que la dictadura brasileña se instauró antes de la aparición de esas posiciones, pero también lo es que ella se prolongó hasta 1985, tiempo para el cual ya se habían llevado adelante las experiencias chilena, argentina y uruguaya. En ese lapso, la larga dictadura brasileña optó –y mantuvo la opción– por profundizar el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones mediante una fuerte apertura a la inversión de capital extranjero, pero sin debilitar el papel del Estado en la economía. Así, una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno del general Humberto Castelo Branco (el primero de los dictadores) fue –en el marco de la llamada Reforma Administrativa– la creación del Ministerio de Planeamiento y Coordinación Económica, encargado de coordinar y aplicar el modelo económico, facilitando la inversión extranjera y aumentando la tasa de acumulación de capital.

El programa económico global de la dictadura brasileña formuló como objetivos la racionalización de la economía por la concentración del capital en las industrias más eficientes y el estímulo a la penetración del capital multinacional más moderno y productivo, en total correspondencia con una de las premisas de la Doutrina en cuanto a los efectos considerados benéficos de la inversión multinacional: la mejor manera de desarrollar a Brasil consiste en transformar la economía del país en área prioritaria para la inversión extranjera.

La Doutrina surgió en el seno de la Escola Superior de Guerra (ESG), institución creada en abril de 1949, mediante un decreto del presidente de la República, el general Eurico Dutra. Fue elaborada a lo largo de veinticinco años y entre sus autores se destacó el general Golbery do Couto e Silva. Fue importante el papel de los civiles, incorporados por su formación profesional en las áreas de la industria, la educación, las comunicaciones y la actividad bancaria. El núcleo duro de la argumentación puede resumirse así: no hay seguridad nacional sin un alto grado de desarrollo económico, que debe incluir la industrialización, el efectivo aprovechamiento de los recursos naturales, la construcción de una extensa red de transporte y comunicaciones (con la función de integrar el territorio nacional, tarea que implicaba asignar destacada importancia a las autovías y los ferrocarriles), el entrenamiento de una fuerza de trabajo altamente calificada y el desarrollo científico y tecnológico. Para el logro de estos objetivos –en definitiva, la construcción de un “capitalismo moderno”–, los teóricos de la ESG consideraban clave la fuerte intervención del Estado en el planeamiento económico nacional, en la inversión en infraestructura, sin desdeñar, incluso, la eventual apropiación directa de los recursos naturales por parte del propio Estado. Los militares fueron notablemente coherentes con esos principios. Así, es posible constatar que la participación estatal en el planeamiento y la regulación de la economía alcanzó “niveles inéditos de centralización” a partir de 1964, aumentando también considerablemente la intervención del Estado en la producción directa (es decir, en carácter de propietario de medios de producción) en la explotación de recursos naturales mediante empresas de su propiedad.

Ahora bien, en América Latina, la DSN terminó de modelar una cosmovisión y una lógica de acción que había empezado a tomar cuerpo en los inicios de la Guerra Fría. La guerra en Corea desvió la atención del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia de Guatemala valió como advertencia. Luego, la de Perón, en Argentina, y la Revolución Boliviana reforzaron ciertos argumentos. Y finalmente, como se aprecia a lo largo de todo este capítulo y, en particular en la última sección, Estados Unidos volvió su atención a la geopolítica latinoamericana a partir de la Revolución Cubana.

Las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, en su práctica del terrorismo de Estado, llegaron a una coordinación supranacional de la represión inspirada en esa doctrina. Esto fue así, incluso, por encima de diferencias importantes en otros campos, como las vinculadas a hipótesis de guerra entre Estados –lo cual, más que referir a una contradicción pone de manifiesto las fisuras dentro de las Fuerzas Armadas–.

El 22 de diciembre de 1992, Martín Almada, una víctima de la represión stronista que reclamaba sus antecedentes policiales, sacó a la luz archivos secretos que probaron la coordinación supranacional de la represión entre varios países de América Latina, la denominada Operación Cóndor. El archivo secreto de los servicios de inteligencia represiva paraguaya fue encontrado en una oficina de la “Sección Política y Afines” de la Policía de Investigaciones de Asunción.

La Operación Cóndor fue un conjunto de acciones criminales a cargo de una organización transnacional que actuaba clandestina y extraterritorialmente. Para su ejecución se constituyeron escuadrones especiales con efectivos reclutados secretamente entre militares, policías e incluso civiles de derecha, tan secretamente que no fueron del conocimiento de muchos funcionarios militares y de Gobierno de las propias dictaduras involucradas (las de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). J. Patrice McSherry –una politóloga especialista en América Latina, a quien seguimos en este punto– da cuenta de los tres niveles del sistema: el primero era el de la cooperación mutua entre los servicios de inteligencia de los países involucrados, nivel en el cual se intercambiaba y procesaba información de inteligencia y se realizaban tareas de vigilancia de políticos desafectos de las dictaduras. El segundo nivel era el de las acciones encubiertas transnacionales, más graves que las anteriores, toda vez que incluían el secuestro de nacionales de un país en territorio de otro para su posterior traslado al originario, donde se los hacía desaparecer. El tercer nivel, más terrible aún, era el de los asesinatos cometidos en cualquier lugar del mundo –ya no solo en los países partícipes de la Operación, como ocurría en los niveles anteriores–, a cargo de “equipos especiales de asesinos” de todo dirigente político (de cualquiera de los seis países) considerado enemigo subversivo. Los blancos principales de esta fase III –algo así como una “licencia para matar”– eran los políticos con capacidad de denunciar los crímenes de las dictaduras y movilizar a la opinión pública mundial en su contra (McSherry, 2009: 30).

Sintéticamente dicho, la Operación Cóndor fue “una red bien organizada, sofisticada y bien equipada que tenía planeamiento y adiestramiento sistemático, centros operativos y de comunicaciones, y cadena de mando en cada uno de los países”, incluyendo los centros de detención y tortura a los cuales eran llevados “los prisioneros extranjeros de Cóndor”. Uno de esos centros fue el conocido como Automotores Orletti, en la ciudad de Buenos Aires (McSherry, 2009: 31).

Según la politóloga norteamericana, las características o rasgos distintivos de la Operación Cóndor fueron cuatro: 1) “su especialidad: operativos transfronterizos y en el extranjero dirigidos contra personas exiliadas”, prolongación de los ejecutados en el interior de los países involucrados; 2) La “naturaleza multinacional” de la Operación unificó a fuerzas militares que antaño se consideraron mutuamente como adversarias, si no enemigas, con “un largo historial de sospechas y conflictos”, como en los casos de las Fuerzas Armadas de Chile respecto de las de Argentina (con las cuales estuvieron a un tris de ir a la guerra en 1978) y Bolivia. Las unidades o comandos operativos se integraban con “efectivos especialmente adiestrados de dos o más países […], organizados en escuadrones o fuerzas de tareas” inspiradas en las Fuerzas Especiales norteamericanas, “especializadas en guerra no convencional y operaciones ‘contraterroristas’ (es decir, la utilización del terror para combatir el terror)”; 3) “La selección precisa y efectiva de disidentes”. A diferencia de las desapariciones y ejecuciones más amplias y arbitrarias que las dictaduras ejecutaron en sus respectivos territorios, Cóndor se especializó “en el ‘descabezamiento’ de dirigentes exiliados o miembros de las organizaciones de izquierda, populares y revolucionarias, así como en la eliminación de dirigentes reales o potenciales de la resistencia a los regímenes militares”; 4) “Su estructura paraestatal”. Como todos los paramilitares, los de la Operación Cóndor actuaban “como recursos de inteligencia y como instrumentos de terror y coerción” sin involucrar formalmente a las Fuerzas Armadas regulares y a sus Gobiernos. Las fuerzas paramilitares y sus acciones fueron pieza clave, fundamental, no solo de las estrategias de contrainsurgencia de las dictaduras, sino también de su fuente inspiradora: la de los militares estadounidenses (McSherry, 2009: 33-35; itálicas de la autora).

Entre los crímenes más conocidos realizados bajo la coordinación de los gobiernos dictatoriales que actuaron en cooperación cabe señalar el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en Jefe del Ejército chileno (durante los Gobiernos de Frei y de Allende, de quien fue también ministro), el general Carlos Prats González y de su esposa Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974, asesinatos cometidos durante el Gobierno de Isabel Martínez de Perón, por el estadounidense Michael Townley, agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (también vinculado a organizaciones de extrema derecha de Italia y Francia), que contó con la colaboración local de fuerzas de inteligencia militar, de ultraderechistas y de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) del ministro de Bienestar Social, José López Rega (79). Otro caso que cabe mencionar es el asesinato de Orlando Letelier, también ex ministro del Gobierno de Allende, asesinado el 21 de septiembre de 1976, en Washington D. C., otra vez con participación de Townley y de agentes chilenos en colaboración con otras fuerzas ultraderechistas (de cubanos exiliados y europeas), quienes habían recibido el apoyo del Gobierno paraguayo para la gestión de pasaportes y documentos falsos (80). Asimismo, hay que destacar los asesinatos, en Buenos Aires, del ex presidente de Bolivia, el general Juan José Torres, de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz, y de Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado de Paraguay. Edgardo Enríquez, líder del MIR chileno y sus compañeros Jorge Fuentes y Alexis Jaccard, fueron desaparecidos en Argentina. Mejor suerte tuvieron Bernardo Leighton –ex vicepresidente de Chile y alto dirigente de la Democracia Cristiana que bregaba por una aproximación entre su partido y los de la izquierda para luchar por el retorno de la democracia en su país– y su esposa, Ana Fresno, quienes el 16 de octubre de 1975 fueron baleados cuando estaban por ingresar a su domicilio en Roma, donde estaban exiliados. Leighton recibió el disparo en la frente y Fresno en el pecho. Gravemente heridos, fueron operados por médicos italianos y lograron sobrevivir e identificar a sus atacantes.

En estas operaciones intervino el chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, a quien se le atribuye un papel clave en la organización de la Operación Cóndor, cuyo objetivo era “la recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas, con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones” (apud Cuya, 1996).

Contreras se reunió –después de un viaje a Estados Unidos, donde se entrevistó con el teniente general Vernon Walters, a la sazón vicepresidente de la CIA por designación de Nixon en 1972– con representantes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay “y, probablemente, Nicaragua y Guatemala” (Martorell, 1999: 53), a fin de lograr apoyos y aunar operaciones “antisubversivas”. El encuentro tuvo lugar en Santiago de Chile en noviembre de 1975. Así, se concretó una serie de acuerdos, fundamentalmente, entre los servicios de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. En menor medida, también estuvieron involucrados, al menos en alguna de las etapas, Ecuador, Perú y Venezuela. Asimismo, la organización terrorista Movimiento Nacionalista Cubano (MNC), creada en Nueva York, en noviembre de 1959, por contrarrevolucionarios fugados de la isla, tuvo activa participación. Estos acuerdos facilitaron el desplazamiento clandestino de agentes de inteligencia y otras formas de cooperación para la ejecución de operaciones conjuntas de represión, como la utilización de empresas aéreas estatales (casos de LAN Chile y Líneas Aéreas Paraguayas).

Los servicios bolivianos suministraron a los de Argentina y Chile información sobre los movimientos de ciudadanos y ciudadanas de estos dos países residentes en Bolivia considerados “subversivos”, algunos de los cuales fueron entregados a los respectivos Gobiernos. Los de Uruguay se dedicaron principalmente atrasladar comandos nacionales a Argentina, donde buscaron, secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a compatriotas exiliados. Una demostración de esa modalidad fue el hecho de que la mayoría de los desaparecidos uruguayos lo fue en Argentina: más de 150. Otros 8 desaparecieron en Chile, 2 en Paraguay y 32 en el propio Uruguay. Por su parte, oficiales argentinos operaron en Uruguay secuestrando a compatriotas que luego eran trasladados a Argentina, donde también desaparecían.

La coordinación de la represión contó con apoyo norteamericano. Stella Calloni (2001: 21) es categórica al respecto: “Estados Unidos proporcionó inspiración, financiamiento y asistencia técnica a la represión, y plantó la semilla de la Operación Cóndor. La CIA promovió una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador estadounidense atribuye a un operativo de la CIA la organización de las primeras reuniones entre funcionarios de seguridad uruguayos y argentinos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La CIA también actuó como intermediaria en las reuniones entre los dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileños y los argentinos y uruguayos. […] La división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos eléctricos de torturas a brasileños y argentinos, y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir”.

En un telegrama confidencial enviado al embajador estadounidense Robert White, por el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas paraguayas, en octubre de 1978, este reveló que “todos los jefes de los servicios de inteligencia de los países de América del Sur en la Operación Cóndor se mantenían en contacto unos con otros a través de las instalaciones de comunicación de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá que cubrían toda América Latina. Esas instalaciones eran empleadas para coordinar las informaciones de inteligencia en los países del Cono Sur” (Moniz Bandeira, 2007: 323, n. 42).

La Violencia y las violencias en Colombia

Sin duda alguna, el caso más emblemático de ejercicio de la violencia política en América Latina es el de Colombia, y no solo por la larga duración de la conflictividad militar. La apelación a la violencia en Colombia tiene una magnitud diferente a la de cualquier otro país de la región. Según cálculos de los últimos años, el conflicto provoca entre 15 y 20% de las muertes violentas, más o menos semejante al de las producidas por los accidentes de tránsito. La mayoría de los analistas coincide en que el grueso de las víctimas se encuentra en población civil no combatiente.

Francisco Leal Buitrago señala un aspecto decisivo para una adecuada explicación. En una sociedad predominantemente agraria, atrasada productiva y comercialmente, dominada por una clase terrateniente que ejercía el poder de un modo oligárquico, el proyecto reformista de la “Revolución en Marcha” no podía menos que generar una feroz reacción de los terratenientes. “Esa clase supo canalizar la reacción al reformismo para conservar su gran poder oligárquico aglutinador frente a las emergentes burguesías comercial e industrial y a las demás transformaciones de la estructura de clases en el seno de la sociedad colombiana. Allí radica uno de los factores más sobresalientes que configuraron el conflictivo proceso político que se inició durante la segunda administración de López Pumarejo (1942-1945) y que desembocó en los veinte años de la etapa histórica nacional conocida como la La Violencia” (Leal Buitrago, 1989: 313).

El asesinato de Gaitán, en la ciudad capital del país, el 9 de abril de 1948, mientras sesionaba la IX Conferencia Panamericana, generó una violenta reacción popular –conocida como el “bogotazo”– expresada en saqueos, incendios de tranvías, iglesias y otros edificios, y la formación de Juntas Revolucionarias en varias localidades del país. La insurrección popular carecía de organización, estrategia y dirección, y el gaitanismo carecía de una estructura política apta para hacerse cargo de la situación. El Gobierno, a su vez, no podía reprimir la insurrección y así restaurar el orden. En una situación tal, no extraña que la violencia se generalizase caóticamente y alcanzase grados de horror. Comenzó así el período llamado La Violencia, que pudo desarrollarse porque el Estado –reformado, aunque con límites, durante la República Liberal– se encontraba en una profunda crisis, patente desde 1947, crisis que expresaba, en palabras de Daniel Pécaut (1987: II, 569), “la dislocación de toda imagen de unidad nacional”. La Violencia apareció inicialmente, señala el mismo autor, “como la estrategia mediante la cual las diversas elites sustituyen al Estado para manejar directamente la ‘cuestión social’”.

La Violencia –“un fenómeno totalmente rural, aunque en uno o dos casos (como sucede en los departamentos de Valle y Caldas) sus orígenes fuesen urbanos”– fue “la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia contemporánea del hemisferio occidental, con la posible excepción de determinados períodos de la Revolución Mexicana” (Hobsbawm, 1983: 264-265). Para Pécaut (1987: II, 566), en cambio, La Violencia fue “un proceso sin precedentes de desorganización del campesinado”.

La guerrilla liberal, con fuerte base campesina, surgió como resistencia armada en 1949. En 1950 se sumó el Partido Comunista, que impulsó la estrategia de la autodefensa campesina. Entre 1949 y 1953, la acción campesina se radicalizó, si bien, como observa Pécaut (1987: II, 561-562 y 565), tanto las áreas de operaciones guerrilleras como las de autodefensa armada eran básicamente “zonas de refugio” y, sobre todo, expresión de rivalidades internas y “localismo”, signo del aislamiento de los combatientes. “La geografía de La Violencia corresponde parcialmente a la de los conflictos agrarios. […] La Violencia no nació en las regiones cafeteras, pero sí encontró allá su terreno de elección”, y aunque no produjo actores sociales colectivos, comprometió “en la lucha a innumerables protagonistas que lucha[ban], en muchas ocasiones, por asegurar su supervivencia y la de sus intereses, y en muchas otras, por ser partícipes de la repartición del excedente, directamente o por intermedio de los diversos eslabones de la cadena de comercialización” (Pécaut, 1987: II, 494 y 559).

No solo se enfrentaron liberales y conservadores: en esas rivalidades internas, guerrillas comunistas y liberales se enfrentaron violentamente entre sí entre 1951 y 1952.

El paso siguiente era previsible: las direcciones de los Partidos Liberal y Conservador coincidieron en la necesidad de poner fin a las acciones armadas y restaurar el orden. Para logarlo propiciaron un golpe de Estado que no encontró ninguna resistencia y que fue perpetrado por el teniente general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953. Conocido como “Golpe de Opinión”, la concordancia liberal-conservadora hizo de este el instrumento para llevar adelante un proyecto restaurador oligárquico disfrazado de “reconciliación” y “pacificación nacional” bajo la consigna “La Patria por encima de los partidos”.

Rojas Pinilla ordenó a las Fuerzas Armadas el cese unilateral de las operaciones contra los insurgentes, a los cuales ofreció la paz a cambio de la rendición. En julio, algunos jefes de las guerrillas liberales dispusieron el cese de las hostilidades, y el más importante de ellos, Guadalupe Salcedo, en septiembre firmó la paz con el Gobierno, acto por el cual fue duramente criticado por otros dirigentes guerrilleros, quienes lo acusaron de traidor (81). Según Daniel Pereyra, fueron 10.000 los combatientes que entonces abandonaron la lucha, actitud que no compartieron los grupos que operaban en Tolima, los cuales no aceptaron la amnistía, se replegaron sin desarmarse y conformaron el Bloque Sur de Coordinación.

En junio de 1954, Rojas Pinilla promulgó un decreto de amnistía para todos los considerados incursos en delitos políticos cometidos antes del 1º de enero de ese año, en el marco de la guerra de partidos, e indultó a todos los procesados y/o condenados por tales hechos. Los beneficiarios de esa medida eran tanto los guerrilleros liberales como los conservadores, pero también los paramilitares y los integrantes de las fuerzas de seguridad, mas no los comunistas, contra los cuales la represión continuó y se intensificó, amén de ilegalizar al partido. Otro decreto, dado al mes siguiente, dejó en manos del Tribunal Militar Superior la aplicación discrecional del indulto, conforme la gravedad o atrocidad del delito achacado.

La pax de Rojas Pinilla fue peculiar: los guerrilleros (liberales o conservadores) que entregaron sus armas pero no aceptaron integrarse en las fuerzas de seguridad fueron asesinados. En contrapartida, hubo guerrilleros (liberales y conservadores) que se convirtieron en bandoleros cuyos cabecillas adoptaron nombres elocuentes: “Capitán Veneno”, “Chispas”, “El Tigre”, “Sangre Negra”, “Desquite”, “Alma Negra”, “Zarpazo”, “Capitán Venganza” (Vidales, 1997: capítulo III). Y otros, liberales, que como los ya señalados de Tolima no se rindieron y continuaron la lucha.

En agosto de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente, con mayoría conservadora, designó al general Rojas Pinilla presidente de la República por cuatro años. En octubre fue otorgada la ciudadanía política a las mujeres (derecho efectivizado a partir de las elecciones de 1957). En enero de 1955 se anunció la creación del Movimiento de Acción Popular (MAP), partido respaldo del Gobierno de Rojas Pinilla. Concebido como una “tercera fuerza” con capacidad para romper el secular bipartidismo, el MAP y Rojas Pinilla se propusieron reordenar el país apoyándose en una alianza de trabajadores, clases medias, Iglesia y Fuerzas Armadas (de allí que se lo haya caracterizado, a veces, como populismo), cuyo soporte ideológico se encontraba en la doctrina social de la Iglesia y en los ideales bolivarianos. La burguesía (tanto la industrial como la comercial), en cambio, se opuso, en particular por el intento de Rojas Pinilla de establecer un impuesto a las ganancias industriales y a las exportaciones de café, por su política de libre importación y por imponer la participación estatal en el sistema bancario y la industria del cemento. La estrategia del presidente fue combatida por liberales y conservadores, que utilizaron hábilmente los medios de comunicación –que estaban bajo su control– y hechos políticos negativos para Rojas Pinilla, como la después llamada Guerra de Villarrica (1955), una ofensiva militar contra campesinos de Tolima organizados en grupos de autodefensa, el ataque a una manifestación estudiantil bogotana por parte del Batallón Colombia (que había participado en la guerra de Corea) y la represión mortal en la Plaza de Toros de Bogotá (febrero de 1956, realizada como desaforada reacción a la actitud del público que con silbidos repudiaba la presencia de la hija del presidente), entre otros. Las prácticas dictatoriales de Rojas Pinilla lo llevaron a una creciente pérdida de base social y política, alejándolo del objetivo de unir pueblo y Ejército, el último sostén de su régimen. La activa campaña mediática antigubernamental de liberales y conservadores –que en julio de 1956 habían firmado el pacto de Benidorm y un año después el de Sitges– resultó eficaz, pues no solo logró el apoyo de la Iglesia, la burguesía comercial e importantes sectores de la población (entre ellos el Partido Comunista y los estudiantes), sino también, tras una huelga de diez horas, expulsar a Rojas Pinilla de su cargo y reemplazarlo por una Junta Militar el 10 de mayo de 1957. Esta ejerció un Gobierno de transición hasta agosto de 1958, fecha en la cual el Frente Nacional acordado por los pactos señalados entró en vigencia, previo plebiscito popular aprobatorio (diciembre de 1957). Ambos pactos eran, pues, expresión de una reconciliación entre los dos partidos tradicionales, con explícita exclusión de otras fuerzas políticas.

Los pactos de Benidorm y Sitges, firmados en esas localidades españolas por el conservador Laureano Gómez y el liberal Alberto Lleras Camargo, en representación de sus respectivos partidos, devinieron un punto crucial de la historia política colombiana. Mediante ellos, los tradicionales rivales acordaron constituir el Frente Cívico (llamado Nacional a partir de 1957, cuando se sumó la fracción militar opuesta a Rojas Pinilla), alternándose en el ejercicio de la presidencia y distribuyendo por partes iguales los cargos públicos, primero pensado para doce años, que en 1959 el Congreso bipartidista extendió a dieciséis (1958-1974), id est, cuatro períodos presidenciales, dos para cada partido. Asimismo, se acordó ratificar el derecho de ciudadanía política femenina, asignar a educación el 10% del presupuesto nacional y delegar en el Congreso la facultad de adelantar la reforma de la Constitución.

El mecanismo expresaba una ficción de democracia –muy exaltada por la propaganda norteamericana–, con su ritual de elecciones periódicas. Cuando estas eran legislativas (Congreso de la República) y para los cuerpos colegiados departamentales y municipales, cada uno de los dos partidos del Frente –Liberal y Conservador– presentaba listas con distintos candidatos que competían entre sí (una especie de elección interna no resuelta por los afiliados sino por la ciudadanía adepta a cada partido). Según lo pactado, el primer presidente debía ser conservador, pero como el partido no acordó un único candidato se decidió que fuera liberal: en mayo de 1958, Lleras Camargo fue elegido. Durante su Gobierno, el Congreso aprobó, en septiembre de 1959, un Acto Legislativo que ratificó la alternancia (que pasaba a tener rango constitucional):

Art. 1. En los tres períodos constitucionales comprendidos entre el siete (7) de agosto de 1962 y el siete (7) de agosto de 1974, el cargo de Presidente de la República será desempeñado, alternativamente, por ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal; de tal manera que el que se elija para uno cualquiera de dichos períodos, pertenezca al partido distinto del de su inmediato antecesor. Por consiguiente, para iniciar la alternación a que se refiere este artículo, el cargo de Presidente de la República en el período constitucional comprendido entre el 7 de agosto de 1962 y el 7 de agosto de 1966, será desempeñado por un ciudadano que pertenezca al Partido Conservador.

“Por lo tanto las elecciones subsiguientes ya tenían un ganador indisputable incluso antes de realizarse, lo que pone en duda el carácter competitivo del régimen a pesar del mantenimiento de una estructura bipartidista. En la práctica, conservadores y liberales presentaron durante este período un único candidato apoyado por ambos partidos por lo que el votante no tenía la posibilidad de votar por el partido de su preferencia sino únicamente por el candidato oficialista o los candidatos disidentes que lograron presentarse a elecciones, lista restringida especialmente en las presidenciales” (Polack, 2011).

Durante la vigencia del régimen del Frente Nacional se produjo un hecho decisivo: una nueva institucionalización del poder militar mediante la aprobación de dos Estatutos Orgánicos, el de Defensa Nacional y el de Policía Nacional. Se creó el Consejo Superior de la Defensa Nacional, integrado por los ministros de Gobierno, el Comandante General de las Fuerzas Armadas y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. Los dos instrumentos legales y el nuevo organismo militar proyectaron a las Fuerzas Armadas a un papel protagónico en el control social y en la represión de los conflictos internos. Un instrumento adicional fue el Estatuto de Radio-Difusión, un instrumento de censura que acentuó el control social. La aprobación de un nuevo Estatuto de Seguridad en 1978, bajo el Gobierno de Julio César Turbay Ayala contribuyó a incrementar la autonomía institucional de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la violencia represiva.

Ciertamente, el Frente Nacional puso fin a la violencia bipartidista que enfrentó largamente a liberales y conservadores y que solo en el período 1946-1956 se cobró entre 200.000 y 300.000 vidas (las cifras varían según los autores), mas no terminó con la lucha armada como modo de resolución de los conflictos sociales y políticos. Pero su impacto en la política colombiana fue mucho más allá de este campo y se proyectó en el futuro al mantener (e incluso acentuar) algunas lógicas de la práctica del período formal de vigencia del Frente.

En efecto, ese período presenta algunos hechos decisivos, entre los cuales destacamos: 1) la aparición de organizaciones político-militares de izquierda, revolucionarias, una de ellas con importante base social campesina; 2) el otorgamiento de poder político, con amplios márgenes de autonomía en la cuestión de la seguridad pública, a las Fuerzas Armadas, sin ruptura del orden institucional de la democracia formal. La virtual piedra libre para las acciones contrainsurgentes del Ejército tuvo un componente adicional nada desdeñable: la activa participación de narcotraficantes y paramilitares desempeñando la misma función; 3) la constitución de las que Carlos Vidales (1997) ha llamado mafias del narcotráfico y de la política; 4) el intento fallido de constituir fuerzas políticas alternativas; y 5) como corolario, la consagración y primacía de la lógica de la guerra por sobre la lógica de la política para la resolución de los conflictos sociales.

En términos de Pécaut, a La Violencia le sucedieron las Violencias, pluralidad que, conforme Darío Betancourt Echeverry (1990: 58-60), resultó de particularidades regionales y una “compleja mezcla de aspectos políticos, económicos, sociales, étnicos y culturales”. De allí que, a su juicio, en la década de 1950 podían distinguirse tres violencias: la partidista (remite al enfrentamiento entre liberales y conservadores), la económico-social y la de los pobres. No puede dejar de señalarse el particular impacto que La Violencia tuvo entre las mujeres, particularmente las campesinas pobres, “violadas y abusadas de forma terrorífica”. La brutal agresión de género tuvo su máxima expresión en las reiteradas violaciones seguidas de muerte de “embarazadas a las cuales se les desgarraba el vientre para extraer el feto y sustituirlo por animales” (Luna, 2001: 82).

Décadas después –y hasta hoy– pueden distinguirse, añadimos, otras violencias: la guerrillera derivada de la campesina de izquierda de los años sesenta, la narcotraficante y la paramilitar.

La violencia guerrillera

En 1964-1966 aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); en enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); en julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación (EPL); en abril de 1974, el Movimiento Revolucionario 19 de Abril; en 1984-1985, el movimiento indigenista Quintín Lame (82) (que operó en el Cauca hasta 1991). Las FARC fueron –y son todavía– las más importantes, por sus efectivos, sus operaciones y su larga continuidad. Le sigue el ELN, también hoy activo, aunque con menor incidencia.

A diferencia de otras experiencias, las FARC no surgieron de un “foco” creado desde fuera de la geografía social de operaciones. Por el contrario, se gestaron por el propio campesinado, en un medio rural que les proveyó combatientes y apoyo logístico, además de una tradición de lucha, es decir, una clase que le sirvió de potente base social. A juicio de Debray (1964-1965: 130), la guerra civil colombiana otorgó a la guerrilla rural un carácter vietnamita, o sea, campesinos que simultáneamente labraban la tierra y combatían. Desde sus inicios –tal como lo muestra la declaración del 20 de julio de 1964– la organización hizo explícita su opción por “la vía revolucionaria armada para la toma del poder” y su intención de realizar una reforma agraria revolucionaria para entregar a los campesinos las tierras confiscadas a los terratenientes. Para alcanzar los objetivos se propuso conformar un “frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país”.

De hecho, las FARC comenzaron a constituirse en 1964, cuando la Sexta Brigada del Ejército colombiano, por orden del presidente León Valencia, puso en marcha el Plan LASO (Latin American Security Operation) contra las áreas donde el campesinado había constituido grupos de autodefensa, es decir, las “repúblicas independientes” (83). El Plan, pergeñado por Estados Unidos, formaba parte de la nueva estrategia de ayuda militar a los Gobiernos latinoamericanos en el marco de la DSN. El operativo militar movilizó 16.000 hombres armados, helicópteros, aviones de reconocimiento y bombarderos, entre otros elementos bélicos. Su magnitud generó la reacción internacional de intelectuales de renombre, encabezados por los franceses Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Jacques Duclos. La protesta no hizo mella en la decisión del Gobierno, que tampoco aceptó la mediación del sacerdote Camilo Torres –rechazada también por los altos mandos del Ejército y la jerarquía de la Iglesia– y siguió adelante con el operativo. La represión fue terrible: Pereyra (1994: 63) señala que los campesinos muertos por los bombardeos masivos se estimaron en 16.000. Solo en El Dorado, cerca de Planadas, fusilaron a centenares de campesinos acusados de “bandoleros”. Los dirigentes campesinos de las “repúblicas independientes”, al tomar conocimiento de la decisión gubernamental, evacuaron a la selva a mujeres, niños, ancianos y a las familias imposibilitadas de combatir, al tiempo que mantuvieron un reducido grupo de hombres y mujeres armados (las FARC han sostenido que fueron 48) reorganizados bajo la forma de guerrillas móviles. El Partido Comunista, a su vez, envió dos comisarios políticos, Jacobo Arenas, miembro de su Comité Ejecutivo, y Hernando González Acosta, estudiante universitario integrante de la Juventud del partido, que fue muerto en 1965 en una emboscada del ejército en Riochiquito.

El operativo militar se inició el 27 de mayo de 1964 y su primer objetivo fue Marquetalia, recuperado para el Estado en junio, siguiéndolo en diciembre El Pato. El ejército tomó el pequeño poblado donde residían Manuel Marulanda Vélez y el grupo de su extrema confianza, lugar que los militares llamaron Villa Susana, en homenaje póstumo a la esposa del presidente de la República, pero no pudieron atrapar a Marulanda, cuya larga vida estuvo marcada por acciones increíbles y a quien se dio por muerto infinidad de veces. Previsto inicialmente para efectivizarse en tres semanas, no solo no se prolongó varios meses, sino que –si bien terminó con las “repúblicas independientes”– no pudo poner fin a la insurgencia armada, que lleva, entonces, casi cincuenta años de accionar ininterrumpido.

En julio de 1964, en el fragor de la ofensiva militar, los combatientes de Marquetalia realizaron una asamblea en la cual se tomaron decisiones tácticas y estratégicas, como la lucha mediante las ya señaladas guerrillas móviles y el programa agrario y la propuesta de frente único. En la Primera Conferencia Guerrillera, convocada a fines de 1965, se definieron planes de acción militar y política, de organización y propaganda, y se identificó al movimiento como Bloque Sur. Un año después, la Segunda Conferencia decidió cambiar el nombre de la organización por el de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y extender las acciones a otras áreas del país. En la Tercera se dispuso crear una escuela nacional de formación ideológica y en la Séptima, realizada en mayo de 1982, se resolvió la conversión en Ejército del Pueblo (FARC-EP), hecho que implicó un profundo replanteamiento de las acciones militares. Para entonces, la organización se había expandido tanto que en mayo de 1984, cuando se firmaron con el Gobierno de Belisario Betancourt los Acuerdos de Cese del Fuego, Tregua y Paz (Acuerdos de La Uribe), contaba con 27 frentes operativos (84).

Según Jacobo Arenas, muerto en 1990 (con el grado de comandante) y a quien se tiene –junto a Marulanda– como uno de los fundadores de las FARC, ha señalado:

[H]ay que comenzar a establecer las cosas con absoluta claridad y precisión; porque la primera Conferencia creó el Bloque Sur, la segunda Conferencia crea las FARC. Esa es toda la historia. La historia de la guerrilla del sur de Tolima en los años cincuenta, es otra historia que nada tiene que ver con la historia de las FARC, que tiene su origen en la resistencia de Marquetalia (apud Alape, 1998: 80).

Parece más pertinente y correcto señalar que entre Tolima y las FARC hubo decisivas rupturas dentro de líneas de continuidad, tanto en el cambio de las operaciones militares cuanto en el de los proyectos políticos y las bases ideológicas de estos. En el plano militar, el cambio estratégico más notable –una de las tantas muestras de la capacidad militar de Marulanda– fue el pasaje de la autodefensa estática a la guerrilla móvil. En el sur de Tolima, los grupos de autodefensa campesina operaban en un área propia definida por la “región, el peso de la población civil y de la familia, y por influencias políticas tradicionales derivadas de liberales y conservadores”, pero también –aunque el autor no lo dice– de los comunistas. Después de la “Operación Marquetalia” y de la toma de Riochiquito por el ejército, Marulanda adoptó y desarrolló nuevos criterios respecto del “territorio, la guerra, [las] áreas operacionales y la definición de la movilidad absoluta como principio esencial de la guerrilla”. El necesario desplazamiento de los guerrilleros más allá de Tolima y en proyección hacia la ocupación de las tres cordilleras (Oriental, Central y Occidental), y de ahí a todo el territorio nacional –comenzando por Chaparral, Limón, Rioblanco, Herrera, Planadas, Gaitania– “fue la fundamental conclusión de la Primera Conferencia del Bloque Sur”. En la primera etapa de ese cambio, lo primordial era asegurar la sobrevivencia de los grupos móviles, apelando a un procedimiento clásico de la guerra de guerrillas: huir, esperar, atacar al enemigo, huir. Como es obvio, el modus operandi de la guerrilla generó cambios también en el accionar de las Fuerzas Armadas: el Ejército abandonó las operaciones con un alto número de efectivos y pasó a operar con destacamentos poco numerosos, como una contraguerrilla que replicaba los movimientos de las partidas insurgentes (Alape, 1998: 76-78).

A partir de ese viraje posterior a la caída de las “repúblicas independientes” y la fase de supervivencia como guerrilla, las FARC se expandieron territorial y militarmente. Su teatro de operaciones y el de todo el conflicto armado han sido y son el de las áreas de frontera interior, en montañas semiselváticas, a menos de 800 metros, con baja densidad de ocupación demográfica. Son nueve grandes zonas de colonización reciente, impulsadas por los campesinos tras el fracaso de las modestas y esporádicas políticas agrarias reformistas gubernamentales Urabá-Darién; Caribe-Since-San Jorge; Serranía del Perijá; Magdalena Medio; Zonas del Pacífico (Nariño y Chocó); Saravena-Arauca; Piedemonte andino de la Orinoquia; Ariari-Meta; y Caquetá-Putumayo (Palacios, 2001).

En su larga historia, las FARC han resultado ser la más importante organización guerrillera. Su inserción en el espacio social y político ha experimentado transformaciones significativas. Durante el período 1964-1982 la organización se caracterizó por ser una guerrilla campesina que realizaba una importante actividad política en el seno de la clase. Después de la Séptima Conferencia, celebrada en mayo de 1982, se produjo un profundo replanteo en el campo militar como consecuencia de la decisión de incluir en el nombre de la organización la expresión Ejército del Pueblo (EP) de donde la sigla devino (FARC-EP). Este cambio ha sido asociado con la incorporación de cuadros de clase media y la recomposición de la dirigencia, y su efecto más notorio ha sido la primacía de lo militar sobre lo político (Pérez Rivera, 2001: 18, n. 14). Por otra parte, esta Conferencia ratificó el principio de combinar todas las formas de lucha, la armada y la política.

Pari passu la constitución de las FARC se formó otra organización político-militar, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya creación fue el resultado de la confluencia de la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal (una escisión del Partido Liberal); la Brigada de Liberación José Antonio Galán, formada por jóvenes universitarios encabezados por Fabio Castaño Vázquez, Víctor Medina Morón y Ricardo Lara Parada, y el Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos, una iniciativa de otros estudiantes liderados por Antonio Labriola y Federico Arango. A diferencia de las FARC, el ELN no surgió de entre el campesinado ni fue una respuesta militar de esta clase. Su génesis fue básicamente juvenil urbana. Para esos grupos, la Revolución Cubana era la fuente de inspiración. La Brigada Galán se formó a partir de 11 jóvenes colombianos que habían viajado a Cuba, becados por el Gobierno Revolucionario, para estudiar y con la convicción de que también iban a “defender la Revolución Cubana porque es hermana gemela de la lucha colombiana”. Además de estudiar, adquirieron formación militar.

La primera columna guerrillera estaba integrada por 18 jóvenes y la comandaba Castaño Vázquez. Después de unos meses de preparación, se puso en marcha el 4 de julio de 1964 en San Vicente de Chucurí, en el departamento Santander Sur, en la Cordillera Oriental. Su consigna, de cuño artiguista, era “si no hay patria para todos, no hay patria para nadie”. El primer combate se libró el 7 de enero de 1965, al ocupar Villa Simacota –en la tierra donde se habían levantado los comuneros de Nueva Granada–, donde dieron a conocer su programa mediante el “Manifiesto de Simacota”, cuyos dos primeros puntos expresaban:

1. La toma del poder para las clases populares, la instauración de un Gobierno democrático y popular que libere a nuestro país de los monopolios internacionales y de la oligarquía criolla, y que garantice la plena igualdad de nuestro pueblo […].

2. Una auténtica revolución que contemple la eliminación del latifundio, el minifundio y el monocultivo, que realice una distribución técnica y justa de la tierra a los campesinos que la trabajan […].

Ibán de Rementería (2009: 345) ha señalado acertadamente las dos características iniciales de las acciones elenas: 1) comenzó a operar en una región –la del Magdalena Medio– donde las condiciones subjetivas no eran las mejores, pero en la cual existía una condición político-militar (la ausencia de autoridad estatal) y una condición militar (encontrarse en el corazón geográfico del país) favorables; 2) la organización “aparecía como la respuesta político-militar –y en tanto tal, cumplía la condición política nacional– al congelamiento político del Frente Nacional y a la imposibilidad dentro de tal régimen político de establecer una alternativa política de masas a la hegemonía liberal-conservadora”.

En diciembre de 1965 se conoció un hecho de alto impacto: el sacerdote Camilo Torres Restrepo se había incorporado al ELN. Perteneciente a familias oligárquicas tradicionales de Colombia, tuvo una formación católica –aunque sus padres eran liberales–, que lo llevó a ordenarse sacerdote (1954), formación que completó en Europa, donde tomó contacto con la Democracia Cristina y también se graduó de sociólogo en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Preocupado por las cuestiones sociales y sensible a la situación de los pobres aunó su doble condición de sacerdote y sociólogo para bregar por soluciones inspiradas en el Concilio Vaticano II y la Teología de la Liberación. Se esforzó por hacer coincidir el cristianismo con el marxismo en pro de una nueva sociedad, socialista y cristiana, basada en la justa distribución de la riqueza. Al respecto sostenía: “Los marxistas luchan por la nueva sociedad, y nosotros, los cristianos, deberíamos estar luchando a su lado”. Como sociólogo fue un estudioso de las estructuras sociales urbanas y rurales de Colombia, además de creador, junto a Orlando Fals Borda, de la Facultad de Sociología, en la Universidad Nacional (Bogotá) en 1960. En esa casa de estudios, Torres se desempeñó como profesor y como capellán.

Sus actividades como sacerdote lo llevaron a enfrentamientos con la jerarquía eclesiástica del país, concluidos con su renuncia al sacerdocio (1965), al tiempo que profundizaba su acción política, inicialmente a través del Frente Unido del Pueblo –movimiento de masas que promovió con el objetivo de unificar a todas las fuerzas revolucionarias y opositoras en torno a un programa de diez puntos, entre los cuales estaban las reformas agraria y urbana– y luego, al evaluar la imposibilidad de realizar cambios sociales profundos por la vía pacífica y legal, se sumó a la lucha armada del ELN. En su “Proclama desde las Montañas” sostuvo:

El pueblo no cree en las elecciones […]. Me he unido al Ejército de Liberación Nacional porque he encontrado allí los mismos ideales que en el Frente Unido de Movimientos Populares […]. Todos los patriotas colombianos deben estar en pie de guerra.

El azar quiso que el cura rebelde que proclamó: “Si Cristo viviera sería guerrillero” muriera en su primer combate, en febrero de 1966. Su muerte provocó un profundo impacto en buena parte del mundo, y llevó a muchos católicos a seguir su ejemplo, destacándose los casos colectivos del colombiano Grupo Sacerdotal de Golconda, el movimiento chileno Sacerdotes para el Socialismo (partícipe de la campaña a favor de la presidencia de Salvador Allende), las Comunidades Eclesiásticas de Base, entre otros, o los individuales, como los de Ernesto Cardenal, sumado a la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, y los sacerdotes españoles Domingo Laín Sanz (muerto en combate en febrero de 1974) y Manuel Pérez Martínez (“Cura Pérez”, un zaragozano hijo de campesinos pobres), que se incorporaron como combatientes al ELN, donde Pérez llegó a ser comandante político hasta su muerte por enfermedad en 1998.

En 1968, los elenos experimentaron una profunda crisis signada por prácticas de autoritarismo e intolerancia, que llevó a una fractura en dos tendencias, la militarista y la llamada proletaria, encabezadas respectivamente por Castaño y Medina, y generadora de una práctica terrible que se prolongó hasta 1973: el fusilamiento de varios combatientes por parte de la propia organización como procedimiento para zanjar las diferencias. Entre ellos, el propio Medina, segundo jefe, en 1968. Ello debilitó al ELN y favoreció la represión gubernamental, la cual, por añadidura, se benefició con la captura de los archivos de la organización en 1972, lo que llevó a la detención de casi 200 militantes. En 1974 se produjo un nuevo fraccionamiento, el de Replanteamiento. En 1978, cuando Fabio Castaño se fue a Cuba, solo quedaban 40 guerrilleros. Pereyra (1994: 66) cita las expresiones de un dirigente del ELN, quien reconocía al menos dos debilidades en su práctica: la no articulación de su lucha con un movimiento de bases, popular, y la inmadurez para resolver las diferencias políticas internas. A partir de ese año se dio prioridad al trabajo político y con él a la conexión entre la actividad militar y la de masas, a la reunión de los campesinos. También se produjo “la primera coordinadora del trabajo cristiano”, acción contributiva en la solución de la crisis, la cual se alcanzó hacia 1983, cuando Manuel Pérez Martínez (Comandante Poliarco), quien tenía una posición menos militarista y más humanista, quedó al frente de la alicaída organización y la llevó a la recuperación de la actividad militar y a la redefinición de las estrategias de combate. Según el Ministerio de Defensa, el ELN contaba con 4.500 efectivos en 2003 y 3.665 en 2004.

El ELN ha logrado continuar con sus acciones hasta hoy, es decir, durante casi medio siglo, sin alcanzar su objetivo de tomar el poder. Es, sin duda, como el caso de las FARC, un tiempo demasiado largo. No obstante, en el caso eleno conviene prestar atención a una decisión política tomada en los inicios de su acción militar: “La negativa del ELN a repartir tierras entre los campesinos, argumentando que eso sería resuelto una vez se tomara el poder. Aquí el ELN no entendió la consigna movilizadora de los campesinos: ‘La tierra para el que la trabaja’ de Lenin; pensaron, seguramente, de acuerdo con la ortodoxia, que ya en el poder la tierra debería ser ‘socializada’, es decir, estatizada. Esta incapacidad del ELN para afincarse en las condiciones socioeconómicas locales le impidieron aprovechar las condiciones subjetivas para tener un pleno respaldo de las masas campesinas, lo que creó las condiciones para su derrota militar y, por lo tanto, política” (Rementería, 2009: 345).

La actuación de los elenos en el Magdalena Medio difiere de la de las FARC, como bien acota el citado sociólogo. Esta organización, conformada y dirigida, al menos en sus primeras dos décadas, por campesinos (con tierra y sin ella), obreros rurales desocupados y demandantes de tierra y/o población marginal de la zona, cumplía con la condición objetiva nacional (su vinculación política con el Partido Comunista) y con la subjetiva de responder a los intereses campesinos en su enfrentamiento con los terratenientes. “A diferencia del ELN, las FARC entran a resolver, en la medida de lo posible, las necesidades inmediatas de tierras de los campesinos. En tanto que las FARC representan los intereses del movimiento campesino y reciben su respaldo de masas, su acción militar guerrillera toma iniciativa táctica y logra la máxima movilidad operativa” (Rementería, 2009: 346).

Una tercera organización político-militar fue el Ejército Popular de Liberación (EPL), creado en 1965 como brazo armado del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista (PCML), una escisión del tradicional PCC dirigida por Pedro Vázquez Rendón, Pedro León Arboleda (muerto en combate en 1975), Francisco Caraballo, Francisco Garnica y otros. El nuevo partido se ubicó, dentro de la controversia del comunismo internacional durante la década de 1960, en el llamado maoísmo, es decir, en las posiciones del Partido Comunista de China, pero en 1975 se alineó con las del Partido Comunista de Albania, stalinista y crítico tanto del PCUS como del PCCh, a los cuales consideraba revisionistas.

El EPL comenzó sus acciones militares en 1968, en particular en Antioquia, pero la apelación a las armas no fue inicialmente prioritaria: hasta 1973 su actividad principal “consistía en crear zonas de apoyo a la guerrilla”, conforme los lineamientos del maoísmo. El núcleo inicial, de apenas diez combatientes, se dedicó a tomar haciendas, repartir ganado entre campesinos y ajusticiar hacendados. Logró afirmarse en Alto Sinú y San Jorge, extendiéndose hacia las regiones del Bajo Cauca y Urabá (Antioquia). Desde ese año también se llevó a cabo “un trabajo urbano como apoyo a la guerrilla rural” (Pereyra, 1994: 67). Ese trabajo en las ciudades le permitió alcanzar un significativo apoyo popular en Medellín, una ciudad industrial, a fines de la década de 1970.

En abril de 1980, en el XI Congreso del PCML, se produjo la ruptura con las tesis chinas. Entre las conclusiones a las cuales se llegó se señaló:

Los conceptos maoístas sobre guerra popular prolongada, tomando como centro de gravedad del trabajo las zonas marginadas para cercar desde el campo las ciudades, implicaba tomar en la práctica, al campo, como el escenario de trabajo y no un frente de guerra en Cundinamarca, precisamente las zonas de mayor desarrollo industrial.

Desde entonces y durante la década de 1980, la organización dio prioridad a las acciones en áreas agroindustriales, sobre todo en la bananera de El Urabá, donde estaban radicadas empresas multinacionales, y en zonas de nuevos latifundios, colonos y campesinos (departamento de Córdoba) y cafetaleras, como también en las explotaciones petroleras de Antioquia, Putumayo y Santander Norte. Relacionada con ese cambio estaba la decisión, también aprobada en ese Congreso, de “formar un ejército de combatientes profesionales proyectados a convivir y combatir en los grandes centros agroindustriales e incluso en los grandes centros industriales urbanos”.

Entre mediados de 1984 y 1985, el EPL dio cumplimiento al acuerdo de paz alcanzado con el Gobierno de Betancourt. La disminución de la actividad bélica fue parcial, pues dentro del EPL el sector liderado por Caraballo –partidario de la tesis de la guerra popular prolongada– discrepó del proceso de paz, haciéndose fuerte sobre todo en El Urabá, y continuó sus operaciones hasta 1996, tras el apresamiento de Caraballo (38 años de prisión), otros 14 dirigentes cerca de Bogotá en 1994, y la deserción masiva de combatientes de los distintos frentes, algunos de los cuales se entregaron a las fuerzas paramilitares dirigidas por Carlos Castaño.

Las acciones militares del EPL se reanudaron después de la toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de Abril y del asesinato de Óscar William Calvo –Secretario General del PCML y representante de este y del EPL en las negociaciones de paz–, en noviembre de 1985. Empero, desde 1988 fue fuertemente hostigado por las Fuerzas Armadas (que afectaron su capacidad militar) y los paramilitares (que, además del aspecto bélico, erosionaron las bases sociales y políticas de los guerrilleros), campaña en la cual se produjeron masacres de campesinos y simpatizantes, además de combatientes y mandos.

A partir del segundo semestre de 1990, el EPL comenzó el proceso de desmovilización y posterior incorporación a la vida civil de poco más de 2.500 combatientes, acentuado desde febrero de 1991. En el marco de negociaciones con el Gobierno, la organización se recicló legalmente con el nombre de Esperanza, Paz y Libertad.

También fue importante el accionar del Movimiento Revolucionario 19 de Abril (M-19), una organización de características singulares. Surgió en el interior de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), partido político creado por Rojas Pinilla en 1961. A partir de 1962, la Alianza fue ganando un significativo y creciente apoyo en los comicios de 1964, 1966 y 1970, presentándose como una alternativa amenazante para las posiciones del Frente Nacional. En las elecciones presidenciales realizadas el 14 de abril de 1970 se produjo una situación muy confusa, pues ANAPO, que llevó la candidatura de Rojas Pinilla, sostuvo haberlas ganado, desplazando al candidato oficial, el conservador Misael Pastrana Borrero. El presidente Carlos Lleras Restrepo impuso el toque de queda, tras lo cual se anunció el triunfo de Pastrana en medio de acusaciones de fraude electoral. Entre las varias derivaciones de esa situación, un grupo de anapistas llegó a la conclusión de la imposibilidad de cambios institucionales por la vía pacífica y optó por la lucha armada, constituyendo en 1973, con hombres procedentes de otras organizaciones, el M-19.

Según el testimonio de Vidales (1997, capítulo IV), quien fue miembro de la Dirección Nacional del M-19, la mayoría de sus fundadores eran marxistas y provenían de diferentes organizaciones.

En la VI Conferencia Nacional (marzo de 1979), se definieron como una organización política militar que lucharía por una revolución de liberación nacional capaz de llevar al pueblo a dirigir su destino y su Estado, proceso que habría de llevar necesariamente al socialismo. La contradicción básica se expresó como una dicotómica distinción entre amigos (obreros, campesinos, sectores populares) y enemigos (la oligarquía nativa y el imperialismo yanqui). En esa ocasión, también se aprobó un reglamento interno, de definido corte militarista, siguiendo las pautas de los ejércitos convencionales.

El M-19 realizó varios operativos urbanos, básicamente de propaganda armada, de notable repercusión. La primera acción pública de la organización fue la sustracción de la espada de Simón Bolívar, guardada en la Quinta de Bolívar, en enero de 1974. Los guerrilleros proclamaron entonces: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”. La consigna de combate fue “Con el pueblo, con las armas, al poder”. En 1976 secuestraron y ejecutaron al dirigente sindical José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, a quien acusaron de aceptar sobornos para abandonar la defensa de los intereses obreros y estar “entregado totalmente al imperialismo” (según la declaración de Jaime Bateman).

Entre 1978 y 1982, cuando el liberal Turbay era presidente de Colombia, el M-19 realizó varias acciones resonantes. En diciembre de 1978 asaltó el Cantón Norte, una guarnición militar al norte de Bogotá, construyendo un túnel de 80 metros para llevarse 5.000 fusiles (“cuando no teníamos más de 2.000 militantes en disposición de manejar armas”, señala Vidales, que eleva el número de armas a 8.000), golpe que generó una feroz reacción represiva del Ejército, tan fuerte que, añade Vidales (1997, capítulo IV), la organización careció de “la fuerza para soportar el impacto del contragolpe”. En febrero de 1980 un comando guerrillero ocupó, en ocasión de una recepción diplomática, la embajada de la República Dominicana, y tomó como rehenes, entre otros, al embajador de Estados Unidos y al Nuncio Apostólico. Para liberarlos, solicitaron la libertad de unos 320 militantes prisioneros y la entrega de dinero. Tras dos meses de negociaciones, los rehenes fueron liberados y el comando se refugió en Cuba.

Ese año, el M-19 secuestró a Carlos Lehder, un destacado hombre del narcotraficante cártel de Medellín, pero el operativo se frustró pues Lehder logró escapar mientras era trasladado. También intentó secuestrar a Jorge Luis Ochoa, uno de los jefes del mismo cártel, pero la inteligencia militar supo del plan e informó a Ochoa. Pablo Escobar Gaviria, el principal jerarca del cártel de Medellín, organizó un operativo contrainsurgente que logró capturar a tres importantes comandantes guerrilleros. La respuesta del M-19 fue el secuestro de Martha Nieves Ochoa (hermana de los jefes cartelistas) y con él la contrarréplica narcotraficante mediante la constitución de un grupo paramilitar denominado Muerte a Secuestradores (MAS). Tras liberar a la mujer, este grupo continuó realizando asesinatos sistemáticos de guerrilleros, en particular en Antioquia y el Magdalena Medio.

La represión provocó un cambio táctico por parte del M-19, quien limitó sus operativos urbanos y abrió un frente rural en las montañas, un espacio geográfico-social que le era extraño y donde sufrió varios reveses militares.

En 1982, el conservador Belisario Betancourt Cuartas llegó a la presidencia con el apoyo de la ANAPO y tras derrotar al ex presidente liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978). El nuevo mandatario apreció con preocupación la coyuntura en la que debía ejercer su cargo: en el interior de Colombia, el avance guerrillero; en el exterior, la revolución nicaragüense en marcha y el salvadoreño Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en activo proceso de recomposición, pasando –tras el fracaso de la ofensiva y la insurrección de 1981– a la constitución de formaciones militares de cierta envergadura. Así, una de las principales preocupaciones de Betancourt fue la neutralización de las guerrillas de su país mediante el logro de la paz interior, para lo cual impulsó políticas sociales favorables a las clases populares (un modo de quitar eventual base a la salida armada); concedió una amnistía general a presos políticos, entre los que había varios dirigentes guerrilleros y propuso negociaciones con las organizaciones insurgentes en procura de una salida política del conflicto. Esta audaz maniobra impactó con fuerza en ellas, que reaccionaron de diferente manera. Como resultado de las negociaciones se firmaron los Acuerdos de La Uribe y de Corinto, en febrero y en agosto de 1984, con las FARC-EP y con el M-19 y el EPL, respectivamente. Por ellos, Betancourt y los jefes guerrilleros ordenaron el cese del fuego a las fuerzas a sus respectivos mandos, al tiempo que se abrieron negociaciones para una solución política que pusiese fin a la violencia. En cambio, el ELN y el sector del EPL liderado por Caraballo se opusieron a acordar con el Gobierno, alegando que tal acción produciría la desmovilización popular.

En el caso de los Acuerdos de La Uribe (llamados también Acuerdos de Cese al Fuego y Tregua), el cese bilateral de las acciones bélicas no contempló la entrega de armas por parte de las FARC, al menos mientras se buscaba una solución política. Por iniciativa de la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, creada por el Gobierno a tales efectos, se acordó que, al cesar los combates, se abriría un período de prueba de un año para permitir la organización política pacífica de las FARC, cuyos miembros podrían acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y sus decretos complementarios, con el compromiso gubernamental de respetar las garantías constitucionales para las prácticas políticas. De estos acuerdos surgirá la Unión Patriótica, a la cual nos referiremos más adelante.

Pero la reacción negativa de sectores de las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de una solución política generó acciones que frustraron esta solución. Entre otras, se apeló al sabotaje y obstaculización de las negociaciones, y al asesinato de militantes dispuestos a incorporarse a la acción política pacífica, operativos a los cuales se sumaron grupos paramilitares de extrema derecha y narcotraficantes. De allí la decisión del M-19 de retomar la vía armada. El hecho más detonante de esta nueva etapa fue la toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, en noviembre de 1985. Se trata de un episodio confuso, con muchos puntos aún no esclarecidos. En la ocasión, el Comando Iván Marino Ospina, integrado por 35 guerrilleros y dirigido por el comandante Luis Otero Cifuentes, ejecutó la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, ocupando militarmente ese edificio estatal y tomando numerosos rehenes (unos 350 entre magistrados, empleados, auxiliares de la justicia, visitantes). El M-19 demandó la publicación de las actas de la Comisión de Verificación y de documentos del FMI, entre otros, pero su principal demanda fue requerir la concurrencia del presidente Betancourt al Palacio de Justicia para ser objeto de un juicio público, presidido por la Corte Suprema de Justicia y con todo el pueblo colombiano desempeñando –a través de denuncias radiales– la función de fiscal acusador. Como es obvio, el Gobierno rechazó la demanda que consideró descabellada.

La negativa gubernamental dejó expedito el camino a la represión. El Gobierno consideró que la coyuntura política no era favorable para la negociación, en alguna medida para no darle la razón a los grupos más reaccionarios que acusaban a Betancourt de haber entregado el país a las organizaciones guerrilleras. Algunos también evaluaban que si el presidente aceptaba la petición del M-19, su Gobierno perdería prestigio y autoridad frente a la opinión pública nacional y en el plano internacional, es decir, sería humillado.

Se dispuso la censura o limitación informativa, al punto de que el Ministerio de Comunicaciones llegó, en algún momento, a ordenar a los canales de televisión el cese de la difusión de imágenes sobre la situación en el Palacio y difundir, en cambio, un partido de fútbol. La subsecuente intervención del Ejército provocó una confrontación armada en medio de la cual cayó no solo la mayoría de los miembros del comando guerrillero sino también otras personas civiles, incluyendo a varios magistrados de la Corte (incluido Alfonso Reyes Echandía, su presidente), hasta un total de 94 muertos.

El sucio operativo militar fue caracterizado como holocausto y/o masacre. En 2005 se constituyó una Comisión de la Verdad para investigar los hechos. El informe preliminar fue entregado en noviembre de 2006, sin despejar las dudas. Allí, los miembros de la comisión –tres ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia– dieron crédito a una versión que ya había circulado en tiempos de la toma, según la cual Escobar, jefe máximo del cártel de Medellín, había pagado dos millones de dólares al M-19 para que, al tomar el Palacio, destruyeran expedientes de las causas contra narcotraficantes detenidos y presionaran a los jueces encargados de expedirse en los trámites de extradición a Estados Unidos. La versión nunca fue comprobada y una investigación de la época de la toma no encontró elementos probatorios.

La Comisión asignó la mayor responsabilidad al M-19 (página 10 del Informe), pero no escatimó la asignación de responsabilidades a las Fuerzas Armadas y al propio presidente de la República, a quien se le imputó que desde el comienzo del operativo decidió “no negociar, lo cual no era incompatible con el diálogo ni con las acciones conducentes a la salvaguarda de la vida de los rehenes”. Se le imputó también no haber tenido ninguna intención real y efectiva de tratar de salvar la vida de los rehenes. Betancourt no recibió información precisa del desarrollo de los hechos, ni tampoco asumió el mando o supervisión del operativo militar –de su competencia en tanto comandante en Jefe–, lo cual produjo “un vacío de poder porque el Presidente simplemente fue espectador del desarrollo de los acontecimientos”. De modo tal “que el Gobierno Nacional no actuó, simplemente se enteró de los hechos cumplidos” (pp. 42 y 46).

Adicionalmente, la Comisión de la Verdad concluyó:

[d]esde el mismo momento en que se dio por finalizada la “recuperación” del Palacio de Justicia se empezó a enmascarar la verdad de lo ocurrido allí. El edificio en ruinas continuó bajo el control de las Fuerzas Armadas, impidiéndose en principio el acceso de cualquier autoridad judicial que no fuera de la justicia castrense (p. 47).

Posteriormente, el Gobierno liberal de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) impulsó un programa de lucha contra el narcotráfico, otro destinado a disminuir la pobreza y un tercero de negociaciones con la guerrilla. En este campo llegó a acuerdos con el M-19 y el EPL. El M-19 levantó una propuesta de deponer las armas a condición de una convocatoria gubernamental para la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente encargada de reformar la Constitución de modo tal que garantizara la formación y libre actuación de terceros partidos, superando la díada Liberales/Conservadores y permitiendo la representación de las minorías. La nueva Constitución fue aprobada en 1991, ya bajo el Gobierno del también liberal César Gaviria Trujillo.

Las diversas organizaciones guerrilleras intentaron aunar sus acciones, primero en 1985 mediante la Coordinadora Nacional Guerrillera, que articuló al M-19, al Comando Ricardo Franco Frente Sur y al Movimiento Armado Quintín Lamé, acrecentando su composición en 1987 con la sumatoria de las FARC, el ELN y el ELP, convirtiéndose entonces en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). La nueva estructura apuntaba a fortalecer la posición de los insurgentes frente al Gobierno de Barco, tanto en lo atinente a acciones armadas como a las eventuales negociaciones por la paz. Buscaba enfrentar con más fuerza la ofensiva represiva gubernamental y superar la frustración del agotado “proceso de paz” convocado por Betancourt, que incluyó sistemáticos ataques a las organizaciones guerrilleras por parte del propio Gobierno y las Fuerzas Armadas, amén del narcotráfico y los paramilitares.

En el saboteo de la salida política a la confrontación armada fue significativo el asesinato de Jaime Pardo Leal, presidente de Unión Patriótica, en octubre de 1987. Pardo Leal era una figura prominente: como miembro del Comité Central del Partido Comunista había impulsado la constitución de la Unión Patriótica, a la cual entendió como un instrumento apto para canalizar la lucha armada hacia la lucha política mediante inclusiones y garantías de participación y un programa de reformas. Fue candidato a presidente de la República en las elecciones de 1986, obteniendo el tercer lugar con 328.000 votos (4,6%), un resultado sin precedentes en la historia de la izquierda colombiana, lejos de los 4.214.000 y 2.588.000 del liberal Virgilio Barco Vargas y del conservador Álvaro César Hurtado, respectivamente. Pardo Leal fue un valiente denunciante de las estrechas relaciones entre políticos, narcotraficantes y paramilitares. El crimen de Pardo llevó la cifra de los miembros de la UP asesinados desde 1985 a 472, cifra que casi se duplicará al cabo de los siguientes veinte años.

Durante el proceso de constitución de la CGSB se realizaron varias “cumbres guerrilleras”: cinco Conferencias entre septiembre de 1987 y abril de 1989 (y otras tres hasta octubre de 1993) y la Primera Cumbre de Comandantes (septiembre-octubre de 1990), en la cual Manuel Marulanda (FARC-EP), Manuel Pérez Martínez (ELN) y Francisco Caraballo (EPL) se encontraron por primera vez en la historia de la guerrilla. Como algunos de los participantes lo reconocieron más tarde, ese proceso tropezó con importantes dificultades políticas internas, algunas de ellas resultantes de la decisión del M-19, la mayoría del EPL y las organizaciones menores de aceptar la propuesta de paz del presidente Barco y, por ende, dejar las armas y desmovilizarse. No es un dato menor el hecho de que esas organizaciones estaban por entonces derrotadas militarmente, a diferencia de las FARC-EP y el ELN. Estas dos organizaciones y la fracción del EPL liderada por Caraballo acordaron reconocer y ratificar la necesidad de la “unidad popular y revolucionaria”, considerada requisito para triunfar. La consigna guía era, al respecto, la proposición de Camilo Torres: “Debemos recoger lo que nos une y dejar lo que nos separa”.

Empero, más allá de los embates de las fuerzas enemigas, una alta cuota de responsabilidad en el fracaso de la CGSB les cupo a las propias organizaciones revolucionarias. En su VIII Conferencia (octubre de 1993), las FARC resolvieron sujetar la continuidad de la Coordinadora a la aceptación por parte de las otras fuerzas de sus fundamentos políticos, ideológicos y militares, posición rechazada por el ELN. Así, la continuidad de los nexos unitarios quedó fuertemente afectada, tanto que en algunas áreas del país las FARC llegaron a considerar como amenaza la presencia de otra guerrilla. Elenos y farcianos se agredieron mutuamente en Arauca, Oriente de Antioquia, Cauca y Nariño, dejando un saldo considerable de muertos. En un punto se repetía la tragedia de 1970, cuando las FARC se enfrentaron con el EPL, reiterada a fines de los años noventa, en este caso con el Movimiento Jaime Bateman Cayón, una disidencia del M-19 que decidió continuar las acciones armadas, operando con alguna incidencia entre 1990 y 1997. La expansión del Frente 6 de las FARC, desde el departamento de Cauca, en la Cordillera Central, área de ese Movimiento, no se tradujo en acciones conjuntas sino en rivales. En 2000, el comandante Rommel, por entonces al frente del Bateman, murió en un enfrentamiento con el Ejército en Caicedonia.

El 9 de diciembre de 1990, el día de las elecciones para la Asamblea Constituyente, siendo presidente el liberal Gaviria, las Fuerzas Armadas –pretextando que la guerrilla no respetaba los acuerdos alcanzados y continuaba realizando secuestros y atentados– atacaron los campamentos de las FARC-EP en Casa Verde, sede del Estado Mayor y del Secretariado Nacional de la organización. Allí se encontraban, entre otros, los comandantes Manuel Marulanda, Alfonso Cano y Raúl Reyes (Jacobo Arenas, partidario de las negociaciones con el Gobierno, había fallecido meses antes a raíz de un infarto). La “Operación Colombia” –tal su nombre oficial– ya había sido propuesta, sin éxito, por Gaviria cuando era ministro de Barco. Empleando aviones y helicópteros artillados, las tropas bombardearon el campamento, no sin resistencia por parte de la guerrilla. El Secretariado logró evadirse, frustrando el objetivo principal del operativo.

A pesar del ataque a Casa Verde y de las primeras reacciones de Tirofijo (para quien el ataque cerraba las puertas del diálogo), la CGSB no eludió las negociaciones con el Gobierno. De allí la firma, en mayo de 1991, por representantes de ambas partes, del Acuerdo de Cravo Norte, en el que decidieron celebrar, a partir del 1º de junio de ese año, “conversaciones directas, inicialmente en Caracas, con representantes al más alto nivel decisorio encaminadas a buscar una solución negociada a la confrontación política armada”. Representando a la Coordinadora participaron los comandantes Alfonso Cano (Guillermo León Sáenz Vargas, de las FARC-EP) y Antonio García (Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, del ELN), y al Gobierno el Consejero Presidencial para la Paz, Horacio Serpa, acompañado por Álvaro Leyva. Tras dos reuniones en la capital venezolana, las negociaciones se trasladaron, en razón del golpe de Estado en ese país, a Tlaxcala (México). Los diálogos de paz cesaron en mayo de 1992 por decisión unilateral del Gobierno, que alegó para ello el secuestro y muerte (por paro cardíaco) del ex ministro Argelino Durán Quintero, operación realizada por el EPL.

En su momento, el ELN evaluó positivamente la fase de unidad de las organizaciones guerrilleras, considerando que Colombia asistía a un proceso de convergencias y luchas populares, en particular las promovidas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los Movimientos Cívicos y el Movimiento Campesino, Cristiano e Indígena.

El avance de las guerrillas fue un hecho innegable, particularmente durante la década de 1990, cuando se intentó llegar hasta el Océano Pacífico y asegurar corredores que llevaran a él desde la Cordillera. Según algunos autores, ese crecimiento fue coetáneo con el debilitamiento del cártel de Cali, en un contexto marcado por el enfrentamiento entre grupos narcotraficantes rivales, sobre todo en varios municipios del Valle del Cauca. Esta violencia se expresó bajo la forma de asesinatos, masacres y desaparición de personas, descollando la acción del sicariato, forma de violencia a la cual nos referimos más adelante.

En esa zona, la presencia primera fue del ELN, desde 1984 (en la Cordillera Occidental), si bien entre 1989 y 1993 los elenos sufrieron el fuerte embate de los paramilitares del cártel del norte del Valle, quienes en su pretensión de ocupar el espacio asesinaron a campesinos, la base sobre la cual podían apoyarse los guerrilleros. Esa campaña fue tan fuerte que obligó a estos a replegarse hacia las ciudades, en particular, Cali. De ese repliegue surgió una base urbana y semiurbana, que no descartó una nueva expansión en el área rural (en la Cordillera Central), alcanzando su punto más alto en 1999, para comenzar a caer en 2000, tras las intensas operaciones de las Fuerzas Armadas. A partir de allí, los elenos entraron en una fase de estancamiento.

En el caso de las FARC, la ampliación de su presencia y de sus acciones armadas en el Valle del Cauca se dio a partir de 1998-1999, en particular en la Cordillera Central. Varios frentes rurales y uno urbano (en Cali), que llegaron a contar con unos 900 combatientes, dieron cuenta del valor estratégico que la organización le dio al Valle, tanto que uno de los más importantes jefes –Pablo Catatumbo– fue designado responsable del área.

Fueron años de expansión territorial y social de la guerrilla, que llegó a operar en la periferia de las principales ciudades: Bogotá, Cali y Medellín. Incluso en los barrios populares urbanos actuaron milicias urbanas. A su vez, en el área rural, las FARC-EP y el ELN controlaron buena parte de los municipios, actuando como un Gobierno local de hecho, aunque sin alcanzar a conformar una sostenible y continua situación de soberanía múltiple. Como se verá en el próximo capítulo, ese crecimiento se frenó e incluso devino en repliegue de posiciones.

La violencia narcotraficante

Como pocos países en el mundo, Colombia está asociada a la producción de cocaína y a su comercialización internacional, mucho más que a su condición de segundo productor mundial de esmeraldas. A su vez, la explotación de esmeraldas es una actividad estrechamente vinculada a la política y a los políticos (incluyendo la venta de cargos públicos) y al narcotráfico.

A riesgo de abusar de la cita, vale reproducirla in extenso por su precisión: “La estela de violencia dejada por el narcotráfico parece infinita y es probable que perdure por muchos años. El narcotráfico ha penetrado hasta los últimos resquicios de la sociedad, de la política, de la economía e incluso de la cultura y del deporte. Cientos de millones de dólares provenientes del negocio de la cocaína han pasado por las manos de industriales, obispos, colonos, militares, congresistas, guerrilleros y mercenarios. Han posibilitado, de la noche a la mañana, el auge de una nueva burguesía rica, poderosa y violenta. Han potenciado todos los conflictos políticos, económicos y sociales acumulados en largas y tortuosas décadas de historia republicana. Han desatado guerras. Y han cambiado la posición geopolítica de Colombia, que dejó de ser el ‘Tíbet suramericano’ para convertirse en la ‘Mega-Sicilia’, el principal campo de batalla de la ‘guerra mundial de las drogas’” (Sarmiento y Krauthausen, 1991: 17).

Hay, al menos, tres recursos, entrelazados, mediante los cuales el narcotráfico devino componente decisivo en la sociedad colombiana. El primero es consustancial a la condición ilegítima del negocio: al no haber reglas de derecho aplicables en el mercado de la droga y a las relaciones entre los grupos (“empresas”) en competencia, la disponibilidad de un aparato de violencia propio es condición necesaria para resistir y/o neutralizar a la competencia. El segundo, los nexos entre los jefes de los cárteles de la droga y los políticos, cuya manifestación más alta fue la elección del propio Escobar, llamado “el Zar de la cocaína”, como congresista suplente por el movimiento Alternativa Liberal, en 1982. El tercero, la intensa apelación y empleo de la violencia por parte de los cárteles contra guerrilleros, políticos, policías, funcionarios, etc. que no acuerden con ellos, enfrentados a la disyuntiva “plata o plomo”: los interpelados o aceptan el dinero del soborno (plata) o son muertos a balazos (plomo). Aquí es donde aparece la red de sicarios de los cárteles.

Según Vidales (1997, capítulo IV), las primeras mafias aparecieron durante los años del Frente Nacional y fueron las de los esmeralderos. En los yacimientos de estas gemas, “bajo control del ejército, comenzó la actividad de robos en gran escala. Pronto hubo más delitos, más dólares y más violencia en las regiones esmeralderas. Políticos corruptos compraban y vendían cargos de auditores en las minas, para negociar con las mafias y favorecer el comercio clandestino. Más violencia. Más arbitrariedad. Más corrupción”. Y añade: “Las mafias han sabido aprovechar en su beneficio el tradicional ‘clientelismo’ de la política colombiana. Se han apoderado de puntos claves en la estructura gamonalista y caciquista de los partidos políticos. Han logrado intimidar, neutralizar, corromper, sobornar o simplemente convertir en socios de sus fechorías a magistrados, ministros, mandatarios, jefes civiles y militares”. El documentado libro de Fabio Castillo (1987) corrobora las afirmaciones de Vidales.

La elección de Escobar llevó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y al diario bogotano El Espectador a denunciar su vinculación con el narcotráfico, campaña que produjo la renuncia de Escobar al cargo. Corolario previsible: en abril de 1984, Lara Bonilla fue asesinado por sicarios, y en diciembre de 1986, Guillermo Cano Isaza, director de El espectador, caía asesinado del mismo modo.

Si bien el formato de institucionalización política directa quedó ocluido para Escobar, la frustración no impidió su propia activa participación política indirecta y la de los narcotraficantes en la política en todos los campos y niveles, una relación que incluye a poderosos políticos (85). En los inicios de la década de 1980, Escobar –que a lo largo de su actividad siempre realizó inversiones en infraestructura y proveyó ayuda económica a los barrios marginales– había construido 417 viviendas en una de las comunas de la ciudad de Medellín. Se trata, en fin, de inversiones –los “costos de la ilegalidad”, como los llaman Luis Fernando Sarmiento y Ciro Krauthausen– con el objetivo de neutralizar la acción de la policía y la Justicia. “Al invertir en la comunidad, los empresarios narcotraficantes se aseguran la benevolencia de los beneficiarios”, obteniendo, entre otras cosas, un seguro contra las delaciones e incluso refugios en caso de persecuciones. De hecho, lo que logran es legitimidad ante la población (Sarmiento y Krauthausen, 1991: 103-105).

La estrategia de acción social y política de los narcotraficantes incluye, además de la recién señalada, otras formas, entre las cuales las de “sobornar e infiltrar” y “amenazar y matar” son muy importantes.

Según Sarmiento y Krauthausen, las principales relaciones entre narcotraficantes y la clase dominante tradicional, la que controla la casi totalidad de las redes de poder, se han establecido en la actividad económica. La cuestión no es de menor importancia: el narcotráfico es una actividad ilegal, pero cuando quienes lo practican “lavan” el dinero adquiriendo legalmente propiedades, su actividad se torna, por esta razón, legal.

Si las acciones estratégicas anteriores no resultan suficientes, queda el recurso a una tercera: el empleo de la violencia contra las autoridades, con un resultado que los autores que seguimos aquí evalúan como “aterradoramente eficaz: policía muerto no detiene, juez muerto no sentencia, ministro muerto no acusa”. Bien podrían haber añadido: periodista muerto no denuncia.

En 1991 el presidente Gaviria decidió no extraditar a Estados Unidos a los catalogados narcoterroristas confesos (disposición que poco después adquirió rango constitucional), al tiempo que la mayoría de los narcotraficantes optó por la reducción de la violencia generalizada –limitándola a secuestros y asesinatos selectivos– y la creación de “zonas extraterritoriales”, para preferir el llamado “modelo Cali”, es decir, acceder a las redes de poder, infiltrarse discretamente entre las autoridades y efectuar “encubiertas, pero masivas, inversiones en la economía legal” (Sarmiento y Krauthausen, 1991: 117-122). La inserción en los aparatos estatales se realiza mediante el financiamiento de políticos y funcionarios, incluyendo a miembros de la Policía Nacional. Un caso bien notorio fue, por su magnitud, la financiación de la campaña electoral del liberal Ernesto Samper Pizarro en 1994, tanto más destacable porque logró derrotar al candidato conservador Andrés Pastrana Arango (86). En cuanto a las incursiones en la economía, ellas se caracterizan “por la inversión agropecuaria que valoriza las propiedades rurales, acelera la circulación monetaria, eleva los niveles de renta y las utilidades del comercio e incrementa los beneficios de los grandes propietarios rurales de las regiones aledañas”. Un efecto de las inversiones del narcotráfico ha sido el de contribuir tanto a la redistribución de ingresos como a aumentar la concentración del capital (Camacho Guizado, 2009: 371-372).

Se han señalado arriba las víctimas principales de la violencia narcotraficante, pero la lista no se agota allí. Una parte no desdeñable de ella ha sido ejercida intercárteles, siendo destacables el asesinato de los hermanos Moncada Galeano –ocurrido en prisión, a la cual fueron llevados por los lugartenientes del propio Escobar por sospechas de robo al cártel– y la guerra que enfrentó, a principios de la década de 1990 (aunque algunos retrotraen el enfrentamiento hasta mediados de los años ochenta), a los de Cali (hermanos Rodríguez Orejuela) y Medellín (Pablo Escobar Gaviria y hermanos Ochoa Vásquez), originada en la antagónica concepción de uno y otro sobre las relaciones con el Estado: partidarios de la penetración en los aparatos estatales y el financiamiento de la política, unos (Cali), y de la acción violenta o narcoterrorismo, otros (Medellín). En el enfrentamiento se impuso el primero, llevando finalmente a la muerte de Escobar “a manos de las autoridades colombianas y estadounidenses”, en 1993. Posteriormente, el Estado arremetió contra los vencedores, capturando a sus principales jefes a mediados de 1996. Ambos hechos, señala Álvaro Camacho Guizado (2009: 368 y 374), “produjeron cambios radicales en la estructura de las organizaciones del narcotráfico”.

La violencia de los narcotraficantes también se ejerció sobre los campesinos y sus organizaciones, estrategia iniciada por Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha –“El Mexicano”, aunque era colombiano–, la cual fue prontamente desbordada por organizaciones de terratenientes (algunos de los cuales eran también narcotraficantes) que devinieron en grupos paramilitares explícitamente operativos contra las guerrillas. Para hacer más complicada la ecuación, el resultado final fue “la alianza implícita entre los jefes de la organización de Cali, los paramilitares de Córdoba y Urabá, la Policía Nacional y los aparatos de inteligencia y seguridad nacionales” (Camacho Guizado, 2009: 369 y 377).

Una cuestión compleja, controversial, ambivalente y oscura es la de las relaciones –reales o supuestas– entre el narcotráfico y las organizaciones guerrilleras. El embajador norteamericano en Colombia, Lewis Tambs, acuñó en 1982 el término “narcoguerrilla” –el cual ha tenido una notable difusión– para referirse a las, a su juicio, estrechas relaciones y connivencia entre las organizaciones político-militares y los narcotraficantes (87). Entre las pocas opiniones prudentes al respecto se encuentra la del sociólogo Camacho Guizado (2009: 369): “Si bien algunas de estas vinculaciones pueden tener algunas bases lógicas y hasta empíricas, lo cierto es que no ha sido posible documentar inequívocamente todas ellas, y se ha dado curso a una fantasía que ahonda las dificultades para un examen concienzudo y consecuentemente un enfrentamiento menos errático y torpe que los que se han puesto en práctica”. Dicho en otras palabras: la asociación narcotráfico-guerrilla es, básicamente (y al margen, incluso, de alguna eventual relación) una invención para justificar la represión (e incluso la intervención militar norteamericana disfrazada de combate al narcotráfico) y aislar política y socialmente a las organizaciones guerrilleras para obligarlas a rendirse o, al menos, negociar con el Gobierno.

A su vez, Ibán de la Rementería (2009: 349) sostiene que “[f]rente a la violencia guerrillera –secuestro– la mafia está en condiciones de responder con la violencia mafiosa, ya que ella se ha constituido y desarrollado en el ejercicio de la violencia social. La respuesta de la mafia por medio de la violencia organizada a la violencia guerrillera –la subversión contra la subversión– la constituye en un nuevo poder social dentro del conflicto de la región”. Adicionalmente, la combinación de coacción física y poder económico permite a los mafiosos-empresarios agrícolas presionar, mediante la violencia y/o su poder económico, a los campesinos con el fin de apropiarse de sus tierras.

Desde el campo guerrillero se admite, en el caso de las FARC –opuestas durante sus dos primeras décadas de existencia al cultivo de la coca–, que desde la década de 1980 aplican impuestos revolucionarios (10% de las ganancias) a los cultivadores (el llamado gramaje) y a las distintas actividades de los cárteles (laboratorios, pistas de aviación clandestinas), negando toda vinculación con el tráfico de drogas. Sarmiento y Krauthausen (1991: 95) sugieren que se trata de una relación que beneficiaba a las tres partes: a la organización guerrillera, por proveerle de fondos; a los campesinos –base social de la guerrilla–, porque la protección de las FARC les permitía zafar de las iniquidades y los abusos de los acopiadores (lo cual implicaba conflictos con los narcotraficantes), amén de beneficiarse de las funciones paraestatales desempeñadas por la guerrilla (control de precios, orden, etc.); a los narcotraficantes, en tanto los insurgentes mantenían el orden en el área de cultivo de la coca. La convivencia entre narcos y guerrilleros se rompió en 1986, cuando las FARC y la empresa de Gonzalo Rodríguez Gacha se enfrentaron con una violencia atroz.

Por su parte, el ELN explicitó su posición ya en 1989, cuando dio a conocer el documento “Deslinde categórico con el narcotráfico”, cuyo dictum parece haber respetado. Se trata tanto de una exposición destinada a hacer pública la postura de la organización como de una guía de conducta para todos los miembros de las unidades de combate elenas. El deslinde fue reiterado en los años siguientes, insistiendo siempre, entre otros puntos, en “la decisión de combatir este negocio”; la lucha “contra el fenómeno global y no solo contra sus efectos”; la prohibición de cultivos en zonas de influencia elena donde no han existido antes”; “atacar las causas socioeconómicas” exigiendo “al Estado soluciones correspondientes a la naturaleza económica y social mediante planes alternativos, sustitución manual de los cultivos y programas de desarrollo social”; “prohibir el consumo de drogas ilícitas dentro de las comunidades de la base social”; “no permitir en las zonas productoras, el mercado interno de la droga”; “no exigir impuestos en ninguno de los eslabones de la cadena del negocio del narcotráfico”; “impedir el asentamiento de narcotraficantes en las zonas de influencia elena”.

En marzo de 2010, el Mando Político Militar Estratégico del Frente de Guerra Oriental, del ELN, dio a conocer un comunicado dirigido “a la comunidad regional, nacional e internacional”, en el cual reitera un deslinde categórico con el narcotráfico” y su convicción, “por principio revolucionario” de oposición a la producción, el tráfico y el consumo de la marihuana, la cocaína, la heroína y otras sustancias alucinógenas, por afectar “gravemente la salud de la humanidad, especialmente a la juventud y la niñez”, fomentar la delincuencia, ocasionar “severos desastres ambientales” y enriquecer a “los grandes cárteles multinacionales de los países industrializados, que cada año obtienen ganancias por más de dos billones de dólares, que son lavados en el sistema financiero mundial”.

En fin, según resume Thomas Fischer (1999: 272), la intervención de los narcotraficantes en la sociedad ha convertido a “la mafia […] en parte del sistema sociopolítico”. Las consecuencias son serias: “En la medida en que caducan las estructuras de poder tradicionales y los métodos de control social, se emplean en todos los niveles sociales medios ilegales para la obtención de los objetivos materiales”.

La violencia paramilitar

Hay consenso en situar los comienzos de la violencia paramilitar en 1981, organizada y llevada adelante por narcotraficantes, grandes terratenientes y comerciantes como respuesta al avance de las guerrillas.

Un aporte destacado para explicar el paramilitarismo colombiano es el trabajo de Alejandro Reyes Posada (2009: 354-355), en particular su análisis de las condiciones de posibilidad de la acción paramilitar. Este sociólogo destaca la importancia del papel de previos procesos de mediana duración: 1) el de las fuerzas de choque conformadas por liberales y conservadores para liquidarse los unos a los otros durante las décadas de 1950 y 1960, experiencia que concluyó diluida en prácticas de bandidismo social y de venganza de sangre, particularmente en áreas minifundistas; 2) la aparición de un masivo movimiento campesino (más de un millón) con fuerza suficiente para amenazar la estructura latifundista en las zonas más atrasadas de la costa atlántica y los valles interandinos, organización constituida tras el fracaso del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) en su intención de concretar una reforma agraria que corrigiera los largamente presentes “desajustes estructurales” del campo colombiano. Este segundo proceso fue decisivo: los campesinos fueron derrotados, entre 1970 y 1978, por la política del presidente conservador Misael Pastrana Borrero y la reforma agraria cancelada por la del liberal Alfonso López Michelsen. En aquellas regiones donde el movimiento de masas fue fuerte y los campesinos tuvieron expectativas de concreción de esa reforma el apoyo a los guerrilleros fue retaceado. Pero cuando la política reformista fue abandonada y, por si fuera poco, reemplazada, durante la siguiente gestión presidencial, la de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), por el ejercicio de la represión, la situación se tornó favorable para la expansión guerrillera.

De esa coyuntura, entiende Reyes Posada, se desprenden dos lecciones principales: 1) “la estabilidad de la dominación social depende, en situaciones de crisis, de la violencia estatal canalizada por grupos de las elites”; 2) cuando las clases populares logran organizarse, su accionar se canaliza “alternativamente hacia presiones reformistas o hacia conductas de ruptura abierta” que, en caso de mantener la cohesión interna, pueden generar acciones colectivas, o bien, si hay carencia de organización, bandidismo social.

Las clases propietarias se movieron guiadas por el temor, si no el terror, a la alteración de su situación privilegiada en materia de control de las instituciones, la estructura de la propiedad y los recursos comunes, temor generado por la percepción de que “la tramitación democrática del conflicto” podía conducir a esa alteración. De allí a la apelación a la violencia privada, ilegítima e ilegal había un pequeño paso, que no tardó en darse.

La base jurídica para esas acciones databa de 1968, cuando fue promulgada –por el presidente liberal Lleras Restrepo– la Ley Nº 48, que autorizaba la formación de grupos de autodefensa auspiciados y controlados por las Fuerzas Armadas e inspirados en las propuestas contrainsurgentes de Estados Unidos y la DSN, con su concepción del “enemigo interno”. Empero, la ley no fue aplicada efectivamente hasta el Gobierno de Turbay, diez años más tarde de su promulgación. De hecho, la “caja de Pandora” fue destapada, siguiendo a Mauricio Romero (2009: 409-410), por el general Luis Carlos Camacho Leyva, a la sazón comandante del Ejército (más tarde, ministro de Defensa), quien en septiembre de 1978 llamó a la población a asumir su propia defensa ante eventuales ataques de revoltosos y agitadores. Pese a los desmentidos y a los intentos de aclarar y/o corregir el sentido de las palabras del jefe militar, lo que quedó claro es que desde un organismo del Estado se justificaba discursivamente la apelación a la violencia como forma de aplicar justicia por mano propia. Los militares expresaban, así, lo que pensaban y sentían las clases propietarias, muchos dirigentes políticos, económicos y sociales, sobre todo regionales. No se trataba –apunta Romero (2009: 413)– de una “ausencia de Estado”, eufemismo simplificador empleado por los promotores de la violencia ilegal, sino de “una crisis del Estado de derecho”. Los demonios desatados en 1978 todavía siguen, más de treinta años después, fuera de la caja.

Tal fue el contexto en el cual se produjeron las condiciones de posibilidad para la acción paramilitar, que pronto contó también con condiciones de realización. La primera de las condiciones de posibilidad fue la debilidad estructural del Estado para contener a las clases propietarias dentro de “un marco de conductas democráticas para la resolución del conflicto social”. La segunda condición de posibilidad fue la política contrainsurgente inaugurada con el Estatuto de Seguridad aprobado por el presidente Turbay en 1978, año en el cual, recuérdese, el sur del continente estaba dominado por dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Ese instrumento calificó como subversivas muchas acciones típicas de la protesta social no armada y puso a los acusados de ellas a disposición de la justicia penal militar. A lo largo de los cuatro años de aplicación de esta política represiva quedó probado “que las instituciones castrenses no eran adecuadas para aplicar justicia sino para combatir al enemigo. Muchas pruebas fueron prefabricadas durante los allanamientos a sospechosos, se generalizaron los robos con el pretexto de decomisar elementos delictivos y se instituyó la tortura sistemática en los centros castrenses de reclusión” (Reyes Posada, 2009: 355-356). Como se aprecia, comportamientos característicos de la DSN, solo que aplicados no por dictaduras sino por un régimen político formalmente civil y democrático.

Algunos autores señalan el secuestro de Martha Nieves Ochoa Vásquez (en 1981 por el M-19), hermana de Jorge Luis, jefe del clan familiar narcotraficante, como un hito divisorio de la historia del narcotráfico y de la violencia en Colombia. El M-19 evaluó como conveniente el secuestro de narcotraficantes por considerarlo una fuente fácil de ingresos. No era el primer operativo en esa dirección, pero esta vez se trataba de alguien de mucho peso. La respuesta de los narcos fue rápida y dura: crear un grupo armado para el ejercicio privado de la violencia. Así surgió la ya mencionada organización MAS, Muerte a los Secuestradores, al parecer constituida en una reunión realizada en una propiedad de los Ochoa, en las afueras de Medellín, de la cual participaron los capos de las más importantes organizaciones de Cali, Medellín, Bogotá, Leticia, Barranquilla y Cartagena. El objetivo inmediato era la liberación de Martha Ochoa, sin pagar rescate alguno, la cual se logró; el mediato, el combate a muerte contra guerrilleros y todos cuantos quisieran reiterar la práctica de los secuestros extorsivos. Lehder, del cártel de Escobar, fue el encargado del operativo publicitario-propagandístico (avisos en los medios de prensa, lluvia de panfletos desde una avioneta, etc.).

Ese momento inicial fue básicamente urbano. Pero casi inmediatamente, cuando Escobar y Rodríguez Gacha comenzaron la compra masiva de propiedades rurales y constituyeron los primeros grupos en defensa de ellas en el Magdalena Medio, sobre todo en Puerto Boyacá, la violencia paramilitar, y con ella el brutal incremento de las muertes, se trasladó al campo, área donde actuaban las guerrillas. Estas primeras formas de paramilitarismo se caracterizaron por enfrentar a la guerrilla de modo indirecto, evitando al máximo el combate con los guerrilleros y actuando, en cambio, sobre la población que era parte de las redes de apoyo de estos. La táctica fue eficaz. Se la conoce como modelo Puerto Boyacá y fue la primera experiencia controlada por los jefes narcos de Medellín. Reyes Posada (2009: 357) indica que su expansión coincidió con la extensión territorial controlada por los narcotraficantes en la región. Su éxito impulsó la propagación a otros lugares del país (Córdoba, Urabá, Putumayo y el Ariari en el Meta), a cuya formación y entrenamiento contribuyeron los núcleos primigenios durante 1988 y 1989. En ese proceso fue decisiva la constitución, en 1994, de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCC), fruto de Carlos Castaño y otros. A partir de allí, los grupos narcoparamilitares se desarrollaron crecientemente, en efectivos y en número de asesinatos y masacres perpetrados. En aquellos lugares y en Antioquia los paramilitares masacraron poblaciones campesinas, amén de expulsar a los guerrilleros del Magdalena Medio. Reyes Posada señala que entre 1982 y 1984 los paramilitares asesinaron a más de 800 personas y forzaron el desplazamiento de las familias campesinas colaboradoras (o sospechadas de serlo) de las FARC. Después de alcanzar este objetivo, formaron grupos de autodefensa con “pobladores locales y no con mercenarios a sueldo como en la primera etapa” (Reyes Posada, 2009: 356).

La importancia de Puerto Boyacá no fue menor. Se trata de un área en la cual confluían los migrantes boyacenses de la zona esmeraldífera y de la colonización antioqueña, y donde las FARC tenían una presencia que se hacía sentir, especialmente en las acciones (extorsiones y secuestros) contra los medianos y grandes terratenientes.

Además de Puerto Boyacá, Reyes Posada (2009: 357-358) distingue otras dos regiones de accionar paramilitar. Córdoba y Urabá, donde operaba el EPL, fueron la segunda en importancia. Allí, el grupo de Fidel Castaño (hermano de Carlos) y el Ejército actuaron de consuno para “descabezar el liderazgo político de las organizaciones campesinas y para aislar al EPL de sus bases de apoyo”. Córdoba tenía dos fenómenos opuestos: uno de los problemas más serios de distribución de tierras y una veloz concentración de propiedad agraria en poder de los narcotraficantes. Esa combinación fue fatal para los campesinos, quienes quedaron en medio del enfrentamiento entre dos aparatos militares, el de la guerrilla y el de los paramilitares. La tercera región estaba constituida por el pedemonte de la Cordillera Oriental, desde Casanare hasta el río Ariari, los llanos del Yarí y el Putumayo, en la frontera con Ecuador “y ruta de la pasta de coca”. Aquí, donde operaba uno de los frentes de las FARC, se trataba de un área mal comunicada con el resto del país, con cultivos de coca extensivos, laboratorios para su procesamiento y pistas de aterrizaje, a lo cual se sumó la compra de grandes propiedades por parte de narcotraficantes, rápidamente enfrentados con los guerrilleros.

Durante la presidencia de Barco se intensificaron las tareas de entrenamiento militar de los miembros de las Autodefensas, en particular técnicas de terrorismo urbano (con elementos improvisados y con material técnico), fabricación de bombas incendiarias, operaciones comando, explosivos (a partir de elementos de uso cotidiano y plástico), uso de medios de control remoto, sistema de defensa antiexplosivos, destrucción de explosivos, sabotaje, entre otras, a cargo de instructores australianos, británicos (comandados estos por Peter McLeech) e israelíes, destacándose el grupo encabezado por el coronel Yair Gal Klein, ex jefe del Departamento de Defensa de Israel, retirado del Ejército y devenido mercenario. El organizador fue Rodríguez Gacha, uno de los jefes del cártel de Medellín, organización que financió los 75 u 80.000 dólares que costó el curso, realizado en 1988. Según un oficial colombiano, la contratación de Klein y sus colaboradores fue hecha por el Ejército de su país (Sarmiento y Krauthausen, 1991: 99-101 y 153-156; Reyes Posada, 2009: 413; Salinas, 2006: 196-197 y 211-212, n. 14). A juicio de Sarmiento y Krauthausen, la consecuencia más importante de las enseñanzas de los mercenarios en Colombia fue la “profesionalización” de la violencia.

A fines de la década de 1980, los grupos paramilitares “se habían convertido en unas tenebrosas máquinas de guerra que estaban asolando todo el país” (Reyes Posada, 2009: 413). Esa situación llevó al presidente Barco a derogar la Ley 48, declarar ilegales las Autodefensas y prohibir a las Fuerzas Armadas acciones conducentes a crear o estimular grupos paramilitares. Estas medidas, más las negociaciones del Gobierno y las organizaciones guerrilleras (que llevaron a la desmovilización del M-19, el EPL y otras menores), y la reforma de la Constitución en 1991, ya bajo el Gobierno del liberal Gaviria, le dieron a la coyuntura un clima optimista para la búsqueda de la paz y una solución política al largo conflicto armado.

Pero no pasó de un momento breve, pues se produjo un nuevo pico de violencia, generado por los paramilitares (que no querían la salida política) y por el cártel de Medellín en razón de su oposición al tratado de extradición de narcotraficantes firmado por el Gobierno colombiano con el norteamericano. Empero, Escobar y un núcleo importante de sus colaboradores y guardaespaldas cambiaron de postura cuando el presidente Gaviria adoptó la política de “sometimiento a la Justicia”. Así, se entregaron con dos condiciones: no ser extraditados e imponer el modus vivendi que regiría su prisión. Esta política también estaba dirigida a los paramilitares, en tanto considerados narcotraficantes por el Gobierno, pero ellos, que se definían como contrainsurgentes, rechazaron la propuesta.

A fines de 1992, surgió el grupo Perseguidos por Pablo Escobar, conocidos como “los Pepes”. Sus creadores fueron Fidel Castaño (el jefe paramilitar ya citado), Diego Fernando Murillo o Dom Berna (responsable de la seguridad de narcotraficantes atacados por Escobar y más tarde jefe paramilitar) y el cártel de Cali, enfrentado con el de Medellín. Empero, lo distintivo de “los Pepes” “fue que gozaron de una especie de franquicia de los cuerpos de seguridad del Estado para operar en contra de Escobar”, a tal punto que el propio Castaño, un terrateniente devenido gran jefe paramilitar, los catalogó, “en el sentido estricto de la palabra, el primer grupo paraestatal” (Romero, 2009: 415-416). “Los Pepes” desempeñaron un papel decisivo en la persecución de Escobar y sus familiares a lo largo de casi 15 meses, hasta alcanzar el objetivo de asesinar al capo en diciembre de 1993.

Así, se fortaleció la concepción de la necesidad de la “justicia privada”, esto es, la de poner en entredicho el presupuesto básico del Estado de detentar y ejercer el monopolio de la coacción, pasible de ser reemplazado por procedimientos ilegales e ilegítimos que justificaron las “alianzas entre sectores ubicados en uno y otro lado de la línea entre legalidad e ilegalidad. De la misma manera, esa disposición a utilizar la violencia también sirvió para darle protagonismo político a grupos ligados al narcotráfico, contribuir a su aprobación social y, además, lograr su tolerancia por parte de agencias del Estado o sectores dentro de estas” (Romero, 2009: 418).

Los paramilitares estuvieron activos como combatientes contrainsurgentes hasta 2003, cuando la mayoría de ellos acordó su desmovilización en muy cuestionadas negociaciones con el presidente Álvaro Uribe. No obstante, su incidencia en la vida política colombiana no ha sido erradicada por completo.

Reformismo-revolución, dictadura-democracia: configuraciones históricas del orden en sociedades de violencia

Una revolución con empanadas y vino tinto: la “vía chilena” al socialismo, 1970-1973

En las décadas de 1960 y 1970, América Latina vivió tres experiencias reformistas importantes. Dos de ellas, las desarrolladas en Perú y Ecuador, fueron autoritario-militares, mientras la chilena tuvo un contenido socializante. Como se ha visto en el capítulo 4, el reformismo militar, autoritario y nacionalista, selló la suerte de la dominación oligárquica en los dos primeros países. Más allá de las particularidades de cada caso, Perú y Ecuador construyeron regímenes que eran ciertamente reformistas y nacionalistas, pero que llevaron a cabo las transformaciones en un marco autoritario y con subordinación o con exclusión de las masas, cuya acción colectiva y movilización desestimularon permanentemente, incluso con la represión. La falta de autonomía de las organizaciones intermedias, el paternalismo y el personalismo de los jefes aisló de tal manera al Estado que estas experiencias terminaron en un rotundo fracaso, desde la óptica misma de los objetivos revolucionarios. Ellas no solo no contemplaron la participación de las clases populares sino que además marginaron a poderosos sectores que todavía contaban con recursos eficientes para seguir imponiendo sus intereses. Asimismo, estas experiencias estuvieron seriamente afectadas por las divisiones internas dentro de las fuerzas militares, que finalmente tomaron la iniciativa de derrocar a los jefes revolucionarios. El resultado más claro y duradero fue la desarticulación de las bases de la dominación oligárquica.

En Chile, en cambio, tal dominación se derrumbó por el embate de políticas reformistas de Gobiernos civiles y elegidos por el pueblo, impulsadas primero por la democracia cristiana y luego por la izquierda marxista, que coronó el proceso. En el capítulo 4 analizamos la experiencia de la DC, mas no la de la izquierda en el Gobierno porque, pese a su papel fundamental en la eliminación de la dominación oligárquica, ella se inscribió en un proceso de reformas cualitativas que apuntaban a una transformación estructural de la sociedad. En las elecciones de 1970 la coalición Unión Popular (UP) salió victoriosa (con 36% de los votos), consagrando presidente al médico Salvador Allende Gossens, aunque sin lograr la mayoría parlamentaria (88). La vía chilena al socialismo –la revolución con empanadas y vino tinto, o sea, con festejos, con alegría, como gustaba decir Allende– se basó en un programa de reformas que se llevaría a cabo por medios legislativos, descartando la opción violenta. Allende accedió al Gobierno en momentos en los que la situación económica era favorable, facilitando la política de redistribución del ingreso sin suscitar grandes oposiciones.

En el programa de Gobierno estaba incluida la profundización de la reforma agraria con el objetivo de terminar con el latifundio. Para el Gobierno de la UP, las tierras expropiadas debían organizarse como cooperativas de campesinos (con el derecho de cada familia de propiedad individual de la casa y el huerto circundante) y, subsidiariamente, como empresas estatales. Un componente esencial de la nueva política agraria fue el de la participación decisoria de los campesinos mediante Consejos Campesinos regionales y nacionales. De manera excepcional, la nueva legislación fue resultado de la participación activa de los propios interesados, aunque la oposición parlamentaria obstaculizó con fuerza la política impulsada por el presidente. Según Jacques Chonchol (1994: 295), los resultados de la política agraria de la UP pueden sintetizarse en seis grandes aspectos: “Las expropiaciones para la reforma agraria; la reorganización económico-social del sector reformado; la asignación de la tierra; la producción y el consumo; la participación del campesinado en el proceso de cambio agrario y la reorganización de la burocracia agraria”.

A lo largo de los 34 meses de Gobierno socialista, se expropiaron 4.490 predios con 6.600.000 hectáreas, golpeando definitivamente al latifundio tradicional. La experiencia fue compleja, obstaculizada por trabas de distinta índole: el paternalismo burocrático (sustituto del patronal) heredado del período democristiano y combatido mediante los Centros de Reforma Agraria (CERAS); la oposición de la DC; los conflictos en el interior de la propia UP respecto de los objetivos finales de la reforma. Fue significativo el alto grado de desarrollo de los Consejos Campesinos entre la población rural indígena, básicamente mapuche.

En 1971 el Estado pasó a controlar algunos bancos y ciertas actividades industriales (cemento, minería del hierro, el salitre y el cobre, metalúrgicas), al tiempo que impulsó una redistribución del ingreso que favoreció a los sectores más humildes, en buena medida aplicando una política keynesiana de promoción de la demanda con incremento de los salarios. Ese año, la economía creció el 7,7% (más de dos veces el índice de 1970, 3,6%), pero el consumo fue superior a la producción, provocando importantes desequilibrios financieros a los que el Gobierno no prestó debida atención (Dabène, 2000: 147). En abril, en las elecciones municipales, la UP se impuso orillando el 50% de los sufragios, triunfo que impulsó la polarización política. En efecto, la oposición comenzó a endurecerse, tanto que la DC modificó sus posiciones inicialmente expectantes por otras más combativas contra el Gobierno socialista. También cambió la posición de sectores de la Iglesia Católica que en los inicios del Gobierno habían prestado su apoyo en nombre de un diálogo entre el socialismo y el cristianismo, que veía en la original fórmula del socialismo de Allende una posición aceptable, distinta de las más clásicas fórmulas marxistas que estos sectores no terminaban de aceptar. La Iglesia Católica trocó su actitud frente al Gobierno cuando este intentó llevar adelante una reforma educativa que, como era de esperar, fue altamente resistida por el catolicismo, históricamente vinculado a las estructuras educativas del país.

Medidas como la nacionalización de la minería del cobre o la profundización de la reforma agraria (en un año hizo tanto como el Gobierno de Frei en seis) no provocaron grandes obstáculos. La situación fue otra cuando el precio internacional del cobre cayó significativamente, provocando la fuga de capitales y el bloqueo comercial y financiero por parte de Estados Unidos. Pero sería ingenuo sostener que la caída del precio del cobre fue la responsable de la frustración de la vía chilena al socialismo.

La brutal deposición del Gobierno de la UP y la instauración de la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, a partir del 11 de septiembre de 1973, ocluyó el proceso reformista agrario. La ominosa dictadura liderada por el general Pinochet no restituyó el antiguo latifundio, destruido por los Gobiernos de Frei y Allende, si bien 30% de las tierras expropiadas fue recuperado por sus antiguos propietarios, 15% fue rematado y transferido a capitalistas no campesinos, mientras el restante 55% se puso en venta a los campesinos, con exclusión de dirigentes y militantes destacados durante el proceso reformista (los cuales, por lo demás, fueron encarcelados, asesinados o exiliados).

La ley de reforma agraria fue derogada, como también la de sindicalización y la de creación de la CORA. En 1979, la dictadura dispuso dividir las comunidades mapuches y fomentar la propiedad individual, medida coherente con la creación de un mercado libre de tierras que operó como mecanismo de expulsión de los campesinos, carentes de recursos económicos y de créditos. Los beneficiarios de esa política fueron antiguos propietarios y, en menor medida, comerciantes y transportistas de la zona, técnicos y profesionales, estimándose que poco más del 40% de las tierras fue objeto de venta. Aunque parezca incongruente, la vigencia de la DSN no operó como obstáculo a la compra de significativa cantidad de tierras por capitalistas extranjeros subsidiados por el Banco Central (Gómez y Echenique, 1988: 96-97 y 100).

Para Chonchol (1994: 301-302), la política agraria de la dictadura puede sintetizarse en estos términos: “Orientada, primero, a anular la reforma agraria y, enseguida a constituir una agricultura capitalista basada sobre todo en rubros de exportación (fruta y maderas) en manos de grandes conglomerados nacionales y extranjeros que han realizado una nueva concentración de la propiedad”. En 1986, en la fase final de la dictadura, más del 50% de los campesinos se habían convertido en obreros agrícolas, sobre todo temporarios o transitorios (“temporeros”, en Chile) y un 40% en pequeños campesinos que trabajaban la tierra con sus familias (fuerza de trabajo no remunerada). Se trata de un grupo heterogéneo, dentro del cual hay campesinos tradicionales, asignatarios de parcelas de la Reforma Agraria, indígenas, medieros y minifundistas.

Las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas del Cono Sur (89)

El abanico de manifestaciones históricas de dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas es muy amplio. Bien puede decirse que ellas se instauraron en la década de 1960 y, con transformaciones internas, se extendieron hasta la década de 1980. La ideología y la mentalidad de los dictadores y sus soportes militares les hicieron concebir el ejercicio del poder con un fuerte tono cuartelero, visible en las demandas de jerarquía, organización, unidad, es decir, una ideología autoritario-burocrática. Las observaciones de Rouquié y de O’Donnell sobre la dictadura argentina, bien pueden ser aplicadas a las otras. Rouquié (1982: 266) sostiene que su ideología proyectó sobre el Estado y la sociedad los valores básicos del ejército profesional, es decir, una “gran institución burocrática” por excelencia. El ideal del general Juan Carlos Onganía era promulgar reglamentos que organizaran e hicieran funcionar al país. Para O’Donnell (1982: 157-160), el onganiato constituyó la expresión más acabada del Estado burocrático-autoritario, resultado o producto de la marcada tendencia de los militares argentinos a confundir las funciones específicas de las Fuerzas Armadas con las demás del Estado.

La primera dictadura institucional de las Fuerzas Armadas –ya lo señalamos– fue la instaurada en Brasil, prolongada a lo largo de veintiún años, entre 1964 y 1985. Le siguió, en 1966, la autodenominada Revolución Argentina, que, más resistida que aquella por las luchas populares, solo llegó hasta 1973. En los años setenta, la estrategia se aplicó en Bolivia (1971-1978, con carácter institucional desde 1974); Chile (1973-1990), Uruguay (1973-1984), y otra vez Argentina (1976-1983) y Bolivia (1980-1982).

La cínica invocación a la democracia realizada por Estados Unidos durante la Guerra Fría se convirtió, en América Latina, en una desnuda y despiadada política de apoyo a Estados Terroristas de Seguridad Nacional basados ideológicamente en la DSN. Conforme esta, como se ha visto, la principal misión de los militares latinoamericanos era el combate “a los enemigos internos” –las llamadas “quintas columnas del comunismo internacional”– que operaban, según decían los teóricos de la DSN, en el interior de cada país, dejando la lucha contra el enemigo exterior –el bloque de la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia, y China Popular– a las fuerzas de la OTAN. Fue una guerra contra compatriotas, llevada al límite de la comisión de crímenes de lesa humanidad e incluso el genocidio.

En medio del clima de ebullición social, la actitud de Estados Unidos y del nuevo presidente, Lyndon Johnson, tras el asesinato de Kennedy, fue bien clara: apoyo abierto a los golpes militares favorables a sus intereses –casos de Brasil, en 1964; Argentina, en 1966, y manifiestamente Chile, en 1973– o intervención militar directa, como en el ya señalado caso de la República Dominicana, invadida por marines en 1965. Los militares eran, para Estados Unidos, la garantía más sólida contra el peligro del “castrocomunismo”. El Departamento de Estado, la CIA y personajes como Henry Kissinger, desde 1973 Secretario de Estado del Gobierno de Richard Nixon, estuvieron de un modo u otro involucrados en los golpes y la represión sistemática. La CIA participó activamente de los procesos de instauración de las dictaduras del Cono Sur.

Una breve digresión se impone, para conceptualizar el término “dictadura”. Franz Neumann (1968: 218) la definió como “el Gobierno de una persona o de un grupo de personas que se arrogan el poder dentro del Estado y lo monopolizan, ejerciéndolo sin restricciones”. Asimismo, entendió necesario distinguir, en cuanto a su intensidad –es decir, al respectivo grado de extensión y penetración coercitiva– tres tipos de dictadura: simple, cesarista y totalitaria. En la forma simple, el poder dictatorial es ejercido con la intensificación de los instrumentos clásicos de la coerción: ejército, policía, burocracia, magistratura. En la cesarista, el poder dictatorial se basa en el apoyo de las masas. En la dictadura totalitaria, a los rasgos de las otras dos formas se añade el control de la educación, de todos los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y el uso de técnicas coercitivas ad hoc, con la pretensión de establecer un control total.

Norberto Bobbio (1989a), como otros autores, recuerda que dictadura –con sus tres tipos históricos: la de los antiguos, la moderna y la revolucionaria– es un término que (al igual que tiranía, despotismo y autocracia) proviene de la Antigüedad clásica, tiempos en los cuales tenía una connotación positiva, históricamente perdurable hasta el siglo XX, cuando mutó, “contrariamente al uso histórico”, a una connotación negativa, desplazando de esta a los ya citados tiranía, despotismo y autocracia (90). En esa línea, no extraña que Marx y Engels –para quienes todos los Estados, en tanto lo son de clase y expresan el dominio de una de ella, son dictaduras (de clase, no de personas)– utilizaran la expresión para indicar “sustancialmente un estado de cosas”, dándole “un significado esencialmente descriptivo”, es decir, un sentido no técnico (91).

En un texto clásico (Die Diktatur, 1921), Carl Schmitt introdujo la distinción entre dictadura comisaria (expresión que tomó de Jean Bodin) y dictadura soberana. En la primera –que es la forma de los antiguos, sobre todo de los romanos–, el dictador ejercía su función extraordinaria, legítima y por un tiempo determinado, en el límite de la “comisión” que le era encomendada. En la segunda, su ejercicio no suspendía la Constitución vigente, sino que la reemplazaba por otra, fundamento de un nuevo orden. “Mientras el dictador comisario es investido por el poder de la Constitución, es decir, tiene un poder constituido, el dictador soberano recibe su poder de una autoinvestidura o de una investidura simbólicamente, pero solo simbólicamente popular, y asume un poder constituyente” (Bobbio, 1989a: 228).

En síntesis, el uso hoy habitual de dictadura refiere no al dominio de una clase social sobre otras, sino a una forma de gobierno, es decir, de ejercicio del poder (Bobbio, 1989a: 233).

A su vez, Giovanni Sartori, en un texto publicado originariamente en 1971, en la línea de definir mejor el concepto dictadura, para evitar su dilución en el muy vago de absolutismo, sostuvo que ella, en su forma moderna, “es un Gobierno no constitucional en dos sentidos: a) que quebranta el orden constitucional en el momento en el cual toma el poder (dictador que podríamos llamar ex defecto tituli); b) que el dictador ejerce un poder no disciplinado ni frenado por límites constitucionales (dictador quoad exercitio)”. Añade, más adelante, que las dictaduras son “sistemas de duración discontinua o intermitente, en los cuales ningún principio preestablecido de sucesión es considerado vinculante por los sucesores, y en los cuales, correlativamente, no existe ninguna garantía de continuidad y, por lo tanto, ninguna certeza” (Sartori; 1987: 198 y 206).

Para Sartori, “las dictaduras son, y han siempre sido, expresión de un poder concentrado que se basa –la mayoría de las veces– en el poder personal y discrecional de una sola persona”, y cuando son colegiadas, son soluciones efímeras o, por lo menos, dictaduras con menor poder (Sartori, 1987: 201-203). Puede argumentarse, dice, que una dictadura colegiada deja de ser un gobierno monocrático y asume características de un gobierno oligárquico o policefálico, pero en tal caso debería hablarse de “oligarquía dictatorial” (oligarquía pasa a ser el sujeto). Pero también, añade, que la colegialidad es “un mecanismo de asegurarse recíprocamente” (el jefe derribado tiene la seguridad de no ser muerto).

Ahora, bien, una nota distintiva de los Estados Terroristas de Seguridad Nacional, en tanto dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, fue, justamente, haber establecido –y hecho efectivas– normas para la sucesión en el ejercicio del Gobierno, asegurando la continuidad. El establecimiento y la observancia de normas para la sucesión dan cuenta, precisamente, del carácter institucional que las Fuerzas Armadas –claramente, en Argentina, Brasil y Chile– dieron a sus respectivas dictaduras. Incluso en el caso de la personalizada del general Augusto Pinochet Ugarte, su ejercicio y sucesión estuvieron formalmente establecidos. En esa lógica, también el carácter pactado de las transiciones –ausente en Argentina, por la derrota en la guerra de Malvinas, y en Bolivia, en 1982, por la connivencia de la dictadura con el narcotráfico– fue un modo de sucesión normada. La evidencia empírica contradice, así, la posibilidad de usar la categoría de Sartori, para quien “[l]as dictaduras manifiestan, de hecho, en forma característica, una incapacidad constitutiva para preestablecer normas aptas a disciplinar la sucesión al poder” (Sartori, 1987: 205).

A diferencia de las tradicionales dictaduras autocráticas, paradigmáticas de América Central y el Caribe, las instauradas a partir de 1964 fueron el resultado de la decisión de las Fuerzas Armadas, qua institución, de tomar por asalto el Estado (del cual son, por definición, su “brazo armado”), y gobernar apelando a mecanismos de selección de los gobernantes, decididos y, en general, ejercidos por las jerarquías militares estatuidas a tal efecto. Así, el dato singular, a partir del golpe en Brasil, fue que las Fuerzas Armadas, qua institución, se hicieron cargo del poder y las autoridades por ellas elegidas lo ejercieron en representación de las tres fuerzas –Ejército, Marina y Aeronáutica, y en Chile también Carabineros– so pretexto de restaurar una democracia que según los golpistas estaba corrupta y/o amenazada por el populismo y/o el marxismo.

Esta supuesta pretensión queda bien ilustrada con tres ejemplos. En Chile, los golpistas plantearon como objetivo “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada”. Según declaró el general Pinochet, pocos días después del golpe, “Chile volverá a su tradicional sistema democrático”. En Uruguay, los militares justificaron la destitución del presidente Bordaberry, en 1976, argumentando que él no aceptaba “el futuro funcionamiento de los Partidos Políticos Tradicionales”, ni el pronunciamiento popular mediante el voto, amén de intentar “responsabilizar a los Partidos Políticos del menoscabo moral y material de la Nación, y no a los hombres que fueron directamente responsables de ese menoscabo para satisfacer sus apetitos de poder”, según expresaron en el “Comunicado político” emitido el 12 de junio de 1976. En Argentina, el general Videla sostuvo, en 1977, que el objetivo final del “Proceso de Reorganización Nacional” era establecer “un régimen político democrático capaz de gobernar, durante un largo futuro, una sociedad abierta y pluralista”.

Pero, en rigor, en todos los casos, en poco tiempo quedó explícito que las nuevas dictaduras estaban lejos de ser concebidas por sus instauradores como comisarias (o comisariales), siendo, en cambio, soberanas, fundacionales de un nuevo orden.

En Bolivia, la dictadura establecida bajo la dirección del general Banzer (1971-1978) concluyó con la experiencia conocida como “izquierda nacional” de los Gobiernos de Ovando y, sobre todo, de Torres (1969-1971). También aquí la dictadura pretendió justificarse como correctiva de un orden considerado corrupto y, por sobre todo, como un freno a la “amenaza del comunismo”. Fue muy significativo que el dictador Banzer se asumiera como heredero del general Barrientos, el sepulturero de la Revolución Nacional y el autor intelectual y responsable político del asesinato del Che Guevara.

En Chile, las Fuerzas Armadas optaron, dice Carlos Huneeus (2000: 268), “por un régimen militar tradicional, con una Junta de Gobierno como autoridad máxima, pero con un importante grado de concentración del poder en el general Pinochet, quien ejerció simultáneamente las funciones de presidente de la República, presidente de la Junta de Gobierno hasta 1980 y comandante en jefe del Ejército”. Esta visión de “régimen militar tradicional” adquiere un significado preciso cuando se lo analiza en atención a los documentos sobre la base de los cuales la propia dictadura organizó el ejercicio del poder. Así, el Decreto-Ley Nº 572, del 26 de junio de 1974, otorgó a Pinochet el título de Jefe Supremo de la Nación, denominación que en diciembre fue suprimida para retornar a la de presidente de la República. Meses después, el 4 de diciembre del mismo año, el Decreto-Ley Nº 788 otorgó a la Junta de Gobierno potestad para modificar, a su arbitrio y retroactivamente, la Constitución Nacional de 1925. La Junta adquiría, así, funciones de Poder Legislativo y Constituyente (Gazmuri, s.f.: 3). Con lo dicho, es claro que, pese a la personalización en el ejercicio del poder, la dictadura chilena tuvo carácter institucional.

El éxito del personalismo en Chile contrasta sensiblemente con los resistidos y fracasados intentos de personalización del poder de las dos dictaduras de Argentina, particularmente notorio en el caso del general Onganía –un católico integrista, ultramontano, preconciliar, cursillista, paternalista, partidario del corporativismo al estilo franquista–. El 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado –en buena medida fogoneado por los principales medios de comunicación– que destituyó al presidente Arturo Illia e instauró la primera dictadura de carácter institucional en Argentina (un país que ya conocía los golpes de Estado –1930, 1943, 1955, más algunos frustrados– y las dictaduras militares). Con la firma de los jefes de las tres armas, las Fuerzas Armadas emitieron un documento que denominaron Acta de la Revolución Argentina, por el cual asumían el poder y, a través de una serie de decretos, organizaban el nuevo Gobierno. El Congreso fue disuelto, la Suprema Corte de Justicia, removida y reemplazada por una adicta, y los partidos políticos, prohibidos. Luego dieron a conocer el Estatuto de la Revolución Argentina, que tuvo prioridad normativa por sobre la Constitución Nacional. Con las atribuciones que estos documentos le conferían, una Junta Revolucionaria acordó la designación de Onganía como presidente. Un hecho formal revelaba, ab initio, la intención fundacional de un nuevo orden: el dictador juró el cargo de presidente para “observar los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina”. Claramente, la histórica Carta de 1853 –con toda su carga de derechos y garantías– cedía su prelación a las nuevas normas ilegítimas.

El de la Revolución Argentina fue un intento explícito por construir un nuevo orden, para cuya consecución no había plazos sino objetivos. El proyecto estaba pensado para ser desarrollado en tres tiempos sucesivos, pasándose de uno a otro solo cuando se alcanzasen todos los objetivos planteados para el tiempo respectivo. El primero de ellos era el económico (reordenamiento, estabilización y racionalización de la economía para eliminar las trabas a la acumulación de capital; cierre de las empresas privadas ineficientes y deficitarias –como se produjo en la industria azucarera tucumana– y reestructruación de las estatales –como en el caso de los ferrocarriles y los puertos–; reducción del gasto público e incremento de la productividad); el social (disciplinamiento de la sociedad, particularmente de la clase obrera –mediante la flexibilización del mercado de fuerza de trabajo, la suspensión de las comisiones paritarias, la eliminación del derecho de huelga y el debilitamiento de los sindicatos por medio de la intervención y/o suspensión de la personería gremial, y un férreo control sobre sus actividades– y del movimiento estudiantil –traducido en la disolución de los centros y federaciones, la intervención de las universidades y la cancelación de su autonomía), y el político, campo en el cual el problema mayor era la vigencia del peronismo. En el tiempo político, la estación final de la revolución conservadora imaginada por Onganía y adláteres, la célula del nuevo orden –que el dictador llamaba “una sana comunidad”– sería el municipio y los partidos políticos reemplazados por organizaciones diferentes, desideologizadas, en las cuales no tendrían cabida ni el peronismo ni el comunismo.

El golpe de junio de 1966 y la designación de Onganía generaron reacciones políticas en las cuales primó la cautela, en parte alimentadas por la expresión del exiliado líder Juan Domingo Perón: “Hay que desensillar hasta que aclare”, expresión campera que significaba dejarle al dictador un margen de tiempo para ver qué hacía. De hecho, no fueron pocos –no solo dentro del peronismo– los que pensaron que podría reconstruirse la alianza obrero-militar del peronismo primigenio. Incluso hubo sectores de izquierda –caso, no único, del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, dirigido por Jorge Abelardo Ramos– que entendían necesario no condenar el golpe y esperar para evitar el eventual desencuentro con la clase obrera y no repetir “el error de 1945”. Es que, en efecto, el movimiento obrero organizado, mayoritariamente peronista, saludó el derrocamiento del presidente Illia, a quien había enfrentado fuertemente, y la instauración del nuevo Gobierno, apoyo simbólicamente explícito en la presencia de los principales jerarcas de la burocracia sindical –Augusto Vandor (Unión Obrera Metalúrgica, uno de los sindicatos más poderosos, sino el más), José Alonso (Vestido), Juan José Taccone (Luz y Fuerza), Francisco Prado (secretario general de la Confederación General del Trabajo, CGT)– en la ceremonia de asunción de Onganía.

Las primeras reacciones contra la dictadura se dieron en Córdoba, tanto por buena parte del movimiento obrero –con el dirigente local de Luz y Fuerza Agustín Tosco, un no peronista, a la cabeza– y del estudiantil universitario, donde tuvo menos eco (si bien tuvo sus adeptos) la propuesta de “desensillar hasta que aclare”. Si bien ya en diciembre la CGT nacional realizó un paro con mediano éxito, y dos huelgas generales en marzo de 1967, las cuales, pese a la adhesión masiva, fueron controladas por el Gobierno, antes habían habido acciones de resistencia en Córdoba, donde la represión se cobró un muerto, símbolo de la unidad obrero-estudiantil: Santiago Pampillón, estudiante universitario de ingeniería y trabajador fabril, abatido por la policía en la protesta de los universitarios contra la intervención en las altas casas de estudio, el 7 de septiembre de 1966.

Un giro importante en la resistencia obrera se produjo en marzo de 1968 con la creación de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA), liderada por Raimundo Ongaro, del sindicato de los gráficos de la ciudad de Buenos Aires, y en la cual pesaron con fuerza las regionales del interior del país, con Tucumán, Rosario y particularmente Córdoba a la cabeza, ciudad esta donde los sindicatos locales –notoriamente los llamados “clasistas”– “hacían una defensa de los intereses generales de la clase obrera antes que de los estrictamente gremiales [que] no era habitual” (Brennan, 1996: 149). La CGT de los Argentinos fue una fuerza organizada claramente contestataria, opositora a la política de diálogo y hasta cooperación con la dictadura que practicaban algunos dirigentes de la burocracia sindical.

En 1969, el Gobierno de Onganía estaba ya muy debilitado. A la resistencia obrera y estudiantil y de sectores de la clase media urbana de grandes ciudades del interior del país se sumaron las disidencias y conflictos inter e intra Fuerzas Armadas –el movimiento golpista nunca fue homogéneo–, en particular dentro del Ejército. El pico más alto de la conflictividad social se alcanzó en mayo de 1969, en un contexto caracterizado por indicadores macroeconómicos muy favorables: si bien lejos de las tasas brasileñas, la economía creció de manera notoria, con reducción del desempleo y la inflación e incremento de los salarios nominales y reales. Empero, la liberalización de la economía, la apertura al capital internacional y los indicadores favorables tuvieron como contrapartida el cercenamiento de los derechos sociales y la multiplicación de las huelgas, violentamente reprimidas por el Gobierno.

La conflictividad social alcanzó su punto máximo en la ciudad de Córdoba, donde una formidable movilización de masas encabezada por los movimientos obrero y estudiantil, a la cual se sumó buena parte de la clase media urbana, produjo el hecho de violencia colectiva más grande de la historia argentina, el “Cordobazo”.

El 1º de mayo –día cargado de simbolismo para el movimiento obrero– comenzó con la difusión de un manifiesto de la CGTA que expresaba el hartazgo de la clase obrera ante las políticas de sacrificio, austeridad, persecuciones, torturas, despidos, desalojos, humillaciones, injusticias… aplicadas durante tantos años, y concluía con un llamado a alzar las viejas banderas de lucha. En una situación de exacerbación de tensiones de distinta índole –económicas, sociales, políticas, culturales– e incluso las que enfrentaban a las provincias con el excesivo centralismo en Buenos Aires, la ausencia de mecanismos de canalización institucional dejó un único espacio: la calle. Pero la multitud en la calle era, para el régimen, sinónimo de desorden, el locus propicio para que “los agitadores extranjeros” sembraran el caos que favoreciera sus “tenebrosos designios”. “Así, pues [como bien ha observado Rouquié], estaban dadas las condiciones para que se produjeran hechos explosivos; solo faltaba el detonante” (Rouquié, 1982: 284). Explosivos y detonante terminaron encontrándose.

El 13 de mayo, obreros azucareros tucumanos tomaron un ingenio reclamando salarios impagos. El 14, una masiva asamblea de 5.500 trabajadores mecánicos realizada en la ciudad de Córdoba aprobó la realización de un paro de 48 horas en rechazo a la decisión gubernamental de suprimir el sábado inglés (descanso laboral a partir del mediodía de ese día hasta las 24 del domingo, pagándose el sábado salario de ocho horas por cuatro trabajadas), una conquista que los obreros cordobeses tenían desde 1932 por una ley provincial. Al finalizar la huelga, la policía reprimió dejando un saldo de heridos y detenidos. La CGTA dispuso un paro por 24 horas, a realizarse el 16, que contó con la adhesión de las organizaciones estudiantiles universitarias de distinta orientación ideológica. El 15, estudiantes universitarios protestaron en la ciudad de Corrientes por el alza del precio en el comedor de la Universidad Nacional del Noreste. Fueron reprimidos por la policía, que mató a un estudiante. En Rosario, otra manifestación estudiantil que repudiaba el asesinato del compañero correntino fue tan brutalmente reprimida como la de la vecina provincia, sumando otro estudiante muerto. Entre el 16 y el 23, los rosarinos salieron en masa a la calle para expresar su repudio a la represión. La policía siguió tirando a matar: un adolescente de 15 años aumentó las muertes. El dictador dispuso la ocupación militar de la ciudad, la cual incluyó el funcionamiento de consejos de guerra. Las protestas y la agitación se extendieron por todo el país, en especial en Rosario, La Plata, Tucumán, Corrientes, Resistencia, Bahía Blanca, Santa Fe, Salta, Córdoba, todas ciudades universitarias. El ministro del Interior, Guillermo Borda, un connotado especialista en derecho civil, acusó a la “extrema izquierda” y a “algunos políticos” de ser los culpables de los desórdenes. Los rectores interventores de las universidades nacionales clausuraron los comedores estudiantiles para impedir la concentración de estudiantes y la realización de asambleas, medida que afectaba gravemente a quienes, por provenir de otras ciudades, pueblos o provincias, no tenían otra alternativa gastronómica.

El 19, los universitarios cordobeses iniciaron unas jornadas de agitación y lucha que contaron con diversos apoyos. La clandestina Federación Universitaria de Córdoba (FUC) dispuso una semana de lucha entre el 26 y el 30 en protesta por la represión y por demandas específicas contra la política universitaria de la dictadura (cursos de ingreso, arancelamientos, departamentalización de la enseñanza, verticalismo, etc.). La reivindicación de la calidad académica de los profesores –de la que carecían los designados por la intervención– fue muy importante como elemento específico de movilización, toda vez que la mayoría de los universitarios no soportó la combinación de mediocridad y autoritarismo. El barrio Clínicas, un espacio geográfico de la ciudad ocupado por pensiones y viviendas alquiladas mayoritariamente por estudiantes provenientes de otros lugares, fue acordonado y patrullado en forma permanente por la policía, produciéndose enfrentamientos. En un hecho novedoso, unos 1.500 estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba decidieron en asamblea sumarse a las acciones de protesta contra la represión en Corrientes y Rosario.

El 26, las dos centrales obreras nacionales decidieron la realización de un paro general de 24 horas el día 30. En Córdoba, las organizaciones de trabajadores introdujeron una variante que terminó siendo clave: el paro comenzaría el día 29 a las 11 de la mañana, con abandono de tareas y lugares de trabajo. La medida –que fue unánimemente apoyada por las organizaciones estudiantiles– apuntaba a evitar el tradicional paro matero (así llamado porque los huelguistas se quedaban en su casa a tomar mate), y a favorecer la movilización y concentración en las calles.

El 29 de mayo –en Argentina, Día del Ejército–, el comandante del Cuerpo III, con sede en Córdoba, celebró la fecha pidiendo a Dios que pueblo y ejército siguiesen firmemente unidos para alcanzar la grandeza y felicidad soñadas. Simultáneamente, los trabajadores abandonaron las fábricas (en las principales, en un 98%) y demás lugares de trabajo y se encolumnaron marchando desde la periferia hacia el centro de la ciudad. Marcharon también los estudiantes y, para sorpresa de muchos, la unión obrero-estudiantil añadió un componente adicional nada desdeñable: miles de personas de otros sectores sociales (básicamente de clase media) se sumaron espontáneamente, solas o en pequeños grupos, a las concentraciones. La policía comenzó una brutal represión, con un desborde incontenible. La reacción popular adquirió diferentes formas: actos relámpagos, fogatas, barricadas, pedradas, incendio de automotores y locales de comercio, y algunas esporádicas apelaciones a armas personales… Alrededor de las 13:00 se produjeron las dos primeras muertes, un obrero y un estudiante. El Comando del III Cuerpo de Ejército comunicó la constitución de Consejos de Guerra Especiales para juzgar a los acusados de delitos “contra el orden y la seguridad”, y advirtió que el Código de Justicia Militar contemplaba la aplicación de algunas penas “de carácter irreversible”, eufemismo para decir ejecución. A partir de allí, el in crescendo de la violencia fue la nota dominante.

La protesta devino insurrección urbana de masas. La policía fue completamente desbordada. A media tarde, aviones militares realizaron vuelos rasantes sobre la ciudad, particularmente sobre las áreas de mayor intensidad conflictiva. A las 17:00 comenzaron a operar las primeras fuerzas militares, entablándose combates con los insurrectos, al tiempo que se multiplicaban las barricadas y aparecían francotiradores en varios barrios. Al llegar la noche fue impuesto el toque de queda, sin que la medida afectase la continuidad de la lucha. La insurrección recién fue derrotada en la noche del viernes 30, aunque los operativos represivos continuaron por lo menos hasta el 5 de junio. Las fuerzas represivas involucradas, entre militares y policías, sumaron 9.000 efectivos. El costo de vidas humanas fue de 33 muertos y 93 heridos. El costo económico (para el Gobierno y los empresarios afectados) fue elevado: poco más de 400.000.000 de pesos de ese entonces, según los cálculos de Francisco Delich. Los costos sociales fueron mucho mayores: solo la clase obrera –que durante todo 1969 realizó 16 paros generales– registró una pérdida de 1.600 millones de pesos a lo largo del año, de los cuales 263 millones se “perdieron”, en concepto de salarios no percibidos, en las jornadas del 29 y 30 de mayo (Delich, 1970).

El Gobierno nacional y el provincial, coherentes con su miopía para analizar el proceso sociopolítico que ellos iniciaron en 1966, simplificaron la cuestión aludiendo a la “obra de minorías extremistas”; “elementos castristas, cubanos y centroamericanos”; “ejercicio de guerrilla urbana”, y declaraciones de tenor similar. La perplejidad de un tecnócrata fue muy bien expresada por el ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, quien se preguntó –y no supo responder– cómo era posible que los obreros mejor pagos del país hubiesen sido protagonistas de tamaña insurrección. Es que altos salarios y altas tasas de empleo significa tener asegurada, dentro de los límites del capitalismo, la reproducción material de la vida, plataforma necesaria y suficiente para reclamar aquello que, bajo una dictadura, carecían: libertades, derechos de ciudadanía. Una situación similar se vivió en Brasil durante su dictadura. No es casual que la conflictividad social, en particular la obrera, sea mayor en situaciones de bonanza económica antes que en condiciones de, por ejemplo, bajos salarios y altas tasas de desempleo.

El “Cordobazo” fue el clímax de la protesta social contra la dictadura de Onganía. Fue, como sintetizó Mónica Gordillo (1996: 259), “la culminación, la síntesis de todo el proceso previo” de luchas populares y, al mismo tiempo, el “punto de partida para una radicalización posterior”. Tiene razón la historiadora cordobesa cuando acota –contrariando la versión y visión del poder– que esta insurrección urbana no constituyó “el comienzo de la lucha armada, aunque es evidente que, por la magnitud y repercusión que tuvo, de alguna manera legitimó y precipitó esas tendencias”.

Todas las manifestaciones de protesta social acaecidas en Argentina a lo largo del caliente año de 1969 fueron el resultado de varias y diferentes luchas y vertientes populares. Se inscribieron, como las de otras partes del mundo, dentro de la correlación entre ciclo económico de alza y “gran explosión de luchas de clases” a la que hicimos referencia en la introducción.

Si bien la intensidad disminuyó, el conflicto social no desapareció y contribuyó a erosionar el poder del dictador, quien además debió enfrentar serias diferencias en el seno del propio Gobierno, entre ellas la derivación de la decisión de favorecer a los frigoríficos exportadores de carne, propiedad de capitalistas extranjeros, en detrimento de los productores locales. El descontento se extendió dentro de las Fuerzas Armadas, en particular dentro del Ejército, donde pesaba fuerte el liderazgo del general Alejandro Lanusse. Por añadidura, un comando de la organización Montoneros secuestró y dio muerte al ex dictador general Pedro E. Aramburu, figura poco grata al Gobierno que aparecía como una eventual salida política de la dictadura. En medio de la crisis, algunos miembros de las Fuerzas Armadas propusieron la destitución de Onganía, la cual ocurrió el 8 de junio de 1970. El dictador presentó su renuncia en la sede del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, todo un símbolo expresivo de dónde radicaba el poder. Para revocarlo del cargo, sus camaradas invocaron el artículo 10º del Acta de la Revolución Argentina, que facultaba a los comandantes en jefe para designar un nuevo presidente en caso de muerte o incapacidad del que estuviera en ejercicio.

En reemplazo de Onganía, la Junta de comandantes en jefe designó al general Roberto Levingston, quien gobernó apenas un año. Si bien se intentó corregir el rumbo de la economía, en particular procurando acentuar los componentes nacionales del capitalismo argentino, no hubo cambios en los campos de lo político y lo social. La conflictividad continuó, sobre todo la de la clase obrera. Como Onganía dos años antes, también Levinsgton tuvo su “Cordobazo”, aunque de menor magnitud. En efecto, continuando las protestas de 1970 (sobre todo las de diciembre), enero –con sus semanas “de movilización” (días 18 a 23) y “de lucha y paro activo” (25 a 30)– fue, en Córdoba, un mes social y climáticamente caliente. Hubo paros activos el 29 de enero y el 4 de marzo. El 12 de este mes se realizó uno de 4 horas, con ocupación de los lugares de trabajo (durante el cual murió un obrero), seguido de otro, general y activo, el 15 –hecho conocido como el “viborazo”. (92) No solo fue de menor magnitud que su célebre antecedente, sino que también fueron distintos los componentes: el movimiento obrero participó dividido, los trabajadores más destacados fueron los de la FIAT (los más radicalizados), pero sobre todo los empleados públicos; los estudiantes tuvieron menor participación (posiblemente por lo temprano de la fecha para el calendario académico). También actuaron nuevas fuerzas políticas de izquierda, de orientación maoísta, y comandos guerrilleros. Dos datos de la represión fueron significativos: la inacción (o al menos la renuencia) de la policía provincial en las tareas de represión, en buena medida por diferencias con el propio Gobierno provincial; la mora (como en mayo de 1969) del Ejército en su entrada en operaciones. Al igual que en el “Cordobazo”, esta circunstancia fue atribuida a las diferencias políticas, en el interior del arma, entre el III Cuerpo y el presidente de la República. Nuevamente surgieron las diferencias dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo frente a la presión creciente de los partidos políticos, que reclamaban elecciones, una resistencia social que no cesaba y una guerrilla muy activa. A Levingston lo sucedió –“poniendo las cosas en su lugar”– el general Alejandro Lanusse, quien gobernó hasta mayo de 1973. Durante su Gobierno, último tramo de la dictadura, la violencia política alcanzó niveles inquietantes para el establishment, frente a lo cual el dictador intentó infructuosamente poner en práctica el denominado Gran Acuerdo Nacional (GAN). Finalmente, la dictadura cedió y tras las elecciones asumió democráticamente Héctor José Cámpora, quien ganó las elecciones con el Frente Justicialista de Liberación o FREJULI y su consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder”.

En el caso de la dictadura iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976, el celo por dotarla de algún carácter institucional llevó a un reparto tripartito del poder, es decir, un tercio para cada una de las fuerzas (Ejército, Aeronáutica, Marina). El autodenominado Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, dado a conocer el mismo día del golpe, creó una Junta Militar integrada por el comandante en Jefe de cada una de las tres armas y depositó en ella la condición de “órgano supremo del Estado”. En tal calidad, le asignó el poder de elegir al presidente de la República y de revocar su mandato “cuando por razones de Estado lo considerara conveniente, designando a su reemplazante”. La Junta también concentró algunos poderes y funciones asignados por la Constitución Nacional a presidentes de derecho (entre ellas, la conducción de las Fuerzas Armadas), e incluso se convirtió en el órgano que debía dar acuerdo a la decisión presidencial de designación de ministros del Ejecutivo, gobernadores de provincias y jueces ordinarios.

Asimismo, el Estatuto estableció, a modo de reemplazo del disuelto Congreso Nacional, una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), integrada por tres oficiales de cada una de las fuerzas, uno de los cuales ejercía la presidencia, anual y rotativa. La CAL tenía como función preparar los proyectos de ley. Las tres Fuerzas se distribuyeron en partes iguales todos los espacios de poder y administración que ocuparon. Empero, la presidencia de la República siempre fue ejercida por un oficial del Ejército. Así, la dictadura de 1976 tuvo un total de cuatro jefes, de los cuales solo el primero –Jorge Rafael Videla– completó su mandato, mientras que los dos siguientes –Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri– fueron relevados, y el cuarto –Reynaldo Bignone– fue designado tan solo para administrar la transición a la democracia después de la derrota en la guerra por las islas Malvinas.

En otros casos, la división de poder entre cuerpos dentro de las Fuerzas Armadas no fue tan matemáticamente exacta. Fue el caso de Uruguay, donde, con el golpe de junio de 1973, los militares intervinieron en el inicio de una dictadura de la cual no ejercieron directamente el poder, sino que colocaron en el Ejecutivo a un presidente civil: el entonces mandatario en ejercicio Bordaberry. Este fue removido de su cargo tres años después, y sucedido, aunque por un breve lapso, por otro civil: Alberto Demicheli, ex funcionario de la dictadura de Gabriel Terra, luego seguido por otro civil, Aparicio Méndez, un viejo político de larga militancia en el Partido Nacional. Fue solo en el tercio final de la dictadura cuando un oficial accedió a la jefatura del Estado: el ya retirado teniente general Gregorio Álvarez –comandante del Ejército en 1978-1979, condecorado con la “Gran Cruz del Libertador Bernardo O’Higgins” y la “Orden Libertador General San Martín”, por los dictadores Pinochet y Videla, respectivamente–. Su elección estuvo a cargo de la Junta de Oficiales Generales, en septiembre de 1981, quienes le asignaron la misión de llevar adelante un proceso de transición a la democracia que debía culminar (como efectivamente ocurrió) en la realización de elecciones libres el 25 noviembre de 1984 y la asunción del nuevo presidente electo el 1º de marzo de 1985. No obstante, surgieron diferencias entre este y la Junta de Oficiales Generales por las supuestas ambiciones personalistas de Álvarez, al parecer inclinado a la formación de un partido de la dictadura.

Que el primer presidente de la dictadura haya sido quien fue da cuenta de un hecho singular de ella –que, en rigor, se ejecutó en dos momentos, febrero y junio de 1973–: no fue instaurada directamente por los militares, sino en connivencia con el propio presidente constitucional. El 27 de junio de 1973, fue este quien decretó la disolución del Congreso bicameral, que a la sazón fue reemplazado por un Consejo de Estado. Así, Bordaberry, que en las elecciones de noviembre de 1971 había accedido a la presidencia con apenas el 22,8% de los votos y en medio de una fuerte crisis partidaria, ahora mantenía el mismo cargo ratificado por el régimen. Cabe notar que el Consejo de Estado fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo el 27 de junio de 1973. Luego, el 12 de junio de 1976 se creó el Consejo de la Nación, por el Acto Institucional Nº 2, que estaba integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas (generales, brigadieres y contralmirantes en actividad).

En el caso de Brasil, una de las primeras disposiciones de la dictadura militar fue la promulgación del Ato Institucional Nº 1 (AI-1), el 9 de abril de 1964. Con este documento se procuró dotar de bases legales a la nueva situación política e institucionalizar la “revolución”: se mantenían la Constitución de 1946, salvo en materia de los poderes del presidente de la República, y el funcionamiento de los partidos y el Congreso –cuya legitimidad emanaba, ahora, del propio Ato Institucional y era resultado “del ejercicio del Poder Constituyente, inherente a todas las revoluciones”, si bien aquel fue depurado en su composición y limitado drásticamente en el ejercicio de sus facultades. El nuevo presidente asumía importantes facultades, arrebatadas al Legislativo. El instrumento legal apuntaba a una nueva centralización y concentración de poder en el Ejecutivo, medida estimada necesaria para “la reconstrucción económica, financiera, política y moral de Brasil”, y para alcanzar el objetivo de “la restauración del orden interno y del prestigio internacional de nuestro país”, socavados por la acción del Gobierno derrocado, que “estaba deliberadamente intentando bolchevizar el país” [¡sic!].

En el caso de Bolivia, la fase institucional de las Fuerzas Armadas propiamente dicha se inició tres años después de la toma del poder, cuando el 9 de noviembre de 1974 Banzer firmó un Decreto Supremo, el Nº 11.947, que entregaba el Gobierno a las Fuerzas Armadas. El decreto declaraba en receso a los partidos y a los sindicatos, al tiempo que se convocaba a un grupo de tecnócratas liberales para resolver los problemas económicos del país. Banzer llegó al poder a través del golpe de Estado del 21 de agosto de 1971. Este golpe tuvo como particularidad la estrecha relación entre las Fuerzas Armadas y dos de los principales partidos políticos: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), conducido por Víctor Paz Estenssoro, y la Falange Socialista Boliviana (FSB), con Mario Gutiérrez Gutiérrez a la cabeza. El MNR y la FSB fueron, así, parte del Frente Popular Nacionalista (FPN), encabezado por Banzer, y del primer gabinete del dictador (integrado por tres militares, cinco movimientistas, cinco falangistas y tres empresarios privados).

Empero, la convicción de Banzer y otros jefes militares de la necesidad de reducir la participación de los partidos y fortalecer la conducción del país en manos de las Fuerzas Armadas –considerada esencial para la buena marcha de una economía capitalista moderna–, pronto erosionó esa alianza, llevando a una situación marcada por desconfianzas, persecuciones y conspiraciones entre sus integrantes. Según Carlos Laruta Bustillos, autor de “Emergencia de la identidad sociopolítica banzerista (Bolivia 1971-1974)”, una tesis de grado presentada en la Universidad Mayor San Andrés, “[s]e iniciaba el tránsito de algunos falangistas y movimientistas rompiendo su lealtad partidaria hacia la lealtad personal con Banzer. Se iniciaba también la lenta conglomeración orgánica alrededor de Banzer, paso imprescindible en la formación de la identidad sociopolítica banzerista”.

El intento de unir al FPN y presentarlo como una única fuerza electoral concluyó en un fracaso, entre el rechazo de los integrantes y las intrigas internas. El objetivo de Banzer era legitimarse electoralmente, por lo cual se esforzó por liderar una alianza con el MNR. Empero, al mismo tiempo, su ministro del Interior detenía a militantes del MNR y la FSB, y el MNR actuaba con ambigüedad y doblez: era parte del Gobierno y de la conspiración contra él. En marzo de 1974 Banzer decidió poner fin a la acción conjunta con sus aliados, argumentando que “en los partidos del FPN existe infiltración de elementos de extrema izquierda”, la cual obligaba a una “depuración de extremistas” dentro del Frente. El 8 de junio, el gabinete del dictador fue integrado en su totalidad por militares. Y el 9 de noviembre del mismo año Banzer decretó la entrega de toda la administración estatal a las Fuerzas Armadas, el receso de los partidos políticos y los sindicatos obreros, el control estatal de los trabajadores y, mediante un decreto supremo, estableció “el servicio obligatorio para todos los bolivianos de nacimiento o naturalizados, varones y mujeres desde la edad de 21 años, conforme al cual, todas las personas mencionadas cuando fueren requeridas para prestar servicios al Estado, lo harán sin excusa alguna salvo el caso excepcional de impedimento comprobado y debidamente constatado por los organismos oficiales respectivos”. Al mismo tiempo, apeló a tecnócratas liberales para hacerse cargo de la economía del país. Su dictadura se prolongó hasta julio de 1978, cuando fue destituida por un golpe de Estado (93).

Un breve intento de democratización, al cual nos referiremos en el próximo capítulo, siguió al derrocamiento de Banzer, y los sucesivos interinatos mostraron, durante dos años, la ingobernabilidad del proceso político, que intentó zanjarse mediante el procedimiento clásico. En efecto, el 17 de julio de 1980, otro golpe de Estado, esta vez encabezado por el general Luis García Meza Tejada, dio inicio a una brutal y muy breve dictadura, a pesar de la pretensión de García Meza de gobernar durante veinte años. El nuevo Gobierno fue denominado de Reconstrucción Nacional –una denominación que recuerda el Proceso de Reorganización Nacional pergeñado por los militares argentinos–, y estuvo claramente fundado en la DSN, “contra el avance del comunismo”. No obstante, se produjo en momentos en que la coyuntura mundial no era propicia para su perpetración en el poder por largo tiempo y el argumento legitimador fue muy débil para resistir las circunstancias sociales, políticas y económicas que muy pronto socavaron su poder. En efecto, cuando García Meza se hizo cargo del Gobierno en 1980 la crisis internacional estaba en su clímax y el dictador debía afrontar las consecuencias del endeudamiento externo heredado de la gestión de Banzer.

Un hecho notable, señalado por el periodista argentino Juan Salinas, fue la designación, como ministro del Interior, del coronel Luis Arce Gómez, un militar primo de Roberto Suárez –“La Mosca”–, considerado “el mayor narcotraficante del país” y primo, a su vez, del general Banzer. “La Mosca” cobró gran notoriedad cuando ofreció al Gobierno pagar la deuda externa de Bolivia a cambio de una amnistía. Al ser rechazada la propuesta, financió el golpe “dándole dinero a los militares argentinos” (Salinas, 2006: 33 y 45 n. 10).

Arce Gómez tenía una respuesta “política” para justificar la vinculación con el narcotráfico:

Mi país no tiene otra alternativa económica que la cocaína. Pero yo le he dado un sentido al narcotráfico: la lucha contra el comunismo (apud Salinas, 2006: 33).

El golpe de Estado de 1980 fue brutal y sangriento: 1.500 personas asesinadas, 2.500 presas y torturadas. En su transcurso fueron asesinados dirigentes políticos y sindicales, como Gualberto Vega Yapura, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y seis dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Una característica destacable de este golpe es que, por primera vez en la historia del país, las respectivas direcciones del movimiento sindical, los partidos políticos y de organizaciones civiles y religiosas fueron completamente descabezadas.

A diferencia de la de Banzer, la dictadura de 1980-1982 tuvo, desde el comienzo, a la Junta Militar por encima del aparato institucional. Así, fueron los propios camaradas de armas de García Meza quienes lo obligaron a dimitir en agosto de 1981, siendo sustituido el 4 de septiembre por el general Celso Torrelio Villa, a su vez, reemplazado por el general Guido Vildoso Calderón el 21 de julio de 1982, con el objetivo de entregar el Gobierno a los civiles sobre la base de los resultados electorales de 1980 frustrados por el golpe.

Adicionalmente, la dictadura de García Meza tuvo otras implicancias, proyectadas mucho más allá de las fronteras bolivianas. La dictadura argentina, a cuyo frente se encontraba por entonces el general Videla, apoyó decidida y decisivamente a los camaradas bolivianos golpistas, particularmente a través del Ejército y la Marina, contribuyendo con armas, dinero y hombres. Salinas (2006: 32-33) indica, siguiendo a Ariel Armony, que incluso las proclamas justificatorias del golpe se escribieron en Buenos Aires, de donde se llevaron en mano a La Paz. Antes del golpe, oficiales de esas fuerzas argentinas asesoraron a García Meza (quien luego condecoró a tres de ellos), uno de los cuales –el teniente Jorge Lynch Jiménez– trabajó en el Ministerio del Interior a las órdenes de Klaus Barbie, el terrible asesino nazi refugiado en Bolivia desde 1954 (hasta 1983, año en el que fue deportado a Francia, donde fue juzgado y condenado a prisión perpetua por crímenes de guerra –más de 4.500 asesinatos–) (94).

El golpe boliviano, ejecutado aparentemente a destiempo, era parte de un entramado más complejo y siniestro. Por detrás de su apariencia fáctica –incluyendo en ella la visibilidad de efectivos militares argentinos en La Paz–, había una historia iniciada antes del golpe. El periodista británico Michael Reid –corresponsal de The Guardian en el área andina– sostiene que los narcotraficantes tenían, en este país, estrechas relaciones con políticos y militares, de ahí el escaso interés en reprimirlos. Los “empresarios de la cocaína” y el sector ultraderechista del Ejército, añade, confluyeron en el golpe dirigido por García Meza, aunque ya antes lo habían hecho en la campaña de desestabilización del Gobierno de Lidia Gueiler Tejada, apelando al crimen y al terror mediante grupos paramilitares. “El mismo día del golpe, fueron estos grupos, bajo el mando del coronel Luis Arce Gómez, y no el ejército, los que se encargaron de la represión contra la izquierda y el movimiento sindical. […] Estos grupos para-militares estaban conformados en parte por mercenarios extranjeros reclutados por el conocido ex nazi Klaus Altmann o Barbie y en parte por militares actuando vestidos de civil. Pero también algunos eran militantes de la FSB reclutados por Roberto Suárez, conocido como el más importante empresario de cocaína de entonces” (Reid, 1989: 163-164). Por su parte, Salinas señala también la importancia del coronel austríaco Otto Scorzeny, ex jefe de comandos nazis, responsable del rescate de Benito Mussolini cuando este era prisionero de los aliados. No solo estaba asociado con Barbie en el tráfico de armas y pasta de coca, sino que le ayudó en la organización del grupo paramilitar “Los novios de la muerte”. A través de su empresa Merex, Scorzeny traficaba armas, y tuvo una participación activa en el Contragate (Salinas, 2006: 33).

El periodista argentino ratifica y amplía los datos sobre las señaladas vinculaciones, incluyendo el papel desempeñado por la firma Argenshow –una pantalla del Grupo de Tareas Exterior del Ejército argentino montada en Miami, a la cual volveremos a referirnos en la última sección de este capítulo–, que giró al Primer Cuerpo de Ejército de Argentina el dinero para la compra de armas destinadas a “Los novios de la muerte”. Dice más aún: “El golpe había tenido la finalidad de instalar la mayor fábrica de cocaína del mundo, con el objetivo de mínima de financiar la guerra contra el Gobierno de Managua y las guerrillas salvadoreñas, y el de máxima de romper el monopolio de los cárteles colombianos. La planta se estableció en el área amazónica de Huanchaca y aunque su control cambió de manos entre distintos mayorales y capangas, durante años funcionó bajo supervisión de la CIA. Producía una tonelada y media semanal de clorhidrato de cocaína” (Salinas 2006: 33-35).

Retomando la clasificación de las dictaduras propuesta por Neumann –según su intensidad, tres tipos: simple, cesarista y totalitaria–, nuestra caracterización de las dictaduras de las Fuerzas Armadas en América Latina como institucionales, las define como cuasi totalitarias. En efecto, las dictaduras latinoamericanas apelaron a tres de los cuatro rasgos señalados por Neumann: intensificación de los instrumentos clásicos de coerción (ejército, policía, burocracia y magistratura); control de la educación y de los mass media; y empleo de técnicas coercitivas ad hoc. Como se ha visto en los párrafos de arriba, evidentemente, las dictaduras no apelaron (sino tan solo circunstancialmente) al apoyo de las masas, un elemento decisivo de las dictaduras de tipo totalitarias. Incluso, las dictaduras latinoamericanas hicieron de la desmovilización de las masas su desiderátum.

Entendemos que los tres elementos presentes dan mucha mayor intensidad a las dictaduras, que la que les corresponde si se las clasifica como de tipo simple –siempre siguiendo el sistema de categorías que propone Neumann–.

Como se ha dicho, las dictaduras han sido cuasi totalitarias (y no totalitarias a secas) porque la apelación sistemática al apoyo de las masas como factor de legitimación estuvo ausente. Pero también porque la “pretensión de establecer un control total” estuvo matizada por el recurso a mecanismos propios de la democracia (diálogo con partidos, elecciones, plebiscitos y consultas populares, según los casos) y por el estímulo a la circulación del poder en esferas privadas –por su parte, una privatización de la política, típica de las dictaduras–, en virtud de lo cual existió un lugar para el surgimiento de voces disonantes, de una oposición consentida y marginal, pero siempre real.

El plano en el que sin duda la pretensión de control total fue llevada a su máxima expresión fue el de la coerción, sobre todo cuando se considera el uso sistemático de técnicas ad hoc.

Es cierto que las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas tuvieron una pretensión de imposición de una única voz, o de silenciamiento de los conflictos. En efecto, sirviéndose de la censura y la más brutal conculcación de las libertades individuales fundamentales, las dictaduras construyeron su discurso y su práctica acerca de lo que era bueno y, como contraparte, de aquello que era subversivo del orden. En este sentido, también es cierto que fueron la negación de la política, es decir, la cancelación de toda mediación y de la reflexión y la práctica públicas (como se ha sostenido en Ansaldi, 2006a). Más aún, fueron la negación de la política en tanto esta dejó de ser considerada la arena de confrontación y de libertad, base de la cual se parte para la elaboración de consensos o unidad en la diversidad, se transformó brutalmente en el medio de realización de una unidad homogénea. Si se piensa el problema con categorías gramscianas, es posible caracterizar a las dictaduras como la negación de la política en la medida que ellas establecieron la abolición de toda forma de autonomía de las clases subalternas. Pero hay más. En el desarrollo de estas dictaduras se dio una triste paradoja: aun erigiéndose como la cancelación de la política democrática, las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas se sirvieron de mecanismos para ejercer el poder y tomar decisiones basadas en reglas –formales e informales– con el fin de ofrecer soluciones estables frente a los conflictos. Con todo lo dicho, bien se puede afirmar que en situaciones de dictaduras, la política no desapareció ni se transformó en pura violencia. Si bien el terrorismo de Estado fue la forma por excelencia de tratamiento del disenso y el conflicto, las dictaduras tuvieron que recurrir a otras formas de control, sobre todo en vistas de su perpetuación en el poder. Estas formas son las que a nuestro juicio agregan una nueva dimensión adicional al carácter institucional de esas experiencias.

Así, una dictadura es institucional porque la institución Fuerzas Armadas asume la conducción del Estado y también porque la institución Fuerzas Armadas diversifica el control, creando instituciones capaces de gobernar los conflictos. Claro está, la institucionalización es burocrático-autoritaria, y desde luego no democrática.

A nuestro juicio, una de las claves analíticas para comprender esta dimensión política de las dictaduras es su relación con los partidos –instituciones típicamente democráticas, que las dictaduras controlaron, pero no totalmente–.

Huneeus afirma que los militares debieron definir un problema recurrente, el del establecimiento de una estructura política apta para un largo ejercicio del poder. Se trata de una situación común a todos los casos que analizamos aquí. Huneeus (2000: 267-268), siguiendo a Juan Linz, sostiene que los militares golpistas tenían ante sí tres alternativas de institucionalización política: 1) la legitimación carismática; 2) alguna fórmula corporativista, como la “democracia orgánica”, sin organizar un partido único, y 3) un sistema de partidos, sea unipartidario o multipartidario; en la segunda variante, mediante un partido oficial, dominante, y uno, o más, expresión de una oposición consentida y marginal dentro del régimen político. Más allá de ciertas críticas que las posiciones teóricas de Linz han suscitado, sobre todo cuando se ha intentado aplicar su sistema de categorías a la historia de América Latina, las tres alternativas reseñadas son un instrumento de comparación útil.

En Argentina, en 1976, las Fuerzas Armadas asumieron el poder y enseguida elaboraron un Acta con los “Propósitos y Objetivos Básicos” del Gobierno de facto. El primero de los nueve objetivos es muy elocuente respecto de las alternativas de institucionalización:

Concreción de una soberanía política basada en el accionar de instituciones constitucionales revitalizadas, que ubiquen permanentemente el interés nacional por encima de cualquier sectarismo, tendencia o personalismo.

Así, la división de poderes entre las tres Fuerzas fue la norma, y ella sirvió para frenar las apetencias personales del almirante Emilio Massera por construir un soporte político apto para llegar a la presidencia (más que para instaurar la democracia). Ya la dictadura de 1966 había tenido que enfrentar el personalismo de Onganía y la presión de los partidos, aunque desde luego en un escenario completamente distinto, donde el regreso de Perón era la nota dominante.

En Chile y en Argentina –a diferencia de Brasil y Uruguay–, los partidos políticos no estuvieron bien ponderados por las Fuerzas Armadas y hubo un rechazo casi generalizado de su fuerza legitimadora, incluso de las fuerzas partidarias de derecha que apoyaron el golpe. No obstante, si bien prohibió la actividad de los partidos políticos, en Chile la dictadura no prescindió de la consulta popular, como la de enero de 1978, el plebiscito constitucional de 1980 y el decisivo de 1988. La fuerza legitimadora que se pretendió extraer de este reiterado recurso a instrumentos propios de los regímenes democráticos estaba orientada a la consolidación de un poder que, si era institucional y tenía fuertes elementos de corporativismo, buscaba permanentemente afianzar el personalismo de Pinochet. El Gobierno de la dictadura tuvo una Junta con funciones legislativas, que estaba secundada por una serie de comisiones, integradas por civiles que desempeñaron un papel clave en la formulación de políticas. Así y todo, el dictador Pinochet contó con un selecto grupo de asesores civiles personales, quienes mantenían su trabajo en absoluto secreto.

En Brasil, a poco tiempo de iniciada la dictadura, el 27 de octubre de 1965, se firmó el AI-2, válido hasta el 15 de marzo de 1967, fecha de finalización del mandato del presidente Castelo Branco. Este instrumento introdujo algunas enmiendas constitucionales y profundizó el proyecto de Gobierno de la dictadura. En su parte resolutiva, el instrumento legislaba sobre tres áreas, dos de ellas atinentes a las relaciones entre los tres Poderes del Estado: 1) el control del Poder Legislativo por el Ejecutivo, que fue reforzado aún más; 2) el incremento del número de miembros del Supremo Tribunal Federal, incorporando ministros favorables a las posiciones del Ejecutivo, y la transferencia de los procesos judiciales por razones políticas a los Tribunales Militares, y 3) el control de la representación política.

En materia de representación política, el AI-2 eliminó la elección directa del presidente y el vicepresidente de la República, reemplazándola por la indirecta a través de un Colegio Electoral integrado por la mayoría absoluta de miembros del Congreso Nacional y reunido en sesión pública, en la cual los electores emitirían su voto nominal y públicamente. El AI-2 dispuso también la extinción de los partidos políticos existentes (que por entonces eran trece) y la observancia de rígidas exigencias para constituir nuevos partidos, fijadas por el Estatuto de los Partidos (Ley Nº 4.740, del 15 de junio de 1965) y Actos Complementarios. El 20 de noviembre del mismo año fue promulgado el Ato Complementar Nº 4, el cual estableció las normas para la creación de nuevos partidos, que no podían llevar denominaciones de los antiguos. Los nuevos partidos se formaron de arriba abajo, a partir de una situación dada (representación parlamentaria previa): fueron partidos del Estado. Así surgieron la ARENA, el partido oficial, y el MDB, de oposición. Ambos existieron hasta 1979, cuando una nueva resolución los disolvió para dar lugar a un sistema pluripartidario.

El AI-3, del 5 de febrero de 1966, dispuso que de ahí en más los gobernadores estaduales fuesen elegidos indirectamente por mayoría absoluta de votos de las respectivas asambleas legislativas, mediante votación pública y nominal. A su vez, la designación de los prefectos de todas las capitales estaduales sería privativa de cada gobernador, mientras que en las restantes prefecturas podrían serlo por voto popular secreto.

Con todo lo dicho, es evidente que la dictadura brasileña presenta, en el plano del ejercicio del poder político, una característica muy singular: su opción por un régimen político que incluyó, al menos como petitio principii, el funcionamiento de partidos políticos y el Congreso y la periódica convocatoria a elecciones. Fue una dictadura que no radicalizó la incompatibilidad entre dictadura y política. Es cierto que la actividad partidaria estuvo fuertemente condicionada (sobre todo hasta 1979-1980) y que las reglas del juego electoral fueron modificadas toda vez que ellas mismas se volvían contra el propio partido oficial y, por ende, la dictadura. Con todo, puede decirse que la de Brasil fue una dictadura con formato representativo. Es posible que esa opción, manifestada como una preocupación a veces obsesiva por la legitimidad, guarde alguna relación –a modo de “enseñanza”– con la experiencia del Estado Novo y su esfuerzo por encontrarle una base de legitimidad al régimen, al menos “para uso externo”, como ha sugerido Aspásia Camargo, o bien a la “inalterable veneración por las formalidades legales” o la “propensión de los militares brasileños por la legitimidad formal”, como prefieren Maria Helena Alves (1984: 144, n. 5) y Thomas Skidmore (1988: 170).

No deben subestimarse razones de otra índole, como las características personales de los principales jefes militares con poder de decisión. Así, las posiciones del general Castelo Branco, explícitamente favorables a la democracia o, dicho en términos más precisos, a su retorno sobre bases nuevas, dan cuenta de ello. En efecto, la opción por la vigencia electoral no fue de aceptación unánime dentro de las Fuerzas Armadas, donde se impuso como consecuencia de una correlación de fuerzas favorable y mediante la resolución de conflictos de diferente magnitud y frecuencia.

Como Brasil, también Uruguay es un caso contrastante en el plano del ejercicio del poder de la dictadura. Allí, como se ha visto ya, el régimen se diferenció por la ausencia inicial de las Fuerzas Armadas en el ejercicio directo del poder formal. Como en Chile, los militares uruguayos apelaron al plebiscito para cumplir su objetivo de fundar una democracia limitada y tutelada. En 1980 sometieron su proyecto de reforma constitucional a la consulta popular pero –a diferencia de Chile– los resultados fueron desfavorables, con el efecto no querido por la dictadura de dar paso a la fase de transición hacia un régimen democrático.

También en el caso de Bolivia el rol de los partidos políticos fue clave. Ya se ha dicho que el golpe de 1971 no fue solamente militar, puesto que de él participaron dos de los principales partidos políticos del país: el MNR y la FSB. Y que tras el golpe de Estado asumió el Gobierno el Frente Popular Nacionalista, que integraba Banzer, junto a los mencionados partidos. Fue a partir de 1974 que Banzer impuso la institución militar por sobre cualquier otro tipo de organización.

Más allá de todas estas particularidades, las Fuerzas Armadas de la región compartieron la aspiración, más o menos cifrada, de construir una democracia protegida y autoritaria, con fuertes componentes corporativistas, como en el caso de las dictaduras chilena y argentinas. No estuvo ausente, en más de uno de estos procesos, el ejemplo histórico que ofrecía México y su sistema de partido único. En efecto, el PRI era visto como la clave del éxito en la construcción del orden. Retomando la clasificación de Huneeus, la alternativa de institucionalización por la vía de un sistema de partidos, multipartidario, fue la que cristalizó en Brasil. En Bolivia se revirtió y en Uruguay nunca terminó de plasmar por disidencias internas de las Fuerzas Armadas con Bordaberry, contrario a los partidos, y luego con el general Álvarez. En Argentina, la idea de construir un partido propio –“la cría del Proceso”, como se lo llamó– alimentó el personalismo mesiánico del general Galtieri y del almirante Massera.

Desde el punto de vista de su duración, las dictaduras fueron disímiles. Las dos bolivianas, sumadas, duraron diez años, mientras las dos argentinas se extendieron, también sumadas, a lo largo de catorce años, apenas por encima de los doce de la uruguaya. Fueron superadas por la chilena y la brasileña, con diecisiete y veintiuno, respectivamente. Pero, como veremos enseguida, la más larga fue la del general paraguayo Alfredo Stroessner, con treinta y cinco años. El caso argentino es curioso, puesto que allí los militares, pese a tener mayor tradición golpista, nunca pudieron, a partir del golpe de 1930, gobernar por un tiempo superior a los siete años y meses. En contraste, los militares uruguayos, chilenos y brasileños tuvieron, a lo largo del siglo XX, menor incidencia, aún más baja si se considera el ejercicio directo del Gobierno, y sin embargo, como se ha dicho, construyeron dictaduras más largas. Con todo, la cantidad de años que las dictaduras se mantuvieron en el poder no debe ser tomada como un dato en sí mismo, sino como un elemento para practicar un ejercicio mucho más interesante que la mera medición de longitudes temporales: la periodización de los procesos.

Si de periodizar las dos dictaduras argentinas se trata, hay que decir que la iniciada en 1966 tuvo un claro punto de inflexión en 1969, con el “Cordobazo” y la sustitución de Onganía por Levingston en 1970. El Gobierno de Onganía tuvo un proyecto fundacional enunciado en su fórmula de “tres tiempos”, pero fracasó. La gestión de su sucesor no fue más que un intervalo para facilitar el acceso a la presidencia del verdadero hombre fuerte, el general Lanusse, quien tuvo la perspicacia y la capacidad de pensar estratégicamente la salida de una coyuntura marcada por el in crescendo de la violencia social y política, con organizaciones guerrilleras que tenían un también creciente apoyo popular, tal vez más pasivo que activo, pero importante de cara al futuro. La estrategia de Lanusse –que le valió no pocos rechazos de parte de muchos de sus camaradas de armas– fue tan sencilla como eficaz: perder los anillos para no perder los dedos. Perder los anillos era terminar con la proscripción del peronismo y del propio Perón, realizar elecciones libres (incluyendo como competidor a un partido político afín, creado a tal efecto) y aceptar el resultado de las elecciones, aunque en ellas triunfase el odiado peronismo. Esos componentes aseguraban no perder los dedos, esto es, el triunfo de las organizaciones político-militares y sus proyectos revolucionarios. Por paradójico que parezca, Lanusse leyó muy bien el teorema del Che Guevara: en un país donde la sociedad cree que por la vía pacífica puede obtener satisfacción a sus demandas, la guerrilla tiene pocas chances de imponerse (95). Las organizaciones guerrilleras argentinas avanzaron mientras buena parte de la sociedad creyó que las vías pacíficas –largamente ocluidas– eran estériles; cuando la posibilidad se abrió, la aprobó rápidamente. Así, las organizaciones revolucionarias –que habían logrado un importante grado de simpatía popular e incluso apoyo pasivo– perdieron sustento político, y al no advertir la maniobra y optar por la continuidad de la lucha, iniciaron el camino a la derrota política y, por ende, a la militar.

Por su parte, la dictadura iniciada en 1976 tuvo un punto de inflexión en 1979, con las “Bases Políticas del Proceso de Reorganización Nacional”, seguidas luego del reemplazo de Videla por Viola, aunque la fase de transición se desencadenó abruptamente con el fracaso en la guerra de Malvinas en 1982.

En el caso de la dictadura uruguaya, Luis Eduardo González ha identificado tres etapas del proceso de consolidación y crisis. La primera, denominada de dictadura comisarial, duró tres años. La segunda, denominada de ensayo fundacional, se extendió entre 1976 y 1980. Durante esta fase, la presidencia fue ejercida brevemente por Demicheli y, desde el 1º de septiembre de 1976, por Méndez, como se ha dicho, un hombre de larga militancia en el Partido Nacional, circunstancia que no fue óbice para que firmara, el mismo día, un decreto prohibiendo, durante quince años, todas las actividades políticas autorizadas por la Constitución Nacional. La última fase, denominada de dictadura transicional, se extendió de 1980 a 1984-1985, momento cuando se materializaron las elecciones y el cambio de régimen.

En Chile hubo una primera fase comisarial entre 1973 y 1974, seguida de una fase fundacional, entre 1974 y 1980, que, no obstante su éxito, estuvo inmediatamente seguida de una fase de crisis recurrentes, recrudecidas en 1983 por la multiplicación de las protestas, hasta que finalmente se inició la transición, en la que con el plebiscito de 1988 Pinochet logró fijar posiciones.

En el caso de Brasil, la periodización bien puede estar dada por las sucesivas presidencias. Así, una primera fase de “limpieza” se instauró con el golpe, bajo la presidencia de Castelo Branco. Otra fase, podría decirse fundacional, comenzó con la elección de Costa e Silva, quien dictó el duro AI-5, significativamente con vigencia indeterminada.

El AI-5 fue promulgado el 13 de diciembre de 1968 como reacción a las movilizaciones de estudiantes y trabajadores, a las huelgas de estos y al apoyo que a una y otras prestó la clase media. El AI-5 concedió más amplios poderes al Ejecutivo y estableció el carácter permanente de los controles gubernamentales y la suspensión de las garantías constitucionales. Entre otras atribuciones conferidas al presidente se encontraban, significativamente, las de: decretar el estado de sitio; remitir a tribunales militares a los acusados de crímenes políticos, quienes fueron privados de derecho a recursos; legislar por decreto... El AI-5 no tenía plazo de vigencia, y quedó sujeto al arbitrio del presidente, quien, para derogarlo, debía dictar un decreto específico. Se extendió, así, hasta 1979, cuando el gobierno del general Ernesto Geisel lo dejó sin efecto.

La fase inaugurada en 1968 fue continuada y profundizada por el presidente Emilio Garrastazu Médici, un militar de línea dura. Finalmente, correspondió a dos militares de línea moderada concluir la dictadura con una fase de distensión y apertura, a cargo del mencionado general Geisel, y por último de transición, a cargo de João Baptista Figueiredo.

El caso de Bolivia presenta varias singularidades: una persistente inestabilidad política durante casi todo el siglo XX; la rebelión de las clases subalternas contra el Estado con la revolución de 1952, y un marcado antagonismo en el seno de las Fuerzas Armadas, que hizo que los golpes militares se sucedieran uno tras otro. Con el golpe de Estado de 1964 y el alto a la eventual radicalización de la revolución se inició un nuevo período de inestabilidad política, en el cual, después de la brevísima presidencia constitucional de Adolfo Siles Salinas (mayo-septiembre de 1969), se sucedieron cortos Gobiernos militares de tenor reformista-nacionalista (generales Obando y Torres), frustrados por un nuevo golpe de Estado, el encabezado por el general Banzer, con apoyo de la dictadura brasileña, en 1971. Como se ha visto, la dictadura banzerista se prolongó hasta 1978. Luego, hubo un breve intervalo civil de dos años, finalmente frustrado por el nuevo golpe de Estado que estableció la dictadura encabezada por el general García Meza con su proyecto de Reconstrucción Nacional. El ambicioso proyecto no duró más de un bienio. La caída fue tan abrupta, por colapso, que, a diferencia de otras experiencias en la región, la transición a la democracia no comenzó bajo una dictadura. En resumidas cuentas, la inestabilidad de los regímenes dictatoriales de Bolivia vuelve casi ociosa la periodización y apunta el foco hacia el fracaso del proyecto político de la revolución de 1952, con consecuencias tan duraderas que puede decirse que Bolivia comenzó su transición hacia una democracia con un sistema de partidos estable hacia mediados de la década de 1980.

La atención a la periodización interesa en particular porque esta permite discernir entre dos momentos de legitimación y de generación de consensos: un primer momento, el del golpe, y un segundo momento, el de institucionalización y transcurso mismo de la dictadura. En ambos, las fuentes de legitimidad y la lógica de generación de consensos no son necesariamente las mismas, y esto revela la complejidad de los procesos en cuestión, fundamentalmente, el hecho de que se trató de un tipo de ejercicio del poder que no se agotó en la aplicación de los principios de la DSN –o como engañosamente argumentaron sus defensores, en la guerra antisubversiva–.

Esta distinción, nada trivial, remite casi directamente al estudio de la fase de implementación del proyecto fundacional de las dictaduras. El rasgo que define, paradigmáticamente, esta fase es la omisión de referencias a límites temporales precisos de la permanencia de las Fuerzas Armadas en el ejercicio del poder. Esta característica convierte la pretensión de restauración de la democracia, invocada inicialmente, en una verdadera “revolución” (según la denominación elegida por varios de sus defensores) que, aunque ella misma también estuvo anunciada desde el inicio –recuérdese la Revolución Argentina, por ejemplo–, fue luego asumida a través de la implementación aceitada de un conjunto de procedimientos pergeñados para tal efecto, que aquí definimos como diferenciación del control.

Llamativamente, varias de las dictaduras se autodenominaron revoluciones: la Revolución Argentina de 1966, y de modo menos taxativo pero igualmente presente en Brasil y Uruguay. El Proceso de Reorganización Nacional de 1976 en Argentina es un caso particular, puesto que el carácter fundacional fue presentado desde el inicio bajo la forma de una misión histórica (que recuerda a la Organización Nacional de la segunda mitad del siglo XIX). La Revolución también sirvió de etiqueta al reformismo militar nacionalista de Perú en 1968, con la autoproclamada Revolución Peruana de Juan Velasco Alvarado. Ya fuera una autoproclamación de los militarismos conservadores o contrarrevolucionarios, ya fuera una autoproclamación del militarismo reformista, lo cierto es que ninguna de ellas fue una revolución social burguesa. En todo caso, las dictaduras de los Estados Terroristas de Seguridad Nacional “exitosos” (96) fueron revoluciones pasivas dependientes (en términos gramscianos) o bien modernizaciones conservadoras (en los de Moore).

La diferenciación del control a la que hicimos referencia antes se observa por ejemplo en las distintas versiones de organismos de inteligencia, como el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en Brasil; la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Chile, o sus equivalentes en cada país; en los órganos de represión, como las temibles DOPS (Departamento de Ordem Política e Social, herencia del Estado Novo), CODI (Centro de Operações de Defesa Interna) y DOI (Destacamento de Operações e Informações), en Brasil; en las Constituciones, en los Códigos, en los organismos que ejercían el Poder Legislativo, el Judicial, en los medios de comunicación del Estado o avalados por el Estado, en la composición civil tecnocrática y militar de los Ministerios. A todos estos instrumentos de coerción y control deben agregarse algunos otros.

Si bien un elemento común y definitivo del carácter institucional de las Fuerzas Armadas de las dictaduras es, como se ha dicho, su apelación a la DSN como fuente de legitimidad, en materia de aplicación de la violencia y represión de la oposición hubo matices que vale la pena desarrollar. La dictadura argentina de 1976 fue sin duda la más dura: 30.000 desaparecidos (aunque este proceso comenzó, de manera sistemática, casi dos años antes del golpe y se prolongó más allá del primer año de dictadura). A ella le siguen la chilena, que en el período inicial tuvo más de 2.000 muertos, prisión, fuga o exilio de unos 9.000 dirigentes y simples partidarios de la Unidad Popular (Gazmuri, s.f.: 2 y 5). En ninguno de estos casos se alcanzó la terrible magnitud de la violencia en Guatemala.

En Chile, las Fuerzas Armadas abandonaron pronto la supuesta pretensión restauradora de la democracia. Mediante la “Declaración de Principios” de 1974 se suspendió la institucionalidad jurídica consagrada en la Constitución de 1925. Se instauró el estado de sitio, el toque de queda y la persecución de los funcionarios del régimen de la UP. Además, se prohibió la actividad sindical y cualquier manifestación social, y se mantuvo el exilio. También se procedió a la intervención y control de la prensa y las universidades.

En el caso de Argentina, la DSN, como fundamento del poder, fue claramente un elemento del Proceso de Reorganización Nacional, mientras que en la dictadura de 1966 el concepto vertebrador del orden era mucho más la seguridad con énfasis en el desarrollo. En efecto, entre los objetivos del PRN, los militares habían estipulado la “vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia”. El testimonio del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior, sigue la misma línea: “La lucha contra la subversión caracteriza y condiciona todas y cada unas de las medidas de Gobierno que se adopten en todos los niveles” (apud Lázara, 1988: 239). Quizá más elocuente aún es la expresión del general argentino Ibérico Saint Jean con su espantosa y terrible sentencia: “Primero eliminaremos a los subversivos, después a sus cómplices; luego a sus simpatizantes; por último a los indiferentes y a los tibios”. En realidad, la opción por el asesinato –tan brutalmente expuesta en mayo de 1977 por el designado gobernador de la provincia de Buenos Aires– ya había sido adelantada por el general Videla en la Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo el 23 de octubre de 1975: “En la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”. Bendecida por la alta jerarquía eclesiástica: “El pueblo argentino ha cometido pecados que solo se pueden redimir con sangre”, según la peculiar opinión de monseñor Victorio Bonamín, vicario castrense, expresada en la base aérea de Chamical, el 1º de enero de 1976. Adviértase que sendos mensajes de terror fueron hechos con anterioridad al golpe de Estado.

En Bolivia, en marzo de 1972, Banzer firmó un documento en el que hizo una declaración de principios y en el que se advierten postulados de la DSN. Allí se afirmaba como uno de los objetivos primordiales combatir a las fuerzas “castrocomunistas”. En una muestra de las características terribles de la capacidad represora del Estado, la tortura fue aplicada en los sótanos del Ministerio del Interior. Por su parte, la dictadura de García Meza no tuvo una base civil y política que respaldara su gestión. Sus únicos apoyos fueron el partido de Banzer –y Banzer mismo– y el narcotráfico. Con semejante base no extraña la brutal apelación a la violencia física: la represión, las masacres, las torturas. Cuando fue juzgado, en 1993, los delitos de los cuales se lo acusó fueron divididos en ocho grupos: contra la Constitución Política del Estado; la toma de la COB y los asesinatos entonces cometidos; el genocidio de la calle Harrington, y el resto, delitos económicos contra el Estado. El caso de Bolivia resultó impactante no solo por la crudeza de la violencia desplegada en tan breve lapso –García Meza gobernó un año y días–, sino también por la repercusión internacional que le imprimió el Juicio por Responsabilidades contra el dictador y sus colaboradores.

En Brasil y, más aún, en Uruguay, las formas de violencia más generalizadas fueron la tortura, el exilio y la cárcel, en contraste con las formas señaladas en los otros países, que incluso alcanzaron el carácter de genocidio (como ha sido establecido en el caso de Guatemala).

Más allá de estas diferencias en el plano de la violación de los derechos humanos, todas las dictaduras recurrieron al “empleo de técnicas coercitivas ad hoc” –según la expresión de Neumann–, como ya se visto en el caso de la Operación Cóndor. Además de crímenes como el tráfico de armas, la usurpación de bienes y las ejecuciones clandestinas, paradigmáticamente en Argentina hubo formas terribles de desaparición de personas, como los “vuelos de la muerte” y la apropiación ilegal de bebés.

En cuanto al control de los medios masivos de comunicación y de la educación, cabe decir que fue un rasgo presente en todos los casos. Durante el onganiato hubo, en Argentina, una marcada intolerancia frente a las más prestigiadas universidades. El Gobierno veía en ellas el reservorio donde se cultivaban las más diversas formas de subversión y avance del comunismo. La represión llegó a niveles salvajes como la que tuvo lugar durante la denominada “noche de los bastones largos”, en julio de 1966. Esa noche, se puso en marcha un operativo de las fuerzas de represión que irrumpieron brutalmente en algunas sedes universitarias, destrozando las instalaciones y castigando duramente a alumnos y profesores.

Por su parte, la dictadura iniciada en 1976 tuvo entre sus objetivos la “conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirv[ier]a efectivamente a los objetivos de la Nación y consolid[as]e los valores y aspiraciones del ser argentino”. El general de brigada Acdel Edgardo Vilas –jefe del “Operativo Independencia” desarrollado en la provincia de Tucumán en 1975–, declaró haber investigado “las causas y efectos de la subversión”, y llegó “a dos conclusiones ineludibles”. Según la primera de ellas, la “guerra” era “eminentemente cultural” (apud D’Andrea Mohr, 1999: 53). El mismo general Vilas manifestó, en agosto de 1976, que “las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos” eran las universidades y las escuelas secundarias (apud García, 1995: 471). No es de extrañar, pues, que el Ministerio de Educación distribuyera, en 1977, un folleto titulado “Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo”, donde se sostenía que la subversión se extendía en los niveles preescolar y primario, “a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores”.

La dictadura de 1976, mucho más que la de 1966, se ensañó ferozmente con el ámbito de la cultura. La lucha contra la “subversión” en el plano cultural se tradujo en la prohibición y quema de libros y bibliotecas enteras, al igual que la censura cinematográfica y teatral. La Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) y el Centro Editor de América Latina fueron especialmente atacados. En algunos casos, se alcanzó el nivel de lo trágicamente ridículo, como por ejemplo, la prohibición de enseñar matemática moderna, dispuesta por el inefable general Luciano Benjamín Menéndez, en noviembre de 1978. La prohibición alcanzaba a todos los establecimientos educacionales, universidades incluidas, de la provincia de Córdoba y se basaba, obviamente, en el carácter “subversivo” de la materia. Recuérdese que la matemática moderna trata los números como grupos colectivos. El diario parisino Le Monde comentó la noticia, en su edición del 13 de diciembre de 1978, en estos términos: “Considerando que las matemáticas modernas trastornan los postulados de la lógica formal y, de este modo, abren un peligroso camino a la penetración subversiva, el gobernador de Córdoba acaba de prohibir su enseñanza en toda la provincia” (97).

En Brasil, en 1968, se sancionó una ley de reforma de la educación superior que introdujo un nuevo concepto de universidades, largamente vigente. La elaboración de la ley estuvo a cargo de un Consejo Federal de Educación, dependiente del ministerio de Educación. También hubo una reforma de educación del ciclo básico, implementada a partir de 1971. Todo esto se enmarcaba en la visión nacionalista y desarrollista de los Gobiernos de la dictadura, que pensaban el país como país potencia que requería de profesionales y trabajadores capacitados. Aunque hubo ocupaciones e intervenciones a las universidades y consejeros desplazados a partir del golpe, amén de persecuciones y exilio de intelectuales, profesores y estudiantes, los datos señalados muestran un rasgo muy singular de la dictadura brasileña. En el momento del golpe Brasil presentaba indicadores socioculturales comparativamente negativos. El acceso de la clase media a la Universidad y la expansión de las plazas universitarias disponibles eran un reclamo social ya existente que la dictadura atendió con su política burocrático-autoritaria. Ese reclamo fue levantado por un movimiento estudiantil que intensificó su lucha hacia 1968.

En cuanto a los medios masivos de comunicación, el periódico O Globo y, desde 1967, la emisora de televisión Rede Globo forman parte de un verdadero imperio de la comunicación de propiedad de la familia Marinho. La red había sido fundada por Roberto Marinho en 1965, y a partir de 1967 tuvo un crecimiento exponencial gracias a un acuerdo con el grupo norteamericano Time Life. La emisora llegaba a casi todos los municipios del país y desde 1969 institucionalizó el telediario Jornal Nacional, que concentraba la mayor audiencia del país. Globo promovió una mirada favorable a la política de la dictadura, incluso distorsionando la información, como ocurrió con la campaña Diretas Ja! Es significativo que la Constitución brasileña prohibiera la participación extranjera en las empresas de medios de comunicación y que, aún así, Marinho haya logrado un acuerdo con Time Life, para lo cual contó con el respaldo del régimen militar.

El análisis histórico, o la historicidad de las dictaduras, es claramente relevante cuando se estudia el modelo económico que ellas aplicaron. Así, las de Brasil de 1964 y Argentina de 1966, y como veremos enseguida la de Paraguay de 1954 y el largo proceso contrarrevolucionario iniciado en Guatemala ese mismo año, coincidieron con el apogeo del desarrollismo, y a partir de la década de 1970, de su crisis y tránsito hacia el neoliberalismo. En los años setenta, hubo un punto de inflexión a partir del cual quedó muy claro que se había agotado un patrón de acumulación del capital. Las dictaduras de esos años, empezando por la chilena y seguida mal, en su práctica, por la uruguaya y la argentina, procuraron el desmantelamiento del Estado, la reducción de los derechos de ciudadanía social y de la participación del Estado en la economía.

Bolivia es un caso muy particular, por la asociación con el narcotráfico. Según Hugo Rodas (1996), Banzer representaba “la asunción de la mediación estatal de la cocaína, en función de la construcción de una burguesía por lo demás racista y cuya viabilidad dependía de un régimen signado por el autoritarismo. Por su rápido crecimiento, desde 1975, empezó a adquirir empresas legales: bancarias, agroindustriales, mineras y de la construcción, participando en las actividades económicas nacionales. En 10 años, se fue constituyendo una nueva fracción burguesa, una fracción autónoma”. Por su parte, Carlos Toranzo y Mario Arrieta (1989: 41) afirman: “El período 1971-1978 oxigenó a dos fracciones burguesas: la financiera y la comercial que mayores posibilidades poseían para acercarse a la circulación de los excedentes del narcotráfico recibidos por la economía boliviana sin que ellas estén comprometidas de modo directo con esa actividad”. Con la caída de la dictadura, el proceso político se hizo complejo e ingobernable. Se trató de una coyuntura en la cual quedó clara la capitalización de una economía ilegal dominada por el narcotráfico por parte de un grupo empresario partidario del proyecto banzerista. En 1980, el golpe de Estado encabezado por García Meza fue ejemplo elocuente del poder alcanzado por los narcotraficantes, tanto que Peter Passage, funcionario del Departamento de Estado norteamericano, declaró: “Por primera vez, la mafia se ha comprado un Gobierno”.

En el conjunto, Brasil se destaca porque su dictadura, instaurada tempranamente en 1964, continuó impulsando un patrón de desarrollo del capitalismo con rasgos desarrollistas, con una fuerte implicancia del Estado, con el aporte de capitales extranjeros y una fuerte participación de la burguesía local, que se tradujo en esa alianza tecno-burocrático-militar a la que refiere Luiz Carlos Bresser Pereira. Sin embargo, la fase de espectacular crecimiento que se dio a llamar “o milagre brasileiro” se atenuó cuando la crisis petrolera hizo tambalear a las economías de casi todo el mundo.

El modelo de desarrollo capitalista se asentó, como ya se ha dicho, en una alianza entre capitales estatales, privados multinacionales y privados brasileños, es decir, entre el Estado, la burguesía nacional y capitalistas internacionales (imperialistas). La alianza no fue solo económica. La especificidad y fuente de poder político del régimen militar brasileño radicó en que la alianza entre la tecnoburocracia y el capital industrial fue también política (Bresser Pereira, 1985: 103). Esa alianza cristalizó en 1967 cuando los militares, bajo la influencia de la UDN, percibieron claramente la conveniencia de un acercamiento al capital industrial y al capital bancario, abandonando la estrategia de alianza con la tecnoburocracia civil estatal, las clases medias pequeño burguesas (tradicionales) y la burguesía agrario-mercantil. El “pacto político autoritario y excluyente” se conformó entre 1964 y 1968, basado en la triple alianza de la tecnoburocracia estatal, la burguesía local y las empresas multinacionales. “Su carácter excluyente se [tradujo] en la exclusión radical, de carácter económico y político, de los trabajadores y de amplios sectores de la clase media asalariada y de la pequeña burguesía” (Bresser Pereira, 1985: 104; las itálicas son nuestras).

En Argentina, la dictadura de Onganía tomó un rumbo claramente nuevo en el plano económico cuando Krieger Vasena asumió el Ministerio de Economía en 1967. Se logró frenar la crisis inflacionaria, para lo cual se congelaron los salarios y se controlaron los precios. Asimismo, se suspendieron las negociaciones colectivas y se atacó el déficit fiscal, con lo cual se racionalizó el empleo en las empresas públicas y en la administración del Estado. También, se eliminaron los controles de cambio, se renovaron los contratos con empresas extranjeras y se firmó un acuerdo con el FMI. Pero las expectativas de estabilidad duraron poco. En 1969 el ministro de Economía fue removido, ante la evidente profundización de las tensiones sociales, particularmente expresada en el “Cordobazo”, según se vio antes. El modelo de la ISI estaba tocando fondo y ninguna alternativa parecía satisfactoria. Y si hubo un giro hacia una política económica de corte nacionalista, con Aldo Ferrer como ministro, bajo la presidencia del general Levingston, muy pronto las tensiones y las presiones redujeron el curso de la economía a la urgente administración de la inflación y sus efectos.

La alianza entre la tecnoburocracia estatal (militar), la burguesía local y las empresas transnacionales fue también un componente presente en la dictadura argentina de 1966-1973, aunque los resultados no tuvieron la magnitud alcanzada en Brasil. Las dos primeras dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, la de Brasil y la de Argentina, se caracterizaron, entonces, por mantener el modelo ISI, con la sustancial modificación de la masiva incorporación de capital extranjero. Sin embargo, el impacto de la inversión de capitales imperialistas no produjo los mismos resultados: en Brasil generó una profunda reestructuración, dentro de los marcos capitalistas, que llevó a un importante desarrollo industrial, con la creación de nuevas actividades industriales o el potenciamiento de otras preexistentes. En Argentina, en cambio, el capital extranjero compró empresas de capital nacional para seguir produciendo los mismos bienes que en el pasado. En este sentido, ninguna de las dos burguesías nacionales fue autónoma o independiente y ambas renunciaron a un proyecto nacional, asociándose con el capital imperialista bajo la forma de “socio menor” en el caso de la brasileña (que procuró no ceder demasiadas posiciones), y admitiendo el desplazamiento en el de la argentina.

En ambas dictaduras, el modelo mantuvo el papel rector del Estado, sujeto principal del desarrollo, asignándole funciones de planificación, ejecución de políticas y productor directo, además de mantener la propiedad sobre empresas importantes, en primer lugar las dedicadas a recursos y/o sectores estratégicos. En el caso de Brasil, el crecimiento y afianzamiento del Estado en la economía fue muy alto, alcanzando el mayor nivel de la historia del país: el Estado era propietario de Petrobras (petróleo), Siderbras (acero), Telebras (telefonía), Companhia Vale do Rio Doce (minería), Embraer (aviones), entre las más importantes de un total de 179. En Argentina, el Estado siguió detentando la propiedad de empresas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Aerolíneas Argentinas, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA, creada en 1960 por fusión de las también estatales Flota Mercante del Estado y Flota Argentina de Navegación de Ultramar), etc. Por otra parte, el mismo Estado transfirió a sectores privados ingentes cantidades de recursos, que en el caso brasileño alcanzaron, solo a lo largo del período 1973-1985, la cifra de 153.000 millones de dólares estadounidenses (alrededor de un 40% más que el total de la deuda externa), bajo la forma de subsidios, incentivos y exoneraciones fiscales (98). Pari passu, esa transferencia de recursos estatales al capital privado fue acompañada por otra en favor de las clases propietarias, en detrimento de los pobres, acrecentando la desigualdad.

El modelo económico de ambas dictaduras enfatizó la industrialización y el crecimiento del mercado interno, para lo cual apeló a barreras arancelarias y no arancelarias, y un rígido control estatal del comercio exterior, particularmente en el caso de Brasil. Asimismo, el modelo desarrollista se caracterizó por el recurso al endeudamiento externo para cubrir la supuesta insuficiencia de recursos internos. A su vez, las políticas económicas de los Estados Terroristas de Seguridad Nacional, de la década de 1970, con un modelo económico radicalmente diferente, mantuvieron y acrecentaron superlativamente ese endeudamiento. En todos los casos, este conllevó la subordinación a –si no se prefiere decir la dependencia de– el capital financiero internacional y, por ende, actúa como un corset del desarrollo.

En contraste con las dictaduras de los años sesenta, en las de la década siguiente el control estatal de la economía fue un aspecto cuestionado radicalmente por las instauradas en Argentina, Uruguay y Chile, en distinta magnitud y con distinto resultado. La dictadura de Chile fue la que más avanzó en la desarticulación del Estado, si bien luego, ya en democracia, bajo el Gobierno de Carlos Menem, en los años noventa, Argentina lo hará aún más, resignando incluso recursos estratégicos como el petróleo. Aunque hubo un código de inversiones que estimuló la entrada de capitales extranjeros, el Estado chileno mantuvo el control estratégico del cobre. En este país fueron una pieza clave del “milagro” económico los Chicago Boys, un grupo de economistas formados en la Universidad Católica, y por conexiones entre esta y la de Chicago, también se formaron en esta última. Los Chicago Boys dominaron la economía chilena y ocuparon cargos ministeriales desde julio de 1974 hasta por lo menos 1982, cuando el ministro de Hacienda fue reemplazado. El número de empresas estatales pasó de alrededor de 300 a una veintena, en 1980, y por su compra se pagaron subvenciones extravagantes. Pero como se ha dicho, el Gobierno militar no se deshizo de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), la corporación del cobre, por considerarlo necesario para la seguridad nacional.

En Argentina, en 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, a cargo de la economía de la dictadura, puso en práctica una complicada política antiinflacionaria, que, con todo, no dio los frutos esperados. Argentina entonces abrió sus puertas a los capitales extranjeros. La desregulación del sistema financiero condujo muy pronto a la multiplicación del endeudamiento externo. Hubo empresas y bancos que quebraron, y una masiva fuga de capitales. En 1981, el fracaso de la política económica del Martínez de Hoz era más que evidente. Ese año, el reemplazo de Videla por Viola, y el contacto con algunos sindicatos y partidos políticos marcaba el inicio de una nueva fase, signada por la crisis de pagos y la incertidumbre generalizada.

En Uruguay, también hubo tecnócratas neoliberales encargados de la economía. Estos provenían de la fracción colorada quintista de Jorge Batlle. A diferencia de Argentina, la política de sustitución de importaciones había llegado a un punto crítico en la década de 1950. La crisis del petróleo de 1973 afectó gravemente una situación que ya era precaria. En 1974, Alejandro Vegh Villegas asumió el Ministerio de Economía con un programa de estabilización que permitió aumentar incesantemente el PBI, pero con unos costos sociales que no tardarían en convertirse en un factor de desequilibrio. La característica del programa económico de la dictadura uruguaya fue su singular combinación de una política típicamente liberal con un intervencionismo pragmático. Por eso no es extraño que la apertura económica se haya combinado con posiciones fuertemente estatistas, que dejaron bajo control del Estado empresas claves. Significativamente, creció el sector terciario de la economía, con un peso destacado del Estado, y se reestructuró el comercio exterior. Socialmente, también en Uruguay las políticas neoliberales de la dictadura profundizaron la concentración del capital, disminuyeron el salario real y produjeron una redistribución regresiva de los ingresos. Como en los otros países, la crisis de la deuda de 1982 fue un punto de inflexión.

La alianza entre tecnócratas y militares fue un componente importante, aunque no se expresó de la misma manera en los distintos casos. En Chile, mediante un documento emitido en 1974 y denominado “Objetivo nacional”, la dictadura impulsó un nuevo modelo económico neoliberal liderado por los Chicago Boys locales que desde la óptica de sus propios objetivos resultó exitoso. En Uruguay, el presidente civil de facto Bordaberry intentó lograr un amplio acuerdo político que garantizara la gobernabilidad del país, pero además de la mencionada tecnocracia solo le acompañaron los minoritarios sectores de la derecha nacionalista. En Argentina, la burguesía nacional fue excluida del bloque de poder y, como en Uruguay (aunque en distintas condiciones), el proyecto económico fue un rotundo fracaso.

Las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas ejercieron un férreo control sobre el movimiento obrero (véase la sugerente hipótesis de Perry Anderson, 1988), combinando la represión, encarcelamiento y/o muerte con formas más sutiles introducidas por la vía legislativa. En Argentina, la Ley de Seguridad Industrial significó un gran retroceso respecto de conquistas históricas del movimiento obrero, afectando el derecho a huelga, prohibiendo la actividad gremial y criminalizando la protesta. En este marco, la dictadura intervino el órgano sindical histórico que era la CGT. Como se ha dicho, la dictadura tuvo en la Universidad uno de sus blancos predilectos, y en este sentido, se decidió la prescindencia de los empleados de las universidades nacionales y la suspensión del Estatuto Docente. La Ley Sindical de 1979 estipuló la disolución de la CGT, entre otros aspectos que apuntaban a la consolidación del poder de la dictadura sobre la regulación de las relaciones capital-trabajo. En Uruguay, una ley similar se dictó en 1981 (la Ley de Asociaciones Profesionales), apuntando a impedir la asociación colectiva, la centralización del poder y todo tipo de actividad política, clausuradas incluso con la penalización. A diferencia de Argentina, donde la dictadura tuvo un proyecto de aglutinar al movimiento obrero en una estructura corporativista nueva, en Uruguay las acciones del Estado apuntaron más al control directo sobre ellas.

Por su parte, Brasil y Chile, con sus contrastantes modelos económicos “exitosos”, tuvieron una política de desmovilización y despolitización del movimiento obrero más articulada, aunque con resultantes claramente distintas. La dictadura chilena y su política de libre mercado provocaron una profunda erosión del sindicalismo. La Central Única de Trabajadores (CUT) fue blanco inmediato del Gobierno de Pinochet, y se mantuvo prácticamente con los mismos niveles de violencia y represión durante todo el período de Gobierno. Como en los otros países, la política contra el movimiento obrero también se valió de un frondoso cuerpo legal. En Brasil, pese al encorsetamiento de la acción sindical de la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943, la reacción de la clase obrera, particularmente engrosada y modificada por el proceso de industrialización, generó una profunda renovación a través del llamado novo sindicalismo. Por su trascendencia, nos detendremos en esta experiencia.

Comparada con las de Uruguay, Argentina y Chile, la dictadura brasileña tuvo una tarea menos complicada para reprimir al movimiento obrero, en buena medida en razón de su menor nivel de organización y autonomía. El primer operativo represivo se realizó en 1964 y el segundo en 1968. En ambos casos, uno de los resultados, en particular después de las huelgas de Contagem y Osasco, fue la continuidad de los controles corporativos establecidos por la CLT y de los dirigentes peleguistas, y reforzados por la DSN y su secuela de triple vigilancia a cargo del ministerio del Trabajo, la policía y el Ejército. En ese contexto, las posibilidades de reacción del movimiento obrero fueron virtualmente nulas, al menos por fuera de las estructuras oficiales. Precisamente, lo que hizo la nueva generación de sindicalistas, en particular en el Grande São Paulo (el centro industrial brasileño), fue actuar dentro de ellas, generando un efecto no querido por los mentores estatales. Una parte de esa acción procuró y a menudo obtuvo beneficios adicionales apelando a la intervención de los tribunales del trabajo, un órgano clave de la antigua estructura corporativista y paternalista, es decir, mediante la concesión del Estado, no de la patronal. La sindicalización no dejó, así, de crecer: pasó de 1.448.151 afiliados en 1964 a 5.139.566 en 1979 (trabajadores urbanos), a los cuales deben sumarse los rurales, que eran 3.008.943 en 1974 y 5.098.522 en 1979, lo que eleva el total de trabajadores sindicalizados a 5.939.615 y 10.238.088, respectivamente (según datos en Alves, 1984: 242-243). Si bien estas cifras indican un formidable crecimiento, debe tenerse en cuenta que hacia 1980 los sindicalizados no superaban el 50% de la población económicamente activa del país.

Para Paul Drake, el renacimiento de la acción obrera independiente del Estado estuvo ligado al freno del crecimiento económico –el fin del “milagro”– y la reaparición de la recesión y la inflación, coincidentemente con la política de distensión del Gobierno de Geisel. “Especialmente a nivel de fábricas en las nuevas industrias modernas de São Paulo, un movimiento de bases había crecido ajeno a las organizaciones y partidos oficiales. Encabezadas por trabajadores metalúrgicos en las fábricas de automóviles estrechamente unidas al capital extranjero y por su carismático dirigente Luiz Inácio “Lula” da Silva, huelgas masivas no llegaron a alcanzar sus objetivos concretos. Pero resucitaron las políticas del movimiento laboral”, convertidas en “un desafío nuevo debido a sus empleos estratégicos y a su ausencia de lealtad hacia antiguos partidos y agencias corporativistas”. El salto adelante de los nuevos sindicatos fue simultáneo con el de los partidos políticos. “Las conexiones de los trabajadores con los partidos progresistas habían sido precarias antes del golpe, luego del cual los vehículos populistas habían desaparecido. Al final de los años setenta, Lula y otros nuevos dirigentes laborales seguían manteniendo recelos frente a los antiguos partidos de oposición, tanto como frente al Gobierno y a los sindicatos oficiales”, lo cual les llevó a promover una “mayor autonomía del movimiento de trabajadores para evitar trampas populistas o corporativistas” y, finalmente, a crear, “junto con algunos intelectuales, su propio pequeño pero renovador Partido de los Trabajadores”, mientras otros obreros, “especialmente aquellos que seguían perteneciendo al Partido Comunista, continuaron votando por la amplia oposición oficial, el Movimiento Democrático Brasileño, que había absorbido a muchos elementos del difunto PTB” (Drake, 1989: 132-133).

El novo sindicalismo fue parte del proceso de transformación societal generado por la política económica de la alianza entre la tecnoburocracia estatal, la burguesía local y el capital extranjero. Es por ello que surgió y se afirmó en los nuevos y más dinámicos sectores de la economía (metalurgia, siderurgia, petroquímica, autopartes, equipos eléctricos) y en menor medida en los intermedios (cerámica, vidrio, papel, minería). Las nuevas industrias establecieron formas de relación obrero-patronal diferentes de las tradicionales, permitiendo a los obreros superar el encorsetamiento legal constituido por la CLT y, muy importante estratégicamente, afirmarse en el trabajo con las bases en la propia fábrica. A su vez, la política económica del nuevo modelo capitalista no solo generó un formidable crecimiento cuantitativo de la fuerza de trabajo industrial (de 1.500.000 a 4.700.000 de proletarios entre 1960 y 1980) y un desplazamiento de los trabajadores por cuenta propia en favor de los asalariados (los primeros cayeron de 50 a 30,1% de la fuerza de trabajo, los segundos ascendieron de 47,9 a 66,7% entre ambos años), sino también un incremento del proceso de urbanización (la población residente en ciudades de más de 20.000 habitantes pasó del 19,9 al 50,6% entre 1950 y 1980), con todos los cambios cualitativos conexos. Entre estos destaca una intensa movilidad social, con una creciente participación de las mujeres (especialmente notable en el plano de la educación superior) y, contrario sensu, un virtual mantenimiento de las desiguales posibilidades para la población negra y mulata (de ambos sexos). El modelo económico, en fin, provocó tanto un alto crecimiento de la riqueza como una muy desigual distribución de ella, ampliando la brecha entre los muy ricos y ricos, y los pobres y muy pobres, un resultado que también se produjo, aunque con un modelo económico muy diferente, en las dictaduras argentina y chilena de los años setenta.

La forma corporativa de la organización sindical restringía, legalmente, el ámbito de acción al espacio geográfico municipal, impidiendo la interconexión entre los sindicatos de una misma rama ubicados en diferentes ciudades (fragmentación horizontal). Ello se aprecia claramente en el caso de los sindicatos metalúrgicos de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema (el ABCD paulista) y São Paulo, tan próximos entre sí geográficamente. No obstante, esa situación negativa para la organización obrera se convirtió en una condición de posibilidad de aparición de nuevos dirigentes sindicales estrechamente vinculados a sus bases, como también de novedosas formas de lucha, entre ellas la denominada greve branca (huelga blanca) o, en otro plano, la apelación a los informes del Banco Mundial para contrarrestar los índices inflacionarios (más bajos) dados por el Gobierno (asunto para nada meramente estadístico, pues era según ellos como se fijaban los reajustes salariales).

La primera gran huelga del novo sindicalismo –una greve branca– se produjo en mayo de 1978 en la fábrica de ómnibus y camiones Saab-Scania, en São Bernardo do Campo, cuyos trabajadores pertenecían al Sindicato Metalúrgico. Bajo la dirección de Luiz Inácio Lula da Silva, la totalidad de los 1.800 proletarios de la empresa entró en huelga. Al cabo de una semana se sumaron los de otras 23, abarcando 3 ciudades y 60.500 huelguistas. El ejemplo y la lucha se expandieron: entre el 12 de mayo y el 13 de julio de 1978 hubo 213 fábricas, ubicadas en 9 ciudades (entre ellas las 4 del ABCD), y 245.935 trabajadores en huelga. No solo eso: con su acción, los metalúrgicos bernardinos desencadenaron “una de las mayores olas de huelgas de la historia del país”: en 1978, 24, abarcando a 539.037 trabajadores (357.043 metalúrgicos); en 1979, 113, con un total de 3.207.994 huelguistas, entre los cuales 958.435 eran metalúrgicos, 752.000, docentes primarios y secundarios, 443.160, transportistas urbanos, entre otros; en 1980, 50 huelgas y 664.700 huelguistas (244.500 metalúrgicos). Significativamente, hubo también una importante participación de los trabajadores rurales: 1.200 (una huelga) en 1978, 90.162 (tres huelgas) en 1979, 240.000 (una huelga) en 1980 (Alves, 1984: 253-254 y 264).

La primera conquista obrera se alcanzó el 31 de mayo, cuando representantes patronales y del Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo y Diadema, tras una negociación colectiva de hecho, firmaron un acuerdo según el cual los salarios serían reajustados un 24,5%, de manera escalonada hasta febrero de 1979. Más allá del acuerdo salarial, resultados más significativos se produjeron en planos aún más decisivos: 1) se rompió la política salarial del Gobierno, toda vez que los reajustes escalonados se aproximaron a la demanda obrera de los incrementos trimestrales, de manera tal que los salarios se adecuaran a los índices de la inflación; 2) se rompió el corset de la legislación represiva de la huelga “mediante acciones decididas y unitarias de los trabajadores”, que obligaron al Gobierno a considerar sus demandas; y 3) las empresas podían ser llevadas a negociaciones colectivas independientes (Alves, 1984: 249).

Según Lula, en una entrevista con Maria Helena Moreira Alves, esta huelga fue consecuencia del grado de madurez organizativa alcanzado por la clase obrera, incluyendo la constatación de a) la mayor facilidad para negociar con la patronal si las máquinas se encontraban paradas y b) el valor de la huelga como principal arma de negociación. No obstante, añadía el propio Lula, los patrones también aprendieron: en noviembre de 1978 definieron una estrategia para enfrentar el tipo de huelga ensayado en mayo, apelando a la suspensión de las refecciones y a medidas para forzar a los trabajadores a abandonar la planta; ya fuera de ella, la policía podía actuar en caso de eventuales disturbios. Así, después de 1978, al menos en São Paulo no pudo usarse nuevamente la estrategia de las huelgas dentro de las fábricas. Cuando los patrones encontraron una respuesta favorable a sus intereses, las huelgas debieron redefinirse y así ocurrió: las de 1979 volvieron a la calle, facilitando la acción represiva de la policía sobre los piquetes, manifestantes y locales sindicales, y con ella el desestímulo. En el ABCD, después que la asamblea de metalúrgicos votó la huelga, el Gobierno respondió interviniendo los tres sindicatos, lo que llevó a la Iglesia Católica a ofrecer, a modo de “cuartel general sindical” provisorio, la catedral de São Bernardo. Si bien este gesto fue significativo, no alcanzó a compensar la pérdida de los locales propios, a la cual se sumó la represión policial. La consecuencia fue una revisión del plan de lucha, resolviendo en una nueva asamblea levantar el paro y aceptar una tregua de 45 días para entablar negociaciones. Estas concluyeron otorgando a los obreros un incremento salarial del 63%, al tiempo que el Gobierno reintegró los locales sindicales.

No nos ocuparemos aquí de la ola de huelgas de 1978-1980, pero sí señalaremos algunos indicadores de la relación de ellas con la movilización de la sociedad civil contra la dictadura. En primer lugar, las huelgas no solo permitieron a los trabajadores tomar conciencia de su fuerza y de su poder, sino también –a partir de 1979– generar una red de solidaridades entre fuerzas opositoras: por un lado, una alianza entre organizaciones de base, movimientos sociales ligados a la Iglesia Católica, entre ellas las Comunidades Eclesiais de Base (CEB) y nuevos sindicatos; por el otro, una articulación entre estos y organizaciones de la “oposición de élite”, es decir, la Iglesia Católica, que en 1980 ya se encontraba “profundamente comprometida con los metalúrgicos”, la influyente Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) y el Movimento Democrático Brasileiro (MDB), el partido político de la oposición tolerada. El fondo de huelga creado en 1980, con sede en la catedral de São Bernardo do Campo, es un buen ejemplo del funcionamiento orgánico y solidario de esas instituciones de la sociedad civil, permitiendo distribuir 36 toneladas de alimentos entre los 200.000 huelguistas y sus familias a lo largo de las seis semanas de huelga. Una tarea conexa fue el trabajo realizado en los barrios para impedir la salida domiciliaria de rompehuelgas, evitando la recurrencia a los clásicos (y peligrosos) piquetes en puerta de fábrica. Igualmente importante fue la asistencia jurídica brindada a los huelguistas por abogados vinculados a la Iglesia Católica, entre ellos los de la Comissão Justiça e Paz de la Arquidiócesis paulista, y la protección (relativa) brindada por diputados y senadores del MDB recurriendo a sus inmunidades parlamentarias (Alves, 1984: 261-262).

La huelga de 240.000 trabajadores de plantaciones de caña de azúcar, en Pernambuco, es otro ejemplo de esa red de solidaridades. En este caso, el funcionamiento de ella fue más complicado, pues el espacio geográfico huelguístico era más extenso y fragmentado, tanto que para llevarla adelante fue necesario coaligar el accionar de 42 sindicatos rurales, buen número de CEB y la Pastoral do Terra, la responsable del planeamiento de la lucha.

Permítasenos un ex cursus. Las asociaciones de base vinculadas a la Iglesia Católica eran expresión orgánica e institucional del trabajo realizado por la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), las diversas Pastorales y pequeños grupos de fieles organizados en torno a una parroquia urbana y rural o por agentes pastorales (religiosos o laicos). Esos grupos eran las CEB. La base era, decían los teólogos brasileños, “la parte de la población de una sociedad que se encuentra privada al mismo tiempo del tener, del poder y del saber”, es decir, el sector social de los que producían la riqueza, pero no eran partícipes de la organización de su propio trabajo ni de la distribución del producto de este, como tampoco de la toma de decisiones políticas. El objetivo era, pues, devolverles a los hombres y mujeres de la base de la sociedad los derechos de tener, saber y poder.

Las primeras experiencias de las que luego fueron las CEB tuvieron lugar, según unos, en 1956, en Rio de Janeiro, o, conforme otros, en Natal, en 1960, pero su expansión, coinciden todos, comenzó tras la violenta represión de 1969. En 1975 ya existían 50.000 en todo el país, subiendo a 80.000 en 1981, actuando principalmente en las áreas rurales y en los barrios pobres y periféricos de las ciudades. Cumplían una doble función: “Ofrecer servicios religiosos y el estudio del Evangelio, por un lado, y, por otro, organizar el trabajo de liberación y acciones comunitarias” (Alves, 1984: 231). Cada comunidad estaba formada por 15 a 25 personas, si bien en el campo podían llegar a 100 o más, y actuaba con independencia de la presencia de un sacerdote o una monja, facilitando así la participación de laicos, permitiendo superar el problema de la carencia de religiosos ordenados, tema clave para una Iglesia que observaba preocupada el incremento de los cultos protestantes, espiritistas, afro-brasileños (umbanda, en primer lugar). Más allá de las intenciones originarias del episcopado, las CEB adquirieron un alto grado de autonomía o independencia en relación con la propia Iglesia y muchas de ellas tendieron a ser parte de la denominada iglesia popular, en la cual pesaba fuerte la corriente de la Teología de la Liberación. Políticamente, en cambio, las CEB operaban en la misma sintonía de oposición a la dictadura y de lucha por la organización popular, explicable por la denominada “opción por los pobres” hecha por la Iglesia Católica. Esta implicaba, a su vez, una demanda de justicia social y una crítica al tipo de capitalismo impulsado por la alianza tecnoburocrático-militar. No debe olvidarse que la demanda de justicia social fue parte de las definiciones políticas adoptadas por la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) reunida en Medellín en 1968. Por otra parte, es bueno tener en cuenta que cuando se habla de la Iglesia Católica brasileña durante la dictadura no se está haciendo referencia a una institución homogénea sino, en rigor, a sus sectores progresistas, que eran mayoritarios dentro de ella, sin mengua de la presencia de moderados e incluso conservadores

Las CEB devinieron verdaderas escuelas de participación, organización, democracia y autovalorización individual, prácticas que trasmitieron a otros movimientos sociales e incluso partidos políticos de oposición, en particular el Partido dos Trabalhadores (PT). Si bien el contenido estrictamente religioso de las comunidades era obvio e importante, su mayor incidencia se produjo en el campo social y político, en el cual actuaron a partir del reconocimiento de los problemas fundamentales que cada una de ellas detectaba en su ámbito. Según el dominico Frei Beto, coordinador nacional de las CEB, estas pasaron por cuatro etapas: la primera fue la de su formación, poniéndose énfasis en la motivación religiosa y la aspiración de vivir conforme las preceptivas del Evangelio; la segunda fue la del pasaje a la acción social, junto a los movimientos populares y donde se encontraron con hombres y mujeres de otra o ninguna fe religiosa, con los cuales compartían la defensa y la lucha por los oprimidos. La tercera fue la del acceso a la conciencia política, etapa en la que se procuró el afianzamiento de las organizaciones de los trabajadores y los miembros de las comunidades se integraron activamente a las luchas de favelados, campesinos y trabajadores rurales, obreros industriales sindicalizados. La cuarta etapa, a partir de la ley de reforma partidaria de 1979, fue la de discusión y acción políticas dentro de los nuevos partidos, lo cual quiere decir, en primer lugar, el PT.

Retomemos nuestro discurso. En segundo lugar, las huelgas tendieron a ser crecientemente organizadas, esto es, menos espontáneas, con un incremento cualitativo del contenido de las demandas, superadoras de la barrera del mero reclamo de reajustes salariales e incluyentes de las referidas a estabilidad en el empleo, readmisión de despedidos, reducción de la semana de trabajo, control obrero de la selección de los jefes de sección, reconocimiento de la representación sindical en las fábricas (comisiones internas, delegados), libre y garantizado derecho de los representantes sindicales para acceder a las fábricas, control obrero de los fondos gubernamentales, respeto de los derechos humanos, entre otras. Como se aprecia, ellas iban más allá del plano económico y se proyectaban decididamente en el político.

En tercer lugar, entonces, el novo sindicalismo se politizó. La politización fue el resultado convergente de varios elementos en buena medida generados por la propia dinámica de la lucha obrera y la triple dialéctica entre esta y los empresarios, el Estado y la sociedad en su conjunto. Una primera enseñanza de las huelgas de 1979 fue la necesidad de superar una estructura organizativa excesivamente dependiente de liderazgos de primera línea –entre los cuales descollaba largamente el del migrante nordestino devenido proletario y presidente del Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo y Diadema, Luíz Inácio da Silva, más conocido como Lula– y crear niveles intermedios y direcciones de huelga alternativas. La expansión de la ola huelguística provocó un problema adicional a los nuevos sindicalistas surgidos del ABCD paulista, conocidos como auténticos, en oposición a los pelegos. En efecto, la multiplicación de su lucha en diferentes lugares del país se tradujo en un considerable número de huelgas espontáneas, entre cuyas primeras acciones no fueron escasos el desconocimiento de la dirección sindical oficial y la solicitud de ayuda a los auténticos para resolver problemas de organización y entrenar cuadros aptos para enfrentar las nuevas condiciones. Así, el novo sindicalismo comenzó a romper la fragmentación horizontal impuesta a la acción obrera por la estructura y la legislación corporativas, y proyectó algunos de los nuevos liderazgos a una dimensión que excedía los marcos del sindicalismo y alcanzó incluso el nacional.

La politización de un considerable sector del movimiento obrero llevó a una importante discusión acerca de su definición partidaria, en buena medida favorecida por la ley de 1979 que restauró el pluripartidismo. Desde ese momento, la acción sindical se imbricó, de manera compleja, con el sistema de partidos. De allí resultó el proyecto que culminó en la creación del Partido dos Trabalhadores (PT). El embrión se encuentra en la intención formulada por Lula ya en julio de 1978, dándose un paso concreto con la divulgación de una carta de principios en mayo de 1979. El anteproyecto partidario, de enero de 1980, definía al PT como un partido de clase, cuyo objetivo era “organizar políticamente a los trabajadores urbanos y rurales, […] abierto a la participación de todas las capas asalariadas del país” y cerrado a la de los empresarios: “El PT rehúsase a aceptar en su interior representantes de las clases explotadoras. Vale decir, ¡el Partido de los Trabajadores es un partido sin patrones!”.

En cuarto lugar, la respuesta gubernamental a la ola huelguística fue fluctuante, entre la prescindencia (es decir, principalmente ausencia de represión policial, incluso en huelgas que afectaban a alto número de trabajadores) y el empleo de la violencia policial civil y/o militar, aplicada independientemente del número de huelguistas, así fuesen 170 trabajadores del transporte urbano paulista, en 1978, o 200.000 y 240.000 metalúrgicos de Rio de Janeiro y del ABCD, respectivamente, en 1979. Las dos grandes huelgas del año siguiente –240.000 metalúrgicos del ABCD y una cifra similar de trabajadores rurales pernambucanos– fueron objeto de fuerte represión policial: corridas, detenciones, heridos y hasta la muerte, como en los casos de las huelgas de 280.000 metalúrgicos de São Paulo, Osasco y Guarulhos, de 3.000 trabajadores del transporte urbano de Salvador y de 80.000 obreros de la construcción de Belo Horizonte, todas en 1979, en cada una de las cuales hubo un huelguista muerto. Hubo, pues, varias respuestas gubernamentales, incluyendo combinaciones diversas. Es así como se recurrió a la total movilización del ejército; la ocupación de locales estratégicos y de ciudades donde se realizaban huelgas; la subordinación de las autoridades civiles a las militares (durante el período de huelgas de 1980, el comandante del Segundo Ejército se convirtió en virtual gobernador del estado de São Paulo); los ataques a manifestaciones y concentraciones; la detención –“en verdaderas operaciones de secuestro” (como las llama Alves)– de los principales dirigentes huelguistas y hasta de abogados defensores, incluso bajo protección de la “extraterritorialidad” de las iglesias o de las inmunidades parlamentarias de legisladores (eran sacados por la fuerza de las iglesias o de los automóviles de los legisladores). Tales operativos represivos se realizaban con empleo de armas pesadas, vehículos blindados y helicópteros del Ejército, más los efectivos de la infantería y de la Policía Militar. La reacción obrera fue siempre la resistencia organizada no violenta, una actitud que jugó a su favor frente a la campaña gubernamental sobre el carácter “subversivo” que le achacaba al movimiento (Alves, 1984: 261).

En quinto lugar, algunos empresarios –no sin antes resistir y apelar a medidas represivas– terminaron modificando su relación con la clase obrera a partir de la acción del novo sindicalismo y, en consonancia con los dirigentes de este, realizaron lo que Skidmore (1988: 416-417) llama un “by-passing parcial del sistema corporativista”, representado por la aceptación de las negociaciones directas entre unos y otros (negociaciones colectivas), formalmente prohibidas pero impuestas en la práctica como parte de “un conjunto de mutuas obligaciones paralelas al sistema oficial de normas y procedimientos legales”. Igualmente fueron admitidas la nueva organización sindical y la libertad de elección de representantes sindicales y de su circulación dentro de las plantas. Lo destacable del cambio es que tuvo por protagonistas, en el campo de la burguesía, a las grandes empresas multinacionales que constituían el sector de punta de la industria brasileña, en particular la automovilística –la mayor de la periferia capitalista a escala mundial–, cuyas grandes fábricas –Volkswagen, Ford, General Motors, etc.– eran (y siguen siendo) sucursales de matrices ubicadas en países donde la práctica de la negociación colectiva era moneda corriente. Como es obvio, estos cambios en las reglas de la relación capital-trabajo no implicaron un alineamiento político de los empresarios con las posiciones de las nuevas dirigencias sindicales, ni una alteración de los elementos estructurales de tal relación. No obstante, su importancia política en el proceso de salida de la dictadura fue muy considerable: los sindicatos del Grande São Paulo (el ABCD) y de las industrias de punta, los muy aguerridos de “cuello blanco” (white collar) y los de trabajadores rurales no solo erosionaron el viejo régimen laboral corporativo, sino que contribuyeron a la remodelación institucional de la sociedad civil y a su movilización por la democracia. La lucha por la democracia fue definiendo las identidades política y social de sus protagonistas –lo que no es poco en el caso de los trabajadores brasileños–, cuya proyección llega hasta hoy.

Pese a la magnitud de los cambios cuanti-cualitativos operados en el interior de la clase obrera y sus estructuras organizativas (sindicales y políticas), no toda ella los acompañó. El distanciamiento se aprecia particularmente en los posicionamientos políticos, tal como lo indican los resultados electorales obtenidos por el PT en 1982. De hecho, una parte considerable –si no mayoritaria– de la clase obrera votó en esa compulsa por el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), ese gran arco opositor que englobaba un conjunto de posiciones partidarias, incluyendo el PCB, el PCdoB y hasta supervivientes de la guerrilla (entre ellos los del M-8), algunos de cuyos representantes fueron elegidos diputados bajo aquella sigla.

Bajo los regímenes dictatoriales hubo, pues, movimientos sociales que se autoconvocaron con demandas específicas, resultantes de la crisis de las sociedades industriales y de la imposición de un nuevo orden. En mayor o menor medida, estos movimientos condujeron a la recomposición y reorganización de la sociedad civil, y en el límite, un factor relevante para la transición formal a la democracia.

Dos dictaduras híbridas: Paraguay (después de 1967 hasta 1989) y Guatemala (1982-1985)

En un ejercicio de comparación, Soler (2009) concluye que la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner, se emparenta con las dictaduras patrimonialistas típicas de Centroamérica, pero no sultanística, tal como aquella ha sido caracterizada por buena parte de la literatura de ciencia política hasta el momento (incluso en Ansaldi, 2004b, posición aquí rectificada).

Como se ha visto en el capítulo anterior, el general Stroessner llegó al poder a través de un golpe de Estado, rasgo que por otra parte comparte con las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Pero una vez cumplida esa meta, se mantuvo en el ejercicio del mismo a través de la apelación a la vigencia de la Constitución de 1940 y a la práctica de elecciones periódicas y, a su turno, reforzó esa legitimidad con dos reformas constitucionales, una en 1967 y otra en 1977. Asimismo, Stroessner ejerció el poder apelando a audaces artilugios simbólicos, que lo erigieron en indiscutible héroe nacional. Una y otra dimensión, la institucional y la simbólica, se alimentaron mutuamente.

La precaria pero efectivísima formalidad institucional democrática no es un elemento fortuito. Con un Estado débil y unas Fuerzas Armadas fuertemente afectadas por las divisiones internas, el Partido Colorado se erigía como la institución más estable y duradera. Según Abente (1989), la partidización de las Fuerzas Armadas fue posible gracias a este formidable recurso –más, formidable aun si se recuerda, como lo hace el autor, que el Partido Colorado estuvo en el poder entre 1886 y 1904 y luego desde 1946–. El partido, a través de sus comités, situados en cada aldea y en cada barrio, era una fuente de legitimación de alcance nacional, con una extraordinaria capacidad de penetración tanto territorial e institucional como cultural –puesto que las identidades partidarias coloradas y liberales tenían carácter cuasi hereditario–.

He aquí la principal diferencia respecto de las dictaduras del Cono Sur. En Paraguay, no fueron las Fuerzas Armadas qua institución las que ejercieron el poder. Por habilidad política o por cómo estuvo tejida la trama de relaciones sociales en Paraguay (o por ambas cosas), el general Stroessner hizo de sí mismo, y de su control de las Fuerzas Armadas, en el Partido Colorado la fuerza rectora de la dictadura. En efecto, el dato singular, en el contexto de las dictaduras latinoamericanas y en el contexto más próximo de las dictaduras paraguayas anteriores, es que el mismo Stroessner asumió las funciones de jefe de Estado, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y presidente honorario del Partido Colorado. Claramente, el rasgo distintivo de larga duración es esa identificación de Estado, Partido y Ejército –cuestión que ha sido bien explorada en la larga duración por Soler (2007)–.

El procedimiento de golpe de Estado y posterior legitimación en elecciones fraudulentas, controladas por Stroessner a través del Partido Colorado, es un rasgo que la dictadura de Paraguay comparte con otras dictaduras patrimoniales de Centroamérica y el Caribe, como apunta Soler (2009). En efecto, el procedimiento se había aplicado en Honduras con el general Tiburcio Carías Andino (1939-1949); en Nicaragua con la “dinastía” Somoza (entre 1937 y 1979: Anastasio Somoza García, Luis Anastasio Somoza Debayle, Anastasio Somoza Debayle, los tres, militares); en Guatemala con el general Jorge Ubico Castañeda (1931-1944), haciendo la salvedad de que su acceso al Gobierno se hizo mediante elecciones, como candidato del Partido Liberal Progresista, y en República Dominicana con el general Rafael Leónidas Trujillo (1930-1938 y 1942-1961). El caso de El Salvador se desvía de este patrón típico, puesto que allí el dictador Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), también militar, accedió al poder mediante un golpe de Estado pero luego no convocó a elecciones.

Entre los argumentos distintivos que esgrime Soler, es importante señalar que Stroessner no asentó su dominio sobre un poder militar preexistente ni era un jefe militar del tipo de Somoza o Trujillo, quienes habían escalado posiciones en las Guardias Nacionales de sus respectivos países. Por el contrario, Stroessner llegó al poder apoyado tan solo en una fracción del Ejército, y una vez en el Gobierno debió realizar una severa purga para asegurarse su control. En atención al plano militar, Soler agrupa mejor el caso de Paraguay con aquellos países centroamericanos que no tuvieron una intervención militar extranjera directa, como Ubico, Hernández Martínez y Carías, quienes, como Stroessner, tuvieron que reestructurar las fuerzas disponibles a favor suyo.

Como la de Soler, otras investigaciones recientes comparten esta visión crítica de la aplicación de la tipología sobre autoritarismos derivada, en buena medida, de la elaborada por Juan Linz, y nuestra interpretación se enmarca en esta línea de análisis. No obstante, es interesante pensar que la reinvención personal de Stroessner como heredero de las “familias fundadoras”, los López, fue una suerte de intención de completar sus fuentes de legitimidad tradicionales en un sentido típicamente dinástico. Como nota Soler, “en Paraguay, elite política y económica no coinciden”, y este desfase es precisamente el factor que impidió desarrollar una dominación sustentada en redes familiares. Así, la creación de redes sociales clientelares desde el Partido Colorado (según Soler, “la única organización disponible”) fue una tarea clave, que Stroessner encaró a partir de una manipulación del pasado histórico. Esto le permitió inventarse como parte de una tradición colorada y le permitió erigirse como miembro indiscutible de “la familia paraguaya”, para utilizar, otra vez, una expresión de Soler (2007).

Las diferencias que en general se señalan para distinguir los regímenes tradicionales con legitimación patrimonialista de los regímenes sultanistas refieren a los modos de ejercicio y legitimación del poder. En este último caso, el jefe soberano ejerce su poder en términos personales, sus decisiones son arbitrarias y la obediencia está basada fundamentalmente en el miedo al castigo y en una compleja trama de obligaciones y recompensas materiales. Entre quienes se empeñan en ubicar el caso de Paraguay en la categoría de sultanismo, es prioritario el elemento de reciprocidad en el lazo entre el jefe y sus seguidores, basado fundamentalmente en el acceso a recompensas materiales, provenientes de prácticas de corrupción, a cambio de lealtades incondicionales. En cambio, quienes insisten en una definición en términos de régimen patrimonialista, hacen hincapié en ciertos elementos de legitimación derivados de la tradición y el carisma.

En la interpretación de Andrew Nickson (1996), se sostiene que la dictadura paraguaya se ajusta ampliamente al tipo sultanístico, de inspiración weberiana. El autor parte de los puntos de vista sostenidos por Marcial Riquelme, quien fue uno de los pioneros en analizar el régimen de Stroessner con categorías de Weber. Por otra parte, Sean Burges (2000) ofrece un excelente examen crítico de la bibliografía sobre el tema, y sostiene que la dictadura de Paraguay se distingue de las sultanísticas de América Central porque Stroessner no convirtió al Estado en un imperio corporativo privado, ni transformó las Fuerzas Armadas en una fuerza de seguridad personal, ni tuvo éxito (aunque lo intentó) en la designación de un sucesor.

Si las de América Central y el Caribe (típicamente, en los casos de Nicaragua y República Dominicana) fueron dictaduras patrimoniales, y en el límite sultanísticas, la de Paraguay fue una dictadura híbrida. La larga estabilidad del régimen stronista se valió de recursos diversos. Sobre todo, Stroessner construyó un régimen personalista (como se dijo, el dictador era el jefe del Estado, del Partido y de las Fuerzas Armadas), fundado en la tradición, pero apelando a la aplicación de políticas de modernización económica excluyente, de despolitización de la sociedad y de consecución de un orden de seguridad nacional, características todas que la acercan más a las dictaduras de legitimación racional-legal con administración burocrática de las contemporáneas del Cono Sur, que a las dictaduras patrimoniales de América Central y el Caribe –si bien debe destacarse la obvia ausencia de una política de industrialización avanzada, un rasgo señalado por O’Donnell en su conocida caracterización del Estado burocrático-autoritario–.

Pero como se ha dicho, es primordialmente la supremacía del Partido por sobre las Fuerzas Armadas, ellas mismas partidizadas –según la expresión de Abente (1989)–, lo que hace que la stronista no pueda ser caracterizada plenamente como dictadura institucional de las Fuerzas Armadas. Sostenemos que la de Stroessner es una dictadura institucional (por su componente racional-legal y de DSN), que como señala Rouquié se caracteriza por la “perversión institucional” del Partido y de las Fuerzas Armadas, de hibridación con una dictadura tradicional. Pero si el régimen se funda en la tradición, esta se vincula más con el partido que con el líder (Soler, 2002).

En definitiva, el régimen de Stroessner puede ajustarse mejor o peor al tipo ideal de régimen autoritario sultanístico, pero lo cierto es que detrás de las clasificaciones importan las hipótesis o preguntas que guían el interés de conocer. Nuestra caracterización de la dictadura paraguaya como una dictadura que hibrida los tipos patrimonial (y eventualmente, rasgos sultanísticos) y burocrático se basa en la índole sociológico-histórica del análisis.

La dictadura de Stroessner claramente no constituyó plenamente una dictadura de carácter institucional de las Fuerzas Armadas pero sí erigió a esta institución como uno de sus pilares. En el momento del golpe, la participación de las Fuerzas Armadas en la política nacional estaba ampliamente justificada por la inestabilidad que ellas habían logrado resolver cuando, en 1947, una alianza entre el Partido Colorado y un sector minoritario del Ejército puso fin a la guerra civil que enfrentaba a los colorados (largamente excluidos del ejercicio del poder) y a los liberales (que se enfrentaban a la dictadura del general Higinio Morínigo). Pero como se ha dicho, Stroessner llegó al poder apoyado por un sector pequeño del Ejército y su más delicada tarea en los comienzos de la dictadura fue el control total sobre esa institución. Para ello se valió de métodos habituales de purga institucional, fundamentalmente prohibiciones y exilios obligados, y de clientelismo, hasta lograr la identificación de los militares con el Partido.

El componente de DSN que define a las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas también fue un articulador del poder de la dictadura stronista. Pero nuevamente en este aspecto también hubo diferencias sustantivas respecto de lo ocurrido en el Cono Sur. Stroessner asumió su primer mandato en 1954 en medio del clima de la Guerra Fría y de la política de persecución del comunismo estimulada por Estados Unidos, que simultáneamente al ascenso de Stroessner inspiró y sustentó materialmente la contrarrevolución en Guatemala. Así, los años iniciales de la dictadura stronista estuvieron signados por un discurso y una práctica fuertemente anticomunistas, que complacía casi obsecuentemente a Estados Unidos, a tal punto que Stroessner envió un contingente militar para acompañar a los marines de la US Navy ocupantes de República Dominicana en 1965. Asimismo, uno de los congresos de la Liga Anticomunista Mundial se hizo en Asunción.

Según Esteban Cuya (1996), el régimen de Stroessner “fue elogiado entre otros por el entonces presidente norteamericano Richard Nixon, quien reconoció que Paraguay constituía un eje estratégico clave para la lucha contra el comunismo. El 4 de mayo de 1968, al llegar a Asunción, Nixon le dijo a Stroessner: ‘En el campo de los asuntos internacionales, no conozco otra nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo’”.

La centralidad de los partidos políticos y de los mecanismos de la democracia (elecciones, plebiscitos, supremacía de la Constitución) asemeja la dictadura de Paraguay con la de Brasil y su formato representativo; con la de Uruguay y su histórico bipartidismo; y con la de Chile y su efectiva manipulación de los textos constitucionales. En este sentido, la de Stroessner fue una dictadura que creó una estructura de poder para sostenerse en el tiempo basada en un sistema de partidos (según la clasificación tomada de Huneeus en la sección anterior), en principio, bipartidista (con el purgado Partido Liberal) y en el mejor de los casos con un bipartidismo abierto a partidos menores. En el sistema de partidos paraguayo hubo así un partido oficial dominante, y uno, y eventualmente más, que eran la expresión de una oposición consentida y marginal dentro del régimen –una oposición legitimadora del régimen, en algún sentido semejante al rol del MDB en Brasil–. La oposición tolerada recibía un tercio de los escaños en el Parlamento. A partir de la reforma de 1967, tuvieron representación legal el Partido Liberal Radical, Partido Liberal y Partido Febrerista.

Stroessner era presidente honorable del Partido Colorado, y como jefe supremo controló una estructura jerárquica de dominación fundada en el clientelismo largamente existente en el país, que su Gobierno solo vino a reforzar. Como se ha dicho, en cada barrio y en cada aldea del interior rural el Partido Colorado tenía un comité. Este era sede no solo de las actividades típicamente políticas (formales e informales) sino que además era el lugar desde donde se brindaban servicios básicos, como educación y salud. Para ser incorporados, los funcionarios del Estado debían acreditar la pertenencia al Partido, igual que los miembros de las Fuerzas Armadas. Y una vez incorporados, a todos los trabajadores públicos se les descontaba el 10% de su sueldo a cuenta del Partido. En las relaciones comerciales y financieras, también los grupos que aspirasen a las prebendas del Estado eran favorecidos en razón de su pertenencia al Partido.

Las normas de sucesión estaban dadas por la Constitución de 1940, pero Stroessner no se ocupó de forjar su sucesión sino hasta avanzada la dictadura. La Constitución de 1940 era de corte autoritario y estaba inspirada en el fascismo. El Poder Ejecutivo era muy fuerte y estaba débilmente sopesado por un Congreso bicameral que detentaba pocos poderes. A esto se sumaba la representación corporativa, materializada en un Consejo de Estado. En 1967, Stroessner alentó una reforma constitucional, fundamentalmente, para poder ser reelecto nuevamente (la de 1940 prohibía una cuarta reelección). La Constitución de 1967 dio a Stroessner algunas prerrogativas más a su poder despótico: el control del Poder Judicial, el derecho a disolver la Legislatura y a decidir la cantidad de reelecciones que considerara necesarias.

En cuanto a los mecanismos de represión y control social, cada dos o tres meses se renovó el estado de sitio, que solo era levantado el día de las elecciones (de Stroessner). Esta práctica perduró hasta 1970 en el interior del país, y hasta 1987 en Asunción. Como las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, la paraguaya se valió también de mecanismos ad hoc. Hubo un cuerpo paramilitar, los pyraguées (pies de plumas, en guaraní), que actuaba como espía del Gobierno, y los mbaretés, que eran los caudillos de aldeas.

El general Stroessner visitó Chile el 13 de mayo de 1974, donde fue condecorado por Pinochet con el título de General Honoris Causa del Ejército (Calloni; 1999: 18). El dictador estuvo implicado en el asesinato de sus opositores políticos (el blanco principal de la dictadura), o en todo caso conocía los pormenores de los crímenes cometidos bajo su Gobierno. El jefe de investigaciones de la policía, Pastor Coronel, fue uno de los más temibles torturadores de Paraguay. Uno de los casos de tortura más difundidos fue el de Martín Almada, un docente cuya historia personal tomó carácter público cuando este inició los trámites para acceder a sus antecedentes policiales después de la caída de Stroessner. Detenido y torturado entre 1974 y 1977, Almada quiso conocer en qué cuartel policial se encontraban sus antecedentes, para lo cual llegó a investigar dentro de los círculos policiales ante las respuestas poco satisfactorias que afirmaban que los antecedentes estaban perdidos o habían sido destruidos. Así fue como se descubrieron los denominados “archivos del terror” de la Operación Cóndor en Asunción. De acuerdo con la interpretación de Cuya (1996), las autoridades “cayeron en un exceso de confianza que los inmovilizó ante cualquier necesidad de destruir documentación que aunque era acusatoria contra ellos, al mismo tiempo les iba a seguir siendo útil en el futuro. Los registros de inteligencia están actualizados con respecto a Paraguay hasta el año 1991, dos años después del golpe que quitó el poder a Stroessner y terminó con su dictadura”.

En septiembre de 2008 fue presentado en Asunción el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, referido a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura del general Stroessner. En la ocasión, el nuevo presidente del país, Fernando Lugo, pidió disculpas “en nombre de la Nación” por los crímenes cometidos por los militares de su país. Según el Informe, durante la larga dictadura se realizaron más de 20.000 arrestos (el 90% de ellos ilegales), con aplicación de torturas, y el número de perseguidos políticos –conforme miles de testimonios– asciende a 128.000, mientras 3.500 personas soportaron el “exilio político forzoso”, 59 fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron en territorio nacional, a los cuales se suman las desapariciones en el exterior, la mayoría en Argentina (por lo menos, 71 casos en 1976-1978 solo en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano).

En cuanto a la duración y a la periodización de la dictadura, hay que decir que la dictadura stronista fue particularmente larga: 35 años de ininterrumpido ejercicio del poder encarnado en la misma persona. En 1958 hubo un plebiscito que confirmó a Stroessner en el poder y, desde entonces, este fue reelegido periódicamente cada cuatro años. No es un dato menor que la dictadura se iniciara bastante antes del giro socialista de la revolución cubana, y del giro antidemocrático en los conceptos prioritarios y estratégicos de la política exterior de Estados Unidos, luego claramente orientados a la lucha contra el enemigo interno. A partir de 1962, la política anticomunista del régimen de Stroessner se basó más primordialmente en la DSN, con el argumento de combatir la columna guerrillera Frente Unido de Liberación Nacional (FULN). Hasta 1977, el Gobierno de Estados Unidos apoyó, con el envío de equipamiento y entrenamiento de oficiales, la política de contrainteligencia y contrainsurgencia de Stroessner.

Es posible afirmar que, como las dictaduras institucionales del Cono Sur, la de Stroessner apeló a un proyecto fundacional de una nueva institucionalidad, que quedó en buena medida plasmado en esta reforma constitucional de 1977, que le otorgaba un poder ilimitado de reelección. En 1977, el PL y el PLR se fusionaron y se retiraron de la escena política, restando con ello el tercio concedido a la oposición que Stroessner tanto explotaba para argumentar acerca de la legitimidad del régimen. Desprovisto de esta herramienta, Stroessner fomentó una organización paralela reconociendo a los sectores disidentes de la maniobra separatista como organizaciones partidarias legales. Estas organizaciones continuaron actuando políticamente bajo las mismas nomenclaturas anteriores (PL y PLR), y así, una vez más, el dictador pudo mantener su dominio.

En 1984, señala Abente (1989), en una convención del Partido se planteó más tempranamente de lo que Stroessner imaginaba el tema de la sucesión ante la supuesta ausencia del jefe. A partir de entonces y hasta 1989, el partido transitó un proceso de faccionalización que culminó en el derrocamiento de Stroessner en febrero de ese año.

A diferencia de sus vecinos, Paraguay no atravesó una fase de acumulación fundada en el modelo de la ISI. De modo singular, en Paraguay, un país “consistentemente agrario” (Delich, 1981), el régimen stronista introdujo un cambio sustantivo en la estructura económica cuando, hacia mediados de 1970, llevó adelante un proceso de “modernización agrícola” y de distribución de tierras que, aunque limitada, permitió la colonización campesina.

En el bienio 1973-1974 se inició un quinquenio de crecimiento económico sin precedentes. Amén de la centralidad del agro, esa expansión alcanzó también a ciertos sectores de la industria –a través, sobre todo, de pequeñas empresas–, dinamizados por la construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú y, con ella, por las industrias de la construcción y metálicas.

La colonización agrícola debe verse en relación con otra medida impulsada, directa y/o indirectamente, por la dictadura: la redistribución espacial de la población, que fue “una respuesta parcial al proceso de diferenciación campesina en la zona central” minifundista y asalariada. No se trató de la clásica migración del campo a la ciudad, sino de un flujo poblacional intrarrural, de los departamentos centrales, de campesinado minifundista a los del Este. Más allá de dos procesos previos de colonización –ambos protagonizados por sujetos portadores de valores autoritarios y no democráticos: el de los mennonitas, iniciada en 1927, y el de los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial–, la colonización de las décadas de 1960 y 1970 se produjo en el llamado eje Este, en la zona oriental del país, combinando una política oficial con una fuerte ocupación de tierras (básicamente fiscales) no ocupadas de antiguos latifundios forestales y ganaderos inicialmente por parte de colonos brasileños más tipo farmer que minifundista, a los cuales se sumaron después productores paraguayos. El cultivo de soja fue decisivo en el proceso colonizador, pues requiere un alto grado de capitalización. En la medida en que no había disponibilidad de capitales propios, el Estado aplicó una política muy flexible y permisiva que permitió “lograr una adecuada atracción de capital, así como una singular distribución de la tierra, tendiente a facilitar la constitución de unidades económicas”. No solo favoreció la inversión de capitales extranjeros, sino también un tipo de ocupación y tenencia de la tierra basado en la formación de unidades económicas empresariales. Tal política perseguía dos grandes objetivos, uno político y otro económico. El objetivo político era la atenuación de las tensiones y las protestas sociales campesinas en los departamentos centrales del país. El objetivo económico buscaba, mediante la expansión de la frontera agrícola, superar la tradicional estructura productiva con bajo nivel tecnológico y, con el incremento de las áreas de cultivo y la producción, una mayor participación de Paraguay en el mercado mundial como productor de materias primas muy demandadas, como soja y algodón (Rivarola, 1982: 14 y 13). La colonización produjo, entonces, profundos y complejos procesos de cambios dentro del campesinado. La década de 1970 fue un período de apogeo de los precios internacionales de la soja y el algodón.

La economía de contrabando y de tráfico ilegal (de narcóticos y armas) fue una base material innegable de Paraguay, en todos los niveles posibles, desde el contrabando hormiga, realizado en las fronteras, hasta las redes internacionales de comercio ilegal. El descubrimiento del affaire Ricord y la Conexión Paraguaya en 1972 puso de relieve hasta qué niveles de la pirámide de poder el tráfico ilegal de estupefacientes tenía sus gestores y cómplices, viéndose involucrado el segundo en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, el general (y yerno de Stroessner), Andrés Rodríguez. Una vez más, la historia de Paraguay debe ser leída a la luz de su contexto regional: la exacerbación del contrabando fue la respuesta más a mano en la década de 1950, cuando los poderosos vecinos Argentina y Brasil implementaron sendas políticas proteccionistas y luego se entroncó con las políticas enmarcadas en la DSN.

La corrupción fue un elemento estructural del orden económico, político y social de Paraguay durante el stronismo, tal como sostiene Nickson (1996). Como ya hemos señalado, Rouquié, un agudo observador de la realidad latinoamericana, define la “perversión” institucional como un elemento distintivo del régimen de Stroessner. Y la corrupción es innegablemente un elemento crucial de perversión. La legitimidad del régimen se consiguió, entre otros aspectos de su institucionalización, gracias a la apropiación privada de los recursos del Estado. Esta dimensión de institucionalización es observable en artilugios legales especialmente diseñados para la práctica de privatización de recursos públicos. Un decreto de Gobierno permitía que los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio asumiesen actividades privadas, utilizando para ello la infraestructura del Estado (aviones, camiones, e insumos varios). Así, prosperó el contrabando de autos robados en Argentina, Brasil y Uruguay; el tráfico de cocaína; los casinos de juego; el lavado de dinero (en buena medida, proveniente del narcotráfico); los negocios vinculados a la prostitución, y otras innumerables actividades ilícitas. En el campo de los ilícitos descolló el proceso de construcción de la represa de Itaipú, para la cual los Gobiernos de Stroessner y Médici celebraron secretísimas reuniones. Su implementación devino algo así como un monumento a la corrupción estructural. Itaipú fue una fuente de enriquecimiento lícito e ilícito de las clases dominantes y de trabajo asegurado y prolongado para los trabajadores.

La modernización conservadora llevada adelante por la dictadura erosionó –si no destruyó– las bases de la sociedad campesina tradicional: uso comunal de los recursos (campos de pastoreo, agua para los arrozales), ayuda mutua semanal o quincenal en la realización de tareas agropecuarias, trabajo comunal (minga). “La lucha por la tierra se convirtió en el aspecto central y específico de la organización campesina, resaltando que ella era la base de las relaciones culturales y reflejando una especie de oposición al proyecto dominante” (Formento, 2003: 115). Según Omar Díaz de Arce, las luchas campesinas encontraron un aliado en la Iglesia Católica cuando, hacia 1968-1969, la jerarquía nacional comenzó a distanciarse (parcialmente) de la dictadura, en consonancia con los puntos aprobados por el CELAM en Medellín. En febrero de 1969, la Conferencia Episcopal paraguaya protestó por las inhumanas condiciones de encarcelamiento de los presos políticos y reclamó en vano su liberación. En junio, la visita de Nixon generó movilizaciones estudiantiles de repudio, fuertemente reprimidas. A la Iglesia le preocupaba también la ausencia de reconocimiento de la libertad de actuación de las organizaciones sindicales y políticas, punto adicionalmente sensible en razón de la influencia de grupos católicos en las Ligas Agrarias, cuyos dirigentes eran secuestrados, asesinados, haciéndose desaparecer luego sus cadáveres (Díaz de Arce, 1977: 372-374). Para Liliana Formento (2003: 113), en cambio, las acciones campesinas influenciadas por el social cristianismo fueron coordinadas por “sacerdotes que operaron al margen de la postura oficial de la jerarquía eclesiástica paraguaya aliada de la dictadura”. Su explicación se filia en la previa de Jorge Lara Castro (1985: 294-295), quien puso de relieve el surgimiento de corrientes renovadoras en el interior de la Iglesia –tanto dentro del clero como de los laicos–, las cuales, tomando como doctrina la encíclica Rerum Novarum y la Biblia como instrumento ideológico y de acción, se orientaron hacia una nueva praxis cristiana de mayor compromiso con los oprimidos.

En efecto, las Ligas Agrarias no fueron ajenas a la acción de sacerdotes jóvenes, en particular jesuitas (pero también franciscanos), si bien ellas no solo fueron un instrumento eclesiástico si no que terminaron siendo autónomas respecto de la Iglesia qua institución, mas no del pensamiento social cristiano, vía la democracia cristiana nacional y las organizaciones que le respondían, como la Confederación Cristiana de Trabajadores y la Juventud Cristiana de Trabajadores –e internacional (sobre todo la alemana)–.

Las primeras Ligas aparecieron en distintos lugares y se nuclearon en dos organizaciones mayores, la Federación Cristiana de Trabajadores, vinculada a la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos, y la Federación Nacional de Ligas Agrarias Cristianas, que a mediados de 1971 se unificaron en la Coordinación Nacional de Bases Campesinas Agrarias (KOGA). Aunque la siempre brutal represión stronista terminó pronto con ellas, las Ligas Agrarias constituyeron un notable caso de contra orden o de orden alternativo. Esta posición devino de la organización que se dieron, en particular a través de distintas comisiones permanentes que actuaban en diferentes campos de la vida social (educación, economía, política y teología), al tiempo que fortalecían y mejoraban la fuerza organizativa del campesinado. Así, cuestionaron algunas prácticas de la dictadura y la reproducción del propio sistema mediante acciones como campañas de alfabetización, creación de escuelas rurales (con enseñanza en lengua guaraní), formación de líderes comunitarios, fomento de antiguas y originarias prácticas comunitarias como la minga y la chacra (trabajo colectivo en cada parcela familiar y en tierras comunitarias, respectivamente), instalación de almacenes comunitarios, etc. (Formento, 2003: 117).

Las comunidades cristianas se organizaron según dos formas, los núcleos y las bases. En los primeros, los medios de producción y el producto pertenecían a la comunidad, la cual realizaba la redistribución que garantizaba el consumo necesario de todos sus miembros. En las segundas, en cambio, la producción comunitaria era parcial y los productos para el consumo eran distribuidos a través de pequeños almacenes de propiedad social. Se comprende que la dictadura evaluase esas dos formas –en particular los núcleos– como atentatorias del orden vigente en tanto que, como señala Formento, rompieron el monopolio educativo, independizaron a los campesinos y les permitieron ser conscientes de sus derechos y de sus capacidades y potencialidad. No sorprende, entonces, que Stroessner recurriese a la persecución, el encarcelamiento, las torturas, las amenazas, la destrucción de las escuelas rurales y la violencia simbólica y física. En esa tarea represiva el Estado contó con la complicidad de la Iglesia, cuya jerarquía dudaba de la sinceridad del cristianismo de los liguistas y coincidía cada vez más con la caracterización estatal de las Ligas como “comunistas”. Las Ligas quedaron entonces en el vértice de dos líneas de tensión, distintas pero convergentes sobre ellas: una con la Iglesia, la otra con el Estado.

Se produjo entonces la paradoja señalada por Lara Castro (1985: 250): el movimiento se desarrolló cualitativamente, al tiempo que se debilitó como fuerza política al perder apoyo de la Iglesia y ser percibido por el Estado como “un movimiento incontrolable dentro de los mecanismos tradicionales de control político”, percepción que llevó a intensificar la represión a partir de 1975, cuando la dictadura recurrió a las fuerzas militares. La campaña culminó en la Pascua de 1976, cuando se apresaron a 4.000 personas y se hizo desaparecer a unos 250 campesinos liguistas. Los núcleos fueron destruidos –no las bases, que subsisten hasta hoy– y las Ligas desaparecieron. Las organizaciones campesinas posteriores –impulsadas desde fuera de la clase– fueron básicamente las cooperativas, aunque no faltó un movimiento milenarista, surgido en Caaguazú y alrededores y fundado en creencias guaraníes, reprimido en 1983.

La señalada etapa de crecimiento económico acelerado también hizo posible el surgimiento de un nuevo sindicalismo, expresado en la Central Única de Trabajadores, cuyo principio rector fue el de la autonomía respecto del Gobierno, la Iglesia Católica y los partidos tradicionales. Durante la dictadura –mientras estuvo organizado como Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT)–, este sector de la clase obrera tuvo una posición de resistencia fundada en la acción simbólico-expresiva más que como grupo de presión.

Otro foco de resistencia fue la Universidad Católica de Asunción, creada en 1960, en la cual confluyeron intelectuales y organizaciones estudiantiles opuestas a la dictadura. En 1979, la Iglesia Católica hizo pública una carta pastoral en la que denunciaba el régimen de corrupción encarnado en Stroessner, en “El saneamiento moral de la Nación”. En 1979, los esfuerzos de las cooperativas campesinas y de las CEB se vieron potenciados por los impulsos provenientes del CELAM celebrada en Puebla, México. Allí, se renovó el compromiso de sectores de la Iglesia Católica con el cambio político y social. La Iglesia Católica paraguaya se alineó en esta tendencia con su “opción por los pobres” y ese mismo año se publicó el mencionado documento pastoral, en el que se denunciaban las crecientes desigualdades económicas y la decadencia moral del Gobierno.

Aunque no prosperó, la apelación a la lucha armada para enfrentar a la dictadura no estuvo ausente en Paraguay. Entre 1958 y 1960 el régimen enfrentó una guerrilla protagonizada por el Movimiento 14 de Mayo y el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), la primera una guerrilla hegemonizada por el Partido Liberal, y la otra más vinculada a la estrategia de guerra popular y prolongada. Ambas fueron totalmente desarticuladas en poco tiempo.

Un buen ejemplo de la manipulación sobre la oposición lo brinda el papel desempeñado por el Partido Liberal (PL). Así, en 1962 la dictadura reconoció a un grupo separatista dentro del PL y en 1967 al Partido Liberal Radical (PLR), otro grupo dentro del PL que no coincidía con los separatistas. Ambos partidos se encontraban en el Parlamento y participaban de las elecciones. Cuando en 1977 el PL y el PLR acordaron no presentarse a elecciones, Stroessner pactó con un grupo opositor dentro del PL, y con esto los abstencionistas pasaron a llamarse Partido Liberal Radical Auténtico, para diferenciarse de los pactistas. El Partido de los “auténticos” fue ilegalizado.

Después de la fase de gran crecimiento interno sobrevino una aguda crisis económica, la cual afectó gravemente la estructura política del régimen, que tenía en el prebendalismo estatal uno de sus pilares. La crisis puso de manifiesto los rasgos de exclusión que fueron la cara oculta del modelo de crecimiento económico implementado por Stroessner.

En un texto escrito y publicado ocho años antes de la caída de la dictadura, Delich (1981: 194-196) señalaba cuatro razones explicativas de la estabilidad del régimen dictatorial: 1) el sólido apoyo de Estados Unidos, apenas menguado, pero sin afectarlo en lo fundamental, durante el Gobierno de Carter y su política de derechos humanos; 2) “una estrategia de estancamiento económico con simultánea capacidad de expulsión de población”, la cual posibilitó un excedente de fuerza de trabajo que simultáneamente eliminaba la presión sobre la demanda laboral y, sobre todo, “un foco potencial de movilización social”; 3) la existencia y la acción de un aparato represivo implacable e ilimitado, “a la escala de una sociedad totalitaria en el sentido más estricto”, y con capacidad de neutralizar, cuando no eliminar, a la oposición y de “crear una conciencia social aterrorizada”, y 4) “la formación de una sociedad agraria a la medida de las necesidades de la república despótica y de la hegemonía social que estas implican”.

En cambio, escrito catorce años después del derrocamiento del dictador, Torcuato Di Tella (2003: 56) caracterizaba al stronismo –cuya capacidad “de movilizar un considerable respaldo popular”, basado en la experticia en el manejo de mecanismos clientelistas, no puede ignorarse– como un caso exitoso de autoritarismo “basado en la creación de condiciones de seguridad para el capital nacional y extranjero, sin que la oposición interna tuviera suficiente fuerza como para desestabilizar el régimen”.

En Guatemala, la dictadura iniciada en 1982 fue, como la de Paraguay, un tipo híbrido. Desde 1954, y en particular desde 1963, el país vivió procesos de aceleración política que desembocaron en la instauración de la primera dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, la del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), y luego la del general Oscar Mejía Víctores (1983-1985) –según la hipótesis de Julieta Rostica (2009 y 2011), quien propone una perspectiva de análisis que desafía el relato historiográfico hegemónico, el cual interpreta el caso de Guatemala en términos de conflicto armado interno, supeditado a la lógica dual de una guerra civil–. La hibridación en este caso no es con un régimen de legitimación por la tradición, como en Paraguay, sino en todo caso con ese otro tipo ya mencionado para los casos de El Salvador y Nicaragua: situaciones revolucionarias sin resultado revolucionario.

Así, siguiendo a Rostica, la dictadura de Guatemala comparte con las del Cono Sur la condición de dictadura iniciada por un golpe de Estado, que, como las otras, tenía como fin la construcción de un orden democrático tutelado –una y otras conformes las pautas propias del plan contrainsurgente de su tiempo–. Un comunicado dado a conocer el día del golpe, el 23 de marzo de 1982, afirmaba que era decisión del Ejército “reencauzar el camino de Guatemala por la ruta de la verdadera democracia”. Pero en este caso, y por las características históricas del país, más que reencauzar (restaurar o refundar) una democracia corrupta y/o amenazada, el régimen de facto tenía que construir un orden democrático y nacional en un país donde históricamente se habían sucedido intentos frustrados de democratización e integración nacional. De modo singular, el Estatuto que estructuró el régimen inaugurado con el golpe de 1982 tuvo entre sus objetivos alcanzar “la reconciliación de la familia”; “el establecimiento de un espíritu nacionalista”; “la participación e integración de los diferentes grupos étnicos”, y estimular “un nuevo pensamiento desarrollista, reformista y nacionalista”.

El proyecto más radical de transformación democrática y nacional de la historia de Guatemala fue la Revolución de 1944. Como se ha visto, ella estuvo frenada por un movimiento contrarrevolucionario, conducido por el coronel Carlos Castillo Armas, con asistencia directa de Estados Unidos. Tras su muerte en 1957, hubo un intento de apertura política, por el cual se crearon algunos partidos políticos de relevancia, como la Democracia Cristiana y el Partido Revolucionario. Más significativamente, en el polo derecho, surgieron el Partido Reconciliación Democrática Nacional (PRDN) y el Movimiento Democrático Nacionalista (MDN). Asimismo, surgieron algunas organizaciones a la izquierda del espectro político, como el Partido Unidad Revolucionaria (PUR) y la Unión Revolucionaria Democrática (URD).

En 1957, en las elecciones, salió favorecido el PRDN (conocido como “Redención Nacional”), con la candidatura del general Miguel Ydígoras Fuentes. En esta coyuntura electoral, y bajo el “liberacionismo” encabezado por Castillo, se había creado el MDN. Este movimiento surgió de la fusión de dos organizaciones anticomunistas: el Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas (CEUA) y el Movimiento Femenino Anticomunista, pero enseguida se fracturó en dos facciones. Una estuvo liderada por el coronel José Luis Cruz Salazar, que apoyó al general Ydígoras Fuentes, creando así una situación de cogobierno Redención Nacional-MDN. La otra se mantuvo leal a la línea “liberacionista” y pronto tomó el nombre de Movimiento de Liberación Nacional (MLN), con una prédica fuertemente anticomunista.

En 1957, también, se creó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), una organización que reunía a los sectores prominentes de la burguesía comercial e industrial y de las elites agrarias –surgidas del modelo económico de diversificación y expansión de exportaciones agrícolas que se estaba implementando–. El CACIF se enfrentó al Gobierno en sucesivas oportunidades.

Este ciclo de modernización económica y relativa apertura política se cerró con el golpe de estado de marzo de 1963, encabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdia. En las elecciones de este año se había perfilado Juan José Arévalo como candidato, percibido por las clases dominantes como una amenaza comunista. Inmediatamente, el sistema de partidos volvió a cerrarse, y solo unas pocas fuerzas quedaron habilitadas para actuar: el Partido Revolucionario (PR, de Arévalo), la Democracia Cristiana, el MLN y el Partido Institucional Democrático (PID, un partido militar). Como es evidente, quedaron excluidos los dos partidos del período anterior: el PRDN y el MDN. A partir de entonces se instauró un régimen político de violencia estatal creciente, que alcanzó su máxima crueldad con el genocidio perpetrado por las últimas dictaduras.

Hubo más de 200.000 civiles muertos (solo entre 1978 y 1983), en su mayoría asesinados, 70.000 desaparecidos, 1.000.000 de desplazados, más de 600 masacres realizadas por el ejército en aldeas indígenas y campesinas –en un país de 108.889 km2 que en 1994 tenía 10.322.000 habitantes–. La represión fue muy fuerte cuando el general Efraín Ríos Montt era comandante general del Ejército y ministro de Defensa. Ejemplo de su modus operandi fue la denominada “Operación Sofía”, ejecutada entre el 15 de julio y el 19 de agosto de 1982, en el departamento de Quiché, a cargo de patrullas del cuerpo de paracaidistas.

Guatemala se distingue de El Salvador y Nicaragua por la larga experiencia guerrillera en sentido clásico, en la que la clave fue la reivindicación de la tierra. Pero, como se ha dicho, allí la guerrilla fue derrotada hacia 1982, con el inconmensurable saldo genocida (el conflicto terminó formalmente en 1996, con la transición autoritaria, a la cual nos referiremos en el próximo capítulo).

Las primeras organizaciones armadas surgieron poco antes de que el golpe de 1963 inaugurara un nuevo ciclo político de violencia y exclusión en un país que había acumulado una larga experiencia en ese sentido. En diciembre de 1962, se formaron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), por la confluencia de movimientos guerrilleros más pequeños formados por fuerzas del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), militares rebeldes y estudiantes. De hecho, la primera incursión guerrillera correspondió a un grupo de militares, organizados en el Movimiento 13 de Noviembre, dirigido por el Mayor Yon Sosa y un grupo de oficiales ex rangers. En la década de 1970, se sumaron algunas organizaciones nuevas: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). A diferencia de las de los años 1960, inspiradas en el foquismo, las guerrillas de la década siguiente adoptaron la estrategia de la guerra popular prolongada, y como dato singular, incorporaron en sus filas a las masas indígenas del altiplano y de la frontera con México. Sobre todo después de los destrozos del terremoto de febrero de 1976, la efervescencia social aumentó significativamente. Hubo huelgas urbanas y rurales, y se creó la Central Nacional de Unidad Sindical. La movilización en el campo aumentó también con la creación del Comité de Unidad Campesina (CUC), de alcance nacional y de base étnica.

En 1983, las principales organizaciones guerrilleras se unificaron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y levantaron las consignas antioligárquicas de la Revolución de Octubre. El conflicto social armado se prolongó durante casi tres lustros. Tal como el mismo Torres Rivas (2004: 290) se ha encargado de señalar, en Guatemala “no hubo guerra civil (salvo en un sentido limitado) sino un conflicto social armado, un estado de beligerancia del ejército contra toda expresión democrática, aun la que fue pacífica y no vinculada a la guerrilla”.

Por su parte, las Fuerzas Armadas asumieron una nueva forma de intervención política y lucha contra el comunismo con la creación del antes mencionado PID en 1966 –encabezado por Peralta Azurdía, y enfrentado a los sectores más conservadores del MLN por su carácter más “reformista”, aunque esto no fue óbice para la realización de pactos secretos entre las dos fuerzas–. En las elecciones de 1966 triunfó el candidato del Partido Revolucionario, Julio César Méndez Montenegro. Pero siendo este muy débil, tuvo que pactar con los otros dos sectores fuertes: el PID y el MLN. Los militares asumieron la conducción de la lucha anticomunista y todos los cargos de gobernadores de Departamentos. En la lucha contra el comunismo, el Gobierno recibió además ayuda especializada de Estados Unidos. La hegemonía política de los militares continuó durante la década siguiente, afirmándose una alianza política entre el Ejército, las cúpulas empresariales y los dos partidos políticos derechistas, el PID y el MLN.

En 1978, estalló la crisis económica, resultado de una modernización que había hecho uso abusivo de los dos factores principales de la estructura agraria preexistente (tierra y trabajo), y que ahora se veía acentuada por los efectos de la crisis del petróleo de 1973 y los destrozos del terremoto de 1976. La crisis económica se combinó con una crisis política derivada de las profundas diferencias dentro de la alianza de poder. Entre los dos partidos, las diferencias fueron evidentes cuando el MNL apoyó al coronel Peralta Azurdía, que había sido el fundador del PID, mientras que por su parte el PID levantaba la candidatura del general Romeo Lucas García, finalmente electo presidente, con el apoyo del PR –ahora abiertamente plegado al militarismo. Entre los militares y las elites empresariales, también surgieron diferencias. En materia económica, el CACIF competía con aquel sector en rubros claves de la producción. Y en materia de política interna, las elites empresariales culpaban a los militares por el avance incontrolado de la guerrilla y la protesta social.

El Gobierno del general Lucas García (1978-1982) sistematizó y masificó la práctica de la represión. Con ello aumentó la corrupción y el gasto público, lo cual vino a exasperar las tensiones ya existentes. En 1982 la crisis era evidente: en la cúpula, la alianza de poder se había quebrado; en la base, la insurrección campesina y la ofensiva guerrillera se mostraban cada vez más intensa. Ese año, el general José Efraín Ríos Montt encabezó el golpe de Estado que puso fin al régimen de democracia restringida de partidos militares que se había inaugurado dos décadas atrás. En efecto, en Guatemala no fueron tanto el populismo o la izquierda revolucionaria –típicas de las intervenciones militares en el Cono Sur–, sino el propio militarismo, el factor que estuvo en la base de la instauración de una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas con pretensiones fundacionales –hipótesis que Rostica (2011) sostiene y documenta–.

Ya se ha dicho que es una característica de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas dotarse de un principio de sucesión que les permita legitimar un régimen para sostenerse en el tiempo. En el caso de Guatemala, hubo dos documentos que normaron la organización del poder político en manos de la Institución Militar. La Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo, dado a conocer al día siguiente del golpe, que disolvió el Congreso, prohibió los partidos políticos, suspendió la Constitución y otorgó a la Junta Militar facultades ejecutivas y legislativas. Y el Estatuto Fundamental de Gobierno, sancionado con carácter de ley un mes después de efectuado el golpe, que ratificaba a la Junta Militar como órgano de Gobierno, formada por el presidente, dos vocales y un grupo de siete asesores militares. Además, se creó un Consejo de Estado, formado por 34 miembros que representaban los diferentes intereses corporativos: élites económicas; funcionarios públicos y profesionales (Universidad, Colegio de Abogados, Prensa, municipalidades); partidos políticos e indígenas.

El 9 de junio de 1982, una nueva ley modificó la estructura de poder. Con la supuesta renuncia de los vocales de la Junta Militar, de línea dura y vinculados al Gobierno anterior, se unificó el mando del Ejército y del Gobierno en la persona de Ríos Montt. Como señala Rostica (2011), este golpe “conocido como ‘el golpe de palacio’, no fue realizado por un tirano con características autocráticas, sino que fue llevado a cabo por el Estado Mayor del Ejército”. A partir de entonces, Ríos Montt estuvo secundado por una Junta de diez miembros que representaba todos los rangos de las Fuerzas. Con esto el nuevo Gobierno se garantizaba dos cosas: el desplazamiento de las fuerzas leales a Lucas García que hasta entonces integraban la Junta, y el disciplinamiento de un Ejército que en sucesivas oportunidades había dado señas de audacia. Es decir que, siguiendo la línea argumentativa de Rostica, incluso después de junio de 1982, siguieron siendo las Fuerzas Armadas, qua institución, las que ocuparon el Gobierno y conservaron para sí la atribución de designar a las autoridades ejecutivas.

Para evitar el personalismo y la centralización del poder en el Ejército, el 8 de agosto de 1983 el Consejo de Comandantes, que reemplazó a la Junta, decidió el relevo de Ríos Montt, colocando en su lugar al general Humberto Mejía Víctores –ministro de Defensa del dictador saliente–. Con esto se comenzó a transitar el camino hacia la democratización, sin que se resignasen los objetivos de la guerra de contrainsurgencia. A diferencia de las dictaduras del Cono Sur, cuya salida estuvo marcada por transiciones pactadas, en Guatemala –y en Centroamérica– la transición fue autoritaria (sobre esto volveremos en el capítulo 7).

Ya se ha dicho que las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas son dictaduras cuasi totalitarias –en términos de Neumann–. Ellas apelaron tanto a la intensificación de los instrumentos clásicos de coerción (ejército, policía, burocracia y magistratura), como al control de la educación y de los medios de comunicación y al empleo de técnicas coercitivas ad hoc. Pero ya se ha dicho también que las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas solo circunstancialmente recurrieron al apoyo de las masas, y que el control que ejercieron no fue “total” sino que hubo espacio para la expresión de cierta oposición, aunque más no fuera consentida y marginal. La utilización de mecanismos propios de la democracia política. La presencia y diálogos con ciertos partidos políticos es evidencia de esto.

En cuanto a la intensificación de los instrumentos clásicos de coerción, como en los casos del Cono Sur, el ejército y la policía actuaron bajo los postulados de la DSN, solo que en Guatemala esta tuvo el carácter de “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” (PNSD), más cerca en todo caso de la dictadura de Brasil, la cual también incorporó el componente de “desarrollo”. Pero si en Brasil, el golpe ocurrió en pleno auge del modelo desarrollista, en Guatemala la consigna de desarrollo tenía que ver con la necesidad de una modernización muchas veces postergada. Es evidente que en el nivel internacional la década de 1980 no era escenario propicio para la aplicación de recetas desarrollistas, pero en Guatemala la modernización se había visto truncada en sucesivas oportunidades y la aplicación de un modelo de desarrollo era de vital importancia para superar la crisis del modelo asistencialista y paternalista implementado durante el período anterior. El PNSD sostenía que la pobreza y el subdesarrollo eran las causas de la subversión y que los Gobiernos anteriores habían asumido acríticamente la DSN, cuya aplicación ejemplar provenía precisamente de países con una historia política y económica de modernización muy diferente de la de Guatemala.

El coronel Héctor Alejandro Gramajo Morales fue el mentor de la reformulación de la DSN, por entonces ya conocida y practicada en Guatemala, que plasmó en el mencionado Plan, dado a conocer en abril de 1982. Este pautaba una serie de etapas, aplicadas en sucesivos Planes de Campaña. Así, el PNSD delineó el curso de la política contrainsurgente de la dictadura –la denominada política de “pacificación y reconciliación”, tan necesaria para resguardar el “interés nacional”. Establecía una estrategia de “frijoles y fusiles”, esto es, un 70% de la población se vería beneficiada con proyectos de desarrollo (frijoles) y sobre el otro 30% se aplicaría directamente la impiadosa represión (fusiles). Aun con sus diferencias, el PNSD se basaba en los principios más elementales de la DSN, planteando la guerra contrainsurgente como una guerra en todos los frentes: militar, político, económico y cultural.

Pero no solo el ejército y la policía son instrumentos de coerción, también la burocracia y la magistratura. En efecto, otra característica de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas es que la institución militar diversificó el control, creando instituciones capaces de gobernar los conflictos siempre emergentes. Como ya se ha dicho, es claro que la institucionalización es burocrático-autoritaria, y nunca democrática. Así, fue atribución de la Junta Militar el nombramiento y revocación de funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y de los funcionarios y empleados de casi todas las dependencias del Estado. Asimismo, fue atribución de la Junta tanto la división administrativa del país como la elección de los gobernadores y alcaldes.

En cuanto al control de la educación y de los medios de comunicación, el caso de Guatemala presenta una particularidad. Ante el avance de la Iglesia Católica y la Teología de Liberación, la dictadura auspició una fuerte penetración del protestantismo. El dato singular es que el mismo Ríos Montt se convirtió en pastor, no solo de su Iglesia sino del país entero. Sus discursos fueron televisados todos los domingos, y en ellos enviaba mensajes religiosos de fuerte contenido moralizante. Con ellos, hacía propaganda de su Iglesia del Verbo, pero también, y más importante aún, disciplinaba a una sociedad sumamente fragmentada.

La dictadura, a través de los objetivos que el PNSD planteaba en la sección “campo psicosocial”, asumió una tarea edificante: formar y educar a la población en los valores del “nacionalismo”, “como doctrina opuesta al Comunismo Internacional” (Rostica, 2011). Más concretamente, esto se tradujo en una campaña mediática que tenía como tema principal la integración del indígena, con una prédica contra el racismo que no hacía más que fomentarlo. Dirigidos a integrar las 23 etnias de Guatemala en una nueva nación, se sabe que estos mensajes convivieron con el exterminio de aldeas enteras. En efecto, los mensajes estaban dirigidos primordialmente a la población ladina que, temerosa de los alzamientos indígenas, debía comprender y consensuar que la política tenía que ser de asimilación y represión al mismo tiempo. El genocidio guatemalteco evidentemente necesitó de la utilización de técnicas coercitivas creadas ad hoc. La represión se ejerció a través de la aplicación de sucesivos Planes de Campaña, orientados a la “limpieza” de los elementos subversivos primero, y a la reconstrucción del nuevo orden después. Con este fin, se establecieron las Patrullas de Autodefensa Civil, encargadas de combatir la guerrilla. Estas Patrullas eran fuerzas paramilitares que debían desestructurar el sistema de autoridad de las aldeas, reemplazando a los jefes indígenas por los jefes de las patrullas. Las PAC llegaron a reunir miles y miles de personas, básicamente a través del intercambio de alimentos por reclutamiento y la práctica extendida de la delación, lo cual terminó generando un brutal enfrentamiento entre indígenas. El Plan de Campaña de 1984, denominado “Reencuentro Institucional 84”, es tal vez la expresión más acabada del intento fundacional de la dictadura. Este Plan pautaba la creación de Polos de Desarrollo y Aldeas Modelo –centros poblacionales organizados cuidadosamente por el Ejército para la lucha contrainsurgente–.

Se piensa que Guatemala incluso llegó a participar de la coordinación supraestatal que fue la Operación Cóndor en el Cono Sur. Se sabe que militares argentinos brindaron apoyo logístico y material a sus pares centroamericanos.

En cuanto a los mecanismos de la democracia y los partidos políticos, durante el Gobierno de Ríos Montt se sancionaron las leyes electorales y de partidos políticos que dieron lugar a la construcción democrática (autoritaria) posterior. El 23 de marzo de 1983 se promulgó la Ley del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Complementaria del Registro General de Población. De hecho, conforme estas leyes, el sucesor de Ríos Montt, el general Mejía, convocó casi de inmediato a elecciones, y en 1985 entregó el Gobierno al líder de la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo.

Cuando se presta atención a la duración y periodización del proceso, es evidente que los Planes de Campaña de 1982 y 1983 correspondieron a la fase “comisarial”, mientras que más claramente el del año 1984 correspondió a la fase “fundacional” de un nuevo orden. Pero la atención a la historicidad de la dictadura es quizá más relevante cuando se analiza el modelo económico. El año 1982 estuvo signado por una crisis internacional. El modelo económico tenía que paliar los daños de esa crisis.

Durante la década del sesenta se aplicó un modelo económico de modernización que estuvo avalado por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, firmado en 1960, que auspiciaba el crecimiento industrial, dirigido desde el Estado, y con fuertes inversiones extranjeras. El modelo fue implementado a través de los denominados Planes de Desarrollo. Asimismo, se aplicó una política de modernización agrícola, que trajo consigo dos décadas de inusitado crecimiento y diversificación. La contracara de todo esto fue el aumento de la pobreza, sobre todo entre aquellos campesinos que vieron expropiadas sus tierras. Hacia fines de la década de 1970 la crisis estalló, y luego se entretejió con la crisis de la deuda. Este es el telón de fondo sobre el cual se proyectó el modelo de “seguridad y desarrollo” que se implementó durante la dictadura iniciada en 1982.

A diferencia de las dictaduras del Cono Sur, donde la fase transicional del régimen estuvo definida por el avance de una oposición cada vez menos consentida y controlada, en Guatemala, la fase transicional estuvo definida por la presión de la coyuntura internacional bajo la hegemonía de Estados Unidos. La ayuda que Carter suspendió hacia 1977 fue recuperada bajo el Gobierno de Reagan en 1982. Hacia mediados de la década, tuvo que acatar las presiones para la democratización. En efecto, según la expresión de Torres-Rivas (2004), se apeló a “la democracia como estrategia contrainsurgente”. El mismo autor afirma que “las elecciones por eso no fueron sino la continuación de la guerra por otros medios. Pero el objetivo fue legalizar los regímenes frente a los cuales se alzaba la insurgencia armada. Era preferible que la contrainsurgencia en Guatemala y El Salvador la hicieran ejércitos de Gobierno civiles electos democráticamente. Se quitó así un pretexto de la insurrección: el combate a la dictadura militar”.

Haití, el dominio del Barón Samedí (99)

En 1934, los marines se retiraron de Haití. Se inició entonces un período (1934-1946) de hegemonía del sector mulato de la clase dominante caracterizado por el despliegue del sistema instaurado por la ocupación norteamericana, legitimado formalmente por una ficta democracia representativa.

Tras el fin de la guerra mundial, la situación económica era muy dura, multiplicándose las movilizaciones populares de descontento (las primeras desde los años treinta). Había en ese movimiento un importante componente ideológico: el de la negritud, ya anunciada en 1928 durante la ocupación norteamericana (Pierre-Charles, 1981: 185-186).

Tras la caída, en 1946, del poco conocido (políticamente) presidente Élie Lescot se abrió otro período, prolongado hasta la crisis de 1956-1957, en el cual la burguesía negra volvió al poder. En este lapso, hubo medidas populares, como la legalización de los sindicatos y de los Partidos Socialista y Comunista, incremento del salario mínimo, creación del Ministerio del Trabajo, promoción de obras públicas, entre otras. Pero enseguida, por presiones del Gobierno norteamericano, la violencia resurgió. En este período Haití más que duplicó sus ingresos, beneficiando a la burguesía negra. En contrapartida, las clases populares vivían en las condiciones más terribles.

En el ínterin, la vieja elite mulata no solo incrementó la acumulación de capital sino que intensificó su oposición solapada al Gobierno, en particular dentro del Ejército, donde encontró un jefe receptivo: Paul Magliore. En mayo de 1956, un golpe de Estado reinstaló en el Gobierno a la Junta Militar de 1946 que había tomado el poder en lugar de Lescot, dentro de la cual el coronel Paul Magliore era la figura clave.

El rumbo cambió en 1956: a la caída de las exportaciones tras el fin de la guerra de Corea y el inicio de un ciclo recesivo en Estados Unidos se sumó el efecto devastador de un ciclón que arrasó con buena parte de los principales cultivos (café y caña de azúcar). Al agravarse la situación económica, aparecieron signos de descontento entre la población y de oposición política. Dentro de esta se destacó la ofensiva de la burguesía mulata que –con su poderío económico reforzado– se planteó tomar todo el control del poder político. En ese contexto, debían realizarse las elecciones presidenciales. En diciembre, una huelga general hizo que una fracción del Ejército rompiera con Magliore y lo destituyera. Su caída fue, señala Gérard Pierre-Charles (1981: 192-193), “la crisis del modelo económico, social y político instalado por la ocupación norteamericana […], el fin de la época de la democracia renovada y precaria heredada de la ocupación. […] De esta crisis de la hegemonía de los tradicionales grupos de poder, aunada a los conflictos socioeconómicos y políticos que venían madurando desde [los] años de la ocupación norteamericana, arrancó el fenómeno duvalierista”.

El derrocamiento de Magliore generó un vacío de poder en el que descolló una enconada lucha por la presidencia entre el agrónomo Louis Déjoule (hombre de la alta burguesía mulata comercial e industrial), el economista Clément Jumelle (ex ministro de Magliore, tecnócrata con apoyos regionales), el médico François Duvalier (ex ministro de Dumersais Estimé [1946-1950], apoyado por la burocracia y los partidarios de este, y de lo más destacado de la burguesía negra y de un reducido grupo de comerciantes extranjeros radicados en el país) y el profesor Daniel Fignolé. Fuera de estos sectores políticos, la izquierda –perseguida hasta entonces– se encontraba fragmentada y dispersa. Un pequeño grupo encabezado por Georges Rigaud pretendió, sin éxito, constituir una alliance démocratique independiente de los partidos políticos, pero la mayoría se inclinó por el apoyo a Fignolé como un modo de conexión con las masas populares. El movimiento sindical, débil, también estaba dividido en dos facciones, una encolumnada tras el fignolismo y otra, menos relevante, defensora de una posición independiente. La jerarquía de la Iglesia Católica –siempre muy vinculada al sector mulato de la burguesía– se inclinó mayoritariamente por Déjone, aunque una parte de ella, minoritaria, lo hizo por Duvalier. El bajo clero, en cambio, se mostró indiferente a la política y a la participación en ella. El Ejército se dividió en dos facciones: una apoyaba a Duvalier-Jumelle, la otra a Déjoule. La Guardia, a su vez, se inclinó por Fignolé.

La noche del 13 al 14 de junio de 1956, un golpe de Estado apoyado por la burguesía (sin distinción étnica), la clase media y la embajada norteamericana, instaló un Comité Ejecutivo de Gobierno que dispuso nuevas normas electorales, las cuales permitieron la fraudulenta elección de Duvalier en septiembre de 1957.

El nuevo mandatario –conocido como “Papa Doc”– aplicó una política represiva sobre sus adversarios, comenzando por Déjoule y sus principales colaboradores y tras ellos Jumelle, todos obligados al exilio. Dos hermanos de este último fueron asesinados. Los arrestos arbitrarios, las torturas, el asesinato, el éxodo de miles de haitianos fueron distintivos del nuevo régimen. El Ejército fue purgado y debilitado, dejando lugar, en materia represiva, a la organización paramilitar creada por Duvalier, los Tontons Macoutes. Curas y algunos jerarcas de la Iglesia Católica que protestaron –entre ellos el arzobispo de la capital– fueron también reprimidos y enviados al exilio. A diferencia de Élie Lescot (1941-1946), Duvalier no solo fomentó la práctica del vudú (presentándose incluso como un hougan –sacerdote– del culto y haciéndose pasar por el Barón Samedí –loa de la muerte en el vudú, espíritu que mediaba entre los hombres y Bondye, el regente del mundo sobrenatural, cuya forma de vestir y actuar imitaba, haciendo creer que era una especie de deidad mágica) sino que lo utilizó políticamente. La prensa no adicta fue arrasada. Todo disenso, acallado. En menos de un año, Haití perdió las pocas libertades democráticas que tenía. El Gobierno norteamericano (el de Eisenhower) brindó a la dictadura de “Papa Doc” apoyo económico, político y militar, como parte de su política contra Cuba. El conjunto de la burguesía se alineó con ella, mientras la clase media, tras un apoyo inicial, comenzó a distanciarse. Pese a la represión, surgieron algunas protestas obreras, estudiantiles y docentes. La huelga de los estudiantes, en 1960, duró tres meses y solo cesó tras una violentísima represión que militarizó la universidad, expulsó a los huelguistas y además la llenó de agentes infiltrados. En diciembre de 1963, los trabajadores realizaron una huelga general en solidaridad con los de una tabacalera: también ella fue reprimida con violencia. El Gobierno disolvió la central obrera y encarceló a sus principales dirigentes.

La llegada de John Kennedy al Gobierno de Estados Unidos significó un cambio en la política hacia la dictadura. Se procuró alentar una oposición no hostil a la gran potencia buscando un sustituto de “Papa Doc” sin alterar el sistema. La presión norteamericana sobre el dictador fue acompañada por acciones de apoyo a opositores exiliados y a conspiradores internos, lo cual llevó a Duvalier a expulsar a la misión militar estadounidense y a la suspensión de relaciones diplomáticas en mayo de 1963. El asesinato de Kennedy significó un nuevo viraje: Lyndon Johnson, su sucesor, retomó la política de apoyo a la dictadura, incluso delatando la invasión organizada por la Jeune Haití y apoyada por la propia CIA.

La dictadura se ejerció en un contexto de doble crisis económica –estructural y coyuntural–, acentuada por la corrupción, el latrocinio y el desmesurado gasto estatal en los aparatos represivos (llegó al 40% del presupuesto). La concentración de la propiedad latifundista de la tierra no fue ajena al agravamiento de la situación al caer la producción de los principales cultivos de exportación (café, azúcar, sisal) y de alimentos. La miseria se extendió aún más. A fines de la década de 1960, Haití seguía siendo el país más pobre y el más analfabeto de América Latina, y uno de los 25 menos desarrollados de todo el mundo. Su situación era tal vez peor que en la década de 1930.

La oposición se expresó de diferentes maneras, básicamente tres, según Pierre-Charles (1981: 205-209): conspiraciones surgidas desde el interior del propio régimen, a cargo de desafectos; operaciones armadas organizadas en el exterior por exiliados: lucha clandestina de grupos de izquierda, cuyas dos organizaciones, el Partie d’Entente Populaire y el Partie Populaire de Libération National, dieron origen al Partie Unifié des Communistes Haitiens en 1968, y que, según Pierre-Charles, alcanzó una notable influencia entre las masas, con una línea política de apelación a la lucha armada. Llegó a convertirse en “una verdadera amenaza para el régimen”, que reaccionó con la aprobación, en abril de 1969, de una ley muy represiva anticomunista que estableció la pena de muerte para toda persona acusada o sospechosa de ser comunista o de prestar asistencia y/o mantener contacto con los sindicados como tales. Una nueva secuencia de asesinados y torturados fue la obvia secuela de esa ley.

En 1964, “Papa Doc” se autoproclamó presidente vitalicio. En 1970 aplastó brutalmente una sublevación de parte de la Marina. En abril de 1971, lo que no pudieron hacer los hombres lo hizo la naturaleza: Duvalier murió repentinamente. Fue uno de los dictadores más terribles de América Latina. Fue responsable del asesinato de no menos de 30.000 haitianos y de más de medio millón de compatriotas obligados al exilio económico y/o político. Su sorpresiva muerte permitió otra innovación: la institución de una presidencia y una república hereditarias, que algunos han caracterizado como sultanística. En efecto, su hijo Jean-Claude Duvalier, “Bébé (o ‘Baby’) Doc”, con solo 19 años, lo sucedió en el ejercicio de la presidencia y como continuador de la dictadura, una operación que contó con la activa y decisiva participación del embajador norteamericano, Clinton Knox, quien aseguró el tránsito previsto por el fallecido dictador mediante el conocido expediente de enviar barcos de guerra, en este caso para evitar eventuales desembarcos de opositores dispuestos a luchar.

Su juventud no le impidió a “Bébé Doc” ser tan cruel como su padre. Una de las primeras medidas de Gobierno fue la recepción de un cuerpo de asesores militares norteamericanos, encargado de adiestrar al Ejército y a un nuevo grupo represor, el de Les Léopards, un cuerpo de elite especializado en represión y contrainsurgencia constituido al estilo de los Rangers estadounidenses con los cuadros más fieles de los terribles Tontons Macoutes, a los cuales reemplazaron siguiendo instrucciones de los asesores norteamericanos.

La primera mitad de la década de 1970 fue de prosperidad para los grupos propietarios y de un mayor deterioro en su calidad de vida para los pobres, con una estabilidad política conseguida a fuerza de un terror no solo institucionalizado –es decir, terrorismo de Estado– sino internalizado en cada ciudadano e impuesto “en forma absoluta” hacia 1976-1977. El apoyo de Francia, Alemania Federal, Israel y, sobre todo, Estados Unidos, en particular durante el Gobierno de Nixon y su terrible secretario de Estado, Henry Kissinger, fue un elemento decisivo en el sostén de la dictadura familiar, situación que tuvo alguna variación con la llegada a la presidencia de Carter y su política de defensa de los derechos humanos. En efecto, Jean-Claude Duvalier adecuó su accionar represivo a ese cambio y atenuó la represión, liberó a presos políticos (algunos de ellos, expulsados del país, denunciaron públicamente las atrocidades del régimen) y hasta toleró el triunfo de un candidato opositor: Alexandre Lerouge, en la ciudad de Cap Haitiene, en el norte del país.

La cleptocracia, la corrupción, el tráfico de drogas y hasta las intrigas palaciegas –que involucraron a su hermana y a su madre– no fueron prácticas ajenas al Gobierno del nuevo presidente vitalicio. En febrero de 1986, ya sin el apoyo de Estados Unidos, una insurrección popular y un golpe de Estado liderado por el jefe del Ejército, Henri Namphy, terminaron con la larga dictadura (29 años) de los Duvalier.

“Bébé Doc” abandonó Haití en un avión de la Fuerza Aérea norteamericana. Se exilió en Francia (en la Costa Azul), donde vivió una vida caracterizada como de derroche, hasta agotar sus recursos, en particular cuando el Gobierno de Suiza congeló los fondos depositados en este país (unos 7.500.000 de dólares).

Las democracias fictas con seguridad y desarrollo: México, Colombia y Venezuela

México, Colombia y Venezuela construyeron democracias celebradas por “estables y duraderas”. En México, la legitimidad revolucionaria fue suficiente para instituir un régimen democrático, siempre priista. En Colombia, en 1958 se fijó un pacto con rango constitucional fue la solución de compromiso para poner fin a la guerra civil que libraban liberales y conservadores desde hacía una década. En Venezuela, ese mismo año, se instituyó una democracia que permitió la sucesión pacífica y prolija de socialdemócratas y democristianos en elecciones libres –seguramente, más libres que las de la vecina Colombia que había apelado a la legalidad de la Constitución para asegurar los términos de la alternancia–.

Proponemos estudiar las democracias, y más precisamente las de Colombia, Venezuela y México, en relación con dos cuestiones: “1) el consenso solo importa cuando se acuerda acerca de qué (lo cual ya había señalado Barrington Moore), y 2) para llegar al consenso hay que partir del disenso y preservar la existencia del disenso después de llegar a algún consenso sobre algo” (Ansaldi: 2007a: 37). Así, recuperamos una condición clave de la política, la de ser un espacio de conflictividad. Desde luego, en los regímenes democráticos, la política, y con ella el conflicto, no están exentas de resolverse con la apelación a la coerción y a la violencia física. Pero en las experiencias de democracias, que hemos calificado “con seguridad y desarrollo”, la violencia fue un recurso político vertebral y, como veremos, limitó gravemente la existencia del disenso más allá del consenso mínimo articulado por los pactos democráticos explícitos o implícitos.

En México, en 1946 se inauguró una nueva etapa de la Revolución, la de su institucionalización –para algunos, en rigor, el fin del proceso revolucionario social–. Ese año resultó electo Miguel Alemán Valdés, un personaje que señalaba el recambio dentro de la clase política, pues Alemán no había tomado parte directa durante el proceso revolucionario, no provenía de los sectores militares –aunque era hijo de un general revolucionario– y, sintomáticamente, bajo su Gobierno el Partido de la Revolución tomó el nombre de Revolucionario Institucional (PRI). La democracia de México fue una democracia fuertemente presidencialista, fundada en un sistema de partidos unipartidista –en rigor el PRI no era el único partido pero sí el dominante– en el que el Partido y el Estado se confundían. En efecto, el PRI era el partido de la revolución institucionalizada, y por ende del Estado emergente del mismo proceso.

En México, el pacto de estabilización de la democracia fue implícito –a diferencia, como veremos, de los otros dos países, donde este fue formalizado– estableciendo una fórmula fuertemente presidencialista asentada en la coalición PRI, Fuerzas Armadas y sindicatos obreros. Adolfo Ruiz Cortines sucedió a Alemán en el período 1952-1958. El país atravesó una fase de gran crecimiento económico, bienestar y modernización en todos los planos. Entre las medidas de Gobierno más destacables, interesa señalar la efectiva universalización del voto, en 1953, cuando las mujeres accedieron a ese derecho. Ruiz Cortines fue sucedido pacíficamente por Adolfo López Mateos (1958-1964), pero durante esta fase el país comenzó a mostrar claros signos de desestabilización. En 1958 se produjeron manifestaciones populares de cierta intensidad, sobre todo por parte de obreros ferroviarios, estudiantes y campesinos, frente a las cuales la respuesta del gobierno fue la represión, incluyendo el crimen. Las protestas eran una consecuencia de la crisis económica.

Los Gobiernos siguientes –Gustavo Díaz Ordaz (1964-1979), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982)– se desarrollaron en un contexto que puede caracterizarse como el del fin del proyecto institucional de la Revolución, la llamada pax priísta. Hay quienes fechan el comienzo del ocaso, con la matanza de Tlatelolco, cuando el Gobierno estaba interesado en mostrar al mundo, en ocasión de los inminentes Juegos Olímpicos, una imagen de paz y gobernabilidad. Dentro de las movilizaciones sociales, las más importantes fueron las de los estudiantes, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México (la célebre UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional, a la postre también los más ferozmente reprimidos.

El llamado movimiento estudiantil de 1968 fue, en rigor, una formidable movilización de masas urbanas que incluyó, además de los estudiantes, a profesores, intelectuales, obreros, profesionales, amas de casa. Iniciado en julio de ese año, culminó el 2 de octubre con una masiva concentración en la Plaza de las Tres Culturas, convocada por el Consejo Nacional de Huelga. Ubicada en Tlatelolco, dentro de la ciudad capital, la plaza fue el escenario de una brutal represión, de una magnitud tal que el Gobierno ocultó la información precisa de asesinados, heridos, desaparecidos y detenidos, admitiendo solo la cifra de 20 muertos. Empero, el número es ridículo, estimándose, aunque todavía sin poder precisarlo, que alcanzó a varios centenares.

Cuando se produjo la represión, Echeverría era secretario (es decir, ministro) de Gobierno, a cargo de la seguridad interior. Ha sido considerado, pro tanto, responsable de la masacre. No obstante, en 1970 fue consagrado presidente de la República.

Díaz Ordaz y Echeverría tuvieron estrecha relación con la CIA, de la cual mucho se ha empezado a conocer recientemente a partir de la desclasificación de documentos secretos. De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de México, el movimiento estudiantil estaba tomado por los comunistas e infiltrados extranjeros.

El movimiento estudiantil latinoamericano de los años sesenta tuvo su momento más terrible con la masacre de Tlatelolco. Pero la violencia continuó. En junio de 1971, el Gobierno de Echeverría y sus paramilitares reprimieron nuevamente a estudiantes que manifestaban en una protesta callejera –la masacre conocida como Corpus–. En enero de 2002, el presidente Vicente Fox, del derechista PAN, dispuso la creación de una fiscalía especial encargada de investigar la violencia y otros hechos relacionados con la desaparición forzada de personas, conforme la demanda del Informe Final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En julio del mismo año, Echeverría fue citado a declarar ante la Justicia Federal y en junio de 2006 fue dispuesto su arresto por los hechos de 1968, aunque al mes siguiente fue absuelto por prescripción del delito imputado. Más tarde, en noviembre de 2006 se le decretó auto de formal prisión por responsabilidad en delito de genocidio y, finalmente, en marzo de 2009, cuando ya tenía 87 años de edad, un tribunal federal dispuso su libertad absoluta al exonerarlo del cargo de genocidio por la matanza de Tlatelolco.

En 1977 la denominada Reforma Política legalizó el PC mexicano y el Partido Mexicano Socialista. En el lapso intermedio hubo desaparición de militantes, detenciones, prisiones secretas y torturas. El movimiento guerrillero mexicano fue comparativamente limitado. El del estado de Guerrero fue el más articulado, y así y todo no consiguió tener proyección más amplia. La Dirección Federal de Seguridad fue el organismo encargado de coordinar las actividades de inteligencia y represión. Producto de un escándalo público, esta institución fue reemplazada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con funciones similares.

En México, el proceso revolucionario había engendrado mecanismos de “seguridad nacional” mucho antes de que este concepto entrara en la agenda internacional como instrumento de la lucha anticomunista y antisubversiva. En efecto, en 1929 se creó el Departamento Confidencial, luego, en 1938, la Oficina de Información Política, y más tarde, en 1942, el Departamento de Investigación Política y Social. Por entonces, no se perseguía a un enemigo interno definido internacionalmente como enemigo común de la democracia occidental, sino que se perseguía a los grupos considerados disidentes de la política oficial, fundamentalmente intelectuales. En 1941, el presidente general Manuel Ávila Camacho instituyó el delito de espionaje en tiempos de paz, y creó el “tristemente célebre” delito de “disolución social” (art. 145 del Código Penal).

Se aplicará prisión de dos a seis años, al extranjero o nacional mexicano, que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier Gobierno extranjero que perturbe el orden público o afecte la soberanía del Estado mexicano.

Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín.

Se afecta la Soberanía Nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos (100)...

Al respecto, es bueno tener en cuenta que el México revolucionario de las décadas de 1920 y 1930 cobijó a exiliados y perseguidos políticos. Tal práctica fue exaltada como política exterior oficial desde los años del cardenismo. Pero en las décadas de 1960 y 1970, la tolerancia del Estado mexicano para con los disidentes de otros países no rigió siempre para los propios connacionales, como en Tlatelolco –los mexicanos aluden a esta política estatal con la expresión “Candiles en la calle, oscuridad en la casa” (Ansaldi y Funes, 1998: 67-68)–.

En 1946 se inició un período de “desarrollo estabilizador”, cuyo objetivo y resultado fue un crecimiento industrial formidable, conocido como “milagro mexicano”. Su contracara fue el aumento también formidable de la corrupción y la inflación. La matanza de Tlatelolco de 1968 significó para las clases dominantes una señal inequívoca de la crisis de este modelo. En 1976 la devaluación y la consecuente inflación causaron fuerte descontento de unas clases medias hasta entonces acalladas. El auge petrolero de fines de 1970 significó cierto alivio, pero enseguida la crisis de la deuda golpeó severamente a toda la región.

El presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas era muy modesto, aunque, los oficiales mexicanos no se distinguían de la clase política, ejercían funciones civiles claves y tenían lazos estrechos con el Partido (como veremos, algo similar ocurrió en Venezuela). Según las cifras que presenta Rouquié (1984: 229), “en 1948, bajo Miguel Alemán, quince de los treinta y un gobernadores eran militares”. Aunque la desmilitarización del poder político o la despolitización del poder militar –como se prefiera– avanzó hacia 1970 (el mismo autor afirma que en 1972, bajo la presidencia de Echeverría, solo uno de los treinta y un gobernadores era militar), la cifra de militares en el Parlamento se mantuvo más o menos constante en todo el período –aunque hay que considerar que en un sistema presidencialista los puestos ejecutivos son siempre más importantes que los legislativos–.

En Colombia, como ya hemos visto, los pactos de Benidorm y de Sitges entre liberales y conservadores fueron las bases para sortear la tensa situación política generada por la intención del dictador Rojas Pinilla, avalado por las Fuerzas Armadas, de continuar en el poder durante un tiempo más. En el clima de Seguridad Nacional instaurado, los sucesivos Gobiernos –todos civiles– criminalizaron no solo la disidencia y oposición política sino también la protesta social. A despecho del carácter poco democrático y notoriamente represivo de la experiencia pactista, ella fue exaltada por la propaganda norteamericana como modelo de democracia.

Venezuela, como Colombia con Rojas Pinilla, también tuvo su Gobierno dictatorial presidido por un militar, pero en este caso prevalecieron los rasgos caudillistas por sobre los de modernización. El dictador Marcos Pérez Jiménez estuvo en el poder durante diez años (1948-1958), al cabo de los cuales evidenció claras intenciones de perpetuarse en el Gobierno mediante la convocatoria a un plebiscito. La dictadura, personalista, se caracterizó, en lo económico, por la profusión de obras suntuarias, la importación de bienes de alto precio, el peculado y el enriquecimiento ilícito de funcionarios (del dictador, en primer lugar) y la corrupción. En lo político, por la ilegalización de los partidos Acción Democrática (AD), Comunista (PCV) y Unión Republicana Democrática (URD), la censura a los medios de comunicación de masas, la persecución, las torturas, los asesinatos, el encarcelamiento y/o el envío al exilio de opositores o sospechosos de serlo, esto es, una masiva violación de los derechos humanos. En razón del papel de Venezuela qua país productor de petróleo y del activo anticomunismo de Pérez Jiménez, en el marco de la Guerra Fría, la dictadura fue apoyada abiertamente por Estados Unidos. Pero en el interior del país, la oposición fue creciendo, tanto por parte de los partidos políticos –el PCV y la URD crearon una Junta Patriótica para coordinar todas las fuerzas y luchas antidictatoriales, Junta a la cual se sumaron luego AD y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), organización social cristiana–, como de los militares e incluso de la burguesía, hasta poco antes favorecida por los grandes negocios y negociados de la dictadura. El 23 de enero de 1958, un sector de las Fuerzas Armadas dio un golpe de Estado, pero a diferencia de lo ocurrido en Colombia, donde la defenestración de Rojas Pinillas fue seguida de una Junta Militar sin mayores sobresaltos, en Venezuela la caída del régimen personalista de Pérez Jiménez estuvo acompañada de fuertes movilizaciones populares, sobre todo en Caracas, con la participación de sectores populares desocupados, obreros y estudiantes. El dictador derrocado se refugió, primero, en República Dominicana gobernada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, luego en Estados Unidos y finalmente en España, donde murió en 2001. Pérez Jiménez fue sustituido por una Junta de Gobierno cívico-militar presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal y compuesta por representantes de un espectro político muy amplio. La Junta dispuso incrementar los salarios, crear subsidios de emergencia para los desocupados y aumentar los gravámenes a las compañías petroleras.

El 31 de octubre de ese año, Rómulo Betancourt,Raúl Leoni,Gonzalo Barrios (AD), Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Manuel López Rivas (URD), Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández (COPEI) firmaron el llamado Pacto de Punto Fijo, compromiso para, entre otras disposiciones, civilizar las relaciones interpartidarias, defender la Constitución, respetar los resultados electorales (permitiendo así que los vencedores pudiesen gobernar), establecer un Gobierno de unidad nacional, con exclusión de la izquierda. El acuerdo se afirmó con el Programa mínimo conjunto de Gobierno, firmado el 6 de diciembre por Betancourt, Caldera y Larrazábal para un Gobierno de coalición o de unidad nacional. Se constituyó, así, la que Hugo Chávez llamó más tarde la Cuarta República, extendida hasta 1999.

El objetivo primordial del Pacto de Punto Fijo era, como en el caso de Colombia, la defensa de la democracia representativa como forma de Gobierno. Para ello se acordó una coexistencia prescindente de las Fuerzas Armadas por la cual los partidos políticos subordinaron sus posiciones ideológicas a una dinámica de negociación y de coalición. Ha sido considerado el inicio del “compromiso democrático” en Venezuela (Rouquié, 1984).

Mediante este pacto, las fuerzas políticas se comprometieron a poner fin a las luchas partidarias y a no apelar a los militares como árbitros de los conflictos, al mismo tiempo que estos garantizaron su abstención de la acción política directa. En cierta medida, se trataba de un pacto que fijaba la alianza entre los partidos principales y las Fuerzas Armadas. Como en los otros casos, la profesionalización técnica de los políticos dio lugar a una administración burocrática de los conflictos, pretendidamente neutral. Las primeras elecciones favorecieron la candidatura de Betancourt (1959-1964), quien asumió con un programa nacionalista y de corte popular. La creciente riqueza proveniente de la explotación del petróleo dio a la clase política recursos suficientes para administrar los conflictos sin mayores sobresaltos y, más importante aún, sin mayores transformaciones socioeconómicas. Pero, como propone Rouquié (1984: 221) –también aplicable al caso de Ecuador–, el petróleo “no posee virtudes estabilizadoras, ni mucho menos aún democráticas”. En efecto, tal como el mismo autor señala, la renta petrolera contribuyó a debilitar e incluso liquidar como fuerza social a la gran burguesía agraria, y tuvo efectos negativos para la industrialización. En el mediano plazo, entonces, las perspectivas alentadoras de 1958 se fueron diluyendo.

El compromiso democrático se materializó fundamentalmente en el binomio AD, de definición socialdemócrata, y la COPEI, de orientación demócrata cristiana, más allá de los desprendimientos y fraccionamientos sucesivos. Como se ha dicho, la izquierda radical estuvo excluida, fundamentalmente el Movimiento de Izquierda Revolucionario (fracción expulsada de AD) y el Partido Comunista. El programa de Betancourt concitó el apoyo de los militares puesto que esta vez el presidente volvió sobre los pasos de algunas de las iniciativas “populistas” de la Junta precedente: suprimió el subsidio de emergencia; participó en la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); creó la Corporación Venezolana del Petróleo; acordó “contratos de servicios” con empresas internacionales; realizó una reforma agraria que puso en circulación las tierras expropiadas a precios de mercado. Este programa desarrollista se completó con un sistema de poder basado en el control sindical, la reforma educativa y la administración de seguros sociales. En el plano internacional, se hicieron más estrechas las relaciones de dependencia con Estados Unidos.

El presidente detentó el título, y ejerció la función, de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esta conducta fue tal vez resultado de la inestabilidad de los primeros años del Gobierno de Betancourt, quien tuvo que lidiar con las manifestaciones violentas de la izquierda, entre ellas, en particular, la guerrilla, y al mismo tiempo intentos golpistas de sectores militares derechistas e incluso un atentado perpetrado por fuerzas que respondían al dictador dominicano Trujillo (Rouquié, 1984: 222).

Las Fuerzas Armadas fueron una pieza clave de la estabilidad democrática. La “amenaza comunista”, en Venezuela identificada en las guerrillas, fue el elemento aglutinador de grupos hasta entonces altamente desestabilizadoras: las mismas Fuerzas Armadas, pero también las burguesías empresariales y la Iglesia. El Gobierno de Betancourt con su política de modernización y recomposición presupuestaria ayudó a crear un sentimiento generalizado de solidaridad democrática dentro de las Fuerzas Armadas, que tuvieron acceso a la instrucción en carreras civiles para la formación de cuadros técnicos que luego tenían asegurado un rol económico clave en las políticas de desarrollo del Gobierno. Más tarde, con la amnistía firmada por el Gobierno, los partidos de izquierda reingresaron a la política institucional, con lo cual el “compromiso democrático” se reafirmó.

Los presidentes sobresalientes de este período fueron, luego de Betancourt: Raúl Leoni (1964-1969) por la AD; Rafael Caldera (1969-1974 y luego 1994-1999) por COPEI; Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y luego 1989-1993) por la AD. A los dos primeros les correspondió adjudicarse el triunfo sobre la guerrilla. A partir de 1970, la resistencia se desdibujaría. Si bien hubo intentos de sumar a Venezuela a la Operación Cóndor, pues según la investigación de Cuya (1996), en agosto de 1975, Manuel Contreras se reunió en Venezuela con Rafael Rivas Velásquez, director del Servicio de Inteligencia venezolano, el proyecto no parece haber prosperado. Con todo, Venezuela tuvo su Servicio de Inteligencia. En 1963, se impartió uno de los primeros cursos en la Escuela de Servicios del Ejército, que continuaron durante la década de 1970. En 1981 se fundó la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, institución que formó a los sucesivos elencos militares y civiles, además de recibir y enviar cuadros propios a otros países de la región.

Las organizaciones sindicales obreras estaban controladas por la AD y subsumidas en una política de conciliación y negociación que aseguraron la estabilidad durante todo el período de hegemonía puntofijista. Así se entiende que la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) casi no realizara protestas. En el período 1958-1969, un de los movimientos sociales más combativos fue el estudiantil. En 1969, el Gobierno aprobó la intervención militar en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y allanamientos en otras universidades. Hacia fines de 1970, el movimiento de renovación universitaria estaba prácticamente liquidado. La represión del régimen diezmó la voluntad y capacidad de acción del movimiento, que fue progresivamente atacado y disuelto en las calles. El movimiento estudiantil y otras expresiones de resistencia se recompusieron hacia 1987, cuando los partidos políticos perdieron el control de las organizaciones estudiantiles. Pero no solo la represión diezmó a los estudiantes organizados. También los Gobiernos implementaron una reforma de la educación superior con la imposición de un “modelo tecnocrático desarrollista” que cuajó en las denominadas “universidades experimentales”, como la Universidad Simón Bolívar creada en 1969 –“el mejor ejemplo de la adecuación nacional a los planes educativos norteamericanos” (López Sánchez, 2006)–.

En 1987 empezaron a surgir acciones políticas, violentas y espontáneas, en las calles. También, hubo reapropiaciones de tierras expropiadas y reactivación de prácticas solidarias y autogestionarias. En 1989 el “Caracazo” y luego el golpe fallido de Hugo Chávez marcarían el inicio de un nuevo proceso de profundas transformaciones.

A modo de cierre, digamos que las tres democracias “ejemplares”, la de México, la de Colombia y la de Venezuela, tuvieron un origen pactado, con cooperación entre civiles y militares, que por lo menos remiten a la consideración de los elementos autoritarios de estos regímenes. De los tres casos, el más complejo es sin duda el de Colombia, cuyo entramado de “violencias” tratamos en particular antes.

Formas colectivas de resistencia a las dictaduras (101)

Como se ha visto, más allá del régimen político vigente (dictadura o democracia), el orden constituido con “seguridad nacional” impuso un severo silenciamiento a toda expresión de protesta social. A partir de la crisis de la deuda de los años ochenta, el persistente cerramiento político y la represión cedieron, por condiciones internas y externas, iniciándose un proceso de transición hacia fórmulas y prácticas políticas nuevas.

En mayor o menor medida, los movimientos de resistencia tuvieron una actividad persistente y permanente durante las dictaduras y constituyeron –en palabras de Garretón (2001)– la “transición invisible”. Estos movimientos sociales ayudaron a la reconstitución de la sociedad civil en contextos de feroz represión y terror generalizado. En la medida que ellos se articularon políticamente bajo una dirección consensuada y coherente, con objetivos definidos de democratización, se facilitaron los cambios institucionales necesarios para la transición real. Así, en algunos casos más evidentemente que en otros, se pasó de la resistencia a la oposición, en general, sumándose a grupos de clase media, estudiantes, dirigencias político partidarias, etc. En la secuencia resistencia-oposición-transición, en general, los movimientos sociales se unieron en movimientos más amplios, de carácter decididamente político. Pero en la fase de negociaciones con las Fuerzas Armadas y una vez instaurada formalmente la democracia perdieron presencia pública y autonomía.

Uno de los movimientos sociales más destacable es el de los trabajadores. Este movimiento recurrió a formas extraordinarias de protesta y expresión de sus demandas, como la actividad clandestina o semiclandestina, circulación de información difundida boca a boca, actos marginales el día 1º de mayo, asambleas improvisadas, entre otras tantas. En la medida que el poder de la dictadura se fue resquebrajando, la resistencia se fue transformando en abierta oposición.

En Argentina, la aceleración de la conflictividad tuvo lugar desde principios de 1978, con la convocatoria a un paro general, y más evidentemente desde 1979, cuando la dictadura convocó al “Diálogo Político” con la expectativa de acordar con los partidos políticos tradicionales el retorno a la democracia –desde luego una democracia tutelada, que reconociera las prerrogativas institucionales de las Fuerzas Armadas–. Durante esta fase se multiplicaron las expresiones de oposición, pero ellas no consiguieron articularse más allá de la especificidad de las demandas. Puede decirse que los dos movimientos de resistencia principales en Argentina fueron el movimiento de trabajadores y los vinculados a organismos de derechos humanos, paradigmáticamente, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con escasas relaciones entre sí. Sobre el final de la dictadura, el sindicalismo restituyó su vínculo histórico con el peronismo e incluso recuperó cierta capacidad de negociación que históricamente había detentado. Por su parte, los organismos de derechos humanos no tuvieron ningún protagonismo en los pactos de transición –aunque su existencia ejerció una presión evidente–.

En Uruguay, el movimiento sindical estaba fuertemente paralizado en razón de la represión. La situación comenzó a cambiar después de 1980, cuando las Fuerzas Armadas tuvieron que enfrentar la derrota en el plebiscito constitucional. Este hecho desfavorable fue seguido por la decisión de convocar a elecciones internas de los partidos tradicionales, como una vía alternativa de negociar la transición. El proceso culminó hacia fines de 1984, cuando el sindicalismo se unió a una instancia multisectorial, la denominada Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Si ella incluyó a las fuerzas sindicales, no ocurrió lo mismo con otras organizaciones sociales que habían tenido actuación autónoma y que habían cementado el tránsito de la resistencia a la oposición. Tal fue el caso de las cooperativas de vivienda y el principal organismo defensor de los derechos humanos, el Servicio de Paz y Justicia.

En Chile, el movimiento sindical asistió a un desplazamiento de sus conducciones, desde grupos socialistas y comunistas hacia grupos vinculados a la DC, que por ser más tolerados por la dictadura lograron sostener la resistencia en condiciones realmente adversas. Hay que recordar que en Chile, a diferencia de los otros dos países, los militares contaban a su favor con el “milagro” económico que ellos mismos habían impulsado. Las “protestas” se iniciaron en 1983, después del intento frustrado de realización de una huelga general de los trabajadores del cobre. Tras la fallida convocatoria, se llamó a una jornada nacional de protesta que abrió un ciclo de movilización que duró hasta 1986 y que se extendió por todo el país. El Gobierno de Pinochet respondió con el estado de sitio y el recrudecimiento de la violencia. Hubo reprimidos (encarcelados, enviados al exilio interno o directamente asesinados) y también hubo quienes radicalizaron sus posiciones. El movimiento terminó bajo la conducción de los partidos. Paradigmáticamente, el movimiento sindical y el movimiento de pobladores de Santiago se fragmentaron internamente y no lograron articulaciones con otros movimientos, en buena medida, por el efecto disgregador de la intervención de las identidades partidarias.

En Brasil, la situación fue similar pero con matices nada desdeñables. El formato representativo de la dictadura permitió articular los diversos movimientos sociales en un movimiento político que se aglutinó bajo la consigna Diretas Ja!, formidable movilización de masas, en 1984. A partir de la década de 1980, surgieron organizaciones sociales vinculadas al catolicismo, como la Central Única dos Trabalhadores (CUT), el Partido dos Trabalhadores (PT), el Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) y los movimientos de favelados. La consigna “Anistia ampla, geral e irrestrita” se multiplicó en canchas de fútbol y en cuanta concentración humana hubo.

Como se ha visto, más tarde o más temprano, las respectivas sociedades civiles generaron acciones que, rompiendo con la lógica del terror impuesta por las dictaduras, recuperaron la primacía de la política mediante demandas, movilizaciones y acciones de diferente índole.

Respecto de los movimientos de defensa de los derechos humanos, los de Chile y Brasil se destacan por su vinculación con la Iglesia Católica (102). En Chile, representantes de la Iglesia formularon advertencias al régimen ante las detenciones arbitrarias y las torturas. A ellos se sumaron algunos abogados, católicos y en general tributarios de la experiencia de la UP. Por parte del régimen, la reacción fue el incremento de las presiones, la tortura y las detenciones. En 1976, por iniciativa del cardenal Silva Henríquez, quien ya había intentado –con resultados efímeros– articular la resistencia de otra forma, se creó la “Vicaría de la Solidaridad” del arzobispado de la ciudad de Santiago, para levantar las causas de los detenidos políticos. No obstante, la Vicaría no incorporó las causas de las víctimas de la dictadura acusadas de participar en la lucha armada –en razón de lo cual, a su lado surgieron otras organizaciones que sí incorporaron estas causas–. El Episcopado, por su parte, se mantuvo firme en una posición de condena más bien retórica a las violaciones a los derechos humanos. En el escenario de protestas de 1983, la situación cambió. Las autoridades episcopales no solo denunciaron abiertamente a la dictadura sino que instaron a la democratización, mientras que la Vicaría asumió una posición de diálogo.

En Brasil, no había una tradición de formación de partidos católicos y los obispos habían optado históricamente por relacionarse con movimientos laicos. El vínculo de la Iglesia con la Teología de la Liberación fue más firme (que en Argentina, por ejemplo). Una de las figuras emblemáticas del catolicismo progresista de Brasil fue Dom Helder Câmara, con fuerte presencia en el Nordeste. Como en Chile, había un grueso sector conservador y las cúpulas apoyaron inicialmente el régimen dictatorial. Pero si al comienzo la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) legitimó la dictadura –y algo similar ocurrió con la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)– luego viró hacia la oposición, principalmente frente a una serie de crímenes sin resolución, con repercusión en la prensa nacional e internacional, avalados por el AI-5, y de crímenes que afectaron a altos representantes. En efecto, los sectores de base de la Iglesia que levantaron las causas sociales de clase y étnicas fueron ferozmente reprimidos, pero también lo fueron altos representantes. Otra figura descollante por su involucramiento con la causa de los derechos humanos fue Evaristo Arms, en la Arquidiócesis de São Pablo, quien formó la Comissão de Justiça con funciones similares a las de la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Estos esfuerzos, y en particular los de las CEB, se entroncaron luego con el surgimiento del Partido dos Trabalhadores (PT) –primer partido de masas construido desde abajo–.

En Argentina, la Iglesia mantuvo su línea conservadora. No obstante, a título individual hubo figuras que se destacaron por la defensa de los derechos humanos, aun a costa de enfrentarse a la cúpula institucional. Cabe mencionar casos de fuerte repercusión pública como el de los obispos Jaime De Nevares (que formó parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH– creada durante la dictadura), Jorge Novak (cofundador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) y el del laico Emilio Fermín Mignone, quien en 1979 pasó de la APDH al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A falta de apoyos de la institución religiosa en el plano nacional, las estrategias de denuncia se proyectaron en el plano internacional. Del mismo modo, el paradigmático movimiento de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que articuló acciones sumamente creativas en el plano interno para hacer visibles sus denuncias, se benefició de la construcción de redes internacionales.

En Argentina, la cúpula de la Iglesia solo se manifestó tardíamente cuando la transición ya estaba en curso, y sus expresiones fueron bien moderadas y acompañaron un proceso cuya conducción ya estaba controlada por los partidos políticos. Así, un rasgo característico del movimiento de derechos humanos en este país fue la fragmentación. Significativamente, aun cuando los obreros estaban entre las principales víctimas del terrorismo de Estado, el sindicalismo no levantó pública y colectivamente la causa de los derechos humanos.

Entre los movimientos sociales que contribuyeron a la “transición invisible”, cabe mencionar los movimientos de mujeres. Como se ha dicho, la imposición de dictaduras coincidió con ese fenómeno de escala planetaria que fue la crisis del patrón de acumulación basado en la industrialización con intervención del Estado y su reemplazo por un modelo económico de desarrollo neoliberal. En este contexto, en 1972 la ONU decidió proclamar el año 1975 como Año Internacional de la Mujer. Los cambios económicos operados en las décadas previas, y muy probablemente, la crisis en ciernes, estimularon la preocupación de la ONU por monitorear la integración de las mujeres en la vida social de los países miembros. En los países latinoamericanos, la convocatoria a celebrar un Año (y un Decenio) Internacional de las Mujeres tuvo efectos multiplicadores del feminismo y de los movimientos de mujeres en general.

Desde luego, las mujeres participaron de otros espacios colectivos. Las más tradicionales formas de participación en sindicatos y partidos no desaparecieron, y en algunos casos estos hasta pudieron procesar el feminismo y la incorporación de las mujeres como sujetos con reivindicaciones propias. En esta misma época, las mujeres se incorporaron también en las organizaciones armadas. Como consecuencia de la imposición de regímenes de terror, también surgieron organizaciones conducidas por mujeres, que denunciaban la violación sistemática de los derechos humanos, invocando para ello su condición de madres, esposas o simplemente familiares de víctimas –paradigmáticamente el movimiento de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina–.

En Brasil, la vigencia formal de ciertas funciones representativas, aunque muchas veces amputada, habilitó una instancia limitada de participación y actividad política que dio espacio para poner en cuestión la condición jurídica de las mujeres. Más aún, durante la dictadura hubo algunas iniciativas para modificar su situación legal.

Dos abogadas feministas elaboraron un proyecto de reforma del Código Civil que derogaba, entre otros, el artículo que permitía anular el matrimonio en caso de “desfloramiento” de la mujer desconocido por el marido. En 2002, se sancionó un nuevo Código, tomándose para ello un antecedente de reforma integral de 1975 y la mencionada propuesta elaborada por las feministas.

En 1977, se sancionó la ley de divorcio vincular, a través de un trámite legislativo que fue exitoso en razón de la forma particular que adquirió la representación política bajo el Gobierno de Geisel. Como parte de un conjunto de medidas conocidas como pacote do Avril, se alteró el coeficiente de votos necesarios para encauzar reformas constitucionales –por mayoría de votos y ya no por dos tercios–. Así, se logró el quorum necesario para reformar la Constitución, que por entonces establecía la indisolubilidad del vínculo matrimonial, habilitando así la posibilidad de legislar (como se hizo a fines de ese mismo año) sobre la materia.

En Argentina, en el marco del proyecto de institucionalización de la dictadura encabezada por Onganía, se reformó el Código Civil. El ministro del Interior, Guillermo Borda, un reconocido abogado católico, nacionalista e ideólogo de la ley de persecución al comunismo de la dictadura, encabezó la reforma. El nuevo Código estableció la “capacidad plena” para las mujeres casadas y sancionó el “artículo 67 bis”, que permitía la separación de los cónyuges por mutuo consentimiento (pero sin disolver el vínculo). Esta reforma se llevó a cabo cuando todavía el feminismo de segunda ola no era una realidad en el país. Como en Brasil, en la primera mitad de la década de 1970, el Año Internacional de la Mujer sirvió para visibilizar los reclamos de las mujeres por la conquista de sus derechos. Sin embargo, la crisis del gobierno de María Estela de Perón y el golpe de Estado que le puso fin diezmaron dichos intentos. Con todo, las acciones en pos de conseguir la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en las esferas de ciudadanía continuaron, sobre todo en la fase transicional de la dictadura. Con la recuperación de la democracia, todos los partidos políticos recogieron buena parte de aquellos reclamos en sus plataformas –significativamente, la patria postestad compartida y el divorcio vincular, legislados en 1985 y 1987 respectivamente–.

En Uruguay, uno de los grandes proyectos de institucionalización del régimen militar fue el llamado “Año de la Orientalidad” (1975). Esta fue la acción propagandística más ambiciosa de la recién creada Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP). Bajo esta consigna, el Gobierno organizó una serie de conmemoraciones patrióticas y eventos culturales. Ese mismo año se constituyó la Comisión Nacional para el Año Internacional de la Mujer, con el apoyo del ministro de Vivienda y Promoción Social, Federico Soneira, precisamente porque este gabinete tenía bajo su esfera de acción las cuestiones relativas a población y protección de la familia (Brazuna Manes, 2010). El 18 de abril de 1978, durante el Gobierno de la dictadura presidido por Aparicio Méndez, se aprobó la ley 14.766 sobre nuevas causales de divorcio que establecía, entre otras, la separación de cuerpos por el adulterio de cualquiera de los dos cónyuges. Asimismo, se igualaban las penas de varones y mujeres respecto de esta figura y se derogaba el artículo que castigaba a la mujer infiel con la pérdida de su derecho a los bienes gananciales. Como en Argentina, estos cambios ocurrieron antes que los nuevos movimientos femeninos y feministas se articularan. Ellos se configuraron recién después de la derrota de la dictadura en el plebiscito de 1980.

En Chile, el movimiento de mujeres se organizó a partir de 1977. Es posible que el Año Internacional de la Mujer haya tenido cierta influencia. En este país la nota singular es que además de organizaciones de mujeres que luchaban por sus derechos (resistiendo al poder de la dictadura), también hubo prominentes organizaciones que aglutinaron a las mujeres derechistas. En 1976, el Gobierno de Pinochet impuso el Día Nacional de la Mujer, que se celebró el 2 de diciembre de cada año, en conmemoración del cacerolazo de 1971 organizado por un grupo de mujeres conservadoras en contra del Gobierno de Allende. Esta iniciativa apuntaba a erradicar los valores subyacentes al Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, que según la interpretación del Gobierno de la dictadura tenía una orientación “marxista”. La institución gubernamental que se ocupó del disciplinamiento de las mujeres fue CEMA-Chile, una organización preexistente y refundada por Pinochet, claramente orientada a la reproducción del orden.

Esta influencia de las derechas y una transición encabezada por el Partido de la Democracia Cristiana, en definitiva, con peso de la Iglesia Católica, son factores que contribuyen a explicar la más tardía ampliación de los derechos civiles de las mujeres en Chile. Aquí, la sanción de la capacidad civil plena fue un acto tecnocrático del gobierno de Pinochet en 1989 y el divorcio vincular recién se legisló en 2004 (103).

El vuelo del águila

En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial entraba en su fase final, América Latina experimentó cambios políticos significativos. En El Salvador y Guatemala cayeron las dictaduras de los generales Hernández Martínez y Ubico, respectivamente. En Ecuador, una heterogénea Alianza constituida por liberales disidentes, conservadores, socialistas y comunistas se impuso en las elecciones constituyentes y presidenciales, consagrando, por segunda vez en su vida, a Velasco Ibarra (quien en 1946 rompió con la izquierda y en 1947 fue depuesto por un golpe militar). Entre 1944 y 1946, Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Perú y Venezuela pasaron de regímenes dictatoriales a otros más o menos democráticos. A su vez, otros seis países –Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y México– ratificaron la continuidad de la dominación formalmente democrática. El final de la guerra y la redefinición del conflicto internacional en términos de oposición entre el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, y el de los países de las llamadas democracias populares, con la Unión Soviética al frente, originó la fase de la llamada Guerra Fría.

En el marco de esta –y del equilibrio del terror atómico– los sucesivos Gobiernos norteamericanos plantearon la maniquea dicotomía democracia vs. totalitarismo, donde la democracia era siempre la “occidental y cristiana”, es decir, la capitalista, y el totalitarismo era siempre “oriental, ateo y comunista” (por añadidura ampliado con la Revolución China, dirigida por el Partido Comunista, en 1949).

Cuando la Guerra Fría aún no había aparecido y los soviéticos eran aliados, el Gobierno norteamericano no vaciló en acusar de nazi-fascistas a los movimientos populares a los cuales percibía como potencialmente peligrosos para sus intereses, tal como ocurrió con el MNR boliviano y el peronismo argentino.

Como acertadamente ha señalado Luiz Alberto Moniz Bandeira (2007: 171), “donde fuera que hubiese una plataforma de la Standard Oil, una fábrica de Coca Cola, una estancia de la United Fruit, un frigorífico de Wilson & Sons, una tienda de Sears Roebuck, o sea, una instalación de cualquier corporación norteamericana, en el Oriente Medio o en América Latina, en Europa o en Asia, allí estaban las fronteras nacionales de los Estados Unidos”. Esa concepción privilegió la defensa de los intereses materiales norteamericanos por sobre el régimen político.

En los hechos, un Gobierno latinoamericano tenía el apoyo de Estados Unidos si defendía los intereses de estos, o la oposición –hasta la intervención más o menos directa y amplia– si los afectaba, en ambos casos con independencia de su carácter democrático o dictatorial. Así, los Gobiernos de Arbenz, Vargas y Perón –los tres elegidos democráticamente– fueron considerados hostiles a Estados Unidos por su nacionalismo, mientras las dictaduras de Batista, Trujillo, “Tachito” Somoza, Pérez Jiménez, Stroessner, entre otras, contaron con todo el respaldo estadounidense, en tanto anticomunistas. Ya se ha señalado la singularidad de Bolivia donde, pese a desarrollarse un proceso mucho más radical que el guatemalteco, la intervención norteamericana fue para apoyar el ala moderada del MNR, organización considerada en los años cuarenta, como hemos señalado, nazi-fascista y en los cincuenta, freno a la radicalización por izquierda de la Revolución Nacional. Notoriamente, en Bolivia, a diferencia de Guatemala y Cuba, Estados Unidos no tenía intereses materiales significativos pasibles de ser afectados por la revolución.

Entre 1954 y 1955, Estados Unidos se libró de los “peligrosos nacionalismos”. La intervención en Guatemala fue la primera en la cual Estados Unidos actuó argumentando la defensa del “Occidente cristiano y democrático” frente a la “amenaza comunista”, práctica que años después repetiría, declarada o encubiertamente, en Cuba (1961), Brasil (1964), República Dominicana (1965), Chile (1973), Argentina (1976), Granada (1983), Bolivia (1986), Panamá (1989) y Nicaragua y El Salvador (durante la década de 1980).

La caída de la dictadura de Batista y la llegada al poder del M-26 en Cuba devinieron en poco tiempo un parteaguas en la historia de América Latina. Tras el fracaso de la invasión a Playa Girón, y con el impulso del propio Kennedy, el proyecto de la Alianza para el Progreso presentó la “revolución en libertad” como alternativa a la revolución socialista (de Cuba). En buena medida, el planteo recogía los postulados elaborados por la CEPAL desde 1955 y las políticas desarrollistas del presidente brasileño Kubitschek.

La Alianza para el Progreso se creó en la Conferencia excepcional del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA realizada en agosto de 1961 en Punta del Este, Uruguay. Ella, en rigor, apelaba a una transformación dentro del sistema capitalista cuya clave era la reforma agraria. En la célebre conferencia en la que se delineó el proyecto, Cuba estuvo representada por el Che Guevara, quien sarcásticamente caracterizó a la Alianza como “revolución de las letrinas”. Cuba no solo se opuso al proyecto impulsado por Estados Unidos sino que además aportó estadísticas que pronosticaban su fracaso y la insuficiencia de los apoyos económicos que Estados Unidos se comprometía a brindar. De hecho, ya en 1962 el Congreso norteamericano redujo en un 40% el monto de la ayuda prometida por el presidente Kennedy. A juicio del ex presidente brasileño Kubitscheck, a quien se encargó un informe sobre la marcha del proyecto, la Alianza se veía afectada, inter alia, por esa drástica reducción de los fondos norteamericanos, pero también porque la legislación reguladora de los fondos perseguía, sobre todo, proteger los intereses norteamericanos en la región, sin tener en cuenta que a menudo estos colisionaban con los propios objetivos de la Alianza.

Dos objetivos centrales definidos por la Carta de Punta del Este –las reformas agraria y fiscal– fueron resistidos por los terratenientes y las burguesías latinoamericanas. Más allá de la seguidilla de leyes modificatorias de las estructuras agrarias, lo cierto es que sobre quince millones de familias campesinas latinoamericanas, solo un millón se benefició con la aplicación de tales leyes. Pese a la contundencia del fracaso en las reformas estructurales, el fracaso fue más espectacular aún, pues pronto se abandonó el objetivo de la democracia política y los golpes de Estado se multiplicaron en la región (nueve entre 1962 y 1966) y pusieron a los militares al frente del Gobierno en Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Honduras y Brasil (Argentina y República Dominicana sufrieron dos golpes en ese breve período). De hecho, la proposición de la Alianza de no reconocer Gobiernos surgidos de acciones de fuerza –impulsada por Kennedy– fue violentada por el propio Gobierno de Estados Unidos. Frente a los golpes, Kennedy “alternó una tolerancia bienintencionada y una oposición moderada”, y Johnson fue menos escrupuloso. Estados Unidos dio “prioridad a la estabilidad política y a la defensa de sus intereses, en perjuicio de la naturaleza de los regímenes políticos”. Los militares eran “la garantía más sólida” para frenar lo que se llamaba “expansión castro-comunista y, después de todo, quizá encarnaban la necesidad previa de purgar las sociedades” (Dabène, 2000: 134).

Esta opción nos lleva a la segunda estrategia. En efecto, frente a los desafíos planteados por la Revolución Cubana, la estrategia norteamericana fue inequívocamente militar. No solo referida a la propia isla, como hemos visto, sino a escala continental, en la cual se trataba de impedir, a toda costa, la posibilidad de expansión de la salida revolucionaria. La vía de la violencia tuvo múltiples manifestaciones: incremento de la asistencia militar estadounidense a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos; capacitación de oficiales de estas y de otras fuerzas de seguridad en técnicas y tácticas contrainsurgentes, incluyendo el uso sistemático de torturas; realización de “operaciones encubiertas” de distinta magnitud. En la ejecución de esta estrategia, Kennedy desempeñó un papel decisivo, mucho más significativo que el propagandizado de la vía pacífica de la Alianza para el Progreso.

En lo que hace a América Latina, la asistencia militar, medida en términos monetarios, pasó de 65 millones de dólares anuales entre 1953 y 1961 (gobierno del republicano Eisenhower) a una media de 172 millones en los tres años de la inconclusa gestión del demócrata Kennedy (Dabène, 2000: 137).

Un dispositivo clave de la estrategia contrainsurgente fue la capacitación de oficiales de las Fuerzas Armadas de la región en la Escuela de las Américas, desde 1984, trasladada a Fort Benning (Georgia), en Estados Unidos. En esas casi cuatro décadas instruyó a más de 60.000 militares y policías, entre ellos a varios oficiales que luego fueron parte de distintas dictaduras, cuando no los propios dictadores, y/o responsables de violaciones de derechos humanos en Gobiernos civiles. Los cursos, con el pertinente entrenamiento, versaban, entre otros temas, sobre guerra psicológica, inteligencia militar, técnicas de contrainsurgencia, operaciones de comando, técnicas de interrogatorio. Los manuales de instrucción contenían lecciones sobre violación de derechos humanos, en particular la apelación a torturas, ejecuciones sumarias (asesinato), extorsiones. Entre los objetivos de control y/o seguimiento de sospechosos de pertenencia o vinculación con las actividades consideradas insurgentes se encontraban hombres y mujeres que “distribuyesen propaganda en favor de los grupos extremistas de izquierda o de sus intereses”, “simpatizasen con manifestaciones o huelgas”, “acusaciones sobre el fracaso del Gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo”.

Como hemos visto, este tipo de capacitación estuvo estrechamente vinculada al predominio ideológico de la DSN en el interior de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. La violación sistemática de los derechos humanos y las prácticas terroristas de Estado cometidas por estas eran coherentes con la política de igual tenor impulsada por el presidente Kennedy, dirigida principal pero no exclusivamente contra Cuba. Además de las acciones paramilitares, de sabotaje y de guerra económica realizadas por la CIA en territorio cubano, de manera directa o apoyando acciones de los contrarrevolucionarios, hubo intervenciones de mayor envergadura, de la cual la invasión de Bahía Cochinos fue expresión evidente, pero no única. En efecto, en noviembre de 1961, siete meses después de ese fracaso, Kennedy autorizó la ejecución de la Operation Mongoose, cuya dirección fue confiada al general Edward Lansdale, un experimentado especialista en contrainsurgencia, bajo la supervisión de Robert Kennedy, hermano del presidente y Procurador General (por lo tanto encargado de velar por el cumplimento de las leyes). El repertorio incluía acciones e intervenciones encubiertas (couvert actions, couvert interventions) y otras más brutales (special operations), para las cuales la CIA contrataba a mercenarios. La documentación consultada por Moniz Bandeira (2008a: 341; y 2007: 187 y ss.) le permite ser severo en sus conclusiones: las acciones impulsadas por el Gobierno de Kennedy llegaron “hasta el extremo de la inmoralidad […]. La Operation Mongoose configuró una guerra no declarada en la que toda la cúpula del Gobierno norteamericano –y no solo la CIA– recurrió a los expedientes más sucios e ignominiosos”. Este operativo fue “el mayor programa de acciones clandestinas, sin precedente alguno, elaborado por los Estados Unidos” (Moniz Bandeira, 2007: 188).

Contra Cuba también se emplearon acciones diplomáticas, muchas de las cuales se concretaron con la complicidad de la mayoría de los países latinoamericanos. En este campo, el ejemplo paradigmático fue la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en Punta del Este entre el 22 al 31 de enero de 1962, en la cual se decidió la exclusión del Gobierno Revolucionario cubano –mas no de Cuba– del sistema interamericano, es decir, la OEA y el TIAR, pero no de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Que la expulsión fuese del Gobierno y no de la República no fue otra cosa que una “sutileza capciosa para justificar la aplicación de la medida”, como dice Moniz Bandeira (2008a: 316). Fue un corolario del primer punto de la resolución, que estableció la incompatibilidad del marxismo-leninismo con el sistema interamericano y consideró que el alineamiento del Gobierno cubano “con el bloque comunista quebranta[ba] la unidad y solidaridad del hemisferio”. El operativo había comenzado en noviembre del año anterior, cuando el Gobierno de Colombia solicitó la convocatoria a esa reunión invocando el artículo 6° del TIAR y considerando que la paz y la independencia de los Estados americanos podrían estar amenazadas por “la intervención de potencias extracontinentales”, eufemismo para aludir a la Unión Soviética.

Con el asesinato de Kennedy y su reemplazo por el vicepresidente Johnson, en noviembre de 1963, la Alianza para el Progreso perdió empuje, toda vez que el nuevo gobernante dio prioridad a la guerra contra Vietnam. Empero, esa opción estratégica no implicó el desentendimiento de las cuestiones latinoamericanas.

Por mencionar solo un ejemplo, de un país clave en el mapa geopolítico imaginado por Estados Unidos, la desclasificación de documentos de la CIA, en 2004, arrojó luz sobre la intervención norteamericana en el golpe militar en Brasil que derrocó al presidente Joāo Goulart en 1964, operativo en el cual tuvo activa participación el embajador de Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon, preocupado porque creía que Brasil se convertiría en una China comunista en el continente americano. La operación Brother Sam –aprobada por Johnson a cuatro meses de acceder a la presidencia– preveía el envío de armas para los militares y paramilitares golpistas, barcos petroleros y de guerra (por lo tanto, de marines), amén de aprestar un puente aéreo para el eventual envío de municiones y armas químicas (gases para control de multitudes). A ello se sumaron acciones de propaganda contraria al Gobierno de Goulart en el interior de Brasil. Básicamente, se trató de una guerra psicológica. El operativo no se concretó en razón del éxito que las Fuerzas Armadas tuvieron en el derrocamiento de Goulart, el cual se produjo sin resistencia alguna y en medio de una notoria impotencia popular. Fue, en rigor, una verdadera capitulación.

Las acciones de la CIA contra el Gobierno de Goulart obedecieron a la reluctancia norteamericana ante algunas medidas tomadas por el presidente brasileño. No fueron estas de carácter revolucionarias, sino nacionalistas, típicas de los populismos: política exterior más o menos independiente, limitación del monto de las ganancias que las empresas transnacionales podían enviar al exterior, nacionalización de una subsidiaria de la International Telephone & Telegraph (ITT), proyecto de reforma agraria (firmado pocos días antes del golpe)… La intervención norteamericana en Brasil obedeció a intereses económicos del imperialismo, como también a cuestiones geopolíticas de orden estratégico. Brasil estaba lejos de la posibilidad de una revolución socialista, aunque hubiese algunas movilizaciones significativas –como las de las Ligas Camponesas nordestinas–, pero esa eventual posibilidad fue empleada por la propaganda estadounidense y de las derechas brasileñas para justificar el golpe. De hecho, la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas se tornó, dentro de América Latina, “en el vehículo de propagación de las directivas estratégicas del Pentágono” (Moniz Bandeira, 2007: 233). La sentencia “Hacia donde se incline Brasil se inclinará América Latina”, que el presidente Richard Nixon enunciará en 1971, daba cuenta cabal del principio estratégico de socavar y contribuir a derrocar al Gobierno populista de Goulart (llegado el caso, insistimos, empleando incluso recursos militares propios), acción entendida como “preventiva” de la posibilidad de una China o una Cuba continental.

Actuando conforme la llamada “doctrina Nixon” –según la cual Brasil actuaría en el continente como una potencia regional subsidiaria, en consonancia con los intereses deEstados Unidos–, la dictadura brasileña tuvo activa participación en los golpes de Estado en Bolivia (1971) y Chile (1973).

También en Chile la CIA tuvo participación en el golpe. En 1958, Jorge Alessandri Rodríguez, el candidato de la derecha, se impuso por menos de 33.000 votos a Salvador Allende Gossens, sostenido por la izquierda nucleada en el Frente de Acción Popular (FRAP). Fue una señal de alerta para Estados Unidos, cuyos sucesivos gobiernos se propusieron impedir –incluso contrariando la voluntad popular democráticamente expuesta– la llegada de la izquierda a la presidencia. En 1964, la Agencia tuvo éxito, pues la Democracia Cristiana frenó –particularmente por el voto femenino– la candidatura de Allende, pero fracasó en la campaña electoral de 1970. Como bien documenta Moniz Bandeira (2008b), cuando el pueblo chileno optó por un cambio estructural pacífico, el Gobierno de Estados Unidos buscó la desestabilización del gobierno por todos los medios (ayuda encubierta a la oposición, presión económica, estrategia diplomática). Después del golpe, la CIA retomó las relaciones de cooperación con los aparatos de inteligencia y de seguridad chilenos, las cuales se habían interrumpido durante el Gobierno de Allende.

Otro caso que ilustra el repertorio del intervencionismo norteamericano es el de República Dominicana. Allí, la muerte del dictador Trujillo, en un atentado perpetrado el 30 de mayo de 1961, puso al frente del Gobierno a Joaquín Balaguer (vicepresidente en ejercicio formal de la presidencia desde 1960) y como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al general Rafael Leónidas Trujillo Martínez, conocido como “Ramfis”, hijo del dictador (104).

Un golpe de Estado derrocó a Balaguer y puso en su lugar un Consejo de Estado que llevó adelante el proceso político que culminó con las elecciones libres del 20 de diciembre de 1962, en las cuales, con el 59,5% de los votos, triunfó el Partido Revolucionario Dominicano. Su candidato, el escritor y ensayista Juan Bosch, asumió la presidencia el 27 de febrero de 1963. El Gobierno de Bosch –un reformista– solo duró siete meses. Fue depuesto el 25 de septiembre de 1963 por un nuevo golpe de Estado tras el cual las Fuerzas Armadas y la Policía impusieron un triunvirato que contaba con el apoyo de Estados Unidos. El 24 de abril de 1965, en un contexto de deterioro de la situación económica, se sublevaron dos guarniciones militares. Los oficiales jóvenes plantearon la restauración del Gobierno constitucional de Bosch. Las Fuerzas Armadas se dividieron en dos bandos, el constitucionalista, encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y el golpista (también llamado “leal”), a cuyo frente estaba el general Elías Wessin y Wessin, sostenido por Estados Unidos. La fractura se tradujo en operaciones bélicas, incluyendo el bombardeo aéreo de las posiciones constitucionalistas, que contaban con fuerte apoyo popular.

El día 24, el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, cablegrafió a la embajada en Santo Domingo ordenándole acciones para constituir una Junta Militar, la llamada Junta de San Isidro. El 25, esta pidió por carta la intervención militar norteamericana. El 28 de abril, violando disposiciones de la ONU, de la OEA y del derecho internacional, 500 marines invadieron territorio dominicano por segunda vez en el siglo. Fueron la avanzada de los 21.000 que finalmente ocuparon el país con el pretexto de restaurar la ley y el orden, proteger las vidas de los norteamericanos residentes en el país y evitar el posible triunfo de los comunistas.

Consumada la invasión, el Gobierno de Estados Unidos convocó a la X Reunión de Consulta de los cancilleres americanos, que solo sirvió “para legalizar y legitimar una acción unilateral, mediante la multi-lateralización, a fin de permitir que los Estados Unidos sustentasen la propia auto-imagen y rebatiesen la acusación de que habían cometido una injustificable agresión contra un pequeño país, al mismo tiempo que excluía al hemisferio, una vez más, de la jurisdicción de la ONU” (Moniz Bandeira, 2007: 232).

En la Reunión fue creada la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), un contingente militar integrado por soldados de Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y Paraguay, más una representación de policías de Costa Rica, más simbólica que real, pues como se ha visto este país carece de Fuerzas Armadas desde el fin de la guerra civil de 1948. La FIP fue puesta bajo el mando formal del general brasileño Hugo Penasco Alvim y entró en acción combatiendo a los constitucionalistas. Con la excepción costarricense, las tropas de la FIP pertenecían a países gobernados por dictaduras.

Pese al alto del fuego, los constitucionalistas fueron objeto de despiadadas persecuciones y tuvieron centenares de muertos. A mediados de 1966, Balaguer venció a Bosch y fue elegido presidente, haciéndose cargo el 1º de junio. Fue reelegido en 1970 y 1974. Su Gobierno duró 12 años y fue acusado de serias violaciones a los derechos humanos.

En cuanto a las fuerzas de ocupación de 1965, permanecieron en el país caribeño hasta el 21 de septiembre de 1966.

Henry Kissinger distinguía entre “dictaduras comunistas” y “dictaduras no comunistas”, entre el “totalitarismo agresivo” y “otros Gobiernos”, una “distinción moral”, que, en rigor, no era moral sino económica. Aun “con todas sus imperfecciones” esos “otros Gobiernos” combatían a “la subversión” y contribuían a mantener el equilibrio del poder mundial a favor del “mundo libre”. En ese campo estaban “las perores dictaduras militares de extrema derecha que garantizaban las inversiones y el comercio de las grandes corporaciones norteamericanas”: España, Portugal, Irán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, entre otros países (Moniz Bandeira, 2007: 325). Coherente con esa línea, no extraña que Estados Unidos estuviese involucrado fuerte y estrechamente con la Operación Cóndor, iniciada entre 1974 y 1975.

Según muestra Moniz Bandeira (2007: 315-320), el Gobierno de Gerald Ford (1974-1977), dentro del cual pesaba fuertemente el secretario de Estado Kissinger, apoyó fuertemente al Estado Terrorista de Seguridad Nacional argentino. En junio de 1976, en ocasión de la VI Asamblea General de la OEA, realizada en Santiago de Chile, Kissinger le indicó al contralmirante César Augusto Guzzetti, canciller de la dictadura argentina: “Si van a matar, maten, pero háganlo rápido”.

Durante el Gobierno del demócrata James Carter (1977-1981), en cambio, la política exterior norteamericana, por primera vez, encaró con seriedad (no retóricamente) la cuestión de los derechos humanos. Si bien ya antes de la llegada de Carter a la presidencia, el Congreso había acordado, en 1974, hacer de los derechos humanos una cuestión central para decidir en materia de asistencia económica y militar a terceros países, fue durante su presidencia que Estados Unidos planteó la observancia de los derechos humanos como un rasero para definir la relación del país con los potenciales enemigos –los países del mal llamado “socialismo real”– y los países amigos de América Latina y Asia. La “doctrina Carter” procuraba evitar “un nuevo Vietnam”, abandonando las políticas intervencionistas armadas, “el cinismo de la realpolitik, el apoyo obstinando al statu quo en nombre de la lucha contra el comunismo y la tendencia a confundir sin matices todo cambio legal o reforma moderada con la revolución y la subversión soviética” (Rouquié, 1994a: 167). Se trató de una política orientada principalmente contra la Unión Soviética y sus aliados, procurando reivindicar la deteriorada imagen de la ética política de Estados Unidos, golpeada fuertemente por el escándalo de Watergate, la derrota en Vietnam, el apoyo a dictaduras crueles, el papel del país en el golpe contra el Gobierno de Allende. Para alcanzar ese objetivo se viró a las acciones de apoyo a las políticas reformistas como modo más eficaz de combatir el comunismo, favoreciendo, como escribe Rouquié, “las reformas para evitar las revoluciones”.

En relación con América Latina, el Gobierno de Carter desplegó “dos políticas entrelazadas e inseparables”: una, continental y pacificadora, remedaba la “política del buen vecino” de Franklin D. Roosevelt; otra, con carácter selectivo y como “aplicación regional de una estrategia de alcance global”, se dirigió contra las dictaduras (Rouquié, 1994a: 168). Los acuerdos con Torrijos –a los cuales se hizo referencia en el capítulo 4– son un buen ejemplo de la primera de estas políticas.

La implementación de la nueva política, sin embargo, fue tímida. La asistencia militar se redujo (pero no se suspendió) en los casos de Guatemala y El Salvador, al tiempo que se produjeron fricciones, algunas muy fuertes, con Argentina, Brasil y Chile. Como muestra de la inconsistencia de su política de derechos humanos, el Gobierno de Carter alentó el golpe de Estado contra el presidente salvadoreño Romero, el 15 de octubre de 1979, por el temor de que, tras la victoria de los sandinistas en Nicaragua, la guerrilla del FMLN tomase el poder. La consecuencia del golpe fue terrible: “La guerra civil se intensificó aún más, con el asesinato de millares de civiles por los escuadrones de la muerte, formados por la derecha” (Moniz Bandeira, 2007: 329).

Con el triunfo de Ronald Reagan, un neoconservador que había sido demócrata hasta los años sesenta, cuando se pasó al Partido Republicano por considerarlo más fuertemente anticomunista, se revocó la política de Carter, autorizando a la CIA y al FBI (Federal Bureau of Investigation) a realizar acciones terroristas.

El caso más sonado fue el llamado escándalo o affaire Irán-Contra, una operación dirigida contra el Gobierno sandinista de Nicaragua, país este considerado estratégico desde los tiempos en que comenzó a planearse la construcción del canal interocéanico. La oposición norteamericana comenzó seis meses después de la caída del dictador Somoza, cuando Carter autorizó a la CIA a apoyar con dinero y asistencia a los contrarrevolucionarios de las Fuerzas de Resistencia Democráticas Nicaragüenses (conocida como “la Contra” o “los contras”), como también al diario opositor La Prensa. Por otra parte, Carter otorgó al Gobierno nicaragüense ayuda por 39 millones de dólares para la adquisición de alimentos, pero luego dispuso cesar todo tipo de aporte, so pretexto de la colaboración de los sandinistas con la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí. En 1980, Carter aprobó tres pequeños programas de acciones encubiertas, que encargaron a la CIA apoyar a los diferentes grupos y organizaciones antisandinistas. Reagan mantuvo esa posición y fue más allá: con la colaboración de la dictadura argentina –que aportó especialistas en “guerra sucia”, encargados de entrenar en Honduras a un millar de “contras”– se involucró directamente en la lucha contra la revolución sandinista, en un ejercicio de guerra o conflicto de baja intensidad (low-intensity conflict o LIC) característico de la estrategia militar norteamericana después de la derrota en Vietnam. El LIC incluye, inter alia, acciones de contrainsurgencia, pro-insurgencia, terrorismo, rescate de rehenes, lucha contra la producción y tráfico de drogas, sin alcanzar el grado de guerra convencional.

En marzo de 1981, Reagan autorizó a la Agencia el suministro de armas y dinero para la lucha contra “la subversión y el terrorismo” en Nicaragua, informando al Congreso que el objetivo era impedir el envío de armas desde Nicaragua a los guerrilleros salvadoreños. Es decir, se presentó la operación como una defensa de El Salvador –país gobernado por derechistas y sus escuadrones de la muerte–, una falacia utilizada para disimular el verdadero plan: “Entrenar y armar a combatientes nicaragüenses en Honduras –la denominada “Contra”– y utilizarlos para recuperar el país en manos de los sandinistas” (Weiner, 2008: 396).

Honduras fue una pieza clave en la estrategia antisandinista. Para Estados Unidos fue la base de operaciones contra Nicaragua. Los estadounidenses construyeron instalaciones para usos militares, incluyendo pistas de aterrizaje y estaciones de radar, y enseñaron técnicas de vigilancia y de interrogatorio. Así, se instalaron en la base aérea de Palmerola y en la de Puerto Lempira, mientras en Puerto Castilla montaron un Centro Regional de Entrenamiento Militar, donde, bajo la dirección de rangers, instruyeron a 3.500 oficiales salvadoreños y 500 hondureños hasta 1985, cuando el Centro fue cerrado debido la tradicional hostilidad entre El Salvador y Honduras. La presencia militar norteamericana en este país fue ostentosa e indisimulada (a diferencia de El Salvador), incluyendo 2.000 soldados permanentes del Ejército y varios miles de efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido y de la Guardia Nacional (Rouquié, 1994a: 215).

El escándalo Irán-Contra fue una operación triangular –de la que también participó Israel– mediante la cual la venta ilegal de armas a Irán, oficialmente enemigo de Estados Unidos, produjo ganancias que fueron a manos de los intermediarios, el tráfico de drogas y el financiamiento de los “contras” nicaragüenses. Cuando el Congreso norteamericano lo investigó, el Subcommittee on Narcotics, Terrorism and International Operations, presidido por el senador demócrata John Kerry (quien en 2004 fue candidato a presidente por su partido, y derrotado por George W. Busch, postulante a su reelección), puso un especial empeño en esclarecer las relaciones entre el narcotráfico y la ayuda a los “contras”, determinando, en 1988, “que varios individuos, entre ellos los agentes de la CIA implicados en tal operación, mantenían vínculos con negocios de droga en conexión con el Bank of Commerce and Credit International (BCCI), utilizado para el lavado de dinero de los narcotraficantes y los mercaderes de armas. El informe del Kerry Committee comprobó que el Departamento de Estado efectuó pagos a los traficantes de drogas con fondos autorizados por el Congreso para la asistencia humanitaria, en conexión con las actividades de los ‘contras’. No solo en Nicaragua sino también en Costa Rica y Honduras” (Moniz Bandeira, 2007: 378-379).

Sarmiento y Krauthausen (1991: 179-181) muestran, a grandes rasgos (o, como ellos escriben, “algunos de los pilares básicos”), la compleja relación entre el negocio de las drogas y la guerra contrainsurgente, relación en la cual, salvo la ética, nada estuvo ausente. John Hull, agente de la CIA, utilizó una extensa finca en el norte de Costa Rica (frontera con Nicaragua) como base de apoyo a los “contras” dirigidos por Edén Pastora –el célebre comandante Cero, ahora opositor del sandinismo–, que contó con el apoyo de Lewis Tambs, el embajador norteamericano –que se había desempeñado previamente en Colombia– encargado de presionar al Gobierno costarricense para que permitiera la construcción de pistas de aterrizaje y operaciones aéreas en la finca de Hull. El nexo entre Hull y los narcos colombianos fue la compañía Southern Air Transport, empresa de propiedad de la CIA entre 1960 y 1973, luego vendida a un supuesto empresario privado que tuvo a la Agencia como uno de sus principales usuarios. A su vez, la conexión inicial entre la compañía aérea y los narcos fue un piloto veterano de la guerra de Vietnam que integraba la red exportadora de cocaína coordinada por Fabio Ochoa, uno de los más importantes jefes del narcotráfico. Cuando el piloto fue descubierto, zafó de la situación convirtiéndose en agente de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, Drug Enforcement Administration), organismo dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. En septiembre de 1986 los sandinistas derribaron el avión utilizado por la citada compañía aérea, y encontraron en él armas destinadas a los “contras”. Poco después, en enero de 1987, dos traficantes de cocaína (un colombiano y un estadounidense) fueron detenidos, y confesaron “que habían trabajado para la CIA transportando cocaína hacia los Estados Unidos y que con los recursos producidos con el transporte de la droga se financiaban las armas que se les suministraba a la ‘contra’. Los aviones llegaban con las armas a la hacienda de Hull, y allí mismo se abastecían con cocaína para llevarla a los Estados Unidos” (Sarmiento y Krauthausen, 1991).

Por otra parte, la participación de militares argentinos en América Central fue decisiva y tuvo importantes consecuencias en política internacional, incluyendo la errónea lectura que la dictadura realizó de la posición de Estados Unidos de cara a la guerra de Malvinas (105). Moniz Bandeira sostiene que la colaboración argentino-estadounidense guardó relación con la creciente presencia de Brasil en África occidental, particularmente en Angola, Guinea Bissau y Cabo Verde, países lusohablantes gobernados por fuerzas de izquierda y apoyados por Cuba y la Unión Soviética, hecho considerado desequilibrante de la presencia norteamericana en el Atlántico Sur. Al hacerse cargo de la Secretaría de Estado, el general Alexander Haig, hasta entonces presidente y jefe de operaciones de la United Technologies Corporation, suspendió las sanciones que Carter había aplicado a la dictadura argentina, incluyendo el embargo a la venta de armas (106). Los militares argentinos no solo se involucraron en la “guerra sucia” en Centroamérica y en una monumental compra de material bélico (cerca de 16.700 millones de dólares), sino que entendieron que su estrecha cooperación con el Gobierno de Reagan en ese campo les garantizaba, si no el apoyo, por lo menos la neutralidad de Estados Unidos en el proyecto de recuperación militar de las islas Malvinas. No tardarían en advertir su soberana ingenuidad, tan grande como su soberbia.

Antes del “desencuentro” con Reagan los dictadores argentinos –golpeados por la política de Carter, que ellos vivieron directamente por la intervención de Patricia Derian, secretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios–, se sintieron llamados a la cruzada anticomunista, alegando la participación de cuadros del ERP y de Montoneros en el proceso revolucionario nicaragüense. De allí a la intervención directa junto a los “contras” hubo un paso corto y rápido. Entre los estudiosos del caso no hay coincidencia respecto del momento de su inicio. Riordan Roelt (1984: 119), un politólogo norteamericano, la sitúa en 1979, cuando el general Galtieri fue nombrado comandante en Jefe del Ejército y, como tal, dispuso el envío de asesores militares a El Salvador y Honduras. A su vez, Roberto Russell (1988), un argentino experto en relaciones internacionales, considera que data de septiembre de 1980, en ocasión del IV Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana reunido en Buenos Aires y presidido por el general Carlos Guillermo Suárez Mason (otro de los “duros” dentro del elenco dictatorial, a la sazón comandante del I Cuerpo de Ejército). Entre los participantes del encuentro estaba Andrés Nazario, presidente de Alpha 66, una organización de contrarrevolucionarios cubanos con sede en Miami que fue la conexión entre los militares argentinos y los operadores antisandinistas.

Juan Salinas, a su vez, sostiene que la “insólita intervención de los militares” de su país en Centroamérica “por cuenta de la CIA” comenzó con el golpe de Estado que derrocó a la presidenta Lidia Gueiler y posicionó en el cargo al general García Meza, en Bolivia en julio de 1980. Salinas entiende que ese golpe fue también “el inicio del capítulo americano de Irangate” y que fueron antecedentes la participación en la Operación Cóndor y la apertura, en Miami, en 1977, “de una base clandestina del servicio de inteligencia del ejército, el Grupo de Tareas del Exterior (GTE)”. Dos empresas sirvieron de pantalla para sus operaciones: la casa de cambios y empeños Silver Dollar “junto a una armería” utilizada para el envío de armas a Centroamérica, particularmente a Honduras, y la organizadora de conciertos y espectáculos musicales Argenshow. Por esas vías, más de treinta millones de dólares fueron transferidos “desde cuentas bancarias suizas o de Liechtenstein y de las Bahamas o las islas Caimán, a Centroamérica, para financiar las operaciones militares de los “Contras” y otros grupos contrainsurgentes (Salinas, 2006: 31-32).

Carlos Escudé y Andrés Cisneros acotan que la gestión financiera del GTE “fue manejada por un agente civil del 601: el licenciado en Administración de Empresas y oficial de nominación primera de ese batallón, Leandro Sánchez Reisse”, un contador encargado de financiar “a las fuerzas argentinas en El Salvador con conocimiento de la CIA y apoyo de los grupos anticastristas Omega y Alpha 66 de Miami. Mientras Sánchez Reisse estaba encargado de la parte financiera de esta ‘guerra sucia’ contra elementos izquierdistas en América Central, oficiales del Ejército, de la Seguridad Federal y de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) comandaron y asesoraron a los elementos contrainsurgentes en Nicaragua, Honduras y Costa Rica”. Y basándose en la investigación periodística de Daniel Santoro (1998) anotan: “Cabe señalar que el dinero con el que Sánchez Reisse financiaba a las fuerzas argentinas en El Salvador provenía de la venta de armas argentinas al narcotraficante boliviano Roberto Suárez Levy, para apoyar el golpe de los militares Luis García Meza y Luis Arce Gómez contra el Gobierno democrático de Lidia Gueiler. […] Parte de los narcodólares de Suárez Levy fueron utilizados por Sánchez Reisse para financiar a los militares argentinos en El Salvador y para que el GTE comprara armas para los ‘contras’ y otros grupos mercenarios en América Latina” (Escudé y Cisneros, 2000: sin página y nota 61).

Para terminar digamos que en diciembre de 1983, Reagan, en una iniciativa unilateral, ordenó la invasión de Granada. En palabras de Moniz Bandeira (2007: 386), se trató de una demostración de fuerza tendiente a borrar en la opinión pública el fracaso en Vietnam y a recordar que Estados Unidos no toleraba ningún otro Gobierno de izquierda en la región. La invasión de Granada fue la última en el marco de la Guerra Fría. Tras la caída de las experiencias del “socialismo real”, Estados Unidos redefinió el enemigo.

44. De hecho, como señala Moniz Bandeira (2008a: 287), fue durante el Gobierno de Kennedy cuando “los Estados Unidos incentivaron más a las Fuerzas Armadas de América Latina a participar de la política interna en sus respectivos países”.

45. El real tenor de lo discutido durante los días de la crisis fue un secreto hasta 2003. Ese año, tras la investigación de Sheldon Stern, se supo que la versión oficialmente difundida “es en parte un mito, basado en unos datos históricos incompletos y falsificados. El presidente Kennedy suministró a sus periodistas preferidos historias tan poéticas como manifiestamente falsas”. El libro póstumo de Robert Kennedy sobre la crisis “contiene invenciones y diálogos ficticios”, repetidos luego por diversos historiadores. “Hoy sabemos que los Kennedy distorsionaron los datos históricos y ocultaron la forma en que se resolvió la crisis” (Weiner, 2008: 610).

46. Véase el debate en Guevara (2006).

47. Como se vio en el capítulo anterior, Córdova (1993) relativiza el carácter de partido de masas del PRM, pues lo asocia más a un “partido de corporaciones”. Petrone (2003) utiliza precisamente esta referencia para analizar el caso del cardenismo en la tensión desvío del modelo clásico/fenómeno histórico singular. En todo caso, muchas visiones coinciden en que el partido (el PRM y luego el PRI) tuvo una estructura altamente burocratizada y vertical que condicionó las formas de participación de las “masas”.

48. En un texto de gran repercusión y amplia difusión, publicado en abril de 1961 en la revista Verde Olivo, el Che hizo un balance del proceso revolucionario hasta ese momento, incluyendo un análisis de las clases sociales. Se trata de “Cuba: ¿caso excepcional o vanguardia en la lucha contra el colonialismo?”.

49. El caso llama la atención sobre un problema básico de los derechos sociales: el de la diferencia que existe entre tener derecho al trabajo y tener trabajo.

50. Cubanismo que designa a pequeños negocios.

51. Sugerimos aquí una interpretación que sigue la de Moniz Bandeira (2008a: 21), para quien “se debe comprender el fenómeno de la Revolución Cubana como la manifestación más radical de las contradicciones no resueltas entre los Estados Unidos y los países de América Latina”.

52. La diferencia en la apreciación deriva de la distinta manera en que entendemos el concepto oligarquía: clase social (terratenientes), para Torres-Rivas, forma de dominación política y social, para nosotros.

53. Recuérdese la cita de Wood que consignamos en el capítulo 3, en la cual la autora destaca que el conflicto de clases suele convertirse en una guerra declarada solo cuando se exterioriza, momento en el cual el poder coercitivo está fuera de la unidad de producción y el Estado, no el capital, el que se hace cargo del conflicto de clases y reprime a la fuerza de trabajo (Wood, 2000: 55). En cambio, en la hacienda y en la plantación esclavista el poder coercitivo se encuentra en primer lugar en el interior de la unidad de producción, donde se enfrentan directamente los hacendados y los campesinos, los plantadores y los esclavos, sin perjuicio de la intervención del poder político externo cuando el conflicto se expande, como ocurría en casos de revueltas o de cimarronería.

54. Eso se vincula con otro de los postulados perniciosos generados por las ciencias sociales decimonónicas, el que sostiene que todo cambio estructural rápido es generador de ciertas tensiones generalizadas que son creadoras de diversos tipos de desorden (Tilly, 1991: 74). No es necesario esforzarse para apreciar el porqué de la oposición de los conservadores a todo tipo de cambio estructural, incluso si este es solo cambio en la estructura.

55. En esta sección, las comparaciones entre las décadas 1920 y 1960 están tomadas de Ansaldi y Funes (1998).

56. En el balance del mes de abril, el Che escribió en su Diario: “Danton y Carlos cayeron víctimas de su apuro, casi desesperación, por salir y de mi falta de energía para impedírselo, de modo que también se cortan las comunicaciones con Cuba (Danton) y se pierde el esquema de acción en la Argentina (Carlos)” (Guevara, 1996: 617). Pierre Kalfon (1997: 555) reproduce la opinión que Debray le dio cuando lo entrevistó: “Bustos cantó enseguida […]. Su papel fue muy nefasto”. Bustos dio su propia versión cuarenta años más tarde en su libro (Bustos, 2007: capítulos 34 y 35).

57. Logró sobrevivir y tras ser liberada siguió militando. Actualmente es presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asofamd) de Bolivia. Como integrante del Movimiento al Socialismo (MAS) fue elegida convencional constituyente.

58. El capitán cubano Daniel Alarcón Ramírez dice que el “Chato” los delató y pactó con el Gobierno boliviano su exilio en Chile (Benigno, 1997: 208-209). En 2008, Osvaldo Peredo era concejal por el MAS en Santa Cruz.

59. Cabe consignar que Bustos ya había desempeñado un importante papel como reclutador de guerrilleros y contactos en la fallida experiencia del Ejército Guerrillero del Pueblo en Argentina.

60. Benigno fue uno de los sobrevivientes del combate de la Quebrada del Yuro. Desde allí, el grupo, comandado por el “Inti” Peredo, logró refugiarse en Chile, dirigiéndose luego a Cuba. Benigno, Pombo y Urbano (también sobrevivientes de la guerrilla del Che) volvieron a Bolivia para continuar la lucha bajo el mando del “Inti” y en calidad de miembros del Estado Mayor del ELN. Benigno también sobrevivió al nuevo fracaso. En Cuba fue entrenador de guerrilleros internacionales y fue combatiente de las Tropas Especiales en Angola. En 1995, desencantado con la marcha de la Revolución Cubana, se exilió en Francia.

61. Antes de operar en Uruguay, Mitrione había desarrollado su actividad “docente” en Brasil. Enseñaba a producir “el dolor preciso, en el momento preciso, en la cantidad precisa, para el efecto deseado”. Según Brasil: Nunca mais (1985), “hacía recoger mendigos en las calles y los sometía a torturas en los lugares donde se daban las clases, de manera que la policía aprendiera las diversas maneras de crear, en el preso, la contradicción suprema entre el cuerpo y la mente, golpeando los puntos vulnerables del cuerpo humano” (apud Cockcroft, 2001: 737). El dato fue consignado también por el ex agente de la CIA John Stockwell, en su libro The Praetorian Guard: The US Role In The New World Order.

62. Puede verse Salas (2003). El Uturunco es un personaje de las leyendas populares: alude a una de las tantas formas de transformación del hombre en animal, en este caso, un tigre (yaguareté).

63. En la campaña electoral de 1983, Raúl Alfonsín, el candidato presidencial de la UCR, finalmente triunfante, apeló exitosamente a la denuncia de lo que llamó el pacto militar-sindical. Fuese consciente o no de ello, estaba develando la existencia de un sistema de partidos perverso y llamaba a quebrarlo para recuperar un sistema de partidos orgánicos y competitivos. El final de la dictadura en 1983 y la derrota política de los militares pusieron fin al sistema perverso, ya afectado por la implantación de la dictadura en 1976.

64. Sobre la experiencia, puede verse, entre otros, los ya citados Bustos (2007) –relato testimonial de su participación en el EGP– y Kalfon (1997).

65. De hecho, es uno de los pocos lugares de Argentina donde existen campesinos en el sentido estricto del concepto.

66. Agradecemos a Inés Nercesian sus observaciones, comentarios y sugerencias para el mejor tratamiento de las Ligas Camponesas. Véase Nercesian (2009).

67. La expresión trabajadores del campo englobaba a: los foreiros, campesinos que ocupaban precariamente tierras de los ingenios y estaban expuestos a la expulsión de las mismas; los campesinos semi proletarios que vivían en las usinas, en vías de convertirse definitivamente en asalariados y de perder sus características campesinas originarias; y ex campesinos devenidos obreros asalariados tras su definitiva expulsión de los campos que habían ocupado (roçados) (Martins, 1981: 77).

68. El PSB fue creado en 1947 a partir de la agrupación Esquerda Democrática, fundada dos años antes como parte del movimiento de oposición al Estado Novo. Fue disuelto por la dictadura militar y refundado en 1985.

69. El Consejo de Estado estaba compuesto por 33 miembros: 6 del FSLN, 12 del FPN (de los cuales 6 eran del MPU), 7 del FAO, 6 de COSEP, 1 de la UNAN y 1 por la Asociación Nacional del Clero.

70. Analizando Sendero Luminoso, Manrique (1994: 57-60) señala tres problemas fundamentales, que son los que aquí numeramos como tercero, cuarto y quinto. A nuestro juicio, los dos que consideramos iniciales deben ser objeto de cuidadosa atención.

71. “[E]s imposible definir la palabra campesinado con absoluta precisión, toda vez que las distinciones, en la realidad social misma, son borrosas en los límites. Una historia previa de subordinación a una clase alta rural reconocida e impuesta por las leyes –las cuales, sin embargo, no siempre prohíben el traspaso a otra clase, acusadas diferencias culturales y un grado considerable de posesión de facto de la tierra: he aquí los rasgos distintivos del campesinado” (Moore, 1973: 450, nota 1 del capítulo III).

72. Existen numerosas ediciones, en castellano, de este texto célebre. Nuestra cita está tomada de la edición de Sarpe (similar a la previa de Ariel), Madrid, 1985, p. 153.

73. En una nota que es más bien un esbozo sin desarrollo, Gramsci distinguía entre congiuntura y situazione, siendo la coyuntura “el complejo de los caracteres inmediatos y transitorios de la situación económica”, estando su estudio “ligado más estrictamente a la política inmediata, a la ‘táctica’ y a la agitación, mientras la ‘situación’ [lo está] a la ‘estrategia’, a la propaganda, etc.” (Gramsci, 1975: II, 797).

74. El EZLN tiene características que lo diferencian de las experiencias guerrilleras anteriores. No se correlaciona con las que aquí llamamos sociedades de violencia. Por esta razón, será tratada en el próximo capítulo.

75. Esta síntesis se basa en Gonzales Manrique (1989).

76. Este tipo de violencia fue practicado por los Estados Terroristas de Seguridad Nacional, pero también por otros como los Estados de Colombia, Perú, México y Venezuela. Por cuestiones de espacio, aquí nos referiremos a los casos del Cono Sur y Guatemala.

77. Agradecemos a Martín Sivak habernos llamado la atención sobre este aspecto.

78. Aussaresses publicó en 2001 Services spéciaux. Algérie 1955-1957, libro que presentó como “mi testimonio sobre la tortura”. En 2003, se conoció el video documental Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa, realizado por la periodista Marie-Monique Robin y luego su libro (Robin, 2005).

79. La colaboración entre la DINA y la extrema derecha argentina comenzó tras el golpe de septiembre de 1973, según muestra Martorell (1999: 50).

80. En ese entonces, George Herbert Bush era director de la CIA. Luego fue vicepresidente de Reagan (1981-1989) y finalmente presidente de Estados Unidos (1989-1993).

81. En junio de 1957, Salcedo fue asesinado por la policía en un confuso hecho en Bogotá, corriendo igual suerte que otros jefes guerrilleros también firmantes de la paz.

82. Con esa denominación, la organización rendía homenaje a Manuel Quintín Lame Chatre (1880-1967), indígena paece que entre 1914 y 1917 lideró en el Cauca un movimiento reivindicando el acceso a la tierra para su pueblo. Su extensión –aunque fracasó en el intento de extenderlo a Huila, Tolima y Valle– generó la que ha sido considerada una “guerra racial”. Una de las acusaciones que se le formuló a este dirigente fue la de querer instituir una república indígena.

83. La autodefensa, “como sistema y como realidad” fue fuertemente criticada por los cubanos, basándose, justamente, en la experiencia colombiana. Véase Debray (1967: 21-37).

84. El número máximo de efectivos alcanzado por las FARC ha sido estimado entre 16.000 y 18.000.

85. “Pablo Escobar y Carlos Lehder no han sido los únicos narcotraficantes presentes en la política nacional, sino que, al contrario existe, por ejemplo, más de un congresista que ha participado activamente en el narcotráfico. Sin embargo, al parecer, por lo general son políticos con intereses en las ganancias que brinda el mercado ilegal y no empresarios ilegales con intereses en las redes de poder que brinda el Congreso” (Sarmiento y Krauthausen, 1991: 115, nota *).

86. El llamado “Proceso 8.000” es considerado la prueba judicial más decisiva del financiamiento de la actividad política colombiana por los narcotraficantes. Se lo conoce con ese nombre por ser ese número el del expediente tramitado en la fiscalía de Cali a partir de denuncias sobre fondos del narcotráfico para el financiamiento de la campaña de Samper, lo cual fue admitido más tarde por el tesorero de esta. Hubo varios condenados, pero el presidente fue absuelto.

87. No deja de ser paradójico que la frase fuese creada por alguien que no solo sabía de la oposición de las FARC-EP y el ELN al narcotráfico sino que, poco después, siendo embajador en Costa Rica, se involucró en el financiamiento de “la contra” nicaragüense (y, según otras denuncias, los escuadrones de la muerte salvadoreños) con dinero proveniente del narcotráfico.

88. La UP se constituyó a fines de 1969 para competir en las elecciones presidenciales de 1970, sustituyendo el Frente de Acción Popular (FRAP). Fueron parte de la UP los Partidos Radical, Socialista, Comunista (las tres organizaciones más importantes) y de Izquierda Radical, y la Acción Popular Independiente, sumándose en 1970 el Movimiento de Acción Popular Unitaria, la Izquierda Cristiana y, en 1973, el MAPU Obrero y Campesino (disidencia del MAPU). Fue apoyada por la Central Única de Trabajadores (CUT).

89. Esta sección retoma y amplía varios de los argumentos expuestos en Ansaldi (2004a) y (2006a).

90. De allí, acotamos, que, por ejemplo, los revolucionarios rusos no calificaran al zar de dictador, sino de autócrata.

91. “La idea de la dictadura revolucionaria como Gobierno provisional y temporal, impuesto por circunstancias extraordinarias, es propio de la teoría de [Louis Auguste] Blanqui, no de la teoría política de Marx, que habla de dictadura del proletariado en cuanto dominio de clase y no de un comité y mucho menos de un partido, y en consecuencia no en el sentido tradicional de forma típica de ejercicio del poder, no en el sentido que el término había conservado sustancialmente en el paso de las dictadura clásica a la moderna” (Bobbio, 1989a: 232; itálicas nuestras). Como se sabe, Marx tenía como prueba de la posibilidad y del ejercicio de la dictadura del proletariado la experiencia de la Comuna de París.

92. La denominación “viborazo” se originó en una frase del interventor de la provincia designado por la dictadura, José Camilo Uriburu, miembro de una tradicional familia de origen salteño y expresión de lo que por entonces solía llamarse lumpen burguesía. De una mediocridad notoria expresaba lo que Delich llamó “el desconcierto y la degradación del poder”. En ocasión de un acto público, en presencia del dictador Levingston, Uriburu se refirió a la declaración del paro general obrero diciendo: “Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”. No tuvo el supuesto honor que reclamaba. Como mostró una caricatura publicada en el principal diario de la ciudad, “la víbora” se lo devoró: al día siguiente de la insurrección del día 15, debió renunciar.

93. Esta síntesis de la dictadura de Banzer se basa en buena medida en Sivak (2001).

94. Según el mismo autor, este oficial se desempeñó luego como asesor del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y “como mercenario de la CIA” en Honduras.

95. El Che pensaba explícitamente (y tal vez como caso excepcional en América Latina) en Uruguay.

96. Obvia, pero no trivial la aclaración: fueron experiencias exitosas en la medida en que quienes las impulsaron lograron los objetivos que se plantearon. Así, la dictadura chilena fue exitosa, y la argentina, un fracaso.

97. No obstante, en este contexto, llaman la atención algunas expresiones francamente contrarias a los supuestos principios morales de la dictadura: por ejemplo, la revista Humor –un producto cultural que Mara Burkart (2012) analiza con detenimiento–.

98. Téngase en cuenta que esas transferencias de recursos (o de patrimonio, si se prefiere) no constituyen, en sentido estricto, acumulación de capital.

99. En el vudú, el Barón Samedí es el dios de los muertos y los cementerios.

100. Tomado de Gabriel Regino, “¿Seguridad Pública o Seguridad Nacional?”. Disponible en: <www.derechos.org>.

101. Como es evidente, estas formas de expresión colectiva de resistencia al orden constituido estuvieron presentes también en países con continuidad democrática. Por razones de espacio abordamos unas pocas expresiones de resistencia y oposición a las dictaduras terroristas.

102. El estímulo de pensar el catolicismo como un fenómeno que es parte inseparable de la complejidad de los procesos sociales, antes de asumirlo como un fenómeno separado y ajeno a la dinámica social, está dado en buena medida por las perspectivas de análisis que en el proceso de elaboración de este capítulo nos acercó Soledad Catoggio, a quien agradecemos su deferencia. Véase Catoggio (2010).

103. Hasta aquí las referencias a la ampliación de derechos de las mujeres en situaciones de dictaduras están tomadas de Giordano (2012).

104. La CIA estuvo involucrada en el complot para matar a Trujillo. La desaparición del dictador y de su dictadura, otro engendro norteamericano, fue planeada como prevención de la posibilidad de una revolución a la cubana, según la lógica de que la dictadura trujillista, de tenor semejante a la de Batista, favorecía tal posibilidad. Véase Grimaldi (1999).

105. En octubre de 2006, el Gobierno del presidente Néstor Kirchner, a través de la ministra de Defensa Nilda Garré, pidió, en nombre del país, perdón por el apoyo directo que los militares dieron, entre 1979 y 1983, “a criminales y grupos terroristas de ultraderecha en Honduras” y por su cooperación en operaciones contra la revolución sandinista.

106. La United Technologies Corportation es una gran empresa, fundada en 1929, dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de productos de alta tecnología. Es también una empresa contratista militar productora de sistemas de misiles y helicópteros militares (como los distintos modelos UH-60 Black Hawk).

Capítulo 7

EL ORDEN EN SOCIEDADES EN PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN

Transición, consolidación y democracia: algunas precisiones conceptuales (107)

Las transiciones de la dictadura a la democracia fueron parte de un proceso generalizado en la región a partir de 1978-1979. Desde entonces han transcurrido poco más de treinta años, lapso durante el cual América Latina ha sostenido una singular etapa –para la mayoría de los países, sin precedentes– de continuidad jurídico-política del régimen democrático. Incluso, en aquellos países que en los años sesenta y setenta no tuvieron regímenes dictatoriales (México, Colombia, Venezuela, Costa Rica), hubo significativos momentos de democratización que se sumaron a las transiciones en curso en los otros países.

En buena parte de la región se produjeron importantes crisis que incluso terminaron con gobiernos. Pero estas crisis no interrumpieron –a diferencia del pasado– la vigencia del régimen democrático –el caso de Honduras, con algunas particularidades que señalaremos más adelante, es tal vez el más reñido. Empero, continuidad jurídico-política no ha sido sinónimo de consolidación de la democracia.

Como es obvio, la idea y la práctica de la democracia no ha tenido, siempre y en todos los casos, el mismo significado. Y esto porque el concepto democracia designa un fenómeno histórico complejo, multidimensional y, por añadidura, en las sociedades occidentales asociado a un valor pretendidamente positivo y universal, especialmente después de 1945. Desde un punto de vista teórico, pueden identificarse al menos dos corrientes de interpretación de la democracia: una filosófica y prescriptiva –algo así como el deber ser de la democracia– y otra empírica y descriptiva –aquello que la democracia realmente es–. Dentro de esta última corriente, quizá la más frecuentada en los estudios sobre las transiciones, ha prevalecido una concepción que pone el énfasis en los procedimientos. Es decir, se trata de una concepción que se detiene en la observación del funcionamiento de las instituciones: libre accionar de los partidos políticos, elecciones periódicas sin restricciones o prohibiciones, condiciones de alternancia en el ejercicio del poder, etc (108).

Otra acepción frecuente añade la dimensión económico-social, que refiere a la atención por parte del Estado de las crecientes demandas de ampliación de las formas y los mecanismos de participación en la toma de decisiones, de desarrollo económico y de una distribución lo menos desigual posible (o, como muchos prefieren decir, equitativa). Desde esta perspectiva, la democracia es vista como un sistema de continua expansión en materia de libertades políticas, procedimientos de participación y de decisión, que combinan los representativos con los directos y semidirectos, y procedimientos eficaces para la superación de las desigualdades sociales.

En la década de 1980 surgió una especial preocupación por comprender también el momento de consolidación de los regímenes democráticos. Así, transición y consolidación son dos conceptos que han ido juntos en la reflexión teórica y política. En una de sus acepciones, la consolidación es entendida como la instancia de formulación y realización de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que, en conjunto, hacen más factible la estabilidad de la democracia (109).

Ahora bien, la historia más reciente de América Latina muestra que la estabilidad de la democracia política como indicador de su consolidación es un concepto limitado. La institucionalización de las elecciones (junto con la ausencia de poderes de veto sobre las autoridades electas), tal la definición de Juan Linz, ampliamente difundida en las ciencias sociales (“the only game in town”), es un concepto mínimo muy útil para algunas mediciones, pero puede ser muy poco explicativo de las actuales democracias con exclusión social y pobreza. Asimismo, interesa advertir que aun cuando tales mediciones se planteen en términos procesuales, la consolidación no es un proceso que, en ausencia de obstáculos, avanza irrestricta y técnicamente hacia un tipo (¿ideal?) de democracia plena.

Ambas instancias, la de transición y la de consolidación, pueden pensarse como etapas diferentes de un mismo proceso de mediana duración, conflictivo y nunca lineal. En efecto, algunas interpretaciones de la democratización de la década de 1980 la han definido como un proceso histórico por el cual se pasa de una situación de dictadura a una de pluralismo, que no se agota en la liberalización del sistema político. Afines a estas interpretaciones son aquellas que abonan la perspectiva sociológico-histórica y que, a diferencia de otras más centradas en los comportamientos, actitudes y expectativas (en definitiva, en los actores y sus acciones), se preocupan por estudiar los conflictos, el devenir y el cambio de las condiciones estructurales que hacen posible la afirmación de la democracia.

En esta línea se ubican algunas visiones construidas a partir de la obra pionera de Barrington Moore (1973), las cuales entienden a la democracia como un proceso histórico complejo. Es precisamente esta perspectiva la que aquí asumimos, pues creemos que la debilidad estructural de la democracia en América Latina obliga a prestar atención a condiciones sociohistóricas múltiples, y no solo a las dimensiones relativas a los procedimientos. Así, somos tributarios de la proposición marxiana, retomada más tarde por Moore (1973: 359), según la cual una burguesía urbana “vigorosa e independiente ha sido un elemento indispensable en el desarrollo de una democracia parlamentaria. Sin burguesía no hay democracia” [liberal]. Empero, la cuestión es más compleja, porque, históricamente hablando, no es cierto que la burguesía fue, es o debe ser constitutivamente democrática. De hecho, a escala planetaria, la construcción de regímenes políticos burgueses democráticos no ha sido la regla. El mismo Moore ha mostrado elocuentemente la existencia de las que llamaba vía revolucionaria (democrática) y vía reaccionaria (fascista) a la construcción de la dominación política en sociedades capitalistas. También Karl Polanyi (1992) se ha ocupado de mostrar la compleja relación entre capitalismo y democracia.

Asumida esta perspectiva, es menester detenerse otra vez, brevemente, en la noción de transición. En general, esa noción ha sido pensada para analizar los procesos que se iniciaron en una situación de dictadura o de régimen no democrático y que finalizaron cuando, en el nuevo marco institucional, se agotó la secuencia de elecciones libres, asunción del Gobierno por parte del partido y los candidatos vencedores, aprobación de una nueva Constitución (en general, aunque no siempre), que acentuó aspectos sustanciales y reforzadores de la democracia, y traspaso de los atributos del poder a otro presidente, también elegido libremente (con la eventual variante de la discutible ventaja de la reelección, como en Argentina y Brasil). Otras visiones consideran como condicio sine qua non una tercera sucesión democrática (si bien en algunos análisis ella es considerada parte de la consolidación).

La conceptualización de la transición (y la consolidación) es aún más controvertida si se añade el requisito de alternancia partidaria o si se observan los términos de la sucesión, es decir, si se observa cuántos presidentes realmente traspasaron el mando en tiempo y forma (como se sabe, hubo sucesiones que produjeron por impeachment (110) o por renuncia forzada) o si se observan detenidamente los términos de la estabilidad democrática en casos muy particulares, como Perú, donde un presidente constitucional clausuró el Congreso.

Otras visiones sostienen que el concepto transición (y consolidación) debe contemplar, además, ese momento en el cual las condiciones impuestas por el régimen anterior desaparecen. Es decir, cuando el poder civil democrático no encuentra, para su ejercicio, ninguno de los condicionantes originados en el ejercicio de la dictadura e impuestos por esta en su retirada, como tampoco encuentra intentos por parte de las Fuerzas Armadas de cuestionar las decisiones que afectan sus intereses. Al respecto, las visiones de Manuel Garretón (1995) y Tomás Moulian (1997), que revisaremos más adelante, en referencia al caso de Chile, resultan esclarecedoras (111).

A efectos de una mayor precisión de los conceptos, es necesario distinguir entre transición de la dictadura a la democracia, cambio de régimen político y primer Gobierno posdictadura o democrático. La transición de la dictadura a la democracia es un proceso, de extensión temporal variable, iniciado en situación de dictadura y generado por diferentes razones, como protesta popular, disenso o fractura dentro de las Fuerzas Armadas, derrota política –y excepcionalmente, militar– de un proyecto de la dictadura, acción concertada entre partidos políticos de oposición, negociaciones de estos con las jefaturas militares. El cambio de régimen político se produce cuando la dictadura deja de tener vigencia, y con ello también las características sustancialmente distintivas de ese tipo de régimen, y cede lugar, en buena proporción, a las características que, antagónicamente, son propias de la democracia: libertad de asociación, de opinión, de prensa y de funcionamiento de los partidos; pluralismo político e ideológico; separación de los poderes del Estado (por lo general, no total); observancia –no exenta de limitaciones– de los derechos humanos; realización de elecciones libres, sin proscripciones. El primer Gobierno posdictadura o democrático es, obviamente, el que se ejerce –en las condiciones de cambio de régimen recién señaladas– tras la consagración de los candidatos triunfantes en elecciones realizadas todavía bajo un Gobierno militar. El ejercicio del poder por parte de este Gobierno puede tener más o menos condicionamientos, heredados de la dictadura, por lo cual es importante observar qué actitud adopta el Gobierno frente a ellos.

Así, el concepto transición puede ser ambivalente, esto es, puede aludir tanto a la fase terminal del régimen dictatorial, en la que los sujetos políticos en retirada disponen medidas atenuantes del ejercicio duro del poder, cuanto a la fase de cambio de régimen político y de construcción de un nuevo Gobierno posdictadura. En este sentido, las dos primeras instancias corresponden a situaciones de vigencia de la dictadura, mientras que la tercera, obviamente, refiere a la posdictadura.

Cualquiera sea el concepto de transición y de consolidación que se tome para evaluar los procesos de democratización en América Latina, es evidente que ellos son un aspecto formativo de las democracias actuales. Y si para su estudio riguroso se aíslan algunos rasgos y se asume una definición procedimental, no debe perderse de vista la visión de conjunto, histórica y de larga duración.

En 1980, en el Congreso Internacional sobre los Límites de la Democracia, realizado en Roma, Jorge Graciarena se pronunció enfáticamente sobre la necesidad de un análisis integrador de las dimensiones social, política e histórica de la democracia. Allí, Graciarena (1985: 192) hizo un planteo metodológico preciso: “Los tratamientos parciales se explican en gran parte por esta dificultad derivada de la índole multifacética que le es propia. Sin embargo, hay tres elementos que deberían estar integrados en cualquier interpretación que pretenda ser abarcadora de lo que significa el fenómeno democrático. Ellas son la dimensión social, [la] política [y la] histórica de la democracia, cuyas conexiones recíprocas son las que le dan su densidad y sentido concreto. La conjunción de estas dimensiones es lo que permite observar el grado en que la democracia constituye una formación histórica que ha penetrado en la sociedad (clases sociales) y en el Estado (régimen político)”.

No obstante la precisión del planteo, la aplicación de esta metodología ha sido poco frecuente en los análisis posteriores y la mayoría de los estudios sobre transiciones han prestado poca atención a los condicionamientos históricos. Como ya se ha dicho en otro lado (Ansaldi, 2007a), las actuales democracias latinoamericanas han sido estudiadas más politicológica que sociológica e históricamente, es decir, el análisis se ha centrando en el funcionamiento del régimen democrático antes que en las condiciones sociales de posibilidad y de realización.

Muy probablemente, el interés por dejar de lado el reduccionismo economicista ha llevado, al socaire de alguna moda, a tal reduccionismo politicista. Al respecto, en pleno auge del neoliberalismo, Guillermo O’Donnell (1995: 170), señaló a modo de balance de los estudios realizados hasta ese momento: “Yo diría que fuimos demasiado politicistas. Estábamos tan obsesionados por el problema político, que no tuvimos en cuenta algunas variables sociales y económicas que deberíamos haber considerado. [...] Finalmente, cuando vinieron las democracias, buena parte de los intelectuales se incorporaron a los gobiernos, donde la dependencia se vivía pero mucho no se la mencionaba; y, como muchos otros se comprometieron a decir que la dependencia había sido una moda que degeneró mal, ni la palabra ni el tema se recuperaron. [...] [C]omo las brujas, dependencia, haber, la hay (y en grados insólitos). No solo, y recuperando el análisis de Cardoso y Faletto, en cuanto al impacto formador que tiene lo que, a raíz de ese vínculo, hacen y dejan de hacer esos gobiernos, las clases dominantes locales y las estructuras sociales y de poder. Creo que esa definición de dependencia (y no la puramente externalista, à la Gunder Frank), que también atiende a las transformaciones nacionales de clase, está vigente como nunca e intento recuperarla. [...] Es como que el lenguaje de los ochenta se ha hecho ‘casto’. Una serie de palabras, como dependencia, clase, en otro tiempo Estado, ha sido abandonada; ahora hablamos de ‘administración Clinton’, ‘administración Menem’, las clases son ‘sectores’. Este ‘lavaje’ del lenguaje es un dato interesante de una enorme hegemonía neoconservadora. Todos aquellos que dominan prefieren no usar la palabra “dominación”. El problema es cuando los dominados o los terceros que no tendrían por qué aceptar ese lenguaje, aceptan que alegremente se llame leverage al poder”.

Aquí tomamos nota del balance de O’Donnell pero más enfáticamente señalamos la necesidad de recuperar conceptos y categorías en desuso y la necesidad de hacerlo, como en las décadas de 1960 y 1970, desde una perspectiva latinoamericana. No para tomarlos litteratim, como si la historia se hubiese petrificado, sino precisamente para renovar el utillaje teórico-conceptual con el cual analizamos nuestras sociedades. Al respecto, el análisis integrador que proponía Graciarena es una herramienta valiosa.

Tomás Moulian (2004: 61) afirma que “[h]ablar de democracia es siempre intelectualmente riesgoso”, siendo necesario “entrar en un campo de lucha político-teórica donde se disputa por la interpretación de ciertas prácticas sociales y por construir sus conceptos”. Bueno es, entonces, asumir ese “riesgo intelectual”. Desde nuestra perspectiva, la tarea requiere unir inescindiblemente dos perspectivas, la teórico-conceptual y la histórico-empírica. En Ansaldi (2007a), esta proposición, que parece una verdad de Perogrullo, se enuncia más fácil y rápidamente de lo que implica hacerla efectiva. Ella plantea, adicionalmente, otro problema, el de la traductibilidad de las categorías.

Antonio Gramsci prevenía también contra la tendencia a falsear la realidad para adecuarla a la teoría previa del analista, cuando protestaba contra esa “concepción histórico-política escolástica y académica, para la cual es real y digno solo aquel movimiento que es consciente al ciento por ciento y que más bien es determinado por un plano minuciosamente trazado con anticipación o que corresponde (lo que es lo mismo) a la teoría abstracta. Pero la realidad es rica en las combinaciones más raras y es el teórico quien debe, en esta rareza, encontrar la prueba de su teoría, ‘traducir’ en lenguaje teórico los elementos de la vida histórica y no, viceversa, presentarse la realidad según el esquema abstracto” (Gramsci, 1975: II, 332). Su conclusión es que “toda verdad [categoría, podemos decir], aun siendo universal y aun pudiendo ser expresada con una fórmula abstracta, de tipo matemático (para la tribu de los teóricos), debe su eficacia a ser expresada en los lenguajes de las situaciones concretas particulares: si no es expresable en lenguas particulares es una abstracción bizantina y escolástica, buena para entretenimiento de los rumiadores de frases” (Gramsci, 1975: III, 1134).

La advertencia viene a cuento, entonces, de nuestra propuesta de estudiar el proceso de construcción de la democracia en América Latina, tanto en el terreno conceptual –qué se entiende por democracia– como en el histórico –cómo ha sido y cómo es ese proceso–, y donde se constata lo señalado por Frank Tannenbaum treinta años atrás: “Las formas de dominación autoritaria atraviesan como un hilo conductor la historia de América Latina. Dictadores y regímenes militares, revoluciones palaciegas y golpes de Estado, violencia y dominación violenta han sido siempre una constante política en el subcontinente americano, en donde las fases de Gobierno democrático constituyen más la excepción que la regla” (apud Mols, 1987: 9-10).

En efecto, ya hemos señalado que, en nuestra región, la democracia –representativa, liberal o capitalista, como se quiera– es una idea implantada por grupos en general nada o escasamente burgueses, que han tratado de acomodarla, toda vez que les fue posible, a la cerrada defensa de sus intereses particulares, en claro contraste con las burguesías de Europa, cuyos intereses de clase habían constituido, como agudamente observara Sérgio Buarque de Hollanda, el centro de la lucha contra la aristocracia. El drama de América Latina es que la democracia burguesa, proclamada como objetivo, ha carecido, históricamente, de su sujeto principal, la burguesía democrática.

La democracia es un régimen político, sí, pero en sociedades divididas en clases, como las nuestras, es también, y sobre todo, una forma histórica de la dominación político-social de clase. El contenido y los mecanismos de esa dominación difieren según la clase, e incluso la fracción de clase, que detenta el poder. Al respecto, José Sánchez-Parga (2005) señala: “Al fundarse en el principio de una igualdad de derecho, la democracia da lugar a todas las luchas y conflictos por la igualdad de hecho. […] En este sentido, el conflicto social es siempre doblemente reivindicativo y democrático, ya que su demanda de mayor libertad y participación social en la producción y distribución de la riqueza, constituye el principal desafío para la democracia, puesto que fuerza al mismo orden democrático a una constante y mayor democratización de la sociedad; le impone desarrollos y cambios en las mismas instituciones democráticas, en la medida que estas tratan y resuelven la conflictividad social”.

Y tras indicar que el conflicto social es siempre profundamente democrático y la democracia se fundamenta en el conflicto social, el mismo Sánchez Parga (2005; itálicas del autor) señala que si bien las demandas y las reivindicaciones del conflicto social y democrático pueden ser compartidas entre las distintas clases, grupos y sectores sociales, tal circunstancia “no impide que los intereses propios de las diferentes reivindicaciones puedan, en el marco de la lucha de clases, entrar en conflicto entre ellos y por consiguiente convertirse en objeto de negociaciones en el marco de un orden democrático”. En definitiva, el problema de la democracia no se reduce a la observancia de un conjunto de libertades fundamentales, derechos y obligaciones. El problema fundamental de la democracia, como la de todo orden, es el problema del poder: quién lo ejerce, cómo lo ejerce y a favor de quién lo ejerce.

Respecto de esto último, Ellen Meiksins Wood (2000: 269; itálicas de la autora) señala que “[e]n la actualidad nos hemos acostumbrado a definir la democracia menos (si es que lo hacemos) en términos de un Gobierno por el demos o poder popular, que en términos de las libertades civiles, libertad de palabra, de prensa y de reunión, tolerancia, la protección de una esfera privada, la defensa del individuo o la ‘sociedad civil’ contra el Estado, etc. […] Todas estas son virtudes admirables. […] Pero específicamente tienen poco que ver con la democracia. Notablemente ausente de este catálogo de características democráticas está precisamente la virtud que da a la democracia su significado específico y literal: el Gobierno por el demos”.

Desde el punto de vista de las “virtudes” de la democracia, es innegable que la región ha conseguido tener elecciones periódicas, en muchos casos limpias y transparentes (si bien hubo casos como el del sonado fraude en las elecciones presidenciales peruanas de 2000 o el triunfo bien amañado de Jean-Bertrand Aristide en Haití, entre otros); alternancia de partidos en el ejercicio del Gobierno (en la mayoría de los casos, incluido México, donde la hegemonía absoluta del PRI, verdadero partido-Estado, se había prolongado a lo largo de siete décadas e incluido Paraguay donde el triunfo de Fernando Lugo terminó con seis décadas de gobiernos colorados); y unas Fuerzas Armadas sin injerencia en las decisiones políticas o con tendencia a subordinarse al poder civil (como en Chile), si bien los golpes en Ecuador, Venezuela y Honduras ponen en cuestión esta afirmación.

Pero, desde ese mismo punto de vista procedimental, es innegable también que, incluso cuando la división de poderes está estatuida constitucionalmente en todos los países, hay significativos avances del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial en buena parte de ellos, si no en la mayoría. El presidencialismo se ha acentuado, y en algunos casos se ha reforzado por la introducción de la cláusula constitucional que permite la reelección inmediata. Según informaba Corporación Latinobarómetro en 2007, América Latina vivía una “fiebre reeleccionista”. En Brasil, Colombia y Venezuela los presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva, Álvaro Uribe y Hugo Chávez lograron la reelección inmediata; en 2009, a esta nómina se sumó Evo Morales, quien también logró su reelección inmediata. El reeleccionismo continuó más allá: en Ecuador, Rafael Correa asumió en 2007 y renovó su mandato en 2009, vigente hasta 2013, cuando podría, constitucionalmente, aspirar a una reelección; en Argentina, Cristina Kirchner, electa en 2007, logró la reelección inmediata en 2011; y en República Dominicana, Leonel Fernández está en el poder desde 2004, con un mandato que expira en 2012 (y antes había ocupado la presidencia entre 1996 y 2000). Asimismo, en Costa Rica, Nicaragua y Perú fueron electos los ex presidentes Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), Daniel Ortega (1985-1990 y en el poder desde 2007) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), respectivamente. Finalmente, en el convulsionado Haití, Jean-Bertrand Aristide ocupó el cargo de presidente en 1991, entre 1993 y 1996, y entre 2001 y 2004; y René Préval lo hizo en los períodos 1996-2001 y 2006-2011.

Asimismo, el Poder Legislativo ha perdido fuerza por la práctica de gobernar por decreto, que muchos presidentes han adoptado y exacerbado. La administración de la justicia está altamente subordinada a los intereses políticos (en primer lugar, los gubernamentales) y hay situaciones de generalizada inobservancia de las disposiciones legales, tanto en lo que atañe a los derechos como a los deberes. Sobre la calidad de la ciudadanía, puede decirse que su dimensión política prácticamente tiene extensión universal, pero se asiste a una licuación del ciudadano en mero votante, cuando no en abstencionista. Y aunque para la mayoría de los ciudadanos el significado de la democracia está asociado a la ecuación un ciudadano = un voto, también se observa una marcada pérdida de confianza en instituciones centrales de la democracia liberal –como los partidos políticos, el Congreso Nacional, el Poder Judicial– y en la policía.

A la situación descripta no es ajena la corrupción estructural, que se potenció con la generalización de la globalización neoliberal-conservadora. Si los niveles de corrupción ya eran excepcionalmente altos –particularmente en los casos más estridentes de la Colombia dominada por el narcotráfico, el México hegemonizado por el PRI y el Paraguay stronista–, en la década de 1990 su influencia se generalizó. La novedad respecto del pasado no es tanto la expansión de la corrupción sino su mayor visibilidad. Esta mayor visibilidad se observa tanto en los casos de presidentes pertenecientes a partidos tradicionales (como Carlos Andrés Pérez, en Venezuela; Carlos Menem, en Argentina, y Carlos Salinas de Gortari, en México), como en los de reales o supuestos outsiders de la política (casos de Fernando Collor de Mello, en Brasil; Alberto Fujimori, en Perú; Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, en Ecuador). La corrupción también afectó a los denominados “nuevos gobiernos”, siendo el caso más sonado el de Lula en Brasil.

En el período 2006-2010, mientras que los partidos políticos han tenido (en promedio) un índice de 20% de confianza, los medios de comunicación de masas han ostentado (también en promedio) altos niveles (radios, 55%; televisión, 48%, y diarios, 45%) (Informe Latinobarómetro, 2011: 52). Esta circunstancia no debe tomarse ligeramente: las empresas de medios masivos no escaparon a la creciente concentración de la propiedad y por lo tanto la creación de verdaderos imperios de medios de comunicación de masas ha reducido tanto las posibilidades de un efectivo pluralismo como calidad de la ciudadanía, enfatizándose el carácter de consumidor de los individuos.

Como se ha dicho, la democratización no se agota en su dimensión política, sino que a ella se suma, de acuerdo con algunas visiones, la dimensión económico-social y la dimensión de participación directa. En este plano, la ampliación de las formas y los mecanismos de participación en la toma de decisiones han cobrado relevancia crucial en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde este cambio se expresó en procesos constituyentes y profundas reformas constitucionales que llevaron a la sanción de Cartas de nuevo tipo, como se verá más adelante, verdaderos procesos de radicalización de la democracia.

Las transiciones a la democracia

Las primeras transiciones: Perú y Ecuador

En Perú y Ecuador, las transiciones de la dictadura a la democracia tuvieron la particularidad de erigirse contra regímenes militares que, como se ha visto en el capítulo 4, tuvieron una impronta reformista. Un rasgo característico de estas transiciones, en comparación con las que les siguieron en la década de 1980, es que la democracia no se construyó por oposición directa a la dictadura, o mejor: la oposición a la dictadura no sirvió de fuente de legitimación para el cambio de régimen. El carácter reformista del militarismo restó fuerza a esa oposición.

En efecto, las dictaduras de Perú y Ecuador, esencialmente antioligárquicas, llevaron adelante un proceso de reformas en el que hubo redistribución de la renta, fundamentalmente por la vía del aumento del empleo, hubo planes sociales para los sectores rurales y urbanos, apoyo a la industria, modernización productiva, desarrollo de servicios públicos e infraestructura, etc. En breve, los militares peruanos y ecuatorianos impulsaron un tardío desarrollo capitalista, desarticulando el régimen oligárquico y su base material, el sistema de hacienda, con industrialización sustitutiva de importaciones y un fuerte contenido nacionalista. De hecho, respecto de Ecuador, Juan Paz y Miño Cepeda (2007) ha caracterizado el modelo de los militares como estatal-nacional-desarrollista.

En este marco, la transición fue planteada como un cambio necesario frente a la amenaza de una vuelta al pasado oligárquico en contextos de crisis económicas recurrentes, en particular en el caso de Perú. Así, las transiciones se produjeron comparativamente más temprano (respecto de los países del Cono Sur) y antes de que la deuda externa fuera un factor de crisis generalizado (cuestión que sí condicionó más fuertemente las transiciones en Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil).

En los dos países andinos, la transición comenzó, en rigor, en la segunda fase de la experiencia autoritaria, en la cual las tendencias conservadoras de las Fuerzas Armadas desplazaron a las reformistas. En Perú, la facción militar encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez desalojó de la presidencia, en agosto de 1975, al general Juan Velasco Alvarado. En Ecuador –donde el reformismo fue menos radical–, en enero de 1976, el general Guillermo Rodríguez Lara fue reemplazado por un Consejo Supremo de Gobierno (un Triunvirato presidido por el almirante Alfredo Poveda) que frenó las reformas y acentuó la represión.

Un rasgo común entre los dos casos (y contrastante respecto de los países del Cono Sur) es el papel de las Fuerzas Armadas. Ellas condujeron el proceso, a tal punto que en Perú el general Morales Bermúdez habló lisa y llanamente de “transferencia de Gobierno, no de poder”. Dicho muy brevemente, en Perú, los militares tuvieron el aval del Gobierno para combatir a Sendero Luminoso y en Ecuador las Fuerzas Armadas han actuado desde 1979 como soporte y garante del orden constitucional, pero también como “última instancia” de decisión en los conflictos políticos.

En Perú, el golpe militar del 29 de agosto de 1975 encabezado por el general Morales Bermúdez inició la “segunda fase” de la Revolución Peruana, la cual, en verdad, constituyó el primer paso hacia la liberalización del régimen y la transición de la dictadura a la democracia. Inmediatamente después de asumir, y con el objetivo de neutralizar al movimiento sindical, principal sujeto de oposición política, el Gobierno militar hizo algunas concesiones a las fuerzas políticas tradicionales: restauración de la libertad de prensa, reducción de la intervención del Estado (y la consiguiente ampliación del mercado), restitución del diálogo con los partidos políticos (los de elites y de clases medias).

La economía había entrado en crisis como consecuencia de la recesión mundial iniciada en 1973, observable en el país en el aumento del endeudamiento externo y una fuerte retracción de los ingresos. En estas circunstancias, y frente a la reacción de los trabajadores, el régimen por entonces encabezado por Velasco Alvarado recurrió a la represión. Así, cuando Morales Bermúdez lo destituyó, lo hizo con amplios apoyos sociales.

Pero la crisis económica continuó y las presiones del FMI para hacer viables los empréstitos, con los cuales se pretendía paliarla, agudizaron los conflictos sociales. Entonces, Morales Bermúdez intentó, sin mayores éxitos, la implementación de un plan de ajustes estructurales sucesivos, al tiempo que la represión recrudeció.

En julio de 1977 hubo un paro nacional convocado por la CGT al que se plegaron tanto los trabajadores urbanos como los rurales. En este escenario, en mayo de 1978, Morales Bermúdez decidió convocar a una Asamblea Constituyente, encargada de elaborar un nuevo texto constitucional y preparar las condiciones para la transición. La Constituyente estuvo presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, quien murió al poco tiempo de concluida la tarea de la Asamblea. Aprobada en 1979, entre otras cuestiones, la nueva Carta universalizó el sufragio, al otorgar el voto a los analfabetos, dando rango constitucional a la última reforma del Código Electoral. Asimismo, mantuvo el sistema bicameral y prohibió la reelección presidencial.

Bajo el Gobierno de Morales Bermúdez, cinco mil dirigentes sindicales y obreros habían sido despedidos, quedando de este modo decapitado el sector mejor organizado del país y fortalecida la autoridad de los empresarios. En consecuencia, después de una huelga nacional convocada en 1979, no hubo acciones de envergadura por parte de los trabajadores.

En este contexto de desmovilización se produjo, en mayo de 1980, la aparición de Sendero Luminoso, según se ha visto en el capítulo anterior. Así, la violencia, que hasta entonces había enfrentado al Estado contra el movimiento obrero y sindical, ahora se instalaba bajo la forma de un conflicto entre el Estado y la guerrilla.

Pese a las acciones de Sendero Luminoso en Chuschi, las elecciones que marcaron el cambio de régimen se realizaron, como estaba previsto, el 18 de mayo. Triunfó Fernando Belaúnde Terry con Acción Popular, el mismo presidente depuesto doce años antes por el golpe que había iniciado la experiencia del reformismo militar. Con el 45% de los votos, el candidato se impuso holgadamente sobre su contrincante más serio, el aprista Armando Villanueva (que obtuvo el 27%).

Belaúnde intentó, infructuosamente, recrear las formas políticas del pasado. Pero la crisis económica (con niveles altísimos de inflación), la guerrilla y la corrupción estructural plantearon nuevos desafíos. A esto se sumaron dos elementos: la incursión del Ejército ecuatoriano en territorio peruano y los estragos causados por la corriente de El Niño.

El primer Gobierno de la transición se vio opacado, además, por la decisión del presidente de entregar a los militares poder político para reprimir la guerrilla senderista en algunas regiones del país.

A modo de balance, Rodrigo Montoya afirma que mientras en Ecuador –como se verá enseguida– “se creaba la CONAIE y se organizaba el mundo indígena desde abajo, en Perú se daba una situación por la cual si Sendero degollaba a diez personas las Fuerzas Armadas degollaban a veinte. Tres cuartos de los 70 mil muertos en la guerra eran indios. Sendero bloqueó las posibilidades de lo indio y del crecimiento de la izquierda. Todo lo que se había ganado en los años anteriores se perdió en los veinte años de violencia, de 1980 al 2000” (apud Zibechi, 2006b). La cuestión es bien relevante, en particular por la exitosa experiencia de Izquierda Unida en la alcaldía de Lima. Este partido se formó en 1980, bajo el liderazgo de Alfonso Barrantes. En 1983, Barrantes ganó las elecciones y asumió como alcalde de Lima. Su gestión (1984-1987) tuvo muchos logros y en las elecciones presidenciales de 1985 quedó en segundo lugar, detrás del candidato del APRA, Alan García. Pero en 1989, el partido se fracturó. En las elecciones de 1990, entre sus dos fracciones apenas superaron el 10% de los votos.

El Gobierno de García generalizó la represión como respuesta a las acciones de Sendero Luminoso.

La migración, creciente año a año, la destrucción de la infraestructura productiva y la falta de inversión externa fueron algunas de las consecuencias más notables de la generalización de la violencia. Al mismo tiempo, la crisis económica se intensificó: hubo caída del PBI, desequilibrios en la balanza de pagos y un proceso inflacionario que dejó a gran parte de la población en condiciones de miseria.

García implementó una política económica que derivó en un proceso hiperinflacionario sin igual en la historia de Perú. Durante su gestión hubo dos cambios de denominación de la moneda: el sol y el inti. El escenario fue favorable para la especulación y la corrupción, que alcanzaron niveles exponenciales. Hubo escasez de bienes de primera necesidad, cortes de energía y una ruina casi total de los servicios públicos.

En materia de violencia política, se registraron, entre 1986 y 1988, los momentos más álgidos del conflicto social. Las conocidas masacres de terroristas amotinados en distintos centros penitenciarios de la ciudad de Lima se produjeron precisamente en 1986. Es más, fue durante el Gobierno de García cuando se crearon verdaderos “escuadrones de la muerte” para llevar adelante la lucha contrainsurgente.

Como otros presidentes de la región, señalados como “neopopulistas”, García fue acusado de diversos cargos de corrupción, en su caso con el añadido de su vinculación con el narcotráfico. Pero el Partido Aprista contaba con mayoría en el Congreso, lo cual colaboró para el oportuno y oportunista “olvido” de las acusaciones. García terminó huyendo del país y solo regresó para su postulación como candidato presidencial en 2001, con la consigna “esta vez no los defraudaré”.

En este contexto, en 1990, como se ha visto en el capítulo 6, la ciudadanía optó por la elección de un verdadero outsider, Alberto Fujimori, un candidato prácticamente desconocido hasta dos semanas antes de las elecciones (derrotando al escritor Mario Vargas Llosa, conocido internacionalmente, quien había logrado articular una coalición partidaria de oposición).

A las 22:00 del 5 de abril de 1992, el presidente electo Fujimori dio un autogolpe. Anunció, por los medios en cadena nacional, que había decidido “disolver temporalmente el Congreso”. También intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Su decisión contó con el apoyo del Ejército, que estuvo a cargo de patrullar las calles de Lima, vigilar los organismos estatales intervenidos, las sedes de los partidos políticos y a los miembros del Congreso disuelto. No obstante, este brutal ataque a la democracia no fue resistido por la sociedad, que incluso prestó su apoyo. Más tarde, una serie de maniobras favorecieron una segunda reelección y el fraude electoral de abril-mayo de 2000 –que algunos analistas calificaron como “golpe electoral”–. Finalmente, todo el proceso derivó en la renuncia del propio Fujimori y su traslado a Japón.

Al respecto conviene recordar que la comunidad internacional tuvo un papel poco feliz frente a las prácticas fujimoristas. La resolución de la Asamblea General de la OEA, a principios de junio de 2000, convalidando las elecciones de mayo (segunda vuelta), es una muestra elocuente. A su vez, el Gobierno de Estados Unidos tuvo una política contradictoria: primero calificó las elecciones como “inválidas” y luego, en el momento decisivo, como “seriamente imperfectas”. Es que, desde esta perspectiva, como ha dicho el subsecretario de Estado Thomas Pickering “no hay democracias perfectas”.

El Gobierno de Fujimori fue el responsable de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington y la consecuente subordinación de la economía nacional a la globalización neoliberal-conservadora. Como consecuencia, hubo una fuerte desarticulación social y política. La corriente migratoria se acentuó (en buena medida dirigida a Argentina) y la recesión económica, ya iniciada en 1997, se intensificó, prolongándose hasta 2003-2004.

Respecto de la violencia política, en 1992, Fujimori legalizó las rondas campesinas (las denominadas “norteñas”, autónomas y democráticas) y las sometió a los ahora llamados “comités de autodefensa” (los grupos de autodefensa, “contrasubversivos”), con dotaciones de armas y entrenamiento militar (112). Fue durante su Gobierno cuando se tomó prisionero al líder senderista Abimael Guzmán, a partir de lo cual la organización fue paulatinamente desarticulándose.

Los efectos del Gobierno de Fujimori fueron también devastadores en el plano político-institucional. La corrupción, la extorsión, el soborno, la difamación, la protección y los privilegios irritantes concedidos a los acólitos fueron las marcas del fujimorismo, una experiencia a la cual algunos analistas y periodistas han llamado “cleptocracia” (gobierno de bandidos y/o ladrones) y “mafia de Estado”, amén del más difundido mote de “neopopulismo”, que como se ha dicho en el capítulo 5, rechazamos de plano.

Asimismo, el viejo sistema de partidos se disolvió y en su lugar aparecieron múltiples organizaciones, tal vez mejor calificables como movimientos electorales (por lo tanto, coyunturales), algunas de las cuales tuvieron un momento de incidencia nada desdeñable, como fue el caso de Perú Posible, dirigido por Alejandro Toledo, el candidato más votado en la primera ronda de las elecciones de abril de 2001 y el vencedor, frente a Alan García, otra vez candidato del histórico APRA, en la segunda vuelta, en junio del mismo año.

Toledo asumió la presidencia con la promesa de luchar contra la pobreza, el desempleo y la corrupción en el seno del Estado. Como en otros casos, tal promesa resultó mera retórica y las medidas adoptadas en materia económica no hicieron más que incrementar esos indicadores, generando protestas, movilizaciones sociales y crisis política.

Una cuestión que cabe resaltar es la presión de la sociedad civil por esclarecer y castigar los crímenes cometidos durante los años de “guerra interna”. Precisamente, la violencia fue la nota dominante de la transición peruana. Como se ha visto en el capítulo anterior, Sendero Luminoso atentó contra la vida de miembros de las fuerzas del orden, pero también de dirigentes gremiales, autoridades comunales, campesinos y población en general. Por su parte, el Estado aplicó detenciones masivas, la tortura y la desaparición forzada de personas. El saldo fue cerca de 30.000 muertos y más de 5.000 desaparecidos.

Frente a esta situación, y como en otros países de América Latina, donde hubo comisiones de investigación creadas por impulso estatal (Argentina y Chile), en Perú se creó la “Comisión Uchuraccay”, en enero de 1983, a instancias del presidente Belaúnde, y con la participación de personalidades notables, como el escritor Mario Vargas Llosa, que la presidió. La Comisión estuvo encargada de revisar el asesinato de los ocho periodistas y el guía campesino muertos en la localidad andina del mismo nombre (en el departamento de Ayacucho). Según la reconstrucción que se hizo de los hechos, los periodistas estaban allí porque se disponían a investigar los partes de guerra oficiales, que afirmaban que miembros de Sendero Luminoso habían muerto a manos de los campesinos del lugar.

Por las dimensiones mismas de la violencia, la Comisión no llegó a buen término. Muchos de los testigos “desaparecieron”. La investigación se llevó a cabo prescindiendo de una pesquisa sesuda en el lugar mismo de los hechos. Esa pesquisa fue desalentada por las fuerzas militares, que alegaron que la violencia podía cargarse nuevas víctimas. La Comisión concluyó que no existía responsabilidad por parte del Estado en la masacre, cuestión que satisfizo a la comunidad internacional pero fue difícilmente aceptable para buena parte de los ciudadanos peruanos, entre los cuales circulaban versiones fehacientes sobre la participación indirecta de altos jefes militares y policiales.

En 2001, el Gobierno de Toledo convocó una “Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, que estableció un número total de víctimas de la violencia política desatada entre la guerrilla y el Estado que rondaba las 69.000, pero solo fueron identificadas 22.000, por lo que las 47.000 víctimas restantes figuran como “desaparecidos”. La misma Comisión estableció que Sendero Luminoso tuvo responsabilidad en la muerte de cerca de 30.000 personas.

En octubre de 2005, un referéndum realizado en dieciséis de los veinticuatro departamentos del país significó una importante derrota política para Toledo, al rechazar la ciudadanía, mayoritariamente, el proyecto gubernamental de descentralización del Estado, que pretendía la creación de cinco grandes regiones con amplias competencias administrativas. Incluso, en diciembre de ese mismo año, Sendero Luminoso, al cual se consideraba desarticulado e inoperante desde 1992, reapareció con diversas acciones terroristas. El Gobierno respondió declarando el estado de emergencia en seis provincias de la región del valle del Huallaga, incrementando la pérdida de apoyo popular, a veces traducida en franca oposición.

Empero, a diferencia de Ecuador –como se verá enseguida–, la situación no llevó a la aparición de una fuerza contestataria de envergadura. En las nuevas elecciones presidenciales, celebradas en abril de 2006, hubo tres candidatos prominentes: Ollanta Humala, ex militar acusado de excesos en materia de violación de los derechos humanos, candidato del novel Partido Nacionalista Peruano que él mismo creó; Lourdes Flores, abogada, presidenta y máxima líder de la Alianza Unidad Nacional y del Partido Popular Cristiano, y el ex presidente Alan García, propuesto nuevamente por el APRA.

Ninguno de estos candidatos obtuvo el 50% más 1 de los votos y entonces se realizó una segunda vuelta electoral. En ella se enfrentaron dos proyectos que contaban con cierta base popular: el reformismo aprista de Alan García y el reformismo de inspiración militar-nacionalista del general retirado Ollanta Humala. El primero ganó la elección y asumió la presidencia para el período 2006-2011. El segundo venció en las elecciones siguientes, frente a la candidatura de Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente y candidata de los sectores derechistas del país.

En materia judicial, el Gobierno de García pasó a la historia cuando, el 7 de abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú hizo pública la sentencia que condenó al ex presidente Fujimori por crímenes contra la humanidad. Fue un hito en la historia reciente de los derechos humanos (por primera vez en la región un presidente constitucional fue condenado por delitos contra la humanidad), el cual debe menos al presidente de turno y mucho más a la comunidad nacional e internacional.

Perú no está totalmente fuera del cuadro del reformismo que ha comenzado a esbozarse en la región en los últimos años. No solo el país ha dado un paso decisivo en pos de la consolidación de su democracia, eludiendo una reedición del fujimorismo al ser derrotada Keiko Fujimori, sino que también el triunfo de Humala y su “aspiracióna una patria inclusiva” abrió la posibilidad de un cambio de dirección en la política nacional, si bien la euforia inicial se ha ido diluyendo.

En Ecuador, la transición de la dictadura a la democracia dio lugar a un proceso marcado por una llamativa regularidad en la práctica de elecciones y sucesiones presidenciales, regularidad que, sin embargo, no se tradujo en estabilidad política. La transición se desencadenó de una forma que Paz y Miño Cepeda (2002b: 11) llama inédita en América Latina: “Proceso de reestructuración jurídica del Estado”.

Ecuador constituye un singular caso de inestabilidad sin ruptura del orden institucional. Como se ha visto en el capítulo 4, desde el momento de centralización del Estado en 1895, Ecuador estuvo signado por la fragilidad de los gobiernos. En 1911, se sucedieron siete presidentes en apenas unos meses. Entre 1924 y 1926, período marcado por la Revolución Juliana, se sucedieron otros tantos. Con la crisis de los años treinta se abrió un nuevo y más largo período de inestabilidad: entre 1931 y 1948 hubo una veintena de sucesiones. Luego, en los tumultuosos años sesenta, nuevamente se sucedieron gobiernos endebles, incapaces de afianzar su poder. Sin embargo, en esta larga trayectoria de inestabilidad política, la nota dominante no fue la instauración de gobiernos de facto, sino la designación de presidentes por parte del Congreso o por una Asamblea Constituyente. El recurso a esta estrategia para acceder al poder fue una característica que se repitió en ocasión de la transición iniciada en 1979.

La experiencia reformista de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) fue interrumpida por un Triunvirato militar que, ante la evidente pérdida de legitimidad del Gobierno, tomó el poder con el claro objetivo de impedir la vuelta a la política oligárquica tradicional. El Triunvirato intentó implementar el Plan de Reestructuración Jurídica del Estado, conocido como “Plan Retorno”. Sin embargo, muy pronto una facción opositora dentro de las propias Fuerzas Armadas lo desplazó en beneficio de los sectores tradicionales.

En este contexto, los sindicatos, con cuyo apoyo Rodríguez Lara había contado durante su Gobierno, se movilizaron. La protesta social fue un factor más de desestabilización, ya alimentada por la restricción fiscal, la corrupción política y la faccionalización de los militares. Con esto, el “retorno” se precipitó.

La transición se inició cuando el Triunvirato convocó a la ciudadanía a un referéndum, que se realizó en enero de 1978, para decidir sobre dos proyectos constitucionales. Triunfó el más progresista. En agosto de 1979 hubo elecciones para efectivizar el cambio de régimen, a partir de las cuales asumieron Jaime Roldós Aguilera, de Concentración de Fuerzas Populares (caracterizada con el vago rótulo de populista), y Osvaldo Hurtado Larrea, un científico social democristiano al que no pocos consideraban “comunista” y artífice de las leyes de referéndum, de partidos políticos y de elecciones. Es decir, la instalación del primer Gobierno democrático se resolvió según la tradición señalada más arriba, de negociación y convocatoria a una Asamblea Constituyente, sometida a referéndum.

Después del Triunvirato militar (1976-1979), el Ecuador democratizado entró en una nueva fase de inestabilidad política, en la que se sucedieron doce presidentes. Jaime Roldós Aguilera (1979-1981), muerto en un oscuro accidente de aviación antes de cumplir su mandato, fue sucedido por su vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea (1981-1984). Luego, siguieron León Febres Cordero (1984-1988); Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992); Sixto Durán Ballén (1992-1996); Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997); Rosalía Arteaga Serrano (durante pocos días, en 1997); Fabián Alarcón Rivera (1997-1998); Jamil Mahuad Witt (1998-2000); Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003); Lucio Gutiérrez Borbúa (2003-2005), y Alfredo Palacio (2005-2007). De todos ellos, Febres, Borja y Durán fueron los únicos que completaron el mandato.

Ecuador es también un país caracterizado históricamente por la inexistencia de un sistema de partidos, pauta que se revela en la larga persistencia del personalismo. Apenas un dato ilustra esta circunstancia: Velasco Ibarra dominó la escena política desde 1934 hasta 1972, y ocupó el Poder Ejecutivo en cinco oportunidades, siendo derrocado antes de concluir su mandato en cuatro ocasiones. En este marco, la Constitución de 1978 intentó crear un sistema de partidos moderno, estableciendo un número limitado de partidos para contrarrestar con esta disposición la tendencia a la atomización partidaria de organizaciones hechas a la medida de sus respectivos caudillos o jefes.

A partir de allí, las principales fuerzas se organizaron en la Concentración de Fuerzas Populares, liderada por Assad Bucaram (tío de Abdalá), cuyo candidato triunfante fue, como se ha dicho, Roldós. El vicepresidente Hurtado asumió la presidencia a la muerte de este, en medio de una crisis provocada por el aumento del endeudamiento externo, no solo como resultado del fracaso del modelo de industrialización, que en el pequeño país andino nunca había terminado de dar sus frutos, sino también por efecto del conflicto bélico con Perú (enero-febrero de 1981).

Entre 1984 y 1996 hubo una fase de relativa estabilidad durante la cual los presidentes Febres, Borja y Durán pudieron completar sus respectivos mandatos –un hecho casi inédito en la historia del país–. No obstante, durante el Gobierno de Borja, el 4 de junio de 1990 tuvo lugar el primero de una serie de levantamientos indígenas, que se extendería más allá de esa década.

Con este hecho se abrió una fase de crisis política durante la cual ninguno de los mandatos presidenciales cumplió el período previsto. Abdalá Bucaram (1996-1997), el presidente “neopopulista” que inició en el país las políticas de ajuste estructural, no llegó a los siete meses de ejercicio porque en febrero de 1997 fue destituido por el Congreso, acusado de “incapacidad mental”. Le sucedió su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, quien enseguida presentó su renuncia, alegando ser víctima de una “conspiración machista”, en referencia al supuesto acuerdo secreto entre políticos y militares en favor del diputado Fabián Alarcón, quien asumió la presidencia en su lugar. Alarcón debió sortear un golpe de Estado en marzo de 1998 y concluyó su gestión en abierta pugna con la Asamblea Constituyente que redactaría la Constitución de ese año (aunque hay que notar que fue favorecido por un comité parlamentario, que lo absolvió de los supuestos actos de corrupción que pesaban sobre él).

El democristiano Jamil Mahuad ganó las siguientes elecciones en condiciones poco favorables (sin mayoría parlamentaria, secuelas de la Guerra del Cenepa, en 1995, con Perú, los daños producidos por la corriente de El Niño y la caída del precio del petróleo). Mahuad implementó una serie de medidas para contrarrestar la crisis económica que le valieron la destitución. Se trataba de decisiones que procuraban salir de la crisis económica pero, sobre todo, salvar a los bancos y a los banqueros corruptos. Fue durante su presidencia cuando se produjo el segundo levantamiento indígena significativo, la “Rebelión de Quito”, en enero de 2000. Aunque la experiencia fue efímera, la crisis se profundizó.

Enseguida, las Fuerzas Armadas pusieron al jefe del Comando Conjunto, el general Carlos Mendoza, a cargo de la tarea, según Paz y Miño Cepeda (2002b: 30-32), de “recobrar su posición jerárquica y permitir la sucesión constitucional del Gobierno”. El vicepresidente Gustavo Noboa, un católico practicante de misa diaria, asumió la presidencia del país en las primeras horas de la mañana del 22 de enero, en el Ministerio de Defensa y ante los altos mandos militares. El Congreso se instaló en Guayaquil y declaró el abandono del cargo por parte de Mahuad, ratificando la acción previa de Noboa. Culminaba, así, una “cadena de ‘irregularidades’ constitucionales: alto mando que quita su respaldo al presidente de la República; Triunvirato efímero; vicepresidente que asume el poder antes de que el Congreso examine la situación del presidente; Jamil Mahuad que nunca renunció”, según el mismo autor.

En febrero de 2001, tras dos semanas de protestas contra las medidas económicas adoptadas en diciembre de 2000, en las que hubo muertos y heridos, los indígenas obligaron al Gobierno a una negociación. El resultado fue la baja del precio del gas de uso doméstico y de la gasolina durante un año, y acuerdos preliminares en otras materias. Pero la situación de fondo estaba lejos de ser superada. Entre marzo y septiembre de 2002, el Gobierno reemplazó el sucre por el dólar norteamericano, con una secuela de espectacular incremento de la pobreza. En las elecciones de octubre de 2002, la alianza de dos nuevas fuerzas políticas, la Sociedad Patriótica 21 de Enero (SP21) y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP, como veremos más adelante, constituida en 1996), apoyada por diversas organizaciones indigenistas y de izquierda, sustentó la candidatura del ex coronel Lucio Gutiérrez –quien recibió el 20,3% de los sufragios en la primera vuelta y el 54,3% de los votos en la segunda–. Gutiérrez tomó posesión del cargo en enero de 2003.

En abril de 2005, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y el Pachakutik (ahora opositor) tuvieron un papel clave en el desplazamiento del presidente Gutiérrez, en la llamada “rebelión de los forajidos”, tras la cual el Congreso declaró vacante la presidencia por abandono del cargo y nombró presidente provisional a Alfredo Palacio. Las frustraciones y los desencantos de las experiencias en las cuales delegaron en terceros el efectivo cumplimiento del programa de luchas y reivindicaciones llevaron al movimiento indígena a optar por postular candidatos propios. Así lo hicieron en las elecciones presidenciales de octubre de 2006, con la candidatura de Luis Maicas, su máximo dirigente.

Esta decisión se inscribe en el contexto de un nuevo levantamiento indígena, iniciado en marzo de 2006, contra el objetivo de Palacio de firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El levantamiento es indicador de la rápida recomposición de la CONAIE tras el debilitamiento producido por su breve participación en el Gobierno de Gutiérrez (la llamada servincuy –palabra quechua que significa convivencia–, entre enero y julio de 2003) y la ofensiva que el presidente llevó adelante con la intención de destruir a la principal organización indígena de América, que incluyó prácticas de cooptación de parte de la dirigencia (especialmente la de la Amazonia) y hasta un atentado contra el presidente de la Confederación. En particular, el Proyecto de Desarrollo para Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (Prodepine) fue un instrumento decisivo en esa estrategia de destrucción de una organización y un movimiento convertidos en pieza clave de la gobernabilidad del país (Zibechi, 2006b).

El sistema de partidos que se intentó crear desde arriba, con la Constitución de 1978, no logró consolidarse. Los partidos fueron más bien grupos de alcance medio, liderazgos locales, que practicaron formas directas de políticas clientelares e hicieron su oferta a un país que había vivido históricamente en situación de crisis institucional. La insurgencia de los campesinos indígenas constituyó un cambio en el sentido de erigirse como alternativa a la experiencia delegativa de partidos que no los representaban y de construir una organización propia, como Pachakutik, el brazo político de la CONAIE.

El movimiento indígena organizado políticamente en el partido Pachakutik se afianzó tras algunas victorias electorales (en las elecciones de mayo de 2000 obtuvo el Gobierno de treinta y tres ayuntamientos). Para dimensionar su importancia hay que tener en cuenta que Ecuador es un país donde los indígenas se distribuyen en diez nacionalidades autóctonas, y donde suman alrededor de cuatro millones sobre una población de doce millones, y constituyen el sector más pobre del país, con ingresos inferiores a los cuarenta dólares mensuales. En 2006, en la segunda vuelta electoral, Pachakutik se sumó a Alianza País (AP), cuyo candidato era Rafael Correa.

En efecto, en medio de la grave crisis política, generada por el total descrédito de los partidos políticos y por la inestabilidad institucional que significó la deposición de tres presidentes, en las elecciones de octubre de 2006, Alianza País, con Correa a la cabeza, obtuvo el segundo lugar con el 23% de los votos en la primera vuelta. En la segunda vuelta, obtuvo el 57%. El triunfo de AP contrastó con las magras cifras obtenidas por el principal contrincante: el Partido Sociedad Patriótica (PSP) –del ex presidente Gutiérrez–, la segunda fuerza electoral.

Ex ministro de Economía de Palacio, Correa se había enfrentado enérgicamente a las élites económicas y políticas, aquellas que habían gobernado los destinos del país durante largos años y que lo habían conducido a la situación de malestar social y corrupción que la movilización social denunciaba. Asimismo, AP obtuvo una victoria aplastante en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, consigna heredada pero incumplida por el Gobierno de Palacio, ahora impulsada por Correa. Como resultado, tras una consulta popular (en septiembre de 2008), se aprobó la nueva Constitución en Ecuador.

El Movimiento Popular Democrático (MPD) y el movimiento Pachakutik significaron un gran aporte a la hegemonía de la izquierda en la Asamblea Constituyente, pues sumaron sus nueve bancas a la abrumadora mayoría obtenida por Correa y su partido.

El triunfo de Correa en 2007 y la sanción de la nueva Constitución en 2008, que abordaremos más adelante, son dos elementos que señalan un nuevo estadio en el zigzagueante proceso de consolidación de la democracia ecuatoriana.

República Dominicana: una transición tortuosa

En la caribeña República Dominicana, como ya se ha visto, el proceso de construcción del orden tuvo un punto álgido en los años sesenta: muerte en un atentado del dictador Rafael Leónidas Trujillo (1961), interinato de Joaquín Balaguer, triunfo, breve Gobierno y derrocamiento de Juan Bosch (1962-1963), intento de restablecerlo en el cargo, guerra civil e invasión de la isla por marines norteamericanos (1965).

Balaguer era expresión del trujillismo sin Trujillo. En enero de 1962 un golpe de Estado lo derrocó. En su lugar asumió un Consejo de Estado que convocó a elecciones, las cuales, en diciembre del mismo año, con el 59,5% de los votos, dieron el triunfó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato, Juan Bosch.

Como ya se ha visto, Bosch asumió la presidencia el 27 de febrero de 1963. Su Gobierno, de carácter reformista, duró solo siete meses, pues fue depuesto el 25 de septiembre de 1963 por un nuevo golpe de Estado, tras el cual se instaló un Triunvirato que contó con el apoyo de Estados Unidos. A partir del golpe de Estado de 1963 la transición a la democracia ha sido un proceso lento y sinuoso. El 24 de abril de 1965 hubo una sublevación que reclamaba la restauración del Gobierno constitucional de Bosch. Como consecuencia, las Fuerzas Armadas se dividieron en dos bandos (el constitucionalista y el golpista o “leal” apoyado por Estados Unidos). La fractura se tradujo en una guerra civil, con la intervención militar norteamericana, so pretexto de evitar el posible triunfo del comunismo. Tras la creación de un Gobierno provisional, reconocido por Estados Unidos, se convocaron nuevas elecciones.

En la contienda, Balaguer venció a Bosch, al frente del Partido Reformista, y asumió la presidencia el 1º de junio de 1966. Su Gobierno duró doce años (con reelecciones en 1970 y 1974). Durante ese período, el PRD pasó de posiciones abstencionistas a fracasos electorales sucesivos. No obstante, surgido de las luchas contra la dictadura de Trujillo, el PRD ha ocupado un lugar central en la historia política del país, al punto de que varias décadas más tarde, en las elecciones de 2004, el candidato triunfante salió de sus filas.

En 1973, y con fuertes tensiones acumuladas, Bosch abandonó la conducción del PRD y en su lugar asumió el liderazgo José Francisco Peña Gómez. De origen haitiano y de color negro, Peña Gómez estableció vínculos con la Internacional Socialista para favorecer el triunfo del PRD. Finalmente, este partido obtuvo dos triunfos sucesivos con las presidencias de Antonio Guzmán (1978-1982) y Salvador Jorge Blanco (1982-1986).

Durante estos dos gobiernos hubo ciertos avances en la construcción democrática: se afianzaron los derechos políticos, se profundizó la desmilitarización de la política y se practicó la negociación con los grupos empresariales y sindicales. Pero la corrupción y las luchas por el control de las posiciones y los recursos dentro del partido provocaron un severo desgaste institucional. A esto se sumó la crisis económica de los años ochenta y la profundización del clientelismo, que atentaron contra el cumplimiento de las promesas de redistribución de la riqueza que había sido bandera del PRD.

De esta coyuntura salió beneficiado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), creado por Juan Bosch. Con esto se afianzó una estructura tripartidista apoyada en el PRD con su histórico líder Peña Gómez; el PLD liderado por el también histórico Bosch, y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) encabezado por Balaguer. Acusado de serias violaciones a los derechos humanos durante su Gobierno de doce años, Balaguer fue reelecto en 1986, 1990 y 1994, aunque en esta última reelección su mandato fue limitado, por presión norteamericana, a dos años. En 1996, el PRSC en alianza con el PLD, bajo el nombre de Frente Patriótico, derrotó a Peña Gómez en la segunda vuelta electoral y colocó a su candidato, Leonel Fernández, en la presidencia.

El descontento popular hizo que en el año 2000 el PRD volviera a ganar las elecciones, esta vez con Hipólito Mejía (2000-2004) –ex compañero de fórmula de Peña Gómez, ya fallecido–. Desideologizado y fuertemente desgastado por el clientelismo político, el Gobierno de Mejía terminó en medio de una grave crisis económica y bancaria, y con fuertes acusaciones de corrupción. La crisis política se precipitó cuando Mejía mostró señales de postularse para la reelección.

En 2004, los escándalos y la crisis interna del PRD en torno a la elección de las candidaturas presidenciales llevaron a su candidato, que fue finalmente Mejía, a la derrota frente al hombre elegido por el PLD, el ex presidente Leonel Fernández. En 2008, el PRD fue nuevamente derrotado en medio de luchas intestinas por la definición de una candidatura, que finalmente recayó en Miguel Vargas Maldonado, un empresario que había sido parte de la cartera de Gobierno de Mejía y que tenía recursos económicos considerables para aportar a la campaña, pero que carecía de carisma e influencia sobre la sociedad. Como resultado, Leonel Fernández fue electo nuevamente.

Político pragmático, Fernández, que se autodefine como partidario de la “economía social de mercado”, más allá de la disyuntiva entre populismo y neoliberalismo, ha seguido los lineamientos macroeconómicos dictados por el FMI y proclamado como norte de su gestión hacer transitar al país “por el sendero de la estabilidad, el crecimiento y el progreso”. Pero, al mismo tiempo, ha establecido (desde su segundo mandato) una asociación con la llamada diplomacia petrolera de Hugo Chávez, a partir de su participación en el I Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe (Puerto La Cruz, Venezuela, junio de 2005), al cabo del cual se aprobó el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. En virtud del mismo, Dominicana se convirtió en socio preferencial de Venezuela en materia de suministro de petróleo, a menor costo y con facilidades de crédito y/o bien intercambiando mercancías. Empero, Fernández rechazó sumarse a la propuesta venezolana de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Por tanto, rechazó alinearse con la estrategia de esta contra las políticas librecambistas y de combate al narcotráfico mediante fuerzas militares preconizadas por Estados Unidos. Al mismo tiempo, Dominicana ha acrecentado su relación con Estados Unidos –país al cual envía alrededor del 70 % de sus exportaciones y del cual recibe el 47 % de sus importaciones–, particularmente al sumarse, entre 2004 y 2005, al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA) que en mayo de 2004 habían firmado Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

En materia económica, el país experimentó altas tasas de crecimiento (9,3% en 2005; 10,7, en 2006, por ejemplo), al tiempo que disminuyeron la inflación y el déficit público. Pero los beneficios no se repartieron equitativamente y los niveles de desempleo y desigualdad siguen siendo altos. No extraña, pues, que se haya vivido un clima de protestas y tensiones sociales y políticas, las cuales, empero, no han incidido en el comportamiento electoral. Así, Fernández triunfó en las elecciones de 2004 y 2008 con 57,1 y 53,8 % de los votos, respectivamente.

En enero de 2010 fue proclamada la nueva Constitución –reformada, según el Gobierno, para producir una “revolución democrática” y hacer más “eficiente” y más “racional” al Estado–, como resultado de un acuerdo entre el PLD y el PRD. La Carta prohíbe la reelección inmediata del Presidente, cuyo mandato fue fijado en cuatro años, al tiempo que establece la simultaneidad de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. También fue reformado el Poder Judicial (con la creación del Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial). Sustantivamente, la Constitución establece el “Estado Social y Democrático de Derecho”, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección y asistencia del Estado al trabajo, entre otros derechos fundamentales explícitamente reconocidos. En procura de una democracia de mayor densidad, establece los mecanismos de referéndum e iniciativa popular y –dispositivo novedoso y cualitativamente destacable– la “nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional” (art. 73), cláusula que algunos consideran un verdadero blindaje legal contra los golpes de Estado.

No obstante, la nueva Constitución ha sido cuestionada por fuerzas de izquierda, que la consideran reaccionaria por haberse sometido a la fuerte presión de la Iglesia Católica, particularmente en materia de aborto en cualquier circunstancia. A su vez, la Coordinadora Nacional contra el Retroceso Constitucional –una organización plural de la sociedad civil– ha señalado su oposición al aumento del número de diputados (de 178 a 190), a las restricciones, so pretexto de conservacionismo, al acceso de la población a playas y ríos, y a la indefinición de los dominicanos hijos de haitianos ingresados legalmente al país para trabajar en él.

Las transiciones desde situaciones de dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas: Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile (113)

Cuando en octubre de 1982, la dictadura boliviana llegó a su fin, una ola de democratización se extendió también por los países vecinos: Argentina (1983), Brasil (1985), Uruguay (1985) y Chile (1990) y, como veremos enseguida, también Paraguay, en 1990. Como escribió Fernando Henrique Cardoso (2004), el fin del autoritarismo (nosotros preferimos decir las dictaduras) fue concebido por no pocos, como “la llegada a la tierra prometida” –para lo cual, el cese de las atrocidades cometidas en nombre de la DSN fueron un elemento nada desdeñable–.

En términos generales, se observa que las transiciones de la dictadura a la democracia estuvieron condicionadas por las negociaciones entre las direcciones de los partidos políticos, y eventualmente de las organizaciones representativas de intereses, y las conducciones militares, es decir, realizadas en el vértice de la pirámide de poder. La lógica explícita de la amnistía (o la autoamnistía) fue, tanto para las fuerzas de las dictaduras como para las fuerzas democráticas –si bien por razones diferentes–, evitar cualquier potencial conflicto que obstruyese una salida en “orden”, esto es, controlada desde arriba. Para los militares, y los sectores civiles afines a ellos, se trataba de tender una red de protección-impunidad frente a una eventual acción de enjuiciamiento y castigo de las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, para los grupos democráticos, se trataba de no adoptar medidas que pudiesen ser consideradas desestabilizadoras de los frágiles acuerdos para la democratización. Aunque las masas cumplieron un papel central en las luchas antidictatoriales, en esta instancia, en general, fueron marginadas.

La cuestión del poder estuvo en el centro de los conflictos que definieron las transiciones. El proceso estuvo en mayor o menor medida condicionado por los términos en los que se desarrollaron los conflictos entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas de cambio en pugna. Pero, sin duda, influyeron también factores de orden externo, en particular, los cambios en la política de Estados Unidos hacia América Latina. Como veremos más adelante, estos cambios ocurrieron en el marco de profundas transformaciones del orden económico y político global.

En Uruguay, la transición a la democracia comenzó en 1980, con la derrota del Gobierno en el plebiscito por la reforma constitucional impulsada por las Fuerzas Armadas, mientras en Bolivia y Argentina, donde las dictaduras militares colapsaron, se inició en 1982; en Bolivia con el fracaso militar en la gestión económica y política y la estrecha vinculación con el narcotráfico, y en Argentina con la guerra contra Gran Bretaña por las islas Malvinas. En Brasil, la transición también comenzó en 1982, tras las elecciones de gobernadores y legisladores, aunque fue precedida de otras dos fases que, de modo titubeante, estuvieron orientadas a liberalizar el régimen, la “distensión” (1974-1979) y la “apertura” (1979-1982).

Como se ha visto antes, un punto menos consensuado entre los analistas es el de la consolidación de la democracia. A nuestro juicio, ella se produce cuando el poder civil democrático no tiene ningún condicionamiento originado en el ejercicio de la dictadura e impuesto por esta en su retirada, ni intentos de cuestionamiento de decisiones del poder civil que afectan a los militares por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando estas dejan de tener prerrogativas ajenas a sus funciones específicas como parte del Estado. Debe incluirse también, a modo de reforzamiento del proceso, la elección libre de los siguientes gobiernos posdictatoriales, siempre y cuando, por cierto, no continúen vigentes, reiteremos, condicionamientos impuestos por la dictadura, como paradigmáticamente ilustra el caso de Chile. Allí, en efecto, persistieron enclaves autoritarios hasta 2005, e incluso se mantiene hasta hoy el sistema binominal para las elecciones legislativas, pergeñado por Jaime Guzmán, uno de los redactores de la Constitución de 1980 y de los fundadores de la Unión Democrática Independiente (UDI).

En Argentina, la transición finalizó en noviembre de 1993, con el Pacto de Olivos, tras haberse superado los levantamientos militares de 1987, 1988 y 1990, y sorteado la crisis económica y política de 1989, que llevó a adelantar unos meses el recambio presidencial. El Pacto de Olivos fue un acuerdo entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem –a la sazón ex presidente y presidente del país, respectivamente– para convocar a una convención reformadora de la Constitución Nacional, que incluyó la cláusula de reelección presidencial y redujo el tiempo de mandato de seis a cuatro años, además de otros aspectos también sustanciales.

El 30 de octubre de 1983, las elecciones que consagraron presidente a Raúl Alfonsín, de la UCR, ratificaron el alto grado de participación ciudadana en la decisión de elegir a sus representantes y gobernantes. Los resultados mostraron, entre otros puntos destacables, la exacerbada polarización entre los dos partidos mayoritarios: radicales y justicialistas sumaron el 92% de los sufragios emitidos (52 y 40% respectivamente). También la ínfima presencia del voto en blanco: apenas el 2% (casi 290.000 votos), guarismo que, no obstante, significaba el cuarto lugar en orden de importancia cuantitativa. La ciudadanía argentina ratificaba, así, su rechazo a la dictadura. En verdad, lo significativo del para muchos inesperado triunfo de Alfonsín estuvo en su capacidad de infundir en el electorado la convicción de ser un candidato que no transaría con los militares en materia de derechos humanos y de componendas políticas. La mayoría de la ciudadanía entendió que él garantizaba mejor que nadie la posibilidad de instaurar la democracia sin concesiones a los militares.

Aun con fuertes límites, un logro del primer Gobierno democrático fue la realización de procesos judiciales que penaron a los altos mandos que integraron las sucesivas Juntas Militares de la dictadura, acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. No obstante, más tarde, tras tres levantamientos de militares (los carapintadas) Alfonsín cedió e impulsó la sanción de las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), las cuales significaron un notable retroceso en el castigo de los autores de los crímenes de la dictadura. Así, los juicios sustanciados durante los primeros años de su Gobierno quedaron opacados por la insuficiencia del número de casos efectivamente considerados. Fue, en pocas palabras, una política zigzagueante y claudicante. Traemos a colación esta cuestión porque es clarificadora del proceso de transición, en particular respecto de los condicionantes impuestos por la dictadura.

Después de Alfonsín, los sucesivos gobiernos de Carlos Menem (1989-1995, 1995-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2001-2003) coincidieron en una política restrictiva en materia de enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura y, de lo que menos se habla, bajo la del general Agustín Lanusse (1971-1973) y el Gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1974-1976). En octubre de 1989, Menem dictó cuatro decretos e indultó a 277 militares y civiles procesados por delitos cometidos durante la dictadura, y no beneficiados por las “leyes del perdón” de Alfonsín; a guerrilleros condenados y/o procesados por “subversivos”; a los carapintadas alzados en 1987 y 1988, y a la cúpula militar responsable de la guerra por Malvinas en 1982. Con todo, también Menem debió enfrentar un nuevo alzamiento militar en diciembre de 1990, mas esta vez los altos mandos del Ejército actuaron como sus predecesores no lo habían hecho en las ocasiones anteriores, derrotándolos y permitiendo, así, la subordinación del poder militar al civil.

El Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) replanteó la cuestión, política continuada durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y electa para un segundo mandato). En 2003, el Congreso derogó las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, complementaria de la declaración judicial, por parte de la Suprema Corte, del carácter inconstitucional de ambas. La decisión judicial de declarar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, en particular los secuestros de bebés realizados por fuerzas militares, y los juicios por la Operación Cóndor y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) son capítulos cruciales, todavía en curso, para el castigo a quienes violaron los derechos humanos.

En Bolivia, la transición de la dictadura a la democracia se realizó sin que las Fuerzas Armadas fueran capaces de imponer condicionamiento alguno. De hecho, es posible sostener que en Bolivia no hubo transición en el sentido estricto, tal el grado de colapso de la dictadura.

El caso presenta un escenario muy particular de tensión entre continuidad y cambio. En efecto, la transición abrió paso a una fase singular de ininterrumpida vigencia de la democracia. Sin embargo, este dato novedoso se inscribe en un marco de permanencia de la crisis política. Prueba de ello es que hasta la asunción de Evo Morales en enero de 2006, el país tuvo nueve presidentes, cuando formalmente debió tener seis: Hernán Siles Zuazo (1982-1985); Víctor Paz Estenssoro (1985-1989); Jaime Paz Zamora (1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); Hugo Banzer Suárez (1997-2001); Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002); nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003); Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).

Notablemente –y más enfáticamente que en Argentina, donde la escala fue menor–, hubo militares retirados involucrados en el ejercicio de la dictadura que participaron de la política democrática a través de partidos preexistentes, en particular en Acción Democrática Nacionalista (ADN), del general Hugo Banzer (quien, a despecho de su condición de ex dictador, fue elegido presidente constitucional en 1997), y en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Con todo, se puede considerar que la transición terminó cuando concluyó el lento proceso de enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos –morosamente prolongado entre el inicio de los juicios en 1984 y la sentencia judicial en 1993–.

En Uruguay, la transición concluyó con la asunción del presidente Luis Alberto Lacalle, en 1990, después de superar momentos de gran tensión con los militares ante la posibilidad de enjuiciamiento de algunos oficiales (en 1985, 1986 y 1989) y al aprobarse la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, en diciembre de 1986, ratificada por el voto popular en el plebiscito de abril de 1989. Patricia Funes (2001: 59) sostiene que “esta solución electoral lejos de conseguir un consenso social, y el establecimiento de un acuerdo sobre el pasado, lo deslizó a un estado latente”. Así, otra vez, desde 2005, en el marco del Gobierno frenteamplista, se activó la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad. En 2009, junto con las elecciones nacionales, se plebiscitó su derogación, pero no se llegó a alcanzar más del 50% de los votos (el resultado fue 47,98%). Finalmente, el 27 de octubre de 2011, el Parlamento aprobó la ley que derogó este instrumento, en una sesión que duró más de 12 horas y donde la tensión fue la nota predominante.

En Brasil, puede decirse que el fin de la transición se alcanzó con la promulgación de la Ley de Desaparecidos (diciembre de 1995, bajo la primera presidencia de Fernando H. Cardoso), que reconoció como muertas a personas desaparecidas en razón de su participación, o acusación de participación, en actividades políticas durante el período que va del 2 de septiembre de 1961 al 15 de agosto de 1979. La Ley, no obstante, estuvo orientada por el principio de “reconciliación y pacificación nacional”, expresado en la Ley de Amnistía (28 de agosto de 1979). Es decir, legitimó la autoamnistía declarada por las propias Fuerzas Armadas durante el ejercicio de la dictadura. En 2004 se aprobó una ley (la 10.875) ampliatoria de los términos que definen la categoría de víctima y en noviembre de 2011 la presidenta Dilma Rousseff promulgó una ley para crear la Comisión de la Verdad, encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, aunque sus conclusiones no tendrán consecuencias penales. Con todo, Brasil es un país cuyos militares involucrados en el ejercicio de la dictadura han logrado un alto grado de impunidad.

En Chile, la transición, tal como fue pensada por los ideólogos de la dictadura, derivó en una “democracia protegida”, esto es, tutelada por las Fuerzas Armadas. A la continuidad del modelo económico debe sumarse la continuidad del proyecto de la dictadura expresada en, además de la Constitución de 1980, formaciones políticas partidarias afines y actuantes durante el Gobierno democrático de transición: la UDI, con su “proyecto de un partido homogéneo de militantes”, y Renovación Nacional (RN), con el “de un partido heterogéneo de masas”, según la distinción que de ellas hace el mismo Moulian (1995).

Para Garretón (1995: 118 y 120 y 122), la redemocratización se define por tres características principales: “Ausencia de crisis o colapso económico; presencia de enclaves autoritarios producto de la institucionalización del régimen militar, lo que la vuelve una transición incompleta; existencia de un Gobierno democrático mayoritario en lo social, lo político y lo electoral articulado a través de dos grandes ejes partidarios, el centro y la izquierda [la Concertación de Partidos por la Democracia], que cubren casi todo el campo opositor al régimen militar”. A su juicio, si bien por “las condiciones heredadas del proceso de transición” esta es “una transición incompleta, dada la permanencia de enclaves autoritarios [...], técnicamente, la transición terminó” cuando se instaló el Gobierno de la Concertación, en marzo de 1990.

Para Moulian, la transición tuvo un carácter transformista, con clara continuidad del modelo económico. En su interpretación, el transformismo es el “largo proceso de preparación, durante la dictadura, de una salida de la dictadura, destinada a permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes políticos, las vestimentas democráticas”. Ese proceso “comienza en 1977; se fortalece en 1980 con la aprobación plebiscitaria de la Constitución, y culmina entre 1987 y 1988 con la absorción de la oposición en el juego de alternativas definidas por el propio régimen y legalizadas en la Constitución del ’80”. La Concertación de Partidos por la Democracia –cuyos principales componentes eran los Partidos Demócrata Cristiano (PDC), Por la Democracia (PPD), Radical Social Demócrata (PRSD) y Socialista (PS)– debió enfrentar una negociación inevitable, aunque en rigor, “fue desarrollada entre el Gobierno militar y Renovación Nacional”, partido este que, “tras una discursividad democrática, lo que hizo fue llevar hasta sus últimas consecuencias la operación transformista”, mas sin ser el equivalente chileno de la derecha española encabezada por Adolfo Suárez, con su política de desarme del dispositivo franquista (Moulian, 1997: 91, 145, 146 y 255).

Los enclaves autoritarios desaparecieron en agosto de 2005, durante la presidencia de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), cuando se aprobó una reforma constitucional que redujo el período presidencial de seis a cuatro años, eliminando la posibilidad de la reelección; eliminó la figura de los senadores designados y vitalicios; afirmó la facultad del presidente de remoción de los comandantes en Jefe (antes correspondiente al Consejo de Seguridad Nacional, a través de su voto mayoritario), y modificó el Consejo de Seguridad Nacional, que pasó a ser un órgano sin más atribuciones que las de asesor del Ejecutivo. Aunque, como se ha dicho, no derogó el sistema binominal para elecciones legislativas

La fase terminal de las dictaduras tuvo una duración variable, de acuerdo con el mayor o menor éxito de los gobiernos en imponer su proyecto fundacional. Para los casos de Bolivia y Argentina, O’Donnell (1994: 22) señala que las dictaduras no solo no tuvieron los éxitos económicos de la brasileña o, en otra perspectiva, la chilena (cuyo modelo neoliberal fue también el programa del ministro de Economía argentino José Martínez de Hoz), sino que fueron ejemplos paradigmáticos de corrupción gubernamental y militar y de “una ‘gangsterización’ de las Fuerzas Armadas [principalmente en Bolivia] que las acercó al sultanismo predatorio”. La combinación de estos elementos, aduce O’Donnell, produjo una “democratización por colapso”. En los otros casos, en cambio, la transición fue “pactada”.

Tanto en Bolivia como en Argentina, los militares fueron incapaces de actuar colectivamente y de asegurar el triunfo electoral de algún partido más o menos afín o de su preferencia. En Bolivia, como se ha dicho, el colapso estuvo dado por el fracaso militar en la gestión económica y política y por su estrecha vinculación con el narcotráfico. En Argentina, el colapso devino del rotundo fracaso del modelo económico neoliberal implementado por el ministro de Economía José Martínez de Hoz y se precipitó con la derrota de Malvinas.

En los casos de transiciones “pactadas” es relevante observar el curso de las negociaciones entre la cúpula del régimen y los partidos políticos, aunque los “pactos” tuvieron diversa índole en cada caso.

Uruguay es un caso de rápido reposicionamiento del sistema de partidos, similar al existente en el momento de producirse el golpe de Estado de 1973. La derrota en el plebiscito de 1980 implicó para las Fuerzas Armadas la frustración de su iniciativa política conducida por ellas y precipitó la decisión de abandonar el Gobierno. A juicio de Luis Eduardo González (1984: 28), “[e]l resultado del plebiscito de 1980 fue fundamentalmente un voto político. No una reacción (favorable o no) frente a los resultados de la política económica del Gobierno, y en términos relativos las opciones fueron claras: el ‘sí’ fue un voto a favor del orden autoritario, y el ‘no’ fue un voto por la redemocratización”. Así, una nueva Junta de Oficiales Generales, la misma que en septiembre de 1981 había designado como presidente a Gregorio Álvarez, preparó un plan político alternativo cuyo núcleo duro introducía, implícitamente, algunas de las cláusulas que habían llevado a las Fuerzas Armadas al fracaso en ocasión del plebiscito.

En este plan, los militares buscaron alcanzar, a través de la apelación a la mediación de los partidos políticos, un cierto consenso de la sociedad civil para llevar adelante las medidas antes intentadas por la vía de la reforma constitucional. En efecto, el plan consignó la rehabilitación de los partidos políticos –una rehabilitación parcial, en tanto excluyó inicialmente al Frente Amplio–; la discusión sobre el nuevo Estatuto que regularía su funcionamiento; la realización de elecciones internas (en los partidos “habilitados” por la dictadura, esto es, los tradicionales, pues los de izquierda seguían “ilegalizados”), y se estipuló un plazo de tres años para la entrega del Gobierno a los civiles. En este marco, se convocaron elecciones internas de los partidos políticos. Gerardo Caetano y José Rilla (2005: 355-361) señalan que en esas elecciones, realizadas en noviembre de 1982, participó el 60% de los ciudadanos habilitados, quienes se inclinaron por los lemas más claramente antidictatoriales. Para el Gobierno de la dictadura este resultado fue considerado aún más adverso que el de 1980.

Pari passu, las Fuerzas Armadas, “tras un intenso trámite interno”, pergeñaron una nueva estrategia que les garantizara una salida controlada para dejar a resguardo la corporación militar. En rigor, argumentan Caetano y Rilla, este fue el inicio de una segunda etapa dentro de la “dictadura transicional”, “signada por la voluntad de acuerdo entre militares y políticos, y orientada crecientemente hacia la dinámica de la negociación”, que, a su vez, potenciaba el papel de los partidos. De ahí el carácter “pactado” de la transición.

Las negociaciones comenzaron en mayo de 1983 (“negociaciones del Parque Hotel”, por el nombre del lugar donde se llevaron a cabo) con el Partido Colorado, el Partido Nacional (Blanco) y la pequeña Unión Cívica, con explícita exclusión del Frente Amplio, ilegalizado. Tras el encarcelamiento de Wilson Ferreira Aldunate, el exiliado líder del sector mayoritario de los blancos, el Partido Nacional se retiró de las negociaciones. Sin los blancos, comenzó un derrotero no previsto por los militares, lo que llevó –en parte por exigencia de los partidos, en parte por la necesidad de la dictadura de lograr un acuerdo que no fuera solo con el Partido Colorado y la poco significativa Unión Cívica– a la derogación de algunos actos institucionales, la aceleración de procesos a detenidos políticos y, superando los límites de lo imaginado inicialmente, la legalización parcial del Frente Amplio. La culminación de las negociaciones fue el Pacto del Club Naval (sede del encuentro), alcanzado el 23 de agosto de 1984.

Con ese pacto se decidió el restablecimiento de la institucionalidad definida por la Constitución de 1967 y del sistema de partidos existente en el momento del golpe de Estado de 1973. Al mismo tiempo, y por imposición militar, se estableció: 1) la continuidad del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), al cual se le asignaban funciones de organismo consultivo; 2) la figura del “Estado de insurrección”, pasible de ser adoptado por el Congreso, dispositivo que incluía la suspensión de las garantías individuales ante hechos violentos que pusiesen en peligro la soberanía y el orden público; 3) las promociones de los jefes militares decididas por el presidente de la República, pero de una lista propuesta por el Ejército, la Aeronáutica y la Marina; 4) el Congreso elegido en las elecciones democráticas actuaría como Asamblea Constituyente, y en caso de introducir reformas en la Carta Fundamental, estas debían ser objeto de un referéndum un año después, y 5) se convocaría a elecciones para el 25 de noviembre de 1984.

La gran paradoja de este pacto fue el reconocimiento, por parte de las Fuerzas Armadas, del Frente Amplio, lo cual puede interpretarse como un triunfo del movimiento popular y de la izquierda. Pero está claro que, con la marginación de los blancos, la legitimidad de la transición requería, necesariamente, inyectarle más fuerza política que la aportada tan solo por los colorados. Para Caetano y Rilla, a partir del Acuerdo la carrera electoral pasó a primer plano, afianzada por la decisión del Partido Nacional de participar con una estrategia de polarización entre “pactistas” y “no pactistas”. Esta pugna hizo que las elecciones se proyectaran “desde un comienzo como una decisión ciudadana inesperadamente alejada de la perspectiva de la lucha antidictatorial” (Caetano y Rilla, 2005: 365).

Respecto de este proceso, Aldo Scarpa ofrece una lectura bien distinta (114) Su argumento puede resumirse así: El Frente Amplio participó de las negociaciones como resultado de analizar la coyuntura del país, caracterizada por el peso entre las masas de posiciones antidictatoriales y democráticas, la incontenible y continua movilización popular, el desprestigio del régimen, la muy amplia “convergencia social y política por la democracia, y el correlativo aislamiento de la dictadura”. En ese contexto, “la negociación era el camino más corto, seguro y menos doloroso. No negociar, teniendo la posibilidad de hacerlo, significaba postergar el proceso sin tener claridad de los tiempos que insumiría otro camino ni las condiciones del desenlace”, o sea, darle tiempo y respiro a la dictadura. En el Frente eran conscientes de que el vencedor de las elecciones sería blanco (Wilson Ferreira) o colorado (Julio María Sanguinetti), pues ellos no tenían aún peso electoral suficiente.

Scarpa entiende que la prisión y proscripción de Ferreira fue personal, y no afectó ni al partido, ni al sector interno (mayoritario), ni tampoco a “los dirigentes blancos más cercanos a su persona y de su mayor confianza; ellos podían ser sus candidatos y de hecho lo fueron”. Le adjudica al líder blanco el “intento de subordinar al conjunto del movimiento democrático y popular, y sus intereses a [sus propios] objetivos [...] y, en todo caso, a los de su sector político”, lo cual sería demostrado “posteriormente cuando, bajo el Gobierno de Sanguinetti, el Partido Nacional dirigido por Ferreira proporciona los votos necesarios, en lo fundamental y con el pretexto de asegurar la ‘gobernabilidad’, para aplicar el continuismo económico y sancionar la impunidad”. Fue allí, donde, desde sus intereses, se hizo necesario “montar las falsedades sobre las negociaciones del Club Naval. Ante el reclamo de Sanguinetti de los votos nacionalistas, y en particular del sector de Ferreira, para aprobar la ley de impunidad, componente sustancial del proyecto de las clases dominantes, el caudillo blanco necesitaba justificar la incoherencia entre sus dichos y sus acciones. Por eso ‘entrega’ sus votos a cambio de exigir al Partido Colorado que acepte incluir como motivo de la ley los supuestos condicionamientos contraídos con las Fuerzas Armadas en el ‘pacto del Club Naval’” –maniobra que no pudo impedir “la muerte política del caudillo” blanco–. La conclusión de Scarpa es lacónica, pero contundente, polémica: “En el Club Naval no hubo condicionamiento alguno a la democracia que renacía”.

El 1º de marzo de 1985, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, e interlocutor de los militares en el Acuerdo del Club Naval, asumió como presidente del primer Gobierno democrático, secundado por Enrique Tarigo, vencedores en las elecciones de noviembre de 1984. En ellas fueron proscriptas las candidaturas de Líber Seregni (Frente Amplio) y Wilson Ferreira (Partido Nacional), pero no sus partidos: el Frente llevó como candidatos a Juan José Crottogini (un médico, destacado oncólogo, que había sido compañero de fórmula de Seregni en 1971) y José D’Elía (un sindicalista), mientras en los blancos se impuso el lema que postuló al binomio Alberto Zumarán-Gonzalo Aguirre Ramírez.

En Brasil, si bien la fase de transición de la dictadura comenzó formalmente en 1982, después de las elecciones de gobernadores y legisladores de ese año, hubo dos fases anteriores: la distensión (1974-1979) y la apertura (1979-1982). En 1974, el presidente Ernesto Geisel anunció su voluntad de iniciar una apertura “lenta y gradual”, pero esta solo se produjo hacia fines de la década de 1970, cuando ocurrieron dos hechos cruciales: la derogación de la AI-5 y la ruptura de la alianza, de importancia estratégica, entre capitales estatales, privados multinacionales y privados brasileños, y dentro de ella, entre la burguesía local y la tecnoburocracia (Bresser Pereira, 1978).

Como vimos en el capítulo anterior, la dictadura permitió el funcionamiento de un sistema de partidos que fue bipartidario entre 1966 y 1979 y multipartidario a partir de ese año, cuando una reforma procuró mantener cohesionado al partido de Gobierno y dividir la oposición. En 1980 ya se habían constituido seis partidos, uno oficialista y cinco opositores. Las dos principales formaciones fueron continuadoras del bipartidismo: el Partido Democrático Social (PDS) y el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), prolongaciones de ARENA y MDB respectivamente. Las otras cuatro fueron el Partido dos Trabalhadores (PT), el Partido Popular (PP), el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Inicialmente, el PP se proyectó como un partido auxiliar del régimen, como expresión de sectores burgueses locales (o nacionales) dispuestos a pactar con el Gobierno una política de transición civil-conservadora. Entre sus principales dirigentes se encontraban Magalhães Pinto, banquero y ex canciller, Tancredo Neves, un veterano y astuto político mineiro, y Olavo Setúbal, ex prefecto paulista. El PP tuvo una breve existencia, durante la cual intentó constituirse como una fuerza potencialmente apta para la construcción de una nueva hegemonía de signo liberal-conservador.

En las elecciones del 15 de noviembre de 1982 se eligieron gobernadores y legisladores estaduales y federales de los 22 estados, los prefectos y concejales de todos los municipios del país y un tercio de los senadores federales. Los resultados confirmaron una tendencia manifiesta en las fases anteriores: el triunfo de la oposición en los estados más desarrollados (pese a la sorpresa, en esta ocasión, de Rio Grande do Sul). El PDS logró alrededor del 36,5% de los votos (en las tres instancias), mientras la oposición en conjunto alcanzó poco más del 48% (llegó al 50% en el caso de las elecciones de gobernadores). El porcentaje restante se repartió entre votos en blanco y nulos. La oposición –en su conjunto– se tornó mayoría nominal en la Cámara de Diputados (245 contra 235) y el oficialismo lo fue absolutamente en la de Senadores (46 a 23). En ambas Cámaras, el oficialismo sumó 281 y la oposición 268, diferencia incrementable en el caso de actuar como Colegio Electoral para elegir presidente y vice (el Congreso en pleno más 6 representantes del partido mayoritario en cada estado): 353 para el oficialismo, 328 para la oposición como conjunto.

Estas cifras permiten apreciar la eficacia de la estrategia del general Golbery do Couto e Silva, ideólogo de la apertura, para controlar el Gobierno, aun perdiendo la mayoría en la Cámara de Diputados y en la mitad de los estados. La fragmentación de la oposición era la garantía del continuismo gubernamental, a pesar del carácter mayoritario de la primera (la mitad del electorado, contra un tercio del oficialismo y un séptimo de votos en blanco y nulos).

Las elecciones de gobernadores dieron 12 estados al PDS, 9 al PMDB y uno al PDT. El norte fue homogéneamente oficialista, mientras el sudeste fue opositor y el sur mayoritariamente pedesista. En cuanto al PT, su votación fue menor de la esperada por sus militantes pero mayor de la prevista por los opositores de izquierda (el PC Brasileiro, “pro soviético” y el PC do Brasil, “pro chino”, votaron por el PMDB) y de derecha. Sus mayores logros se dieron en el estado de São Paulo, donde eligió 6 diputados federales (a los que se sumó otro en Minas Gerais y uno más en Rio de Janeiro). En síntesis, el presidente João Baptista Figueiredo y la jefatura militar lograron afirmar el proceso de apertura, al tiempo que los partidarios de la línea dura y el servicio de inteligencia permanecieron al acecho para impedirlo. La oposición, por su parte, confirmó su moderación.

A lo largo de 1983, los partidos enfrentaron turbulentas discusiones: no fueron solo divergencias inter sino también intrapartidarias, particularmente en los mayoritarios PMDB y PDS. En el seno del PMDB, las viejas tensiones entre los heterogéneos grupos que lo componían se hicieron más manifiestas en la medida que comenzó a pensarse en la sucesión presidencial. Dos posiciones fueron objeto de discusión: una proponía la realización inmediata de negociaciones con los militares para lograr la nominación de candidatos de consenso que pudiesen ser consagrados en la elección indirecta del colegio electoral; la otra, en cambio, proponía negociar sin capitular frente al oficialismo y de avanzar en el reclamo de medidas que afirmaran el proceso de transición, particularmente el retorno a las elecciones directas de presidente y vice y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Una tercera opción fue presentada por Leonel Brizola, líder del PDT y gobernador de Rio de Janeiro, quien propuso la extensión de los mandatos de Figueiredo-Chaves por dos años, a cambio de la realización de elecciones directas para elegir a sus sucesores.

En rigor –Luiz Carlos Bresser Pereira (1985: 147-148) lo señaló con claridad–, la oposición pemebedista no fue radical. El partido estaba listo para negociar y se transformó en clara alternativa de poder al salir de una posición defensiva y pasar a “disputar el apoyo y obtener la confianza de la sociedad civil. En la medida en que el PMDB iba obteniendo cierto éxito en esa estrategia –y volviéndose, de hecho, una alternativa de poder a corto plazo–, ese partido caminaba hacia la derecha”, tendencia acentuada por la fusión con el PP y la obtención de diez gobernaciones estaduales en las elecciones de 1982.

Por su parte, el PTB de Ivete Vargas se confundió crecientemente con las posiciones del PDS, al punto de dejar de ser considerado un partido opositor y acordar con el oficialismo el acompañamiento de sus posiciones, a cambio de la promesa de cargos importantes en la administración gubernamental.

En este cuadro, el PT se mantuvo unido, al menos hacia afuera, enfatizando un programa básico: derogación de la Ley de Seguridad Nacional; realización de elecciones presidenciales directas e inmediatas; fin de la legalidad institucional impuesta por los militares y cambio radical del modelo económico. Interiormente, la heterogeneidad de sus militantes no dejó de generar dificultades. No debe olvidarse que coexistían cuadros provenientes, entre otras vertientes, de la izquierda católica, el trotskismo, la izquierda democrática e incluso del espontaneísmo cuasi antipartido. Como señalaría más adelante el sociólogo Francisco Weffort, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT desde su fundación y hasta su designación como ministro de Cultura del Gobierno de Cardoso, uno de los problemas más serios era la articulación entre el partido y los movimientos sociales y culturales, dentro de los cuales el partido tenía gran número de militantes, pero sin tener, como partido, una actuación correspondiente.

Para el Gobierno de la dictadura, a diferencia de lo que ocurrió con la oposición mayoritaria, la conflictividad interna desembocó en el fracaso de la estrategia pergeñada para controlar el cambio de régimen. El problema de mayor entidad que enfrentó el PDS durante 1983 y 1984 fue la definición de la candidatura presidencial, pues el triunfo, en razón del carácter indirecto de la elección mediante un Colegio Electoral donde el oficialismo era mayoría, se descontaba. La intensidad de la disputa por la candidatura presidencial oficialista llevó al PDS a la fractura: en 1984, un importante grupo se escindió y creó el Partido da Frente Liberal (PFL). Su candidato fue Paulo Maluf, un empresario de la construcción llegado a la política de la mano de su amigo el general y ex presidente Artur Costa e Silva. Perteneciente a un riquísimo clan paulista, de origen libanés, y casado con una mujer de la misma comunidad y condición económica, Maluf estaba en condiciones de hacer política con dinero familiar mucho más que cualquier otro político del país. Como gobernador de su estado, había construido escuelas, puestos sanitarios y autopistas, sin dejar de cultivar una intensa actividad de relaciones públicas, típicas del clientelismo estatal, todo esto acompañado de serias acusaciones y sospechas de corrupción.

En abril de 1983 se produjo un acontecimiento crucial: el presidente Figueiredo ratificó su posición favorable a la elección indirecta de su sucesor en 1985, por lo que el rechazo al proyecto presentado por el diputado Dante de Oliveira del PMDB, que consignaba la elección directa, era un mensaje explícito destinado a la oposición. En la sesión del 25 de abril, el proyecto de enmienda obtuvo 298 votos afirmativos (entre ellos, 55 de pedesistas), 65 en contra y 3 abstenciones. Los 113 ausentes –dato que indica las vacilaciones entre los políticos oficialistas, pero también el oportunismo– eran oficialistas, excepto uno de la oposición. No obstante la fuerte diferencia, el resultado no alcanzó para aprobar la cláusula que permitía la elección directa: faltaron veintidós votos.

A partir de allí se intensificó la movilización popular a favor de la profundización del proceso democratizador, con el movimiento Diretas Já! Pero es evidente, a la luz de los acontecimientos posteriores, que detrás de esa movilización se desarrollaron otras estrategias de transición de carácter conciliador con la dictadura. Eran estrategias que respondían a las viejas reglas de la cultura política brasileña: por arriba y apelando a los acuerdos entre las elites. La magnitud de la campaña por las directas introdujo nuevos elementos. La tensión entre una línea de conciliación y otra menos transigente se apreció durante la campaña por las directas, siendo sus figuras emblemáticas, respectivamente, Tancredo Neves y Ulysses Guimarães (al menos hasta que este adhirió a la primera). En el PMDB comenzó a percibirse crecientemente la posibilidad de acceder al Gobierno, lo cual llevó a importantes dirigentes a proponer una línea moderada.

El candidato del PMDB finalmente fue Neves. José Sarney renegó de su afiliación al PSD (del cual era presidente) y aceptó la nominación a vicepresidente en representación del PFL. El 7 de agosto de 1984, el PMDB y el PFL firmaron el acuerdo de creación de la Aliança Democrática (AD). Tanto Neves como Sarney eran expresión del sistema de partidos abolido por el golpe de 1964. Significativamente, ambos fueron, durante su respectiva militancia en el PSD y la UDN, miembros de las fracciones renovadoras de uno y otra. Sarney “fue escogido como compañero de fórmula de Tancredo Neves en 1984 no solo porque era un disidente respetado y sin fricciones, sino también porque como nordestino podía desviar votos de Maluf” (Skidmore, 1988: 485).

Así, el panorama electoral se modificaba de cuajo. La creación de la AD quebró la estrategia de los militares –compartida por Maluf– de asegurarse el control parlamentario para definir el nuevo presidente. De ahí en más, la campaña electoral adquirió un tono inusitadamente entusiasta para una elección indirecta en la cual, por añadidura, los electores ya estaban elegidos desde hacía dos años. Los medios de comunicación –en particular la Rede Globo– eran masivamente favorables a los candidatos de la alianza. El desbande dentro del oficialismo fue simétrico con el crecimiento de la AD y las expectativas creadas por la posibilidad de su triunfo, mientras que las posibilidades de los militares de desviar el proceso político fueron mínimas. El ex presidente, el general Geisel, fracasó en el intento de impedir que el vicepresidente (Antonio Aureliano Chaves de Mendonça) y el PFL apoyaran a Neves, y tuvo una entrevista con el candidato de la AD, a quien le dio un discreto apoyo. No obstante, esto implicó un gran respaldo, pues para muchos la opinión de Geisel todavía pesaba. En líneas generales, los altos oficiales aceptaron desempeñar un papel cauto en la resolución de la sucesión. El 15 de enero de 1985, el Colegio Electoral eligió la fórmula Neves-Sarney, que asumiría el Poder Ejecutivo dos meses después.

El final de esta historia fue bien distinto del imaginado por Golbery, Geisel, Figueiredo y los otros militares y civiles que impulsaron la transición. No hubo sucesión oficialista y, por añadidura, el partido hasta entonces en el Gobierno se quebró. Una vez que el juego quedó en manos de los viejos políticos, las más abigarradas prácticas de las clases dominantes definieron el pleito según el afinado estilo de la negociación y la conciliación. Al fin y al cabo, como bien titula Marcel Bursztyn uno de sus libros, Brasil es el “país de las alianzas”. Guimarães fue derrotado, internamente en aras de la conciliación. Neves era del viejo MDB, pero luego se abrió para entrar en el PP y por último retornar al PMDB, aunque ambos fueron opositores desde el comienzo. Sarney, en cambio, fue un advenedizo que solo se tornó opositor el último año del régimen.

Por lo demás, para completar la ironía de la historia, Neves, con sus 77 años, no alcanzó a asumir como presidente: abrumado por una grave dolencia intestinal, que se había cuidado de ocultar, fue internado el 14 de marzo. Al día siguiente, Sarney se hizo cargo interinamente de la presidencia, función que luego, con la muerte de Tancredo, asumió en plenitud. Figueiredo lo consideraba un traidor y para demostrarle su aversión no concurrió al acto de transmisión del mando. Finalmente, el partido que había cargado con buena parte del peso de la oposición a la dictadura y había concitado el apoyo mayoritario del electorado, no accedió al control del Poder Ejecutivo.

En Chile, la transición se hizo efectiva tras un largo período de crisis recurrentes. En palabras de Garretón (1995: 108), la institucionalización del régimen se hizo “antes de la crisis en el régimen” e impidió “que esta se convirtiera en crisis del régimen”.

En 1977, en un acto público, el general Pinochet ratificó el compromiso de la Junta Militar de restaurar el orden democrático. Se trataba de una restauración que concebía la democracia como “protegida”. La Constitución de 1980 reflejó cabalmente esta concepción, estableciendo en sus disposiciones transitorias que en 1988 se procedería a la celebración de un plebiscito para decidir si Pinochet continuaría en el cargo de presidente durante ocho años más. Así, en Chile, el “pacto” fue resultado de un cuidadoso y puntilloso andamiaje institucional cristalizado en la Carta Magna.

En 1978 varios factores minaron la estabilidad de la dictadura. En el plano internacional, el asesinato de Orlando Letelier en Washington y la inmediata condena que recibió por parte de Estados Unidos afectaron gravemente la legitimidad del Gobierno chileno. Otro factor de desestabilización fue el conflicto con Argentina por el Canal de Beagle, que puso a los dos países al borde de la guerra. En el plano interno, las diferencias entre el general Pinochet y el general Gustavo Leigh (más próximo a la restauración de la democracia y resentido por el personalismo del dictador) se profundizaron. Finalmente, Leigh fue expulsado de la Junta.

Con todo, el régimen sorteó con éxito los obstáculos y en 1980 obtuvo un rotundo triunfo en el plebiscito del 11 de septiembre (67% de votos a favor, aunque en un proceso poco transparente) para la aprobación de la nueva Constitución. Esta estableció el plazo para la transición a la democracia: Pinochet gobernaría ocho años más como presidente y luego se sometería a un plebiscito. También estableció la disminución de las facultades del Congreso; la creación de un Tribunal Constitucional y del Concejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer mandatario e integrado por los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente del Senado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia; introdujo un sistema de senadores designados y vitalicios (los primeros incluían representantes de cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros; los vitalicios, a los ex presidentes). Asimismo, instituyó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y un sistema binominal para las elecciones legislativas.

En 1982, la crisis de la economía mundial tuvo efectos desastrosos para el modelo implementado por la dictadura (aquel del “milagro chileno”): devaluación, quiebra de bancos, alza de precios, cesantías, etc. En este marco, se inició un ciclo de movilizaciones populares contra el régimen. Frente a la severa crisis económica, la Confederación de Trabajadores del Cobre convocó a una huelga, que fracasó, pero fue un factor desencadenante de la irrupción de la oposición social y política en el espacio público, a través de las denominadas “protestas” que se sucedieron a lo largo de 1983 y los dos años siguientes. La violencia estatal fue realmente desproporcionada. A “las protestas” se sumaron las expresiones de oposición que optaron por la vía armada, en particular con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista.

Aunque las protestas continuaron más allá de 1983, su fuerza decayó en buena medida por la falta de una coordinación y proyecto común que, finalmente, obstaculizaron su transformación en un movimiento propiamente político (como sí ocurrió en Brasil, donde los movimientos sociales lograron articularse como movimiento político, de donde despuntó el liderazgo de Lula da Silva). Mientras las protestas decaían, las fuerzas político-partidarias de todo el espectro opositor continuaron unidas en torno de un proyecto común (con excepción, claro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez). La respuesta del régimen a cada una de las propuestas provenientes de las fuerzas opositoras fue una rotunda negativa al diálogo y a la negociación. La recomposición parcial del modelo económico y el comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento (que algunos analistas han denominado “segundo milagro”) contribuyó para que la oposición finalmente se encuadrase en una lucha institucional según los términos de la Constitución de 1980.

Ante la inminencia del plebiscito de 1988, pautado en la Constitución de 1980, las fuerzas de la oposición se convencieron de la conveniencia de jugar el juego del régimen. En febrero de 1988 se creó la Concertación de Partidos por el No. El plebiscito se realizó el 5 de octubre de ese año y el No ganó con el 54,7% de los votos.

Enseguida, los partidos de la Concertación (ahora Concertación de Partidos por la Democracia) y un sector de la derecha (moderada) levantaron sus demandas de reformas constitucionales: elección íntegra del Congreso Nacional por sufragio popular y con un sistema proporcional; flexibilización del sistema de reforma constitucional; revocación de las proscripciones políticas; modificación de la composición y funciones del Consejo de Seguridad Nacional, entre las más destacables. En la negociación política, Patricio Aylwin Azócar y Sergio Onofre Jarpa, en representación de la Concertación y de Renovación Nacional respectivamente, por un lado, y el ministro de Gobierno Carlos Cáceres, por el otro, fueron las figuras descollantes. Hubo sucesivas y mutuas impugnaciones hasta que finalmente la Junta aprobó un proyecto, luego ratificado por el plebiscito de julio de 1989.

En diciembre de ese año se realizó la elección presidencial en la que triunfó el demócrata-cristiano Aylwin, candidato de la Concertación (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Partido Radical Socialdemócrata), con el 55,2% de los votos. Según expresa Garretón (1995), una de las diferencias del primer Gobierno democrático de transición en Chile, respecto de los otros países del Cono Sur, es que la situación económica que heredó no era crítica. De hecho, esta había repuntado hacia 1986 y 1987.

Un dato a retener es que el segundo candidato más votado en las elecciones que definieron el cambio de régimen fue Hernán Büchi, por la coalición Democracia y Progreso, que reunía a la UDI y Renovación Nacional. En 1985, bajo el régimen pinochetista, el ingeniero comercial Büchi había ocupado el Ministerio de Economía y desde allí había implementando reformas menos ortodoxas que las practicadas por sus predecesores, logrando así reencauzar la economía (el supuesto “segundo milagro”). El dato es relevante a la luz del presente, cuando quien preside el país, Sebastián Piñera, es de Renovación Nacional. Como se ha visto, Chile es un caso de transición fuertemente condicionada por el poder militar. Solo muy recientemente el país se ha desprendido de la tutela militar y se han derogado los condicionantes constitucionales impuestos por el régimen de Pinochet. Si bien el sistema de partidos chileno históricamente había albergado a las fuerzas derechistas, el triunfo de Piñera no es ajeno a esta larga persistencia de los enclaves autoritarios.

En Argentina, las Fuerzas Armadas intentaron fundar un nuevo Estado, con un sistema político dirigido por ellas y acorazado ideológicamente por la DSN. Esto es lo que se aprecia en las “Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, que las tres Fuerzas dieron a conocer en 1979. Las “Bases” buscaban el consentimiento civil al “Proceso” iniciado por las Fuerzas Armadas que, considerándose triunfantes en la “guerra antisubversiva”, no avizoraban otra conducción y dirección más que las de ellas mismas. Este documento se hizo público después de dos acontecimientos cruciales. A mediados de 1978, el general Jorge Rafael Videla había accedido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país. En la misma época, la Corte Suprema de Justicia había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional la liberación de Jacobo Timerman, periodista, director del diario La Opinión. Los militares reaccionaron obligando a Timerman a exiliarse en Israel. Por su parte, el informe de la Comisión no fue nada favorable al poder militar, que se había esforzado sin éxito en maquillar la violencia y los desmanes cometidos. Ambos sucesos tuvieron lugar en 1979.

Ese año, después de que se conocieron “Las Bases”, el dirigente radical Ricardo Balbín pidió a los militares definiciones acerca de un cronograma. Dentro de la misma UCR, Raúl Alfonsín encabezó una línea (Renovación y Cambio) que criticaba duramente la política económica regresiva y ponía un marcado énfasis en la democracia como régimen y como valor. Alfonsín buscaba acelerar los tiempos de la transición, a diferencia de Balbín que, desde una posición moderada, parecía más inclinado a consensuar fórmulas veladas de tutelaje militar.

A principios de 1981, y por diferencias dentro de las Fuerzas Armadas, el general Roberto Viola sucedió a Videla en el cargo de presidente. Su propuesta era de apertura limitada, en el marco de la cual aumentó la participación civil en el Gobierno y se reorganizó la CGT, con la conducción del líder sindical Saúl Ubaldini. Asimismo, en julio de ese año, se formó la Multipartidaria Nacional. Pero las diferencias en la cúpula militar volvieron a cambiar el rumbo de los acontecimientos y Viola fue rápidamente sustituido por el general Leopoldo Galtieri, quien buscó restituir los valores iniciales: la guerra antisubversiva y una salida tutelada.

El 2 de abril de 1982, la Junta Militar ejecutó un desembarco militar en las islas Malvinas. El fracaso económico, el descrédito militar y los ruidosos reclamos de los movimientos sociales estuvieron en la base de tal aventurada decisión, si bien el plan de recuperación de la soberanía sobre las islas se venía pergeñando desde el año 1976. Con el fracaso en la guerra, la transición se aceleró. En noviembre de 1982, la Junta Militar expidió las “Pautas para la concertación económica, política y social”, iniciativa rechazada por la clase política. Ante la imposibilidad de una alianza con la dirigencia política sobrevino el colapso. Pero las Fuerzas Armadas todavía conservaban una cuota importante de poder frente a un poder civil con profundas diferencias internas respecto de los “desaparecidos”. En abril de 1983, la Junta dio a conocer el “Documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo“, y en septiembre de ese mismo año se publicó la “Ley de enjuiciamiento de actividades terroristas y subversivas”, más conocida como “Ley de Amnistía”, firmada por el último dictador, el general Reynaldo Bignone.

Si la derrota militar en la guerra contra el Reino Unido fue un factor significativo para el triunfo electoral del radical Alfonsín –uno de los pocos políticos que se opuso explícitamente al conflicto bélico–, un factor no menos significativo fue la “cuestión castrense”, que diferenció claramente a los dos principales candidatos de las elecciones de ese año. El candidato del otro partido histórico, el Partido Justicialista, Italo Lúder, era proclive a moderar los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, mientras que Alfonsín hizo de la defensa de la democracia y los derechos humanos un valor irrenunciable, siendo este el contenido principal de su campaña política.

El 10 de diciembre, Alfonsín fue electo presidente con el 51% de los votos (contra el 40% que obtuvo el justicialismo). Su triunfo –o mejor, la inesperada derrota del PJ– fue un hecho clave para el enjuiciamiento de los altos oficiales y sus subordinados involucrados en las prácticas del terrorismo de Estado. No obstante, la retirada militar no fue ni completa ni definitiva, según acota Alfredo Pucciarelli (2004: 161-162), quien añade: “En vez de generar un claro campo de oposición [la mayor parte de la dirigencia partidaria] elige alentar a las Fuerzas Armadas para que prolonguen su dominio a través de varios de los años venideros” (115).

En 1985, los juicios a los militares coincidieron con una escalada inflacionaria que hizo inocultable la crisis económica. Alfonsín intentó sin éxito conciliar lo irreconciliable: las demandas de castigo y justicia de la sociedad con las pretensiones de impunidad de las Fuerzas Armadas. En medio de la crisis, el Gobierno promovió la Ley de Punto Final, que el Congreso (sin los opositores a la ley en el recinto) aprobó por unanimidad en diciembre de 1986. Semejante “claudicación ética”, para utilizar palabras de los organismos de derechos humanos, respondía a una realidad inocultable: las Fuerzas Armadas habían logrado torcer el curso de los acontecimientos. Pero si en 1986 la homogeneidad interna fue un factor clave para el éxito de la estrategia militar, en 1987 la situación fue otra. En la tarde-noche del Jueves Santo, el teniente coronel Aldo Rico se sublevó en Campo de Mayo, al frente de un grupo de comandos de distintas unidades militares. Respecto del Gobierno, reclamaban el fin de los juicios todavía en curso; respecto del Ejército, reclamaban la remoción de los comandos superiores, a quienes acusaban de haberlos utilizado en sus negociaciones con el poder civil. Alfonsín no contó con las Fuerzas Armadas para sofocar el levantamiento carapintada, clara muestra de un poder civil que aun no había conseguido subordinar al poder militar. A esto se sumó la fuerte movilización popular que salió a la calle en defensa de la democracia. Con presiones de uno y otro lado, Alfonsín optó por negociar con Rico los términos de la capitulación, que tuvo lugar el Domingo de Pascua. Con el argumento de promover una “reconciliación definitiva”, poco tiempo después se aprobó la Ley de Obediencia Debida.

En Bolivia, el proceso político que condujo al cambio de régimen fue ingobernable. El 21 de julio de 1978, el dictador Banzer fue desplazado por un golpe de Estado que puso al frente del Gobierno al aeronáutico Juan Pereda Asbún, ex ministro del Interior y delfín de Banzer. Pero fue por breve tiempo: el 24 de noviembre lo reemplazó el general David Padilla Arancibia, quien prometió elecciones generales y prescindencia en materia de candidaturas. Los comicios se realizaron el 1º de julio de 1979, imponiéndose Hernán Siles Zuazo, de la Unidad Democrática y Popular (UDP), con casi 529.000 votos, sobre Víctor Paz Estenssoro, del MNR, con 527.000, y el general Banzer, de la novel Acción Democrática Nacionalista (ADN), con 222.000. En el Congreso, ningún candidato obtuvo, en las siete votaciones realizadas el 4 y 5 de agosto, la mayoría requerida para ser electo presidente. Así, Walter Guevara Arze, del MNR y presidente del Senado, asumió interinamente la primera magistratura.

Guevara convocó a un Gobierno de coalición, del cual también se llamaba a ser parte a la ADN, pero la propuesta fue rechazada. Guevara, que debía gobernar durante un año, no terminó su mandato, pues el 1º de noviembre el general Alberto Natusch Busch, ex ministro de Banzer, dio otro golpe de Estado, caracterizado por una sangrienta represión: 200 muertos, 200 heridos, 125 desaparecidos, en un hecho conocido como la “Masacre de Todos los Santos”. Adenistas (es decir, banzeristas) e importantes dirigentes del MNR (como el ex canciller Guillermo Bedregal y Fellman Velarde) fueron parte de las fuerzas golpistas. El Gobierno de Natusch fue aún más efímero: duró apenas dieciséis días. Lo reemplazó Lydia Gueiler Tejada, presidenta de la Cámara de Diputados, quien se hizo cargo de un Gobierno de transición que debía realizar las nuevas elecciones (el 29 de junio de 1980) y entregar el Gobierno a quien se impusiera en ellas. Gueiler enfrentó una crisis económica de gran magnitud, por lo que recurrió a la devaluación de la moneda y al aumento de los precios. En el decisivo plano militar, su Gobierno hizo concesiones a los militares de mano dura, en particular con su primo, jefe del Ejército, el general Luis García Meza.

Las elecciones presidenciales de 1980 reiteraron la grilla de las anteriores: Siles Zuazo (UDP) volvió a imponerse, pero el proceso de normalización fue nuevamente frustrado. El sangriento golpe de Estado del 17 de julio de ese año, encabezado por García Meza, instauró la breve pero ferocísima dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, que erigió al mismo general golpista como presidente. No obstante, los propios camaradas del dictador lo obligaron a dimitir en agosto de 1981, y fue sustituido, el 4 de septiembre, por el general Celso Torrelio Villa, a su vez reemplazado por el general Guido Vildoso Calderón el 21 de julio de 1982, con el objetivo de entregar el Gobierno a los civiles sobre la base de los resultados electorales de 1980. En un breve lapso se incrementaron la corrupción, el tráfico de cocaína y la represión política y social, generalizando el descrédito y el fracaso de las Fuerzas Armadas. El colapso se precipitó cuando la COB llamó a una huelga general. Finalmente, el 10 de octubre de 1982 Siles pudo acceder a la presidencia antes escamoteada. En la vicepresidencia lo acompañó su aliado del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora, ambos reunidos en la UDP. Se inició así el primer Gobierno democrático.

Apenas unos días después de asumir, Siles firmó un decreto por el cual se creaba la Comisión Nacional de Desaparecidos. Si bien no tenía alcance para otros delitos de lesa humanidad (como las torturas, por ejemplo) era un comienzo. En 1984, esta comisión se disolvió sin que se conocieran sus investigaciones. No obstante, ese mismo año, y por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil se creó el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, a instancias de la COB, las Iglesias Católica y Metodista, la Universidad San Simón de la Paz, las asociaciones de periodistas, los grupos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la dictadura en general. El objetivo era investigar los crímenes cometidos durante la dictadura encabezada por el general García Meza, a quien se le imputaron graves violaciones a los derechos humanos (desapariciones forzadas, torturas y expulsiones ilegales del país). Con el apoyo de algunos políticos, se inició el Juicio de Responsabilidades contra el dictador y cincuenta y cinco de sus principales colaboradores.

En abril de 1986 el Congreso de la Nación decidió acusar a García Meza y a otros militares ante la Corte Suprema de Justicia. El proceso judicial se extendió a lo largo de casi siete años y concluyó con sentencias condenatorias para buena parte de los imputados, y se fijaron penas privativas de la libertad de entre 25 y 30 años, sin derecho a indulto. García Meza y Luis Arce Gómez, quien fue además su ministro del Interior, estuvieron entre los condenados a las penas máximas. Los jueces dividieron los delitos cometidos en ocho grupos, entre los cuales descollaron los de asesinato, genocidio, desapariciones forzadas, masacres, amén de numerosos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. En 1994, García Meza, quien se había ocultado en Brasil, fue extraditado y alojado en la prisión de alta seguridad de Chonchocoro, próxima a La Paz.

En Uruguay, el fracaso del proyecto fundacional dio margen para la movilización social. Caetano y Rilla (2005: 355-361) señalan que aunque “los partidos políticos demostraron su vigencia durante la instancia plebiscitaria y las elecciones internas de 1982, la ‘lucha contra la dictadura’ desencadenada durante 1983 resultó un escenario muy propicio para la explicitación política de las fuerzas y organizaciones sociales”. Buen ejemplo de ello y “de máxima confluencia entre la movilización social y el consenso partidario detrás de un programa intransigentemente democrático”, fue la concentración popular del 27 de noviembre de 1983, en Montevideo –tal vez la más grande de toda la historia política del país–, convocada tras la consigna “Por un Uruguay democrático y sin exclusiones”. No obstante, cabe recordar que el Acuerdo del Club Naval que finalmente definió el cambio de régimen fue un pacto protagonizado por las dirigencias políticas y tuvo como objetivo pactar una salida ordenada, en medio de apagones, cacerolazos y las contundentes demostraciones del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT). De hecho, la consigna de campaña del triunfante Sanguinetti fue “cambios en paz”.

La movilización social en Uruguay no alcanzó ni por asomo a igualar la cuantía e impacto de la movilización social y política que hubo en Brasil. Allí, el PMDB, como se dijo antes, heredero del MDB, tuvo como principal bandera, si no la única, la lucha por la democracia política, bajo la cual congregó una amplia base social que abarcaba desde grandes capitalistas hasta obreros del novo sindicalismo y campesinos. Bresser Pereira (1985: 119) lo considera el partido de la mediana burguesía, las clases medias asalariadas y los trabajadores. Ideológicamente, sus afiliados provenían de un igualmente amplio abanico, que incluía ex partidarios e integrantes de la dictadura, en un extremo, y comunistas (PCB) y ex guerrilleros (MR-8 y PCdoB), en el otro. Una característica del PMDB era la de contener a un sector “fisiológico-oportunista” que no solo advirtió la eficacia del partido como vehículo para captar votos, sino que también fue capaz de articular fuerzas orgánicas por la vía del clientelismo y otras formas tradicionales de hacer política.

El PTB fue el único partido que recuperó una denominación acuñada durante la vigencia del primer sistema de partidos, el período 1945-1965. Tras una disputa legal por el nombre, se escindió la corriente de la izquierda del viejo trabalhismo, heredera de João Goulart, que se organizó en el PDT. Buena parte de sus dirigentes eran exiliados, destacándose, además del propio Leonel Brizola, el reconocido antropólogo Darcy Ribeiro.

El PMDB (en primer lugar) y el PDT, que gobernaban los principales estados, tuvieron que hacer frente a la muy sensible cuestión de cómo actuar frente a los reclamos del movimiento obrero y de otras organizaciones de la sociedad civil. De hecho, el ejercicio de los poderes estaduales y municipales estaba limitado –incluso en el plano administrativo– por la centralización de la percepción y distribución de los recursos, que eran definidas por el Gobierno federal. Gobernar según los patrones definidos por el autoritarismo convirtió a los gobernadores opositores en “gerentes de una crisis política, económica y social cada vez más grave” y los tornó “más conservadores” e incapaces de ofrecer alternativas concretas en esos tres campos. En palabras de Maria Helena Moreira Alves (1984: 312): “Lo que se vio entonces, en 1983, fue una adaptación de los gobernantes [del PMDB y del PDT] a la estructura autoritaria general, de modo tal que los gobiernos de oposición ya casi no se diferencia[ba]n, en la manera de gobernar, de muchos gobiernos del PDS. Los sectores de elite que ahora participa[ba]n en el poder local, se adaptaron a las estructuras administrativas y de poder en vigor, en lugar de intentar modificarlas en profundidad, en el contexto general de la crisis social”.

En este marco de continuidades, la gran ruptura la produjo el PT. Esta no solo fue “la primera tentativa en treinta años de organizar un genuino partido de la clase obrera” –como señala Skidmore (1988: 429)–, sino, sobre todo, una verdadera innovación en las prácticas políticas del país. Fue un partido nacido de un profundo enfrentamiento con el Estado, en el cual la discusión acerca de la necesidad y conveniencia de un partido aglutinante de las demandas de los trabajadores y de otras organizaciones populares (asociaciones barriales, de moradores, de campesinos, de las CEB, etc.) fue central entre los dirigentes y los cuadros de ellas, intelectuales de izquierda y sectores del movimiento estudiantil, principalmente.

Según el resumen de Skidmore (1988: 430), los que bregaban por un partido propio o independiente –a cuyo frente se encontraba Lula da Silva– sostenían que las relaciones de trabajo solo podían cambiarse controlando el poder y desconfiaban de la real capacidad del PMBD para llevar adelante esa tarea, en buena medida porque también desconfiaban de aquellos dirigentes con quienes lidiaban por la dirección de las estructuras de base, es decir, los del PCB, y del PCdoB, todos los cuales se encontraban dentro del principal partido de oposición. Para un sector, los trabajadores solo alcanzarían influencia política cuando dispusieran de un partido capaz de hablar exclusivamente por ellos, función que no podía cumplir el PMDB, más allá de sus méritos, por representar intereses demasiado vastos y hasta contradictorios, dentro de los cuales los de los obreros eran solo una parte y, por añadidura, no exentos de ser sacrificados en momentos decisivos. En cambio, otros dirigentes del novo sindicalismo eran de la opinión de fortalecer su todavía débil estructura antes que embarcarse en la construcción de un partido. Quienes participaban de esta posición argumentaban, que los pelegos (burócratas sindicales) y los comunistas eran aún fuertes y para desplazarlos era necesaria una organización sistemática y paciente. Los comunistas, por su parte, entendían que en lugar de crear el PT, Lula y sus compañeros debían dedicarse solo a la práctica sindical.

Cuando a fines de 1979 se estableció la nueva ley orgánica de los partidos, el PT se lanzó a la tarea de obtener su reconocimiento formal. Si bien el anteproyecto partidario, del 29 de enero de 1980, definía al PT como un partido de clase, cuyo objetivo era “organizar políticamente a los trabajadores urbanos y rurales”, no dejaba de señalar que estaba “abierto a la participación de todas las capas asalariadas del país”, excluyendo solo a los patrones, criterio de amplitud que le permitió superar la objeción legal de ser concebido por “sentimientos de clase”, causa inhibitoria para el reconocimiento.

Como se ha visto, inmediatamente después de la presentación en el Congreso del proyecto de elecciones directas, el asunto trascendió los marcos legislativos, y la sociedad civil sumó sus apoyos: el diario Folha de São Paulo, el cardenal de São Paulo, Evaristo Arns, y Dom Ivo Lorscheiter, secretario general de la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, la Ordem dos Advogados, la Comissão Justiça e Paz, la prensa, artistas e intelectuales, futbolistas, periodistas, animadores de televisión, cantantes y músicos populares. La consigna Diretas já! se tradujo en una acción política de masas perceptible en una maratón de actos, inicialmente por diferentes ciudades pequeñas y medianas del país y, en la fase final, previa a la votación de la enmienda en el Congreso, en las más pobladas. Estimaciones de la época señalan que durante toda la campaña participaron de los actos y reuniones unos cinco millones y medio de personas. El clima fue de fiesta y entusiasmo popular. Los actos y marchas fueron pacíficos y disciplinados, a pesar de existir provocaciones de parte del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Pero si, como se ha dicho antes, es cierto que el movimiento social pudo afirmarse como movimiento político (Garretón, 2001), también es cierto que detrás de esa impresionante movilización hubo estrategias de poder que definieron la transición conforme la cultura política de negociación y conciliación en la cúpula.

En los casos de Argentina y Bolivia, sus transiciones “por colapso”, como hemos visto, dieron lugar a improvisadas negociaciones entre el régimen y los partidos políticos. En Bolivia, un caso aún más excepcional que el de Argentina, la retirada militar se realizó, como se ha dicho, incondicionalmente –no hubo ninguna ley de amnistía o autoamnistía–. Como en los otros casos, en el proceso político la marginación de las masas fue un rasgo común. Las fuerzas sociales fueron incapaces de generar una organización político-partidaria enraizada en la lucha antidictatorial como el PT en Brasil, o no contaron con el componente de cálculo político que tuvo el proceso en Uruguay, permitiendo al Frente Amplio incorporarse al juego político con un rol protagónico antes impensado.

Por otra parte, en ambos casos, el cambio de régimen trajo consigo la participación política de militares retirados, antes involucrados en el ejercicio de las dictaduras, pero no tanto en nuevos partidos (como en Argentina) sino en los preexistentes, especialmente en ADN, del general Banzer, y en el MNR. En Argentina, después de superados los levantamientos militares de 1987, 1988 y 1990, y producido el hecho novedoso de la creación, entre 1983 y 1990, de los que César Tcach (1999: 22) ha llamado “partidos de matriz militar”, es decir, organizaciones que aceptan las reglas democráticas, constituidos predominantemente por civiles, pero liderados por militares retirados de activa participación durante la dictadura –como en los casos del general Antonio Bussi (Fuerza Republicana), el capitán de navío Roberto Ulloa (Partido Renovador de Salta) y el coronel José Ruiz Palacios (Acción Chaqueña)– o en los levantamientos carapintadas (es el caso del coronel Aldo Rico y el Movimiento por la Dignidad e Independencia Nacional, MODIN).

En cuanto a los sistemas políticos emergentes de la posdictadura, en Uruguay, durante las dos primeras décadas posteriores al cambio de régimen, se produjo una alternancia en el Gobierno entre colorados (Julio María Sanguinetti, 1985-1990 y 1995-2000; Jorge Batlle, 2000-2005) y blancos (Luis Alberto Lacalle, 1990-1995). En 2004, el Frente Amplio, con un crecimiento electoral y representativo exponencial, ganó las elecciones –quebrando una larguísima tradición de dominio de los Partidos Colorado y Nacional (o Blanco)–. En 2009, el Frente Amplio ratificó el triunfo. Esta sucesión reforzó la histórica centralidad de los partidos políticos y, con ella, la consolidación de la nueva fase de la democracia uruguaya.

Con el triunfo del colorado Sanguinetti, el país restauraba un cuadro anterior. En efecto, los resultados de las elecciones celebradas en noviembre de 1984 reiteraron la grilla de las de 1971. El Partido Colorado (con el 41% de los votos) quedó en primer lugar, consagrando a Sanguinetti como presidente; el Partido Nacional (con el 35% de los votos, 5% menos que antes de la dictadura) quedó en el segundo lugar; y el Frente Amplio ratificó su condición de tercer partido. “Además de ver confirmada su identidad luego de once duros años de represión (obtuvo el 22% de los sufragios), el Frente Amplio volvía al Parlamento con importantes modificaciones en su ‘interna’”, dado que el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, de izquierda moderada y dirigido por Hugo Batalla, se convirtió en la tendencia mayoritaria, desplazando al PC (Caetano y Rilla, 2005: 366-367).

Como se ha dicho, las elecciones se realizaron con limitaciones importantes: fueron proscriptos Ferreira y Seregni, entre los dirigentes políticos, y el PC, entre las organizaciones, al tiempo que permanecieron en prisión numerosos presos políticos (hasta la asunción del nuevo presidente). De hecho, la transición fue, en definitiva, dominada por la tradicional “partidocracia”, ahora con el novedoso agregado de la fortaleza del Frente Amplio, cuyo crecimiento electoral en poco tiempo cambiaría el antiguo sistema bipartidista por otro tripartito e igualitario (tres partidos con un tercio de votos cada uno) –situación, en rigor, transitoria, al menos hasta las elecciones de 2004, que catapultaron al Frente Amplio-Encuentro Progresista a un mayoritario y cómodo primer lugar, y al Partido Colorado a su peor y desconocido posicionamiento en la historia del país, recomponiéndose el bipartidismo, ahora entre el Frente Amplio y el Partido Nacional (Rilla, 2007)–.

El Gobierno de Sanguinetti debió enfrentar la pesada herencia de la dictadura, con múltiples problemas, económicos, sociales y políticos: desde la deuda externa, el desempleo, la fuerte caída del salario real, hasta los más delicados de los presos políticos, la amnistía, los delitos y las violaciones de los derechos humanos cometidos por militares. Al respecto, fue muy significativo que Sanguinetti mantuviera como comandante del Ejército al teniente general Hugo Medina, que detentaba ese cargo en la dictadura, y que incluso lo nombró, sobre el final de su mandato, ministro de Defensa. Está claro, como acotan Caetano y Rilla, que Medina actuó como representante corporativo de las Fuerzas Armadas, tal como se apreció en el momento en que algunos jueces comenzaron a reclamar la comparencia en tribunales civiles de militares acusados de múltiples violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Tras varios fracasos legislativos en pro de una ley de amnistía, en diciembre de 1987 se aprobó –con la oposición parlamentaria de la izquierda y de sectores del Partido Nacional, y la extraparlamentaria de las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones populares– la llamada Ley de Caducidad, o sea, el instrumento que ocluyó la posibilidad de enjuiciar y castigar a policías y militares responsables de violar los derechos humanos.

En noviembre de 1989, las primeras elecciones celebradas bajo la democracia restaurada consagraron presidente a Luis Alberto Lacalle, del sector herrerista del Partido Nacional, con el 39% de los votos. Fue el primer gobernante blanco en ser electo en forma directa por la ciudadanía. Pero no solo eso: también fue destacable el amplísimo triunfo del partido en las elecciones municipales (obtuvo 16 de las 19 intendencias) y, por sobre todo, el triunfo del Frente Amplio en la ciudad de Montevideo, con Tabaré Vázquez al frente. Con las elecciones de 1989 y la asunción de Lacalle a la presidencia y la de Vázquez a la intendencia de Montevideo, en 1990, quedaron plenamente restablecidos el sistema de partidos previo a la dictadura y su histórica centralidad. Esta recuperación de la “partidocracia” –incluso con cierto grado de deterioro respecto del pasado– y de la importancia del Congreso es una nota central del Uruguay posdictadura. Otra, la alteración de la larga hegemonía colorada, que comenzó con el triunfo de los blancos en 1989, cuyo Gobierno tomó medidas más claramente neoliberales. Si bien el Partido Colorado recuperó la presidencia en las elecciones de 1994 (con la candidatura de Sanguinetti, 1995-2000) y la mantuvo en las de 1999, en las cuales se impuso Jorge Batlle (2000-2005), el devenir político, medido en términos electorales, modificó la vieja ecuación al conformarse, en 1994, el “país del tercio y pico” (cuasi paridad porcentual entre los partidos Colorado, Nacional y Encuentro Progresista-Frente Amplio), ecuación efímera, pues en 1999 el Frente Amplio obtuvo el 40% de los votos, contra 33% de los colorados y 22% de los blancos, resultado que obligó a una segunda vuelta, en la cual el connubio entre estos dos partidos, históricamente enfrentados, privó al Frente del triunfo (54% para Batlle, 46% para Vázquez). Cinco años después, la triunfal tendencia frenteamplista no pudo ser detenida: 50,5% de votos en primera vuelta, hicieron realidad la primera presidencia de la izquierda, para entonces menos radical que en el pasado. Los colorados, a su vez, sufrieron una derrota histórica, humillante, al alcanzar solo el 10% de los sufragios –lograron una cierta recuperación en 2009 al obtener, en primera vuelta, un 17%, lejos de los blancos (29%) y el Frente Amplio (48%). La coalición de centro-izquierda volvió a imponerse en el balotaje, consagrando presidente a José Mujica, un viejo dirigente de Tupamaros que había vivido condiciones de prisión terribles durante la dictadura.

El ciclo 1985-2005 ha sido, para decirlo en los términos de Caetano y Rilla (2005: 391 y ss.), de transición, restauración y reforma. Los gobiernos de Lacalle y Batlle optaron por el neoliberalismo, aunque el sistema político uruguayo, mediante la apelación al plebiscito, ocluyó que esa opción fuese más radical (como sí ocurrió en los vecinos Argentina con Menem, y, en menor medida, Brasil con Cardoso durante la década de 1990). El pronunciamiento popular fue decisivo para frenar el intento de privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), impulsada por Lacalle (proyecto de Ley de Empresas Públicas). El plebiscito fue también la vía mediante la cual se ratificó popularmente, en 1996, la reforma política aprobada por el Congreso, que dispuso modificar el mecanismo de elección del presidente (por mayoría absoluta o doble vuelta, en caso necesario, en lugar de mayoría simple, que en la coyuntura apuntaba a impedir el triunfo del Frente Amplio) e imponer candidaturas únicas por partido (desaparición de los lemas y sublemas).

Rilla, un perspicaz observador de los ciclos largos, señala que Uruguay vive una crisis honda cada cincuenta años, aproximadamente, así, 1890-1904, 1955 y 1998 (acentuada en 2002). Esta última fue particularmente seria y no puede dejar (acotamos nosotros) de vincularse a la de Argentina en 2001-2002. Durante ella, “la concentración de fenómenos de estancamiento-endeudamiento-catástrofe financiera y bancaria sacudió la raíz misma de la convivencia uruguaya y es harto difícil no imputar a parte de esa crisis, la más grave se ha dicho, el histórico cambio de Gobierno a manos del Frente Amplio” (Rilla, 2007: 333). La crisis contribuyó al triunfo del Frente, pero también condicionó los márgenes de acción de su liminar gestión presidencial.

En Brasil, el primer Gobierno democrático de transición también debió enfrentar serios problemas derivados de la coyuntura económica. Sarney intentó sortear la situación con el Plano Cruzado (febrero de 1986), mediante el cual se cambió la moneda (el cruceiro fue reemplazado por el cruzado), se congelaron los precios y los salarios por un año y se puso fin a la corrección monetaria. El Plan alcanzó éxitos iniciales, pero luego se introdujeron frenos –en buena medida por razones electorales, para no perjudicar las posibilidades de los candidatos oficialistas en las elecciones de noviembre de ese año– que terminaron acentuando la crisis y disparando hacia arriba la inflación. Hubo, posteriormente, otros dos Planes, el Bresser (que puso fin al “gatillo salarial”, volviendo a congelar precios y salarios, aunque los primeros continuaron subiendo) y el Verão (que dio comienzo a la política de privatización de empresas estatales), ambos sin éxito. Durante el último año de Gobierno de Sarney, la inflación mensual creció aceleradamente, superando el 80% en marzo de 1990 (alcanzó una tasa anual de 1.764,86%).

En estas circunstancias, en noviembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones presidenciales directas desde el año 1960, conforme la nueva Constitución de 1988. Ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, razón por la cual la contienda se dirimió en una segunda vuelta entre el empresario Fernando Collor de Mello (28,52%) y el líder obrero metalúrgico Luíz Inácio “Lula” da Silva (16,08%, muy cerca de Leonel Brizola, que obtuvo el 15,45% de los votos). En la segunda vuelta, con el 52% de los votos, Collor se impuso, y asumió en marzo de 1990.

Las campañas y las elecciones se realizaron en un clima de fiesta: las elecciones directas eran el motivo principal del fervor por la democracia, que tuvo por escenario las calles y los medios de comunicación. De hecho, la Rede Globo fue un fundamental soporte para el triunfo de Collor. Su candidatura fue creada desde y para los medios. Pero la fiesta duraría poco. En 1992, Collor de Mello debió abandonar el Gobierno por impeachment.

Durante la campaña, se proclamó “antipolítico”, pero demostró ser expresión de la peor política brasileña, la de la oligarquía y la dictadura (Brizola lo llamó, con muy buen tino, “filhote da ditadura”). En efecto, había iniciado su carrera política en ARENA, como prefecto de Maceió. Su triunfo obedeció más a una operación de marketing electoral que a la postulación de un programa atractivo, que, por su parte, tuvo consignas rimbombantes que resonaron tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político. Sin duda, la balanza se inclinó en su favor por el rechazo de ciertos sectores de la sociedad que se sintieron amenazados ante la eventual victoria de un líder obrero.

Como sostiene María Cristina Menéndez (2003: 35) “las elecciones de 1989 mostraron que a la competencia ideológica-partidaria se le había agregado la ‘personalización de la política’ como la que en esa ocasión había representado Collor de Mello”. De hecho, el candidato triunfante pertenecía a un partido creado en la coyuntura electoral, el Partido da Reconstrução Nacional (PRN).

Para paliar la hiperinflación, confiscó los depósitos de los ahorristas durante 18 meses, congeló temporalmente los precios, los salarios y las tarifas de los servicios públicos. Restableció el cruzeiro. Respecto de los cambios estructurales, el Programa de Reconstrucción Nacional significó privatizaciones de las empresas del Estado; liberalización de los controles de cambios; saneamiento fiscal, y reducción del Estado. Sin embargo, a un año de gestión, la inflación seguía siendo alta, había caído el consumo y la deuda externa se había incrementado. A esto se sumaron despidos masivos, las acciones de los escuadrones de la muerte y las movilizaciones de los campesinos sin tierra. Al comenzar el año 1991, Collor presentó un segundo plan de estabilización, pero ya no contaba con el entusiasmo inicial de parte de la sociedad. Además, en las elecciones de 1990 había perdido sensiblemente posiciones.

Pese al descontento generalizado, la crisis se desató desde el propio riñón del Gobierno. En mayo de 1992, Pedro Collor de Mello, hermano menor de Fernando, hizo público un dossier en el que denunciaba hechos graves de corrupción política. Los medios que habían construido la imagen exitista del joven presidente ahora se entregaban de lleno al sensacionalismo para defenestrarlo. La caída se precipitó: la Cámara de Diputados abrió una investigación que confirmó las acusaciones, que involucraban al tesorero de la campaña y amigo personal de Collor, Paulo Farias, como ideólogo de los desmanes.

En septiembre, el Congreso decidió iniciar el proceso de enjuiciamiento y eventual destitución (impeachment). El 29 de diciembre, día en el que estaba prevista la votación de destitución en el Senado, Collor presentó formalmente su renuncia (un poco antes de que el Congreso procediera a la votación). El vicepresidente Itamar Franco asumió la presidencia para completar el período de mandato. El Congreso, de todos modos, realizó la votación y decidió la inhabilitación de Collor para el desempeño de cargos públicos por un período de ocho años (76 votos contra 3).

Una de las pocas acciones de Gobierno que dio cierto brillo a la presidencia de Collor fue su participación en la cumbre de Asunción, el 26 de marzo de 1991, donde junto a sus colegas de Paraguay, Uruguay y Argentina firmó el Tratado por el que se constituyó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

La segunda elección celebrada en el marco del nuevo régimen consagró a Fernando H. Cardoso (1995-1999), un sociólogo de reputación internacional que le ganó al nuevamente candidato Lula por el doble de votos. La condición de sindicalista de Lula había impactado negativamente, según los analistas políticos de la época, sobre todo entre los sectores partidarios del liberalismo económico y del pragmatismo.

En 1988, sectores importantes del PMDB habían evaluado negativamente la gestión de Sarney y el rumbo que el propio partido había tomado. Ese año se escindieron y crearon el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), al frente del cual se encontraba Cardoso (por entonces senador), entre otros reconocidos políticos. El PSDB abonaba la idea de una economía de mercado socialmente orientada y, por lo tanto, alternativa al modelo neoliberal aplicado por Sarney. En 1988, su candidato, Mário Covas, quedó en cuarto lugar con el 10,8% de los votos y fue aventajado por Leonel Brizola, del Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Como ministro de Hacienda del Gobierno de Franco, Cardoso había tenido como misión principal y urgente frenar la escalada inflacionaria. En febrero de 1994 implementó un plan de estabilización económica, conocido como Plano Real, que convertía en híbrido las recetas propias de la ortodoxia liberal con un rol protagónico del Estado según el modelo socialdemócrata. Con la reputación que había cosechado a partir del ambicioso Plan, en noviembre de 1994 obtuvo el 54,3% de los votos –el porcentaje más alto desde el triunfo de Dutra en 1945–. Los sectores afines al liberalismo económico sumaron sus votos a la centroizquierda pesedebista.

Esta primera presidencia de Cardoso se caracterizó por la búsqueda de estabilidad monetaria y por un programa de reestructuración económica que añadía un capítulo “social” al repertorio de recetas neoliberales. Aceleró las reformas estructurales ya iniciadas, mantuvo una rigurosa conducta fiscal, avanzó en la desregulación y las privatizaciones, y tomó medidas orientadas a colocar a la economía brasileña en términos de mayor competitividad en los mercados internacionales. En cuanto a las relaciones laborales, las reformas implementadas trajeron consigo, como en otros países donde ellas también fueron adoptadas, despidos masivos y aumento del desempleo.

Para habilitar su reelección, el Senado aprobó en 1997 una enmienda constitucional que estableció un mandato presidencial de cuatro años renovables por otros cuatro. Como sus vecinos Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem en Argentina, Cardoso contaba con el aval de una gestión “exitosa”. Así, en 1998, fue reelecto para cumplir su segundo mandato, seguido nuevamente en la fórmula por el ex senador y ex gobernador de Pernambuco, Marco Maciel.

En esas elecciones, Lula fue derrotado por tercera vez. Cardoso obtuvo el 53% de los votos (respaldado por el PFL, PTB, PSD y el derechista Partido Progresista Brasileño –PPB– de Paulo Maluf) y Lula obtuvo el 31,7%. Al día siguiente del triunfo de Cardoso, el FMI, el Banco Mundial, el BID y bancos privados de Estados Unidos liberaron un macropréstamo previamente negociado por Cardoso. Si para el oficialismo era un elemento crucial de la política de estabilidad monetaria y financiera, para la oposición era un indicador fehaciente de la política neoliberal y de exclusión practicada por el Gobierno con un discurso demagógicamente social.

Al asumir, Cardoso anunció un programa de ajuste fiscal “dramático, definitivo y permanente”. La moneda rápidamente se devaluó respecto del dólar. Se trataba de una medida con un costo altísimo para un presidente que había hecho de la fortaleza de la moneda nacional una de sus banderas electorales más preciadas. Si bien el panorama era incierto y la inestabilidad una amenaza latente, Cardoso fue sorteando los obstáculos que le presentaba un país acosado por la miseria, el desempleo, la violencia y la injusticia social.

Finalmente, a lo largo de 2001, cuando las elecciones generales del año siguiente presionaban sobre la realidad política, la incertidumbre fue in crescendo. La deuda interna y externa se había multiplicado respecto de 1994. Después de la devaluación, la crisis en el sector energético (mayormente por falta de inversiones), que se hizo sentir en las industrias y en los hogares, terminó de erosionar la imagen del presidente. “No se recuperaría de la crisis de 1999 de la cual la propia economía no se recompuso hasta el final de su gobierno” (Sader, 2010 : 33).

En agosto de 2002 Cardoso logró un acuerdo crediticio con el FMI. Pero las elecciones estaban muy cerca y para calmar los mercados tuvo que apelar a negociar con los cuatro candidatos presidenciales con mejores perspectivas electorales (Lula, Serra, Ciro Gomes, del ex comunista Partido Popular Socialista y Anthony Garotinho, del Partido Socialista Brasileiro) el compromiso de respetar los términos del millonario acuerdo una vez que se definiera el nuevo presidente.

En las elecciones de 2002, Lula se presentaba por cuarta vez. La contienda tuvo dos vueltas, el 6 y el 27 de octubre, y Lula venció con el 46,4% de los votos en la primera vuelta y el 61,3% en la segunda sobre Serra (23,2% en la primera vuelta y 38,7% en la segunda). El triunfo de Lula abrió un nuevo capítulo en la historia de Brasil.

En Chile el primer presidente de la democracia de transición, Patricio Aylwin, tuvo que hacer frente a varios momentos de zozobra de la democracia recientemente conquistada. Cabe recordar que durante su Gobierno tuvo lugar el llamado Ejercicio de Enlace, en noviembre de 1990, en el cual, tras una investigación realizada por el Consejo de Defensa del Estado al primogénito de Pinochet, el Ejército se acuarteló y empezó a realizar maniobras en las afueras de varias ciudades con el argumento de practicar ejercicios rutinarios, los cuales, sin embargo, crisparon a la sociedad política. Después de tres días de acuartelamiento, las maniobras finalizaron con normalidad debido a las negociaciones sostenidas entre quien era considerado la mano derecha de Pinochet, el general Jorge Ballerino y el ministro secretario general de Gobierno de Aylwin, Enrique Correa.

Posteriormente, tuvo lugar el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, en abril de 1991, a manos de un grupo catalogado, por la autoridades, de “extrema izquierda”. En los funerales, los miembros del Gobierno presentes fueron abucheados, mientras que Pinochet fue aclamado casi como héroe al cargar el ataúd del fallecido senador. Todo esto constituyó otro punto de tensión que significó, incluso, la presentación de la renuncia del ministro del Interior, Enrique Krauss, rechazada por Aylwin.

En el invierno de 1993 tuvo lugar otro hecho que provocó tensiones. A raíz de la investigación a los fondos del hijo mayor de Pinochet, el Ejército se acuarteló nuevamente, en un episodio conocido como el “Boinazo”, en el que, además, la plana mayor del Ejército se mostró ante las cámaras de televisión en uniforme de combate. Nuevamente, la intervención de la dupla Ballerino-Correa puso fin al entuerto.

Eduardo Frei Ruiz sucedió a Patricio Aylwin en la presidencia. También de la Concertación, quien en las internas partidarias había derrotado al socialista Ricardo Lagos Escobar con el 60% de los votos. Al producirse el cambio de mando de Aylwin a Frei, las relaciones cívico-militares también tuvieron un cambio hacia la distensión, al asumir en el Ministerio de Defensa un hombre mucho más conciliador (con el ex dictador), Edmundo Pérez Yoma. Entre Pinochet y Pérez Yoma la relación personal era buena y ello influyó en el mejoramiento de las relaciones del Gobierno con el Ejército, pese a que nuevamente volvió la polémica, al abandonar Pinochet la comandancia para asumir como senador vitalicio. En esa ocasión, un país dividido observó cómo Pinochet ingresaba finalmente a la Cámara alta.

Durante su Gobierno (1994-2000), Frei implementó un programa de reformas orientadas a la modernización del aparato estatal, en sintonía con las “recetas” de la época. En rigor, algunas de esas reformas ya se habían puesto en marcha durante el Gobierno de Aylwin. Entre las acciones de Frei, las más destacadas fueron la reforma del sistema judicial, para volver más ágiles los procesos, las inversiones en infraestructura y el fortalecimiento de la apertura comercial, que llevó a un aumento de las exportaciones en un 10% promedio entre 1994 y 1997, aunque en los últimos años de su mandato tuvo que hacer frente a los embates de la crisis mundial. Durante su Gobierno, fueron importantes también las reivindicaciones de los pueblos indígenas, especialmente el mapuche, que demandaban la recuperación de sus tierras y su reconocimiento. Pero sin duda, el conflicto más grande fue el que se desató con la detención del general Pinochet en Londres. Así, la sociedad se polarizó políticamente. El Gobierno asumió la defensa de Pinochet e intentó su regreso al país, argumentando razones de defensa de la soberanía y territorialidad de la justicia.

En la elección presidencial del 12 de diciembre de 1999 ninguno de los seis candidatos obtuvo la mayoría, por lo cual se produjo una segunda vuelta (el 16 de enero de 2000), de la cual salió favorecido Lagos, quien llevó a la Concertación a una estrecha victoria sobre el candidato de la Alianza por Chile, Joaquín Lavín (de la UDI). Lagos juró el 11 de marzo de 2000 por un período de seis años. De cara al pasado, este triunfo fue sumamente elocuente porque Lagos pertenecía al mismo partido que el derrocado Salvador Allende, y por el carácter tutelado de la democracia.

Si durante el Gobierno de Aylwin fueron varios los momentos en los que la democracia se vio amenazada, a partir del año 2000 y, bajo la presidencia del socialista Lagos, hubo claras manifestaciones de cambio. Respecto de las relaciones entre el poder civil y el poder militar, a partir de la comandancia de Ricardo Izurieta, y con mayor fuerza durante la de Juan Emilio Cheyre (2002-2006), las relaciones fueron progresivamente más estrechas.

Veamos la sucesión de los hechos. En agosto de 2000, la Corte Suprema acordó el primer desafuero –y con él, el enjuiciamiento– del general Pinochet (que había sido liberado en Londres y que había regresado al país justo antes de la asunción de Lagos), sin que la decisión fuese resistida por las Fuerzas Armadas. El acatamiento implicaba un comienzo de la subordinación del poder militar al poder político civil. En junio de 2003, el Senado derogó el artículo de la Constitución pinochetista que depositaba en las Fuerzas Armadas la función de garantes del orden institucional. El 30 de septiembre de 2004, el general Cheyre presidió el acto por el cual la fuerza rindió honores militares a su ex comandante en jefe, Carlos Prats, asesinado, junto a su esposa Sofía Cuthbert justo treinta años antes, en Buenos Aires, en un operativo de la Operación Cóndor. El 5 de octubre –a dieciséis años de la derrota pinochetista en el referéndum que había rechazado, por 56% contra 44% de los votos, la propuesta de prolongar el mandato del dictador–, el Senado puso fin a la institución de los senadores designados y vitalicios, restituyó al presidente de la República su facultad de remover a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, y también acordó quitar de la Constitución el sistema binominal de elecciones, trasfiriéndolo a la Ley Orgánica Constitucional.

Algunos analistas han tomado como hito y fin de la transición las cincuenta y ocho modificaciones realizadas para cambiar los llamados “enclaves autoritarios” de la Constitución de 1980 durante el Gobierno de Lagos. De hecho, tras las reformas, el propio Lagos afirmó: “Ahora podemos decir que la transición en Chile ha concluido”.

En efecto, el 16 de agosto de 2005, el Congreso pleno aprobó cincuenta y ocho enmiendas a la Constitución de 1980, que terminaron con la principal rémora dictatorial, la tutela militar expresada en el papel garante de las Fuerzas Armadas, la inamovilidad de sus comandantes en Jefe y la presencia de estos en un Consejo de Seguridad Nacional que, además de vulnerar la autoridad presidencial con facultades de autoconvocarse, poseía un amplio poder legislativo, al designar senadores e integrantes del Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Lagos introdujo cambios también en otras áreas. Como otros gobiernos de izquierda, Lagos puso énfasis en la dimensión social de la democracia: programas de asistencia a la pobreza y políticas de salud y seguridad social. Un elemento descollante de su Gobierno fue la sanción de la ley de divorcio vincular en 2004. Chile era el único país que todavía no había legislado en la materia, aunque al hacerlo mantuvo concepciones limitadas de la condición jurídica de las mujeres (Giordano, 2010b).

El Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) continuó con el programa “social” iniciado por Lagos. Pero el triunfo del derechista Sebastián Piñera, el primer candidato por fuera de la Concertación que alcanzó la presidencia, significa sin duda un nuevo rumbo.

En Bolivia, el primer presidente de la democracia de transición, Hernán Siles Zuazo, llevó adelante un programa moderado de reformas, especialmente para enfrentar la crítica situación económica. Entre otras medidas, se anunció la suspensión del pago de la deuda externa y se dispuso la aplicación de la desdolarización, que generó una inflación descontrolada y, por ende, descontento masivo.

Por otra parte, Siles, viejo hombre de la Revolución de 1952, otorgó a los sindicatos la administración de las minas estatales. Las movilizaciones obreras, campesinas y populares hicieron sentir su presión sobre el Gobierno y lograron que diversas leyes permitieran su intervención en la gestión económica de las empresas, en comités populares de abastecimientos alimentarios, de salud y de educación. La Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA) tomó el control parcial de los mercados y se instalaron estaciones colectivas de maquinaria y equipos de labranza. Previsiblemente, la banca acreedora y los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, bloquearon los créditos y el comercio internacional, incidiendo decisivamente en la generación de la crisis financiera y la hiperinflación incontrolable que atravesó el país en esos años.

La experiencia gubernamental de la UDP estuvo fuertemente condicionada por la crítica coyuntura económica, a cuya gravedad no fue ajena la depredación de los recursos públicos practicada tiempo antes por los gobiernos militares. La movilización constante de la COB, algunos conatos militares golpistas y la feroz oposición del MNR y de la ADN fueron factores que también influyeron negativamente.

La crisis institucional alcanzó un punto de exacerbación cuando el presidente fue secuestrado por algo más de un día, en un episodio que dejó impunes a sus autores. La situación de ingobernabilidad llevó a Siles a anticipar el final de su mandato. Para intentar sortear la crisis política, convocó a elecciones generales, realizadas en julio de 1985.

Siles gobernó con un Congreso de mayoría opositora. Por añadidura, la alianza entre Siles y Paz Zamora se deterioró como consecuencia de las tensiones, a tal punto que en enero de 1983 los seis ministros miristas renunciaron a sus cargos por considerar tímida la política social del presidente, proclive a aplicar políticas recomendadas por el FMI. Paz Zamora (del MIR) continuó como vicepresidente y en abril de 1984 dispuso el retorno del partido al Ejecutivo, acordando la continuidad de la UDP hasta las elecciones presidenciales del 14 de julio de 1985.

Ahora bien, dentro del MIR se produjo la escisión del ala más izquierdista, encabezada por Antonio Araníbar Quiroga, número dos del partido. Los escindidos crearon el MIR-Bolivia Libre (MIR-BL), luego denominado Movimiento Bolivia Libre (MBL), e impulsaron la candidatura presidencial de Araníbar en representación del Frente del Pueblo Unido (FPU), integrado además por el Partido Comunista (PCB), el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN) y otra fracción disidente del MIR encabezado por Paz Zamora, el MIR-Masas. Finalmente, Paz Zamora, con su MIR-Nueva Mayoría (MIR-NM) superó electoralmente a la escisión de izquierda, alcanzando casi el 9% de los votos, el triple que el FPU.

En las elecciones, ningún candidato obtuvo el necesario plus del 50% de los votos. Manifiestamente, la ciudadanía se tornó electoralmente conservadora –según algunos, como reacción a la permanente agitación sindical y a las posiciones de la izquierda– y dio los dos primeros lugares a Banzer y Paz Estenssoro, relegando a Paz Zamora al tercero. Al obtener Banzer solo mayoría simple, fue necesaria la decisión parlamentaria. En tal situación, los 16 representantes miristas terminaron siendo la clave de la elección. El partido se pronunció por el mal menor, es decir, votar a Paz Estenssoro para frenar el acceso democrático al Gobierno del derechista ex dictador.

De ese modo, el 5 de agosto de 1985, con los votos del MNR, el MIR y otras formaciones de la izquierda, el Congreso consagró a Paz Estenssoro (por cuarta vez en su vida) presidente hasta 1989. Después de tomar posesión, el anciano político, ex líder de la Revolución Nacional, concertó con Banzer el denominado Pacto por la Democracia, del cual fue marginado Paz Zamora, si bien “en aras de la gobernabilidad”, y tras concluir en el carácter ineludible de la estabilización financiera y monetaria para acabar con la hiperinflación, eludió llevar adelante una fuerte oposición.

Ya no eran tiempos de revolución, ni de nacionalismo económico. Paz Estenssoro, con la Nueva Política Económica (NPE) acordada por el Pacto por la Democracia, puso fin al modelo de acumulación estatista –que él mismo había iniciado en 1952– y aplicó un programa de ajuste neoliberal, suprimiendo subsidios, cerrando empresas estatales, eliminando el control de precios y de la cotización del dólar y controlando la inflación. El cierre y el arrendamiento de las minas dejaron sin empleo a unos 25.000 trabajadores y generaron, en 1986, la llamada Marcha por la Vida, en la que centenares de mineros junto a sus familias marcharon por más de ocho días, procurando llegar hasta la ciudad de La Paz, pero fueron detenidos en Machacamarca por un cerco militar que los obligó a regresar al punto de partida.

Como en otros países de América Latina, las políticas de ajuste incrementaron la pobreza y la desigualdad –por lo demás, ambas elevadas históricamente en el país–, pero a diferencia de otros países, la sociedad civil reaccionó con importantes movilizaciones, destacándose el paro general convocado por la COB. El Gobierno dispuso la aplicación, en dos ocasiones (1985 y 1986), del estado de sitio, utilizado para detener y confinar en el Oriente a trabajadores. No obstante la resistencia popular, el Gobierno logró debilitar al movimiento obrero, en su organización y eficacia mediante el despido y abandono de los centros mineros. Significativamente, las mujeres de los cesanteados inventaron múltiples estrategias de supervivencia, destacándose la acción de los Comités de Amas de Casa de Mineros Relocalizados (los traslados de las minas a las ciudades).

En 1989 –el mismo año en que finalizaron los gobiernos de Alfonsín, en Argentina, y de Sarney, en Brasil–, Bolivia eligió a su tercer presidente del período democrático iniciado en 1982. En las elecciones del 9 de mayo, Paz Zamora obtuvo casi el 20% de los votos, obteniendo el tercer lugar, detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR (primero, pero sin alcanzar la mayoría absoluta), y Banzer. En relación con 1985, las alianzas se redefinieron: de manera sorprendente, el ex dictador –muy descontento por la experiencia del Pacto por la Democracia– dispuso el voto de sus parlamentarios a favor de su antiguo e irreconciliable enemigo ideológico. Así, y sumando el apoyo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del pequeño partido Conciencia de Patria (Condepa), de Carlos Palenque Avilés, Paz Zamora fue elegido presidente el 5 de agosto por el voto de 97 congresistas, 18 más de los necesarios. La insólita alianza entre el ex izquierdista y el ex dictador de derecha se concretó mediante el Acuerdo Patriótico (AP), con un alcance que superaba el trabajo en el Congreso. Ante las críticas desde la izquierda, Paz Zamora argumentó que era necesario superar las inquinas del pasado y mirar hacia el futuro. Años más tarde, con evidente exageración, afirmó que el Acuerdo Patriótico fue el equivalente boliviano de los pactos españoles de La Moncloa.

Al margen de cualquier juicio de valor, lo cierto es que el AP, la alianza MIR-ADN para “la convergencia y la unidad nacional”, desplazó del Gobierno nacional al MNR por primera vez en treinta y siete años (exceptuando, claro está, los períodos de facto). Más aún, estableció un cogobierno inédito en un contexto caracterizado por una coincidencia fundamental entre los principales partidos respecto de la irreversibilidad del nuevo modelo de acumulación iniciado en 1985.

En junio de 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a presentarse a la contienda electoral y obtuvo el primer lugar, aunque nuevamente sin lograr la mayoría absoluta. En el Congreso, Sánchez de Lozada obtuvo los votos necesarios a través de una alianza multipartidaria, en particular con el indigenista Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL), que encabezaba Víctor Hugo Cárdenas, quien ocupó la vicepresidencia (convirtiéndose en el primer líder indígena en ocupar ese cargo en la historia del país). Durante su Gobierno hubo reformas importantes. En el ámbito legislativo interesa señalar la sanción de la Ley de Participación Popular, que creó gobiernos locales (municipios) con cierta autonomía y los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) para pueblos indígenas; y la Ley INRA que ponía al Instituto Nacional de Reforma Agraria a cargo del cumplimiento de la cláusula que disponía la “función económica y social” de la tierra. En el ámbito económico, las reformas se dirigieron hacia la privatización de empresas públicas (la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, de petróleo YPFB, de telecomunicaciones ENTEL, de electricidad ENDE y de la línea aérea LAB). Un 50% del capital pasaba a manos privadas y el otro 50% quedaba en propiedad del Estado, pero para ser gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En 1997 hubo nuevas elecciones. Los resultados dieron el triunfo al ex dictador Hugo Banzer por la ADN. La alianza con el MIR de Paz Zamora y con otros partidos más chicos le dio las bases de legitimidad que la magra elección le había escatimado. Banzer profundizó la política de privatización de las refinerías iniciada durante el Gobierno anterior y decidió la erradicación de las plantaciones de hoja de coca excedentarias, para lo cual contó con el apoyo explícito del Gobierno de Estados Unidos. A raíz de esto, el actual presidente Evo Morales, por entonces diputado de la región del Chapare, lideró grandes movilizaciones, que fueron violentamente reprimidas. En abril de 2000, Banzer también reprimió y decretó el estado de sitio frente a las protestas y marchas ocasionadas por su decisión de privatizar los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cochabamba (Guerra del Agua). En el altiplano, las protestas fueron lideradas por otro dirigente indígena, Felipe Quispe. En 2001, Banzer renunció para ocuparse de su delicado estado de salud (murió de cáncer en 2002), asumiendo el vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002).

En 2002, asumió como presidente nuevamente Sánchez de Lozada, con un escaso volumen de votos (menos del 25%), lo cual lo obligó a enfrentar al otro candidato más votado, Evo Morales, en una segunda vuelta en el Congreso. Una alianza, principalmente entre el MNR y el MIR, y luego con Nueva Fuerza Republicana (NFR), sostuvo el triunfo de Sánchez de Lozada.

Bajo su presidencia, las organizaciones sociales y políticas, fundamentalmente de base indígena, presionaron para que Sánchez de Lozada renunciase. El motivo: el rechazo a la decisión del Gobierno de transportar gas para su comercialización a través de Chile (Guerra del Gas), país con el cual Bolivia tiene la histórica controversia generada por la pérdida de su litoral marítimo en la Guerra del Pacífico.

Sánchez de Lozada, efectivamente, renunció y asumió su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert. Pero también este se vio obligado a demitir por presión de las manifestaciones sociales (en mayo-junio de 2005), ahora más radicales, que continuaban levantando el reclamo de nacionalización de los hidrocarburos. Asumió entonces Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema, quien finalmente convocó a elecciones nacionales.

En los comicios que finalmente se realizaron en diciembre de 2005, Evo Morales, que había obtenido el segundo lugar por escaso margen en las elecciones de 2002, finalmente salió triunfante con el 54% de los votos, esto es, una mayoría absoluta. Como veremos más adelante, no fue solo un cambio más de presidente, ni el hecho de que Evo fuese un indígena constituyó el elemento más importante, sin negar su implicancia.

En Argentina, entre 1983 y 2007, el país se dio una nueva Constitución; se produjeron tres asonadas militares; dos presidentes (Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa) debieron dejar el cargo antes de vencer su mandato (el primero en 1989 en medio de una severa crisis financiera; el segundo en diciembre de 2001, después de una revuelta popular, que dejó un saldo de 30 muertos por la represión policial); un vicepresidente (Carlos “Chacho” Álvarez) renunció después de denunciar corrupción en el Senado (octubre de 2000); a partir de la crisis de diciembre de 2001, hubo cuatro sucesores en doce días, y uno de ellos, el tercero (Adolfo Rodríguez Saá), debió renunciar a los siete días por un complot palaciego de su propio partido, el Justicialista. El cuarto de esos presidentes provisorios (Eduardo Duhalde) debió anticipar el final de su interinato por el asesinato (cometido por la policía) de dos militantes populares en ocasión de una protesta pacífica. En 2003, fue electo Néstor Kichner (2003-2007). Sin obtener la mayoría de los votos, Kirchner debía enfrentarse en una segunda vuelta con Menem, pero este abandonó la contienda al saberse virtual perdedor.

Raúl Alfonsín (1983-1999) asumió su mandato en medio de la crisis económica provocada por los efectos de la crisis de la deuda de 1982. Pasado el momento de euforia democrática que sentenció la tantas veces repetida frase “con la democracia se come, se educa y se cura”, el ministro de Economía Bernardo Grinspun tuvo que enfrentar un proceso inflacionario galopante. En medio de esta escalada inflacionaria, a comienzos de 1985 Grinspun fue reemplazado por Juan Vital Sourrouille. Unos meses después, se anunció la puesta en marcha del Plan Austral. Con esta medida se creó una nueva moneda, precisamente el austral, y se congelaron los precios de la economía, logrando en un principio una considerable disminución de la tasa de inflación mensual. Sin embargo, el éxito del plan duró poco. En 1986, la inflación volvió a dispararse y en 1987 los ministros de Economía, Juan Sourrouille y de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno anunciaron conjuntamente el inicio de un proceso de reforma del Estado a tono con las exigencias del nuevo patrón de acumulación, que tampoco tuvo los resultados esperados por sus impulsores.

En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. A comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió la ayuda al país. Ese año la inflación trepó aceleradamente hasta devenir en un proceso de hiperinflación. El tenor de la crisis económica era tal que Alfonsín decidió adelantar las elecciones presidenciales.

La crisis fue, como señaló agudamente Eduardo Basualdo (2001: 54 y 57-58), “una crisis dirigida a remover las restricciones estructurales que impedían el desarrollo y la consolidación del patrón de acumulación basado en la valorización financiera, que había puesto en marcha la dictadura militar”. En rigor, fueron tres crisis: “de Gobierno, de régimen y de acumulación”, apelando a la conceptualización de Guillermo O’Donnell.

Las elecciones se celebraron el 14 de mayo, y resultó electo Carlos Menem por el Partido Justicialista. En medio de una severa crisis, en la que la nota la dieron los saqueos a comercios y supermercados, Alfonsín nuevamente modificó el calendario de la sucesión, adelantando el cambio de mando para el 9 de julio de 1989.

En sus dos mandatos, Menem (1989-1995, 1995-1999) aplicó con éxito el modelo neoliberal, fundado en la alianza entre la gran burguesía financiero-especulativa y los más pobres de la sociedad (una expresión deliberadamente ambigua, que remite a un colectivo poco homogéneo, dentro del cual se incluyen trabajadores, algunos sectores proletarios y clase media baja). Esta política económica permitió, aunque con un rebrote a fines de 1989, sortear la hiperinflación y alcanzar la estabilidad económica. No obstante, como en otros países, el cambio de patrón de acumulación agravó la desindustrialización de la economía (proceso iniciado durante el Estado Terrorista de Seguridad Nacional, 1976-1983), con su secuela de empobrecimiento, desempleo y desigualdad.

Asimismo, Menem llevó adelante, a través de la Ley de Reforma del Estado, los cambios institucionales exigidos por el nuevo orden económico global (un intento que su antecesor no había podido cristalizar). Así, hubo una ola de privatizaciones y, con ella, un considerable aumento de la corrupción. Se desreguló la economía y aumentó la inversión y el ingreso de capitales extranjeros. Sin duda, la medida descollante de su Gobierno fue la implementada por el ministro de Economía Domingo Cavallo, a través de la Ley de Convertibilidad de 1991, que obligaba al Banco Central a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio uno a uno entre el dólar y el peso.

Tras la reforma constitucional de 1994, Menem asumió su segundo mandato. A pesar de ratificar la política económica del período anterior, los signos de una crisis en ciernes eran evidentes, en buena medida provocados por la rigidez del esquema monetario y el deterioro (o mejor, la ruina) de las variables sociales.

El 24 de octubre de 1999, la ciudadanía argentina –harta de menemismo– votó mayoritariamente (48,5% contra 38% del candidato justicialista, Eduardo Duhalde) por la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación –un conglomerado caracterizado con el impreciso rótulo de centro-izquierda, cuyos principales componentes eran la centenaria UCR y el más reciente Frente País Solidario (Frepaso)– y su programa a favor de la ética. Fernando de la Rúa, de la UCR, y Carlos “Chacho” Álvarez, del Frepaso, formaron la dupla ganadora.

Dos años después, toda la esperanza puesta en el nuevo Gobierno no solo se había esfumado, sino que había exacerbado hasta el límite la tolerancia popular. Como antes Menem, De la Rúa aplicó el modelo neoliberal. A los factores de crisis económica se sumaron los de índole política. La crisis no tardó en profundizarse.

Si bien las movilizaciones populares de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 suelen tomarse como símbolo de la dimensión política de la crisis, sus comienzos visibles se sitúan en la renuncia del vicepresidente “Chacho” Álvarez, el 5 de octubre de 2000. También podría decirse que ella empezó a incubarse en el momento mismo en que la Alianza decidió llevar como candidato a presidente a De la Rúa, un político conservador, mediocre y con antecedentes de gestión no muy felices.

La economía argentina había tenido su últmo momento de crecimiento en el tercer trimestre de 1998, pero ya desde 1995 se observaban indicadores preocupantes, como contracción de la demanda, fuerte reducción de las inversiones y rápido incremento del endeudamiento. A partir del último trimestre de 1998, la economía comenzó a decrecer, pari passu las crisis del sudeste asiático y rusa, siendo ya notable en enero de 1999, tras la devaluación del real en Brasil.

A lo largo de 2001 fue especialmente perceptible la importante fuga de depósitos del sistema financiero, acompañada de una simultánea caída de las reservas del Banco Central. La situación se hizo más grave en el segundo semestre de ese año, cuando se produjo una muy fuerte contracción del crédito y hubo abruptos descensos en el consumo, la inversión y la actividad económica en general. En pocas palabras, un escenario dominado por la marcada desconfianza respecto de la continuidad de la política cambiaria (esto es, la ley de convertibilidad), la capacidad del sistema bancario frente a la formidable corrida de fondos y la del Gobierno para contener el déficit fiscal sin financiamiento ni externo ni interno.

El clímax de la crisis se alcanzó los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Basualdo ha establecido un paralelo entre la crisis de 1989 y la de 2001, entendiendo que ambas comparten el mismo triple carácter de crisis de Gobierno, de régimen y de patrón de acumulación. Empero, encuentra una gran diferencia: en la segunda de ellas, “se pone cada vez más en evidencia que ahora las dos fracciones de los sectores dominantes enfrentan escollos que intentan superar. Así, mientras la fracción local de los sectores dominantes impulsa un cambio drástico en el funcionamiento económico manteniendo el transformismo argentino, la fracción extranjera del bloque de poder persigue la profundización del funcionamiento económico actual [se refiere al basado en la convertibilidad] y al replanteo del transformismo” (Basualdo, 2001: 101).

Durante los últimos días de diciembre de 2001 se produjo una sucesión de hechos que permiten calibrar la crisis: renuncia del presidente De la Rúa, designación de Ramón Puerta como efímero presidente provisional (en su condición de presidente del Senado), reemplazado por Adolfo Rodríguez Saá, a quien la Asamblea Legislativa nombró, sorpresivamente, con la intención de una pronta convocatoria a elecciones. No obstante, las reales o supuestas intenciones del nuevo mandatario de ejercer el cargo hasta completar el período iniciado por De la Rúa (es decir, hasta el 10 de diciembre de 2003) generaron una fuerte oposición dentro del propio PJ y, por extensión, una situación de debilidad que lo llevaron, tras apenas una semana en el cargo, a presentar su renuncia –con sabor a destitución–, y a su reemplazo, también interinamente, por Eduardo Caamaño (presidente de la Cámara de Diputados) y, finalmente, al nombramiento del senador Eduardo Duhalde, otra vez por decisión del Congreso en pleno, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003. Puerta, Rodríguez Saá, Caamaño y Duhalde eran, al menos en ese momento, miembros del PJ.

En el Gobierno de Duhalde, se devaluó el peso, que llevó a una fuerte suba de los precios y a un mayor deterioro del salario real; un cierto desabastecimiento de productos esenciales, y el descalabro de actividades civiles y comerciales reguladas jurídicamente (contratos, deudas, depósitos dolarizados), amén de una formidable ruptura de las reglas de juego institucional o, si se prefiere, un desquicio social, económico y político.

Aunque no siempre se lo tiene en cuenta, las crisis –especialmente las más agudas– son también crisis de derechos. En el caso argentino, la magnitud fue tal que afectó derechos civiles fundamentales de una economía y una sociedad capitalistas, incluyendo el mismísimo derecho de propiedad privada, como en el caso de la confiscación de los depósitos bancarios. En estas circunstancias, el Gobierno de Duhalde trató, en primer lugar, de restablecer el orden, evitar la continuidad de la violencia (que, como ya se ha dicho, se cobró no menos de 30 muertos) y construir un nuevo marco regulador del funcionamiento del sistema bancario-financiero y comercial.

Como ya había advertido Basualdo (2001: 86-87), antes de la crisis desatada en noviembre-diciembre de 2001, en el fondo, la confrontación era entre dos grandes fracciones burguesas: una, la dominante hasta la crisis, conformada por grupos económicos locales y algunos extranjeros, con base económica en colocaciones financieras en el exterior, y la otra, “posicionada en activos fijos con obligaciones dolarizadas, el sector financiero y los diferentes inversores extranjeros que adquirieron empresas y paquetes accionarios durante los años previos”.

Políticamente, ambas fracciones fueron definiéndose en torno a dos grandes posiciones: la integrada por los partidarios de la dolarización, la incorporación al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y la intervención militar para reprimir el conflicto social, y la constituida por los partidarios de la devaluación y pesificación y, aunque no necesariamente por todos, el fortalecimiento del MERCOSUR. Carlos Menem y Ricardo López Murphy expresaban, políticamente, la primera de estas posiciones. Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, la segunda. En ambos casos, claro, con sus matices.

El Gobierno de Duhalde reasignó recursos, de manera tal que los grandes beneficiarios resultaron ser los bancos (a los cuales el Estado compensó económicamente por las pérdidas generadas por la pesificación), los grupos económicos endeudados en dólares (beneficiados por la pesificación de sus deudas), los grandes propietarios y empresas rurales productores de materias primas y, por extensión, los consorcios exportadores, en buena medida transnacionalizados, para los que un dólar alto era una fuente de ganancias (lo que llevó a algunos grupos agroindustriales a vender en el mercado local a precios del mercado internacional).

El proceso de recomposición del sistema político se hizo más definido a partir del segundo semestre de 2002 y giró alrededor de tres aspectos: 1) la gestión del ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien asumió el cargo el 27 de abril de ese año y pudo compatibilizar intereses; manteniendo el valor del dólar en un cambio alto, con control de la inflación y alejando el fantasma y el riesgo de la hiperinflación, creando condiciones para un crecimiento de los sectores económicos beneficiados, primero moderado, luego muy notable; 2) la distribución de los planes sociales fortaleció los aparatos políticos y sus redes de clientelismo, permitiendo un importante control de las protestas y, por lo tanto, una cierta tranquilidad social; 3) el aumento de la represión de los conflictos y movilizaciones sociales, cuyo punto máximo culminó con un operativo en el que efectivos policiales asesinaron a dos jóvenes piqueteros en junio de 2002, hecho que intentó disfrazarse.

Por esta y otras razones Duhalde decidió anticipar la realización de las elecciones presidenciales y el traspaso del mando (del 10 de diciembre al 25 de mayo de 2003). Los resultados de las elecciones obligaron a una segunda rueda electoral entre los dos candidatos más votados, Carlos Menem y Néstor Kirchner, que obtuvieron apenas 24,45 y 22,24% de los votos, respectivamente. La segunda vuelta no se realizó por la deserción vergonzosa de la fórmula encabezada por Menem. Manifiestamente, la candidatura de Kirchner, en gran medida desconocido por buena parte de la ciudadanía, fue impuesta y sostenida por el presidente Duhalde, quien logró controlar disciplinadamente al justicialismo de la provincia de Buenos Aires, responsable de una significativa proporción del quantum de votos obtenidos por el gobernador de la petrolera provincia de Santa Cruz. Esto parecía colocar al nuevo presidente en la situación potencial de fuerte condicionamiento por parte del poder saliente, como bien se encargaron de repetir sus adversarios. Pronto, Kirchner rompió con su mentor y actuó con total independencia, incluso hasta el límite del enfrentamiento.

La transición lenta en Paraguay

En Paraguay, la transición se dio muy lentamente, sin alternancia entre partidos durante largo tiempo. Si bien la dictadura del general Alfredo Stroessner, como se ha visto en el capítulo 6, no se ajusta al tipo ideal de regímenes sultanísticos, algunos análisis se han valido de una transición inicialmente incompleta para analizar el caso en esos términos. En general, en los regímenes sultanísticos, las transiciones son llevadas a cabo dentro del mismo régimen, encabezadas por hombres fuertes, que articulan algún grado de oposición al jefe. En Paraguay, la ruptura entre Stroessner y el general Andrés Rodríguez, consuegro del dictador, es tomada como expresión de lo anterior. En los regímenes sultanísticos, además, los procesos de liberalización política difícilmente logran construir una democracia estable y en el intento fortalecen la estructura de dominación clientelar, estancándose el proceso. En Paraguay, la demorada alternacia partidaria (con un largo predominio del Partido Colorado, en el Gobierno entre 1989 y 2008) ha sido considerada ilustrativa de este estancamiento. Más allá de estas disquisiciones conceptuales, aquí preferimos destacar las rupturas y las continuidades y el carácter híbrido del caso, prescindiendo de una definición “típica” de la dictadura (como se ha visto en los capítulos 5 y 6) y de la transición.

La dictadura de Stroessner entró en crisis en febrero de 1989, derivada de la doble situación de crisis económica y crisis de sucesión. El resultado fue una transición que, desencadenada por la destitución militar-colorada del general Stroessner, terminó siendo una “transición sin alternancia”, al menos hasta 2008, cuando Fernando Lugo, ex obispo (renunció a ese cargo en 2005), asumió la presidencia al frente de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC). En efecto, durante aquel período, el partido en el Gobierno fue el mismo en torno al cual se había vertebrado la dictadura stronista. Esta circunstancia expresa un rasgo de larga duración en la vida política paraguaya: la identidad entre Partido Colorado y Estado, y el ejercicio prebendario del poder (116).

La fractura del bloque dominante se produjo cuando se planteó la cuestión de la sucesión del dictador. El 1º de agosto de 1987 el Partido Colorado había convocado a una Convención, en la cual Stroessner contó con el apoyo de la corriente denominada “Militante”, colocada a la cabeza, tras desplazar a la hasta entonces corriente hegemónica dentro del partido, la denominada “Tradicionalista”, hostil a Stroessner. Los Militantes promovían la candidatura del coronel de la Fuerza Aérea, Gustavo Stroessner. Por otro lado, los Tradicionalistas levantaban como candidato al general Andrés Rodríguez, comandante del Primer Cuerpo del Ejército (después del propio general Stroessner, la figura más influyente de las Fuerzas Armadas). En 1988, Stroessner pasó a retiro a varios militares tradicionalistas y promovió a otros afines.

Antes de concretarse el pase a retiro de Rodríguez, este dio un golpe de Estado y asumió como presidente interino, entre el 2 y el 3 de febrero de 1989. Tal como señala Lorena Soler (2002: 21), Rodríguez, agudamente, captó que un Partido Colorado unido era “la base de la gobernabilidad para un Paraguay acostumbrado a su hegemonía”. Se entiende, así, que la primera medida del nuevo mandatario haya sido la constitución de una Junta de Restauración del Partido Colorado.

Como es evidente, el proceso de cambio de régimen fue iniciado “desde arriba y por una crisis interna del propio régimen”, a partir del cual tuvo lugar una transición a la democracia que, como también señala Soler, fue “por y para” el Partido Colorado. En definitiva, se trató de una “transición sin alternancia”, según la expresión de José Carlos Rodríguez (1998), o como prefiere Lorena Soler (2002), una “transición gradualista”, que buscó “la unidad del partido, pero en el Gobierno”. En efecto, como ilustra la misma autora, en ocasión del golpe, el general Rodríguez hizo circular una breve proclama: “Recuperación de la unidad del Partido Colorado en el Gobierno; restauración de la dignidad de las Fuerzas Armadas; inicio de un proceso de democratización; respeto a los derechos humanos y defensa de la religión católica” (apud Soler, 2002: 20).

En las elecciones convocadas unos meses después, como era previsible, resultó triunfante Rodríguez. En la contienda, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) mostró ser una organización de sólida base popular (sobre todo campesina), mientras que el Partido Revolucionario Febrerista y el Demócrata Cristiano tuvieron escaso peso. Por su parte, el Partido Comunista no estuvo habilitado.

Así, volvió a expresarse un elemento estructural de la vida política paraguaya: la centralidad del bipartidismo colorado y liberal (el Partido Colorado y el Liberal Radical Auténtico sumaron el 95% de los votos). En continuidad con el régimen stronista, la participación de los otros partidos no tuvo lugar en condiciones de igualdad garantizadas. Puede decirse, haciendo extensiva a la fase de transición esto que Soler (2002: 20) señala para la fase de dictadura, que en Paraguay existía “un bipartidismo aparente que no permite disputar el poder al partido hegemónico”.

Esta pauta de continuidad revela una de las mayores debilidades de la transición paraguaya: un proceso con elecciones formalmente competitivas, pero en condiciones de clara desigualdad de hecho para la competencia. Fueron recién las elecciones de 2003 y, más cabalmente, las de 2007 las que insinuaron un cambio en este patrón de comportamiento político de larga duración.

En el plano externo, la transición se dio en el marco de revalorización de la democracia que sucedió al fin de la era bipolar y tuvo un antecedente directo en la crisis económica desatada en 1982. Con la debacle internacional, se abrió un período en el que hubo estancamiento económico y una tasa de crecimiento negativa del PBI. Los precios internacionales de la soja y del algodón cayeron a un ritmo tal que el agotamiento del modelo productivo agrario fue evidente. Enseguida, se multiplicó el desempleo, creció la economía informal y hubo fuertes movimientos migratorios.

Las elecciones municipales de 1991 fueron las primeras elecciones directas. Allí se vislumbró la participación de fuerzas políticas independientes, organizadas en partidos menores, con líderes que provenían de fuera del estrecho círculo de la política tradicional. Más aún, hubo una tercera fuerza que desafió al histórico bipartidismo: Asunción para Todos (APT). Este partido tenía su base en el municipio capitalino. En 1992, y a partir de esta estructura, se creó el Partido Encuentro Nacional (PEN), que en las elecciones presidenciales de 1993 disputó la larga hegemonía del Partido Colorado, victorioso pero con un porcentaje inusualmente bajo. A partir de allí, la hegemonía colorada entró en una fase de lenta descomposición.

Las elecciones de aquel año se celebraron bajo el imperio de la Constitución sancionada en junio de 1992, que dio un marco de mayor transparencia a todo el proceso. Resultó electo el colorado Juan Carlos Wasmosy, el primer presidente civil después de casi cuatro décadas. Dentro del partido, Wasmosy había derrotado a su rival, Luis María Argaña, en un proceso de legalidad dudosa. Durante su mandato hubo dos crisis financieras graves, en 1995 y en 1997, y se implementó el paquete de medidas que recomendaba el Consenso de Washington. El país se endeudó millonariamente con el BID, hubo privatizaciones de empresas estatales, cayó el PIB, hubo déficit fiscal, aumentó el desempleo… Todo esto repercutió fuertemente en la economía campesina.

A lo anterior se sumó el enfrentamiento de Wasmosy con el general Lino Oviedo, jefe de las Fuerzas Armadas, desatándose una crisis política irrefrenable. Cuando el gobierno dio indicios de prohibir la actividad política de los militares, Oviedo amenazó con disolver el Congreso. En 1997, habiendo ganado las elecciones internas del Partido Colorado, Oviedo se proyectaba como favorito en las inminentes elecciones presidenciales. Wasmosy lo acusó judicialmente de encabezar un golpe en su contra (en efecto, hubo un intento golpista, que fracasó, hecho del cual no fue ajena la cláusula de protección a la democracia estatuida por el MERCOSUR). Impedido Oviedo de participar en la contienda electoral de 1998, el candidato resultó ser Raúl Cubas, su compañero de fórmula, que triunfó con el lema “Cubas al Gobierno, Oviedo al poder”. El compañero de fórmula de Cubas fue Luis María Argaña, figura histórica del sector tradicionalista del Partido Colorado.

El 23 de marzo de 1999, Argaña fue asesinado. Un movimiento espontáneo, “el marzo paraguayo”, de resistencia civil exigió la destitución de Cubas –junto a Oviedo, el principal implicado en el asesinato del vicepresidente–. Ante un inminente juicio político, Cubas debió renunciar, y se refugió en Brasil, tras facilitar la fuga de Oviedo a Argentina, donde el presidente Menem le ofrecía asilo. Oviedo optó finalmente por la clandestinidad y fue detenido, en Brasil, el 9 de diciembre de 2000. Como corolario de esta serie de episodios, asumió la presidencia el presidente del Congreso, el colorado Luis Ángel González Macchi.

Fueron estas las circunstancias en las que el Partido Liberal llegó al poder por primera vez después de siete largas décadas. En las elecciones directas convocadas para elegir al nuevo vicepresidente, el liberal Julio César Franco resultó electo, con el apoyo del sector colorado-oviedista. Sin duda, este triunfo liberal (en el cargo de vice) marcó un cambio en el proceso de transición: una incipiente alternancia.

Es cierto que en las elecciones del año 2003 el candidato favorecido fue otra vez un colorado, Nicanor Duarte, que logró concitar el apoyo popular por las promesas de cambio sobre las que basó su campaña. Pero muy pronto el contexto de crisis dejó atrás el entusiasmo inicial. El déficit fiscal y la eventual cesación de pagos de la deuda amenazaban con un colapso económico, lo cual llevó a que toda la actividad de gobierno se concentrara en esos temas. De todos modos, Duarte podría haber salido airoso, tras haber renegociado exitosamente la deuda y haber estabilizado la economía y promovido un paquete de reformas orientadas al saneamiento fiscal y del sector público. Empero, su gestión no modificó los niveles de pobreza y de desigualdad, ni tampoco dio indicios para la realización de la muy reclamada reforma agraria. Por añadidura, el presidente recurrió a la represión (mayormente de los sin tierra) y a la cooptación (en general, de los sin techo).

Era el comienzo de la tan demorada transición con alternancia. En marzo de 2006, una nueva y masiva movilización popular salió a las calles levantando la consigna “Dictadura: nunca más”. Era una reacción frente a las maniobras de Duarte de cambiar la Constitución para permitir su reelección. Así surgió la Concertación Democrática. La movilización estuvo encabezada por Fernando Lugo, referente de la lucha emprendida por los campesinos politizados contra el agronegocio.

La Concertación fue efímera. En 2007, Lugo anunció su decisión de postularse con el PLRA, al frente de APC, una alianza que agrupaba a sectores sindicales y campesinos y algunos partidos: el PEN; el Partido País Solidario (PPS); el Partido Demócrata Cristiano (PDC); el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), entre otros; y desde luego el PLRA. Sin duda, el socio mayor era este último.

Lugo venció con el 41% de los votos. Los rivales Blanca Ovelar, candidata colorada, y Lino Oviedo, que acababa de salir de prisión, quedaron en segundo y tercer lugar, con el 31% y el 22% de los votos respectivamente. El triunfo del ex obispo es sin duda un dato “novedoso”, pero como sugiere Soler (2011), esa novedad se inserta en un proceso de más larga data que permite sopesar lo “inesperado” de su elección en una línea de condiciones estructurales que la hicieron posible. Por ejemplo, puede decirse que la victoria de Lugo es un exponente más de la centralidad de los partidos tradicionales en el sistema político paraguayo. Así como el papel de estos es clave para comprender el funcionamiento del régimen stronista, también lo es para entender el proceso de transición. En efecto, el triunfo de APC es inescindible de su alianza con el PLRA, un socio mayor dentro de la alianza, cuyo dirigente, Federico Franco (hermano de Julio César Franco, el vicepresidente electo en 2000), acompañó a Lugo en la fórmula.

Como en los otros procesos de transición, las masas fueron marginadas. Solo a partir de la crisis de marzo de 1999 empezó a hacerse visible cierta participación, en particular, de jóvenes y de campesinos. Tras las reformas aplicadas en los años noventa, se introdujo en el país la soja transgénica, que exigía un uso extensivo de la tierra e intensivo de capital al tiempo que demandaba escasa fuerza de trabajo. Con esto, el conflicto por la tierra recrudeció. Cerca de 400.000 campesinos fueron expulsados de sus lugares de origen, acentuándose los procesos de migración ya en marcha desde hacía tiempo. En el agro, los intereses corporativos estaban representados por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Coordinadora Agrícola de Paraguay (CAP), la Asociación de Productores de Soja (APS) y la Confederación Paraguaya de Cooperativas (CPC), en general vinculados a la ganadería y producción de soja. Por su parte, los intereses de los campesinos sin tierra y de los pequeños productores rurales estaban representados por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y en la Federación Nacional Campesina (FNC).

La cuestión de la reforma agraria está muy ligada a otra, también conflictiva: la renegociación de los contratos sobre la venta de energía de Itaipú (escandalosamente bajos respecto de los precios internacionales). Muchas de las tierras ubicadas cerca de la central hidroeléctrica fueron compradas por empresarios brasileños a precios irrisorios, quienes las utilizaron para la producción mecanizada de la soja. Los grandes productores no pagaban impuestos directos y utilizaban mano de obra a costos por debajo del salario mínimo (Nickson, 2008). Con esto, los conflictos por la tierra con ocupaciones de grandes latifundios se intensificaron. Los campesinos sin tierra actuaron organizados en un vasto movimiento y representados por diversas organizaciones que no se articulaban a través de clivajes partidarios. La crisis del Gobierno de Duarte dio lugar a la reorganización de las fuerzas políticas. Las numerosas organizaciones campesinas y sindicales suscribieron un amplio acuerdo, la ya mencionada Concertación Nacional, junto a algunos partidos políticos. De este acuerdo, en un proceso sinuoso que desembocó en la alianza con el PLRA, despuntó el liderazgo de Lugo.

De cara al futuro, es atinada una aún vigente afirmación del sociólogo Domingo Rivarola (1991), “¿transición o encrucijada?”. En efecto, no son pocos los desafíos del nuevo presidente, “una figura aglutinante más allá de los partidos” (Soler, 2011: 43), en un país cuya historia ha sido vertebrada, precisamente, en los partidos tradicionales.

Las transiciones autoritarias: El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá

En los casos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, la norma fue la de las “transiciones autoritarias” –según la expresión que utiliza Edelberto Torres-Rivas (2004: 293)–. En Panamá, la transición tuvo el rasgo muy particular de la extrema dependencia respecto de Estados Unidos, en función del control que este ejercía en el canal interoceánico. A diferencia de los países del Cono Sur, la transición de la dictadura a la democracia se inició aquí, como señala Torres-Rivas (2004: 291), “cuando la ferocidad del conflicto armado era mayor”. El cambio de régimen se produjo cuando se realizaron elecciones libres, abiertas y competitivas: en El Salvador en 1982; en Nicaragua en 1984, y en Guatemala en 1985. En El Salvador y en Guatemala, la legitimidad de las urnas quitó a la insurrección su principal bandera de lucha: “El combate de la dictadura”, y en Nicaragua, dio al revolucionario FSLN el triunfo.

Aunque algunos analistas consideran que la verdadera transición a la democracia comenzó después de logrados los Acuerdos de Paz, aquí seguimos la interpretación de Torres-Rivas, que fecha el inicio de la transición en la realización del acto electoral. El sociólogo encuentra que una de las razones por las cuales este acto tuvo lugar cuando el conflicto armado estaba en pleno desarrollo es porque “formó parte de una estrategia contrainsurgente” (tal la denuncia de las organizaciones guerrilleras en El Salvador) (Torres-Rivas, 2004: 292) –aunque el mismo autor también señala que este pasaje, con un “proceso electoral bajo control militar”, no condujo a una democracia sino a una “situación democrática provisional” (Torres-Rivas, 2007: 499)–.

El carácter autoritario de estas transiciones se explica porque “el Estado autoritario se recomp[uso] por la vía electoral” (Torres-Rivas, 2004: 294). Las de Centroamérica “no son transiciones que se parezcan al modelo sudamericano que puso fin a los regímenes autoritario-burocráticos que, con aguda pertinencia analizaron [Guillermo] O’Donnell y compañeros. En las sociedades bajo análisis, la erosión de las dictaduras ocurrió por razones internas a la institución militar y por la abierta intervención norteamericana en favor del cambio” (Torres-Rivas, 2007: 498).

Si bien en sociedades dependientes como las latinoamericanas todos los procesos internos obedecen, en mayor o menor medida, a la influencia que sobre ellos tienen los factores externos, y desde comienzos del siglo XX, más precisamente la política exterior de Estados Unidos, en el caso de las transiciones centroamericanas esa dependencia tiene ribetes muy particulares. En efecto, allí un elemento condicionante del rumbo de las transiciones fue el apoyo político y financiero explícito de la comunidad internacional, y de Estados Unidos en particular, a los “agentes” de la “paz”. El Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), tal como se aprecia en el Informe de la Comisión Nacional Bipartidista (Informe Kissinger) de 1984, buscaba establecer un cerco democrático alrededor de la revolucionaria Nicaragua. Así, de modo muy singular, en los tres países la lógica de la guerra y la lógica de la política se volvieron “compatibles” (Torres-Rivas, 2004: 295).

El proceso abierto en la década de 1980 estuvo signado por largas negociaciones, cuyo resultado paradójico fue alcanzar primero la democracia (en los años ochenta) y luego la paz (en los años noventa). Las negociaciones fueron contradictorias y tuvieron avances y retrocesos, pero en conjunto puede decirse que obedecieron a un profundo convencimiento de ambas partes en conflicto acerca del “fracaso de la violencia como estrategia política” (Torres-Rivas, 1993: VI, 23).

Como todas las transiciones, la realización de elecciones libres y abiertas que concretaron el cambio de régimen fue parte de un proceso que comenzó antes, todavía con la vigencia de la dictadura en El Salvador y Guatemala, con el deterioro del poder autoritario, y con el régimen revolucionario, en Nicaragua.

En El Salvador y en Guatemala, los rasgos de la erosión del poder militar (aunque en distintos momentos) fueron evidentes: divisiones internas dentro de la cúpula militar, quiebre de la alianza con los sectores civiles oligárquicos, fragmentación de las clases medias y oposición de la Iglesia, entre los principales. Precisamente, Carlos Figueroa Ibarra (1993: VI, 50) señala las semejanzas entre los dos casos respecto del “tipo de Estado, estructura agraria, cultivos de exportación, estructuras de clase y distribución del ingreso”, pero también señala las diferencias: “Mientras en El Salvador la insurgencia p[udo] irradiarse a partir de la ofensiva de enero de 1981 y consolidar bajo su influencia una significativa porción del tejido social, en Guatemala el boom revolucionario después de un auge significativo entre 1979 y los primeros meses de 1982 [fue] acotado drásticamente por la contrainsurgencia a partir del vasto plan ejecutado por el Gobierno de Ríos Montt”.

En El Salvador, las divisiones internas de las Fuerzas Armadas tuvieron una primera expresión después del golpe militar del 15 de octubre de 1979, cuando, derrocado el general Carlos Humberto Romero, se formó una Junta de Gobierno compuesta por militares y civiles, reunidos en una frágil alianza (además de militares “progresistas”, estaba también la Democracia Cristiana, miembros del Movimiento Nacionalista Revolucionario y de la Unión Democrática Nacionalista, denominación del PC de El Salvador). El enfrentamiento entre Romero y el movimiento popular había llegado a niveles exacerbados de violencia. Pero además de los factores internos, también desempeñó un papel clave el apoyo de Estados Unidos al golpe.

A partir de allí se inició un proceso de degradación de esa precaria alianza en el poder, cuya tendencia fue cada vez más marcadamente conservadora, favorable, claro está, a la continuación de la guerra contrainsurgente. Hubo dos Juntas más. La segunda, conformada en enero de 1980, en la que los militares torcieron su alianza con el MNR y convocaron a participar de ella a los sectores más tradicionales del PDC, y la tercera, creada en diciembre de ese año, en la que el hombre fuerte de la Democracia Cristiana, Napoleón Duarte, ocupó la presidencia (1980-1982). A diferencia de las dos anteriores, en esta tercera Junta solo hubo un miembro militar (el otro, “progresista”, había renunciado). Duarte prometió convocar a elecciones y reunir una Asamblea Constituyente.

Como se ha dicho, en marzo de 1980 un escuadrón de la muerte asesinó a monseñor Romero, arzobispo de San Salvador. Y a mediados de ese mismo año se creó, a partir de los diversos grupos guerrilleros, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Inmediatamente, se conformó la tercera de las Juntas de Gobierno.

A partir de octubre de 1981, cuando el FMLN lanzó su “ofensiva final”, la insurrección popular dio lugar rápidamente a la guerra civil. El Gobierno logró controlar la ofensiva y aplicó una brutal represión (cuyo exponente más terrible fue la “masacre de El Mozote”), pero el FMLN siguió activo, replegado en el campo.

En marzo de 1982 se realizaron elecciones, alentadas desde el Departamento de Estado norteamericano. La Democracia Cristiana obtuvo poco más de un tercio de los votos. Otro tercio lo obtuvo el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido organizado por el militar retirado Roberto d’Aubuisson, que reunía a sectores ranciamente conservadores. El Partido de Conciliación Nacional (PCN), el partido de la dictadura, obtuvo el 19% de los votos. Con este cuadro, es claro que las fuerzas de derecha condujeron el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Sancionada en 1983, la nueva Carta mantuvo el statu quo.

En las elecciones de 1984 venció el democristiano Duarte en segunda vuelta con el 54% de los votos. Como se ha visto, Duarte había encabezado una de las Juntas cívico-militares que había puesto fin al largo ciclo de dictaduras militares en el país. En esas elecciones, su principal rival fue el candidato de la ARENA, D’Aubuisson, quien en la segunda vuelta obtuvo el otro 46% de los sufragios. A juicio de Figueroa Ibarra (1993: 46), ARENA “era ya un partido consolidado y expresión directa de la burguesía salvadoreña”.

A pesar del cuantioso respaldo económico de Estados Unidos, el Gobierno de Duarte fracasó en su objetivo de desmantelar la lucha armada. Tampoco logró aglutinar al poderoso empresariado. El terremoto de 1986; la creación de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) ese mismo año, y las interminables luchas entre facciones dentro del propio partido restaron fuerza a su Gobierno. En medio de estas circunstancias adversas, que la corrupción dominante no hizo más que agravar, Duarte fue derrotado en las elecciones siguientes.

En 1989 fue electo Alfredo Cristiani, por ARENA. Su amplio triunfo en las urnas fue inmediatamente sacudido por la toma de la ciudad de San Salvador a manos de las fuerzas del FMLN, en noviembre de ese mismo año. Si bien este y el anterior Gobierno estuvieron legitimados por las urnas, la guerra continuaba y las prácticas autoritarias y la represión feroz por parte del Estado seguían vigentes, como las matanzas campesinas y estudiantiles, los bombardeos a poblaciones enteras y los asesinatos (como el de los seis sacerdotes jesuitas y dos acompañantes en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana en 1989). Había un empate de fuerzas.

Como se verá más adelante, fue durante el Gobierno de Cristiani que las negociaciones con el FMLN tomaron rumbo firme. Entre otros factores, el escándalo que estalló tras la matanza de los jesuitas puso en evidencia ante la comunidad internacional que el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas del orden era inconducente y que un cambio era necesario. Con esto, en 1991 se instaló la misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). Un dato singular del proceso es que los Acuerdos de Paz y la Comisión de Verdad tuvieron efectos directos sobre la transformación social. En cierta medida, se depuró el Ejército, se reformó el Poder Judicial y se instituyó la Procuraduría de los Derechos Humanos. No obstante, la pacificación en El Salvador todavía no se ha completado.

El sistema político emergente de la transición presenta dos fuerzas partidarias establecidas: ARENA y FMLN. En las elecciones de 1994, el FMLN participó por primera vez como fuerza política institucionalizada, pero fue recurrentemente vencido por la ARENA, triunfante en las elecciones de 1994, 1999 y 2004. Los tres gobiernos de ARENA se ajustaron al modelo neoliberal y a una política de apoyo incondicional a Estados Unidos. De hecho, Francisco Flores, presidente electo en 1999, fue el responsable de la decisión de cambiar la moneda del país. A partir de la aprobación de la Ley de Integración Monetaria de fines de 2000, la moneda oficial circulante es el dólar estadounidense. Si bien la ley inicialmente establecía la circulación e intercambiabilidad del colón y el dólar, lo que ha sucedido en la práctica es una dolarización de la economía nacional (Artiga-González, 2008).

En las elecciones del 15 de marzo de 2009, después de este largo ciclo de gobiernos derechistas, la izquierda del FMLN accedió a la presidencia, con el triunfo de su candidato Mauricio Funes, que venció a Rodrigo Ávila, candidato de ARENA.

En Guatemala, el auge significativo de la violencia entre 1979 y 1982 tuvo un punto de inflexión cuando, el 31 de enero de 1980, se produjo una matanza en la Embajada de España, a raíz de una movilización de un grupo de indígenas, apoyados por diversas organizaciones sociales, con contactos con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). La movilización tenía por objetivo hacer públicas sus denuncias acerca de los excesos de violencia de la que eran víctimas los pobladores de El Quiché. El Gobierno reaccionó con una brutal represión. A partir de este hecho, hubo una escalada de violencia. En 1983, los principales grupos revolucionarios –entre ellos el EGP y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA)– formaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Como se ha visto en el capítulo anterior, entre marzo de 1982 y julio de 1984 se sucedieron en el poder los generales Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Victores. De modo similar a lo sucedido en El Salvador, la lucha por el poder dentro de la corporación militar (en 1983 Mejía Victores depuso a Ríos Montt mediante un golpe de Estado), la ruptura con los grupos empresariales, entre otras cuestiones por el rechazo de estos a los intentos del Gobierno de reformar la estructura tributaria, y las graves denuncias de corrupción llevaron al poder militar a la degradación. Sin duda, la incapacidad de controlar a las guerrillas no era un dato menor.

Igual que en El Salvador, el conflicto armado perduró y las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron, alcanzando en el caso de Guatemala niveles de horror únicos en América Latina, genocidio en el sentido más estricto del término. Temeroso, entre otras cosas, del excesivo personalismo de Ríos Montt, el alto mando acordó que fuera destituido por Mejía Victores. La estrategia contrainsurgente del Departamento de Estado norteamericano ya estaba en marcha y el nuevo presidente se ajustó a ella convocando a elecciones para una Asamblea Constituyente.

La Asamblea se reunió en julio de 1984, disponiendo el llamado a elecciones generales para noviembre de 1985 bajo la nueva Constitución. En la contienda resultó favorecido el candidato de la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo, quien obtuvo el 34% de los votos, con un programa que proponía la modernización política. La DC había brindado su apoyo al golpe de Ríos Montt, y luego también respaldado el golpe de Mejía. El otro candidato fuerte, Jorge Carpio, pertenecía a un partido que también proponía un programa similar, la Unión del Centro Nacional (UCN), que reunió el 17,8% de los votos. En la segunda vuelta, Cerezo se impuso ampliamente con el 68%.

Bajo el Gobierno de Cerezo no hubo iniciativas firmes de negociación y diálogo. La violencia continuó al tiempo que las condiciones económicas empeoraron significativamente, en medio de escaladas inflacionarias seguidas de devaluaciones, presiones empresariales corporativamente expresadas por el CACIF, estallidos populares y huelgas. En estas circunstancias, como es obvio, el Gobierno de Cerezo (1986-1991) se debilitó.

Así, en las elecciones de diciembre de 1990 y enero de 1991, resultó victorioso Jorge Serrano Elías, candidato del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), quien triunfó por un amplio margen en segunda vuelta sobre el candidato de la UCN, nuevamente Carpio. Serrano había sido miembro del Consejo de Estado (con funciones legislativas) de la dictadura de Ríos Montt y durante el Gobierno de Cerezo se había involucrado en el diálogo con la URNG. De cara a las elecciones de 1990, fundó el MAS.

El Partido de Avanzada Nacional (PAN), con su candidato Álvaro Arzú Irigoyen, obtuvo el cuarto puesto después de la Democracia Cristiana, con un caudal de votos muy parejo. El PAN representaba “el apetito empresarial por saltar del poder del Estado al control de la gestión gubernamental” (Figueroa Ibarra, 1993, VI: 56). El otro partido, creado para la competencia electoral de 1990, fue el ultraderechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que levantó la candidatura del genocida Ríos Montt, finalmente anulada.

Según el resumen que hace Figueroa Ibarra (1993, VI: 57), “al finalizar los ochenta y empezar los noventa, varios eran los saldos de la transición estatal en Guatemala. […] [Se había creado] una situación nueva cuyos principales elementos serían: la división de funciones y cuotas de poder entre civiles y militares; la instauración de un sistema de partidos que veían en el ejército una suerte de árbitro supremo que garantizaba la efectividad de la rotación electoral; elecciones relativamente limpias aunque no necesariamente libres; conformación de un bloque de partidos comprometidos con la modernización política; eclipse, al menos temporal, de los partidos políticos ultraderechistas, creación de un relativo espacio político (sujeto a las contracciones que las oscilaciones del terror le imponían) que permitiría la actuación del movimiento sindical y popular; establecimiento de nuevas mediaciones estatales que se agregaban a las ya existentes, como son la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, y la consolidación de una política exterior sustentada en los objetivos de reestabilización estatal, que por lo mismo tenían un carácter novedoso”.

En el Gobierno de Serrano se iniciaron las negociaciones por la paz. Como en El Salvador, no fue ajena la coyuntura internacional favorable, después de la caída del bloque socialista y del cambio de política exterior de Estados Unidos, ahora decidida a llevar a cabo la lucha contrainsurgente por la vía “democrática”. En junio de 1993, Serrano encabezó un autogolpe, que fue ampliamente repudiado, obligando al mandatario a huir del país. La institucionalidad creada durante el proceso de transición era precaria pero alcanzó para descalificar el “serranazo”. La Corte de Constitucionalidad dictaminó la improcedencia del autogolpe y el procurador de Derechos Humanos, Ramiro De León Carpio, fue designado para completar el período constitucional.

En noviembre de 1995 hubo nuevamente elecciones y resultó triunfante el candidato del PAN, Arzú. El segundo candidato más votado fue Alfonso Portillo Cabrera, del FRG, quien perdió en segunda vuelta por muy poca diferencia de votos. En rigor, el FRG se había presentado con Ríos Montt a la cabeza pero, al ser anulada su candidatura nuevamente, este cedió su lugar a Portillo.

Durante el Gobierno de Arzú culminaron las negociaciones de paz con la URNG, en diciembre de 1996. Cabe señalar que Arzú había participado en los inicios de los acuerdos en calidad de canciller del Gobierno de Serrano.

Guatemala tuvo nuevas elecciones a fines de 1999 en las que triunfó Alfonso Portillo, candidato por el FRG. Portillo fue criticado interna e internacionalmente por su Gobierno de corrupción y violencia. En las elecciones que lo consagraron presidente se produjo el regreso a la política nacional del ex dictador Ríos Montt, que tras haber sido electo representante del Congreso, alcanzó la presidencia de ese órgano de Gobierno. También, en las elecciones de 1999, se candidateó Álvaro Colom Caballero, por la URNG, ahora integrada al juego político electoral. Colom obtuvo el tercer puesto, con cerca del 13% de los votos.

En las elecciones de 2003, los dos nombres fuertes fueron Óscar Berger Perdomo, que se había ido de las filas del PAN para candidatearse por un partido de reciente factura, la Gran Alianza Nacional (GANA), y Álvaro Colom, nuevamente candidato, esta vez de la centroizquierda reunida en Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Colom fue una vez más vencido, y Berger triunfó en segunda vuelta con un 54% de los votos. Habilitado por la Corte Suprema, Ríos Montt participó de la contienda, pero obtuvo el tercer puesto.

En 2007, a pesar de la fuerte campaña en su contra, Colom llegó al poder al frente de la UNE con el 52% de los votos en segunda vuelta, venciendo al candidato del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, un militar graduado en la Escuela de las Américas, acusado de participar del genocidio perpetrado bajo la dictadura de Ríos Montt. En las elecciones de 2011, Pérez Molina fue electo presidente (53,74% de los votos en segunda vuelta).

En Nicaragua, con fuertes presiones internacionales, en octubre de 1984 el FSLN convocó a elecciones parlamentarias y generales, poniendo fin a cinco años de Gobierno provisional. De estas elecciones salió triunfante el mismo FSLN, por una diferencia significativa de votos, con la fórmula encabezada por Daniel Ortega (casi 67% de los votos contra 17% que obtuvo el Partido Conservador Demócrata). Según argumenta Torres-Rivas (2007: 501), “el FSLN en sus programas siempre fue partidario de la democracia participativa, que los llevó a organizar in extenso a casi todos los grupos de intereses sociales del país. Fueron los creadores de una extensa sociedad civil popular, pero fuertemente influida desde el Estado”.

En esas elecciones, el Frente Patriótico Nacional (FPN), la otra fuerza política que, con el FSLN, había contribuido al derrocamiento del somocismo, evidenció sus fisuras. Los partidos que lo integraban concurrieron por separado a la contienda: el Partido Popular Social Cristiano (PPSC), el Partido Liberal Independiente (PLI), el Partido Socialista Nicaragüense (PSN) y el Partido Comunista de Nicaragua (PC de N).

El Gobierno de la Revolución no había conseguido sacar al país de la miseria, pero el embargo económico declarado en 1981 por Estados Unidos poco colaboró para la consecución de ese objetivo. Así, el proceso electoral se llevó a cabo en el marco del deterioro de los indicadores económicos, con inflación y desabastecimiento. Asimismo, el conflicto armado había significado la muerte de miles de ciudadanos enrolados en el Servicio Militar Patriótico, creado a principios de la década, sin que esto hubiese permitido derrotar a la “Contra”, que en 1986 recibió una ayuda millonaria de parte del Gobierno norteamericano.

En 1987, tras largos debates parlamentarios, se promulgó una nueva Constitución. En marzo de 1990, bajo presiones de negociar la paz, el FSLN convocó a elecciones generales. No fue ajena a la decisión del presidente Ortega la ofensiva imperialista de Estados Unidos, que había invadido Granada en 1983 y Panamá en 1989. Derrotado en los comicios, el FSLN entregó el mando a la candidata triunfante, Violeta Barrios de Chamorro (por la Unión Nacional Opositora, UNO). Como se ha visto en el capítulo anterior, Violeta Chamorro era la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, líder conservador y antisomocista, director del periódico opositor La Prensa, asesinado en enero de 1978. Inicialmente unida al sandinismo, integrando la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, desde su renuncia en 1980, se volcó a la oposición hasta llegar a encabezar la UNO.

Según expone Figueroa Ibarra (1993: VI: 74-75), es probable que la decisión de Ortega de no suspender el Servicio Militar Patriótico, que comprometía a la población de entre 17 y 25 años de edad, haya inclinado los votos, no en contra del FSLN sino a favor de una salida política pacífica.

Las elecciones de 1990 marcaron el comienzo de una transición dentro de la transición. La UNO estuvo formada por la opositora Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN) (que aglutinaba al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), al Partido Conservador Demócrata, al Social Cristiano, al Liberal Constitucionalista, al Social Demócrata y al Movimiento Democrático Nicaragüense) pero también por otros que habían integrado el Frente Patriótico Nacional (FPN) en 1984 (el PLI, el PPSC, el PSN y el PC de N). También la integraron fuerzas políticas hasta entonces vinculadas a la “Contra”.

Según apunta Figueroa Ibarra (1993, VI: 78), “[l]a gran paradoja de la década revolucionaria en Nicaragua fue que habiendo comenzado los sandinistas con el modelo de la revolución cubana en la cabeza pese al énfasis que siempre hicieron en el sentido de que la revolución no era calco sino creación heroica, los abigarrados caminos de la historia los hicieron construir otro proyecto: el de una transición social hacia formas más complejas de convivencia a través del no alineamiento, de la economía mixta y el pluralismo político. Y fue este proyecto y la consecuencia del mismo, lo que llevó al FSLN y a los sandinistas a convertirse de partido de Gobierno en partido de oposición”.

La elección de Chamorro estuvo respaldada por el presidente de Estados Unidos George H. W. Bush, quien levantó el embargo ejecutado por su predecesor Reagan. Si Chamorro mostró claros indicios de desmantelamiento de las estructuras heredadas de la revolución, la tarea no fue fácil. La de Nicaragua era una sociedad que venía de un proceso revolucionario que había legado una amplia movilización y formaciones políticas organizadas. Aun así, Chamorro cumplió sus objetivos de Gobierno de tipo neoliberal, privatizando empresas del Estado, atrayendo capitales extranjeros y controlando la hiperinflación. La contraparte, como en otros países de América Latina, fue el aumento de la pobreza y el desempleo.

Tras largos años de deterioro, en los que hubo dos elecciones consecutivas ganadas por el histórico Partido Liberal reorganizado, con Arnoldo Alemán (1997-2002), primero, y Enrique Bolaños (2002-2007), después, el FSLN logró recomponerse y en 2007 Daniel Ortega fue electo presidente (y reelecto en 2011, para el ejercicio del cargo hasta 2017).

Como se ha dicho, un dato singular es que en Centroamérica las elecciones que condujeron a la transición se produjeron antes de iniciarse los procesos de paz. La posición de Estados Unidos al respecto fue ambigua. Durante algunos años, su política favoreció los procesos electorales al mismo tiempo que financió la guerra a través del apoyo a los ejércitos regulares e irregulares.

En ese escenario, las primeras iniciativas de paz provinieron de países no involucrados directamente en el conflicto. En efecto, los primeros impulsos correspondieron al Grupo de Contadora, creado el 5 de enero de 1983 por iniciativa de los cancilleres de México, Venezuela, Colombia y Panamá, reunidos en la isla Contadora (Panamá). El papel de mediador que asumía el grupo buscaba crear condiciones de paz, desarrollo y democracia, y así evitar la regionalización del conflicto. El resultado más importante fue la aprobación del documento “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica”, en septiembre de 1984.

Esto ocurría en momentos en que el conflicto llegaba a un punto álgido, cuando Estados Unidos había declarado el embargo comercial a Nicaragua y la suspensión de la navegación marítima y aérea entre ambos países, y en coincidencia con la presentación que Reagan hizo del Informe Kissinger. Solo Nicaragua firmó el Acta. Las condiciones todavía no eran propicias para alcanzar la paz. Las soluciones militares prevalecían por sobre las eventuales soluciones políticas.

Más tarde, en 1986 y 1987, tuvo lugar el Proceso de Esquipulas (localidad de Guatemala), por el cual se reunieron los presidentes centroamericanos, primero por iniciativa del presidente guatemalteco Vinicio Cerezo, en 1986 (Esquipulas I), y luego por iniciativa del presidente costarricense Óscar Arias (1986-1990), firmando el “Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica” (Esquipulas II), en agosto de 1987. La característica singular de esta instancia negociadora (respecto de Contadora) es que la iniciativa correspondió a los propios gobiernos de Centroamérica.

En Nicaragua, la bancarrota económica y la ingobernabilidad fueron los factores que, interna e internacionalmente, confluyeron en la decisión de negociar la paz. En 1986, como se ha visto, el Senado de Estados Unidos había acordado la provisión de cien millones de dólares a la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua, después de lo cual las acciones de la “Contra” aumentaron exponencialmente. En este contexto, los sandinistas lanzaron una ofensiva negociadora que buscaba detener la violencia externa.

En agosto de 1987 se creó la Comisión Nacional de Reconciliación. En marzo de 1988, el FSLN aceptó negociar en territorio nacional con la “Contra”, cuando su situación era ya de debilidad extrema. El acuerdo consistió en convocar a elecciones, supervisadas internacionalmente, a cambio del cese del fuego y la desmovilización de la Resistencia Nicaragüense (RN).

En el marco dado por el Acuerdo de Esquipulas II, el presidente Ortega aceptó adelantar las elecciones para febrero de 1990. Como estaba previsto, las elecciones fueron supervisadas por la OEA y la ONU. Sobre ellas se ha dicho que fueron las elecciones más limpias y libres de la historia del país.

En marzo de ese mismo año se firmó el llamado Protocolo de Procedimientos para la Transición del Poder Ejecutivo, entre el FSLN y la UNO, de la cual quedó excluida la RN. Mediante este Protocolo se acordó la desmovilización de la “Contra” y el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas. Unos días antes, se había firmado el Acuerdo de Toncontín para el Desarme y la Desmovilización de la RN, entre la UNO y la propia RN.

En El Salvador, el presidente Duarte convocó al diálogo a representantes del Gobierno y del FMLN el mismo año de su elección, en octubre de 1984. Pero finalmente el mandatario rechazó el plan propuesto por el FMLN y suspendió las negociaciones. La siguiente iniciativa en firme fue en 1987 durante la presidencia de Cerezo, con la creación de una Comisión Nacional de Reconciliación y la Ley de Amnistía, que mayormente liberó a presos políticos vinculados a las Fuerzas Armadas. Tras la escalada de violencia que siguió a la elección de Cristiani en 1989, las negociaciones se retomaron en julio de 1990.

Ese año se firmó el Acuerdo de San José (hubo otros dos, anteriores, en Ginebra y en Caracas). Este acuerdo estableció el respeto irrestricto a los derechos humanos e impulsó la creación de la ONUSAL. Enseguida, el Acuerdo de México, de abril de 1991, puso fin a los conflictos en torno a la reforma constitucional, que el FMLN buscaba para su incorporación a la actividad política partidaria. Estas reformas debían incorporar las recomendaciones económicas y políticas emanadas de las negociaciones. Significativamente, el Acuerdo de México estableció que se omitiría la reforma agraria. Este acuerdo también estipuló la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo Informe final lleva el significativo título: “De la locura a la esperanza”.

El acuerdo que clausuró el histórico enfrentamiento entre el FMLN y el Ejército se firmó el 31 de diciembre de 1991 en Nueva York. El 16 de enero de 1992 se firmó el Acuerdo de Chapultepec (en el Castillo de Chapultepec, México), que amplió la autoridad de la Comisión de la Verdad respecto de la impunidad de las Fuerzas Armadas y de la investigación de los hechos de violencia perpetrados por ambas partes en conflicto, asumiendo facultades para elaborar recomendaciones de orden legal, político o administrativo.

En Guatemala, las negociaciones se prolongaron durante largos nueve años, a través de los cuales se sucedieron cuatro gobiernos y tres comisiones negociadoras. El primer paso se dio en marzo de 1990, con el Acuerdo de Oslo, cuando se reunieron representantes de la URNG y de la Comisión Nacional de Reconciliación. Allí se acordó un procedimiento para buscar una salida pacífica para el conflicto armado.

En marzo de 1994 se llegó al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, celebrado en México. En esta ocasión se recurrió a la verificación internacional de las Naciones Unidas, creándose la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA).

Finalmente, el 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que estableció el cese del fuego. En esos momentos la guerra ya había menguado, por eso, a diferencia de los otros dos casos, los principales puntos sometidos a la negociación no tenían tanto que ver con el fin de la violencia sino con los términos institucionales para la construcción de la paz. En particular, revestían crucial importancia los tópicos relativos a la identidad y derechos de los pueblos indígenas y la situación agraria, además de los obvios relativos al fortalecimiento del poder civil y la función del Ejército.

Desde una perspectiva comparativa, sostiene Julieta Rostica (2010: 87), el dato singular es que la Asamblea de la Sociedad Civil, creada en 1994 para reanudar las negociaciones, estuvo conformada por partidos y grupos religiosos, pero también por organizaciones de derechos humanos, sindicales, campesinas y Mayas, y estas últimas, en paralelo, “propusieron una nueva resignificación de los derechos humanos individualmente considerados, al visibilizarse como sujeto colectivo de derechos a partir de reivindicaciones de derechos específicos”. Las organizaciones mayas luego formaron el “Movimiento Maya”. Sus reivindicaciones fueron, fundamentalmente, étnicas –un aspecto evidente si se considera que en Guatemala el genocidio fue “la máxima expresión de racismo” (Casaús Arzú, 2010)–.

Una mirada de conjunto de los últimos gobiernos democráticos muestra que el proceso democratizador ha tenido resultados variables en cada caso. Si en El Salvador, el presidente Funes es exponente de la integración del FMLN en el juego político partidario, en Guatemala, el presidente Pérez Molina representa un fuerte retroceso para las fuerzas democratizadoras, y no solo las de la izquierda, pues a la cabeza de un discurso ultraconservador y de derecha prometió mano dura para controlar el problema de la inseguridad. Por otra parte, el triunfo del FMLN es un hecho histórico, pero el objetivo de construcción del socialismo a partir de una revolución ha cedido frente a posiciones más pragmáticas.

En Nicaragua, la continuidad del FSLN en el poder puede ser interpretado como un factor de afirmación de la política democrática. Pero Ortega fue fuertemente cuestionado por la oposición por considerar “ilegal” su reelección. Al mismo tiempo, la derogación del aborto terapéutico votada en 2006 en el Congreso, con los votos de 26 diputadas del FSLN y la ratificación de esa medida en el proceso de aprobación de una nueva ley penal, otra vez con el apoyo de los votos del FSLN, ha crispado a propios y ajenos.

Mientras tanto, la comunidad nacional e internacional sigue insistiendo sobre la falta de cumplimiento de las recomendaciones hechas por las Comisiones de Verdad y sobre el atropello a los derechos humanos.

En Panamá, la vida política estuvo mayormente dominada por el Partido Liberal. Con una historia de faccionalismo y personalismo, este partido ha representado los intereses de una minoría muy vinculada a la influencia norteamericana, institucionalizada en el control del canal interoceánico. Si hasta ya avanzada la primera mitad del siglo XX no hubo en Panamá dictaduras de cuño militar, como las que sí hubo en la mayoría de los países de Centroamérica, hay que notar que los gobiernos civiles panameños fueron inestables y tuvieron marcados rasgos autoritarios. Precisamente, la fuerte dependencia respecto de Estados Unidos hace de su construcción democrática un caso muy particular. “Ningún presidente terminó su período; el ejemplo conspicuo fue Arias, cinco veces derrocado por los militares. La versión autoritaria panameña necesitó siempre de elecciones formales” (Torres-Rivas, 2007: 508, n. 31).

Fue recién en 1968 cuando el país inició un largo período de Gobierno militar-nacionalista (1968-1981). El general Omar Torrijos encabezó el golpe de 1968 contra Arnulfo Arias, iniciando “un mandato contradictorio” (Torres-Rivas, 2007: 508). En 1980, Torrijos convocó a elecciones legislativas y fundó el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Pero el plan quedó trunco, pues en 1981 murió en un misterioso accidente. No obstante, el PRD llegaría al poder años más tarde.

El jefe de las nuevas Fuerzas de Defensa de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, condujo la política nacional desde entonces, ocupando desde 1983 el alto mando militar. Aunque Noriega nunca ocupó formalmente la presidencia, dirigió de hecho los asuntos del país. En 1984 se realizaron las primeras elecciones presidenciales libres desde 1968. Pero el sistema político era muy débil y se sucedieron cuatro presidentes, todos civiles y señalados como favoritos por Noriega. “Era una ‘democracia-por-nombramiento’, pero sin que esa fuera una dictadura militar” (Torres-Rivas, 2007: 509).

En 1987, el Gobierno de Estados Unidos rompió relaciones con Noriega, según versiones muy fundadas, un “hombre de la CIA”, acusándolo de corrupto y narcotraficante. La contratara de este hecho fue la exigencia de Noriega de que la Escuela de las Américas se retirara de territorio panameño (como efectivamente ocurrió, aunque la institución siguió activa en Estados Unidos). Como parte de su ofensiva, Estados Unidos suspendió la ayuda financiera a Panamá y congeló los depósitos de este país en los bancos de Nueva York.

En mayo de 1989 hubo nuevas elecciones presidenciales. En medio de enfrentamientos entre Noriega y el ejército que comandaba, por un lado, y las fuerzas que sostenían al Gobierno de Eric del Valle, las presiones de Estados Unidos (financieras y diplomáticas) obligaron a Noriega a convocar a elecciones. Resultó triunfante Guillermo Endara (del partido que se filiaba con el histórico líder Arnulfo Arias). Noriega resistió la elección y Estados Unidos invadió el país (“Operación Causa Justa”). Finalmente, Endara tomó juramento en diciembre de 1989.

A juicio de Torres-Rivas, en Panamá fue la intervención extranjera directa la que dio inicio a la democracia electoral. La intervención de 1989, ordenada por el presidente George H. W. Bush (1989-1993), además de los argumentos ya muy conocidos para América Latina (proteger a los ciudadanos norteamericanos, defender la democracia y los derechos humanos), se valió del argumento de detener a Noriega, acusado de narcotráfico y corrupción –objetivo, finalmente cumplido–.

En 1994 resultó electo Ernesto Pérez Balladares por el PRD, quien llevó adelante una política de modernización a tono con las políticas neoliberales de la época. Inhibido por la Constitución para candidatearse para un nuevo mandato, el presidente intentó la reelección por la vía del referéndum, pero su propuesta fue rechazada. De esta situación salió beneficiado Martín Torrijos (hijo de Omar Torrijos), quien pudo afianzar su liderazgo dentro del PRD. Así, en las elecciones de 1999, Torrijos se presentó en la contienda electoral, pero perdió (con 37% de los votos) frente a la candidata Mireya Moscoso del Partido Arnulfista, quien reivindicando la bandera de su marido Arnulfo Arias se impuso con el 45% de los sufragios.

Seguramente, el mediocre Gobierno de Moscoso, atravesado por fuertes acusaciones de corrupción y muy endeble frente a una Asamblea Legislativa con mayoría opositora, colaboró para que en las elecciones de 2004 Torrijos finalmente llegara al poder. En la contienda, los resultados le dieron el triunfo con el 47% de los votos. La experiencia perredista en el Gobierno duró apenas un período, pues en las elecciones de 2009 resultó victorioso el candidato de la oposición, Ricardo Martinelli, al frente de un partido nuevo: Cambio Democrático.

La alternancia de partidos en el sistema político panameño no es un dato nuevo. El dato nuevo, y para muchos, factor de incertidumbre, es que en las elecciones de 2009 hizo su ingreso al sistema político del país un sujeto poderoso, el empresariado, representado en una formación que se organizó por fuera de los dos grandes partidos tradicionales.

Haití: la catástrofe natural como exponente de la catástrofe estructural

En el pequeño país antillano, la transición desde el régimen autoritario, con características que muchos señalan como de sultanismo, se distingue por la persistente dificultad para construir una democracia estable. La tarea de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) es fortalecer la democracia y crear condiciones favorables para las elecciones democráticas. Entre otras cosas, Haití todavía tiene un Consejo Electoral Provisional, que no ha podido convertirse en “Permanente”, tal como lo señala la Constitución.

Como se ha visto, Haití ha construido un Estado muy precario. La soberanía sobre el territorio está seriamente cuestionada, no solo por la insistente intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos, sino también por el hecho de que las elites exportadoras controlan prácticamente toda la costa y cuentan con fuerzas armadas privadas para custodiar los puertos. El Estado no tiene el monopolio de la violencia y su capacidad de monopolizar la percepción tributaria es débil.

En 1986 se abrió un ciclo cuya nota predominante ha sido la inestabilidad, aún insuperable. En febrero de ese año, una insurrección terminó con la dictadura de Jean-Claude Duvalier (“Baby Doc”). Externamente, el hecho contó con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

A partir del golpe militar, encabezado por el jefe militar Henri Namphyel, se instauró un régimen de continuidad que ha sido denominado “duvalierismo sin Duvalier”. El Gobierno interino se comprometió a llamar a elecciones para una Asamblea Constituyente y para elegir al nuevo presidente. En 1988, como resultado de elecciones fraudulentas y muy cuestionadas, Leslie François Manigat asumió el mando. El nuevo presidente no consiguió afianzar su Gobierno y a pocos meses de asumir fue derrocado por otro golpe militar, al que le siguieron varios pronunciamientos.

Finalmente, hubo nuevas elecciones en diciembre de 1990. Ante la candidatura de un duvalierista, la oposición se reunió en el Frente Nacional para el Cambio y la Democracia, encabezado por el sacerdote Jean-Bertrand Aristide, un salesiano vinculado al movimiento de la Teología de la Liberación. Han sido señaladas como las primeras elecciones libres en el país desde 1804.

Aristide resultó triunfante con el 67% de los votos, y asumió en febrero de 1991. Nombró a René Préval, hombre de su confianza, como primer ministro. Su Gobierno llevó adelante un plan de alfabetización y una política de defensa de los derechos humanos, pero a poco de comenzado, en septiembre de 1991, fue derrocado por un golpe militar que colocó en su lugar a Raoul Cédras. Este inició un régimen de dictadura con el apoyo de la elite haitiana, exasperada por el plan de reformas de Aristide.

Condenado a muerte, Aristide logro huir del país. La comunidad internacional rechazó el golpe, y la ONU aprobó una resolución, en junio de 1993, que exigía el retorno a la democracia. Por acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos, Cédras se comprometió a renunciar y a permitir el regreso de Aristide al país. Pero ante la demora en el cumplimiento del compromiso, el Gobierno norteamericano desembarcó en Haití en septiembre de 1994 para expulsar a los militares del poder y restablecer a Aristide en el cargo. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton (1993-2001), había obtenido para ello el aval del Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde entonces, han transcurrido casi dos décadas de ayuda internacional sin que el Estado haitiano (y mucho menos su democracia) se hayan fortalecido. Más bien, la situación es de extrema fragilidad. Haití no tiene un Estado burocráticamente diferenciado. La policía, la Justicia, los partidos, la salud, la educación... están permanentemente acechados por la corrupción, el clientelismo y la violencia.

Aristide regresó al país el 15 de octubre de 1994 y fue recibido con fervor popular. Pero esta segunda experiencia de Gobierno fue bien distinta de la anterior: Aristide se ajustó a las recomendaciones del FMI, entre las cuales estaba la política de privatizaciones. Inhibido para la reelección por la Constitución de 1987, apoyó la candidatura de Préval, quien resultó electo y asumió en febrero de 1996. Fue el primer presidente electo que terminó su mandato y entregó el poder en condiciones normales.

Aristide ocupó la presidencia nuevamente en 2001, pero en esta oportunidad las elecciones fueron seriamente cuestionadas, tanto por la oposición como por la comunidad internacional. Adicionalmente, la participación popular había sido muy baja (15%), restándole aún más legitimidad a todo el proceso. En este contexto, Estados Unidos y la Unión Europea suspendieron la ayuda económica al país. Cuando en 2004, Haití conmemoraba el bicentenario de la revolución de independencia, la violencia y las protestas populares estaban a la orden del día. En medio de una escalada de enfrentamientos y manifestaciones que exigían la renuncia de Aristide, este finalmente renunció y se alejó del país.

Lo sucedió Boniface Alexandre, quien solicitó la ayuda de la ONU para poner fin a la violencia, que por entonces ya había tomado ribetes de verdadera masacre interna. Una fuerza militar multinacional (con la participación, obviamente, de Estados Unidos) ingresó al país, sustituida más tarde por la antes mencionada MINUSTAH, que funciona en el país desde junio de 2004. Alexandre convocó a elecciones en febrero de 2005, pero las disidencias internas en el Consejo Electoral provocaron la alteración del calendario de votaciones en varias oportunidades.

Finalmente, la contienda tuvo lugar el 7 de febrero de 2006. Resultó electo el ex presidente Préval (2006-2011), quien se acercó al Gobierno de Venezuela, a través de algunos acuerdos económicos, y también mantuvo encuentros con Fidel Castro, Evo Morales, Martín Torrijos y Leonel Fernández, afianzándose el marco de cooperación latinoamericana.

Los logros económicos del nuevo Gobierno fueron escasos frente a la situación de miseria de la población. En abril de 2008, el Palacio Presidencial fue atacado y hubo saqueos en señal de protesta por el alto costo de los alimentos. Préval pudo contener la situación con la ayuda de las fuerzas policiales y de la ONU. La violencia continuó: “En mayo de 2008, el Congreso de Haití sancionó una ley de aumento del salario mínimo, de dos a cinco dólares diarios. Sin embargo, el sector empresarial presionó al presidente René Garcia Préval para no promulgar la ley ya aprobada por ambas cámaras legislativas, con amenazas de despedir a cerca de 25.000 trabajadores del sector manufacturero. Un grupo de estudiantes universitarios inició una serie de movilizaciones por el derecho de los trabajadores, que fue luego seguida por organizaciones sociales y la ciudadanía. La policía local intervino, con colaboración directa de la MINUSTAH, reprimiendo brutalmente las manifestaciones” (117).

El 12 de enero de 2010 sobrevino la catástrofe: Tè Temblé, en idioma créole, terremoto. Fue el peor terremoto de la historia del país. Pero al desastre natural se sumó a la también desastrosa trama de colonialismo, imperialismo y miseria. Haití es el país más pobre de la región. Entre el 75 y 80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Los ingresos per capita son de 2 dólares diarios. La economía nacional es muy vulnerable. El analfabetismo en las zonas rurales alcanza el 70%. La expectativa de vida ronda los 55 años. A raíz del terremoto, el hambre, la muerte y la destrucción alcanzaron niveles exponenciales. Las víctimas de la catástrofe se cuentan entre 50.000, 500.000 y 1.000.000 según la fuente que se consulte.

El largo legado de violencia no ha brindado condiciones favorables para la institucionalización de la democracia en Haití. Las perspectivas de logro posterremoto no son muy auspiciosas. El 20 de marzo se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que participaron el cantante Michel Martelly (“Sweet Micky”) y la ex primera dama Myrlande Manigat. Se impuso el primero con el 68% de votos, en elecciones muy cuestionadas, no solo por la desorganización en los comicios, sino también por la baja participación del electorado. Todos estos son signos del descrédito en el que han caído la clase política y las precarias instituciones haitianas.

Para muchos analistas de la coyuntura, no sería del todo inesperado que Haití vuelva sobre los cauces autoritarios trazados en el pasado.

Cambios en la continuidad de la democracia

México: de la hegemonía del PRI a la política de consensos

En México, la democracia se sostuvo en el tiempo a partir de un sistema “de partido hegemónico”, excluyente de toda expresión disidente, es decir, un sistema carente de pluralismo político. No hubo alternancia de partidos en el ejercicio del Gobierno sino hegemonía del PRI –un verdadero partido-Estado– durante siete décadas (o por lo menos cinco, de acuerdo con el cristal con que se lo quiera mirar), configurando lo que algunos han llamado (exageradamente, a nuestro juicio) una “dictadura perfecta”. Asimismo, si bien no hubo terrorismo de Estado, sí hubo violencia estatal (en buena medida ejercida por las Fuerzas Armadas) para la resolución de los conflictos internos. No obstante, aunque no hay que desestimar su influencia, el impacto social que tuvo la masacre de Tlatelolco no consiguió minar la estructura corporativa y tradicional de control político del PRI. El movimiento obrero, las organizaciones de campesinos y el movimiento urbano-popular siguieron atravesados por el corporativismo, la corrupción y el clientelismo priista. La primera alternancia en el ejercicio del Gobierno ocurrió recién en el año 2000.

En México no hubo un cambio económico abrupto, ni un golpe militar, ni guerrillas de viejo cuño. Los factores de largo alcance que afectaron gravemente la consolidación de la democracia fueron la relación de dependencia con Estados Unidos, la hegemonía del PRI y, hacia mediados de 1970, la crisis del “milagro económico”.

Las primeras señales de cambio pueden rastrearse en la reforma política de 1977. Si hasta entonces el PRI había sido un partido con mayoría en el Congreso y pieza clave de un sistema político que subordinaba a los partidos menores, a partir de entonces comenzó un lento proceso de democratización que se afianzó en 1988, cuando el PAN ganó las elecciones en el estado de Baja California, y en 1989 cuando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas (del PRD) mostró chances de triunfar, y finalmente cristalizó en el recambio del año 2000 en el nivel nacional.

En buena medida, la iniciativa de reforma correspondió a Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982) y autor de la misma. En 1976, López Portillo había ganado las elecciones en una contienda en la que no hubo competencia real, pues el único partido habilitado era el opositor y derechista Partido Acción Nacional (PAN), que no había presentado ningún candidato. Esta situación en la que “compitiera” exclusivamente el candidato del PRI se sumó a otro elemento acelerador de la crisis de legitimidad: la decisión del proscrito Partido Comunista Mexicano (PCM) de presentar la candidatura de su histórico militante, el sindicalista Valentín Campa. Este obtuvo alrededor de un millón de votos que, pese a no ser computables, dejaron al descubierto la débil legitimidad del orden priista.

En este contexto, Reyes Heroles impulsó la reforma de 1977, consistente en modificaciones en la Constitución y en la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE). Entre otros cambios importantes, esta ley puso fin a la proscripción del Partido Comunista (y de otras organizaciones que permanecían en la clandestinidad), permitió la formación de coaliciones, otorgó espacios oficiales para la propaganda política de las distintas fuerzas, ofreció mayores garantías para la representación en el Congreso de las fuerzas minoritarias y aumentó (de 186 a 400) el número de bancas en la Cámara baja.

En 1986 hubo una nueva reforma que intentó poner freno a la apertura del juego político-electoral. Así, se estableció la “cláusula de gobernabilidad, mecanismo que aseguraba la mayoría al PRI en la Cámara de Diputados aun sin 50% o más de la votación; asimismo, aseguró al partido oficial el control de la organización electoral, mediante el traslado del criterio de representación proporcional a la integración de la Comisión Federal Electoral (CFE). De este modo, la reforma fue un intento por revertir la tendencia a perder el control sobre los comicios, consecuencia no buscada de la reforma de 1977” (Labastida Martín del Campo y López Leyva, 2004: 758).

En las elecciones de 1988 hubo atisbos de un cambio sustantivo que finalmente permitiera la alternancia en el ejercicio del Gobierno, pues el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se impuso con su candidato Cuauhtémoc Cárdenas. El PRD había surgido a partir de la Corriente Democrática que el mismo Cárdenas encabezara dentro del PRI, abocada a denunciar los desvíos del Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y reivindicadora del compromiso inicial con el histórico proyecto de la Revolución Mexicana. Finalmente, y manipulaciones mediante, el PRI le “robó” el triunfo y asumió el priista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Las acusaciones de fraude restaron legitimidad al Gobierno de Salinas, quien intentó salir de la encrucijada negociando con el PAN, al tiempo que hacía frente a las exigencias del PRD, que indeclinablemente pedía su renuncia. En la Cámara de Diputados, el PRI había perdido la mayoría necesaria para la aprobación de modificaciones a la Constitución (a través de las cuales era susceptible de ser reformado el sistema electoral). Con esto se inició una fase inédita en la que el PRI entabló una alianza estratégica con el PAN, abocándose a la imprescindible elaboración de consensos.

En 1988, cuando Salinas de Gortari asumió la presidencia, era imperativo reducir la deuda (que representaba más de la mitad del PBI del país) para lograr crecimiento económico. Su Gobierno emprendió largas negociaciones con las instituciones financieras de Estados Unidos, y también de Europa y Asia, y en 1992 logró un acuerdo por el cual se redujo significativamente la deuda. Asimismo, Salinas abandonó el nacionalismo revolucionario para imponer un paquete de reformas a tono con los postulados del neoliberalismo. Con la crisis de 1982 había aumentado la ya grande participación del Estado en la economía. La posibilidad de seguir financiando las políticas industriales y comerciales del pasado con los excedentes petroleros había llegado a su fin. A fines de la década de 1980 el déficit acumulado era insostenible.

En este escenario, Salinas implementó una política de privatizaciones. Entre otras, la empresa Telmex pasó a ser de propiedad mayoritaria del grupo nacional encabezado por el empresario Carlos Slim. Asimismo, alrededor de unas veinte instituciones financieras pasaron a manos privadas y en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. También se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (North American Free Trade Agreement, NAFTA por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 1º de enero de 1994, el mismo día del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Asimismo, se reformó la Constitución en el sentido de frenar el impulso de reforma agraria que Salinas dio por caduca.

La situación cambió rotundamente cuando el 1º de enero de 1994, el EZLN se alzó en armas, tomando varias ciudades del estado de Chiapas. A este elemento altamente desestabilizador se sumó, en marzo del mismo año, el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien a pocos meses de las elecciones estaba situado muy por debajo de las encuestas, que señalaban victorioso a Cárdenas. En su lugar, Salinas, ya sospechado de encabezar la supuesta conspiración que terminó con la vida del candidato, designó como favorito al finalmente electo Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), lo cual no hizo más que aumentar los rumores de manipulación de las elecciones a favor del partido histórico.

La crisis política era aguda. En este nuevo escenario, la práctica de negociación inaugurada estratégicamente por el PRI en 1988 con el opositor PAN ahora participaba también al PRD, partido que, por su parte, estaba adoptando posiciones más permeables a la búsqueda de consensos. Esto ocurría en momentos en los que el PAN y el PRD conquistaban posiciones en la Cámara alta (en las elecciones de 1994, obtuvieron 24 y 8 bancas respectivamente), a raíz de la reforma política de 1993 (la cual, entre otras cuestiones, había introducido una modificación en la representación para la primera minoría en el Senado). Por añadidura, Zedillo tuvo que pilotear la crisis económica que estalló en diciembre de 1994, cuando, después de abandonada la paridad fija entre el peso y el dólar, hubo una fuga masiva de capitales y la especulación financiera aumentó formidablemente (provocando el conocido “efecto tequila” en el resto de la región).

En este contexto, en 1996 se lanzó una nueva reforma política que proponía modificar la Constitución en 18 de sus artículos. A diferencia de otras reformas, en esta ocasión el proceso de liberalización mostró un avance sustantivo: la reforma se consiguió con un acuerdo multipartidario (las tres fuerzas principales del país coincidieron: el PRI, el PAN y el PRD). Esta reforma dio autonomía al Instituto Federal Electoral (creado en 1990) e introdujo cambios en las instancias de apelación: el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el Tribunal Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (1996), que adquirió autonomía plena respecto del Ejecutivo (Labastida Martín del Campo y López Leyva, 2004: 758).

En este marco, en las elecciones intermedias de 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la primera elección para el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Mirado desde el presente, este cambio permitía avizorar el cambio más sustantivo ocurrido en las elecciones de julio de 2000, cuando el PRI, por primera vez en setenta años, perdió las elecciones presidenciales. En efecto, finalmente, en esas elecciones resultó electo el candidato del PAN, Vicente Fox Quesada. Su discurso se distanciaba de la perorata conservadora que ponía el énfasis en las reformas económicas neoliberales y era insistente en la promesa de resolver el conflicto con el EZLN. Con una popularidad inicial incomparablemente alta (por la expectativa democratizadora que significaba la alternancia), Fox pronto viró a posiciones más renuentes al cambio. Durante su sexenio enfrentó varios conflictos internos por los desacuerdos que sus iniciativas generaron en el entorno político. Tal como señala Leonardo Curzio (2007), el punto más crítico para la oposición fue el excesivo gasto proselitista, desviando recursos públicos para el partido y acentuando la vieja práctica (asociada antes exclusivamente al PRI) de las prebendas, la corrupción y el clientelismo.

La campaña electoral para los comicios de 2006 tuvo como protagonistas al actual presidente Felipe Calderón (PAN) y al representante de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. Este último era el señalado por las encuestas como el ganador, sin embargo, en los meses previos a la elección, Calderón logró superarlo, en buena medida a partir de una fuerte campaña negativa en su contra, en la cual el candidato izquierdista aparecía como un supuesto peligro para el futuro del país. Según la apreciación de Carlos Monsiváis (2009), “en 2009 está profundamente en duda la interminable transición a la democracia. La sociedad, en su inmensa mayoría, desconfía de los partidos políticos, rechaza los gobiernos, se siente despojada a diario. Luego de su triunfo tan cuestionable, el presidente Felipe Calderón no ha conseguido la credibilidad necesaria y ha perdido incluso una parte sustancial de sus apoyos en la derecha tradicional”. Tanto que los observadores estiman que el PRI volverá al Gobierno en las elecciones de julio de 2012.

Venezuela: la construcción de una alternativa

Después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez (1953-1958) y el breve interinato de la Junta que le sucedió, el país inició un proceso de continuidad política democrática que se extendió durante cuarenta años (1959-1999). Con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder la democratización del régimen devino en un cambio político más profundo: el desmantelamiento de la larga pauta institucional del bipartidismo. Más allá de toda polémica (fundamentalmente, si la articulación líder/pueblo es una reedición del populismo o no), la democracia liderada por Chávez ha dado lugar a una recomposición de la sociedad civil, fundamentalmente de la acción colectiva de los estudiantes universitarios, y a una recomposición del sistema de partidos, donde los partidos tradicionales fueron desplazados. Actualmente, el partido más grande es el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y los opositores son Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Patria Para Todos (PPT), Movimiento Al Socialismo (MAS) y el movimiento Por la Democracia Social (PODEMOS) (escisión del MAS en 2001, opositor desde 2009).

Como se ha visto en el capítulo anterior, a partir del 31 de octubre de 1958 se inició la consolidación de la República liberal democrática, cuando fue suscrito el Pacto de “Punto Fijo”. La etapa, llamada luego Cuarta República se caracterizó por el bipartidismo de Acción Democrática (socialdemócrata) y COPEI (socialcristiano), que se alternaron en el ejercicio de la presidencia. Sin embargo, la estabilidad conseguida entrañó un considerable aumento de las prácticas clientelares, autoritarias y corruptas. A tal punto que, en medio de una grave crisis, en 1993 el presidente Carlos Andrés Pérez, de AD, que estaba en su segundo mandato, fue enjuiciado, acusado de malversación y peculado de partidas presupuestarias secretas. Como resultado de este proceso, Pérez, que había asumido en 1989, fue suspendido en el ejercicio de sus funciones.

El año 1989 es un hito en la historia reciente de Venezuela. Ese año ocurrió el “Caracazo”, la rebelión popular desatada en la ciudad capital del país los días 27 y 28 de febrero en respuesta a las medidas aplicadas por el Gobierno por presión del FMI. El estallido fue brutalmente reprimido, decretándose la suspensión de las garantías constitucionales. El “Caracazo” marcó el inicio de un ciclo de inestabilidad que desembocaría una década más tarde en la crisis del bipartidismo puntofijista.

En 1993, tras el juicio a Carlos Andrés Pérez y el interinato de Ramón Velásquez, asumió la presidencia, por segunda vez, Rafael Caldera (1993-1999), un hombre escindido del COPEI, partido por el cual había sido elegido para el período (1969-1974). Al finalizar su mandato, Venezuela se encontraba en una situación de crisis económica, con incremento de la pobreza y de las desigualdades sociales, y crisis política, con un sistema de partidos totalmente desacreditado y una ciudadanía sumida en el hartazgo.

La situación fue capitalizada por Chávez, militar golpista en 1992, que había ganado popularidad levantando la consigna de la abstención en señal de denuncia del corrupto bipartidismo. En las elecciones de 1998, Chávez resultó triunfante al frente de Polo Patriótico –constituido por el novel Movimiento Quinta República (MVR) y algunos partidos de izquierda como Patria Para Todos (PPT), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), PCV y Movimiento Al Socialismo (MAS), organización esta que derivaba de las guerrillas de la década de 1960. Con esto, quedó desarticulado, sino borrado, el antiguo sistema bipartidista.

Chávez asumió la presidencia en febrero de 1999, disolvió el Congreso y convocó a una Asamblea Constituyente con el objetivo de establecer una nueva Carta Magna, la cual fue aprobada por referéndum en diciembre de 1999 con el 72% de los votos (si bien hubo una abstención del 54%). La nueva Constitución cambió el nombre del país, que desde entonces se llama República Bolivariana de Venezuela.

La nueva Carta modificó también el régimen político, estableciendo un Poder Legislativo unicameral (Asamblea Nacional, con miembros elegidos por sufragio universal), ampliando el poder presidencial y el control estatal de la economía, pero además –punto que los críticos suelen omitir– fortaleciendo y extendiendo los derechos y la participación popular. En aplicación de los nuevos preceptos constitucionales, en julio de 2000 se realizaron elecciones presidenciales y legislativas en las que el MVR, coaligado nuevamente en el Polo Patriótico, obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea y la ratificación de Chávez, con el 55% de los votos, como presidente para el período 2001-2007.

Durante su mandato, Chávez anunció su decisión de transformar profundamente las estructuras socio-económicas venezolanas, para lo cual requirió poderes legislativos especiales. Estos le fueron concedidos por la Asamblea (Ley de Habilitación) en el marco de la denominada Revolución Bolivariana (en esta instancia el MAS se fracturó y pasó a la oposición, mientras PODEMOS seguía siendo fiel al Gobierno). Merced a ellos decretó una cincuentena de medidas, entre ellas la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que aumentó al 30% la tributación exigible a los inversores extranjeros en actividades de extracción petrolífera, y estableció en 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas del mismo sector; y la de Tierra y Desarrollo Agrario, que hizo posible la expropiación de latifundios (que tuvo concreción parcial con un decreto de enero de 2005, por el cual se otorgó tierras no cultivadas a los campesinos más pobres).

La reacción de empresarios y de otros sectores contrarios a las medidas, incluyendo parte del Ejército, fue inmediata, desatando una ofensiva opositora que culminó en abril de 2002 con un golpe de Estado encabezado por el general Lucas Rincón, jefe de las Fuerzas Armadas, por el cual fue detenido Chávez y proclamado presidente de la República Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), la principal organización de gremios empresariales del país. El nuevo Gobierno fue rápidamente reconocido por el presidente de Estados Unidos George W. Bush (2001-2009). Carmona disolvió los poderes públicos y anunció la convocatoria a elecciones legislativas y presidenciales al cabo de un año. Pero, los sectores sociales y políticos partidarios de Chávez (los Círculos Bolivarianos) y los militares leales reaccionaron y lograron que Diosdado Cabello, leal vicepresidente de Chávez, se hiciera cargo de la presidencia y que Chávez reasumiera su cargo.

La derrota no amedrentó a la oposición. Agrupada en la Coordinadora Democrática (integrada por los partidos tradicionales, AD y COPEI, pero también por otros partidos opositores como el MAS), entre otras actividades, reclamó elecciones, convocó a huelgas generales, incitó a la desobediencia y promovió un referéndum para decidir la destitución de Chávez. La consulta se realizó el 15 de agosto de 2004, ratificando, con casi 60% de los votos emitidos, el mandato de Chávez. El resultado fue impugnado por la oposición, alegando fraude gubernamental. En estas circunstancias, el ex presidente norteamericano James Carter (en nombre del Centro Carter, que monitoreó el proceso) invitó a todos los venezolanos a “aceptar los resultados y trabajar juntos por el futuro”.

El triunfo de Chávez en el referéndum de 2004 constituyó un punto de inflexión. Puede decirse que a partir de entonces el cambio iniciado en 1999 entró en una fase en la que debía profundizarse el proceso revolucionario, que el propio Chávez denominaría “Socialismo del Siglo XXI”.

Sin duda, Chávez salió fortalecido de la contienda. Nuevas elecciones legislativas, en diciembre de 2005, dieron otra vez el triunfo al MVR y a los partidos oficialistas (PODEMOS, PPT, MEP, PCV), obteniendo una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La victoria fue total, pero ella afectó la legitimidad democrática del régimen. Sectores de la oposición buscaron desacreditarlo mediante el ardid de retirar las candidaturas de sus principales partidos, alegando el incumplimiento de las garantías democráticas. A la dura oposición interna se sumó la de Estados Unidos, cuyo Gobierno, y en particular el presidente Bush, acusó a Chávez de ser parte de un eje del mal junto a Cuba, exportador de revolución, populista, etc.

En verdad, el principal problema entre el chavismo y el “imperio” deriva de la riqueza petrolífera de Venezuela –país proveedor de Estados Unidos, un dato no menor–, un campo estratégico a nivel mundial, potenciado en estos últimos años, como bien ilustra la invasión y ocupación militar de Irak. Para contrarrestar la ofensiva norteamericana, Chávez afianzó una política internacional más atenta a América Latina, en particular a los gobiernos de izquierda de la región. Si no es para hacerse del petróleo, el Gobierno norteamericano persigue, por lo menos, impedir que Venezuela lo utilice de manera soberana y solidaria (provisión a Cuba, proyecto del oleoducto sudamericano, por ejemplo).

En su afán por cercar y destituir a Chávez, Estados Unidos ha ejercido y ejerce presiones sobre otros gobiernos para que no negocien y/o apoyen al venezolano. A propósito del golpe en Honduras, Torres-Rivas (2010) ha señalado un elemento que permite entender, en parte, el eje sensible de la relación de Estados Unidos con América Latina. Según el sociólogo centroamericano, uno de los efectos del fenómeno Chávez es que “basta su mención, y no su proyecto, para concitar el rechazo inmediato, a la manera del anticomunismo de hace ya muchos años”.

En el plano interno, una de las características más salientes del Gobierno de Chávez, y que sin duda han operado favorablemente en sus éxitos electorales, fue la creación de los programas de ayuda y desarrollo social denominados “Misiones Bolivarianas”. Se trata de iniciativas como la implementada en el plano de la educación, que apuntan a la alfabetización en los barrios populares (para la cual se tomó como modelo el método aplicado en Cuba) y al acceso a los estudios primarios, secundarios y universitarios. También se implementaron programas sociales en las áreas medico-asistenciales, de vivienda y de producción.

El 3 de diciembre de 2006 se realizaron nuevas elecciones presidenciales, en las que Chávez resultó reelecto por una amplia diferencia de votos (62,84%) para el período 2007-2013. Tras su triunfo, se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una organización que reunió a las dispersas fuerzas políticas que apoyaban al chavismo.

A poco de asumir, Chávez anunció su “Socialismo del Siglo XXI” y su intención de reformar la Constitución, que entre otros puntos incluiría la polémica cláusula de reelección continua. Para ello convocó a un referéndum que se realizó en diciembre de 2007, y en el cual el electorado se pronunció en contra de las medidas propuestas por Chávez por muy escaso margen. En consecuencia, la Constitución mantuvo sus formas y contenidos originales. A pesar de esta derrota, que Chávez reconoció enaltecidamente y haciendo alarde de su vocación democrática, cuando a fines del año siguiente se realizaron las elecciones regionales, el oficialista PSUV fue el partido más votado (ganó 17 de las 22 gobernaciones y 265 de las 328 alcaldías en juego, además de obtener la mayoría legislativa en 20 de los 23 consejos en disputa, incluso en dos de ellos donde la gobernación estaba en manos de la oposición).

En este nuevo período el presidente nacionalizó la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), hasta ese momento bajo control de capitales norteamericanos, y la empresa Electricidad de Caracas (EDC). También anunció la negativa a la renovación de la concesión en manos de la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV), que operaba el canal 2 y que a partir de allí tuvo que transmitir por señal de cable. Esta medida enfureció y endureció la oposición, sobre todo la del Movimiento Estudiantil Venezolano.

El 15 de febrero de 2009 se realizó un nuevo referéndum. Chávez había propuesto una enmienda constitucional (arts. 160, 162, 174, 192 y 230), que fundamentalmente significaba levantar los límites a la reelección de todos los cargos de elección popular, incluido el de presidente de la República. La consulta resultó favorable al oficialismo: casi el 55% del electorado se manifestó a favor de la reforma, mientras que el 45% lo hizo en contra. El abstencionismo fue de un 30%. Por cadena nacional de radio y televisión Chávez dio un discurso en el cual agradeció el apoyo del pueblo y anunció su precandidatura para el período 2013-2019.

La dependencia respecto de las fluctuaciones del precio del petróleo en el mercado internacional, sumada a algunos conflictos con el movimiento sindical (con la CTV) y la oposición desatada por el movimiento estudiantil están entre los principales obstáculos del chavismo. A lo cual se suma la precaria salud del propio Chávez.

No solo la “democracia revolucionaria” pregonada por el oficialismo está cada vez más cuestionada en la práctica, sino que además el excesivo personalismo de Chávez ha opacado posibles candidatos para su sucesión, en caso de que la salud del presidente, gravemente afectada, sea un impedimento para su continuidad en el mando.

Colombia: el fracaso de la constitución de fuerzas políticas alternativas. La primacía de la lógica de la guerra

Colombia es otro caso de paradigmática continuidad jurídico-política de la democracia. Sin embargo, hasta principios de la década de 1990 el sistema bipartidista colombiano funcionó mayormente bajo el estado de sitio y con un Ejecutivo con posibilidades de concentrar todos los poderes públicos. Asimismo, los derechos humanos fueron sistemáticamente violados, siendo juzgados por tribunales militares aquellos delitos de civiles considerados peligrosos para la seguridad nacional. Más aún, Colombia es un caso de vigencia del régimen democrático con primacía de la lógica de la guerra.

La compleja interacción política y militar de la larga coyuntura de violencia ha puesto a los principales contendientes en una situación de “guerra de enclaves” (para usar la expresión de Hésper Eduardo Pérez Rivera) en la cual ninguna fuerza militar puede vencer a la otra, pero en la que tampoco se encuentra una solución política, más allá de los intentos en esta dirección. En este plano, la colombiana es una experiencia bien diferente de la mexicana y la venezolana.

Como se ha visto, el dato distintivo es la larga persistencia de la violencia. Como ya se ha visto, a lo largo de la primera mitad del siglo XX el país tuvo apelaciones múltiples a la violencia, que solo vino a aplacarse con una ficción de democracia, largamente magnificada por los gobiernos norteamericanos, como la del Frente Nacional. Sin embargo, la violencia continuó, practicada tanto por la guerrilla como por las Fuerzas Armadas, los paramilitares y los narcotraficantes. Como ya se ha visto, la guerrilla de izquierda –la castro-guevarista apareció con el ELN, y la comunista, con las FARC (1966), cuyo jefe máximo, el campesino Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda y “Tirofijo”, provenía de la insurgencia liberal–.

El panorama militar se complicó desde 1986 con la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una fuerza paramilitar de extrema derecha que financiaba sus actividades mediante el narcotráfico, secuestros y aportes económicos de terratenientes y ganaderos que se sentían o eran amenazados por los guerrilleros. Sus efectivos se calcularon en 8.150 combatientes (la mitad de los que tenían las FARC), experimentando un crecimiento fenomenal. Las AUC operaban en áreas de influencia de las guerrillas y se caracterizaban por el uso brutal, despiadado y salvaje de la violencia, asesinando, en matanzas múltiples, a campesinos y otra población civil de quienes sospechaban, con fundamento o sin él, de colaborar con la guerrilla.

Como se ha visto en el capítulo anterior, el Frente Nacional intentó poner fin a la beligerancia armada y constituyó un sólido bloque de las clases dominantes que, a despecho de su retórica adhesión a la democracia representativa, limitó fuertemente (casi cerró) la posibilidad de constitución de terceros partidos, alternativos, con garantías de efectiva participación.

En 1986 asumió el liberal Virgilio Barco (1986-1990), en elecciones en las que hubo un dato significativo. En 1985 se había creado Unión Patriótica (UP), como resultado del proceso de paz promovido por el presidente Belisario Betancourt (1982-1986), sumando a los sectores de las FARC dispuestos a participar de la política institucional. A la UP también se sumó el PCC. En las elecciones de 1986, el candidato de la UP, Jaime Pardo Leal, obtuvo el tercer puesto.

Otro dato significativo acerca del sistema de partidos es que Barco terminó con la práctica instituida en el Frente Nacional de repartición de cargos entre liberales y conservadores, al nombrar en su gabinete exclusivamente a miembros de su partido.

Respecto de la violencia, Barco inició un proceso de paz, logrando la desmovilización del M-19. Pero también bajo su Gobierno, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha inició una guerra contra las FARC y la UP, contratando sicarios para el asesinato de sus miembros. A la escalada de violencia contribuyeron las ya mencionadas ultraderechistas AUC. Los numerosos crímenes (como el asesinato de Pardo) cometidos en esta fase del conflicto aún están impunes.

Aunque las fuerzas tradicionales se oponían a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, Barco autorizó contabilizar la “séptima papeleta” en las elecciones generales de marzo de 1990 –una iniciativa promovida por el poderoso movimiento estudiantil, que precisamente reclamaba una reforma constitucional–.

En esas elecciones triunfó el liberal César Gaviria (1990-1994). Los resultados electorales dieron una clara muestra de la caducidad del sistema de exclusividad en la representación, pues los dos primeros lugares correspondieron al Partido Liberal, que obtuvo 28,3% de los votos –traducidos en 24 delegados– y a la Alianza Democrática M19, que obtuvo 26,82% de los votos –traducidos en 19 delegados– (118).

Gaviria finalmente convocó la Asamblea Constituyente, la cual decidió disolver el Congreso elegido en 1990 y convocar a nuevas elecciones, realizadas en octubre de 1991. Esta vez, los resultados fueron significativamente diferentes a los de 1990 en cuanto a la correlación de fuerzas prevalente: el Partido Liberal logró la mayoría absoluta en el Congreso y en las gobernaciones; mientras que AD-M19 hizo una mala elección. La recomposición del Partido Liberal debe ser interpretada en función del fuerte peso del sistema clientelista (compra de votos y de dirigentes), del gran poder del Estado sobre el manejo de recursos no disponibles para los otros partidos (en materia de medios de comunicación y medios de transportes, por ejemplo) y de la facilidad de acceso a dineros sucios para el financiamiento de las campañas electorales.

Gaviria se inscribió en la corriente neoliberal en boga, propiciando una serie de medidas que apuntaban a la apertura económica, con consecuencias directas sobre los regímenes de seguridad social y laboral, y a la reforma política, la que significó un verdadero cambio institucional para el país, evidenciado en buena medida en el contenido de la Constitución proclamada en 1991. Sin embargo, estas transformaciones no desembocaron, a diferencia de otros países (con modelos neoliberales “exitosos”), en el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos.

En el plano de la seguridad nacional, Gaviria suspendió las conversaciones con las FARC. Esto generó una nueva escalada de violencia: al tiempo que se incrementaban las operaciones militares, y se intensificaban las acciones armadas de las guerrillas. También recrudeció el narcoterrorismo del Cartel de Medellín (Gonzalo Rodríguez Gacha murió a manos del Ejército y Pablo Escobar, tras fugarse y ser furiosamente buscado, también fue muerto).

En medio de una grave crisis económica (legado de la fracasada gestión neoliberal de Gaviria), hubo nuevas elecciones presidenciales. Resultó electo Ernesto Samper (1994-1998). El nuevo presidente consiguió ciertas mejoras, aumentando el presupuesto destinado al desarrollo de políticas sociales, relativas a servicios de salud, vivienda y tierras. También emprendió una lucha decidida contra el narcotráfico, cuyo resultado más sonado fue la estratégica desarticulación del Cartel de Cali, del que se sospechaba que había financiado la campaña del propio presidente. Las denuncias de financiamiento ilícito levantadas en su contra llevaron al denominado “proceso 8.000”, una investigación y acción judicial iniciada a partir de la publicación de ciertas grabaciones (los “narcocasettes”), bajo la presidencia de Gaviria. Al final del proceso, Samper consiguió la exoneración.

En materia de violencia política, el balance de su Gobierno fue desastroso. Si bien la Constitución de 1991 había reemplazado el instrumento, de uso histórico, de estado de sitio por el, más limitado, de estado de emergencia, durante la presidencia de Samper la violencia se intensificó. Las FARC aumentaron su poderío, incrementándose el número de secuestros y efectivos dentro de sus filas.

Pero si hasta entonces la política nacional había sido controlada por el Partido Liberal, en las elecciones de 1998 se consagró en segunda vuelta el candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana (1998-2002). El triunfo se debió en medida considerable a la desconfianza masiva que se había suscitado respecto del Partido Liberal, después de los escándalos de los que fue protagonista Samper. Pero también influyó la esperanza que Pastrana logró concitar en la población acerca de un eventual acuerdo de paz.

En 1999, con el pretexto de perseguir a los narcotraficantes, Pastrana avaló el lanzamiento del “Plan Colombia”. Se trataba de un plan de ayuda militar norteamericana al Gobierno colombiano, cuyo propósito declarado era contribuir al desarrollo del país mediante la lucha contra el narcotráfico. No obstante, detrás de este objetivo, el Gobierno de Estados Unidos perseguía el más urgente (y no declarado) objetivo de derrotar militarmente a las FARC y el ELN, independientemente de la estrategia del nuevo presidente de negociar una amplia agenda con los insurgentes. En efecto, el equipamiento militar provisto por Estados Unidos fue empleado en masacres de civiles y para el desplazamiento forzado de personas.Los organismos de derechos humanos colombianos e internacionales denunciaron la maniobra argumentando que la “lucha antisubversiva” no hacía más que agudizar la situación de guerra interna.

Según Camilo Echandía Castilla (2008), “desde inicios del Gobierno de Pastrana la fuerza militar fue sometida a un proceso de profundo cambio en los ámbitos institucional, doctrinario y tecnológico, que se expresó en la profesionalización del Ejército, la adecuación de la doctrina militar a las realidades de la confrontación, la mayor efectividad en el planeamiento y la conducción de las operaciones, la adopción de un concepto operacional proactivo, ofensivo y móvil, y el mejoramiento en inteligencia, tecnología y estructuras de comando, control y comunicaciones. La reforma militar, que dotó al Ejército de nuevas capacidades para enfrentar a los grupos guerrilleros, logró frustrar el objetivo de las FARC de pasar de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos, y consiguió impedir que utilizaran de manera táctica la Zona de Distensión”.

En 2001, la violencia se intensificó y la situación mostró un empantanamiento en los planos político y, quizá sobre todo, militar. Tras un encuentro entre el presidente Pastrana y Tirofijo, se reanudaron las negociaciones. Pastrana elaboró un audaz plan de difíciles negociaciones que las FARC aceptaron, aunque con condicionamientos y algunas reticencias, en particular en materia del compromiso gubernamental de luchar contra los paramilitares. En efecto, las AUC constituyeron el núcleo duro de resolución política del conflicto militar. Vinculadas al narcotráfico, la expansión de las acciones armadas de los grupos paramilitares se explica por su propósito de controlar los espacios de producción de coca y las rutas para transportar la droga hacia la costa norte desde donde debía salir al mercado internacional.

Las FARC obtuvieron una prórroga del control de 42.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional (que es de 1.142.000) que habían conseguido en 1988. La existencia de esa zona bajo gestión guerrillera no implicó la existencia de la llamada, por Charles Tilly, “situación de soberanía múltiple”, si bien contenía varios elementos de ella. Fundamentalmente, las guerrillas no pudieron vencer a las fuerzas armadas oficiales, ni estas a aquellas.

En este contexto, en las elecciones del 7 de agosto de 2002, resultó electo en primera vuelta Álvaro Uribe Vélez, encabezando una lista disidente del Partido Liberal, y con el respaldo del Partido Conservador. El fracaso de las negociaciones impulsadas por Pastrana estuvo en la base de este giro del electorado, que optó mayoritariamente por el eslogan “Mano firme y corazón grande”.

Uribe desarrolló una política dominada por la alianza tácita con Estados Unidos, prolongándose la ayuda prestada en el marco del Plan Colombia. Su consigna “seguridad democrática” sirvió para reducir el área de influencia de las guerrillas a zonas alejadas de las regiones y carreteras centrales del país. Asimismo, inició el diálogo con los grupos paramilitares. En 2005, el Congreso aprobó la llamada “ley de justicia y paz” para la desmovilización de las fuerzas paramilitares, pero fue criticada por no responder a los criterios internacionales en materia de derechos humanos y verdad y justicia.

En materia económica, Uribe pudo paliar la crisis, en buena medida por la devaluación del dólar y por el aumento de las inversiones, que las nuevas condiciones de seguridad interna hicieron posible. También llevó adelante medidas típicamente neoliberales, como la racionalización del Estado y la privatización de empresas. No obstante, los índices de desempleo se mantuvieron altos y el déficit fiscal no fue corregido.

Durante el Gobierno de Uribe se llevó a cabo una reforma política que apuntaba a terminar con la fragmentación y la personalización de la política. Esta reforma significó, sobre todo para la izquierda, la posibilidad de presentar una fuerza antes fragmentada en pequeños partidos y movimientos, con poco caudal electoral a nivel regional, como verdadera alternativa. Por ejemplo, a partir de la reforma, Polo Democrático Alternativo, una fuerza de izquierda a la que se unió AD M19 y antiguos dirigentes de ANAPO, se convirtió en una de las principales fuerzas de oposición.

Para posibilitar su reelección, Uribe impulsó una reforma constitucional que le permitiera la reelección inmediata. Aprobaba por la Corte Constitucional, la enmienda se hizo y en agosto de 2006 Uribe inició su segundo mandato, esta vez con un porcentaje mayor de votos que los obtenidos en la elección anterior.

En cuanto a la violencia, durante las presidencias de Uribe “se produjo un cambio sin precedentes en la dinámica de la confrontación, que se expresó en un aumento de la capacidad de combate de la Fuerza Pública que obligó a la guerrilla a reducir de manera muy significativa su accionar armado, su presencia territorial y los secuestros” (Echandía Castilla, 2008).

Entre octubre de 2007 y septiembre de 2010, las FARC recibieron duros golpes por parte de las Fuerzas Armadas. Así, fueron abatidos Gustavo Rueda Días (Martín Caballero), jefe de la organización en la costa Caribe; Luis Edgar Devia (Raúl Reyes, número 2 de la dirección nacional); Manuel Muñoz (Iván Ríos, miembro del mando central guerrillero); Sixto Cabañas (Domingo Biojó, del Estado Mayor); María Hinojosa (Lucero Palmera, responsable de la radio Voz de la Resistencia); Víctor Suárez Rojas (Jorge Briceño Suárez y/o Mono Jojoy, máximo jefe del Bloque Oriental y destacado estratega militar). Iván Ríos fue asesinado por su jefe de seguridad; Jorge Briceño Suárez cayó, al parecer, merced a información transmitida al Ejército por personas cercanas al dirigente (septiembre de 2010); Raúl Reyes fue abatido en una operación de tropas colombianas en territorio ecuatoriano (marzo de 2008), violación de la soberanía territorial que provocó la inmediata respuesta de los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, quienes rompieron relaciones diplomáticas con Colombia, aunque la situación se recompuso posteriormente en el marco de la UNASUR. En el período indicado también falleció, de muerte natural y con casi 78 años (mayo de 2008), el líder máximo, “Tirofijo”, reemplazado por Guillermo León Sáenz Vargas (nombre de guerra: Alfonso Cano), hasta entonces Comandante del Bloque Central y reputado como el máximo ideólogo político de las FARC tras el deceso del histórico co-fundador de las FARC Luis Alberto Morantes Jaimes (Jacobo Arenas), en 1990. Cano, a su vez, fue muerto por el ejército en noviembre de 2011, en un operativo en el cual, según se dice, estuvieron involucrados desertores de la guerrilla. No parece casual que estos fuertes golpes a la guerrilla se produjeran en el marco del norteamericano Plan Colombia.

La muerte de Cano fue un duro golpe porque “[c]omo estratega demostró ser más hábil que otros comandantes subversivos, replanteando totalmente el esquema militar y político de la guerrilla; logrando revitalizar y retomar la iniciativa de la insurgencia en el centro y sur del país.

“La estrategia militar de Cano fue sencilla pero efectiva: convertir las alturas de las cordilleras en retaguardias estratégicas para los rebeldes, lo que virtualmente inutiliza el poder de fuego de la aviación, que ha sido hasta ahora el talón de Aquiles para las estructuras subversivas. Moviéndose entre la franja de los 3.000 y 4.000 metros, por cañadas y riscos impenetrables, los guerrilleros logran evitar fácilmente la infantería encontrándose en mejores condiciones al enfrentar a un enemigo foráneo que no cuenta con el apoyo de la población” (Milagros, 2012).

Según Milagros, la muerte de Cano no ha sido “la última palabra de la guerra en Colombia. Todo indica que, no obstante la muerte de su máximo líder –lo que significa el golpe más duro que ha recibido la insurgencia en su historia– los rebeldes mantienen por ahora la disposición de llevar la confrontación hasta las últimas consecuencias. La designación de Timoleón Jiménez, otro de los ideólogos de la ‘línea dura’ de las FARC, como nuevo comandante de la guerrilla revela que la respuesta de los insurgentes ante este último revés es la voluntad de mantenerse en pie y en ningún caso de conciliar o rendirse”.

En el ínterin, tras frustrarse las pretensiones reeleccionistas (para un tercer mandato) de Uribe, Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa (responsable de la “Operación Fénix”, en el marco de la cual fue muerto Reyes), se postuló como candidato presidencial. Junto a otros políticos, Santos se había alejado del Partido Liberal en 2005, y había fundado el Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) para apoyar a Uribe. En las elecciones de 2010, acompañado por Angelino Garzón como vice, alcanzó la presidencia de la República, venciendo a Anatas Mockus (ex alcalde de Bogotá) y Sergio Fajardo, candidatos del Partido Verde, una agrupación con posiciones neoliberales y pretensiones de centro-izquierda.

Santos basó su campaña en la idea de dar continuidad a la política de “seguridad democrática” implementada por Uribe. Y con ella ganó holgadamente: 46,6 contra 21,5% en la primera vuelta, y 69,5 contra 27,5%, en la segunda, enfrentando a Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá y candidato del Partido Verde. Así, en síntesis, el largo período abierto en 1948 sigue consagrando la lógica de la guerra, con una primacía abrumadora.

Costa Rica: un caso no tan excepcional

Como se ha visto, la larga continuidad democrática es uno de los aspectos que más llama la atención en la historia de Costa Rica. Su sistema político ha sido frecuentemente considerado un modelo de democracia representativa en América Latina. Los rasgos que muchos analistas coinciden en señalar son una clase política que ha ejercido el poder con un alto grado de respeto por las normas estatuidas y una cultura política signada por la constante búsqueda de compromisos y consensos para evitar el estallido del conflicto social por fuera de los canales institucionales. Asimismo, la democracia “excepcional” de Costa Rica es conocida porque el Estado carece de Fuerzas Armadas.

Respecto de esto último, cabe destacar que la imagen de un Estado “sin Ejército” no es del todo real. En efecto, el país cuenta con una Guardia Civil, numéricamente grande, que históricamente ha cumplido funciones de control interno y de defensa de la soberanía. Contrariamente al cuadro generalmente esbozado, la Guardia Civil ha actuado como fuerza de represión en varias protestas de los trabajadores bananeros y ha sido también firme colaborador de Estados Unidos en la guerra contra el Gobierno sandinista en la década de 1980.

En cuanto a la política de partidos, la imagen “ejemplar” de Costa Rica se ve opacada cuando se observa que, como otros de América Latina, el suyo es un sistema de partidos cuyo funcionamiento impide el acceso al poder de los partidos menores. El Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), las dos organizaciones principales de los últimos años, se han convertido en verdaderos máquinas electorales.

Asimismo, la sociedad civil ya no tiene la fuerza que tuvo en otras épocas, como en las décadas de 1960 y 1970. Después de la aplicación de las reformas neoliberales, como en toda la región, se ha debilitado.

Por añadidura, los partidos de izquierda han perdido toda incidencia. Algo similar ocurrió con los sindicatos obreros, históricamente vinculados a un sistema de paternalismo que inhibió cualquier iniciativa de organización autónoma de los trabajadores.

No obstante, en los años más recientes el histórico bipartidismo comenzó a desarticularse. En un contexto similar al prevalente en toda la región, en particular, de pérdida de peso electoral de los partidos tradicionales, cobraron fuerza opciones políticas alternativas, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Movimiento Libertario (ML). Con estos cuatro partidos en juego, Costa Rica pasó de un régimen bipartidista a uno de pluripartidismo.

Otro rasgo que Costa Rica comparte con el resto de la región es la extensa corrupción en todos los niveles de Gobierno. En los últimos años, dos de los presidentes, Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), fueron enviados a prisión en 2004 y enjuiciados por causas de corrupción y enriquecimiento ilícito. José María Figueres Olsen (1994-1998) también ha recibido acusaciones de corrupción, pero, a diferencia de los otros, no ha sido enjuiciado. En 1994, Figueres había llegado al poder con un programa francamente opositor al neoliberalismo dominante. Pero a poco de asumir inició un proceso de privatizaciones e implementó sin mayores reparos otras “recetas” del FMI.

Es que Costa Rica tampoco ha estado exenta de las fuertes presiones por parte de Estados Unidos, en particular las ejercidas por las instituciones financieras. No obstante, un dato singular de su economía, desde una perspectiva comparativa y regional, es que el crecimiento no ha provocado el empobrecimiento y el deterioro de las estructuras de bienestar construidas en los años previos a la crucial década de 1980, lo cual pone de relieve la impronta de larga duración del intervencionismo del Estado nacional costarricense.

En las elecciones de 2006, el PLN ganó las elecciones nacionales por primera vez desde 1998, con el ex presidente Óscar Arias (1986-1990) a la cabeza, con un muy estrecho margen (en elecciones en la que los niveles de abstencionismo fueron excepcionalmente altos). Arias resultó electo después de haber sorteado con éxito el obstáculo impuesto por la Constitución, que prohibía la reelección de un candidato que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso.

Las políticas neoliberales continuaron durante esta segunda presidencia de Arias. Se adoptaron medidas económicas orientadas a achicar la deuda externa y promover el desarrollo económico, las cuales profundizaron la tendencia a la privatización de empresas, tan contraria a la cultura política y económica del país. En cuanto a las medidas de política internacional, Arias continuó sus esfuerzos para afirmar el proceso de pacificación en la subregión. Justamente, por su participación en el Acuerdo de Paz de Esquipulas de 1987, Arias recibió el Premio Nobel de la Paz. Así, paradigmáticamente intermedió en el conflicto en Honduras.

En 2010, ganó las elecciones Laura Chinchilla, la primera mujer que ocupa la presidencia en el país, aunque ya había ejercido la vicepresidencia durante el mandato del presidente saliente.

Cuba: ¿una transición?

Al analizar la cuestión de la construcción de un orden democrático en América Latina, el caso de Cuba es probablemente el más polémico, claro está por su cincuentenaria Revolución, pero también por la longeva presidencia de Fidel Castro. Fernando Mires (2008), por ejemplo, lo ha considerado un caso de “dictadura militar”.

Si se supera la visión que considera que la democracia capitalista es la única democracia existente o deseable y se asume que la articulación entre democracia y liberalismo, o entre democracia y capitalismo, si se prefiere, es contingente y es una de las articulaciones posibles, entonces puede plantearse el debate acerca de la democracia en Cuba. Seguramente una democracia de otro tipo, pero que suscita acaloradas discusiones acerca de su carácter socialista o incluso revolucionario, para utilizar una expresión más reciente, surgida del lenguaje político del presidente venezolano Chávez. Discusiones tales no son de fácil resolución, sobre todo porque no hay acuerdo acerca de qué es –o debe ser– una democracia socialista.

Como veremos más adelante, si bien ningún analista serio explicaría la historia de un país a partir de los contenidos de su Constitución, es útil establecer la relación que existe entre las preceptivas constitucionales y lo que el Estado, los gobiernos y la sociedad hacen respecto de lo que está mandado hacer. Para ello, como es evidente, es necesario adoptar una actitud, que sin ser fetichista respecto del mandato constitucional, tampoco sea indiferente a él.

Así, cabe notar que conforme las disposiciones constitucionales de 1976, como se ha adelantado en el capítulo anterior, se crearon las Asambleas del Poder Popular en los municipios, las provincias y el Gobierno central. En ellas residía la participación más directa del pueblo con sus gobernantes. Tras las modificaciones de 1992, el sistema quedó integrado por la Asamblea Nacional, que es el órgano supremo del Estado y el único que posee capacidad legislativa y constituyente (art. 70), y las Asambleas del Poder Popular, “constituidas en las demarcaciones político-administrativas en que se divide el territorio nacional” (art. 103). Estas Asambleas del Poder Popular son los órganos superiores locales del poder del Estado. Constitucionalmente, “están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro del marco de su competencia, y ajustándose a la ley, ejercen gobierno” (art. 103). Para el ejercicio de sus competencias, dichas Asambleas se apoyan en los Consejos Populares, que se conforman a partir de los delegados de circunscripción. Estos delegados tienen especial relevancia, pues son los representantes estatales más próximos a las bases, dado que son elegidos por la población local, reunida en asamblea, libremente y sin participación del Partido Comunista ni de otras organizaciones sociales (les está explícitamente vedado). De hecho, es una combinación de democracia directa con democracia representativa sin competencia partidaria, toda vez que se trata de un régimen de partido único muy próximo a la experiencia del conjunto de los países del “socialismo real”, si bien Cuba ha tenido, dentro de ese plano restrictivo, una mayor participación de las masas en las discusiones de base. Pero la cuestión es más compleja, no solo por las limitaciones que tienen los delegados municipales, sino, sobre todo, por el modo por el cual se articulan las instancias superiores de poder y de Gobierno. Aún así, a los fines de ilustrar históricamente la existencia de democracias que van más allá de la democracia representativa valga la mención.

El Poder Popular y los órganos creados para su ejercicio son una de las claves para entender el régimen político cubano. Se trata de una concepción y una práctica poco conocidas fuera de Cuba (los mecanismos de desinformación empleados por los multimedios transnacionales han sido eficaces al respecto). La cuestión exige ser analizada con más detenimiento, aquí solo señalamos que constituye una base importante para pensar la democracia como lo que etimológicamente es, o sea, gobierno del demos, del pueblo.

No cabe duda que la Revolución Cubana tuvo en la década de 1970 un giro importante. La Constitución de 1976 se proclamó sobre el final del período conocido como “Quinquenio Gris” (1971-1976), años duros que opacaron las expresiones brillantes alcanzadas por la cultura cubana en la literatura, el cine, las actividades de la Casa de las Américas –dirigida por Roberto Fernández Retamar, cuyo texto Caliban: apuntes sobre la cultura de nuestra América (1971) ha sido considerado un manifiesto del mejor momento de la cultura revolucionaria cubana–.

Joan del Alcàzar, Nuria Tabanera, Joseph M. Santacreu y Antoni Marimon (2003) establecen una periodización de la revolución que identifica entre 1971 y 1985 el momento de su institucionalización política (la Constitución de 1976 es expresión de esta instancia). Otros analistas coinciden en señalar la misma periodización, pero en referencia al desarrollo del proceso revolucionario en su dimensión estrictamente económica. En efecto, a lo largo de ese período, el modelo de reforma económica implementado por la Unión Soviética fue adoptado en Cuba, con resultados inicialmente prósperos que permitieron superar el colapso económico de 1970.

La coyuntura de cambio de mediados de la década de 1970 debe ser leída a la luz de los acontecimientos inmediatamente previos. Desde la óptica de Estados Unidos, las circunstancias políticas de América Latina eran por lo menos preocupantes. En Argentina, el peronismo volvía al poder con Héctor Cámpora, primero, y el propio Juan Domingo Perón, después. Y Venezuela y Colombia restablecían sus relaciones económicas con Cuba. En 1975, la OEA ponía fin a las sanciones colectivas contra Cuba impuestas desde inicios de la década anterior (incluso con el voto a favor de Estados Unidos). En este contexto, hubo también algunos incipientes intentos llevados adelante por el Departamento de Estado de Estados Unidos para revocar las restricciones que pesaban sobre las subsidiarias de empresas norteamericanas instaladas en México y Canadá para exportar a la isla. Pero el envío de tropas a Angola por parte del Gobierno de Castro frenó toda iniciativa de acercamiento. Poco más tarde, ya bajo la presidencia del demócrata Carter, hubo nuevos amagos de acercamiento, pero estos se frenaron cuando en 1977 el Gobierno de Castro envió tropas a Etiopía y cuando consolidó su estrategia de ampliación de su presencia en África (Moniz Bandeira, 2008a).

En el ámbito nacional, en 1972, Cuba pasó a integrar formalmente el Bloque Socialista, aunque sin adhesión explícita al Pacto de Varsovia. En este marco y para dar forma a la institucionalización de la revolución, Castro ajustó la organización política del Estado cubano a los preceptos soviéticos. Así, se creó la Asamblea Nacional Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. En 1975, se celebró el I Congreso del Partido Comunista de Cuba, que estableció un nuevo Buró Político, un nuevo Secretariado y un nuevo Comité Central, siguiendo el modelo leninista que lo erigía como “fuerza dirigente de la nación”.

Si muchos analistas coinciden en señalar que el proceso revolucionario se endureció a partir del ingreso de Cuba al Bloque Soviético, Moniz Bandeira resta peso explicativo al conflicto Este-Oeste, ubicándolo en el eje Norte-Sur, es decir, en las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Así, señala que “los constantes ataques terroristas de organizaciones contrarrevolucionarias, tales como Alfa 66 y Omega 7, que nunca cesaron y siempre recibieron la ayuda de agentes de la CIA, aunque no siempre estuviesen autorizados por el Gobierno norteamericano, contribuyeron para la consolidación del Estado totalitario, del tipo estalinista, construido en la Unión Soviética” (Moniz Bandeira, 2008a: 495).

En cuanto a la economía, en la década de 1970, en el marco de su incorporación al Bloque Socialista, la integración de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME, también conocido como COMECON), había enfatizado la estructura monoproductora de la economía cubana. En 1982, el azúcar continuaba representando un altísimo porcentaje de sus exportaciones (83%). Los planes quinquenales de 1976-1980 y de 1981-1985 introdujeron el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE). Con esto la participación de la Unión Soviética en la economía cubana aumentó significativamente, y llegó al 72% en 1987, al mismo tiempo que los intercambios comerciales con el COMECON alcanzaron casi un 87% ese mismo año.

Si la política exterior del presidente Carter (1977-1981) hacia América Latina había resultado beneficiosa para Panamá (con la celebración del tratado que acordaba la cesión del Canal en el año 2000), hacia Cuba fue vacilante y ambivalente. En medio de una crisis interna (elevados precios del petróleo, altos niveles de inflación y altas tasas de desempleo), el candidato republicano Ronald Reagan se impuso sobre las pretensiones reeleccionistas de Carter. Reagan (1981-1989) recrudeció los postulados de la Guerra Fría, poniendo a la Revolución Cubana como causa de todos los males de Centroamérica. Así, su Gobierno intensificó la ayuda financiera y logística a las fuerzas de la contrainsurgencia en los países de la región con el propósito de “restaurar la democracia”.

Como el resto de América Latina, Cuba estuvo fuertemente afectada por la “crisis de la deuda”. Hubo reducción de créditos, aumento de las tasas de interés y caída de los precios del azúcar. A modo de paliativo, Castro intentó atraer capitales extranjeros, ofreciendo ventajas como la exención de impuestos sobre el uso de la tierra y de materiales importados, y ofreciendo beneficios para la repatriación de lucros y de propiedad, fundamentalmente en los sectores de turismo, industria liviana, medicina, construcción y agroindustria.

Cuando en 1986, Mikhail Gorvachev implementó las políticas de apertura (Perestroika y Glasnot) Cuba abandonó el rumbo tomado hasta entonces, de imitación casi mecánica de las políticas soviéticas, y abrió el llamado Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. Los errores que se buscaba rectificar eran los “economicistas” de la etapa de los planes quinquenales del período 1976-1985. A diferencia de la República Popular China, Cuba siguió sin hacer concesiones al capitalismo.

En 1989, George H. W. Bush asumió la presidencia de Estados Unidos. El desmoronamiento del Bloque Soviético dejó a Estados Unidos sin su histórico justificativo para la lucha contra “el enemigo interno”. En este nuevo marco, la supuesta “amenaza cubana” era un magro argumento, pero argumento al fin, para sostener el histórico complejo industrial-militar de la potencia del Norte. Durante los gobiernos de Bill Clinton (1993-2001), la política de hostilidad hacia Cuba no se modificó. Mientras tanto, la política internacionalista solidaria de Cuba, mediante los programas civiles de ayuda, continuó vigente. “Cerca de 110.000 cubanos participaron de estos programas civiles de ayuda, en ultramar hasta fines de los años ochenta, y 3.000 profesionales de la salud aún se encontraban en el exterior en 1993” (Moniz Bandeira, 2008a: 496).

La caída de la Unión Soviética y la desaparición del COMECON en 1991 fueron factores que agravaron la situación económica de Cuba, pues esta dejó de contar con los insumos que provenían de las desaparecidas economías socialistas. Asimismo, dejó de contar con su principal comprador de azúcar, poniendo en evidencia la necesidad de diversificar la estructura de exportaciones. En estas circunstancias, Castro implementó el Período Especial en Tiempos de Paz (1993-1996), un plan de racionamiento que con el correr del tiempo llegó a afectar la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades básicas de la población. Fundamentalmente, la escasez casi total de combustible paralizó la actividad económica, deterioró el sistema de transporte (obligando a muchos cubanos al recurso de la bicicleta) y afectó seriamente el suministro de electricidad a la población. Con la crisis aumentó el flujo de intercambios en el mercado negro, el trabajo informal y la prostitución.

El Período Especial en Tiempos de Paz puso en marcha un paquete de reformas, entre las cuales cabe mencionar la apertura al capital extranjero (en áreas prioritarias como turismo), incentivo a la biotecnología, níquel, entrega de tierras en usufructo a cooperativas y familias, ampliación de las autorizaciones para el trabajo por cuenta propia, autorización a los campesinos para la venta de excedentes en el mercado agropecuario, legalización de la circulación de divisas y remesas a parientes, descentralización y reducción administrativa del Estado. También se privatizó la telefonía (42% en manos de capitales mexicanos). Con todo, tres pilares de la Revolución Cubana: la educación, la salud y la estructura de defensa, siguieron bajo monopolio del Estado.

Muchos de estos cambios se dieron en el marco de la Constitución reformada en 1992. Las modificaciones ratificaron los principios de integración y de colaboración con otros países de América Latina y el Caribe, y establecieron las bases para la liberalización de la economía. Asimismo, se estableció el voto directo y secreto para la elección de diputados de la Asamblea Nacional y garantías a la libertad de culto.

En 1994, los ingresos provenientes del sector turismo superaron los generados por la exportación de azúcar. En el marco de los efectos producidos por la liberalización de la economía y el boom del turismo, la estructura social de la isla comenzó a replantearse. Cabe señalar como ejemplo paradigmático el aumento de las desigualdades sociales entre aquellos que tenían acceso al dólar y aquellos que solo conocían el dinero cubano.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos se intensificó con la Ley Torricelli en 1992 y con la Ley Helms Burton en 1996. Significativamente, esta hizo depender el manejo de las relaciones con Cuba directamente del Congreso (antes era exclusiva decisión del presidente). Así, ni Clinton ni ninguno de los presidentes venideros tendría libertad de maniobra para introducir cambios por sí mismos. En realidad, la cuestión de Cuba ya se había convertido en un asunto de política interna toda vez que por estímulo del Gobierno de Estados Unidos muchos cubanos habían emigrado y se habían instalado en el país, fundamentalmente en Florida, haciendo sentir, de modo cada vez más incisivo, su peso electoral.

Apenas George W. Bush (hijo) asumió la presidencia en 2001, el atentado terrorista del 11 de septiembre redefinió la política de Estados Unidos en el sentido de “guerra permanente”. Cuba pasó, así, a ser parte del eje del mal latinoamericano, tan peligroso como el fundamentalismo islámico.

En el redefinido contexto, Cuba logró sortear provisoriamente la crisis económica en virtud de dos factores: la concertación de acuerdos comerciales con China (fundamentalmente, en el área de explotación y exportación del níquel, que la isla posee en abundancia) y la alianza con Venezuela y el Gobierno de Chávez, interesado en proyectar políticamente a su país en escala continental. Venezuela se convirtió en el proveedor de petróleo y Cuba retribuyó con asistencia médica y educativa. En el primero de estos campos –que ha devenido un eficaz medio de ingreso de divisas para el país, además de contribuir a mejorar las retribuciones de los propios profesionales–, el objetivo es crear uno de los mejores sistemas de salud, con la participación de más de 20.000 médicos especializados y otros profesionales cubanos de la salud. Básicamente, se crearon los programas Barrio Adentro (que lleva los servicios de salud a las zonas urbanas y agrícolas más pobres de Venezuela), Centros Diagnósticos de Alta Tecnología (27 en los 24 estados para beneficiar a toda la población sin distinción de clases) y Centros de Diagnóstico Integral (son 600 policlínicos de amplios servicios, con sus respectivos laboratorios y equipos que apoyan a los consultorios de Barrio Adentro). Los cubanos también establecieron numerosos centros de rehabilitación encargados de atender a pacientes con cualquier tipo de incapacidad física o motora. Todos los centros médicos señalados cuentan con equipamiento médico complejo y avanzado construido por firmas europeas especializadas (entre ellas, la holandesa Phillips y la alemana Siemens).

En 2004, el Gobierno de Bush impuso más sanciones económicas a Cuba, limitando severamente las visitas de los emigrados cubanos a la isla (14 días cada tres años) y limitando las remesas familiares (100 dólares al mes).

En febrero de 2008, Fidel Castro renunció a su cargo de presidente del país por razones de salud, pero no al cargo de primer secretario del PCC, y anunció su deseo de continuar combatiendo “como un soldado de las ideas”. Tras la renuncia de Fidel, su hermano Raúl fue elegido presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros y, a su pedido, la Asamblea Nacional le autorizó, unánimemente, a consultar a su hermano mayor en lo atinente a las grandes cuestiones estratégicas.

El nuevo mandatario asumió el cargo en una coyuntura interna nuevamente difícil, generada por una conjunción de factores, entre los cuales cuentan los graves destrozos provocados por tres ciclones consecutivos (que afectaron a más de 400.000 viviendas y 200.000 personas, y asolaron totalmente más de 55.000 hectáreas de cultivos), suba de precios de las materias primas agrícolas y reducción del crecimiento económico. A esos problemas se sumó la crisis financiera internacional, y unos y otra se soldaron con una cuestión más seria, interna y estructural, resultado de otra combinación: baja productividad, fuerte dependencia de las importaciones y, en el plano político-organizativo, híper centralización burocrática (Habel, 2009: 4).

Raúl Castro, a quien siempre se ha considerado un pragmático, dispuso varias medidas para contrarrestar las fuertes dificultades: descentralización de los circuitos agrícolas, otorgamiento de tierras ociosas en usufructo a pequeños campesinos, sustitución de importaciones agrícolas por productos basados en la producción privada, y una nueva política salarial que estableció la remuneración de los trabajadores según sus resultados y facultó a las empresas a establecer sistemas diferenciados de salarios.

En 2008, Raúl Castro reformuló cualitativamente el principio igualitarista, reemplazándolo por el de igualdad de oportunidades, aunque el principio igualitario y la homogeneidad social siguen “siendo valores enraizados en la sociedad cubana” (Habel, 2009: 4).

Estas y otras medidas se inscribieron dentro de la explícita demanda del presidente de realizar cambios estructurales, por lo que llamó a un gran debate nacional para la denominada “actualización del modelo económico cubano”. Después de más de una década de demora, en abril de 2011 se realizó el VI Congreso del PCC, en el marco del cual Raúl Castro propuso las ambiciosas reformas.

Ahora bien: ¿qué debatir? Según Janette Habel, las dos principales cuestiones de la agenda son la economía y la ausencia de participación popular. Son, obviamente, cuestiones muy serias. Pueden separarse a los efectos analíticos, pero en la vida cotidiana están estrechamente entrelazadas y de su definición dependerá el futuro del país.

En septiembre de 2010, The Atlantic –una prestigiosa y sesquicentenaria publicación estadounidense– publicó una entrevista a Fidel en la cual este expresó que el modelo cubano “ya no funciona”. Se trató de una valiente declaración del viejo líder. Más allá de las posteriores múltiples interpretaciones, incluso contradictorias hasta el límite de lo excluyente, lo cierto es que la aseveración potenció el debate.

¿En qué consiste el modelo cubano? En muchos aspectos es, básicamente, el clásico de los mal llamados “socialismos reales”. Se trata de una economía centralizada, con los medios de producción estatizados (no socializados) y fuertes restricciones a las libertades de expresión (con todo, pese al bloqueo y a la acción de los contrarrevolucionarios exiliados en Estados Unidos, menores que en otras experiencias “socialistas reales”).

A pesar del bloqueo informativo y de la desinformación de la mayoría de los medios de comunicación occidentales, se sabe que no todo es tan negativo como suele presentarse, sin que el juicio implique ignorar o menospreciar la gravedad de la situación. Así, por ejemplo, durante 2006, la economía creció 12,5% según datos oficiales y alrededor del 7%, según mediciones internacionales. Luego, a lo largo del primer semestre de 2010, se produjeron algunos fracasos –entre ellos, el del plan de azúcar y otras producciones agropecuarias, imputado a errores de dirección, la sequía, la coyuntura internacional desfavorable y la siempre presente agresión imperialista–, y no pocos éxitos: incremento de la productividad del trabajo por encima del salario medio, mantenimiento y mejora del equilibrio monetario interno, aumento del número de turistas extranjeros, cumplimiento de la producción petrolera (merced a una asociación con empresas transnacionales para extraerlo, Cuba se autoabastece hoy en no menos del 50% del petróleo que consume, un indicador que contrasta fuertemente con el de comienzos de la década de 1990, cuando importaba casi el 100%), modesto incremento de las exportaciones, reducción sustancial (a un tercio de los valores de 2009) de las retenciones de transferencias al exterior a suministradores, aplazamiento negociado del pago de obligaciones a acreedores externos, aumento de los depósitos extranjeros en los bancos cubanos, reordenamiento del transporte (cuyo déficit es uno de los problemas más serios, con incidencia en la disciplina laboral) y disminución del consumo eléctrico estatal (pero no del residencial, que creció por encima de las previsiones) (Manzanares Blanco, 2010).

No obstante los resultados favorables, no menos cierto es que se observan datos preocupantes: la industria ha decrecido y no produce ya bienes de capital, como sí lo hacía en el quinquenio 1975-1980; la agricultura muestra un elevado porcentaje de tierras cultivables sin trabajar (no menos del tercio del total); la pesca ha disminuido considerablemente, encareciendo el precio del pescado; no menos de la mitad de los alimentos son importados; se observa un notorio crecimiento del mercado negro de diversos productos, muchos de ellos esenciales, con el consiguiente y conexo fenómeno de la corrupción.

A partir de 2003 se liberalizó el funcionamiento de pequeños emprendimientos privados (cuentapropistas), como restaurantes (los llamados paladares, que son locales con unas pocas mesas) y un nutrido número de oficios.

Pedro Campos Santos, licenciado en Historia e investigador Jefe de Proyecto en el Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, con desempeño también en funciones diplomáticas en México y ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es un activo militante en pro de la superación del modelo existente mediante la profundización del socialismo. Para él, los problemas de Cuba son los mismos que vivieron los países del “socialismo real”, es decir: “Inestabilidad de la fuerza de trabajo, bajos rendimientos, baja calidad de los productos, paternalismo estatal, burocratismo, inducción al arribismo, falta de estímulo a la productividad, deterioro en masa de medios de producción y otros” (Campos Santos, 2008)

Un balance ecuánime del proceso revolucionario cubano, que pueda sortear el doble peligro del panegírico sin crítica alguna y de la diatriba incapaz de admitir los logros, no es fácil. No obstante, es posible señalar algunos cambios cualitativos positivos innegables: se ha eliminado el analfabetismo y creado un muy amplio sistema educativo; se ha extendido la cobertura médico-sanitaria pública, erradicándose enfermedades endémicas y ampliado el alcance de la medicina preventiva, al tiempo que la tasa de mortalidad infantil cayó más del 66%; se establecieron patrones nutricionales mínimos que han eliminado el hambre, lo que ha permitido incrementar la esperanza de vida de 63 años, en 1960; a 76, en 1992, y a 80 en años recientes. Para no pocos sanitaristas, Cuba sigue detentando el primer lugar mundial en materia de salud. La investigación científica ha alcanzado logros notables en los campos de la medicina, neurología, farmacología, biología y medicamentos. Según consigna la CEPAL, al iniciarse el nuevo siglo, Cuba todavía mantenía “un esquema que favorece la equidad y el bienestar social” (CEPAL, 2001: 68, n. 2).

No obstante, la tendencia desigualitaria ha continuado su acrecentamiento. Así, entre los resultados negativos se cuentan la no resolución de los problemas de vivienda (después de la fase inicial, que incluyó la expropiación de las casas de los ricos, otorgadas a grupos especiales como los estudiantes, la nueva construcción fue lenta y cara); el fracaso en alcanzar el desarrollo económico, especialmente en la industrialización, pero en buena medida también en la agricultura (la importación de alimentos ha sido alta); las dificultades (propias de todas las experiencias de los llamados “socialismos realmente existentes”) en el procesamiento de las diferencias, no solo políticas e ideológicas sino también las étnicas o las relativas a las orientaciones sexuales, siendo severamente discriminados los afroamericanos y los homosexuales.

Pese a una tradición socialista en favor de la libertad, las restricciones a su pleno ejercicio han sido notables (y recién comenzaron a ser abolidas en 2008). La censura, las prohibiciones y las persecuciones se cuentan entre los aspectos deficitarios, cuyos momentos más negativos se alcanzaron durante el llamado Quinquenio Gris (1971-1975), considerada la etapa más negra y stalinista de la cultura cubana, correspondiente al período de la gestión de Luis Pavón Tamayo como presidente del Consejo Nacional de Cultura.

En la actualidad, el sistema político cubano está frente al desafío de encontrar los caminos para hacer más flexible el sistema de monopartido, permitiendo la alternancia partidaria para reforzar el Poder Popular. Sobre todo en el área económica, Cuba tendrá que repensar su modelo, facilitando a la población el acceso a la producción y el consumo. Mientras tanto, Estados Unidos sigue demorando la “normalización” de Cuba. Si bien la asunción de Barak Obama en enero de 2009 estuvo rodeada de expectativas de mejorar el diálogo entre los dos países, los avances han sido poco satisfactorios.

Todavía hoy es oportuna la reflexión de Moniz Bandeira (2008a 520): “El establishment de Washington jamás perdonó el hecho de que Cuba fuera la única nación en el Hemisferio que había derrotado militarmente a Estados Unidos”.

Los desafíos de la afirmación de un nuevo orden en sociedades en procesos de reestructuración (119)

Al referirse a los procesos de transición de la dictadura a la democracia, Eugenio Tironi (1987: 17) ha señalado un punto interesante: la transición debe entenderse como “un momento político que requiere de una (momentánea) desarticulación entre lo político y lo social. Tal ruptura, sin embargo, solo aparece posible a condición de que también se rompa el imaginario político latinoamericano, que confunde democracia (noción que alude al campo político institucional) con democratización (noción que alude, en cambio, al campo socio-económico). [...] La cuestión de la rearticulación entre democracia y democratización, entre el campo político y el social, entre partidos y movimientos sociales quedaría entonces como un problema propio de la etapa de consolidación democrática”.

Aunque no hay una sola idea respecto de qué es democracia, qué es democratización y qué es consolidación, es fácilmente aceptable, en función de la evidencia histórica, que los procesos de transición en América Latina tuvieron un primer momento de deslinde entre lo político y lo social, esto es, una fuerte valoración positiva de la democracia política, primero para sostener el cambio frente a las fuerzas dictatoriales, y luego para ocultar inconfundibles señales de descomposición social que la implementación del modelo neoliberal traía consigo.

Ahora bien, ¿qué sucede con tal rearticulación bajo los regímenes democráticos? (y la cuestión aplica para los casos que han transitado de la dictadura a la democracia como para aquellos que han transformado sus democracias ya vigentes). Se trata de una cuestión compleja y sobre todo crucial, particularmente cuando gobiernos democráticos optaron por políticas de ajuste.

En las democracias posdictaduras es evidente que se produjo una concentración del poder en un espacio económico, político y social muy reducido y que esta concentración ha sido en la práctica negadora de una efectiva y real democratización.

Una de las respuestas a esta situación fue la autonomización de las acciones sociales, que tendieron (y tienden) a expresarse al margen de las instituciones estatales y de los partidos políticos. Sus manifestaciones más visibles son el incremento del sector informal urbano, la marginalidad, la violencia urbana y hasta la opción por formas participativas extra sistema (como en los casos de Sendero Luminoso y del narcotráfico). O bien, cuando se expresó a través del sistema político, vía elecciones, se optó por candidatos aparentemente ajenos a él (como Collor de Mello y Fujimori).

En conjunto, la situación es francamente perversa, pues tanto consolidar la democracia política como, particularmente, avanzar hacia la democratización requieren que se reafirme un sistema político incluyente, de una activa, general y extensible movilización y participación de la sociedad.

Hacia fines de la década de 1980, Fernando Calderón y Mario dos Santos (1990: 79-111) plantearon muy bien la cuestión cuando resumieron en veinte tesis los resultados de una investigación regional sobre un “nuevo orden estatal”. En la cuarta tesis –en la que se referían al inicio de un nuevo ciclo histórico caracterizado por los simultáneos procesos de democratización del régimen político, con tendencia a la inclusión, y modernización del Estado, con tendencia a la exclusión social– indicaban que la reestructuración de la economía destacaba aspectos decisivos de la crisis (industrialización trunca, vulnerabilidad del sector externo), especialmente relevantes al aplicarse políticas de ajuste y de modernización del Estado. Agudamente, Calderón y Dos Santos señalaron: “Esa modernización del Estado, en sus lineamientos predominantes (énfasis en el ajuste fiscal, desregulación, privatización, descentralización muchas veces con concentraciones de decisiones políticas, encarecimiento de servicios públicos, reducción del empleo estatal, desmonte de políticas sociales, racionalización de la gestión estatal) no revierte, sino profundiza, los resultados socialmente excluyentes propios de la crisis. De allí que, en principio, haya una fase en la cual ampliar la participación política que conlleva el proceso de democratización confronte una tendencia excluyente derivada de la modernización del Estado”.

Es imposible edificar un proceso de democratización exitoso –y en él tiene mucho que ver la aplicación de una gobernabilidad democrática progresiva– sin una modernización del Estado que pueda poner fin a una de las causas de ingobernabilidad económica. En palabras de Calderón y dos Santos (1990: 20-21): “Por lo tanto o se logra proporcionar eficacia a la acción estatal en un intercambio con las organizaciones sociales –restándole así a la modernización del Estado algunos elementos de exclusión social–, o existirá un bloqueo en la democratización. Por otra parte, si persisten los lineamientos de la modernización estatal expuestos, esta inevitablemente chocará con las expectativas y con la realidad de la democratización”.

Hay dos elementos más, señalados por los mismos autores, que conviene destacar. Por un lado, quienes impulsaban el ajuste, pretendían “conjugar ajuste estructural y estabilidad democrática [...], política [...] inconsistente, pues el ajuste tiende a crear inestabilidad política, a menos que en su aplicación estén presentes logros de expansión productiva y distributiva, es decir, que el ajuste se subordine a una política de defensa de la democracia” (tesis 8). Por otro lado, “[e]n la reestructuración de la economía mundial y los procesos de ajuste de las economías periféricas se transfiere al mercado un papel protagónico en la organización de las relaciones sociales, en desmedro del Estado y de los regímenes políticos. Este hecho tiene el agravante de que en nuestros países el mercado, por su insuficiente dinamismo, no puede ser un eficaz integrador social” (tesis 10) (Calderón y dos Santos, 1990: 28 y 32).

Más aún: la exclusión de sectores mayoritarios de la sociedad conspira contra el propio desarrollo capitalista. Los liberales conservadores del ajuste estructural parecen haber sido indiferentes al hecho de que no basta con que el capitalismo revolucione permanentemente las fuerzas productivas. Como está claro desde Marx y la ratificación de Lord Keynes, este sistema requiere, para desarrollarse en el mediano plazo, que la mayoría de la población sea partícipe del crecimiento –aspecto sobre el cual llamó la atención Ludolfo Paramio (1993: 71)–.

Históricamente, para el pensamiento conservador (o de derecha) la desigualdad y la pobreza han sido “naturales”. Pero pobres/pobreza es un binomio construido históricamente. Los pobres de ayer eran parte de la sociedad, estaban integrados a ella y en cierto sentido le eran funcionales. Eran marginales, sí, pero su estar en los márgenes de la sociedad era un estar dentro de ella. Los pobres de hoy, en cambio, están excluidos de la sociedad. Así, la pobreza es tanto desigualdad económica, como, y quizá sobre todo, desigualdad social y cultural.

En las últimas cuatro décadas, los pobres y la desigualdad económica, social y cultural no han dejado de aumentar en el mundo entero, incluso, y de modo muy marcado, en países desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se ha retrocedido a niveles de la dura década de 1930. En América Latina, según datos de la CEPAL (1997), en 1970 los pobres eran el 40% de sus habitantes, mientras que en 1990 la cifra había ascendido a 46%. Dentro de la región se destacaban notablemente Brasil, Colombia y México. En Brasil, por ejemplo, en 1979, el cuartil más pobre de la población percibió solo el 5,6% de los ingresos; en 1988, el porcentaje había caído a 4,5%. En contraposición, el 10% más rico de los brasileños incrementó su apropiación de la riqueza, pasando del 39,1% al 41,7% entre esos mismos años.

La situación mejoró a partir de 2002. Si este año el porcentaje de personas pobres e indigentes era de alrededor de 43 y 19%, respectivamente, según los datos de la CEPAL de 2009, esos porcentajes se redujeron a 31% y 12% en cada caso (180.400.000 de latinoamericanos pobres y 70.700.000 de indigentes). Si bien la pobreza es sensiblemente mayor en las áreas rurales que en las urbanas, la concentración demográfica en las ciudades implica que allí se concentra el 66% de las personas pobres, convirtiendo la pobreza y la indigencia en un fenómeno predominantemente urbano.

También habrían mejorado los índices de desigualdad en materia de distribución de ingresos. Según datos de la CEPAL (2009), Brasil y Colombia son los dos países en los cuales el 10% más rico de la población se apropia de más del 40% de los ingresos totales de sus respectivos países: 43,4% y 41,1%, respectivamente (situación que no ha cambiado mucho respecto de lo señalado en el ejemplo de arriba). En el resto de los países –excepto Perú, Uruguay y Venezuela–, ese decil se lleva entre el 30 y el 39% del total de los ingresos (en esos tres países las cifras son 29,4%, 27% y 24,8%, respectivamente) (120). En contraste, el 40% más pobre solo accede a un total de ingresos –en el total de los países, salvo Argentina, Uruguay y Venezuela– que oscila entre 10,1% (Honduras) y 16% (México).

A la CEPAL (2009, capítulo 1) no se le escapa que “los resultados favorables del último sexenio no alteran el hecho de que la desigualdad en América Latina continúa siendo una de las más altas del mundo. Ello no solo queda en evidencia al comparar los índices habituales de concentración del ingreso entre regiones, sino también en el ámbito de las percepciones de la población, que en su gran mayoría considera que la distribución del ingreso es injusta”.

Por otra parte, una importante fuente, el Informe Anual sobre la Riqueza en el Mundo, preparado anualmente por Capgemini y Merrill Lynch Global Wealth Management, ratificaba la creciente desigualdad económica en la región, constatando que “los ricos latinoamericanos han demostrado tener una gran habilidad para acumular dinero”, a despecho de las crisis. Según el Informe de 2002, en 2001 existían en América Latina 280.000 personas con activos superiores al millón de dólares. Son denominadas High Net Worth Individuals (HNWI), y se encontraban principalmente en México y Brasil (90.000 en cada uno de estos países). Ellas concentraban 3.500 billones de dólares, 8% más que en 2000 y 275% más que en 1986. El crecimiento de la riqueza de los ricos latinoamericanos durante el año 2001, según los analistas de esas firmas, fue más del doble superior a la media mundial (3%) e incluso mayor a la de los millonarios asiáticos (7,1%). Por cierto, superaron largamente a sus pares norteamericanos y europeos, con incrementos de 1,7 y 0%, respectivamente (121). Los indicadores difundidos por el BID son coincidentes, destacando que 150.000.000 de habitantes de la región “vivían” con menos de dos dólares diarios.

El Informe Anual sobre la Riqueza en el Mundo de 2008 ratificaba que los latinoamericanos más ricos eran cada vez más ricos, llegando a acumular 623 trillones de dólares en valores financieros, excluyendo sus viviendas y colecciones de arte. En los tres años precedentes, esas personas aumentaron sus fortunas en 20,4%, superando a sus pares del resto del mundo: los de los países petroleros de Medio Oriente la incrementaron 17,5%; los de Asia, 12,5%; los europeos, 5,3%, y los americanos del norte (Estados Unidos y Canadá) en solo 4,4%. Se adjudicó ese formidable crecimiento de los grandes burgueses latinoamericanos en buena medida, por la suba de los precios de las materias primas. Los mayores incrementos se dieron en Brasil, Venezuela y Chile. Las cifras son todavía más elocuentes si se considera a los llamados “ultra ricos” –aquellos que poseen fortunas superiores a los 30 millones de dólares, siempre excluyendo viviendas y colecciones de arte–, América Latina lideraba el pelotón a escala mundial: 2,5% de los ricos latinoamericanos eran “ultra ricos”, por encima de África (2%) y Medio Oriente (1,1%). El Informe de 2011 estableció que América Latina todavía tiene el más alto porcentaje de ultra ricos en relación con la población HNWI, siendo 2,4% para la región, y 0,9% el porcentaje global. Poco antes, la CEPAL había informado que la clase media latinoamericana era proporcionalmente menor que el promedio mundial: 57 y 62%, respectivamente. En opinión de Andrés Solimano, economista de esa institución de las Naciones Unidas, era “claramente preocupante” la posibilidad de que, en muchos países, pudiera “crearse una pequeña clase con un poder político desproporcionado, lo que atenta contra la filosofía de un sistema democrático en que cada persona cuenta igual” (122).

En síntesis, América Latina es hoy la región más desigual del mundo. En 2011, el ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el décimo decil supera 17 veces al 40% de los hogares más pobres (variable entre 9 veces en Venezuela y Uruguay y 25 veces en Colombia –para este caso, los datos son de 2005–).

La desigualdad no puede reducirse solo a la dimensión económica. Como ya se ha dicho, no pueden soslayarse las dimensiones social y cultural, a menudo más difíciles de reducir que la económica. Así, la pobreza se agrava en los casos de indígenas y afroamericanos, que son el 40% del total de la población latinoamericana. En países de alta proporción de unos u otros, como Bolivia, Brasil, Guatemala y México, ellos son el 60% de los pobres.

No es necesaria demasiada perspicacia para advertir que esta cuestión nos lleva a la de la relación entre democracia y exclusión o, para retomar la expresión clásica, entre democracia y capitalismo.

Los latinoamericanos, en una proporción significativa y creciente, pero todavía por debajo del 50%, creen hoy en la conveniencia de la democracia, si bien se trata, conforme los estudios de la Corporación Latinobarómetro, de una democracia mínima, procedimental. Pero también tienen una clara conciencia de los límites de esa democracia en cuanto a la justicia de la distribución de la riqueza. El Informe Latinobarómetro de 2009 señala que las respuestas a la pregunta sobre esta dicen que solo el 21% (igual proporción que en 2008) cree que es justa. “Al menos indica que la crisis no produjo efecto negativo en ese sentido. En la crisis asiática se produjo una baja de este indicador de 19% en 1997 a 11% en 2001, mostrando el impacto negativo en la distribución de la riqueza que se percibió en esa crisis anterior”. Si bien este indicador ha alcanzado el mayor nivel de percepción de justicia en la distribución del ingreso desde 1995, lo cierto es que el Informe Latinobarómetro de 2011 arroja una cifra casi idéntica a la de 2009 (20%). El estudio formuló otra pregunta conexa: “¿Garantiza la democracia la justa distribución de la riqueza?”. En este caso, “solo un 27% cree que la democracia garantiza la justa distribución de la riqueza”, un incremento de tres puntos respecto de 2007. En 2011, esa cifra subió a 31%.

Otra nota distintiva de las políticas de ajuste ha sido la erosión de la ciudadanía y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. La ciudadanía es, según la repetida expresión de Hannah Arendt, el derecho a tener derechos. En ese sentido, todo recorte de derechos es una mutilación de la ciudadanía y la negación de los derechos humanos. En el límite, la abolición de los derechos de ciudadanía –o de los derechos fundamentales, como prefiere decir Luigi Ferrajoli– implica la desaparición de todos los derechos.

Un principio elemental de la ciudadanía es el de la igualdad o, al menos, la orientación en pro de la disminución de las desigualdades. En ese sentido, la larga lucha por la construcción de la ciudadanía no es más que la persecución de un ideal típico de la modernidad, el de la igualdad. De modo que el cercenamiento de la ciudadanía social –esa conquista que permitió, en los propios marcos del sistema capitalista, atenuar (no abolir) las diferencias económicas y sociales entre hombres, mujeres, niños y ancianos ubicados en distintos niveles de la pirámide social– no solo es un ataque a la igualdad, sino una consagración de la convicción del conservadurismo y de la derecha (de hoy y de ayer) sobre la “natural” desigualdad.

El peligro de hacer efectiva la tentación de la derecha de pasar de la eliminación de la ciudadanía social a la pérdida progresiva de la ciudadanía política de los excluidos no ha escapado a las voces críticas. De allí que Christopher Lasch, en La rebelión de las élites y la traición a la democracia (1996), tenga razón al afirmar que la principal amenaza parece proceder mucho más de quienes se encuentran en la cúspide de la jerarquía social, que de las masas. No se trata de voces agoreras: hay manifestaciones suficientes de que la concepción del ciudadano político se ha licuado en la figura del mero sufragante. Más gravemente, en los países donde el sufragio es optativo, ha aparecido, ya no el mero sufragante, sino el abstencionista.

Tal como se ha señalado, en las democracias actuales es crucial la rearticulación de lo político y lo social. Como sostiene Tironi, se trata de un problema propio de la etapa de “consolidación democrática”.

Esta etapa se ha caracterizado por la multiplicación de las demandas económicas y sociales (empleo, educación, salud), y ha habido un resurgimiento de la movilización social, ahora atravesada por cuestiones relativas a la condición de clase, étnica y/o de género, sin desmedro de las de carácter ético. Más aún, la rearticulación entre la dimensión política y la dimensión social se ha expresado, recientemente, como una rearticulación entre partidos y movimientos sociales.

Las experiencias de los denominados “nuevos” movimientos sociales ofrecen un singular cuadro de las formas de acción política que los sectores sociales postergados han desarrollado para la expresión de sus demandas en el contexto de la fragmentación provocada por las políticas de ajuste macroestructural. Estas formas de acción política han sido expresión del conflicto social “doblemente reivindicativo y democrático” del que habla Sánchez Parga (y que citamos al comienzo de este capítulo). Sus demandas, efectivamente, han forzado una mayor democratización de la sociedad y cambios sustantivos en las instituciones democráticas, fundamentalmente en la concepción de la ciudadanía –aunque, claro está, este fenómeno ha ocurrido más enfáticamente solo en algunos países–.

Otra deriva conceptual: los movimientos sociales

En un libro de sociología histórica clásico sobre las acciones colectivas de protesta y violencia, Charles, Louise y Richard Tilly (1997: 22-24), han señalado que para hacer adecuadamente el trabajo de investigación sobre esas cuestiones es preciso “evitar algunas trampas tentadoras”. De las cuatro que ellos señalan, retenemos tres: 1) “prejuzgar la dirección del movimiento a largo plazo del conflicto político y concentrarnos en la investigación de las formas nuevas y presumiblemente más avanzadas”. Sortear esta trampa implica, por un lado, abandonar una perspectiva teleológica fatal y, por el otro, no caer en la tentación de considerar a los nuevos movimientos y/o los nuevos conflictos y acciones necesariamente como vanguardia o superación de los precedentes; 2) “ignorar los lugares, períodos y poblaciones en los que no ha sucedido nada” (muy certeramente dicho: “una explicación de la protesta, la sublevación o la violencia colectiva que no pueda explicar su ausencia no es en absoluto una explicación”); 3) “abandonar la tarea de examinar las relaciones entre la protesta o la violencia colectiva y los cambios estructurales a gran escala, para pasar a explicar la protesta o la violencia colectiva en general”. Esperamos estar brindando elementos de juicio suficientes para elaborar una reflexión en el sentido de la segunda proposición, que sin restarle importancia, aquí no consideramos de modo sistemático.

También Alain Touraine (1973: 368-369) sostiene la necesidad de no considerar un movimiento social como una unidad autónoma de análisis. Desde su perspectiva, debe estudiárselo como elemento de un campo de acción histórica, con sus interacciones y conflictos.

Así, señalemos que el concepto movimiento social en sus primeras elaboraciones data de mediados del siglo XIX, cuando, en una denominación en singular, se refería al movimiento obrero. Pero en la América Latina de la década de 1980, el concepto se difundió con el calificativo “nuevo”. A partir de allí es posible distinguir dos momentos. El primero corresponde al final de las dictaduras y la transición a la democracia. En general, se trató de movimientos cuya composición social era plural en términos de clase, siendo el elemento distintivo de cada uno alguna reivindicación específica demandada por pertenencia etaria (movimientos de jóvenes) y/o de género (movimientos de mujeres, de homosexuales), o bien en defensa del medio ambiente (movimientos ecologistas, antinucleares) y/o de los derechos humanos, o por demandas referidas al locus de vida (como en los casos de los movimientos urbanos en pro de vivienda –tal el de los favelados en Brasil– o de participación popular autónoma).

Una excepción fue la del Movimento dos Sem Terra (MST), de hechura “clásica”, tanto por su composición de clase (campesinos) como por las reivindicaciones (el acceso a la propiedad de la tierra, la reforma agraria).

En este caso, por medio de las invasiones de tierras, los campesinos impusieron a la dictadura “una alteración en su estrategia agraria. La amplitud de la ocupación de tierras constituyó y constituye aún en este momento [1981, pero válido todavía en 2012] un desafío claro a la tentativa gubernamental de subyugar al campesinado y sus reivindicaciones a las directrices económicas de la burguesía” (Martins, 1981: 99). Fue así, en el contexto de las luchas contra la dictadura (resistencia y enfrentamiento), que los campesinos brasileños gestaron una nueva organización: el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), constituido entre 1978 y 1985 y como parte de las innovaciones organizativas de la sociedad civil brasileña: el novo sindicalismo y su expresión orgánica, la Central Única dos Trabalhadores (CUT); las Comunidades Eclesiais de Base (CEBs); el Partido dos Trabalhadores (PT); los nuevos movimientos sociales. El MST surgió, entonces, en la coyuntura de transición de la dictadura a la democracia y fue parte de las luchas por esta, luchas que, como dice Bernardo Fernandes, desafiaban las formas institucionales. Sintetizando las interpretaciones de varios autores, Fernandes concluye señalando que los desafíos que enfrentaban las luchas populares se encontraban en los avances de los partidos (legales y clandestinos), en las rupturas con las tradiciones y prácticas conocidas y con los esquemas populistas. Así, entre rupturas, desafíos y creaciones, “los trabajadores rurales iniciaron un nuevo proceso de conquistas en la lucha por la tierra” (Fernandes, 1996: 66).

El MST, además, ha desarrollado una resistencia muy fuerte al neoliberalismo y sus efectos. Mónica Bruckmann y Theotonio Dos Santos (2005) señalan que el MST es una organización que “presiona por una reforma agraria más ágil pero no cuestiona la legislación de tierras del país que dispone la compra de las tierras no cultivadas a precio de mercado para distribuir entre los campesinos sin tierra. La fuerza del MST no deriva tanto de la radicalidad de su demanda por la tierra sino de sus métodos de ocupación de la misma para forzar la reforma agraria y de sus métodos de gestión comunitaria de las tierras asentadas por ellos, así como su concepción socialista de una economía donde los campesinos pueden alcanzar su pleno desarrollo. Su preocupación por la tecnología agrícola de punta, por las cuestiones ambientales y por la educación de sus cuadros y de sus hijos los colocan a la vanguardia de la sociedad brasileña. Sus principales banderas de lucha se resumen en: tierra, agua y semillas, en la pugna por la soberanía alimentaria en Brasil. Ellos se preparan así para enfrentar las transnacionales agroindustriales en una perspectiva de largo plazo que choca con la de los conservadores brasileños. Es necesario resaltar sin embargo un fenómeno nuevo que hace posible esta concepción de largo plazo del Movimiento de los Sin Tierra: ellos cuentan con el fuerte apoyo de la pastoral de la tierra en Brasil”.

El segundo momento es el de movimientos sociales que combinan una doble pertenencia, clasista (campesinos) y étnica (pueblos originarios), y están asociados a la resistencia frente a la brutal expansión de las políticas neoliberales y sus efectos aún presentes. Ya a mediados de la década de 1980, un trabajo compilado por Fernando Calderón (1986) ofrecía un nutrido análisis de los movimientos sociales en América Latina (tomando los más relevantes desarrollados en diez países de la región) y señalaba la renovación de los movimientos sociales seculares y tradicionales (como el movimientos obrero, el campesino o los movimientos nacionalistas), a partir del surgimiento, en esa coyuntura, de movimientos urbanos, de mujeres, étnicos, de jóvenes, de violencia revolucionaria, entre otros.

En esta segunda fase, un punto de inflexión fue el alzamiento indígena-campesino de Ecuador, extendiéndose espacialmente, en particular, por Bolivia y México, siendo poco significativo en Perú e incluso en Guatemala, donde supo tener más fuerza en la década de 1970. Aquí, la excepción es, en cuanto a composición social, la de algunos movimientos sociales argentinos –básicamente urbanos: los piqueteros, los recuperadores de fábricas, en su momento las asambleas vecinales–, compartiendo con los otros el contenido de resistencia a las políticas del Consenso de Washington y sus efectos, al tiempo que hay otros –de campesinos y de pueblos originarios– que se aproximan más a los característicos del resto de América Latina. El caso de Argentina ha cobrado relevancia a partir de la primera gran crisis, en 2001.

Dicho rápidamente, si en las décadas de 1960 y 1970 los movimientos sociales estaban vinculados a formas de resistencia a la dominación política dictatorial, en el marco de procesos de transición a la democracia, a partir de los años ochenta y, más enfáticamente, a partir de la década de 1990, los movimientos sociales surgieron como movimientos de resistencia a cambios regresivos en la estructura social, generados por la aplicación de las políticas neoliberales. Esto coincidió en el nivel mundial con el reflujo de la lucha de clases y del hipotético final de la fase B del cuarto ciclo Kondratiev (123).

Un balance de aquel primer momento de los movimientos sociales señala que la justicia, la verdad y el esclarecimiento aún constituyen un desafío mucho más que una realidad en nuestros países. A los que han tenido un pasado dictatorial se han sumado aquellos que, pese a tener continuidad del régimen democrático, practicaron atroces violaciones a los derechos humanos (significativamente, Colombia). Patricia Funes (2006b: 227), en relación con los registros del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), ha señalado que la reciente apertura y desclasificación de archivos en varios países de América Latina constituyen “lugares de la memoria, reservorio de derechos, fuentes de reparación. Su apertura es un acto de libertad que nos enfrenta a desafíos y responsabilidades”.

En un estudio comparativo anterior, Funes analizó las diversas Comisiones e Informes sobre violaciones a los derechos humanos en América Latina. Más allá de los resultados alcanzados en estas comisiones, Funes señala un aspecto del fenómeno que interesa destacar para pensar la época actual: “(r)esta, además, un largo camino para que la defensa de los Derechos Humanos y las demandas de verdad y justicia se desplacen efectivamente de las víctimas y familiares a los ‘ciudadanos’, que la solidaridad no se exprese en términos de vínculos primarios (como ‘madres’, ‘abuelas’, ‘hijos’) sino en términos de vínculos humanos y ciudadanos” (Funes, 2001: 61).

Este desplazamiento que subraya Funes para el caso de los movimientos de derechos humanos de los años de la transición, pone de relieve un aspecto que es crucial para entender los “nuevos” movimientos sociales en general: su dimensión de ciudadanía. Ahora bien, es necesario revisar esta categoría. En general, se ha definido la ciudadanía en tres esferas (según el clásico concepto del sociólogo británico Thomas H. Marshall): civil, política y social. En la actualidad, la clasificación de Marshall es enteramente insuficiente, pues no da cuenta de: a) nuevos derechos que no caben en los anteriores (culturales, medioambientales); b) de otros que son atributos solo de una categoría social (género, edad, etc.), es decir, que pertenecen a los llamados derechos identitarios que reformulan toda la teoría de la ciudadanía y también de la democracia, y c) de aquellos derechos cuyos titulares son colectividades y no individuos (derechos de los pueblos) –tal la intervención de Manuel Garretón a las “contribuciones al debate” del informe La Democracia en América Latina (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2004)–.

Si la inclusión de nuevas categorías sociales (mujeres, pueblos originarios, etc.) a la ciudadanía es un problema que atañe a los procesos recientes de transformación del orden social, no debe perderse de vista que a pesar de la novedad que, valga la redundancia, los “nuevos” movimientos traen en relación con sus demandas, debe insistirse en su interpretación en términos de conflictos sociales cuya naturaleza es estructural (esto es, de larga duración) y social.

Antes de revisar algunos casos de esos “nuevos” movimientos sociales, diremos algo más en relación con la articulación entre ciudadanía y género.

En los últimos años, aunque las mujeres han ganado protagonismo en la lucha por sus derechos específicos como parte de un proceso gradual de articulación y cooperación con otros movimientos sociales, cuyos reclamos pivotean más agudamente en la cuestión de la etnia o la clase, los movimientos de mujeres y feministas se han mantenido activos y prolíficos (con altibajos desde la aparición y auge del feminismo de “segunda ola” en los años sesenta y setenta).

En buena medida, las modificaciones recientes en la legislación relativa a los derechos de las mujeres, fueran políticos, civiles o sociales, tuvieron como marco de referencia la vigencia del patrón de acumulación neoliberal y el nuevo estatus de la dominación imperialista de Estados Unidos, el cual, una vez superada la fase de conflicto bipolar, se ha fundado sobre la aspiración generalizada de realización inminente de la Democracia y los Derechos Humanos. Este proceso mundial proveyó de un marco político y normativo de “legitimidad” para la incorporación de la cuestión de género en las agendas públicas nacionales actuales. En este escenario, algunos de los Gobiernos de la región han legislado sobre cuestiones que los movimientos de mujeres y feministas han reclamado desde hace largos años.

En el nivel internacional, cabe recordar que tras la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por la ONU con sede en México, se declaró el año 1975 como Año Internacional de la Mujer, y a partir de allí el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). En 1979, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 1980, se organizó la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague. El objetivo primordial fue evaluar el desarrollo del Decenio para la Mujer y aprobar un Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio, esta vez con énfasis en temas relativos al empleo, la salud y la educación. En 1985, se realizó la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi y, en 1995, la Cuarta en Beijing. En estas instancias, se acordó promover los derechos humanos de las mujeres de cara al nuevo milenio. Al respecto, en 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en Viena, reconoció por primera vez la violencia contra la mujer y la discriminación por género como violaciones a los derechos humanos. En el nivel regional, en junio de 1994, por iniciativa de la CIM, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como Convención de Belem do Pará.

Las repercusiones de todas estas iniciativas en los escenarios nacionales de los países de América Latina han sido variables. Hacia fines de la década de 1990, la mayoría de los países habían ratificado los acuerdos mencionados arriba. En muchos países, a su vez, hubo medidas concretas que expresaban la adhesión a estos. En los países del Cono Sur, por ejemplo, la repercusión fue inmediata después de asumido el primer Gobierno posdictadura. En Argentina se creó la Secretaría de la Mujer (1987), dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social; el Consejo Nacional de la Mujer (1992); el Gabinete de Consejeras Presidenciales (1993); el Directorio y el Consejo Federal de la Mujer (1995) en reemplazo del Gabinete, y en el año 2000 se reglamentó la Ley de Cupos de 1991. En Brasil se crearon Consejos de la Condición Femenina en el nivel estadual y en 1985 el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer. En 1986, 26 mujeres y 533 hombres participaron de la Asamblea Constituyente para la elaboración de la Carta finalmente promulgada en 1988. Un grupo de mujeres, con la consigna “La Constituyente, para valer, tiene que incluir los Derechos de la Mujer”, se reunió en Brasilia y elaboró la “Carta de las Mujeres a los Constituyentes” con todas sus reivindicaciones –en su mayoría atendidas en el nuevo texto constitucional–.

En general, la ratificación de los acuerdos internacionales y la creación de organismos del Estado especializados permitieron la traducción de varios de los reclamos de los movimientos de mujeres y feministas en políticas públicas. Sin embargo, según señala el Informe “El salto de la autonomía de los márgenes al centro” (2011), elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, existen “rutas y caminos trabados” en dimensiones como la “autonomía física” (feminicidio y violencia de género, maternidad adolescente, salud reproductiva), “autonomía económica” (administración de ingresos propios, inserción laboral equitativa); “autonomía en la toma de decisiones” (paridad política de género y acceso al poder judicial). “La redistribución del trabajo total (productivo y reproductivo, remunerado y no remunerado) es un horizonte aún lejano. Los derechos laborales de las mujeres como el fuero maternal y la lactancia materna han sufrido un deterioro en las décadas pasadas y no han formado parte de la experiencia de la mayoría de las mujeres trabajadoras que se ubican en el trabajo doméstico remunerado, el sector informal y las labores agrícolas”.

Como hemos visto, la igualdad de género es un reclamo que ha sido levantado por movimientos de mujeres y feministas en diversas oportunidades y recurrentemente. En la actualidad, los últimos procesos electorales muestran avances significativos respecto de la participación política de las mujeres. No solo aumentó el número de las electas en los congresos nacionales, en buena medida por la institución de la cuota de género en varios países, sino que también aumentó el número de las electas para ocupar el Poder Ejecutivo. Si en la Conferencia de México por el Año Internacional de la Mujer (1975), Argentina fue el único país latinoamericano que tenía una mujer al frente del Estado (junto a India, con Indira Gandhi, los únicos dos países que ostentaban esa condición), a partir de los años ochenta la situación fue otra.

Aunque la condición de mujer no significa mecánica y automáticamente predisposición a la igualdad de género (el caso de Argentina en 1974-1976 es evidencia elocuente de esto), lo cierto es que el acceso de las mujeres a cargos ejecutivos en las últimas décadas no puede ser deslindado de las sucesivas fases de ampliación de la ciudadanía por las que las sociedades latinoamericanas han transitado. Después de las truncadas presidencias de Isabel Perón en Argentina (1974-1976) y Lidia Gueiler Tejada (presidenta interina) en Bolivia (1979-1980) –ambas depuestas por los golpes de Estado que iniciaron las más sangrientas dictaduras en sus respectivos países– ocuparon la presidencia (por orden cronológico): Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997), Rosalía Arteaga en Ecuador (1997), Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004), Michelle Bachelet en Chile (2006-2010), Cristina Fernández en Argentina (2007-2011 y reelecta para un nuevo período), Laura Chinchilla en Costa Rica (desde 2010, en funciones) y Dilma Roussef en Brasil (desde 2011, en funciones).

Desde una perspectiva de género, los derechos políticos de las mujeres tuvieron una modificación importante en los años recientes. A partir de 1991, momento de aprobación de la Ley de Cupos en Argentina, se inició en América Latina un proceso de reforma de las leyes electorales y de partidos en el sentido de incorporar la cuota de candidaturas femeninas. Los avances han sido desparejos y no siempre con resultados efectivos en el sentido de consolidar la ciudadanía femenina tanto en su dimensión de sufragio como de representación. A modo de ilustración, cabe mencionar que leyes de cuotas se aprobaron en 1996 en Costa Rica y Paraguay; en 1997 en Panamá, República Dominicana, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil; en 2000 en Honduras, y en 2002 en México. Dos casos destacables son Venezuela y Colombia, donde en 1997 y 1999, respectivamente, hubo leyes que establecieron una cuota del 30% para mujeres en ambas Cámaras del Congreso, aunque fueron al poco tiempo derogadas (en 2000 en Venezuela y en 2001 en Colombia) por considerárselas inconstitucionales. En 2002, Colombia dictó una nueva ley al respecto. A la nómina se incorporó Uruguay en 2008 y, nuevamente, Venezuela, que está avanzando en la aprobación de la Ley Orgánica de Equidad e Igualdad de Género.

Aunque la aplicación del cupo femenino ha sido variable y ha tenido limitaciones en función de los distintos sistemas electorales en los que se ha enmarcado, según la evaluación de Jutta Marx, Jutta Borner y Mariana Caminotti (2007), es cierto que ha sido un mecanismo de incremento de la participación de las mujeres en los cargos de representación así como de integración de las mujeres en la vida pública en general.

Este avance en el plano de los derechos políticos contrasta con el brutal retroceso de los derechos civiles y sociales. Aunque el punto aplica tanto para varones como para mujeres, pues como ya se ha dicho, la fragmentación y la exclusión exacerbadas por el neoliberalismo estuvieron acompañadas por la derogación de muchas de las leyes relativas a esas esferas de derechos, lo cierto es que la estructura patriarcal dominante coloca a las mujeres en peor posición.

Así, por ejemplo, la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral tiene un costado que, aunque controvertible en términos de metodología para su cálculo, se ha instalado en los debates públicos: la feminización de la pobreza. No solo la brecha salarial persiste y las mujeres siguen percibiendo salarios inferiores a los de los varones, sino que además aquellos que viven con menos de uno o dos dólares diarios son mayoritariamente mujeres. Se trata de un fenómeno multidimensional que abarca cuestiones como la falta de oportunidades y la falta de autonomía. En este sentido, en Panorama Social de 2000/2001, la CEPAL (2001) consigna que uno de los cambios notables de los años noventa fue el aumento de los hogares con jefatura femenina, pero este cambio no significó mayores niveles de autonomía individual, por el contrario, se ha probado estadísticamente que sin esas jefaturas femeninas los niveles de pobreza en la región serían aún más pronunciados. Es más, el aumento en el trabajo femenino ocurrió sin que se revirtieran pautas culturales e ideológicas largamente asentadas acerca de la identidad mujer-madre. En breve, el mayor acceso de las mujeres al mercado se ha logrado en condiciones de flexibilización laboral, de reducción del gasto público y de bajos niveles de protección social, lo cual no solo provee condiciones sociales desventajosas sino que además exacerba las brechas de género. Las cifras del Informe “El salto de la autonomía de los márgenes al centro” (2011), a las cuales remitimos, son elocuentes al respecto.

Entre los derechos que rigen la esfera privada, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo ha llevado gran parte de la atención en las últimas décadas. En sociedades como las latinoamericanas, mayoritariamente católicas y con fuerte peso de la Iglesia, la liberalización de las leyes que penalizan el aborto ha sido uno de los aspectos más rezagados. Los procesos de transición convirtieron el reclamo sobre la despenalización del aborto en una aspiración democrática (cuando antes era planteado en términos de salud pública). Sin embargo, pocos fueron los avances en este sentido. Solamente Cuba y Puerto Rico ofrecen garantías legales para la interrupción de embarazos no deseados. En abril de 2007, la Asamblea Legislativa de Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud (Lamas, 2009).

En el resto de los países de América Latina, el aborto solo está legalmente contemplado, en el mejor de los casos, cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación (Lamas, 2008). Algunos países contemplan también la figura de aborto terapéutico, pero cabe notar que en Chile, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana se ha retrocedido en la legislación, y el aborto no puede ser practicado en ninguna circunstancia. Las presiones de la Iglesia Católica, a través de los pronunciamientos del Vaticano no son ajenas a esos retrocesos.

En Chile, hasta el año 2007 el aborto estaba penalizado en todas sus formas, sin excepciones legales. En 1989, la dictadura militar había eliminado la excepción del aborto terapéutico. En noviembre de 2006, en la Cámara de Diputados, se propuso la despenalización del aborto inducido hasta la 12ª semana de gestación, pero fue rechazada. En enero de 2007, la presidenta Bachelet firmó un decreto en el que se aprobaba el suministro de la píldora anticonceptiva del día después a mujeres de entre 14 y 18 años sin que fuera necesario el consentimiento de los padres. Pero esto fue resistido por el Tribunal Constitucional.

Otro caso que ha provocado encendidos debates acerca del aborto es Uruguay. En un país con una larga tradición anticlerical (aunque deberíamos decir también, no antirreligiosa), el presidente Tabaré Vázquez vetó la despenalización que el Congreso había aprobado. Otro caso notable es Ecuador, donde la Asamblea Constituyente y la sanción del nuevo texto constitucional iniciaron un proceso de reestructuración del Estado, pero que no ha incorporado innovaciones respecto de los derechos sexuales y reproductivos. En este caso, cuenta la explícita y explicitada condición de católico practicante del presidente Correa.

Otro aspecto llamativo de la esfera de derechos que rigen la vida privada es el relativo a otra de las categorías sociales que en las últimas décadas han complejizado los debates sobre ciudadanía y derechos humanos. Hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es legal solamente en una decena de países en todo el mundo. En el continente americano (“las Américas”), es legal en el nivel nacional-federal solo en Canadá y Argentina. Canadá fue el primer país de América en habilitar una legislación tal, y Argentina el primero en América Latina. En Argentina, el matrimonio entre personas del mismo sexo adquirió fuerza de ley el 22 de julio de 2010, cuando la ley fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación. El trámite en el Congreso se inició el 5 de mayo de ese año con la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que el 15 de julio recibió la aprobación del Senado. Los debates acerca de este instituto de tan reciente aceptación (por primera vez reconocido en el mundo en 2001 en los Países Bajos) tienen alcances religiosos, políticos y civiles todavía hoy muy problemáticos y cuyos efectos transformadores aún es muy temprano sopesar, pues ponen en cuestión la institución que ha sido matriz de derechos en el mundo moderno: la familia.

Algunos casos: los movimientos sociales de México, Ecuador, Bolivia y Argentina

Suele señalarse como marca inicial la irrupción pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la mexicana/maya selva Lacandona, el 1º de enero de 1994, el mismo día del comienzo de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá). Bruckmann y Dos Santos (2005) destacan que en el zapatismo “la vertiente indígena asum[ió] el carácter de una postura ideológica propia, que t[uvo] tanto inspiración indigenista cuanto un objetivo universal”. Así, se persiguió “formar un movimiento donde el indigenismo t[uv]o que ver con una postura ecológica, de una relación fuerte con la naturaleza, con una ideología opuesta al capitalismo y también las vertientes estalinistas del marxismo, pretendidas fuerzas progresistas que ve[ía]n el progreso como un camino eliminador de las formas anteriores”.

Pero antes de la irrupción del zapatismo, un movimiento social significativo fue el articulado por los indígenas de Ecuador, aunque es cierto que enseguida fue opacado por el protagonismo del EZLN, en los medios de comunicación de masas y en buena parte del mundo académico y político (124).

Los indígenas y campesinos de Ecuador irrumpieron en la escena pública el 4 de junio de 1990, durante el Gobierno del “socialdemócrata” Rodrigo Borja. Cerca de dos millones de indígenas se movilizaron en todo el país, bloqueando carreteras, realizando marchas y, como corolario, cohesionando a organizaciones hasta entonces dispersas, con escasas y esporádicas relaciones entre sí. No era la primera vez, desde luego, que este sujeto se alzaba. Como ya se ha visto, la conquista y colonización remodelaron las sociedades andinas a partir de la hacienda. Dialécticamente, la hacienda, locus de la explotación económica y de la dominación social, política y cultural fue, al mismo tiempo, locus de pervivencia de la identidad originaria y, en cierto sentido, de resistencia, más latente que manifiesta. Como ya se ha dicho, una verdadera matriz.

Desde 1950 hubo en Ecuador un incremento del número de comunas y de la población originaria no aculturada, en buena medida por la caída de la mestización y la mayor tasa de crecimiento demográfico indígena. Así, se fortaleció el proceso de recomposición comunitaria, lo cual contribuyó a homogeneizar el mundo indígena y a generar posiciones negadoras de las formas de representación política centralizadoras y del poder blanco-mestizo. El impulso estatal a la alfabetización (desde 1963) y el fomento a la educación en quechua y a la educación bilingüe intercultural (en la década de 1980) facilitó la aparición de una dirigencia ilustrada e intelectuales indígenas (Zibechi, 2002).

Ana María Larrea Maldonado (2004) coincide con Raúl Zibechi en el señalamiento de “la revitalización del proceso identitario”, considerando que el surgimiento de la protesta indígena tuvo como antecedente inmediato la desestructuración del sistema de haciendas. Añade que el nuevo tejido organizativo indígena se expandió y condujo a la constitución de también nuevas representaciones regionales y nacionales, caracterizadas por “una clara confluencia entre historias locales y procesos organizativos de mayor escala”. Así, en 1972 se constituyó en la sierra la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) –autodefinida en 1975 como organización “indígena, campesina y clasista” que procuraba la formación de un Estado socialista–. En 1980 surgió la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), y poco después el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, convertido en 1986 en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), rápidamente posicionada como la organización más importante, con una intelectualidad propia y una dirigencia autónoma. La CONAIE definió a Ecuador como un país pluricultural, plurinacional y multilingüe, y comenzó a hablar de “nacionalidades indígenas”.

Después de la masiva movilización de 1990, el segundo acto fue la Rebelión de Quito, en enero de 2000, que profundizó la crisis política en la que estaba inmerso el Gobierno de Jamil Mahuad. En marzo de 1999, el Gobierno había congelado los depósitos bancarios y en enero de 2000 había dolarizado la economía. Se trataba de una respuesta a la crisis económica que, fundamentalmente, beneficiaba al sistema de corrupción y exclusión dominante. En este escenario, los movimientos sociales ganaron la calle y la CONAIE levantó la consigna de salida de los tres Poderes del Estado, al tiempo que se establecieron Parlamentos del Pueblo en varias provincias.

El 19 de enero de 2000, una masiva marcha indígena avanzó sobre Quito y virtualmente tomó la ciudad, ocupando dos días después el Congreso y el Palacio de Justicia. Un número significativo de coroneles, oficiales y soldados se sumó espontáneamente al movimiento indígena, permitiendo la formación de una Junta de Salvación Nacional integrada por un militar, el coronel Lucio Gutiérrez, un dirigente indígena, Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, y un político, Carlos Solórzano Constantine, un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia con no muy buenos antecedentes. El Triunvirato duró unas horas, pero contó con la presencia de un indígena en el Gobierno, que las clases dominantes consideraron inadmisible.

Las Fuerzas Armadas forzaron al coronel Gutiérrez a dejar su puesto en favor del general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto, quien debía poner en marcha la sucesión constitucional. En las primeras horas de la mañana del 22, el vicepresidente Gustavo Noboa asumió la presidencia del país, significativamente, en el Ministerio de Defensa y ante los altos mandos militares.

Los indígenas, inducidos por el nuevo Gobierno, aceptaron iniciar negociaciones por sus demandas –disolución del Congreso, inmediata devolución de los fondos bancarios congelados, abolición de la dolarización, rechazo de las privatizaciones, libertad de los detenidos durante la jornada del 21 de enero y archivo de las causas, ratificación de la revocatoria de mandato de Mahuad y salida inmediata de cualquier fuerza militar extranjera operante en el país (esta última demanda aludía a la entrega de la base aérea de Manta a fuerzas militares norteamericanas, en el marco del Plan Colombia)–. El proceso llevó a la CONAIE a disminuir sus demandas y, finalmente, a la frustración.

Un año más tarde, en enero y febrero de 2001, se produjo la segunda Rebelión de Quito. Era un nuevo levantamiento indígena de alcance nacional y con cierre de carreteras, movilizaciones rurales, bloqueo de ciudades y nueva toma de la capital del país, en protesta contra las medidas económicas adoptadas en diciembre de 2000. A diferencia de enero de aquel año, ahora la respuesta gubernamental fue la apelación a la violencia: detención de dirigentes (Vargas, entre ellos) y activistas indígenas de la CONAIE y otras organizaciones, y bloqueo policial del edificio de la Universidad Politécnica Salesiana –en cuyas instalaciones se habían establecido los indígenas y sus familias–. El bloqueo de la sede universitaria impidió que los sublevados recibieran víveres, asistencia médica y cualquier otro tipo de ayuda. Hubo persecuciones, maltratos y vejaciones.

La tensa situación se descomprimió con el comienzo de nuevas negociaciones entre el Gobierno de Noboa y los dirigentes indígenas, enmarcadas en “una estrategia gubernamental poco transparente, denunciada por los dirigentes indígenas como una sucesión de maniobras para incumplir aquello que en principio se llegó a acordar” (Paz y Miño Cepeda, 2002b: 59). Como resultado de las negociaciones, bajó el precio del gas de uso doméstico y de la gasolina durante un año, y hubo acuerdos preliminares en otras materias.

Como se ha visto antes en este mismo capítulo, en las elecciones de 2002 la alianza de dos nuevas fuerzas políticas, la Sociedad Patriótica 21 de Enero (SP21) y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), junto a diversas organizaciones indigenistas y de izquierda, promovieron la candidatura del ex coronel Lucio Gutiérrez, quien resultó electo.

Pachakutik es un partido que se creó como brazo político de la CONAIE en 1996. Larrea Maldonado (2004: 69) afirma que “en el nacimiento de Pachakutik confluyen tres tendencias: la propuesta de las organizaciones amazónicas de crear un movimiento político exclusivamente indígena; el planteamiento de las organizaciones serranas y la izquierda política de contar con un movimiento político multiétnico, y la idea de generar alianzas más amplias con tendencias progresistas”, promovida por actores sociales urbanos del sur del país. El nombre Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País refleja esas tres vertientes.

En su primera participación electoral logró el 10% de los votos, desempeñando un papel importante en la Asamblea Constituyente de 1997-1998, en la cual –en alianza con partidos de izquierda y en un cuadro de fragmentación del sistema de partidos– logró la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –junto con el anterior Convenio 107, instrumentos jurídicos internacionales con carácter vinculante protectores y reguladores de los derechos de los pueblos indígenas en diferentes áreas de su interés–. La CONAIE y la Coordinadora de Movimientos Sociales elaboraron sus demandas por una democracia participativa. Finalmente, la nueva Constitución, sancionada en 1998, reconoció a Ecuador como un Estado multicultural y multiétnico, y a los pueblos indígenas como titulares de una serie de derechos colectivos. Asimismo, incorporó instrumentos como la revocación del mandato, el referéndum por iniciativa ciudadana y medidas para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y representantes elegidos.

En marzo de 2006, hubo un nuevo levantamiento indígena, exigiendo la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que Ecuador estaba entablando con Estados Unidos y la caducidad del contrato con la empresa Occidental (Oxy), entre otras cuestiones. Pese a la brutal represión del Gobierno transitorio de Alfredo Palacio (y otras maniobras, como la cooptación, el atentado al presidente de la Confederación y la implementación del Prodepine), el movimiento logró esos dos objetivos, evidenciando una rápida capacidad de recuperación tras la breve participación en el Gobierno de Gutiérrez.

En las elecciones de octubre de 2006, Rafael Correa triunfó (enfrentando a Álvaro Noboa) en segunda vuelta, al frente de Alianza País, al cual se sumaron, entre otras fuerzas de izquierda, el Pachakutik. Este partido tuvo cierto éxito en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, sumando algunas bancas a las abrumadoramente mayoritarias de Correa. Tras la consulta popular realizada en septiembre de 2008, se aprobó el nuevo texto de la Constitución. Como veremos enseguida, este es expresión de un proyecto de radicalización de la democracia en Ecuador.

En México, el contexto político en el cual apareció y se desarrolló la protesta indígeno-campesina de Chiapas en 1994 fue diferente al ecuatoriano. Ese año, cuando irrumpió el EZLN, Carlos Salinas de Gortari estaba concluyendo su mandato (1988-1994), para ser reemplazado por Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). La protesta se desarrolló coincidentemente con el proceso de reforma política que, como se ha visto, llevó a que el PRI perdiera el control del Gobierno federal en las elecciones del año 2000.

El movimiento zapatista apeló a una forma de organización que hizo recordar las experiencias de las décadas de 1960 y 1970, la de la política armada y la de la guerra de guerrillas. Pero la forma mostraba más innovaciones que continuidades. Ya la primera Declaración de la Selva Lacandona las hacía visibles al proclamar que los insurgentes eran producto de quinientos años de luchas sucesivas. El documento mencionaba la esclavitud, la lucha por la independencia de España, la desplegada contra el expansionismo norteamericano, la emprendida a favor de la Constitución liberal y contra los invasores franceses y la dictadura de Porfirio Díaz. En esas luchas, señalaba la Declaración, “el pueblo se rebeló formando sus propios líderes” y, seguía, “surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros”.

El movimiento se concebía a sí mismo como parte de una historia plurisecular de donde se deducía también la reivindicación de la identidad indígena. En efecto, Chiapas –territorio anexado a México en 1824, país al cual se integró, mediante caminos, ferrocarril y telégrafos, durante el porfiriato– tiene una larga historia de rebeldía. La población chiapaneca actual es muy diversa social y culturalmente, incluso en pertenencia étnica, en parte por las migraciones internas. Así, conviven choles, tzotziles, tzeltales, zoques, chinantecos, mixtecos, tojolabales, nahuas, y otros grupos guatemaltecos que llegaron como refugiados políticos. La llamada Comunidad Lacandona está poblada por tzeltales, choles, tzotziles y lacandones, en orden de importancia numérica. Los tzotziles se autodenominan batsil winik’otik (hombres verdaderos) y los tzeltales winik atel (hombres trabajadores). Ambos hablan el batsil k’op, o lengua verdadera o legítima.

Sobre el final de la primera Declaración de la Selva Lacandona, los zapatistas denunciaron a “los dictadores” por aplicar “una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años”. La resistencia a ese genocidio se inscribía, a su vez, como parte de la lucha del pueblo mexicano (es decir, no solo indígena) “por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”. Esas eran “demandas básicas de nuestro pueblo”, cuya consecución exigía pelear hasta lograr su cumplimiento, “formando un Gobierno de nuestro país libre y democrático”. En rigor, el EZLN puede ser caracterizado como la expresión armada de un movimiento social inicialmente orientado a transformar las relaciones y las instituciones políticas en pro de un incremento de derechos civiles, libertades democráticas, participación y capacidad de decisión, de modo tal que los pueblos originarios no estuvieran al margen del sistema político.

Así, la Declaración de la Selva Lacandona reclamaba la cabal aplicación del artículo 39 de la Constitución mexicana: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno”.

Inicialmente, el zapatismo planteó como demandas de satisfacción más urgente la restitución de las tierras ocupadas por los pueblos originarios, la autonomía, la democratización política y la provisión de salud y educación para los indígenas. Empero, la dialéctica social y la política mexicana impuso cambios en, al menos, el lenguaje y los objetivos del EZLN. Después de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados con el Gobierno en febrero de 1996, y del fracaso de la Mesa de Diálogo sobre Democracia y Justicia (junio del mismo año, centrada en la reforma del Estado), el EZLN lentamente orientó su discurso hacia los derechos de los pueblos indígenas, al tiempo que todas sus acciones, entre 1996 y 2001, se encuadraron en el cumplimiento de los Acuerdos. Más aún, tras la firma de los Acuerdos de San Andrés, los pueblos indígenas participantes en los diálogos de paz se organizaron con el nombre de Congreso Nacional Indígena (CNI), del cual forman parte la mayoría de ellos y el EZLN.

Respecto de la relación del EZLN y la política nacional, Pablo González Casanova (1995) advirtió que los indígenas chiapanecos hicieron, en 1994, con la solidaridad del EZLN, un primer intento ofensivo de lucha electoral. Apoyaron entonces a un candidato de la sociedad civil y del PRD a la gobernación del estado. No fue la primera participación electoral de los indígenas. González Casanova recuerda previos fracasos, como el de 1982, cuando los tojolabales bregaron, sin éxito, por la presidencia municipal de Las Margaritas bajo la cobertura del Partido Socialista Unificado de México (PSUM): derrotados, “perdieron la esperanza”. Los dirigentes indígenas hicieron “entrismo” en los diferentes partidos políticos, ya fuera el oficialista o los de oposición, con un cierto oportunismo que, por lo general, terminó en prácticas clientelares, si bien lo decisivo fue la respuesta violentamente represiva de la “vieja clase-etnia dominante”. De allí lo novedoso de la situación generada tras la aparición del EZLN: la estructuración de “una fuerza y una organización política, democrática y autónoma en las propias formaciones indígenas y campesinas”, como la coordinación de los Consejos Supremos Tzeltales y Tzotziles, democráticos y representativos, y el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), creado en 1994 por 182 organizaciones campesinas-indígenas, en principio enfrentadas a la cooptación gubernamental y empresarial.

El CEOIC es un buen ejemplo de las dificultades de los movimientos indígenas y campesinos para enfrentar las prácticas clientelares –por lo tanto divisionistas– de los gobiernos. En este caso, mientras las organizaciones campesinas demandaban tierra, proyectos productivos, libertad a los presos políticos, etc., el Gobierno respondía comprando a algunos dirigentes (por ejemplo, entregándoles camionetas, y generando así conflictos interorganizaciones). El diálogo de San Andrés provocó la división del Consejo en dos: el CEOIC Independiente, partidario del proceso de diálogo, en cuya Mesa formularon sus demandas, y el CEOIC oficial, que decidió negociar con el Gobierno al margen del resto del movimiento campesino. A su vez, el primero vivió luego una escisión cuando un sector también optó por sumarse a la negociación con el representante del Gobierno federal.

González Casanova (1995) sostiene que en las organizaciones campesinas-indígenas “nace la voluntad organizada y civil de una democracia con dignidad, justicia y libertad. […] Su definición incluye la lucha por la ciudadanía, la lucha por la tierra y la lucha por la liberación de los pueblos indios, objetivos articulados en la conciencia política de las organizaciones indígenas agrarias, y cívicas desde 1992” (González Casanova, 1995), año de realización de la Marcha de los 500 Años de Resistencia Indígena Popular. Tras ellas, los participantes formaron el Frente de Organizaciones Sociales Chiapanecas, una especie de frente cívico y urbano, no partidista ni electoralista, autónomo respecto de organizaciones sociales y políticas y del Estado, proclamando una Nueva Lucha Política de los Indios, por la Tierra, la Nación Mexicana y un sistema democrático con justicia y dignidad.

El EZLN –que proclama no haber renunciado a cambiar el mundo– no se ha planteado la toma del poder ni la construcción de una organización política propia para competir y disputar en el plano electoral, optando por marginarse de este. La llamada “La Otra Campaña”, iniciada en enero de 2006 con motivo de las elecciones presidenciales de julio del mismo año, fue presentada como alternativa estratégica para la reconstitución de la nación mexicana desde la perspectiva de los oprimidos y los explotados, a partir de una práctica política capaz de romper con la cultura del caudillismo y la delegación de poderes y saberes en una clase política profesional. Empero, ahí radica lo que Neil Harvey (2005) llama la “paradoja del zapatismo”: capacidad de producir propuestas y acciones renovadoras de la política, con una ética fundada en la dignidad y el respeto a la diferencia; incapacidad para incidir directamente en la formulación y adopción de las reformas políticas nacionales, “pactadas entre los partidos políticos y el Poder Ejecutivo”, entre ellas las electorales, que han posibilitado alternancia en el ejercicio del Gobierno en las instancias locales, estaduales y federal.

En Bolivia, la gestación de los nuevos movimientos sociales puede fecharse en 1986, con un fracaso en lo inmediato: la realización de la Marcha por la Vida y por la Paz, respuesta vana del sindicalismo minero –la columna vertebral de la Revolución de 1952 y sujeto social y político principal desde entonces– a la decisión del Gobierno de Paz Estenssoro (el mismo que había encabezado la Revolución) de desnacionalizar la minería, terminar con la histórica Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y despedir a unos 20.000 trabajadores (125).

Los mineros fueron “relocalizados”, asentándose en otros lugares del país: la mayoría en El Alto, ciudad contigua a La Paz, otros en el Chapare, donde se tornaron campesinos cocaleros, y los menos en el occidente, donde se organizaron e interactuaron con otros grupos sociales. El principal capital que llevaron y emplearon fue su experiencia sindical (proletaria, unos; campesina, otros), a partir de la cual reconstruyeron o construyeron nuevas redes sociales. Desde allí recuperaron la política y la iniciativa.

El Alto, una ciudad que pasó de 307.000 habitantes en 1985 a casi 800.000 en 2005, se convirtió, dialécticamente, en ciudad emblemática de los efectos de las políticas neoliberales, tanto en su aspecto negativo, la migración forzada, como en el positivo, la constitución de un nuevo sujeto social y político.

A su vez, los indígenas de la Amazonia boliviana –más independientes del Estado y del movimiento obrero–, que estaban en lucha con empresas madereras, realizaron en 1990 una exitosa Marcha por el Territorio y la Dignidad: consiguieron que el Estado otorgara títulos de propiedad a los pueblos indígenas (más de dos millones de hectáreas), y en 1996, por ley, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios.

En 1997 asumió la presidencia el ex dictador Banzer, apoyado en una alianza (el MIR de Paz Zamora y otros partidos menores) que le dio la legitimidad que no le daba el magro resultado electoral. Banzer profundizó la política de privatización de las refinerías y erradicó las plantaciones de hoja de coca excedentarias. A raíz de esto, Evo Morales, diputado de la región del Chapare, lideró masivas movilizaciones, todas violentamente reprimidas. El ciclo de protesta, sin embargo, siguió en marcha.

En abril de 2000, ante la decisión del Gobierno de privatizar los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cochabamba, hubo nuevas protestas y marchas (Guerra del Agua), que el ex dictador Banzer volvió a reprimir, decretando, además, el estado de sitio. En el altiplano, las protestas fueron lideradas por otro dirigente indígena, Felipe Quispe.

La Guerra del Agua se inició como respuesta popular al desmedido aumento tarifario (hasta 300%) del servicio provisto por Aguas del Tunari, una empresa subsidiaria de la transnacional norteamericana Bechtel. Esa movilización permitió la formación de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, “una nueva forma de agregación social flexible y multisectorial”, significativamente, liderada por un dirigente obrero fabril, Oscar Olivera. Los cochabambinos lograron el primer triunfo popular tras un ciclo decenal de derrotas (Stefanoni y Do Alto, 2006: 24).

Después vinieron los bloqueos de los aymaras, una formidable experiencia llevada a cabo durante los años 2001 y 2002, con la conducción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTB), con Felipe Quispe, su Secretario Ejecutivo, al frente. Dos son los significados destacables de este momento del conflicto: “La revitalización de las estructuras comunales y del discurso étnico-nacional indígena”, y la construcción de una formidable “maquinaria comunitaria militar” para cercar la ciudad de La Paz. Una y otra permitieron la expulsión del poder estatal de las comunidades –reemplazado por “un complejo sistema de autoridades comunales (cabildos, asambleas, comités de bloqueo, etc.)”– y enfrentar “a las fuerzas armadas del Estado por medio del traslado de la institución del trabajo comunal (turnos, trabajo colectivo) al ámbito guerrero. Así emergió el cuartel general de O’lachaka como el estado mayor de las fuerzas armadas aymaras movilizadas y, en varios pueblos del altiplano, la policía fue expulsada y reemplazada, temporalmente, por ‘policías sindicales’” (Stefanoni y Do Alto, 2006: 24-25). Este componente militar es un aspecto comparable con el caso chiapaneco.

En 2001 Banzer renunció porque estaba enfermo, y falleció al año siguiente. En 2002, el vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez (en ejercicio desde la renuncia del ex dictador), entregó el mando a Sánchez de Lozada, electo por segunda vez en la historia del país.

En octubre de 2003 estalló la llamada Guerra del Gas, que se inició como reacción a la medida gubernamental de exportar gas a México y a Estados Unidos a través de puertos chilenos. Esta medida: 1) disparó la protesta por enviar gas al extranjero mientras la mayoría del pueblo boliviano carecía de redes domiciliarias para utilizarlo, y 2) potenció el sentimiento nacionalista –caro a los bolivianos desde el trienio del “socialismo militar” (1936-1939), cuando se nacionalizaron los yacimientos petrolíferos controlados por la norteamericana Standard Oil, y, sobre todo, desde la Revolución de 1952–, en la doble vertiente antichilena (por la pérdida del litoral marítimo al cabo de la Guerra del Pacífico, 1879-1882) y antinorteamericana (por su oposición al cultivo de la coca y su excesiva injerencia en la política nacional). Rápidamente se pasó al cuestionamiento de la política neoliberal del Gobierno de Sánchez de Lozada.

El 19 de septiembre de 2003, un cabildo abierto en Cochabamba, del que participaron más de 40.000 personas, levantó las consignas de huelga general indefinida, bloqueo de caminos y resistencia civil en caso de no tener respuestas satisfactorias a sus demandas. Movilizaciones similares se produjeron en otras ciudades del país, incluyendo La Paz, donde fueron convocadas por la COB y el MAS. El asesinato de campesinos por fuerzas de seguridad provocó una escalada de violencia, pues los aymaras no vacilaron en responder, constituyendo, en Achacachi un “alto mando de la resistencia civil”, siguiendo el camino iniciado durante los dos años anteriores, y culminando con la apelación: “Ahora sí, guerra civil”.

En El Alto, las Juntas Vecinales se sumaron a la protesta y decidieron realizar un paro cívico el 8 de octubre. A su vez, los mineros de Huanuni avanzaron a pie y en camiones sobre La Paz, y los campesinos cocaleros de Yungas bloquearon caminos. La capital quedó aislada por completo, rodeada por insurrectos. El Gobierno intentó romper el cerco reprimiendo brutalmente (25 muertos), pero sin lograr su propósito. Los sectores medios, e incluso acomodados, de La Paz y de otras ciudades se pusieron de lado de los contestatarios. Una masiva concentración popular en la Plaza de los Héroes, en la capital, terminó con el Gobierno de Sánchez de Lozada (Zibechi, 2006a: 54 y ss.). El desenlace fue resultado de “una red contingente de centenares de agrupaciones de base y formas autónomas de organización”. La COB, aunque reapareció, estuvo lejos del protagonismo del pasado. A la cabeza estaban ahora las Juntas Vecinales y los sindicatos campesinos, cuya “capacidad de resistencia […] se transformaría con rapidez en ofensiva política en el terreno institucional” (Stefanoni y Do Alto, 2006: 77).

Sánchez de Lozada, efectivamente, renunció y asumió su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert. El presidente provisorio debió gobernar sin el apoyo del Congreso, reducto de la vieja política, y con la desconfianza vigilante de las masas populares, demandantes de la nacionalización de los hidrocarburos y de la convocatoria a Asamblea Constituyente (la llamada “agenda de octubre”). A su vez, la burguesía de Santa Cruz reclamó autonomía departamental.

El Gobierno no pudo resolver los conflictos, que se extendieron hasta provocar una crisis política que llevó a Mesa a presentar tres veces su renuncia, finalmente aceptada el 6 de junio de 2005. Tres días después asumió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, para llevar adelante un proceso electoral normalizador. Para los movimientos sociales, el resultado, dicen Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto, fue empate: no lograron la nacionalización pero impidieron el regreso de la vieja política. En un compromiso no escrito, Rodríguez acordó con la burguesía cruceña y los movimientos sociales la realización de elecciones generales el 18 de diciembre de 2005 (Stefanoni y Do Alto, 2006: 91). En esas elecciones triunfó el líder cocalero y máximo dirigente del MAS, Evo Morales.

En su única sesión del 12 de octubre de 1992, la Asamblea de los Pueblos Originarios –el “nacimiento del movimiento campesino-indígena como sujeto político” (Stefanoni y Do Alto, 2006: 51-52)– había discutido la “tesis del instrumento político”, una propuesta de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia tendiente a crear su propio brazo político. Era la conclusión de la evaluación negativa de la experiencia de confiar en la palabra de los sucesivos gobiernos, pero también de la organización sindical como forma adecuada y suficiente para alcanzar las aspiraciones populares. La Asamblea se dividió en torno a dos posiciones, la del “instrumento político”, apoyada por los cocaleros, y la de la “autodeterminación de los pueblos originarios”, defendida por los herederos radicales del katarismo de la década anterior. No hubo acuerdo y en 1993 se acordó participar del Eje de la Convergencia Patriótica, una alianza de izquierda, y se optó por una fracción, la liderada por Felipe Quispe, por la creación del Movimiento Indígena Pachakutik en 2000, mientras otra, dirigida por Evo Morales, prefirió fortalecer el Movimiento al Socialismo (MAS), originariamente una escisión de la tradicional y reaccionaria Falange Socialista Boliviana. La primera fracasó; la segunda llevó a Morales a la presidencia.

Como veremos enseguida, Evo se propuso la “refundación de Bolivia”, un objetivo estratégico en un país donde casi el 70% de la población es indígena (en su mayoría, quechuas, aymaras y guaraníes).

En un contexto nacional distinto, Argentina también fue escenario de la nueva conflictividad social. La crisis desatada en diciembre de 2001, en tanto ocasión propicia para la aparición de nuevas formas de representación, organización y acción, tuvo algunas expresiones bien interesantes, como los piqueteros, la recuperación de fábricas y las asambleas barriales, entre las más importantes. De ellas, la forma de representación, organización y acción más persistente ha sido la articulada por los piqueteros.

Los primeros piquetes aparecieron en junio de 1996, protagonizados por trabajadores petroleros de Cutral-Có, a los que se sumaron en 1997 los de Tartagal, desocupados tras el proceso de privatización de YPF, adoptando la modalidad del corte de rutas, al estilo de los campesinos bolivianos. Ambos fueron inicialmente desactivados por el Gobierno de Carlos Menem, apelando al otorgamiento de planes de asistencia para desocupados. Pero poco después empezaron a surgir movimientos similares en el Gran Buenos Aires. Su expansión cuantitativa, como forma de lucha, fue muy rápida. Inicialmente, sus demandas se centraban, casi exclusivamente, en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y, obviamente, trabajo.

En la organización y modus operandi de los piquetes, de los cuales participan todavía hoy hombres y mujeres de una ancha banda etaria, es posible apreciar el pasado obrero. Solo la experiencia de las luchas sindicales puede dotar de instrumentos de las características de los utilizados, incluyendo la apelación a la violencia. Política e ideológicamente constituyen un mosaico de posiciones, a menudo con importantes divergencias, aunque todos se reconocen como parte del campo popular, una expresión ambigua que potencia lo que los une al tiempo que posterga el análisis de las diferencias.

Las organizaciones piqueteras generaron un nuevo tejido social, a partir de originales formas de acción en los barrios, que abarcan desde huertas vecinales hasta comedores y centros de salud comunitarios. Pero el potencial disruptivo se vio ocluido por la entrada en la lógica perversa de funcionamiento del sistema político tradicional. En efecto, el Estado destina una importante suma anual de dinero para atender los planes de asistencia, asignados a las distintas organizaciones. En principio, estas rompieron el antiguo monopolio del reparto de la ayuda social, que compartían caudillos políticos y sindicales, pero no rompieron con la práctica de negociar con el Estado (en los niveles nacional, provincial y municipal) y entre ellas mismas, el quantum del reparto. Así, terminó imponiéndose la lógica clientelista, a la cual no escaparon las organizaciones más contestatarias, en un proceso de captura por la lógica corporativa, históricamente predominante en el sistema político argentino.

En efecto, cuando el 19 y el 20 de diciembre de 2001 la política se trasladó de los cenáculos a las calles, las formas de protesta se potenciaron y fueron los piqueteros los que más lograron proyectarse en el tiempo. El proceso de captura por la lógica corporativa no es ajeno a otro fenómeno que trajo consigo la crisis. Ella no solo terminó con el Frente País Solidario (FREPASO) –el último y, otra vez, frustrado intento de constituir un tercer gran partido–, que fue parte del Gobierno de la Alianza (1999-2001), sino que también arrasó y fracturó fuertemente a los dos grandes partidos tradicionales de masas, la UCR y el PJ. Desde entonces, ninguno de los dos partidos es lo que ha sido históricamente.

Respecto de los piqueteros, el Gobierno de Néstor Kirchner, y de su continuadora Cristina Fernández de Kirchner, realizó un notorio trabajo de captación de dirigentes (transformismo molecular, si se quiere). La institucionalización del conflicto no es ajena a un dato contundente. Entre diciembre de 2001 y abril de 2003 se pasó de una situación cuasi insurreccional a elecciones presidenciales con alta participación ciudadana y a una fase de estabilización institucional, a modo de mentís rotundo a las movilizadoras consignas del verano de 2002: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, “Piquetes, cacerolas/la lucha es una sola”. Se trata de un viraje más que significativo, con una relegitimación de hecho de los políticos denostados aquel verano.

La otra gran novedad, hoy claramente en mengua, fueron las asambleas vecinales o barriales, constituidas en algunas de las principales ciudades del país (sobre todo en Buenos Aires). En ellas, miles de vecinos se reunieron espontáneamente, dando origen a nuevas formas de instituir lo público-político y superando la institucionalidad estatal existente. Así, la realización de acciones solidarias convergentes con otras organizaciones y sujetos sociales dio cuenta de la potencialidad de esta nueva forma de participación desde abajo. Muchos asambleístas desertaron cuando observaron los intentos de cooptación por parte de organizaciones políticas (en general, de izquierda), que se autopostulaban como vanguardia. Pero también hay que considerar que no fue menor la propia incapacidad de pasar a una instancia superior de organización y acción. En poco tiempo, las asambleas barriales, más allá de algunas prácticas exitosas, se desvanecieron como espacio renovador de la práctica política y profundización de la democracia.

Más continuidad y éxito alcanzó la ocupación, por parte de sus trabajadores, de empresas cerradas –a menudo, en rigor, vaciadas– por sus propietarios. El movimiento de los recuperadores de fábricas es el más filiado en la tradición clásica de luchas sociales proletarias contra la burguesía.

Por otra parte, en Argentina –un país con una estructura social agraria en la cual, a escala nacional, el campesinado no ha sido un sujeto significativo–, el surgimiento de nuevos movimientos campesinos está, en la mayoría de lo casos, asociado a las transformaciones operadas a partir de 1991, cuando la desregulación dejó a los pequeños productores a merced de los grandes. Pero si los movimientos campesinos han tenido una presencia importante en el ciclo de protestas abierto a partir de los años ochenta, ellos no han tenido la envergadura de los movimientos sociales de Ecuador, México y Bolivia, ni del MST en Brasil.

Los “nuevos” gobiernos en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile

En 2002, Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente con el 60,83% de los votos, convirtiéndose en el candidato más votado de la historia política brasileña. Líder obrero, afiliado a un partido de izquierda, Lula rápidamente suscitó los más encendidos debates acerca de las posibilidades de la “nueva” izquierda en América Latina. Más allá del debate de ideas, lo cierto es que en los hechos sus dos gobiernos (2002-2006 y 2006-2010) y el de su sucesora Dilma Roussef (2010-2014) han otorgado un sentido social a la democracia brasileña (126).

Uno de los logros sociales más significativos del Gobierno de Lula, que perdura hasta hoy, fue la implementación del programa de asistencia Bolsa Família, iniciado en 2003. Se trata de un programa que otorga un ingreso a las familias pobres, supeditado a algunos requisitos como el cumplimiento de la asistencia escolar, la vacunación, el control nutricional y los cuidados de salud. Como resultado de la aplicación de este programa el nivel de vida de amplísimos sectores de los estratos más pobres ha mejorado considerablemente. De hecho, la pobreza descendió de 28% en 2003 a 22% en la actualidad. Hacia el final del primer período de Gobierno, habían sido beneficiadas más de once millones de familias. A tal punto tuvo éxito esta política que fue uno de los elementos más contundentes que inclinaron la balanza electoral en favor de Lula cuando este debió enfrentarse a Geraldo Alckmin en segunda vuelta en las elecciones de 2006.

Sin embargo, no todos fueron logros. Buena parte de la fuerza del PT radicó en la novedad que significaba su creación desde abajo. Pero esa novedad también entrañaba debilidades, principalmente: la ausencia de entrenamiento político de sus dirigentes y sus cuadros –la mayoría de ellos con experiencia, en el mejor de los casos, en actividades sindicales, universitarias o en otras áreas de la sociedad–; la carencia de recursos materiales; la tensión interna entre la actividad política partidaria y la actividad movimientista social-laboral, con sus lógicas de acción diferentes; la tensión interna dada por las divergencias ideológicas de sus miembros (desde católicos hasta trotskistas). Estas debilidades y el hecho de tener una magra representación legislativa en el Congreso Nacional, que obligó al Gobierno a constantes negociaciones con los otros partidos, fueron elementos propicios para las prácticas corruptas, por otra parte, estructurales de la política brasileña. Los escándalos afectaron gravemente al Gobierno en 2005, cuando fueron denunciados los sobornos por parte de miembros del PT a legisladores de partidos de la oposición para conseguir la aprobación de proyectos del bloque oficialista (crise do mensalão).

En estas circunstancias, Lula admitió los errores y dio inicio a un proceso de limpieza dentro del PT y del Gobierno que llegó a afectar a dirigentes de primera línea. Esto le permitió superar la crisis y postularse para la reelección. Aun cuando los logros de su primera gestión habían sido contundentes y contaba con posibilidades de triunfar en una primera vuelta, la crisis de corrupción significó pagar un costo político: en las elecciones de 2006 no consiguió la mayoría absoluta, debiendo pasar a una segunda vuelta (en la cual se impuso con el 60,83% de los sufragios).

En efecto, en materia de logros, el Gobierno de Lula había alcanzado resultados económicos remarcables, como baja de la inflación, alta tasa de crecimiento del PBI, reducción del desempleo y aumento de la balanza comercial. Asimismo, respecto de la dimensión social de la democracia, su Gobierno incrementó el salario mínimo y otorgó planes sociales a amplios sectores de la población (como el exitoso Bolsa Família) que permitieron disminuir la malnutrición infantil en un 46% promedio (el porcentaje es aún más alto en el tantas veces postergado Nordeste). Así, los niveles de pobreza se redujeron y hubo redistribución del ingreso.

Lula siguió una política económica pragmática, no muy diferentes de la aplicada antes por el Gobierno de Cardoso. Para los mercados internacionales y las elites financieras fue crucial el cumplimiento de los compromisos con los organismos internacionales, así como cierta ortodoxia. Si el énfasis en la macroeconomía contentó a las clases medias, que lo votaron para un segundo mandato, algunos sectores de la izquierda manifestaron su descontento y radicalizaron sus posiciones. Esto explicó la ruptura en 2003 y 2004 entre Lula y varios cuadros políticos del PT. Asimismo, el MST y Vía Campesina fueron críticos de Lula por no cumplir con las promesas de reforma agraria total. Por su parte, las elites coincidieron, por diferentes razones, con el diagnóstico de la izquierda en considerar negativamente las políticas sociales compensatorias. Para las elites, estas políticas eran vistas como un caldo de cultivo para el clientelismo político y la cooptación de los movimientos sociales. Para la izquierda significaban un desmedido gasto público.

La política exterior de Lula también fue uno de los componentes fuertes de su Gobierno. Brasil se ha erigido como un actor clave en la pacificación y el diálogo en escenarios conflictivos (por ejemplo en Haití). Asimismo, se ha erigido en un polo de desarrollo económico para América Latina, a tal punto que algunos analistas lo consideran a la cabeza del denominado neodesarrollismo en la región.

En los ocho años de Gobierno de Lula, Brasil experimentó grandes cambios, sin alterar la matriz capitalista de la sociedad y la economía. En rigor, Lula ha operado como un agente de modernización capitalista, lo que ha llevado a algunos analistas a caracterizar su gestión como un claro caso de revolución pasiva (en los términos gramscianos indicados en capítulos precedentes).

Un balance cuantitativo arroja resultados nada triviales.

El Estado impulsó la conversión de las empresas brasileñas en multinacionales con alta capacidad de inversión. En la región, la corriente se orientó hacia el MERCOSUR, principalmente hacia Argentina, donde los capitalistas brasileños invierten millonarias sumas anuales, pero también hacia Chile, Colombia y Perú. Esa centralidad del Estado en tal política se expresa en el papel desempeñado por el BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico y Social), una empresa pública federal creada en 1952, en el último Gobierno de Getúlio Vargas, convertida en el principal instrumento de financiamiento a largo plazo para la realización de inversiones en todos los sectores de la economía, y atendiendo a las dimensiones social, regional y ambiental, de ahí su participación en el financiamiento de actividades de salud, educación, saneamiento básico y transporte urbano, ente otras.

Por otra parte, en el marco señalado, se produjo un notable proceso de fusión empresarial, por un lado, y de fuerte crecimiento de otras (particularmente estatales) que catapultó a algunas firmas brasileñas a los primeros puestos a escala planetaria: así, la fusión de Sadia y Perdigão en Brasil-Food hizo de esta la mayor exportadora de carne procesada; Companhia Vale de Rio Doce (estatal desde su creación en 1942 y privatizada en 1997 durante el Gobierno de Cardoso) es la segunda empresa minera; Votorantin y Aracruz se fusionaron y se transformaron en la cuarta procesadora de celulosa; los Bancos Itaú y Unibanco se fusionaron y se ubicaron entre los diez primeros. Las estatales no le van a la zaga: Petrobras (establecida por Vargas en 1953, devino semipública con Cardoso) es la cuarta petrolera (con presencia en una treintena de países de América, África, Asia y Europa) y Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer, creada en 1969 por el Ministerio de Aeronáutica de la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, sobre la base previa construida bajo el populismo varguista) la tercera fabricante de aviones (detrás de los colosos Boeing y Airbus). Es bien significativo el papel estratégico y fundamental desempeñado por las empresas y los organismos estatales, fundados, excepto Embraer, en los años de gobierno de Vargas. Su éxito desmiente, con el peso de la evidencia empírica, las falacias neoliberales sobre la ineptitud empresarial del Estado.

Brasil se ha erigido como potencia global, una de las consideradas emergentes, y como tal integra el llamado BRICS (grupo constituido por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Desde 2006, exporta capitales para inversiones directas en mayor cantidad de los que recibe del exterior. En estas circunstancias, Lula se transformó en un estadista de presencia mundial.

En las elecciones de octubre de 2010, Dilma Rousseff ganó con el 56% de los votos. La victoria era rotunda, pero también implicaba un gran desafío. Brasil, como ya ha sido señalado, es el país donde la brecha entre los más ricos y los más pobres es más grande. Pese a los logros de los gobiernos petistas, aun persiste una profunda desigualdad social, extrema pobreza y muy bajas tasas de escolaridad. Otro punto sensible es la postergada reforma agraria, en un país donde el agronegocio es una actividad millonaria.

En Argentina, Néstor Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003. Su estilo de Gobierno y su programa de reformas estuvieron teñidos por el recuerdo de la experiencia política de la izquierda peronista de la década de 1970. Si bien es un dato constatable que gran parte de su base política en el Congreso y en las gobernaciones provinciales provenían de una estructura justicialista que había sostenido la presidencia de Menem, también es cierto que las primeras medidas tomadas por el presidente generaron una amplia expectativa de cambio, en particular el descabezamiento de la cúpula militar y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, dos instituciones que connotaban el proyecto menemista.

La política de Derechos Humanos y las posiciones antineoliberales que Kirchner esgrimió, apuntando directamente a los productores rurales y a algunas empresas que las privatizaciones de la gestión menemista habían puesto en manos de consorcios multinacionales, tuvieron un eco favorable entre quienes de un modo u otro abrevaban en la tradición nacional-popular asociada al peronismo.

Durante su Gobierno, y con un gabinete similar al de su antecesor Duhalde (significativamente, el mismo ministro de Economía, Roberto Lavagna), el panorama crítico de la economía comenzó a ceder: se mantuvo la devaluación de la moneda, hubo crecimiento económico y se canceló la deuda con el FMI. También mejoraron los índices de pobreza y de desempleo. Y aumentaron las reservas internacionales. En buena medida, el crecimiento y el superávit fiscal se debieron a la recuperación económica de las industrias y del sector exportador.

Un rasgo de Kirchner fue gobernar por decreto, a pesar de contar con apoyos suficientes en el Congreso. Más específicamente, el suyo fue un estilo ejecutivo personalista que, de no mediar acciones colectivas, potencia la histórica característica de la cultura política argentina de construcciones políticas “desde arriba”, propias del peronismo. Dicho de otra manera: la tendencia personalista de líderes fuertes se construye pari passu y en interacción con la simétrica de masas más dispuestas a ser guiadas que a construir una conducción consciente colectiva, es decir, a definir direcciones delegadas, más que personalistas (127).

Kirchner redefinió la agenda política y puso en primer plano cuestiones políticas y éticas que se transformaron en centrales, incluso cuestión de Estado, como en el caso de la defensa de los derechos humanos y el enjuiciamiento de quienes los violen o los hayan violado. También demostró capacidad de mando con la profunda renovación de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, buscando no solo dejar de lado a jefes presuntamente más cercanos a Menem, sino, sobre todo, contar con una conducción exenta de vinculaciones con la dictadura y el terrorismo de Estado. En materia de seguridad comenzó un proceso depurador en la Policía Federal, si bien menos radical que el operado en el Ejército, Marina y Aeronáutica. La embestida contra una Suprema Corte de Justicia desprestigiada y funcional a los designios del menemismo generó una renovación en la que primó el talento por sobre la obsecuencia. Asimismo, planteó un discurso de firmeza frente a las posiciones y pretensiones del FMI y los acreedores internacionales, a menudo acompañado de acciones de igual tenor.

Kirchner se posicionó muy bien en el plano de la política exterior, especialmente estableciendo acuerdos con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y con el de Venezuela, Hugo Chávez, entre ellos los relativos al relanzamiento, expansión y fortalecimiento del MERCOSUR. En cuanto a la relación con Estados Unidos, una cuestión obviamente clave, el mensaje siempre fue claro: no a las “relaciones carnales” practicadas por Menem y su ministro Guido Di Tella.

A mediados de junio de 2007, Kirchner dio a conocer su decisión de no buscar la reelección. El Frente para la Victoria (FPV), el partido político que, desprendido del PJ, había sostenido su candidatura en las elecciones de 2003, lanzó la candidatura de su esposa, la entonces senadora Cristina Fernández.

Según sostiene Maristella Svampa (2008: 23), “en 2007, en ocasión de las elecciones generales, el presidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, sellaron una alianza política con los sectores más conservadores del peronismo, así como con los llamados ‘radicales K’. Por otro lado, el propio Kirchner, luego de la asunción de su esposa a la Presidencia, preparó su retorno a la dirección del Partido Justicialista, lo que se hizo efectivo en abril de 2008. Ambas decisiones echaron por tierra la ilusión populista de aquellas organizaciones sociales que habían apostado a una suerte de cambio político ‘desde adentro’ o la construcción de una especie de ‘transversalidad’, más allá de la estructura rígida del partido”.

En materia de política económica, Cristina Fernández debió enfrentar el aumento en los índices de inflación, en relación con el cual dos problemas se suscitaron. En primer lugar, el cuestionamiento del organismo responsable de su medición, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El índice oficial, bastante por debajo de los cálculos de otros organismos, permite determinar el monto adeudado en concepto de intereses por la deuda externa también por debajo de lo que actualmente se calcula. En segundo lugar, la renuncia del ministro de Economía, Martín Lousteau, quien apenas después de presentar su plan para combatir la inflación fue totalmente desacreditado por el ex presidente Kirchner.

Otro problema, de mayor magnitud, fue el paro agropecuario que estalló cuando el Gobierno dio a conocer sus intenciones de cambiar el régimen de retenciones a las exportaciones. El nuevo sistema, que proponía retenciones móviles, había sido anunciado por el todavía ministro de Economía Lousteau. Tras su renuncia, y en medio de una fuerte polarización política (campo vs. Gobierno), la presidenta decidió someter a deliberación del Congreso su proyecto sobre retenciones. Este fue rechazado en la Cámara de Senadores, en una votación que el propio vicepresidente, Julio Cobos (uno de los denominados radicales K), desempató en contra de las expectativas oficiales. Se trata de una cuestión muy relevante, vinculada a la fuerte lucha por la definición del nuevo patrón de acumulación de capital, algo señalado con agudeza por Eduardo Basualdo, a la que haremos referencia infra.

Una de las medidas más sonadas del Gobierno de Cristina Fernández ha sido la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones que había sido privatizado durante el Gobierno de Menem. Primero, en julio de 2007, el Gobierno aprobó la libertad de elección para que los afiliados de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) pudieran optar por pasarse al sistema de reparto estatal. Luego lo reestatizó. También se destacan los incrementos en los haberes jubilatorios y dos planes sociales de envergadura: la Asignación Universal por Hijo y Conectar Igualdad. La adopción de la Asignación Universal por Hijo –un seguro social (un subsidio) destinado a embarazadas, trabajadores informales, desocupados y servicio doméstico con hijos menores de 18 años– ha contribuido a disminuir situaciones de indigencia y a incrementar la matrícula escolar y los controles sanitarios. Ello en razón del mecanismo utilizado: cada beneficiario recibe mensualmente el 80% del subsidio, mientras el 20% restante se acumula hasta marzo del año siguiente (mes de comienzo del año escolar), momento en el cual, para cobrar ese saldo, debe presentarse la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, en la cual deben constar los controles médico-sanitarios y la concurrencia a la escuela.

Conectar Igualdad es un programa que, sobre la base de la experiencia previa del Programa Un alumno, una computadora, dispone la entrega, en comodato gratuito y a lo largo de tres años, de tres millones de computadoras portátiles (netbooks), con conexión a Internet (aunque no son pocas las escuelas donde no existe esta conexión), a todos los alumnos y docentes de las escuelas públicas de enseñanza media del país. La medida tiene un efecto económico adicional: impulsar la fabricación y ensamblado de equipos informáticos en el país y el servicio de tendido de redes de conexión a Internet. El plan está inspirado o, al menos, tiene puntos en común con el Plan Ceibal, llevado adelante –en escala más modesta por la diferencia poblacional– por el Gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay, que entregó 420.000 unidades.

El 27 de octubre de 2010 murió el ex presidente Néstor Kirchner. El pueblo, masivamente, lo despidió en las calles, dando señales de un consenso social que ayuda a entender (pero no explica) el amplio triunfo de Cristina Fernández en las elecciones de 2011.

La muerte del ex presidente y el lugar vacante que dejaba su marcado personalismo generaron incógnitas sobre el futuro del kirchnerismo en las elecciones presidenciales siguientes. El contundente triunfo de Cristina, con el 54% de los votos, puso fin a la incertidumbre. Pero nuevas incógnitas han surgido.

A poco tiempo de comenzado su segundo Gobierno, Cristina debe definir sus alianzas dentro y fuera de su círculo de poder. En el escenario descripto, la tarea no se presenta fácil, ni para el oficialismo ni para la oposición, dispersa y carente (hasta ahora) de propuestas serias realmente alternativas.

No obstante, la cuestión más importante, y de la que menos se habla, es la planteada, como anticipamos, por Basualdo. El llamado ciclo kirchnerista (desde 2003) es, a su juicio, “un período en que se conjuga una acentuada lucha política y social encaminada a definir un nuevo patrón de acumulación de capital, con un acentuado crecimiento económico que permitió superar el impacto de una profunda crisis internacional, y la irrupción de políticas que operaron como una ‘divisoria de aguas’ entre las organizaciones populares, e incluso dentro de ellas, al alinearse a favor o en contra”. Inicialmente, el Gobierno de Kirchner reafirmó y profundizó la política de Duhalde, es decir, la de admitir “el liderazgo de la fracción del capital que ejercía la hegemonía política”, pero luego se produjo un viraje hacia otras dos políticas o líneas de acción: “La decisión inquebrantable [...] para lograr el mayor crecimiento económico anual posible, sobre la base de la expansión de la economía real”, y “la búsqueda por lograr la hegemonía política en su forma clásica, es decir, a través de otorgarle beneficios a los diversos sectores sociales subalternos”, lo cual implica la “creciente inclusión política y social de estos” (Basualdo, 2011: 125 y 139-140).

A propósito de ello, el autor destaca que Kirchner entendía que “[e]s imposible un proyecto de país si no consolidamos una burguesía nacional verdaderamente comprometida con los intereses de la Argentina” (Basualdo, 2011: 192, n. 20).

En Uruguay, el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, ganó las elecciones de 2004 con más del 50% de los votos. Vázquez llegaba a la presidencia después de su paso por la intendencia de Montevideo y después de haberse postulado como candidato de la izquierda en las dos elecciones previas. Su gobierno constituye otro hito en el camino de los “nuevos” gobiernos latinoamericanos que han buscado dotar de contenido social a la democracia.

El Gobierno de Vázquez puso en marcha un programa de asignaciones familiares para sectores de bajos ingresos. Estos mismos sectores también recibieron subsidios para alimentos, agua y energía eléctrica. Su Gobierno también permitió el acceso al sistema de pensiones a los no contribuyentes y promovió el empleo a través de la creación de un sistema de subsidios destinado a empresas privadas que contratasen a trabajadores desempleados. La educación pública y el sistema público de salud también fueron objeto de políticas tendientes a la mejora de la calidad y el acceso a ellos. En materia salarial, aumentó los salarios y expandió la negociación colectiva mediante la reactivación de los consejos tripartitos de salarios. También facilitó la negociación colectiva para los trabajadores del sector público y la economía rural. Estas reformas sociales se apoyaron en la reforma de las leyes impositivas, la cual permitió fortalecer la capacidad de recaudación del Gobierno –uno de los puntos principales de oposición política–.

En las elecciones de 2009, el Frente Amplio triunfó nuevamente, con su candidato José “Pepe” Mujica, ex integrante del MLN Tupamaros y ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Tabaré.

En términos generales, Mujica ha mantenido la política de gobierno implementada por su predecesor. Entre las líneas de continuidad se destaca el plan de “integración socio-habitacional” bautizado como “Juntos”, que fundamentalmente atiende las necesidades de las familias más carenciadas. En el ámbito internacional, durante su gobierno se levantó el bloqueo del puente de Fray Bentos, bloqueo al que se había llegado como parte del conflicto entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa instaladas en territorio uruguayo. Sin duda, otro punto destacable del gobierno de Mujica es el acto celebrado en 2012 en el que reconoció públicamente la responsabilidad del Estado uruguayo en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En Chile, Joaquín Lavín Infante (UDI) y Sebastián Piñera Echenique (RN) fueron los dos candidatos de la Alianza por Chile en las elecciones celebradas el 11 de diciembre de 2005 (para definir al presidente del período 2006-2010, un período de solo cuatro años, ya que la reforma de la Constitución había reducido la duración del mandato). Por su parte, el oficialismo optó por primera vez en su historia por candidatear a una mujer, Michelle Bachelet Jeria. En la votación ninguno de los contendientes consiguió la mayoría absoluta, por lo que los dos candidatos con mayor votación, Piñera y Bachelet, tuvieron que enfrentarse en una segunda vuelta, en la que Bachelet obtuvo un 6% más de votos y asumió el 11 de marzo de 2006.

En tanto otra variante de la “nueva” izquierda en el Gobierno, Bachelet introdujo algunos contenidos de tipo social a la democracia de su país. Entre ellos: la pensión solidaria, las mejoras en la justicia laboral, la ampliación de la red pública de jardines de infantes, el mejoramiento en la calidad de las viviendas sociales y los subsidios y empleos de emergencia a los sectores más vulnerables ante la crisis económica. No obstante, a poco de asumir debió enfrentar algunas turbulencias, que la llevaron a realizar dos cambios de gabinete en menos de dos años de Gobierno. Entre los factores de crisis cuentan especialmente las protestas de los estudiantes secundarios que estallaron en mayo de 2006 y la fallida implementación del Transantiago.

Las protestas apuntaban contra el sistema educativo que, a juicio de los manifestantes, se había mercantilizado. Específicamente, apuntaban contra la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) dictada durante la dictadura, que había establecido una concepción neoliberal del sistema educativo (basado en un sistema de competencia entre las escuelas). Bachelet cedió ante algunas demandas menores de los estudiantes y nombró una comisión de más de 80 miembros, para que formulasen propuestas de reforma. Tras recibir el informe expedido por la comisión, Bachelet anunció la decisión de eliminar los colegios privados subvencionados con fines de lucro. El anuncio produjo tal revuelo que la presidenta frenó la iniciativa. Tras la movilización estudiantil, Bachelet realizó el primer cambio de gabinete, apenas cinco meses después de haber asumido el mandato.

Respecto del Transantiago, en febrero de 2007, la presidenta implementó un nuevo sistema de transporte público en la ciudad capital. El sistema, denominado Transantiago, había sido diseñado durante la presidencia de Lagos y estaba orientado a la modernización del transporte (tarifas únicas, transferencias entre buses y metro, automatización del cobro de los boletos). La puesta en marcha del flamante sistema resultó un fracaso, colapsando la red y produciendo una nueva crisis política. En marzo de 2007, Bachelet se vio obligada a realizar un segundo cambio de gabinete.

Una política sin duda audaz del Gobierno de Bachelet fue la reforma del sistema de pensiones, heredado de la dictadura y basado en un régimen de capitalización individual de administración privada de carácter obligatorio. Hacia fines de 2006, el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que proponía crear un “pilar solidario” para los sectores pobres, financiado completamente con ingresos públicos, para reemplazar los subsidios estatales destinados a alcanzar el monto de la pensión mínima y para reemplazar también las pensiones asistenciales que existían según el régimen anterior. El proceso legislativo concluyó en enero de 2008, proceso en el cual la iniciativa oficial solo tuvo algunas modificaciones. Si bien con este proyecto el Gobierno sentaba bases claras para una concepción del Estado con funciones de justicia social, la reforma no implicó un reemplazo total del sistema anterior (por ejemplo, se mantuvo la obligación de afiliación y de aportes a una Administradora de Fondos de Pensión o AFP y se mantuvo el criterio de pobreza para regir el pilar solidario). En este plano, el Gobierno afirmó sus intenciones de crear una AFP estatal en un futuro próximo. Mientras tanto la reforma realizada tuvo un carácter en todo caso complementario del sistema anterior y amortiguador de sus falencias.

A diferencia de Brasil y Uruguay, donde los respectivos partidos de Gobierno lograron mantenerse, tras el triunfo de sus candidatos Dilma Rousseff y “Pepe” Mujica respectivamente, en Chile, en las elecciones generales de 2009-2010, el candidato derechista Sebastián Piñera resultó electo. Obtuvo el 39% de los votos, mientras que el candidato de la Concertación, el ex presidente Eduardo Frei, obtuvo el 23%. Como ninguno de los dos consiguió la mayoría, se realizó una segunda vuelta electoral en la que triunfó Piñera con el 51,6% de los sufragios.

La elección de Piñera da inicio al primer Gobierno democrático posdictadura que encumbra en el Poder Ejecutivo a un candidato ajeno a los partidos de la Concertación. En efecto, mientras los dos primeros presidentes de la democracia actual, Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1994-2000), eran dirigentes de la Democracia Cristiana, los dos siguientes, Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), lo eran del Partido Socialista.

Ahora bien, más allá de esa novedad, el triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales de 2010 es evidencia del legado ideológico de la dictadura. Los partidarios de la derecha pinochetista militante, a veces explícitamente y otras de modo encubierto, reivindican el “éxito” de Pinochet en la implementación de las políticas neoliberales que insertaron tempranamente al país en el proceso de globalización.

Pero el triunfo de Piñera no es solo el triunfo de la derecha, también es el fracaso del proyecto de la Concertación después de veinte años en el poder. A esta le toca ahora practicar el ejercicio de la oposición. Por lo demás, Piñera se suma a una lista de presidentes de la derecha política latinoamericana que hoy gobierna Colombia, México, Honduras, Guatemala.

Proyectos de radicalización de la democracia: Venezuela, Ecuador y Bolivia

Las Constituciones son a la organización política del Estado lo que el diseño y los planos de un arquitecto son a la construcción de un edificio. Expresan la intencionalidad de sus autores respecto de cómo entienden que debe ser tal organización. Proyectan el país al que se aspira. Establecen la forma del Estado –monarquía o república, federal o centralizado–, los Poderes del Estado, quiénes y cómo los integran, sus respectivas atribuciones y competencias, etc. También, en la fundamental parte dogmática, como es común llamarla, establecen los deberes y obligaciones del Estado y de los ciudadanos. Su estudio es importante, claro, pero como ya se ha observado, ningún analista serio explicaría la historia de un país –en la corta o en la larga duración, del pasado o del presente– leyendo la Constitución. Mucho más útil es establecer la relación entre la premisa, esto es, lo que la Constitución establece, y las consecuencias, es decir, lo que el Estado, los gobiernos y la sociedad hacen respecto de lo que está mandado hacer, relación que, al menos en la historia de las sociedades latinoamericanas muestra frecuentes y largos desfases.

Hacemos esta aclaración inicial por no tener una actitud fetichista respecto del dictum o del mandato constitucional, pero tampoco indiferencia. No es una aclaración baladí cuando el objeto de análisis es América Latina, cuyos países tienen, desde 1801 –primera Constitución de la unificada isla de Saint Domingue–, una larga y prolífica tradición en materia de aprobar Cartas Magnas. Ecuador y Venezuela, por ejemplo, han tenido más de veinte. En contraste, la colombiana de 1886 rigió hasta 1991; la argentina de 1853 hasta 1949 (si bien, violando la legalidad, la dictadura cívico-militar autodenominada “Revolución Libertadora” de 1955 la abolió y reestableció la primera), y la uruguaya de 1830 hasta 1918.

Las actuales Constituciones de las Repúblicas Bolivariana de Venezuela (1999), de Ecuador (2008) y de Bolivia (2008-2009) son expresión de un nuevo constitucionalismo, que llamamos plusdemocrático, en tanto formulan sustanciales proposiciones para profundizar la democracia, radicalizándola. Solo esas Cartas tienen el carácter fundacional de un nuevo régimen político democrático. Las Constituciones de Bolivia y Ecuador han optado por una organización unitaria descentralizada del Estado. La primera, en el artículo 1º, define a Bolivia como “un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Y sigue: “Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. La segunda, también en el artículo 1º, establece que “Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. En cambio, la República Bolivariana de Venezuela, ha elegido ser “un Estado Federal descentralizado” (art. 4). Y ha establecido, por el artículo 2, la forma de “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

En materia de concepción y ejercicio de la democracia, la Constitución de Bolivia establece, en el artículo 11, que el Gobierno tiene “forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”, democracia que se ejerce mediante tres formas (que serán desarrolladas por leyes posteriores): “1) Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 2) Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley. 3) Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley”. El ejercicio de la democracia directa permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley e incluso de reforma de la Constitución.

La Carta de Ecuador, por su parte, distingue dos formas de participación ciudadana (Título IV): la individual y la colectiva. Instituye la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público como “un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” (art. 95). Establece también la participación ciudadana mediante “audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía” (art. 100). Estatuye la democracia directa, incluyendo la revocatoria de mandato de las autoridades elegidas por voto popular, la iniciativa popular, la consulta popular (arts. 103, 104 y 105).

En Venezuela, el presidente Chávez suele invocar la “democracia revolucionaria”, aunque esta –al igual que otra propuesta, la del “Socialismo del siglo XXI”– nunca ha sido bien precisada. No obstante, la lectura de la Constitución de 1999 y su observancia permiten encontrar aspectos sustanciales de ella, en particular los referidos a la ampliación de derechos y de la participación popular, materia de los artículos 62, 63, 67 y 70. El último define los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía” en los planos político, social y económico.

Las nuevas Constituciones establecen en Bolivia una democracia participativa, representativa y comunitaria, y en Ecuador una democracia representativa, directa y comunitaria, mientras la de la República Bolivariana de Venezuela no habla estrictamente de democracia sino de “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, el cual “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (art. 2) (128).

Cabe acotar que en Bolivia y Ecuador, los contenidos de las Cartas actualmente en vigencia no son totalmente nuevos. En Bolivia, en 2002, se aprobó una reforma constitucional que incluyó el referéndum (utilizado en cuatro ocasiones entre 2004 y 2008) y la iniciativa legislativa. En Ecuador, la Constitución de 1978 ya incluía el referéndum y la iniciativa legislativa, mientras la de 1998 incorporó la revocatoria de mandatos. No obstante, como bien ha acotado Cintia Pinillos, en Ecuador el referéndum fue aplicado en varias ocasiones, pero no ocurrió lo mismo con la revocatoria de mandato, aun cuando hubo crisis en las que bien podría haberse utilizado. Notablemente, como ya ha sido señalado, la resolución de las crisis mostró la preferencia por la acción del Congreso y/o por la acción directa.

Las Constituciones de Bolivia y Ecuador son demasiado recientes y su observancia recién podrá ser evaluada dentro de algunos años. La de Venezuela, en cambio, ya lleva una década. En este lapso, ya ha habido varios casos en los cuales se aplicó la revocatoria de mandatos, tanto para interrumpir cuanto para confirmar el de autoridades (oficialistas y opositoras) elegidas por voto popular. El propio presidente Chávez fue objeto de una iniciativa de revocatoria, propiciada por la oposición, que fue rechazada mayoritariamente. Pero también se constatan dificultades para lograr la internalización y la efectiva práctica de las nuevas e innovadoras formas de la democracia “revolucionaria”.

En los tres casos, si las preceptivas de las nuevas y radicales Constituciones se cumplen, sin duda se avanzará en un genuino proceso de radicalización de la democracia. Como otras experiencias en el pasado (e.g. los populismos), las tres han puesto sobre el tapete una construcción de la democracia que discute la idea del liberalismo político como el único referente normativo de la democracia.

Como se ha dicho, la propuesta chavista es la de una “democracia revolucionaria”, desde sus inicios no muy bien definida y ahora cada vez más desdibujada. Con todo, a juicio de algunos analistas, en los artículos 62, 63, 67 y 70 de la Constitución de 1999 se encuentran aspectos sustanciales de ella. Préstese atención al texto de esos artículos:

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Artículo 63. El sufragio es un derecho.

Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.

Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad [itálicas nuestras].

Adviértase la amplitud y profundidad de lo establecido en el artículo 70, que avanzó considerablemente en el otorgamiento de poder al pueblo. Sin duda, estas preceptivas constitucionales suponen un proceso de radicalización de la democracia.

En el Preámbulo, la Carta estableció como

fin supremo […] refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.

Como se ha visto, tras la derrota en el referéndum de 2007 (donde la cláusula más polémica era la de reelección indefinida), Chávez volvió a proponer una reforma (arts. 160, 162, 174, 192 y 230) para levantar los límites a la reelección de todos los cargos de elección popular, el de presidente inclusive. La consulta tuvo lugar en febrero de 2009 y resultó favorable al oficialismo: casi el 55% de los votos a favor. Finalizado el recuento de votos, Chávez anunció su precandidatura para el período 2013-2019.

En Ecuador, el triunfo de Rafael Correa al frente de Alianza País de algún modo fue corolario del ciclo de movilización social que en 2005 había llevado a la destitución del presidente Lucio Gutiérrez. Su principal apuesta fue conducir la Asamblea Constituyente. Con un Congreso mayoritariamente de derecha, opuesto firmemente a la reforma constitucional, Correa hizo efectiva su apuesta de instituir un cambio estructural, aunque el proceso no fue fácil.

En abril de 2007, mediante consulta popular, el pueblo se manifestó abrumadoramente a favor de la reforma constitucional (82%), resultado que dio por tierra con los clivajes de clase y regionales (la histórica brecha costa-sierra). La Asamblea se inauguró el 29 de noviembre de 2007 y de los 130 escaños, 80 correspondieron a Alianza País. Con el control de la Asamblea por parte del oficialismo, la oposición echó mano de los medios de comunicación, que ella controlaba, para canalizar sus expresiones disidentes y descalificadoras del proceso en marcha. Con todo, el nuevo texto constitucional estuvo listo a mediados del año siguiente y fue aprobado por referéndum el 28 de septiembre de 2008 (con el 63,9% de los votos).

La Constitución de 1998 había sido el respaldo institucional para la transformación neoliberal del país: privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales; mercantilización de la salud, de la educación y de la seguridad social; precarización laboral y aumento extremo de la pobreza. En este plano, la propuesta de Correa y de la Constituyente fue refundar el Estado a través de cambios económicos, políticos y sociales claves.

Entre los primeros, el nuevo texto propone la democratización de los factores de producción, en particular de las formas de propiedad de la tierra. Asimismo, propone nuevas formas de organización económica (asociativas, comunitarias y cooperativas), existentes en el país pero no reconocidas por el Estado. Entre los cambios políticos, la nueva Carta pone fin a la función de mediación (concedida a las Fuerzas Armadas en el texto constitucional legado de la transición de 1979). En cuanto a las transformaciones sociales, se destaca una redefinición de la ciudadanía, de los conceptos de libertad y de igualdad. Así, el nuevo texto reconoce la interculturalidad y amplía los derechos de las numerosas comunidades que forman el Ecuador. También repone el derecho a la seguridad social (tan vapuleado por el neoliberalismo) e introduce un concepto hoy muy en boga, el de soberanía alimentaria (derecho a la subsistencia).

Una mención especial hay que hacer de los mecanismos de democracia directa que la nueva Carta instituye. Por derecho constitucional, ahora los ciudadanos están habilitados para presentar proyectos de ley o para proponer reformas a la Constitución. También, se ha creado un nuevo organismo, Participación Social y Ciudadana (quinto poder), encargado de canalizar las consultas populares. Muchos analistas coinciden en señalar la influencia de la ideología del “Socialismo del Siglo XXI” impulsado por Chávez y la influencia de las nociones derivadas del concepto de comunidad de los pueblos indígenas.

En Bolivia, el proceso que llevó a la sanción de la nueva Constitución puede decirse que se originó en las movilizaciones del histórico Altiplano, a partir de 2000, con la Guerra del Agua en Cochabamba; los bloqueos aymaras, en 2001 y 2002, y las Guerras del Gas en todo el país en 2003 y 2005. Las elecciones consagraron la fórmula Evo Morales-Álvaro García Lineras, con un triunfo arrollador en la primera vuelta (53,7% de los votos). En el discurso inaugural ante el Congreso Nacional, Evo planteó la refundación de Bolivia a través de la Asamblea Constituyente y del referéndum autonómico.

El presidente no tardó en hacer efectivas sus promesas electorales. El 1º de mayo de 2006 puso en marcha la recuperación de los recursos naturales por parte del Estado mediante un Decreto Supremo que obligaba a las empresas petroleras a entregar la producción de hidrocarburos a YPFB, empresa estatal dotada de la facultad de comercializar, definir condiciones, volúmenes y precios para los mercados externo e interno. También se obligó a las empresas extranjeras a firmar nuevos contratos para la exportación de hidrocarburos con aprobación del Congreso. Con la nueva política, el Estado recuperó la totalidad de la propiedad de los recursos gasíferos y petrolíferos, permitiendo a las empresas extranjeras continuar con la explotación, pero debían entregarle al Estado lo producido a cambio de una retribución (entre el 18 y el 50% del valor).

En mayo de 2008, Morales decretó la compra de la mayoría accionaria de la empresa Andina –hasta entonces controlada por la española Repsol-YPF– y nacionalizó por decreto otras tres petroleras multinacionales –Chaco, de la británica British Petroleum; la operadora de ductos Transredes, administrada por la también británica Ashmore y la anglo-holandesa Shell, y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHD), de capitales peruanos y alemanes–, de modo tal que el Estado pasó a controlar el 50% más uno de las acciones de las dos primeras, y la totalidad de la tercera.

También nacionalizó la mayor empresa telefónica del país, Entel, filial de la italiana Telecom, y revocó el contrato con Aguas del Illimani, filial de la francesa Lyonnaise des Eaux, proveedora de agua en La Paz y el Alto. En su lugar fue creada la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento.

En cuanto a la política de tierras, el 2 de julio de 2006 se dieron a conocer siete Decretos Supremos, que dispusieron completar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria y distribuir entre dos y 4,5 millones de hectáreas de tierras fiscales a pueblos y comunidades indígenas sin tierra. Se dispuso la recuperación estatal de las tierras que no cumplieran una función económica y social, aun cuando sus propietarios hubieran pagado los impuestos correspondientes. El criterio distinguía entre tierras trabajadas y tierras no trabajadas. Los terratenientes y los burgueses del Oriente, como era previsible, se opusieron, alegando la seguridad jurídica de las inversiones y el derecho de uso de las tierras productivas, las cuales, a su juicio, debían ser propiedades extensas conforme las características de la producción en los llanos bolivianos. Los campesinos se movilizaron hasta La Paz para reclamar la reversión de tierras, mientras que los grandes propietarios lo hicieron para demandar la ampliación del proceso de saneamiento de tierra y la verificación del cumplimiento de las tierras observantes de la función económica y social.

En cuanto a la elección para la Asamblea Constituyente, fueron ganadas holgadamente por el MAS con el 51% de votos el 2 de julio de 2006, lo que ratificó su condición de fuerza política mayoritaria, notoriamente en las áreas rurales. El MAS logró 137 escaños (sobre 255), cifra que no le permitió alcanzar el objetivo de los dos tercios (170) necesarios para imponer sin negociaciones sus propuestas fundamentales. Es decir, puso al partido de Gobierno en situación de negociación con la oposición. La derecha representada por PODEMOS bajó su caudal electoral a 20,4% (contra 30% en las presidenciales) y obtuvo 60 bancas.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue una de las primeras medidas del Gobierno de Morales para refundar radicalmente el Estado Boliviano sobre la base del reconocimiento de la pluralidad étnica y para definir la estrategia a seguir en dos cuestiones muy sensibles: el control de los recursos naturales, hidrocarburos y tierras, y las autonomías departamentales.

El largo y conflictivo proceso constituyente, iniciado en agosto de 2006, concluyó en diciembre de 2007 cuando la Asamblea (con la presencia de representantes de diez fuerzas políticas y la ausencia de los 90 de PODEMOS, que alegaron la “ilegalidad” de las reuniones) aprobó en forma definitiva el texto de la nueva Constitución, que debía ser refrendado por el pueblo en un posterior proceso electoral.

En el ínterin, los militantes derechistas hostigaron continuamente a los asambleístas oficialistas, principalmente a los indígenas, campesinos y mujeres. La derecha resistió la resolución de la Asamblea, en particular a través de los “comités cívicos” formados en los cuatro departamentos de la media luna. Ellos han sido y son la expresión organizada de la burguesía y los terratenientes, y sus aliados de clase media, que –después de usufructuar secularmente del centralismo estatal– se han tornado autonomistas por razones étnicas y de clase. Estas razones son de carácter estructural: nunca han sido democráticos ni lo son ahora.

Tres medidas de justicia social tomadas por el Gobierno irritaron a esos sectores: el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, que tenían como destinatarios a los niños en edad escolar, a los adultos mayores de 60 años, jubilados o no, y a las mujeres embarazadas. La irritación fue mayor aún porque la asignación de los recursos era privativa del Estado nacional y no de los departamentos o las prefecturas, quitándoles a estas la posibilidad de desvío o manipulación de los fondos. Además, con la solidaridad de Cuba y Venezuela, el Gobierno lanzó una intensa campaña alfabetizadora que, en su primera etapa, favoreció a casi 700.000 personas de comunidades, sindicatos, barrios y ciudades. Cuba, además, desempeñó un papel fundamental en la provisión de ayuda médica. Así, la derecha se empeñó en una campaña xenófoba que buscaba expulsar del país a venezolanos y cubanos.

El Gobierno central se mantuvo escrupulosamente dentro de las reglas del juego democrático, sorteó todas las provocaciones y movilizó al pueblo, mientras la derecha no vaciló en saltar la línea de la legalidad, boicoteando las sesiones de la Constituyente, desconociendo la voluntad popular, realizando referendos separatistas ilegales, intentando el golpe de Estado, apelando al terror. Con el respaldo del pueblo y las Fuerzas Armadas y de seguridad sujetas al poder civil, el Gobierno pudo dar un paso más en el proceso de la Revolución Democrática y Cultural, y la construcción del “capitalismo andino”, como lo denomina García Linera.

Por haberse fortalecido, el Gobierno se avino a negociar con la derecha los términos del referéndum constitucional, postergado un año por las maniobras de boicot. En octubre de 2008, una masiva marcha de alrededor de 100.000 personas avanzó hasta La Paz y llegó a las puertas del Congreso reclamando la realización del referéndum constitucional. Los legisladores debatieron durante doce días el texto aprobado en diciembre de 2007 y acordaron modificar 100 de los 411 artículos y convocar a elecciones generales en diciembre de 2009.

En el transcurso del debate parlamentario, PODEMOS –hasta entonces segunda fuerza política del país y primera de la derecha– se fracturó. Sus representantes de Beni y Santa Cruz rechazaron el llamado a elecciones, a pesar del acuerdo firmado por todos los jefes de bancada. Así, el Gobierno pudo hacer efectiva la convocatoria al referéndum para la aprobación o el rechazo de la nueva Constitución, que tuvo lugar el 25 de enero de 2009. El resultado fue holgadamente favorable al Sí: 61,43% a nivel nacional. En los departamentos, el Sí triunfó en Potosí (80%), La Paz (78%), Oruro (74%), Cochabamba (65%) y Chuquisaca (51,5%). El No lo hizo en Beni (67%), Santa Cruz (65%), Pando (59%) y Tarija (57%). Aun así, la derecha otra vez rehusó aceptar la voluntad popular y sus representantes hablaron de un empate que obligaba a un pacto. Pero matemáticamente, como es obvio, 61 a 39 no es empate.

Uno de los puntos en cuestión era el contemplado por el artículo 398, referido a la cuestión del latifundio. Según este artículo, el latifundio y la doble titulación están prohibidos por “ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley”. Hasta ahí, hubo acuerdo. La discrepancia estaba en la última línea del artículo, cuya redacción definitiva quedó sujeta al resultado del Referendo Dirimitorio, a realizarse simultáneamente con el de la Constitución toda. Según la opción a), “[e]n ningún caso la superficie máxima podrá exceder las 10.000 hectáreas”; según la opción b) las 5.000 hectáreas. En el mencionado Referendo la opción por las 5.000 hectáreas se impuso abrumadoramente con casi el 81%. Pero la cláusula rige a futuro, pues el Gobierno concedió a la derecha que no sería aplicada retroactivamente.

La nueva Constitución establece que “Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” (art. 1), y dispone que “‘[l]a nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (art. 3). El artículo 2, a su vez, establece: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. La capital es reinstalada en Sucre (art. 6). Sin parangón en el mundo, los servicios básicos –agua, luz, teléfono– son definidos como un derecho humano y, por tal carácter, de propiedad pública intransferible al capital privado.

Es una Constitución de avanzada, pero no es socialista. En materia de propiedad reconoce cuatro formas: comunitaria, estatal, cooperativa y privada. Un gran logro es el del reconocimiento de la centralidad de los pueblos originarios en el proceso de refundación de Bolivia, merecidísimo tras una plurisecular exclusión que condenó a la mayoría de la población (60 a 70% en todo el país, más del 80% en el campo) a la condición de no ciudadanos.

Desde marzo de 2010, en todas las unidades militares y policiales del país se izan tanto la tradicional bandera tricolor como la wiphala, la enseña a cuadros de siete colores de los pueblos originarios. Se trata de un hecho con una carga simbólica muy fuerte.

En las elecciones presidenciales de diciembre de 2009, el binomio Morales-Linera obtuvo el 63% de los votos y el MAS logró la mayoría absoluta en ambas Cámaras, situación sin duda favorable para avanzar en los proyectos de ley necesarios para “refundar” Bolivia.

No obstante, la coyuntura todavía no está cerrada. Burgueses y terratenientes, y sectores de clase media aliados, se resisten a aceptar los resultados transparentes, inobjetables y categóricos de la ciudadanía, violentando las reglas de la democracia que tanto proclaman defender. El pueblo ha ganado el gobierno, ha construido una sólida mayoría para llevar adelante un proyecto transformador radical de nuevo tipo, pero todavía no ha conseguido el poder, que continúa, en gran medida, en manos de las viejas clases dominantes, las cuales controlan la economía (la gran propiedad agraria, los bancos, el gran comercio, las fábricas) y casi todos los medios de comunicación, un instrumento de poder y dominación poderosísimo en el mundo actual. Y, lo que es decisivo, todavía gobiernan en la región más rica del país, con sus enormes recursos naturales estratégicos (petróleo, gas, hierro).

Un acontecimiento decisivo, con proyecciones no fáciles de determinar en el corto plazo, se produjo el 14 de noviembre de 2010. Ese día, en un acto conmemorativo del bicentenario del Ejército boliviano –con la presencia del presidente Morales, legisladores y altos oficiales de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú– su comandante general, Antonio Cueto Calderón, proclamó que, en virtud de la nueva Constitución, el arma pasa a constituirse en

una institución socialista, comunitaria, y como tal nos declaramos antiimperialistas, porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga, queremos y debemos actuar con soberanía y vivir con dignidad.

No solo eso:

También nos declaramos anticapitalistas, porque este sistema está destruyendo a la madre tierra, es por eso que debemos unir todos nuestros esfuerzos y capacidades para defenderla. Los anteriores gobiernos neoliberales pactaron con el sistema capitalista buscando la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas con planes que disminuían progresivamente nuestra capacidad operativa.

Así como rechazamos la guerra nos preservamos el legítimo derecho a la defensa de nuestro territorio, de los derechos naturales como la madera, el oro, los hidrocarburos, el litio entre otros […]; en preservación de esa soberanía no vamos a permitir la instalación de bases militares de potencias extranjeras en nuestro territorio. En ese sentido y con la finalidad de lavar el honor del Ejército, solicitamos a las autoridades pertinentes que a través de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se actúe en consecuencia con quienes entregaron para desactivar misiles adquiridos para la defensa del Estado (129).

La Bolivia de la Revolución Democrática y Cultural, aun con toda su imprecisión, es un verdadero laboratorio político-social donde se pone a prueba la fuerza de las clases dominantes para resistir los cambios que afectan sus seculares privilegios y la fuerza de las clases populares para construir una sociedad menos desigual, más justa, más libre, más plural, más democrática.

El golpe de Estado en Honduras

En ausencia de un pasado oligárquico típico (como el de El Salvador o el de Guatemala) y con una experiencia reformista agraria que benefició al pequeño campesinado, no hubo en Honduras una situación revolucionaria como en otros países. Los conflictos sociales provenientes del proletariado agrícola del enclave de plantación bananero fueron históricamente controlados por los partidos tradicionales (Partido Liberal y Partido Nacional). Torres-Rivas (2007: 505) señala la persistencia de un bipartidismo secular, sin que el país haya sido “democrático” y “aunque solo ha[ya] experimentado autoritarismos militares y civiles débiles”.

En cuanto a los gobiernos militares, el militarismo fue tardío y tuvo su expresión en el reformismo del coronel Oswaldo López Arrellano (1963-1971 y 1972-1975). Torres-Rivas (2007: 506) afirma que los gobiernos militares “más que violentos fueron corruptos”. En 1975, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFFAA) desplazó a López Arellano, acusado de aceptar un soborno de la UFCo (episodio conocido como Bananagate). Lo sucedió quien había encabezado el golpe de Estado en su contra, el coronel Juan Alberto Melgar, quien, a su vez, fue removido en 1978 acusado de estar involucrado en el tráfico de drogas. Asumió entonces el coronel Policarpo Paz García (1978-1982), quien se convirtió en pieza clave para la ofensiva antisandinista pergeñada por el Gobierno de Estados Unidos. El retorno a los cauces institucionales de la democracia tuvo entonces mucho más que ver con la conveniencia geopolítica de Estados Unidos que con el despliegue de un proceso dinámico interno. Frente al triunfo del FSLN en Nicaragua la estrategia contrainsurgente de Estados Unidos fue esgrimir regímenes democráticos. Fundamentalmente por presiones del gobierno de ese país, los militares hondureños aceptaron ceder el Gobierno al poder civil, llamando a elecciones para una Asamblea Constituyente. En noviembre de 1981 resultó electo el candidato liberal Roberto Suazo Córdova, iniciándose el primer Gobierno de “transición”.

Pero pronto, en el contexto de despliegue de la estrategia contrainsurgente antisandinista, la vida social se militarizó. Así, el presidente Suazo gobernó solo virtualmente ya que en los hechos el poder era ejercido por los altos mandos militares. Hasta principios de la década de 1990, según consigna Bertha Oliva (2003), las Fuerzas Armadas ejercieron “un poder fáctico”, pues “tomaban decisiones políticas y administrativas en varias instituciones clave del Estado”. En la medida que avanzaron los procesos de paz en Centroamérica, en Honduras, durante la presidencia de Carlos Roberto Reina Idiáquez (1994-1998), ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hizo una sustancial reforma de las Fuerzas Armadas, por la cual puede decirse que hubo cierto traspaso del poder militar al poder civil.

Aunque, como en otros países de América Latina, los militares hondureños tuvieron éxito en negociar su impunidad, el presidente Reina tomó medidas que afectaron gravemente el poder castrense. Entre las más destacadas cabe mencionar la eliminación del servicio militar obligatorio y la designación de civiles en los cargos públicos antes ocupados por militares. Asimismo, suprimió el cargo de comandante en Jefe y el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que actuaban como verdaderos poderes (Ejecutivo y Legislativo, respectivamente) paralelos. Significativamente, le dio rango de figura constitucional permanente al cargo de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Desde entonces, hubo en Honduras una democracia electoral, sin que por ello se haya revertido la fragilidad del orden constituido. El golpe de Estado de 2009, después de tres décadas de continuidad institucional, es demostración inequívoca de dicha fragilidad.

Honduras es un país que con su singular historia de dependencia del capital extranjero (“república bananera”) tuvo escalofriantes incrementos de la pobreza y la desigualdad social, en particular en la década de 1990, siendo en la actualidad uno de los países con niveles de pobreza e indigencia más altos. Siete de cada 10 habitantes viven en la pobreza y cerca de la mitad de la población (45,6%) en la indigencia (datos correspondientes a la medición de 2008, según CEPAL, 2009).

En enero de 2006, Manuel (“Mel”) Zelaya Rosales, del Partido Liberal, sucedió en la presidencia al empresario Ricardo Rodolfo Maduro Joest (2002-2006), del Partido Nacional. Pese a su origen de clase –pertenecía a una familia terrateniente muy rica–, Zelaya hizo un Gobierno con ciertos miramientos para con los intereses de las clases populares. Por ejemplo, firmó un decreto de aumento del salario mínimo, que provocó la ira de la patronal hondureña. También, redujo el costo del combustible, lo cual afectó los históricos márgenes de ganancia de las empresas transnacionales, y contrató con la venezolana Petrocaribe la compra de petróleo –más por conveniencia económica que por afinidades ideológicas, según acota Torres-Rivas (2010)–. También se negó a la privatización de la Empresa Nacional Portuaria, contra la presión de las cúpulas empresariales. Y, muy especialmente, manifestó su decisión de construir un aeropuerto internacional en Palmerola, donde Estados Unidos tenía una base militar. Con esto y con su adhesión al ALBA, la política nacional se volvió, una vez más, un punto sensible para el Gobierno norteamericano. Todo esto, sumado a un estilo político alejado de las expectativas de la burguesía y de su propio partido, aumentó el odio de los sectores históricamente dominantes. Por otra parte, las huelgas, el aumento del desempleo y los altos índices de pobreza y violencia no eran señales auspiciosas.

En este escenario se produjo el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Fue una operación militar perpetrada por las Fuerzas Armadas. El detonante fue un decreto del presidente Zelaya que ordenaba realizar, ese día, una encuesta para conocer si la ciudadanía aceptaba que en las siguientes elecciones se le preguntara si estaba o no de acuerdo en convocar una Asamblea Constituyente. Los opositores esgrimían que el gobierno buscaba cambiar el texto constitucional para incorporar la cláusula de reelección indefinida (aunque Zelaya nunca se había expresado estrictamente en estos términos). El decreto ignoraba una orden judicial previa que, a instancias del Tribunal Supremo Electoral, había declarado ilegal la consulta (inicialmente prevista para el día de las elecciones generales en noviembre).

Mientras el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República declararon ilegal la consulta, los grupos de poder opositores y las Fuerzas Armadas conspiraban.

El enfrentamiento tuvo como principales exponentes a las corporaciones privadas y el Estado y tuvo por escenario a los medios de comunicación. La polarización fue in crescendo. A los medios controlados por las burguesías aliadas al capital extranjero se enfrentaron los medios creados desde el Estado por Zelaya.

Cerca de la fecha en la que finalmente se reabriría la consulta, el presidente ordenó a las Fuerzas Armadas que organizaran la distribución de la boleta electoral. Pero estas desobedecieron la orden, por lo que el 27 de junio Zelaya destituyó a su jefe, el general Romeo Vásquez Velásquez. Enseguida, el Congreso decidió la destitución del presidente, entre otras cosas por “traición a la patria”, y ordenó su arresto. En la madrugada del 28 de junio, poco antes de la hora prevista para dar inicio a la controversial consulta popular, Zelaya fue arrestado en su residencia por un grupo de militares, que desoyeron las órdenes iniciales y lo expulsaron del país. Zelaya, en pijama, fue trasladado a Costa Rica, haciendo una parada intermedia en Palmerola.

Inicialmente, la población estuvo al margen de los hechos, pues un corte energético impidió el normal funcionamiento de las telecomunicaciones. Pero ante la falta de las papeletas de votación y la ausencia del presidente, comenzaron las movilizaciones.

Al mediodía de aquel mismo 28 de junio, el Congreso en sesiones designó en lugar del destituido Zelaya al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, el siguiente en la línea de sucesión. Micheletti fue investido como presidente interino con el compromiso de que permaneciera en el cargo solo hasta el 27 de enero de 2010 (fecha de finalización del mandato de Zelaya).

Entre el 28 de junio, día del golpe, y el 29 de noviembre, día de las elecciones previstas por el calendario electoral, el clima político estuvo convulsionado. En Tegucigalpa se sucedieron las manifestaciones a favor y en contra del nuevo Gobierno. Las protestas a favor de Zelaya fueron primero espontáneas y luego organizadas (al menos las principales) a partir del surgimiento del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (luego de las elecciones: Frente Nacional de la Resistencia Popular, FNRP).

Apenas asumió, Micheletti decretó el estado de sitio y ordenó la represión de las protestas. En este marco, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, según denunciaron algunos organismos de Derechos Humanos, que aún no han logrado el esclarecimiento. Los momentos más álgidos de la movilización popular fueron el 5 de julio y el 15 de septiembre. En el primero, Zelaya intentó regresar al país, pero no pudo aterrizar. Para su regreso contó con el apoyo efectivo de algunos mandatarios latinoamericanos, que viajaron hasta San Salvador, entre ellos la presidenta de Argentina, Cristina Fernández y el presidente de Ecuador, Rafael Correa. En los alrededores del Aeropuerto Internacional de Toncontín se había congregado una multitud de alrededor de 500.000 personas, según los propios manifestantes y algunos medios. En el segundo momento, en ocasión de la conmemoración del día de la independencia nacional, hubo un desfile, paralelo al organizado por el Gobierno, que fue también una multitudinaria expresión de resistencia. Respecto de las movilizaciones populares, Álvaro Calix (2010: 45) señala que no todos en la oposición eran “partidarios de Zelaya”, pero sí todos condenaban el golpe.

Por su parte, la comunidad internacional, en particular la ONU, la OEA y la Unión Europea, se pronunciaron en contra del golpe de Estado y exigieron la inmediata restitución del presidente depuesto. La OEA suspendió la pertenencia de Honduras a ese organismo (esgrimiendo el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana que establece la posibilidad de suspender un Estado miembro cuando se “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático”). Cabe señalar que Honduras es la segunda nación, después de Cuba, excluida de la OEA. No obstante, cabe notar que la OEA fracasó en su intento de resolución del conflicto, mostrándose incapaz de revertir la situación en el país centroamericano.

El Gobierno de Micheletti, pese a no tener el reconocimiento internacional, nombró un nuevo gabinete aceptado por la mayoría de los empresarios, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. En el plano internacional, pese a la generalizada condena, la política norteamericana frente a los sucesos hondureños fue errática. Por un lado, Estados Unidos reconocía a Zelaya como presidente legítimo. Por otro, llevaba a cabo una clara estrategia de dilación de las negociaciones. Finalmente, el Gobierno de Barak Obama hizo pública su posición de apoyar los comicios como única salida a la crisis. Incluso, a diferencia de la posición del resto de los países de la OEA, declaró reconocer al eventual triunfador. En la posición del Gobierno norteamericano era evidente la fuerza de los sectores más duros de la derecha republicana.

En septiembre, Zelaya volvió sorpresiva y clandestinamente al país y se alojó en la embajada de Brasil. La fragilidad de la “resistencia” al golpe fue evidente, observándose una progresiva merma con el paso de los meses. Aislado en la embajada de Brasil y sin capacidad política para articular políticamente su regreso, Zelaya no tuvo más alternativa que jugar con las reglas definidas por otros.

En noviembre se realizaban los comicios. Micheletti lanzó una feroz campaña para reducir los porcentajes de abstencionismo (que en las elecciones de 2005 había sido del 45%) y de ese modo “legitimar” su acción política. Los “zelayistas” y el propio Zelaya manifestaron no reconocer los comicios y llamaron a la abstención, precisamente para restar legitimidad al ya cuestionado proceso electoral. La votación dio el triunfo al Partido Nacional y a su candidato Porfirio Lobo. Con cifras oficiales que indican un 49% de abstenciones (pero es atendible la sospecha de una cifra mayor), el presidente Lobo tuvo que afrontar la difícil tarea de construir legitimidad en medio de un escenario internacional en el que las sanciones al golpe de Estado continuaban vigentes. Con respecto a Zelaya, el nuevo Gobierno le dio un salvoconducto para que se trasladase a República Dominicana, autorizando luego su regreso al país en mayo de 2011.

El golpe de Estado en Honduras, más allá del devenir de los acontecimientos, llama a la reflexión sobre un problema crucial y recurrente en América Latina: la dependencia imperialista. En efecto, algunas versiones han vinculado el golpe con los intereses de Estados Unidos en la base que este país tiene en Palmerola (Soto Cano, sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” –JTF-B–, con unos 600 efectivos), ubicada a 100 kilómetros de la capital hondureña, instalada en 1981 durante el Gobierno de Reagan, y utilizada para las acciones de las fuerzas financiadas por la CIA contra el Gobierno sandinista en Nicaragua en particular y contra los movimientos revolucionarios de Centroamérica en general. Como se ha dicho, a comienzos de la década de 1980, las Fuerzas Armadas hondureñas habían aceptado devolver el Gobierno a los civiles y prestar apoyo a la lucha contrainsurgente a cambio de ayuda económica y militar para modernizar su armamento y adiestrar a las tropas, y a cambio de aceptar varias bases militares estadounidenses en territorio nacional. Seguramente, como llama la atención Torres-Rivas (2010: 53), no fue ajeno a esto el “sordo rencor” que quedó después de la guerra Honduras-El Salvador, la llamada guerra inútil. La Constitución de Honduras no permitía la presencia militar extranjera en el país, pero la base se instaló de todos modos fundada en un acuerdo sellado en 1954 como parte de la “ayuda militar” de Estados Unidos a Honduras. Las relaciones entre Zelaya, el empresariado, las Fuerzas Armadas y el Gobierno de Estados Unidos se crisparon cuando, en 2008, Zelaya anunció que Soto Cano se utilizaría como aeropuerto para el aterrizaje y despegue de vuelos comerciales internacionales, dada las dificultades y peligrosidad para atender esa tarea en el aeropuerto de Tegucigalpa. La construcción de la terminal civil de aviones estaría financiada por un fondo del ALBA.

Algunos datos resultan relevantes: el general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto destituido por Zelaya se graduó en la denominada Escuela de las Américas. Fue uno de los militares a cargo del operativo golpista. El embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, quien admitió haber estado al tanto de las maniobras de los militares y civiles golpistas, entre 2002 y 2003 desempeñó el cargo de Director de Asuntos Andinos del Consejo Nacional de Seguridad en Washington, actuando como asesor del presidente George W. Bush sobre asuntos relacionados con Colombia, Venezuela y otros países de América del Sur. En 2002, se produjo el efímero golpe contra Chávez. Adicionalmente, cabe señalar que, como parte de su giro “socialista”, Zelaya había acusado a Estados Unidos de utilizar “la lucha legítima contra el narcotráfico” para intervenir en los asuntos internos de Honduras, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de negar las visas para ingresar a ese país. Como es obvio, el anuncio sobre la construcción de una terminal civil en la base de Soto Cano amenazaba los intereses del país del Norte, difícilmente permeable a cualquier expresión de política autónoma por parte de Honduras.

Todo esto, además de razones de índole interna, como las pérdidas económicas que implicaría para los grupos empresariales el traslado del aeropuerto financiado por el chavismo, contribuye a explicar la ambigüedad de la política de la Casa Blanca frente al golpe en Honduras. Como sostiene Torres-Rivas (2010: 54), Honduras es un ejemplo de que “las amenazas [a la democracia] no solo provienen del mar de pobreza, sino de la desorbitada concentración de la riqueza”. A esta realidad no es ajena la histeria imperialista de Estados Unidos.

En términos de política interna, el golpe en Honduras puso de manifiesto la vitalidad de la resistencia popular, un elemento que parecía ausente de la realidad nacional hasta los episodios de 2009.

Para terminar, hay que decir que Micheletti cumplió con su compromiso de entregar el mando el 27 de enero de 2010. Apoyado por Estados Unidos, puso en marcha una estrategia de dilación de las negociaciones con los zelayistas, con el objetivo de dejar correr el tiempo hasta llegar a la fecha prevista para las elecciones. En los comicios, los candidatos principales fueron Porfirio Lobo, del Partido Nacional, y Elvin Santos, del Partido Liberal. Se impuso el primero.

Crisis de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), crisis de la deuda e implantación de un nuevo modelo económico (130)

Como ya se ha visto, América Latina construyó Estados de Compromiso Social o Protectores. Se trató de procesos que combinaron la industrialización sustitutiva de importaciones y una expansión de derechos sociales con activa participación estatal. En pocas palabras, políticas distribucionistas y desarrollistas. Esas políticas comenzaron a agotarse hacia la década de 1960 y en la década siguiente ya estaban claramente en crisis. Por tratarse de economías dependientes, las economías latinoamericanas vivieron esa crisis pari passu la del Estado de Bienestar Social en los países capitalistas centrales, es decir, la crisis del patrón de acumulación hasta entonces dominante. La experiencia tuvo un rasgo decisivo: la militarización de la política en un contexto internacional crecientemente dominado por la incesante presión de las grandes corporaciones multinacionales, beneficiarias de la nueva ola de expansión de la transnacionalización de las relaciones económicas, esto es, la globalización o mundialización de la economía.

Como ya ha sido señalado, entre 1964 y 1976 se instauraron dictaduras institucionales y doctrinarias de las Fuerzas Armadas que, a despecho de las anteriores –autocráticas y personales de algún jefe o caudillo militar (Gómez, Ubico, Somoza, Trujillo, Batista, Pérez Jiménez)–, llegaron para controlar férreamente el orden, disciplinar a la clase obrera y decapitar todo intento transformador de las estructuras sociales, y así crear las condiciones sociopolíticas que hiciesen posible la adopción de un nuevo patrón de acumulación de capital fundado en la liberalización de la economía, la reducción máxima de los derechos sociales, la valorización financiera, esto es, el neoconservadurismo, o neolibealismo, o Consenso de Washington, como se prefiera –con matices en el caso de Brasil, donde, como se ha visto, hubo cierta continuidad de las políticas desarrollistas–.

Fue un proceso de hiperconcentración de coacción física y simbólica, de fuerzas represivas, para “reducir la complejidad” de los problemas de ingobernabilidad de sistemas políticos más o menos democráticos, a los cuales se consideró ineficaces para “combatir el comunismo y/o el populismo”, razón por la cual debían ser sustituidos por “democracias protegidas”, en las que no estaría permitida, o estaría fuertemente controlada, la acción legal de partidos y fuerzas de izquierda. Nos hemos ocupado de tal proceso en el capítulo anterior. Aquí tan solo queremos recordar el contexto en el cual comenzó a gestarse otro proceso, el de la brutal fragmentación de la sociedad, en buena medida todavía vigente.

El modelo ISI (véase capítulo 5) fue posible por la convergencia de las inversiones directas de capital extranjero, de capital nacional y de la intervención del Estado. Ella produjo un crecimiento acelerado de bienes industriales (en primer lugar de consumo, es decir, industria liviana), modificó la estructura social, incrementó la urbanización e hizo posible una redistribución positiva de los ingresos medios de la población que favoreció en buena medida a los asalariados. No obstante, el crecimiento industrial nunca pudo convertirse en desarrollo económico-social, salto cualitativo imposibilitado por la convergencia de varios factores: elevada heterogeneidad del sistema productivo (lo que contribuyó a la concentración económica, particularmente por la mejor tecnología incorporada por las empresas transnacionales); desequilibrio externo creciente (en buena medida, por el deterioro de los términos del intercambio, por el incremento de las importaciones de bienes de equipo e intermedios y el deterioro de los precios de los productos primarios de exportación); regresividad de la distribución del ingreso (baja de salarios, afirmación de un patrón de consumo excluyente y, con una y otra, límites a la expansión del mercado interno); déficits fiscales crecientes (por inversiones estatales en infraestructura, empresas y servicios sociales, y por deficiencias en los sistemas tributarios). Como el modelo no pudo pasar a la producción de bienes de capital, tampoco pudo vincular firmemente el crecimiento industrial con el agrícola. Así, mantuvo, si no acentuó, la dependencia del sector externo con niveles de competitividad desfavorables para sus productos industriales en el mercado mundial, y, finalmente, resultó incapaz de la plena absorción productiva de la fuerza de trabajo, generando así desempleo y/o subempleo.

La generalización de los déficits sociales –más allá de alguna recuperación– durante la década de 1960 y comienzos de la de 1970 produjo un incremento de las tensiones y movilizaciones sociales y políticas, las cuales algunos gobiernos trataron de canalizar introduciendo modificaciones en el modelo, aunque la tendencia generalizada fue la represión mediante diferentes formas de violencia.

Ambas vías resultaron estériles. El modelo sustitutivo de importaciones fue atacado fuertemente, en particular por aquellos sectores que, por intereses materiales o ideológicos, eran opositores a la intervención del Estado, al tipo de industrialización y a la política redistributiva de ingresos a favor de los históricamente desfavorecidos. Finalmente, las burguesías latinoamericanas, en general, adoptaron con entusiasmo el modelo neoliberal, basado en las teorías elaboradas, entre otros, por Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises y Gerhard Ritter.

El nuevo modelo de acumulación de capital se centró en el papel subsidiario del Estado, limitado a la condición de garante de la libertad del mercado. Para imponerse, el modelo necesitó de toda la fuerza del Estado, del máximo de su violencia física y simbólica. No extraña, pues, que comenzara a imponerse en pleno auge de los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional.

La intervención política de las masas era visualizada como responsable del “desborde” democrático. Como tal, debía ser desterrada de las prácticas sociales y reemplazada por “soluciones técnicas”, para las cuales bastaba con un Estado mínimo que cumpliera la función de restablecer el orden. Pero como bien advierte Karl Polanyi (1992), si el mercado es el único director del destino de los seres humanos, el resultado es la demolición de la sociedad.

El nuevo patrón de acumulación se fundó en una estrategia de estabilización económica que vino definida por el Gobierno de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial. El objetivo era, según sus ideólogos, reducir el “tamaño” del Estado, apelando a la privatización (desestatización) de las empresas y de los servicios públicos, y la apertura de los mercados nacionales a las inversiones de capital externo que, en teoría, posibilitarían un mayor crecimiento económico.

Más específicamente, la estrategia luego conocida como Consenso de Washington, definía diez principios de política económica aplicables mediante “paquetes” de recomendaciones políticas en tres materias: reformas macroeconómicas, reformas en el régimen de comercio exterior y fomento del desarrollo del sector privado de la economía. Las primeras se referían al disciplinamiento fiscal, la racionalización y el control del gasto público, la liberación financiera. En cuanto a las reformas en el régimen de comercio exterior, se proponía la liberación de las importaciones, la eliminación de los subsidios a las industrias no competitivas, la reducción de las tarifas aduaneras y la liberación de la tasa de cambio o, en su defecto, su fijación en una banda competitiva. Finalmente, en la tercera de las materias apuntadas, se proponía favorecer al sector privado mediante la desestatización (o la privatización, como se prefiera), las garantías a los derechos de propiedad privada, la desregulación y la captación de inversiones financieras directas (131).

La aplicación de estas medidas, conocidas también como “de ajuste estructural”, produjo efectos mucho más negativos que los que había producido el deterioro del modelo desarrollista. Como vimos, hubo una brutal fragmentación social, con exacerbación de la exclusión y las desigualdades sociales. Las políticas de ajuste provocaron: mayor concentración de la propiedad, del ingreso y de la riqueza, predominio del componente especulativo de las economías (incluso en plano económico individual), reforzamiento del poder del capital extranjero productivo y financiero, destrucción de porciones significativas del sector industrial, caída de las asignaciones estatales en los rubros salud, educación, vivienda, previsión social. Concomitantemente, aumentó el desempleo, el subempleo y la informalización de la economía, y disminuyó el valor adquisitivo del salario de los ocupados. En el plano político, social y cultural, esto se tradujo en el socavamiento de las redes de solidaridad social, despolitización, primacía de la privacidad, generalización del miedo en la vida cotidiana…

La fuerte caída de los coeficientes de inversión dificultó la reestructuración de las actividades productivas en un contexto de incremento de los niveles de competitividad a nivel mundial. Los ingresos públicos se estancaron o tuvieron una fuerte contracción debido al triple impacto de la reducción de las actividades económicas, la disminución de las importaciones y el pago del servicio de la deuda, lo que jibarizó el proceso de formación de capital. En consecuencia, las sociedades latinoamericanas se modificaron sustancialmente. El Estado se batió en retirada precisamente en aquellas áreas donde antes había obtenido logros nada desdeñables: la integración social de amplias masas hasta entonces excluidas de la ciudadanía social e incluso de la ciudadanía política. Fue un cambio en la forma del Estado, no en su matriz de clase.

Los adalides mundiales del nuevo modelo fueron la primera ministra de Gran Bretaña Margaret Thatcher (1979-1990) y el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan (1981-1988), quienes, con éxito relativo, llevaron adelante políticas de ajuste orientadas a controlar el gasto público (con algunos obstáculos en Estados Unidos) y a reducir el tamaño del sector público. Con esta estrategia se buscaba dinamizar el sector productivo y crear condiciones favorables para fortalecer la inversión y reactivar las economías nacionales.

En los años setenta un conjunto de hechos claves había conducido a la crisis del patrón de acumulación de industrialización y del Estado intervencionista. En 1971 Estados Unidos declaró la inconvertibilidad del dólar por oro y entre 1971 y 1973 hubo sucesivas devaluaciones que pusieron fin al sistema monetario de Bretton Woods. En 1973, y otra vez en 1979, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió aumentar el precio del crudo, lo cual cuestionó gravemente el patrón tecnológico sobre el cual se había edificado el modelo de desarrollo vigente (crisis del petróleo). Como consecuencia de esta cadena de sucesos, la economía mundial entró en una fase de estancamiento y déficits presupuestarios de magnitudes desconocidas. También la inflación y el desempleo treparon a niveles imprevistos.

En América Latina, la aplicación de las políticas neoliberales de ajuste estructural mejoró algunos de los indicadores macroeconómicos. Pero este logro se alcanzó después de atravesar graves problemas en la década de 1980, y con severas consecuencias.

Según la CEPAL, económicamente, el decenio de 1980 fue definido como una “década perdida” para América Latina. A fines de 1989, el producto real por habitante era igual al de 1976 (y en algunos países, incluso menor). En conjunto, el crecimiento del PBI regional arrojaba, entre 1981 y 1989, un resultado negativo (-8,3%). Es particularmente significativo el hecho de que cuatro economías (Argentina, Brasil, México, Venezuela), de las cuales dos eran exportadoras de petróleo, acusaron índices negativos en ese período. Al concluir la “década perdida”, el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, del Banco Mundial, señalaba: “En ninguna región del mundo en desarrollo los contrastes entre la pobreza y la riqueza son tan notables [como en América Latina]. A pesar de ingresos per capita que son en promedio cinco o seis veces mayores que los de Asia Meridional y África al sur del Sahara, casi una quinta parte de la población latinoamericana sigue viviendo en estado de pobreza y esto se debe a un grado excepcionalmente elevado de desigualdad en la distribución del ingreso”.

Si se considera que la población de la región era por entonces de unos 450 millones de habitantes, un quinto significa 90 millones de personas. Aunque dramática, esta cifra era conservadora y parecía optimista frente a las del PREALC (1987), para la cual el número de latinoamericanos que vivía en situación de pobreza crítica había pasado de 120 a 170 millones de personas entre 1982 y 1987 (¡más del 40% en apenas un quinquenio!). Otras estimaciones indicaban que los pobres sumaban, en 1990, 196 millones (46% de la población), de los cuales 93 millones vivían en la indigencia.

El incremento de la pobreza superaba largamente las previsiones. A fines de la década de 1970, la CEPAL calculaba que al cerrarse el siglo, habría en América Latina un total de 170 millones de personas en condición de pobreza crítica. Como acaba de señalarse, se alcanzó y se sobrepasó esa cota quince años antes.

La situación de pobreza crítica generó marginalidad social, fenómeno que adquirió carácter estructural. Los datos del PREALC (1987) son muy elocuentes: entre 1980 y 1985, la población económicamente activa informal acusó una tasa de incremento del 6,8%, la desocupación una del 7,4 a 11,4%, mientras el sector formal privado solo creció el 1,2% en igual período. Además, sector informal y pobreza tendían a coincidir: así, 46% de los pobres urbanos eran trabajadores informales, 19%, desocupados y 37%, trabajadores del sector formal. Más aún, por cada nuevo trabajador formal aparecían tres informales.

Según datos de la CEPAL y el PNUD, los pobres eran, en 1970, el 40% de sus habitantes, mientras en 1990 la cifra había ascendido a 46%. Se destacaban notablemente Brasil, Colombia y México, y en el primero, el cuartil más pobre percibió solo el 5,6% de los ingresos en 1979 y un más magro 4,5% en 1988. En México, entre 1986 y 1990 cayó del 7,4 al 6,6%, mientras en Colombia, en un contexto de leve mejoría, pasó del 5,7 al 6,6%. En contraposición, el 10% más rico de brasileños y mexicanos incrementó su apropiación de la riqueza, pasando, en el primer caso, del 39,1 al 41,7% (entre 1979 y 1988) y, en el segundo, de 33,3 a 41,1% (entre 1986 y 1990). En cambio, el 10% de los colombianos más ricos se “empobreció”: si en 1980 se llevó el 41,4% de los ingresos, en 1990 la cifra descendió a 34,9% (CEPAL, 1997).

El proceso de degradación que había empezado a insinuarse en los años setenta se precipitó en los años ochenta cuando América Latina inició una larga fase de recesión a partir del estallido de la “crisis de la deuda”. Una nefasta combinación de condiciones internas y externas está en la base de tan abrupto cambio. En efecto, el punto detonante de la “crisis de la deuda” fue la declaración de moratoria de pagos de México en febrero de 1982. Cabe señalar que ese año la deuda de México sumada a la de Brasil y Argentina representaba más de la mitad del total de la deuda externa de la región.

En la segunda mitad de la década de 1970, el Gobierno de México había tomado préstamos con bancos extranjeros para financiar la explotación del petróleo. Sumido en la fiebre del “oro negro”, que las enormes ganancias y la euforia de los mercados internacionales estimulaban, el Gobierno de México puso en marcha proyectos de desarrollo económico de manera improvisada (como el “Plan Global de Desarrollo”), lo cual derivó en un crecimiento formidable del aparato burocrático que debía sostenerlos y, con ello, en un aumento exacerbado de la corrupción.

En medio de la crisis palaciega que se desató en torno a la designación del candidato que debía suceder al presidente José López Portillo, los asuntos económicos internos fueron gravemente desatendidos. El incontenible aumento de las tasas de interés llevó a un igual aumento de la deuda externa. En este escenario, la decisión de devaluar el peso mexicano llegó en un momento en el que la crisis económica era aguda y había tomado un ritmo irrefrenable. Cuando en febrero de 1982, la Secretaría de Hacienda declaró la moratoria de pagos y más tarde nacionalizó la banca y decretó el control de cambios, la crisis tomó dimensión mundial.

Los efectos de esta crisis sobre la región fueron devastadores, fundamentalmente por la magnitud del endeudamiento generado. Según datos del documento “La acción internacional de América Latina ante la crisis del endeudamiento externo”, entre 1975 y 1982 la deuda externa total de la región había pasado de 67.000 millones de dólares a cerca de 300.000 millones. El mismo documento afirma que “este crecimiento fue especialmente rápido entre 1975 y 1980, lapso durante el cual el endeudamiento externo se incrementó a un ritmo medio anual de casi el 25%, esto es, a una tasa bastante superior a la también muy alta (18%) a que se expandió el valor de las exportaciones de la región” (132).

Los países de la región recurrieron al endeudamiento externo fundamentalmente para paliar los efectos sociales negativos de las nuevas políticas aperturistas. Pero como sabemos, el paliativo alcanzó apenas para demorar, y por un lapso muy breve, la crisis social.

Al aumento del endeudamiento hay que añadir el cambio en el origen y la composición de la deuda contraída. Según consigna la misma fuente citada más arriba, “a comienzos del decenio pasado [de 1970], los flujos privados representaban menos del 40% de los totales, mientras que en los últimos años [la fuente data de 1983] sobrepasaron el 80%. Al mismo tiempo, los créditos de mediano y largo plazo y aquellos a tasas de interés concesionales fueron reemplazados por créditos de corto y mediano plazo y a tasas de interés variable. Ello implicó un fuerte deterioro en el perfil de la deuda latinoamericana –el menos favorable de todas las regiones del Tercer Mundo– y condujo progresivamente a un fuerte aumento del porcentaje de los ingresos de exportación que debió ser utilizado para atender el servicio de la deuda”.

La crisis de la deuda no fue ajena a las dos crisis petroleras previas, la de 1973 y la de 1979. Durante los años que mediaron entre una y otra, se generó una gran liquidez bancaria –incrementada por el reciclado de las sustanciales ganancias de los países exportadores en gran escala–, que no orientó el flujo financiero hacia los países capitalistas centrales, que adoptaron políticas recesivas, sino hacia los dependientes, cuyos gobiernos optaron, mayoritariamente, por el crédito externo como medio para financiar planes de desarrollo económico o afrontar los altos costos de las importaciones de petróleo y sus derivados. En cambio, entre 1979 y mediados de 1982, los países industrializados y económicamente dominantes impulsaron políticas internas expansivas en lo fiscal y restrictivas en lo monetario, combinación que, en el caso de Estados Unidos, convirtió a este país en un gran demandante de recursos externos, proceso acompañado de un aumento de las tasas de interés internacional. Los países dependientes, a su vez, continuaron su endeudamiento, a veces como mecanismo para el pago del servicio de la deuda contraída en la etapa anterior, al tiempo que su situación se agravó aún más por la caída del precio de las materias primas.

Así, el alza de las tasas de interés y la sobrevaluación del dólar, por parte del Gobierno norteamericano, incidieron fuertemente en el sobreendeudamiento de los países latinoamericanos. El Plan Baker, de 1985, a modo de respuesta a las peticiones expuestas por estos en la Conferencia de Cartagena de junio de 1984 soslayó por completo la dimensión política de la deuda externa de la región y, por cierto, la propia responsabilidad de Estados Unidos. Entre los puntos acordados por los gobiernos de la región en la Declaración de Cartagena se destacan: 1) subordinar la gestión de la deuda al crecimiento económico; 2) la responsabilidad de la deuda debía compartirse entre acreedores y deudores; 3) los países latinoamericanos asumían el compromiso de pagar el servicio de la deuda; 4) iniciar un diálogo político entre los países afectados por el endeudamiento; 5) el tratamiento colectivo de la cuestión de la deuda debía ser preferencial sobre el individual, a efectos de evitar la obtención de condiciones favorables exclusivas.

El supuesto inicial del Plan Baker era que los países deudores podrían cumplimentar el pago de la deuda si crecían económicamente. Según argumenta Nora Lustig, el Plan se fijó “como objetivo reunir una cantidad considerable de crédito externo, tanto oficial como privado”, pero este no fue alcanzado. “Ante dicho fracaso, el Plan Baker entró en una nueva etapa, conocida como el ‘menú de opciones’, que incorporó a la estrategia una serie de mecanismos orientados a reducir el stock o el servicio de la deuda, como los llamados bonos de salida, las operaciones de capitalización de deuda y las operaciones de recompra”. Pero tampoco se obtuvieron los resultados esperados, de manera que en marzo de 1989 se anunció una nueva estrategia, definida por el Plan Brady. “La reducción de la deuda o de su servicio se convirtieron en objetivo explícito y fundamental, y dejaron de ser anatema de los círculos financieros internacionales. Por primera vez, los países acreedores aceptaron hacer uso de fondos oficiales, principalmente a través de los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para apoyar operaciones de este tipo” (Lustig, 1995: 65). En la práctica, los resultados fueron modestos.

Al considerar a América Latina en su conjunto, se observa que la deuda externa casi se triplicó (2,78) entre 1980 y 2002: pasó de 260.800 millones a 725.100 millones de dólares. Diez países lo hicieron por encima de la media, incluso más de cuatro veces, como en los casos de Uruguay (4,21), El Salvador (4,41), Argentina (4,89) y Colombia (5,45). Brasil incrementó la suya 3,22 veces y México, la otra gran economía regional, 2,46 veces. Venezuela (1,12), Costa Rica (1,52 veces) y Bolivia (1,56) fueron los países con menor incremento de la deuda externa. Pero todos la aumentaron.

La situación de endeudamiento externo varió de país a país, en especial en lo que hace a las razones y modos del contraer la deuda. Paradigmáticamente, en México, en medio de la recesión económica derivada de la crisis de 1982, el presidente Miguel de la Madrid negoció un préstamo exterior para financiar el déficit fiscal, la actividad productiva y la deuda externa. Durante su Gobierno también comenzó un proceso de privatización que se profundizó en la década siguiente, sobre todo bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Los países latinoamericanos apelaron a experimentos ortodoxos y heterodoxos para salir de la crisis, tal como ocurrió entre 1982 y 1987. La devaluación (con una media regional del 23%) fue uno de los instrumentos de aplicación generalizada. La reducción de los salarios del sector público, otro, especialmente en Chile y en México. Entre los países del Cono Sur, Argentina y Brasil (y también Perú fuera de ese espacio) apelaron a medidas heterodoxas, como los ya mencionados Planes Austral y Cruzado, respectivamente. El Plan Austral (1985) estableció un congelamiento general de precios y salarios, implantó un tipo de cambio fijo, devaluó el peso un 40% y lo reemplazó por una nueva moneda, el austral. La inflación descendió del 350% en el primer semestre, al 20% durante el segundo. Brasil siguió un camino más o menos parecido: el Plano Cruzado (1986) congeló los precios, liberalizó los salarios, sustituyó el cruzeiro por el cruzado y logró reducir la inflación. Al cabo de pocos meses ambos planes concluyeron en sendos fracasos, apreciándose rebrotes inflacionarios.

Cada uno a su turno, los gobiernos de la región optaron por un acto de fe en la invulnerabilidad de la economía –y de las recetas económicas– norteamericana –las de la administración Reagan y las de sus sucesores–. Así, tomó forma el modelo neoliberal en América Latina, implementado de forma pionera en Chile durante el régimen del dictador Pinochet (y continuado por sus sucesores democráticos) y luego, y con resultados variables, en el México de Carlos Salinas de Gortari, la Argentina de Carlos Menem, el Perú de Alberto Fujimori y el Brasil de Fernando Collor de Mello y de Fernando Henrique Cardoso. Bolivia es otro país de la región donde ese modelo alcanzó niveles devastadores.

Cabe notar que la adopción de políticas contrarias a las antes sostenidas por el Estado de Compromiso Social, esto es, intervencionistas, de ningún modo significó la prescindencia de la intervención pública en materia de economía. En efecto, la adhesión gubernamental a la ideología neoliberal y la aplicación de los “paquetes” de medidas recomendados por el Consenso de Washington exigían como pieza clave del engranaje la participación de la tecnocracia y de los organismos públicos internacionales.

Otro flagelo fue la inflación, que llegó incluso al nivel de la hiperinflación en Argentina, Bolivia y Brasil. E incluso en la década de 1990 el mejoramiento del comportamiento de algunas variables macroeconómicas se logró con nítidas falencias en materia de incidencia de la pobreza (y de la indigencia), distribución del ingreso, calidad del empleo y grado de informalidad de la economía. Estas falencias, a su vez, señalan brutales retrocesos de los derechos sociales y vacilaciones o, directamente, ausencia total de castigo a las violaciones de los derechos humanos.

Como resultado de la implementación de las políticas neoliberales, en contraste con la década de 1980 (la “década perdida”), durante los años noventa hubo importantes mejoras en los indicadores macroeconómicos, aunque la recuperación no dejó de estar atada a las turbulencias financieras producidas en el plano internacional (comenzando por el “efecto tequila”).

La crisis financiera conocida como “crisis del tequila” tuvo su centro nuevamente en México. El 20 de diciembre de 1994, apenas dos semanas después de asumir el presidente Ernesto Zedillo, el Estado mexicano devaluó bruscamente el peso nacional, en momentos en que miembros del EZLN ocupaban varias comunidades de la selva lacandona. Esta situación provocó una confusión y una incertidumbre tales en los mercados internacionales que la crisis financiera se generalizó.

Durante el Gobierno de Salinas de Gortari la economía mexicana había iniciado un profundo proceso de apertura a la inversión extranjera: se privatizó la banca nacional (nacionalizada doce años antes por el presidente López Portillo), Teléfonos de México y otras tantas empresas públicas, entre ellas la de la televisión estatal. También se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. De este modo, el programa neoliberal de Salinas rompía con la retórica del nacionalismo revolucionario que, incluso en el gobierno de Miguel de la Madrid había sido soporte ideológico de la hegemonía del PRI.

Hacia fines del año 1994, la fuga de capitales en México era un dato evidente. Al conocerse con cierta anticipación el plan de devaluación que Zedillo pretendía llevar adelante, la fuga de capitales extranjeros se profundizó y esto, a su turno, agravó los efectos de la devaluación. A principios de 1995, Zedillo fue aún más allá de lo previsto inicialmente, estableciendo el sistema de libre flotación del peso. El Estado pronto se quedó sin reservas para cubrir sus compromisos, que en su mayoría eran de muy corto plazo, y la banca internacional le canceló la línea de crédito. El retiro masivo de inversiones puso al país no solo al borde del colapso financiero sino también productivo. Como consecuencia de la crisis, la situación social se deterioró gravemente: el PBI cayó, la desocupación aumentó y los salarios mínimos se redujeron.

La recuperación económica que permitió escapar de la crisis a los inversionistas norteamericanos y nacionales se logró por el paquete de ayuda económica externa que México recibió por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el FMI y un préstamo del Banco de Pagos Internacionales. El entonces presidente norteamericano Bill Clinton fue seriamente cuestionado por la decisión del rescate financiero.

Si bien el “efecto tequila” fue una crisis económica que tuvo cierto alcance en el sistema internacional, su mayor impacto lo tuvo en los países de América Latina. Los principales países receptores de crecientes flujos de capital fueron los más afectados: Argentina, en primer lugar, y también Brasil, Chile, Venezuela. La crisis mexicana puso abrupto fin a esos flujos, por lo que hubo recesión económica, déficit comercial y de pagos, y nuevo endeudamiento.

En estas circunstancias, los organismos financieros internacionales optaron por profundizar el modelo neoliberal. Argentina, México, Chile, Costa Rica, Ecuador, entre los principales, aumentaron considerablemente sus deudas externas. Como contrapartida del dinero recibido, los gobiernos implementaron estrictos planes de austeridad (sobre todo en materia de salarios, créditos y de precios), respaldados por una fuerte reducción del déficit fiscal.

Argentina fue uno de los países más afectados por la crisis del tequila. Hubo una enorme fuga de capitales que llevó a una excesiva caída de las reservas internacionales y retiro neto de depósitos que puso en peligro el Plan de Convertibilidad. La receta del superávit fiscal se aplicó aquí como en los otros países: el aumento de impuestos y la reducción del gasto público afectó severamente a los sectores medios, comparativamente amplios en Argentina, y a los trabajadores. Adicionalmente, se inició un nuevo ciclo de privatizaciones y endeudamiento externo.

En Brasil el “efecto tequila” también generó una salida masiva de capitales en la primera mitad de 1995, razón por la cual las reservas internacionales disminuyeron en los meses siguientes. El Gobierno debió hacer frente a esta situación y tomó medidas como la devaluación del real, el incremento en un 70% de los aranceles de más de 100 productos, así como reducir el gasto público. El Plano Real buscaba poner un alto a la hiperinflación reinante en el país de forma tal que se estabilizara la economía.

En Chile, hubo solidez de las cuentas nacionales, apoyada ampliamente a nivel social por la expansión del PBI y la disminución del desempleo. A diferencia de otras economías, la deuda externa chilena, que representaba el 40% del PBI, tuvo un descenso.

Venezuela vivió una situación similar a la que protagonizó Argentina, de fuerte fuga de capitales. En junio de 1994, durante el Gobierno de Rafael Caldera, se impuso un control de cambio con paridad única que propició la fuga diaria de divisas. Por otra parte, Venezuela tuvo en la primera mitad de ese año superávit de la balanza comercial como consecuencia del incremento del precio del petróleo a nivel mundial.

El “efecto tequila” fue un signo claro de la globalización financiera en marcha. Pero este proceso tuvo un costado definido puramente por el volumen de las transacciones financieras que se realizaron a través de las fronteras, y otro costado, que no debe menospreciarse, definido por las reformas institucionales y legales que se realizaron para liberalizar y desregular los movimientos internacionales de capital y los sistemas financieros nacionales.

En las últimas décadas del siglo XX, estas reformas (la más significativa ha sido quizá la reforma del Estado) se afianzaron como una necesidad para asegurar una gobernabilidad democrática progresiva. Para ello se procedió a reorganizar, racionalizar y desburocratizar el Estado.

En algunos casos se llevaron adelante medidas de descentralización en varios campos: económico-financiero (de recursos fiscales) y de empleo de recursos naturales, administrativo o burocrático, de decisiones políticas y de políticas regionales. De igual modo, se procedió a la venta de activos estatales, de empresas y de servicios. La transferencia de recursos estatales a capitales privados –mayoritariamente extranjeros– se llevó a cabo en dos momentos: 1991-1992 y 1996-1997. En Argentina, que viviría la crisis más aguda en 2001, el Gobierno de Menem privatizó el sistema de jubilaciones y empresas de servicios claves, como Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Ferrocarriles Argentinos, el Correo, el espacio radioeléctrico, la producción y distribución de energía eléctrica, e incluso un recurso estratégico como el petróleo. La privatización de YPF, paradigma de las empresas estatales del país, no significó solamente la pérdida de control sobre un área crucial, sino también el disparador de la ruptura del lazo social en espacios provinciales donde la empresa había desempeñado, históricamente, una considerable función contenedora. No por azar, los piquetes y los piqueteros surgieron en ellos (133).

Brasil entró más tarde en la onda privatizadora. Lo hizo recién en 1997-1998, durante la primera presidencia de Cardoso, cuando fueron desnacionalizadas la Companhia Vale do Rio Doce (minera) y Telebras. En Chile, la desnacionalización había comenzado durante la dictadura militar, aunque sin afectar el estratégico recurso del cobre, nacionalizado durante el Gobierno de la Unidad Popular. Uruguay, en cambio, fue renuente a perder el control de las empresas del Estado, e incluso rechazó esa posibilidad mediante el voto popular. Adicionalmente, el pueblo uruguayo decidió, en una consulta simultánea con las elecciones presidenciales del 31 de octubre de 2004, no privatizar los recursos acuíferos, un campo estratégico clave en el futuro más o menos inmediato. El caso de Paraguay es singular, puesto que este país no privatizó sus empresas.

El indicador con mejores resultados fue el de la inflación, reducida drásticamente entre 1987 y 1997 en casi todos los casos –una excepción fue Honduras, donde subió de 1,8 a 15% anual–. Uno de los casos más notorios fue Argentina, con la aplicación de la convertibilidad –un cepo que estallaría en 2001–, tras las hiperinflaciones de 1989 y 1991. Si la inflación fue erradicada en la década de 1990 (como se ha dicho, excepto en Honduras), hay que tener en cuenta que esta no es solo un asunto de la economía: es, sobre todo, un asunto de carácter social, toda vez que es un mecanismo adicional de transferencia de ingresos de los más pobres a los más ricos. Significativamente, el control de la inflación durante la década de 1990 no implicó una reversión del efecto de ese mecanismo. Por el contrario, la redistribución de los ingresos en términos negativos para quienes no eran ricos se acrecentó aún más.

Por otra parte, los organismos internacionales –BID, FMI y Banco Mundial– no parecieron asumir responsabilidad en el incremento de la pobreza y de la desigualdad social. Así, por ejemplo, se ha dicho, entre otras apreciaciones de similar tenor: “[En el] nivel más inmediato las brechas de ingresos se explican primordialmente por diferencias de educación. Pero esas diferencias son el resultado de un proceso de decisiones que tiene lugar en las familias, en el cual intervienen las condiciones económicas, sociales y culturales de los padres. [...] De esa manera, la educación y la familia son los canales a través de los cuales se reproduce la concentración del ingreso. En un tercer nivel de análisis, se encuentra el contexto” (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 1999: 35).

Si bien en 1997 la tasa de crecimiento era de 5,4% a escala regional, la más alta en veinticinco años, en 1998 y 1999 las crisis asiática y brasileña, respectivamente, llevaron a la recesión. Adicionalmente, en 1998 algunos países sufrieron los impactos de dos fenómenos naturales catastróficos, la corriente de El Niño, que afectó a las economías de Ecuador y Perú, y el huracán Mitch, que arruinó las de América Central, particularmente la de Honduras, país donde se estima que el daño implicó un retroceso de treinta años.

Como se ha señalado, los costos sociales de la aplicación de las políticas neoliberales fueron altos. La CEPAL, en su Panorama social de América Latina 2000-2001, muestra que entre 1980 y 1999 el número de hogares pobres de la región pasó de 24.200.000 a 41.300.000 (en términos relativos, 34,7% y 35,3% del total de hogares, respectivamente). A su vez, dentro de esos hogares pobres, 10.400.000, en 1980, y 16.300.000, en 1999, eran indigentes. Los pobres pasaron de 135.900.000 de personas en 1980 a 211.400.000 en 1999, y dentro de ellos los indigentes pasaron de 62.400.000 a 89.400.000 en los mismos años. La pobreza a escala de la región tuvo una incidencia relativa mayor en el ámbito rural que en el urbano (54% y 30%, respectivamente), aunque los pobres urbanos ascendieron en 1999 “a cerca de 134 millones y los rurales a 77 millones, debido a la proporción significativamente más alta de población residente en las áreas urbanas”. En cambio, la indigencia fue ligeramente superior en el espacio rural: 46 millones contra 43 millones (CEPAL, 2001: 14).

A juicio de los analistas de la CEPAL, el incremento de la pobreza estuvo acompañado de la precarización de las condiciones de vivienda para la mayoría de los hogares pobres. Rasgos característicos fueron la situación de hacinamiento, la falta de acceso al agua potable, la presencia de un jefe de familia escasamente escolarizado, y en ocasiones desocupado, y de niños y jóvenes también escasamente escolarizados e incorporados tempranamente al mercado de trabajo, o francamente excluidos (sin estudiar ni trabajar).

La eliminación de la pobreza es mucho más una cuestión –y una decisión– política que estrictamente económica. Es posible alcanzarla incluso en los marcos del sistema capitalista, es decir, sin una transformación radical de las estructuras sociales. Víctor Tockman (apud Boron, 2000: 171) señala, que, según el Banco Mundial (en el World Development Report de 1990), “para evitar la pobreza en la región se requeriría transferir el 0,7% del producto, lo que sería equivalente a un impuesto del 2% sobre la renta del 20% más rico de la población”. En rigor, esta estimación se refiere a la eliminación de la indigencia generada en la década de 1980, de modo tal que habría que sumarle la pobreza creada en la década siguiente. Así y todo, añade Atilio Boron, las estimaciones de la CEPAL y del Banco Mundial son coincidentes en sus trazos más gruesos: “bastaría con transferir el 1% del producto para resolver el problema de la extrema pobreza en América Latina, pero se requeriría un 4,8% para hacer lo propio con la pobreza en general. Más allá de la controversia acerca de la magnitud del esfuerzo que esto demande […] y de la naturaleza y estrategia de la fuerza política dispuesta a implantarlo, queda claro que si el problema es persistente no es debido a una imposibilidad práctica de solucionarlo sino a la inexistencia de una voluntad política decidida a enfrentarlo resueltamente”.

El incremento de la pobreza ha ido acompañado también de un brutal aumento de la desigualdad de la distribución del ingreso (y, a fortiori, de la riqueza, que no es lo mismo). Según la CEPAL, sobre el final de la década de 1990, “la desigual distribución de los ingresos continúa siendo un rasgo sobresaliente de la estructura económica y social de América Latina, lo que le ha valido ser considerada la región menos equitativa del mundo”. Así, se observa que, por entonces, el 10% de los hogares de mayores recursos se apropiaba de la porción más significativa de los ingresos y, por cierto –aun cuando sea más difícil de precisarlo– de la riqueza. Excepto Costa Rica, Cuba y Uruguay, ese estrato percibía en todos los demás países de la región más del 30% de los ingresos, aunque, en rigor, en la mayoría de ellos ese porcentaje superaba el 35%, contrastando con la situación del 40% de los hogares más pobres, que percibían entre el 9% y el 15% de los ingresos totales. En Bolivia, Brasil y Nicaragua, el quintil (20%) más rico tenía ingresos per capita más de 30 veces superior a los del quintil más pobre. “En el caso de la relación de ingresos entre el decil más rico y los cuatro deciles más pobres, la mayor distancia se presenta[ba] en Brasil, donde el decil más acomodado t[enía] un ingreso 32 veces superior al de la suma de los cuatro primeros deciles, al tiempo que el promedio simple de la región equival[ía] a 19,3 veces” (CEPAL, 2001: 17-18).

Para la CEPAL (2001: 16), estos valores representaban, en algunos casos, una mejoría respecto de la década anterior, sin dejar de ser terribles. Así, Brasil (donde las políticas del Consenso de Washington se aplicaron mucho más moderadamente que en otros países), Chile (donde el Gobierno de la Concertación atenuó el salvajismo pinochetista) y Panamá redujeron la proporción de hogares pobres en más del 10%; mientras Costa Rica, Guatemala y Uruguay lo hicieron entre 5% y 10%. En contraste, Venezuela se situó en el polo opuesto, incrementando el número de hogares pobres del 34% al 46% a lo largo de la década de 1990. También Argentina es un país que incrementó el número de pobres: en el primer lustro del siglo XXI la desigualdad era mayor que en la década de 1990, que a su vez superó a la de 1980, y esta, a su turno, a la de 1970.

Asimismo, el carácter volátil y especulativo que adquirió el movimiento de capitales externos contribuyó a la generación de resultados francamente perversos en buena parte de las sociedades de la región, siendo Argentina un caso emblemático de crisis financiera de la década de 1990.

Ahora bien, desde el año 2003 las economías de América Latina y el Caribe han iniciado un período favorable de crecimiento y expansión. Los cuatro años que corrieron entre 2003 y 2007 pueden considerarse como los de mejor desempeño económico y social de los últimos veinticinco años. Como hemos visto, durante este período varios gobiernos dieron decisivos pasos hacia la recuperación del rol del Estado y el mejoramiento de la precaria situación social. En un contexto de claros intentos de superación de la agenda neoliberal, varios países han podido reducir la pobreza, disminuir el desempleo y mejorar la distribución del ingreso.

En 2006, el crecimiento de la región fue de 5,6%, mientras que las tasas de crecimiento regional promedio anual en la década de 1980 se situaban alrededor del 1%. Hay que notar que en la década de 1990 las tasas de crecimiento subieron por efecto de las profundas reformas de mercado, y en algunos países –como Argentina, México, Colombia– del Estado. Asimismo, entre 2003 y 2007 la región tuvo un crecimiento promedio anual de 4,7% y un incremento del PBI per capita de 3,3% promedio anual (CEPAL, 2007).

En el año 2005, un 39,8% de la población se encontraba en situación de pobreza y un 15,4% en situación de pobreza extrema, es decir que cerca de 209 millones de personas vivían en situación de pobreza y 81 millones en condiciones de indigencia. Esta disminución en la tasa de pobreza significa que por primera vez se alcanzaron niveles inferiores a los de 1980, año en el cual un 40,5% de la población fue registrada como pobre. Respecto de la distribución del ingreso, en cambio, la región ha experimentado mejoras menos significativas.

El contexto externo no favoreció a todos los países de igual modo. En particular, los países de América Central y el Caribe se vieron gravemente afectados por los aumentos en el precio del petróleo. Por añadidura, los precios de los principales productos exportables de estos países no aumentaron en igual medida, lo cual afectó los términos de intercambio y de la cuenta corriente. También es necesario diferenciar, a riesgo de caer en simplificaciones, las realidades de otras dos subregiones: la de los países del Cono Sur, más exitosos en la superación de los indicadores de la etapa neoliberal, y la de los países andinos, cuya larga historia de exclusión social y la vigencia de una economía fuertemente volcada a la producción primaria ha planteado desafíos distintos.

América del Sur cuenta con formidables reservas de petróleo y gas y un enorme potencial de energía hídrica. En esta subregión se halla más de un tercio del agua del mundo. Esto no solo beneficia su capacidad energética sino que además la convierte en una gran productora de alimentos. En los países andinos (Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia), las economías nacionales están basadas en importantes fuentes energéticas –el petróleo y el gas– y en recursos minerales de diversa índole. La gran asignatura pendiente en estas subregiones, además, claro, de dar respuesta a la urgente “cuestión social”, es la creación de infraestructura capaz de explotar tan valiosos recursos.

El neoliberalismo quedó atrás, pero todavía no es claro que América Latina esté transitando el camino de un nuevo desarrollo económico. Fundamentalmente, la economía industrial es débil como para incorporar a los pobres e indigentes de las ciudades. Todavía asentada en las exportaciones primarias, las perspectivas de crecimiento de la productividad tampoco son claras. En estas circunstancias, el Estado es un actor clave. Difícilmente se pueda prescindir de su intervención cuando el 70% de la producción industrial de América Latina está en manos de empresas trasnacionales.

El águila herida en un ala

La crisis del petróleo de 1973 marcó el inicio de un proceso de reajuste en el sistema económico internacional. Esa crisis coincidió con otra de índole política que se desencadenó con la escandalosa renuncia del presidente republicano Richard Nixon en Estados Unidos. A raíz de las investigaciones sobre el Watergate, el presidente fue sometido a un proceso de impeachment (aunque más tarde, su sucesor Gerald Ford lo indultó). El cuadro desastroso se completó en 1975 con la derrota en la guerra de Vietnam.

En 1977, el demócrata James Carter ganó las elecciones y asumió la presidencia con un programa que proponía restaurar los principios que habían guiado a “la Nación norteamericana” desde su formación –por entonces percibidos como al borde de su desaparición–. Hacia América Latina, en particular, su programa se vertebró en una propuesta de restauración de la democracia y de los derechos humanos, sobre todo en aquellos países que se encontraban dominados por feroces dictaduras. Respecto de los países del Cono Sur, Carter ordenó la suspensión de la ayuda geopolítica y militar a los gobiernos de facto. No obstante, esta intención inicial se vio opacada por la incapacidad del Gobierno para hacer que el poderoso sector financiero privado renunciara a proveer recursos a los regímenes dictatoriales. Los flujos de financiamiento continuaron durante toda la década, provenientes de bancos de Estados Unidos, pero también de Europa y de Japón. Incluso hubo conflictos entre los tecnócratas del Banco Mundial, el FMI y el Departamento de Estado. A esto se sumó el afán reeleccionista de Carter. En conjunto, estos elementos terminaron por entibiar la política hemisférica, en un principio mucho más entusiasta acerca de la recuperación de la democracia de lo que finalmente fue.

Durante el Gobierno de Carter también hubo medidas favorables para otros países de América Latina. El presidente apoyó firmemente la transferencia de poder a manos de civiles que estaba iniciándose en Perú y en Ecuador. En Panamá, ante la amenaza de un Gobierno también reformista militar, Carter instruyó la firma de los tratados que terminaron pactando la cesión del Canal. Respecto de Cuba, y en momentos en los que la mayoría de los países latinoamericanos se había inclinado por el cese del bloqueo (dispuesto a principios de los años sesenta), Carter intentó acercamientos, pero como se sabe fueron inconducentes.

En 1980, la recesión internacional era incontenible. Desacreditado y debilitado, fundamentalmente por las condiciones económicas desfavorables en su propio país, en 1981 Carter fue sucedido por el republicano Ronald Reagan (1981-1989). Este reafirmó la política de seguridad, especialmente en Centroamérica. La denominada Doctrina Reagan se basó en un aumento significativo del presupuesto destinado a apoyar financiera y logísticamente a los países de América Central y de América del Sur (fundamentalmente Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá y Colombia).

Entre tanto, en 1985 Mikhail Gorbachev asumió el Gobierno de la Unión Soviética. En medio de una situación económica crítica, implementó políticas de liberalización y reformas, las denominadas Glasnost y Perestroika. En 1989 el Bloque Socialista se desarticuló. En poco tiempo, el comunismo se había desmoronado en Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Rumania, y la República Democrática Alemana se había incorporado a la República Federal Alemana.

Así, en la década 1990 la hegemonía de Estados Unidos parecía haber impuesto el “fin de la historia”. En 1989, el politólogo norteamericano Francis Fukuyama publicó la primera versión de su ensayo The end of History? (que en 1992, aumentada, cambió a The End of History and the Last Man), expresión emblemática de la nueva era que se auguraba. Pero el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 redefinió el curso de los acontecimientos.

Durante la presidencia de George W. Bush (2001-2009) se endureció la política imperialista de Estados Unidos sobre la región. Adicionalmente, la negativa experiencia de la guerra en Irak (2003), devastadora tanto en términos militares como humanos, reafirmó el interés de Washington por mirar su “patrio trasero”. Desde el año 2000, la política norteamericana se dotó de un instrumento clave para la guerra contrainsurgente: el Plan Colombia, cuyo supuesto propósito era combatir el narcotráfico. Este Plan se desarrolló en el marco de la “Guerra Antiterrorista” declarada por Bush después de septiembre de 2001, rebautizado como Iniciativa Regional Andina. Con esta nueva denominación, Estados Unidos intensificó su campaña militarista en América Latina y el Caribe, por lo que se multiplicaron las bases militares en varios países –la otra cara de la estrategia del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)–.

El 1º de enero de 2009 asumió la presidencia Barak Obama. Joven, de origen afroamericano y de aspecto distendido, su imagen inspiró expectativas de cambio en muchos sectores. Sin embargo, su política ha sido más bien continuista tanto en el plano interno como externo. No es sorprendente, dado el poder del conglomerado industrial-militar de su país. Lo que sí fue sorprendente es que analistas lúcidos, e incluso gobernantes, se hayan ilusionado con una posibilidad, que incluso aunque hubiese sido su voluntad, carecía de condiciones de realización. Obama asumió en medio de la peor crisis desde el crack de Wall Street en 1929. En el salvataje financiero, el flamante presidente no cambió el rumbo trazado por su predecesor: ayuda a los bancos, rescate de las automotrices, entre otras medidas. La recesión obligó a Obama a tomar medidas de ajuste, apelando al aumento de la recaudación impositiva y al financiamiento externo.

Aunque Estados Unidos parece estar perdiendo peso en la economía mundial, ha dado indicios de seguir detentando el lugar de potencia hegemónica. Un elemento a considerar es su vitalidad militar y su persistente política intervencionista. Claros ejemplos de esto en los años recientes son Honduras, Colombia y Haití.

Como se ha visto, en Honduras, la política de Estados Unidos fue inicialmente de apoyo al golpe, en defensa de sus intereses en la base militar de Palmerola, intereses que se vieron afectados por la política de Zelaya de acercamiento al ALBA. Luego vino la condena al golpe, aunque titubeante. Esos titubeos sirvieron para ganar tiempo y alcanzar la fecha de las elecciones previstas en el calendario nacional previo a la destitución de Zelaya. Así, Estados Unidos, que favoreció la candidatura del triunfante Porfirio Lobo, mostró una vez más su vocación “democrática” –como se ha visto, una de las tantas caras de su política imperialista–.

En Colombia, la política intervencionista de Estados Unidos también se expresó por la vía de la cooperación militar. Hacia fines de 2009, el Gobierno de Álvaro Uribe aceptó prestar siete bases militares de Colombia para que fueran utilizadas por soldados estadounidenses. En diciembre del mismo año, en un comunicado emitido por los mandos centrales de las FARC y el ELN, estos afirmaron: “Hoy Colombia es convertida en una gran base militar a disposición (de Estados Unidos) para ahogar en sangre la resistencia de nuestro pueblo [...]. En esta hora precisa nos encaminamos a trabajar por la unidad para enfrentar, con firmeza y beligerancia, al actual régimen (de Uribe)”. Los líderes rebeldes acordaron cesar el fuego entre ambas organizaciones en algunas regiones del país porque entendieron que esas eran “las exigencias del momento”. Para calmar a la población, Uribe desestimó públicamente el anuncio de las organizaciones guerrilleras. El acuerdo no duraría mucho. En agosto de 2010, ya durante la presidencia de Santos, un fallo de la Corte Suprema lo dejó sin efecto. Pero de ningún modo esto significa el fin de la intervención de Estados Unidos en el país andino.

El caso más alevoso de la persistente política intervencionista norteamericana es Haití. Allí, como se ha visto antes, en enero de 2010, un fuerte terremoto arrasó buena parte del pequeño país, en particular la ciudad capital Port-au-Prince, destruyendo viviendas, edificios públicos (entre ellos el Palacio Nacional y la Catedral), escuelas, hospitales, y dejando un saldo enorme de muertos y heridos. Haití es el país más pobre de América Latina y uno de los países más desiguales del mundo, ya que el 10% más rico se apropia de cerca del 50% de la riqueza.

El terremoto movilizó a la comunidad internacional. La Unión Europea, la Cruz Roja Internacional, la ONU, la OEA y la UNASUR prestaron su ayuda. En este contexto, la intervención de Estados Unidos se expresó como una ocupación militar bajo el rótulo de “ayuda humanitaria”, enviando navíos de guerra, armamento, soldados y personal de Inteligencia. Y, desde luego, dinero: Obama anunció una donación de 100 millones de dólares.

Haití tiene una ubicación estratégica, en particular, Port-au-Prince, respecto de la República Bolivariana de Venezuela, como se ha dicho, objeto predilecto de la reedición de la furia imperialista de Estados Unidos sobre la región.

Esta nueva intervención militar estadounidense en Haití recuerda no solo la larga de 1915-1934, abordada en el capítulo 4, sino las más próximas de 1994 y 2004. En 1994, Bill Clinton ordenó el envío de 20.000 soldados para reponer en su cargo a Aristide (“Operación restaurar la Democracia”). Los efectos reales de esta intervención “humanitaria” se aprecian cuando se observa que al recuperar la presidencia, Aristide cambió el rumbo de su Gobierno, siguiendo al pie de la letra las recetas recomendadas desde Washington. El libre mercado trajo consigo la agudización de una pobreza y una desigualdad que en Haití eran estructurales. En 2004, el Gobierno de George W. Bush participó, a través de su Ejército, del nuevo golpe contra Aristide. Tras su supuesto “abandono del país” en un avión de Estados Unidos, las autoridades que se constituyeron aceptaron el ingreso de tropas norteamericanas para controlar la inestabilidad.

En medio de la catástrofe de 2010, Estados Unidos se valió de una vieja estrategia para su intervención: mostrar el país hundido en el caos y ostentar su ayuda “humanitaria” como imprescindible para controlar la situación. A ello contribuyó una intensa campaña mediática, a partir de la cual las imágenes del “caos” haitiano circularon por el mundo, quedando de este modo justificada la “necesaria” intervención de Estados Unidos. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue clara al respecto cuando afirmó que las fuerzas norteamericanas “se quedarían en Haití hoy, mañana, y previsiblemente en el futuro”. Las voces de alerta y denuncia se hicieron oír en la comunidad internacional, especialmente por parte de los presidentes de Cuba y Venezuela, previsiblemente, pero también de Brasil, país que lidera la ayuda prestada por la MINUSTAH. Es que las fuerzas norteamericanas llegaron al punto de controlar con exclusión de otras fuerzas el aeropuerto de Haití, lo cual obstaculizó el acceso de los soldados brasileños y de los médicos cubanos, entre otros.

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la hegemonía norteamericana aparece fuertemente resistida por las iniciativas de integración regional, significativamente la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es percibida como una verdadera “amenaza”.

La promoción de estructuras de integración vino aparejada con la afirmación del nuevo patrón de acumulación capitalista en el mundo, con la intención de incidir positivamente sobre el desarrollo económico, haciendo frente a los problemas causados por la deuda externa y a los emergentes de la globalización del comercio mundial. Aunque estos procesos de integración son mucho más complejos y abarcativos que su sola definición en los planos económico y político, lo cierto es que estas dimensiones son hasta ahora las de mayor relevancia.

En concordancia con esta tendencia general, América Latina puso en marcha diversas iniciativas de integración: el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), Comunidad del Caribe (CARICOM), y el Pacto Andino o Comunidad Andina de Naciones (CAN). En realidad, los procesos de integración habían comenzado a desarrollarse ya en la década de 1960, tomando como referencia la Comunidad Económica Europea (CEE) creada en 1957, y luego convertida en la actual Unión Europea (UE). Esos procesos fueron reactivados en la coyuntura de los años noventa. En cada una de las iniciativas apuntadas hubo, desde luego, algunos países que asumieron el liderazgo: El Salvador y Guatemala en Centroamérica, Colombia (y Venezuela, hasta 2006) en la región Andina, y Brasil y Argentina en América del Sur.

El MERCOSUR se creó a partir del acuerdo alcanzado entre el presidente José Sarney y su par argentino Raúl Alfonsín, plasmado en el posterior Tratado de Asunción de 1991, cuando –con la suma de Paraguay y Uruguay– quedó formalmente constituido. Según la concepción original de este Tratado, a partir del 1º de enero de 2006, el MERCOSUR sería un espacio de libre circulación de bienes y servicios en el espacio delimitado por los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En él, la cooperación en los planos de la economía y de la cultura estaría orientada a asegurar los valores de la democracia, la libertad, la equidad social y la modernización.

Los países del MERCOSUR ampliado (Bolivia y Chile, que no tienen aún el rango de miembros plenos) firmaron y adoptaron (Lima, 11 de septiembre de 2001), junto a los otros 28 miembros de la OEA, la llamada Carta Democrática Interamericana, documento que establece la cláusula de la “alteración del orden constitucional”, según la cual un hecho anterior a una interrupción o ruptura puede ser motivo de la acción o reacción de los países americanos. Se esperaba, así, advertir a quienes pretendieran romper el orden constitucional –como han sido los golpes de Estado clásicos– que en tal caso habrían de enfrentar a una comunidad de países americanos unida para proteger las instituciones democráticas. Como se ha visto, esta cláusula ha sido severamente cuestionada por la política de Estados Unidos en Honduras.

Si bien fueron factor de aciertos económicos y consolidación de la democracia, los procesos de integración no han logrado afirmarse. En efecto, por ejemplo, hasta hoy el MERCOSUR –con sus meandros– se ha desarrollado mediante un sistema jurídico-institucional fundado mucho más en un modelo de cooperación intergubernamental que en uno de integración supraestatal, de manera que avanzar en otra dirección no es una tarea fácil. El MERCOSUR todavía tiene pendiente el ingreso de Venezuela como miembro pleno, bloqueado por Paraguay, y la elaboración de un Estatuto de Ciudadanía, entre los desafíos más destacados. Con todo, en su aniversario número veinte, el MERCOSUR pudo festejar la finalización de las obras de Yaciretá, después de 37 años desde su inicio.

Aunque la integración logró avances comerciales, los resultados no han sido los esperados. “En los mejores años del período 2002-2007, las exportaciones intrarregionales no llegaron a representar más de 10% o 20% de las exportaciones totales: en concreto, 10,5% en la CAN (en 2004), 14,9% en el MERCOSUR (en 2007) y 20% en el MCCA”, según lo expresa la CEPAL (2008: 121).

En la era posneoliberal se crearon dos ambiciosos organismos de integración. Se trata de la UNASUR, cuyo Tratado Constitutivo fue firmado en mayo de 2008, y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), constituida en febrero de 2010 con el objetivo de consolidar la integración entre los países de la región. Ambos organismos significan un certero intento de disputar la histórica “tutela” de Estados Unidos sobre la región. Por ello la CELAC ha sido popularmente llamada la “OEA sin Estados Unidos ni Canadá”.

El primer secretario general de la UNASUR fue el ex presidente argentino Néstor Kirchner, quien asumió en mayo de 2010. Fallecido en octubre de ese mismo año, fue designada la ex canciller colombiana María Emma Mejía (y en 2012 la sucederá el ex canciller venezolano Alí Rodríguez, claramente una solución de compromiso). La UNASUR se basa en un acuerdo de integración de carácter primordialmente político que, al menos por ahora, no busca desplazar a los organismos regionales vigentes. Entre sus desafíos está la creación del Banco del Sur, cuyo tratado fue firmado en 2009 pero que fue ratificado por solo dos de los siete países que lo integrarían. Este banco actuaría como instrumento financiero para la promoción del desarrollo económico y social de la región. Por su parte, la primera reunión de la CELAC, prevista para mediados de 2011, debió demorarse a causa del estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y finalmente se realizó en diciembre de 2011, cuando quedó definitivamente constituida.

Ahora bien, todos estos procesos de integración ocurrieron simultáneamente con un proceso global que, mirado en una perspectiva de largo plazo, ha puesto en evidencia que desde Bretton Woods hasta la crisis reciente, la economía de Estados Unidos se ha mostrado cada vez más incapaz de coordinar el sistema capitalista mundial.

Estados Unidos depende para el funcionamiento de su economía de la importación de productos claves como petróleo, gas y minerales. Así, los procesos de transformaciones recientes en América Latina son de interés prioritario, en un contexto, además, de creciente competencia con otros Estados o potencias emergentes. En este sentido, la democracia bolivariana de Chávez significa una gran amenaza para los intereses de la alianza entre Wall Street y el complejo militar-tecnológico que ha sostenido la expansión imperialista de Estados Unidos.

Si en la década de 1990, después de la caída del muro de Berlín, parecía hegemónica la posición de Estados Unidos y el “fin de la historia”, el cambio de milenio trajo consigo nuevos elementos que hirieron al águila en un ala. Estos elementos revitalizaron viejos argumentos que, aun en medio del debilitamiento de su peso en la economía mundial, han resultado eficaces para la persistencia de su política intervencionista. Ya han sido reseñados los sucesos de Honduras, Colombia y Haití, a los cuales se suman, paradigmáticamente, los de Libia en 2011.

107. Esta sección recupera y amplía ideas ya presentadas en Ansaldi (2006b; 2007a; 2007b y 2007c).

108. Autores como Norberto Bobbio, Robert Dahl y Giovanni Sartori han iniciado una tradición de investigación en esta línea de pensamiento.

109. Varios autores han asociado el concepto consolidación a ese proceso histórico que Samuel Huntington ha estudiado bajo la denominación “tercera ola democratizadora” (en The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 1991). En relación con las democracias de América Latina, las principales corrientes de investigación sobre transición y consolidación se sirvieron de las contribuciones de Juan Linz, Alfred Stepan, Leonardo Morlino, Scott Mainwaring, Samuel Valenzuela y Guillermo O’Donnell, entre otros.

110. Elimpeachmentes una figura delderecho anglosajónque permite procesar a quien ejerce un alto cargo público. ElParlamentooel Congresoson los órganos que deben aprobar el procesamiento y luego hacerse cargo deljuiciodel acusado.

111. La literatura sobre transición es extensa. Dos títulos clásicos sobre transición son Juan J. Linz y Alfred Stepan, Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996; y Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comps.), Transiciones desde un Gobierno autoritario/2, América Latina, Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 1994.

112. El Informe de la Comisión de la Verdad de Perú distingue entre las rondas campesinas “norteñas” (aunque con el tiempo fue una experiencia replicada en todo el ámbito nacional) y las rondas campesinas “contrasubversivas”, también conocidas como “comités de autodefensa”, para la protección de los ciudadanos frente a las acciones terroristas. Las primeras fueron creadas para defender las propiedades y las vidas de abigeatos y otros delitos comunes. Surgieron en 1976, pero luego se extendieron a todo el país. Eran pacíficas (no usaban armas) y autónomas. Las Fuerzas Armadas, al coercionar a la población campesina para la organización de grupos de autodefensa, adoptaron el nombre de rondas campesinas a modo de legitimación de su cuestionado accionar.

113. Esta sección recupera ideas presentadas en Ansaldi (1996a; 1996b; 2004b; 2006b; 2007b; 2007c, 2011).

114. Estudiante de un curso de Waldo Ansaldi en la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la República, Montevideo. Scarpa mantuvo un animado diálogo sobre el punto, haciendo llegar luego una comunicación personal con su punto de vista. Nuestro agradecimiento por el aporte.

115. Los mejores análisis de los gobiernos de Alfonsín y de Menem se deben al equipo de investigación dirigido por Alfredo Pucciarelli (2006 y 2011). A ellos remitimos.

116. La falta de alternancia entre partidos es un rasgo de más larga duración, pues no la hubo, como resultado de un proceso electoral, en poco más de doscientos años desde su independencia (De Riz, 2008).

117. Véase José Tomás Sánchez, “¿Qué hacemos en Haití?”, E’a, Periódico de interpretación y análisis, 12 de enero de 2010. Disponible en línea en <www.ea.com.py>.

118. A principios de la década de 1990, ANAPO se unió con el M-19 y surgió AD M19.

119. Esta sección retoma, resume (en algunos puntos) y amplía (en otros) ideas expuestas en Ansaldi (2005-2006 y 2011).

120. A diferencia de años anteriores, en este informe no hay datos sobre Cuba, que supo mostrar, siempre según la CEPAL, los menores índices de desigualdad.

121. Ana Barón, “Aumentó el número de ricos y su fortuna en América Latina”, en Clarín, Buenos Aires, 19 de junio de 2002, p. 25.

122. Las cifras de los citados Informes de 2002 y 2008 y las declaraciones de Solimano, en Andrés Oppenheimer, “La concentración de riqueza en América Latina”, El Miami Herald, 20 de agosto de 2008. Las cifras de 2011 están tomadas directamente del documento (disponible en línea).

123. Como se ha indicado en la introducción a este libro, existe una correlación entre los ciclos económicos largos y la acentuación del conflicto social o, en palabras del economista italiano Ernesto Screpanti (1985), “insurrecciones proletarias recurrentes” y “gran explosión de lucha de clases”.

124. No obstante, en sentido estricto, ya en los años setenta hubo movimientos de mayor o menor intensidad (como en Guatemala, Ecuador, Bolivia y Chile). En esos años, señalan Bruckmann y Dos Santos (2005), “los indígenas reivindica[ro]n sus orígenes como una estructura ideológica para las luchas sociales contemporáneas, y exig[iero]n el liderazgo de los movimientos guerrilleros”.

125. En enero de 2006, los dirigentes del MAS plantearon la refundación de la COMIBOL.

126. Sobre “los caminos de la izquierda latinoamericana” (utilizando palabras del propio autor) puede verse Sader (2008, especialmente el capítulo 4).

127. Este párrafo y el siguiente reproducen lo expuesto en Ansaldi (2007d).

128. Waldo Ansaldi agradece a Cintia Pinillos, alumna del curso que dictó en el doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), haber llamado la atención sobre este punto. Las observaciones de Pinillos no han sido hasta ahora publicadas.

129. En diciembre de 2005, cuando era candidato presidencial, Evo denunció la desaparición de 28 misiles tierra-aire MHN-5, de fabricación china, que se encontraban en los arsenales bolivianos y fueron entregados a Estados Unidos para ser “desactivados”.

130. Esta sección recupera argumentos expuestos en Ansaldi (2010b).

131. Esta apretada síntesis es tributaria de la realizada por Eduardo Bustelo Graffigna, director de UNICEF en Argentina, en la Presentación del libro de Alberto Minujin, Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo, UNICEF/Losada, Buenos Aires, 1993.

132. Documento “La acción internacional de América Latina ante la crisis del endeudamiento externo” en Nueva Sociedad, Nº 68, septiembre-octubre de 1983, pp. 108-116.

133. En mayo de 2012, cuando este libro estaba pronto a entrar en imprenta, la presidenta Fernández promulgó una ley, aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso Nacional, disponiendo la reestatización del 51% de YPF mediante la expropiación de las acciones de la multinacional Repsol.

Epílogo

LA CONFORMACIÓN DE LA MATRIZ INSTITUCIONAL DEL ORDEN VIGENTE. UNA MIRADA DE LARGA DURACIÓN (134)

Waldo Ansaldi

Para un balance de entre siglos

El período comprendido entre fines del siglo XVIII y comienzos del XXI, poco más de doscientos años, es el tiempo analizado en este libro. Se trata de una dimensión temporal larga, propicia para una reflexión capaz de dar cuenta de cuestiones claves de la historia de las sociedades latinoamericanas. Este epílogo (abierto) persigue, entonces, ofrecer elementos para un balance de larga duración. Al decir larga duración no se alude al hecho de un tiempo bisecular, sino a una de las dimensiones de la proposición metodológica de Fernand Braudel respecto de las temporalidades diferenciales que él encontraba en los procesos históricos (135).

La longue durée de Braudel no es larga porque se extiende a lo largo de muchos años (más de cien) o porque refiere a un proceso de ritmo lento. Alude a continuidades, permanencias, persistencias, recurrencias, a realidades que, en tanto elementos o factores esenciales, operan de modo relevante, decisivamente, sin rupturas radicales, a lo largo de los procesos históricos, de los cuales constituyen hilos conductores. Así, la longue durée es una conexión ente el pasado y el presente o, dicho de otro modo, la continuidad o la presencia del pasado en el presente, esto es, cristalizaciones. Pero también, si se prefiere: observar y explicar los cambios en las continuidades y las continuidades en los cambios.

Es mi intención ofrecer a lectoras y lectores algunos datos que considero claves para el aludido balance de larga duración. Pero solo sugeriré líneas, pistas. No sacaré todas las conclusiones ni, mucho menos, agotaré los argumentos. Dejaré camino expedito para que unas y otros puedan elaborar su propio balance. Así, el epílogo no cierra, en rigor, un relato: abre otro, invita e incita a recomenzar.

El lenguaje político contemporáneo acuñó, entre otras, siete palabras destinadas a constituirse en inexcusables en toda reflexión sobre la sociedad, el Estado y las relaciones entre una y otro. Nuevas o antiguas pero resignificadas, esas siete palabras-conceptos, hechas suyas por la surgente Modernidad y más o menos simultáneamente, son: libertad, igualdad, democracia, revolución, derechos del hombre, ciudadanía, Constitución (136).

Como parte de la rápida difusión de ideas modernas en nuestro continente, esos conceptos llegaron pronto a una América Latina todavía colonial, potenciándose con las luchas por la independencia y por la organización del nuevo orden político. Como muchos, su significado fue cambiando más o menos a lo largo del tiempo. Cargados de historicidad, pues, son todavía hoy parte del lenguaje de los políticos y de los científicos sociales y, más aún, encierran anhelos, sueños, utopías, deseos, esperanzas para muchos. Está claro que en los pocos más de doscientos años transcurridos desde los momentos iniciales de nuestra vida independiente, han mudado de contenido y han sido –y son– parte del territorio de la confrontación de ideas, de la lucha por el poder. La continuidad no es inmutabilidad. Hay que evitar el anacronismo y el nominalismo. Así como “los hechos son siempre individuales y mudables en el flujo del movimiento histórico, los conceptos pueden ser teorizados” (Gramsci, 1975: II, 1433) y su teorización no puede dejar de acompañar los cambios, es decir, ellos mismos ser historizados.

No es mi propósito hacer aquí la genealogía de esas palabras ni tampoco reconstruir la historia de su llegada y difusión en Latinoamérica. Me importa, sí, señalar la curiosa y significativa circunstancia de que ellas –si bien no necesariamente con la misma intensidad en todos los casos– fueron parte fundamental del repertorio conceptual de quienes lucharon por establecer el orden independiente, tanto como lo son hoy (pero con concepciones diferentes entre sí) para quienes luchan por mantener el orden existente, unos, por transformarlo, otros.

La ruptura de la situación colonial provocó también un cambio en el lenguaje. Nuevas palabras fueron rápidamente incorporadas al discurso de los aspirantes a dirigentes, sin mengua de su socialización entre las clases populares. Entre las numerosas nuevas palabras, las siete arriba señaladas –que fueron principios ordenadores– pasaron a ser parte del discurso rupturista –tanto en la vertiente revolucionaria cuanto en la conservadora–, a menudo con disímil significado. Ellas fueron utilizadas a menudo, sobre todo en los comienzos, de manera muy entrelazada. El entramado de revolución, democracia, libertad, igualdad, ciudadanía, derechos humanos, Constitución fue visible en el lenguaje de las luchas políticas e ideológicas y en el generalizado formato de organización estatal. Empero, solo duró un tiempo breve. Entre 1815 y 1820 se produjo un notorio desplazamiento de significados y de prelaciones, y la trama inconsútil del inicio se tornó en una compartimentada. A diferencia del momento liminar, ese desplazamiento no fue una mera coyuntura: constituyó un momento fundacional, una quinta matriz, ya no societal sino política.

La nueva matriz disoció los siete principios y relegó su aplicación a la consigna subordinante: establecimiento de un orden jerárquico, centralizado, conservador y autoritario. En algún sentido, era la continuidad del orden colonial, revestido de ropaje independentista, sea republicano, sea monárquico. Con su habitual agudeza, José Luis Romero (1986: 103) señaló que el viejo autoritarismo –concepción política de los Austria y de los Borbones– transmutó en paternalismo autoritario, respuesta a un sentimiento de raíz democrática “escindida de la tradición popular castellana” y que en la América española apareció tempranamente insinuada en los sucesos protagonizados por los vecinos de Asunción (1541) y se manifestó abiertamente en los movimientos comuneros de Paraguay (1717-1735) y de Nueva Granada (1781) (137).

La conformación de la matriz institucional: los fundamentos doctrinarios

Mi hipótesis es que la construcción del orden poscolonial se desplegó de manera tal que, lejos de una ruptura radical con el pasado, completó la conformación del nuevo orden, sobre la base de las matrices societales (plantación, hacienda, estancia, tratada en el capítulo 2), con una matriz institucional ecléctica (mas no híbrida), coherente con una estructura socio-económica que amalgamaba componentes capitalistas con otros que no lo eran. Esta matriz forjó, sobre todo, más allá de las teorías y los dispositivos constitucionales, el modo de ejercicio del poder. No es una cuestión del pasado: todavía hoy está muy presente.

Llamo matriz institucional a una trama compleja constituida por el ordenamiento jurídico-político de cada Estado –establecido en la respectiva Constitución Política, en la legislación derivada de ella y en la jurisprudencia–, los fundamentos filosóficos e ideológicos de la legitimidad, las culturas políticas y las prácticas históricas, concretas, que en cada país asumen los principios teóricos proclamados como fundamentos del Estado.

Con agudeza, Roberto Gargarella (2001: 6) ha señalado que la organización constitucional latinoamericana del siglo XIX sentó bases que en considerable medida aún hoy permanecen casi intocadas. Esas bases se construyeron a partir de las respuestas a la pregunta sobre “qué derechos incorporar en la Constitución”.

Ahora bien, añade Gargarella, entre los derechos enunciados en las Constituciones y la práctica se produjo una distancia –“desajustes”, según él– de notable magnitud. Se expresó bajo seis violaciones distintas: 1) por exceso; 2) en la organización de los derechos; 3) por defecto; 4) en el diseño e institucionalización de los derechos; 5) de derechos autorizados por el sistema institucional; 6) al principio mayoritario, a través de los mecanismos destinados a la protección de los derechos, violación esta última –acotamos– relacionada con los derechos humanos, cuya inobservancia será una cuestión estructural de larga duración.

Aquí me interesa rescatar el proceso de constitucionalización en tanto contribuyó a definir la matriz institucional, en sus variadas formas, de las sociedades latinoamericanas poscoloniales. Las Constituciones son como los planos para los arquitectos: el diseño de lo que quiere construirse. A diferencia de lo que comúnmente ocurre en arquitectura, en materia de organización institucional, de constitución política del Estado, el resultado de la construcción no es necesariamente el del diseño. La distancia o los desajustes a los que alude Gargarella remiten a una cuestión clara, obvia pero no trivial: no hay que confundir letra constitucional de organización del poder y del orden con práctica real del ejercicio del poder y del orden. El enunciado (o las premisas) y las consecuencias no siempre guardaron coherencia. De allí que la matriz institucional finalmente constituida haya sido una amalgama de teoría y prácticas discordantes.

Ideológicamente, el basamento para la construcción del nuevo orden –organización del Estado, constitución de los regímenes políticos y formación civil de las nuevas naciones– fue el liberalismo, palabra-concepto cargada de ambigüedad y, por añadidura, metamorfoseada desde su asociación inicial con la democracia y el radicalismo hasta la conciliación con el conservadurismo y la metamorfosis en positivismo (138). Tal tránsito estuvo asociado al experimentado por ese otro concepto fundamental, democracia, que pasó de la sinonimia con jacobinismo a la ficción típica de la dominación oligárquica y, en la actualidad, eficaz mecanismo electoral de legitimación de las autoridades, con notable exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones, aunque hoy hay en marcha proyectos de radicalización de la democracia.

Ahora bien: ¿qué era el liberalismo en la bisagra de los siglos XVIII y XIX? Una breve aproximación puede ser expresada en los términos siguientes. Es una teoría política y un programa elaborados a lo largo de unos doscientos años comprendidos entre mediados de los siglos XVII y XIX por varios y diferentes teóricos (hoy considerados clásicos), como John Locke, Charles Louis de Secondat (barón de Montesquieu), Adam Smith, Adam Ferguson, David Ricardo, Immanuel Kant, James Madison, Benjamin Constant, Alexis Henri Charles de Clérel (vizconde de Tocqueville) y John Stuart Mill, entre otros, teoría y programa expuestos en las obras de estos autores y en textos liminares como el Habeas corpus Act (1679), la Bill of Rights y la Toleration Act (ambas de 1689), las primeras diez enmiendas a la Constitución de Estados Unidos (1789) y la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen (1789), el primer documento que consagró el carácter universal –no restringido a los habitantes de un solo país, como en el caso de los antecedentes británicos– de los derechos humanos.

El orden político liberal –según Stephen Holmes, un filósofo político norteamericano– tiene como fundamentos: “La tolerancia religiosa, las restricciones al comportamiento de la policía, las elecciones libres, el Gobierno constitucional basado en la división de poderes, el escrutinio de los presupuestos políticos para evitar la corrupción y una política económica basada en la propiedad privada y la libertad de contratar”. El liberalismo exaltó cuatro valores centrales: “libertad personal (el monopolio de la violencia legítima por agentes del Estado que a su vez son vigilados por ley), imparcialidad (un mismo sistema legal aplicado a todos por igual), libertad individual (una amplia esfera de libertad de la supervisión colectiva o gubernamental, incluida la libertad de conciencia, el derecho a ser diferente, el derecho a perseguir ideales que nuestros vecinos consideran equivocados, la libertad para viajar y emigrar, etc.) y democracia (el derecho a participar en la elaboración de las leyes por medio de elecciones y discusión pública a través de una prensa libre)” (Aguilar Rivera, 2011: 121) (139).

El liberalismo afirmó cuatro principios nodales enfrentados a otros tantos del Antiguo Régimen: el individuo opuesto a las corporaciones, el civilismo contra el militarismo, el poder del Estado antagónico con el de la Iglesia (anticlericalismo), el valor del trabajo frente al ocio. Es cierto que el liberalismo perseguía un Estado “débil”, sobre todo en materia de no injerencia en los derechos individuales –los derechos humanos surgieron, precisamente, como límites a la arbitrariedad del poder– y en las actividades económicas. Pero también es cierto que postuló un Estado “fuerte” en materia de control de los métodos represivos y para disputar la hegemonía de la Iglesia. Haciendo suya la proposición de Holmes, el politólogo mexicano José Antonio Aguilar Rivera (2011: 132) sostiene que, en los países latinoamericanos, los liberales comprendieron que solo un Estado centralizado y poderoso tendría la capacidad de proteger los derechos individuales contra los caciques locales y las mayorías religiosas y, por lo tanto, de defender a los débiles de los fuertes y poderosos. En este sentido, Aguilar Rivera (2011: 149) argumenta que el liberalismo mexicano se propuso “construir un Estado suficientemente poderoso para combatir los remanentes del antiguo régimen: los fueros, los privilegios y el poder político y económico de la Iglesia Católica”. Con diferencia de matices, a veces, y de grado, otras, la afirmación vale para otros países latinoamericanos.

La exaltación del trabajo frente al ocio es un principio liberal –expuesto tempranamente por John Locke en Two Treatises of Government (en el célebre capítulo V, “De la propiedad”, del segundo Tratado) y en el Second Tract of Government– que no suele ser tenido en cuenta. Pero es un elemento clave para entender al liberalismo y, en nuestro caso, para explicar el orden oligárquico y sus valores, toda vez que las clases propietarias latinoamericanas que ejercieron la dominación bajo esa forma estuvieron guiadas mucho más por el ocio –arraigado desde los tiempos coloniales– que por el trabajo. Así, en todas partes, ese principio liberal colisionó frontalmente con los valores sostenidos por conservadores y aristócratas.

En América Latina –de manera particularmente notable en Argentina– no han faltado corrientes historiográficas condenatorias del liberalismo y de los liberales del siglo XIX. No obstante, esas condenas no han tenido ni tienen en cuenta la historicidad y, por lo general, han estado motivadas por confrontaciones políticas e ideológicas de los siglos XX y XXI, traspolando situaciones de estos a aquel, un procedimiento llamado anacronismo.

Estas corrientes asignan al liberalismo latinoamericano el carácter de producto “importado”, “exótico”, “injerto” o calificativos similares. La objeción es correcta: el liberalismo fue, en América Latina, una teoría importada. Pero, ¿qué teoría no lo era? Los fundamentos jurídico-político-filosófico-religiosos del orden colonial no fueron una creación autóctona: también ellos fueron traídos desde Europa. En el momento de la ruptura y de construcción del nuevo orden, ¿qué alternativas había al liberalismo? Promediando el siglo, en Europa, primero, y en América Latina, después, surgieron las propuestas anarquistas y socialistas, pero antes de ellas no había sino dos opciones: o una de las variantes liberales, o alguna de las variantes conservadoras, pues ni liberalismo ni conservadurismo eran corpus monolíticos, únicos, ni en la doctrina ni mucho menos en la práctica. Cuando las nuevas teorías y corrientes revolucionarias surgieron y comenzaron a expandirse, se reconstruyó la teoría política vaticana, versión renovada del tradicional pensamiento conservador, adecuada al enfrentamiento ya no solo con los liberales sino también con anarquistas y socialistas, y expresada, en el siglo XIX, en documentos papales de Gregorio XVI (Mirari vos, 1832); Pío IX (Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores, 1864), y León XIII (entre otros: Quod apostolici muneris, 1878; Diuturnun illud, 1881; Inmortale Dei, 1884; Libertas praestantissimum, 1888; Rerum novarum, 1891; Au milieu des sollicitudes, 1892; Graves de Communi Re, 1901). Más o menos paralelamente, parte del liberalismo se metamorfoseó en positivismo.

La cuestión es bien compleja, al menos si la pretensión es explicativa. Lo primero a tener en cuenta, entonces, es lo referido a las concepciones políticas, ideológicas y filosóficas en el momento de ruptura del nexo colonial y de construcción del nuevo orden. La Ilustración y el liberalismo generaron ideas rupturistas, más o menos radicales, con el pasado. En oposición a ellas, el pensamiento conservador –cuyas expresiones europeas más altas fueron el irlandés Edmund Burke (que en realidad era un liberal conservador, antirrevolucionario), los franceses Louis de Bonald y Joseph de Maistre, y el prusiano Georg Wilhelm Friedrich Hegel– oscilaba entre el statu quo (conservar y mantener el orden existente en el momento) y el statu quo ante (retornar al orden del pasado). En América Latina, muchos de los políticos, publicistas y pensadores adecuaron sus posiciones a la coyuntura –regional e internacional–, en una especie de realpolitik que les llevaba a abrevar en fuentes diferentes si ellas les permitían beber el agua más conveniente para cada momento. Las luchas por la independencia comenzaron bajo el influjo de las revoluciones norteamericana y francesa, y cuando se la alcanzó (excepto en el temprano caso de Saint-Domingue y en el tardío de Cuba) Europa vivía bajo la Restauración absolutista y la redefinición del mapa continental consagradas por el Congreso de Viena y su Santa Alianza entre el Altar y el Trono, es decir, el llamado Sistema Metternich (profundamente antiliberal, muy marcado por las ideas de De Bonald y De Maistre) que se prolongó hasta que las revoluciones de 1830 y, definitivamente, las de 1848 le pusieron fin. La España misma, la del Trienio liberal, vivió la brutalidad del ejército invasor de los Cien Mil Hijos de San Luis, encargado de devolverle a Fernando VII –“el Deseado”– el ejercicio despótico del poder. Suele insistirse demasiado –por parte de las aludidas corrientes historiográficas– en el impacto del “exotismo” revolucionario francés y del liberal en nuestra región, pero se dice poco o nada del de la Restauración, no solo como condicionante político, sino también ideológico. En ese contexto, que en 1822 el Reino Unido se apartara de aquel engendro ultrarreaccionario y comenzara a reconocer las independencias latinoamericanas –sacando buen provecho político y económico del hecho diplomático– no fue un dato trivial, menos cuando se sabe que por las cancillerías europeas circuló un proyecto –que el canciller austríaco, el príncipe Klemens Wenzel von Metternich, desechó por inviable– para dividir América Latina en dos grandes territorios: uno, que comprendía México y Centroamérica, anexado a la república de Estados Unidos, y otro, el sudamericano que había sido español, integrado a Brasil, bajo dominio monárquico portugués. Fue entonces, también, que el presidente estadounidense James Monroe formulara, en 1823, su célebre doctrina de “América para los americanos” (que so pretexto de poner freno a las apetencias restauradoras europeas perseguía tener el camino expedito para su propia expansión), y que el proyecto bolivariano de la Liga Anfictiónica se frustrara en 1824.

En América, en el primer proceso independentista, el de las trece colonias inglesas en el este norteamericano, los padres fundadores generaron una corriente liberal diferente de la europea, pero manteniendo invariables sus fundamentos básicos e incluso introduciendo innovaciones doctrinarias (la democracia representativa, por ejemplo, como se verá más adelante). En cambio, en América Latina, la primera ruptura del colonialismo, la de Saint-Domingue, fue ideológicamente criatura del liberalismo revolucionario francés, mientras en el resto de ella tampoco se produjo algo similar al proceso estadounidense. Cuando se indaga un poco se torna claro que el liberalismo latinoamericano no fue un trasplante literal, sino que fue el resultado de adaptaciones, deformaciones y mutaciones, pero nunca constituyó un corpus doctrinario coherente y uniforme (basta comparar algunos liberales eminentes para advertir las diferencias, por caso: José Artigas, Bernardino Rivadavia, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, Servando Teresa de Mier, José Cecilio del Valle, Francisco Morazán, Andrés Bello, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, José María Luis Mora, por poner solo algunos nombres). Tuvimos múltiples liberales, con identidades variadas y diversas. Tuvimos un conglomerado liberal, para usar la expresión acuñada, si no recuerdo mal, por el argentino Hugo Biagini. La “originalidad de la copia” radicó en aceptar las formas desechando muchos contenidos, con algunas pocas excepciones. No hubo un pensamiento liberal “progresivo”, sino uno “regresivo”. Hubo mucho eclecticismo –no hibridación– y al final, el liberalismo que no se tornó positivismo devino liberalismo-conservador o, incluso, teoría política vaticana disfrazada de liberalismo, como en la paradigmática Constitución ecuatoriana de 1869, conocida como “Carta Negra de la Esclavitud frente al Vaticano”.

Aguilar Rivera entiende que la ausencia de hispanoamericanos “en los grandes debates generativos del Gobierno representativo” se explica por el momento en que se produjo la ruptura de la dominación colonial y comenzó la construcción de las nuevas naciones. Por entonces, esas controversias ya se habían producido en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. De allí el “carácter derivativo del liberalismo en la América española”. Como explicación parece posible, pero es insuficiente, de manera que es necesario continuar indagando. De todos modos, el politólogo mexicano tiene razón cuando afirma: “En los debates constituyentes del primer tercio del siglo XIX, los diferentes bandos citaban a menudo a teóricos franceses e ingleses (además de Constant se mencionaba a Filangeri, Destutt de Tracy y Blackstone, entre otros). Los contendientes, sin embargo, no se veían como teóricos del Gobierno representativo, sino como sus emuladores y publicistas” (Aguilar Rivera, 2011: 133; itálicas mías).

Otro politólogo mexicano, Roberto Breña, ha hecho un significativo aporte al conocimiento del liberalismo español y su proyección en las colonias americanas. Algunos de sus argumentos son bien pertinentes para los que expongo en este epílogo.

Vis-à-vis otros liberalismos, el español tiene una primera particularidad: se constituyó, en buena medida, apelando a ideas que provenían de Francia, el país invasor al cual los españoles combatían, al mismo tiempo que la invasión había creado condiciones de posibilidad para llevar adelante transformaciones socioeconómicas y políticas. Fue una situación paradójica, un “dilema” que “estuvo en la base de la ambigüedad de los principios doctrinarios del primer liberalismo español, de algunas de las diferencias más importantes con su rival ideológico por excelencia (el por entonces llamado ‘servilismo’) y de la compleja relación” que tuvieron españoles liberales y afrancesados (los partidarios de José I). Unos y otros fueron, políticamente, “enemigos declarados”, pero “en el terreno de la teoría” los afrancesados estaban más próximos “al liberalismo de lo que la mayoría de los liberales gaditanos estaban dispuestos a aceptar” (Breña, 2011: 72-73; itálicas del autor).

Ese primer liberalismo español abrevó en varias corrientes doctrinarias: el iusnaturalismo racionalista, el historicismo nacionalista, la Ilustración española (que incluye a los liberalismos británico y francés) e incluso el escolasticismo. Sin duda hubo, como advierte Breña (2011: 73), un problema de continuidad/discontinuidad entre la Ilustración y el liberalismo españoles, aunque, estrictamente, ambos no son equiparables; la primera es, por sobre todo, un proyecto cultural-educativo; el segundo, una ideología política.

En la argumentación de Breña hay otros dos puntos destacables. Uno es informativo, pero cargado de significado. El otro es interpretativo y obliga a la reflexión. El primero es el hecho, no siempre tenido en cuenta, de que la connotación política de la expresión “liberal” se originó en las Cortes de Cádiz hacia 1810-1811, difundiéndose luego por todo Occidente, al igual que serviles. El segundo remite a la caracterización político-ideológica de los políticos y publicistas independentistas. Breña sostiene que si bien los principios y las ideas liberales estuvieron presentes desde 1808-1810, no existió un grupo político propiamente “liberal”. El autor encuentra, en estos publicistas y políticos, “una ambigüedad tal con respecto a algunas de las premisas cardinales del liberalismo” –en particular en relación con las libertades individuales– que se torna difícil caracterizarlos como liberales. Es cierto, añade, que, en materia de pensamiento y de acción, hombres como Mariano Moreno, José María Morelos, Simón Bolívar, Servando Teresa de Mier, Antonio Nariño y Bernardo Monteagudo, “presentaban facetas liberales”, manifiestamente en cuanto “a los principios políticos más generales”, pero también lo es la identificación de facetas “que, incluso desde el mirador de su propio tiempo, estaban en tensión evidente con el liberalismo, cuando no en franca oposición”. Hubo una creciente tendencia a apartarse de algunos principios liberales, acentuándose a medida que los procesos independentistas avanzaban “sin alcanzar los objetivos que esos hombres se habían trazado” (Breña, 2011: 87).

Salvo unas pocas excepciones, los políticos y publicistas “liberales” de inicios de los procesos independentistas viraron hacia posiciones reformistas y no democráticas, cuando no conciliatorias con el conservadurismo e incluso de pasaje a este. En contraste, la mayoría de los conservadores se mantuvo consecuente y consistentemente en sus principios (pienso, por ejemplo, en Diego Portales y Juan Manuel de Rosas).

Para evitar respuestas ligeras y simplificadoras de procesos sociopolíticos y de virajes de posiciones de no pocos de quienes los condujeron, es preciso despojarse de juicios a priori, de anacronismos y de adjetivos calificadores y/o descalificadores, al menos si se quiere evitar el riesgo de operar, como dice Breña, con significados tan laxos de las expresiones liberal y liberalismo que las vacían de contenido y las convierten en herramientas historiográficas muy poco útiles.

En la América que había sido española no fue desdeñable la concepción del liberalismo en los términos en que este fue entendido por el constitucionalismo gaditano de 1812. Pero una lectura atenta de los procesos independentistas lleva a morigerar el entusiasmo de algunos panegiristas de los últimos años. Como dice Gargarella (2008: 111), la influencia de la Constitución de Cádiz fue vasta pero no decisiva. Fue más fuerte en los virreinatos de Nueva España y de Perú que en el Río de la Plata, donde se la aprecia en el Estatuto Provisional de 1815.

La importancia indudable de los aspectos ideológicos (y las confrontaciones en ese campo) no debe utilizarse como único explanans. Es preciso atender a los sujetos colectivos, a los sujetos de la acción (140). En este caso, a la acción de los liberales españoles y los liberales americanos, una relación poco y mal conocida. Guillermo Céspedes del Castillo conjetura que la mutua simpatía entre unos y otros puede haber sido una consecuencia de la común condición de reprimidos por el absolutismo de Fernando VII tras su retorno al trono, en 1814. Alega que parte de la ignorancia es explicable porque las colaboraciones y los acuerdos entre patriotas (americanos) y liberales (peninsulares) se dieron a través de logias secretas, masónicas, algunas, de mero tenor político, otras. Le asigna a la logia y al pronunciamiento militar el carácter de “únicas armas del liberalismo español de la época”, destacando que en las colonias las logias fueron muy importantes en las luchas independentistas, sobre todo en el Río de la Plata, Chile, Venezuela y Nueva Granada, donde fungieron de “verdadero partido político de la causa emancipadora”. El autor destaca el valor estratégico del pronunciamiento de 1820, “primer gran servicio” prestado por los liberales a los patriotas, que al frustrar la partida del ejército expedicionario privó a los realistas de toda esperanza de vencer a los patriotas, y a estos les permitió superar la inmovilización de las tropas de San Martín en Chile, antesala del desembarco en Perú. El Gobierno militar del Trienio, partidario de la negociación política antes que de la represión militar, ofreció concesiones que para los patriotas eran demasiado poco y llegaban demasiado tarde, pues para entonces lo único que exigían era la independencia (Céspedes del Castillo, 1994: 441-442).

Los liberales, tanto en España como en América, se enfrentaron a un mismo problema: la adhesión popular a la causa reaccionaria ante la presencia, en su territorio, de fuerzas militares externas, por encima de la posibilidad de libertad de la que estas se proclamaban portadoras. En la península, los afrancesados –básicamente, intelectuales y funcionarios– creyeron encontrar en José Bonaparte I el vehículo para impulsar transformaciones estructurales que permitieran hacer avanzar al reino por el camino de la Modernidad. Así, impulsaron la abolición del sistema señorial y de los mayorazgos, los privilegios de la nobleza y del clero, la supresión de las aduanas interiores, la libertad de pensamiento, entre otras propuestas. Sin embargo, eran minoría. En uno de los artículos de la serie publicada en 1854 en el New York Dayle Tribune, Karl Marx decía que en la guerra por la independencia, la división entre los españoles fue entre los afrancesados, por una parte, y la nación, por la otra. Los levantamientos populares, a partir de marzo de 1808, fueron contra la revolución y tuvo la doble condición de nacional y dinástico: nacional porque luchaba por independizar a España de la ocupación francesa; dinástico porque proclamaron un rey –Fernando VII– contra otro –José I–. Al mismo tiempo, la lucha por la liberación nacional era reaccionaria, en tanto oponía “las viejas instituciones, costumbres y leyes a las racionales innovaciones de Napoleón; y supersticios[a] y fanátic[a] en su defensa de la ‘Santa Religión’ contra lo que se llamaba el ateísmo francés o la destrucción de los especiales privilegios de la Iglesia romana” (Marx y Engels, 1970: 80).

Políticamente, han señalado algunos autores, los afrancesados estaban a mitad de camino entre los liberales más radicales de Cádiz y el duro absolutismo de Carlos IV y Fernando VII. Sin apoyo popular, su suerte quedó atada al ocupante francés, de manera que cuando José I y sus tropas regresaron vencidos a su país, ellos los acompañaron en calidad de exiliados, pues “el Deseado” los reprimió.

En América hispana, los liberales tropezaron en no pocas ocasiones –si no las más– con la resistencia popular. El caso más notorio es, como recuerda Céspedes del Castillo (1994: 444-445), el del virreinato peruano. Allí, sostiene, tanto San Martín como Bolívar chocaron sucesivamente con la posición de buena parte del conjunto de la sociedad sin distinción de condición social. Como los rioplatenses en 1806 y 1807, cuando pelearon por Carlos IV contra los invasores ingleses, los peruanos resistieron a los que consideraban invasores extranjeros: rioplatenses, chilenos y algún mercenario inglés, primero; neogranadinos y venezolanos (o colombianos, a secas, pues ya estaba proclamada la República de Colombia), después. Nadie podría sostener que los habitantes del virreinato del Perú peleaban por la nación peruana, pues esta no existía, pero no debe desestimarse rápidamente la proposición del historiador español, por incómoda que nos resulte. Es cierto que quienes estaban imbuidos de liberalismo revolucionario –sobre todo en la versión jacobina, aquella que había consagrado en la Constitución francesa del año I (1793) un dictum que, modificando la nacionalidad, no pocos podían suscribir: el pueblo francés vota la libertad del mundo– creían sinceramente que era un deber llevar ejércitos libertadores a aquellas tierras dominadas por el absolutismo. En ocasiones, como en la del Ejército de los Andes en Chile, encontraron apoyo y llevaron adelante con éxito la lucha por la independencia. No fue el caso del Perú, donde, como acota el mismo Céspedes del Castillo, el primer presidente del país propuso que fuese una monarquía gobernada por un príncipe español elegido por Fernando VII, el segundo mandatario se pasó a las filas realistas con personal civil y militar y donde la resistencia colonialista se mantuvo en las guarniciones de Chiloé (en el sur chileno) y El Callao (próxima a Lima) hasta enero de 1826. El internacionalismo liberal revolucionario –como el socialista, después– chocó casi siempre con el obstáculo del nacionalismo (aunque este no existiese y fuese inventado al efecto), invocado exitosamente por las clases propietarias y sus gobiernos (141).

Los liberales reunidos en Cádiz –“la ciudad más revolucionaria de España” por entonces, a juicio de Marx, y la única porción de territorio español no ocupado por las tropas napoleónicas– aprobaron una Constitución moderna que no solo dotaba de una nueva estructura política al Estado español sino que, muy decisivamente, atacaba frontalmente y/o creaba la posibilidad de hacerlo, a instituciones del Antiguo Régimen, como la Inquisición, las jurisdicciones señoriales, los privilegios feudales exclusivos, prohibitivos y privativos (de caza y pesca, recursos forestales, molinos, etc.), los diezmos, las prebendas eclesiásticas… Se suprimieron monasterios y se confiscaron sus bienes, se transformaron las extensas tierras baldías en propiedad privada, se abolió el derecho feudal relativo a contratos agrícolas y el Voto de Santiago (un antiguo tributo, adicional a los diezmos primicias, que los campesinos de Asturias, Galicia, Castilla y León debían pagar entregando sus mejores trigos y vinos al arzobispado de Santiago).

En lo que hace a las colonias, las Cortes declararon la igualdad de los españoles americanos con los peninsulares, suprimieron la mita y el yanaconazgo, y el monopolio del mercurio, y se pronunciaron en contra de la esclavitud, colocándose a la vanguardia del abolicionismo.

En el Título I, La Pepa –el nombre popular que se le dio a la Constitución gaditana, en razón de haber sido promulgada en la festividad de San José– se define a la Nación española como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, siendo libre e independiente, no siendo ni pudiendo ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La Nación era la titular de la soberanía, correspondiéndole en exclusividad el derecho de establecer sus leyes fundamentales, y estaba “obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”.

No viene al caso realizar aquí un análisis detenido de La Pepa. He de señalar solamente algunas ambivalencias –cuando no contradicciones–, algunas de carácter doctrinario (como la consagración de una única religión), otras de organización política, como las relativas a la diferente participación en el nuevo Estado de España y de sus colonias (142). Así, por caso, el artículo 22 otorgaba condición de españoles a los hombres “que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África” (supuestamente, mulatos y negros), más no la de ciudadanos, a la que podían acceder por “la puerta de la virtud y del merecimiento”, a saber: realizando “servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio”. En otras palabras: eran titulares de derechos civiles, mas no de derechos políticos (salvo en los casos excepcionales indicados). En el Título III, “Del modo de formarse las Cortes” quedaba clara la apelación a una triquiñuela para disminuir la representación de los diputados americanos. Las Cortes eran definidas como “la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá” (art. 27), siendo la base para la representación “la misma en ambos hemisferios” (art. 28). La trampa estaba en el artículo 29: la base para la representación nacional –es decir, el número de ciudadanos con aptitud para elegir a los diputados– era “la población compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles”. Pero de esa población estaban excluidos los indígenas, porque eran nacidos en América pero no eran españoles, toda vez que, conforme el artículo 18, la condición de español cabía solo a quienes “por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios”. Al excluir a indígenas y afroamericanos no ciudadanizados, el número de habitantes americanos para definir el número de diputados era sustancialmente menor y, por ende, la representación sería menor.

No era, como es obvio, una cuestión trivial, como tampoco lo era la de la división administrativa dispuesta por el citado artículo 10. Si se lo relee con cuidado se advertirá que la España peninsular comprendía 19 jurisdicciones, mientras las colonias americanas apenas llegaban a la mitad. No es necesario ser genio de las matemáticas para deducir que los diputados insulares serían más que los americanos.

Pero aquí me interesa destacar, a los efectos de explicar la constitución de la matriz institucional, el tenor del artículo 12: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”.

No podía haber mayor contrasentido ni claudicación ante el Antiguo Régimen. La Pepa, moderna y liberal, violaba uno de los principios doctrinarios cardinales del liberalismo. Limitaba el poder del monarca, pero cedía ante el poder de la Iglesia Católica. Por eso Marx podía decir que artículos como ese –al igual que disposiciones del Título IV (“Del Rey”), que designaban al monarca como “Majestad Católica” y establecían un juramento al asumir cargado de religiosidad– hacían de la Constitución expresión “de un compromiso concluido entre las ideas liberales del siglo XVIII y las oscuras tradiciones teocráticas” (Marx y Engels, 1970: 113).

¿Por qué interesa destacar este artículo? Porque su contenido doctrinario se expandirá por las antiguas colonias españolas en América. Fue el artículo 12 –“seguramente el legado más importante del constitucionalismo de Cádiz en América”, afirma Gargarella– el que dio soporte a una de las principales convicciones de los conservadores: “La de consagrar a la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra” (Gargarella, 2008: 112). No fue poca cosa, ni para definir la matriz institucional ni las culturas políticas, sobre todo en lo atinente a intolerancia.

La conformación de la matriz institucional: los modelos constitucionales

Gargarella distingue tres modelos constitucionalistas: radical, conservador y liberal. El conservador incluye la propuesta de concentración del poder y el fortalecimiento del Ejecutivo, además de la sumisión de los derechos a la primacía del bien, en rigor, a los preceptos de la religión católica. El modelo radical postulaba el fortalecimiento (no el reemplazo o la anulación) de la autoridad ciudadana, por lo tanto del Poder Legislativo y de los derechos “a los reclamos y necesidades de las mayorías”. El liberal, a su vez, se orientaba a la limitación y el equilibrio de las facultades gubernativas, persiguiendo sortear los peligros de la “tiranía” y de la “anarquía”, como también a proteger especialmente los derechos individuales (Gargarellla, 2008: 2-3).

De esos tres modelos, el radical fue el gran derrotado. Apareció en los momentos iniciales del proceso rupturista, en la coyuntura revolucionaria de 1809-1815, expresado más que en Constituciones radicales aprobadas, en “proyectos de ‘tonalidad’ radical”, para usar la expresión de Gargarella. No obstante, el constitucionalismo radical fue expresión del proyecto más consistentemente revolucionario, con sus fundamentos rousseaunianos, defensa de los derechos de autogobierno y resistencia a la opresión; de autoridad política derivada de la ciudadanía; primacía de los intereses colectivos; descentralización del poder (federalismo). Los radicales, señala Gargarella (2008: 37 y 35), bregaban por “un sistema político más abierto hacia la ciudadanía” y por establecer el modo más igualitario de distribución de la riqueza. Ellos desconfiaban del sistema representativo, de ahí su impulso al “estrechamiento de las relaciones entre los representantes y los representados”.

La preocupación por distribuir la riqueza, particularmente la tierra, como forma de disminuir las desigualdades se aprecia, por ejemplo, en el Reglamento de Tierras de Artigas (fuertemente influenciado, señala Gargarella, por el radicalismo inglés), en el proyecto de Santiago Arcos de división de las grandes haciendas y posterior asignación a cada chileno de un lote de tierra cultivable con capacidad de asegurar la subsistencia familiar, y en la propuesta del ecuatoriano Juan Montalvo de subdividir las tierras en parcelas pequeñas, como en la antigua Roma. También en México, Hidalgo, Morelos y Francisco Severo Maldonado plantearon una mejor distribución de la tierra (Gargarella, 2008: 39-41).

Los revolucionarios radicales se guiaban por principios igualitarios, que constituían el núcleo duro de su proyecto societal. Gargarella (2008: 66) acota que, no obstante, “ese fuerte compromiso” con tales principios parece diluirse cuando se analiza la visión que tenían sobre los derechos: en la medida en que estos “protegen intereses fundamentales de las personas, el desplazamiento de los mismos (en nombre de la voluntad mayoritaria o cualquier otra razón) implica tratar a algunos individuos como menos dignos de respeto que otros”.

Los radicales fueron enemigos de la concentración del poder en el Ejecutivo, al que pretendieron poner límites, y de las organizaciones corporativas y sus privilegios, como la Iglesia y el Ejército. Al mismo tiempo, fueron partidarios de “la intervención política de la ciudadanía, y […] elaboraron una estructura de derecho al servicio del principio mayoritario” (Gargarella, 2008: 42). Coherente con ello, bregaron por la república federal, democrática, con poderes estrechamente separados (con primacía del Legislativo) y un notable énfasis en los poderes o gobiernos locales. En este último punto, Artigas se destacó por su énfasis en recuperar los cabildos –en tanto una institución que, si bien de origen colonial, estaba abierta al pueblo– y transformarlos en “reales Órganos del Pueblo” (Gargarella, 2008: 73).

Dar por concluida la revolución para dar inicio al orden (conservador, no revolucionario), como –según se señaló en el capítulo 3– proclamó el Congreso rioplatense en 1816, fue la expresión más acabada de la derrota de uno de los proyectos de orden deseado para las nuevas repúblicas. Algunos contenidos de ese proyecto reaparecieron, promediando el siglo XIX. Más tarde se los encontrará en las propuestas de las izquierdas.

Hubo, pues, una historia que pudo ser. Pero no fue. Para que no lo fuera, las otras dos corrientes enfrentadas –liberales y conservadores– supieron dejar de lado, paulatinamente, sus diferencias y aunar fuerzas para combatir las que consideraban propuestas partidarias de “anarquía”, “caos”, “desorden social”. Así, las clases propietarias, dominantes, subordinaron sus conflictos de intereses a ese combate contra el enemigo común, que para definirlo apelaron a diferentes grados, más altos que bajos, de violencia. Los liberales latinoamericanos debieron pagar un alto precio por alcanzar y mantener la estabilidad política que no pudieron lograr por sí mismos: las concesiones fundamentales a los conservadores, “los grandes proveedores de estabilidad” durante el período constitutivo del nuevo orden. La “exitosa alianza entre liberales y conservadores (exitosa en términos de estabilidad) ha derivado en la paulatina desvirtuación” de los principios nucleares del liberalismo. “Esta desvirtuación se evidencia tanto en una tendencia hacia la adopción de sistemas políticos concentrados (i.e., un Poder Ejecutivo fuerte, y capacitado para suspender derechos y garantías fundamentales, intervenir en los asuntos internos de los gobiernos locales o ejercer un rol significativo en el diseño de las normas públicas) como en la mayor permeabilidad de los elencos gobernantes hacia las políticas de tipo perfeccionista (i.e., el trato privilegiado a la religión católica)”. La alianza fue posible porque los modelos liberal y conservador tenían “una amplia base de acuerdos” sobre el proyecto político en que coincidían más allá de las diferencias doctrinarias: rechazo del activismos político mayoritario, desconfianza en la recurrencia frecuente a la ciudadanía, preferencia por soluciones institucionales reducidoras del derecho de los ciudadanos a tener la “última palabra” en la toma de decisiones. “La afinidad entre ambas posturas reside, en definitiva, en un cierto elitismo político, más o menos acentuado según el caso, pero siempre significativo. […] La defensa de la propiedad privada, en una mayoría de casos, fue el gran disparador de esa alianza” (Gargarella, 2008: 247-252; itálicas del autor).

Como veremos de inmediato, desde muy temprano, tras la derrota de las corrientes revolucionarias, se fueron desarrollando concepciones y prácticas que, no sin conflicto, terminaron generando la matriz institucional que todavía hoy nos condiciona fuertemente. De allí el interés en analizar qué pasó con algunos de los principios fundamentales que se enarbolaron en los años fundacionales. Razones de espacio impiden aquí un tratamiento detenido de todos ellos, con lo cual solo me ocuparé de dos, democracia y revolución, una díada que hoy ha reaparecido a propósito de los procesos en curso en Bolivia, Ecuador y Venezuela, bajo las formas de revolución democrática, revolución ciudadana y democracia revolucionaria, respectivamente.

Excursus: democracia y revolución

Las relaciones entre democracia y revolución, como abstracciones, pueden ser planteadas desde diferentes perspectivas teóricas e incluso proyectos políticos a futuro. Pero ese ejercicio de abstracción necesita historizar esas relaciones, apelar a la historia para precisarlas. Es la historia la que nos permite analizarlas, en este punto de la argumentación, en la década de 1810 (pero podríamos decir en las de 1920 y 1960 e incluso en la actual).

Continuando una tradición que se remontaba a la Grecia clásica (a Platón y a Aristóteles), entre los siglos XVIII y XIX quienes ocupaban el vértice de la pirámide social entendían la expresión democracia como sinónimo de Gobierno de los pobres, los ignorantes y los incompetentes, esto es, como “la dominación de la clase equivocada”, según señaló el desaparecido politólogo canadiense Crawford Brough Macpherson (1982: 20). En su opinión, los poderosos percibían la democracia como un tipo de “sociedadsin clases o de una sola clase” y no como un mecanismo político pasible de adaptación a una sociedad dividida en clases, concepción que recién comenzó a elaborarse durante el siglo XIX. Entonces, la cuestión del sufragio y su extensión adquirió una nueva dimensión.

Macpherson (1982: 26) ha señalado que la ampliación del derecho de sufragio solo es un criterio de gobierno democrático si su ejercicio puede elevar y/o derribar gobiernos. La incorporación de este derecho provocó una ruptura de la tradición democrática y llevó a la elaboración de la democracia liberal y a la aceptación de la sociedad dividida en clases. Los teóricos utilitaristas Jeremy Bentham y James Mill fueron los primeros expositores sistemáticos de la democracia liberal. Ambos pensadores dedujeron la necesidad del sufragio democrático de la teoría general del utilitarismo que, señala Macpherson, “parecía al mismo tiempo fundamentalmente igualitaria y económicamente seria. Era ambas cosas, y ahí estaba el problema”. A su entender, fue la combinación del principio ético de igualdad con el “modelo de mercado competitivo del hombre y la sociedad lo que lógicamente obligó” a Bentham y Mill a optar, si bien de manera poco clara, ambigua y/o con reservas, por el sufragio democrático (Macpherson, 1982: 37).

Bentham señaló explícitamente la “estrechísima e íntima” relación entre riqueza y poder. Una de las formas de adquirir la primera es disponiendo de poder. Mill, a su turno, sostuvo: “El deseo del objeto implica el deseo del poder necesario para obtener el objeto. El deseo, pues, del poder que es necesario para someter a las personas y las haciendas de seres humanos a nuestros placeres es una de las grandes leyes que rigen a la naturaleza nacional” (en “Del Gobierno”, artículo de 1820; apud Machpherson, 1982: 8).

Para Bentham –y con él para el utilitarismo–, el objetivo general de las leyes era producir la mayor felicidad para el mayor número de personas. De ese objetivo derivaban otros cuatro, subordinados: “Facilitar la subsistencia, producir la abundancia, favorecer la igualdad, mantener la seguridad” (en Principles of the Civil Code, Parte I, cap. 2; apud Macpherson, 1982: 39). Ahora bien, estos cuatro objetivos subordinados no tenían el mismo rango. Explícitamente, Bentham privilegió el derecho a la seguridad y relegó el derecho a la igualdad. En caso de entredicho o conflicto entre ambos los legisladores y la ley no podían vacilar: “La igualdad ha de quedar en segundo lugar”. La crítica a la igualdad, proclamada por el artículo 1º de la Declaración de los Derechos del Hombre, también fue explicitada por Bentham en sus Anarchical fallacies.

En ese marco teórico, la organización de la sociedad requería un sistema político capaz de satisfacer simultáneamente dos requisitos: a) gobiernos capaces de establecer y proteger una sociedad de mercado libre, y b) proteger a los ciudadanos de la rapacidad de los gobiernos (143). Para satisfacerlos, el problema a resolver ab initio era el de quiénes tenían derecho a voto, es decir, a ser ciudadanos. En esta cuestión Bentham se pronunció por un derecho limitado (a los varones), pero se mostró dispuesto a universalizarlo (también solo a los varones) cuando se convenció “de que los pobres no utilizarían sus votos para nivelar la propiedad ni destruirla”, posición a la que arribó analizando la experiencia norteamericana (Macpherson, 1982: 50).

Mill, por su parte, también se pronunció a favor del sufragio democrático, si bien con discordancias entre el principio de este y el confuso criterio de exclusiones que propuso. En el artículo “Del Gobierno” queda claro que Mill estaba persuadido de que la concesión del sufragio a los pobres, a los trabajadores (la “clase baja”) no implicaba peligro alguno para la clase propietaria “porque la inmensa mayoría de los pobres se dejaría guiar siempre por la clase media” (que en la Europa de la época aludía a la burguesía). Es decir, “el sufragio democrático no solo protegería a los ciudadanos, sino que incluso mejoraría la actuación de los ricos como gobierno”. No era, precisamente, “un espíritu de igualdad” (Macpherson, 1982: 55):

Luego, John Stuart Mill (hijo de James y apadrinado por Bentham) fue más allá en el camino de identificación de la democracia con el liberalismo. Por un lado, fue férreo opositor a las tendencias “niveladoras” y tenía fuerte aversión a la “mediocridad colectiva” de la democracia de masas. Por otro, en cambio, era partidario del sufragio universal (aunque con voto ponderado para mantener la tutela de clases) y de los derechos de las mujeres. Con todo, “mostró una notable falta de entusiasmo por un Gobierno del demos y no se interesó en el papel que tuvo en la democracia antigua” (Wood, 2000: 265-266).

La aludida idea conservadora de la democracia como gobierno de “la turba”, de “la tiranía de la mayoría” también fue asumida en Estados Unidos. “Para los federalistas [Alexander Hamilton, James Madison, John Jay] en particular, la antigua democracia era un modelo que explícitamente había que evitar” (Wood, 2000: 261). Para los griegos Aristóteles y Platón, la democracia no era el gobierno de los pobres, pero al serlo del demos, de la mayoría, incluía a los pobres. En cambio, el fundamental aporte de los Founding Fathers estadounidenses a la construcción de la concepción finalmente dominante de la democracia contemporánea consistió en la exclusión de las mujeres, los esclavos y los pueblos originarios del ejercicio de la ciudadanía, debilitando así las bases de la democracia como gobierno del demos.

La que Alexander Hamilton llamó democracia representativa –“una idea sin precedente histórico en el mundo antiguo, una innovación americana”, acota Ellen Wood (2000: 251)– no fue (no es) solo una forma contrastante con la democracia directa. La representación, dice Wood, “actúa como un filtro”, es una oposición antitética con el autogobierno democrático. No es, añade la autora, “el ejercicio del poder político”, sino una renuncia a –más bien, prefiero decir, una captura o un secuestro de ese poder, una transferencia a otros, esto es, su enajenación–. “La república estadounidense estableció firmemente una definición de democracia en la que la transferencia de poder a los ‘representantes del poder’ constituía no solo una concesión necesaria en cuanto al tamaño y la complejidad, sino más bien la esencia de la democracia misma” (Wood, 2000: 252-253): Como bien concluye la politóloga canadiense, esta concepción triunfante de la democracia moderna implica la enajenación del poder.

Benjamin Constant expresó, en 1818, la antinomia entre la democracia directa de los atenienses y la novel democracia representativa en términos de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. En un texto célebre (De la liberté des anciens comparée à celle des modernes), lo hizo explícitamente: “El fin de los antiguos era la distribución del poder político entre todos los ciudadanos de una misma patria: ellos llamaban a esto libertad. El fin de los modernos es la seguridad en los goces privados: ellos llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones para estos goces”. La oposición entre el holismo de los “antiguos” y el individualismo de los “modernos” es la de la primacía, respectivamente, del conjunto y del individuo. “Nosotros [añadía Constant] ya no podemos gozar de la libertad de los antiguos, que estaba constituida por la participación activa y constante en el poder colectivo. Nuestra libertad, en cambio, debe estar constituida por el goce pacífico de la independencia privada” (Bobbio, 1989b: 8-9, itálicas mías).

Estos pensadores europeos fueron conocidos e influyentes en América Latina. Frank Safford, quien ha destacado la influencia del pensamiento político e ideológico de la Restauración europea, constató que dos representantes de este, Jeremy Bentham y Benjamin Constant, fueron –junto con Charles-Louis de Secondat, barón de La Brède y de Montesquieu (más conocido, a secas, como Montesquieu)– los autores más citados en Chile, Nueva Granada y Uruguay durante las décadas de 1820, 1830 y 1840 (Safford, 1991: 58) (144). José Antonio Aguilar Rivera acota que el liberalismo constitucional preconizado por Constant fue la corriente más influyente, particularmente por su defensa de la libertad individual frente a las arbitrariedades de las autoridades. Los liberales posrevolucionarios buscaban “un punto medio entre los excesos de la Revolución [Francesa], en particular del Terror, y la reacción legitimista (monarquista). La piedra angular de este pensamiento era la defensa del sistema representativo de Gobierno y el constitucionalismo”. Este liberalismo, conservador y moderado, fue abrumadoramente predominante entre políticos y pensadores durante más de veinte años (Aguilar Rivera, 2011: 125).

Con todo, de los citados pensadores liberales europeos, el inglés Bentham fue el más influyente en América Latina, manteniendo incluso contactos personales con varios dirigentes de primera línea: Francisco de Miranda, Simón Bolívar (aunque en 1828, cuando este asumió la dictadura de Colombia, rompieron relaciones), Francisco de Paula Santander, Bernardino Rivadavia, entre otros. La influencia de Bentham en México ha sido muy bien documentada por Charles Hale (1994).

¿Qué ofrecía Bentham a los liberales opuestos a los cambios radicales y partidarios de un orden político capaz de controlar tanto el poder presidencial como la sociedad? Seguramente, la evaluación que el colombiano Jaime Jaramillo Uribe hizo para su país puede extenderse a otros casos latinoamericanos: “El primer cuerpo coherente de doctrinas emparentadas con la concepción liberal moderna del Estado”, un instrumento eficaz para desmontar las estructuras de poder político coloniales (Posada Carbó, 2011: 159). El llamado plan de Bernardino Rivadavia, el primer presidente constitucional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es buena prueba de ello.

Ya he señalado antes la opción benthamiana por la seguridad por encima de la igualdad. Pero cuando esta fue relegada como principio fundamental del orden poscolonial, los liberales seguían teniendo un problema: la libertad, principio irrenunciable si pretendían seguir siendo liberales. De hecho, la construcción del orden mostró sin tapujos el entrecruzamiento de tensiones entre libertades, representación y estabilidad (orden, en el lenguaje de la época; gobernabilidad, en el de nuestros días). ¿Qué debía asegurarse primero: la libertad o el orden? También para zafar de esa situación, Bentham proveyó de argumentos

En los Estados nacientes, el sufragio –elemento esencial en la democracia, en este caso, representativa– quedó limitado a los varones que reunieran una o más de estas condiciones: ser propietarios, pagar censo, estar alfabetizados y no tener la calidad de jornaleros o sirvientes. La democracia fue rechazada por conservadores y liberales ilustrados por su excesiva igualdad y por conceder el sufragio universal (masculino) a las mayorías carentes, en su opinión, de la educación y las virtudes necesarias para ejercerlo. Hacia mediados del siglo XIX, liberales radicales y organizaciones de artesanos –en oportunidades calificados de rojos o jacobinos– relacionaron la democracia con la pequeña propiedad. Corrientes minoritarias inspiradas en el utopismo socialista y las revoluciones europeas de 1848 condenaron la propiedad privada, a la que consideraron monopolio antidemocrático. No fue esta la versión predominante, ni siquiera en el liberalismo (Sala de Touron, s. f. y 2007).

Por fin, aunque tardíamente, las clases dominantes latinoamericanas adoptaron la concepción de democracia pergeñada por los que Ellen Wood llama “vencedores antidemocráticos” norteamericanos, que fueron quienes dieron la definición de democracia típica del mundo moderno, definición en la cual “la dilución del poder popular es un ingrediente esencial”, es decir, un concepto y un modelo de democracia por exclusión excluyente del modelo antiguo (Wood, 2000: 250 y 261). Si se prefiere: la democracia representativa en lugar de la democracia directa.

En las controversias por la construcción del nuevo orden fueron momentos cumbres las propuestas, finalmente derrotadas, de las mejores y más avanzadas proposiciones formuladas por una minoría del liberalismo rioplatense, las de José Artigas y Manuel Dorrego. Las propuestas constitucionales de Artigas incluían la más amplias libertades civiles, incluyendo la de irrestricta profesión de convicciones religiosas, sin parangón por entonces. Dorrego, a su vez, bregó por una mayor extensión de los derechos políticos o de ciudadanía (145).

El Brasil independiente sumó, a sus tres siglos de dominación colonial –y dentro de ellos los últimos catorce años como sede de la monarquía portuguesa–, sesenta y siete años de Gobierno monárquico. Fue –itero algo muy conocido– un hecho excepcional, pues en el resto de América, salvo las efímeras experiencias mexicanas (1821-1823; 1864-1867) y las algo más prolongadas haitianas (1804-1806, 1811-1820; 1849-1859), la opción entre monarquía y república fue rápidamente resuelta en favor de la segunda. Cabe señalar que, pese al triunfo inicial del monarquismo en Brasil, el país no careció de proyectos republicanos, incluso antes de 1822. De los varios movimientos de protesta surgidos en la última fase del Brasil colonial –Inconfidência o Conjuraçâo Mineira (1789), Conjura Carioca (1794), Inconfidência da Bahia o Conjuraçâo dos Alfaiates (1798), Conjura dos Suassunas, Pernambuco (1801), y República de Pernambuco (1817)– solo el primero y, sobre todo, el último fueron, además de importantes, inequívocas propuestas republicanas y liberales, un dato nada trivial en un país donde, como señala Vicente Barreto, el liberalismo no se confundió con la liberación sino con la ordenación del poder y, para decirlo como Emília Viotti da Costa, fue mucho más anticolonial (terminar con el dominio portugués) que antimonárquico, un arma ideológica de los grandes propietarios contra la metrópoli, pero incapaz de superar la contradicción entre sus principios y la persistencia de la esclavitud y el patronazgo.

A su vez, la opción entre república federal y república centralista fue causal de largas y cruentas guerras civiles, y enfrentamientos militares de menor intensidad, a cuyo fin los países más extensos territorialmente (México, Venezuela, Argentina y, al pasar a república, Brasil) optaron por el federalismo, mientras los más pequeños se inclinaron por el centralismo (146).

La opción por la república, y más aún por la república democrática (no lograda), conllevaba no pocos problemas. Y uno de los principales radicó en el desplazamiento de la democracia a la república, planteadas como dos propuestas diferentes, incluso excluyentes (147). Así, hubo repúblicas, pero no hubo democracias o, más específicamente, repúblicas democráticas. Aun con esta reducción de alcance, hacer la república no era empresa sencilla. Por empezar, ¿cómo construirla en sociedades nacidas y educadas bajo la monarquía absoluta? Con lúcido pesimismo, Simón Bolívar lo advirtió ya en 1815, en la célebre “Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla”, más conocida como “Carta de Jamaica”. Después de hacer referencia a la situación en Venezuela y Nueva Granada, señalaba:

En tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y las virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del Norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina. Desgraciadamente, estas cualidades parecen estar muy distantes de nosotros en el grado que se requiere; y por el contrario, estamos dominados de los vicios que se contraen bajo la dirección de una nación como la española que solo ha sobresalido en fiereza, ambición, venganza y codicia.

“Es más difícil –dice Montesquieu– sacar un pueblo de la servidumbre que subyugar uno libre”. Esta verdad está comprobada por los anales de todos los tiempos, que nos muestran las más de las naciones libres sometidas al yugo, y muy pocas de las esclavas recobrar su libertad. A pesar de este convencimiento, los meridionales de este continente han manifestado el conato de conseguir instituciones liberales, y aun perfectas; sin duda, por efecto del instinto que tienen todos los hombres de aspirar a su mejor felicidad posible; la que se alcanza infaliblemente en las sociedades civiles, cuando ellas están fundadas sobre las bases de la justicia, de la libertad y de la igualdad. Pero ¿seremos nosotros capaces de mantener en su verdadero equilibrio la difícil carga de una República? ¿Se puede concebir que un pueblo recientemente desencadenado, se lance a la esfera de la libertad, sin que, como a Ícaro, se le deshagan las alas, y recaiga en el abismo? Tal prodigio es inconcebible, nunca visto. Por consiguiente, no hay un raciocinio verosímil, que nos halague con esta esperanza (Carrera Damas, 1993: I, 106).

Cuatro años después lo explicitaba, públicamente, en el llamado Discurso de Angostura, de 1819, una pieza clave de su pensamiento político:

Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por las supersticiones. La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga, abusan de la credibilidad y de la inexperiencia, de los hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad. […] ”La libertad –dice Rousseau– es un alimento suculento, pero de difícil digestión“. Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumecidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras, y aniquilados por las pestilencias serviles, ¿serán capaces de marchar con pasos firmes hacia el augusto templo de la libertad? ¿Serán capaces de admirar de cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el éter puro que allí reina? (Carrera Damas 1993: II, 75-76).

En muchos casos, la pregunta todavía no tenía respuesta promediando el siglo, como explícitamente lo planteaba, por ejemplo, el argentino José Mármol en su célebre novela Amalia, cuya trama transcurre bajo la dictadura de Rosas. Es comprensible que grandes mayorías privadas de instrucción, con imaginarios y mentalidades modelados por el catolicismo y su férrea defensa del orden jerárquico inmutable, tardaran en comprender cabalmente qué significaba el remplazo de principios personalizados –la soberanía residiendo en el rey, persona física, tangible– por principios abstractos que remiten a colectivos imaginados –el pueblo y mucho más la nación, inexistente, como titulares de la soberanía–. Incluso, para hacer más compleja la tarea, una de las normas o pautas –cultura, si se quiere– fuertemente establecidas por tres siglos de absolutismo era la desconfianza, cuando no el temor, a la diversidad y, sobre todo, a la disidencia. Si algo no toleraba el catolicismo antirreformista era, precisamente, la disidencia. Su aceptación, en cambio, es conditio sine qua non para construir una sociedad y un régimen político democráticos. En síntesis, como ha planteado François-Xavier Guerra, el problema residía en la introducción brusca de la Modernidad en sociedades del Antiguo Régimen. Dicho en otros términos: el peso de las estructuras mentales, esas cárceles de larga duración (para decirlo en palabras de Braudel) frenaba la aceptación del proceso transformador.

El mismo Guerra –un autor con el cual tengo diferencias y discrepancias– advirtió bien que “[l]a contradicción entre una nación moderna inexistente aún, a la que se apelaba, sin embargo como sujeto de la soberanía, y la realidad de comunidades diversas de tipo antiguo con su imaginario pactista explica buena parte de los problemas políticos posteriores a la Independencia” (Guerra, 1994: 227). No fue, claro, la única contradicción.

Otro de los problemas que se les planteó a los dirigentes independentistas, revolucionarios o moderados, fue cómo organizar, desde la diversidad, la “voluntad del pueblo”, en tanto “el pueblo” era el titular de la soberanía. Dicho de otra manera, cómo salvar la distancia entre el pueblo real, con sus diferenciaciones sociales y culturales, y las instituciones imaginadas y orientadas hacia la unificación político-institucional. Como bien advirtiera Norbert Lechner, esos son los ejes en torno a los cuales la lucha por la democracia, desde el siglo XIX hasta hoy, se refiere a cuestiones de cultura política. La expresión pueblo –polisémica a lo largo de la historia– fue, justamente, centro de la lucha política entre partidarios de ampliar, unos, y de restringir, otros, los derechos de ciudadanía.

En primer lugar, debe recordarse que, en tiempo de la ruptura de la dominación colonial, pueblo –al menos en la América española– contenía a un número reducido de personas: los miembros de los cabildos, de las corporaciones y de las juntas, es decir, “los cuerpos intermedios de la sociedad” (Annino, 1994: 238). Luego, la expresión alcanzará un contenido más amplio, aproximándose a la percepción actual, conteniendo a aquellos que por entonces se llamaban bajo pueblo, populacho, ínfima plebe, falso pueblo, la canalla. Era el mundo de peones, jornaleros, campesinos, trabajadores, libertos… En frente, sus contradictores comenzaron a ser la gente decente o la gente de razón. Unos, los primeros, inferiores; los segundos, superiores. Porque la concepción jerárquica estuvo lejos de desaparecer, por más que se invocase la igualdad.

A diferencia de la dictadura, que es una forma particular de ordenar la sociedad rechazando el disenso, la democracia es una forma de ordenar la sociedad mediante el consenso, admitiendo el disenso. La construcción de consenso es un proceso –en la América Latina del siglo XIX bien complejo– que requiere, como ha señalado Torres-Rivas (1987: 78), condiciones materiales y culturales.

Admitir el disenso era, precisamente, algo que las clases dominantes no estaban dispuestas a aceptar. Las razones culturales pesaron mucho y ese peso se sumó al de las condiciones materiales, marcadas por elevados niveles de explotación. No debe olvidarse que el ethos societal estaba dominado por la preeminencia del racismo y del racialismo, largamente alimentados por la ideología de la Iglesia Católica y luego por su prolongación, en clave laica, el positivismo. Hombres y mujeres fueron educados, desde los inicios de la conquista, por concepciones como la planteada en el siglo XVI por el jesuita Alessandro Valignano, quien se oponía a la admisión de indios, eurindios y africanos en el ejercicio del sacerdocio:

Todas estas razas oscuras [indígenas y negros] son muy estúpidas y viciosas, y tienen el más bajo de los espíritus […]. En cuanto a los mestiços y castiços, debemos recibir muy pocos o ningunos; especialmente en lo tocante a los mestiços, ya que cuando más sangre nativa tengan más se asemejarán a los indios y serán menos estimados por los portugueses (apud Anderson, 1993: 94).

Los franciscanos portugueses se opusieron en Goa –pero no es inverosímil que el criterio también se encontrase en América– a la admisión de los criollos en la orden aduciendo que “aunque hubiesen nacido de padres blancos puros, han sido amamantados por ayas indias en su infancia, de modo que su sangre se ha contaminado para toda la vida” (apud Anderson, 1993: 94, citando a Carles Boxer).

En los inicios del proceso de ruptura de la dominación colonial, la democracia fue entendida, por partidarios y enemigos, en clave roussouniana o jacobina, es decir, como igualitarismo, a juicio de no pocos hasta exagerado, e incluso, como señala Lucía Sala de Touron (s. f.), como terror revolucionario. El calificativo fue empleado, por ejemplo, para atacar al artiguismo, tanto por su política redistributiva de tierras como por su concepción política de considerar a todas las provincias rioplatenses como iguales, atacando así la superioridad que se arrogaba la dirigencia bonaerense.

En el Río de la Plata, tras la etapa de la “democracia furiosa” (Oieni, 2004), la percepción de los grupos criollos con aspiraciones a construir el nuevo orden político y a ejercer el poder viró radicalmente. A partir de allí, la democracia se tornó sinónimo de anarquía, de subversión o, en el mejor de los casos –conforme las ideas tradicionales en las que la mayoría de los hombres de esos grupos fueron educados–, en Gobierno de las mayorías “pobres, ignorantes e incapaces”.

Los grupos antirrevolucionarios que luchaban por el poder y trataban de establecer un orden poscolonial enfrentaban a otros grupos con igual aspiración, a los cuales descalificaban presentándolos no como expresión de otro (proyecto de) orden, sino como anarquistas, bárbaros, partidarios del desorden o del caos. Ahora bien: ¿qué entendían esos grupos por desorden? Nada muy diferente, en trazos gruesos y con los matices del caso, de lo que las clases dominantes europeas concebían: a pequeña escala, violencia popular, crimen, inmoralidad, locura; a gran escala, rebelión popular, insubordinación, lucha de clases (Tilly, 1991: 18).

Así, pues, la democracia como revolución, la revolución como desorden, ergo, la democracia como desorden: el silogismo cerraba. Más temprano que tarde, los grupos dominantes rechazaron los términos de la vieja arenga de Lepid al pueblo romano, los que Bernardo Monteagudo había recuperado en el inicio de su “Oración inaugural” en la sesión de apertura de la Sociedad Patriótica, en enero de 1812: “Yo prefiero una procelosa libertad a la esclavitud tranquila”.

Al apelar a la autoridad de los antiguos (romanos, en este caso), lo que Monteagudo planteaba era inequívocamente la primacía de la libertad sobre la seguridad. Este principio y el de la igualdad fueron derrotados. La demanda de seguridad –a menudo planteada como orden– pasó a ser entonces plenamente dominante, incluso negando –ya no subordinando– a la de libertad. No obstante, el liberalismo radical colombiano dio un giro espectacular y excepcional en la segunda mitad del siglo. Una de sus figuras más destacadas, José María Samper (integrante de la llamada generación del 48, influenciada por los movimientos revolucionarios europeos de ese año), sostuvo en 1853, invirtiendo los términos de la ecuación hasta entonces dominante, que el orden era “una consecuencia de la libertad”. Y en 1861 insistía: “La libertad no se defiende sino con libertad” (apud Posada Carbó, 2011: 167). Sin embargo, veinte años más tarde cambió de opinión y optó por privilegiar la seguridad (148).

El quid de la cuestión eran las masas, los pobres, los explotados, los más, esos hombres a quienes las clases dominantes calificaban como indignos de acceder al derecho de ciudadanía política por considerarlos carentes de la educación y las virtudes necesarias para ejercerlo. En el Río de la Plata, Bartolomé Mitre, un liberal centralista (unitario, en los lenguajes político e historiográfico argentinos), denominó democracia bárbara a la brusca intervención de las masas rurales en la política, un epifenómeno de las guerras de independencia y civiles. Dos elementos resaltaban, a su juicio, en esa democracia bárbara: lo que consideraba igualitarismo extremo, y el caudillismo (cuya primera expresión había sido Artigas).

En acepciones moderadas de la democracia, como en el caso de Bolívar, “democracia” significaba la supresión de los privilegios, la abolición de la esclavitud y la igualdad ante la ley, la cual debía incluir también a los indígenas. “La democracia no era para el Libertador un tipo de gobierno, ni menos aún el procedimiento de elección de los gobernantes, sino que la radicaba en el seno de la sociedad como igualdad ante la ley y como el origen popular de la soberanía. Declaró reiteradamente queel exceso de democracia y el federalismo habían originado la caída de la Primera República”(Sala de Touron, s. f.).

Empero, las masas, con todas sus limitaciones, al levantar, entre otras, demandas de libertad, igualdad, singularidad cultural, defensa de sus tierras, generaron, aun inorgánicamente, las que Sala ha denominado “formas de resistencia a la imposición o pervivencia de formas profundamente antidemocráticas de dominación”.

Dos de las preguntas que guiaron nuestra investigación sobre las condiciones sociohistóricas de la dictadura y la democracia en América Latina fueron: ¿cómo –en el proceso de construcción del primer orden poscolonial o independiente– se gestaron, sobre la base de precondiciones generadas durante la dominación colonial, las condiciones que imposibilitaron la constitución de regímenes políticos democráticos burgueses? Y también, ¿cuándo y cómo se revirtió esa situación negativa y aparecieron condiciones de posibilidad y, sobre todo, de realización, de sociedades y de regímenes políticos democráticos? Esto conllevaba la resolución –el cómo de la resolución– del pasaje de un régimen político restringido (a propietarios y/o alfabetos) a uno ampliado (ciudadanía plena, universal masculina y femenina), un pasaje largamente demorado, más o menos concretado recién en la segunda mitad del siglo XX (Brasil universalizó los derechos de ciudadanía política tan tarde como en 1988).

La respuesta a esa pregunta nos permite, contrario sensu, explicar las condiciones de realización del autoritarismo, la dictadura y/o la dominación oligárquica. Pero esa respuesta es también clave para la búsqueda de respuesta a esta otra, que formulo modificando ligeramente la original de Edelberto Torres-Rivas (1987: 65): ¿cuándo y cómo comenzaron a gestarse efectivamente las precondiciones, primero, y las condiciones, luego, para el establecimiento de una sociedad democrática?

Como se ha señalado en la “Introducción”, la construcción del Estado (en su sentido moderno) requirió satisfacer dos exigencias fundamentales: limitar el poder, una; distribuir el poder, la otra. La primera remite a los derechos del hombre; la segunda, a la democracia. Esas dos exigencias no se cumplieron o tardaron mucho en ser aceptadas, más bien a regañadientes y solo en parte. Fueron parte del proyecto emancipador derrotado en los comienzos mismos del proceso independentista, pero siguen hoy vigentes, no son cuestiones del pasado.

Excursus: el camino autoritario y antidemocrático

Los “terribles terremotos políticos” (la expresión es del peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre, partícipe del proceso independentista) generados por la ruptura del nexo colonial y la conflictiva construcción del nuevo orden, crearon, a su vez, situaciones de fuerte inestabilidad (consideradas anarquía) que impulsaron a apelar al “hombre fuerte”, no necesariamente un dictador (aunque el hilo separador era muy fino y débil), cuando no explícitamente a la dictadura sans phrase Vidaurre, por ejemplo, reclamó sin ambages la imposición de un dictador como único medio para la continuidad de la República (McEvoy, 2011: 218). Este tipo de apelaciones no fueron infrecuentes en América Latina –todo lo contrario– y dejaron su impronta, profundas huellas en la historia y en las culturas políticas de los países de la región.

Ya se ha dicho en el capítulo 3 que el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas en Sud América aprobó en 1819 una Constitución centralista y aristocrática, tan ambigua en su redacción que podía serlo de una república o de una monarquía. Las negociaciones para coronar a un príncipe europeo se frustraron en 1820 por el levantamiento de los caudillos federales del Litoral, Estanislao López y Francisco Ramírez, que terminó, tras la batalla de Cepeda, con el Directorio y las débiles autoridades nacionales. La Carta estaba precedida por un “Manifiesto”, presuntamente redactado por el conservador deán Gregorio Funes, presidente del Congreso. En él se afirmaba que los primeros esfuerzos del cuerpo habían sido la abolición del “estandarte sacrílego de la anarquía y la desobediencia”. La respuesta que los conservadores rioplatenses encontraron fue una organización política calificada por ellos mismos como “un estado medio entre la convulsión democrática, la injusticia aristocrática y el abuso del poder ilimitado” (Romero y Romero, 1978: 217 y 224).

También en 1819, en la apertura del Congreso de Angostura, Bolívar dejaba en claro que solo la democracia era “susceptible de una absoluta libertad”, pero de inmediato se preguntaba “¿cuál es el Gobierno democrático que ha reunido a un tiempo poder, prosperidad y permanencia?”. No encontraba ninguno. En cambio, sí los había habido bajo la forma de aristocracias y monarquías de larga duración: China, Esparta, Venecia, Francia, Inglaterra. Así, más adelante completaba su intención moderadora de “nuestras pretensiones”: “La libertad indefinida, la democracia absoluta son los escollos a donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas” (Carrera Damas, 1993: II, 77-78 y 93).

El Emperador de Brasil, Pedro I, creía –aunque sin explicar cómo se lograba– que “el perfecto sistema constitucional consiste en la fusión de la Monarquía, la Aristocracia y la Democracia” (“Proyecto de una Constitución monárquica”, en apud Romero y Romero, 1978: 304).

A su turno, el artífice del Chile conservador, Diego Portales –poco o nada interesado en la teoría constitucional, al decir de Simon Collier–, creía que “un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo”, y el uso de “palo y bizcochuelo, justa y oportunamente administrados, son los específicos con que se cura cualquier pueblo” (Collier, 2005: 58). Esa combinación le resultaba preferible al imperio de la ley, la cual, en Chile, no servía “para otra cosa que no sea producir la anarquía, la ausencia de sanción, el libertinaje, el pleito eterno, el compadrazgo y la amistad”. Más aún, “con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución hay que violarla cuando las circunstancias son extremas” (“Carta a un amigo”, 1834, apud Romero y Romero, 1978: 167). Tempranamente, en 1822, Portales ya había hecho explícito su pensamiento antidemocrático:

La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en países como los americanos llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer una verdadera república […]. La república es el sistema que hay que adoptar, pero ¿sabe como yo la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes (apud Brito, Mazzei, Rocha y Vivallos, 2007: 387).

El mismo Portales, doce años más tarde, escribía:

Con los hombres de ley no puede uno entenderse; y así ¡para qué, carajo! sirven las constituciones y papeles si son incapaces de poner remedio a un mal que se sabe existe... En Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea producir la anarquía, la ausencia de sanciones, el libertinaje, el pleito eterno [...]. Si yo, por ejemplo, apreso a un individuo que sé está urdiendo una conspiración, violo la ley. Maldita ley, entonces, si no deja al brazo del Gobierno proceder libremente en el momento oportuno (apud Safford, 1991: 61).

El mexicano Lucas Alamán, ya en su etapa conservadora, era enfático en su oposición a las prácticas democráticas. Así, en carta al general Santa Anna decía, en 1853:

Estamos decididos contra la federación; contra el sistema representativo; contra el sistema representativo por el orden de elecciones que se ha seguido hasta ahora; contra los ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llama elección popular, mientras no descanse sobre otras bases (apud Romero y Romero, 1978: 367-368).

Por su parte, el Libertador Bolívar fue cambiando de posición, pasando de la inicialmente democrática y federal a otras crecientemente antidemocráticas, incluyendo la dictadura. En rigor, Bolívar viró tempranamente hacia posiciones cada vez más moderadas, después de la derrota de la Primera República. Así, en 1815, cuando en la Banda Oriental Artigas radicalizaba sus posiciones con el Reglamento de Tierras, el venezolano escribía la “Carta de Jamaica”:

Los acontecimientos de la Tierra Firme nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales. En Caracas el espíritu de partido tomó su origen en las sociedades, asambleas y elecciones populares; y estos partidos nos tornaron a la esclavitud. Y así como Venezuela ha sido la república americana que más se ha adelantado en sus instituciones políticas, también ha sido el más claro ejemplo de la ineficacia de la forma demócrata y federal para nuestros nacientes Estados. En Nueva Granada las excesivas facultades de los gobiernos provinciales y la falta de centralización en el general han conducido aquel precioso país al estado a que se ve reducido en el día. Por esta razón sus débiles enemigos se han conservado contra todas las probabilidades. […] Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del Gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el Nuevo Mundo sea por el momento regido por una gran república; como es imposible, no me atrevo a desearlo; y menos deseo aún una monarquía universal de América, porque este proyecto sin ser útil, es también imposible. Los abusos que actualmente existen no se reformarían, y nuestra regeneración sería infructuosa. Los Estados americanos han menester de los cuidados de gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra. […] No convengo en el sistema federal entre los populares y representativos, por ser demasiado perfecto y exigir virtudes y talentos políticos muy superiores a los nuestros; por igual razón rehuso la monarquía mixta de aristocracia y democracia que tanta fortuna y esplendor ha procurado a Inglaterra. No siéndonos posible lograr entre las repúblicas y monarquías lo más perfecto y acabado, evitemos caer en anarquías demagógicas, o en tiranías monócratas. Busquemos un medio entre extremos opuestos que nos conducirán a los mismos escollos, a la infelicidad y al deshonor (Carrera Damas, 1993: I, 105-106, 108-109; itálicas mías).

En 1819 hacía ante los congresistas reunidos en Angostura una profesión de fe en la democracia, pero con inmediatos reparos:

Solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad; pero ¿cuál es el Gobierno democrático que ha reunido a un tiempo, poder, prosperidad y permanencia? ¿Y no se ha visto por el contrario la aristocracia, la monarquía cimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos? ¿Qué Gobierno más antiguo que el de China? ¿Qué República ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? ¿El Imperio Romano no conquistó la tierra? ¿No tiene Francia catorce siglos de monarquía? ¿Quién es más grande que Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido o son aristocracias y monarquías.

A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra República al entrar en su noble carrera. Amando lo más útil, animada de lo más justo, y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad, su soberanía nacional. Constituyéndose en una República democrática, proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios; declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado. El primer Congreso de Venezuela ha estampado en los anales de nuestra legislación con caracteres indelebles, la majestad del pueblo dignamente expresada, al sellar el acto social más capaz de formar la dicha de una nación (Carrera Damas, 1993: II, 77-78).

Bolívar define con claridad el régimen político que desea para Venezuela, y no falta la apelación al ejemplo histórico clásico (el ateniense), pero tampoco la advertencia sobre los peligros, que la misma Atenas invocada como summum de la democracia ofrecía:

Un Gobierno republicano ha sido, es, y debe ser el de Venezuela; sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por recorrer, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar. Que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Atenas, la primera, nos da el ejemplo más brillante de una democracia absoluta, y al instante, la misma Atenas, nos ofrece el ejemplo más melancólico de la extrema debilidad de esta especie de Gobierno. El más sabio legislador de Grecia no vio conservar su República diez años, y sufrió la humillación de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta para regir ninguna especie de sociedad, ni con la más cuita, morígera [suprimida esta palabra] y limitada, porque solo brilla con relámpagos de libertad. Reconozcamos, pues, que Solón ha desengañado al mundo; y le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a los hombres (Carrera Damas, 1993: II, 84; itálicas mías).

Empero, de ese comienzo venturoso parecía, ocho años después, según lo expuesto en Angostura, no quedar nada rescatable:

Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado. [...] Mas por halagüeño que parezca, y sea en efecto este magnífico sistema federativo, no era dado a los venezolanos gozarlo repentinamente al salir de las cadenas. No estábamos preparados para tanto bien; el bien, como el mal, da la muerte cuando es súbito y excesivo. Nuestra constitución moral no tenía todavía la consistencia necesaria para recibir el beneficio de un Gobierno completamente representativo, y tan sublime que podía ser adaptado a una república de santos (Carrera Damas, 1993: II, 79).

Pese a su propuesta de, por ejemplo, un aristocrático Senado hereditario (salvo el primero, que sería electivo), el Bolívar del “Discurso de Angostura” sostenía una concepción democrática del ejercicio del Gobierno en un punto clave, advirtiendo sobre el riesgo de la perpetuación de un hombre en el poder:

La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los Gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente (Carrera Damas, 1993: II, 73).

Sin embargo, pocos años después, en 1826, su postura al respecto era otra, radicalmente opuesta. Así, por ejemplo, al ofrecer al Congreso Constituyente de Bolivia su proyecto de Constitución para el nuevo país proponía:

un Presidente vitalicio, con derecho para elegir el sucesor, es la inspiración más sublime en el orden republicano. […] El Presidente de la República nombra al Vice-Presidente [que propone sea hereditario], para que administre el Estado, y le suceda en el mando. Por esta providencia se evitan las elecciones, que producen el grande azote de las repúblicas, la anarquía, que es el lujo de la tiranía, y el peligro más inmediato y más terrible de los gobiernos populares (Carrera Damas, 1993: II, 116 y 118-119; itálicas en el original).

En noviembre de 1830, 38 días antes de morir, escribe su última carta. Fue dirigida al general Juan José Flores y en ella expresa su descarnada decepción, su brutal desencanto tras veinte años de ejercicio del poder. Ellos le han dejado unos “pocos resultados ciertos”, de hecho solo seis:

1º La América es ingobernable para nosotros. 2° El que sirve una revolución ara en el mar. 3° La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4° Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas. 5° Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. 6° Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último período de la América (Carrera Damas, 1993: I, 635-636).

Difícil encontrar otra muestra de tan radical pesimismo.

También el otro Libertador, José de San Martín, tuvo poca confianza en las capacidades de los pueblos para la república (aunque inicialmente la favorecía) y la democracia. Temprano, ya en 1812, por ejemplo, le confiaba a su amigo Tomás Guido su pesimismo sobre la naturaleza humana y su desconfianza sobre el orden político que no fuese capaz de contener la violencia desatada en un contexto socio-cultural caracterizado por la ausencia de tradiciones de Gobierno autónomo y las enormes ansias de poder de los nuevos políticos (Lynch, 2010: 226).

Más tarde, en sendas nuevas cartas a Tomás Guido, cuando en Buenos Aires gobernaba Juan Manuel de Rosas, escribió:

Yo miro como bueno y legal todo Gobierno que establezca el orden de un modo sólido y estable (17 de diciembre de 1835) y nuestros países no pueden, al menos por muchos años, regirse de otro modo que por Gobiernos vigorosos, más claro: despóticos (26 de septiembre de 1836) (apud Rouquié, 2011: 499).

Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pese a haber llegado al Gobierno mediante elecciones, sostenía que en esta materia, “como en otras, la práctica ha estado bien distante de las doctrinas más ponderadas”, razón que lo llevó a un procedimiento que consideraba eficaz tanto para alejar “esas teorías engañosas que ha inventado la hipocresía”, como para “dejar establecido una garantía legal permanente para la autoridad”. Según hacía saber a la Legislatura en su mensaje de 1837, la solución era muy simple: en su calidad de gobernador

ha dirigido, por toda la extensión de la Provincia, a muchos vecinos y magistrados respetables listas que contenían los nombres de aquellos ciudadanos que en su concepto merecían representar los derechos de su patria, con el objeto de que propendiesen a su elección, si tal era su voluntad (apud Romero y Romero, 1978: 254).

Igual procedimiento utilizaba, del otro lado de la cordillera de los Andes, el primer ministro chileno, también conservador, Diego Portales.

Rosas –un decidido autonomista bonaerense erróneamente considerado federal– fue un notable caso de coherencia en sus posiciones antidemocráticas, explícitamente expresadas desde la Memoria elevada al Directorio en febrero de 1819 y, sobre todo, la Proclama del 10 de octubre de 1820, hasta el final de su vida, cuando, en cartas enviadas a Josefa Gómez desde su exilio en Gran Bretaña, despotricaba contra la Primera Internacional de Trabajadores, la “insolencia de la plebe” y la libertad de enseñanza, al tiempo que se pronunciaba partidario de “la dictadura temporal del Papa”.

Así, tras vencer a los caudillos federales del Litoral en la crisis de 1820, asegurando la primacía de los directorales, que pasaron a denominarse Partido del Orden, Rosas señalaba:

Obediencia, fidelidad, firmeza son nuestros propósitos. […] [R]ecibid los votos que os hago en nombre de la División que comando: ¡Odio eterno a los tumultos! ¡Amor al orden! ¡Fidelidad a los juramentos! ¡Obediencia a las autoridades constituidas! (itálicas mías) (149).

Al asumir por segunda vez la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en abril de 1835, se expresó en estos términos:

Ninguno de vosotros desconoce el cúmulo de males que agobian a nuestra amada patria, y su verdadero origen. Ninguno ignora que una facción numerosa de hombres corrompidos, haciendo alarde de su impiedad, de su avaricia y de su infidelidad y poniéndose en guerra abierta con la religión, la honestidad y la buena fe […], en una palabra, ha disuelto la sociedad y presentado en triunfo la alevosía y la perfidia.

[…] La Divina Providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia […]; persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida […]. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz que sirva de terror y espanto. La causa que vamos a defender es la causa de la religión, de la justicia de la humanidad y del orden público: es causa recomendada por el Todopoderoso: Él dirigirá nuestros pasos y con su especial protección nuestro triunfo será seguro (itálicas mías).

El tono era, pues, decididamente religioso, en clave de guerra santa. Ese tono estaba muy presente en el lenguaje de Rosas y sus partidarios, doctrinariamente antiliberal: los enemigos (los unitarios) eran considerados herejes, diabólicos, y cuando los federales bonaerenses se fracturaron, unos –los rosistas– fueron llamados apostólicos, y los disidentes (liberales y constitucionalistas), cismáticos.

Rosas apelaba a un lenguaje y una concepción típicos del orden colonial, esto es, del absolutismo monárquico-religioso, alejado del nuevo de la Modernidad. Se trataba de un discurso considerado eficaz para construir un nuevo orden, posrevolucionario, capaz de asegurar la constitución y el afianzamiento de la burguesía terrateniente de Buenos Aires en la etapa de la acumulación originaria. Como sostuve en otra ocasión (Ansaldi, 1981), en el Río de la Plata, el proceso de acumulación originaria del capitalismo agrario requería el ejercicio de un poder político dictatorial, adicionalmente cargado de una discursividad religiosa, intolerante, pero probadamente eficaz para disciplinar a las clases subalternas.

En diciembre de 1829, pocos días antes de ser elegido gobernador de Buenos Aires por primera vez, Rosas le escribió una carta al caudillo riojano Facundo Quiroga, partidario de la organización constitucional del país, cuestión que el caudillo porteño dejaba para el futuro. Allí aparece crudamente expresado el carácter matricial de la estancia:

Así como cuando queremos fundar un establecimiento de campo, lo primero son los trabajos preparativos de cercados, corrales, desmontes, rosar, etc.; así también para pensar en constituir la República, ha de pensarse antes en preparar los pueblos acostumbrándolos a la obediencia y al respeto de los gobiernos (itálicas mías).

Como se aprecia, Rosas estaba lejos de la proposición de Madison –que no era un dechado de demócrata– sobre la necesidad de contar con un pueblo capaz de controlar al Gobierno. Exactamente lo contrario.

Por los mismos días, al asumir la gobernación, el estanciero devenido político, le dice a Santiago Vázquez, agente del Gobierno oriental en Buenos Aires:

En los lances de la revolución, los mismos partidos habían de dar lugar a que esa clase [se refiere a la que antes ha considerado integrada por “los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son los hombres de acción”] se sobrepusiese y causase los mayores males, porque usted sabe la disposición que hay siempre en el que no tiene, contra los ricos y superiores. Me pareció, pues, desde entonces [desde que entró a participar en las luchas políticas] muy importante conseguir una influencia grande sobre esa clase para contenerla, o para dirigirla y me propuse adquirir esa influencia a toda costa; para esto me fue preciso ponerme a trabajar con mucha constancia, con muchos sacrificios de comodidades y de dinero, hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y hacer cuanto ellos hacían; protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses, en fin, no ahorrar trabajo ni medios para adquirir más su concepto. (apud Ansaldi, 1981: 85-86).

La claridad y contundencia, la franqueza hasta la brutalidad, si se quiere, de la argumentación exime de comentario alguno.

Más tarde, en febrero de 1873, ya en el exilio, Rosas le dirá a Ernesto Quesada:

Y a trueque de escandalizarlo a usted le diré que, para mí, el ideal de Gobierno feliz sería el autócrata paternal, inteligente, desinteresado e infatigable, enérgico y resuelto a hacer la felicidad de su pueblo, sin favoritos ni favoritas

Por los mismos años, el ex dictador despotricaba contra la Internacional de Trabajadores y reclamaba el gobierno del Papa.

Casi simultáneamente, a partir de 1876, José Manuel Estrada, destacado político e intelectual católico, enseñaba a sus alumnos de Derecho Constitucional y Administrativo (en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires), que los “centros de Gobierno y de disciplina para el hombre” eran la familia, los municipios y las corporaciones, organizados de modo tal que ellos eran decisivos para “distribuir la masa total del poder, de suerte que no afluya en un solo centro, sino que se distribuya en todos, en una medida adecuada y proporciona a la capacidad de cada uno”. El discurso y la propuesta de Estrada eran fuertemente antiestatistas, pero no para afirmar la sociedad civil o las formas de organización democrática, sino para reforzar el poder de las instituciones tradicionales, sobre todo la Iglesia Católica, las corporaciones, la familia y los municipios (entendidos estos en tanto “institución natural y orgánica en la sociedad”, formada a partir de familias que “se agrupan en secciones territoriales se conexionan entre sí, y muchos intereses que han sido primitivamente de una familia se convierten en generales a todas las familias”). Estrada se oponía a las formas representativas fundadas en el ejercicio del sufragio por parte de las mayorías y acusaba a la Revolución Francesa de 1789 de haber

transmitido a las masas el absolutismo de que antes disfrutaban los reyes. Las consecuencias de esta insensata doctrina son necesariamente las siguientes: que la representación ha de tener por base exclusiva la población incalificada, la población tomada numéricamente, la población en el centro que se entiende por voluntad de la nación la voluntad de la mayoría, absoluta o relativa.

Más aún:

El Estado no es la sociedad, la supone; es la constitución de un Gobierno para la sociedad preexistente; es solo una forma de la sociedad, de manera que toda idea de absorción de la sociedad por el Estado es originariamente falsa [...]. El Estado no absorbe la sociedad [...]. La soberanía reside en la nación organizada, calificada, y no en las masas, de modo que esa soberanía no comporta el poder absoluto de los representantes para trastornar el orden social [...]; en las sociedades cristianas [...] se encuentran ciertas entidades independientes del Estado y anteriores a él (150).

También por esos años el argentino Eduardo Wilde –un hombre destacado de la generación del 80, ministro de los presidentes Julio A. Roca y Miguel Juárez Celman– sostenía: “El triunfo del sufragio universal es el triunfo de la ignorancia universal”.

Ya en el siglo XX, Bautista Saavedra, profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Paz (Bolivia), dirigente del Partido Republicano y un convencido de que “el indio es apenas una bestia de carga a la que no hay que tener compasión”, escribió en su libro La democracia en nuestra historia (1917):

El error sustancial de la democracia, tal como ha venido entendiéndose, ha estado en haberse proclamado como principio suyo la igualdad. En apoyo de este principio se invocó la naturaleza; pero la naturaleza, que es una hermosa armonía de desigualdades, no ha hecho otra cosa que desmentir constantemente esta ilusión, porque, un régimen de libertad, no puede ser sino ambiente de florecimientos de desigualdades (apud Irurozqui, 1994: 7).

Consecuente el hombre: fue el organizador de un golpe contra el Gobierno liberal ejecutado en julio de 1920, y un año después asumió la presidencia, que ejerció dictatorialmente y apelando a la organización de una guardia de mestizos del “bajo pueblo” –las ovejas de Achacachi–, además de iniciar el pasaje de la dependencia de Gran Bretaña a Estados Unidos.

La conformación de la matriz institucional: los principios, los derechos y las instituciones en la práctica

Se ha indicado antes que Gargarella considera que hubo al menos seis “desajustes” entre los presupuestos teóricos constitucionales y la práctica política, desajustes que, a mi juicio, explican en cierta medida la conformación de la matriz institucional (151).

El primer desajuste –la primera incongruencia entre el enunciado y la consecuencia– es el de las violaciones por exceso, acaecidas cuando la autonomía personal no es respetada o protegida. Se las aprecia más claramente en las disposiciones constitucionales favorecedoras en exclusividad de “los intereses o convicciones fundamentales de algún grupo”, típicamente las referidas a la religión católica, siendo su expresión más alta la prohibición de ejercicio público de otros cultos. Así, no pocas Constituciones limitaron, más que salvaguardaron, los derechos de las minorías, violando el “compromiso fundamental con el respeto de la igual dignidad de las personas” (2001: 7-8). Añado: el mismo criterio se aplicó al derecho de expresión de posiciones políticas disidentes con las del orden establecido.

El segundo desajuste analizado por Gargarella es el de las violaciones en la organización de los derechos. En este se trata del “condicionamiento de los derechos a alguna concepción del bien particular”, de ahí que ellos quedaban subordinados al “respeto privilegiado de algún otro valor, con lo cual los mismos terminaban perdiendo su carácter de tales: se los ‘nombraba’, entonces, como derechos, pero se los trataba como si no lo fueran”. Los casos más notorios afectaban al derecho (fundamental) a la libre expresión, a menudo condicionado por, o dependiente de, la primacía de la religión, como en el caso de la Constitución chilena de 1823, que consagraba “la religión católica como el valor supremo, a cuya luz se organizaban todos los demás valores constitucionales” (2001: 9-10).

Las violaciones por defecto remiten a la regulación del procedimiento de toma de decisiones, es decir, al alcance y restricciones de los derechos de ciudadanía, en particular impidiendo la participación amplia de la población al limitar los derechos políticos, incrementar los requisitos para ser ciudadanos o disponer de una larga nómina de causales de pérdida de tal condición. Al respecto, un argumento relacionado con el discurso, sobre todo, pero no exclusivamente, conservador fue el de la mayor capacidad intelectual atribuida a la que el peruano Bartolomé Herrera llamaba “aristocracia del saber, creada por la naturaleza”. En definitiva, como acota Gargarella, las Constituciones latinoamericanas resultaron “extraordinariamente defectuosas; ellas se propusieron explícitamente limitar, antes que promover, la participación política del pueblo en el proceso de toma de decisiones” (2001: 11-13). En otras palabras: los mismos textos creaban simultáneamente un sistema político formalmente democrático y o desvirtuaban o negaban al privar a vastos sectores de la sociedad de derechos políticos.

El cuarto desajuste fue el de las violaciones en el diseño o instrumentación de los derechos. Aquí, el ejemplo más notorio fue el “una concepción muy robusta del derecho de propiedad”, el menos “justificable dentro de la organización constitucional”. En Estados Unidos, Alexander Hamilton exigió “proteger el derecho de propiedad contra el espíritu democrático” (¡sic!). En Latinoamérica, la disputa sobre el estatus y el alcance de tal derecho se centró en la reorganización de la propiedad durante la construcción del orden poscolonial, básicamente la cuestión de las propiedades de la Iglesia y las tierras comunales indígenas.

Pero no solo se constituyó una organización económica fundada en la propiedad privada –por vía constitucional y/o por vía de la jurisprudencia–, sino que también se hizo de la propiedad, de la condición de propietario, la piedra de toque, la condición esencial para acceder al derecho de sufragio (aunque no en todos los casos), pero sobre todo a cargos electivos. “Darle el poder a los propietarios […] representaba la certeza de un ejercicio responsable de la autoridad: actuando de un modo egoísta, los propietarios cuidaban de los destinos de la Nación” (2001: 14-18).

Otro desajuste, el quinto, fue el de las violaciones de derechos autorizadas por el sistema institucional, cuyo núcleo fue (y es) la autorización al Ejecutivo para restringir los derechos fundamentales, un “desajuste” particularmente peligroso en sistemas presidencialistas como los latinoamericanos. La delegación de facultades en los presidentes es una desviación considerable del ideal democrático, mucho más cuando se trata de delegación de facultades extraordinarias, las cuales les permiten declarar el estado de sitio y suspender los derechos y garantías constitucionales otorgados a las personas. Como a menudo esas facultades eran concedidas con amplitud y sin controles adecuados, se violentaba la preservación de “la estructura de derechos y un sistema político efectivamente democrático”. Dentro de las Constituciones estatuyentes de un presidencialismo fuerte descuella la chilena de 1833, que concedía al Ejecutivo preeminencia sobre los otros dos Poderes, incluyendo facultades extraordinarias limitantes de los derechos y libertades personales. El dato se torna más significativo cuando se tiene en cuenta que esa situación –teóricamente excepcional– se extendió durante un tercio de la república conservadora, la de la pax portaliana (1833-1861) tratada en el capítulo 3 del tomo 1. Fueron muy significativas las palabras de Andrés Bello, uno de los redactores de esa Constitución, que Gargarella trae a colación: las facultades extraordinarias eran necesarias por constituir “un dique contra el torrente de las conmociones de partido”. En buen castellano: nada de disensos. El autor recuerda que la estabilidad política chilena, excepcional en la región, potenció la evaluación positiva de esa Constitución por parte de no pocos políticos y publicistas de la época, incluso ubicados en posiciones tan dispares como el ecuatoriano Gabriel García Moreno y el argentino Juan Bautista Alberdi, que la tomaron muy en cuenta para las Cartas de 1864 y 1853, respectivamente.

La idea rectora era que ese mayor poder concedido al presidente fortalecía su capacidad para el restablecimiento del orden, poder reforzado cuando se delegaba en los ejércitos el control del orden interno, como en los casos de las Constituciones colombianas de 1832 y 1844; las ecuatorianas de 1830, 1835, 1845, 1851 y 1852, y las peruanas de 1828, 1834, 1856, 1860 y 1867, disposiciones que justifican la denominación de repúblicas militarizadas acuñada por Carmen McEvoy (2011). Otras Constituciones –como las de Bolivia (1839 y 1851), Perú (1834), Venezuela (1864) y casi todas las de Ecuador después de 1845, “le dieron una cabida más indirecta al poder militar, en el control de que ninguna ley fuera adoptada a partir de ‘tumultos populares’. Fortaleciendo de este modo la autoridad del presidente –por medio de amplísimos poderes libres de todo control sensato– la Constitución venía a legitimar, de hecho, la futura violación de los derechos individuales” (Gargarella, 2001: 18-21).

El poder de veto concedido al Ejecutivo –un resabio monárquico en la república– ha sido y es otro instrumento reducidor del real alcance democrático de un régimen político.

Finalmente, Gargarella señala las violaciones al principio mayoritario, a través de los mecanismos destinados a la protección de los derechos. Se trata del “problema de la revisión judicial de constitucionalidad […], esto es, la posibilidad de que los jueces examinen la validez de las normas elaboradas por el poder político a la luz de la Constitución –y las invaliden en el caso de encontrar contradicciones con esta”. Se trata de otro “invento” norteamericano. De hecho, “dicho control implica, en la práctica, contradecir la voluntad presente de los ciudadanos o sus representantes: cuando niegan la validez de la ley, en efecto, los jueces sobreponen su autoridad sobre la voluntad política de la comunidad (expresada directamente o a través de sus representantes). Más aún: “Que la ‘última interpretación’ de la Constitución quede en manos de un grupo de funcionarios públicos que (normalmente) ni son elegidos ni pueden ser removidos directamente por la ciudadanía, representa un grave riesgo […]: bajo la apelación a una defensa de los derechos, es posible afectar seriamente el principio mayoritario”. De los distintos “arreglos institucionales” difundidos por el continente desde fines del siglo XVIII, “el control judicial es uno de los que más dificultades plantea frente al alegado respeto del principio mayoritario” (Gargarella, 2001: 21-24).

Como es dable apreciar, los llamados “desajustes” constituyen verdaderos núcleos jurídicos aptos para fortalecer prácticas autoritarias y ocluir las democráticas. El orden se despliega en el espacio (físico y simbólico) y en el tiempo, y en ese despliegue las instituciones, incluyendo las culturales (claves en las luchas por la hegemonía y para dotar de sentido común el orden), han sido y son fundamentales. No debe olvidarse la ambigüedad del orden: necesario, para que exista sociedad; perjudicial, en cuanto opera como garante de los intereses dominantes y, muy frecuentemente, el medio para ocluir las discordancias, los disensos. Hay siempre una tensión/contradicción entre el deseo de orden de los dominantes y la resistencia de los dominados.

El proyecto emancipador de los primeros años de la ruptura del nexo colonial levantó valores fundamentales de la Modernidad, de entre los cuales el de igualdad fue el más radical y, por tanto, el primero en ser combatido (152). Así, la matriz institucional constituida a partir de esa ruptura no hizo otra cosa, en definitiva, que definir lo que Gargarella denomina, con acierto, los fundamentos legales de la desigualdad. Fue el resultado de la derrota del proyecto revolucionario, con su impronta igualitaria, y el triunfo del connubio liberal-conservador. Así, para decirlo una vez más, hubo independencia política, pero no emancipación.

Apéndice

“La historia me interesa por razones ‘políticas’, no objetivas”, decía Antonio Gramsci en carta a su hijo Delio. La proposición no debe entenderse como una invitación a la lectura partidista de los procesos históricos, adecuándolos a las conveniencias de la lucha ideológica, en particular el referido a la construcción del imaginario social, a las dimensiones simbólicas del orden. Para Gramsci, “decir la verdad es ser revolucionario”, de manera que la indagación histórica y el análisis político (el de coyuntura), tanto del pasado como del presente, no pueden tener ni confeccionar las respuestas antes que las preguntas, ni acomodar los hechos a la mejor conveniencia. El científico social que indaga en la historia procede como el psicoanalista, es decir, busca en el pasado claves explicativas del presente para asumir una de las dos opciones posibles: seguir viviendo como hasta el momento, o cambiar el rumbo de la vida, cambiar la historia. Y las claves pueden no ser gratas. Claro que hay una diferencia fundamental: el psicólogo analiza individuos, el científico social, sociedad (o sociedades). Pero la sociedad no es un sujeto genérico, sino el resultado de un proceso histórico que la construyó/reconstruyó/construye/reconstruye. En consecuencia, es preciso indagar sobre los constructores de sociedades, esto es, los sujetos colectivos e individuales. Ahora bien: “Un problema historiográfico es siempre un problema de identificación de los sujetos históricos, y de la imputación de las acciones históricas a tales o cuales sujetos” (Pizzorno, 1972: 47; itálicas del autor). Interesarse en los procesos históricos por razones “políticas” implica, pues, indagar en ellos desde los imperativos del presente, de cara al futuro.

Guiado por ese criterio, entiendo este libro como un libro no complaciente, que incluso puede resultarle incómodo a muchos. No le teme ni a las preguntas ni a las respuestas incómodas y/o molestas. No fue escrito para halagar ni para denigrar, sino para pensar y reflexionar. Por eso el texto no hace concesiones de lenguaje facilista. Está escrito, sí, pensando en lectoras y lectores conscientes dispuestos a admitir que quienes reducen el nivel del lenguaje argumentando que no deben emplearse términos “difíciles” insultan la inteligencia de quienes los leen. Detrás de la actitud de renunciar a lo considerado “difícil” suele esconderse la pereza intelectual y mental, la rutina (como escribió alguna vez Héctor P. Agosti, prologando Literatura y vida nacional, de Gramsci). Ser “fáciles” es, además de insultante para la inteligencia, contribuir al empobrecimiento del debate sobre conceptos fundamentales y su utilización para hacer inteligibles procesos complejos. Como decía Gramsci, actitudes como esa no es, en rigor, ser fáciles: “Significa defraudar, lo mismo que el vinero que vendiese agua teñida haciéndola pasar por un Barolo o un Lambrusco [dos grandes vinos italianos]. Un concepto difícil en sí no puede tornarse fácil en la expresión sin que se convierta en una torpeza”. Por eso –y no solo por la opción por la sociología histórica– también prestamos especial atención a precisar los conceptos utilizados para nuestro análisis, conceptos que, como todos, deben ser repensados e interrogados permanentemente, sea para ratificarlos o para rectificarlos.

Los conceptos, claro, remiten a teorías, conditio sine qua non para que el conocimiento sea científico. “Toda teoría está fundada […] en el hecho de que la naturaleza es explicable. Y el hombre, objeto de la historia, forma parte de la naturaleza. El hombre es para el historiador lo que la roca para el mineralogista, el animal para el biólogo, las estrellas para el astrofísico: algo que hay que explicar. Que hay que entender. Y por tanto que hay que pensar” (Febvre, 1992: 179). “Una teoría social es siempre búsqueda de significado […]. La búsqueda del significado no presupone un significado inherente; por esto se trata de una búsqueda. En resumen, la simple interpretación no constituye una teoría […]. En otras palabras, la teoría recurre a los hechos y se convierte en búsqueda de significado”, escribe Agnes Heller (1984: 146; itálicas de la autora) en un libro de lectura necesaria.

Todo estudioso de procesos históricos debe responder a preguntas básicas: ¿qué ocurrió?, ¿dónde ocurrió?, ¿cuándo ocurrió?, ¿cómo ocurrió? Las respuestas permiten describir hechos y procesos, pero no constituyen conocimiento científico. Para que lo sea es imprescindible formular y responder otra pregunta: ¿por qué ocurrió? Tratándose de procesos sociales tal vez sea más pertinente preguntar ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Queda abierta así la posibilidad de indagar aquellas otras aristas señaladas por Max Weber, la de atender a lo que pudiendo haber ocurrido no ocurrió. Al analizar los hechos y procesos históricos como posibilidades y no como fatalidades se amplía la capacidad de explicarlos. Explicar es dar cuenta de las causas que produjeron hechos, procesos, tendencias o regularidades. Toda explicación tiene dos componentes: el explanandum (proposición que da cuenta del fenómeno observable) y el explanans (proposición o proposiciones que dan cuenta del fenómeno), según la muy conocida formulación de Carl Gustav Hempel.

Como no hay una explicación única (suele haber, más bien, pluralidad de explicaciones e interpretaciones e incluso de construcción y narración de los relatos), hay controversias, debates, aportes múltiples que contribuyen a un mejor conocimiento. Este libro es un aporte en tal sentido, entendiendo que la historia que construyen hoy las sociedades latinoamericanas requiere que avancemos y profundicemos en el conocimiento de ellas, necesario para afirmar el camino de la integración, en particular la de los pueblos.

Es deseable que, al concluir la lectura del libro, sus lectoras y lectores puedan saber más sobre América Latina, pero, sobre todo, puedan querer saber más y quieran pensar América Latina, captando, buscando las claves necesarias para analizar la realidad pasada y presente, mirando hacia el futuro. Ojalá compartan la preocupación por el futuro, que para proyectarlo es imprescindible reflexionar antes sobre el presente y el pasado. Si así fuese, tal vez pueda concretarse, aunque sea parcialmente, la aspiración formulada por Gramsci (1975: III, 1983-1984): “Si escribir historia significa hacer historia del presente, un gran libro de historia es aquel que en el presente ayuda a las fuerzas en desarrollo a ser más conscientes de sí mismas y, por lo tanto, más concretamente activas”. Más aún: el libro pretende aportar a la recuperación de la política para las ciudadanas y ciudadanos, para las mujeres y los hombres explotados y dominados. Recuperar la política implica quitarle el carácter fetichizado, mistificado que ha adquirido. Es una tarea que remite a la dialéctica entre teoría y práctica en un doble proceso o movimiento de acción recíproca: en un movimiento, historizar-teorizar (convertir la práctica en teoría) los conceptos y categorías fundamentales del análisis científico-social teniendo como punto de partida los procesos históricos pasados o en curso, esto es, la historia del tiempo pasado y la historia del tiempo presente. En el segundo movimiento, teorizar-historizar (convertir la teoría en práctica, es decir, praxis) “la acción presente y futura” según “las transformaciones necesarias y posibles” y las deseadas, es decir, la utopía (Vega, 1981: 303). Dicho de otra manera: el objetivo es contribuir a la tarea de pasar del discurso sobre los sujetos y sus acciones a la reflexión de los sujetos sobre su constitución y sus proyectos. Recuperar la política –confiscada por el neoliberalismo– es asumir que ella es la voluntad organizada de hombres y mujeres orientada hacia la conservación o la transformación de la sociedad y, por lo tanto, el ámbito de libertad por excelencia, desde el que decidimos seguir viviendo como vivimos o luchar por cambiar las condiciones en las cuales vivimos. En ese sentido, entonces, la política es un componente fundamental de todo proyecto emancipador. Y hoy, una estrategia genuinamente emancipadora no puede ser sino una superadora del objetivo de sustituir la dominación de una clase por otra y ser capaz de generar las condiciones de posibilidad y de realización de la abolición de todo y cualquier tipo de dominación de unos hombres y unas mujeres sobre otros hombres y otras mujeres.

Entonces, como decía León Felipe,

Un día, cuando el hombre sea libre, la política será una canción.

Posdata: Al cerrarse el libro, sepan sus lectoras y lectores que el mismo se vio favorecido por el celo y cuidado que Vanesa Hernández, del Área Paidós, Ariel y Crítica, puso en el trabajo de edición. Agradecerle su dedicación es poco reconocimiento. También un agradecimiento a Laura Taube y Teodora Scoufalos, de Marketing y Prensa de la editorial, por su diligente tarea en sus respectivas áreas.

134. Aquí sintetizo resultados alcanzados en los proyectos de investigación colectiva referidos en “Acerca de este libro”, en el tomo I. Retomo, también, argumentos en Ansaldi (2003b, 2010a, 2010b y 2010c).

135. Para Braudel (1968: 60-106), la temporalidad histórica se despliega en tres niveles o duraciones, de distinta intensidad: corta, media y larga duración, es decir, el tiempo del acontecimiento, de la coyuntura y de la estructura, respectivamente.

136. No son, por cierto, las únicas palabras significativas que el lenguaje político y filosófico de la Modernidad tornó corrientes. Pueden añadirse otras, también ellas novedosas o resignificadas: clases sociales (aporte de François Quesnay, Jacques Necker y la economía política clásica, es decir, Adam Smith, Adam Ferguson, David Ricardo), confederación/federación, Estado, fraternidad, liberalismo, nación, patria, pueblo(s), república, soberanía, voluntad general, emancipación, entre otras.

137. La rebelión de los comuneros paraguayos fue un movimiento tanto político de resistencia de los vecinos de Asunción al absolutismo gubernamental y de defensa de la autonomía del cabildo como social de colonos empobrecidos y vecinos sin tierras opuestos al poder económico de las reducciones jesuitas. Fue brutalmente reprimido por las tropas enviadas por el gobernador de Buenos Aires, de las cuales formaban parte unos 8.000 indígenas provistos por los jesuitas. El panameño José de Antequera y Castro fue el líder del movimiento hasta su muerte en Lima, en un confuso episodio. El de Nueva Granada ya ha sido considerado en el capítulo 2.

138. Todavía hoy, liberal tiene, políticamente, como recuerda el italiano Nicola Matteucci, significados variables: en el Reino Unido y Alemania alude a posiciones de centro, mientras en Estados Unidos refiere a radicales de izquierda. La inflación semántica del término ha llevado a un connotado ideólogo del liberalismo del siglo XX, Friedrich August von Hayek, a proponer el abandono del uso de tan equívoca palabra. El mismo Matteucci formula una advertencia metodológica, dirigida a los historiadores, pero pertinente para otros científicos sociales: “El historiador, si se encuentra desprovisto de un criterio lógicamente definido sobre lo que es ‘liberal’, terminará cambiando el adjetivo por el sustantivo, los liberales por el liberalismo, o sea por incluir –y atribuir al liberalismo– toda una serie de comportamientos políticos, en tanto que el sustantivo solo designa algunos. La aceptación acrítica del término ‘liberal’, por ejemplo, puede llevar a consecuencias peligrosas, ya sea que la atención se ponga en grupos o partidos que se autodefinen como liberales, ya sea que se ponga en ideas que se proclaman liberales”. Es que “no siempre los grupos y partidos que se inspiraban en ideas liberales adoptaron el nombre de liberal, de la misma manera que no siempre los partidos liberales ejercieron una política coherente con el principio proclamado” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1994: 876-877).

139. En rigor, la democracia como uno de los valores fundamentales del liberalismo fue una construcción posterior, que lentamente comenzó a afianzarse desde mediados del siglo XIX.

140. Insisto en la conveniencia de escribir sujeto(s) en lugar de actor(es). Sujeto es quien dirige la acción, lo cual presupone conciencia, voluntad. Actor, en cambio, es quien representa un rol asignado por otros. El sujeto es una persona, el actor, un personaje.

141. En América Latina, toda la propaganda antianarquista y antisocialista, primero, anticomunista, más tarde –exacerbada contra los movimientos revolucionarios de las décadas de 1960 y 1970– agitó siempre el eslogan de los “agentes extranjeros”.

142. El artículo10 definía su perímetro: “El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y península del Yucatán, Guatemala, provincias internas de Occidente, isla de Cuba, con las dos Floridas, la parte española de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico, con las demás adyacentes a estas y el Continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su Gobierno”. Sin hipérbole: un Estado a escala planetaria.

143. James Madison, llamado el “Padre de la Constitución” norteamericana, entendía que para la existencia de una democracia eran necesarias dos condiciones: la primera, la existencia de un gobierno capaz de gobernar; la segunda, la existencia de una sociedad capaz de controlar al gobierno. Si esto era cierto, es claro que en América Latina estas condiciones tardaron en establecerse, en particular la segunda.

144. “La élite civil se fijó en el Curso de Política de Constant por su utilidad a la hora de redactar las constituciones. De Bentham leyeron no tanto sus primeros escritos sino los que constituían una guía de legislación y jurisprudencia (los tratados sobre legislación civil y penal, sobre pruebas judiciales o sobre las leyes penales, y los ensayos sobre las tácticas políticas y los sofismas parlamentarios)” (Safford, 1991: 59).

145. El de Dorrego es un caso interesante, en parte por ser el revés de buena parte de los independentistas, pues su trayectoria política fue de regresiva a progresiva. En la década de 1810 este brillante militar, destacado por su indisciplina (tanta que le valió ser sancionado por el general San Martín cuando este se hizo cargo del Ejército del Norte en reemplazo de Manuel Belgrano, a quien Dorrego había faltado el respeto), fue un directorial que combatió a las fuerzas federales de Artigas y a las del gobernador de Santa Fe, Estanislao López. Luego se acercó al artiguismo, se opuso a las tendencias monárquicas y al connubio entre el Gobierno de Buenos Aires y la Corte portuguesa para que los ejércitos de João VI invadiesen la Banda Oriental. Es así como fue desterrado por decisión del director Juan Manuel de Pueyrredón. En su exilio en Estados Unidos afirmó sus posiciones republicanas y federales, lo cual no fue óbice para que, ya de regreso en Buenos Aires, y siendo gobernador de la provincia, combatiera a López, quien finalmente lo venció en Gamonal en 1820, batalla que Dorrego libró después de haber sido abandonado por Rosas. En 1823 se incorporó a la Legislatura de Buenos Aires, defendiendo a gauchos y pobres urbanos, y oponiéndose a la política del ministro Rivadavia. En las deliberaciones del Congreso Nacional Constituyente –que integró representando a la provincia de Santiago del Estero– se opuso al proyecto centralista y brilló por su defensa del derecho al sufragio de criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea. Murió fusilado por el general centralista Juan Galo de Lavalle en 1828, un hecho absurdo, vergonzoso e injustificado –sin eufemismos, un verdadero crimen político–, que abrió las puertas a una convulsión política, con guerra civil incluida, que se prolongó durante las décadas siguientes y facilitó el acceso de Rosas a la dictadura.

146. Recuérdese que Colombia fue federal bajo el predominio liberal, entre 1863 y 1886. La Regeneración conservadora reformó la Constitución en 1886, estableciendo el régimen centralista.

147. En ese sentido, ya existía el antecedente de los constituyentes norteamericanos reunidos en Filadelfia en 1787. Ellos prefirieron la república a la democracia, Roma a Atenas. La democracia tal como la concebían los atenienses incluía a los pobres, mientras en la concepción estadounidense ellos estaban excluidos. Como bien dice Wood, la definición norteamericana de democracia tenía como componente esencial la dilución del poder popular, toda vez que entendían la democracia ateniense como Gobierno de la turba y/o la tiranía de la mayoría. La república que pergeñaron tenía un régimen político que admitía los derechos de ciudadanía, pero en el cual el Gobierno era ejercido por la aristocracia. (Por cierto, no muy diferente de lo que sigue todavía vigente.) “La república estadounidense estableció firmemente una definición de democracia en la que la transferencia de poder a los ‘representantes del poder’ constituía no solo una concesión necesaria en cuanto al tamaño y la complejidad, sino más bien la esencia de la democracia misma”. Así, la “democracia representativa” constituye una forma de dominación en la cual el pueblo –el demos– no tiene el ejercicio del poder político, puesto que este le ha sido enajenado, transferido a otros, a los “representantes del poder” (Wood, 2000: 253).

148. “La evolución intelectual de Samper se ha interpretado a veces como un abandono del liberalismo, sobre todo por su acercamiento político con el Partido Independiente liderado por Rafael Núñez y su participación en la Asamblea Constitucional que promulgó la Carta de 1886 que selló la paz con los conservadores y devolvió poderes a la Iglesia Católica. Pero tanto en aquella Constitución como en su trabajo Derecho político interno de Colombia (1886) sobrevive un espíritu liberal que merecería un examen más detenido” (Posada Carbó, 2011: 167).

149. Las referencias de esta y las demás citas del pensamiento de Rosas pueden verse en Ansaldi (1981).

150. Sus clases tomaron forma de libro: Curso de Derecho Constitucional, una obra que constituye los tomos VII, VIII y IX de sus Obras Completas (1927). Para los puntos aquí señalados, véanse tomos VIII, pp. 10, 66, 101-113, 115, 119-121, 123, 127-128, 149, 170-171, 204-205 y IX, pp. 196-197 y 206-207.

151. Sintetizo aquí las proposiciones expuestas en Gargarella (2001). Todas las indicaciones de páginas remiten a este texto. Para un análisis más detenido, véase también Gargarella (2008).

152. Me ocupo de esta cuestión en “Ved en trono a la noble igualdad. Soñar con Rousseau en América Latina”, Avances del CESOR, nº 9, Rosario, en prensa.

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Recursos en red

Internet se ha convertido en un formidable instrumento de búsqueda y de acceso a una vastísima cantidad de información, documentación, datos, ensayos, estudios, artículos, diarios, revistas, libros, imágenes, publicaciones oficiales, comerciales, alternativas, etc. sobre América Latina. Si bien hay que tomar los mismos recaudos que con el material disponible en soporte papel, es factible acceder –y es conveniente hacerlo– a ese inconmensurable universo. Es aconsejable someter la información hallada mediante confrontación entre varias fuentes, dando prioridad a aquellos sitios que tienen mecanismos de control de la calidad de los contenidos. En ese sentido, la muy conocida Wikipedia –que es una excelente cantera de información– ha mejorado mucho los recaudos y advierte sobre la necesidad de chequear o confirmar las fuentes (referencias bibliográficas y/o documentales) o sobre el eventual carácter tendencioso que eventualmente puede contener el contenido de alguna entrada.

Listar aquí los sitios y páginas al respecto excedería largamente el espacio disponible. Para facilitar los primeros pasos exploratorios, sugerimos consultar, dentro de la página del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) el enlace interno “Enlaces sobre América Latina”, más específicamente: <http://iealc.sociales.uba.ar/enlaces-latinoamericanos/america-latina-en-la-web/>.

También puede consultarse la muy extensa lista preparada por el Centre de Recherche et de Documentation del Institute des Hautes Études de l’Amerique latine, de Paris: <http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique180>.