Ansaldi, Waldo

América Latina, la construcción del orden : de la colonia a la disolución de la dominación oligárquica / Waldo Ansaldi y Verónica Giordano. - 1a ed. - Buenos Aires : Ariel, 2012.

E-Book.

ISBN 978-987-1496-33-4

1. Historia Argentina. I. Giordano, Verónica

CDD 982

Diseño de cubierta: Gustavo Macri

© 2012, Waldo A. Ansaldi y Verónica Giordano

Todos los derechos reservados

© 2012, Editorial Paidós SAICF

Publicado bajo su sello Ariel®

Independencia 1682, Buenos Aires – Argentina

E-mail: difusion@areapaidos.com.ar

www.paidosargentina.com.ar

Digitalización: Proyecto451

Primera edición en formato digital: octubre de 2012

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ISBN edición digital (ePub): 978-987-1496-33-4

Waldo ansaldi

Verónica Giordano

AMÉRICA LATINA.

LA CONSTRUCCIÓN DEL ORDEN

DE LA COLONIA A LA DISOLUCIÓN. DE LA DOMINACIÓN OLIGÁRQUICA

¡Qué pena!

¡Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas

y siempre se repitieran

los mismos pueblos, las mismas ventas,

los mismos rebaños, las mismas recuas!

¡Qué pena si esta vida tuviera

–esta vida nuestra–

mil años de existencia!

¿Quién la haría hasta el fin llevadera?

¿Quién la soportaría toda sin protesta?

¿Quién lee diez siglos en la Historia y no la cierra

al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha?

Los mismos hombres, las mismas guerras,

los mismos tiranos, las mismas cadenas,

los mismos farsantes, las mismas sectas

¡y los mismos poetas!

¡Qué pena, que sea así todo siempre, siempre de la misma manera!

LEÓN FELIPE

Este libro está dedicado a quienes se atreven al cambio y lo celebran.

LOS AUTORES

Waldo Ansaldi

Es, formalmente, licenciado y doctor en historia por la Universidad Nacional de Córdoba (donde, además, comenzó su carrera docente), pero posee también una formación sociológica, de ahí su opción por la sociología histórica, desde la cual investiga cuestiones como mecanismos de dominación político-social, sistemas de partidos, ciudadanía y derechos humanos, dictaduras y democracias. Desde 1989 es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), actualmente en categoría Principal, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde fue también profesor titular concursado de Historia Social Latinoamericana y del Taller de Investigación de Sociología Histórica en la carrera de Sociología, de la cual fue director en el período 1992-1994. Fue secretario ejecutivo adjunto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) (1977-1988). Ha sido y es profesor de grado y/o posgrado en varias universidades del país y del exterior, profesor visitante en la Universidade de São Paulo (1989) e investigador visitante en la Universitat de Barcelona (1998 y 2001). Fue director de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina, Universidad Nacional de Santiago del Estero (1996-1999). Actualmente es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director del IEALC de la misma facultad. Sus últimos libros publicados son Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, 2004 (2ª ed., 2006); La democracia en América Latina, un barco a la deriva, 2007.

Verónica Giordano

Es licenciada en sociología, magíster en investigación en ciencias sociales y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), actualmente con categoría Adjunta, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, desde 2005. Comenzó su actividad docente en la cátedra de Historia Social Latinoamericana en 1993, de la cual es hoy ayudante primera concursada. Fue becaria categoría Iniciación de la Secretaría de Ciencia y Técnica (bienio 1998-2000) para la realización del proyecto “Corrupción y poder político en Argentina, 1886-1890”; y becaria categoría Doctorado de la misma institución (bienio 2000-2002) para la realización del proyecto “Cambio social y ciudadanía femenina en la coyuntura de 1930, perspectiva comparada de Argentina, Brasil y Uruguay”. Ha sido investigadora de todos los proyectos colectivos dirigidos por Waldo Ansaldi. Es profesora adjunta del Taller de Investigaciones en Sociología Histórica de América Latina, en la carrera de Sociología. Se ha desempeñado como profesora en cursos de posgrado en la UBA y en otras universidades del país. Ha publicado Corrupción y poder político en Argentina. 1890 cien años después, UDISHAL, Buenos Aires, 2003, libro electrónico disponible en línea: <www.catedras.fsoc.uba.ar>.

Ambos integran el Colectivo Editor de e-l@tina. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos, que se publica desde 2002, y juntos escribieron Historia de América Latina, una perspectiva sociológico-histórica 1880-2006, Madrid, Dastin, 2006.

ACERCA DE ESTE LIBRO

Este libro es el resultado de un largo tiempo de enseñanza e investigación sobre las sociedades latinoamericanas. En el verano de 1983-1984, tras la caída de la dictadura y comenzada la normalización de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Waldo Ansaldi se hizo cargo de la asignatura Historia Social Argentina y Latinoamericana, y en 1986, desdoblada en dos, quedó a cargo de Historia Social Latinoamericana. Desde el inicio de esta experiencia, el objetivo central fue constituir un grupo de latinoamericanistas. El cumplimiento del plan fue generando un conjunto de actividades que, hacia 1989-1990, llevaron a la constitución de la Unidad de Docencia e Investigaciones Sociohistóricas de América Latina (UDISHAL), un espacio de articulación de actividades de enseñanza y de investigación, generación de conocimiento científico y producción de material de difusión sobre las sociedades latinoamericanas. Institucionalmente, la UDISHAL es una estructura informal que funciona dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. A lo largo de poco más de veinticinco años, se ha constituido un sólido núcleo de sociólogas/os e historiadoras/es que ha hecho de América Latina su objeto de estudio y ha generado una interesante masa crítica de conocimiento sobre ella.

Así, el libro es el resultado de los recorridos intelectuales individuales de sus autores, pero también de la experiencia colectiva de la que fueron y son parte. Es, entonces, para decirlo una vez más, un fruto maduro de ese trabajo.

América Latina. La construcción del orden fue concebido como un texto para enseñanza-aprendizaje de cuestiones de historia, política y sociedad de nuestra región. En él, hemos procurado apelar a los aportes más recientes, en particular cuando ellos son innovadores, y dar preferencia a los aportes latinoamericanos, muchas veces con menos visibilización y accesibilidad global que los de afuera de la región, pero elaborados desde una perspectiva que aúna la indagatoria científica con el compromiso del investigador con una pregunta sobre el (su) espacio y presente. Claro está, es una opción teórico-metodológica. No somos pocos quienes consideramos que los últimos veinticinco-treinta años del siglo XX generaron
–amén de interesantes y estimulantes perspectivas analíticas y temáticas– macizas tendencias regresivas en el campo de la historiografía. Sintomáticamente, hay campos historiográficos nacionales en los cuales esas tendencias (una serie de abandonos: de la concepción de la historia como ciencia social; de los análisis macro; de la teoría y los conceptos, por lo tanto, de la explicación, entre otros) han primado sobre las positivas. Hay modas que se han difundido tan veloz como acríticamente, ratificando con harta evidencia empírica la proposición del historiador británico Alan Knight: “La moda es una pobre guía hacia la verdad”. Así, retomamos textos que fueron claves en nuestra formación y luego en la tarea de difusores-creadores de conocimiento. Ese proceso acumulativo está puesto a disposición en este libro.

Como algunos vinos, este libro es un ensamble. Es el resultado de una compleja operación de mezclar diferentes textos propios, escritos en diferentes momentos, sea en forma individual por cada uno de los autores, sea conjuntamente. Buena parte del contenido de la obra es producto de nuestros proyectos de investigación, particularmente los dedicados a dominación oligárquica, construcción de ciudadanía, condiciones sociohistóricas de las dictaduras y las democracias, la década de 1930 (1). La práctica docente, adicionalmente, ha generado un plus valioso: el de la interacción con los estudiantes, sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos… Somos deudores de los miles de estudiantes que hemos tenido en nuestro quehacer educativo. Asimismo, la práctica de investigación y de docencia nos ha dado otro plus aún más valioso: el trabajo en equipo.

De la experiencia colectiva de la que, como se ha dicho, este libro es resultado, formaron parte personas que tomaron rumbos distintos, académicos y en algunos casos incluso geográficos: Karina Ansolabehere, Melchor Armesto, Víctor Armony, Guillermo Barclay Arce, Martín Bergel, Verónica Beyreuther, Celina Bonini, María Caldelari, Lucía Celia, Nora Charlin, Marina Chiaramonte, Karina Crivelli, Daniel Ingrasia, Tulia Falleti, Verónica Fernández, Fabricio Franco, Patricia Funes (primero como Jefa de Trabajos Prácticos, luego como Profesora Asociada), Alejandro Lodi, Mariana Luzzi, Ana Manchón, Moira Mackinnon, Hernán Pruden, Franco Quinziano, María Ester Rapallo, Nelly Schmalko, Fabián Sislian, Alicia Tecuanhuey Sandoval, Bibiana Tonnelier, Anahí Walton, Irene Widuczynski, Rafael Zavaro, y otras que ya no están en este mundo (Héctor Bruno, Marcela Tamborenea) y, muy especialmente, quienes nos acompañan hoy y desde hace ya varios años: Mónica Alabart, Roberto Aruj, Mara Burkart, María Soledad Catoggio, Sergio Fiscella, Mariano Martínez de Ibarreta, Inés Nercesian, Gabriela Fernanda Rodríguez, Mario Petrone (primero como jefe de trabajos prácticos, luego como Profesor Adjunto), Julieta Carla Rostica, Mariano Salzman, Lorena Soler (2).

Libro de síntesis que, en la medida en que es imposible abarcar la totalidad del proceso estudiado, selecciona problemas y contenidos, y hace explícitos los conceptos, definiéndolos, explicándolos y mostrándolos en acción. Así, mucho es lo que ha quedado fuera de consideración, aun cuando hemos apelado, incluso en demasía, a notas aclaratorias a pie de página.

Este libro no persigue reconstruir, ni siquiera a grandes trazos, la historia de América Latina desde las independencias hasta hoy, sino solo dar cuenta de la compleja trama del proceso de construcción del orden a partir del conflicto.

El libro se inicia con una introducción de carácter teórico-metodológico que hace explícito desde qué perspectiva disciplinaria fue escrito. Comienza con unas breves disquisiciones sobre América Latina qua objeto de estudio, reivindicando la pertinencia conceptual y político-cultural de la expresión “América Latina”. Luego consideramos el concepto vertebral: el orden, y los que están inescindiblemente relacionados con él: poder, explotación, dominación. Ofrecemos una somera ilustración de qué es la sociología histórica y finalmente presentamos los ejes del libro: a partir de la ruptura del nexo colonial se iniciaron tres procesos, el de la formación del Estado, el de la creación de la nación y el de la constitución de las condiciones que hicieron posible la inserción de nuestras economías en la economía-mundo. Los tres deben aprehenderse como partes de un cuarto proceso, englobante, el del pasaje de la sociedad cerrada del orden colonial a la sociedad de clases del capitalismo dependiente. Estos ejes atraviesan los cinco problemas que tomamos para dar cuenta del proceso de cambio social y político que va desde fines del siglo XVIII hasta hoy, analizados en los capítulos 3 a 7, que son el núcleo duro del libro.

Los capítulos 1 y 2 fungen de introducción al tema específico del libro, ofreciendo algunas referencias clave para entender la lógica de nuestro argumento acerca de la construcción del orden. En el capítulo 1, “Algunas claves para definir las coordenadas de espacio, tiempo y realidad social”, en breve, se despliega una idea rectora: América Latina es una construcción histórica que se constituye desde su origen como unidad estructuralmente desigual y diversa.

El capítulo 2, La dominación colonial: las bases de largas líneas de continuidades y rupturas, parte de la idea de que así como las rupturas nunca son una exacta tabula rasa del pasado, las continuidades no están exentas de algunos cambios. Unas y otros son siempre resultado de procesos en los cuales se enfrentan fuerzas, ideas, opciones antagónicas, procesos que constituyen el “coeficiente histórico” (al cual se alude en la introducción) que posibilita el predominio de las líneas de continuidad o bien las de cambio.

Con el capítulo 3, “La disolución del orden colonial y la construcción del primer orden independiente”, comienza el tratamiento específico de nuestro objeto. Es un texto largo, por cierto. Decidimos mantener la inusual extensión a fin de no fracturar la presentación y la argumentación del núcleo duro de las cuestiones que engloba el proceso de construcción del orden. Son cuestiones que aparecieron con la ruptura del nexo colonial y están todavía hoy –con sus continuidades y sus rupturas– presentes en las agendas de los pueblos y los gobiernos de América Latina. Los conceptos presentados en este capítulo –revolución, Estado, clases sociales– deben ser tenidos en cuenta para la lectura de los siguientes. Allí exponemos las razones que, a nuestro juicio, explican los alcances y los límites del proceso macrosocial modelador de sociedades económicamente dependientes y políticamente organizadas bajo formas oligárquicas, si bien no en todos los países. Allí se encuentran, entonces, claves explicativas de los procesos históricos posteriores.

Justamente, el capítulo 4, “El orden en sociedades de dominación oligárquica”, con el cual se cierra el tomo 1, analiza la primera forma de dominación poscolonial estable –un orden no exento de conflictos, obviamente–, basada en redes de familias poderosas y prácticas excluyentes, social y políticamente, de las clases populares. Cuestionamos el uso del término “oligarquía” como denominación de una clase y, en cambio, rescatando y desarrollando la acepción originaria, tratamos de mostrar cómo fue esta peculiar forma de ejercicio de la dominación social y política de clase, que, sin dejar de tener un núcleo duro común, no se ejerció de igual manera en los distintos países ni se disolvió de modo igual.

Los tres capítulos siguientes y el epílogo conforman el tomo 2 del libro. El 5, “El orden en sociedades de masas”, aborda un período histórico caracterizado por la irrupción, a menudo desordenada, de las clases populares en la política institucional. “Las masas” es una expresión genérica, meramente descriptiva de un proceso, generalizado en América Latina, que aunó migraciones internas (de los campos a las ciudades), urbanización acelerada y desordenada, incremento del trabajo asalariado y, dentro de él, de los trabajadores industriales (pero solo en algunos países, aquellos que habían comenzado un cierto grado de industrialización sustitutiva antes de la crisis capitalista de 1929), movilidad social ascendente, entre otras notas características. Acompañando o empujando tal proceso, se destacó el papel del Estado (en algunos casos deviniendo nacional) tanto en la economía como en la política, y también se destacó el peso de las medidas redistributivas. “Las masas” es otra de las expresiones que debe historizarse, es decir, dotarse de contenido de clase. Las de los años 1920, 1930 y siguientes no eran las mismas que las de los años de la ruptura del nexo colonial. Ahora se trataba de campesinos que dejaban de serlo para convertirse en trabajadores agrícolas, en peones urbanos y, en menos casos, en proletarios o “soldados” de un incipiente ejército industrial de reserva; de obreros industriales que trabajaban en una amplia gama que iba de talleres artesanales a verdaderas grandes fábricas; de sectores de clase media, sobre todo los más bajos… Fueron esos los años de una singular experiencia: la del populismo, objeto de tantas controversias.

El capítulo 6, “El orden en sociedades de violencia”, analiza un período de las sociedades latinoamericanas en el cual la lógica de la guerra –es decir, la resolución de los conflictos por las armas– desplazó casi por completo a la lógica de la política. Período que muchos asocian con la violencia revolucionaria, dejando de lado el más brutal y sistemático ejercicio de la acción armada por parte de las clases dominantes y, frecuentemente, incluso por el Estado, con su forma paroxística, el Estado Terrorista de Seguridad Nacional. En la medida en que están estructuradas por relaciones de explotación y de dominación, todas las sociedades tienen un importante componente de violencia. Lo que ha llevado a denominarlas así, para analizar un período de la historia que se extiende más o menos entre comienzos de los años sesenta y fines de los años ochenta, es que entonces la violencia era ejercida de manera sistemática a efectos de construir un orden programáticamente dictatorial y excluyente, para decirlo como lo diría Norbert Lechner. La violencia puede ser objeto de juicios de valor, de juicios morales, pero para los científicos sociales se trata de construir juicios de hecho, es decir, explicaciones –aplicación de la teoría sobre hechos y procesos verificados y verificables históricamente– que permitan comprender el por qué de la apelación a la forma más visible, pero no única, de la violencia en una sociedad, la de la política armada.

En cuanto al capítulo 7, “El orden en sociedades en proceso de reestructuración”, se trata de un análisis de sociología histórica del tiempo presente. Es un período todavía en curso, un proceso de notables reestructuraciones. Son los años de las transiciones de las dictaduras a las democracias, la consolidación de democracias formales, la licuación del ciudadano, la búsqueda de democracias radicalizadas (es decir, con mayor participación ciudadana en la toma de decisiones), y una incipiente (al terminar la primera y comenzar la segunda década del siglo XXI) repolitización, sobre todo juvenil (notoria en Argentina y Chile), como también un retorno del Estado al primer plano (para usar la feliz expresión acuñada por Theda Skocpol), indisociable de las acciones para superar, o tan solo morigerar, los perversos efectos de las políticas del Consenso de Washington y su patrón de acumulación (el de la valorización financiera) –desindustrialización; redistribución negativa de los ingresos; incremento de la pobreza, la indigencia y la desigualdad; fragmentación social; pérdidas de derechos fundamentales, entre otros–, pero también del esfuerzo por una integración latinoamericana, sobre todo en el sur del continente, en pos de la constitución de un gran bloque de naciones para posicionarse mejor en un mundo multipolar.

En todos los capítulos hay una presentación del objeto en términos conceptuales, una lectura del proceso en cuestión desde el punto de vista de las fuentes ideológicas (de ideas) que lo nutren, una mirada desde la acción colectiva de los sujetos que hacen a la constitución del Estado y la Nación en cada momento o período, señalando las posibilidades en juego y para ello los conflictos. Cada capítulo se cierra con una sección dedicada a las relaciones de América Latina con Estados Unidos, indefectiblemente atravesadas por la situación de dependencia. La región es presentada como unidad y como diversidad, alentando, a veces más, a veces menos explícitamente, la comparación entre países. En todos, ofrecemos un análisis conceptual y empírico, procurando romper con la práctica frecuente de ofrecer, inescindidos, teoría por un lado y evidencia por el otro.

El libro se cierra con un epílogo, “La conformación de la matriz institucional del orden vigente. Una mirada de larga duración”. Allí se plantea la hipótesis de la construcción de una matriz institucional a partir de la ruptura del nexo colonial, complementaria de la hipótesis de las matrices sociales constituidas durante la dominación colonial expuestas en el capítulo 2, matriz que todavía hoy sustenta en buena medida el orden vigente. Se argumenta que el proceso histórico de construcción del orden poscolonial comenzó con una invocación discursiva de algunos de esos conceptos y principios –revolución, democracia, libertad, igualdad, ciudadanía, derechos del hombre–, negándolos en la práctica, es decir, una disociación entre la premisa y la consecuencia. Esos conceptos fueron parte central del discurso independentista, y en las últimas décadas del siglo XX –prolongándose hasta hoy– reaparecieron, resignificados y con una fuerte carga política, a veces incluso emotiva, en los procesos de resistencias a las dictaduras de los Estados Terroristas de Seguridad Nacional y los procesos de transición a la democracia política.

Finalmente, cada tomo se cierra con una bibliografía, reducida a la citada a lo largo de los respectivos capítulos. Es que, por razones de espacio debimos dejar de lado la intención original de ofrecer una muy amplia que oficiara de valioso instrumento auxiliar para quienes tengan interés en profundizar y continuar indagando el conocimiento de Nuestra América.

En cuanto a las periodizaciones, las líneas históricas, las cronologías…, este es un libro de sociología histórica y, en calidad de tal, estudia primordialmente problemas a partir de su conceptualización. Los rangos temporales que cubren cada uno de los capítulos están dados, entonces, por el concepto y la definición que damos de él, mucho más que por periodizaciones instaladas en los discursos historiográficos y sociológicos sobre América Latina y sobre la historia del mundo en general. Las décadas de 1900, 1920, 1950 y 1970 están tan a la vista como los años de las crisis de 1890, 1930, 1960, 1980. Los países tratados en cada uno de los capítulos también responden a la misma lógica de estructuración de la argumentación y de la interpretación en base a cuestiones y problemas, más que a secuencias temporales-nacionales. Algunos países son tratados deliberadamente en grandes comparaciones, otros son abordados desde su carácter singular, otros simplemente están ausentes. Algunos procesos nacionales son tratados con más extensión que otros, habida cuenta de su impacto en relación con las cuestiones que queremos resaltar en nuestra argumentación.

El título original de nuestro libro –cambiado luego por razones editoriales– era América Latina. La conflictiva construcción del orden y estaba explícitamente inspirado en el de uno de los de Norbert Lechner, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Pero Norbert no solo inspiró el título, sino también el eje de nuestra reflexión. En la conversación entre Lechner y Tomás Moulian que sirve de introducción al libro del primero (Lechner, 1984: 11-26), ambos coincidían en la generalizada identificación del orden como tema del pensamiento conservador, de las derechas, ajeno al pensamiento crítico, y en particular al materialismo histórico, más preocupado por el cambio, por la revolución. Pero esa connotación –y por ella–, apuntamos, no implica negar la importancia crucial de la reflexión sobre el orden, que es siempre el instituido pero también el orden deseado (otro orden, alternativo, superador), es decir, la utopía (Lechner destaca que no se pueden pensar el orden y la política sin referencia a la utopía). Al partir de una aseveración explícita –el orden es un proceso conflictivo–, la argumentación de Lechner ofrece ricos matices para explicar la inacabada construcción del orden.

Para el pensamiento conservador, el orden es algo dado, natural, creación de la Providencia. Para el pensamiento crítico, el orden es una “construcción histórica, colectiva, política y conflictiva”. Si el orden no es concebido como acción colectiva, la cual conlleva consensos y disensos, “la diversidad social no logra ser asumida como pluralidad, sino que es vivida como una desintegración cada vez más insoportable”, esto es, como pérdida de certidumbre y amenaza a la propia identidad. De allí el “deseo de orden” como conjuro a la “amenaza de caos” (Lechner, 1988: 100).

Las sociedades latinoamericanas se construyeron, a lo largo de la dominación colonial (en particular desde el reinado de Felipe II), como un orden orgánico, jerárquicamente estructurado, intolerante, autoritario hasta el despotismo. Esa matriz generó autoritarismos y dictaduras de distinto tenor que en los siglos XIX y XX definieron buena parte de los regímenes políticos de la región.

Last but not least, agradecemos muy cálidamente a Valentina Ansaldi por su trabajo de fichado de algunos textos y, en particular, los agudos comentarios y observaciones realizados al capítulo 2 por Silvia Palomeque, de la Universidad Nacional de Córdoba, una excelente conocedora de la América Latina colonial; al capítulo 6 por María Soledad Catoggio, Inés Nercesian y Lorena Soler, y al capítulo 4 por Mario Petrone. Ellos nos han permitido expresar mejor nuestra argumentación.

Buenos Aires, primavera de 2011

1. Más específicamente, el proyecto individual “Oligarcas, coroneles y gamonales. Los mecanismos de la dominación político-social oligárquica en América Latina”, desarrollado por Waldo Ansaldi en 1991-1993, y los proyectos colectivos “Nación, ciudadanía y derechos humanos en los países del Mercosur; Los sonidos del silencio. Dictaduras y resistencias en América Latina, 1954-1989” y “Condiciones sociohistóricas de la democracia y la dictadura en América Latina, 1954-2010”, dirigidos por Waldo Ansaldi y subsidiados (los tres últimos) por las programaciones científicas de la UBA correspondientes a los períodos 2001-2003, 2004-2007 y 2008-2010, respectivamente. También hemos aprovechado los primeros resultados de otra investigación colectiva aún en curso, “Condiciones sociohistóricas de la violencia política en América Latina, 1954-1989”, bajo la misma dirección y subsidiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en realización durante el trienio 2010-2012.

2. En el equipo actual, Mónica Alabart y Mario Petrone son historiadores; los demás, sociólogas y sociólogos.

INTRODUCCIÓN

Unidad y diversidad

Dentro de América, la América latina ha suscitado imágenes variadas: el “continente del futuro”, para Georg Hegel; no descubierto sino “inventado”, según Edmundo O’Gorman; y cuya historia no es “sino una crónica de lo real-maravilloso”, Alejo Carpentier dixit. América Latina es ese “Extremo Occidente”, según la expresión de Alain Rouquié, que Fernand Braudel percibió “como un continente inmenso”, cuyos “habitantes se mueven en una sede humana inmensamente vasta”, toda vez que “el espacio es desmesurado y emborracha a los hombres”. Estas son unas pocas entre muchas.

Por su parte, el colombiano Gabriel García Márquez tildó de “aventura de la imaginación” a la rigurosa crónica de América del Sur escrita por el florentino Antonio Pigafetta, de la expedición de Fernão de Magalhães y Sebastián Elcano que en 1522 dio la primera vuelta al mundo. Lo hizo en el primer párrafo de las cuatro bellas páginas de “La soledad de América Latina”, el discurso con el cual el autor agradeció, en la Academia Sueca de Letras, el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura 1992. Allí señaló también que independizarnos “del dominio español no nos puso a salvo de la demencia”, como lo prueban tres casos escogidos para ilustrar al respecto: 1) la sepultura, “con funerales magníficos”, de la pierna derecha del general mexicano Antonio López de Santa Anna, tres veces dictador de su país, amputada en la Guerra de los Pasteles; 2) el velatorio de Gabriel García Moreno, el teocrático dictador ecuatoriano, cuyo cadáver fue vestido para la ceremonia fúnebre con uniforme de gala y coraza de condecoraciones y sentado en la silla presidencial; 3) los “inventos” del general Maximiliano Hernández Martínez, el dictador salvadoreño responsable de la feroz masacre campesina de su país: uno, un péndulo para detectar el eventual envenenamiento de los alimentos que ingería; el otro, el cubrimiento del alumbrado público con papel rojo para terminar con una epidemia de escarlatina. García Márquez añadía: “La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa. […] Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad”.

En las décadas finales del siglo XX, no fueron pocos los estudiosos que pusieron en duda y hasta rechazaron que existiese algo llamado “América Latina”. La impugnación no era, como en otros casos, a la denominación y, en definitiva, a la identidad –a lo cual nos referiremos en el capítulo 1–, sino a su sustancia misma como realidad y como objeto de conocimiento.

Con todo, la pregunta sobre la existencia de América Latina no era novedosa. Sin entrar en una genealogía de la cuestión, ya había sido planteada, por ejemplo, por el destacado intelectual y político peruano Luis Alberto Sánchez, una de las figuras históricas del aprismo, quien en 1945 publicó su libro ¿Existe América Latina? Por ese entonces, la pregunta misma podía ser considerada un disparate, pero también dejaba espacio para la duda. A diferencia de algunos cuestionadores recientes, Sánchez respondía afirmativamente a la pregunta, sosteniendo que las discrepancias entre los distintos países no solo no constituían obstáculos para la unidad, sino que debían contribuir a fortalecerla, a despecho, incluso, de los intereses extranjeros en pugna por establecer su propia supremacía.

Poco después, en 1948, el político y ensayista argentino Jorge Abelardo Ramos publicó América Latina: un país, libro que, pese a su título, es más bien una historia política de Argentina, a la cual consideraba, por un lado, una semicolonia del Reino Unido y, por otro, una provincia de la balcanizada América Latina. De hecho, Luis Alberto Sánchez y Jorge Abelardo Ramos –al margen de sus profundas diferencias– de algún modo se sumaban al amplio número de intelectuales que en las dos primeras décadas del siglo XX propugnaron, desde distintas perspectivas teóricas y/o filosóficas, la unidad continental.

De los autores de comienzos del siglo XX, el argentino Manuel Ugarte enfatizaba tres componentes que, a su juicio, eran favorables a la unidad latinoamericana: el peso del pasado común, la identidad de la gesta independentista y la “latinidad”. Estos componentes hacían que las diferencias existentes entre las dos repúblicas latinoamericanas más opuestas entre sí fueran menores que las existentes entre dos provincias españolas o austríacas. La oposición generada por los mezquinos y provincianos intereses de las oligarquías locales bien podía sortearse con la conjunción de factores materiales u objetivos (medios de comunicación: telégrafos, ferrocarriles) y subjetivos (voluntad social superadora de aquella mezquindad oligárquica).

Más tarde, se sumarían otros, como el chileno Oscar Waiss (que bregaba por una Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina) y el uruguayo Methol Ferré, para citar tan solo dos de los tantos nombres. Y luego habría nuevas contribuciones, desde una perspectiva militante, como la del ya citado Jorge Abelardo Ramos y su Historia de la nación latinoamericana (1968), libro que concluye con una fortísima oposición al cubanismo y a la lucha armada como estrategia revolucionaria. En esta línea de escritura militante, aunque con otro signo, también destaca el libro del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (1971).

Entre las impugnaciones de las décadas finales del siglo XX, algunas apuntaban, como se ha señalado antes, a la sustancia misma: no puede hablarse de América Latina como una unidad por la diversidad y la heterogeneidad de los países que la componen, enfatizándose con esto la incidencia de las diferencias económicas, sociales, políticas, étnicas y culturales. Así, la heterogeneidad estructural de la región fue esgrimida como paradigma emblemático de la dificultad, si no imposibilidad, de considerar a América Latina como una unidad de análisis válida.

Los argumentos negativos se reforzaban con la proliferación de estudios cada vez más especializados, los cuales gozaban de buena reputación por ser una reacción a las síntesis generalizadoras de las décadas previas. Sin embargo, estos estudios pronto pusieron en evidencia los límites de los particularismos, haciéndose nuevamente necesario volver al encuentro de las regularidades causales y de las escalas continentales.

Como resultado de esas posturas, han aparecido libros sobre América Latina que son, en rigor, una suma de historias nacionales como el de Thomas Skidmore y Peter Smith (1996), o una mezcla de historias nacionales (o de un grupo de países considerados en conjunto por afinidades geográficas) con historias de cuestiones específicas consideradas a escala de toda la región como la obra colectiva coordinada por Leslie Bethell (1990-2002).

No obstante, las visiones de conjunto –entre las cuales se mantiene gallardamente la clásica Historia contemporánea de América Latina, de Tulio Halperin Donghi, cuya primera edición data de 1969– no han desaparecido. Entre las más recientes, la de Joan del Alcàzar, Nuria Tabanera, Joseph Santacreu y Antoni Marimon (2003), dedicada a toda América, es una combinación de dos perspectivas, temática, una, narrativa, la otra, reforzada por un abordaje que puede considerarse tributario de la historia-problema –l’histoire-problème–, tan cara a Lucien Febvre. A su vez, la de Marisa Gallego, Teresa Eggers-Brass y Fernanda Gil Lozano (2006) se sitúa en un terreno próximo, ofreciendo un relato de los procesos latinoamericanos y una reflexión sintética sobre estos. Estos dos libros se inscriben, pese a sus diferencias, en el rescate de la perspectiva holística y el abordaje de problemas considerados relevantes para una mejor comprensión de la dialéctica presente-pasado, pasado-presente. También puede encontrarse una reseña de la historia de América en el libro de Carlos Malamud (2005).

En esa misma línea, se encuentra el texto de José del Pozo (2002), una apretada síntesis que comprende el período 1825-2001. El autor presta atención a los procesos y a las tendencias, sin dejar de observar los hechos puntuales, y enfatiza el desarrollo político para dar cuenta de un problema central: la fragilidad de la democracia. Así, aborda distintas cuestiones desde una perspectiva global –América Latina como un todo– y se detiene en casos nacionales solo cuando analiza la vida política.

A su vez, Mario Toer (2006) ofrece un “recorrido a grandes pasos” de la historia de la región desde Moctezuma hasta Chávez, centrada –pese a su título– en el siglo XX y con el declarado objetivo de servir de instrumento para comprender la política latinoamericana contemporánea, un objetivo que, según su práctica docente universitaria, no es fácil de alcanzar plenamente en razón de las considerables limitaciones en el conocimiento de la historia. El autor busca en el pasado acontecimientos relevantes devenidos claves explicativas de la política de nuestros días.

Párrafo aparte merece la Historia General de América Latina realizada por la UNESCO, obra colectiva impulsada por un Comité Científico Internacional presidido por Germán Carrera Damas. Fue concebida como una historia de las sociedades, procurando superar –como recuerda el historiador venezolano en la introducción general– “la visión criolla, esencialmente eurocéntrica, de la historia de América Latina”, superación que implica “rescatar la perspectiva histórica del largo período americano representado por las sociedades aborígenes” y “situar a las sociedades implantadas en una relación de interacción múltiple con los factores y procesos que a lo largo de medio milenio han condicionado su formación”. También aquí América Latina es rescatada como totalidad y como unidad de análisis, y su historia es estudiada atendiendo a cuestiones claves.

En nuestro caso, asumimos, para decirlo con palabras de Carrera Damas (1999: 163), “la perspectiva de una totalidad latinoamericana hecha de unidad y diversidad, pero en la cual la unidad no debe ser un a priori ni la diversidad una causa de desconcierto”. Nos reivindicamos como latinoamericanos y latinoamericanistas, estudiosos que toman a América Latina como objeto de investigación (3).

Defendemos la necesidad de contar con grandes síntesis explicativas, asumiendo todos los riesgos que, sin duda, tienen las generalizaciones. Asumimos, también, que para hacer esas grandes síntesis se necesitan estudios particulares, pero estudios particulares –sean de “historia local”, “historia regional”, “historia popular”, “historia de género”, entre tantas de la fragmentación disciplinaria– que no sean concebidos aisladamente sino, como dice Alan Knight (1998), “teniendo la perspectiva completa del cuadro”. No ignoramos las dificultades de una opción de esta índole, pero nos afirmamos en la postura de asumir la doble tensión, ineludible, entre teoría –una abstracción– y evidencia histórica –verificación empírica mediante–, entre la generalización a escala regional (necesidad de la teoría) y la observación de las situaciones particulares.

Dicho explícitamente: defendemos la posición de pensar, comprender y explicar América Latina como una totalidad. Pero totalidad no es igual a homogeneidad ni a generalización abusiva. Creemos, como afirmó alguna vez el argentino Sergio Bagú, que América Latina es una realidad compuesta de muchas diversidades. Esas diversidades, añadimos, deben ser, justamente, explicadas a partir de grandes problemas que las engloben, devolviendo la diversidad a la unidad.

Así, acordamos con Marcos Roitman Rosenmann (2008: 137-138), para quien de las “múltiples realidades” de América Latina emerge un “cuadro complejo”. El autor chileno apela a una metáfora muy gráfica: la del mural pintado por Diego Rivera en la Casa Presidencial en la capital mexicana: es “una obra de conjunto, pero al mismo tiempo son piezas de un rompecabezas”.

Asimismo, acordamos con Lucien Febvre, quien enfatizaba la necesidad de recuperar la teoría y los conceptos en los análisis históricos, para dar carácter científico a esos análisis. Es que, “sin teoría previa, sin teoría preconcebida no hay trabajo científico posible. La teoría, construcción del espíritu que responde a nuestra necesidad de comprender, es la experiencia misma de la ciencia. Toda teoría está fundada, naturalmente, en el postulado de que la naturaleza es explicable. Y el hombre, objeto de la historia, forma parte de la naturaleza. El hombre es para la historia lo que la roca para el mineralogista, el animal para el biólogo, las estrellas para el astrofísico: algo que hay que explicar. Que hay que entender. Y, por lo tanto, que hay que pensar. Un historiador que rehúsa pensar el hecho humano, un historiador que profesa la sumisión pura y simple a los hechos, como si los hechos no estuvieran fabricados por él, como si no hubieran sido elegidos por él, previamente, en todos los sentidos de la palabra ‘escoger’ (y los hechos no pueden no ser escogidos por él) es un ayudante técnico. Que puede ser excelente. Pero no es un historiador” (Febvre, 1992: 179-180). Tan categórica posición fue publicada en 1946, lo que da una medida del retroceso de muchos de los estudios históricos recientes.

Más próximos a nosotros en el tiempo, Knight (1998) ha sumado su voz de protesta contra la huida de los historiadores de la teoría y de la comparación. A su juicio, “algunas extinciones fueron discutiblemente prematuras”, como en los casos explícitamente señalados de la “teoría de la dependencia” y el “estructuralismo marxista”. Knight arremete también contra lo que nosotros denominamos el autismo de los historiadores. El párrafo final de su balance de la historiografía latinoamericana es contundente: “El volumen y la experiencia crecientes con frecuencia han sido acompañados por una excesiva delimitación e introspección; los historiadores han tendido a volverse sobre sí mismos, a vanagloriarse de su propio profesionalismo limitado, y han cedido el campo más amplio del comentario y la comparación a los científicos sociales no historiadores. La historiografía, por lo tanto, ha sufrido de una cierta constricción intelectual; y, quizá de manera más importante, las ciencias sociales se han desprendido de sus anclas históricas. Sin embargo, en un tiempo de flujo social, político y económico como este, las anclas históricas son cruciales, no para inhibir el avance, sino para salvar las tormentas y evitar un fracaso espectacular”.

La nuestra es una trilla tributaria de la que –en el plano académico de las ciencias sociales– comenzó a gestarse a mediados del siglo XX. Tres organizaciones internacionales desempeñaron un papel rector en ese proceso, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), creados en 1948, 1957 y 1967, respectivamente. Sobre ello hay ya una importante acumulación de bibliografía.

Una de las notas distintivas de las ciencias sociales latinoamericanas durante las décadas de 1950 a 1980 fue su especial interacción con el pasado y con el presente. Bien lo expresó Jorge Graciarena, en un texto de 1977, cuando sostuvo que el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina ha arribado a “síntesis nunca del todo concluyentes, muchas veces distintas y contradictorias, pero siempre aferradas a una reiterada preocupación por la marcha de la historia, por las perplejidades de la coyuntura y no menos por las angustiosas anticipaciones del futuro” (apud Ansaldi, con la colaboración de Calderón, 1991: 13).

Otro rasgo original fue, además de analizar los diferentes procesos (sociales, económicos, políticos) de la región desde una perspectiva histórica –lo que, de hecho, llevó a formas de hibridación de disciplinas, aun cuando no fueran explícitamente planteadas como tales–, la construcción de explicaciones a partir de corrientes teóricas diversas. Ello fue más evidente en los análisis de la CEPAL, en particular en la teoría del desarrollo, donde no fue extraño encontrar aportes simultáneos, aunque no integrados, provenientes de las teorías clásica, marxista, keynesiana e incluso marginalista. Se trató de una verdadera ruptura con el pensamiento ortodoxo, en un momento en que este era prevaleciente en el mundo académico occidental.

El economista brasileño Celso Furtado –uno de los grandes nombres de ese proceso– señalaba en 1976 que, en el terreno del pensamiento económico latinoamericano, el parteaguas con el paradigma neoclásico consistió en enfatizar la idea de transformación y “orientar el aparato cognoscitivo hacia los elementos estructurales que ofrecen más resistencia a la transformación”. Así, el énfasis se desplazó hacia el análisis de las estructuras sociales, sin abandonar el de las estructuras económicas. Ese enfoque, añadía Furtado, condujo “al trabajo interdisciplinario, rompiendo las barreras entre lo económico, lo social, lo político. No es de sorprender, por lo tanto, que a los primeros trabajos teóricos de los economistas hayan seguido importantes contribuciones de sociólogos y científicos políticos”. Más aún: “[a]l poner en primer plano la idea de transformación y de resistencia a la transformación, el pensamiento estructuralista latinoamericano se aproxima a una visión dialéctica del proceso social, en contraste con la visión funcionalista neoclásica y el ahistoricismo del pensamiento estructuralista europeo contemporáneo. A los latinoamericanos, las estructuras no les interesan como conjuntos de invariantes o como base para establecer una síntesis de la realidad social. Las estructuras son observadas principalmente como expresión de la resistencia que ofrecen agentes sociales a los procesos de cambios que se tienen en vista” (Furtado, 1980: 524-525; itálicas nuestras).

Cuando todavía no era común hacer referencia a la hibridación de disciplinas o a la sociología histórica, el pensamiento científico-social latinoamericano ya afirmaba posiciones que luego serían distintivas de una y otra. Era, también, una actitud liberadora de la práctica intelectual que Sergio Bagú (1970: 1) consideraba tributaria de las ideas de los colonizadores: la mera traducción. Frente a ella reivindicaba el esfuerzo de los intelectuales de la región “por crear teoría a partir de la realidad” por ellos vivida. Muy agudamente, sostuvo: “[c]uando esto ocurre, estamos en presencia de un síntoma elocuente de madurez intelectual y de autonomía cultural” (Bagú, 1975: 316).

Por su parte, José Luis Romero (1982: 86) señaló en su momento: “[s]i algo está claro en el campo de los estudios latinoamericanos es que carecemos de un sistema de conceptuación apto para plantear rigurosamente los problemas que deben ser sometidos al análisis histórico. Enfrentados con una vasta realidad, compleja y difusa nos hallamos desprovistos de claves para introducirnos en ella y comenzar a desbrozarla hasta lograr una claridad suficiente como para estar seguros de que lo que sometemos a examen son campos homogéneos, fenómenos comparables, situaciones verdaderamente significativas. La historia latinoamericana espera un riguroso planteo de su problemática general, por encima de su problemática nacional o regional, pero sin desprenderse de estas”.

Traemos a colación, aunque brevemente, estas reflexiones sobre algunos de los rasgos distintivos de las ciencias sociales latinoamericanas para señalar que nuestras preocupaciones se filian en una rica y fructífera tradición –interrumpida por una nueva ola de colonización intelectual y traducción sofocante–, a cuya recuperación y renovación queremos contribuir. En este sentido, reivindicamos, con Bagú (1970: 1), “la conquista del derecho a la propia opinión, respetuosa de los antecedentes pero liberada de toda reverencia inhibitoria”.

A propósito de esta cuestión, sostenemos que para aprehender a América Latina es necesario hacer una cuidadosa elección de los instrumentos teóricos metodológicos a utilizar. Puede plantearse en términos polares como los siguientes: las sociedades latinoamericanas son pasibles de ser analizadas con idénticas categorías que las otras sociedades occidentales, en tanto unas y otras son parte del mismo sistema capitalista; o bien, contrario sensu, las sociedades latinoamericanas tienen una especificidad tal que hace necesario elaborar categorías también específicas. Es igualmente posible presentar el problema desde un tercer punto de vista, el cual enfatiza la cuestión de la traductibilidad de las categorías analíticas y del lenguaje científico. Desde esta perspectiva, se apela a abstracciones que pueden devenir universales en tanto posean capacidad de expresar situaciones concretas particulares. En este último sentido, sostenemos que las sociedades latinoamericanas pueden estudiarse con igual utillaje teórico que el empleado para las sociedades del centro del sistema capitalista mundial, en tanto son, precisamente, parte de este. No obstante, hay que notar que ambas sociedades se asemejan porque comparten la misma lógica de funcionamiento, a la vez que se diferencian por su historia. Estudiar las sociedades latinoamericanas con conceptos y teorías inicialmente elaboradas para las sociedades capitalistas desarrolladas no debe entenderse como la búsqueda de la ratificación y la ampliación empírica, ni mucho menos como el forzamiento de la historia para satisfacer a la teoría. El análisis histórico-concreto de las sociedades latinoamericanas introduce cambios en el análisis lógico-constructivo, enriqueciendo la teoría. Así, por caso, no obstante su condición de capitalistas, las sociedades latinoamericanas no solo se encuentran en un nivel menos desarrollado, sino que son dependientes. La situación de dependencia no es un dato trivial: en nuestras sociedades, las relaciones entre las clases sociales están limitadas y mediadas por las relaciones de dependencia; pero, a su vez, estas no son algo dado sino una construcción histórica, por lo tanto, cambiante.

Una visión integradora como la que venimos de describir supone que la sociedad o las sociedades no son sistemas autónomos, sino que constituyen –en la línea que plantea Charles Tilly (1991: 42)– relaciones sociales múltiples, “algunas muy localizadas y otras con una escala mundial”, es decir, interacciones sociales sin fronteras.

Orden, poder y conflicto

Según Franz Neumann, “la lucha por el poder político, es decir, la lucha por el control de las organizaciones coactivas, por la policía, la justicia, el ejército, la burocracia y la política exterior, es el agente del progreso histórico” (apud Skocpol, 1979: 292). Es una proposición fuerte con la cual se puede coincidir o discrepar, pero que llama la atención sobre la importancia que en los procesos históricos ha tenido la lucha por el poder.

Dispuestos a explorar esa variable, este libro tiene como eje articulador de la historia de las sociedades latinoamericanas de los dos últimos siglos el problema del poder, específicamente la construcción de poder por parte de las clases dominantes criollas desde la ruptura del nexo colonial hasta nuestros días. Poder que se muestra o constituye bajo la forma orden. La relación entre uno y otro es el problema de la legitimidad, es decir, el reconocimiento de un orden político mediante la utilización del poder estatal para conseguir y afirmar la integración social. La legitimidad del orden se logra “cuando es reconocido como ‘en sí’ obligatorio”. El poder, que se realiza qua orden, es, por cierto, coacción física; pero no es solo eso, “es también y sobre todo el poder de la estructura social. En esa cosificación y rutinización del poder como ‘fuerza de las cosas’ radica el orden –y es en ese orden cotidiano donde se origina el reconocimiento del poder estatal”. Es así como “[e]l gran logro del poder es el orden […] El orden es la forma de aparición del poder” (Lechner, 1984: 56, 64 y 70).

El problema del orden –o del orden social y/o político, si se prefiere–, se sabe, ha sido objeto de reflexión de la filosofía política, la ciencia de la política (4) y la sociología desde Thomas Hobbes, quien en el Leviathan (1651) planteó el dilema de cómo conciliar el mundo de las normas rigurosas con el de la voluntad, esto es, cómo hacer para que el orden no se reduzca al mero acatamiento indiscriminado de normas y preceptos, por un lado, ni a la pura arbitrariedad de cada individuo, por el otro. Hay dos significados o acepciones de la frase orden social: una de ellas, la de la filosofía política, iniciada en el siglo XVII, “indica una medida variable de coexistencia pacífica entre los individuos y entre los varios tipos de colectividades y de instituciones en los que los individuos se agrupan dentro de una determinada sociedad”. Su énfasis está puesto en el consenso. La otra, del campo de la sociología –de Émile Durkheim a Talcott Parsons–, lo considera parte del concepto de integración y, en tal sentido, es sinónimo de organización social “y designa en particular las relaciones entre estratos y clases sociales” (Gallino, 1995: 660).

Nuestro punto de partida no es el orden establecido –con sus fundamentos, sus valores, su pretensión de impersonalidad y de algo natural y/o dado, inevitable– sino la dialéctica histórica del conflicto que enfrenta a seres humanos incluidos en relaciones sociales distintas, contradictorias, opuestas y/o antagónicas. El orden no es algo dado, natural, sino una construcción social histórica resultante de conflictos desplegados en tiempos y espacios precisos. Esa construcción se realiza mediante la confrontación de diferentes propuestas de orden, cada una con sus valores, sus normas, sus fundamentos y sus sujetos sociales fundamentales. Organización, pues, de un bloque histórico.

En las sociedades modernas y contemporáneas, el orden se organiza como Estado: el orden y su institucionalidad son los de los vencedores. Su capacidad de dejar abierto un espacio para canalizar los reclamos de los vencidos depende de condiciones históricas variadas y cambiantes, de la combinación de coerción y consenso, dominación y hegemonía. Ese proceso de construcción y conservación del orden, complejo, tortuoso y nunca del todo acabado, incluye tanto las confrontaciones entre bloques de clase dominante como las resistencias y oposiciones –y en algunos casos los proyectos alternativos– de las clases subalternas. Históricamente, las luchas por el poder se han resuelto de tres maneras: 1) los nuevos aspirantes a ocuparlo desplazan, empleando todos los medios disponibles, a quienes han venido detentándolo; 2) quienes están en el ejercicio del poder derrotan, cooptan, contienen o destruyen a sus oponentes contestatarios; 3) los grupos o bloques en pugna por el poder –los que lo poseen y los que pretenden tenerlo– resuelven la contienda mediante una redistribución pactada del poder. Cada uno de esos desenlaces, a su vez, puede tener diferentes manifestaciones. En todos los casos, el orden es organizado por el Estado, que es quien lo contiene y da forma política y social mediante la instauración y la vigencia de instituciones adecuadas a tal fin.

La historia de América Latina, como toda historia pensada en gran escala, muestra casos de los tres desenlaces posibles. Pero esa historia presenta una particularidad bien significativa: la ruptura del orden producida desde el Estado mismo. Los golpes de Estado, en especial los que instauraron dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas y su máxima expresión, Estados Terroristas de Seguridad Nacional, ilustran este tipo de ruptura. Para el caso de Uruguay, Álvaro Rico sostiene que la desestabilización y la reestructuración del orden “desde el Estado mismo [ocurre] cuando el desenvolvimiento contradictorio, pluralista y conflictivo de la sociedad se disocia de las necesidades, principios y lógicas monopólicas y centralizadoras del poder estatal”, lo cual es válido para otros casos de golpes de Estado. Pero añade que este tipo de ruptura se dio en Uruguay “cuando el respeto a los mandatos de los gobernantes deb[ió] asegurarse mediante el ejercicio de la fuerza pública abierta y ya no mediante el consenso social”. Y apunta que el golpe de Estado de 1973 se dio “por la voluntad política y el poder decisional concentrados en los poderes ejecutivo y armados del Estado uruguayo” (Rico, 2005: 32; itálicas del autor). En efecto, allí, de modo singular, el presidente Juan María Bordaberry (electo en 1971) fue quien dio el golpe, en connivencia con las Fuerzas Armadas, y continuó en el ejercicio del cargo de facto.

En cualquier caso, señala Rico (2005: 32; itálicas del autor), la expresión compuesta golpe de Estado “identifica claramente el tipo de acción (golpear) con el ámbito que la origina (Estado). Por lo tanto, literalmente, el golpe constituye una acción institucional localizada en el Estado como sujeto determinante de la acción”. El ejercicio del poder monopolizado así desestructura no solo a las fuerzas políticas enemigas sino a toda la sociedad y sus formas de convivencia.

Retomando, toda reflexión seria sobre el poder debe partir, como en el estudio de cualquier problema, de un concepto. Los que aquí utilizamos –poder, pero también: explotación, dominación, Estado, etc.–, son categorías analíticas que, es bueno recordar, expresan relaciones sociales.

Poder es un concepto de larguísima data. Así, por caso, en La República, Platón pone en boca de Trasímaco la asociación entre poder y fuerza (el más fuerte es quien ejerce el poder). Sociológicamente, la más clásica definición es la de Max Weber (1984: 43): “[s]ignifica la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”.

Talcott Parsons observó –en Estructuras y procesos en las sociedades modernas (primera edición en inglés, 1960)– que esa definición indicaba solo el aspecto distributivo del poder (el de A sobre B), pero dejaba de lado un segundo aspecto, el colectivo, que permite a varias personas, cooperando entre sí, incrementar su poder conjunto sobre otros o sobre la naturaleza. Tiempo después, Michael Mann (1991: 21) añadió que es necesario considerar que “ambos aspectos del poder, el distributivo y el colectivo, el explotador y el funcional, actúan simultáneamente y están entrelazados” mediante una relación dialéctica.

En Weber hay una veta muy rica que permite analizar las relaciones de poder desde una doble óptica, la de los gobernantes y la de los gobernados, los “de arriba” y los “de abajo”. Ahora bien, Weber (1984: 43) consideraba el concepto de poder como “sociológicamente amorfo”, prefiriendo, en cambio, el análisis en términos de dominación. Esa preferencia derivaba de la distinción, a su juicio fundamental, entre Macht y Herrschaft, es decir, imposición (poder) y obediencia (dominación). Así, la autoridad política no se reduce a puro poder, sino que requiere, apelando a diferentes mecanismos y procedimientos, que quienes están sujetos a ella la acepten y consideren legítima. De allí, su célebre tríada de los tipos ideales de legitimidad o legitimación de la autoridad política: carismática, tradicional y racional-legal.

Dominación es “la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado contenido entre personas dadas […] [T]oda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere de un modo normal (no absolutamente siempre) un cuadro administrativo”, manifestándose y funcionando “en forma de gobierno. Todo régimen de gobierno necesita del gobierno en alguna forma, pues para su desempeño siempre se deben colocar en manos de alguien poderes imperativos” (Weber, 1984: 43, 179 y 701; itálicas del autor).

El poder no es un dato en sí mismo, es siempre relacional y, por lo tanto, debe analizarse conforme las relaciones (usualmente conflictivas y por lo general asimétricas) entre las partes de un todo y el contexto en el que se entablan. En la tradición del materialismo histórico, el poder es un poder de clase. Según Karl Marx y Friedrich Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista, de 1848, “[e]l poder político en su sentido estricto es el poder organizado de una clase para la opresión de otra”. El poder es también pluridimensional y su complejidad es mayor a medida que las sociedades se tornan, también ellas, más complejas. De las varias dimensiones –política, económica, social, cultural–, la superior es la política. El poder político, a su vez, se condensa en el Estado y–“normalmente”, pero no siempre– se ejerce mediante él. El Estado, según consideraremos en el capítulo 3, es tanto una expresión de las relaciones sociales, es decir, de clases, como una institución. Según Antonio Gramsci, es el resultado de la ecuación “sociedad política + sociedad civil”, es decir, hegemonía revestida de coerción (5). Las agudas observaciones de Gramsci ratifican y profundizan, en otra clave teórica, aquello que Niccolò Machiavelli advirtió: la fuerza es la esencia del poder.

En la multiplicidad de expresiones del poder–como bien lo destacó Michel Foucault, en Microfísica del poder (primera edición en francés, 1977)– es importante prestar atención a las relaciones laborales, la escuela, la cárcel, la familia, la sexualidad, el matrimonio, los campos de la ciencia, el arte y la cultura, e incluso el discurso mismo. Dicho de otra manera: para Foucault, el poder está presente en todas las manifestaciones humanas de modo tal que todo está atravesado por relaciones de poder. Esos distintos campos en los cuales se expresa el poder se interrelacionan entre sí de diferente manera –a verificar mediante análisis empírico–, al tiempo que pueden –o no– establecer relaciones con el poder político. El filósofo francés planteó, asimismo, la distinción entre poder y mecanismos de poder, destacando los aspectos psicológicos y simbólicos del mismo, procurando una mejor respuesta a la pregunta acerca de cómo funciona el poder desde adentro.

Otra perspectiva analítica puede orientarse según la formulación que Robert Michels hiciera en su Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie (en castellano, Los partidos políticos), un texto clásico de la sociología política y de la ciencia de la política): la del poder como algo siempre conservador.

En el proceso de construcción del Estado contemporáneo, ha sido visible, como ha señalado Norberto Bobbio, la tensión entre la demanda de limitar el poder y la demanda de distribuir el poder –una sociedad es más (o menos) democrática cuanto más (o menos) distribuido está el poder–, tensión que Benjamin Constant planteó en 1818 como la contradicción antagónica entre lo que llamó libertad de los antiguos y libertad de los modernos, que no es otra cosa que la antítesis inicial entre democracia y liberalismo (6).

La díada poder/dominación conlleva el ejercicio –con intensidades diversas– de algún tipo de violencia, tanto física como simbólica. La violencia física es siempre explícita y se ejerce sin mediaciones. La violencia simbólica, tal como la ha definido Pierre Bourdieu (1997: 173), “es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas ‘expectativas colectivas’, en unas creencias socialmente inculcadas. Como la teoría de la magia, la teoría de la violencia simbólica se basa en una teoría de la creencia, o mejor dicho, en una teoría de la producción de la creencia, de la labor de socialización necesaria para producir unos agentes dotados de esquemas de percepción y de valoración que les permitirán percibir las conminaciones inscriptas en una situación o en un discurso y obedecerlas”. En Bourdieu, la violencia simbólica, equiparable a la “servidumbre voluntaria” de Étienne de La Boétie, se expresa mediante un doble mecanismo de reconocimiento/desconocimiento que hace que los dominados simultáneamente reconozcan como natural, por lo tanto, legítimo, el orden estatuido vigente, y desconozcan que es una construcción histórica en la que priman la arbitrariedad, la alienación y la desigualdad.

La violencia simbólica puede asociarse con lo que mucho antes Émile Durkheim llamaba la socialización coactiva de las ideas. La “forma por excelencia de la violencia simbólica legítima” monopolizada por el Estado –que puede llegar a aplicarla mediante la fuerza física– es “la autoridad jurídica” (Bourdieu, 2000: 167-168). Sin embargo, como acota Xavier Crettiez (2009: 19-20), en la actualidad, quien produce violencia de dominación simbólica suele ser “el dominio privado”, y lo hace “a través de la imposición de un orden dominante de tipo consumativo”. Estamos básicamente de acuerdo con él, pero preferimos decir instituciones de la sociedad civil (en lugar de “dominio privado”); y creemos que, en rigor, existe una aplicación combinada, por el Estado y por organizaciones de la sociedad civil (las iglesias manifiestamente, pero también el sistema educativo y los medios de comunicación) de la violencia simbólica.

Para enfrentar al poder simbólico dominante –que es un poder de hacer cosas con palabras, argumenta Bourdieu–, los dominados deben generar conciencia y formas de acción política que rompan con la lógica de sometimiento en la que han sido socializados. Es decir, producir otro sistema simbólico (el de la transformación) con el cual enfrentar al vigente (el de la conservación), entablando una lucha simbólica por el modo legítimo de establecer una concepción del mundo (una Welstanschauung).

El campo de la violencia simbólica no puede disociarse, entonces, de la cuestión del imaginario social, complemento clave de las relaciones de dominación. Por estructuradas que sean, las relaciones de dominación no son un sistema rígido e inmutable. Son, más bien, como una red fluida de relaciones sujetas a díadas dialécticas tales como coacción/consenso; conflicto/cooperación; tensión/armonía. Se trata, claro, de un campo de confrontación, de lucha. La librada en torno a la definición o la construcción de los símbolos (bandera, escudo, moneda) y los héroes nacionales constituye –como se verá en el capítulo 3– un buen ejemplo. En este sentido, es bueno tener presente que las luchas simbólicas no solo son entre clases: a menudo, se libran en el interior de una misma clase, en particular, la dominante. Es una confrontación para obtener la definición del principio de dominación legítimo, poderes sociales con eficacia específica redoblada con eficacia propiamente simbólica, para decirlo en términos de Bourdieu.

Las de dominación son, por definición, relaciones asimétricas, con mayor o menor grado de distancia y rigidez jerárquica, es decir, guardan estrecha relación con la estratificación social. No pueden ser explicadas solo por razones o causas estructurales: es necesario ir más allá y responder a una vieja pregunta –siempre renovada– que, desde Étienne de La Boétie hasta Barrington Moore (7), sigue siendo clave: ¿por qué centenares de miles (y luego millones) de hombres y mujeres de diferentes tiempos y espacios aceptan ser dominados y no se rebelan por su condición de dominados? Más aún, ¿cómo es posible que los dominantes refuercen su dominación apelando, amén de su fuerza, a la fuerza de los propios dominados?

Va de suyo que las respuestas han de contribuir de modo decidido y decisivo a articular adecuadamente la siempre compleja relación entre agencia (o sujeto) y estructura, cuestión nodal de la sociología histórica. Otra vez es útil el andamiaje conceptual forjado por Bourdieu. Su observación acerca de la centralidad de la violencia simbólica para explicar la complicidad de los propios dominados en el mantenimiento e incluso en la eficacia del orden social constituye un instrumento explicativo fenomenal. Al respecto, téngase presente la afirmación del sociólogo francés, en La dominación masculina (1998), acerca de la lógica de la dominación de género como forma paradigmática de la violencia simbólica.

Cabe señalar que Mann (1991: 22) encuentra que la respuesta a la pregunta acerca de por qué no se rebelan las masas es sencilla: “Las masas obedecen porque carecen de organización colectiva para hacer lo contrario, porque están incrustadas en organizaciones de poder colectivo y distributivo controladas por otros”. Si bien ello es cierto, un abordaje más complejo es posible.

La historia de América Latina (y la historia humana) es rica en situaciones en las cuales las clases populares, incluso apelando a rebeliones, levantamientos y otras formas del repertorio de acciones colectivas de resistencia, no lograron enfrentar los proyectos excluyentes impulsados por los grupos dominantes (8).

No es casual que Marx haya comenzado a exponer los resultados de su investigación sobre el capitalismo en su obra magna, El capital, explicando el secreto del fetichismo de la mercancía. Como bien observó León Rozitchner (1987: 15), ese capítulo revela cómo se encuentra y expresa en el interior de las relaciones de producción capitalista un campo imaginario complementario que hace que la estructura de los individuos que son parte de tales relaciones se constituya de tal manera que permita su adecuado funcionamiento (9).

El poder y la dominación no son productos naturales, son construcciones históricas inescindibles de otras relaciones, las de explotación. Si Weber provee un buen instrumento para analizar el poder y la dominación, Marx es imprescindible para explicar la explotación. Las relaciones de explotación son aquellas mediante las cuales uno o más individuos, y más bien una clase social, tienen la capacidad de apropiarse del trabajo ajeno. Puesto de otra manera: las relaciones sociales que permiten a los propietarios de los medios de producción –y a quienes los controlan– obtener, mediante una transferencia forzada, el plusvalor generado por los productores directos en el proceso de producción. En el caso de la sociedad capitalista, los trabajadores venden su fuerza de trabajo a los burgueses, dueños de los medios de producción, a cambio de un salario, que es solo una parte del valor que ellos han creado por medio de su trabajo. Se trata, pues, de una expropiación del producto del trabajo de los unos por los otros. Además, los trabajadores se ven obligados, coercitivamente, a trabajar más allá de este umbral de lo necesario. La coerción resulta de la desigual distribución de los medios de producción, distribución en la cual ellos solo poseen su fuerza de trabajo para obtener lo imprescindible para reproducir su vida material. Dicho más sencillamente, lo que los trabajadores perciben como ingreso por la venta de su fuerza de trabajo es inferior a lo que han producido al cabo de la jornada de trabajo. La diferencia entre el tiempo de la jornada de trabajo y el tiempo de trabajo convertido en salario constituye el plusvalor. De allí, según Marx, la carencia de igualdad y de libertad de los trabajadores –encubierta por el fetichismo de la mercancía– y la enajenación (o alienación) a la que son sometidos.

Las relaciones de dominación (o de dominio) son la expresión política de las relaciones de producción. Pero que unas sean expresión política de las otras no significa que los cambios en las primeras necesariamente alteren la matriz societal. En efecto, puede darse el caso de cambios, incluso muy importantes, en la forma que adquieren las relaciones de dominación sin que se produzca un cambio en las relaciones de producción (un buen ejemplo son las experiencias populistas). Es que las relaciones políticas y jurídicas –que integran las de dominación– no son mero reflejo de las relaciones de producción: son componentes de estas (Wood, 2000: 33-34).

Ellen Meiksins Wood (2000: 34) lo dice muy bien: un modo de explotación “es una relación de poder” y esta, en tanto “condiciona la naturaleza y el alcance de la explotación es cuestión de organización política dentro de las clases contendientes y entre ellas”. Dicho de otro modo: la dominación es una condición necesaria para posibilitar la explotación, o, si se prefiere decirlo como Ralph Miliband (1991: 422-423): “La explotación sigue siendo el fin esencial de la dominación. Pero centrar nuestra atención en la dominación […] permite […] apreciar e identificar de forma más global y realista los protagonistas de la lucha de clases”. Miliband entiende que “una clase dominante en cualquier sociedad de clases se constituye en virtud de su control efectivo sobre las tres fuentes principales de dominación: 1) los medios de producción, control que puede conllevar (y generalmente ha conllevado) la propiedad de otros medios, aunque no tiene por qué darse necesariamente esta última condición; 2) los medios de administración del Estado y los medios de coerción; 3) los principales medios de comunicación y consenso”.

Toda clase dominante –o que aspira a serlo– pretende convertir sus intereses particulares en intereses generales. En rigor, existe un antagonismo de intereses, en tanto los distintos grupos o clases sociales elaboran intereses diferentes y opuestos en el interior de una sociedad. Tenemos, pues, una unidad contradictoria cargada de conflictividad. Empero, como planteaba Marx, la cooperación y la dependencia de los individuos entre sí –producto de la división del trabajo– crean un interés efectivamente común que tiene como basamento esa unidad social de fuerzas antagónicas. Pero esta unificación es diferente a la impuesta por la dominación. En efecto, la dominación unifica la sociedad constituyendo un orden político jerárquico y se legitima otorgando a este el carácter de un orden que opera en el interés de todos, de la comunidad. Se trata, claro, de una “comunidad ilusoria”, para usar la expresión de Norbert Lechner, retomando a Marx.

Ahora bien, una y otra perspectiva, la marxiana y la weberiana, pese a sus notorias diferencias, no son totalmente excluyentes, punto sobre el cual la sociología británica y la teoría marxista reciente han hecho aportes relevantes (10). Una variante es la de Bourdieu, quien tomó de Marx la concepción de la realidad social como un entramado de relaciones de fuerzas entre grupos sociales diferenciados e históricamente antagónicos, y de Weber la percepción de esa realidad como un conjunto de relaciones de significado que dotan al orden social de una dimensión simbólica (11).

Si se solapan ambas perspectivas tenemos clases explotadoras y clases explotadas; clases dominantes y clases dominadas. Por regla general, las clases explotadas son clases dominadas y las clases explotadoras son clases dominantes. Pero, en tanto las clases sociales nunca son homogéneas, en el interior de las clases explotadoras se produce a menudo una división y una lucha, entre fracciones, por el poder político, es decir, por el ejercicio de la dominación, de donde es posible que existan clases explotadoras dominantes (en lo económico-social) y clases explotadoras no dominantes (en lo político). A modo de ejemplo: durante la dominación oligárquica –en los términos en que la definimos en el capítulo 4–, la burguesía (en aquellas sociedades en las cuales la había), clase explotadora, se fracturó en el plano de la dominación política en una fracción oligárquica y otra democrática (por ejemplo, Argentina, Brasil, México), no coincidente necesariamente con la más clásica división entre liberales y conservadores (en particular, dentro de los liberales se aprecian fracciones de una y otra orientación).

En este punto sumamos una cuarta perspectiva, la de Gramsci. Sus categorías permiten iluminar más y mejor la compleja trama del ejercicio del poder y de las resistencias contra él. Si Weber abre una vía para analizar las relaciones de dominación desde el doble punto de vista de los dominantes y los dominados, esa trilla se potencia y es mucho más esclarecedora con el potencial analítico de las categorías del pensador italiano. En particular, apelamos a su análisis de la hegemonía.

Hegemonía es, en efecto, otro concepto clave en Gramsci. En términos teóricos, una situación de hegemonía significa un orden social y político definido por el predominio de la sociedad civil (ámbito del consenso) sobre la sociedad política (ámbito de la coerción), por lo tanto, la primacía de la dirección ideológica por sobre la dominación política (12). Se trata de una cuestión de rango, pues ambas coexisten siempre –no hay situaciones de pura hegemonía, ni situaciones de pura dominación– y en cada situación histórica prima una u otra: se trata de un espacio de tensiones entre consenso y disenso. “En el sistema hegemónico existe democracia entre el grupo dirigente y los grupos dirigidos en la medida en que el desarrollo de la economía y por consiguiente de la legislación, que expresa tal desarrollo, favorece el pasaje (molecular) de los grupos dirigidos al grupo dirigente” (Gramsci, 1975: II, 1056). En cambio, existe dictadura o dominación cuando un grupo social no hegemónico domina al conjunto de la sociedad mediante el empleo de la coerción, posible por controlar el Estado, en particular, el aparato represivo.

En el ejercicio de la hegemonía, Gramsci distinguió tres grupos, a los cuales llamó clases: clase fundamental, clases auxiliares y clases subalternas. Pero no son clases estructurales (sociales), sino funcionales. Así, la clase fundamental es la que dirige el sistema hegemónico; las clases auxiliares son la base social de la hegemonía y el ámbito de producción y reproducción del personal encargado de las funciones intelectuales del ejercicio de la hegemonía, y las clases subalternas son las que han estado históricamente excluidas del sistema hegemónico durante mucho tiempo. Empero, acotamos, la capacidad de la burguesía para incorporar también al sistema hegemónico a (sectores de) las clases subalternas (de manera “orgánica”, no “molecular”), mediante un proceso progresivo, es un aspecto que no debe descuidarse, obligando a ir más allá de Gramsci. No nos referimos a intelectuales –aquí la cooptación es llamada por Gramsci “transformismo”–, sino a colectivos sociales estructurales.

El transformismo es una política de cooptación de cuadros dirigentes opositores o, más específicamente, la acción mediante la cual la clase dominante coopta, absorbe e integra a los intelectuales de las clases subalternas, descabezando, así, a estas en el plano de la dirección política e ideológica. Puede ser orgánico o molecular, según capture a grupos enteros o solo a individualidades, respectivamente. Se trata de un “documento histórico real” sobre la verdadera naturaleza de los partidos que se presentan como extremistas en el período de la acción militante (Gramsci, 1975: II, 962-964). El transformismo, en tanto política de una clase dominante reacia a cualquier compromiso con las clases subalternas, consolida la exclusión de la participación ampliada de la población e incluye, como contrapartida, una labor ideológica de los intelectuales y de los sectores dirigentes para diseñar y dotar de sentido a una cuestión política que, apelando a contenidos nacional-populares, tiende a dominar y controlar desde las alturas esa participación popular. Es, asimismo, sinónimo de equilibrios basados en la corrupción, las negociaciones permanentes y las coaliciones sin coherencia ideológica interna.

Desde el punto de vista antes apuntado, es posible considerar que, en determinadas coyunturas, algunas de las fracciones de la clase estructuralmente explotadora pueden ser, en el límite, parte de las clases subalternas. De hecho, la fracción de clase explotadora no dominante –como en el ejemplo arriba consignado– se integra con las clases subalternas, que aspira dirigir, aspiración que cuenta con la ventaja de un espíritu de escisión mucho más desarrollado que el de las otras clases subalternas que, además de dominadas políticamente, son explotadas económicamente. En algunos de estos casos pueden producirse alianzas de clases transitorias, tácticas: fracción democrática de la burguesía con trabajadores y/o, más frecuentemente, clase media urbana que reclama pleno ejercicio de la ciudadanía política, como en ciertas luchas antioligárquicas; o bien, fracción burguesa industrial nacional con proletarios, como en los populismos. Son variantes posibles en la compleja lucha, en términos de Bourdieu, “para lograr la definición del principio de dominación legítimo”.

La opción por la sociología histórica

Este libro es una sociología histórica de los últimos doscientos años de América Latina. Nuestra opción obedece a razones que exponemos a continuación, partiendo de una sumaria información sobre este campo de conocimiento.

La sociología histórica es un tipo de sociología que comenzó a institucionalizarse en Estados Unidos en los años sesenta y tomó curso definitivo en la década de 1970. Se trata de una sociología que recuperaba el pensamiento de los padres fundadores, principalmente el de Marx y el de Weber, para utilizarlos en el análisis de las transformaciones políticas, sociales y económicas en gran escala. Este nuevo enfoque sociológico reponía la temporalidad y la historia en el seno de la disciplina en momentos en que el ahistoricismo era predominante. Julia Adams, Elizabeth Clemens y Ann Shola Orloff (2005) proponen interpretar el desarrollo de la sociología histórica en términos de “olas” sucesivas. De este modo, las autoras norteamericanas identifican una primera ola representada por los trabajos de los “padres fundadores”, entre quienes cuentan, desde luego, además de los mencionados arriba, a Alexis de Tocqueville; una segunda ola representada por el conjunto de trabajos que proliferaron en los años setenta, que se inscribían en una tradición de investigación de hecho iniciada en las décadas de 1950 y 1960, con los trabajos de Neil J. Smelser en Social Change in the Industrial Revolution (1959), Reinhard Bendix en Nation-Building and Citizenship (1964) y Barrington Moore en Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of Modern World (1966), entre otros; y una tercera ola, actualmente en pleno desarrollo, que, entre otros elementos, incorpora los aportes de los estudios de género, agrupando una variedad de marcos teóricos –a diferencia de la “segunda ola” que se inscribía en un solo paradigma, el de la macrosociología.

La sociología histórica es uno de los campos de reflexión que mayores expectativas ha suscitado en torno al debate sobre la reestructuración de las ciencias sociales, pues ella expresa una fructífera vinculación entre disciplinas, de modo general entre las ciencias sociales y la historiografía (13). Trabajos de relevancia que contribuyeron al mencionado debate fueron el de Immanuel Wallerstein (1998b) y su invitación a “impensar las ciencias sociales”; el libro de Mattei Dogan y Robert Pahre (1993) y su idea sobre la fecundidad de “la marginalidad creadora”, y el trabajo colectivo presidido por el mismo Wallerstein, el Informe de la Comisión Gulbekian y su llamado a “abrir las ciencias sociales” (Wallerstein, 1996) (14).

El informe propone cuatro elementos que permiten “abrir” las ciencias sociales: 1) una visión más duradera de la realidad, escapando a las limitaciones de lo estrictamente contemporáneo; 2) una perspectiva analítica no estadocéntrica, aunque el papel del Estado siga siendo clave para entender los procesos; 3) una pluralidad de visiones sobre el mundo, con la posibilidad de comunicar el conocimiento a través de una escala de valores comunes y de una academia multilingüe, y 4) una noción de objetividad científica definida a partir de la apelación permanente al juicio intersubjetivo en la comunidad académica. En breve, el informe propone unas ciencias sociales que recuperan la noción de tiempo y temporalidad, reinstalan lo social y pretenden beneficiarse de un proceso de globalización que habilita la distensión de las fronteras nacionales y lingüísticas, y con ello favorece la redefinición de los criterios científicos de universalidad y objetividad. La propuesta es sin duda atractiva. Además, el informe ofrece una interpretación del proceso de institucionalización de las ciencias sociales en la cual se manipulan y aplican con maestría los cuatro elementos que constituyen una mirada “abierta” de estas. A pesar de que el texto casi no reflexiona sobre las especificidades de las academias periféricas, para las cuales la propuesta implica desafíos enormes, es un excelente material de trabajo para quienes –como nosotros– alientan el debate en torno a la reestructuración de las ciencias sociales y sus posibilidades en estas latitudes.

Wallerstein ya había hecho una contribución a ese punto en textos –esta vez individuales– publicados entre 1983 y 1991, año en que aparecieron compilados bajo el título Impensar las ciencias sociales. Allí, proponía una visión muy similar a la que finalmente fue elaborada por la Comisión Gubelkian. Los diversos artículos de la compilación están agrupados en seis partes, según criterios teórico-temáticos, alterando el orden cronológico en el que habían sido publicados inicialmente. La primera parte trata del cambio social de larga duración y gran escala, para lo cual el autor introduce los conceptos de transición y crisis –y reformula la idea comúnmente aceptada de revolución–, poniendo el acento en el caos y desechando la noción de progreso. La segunda trata del concepto de desarrollo como alternativa a la idea de progreso y de una definición que intenta superar la tradicional noción de desarrollo nacional. La tercera, trata los conceptos de Tiempo y Espacio, justamente para sostener una perspectiva “abierta” de los procesos sociales históricos (de larga duración y mundiales). La cuarta y la quinta recuperan a Marx y a Braudel, para marcar la necesidad de superar las limitaciones de las experiencias del marxismo y de la Escuela de los Annales, atrapados en una visión teleológica, el primero, y en la coyuntura, la segunda. Por último, la sexta parte introduce el “análisis de los sistemas-mundo como impensados”, donde Wallerstein despliega su teoría hoy muy divulgada en la que se resumen las visiones críticas formuladas en las partes anteriores.

El libro de Dogan y Pahre, contemporáneo de estos pronunciamientos, pone el énfasis en la permanente “hibridación de disciplinas” como punta de lanza de la innovación científica. Los autores observan que, en su desarrollo, las ciencias tienden a una permanente especialización y segmentación de disciplinas, procesos que datan, en realidad, del mismo momento de la separación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ambas, a su vez, desprendidas de la filosofía, la natural y la moral, respectivamente. Los autores señalan que, a través del tiempo, el patrimonio científico de las disciplinas formales se acrecentó a tal punto que la especialización fue inevitable. Con esto, argumentan, ese patrimonio se fragmentó y los distintos campos especializados se combinaron con fragmentos de otras disciplinas, conformando híbridos, los cuales han logrado una mayor o menor institucionalización, llegando incluso a convertirse en una nueva disciplina o subdisciplina, susceptible de especializarse y fragmentarse, reproduciendo así el propio proceso de desarrollo de las ciencias.

La voluntad de reestructuración de las ciencias sociales –por la cual abogan los tres libros que venimos de reseñar– es una de las respuestas a la fuerte expansión de los microanálisis que ha tenido lugar en los últimos años en distintos ámbitos disciplinarios. En este contexto, la sociología histórica ha ofrecido una alternativa interesante. A pesar de la aplastante proliferación de los análisis “micro”, la “gran” escala nunca desapareció y la sociología histórica fue una de las áreas científicas en las que esta perspectiva estuvo más decididamente promovida y actualizada. En términos similares a los indicados más arriba, la sociología histórica también ha sido definida como “una continua tradición de investigación sobre la naturaleza y efectos de estructuras a gran escala y de procesos de cambio a largo plazo” (Skocpol, 1991: 359), o también una mirada sobre “grandes estructuras, largos procesos y enormes comparaciones” (Tilly, 1991). Ludolfo Paramio (1986: 6) entiende que lo peculiar de la sociología histórica es “hacer explícita la relación usualmente latente entre teoría (sociológica) e historia, dar expresión al diálogo, tan inevitable como reprimido, entre hipótesis teórica e investigación concreta de hechos históricos singulares”. En la perspectiva de Philip Abrams (1982), ciertamente influenciada por los aportes de Anthony Giddens, la sociología histórica se define como la disciplina que estudia procesos de estructuración de sociedades en el tiempo, procurando entender la relación entre la acción humana (personal o colectiva) y la organización o estructura social como algo que se construye de forma continua en el tiempo.

Cualquiera sea la visión que se asuma, lo cierto es que la sociología sale al encuentro de la historia. Cabe señalar, además, que la sociología histórica no debe confundirse con la historia social –aunque muchos ciertamente las vuelven intercambiables–, ni tampoco concebirse como una empresa de identificación y confluencia inevitable de historiografía y sociología: es, más bien, un proyecto de hibridación de ambos campos, que sucede en la intersección de los márgenes de ambas disciplinas y que, al mismo tiempo, lejos de absorberlos, mantiene vigentes los núcleos disciplinarios matrices.

Con reminiscencias durkheimianas, algunos intelectuales han pretendido una total fusión de histori(ografí)a y sociología en una sociología esencialmente histórica (Abrams). Otros, han proyectado una ciencia social histórica (Fernand Braudel); una teoría en términos de sistema social histórico (Immanuel Wallerstein), o una ciencia social unificada (Pierre Bourdieu). Otros simplemente se han limitado a afirmar la convergencia de las disciplinas.

Respecto de los proyectos de fusión, está pendiente un análisis de las condiciones estructurales que subyacen a esa mirada. En general, puede decirse que allí donde las fronteras disciplinarias han sido menos tensas y donde existe una historia de colaboraciones mutuas entre disciplinas, los alegatos a favor de la fusión han sido menos resistidos (15). Un planteo interesante es el de Jean-Claude Passeron (1986), quien ha hecho hincapié en los distintos habitus científicos, si bien su planteo enfatiza el carácter epistemológicamente indiscriminable de ambas disciplinas.

Más allá de estas disquisiciones, hay un consenso sobre el hecho de que la sociología histórica se caracteriza por una particular elección de sus objetos de estudio y sus estrategias de investigación, y fundamentalmente por una mirada que escapa a las dicotomías (presente/pasado; nomotético/idiográfico; universal/particular; estructura/acción; etc.). En general, la investigación procura interpretar y/o explicar procesos que son relevantes en las sociedades del presente. En el fondo es retomar, y responder, una pregunta weberiana: ¿por qué las sociedades (o los procesos sociales) han llegado a ser lo que son y no son de otra manera? La búsqueda de la respuesta puede mostrar que han existido varias posibilidades, pero que solo una de ellas dispuso de condiciones de realización. Una pesquisa tal puede orientarse muy favorablemente teniendo en cuenta lo que Sztompka (1995) llama “coeficiente histórico”, un conjunto de seis presupuestos ontológicos que surgen como fundamento común de la sociología histórica y ofrecen una muy particular concepción del cambio social y la temporalidad (16).

Las estrategias disponibles para construir la respuesta a tal pregunta son tres, siguiendo a Santos Juliá (1989: 76): 1) la que persigue definir en su concreta singularidad un determinado proceso, hecho o fenómeno histórico; 2) la que permite definir sin equívoco alguno y en sus términos teóricos de qué proceso, hecho o fenómeno se trata; 3) la que es capaz de explicar el proceso, hecho o fenómeno por sus causas. Si se trata de descubrir las regularidades causales de un proceso histórico determinado, la tarea apunta a indagar sobre las estructuras que condicionan o determinan la acción de los sujetos, más que a inquirir sobre el sentido que los sujetos otorgan a su acción. Esta estrategia –que es, por ejemplo, la seguida por Skocpol en Los Estados y las revoluciones sociales– se centra, así, en el estudio de las estructuras, más que en el de la acción, aunque sin negar la importancia de esta. Alternativamente, existe una segunda estrategia que procede de manera inversa: se centra en la acción y minimiza las estructuras. En cualquiera de estas dos estrategias, la sociología histórica busca encontrar el difícil y esquivo balance entre acción y estructura.

A su vez, Skocpol (1991) distingue tres estrategias de investigación en el campo de la sociología histórica. La que ella misma abona es la denominada “analítica”, que corresponde a la tradición de investigación iniciada por Moore y su clásico libro sobre la democracia, publicado en un momento en el que la teoría de la modernización era predominante. El de Moore fue un intento de superar las limitaciones de esa teoría, desafiando la visión que postulaba que todas las sociedades transcurrirían por un proceso de transformación desde diferentes formas de lo tradicional hacia una modernidad, única y uniforme. En efecto, Moore utilizó las alianzas de clases y los conflictos entre ellas como variables cruciales para demostrar que existían modos diversos de “modernidad” como la democracia liberal, el fascismo y el comunismo, aunque las condiciones iniciales fueran similares (Estados feudales o imperiales). En años posteriores, los trabajos sobre la modernidad y las transformaciones sociales que daban lugar a la modernidad estuvieron en el centro de la sociología “histórica”, y así fue como se instaló esa tradición de investigación en la academia norteamericana. Dos aportes clásicos fueron el de Wallerstein, El moderno sistema mundial (primera edición en inglés, 1974), y el de Skocpol, Los Estados y las revoluciones sociales (primera edición en inglés, 1979).

Las otras dos estrategias de investigación que Skocpol apunta son: la validación de una teoría general mediante su aplicación a casos históricos y la interpretativa. Interesa destacar esta última y su excelente producción de trabajos, que ponen el acento en la agencia, la contingencia y las singularidades, como los trabajos de Edward P. Thompson, de Clifford Geertz y del ya citado Reinhard Bendix. Esta corriente muchas veces ha sido confrontada con la iniciada por Moore, y luego seguida por Skocpol, quienes han sido acusados de deterministas o demasiado apegados a los movimientos estructurales. No obstante, es importante señalar que estos autores también toman en cuenta la acción, fundamentalmente, de las elites agrarias e industriales y los obreros en un caso y de los campesinos en el otro. Como muchos estudiosos de sus obras se han empeñado en señalar, Moore y Skocpol estudian regularidades causales siempre a partir del análisis de la serie de oportunidades disponibles en un contexto dado, para lo cual es clave la consideración de las formas de acción colectiva e individual. En un contexto en el que la academia de Estados Unidos consideraba los intentos de hibridación de disciplinas como poco o nada científicos –una acusación que algunos todavía consideran vigente, haciendo caso omiso de una realidad que ha mostrado lo obsoleto de tal posición– los intelectuales involucrados en la “segunda ola” de la sociología histórica, cualquiera fuera la estrategia de investigación elegida, compartieron un interés por reconciliar la estructura con la acción y el enfoque estructural con el cultural.

A propósito de las “olas” de sociología histórica que proponen Adams, Clemens y Orloff, hay que decir que varios académicos han rechazado esta clasificación. En particular, se ha rechazado la existencia de una “tercera ola”, aduciendo que los trabajos que supuestamente se inscriben en ella no se diferencian sustantivamente de los producidos por la “segunda ola”, puesto que no se han acuñado conceptos propios y nuevos de historicidad, cambio histórico o causación. Otros sostienen que la “tercera ola” no es más que la natural dispersión en un campo que surgió enfrentado a una sociología que hoy ya no es la dominante. Otros reemplazan el término olas por proyectos intelectuales y ven en la caracterización de las autoras simplemente un criterio poco preciso de periodización (17).

Aquí importa señalar, más allá de las discrepancias señaladas, que estas supuestas olas están acusando un proceso de especialización y fragmentación dentro de las ciencias sociales. En particular, importa señalar que el estado actual de la sociología histórica puede ser visto como la confluencia en los márgenes de varios campos institucionalizados: la sociología histórica (fundamentalmente la institucionalizada en Estados Unidos hacia 1970, pero también la elaborada en algunos países de Europa, primordialmente Inglaterra), los estudios culturales y los estudios de género. En este sentido, y a partir de un análisis minucioso de las diferentes visiones en juego, consideramos más adecuada la expresión proyecto intelectual, en referencia a una línea de investigación que “hibrida” disciplinas y enfoques, y que está en pleno proceso de desarrollo.

La combinación de disciplinas no es algo nuevo, aunque es cierto que la fase actual de desarrollo humano, de globalización e (in)mediatización de la información le han impreso un ritmo vertiginoso. En efecto, quedó atrás el tiempo de las síntesis teóricas, como la que, por ejemplo, planteaba Parsons en el terreno de las ciencias sociales a mediados del siglo XX, y es ahora el turno de la ponderación de la combinación y la recombinación permanente de fragmentos especializados de las diversas disciplinas; en definitiva, es ahora el turno de eso que Dogan y Pahre denominan “dominios híbridos”. El estado actual de la sociología histórica, visto desde esta perspectiva, puede ser entonces leído como una incipiente hibridación de la sociología histórica (la de “segunda ola”) con otras áreas (como ya se ha dicho, la historia cultural, los estudios de género, etc.). Se trata de un proyecto intelectual en pleno desarrollo, cuyas formas de institucionalización futura dependerán del modo en que cada país y/o ámbito académico procese sus legados históricos y las condiciones de posibilidad del momento (18).

La perspectiva de la hibridación, o, en términos más laxos, el proceso de reestructuración permanente de las ciencias, pone de manifiesto el problema de las fronteras entre disciplinas. En el caso de la sociología histórica, como es obvio, el conflicto se da principalmente entre la historiografía (o más comúnmente, la historia) y la sociología. Este conflicto ha sido tratado e incluso resuelto de diverso modo según los contextos nacionales. Aquí interesa añadir que en el siglo XIX, los padres fundadores de la sociología estuvieron enteramente comprometidos con un abordaje histórico de la realidad. Desde Comte hasta Tocqueville, Marx, Durkheim y Weber, los trabajos han sido tan sociológicos como históricos (19). Sin embargo, no se debe confundir esta práctica, original (y generadora de la sociología), con aquella otra empresa de hibridación de la sociología y la historiografía, que como disciplinas matrices ya estaban ampliamente institucionalizadas.

La perspectiva de la hibridación, y la hibridación misma, son propicias para una práctica científica que desestabiliza o disloca conceptos tradicionalmente pensados de modos binarios o enclaustrados en determinados cuerpos teóricos y, en definitiva, son propicias para plantear nuevos problemas o incluso replantear viejos problemas a partir de nuevas preguntas. De allí que la hibridación de disciplinas y de teorías no puede ni debe confundirse con el eclecticismo, que descuida o rechaza la coherencia teórica. Este procede ad hoc, sin considerar la compatibilidad o integración de conceptos de diferentes marcos teóricos en un marco general. De lo que se trata, en cambio, es de conseguir “un equilibrio entre el compromiso teórico de mantener y fortalecer la coherencia de los distintos marcos teóricos generales y la apertura teórica necesaria para la transformación de los conceptos y la reconstrucción de las teorías” (Wright, 1994: 23).

La hibridación también permite o facilita el combate contra el dogmatismo, esto es, actuar negando las falencias y/o los desaciertos de la teoría que se emplea, como también dar a ella y a sus conceptos un carácter talmúdico, rígido, en definitiva, ahistórico. Como dice Erik Wright (1994: 23), debemos “fabricar conceptos que satisfagan al mismo tiempo las construcciones teóricas y las empíricas”. Esa construcción no puede descuidar, insistimos, la historicidad de los procesos o fenómenos que se quieren estudiar.

Situado desde esta perspectiva, nuestro libro propone trabajar en el campo de la sociología histórica analítica, con su objeto de estudio privilegiado: el cambio social, combinando una mirada comparativa y de larga duración
–entendiendo, como se verá más adelante, que la perspectiva de la larga duración abarca el tiempo presente– (20). En cuanto a la comparación, hay que decir que aunque se la considere el método por excelencia de la sociología histórica, esto en modo alguno significa rechazar la existencia de hechos únicos y la posibilidad de estudios orientados a un solo caso. De hecho, no toda sociología histórica es comparada o, si se prefiere, no solo es comparada (véase, por ejemplo, la visión de Abrams). Significa, en cambio, analizar esos hechos únicos dentro de modelos que van más allá de la singularidad. El libro que presentamos asume la comparación como método predilecto de la sociología histórica aunque, como se podrá apreciar a lo largo de los capítulos, esta no es aplicada de modo sistemático sino como guía de nuestro análisis justamente para ir más allá de la singularidad.

En la sociología histórica de “segunda ola”, en general, la comparación toma como objeto las unidades nacionales o el Estado-Nación para el análisis de procesos macroestructurales (la “gran transición”). En la actualidad, las ciencias sociales, en general, han abandonado la trilla de los grandes conceptos: Estado, Nación, Mercado, Sociedad, Frontera, etc. Desde varias disciplinas, se han desechado tales conceptos, que son vistos como propios de un paradigma ya viejo. Y en definitiva, se ha abandonado, sin haberlo transitado demasiado, el camino de las grandes estructuras, los amplios procesos y las comparaciones enormes, tomando prestada la expresión de Tilly (1991).

En línea con aquellos “viejos” abordajes, este libro propone un análisis comparativo de procesos sociales (y no de instituciones, como el Estado, el Derecho, la Ciudadanía, la Democracia, etc.) que recupera la perspectiva medular de la “segunda ola” de sociología histórica: la vocación por comparaciones de procesos en gran escala y de larga duración. También, en línea con la “tercera ola” de sociología histórica, el libro propone una perspectiva de género para la comprensión de ciertos aspectos de la construcción del orden respecto de los cuales ella ofrece resultados cruciales.

Ya se ha dicho que el objeto de estudio privilegiado de la sociología histórica es el proceso de cambio social. Este es precisamente el rasgo que filia a los sociólogos históricos del siglo XX y lo que va del XXIcon los padres fundadores de la sociología en el siglo XIX toda vez que las transiciones epocales y en particular el tránsito hacia la modernidad son el centro de atención de ambas instancias. Entendemos que la sociología histórica se ocupa casi exclusivamente del cambio social, puesto que en la consideración del cambio convergen la sociología, con el bagaje heredado del siglo XIX, y la ciencia de la historia, con la noción de temporalidad que es inherente al cambio. Respecto de esta categoría, hay que decir que existen diversos modos de definirla, y ello nos exige una explicitación. Aquí tomamos la propuesta por Tilly (1991: 27), para quien “el ‘cambio social’ no es un proceso general, sino un término que engloba procesos muy diferentes entre sí y entre los que existen unas conexiones muy distintas unas de otras […] las teorías de los estadios del cambio social presumen una coherencia interna y una normalización de las experiencias que desaparecen nada más observar la vida social real” (21).

Respecto de la contemporaneidad, o estudio del presente, esta fue admitida en el dominio de la historiografía y de las ciencias sociales en proyectos como el de la Escuela de los Annales –con Lucien Fevbre, Marc Bloch y Fernand Braudel– o como el del italiano Benedetto Croce, que reivindicaba precisamente una historia contemporánea. No obstante, la mirada sobre lo estrictamente contemporáneo no tuvo eco en el ámbito de la ciencia de la historia. Solo en casos excepcionales la Historia Contemporánea se ocupó del período inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial. Por su parte, la sociología quedó sumergida en un ahistoricismo fuertemente estimulado por el paradigma estructural-funcionalista, inspirado en la sociología de Parsons y alimentado por sus seguidores. A partir de la crisis de 1930 y, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, la reflexión histórica e historiográfica sobre el presente (el presente de la segunda posguerra) comenzó a despuntar con cierta lentitud hasta hacerse evidente. A modo de ilustración, Ángel Soto Gamboa (2004) se refiere a conceptos como “historia inmediata” (Jacques Le Goff) e “historia del presente” (Pierre Nora), que se institucionalizaron en la academia francesa como corrientes de pensamiento en los años ochenta y desde entonces tuvieron una proyección más amplia. Así, en Francia, pero también en Alemania, Inglaterra e Italia, el presente fue objeto de consideración en distintos institutos especializados. En España, a partir de la transición a la democracia, algo similar tuvo lugar a través de programas de estudio y de redes y asociaciones (como Historia a Debate y la Asociación de Historia Actual, que han incorporado hábilmente las herramientas que brinda la conexión a Internet). En América Latina, el estudio del presente histórico es más fragmentario, diseminado en cátedras, cursos y seminarios.

En suma, la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial fueron dos momentos cruciales del proceso de institucionalización de las ciencias. Mientras la sociología histórica se ocupó de los absolutismos, los totalitarismos y las dictaduras, la historia del presente –o cualquiera de las denominaciones que de ella se asuma– se ocupó primordialmente de la memoria del nazismo y del fascismo (22).

En América Latina, la institucionalización de la sociología histórica ha sido más errática. No obstante, existe una tradición de pensamiento social que estrecha lazos entre la sociología y la historiografía. En las décadas de 1960 y 1970 –para no remontarnos más atrás–, se publicaron libros emblemáticos que abonan esa trilla, como el de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina (1969), o el coordinado por Raúl Benítez Zenteno, Las clases sociales en América Latina. Problemas de conceptualización (1973), sin olvidar publicaciones previas de José Medina Echavarría, Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina (1964), y de Gino Germani: Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas (1962), y el posterior libro de Jorge Graciarena, Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina (1967), tan solo por citar algunos pocos.

Hay que destacar que, tal como señala Richard Lachmann, en la presentación del ya referido simposio en el que se discutió el citado libro de Adams, Clemens y Orloff, es cierto que la sociología histórica norteamericana se ha dedicado a temas no norteamericanos, pero poco tiene para decir sobre los colegas no norteamericanos y sus producciones. Esta insularidad de la sociología histórica norteamericana es la que ha obstaculizado el diálogo con otras prácticas científicas que también han abogado por cierta reivindicación de la historia y de la historicidad en el análisis de la realidad social, en particular con el pensamiento latinoamericano, al cual aquí nos hemos referido, en mayor o menor medida, para ofrecer una presentación de la sociología histórica más acabada.

Nuestra presentación de la sociología histórica se completa con una reflexión acerca de la larga duración. Soto Gamboa (2004) realizó un interesante estado de la cuestión sobre la historia reciente y sus sinónimos, en el cual, a partir del análisis crítico de trabajos de Julio Aróstegui y Josefina Cuesta, el autor sostiene que no tener límites cronológicos precisos es una característica de la historia reciente. En efecto, el autor muestra que, para algunos, la historia reciente se inicia con la consideración de los hechos que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, mientras que, para otros, el límite de la contemporaneidad es la Revolución Rusa o incluso algo tan posterior como la caída del muro de Berlín. A nuestro juicio, la visión más estimulante es la que concibe el presente como historia vivida, como una memoria de un pasado que permanece vivo en el presente del historiador, quien es sujeto de la historia y de la historiografía que emerge de esa historia. Ahora bien, esta caracterización de la historia reciente de ningún modo parece involucrar una temporalidad de larga duración. Aróstegui (2001), en un artículo sobre cómo concebir la historia reciente –o más precisamente, en sus términos, “coetánea”–, invoca el pensamiento de José Ortega y Gasset y su prescripción de “mirar la propia época desde lejos”. Con esto, Aróstegui pretende recuperar una noción de presente que supone toda la historia y no apenas un fragmento parcelado (el pasado, el presente, el futuro), en el supuesto que “[t]odo tiempo, hasta el futuro mismo, es Historia”. Proponemos recorrer el argumento en ambas direcciones: mirar la propia época desde lejos, asumiendo el presente como historia; y mirar la historia de largo alcance como algo que solo adquiere sentido cuando se la interroga desde el presente. Entendemos que es válida una concepción del presente y del pasado como categoría histórica y como perspectiva metodológica. En otras palabras, que tampoco son las nuestras sino las de Braudel, asumir la larga duración como una temporalidad estructural de toda realidad social, sea esta pasada, presente o futura, e incluso como una temporalidad estructural del investigador inmerso en esa realidad social.

Creemos firmemente que la sociología histórica es un proyecto intelectual de hibridación de disciplinas que ofrece no solo promesas de innovación científica de cara al futuro, sino, más concretamente, posibilidades actuales de plantear nuevas preguntas, como esperamos mostrar con este libro.

El libro que presentamos es, entonces, un libro de sociología histórica de América Latina que abarca el tiempo pasado y el tiempo presente, cubriendo un lapso poco mayor que doscientos años. No es un libro de historia. Es un libro de sociología histórica del proceso de cambio social de larga duración: la construcción del orden. Nuestra opción epistemológica y metodológica, tal como la definimos arriba, es, en primer lugar (pero no solo), una reacción contra una historiografía sin teoría ni conceptos, es decir, una historiografía empirista, historizante, tanto como una reacción contra alguna sociología sin historia presente en los estudios de América Latina. Esta opción –en tanto concebimos la sociología histórica como un dominio híbrido más que como una rama o área de la sociología– permite unir dos lógicas analíticas, la de la historiografía y la de la sociología. De un modo esquemático, un problema historiográfico se construye a partir de la lógica de los acontecimientos, incluso de los procesos, acaecidos en determinados tiempo y espacio. Por su parte, un problema sociológico es generado más primordialmente a partir de un cierto dispositivo teórico-conceptual. De la unión de estas dos lógicas surge la propuesta de este libro: su estructura y su desarrollo se centran en algunos conceptos –orden, poder, revolución, oligarquía, populismo, dictadura, democracia, ciudadanía, etc.–, que son aplicados a situaciones históricas concretas, desplegadas en distintos espacios (países, regiones) y en tiempos no siempre sincrónicos, y sobre las cuales se aplica una mirada comparativa. Problemas, sí –en la línea de la historia-problema que pretendía Febvre–, pero analizados desde una perspectiva sociológico-histórica, a partir de su conceptualización. Cada problema requiere de un concepto y cada concepto al que apelamos es utilizado para dar cuenta de un problema. La mirada comparativa, por definición, exige un trabajo simultáneo tanto en el plano de la conceptualización como en el del análisis minucioso de cada caso. En razón de esto, la comparación es una estrategia que facilita la reflexión más allá de los núcleos disciplinarios, en particular, del núcleo duro de una historiografía intransigentemente enfocada en el pasado y de una sociología obstinadamente anclada en un presente atemporal.

En definitiva, el libro pretende acercar a los lectores y las lectoras a un aspecto fundamental de la historia de América Latina de los dos últimos siglos mediante un relato general explicativo que no sigue el criterio narrativo cronológico preferido comúnmente por los historiadores. En consecuencia, no narramos secuencias ininterrumpidas de acontecimientos y/o procesos, no nos ocupamos de todos y cada uno de los países de la región, ni pretendemos abarcar la totalidad de los aspectos de la historia latinoamericana del tiempo elegido para nuestro análisis. Formulamos preguntas sobre estructuras y procesos sociopolíticos propios de un espacio –América Latina– y un tiempo –circa fines del siglo XVIII hasta hoy–, y para darles respuestas, rompemos con unidades de tiempo y lugar –es decir, damos saltos en ellos– como medio para realizar comparaciones relevantes y verificar hipótesis.

Los ejes del libro

Nuestro punto de partida para el análisis de la construcción del poder, y con ella la del orden, retoma una proposición original, según la cual la ruptura del nexo colonial abrió tres procesos: la formación del Estado nacional, la creación de la nación y la constitución del mercado interno. Los tres fueron concebidos como otras tantas expresiones de un proceso englobante: la constitución de la burguesía como clase fundamental de la sociedad (23). La hipótesis fue pensada originalmente para analizar el proceso argentino de construcción del Estado y la burguesía durante el siglo XIX, extendiéndola luego a América Latina, con una modificación importante en la formulación, consecuencia de un mejor conocimiento del movimiento histórico: en rigor, no hubo formación del mercado interno sino un proceso de constitución de las condiciones que hicieron posible la mejor inserción de nuestras economías en la economía-mundo. Por cierto, hubo (con notorias diferencias entre países), algún grado de formación de un mercado interno, si bien subsidiario dentro del modelo de crecimiento hacia afuera.

Se trata de un planteo que coincide, en alguna medida, con el de Mann (1991), para quien hay tres procesos que construyen orden: 1) la construcción del Estado (poder político y militar); 2) la construcción de la nación (poder ideológico-cultural); 3) la construcción del mercado, que, en el caso latinoamericano, en rigor, lo concebimos como proceso de construcción de la adecuación de las estructuras productivas nacionales al mercado mundial (poder económico). Nuestro planteo coloca, en el mismo plano que los anteriores, ese cuarto proceso englobante (que Mann asocia al poder social –poder social que según su proposición tiene sus “fuentes” en los otros tres), el de construcción de la sociedad, id est, nuevos sujetos sociales que procuran constituirse como clase(s) y, por lo tanto, nuevas relaciones sociales (24). En interacción dialéctica, el cuarto proceso es “resultado” de los otros, tanto como acelerador.

Incluimos también instrumentos analíticos provistos por la perspectiva de Bourdieu (1969, 1984, 1988 y 2007: parte III), para quien existen tres fuentes de poder constituidas por tres tipos de recursos o capitales: simbólico, cultural y social. Estos tres capitales/poderes, más el económico, son, para el sociólogo francés, los principios de construcción del espacio social, es decir, la producción y reproducción de las clases y fracciones de clase y, por lo tanto, de la vida social.

Con ese punto de partida definimos cinco procesos particulares que permiten entender el más amplio cambio social que es objeto de estudio en este libro: la construcción del orden. Los cinco procesos son: 1) la disolución del orden colonial; 2) la constitución y crisis del orden oligárquico; 3) la débil construcción del orden en las sociedades de masas; 4) los intentos de (re)construcción del orden a partir del terrorismo de Estado y formas menos exasperadas de prácticas de exclusión, y 5) la actual (re)construcción del orden en sociedades fragmentadas. Entendemos que cada uno de estos procesos pueden ser desglosados en tres subprocesos que “construyen orden” (siguiendo a Mann): 1) la construcción del Estado (poder político y militar); 2) la construcción de la nación (poder ideológico y cultural), y 3) la construcción del mercado (poder económico). De este modo, el amplio y siempre escurridizo proceso de construcción de la sociedad (o del orden social) es “resultado” de los otros (según la hipótesis de Mann), pero, insistimos, es también acelerador del cambio.

Después del capítulo 1, que trata fundamentalmente sobre la concepción del tiempo en América Latina –una cuestión nodal en este libro–, los siguientes seis capítulos corresponden al estudio de los cinco procesos enunciados arriba. En cada capítulo, esos tres factores (Estado, nación, mercado) conducen a un modo “ordenado” de articulación de las relaciones sociales (sociedad). En cada capítulo, también, se analiza la contracara de ese orden, es decir, el cambio o “la serie de posibilidades de cambio” y no necesariamente el desorden. Porque, en efecto, lo contrario del orden puede ser, sí, el desorden, pero “más a menudo es otro orden o la propuesta de otro orden”. Es que “[l]a estructuración del orden es siempre también una desestructuración” (Lechner, 1984: 73). En otros términos, se ofrece, como se ha dicho antes, una interpretación en clave de conflicto que pretende abarcar las oportunidades disponibles de constitución de órdenes alternativos, a través del análisis de las formas de la acción colectiva que pujan por transformar el orden vigente.

Ahora bien: tanto cuando el orden vigente es cuestionado por el desorden como cuando lo es por una propuesta de orden alternativo, nos encontramos en una situación en la cual el conflicto explícito, manifiesto, es un componente fundamental de ella. Sociológicamente, el conflicto es una relación o interacción entre dos o más sujetos –en nuestro caso, sociales, id est, colectivos, más que individuales o personales– que disputan entre sí con el fin de alcanzar uno o más objetivos determinados, a partir de intereses divergentes, en el límite, incompatibles. Esos objetivos conflictivos pueden alcanzarse mediante la persuasión, las recompensas contingentes (una de las partes concede a la otra una porción del reclamo a cambio de alguna concesión) y/o la violencia o la coerción. “Hasta donde una relación sea conflictiva, la coerción será potencial y, con frecuencia, real” (Kriesberg, 1975: 32). La forma más elevada del conflicto es el de clases, particularmente en una situación revolucionaria y, más específicamente aún, en el desenlace o resultado revolucionario, cuando –como señala Gallino (1995: 205), “el logro de los objetivos de una parte puede realizarse solamente con la eliminación de la contraparte como sujeto activo, o sea, quitándole todo poder o incluso todo derecho”.

Por otra parte, hay siempre tensión entre el orden existente y el orden posible, tensión mediante la cual se desarrolla la política que, a su vez, es “el conflicto acerca del sentido del orden” (Lechner, 1977: 24).

Cada capítulo, por último, hace referencia a la relación de los procesos nacionales con el imperialismo y los condicionantes externos (la “situación de dependencia”, para apropiarnos de un modo particular de los términos de los sociólogos Faletto y Cardoso). De este modo, se ofrece una mirada en términos de proceso, donde la agencia y la estructura son partes igualmente cruciales del análisis sociológico-histórico, y donde lo externo y lo interno son inseparables. Así, toman relieve la acción de los movimientos obreros y campesinos, las complejas relaciones entre los militares y el poder político civil, el papel de la Iglesia católica, las intervenciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, las relaciones internacionales, etc.

Lo anterior responde a nuestra proposición de contribuir a la explicación de la realidad latinoamericana, prestando especial atención a dos correlaciones fundamentales, apreciables cuando se analiza la construcción del orden en clave de conflicto, y de alcance espacial de gran escala. La primera de ellas es la existente entre cada patrón de acumulación del capital y las formas de acción colectiva, y el marco institucional de regulación de las relaciones sociales y políticas que lo distinguen de otro(s), sin que ello implique necesariamente la total desaparición de formas precedentes. La historia social latinoamericana permite apreciar la proposición, analizando los tres grandes patrones de acumulación desarrollados desde fines del siglo XIX hasta hoy, correspondientes a sucesivos modelos económicos: el primario exportador, el de industrialización sustitutiva de importaciones y el transnacionalizado. La segunda correlación es la constatable entre ciclos económicos largos y la acentuación del conflicto social o, como los llama Ernesto Screpanti (1985: 70), “insurrecciones proletarias recurrentes” y “gran explosión de luchas de clases”. Historiadores como Eric Hobsbawm y Jean Bouvier mostraron, ya en la primera mitad de los años sesenta, la existencia de una correlación entre unos y otras. Los economistas, a su vez, lo advirtieron a mediados de la década siguiente (casos de Henry Phelps-Brown y Ernst Mandel). Así, fue posible constatar olas de alta conflictividad durante los años 1806-1820, 1866-1877, 1911-1922 y 1967-1973. Estas olas tuvieron al menos cuatro rasgos comunes; fueron: 1) proletarias, esto es, la clase obrera desempeñó un papel central; 2) generales dentro del centro del sistema capitalista mundial en el cual se produjeron simultáneamente; 3) autónomas, “es decir, fueron movimientos espontáneos de la clase obrera, que rompió con su habitual dependencia y subordinación a la dinámica económica, política y social del sistema capitalista”; 4) radicales, en tanto atacaron la raíz de ese sistema (Screpanti, 1985: 70-71).

Por cierto, la historia social muestra la existencia de otros muchos estallidos sociales importantes –tales, por caso, los de 1815-1848, 1880-1900 y 1925-1936–, pero ellos carecieron de alguno de los cuatro rasgos antes señalados. Los cuatro grandes momentos de intensificación de la lucha de clases “coincidieron exactamente con los años que marcan los puntos de inflexión más altos de los ciclos Kondratiev” observados durante la larga duración que va desde comienzos del siglo XIX hasta fines del siglo XX. En ese lapso, la alternancia de las fases A (ascendente) y B (descendente) de los ciclos u ondas Kondratiev siguió, según Screpanti (1985: 100 y 72), la secuencia del cuadro 1.

Cuadro 1

Fase A

Fase B

1787/1790 – 1810/1817 (Revolución Industrial)

1820/1827 – 1844/1855 (Restauración)

1844/1851 – 1870/1875 (Era del capital)

1870/1875 – 1890/1896 (Primera gran depresión)

1890/1896 – 1914/1920 (Belle Époque)

1914/1920 – 1939/1945 (Segunda gran depresión)

1939/1945 – 1967/1975 (Edad de oro del capitalismo)

1967/1975 – ?

Luis Sandoval Ramírez (s. f.), tomando como base el libro de Ernest Mandel (Las ondas largas del desarrollo capitalista, 1980), reitera lo establecido por este (sin diferir sustancialmente con Screpanti) y formula una proyección para el cuarto ciclo, cuyo final estaría próximo:

Cuadro 2

Fase A

Fase B

Total de cada ciclo

1793-1825 (33 años)

1826-1848 (23 años)

Primero: 55 años

1849-1873 (25 años)

1874-1893 (20 años)

Segundo: 45 años

1894-1913 (20 años)

1914-1945 (32 años)

Tercero: 50 años

1946-1975 (30 años)

1976-2008-2010? (¿33-35 años?)

Cuarto: ¿62 años? (25)

Sandoval Ramírez señala que el crecimiento de las tensiones de la vida socioeconómica del capitalismo ha generado, al concluir cada onda larga ascendente, grandes conmociones político-militares, como guerras y revoluciones. Así, por caso, durante la fase A del primer ciclo Kondratiev, se produjeron las guerras revolucionarias y napoleónicas (1793-1815), revoluciones en España e Italia, guerras de independencia en América Latina y en Grecia. En el segundo ciclo, la guerra civil norteamericana (1861-1865) y la guerra franco-prusiana (1870). En el tercero, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y las revoluciones mexicana (1910) y china (1911), mientras que en el cuarto se encuentran la guerra de Vietnam y, agregamos, los procesos de descolonización y las revoluciones boliviana, cubana y argelina. América Latina, en tanto periferia del sistema capitalista mundial, fue parte de las olas de explosión de luchas de clases de 1911-1922 y 1966-1973. A su vez, Sandoval Ramírez recuerda que durante los períodos 1822-1826, 1870-1893, 1921-1931 y 1970-hasta el presente, los países latinoamericanos atravesaron sendos procesos de endeudamiento intensivo, seguidos de una crisis de pagos y una moratoria generalizada de pagos de la deuda externa.

El eje articulador del libro, dijimos, es la cuestión del poder y del orden. Partimos de una evidencia: entre 1804 (independencia de Haití) y 1825 (independencia de Bolivia), en casi toda América Latina, con excepción de Cuba y Puerto Rico, el orden colonial se disolvió. En este breve lapso, las colonias declararon la independencia política y comenzaron la larga y ardua tarea de construcción de un orden nuevo. De modo general, se avanzó en forma desigual en la constitución de nuevas estructuras económicas en todos los países, siendo la formación del Estado precedente a la de la nación. La economía se transformó de colonial en capitalista dependiente, primero del Reino Unido y después de Estados Unidos. La dependencia fue primero mercantil y luego imperialista. Todos estos grandes cambios del orden político, cultural y económico transformaron sustantivamente a las sociedades latinoamericanas. Así, se pasó de un sistema de estamentos a uno de clases, proceso obviamente carente de linealidad. En materia de economía, los grupos sociales dominantes –en proceso de constitución de clase– se esforzaron mucho más por la generación de condiciones que permitiesen la plena incorporación al mercado mundial, que por la construcción de un mercado interno. El resultado fue una situación que, aunque con diferente magnitud en cada país, combinó las más modernas formas de producción y relaciones sociales capitalistas con los resabios coloniales. Fue un resultado pasible de ser explicado en términos de modernización conservadora dependiente, revolución pasiva dependiente o modernización de lo arcaico-arcaización de lo moderno, según se prefiera hacerlo siguiendo a Barrington Moore, Antonio Gramsci o Florestan Fernandes, respectivamente.

Convencionalmente, se admite que la transición de la economía colonial a la capitalista dependiente concluyó hacia la década de 1880, proceso que en varios países fue acompañado de la constitución de Estados modernos, más o menos dotados de los atributos que los constituyen como tales, especialmente la monopolización de la violencia, física y simbólica, considerada legítima, y la monopolización de la percepción tributaria, lo cual conllevó una cierta definición de las relaciones de dominación de clase, amén de los límites territoriales sobre los cuales ejercer imperium. Este proceso no se dio en todos los países de la región ni de modo igual, ni en sincronicidad. Brasil y Chile fueron excepciones; tenían Estados más o menos centralizados ya en las décadas de 1820 y 1830, respectivamente. Colombia, México, Argentina y Uruguay, en cambio, prolongaron su respectivo proceso hasta las décadas de 1850 a 1880. Bolivia y Perú, por el contrario, son casos en los cuales el proceso de centralización del poder se prolongó, lográndose en sentido estricto solo con los procesos revolucionarios iniciados en 1952 y 1968, respectivamente. Salvo en Uruguay, estos Estados se constituyeron bajo la forma oligárquica, con una fuerte, y hasta fortísima, exclusión social y política.

Las lectoras y los lectores están frente a un libro de análisis que, en clave sociológico-histórica, presenta una historia social de lo político (con su capacidad para establecer las lógicas sociales que actúan en la vida política) y, al mismo tiempo, una historia política de lo social (con su capacidad para identificar la forma en que lo político marca lo social), para decirlo según la proposición de Yves Déloye (2004: 9-30).

Aspiramos a que la explicación ofrecida sea compartida por muchos, pero sabemos que no hay ciencia social completamente objetiva. Por el contrario, siempre existe compromiso –algunos lo explicitan, otros lo niegan u ocultan–, lo cual no inhibe la pretensión de alcanzar el mayor grado de objetividad posible. Creemos, con Immanuel Wallerstein, que la verdad cambia porque la sociedad cambia. En una línea que recuerda a Walter Benjamin (en Tesis de Filosofía de la Historia), Wallerstein acota: “Solo se puede narrar verdaderamente el pasado como es, no como era. Ya que rememorar el pasado es un acto social del presente hecho por hombres del presente y que afecta al sistema social del presente”. Una narración-explicación tal requiere la honestidad intelectual de hacer explícitos, de “definir claramente los términos” (Wallerstein, 1979: 15).

El libro recoge ese plus que hace de la sociología histórica no solo una actividad intelectual fascinante, sino un reto permanente a la investigación de lo social para historizar y explicitar siempre los razonamientos. Estamos convencidos de que, con las claves analíticas aquí brindadas, quienes sientan la tentación de profundizar el conocimiento del proceso histórico pasado y presente de este subyugante subcontinente encontrarán un rumbo certero.

3. Adicionalmente, entendemos por América Latina a todos los países de la región colonizados por España, Portugal y Francia, jurídicamente independientes desde la ruptura del nexo colonial, en el siglo XIX, incluyendo también a Puerto Rico, pese a su condición de Estado Libre Asociado. No consideramos las pocas posesiones que Francia aún mantiene bajo su dominación en el Caribe (en las Antillas menores: Guadeloupe, Martinica y algunas islas más pequeñas, como Les Saintes, Saint Martin –compartida con Holanda–, Désirade, Maria Galante), en Terranova (islas de Saint Pierre, Miquelón y Langlade) y en América del Sur (Guayana). Un caso complicado es el de Québec –parte de Canadá–, donde no han faltado expresiones reivindicatorias de su condición latinoamericana, que aquí dejamos sin consideración.

4. Siguiendo a Gramsci, preferimos la expresión “ciencia de la política” a la más usual “ciencia política”.

5. “Es posible […] establecer dos grandes ‘planos’ superestructurales, el que se puede llamar de la ‘sociedad civil’, o sea, el conjunto de organismos vulgarmente llamados ‘privados’, y el de la ‘sociedad política o Estado’ y que corresponden a la función de ‘hegemonía’ que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y al de ‘dominio directo’ o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno ‘jurídico’” (Gramsci, 1975: III, 1518-1519).

6. “El fin de los antiguos era la distribución del poder político entre todos los ciudadanos de una misma patria: ellos llamaban a esto libertad. El fin de los modernos es la seguridad en los goces privados: ellos llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones para estos goces” (apud Bobbio, 1989b: 8). Para los “antiguos” se trataba de asegurar la democracia; para los “modernos”, de asegurar la propiedad.

7. Véase Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (Discurso de la servidumbre voluntaria). La Boétie escribió su texto en 1548, cuando tenía tan solo 18 años. Hay versiones recientes en soporte papel y digital, en francés y en castellano. Véase también Barrington Moore, Injustice. The Social Bases of Obediente and Revolt, Nueva York, M. E. Sharple Inc., Wuite Plans, 1978 [ed. cast.: La injusticia. Bases sociales de la obediencia y la rebelión, México, DF, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996]. Moore, además de la obediencia, analiza por qué, en otras ocasiones, en cambio, la gente se rebela contra situaciones humillantes e injustas.

8. Florencia Mallon (1983) ha sostenido que los grupos populares poseyeron ideas, teorías y proyectos tanto como ingenuidad, autonomía y creatividad. En sus estudios se refería al mundo andino, específicamente a Perú, pero en un libro posterior, Mallon (1995) amplió la geografía, considerando que no era una situación específicamente peruana.

9. Pero si de explicar la formación de la organización psíquica de los sujetos se trata, es inexcusable recurrir a Sigmund Freud: Psicología de las masas y análisis del yo; El malestar de la cultura; El porvenir de la ilusión; y Moisés y el monoteísmo –sus textos considerados “sociales”, toda vez que, como dice Rozitchner (1987: 19), en ellos “el problema de lo colectivo y lo histórico es explícito”.

10. Aquí hemos utilizado Burris (1992).

11. “La cuestión de la fidelidad a los padres fundadores de la ciencias sociales se reduce a lo siguiente: si uno es o no es marxista o weberiano es una alternativa religiosa, no científica. De hecho, uno puede –y debe– usar a Weber contra Weber para ir más allá de Weber. De la misma manera, uno debería seguir la advertencia de Marx cuando dijo ‘yo no soy marxista’ y ser un marxista antimarxista. Uno puede pensar con Weber o Durkheim, o con ambos, contra Marx para ir más allá de Marx y, en ocasiones, hacer lo que Marx podría haber hecho, en su propia lógica. Cada pensador ofrece los medios para superar las limitaciones de los demás. Pero una ‘Realpolitik del concepto’ capaz de evitar el eclecticismo presupone, en primer lugar, la comprensión previa de la estructura del espacio teórico en el que emergen las antinomias ficticias” (Bourdieu, 2000: 76).

12. “Un grupo social es dominante respecto de los grupos adversarios que tiende a ‘liquidar’ o a someter incluso con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines o aliados. Un grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernativo (esta es una de las condiciones principales para la conquista del poder); luego, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga firmemente en las manos, se hace dominante, pero tiene que seguir siendo también dirigente” (Gramsci, 1975: III, 2010-2011).

13. De acuerdo con Julio Aróstegui (1995: especialmente 20-21 y 23), distinguimos la historia de la historiografía. En rigor, esta es la ciencia que estudia la historia, quedando deslindados, así, dos ámbitos distintos (aunque tradicionalmente confundidos): el objeto y la ciencia que lo estudia.

14. Estos dos últimos libros hacen referencia a la sociología histórica y coinciden con Theda Skocpol (1991) en situar su institucionalización en los años setenta en Estados Unidos. Por su parte, Piotr Sztompka (1995) abona la misma idea. La expresión sociología histórica o sociología de la historia fue utilizada por primera vez por Howard Becker y Harry Elmer Barnes en su Social Thought from Lore to Science (1938).

15. Se encontrarán agudas observaciones y sugerencias en Bourdieu (1995).

16. En buena medida, las seis proposiciones de Sztompka retoman planteos de Tilly (1991). En cada proceso social, la secuencia de sucesos es tratada de forma acumulativa, de modo tal que cada fase de la misma es considerada como un resultado acumulado o un punto de llegada de todas las formas anteriores y, simultáneamente, germen, “empapado de potencial” o punto de partida de las fases por venir. En cada momento histórico existe “un campo determinado de oportunidades, posibilidades, opciones para el curso futuro del proceso, delimitadas significativamente por la totalidad del curso pasado del proceso” (Sztompka, 1995: 236).

17. Véase “Symposium on Remaking Modernity: Politics, History and Sociology”, en International Journal of Comparative Sociology, nº 47 (5), pp. 419-431.

18. Actualmente, aunque marginal, en Francia, el interés por articular la conceptualización sociológica a partir del material histórico se encuentra desarrollado de modo bien interesante en los trabajos de la “sociohistoria”, en particular en los de Gérard Noiriel y de Michel Offerlé. Otra deriva de la sociología histórica es el enfoque path dependence, en general utilizado por la ciencia política norteamericana, en una vertiente muy contrastante con la propuesta de Adams, Clemens y Orloff. Al respecto, puede verse la producción de James Mahoney.

19. El etnocentrismo de raíz europea ha soslayado casi por completo el formidable aporte realizado por el tunecino Abd al-Rahman Ibn Khaldun [1332-1406] a lo que siglos después se llamará “teoría sociológica y sociología histórica”. La principal obra de Ibn Khaldun (o Jaldún, como suele escribirse en castellano) es Kitab al-’Ibar wa diwân al-Mubtad’a wa-l-khabar fî ayyâm al-’arab wa-l ‘ajam wa-l-Barbar wa man ‘âsarahum min dhawî al-sultân al-akbar (Libro de la evidencia, registro de los inicios y eventos de los días de los árabes, persas y bereberes, y sus poderosos contemporáneos), dividida en siete libros, el primero de los cuales, Muqaddimah (Historia o Prolegómenos), suele ser considerado un volumen independiente. La suya es, según su propia definición, una Historia Universal, estudiada siguiendo una secuencia cronológica objeto de un análisis lógico e interrelacionado de los acontecimientos del pasado, sus consecuencias en el presente y sus proyecciones (tendencias) futuras. Para una referencia general, véase Alatas, Syed Farid, “Ibn Khaldun and Contemporary Sociology”, en International Sociology Review of Books, vol. 21 (6), Londres, noviembre de 2006, pp. 783-795.

20. En un texto clásico –Introducción a la sociología, primera edición en inglés, 1972–, Tom Bottomore se refería a la sociología histórica como la aplicación de métodos sociológicos para analizar el pasado. Frente a esa concepción, Tilly ha reivindicado la sociología histórica como un paradigma que se aplica también al tiempo presente. Va de suyo que así como sostenemos la pertinencia de una historiografía del tiempo presente, también concebimos (y practicamos) una sociología histórica del tiempo presente.

21. Sztompka (1995: 213) da algunas pistas más sobre la posición de Tilly: “En realidad hay, en lugar de un único proceso maestro de cambio social, numerosos procesos fragmentarios de distintos niveles de complejidad, moviéndose en paralelo, o en direcciones opuestas, separados o solapados, y el ‘cambio social’ solo es un término abstracto para denotar sus consecuencias generales, agregadas y acumulables”.

22. El análisis del presente también se institucionalizó en los denominados estudios de la memoria. A nuestro juicio, la construcción de la memoria, cuando es impulsada desde el Estado, enfrenta el desafío de evitar una construcción puramente oficial. Y a esto se suma otro gran desafío: la estimulación de una reflexión epistemológica, teórica y metodológica en pos de una renovación científica que evite la reproducción de una cultura archivística por algunos todavía idolatrada.

23. La hipótesis de este triple proceso fue expuesta por primera vez en Ansaldi (1985) y reiterada en Ansaldi (1989).

24. Para Mann (1991: 14-15), “[l]as sociedades están constituidas por múltiples redes socioespaciales de poder que se superponen y se intersectan”. Concebir las sociedades de este modo abre paso al análisis de las mismas, su estructura e historia, como interrelaciones de “cuatro fuentes del poder social: las relaciones ideológicas, económicas, militares y políticas”. Son “redes superpuestas de interacción social” que conforman “organizaciones, medios institucionales de alcanzar objetivos humanos”. Cada una de las cuatro fuentes de poder social genera formas específicas de organización de las relaciones sociales, cuyas particularidades son definidas por las características del tipo de poder predominante en cada fuente. A juicio de Mann (1991: 22-26), existen cuatro clases de poder: extensivo, intensivo, autoritario y difuso. Mediante una combinación de ellas “se obtienen cuatro formas ideales típicas del ámbito de organización”: 1) poder autoritario-intensivo (estructura militar de mando); 2) poder autoritario-extensivo (imperio militarista); 3) poder difuso-intensivo (huelga general), y 4) poder difuso-extensivo (intercambio en el mercado).

25. Entre quienes trabajan con los ciclos Kondratiev no hay aún acuerdo respecto de la fase actual. Para algunos autores –Samir Amin, Theotonio Dos Santos, Immanuel Wallerstein– ya se ha iniciado una nueva fase de ascenso (A), que habría comenzado en 1993-1994; para otros –como Jorge Beinstein, Robert Brenner, François Chesnais, Adrián Sotelo Valencia, José Valenzuela Feijóo– todavía hay crisis, recesiones y depresiones (fase B).

CAPÍTULO 1

ALGUNAS CLAVES PARA DEFINIR LAS COORDENADAS DE ESPACIO, TIEMPO Y REALIDAD SOCIAL (26)

América Latina: unidad histórica

En su América Imaginaria (1992), Miguel Rojas Mix hace un excelente análisis de cómo Europa y, más tarde, Estados Unidos han visto nuestro continente –desde Colón hasta Walt Disney– como territorio de lo fantástico, lo exótico y, en rigor, un conjunto de fabulaciones etnocéntricas características de un discurso de dominación. La cuestión del nombre América Latina está atravesada por ese discurso, que no es uno sino varios.

Actualmente, América Latina designa la porción del continente americano que se extiende al sur del río Grande y que abarca México, América Central, América del Sur y algunos países del Caribe –pues no incluye a las West Indies, es decir, las zonas del Caribe de habla inglesa, ni a las Antillas Neerlandesas. He aquí una de las señas que refleja los avatares del expansionismo europeo iniciado en el siglo XV y de los proyectos imperiales en competencia. Hacia 1892, España había perdido la potestad de nombrar a sus Indias, mientras que la hegemónica Inglaterra mantenía –y todavía mantiene– el ascendiente sobre la denominación Indies.

Una visión muy divulgada es que América Latina toma su nombre de un legado imperial por el cual las zonas que se designan con ese apelativo son aquellas de habla de raíz “latina”, colonizadas por países europeos del mismo origen: España, Francia y Portugal, que comparten (junto a Italia) un pasado común de larga influencia del Imperio Romano y de la religión católica. Seguramente, la cuestión del nombre es mucho más compleja que este reduccionismo, muy didáctico por cierto, pero poco revelador de los conflictos que se han jugado en la construcción de América Latina.

Fueron los independentistas de las colonias inglesas del norte del continente quienes primero definieron la identidad americana en 1776, en contraposición con la Inglaterra imperial, precisamente, al denominar a la nueva organización política “Estados Unidos de América”. Un tiempo después, alrededor de 1810 y 1830, los independentistas de las colonias hispanas reclamaron para sí el derecho a autoproclamarse repúblicas americanas, dándose esta identidad para diferenciarse de los peninsulares. Simón Bolívar, Francisco de Miranda y, más tarde (y con las connotaciones propias de su tiempo), José Martí defendieron la identidad emancipatoria y emancipada de América.

En la misma época, más precisamente en 1823, el presidente de Estados Unidos James Monroe acuñó su “América para los americanos”, expresión que sintetiza la llamada Doctrina Monroe, según la cual ninguna nación americana debería ser objeto de colonización por ninguna potencia europea. Así, se introducía en la historia universal una de las más notables paradojas: América sería un país (Estados Unidos) tanto como un continente, o mejor, el continente ya no sería uno sino, al menos, dos (“the Americas”). El primero de los términos de la consigna de Monroe (la América-país, la anglosajona, blanca y protestante) patentaba su pretensión de afirmar la tutela gendarme de Estados Unidos sobre los otros países (los americanos de la América latina, mestiza y católica). Unos años más tarde, frente a una nueva reivindicación de esta voluntad imperialista se rebelaron, cada uno por motivos diversos, el argentino Roque Sáenz Peña con su “América para la Humanidad” (1889-1890) y el héroe de la independencia cubana José Martí con “Nuestra América” (1891) (27).

En rigor, la expresión América Latina tiene el cuño del colonialismo francés. Fue concebida en París a mediados del siglo XIX. El pensamiento francés, en particular el mentor del concepto, el senador Michel Chevalier, ideólogo del régimen de Napoleón Bonaparte III, afirmó la correspondencia de las dos grandes divisiones étnicas europeas con las de América. Así, la línea que dividía la Europa septentrional y germana de la meridional y latina servía para distinguir una América anglosajona de otra América precisamente “latina”, de habla española, portuguesa y francesa. Este pensamiento fue difundido en la Revue des Races Latines editada en París y fue abonado por muchos intelectuales y políticos de ambas partes del mundo. La exaltación de las afinidades “latinas”, sobre todo de las afinidades con la cultura francesa, estaban en la base de un nuevo proyecto imperial, el de la Francia expansionista de Napoleón III, que se materializó en México entre 1861 y 1867, con el gobierno imperial de Maximiliano I. Francia era el centro “de una civilización latina, verdadero eje Este-Oeste, símbolo de una prolongación de la Europa humanista, heredera del mundo greco-latino” (Martinière, 1978: 40).

Según relata Luíz Alberto Moniz Bandeira (2005), a las observaciones del francés Michel Chevalier, formuladas en su libro Lettres sur l’Amérique du Nord (1857), se sumaron otras: la del político chileno Francisco Bilbao Barquín y su conferencia en París (1856), en la que usó el concepto América latina para designar a México, América Central y América del Sur, en reemplazo de las hasta entonces empleadas América Meridional, América del Sur y América del Sud; la del escritor y diplomático colombiano José María Torres Caicedo y su poema “Las dos Américas” (1856), en el que se refirió a una América latina en contraposición con una sajona, noción que reiteró en sus “Bases para la formación de una liga latinoamericana” (1861); la de L. M. Tisserand, que llamó Amérique Latine a la que hasta entonces era Amérique du Sud; y, por último, la del cura Emmanuel Domenech, autor del Journal d’un Missionnaire au Texas et au Mexique 1846-1852, que usó América latina para referirse a “le Mexique, l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud”. Bandeira explica que los usos de Chevalier y Tisserand afirmaban el “panlatinismo” frente a la voluntad hegemónica de América del Norte, velando con esto “las pretensiones imperialistas de Francia”, mientras que el uso que le dio Torres Caicedo acusaba el carácter expansivo de la dominación de Estados Unidos, y en el caso de Bilbao (en “La América en peligro”, de 1862), el despotismo europeo y la necesidad de defender a México contra Francia. En rigor, Bilbao, como bien ha señalado Walter Mignolo (2007), fue un crítico de las ambiciones imperiales norteamericanas y europeas, incluyendo las rusas y, en particular, las francesas.

Para los grupos dirigentes y/o dominantes, pero también para los aspirantes a ocupar esos lugares, la admisión de la expresión América Latina, más allá del fracaso de la aventura de Maximiliano y del propio proyecto imperial bonapartista, era la manera más fácil de definir una posición en el mundo que rechazaba tanto el pasado colonial ibérico (sobre todo español) como el contemporáneo expansionismo norteamericano. Después del tercer Bonaparte, la Gran República Francesa fue percibida por aquellos grupos como guía ideológica y cultural, como la potencia que marcaba el rumbo hacia la civilización y el progreso. El pensamiento francés afirmaba la superioridad espiritual de las culturas latinas frente al materialismo propio de las culturas anglosajonas.

Durante parte de ese proceso, que abarcó la segunda mitad del siglo XIX, se produjo una política de renovada agresividad de España sobre sus antiguas colonias. Aunque efímeros, la invasión de España a Perú (a las islas guaneras de Chincha) y su intento por recuperar Ecuador, al promediar la década de 1860, fueron episodios que alimentaron el espíritu antihispano y seguramente colaboraron en la afirmación de la identidad latinoamericana. En la última década decimonónica, la guerra independentista cubana contribuyó a afianzar ese sentimiento.

En 1900, el uruguayo José Enrique Rodó defendió la espiritualidad y el idealismo de la latinidad frente al materialismo de la cultura norteamericana en su libro Ariel. Lo escribió en un contexto en el cual resonaban los ecos de la Primera Conferencia Panamericana de Washington (1889-1890), seguidos de la reafirmación de la voluntad imperialista de Estados Unidos con el corolario del presidente Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe, por el cual se reiteraba la fórmula “América para los americanos”. En ocasión de esa conferencia, el delegado argentino Roque Sáenz Peña contrapuso la consigna, mencionada más arriba, “América para la humanidad”. Pero no se trataba de una reacción antiimperialista, sino ante todo pro británica, dadas las fuertes vinculaciones de los gobiernos oligárquicos argentinos con Gran Bretaña. Este episodio ilustra sin ambages el pasaje de una idea de América Latina asociada al repertorio de la emancipación a otra idea de América Latina ahora directamente versionada por los sectores de la oligarquía dominante. Los contenidos vernáculos de una América Latina renovadamente emancipatoria y antiimperialista vendrían con los primeros signos de decadencia de la dominación oligárquica y con los primeros indicios de la crisis mundial de la década de 1930.

Durante todo este tiempo, en Brasil, el concepto América Latina no parece haber tenido repercusión. Los brasileños habían elaborado, ya en el siglo XIX, una política exterior orientada hacia una identidad suramericana (visible hoy en el Mercado Común del Sur o Mercosur y en el actual impulso a la Unión de Naciones Sudamericanas o Unasur). Por su parte, Estados Unidos volvió más decididamente su mirada hacia Brasil recién en 1889, año de la proclamación de la República. Hasta entonces, el formato monárquico y esclavista del Estado brasileño había actuado como estímulo a su (auto)aislamiento. No es extraño entonces que la tercera de las conferencias panamericanas promovidas por Estados Unidos se realizara en Río de Janeiro en 1906 (la segunda había sido celebrada en 1901 en México, otro gran punto estratégico para la potencia del norte). En ocasión de aquella tercera conferencia, el secretario de Estado de Estados Unidos manifestó ver en Brasil un aliado para salvaguardar la “integridad americana”.

Los primeros cuestionamientos a la oligarquía, potenciados con la crisis de 1930 (más tarde o más temprano según los casos), brindaron las condiciones materiales de producción intelectual de un proyecto de ruptura con la idea de civilización llegada a América Latina junto con el repertorio de ideas emanadas de la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. Entre las varias referencias al nombre y la identidad de América Latina elaboradas por intelectuales de la región durante los años veinte es obligada la mención del pensamiento del peruano Víctor Haya de la Torre.

Para Haya, la cuestión del nombre tenía un correlato político. “Hispanoamericanismo” o “iberoamericanismo” correspondían a la época colonial; “América Latina”, “Latinoamérica” y “latinoamericanismo”, a las repúblicas del siglo XIX; mientras “panamericanismo” era expresión acabada del “imperialismo yanqui”. A esa realidad, Haya de la Torre contrapuso su concepto Indoamérica, todo un signo de la “nueva generación” y de la que llamaba “etapa revolucionaria de Nuestra América”. En otras palabras, el concepto de unidad latinoamericana o “Indoamérica” estaba en consonancia con una estrategia política, que plasmó en la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), entre cuyas aspiraciones se contaba la de llegar a ser un partido político de alcance continental. Aunque esto último nunca pudo concretarse, constituyó uno de los proyectos más elaborados de una América Latina más inclusiva (Funes, 2006: 205-258).

En realidad, se trataba de un nuevo proceso de búsqueda de la identidad de la región, expresado en “una querella de las designaciones” (Aricó, 1980: 111). En esa querella, no es casual la tendencia a una notoria ausencia, la de Haití: Iberoamérica excluye por definición a este pequeño país; América Latina, que debería incluirlo por haber sido colonia francesa (país latino como España y Portugal), suele ser expresión utilizada sin considerarlo parte de ella. Es que, como bien ha apuntado Mignolo (2007), “latinos” eran los criollos blancos o bien, en el límite, mestizos o mulatos con mentalidad europea, pero no había “latinos negros”.

El nombre “América Latina” se impuso cuando las instituciones multilaterales surgidas de la segunda posguerra lo adoptaron. En 1948, el término “América Latina” se utilizó para designar a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, primer organismo internacional que lleva en su denominación este término. Luego se crearon dos organismos que tuvieron fuerte influencia en la materia: la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en 1957, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en 1967. En esos años también, gracias a la especialización disciplinaria y a la institucionalización académica masiva, con hegemonía de los centros de Estados Unidos, se promovieron los Latin American Studies, y más tarde las candidaturas latinoamericanas a los programas de becas del Gobierno de ese país. Y como si faltaran argumentos, durante las décadas de 1960 y 1970, los movimientos revolucionarios apelaron fuertemente a América Latina y así se reivindicaron latinoamericanistas y partidarios de la unidad latinoamericana, en la trilla abierta por los Libertadores del siglo XIX, pero yendo más allá aun (recuérdese que Bolívar planteaba una confederación de naciones hispanoamericanas, excluyendo a Brasil por monárquico y esclavista, mas no por lusitano-americano).

Con todo, no debe desdeñarse que “[e]l nombre de América Latina fue creado, pues, por una historia de invasiones, imposiciones y oposiciones. […] Y es esta historia común de colonialismo y dependencia lo que realmente permite agrupar a tantos países y culturas diferentes bajo el rótulo de ‘América Latina’” (Yepes, s. f.). Se trata de una unidad histórica, que es necesariamente plural, en el más clásico sentido del término “pluralismo”. Con cierta licencia intelectual, nos referimos al pluralismo en los términos que propone Carlos Cárcova (1998) al tomar por caso el pluralismo jurídico, esto es, como la existencia de dos lógicas: una dominante y otra emancipadora. Esta última lógica es la que primordialmente da cuenta del conflicto social y de las posibilidades de transformación del orden, y es ella la que nos permite seguir albergando el deseo de construcción de una América Latina con otros sentidos que no sean los de la negación violenta de las diferencias. Coincidimos así con la formulación de José Aricó, para quien América Latina es un horizonte, algo que se está construyendo.

Los equívocos en la construcción de la historia de América Latina

América ha sido, desde la llegada de Cristóbal Colón, “el continente de los malentendidos” (Rouquié, 1990: 9). El año 1492 fue, aun cuando las conmemoraciones de 1992 pretendieron una interpretación en términos de “encuentro de culturas”, expresión de violencia y de intolerancia: con la llegada de Colón a Guanahaní en América el 12 de octubre; pero también con la culminación de la Reconquista y la caída de Granada en España el 2 de enero, que selló la derrota de los árabes; y con el decreto de expulsión de los judíos el 31 de marzo de aquel mismo año. Primer equívoco: todas estas fechas remiten al calendario juliano pero, según el gregoriano vigente, corresponden al 22 de octubre, 12 de enero y 10 de abril respectivamente.

Segundo equívoco: la identidad del propio Colón, hombre enigmático y discutido, cuyo verdadero nombre y origen continúan siendo una combinación de misterio y controversia. Cristóbal Colón tal vez haya sido Cristoforo Colombo o el pirata Joan Scalvus o inlcuso un impostor, que tomó el primero de estos nombres tras salvar su vida después del incendio de su nave en una batalla naval en las proximidades de Cabo San Vicente (1476). Suele admitirse que fue genovés (de Génova, de Nervi, de Cugureo, de Bogliasco o de Savona, es decir, ligur), pero también puede haber sido portugués, judío converso, catalán, mallorquí, corso, extremeño, gallego e incluso francés, inglés, griego y hasta suizo, que para todas estas candidaturas patrias hay proponentes. Gramsci señala que la literatura sobre la patria de Colón es inútil u ociosa. Si fue genovés, la pregunta es “¿por qué ningún estado italiano ayudó a Colón o por qué no se dirigió a ningún estado italiano? ¿En qué consiste, pues, el elemento ‘nacional’ del descubrimiento de América? El nacimiento de Cristóbal Colón en un lugar u otro de Europa tiene un valor episódico y casual, ya que él mismo no se sentía ligado a ningún estado italiano” (Gramsci, 1975: I, 359-360).

Equívoco fue que un hombre de mentalidad tradicional, feudal o medieval, abriese la puerta de la modernidad al llegar a las Indias que no eran tales, a bordo de tres carabelas que tampoco eran tres, sino dos, pues la Santa María no era carabela sino nao. A la llegada a la isla de Guanahaní, a la que cambió su bello nombre original por el muy devoto “San Salvador” –nombre oportunísimo, pues cuando Rodrigo de Triana, que en realidad se llamaba Juan Rodríguez Bermejo, gritó “¡Tierra!” a las dos de la madrugada del 12 de octubre de 1492, estaba próximo a vencer el ultimátum que el Almirante había recibido de su tripulación y hasta de sus segundos, los célebres hermanos Pinzón: encontrar tierra en tres días o regresar a España–, se lo llamó “descubrimiento de un Nuevo Mundo”, obviando un nada trivial detalle: este continente sin nombre estaba poblado por unos 80 millones de habitantes, un quinto de la población que por entonces habría de tener el planeta. Es posible también que esa primera vez Colón y los suyos no hayan tocado las playas de la pequeña Guanahaní –hoy Watlings, en las Bahamas– sino las de otra isla (¿Cat?, ¿Samana?, ¿Mariguana?, ¿Las Turcas?). De todos modos, isla a la que iban llegando, tierra a la que borraban su identidad original, imponiéndole un nombre español y cristiano, práctica que no solo se aprecia en el primer viaje colombino sino en los sucesivos, quienquiera fuese el jefe de la expedición.

También hay un equívoco en la fecha de la celebración, pues, si bien es cierto que el avistamiento y desembarco se produjeron el 12 de octubre, este día corresponde a la cronología del calendario juliano. Tal como se consignó antes, la corrección introducida por el papa Gregorio XIII convirtió el 12 en 22 de octubre.

Equívoco es, igualmente, el tradicional relato de la llegada de Colón a América del Sur en 1498 durante el tercer viaje, puesto que ya había estado antes –a fines de 1494– en un confuso y ocultado episodio vinculado a los criaderos de perlas de las islas Margarita y Cubagua, negocio del cual finalmente se benefició el piloto de ese viaje, Peralonso Niño, y que al Almirante de la Mar Océana le produjo el desagradable efecto de un cierto malquistar de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. De paso, recordemos que hay quienes creen que en esa expedición (entre mediados de noviembre de 1494 y enero de 1495) participó el mismísimo Amerigo Vespucci.

He ahí otro equívoco. Al continente al que llegaron los españoles –y después de ellos, portugueses, franceses, holandeses, ingleses– se le denominó “América”, derivado de Amerigie (tierra de Amerigo), en homenaje al navegante florentino Amerigo Vespucci, residente en Sevilla desde 1492, naturalizado español en 1505, de allí su conversión en “Américo Vespucio”. Este hombre fue autor de unos relatos no muy confiables pero en los cuales creyó el cosmógrafo alemán Martin Waldseemüller, quien inventó el nombre. En esos relatos, Amerigo se adjudicaba haber llegado a Tierra Firme en 1497. Pero, Colón, si bien llegó oficialmente recién en 1498, ya lo había hecho en 1494 y, como se dijo antes, es posible que en esa ocasión hubiese estado acompañado del propio Vespucci/Vespucio.

Equívoco mayúsculo fueron, asimismo, las cuatro bulas despachadas por el papa Alejandro VI entre mayo y septiembre de 1493 (las dos Inter Caetera, la Eximiae Devotionis y la Dudum Siquidem) mediante las cuales el propio pontífice donó a los Reyes Católicos todas las tierras “descubiertas” y por “descubrir” situadas hacia el occidente o el mediodía en dirección a las Indias, siempre que ellas no perteneciesen a ningún príncipe cristiano. Muy sabiamente –tanto como inútil–, los caribes dijeron que por esta decisión “el Papa debe de estar borracho y el Rey de España, loco”, ya que repartían lo que tenía dueño, posición esa que fundamentó jurídicamente el dominico Francisco de Vitoria, quien, contra la corriente, sostuvo que el rey no tenía derecho a ocupar tierras que por estar ya pobladas no eran res nullus, ni el Papa era el soberano temporal de todo el orbe, de modo que “los paganos no están de ningún modo sometidos a él y por esto no puede dar a los príncipes un dominio que no tiene”.

Equívoco colombino fue, igualmente, creer haber llegado, durante el tercer viaje, a las puertas mismas del Paraíso Terrenal, que situó en el área del golfo de Paria, donde desemboca el Orinoco. Equívoco fue encontrar el Oeste buscando llegar al Este, como también llamar “bárbaros” a pueblos que, como los mayas, los aztecas y los incas, habían alcanzado un notable desarrollo. No conocían la rueda ni el carro, ni empleaban animales de carga, pero eran capaces de crear y mantener complejos sistemas de estratificación social, aparatos burocráticos estatales, estructuras urbanas desarrolladas, una arquitectura monumental expresada en suntuosos palacios, una agricultura sedentaria, redes de comunicaciones excelentes, sistemas tributarios unificadores de amplios territorios, mecanismos de reservas alimenticias para enfrentar eventuales situaciones carenciales… La bella y espectacular Tenochtitlán fue una ciudad de un urbanismo y una arquitectura excepcionales. Hay que añadir los magníficos sistemas de riego complejos, como el de Lambayeque, que une entre sí cinco cuencas, con su canal La Cumbre, de 84 kilómetros. Los mexicas inventaron las chinampas –todavía hoy subsistentes en Xochimilco– para ganar tierras a las aguas. Los mayas conocían la bóveda celeste y crearon un calendario más exacto que el europeo, incluso que el gregoriano de 1582. Poseían un sistema numérico que incluía el cero y una escritura parcialmente fonética. Sus prácticas de aseo corporal eran muy superiores a las de los europeos. Asimismo, la cultura náhuatl había elaborado un lenguaje que Alexander von Humboldt definió como “un sistema complejo y perfecto”, y una cosmovisión que sintetizaba el sentido oriental de interdependencia cósmica y el occidental de individualismo.

Recientes investigaciones históricas cuestionan la vieja idea de la ignorancia de Colón respecto de la existencia de tierras “al otro lado del Océano”. En cualquier caso, el equívoco residiría en sostener que Colón no sabía adónde iba, qué encontraría y sobre todo dónde lo encontraría, aunque todo ello no cambie el equívoco fundador de las Indias que no eran tales, defendido por el propio Colón, tozudamente opuesto a admitir la existencia de un “cuarto mundo”.

Según Ignacio Sotelo (1980: 14), la idea de un nuevo mundo era tan revolucionaria y contradecía “tan rotundamente las creencias de la época que es comprensible que” se impusiera “solo con gran dificultad” y cuando la evidencia era ya agobiante. “Desde la antigüedad clásica parecía una verdad inamovible que la ecumene, es decir, la parte del mundo habitada, conste tan solo de tres partes –Europa, Asia y África–, con lo que se admitía la posibilidad de que existiesen tierras ignotas, pero en las que no había o no podía haber vida humana. Esta división tripartita de la ecumene adquiere con el cristianismo un respaldo teológico: símbolo de la trinidad, viene confirmada en la Biblia en los tres hijos de Noé o en los tres Reyes Magos, representantes de la humanidad toda”. Para Patricia Funes (1992: 3; itálicas de la autora), “[e]sa ‘cuarta parte’ pone en cuestión los cimientos mismos de la cosmovisión, abre la grieta para repensar el cosmos, el geocentrismo, las autoridades, etc. América fue incómoda desde el principio. Por razones de esencia y existencia no entraba en el mapa. Y muy probablemente sea ese el ‘descubrimiento’ de América, lo que [Roberto] Fernández Retamar llama griegamente ‘anagnórasis’: el hombre que se revela (rebelándose, agregamos) a sí mismo, un mundo que se completa”.

El nombre “América” apareció por primera vez en 1507 –casi un año después de la muerte de Colón– y fue consignado en dos mapas de estas tierras realizados por el mencionado Waldseemüller. El equívoco consagrado por el cosmógrafo alemán no solo premió a Vespucio por considerarlo el primero en llegar a la masa continental, en detrimento de Colón (a quien solo le quedó la gloria de haber llegado a las Antillas o al Caribe, es decir, a las islas-puertas del continente), sino que contribuyó a afirmar una temprana manifestación de culto a la personalidad tan cuidadosamente impulsada por el mismísimo Almirante de la Mar Océana (recuérdense sus Fernandina, Isabela, Juana, nombres que asignó a las islas a las que fue llegando).

Un equívoco más deriva del plano de navegación diseñado por Gerhardus Mercator en 1569, planisferio destinado a una larga hegemonía en la enseñanza de la geografía en todo el mundo, el cual da la falsa impresión de que las masas de tierras septentrionales –básicamente Europa y América del Norte (incluyendo Groenlandia), y parte de Asia– son mucho mayores que las meridionales. No es esta una representación cartográfica inocente.

Equívocos notables fueron los de Georg Hegel cuando descalificó a América en virtualmente todos los planos, considerándola un continente sin historia, con una geografía inmadura, mero eco de cuanto acontecía en Europa o también apenas “un país de nostalgia para todos los que están hastiados del museo histórico de la vieja Europa”. Al menos, en la lectura hegeliana, a América le quedaba, felizmente, la posibilidad de llegar a ser real en el futuro. También Karl Marx, en este sentido tan hegeliano, tuvo una mirada poco favorable sobre América Latina. En la misma línea descalificadora, para el naturalista francés George-Louis Leclerc, conde de Buffon, en América hasta los pájaros cantaban mal. He aquí unas pocas manifestaciones de la eurocéntrica invención/construcción de América.

Un muy significativo equívoco es que la primera celebración del “descubrimiento” de América se realizara en 1892, justo cuando España había perdido casi todas sus colonias (Cuba y Puerto Rico dejaron de ser de esta metrópoli en 1898). Esta primera celebración tuvo como signo distintivo la polémica por el nombre. A diferencia de otros continentes, el nuestro carecía de una única denominación global, fuera por parte de los pobladores autóctonos, fuera por parte de los conquistadores. Estos propusieron “Columba”, “Colonia”, “Columbiana”, “Isabélica”, “Colonea”, “Antillana”… También se escribió y habló de “Nuevo Mundo”, “Las Españas”, “Ultramar”, “Provincias Ultramarinas”. El mismo Vespucci, antes de quedarse con la gloria, había propuesto “Orbis Novis” o “Novus Mundus”. Al final, como se ha visto, “América” terminó imponiéndose, pese a la larga resistencia de España, que durante la dominación colonial optó por la expresión “Indias”. En la nominación, los pobladores originarios no tuvieron ni arte ni parte. De continente sin nombre pasó a tener varios. Y el definitivo fue el doble resultado de un equívoco y de una imposición.

Finalmente, con todos estos equívocos, el todavía enigmático Almirante de la Mar Océana encierra toda una simbología que, si no llegó a dar nombre al continente, sí lo asocia –por cierta relación de homofonía entre las palabras– al modo de dominación al que este quedó sometido, el colonialismo.

Si se admite el itálico Cristoforo Colombo, pues entonces la cadena de significados es la siguiente: Cristoforo quiere decir “el que porta el nombre de Cristo”, mientras Colombo designa en italiano al palomo; la paloma, a su vez, en la simbología cristiana es la representación del Espíritu Santo; todo lo cual convierte a Colombo/Colón en una representación simbólica de mensajero de paz, de la “buena nueva” (es decir, del evangelio). Sin embargo, la historia transcurrió por un registro empírico diferente del simbólico: el palomo portaba la destrucción, la guerra. Así, la evangelización –o sea, la conquista espiritual– se tradujo no solo en la imposición coercitiva de una religión en detrimento de las originalmente practicadas por los autóctonos, sino en el complemento eficaz de las conquistas militar y civil.

Según Ticio Escobar (1991: 153-154), la evangelización católica colonial
–absolutista e intolerante, autoritaria y etnocéntrica– tomó la forma de una auténtica misión redentora: “Liberar a los ‘pobres infelices’ del destino de salvajes de su condición primera y elevarlos hasta un plano de humanidad que coincidía con los últimos peldaños de un sistema verticalista y jerárquico”. Las religiones de los diferentes pueblos fueron rechazadas y combatidas por los conquistadores. Sus practicantes fueron obligados a “abjurar de su universo de sentido y aceptar en bloque el cristiano”. Todas aquellas se consideraron, añade Escobar, un conjunto de “niñerías que hacen sin reflexión ni culto” (Diego Ortiz), “supersticiones y locuras de los hechiceros” (Nicolás del Techo), “boberías y necedades” (Ruiz de Montoya), o hechicerías propias de hombres “maliciosos y charlatanes” (Antonio Sepa, S.J.), creencias que debían –y deben aún hoy– “ser radicalmente extirpada[s] en beneficio de la religión dominante. […] Más allá de los objetivos redentores declarados, la consecuencia del desmantelamiento de las culturas propias es la resignada sumisión del indígena y su integración, degradada siempre al modelo civilizatorio occidental”.

Así, la evangelización constituyó, como bien dice la Declaración de Barbados (1971), “una imposición de criterios y patrones ajenos a las sociedades indígenas dominadas, que bajo un manto religioso encubren la explotación económica y humana de las poblaciones aborígenes”.

La posesión de las mentes y las conciencias por la evangelización anuló una porción sustancial de la identidad. El resultado fue, por una parte, la instauración de las encomiendas, las haciendas y las plantaciones. Por otra, el mestizaje, un nuevo biotipo, a veces denominado “americano”, otras, “amerindio”. Esto planteó, al cabo del tiempo, un problema de identidad, el cual Bolívar puso en estos términos en el discurso de Angostura (1819), en tiempos de la independencia:

No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores; así nuestro caso es el más extraordinario y complejo [itálicas nuestras].

En nuestros días, la cuestión de la integración –remedo tardío y descolorido del proyecto bolivariano– ocupa una creciente importancia en el debate sobre el futuro de las sociedades latinoamericanas. No se trata de condenar el pasado con valores del presente. Se trata de saldar el pasado e imaginar el futuro. Poco más que quinientos años después de comenzada esta historia, y en el contexto de las celebraciones por el bicentenario de la independencia de algunas de las colonias españolas, América –en particular, América Latina, la más directa creación de la empresa colombina y de su continuidad por los colonialistas europeos– es una realidad en la que no cabe la utopía milenarista de un continente integrado solamente por los descendientes de sus pueblos autóctonos precoloniales, ni tampoco la persistencia en la ignorancia de construir nuestras sociedades prescindiendo del reconocimiento y del aporte de las culturas y las civilizaciones de aquellos. Mal que nos pese, nacimos como pueblos como resultado del colonialismo, de sus brutalidades, sus miserias, sus contradicciones.

Violencia sin equívocos: de la conquista al colonialismo

Los pobladores autóctonos devinieron –por la violencia de la invasión, la conquista y la colonización europeas– “salvajes”, “bárbaros” y definitivamente “indios”, expresión genérica creada para identificar uniformemente –de Alaska a Tierra del Fuego– a quienes se conocían y definían con diferentes nombres: abipones, achuares, aymaras, apaches, araucanos, arawaks, aucas, aztecas, bayás, bororós, botocudos, caddoanes, calchaquíes, calchines, calpules, calumas, camahuas, canacos, canelos, caracarás, caracas, carajás, carapachayes, carapachos, cariacos, caribes, carios, cataubas, cayapas, cayetés, ciaguás, cocamas, cofames, comanches, comechingones, corondas, chaimas, charcas, charrúas, chavanes, chibchas, chichimecos, chimúes, chiriguanos, chontales, chuchumecos, chunchos, gandules, guaraníes, hopis, huaoranis, iroqueses, lacandones, mapuches, mayas, maipures, matacos, miskitos, mochicas, nahuas, napos, navajos, omaguas, onas, orejones, otavalos, páparos, patagones, payaguas, pawnees, pueblos, puelches, puruhaes, quechuas, querandíes, quichés, quijos, quimbayás, salasacas, sanavirones, saraguros, secoyas, shoshones, shuaras, sionas, siux, taínos, tamanacos, tapúes, tetetes, tobas, toltecas, tupíes, wankas, xavantes, xokléng, yaganes, yamanas, yumbos…, entre tantísimos.

También los africanos extrañados de sus tierras y desterrados a América bajo la condición de esclavos experimentaron una metamorfosis de su identidad, deviniendo “negros”. Esta nueva identidad anuló todas las otras, es decir, las originarias: angola, arará, bañón, barira, bemba, bran, cachango, cambuta, carablí, congo, embuila, folopo, gangá, golofo, guaza, guinea, luango, mabala, mandele o mandinga, mina, mondongo, nago, popó, quinene, sape, soso, sundi, tari…, mezcladas y transformadas allende el Atlántico, desde las Antillas hasta Montevideo y Buenos Aires.

La violencia de la invasión, la conquista y la colonización europeas trajeron consigo un elemento de larga duración: la tensión entre revelamiento y negación de la alteridad humana. El chileno Rojas Mix sintetiza muy bien la cuestión. Según él, el problema de la identidad se planteó como denominación solo a partir del siglo XIX, pero como cuestión social surgió con la llegada misma de los europeos. Es que, señala, “la aventura de América comienza con grandes rupturas de identidad”. Para logar el sometimiento de los pueblos originarios, los colonizadores tuvieron que borrarles sus culturas y emprendieron esa tarea bajo el justificativo de “civilizar y evangelizar”. Todas las culturas autóctonas fueron negadas “de un golpe de espada y en un acto de fe monumental fueron quemados sus códices, se desbarataron sus ciudades, se arrasaron sus templos y se les prohibió bajo pena de muerte volver siquiera a pensar en sus dioses, inclinarse ante ellos, volver a trazar el perfil de sus narices desmesuradas o sus ojos circulares. Y la independencia no resolvió ninguna de estas incertidumbres. Al contrario, creó otras nuevas al definir límites y fronteras que separaron brutalmente a pueblos que se sentían uno desde la alborada de los tiempos: los guaraníes fueron repartidos entre Paraguay, Argentina y Brasil; los aymaras entre Bolivia, Perú y Chile; los mapuches entre Chile y Argentina, como los onas y los yaganes; los quechuas fueron declarados ciudadanos del Perú, Bolivia, Argentina y Chile; los lacandones se dividieron entre México y Guatemala… El indio, como se le llamó desde entonces para consumar la negación, tuvo que olvidar quién había sido, sin llegar tampoco a saber quién era”. En rigor, los indios nunca existieron fuera de la imaginación de los europeos y solo fueron la designación de los vencidos (Rojas Mix, 1991: 32-35).

Incluso para los propios europeos, argumenta Rojas Mix, no fue evidente la identidad. La “limpieza de sangre” para probar ausencia de antecedentes judíos o moros lo testimonia. La condición de marranos o de cristianos nuevos, forma de mestizaje española previa a su traslado a América, marcó diferencias a veces sustanciales con la condición de los cristianos viejos, del mismo modo que no fue igual ser español europeo que español americano, que luego fue criollo…

Las ciencias sociales dieron cuenta muy tarde de la percepción del proceso de “invasión → conquista → colonización” que tuvieron los pueblos originarios. Es cierto que puede argüirse que existe, por ejemplo, el temprano planteo de Felipe Guamán Poma de Ayala, pero fue recién en 1959, con el trabajo del mexicano Miguel León Portilla, cuando se dio el primer paso, seguido luego por el etnohistoriador francés Nathan Wachtel. Ambos mostraron la visión de los vencidos: los de México, el primero, los de Perú, el segundo (28).

Por razones que hacen a la estructura de este libro, aquí nos detendremos solo en los momentos iniciales de esa tensión entre revelamiento y negación de la alteridad humana. Es cierto que la cuestión de la alteridad apareció como tal –como cuestión ética– solo con el quinto centenario. Pero, al igual que la identidad, como cuestión social se planteó desde el momento mismo de la llegada de los españoles.

Tomás Ortiz, un dominico, caracterizaba a los naturales como antropófagos, sodométicos, bestiales, abominables viciosos, insensatos como asnos, alocados, inconstantes, entre otros calificativos. También los acusaba de andar desnudos y de no tener barba (¡sic!). A su vez, Francisco de Vitoria, a quien se reputa defensor de los denominados indios, no vacilaba en llamarlos “bárbaros” y compararlos sin ventajas con los necesitados de tutela, poseyendo una condición no superior a la de bestias y fieras. Tan tarde como en 1780, el jesuita José Cardiel escribe:

todos los infieles que hacen guerra en estas provincias [de Buenos Aires] son de a caballo y bandoleros, sin labrar la tierra […]. Las naciones de a pie, que casi todos son labradores, no hacen guerra. El caballo es el que causa mucha insolencia al indio (apud Ventós, 1987: 191, n. 73; itálicas nuestras).

Cuestión paradójica, pues fueron los españoles quienes introdujeron el equino en América. Pero lo cierto es que no previeron su eventual aprovechamiento por los conquistados. El caballo sirvió a los europeos en la conquista y sirvió a los americanos para combatirlos.

De lo dicho hasta aquí surge que la modernidad aparece, como el capital, “chorreando sangre y lodo”, según la célebre expresión de Marx. Pero no es solo la muerte o la servidumbre: es también la posesión de los cuerpos por el sexo, que vino a completar una operación de violencia con la violación.

Al respecto, el libro de Tzvetan Todorov La conquista de América. La cuestión del otro (primera edición en francés, 1982) es un formidable alegato “del descubrimiento que el yo hace del otro” (29). Todorov (1987: 50) ha mostrado convincentemente que los conquistadores tenían una percepción de la alteridad fundada “en el egocentrismo, en la identificación de los propios valores con los valores en general, del propio yo con el universo; en la convicción de que el mundo es uno”. Así, la relación de alteridad terminó, en la práctica, basándose en la negación violenta del otro y se resolvió bajo la forma de la arbitrariedad y la dominación.

Fray Jerónimo de San Miguel informó al rey, en 1550, de un episodio en el cual algunos indios habían sido quemados vivos, mientras a otros se les habían “cortado manos, narices, lenguas y otros miembros, aperreado indios y destetado mujeres” (apud Friede, 1958: 9).

Diego de Landa, obispo de Yucatán, dio cuenta de haber visto:

un gran árbol cerca del pueblo en el cual un capitán ahorcó a muchas mujeres indias en sus ramas y de los pies de ellas a los niños, sus hijos. […] Hicieron [en los indios] crueldades inauditas [pues] les cortaron narices, brazos y piernas, y a las mujeres los pechos y las echaban en lagunas hondas con calabazas atadas a los pies; daban estocadas a los niños porque no andaban tanto como las madres, y si los llevaban en colleras y enfermaban, o no andaban tanto como los otros, cortábanles las cabezas por no pararse a soltarlos (apud Todorov, 1987: 151 y 154).

Estos testimonios permiten vislumbrar una proposición fundamental: la posesión de los cuerpos fue subsidiaria de la implantación del patriarcado y completó la apropiación de las tierras.

La Europa –y en particular la España– que se lanzó a la conquista de América vivía tiempos fuertemente represivos en diferentes aspectos de la cotidianeidad. Uno de estos era el de la sexualidad. Los cuerpos ocultos, el placer prohibido…

Los conquistadores provenían de un mundo donde la sexualidad era combatida, un mundo donde el cuerpo no podía mostrarse ni siquiera en la noche de bodas (30) (y ello venía de la ya por entonces lejana época de la conversión de Constantino al catolicismo, a comienzos del siglo IV). Y llegaron a otro donde los cuerpos no solo no se ocultaban, sino que se exhibían naturalmente, y donde el placer estaba al alcance. La idea colombina del Paraíso Terrenal en América comenzó a dibujarse ya en su tercer viaje, al llegar al Orinoco, cuando el Almirante creyó estar a sus puertas, aunque no se animó a entrar, lo cual es toda una definición.

Hombres solos, invasores y conquistadores, los españoles avanzaron rápidamente hacia la posesión sexual de los cuerpos. Michele de Cuneo, partícipe del segundo viaje de Colón, dejó un vívido relato de una experiencia que lo tuvo como protagonista:

Mientras esperaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho Almirante [Colón] me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote, y estando ella desnuda según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo pero ella no lo consintió y me dio mal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto (y para contártelo todo hasta el final), tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas (apud Todrov, 1987: 56).

Según Todorov (1987: 57), el hidalgo realiza una impresionante síntesis que le permite “identificar a la india con una puta: impresionante, porque aquella que rechazaba violentamente los avances sexuales se ve equiparada con aquella que hace su profesión de esos avances. Pero, ¿no es esa la verdadera naturaleza de toda mujer, que puede ser revelada tan solo con azotarla lo suficiente? El rechazo solo podría ser hipócrita; si rascamos un poquito la superficie de la melindrosa, descubrimos a la puta. Las mujeres indias son mujeres, o indios, al cuadrado: con eso se vuelven objeto de una doble violación”.

En la muy cálida Asunción, en Paraguay, diferentes testimonios del siglo XVI coinciden en la descripción de un cuadro de desenfreno sexual en el que participaron funcionarios, militares y sacerdotes, a tal punto que no vacilaron en emplear la denominación “Paraíso de Mahoma” e incluso en señalar que aquí había todavía “más libertades”. Es que los conquistadores no se contentaban con dos o tres mujeres guaraníes: las fuentes hablan de siete, ocho (“el cristiano que está contento con dos es porque no puede haber cuatro, y el que con cuatro porque no puede con ocho”, escribió al rey el capellán Francisco González Paniagua), con una media de quince o veinte, pero hay quienes llegaban hasta setenta y ochenta, salvo los pobres, que debían conformarse solo con dos o tres. Y agregaba el mismo clérigo, en su carta del 18 de febrero de 1545:

Y no piense Vuestra Majestad que ansí liviana y secretamente se usa el vicio, que desde el mayor al menor lo que peor suena es hacerlo en sus casas y publicarlo en las calles y plazas […]; usan los tales cristianos con las indias de sus placeres tan absoluta y disolutamente a tanto que ni les preguntan si son cristianas ni son infieles. De deudo en cuarto grado no se hace caso; con hermanas muchos; con madre e hija algunos (apud Rodríguez Molas, 1985: 154-156).

Alvar Núñez Cabeza de Vaca procuró poner fin a tal práctica, lo cual le valió ser malquistado y aborrecido por los españoles afectados, quienes hicieron de aquella oposición una “no pequeña causa para su prisión”, tras la cual retornó el “paraíso de Mahoma” en Paraguay.

En otro testimonio, también de Asunción y fechado apenas una semana más tarde, Alonso Aguado –quien fue alcalde del Santo Oficio en Granada– se dirige epistolarmente a Juan de Tavira, arzobispo de Toledo, y denuncia que los españoles no viven “como cristianos sino peor que los de Sodoma”, disponiendo de muchas mujeres, tanto que “hay algunos entre nosotros que tienen veinte y a treinta y a cuarenta y de ahí en adelante hasta sesenta”, e incluso había un hombre “que se ha echado con madre e hija, y sabídolo la justicia y no lo ha castigado, porque ellos mesmos hacen lo semejante” (apud Rodríguez Molas, 1985: 156-157).

Un tercer testimonio sobre Asunción es el del clérigo Martín González, célebre por su defensa de los pobladores autóctonos. Estuvo en Paraguay con Alvar Núñez Cabeza de Vaca y, después de residir en Perú, regresó a Madrid en 1575, donde se empeñó en una campaña a favor de la efectiva observancia de las Leyes Nuevas de 1542. A poco de llegar, preparó y elevó un memorial al rey, en el cual no solo ratificaba, sino que ampliaba las denuncias de Paniagua y Aguado, explicitando que también los clérigos que profesaban en aquellas tierras participaban de la promiscuidad sexual con las naturales:

Después que prendieron a Cabeza de Vaca, le han quitado por fuerza los españoles a los naturales más de cien mil mujeres e hijas. Y cuando yo salí de allá quedarían vivas bien las quarenta mil dellas, y las demás han muerto con los malos tratamientos que les han hecho los españoles, que las pringan y queman con tizones, atándolas de pies y manos y les meten hierros ardiendo y hácenles otros géneros de crueldades que no es lícito declararlas. […] Entre estas indias que los españoles tienen hay madres e hijas, hermanas, primas y otras parientas. Y con muchas dellas tienen cópula carnal. Y algunas han parido dellos, y ansimismos ellos y los hijos tienen cópula con muchas destas y las tienen por mancebas en sus casas. […] Y algunos tienen veinte y treinta en su casa y con las que tienen en las heredades a doscientas y trescientas.

[…] Los españoles no permiten que ninguna destas mujeres se casen por sus malos fines y tenerlas consigo. Antes las venden y compran y tratan con ellas como con mercaderías, dándolas a trueco de perros, puercos y caballos y otros animales, y juéganlas, dánlas (como dicho tengo) a sus hijas en casamiento y las dejan por herencia. Usase hacer lo mismo entre los clérigos por la mala costumbre y abuso que hay en esto. Y ha venido la cosa a tales términos que cuando va algún juez eclesiástico a visitar a ciudad real las penas de cámara y fisco y otras costas las cobra en indias (apud Rodríguez Molas, 1985: 164, 166, 167).

Pero no solo en la cálida Asunción. Testimonios de tenor parecido se encuentran en diferentes tiempos y lugares del continente (31). Tan tarde como en 1775, un testimonio limeño señalaba que en la ciudad “la vida libertina se manifiesta en los eclesiásticos y los regulares, casi con el mismo desorden que en los laicos” (apud Calvo, 1996: 205).

El Brasil colonizado por los portugueses tampoco fue ajeno al desenfreno sexual de los colonizadores. Los lusitanos llegaron a América poco después que los españoles, aun cuando su interés mayor era Asia, en particular, India. También llegaron después a lo que hoy es Brasil: el primer europeo de quien se tiene registro fue Vicente Yánez Pinzón, en enero de 1500, quien hizo tierra cerca de la actual Recife y luego bordeó la costa, incluyendo la desembocadura de los ríos Amazonas y Orinoco. Empero, no fue ese el viaje decisivo, sino el de los portugueses, tres meses después. Al parecer, fueron vientos que soplaron en otra dirección los que desviaron a la expedición (más de mil hombres en tres navíos carabelas y diez carracas) comandada por Pedro Álvares Cabral, quien partió de Lisboa en 1500 con el propósito de rehacer el primer viaje de Vasco da Gama, ese que le llevó, circunvalando África hasta Mombasa, a alcanzar el objetivo buscado: la ruta oceánica de Europa al Lejano Oriente, en reemplazo del más largo, caro y peligroso “camino de la seda”, atravesando Oriente Medio y Asia central. Los historiadores discuten todavía –sin llegar a una conclusión definitiva– si la llegada de Cabral y sus hombres a Brasil fue accidental o intencional. Lo cierto es que llegaron en abril de 1500 al litoral sur de Bahia, donde hicieron contacto con los pobladores autóctonos, estableciendo un pequeño poblado y tomando posesión, en nombre del rey de Portugal, del territorio al que llamó “Terra da Vera Cruz”, dando cuenta del hecho a su monarca, Manoel I, O Venturoso, y retomando luego el viaje originalmente planeado. En 1501, Américo Vespucio, por entonces al servicio de la Corona portuguesa, recorrió parte de las costas de Brasil, dando nombre a varios accidentes geográficos. El 1 de enero de 1502, Gonzalo Coelho llegó a la bahía de Guanabara, a la que confundió con la desembocadura de un río, de donde el nombre Rio de Janeiro. En tanto esas tierras no eran prioridad para Portugal, el comienzo de la efectiva colonización se demoró tres décadas. Casi de inmediato, en 1538, llegaron los primeros africanos en condición de esclavos (32).

Joseph Page (1996: 48-49) ha señalado que los lusitanos tenían, al colonizar Brasil, un siglo de experiencia en la explotación de esclavos, con el conexo desprecio por el trabajo manual. Por otra parte, añade, la ocupación de Portugal por los moros había dejado una fuerte impronta en la sociedad, en especial en el plano de las relaciones entre mujeres y hombres: exhibicionismo, poligamia de hecho por parte del jefe de familia, patriarcado, reclusión doméstica de la mujer. Al mismo tiempo, los varones lusitanos idolatraban a las mujeres moriscas, “encarnación de la belleza femenina”. En el imaginario de los conquistados, “las princesas moriscas –de piel oscura y largos cabellos, misteriosas y superlativamente eróticas–” devinieron objeto de leyendas y fantasías secretas. “Para los aventureros y colonizadores portugueses, las indígenas desnudas que encontraron en Brasil fueron un sueño hecho realidad. Estas mujeres eran parecidas a las idealizadas princesas tanto en aspecto como en comportamiento (indias y moriscas gozaban bañándose en los ríos)” y con ellas los conquistadores pudieron satisfacer sus demandas sexuales. Cuando llegaron las esclavas africanas, el proceso de apropiación de los cuerpos femeninos y, con ella, su resultado inmediato, el mestizaje, se potenció.

Es posible que Page tenga razón, pero en todo caso se trató siempre de una doble dominación: del hombre sobre la mujer y del colonizador sobre la colonizada. Ahora bien, si, según concluye Page, las pautas que los portugueses trasladaron a Brasil, donde se resignificaron y afectaron la institución familia y su proceso histórico de un modo tal que se prolonga hasta hoy en la definición de “las relaciones personales, sociales y económicas para la[s] clase[s] alta y media”, hay una cuestión que asocia a Brasil con cierta mujer que es, en rigor, un fenómeno contemporáneo. Nos referimos al mito de la mulata, y en particular de la mulata bahiana, como la mujer suprema. Es, escribió Francisco de Oliveira, una pulsión original y reforzadora de la asunción de los pardos (expresión con la que los censos denominaban a los que antes eran negros, que desaparecieron como concepto) al primer plano del espectro social. Lo que a su juicio será después una gran falsedad ideológica, comenzó a gestarse en la década de 1930 en el campo de la música popular, con Ary Barroso cantándole a “a morena mais formosa da Bahia” y Dorival Caymm preguntándose “o que é que a bahiana tem”. En los años cincuenta, una bahiana que fue elegida Miss Brasil y que luego casi llegó a ser Miss Universo, dio “el toque final a la construcción de la ‘mulata’ bahiana como la mujer suprema”. Desde entonces, “toda una clase media del Centro-Sur realizará, por lo menos ilusoriamente, sus pulsiones consumistas en la imagen de la mujer de Bahia”. A su vez, y por el contrario, los hombres y las mujeres de Bahia en su conjunto, en tanto parte de las grandes migraciones internas del Nordeste al Centro-Sur, solo serán, en cuanto fuerza de trabajo, “bahianos”, es decir, el último grado de la calificación social (Oliveira, 1987: 115-116; itálicas del autor).

Retornando al pasado originario, el resultado fue el mismo por doquier. Los conquistadores asimilaron la poligamia, en general normal entre los nativos, con el ejercicio de la prostitución y el adulterio, especialmente después de que el Concilio de Trento los sancionara expresamente. Sin duda, debe de haber sido fuerte el impacto psicológico, mental y cultural experimentado por esos hombres, a menudo rústicos e ignorantes (pero no todos), provenientes y portadores de una cultura de la sexualidad prohibida (por pecaminosa), reprimida y represora, toparse con hombres y mujeres situados en las antípodas o al menos con códigos muy distintos. De allí, como recuerda Todorov, la conclusión (des)calificadora a la que había llegado Michele de Cuneo: las mujeres indígenas eran putas, tanto cuando resistían los embates del varón europeo, como cuando cedían a ellos.

En todos los casos, fueron los conquistadores quienes tomaron posesión de los cuerpos de las mujeres americanas, a menudo –sobre todo en los comienzos de la conquista– explicable por la ausencia de mujeres europeas entre los expedicionarios, aunque hay que notar que en el segundo viaje de Colón ya había habido mujeres peninsulares que se embarcaron hacia el Nuevo Mundo, y no todas bajo la condición de esposas. Una disposición real de 1501, que autorizaba el matrimonio entre español e “india”, perseguía legalizar tal práctica bajo las formas del caso, pero la iniciativa no tuvo ningún éxito.

Hacia mediados del siglo XVI se intensificó el flujo de mujeres que viajaban desde la Península para radicarse en el Nuevo Mundo. Así, la preocupación de la Corona por garantizar la vigencia de las normas e instituciones que regulaban las relaciones entre varones y mujeres en Europa se hizo prioritaria. La Iglesia tuvo un papel importante. Con la adopción del principio de sacramentalización del matrimonio que trajo el Concilio de Trento, se persiguió el concubinato en ambos lados del Atlántico. Los principios de monogamia y potestad patriarcal comenzaron a imponerse con fuerza, aumentando y normalizándose con ello el mestizaje.

Xavier Rupert de Ventós (1987: 24), en un libro incitante –pese a (o quizás por) la declaración de su autor, quien dice desarrollar “un punto de vista más bien tradicional y clerical sobre la colonización de América”–, se refiere al papel de la Iglesia. Específicamente, desarrolla la cuestión de la conquista contrapunteando evangelización y emancipación de América, a las que ve “como dos aspectos contrapuestos y complementarios –como sístole y diástole de un mismo proceso”.

El autor sostiene que la evangelización hispana, a diferencia de otras conquistas, tuvo como supuesto basal la libertad e igualdad de los pueblos sometidos. En su opinión, la “materia prima” de esa evangelización no fueron “los siervos sino las almas”. Evangelizar al conquistado y casarse con él fueron muestra cabal de que el conquistado fue tomado “como sujeto y no como bárbaro”. Que “todos” pudieran y debieran ser cristianos significaba que tenían “los mismos derechos que los conquistadores a lo que estos juzga[ba]n el conocimiento de la verdad y la salvación personal” (Ventós, 1987: 24). En este razonamiento hay varias falacias: en primer lugar, no hay libertad e igualdad si hay sometimiento; en segundo lugar, negar el ejercicio de las creencias originarias e imponerles el cristianismo, lejos de afirmar la condición de sujeto, de igual, refuerza la consideración de inferior, de bárbaro; en tercer lugar, el argumento del casamiento es relativo: en todo caso, valía –y con muchísimo recaudo– para los varones españoles en relación con las mujeres “indias”, no así para las mujeres españolas respecto de los hombres autóctonos. Por lo demás, los matrimonios formales mixtos fueron una rareza.

Empero, Ventós (1987: 23), con lucidez, no vacila en caracterizar la evangelización en estos términos: “Se trata de un proceso de explotación, destrucción y piensan los mal pensados que incluso de guerra bacteriológica (la viruela, el sarampión, el tifus y la malaria que traen ‘los advenedizos’)”. La Iglesia es cómplice de este proceso: “Desde su directa colaboración en la superchería legal que fueron los Requerimientos (ininteligible mezcla de requisitoria jurídico-teológica y de notificación bélica, que debía anteceder todo ataque) hasta la sanción político-teológica que dieron Sepúlveda u Oviedo a la expoliación y explotación de los nativos. Y es probable que aun los contra ejemplos […] de abnegada protección y de amor a los indios, de hecho fuera a menudo una función de coartada […]: impedir el descrédito moral de la Iglesia y legitimar así sus fechorías”.

Según explica Todorov, la fórmula del Requerimiento fue una invención del jurista real Juan López de Palacios Rubios expresada en un texto de 1514, pero aunque pretendía ofrecer una base legal al sometimiento, lo real es que los “americanos” solo quedaron en condiciones de optar por dos posiciones de inferioridad: o se sometían voluntariamente, y se volvían siervos, o eran sometidos por la fuerza, y reducidos a la esclavitud. El procedimiento fue objeto de cuestionamiento por parte de sacerdotes, teólogos y juristas españoles. Para Bartolomé de Las Casas era absurdo y declaró no saber si “cosa es de reír o de llorar”. No obstante, huellas de su espíritu se encuentran incluso entre aquellos que cuestionaban procedimientos típicos de la conquista: por ejemplo, en Francisco de Vitoria y su tesis de las “guerras justas”.

Ahora bien, es claro que la posesión de los cuerpos no siempre adoptó las formas violentas del rapto, el botín o la violación ejercidas por los conquistadores. Hubo casos en que las mujeres fueron entregadas a estos por los propios caciques, sin descartar genuinas situaciones de mutua atracción o libre enamoramiento. No debe olvidarse que el matrimonio mixto fue especialmente aceptado y alentado por la Corona española cuando se trataba de casamientos con hijas de caciques, siempre y cuando estas mujeres fuesen herederas de sus padres, en ausencia de hijos varones, razón por la cual se asumía que los nuevos caciques serían españoles.

No parece, en cambio, que los hombres autóctonos se hayan relacionado sexualmente con mujeres españolas del mismo modo, excepto los tardíos casos –también ellos violentos– producidos tras los malones sobre las estancias rioplatenses, durante los cuales solían raptarse mujeres blancas. Sobre esto abundan las crónicas acerca de las “cautivas”, una de las más conocidas: Lucía de Miranda.

Es comparativamente poco lo que se sabe acerca de los vínculos entre varones y mujeres en las sociedades originarias más allá del conocimiento provisto por los estudios sobre las grandes civilizaciones prehispánicas, primordialmente azteca e inca (sobre las cuales numerosos estudios han señalado la existencia de una cierta condición favorable a las mujeres en asuntos como el gobierno, la guerra y el trabajo). Lo cierto es que desde que la perspectiva de género sacudió de modo irreversible el conjunto de supuestos que alentaron durante muchos años el conocimiento científico historiográfico y social, es cada vez más difícil aceptar la visión simplificadora que sostiene que las jerarquías entre sexos fueron exclusivas de los grupos humanos conquistadores.

Sin contar las diosas madres, las hechiceras de diverso tipo y, en general, los casos ejemplares, se puede decir que las mujeres comunes de las sociedades precolombinas estuvieron sometidas a relaciones desiguales. Aunque no bajo el mismo código moral que en las sociedades occidentales, la virginidad fue un requisito que se les exigió para el desempeño de ciertos roles, y su trasgresión fue severamente castigada, tal como lo muestran los testimonios de Guamán Poma. Las desigualdades también se hicieron manifiestas respecto de la elección de la pareja, puesto que hubo distintos niveles de restricciones y presiones a las que las mujeres (y los varones) fueron sometidas. También fue frecuente el “intercambio de mujeres”, como forma de armisticio entre grupos enfrentados. Y el abuso sexual de las mujeres, quienes eran tomadas prisioneras y eventualmente expulsadas de la comunidad usurpadora después de haberse servido de ellas. De todo esto da cuenta un sinnúmero de relatos que memoran historias de violencia, algunas muy célebres, como la de “la Malinche” o “la Maldonada”.

Con la colonización, la apropiación de los cuerpos, su uso y su abuso, trajo consigo otras circunstancias, además de las señaladas violencia y violación. Es cierto que las mujeres del Viejo y del Nuevo Mundo convivieron en las sociedades coloniales bajo el mismo sino de subordinación a un orden dominado por los varones. Sin embargo, hay que notar que hubo diferencias irreconciliables que las segmentaron y que convirtieron a algunas en subordinadoras de otras. Las diferencias fueron fundamentalmente de orden estamental, puesto que el origen peninsular significaba una condición superior frente al origen criollo, y por supuesto al mestizo. Asimismo, las mujeres estuvieron enfrentadas por las circunstancias propias y derivadas de la apropiación de los cuerpos de las indígenas y negras que sus esposos ejercían con casi total impunidad.

Al respecto, los pleitos y los escándalos, muchas veces desesperadamente silenciados, abundan en las crónicas sobre la vida cotidiana del período. Como es de suponer, una cuestión que impactó fuertemente, al punto de generar complicadísimos artefactos legales, fue la cuestión de los hijos ilegítimos y la herencia, más por un interés patrimonial que por un interés ético. Por su parte, la cuestión de los matrimonios arreglados, aun desatendiendo la recomendación de evitar la conyugalidad entre parientes cercanos, también provocó más de un conflicto. En estos casos, otra vez, el interés patrimonial se impuso sobre el interés ético e incluso estético.

Esto último parece haber sido argumento suficiente para que algunas mujeres de alcurnia se decidieran por la reclusión monacal. Nuevamente, aquí encontramos el fenómeno de subordinación de las mujeres por las mujeres. En efecto, en el recinto de los conventos había jerarquías entre la autoridad y las subalternas. Y puesto que los conventos estaban atravesados por las funciones económicas propias de la vida social de la época, también albergaron relaciones de producción y circulación e intercambios que reprodujeron las pautas de jerarquización social del exterior. Dentro del convento, las relaciones sociales involucraron desde experiencias místicas impregnadas de erotismo que desafiaban los cánones sexuales del momento, hasta abusos por parte de los sacerdotes, tanto como diversas formas de servilismo al que estaban sometidas las mujeres, del mismo modo que los hombres, de condición social inferior.

La vida conventual aseguraba una dote y, en algunos casos, la posibilidad de alfabetización, por demás infrecuente entre las mujeres. Con esto, no faltaron los conflictos entre las recluidas en esa especie de microsociedad y la sociedad colonial que la albergaba, y especialmente, entre ellas y la autoridad detentada por los varones. El caso que ilustra iconográficamente los avatares de la vida conventual es el de Juana Inés de la Cruz, o simplemente Sor Juana.

Con todas estas características, el patriarcado implantado por el colonialismo hispánico y lusitano se configuró y afianzó a lo largo de tres siglos. Con la crisis de independencia, tuvo lugar la consolidación del capitalismo en América Latina, lo cual significó también la consolidación de un régimen de dominación de clase, etnia y sexo.

El choque entre los españoles y las sociedades autóctonas de lo que luego se llamó América significó “la producción o invención de una realidad nueva” en un doble plano, “ya que en 1492 no existía América pero tampoco España, y fue solo por su encuentro que ambas llegaron a constituirse en lo que son”. Esta idea de Ventós (1987: 22) es una buena manera de sintetizar una cuestión compleja, a menudo olvidada, la del doble y mutuo impacto que provocaron en América y en Europa (en España y Portugal más acentuadamente) los viajes de Colón y sus resultados.

Tanto las sociedades azteca, maya, inca, chibcha como los grupos o pueblos de menor desarrollo o complejidad social constituían espacios geográfico-sociales diferenciados, desiguales y con alguna o ninguna conexión entre sí. Cuando las había, no eran –por lo menos de un modo regular y decisivo– relaciones como las que se conocían en Europa entre entidades políticas en vías de convertirse en Estados nacionales, aunque no faltaban las políticas expansivas, de ocupación y sojuzgamiento de unos pueblos por otros. En general, se trataba de historias que se desenvolvían simultáneamente y con escasa o ninguna interpenetración entre las grandes civilizaciones. Cuanto más desarrolladas y más complejas eran estas sociedades, tanto más eran sus contradicciones. A la llegada de los europeos, estas tenían dialécticas constituidas y contradicciones, cruciales para explicar la inusitada capacidad de dominio que demostraron los pequeños grupos de conquistadores.

La ausencia de homogeneidad política y cultural –en particular de las sociedades más complejas– facilitó sobremanera la empresa invasora. Así, por ejemplo, la dominación de la sociedad azteca fue favorecida por el apoyo que los totonacas, los otomíes o los habitantes de Tlaxcala brindaron a los españoles. Francisco Pizarro y sus hombres doblegaron con relativa facilidad al poderoso Tahuantinsuyu porque la feroz guerra entre Huascar y Atahualpa, y la aspiración de las “macroetnias andinas” por independizarse de la dominación cusqueña no solo debilitaron al incario, sino que lo destruyeron desde adentro mismo, según el relato de María Rostworowski en su Historia del Tahuantinsuyo (1988).

De este modo, la intromisión europea en las sociedades autóctonas inauguró una nueva dialéctica, una dialéctica constituyente. Aparecieron entonces nuevas contradicciones, que se expresaron en todos los planos, a partir de la triple apropiación de las tierras, los hombres (el trabajo) y las mujeres (trabajo y sexo). Se redefinieron las relaciones en las pirámides sociales, las identidades originarias devinieron indios y los indios, campesinos (con sus múltiples denominaciones), mientras los diversos africanos extrañados se tornaron esclavos, al tiempo que los conquistadores se convirtieron en hacendados, plantadores, obrajeros, latifundistas, finqueros, comerciantes, militares, sacerdotes, usureros, gobernantes… Las sociedades originarias se transformaron en sociedades estamentales y estas, a su vez, con el tiempo, en sociedades de clase, en las cuales el color de la piel servía para definir identidad étnica e identidad social, con sus diferenciaciones y sus confusiones. La sexualidad liberada originó nuevas etnias, miscegenación que se tradujo en denominaciones como albarazado, caboclo, camba, castizo, cíbaro, cholo, gaucho/gaúcho, mameluco, mestizo, morisco, roto, zambo, entre otras. Un orden étnico-social jerárquico fue estableciéndose a lo largo de la dominación colonial, en cuyo vértice se encontraban los españoles (blancos) nacidos en España y Portugal, y debajo de los cuales se ubicaban, en orden decreciente, los criollos (blancos americanos), los mestizos, zambos y negros libres, los esclavos y los indígenas. En teoría, los esclavos –que no tenían ni alma ni libertad– se encontraban por debajo de los indios –libres y con alma–, pero en la práctica, el decisivo hecho de su costo –elevado– los ponía por encima.

Pero no fue solo en las sociedades y culturas autóctonas donde se generó una dialéctica constituyente: lo que comenzó a llamarse América impactó fuertemente en Europa y provocó nuevas contradicciones en ella, al tiempo que inauguró una dialéctica crecientemente planetaria: América desató una verdadera competencia por ocupar más y más espacios, de la que participaron españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses…; mas no fue solo la tendencia a ocupar América, sino también África, Oceanía y tierras asiáticas. Nuevas y cambiantes relaciones de equilibrio-desequilibrio se instalaron en la política internacional.

En los comienzos de la expansión oceánica europea, entre septiembre de 1479 y marzo de 1480, los reyes de Portugal y Castilla firmaron y ratificaron el Tratado de Alcacovas-Toledo, disponiendo cláusulas referidas a acuerdos matrimoniales y sucesorios, amén de la paz perpetua entre ambos reinos. El tratado incluía algunas regulaciones en materia de navegación atlántica, con el objetivo de evitar eventuales discrepancias en el futuro. Los Reyes Católicos reconocían a Portugal el dominio sobre todas las tierras “descubiertas” y “por descubrir” “de las islas de Canaria para abajo contra Guinea”, excepción hecha de las Canarias, adjudicadas a los castellanos. Asimismo, los españoles se comprometieron a no incursionar por las zonas reconocidas a Portugal sin el consentimiento de los reyes lusitanos.

La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 generó la reacción portuguesa, argumentando el rey João II que ese viaje y sus consecuencias violaban el tratado de Alcacovas-Toledo. Los Reyes Católicos, a su vez, sostuvieron que no era así, pues Colón no había invadido espacio marítimo reconocido a Portugal, ya que no había navegado hacia el sur sino hacia el oeste de las Canarias. Las negociaciones diplomáticas no condujeron a una salida, situación que llevó a Fernando e Isabel a acudir, en 1493, a la mediación del papa Alejandro VI (Borgia por parte de madre, ungido el año anterior merced al apoyo español y a una costosa compra de votos de cardenales). Entre mayo y septiembre de ese año, el papa dio a conocer cinco bulas, conocidas como Bulas de Donación a los Reyes de Castilla: Bula Inter coetera, Bula Eximiae devotionis, Segunda Bula Inter coetera, Bula Piis fidelium y Bula Dudum siquidem. Mediante ellas, el papa “donaba” a los mencionados reyes las tierras “descubiertas” por Colón, concediéndoles privilegios similares a los de los portugueses en la zona africana. La segunda Inter coetera estableció la demarcación entre los territorios de una y otra Corona mediante una línea vertical situada a cien leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde. Pero como unas y otras se encuentran en latitudes diferentes, la línea no podía ser derecha, tornando impracticable la solución. Portugal no aceptó la decisión papal y argumentó, además, que la distancia de cien leguas no permitía a sus barcos aprovechar los vientos atlánticos para poder circunvalar África, razón por la cual demandaba el corrimiento de la línea más hacia el oeste.

Las nuevas negociaciones entre ambos reinos concluyeron con la firma del Tratado de Tordesillas, en junio de 1494, fijándose el meridiano de partición de las tierras de ambos a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, sin mención alguna de las Azores: para España quedaba la porción occidental y para Portugal la oriental. Así, los portugueses penetraban en tierra firme americana. Fue el primer reparto del mundo entre potencias colonialistas (33).

La ocupación colonial potenció el comercio y el tráfico esclavistas –que generalmente fue una actividad triangular África-América-Europa-África– y con él una brutal cacería humana, iniciada en África y continuada, bajo la forma de combate al cimarronaje en América (34). El oro y la plata de las minas conmocionaron la economía europea y pasaron a ser parte del complejo proceso de la acumulación originaria del capitalismo europeo-occidental. Algunos alimentos y otros productos americanos contribuyeron a modificar hábitos culturales europeos y, malgré Hegel, fueron significativamente importantes para resolver, por ejemplo, serios problemas alimenticios: Rostworowski recuerda, en el citado libro, que la papa americana, adoptada en Europa, permitió incrementar la población y acabar con el hambre periódico que aparecía cuando las cosechas de trigo eran malas.

América contribuyó en mucho a hacer a España, tanto como lo hizo la rendición de Granada, en enero de 1492 –y no se entiende octubre sin enero, o América sin Granada. Para los españoles, América es la “Conquista”, como la caída de Granada es el final de la “Reconquista”.

Lo significativo es que España se construyó a partir de los exitosos Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, sobre la base de una política esencialmente intolerante: contra los musulmanes, contra los judíos y contra los indios sometidos a una evangelización forzada. El dato no es para nada trivial: España entró a la modernidad –y Colón y sus viajes desempeñaron un papel central en ese pasaje– sosteniendo e imponiendo posiciones intransigentemente negadoras del derecho a disentir, derecho que si en España vulneró a las minorías judía y mora, en América fue atropello de las mayorías.

Más allá de la vieja y todavía viva polémica entre los historiadores de la demografía del continente acerca del quantum de pobladores originarios que se estima existían a la llegada de los españoles a fines del siglo XV y comienzos del XVI, hay consenso en admitir que ya a mediados de este se había producido un fenomenal descenso, devenido catastrófico a principios del siglo XVII. Si bien las cifras exactas son imposibles de precisar, se admiten las clásicas elaboradas por algunos investigadores de Berkeley (Lesley Bird Simpsom, Sherburne F. Cook y Woodrow Borah). Según ellas, en México central vivían, en 1519, 25.200.000 habitantes, reducidos a apenas 1.075.000 en 1605, mientras que (conforme las también clásicas cifras elaboradas por John Rowe) Perú descendió de 6.000.000 en 1532 a 1.090.000 en 1628. Una causa importante de la catástrofe demográfica fueron las enfermedades transmisibles portadas por los europeos, frente a las cuales las poblaciones originarias no tenían defensas: viruela, sarampión (estas dos de efectos terribles), gripe, tifus, paperas, difteria, peste neumónica, que provocaron brotes epidémicos y, en algunos casos, pandemias. La recuperación del quantum demográfico de la población americana a las cifras del momento de la invasión europea se habría alcanzado recién en la década de 1940.

En definitiva, América es lo que es hoy por Colón. Pero si este no hubiese llegado, en lugar de él lo habrían hecho otros, más temprano que tarde. Posiblemente portugueses, puesto que durante el siglo XV se habían lanzado a una sostenida expansión marítima, especialmente bajo la conducción de Henrique o Navegador y del príncipe Dom João (luego rey João II), y nadie sabía como ellos de navegación oceánica.

La Conquista fue fundante de una nueva realidad histórica, de carácter planetario: el colonialismo. Fue, justamente, esta nueva realidad la que definió y modeló las también nuevas identidades en Europa, en América, en África, en Asia, en Oceanía, y la que decidió el rango y la jerarquía de los hombres, de las sociedades, de las culturas, de las naciones. Se trata de una ampliación del mundo sobre la base de la afirmación de las desigualdades: la dominación y la subordinación, los explotadores y los explotados, el oro y las baratijas, el blanco y el “de color”, el cristiano y el infiel, el amo y el esclavo, el encomendero y el encomendado, el hacendado y el campesino, la civilización y la barbarie, la materia prima y el producto manufacturado, Oriente y Occidente, el Norte y el Sur, el “se acata” y el “no se cumple”…

El colonialismo fue, entonces, fundador de América. Interrumpió las dialécticas constituidas e inauguró dialécticas constituyentes que definieron la nueva identidad de los pueblos americanos: “pueblos colonizados”. Eliminadas sus instituciones o adaptadas por los conquistadores para mayores y más eficaces explotación y dominación, perseguidas y destruidas (a menudo totalmente) sus culturas, sus valores y hasta la vida de su gente, negado el derecho a ejercer sus propias creencias religiosas, perseguidas y anuladas sus lenguas y hasta la memoria histórica…, los pueblos autóctonos americanos fueron capaces de generar formas de resistencia. Originariamente fragmentados, dispersos y múltiples, el colonialismo los unificó bajo un mismo poder omnicomprensivo: unidad en la diversidad.

La resistencia indígena se expresó en diferentes planos de la vida social y cultural, siendo perceptible en distintas manifestaciones de sincretismo, en la recuperación del lenguaje (en algunos casos, como en Lima y en México, incluso con apoyo de sectores colonizadores que crearon cátedras de lenguas nativas, por ejemplo, el quechua y el náhuatl), en el arte y hasta en la peculiar resistencia del silencio… En las áreas de plantación, en las Antillas, en Brasil y en el sur norteamericano, los africanos esclavizados originaron una cultura afroamericana en la que están fuertemente presentes elementos provenientes de sus culturas originarias, a pesar de la tenaz oposición a sus prácticas. También se resistieron a través del cimarronaje y hasta hubo serios intentos de crear una contraorden, como en el caso de los quilombos brasileños.

El colonialismo, entonces, para decirlo una vez más, engendró e incluso nominó a América. Antes de él, América no existía, aunque existían el continente, las sociedades, las culturas, la flora y la fauna, los hombres y las mujeres que lo poblaban. El colonialismo unió al continente y, al unirlo, lo vinculó con el mundo que simultáneamente empezaba a hacerse capitalista y planetario. Al crearlo, ya se ha dicho, creó también sus propias contradicciones. Así, el Nuevo Mundo fue efectivamente nuevo.

La temporalidad mixta de América Latina

Fue gracias a la crisis del colonialismo español que los americanos se “descubrieron” a sí mismos y se asumieron como tales. Hasta allí, para decirlo con palabras de Leopoldo Zea, América fue “un ser pensado e imaginado por otros”. Desde entonces, y por la vía de las revoluciones anticoloniales, los americanos comenzaron a ser pensados e imaginados por sí mismos, proceso en alguna medida aún inconcluso.

Como bien recordara Norbert Lechner (1988: 69), ya Machiavelli había postulado analizar la conquista del poder como “parte del orden a construir”, esto es, como una elección “entre las múltiples posibilidades que abre cada situación” de manera tal que los cambios produzcan un orden estable. Es obvio que un proceso tal se despliega dentro de un arco temporal, es decir, tiene historia; aunque no sea históricamente necesario, nunca es naturalmente dado. Así, el tiempo aparece como un componente fundamental en todo proceso de construcción del orden y, por lo tanto, en el ejercicio de la política. En palabras de Lechner (1988: 71): “Hacer política implica estructurar el tiempo” (35). “Crear orden es una forma de crear continuidad” en un proceso que remite al pasado y al presente, y se proyecta hacia el futuro (que es siempre, recordemos, un horizonte de posibilidades) (36). “En esta tensión entre el acontecimiento y la duración se constituye el tiempo” (Lechner, 1988: 70).

Históricamente, el control del tiempo ha sido parte central de la posesión y ejercicio del poder, en particular en las sociedades precapitalistas. La disociación de tiempo y poder es propia del capitalismo –al menos en cuanto a poder social, político e ideológico (religioso)–, si bien el control del tiempo de la jornada de trabajo fabril es privativo del burgués industrial. En este sentido, la lucha obrera por la reducción del tiempo de trabajo es parte de la lucha contra el poder establecido.

La relación entre historia y tiempo en América Latina fue singularmente planteada por el sociólogo brasileño Florestan Fernandes y luego reformulada, en otra clave, en cuatro artículos (Ansaldi y Calderón, 1987; Calderón, 1987; Quijano, 1988; Ansaldi, 2000b) y un libro (Martins, 1994) que aquí consideraremos con cierto detenimiento. En ellos se piensa esa relación a partir de la cuestión de la modernidad en América Latina, esa modernidad que a principios de la década de 1960 fue planteada en términos de modernización y constituyó la preocupación central de los científicos sociales de la región, y que a fines de los años ochenta reapareció vis-à-vis la posmodernidad. El sociólogo brasileño formuló al respecto una precisa síntesis: en América Latina, la modernización se realiza de modo segmentado y según ritmos que requieren la fusión de lo “moderno” con lo “antiguo” o lo “arcaico”, generando simultáneamente la “modernización de lo arcaico” y la “arcaización de lo moderno” (Fernandes, 1973: 236). Este “tipo específico de modernidad” no rompe con el antiguo sistema colonial ni supera el posterior proceso histórico, llevando al surgimiento y consolidación del capitalismo dependiente. Así aparece, según Fernandes, “una modernidad de grandeza secundaria”. En esa perspectiva, se destaca la forma en que se combinan rupturas y continuidades, combinación en la que tiende a predominar la conciliación. Se trata de una revolución dentro del orden (y no contra él).

Si se opta por analizar las sociedades en términos de clases, lo característico de América Latina es que ellas nacen y crecen “gracias a una nueva conjunción de los privilegios internos con la explotación externa. […] Las clases sociales se manifiestan en las sociedades latinoamericanas como formaciones histórico-sociales típicas. Al mismo tiempo, presentan variaciones (en tres niveles distintos: el de las bases perceptivas y cognitivas de las actitudes y comportamiento de clase; el de contenido y las orientaciones de la conciencia y relaciones de clase; y el de la diferenciación, articulación y oposición de las clases sociales entre sí), que no son simples productos de diferencias de contexto sociocultural o de tiempo histórico. Por más que esos dos aspectos puedan parecer contradictorios y exclusivos, ambos se explican por la misma causa: el modo en que el capitalismo se institucionalizó, se difundió y se desarrolló en América Latina. […] Las clases sociales no ‘son diferentes’ en América Latina. Lo que es diferente es la manera en que el capitalismo se objetiva y se irradia históricamente como fuerza social” (Fernandes, 1973: 196-197).

En definitiva, el análisis comparativo entre los procesos capitalistas europeos y latinoamericanos muestra que ellos tienen una lógica similar e historias disímiles, aunque hay que notar que el movimiento histórico de los segundos ocasionalmente introduce cambios en el análisis lógico, cambios cuya incidencia en el modelo general es variable. Para dar cuenta de la variación es necesario tomar en cuenta la conflictiva dinámica y la metamórfica coexistencia de historicidades y, por ende, de pluralidad de identidades, que organizan la relación entre los procesos capitalistas en Europa y en América Latina. Aquí es donde la cuestión del tiempo debe ser resignificada para una mejor comprensión de nuestra(s) historia(s). La identidad en la diferencia –a la que ya aludimos– nos remite casi directamente a una reflexión acerca del multiculturalismo latinoamericano, y la temporalidad mixta es un componente clave de este fenómeno. En América Latina existen tiempos (sociales y culturales) diferentes, a veces sucesivos y casi siempre superpuestos: autóctono o precolonial, colonial, mercantil, capitalista industrial y el “posmoderno” de la nueva reestructuración capitalista. Esto no debe entenderse como existencia de tiempos viejos y tiempos nuevos, sino, en realidad, como una permanente y continua recreación interactual que da cuenta de una vasta universalidad o pluralidad de culturas (Ansaldi y Calderón, 1987). La diversidad de temporalidades es expresión de la diversidad social (Lechner, 1988: 71).

Al respecto, Fernando Calderón (1987: 4) señala la existencia de “tiempos culturalmente truncos y mixtos de premodernidad, modernidad y posmodernidad […], tiempos [que] son, además de truncos y mixtos, subordinados”.

En una clave similar, Aníbal Quijano (1988: 17-24) piensa que el desenvolvimiento de una modernización fragmentada mediante ritmos temporales sincrónicos puede interpretarse distinguiendo modernidad y modernización, por un lado, y privilegiando la especificidad latinoamericana de la relación entre historia y tiempo, por el otro.

Según Quijano, América Latina es partícipe activa de la modernidad, tanto como víctima tardía y casi pasiva de la modernización. Los comienzos del proceso que construyó la modernidad en la región pueden situarse en el violento encuentro que América y Europa experimentaron a fines del siglo XV, a partir del cual se asistió, en ambas, a “una radical reconstitución de la imagen del universo”, cuestión que ya ha sido analizada con más detalle arriba. América Latina fue copartícipe de la producción de la modernidad hasta fines del siglo XVIII, momento en el que comenzó a producirse una verdadera metamorfosis: en Europa, el mercantilismo se tornó capitalismo industrial y la modernidad –como asociación entre razón y liberación–, en parte de una radical mutación societal; en América Latina, en cambio, se asistió a una estagnación económica, resultado de las políticas metropolitanas del final del colonialismo y del predominio inglés en las relaciones de poder mundial, mientras “la modernidad e[ra] envuelta en un contexto social adverso”, caracterizado por el afianzamiento en el poder de los sectores más reacios a ella. La hegemonía británica en el plano económico y político lo fue también de la razón instrumental, puesta al servicio del poder y de la dominación. De ahí en más, la modernidad fue percibida “casi exclusivamente a través del enturbiado espejo de la dominación”, expresándose como “modernización” o, dicho de otra manera, la transformación del mundo conforme las necesidades de la dominación y del capital sin otra finalidad que la acumulación. La inflexión histórica producida por la victoria de la razón instrumental al servicio de la dominación significó, para América Latina, una decisiva, catastrófica y profunda derrota, tras la cual solo volvió a encontrar la modernidad bajo la forma encubierta de “modernización” (Quijano, 1988: 19).

La crisis de la modernidad es también –a juicio de Quijano– un cuestionamiento de la constitución europea (luego euronorteamericana) de la modernidad. América Latina la enfrentó, entre otros modos, tratando de establecer su identidad sobre la base de una coexistencia de historicidades dinámicas, conflictivas y metamórfica, tiempos diferentes superpuestos (Ansaldi y Calderón, 1987), cuestión que –como se dijo más arriba– poco después Calderón (1987) planteó en términos de tiempos truncos y mixtos. Y que Quijano (1988) propuso en términos de una continuidad de las tensas relaciones entre los elementos constitutivos de la identidad latinoamericana, especialmente la relación entre tiempo e historia, tan diferente en América Latina de la existente en Europa y en Estados Unidos.

En efecto, argumenta Quijano, lo que en la historia de estos es secuencia, en América Latina es, sobre todo, simultaneidad, sin dejar de ser también una secuencia. Es, a la vez, una historia diferente del tiempo y un tiempo diferente de la historia. Las limitaciones de una percepción unilineal del tiempo y unidireccional de la historia, propia del racionalismo euronorteamericano, dominado por una concepción instrumental, impiden aprehender esa diferente articulación de la temporalidad y, por ende, otorgarle sentido “racional”.

Quijano sostiene, certeramente, que la “simultaneidad de todos los tiempos históricos en un mismo tiempo”, la conversión “de todos los tiempos en un tiempo” y su racionalidad aparecen, mejor que en cualquier obra sociológica, en la formidable novela Cien años de soledad (1967), de Gabriel García Márquez. Pero, por cierto, hay otras dimensiones en las que se ejerce esa relación entre historia y tiempo en América Latina: aquí, el pasado atraviesa el presente de modo distinto del existente en el imaginario europeo previo a la modernidad. En América Latina, el pasado no es “la nostalgia de una edad dorada, por ser o haber sido el continente de la inocencia”. En cambio, es o puede ser “una vivencia del presente”. La relación tensional entre el pasado y el presente, y la simultaneidad y la secuencia del tiempo de la historia no son explicables prescindiendo de la historia de la dominación europea sobre América Latina y “de la copresencia de esta en la producción de la primigenia modernidad, de la escisión de la racionalidad y de la hegemonía de la razón instrumental” (Quijano, 1988: 22).

La coexistencia de tiempos diferentes, mixtos y truncos, que persisten a lo largo de la historia de las sociedades latinoamericanas, define una temporalidad distinta, que no se expresa de igual manera en cada una de ellas. No es igual en México que en Argentina, en Perú que en Uruguay, en Guatemala que en Chile, en Cuba que en Brasil… No obstante, más allá de las singularidades nacionales, hay una temporalidad que atraviesa al conjunto de la región como una dimensión general: la temporalidad mixta, que es la temporalidad específica de América Latina.

Como se ha dicho, esa temporalidad cuestiona la visión unilineal y unidireccional del desenvolvimiento histórico, tal como fue elaborada por el racionalismo instrumental euronorteamericano o, más precisamente, por la cultura grecolatina-anglosajona. Este cuestionamiento –que en buena medida lo es de la idea de progreso ascendente e indefinido– no tiene los mismos fundamentos que los del posmodernismo, asunto que aquí solo se deja señalado. El punto a resolver es, para decirlo como José de Souza Martins (1994: 14), saber cuáles son las condiciones históricas que establecen el ritmo del progreso en diferentes sociedades. Martins propone, para una mejor interpretación de la historia de la sociedad brasileña –pero extensible a buena parte de las latinoamericanas–, una perspectiva de análisis que llama “sociología de la historia lenta”. Según Martins, esta perspectiva permite hacer una lectura de hechos y acontecimientos capaz de “distinguir en lo contemporáneo la presencia viva y activa de las estructuras fundamentales del pasado”. Más aún, lo que una sociología de la historia lenta permite hacer es descubrir e integrar, en el análisis, estructuras, instituciones, concepciones y valores enraizados en relaciones sociales plenas de sentido en el pasado y que hoy (y solo) de cierto modo, adquieren vida propia. “Es su mediación la que frena el proceso histórico y lo torna lento”. Se reduce, así, la toma de conciencia de las verdaderas dificultades para la transformación social y se atenúa o reorienta el sentido de las acciones en pro de ella (Martins, 1994: 14). En otros términos, esas instituciones, concepciones y valores del pasado son percibidos como temporalmente eternos, “naturales” y, por lo tanto, deshistorizados, ahistóricos. Tal percepción tiende a generar una actitud fatalista, resignada frente a las posibilidades transformadoras.

La secuencia/simultaneidad de los tiempos y/o la historia lenta es algo más complejo y más rico que la idea de desarrollo desigual y combinado a menudo entendida en una dimensión excesiva cuando no exclusivamente económica que empobrece la inteligibilidad de las sociedades. Fernand Braudel escribió alguna vez que “lo social es una liebre muy esquiva”, metáfora aún más sugerente cuando se la aplica a nuestras sociedades, entre otras cosas porque atrapar una liebre requiere, en buena medida, destreza y habilidad en el manejo de los tiempos. Estos se despliegan en tres campos: el de la naturaleza, el de la sociedad y el de la cultura. Tal despliegue usualmente se realiza uno a expensas de otro.

La necesidad de consolidar un orden democrático –concebido según los patrones de democracia política del capitalismo y del liberalismo euronorteamericanos– se ha traducido entre nosotros en prácticas que desconocen los valores culturales de etnias –en algunos casos numéricamente mayoritarias– para las cuales el concepto de derecho de ciudadanía (en los términos de las sociedades burguesas) es irrelevante o inexistente. Ahora bien: si no se quiere caer en una trampa frecuente, “culturas” y “diferencias culturales”, al igual que “etnia”, “etnicidad” y “diferencias étnicas”, no deben ser entendidas como expresiones sustitutas de las vergonzosas “razas” y “diferencias raciales” de antaño.

La plasticidad del término “cultura” –en el límite, todo lo creado por el hombre es cultura– permite usos y aplicaciones indiscriminadas, múltiples y multifuncionales, con un cierto dejo de inocencia política (de la que carece), que en muchos termina siendo un cómodo sustituto de la economía –en tanto clave explicativa– y/o de la cada vez más incómoda noción de clases. Si, en cambio, la cultura es pensada, según lo hacía Gramsci, como un componente decisivo de un bloque histórico, entonces ella es inescindible del conflicto y de las luchas sociales, políticas e ideológicas.

He aquí un punto central en cualquier análisis que piense la relación entre los imbricados procesos de construcción del orden en contextos societales multiculturales, por añadidura marcados por fuertes diferencias étnicas y de clase. La centralidad de la cuestión se advierte más claramente cuando se piensa en términos de ciudadanía, pues esta remite a derechos individuales asociados a la idea de igualdad (jurídica y política) y ejercidos (cuando no meramente reconocidos) en el marco de un escenario nacional, dentro del cual se puede participar plenamente. Una sociedad organizada conforme el principio de la ciudadanía colisiona fuertemente con una sociedad organizada según el reconocimiento de derechos o demandas estamentales, grupales o corporativas. Ahora bien: en América Latina hay sociedades en las cuales la estructura social está constituida por grupos y/o sectores cuya identidad es definida, por ejemplo, conforme la preeminencia de los intereses colectivos, a los cuales está subordinado el principio de individualización. José Sánchez Parga (1986), autor de un estimulante artículo que analiza la complejidad de las sociedades andinas, advierte sobre la necesidad de precisar que “individualismo” e “individualización” son términos conceptualmente distintos para un grupo étnico y para una sociedad nacional capitalista. En los grupos étnicos andinos, el individualismo “responde a una estructura de la personalidad y a una relación con la colectividad a la que se pertenece (y lo que esto supone como parámetros de comportamiento)” y no guarda “correspondencia con el ‘individualismo’ de las sociedades occidentales”.

Sánchez Parga ha mostrado muy bien cómo se expresa, en el caso concreto del mundo andino, tal colisión de principios organizacionales: los indígenas, dice, ejercen los derechos de ciudadanía de manera étnico-corporativa. Lo hacen así porque viven, cultural y sociológicamente, en un medio en el cual las opiniones y las decisiones de cierta envergadura social se expresan, se producen y se toman de manera colectiva, atravesando diferentes e imbricados niveles de socialización: doméstico, parental, comunal. Votar, por ejemplo, es un derecho que se ejerce individualmente y expresa una decisión también individual (recuérdese, además, la ecuación “un hombre = un ciudadano = un voto”). Los hombres y las mujeres que pertenecen a un locus como el del mundo andino, cuando votan, lo hacen corporativamente. Obligarlos a ejercer los derechos de ciudadanía (política, en este caso; pero la observación vale para otros, como los modos de posesión y transmisión de la tierra, en el campo de la ciudadanía civil) tal como ha sido construido por la modernidad europea, es obligarlos, argumenta Sánchez Parga, a adoptar un comportamiento individual sin un previo proceso de socialización, el cual no tiene por qué impedir, necesariamente, posiciones o decisiones individuales surgidas de un consenso colectivo, o bien de una diferenciación respecto de la colectividad, mas siempre en el interior de la matriz sociocultural de pertenencia y en el respeto a ella.

De lo anterior no debe colegirse, señala Sánchez Parga –y bien vale reiterarlo–, el rechazo de los derechos de ciudadanía y de su ejercicio por parte de las comunidades o colectividades indígenas. La cuestión estriba en cómo redefinir el concepto mismo de ciudadanía –y todo cuanto le es conexo en materia de ejercicio de derechos–, de modo tal que pueda conciliar cosmovisiones culturales tan diferentes como las indicadas. En América Latina, el actual proceso de construcción del orden –de una democracia que es mucho más política que social, instrumental que sustancial– se realiza en situaciones de precariedad y a partir de ellas. Esta tiene condicionantes estructurales que se acentúan con la influencia de los de carácter coyuntural. La acentuación de la desigualdad social (expresión de la exacerbación de las diferencias de clase) es un claro ejemplo. Pero también se constatan otros fenómenos conexos, como el incremento de los flujos migratorios (interregionales o intercontinentales).

El desplazamiento poblacional genera, en los países receptores, situaciones en las que no es extraño encontrar manifestaciones de intolerancia para con los “otros”. En general, sociedades construidas modernamente (desde alrededor de 1870 en adelante), en algunos países sobre la base de una fortísima corriente migratoria, se constituyen en locus de cultivo de racismo y xenofobia. La intolerancia se manifiesta, en primer lugar y anacrónicamente, como un prejuicio crudamente racial-biologicista, esto es, por ejemplo, por el color de la piel, lo cual sugiere un racismo espontáneo, si no fuera que se formula en el interior de una cultura fuertemente marcada, aún hoy, por el racismo teórico de viejo cuño positivista, estigmatizadora del otro. De inmediato –y no siempre con conciencia de ello– se revela como un racismo sin razas (37). Empero, sea cual fuere la forma en que el racismo se exprese, se trata de una relación social entre sujetos situados, casi siempre, en diferentes (asimétricas) posiciones dentro de la sociedad.

Todo esto es parte de las condiciones sociales de precariedad de construcción de la democracia y, muy especialmente, de una ciudadanía que para ser verdaderamente democrática requiere de la abolición de todas las formas de discriminación, viejas y nuevas. Pero también una redefinición de las relaciones de clase, pues, aunque parece ser un punto olvidado, la democracia es una forma política de la dominación de clase.

América Latina es una construcción histórica realizada, mal que nos pese, a partir del encontronazo producido en la bisagra de los siglos XV y XVI, es decir, de la dominación colonial. Autóctonos, africanos, europeos, asiáticos confluyeron, en muchísimos casos de manera forzada, en un proceso, sin parangón a escala mundial, de creación de macroetnias. América Latina no es el “crisol de razas” de la literatura escolar, monumental embuste ideológico que vela la existencia de diferencias y las exalta negativamente. Las divisiones étnicas se traslapan, se entrecruzan y algunas veces se diferencian de las fracturas sociales o de clase. Las sociedades latinoamericanas siguen siendo sociedades de clase (aunque el análisis en estos términos haya sido abandonado o haya quedado reducido a empobrecedoras versiones de un marxismo vulgar y degradado). Son, igualmente, y cada vez más, dependientes del capital transnacional, ahora globalizado, pero en el interior de cada una de ellas no todos experimentan la dependencia de igual manera: hay dependientes dominantes y dependientes dominados. En esa relación pesan más las asimetrías establecidas por la dominación que la equívoca coincidencia en la dependencia. Podría decirse que lo que la cultura de masas tiende a uniformar, a igualar y a universalizar –especialmente en el plano simbólico–, lo social y lo étnico tienden a desnivelar y a resignificar. En la desigualdad y la resignificación, la homogeneidad cultural se torna heterogeneidad, lo universal se singulariza.

Las nuestras son, ciertamente, sociedades estructuralmente desiguales. Lo son en los planos de clase, de género, de etnia… Los aborígenes siguen siendo “indios” (que en la mayor parte de la América que fue española es hoy sinónimo de campesinos pobres), los afroamericanos siguen siendo “negros”, tanto como los pobres se hacen cada vez más miserables y los ricos más opulentos…

Pensar América Latina hoy en el terreno del conocimiento científico y en el del proyecto de construcción de un orden más justo requiere atender a los tiempos mixtos, truncos, simultáneos/secuenciales, coexistentes y metamórficos de sus sociedades y culturas, y a la perspectiva de una sociología de la historia acelerada, en vez de una sociología de la historia lenta.

26. Este capítulo es una reescritura con añadidos, realizada por Verónica Giordano, de textos elaborados originariamente por Waldo Ansaldi, publicados entre 1989 y 2000, particularmente Cristóbal Colón, un falso palomo: entre los equívocos y la grandeza, Centro de Estudios Filosóficos Salta, año II, nº 2, Salta, 1992, y “La temporalidad mixta de América Latina, una expresión de multiculturalismo”, en Héctor C. Silveira Gorski (ed.), Identidades comunitarias y democracia, Madrid, Editorial Trotta, 2000, pp. 157-183.

27. Aunque la expresión “Nuestra América” está asociada a Martí, en rigor fue acuñada por el venezolano Francisco de Miranda en 1793. También la emplearon José María Morelos, José Gaspar Rodríguez de Francia, Simón Bolívar y Antonio José de Irisarri, entre otros.

28. Felipe Guamán Poma de Ayala, un indígena de noble estirpe, considerado “indio ladino” por haberse criado entre españoles, escribió en 1615 El Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno [sic], bajo la forma de una larga carta (1180 páginas, con 398 dibujos, luego devenidos clásicos) al rey de España Felipe III (carta que nunca llegó a destino y solo se encontró en 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague, Dinamarca, y fue editada en forma facsímil en 1936). Hay una edición en la Biblioteca Ayacucho, preparada por Flanklin Pease García, ahora también en versión digital. Miguel León Portilla publicó en 1959 la primera edición de Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista, una selección anotada de textos náhuatl (hay numerosas reediciones, también disponibles en versión digital). Nathan Wachtel publicó en 1971 La vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la Conquête espagnole, 1530-1570, del cual hay también una edición en castellano (Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española, 1530-1570, Madrid, Alianza, 1971).

29. Este texto es contemporáneo de otro, escrito en 1981 por Roberto Fernández Retamar, “La revancha de Calibán” (publicado en El Correo de la UNESCO, año XXXVI, nº 12, París, diciembre, pp. 38-40). Ambos destacan notablemente el problema de la alteridad.

30. Los curas confesores aconsejaban a las mujeres que se casaban la utilización, en ocasión del acople sexual, de un “sayal liviano, si es posible de lino, con un adecuado agujero”.

31. Pueden verse en Rodríguez Molas (1985: 206-217) varios casos ocurridos en el actual territorio argentino, denunciados por el gobernador de Tucumán, Alonso de Rivera, en una carta al rey de España, fechada en Santiago del Estero el 11 de febrero de 1608.

32. El inicio de la esclavitud en América es en el año 1502, cuando se introdujeron los primeros esclavos en La Española. La primera revuelta se produjo en 1522, en la misma isla, en la plantación azucarera de Diego Colón, hijo de Cristóbal.

33. Se completó en abril de 1529 con el Tratado de Zaragoza, que delimitó el área de ocupación portuguesa en el sudeste asiático (el Maluco o archipiélago de Indonesia).

34. Los cimarrones eran esclavos fugados, individual o colectivamente. Cuando constituían comunidades, estas eran llamadas, según las regiones, cumbes, ladeiras, mambises, mocambos, palenques, quilombos.

35. Sobre esta cuestión, véase Colombo (2010/2011).

36. El concepto de coeficiente histórico, al que aludimos en la Introducción, es bien aplicable en este análisis.

37. La distinción entre racismo teórico (o doctrinal) y espontáneo, y la expresión “racismo sin razas” pertenecen a Étienne Balibar (apud Wallerstein y Balibar, 1991: 65 y 37). Héctor Silveira Gorski (1996: 150-151) denomina este nuevo racismo como “racismo culturalista”, según el cual “[la] estigmatización, la discriminación, la exclusión y la violencia se practica en nombre de las diferencias culturales entre las distintas comunidades (nacionales). El ‘otro’ es rechazado por pertenecer a otra etnia o nación. Así, detrás del respeto de las culturas y de las identidades se esconde un racismo simbólico, sutil e indirecto. Para el ‘racismo culturalista’ reconocer las diferencias culturales no significa solamente jerarquizar lo diferente, sino, también, exigir la separación o la exclusión de lo que se supone que difiere absolutamente y que no debe mezclarse. No se preocupa por la herencia biológica sino por la irreductibilidad de las diferencias culturales, la incompatibilidad de las formas de vida y la desaparición de las fronteras nacionales”.

CAPÍTULO 2

LA DOMINACIÓN COLONIAL: LAS BASES DE LARGAS LÍNEAS DE CONTINUIDADES Y RUPTURAS

El debate sobre las sociedades coloniales

Como se ha señalado en el capítulo anterior, la conquista y la colonización del continente transformaron profundamente a las sociedades originarias y generaron sociedades coloniales o sociedades implantadas (38).

Según el tipo de sociedades originarias, con su particular concentración demográfica y su grado de complejidad, y según el carácter de los conquistadores, se dieron tres diferentes situaciones geográfico-sociales de colonización: 1) colonización de sociedades originarias ubicadas en áreas montañosas y aledañas, con un alto grado de desarrollo social, económico y político, con un conocimiento científico y tecnológico avanzado y con un alto grado de capacidad tributaria (México, América Central, Andes centrales); 2) colonización de núcleos autóctonos seminómades, con cierto grado de organización social y política y, por ende, con una fuerte resistencia a la conquista, en algunos casos hasta fines del siglo XIX (por ejemplo, el oeste de Estados Unidos, el sur de Chile, la Patagonia y la Pampa en Argentina), y 3) colonización de espacios vacíos (o casi vacíos), bajo dominación nominal, es decir, débilmente sujetos a la dominación real de la corona (por ejemplo, Amazonia).

La importancia de las culturas latinoamericanas, en particular sus expresiones más complejas (mayas, aztecas e incas), radica en que tuvieron un desarrollo autónomo (sin contactos culturales múltiples como los existentes entre Europa, Asia y África), con altos logros en domesticación de plantas y animales, y en formas propias de organización social. De allí la insistencia del antropólogo John Murra en la calificación de los europeos como invasores, es decir, dominadores ajenos a las tradiciones culturales americanas, y en llamarlos “conquistadores” cuando se refiere a la dominación de señoríos andinos por parte de varios imperios expansivos, de los cuales el último fue el de los incas.

Las sociedades del segundo tipo fueron –en el caso de las del Caribe– las primeras en entrar en contacto con los españoles y también las primeras en ser arrasadas por los invasores. Tan temprano como a comienzos del siglo XVI, en esa área solo quedaban algunos cientos de pobladores originarios, de donde la recurrencia a esclavos africanos para repoblarla y disponer de fuerza de trabajo explotable. Hace tiempo que la historiografía ha explicado que la catástrofe demográfica de los pueblos antillanos fue consecuencia de tratamientos espantosos, sobreexplotación, hambres, pestes y falta de capacidad para producir excedentes al nivel exigido. En tal contexto de destrucción es que tallaron los curas humanistas (Antonio de Montesinos y luego Bartolomé de Las Casas), que encontraron la vía para remover la real conciencia en España. Esta ocasión fue aprovechada por la Corona para reforzar su poder y comenzar a instalar un control estatal sobre las huestes de conquistadores, cuyas inversiones habían sido pagadas con la transferencia del tributo indígena desde la Corona a ellos, ahora devenidos encomenderos. Es decir que, muy temprano y tras la “utilidad” combinada con la “real conciencia”, comenzó a darse la injerencia estatal en busca del control señorial.

Aunque a menudo no es señalado, en ese primer espacio que ocuparon, los invasores españoles experimentaron un problema serio: el de la provisión de alimentos necesarios para la reproducción de la vida material. Los pobladores originarios de las islas del Caribe eran recolectores, no disponían de excedentes ni acumulaban. Los conquistadores importaron granos, cereales, ganado (de tiro y para alimentación), caña de azúcar, vides, amén de productos elaborados como el vino y el aceite, con resultados variados. Para superar la crisis de abastecimiento –que en ocasiones provocó verdaderas hambrunas– la Corona dispuso, mediante las Leyes de Burgos (1512-1513), procedimientos para que los indígenas, asignados a estancias, produjesen alimentos.

Desde ese espacio, entonces, se produjo la expansión hacia México y luego hacia Perú, esto es, hacia las zonas que corresponden a la primera de las tres situaciones señaladas, las de mayor desarrollo y grandes productoras de alimentos. Paradójicamente, fueron estas las que más rápidamente sucumbieron a la dominación colonial. Es el caso de las civilizaciones azteca e inca (la maya ya había entrado en crisis antes de la invasión europea). Allí, el grupo conquistador minoritario pudo dominar a las sociedades autóctonas sobre todo en virtud de sus contradicciones internas. Así, se dieron situaciones en las que los grupos autóctonos pretendieron, evidentemente sin éxito, utilizar a los españoles para derrocar a un grupo opositor interno. Luego, los españoles reforzaron su dominación sobre el conjunto a través de un elemento ideológico-cultural crucial: la Iglesia. La hipótesis de Hugo Burgos Guevara (1995: 12) respecto de la Sierra ecuatoriana bien puede extenderse a otras áreas: “Los colonizadores europeos tuvieron que utilizar el sistema político conquistado, en la medida que les era conveniente a sus intereses, para poder sustentar así las diversas fases de la nueva empresa colonial. Dicho de otro modo, el sistema colonial hispánico estuvo lejos de destruir de un plumazo la organización básica y cultura aborigen de Quito. Dentro del clima de extorsiones, tormentos, agravios y cuantos otros métodos de sujeción que utilizaron los oficiales hispánicos, hubo un sentido de perspicacia en los colonizadores, de manera que no trataron de destruir las instituciones que mantenían una población organizada para los trabajos básicos, compatibles con la pequeña y gran empresa colonial”. Así, si bien los españoles desestructuraron los mecanismos de poder locales en muy poco tiempo, las estructuras señoriales originarias persistieron. Sobre ellas estaban montados los aparatos imperiales, tal como han demostrado los trabajos de Carlos S. Assadourian, Franklin Pease García y John Murra, entre otros.

El proceso de destrucción de las estructuras políticas señoriales –mediante el debilitamiento y la transformación– fue mucho más largo y complejo. En Perú, según Assadourian (1983b), antes de la organización definitiva del sistema colonial, en la década de 1570, se dio un largo período de transición iniciado con el derrumbe del incario hacia 1539, si bien persistió el Reino Neoinca de Vilcabamba. Luego se produjeron los conflictos entre el poder real y los encomenderos, conflictos en los cuales hubo participación indígena. Fue en el Virreinato del Perú donde se dio el enfrentamiento de la Corona (con funcionarios y curas proindígenas) y los señores étnicos con los encomenderos. Entre 1546 y 1548, se produjo la sublevación de los encomenderos encabezada por Gonzalo Pizarro y, en 1553-1554, la de Francisco Hernández Girón. Si bien ambas fueron derrotadas, se trató de derrotas negociadas que permitieron a la Corona lograr que sus funcionarios tasasen lo que los indígenas tenían que entregar al encomendero, es decir, control y asignación de la cuota de explotación sobre cada señorío. Esa alianza comenzó a romperse en la década siguiente por la acción de funcionarios hostiles a los indígenas, hasta que, finalmente, hacia 1570, Las Casas fue derrotado en la Corte, imponiéndose la política de utilidad económica de Felipe II, aplicada en Perú por el virrey Francisco de Toledo en la década de 1570, dando fin a la transición. La política toledana mantuvo el proyecto imperial anterior de destruir el proyecto político feudal e imponer el poder de la Corona a los encomenderos: los indígenas ya no tributarían a los encomenderos sino a las Reales Cajas, de donde saldría el dinero para pagarles rentas a los encomenderos. En contrapartida, se produjo un incremento de la tasa de explotación de los indígenas y la ofensiva contra el proyecto señorial étnico (se quemaron títulos otorgados de duques y marqueses, se deportó a descendientes incas colaboradores, se ejecutó al último neoinca de Vilcabamba, Tupaq Amaru). Los funcionarios visitaron todos los señoríos numerando a sus indígenas y tasándoles un tributo per cápita, fragmentándoles la jefatura (aduciendo legalmente que no les correspondía ser señores porque antes de los incas eran behetrías), reduciéndoles la cantidad de tierras que antes tenían (39), obligándolos a concentrar la vivienda en las casas de un pueblo de forma española, con capilla, dejando a un kuraka de rango menor (por la fragmentación antes dicha) con la responsabilidad de pagar el tributo en conjunto y entregar tandas de mita (1/7 anual de hombres adultos aptos) (40), y conformando un primer cabildo indígena (sin el kuraka), cuyos alcaldes tenían algunas competencias en materia penal y civil de menor cuantía (tema muy resistido por los antiguos señores).

La última medida –enseñanza de la experiencia de México, donde al conformarse los “pueblos de indios” se produjo una sublevación de macehuales que habían desplazado del gobierno de los cabildos a los señores– era una de las políticas que buscaban mantener a los señores y, al mismo tiempo, generarles oposiciones internas para debilitarlos y disponer de colaboradores más fáciles de controlar (Palomeque, 1996). Investigaciones recientes están demostrando la persistencia, hasta la década de 1570, de parte de las estructuras señoriales étnicas, pero adecuadas a formas institucionales europeas. Ese es el origen de lo que hace años Silvia Palomeque denomina “formas de gobierno indirecta” sobre la mayor parte de la población indígena: esta quedó sometida a la dominación colonial en términos generales, pero su gobierno directo fue ejercido por jefaturas étnicas que (por raras vías) lograron controlar la jurisdicción civil de menor cuantía y criminal sin derramamiento de sangre, sobre los indígenas originarios de sus “pueblos de indios” (Palomeque, 1996 y 1997). Sobre todos estos “pueblos de indios”, en la zona rural se encontraba el Corregidor de indios, funcionario de escasa dotación de salario y con cargo pasible de compra, con jurisdicción sobre todos ellos, y que pronto comenzó a hacer sus propios negocios para devengar su inversión. Es decir, este es el espacio político de una “república”, la de indios con control estatal vía el Corregidor.

En el espacio de la economía –para adelantar problemas referidos a la hacienda que se tratarán más adelante–, las tierras expropiadas a los señoríos étnicos durante la década de 1570 fueron entregadas en merced a españoles que, en algunos casos, eran encomenderos recaudadores de rentas de tributos, pero en otros no lo eran, aunque poseían dinero (por ejemplo, “soldados enriquecidos, muchas veces con el comercio de la coca”). Al parecer, además, en cercanías de las ciudades se formaron chacras con sectores más pobres. Lo concreto es que estas unidades de producción agrarias, aplicando tecnología y formas de cooperación europeas, se organizaron para abastecer principalmente ciudades y, sobre todo, el centro minero potosino. A veces recibían del virrey una dotación de mitayos (casi siempre como ganaderos), pero en general sus trabajadores comenzaron a ser las unidades domésticas de los “originarios” que abandonaban sus “pueblos de indios”, buscando una menor tasa de explotación, recibiendo una parcela de subsistencia como parte del salario. Ellos eran “indios forasteros” que ya no se encontraban en su pueblo para entregar mita y a veces le pagaban el tributo al kuraka. Había otro tipo de trabajadores, los yanaconas de las “chacras de Charcas”, empadronados cuidadosamente por los funcionarios, puesto que ellos eran el resto del proyecto señorial, en tanto pagaban poco tributo y se vendían con la tierra, como “adscriptos” a ella. Ambos grupos, pasados los siglos y luego del debilitamiento de los poderes centrales, serán denominados “yanaconas”, “colonos”, “huasipungos”, etc.

Estas empresas agrarias (grandes, medianas y chicas) fueron las principales abastecedoras del “mercado interno colonial” y, en segundo lugar, de los “pueblos de indios”, que lograron vender sus productos en el mercado como una forma de pagar el tributo en dinero y tratando de eludir la entrega de mitayos. De hecho, era una manera de transferir recursos (subsidios) de la economía indígena a la española. Apelando a Claude Melliassoux (1979), se observa a los “pueblos de indios” como los lugares de reproducción de la fuerza de trabajo, la cual, por ser originaria, estaba destinada a reproducir la fuerza de trabajo en su territorio y, cuando eran adultos, entregar un salario subvaluado bajo forma de mita (en la minería en su mayoría, sobre todo potosina). Empíricamente habría que investigar cuánto hubo de explotación y cuánto de sobreexplotación (41). En esto el caso se diferenció del de México, donde los tributos y el grado de explotación fueron menores. Por otra parte, si bien la población indígena mexicana comenzó a recuperarse antes (segunda mitad del siglo XVII) que la andina (primera mitad del XVIII), también cuenta el hecho de que el derrumbe poblacional novohispano del siglo XVI fue más brutal que el andino.

Según las conclusiones a las cuales ha llegado Assadourian respecto del mercado externo y el mercado interno colonial, la metrópoli logró apropiarse, en el caso de Perú a fines del siglo XVI y principios del XVII, del 90% de la plata extraída. El sistema combinaba la vía fiscal (quinto, avería, almojarifazgo, alcabala y varios impuestos más) con el monopolio comercial basado en precios exorbitantes para un mercado de colonos con harta plata pero escasamente abastecidos. Mediante la vía fiscal y el monopolio comercial, la metrópoli logró hacerse de los metales de las colonias, expropiando en la base a los indígenas y en la cúpula a todos los colonos.

Dicho brevemente, ese sistema se vio afectado, a lo largo del siglo XVII, a medida que los colonos fueron tomando fuerza y la Corona se debilitaba. Este período es muy importante porque fue entonces cuando las empresas agrarias, que lograron independizarse del poder estatal, terminaron convirtiéndose en haciendas, adquiriendo poder de policía dentro de su propio territorio, recortando y usufructuando el poder del Estado metropolitano. Las otras unidades, los “pueblos de indios”, se vieron perjudicadas por el nivel de presión para mercantilizarse en favor de los corregidores y por las constantes expropiaciones de tierras a las que eran sometidas por los poderes locales. La situación se invertirá en la segunda mitad del siglo XVIII, con el reforzamiento del poder metropolitano por las reformas borbónicas.

Las colonias portuguesas se caracterizaron por la escasa población indígena, que había sido exterminada o había huido hacia el interior del territorio. La unidad de producción que predominó en el espacio colonial controlado por Portugal fue la plantación esclavista, en buena medida como consecuencia de la falta de fuerza de trabajo disponible. En las colonias españolas, en cambio, predominó la encomienda y, más tarde, las empresas agrarias que –a medida que se reforzaron los poderes locales en consonancia con el debilitamiento del Estado colonial– se fueron transformando en haciendas y en sistemas de haciendas. Bajo la dominación española, la economía se organizó en torno a los grandes núcleos mineros, convirtiéndose las colonias en zonas especializadas en la producción y exportación de metales preciosos (plata principalmente), cuyo primer destino europeo era la metrópoli española. Para enviar a la metrópoli los metales preciosos extraídos –plata y en menor cuantía oro– se articularon mecanismos de comercio a larga distancia, entre España y América, en términos muy desfavorables para sus colonias. En el plano interno –sobre todo en relación con Potosí, centro minero de densa población, ubicado en los áridos 4000 metros sobre el nivel del mar de los Andes bolivianos–, la economía minera generó necesidades para la subsistencia, tales como alimento, vestido, instrumentos de trabajo y transporte, que en su gran mayoría fueron provistas desde el amplio “espacio peruano” que iba desde Quito al norte y las gobernaciones del Tucumán y del Paraguay, y Buenos Aires al sur, logrando un altísimo grado de autoabastecimiento. Allí se producían los alimentos y se criaba y engordaba a las mulas de transporte del mineral. Los obrajes producían instrumentos y textiles, estos últimos fundamentalmente utilizados para vestido. Desde afuera del espacio, solo se importaban el hierro, los esclavos y valiosos textiles de alta calidad. Los productos que llegaban a Potosí, a partir de la década de 1570, provenían de grandes y medianas unidades de producción que usaban tecnología europea, pero también de unidades de producción campesinas localizadas en las tierras de comunidad de los “pueblos de indios” que participaban activamente de las relaciones mercantiles.

La cuestión clave del modo de producir en las sociedades coloniales americanas ha sido objeto de importantes controversias, en especial durante las décadas de 1960 y 1970. Entonces se polemizó fuertemente –en particular entre científicos sociales situados en el campo del materialismo histórico– en torno a dos posiciones polarizadas: América Latina colonial, feudal o capitalista. La confrontación excedió largamente el ámbito académico y se tiñó ab initio de una explícita connotación de lucha política. En efecto, para decirlo muy sintéticamente, los partidarios del carácter feudal de la conquista y colonización de América (latina) argumentaban que nuestras sociedades eran cerradas, tradicionales, resistentes al cambio, no integradas a la economía capitalista. En consecuencia, al ser sociedades precapitalistas, de lo que se trataba era de desarrollar el capitalismo mediante una revolución democrático-burguesa que terminara con el feudalismo retardatario y liberara las fuerzas productivas. En ese contexto, las fuerzas revolucionarias, socialistas, obreras debían aliarse con las burguesías nacionales en un frente único antioligárquico, antiimperialista y procapitalista. Solo después de desarrollar fuerzas capitalistas podía pensarse en una estrategia de revolución socialista, es decir, quienes pensaban de este modo adoptaban la teoría de la revolución por etapas. En contraposición, quienes sostenían la proposición de una América Latina capitalista desde sus orígenes, en tanto integrada al mercado mundial, argumentaban que esa pertenencia al capitalismo se había efectuado en condiciones de dependencia, en una relación entre metrópolis y satélites –según la conocida expresión de André Gunder Frank, el autor que expresó la posición más radical dentro de la segunda corriente– que ocluyó la posibilidad de un desarrollo autónomo y generó el subdesarrollo. Al ser las sociedades latinoamericanas capitalistas, dependientes del imperialismo, no podía esperarse nada de las burguesías aliadas a este y solo cabía la lucha por el socialismo. La revolución no debía ser democrático-burguesa, sino socialista, contra las burguesías (incluso las nacionales) y el imperialismo.

Nos ocuparemos aquí de esa confrontación que, en el plano académico, se dio, además, en el contexto de cuestionamiento, por parte de científicos sociales latinoamericanos, de las teorías de la modernización y del dualismo estructural, y de los debates sobre las teorías del desarrollo (42).

A los efectos que aquí interesan, hemos de señalar que América toda se constituyó como tal, según se ha indicado en el capítulo 1, a partir de la conquista y la colonización europeas, a través de un proceso que ocluyó las dialécticas constituidas por los pueblos originarios e inauguró dialécticas constituyentes, colocando a América, en el plano de la dialéctica externa, “como un momento de la expansión ultramarina de la Europa renacentista. En realidad, no puede entenderse más que desde una dimensión atlántica, que incluya la interrelación constante y decisiva del viejo con el nuevo mundo” (Sotelo, 1980: 62). Así, paradójicamente, España contribuyó al desarrollo de Europa hacia el capitalismo, a costa del suyo propio, al tiempo que América –particularmente la muy extensa área luego denominada “latina”– se constituyó como parte fundamental del proceso de formación del sistema economía-mundo (Wallerstein, 1979; 1984; 1998a), o de los orígenes del orden económico mundial de la globalización (Ferrer, 1996 y 2000) o, según la clásica explicación de Marx, de la acumulación originaria del capitalismo. América Latina fue, pues, parte del proceso de constitución del capitalismo iniciado en Europa, sin ser ella capitalista.

Tampoco fue feudal. Los colonizadores ibéricos no trasplantaron estructuras feudales, en buena medida porque las propias Coronas, en particular la española, no las propiciaron ni toleraron por razones políticas obvias: no quisieron abdicar poder a favor de intereses privados, porque, precisamente, la conquista del continente fue obra de esos intereses, y de ahí la posibilidad del eventual desarrollo de tendencias separatistas, favorecidas por la distancia geográfica entre la metrópoli y las colonias. Lo afirmado no implica que no haya habido intentos feudalizantes e incluso efectivas instauraciones de relaciones feudales. La encomienda es un buen ejemplo de ello, pero su inicial carácter feudal no prosperó. Al respecto, el historiador alemán Günter Kahle ha argumentado, prestando atención al carácter militar de la encomienda, que la feudalización de la sociedad colonial fue frustrada por tres razones, que Ignacio Sotelo (1977: 71; y 1980: 151-152) ha sintetizado así: 1) el carácter diferente de los ejércitos: en el de los encomenderos americanos, los vasallos –los indígenas– eran, al mismo tiempo, los enemigos potenciales, por lo cual se les prohibió portar armas y el empleo en servicios militares, en contraste con el ejército feudal, en el cual los vasallos no solo portaban armas sino que tenían la obligación de combatir al lado de su señor; 2) un ejército de señores era inviable a largo plazo, toda vez que la indisciplina lo tornaba inservible, obligando a su reemplazo por una tropa de mercenarios; 3) si bien los encomenderos pretendieron vincular la propiedad de la tierra con las relaciones personales de vasallaje y “obtener derechos jurisdiccionales sobre la población asentada en sus dominios (señoríos)” –dos componentes propios del feudalismo–, la Corona española mantuvo “como principio inalterable, la separación institucional de los repartos de tierras y los repartos de indios”. Los indígenas nunca fueron concedidos a perpetuidad, sino solo por tiempo limitado (generalmente no más de dos generaciones), en franco contraste con las relaciones de vasallaje. “La jurisdicción fue siempre incumbencia de la burocracia real y desempeñó un papel decisivo en el quebranto de los derechos casi señoriales de los encomenderos”, hecho que convirtió a la monarquía absoluta en “uno de los factores que se opusieron a la feudalización” del espacio americano.

A su vez, Guillermo Céspedes del Castillo (1994: 91-93; itálicas del autor) precisa: “los indios fueron concedidos en encomienda a los conquistadores, erigidos en señores de vasallos como los de la Edad Media. Cada nuevo señor o encomendero obtuvo de su antiguo jefe –ahora digno gobernador– un buen número de indios con autoridad para gobernarlos y recibir de ellos un tributo en servicios y mercancías”. La situación cambió con las Leyes Nuevas, de 1542, que abolieron las encomiendas y toda forma de esclavitud y de servidumbre personal de los indígenas. “La encomienda sobrevivió, en algunas regiones por largo tiempo, pero como una institución puramente económica: la encomienda de servicio, en que los indios pagaron el tributo a los encomenderos en especie y en trabajo forzado, terminaría por ser sustituida por la encomienda de tributo, en la cual este era perceptible en metálico, sin que el encomendero tuviera contacto con los indios ni autoridad sobre ellos. La institución diseñada como base de un régimen señorial acabaría siendo una mera renta mermada por impuestos y pagada por la hacienda real sobre los fondos procedentes del tributo indígena”. Fue el fracaso político de los encomenderos-conquistadores.

Sergio Bagú (1949), en un libro devenido un clásico de las ciencias sociales latinoamericanas –apelando a la comparación global de las sociedades de la región, a fin de mostrarlas como una estructura en movimiento–, fue pionero en postular que la economía colonial contenía tanto configuraciones feudales como capitalistas, constituyendo un capitalismo colonial. Como tal, no era una prolongación del agónico ciclo feudal ibérico, sino parte del ciclo del capitalismo naciente.

José Medina Echavarría (1964: 35) rechazó explícitamente considerar el sistema de hacienda como un orden feudal por ser “técnicamente un disparate”, acotando que lo sería menos apelando al “término mucho más amplio de señorial”. Años más tarde, Céspedes del Castillo (1994: 220) consideró “a todas luces impropio” calificar a la hacienda de semifeudal y, si bien la expresión semiseñorial mejoraría mucho la caracterización, “la impropiedad no cesa”.

En el debate de la década de 1970, Ernesto Laclau (1973: 43; itálicas del autor) señaló que parte del problema residía en el hecho de que “sus protagonistas ha[bía]n confundido constantemente, a lo largo del mismo, los conceptos de modo de producción capitalista y de participación en el sistema capitalista mundial”, mientras que para Agustín Cueva (1977: 44) era central realizar un análisis que pudiese comprender correctamente la articulación del modo de producción capitalista con los modos de producción precapitalistas. “Pues es obvio que el capitalismo no se desarrolló aquí sobre un vacío social y que, sin embargo, por ejemplo, en su fase inicial, la de la llamada ‘expansión hacia fuera’, fue también y necesariamente la etapa de desarrollo ‘hacia adentro’, en la que el proceso de acumulación originaria marcó la pauta fundamental de relación entre los distintos modos de producción”. Cueva (1977: 67-68) enfatizaba la cuestión de la acumulación originaria: “Mientras en Europa el proceso se complementó y amplió con el excedente extraído de las áreas coloniales […] en América Latina la acumulación originaria solo podía realizarse sobre una base interna y, lo que es más grave, afectada desde el principio por la succión constante que esas metrópolis no dejaron de practicar por la vía del intercambio desigual, la exportación de superganancias e incluso el pillaje puro y simple en los países neocoloniales. […] Aquí no se trataba de ‘fabricar fabricantes’ y acelerar de ese modo el desarrollo industrial, sino de constituir una economía primario-exportadora ‘complementaria’ del capitalismo industrial”.

A su vez, Assadourian (1973: 74-75; itálicas del autor) formuló una proposición más refinada, atendiendo a cuatro factores: 1) la incorporación del espacio colonial a la economía-mundo; 2) la dominación espacial de y en el espacio colonial; 3) el régimen de trabajo; 4) la tríada “producción, mercado, circulación” le permitía concluir que durante los siglos XVI, XVII y XVIII, América Latina estuvo “inserta dentro del sistema de la economía-mundo cuyo espacio desarrollado –o estructura dominante– pasa[ba] por un período de transición, vale decir, la fase del sistema de economía mercantil”. De allí que “el sistema de producción para el mercado y el dominio del capital comercial en América Latina no disuelve sino que impone formas feudales, ya que estas le permiten un nivel de apropiación del excedente de intensidad máxima”. Lejos de ser incompatibles, las estructuras se hicieron compatibles. Más específicamente, Assadourian concluyó formulando su hipótesis en estos términos: “El espacio desarrollado y dominante –tanto en la fase del sistema de la economía mercantil como en la formación específicamente capitalista– no trasplanta sus estructuras al espacio dominado sino que le impone una economía de circulación y el tipo de relaciones de producción como estructura de la sociedad que convalide su dominación. Por lo mismo, dentro del sistema capitalista mundial hay desfasamientos en la evolución de las formaciones, coexistencia de modos de producción de jerarquías desiguales cuyos hilos y entrecruzamientos maneja el espacio desarrollado”. Fue y sigue siendo, a nuestro juicio, la mejor caracterización de la compleja explicación de la América ibérica colonial.

Ahora bien, siguiendo a Assadourian, no todas estas formaciones tuvieron la misma jerarquía, siendo centrales las relaciones de producción en la minería, en tanto “producción principal”, bajo cuya lógica se articuló todo el espacio. En el espacio peruano, al menos, fue la minería la dinamizadora de la economía, incluyendo la formación de los precios. En el caso de la retribución de la fuerza de trabajo, en Potosí, principal centro de producción minera, había trabajadores libres y trabajadores mitayos (que eran minoría) asalariados (incluso el trabajador mitayo solo trabajaba un tercio de su tiempo con salario mitayo subvaluado, siendo los dos tercios restantes salario libre). Bueno es recordar que la remuneración mediante salario no implica necesariamente relaciones capitalistas.

No desdeñamos la utilización de un enfoque que recupere los conceptos “modo de producción” y “formación económico-social”, a propósito de lo cual nos parece buena estrategia de análisis atender, más que a la forma dominante de producción, a la forma principal de obtención del plusvalor. Esa es una línea que también ha sido sugerida por Ellen Meiksins Wood (2000; 215, n. 3) a propósito de la Antigua Grecia. Se resalta así el papel del modo de explotación creador de la riqueza de la clase dominante. Si seguimos este criterio, no resultará difícil establecer varias formas de actividades productivas de la economía colonial, claves para explicar la heterogeneidad estructural de la región. Esta no es otra cosa que sobre y yuxtaposición de modos y relaciones de producción, y, en tanto “ausencia de una praxis social común, atañe tanto a la estructura económica como a la organización social y política, y a la cultura” (Lechner, 1977: 20). Dicho de otro modo: coexistencia de modos y formas de producción, y de sujetos sociales colectivos (no necesariamente todavía constituidos como clases) que se interpenetraron de distintas maneras y generaron formas híbridas cuya caracterización rechaza la aplicación de modelos rígidos.

A los efectos de la argumentación que nos interesa exponer en este libro, nuestra proposición es formulada en términos de considerar las tres grandes unidades económicas de producción –en las cuales se encuentran relaciones de servidumbre, de esclavitud y de asalariado– con una impronta de fuerza tal que devinieron matrices societales (43). En este sentido, nos importan menos como espacio físico productivo y mucho más como espacio de control social, político y cultural. Su eficacia en esta función se advierte tanto durante la dominación colonial como –y sobre todo– a lo largo del orden poscolonial.

Tres matrices societales: plantación, hacienda, estancia

Según nuestra proposición, las sociedades latinoamericanas se constituyeron sobre la base de tres matrices que se correspondieron, a su vez, con sendas unidades de producción económica establecidas durante la dominación colonial: la plantación con trabajo esclavista, la hacienda con trabajo semiservil y la estancia con trabajo asalariado (44). Las tres matrices se constituyeron en tiempos diferentes, pero la aparición de una no implicó la desaparición de otra, es decir, hubo coexistencia temporal, con localizaciones diferenciadas, aunque en algunos casos dos unidades de producción coexistieron dentro de un mismo espacio administrativo o político mayor: por ejemplo, la plantación costera con la hacienda serrana en Perú; la plantación del nordeste con la estancia ganadera del sur, en Brasil; la hacienda del noroeste con la estancia pampeana, en el Virreinato del Río de la Plata, luego Argentina. La plantación se extendió desde comienzos del siglo XVI hasta la abolición de la esclavitud durante el siglo XIX; la hacienda, desde principios del siglo XVII (o incluso mediados del XVI, según algunos autores) hasta su desarticulación por los procesos de reforma agraria, en algunos países como Chile, Perú y Ecuador tan tardíamente como en la década de 1960; y la estancia, desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad (45). Espacialmente, la plantación fue privativa del Caribe, del nordeste y del centro sur de Brasil (donde se la conoció como fazenda), de Guayanas, de partes de Colombia y de la costa de Perú o, si se prefiere, en áreas vacías, casi vacías o vaciadas de pobladores originarios y, en alguna medida, también en espacios de sociedades autóctonas poco desarrolladas. La hacienda se extendió más ampliamente desde México hasta el noroeste argentino y Chile central –es decir, en áreas donde se habían desarrollado las grandes civilizaciones americanas y existía una alta densidad demográfica (clave para la provisión de fuerza de trabajo), mientras la estancia fue predominante en el área del Río de la Plata (aproximadamente: actual litoral argentino, Uruguay y el estado brasileño de Rio Grande do Sul), un espacio donde los pobladores originarios habían sido desplazados o bien constituían una peligrosa vecindad para europeos y criollos. En los casos de coexistencia temporal y espacial de dos de las matrices, se produjeron impactos negativos en los procesos de integración social y de construcción estatal y nacional, a la vez que resaltaron el peso del regionalismo –de lo cual buen ejemplo son el noroeste de haciendas y la pampa de estancias en Argentina, y el nordeste de plantación y el sur de estancias en Brasil.

Las tres matrices societales se construyeron a partir de una situación geográfica. Los patrones de conquista y colonización fueron variables de acuerdo con factores físicos, económicos, políticos e ideológicos, y de acuerdo con la particular concentración demográfica y el grado de complejidad de las sociedades autóctonas. Desde luego, entre los factores de carácter exógeno influyó también el tipo social de los conquistadores (46). Así, fundamentalmente, alrededor de 1520-1580 se dieron tres situaciones diferentes (las ya señaladas más arriba): 1) la colonización de sociedades autóctonas ubicadas en áreas de montaña, con un alto grado de desarrollo social, económico y político; 2) la colonización de núcleos autóctonos semi nómades, y 3) la colonización de espacios vacíos (o casi vacíos).

La colonización española trajo consigo la experiencia de urbanización de su país, donde los asentamientos agromilitares fueron claves para la Reconquista y la derrota de los árabes. Y reprodujeron en sus colonias este patrón de ocupación. Por su parte, la colonización portuguesa, como ya se ha dicho, se caracterizó por la posesión de territorios donde la presencia de población indígena era escasa, ya sea porque había sido exterminada o porque había huido. Igual que los españoles, los portugueses aplicaron un patrón de colonización que siguió el esquema de su propia experiencia en la Península, África y Asia. Así, inicialmente, alrededor de 1500-1530 el espacio costero brasileño fue entregado en arriendo a un consorcio de comerciantes lisboetas encabezado por Fernão de Noronha, bajo la forma de feitorias, empleada antes en las costas africanas y asiáticas.

La Feitoria da Fazenda Real era una combinación de intereses político-militares (de la Corona) y comerciales (privados) que cumplía funciones en esos tres campos, obrando como mercado para el intercambio de mercancías y base militar para la expansión colonial lusitana. En el Brasil de las primeras décadas del siglo XVI, un territorio no prioritario para Portugal, su función fue menos significativa: explotación y comercialización del palo brasil (47), primeros intentos de cultivo de caña de azúcar y casi simbólica tarea defensiva frente a los contrabandistas franceses, más peligrosos que los españoles. Cada feitoria era un establecimiento bien modesto: una empalizada de madera con una torre del mismo material o de piedra, donde residían el Feitor (autoridad máxima), un escribano, algunos militares y otras pocas personas. La extracción del palo brasil era realizada por indígenas del lugar, los tupinambá, quienes tradicionalmente derribaban árboles trabajando en forma colectiva y a quienes los portugueses les cambiaban la madera por baratijas, cuchillos, telas, espejos. Los que se dedicaban a esa explotación (del producto y de los hombres) eran conocidos como brasileiros. Así, la colonización lusitana estuvo dada en el comienzo, mucho más que la española, en función de los factores económicos y menos en los de carácter político-militar.

La situación cambió a partir de la década de 1530, cuando la Corona portuguesa advirtió que las andanzas de los franceses, también interesados en el comercio del palo brasil (para lo cual apelaron al contrabando y la piratería), implicaba un riesgo político. Francia rechazaba los tratados de reparto del mundo concertados por España y Portugal con la anuencia del Papa (48) y, en cambio, defendía la tesis del utis possidetis (la tierra era de quien la ocupase efectivamente, ocupación obviamente referida a los europeos colonizadores, no a los pueblos originarios residentes en ella desde mucho antes). Así fue como Francia ocupó, a partir de 1534, con la expedición de Jacques Cartier, buena parte de América del Norte, la llamada Nouvelle-France, amplio territorio que, en su momento de mayor extensión, a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII (hasta el Tratado de Utrecht, 1713), iba desde la isla de Terre-Neuve (Terranova) hasta el Lake Superior y desde la bahía de Hudson hasta el golfo de México. Allí, los franceses formaron cinco colonias, cada una de ellas con su propia administración: Canadá, Acadie, Bahie de Hudson, Terre-Neuve y Louisiane (nombre este que homenajeaba a Louis XIV). Por el Tratado de Utrecht, la mayor parte de la Nouvelle-France pasó a ser posesión británica.

Francia también ocupó varias islas de las Antillas a lo largo del siglo XVII: Saint Christopher, Saint Croix, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique, Grenada, Saint Martin, Tortuga, Marie Galánte y la parte oeste de La Española, que llamaron Saint Domingue (desde 1804, Haití) (49). En el sur del continente se establecieron temporariamente en la bahía de Guanabara, desde la cual los contrabandistas franceses comerciaban ilegalmente el palo brasil. En 1555, Nicolas Durand de Villegaignon, un oficial naval, estableció allí una colonia (600 personas) a la que denominó France Antarctique. Sus 600 pobladores eran básicamente hugonotes franceses (como el propio Durand) y calvinistas que huían de las persecuciones religiosas en Europa.

En el noreste sudamericano los franceses ocuparon, en 1604, una porción de territorio continental ubicada en la confusa línea de frontera entre Portugal y España definida por el Tratado de Tordesillas (1494) para el reparto de la ocupación de América (50). Era un área donde vivían originariamente arawakos y otros pueblos –recorrida por Colón en 1498, explorada por Vicente Pinzón en 1500 y finalmente desechada por los españoles–; Louis XIV decidió su colonización mediante el envío de hombres convencidos de que nadarían en oro y fortunas fáciles de obtener. Así surgió el asentamiento La Ravardière. Pero la Guyane no resultó el paraíso prometido y los colonos no soportaron más de un año y medio de enfermedades tropicales y resistencia indígena a la ocupación. Empero, Francia no resignó sus pretensiones colonialistas, que competían con las similares de Holanda y Portugal, país este que invocaba el Tratado de Tordesillas para rechazar las pretensiones de sus rivales. Así, los franceses lograron un cierto grado de ocupación permanente, reforzada con la creación de la ciudad de Cayenne, en 1643. No obstante, la resistencia indígena los llevó a su abandono, aprovechando los holandeses tal ocasión para instalarse entre 1654 y 1664. En el vaivén de los enfrentamientos entre las potencias colonialistas europeas, Cayenne volvió a ser francesa en 1664 y holandesa en 1667. En julio de este año, el Tratado de Breda –firmado en esa ciudad de Holanda, por Inglaterra, Francia, Dinamarca y las Provincias Unidas de los Países Bajos– otorgó a estas el control de Guayana, pero los franceses no cejaron en su objetivo y en 1678 la expedición militar dirigida por el conde d’Estrée logró la expulsión de los holandeses, quienes conservaron la vecina Surinam, mientras los ingleses continuaron con su ocupación al norte de esta. Salvo la breve ocupación portuguesa de 1809 a 1817 (una acción de represalia de Portugal por la invasión francesa a su territorio metropolitano), Guyane siguió en posesión de Francia, que todavía hoy controla el territorio (51).

En el siglo XVIII, los franceses promovieron la instalación de plantaciones esclavistas, pero las condiciones climáticas no favorecieron rendimientos económicos de magnitud. Cuando Francia restableció la esclavitud en mayo de 1802, tras haberla abolido en 1794, muchos esclavos se hicieron cirmarrones y su ausencia como fuerza de trabajo llevó a los plantadores a importar nuevos esclavos africanos. Se abrió así un período de cierto crecimiento económico, particularmente en las plantaciones establecidas en espacios libres de enfermedades, ubicados a la vera de los ríos. La definitiva abolición de la esclavitud por parte del gobierno francés, en 1848, fue aprovechada por la mayoría de los esclavos para establecerse en la selva bajo formas comunitarias típicas del África natal. Se trató de una forma curiosa de cimarronería, si se nos permite expresarlo así, pues no fue resultado de la huída de hombres y mujeres esclavos, sino de esclavos que habían obtenido su libertad.

Justamente, para impedir la acción de los franceses en América del Sur, el rey de Portugal João III envió una expedición al mando de Martim Afonso de Sousa (1530-1533) con el objetivo de hacer efectiva la presencia de su país mediante acciones de patrullaje marítimo y la instalación de un poblado que sirviese de cabecera de puente para la colonización del territorio. Es así como se fundó São Vicente (1532), el primer núcleo urbano de los lusitanos en América, y en 1565 Estácio de Sá estableció São Sebastião do Rio de Janeiro con el objetivo de combatir a los franceses, a los cuales expulsaron dos años después.

Asimismo, el monarca dispuso dividir el espacio brasileño en quince sectores dispuestos de sur a norte, separados por paralelos y extendidos entre la costa atlántica y la línea de Tordesillas. Cada uno de esos sectores se denominaba capitanía y era concedido por el rey mediante dos documentos, la Carta de doação (otorgaba la posesión de la tierra, transmisible por herencia pero no enajenable) y la Carta Foral (deslindaba lo perteneciente al donátario –el beneficiario de la cesión real– y a la Corona, particularmente en materia de eventual descubrimiento de piedras y metales preciosos, siendo el comercio del palo brasil y de las especies monopolio real; también fijaba la tributación que debían pagar los colonos). El donatário recibía también una sesmaria de diez leguas de costa (52). Entre sus obligaciones y facultades estaba la fundación de villas, la distribución de tierras a cristianos que quisiesen cultivarlas (colonos), la instalación de ingenios, el ejercicio pleno de la autoridad judicial (que llegaba hasta la aplicación de la pena de muerte) y administrativa (nombramiento de funcionarios). Podía quedar exento del pago de algunos tributos, esclavizar indígenas para hacerlos trabajar o, con limitaciones, venderlos; también podía retener una parte de las rentas enviadas a la Corona.

Es decir, se trató de una ocupación litoralense, que solo mucho más tarde (al cabo de dos siglos y en particular por la posibilidad de la explotación aurífera) avanzó hacia el interior del territorio, incluso sobre el que nominalmente pertenecía a España por estar al este de la línea fijada por el Tratado de Tordesillas. En ese avance hacia el interior desempeñaron un papel fundamental los bandeirantes (53).

La abundancia de tierras fértiles aptas para el cultivo de la caña de azúcar, un producto de alta demanda en el mercado europeo y, por ende, un negocio altamente redituable, coadyuvó a la instauración de un modelo de colonización basado en la gran propiedad rural –latifundio– productora para el mercado externo bajo la forma de plantación esclavista. Inicialmente, los esclavos fueron indígenas locales, pero su resistencia al trabajo compulsivo, inter allia, hizo que prontamente fueran reemplazados por africanos, en buena medida provenientes de culturas de trabajo intensivo y pesado. Así quedó definido el patrón de colonización portuguesa en América: latifundio, monocultivo azucarero para la exportación, fuerza de trabajo esclava, o, si se prefiere: gran propiedad de la tierra, empresa comercial, trabajo compulsivo o por coacción jurídica o extra económica. Este patrón perduró largamente y se impuso a despecho del fracaso del sistema de las capitanías.

En efecto, de las quince capitanías iniciales solo dos se consolidaron (Pernambuco, en el norte, y São Vicente, en el sur), ambas ubicadas en tierras aptas para el cultivo de la caña de azúcar. Empero, su impronta en la historia brasileña será larga. Aún hoy, seis estados (Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio Grande y Espíritu Santo) tienen el nombre de las capitanías sobre cuyo espacio geográfico originario se constituyeron. El magro resultado llevó a João III a establecer, en 1549, la institución del gobernador general, un funcionario con específicas instrucciones de convertir a los pobladores de Brasil a la religión católica, signo inequívoco de la alianza Estado portugués-Iglesia, con la particularidad de la subordinación de esta en virtud del Padroado Real (Patronato Real). También, era función del gobernador general afirmar el dominio portugués sobre el territorio brasileño, no solo ocupándolo sino también organizándolo y estableciendo un sistema de percepción de recursos económicos. De allí, la presencia de otros funcionarios ad hoc: oidor, capitán mayor y proveedor mayor, responsables, respectivamente, de administrar justicia, vigilar y defender las costas y hacer efectiva e incrementar la recaudación impositiva.

El primer gobernador general, Tomé de Sousa, llegó a Bahia acompañado por más de mil personas, incluyendo a los primeros jesuitas. “La de los jesuitas fue probablemente la más resuelta e inventiva de las órdenes religiosas en cuanto a sus esfuerzos por asentar una subjetividad cristiana que redujera la multiplicidad del cosmos indígena a una dualidad fundamentada en el Bien y el Mal” (Rowe y Schelling, 1993: 34). Apelaron al canto y la danza para favorecer el proceso de aculturación. En el noreste brasileño, por caso, inventaron una tradición de obras de teatro religiosas según la cual la historia no era más que una larga lucha entre Dios y el Diablo. Su eficacia superó largamente la presencia jesuita durante la colonia, tornando esas obras en una nota distintiva de la cultura del sertão (54).

Entre las instrucciones que recibió Sousa se encontraba la construcción de una sede del Gobierno de la colonia, la ciudad de San Salvador, que sería la capital hasta 1763. No obstante estas importantes medidas, durante el siglo XVI, Brasil no era una pieza fundamental del imperio portugués, estaba muy lejos de la “joya”, India. El cambio se produjo durante el siglo XVII y se profundizó en el siguiente.

En 1624, los holandeses ocuparon Bahia. Expulsados en 1625, retornaron en 1630 para capturar Pernambuco y buena parte del Nordeste (55). Se trató de una aventura de la West-Indische Compagnie (WIC, Compañía Holandesa de las Indias Occidentales), una empresa de la marina mercante que la República de los Siete Países Bajos Unidos le concedió, en 1621, el monopolio comercial con las Indias Occidentales (las del Caribe), con competencia en el tráfico de esclavos entre África, Brasil, el Caribe y las colonias europeas (británicos, holandeses, suecos, daneses) en América del Norte. La práctica de la piratería no le fue ajena. La WIC fue instrumento de las intenciones holandesas de apropiarse de territorio americano, donde llegaron a ocupar los actuales estados norteamericanos de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y Delaware, islas de las Antillas Menores, el nordeste brasileño y Surinam, en América del Sur. A la postre, el proyecto fracasó: la WIC perdió los territorios en Brasil y en América del Norte. En 1791, el Gobierno holandés se hizo cargo de las pocas posesiones que persistían en América: Surinam, donde implantaron una economía de plantación de productos tropicales para abastecimiento de la metrópoli, basada en una feroz esclavitud, y las islas de las Antillas Neerlandesas o del Caribe holandés (Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, St. Marteen y St. Eustatius), donde también impusieron la esclavitud, abolida recién en 1863.

En Brasil, los holandeses hicieron de Recife, a la que renombraron
Mauritsstad, la capital de su colonia, la cual persistió hasta 1654, cuando fueron expulsados por la acción de los colonos brasileños (blancos), con apoyo de algunos esclavos (los negros de Henrique Dias) e indígenas (los Camarão), más que por la acción de la Corona. La ocupación holandesa propició el crecimiento de la industria azucarera y la producción de alimentos, amén de la planificación urbana. Según Boris Fausto (1995: 58), fue siempre apoyada por senhores de engenho, plantadores de caña y grupos no integrados en el orden colonial portugués, como los cristianos nuevos, esclavos, indígenas tapuya y los mestizos pobres y miserables. Practicantes del credo cristiano protestante, los ocupantes toleraron a los judíos, dos razones religiosas suficientes para alentar aún más el rechazo de los ocupados. Hay quienes consideran la expulsión de los holandeses como el nacimiento de la nación brasileña y la forja de la unión del país con los militares. En lo inmediato, la recuperación del territorio implicó la salida de plantadores, capitales y técnicos azucareros, quienes se trasladaron a las Antillas, afectando la economía nordestina.

En 1695, en el actual territorio de Minas Gerais, se descubrió oro aluvional, ampliándose su extracción con los hallazgos, a lo largo de las cuatro siguientes décadas, en Bahia, Goiás y Mato Grosso. Hacia 1730 se sumó el descubrimiento de diamantes en territorio mineiro. La minería brasileña apeló a la fuerza de trabajo esclava, pero a diferencia de las plantaciones, aquí los esclavos eran minoría. La explotación de piedras y metales preciosos provocó cambios significativos en la colonia y en su metrópoli: una gran corriente inmigratoria de esta a aquella; compensación del déficit de la balanza comercial lusitana respecto de Gran Bretaña; mayor deterioro de la economía azucarera nordestina, en buena medida por el alza del precio de los esclavos; traslado del eje de la colonia del nordeste al centro-sur, particularmente a Rio de Janeiro, puerto de entrada de esclavos y mercancías, y de salida del oro, desplazamiento consagrado formalmente con el traslado de la capital del Virreinato de Salvador a Rio en 1763. El circuito del tráfico de metales y piedras preciosas era triangular: una parte permaneció en Brasil, favoreciendo la aparición de nuevos ricos; otra fue a Portugal, donde se empleó especialmente en gastos improductivos, como los de la corte real y la construcción del palacio-convento de Mafra; finalmente, una tercera parte recaló en Gran Bretaña, por vía directa –el contrabando– o indirecta, acelerando el proceso de acumulación de capital en tiempos de la Revolución Industrial (Fausto, 1995: 55). Basándose en fuentes inglesas, Celso Furtado (1992: 91) estimó las entradas de oro brasileño en Londres, en determinadas épocas, en £50.000 semanales, destacando, además el importante papel que esas reservas metálicas tuvieron en el financiamiento inglés de las guerras napoleónicas.

Si la unidad de producción predominante en la colonia de Portugal fue la plantación esclavista, en las colonias españolas, en cambio, predominó la encomienda y, más tarde, la hacienda y el sistema de haciendas, con fuerza de trabajo constituida por los pobladores originarios. Bajo la dominación española, la economía se organizó en torno a los grandes núcleos mineros (el oro y la plata, principalmente en Bolivia, Perú y México), y a partir de estos centros se articuló el comercio a distancia. Como se ha dicho, la encomienda y la hacienda cubrieron necesidades internas, generadas por la misma economía minera. Con todo, los dos modelos de colonización peninsulares fueron una empresa urbana, en la cual las ciudades mantenían contacto más fluido con las metrópolis que entre ellas mismas, y en la cual las ciudades –a diferencia de Europa, donde ellas irradiaron su comercio– fueron el eje de un movimiento centrípeto que atraía para sí las riquezas del entorno para luego transportarlas a la Península.

La hacienda sucedió en el tiempo (a veces también se superpuso) a la encomienda. Como la conquista se basó en inversiones privadas, no de la Corona, el Rey –quien tenía el derecho de percepción tributaria de los pueblos sometidos a vasallaje– trasladó al conquistador-empresario, como honor y retribución señorial, la percepción de los tributos de los indígenas sometidos. Esto se realizó mediante la merced de encomienda.

Al fundar las ciudades, muchas de las veces con acuerdo de los señores indígenas, a los nuevos vecinos se les entregó tierras (solares, chacras y estancias) a través de las mercedes de tierras, otra institución, que legalmente debían otorgarse en tierras que no eran de los señoríos indígenas. Si no había acuerdo en el asentamiento de la ciudad, lo imponían, levantaban una ciudad-fuerte y allí distribuían tierras sin permiso de nadie en señal de conquista. Esta no fue la tendencia general en los Andes ni en la Nueva España, pero sí en las áreas donde las sociedades indígenas tenían grados de organización menos complejas o ya estaban más debilitadas por la crisis demográfica, como en las tierras bajas del Tucumán, Buenos Aires y Chile.

Después de las normas iniciales indicadas, obviamente, imperó la fuerza y en muchas zonas los españoles avanzaron sobre tierras indígenas sin tener título para hacerlo. En algunas partes, los indígenas pudieron apelar a juicios para corregir los atropellos pero en muchas otras ello no ocurrió, en buena medida por la brutal caída demográfica de las poblaciones originarias.

Recién en 1591, el rey se atribuyó la propiedad eminente sobre todas las tierras que antes eran de los señores americanos. Ordenó entonces que se “compongan tierras” (pagar dinero por una composición) (56), momento en que todos los expropiadores pagaron al rey para que les diera títulos de las tierras sobre las que habían avanzado. En los casos de las actuales repúblicas de Bolivia, Perú y Ecuador, se respetó gran parte de las tierras comunales, que siguieron vigentes.

En el régimen de encomienda, la Corona percibía tributo y evangelizaba a los indígenas, asegurándose de este modo la reproducción de su poder. La encomienda generó más y nuevas necesidades, que fueron cubiertas con el surgimiento de la hacienda (57).

En este tipo de unidad de producción, los hacendados eran los dueños de la tierra y los “indios” devinieron (un tipo particular de) campesinos. Como se ha dicho, la hacienda surgió a principios del siglo XVII y se perfeccionó en el siglo XVIII. En el siglo XIX tuvo una acelerada expansión y finalmente se transformó en un sistema de haciendas.

La hacienda era una unidad autónoma, una verdadera microsociedad que contenía todos los elementos económicos, políticos, militares e ideológicos para su reproducción (58). Estos elementos se proyectaron luego en el nivel macrosocial. Del mismo modo, la plantación fue tan modeladora de las sociedades esclavistas como la hacienda lo fue para las sociedades campesinas o la estancia para las de las llanuras pampeano-rioplatenses. No es casual, entonces, que el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals definiera la plantación como “crisol de la sociedad antillana”, aunque hay que notar que esta forma fue también típica en el Caribe continental y en el nordeste de Brasil. Así como rápidamente asociamos la hacienda con la díada (y la contradicción) hacendado-terrateniente/campesino-indígena, al invocar la plantación imaginamos la dialéctica entre plantador blanco-esclavista y trabajador negro-africano-esclavo. En la estancia, la contradicción básica se expresaba en el binomio estanciero/trabajador (jornalero, peón).

Es evidente que hubo diferencias notables entre las tres matrices societales. Y las diferencias se manifestaron no solo respecto de la fuerza de trabajo disponible y las relaciones de producción, sino también respecto de la propiedad de la tierra y el destino de esa producción. La hacienda utilizaba mano de obra autóctona (indígenas campesinos), producía en general para el mercado local –por lo menos hasta comienzos del siglo XX– y requería escasa inversión de capital, en general capital fijo. Dos rasgos principales predominaban en la hacienda: la superficie extensiva y la autosuficiencia. Por su parte, la plantación se basaba en la ocupación de tierras (casi) vacías, utilizaba fuerza de trabajo esclava –y luego de la abolición, mano de obra de esclavos liberados–, producía para el mercado mundial (algodón, azúcar, café, cacao, tabaco, frutas), era monoproductora y requería notables inversiones de capital.

Las plantaciones fueron mucho más sensibles y dependientes de las fluctuaciones de la demanda externa. Es que, como señaló Fernand Braudel en su Civilisation matérielle, économie et capitalisme (1979), el mercado mundial fue creador, condicionante y estructurador del sistema de plantación. Además, en general, las fuertes inversiones de capital y de tecnología moderna estaban en manos de propietarios extranjeros. La plantación desempeñó un papel importante en el proceso de acumulación originaria del capitalismo europeo hasta mediados del siglo XIX. De esto fue testimonio la producción de algodón en Estados Unidos, muy ligada a la producción y el comercio textil de Inglaterra; y la ocupación y reocupación de las Antillas, donde Saint-Domingue (Haití) lideraba la producción de azúcar, por parte de distintas potencias extranjeras en competencia (holandeses, franceses, ingleses). De aquí surgieron las primeras sociedades anónimas y las primeras formas de industrialización, como en el caso de la mencionada explotación de la caña de azúcar.

Inequívocamente, el binomio plantación-esclavitud fue una creación del colonialismo que se comenzó a modelar en África y culminó en América. En este sistema, los esclavos no eran personas sino cosas o, como dicen los registros de la época, “piezas de comercio”, es decir, mercancías. Frente a definiciones como la muy difundida de Eric R. Wolf y Sydney W. Mintz (59), que no hacen explícito el componente esclavista y que, como tantas otras, resultan estáticas, preferimos trabajar –pese a sus límites– con la proposición que hace O. Nigel Bolland (1993: 25), quien dice que las principales características de la institución plantación son: “Producción de un solo cultivo para exportación con la consiguiente dependencia de los mercados metropolitanos; fuertes tendencias monopólicas; rígido sistema de estratificación social, con una intensa correlación entre las distinciones de clase y raciales; estructura comunitaria débil y marginación de los campesinos que se dedica[ba]n a la producción de subsistencia y al trabajo periódico en las plantaciones”. En esta unidad de producción, añadimos nosotros, el trabajo esclavo era su núcleo duro.

Como obvia consecuencia, con la abolición de la esclavitud desapareció la plantación basada en ella, pero en muchos casos esta desaparición no fue definitiva sino que fue seguida de la plantación basada en el trabajo asalariado libre, cualitativamente bien diferente. Con todo, la persistencia del pasado plantoesclavista es todavía hoy observable, y en razón de esto es discutible la visión de Moreno Fraginals (1987: 23) que sostiene que la plantación “no es una sociedad” y afirma que: “[d]esde cualquier punto de vista, la plantación es una empresa económica y su núcleo poblacional está compuesto por individuos yuxtapuestos, agregados, no interactuantes, cuya acción está coercitivamente dirigida hacia el fin único, exclusivo de la producción”.

A la proposición del historiador cubano contraponemos la hipótesis de la plantación como una microsociedad, en la cual se definieron una serie de rasgos estructurales de distinto orden que en buena medida reaparecieron en la macroescala. En una línea de interpretación convergente con la de Germán Carrera Damas (1987: 35-36), proponemos no reducir “la esclavitud a una relación de trabajo” y reponer la importancia de “la discriminación social y racial”, que la transformación de la relación de trabajo no suprime necesariamente. Carrera Damas propone una definición de esclavitud que es dinámica, como proceso que está en su “fase de liquidación”, consistente en un “proceso complejo y dilatado de efectiva disolución de la institución en los órdenes socio/económico e ideológico/político”. En breve, tal como afirma Carrera Damas, “la esclavitud no termina con la abolición legal”.

Asimismo, la estancia ganadera rioplatense se distingue claramente de las otras dos unidades básicamente por emplear fuerza de trabajo asalariada predominantemente libre (sin excluir trabajo esclavo) y desarrollar relaciones de producción progresivamente capitalistas. La estancia fue en sus comienzos –y durante mucho tiempo– una unidad de producción dedicada a la ganadería extensiva, proveedora de carne para los saladeros –el charqui y el tasajo eran comida de esclavos y de marineros transatlánticos– y cueros para la industria inglesa. Como la plantación esclavista, producía para el mercado mundial; como la hacienda, no necesitó inicialmente de una alta inversión de capital, excepto para atender el rubro más costoso, la remuneración de la fuerza de trabajo asalariada. La situación cambió cuando, a partir de mediados del siglo XIX, la estancia incorporó las innovaciones tecnológicas –y esta capacidad la diferenció de la hacienda, que no las adoptó hasta muy avanzado el modelo primario exportador.

La estancia es una unidad de origen más reciente (fines del siglo XVIII), que dispuso de una fuerza de trabajo compuesta mayormente por gauchos libres y errantes, a los cuales se procuró fijar en la explotación mediante el pago de salarios altos y la compulsión de los jueces de campaña que ponían a disposición de los estancieros –sobre todo en la provincia de Buenos Aires– contingentes de hombres arrestados por carecer de papeleta de conchabo, un documento que acreditaba la condición de empleado. En los comienzos, la estancia también recurrió al trabajo esclavo. Su desarrollo estuvo estimulado por dos factores, uno externo y otro interno. El primero fue la expansión del comercio atlántico que siguió al establecimiento de las factories británicas para el tráfico de esclavos, atribución concedida por España en virtud del poco favorable Tratado de Utrecht (1713). Coincidentemente, el boom de la minería aurífera y de diamantes en Brasil requirió de mulas para el transporte, y estas fueron provistas por las estancias ganaderas rioplatenses, al mismo tiempo que este contacto comercial abrió una vía de exportación de los cueros de la región hacia Inglaterra (60).

El segundo factor –consecuencia de otro estímulo externo: la creciente demanda de cueros por parte de la industria británica, que no podía abastecer con suficiencia Rusia– fue el agotamiento del ganado cimarrón, que se utilizaba, precisamente, para la exportación de cueros, y la necesidad de reemplazarlo por ganado de cría en estancias de rodeo (Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Paraguay) o, en todo caso, la necesidad de combinar uno y otro tipo de explotación (Entre Ríos y Uruguay). En sus inicios, tuvo como finalidad abastecer la demanda local, sobre todo de los centros dinámicos vecinos. En este sentido, era una economía agroganadera subsidiaria y fronteriza que solo tardíamente adquirió importancia para la economía y la sociedad colonial, por los factores que acabamos de enunciar. Con la liberación del comercio, esta unidad se convirtió en uno de los polos más dinámicos de la región en la que tuvo su mayor extensión, y su importancia se ha proyectado incluso hasta el presente. La estancia ganadera, en particular la argentina y la uruguaya, fueron parte central de la economía agroexportadora rioplatense, y reforzó su importancia al convertirse –mediante la incorporación de ganado (bovino y ovino, sobre todo) de pedigrée, el uso del alambrado, la división en potreros, el empleo del molino de viento y el tanque australiano y, en muchos casos, el estabulado– en núcleo duro de la economía dependiente del imperialismo, proceso en el cual fue decisivo el descubrimiento del enfriado de carnes, que permitió abastecer el mercado británico atravesando el Atlántico sin mengua de calidad y sabor.

Estudiar las sociedades de plantación, hacienda y estancia como matrices de las sociedades latinoamericanas permite encontrar claves explicativas de la construcción del orden, incluso en las situaciones actuales, toda vez que algunas de sus características sociales y culturales esenciales –exclusión, prejuicio, discriminación y racismo– persisten con fuerza. Hacia mediados del siglo XIX, estas tres matrices sufrieron transformaciones, más graduales en el caso de la hacienda, que durante mucho tiempo mantuvo casi intactas las relaciones de producción; más profundas en el caso de las plantaciones, que pasaron del trabajo esclavo a la forma salario; y menos inquietantes en el caso de la estancia, que era una unidad relativamente reciente y por ello más permeable a los patrones capitalistas.

Según Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli (1979: II, capítulo IV), tres procesos contribuyeron a la formación de un mercado de tierras y de trabajo apto para poner en marcha el modelo primario exportador: 1) la abolición de la esclavitud (Cuba y Brasil) para crear un mercado de trabajo (también estimulado por políticas de inmigración masiva en las sociedades donde la población esclava e indígena era escasa, como en la región rioplatense: Argentina, Uruguay y Brasil); 2) las reformas liberales (México y cordón andino) en sociedades con amplia base indígena-campesina, para liberar tierras inmovilizadas por el mecanismo heredado de la colonia (por ejemplo, mayorazgo, tierras de la Iglesia, de comunidades indígenas, ejidos municipales), favoreciendo la apropiación de tierras de las comunidades indígenas por parte de la hacienda, y 3) la ocupación de áreas vacías (en realidad, casi vacías, pues estaban pobladas por indígenas hasta entonces no sometidos, como en la Patagonia argentina).

Los mismos autores sostienen que las políticas relacionadas con las comunidades indígenas produjeron dos situaciones: 1) la eliminación casi total de las formas comunales de uso de la tierra, como en México, El Salvador, Venezuela, Colombia y Chile, países en los cuales la subsistencia parcial de tales formas fue irrelevante para el funcionamiento del modelo primario-exportador; 2) la situación inversa de predominante continuidad masiva del uso comunal de la tierra, si bien articulada con la economía exportadora, tal como aconteció en Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia.

Así, se afirmó un ordenamiento jurídico basado en la noción de derechos individuales básicos y derechos de propiedad. El nuevo marco jurídico sirvió de andamiaje legal para el proceso de modernización que, como se ha dicho, afectó más severamente a las haciendas y las plantaciones que a las más recientes unidades de estancias. El proceso no estuvo exento de violencia física y simbólica, toda vez que para los indígenas la posesión de la tierra era comunal y para los campesinos la tierra era un recurso familiar. La violencia fue doblemente aplicada en el caso de los esclavos, desterrados y convertidos ellos mismos en propiedad privada (piezas de comercio), y en el caso de las mujeres, sobre todo las casadas legalmente, puesto que, además de ser sometidas a esta nueva cosmovisión del mundo, estaban excluidas de muchos de los nuevos derechos en virtud de su sometimiento al dominio del padre o del marido (equiparadas a los menores y los dementes).

Para Cristobal Kay (1980a), las formas y relaciones de producción en la hacienda remiten a las surgidas en Europa: 1) Grundherrschaft: el terrateniente entregaba el cultivo parcial o total de la tierra a los campesinos en aparcería a cambio de renta. Así, se desarrolló una economía campesina con capacidad de control de tecnología agraria, la fuerza de trabajo y, parcialmente, los medios de producción. Esta forma fue característica de Europa occidental. 2) Gutsherrschaft: el terrateniente explotaba los fundos solariegos, espacios de reservas señoriales, recurriendo a campesinos parcelarios que por el arrendamiento pagaban renta en trabajo. Esta forma se desarrolló en Europa central y oriental. En la América española predominó la primera, mientras no se desarrolló un mercado de exportación. En cambio, cuando estuvo avanzada la fase de libre competencia, en el umbral del capitalismo imperialista, los hacendados, organizados en el sistema de hacienda, comenzaron a aumentar los cultivos ampliando la fuerza de trabajo de los campesinos vinculados a la economía terrateniente bajo la forma gutsherrschaft. La existencia de estas dos formas en Latinoamérica puede apreciarse en su sucesión cronológica (de grund a gut), aunque hubo casos de coexistencia. Cabe advertir que, si bien la hipótesis de Kay es atractiva, debe tomarse con extrema cautela. Es que no debe olvidarse un dato clave: la hacienda latinoamericana no se entiende sin la presencia indígena, que no es solo presencia en las relaciones de trabajo y de producción, sino también en la compleja diversidad cultural de la que los indígenas eran portadores.

La hacienda colonial devino sistema de haciendas en el período republicano. Se trata de un mecanismo complejo basado en dos economías relacionadas conflictivamente: la de los terratenientes y la de los campesinos. La hacienda era exclusiva propiedad del terrateniente. El sistema de haciendas comprendía, además de la hacienda del terrateniente, las unidades de producción de los campesinos que tenían relación con el terrateniente por renta en trabajo o en producto o eventualmente por salario. En el interior de las economías campesinas podían existir tres tipos de tenencia de la tierra: 1) la propiedad de la tierra; 2) las parcelas campesinas (propiedad del terrateniente cedida al campesino a cambio de renta en dinero o especie), y 3) las tierras comunales, ejidos o propiedad de uso común (usualmente con agua, bosques, leña, pastos para ganado y otros bienes escasos que debían ser compartidos). José Bengoa (1978: 19-20) ha argumentado que el sistema de haciendas fue expresión concreta e histórica de dos sistemas de producción imbricados, cada uno con su cultura, y de la dominación colonial sobre la sociedad colonizada, dominación que no pudo eliminar ni física ni culturalmente a esta, llevando, por lo tanto, a una coexistencia entre ambas. A lo largo de la dominación colonial, ambas sociedades –la de los europeos o colonizadores y la de los indígenas o colonizados– se desenvolvieron en un proceso de relación/oposición recíprocas, como acotara en su momento Karen Spalding (1974: 22-23) al analizar la duración plurisecular del proceso que transformó “a una sociedad indígena tan compleja en un campesinado sumiso”, y deformó y distorsionó “las relaciones entre los miembros de la sociedad nativa, hasta el punto de que aquel sistema quedó reducido a un conjunto de comunidades aisladas y mutuamente desconfiadas”. Esa fragmentación de la sociedad andina tradicional alcanzó su clímax en el siglo XIX. Así –para decirlo con palabras de Heraclio Bonilla (en el prólogo a Spalding, 1974: 16)– la sociedad colonial fue el resultado de una simbiosis y de una fragmentación. “Integración económica profunda, compartamentalización social y, podría añadirse, patrimonialización política, establecieron las coordenadas básica de su ordenamiento”. No fue una sociedad inmóvil: justamente, su movimiento –expresado mediante las tensiones surgidas de las rebeliones indígenas– es “lo que permite percibir mejor la fuerza y la precariedad de un sistema de esa naturaleza”.

Los conflictos eran estructurales y se manifestaban en dos niveles: entre la economía del propietario y la de los campesinos, y entre las economías campesinas internas (dentro de la hacienda) y las externas (fuera de los límites de la hacienda). Las causas esenciales del conflicto eran la apropiación y el control de los recursos agrícolas (tierra, agua, bosques, pastos) y la fuerza de trabajo. Los distintos niveles de tensión ayudan a entender la dinámica de transformación del sistema en su conjunto. El conflicto entre la economía terrateniente y las economías campesinas implicaba el desarrollo de una a costa de la otra, lo cual, tarde o temprano, significaba la desaparición de una de ellas. A partir de la década de 1960, fue el avance de la modernización capitalista lo que motorizó la desaparición de las dos.

Puesto que la hacienda se desarrolló mediante la reducción de los recursos del campesino, este eventualmente se transformó en proletario agrícola. Sucedió también que la economía campesina se desarrolló por un proceso gradual de adquisición o compra de tierras o por un proceso rápido de expansión, como una revolución o un proceso de reforma agraria. En estos casos, se produjo una diferenciación entre los campesinos: agricultores (con capacidad de ampliar su propiedad) y proletarios rurales (que trabajan para los primeros). Si bien en estos casos hubo una diferenciación socioeconómica en el interior de la estructura social, el sistema de haciendas como unidad de producción dinámica indefectiblemente desapareció.

En el caso de las plantaciones esclavistas, su evolución en el tiempo es clara. A diferencia de la hacienda, su transformación no fue gradual sino que estuvo más abruptamente definida por las reformas liberales que propiciaron la abolición de la esclavitud (más tardías en el caso de Cuba, Brasil y Puerto Rico). En este sentido, no hubo una adaptación (y si la hubo fue muy breve) a las condiciones de producción para la inserción en el mercado mundial, sino que ella misma se llevó a cabo mediante la transformación de las plantaciones esclavistas en plantaciones capitalistas con fuerza de trabajo libre, o sea, proletarios en sentido estricto (hombres libres que venden su fuerza de trabajo, percibiendo a cambio un salario), en un proceso cuya transición tuvo formas y tiempos diferentes en cada país.

La estancia, ya se ha dicho, es una unidad de producción todavía existente, si bien hoy tiene una importancia sustantivamente distinta de la que tuvo durante el siglo XIX y comienzos del XX, durante el período de vigencia del modelo primario exportador.

Es significativo que, dentro de estas tres explotaciones económicas, la que generó mayores acciones contestatarias de los explotados fue la plantación esclavista, es decir, la que tenía relaciones de trabajo fundadas en la pérdida de libertad de quienes trabajaban en ella. Tan pronto como llegó la esclavitud, llegaron también las revueltas: en 1522, en Santo Domingo, en el ingenio azucarero del almirante y gobernador Diego Colón, en donde la mayoría de los esclavos sobrevivientes fueron ahorcados; en 1529, una sublevación de esclavos africanos que destruyó Santa Marta (Colombia); en 1531, una protesta que estalló en Panamá, y en 1537, lo mismo ocurrió en la ciudad de México, seguido de otras dos revueltas hacia 1540. En Brasil –donde el primer cargamento conocido de esclavos africanos desembarcó en 1552–, la rebeldía también apareció relativamente pronto: en 1575 se produjo un mocambo en Bahia, que fue destruido.

En toda la América –anglosajona y latina– donde la plantación esclavista fue importante no faltó la rebeldía esclava bajo la forma de la cimarronería, individual y colectiva. Los cimarrones, fugitivos de las plantaciones, se organizaron en grupos más o menos significativos en términos numéricos –cuyos nombres variaron a lo largo y ancho del continente: cumbes (en Venezuela), grand y petit marronage (en el Caribe francés), mocambos y quilombos (ambos en Brasil), palenques (en Cuba y Colombia), entre otras–, y gozaron de libertad, en un contexto de guerra contra los plantadores y las fuerzas militares, durante períodos en general breves (menos de un año), excepto unos pocos casos en los cuales el tiempo de duración no solo se extendió considerablemente sino que añadieron un cierto grado de organización de la respectiva comunidad: “estado centralizado” (Palmares), federaciones sueltas y parcializadas (los cimarrones Windward jamaiquinos) o bandas aisladas (la de André, en la Guayana francesa), según los datos que recoge Richard Price (1981: 26). La gran comunidad cimarrona, persistente y organizada, fue el quilombo o “República Negra” de Palmares, en Pernambuco, en el noreste brasileño, que existió casi todo el siglo XVII y cayó en 1695 –después de numerosos y frecuentes ataques que resistieron heroicamente– frente a un ejército de 6000 hombres y tras cuarenta y dos días de sitio.

Cabe señalar que la plantación y la hacienda como unidades de producción económica y, por ende, las relaciones de trabajo en las cuales se fundaban, desaparecieron durante los siglos XIX y XX, pero las estructuras mentales que generaron dejaron una fortísima impronta en nuestras sociedades, todavía hoy observables en múltiples aspectos. Es que, como agudamente lo advirtiera Fernand Braudel, las estructuras mentales han sido y son las más persistentes y resistentes al cambio, obrando como verdaderas cárceles de larga duración.

Una cuarta matriz: las comunidades indígenas

La plantación, la hacienda y la estancia fueron matrices societales de la dominación político-social. La cuarta matriz, la constituida por las comunidades indígenas, aparece de modo mucho menos evidente. Tiene características que la hicieron parte, al mismo tiempo, de los mecanismos de dominación (sobre todo de la colonial) y de la resistencia (larvada y más cultural que política) de los pueblos originarios. Como las otras tres matrices, la de las comunidades indígenas también fue una creación colonial, si bien, a diferencia de aquellas, tomó elementos propios de los pueblos originarios. Surgió en el siglo XVI y persiste todavía hoy, con un momento de inflexión a mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a producirse transformaciones varias, tanto en su interior como en las relaciones con el conjunto de la sociedad nacional, particularmente en el mundo andino.

En Nueva España, los españoles se toparon con el calpulli, una forma colectiva de tenencia de la tierra que incluía el usufructo individual de parcelas y se encontraba dentro del altepetlalli o tierra del pueblo. La Corona, argumenta Roger Bartra (1976: 108), se preocupó por proteger las formas comunales de tenencia adaptándolas a los sistemas españoles, preocupación que a su juicio se explica por la necesidad de destinar el tributo indígena a la acumulación del capital. Varias Cédulas Reales y Ordenanzas fueron conformando –en particular durante la segunda mitad del siglo XVI– “un aparato legal protector de la propiedad indígena, que funcionó hasta fines de la colonia”. La Corona dispuso la existencia de “un fundo legal para cada pueblo (500 metros a la redonda, a partir de la puerta de la iglesia), alrededor del cual se extendía el ejido que abarcaba una extensión mínima de una legua cuadrada. Esta superficie era inalienable y debía ser controlada por un consejo del pueblo”. De origen castellano, el ejido llegó a ser en Nueva España la misma tierra del altepetlalli, incluyendo tierras de cultivo, bosques y pastizales. Una vez devenido país independiente, el gran embate en México fue llevado adelante por la república mediante las leyes de desamortización, la Ley Lerdo (1856) y la Constitución (1857), profundizándose durante el gobierno de Porfirio Díaz.

En el mundo andino, según José Matos Mar (1976: 179), la importancia de la comunidad indígena es tal que constituye, junto con la hacienda, uno de los pilares de la estructura agraria. Se define por tres rasgos: 1) posesión común (no propiedad privada) de un espacio rural usufructuado por sus miembros de manera individual y colectiva; 2) una forma de organización social basada en la reciprocidad “y en un particular sistema de participación de las bases”, y 3) “mantenimiento de un patrón cultural singular que recoge elementos del mundo andino”.

Sus orígenes –controvertidos– están asociados al ayllu andino y a la comuna ibérica, siendo el primero “el núcleo de su estructura” y la segunda “el patrón externo de referencia que la hizo posible”. El surgimiento de la comunidad indígena fue una respuesta a la reestructuración experimentada por “el espacio andino en su adecuación al nuevo orden establecido por la dominación española”. Se constituyó mediante dos vías, las reducciones (concentraciones de población indígena en centros poblados, prácticas introducidas después de la experiencia en el Caribe y generalizada en los Andes a partir del gobierno del virrey Toledo) y la evolución de los propios ayllus, condicionados unas y otros por los enclaves mineros y el desarrollo del sistema de hacienda. La comunidad indígena no fue una “institución aislada del sistema administrativo colonial, al que fundamentalmente se articuló a través de una serie de mecanismos de intermediación económica, social y cultural que tuvieron una de sus más claras expresiones en el rol del curaca, canalizador de la mita y el tributo”. Fue, en fin, “resultado de un juego dialéctico entre los intereses de los conquistadores y la resistencia de los conquistados” (Matos Mar, 1976: 182-183).

Fernando Fuenzalida Vollmar (1976: 224) es categórico en cuanto al papel de la comunidad indígena durante la dominación colonial. Se trata de “un producto de la conquista” cuya constitución provocó “la disrupción de un sistema más antiguo de relaciones campesinas y su reorientación hacia las metas impuestas por los gobernantes coloniales” en los campos económico, político, ideológico y social. En materia económica, la organización de la población originaria en unidades fácilmente manejables permitió asegurar a los conquistadores la provisión de fuerza de trabajo y de alimentos. Políticamente, la comunidad mantuvo un campesinado libre leal a la Corona y, por ende, limitante del “crecimiento de un peligroso poder feudal entre los conquistadores”. Ideológicamente, permitió racionalizar la conquista mediante la difusión de la religión católica. Socialmente, mantuvo “fronteras netamente demarcadas entre los gobernantes coloniales y el campesinado de indígenas sometido”.

El locus de las comunidades indígenas andinas ha sido el de la sierra central, entre los 2000 y los 4500 metros de altura, esto es, zonas agrícolas precarias, pero también expresión de una adaptación ecológica resultante “de un inmemorial y tenaz proceso de domesticación de la naturaleza por el mismo hombre andino” (Matos Mar, 1976: 187).

Al igual que en el caso de la plantación, de la hacienda y de la estancia, no nos interesa aquí la historia económica de la comunidad indígena. Sí, su papel en la constitución de las relaciones de poder. En el período colonial, la comunidad indígena, como se ha dicho, fue funcional al poder de la Corona. A partir de la instauración de las repúblicas, fueron, sobre todo, espacio de resistencia cultural procurando mantener su identidad, que ya no era la originaria, pues había sido permeada por la dominación europea y luego lo fue por su sucesora criolla. Uno de los aspectos más relevantes de esa resistencia, nos parece, se hace explícito y manifiesto a fines del siglo XX, comienzos del XXI, cuando en Guatemala, México, Ecuador y Bolivia (muchos menos en Perú, hasta ahora), como veremos en el capítulo 7 del tomo II, surgieron movimientos sociales indígeno-campesinos revalorizadores de la cultura y la afirmación de la identidad de sus pueblos y sectores sociales, en particular de las diferencias étnicas y de género. La más que secular exclusión de facto de la ciudadanía está induciendo a los nuevos movimientos a proponer la construcción de un nuevo mundo desde la posición que detentan, pero sin perder sus rasgos particulares y apuntando a la superación del concepto de ciudadanía tal como fue útilmente aplicado, a lo largo de dos siglos, por clases dominantes empeñadas en la contención y división de las clases populares, subalternas, consideradas peligrosas.

Es en este sentido que la comunidad indígena aparece como una matriz societal. Si bien en términos culturales ella tal vez sea, como escribió Matos Mar (1976: 200 y 203), “un relicto de lo que podría ser considerado lo ‘indígena’ en el área andina”, en lo que hace a nuestro objeto, es una todavía vigente “modalidad de organización social y productiva” que combina posesión colectiva y usufructo individual de la tierra, “ejercicio compartido del poder y […] un sistema de valores que exalta estas características”, en particular la reciprocidad y la cooperación entre los miembros de la comunidad, poseedora de una capacidad matricial potencialmente favorable a procesos de profundización y radicalización de la democracia.

No se trata de construir una imagen idealizada o ilusoria de un pasado supuestamente armonioso, pero hoy, cuando se plantea la urgencia de superación de la democracia realmente existente, la forma de gobierno comunal –aun con “las serias contradicciones generadas por la ruptura de la homogeneidad interna y la aparición de una estratificación social, originadas en la desigual apropiación de los recursos comunales y, fundamentalmente, en el impacto del mundo capitalista” (Matos Mar, 1976: 193)– presenta una vía más que estimulante, tanto en sus aspectos teóricos como en los prácticos e institucionales, para una forma de ejercicio de democracia directa.

El sujeto de la comuna es el comunero, es decir, quien pertenece al pueblo, condición a la que, al haber nacido en el lugar, se accede al cumplir 18 años o al casarse mediante aceptación de la Asamblea Comunal. También hay procedimientos para ser admitido como comunero aun si se ha nacido fuera de la comuna. Los comuneros ejercen el gobierno mediante “un sistema de autoridades tradicionales elegidas en asamblea pública”. La autoridad máxima es la Asamblea Comunal (el antiguo camachicoc), también eje de la vida comunitaria y centro de poder, con potestad sobre “todas las manifestaciones sociales”. Las autoridades son elegidas en esa Asamblea, previa confección de sendas ternas para los cargos principales, “a viva voz y mano alzada”. Al menos “en principio, a lo largo de su vida todos los comuneros están en iguales condiciones de cumplir sucesivamente los cargos establecidos”, a modo de decantación de los mejores o más aptos para ejercer las responsabilidades máximas. Es una forma de escalafón a cuya cima se llega “después de haber cumplido con los [cargos] de toda la gradiente”, cima que permite ser, “por el resto de sus días, […] hombre de respeto y de experiencia, a quien se demanda consejo” (Matos Mar, 1976: 196). En algunas comunidades indígenas peruanas –en otras desapareció– esa ubicación máxima se alcanzaba integrando el Consejo de Ancianos. Se llega a anciano por la edad y por haber ocupado todos los cargos de la comunidad (Fuenzalida Vollmar, 1976: 246). También las comunidades indígenas mayas tienen en la cima a los ancianos (de allí que Marcos, la cabeza visible de la dirección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, tenga por rango el de subcomandante).

La estructura de las comunidades indígenas y los mecanismos de gobierno son, por cierto, más complejos que lo hasta aquí dicho, pero a los efectos que nos interesan basta con resaltar esa concepción y práctica de ejercicio del poder, participativas, directas, en las cuales todos los miembros mayores de edad de la comunidad se involucran en la toma de decisiones. De allí el potencial matricial para una superación de la democracia realmente existente en América Latina, básicamente liberal, capitalista, representativa. Tampoco debe descuidarse el hecho de que la persistencia de estas comunidades indígenas no siempre ha sido –como lo prueba el Perú de la bisagra de los siglos XX y XXI– condición suficiente para generar movimientos de protesta en pro de la radicalización de la democracia.

La importancia de las ciudades

La plantación, la hacienda, la estancia y las comunidades indígenas, basadas en la explotación de la tierra, generaron, en tanto matrices, sociedades estructuralmente agrarias. No obstante, las ciudades –en particular en la América hispánica– desempeñaron en ellas un papel fundamental. Numerosos estudios historiográficos han destacado el contraste entre las fundaciones españolas y las lusitanas. Tal como lo hemos esbozado antes, la colonización portuguesa se basó en asentamientos rurales, siendo las ciudades, de creación posterior, puertos comerciales y centros administrativos; la colonización española, en cambio, se centró –por razones estratégicas, económicas y políticas– en el establecimiento de centros urbanos. En relación con ellos, Céspedes del Castillo (1994: 147-152) ha propuesto analizar las “ciudades indianas” (61), ya consolidadas a comienzos del último tercio del siglo XVI, atendiendo a sus funciones, de donde surgen “cinco tipos básicos”: agrícolas, comerciales, mineras, ganaderas y artesanales.

Las ciudades agrícolas se emplazaron en situaciones (62) de alta densidad demográfica indígena (factor esencial para la provisión de fuerza de trabajo y alimentos, y para la apropiación de excedente por parte del grupo conquistador dominante), a veces sobre ciudades indígenas preexistentes, remodeladas funcionalmente, como Cusco, o bien destruidas, como el caso de la ciudad de México edificada sobre las ruinas de Tenochtitlán, y en otras creadas ad hoc, como Santiago de Chile.

Las ciudades comerciales fueron emplazadas en lugares claves –fuera en las costas o en el interior– para el tráfico de mercancías. Algunas cumplieron funciones de trasbordo, como Panamá y Arica; otras, las de escala y aprovisionamiento de los convoyes navales, como Lima y La Habana, mientras que las de un tercer subtipo devinieron mercados, por ejemplo, Cartagena de Indias.

Las ciudades mineras –Potosí y Zacatecas fueron las mayores– se fundaron, se desarrollaron y eventualmente desaparecieron conforme a “la riqueza de sus filones metálicos”, explotados hasta el agotamiento, circunstancia esta determinante para sellar la existencia de más de una ciudad.

El emplazamiento de las ciudades ganaderas se dio en áreas de pastos aptos para la ganadería extensiva –ovina, vacuna, caballar y mular– fuera en razón de la situación geográfica natural o de los condicionamientos de la escasez de fuerza de trabajo y de capital. Sus posibilidades de prosperidad se vincularon con la capacidad de comercializar su producción, incluso a mercados a distancia: lanas, cueros y sebo, semovientes para el transporte terrestre y la provisión de carne y leche. Tucumán y Salta fueron casos notables de este tipo de ciudades.

Finalmente, las ciudades artesanales –llamarlas industriales e incluso manufactureras sería una evidente exageración– fueron emplazadas en situaciones geográficas de amplia provisión de fuerza de trabajo y de materias primas susceptibles de transformación en talleres u obrajes del mismo lugar. Se destacó la producción de los llamados paños de la tierra, tejidos bastos o de mediana calidad, pero también se produjeron otros productos, baratos y de consumo general. Puebla de los Ángeles es un excelente ejemplo de esta clase de ciudades.

Por cierto, como advierte el propio Céspedes del Castillo, en el análisis concreto se constata la complicación y difuminación de la tipología, toda vez que se dieron casos de ciudades ubicadas en dos o más de los tipos básicos o que cambiaron de pertenencia a lo largo de su historia. Notable fue, en este sentido, el caso de las ciudades devenidas centro de poder político y/o religioso, ya sea a nivel regional (sede de virreinatos y arzobispados) o provincial (sede de gobernadores y obispos). Sobre el final del dominio colonial, Buenos Aires ejemplifica muy bien un caso de ascenso más que notorio desde su conversión en capital virreinal.

Las ciudades no fueron pocas en la América española: en 1630 ya había unas 331, con una población total de casi un millón y medio de habitantes, sin contar los crecientes pueblos de indios residentes en las afueras de ellas. Desde el comienzo, la tendencia fue a la concentración demográfica en las ciudades más grandes. Para el año señalado se estima que un 75% de la población urbana residía en ciudades superiores a los 10.000 habitantes. Desde principios del siglo XVIII hasta el comienzo de las guerras de independencia se produjo una segunda etapa de crecimiento acelerado, aunque desigual, de las ciudades, coadyuvando a ello el incremento de la población mestiza, la recuperación de la indígena –que había llegado a su mínimo entre 1650 y 1730–, la elevada cantidad de inmigrantes de origen europeo y de población africana, en calidad de esclavos, amén de un alto índice de crecimiento vegetativo.

A diferencia de las ciudades luso-americanas, escasamente conectadas entre sí, y en el mejor de los casos conectadas por triangulación con Lisboa, las hispanoamericanas constituyeron una red que, bien o mal, las interconectaba. Céspedes del Castillo evalúa como “asombroso que una vasta red de interminables caminos llegara a desarrollarse, e incluso a funcionar de una manera efectiva”, en buena medida merced a la fenomenal multiplicación del ganado de tiro, carga y silla importado por los colonizadores, superando así la decisiva debilidad de los pueblos originarios, que solo contaban para ello –excepto, relativamente, en el caso del incario, con la llama– con el hombre como única bestia de carga.

Este temprano peso de las ciudades –incluyendo la señalada tendencia a la concentración poblacional en las mayores– es un elemento estructural, de larga duración, decisivo en la historia de las sociedades latinoamericanas. Céspedes del Castillo entiende que el modo en que se constituyó y funcionó esa red de ciudades indianas explica no solo “la diversificación regional y la fragmentación política de Hispanoamérica actual”, sino “también la debilidad de la infraestructura económica” e incluso el subdesarrollo resultante.

Después de él, Thomas Calvo (1996: capítulo VI) desarrolló una tipología aún más desagregada, definida igualmente por las funciones y considerando a la ciudad como “corazón de la sociedad colonial”: cabezas de puente (Santo Domingo, Veracruz, Panamá, Cartagena, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Guayaquil, La Guaira); puntos de apoyo (México, Querétaro, Aguascalientes, San Francisco, Los Ángeles, Lima, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Montevideo); ciudades mixtas (las establecidas por los españoles sobre las previas de los pueblos originarios: México, Cusco, Lima, Cuenca); centros de colonización (Puebla de los Ángeles, Asunción, Santiago del Estero); capitales políticas (México, Lima y, al final de la dominación española, Santa Fe de Bogotá y Buenos Aires); capitales religiosas (múltiples casos), centros de redistribución y de consumo o ciudades comerciales (que podían ser puertos, como La Habana, o ciudades interiores, grandes centros redistributivos, como México, Cartagena, Lima y Buenos Aires, o centros secundarios, como Guadalajara, Oaxaca, Cusco y Potosí); ciudades trabajadoras (Puebla, Querétaro, Quito); centros de evangelización. La tipología es válida preferentemente para las ciudades hispanoamericanas, pues en Brasil la urbanización estuvo menos desarrollada durante la colonia.

Históricamente, las ciudades latinoamericanas atravesaron un proceso de organización del paisaje urbano desenvuelto en sucesivas etapas o modelos. Jorge Enrique Hardoy (1972) propuso cuatro: el clásico de la ciudad colonial, el republicano, el de la primera fase industrial y el de la ciudad industrial, mientras que José Luis Romero (1976), autor de una periodización más elaborada y compleja, distinguió seis modelos de ciudades: del ciclo fundacional, hidalgas de Indias, criollas, patricias, burguesas, masificadas.

Si bien las ciudades y villas desempeñaron un papel fundamental en la estructuración espacial de la ocupación colonial, no debe desconocerse el de los asentamientos nucleados rurales, sobre cuya importancia ha llamado la atención, por ejemplo, Marta Herrera Ángel, para quien la tendencia a omitir la organización de la población rural hispanoamericana es todo un problema, pues esas pequeñas poblaciones no solo explican estructuras de poder local sino que fueron –para decirlo en los términos de Gerardo Reichel-Domatoff– los crisoles en los cuales se fundieron “las diversas tradiciones culturales”. “[L]os pueblos de indios se constituyeron en piezas básicas para la estructuración de variados mecanismos de poder en la provincia [de Santafé, en Nueva Granada]. Su organización interna y su agrupación en corregimientos permitió ejercer un efectivo control político, tanto sobre las comunidades indígenas como sobre la población no indígena en general […] [E]l ordenamiento espacial de la población se constituía en una pieza fundamental para entender su organización política […] [E]xiste una estrecha articulación entre el ordenamiento espacial, el ejercicio del poder y los mecanismos adoptados para confrontarlos” (Herrera Ángel, 2007: 16-17).

El período colonial definió un dato estructural de muy larga duración (en algunos casos hasta la segunda mitad del siglo XX): sociedades estructuralmente agrarias tendieron a generar las disrupciones en el espacio urbano. Esta característica se hizo más frecuente a partir de la ruptura del nexo colonial, desde el momento mismo de las revoluciones de independencia –casi todas inicialmente urbanas.

Una práctica política persistente: el centralismo. Las reformas pombalinas y borbónicas

Además de la situación geográfica, y sus patrones de colonización, que dieron lugar a la constitución de las matrices antes descritas, el proceso de ocupación y colonización puede ser comprendido en términos de situación histórica o historia universal. En efecto, el desarrollo del orden colonial y más claramente su disolución –esto último ya ha sido señalado por algunos historiadores, como es el caso de Tulio Halperin Donghi (1985)– son comprendidos más cabalmente cuando se analiza la transformación del “sistema europeo” en “sistema mundial” (Ferrer, 1996, 2000; Wallerstein, 1979, 1984, 1998a). Este proceso puede dividirse en dos fases. En España, la primera fase transcurrió de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, a cargo de la Casa de Habsburgo, hasta el final del siglo XVII. Y la segunda, del siglo XVIII, con la Guerra de Sucesión y el triunfo de los Borbones, hasta las independencias (63). En Portugal, la primera fase comenzó con el siglo XVI, con los reinados de Dom João III y Dom Sebastião, de la casa de Aviz, y llegó hasta mediados del siglo XVII, pasando por el período de anexión a la Corona española (64). Esta fase se caracterizó por una prolongada crisis económica metropolitana, hecha evidente, como se ha visto antes, en los escasos compromisos de hombres y recursos de la empresa colonizadora portuguesa en Brasil. La segunda fase se extendió desde mediados del siglo XVII –al independizarse de España, pasando por el inicio de la Fiebre del Oro (c. 1700) y el reinado de João V (1707-1750)– hasta 1822, año de la independencia de Brasil.

En estos segundos momentos, alrededor de 1750-1790, España y Portugal implementaron una serie de reformas orientadas a la recentralización del poder de las respectivas monarquías, apuntando a integrar los aparatos mercantiles, administrativos y militares de las colonias a las metrópolis, como es obvio, en una unidad pretendidamente más fuerte, capaz de enfrentar con éxito la exigencia de modernización impuesta por la competencia internacional. En ambos casos, el blanco primordial de la centralización era, si no acabar, al menos debilitar el privilegio británico sobre el comercio.

Pedro Pérez Herrero (2003: 320-321) ha señalado que el objetivo de los Borbones fue impulsar el crecimiento (no el desarrollo) económico de sus colonias, en tanto proveedoras de materias primas y de metales preciosos de bajo costo productivo, para fortalecer el papel de la Corona sin cambios en las estructuras económico-sociales que pudiesen, justamente, poner en peligro la figura del rey y, por ende, la monarquía. Esto es: recuperar el poder del monarca con los recursos americanos, sin transformación de “las relaciones de producción propias de una sociedad estamental del Antiguo Régimen a otra capitalista de clases, ya que esto traería consigo la substitución del principio de autoridad del despotismo ilustrado por el de la soberanía popular”.

El fortalecimiento de la condición colonial de los territorios ocupados por el imperio debía lograrse con el éxito de diez objetivos que Pérez Herrero (2003: 321) resume así: “a) recuperar los territorios americanos ocupados por otras potencias europeas; b) formar un ejército que fuera capaz de defender las nuevas ideas y rechazar las agresiones externas; c) agilizar el sistema comercial; d) favorecer en el Nuevo Mundo la producción de las materias primas que necesitaban los centros manufactureros peninsulares; e) eliminar los productos indianos susceptibles de competir con los de la metrópoli (los centros textiles, viñedos, olivares, etc. debían desmantelarse); f) liberar los factores de producción controlados por las comunidades indígenas (tierra y trabajo), la Iglesia (capitales) o por los comerciantes (crédito y comercialización); g) potenciar el consumo (voluntario o forzoso) por parte de los habitantes americanos de las manufacturas metropolitanas; h) eliminar la oposición interna de las elites indianas (Audiencias), para lo cual debían impulsar nuevos grupos colaboracionistas con la política colonialista metropolitana y, al mismo tiempo, reducir el poder político y económico de los consulados de comerciantes para asegurar que la producción se orientara masivamente hacia el exterior (sustituir el modelo de integración solar por el dendrítico); i) promover una administración y una burocracia que colaborasen con las ideas colonialistas borbónicas; j) crear una legislación que justificara la vigorización del nuevo colonialismo borbónico”.

Por el Tratado de Methuen de 1703, Portugal resignó cualquier desarrollo industrial –en particular, de la lana–, y consolidó, además, su dependencia político-militar respecto de Gran Bretaña. Por su parte, por el Tratado de Utrecht de 1713, España selló la paz después de la Guerra de Sucesión, pero también, en el mismo acto, habilitó a compañías privilegiadas inglesas el monopolio del tráfico de esclavos. Desde luego, esto último tuvo consecuencias directas sobre el tráfico comercial metropolitano en general, ahora más claramente abierto a la potencia británica, desde Veracruz hasta Buenos Aires. Así, Gran Bretaña se consolidó como potencia doblemente hegemónica, en términos políticos y económicos. Medio siglo después, Portugal y luego España buscaron revertir esa situación, como es sabido, con pésimos resultados. En la voluntad de resurgimiento de las Coronas se inscriben las así llamadas “reformas pombalinas y borbónicas” (nombres tomados de la Casa en el poder en España y del marqués de Pombal, ministro todopoderoso de la Corona portuguesa entre 1750 y 1777). Las reformas afectaron el orden colonial en el plano económico, administrativo y militar, y eventualmente dieron lugar a una transformación sustantiva.

El complejo proceso de crisis de independencia difícilmente puede ser entendido en términos unidimensionales y monocausales. En este sentido, es conveniente volver a la hipótesis de historia atlántica y entonces revisar esas crisis como “capítulos americanos” de las crisis imperiales, como propone Halperin Donghi (1985) (65). En efecto, lo que desencadenó la revolución en la América española fue la falta de una legalidad monárquica, toda vez que las invasiones napoleónicas habían puesto en tela de juicio el poder soberano del rey. En Brasil, la independencia ocurrió una vez finalizado el ciclo de reformas pombalinas, de las cuales la más incólume resultó ser la administrativa. Gracias al efecto duradero de las reformas de Pombal en este plano, el poder imperial siguió centralizado en la figura del monarca, aun después de la embestida napoleónica. Y resistió con éxito a las rebeliones de 1789, 1798 y 1817. Más aún, tanto el príncipe regente João VI y su corte como la idea misma de centralismo se establecieron en Rio de Janeiro en 1808, sin encontrar en esto mayores obstáculos que los propios de una mudanza monumental: once buques de guerra y varios navíos mercantes trasladaron unas diez mil personas (nobles, magistrados, funcionarios, cortesanos, clero y personal doméstico) y más de la mitad del Tesoro Real (66).

Luiz Werneck Vianna (1998: 186) entiende que el traslado de la Corte, movimiento defensivo y de conservación en la metrópoli, produjo en la colonia un movimiento de conservación y cambio que sentó las bases y la marca de la precoz futura revolución pasiva en Brasil (concepto y proceso que se verán en el próximo capítulo). La independencia fue aquí más claramente el resultado de las tensiones creadas por la presencia real e inesquivable en el territorio colonial del poder central monárquico y sus instituciones (Real Biblioteca, Academia Militar, Ejército), tensiones que la urgencia de la revolución liberal de Oporto de 1820 y el regreso del asiento del rey a Portugal vinieron solo a avivar.

En Hispanoamérica, en cambio, las independencias estuvieron tal vez más cercanamente relacionadas con el ímpetu centralizador de los ministros ilustrados del rey Carlos III. Puesto que allí el territorio colonial estaba más extensamente poblado y centralizado en torno a varios núcleos (México y Perú, los más descollantes) y puesto que las reformas fueron comparativamente más tardías, es comprensible que en el momento de la captura del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII haya habido una estructura comercial y estatal más arraigada localmente y más resentida hacia los peninsulares. Como sea, no hay que perder de vista que fue la incapacidad e imposibilidad de la Corona española de asegurar el vínculo con sus colonias lo que alimentó el espíritu de escisión. Las invasiones inglesas al puerto de Buenos Aires y la huida del virrey Rafael de Sobremonte hacia la ciudad mediterránea de Córdoba son un ejemplo de los “capítulos americanos” de las guerras europeas (episodios que sin duda hicieron más patética la idea de vacío de poder).

La voluntad centralista y nacionalista de inspiración ilustrada de las Coronas portuguesa y española tuvo así un efecto paradójico sobre las colonias. El marqués de Pombal y los ministros de los Borbones llevaron adelante una centralización con consecuencias descentralizadoras, potenciadas por la guerra en Europa. A tal punto esto fue así que las tendencias centrípetas se convirtieron rápidamente en desmembramiento y luego en total derrumbe del orden colonial. Si bien Iberoamérica conformaba una unidad, más allá de las diferentes modalidades de colonización de las dos metrópolis, las reformas y su fracaso –más estrepitoso en Hispanoamérica– pusieron en evidencia la profunda heterogeneidad de la región. Con el correr del tiempo, esta heterogeneidad se volvió un dato estructural, a lo cual contribuyó sin duda el carácter típico de cada una de las matrices societales presentadas en la sección anterior.

En Brasil, Pernambuco mostró desde muy temprano una tendencia autonómica que reavivaría reiteradas veces en el curso de la historia. Cuando en 1549 se radicó la capital colonial en la ciudad de São Salvador da Bahia y comenzó un rápido proceso de burocratización centralista, Pernambuco logró una posición privilegiada respecto de las otras capitanías. Poco después, en 1763, como parte de las reformas administrativas de impulso pombalista, la sede del virrey se trasladó del Nordeste plantoesclavista azucarero y tabacalero hacia Rio de Janeiro, acompañando tardíamente el movimiento ascendente que la Fiebre del Oro había significado para Minas Gerais. Esto, a su vez, estimuló el crecimiento de zonas ganaderas hacia el centro sur (Minas Gerais y Rio Grande do Sul), delineando así lo que más tarde fue la configuración regional del Brasil independiente. En el plano militar, las reformas también dejaron una huella indeleble. El reclutamiento de hombres prestigiosos localmente para las milicias auxiliares del ejército regular (también de inspiración pombalista) dejó a estos hombres, luego conocidos como coronéis, en una posición de poder en la que su voluntad era sin más aplicada como ley.

En Hispanoamérica, en los tres planos señalados, también se encuentran núcleos de tendencias centrípetas de largo alcance. La división del territorio en virreinatos más pequeños, nuevos y viejos, el reemplazo de criollos por peninsulares venidos en una segunda ola de inmigración hacia América y el complicado aparato fiscal ideado por los Borbones se revelaron enseguida como obstáculos enormes a la hora de organizar la vida social independiente. Desaparecido el Estado central colonial, desapareció también la potestad de las intendencias, emigraron muchos de los españoles peninsulares (en buena medida, a Cuba) y perdieron sentido los impuestos (basados en un monopolio ahora inexistente). En este contexto, los poderes locales, antes articulados en torno al Estado colonial, ganaron gran autonomía y, durante más de medio siglo, muchos de ellos se mostraron poco dispuestos a cederla (Río de la Plata, Perú, Venezuela, el México de las provincias).

En relación con el sistema mundial, como se ha dicho, el objetivo de ambas Coronas era disuadir a las otras potencias, decididamente a Inglaterra, de inmiscuirse en los territorios coloniales y de este modo reafirmar su posición en términos económicos además de políticos. Desde principios del siglo XVII, Inglaterra había adquirido facultades legales (y se había tomado atribuciones extralegales) para actuar sobre Portugal y sus colonias. En España, su intromisión fue menos directa pero de gran significación: intermediación en la importación de esclavos a los dominios españoles en América. España, mucho más que Portugal –regida por la obsesiva mentalidad mercantilista del marqués de Pombal–, buscaba proteger el arco de las Antillas (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico), nexo a través del cual se llevaba a cabo buena parte de la exportación de minerales. Otras potencias, fundamentalmente Inglaterra y Francia, amenazaban con avanzar desde el Mar Caribe o podían hacerse fuertes allí donde ya habían penetrado (Belice, Jamaica, Antillas menores). A esta competencia imperial por la ocupación de América se sumó la rivalidad de España con Portugal por la posesión del territorio del Río de la Plata (en 1680, los portugueses fundaron Colonia del Sacramento; en 1723, los españoles crearon Montevideo; en 1737, otra vez los portugueses iniciaron la ocupación de Rio Grande de San Pedro). Esta rivalidad, dirimida por las armas durante largo tiempo, sobrevivió a la crisis imperial y a la independencia bajo la forma de guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata (guerra argentino-brasileña o Guerra da Cisplatina, 1825-1828), más tarde aliados con Uruguay en la Triple Alianza contra Paraguay (1865-1870).

Localmente, también se ha dicho, las reformas se aplicaron en tres dimensiones: económica, administrativa y militar. En el plano económico, tanto las reformas pombalinas como las borbónicas quedaron truncas, revelando mejores éxitos en el fomento de la economía agrícola que en el de la costosa minería, o que en el todavía más remoto desarrollo industrial. En el plano administrativo, las reformas pombalinas tuvieron mejores resultados que las auspiciadas por la casa de los Borbones, logrando poner bajo el dominio del poder central tres categorías sociales fundamentales: la Iglesia, los militares y las elites (67), y esto, en parte, gracias a otro aspecto exitoso de la reforma de Pombal: el impulso para la profesionalización del ejército y de la burocracia, a través de la modernización de la educación. Cabe señalar que las reformas de Pombal se apoyaron sobre una administración o burocracia de origen local, prestigiosa y económicamente poderosa, que en razón de esto conservó cierta autonomía frente a los magistrados regios. Las Juntas da Fazenda, encargadas de la recaudación fiscal, no siempre colaboraron con los mandatarios reales, y la Corona portuguesa –mucho más dependiente de su colonia que la Corona española– a su vez optó por no ultrajar estas atribuciones. La reforma administrativa de los Borbones fue más compleja, orientada a reforzar el poder del Estado mediante la creación de un sistema de intendencias –unidades ejecutivas menores que los virreinatos–, y reemplazando a los miembros locales de los distintos cuerpos (Iglesia, Ejército y burocracia) por emisarios peninsulares. En rigor, las reformas borbónicas aspiraban tanto a “establecer una verdadera administración imperial” como a una transformación basal de la economía y la sociedad coloniales para posibilitar “lazos económicos más complejos” entre la metrópoli y sus colonias (Halperin Donghi, 1987: 23). Si su complejidad fue mayor, su éxito fue comparativamente más débil en un territorio, además, mucho más extenso y heterogéneo que el de Brasil. En el plano militar, por las razones expuestas arriba, las reformas borbónicas apuntaron más seriamente a la defensa, que la toma de La Habana por los ingleses en 1762 había revelado urgente. En este mismo plano, en cambio, la Corona portuguesa contaba con la costosa pero eficaz protección de la potencia británica.

Además de las tres dimensiones señaladas, las reformas tuvieron una pretensión de transformación de las sociedades que, aunque nunca se implementó con la radicalidad con la que fue pensada, tuvo consecuencias directas sobre la organización política posterior. En este aspecto, las reformas pombalinas y el genio mismo del marqués de Pombal ofrecen una nota singular. Su política de poblamiento, nunca puesta en marcha, estaba basada en la homogeneización social a través de la unión de las diversas categorías étnicas. Con este argumento, el marqués de Pombal arremetió contra la Iglesia, en particular contra la Compañía de Jesús, por considerarla un obstáculo para su proyecto fusionista, permitiéndole sumar a su dominio el control de la Iglesia.

Las reformas en España habían comenzado, en realidad, con la instalación de la dinastía de los Borbones en el poder, pero adquirieron carácter urgente a partir de la mencionada toma de La Habana en 1762 y recién se implementaron en escala imperial hacia 1775, cuando el influyente abogado y consejero real, José de Gálvez, fue ascendido a ministro del rey Carlos III. En 1787, la muerte del ministro y el agravamiento de la posición de España en el sistema europeo pusieron un irremediable freno al impulso centralista ilustrado. En 1788, murió el rey y el trono pasó a manos de Carlos IV.

En estos pocos años, sin embargo, hubo cambios sustantivos en la relación de la metrópoli con las colonias y dentro de las colonias mismas. Aunque la intensificación de las transformaciones fue más tardía en el caso español, los objetivos económicos habían sido definidos tan tempranamente como en el caso portugués. Ambas Coronas veían en sus colonias un territorio propicio para la expansión agrícola de productos altamente competitivos en los mercados europeos, tanto como un mercado potencial para el desembarco de sus producciones industriales, y complementariamente agrícolas (por ejemplo, los vinos).

En el plano económico, las reformas pombalinas apostaron más decididamente a la creación de “compañías” –monopolios patrocinados por el Gobierno– tanto en la metrópoli como en el vasto territorio colonial. Las compañías privilegiadas tenían una duración de veinte años, y la idea misma de su creación estaba originada primordialmente en la necesidad de revertir el privilegio británico en las factories de Lisboa y Oporto. En 1755 se creó la compañía de Belén de Pará (destinada a la producción de arroz y cacao) y la de Maranhão (destinada a la producción de algodón), y en 1759, la de Pernambuco y Paraíba (destinadas a revitalizar la tradicional producción del azúcar y tabaco en el Nordeste). También se proyectó la creación de una compañía en Bahia, destinada a la producción de frutos tropicales, pero esta tentativa se vio finalmente frustrada por los cambios geopolíticos europeos, que obligaron a detener el impulso reformista. Las compañías se expandieron en virtud del monopolio que ejercieron, no solo sobre la producción, sino también sobre el crédito y la provisión de artículos importados a los productores locales (entre los artículos más preciados, los esclavos). Es evidente que estas compañías eran una creación orientada a promover las exportaciones de productos primarios, pero también a reforzar el comercio nacional portugués, rasgo significativo si se piensa en la división del trabajo de la etapa independiente, en la que la comercialización quedó mayormente en manos de firmas extranjeras.

Los Borbones, por su parte, habían intentado un tiempo antes el sistema de compañías privilegiadas pero, a diferencia de sus pares portugueses, encontraron en esto mayores obstáculos. En el plano económico, de modo similar a lo ocurrido luego en el plano militar, el impulso reformista se vio estimulado y acelerado por un factor alarmante. Si militarmente los focos del conflicto fueron Cuba y el Río de la Plata, en el plano económico ese rol lo tuvo un tiempo antes Venezuela. El contrabando de cacao y frutos tropicales, en general a través de Puerto Cabello, impuso a la metrópoli la necesidad de un cambio en el ordenamiento mercantil. Así, se creó la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728, un monopolio que provocó graves tensiones entre productores y comerciantes-exportadores, incluso después de su reorganización en 1751, cuando se le quitó el monopolio del comercio con Veracruz.

En Portugal, la Guerra de los Siete Años (1756 y 1763) significó la reorientación de los esfuerzos de centralización del Estado. Esta guerra enfrentó a Prusia, Hannover, Gran Bretaña y Portugal, aliado de esta, contra la alianza de Austria, España, Francia, Rusia, Sajonia y Suecia por el control de Silesia (región del centro europeo, hoy polaca, pero por entonces extendida también a territorios checo y alemán), controlada por Prusia desde el Tratado de Aquisgrán (1748) y por el enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña por el dominio de América del Norte y la India. La guerra concluyó con el Tratado de París, que modificó el mapa político de la época. Gran Bretaña y Prusia fueron las grandes vencedoras (68).

En la colonia portuguesa, la centralización siguió pero las reformas adquirieron ahora un sentido administrativo y militar, mientras que la reforma comercial se detuvo. Portugal había intentado, en vano, mantener la neutralidad en la guerra, hasta que finalmente se colocó bajo la protección británica. En 1750, el Bragança José I accedió al trono de Portugal. Enseguida, entregó la dirección de los asuntos de Estado en cuestiones Exteriores y de Guerra a Sebastião José de Carvalho y Melo, marqués de Pombal desde 1770. A poco de asumir su cargo de secretario de Estado, este se convirtió en ministro todopoderoso de la Corona, gobernando casi dictatorialmente hasta la muerte del rey patrocinador en 1777 (y fue destituido cuando Maria I sucedió en el trono a su padre, José I).

En la década de 1760 y la siguiente, las reformas mercantiles se frenaron, pues, en virtud de la colisión de intereses de portugueses y británicos, que los primeros ya no estaban en condiciones de imponer. La minería aurífera mostraba serios signos de decadencia por lo cual Portugal ya no contaba con el metálico suficiente para lograr equilibrar su balanza de pagos, en medio de un ciclo de aumento constante de las importaciones. Esto volvió más tensas las relaciones con el imperio británico a la vez que acentuó la necesidad de controlar más fuertemente la recaudación fiscal. Portugal siguió adelante entonces con su voluntad de reformas en el plano militar y administrativo, en especial reformas fiscales, lo cual finalmente redundó en cierto resguardo de su autonomía mercantil.

Por su parte, la reforma comercial borbónica, que avanzaba lentamente desde comienzos de siglo, se proyectó en escala imperial cuando en octubre de 1778 se dictó el Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España e Indias. La medida habilitaba el intercambio sin trabas entre 13 puertos españoles y 22 americanos, sin hacerse extensivo a terceros países. En palabras de Calvo (1996: 248), se trató solo “de una generalización del monopolio comercial andaluz en el conjunto de los puertos españoles”.

El Reglamento de 1778 no puso fin a los problemas del comercio colonial, menos aun al del contrabando. La Corona procuró nuevas soluciones con sucesivas Reales Órdenes: la de febrero de 1789 extendió el comercio de esclavos a Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Venezuela (ampliado en 1791, 1795 y 1804); la de 1795 (una consecuencia de la guerra franco-española) autorizó el comercio con colonias extranjeras; y la de noviembre de 1797 permitió comerciar en barcos neutrales.

Por fin parecía realizarse ese primitivo objetivo de convertir a las colonias en potenciales mercados consumidores. En realidad, el libre comercio no fue solo una idea impuesta desde afuera, fue también el corolario esperable del surgimiento de economías de exportación al margen de la minería, como en el caso del azúcar y el tabaco en Cuba, el cacao en Venezuela y Quito y los cueros en el Río de la Plata. El libre comercio en el interior del imperio español (puesto que no se autorizaron operaciones mercantiles con otros países), sumado al aumento de las importaciones en la región, incrementó la actividad de las rutas oceánicas de Veracruz y Buenos Aires, cambiando el centro de gravitación de la ciudad de México y Lima hacia estos nuevos ejes.

En el antiguo espacio peruano –en crisis desde fines del siglo XVII y comienzos del XVIII–, las reformas borbónicas provocaron un fuerte impacto (69). De hecho, ellas lo desintegraron visiblemente con la creación de los Virreinatos de Nueva Granada (1717-1724) y del Río de la Plata (1776) (particularmente este, que le sustrajo el control del vital Alto Perú y sus minas).

Surgió, así, un espacio rioplatense –una vasta área que comprendía el Alto Perú, Cuyo (que dejó de pertenecer a la gobernación de Chile), el Tucumán, Litoral, la Banda Oriental y Paraguay–, complejo y contradictorio. La complejidad y las contradicciones no fueron solo económicas: se apreciaron también en la composición social (en la distribución étnica de la población y en su papel en el proceso productivo). Como bien lo advirtió Halperin Donghi (1969: 39), un equilibrio rico en desigualdades tendió a ser desplazado por otro que, sin eliminarlas, creó nuevas. Tal situación derivó de una unificación territorial administrativa, económica y social definida por una resolución político-administrativa, un verdadero artificio dispuesto por la Corona, atendiendo, en buena medida, a un cúmulo de razones de distinta índole entre las cuales se destaca la decisión de coartar el poderío de la aristocracia limeña. Ahí estuvo su “pecado original”: históricamente, varias de las regiones del espacio rioplatense tendían más a la separación que a la unificación (Cuyo, por ejemplo, estaba más ligado a Chile que a Buenos Aires, mientras que Córdoba, a su vez, tenía una notoria y nada nueva bifacialidad: una cara altoperuana y otra rioplatense). Fue esa lógica interna la que llevó a la disgregación durante las guerras de independencia y civiles.

Buenos Aires, la capital del Virreinato rioplatense, adquirió una notable importancia como centro de distribución comercial, amén del manejo de unas finanzas tributarias de la minería potosina y muy pronto de la exportación de cueros, crecientemente demandados por la industria británica. La que el historiador chileno Sergio Villalobos llamó, hace tiempo, “la revancha de Buenos Aires” sobre Lima llevó aparejados desajustes y reajustes en el interior del espacio rioplatense, cuyas regiones constituyentes no llegarían a iguales o siquiera parecidos resultados.

La incorporación del Alto Perú a la jurisdicción de Buenos Aires no hizo, en rigor, más que legalizar una situación de hecho, al autorizar el tráfico de metálico hacia el puerto rioplatense y el inverso de mercancías. En este campo, el problema del transporte y los fletes tenía una dimensión económica fundamental: situada a unas 550 leguas de Buenos Aires y a poco más de 400 de Lima, Potosí podía, por la geografía, proveerse de mercancías a menor precio si llegaban desde Buenos Aires. Ello era posible por dos razones fundamentales: una, el costo del flete marítimo desde puertos españoles hasta Buenos Aires era menor que hasta Lima; otra, el costo del flete terrestre también era menor para el trayecto Buenos Aires-Potosí que para el que unía a la ciudad altoperuana con Lima, pese a la menor distancia entre estas dos. Este hecho derivaba de la geografía: las mercancías transportadas desde el puerto rioplatense se desplazaban en su mayor tramo –hasta Jujuy, unas 430 leguas– en carreta, mientras que las provenientes de Lima viajaban cargadas en mula, un medio más oneroso. Ello permite comprender el papel del contrabando. También ayuda a entender cómo y por qué las reformas golpearon fuertemente a los comerciantes monopolistas limeños y, más allá de ellos, generaron una fuerte y larga rivalidad económica y política entre Lima y Buenos Aires.

El auto de libre internación firmado por el virrey Pedro de Cevallos en noviembre de 1777 y un decreto anterior prohibiendo el envío de oro y plata a Lima golpearon fuertemente a esa ciudad. De igual modo, el mismo auto sustrajo a Cuyo al exclusivo interés de los comerciantes chilenos, aunque en contrapartida también permitía la entrada por puertos chilenos de mercancías para comercializar en el Virreinato rioplatense.

En Brasil, en el plano administrativo, las reformas pombalinas acrecentaron el número de capitanías generales (nueve en 1776), organizadas sobre la base de las mencionadas Juntas da Fazenda, sometidas al dominio del virrey, y sobre la base de una cantidad multiplicada de representantes del poder de la Corona en los ámbitos locales: ouvidores, que eran jueces de distrito, y juizes da fora, escalafón más bajo del Poder Judicial. Estos funcionarios tenían potestad sobre las cámaras municipales, ya fuera de control (ouvidores) o de deliberación (juizes da fora). Como ya se ha dicho, las reformas de Pombal dedicaron un gran esfuerzo a la profesionalización de la administración mediante una tarea minuciosa de modernización de la Universidad de Coimbra. La centralización de la formación universitaria tuvo claros efectos sobre la independencia y dejó al frente de los asuntos del Estado, en momentos de crisis, a una burocracia civil homogénea y preparada para enfrentar los nuevos desafíos.

Por su parte, España también dio prioridad a la educación con el objetivo de aportar mejores conocimientos y así favorecer la transformación de la economía y de la sociedad en su conjunto. Como es obvio, el control del conocimiento, y en esta época sobre todo del conocimiento del mundo natural, fue sin duda un mecanismo de poder político y orientación ideológica de la dominación. Pero en España, a diferencia de Portugal, la educación universitaria no fue centralizada y el conocimiento, de fuerte filiación católica, se elaboró e impartió desde la Real Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá y los centros creados en las distintas unidades coloniales, con consecuencias directas sobre la faccionalización de la etapa posterior, en la que la elite ilustrada localmente encontró en su educación un elemento más de arraigo localista. El caso más extremo de este localismo fue quizás el del dictador paraguayo educado en la Universidad de Córdoba, Gaspar Rodríguez de Francia, y su singular política aislacionista, que le permitió estabilizar el país de la “anarquía”.

Ya se ha dicho que las reformas del Estado proyectadas por el marqués de Pombal incluían una dimensión social, o más precisamente demográfica, que tampoco llegó a concretarse. Con gran audacia, Pombal había proyectado la incorporación de los indígenas amazónicos, de los de las misiones paraguayas y de los hombres libres de color a través de uniones con europeos y criollos a fin de proveer a Brasil de una masa humana en disponibilidad de la que tanto carecía. En la mente del reformador, la política indígena de los jesuitas constituía un verdadero obstáculo. Fue así que ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús en 1759. Los antecedentes históricos de este suceso son, es cierto, estos ímpetus pobladores, pero también la resistencia indígena a la rectificación de fronteras en las misiones orientales del Uruguay (en 1750, cuando España las intercambió por la posesión del fuerte de Colonia del Sacramento) y la oposición jesuita a las reformas en Maranhão (1755), donde los jesuitas tenían concretos intereses económicos que la creación de la compañía de privilegio afectaba seriamente.

En España, los jesuitas fueron expulsados en 1767 y, aunque los motivos ocasionales variaron, existía una posición común: defender las monarquías absolutistas nacionales frente a la pretensión jesuita de crear una monarquía universal. La culminación de esta serie de hechos diversos fue la disolución de la Compañía de Jesús por orden del Sumo Pontífice en 1773. En Brasil, mucho más que en Hispanoamérica, las reformas constituyeron el inicio de un verdadero proceso de desacralización del poder político, tal como indicaba Macchiavelli en Il Príncipe.

A partir de la muerte del marqués de Pombal, las compañías de privilegio fueron desmanteladas, aunque sus beneficiarios continuaron detentando una posición económica favorable. Esto coincidió con la declinación de la explotación del oro brasileño, que tantos beneficios le había producido a Portugal (y subsidiariamente a Gran Bretaña) durante su corto auge. Prácticamente al mismo tiempo, en el territorio colonial español estaban iniciándose las reformas administrativas. En este plano, las reformas borbónicas implementaron, además del mencionado sistema de intendencias, la división del territorio en nuevos virreinatos.

El nuevo mapa colonial español quedó conformado de este modo: el Virreinato de Nueva España, con capital en México, que abarcaba los actuales México, los estados norteamericanos de California, Nevada, Colorado, Texas, Utah, Arizona, Oregon, Washington y partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas y Oklahoma, y en Canadá, el suroeste de British Columbia y, luego, las islas Filipinas y Guam en el Océano Pacífico asiático; el de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá, que ocupaba Venezuela (antes Capitanía General), Colombia, Panamá, Ecuador, Guayana e islas de Margarita, Trinidad y Tabaco (luego Tobago) (70); el de Perú, con capital en Lima y jurisdicción sobre Perú y parte de la Amazonia (hoy Brasil), y el del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, que comprendía los actuales Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y sur de Brasil. Además, existieron las Capitanías Generales de Guatemala (actuales Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica); Cuba (con jurisdicción también sobre Louisiana y Florida); Santo Domingo (Dominicana); Puerto Rico, dependientes del Virreinato de Nueva España, y Chile (también llamada Reino de Chile), que teóricamente estaba subordinada al Virreinato peruano.

Como se ha dicho, un objetivo primordial de las reformas era afectar el poder de la aristocracia limeña, acrecentado políticamente en virtud de su riqueza proveniente del oro y de la plata, y por el cual burlaba sistemáticamente las tributaciones al rey (71). Con este objetivo fue que se creó el Virreinato del Río de la Plata y se quitó a los limeños su histórica jurisdicción sobre las minas del Alto Perú. La comparativamente reducida extensión del Virreinato del Perú acusa el significado de esta reforma.

En términos generales, la nueva división política aseguraba la centralización del poder y el monopolio de la percepción tributaria, con una relación más fluida entre las colonias y el rey en cuanto a la administración de esos poderes. En cada virreinato funcionó una estructura piramidal en la que el gobernador y el intendente dependían directamente del virrey, y en la que el Poder Judicial estaba separado de la competencia militar. En todos los casos, la Corona española envió funcionarios civiles y militares peninsulares, que reemplazaron a los de origen local, a fin de asegurar una ordenada extracción de las rentas fiscales y una mejor custodiada defensa de las fronteras. En el plano militar, las reformas borbónicas implementaron la creación de fortalezas monumentales: La Habana, Santo Domingo, Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico, Santa Teresa (Uruguay) y la de Colonia del Sacramento (en realidad, como se ha dicho, fundada por los portugueses y cedida a España por el Tratado de Madrid en 1750). Todo esto perseguía el objetivo de controlar la posible penetración de flotas enemigas, pero también, y en igual medida, la cada vez más usual depredación por contrabando o apropiaciones vandálicas de cargamento.

Las reformas fracasaron rotundamente: las pombalinas porque nunca alcanzaron el nivel de centralización deseado y las borbónicas porque, aun habiendo logrado un alto grado de centralización (primordialmente, en virtud del sistema de intendencias), se vieron abruptamente interrumpidas por la guerra en Europa. No es el caso analizar con detalle las causas y el desarrollo de este fracaso. Interesa, sí, en cambio, rastrear el peso del centralismo en la cultura política que las reformas carolinas y pombalinas legaron a los futuros Estados independientes. Y, en relación con esto, identificar el conjunto de intereses en tensión que su fracaso llevó a la superficie y que pronto fueron eje de los conflictos entre centralistas y federales (y confederales) del período independentista. En este sentido, es útil, analítica y explicativamente, la observación de Manfred Kossok de la necesidad de distinguir entre centralismo y unidad, dos fenómenos no necesariamente idénticos. “Del centralismo del sistema colonial resultó una tendencia predominantemente vertical, orientada hacia la Corona y sus instituciones centrales de poder […] El sistema colonial [español] no conocía sino dos instituciones ‘unitarias’ en toda la región: el Consejo de Indias y la Casa de Contratación; ambas tenían su sede en la metrópoli […] Con Carlos III y su pléyade de ministros ilustrados, la política de centralización alcanzó su punto culminante. No obstante, sería infundado sacar la conclusión de que se haya fortalecido la ‘unidad’ del imperio colonial en un grado equivalente” (Kossok, 1989: 256-257 y 260).

Federica Morelli (2008) ofrece una sugerente explicación de las reformas borbónicas y su fracaso. Recuerda que en 1783, en la Exposición al Rey Carlos III (conocida también como Memorial de París), el Conde Aranda, presidente del Consejo de Castilla, le aconsejaba “despojarse de todos sus dominios en las dos Américas”, manteniendo solo los de Cuba y Puerto Rico como bases para el comercio español. Su audaz propuesta era convertir a los virreinatos en sendos reinos independientes, cada uno de ellos con un infante al frente, acompañados de sus propias Cortes, instaladas, respectivamente en México, Lima y Costa Firme. Los tres reinos constituirían una laxa federación gobernada por el rey de España con el título de Emperador (una restitución del utilizado por Carlos V), considerándose –argumentaba el Conde– “las cuatro naciones como unidas por la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para su conservación y prosperidad”. La muy lúcida propuesta apuntaba, estratégicamente, a prevenir un fututo peligro, que Pedro Pablo Abarca de Bolea, el Conde de Aranda, advirtió primero que nadie: la expansión de los nacientes Estados Unidos de América.

Esta república federal nació pigmea por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerzas de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir la independencia. Llegará un día en que crezca y se torne gigante y aun coloso temible en aquellas regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. La libertad de conciencia, la facilidad de establecer una población nueva en terrenos inmensos, así como las ventajas de un gobierno naciente, les atraerá agricultores y artesanos de todas las naciones; y dentro de pocos años veremos con verdadero dolor la existencia tiránica de este coloso de que voy hablando.

El primer paso de esta potencia, cuando haya logrado su engrandecimiento, será el apoderarse de las Floridas, a fin de dominar el golfo de Méjico [sic]. Después de molestarnos así, y nuestras relaciones con la Nueva España, aspirará a la conquista de este vasto imperio, que no podremos defender contra una potencia formidable, establecida en el mismo continente y vecina suya (72).

¡Asombra la clarividencia del Conde!

Sostiene Morelli que el proyecto reformador transformó la idea de imperio a ambos lados del Atlántico. Si bien los gobiernos de la crisis “quisieron hacer efectivo el principio de igualdad entre las distintas provincias de la monarquía”, “[e]l intento de los constituyentes gaditanos de refundar la monarquía sobre la idea de soberanía nacional, transformando el imperio en nación, fracasó justamente porque chocaba con la idea de federación del imperio que los discursos reformistas habían evocado”.

A juicio de Morelli, el problema “no residía tanto en la inadaptación de los territorios de la Monarquía a la modernidad”, según una hipótesis largamente sostenida por la historiografía, sino, más bien, en los límites del liberalismo para “resolver la relación autonomía/independencia”, una cuestión que no surgió con la crisis de 1808 puesto “que ya había empezado a aparecer, en términos modernos –y no de puro retorno al pasado–, en la segunda mitad del siglo XVIII, con el proyecto reformista y el debate sobre la reforma del imperio”.

Las reformas imperiales agudizaron conflictos internos en las colonias, entre los grupos dominantes nuevos surgidos del impulso centralista ilustrado (en Brasil, más aún, surgidos de la presencia misma del monarca en el territorio colonial), y los viejos, largamente favorecidos por la colonización y ahora devenidos subalternos. A estos conflictos expresados en el plano de la administración del Estado colonial hay que sumar aquellos provenientes del funcionamiento de la economía, en la que productores y mercaderes tenían una larga trayectoria de recelos mutuos. Pero si bien los factores económicos tuvieron su peso, no hay que soslayar las tensiones creadas entre la voluntad centralista de las coronas y una práctica colonial muy asentada en “la ley se acata pero no se cumple”.

Ya ha sido refutada la tesis sobre el libre comercio y los intereses de una supuesta clase de burgueses comerciantes en ascenso como causa del proceso abierto en 1810; sobre esto, Claudio Véliz (1984) ofrece explicaciones muy convincentes. En líneas generales, fueron los productores y dueños de la tierra quienes se favorecieron con la liberalización, pudiendo así colocar sus productos en mercados más amplios, y no los mercaderes, para quienes el fin del monopolio y del más rentable contrabando, significaba una verdadera amenaza.

El libre comercio fue establecido en 1808 en Brasil por orden del príncipe regente y futuro rey João VI de Portugal, que tomó tal decisión ante la desesperante realidad de unos puertos europeos bloqueados por la guerra; y en 1809 en el Río de la Plata, donde el Virrey Baltasar de Cisneros vio en la libertad de comercio con naciones aliadas y neutrales una forma de apaciguar los ánimos británicos después de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, a la vez que un modo de asegurarse ingresos para solventar un ejército de criollos cada vez más fuertes políticamente, todo esto en un contexto revolucionario en el que las penurias se acentuaron por la interrupción de la ruta de la plata del altiplano sin que las minas de Famatina, en La Rioja, se convirtieran en las esperadas sucedáneas de las potosinas.

Fueron entonces la Corona y la alta burocracia las que impulsaron la medida liberalizadora, en firme línea con el proyecto centralista de la Ilustración, que buscaba financiar con estos recursos sus objetivos de modernización y centralización, y más tarde la guerra contra Napoleón. Como se ha dicho, lo que irritó unos intereses locales ya crispados fue la acefalía del sistema metropolitano y el bloqueo de los puertos, que hacía que la mercadería se apilara y estancara en las costas del territorio colonial. Los funcionarios peninsulares leales a la Corona se vieron de pronto desprotegidos a la vez que amenazados, puesto que debían su lugar de privilegio a un lazo colonial cada vez más aparente. Por añadidura, los criollos desplazados de las funciones públicas encontraron eco en los mercaderes descontentos por una liberalización que les otorgaba márgenes de ganancia muy por debajo de los obtenidos hasta ese momento.

Entre las clases más subalternas ya había habido protestas contra el renovado centralismo de las Coronas, pero ellas tuvieron un carácter local y limitado. Durante el dominio colonial se produjeron numerosas rebeliones indígenas en el territorio hispanoamericano, algunas de ellas de gran magnitud. Fueron expresión del antagonismo entre la república de indios y la república de españoles. Así, por ejemplo, Manco Inka, hermano de Atahualpa, se puso tempranamente al frente de la resistencia contra los españoles, liderando el Estado Inka de Vilcabamba (1537-1572), lucha que concluyó cuando su último jefe, Tupaq Amaru, hijo de Manco Inka, fue apresado y decapitado por los españoles. También en los Andes peruanos se produjo, entre 1560 y 1572, el movimiento no violento de Taki Unquy (u Ongoy), catalogado como “rabiosamente anticatólico y antihispano” y a cuyo frente estuvo Juan Chocne, acompañado por dos mujeres, Mama Ocllo y Mama Wako.

Entre 1562 y 1667 se desarrollaron las llamadas Guerras Calchaquíes en el actual noroeste argentino, protagonizadas por los diaguitas. Durante la breve Primera Guerra, los pueblos originarios fueron comandados por el cacique Juan Calchaquí y los kurakas Quipildor y Viltipoco, quienes destruyeron tres de las ciudades fundadas por los españoles. Fue por ello que la Corona decidió separar la región del Tucumán de la jurisdicción de Chile y convertirla en gobernación dependiente del virrey de Perú. La Segunda Guerra se extendió entre 1630 y 1637. Dirigidos por el kuraka Chalamín, quien fue apresado y ejecutado por los españoles, los diaguitas destruyeron nuevamente ciudades erigidas por los conquistadores. Los vencidos fueron deportados y/o esclavizados. La Tercera Guerra Calchaquí, 1658-1667, tuvo como primer jefe al aventurero andaluz Pedro Bohorquez, quien se hacía llamar Inca Hualpa. Aunque alcanzó a organizar un importante ejército indígena y a controlar la región, el jefe rebelde terminó entregándose a las autoridades coloniales, quienes lo ejecutaron en Lima. Los pueblos continuaron la guerra bajo la conducción de José Henriquez, pero al ser derrotado el señorío de los Quilmes, la resistencia entró en su fase final. Los quilmes fueron desarraigados por los españoles, y deportados a las proximidades de la ciudad de Buenos Aires, en el paraje donde hoy se levanta, precisamente, la ciudad que lleva su nombre. Cuando el último de los señoríos resistentes, el Acalianes o Calianos, fue vencido, la guerra concluyó. La represión fue terrible y los españoles decidieron dividir, deportar y esclavizar a los pueblos diaguitas.

En el norte de México, los cascanes se sublevaron –guerra del Mixton– entre 1541 y 1542. Quemaron iglesias y cruces, ejecutaron a misioneros y castigaron con rigor a los indígenas que habían abandonado su religión originaria y adoptado el cristianismo.

Dentro del recorte efectuado para ejemplificar, añadamos la rebelión de los Antis, indomable pueblo de la Amazonía que a lo largo de 33 años (1742-1775) enfrentó a los conquistadores con la conducción de Juan Santos Atahualpa, recibiendo incluso el apoyo de los quechuas de la sierra central peruana. Y la de los araucanos, en la frontera de guerra del sur de Chile en 1723.

El punto más alto de la resistencia de los pueblos originarios fueron las rebeliones encabezadas por Tupaq Amaru II y Tupaq Katari en el espacio sur peruano y altoperuano entre 1780 y 1782. Esta última fue una protesta liderada por el quechua José Gabriel Condorcanqui, kuraka de Tinta (en Cusco) (73), amén de rico propietario (tenía más de 350 mulas) y comerciante, quien adoptó el nombre de Tupaq Amaru II (en homenaje al de la rebelión del siglo XVI). De modo similar, en los mismos años, el líder de la revuelta que sitió la ciudad de La Paz, el aymara Julián Apaza, tomó el nombre de Tupaq Katari. El origen ancestral y la habilidad política les valieron para encolumnar tras de sí fuerzas campesinas contra las presiones fiscales de los reformistas borbónicos. Tupaq Amaru II levantó banderas de justicia para los dominados y explotados del régimen colonial: indígenas, mestizos, criollos postergados, demanda que incluía cambios en la administración de justicia y la creación de una Audiencia Real en Cusco; reclamó el fin de los abusos tributarios y la reducción de la carga impositiva y el reemplazo de los corregidores por alcaldes mayores, como también mejoras en las condiciones de trabajo en minas y obrajes. El rechazo a las peticiones –acompañadas de ejercicio de la violencia contra autoridades coloniales, como en el ajusticiamiento del corregidor de Tinta– convirtió la protesta social en una protesta política, que incluyó la demanda de un gobierno de indígenas y mestizos.

La insurgencia indígena se extendió, desde el Cusco, en el sur peruano, por todo el altiplano altoperuano (boliviano), proyectándose incluso hacia el norte, hasta Huarochirí, en la sierra central peruana, y por el sur hasta el noroeste argentino (actuales provincias de Salta y Jujuy) y Tarapacá (territorio chileno desde el final de la Guerra del Pacífico).

La movilización alcanzó así dimensiones intolerables para el poder monárquico –el miedo a los indígenas se instaló fuertemente entre los españoles europeos y americanos– y fue duramente reprimida, apelando el poder a “la mayor movilización de los ejércitos coloniales en el Perú desde los tiempos de la conquista” (Serulnikov, 2006: 310-311), recurriendo incluso a los del reciente Virreinato del Río de la Plata. Ambos Tupaq fueron apresados y ejecutados en 1781 (Amaru en mayo, Katari en noviembre). Condorcanqui –luego de ser obligado a presenciar la ejecución de toda su familia– fue decapitado y luego desmembrado, exponiéndose su cabeza en Cusco y Tanto; sus brazos en Tungasuca y Carabaya, y sus piernas en Levitaca y Santa Rosa. A todos se les cortó la lengua antes de matarlos. A Micaela Bastidas, la esposa de Amaru, no pudieron ejecutarla con el garrote por la delicadeza de su cuello, por lo cual la enlazaron de este, tirando los verdugos para todos lados y rematándola con golpes en el estómago y los senos. Apaza también fue descuartizado con exposición de la cabeza en el cerro de K’ili K’ili (La Paz); las manos en Ayo Ayo y Achacachi, y las piernas en Chulumani y Caquiaviri. Su esposa Bartolina Sisa murió estrangulada por los mismos verdugos. Según la tradición oral, antes de morir, Tupaq Katari habría expresado “a mí solo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones”. Adicionalmente, la represión se extendió en el plano simbólico: prohibición del uso de los idiomas y la vestimenta originarios, y de la lectura de los Comentarios Reales, de Garcilaso de la Vega.

La Gran Rebelión había sido precedida, en realidad, por una serie de 132 revueltas en el espacio andino peruano iniciadas en 1730. De ellas, 117 tuvieron lugar a partir de 1750, cuando comenzaron las reformas borbónicas (66 entre 1770 y 1779). Fueron rebeliones indescifrables si no se toman en consideración los repartos, del mismo modo que estos no se entienden sin las rebeliones, según argumenta Jürgen Golte (1980). Aún en condiciones de severa debilidad del poder central imperial, en medio de una coyuntura internacional que le era cada vez menos favorable, las rebeliones no afectaron la continuidad del lazo colonial. Así, para Bonilla (en el prólogo a Spalding, 1974: 17), ellas fueron contra el “extranjero”, enemigo definido en términos culturales, no de origen, y cargadas de ambigüedad: “revolucionarias” en tanto procuraron romper el pacto colonial; “profundamente conservadoras, incluso reaccionarias, por su estructura y su proyecto”, en tanto nunca discutieron la naturaleza del orden colonial interno. El historiador francés Pierre Chaunu (1973: 15) fue aún más lejos: la rebelión de Condorcanqui-Amaru terminó siendo “una de las causas esenciales de la lealtad del Perú, en vivo contraste con el compromiso patriota de Venezuela y la ambigüedad fundamental de México” y solo “por una verdadera aberración” se la puede incluir entre los movimientos precursores de la independencia. A su turno, el historiador inglés John Fisher (2000) sostuvo una hipótesis divergente: los levantamientos de 1780-1782, en particular el de Tupaq Amaru II, y luego, más aún, el de 1814, fueron rebeliones anticentralistas dirigidas mucho más contra el poder de Lima que contra el de España.

Scarlett O’Phelan (1988) ha llamado la atención sobre el carácter dinámico que tuvieron las luchas sociales en el mundo andino durante el siglo XVIII. Para esta historiadora, la larga conflictividad debe analizarse en términos de coyunturas, de las cuales ha detectado tres: 1726-1737; 1751-1756, desde 1777 en adelante. En la tercera, lo que aceleró el conflicto fue la aplicación de las reformas borbónicas por parte del visitador José Antonio de Areche. Fueron particularmente las medidas fiscales las que, por el incremento de la carga tributaria sobre la producción y el comercio, afectaron a la mayoría de la sociedad. También desempeñó su papel la creación del Virreinato del Río de la Plata, el cual introdujo fronteras comerciales donde antes no las había, lo que, empero, no fue obstáculo para que la rebelión se extendiera por el Bajo y el Alto Perú.

O’Phelan considera erróneo caracterizar los levantamientos del siglo XVIIIandino solo como rebeliones indígenas, toda vez que, como su libro demuestra, en la primera y en la tercera de las coyunturas, las más importantes, hubo participación y profundo compromiso de mestizos y criollos. Asimismo, aunque la dirigencia estuvo compuesta básicamente por mestizos, kurakas (es decir, la elite indígena) y curas criollos, la presencia de las masas indígenas fue –pese a su carácter marginal en la cúpula dirigente– decisiva, pues “sin ellas, las rebeliones no hubieran ocurrido”. Kurakas y curas demostraron habilidad para “movilizar a los indígenas desde sus respectivas posiciones de autoridad secular y espiritual” (O’Phelan, 1988: 293).

La misma historiadora ha destacado otros dos rasgos: 1) la importancia de los lazos de parentesco en la organización, no solo de las revueltas locales, sino también de las más amplias rebeliones; 2) el papel menos significativo del descontento agrario en esos levantamientos, a su juicio explicable por el carácter indistinto que tuvieron los problemas agrarios y los fiscales, logrando estos opacar a los primeros (O’Phelan, 1988: 294).

Para Lynch (2003: 45), la insurrección indígena andina, con una “ideología neoinca y de renacimiento cultural”, fue “más radical que los movimientos suscitados por los criollos”, tal como lo muestran los ataques al trabajo forzado, los obrajes, los repartos y la esclavitud, los cuales terminaron generando la reacción contraria de los grupos criollos.

A su turno, Nelson Manrique (2003: 352) encuentra dos factores determinantes de la derrota indígena: 1) “[l]a incompatibilidad entre el programa teórico de la dirigencia indígena (multirracial y pluriclasista) y el programa práctico de la movilización de los ‘indios del común’ (étnico y racial)”, y 2) el posicionamiento contrario a la rebelión de otros jefes indígenas, tal como había ocurrido durante la conquista española, y luego también durante las guerras de independencia.

No han faltado entre los historiadores las hipótesis que asignan a la Gran Rebelión –“una revolución” prefería llamarla Alberto Flores Galindo (1993)– una intención independentista. Boleslao Lewin (1987: 101) consideró la rebelión de Tupaq Amaru “uno de los jalones más importantes en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica”. Esa condición de precursora ya había sido expuesta por el célebre historiador peruano Carlos Daniel Valcárcel. También se ha sostenido que la participación de los indígenas campesinos en este tipo de acciones de resistencia estuvo más ligada a la satisfacción inmediata de una necesidad urgente y, en otro plano, a la comunión con valores milenaristas o mesiánicos.

Dentro del amplio repertorio de explicaciones e interpretaciones propuestas, es bien interesante la sofisticada hipótesis de Xavier Albó, elaborada cruzando dos variables que expresan sendas díadas contradictorias: 1) criollos/mestizos versus españoles; 2) indígenas versus no indígenas o, lo que es igual, explotados versus explotadores. Albó sostiene que en la formación social andina del tiempo de las sublevaciones existían esas dos contradicciones fundamentales, siendo la primera expresión de una línea que sugirió llamar nacionalista, que desembocó en la independencia, y la segunda, una línea de corte étnico. Pero si se introduce una tercera variable, la clase, distinguiendo entre quienes vivían de su trabajo y quienes lo hacían del ajeno, la situación se complica: es que, no solo había 1) “una indiscutible clase alta” constituida por “los españoles de la cúpula” que detentaba el control global de la economía, sino también; 2) una clase media que vivía igualmente del trabajo ajeno, directa o indirectamente, a la cual pertenecía la gran mayoría (mas no todos) de los criollos y mestizos, y 3) un significativo sector de kurakas, social y económicamente integrante de esta clase (Albó deja afuera a negros y mulatos por su menor importancia en el contexto de la sublevación). De este modo, “la contradicción clasista fundamental cruzaba los grupos sociales de una tercera manera distinta” (Albó, 1984: 80).

En el desarrollo del conflicto, esas contradicciones ofrecieron, en tanto clave de la sublevación, tres alianzas distintas: 1) criollos (sobre todo comerciantes) que buscaron el apoyo de los indígenas (casos de Oruro y Tupiza, tal vez en otros lugares), pero, cuando lo obtuvieron y los observaron llenando las calles, se asustaron y terminaron junto a los españoles. Es decir, “se impuso en los hechos la contradicción étnica” (españoles y criollos versus indígenas), manifestación cabal del racismo largamente modelado por la ocupación colonial; 2) kurakas que buscaron apoyo criollo-mestizo, estrategia que intentó Tupaq Amaru y terminó como la primera: la línea de corte étnico-racista se impuso y obró como garante del statu quo. Albó destaca que se trató de una iniciativa de los líderes, conscientes de la correlación de fuerzas, no necesariamente acompañada por sus bases, para las cuales las líneas de corte eran la étnica y la clasista; 3) indígenas y los que quisieran apoyarlos, como en el caso del tercero de los dirigentes de la sublevación, el kuraka aymara Tomás Katari. No buscaban sistemática y deliberadamente el apoyo de los criollos o mestizos, pero no lo desechaban si se presentaba la ocasión. Según Albó, esta tercera posición era “la más cercana a una posición de clase”, si bien primó el contenido étnico “y con apertura de principio a aquellos individuos (no grupos sociales) de otros sectores y clases […] dispuestos a apoyar” (Albó, 1984: 81-86).

Cabe señalar –con Albó– el fundamental papel desempeñado por las mujeres quechuas y aymaras en toda la sublevación, incluso ejerciendo liderazgo. Algunos casos se destacaron notoriamente: las ya citadas Micaela Bastidas y Bartolina Sisa, y también Gregoria Apaza, hermana de Julián (Tupaq Katari), y Tomasa Tita Condemaita, célebre por defender heroicamente un puente con un grupo exclusivamente femenino.

Un corolario de la gran rebelión andina fue el reforzamiento del miedo como componente de la vida cotidiana, incluida la política. Fue primero el miedo de españoles y criollos al potencial disruptivo de los indígenas, que la rebelión convirtió en acto, y tras su derrota, el miedo de los indígenas a alzarse otra vez contra el poder del rey. El miedo de “los de arriba” genera represión; el miedo de “los de abajo”, parálisis. Los ejércitos libertadores de Perú y el Alto Perú lo comprobaron treinta años más tarde. Manrique (2003: 352) es muy enfático al respecto: “La burguesía peruana se mostraría más adelante más dispuesta a llegar a un arreglo con los realistas que a correr el riesgo de abrir el cauce a una movilización indígena que pudiera desembocar en una nueva ‘guerra de castas’”.

Aunque con otras características, la Corona también encontró obstáculos a sus intentos reformistas en Nueva Granada, cuando puso en marcha un plan para mejorar el rendimiento de la producción del aguardiente, el tabaco y la sal en Socorro. Esto, sumado a la presión fiscal y al aumento de precios de consumo generalizado, provocó una situación de descontento que no tuvo las dimensiones de la revuelta peruana, pero que sí dejó una huella profunda en la relación entre la metrópoli y la colonia (74). Significativamente, después del levantamiento comunero neogranadino de 1781, la Corona desistió de la creación de una intendencia en ese territorio (Halperin Donghi, 1985: 61). Los criollos encabezaron esta rebelión –que Lynch considera prototipo de la rebelión colonial– en protesta contra las nuevas políticas fiscal y de nombramientos del reformismo Borbón, aunque no estuvieron ausentes la asunción de los agravios contra mestizos e indígenas. El apoyo de las clases populares, argumenta el historiador británico, incrementó el peso numérico de la protesta y, al mismo tiempo, asustó tanto a las autoridades como a los criollos, que se amedrentaron y cesaron la lucha. No fue un hecho excepcional sino “un modelo característico” de la protesta criolla de fines del siglo XVIII: las revueltas eran antirreformistas, antifiscales y contra ciertos abusos y, para los criollos, “no debían ser otra cosa: se producían dentro del orden colonial y no ponían en tela de juicio el orden social” (Lynch, 2003: 45).

También suele citarse como un antecedente importante en la lucha contra la dominación colonial española la revuelta encabezada por el platero mestizo cochabambino Alejo Calatayud. Como en otros casos, el detonante fue la pesada carga tributaria impuesta por la Corona sobre indígenas y mestizos mediante la contribución territorial y el reparto de mercaderías. El levantamiento ocurrió en 1730 y levantaron la consigna “¡Abajo los Guampos! ¡Muera el mal Gobierno!” (75). Víctima de una celada urdida por otros criollos, Calatayud –a quien suele llamársele el primer insurgente y protomártir de la independencia– fue apresado por las autoridades y ejecutado mediante aplicación del garrote, y luego su cuerpo fue descuartizado.

En las sociedades de plantación esclavista dominadas por las Coronas ibéricas, las reformas borbónicas y pombalinas no hicieron más que acentuar una contradicción mucho más evidente que en el caso de las sociedades de hacienda, puesto que los esclavos eran piezas de comercio y no sujetos de dominación como los indígenas. Ante el descenso demográfico, entre otras cosas provocado por la caza y la esclavitud de aborígenes destinados al trabajo intensivo y el servicio doméstico, hacia 1520 se decidió la importación de esclavos africanos. Las revueltas comenzaron bien pronto: en 1522, en Santo Domingo; en 1529, en Santa Marta (Colombia) y en 1531, en Panamá. En 1537, ocurrió lo mismo en la ciudad de México, sucedida luego por otras dos revueltas hacia 1540. En Brasil, en 1580 aparecieron los primeros quilombos; el más importante fue el de Palmares durante el siglo XVII.

Los esclavos también participaron de revueltas en el contexto de centralización autoritaria de cuño pombalino, aunque lo más llamativo allí fue la invocación a principios completamente nuevos. Tres episodios perturbaron el empeño centralista. En 1789, la inconfidencia mineira puso en evidencia la rivalidad entre las pretensiones de la Corona y los grupos poderosos locales, abrumados por las presiones fiscales que apuntaban a la decadente minería del oro. Pero si en las colonias españolas las protestas altoperuanas contra los ajustes del fisco se apoyaron en ideas venidas del pasado milenario y orientadas a recuperar ese pasado en el futuro, en la colonia portuguesa la conspiración mineira se sirvió de un repertorio netamente revolucionario: el republicanismo. Jose Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes, fue el líder de una revolución que nunca ocurrió. Fue apresado y más tarde ejecutado, y así se convirtió en el primer mártir de la causa republicana en Brasil.

En 1798 se produjo una conspiración en Bahia. A diferencia de la anterior, que había involucrado a una minoría de grandes comerciantes, terratenientes y funcionarios letrados, la revuelta nordestina reunió a soldados y artesanos de origen mulato. La reacción no era contra la reforma fiscal sino contra la reforma militar, en virtud de la cual se había intentado imponer un comandante blanco al frente de un regimiento mulato. En esta ocasión, las ejecuciones de los rebeldes fueron masivas.

En 1817 estalló un nuevo movimiento en Recife (Pernambuco) que, al igual que el de 1789, tenía una inspiración republicana, con un tono fuertemente tributario de la Revolución Francesa y una significativa presencia de cuadros masones. Pero esta vez la iniciativa no solo pasó de la letra a la práctica, sino que además, pese a su breve duración, dejó instalada la cuestión de la independencia. El movimiento sedicioso había estallado a principios de marzo y, a fines de abril, sus integrantes habían sido ejecutados o tomados prisioneros. Sin embargo, ya era manifiesta la tensión entre el monarca y unas elites locales que vivían el traslado de la corte imperial como una presencia usurpadora en un territorio que asumían como propio. Con este antecedente, no extraña entonces que la iniciativa independentista en Brasil haya correspondido a la Corona que, urgida por retornar a la Península, tomó una medida cautelar a fin de asegurar la continuidad de su poder en el espacio colonial.

Cabe señalar que ese mismo año se produjo en la misma provincia un movimiento mesiánico campesino encabezado por Sylvestre José dos Santos, el cual sostenía que, cuando el número de seguidores llegase a mil, se produciría el regreso –desde la isla de las Brumas– de Dom Sebastião. Los sebastianistas pernambucanos erigieron la Ciudad del Paraíso Terrenal, a la que atribuyeron carácter de santa, y tuvieron una significativa expansión, tanto que el poder real –alarmado, más por el contexto de Pernambuco que por el movimiento mesiánico en sí– envió al Ejército para reprimirlos. Ante la fuerte respuesta de los fieles, el resultado fue la casi total destrucción de la comunidad.

Tiempo antes de la pacífica independencia de Brasil, en las sociedades de plantación caribeñas, se anunciaba una violencia que muy pronto iba a resultar amenazante en toda la región. En el Caribe, “frontera imperial” según la aguda calificación del dominicano Juan Bosch, las contradicciones sociales, ya exasperadas por el centralismo monárquico, se tornaron inesperadamente inadmisibles al abrigo del clima de ideas de la Francia revolucionada. Para horror de las clases dominantes, fueron los esclavos de la pequeña colonia francesa de Saint-Domingue (situada en la porción occidental de la isla La Española) quienes iniciaron (sin saberlo, y aun sin proponérselo) un ciclo de revoluciones independentistas que significativamente tuvieron su punto de origen y de máxima violencia en este espacio de “frontera”. Según Bosch (1985: 39-40), “[e]l Caribe está entre los lugares de la Tierra que han sido destinados por su posición geográfica y su naturaleza privilegiada para ser fronteras de dos o más imperios. Ese destino lo ha hecho objeto de la codicia de los poderes más grandes de Occidente y teatro de la violencia desatada entre ellos. […] La historia del Caribe es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región para arrebatarles sus ricas tierras; es también la historia de las luchas de los imperios, unos contra otros, para arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado; y es, por último, la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de sus amos imperiales”.

Pero antes de detenernos en el ciclo de revoluciones independentistas, que es objeto de análisis en el próximo capítulo, retomemos la cuestión del centralismo. Según la hipótesis de Véliz (1984: 77), “el centralismo de las décadas de formación del imperio sobrevivió como factor significativo a lo largo del período colonial y el siglo XIX, hasta hoy en día”. La apreciación es provocativa y, a nuestro juicio, debe ser matizada. En efecto, el centralismo es un dato estructural, pero al referirnos a la larga sedimentación del centralismo no estamos aludiendo estrictamente a una forma de gobierno, sino más precisamente a una práctica política más difusa, que no necesariamente se plasma en un régimen. Por más ajustada que se juzgue la hipótesis de Véliz, no puede opacar una realidad: desde las independencias de las primeras décadas del siglo XIX, las luchas entre fuerzas federales y centralistas han sido una constante y han sido el principal obstáculo para la consolidación del cambio que en toda la región se sustanció a través de una revolución política.

Aquí, cobra mayor relieve la distinción entre centralismo y unidad. El centralismo colonial español –vertical, de arriba abajo–, lejos de sentar bases para la unidad, dejó semillas de disgregación. La encorsetada tensión entre la tendencia hacia la centralización y la tendencia hacia la fragmentación se hizo explícita tras la ruptura del nexo colonial. Los proyectos para lograr una unidad, después de la dispersión y la disgregación que significaron las independencias, bajo la forma de un Estado federal (o confederal) o un Estado unitario, se sucedieron o se superpusieron y tuvieron un desarrollo cambiante en el curso de la historia. Esto significa que, en la larga duración, ni el centralismo ni el federalismo permanecieron inmutables y únicos en la formación de los Estados latinoamericanos. Con todo, cabe subrayar que, tal como afirma Josefina Zoraida Vázquez (1993: 15) (para el caso de México en 1824), “la federación fue la opción que salvaguardó la unidad”. En efecto, esto mismo es generalizable a los otros países de constitución federal (Argentina, el Brasil republicano y Venezuela).

Por lo demás, el federalismo fue la forma de gobierno menos extendida en la región. La mayoría de los nacientes Estados adoptaron constituciones unitarias. En México, la Constitución de 1824 fue reemplazada por la centralista de 1833, auspiciada por el caudillo Antonio López de Santa Anna, hasta que las reformas liberales introdujeron nuevamente el sistema federal. En Chile, las Leyes Federales de 1826, impulsadas por José Miguel Infante y aprobadas por un Congreso General Constituyente, fueron derogadas al año siguiente. Las Constituciones de 1828 (liberal) y 1833 (conservadora) establecieron un Estado unitario o centralista, condición ratificada por la Constitución de 1925. Colombia vivió una etapa federal, radicalmente liberal, entre 1863 y 1886. Venezuela, el primer país latinoamericano que adoptó el federalismo (1811-1812), volvió a él en 1864. Argentina lo estatuyó en 1853. En todos los casos, en mayor o menor medida, la forma federal ha experimentado notables corrimientos de hecho (y algunos de derecho) hacia el centralismo.

A su vez, Halperin Donghi (1987: 15-39; las dos citas en pp. 23 y 20) enfatizó la persistencia y el legado de una experiencia centralista de tres siglos que, entre otras cosas, creó una “distancia extrema” entre el modelo organizativo del Estado español en América (y más notoriamente los principios de legitimidad) y su modo efectivo de funcionamiento. “Se advierte en este aspecto una continuidad –que Véliz no registra– entre el centralismo monárquico y el constitucionalismo liberal” del siglo XIX. Para Halperin Donghi, a partir de la crisis de independencia, los grupos criollos “buscaron apreciar hasta qué punto lo que había sobrevivido del antiguo orden podía contribuir a la consolidación del nuevo”.

Así, el centralismo tiene en América Latina una historia de larga data y su consideración es crucial para comprender la construcción del orden en nuestras sociedades, aun cuando reconozcamos la importancia del federalismo y aun cuando convengamos que el federalismo “centralizador” de las décadas medias del siglo XX no es el único federalismo, tal como advierte Marcello Carmagnani (1993).

Finalmente, ninguna síntesis de la larga dominación colonial ibérica en América Latina –por apretada que sea (y la nuestra lo es en extremo)– puede prescindir de una referencia al papel crucial desempeñado en ella por la Iglesia y la religión católica, que fungieron de cohesionantes del orden colonial, proyectándose incluso más allá del final de este (76). Esa función de ideología de la dominación colonial fue explícitamente expuesta, por ejemplo, por Juan Solórzano y Pereyra en un texto de 1647, Política indiana, al señalar que la

causa de la Religión debe ser la primera en cualquier bien fundada República, y su pureza y defensa el mayor apoyo y más firme cimiento de los Imperios (apud Díaz Díaz, 1992: 414).

A los efectos de nuestro propósito, nos interesa destacar únicamente algunos aspectos de ese papel. No se trata solo de la relación entre Iglesia y Estado –punto clave de la teoría política vaticana– ni de la jerarquía derivada de ella (en este plano, por ejemplo, en la América española fue manifiesto el predominio de la jerarquía eclesiástica sobre la civil, mientras que en Brasil se dio la situación inversa), cuestión que en el siglo XIX fue línea de corte entre liberales y conservadores. La Iglesia y la religión fueron instrumentos fundamentales del control político, social e ideológico de los colonialistas sobre las clases subalternas locales. Esa función la heredaron y practicaron luego las clases dominantes del orden poscolonial.

Calvo (1996) –quien ha llamado a la Iglesia “ejército suplementario” de España en la conquista de América– trae a colación la contundente afirmación del cronista Gil González Dávila en 1649: España ha dominado el Nuevo Mundo con apenas “4.793 ministros, sin presidios militares ni gente de mar y de tierra”. A lo largo de toda la dominación colonial hispana, América recibió 15.547 misioneros, radicados particularmente en México y los Andes. El clero americano reprodujo la tradicional división entre clero regular (vivía de limosnas) y clero seglar (requería recursos provistos institucionalmente, siendo fundamental el diezmo, es decir, el 10% de toda producción agroganadera), añadiéndole otra entre criollos (blancos y mestizos, nunca indígenas) y peninsulares. Esta división por lugar de origen fue un aspecto clave en el decisivo nivel de los obispos, donde la primacía de los europeos fue abrumadora, originando no pocas refriegas. Por lo demás, el clero americano no estuvo exento de ser partícipe de una conducta considerada indigna de los sacerdotes, la de la “vida libertina”. La Iglesia fue asimismo una gran propietaria de tierras, bienes inmobiliarios y riquezas, reforzando esa condición por la relación familiar a menudo existente entre terratenientes laicos y clérigos, lazos que llegaron hasta “la simbiosis de intereses”. Las órdenes religiosas, con excepción de los franciscanos, también fueron grandes terratenientes: así, por caso, cuando la Corona expulsó a los jesuitas de América en 1767, confiscó casi 400 haciendas jesuitas. Las órdenes fueron igualmente dueñas de esclavos. Cuando dejó de rechazar la práctica de los préstamos dinerarios con pago de intereses, la Iglesia se convirtió, en muchos lugares, en una notabilísima expresión del capital usurario.

La América española conoció un terrible instrumento eclesiástico, el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. Tres de ellos –cuyas jurisdicciones abarcaban todo el territorio colonial– fueron establecidos entre 1569 (los de Lima y México) y 1610 (el de Cartagena de Indias). Calvo (1996: 200) acota que su función fue la de “ser más un instrumento de represión social y política que religiosa”. No hubo ningún tribunal en Brasil, donde la Inquisición actuó mediante comisarios especiales enviados por la Corona para entender en procesos relacionados con la fe, actuando con bastante indulgencia, en particular con los “cristianos nuevos” (judíos conversos), que no eran pocos. Momentos excepcionales fueron los años durante los cuales Portugal fue gobernado por el rey de España y la acción de la Inquisición en Grão-Pará entre 1763 y 1769.

La Iglesia controló durante todo el período colonial y, tras la independencia, hasta fines del siglo XIX, la educación en todos sus niveles (la universitaria fue ámbito predominantemente jesuita, no así en Brasil, donde los portugueses, a diferencia de los españoles, ya se ha visto, no crearon ninguna universidad), los hospitales, los cementerios y los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios. El control de la educación fue instrumento central para el dominio cultural de los colonizados. Los curas aprendieron las lenguas de los indígenas como un instrumento para hacer más efectiva la tarea de transferir las convicciones religiosas de estos a la católica impuesta por los colonizadores. El sínodo de Lima de 1613 consideró que la mayoría de los indígenas de los pueblos visitados eran “idólatras y apóstatas”, de donde surgió la orden de quemar en la plaza pública de cada pueblo, los ídolos y todo elemento relacionado con ellos. Por si eso fuera insuficiente, esos rebeldes al cambiar, inter alia, de religión fueron castigados con la prohibición de sus danzas y cantos –fueran estos en lengua autóctona o en la general (en este caso, quechua)– y la destrucción de los instrumentos. Luego pasaron a lo que Calvo llama “indianización” (homogeneización) de los pueblos originarios, es decir, la obligación, para estos, de hablar la “lengua general” (quechua, aymara, náhuatl, según el lugar): una forma más de control. Fue el paso previo a la castellanización y la lusitanización.

En el caso español, el reformismo borbón impulsó una política represiva de las lenguas autóctonas, obligando a impartir la enseñanza –que comenzaba a secularizarse– solo en lengua castellana (77). Empero, como bien advierte Calvo (1996: 213), es difícil saber cuáles fueron los resultados de ese movimiento de escolarización/secularización/castellanización, habida cuenta del escaso desarrollo real que tuvieron las escuelas, en particular en el mundo rural. En cambio, es bien evidente en el caso de las mujeres, incluso en el ámbito urbano y en aquellas de condición europea (peninsular o americana). En palabras de Calvo, la mujer fue “la gran víctima de la enseñanza colonial […]: para ella no había prácticamente otra cosa que los colegios de los conventos femeninos, donde se le enseñaba a rezar y a bordar”. Si se cruzan las variables pertenencia étnica, de clase y de género, no cuesta mucho imaginar la condición de la mujer indígena o esclava.

En rigor, la lengua y la religión fueron instrumentos de aculturación (Calvo, 1996: 204) y, mejor, para decirlo sin eufemismos, de exacerbación del control social, político e ideológico de los colonizados en tiempos de las reformas borbónicas, en pro del fortalecimiento del poder estatal. La Iglesia y la religión operaron con notable eficacia en el modelado de un imaginario social indígena dominado por el miedo: toda contravención del orden y sus jerarquías era un atentado a los designios de la Providencia y, por lo tanto, debía ser severamente castigado. El papel de órgano de control para el Estado ejercido por la Iglesia se acentuaba en tiempos de rebeliones indígenas: entonces, los curas fungían de informantes de conspiraciones, movimientos, etc. (el confesionario era una buena vía para conocer planes y acciones) y “so pretexto de permanecer en la región para suministrar servicios religiosos, muchos sacerdotes actuaban como espías” (Spalding, 1974: 157). El miedo a las represalias desempeñó un papel decisivo durante las luchas por la independencia y se resignificó durante la dominación oligárquica.

38. El concepto “sociedades implantadas” fue elaborado por el Equipo sociohistórico del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela, dirigido por Germán Carrera Damas. Después fue aceptado por la UNESCO para su Historia General de América Latina (1999/2008). Los investigadores del CENDES sostuvieron que las formaciones económico-sociales latinoamericanas se gestaron y desarrollaron en el curso de un proceso complejo que llamaron de implantación, el cual comprendió tres fases: I, estructuración de los núcleos primeros y primarios de implantación; II, estructuración, desarrollo y crisis de las formaciones sociales latinoamericanas; III, conformación capitalista de las sociedades implantadas. La categoría “implantación” sintetiza dialécticamente tres fuentes de determinaciones principales: las formaciones sociohistóricas indígenas, el crecimiento de las economías europeas –dentro de las cuales se gesta y desarrolla el capitalismo– y el desarrollo del proceso de implantación en sí mismo (CENDES, 1982).

39. Se entiende que debido al derrumbe de la población no hubo mayores resistencias. Más bien las hubo por la búsqueda de alejarlos de huacas y mochaderos.

40. Con lugar de trabajo asignado por el virrey (con preferencia de las minas) y con salario normado y subvaluado, menor al salario libre.

41. “La sobreexplotación existe, se puede afirmar, cuando la remuneración del trabajo se sitúa a nivel inferior al de la reproducción de la fuerza de trabajo.

El estudio de la explotación y de la sobreexplotación entrelaza los problemas de la reproducción de la fuerza de trabajo con aquellos de la demografía y de la producción, en particular la producción de bienes de subsistencia puesto que, en el organismo, la transformación de estos bienes por el metabolismo produce la energía humana” (Melliassoux, 1979: 11).

42. Es de rigor mencionar la polémica entre el argentino Rodolfo Puiggrós y el germano-norteamericano André G. Frank publicada en 1965. Frank desplegó largamente su argumentación en su libro Capitalismo y subdesarrollo en América Latina (1970). La posición del feudalismo fue expuesta por el italiano Marcello Carmagnani en Formación y crisis de un sistema feudal. América Latina del siglo XVI a nuestros días (1976). Cabe señalar que la cuestión del carácter feudal había sido abonada por José Ingenieros, José Carlos Mariátegui y, en una clave políticamente más militante, Rodolfo Puiggrós y Jorge Abelardo Ramos.

43. Decimos “grandes” porque había muchísimas unidades de producción medianas y pequeñas, más todas las tierras comunales, integradas en el circuito de abastecimiento del mercado interno. Agradecemos a Silvia Palomeque por habernos llamado la atención sobre este punto.

44. La hipótesis de las tres matrices societales fue expuesta inicialmente por Waldo Ansaldi en sus clases de Historia Social Latinoamericana y publicada por primera vez en Ansaldi (2000a: 176-179), siendo reiterada en otros textos posteriores. En su origen, la hipótesis es tributaria de una de Medina Echavarría (1964: 30-38) sobre la función modeladora de la hacienda. En cambio, la hipótesis de la cuarta matriz, que se expone más adelante, se presenta por primera vez en este libro.

45. No ignoramos la temprana existencia de estancias ganaderas –ya a comienzos del siglo XVI– en el norte de México, las sabanas neogranadinas y el Tucumán de lo que desde el siglo XIX es territorio de Argentina, entre otras áreas. Tampoco ignoramos que, como observara Magnus Mörner (1975: 16) hace un tiempo atrás, la “típica hacienda colonial” parece haberse constituido en algunas áreas de América Latina solo después de la independencia. Un caso notable es, conforme François Chevallier (1999), la sierra sur peruana, donde el predominio de la hacienda fue un fenómeno de la bisagra entre los siglos XIXy XX.

46. Sobre el proceso de ocupación del espacio y el papel de las ciudades en la organización del territorio en América del Sur desde una perspectiva integral, seguimos a Martin Lou y Muscar Benasayag (1992).

47. Pau-brasil es un árbol de excelente madera y tintura que crecía en matas aisladas desplegadas por el litoral atlántico, desde cabo São Roque, en el noreste, hasta São Vicente, en el litoral sur, en la llamada costa do pau-brasil.

48. Recuérdense las Bulas de Donación (1493).

49. En la actualidad, Francia continúa ocupando colonialmente las islas de Guadeloupe, Martinique, el norte de Saint-Martin (llamada oficialmente Collectivité de Saint-Martin) y Saint-Barthélemy.

50. Recordemos que este fijaba el meridiano de partición de las tierras de ambos países a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.

51. Guyane, oficialmente un Département d’Outre-Mer, ostenta hoy, con las islas Malvinas, arrebatadas por los británicos a los argentinos en 1833, la lamentable condición de relictos de la política colonialista europea en América del Sur. Además, durante mucho tiempo, Guyane fue tristemente conocida por sus terribles cárceles, donde eran recluidos presos metropolitanos condenados a trabajos forzados. Entre 1794 y 1805, fue el tiempo de los presos políticos, y desde 1852 hasta 1938 (cuando fueron abolidos los trabajos forzados como pena y cesaron los envíos al penal, que fue cerrado recién en 1952), el de los delincuentes comunes, aunque también de condenados por razones políticas, como el capitán Alfred Dreyfus y el militante anarquista Clément Duval, que pasaron cuatro y catorce años, respectivamente, en una de las tres cárceles guyanesas, la de Île du Diable (las otras eran las de Saint-Laurent-du-Maroni y Cayena). El trato en ellas fue uno de los más crueles y brutales de los que se tiene registro. En 1969, Henri Charrière –un delincuente menor condenado en 1931 a trabajos forzados a perpetuidad por un asesinato que no cometió– publicó el famoso libro autobiográfico, Papillon, verdadero testimonio documental del horror de la prisión guyanesa, de la cual se fugó en 1951.

52. La sesmaria era un instituto jurídico aplicado en Portugal desde el último cuarto del siglo XIV con el objetivo de estimular la producción y llevar adelante una política de poblamiento. Estaba inspirado en el régimen grecorromano de la enfiteusis, del cual se diferenciaba por reemplazar el pago de un canon por la obligación de cultivar la tierra dentro de un período determinado. El incumplimiento implicaba la pérdida de la cesión. El sistema de la sesmaria se aplicó en Brasil con variantes. Persistió hasta 1822, cuando cesó y fue reemplazado por la compra-venta de tierra como única forma de acceso a esta. En cuanto a las capitanías generales, perduraron hasta 1821, transformándose la mayoría en provincias. Antes, en la década de 1750, las reformas pombalinas abolieron la transmisión hereditaria de las capitanías generales y las pasaron casi por completo del dominio privado al estatal.

53. Bandeirantes es la denominación de hombres –étnicamente una mezcla de portugueses, mamelucos (mestizos) e indígenas tupí– que, a partir del siglo XVI, incursionaron en el interior brasileño (selvas amazónica y misionera). Comenzaron su expansión desde la villa de San Pablo de Piratininga (São Paulo), población establecida por los lusitanos que se caracterizaba por no encontrarse en el litoral atlántico sino en el altiplano, pasando la Serra do Mar. Aislados del comercio y sin demasiadas opciones económicas, buscaron crearlas mediante incursiones –bandeiras– sobre poblados indígenas con el objetivo de apoderarse de estos y venderlos como esclavos para las plantaciones de caña de azúcar. Entre los logros de su expansión se cuenta el hallazgo de oro y diamantes en el territorio que luego se llamará Minas Gerais. En 1641, los guaraníes sometidos a los jesuitas frenaron su avance hacia el sur en la batalla de Mbororé, en la actual provincia argentina de Misiones. El poder colonial lusitano –a veces los apoyó directamente, otras no– los utilizó en las luchas contra los cimarrones, especialmente en el caso de la campaña final (1690-1695) contra el quilombo de Palmares, y contra las revueltas indígenas, como en la gran rebelión en Rio Grande do Norte conocida como “Guerra dos Bárbaros” (1683-1713).

54. El excelente filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na terra do sol (1963), acotan Rowe y Schelling, “muestra cómo la ideología jesuita fue transformada en un maniqueísmo popular, con su creencia en una posible inversión del orden social”.

55. Téngase presente que entonces Portugal estaba anexado a España. En efecto, entre 1580 y 1640 ambos países estuvieron unidos –Imperio Hispano-Portugués o Unión Ibérica–,gobernados por un mismo rey, tres sucesivos Felipe (II, III y IV de España; I, II y III de Portugal), de la Casa de Habsburgo.

56. La composición era un procedimiento legal para deslindar las propiedades. Como los indígenas, para quienes la concepción de la propiedad privada no existía, no entendieron necesario ratificar sus títulos sobre las tierras que ocupaban desde siempre, los grandes terratenientes aprovecharon el procedimiento para apoderarse de tierras de las comunidades.

57. A partir de los libros de Silvio Zavala y de Lesley B. Simpson, en 1940, los historiadores discutieron –particularmente en las décadas de 1960 y 1970– la hipótesis tradicional que sostenía que la hacienda era la continuación y derivación de la encomienda. Algunas investigaciones, como las de Mario Góngora sobre Chile, probaron discontinuidad entre ambas formas, mientras otras, como las de Juan Villamarín sobre Colombia, mostraron continuidad. Para un estado de la cuestión del debate en esos años, véase Mörner (1975). Este proceso fue complejo y escapa a nuestro objeto tratarlo aquí. En pocas palabras, nosotros seguimos la proposición de Palomeque, para quien primero existieron grandes empresas agrarias que luego devinieron en haciendas.

58. Céspedes del Castillo (1994: 218) señala que “la hacienda es un término genérico que designa realidades socioeconómicas muy diversas y, por lo tanto, puede resultar equívoco”. Luego sostiene: “[d]efinirla como una gran propiedad rural agrícola, ganadera o mixta de climas templados que es a la vez una unidad económica y una microsociedad o comunidad rural, no es ya hoy una buena definición” (sin indicar por qué). En este punto, claro, disentimos con el historiador español.

59. Wolf y Mintz (1975: 493) afirman: “Una propiedad agrícola operada por propietarios dirigentes (por lo general organizados en sociedad mercantil) y una fuerza de trabajo que les está supeditada, organizada para aprovisionar un mercado de gran escala por medio de un capital abundante y donde los factores de producción se emplean principalmente para fomentar la acumulación de capital, sin ninguna relación con las necesidades de estatus de los dueños”.

60. Siguiendo la pauta de costumbre, utilizamos indistintamente las expresiones Inglaterra y Gran Bretaña y, para después de 1800, Reino Unido. En rigor deben distinguirse: a) Inglaterra y País de Gales, una unidad económica y política; b) Gran Bretaña, formada en 1707 por Inglaterra, País de Gales, Escocia e islas adyacentes; c) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, formalmente constituido en enero de 1801 y existente hasta diciembre de 1922, cuando la última se separó para dar origen al Estado Libre Irlandés, gobernado por una monarquía constitucional, que en 1937 cambió su nombre por el de Éire o Irlanda, y en abril de 1949 se convirtió en república.

61. “En la medida de su autonomía, el proceso general podría definirse como de aculturación generalizada y caracterizarse por la influencia de los núcleos urbanos europeos sobre el mundo indígena rural –influencia dominante– y por la contraria, del mundo rural indígena sobre el urbano, influencia secundaria pero lo bastante fuerte para hacer de las ciudades europeas ciudades indianas, con un sello de originalidad respecto a su modelo ultramarino” (Céspedes de Castillo, 1994: 195).

62. En geografía urbana se distingue, en los análisis a escalas regional y local, entre la posición o situación, para el primero, y el emplazamiento, para el segundo. “Podemos decir que la posición es la ubicación de la ciudad en relación con hechos naturales susceptibles, en el pasado o en el presente, de influir en su desarrollo, el cual a su vez está vinculado a su facilidad de irradiación. Se trata, pues, de una noción de valor relativo, expresada en función de los factores circunstanciales de desarrollo urbano y urbanización. […] Entendemos por emplazamiento el marco topográfico en el cual la ciudad se ha enraizado, al menos en su origen” (George, 1964: 47; itálicas del autor). También puede consultarse Martin Lou y Muscar Benasayag (1992), citado más arriba.

63. En 1700 murió, sin heredero, Carlos II de España. Su opción aun en vida, ratificada en su último testamento, fue por Philippe d’Anjou, nieto del Borbón francés Louis XIV y de la española María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, en detrimento del archiduque Karl, hijo del emperador austriaco Leopold. Las potencias europeas reconocieron la voluntad del monarca español, pero la decisión del Rey Sol de ocupar parcialmente los Países Bajos y obtener de Felipe V, el nuevo monarca español, el gobierno de estos provocó en Europa el temor de constitución de un bloque franco-español capaz de alterar el orden político continental. Así, Gran Bretaña y Holanda formaron la Gran Alianza –a la cual se sumaron luego Dinamarca, Prusia, la mayoría de los principados alemanes, Saboya y Portugal–, declarando la guerra a España y Francia –a las cuales se sumó Baviera– en 1702. Dentro de España, Felipe V contó con el apoyo de Castilla y, por recelar del centralismo Borbón, la oposición del principado de Catalunya y los reinos de València, Mallorca y Aragón. La guerra, en el transcurso de la cual los británicos ocuparon Gibraltar (donde aún permanecen), dio un giro decisivo al morir el emperador austriaco y sucederle en el trono su hermano, el archiduque Karl. Este hecho llevó a pensar en una eventual restauración geopolítica similar a la de los tiempos de Carlos V de Austria (I de España) y, de allí, a negociaciones diplomáticas que culminaron en el Tratado de Utrecht (1713), aunque la guerra continuó en el interior de España, donde Catalunya y Mallorca resistieron hasta la capitulación de 1714. En represalia, Felipe V promulgó los Decretos de Nueva Planta (1707, 1715 y 1716), los cuales abolieron el gobierno propio de los territorios rebeldes. La represalia fue particularmente dura con los catalanes. En América, la Guerra de Sucesión potenció la actividad de la piratería, que vivió su Edad de Oro (1715-1725).

64. En 1580, tras la muerte del rey de Portugal, Henrique, la disputa internacional por la sucesión –la cual involucró a siete aspirantes– se resolvió en favor del Habsburgo español Felipe II, designado también rey de Portugal, con el nombre de Felipe I, por las Cortes de Tomar. Bajo su reinado, Portugal dispuso de cierta autonomía, pero sus sucesores, Felipe II y Felipe III (que fueron Felipe III y Felipe IV de España), consideraron al reino como una provincia española más, generando reacciones antiespañolas y demandantes de independencia, entre ellas las fallidas revueltas de 1634 y de 1637. Finalmente, en 1640, apoyados por Francia y aprovechando la rebelión de Catalunya (la guerra dels Segadors, 1640-1652), los independentistas lusitanos logaron su objetivo. El duque de Bragança, fue designado rey, João IV. La dinastía de los Bragança reinó en Portugal hasta la proclamación de la república, en 1910.

65. El proceso independentista latinoamericano tuvo estrecha vinculación con el proceso político y económico europeo, no solo por la obvia razón de la pertenencia geográfica de España, Portugal y Francia. Incluso, algunos historiadores explican las independencias hispanoamericanas como un epifenómeno o una proyección de la revolución española de 1808-1823, proposición que tiene antecedentes en el siglo xix. Así, por caso, el argentino Juan Bautista Alberdi las había interpretado como un detalle de la revolución española, siendo esta, a su vez, un detalle de las revoluciones francesa y europeas.

66. El traslado de la corte portuguesa a Brasil fue un acontecimiento sin parangón en la historia del colonialismo: el traslado masivo de las máximas autoridades metropolitanas –bien entendido que en una situación de fuga ante la invasión del reino por las tropas francesas– a una de sus colonias, en este caso, la más importante del imperio lusitano. El traslado se hizo en dos flotas que zarparon de Portugal en noviembre de 1807 y arribaron a Brasil en enero de 1808. “Trasladar millares de personas a Brasil por el océano Atlántico junto con toneladas de papel, libros y el Tesoro Real ciertamente fue una de las tareas más espectaculares y épicas de esa época”, según Patrick Wilcken (2005: 85). Rio de Janeiro, la capital de la colonia, devino, entre 1808 y 1821 –año del regreso a Lisboa de João VI, rey desde 1816– capital imperial. La colonia de Brasil fue elevada al rango de reino en 1808, afirmado en diciembre de 1815 con la creación del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Para Fernando Novais (1985: 298), el traslado de la Corte marcó “la primera ruptura definitiva del antiguo sistema” colonial. La conversión de la colonia en sede de gobierno –añade– explica tanto la forma peculiar de la independencia brasileña como el advenimiento del liberalismo en Portugal.

67. Por razones teóricas, preferimos no utilizar la expresión “elite”. Cuando lo hacemos, no la empleamos como categoría analítica sino meramente descriptiva, es decir, tal como la define la Real Academia Española, minoría selecta o rectora.

68. Los ingleses obtuvieron de Francia la posesión de Senegal, partes de la India (excepto Mahé, Yanaon, Pondicherry, Karikal y Chandemagor, que siguió controlando hasta el siglo XX), más los territorios ocupados en Canadá, los ubicados al este del Mississippi y al oeste de los Apalaches (salvo Nueva Orleans), y las islas caribeñas de Dominica, Granada, San Vicente y Tobago. En compensación, Francia recuperó las islas antillanas de Guadeloupe y Martinica, y conservó los derechos de pesca en Terranova. Los británicos cambiaron a los españoles la Florida y el derecho de libre navegación por el Mississippi por la devolución de Filipinas y La Habana. España obtuvo de los franceses la Louisiana, al tiempo que abandonó el norte de Portugal y la Colonia del Sacramento, en el Río de la Plata, que había ocupado durante la guerra. El Tratado de Hubertusburg ratificó a Silesia como territorio de Prusia. La Louisiana volvió efímeramente a Francia en 1801, y en 1803 pasó a Estados Unidos, que la compró a Napoleón Bonaparte. Cabe señalar que el amplísimo territorio de la Louisiana colonial abarcaba los actuales estados norteamericanos de Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota (al sur del río Mississippi), buena parte de Dakota del Norte y casi todo Dakota del Sur, el noreste de Nuevo México, el norte de Texas, y secciones de Montana, Wyoming, Colorado, además de Louisiana, a ambos lados del río Mississippi. Esa superficie equivale a casi un cuarto del actual territorio estadounidense. La compra incluyó también partes de las actuales provincias canadienses de Alberta y Saskatchewan.

69. “Espacio peruano” es la denominación dada por Assadourian (1983a: particularmente cap. IV) a una vasta extensión geográfica comprendida en el Virreinato del Perú y en la que coincidían las dimensiones económica y política, amén de la integración regional. Con todos los resguardos del caso “los límites políticos de entonces no coinciden exactamente con los actuales”, abarcaba lo que hoy son Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.

70. En 1797, en el contexto de las llamadas guerras napoleónicas, los británicos ocuparon Trinidad y Tabaco, islas que España cedió al Reino Unido por la Paz de Amiens en 1802.

71. Sobre la aristocracia limeña, sigue siendo imprescindible Flores Galindo (1984). Este excelente libro, que combina la historiografía y la sociología, es clave para entender la constitución de la estructura social del Perú colonial, no solo no abolida por la independencia, sino consolidada en sus características fundamentales durante la República.

72. La Exposición de 1783 es un texto muy conocido por los estudiosos del período. Puede verse, por ejemplo, en Alfonso García-Gallo, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 3ª edición, 1967, II, pp. 718-721. También está disponible en línea en varios sitios.

73. Tinta era un importante centro comercial en el cual se vendían las mulas provenientes de Salta, que se distribuían luego por todo el virreinato. La Feria de Tinta, acota Scarlett O’Phelan (1988), tenía gran importancia regional.

74. La rebelión de los comuneros de Nueva Granada comenzó con reacciones populares contra la aplicación de las reformas borbónicas en materia fiscal, cuyo grado de exacción fue considerado excesivo. La consigna de los rebeldes era “¡Viva el Rey! ¡Abajo el mal Gobierno!”. También en este caso la represión del poder colonial fue brutal. El jefe comunero neogranadino José Antonio Galán, un mestizo, fue ahorcado.

75. Guampos, chapetones, cotenses, gachupines, godos, y en el mundo andino pucacunca (en quechua: pescuezo colorado), fueron algunas de las tantas denominaciones empleadas por los criollos –con desprecio– para referirse a los españoles y, cuando las guerras de independencia, también a los americanos leales al rey.

76. Nuestra síntesis se basa en Calvo (1996: capítulo VII).

77. La medida dispuesta por Carlos III tenía un precedente en la propia España, donde Felipe V, tras el fin de la Guerra de Sucesión, prohibió el uso del català (catalán), en buena medida por la oposición de Catalunya/Cataluña a su entronización. La prohibición se repitió bajo la dictadura de Francisco Franco, más de doscientos años después, por el mismo motivo: la rebeldía (en este caso republicana y anarquista) catalana.

CAPÍTULO 3

LA DISOLUCIÓN DEL ORDEN COLONIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER ORDEN INDEPENDIENTE

La ruptura del nexo colonial como revolución

La historiografía sobre el proceso de ruptura de la dominación colonial es extensísima y ha propuesto una vasta gama de hipótesis coincidentes, complementarias, antagónicas, excluyentes… Se trató de un proceso para muchos inesperado. Como pregunta Benedict Anderson (1993: 81) a propósito de las colonias españolas: “¿Por qué el imperio hispanoamericano, que había persistido tranquilamente durante casi tres siglos, se fragmentó de repente en 18 Estados distintos?”. En rigor, la dominación colonial no fue tan “tranquila”, como se vio en el capítulo 2, ni la fragmentación en 18 nuevos países fue tan rápida. Pero el núcleo duro de la pregunta es bien pertinente. Jorge Domínguez señala que se trata de “acontecimientos complejos que han sido extensamente estudiados pero poco analizados”. A su juicio, la pregunta clave es: “¿Por qué algunas colonias escogieron la insurrección mientras que otras permanecieron leales en las mismas circunstancias internacionales?”. O, en otros términos: “¿Por qué no ocurrieron guerras de independencia por doquier, y por qué difirió el proceso, tanto que se requirió la conquista militar para expulsar a los españoles de América, para consternación de tantos de sus antiguos súbditos que habían luchado por salvar al imperio?” (Domínguez, 1985: 11-12). Tras una investigación centrada en “la relación entre la participación política y la respuesta del Gobierno y la capacidad de las instituciones gubernamentales para adaptarse más allá de crisis transitorias”, basada en la teoría de la competencia entre elites y utilizando el método comparativo (casos de Chile, Cuba, México y Venezuela), Domínguez ha construido hipótesis alternativas para eliminar o atenuar otras hipótesis plausibles, muchas de ellas muy difundidas: 1) la de la movilización social; 2) la del movimiento “precursor” (“las explosiones políticas de masas” previas a 1810); 3) la subjetiva del comercio exterior (en sus dos versiones); 4) la de las modernas ideas intelectuales; 5) la del desplome de la legitimidad imperial en 1810; 6) la del amor a España (en las ciudades donde no hubo levantamientos); 7) la de las elites criollas insurgentes por no tener acceso a los cargos públicos; 8) la del desplome del gobierno por tradicional y rígido; 9) la de las insurrecciones independentistas como culminación de procesos generadores de conciencia de su propia identidad entre los hispanoamericanos.

Para Domínguez, “[l]os cambios sociales, políticos y económicos a largo plazo habían diferenciado internamente al imperio español de América, conduciendo a la formación de grupos en competencia consciente. Al desplomarse la legitimidad imperial, estos grupos preexistentes pasaron de la competencia por status y riqueza a la competencia por el poder […] La explicación de los comienzos inmediatos de las guerras de independencia en 1810 […] depende del comportamiento político de las elites; de si se levantaron en armas, y de cómo”. Para responder a ello, sostiene el autor, es necesario analizar las relaciones de regateo político de elites, masas y gobierno. A su juicio, “[l]a política se encuentra en el meollo de la explicación […] Economía, sociedad, la invasión napoleónica o las ideas de la Ilustración, aun cuando contribuyeran a las explicaciones en casos particulares, no explican sistemáticamente las variables de insurrección y lealtad dentro y entre las colonias durante el período de las guerras de independencia”. La reconstrucción política se explica, sostiene el mismo autor, por el análisis de las elites: “El regateo político y la formación de coaliciones políticas son las principales explicaciones tanto de lealtad como de insurrección en el desplome del imperio español de América” (Domínguez, 1985: 276-277).

Jacques Solé entiende que el derrumbe del régimen colonial ibérico fue preparado por muchas tensiones anteriores. En el caso de la América española, fue importante la fuerza opositora de “la elite criolla” a los “métodos del despotismo ilustrado” adoptados por la metrópoli a partir de 1760. Aunque, alrededor de 1780, los criollos se plegaron con dificultad a las rebeliones de indígenas y mestizos, no dejaron de mostrar aspiraciones independentistas en las cuales se mezclaron “el antiguo orgullo criollo, las nuevas ideas de la Ilustración y el descontento provocado por las reformas”. Así, al estallar, el movimiento rupturista surgió portando “los estigmas de las contradicciones inherentes a la situación del mundo hispanoamericano”. Como otros historiadores, Solé considera que la crisis institucional de la monarquía española creada por las abdicaciones de los Borbones en 1808 fue más decisiva que “la influencia eventual de la Revolución Francesa”. Las juntas constituidas por doquier, excepto en Lima y México, levantaron un programa opuesto al de los jóvenes liberales reunidos en Cádiz y convergente “con el patriotismo criollo más tradicional” (Solé, 2008: 271 y 293).

A su vez, en Brasil, considera el mismo autor, la “elite criolla” –compuesta por propietarios esclavistas– también se opuso a las reformas del despotismo ilustrado, pero lo hizo sin poseer “ni las tradiciones ni los problemas de sus homólogos españoles”. Cuando logró la independencia, en 1822, optó por establecer un imperio capaz de “defender el orden social tradicional”. Los plantadores brasileños eran conservadores y se opusieron fuertemente a “los esfuerzos de la Academia de Ciencias de Lisboa por desarrollar la agricultura de su colonia” (Solé, 2008: 271 y 303).

Por su parte, el punto de partida de John Lynch para explicar el proceso es que el sistema colonial ibérico –sobre todo el español– se había asentado en un trípode más o menos equilibrado: 1) la Corona y la administración monárquica; 2) la Iglesia Católica, y 3) las clases propietarias locales. La primera detentaba el poder político; la segunda, el ideológico; las terceras, el económico. En el imperio español ese delicado equilibrio fue roto, según argumenta Lynch, por la política de los Borbones. El despotismo ilustrado fortaleció el poder estatal y amenguó el privado, afectando fuertemente a las clases propietarias americanas. Las reformas –políticas, administrativas, militares, económicas, financieras, etc.–, a las que aludimos en el capítulo anterior, fueron concebidas por sus propulsores “como un desarrollo racional” y por “las elites locales […] como un ataque a los intereses” propios, una contradicción destacable. Un aspecto sustantivo de la política borbónica fue el ataque a las corporaciones y sus privilegios –“Todo privilegio es odioso”, decía el conde de Campomanes–, lo cual, como es obvio, afectó intereses y posiciones bien consolidadas, tanto institucionales –la Iglesia, el ejército– como privados. “El poder de la Iglesia, aunque no su doctrina, fue uno de los blancos principales de los reformistas borbónicos”. Es que ella gozaba de fueros de inmunidad para sus miembros –sustraídos a la jurisdicción civil– y era poseedora de enormes riquezas que la habían convertido “en la principal fuente de inversión de capitales en la América española” (Lynch, 1991c: 5-6).

Lynch (1976: 27) considera las reformas borbónicas como la segunda conquista de América por España –la que fue, básicamente, “una conquista burocrática”– y ese carácter es el que le permite considerar las independencias como una reacción americana anticolonial, “un mecanismo de defensa puesto en movimiento por la nueva invasión española del comercio y los cargos oficiales”.

El ejército –sobre todo a partir de 1760– fue reestructurado profundamente, apuntando a mejorar sustancialmente la defensa de las colonias, fundada en milicias americanas, toda vez que los recursos materiales no permitían dejarla en manos de efectivos peninsulares. Se abrió, así, una posibilidad de ingreso de criollos a la oficialidad, lo cual les permitía gozar de fueros y privilegios similares a los de los oficiales españoles. Empero, sobre todo después de la derrota de las milicias locales en la represión de la rebelión andina (1780-1782), esa posibilidad se restringió fuertemente, en particular en Nueva España y Perú, no así en otras áreas del imperio, donde “las crecientes necesidades defensivas probaron ser más fuertes que los prejuicios imperiales contra los americanos”. La breve experiencia cedió lugar a una política de defensa confiada al ejército regular, a cuyo frente –como también se decidió en el caso de las milicias– estaban oficiales españoles. Al mismo tiempo, fue restringido el alcance del fuero militar para los criollos. Al menos en Perú, ambas medidas, en tanto frenaron las posibilidades de promoción, contribuyeron, en opinión de Lynch, a generar resentimientos, que en su momento no fueron manifiestamente visibles. En Nueva España, el virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, conde de Revillagigedo, creía que armar a indígenas, negros y castas era una locura, al tiempo que dudaba de la lealtad de los oficiales criollos (apreciación curiosa, pues él era nacido en La Habana). Al parecer, “la hostilidad oficial contra las instituciones y privilegios corporativos coincidió con una fuerte reacción contra la participación criolla en el gobierno” (Lynch, 1991c: 8).

Las reformas borbónicas también significaron un mayor control de la economía por la Corona, no solo para impedir el desarrollo de actividades productivas competitivas con similares producidas en la metrópoli, sino para reforzar y reorientar en dirección a Madrid los excedentes de producción y los ingresos (incrementados), buena parte de los cuales se emplearon en el financiamiento de las guerras en las que la Corona se empeñó. Dos medidas, apunta Lynch, afectaron fuertemente a las clases propietarias criollas: 1) la creación de monopolios para algunas mercancías, como aguardiente, tabaco, pólvora, sal y otros productos de consumo; 2) la recuperación, por parte de la Corona, de la percepción tributaria directa, hasta entonces en manos de particulares. Las alcabalas y otros impuestos a las ventas “continuaron obstruyendo todas las transacciones”, agravadas por el incremento de la tasa, que pasó del 4 al 6%, y una mayor rigurosidad en su percepción. “Los nuevos ingresos normalmente no se gastaban en América ni en trabajos ni servicios públicos. Rápidamente se convertían en metálico que se enviaba a España, desproveyendo de dinero a las economías locales”. En los años buenos, las colonias proveían hasta el 20% de los ingresos del Tesoro real, aunque esta importante contribución descendió casi hasta cero en los años finales de la dominación colonial española como consecuencia de la guerra contra Inglaterra, en particular durante 1797-1802 y 1805-1808 (Lynch, 1991c: 9).

Las breves consideraciones anteriores son datos significativos de la coyuntura de crisis de la monarquía española y con ella de la dominación colonial. Al tratar de explicar las que ha llamado “causas profundas de las revoluciones de independencia”, Thomas Calvo (1996: 287-289) sostiene que la búsqueda de estas equivale a plantear tres dilemas, dos de los cuales formula en términos interrogativos: ¿crisis o crecimiento?, el primero, del orden de la economía; ¿modernidad o tradición?, el segundo, del orden de la cultura. El tercer dilema, del orden sociopolítico, refiere a la cohesión del conjunto.

Al primer dilema, Calvo responde diciendo que había crecimiento, sí, pero desigual y asociado a estructuras tradicionales, con obrajes reacios a incorporar innovaciones (y en consecuencia con dificultades para el pasaje a fábrica) y con campos con mayor número de hombres trabajándolos, pero no mejor cultivados. En cuanto al segundo dilema, su posición es que Iberoamérica no solo estaba desfasada respecto de sus metrópolis –a su vez, periféricas de la Ilustración–, sino que era provinciana, con una cultura profundamente clerical, como bien lo mostraba la principal posesión española, México, donde 84% de los libros publicados eran religiosos. El tercer dilema, sugiere implícitamente Calvo, da cuenta de una lectura oficial de la realidad colonial en términos de ausencia de cohesión social y, por lo tanto, de peligro inminente (por lo menos hasta las revueltas de 1808), lectura que llevó a descuidar al ejército y sobrestimar la cohesión imperial, aun cuando esta era mayor en la América portuguesa. Sin embargo, hacia 1800 ya existía un americanismo crecientemente incompatible con la hispanidad proclamada –pero este solo fue observado por unos pocos perspicaces, como el reformista Conde de Aranda y el geógrafo y explorador prusiano Friedrich Heinrich Alexander, Barón de Humboldt–, pues, entretanto, se seguía creyendo en el principio de la monarquía patrimonial, conforme el cual el soberano era personalmente rey en cada reino. Calvo acota que no debe subestimarse el peso de este principio de legitimidad, apreciable incluso en movimientos radicales como los de Tupaq Amaru, Hidalgo y Morelos, y, agregamos, la apelación a la “máscara de Fernando VII”, tempranamente expresada en la decisión de la pionera junta de Caracas de asumir el gobierno en calidad de “conservadora de derechos” del rey cautivo –los dos últimos en 1810 cuando se desate la ola revolucionaria independentista. Para Calvo, la brutal ruptura del vínculo, “sobre todo en 1808, no [fue] a causa de la voluntad americana, sino de los acontecimientos españoles”.

Haití: la revolución menos esperada y más inquietante

El punto de partida de la formación de las sociedades latinoamericanas como economías capitalistas dependientes y de sus respectivos Estados se encuentra en la ruptura de la situación colonial, en la bisagra de los siglos XVIII y XIX, resuelta no más allá de 1825, excepto en Cuba, Puerto Rico y las colonias francesas (Guyane e islas antillanas), y aquí otra vez con la excepción de Saint-Domingue, que fue pionera. En efecto, la pequeña colonia fue escenario de la violencia desatada por esclavos contra sus “amos imperiales”. La revolución se inició en 1791 y fundó sus demandas en los principios filosóficos de la Revolución en Francia, su metrópoli: libertad, igualdad, fraternidad. La lucha concluyó a fines de 1803, proclamándose la independencia el 1º de enero de 1804 y retomando su nombre original, el que le habían dado los taínos, arrebatado por los conquistadores: Haití. De este modo, en 1804, Haití constituyó el primer caso latinoamericano de ruptura con la metrópoli. No deja de ser paradójico que el nombre dado a la nueva República no tuviese nada que ver con las raíces históricas y culturales de los antiguos esclavos, africanas ellas, y sí con un pueblo que había sido eliminado por los conquistadores y no había sido siquiera coetáneo de los africanos trasplantados tan oprobiosamente.

La consideración de Haití es clave para entender el desarrollo del proceso independentista latinoamericano en razón del impacto directo que su revolución tuvo sobre los grupos dominantes españoles y de su efecto multiplicador en el espacio americano continental. También, el caso es clave por el estímulo a la rebelión que propició entre los esclavos de otras colonias, tal como efectivamente ocurrió en Guadeloupe y Saint Lucia en 1794, y en Cuba, Puerto Rico y Venezuela en 1795. Además, cuenta el hecho de que Saint-Domingue era por entonces la mayor economía azucarera del mundo. Como consecuencia de la revolución independentista y de los niveles de violencia que alcanzó, muchos de los plantadores de la pequeña colonia francesa emigraron a Cuba, potenciando allí una economía plantoesclavista azucarera que la colonia española no conocía en gran escala y que tendría efectos de larga duración sobre su sociedad y sobre Latinoamérica toda. Asimismo, la revolución en Saint-Domingue tuvo sus repercusiones en el resto de la isla, donde los españoles habían establecido su dominio, bajo el nombre de Santo Domingo. Este territorio se independizó como República Dominicana en 1844. Su proceso independentista es, pues, subsidiario del haitiano.

En 1697, por la paz de Ryswick, España había recuperado de manos francesas la zona de Cataluña y, por el mismo tratado, había cedido a Francia el extremo occidental de la isla La Española, de hecho, ocupado por los franceses desde hacía unas décadas. El impulso de los franceses a la economía plantoesclavista hizo de esa pequeña porción de la isla, ahora bautizada Saint-Domingue, la colonia de plantación más próspera del Nuevo Mundo y el dominio más valioso para Francia. La cesión del territorio occidental de la isla fue en verdad más tácita que efectiva. Y si bien frente a la ocupación francesa España adoptó una “política de tolerancia”, esta se desmoronaría en la medida que los acontecimientos europeos cambiaran la configuración de fuerzas locales, abriendo una fisura propicia para el avance español. Y si bien en 1795 el Tratado de Basilea comprometió a España a ceder a Francia sus dominios en la isla La Española, el gobierno francés no hizo inmediatamente efectiva la ocupación por considerar que solo un ejército de soldados blancos podría garantizar que la rebelión de esclavos no se propagase por todo Santo Domingo.

Los capítulos americanos de la historia europea, en particular los de la Revolución Francesa, y los capítulos europeos de la historia latinoamericana están entreverados en Haití quizá más que en cualquier otro espacio colonial. El proceso de independencia desatado en la pequeña colonia de Saint-Domingue tuvo un significado histórico destacado, pues allí convergieron en un mismo conflicto la guerra de independencia, la guerra civil y la guerra internacional por la posesión de la muy valiosa economía azucarera.

Los franceses establecieron en sus colonias caribeñas una triple economía, como la llama Laurent Dubois (2004a: 1) la “oficial”, dedicada a la producción agrícola basada en el trabajo esclavo en las plantaciones; 2) la de la comercialización de esa producción en el mercado mundial mediante su control monopólico, empleando sucesivas y únicas Compagnies privadas dotadas de amplios poderes, incluso políticos, pues podían nombrar autoridades coloniales (hasta 1720, cuando se disolvió la última de ellas –la Compagnie de Saint Domingue– y la Corona asumió directamente el control político de sus colonias y su comercio) y el exclusif, un mecanismo montado a partir del reinado de Louis XIV y su ministro Jean-Baptiste Colbert, según el cual los plantadores tenían la obligación de vender su producción exclusivamente a comerciantes franceses y 3) la economía paralela esclavista, en la cual los esclavos cultivaban sus tierras y/o producían sus artesanías, las cuales podían comercializar en el mercado local. Eduardo Grüner (2010: 305) destaca la importancia de esta economía, que permitió generar y expandir “redes sociales más o menos subterráneas que se sustraían al altamente estructurado mundo de la plantación. Esa sociedad paralela proveniente de la economía paralela tenía, a pesar de los estrictísimos controles y vigilancia a la que estaban sometidos los esclavos, posibilidades de desarrollo inimaginables para los amos […] y constituyó un factor decisivo en la organización de las rebeliones, los levantamientos y aun las revoluciones propiamente dichas, como la de Haití”.

El sistema colonial era triangular y sus vértices eran África –lugar del intercambio comercial de esclavos por mercancías manufacturadas–; las Antillas
–donde se vendían los esclavos africanos y se adquiría materia prima–, y Francia, donde la materia prima se transformaba en productos manufacturados para los mercados interno y externo. Va de suyo que la metrópoli y su burguesía eran las grandes beneficiarias de este comercio, si bien los plantadores antillanos también hacían un buen negocio.

El comercio de esclavos y de productos de extracción colonial (azúcar primordialmente, pero también café, cacao, tabaco, algodón y cueros) de Saint-Domingue enriqueció en tiempo muy breve a una clase mercantil metropolitana ubicada en los puertos atlánticos (Burdeos y Nantes, en particular), muchos de ellos comerciantes que reinvertían sus ganancias en la isla y dominaban el circuito financiero que vinculaba a la pequeña colonia con su metrópoli. Según Torcuato Di Tella (1984: 23), a fines de la década de 1780 existían en la colonia 789 plantaciones de algodón, 3.100 de café, 3.100 de índigo, 673 de víveres y casi 800 ingenios de azúcar. Si se tiene en cuenta la superficie de la colonia, fácil es colegir que se trataba de unidades de producción más bien pequeñas.

La economía azucarera creció a un ritmo vertiginoso (tanto que la colonia se convirtió en la mayor exportadora de azúcar, llegando a comercializar dos tercios del total vendido en el mercado mundial), razón por la cual en la pequeña colonia se creó una estructura social muy compleja y con rasgos bien singulares respecto de las relaciones interétnicas. Hacia 1789, cuando se inició el proceso revolucionario francés, Saint-Domingue estaba atravesada por una trama de relaciones, y de contradicciones, verdaderamente explosiva.

Para entonces, la colonia ya había conocido, en el mismo siglo XVIII, un movimiento antiesclavista precursor. Entre 1748 y 1751, el esclavo africano François Macandal, asumiéndose como un iluminado por las divinidades superiores africanas para expulsar de la isla a los blancos –impronta del vudú– y constituir un reino independiente de africanos y afroamericanos, se levantó en armas con unos 400 cimarrones que practicaron la guerra de guerrillas, atacando e incendiando plantaciones e infringiendo fuertes golpes a los colonos, si bien estos terminaron venciéndolo y lo condenaron a morir en la hoguera, pena ejecutada en Le Cap en enero de 1758.

Más tarde, en octubre de 1790, el mulato Vincent Ogé –recién retornado de Francia, donde vivió el comienzo de la Revolución– encabezó un grupo de 350 para reclamar a la Asamblea de Port-au-Prince la igualdad de derechos para negros y mulatos. La demanda fue rechazada y los manifestantes reprimidos con harta violencia. Tras algunas escaramuzas armadas favorables, los rebeldes fueron vencidos por las fuerzas francesas, refugiándose en la vecina colonia española de Santo Domingo, donde fueron apresados por las autoridades y reenviados a Saint-Domingue. Ogé y otros dirigentes de la revuelta fueron brutalmente torturados y finalmente decapitados, y sus cabezas fueron expuestas en la plaza pública (febrero de 1791).

Por entonces, la colonia estaba poblada en un 80 o 90% (casi 500.000 personas) por negros esclavos, en su mayoría afectados al trabajo en las plantaciones agrícolas. Los affranchis (mulatos y negros libres, que emulaban las costumbres francesas) sumaban cerca de 30.000, y aunque los blancos sumaban algunos más (40.000), se trataba de un sector con amplio poder. Los affranchis habían conseguido acceder a posiciones económicas de jerarquía, en particular, la propiedad de la tierra y de los esclavos. Al comienzo de la colonización por parte de los franceses, la población blanca era tan magra que enseguida se dio un proceso de diversificación social por el cual fueron los libertos de color quienes ocuparon ciertas posiciones. La existencia de mulatos y negros propietarios de plantaciones es un dato excepcional, y es clave para entender el proceso de independencia de los dominios francés y español de la isla.

Ante la incontenible movilidad social ascendente de más de un liberto, la discriminación se exacerbó. Si bien se habían eliminado explícitamente las discriminaciones dispuestas por el Code Noir, lo cierto es que hubo, progresivamente, disposiciones que afectaron socialmente a los affranchis. Así, los blancos –agentes de la administración, plantadores y comerciantes–, también denominados grands blancs, afirmaron su identidad como grupo en función de su enfrentamiento con los metropolitanos pero también con este sector de la población colonial al cual percibían como una verdadera amenaza. Este resentimiento era compartido también por los petits blancs –en general, empleados menores de la administración colonial, empleados de los grandes comerciantes, tenderos y artesanos– que se consideraban racialmente superiores pero no tenían la fortuna económica de los affranchis. La estructura social de la pequeña y muy próspera colonia era mucho más compleja que lo que estos antagonismos señalan. La desaparición de la población aborigen, como en otros espacios coloniales, había sido suplida por el ingreso masivo de esclavos de origen africano, pero en la pequeña Saint-Domingue el éxito azucarero y la presencia de una metrópoli menos preocupada por la “limpieza de sangre” hizo posible una diferenciación social que cristalizó en una compleja estructura de relaciones sociales, cuyo rasgo más destacado fue la constitución de un grupo de mulatos (e incluso algún negro liberto) con acceso a la propiedad de tierras y de esclavos.

Hacia 1789, cuando se inició el proceso revolucionario francés, Saint-Domingue presentaba una trama de relaciones sociales cuyas tensiones no tardaron en estallar. Salvo los agentes de la administración colonial, que no tenían certeza frente a la posición que les correspondería en el nuevo escenario metropolitano, y que en razón de esto se mantuvieron fieles a la causa de la monarquía, el resto de la población de la pequeña colonia se vio imbuido del espíritu revolucionario. Los grands blancs no solo denunciaban la relación colonial desigual a la que estaban sometidos sino que, en igual medida, se enfrentaban a la alta burocracia colonial (civil y militar), que consideraban corrupta y demasiado inclinada a favor de los affranchis. Por su parte, los petits blancs y los affranchis reclamaban acceso a espacios que les eran negados y para los cuales se sentían legítimamente habilitados por su condición étnica, los primeros, y en razón de su condición económica, los segundos. No obstante esta coincidencia entre ambos grupos, los petits blancs no dejaban de ver con recelo las posiciones obtenidas por los mulatos y estos, por su parte, exigían que Francia reconociera sus derechos civiles y políticos en pie de igualdad con el resto de los hombres libres; recordemos que inicialmente los principios proclamados por la Revolución Francesa no se aplicaban ni a los esclavos ni a los mulatos o negros libres. En cuanto a la aplicación de los principios revolucionarios sobre la población esclava, ninguno de los grupos mencionados arriba la consideraba una posibilidad.

En otro de sus trabajos, Dubois (2004b) arremete contra las interpretaciones tradicionales de la Revolución Haitiana y sostiene la hipótesis que adjudica a esta el carácter de momento fundacional de la democracia, toda vez que proclamó una auténtica universalización de los Derechos del Hombre, superando los propios límites de la Revolución Francesa. Dubois también postula estudiar la primera revolución latinoamericana no en los términos canónicos de apelación a la violencia radical –la que, a su juicio, por lo demás, es comprensible, habida cuenta de la brutalidad de la explotación de los esclavos– y al clivaje racial, sino en los que giraron en torno a la libertad y la igualdad. Dubois incorpora un componente más en su original análisis, la transculturalidad. Según su parecer, la sociedad de Saint Domingue estaba atravesada por un complejo entrecruzamiento de tres culturas: la de los pueblos originarios, la de los colonizadores europeos (española y francesa) y la africana. Esta transculturidad se advierte en las ideologías, las posiciones políticas y la cosmovisión de los sujetos sociales de la Revolución, en particular en los esclavos insurgentes y sus dirigentes. El sincretismo es apreciable en la lengua créole, en la religión vudú y en la peculiar síntesis entre republicanismo y monarquismo que formularon los líderes rebeldes en los primeros años de la Revolución (78).

El papel central de la lucha de los afroamericanos de Saint-Domingue en la efectiva universalización de los derechos del hombre también ha sido señalado por Maurizio Ricciardi. Para él, aquellos se rebelaron “tomando completamente en serio el sueño republicano de los sans culotte parisinos y de los jacobinos”. No pidieron la libertad sino, de manera aún más radical, afirmaron su convicción “de haber nacido libres y estar en condiciones de organizar autónomamente su propia existencia”. Así, hicieron valer la universalización de los derechos humanos “fuera y aun contra la historia de su ideación”. Fue una acción revolucionaria porque marcó “una inesperada aceleración del tiempo histórico” (Ricciardi, 2003: 85).

Recientemente, Grüner (2010: 34; itálicas del autor) ha dado un interesante tratamiento de la Revolución Haitiana como modernidad reprimida, enfatizando que ella fue, no solo la más radical de todas las americanas, sino, incluso, “más ‘francesa’ que la francesa”, en tanto sí se propuso objetivamente realizar la universalidad de los principios proclamados por la burguesía metropolitana “al postular la plena emancipación y otorgar igualmente plena ciudadanía a los esclavos afroamericanos”.

Cabe recordar, como lo hace Ricciardi, que, mucho antes, Alexis de Tocqueville había llamado la atención, en De la démocratie en Amérique, respecto de la contradicción existente entre el discurso de los derechos y las prácticas racistas. Escribía el francés que los europeos habían “violado, con respecto al negro, todos los derechos de la humanidad y luego lo ha[bía]n instruido acerca del valor y la inviolabilidad de esos derechos”.

En la medida en que la Revolución Francesa fue acentuando su perfil democrático, el conflicto en la isla quedó dirimido principalmente entre estos tres bandos: los grands blancs, los petits blancs y los affranchis. Llamativamente, los esclavos, que asistieron pasivamente a la propagación de la causa revolucionaria francesa en la versión que cada uno de los bandos daba de ella, fueron finalmente los primeros en encender la llama triunfal. Pese al apoyo a la causa liberal revolucionaria que prestó la Société des Amis des Noirs, formada por mulatos residentes en París, el reclamo de igualdad jurídica de los affranchis fue brutalmente acallado. Como ya vimos, su líder, Vincent Ogé, fue capturado y ejecutado en 1790, tras una revuelta que, sumada a otros hechos, generó consecuencias irrefrenables.

El 22 de agosto de 1791 –apenas siete meses después de la decapitación de Ogé y sus compañeros–, una reunión político-religiosa de esclavos delegados de distintas plantaciones en Bois Caiman dio comienzo a la insurgencia, dirigida por un sacerdote vudú apellidado Boukman. Desde allí, se propagó rápidamente por todo el norte de la colonia con un alto contenido de violencia contra los plantadores y sus propiedades. Los insurgentes controlaron el territorio norteño y constituyeron un ejército conducido por Jean François y Biassou, al tiempo que la revuelta se propagó hacia el oeste y el sur, donde los plantadores movilizaron militarmente a sus propios esclavos con la pueril pretensión de enfrentar a los insurgentes, pues los mismos desertaron de sus amos y se sumaron a la rebelión. La ciudad portuaria de Cap Français (actualmente Cap Haïtien) estuvo permanentemente sometida a la violencia y cientos de plantadores fueron asesinados o se vieron forzados a emigrar. En poco tiempo, grupos de libertos se unieron a la lucha y también hubo más revueltas de esclavos, que buscaron apoyo en los españoles de Santo Domingo.

En Francia –donde en 1791 se aprobó una Constitución que estableció la monarquía constitucional, con fuerte recorte del poder del Rey–, la Asamblea Nacional seguía con atención la marcha de la insurgencia esclava, decidiendo el envío de comisionados para restablecer el orden en la colonia. Según Dubois (2004b), los líderes rebeldes aspiraban a llegar a un acuerdo con los plantadores, con quienes comenzaron a negociar en términos moderados. Dubois señala que el intento se frustró tanto por el rechazo de los colonos como por el de las propias bases rebeldes, opuestas a cualquier tipo de pacto. Al continuar la guerra, la Asamblea francesa adoptó la línea política propuesta por Jacques Pierre Brissot –fundador de la Société des Amis des Noirs, partidaria de la abolición de la esclavitud–, y el 4 de abril de 1792 aprobó la ley que concedió los derechos civiles reclamados por los mulatos, con lo cual las fuerzas metropolitanas se vieron engrosadas al unir a los esclavistas. Con esta medida, comenta con ironía Dubois, la Francia iluminista, paradójicamente, rompió las barreras del racismo y amplió la aplicación de la ciudadanía solo para evitar reconocer la libertad y la igualdad de los esclavos.

Los grands blancs, por su parte, recurrieron a las fuerzas de Gran Bretaña establecidas en Jamaica en busca de apoyos para conseguir la independencia. En palabras de Frank Moya Pons (1991: 127), “lo que comenzó como una revuelta de esclavos, se había convertido ya en una guerra civil –de mulatos contra blancos y de plantadores contra las autoridades centrales– y en una guerra internacional con la participación de España, Inglaterra y Francia”. En efecto, la internacionalización del conflicto intracolonial fue un hecho decisivo. Los esclavos insurrectos derrotaron primero a las fuerzas monárquicas francesas y luego se opusieron a la invasión española, a una expedición inglesa de 60.000 hombres y, por último, a una nueva fuerza de ocupación francesa de 70.000 soldados.

Con vistas a resolver el conflicto y terminar con la resistencia de los plantadores blancos, en septiembre de 1792, el Gobierno de Francia –ya República, tras la destitución de Louis XVI y con ella el fin de la monarquía, el 10 de agosto– envió una Comisión Civil. Uno de los tres miembros de esta Comisión era Léger Felicité Sonthonax, quien se vio cercado por diferencias entre los comisionados civiles, el avance español desde Santo Domingo y la amenaza cada vez más cierta de ser sometido por las poderosas fuerzas inglesas que los grands blancs habían convocado –y cuyo poder los acontecimientos europeos habían resignificado, cuando Francia declaró la guerra a Gran Bretaña y cuando el rey Louis XVI fue guillotinado y la República instaurada. En estas circunstancias, Sonthonax tomó una decisión clave: en 1793 decretó la abolición de la esclavitud y ganó para sus filas a un grupo harto numeroso de negros (la abolición fue ratificada por la Convención Nacional Francesa en 1794 y extendida a todas las colonias de su dominio). De aquí surgió el liderazgo de François Dominique Toussaint Louverture, quien, acogiéndose al decreto de Sonthonax, pasó las fuerzas que comandaba al bando francés, permitiendo con esto la derrota de los ingleses y de los españoles, que, de todos modos, todavía contaban con un vasto apoyo por parte de los esclavos que no se habían plegado a Sonthonax. Con la abolición de la esclavitud, también hubo divisiones entre los mulatos: algunos mantuvieron su fidelidad a la Francia revolucionaria mientras que otros se pasaron a la causa de los plantadores esclavistas blancos.

Toussaint asumió como gobernador general y comandante en jefe de la isla en nombre de Francia. Entre 1794 y 1798, afirmó su poder: el gobernador de la colonia, Etienne Laveaux, regresó a Francia y así lo hizo también Sonthonax, al tiempo que los españoles se replegaron a Santo Domingo y los británicos abandonaron sus aspiraciones a cambio de beneficiosas concesiones comerciales. El regreso de Sonthonax, argumenta Sabine Manigat (1983: 5), colocó a Toussaint como única autoridad y abrió el camino hacia la independencia: guerra del sur, ocupación del este, expulsión de los últimos representantes metropolitanos y aprobación de la Constitución. De modo previsible, la guerra civil estalló, pero la astucia y habilidad de Toussaint le permitieron controlar la situación (fundamentalmente, vencer a jefes con quienes había compartido antiguas luchas, en particular, Benoit Joseph André Rigaud, un mulato que controlaba el sur del territorio de Saint-Domingue). Hacia 1800, Toussaint había asumido como gobernador de la colonia y, en condición de tal, implementó cambios significativos para recuperar los niveles de productividad agrícola, estableciendo estrechas relaciones comerciales con Estados Unidos, de donde recibía armamento y otras mercancías.

Bajo la autoridad de Toussaint Louverture se constituyó un Estado no nacional, pero con autonomía de decisión y acción respecto de otros. El período 1794-1797 fue principalmente el de consolidación de ese Estado de hecho, con la intención de garantizar la efectiva abolición de la esclavitud. Desde 1797 se produjeron, añade Manigat, hechos decisivos como las transformaciones en el poder, la reorientación (con límites) de la economía, la organización social interna y las pugnas y contradicciones básicas en el seno de la sociedad. En todo el proceso dominó el Ejército: “Garantía suprema de la libertad de los negros […], fuerza política, base de la organización económica, garantía de la integridad territorial, fundamento del orden social, modelo de estratificación económico-social”. Entonces, cobró fuerza la cuestión de la tierra, a partir de la cual surgieron “embriones de proyectos alternativos correspondientes a diferenciaciones dentro de la masa de trabajadores”: los cultivadores, la mayoría y “base indispensable de la plantación”, que no se sintieron “en absoluto partícipes del nuevo orden económico”; los trabajadores urbanos, artesanos o gente de servicio, y los “independientes”, “herederos directos de los cimarrones de la época de la esclavitud […], sector irreductible frente al nuevo Estado y nunca […] reducidos hasta la invasión napoleónica”. La coincidencia entre cultivadores e independientes en torno a la reivindicación de la tierra y el contenido de la libertad general constituyó “el indicio más seguro” de la quiebra del “consenso alrededor de Toussaint” (Manigat, 1983: 2, 4-5, 8, 83-90).

En 1799, Napoleón Bonaparte puso en marcha la ocupación de la isla, pactada en el Tratado de Basilea en 1795, con el objetivo de debilitar a Toussaint y restituir el orden plantoesclavista que tantos beneficios había dado a Francia. Pero Toussaint tomó la delantera y en 1801 ocupó Santo Domingo. Por entonces, señala Manigat, el enfrentamiento de proyectos en el interior de Saint-Domingue había “llegado a su punto máximo”.

En 1801, una asamblea de diputados de los departamentos de la colonia de Saint-Domingue aprobó una Constitución que mantuvo la condición colonial de toda la isla principal y las adyacentes, asumiéndose como “parte del Imperio francés”, si bien sometida a leyes particulares” (art. 1). También abolió la esclavitud “para siempre” y dispuso que en el territorio de la colonia “todos los hombres nacen, viven y mueren libres y franceses” (art. 3). En materia de creencias estableció el monopolio de la fe católica, apostólica y romana, la única que podía profesarse públicamente (art. 6), al tiempo que negó la posibilidad del divorcio (art. 10), el cual, en cambio, fue reconocido en la Constitución imperial de 1805. La propiedad fue declarada “sagrada e inviolable” (art. 13) y las viviendas de todas las personas se consideraron “un asilo inviolable” (art. 63). En materia económica, se estableció la prohibición de importar productos similares a los producidos en la colonia. En el plano político, el artículo 19 dispuso que las leyes serían “propuestas por el gobernador y aprobadas por una asamblea de habitantes, que se reunirán en épocas fijas, en el centro de esta colonia, con el título de Asamblea Central de Santo Domingo” (art. 19).

En enero de 1802, una poderosa flota francesa desembarcó en varios puntos de la isla, bajo la dirección del general Charles-Victor Emmanuel Leclerc y con la colaboración de los propietarios españoles del oriente insular, reacios a ser gobernados por ex esclavos negros. En julio del mismo año, los ocupantes franceses restauraron la esclavitud. Toussaint fue derrotado y, víctima de una traición, detenido y enviado a Francia, donde murió en prisión (79). No obstante, la lucha continuó. Los negros y los mulatos se unieron bajo las órdenes de Jean-Jacques Dessalines, uno de los generales negros que controlaba el sur por designación de Leclerc, dispuesto por entonces a llevar la lucha –de liberación nacional, le llama Manigat (1983: 2), aunque entendemos que anticolonial es conceptualmente la expresión más precisa– hasta sus últimas consecuencias: la independencia. El 1º de enero de 1804, Dessalines y sus hombres declararon la independencia, después de la capitulación de las tropas francesas, fuertemente golpeadas por la fiebre amarilla y la muerte de Leclerc. Más de 70.000 soldados que fueron a la guerra bajo las consignas de la Revolución Francesa murieron en Haití defendiendo la restauración de la esclavitud. ¡Vaya contradicción la de la Modernidad!

La antigua colonia se transformó en République d’Haití (en el oficial idioma francés), o Republik Dayití (en el idioma popular créole) (80). Un año más tarde, Dessalines se autoproclamó emperador, adoptando el nombre de Jacques I. Ese mismo 1805 se aprobó una nueva Constitución –la segunda, pero la primera del país independiente– que ratificó la abolición de la esclavitud “para siempre” y la vigencia de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, como también la sacralidad de la propiedad. Dos artículos fueron especialmente novedosos y significativos, el 12 y el 14. El primero estableció: “Ninguna persona blanca, de cualquier nacionalidad, pondrá pie en este territorio con el título de amo o propietario ni, en el futuro, podrá adquirir propiedad aquí”, mientras que el segundo fue más allá: “Todas las distinciones de color desaparecerán necesariamente entre los hijos de una y la misma familia de la cual el jefe de Estado es el padre. Los haitianos serán conocidos de ahora en más por la denominación genérica de Negros” (itálicas nuestras). Grüner ha analizado agudamente el significado de este terminante párrafo final. Así, en primer lugar, el “todos somos negros” “es una inversión de los delirios clasificatorios que habían creído detectar más de cien tonalidades diferentes de ‘no blancura’. Pero no por ello ese enunciado implica una completa homogeneización, un nuevo universal abstracto […] El color negro del artículo 14 […] es político porque (y no a pesar de que) es el color de una piel que viene pegado a una carne: es la recuperación de una plena, irreductible materia en el seno de la abstracción ‘espiritualizada’ que domina la auto-representación del sistema-mundo”. En rigor, lo que aconteció es que los afroamericanos devenidos haitianos se apropiaron del “universalismo” proclamado por los 17 artículos de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen “y mediante ese gesto de apropiación desnudaron el carácter ideológico […] de dicho documento, que por supuesto otorgaba unos derechos que no alcanzaban a los esclavos afroamericanos […] demostrando entonces que el pretendido ‘universalismo’ no era sino un particularismo que, por haberse hecho hegemónico en tanto ideología de la nueva clase dominante, es decir, de una parte de la sociedad blanca, podía presentarse ilusoriamente como ‘universal’ […] Al particularismo universalista del pensamiento eurocéntrico se opone, pues, el universalismo particularista de los ex esclavos” (Grüner, 2010: 393 y 295; itálicas del autor).

Pero el primer párrafo del artículo 14 establecía también otra concepción, destinada a tener larga persistencia en América Latina: la del carácter paternalista con que el jefe de Estado ejerce el poder. El país era una sola familia y su cabeza era el emperador Dessalines. En la concepción de la época, la autoridad del pater no se discutía.

Por otra parte, es interesante analizar ambas Constituciones desde la perspectiva de género, en particular para mostrar otra limitación de la pretendida universalidad de los derechos declarada en 1789. Mirada desde esa perspectiva, la Constitución de 1801, que estableció la libertad como principio, fue mucho menos radical de lo que en efecto puede considerársela cuando solo se atiende al “hombre y el ciudadano”: estableció el matrimonio como tendiente a la pureza de las costumbres y la protección del Gobierno a las esposas y negó el divorcio. La misma Revolución Francesa no radicalizó los postulados de libertad e igualdad de tal modo de incluir a las propias mujeres francesas y sus demandas y críticas del patriarcado. En cambio, la Constitución de 1805, la misma que sancionó aquel artículo 14, presentado más arriba, estableció que “ningún blanco”, sea cual fuere su nacionalidad, pisaría territorio haitiano “con el título de amo o de propietario” ni podría en el futuro “adquirir propiedad alguna” (art. 12), pero dejó sin efecto esta cláusula respecto de las “mujeres blancas que han sido naturalizadas haitianas por el Gobierno como con respecto a los hijos que de ellas han nacido o están por nacer” (art. 13). De este modo, se preservaba la vida y el patrimonio de las mujeres blancas casadas con oficiales negros o de las viudas y disponibles en el mercado matrimonial (81).

La revolución haitiana tuvo un carácter espectacularmente violento, y los propietarios latinoamericanos contemporáneos tomaron buena nota de ello. Fue, como ha escrito Grüner, “un movimiento de una violencia inaudita”, practicada por uno y otro bando. Los insurgentes se cargaron a los europeos, a veces tan solo por ser blancos, y se masacraron entre ellos mismos. Los esclavos rebeldes, llegado el caso, mataron “a sus amos y a sus familias, a los blancos en general, a los mulatos que se pusieron en su contra, e incluso a los otros esclavos que permanecían leales a sus amos o simplemente no querían integrarse a la rebelión, lo hicieron sin miramientos, y muchas veces (porque siempre hubo nobles excepciones) lo hicieron de manera cruel y despiadada”, incluyendo violaciones, mutilaciones, decapitaciones, torturas, descuartizamientos… tal vez evitables. A su vez, los del otro bando no se caracterizaron por ser menos crueles, pues, como señala Grüner, “los rebeldes capturados fueron tratados por los blancos (amos, autoridades coloniales, jefes del Ejército) y por la fracción de los mulatos asociados con los blancos (pues eran ellos también propietarios, y el racismo de los blancos muchas veces tuvo que ceder ante los intereses de clase) con similar o aun mayor crueldad: también son numerosos los relatos de masacres indescriptiblemente horrorosas de mujeres, niños, ancianos y enfermos indefensos que los rebeldes se veían obligados a abandonar en su retirada y que entonces oficiaban de chivos emisarios de la frustración, el resentimiento y el pánico de los blancos”. Sin duda, el paroxismo de esta violencia contrarrevolucionaria fue el “de los bebés ensartados en la punta de las lanzas o las bayonetas para ser usados como terroríficos estandartes”. No extraña, pues, el balance de muerte: unas 200.000 personas –más de un tercio de la población negra– murieron en combate o fueron masacradas por los blancos. Se entiende, en consecuencia, la apelación a la violencia de los antiguos esclavos. Fue, según señala Grüner, una forma perversa de reaccionar contra las multiseculares dominación y explotación ejercidas precedentemente sobre ellos, “cuyo necesario rechazo no por ello elimina la violencia de la dominación a la cual responden” (Grüner, 2010: 226-228 y 440; itálicas del autor).

La independencia de Haití repercutió inmediatamente en la vecina Santo Domingo. Allí, desde que el Tratado de Basilea de 1795 había dispuesto la cesión del territorio a Francia, la vida colonial se había vuelto muy incierta. Durante la ocupación de Toussaint y sus proyectos de reorganización de la producción agrícola, los sectores dominantes de Santo Domingo terminaron de definir sus lealtades: Napoleón y la dominación francesa resultaron más atractivos que el sometimiento a un jefe negro. En 1805, sin embargo, Dessalines estuvo listo para la invasión con vistas a recuperar un territorio que reclamaba como propio. El enfrentamiento dejó a Santo Domingo en ruinas, pero los haitianos no lograron consolidar su poder y Santo Domingo siguió bajo dominio francés. En los años siguientes, las relaciones entre ambas partes se restablecieron fundamentalmente por la necesidad de Haití de contar con el ganado que producía Santo Domingo, pero el conflicto permaneció latente.

En 1808, Napoleón invadió España y este hecho desencadenó una nueva fase de violencia en la isla. Desde Puerto Rico, Juan Sánchez Ramírez, un poderoso terrateniente dominicano exiliado en esa colonia, se hizo eco de los preceptos juntistas en España y regresó a su isla para luchar contra los franceses y por la restauración de la dominación española. Enseguida, fuerzas inglesas de Jamaica, que tenían contacto con Puerto Rico, bloquearon el puerto de Santo Domingo. Finalmente, los franceses se rindieron, pero, para irritación de los dominicanos, que los habían enfrentado cuerpo a cuerpo durante largo tiempo, la rendición del enemigo fue ante las fuerzas navales inglesas, que además exigieron de los dominicanos ciertos beneficios comerciales. España siguió, entonces, dominando la porción oriental de la isla.

Un año antes, Haití se dividió en dos como consecuencia de la fractura entre la mayoría negra y la minoría mulata. Dessalines había muerto en 1806, víctima de una conspiración después de haber pasado a propiedad del Estado la mayor parte de las tierras, cuestión que generalizó el descontento de muchos sectores de la población. En el norte, donde predominaban las plantaciones, el poder quedó en manos del general negro Henri Christophe, desde 1811, cuando se autoproclamó rey, hasta 1820, año de su suicidio. En el oeste y en el sur, donde era predominante la presencia de affranchis, el Estado se organizó constitucionalmente con forma republicana mediante un Congreso bicameral y un presidente vitalicio bajo el mando de mulatos: el general Alexander Pétion, sucedido en 1818 por Jean-Pierre Boyer, en el caso del oeste, y bajo la dirección de André Rigaud, en el sur (hasta su muerte en 1812). En 1820, Boyer ocupó la parte norte, donde un grupo de rebeldes había buscado apoyo en sus vecinos y donde la muerte de Henri Christophe había allanado el camino.

En 1822, Boyer avanzó sobre la parte oriental de la isla, buscando la unificación con Santo Domingo, que un año antes, tras varios años de desencantamiento con la restauración de una Corona española (desde 1814) que poco hacía para resolver los problemas de los dominicanos, había proclamado la independencia y establecido el Estado Independiente del Haití español bajo el liderazgo de José Núñez de Cáceres. Esta independencia fue efímera: en febrero de 1822, la isla se unificó bajo un gobierno republicano con Boyer como presidente vitalicio. La ocupación haitiana terminaría en 1844, cuando finalmente los dominicanos se separaron de sus vecinos occidentales.

Un año antes, el general Boyer había sido depuesto por una revuelta militar, apoyada tanto por los opositores haitianos como por los sometidos dominicanos, todos rechazaban su política agraria, que buscaba restituir la plantación azucarera, cuyos beneficios servirían para pagar la deuda contraída con Francia a cambio del reconocimiento de la soberanía, obtenida en 1838. Una serie de regulaciones impositivas y una política de haitianización de la población oriental de la isla sumaron su parte al descontento.

La revolución de independencia había dejado saldos devastadores en términos económicos y sociales. Los grands blancs, en su mayoría, habían muerto en manos de los ejércitos de mulatos y negros o habían emigrado a colonias vecinas, aunque Toussaint Louverture procuró repatriarlos. Los sucesivos gobiernos haitianos no consiguieron rearticular la economía de plantación. Durante su gobierno, Pétion repartió las tierras entre sus soldados, conforme una distribución acorde al rango militar de cada uno, y los mulatos recuperaron las propiedades que les habían sido confiscadas. No obstante, la conjunción de subdivisión de la tierra, la abolición del trabajo forzado y la escasez de capitales y de fuerza de trabajo terminó ocluyendo el desarrollo de la economía. Al colapso de la plantación esclavista productora y exportadora de azúcar (pero también de otros cultivos, como el algodón y el añil) le sucedió una estructura agraria minifundista, familiar y de subsistencia, apenas vinculada al mercado mundial. Haití se sumergió entonces, y hasta hoy, en una miseria sin parangón.

La revolución terminó con la plantación esclavista, pero no con el latifundio. Este se mantuvo, cambiando de propietarios: de los grandes blancos franceses (que también habían provisto la tecnología y los capitales) a negros y mulatos haitianos, muchos de ellos generales de los ejércitos independentistas. De la plantación azucarera esclavista se pasó al latifundio trabajado por campesinos sujetos a relaciones de servidumbre con los nuevos latifundistas, con métodos anticuados y baja productividad, o bien productores mercantiles simples con capacidad apenas para la autosubsistencia. Fue también el pasaje de la economía azucarera a la economía cafetalera, con sus implicancias cuantitativas y cualitativas, pues el cultivo del café era una actividad solo recolectora, poco favorable a la constitución de un mercado interno, pero suficiente para generar, amén de los hacendados propietarios, la aparición de un reducido núcleo de comerciantes
–consignatarios extranjeros y mulatos haitianos– dedicados a la venta del café en el mercado internacional y devenidos burguesía compradora fuerte, con altos ingresos y creciente poder social y político. Se constituyó una reducida clase agraria y comercial dedicada principalmente a la explotación del café, étnicamente mulata y negra. Los mulatos que la integraban eran hijos de colonos, a menudo poseedores de “tierras y esclavos desde antes de la revolución de 1791-1804, que entraron luego en posesión de las tierras de sus padres”, mientras que los negros habían devenido propietarios de tierras merced a su paso por el Ejército libertador (generales) o por la burocracia estatal (altos funcionarios). Gérard Pierre-Charles la llama una mutación y sitúa sus comienzos con el propio Dessalines (1804-1806), continuándola Henry Christophe (1806-1820). Fue una clase que se benefició con la apropiación del excedente económico producido por los campesinos. La diferenciación étnica desempeñó un papel importante, alimentando una larga conflictividad armada, característica de la historia política de Haití hasta 1915. La polarización se produjo “entre el sector mulato agroexportador más urbanizado y el sector negro preferentemente latifundista”. El primero, mejor preparado, se creía superior y, por lo tanto, con derecho al control en propiedad del poder, del cual poseía una buena porción, asegurada por el clientelismo. El segundo –fuerte en el Ejército– se caracterizó por un notable dinamismo político e ideológico, manejando con habilidad su condición e identidad étnicas “para presentarse como representativo de las mayorías” (Pierre-Charles, 1981: 176-179).

Cabe una digresión: el liderazgo de la gran rebelión de los esclavos de Saint Domingue fue ejercido por hombres que habían escapado a la condición de esclavos o no tenían la condición de esclavos. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe habían sido esclavos que, en determinado momento, alcanzaron la condición de libres. André Rigaud era un mulato, hijo de un rico plantador blanco y una esclava, educado en Francia. Alexander Pétion (cuyo nombre real era Anne Alexandre Sabès) y Jean-Pierre Boyer también eran mulatos libres educados en la metrópoli. A su vez, Vincent Ogé era un mulato hijo de un rico plantador blanco francés. Cuando la toma de la Bastilla, el futuro rebelde estaba en París haciendo negocios cafetaleros.

El aislamiento de Haití fue aún más pronunciado, puesto que se trataba de un país gobernado por ex esclavos, y esto incomodaba gravemente las relaciones con las principales potencias europeas y Estados Unidos, cuyo presidente Thomas Jefferson consideró la libertad de los antiguos esclavos como un mal ejemplo e instó a “confinar la peste en esa isla”. El Congreso norteamericano, además, se sumó al bloqueo de la isla impulsado por Francia y España. De hecho, Estados Unidos reconoció la soberanía de Haití recién en 1863, cuando los estados esclavistas del sur se separaron. Las presiones para que Haití pagara a Francia una suma de dinero fueron un factor que obstaculizó seriamente la construcción de un Estado nacional. En efecto, en 1825, el rey de Francia, Carlos X, trocó el reconocimiento de la independencia de la isla a cambio de una indemnización de 150.000.000 de francos oro, cifra igual a la del presupuesto anual francés de entonces. Este hecho brutal e inmoral generó una deuda –llamada eufemísticamente “de la independencia”– que Haití terminó de pagar recién ciento veintidós años después, en 1947.

A partir de estos años, Haití y República Dominicana estuvieron subsumidas en una constante inestabilidad política. Entre 1849 y 1858, Haití retornó a la fórmula monárquica y, entre 1861 y 1865, República Dominicana volvió a manos de los españoles. Con todo, la Revolución haitiana fue un claro intento de transformar radicalmente la sociedad y la política. Pese a su fracaso en el plano social, Haití fue el primer país independiente y la primera República en Latinoamérica, como también la primera República negra en el mundo. La revolución política había triunfado, aunque su triunfo extensivo en la América continental demoraría casi todo el siglo en consolidarse y, en algunos casos, incluso más.

El ciclo revolucionario-independentista fue iniciado, entonces, por los esclavos de Saint-Domingue en agosto de 1791 y se cerró recién en diciembre de 1824, en Ayacucho, o en agosto de 1825, con la proclamación de la República de Bolivia. Este ciclo se desplegó en cuatro momentos (82): 1) 1791-1808: crisis de la dominación colonial, insurrección de los esclavos en Saint-Domingue, proclamación de la República de Haití, invasiones inglesas al Río de la Plata, invasión francesa a la Península Ibérica; 2) 1809-1815: situación revolucionaria en casi todas las colonias españolas, primeros levantamientos frustrados (en el área andina) y primeros movimientos independentistas parciales y brevemente exitosos, con continuidad solo en el Río de la Plata, área no recapturada por el poder colonial. En este segundo momento hubo predominio de las alas radicales. El proceso fue coetáneo de la guerra entre España y Francia, y concluyó con el retorno de Fernando VII al trono y el ejercicio despótico del poder. Manfred Kossok (1989: 160) denomina este período “primera fase de la revolución de independencia”; 3) 1815-1820: reflujo revolucionario-independentista, recuperación colonial por parte de España, opción conservadora en el bastión rioplatense, fracaso de los separatistas pernambucanos en Brasil y sublevación liberal de los ejércitos español y portugués; 4) 1820-1824/1825: recuperación exitosa de los movimientos independentistas, o “segunda fase de la revolución de independencia”, según Kossok. Durante este lapso ocurrió la independencia de todas las colonias españolas (excepto la de las islas de Cuba y Puerto Rico) y en el Brasil de dominio portugués. En el proceso hubo predominio de las corrientes moderadas, cuando no conservadoras.

Saint-Domingue, devenida Haití, no fue solo la primera colonia europea en América Latina que alcanzó su independencia. Más allá del posterior fracaso de un proceso revolucionario social sin parangón, no debe olvidarse que sin Haití independiente no habría habido, al menos, Venezuela independiente. En efecto, la gesta libertadora de Simón Bolívar contó inicialmente con el formidable y decisivo apoyo –material, militar y moral– de Pétion y el pueblo haitiano, con la sola retribución de la abolición de la esclavitud en Venezuela.

Con toda su complejidad, las independencias, tanto en Saint-Domingue como en las colonias españolas (y, con otros matices, en Brasil), tuvieron un claro desencadenante en hechos externos, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas que llevaron a la ocupación de España y Portugal. En este sentido, se asemejan a varios casos europeos, en particular, a los efectos que aquí nos interesan, a Italia. No obstante, las diferencias no son triviales. La ocupación francesa en países europeos provocó guerras de independencia que, en rigor, fueron de liberación nacional, es decir, por recobrar la condición independiente y el estatuto político-jurídico de Estados preexistentes. En sus artículos en el New York Daily Tribune, publicados en 1854, Marx sostenía que todas las guerras por la independencia en los países ocupados por los franceses llevaban “simultáneamente en sí la impronta de la regeneración mezclada con la de la reacción”, fenómeno que alcanzó su expresión más intensa en España (83). En la América española, en cambio, las guerras de independencia, favorecidas por la ocupación napoleónica de las metrópolis (no del propio territorio), fueron anticoloniales, vale decir, para lograr la condición independiente y para construir el Estado nacional. Más exactamente, devinieron anticoloniales en el decurso de la dialéctica abierta por la crisis de la monarquía española tras la ocupación francesa (84). No fueron de liberación nacional porque la nación no existía. En este cuadro hay, por lo menos, dos excepciones importantes: en Europa, Italia, que no existía como Estado unitario antes de la ocupación francesa, pero que tampoco era una colonia; en América Latina, Saint-Domingue (Haití), donde la revolución fue, en rigor, un epifenómeno de la misma Revolución Francesa. Pero, en todos los casos (incluso en Brasil), las diferencias históricas no anulan las coincidencias en la lógica de la construcción de los Estados modernos.

Hemos destacado el carácter desencadenante –mas no determinante– de los episodios y procesos europeos para escapar a una explicación monocausal que deja de lado las condiciones internas de las colonias. En rigor, la ruptura de la dominación ibérica, sobre todo la española, fue el resultado de una doble dialéctica, parte de la cual fueron las contradicciones generadas por la propia situación colonial.

El carácter de las independencias en Hispanoamérica –en Haití y Brasil la cuestión es otra– ha sido motivo de controversias entre los estudiosos de todos los tiempos. Si analizamos el caso venezolano, Germán Carrera Damas (1986: 31 y ss.) planteó dos interrogantes que pueden aplicarse en todos o, al menos, buena parte de los otros casos: la independencia, ¿fue una guerra civil o una guerra internacional? ¿Fue o no una revolución? No entraremos aquí en el análisis de la polémica y los argumentos esgrimidos a favor de una u otra de las posiciones. En cambio, señalaremos sucintamente nuestro argumento. Diremos, entonces, que las de independencia fueron revoluciones políticas, anticoloniales. Lo fueron por sus resultados, pues, en rigor, en muchos casos fueron guerras civiles por su contenido (en la América española a menudo se enfrentaron americanos contra americanos, unos partidarios del rey, otros de la República), aunque pocas veces guerras de clases. Haití, México (con los movimientos iniciados en 1810) y la Banda Oriental artiguista tuvieron un contenido mucho más radical y podrían haber sido revoluciones sociales, pero el resultado no lo fue. Es que condiciones de posibilidad no siempre generan condiciones de realización. Para Sergio Bagú (1985), esas fueron “revoluciones sociales que desviaron su curso o fueron dominadas mediante la violencia institucionalizada”. También Brasil constituyó una excepción, pero de otra índole: en este caso porque la independencia se alcanzó sin guerras (lo cual no significó, como veremos, que el proceso estuviera exento de violencia) y con continuidad de la casa de Bragança en el poder: fue “una ‘revolución sin revolución’, obra de un Piemonte sin rivales significativos, internos o externos”, una “restauración progresiva” que combinó “la reactualización de la base de la economía colonial [esclavista] con el liberalismo” (Vianna, 1998: 186-187). Ese liberalismo constituyó, según Florestan Fernandes (1975: 33), el “elemento revolucionario” que en el proceso de diferenciación de la sociedad civil brasileña actuará, a lo largo del tiempo, como esmeril del orden señorial-esclavista.

Una guerra civil es una confrontación bélica en la que los contendientes –con fuerte presencia de civiles– dirimen, en el interior de un mismo territorio de pertenencia (pueblo, ciudad, provincia, estado, país), intereses y/o proyectos sociopolíticos, económicos, ideológicos, religiosos o de otra índole, antagónicos e incluso excluyentes. En el siglo XIX latinoamericano, los contendientes eran europeos (blancos), nativos (indígenas, mestizos, blancos criollos) y africanos o afroamericanos (libres, algunos; esclavos, otros; semiserviles, la mayoría). En tanto los Estados y las fronteras no estaban del todo definidos, los contendientes locales solían contar con fuerzas provenientes de otros países. Los beligerantes pelearon por la ruptura o por la continuidad del nexo colonial: por la libertad y la igualdad (revolución social) o solo por el cambio de gobierno; por la república o por la monarquía; por el liberalismo o por el conservadurismo. Las guerras de independencia fueron civiles, por ese contenido, enfrentando a menudo a miembros de un mismo grupo social (clase en constitución), dentro de los cuales el origen (europeo o americano) no fue necesariamente una línea de corte. Las guerras civiles pueden ser o no guerras de clases. Las de América Latina, dijimos recién, no fueron, en su gran mayoría, guerras de clases antagónicas, opuestas y contradictorias.

Carrera Damas (1995: 38) ha planteado una explicación fuerte: “La disputa no era propiamente en relación con la ruptura o la preservación del orden colonial, sino en relación con el control de la estructura de poder interna de la sociedad implantada colonial, generada en el marco de ese nexo”. Sostiene que el enfrentamiento (en Venezuela, pero para nosotros extensible a otros casos) se fundó en las divergencias de diagnóstico y, en particular, de pronóstico, respecto de la duración y el desenlace de la crisis del nexo colonial que formularon los grupos antagónicos de la clase dominante criolla. Para un grupo, se trataba de replantear el nexo colonial mediante una monarquía constitucional, es decir, manteniendo el principio legitimador y el ejercicio de los mecanismos de represión social (preservación estática de la estructura de poder interna) (85); para el otro, de sustituir el nexo colonial por un proyecto nacional fundado en un nuevo principio legitimador y aplicando formas de control de los conflictos sociales (preservación dinámica de la misma estructura). Pese a la virulencia del conflicto, ambos coincidían en lo fundamental: preservar la estructura de poder interna (86). He ahí “la plataforma de diferencias” sobre la cual se planteó la confrontación entre uno y otro grupo. Fue una dialéctica de integración/disgregación (Carrera Damas, 1986: 42 y 21). Sin embargo, con todos los reparos, el proceso, argumentamos, no dejó de ser una revolución política. Juan Bautista Alberdi ya lo había mostrado para el caso argentino –pero pasible de extender a otros espacios de América Latina–, señalando que su revolución fue política, pues cambió el gobierno, mas no la sociedad, de lo cual buena prueba era la conservación de la legislación colonial (87).

Ahora bien, ¿qué es una revolución?

Una digresión teórico-conceptual acerca de la revolución

La revolución es un tema clásico de las ciencias sociales. La constitución de la sociología histórica como campo híbrido ha renovado y potenciado su estudio y reflexión, particularmente en consonancia con el bicentenario de la Revolución Francesa. Esta renovación ocurrió de manera casi paralela a su devaluación en el plano de la política concreta. Hoy, en tiempos del bicentenario de las independencias de América Latina (1804-1825), es menester volver sobre la cuestión. En efecto, la disolución del orden colonial en América Latina se llevó a cabo a través de procesos que, pese a sus particularidades históricas, deben ser definidos y explicados como revoluciones.

En torno al concepto “revolución”, “se ha articulado un campo semántico que ha integrado y alterado las modalidades y la posibilidad misma de referirse a otros conceptos claves de la modernidad política. El advenimiento de los procesos revolucionarios ha cambiado radicalmente el significado de democracia, Estado, población, guerra; y ha contribuido de manera decisiva a la acuñación o a la redefinición de otros términos, que después se han vuelto esenciales para su comprensión, tales como nación, clase, revolucionario, proletariado” (Ricciardi, 2009: 9-10).

El vocablo “revolución”, lejos de ser exclusivo de las ciencias sociales, fue tomado de la ciencia de la astronomía, disciplina que lo empleó ya en tiempos de los antiguos romanos. Su uso fue potenciado por el polaco Mikolaj Kopernik, quien lo utilizó en su libro De revolutionibus orbium caelestium. En astronomía, revolutio alude al movimiento regular, rotatorio y sometido a leyes de los astros y estrellas, es decir, un movimiento circular, cíclico y recurrente. Fueron los antiguos romanos los primeros en utilizarlo como metáfora en el campo de la política. Y así es como lo empleó Polibio, el griego historiador de Roma, cuando elaboró su historia de los hechos políticos contemporáneos, campo en el cual la metáfora aludía a la reiteración y recurrencia de las pocas formas de gobierno de los hombres conocidas por la Antigüedad europea.

El “descenso” de la revolución desde el firmamento al campo de los mortales en la Tierra –para decirlo como Hannah Arendt– sirvió para afirmar la idea cíclica y reiterativa de “los vaivenes del destino humano”. Vale decir, designó un retorno a un punto preestablecido. Fue, pues, sinónimo de restauración. Así se lo entendía todavía en el siglo XVII, en el momento de los grandes cambios políticos producidos en Inglaterra. Mas, como dice Arendt, no se hablaba de “revolución” en 1641-1649 –cuando estalló el proceso radical conducido por Oliver Cromwell, que culminó con la ejecución del rey Charles I (1649), durante mucho tiempo considerado una Great Revolt–, sino en 1660, con el derrocamiento del Rump Parliament y la restauración de la monarquía. Ese mismo sentido tuvo en 1688 con la expulsión de los Stuart y la posterior proclamación de William III de Orange y su esposa Mary II como nuevos reyes de Inglaterra, Irlanda y Escocia, solo tras jurar respeto a la Declaración de Derechos de 1689, limitativa del absolutismo monárquico y defensora de la potestad legislativa del Parlamento. Ambos procesos políticos son, desde hace un tiempo, conocidos como “revoluciones inglesas”. La de 1688, incluso, lleva la denominación de Glorious Revolution. Es gracias a ella, “y de modo harto paradójico, [que] el vocablo encontró su puesto definitivo en el lenguaje político e histórico”, pese a no ser “concebida de ninguna manera como una revolución [en el sentido contemporáneo], sino como una restauración del poder monárquico a su gloria y virtud primitivas” (Arendt, 1992: 40), tanto que el Gran Sello de Inglaterra lleva la inscripción Freedom by God’s blessing restored.

Ricciardi (2009: 16) relativiza la posición de Arendt y señala que fue precisamente “en el laboratorio de la soberanía, abierto desde la guerra civil inglesa de 1640 a 1660, que los significados del término ‘revolución’, indicados previamente, alcanzan una fuerza conceptual”. Ello porque, a su juicio, el derecho a la resistencia ya no fue concebido, como en el pasado, desde una teoría de la obediencia, sino desde una nueva, fundada en la libertad. “El rechazo de la legitimación del pasado se resuelve en una crítica del presente que abre la posibilidad de dar forma al futuro. Es a partir de este desafío que emerge el poder soberano, y ello es formulado teóricamente de manera distinta por Hobbes y Locke.”

De este modo, el significado de “revolución” se ubicaba exactamente en las antípodas del que tiene en el mundo contemporáneo, cuando, según Arendt (1992: 21), “[l]as revoluciones constituyen los únicos acontecimientos políticos que nos ponen directa e inevitablemente en contacto con el problema del origen”. Y añade: “las revoluciones, cualquiera que sea el modo en que las definamos, no son simples cambios”. No: son, como precisó Piotr Sztompka (1995), la cumbre del cambio social.

En el siglo XVIII, cuando las primeras grandes revoluciones (la norteamericana y sobre todo la francesa) trastocaron de cuajo el orden colonial británico en América y el ancien régime feudal europeo, fue harto evidente no solo la virtual imposibilidad de restauración alguna, sino, por el contrario, la firme voluntad de crear un mundo nuevo. Al respecto, cabe notar que incluso uno de los hombres más genuinamente revolucionarios de entonces, el inglés norteamericanizado Thomas Paine (1984: 162-163 y 165; itálicas del autor), sostuvo que ambos procesos debían denominarse “contrarrevolución”:

La independencia de América [del Norte], considerada meramente como separación de Inglaterra, hubiera sido cuestión de escasa importancia si no hubiera ido acompañada de una revolución en los principios y en la práctica de los gobiernos. […] Las revoluciones que han tenido lugar anteriormente en el mundo no contenían nada que interesara a la mayoría de la humanidad. No llegaban más que a un cambio de personas y de medidas, pero no de principios, y surgían o desaparecían entre las ocurrencias comunes del momento. A lo que ahora contemplamos se lo podría motejar, y no sería incorrecto, “contrarrevolución”. La conquista y la tiranía, en un período anterior, desposeyeron al hombre de sus derechos, que ahora está recuperando. Y al igual que la marea de todos los asuntos humanos tiene sus flujos y reflujos, en direcciones opuestas entre sí, lo mismo ocurre con esto. El gobierno fundado en una teoría moral, en un sistema de paz universal, en los invencibles y hereditarios Derechos del Hombre, se revuelve ahora del oeste hacia el este. No interesa a individuos determinados, sino a las naciones en su progreso, y promete una nueva era a la raza humana (88).

Es dentro de este clima que comenzó a pensarse de otra manera la revolución, sin romper amarras con la tradición. Ello se aprecia en la idea de irresistibilidad que empezó a acompañar a la de revolución. Según Arendt, la primera vez que la palabra “revolución” se empleó acentuando su carácter irresistible y prescindiendo de alusión alguna a movimiento retrogiratorio, resignificándose en el campo de la política y dando origen a la nueva acepción, fue la noche del 14 de julio de 1789, en París, cuando el rey Louis XVI fue informado de la toma de la Bastilla, la liberación de algunos presos y la defección de las tropas reales encargadas de esa prisión ante el ataque del pueblo. Al serle comunicada la noticia por el duque de La Rochefoucauld-Liancourt, el monarca exclamó “C’est une révolte”, a lo cual su interlocutor replicó “Non, Sire, c’est une révolution”. Cierta o no, la anécdota revela, al mismo tiempo, una visión cósmica y tradicional de la revolución y una interpretación que le asigna el carácter de un fenómeno cuya posibilidad de control escapa al poder humano. El acento se trasladaba por completo “desde la legalidad de un movimiento rotatorio y cíclico a su irresistibilidad. […] Al declarar el rey que el tumulto de la Bastilla es una revuelta, afirmaba su poder y los diversos instrumentos que tenía a su disposición para hacer frente a la conspiración y al desafío a la autoridad; Liancourt replicó que lo que había ocurrido era algo irrevocable que escapaba al poder de un rey” (Arendt, 1992: 49), con lo cual –puede interpretarse– señalaba la gravedad de la situación y le otorgaba el sentido o carácter cósmico.

La expresión “revolución” como significante de cambio en las relaciones políticas, cambio que negaba el orden establecido, ya había sido empleada en el siglo XIV por los hermanos florentinos Giovanni y Mateo Villani. En la primera edición del Dizionario degli Accademici della Crusca (1612) se definía a “revolución” como “revuelta”. La edición del libro de Kopernik, en 1543, “anunciando la transformación del cuadro astronómico y cosmológico tradicional, hace disponible también la acepción del término de derivación ‘científica’ para una politización antes imposible. Las dos genealogías lexicales tienden de ahora en adelante a conjugarse. ‘Revolución’ significa la implosión inmediata y violenta contra el poder soberano, cubriendo así lentamente el campo semántico antes reservado a ‘sedición’ y ‘revuelta’; significa, además, el proceso en el que, en el tiempo, se mira a la apropiación de la potencialidad política del futuro, coincidiendo, al menos inicialmente, con aquel movimiento rectilíneo que la filosofía de la historia imaginaba como progreso constante de la humanidad. Ello rompe así el círculo de la temporalidad clásica y se dirige hacia un futuro a su vez desconocido, es decir, no homologable a ninguna condición precedente de perfección, y anticipable, o entendido como construcción racional que se mueve por los intentos y por los proyectos del sujeto revolucionario” (Ricciardi, 2003: 9; y 2009: 10).

En España, ya en las primeras décadas del siglo XVIII, la revolución aparece asociada a cambios sociales, pero considerados negativos. Asimismo, en la
Encyclopédie el término es señalado –en el tomo XIV– como propio de varios campos (política, geometría, ortogenia, historia natural). En términos de política, se dice allí, significa “un cambio considerable en el gobierno de un Estado”. A continuación, se agrega que todos los Estados han sido propensos a experimentar más o menos revoluciones, y concretamente se alude a la inglesa de 1688. Fue solo desde la toma de la Bastilla que la revolución fue concebida como un cataclismo, un movimiento arrollador, indetenible e incontrolable, concepción que comenzó a instalarse precisamente a partir de la Revolución Francesa.

De la idea de irresistibilidad se pasó, en el siglo XIX, a la de necesidad histórica de la revolución, cuya impronta fue muy fuerte en las diversas corrientes marxistas o afines. En este pasaje apareció también la idea de revolución permanente –révolution en permanence–, acuñada originariamente por el anarquista Pierre-Joseph Proudhon, retomada luego por Marx y consagrada, ya en el siglo XX , por el ruso Lev Davidovich Bronstein (León Trotsky), a cuyo nombre está invariablemente vinculada.

En el contexto inaugurado por la Revolución Francesa de 1789 y prolongado hasta la ola revolucionaria de 1848, apareció una teoría general de las revoluciones, en este caso debida al francés Alexis de Tocqueville, inseparable de su propia teoría del conflicto de clases, contextualizada históricamente. En su libro L’Ancien Régime et la Révolution (1856), Tocqueville constataba que en el mundo moderno la rivalidad entre clases se resolvía en favor de la burguesía, pero su conclusión era que las circunstancias que hacían posible el cambio de situación no se reproducían de manera fatal o mimética de un país a otro, sino que existían siempre varias posibilidades y solo una de ellas resultaba realizada.

En definitiva, en tanto concepto moderno, “revolución” va “unido inextricablemente a la idea de que el curso de la historia comienza súbitamente de nuevo, que una historia totalmente nueva, ignota y no contada hasta entonces, está a punto de desplegarse”. En ese sentido, el concepto no estaba consagrado antes de las dos grandes revoluciones producidas en el último cuarto del siglo XVIII, la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789 (Arendt, 1992: 29). Al respecto, sorprende que el florentino Machiavelli haya empleado todavía mutatio rerum, de Cicerón, o sus mutazioni del Stato al referirse al derrocamiento violento de un príncipe o a la sustitución de una forma de gobierno por otra. Es cierto, según señala Arendt, que Machiavelli se preocupó por las mutazioni, variazioni y alterazioni, pero ello se debió a su interés por la construcción de un orden perdurable. Y es en este sentido que paradójicamente el pensamiento de Machiavelli puede ser vinculado a la revolución. Lo importante en él estriba en haber sido “el primero en percibir el nacimiento de una esfera puramente secular cuyas leyes y principios de acción eran independientes de la doctrina eclesiástica en particular, y de las normas morales que trascienden la esfera de los asuntos humanos, en general”. Por lo demás, lo que básicamente “lo distingue de los hombres de las revoluciones es que concebía su fundación –el establecimiento de una Italia unida, de un Estado nacional italiano modelado siguiendo el ejemplo de Francia y España– como una rinovazione, y la renovación constituía para él la única alterazione asolute, la única alteración beneficiosa imaginable” (Arendt, 1992: 36-37).

A partir de Tocqueville, Lorenz von Stein y Marx –que reflexionaban a la luz de las revoluciones de 1830 y 1848–, el concepto “revolución” comenzó a ser elaborado de un modo que todavía hoy sustenta los más ricos análisis. En 1833, Tocqueville llamó la atención sobre la necesidad de distinguir la forma del contenido, destacando que la relevancia de este puede ser mucho mayor que el modo en que se expresa. En 1844, en carta a Arnold Ruge, Marx formuló una breve distinción entre revolución política (la que derroca el poder antiguo) y social (la que termina con la vieja sociedad). A su turno, en 1850, también Stein propuso diferenciar la revolución política de la revolución social, asignándole una importancia determinante, tanto para el análisis de la ciencia de la sociedad como para las acciones prácticas. Históricamente, 1848 fue un parteaguas, si bien parcialmente anticipado en 1789.

Para Ricciardi, fue con la Revolución Francesa cuando aparecieron “tanto las características que llevan a definir las revoluciones sucesivas como sociales, como aquella específica práctica jacobina que hace de la revolución un accionar político”. Teóricamente, la distinción entre revolución política y revolución social, devenida clave, es resuelta de manera diferente por Stein y por Marx. El primero pretendió resolverla “dialécticamente a través de su doctrina de la sociedad y de la administración”, mientras que, para el segundo, ya no se trata “de una diversa reconstrucción del orden soberano con su aparato institucional que, aun con todas sus específicas diversidades, es siempre un Estado”. Para Marx, “la revolución es, en primer lugar, la negación absoluta de un orden que ya no pretende solamente fundarse sobre derechos naturales, sino hacer de eso mismo una segunda naturaleza. La ilegitimidad de las pretensiones no debería resolverse en una solicitud de apertura de los espacios políticos, en la inclusión de sujetos anteriormente considerados como incapaces de hacer política. La ilegitimidad se mide, en lugar de ello, con respecto a los sujetos y a las instituciones presentes, a través de la continua y radical negación de la normatividad política que funda y regula el accionar”. Lo que Marx puso en cuestión no fue “la forma con la cual los intereses y roles sociales están representados”, sino “la forma política misma”. Es que, en efecto, para Marx y sus seguidores, la revolución “no se dirige prioritariamente contra el Estado y su ordenamiento soberano, sino sobre todo contra el orden de la sociedad a través de la acción de una parte de ella. Contra el pensamiento dominante de la política moderna, que gira en torno a la constitución de la unidad política, es decir, de su representación como orden, la revolución se vuelve en Marx la exposición de una radical desunión, o en primer lugar, de la imposibilidad acaecida de representar políticamente en modo unitario las diferencias” (Ricciardi, 2009: 22-23).

Es así como desde entonces el concepto “revolución” ha entrado en el registro moderno y ha sido definido de modos muy diversos pero siempre vinculado a la idea de surgimiento de algo nuevo.

Para los fines de este libro, por su ubicación en ese espacio de hibridación de disciplinas que es la sociología histórica, revisamos dos definiciones provenientes de autores cuyos aportes en este espacio han sido muy fértiles. Ambas presentan un notable interés heurístico y explicativo, sin perjuicio de observaciones críticas que se les pueden formular a una y otra en cuanto a su concepto y su metodología (89). Nos referimos a las definiciones que proponen Theda Skocpol, en States and the Social Revolutions (1979), y Charles Tilly, en sus contribuciones a partir de la publicación de From Mobilization to Revolution (1978), en particular, en European Revolutions, 1492-1992 (Making of Europe) (1993).

Skocpol (1979: 4-5) expresa: “Las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase; van acompañadas y en parte son llevadas a cabo por las revueltas basadas en las clases, iniciadas desde abajo. […] Las revoluciones políticas transforman las estructuras del Estado, y no necesariamente se realizan por medio de conflictos de clases. […] Lo que es exclusivo de la revolución social es que los cambios básicos de la estructura social y de la estructura política ocurren unidos, de manera tal que se refuerzan unos a otros. Y estos cambios ocurren mediante intensos conflictos sociopolíticos, en los que las luchas de clase desempeñan un papel primordial”.

A Skocpol le interesan fundamentalmente las revoluciones sociales –que según su posición solo son las triunfantes, pues objeta la existencia de revoluciones sociales fallidas– y, más acotadamente, da cuenta de las razones estructurales que hicieron posible las Revoluciones Francesa, Rusa y China, objeto de su estudio (90). Para ella, las revoluciones atraviesan cuatro fases: 1) colapso del antiguo régimen; 2) revueltas desde abajo; 3) transferencia del poder a la vanguardia, y 4) toma de decisiones drásticas por parte de la vanguardia triunfante, las cuales constituyen medidas transformadoras de la sociedad y del Estado. Las dos primeras fases corresponden a lo que Tilly llama, como veremos de inmediato, “situación revolucionaria”, mientras las dos segundas son parte de lo que el mismo autor denomina “resultado revolucionario”. Tilly considera que la revolución es una transferencia por la fuerza del poder del Estado, proceso en el cual al menos dos bloques diferentes tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en el que una fracción importante de la población sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques. La propuesta de Tilly supone “una secuencia revolucionaria completa, que va desde la ruptura de la soberanía y la hegemonía, a través de un período de enfrentamientos, hasta el restablecimiento de la soberanía y la hegemonía bajo una nueva dirección. [Mejor dicho: el establecimiento de una nueva soberanía y una nueva hegemonía.] El proceso de enfrentamiento y cambio desde el momento que se plantea la situación de soberanía múltiple hasta que esta deja de existir constituye el proceso revolucionario” (Tilly, 1995: 26-27).

Según el mismo Tilly (1995: 27 y 33), “una revolución tiene dos componentes: una situación revolucionaria y un resultado revolucionario. La situación revolucionaria –la idea está tomada directamente del concepto de poder dual de León Trotsky– entraña una soberanía múltiple: dos o más bloques tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, o a ser el Estado. […] Un resultado revolucionario se produce cuando tiene lugar una transferencia de poder de quienes lo detentaban antes de que se planteara una situación de soberanía múltiple, a una nueva coalición gobernante, en la que, ciertamente, pueden estar incluidos algunos elementos de la coalición gobernante anterior”. Hay que añadir que la soberanía múltiple puede entenderse también como la situación en la cual un gobierno carece, por la razón que fuese, de pleno control sobre un territorio que administra, espacio en el cual ese control es cuestionado por un grupo antagónico capaz de ejercer algunas de las funciones propias de un gobierno.

La distinción formulada por Tilly es decisiva para la mejor explicación de ciertas coyunturas críticas (no solo en términos académicos sino también de política práctica), especialmente teniendo en cuenta que la historia registra numerosas situaciones revolucionarias y escasos resultados revolucionarios. “Toda situación revolucionaria puede verse como un momento de lucha abierta en búsqueda de la apropiación del poder coactivo” (Moscoso, 1997: 118).

Metodológicamente, en clave polifónica, puede añadirse una vertiente más, la de Trotsky, para quien el momento revolucionario incluye tres elementos relacionados de manera recíprocamente condicional: 1) la incompetencia del régimen; 2) la existencia de una clase revolucionaria, y 3) la resolución de las alianzas. Moscoso (1997: 122; itálicas del autor), quien señala el punto, añade que, en la perspectiva de Trotsky, “la revolución no es explicada como el precipitado de una suma de factores causales sino como un proceso de causación continuo y cambiante”.

La definición de “revolución” de Skocpol y, sobre todo, su elaborada distinción entre “revolución social” y “revolución política” son útiles heurísticamente, pero se puede y se debe ir más allá, pues la socióloga norteamericana no admite revoluciones frustradas. Para ella, solo merecen llamarse “revoluciones” las triunfantes. En este punto, la definición de Gianfranco Pasquino (1994) se revela más amplia, toda vez que incluye las tentativas revolucionarias como parte de la definición y, por ende, permite pensar la revolución como un proceso abierto que admite tanto la posibilidad del triunfo (como en la secuencia “situación revolucionaria → resultado revolucionario” planteada por Tilly) como la posibilidad de la derrota del movimiento revolucionario. Es una variante también contemplada por Rod Aya (1997: 9-10), quien sostiene que existen tres significados de revolución: 1) atendiendo a la intención, una revolución “es un intento de establecer un cambio rápido, radical y violento del Estado y de la sociedad”; 2) definiéndola por el resultado, se trata de un cambio violento del Estado y de la sociedad que tiene lugar con independencia de la intención, y 3) si, en cambio, se presta atención a la situación, una revolución “es una lucha total por el poder político del Estado independientemente de la intención o el resultado”.

Si hay triunfo, obviamente hay revolución. Si hay fracaso, este puede ser el resultado de 1) la imposibilidad de los revolucionarios de a) lograr un cierto grado de ejercicio dual del poder, o de soberanía múltiple, en razón de derrotas militares y/o políticas en la fase inicial del proceso (tal el caso de las guerrillas latinoamericanas de los años 1960 y 1970), o de b) alcanzar esa situación y mantenerla durante un cierto tiempo, pero sin lograr consolidar su poder, lo cual lleva a la derrota, como el caso del artiguismo en los inicios del proceso revolucionario independentista. La derrota, a su vez, puede consolidar la fracción de clase dominante existente en la etapa prerrevolucionaria en su poder, o bien puede que también sea derrotada y por lo tanto desplazada por otra fracción de la misma clase (Pasquino entiende que la Comuna de París de 1871 y la insurrección húngara de 1956 ejemplifican tal posibilidad). También es posible que el fracaso sea el resultado de 2) la imposibilidad o incapacidad de los revolucionarios, que alcanzaron el poder y lo administraron por sí mismos, produciendo cambios de cierta envergadura, de mantener el control del poder y completar el proceso de transformaciones radicales, sea por razones subjetivas u objetivas. Pasquino ejemplifica con los casos de las revoluciones boliviana y, en cierta medida, la mexicana, pero no nos parecen los ejemplos más felices; en cambio, sí lo ilustran muy bien los procesos guatemalteco y nicaragüense (91).

Para Pasquino (1994: 1412), “‘revolución’ es la tentativa acompañada del uso de la violencia de derribar a las autoridades políticas existentes y de sustituirlas con el fin de efectuar profundos cambios en las relaciones políticas, en el ordenamiento jurídico-constitucional y en la esfera socioeconómica”. Como puede apreciarse, enfatiza el componente político del proceso revolucionario: la toma del poder por los revolucionarios es la condición necesaria para llevar adelante las transformaciones, sean solo del poder político y sus instituciones (revoluciones políticas) o bien societales o profundas, de las estructuras socioeconómicas (revoluciones sociales) (92).

En un proceso revolucionario, en tanto proceso, puede ocurrir, como adelantamos, que en una situación de soberanía múltiple o de poder dual, los revolucionarios detenten poder político-militar en un espacio más o menos amplio de territorio, en disputa con el poder estatal existente a escala de todo el país, y en ese espacio lleven adelante transformaciones más o menos radicales (desde reformistas hasta efectivamente revolucionarias), posibilidad más factible en procesos prolongados (como fue el caso de los comunistas chinos durante la Larga Marcha, particularmente al lograr la administración de Shaanxi) que en aquellos de rápido desenlace (como en la Revolución Boliviana).

A nuestro juicio, es necesario considerar con mucha atención las tentativas, como también la posibilidad de la derrota de los revolucionarios, la frustración o el proceso fallido.

Si bien se tiende a pensar la revolución como social, no es para descuidar la importancia de las revoluciones políticas, esas que transforman las estructuras del poder político, incluso la forma Estado, y mantienen invariantes las estructuras socioeconómicas, la matriz societal. Al respecto, es bien pertinente y útil la definición formulada por Eugene Kamenka, para quien la revolución política es “todo cambio o intento de cambio brusco y profundo en la ubicación del poder político que implique el uso o la amenaza de la violencia y que, si tiene éxito, se traduce en la transformación manifiesta, y tal vez radical, del proceso de gobierno, de los fundamentos aceptados de la soberanía o la legitimidad y de la concepción del orden político y/o social” (Robert Forster y Jack P. Greene, en el prólogo a Elliot, Mousnier, Raeff, Smit y Stone, 1984: 12). Como Pasquino, también Kamenka incluye en la definición el intento y, además, admite la posibilidad de que una revolución política abra paso a la revolución social.

Según la definición de Skocpol, es clave la existencia de un movimiento social de masas cuyo motor es el conflicto de clases. Se trata de movimientos desde abajo, violentos y rápidos que producen grandes cambios, tanto en las estructuras políticas como, y al mismo tiempo, en las estructuras sociales. Es evidente entonces que las revoluciones que se suscitaron con la crisis del orden colonial no constituyeron revoluciones sociales en el sentido que Skocpol las entiende. En efecto, las estructuras derivadas de las matrices societales se mantuvieron casi intactas durante largo tiempo. Los procesos violentos con revueltas desde abajo, verdaderas situaciones revolucionarias –como en el caso paradigmático de Haití (1791-1803) y en buena medida también en los de México (1810-1815) y la Banda Oriental del Río de la Plata (1811-1820)– no devinieron, finalmente, en resultados capaces de definir revoluciones sociales. Esos resultados fueron redireccionados por los sectores conservadores, que se limitaron a llevar adelante transformaciones fundamentales en la estructura del Estado –pasaje del Estado colonial al Estado independiente–, pero, como se dijo antes, no hubo, en simultáneo, cambios radicales en la estructura social. No hubo, pues, en América Latina, revoluciones burguesas en sentido estricto, entendiendo por tales aquellas en las cuales la burguesía expropia a las antiguas clases propietarias, modifica las relaciones de producción y se hace del poder. Las revoluciones de independencia fueron entonces revoluciones políticas y, finalmente, como veremos más adelante, revoluciones pasivas dependientes.

La definición de Tilly, en cambio, habilita otros espacios de reflexión en tanto permite categorizar las condiciones iniciales para una revolución, independientemente de los resultados de ese proceso. Es que Tilly está más preocupado por el conflicto político en líneas generales, que por una definición ceñida al tipo revolución social como la que Skocpol propone, inspirada más enfáticamente en categorías como conflicto social, lucha de clases y cambio estructural. Así, la definición de Tilly permite incorporar unidades problemáticas en el concepto “revolución” que desde otros puntos de vista (el de Skocpol es uno de ellos) sería imposible hacerlo. Tilly ciñe su clasificación a aquellos procesos en los que ocurre una transferencia por la fuerza del poder del Estado y, si bien menciona el apoyo necesario de las masas, nada dice acerca de las transformaciones de las estructuras sociales. Esta opción es más clara con referencia a Las Revoluciones Europeas, que Tilly publicó, como ya indicamos, en 1993, en un momento en el cual se había reavivado el candelero de la revolución en el contexto de la caída del muro de Berlín y del bicentenario de la Revolución Francesa, ambos fechados en 1989, y cuando para muchos la revolución era un concepto pretendidamente en desuso (93). La perspectiva de Skocpol, por su parte, está inscripta en el paradigma de la “segunda ola” de sociología histórica, en la línea inaugurada por Barrington Moore, preocupada por explicar los orígenes de la modernidad, y por ende el surgimiento de nuevas estructuras políticas y, sobre todo, sociales. Así, su definición está operativamente planteada respecto de este problema.

Obviamente, la discusión de la categoría revolución es mucho más amplia. Aquí ofrecemos una conceptualización de la revolución de independencia que combina la precisión de Skocpol de la revolución política como transformación de la estructura del Estado sin un cambio de la estructura socioeconómica– y el énfasis de Tilly en la transferencia por la fuerza del poder del Estado y, en particular, su incisiva distinción entre “situación revolucionaria” y “resultado revolucionario”.

A modo de síntesis, podemos señalar nuestra propia conceptualización, tributaria de los autores citados: un proceso revolucionario es un conjunto de acciones de insurgencia contra el orden y los poderes establecidos, tentativas o efectivizadas, que procuran la transformación del régimen político sin alterar la matriz societal (revolución política) o bien, con una intencionalidad más radical, la subversión lo más amplia y profunda, preferentemente total, del conjunto de la sociedad, incluyendo el principio de legitimidad, el poder político, la forma del Estado y las relaciones sociales de producción (revolución social). La revolución social es, por lo tanto, también revolución política (mas no a la inversa), si bien una revolución inicialmente solo política (incluso como proyecto consciente) puede convertirse en social en virtud de la dialéctica constituyente generada, precisamente, por su carácter político, sea por cuestiones predominantemente internas (como en el caso de la Revolución Mexicana), sea por una conjunción de cuestiones internas con las cuales se solapan otras externas (como en el caso de la Revolución Cubana).

Como proceso, la revolución se desarrolla en dos grandes momentos: la situación revolucionaria, en la cual los insurgentes cuestionan el poder establecido, generalmente en crisis, y logran, mediante movilizaciones de masas surgidas desde abajo, que pueden devenir guerra de clases, adhesiones significativas. Hasta ahí, la revolución es un intento, una tentativa. Para ser efectivamente tal es necesario que se produzca un desenlace o resultado revolucionario, es decir, una transferencia del poder en favor de los insurgentes. En ambas situaciones, la violencia aparece como un componente fundamental, tanto por parte de quienes detentan el poder como de quienes pretenden derrocarlo. Frecuentemente, la violencia, en particular (pero no solo) en el segundo momento, adquiere la forma de una guerra civil. El mayor o menor grado de violencia depende del grado y alcance de consenso (hegemonía) que tengan los revolucionarios antes de la toma del poder, pero también de la capacidad de resistencia de la clase dominante hasta entonces, incluso a despecho del consenso de los revolucionarios.

La victoria puede ser duradera e irreversible (al menos en una duración por lo menos media, es decir, no inferior a cincuenta años), o bien transitoria, concluyendo el proceso con la derrota del proyecto revolucionario, sea por su propia incapacidad o debilidad, sea por una correlación de fuerzas desfavorable, que puede incluir, amén de las fuerzas contrarrevolucionarias locales, la acción de fuerzas externas –en el siglo XX , el imperialismo–, como en Guatemala y Nicaragua. La derrota de los revolucionarios produce resultados diferentes si ocurre en la fase de intento o en la del desenlace revolucionario, si bien en esta segunda posibilidad tiende a predominar un resultado que no necesariamente es un retorno pleno a la situación de statu quo ante, incluyendo la eventualidad de algún tipo de modificaciones, máxime si quien se impone es una fracción de clase distinta de la que detentaba el poder en el momento previo a la situación revolucionaria. De allí, entonces, que puedan considerarse casos de revoluciones frustradas, fallidas, truncas, inconclusas.

Toda revolución implica un cierto grado de conflicto de clase, que puede ser intraclase –en particular en el caso de las revoluciones políticas– o interclases –manifiesta e inequívocamente en el caso de las revoluciones sociales–, pero ninguna es un caso puro. Las revoluciones de independencia latinoamericanas fueron un proceso complejo y su explicación en términos de conflicto de clases requiere un particular cuidado. Veremos más adelante la estructura social de nuestros países, especialmente el proceso de transición de sociedades estamentales a sociedades de clase, lo cual nos permitirá incorporar aspectos claves de la explicación.

Retengamos ahora un aspecto decisivo: el grupo dirigente revolucionario fue, en casi todos los casos, un bloque constituido por grupos dominantes
–burgueses comerciantes, terratenientes (en pocos casos, burgueses rurales), propietarios mineros, profesionales, clérigos, militares, jerarcas burócratas–, étnicamente blancos (europeos o americanos), con alguna presencia mestiza. Enfrente tenían un grupo de composición social semejante. El clivaje criollos/españoles (o, en lenguaje de la época, españoles americanos y españoles europeos) fue, pues, más étnico que social, al menos en el momento de la insurgencia. Los criollos eran mayoría, en términos demográficos, y tenían un alto grado de control de los recursos productivos, pero estaban excluidos del acceso al poder (político, religioso, militar). Alexander von Humboldt estimaba la población total de la América española en 16.910.000, siendo el 45% –7.550.000– indígenas. Los mestizos eran 5.328.000 (32%); los blancos, 3.276.000 (19%), y los negros, 776.000 (4%). Los blancos europeos eran apenas 150.000. Pese a esta abrumadora supremacía demográfica, los criollos estaban fuera de las posiciones de poder significativas. Como observara Lucas Alamán, de los 170 virreyes que hubo hasta 1813, solo cuatro fueron criollos; y cuando la revolución estaba por iniciarse en México, en la jerarquía eclesiástica había un solo obispo americano (Lynch, 1976: 27-29).

A propósito de la supremacía criolla, Anderson (1993: 92-93) señala: “[d]esde el punto de vista del soberano, los criollos americanos, cuyo número crecía de continuo, al igual que su arraigo local con cada nueva generación, planteaban un problema político sin precedente en la historia […] Constituían a la vez una comunidad colonial y una clase privilegiada. Habrían de ser económicamente sometidos y explotados, pero también eran esenciales para la estabilidad del imperio”.

Las clases populares, las sujetas a la mayor explotación y dominación –artesanos, jornaleros, campesinos, trabajadores varios, esclavos, incluso pequeños comerciantes–, étnicamente mestizos, mulatos, indígenas, afroamericanos (negros y pardos) (94), no desempeñaron –salvo unos pocos casos excepcionales– el liderazgo del proceso, pero su participación en las guerras de independencia –por convicción, en ocasiones, o por subordinación a sus patrones, primordialmente– los llevó a involucrarse en la política, a ser sujetos (aunque pocas veces autónomos) de ella, e incluso agentes del cambio político. En la Venezuela reconquistada por el Ejército de Fernando VII (1814-1816), los esclavos brindaron su apoyo a los realistas, mientras en Quito los indígenas tuvieron igual posición hasta 1820. Así, a despecho de los intereses y aspiraciones de los grupos sociales propietarios, la participación política y militar de las clases populares, necesaria para enfrentar a los ejércitos realistas o bien a los republicanos y/o a los de otros grupos o jefes independentistas, devino una nueva fuente de conflictividad, particularmente en aquellos casos –como en México y la Banda Oriental, entre los más notorios por su alcance– en los cuales tal participación puso en cuestión los mecanismos de explotación.

América Latina entre Charcas y Ayacucho

A principios del siglo XIX, después de trescientos años de tensiones internas latentes pero bien maniobradas, las colonias hispanoamericanas se vieron sometidas a una situación de soberanía múltiple. A partir de entonces, a los grupos criollos con aspiraciones de dominio se les hizo imprescindible la centralización del poder. Como ya adelantamos y veremos luego con más detalle, esto se logró, al cabo de varias décadas, bajo la forma de una revolución política que, adaptando la categoría gramsciana, denominamos “revolución pasiva dependiente”.

En tanto revolución política, la cuestión clave era la del poder estatal, es decir, la de definir qué clase, grupo o fracción alcanzaría el control de los medios de coacción jurídica, política, militar, impositiva, simbólica y de dominio y/o dirección ideológica. De hecho, la toma del poder por los revolucionarios implicó, por lo menos, tres cuestiones: 1) la conversión de clases dominadas durante el antiguo régimen en clases dominantes del nuevo, resultado del cambio de la correlación de fuerzas; 2) la constitución de superestructuras complejas (Gramsci) bajo la forma de dispositivos jurídico-legales e institucionales que consolidaran los logros de los revolucionarios y minimizaran las posibilidades de restauraciones prerrevolucionarias –cuestión que remite a la construcción del Estado y 3) la constitución –siempre conflictiva, por lo general con fuerte apelación a la violencia, y duración más bien prolongada– del nuevo orden político, pero no necesariamente excluyente de ciertos cambios en el orden económico y social.

Constituir el orden poscolonial implicó también, como es obvio, una fuerte confrontación en el plano de las ideas. En efecto, hubo varias y diversas proposiciones para la construcción ideológica o intelectual de las distintas opciones de orden. Es que, como ha escrito Rafael Rojas (2010: 107), siguiendo a Elías Palti (2007), “[l]a independencia, además de una guerra, era una revolución intelectual, un asunto de ideas y lenguajes políticos: era preciso abandonar el modo antiguo de pensar la comunidad para organizarla republicanamente”. Debe tenerse en cuenta que las primeras direcciones políticas del orden independentista se enfrentaron con varios dilemas, entre ellos: ¿monarquía o república? Si monarquía, ¿despótica o parlamentaria? Si república, ¿democrática, autoritaria o dictatorial? ¿Cambios radicales o moderados? ¿Régimen político federal o centralizado? ¿Orden liberal o conservador? En cuanto a las relaciones entre el Estado y la Iglesia, ¿subordinación del primero a la segunda, o viceversa? En materia de ciudadanía (política y civil, punto en el que entran las libertades de profesión de creencias religiosas y filosóficas, de asociación política, entre otras), ¿restringida o amplia?

Bien importante fue la confrontación por el orden en el plano social: ¿sociedades corporativas, estamentales, o sociedades abiertas, de clase, sin resabios coloniales? En este dilema fue crucial la cuestión del estatus de los indígenas y, sobre todo, de los esclavos. Esta cuestión resumía, tal vez como ninguna otra, la tensión entre la proclamación teórica de los principios de libertad e igualdad y su aplicación práctica, en particular porque en el caso de los esclavos colisionaba con el derecho de propiedad, colisión en la cual este principio material tendió a primar sobre los principios éticos.

El venezolano Andrés Bello –de larga y decisiva acción en Chile, donde en 1832 le fue concedida la nacionalidad por gracia– es un caso notable de constructor ideológico del orden, tal como lo muestra en su estudio Rojas. Superados los años que el venezolano consideró de “espantosa y larga anarquía”, nuestros países tuvieron que afrontar la tarea de reconstrucción económica y política sobre firmes bases legales. A la “anarquía” debía seguirle el “orden” y a la “exaltación”, la “prudencia”. Bello no tenía “pasión por la democracia”, sino “pasión por la república” y, más aún, “pasión por el orden”, que no solo era jurídico y político, sino también intelectual. “El ‘amor al orden’ era [para Bello, según Rojas] alcanzable por medio de un abandono de las ‘pasiones infantiles’ que caracterizan a todo sujeto en formación”. Se advierte ahí una concepción organicista. La propuesta de Bello era la “pedagogía del orden” (Rojas, 2010: 190-196).

En los casos latinoamericanos, en lo que atañe a la conversión de clases dominadas del antiguo régimen en dominantes del nuevo, el problema se expresó como una disputa por el poder político que no se produjo en términos de clase versus clase, sino de ruptura de una relación de dominio colonial, o sea, de colonia versus metrópoli, con la particularidad adicional de que el enfrentamiento fue, en buena medida, como señalamos más arriba, una guerra civil entre americanos realistas y americanos independentistas, sin que esta división política expresase una guerra de clases o tuviese un correlato clasista definido. Puede plantearse también como pasaje de Estado colonial a Estado nacional, lo que supone dos cuestiones diferentes y entrelazadas: la creación del nuevo Estado, reemplazante del anterior, y la creación de algo hasta entonces inexistente, la nación.

Construir el Estado nacional implicaba, por consiguiente, la ruptura de la situación colonial y la resolución de la cuestión del poder. Conexo con ello, surgió otra cuestión a resolver, inescindible de toda revolución: la de la legitimidad. Una situación revolucionaria implica un desacuerdo sobre los fundamentos del orden y una confrontación entre el principio de legitimidad del régimen existente (el antiguo régimen, si se prefiere) y el de los revolucionarios. Más exactamente, como bien ha señalado Luciano Pellicani (1985: 117 y 116), una “situación revolucionaria se caracteriza por la existencia de un doble vacío: vacío de poder –una revolución comienza por el colapso del Estado– y vacío de legitimidad”. Este vacío es consecuencia de la escisión, en el seno de la sociedad, entre quienes siguen adhiriendo al principio de legitimidad vigente y quienes levantan un nuevo principio de legitimidad. “La ruptura revolucionaria está, precisamente, en este conflicto –verdadero duelo existencial– que transforma en hostes a todos los que, con anterioridad, se consideraban socii” (95).

Las revoluciones independentistas latinoamericanas constituyeron el pasaje “de un orden recibido a un orden producido” (la expresión es de Norbert Lechner, 1988). El nuevo orden, el producido, comenzó a forjarse con el cuestionamiento del principio de legitimidad divina del poder y proclamó, frente a él, el nuevo principio de legitimidad fundado en la soberanía popular, con el equívoco concepto de “pueblo” como categoría central.

En términos del proceso histórico concreto, la puja fue entonces por el tipo de orden político legítimo a estatuir. Pero fue justamente esta definición la que no se logró con la revolución y prolongó el proceso de construcción del primer orden poscolonial. Fue un proceso que comenzó enfrentando tres posiciones básicas, cada una de las cuales admitió variantes: la de los partidarios del antiguo régimen (contrarrevolucionarios), la de los revolucionarios radicales y la de los proclives a soluciones de compromiso o rupturas pactadas (antirrevolucionarios). Una de las razones por las que se demoró la construcción estatal fue la complejidad que añadió ese otro proceso con el que la producción del orden poscolonial estaba imbricado: el de la formación de las clases o, al menos, de una clase capaz de hacer reconocer sus intereses particulares como los generales de la sociedad.

Las revoluciones de independencia han recibido explicaciones de diversa índole y con acentos distintos en cada una de las dimensiones del problema. Aquí ofrecemos una explicación que hace hincapié en la temporalidad de los procesos. Así, comenzamos por presentar la hacienda, la plantación, la estancia y las comunidades indígenas como estructuras que han dejado una impronta de larga duración en las sociedades latinoamericanas, y no simplemente como unidades de producción (96).

Las independencias latinoamericanas estuvieron marcadas por la paradójica condición política de la cual surgieron. En España, la doble abdicación de Carlos IV y su hijo Fernando VII, en 1808, dejó a los súbditos más fervorosamente conservadores y legitimistas a la cabeza de una decisión revolucionaria, por la novedad que introducía respecto del viejo orden y por la irreversibilidad del acto: la creación de Juntas de Gobierno soberanas (la Suprema Junta Central Gubernativa en Sevilla y las Juntas locales, que la primera centralizaba, aunque estas últimas se erigieron sobre libertades políticas restringidas y una fuerte subrepresentación de las diputaciones coloniales (97).

La guerra entre la España borbónica y la Francia napoleónica se desarrolló entre 1808 y 1814, entre la prisión y la liberación de Fernando VII. La primera permitió la resistencia popular, la sucesión de Juntas y el reformismo liberal que culminó en la Constitución de 1812. La segunda generó de inmediato una restauración absolutista ferozmente represiva, que en el caso de las colonias demuestra la total incredulidad del rey respecto de la ficción de la “máscara” sostenida por aquellos que aducían gobernar en su nombre. Una coyuntura política tan confusa y cambiante como la metropolitana no podía menos que sumir en la ambigüedad a quienes, por diversas y no siempre coincidentes razones, vacilaban en cuanto el camino a seguir. El sinuoso alineamiento y realineamiento de posiciones ante las fluctuaciones de la coyuntura ejemplifica bien el accionar de una dirigencia, a menudo perpleja, que oscilaba entre la adhesión a principios proclamados mas no siempre seguidos y, sobre todo después de 1814-1815, la práctica del más craso oportunismo, a veces orillando o directamente cayendo en la traición a la revolución.

Por otro lado, parece claro que, en 1814-1815, Fernando VII tenía ante sí condiciones de posibilidad para la restauración del dominio colonial en todo el imperio. Pero la personalidad y la torpe política del monarca, sus consejeros y cortesanos –su absolutismo, en primer lugar– no permitieron abrir cauce a tal posibilidad. En América, como dice Jaime Rodríguez Ordóñez, los hombres políticamente activos se encontraron frente a un dilema. Según este historiador, dos minorías estaban claramente diferenciadas y opuestas por un fuerte antagonismo: una era independentista, la otra, restauradora; la mayoría, a su vez, era autonomista, pero no tenía una posición homogénea y se encontraba fracturada respecto de la elección de “la mejor forma de obtener el autogobierno. El futuro político era confuso, debido en parte a que las masas rurales y urbanas, que constituían la gran mayoría de la población, conservaban su fe en el monarca” (Rodríguez Ordóñez, 1996: 210). Bolívar, exiliado en Jamaica, lo había advertido sin equívocos, tal como se aprecia en su carta a Maxwell Hyslop, fechada en Kingston el 19 de mayo de 1815:

En mi opinión, si el general Morillo obra con acierto y celeridad, la restauración del gobierno español en la América del Sur parece infalible. Esta expedición española puede aumentarse, en lugar de disminuirse, en sus propias marchas. Ya se dice que en Venezuela han tomado tres mil hombres del país. Si no es cierto, es muy fácil, porque los pueblos, acostumbrados al antiguo dominio, obedecen sin repugnancia a estos tiranos inhumanos. Es verdad que el clima disminuirá las tropas europeas, pero el país les dará reemplazos con ventajas; pues no debemos alucinarnos: la opinión de las Américas no está aún bien fijada, y aunque los seres que piensan son todos, todos independentistas, la masa general ignora todavía sus derechos y desconoce sus intereses (apud Carrera Damas, 1993: I, 86-87; itálicas nuestras).

La carta revela también que el futuro Libertador tenía una concepción claramente elitista, vanguardista, de la lucha por la independencia.

La sociedad colonial estamental se fracturó –en primer lugar, en los grupos (todavía no clases) (98) situados en el vértice de la pirámide social– mediante líneas de corte de origen o identidad (españoles peninsulares/españoles americanos o criollos), sociales (ubicación en la estructura) y étnicas (blancos, europeos y americanos/mestizos/mulatos/indígenas/africanos o negros), a menudo entremezcladas. Esas líneas de corte distaron de ser rígidas y no fueron raras las recomposiciones, como se observa en la constitución de los bandos en pugna. Aunque nos ocupamos de esto más adelante, en términos generales, puede decirse que la estructura de la sociedad se ordenaba jerárquicamente desde un vértice constituido por grandes terratenientes y comerciantes, la alta burocracia, la Iglesia, los altos oficiales de los ejércitos, debajo de los cuales se ubicaban terratenientes y comerciantes medianos y pequeños, burócratas medianos y unas ambiguas clases medias, donde descollaban los profesionales. En la base, las masas populares, más heterogéneas aun: artesanos, campesinos, trabajadores libres, esclavos.

Los grandes terratenientes bregaban por el libre comercio, es decir, por vender su producción a quien quisiera comprarla –en la práctica a Gran Bretaña–, no solo a la metrópoli, lo cual no era otra cosa que la aspiración al control de la comercialización de recursos productivos que, en general, ya controlaban. Ese objetivo podía alcanzarse mediante dos caminos: la independencia política o la liberalización del comercio por decisión de la Corona. De hecho, los terratenientes eran, si no los únicos, los más interesados en la independencia, pero también es cierto que, como Miquel Izard (1979) lo ha mostrado para el caso de Venezuela, las medidas liberalizadoras dispuestas por la Corona y el papel mediador de esta en los enfrentamientos entre agricultores y comerciantes frenaron, al menos por breve tiempo, el despliegue del potencial rupturista.

Los esclavos reclamaban libertad, demanda que los enfrentaba en primer lugar con sus propietarios, no necesariamente con las autoridades monárquicas. Los indígenas campesinos, pobres y explotados, podían sentirse más protegidos por la Corona que por los terratenientes criollos. En el caso venezolano, señala Izard (1979: 134), una parte de los pardos había logrado “una relativa prosperidad económica”, la cual no alcanzó para que los mantuanos –los grandes cacaos– dejasen de oponerse a sus demandas de igualdad política y social.

Si bien importa identificar a los sujetos en conflicto –los cuales se constituyeron en un proceso que englobaba identidad, oposición y totalidad–, importa tanto o más precisar por qué luchaba cada uno de ellos. Grosso modo, el primero de esos grupos tendió a definirse política e ideológicamente, en su mayoría, como conservador y heredero, cuando no partidario, del viejo orden colonial. El segundo fue primordialmente independentista y, en la América española, republicano. Las masas populares, a remolque de la lucha entre las dos primeras fracciones, participaron en uno u otro de los bandos. Las relaciones conflictivas entre estos grupos, mediante el solapamiento de las pertenencias que podemos denominar “clasista” (señalando con el entrecomillado el carácter de proceso en curso), étnica o identitaria, tendieron a definirse a través de alianzas y/o repentinos cambios de posición que permitieron soldar “la vieja aristocracia a los advenedizos, ante los grupos populares desposeídos de su victoria” (Calvo, 1996: 306). En rigor, las guerras latinoamericanas soldaron la coyuntura europea con movimientos orgánicos o estructurales (esto es, de larga duración), típicos y específicos de la dominación colonial y de sus heterogéneas formas, los cuales permiten apreciar, en la diversidad latinoamericana, el establecimiento de correspondencias y la imposición de ciertas lógicas en varios espacios, tal como ha advertido Calvo (1996: 296), quien concluye: “La realidad colonial sigue presente, pues, incluso en estado de secesión, las decisiones de la metrópolis siguen siendo determinantes”. Entre 1808 y 1815, la guerra fue “de tipo colonial, oscilando entre guerra civil y guerra extranjera y oponiendo ejércitos heterogéneos en territorios mal dominados”.

La ruptura de la dominación colonial fue una trama densa, compleja, cargada de ambigüedades y contradicciones, incluso de corsi e ricorsi de los principales protagonistas. En no pocos casos, las clases propietarias –más o menos burguesas, algunas; otras, ni siquiera, toda vez que el proceso constitutivo de las clases estaba gestándose– se pronunciaron por la independencia no tanto en demanda de libertad sino, como dice Izard (1979: 149) respecto de los mantuanos venezolanos, “por temor a unos cambios que entraban en contradicción con sus intereses de clase”. En otros casos, como en México y Perú –y mucho más tiempo en Cuba–, las clases propietarias criollas fueron decididamente fidelistas, como también lo fueron los indígenas campesinos. Allí donde hubo revoluciones políticas –son los casos de Venezuela y Río de la Plata– se nombraron Juntas constituidas para gobernar en nombre del rey cautivo, pero en Caracas declararon la independencia y en Buenos Aires una Asamblea que no siguió igual camino, empero, tomó decisiones soberanas, propias de un poder independiente. La “máscara de Fernando VII” pudo no ser tal y expresar, en cambio, oposición a ser gobernados por José Bonaparte, es decir, a ser parte constitutiva del Imperio francés regido por Napoleón.

Las independencias se inscribieron en el cuadro teórico del surgente liberalismo, cuyos principios se invocaron reiteradamente, una retórica que no tardó en desnudar la real intención de las clases propietarias –incluso las más burguesas– de despojarlos de sus contenidos más revolucionarios, en particular los de libertad, igualdad y voluntad general. Como bien dice David Ruiz Chataing, aunque algunas actas de independencia –como las de Venezuela en 1811 y de Guatemala en 1821– invocaron la voluntad general, puede dudarse de la sinceridad de “los hidalgos americanos” en la aceptación de “todas sus consecuencias democráticas y revolucionarias. Seguramente que no aceptarían a cabalidad: la igualdad de los ciudadanos, la democracia directa como la única posible, la concepción roussoniana según la cual los gobiernos representativos siempre degeneran en corruptos y tiránicos, y mucho menos aquella de que la soberanía es indelegable. La adherencia derivaba, seguramente, de identificar la voluntad general con el ‘bien público’, el orden y el acatamiento de las leyes por los ciudadanos” (apud Miranda Bastidas y Becerra, 2005: xv-xvi).

Viejos y nuevos principios políticos –o filosófico-políticos– se entremezclaron en muchas ocasiones, generando una pluralidad de referencias políticas, para usar la expresión de José Andrés-Gallego (1995). La escolástica se mezclaba con el liberalismo francés y con el anglosajón; el contractualismo invocado podía ser el de Thomas Hobbes, el de John Locke o el de Jean-Jacques Rousseau, pero también el precedente del jesuita español Francisco Suárez. Algunos sacerdotes, como el agustino neogranadino Diego Padilla, se inspiraron incluso, aunque sin admitirlo, en Rousseau, mientras que otros, como Mariano de Mendoza, cura de Pore, también en Nueva Granada, defendía su monarquismo basándose tanto en Edmund Burke como en Thomas Payne, y su contradictor, Pablo Francisco Plata –ferviente demócrata y uno de los firmantes del acta de independencia de Nueva Granada– invocaba la Novena de la Virgen de los Dolores, a Tommaso D’Aquino, a Francisco Suárez y a Roberto Francesco Bellarmino, el jesuita italiano conocido como el martillo de los herejes. En el Río de la Plata, tal vez donde más se invocó a Rousseau –“se hablaba, pero acaso nadie leía o no se entendía” su Contrato social, que Mariano Moreno hizo editar en castellano, suprimiendo las secciones referidas a la religión católica–, una cuidadosa lectura de sermones patrióticos, manifiestos y discursos en los cuales se hacía referencia al pacto social muestra que, en rigor, no se trataba de “la doctrina roussouniana del pactum societatis sino la contractualista del pactum subiectionis” (Andrés-Gallego, 1995: 139). Una vez más: soñar con Rousseau y despertar con Hobbes. Como bien lo expresa Ruiz Chataing (apud Miranda Bastidas y Becerra, 2005: xiii), “muchas ideas tradicionales se oculta[ban] tras los nuevos vocablos en boga o a las concepciones novedosas se las condimenta[ba] con nociones de vieja prosapia colonial e hispánica para no asustar a susceptibles auditorios”.

Los movimientos independentistas invocaron discursivamente principios y términos de la Modernidad, sobre todo en la breve fase radical, pero en la práctica el peso de la Iglesia Católica y sobre todo de la religión, paradigmas de la antimodernidad, siguió siendo fortísimo. Las Constituciones no solo instituyeron el carácter excluyente del catolicismo apostólico romano como religión de Estado, sino que ni siquiera admitieron la tolerancia para el ejercicio de otros cultos, postulado básico de la libertad civil. En ese contexto, se hace más notable aún la posición tolerante y libre del artiguismo. En palabras de Marie-Danielle Demélas-Bohy, las guerras de independencia se llevaron “a cabo en nombre de los nuevos principios que eran la base de la modernidad política, fueron impulsadas por hombres que siempre mantuvieron la ortodoxia y la pureza de su catolicismo”. La lucha política de tipo moderno tuvo por protagonistas a hombres regidos “por reglas antiguas, inspiradas en una visión religiosa del mundo”. Revolucionarios y contrarrevolucionarios, independentistas y realistas apelaron por igual a los sermones de los clérigos para su propaganda. En los Andes, la guerra de independencia se presentó “como una guerra religiosa porque el discurso de la legitimación de la guerra es religioso, proveniente de las enseñanzas de la Iglesia y forjado por ella”. Y aun cuando la Iglesia prohibía a sus miembros empuñar las armas, esto no fue óbice para que muchos sacerdotes violentaran la norma, tal vez porque para muchos de ellos el crimen militar podía ser considerado como algo sagrado (Demélas-Bohy, 2005: 144, 162, 164). Los casos de Manuel Hidalgo y José María Morelos fueron, seguramente, los más notorios, pero no los únicos.

Asimismo, las independencias estuvieron marcadas por la condición militar de la cual surgieron. Fue la fuerza del Ejército napoleónico que se apoderó de la Corona el signo definitivo de la decadencia del Antiguo Régimen en España. Una década después, una sublevación liberal en el Ejército que Fernando VII había dispuesto movilizar para terminar con los sediciosos hispanoamericanos signó el curso independiente de América Latina. Fernando VII no pudo sofocarla, con la doble consecuencia del inicio del Trienio Constitucional en España y la secesión en las colonias. El 1º de enero de 1820, en Cabezas de San Juan, el teniente coronel Rafael del Riego y Núñez, liberal y jefe destinado a reprimir el levantamiento de las colonias americanas, se sublevó contra el régimen absolutista de Fernando VII, repuesto en el trono en 1814. La rebelión se extendió y obligó al monarca a jurar la Constitución de 1812 (la de Cádiz), juramento que luego violó al punto de la felonía. Comenzó así el llamado Trienio Liberal o Trienio Constitucional, durante el cual se adoptaron medidas como la supresión de la Inquisición y los señoríos. El rey conspiró de consuno con la Santa Alianza, la cual, en el Congreso de Verona (1822) declaró que una España liberal era un peligro para el equilibrio europeo y dispuso que Francia se encargara de terminar con él. Así, se restableció la monarquía absoluta en octubre de 1823. Riego fue ejecutado y todas las reformas liberales se dejaron sin efecto, salvo la relativa a la Inquisición.

Portugal también tuvo marcas de este tipo, aun con sus notorias diferencias: el avance del Ejército francés llevó a la crucial decisión real de trasladar la Corte a la colonia, y así prolongó el dominio sobre Brasil, cuya independencia es epifenómeno de la rebelión de los militares en Portugal. La revolución liberal se inició en Oporto en agosto de 1820, y se extendió a Lisboa. Los militares y burgueses se pronunciaron contra las condiciones políticas y económicas, en particular la presencia de un inglés presidiendo el Consejo de Regencia y la pérdida del monopolio económico de Portugal sobre Brasil. Se constituyó una Junta Provisional que exigió el regreso del rey y la Corte a Lisboa, y la conversión de la monarquía en constitucional, pero sin resignar la postura de retornar a Brasil a su anterior condición colonial. Para el rey João, el dilema no fue menor: si retornaba a Portugal, debía aceptar a los liberales y arriesgaba la pérdida de Brasil, mientras que si permanecía en Brasil, perdería a Portugal, pues allí los liberales no admitían por más tiempo la ausencia del monarca. Presionado por los militares portugueses y el Gobierno británico –que tenía obligación de defender la casa de Bragança frente a enemigos externos pero no en caso de ataques internos–, João optó por el regreso en abril de 1821. La Constitución –la primera que tuvo Portugal– fue aprobada en septiembre de 1822, de carácter liberal y basada en la española de 1812 y las francesas de 1791, 1793 y 1795. En Brasil quedó su hijo dom Pedro, de 22 años, como Príncipe Regente, quien proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822 (Grito de Ipiranga).

La paradójica relación entre conservadores y liberales, la centralización del poder a partir de la legitimación de situaciones locales y el fuerte militarismo de las sociedades latinoamericanas se remontan indiscutiblemente a estos episodios europeos.

Si, como ya se ha dicho, siguiendo a Halperin Donghi (1985), las independencias no pueden ser interpretadas de otro modo más que como capítulos americanos de las guerras europeas, no es menos cierto que hay que interesarse con igual énfasis por los capítulos europeos de las guerras americanas, las cuales se iniciaron en 1809 con los frustrados intentos andinos (Charcas, La Paz, Quito) y continuaron, con relativa mejor suerte, en 1810 con las primeras Juntas de Gobierno, en abril en Caracas; en mayo en Cartagena de Indias y Buenos Aires; en julio en Cali, Socorro, Pamplona y Bogotá; en agosto en Quito; en septiembre en Santiago de Chile, y, ese mismo mes, con la guerra en México. En territorio neogranadino las hubo también en Mompóx, Mariquita, Nieva, Girón y Tunja, mas no en Santa Marta y Popayán, donde la iniciativa no prosperó. En el fragmentado Reino de Guatemala hubo algunos frustrados intentos juntistas en San Salvador, León, Granada y Tegucigalpa. No hubo Junta alguna en Lima –“centro de la opresión y el despotismo”, como la llamó en 1818 José Riva-Agüero, un señor muy conservador–, ni tampoco en otras ciudades peruanas, excepto el breve caso de Cusco en 1814.

Como ya señalamos, el comienzo de la crisis del sistema colonial español en América, puede situarse hacia 1795, cuando la alianza de la corona española con la Francia revolucionaria –es decir, la guerra contra los ingleses– llevó a autorizar el comercio con colonias extranjeras y en barcos neutrales (Reales Ordenanzas del 4 de marzo de 1795 y 18 de noviembre de 1797). Finalmente, España perdió toda posibilidad efectiva de oponerse al comercio legal o ilegal de navíos extranjeros: en 1805, en Trafalgar, barcos ingleses enviaron al fondo del océano a la flota franco-española y los sueños de disputarle la hegemonía marítima a la Royal Navy.

Por lo demás, se vivía una época de ideas y prácticas revolucionarias, cuyo centro era Francia, sin desconocer el más modesto (en apariencia) aporte de los insurgentes de Nueva Inglaterra. En este clima se produjo, en octubre de 1807, la invasión napoleónica a la península, un hecho que trastocó el aparato político de España y de Portugal, y de sus colonias: los pueblos y los gobiernos de cada una de estas entidades tuvieron entonces nuevas tareas. Las tropas francesas entraron en territorio ibérico conforme lo acordado en el Tratado de Fontainebleau (99). El objetivo era ocupar Portugal, cuyo gobierno, aliado del Reino Unido, no había adherido al bloqueo decidido por Napoleón Bonaparte. Para la estrategia del corso era particularmente clave tomar Lisboa y su puerto. Pero luego el pasaje de las tropas francesas por tierras españolas se tornó ocupación del país –facilitada por el hecho de que los ejércitos borbónicos estaban ocupando Portugal– y con ella se tornó posible la eventualidad más temida: la caída de los imperios ibéricos en manos napoleónicas catapultaba al emperador de los franceses a una posición de poder planetario sin igual. Para los Borbones españoles, a su vez, la invasión francesa convirtió a sus colonias americanas en un apoyo, sobre todo económico, fundamental para repeler aquella y expulsar al Ejército galo. Así, los sucesos europeos desnudaron y sobre todo potenciaron las disputas locales en más de una de las ciudades hispanoamericanas. ¿La revolución estaba a la orden del día? Algunos hechos parecían señalar que sí, pero conviene ser muy precavidos en su apreciación.

Como se ha indicado en el capítulo anterior, los historiadores discuten si la gran insurrección de 1780-1782 tuvo o no carácter independentista. Introduciendo un sutil matiz, Brooke Larson (2002: 13) sostiene que el levantamiento de los campesinos de la sierra sur peruana y de Bolivia estuvo dirigido contra los símbolos de la opresión colonial y que fueron esos campesinos quienes “llevaron la emergente ‘era de las revoluciones’ transatlántica al interior de América del Sur. Comparable con los [posteriores] levantamientos encabezados por los esclavos en el Haití de la década de 1790, la emergencia andina de la década de 1780 cambió por siempre jamás la configuración del poder colonial en la cima de la sociedad, y los cacicazgos nativos locales y las formas de mediación étnica en su base”.

A su vez, Lynch (2003: 44) introduce un matiz diferenciador al señalar la existencia, en varios lugares de Hispanoamérica de rebeliones populares precedentes a las revoluciones de independencia, rebeliones que continuaron durante el período revolucionario y aun “después de este, sin relación con la cronología política”.

Con todo, la ruptura del nexo colonial tuvo otros sujetos y otros desenlaces. En efecto, en 1808-1809 se produjeron acciones favorecidas por la coyuntura de la crisis de legitimidad de la monarquía borbónica. En julio de 1808 –en un contexto de crisis económica causada por las guerras europeas–, llegaron a Caracas tanto la documentación emanada del Consejo de Indias, la cual daba cuenta del ascenso al trono de José Bonaparte y ordenaba su reconocimiento, como la noticia de los sucesos de mayo: la reacción del pueblo español contra la ocupación francesa, la constitución de Juntas Provinciales y de la Central, en Sevilla, que asumían el ejercicio del gobierno en nombre del rey cautivo (100). También, que la alianza franco-española, contra el Reino Unido se había roto y en su lugar se había formado otra, anglo-española, contra Francia. El gobernador y capitán general Juan de las Casas no tomó ninguna decisión respecto del reconocimiento del nuevo monarca. Hubo manifestaciones callejeras de apoyo a Fernando VII, lideradas por algunos criollos, entre ellos José Félix Ribas, Manuel de Matos Monserrate, los hermanos José y Martín Tovar Ponte (hijos del influyente conde de Tovar), los también hermanos Juan Vicente y Simón Bolívar, todos de familias de hacendados y plantadores mantuanos apoyadas por el Cabildo de Caracas, cuyos miembros eran partidarios del libre comercio y de constituir en la ciudad una Junta similar a las metropolitanas. El gobernador Casas, el regente-visitador Joaquín de Mosquera y Figueroa, y la Real Audiencia, en cambio, se oponían a esas demandas. En un clima tenso, Matos Monserrate (que denunciaba a los españoles como explotadores de Venezuela y pedía que se los matase o expulsase) y otros conjurados fueron arrestados y enviados a prisión, mientras que los hermanos Bolívar y los jóvenes que se reunían con ellos recibieron la “sugerencia” de retornar a sus plantaciones. Con intención de disminuir la tensión, Casas consultó al Cabildo sobre la posibilidad de constituir en la ciudad una Junta según el modelo metropolitano. La respuesta fue positiva, proponiendo un cuerpo de 18 personas bajo la dirección del propio Casas. Este demoró la respuesta y en el ínterin llegaron nuevas noticias procedentes de la Junta de Sevilla, entre ellas la de la confirmación en sus cargos de Casas y demás funcionarios. La Junta sevillana fue reconocida y la propuesta de una caraqueña, relegada. No obstante, los mantuanos no se contentaron y continuaron, aunque divididos, con sus intenciones. Un grupo, el de los hombres de mayor edad e influencia, era más bien autonomista, antes que independentista; el otro, el de los jóvenes, parecía ser partidario de la independencia, aunque invocaba a Fernando VII. Plantadores y comerciantes, jóvenes o viejos, coincidían, empero, en no apoyar el plan de Francisco de Miranda para crear Juntas en Caracas, Santa Fe de Bogotá y Quito para lograr “nuestra salvación e independencia”.

Derrotados en julio, los mantuanos volvieron con su propuesta en noviembre. Tras varias reuniones conspirativas, el 24 presentaron a Casas un documento –firmado por la flor y nata del mantuanaje– en el que requerían formalmente la conformación de la Junta Suprema de Caracas, tarea que debían realizar siete nombres propuestos por los conjurados, más el propio gobernador y el Cabildo. En la misma reunión se presentaron jefes militares de las milicias de pardos de Caracas y de los valles de Aragua y Valencia, opositores a la propuesta de crear una Junta y decididos defensores de “Fernando VII y su sabio gobierno en Caracas”. Casas respondió con medidas represivas: esa misma noche se arrestó a los firmantes de la petición, algunos de los cuales fueron a prisión, otros confinados a sus plantaciones o haciendas o bien fuera de la ciudad. Uno, Antonio Fernández de León, fue enviado a España, de donde regresaría más tarde convertido en marqués de Casa León. Ocho de los conjurados fueron encausados: el marqués del Toro, José Félix Ribas, Juan Nepumoceno Ribas, Mariano Montilla, José Tovar Ponte, Pedro Palacios Blanco, Luis López Méndez y Nicolás Anzola. Nos les fue mal: en abril de 1809, los fiscales solicitaron su sobreseimiento, acordado por el gobernador Casas y el regente Mosquera y Figueroa.

En la coyuntura abierta en 1808, el Virreinato de Nueva España era la principal colonia española, tanto por quantum demográfico –vivía allí más de un tercio (6.122.000 habitantes en 1814) de la población ultramarina sujeta a dominio español– como por poderío económico, en particular por la producción minera, que durante el siglo XVIII había superado a la peruana, afectada por la crisis potosina. Alrededor del 60% de la población era indígena; 22%, mestiza, y el restante 18%, blanca, predominantemente criolla. Los cuadros dominantes –burócratas, militares y curas– eran españoles europeos, mientras que el grueso de los dueños del poder económico –hacendados, mineros y comerciantes– era español americano, esto es, criollo. La capital virreinal, la ciudad de México, seguía a Madrid entre las ciudades de todo el imperio y era también, con 168.000 habitantes, la más poblada del continente americano. Se comprende, pues, su importancia estratégica.

En la bisagra de los siglos XVIII y XIX ya era visible, en el vértice de la estructura social, el grado de tensión-enfrentamiento entre peninsulares y nativos. También los indígenas mostraban signos de soliviantarse, como lo prueban algunos hechos acaecidos en 1771 y 1801, teñidos del mito del regreso y la anunciación de un Mesías indígena, en rigor, el regreso y la coronación de un rey de este origen. El primero de esos hechos fue la sublevación de José Carlos Ruvalcaba, de Tlaxcala, quien se hacía llamar José Carlos V, Rey de los Cielos y la Tierra, en Sonora y Sinaloa. Treinta años más tarde, otros tres movimientos, en Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo Reino de León, continuaron esa saga hecha de sincretismo y mesianismo, y acunada por el impacto de las reformas borbónicas, en particular las relativas a un nuevo momento de avasallamiento de las culturas originarias y la desarticulación de las misiones y los pueblos indígenas en beneficio de los reales de minas y los ranchos. No fue por azar que los insurrectos se apropiaron de la tríada imaginaria ordenadora del mundo colonial: Dios, Rey y Patria. Apropiación resignificada, en Nueva España, con el pasado iniciado con la conquista, durante la cual los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles, recibiendo a cambio algunos privilegios. Los sediciosos, pues como tales fueron tratados por las autoridades virreinales, no hicieron otra cosa que valerse de símbolos y valores tradicionales, algunos de ellos de origen colonial, otros, propios de las culturas originarias. La trilogía señalada muestra, inequívocamente, ese peso de la ideología colonial, sobre la cual se solapó el mito del retorno del rey indio.

De las tres de 1801 –las del “indio Mariano”, el “capitán Cuerno Verde” y Juan José García, alias “Alejandro Primero”– nos interesa recordar aquí la primera de ella, la rebelión de Mariano, “el de la máscara de oro”, en Tepic (actual capital del estado de Nayarit). El “indio Mariano” era Juan Hilario Rubio, cacique y comerciante tlaxcaleño residente en Tepic, quien pretendió coronarse “Rey de Indias” bajo el nombre “Mariano Primero”. Como es obvio, las autoridades españolas –conscientes del peligro potencial de la intentona, en un contexto de indígenas soliviantados (por añadidura en un área de reciente efectiva conquista) y de guerra de España con Gran Bretaña– reprimieron con rapidez la intentona. Si la tenemos en cuenta es porque ella levantó la imagen de la virgen de Guadalupe y banderas de colores verde, blanco y/o rojo, precisamente los típicos de su vestimenta. No fue, como es dable apreciar, un elemento simbólico menor ni un antecedente desdeñable del movimiento que poco después encabezaría el cura Hidalgo, aunque la historiografía mexicana tiene aún mucho por indagar al respecto.

En la apelación a valores religiosos, no debe descuidarse la intransigencia católica de españoles y americanos ante el ideario laico de la Revolución Francesa, acentuada cuando los franceses invadieron la Península Ibérica. En la lectura de la coyuntura hecha por muchos de aquellos, Napoleón no solo podía convertirse en emperador del mayor imperio del mundo, sino en un poderoso monarca al cual muchos católicos consideraban, sin fundamento, opuesto a la Iglesia, cuando no a la religión.

Cuando los franceses invadieron la Península Ibérica, Nueva España tenía como virrey a José de Iturrigaray, a quien se tenía como funcionario corrupto y, por añadidura, sospechado de propulsar un proyecto para declarar la independencia y convertirse, con apoyo criollo, en rey de la nueva entidad política. La oposición al virrey –amigo y partidario del ministro Godoy– fue encabezada por comerciantes españoles y ricos hacendados, en particular Gabriel de Yermo, todos antiliberales y enemigos de la independencia, y contaron con la bendición del arzobispo de la ciudad de México, Francisco Xavier de Lizana y Beaumont. El 14 de agosto de 1808, el síndico procurador del Ayuntamiento de la ciudad de México, Francisco Primo de Verdad y Ramos, apoyado por el regidor Juan Francisco Azcárate y Lezama, propuso crear una Junta para gobernar durante el cautiverio de Fernando VII, considerando la posibilidad de la caída de Cádiz y la eventual decisión de Napoleón de invadir Nueva España. El liberalismo de Primo Verdad y Azcárate, en particular la concepción de que la soberanía residía en el pueblo, ofuscaba a los españoles. Así, Bernardo Prado y Ovejero, de la Inquisición, sostuvo que como ella cuestionaba el derecho divino concedido a los monarcas y se oponía al magisterio de la Iglesia, podía acusar a Primo Verdad de hereje. Finalmente, el virrey rechazó la propuesta del síndico.

Días después, el 20 de agosto, llegó a México el representante de la Junta de Sevilla, con la misión de obtener el reconocimiento de esta. Casi de inmediato arribó otro representante, esta vez el de la Junta de Oviedo, con un objetivo similar. El día 25, el Cabildo rechazó ambas peticiones, decisión vista por los españoles como una maniobra del virrey. En la ocasión, el grupo encabezado por Yermo creó la milicia Los Patriotas de Fernando VII y el 15 de septiembre asaltó el Real Palacio capitalino y depuso a Iturrigaray, tras neutralizar el intento de resistencia de este y dar muerte a algunos soldados leales. El virrey depuesto y su esposa fueron acusados de fraude a la Corona, intento de sublevación contra el rey y sabotaje. Después de un tiempo en prisión en el país, la pareja y sus hijos fueron enviados a Cádiz. Primo Verdad, Azcárate y el Melchor de Talamantes, un mercenario peruano, liberal e independentista, también fueron detenidos, acusados de autoría intelectual del proyecto rupturista.

Un día después, el militar Pedro de Garibay, un anciano octogenario, fue investido como virrey legítimo, cargo que solo pudo ejercer hasta mayo de 1809, cuando murió afectado por la tuberculosis. La Junta Central designó en su lugar al arzobispo Lizana y Beaumont, confiando en su capacidad para neutralizar el protagonismo de los líderes españoles Guillermo Aguirre y Viana, Miguel Bataller y Pedro Catani, figuras destacadas en el golpe destituyente de Iturrigaray.

En diciembre de ese año se frustró la llamada Conjura de Valladolid (en Yucatán), impulsada por oficiales de bajo rango y curas del bajo clero, y encabezada por el hacendado José Mariano Michelena. Estos perseguían establecer un congreso soberano, integrado por representantes de la villa del virreinato, y gobernaría, siguiendo el modelo de la Junta de México, en nombre de Fernando VII, como medio de preservación del poder monárquico español en Nueva España. En marzo de 1810, el arzobispo-virrey dispuso la libertad de los implicados, hecho que movió a Catani, opuesto a él, a solicitar a la Junta Central su remoción. En septiembre llegó el nuevo virrey, Francisco Xavier Venegas de Saavedra, en momentos en que se descubría una nueva conspiración de criollos, en Santiago de Querétaro. Eran parte mayoritaria de ella comerciantes, militares (algunos de ellos vinculados a los conjurados de Valladolid), abogados, regidores y clérigos. La conducción militar fue confiada al capitán Ignacio Allende, siendo su segundo el capitán Juan Aldama, ambos del cuerpo de Dragones de la Reina, mientras el liderazgo popular fue confiado al cura Manuel Hidalgo y Costilla, ex rector del Colegio de San Nicolás de Valladolid y a la sazón párroco de Dolores. También tuvo un papel destacado Josefa Ortiz, esposa de Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, otro complotado. La Conspiración de Querétaro, cuyo objetivo era la constitución de una junta que gobernaría en ausencia de Fernando VII, fue descubierta tres meses antes de la fecha prevista para el alzamiento armado. Algunos conspiradores fueron detenidos en Querétaro, pero los que estaban fuera de la ciudad se reunieron en Dolores, donde Hidalgo hizo sonar las campanas y arengó a los pobladores a levantarse en armas contra los gachupines (españoles), a los que había que quitar el poder para que no lo entregaran a los franceses, dando inicio, como veremos más adelante, al primer proceso independentista de México.

En 1809 se produjeron los conatos revolucionarios de criollos blancos en Charcas, seguido de otro de mestizos en La Paz, ambos en el Alto Perú, y uno más de aristócratas criollos en la presidencia de Quito, a los cuales haremos referencia de inmediato. Todos fueron ferozmente reprimidos, pero también preanunciaron la revolución, que finalmente se desencadenó a escala continental un año más tarde tras la caída de Sevilla en manos francesas. No hay que olvidar que la Regencia, en febrero de 1810, al convocar a los americanos a elecciones de diputados de las Cortes de Cádiz, dio un argumento formidable:

Desde este momento, españoles americanos, habéis sido elevados a la dignidad de hombres libres. […] Vuestro destino no depende ya ni de ministros, ni de virreyes, ni de gobernadores, sino que está en vuestras manos (apud Calvo, 1996: 292).

Algunos se lo tomaron en serio. No hemos de analizar aquí in toto este complejo proceso, sino tan solo señalar su balance al cerrarse las guerras de independencia, tres lustros más tarde.

A la iniciativa de la Regencia se opusieron, sin embargo, reparos, uno de los cuales fue formulado por uno de los principales protagonistas, Bolívar, quien en el reflujo de 1815 llegaba a la conclusión de que

América no estaba preparada para separarse de la metrópoli, como sucedió repentinamente a consecuencia de las cesiones ilegítimas de Bayona y de la guerra inicua que la regencia nos declaró, sin ningún derecho para hacerlo, no solo por falta de justicia, sino también de legitimidad (Carta de Jamaica).

En mayo de 1809, en un área ya soliviantada por el impacto de las reformas borbónicas y las rebeliones indígenas, el conflicto local entre grupos de poder de la ciudad de Charcas, en el Alto Perú, se soldó con los cambios producidos en España (101). Así, mientras unos acataban el poder de la Junta Central de Sevilla, otros la negaban y mantenían fidelidad y reconocimiento a Fernando VII. Un grupo de criollos –entre los cuales estaban Mariano Michel, Bernardo de Monteagudo y Jaime de Zudañez– aprovechó la circunstancia y, bajo la “máscara de Fernando VII”, impulsó un levantamiento independentista. Aunque se propagó por otras localidades altoperuanas y resistió durante siete meses, el movimiento –al cual el historiador chileno Benjamín Vicuña MacKenna llamó “el Primer Grito Libertario de América y la chispa que encendió la lucha libertaria de América”– fue finalmente derrotado por las tropas enviadas por el virrey del Río de la Plata.

En julio del mismo año, por la acción de grupos revolucionarios que venían conspirando, se produjo otro levantamiento en la ciudad de La Paz. El grito fue el reiterado “¡Viva el Rey! ¡Muera el mal gobierno!”. Aquí, además de los enviados de Charcas (Mariano Michel y Manuel Mercado), descollaron el cura José Antonio Medina, Victorio García Lanza y el mestizo, minero y escribano, Pedro Domingo Murillo, a quien un Cabildo abierto designó jefe de las fuerzas militares. La divisa era “Por la religión, la patria y el rey, morir o vencer”. Los insurgentes –con una fuerte composición social popular– levantaron bandera, constituyeron una Junta Nacional Representativa de Tuición (más conocida como Junta Tuitiva de los Derechos del Rey del Pueblo) y elaboraron un Plan de Gobierno o Estatuto Constitucional, uno de cuyos artículos ordenaba que un indígena noble de cada uno de los partidos de las subdelegaciones de la Intendencia de La Paz integrara “el congreso representativo de los derechos del pueblo”. En parte por divisiones internas, falta de apoyo –la insurrección no logró extenderse a otras áreas– y eficacia represiva del poder colonial, cuyo Ejército era comandado por el peruano José Manuel Goyeneche, también este intento fue derrotado, en el mes de diciembre.

Simultáneamente, en agosto, un grupo de criollos de alto rango social, encabezados por Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, y comprometidos con un proyecto insurgente desde los últimos meses de 1808, destituyó a las autoridades coloniales y proclamó a una Junta Soberana, representativa del pueblo de Quito o Junta de Gobierno, encargada del ejercicio gubernativo mientras durase el cautiverio del rey. El grito insurgente fue “¡Viva Fernando VII! ¡Viva Quito!”, mientras que el juramento requerido a los militares fue “Juro por Dios y por la cruz de mi espada defender a mi legítimo Soberano Fernando VII, sostener sus derechos, mantener la pureza de la Santa Iglesia Católica Romana y obedecer a las autoridades constituidas”. Los rebeldes no pudieron contar con el apoyo de Cuenca y Guayaquil, ciudades donde las autoridades lograron controlar la situación, ni el de Pasto, que se pronunció a favor de la causa realista. Tampoco lograron la adhesión popular, ni en Quito ni en ningún otro lugar. El virrey de Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, ordenó el desplazamiento de tropas leales –entre las cuales había un cuerpo de mulatos y mestizos, es decir, americanos–, las cuales, con el concurso de las enviadas por el virrey de Nueva Granada, terminaron con la insurrección antes de finalizado el mismo mes de agosto. El depuesto presidente de la Real Audiencia, Manuel Urriez, conde de Ruiz de Castilla, reasumió su cargo. Con la represión por parte de las autoridades coloniales, hubo una fuerte reacción popular quiteña, el 2 de agosto de 1810, ocasión en la que se tomaron cuarteles y prisiones, pero el resultado fue otra vez negativo en razón de una nueva y feroz represión.

El Consejo de Regencia envió a Quito, como comisionado regio, a Carlos Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre. Se formó, bajo su dirección, una Junta de Gobierno que convocó a un Congreso, el cual aprobó una Carta Constitucional –Artículos del Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito– que, a pesar de contener algunos principios republicanos no dejó de reconocer a Fernando VII como monarca. Pero el intento no fue tolerado por las fuerzas españolas. A fines de 1812, el Reino de Quito estaba nuevamente bajo control realista. Como en 1808, los protagonistas fueron los grandes terratenientes criollos, interesados en desplazar a la burocracia colonial y hacerse del poder político para consolidar sus propios intereses de “clase”: no solo suprimieron las contribuciones de los blancos –manteniendo la de los indígenas–, sino que eliminaron la documentación de las deudas contraídas con la Corona por la compra de tierras. El clero se mantuvo mayoritariamente realista, mientras las clases populares no se plegaron a un proyecto que, evidentemente, no las incluía.

Los sucesos de agosto de 1809 han sido objeto de varias polémicas, sintetizadas por Juan Paz y Miño Cepeda (2008: 32 y ss.; los párrafos entrecomillados, en p. 33), quien además señala el carácter local de todas las rebeliones, “pese a que en algunos casos hubo comunicación con otras regiones. Los rebeldes no pudieron desarrollar luchas contra el sistema y no existieron condiciones para la toma del poder político”. La interpretación del autor es interesante: “Cierto es que las rebeliones indias carecieron de las condiciones para lo que en la actualidad denominaríamos una toma del poder político. Pero también es cierto que esas luchas indígenas lograron sembrar una conciencia social sobre la situación de las poblaciones sometidas y, además, sirvieron como argumento para encarar contra las autoridades españolas el sometimiento de que eran víctimas todos los habitantes de la Audiencia”.

Si estos estallidos andinos concluyeron en sonados fracasos, la cadena de los iniciados en 1810 fuera del área andina –en pocos meses la situación en España había cambiado– llevó, aun con la suerte dispar de ellos, a la conclusión del nexo colonial.

Un balance o –como ha preferido decirlo Halperin Donghi– el legado de las guerras de independencia señala algunos cambios decisivos: “Ruptura de las estructuras coloniales, provocada a la vez por una transformación profunda de los sistemas mercantiles, por la persecución de los grupos más vinculados a la antigua metrópoli, que habían dominado esos sistemas, por la militarización que obligaba a compartir el poder con grupos antes privados de él” (Halperin Donghi, 1969: 134). Más específicamente: la militarización de la vida política, previamente movilizada a niveles desconocidos hasta entonces en la región (102), enseñoreamiento cotidiano de la violencia; democratización de la sociedad (más en la estructura social que en el ámbito de las decisiones políticas); subordinación de la Iglesia al poder político; y muy especialmente, “una brutal transformación de las estructuras mercantiles”, que se abrieron por completo al comercio extranjero. “Lo que se busca en Latinoamérica son sobre todo desemboques a la exportación metropolitana y, junto con ellos, un dominio de los circuitos mercantiles locales que acentúe la situación favorable para la metrópoli […]; en toda Hispanoamérica, desde México hasta Buenos Aires, la parte más rica, la más prestigiosa, del comercio local quedará en manos extranjeras” (Halperin Donghi, 1969: 147-148).

El énfasis en la dimensión económica no es nada trivial. Inglaterra no solo se apoderó de un mercado ya existente (importante a escala continental, mucho menos a escala de cada uno de los nuevos Estados), sino que también creó otro nuevo. Estamos, pues, en una etapa en la cual el capitalismo inglés obtuvo y creó mercados para colocar sus mercancías. Las antiguas colonias americanas, por esta vía, pasaron de una situación colonial a una situación de dependencia mercantil, relación de desigualdad que corresponde a la fase competitiva del capitalismo. Estamos lejos todavía de las inversiones de capital (fase imperialista), si bien parece haberse producido “una inversión extranjera menos fácilmente visible, la de una parte de las ganancias comerciales, que se traducía, por ejemplo, en algunas regiones en la compra de tierras por parte de comerciantes extranjeros” (Halperin Donghi, 1969: 151-152). Pero estas inversiones no se prestan a confusión con las que se efectuarán en la fase siguiente.

El desorden de la guerra introdujo al menos dos innovaciones que resultaron irreversibles: 1) el incremento del consumo de mercancías industriales importadas que, aunque desacelerado posteriormente, generaría “crónicos problemas de balance comercial”, y 2) la “rápida liquidación del muy limitado capital acumulado en Hispanoamérica hasta 1810”, insuficiente para atender “la expansión de la producción para mercados ultramarinos” inducida por la liberalización económica (Halperin Donghi, 1972: 96). A su juicio, la escasez de capitales –más decisivamente que la limitación de la demanda– explica el freno de la expansión productiva. Ni el capital local ni el extranjero invierten, en escala decisiva, en el sector de la producción. Es por ello que, tras la independencia, solo se asiste al desarrollo de la ganadería, que requiere mínimas inversiones de capital, al tiempo que se detiene la minería, que, por el contrario, las necesita en elevadas proporciones (Halperin Donghi, 1972: 107 y 110).

Por otra parte, la movilización política de amplias masas –mayoritariamente rurales– y su militarización, necesarias para enfrentar al poder colonial, conllevaban el peligro del desborde hacia alternativas radicalmente revolucionarias, de hecho, aunque brevemente, manifiestas en el artiguismo en la Banda Oriental y en los movimientos campesinos conducidos por Hidalgo y Morelos en México, donde –dice Lynch, siguiendo a Enrique Florescano– la violencia de la revolución “nació del hambre y de la desesperación de las masas campesinas” (Lynch, 2003: 44). Esta posibilidad, unida a las luchas entre fracciones de clase y/o clases dominantes por la hegemonía, inclinó tempranamente –y ello es muy visible ya desde 1815, en estrecha conexión con la coyuntura política europea– a soluciones conservadoras en materia de organización política. También a una temprana primacía de la lógica de la guerra sobre la lógica de la política, traducida, inter allia, en la recurrente dificultad, cuando no imposibilidad, del poder civil de evitar el relajamiento de la disciplina militar y, por lo tanto, de subordinar a los jefes militares a su autoridad (103). Obviamente, el momento de ruptura con la dominación colonial requería de la acción militar, tanto más cuanto más fuerte era la reacción de los realistas (tanto españoles como americanos). Pero, a diferencia de los insurgentes de las trece colonias inglesas en América del Norte, los latinoamericanos no lograron poner bajo su dirección el poder militar, un hecho de decisivas consecuencias en el mediano y largo plazo (104).

Las guerras de independencia y las civiles que les sucedieron, cuando no se entremezclaron o confundieron con ellas, como se ha dicho antes, fueron el principal camino por el cual las clases subalternas, sobre todo las populares, accedieron a la política, aun cuando estas últimas casi nunca lograron constituirse como sujetos políticos. Ciertamente, los desórdenes de la primera mitad del siglo XIXpermitieron una posibilidad de movilidad social ascendente, pero ella fue transitada preferentemente por algunos individuos, por algunas familias o a lo sumo por pequeños grupos. Así, la historia de la lucha político-social por el poder y la constitución de un sistema hegemónico o, más a menudo, un sistema dominante fue una historia cuyos protagonistas principales fueron grupos ubicados en el vértice de las pirámides sociales, con temores viscerales por el efecto movilizador de las clases subalternas, a las que creían capaces de la mayor violencia destructiva: una forma de leer la experiencia jacobina francesa, pero también las grandes rebeliones andinas de 1780-1782 y la aún más violenta y radical de los esclavos haitianos.

En el bastión independentista rioplatense, un Congreso de tendencia conservadora, reunido en la ciudad de San Miguel de Tucumán, proclamó en 1816 la decisión de constituir “una Nación libre e independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y Metrópoli, y de toda otra dominación extranjera” –una decisión que no pudo, no supo o no quiso tomar la más radical Asamblea de 1813– y en 1819 aprobó una Constitución centralista redactada con una deliberada ambigüedad que hacía posible la adopción de la forma monárquica (105). Ese mismo Congreso decretó (sic) “fin de la revolución, principio del orden”, como si un movimiento de tal envergadura pudiera reducirse a un mero acto administrativo. El orden, no ya la revolución, fue entonces la prioridad de los sectores gobernantes. Pero no se trataba del orden revolucionario –más de un importante jefe político y militar pretendió la solución monárquica–, sino simplemente de aquel capaz de consolidar las posiciones adquiridas por los minúsculos grupos dueños del poder, de modo tal que se eliminaran las contradicciones no antagónicas y secundarias, y pudiera efectivizarse la reactivación de las economías, larga y duramente afectadas por las guerras.

Algunos de los tropiezos de las direcciones revolucionarias aparecieron manifiestos frente a la existencia y extensión de sentimientos separatistas en la mayoría de las antiguas colonias españolas, traducidos, por ejemplo, en la resistencia a la formación de grandes Estados confederados, como los proyectos de la primera República de Colombia, la Confederación de los Andes, la República Federal Centroamericana y la más ambiciosa Liga Anfictiónica Hispanoamericana pergeñada por Bolívar. No extraña, entonces, que en este doble contexto –americano y europeo, por un lado; económico y político, por el otro– el modelo de organización inglés apareciera como el más deseable, bien entendido el cambio de la monarquía por la república en nuestros países (106). La Pax Britannica –libre comercio, mercaderías baratas y libertad de conciencia (si bien la suerte de esta no resultó muy feliz en los nuevos Estados latinoamericanos)– favoreció un sistema que, en lugar de las incómodas, sangrientas y dictatoriales revoluciones, permitía cambiar el gobierno de la misma manera con que los ingleses cambiaban su administración: pacífica y “civilizadamente”. Esta política había sido impulsada por el astuto Robert Stewart, vizconde de Castlereagh –que ya en 1807 había descubierto que la cuestión colonial española requería una solución basada en la alianza y la amistad en lugar de la conquista–, y encontró una clara expresión sintética en George Canning, compartida por más de un político latinoamericano: “Yo soy, y sigo siendo, un entusiasta de la independencia nacional; pero no soy –y espero no serlo nunca– un entusiasta en favor de la revolución” (apud Kaufmann, 1963: 187).

Salvo Puerto Rico, Cuba (en América), Filipinas y los pequeños territorios de las islas Marianas, Carolinas y Palaos (en Asia), y los enclaves de Ceuta, Melilla y Guinea (en África), el resto del sistema colonial español se desmoronó completamente entre mayo de 1809 –con la fallida sublevación de Charcas– y diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho (107).

Como ya se ha dicho, fueron primordialmente los grupos criollos los que plantearon la necesidad de impulsar el proceso de independencia, y fueron estos criollos (revolucionarios) los que se alzaron en armas contra los realistas (principalmente peninsulares y también criollos de la alta burocracia y el alto comercio). La poco atinada pretensión de Fernando VII, vuelto al trono a comienzos de 1814, de recomponer sin concesiones la situación colonial previa a 1808, incitó la cólera sin retorno contra los realistas, en algunos lugares ya acentuada durante la primera fase, como en Venezuela, donde en 1813 Bolívar había firmado el decreto de “guerra a muerte a los españoles” (108). A partir de 1816 se sucedieron las declaraciones de independencia: ese año, en Argentina; en 1818, en Chile; en 1820, en Venezuela; en 1821, en México –simultáneamente con la independencia de la Capitanía de Guatemala (hasta 1840, cuando se separaron Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica); también en 1821, en Perú; en 1822, en la República de Colombia (que en 1830 se dividió en Venezuela, Colombia y Ecuador); en 1825, en Bolivia, y en 1828-1830, en Uruguay.

Cuando entre 1810 y 1815 las tendencias más radicales fracasaron y finalmente se restauró el poder monárquico (significativamente en todos los casos, menos en el del Río de la Plata), el control político pasó a manos de los sectores más conservadores, centralistas y autoritarios (esto ocurrió del mismo modo en el Río de la Plata, aunque sin restauración). Aun entre los líderes revolucionarios pesaban las nociones típicamente acuñadas por la ilustración: José de San Martín y Carlos María de Alvear compartían con Simón Bolívar el ideal de una unidad americana sostenida por ejércitos regulares y disciplinados. Este último incluso se acercó gradualmente, y al ritmo de los sucesivos fracasos, a nociones cada vez más centralistas y autoritarias. En 1820, la restauración absolutista llegaba a su fin, pero el centralismo y el conservadurismo sobrevivieron al punto de haber sido estas las ideas predominantes en las declaraciones de independencia hispanoamericanas.

En el plano de las ideas, el proceso independentista de América Latina tuvo varias influencias: la declaración de la independencia de Estados Unidos (1776) y las Constituciones de Massachusetts y de la propia Confederación (1780 y 1787, respectivamente); la Bill of Rights (Declaración de Derechos) de los “representantes del buen pueblo de Virginia” (1776), la Déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyen de los revolucionarios franceses (1789 y, en menor medida, la más radical de 1793); el pensamiento de la Ilustración (incluyendo la española); la propagación del liberalismo y, a modo de acelerante (109), las guerras napoleónicas (1802-1815). Pero mucho más que las ideas, fue la contundencia de los hechos la que puso en marcha la noción de soberanía de los pueblos: la ocupación de España por las tropas francesas y, en particular, la experiencia constitucional de Cádiz (1812-1814).

Pedro Pérez Herrero (2003: 348) señala, al respecto, que los “grupos de poder indiano” (tanto criollos como españoles) aprendieron muy bien dos lecciones: una, la Revolución Francesa enseñó que el poder podía legitimarse prescindiendo del poder monárquico [algo que también habían mostrado las trece colonias británicas en América del Norte al independizarse]; la otra, luego, que la política metropolitana de los Borbones, y a continuación la de las Cortes y la Constitución de Cádiz, “trataba de eliminar las autonomías política y económica americanas para potenciar la extracción de excedentes hacia la metrópoli” (110). Ambas les empujaron a “aprovechar el nuevo mecanismo del sufragio universal para, una vez justificado el acceso al poder, convertirse en las elites dirigentes de los nuevos Estados.”

En ese contexto, los proyectos emancipadores más radicales tuvieron corto aliento: los impulsados por Mariano Moreno y Juan José Castelli en Buenos Aires; José Gervasio Artigas en la Banda Oriental; Bernardo O’Higgins en Santiago de Chile; Simón Bolívar en Venezuela y Nueva Granada, fueron los más señalados. Así, Moreno, por ejemplo, era rousseauniano. Pensaba que los pueblos coloniales debían asumir el ejercicio de la soberanía porque la soberanía descansaba en los pueblos, que delegaban su ejercicio en el monarca por contrato social. Pero en América no había contrato social, sino conquista. Desaparecido el monarca, desaparecía la conquista y los pueblos debían asumir la soberanía (111). A las cortes españolas soberanas, no obstante, los americanos no pudieron enviar diputados en base proporcional a la cantidad de habitantes porque se les negaron los derechos políticos a los indígenas y hombres de color libres, cuestión que pocos estaban dispuestos a asumir. En rigor, las revoluciones hispanoamericanas fracasaron, en buena medida, por el triunfo de las tendencias que procuraron (y a menudo lograron) ser y permanecer legítimas y respetables.

Entre los motivos que movilizaron a los independentistas de los años 1810, ya se ha dicho, no fue menor el temor al desencadenamiento de un proceso de características similares al iniciado por los esclavos de Saint-Domingue. El radicalismo y la violencia sobre la minoría de plantadores blancos en la isla caribeña fue una señal de alerta que algunos grupos criollos de las colonias españolas con aspiraciones de alcanzar el poder recogieron con grave inquietud. El temor cundió especialmente en las áreas de plantación, en tanto el conflicto haitiano mostraba el grado de tensiones sociales y el potencial peligro que implicaba la politización de esclavos e indígenas.

Bolívar fue uno de los primeros en advertirlo, modificando rápidamente sus ideales revolucionarios y decidiendo estratégicamente no extender la lucha por la independencia a Cuba y Puerto Rico. Bolívar era un plantador cacaotero nacido en Caracas, propietario de esclavos y buen conocedor de la población haitiana. Proclamó la necesidad de abolir la esclavitud ante la violencia desencadenada en 1791 en Haití. En la Capitanía General de Venezuela, los ecos de esa violencia habían sonado casi inmediatamente, cuando en 1794, en Coro, y en 1795, en La Guaira, rebeliones de esclavos enfrentaron al poder dominante, amparados en la idea de libertad y en la experiencia antillana. No casualmente, el caraqueño Francisco de Miranda, El Precursor de la independencia, llamaba la atención sobre los peligros que esa violencia étnica significaba para los grupos propietarios blancos criollos (112). Así lo expresaba (en Carta a Turbull, 1798):

Le confieso que tanto como deseo la libertad y la independencia del Nuevo Mundo, otro tanto temo la anarquía y el sistema revolucionario. No quiera Dios que estos hermosos países tengan la [misma] suerte de Saint-Domingue, teatro de sangre y de crímenes, so pretexto de establecer la libertad; ¡antes valiera que se quedaran un siglo más bajo la opresión bárbara e imbécil de España!

En enero de 1798, Miranda había viajado a Londres y tomado contacto con el Primer Ministro William Pitt y el gabinete británico, a favor de su plan independentista: la instauración de un gran imperio independiente (extendido por toda la América española y portuguesa, desde el río Mississippi, por entonces la frontera sur de Estados Unidos, hasta Tierra del Fuego, el punto más al sur del continente). Esta entidad política, que propuso llamar “Colombia” (en homenaje a Cristóbal Colón, propuesta que Izard (1995: 100), agudamente, encuentra significativa: “Los libertadores se sentían descendientes de los conquistadores y no de los aborígenes”), sería una federación gobernada por un emperador hereditario llamado “Inca” (una forma de atracción de las masas indígenas), Cabildos, Asambleas provinciales y la Dieta Imperial (una legislatura bicameral). Las negociaciones con Pitt incluyeron la participación militar británica, la cual se materializó en la invasión a Venezuela en 1806 (desembarco en Coro, donde se izó por primera vez la primera bandera tricolor venezolana, de su creación). El intento fracasó, en buena medida por falta de apoyo de los criollos. Tampoco tuvo éxito en obtener la cooperación norteamericana, por lo cual volvió a insistir con la británica, logrando la formación de una gran expedición dirigida por Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, proyecto que se frustró debido a la invasión de la Península Ibérica por tropas francesas en 1808.

Cuando el 19 de abril de 1810 se inició el proceso independentista, Miranda se sumó a él activamente, siendo constituyente, jefe del Ejército republicano y presidente de la Confederación, con poderes dictatoriales tras la sublevación del capitán español Domingo Monteverde en 1812. En un contexto marcado por las intrigas de los mantuanos –que nunca miraron bien a un hijo de canarios–, la desorganización e indisciplina de las tropas, la campaña clerical contra la república y la independencia, entre otros factores, lo llevaron a firmar un armisticio con Monteverde, que este incumplió. Miranda, por su parte, señaló la insurrección de los esclavos como factor principal de la desfavorable situación militar de los republicanos que llevó a la capitulación. Los grandes propietarios caraqueños creyeron –o fingieron creer– que Miranda los traicionaba, por lo que un grupo de ellos, entre los cuales estaba Bolívar, lo apresó cuando se aprestaba a embarcarse hacia Curaçao con la intención de reorganizar fuerzas para combatir al Ejército realista (113).

El miedo de los españoles y de los criollos propietarios a una eventual revuelta de esclavos no fue privativo de Venezuela. En ocasiones, apareció asociado a la supuesta acción de agentes franceses o al servicio de la Francia revolucionaria, como en la llamada “conspiración de los franceses”, en Buenos Aires (1795), cuya jefatura fue atribuida al mestizo José Díaz, de quien se dijo que era jacobino y tupacamarista. El alcalde de Buenos Aires, Martín de Álzaga, hizo detener y torturar a Díaz y otros conspiradores, lo que motivó la aparición de pasquines en su contra. Uno de ellos le vaticinaba la muerte en la guillotina –instrumento inexistente en el Río de la Plata–, al cabo de un año. El vaticinio no se cumplió estrictamente, pero Álzaga, un comerciante de origen vasco-español, fue fusilado y colgado en la Plaza de la Victoria en julio de 1812, junto a una treintena de conspiradores contra el Triunvirato republicano. Antes, había tenido una destacadísima actuación en la lucha contra los invasores ingleses en 1806 y 1807, y en enero de 1809 había encabezado una asonada tendiente a destituir al virrey Santiago de Liniers, otro héroe de la Reconquista y la Defensa de la ciudad porteña, de quien Álzaga tenía sospechas de favorecer los planes de Napoleón Bonaparte, habida cuenta de su condición de francés. Liniers fue uno de los primeros fusilados por los revolucionarios rioplatenses por su posición contrarrevolucionaria y por su lealtad a la Corona española.

Hubo otra “conspiración de los franceses” en Chile y una en la levantisca Venezuela, donde la dirigida por Manuel Gual y José María España, en 1797, alzó ideales igualitarios y provocó entre los mantuanos el temor a una insurgencia de “las castas”. Los insurgentes distribuyeron un documento con máximas republicanas y un discurso preliminar dedicado a los americanos, cuya parte central era una traducción al castellano de la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Gual fue asesinado en su exilio en Trinidad y España ahorcado y descuartizado en Caracas. En 1798, se rebelaron los esclavos de Carúparo y Cariaco y, en 1799, se amotinaron los pardos de Maracaibo, reclamando la aplicación de la “ley de los franceses”, es decir, la abolición de la esclavitud. En efecto, el componente francés de estos episodios, todos reprimidos por el poder colonial, era la apelación a los principios de libertad e igualdad.

Venezuela –un área beneficiada por las reformas borbónicas pese a la crisis del sistema colonial– había tenido un crecimiento parejo y constante en torno a la producción del cacao, lo cual había extendido las plantaciones esclavistas y, con ellas, las tensiones sociales que le eran inherentes. El Jueves Santo 19 de abril de 1810, los cabildantes de Caracas (expresión de los terratenientes mantuanos), actuando en nombre de Fernando VII, decidieron desconocer al capitán general Vicente Emparán –nótese: un español afrancesado– y desobedecer a José I Bonaparte, impuesto por su hermano Napoleón como rey de España. El Cabildo constituyó una Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII –de hecho, pese a su nombre, una Junta de Gobierno local– e invitó a hacer lo mismo a las otras provincias de la Capitanía General, al tiempo que tomaba decisiones trascendentes: la liberación del comercio exterior; la prohibición del tráfico y el comercio de personas; la creación de la Sociedad de Agricultura y Economía (o Sociedad Patriótica, la cual, con su periódico Patriota Revolucionario y la incorporación de Miranda y de Bolívar, fue la principal fuerza propulsora de la independencia) y de la Academia de Matemáticas, y el envío de misiones diplomáticas al exterior (Curaçao, Reino Unido, Estados Unidos). Se decidió también convocar a un congreso del cual participaron las provincias de Caracas, Barcelona, Barinas, Cumaná, Mérida, Trujillo e isla Margarita, con ausencia de Coro, Guayana y Maracaibo, que permanecieron leales al gobierno español.

Con el Congreso reunido a partir del 2 de marzo de 1811, tras deliberaciones en las cuales se hicieron visibles las tensiones sociales a las que aludíamos antes –algunas de ellas explicitadas en la disputa entre la forma federalista y la centralista de organización del nuevo Estado–, el 5 de julio se proclamó la independencia, constituyendo la Confederación Americana de Venezuela en el Continente Meridional. Fue la tercera colonia en independizarse en el continente americano y la primera entre las españolas. Venezuela fue, también, el primer nuevo país en darse una Constitución, sancionada en diciembre de 1811, con una fuerte impronta de la Constitución norteamericana y de la Declaración de los Derechos del Hombre francesa. La nueva República se organizó bajo la forma federal y el principio de la soberanía popular. Se asumieron formas modernas: se consideró que el objeto principal de los gobiernos era asegurar al hombre el bien y la felicidad, y procurarle el ejercicio de sus derechos: libertad, igualdad, propiedad y seguridad. De allí, la abolición de los títulos de nobleza, honores o distinciones hereditarias y el fuero eclesiástico. Empero, no se pasó un límite: el Estado no era laico y tenía como religión oficial la católica. En este marco, fue abolido el comercio de esclavos y revocadas las leyes degradantes de los pardos. No obstante, la abolición del comercio esclavista no fue extendido a la esclavitud: el miedo a la sublevación de los negros esclavos seguía pesando sobre los grupos dominantes. No casualmente, Bolívar se mostró contrario a lo que llamaba “la pardocracia”, el gobierno de los mulatos. Así, la revolución política se reveló enseguida como un modo eficaz de evitar la revolución social-racial.

Las primeras rebeliones de esclavos y de pardos bajo la República fueron importantes. Los pardos se levantaron en 1811, 1812 y 1814. Significativamente, la primera de ellas se inició apenas seis días después de la declaración de la independencia: masiva y sostenidamente, los pardos liderados por José Tomás Boves, un asturiano, caudillo de los llaneros, se jugaron por la causa del Rey, más allá de la muerte del propio Boves (1814). En el segundo momento, iniciado en 1816, los llaneros, entonces dirigidos por José Antonio Páez –llamado “el Centauro de los Llanos”, “el León de Payara” y “el Taita”– se unieron a los insurgentes en enero de 1818, tras el encuentro de Páez con Bolívar. Los esclavos lo hicieron en 1812 y 1814, exacerbando el temor dentro de la clase dominante. La Legión Infernal de Boves, la insurrección de los esclavos y la Guerra a Muerte fueron factores claves en la derrota de la primera república venezolana y en “la casi destrucción de la clase dominante blanca” (Carrera Damas, 1986: 119-120).

En marzo de 1812, tropas realistas procedentes de Puerto Rico y comandadas por Domingo de Monteverde iniciaron acciones de reconquista en consonancia con las de los llaneros de Boves. El 26 del mismo mes, Jueves Santo, un fuerte terremoto provocó grandes destrozos en Caracas y otras ciudades republicanas, y dejó un terrible saldo de más de 10.000 muertos, incluyendo soldados alojados en cuarteles sepultados por el sismo. Como este no afectó las zonas realistas, no faltaron las voces que leyeron el desastre como “prueba” de con quién estaba Dios en la contienda. Aunque Bolívar quiso insuflar ánimos a los patriotas, la propaganda contrarrevolucionaria, en buena medida a través de la Iglesia, fue particularmente eficaz al asociar el terremoto con un castigo de Dios para quienes habían subvertido el orden. No olvidemos que la ruptura del nexo colonial había comenzado, dos años antes, también un Jueves Santo. Para muchos, la asociación entre los dos hechos era evidente.

El frente patriota distaba de estar cohesionado. Desconcierto y desaciertos en los campos militar y económico, y divisiones políticas caracterizaron el bienio 1812-1814. Fueron precisamente las contradicciones internas las que llevaron la experiencia venezolana al fracaso, para el cual el poder abrumador de la ofensiva realista constituyó, sin duda, el golpe definitivo: más de 10.000 hombres, dirigidos por el mariscal de campo Pablo Morillo, entraron en Caracas en julio de 1815 y pusieron un abrupto fin a la denominada “Patria Boba” o “República Boba”, expresión que la historiografía más reciente suplanta, con acierto, por “Primera República”. Pero hubo algo más que el peso numérico del Ejército español. Se trata del bregar de los grupos propietarios criollos en pos de lo que Carrera Damas ha llamado “el restablecimiento de la estructura de poder interna”. Fue, a su juicio, “el hecho social más significativo de la guerra de independencia”, con fuerza suficiente “para condicionar la instrumentación del orden republicano liberal en lo concerniente al sistema jurídico-social”. Tanta –añade– que el cese de las operaciones militares fue seguido por “la continuidad del enfrentamiento político entre los dos sectores de la clase dominante, cuya oposición se había manifestado hasta entonces como una disidencia respecto de la ruptura del nexo colonial, en función de su conveniencia para los fines de la preservación de la estructura de poder interna” (Carrera Damas, 1986: 23).

No obstante la derrota, Bolívar –quien alcanzó a huir y se refugió primero en Jamaica y después en Haití– no cejó en su empeño. Con la valiosísima colaboración de Pétion, el presidente haitiano, y el comerciante y militar curazoleño Luis Brión, veterano de las guerras napoleónicas (al servicio de la República Bátava), organizó una expedición libertadora que desembarcó en la isla Margarita en mayo de 1816 y desde allí buscó derrotar a los realistas. Las desavenencias internas y las derrotas parecieron inclinar la contienda, una vez más, a favor de estos. El decisivo cambio de posición de los llaneros, la llegada de armas y de voluntarios ingleses (la Legión Británica), la firme dirección política –de la cual la reunión de un Congreso en Angostura fue manifestación fundamental– y el cambio de táctica militar (pasaje del intento de ocupar los ricos valles centrales al de ganar Nueva Granada atravesando los páramos andinos) permitieron un giro en la guerra. Actuaron de modo coordinado con el neogranadino Francisco de Paula Santander, activo en los llanos de Casanare –contiguos a los del Apure y del Arauca– crearon condiciones militares y políticas favorables para avanzar sobre los reductos realistas. Tras el épico cruce de los Andes, los triunfos en la batalla del Pantano de Vargas y, sobre todo, la de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, permitieron al Ejército patriota avanzar sobre Bogotá, ciudad que ocuparon tras la huida del virrey Juan de Sámano, tres días después. Se trató de un intenso proceso de guerra civil que llevó, según Armando Martínez Garnica (2007: 203), a una “concentración del poder social en la nueva generación de militares del Ejército Libertador, con lo cual fue posible la invención de Colombia en 1819”. La historiografía más reciente señala el importante papel desempeñado por los pardos, especialmente en Cartagena, donde lograron que la Convención Constituyente de 1812 reconociera la igualdad de derechos de todos los hombres libres, con independencia del color de su piel y grado de instrucción. Pero no constituyó “un logro de algún proyecto racial de los pardos, sino la reivindicación normal allí donde las cartas provinciales exigieron la ciudadanía de los hombres libres y la promesa de manumisión paulatina de los esclavos” (Martínez Garnica, 2007: 205).

Simultáneamente, un congreso reunido en Angostura desde febrero de 1819, con la participación de representantes de Venezuela, Nueva Granada y la Presidencia de Quito, fijó, en diciembre, las bases para crear una nueva entidad política, la República de Colombia (114x). Nueva Granada se convirtió en Cundinamarca y la antigua capital virreinal, Santa Fe de Bogotá, perdió su componente religioso para ser solo Bogotá (nombre indígena) y terminó siendo la capital de la nueva República. Esta sería gobernada por un presidente, con un vicepresidente para los casos de ausencia del primero, ambos elegidos por voto indirecto. El Congreso eligió a Bolívar y a Santander para cubrir ambos cargos. El venezolano, además, recibió el título de Libertador, al tiempo que su retrato era expuesto en la sala de sesiones con el lema “Bolívar, Libertador de Colombia y padre de la Patria”.

Al concluir sus deliberaciones, el Congreso resolvió convocar a un Congreso Constituyente, el cual se reunió en Cúcuta en 1821. La Magna Asamblea aprobó, en el contexto de la fundamental victoria patriota en Carabobo (24 de junio de 1821), la Constitución de la República y ratificó decisiones tomadas en Angostura. La Carta definió al gobierno de Colombia como popular y representativo, aunque “el pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones primarias, ni depositará el ejercicio de ella en unas solas manos” (art. 10). La ciudadanía política era concedida, por el artículo 15, a los colombianos; casados o mayores de veintiún años, que supieran leer y escribir (“pero esta condición no tendrá lugar hasta el año de 1840”), fuesen dueños de alguna propiedad raíz con valor libre de al menos cien pesos, o en su defecto “ejercitasen algún oficio, profesión, comercio o industria útil, con casa o taller abierto sin dependencia de otro en clase de jornalero o sirviente”. Estableció la división tripartita de los poderes, con un Legislativo bicameral (para ser elegidos, los aspirantes a senadores y diputados debían ser propietarios, tener una cierta renta anual o ser profesionales liberales). El presidente y el vicepresidente tenían, al igual que los legisladores, un mandato de cuatro años, y no podían ser reelectos. La Constitución también dispuso la vigencia de los derechos o las libertades civiles.

En lo que llegó a ser Ecuador –Reino, Real Audiencia o Presidencia de Quito–, el proceso de constitución del nuevo Estado, tras los fracasos de los intentos pioneros de 1809-1812 y de la República de Colombia bolivariana, fue mucho más el resultado de la coincidente estrategia continental de San Martín y Bolívar que de la acción de los grupos locales. Mientras el ejército de San Martín ocupaba Lima y el norte peruano, el de Colombia –comandado por el general Antonio José de Sucre, el mejor de los generales de Bolívar, e integrado por neogranadinos, venezolanos, guayaquileños, quiteños, peruanos, altoperuanos, rioplatenses, chilenos, irlandeses, ingleses e incluso españoles– liberaba a Quito tras la decisiva batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, considerada por algunos autores la más internacional de las batallas por las independencias hasta ese momento. Pero la independencia alcanzada allí, sostiene Carlos Landázuru Camacho, “no satisfizo completamente a nadie” toda vez que fue “fruto de tantas voluntades discordantes”: “Quito no obtuvo el espacio económico político que había soñado. Guayaquil debió incorporarse a la Gran Colombia a la fuerza. Y nadie tomó siquiera en cuenta las aspiraciones de esas masas populares que pretendieron impulsar una revolución original en los tumultuosos días de 1810-1812”. Menos aún fueron tenidas en cuenta las demandas de los campesinos indígenas, quienes “con exasperante constancia venían sublevándose desde el siglo anterior, tan solo para ser duramente reprimidos por los nuevos señores que habían de convertirse en capitanes de la independencia. Todos ellos hubieran podido ponerse de acuerdo, por lo menos, en que la independencia fue una revolución a medias. Y en eso no se hubieran equivocado” (apud Marchena Fernández, 2007: 178).

La Provincia Libre de Guayaquil, que había proclamado su independencia el 9 de octubre de 1820, se convirtió en epicentro de decisiones trascendentes para la causa libertadora. Tres corrientes trataban de dirimir sus diferencias: los partidarios de la incorporación a la Gran Colombia, los favorables a la anexión de la provincia a Perú y los que postulaban la constitución de la Provincia como una entidad política soberana e independiente, grupo básicamente compuesto por grandes terratenientes plantadores cacaoteros, cada vez más vinculados al mercado exterior. La cuestión fue zanjada autoritariamente por Bolívar, quien llegó a la ciudad en julio de 1822, tomó la suma del poder y decidió la incorporación a la República de Colombia.

La Gran Colombia, la nueva entidad política, estuvo sujeta, desde el comienzo mismo, a fuertes tensiones internas, que la retirada de las últimas tropas realistas, en 1823, hicieron más notorias. Los mantuanos –“los amos del valle” de Caracas, como los llamó el escritor Francisco Herrera Luque– no estaban del todo conformes con la Constitución de Cúcuta, que consideraban excesivamente centralista e insuficiente en cuanto a la atención de los problemas venezolanos. Las posiciones regionalistas, mezcla de diferencias socioeconómicas, políticas e ideológicas, no pudieron ser contenidas ni encauzadas. Por añadidura, las posiciones divergentes entre sí de Bolívar, Santander y Páez contribuyeron también al fracaso de un proyecto de integración subregional, pensado como núcleo inicial de un proyecto aún más ambicioso de escala regional, que había sido concebido primero por Miranda y asumido luego por Bolívar, quien convocó en 1824 al Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), asamblea que no logró ponerlo en marcha.

En 1826, Páez reasumió el cargo de comandante general, acto rebelde que fue acompañado por varias municipalidades venezolanas, entre ellas Caracas y Valencia. Los descontentos pedían el retorno de Bolívar (que se encontraba en Perú), para que oficiara de árbitro y mediador, y la convocatoria a una nueva Convención Constituyente para introducir reformas en la Carta Magna, en particular, la adopción de un régimen federal, al tiempo que se consideraban no dependientes del gobierno central (es decir, de Bogotá), sin proponer todavía la secesión. Este episodio, conocido como “la cosiata”, fue el comienzo del fraguado, como escribió Izard (1979: 36), de una nueva guerra civil, en este caso, entre Páez y sus partidarios venezolanos, y el Gobierno. El regreso de Bolívar, a fines de ese año, trabó la escisión mantuana, pero no solucionó el grave conflicto.

La Convención Constituyente se reunió en Ocaña a partir de marzo de 1828 y fue escenario de la confrontación entre centralistas y federales (a veces expresados como militaristas y civilistas), encabezados respectivamente por el presidente Bolívar y el vicepresidente Santander. En la fractura, los mantuanos giraron su posición y pasaron de opositores a aliados de este. La falta de resolución del conflicto llevó a la autodisolución de la Convención, en junio, tras la retirada de la primera facción. Bolívar –que en marzo se había atribuido facultades extraordinarias– asumió el poder supremo en agosto, y terminó siendo un dictador con el título de Libertador Presidente. En septiembre, los santanderistas intentaron, sin éxito, asesinarlo. La represión subsiguiente alcanzó a Santander, quien fue condenado a muerte, pena conmutada por el destierro, en razón de sus antecedentes en la lucha por la liberación.

Amén de estos enfrentamientos, en 1829, hubo una rebelión en Ecuador, una invasión militar peruana, derrotada, y un alzamiento contra Bolívar en Medellín. La anarquía y la disgregación de la República Colombiana llevó a algunos dirigentes a plantear la conversión del régimen político en monarquía constitucional, convocando y coronando a algún príncipe europeo, propuesta que terminó siendo rechazada, en particular después del enérgico pronunciamiento republicano del general Páez. Pari passu, las posiciones conservadoras, empezando por las del propio Bolívar, iban ganando posiciones. Es que, como ha señalado Carrera Damas (1986: 131), a medida que el estado de guerra por la independencia iba desapareciendo, el pensamiento y la acción política del Libertador consideraban al liberalismo democrático tanto un obstáculo para restablecer la estructura de poder interna como “un estímulo al desbordamiento de esa estructura”.

Un nuevo Congreso Constituyente fue convocado para 1830. En noviembre de 1829, una reunión en Valencia se pronunció por la República (contra la propuesta monárquica) y la secesión de Venezuela. Otra, en Caracas, ratificó la propuesta secesionista, demandó una Constituyente exclusivamente venezolana y se opuso a Bolívar. En cambio, Maracaibo ratificó su lealtad al Libertador y Oriente era mayoritariamente favorable a la continuidad de la unión colombiana. Empero, la suerte del proyecto bolivariano estaba sellada: en el Congreso reunido en Bogotá en enero de 1830, la representación venezolana anunció su secesión. Bolívar renunció a la presidencia en mayo (Domingo Caicedo fue designado presidente interino), mes en el que un Congreso reunido en Venezuela declaró formalmente la separación, posición que también adoptó el Departamento del Sur (Quito), dando lugar a la nueva República del Ecuador. La de Colombia, reducida a Nueva Granada (que incluía a la provincia de Panamá, hoy República) subsistió hasta noviembre de 1831. En 1832, se creó la República de Nueva Granada, nombre que persistió hasta 1857, cuando se transformó en Confederación Granadina; luego se llamó Estados Unidos de Colombia (1862, bajo gobiernos liberales) y, finalmente, en 1886, durante la Regeneración conservadora, pasó a llamarse República de Colombia.

Al disolverse la Gran Colombia, Páez, conservador, fue designado presidente provisional de Venezuela en 1830 y ratificado constitucionalmente en 1831 (hasta 1835). El general Juan José Flores, también de tendencia conservadora, fue elegido primer presidente de Ecuador (1830-1834), mientras Santander –de tendencia liberal y civilista (es célebre su expresión “Colombianos, las armas os han dado la independencia; las leyes os darán la libertad”)– lo fue de Nueva Granada.

Así, el proyecto colombiano mirando-bolivariano se frustró antes de los diez años de puesto en marcha (115). Es cierto que la República de Colombia debió soportar una seria crisis económica, en buena medida por el enorme peso de los gastos militares, amén de otras dificultades de distinta índole (desde las geográficas, para una eficaz comunicación, hasta las ideológicas), pero la principal causa del fracaso fue la posición de la aristocracia mantuana, siempre temerosa de la “guerra de castas”. Izard es claro al respecto: la combinación de persistencia de la estructura social colonial, la ya señalada crisis económica y el incumplimiento de promesas realizadas a los soldados (y el ejército, por su composición social [llaneros, pardos, esclavos capacitados militarmente], había devenido en una fuerza potencialmente tan temible como lo habían sido antes los pardos), llevaba a los mantuanos a “temer una reanudación más violenta, y quizá definitiva, del enfrentamiento de las castas, en el que el gobierno de Bogotá, enfrascado en una guerra internacional, no pudiera garantizar el ‘orden’ interno”, sin olvidar la tendencia crecientemente liberal que ese Gobierno (a cargo de Santander, por ausencia de Bolívar) iba adquiriendo. Ellos dirigieron el movimiento federalista y secesionista que llevó a la disolución de Colombia, pero no a establecer un régimen más liberal (Izard, 1979: 167-171). Ya antes, en El culto a Bolívar, Carrera Damas había caracterizado a la secesión venezolana como “una empresa política esencialmente reaccionaria”.

En el sur del territorio colonial español, la revolución estalló casi simultáneamente con Tierra Firme (Venezuela). En el Río de la Plata, el impulso provino de los militares criollos que habían cobrado protagonismo después de las invasiones inglesas (1806-1807), muy vinculados con las elites urbanas. La revolución fue sobre todo urbana, porteña y militarmente enérgica en la banda occidental del río, mientras que en la oriental fue rural. La rivalidad reciente entre ambos puertos –Buenos Aires y Montevideo– se trasladó de la economía a la política, y hubo opciones encontradas.

El 22 de mayo de 1810, en la capital del Virreinato, un cabildo abierto, cuya convocatoria los patriotas porteños arrancaron al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, decidió, por 156 contra 69 votos, destituir al mandatario y facultó al Cabildo la elección de su sucesor. La argumentación de los criollos se fundaba en la doctrina del pacto de sujeción, bien conocida en la tradición española, según la cual, en caso de caducidad de la autoridad real, la soberanía retrovertía a los pueblos. Frente al obispo Benito Lue y Riega, quien sostuvo que

Aun cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese subyugada, los españoles que se encuentren en las Américas deberían tomar y asumir el mando de ellas; este solo podrá venir a manos de los hijos del país, cuando ya no quede ni un solo español en él,

postura soberbia rebatida por Juan José Castelli:

los derechos de la soberanía han revertido al pueblo de Buenos Aires, que puede ejercerlos libremente, no existiendo ya, como se supone no existir, la España en la denominación del señor don Fernando VII.

En una maniobra contraria a la decisión del 22, los cabildantes acordaron, el 24, reemplazarlo por una junta constituida por dos españoles, dos criollos y el propio Cisneros como su presidente. Fue un intento de imponer la solución gaditana a la sucesión de las autoridades coloniales, frustrado por la decisión patriota de desplazar al virrey y sus acólitos. Los dos miembros criollos (Cornelio Saavedra y Juan José Castelli) renunciaron a sus cargos y sus renuncias conllevaron la de los realistas. El 25, los vecinos criollos y los comandantes de las milicias urbanas, exigieron al Cabildo la formación de una junta de gobierno autónoma con exclusión de realistas, es decir, la solución criolla (116). Así, se formó un cuerpo colegiado de nueve miembros –un presidente (el hacendado y militar Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios), dos secretarios (los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso) y seis vocales (los abogados Juan José Castelli y Manuel Belgrano, el militar Miguel de Azcuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y dos comerciantes catalanes, Juan Larrea y Domingo Matheu) (117)-, formalmente denominada Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII, pero más conocida como Primera Junta, aunque en rigor fue la segunda, si bien la primera, la del 24, no alcanzó a entrar en funciones. En su seno se expresaron rápidamente dos posiciones: la radical –Moreno, Castelli y Belgrano– y la moderada, a cuyo frente se encontraba Saavedra, quien consideraba a Moreno un “malvado de Robespierre”. De hecho, la dirección revolucionaria expresaba la importancia adquirida en el trienio 1806-1808 por los jefes militares creados por la resistencia a los invasores ingleses y por civiles partícipes de los debates sobre la crisis monárquica tras la invasión de España por los franceses.

La Junta tomó varias decisiones trascendentes, en particular las que resultaron del impulso de Moreno. Fue un lapso breve, de apenas seis meses y medio, pero suficiente para exponer los objetivos de la tendencia radical, así como la energía mostrada para alcanzarlos. Entre otras medidas, se decidió solicitar a los Cabildos del interior el envío de diputados a Buenos Aires para constituir un congreso; fundar una biblioteca; crear la Gazeta de Buenos Ayres (muy rápidamente: el 7 de junio); desterrar a las islas Canarias a Cisneros, a los miembros de la Audiencia y a otros españoles, acusados todos de conspiración; excluir a los españoles de las funciones públicas; destituir a todos los cabildantes de Buenos Aires; suprimir los honores del presidente de la Junta (un resabio del orden virreinal); editar en castellano el Contrato Social de Rousseau y convertirlo en libro de texto de la enseñanza primaria (medida revocada luego por el Cabildo).

Como Montevideo, Asunción, Córdoba, Salta y Charcas decidieron reconocer la autoridad del Consejo de Regencia, la Junta porteña dispuso enviar dos expediciones militares, una al Alto Perú y otra a Paraguay, para vencer a los opositores y ganar adeptos. Las expediciones auxiliadoras encontraron resistencia a su paso. En Córdoba, una acción contrarrevolucionaria dirigida por prestigiosos hombres fue enérgicamente reprimida, y sus cabecillas fueron fusilados en Cabeza de Tigre el 26 de agosto. No eran funcionarios menores, pues se trataba de Santiago de Liniers –el héroe de la Reconquista de la primera invasión inglesa y ex virrey (1806-1809)–; Juan Gutiérrez de la Concha (gobernador intendente de Córdoba del Tucumán), y el coronel Santiago Allende (comandante de armas de la Gobernación Intendencia), además del doctor Victorino Rodríguez (asesor del Gobernador) y el tesorero Joaquín Moreno. Al otro complotado, el obispo Rodrigo de Orellana, la pena de muerte le fue conmutada por la de prisión (118).

El fusilamiento de los contrarrevolucionarios de Córdoba fue la expresión del ala radical, dispuesta a impedir todo conato fidelista. Esa política llevó a la Junta (al parecer por propuesta de Belgrano) a solicitar a Moreno, en una sesión secreta del 15 de julio de 1810, la redacción de un “plano que manifiesta el método de las operaciones que el nuevo gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica hasta consolidar el gran sistema de la obra de nuestra libertad e independencia”, más conocido por el breve título de Plan revolucionario de operaciones o solo Plan de Operaciones. En una sesión posterior fue aprobado por la Junta (119).

El Plan tiene dos componentes fundamentales: uno, estratégico; el otro, coyuntural, táctico. Si bien suele prestarse más atención o darle mayor realce al segundo –donde se enfatizaba la apelación a la violencia (fusilamientos, delaciones), incluso al terror, para aplastar a los contrarrevolucionarios (contra ellos, debía ejercerse la conducta “más cruel y sanguinaria”) –, lo medular del Plan se encuentra en su propuesta de construcción de un orden no solo poscolonial sino efectivamente revolucionario. En la construcción de ese orden se le adjudicaba un papel central al Estado y se proponía un conjunto de medidas para, como señalaba el artículo 6º-1ª,

fomentar los fondos públicos luego que el Perú y demás interior del Virreinato sucumban, para los gastos de nuestra guerra, y demás emprendimientos, como igualmente para la creación de fábricas e ingenios, y otras cualesquiera industrias, navegación, agricultura, y demás.

Se proponía una política proteccionista e industrialista, que incluía la propiedad estatal de las minas y apuntaba a facilitar “la subsistencia a tantos miles de individuos”, persiguiendo el objetivo de satisfacer las necesidades del país

sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes, no hablando de aquellas manufacturas que, siendo como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil, que deben evitarse principalmente porque son extranjeras y se venden a más oro de lo que pesan (art. 6º-4ª).

El Plan disponía que el gobierno debía

tratar, y hacer publicar con la mayor brevedad posible, el reglamento de igualdad y libertad entre las distintas castas que tiene el Estado, en aquellos términos que las circunstancias exigen, a fin de, con este paso político, excitar más los ánimos; pues a la verdad siendo por un principio innegable que todos los hombres descendientes de una familia están adornados de unas mismas cualidades, es contra todo principio o derecho de gentes querer hacer una distinción por la variedad de colores, cuando son unos efectos puramente adquiridos por la influencia de los climas (art. 1º-17ª).

También contiene una política antiesclavista y, notablemente, igualitaria en lo social:

las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad (art. 6º-1ª).

Las Expediciones al Alto Perú y a Paraguay, confiadas a dos radicales –Castelli y Belgrano–, y el levantamiento de Artigas, en 1811, parecen avalar la verosimilitud del controvertido documento. Puesto al frente del Ejército del Norte, Castelli dispuso el fusilamiento del gobernador intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz; del general en jefe del Ejército realista en el Alto Perú, Vicente Nieto, y del mayor general José María Fernández de Córdoba y Rojas, los tres partícipes de la represión de 1809 en Chuquisaca, acusados de “reos de alta traición, usurpación y perturbación pública hasta con violencia y mano armada” (diciembre de 1810). Un cuarto contrarrevolucionario, el general José Manuel de Goyeneche –un arequipeño fidelista, también corresponsable de las acciones represivas del año anterior– logró fugarse. Pero, aun siendo hechos notables, lo sustancial de la acción político-militar de Castelli no radicó en su energía contra los enemigos de la revolución. El 25 de mayo de 1811, en Tiahuanaco, proclamó el cese de la servidumbre indígena, incluyendo el de todas las “cargas e imposiciones indebidas”, y con él la adquisición de derechos como la igualdad a la educación, al reparto de tierras y a la representación política. La medida era de un radicalismo notable para la época y no solo dentro del mundo colonial americano. Sin duda, perseguía ampliar la base social de la revolución y sumar hombres para la Expedición Libertadora, pero no menos cierto es que era expresión inequívoca de la concepción igualitaria defendida por los morenistas. No extraña, pues, que los hacendados –españoles y criollos, unidos por intereses de clase más allá de otras diferencias– se opusieran con todas sus fuerzas a la medida revolucionaria, tomada por un dirigente que estaba al frente de un ejército al que representaban, no como libertador, sino como ocupante del Alto Perú.

Retomamos la referencia a la resolución de la Junta porteña de convocar a un congreso para señalar que Moreno entendía que el mismo no debía tener “otro fin que reunir los votos de los pueblos para elegir un gobierno superior de estas provincias que subrogase el del virrey y demás autoridades que habían caducado”. Leído el texto en el contexto, las demás autoridades que habían caducado eran tanto las que estaban debajo como las que estaban por encima del virrey, es decir, el Consejo de Regencia y, como la Junta no lo reconoció (ni tuvo la intención de reconocerlo), el propio rey.

Moreno fue desplazado en diciembre, cuando debió renunciar y fue enviado en misión diplomática al Reino Unido; falleció en alta mar, en marzo de 1811, presuntamente envenenado. También en diciembre se constituyó la denominada Junta Grande (por incorporación de representantes de las provincias), extendida hasta septiembre de 1811, cuando fue reemplazada por el Primer Triunvirato, que gobernó hasta octubre de 1812. La composición de la Junta acentuó el carácter conservador del Gobierno.

El 8 de octubre de 1812, una rebelión cívico-militar, autoría de la Logia Lautaro y de la Sociedad Patriótica, dio lugar al Segundo Triunvirato, el cual, el 24, dictó un decreto convocando a una Asamblea General Constituyente. Aquí se planteó por vez primera, en ámbito oficial y desde él, la caducidad del poder real y la cuestión de la independencia nacional.

La firmeza de los orientales –visible en las instrucciones de abril de 1813, dadas a unos diputados que fueron rechazados en Buenos Aires–, o el apasionamiento independentista de Bernardo de Monteagudo en su polémica periodística con Vicente Pasos Silva, ilustran parcialmente el clima de ideas en que se desenvolvió ese ambiguo proceso que llevó a la ruptura definitiva con el poder colonial. En ese sentido, la Asamblea, que comenzó a sesionar el 31 de enero de 1813 (con la omisión del juramento de lealtad a Fernando VII), se planteó un programa máximo –la declaración de la independencia y la sanción de una Constitución, para la cual hubo cuatro proyectos, tres centralistas y uno federal– y realizó uno mínimo, pero no por ello carente de significación: decidió su carácter soberano (es decir, en la propia Asamblea residía la representación y el ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas, siendo sus representantes diputados de la Nación y el trato recibido el de ciudadanos); declaró la “independencia de toda autoridad eclesiástica existente fuera del territorio, ya fuese de nombramiento o de presentación real”; adoptó los símbolos de identidad estatal (escudo con el republicano y rojo gorro frigio, moneda, himno y bandera) y eliminó los del viejo (el escudo del rey, su efigie en las monedas, el pabellón español); declaró “fiesta cívica” el 25 de mayo; resolvió la independencia de las órdenes religiosas respecto de las autoridades situadas fuera del territorio rioplatense; disolvió la actividad del Tribunal del Santo Oficio (con sede en Lima); y prohibió “el detestable uso de los tormentos”, a los cuales ordenó quemar en la Plaza de la Victoria, creó un Poder Ejecutivo unipersonal (el Director Supremo), asesorado por un Consejo de Estado; dictó un Reglamento para la Administración de Justicia.

Continuando la acción inicial de la Revolución, cuando suprimió el tributo indígena (1811) y prohibió la importación de esclavos (1812), la Asamblea avanzó también en el terreno del derecho privado al eliminar el servicio personal de los indígenas en todas sus formas (mita, yanaconazgo, encomienda); libertar a los futuros hijos de madres esclavas y a todos los esclavos que ingresaran al país (medida que los portugueses lograron revertir luego); abolir los títulos de nobleza y prohibir la exhibición de blasones; suprimir los mayorazgos, los vinculados y las temporalidades. Es decir, en la práctica, la Asamblea tomó decisiones rupturistas, independentistas, pero al mismo tiempo se negó a definirlas formalmente como tales. Sus decisiones no diferían, en cuanto a su contenido, de las adoptadas en Venezuela en diciembre de 1811, al aprobar la primera Constitución, casi seis meses después de declarar la independencia.

El desplazamiento de los morenistas y, dentro de la Logia Lautaro, de San Martín por Alvear y, en junio, el rechazo de la diputación oriental –aduciendo una cuestión de forma, si bien no trivial, pero en el fondo por el radicalismo de sus posiciones– cambió la correlación de fuerzas en favor de los partidarios de no declarar la independencia. Este hecho se sumó a un conjunto de acciones y decisiones porteñas que extremó la tensión con el artiguismo, cuya culminación fue la connivencia entre directoriales y portugueses para que los portugueses invadieran a la Banda Oriental (1816) y finalmente la derrota del caudillo revolucionario (1820). Adicionalmente, la negativa a reconocer la validez de la representación oriental fue una de las expresiones iniciales de una cultura política que, en la larga duración, ha tenido como patrón expulsar a los disidentes y rehusar el debate de ideas. Si el hecho terminó deviniendo estructural u orgánico, en la coyuntura fue un error político o, como ha dicho el español Manuel Lucena Salmoral (1992: 86), un acto de miopía política, dada la situación en la que rápidamente se encontrarían las Provincias Unidas tras la derrota de las tropas comandadas por Belgrano –el abogado y economista devenido general por las urgencias de la guerra– en el Alto Perú (batallas de Vilcapugio y Ayohuma, en octubre y noviembre de 1813), el reforzamiento realista de la guarnición de Montevideo y, en diciembre, la decisión de Napoleón de reponer a Fernando VII en el trono (diciembre de ese año). En ese contexto, dividir las fuerzas antirrealistas no era la mejor decisión.

La cuestión de la elección y el rechazo de los representantes orientales es un caso claro de la mezcla de principios tradicionales y modernos. La diferencia formal a la que aludíamos más arriba recubría diferencias de fondo de orden jurídico-político que, a su vez, encubrían otras más sustanciales. El Segundo Triunvirato dispuso la convocatoria a la Asamblea aplicando un principio tradicional –los diputados debían ser elegidos por los Cabildos, expresión del poder colonial restrictivo y corporativo– y uno moderno –los diputados eran considerados representantes de la Nación única e indivisible (una notable ficción, pues ella no existía aún) y, por lo tanto, libres de decidir según sus conciencias y pareceres en cuanto a la mejor conveniencia para los intereses nacionales. Es decir, no se admitía la soberanía de los pueblos. En la coyuntura, la aplicación de este principio –en definitiva, el pasaje de la concepción de la soberanía residiendo en los pueblos a la de la soberanía residiendo en la Nación– tenía por objetivo fortalecer a los centralistas en detrimento de los confederales y/o federales.

Los artiguistas, a su vez, también obraron con una combinación de principios modernos y tradicionales. En efecto, la diputación oriental, si bien representaba a los Cabildos orientales, fue elegida, contrariando la disposición porteña, por un Congreso –el de Tres Cruces, reunido en abril de 1813– constituido, como dice el acta de la sesión inaugural, por “los vecinos emigrados de aquella Plaza, [Montevideo], los habitantes de sus extramuros, y los Diputados de cada uno de los pueblos de la Banda Oriental del Uruguay”, los cuales, una vez “hecha la manifestación de los poderes de estos, y representando así al Pueblo Oriental como soberano, después de haberse cerciorado bastantemente de las órdenes con que se hallaba el predicho ciudadano José Artigas para el reconocimiento y jura de la Asamblea Soberana de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con la meditación más seria sobre el particular, se decidió por el voto sagrado de su voluntad general” reconocer a esa Asamblea, previa aceptación por parte del Gobierno porteño de ocho condiciones, a modo de pacto. El procedimiento electivo era lo más parecido a una forma de democracia directa, a la sazón un principio moderno (en la clave rousseauniana, por no decir, uno de la antigua Atenas, resignificado por la Modernidad). Al mismo tiempo, la diputación recibió veinte expresas y explícitas instrucciones a presentar ante la Asamblea. El mandato preciso era parte de la tradición política española. Conforme ella, los diputados, en tanto apoderados de quienes los habían elegido, debían ceñirse a las instrucciones recibidas.

Precisemos. Para el caso de la Banda Oriental, la Asamblea había dispuesto que su diputación fuese elegida mediante un proceder ad hoc: debían ser solo dos, uno por Montevideo y otro por Maldonado. Pero, el Congreso de Tres Cruces rechazó esa pretensión y la reemplazó por una resolución, fundada en el derecho colonial, conforme la cual Montevideo, en tanto cabeza de provincia, nombraría dos, mientras que las villas con Cabildo (Maldonado, Santo Domingo de Soriano y Guadalupe de los Canelones) designarían uno cada una y aquellas que solo tenían “medio cabildo” (San Juan Bautista –actualmente Santa Lucía– y San José de Mayo) elegirían uno en representación de las dos. Así, la representación oriental pasaba a tener seis diputados. Los revolucionaros orientales no solo dispusieron triplicar el número de sus asambleístas, sino que los eligieron conforme principios democráticos y anticorporativos.

En rigor, la mayoría de la Asamblea optó por invocar una cuestión formal –por lo demás incoherente con las decisiones tomadas en otros casos, en los cuales diputados mal elegidos fueron, no obstante, admitidos– para encubrir la verdadera razón: la posición independentista, constituyente, confederal-federal y democrática.

Varios factores confluyeron para el fracaso de la Asamblea del año XIII en cuanto a la consecución de sus objetivos máximos, la declaración de la independencia y la sanción de la Constitución. Los moderados que dominaban la política porteña y –a través de ella– la rioplatense, descollaron ya en el ejercicio del “realismo”, cuando no del oportunismo. Sensible a las vicisitudes de la guerra de la independencia en el frente norte (altoperuano), donde hubo retrocesos militares y políticos de los patriotas, al fracaso de Napoleón en su intento por derrotar a los españoles (amén de perder posiciones en el resto de Europa), a los avances restauradores en Europa, a la presión inglesa para evitar la independencia, a los cambios de orientación político-ideológica…, la cambiante dirección revolucionaria fue resignando sus mejores propuestas y limitando sus objetivos hasta renunciar a su condición de revolucionaria.

Si bien la experiencia de Saint-Domingue había sido mucho más radical, y sobre todo más violenta, que la de Artigas y los Pueblos Libres, hay que señalar que el “Protector de los Orientales” encabezó, entre 1811 y 1820, el ala más radical, popular, democrática, liberal, republicana y federal de la revolución rioplatense. Su proyecto político-social enfatizaba la democracia y la igualdad. Así, por caso, en el proyecto de Constitución de la Provincia Oriental del Uruguay (1813), el primer artículo señalaba que “todos los hombres nacen libres e iguales” y el quinto proclamaba que todo poder reside originariamente en el pueblo. Esta concepción fue explícitamente reiterada en las bases para la misión de Tomás García de Zúñiga ante el Gobierno de Buenos Aires (1813): “La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra revolución”, doctrina que Artigas ratificó en la “Oración inaugural” pronunciada en la primera sesión (5 de abril de 1813) del Congreso reunido en Tres Cruces:

El resultado de la campaña pasada [la de 1811] me puso al frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad general […]. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana.

Artigas planteaba sin eufemismos la necesidad de declarar la independencia –tesitura con la cual coincidía Monteagudo–, en contraste con la posición dominante, escudada en la llamada “máscara de Fernando VII”. En efecto, en el Río de la Plata, el período 1810-1816 estuvo marcado por la controversia respecto de la necesidad, conveniencia u oportunidad de declarar formalmente rotos los vínculos coloniales con la metrópoli española.

Al analizar el proceso desde la perspectiva de Tilly, puede decirse que la coyuntura rioplatense entre 1815 y 1820 fue una clara situación de soberanía múltiple, en la cual dos centros disputaban la titularidad del ejercicio de la soberanía. En efecto, había entonces, en el territorio del Río de la Plata, dos gobiernos de hecho, que a veces casi parecían dos Estados: el directorial, antirrevolucionario y pro monárquico de las Provincias Unidas, con capital en Buenos Aires y con autoridad reconocida por la provincia homónima y por las de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Salta (con Jujuy); y el Sistema de los Pueblos Libres, o Liga Federal, cuya jefatura ejercía Artigas con orientación revolucionaria, republicana, democrática, federal y liberal, extendida por la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Entre mediados de 1814 y septiembre de 1816, Córdoba, gobernada por José Javier Díaz, también adhirió al sistema. La sede gubemamental artiguista era el poblado Purificación, sobre la margen izquierda del río Uruguay, al sur de Salto. La Liga tenía bandera propia; firmó con el Reino Unido un tratado de libre comercio (Acuerdo Artigas-Bowles, del 2 de agosto de 1817); mantuvo relaciones con el representante norteamericano en el Río de la Plata, el cónsul Thomas Lloyd Halsey; hizo la guerra a Portugal en defensa de la integridad territorial, guerra que incluyó la acción de corsarios (el Protectorado expidió cartas patentes, siendo importante, en este sentido, el Acuerdo Artigas-Halsey, de agosto de 1817, que permitió utilizar el puerto de Baltimore como base de operaciones). En el ejercicio cabal del gobierno, el artiguismo tomó un conjunto de decisiones fundamentales, que abarcaban todos los planos de su actividad: política arancelaria, portuaria, impositiva, comercial y de promoción “industrial”, administración de justicia, regulación de la propiedad de la tierra (con el revolucionario reglamento de tierras de 1815), acciones en materia de educación y de salud pública, etc.

¿Qué separaba a los Pueblos Libres de Buenos Aires? “En primer lugar, la oposición al centralismo del poder revolucionario instalado en la antigua sede virreinal; en segundo término, una adhesión más decidida a los principios democráticos que, aunque también en Buenos Aires eran parte integral de la ideología revolucionaria, se equilibraban allí con la adhesión no siempre consciente a los principios sobre los cuales se había erigido una sociedad jerárquica y desigual en los siglos coloniales” (Halperin Donghi, 1985: 157). La apreciación del autor destaca, en efecto, dos fundamentales diferencias entre uno y otro proyecto en el plano político y, por extensión, en el basamento sobre el cual construir ese orden político. La solución a esa dialéctica se dio en el doble plano de la guerra y de la política, y fue inequívocamente “perversa” (sin síntesis) en el segundo.

El sistema artiguista es un ejemplo formidable de proyecto de orden alternativo, de un orden, en este caso, como hemos dicho, opuesto al de los directoriales. El “Protector de los Pueblos Libres” impulsó una política de reconocimiento de libertades civiles que fue mucho más allá de lo propuesto y aceptado en la época, incluyendo la del autogobierno de los indígenas y la de religión. Artigas fue muy inteligente al convocar a los indígenas y vincularlos con la cuestión de la tierra, e incluso con el acceso a ella mediante una política de colonización. El carácter revolucionario del artiguismo tuvo una expresión elevada en el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados, de septiembre de 1815. Este notable instrumento legal –inscripto en lo que los historiadores uruguayos Nelson de la Torre, Julio C. Rodríguez y Lucía Sala de Touron llamaron “el modo jacobino con que Artigas financió la revolución popular”– fue en rigor “un durísimo instrumento político y revolucionario” destinado a castigar a los enemigos y a favorecer a los patriotas, pero también un “programa económico-social de la revolución” tendiente a cortar el nudo gordiano de la propiedad de la tierra, al afectar (aunque no en su totalidad) la propiedad latifundista de la tierra –por confiscación de la de los “malos europeos y peores americanos”, es decir, los contrarrevolucionarios– y favorecer el asentamiento de los pobres del campo. “En el cuadro del libre acceso de todos los hombres a la tierra, el Reglamento buscaba desterrar los vagos, malhechores, que parasitasen sobre la producción y la propiedad de los pobres del campo contraídos al trabajo libre y digno” (De la Torre, Rodríguez y Sala de Touron, 1971: 49 y 56-57).

Asimismo, un episodio igualmente singular alimentó los espíritus más políticamente recatados: el éxodo del Pueblo Oriental. Después de la destitución del virrey Cisneros y la instauración de la Junta de Gobierno de Buenos Aires en mayo de 1810, el Consejo de Regencia español designó a Javier de Elío como virrey del Río de la Plata. Elío estaba en Montevideo, que se mantuvo leal a la causa realista, y desde allí ordenó a Artigas, por entonces teniente de blandengues en Colonia, que organizase un contingente militar para atacar a Buenos Aires. Artigas desobedeció la orden y se plegó a la revolución el 25 de febrero de 1811 (Grito de Asencio). En mayo, el Ejército porteño sitió Montevideo, pero en octubre, tras las derrotas ante los españoles en Huaqui, en el frente altoperuano, el Triunvirato gobernante en Buenos Aires acordó con Elío la firma de un armisticio, por el cual las tropas porteñas se retiraron de la Banda Oriental. Artigas lo rechazó y ratificó la decisión de luchar contra los realistas. Como parte de esta resistencia dispuso –ante la superioridad militar oponente– la inmediata retirada de sus tropas y de la población. Iniciado en San José, el éxodo –también conocido como La Redota– desplazó, en una caravana de carretas y gente a caballo y a pie, a más de 10.000 personas (algunos dicen 16.000), combatientes y población civil, hasta Ayuí, en Entre Ríos (Argentina), cruzando el río Uruguay (120).

Independencia, Constitución, “pueblo unido y armado”, organización estatal según la secuencia “confederación → federación”, libertad civil amplia, igualitarismo, soberanía particular de los pueblos, autogobierno de los indígenas, pacto recíproco de las provincias (iguales en dignidad, privilegios y derechos, sin pretensión alguna de subyugar una a otras) para constituir el Estado, ataque a la propiedad latifundista de la tierra: he ahí el núcleo duro del Sistema de los Pueblos Libres. Eduardo Azcuy Ameghino (2004: 55) acota la singularidad de la ausencia de referencia alguna a la cuestión de la esclavitud como punto de la agenda de los problemas sociales definida por Artigas, sin resultar posible establecer por qué razón no fue “un problema prioritario para su gestión política”.

El mismo autor señala, con agudeza, que “la innovación más eficaz introducida” por Artigas fue, quizás, “el ejercicio práctico –no coyuntural ni momentáneo– de un punto de vista novedoso, expresado en la perspectiva, en más de un aspecto democratizadora, con que abordó los problemas políticos y socioeconómicos más acuciantes” (Azcuy Ameghino, 2004: 54).

Así, el proyecto de Artigas se erigió como contrario a los valores conservadores del lazo colonial, al centralismo excesivo y a la igualdad limitada (y decreciente) de los revolucionarios moderados de Buenos Aires. No hubo en el Río de la Plata una propuesta de orden revolucionario como la del Jefe de los Orientales. Con todos los límites que se le quieran poner, la hondura de su proyecto ayuda a entender por qué pudo hacer confluir en el campo enemigo a quienes no eran necesariamente copartícipes de una misma posición (realistas, directoriales, portugueses, terratenientes, comerciantes de Montevideo, terratenientes de las dos bandas del Plata). A los enemigos del Sistema de los Pueblos Libres los unía el espanto ante “ese demonio”, según el calificativo del directorial Manuel de Sarratea, o “bárbaro desorganizador”, como lo llamó más tarde Bartolomé Mitre.

Restaurada la monarquía en la metrópoli, la revolución en el Río de la Plata tomó un nuevo rumbo. El Congreso de Tucumán de 1816 declaró la independencia y designó director supremo a Juan Martín de Pueyrredón, antes perseguido por el Gobierno. Mientras tanto, prominentes revolucionarios, como Belgrano, se volcaban tácticamente a una fórmula monárquica (aunque de origen incaico), parecer compartido por San Martín. Al mismo tiempo, el poder central de Buenos Aires –ejercido por los conservadores directoriales, furibundos enemigos de Artigas, quien les había confiscado tierras por aplicación del Reglamento de 1815– decidió retirar sus fuerzas y dejar a la Banda Oriental a la deriva de la invasión portuguesa. Manuel José García, enviado diplomático del Directorio a Rio de Janeiro, pactó con la Corte lusitana la invasión de la Banda Oriental, mientras el Gobierno porteño destinó fuerzas militares nacionales a Santa Fe y Entre Ríos, donde fueron derrotadas por los jefes provinciales Estanislao López y Francisco Ramírez, quienes, a su vez, se sumaron a los disidentes, cuando no traidores, al “Protector de los Pueblos Libres”: Tomás García de Zúñiga, los hermanos Manuel e Ignacio Oribe, Rufino Bauzá, Carlos San Vicente y, junto a ellos, “toda la burguesía comercial portuaria y los grandes hacendados desertados del bando patriota” (De la Torre, Rodríguez y Sala de Touron, 1971: 56-57).

Tras la derrota ante los portugueses en Tacuarembó (enero de 1820), también Fructuoso Rivera desertó del artiguismo y se pasó a las filas invasoras. Así, el bando patriota en la provincia oriental se dividió en dos alas, la “moderada, criollo-aristócrata (riverismo) confiada en el ejército y el ala demócrata-agraria (artiguismo), para la cual la revolución y la movilización de las masas resultaban inseparables”. Más aún: la actitud de Rivero llevó “al ejército a la escena política, la cual de alguna manera eliminaba de forma indirecta al movimiento popular” (Kossok, 1989: 245 y n. 114). La provincia fue ocupada por los portugueses a partir de 1816 –con la “aprobación entusiasta de buena parte del patriciado montevideano” (Caetano y Rilla, 2005: 36)– y proclamada Provincia Cisplatina del Reino de Portugal, Brasil y Algarve en 1821. Continuó llamándose Provincia Cisplatina mientras perteneció al Imperio de Brasil (1824-1828). La invasión portuguesa provocó, además, la contramarcha de la revolucionaria política agraria de Artigas.

Entre la ocupación portuguesa de la Banda Oriental y la posterior conversión de esta en República independiente, el Río de la Plata atravesó una etapa muy conflictiva, caracterizada por el fracaso en la constitución de un Estado o, al menos, un gobierno común de todas las Provincias Unidas, y la guerra con Brasil por la Banda Oriental. Los directoriales bonaerenses centraron buena parte de su acción en la guerra contra el ala radical de la revolución, el artiguismo, que desde la Banda Oriental se había extendido hacia el Litoral y Córdoba, al punto de, como acaba de señalarse, propiciar su ocupación por los lusitanos –viejos pretendientes de la provincia– y, por lo tanto, la amputación del propio territorio. Fue recién en 1820 cuando la acción combinada de portugueses, directoriales y desertores del artiguismo terminó con el proyecto revolucionario. Finalmente, el entrerriano Ramírez, uno de los varios subalternos renegados de las fuerzas del “Protector de los Pueblos Libres”, lo venció decisivamente entre junio y septiembre de ese año, enviándolo a perpetuo destierro en Paraguay.

Empero, como alguna vez señaló Halperin Donghi, la victoria de los directoriales sobre el artiguismo fue su victoria póstuma. En efecto, en Santa Fe, el Ejército directorial, incapaz de imponerse en combate, arrasó, saqueó e incendió hasta pactar una tregua en abril de 1819. El Director Supremo, Pueyrredón, recurrió al Ejército del Norte: retiró tropas del frente antiespañol para destinarlas a la resolución de la guerra civil contra los Pueblos Libres. También convocó al Ejército de los Andes, pero San Martín se resistió a adherir a esa estrategia. Pueyrredón renunció y José Rondeau, su sucesor, insistió en dar prioridad a la guerra civil por sobre la de independencia, a los intereses dominantes de Buenos Aires por sobre los de la nación no constituida. La guerra se reanudó: las fuerzas litorales avanzaron sobre la ciudad-puerto y el Ejército Auxiliar del Alto Perú, convocado por el Director Rondeau, que había sido su jefe, se sublevó, facilitando la derrota de las tropas directoriales por las litorales el 1º de febrero de 1820.

La crisis de 1820, un verdadero nudo histórico, arrasó con el monarquismo, con el incipiente Estado central (ya que no nacional), con el proyecto radical artiguista y con la propia revolución. Con el desplome del poder central, las provincias reasumieron su soberanía en un proceso de ruptura de las divisiones administrativas heredadas de la colonia, es decir, las gobernaciones intendencias, y su reemplazo por otras. El espacio político rioplatense se fragmentó en una pluralidad de provincias, “una pluralidad de centros de poder independientes entre sí”, para decirlo con las palabras de Halperin Donghi. De hecho, tal ruptura significó la organización de varias repúblicas independientes, apenas unidas por la voluntad de no acentuar la potencialidad de la tensión fragmentadora. A todo ello se sumaron los efectos que las guerras de independencia y civiles causaron en la economía, en los reajustes sociales y en la mentalidad de los diferentes grupos sociales.

Las Provincias Unidas del Río de la Plata se desintegraron formalmente para dar lugar a nuevas entidades políticas: 1) la Provincia de Buenos Aires, formalmente extendida hasta el sur del país, pero en los hechos no mucho más allá del río Salado; 2) la República de Entre Ríos, que reunía a Entre Ríos, Corrientes y Misiones y era gobernada por un supremo entrerriano; 3) la República Federal del Tucumán, integrada por Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, cuya Constitución –promulgada el 6 de septiembre de 1820– establecía un régimen unitario dirigido por un presidente de la República (no director del Estado, ni gobernador); 4) los Pueblos Unidos del Cuyo, esto es, Mendoza, San Juan y San Luis, que optaron por la forma federal, con un Gobernador al frente del gobierno de cada una de las provincias y un presidente de los Pueblos Unidos como máxima autoridad del conjunto (Pacto de Unión y Constitución de mayo de 1821); 5) la República Federal de la Provincia de Córdoba –separada del Gobierno central tras la sublevación del Ejército del Norte en Arequito (enero de 1820)–, cuya organización fue definida por la Constitución de enero de 1821 y que tuvo como titular del Poder Ejecutivo a un presidente de la República; 6) Santa Fe –que se había separado de Buenos Aires en 1818–, con un gobierno dirigido por un caudillo, según la “carta política originalísima” de agosto de 1819; 7) Salta, que todavía incluía a Jujuy, organizada según la Constitución de agosto de 1821, bajo la égida de un gobernador; 8) La Rioja, desligada de Córdoba en marzo de 1820, que se constituyó en provincia independiente “bajo la forma federal proclamada por los demás pueblos hermanos”.

Esta fragmentación regional se encadenó con una más amplia, simultánea y sucesiva. Corrientes se separó de la república entrerriana en 1821 y, en su estatuto de diciembre de ese año, estableció una estructura gubernamental con tres poderes ampliamente facultados, excepto “aquello que pueda corresponder al Cuerpo o Estado general de la Federación nacional”. Entre Ríos, entonces, se organizó como un formal Estado con su gobierno representativo independiente, bajo las disposiciones de la Constitución de marzo de 1822.

La República del Tucumán, presidida por el aristocrático coronel Bernabé Aráoz, no pudo evitar la temprana segregación de Santiago del Estero, decidida por el Cabildo capitalino –controlado por comerciantes y agricultores de las tierras de riego– y bajo la férula del hacendado ganadero (del área de frontera) Felipe Ibarra, en abril del mismo 1820. Dicho sea de paso, Ibarra gobernaría la provincia de Santiago del Estero –un área “extremadamente pobre, una Galicia americana”, como la caracterizó Halperin Donghi– durante tres largas décadas (y con solo cortos intervalos), hasta su muerte, en julio de 1851. No obstante la declaración de independencia, Santiago del Estero firmó con Tucumán el pacto de Vinará, de paz y libre comercio (junio de 1821), y el de Tucumán, de unión entre ambas y en pro de la más pronta reunión de un congreso nacional (septiembre de 1821). Catamarca, a su vez, también se separó de la República del Tucumán en 1821, se proclamó provincia federal independiente y sancionó una Constitución en 1822.

Los Pueblos Unidos de Cuyo se fragmentaron en tres provincias, a partir del golpe militar que en San Juan encabezó el porteño coronel Mariano Mendizábal, quien se hizo teniente gobernador y poco después generó la formal independencia de San Juan respecto de Mendoza (marzo del mismo año). El coronel golpista gobernó pocos días, aplicando el terror, el asesinato y el saqueo, y fue depuesto por el mismo sector “patricio” que lo había encumbrado. El golpe de Mendizábal también escindió, de hecho, a San Luis.

Como en el caso de la República del Tucumán, las cuyanas separadas en 1820 tendieron a reunificarse, tal como lo prueba el Pacto de Unión, Liga de Provincias y Constitución de los Pueblos Unidos del Cuyo, acordado por Mendoza, San Luis y San Juan en mayo del año siguiente.

Así, la crisis de 1820 no solo disolvió el Gobierno central creado por la Revolución de 1810: también multiplicó el número de provincias constitutivas de esa “nueva y gloriosa nación”, cuyo ascenso “a la faz de la tierra” cantaba el poeta Vicente López y Planes apenas siete u ocho años antes. Las tres gobernaciones intendencias de Buenos Aires, Córdoba y Salta se dividieron en trece provincias independientes: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Todavía habrá una fractura más: en diciembre de 1834, Jujuy se proclamó independiente de Salta.

Esta fragmentación política se apoyó en la persistencia de economías a su medida –provinciales, más que regionales–, en las cuales predominaba el capital comercial. No obstante, como advirtió en su momento Halperin Donghi y retomó luego José Carlos Chiaramonte, el proceso de la independencia desplazó a los viejos sectores mercantiles de las funciones dominantes en la política y en la economía, reemplazados por sectores rurales, notablemente representados por diferentes caudillos provinciales.

Como bien lo advirtió De la Torre, Rodríguez y Sala de Touron (1971: 26), en 1820 murió “el carácter revolucionario del federalismo” rioplatense y concluyó la fase revolucionaria; se llamó “federalismo” a lo que solo eran “los intereses coincidentes contrarrevolucionarios de las ‘soberanías’ provinciales, que eran la muerte de la nación”. En efecto, la crisis de 1820 cerró la primera etapa del proceso de construcción de un Estado nacional o, por lo menos, central (121). También puso de manifiesto los límites de los sectores de las clases dominantes regionales o provinciales –en primer lugar, la burguesía porteño-bonaerense, más desarrollada en su proceso de formación como clase– para alcanzar la dimensión nacional. La consagración de la primacía de la fragmentación sobre la unificación se expresó, así, en la inexistencia de una clase social dominante nacional y de un Estado que defendiera y/o representara sus intereses y, contrario sensu, en la proliferación de poderes provinciales más opuestos que coincidentes entre sí. Adicionalmente, este movimiento que condujo “a la sustitución del conjunto colonial por numerosos subconjuntos sin la creación de un Estado nacional” (Arnaud, 1981: 191) tampoco conllevó la generalización de relaciones de producción capitalistas.

En 1825, tres ex artiguistas –Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe y luego Fructuoso Rivera– encabezaron un movimiento federal partidario de independizar a la Banda Oriental del dominio brasileño y de reintegrarla a las Provincias Unidas. Fue la llamada “Cruzada Libertadora” o “de los 33 Orientales” (que no eran 33 sino 40, de los cuales solo 21 eran, efectivamente, orientales; los otros eran 3 argentinos, 4 paraguayos, 2 africanos y 10 de origen desconocido). Contaron con apoyo porteño –sobre todo de poderosos terratenientes como Juan Manuel de Rosas–, se organizaron en Buenos Aires, desde donde partieron en abril para desembarcar en la playa de la Agraciada y comenzar su lucha. El 25 de agosto de ese año, la Asamblea reunida en La Florida declaró a la Provincia Oriental del Río de la Plata “de hecho y de derecho libre e independiente del Rey de Portugal, del Emperador del Brasil y de cualquiera otro del universo y con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime convenientes”, y de inmediato dispuso unirse a “las demás Provincias Argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce” (122). Cuando el Congreso rioplatense aprobó, en octubre, la decisión oriental, el Imperio declaró la guerra a las Provincias Unidas. Al concluir la guerra argentino-brasileña, en 1828, las negociaciones diplomáticas impusieron el criterio y los intereses del Reino Unido, empeñado en crear un “Estado-tapón” entre los dos beligerantes –un ejemplo más de la clásica política de divide ut impera–, y así se formó la República Oriental del Uruguay, cuya Constitución fue jurada el 18 de julio de 1830.

La crisis de 1820 también abrió un período, largamente extendido hasta 1852-1853, caracterizado por la existencia de entidades político-administrativas (provincias) autónomas, unidas apenas por laxos lazos que remedaban más mal que bien una cierta forma confederal. En este período se produjo un nuevo y breve intento de recomposición nacional, entre 1825 y 1827. Su fracaso no favoreció insistencias más o menos consistentes hasta 1852, momento de la caída de Rosas, el dictador gobernador de la provincia de Buenos Aires encargado de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas.

Como en Venezuela, en el Río de la Plata, después de la derrota de los demócratas radicales, el objetivo de las clases propietarias fue lograr la independencia política sin alterar la estructura social. Rosas –no en vano llamado “Restaurador de las Leyes y hombre del orden”– fue la expresión paradigmática, la efectiva coronación del proceso de ruptura de la dominación colonial.

Entre 1820 y 1852, el espacio geográfico-social y político argentino se fragmentó como medio para mantener la posibilidad de la reunificación. Al promediar el siglo, los sectores política y económicamente dominantes en Buenos Aires resistieron, con mucha más intolerancia que en 1830-1831, los por entonces aún más enérgicos reclamos de una alianza de sectores dominantes del litoral fluvial y del interior, por su parte todavía ambigua. Entonces, más dramática y menos revolucionariamente que en 1815-1820, otra vez las Provincias Unidas se fragmentaron en dos organizaciones políticas formalmente separadas: el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Cuando la República se reunificó en 1862, se inició el cuarto y último momento del proceso constitutivo del Estado argentino, que en 1880 forjó una solución neocentralista disfrazada de federalismo, en buena medida similar a la que en Venezuela permitió alcanzar, entre 1870 y 1887, bajo la dirección de Antonio Guzmán Blanco, que Carrera Damas ha llamado la instrumentación del proyecto nacional (123).

También México atravesó una experiencia singularmente radical, que enfrentó a indígenas y mestizos, de un lado, y peninsulares y criollos, del otro. El primer movimiento independentista fue más rural que urbano y, sobre todo, una guerra étnica y de “clases”, y no un mero conflicto reducido a las diferencias entre nuevos y viejos grupos privilegiados, o entre radicales y conservadores. La lucha de los indígenas y los mestizos, liderada por un criollo primero y un mestizo después, fue la lucha contra los excesos de las clases propietarias. En 1810, la Conspiración de Querétaro, como señalamos antes, fue descubierta, pero enseguida los grupos dominantes criollos del otrora próspero Bajío decidieron seguir adelante con sus planes conspirativos. El cura Hidalgo, un reformador católico (por lo tanto no enciclopedista), movilizó a sus fieles –indígenas, mestizos, criollos– en nombre de la virgen de Guadalupe y del soberano cautivo a partir del Grito de Dolores (16 de septiembre de 1810): “¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América española! ¡Viva Fernando VII!” (124).

Por bando del 29 de noviembre, Hidalgo abolió la esclavitud y suprimió el tributo indígena en toda Nueva España, medidas tomadas en un momento de grave estancamiento económico que le permitieron ganar la adhesión de las masas, mientras que las clases propietarias mostraban sus habituales recelos frente a la radicalización desde abajo. Domínguez (1985: 191) señala que el llamado de Hidalgo “fue a todos los americanos” sin distinciones sociales. Parte de su programa económico “fue un claro llamado a las fuerzas modernizadoras y empresariales del Bajío”, mientras que la abolición de “la esclavitud, el tributo y los ‘impuestos al pecado’ sobre el licor” estuvo destinada a atraer a los pobres. Bagú (1985) consideró estas últimas medidas como una declaración de guerra de clases. El componente “clasista” quedó de manifiesto en la matanza de Guanajuato, en la que fueron asesinados miembros de la administración colonial y de la clase propietaria a manos de los insurgentes. El episodio tuvo corto aliento e Hidalgo –a quien la Inquisición declaró hereje, apóstata y cismático– fue apresado, tras la traición de uno de los suyos, procesado bajo la acusación de delitos de alta traición, promotor de crímenes y asesinatos, sedicioso y conspirador, además de ser obligado a retractarse por “sus errores cometidos contra la persona del Rey y contra Dios”. La condena fue “excomunión y pena de muerte por profesar y divulgar ideas exóticas, partidario de la Revolución Democrática Francesa, disolución social: al pretender independizar a México del Imperio Español” y, por lo tanto, “traidor a la Patria”. Fue degradado de su condición de sacerdote y fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811, y de inmediato fue decapitado. Su cabeza y las de otros jefes rebeldes fueron expuestas en jaulas de hierro durante diez años, hasta la proclamación de la independencia, conforme la por entonces clásica convicción de escarmentar a sus émulos.

Domínguez caracteriza al movimiento iniciado en Dolores como “[u]na revuelta de los jefes de la elite provinciana, encabezada por su jefe político carismático”, un verdadero conglomerado de indígenas, mineros y bandidos sociales. No fue una revuelta desde abajo, sino que las masas se movilizaron por la acción de agentes externos. Esa movilización tuvo, según su apreciación, un carácter tradicional, tal como se aprecia en las prácticas del saqueo, el asesinato, la búsqueda de lucro personal y la indisciplina. Su contenido fue religioso, rigurosamente ortodoxo. El jefe carismático –un liderazgo y una legitimidad tradicional, según el modelo de Weber– fue el único garante de la unidad de una rebelión que tuvo tres componentes claves: justamente, una pretensión de legitimidad carismática de un jefe político con habilidad para movilizar a las masas; una participación política de las masas que mezcló violencia defensiva y bandidismo social, apenas cubierta por “una transparente capa política; y un conjunto de apelaciones generales de la elite provinciana que mostraba el “carácter político-económico general que reflejaba sus intereses”. Los dos primeros componentes eran inequívocamente tradicionales y el tercero era el único modernizador (Domínguez, 1985: 192-193).

La efervescencia revolucionaria solo se mantuvo en la ciudad hoy conocida con el nombre de su líder, el párroco mestizo Morelos. Este cura asumió un liderazgo condenado a morir, tanto en el norte como en el sur del territorio mexicano. En 1813, proclamó la República de Anáhuac, que reunía a criollos, castas, indígenas y negros en una unidad suprema. Aunque con un discurso singularmente republicano, el movimiento de Morelos siguió invocando como valores propios la religión y la virgen de Guadalupe, y proclamó: “Somos libres por la gracia de Dios”. Finalmente, este movimiento también fue sofocado. Morelos fue juzgado por la Inquisición y fusilado el 22 de diciembre de 1815, cuando la restauración monárquica ya estaba en marcha, tanto en España, con el retorno de Fernando VII, como en Hispanoamérica, en manos de criollos realistas. La alianza de españoles y criollos aristócratas contra los indígenas campesinos mostró, como advirtió Kossok (1989: 243), que en el conflicto entre nación y propiedad triunfó la segunda. La cuestión tenía otro componente fundamental, estratégico para España: más de la mitad de la población colonial americana residía en el Virreinato de Nueva España, productor de la mayor cuota de riqueza apropiada por la metrópoli.

En México, los criollos socialmente dominantes (pero también buena parte de las clases populares) fueron profundamente fidelistas y reaccionarios, no solo en 1810 sino también en 1821. Cuando, en este año, el constitucionalismo liberal en España recortó el poder despótico de Fernando VII, los grupos locales dominantes proclamaron la independencia. Esta fue, en efecto, la expresión del conservadurismo de las clases propietarias mexicanas (constituidas por españoles y criollos) en oposición a las reformas liberales aprobadas por las Cortes de Madrid, en particular las que afectaban a la Iglesia en su poder y sus privilegios. Se independizaron de España para no ser gobernados por liberales.

En 1821, el ejército, comandado por Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala o de las Tres Garantías, el cual establecía la secesión de México (independencia, primera garantía) como imperio separado, invitando al rey Fernando VII o a un hermano a ocupar el trono (unión, segunda garantía), si bien finalmente fue el mismo Iturbide quien fue investido Emperador. La tercera garantía (religión) era la del reconocimiento del catolicismo como fe exclusiva. Domínguez (1985: 252-253) acota que la inclusión de la radical propuesta de igualdad civil –sin diferencias étnicas– para acceder a los empleos no fue más que una concesión necesaria para sumar a los partidarios de Vicente Guerrero. En la exposición de los puntos es bien significativo que el primero (1. La religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna); y el último (24. Viva América Septentrional, viva la santa virgen de Guadalupe), sean de contenido religiosos y que la adopción de la religión católica “sin tolerancia de otra alguna” preceda a la declaración de la independencia (2. La absoluta independencia de este reino).

La mexicana de 1821 fue claramente una revolución política de independencia antiliberal, conservadora. La experiencia monárquica mexicana fue muy breve. El 28 de septiembre de 1821, una Junta de 38 miembros proclamó el Acta de Independencia y formó una Regencia de cinco hombres presidida por Iturbide, quien también fue designado generalísimo, premiado económicamente y tratado como alteza serenísima, y fue coronado en julio de 1822 como consecuencia de la presión militar sobre el Congreso Constituyente reunido desde febrero. Hubo oposición republicana, incrementada después de la disolución de este Congreso por el Emperador. El 6 de diciembre, el general Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria proclamaron el Plan de Veracruz, reclamando la reinstalación del Congreso, exigencia a la cual se plegaron Vicente Guerrero y Nicolás Bravo en enero de 1823 al formar el Ejército Liberador. Iturbide fracasó en la represión militar de los insurgentes, al tiempo que perdió apoyo político, situación que lo llevó a convocar al Congreso que antes había disuelto y a abdicar ante él el 19 de marzo de 1823.

Un Triunvirato de Gobierno, constituido por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, gobernó el país hasta octubre de 1824 e hizo frente a tropas españolas todavía resistentes en el país (hasta 1825). Un Congreso Constituyente aprobó una nueva Carta y así estableció la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Victoria fue elegido presidente y Bravo, vice (1824-1829) (125). Como otras ex colonias españolas, México accedió a la condición independiente y enseguida entró en una etapa conflictiva por la constitución del nuevo orden. También ahí se enfrentaron federales y centralistas, en este caso expresiones políticas de coaliciones que reunían, respectivamente, a burgueses liberales y anticlericales, partidarios de estados soberanos federados, como también de cierto apoyo social a los indígenas y a conservadores continuadores de la aristocracia colonial –grupo sólido entre sacerdotes, ricos terratenientes criollos y oficiales del ejército– partidarios de un gobierno fuertemente centralizado. Este conflicto por el orden a estatuir se solapaba con el entablado en el interior de la masonería, detrás del cual se encontraba, a su vez, una temprana confrontación entre el capitalismo británico y el norteamericano.

Las primeras Logias masónicas mexicanas datan, al parecer, de fines del siglo XVIII, con la llegada de franceses que huían de su país por la represión a los jacobinos, y luego fueron una prolongación de las españolas, pero la lucha por la independencia las resignificó, especialmente bajo el breve reinado de Iturbide y los comienzos de la República. La Logia del Rito Escocés –a la cual pertenecían aristócratas, conservadores, centralistas y realistas, partidarios del orden jerárquico, de la no expulsión de los españoles residentes en el país y de las inversiones británicas– y la Logia del Rito de York –integrada por republicanos liberales y federales, proclives a la participación del capital norteamericano en la reconstrucción de la economía mexicana e impulsores de la expatriación de los españoles que permanecían en México, de los cuales sospechaban actitudes antirrepublicanas, sospecha en buena medida fomentada por el embajador de Estados Unidos, Joel Robert Poinsett, un masón yorkino– funcionaron, de hecho, como clubes (a falta de partidos) políticos que se enfrentaron fuertemente, tal como se apreció en ocasión de la sucesión presidencial de 1828. El encono y las posiciones irreconciliables entre ambos grupos llevaron a algunos mexicanos a fundar el Rito Nacional Mexicano (RNM), al cual proclamaron “libre e independiente en su régimen interior respecto a otros ritos, como lo es la Nación Mexicana a las demás potencias”.

La campaña antiespañola llevó a la promulgación de dos leyes de expulsión de los peninsulares, una en diciembre de 1827 y otra en marzo de 1829, ambas de aplicación no muy celosa. La primera, un triunfo yorkino, llevó a la reacción armada de los escoceses –el llamado Plan de Montaño, de diciembre de 1827–, que demandaban de la abolición de las sociedades secretas, la renovación del gabinete de Victoria, la expulsión del ministro Poinsett y el cumplimiento de la Constitución y las leyes. El presidente que, como otros de sus partidarios, vio en el Plan un intento antifederal, actuó en consecuencia, y contó con la adhesión de jefes militares, entre ellos Santa Anna. El ejército comandado por el general Guerrero derrotó a los sublevados, uno de cuyos jefes era el propio vicepresidente Bravo.

En este contexto, la sucesión presidencial de Victoria se planteó entre dos liberales yorkinos, Guerrero –del ala radical y con apoyo popular, al tiempo que objeto de desprecio por los aristócratas (resabios de la dominación colonial) por su condición étnica– y Manuel Gómez Pedraza, ministro de Guerra de Victoria, aunque de pasado realista (español primero, mexicano, luego), apoyado por el sector que creía necesario poner un alto a las reformas. Los masones del Rito Nacional apoyaron al primero y los escoceses, al segundo. El general Gómez Pedraza obtuvo un triunfo ajustado (11 contra 9 votos) en las elecciones realizadas en septiembre de 1828. Los partidarios de Guerrero no aceptaron el resultado e imputaron al Gobierno y al propio Gómez Pedraza la comisión de manipulaciones, sobornos, presiones y uso indebido del poder para favorecer la candidatura de este. Hubo alzamientos militares, entre ellos, el encabezado por el general Santa Anna, en Veracruz, y el llamado Motín de la Acordada, sede de un cuartel militar, en la ciudad de México, tras lo cual Gómez Pedraza renunció y abandonó el país. Así las cosas, en enero de 1829, el Congreso declaró inexistentes los votos de aquel y designó presidente de la República al general Guerrero y vicepresidente al general Anastasio Bustamante.

Guerrero solo pudo gobernar ocho meses (abril-diciembre), en condiciones poco favorables. No solo debió enfrentar un intento español de reconquista de México, sino también la acción de una oposición desleal que le puso todos los obstáculos posibles y lo acusó de incapacidad para gobernar (acusación a la cual no era ajena su condición de mulato y de propulsor de medias igualitarias).

Una expedición de 3.500 hombres del ejército realista, proveniente de Cuba, desembarcó en México el 27 de julio de 1829, al mando del brigadier Isidro Barradas, a quien acompañaba fray Miguel Bringas, encargado de la guerra ideológica, uno de cuyos exhortos a la deserción ofrecía a los mexicanos restituirles la ventura perdida a raíz de las “guerras, robos, pestes, homicidios y cuantas plagas han azotado a esta moderna Egipto” en que se había convertido el México republicano, todo lo cual no era más que evidente castigo dispuesto por Dios. Empero, la reacción no fue la esperada por los invasores: “El pueblo, el Gobierno, el Ejército, todos tuvieron oportunidad de manifestar su espíritu nacional” (Flores Caballero, 1969: 161). Vencidos más por las enfermedades y el hambre que por la eficacia de tropas también con hambre, los invasores, carentes, adicionalmente, de refuerzos que nunca llegaron, terminaron aceptando la propuesta de rendición formulada por Santa Anna, en un verdadero alarde de acción psicológica que le hizo creer a Barradas que debía enfrentar a 20.000 hombres. El 11 de septiembre, un mes y medio después de desembarcar, el Ejército español firmó la capitulación. La independencia y la República estaban a salvo.

Guerrero no pudo disfrutar del triunfo. Apenas concluida la guerra de reconquista, la oposición volvió a la carga. En noviembre, se produjo un alzamiento centralista en Campeche y, en diciembre, el propio vicepresidente se puso al frente de una conspiración apoyada por el Ejército, ahora denominado “Protector de la Constitución y la ley”. Curiosa circunstancia: los dos primeros presidentes del México independiente tuvieron que enfrentar la deslealtad de su respectivo segundo. Bustamante obtuvo lo que no había logrado Bravo y, así, Guerrero, carente de fuerzas militares suficientes para una eficaz resistencia, renunció a la presidencia. El Congreso designó en su lugar al ministro de Relaciones Interiores y Exteriores José María Bocanegra, pero los militares lo detuvieron. El 1º de enero de 1830, Bustamante asumió la presidencia de la República. Guerrero fue finalmente aprehendido mediante un ardid y luego condenado a muerte y fusilado en febrero de 1831.

A diferencia de Diego Portales y Palazuelos, el gran dirigente conservador y centralista de Chile, Lucas Alamán, el numen del Gobierno de Bustamante, fracasó en el intento por estatuir un orden estable (126). El fracaso fue político y económico, pues no pudo viabilizar un proceso industrialista, para el cual había pergeñado el Banco de Avío. El clima de conflictividad persistió: en enero de 1832, con el auspicio de Santa Anna, se sublevó la guarnición de Veracruz, que reclamaba la vigencia del orden constitucional que permitiera el regreso al país del general Gómez Pedraza para cumplir el mandato presidencial que se le había negado en 1828-1829. Bustamante fracasó en el intento de reprimirlos, por lo cual transó con los jefes militares insurgentes (Plan de Zavaleta, diciembre de 1832): ascenso a las tropas de ambos bandos, renovación de las administraciones federales y estaduales, convocatoria a elecciones de diputados y reconocimiento de Gómez Pedraza como legítimo presidente. “Así cayó el régimen centralista conservador, a pesar del apoyo que le brindaron los capitalistas, el Ejército y la Iglesia” (Flores Caballero, 1969: 172).

El gobierno de Gómez Pedraza fue simbólico. Su designación fue solo para completar un mandato que nunca inició, de modo que se convocó a elecciones, en 1833, en las cuales resultaron electos Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías. El primero delegó el mando algunos meses después, lo que permitió al vicepresidente, secundado por José María Luis Mora impulsar un conjunto de leyes y decretos de contenido liberal en pro de las libertades civiles: la libertad de pensamiento y expresión; la prohibición de intervenir en la política al clero y el ejército; la clausura de la Universidad Pontificia (por la presencia de un grupo contrario a la independencia y a la democracia) y su reemplazo por la Dirección de Instrucción Pública, encargada de la educación en todo el país, incluyendo la apertura de escuelas nocturna, para favorecer la instrucción de los jóvenes, y normales, para la formación de maestros; y la desamortización de los bienes de la Iglesia. Estas medidas fueron combatidas por los conservadores, que vieron favorecidas sus posiciones con el retorno de Santa Anna al ejercicio de la presidencia, en 1834. Este no solo persiguió a los liberales, sino que suprimió el cargo de vicepresidente, razón por la cual Gómez Farías debió abandonar el país (127).

La independencia de México llevó a la subsiguiente de la Capitanía de Guatemala el 15 de septiembre del 1821. Tras el fracaso de los movimientos de 1811-1821 protagonizados por débiles grupos (incluso populares) anticoloniales y republicanos, el istmo se insertó en la corriente rupturista en consonancia con México. En la Capitanía, significativamente, las autoridades coloniales continuaron siéndolo, desde el capitán general, el brigadier Gavino Gainza, para abajo. En palabras de Julio César Pinto Soria (1986: 45, y 1993: 94), “[l]o único nuevo fue la formación de una Junta Provincial Consultiva, compuesta de las antiguas autoridades y de los representantes de la aristocracia colonial centroamericana, que tenía por objeto asesorar a Gainza en asuntos de gobierno. La clase dominante, que se había caracterizado siempre por el pavor que le inspiraba un levantamiento armado del pueblo explotado, había logrado proclamar la Independencia nacional ‘para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo’”, según explícitamente lo decía el artículo primero del Acta de Independencia.

Según Edelberto Torres-Rivas (2008: 47-48), la condición colonial de Guatemala solo fue concluyendo con el establecimiento del Estado nacional, que fue “el resultado de un dilatado proceso de guerra civil, donde conflictuaron proyectos políticos, intereses sociales, lealtades religiosas y formas jurídicas de inspiración foránea”. Torres-Rivas propone –contra la historia oficial escrita por los intelectuales liberales de fines del siglo XIX, después del triunfo en 1871 del “general Justo Rufino Barrios y una elite de militares, hacendados y políticos, de origen mestizo y de ideología liberal, animados por un vigoroso ánimo modernizador”– una revisión histórica fundada “en el aserto general que entre 1821 –declaración administrativa de la independencia– y 1871 –inicio del reformismo liberal– hay un medio siglo en que ocurrieron, por lo menos, tres hechos importantes, contradictorios relacionados con el proyecto de fundar un Estado Nacional: i) una guerra civil que no fue antecedente de la independencia de España, sino su resultado; ii) el fracaso del primer proyecto liberal que produjo el fin de la República Federal de Centroamericana y la volvió cinco países, y iii) la victoria del partido de los criollos conocida como la Restauración Conservadora que retrasó y propició los primeros intentos de establecer un Estado nacional”.

La primera independencia puso en evidencia las contradicciones internas de las provincias de la antigua Capitanía y exacerbó el fuerte localismo generado por la autosuficiencia económica de la época colonial (Pinto Soria, 1986: 42). Fue, sobre todo, fuerte el sentimiento antiguatemalteco, provincia que detentaba el control político y chocaba, sobre todo, con el dinamismo económico-social de El Salvador. No extraña su efímera duración: el 5 de enero de 1822, las provincias centroamericanas fueron anexadas al Imperio Mexicano, al parecer como parte de una estrategia del emperador Iturbide para contrabalancear la expansión de Estados Unidos, por un lado. Pero, por otro, no menos decisivo fue el interés de los grupos dominantes guatemaltecos por continuar detentando su situación de privilegio. Dentro de ellos, el clero fue un activo partícipe de la lucha, responsable de transformar al conflicto entre los grupos provinciales centroamericanos en una cuestión religiosa, al calificar a los enemigos de la anexión a México de herejes. Ciudades como Granada, San José y Tegucigalpa, y la provincia de El Salvador fueron decididamente opositoras a la anexión y se pronunciaron por la doble independencia: de España y de México.

“El resultado de todo ello fue que este primer intento de reformismo liberal disgustó a las masas campesinas de mestizos e indios, que los movilizó y los convirtió en enemigos de las reformas que les ofrecía la ciudadanía pero sin duda desorganizaba sus vidas. El entrevero fue menos militar que social: las masas populares, movilizadas por razones diversas, fueron más antiliberales que proconservadoras, salvo en la medida que defendían sus tradiciones de vida más que en nombre de la religión, en defensa de la inercia social. Para una población religiosa y sumida en la tradición de su aislamiento defensivo, un campesinado de subsistencia aplastado por la carga ominosa de una pobreza casi medieval, la ciudadanía liberal, política, desorganizaba su vida material y amenazaba su devota conciencia mística sin darles una sola ventaja material. La visión orgánica de los conservadores se ajustaba más a esa realidad contradictoria” (Torres-Rivas, 2008: 50).

Cuando en 1823 los liberales republicanos y federales mexicanos terminaron con la monarquía, las provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala, excepto Chiapas, declararon nuevamente su independencia (128). En un principio, los liberales, partidarios de una república federal como medio de construir un Estado moderno y democrático, establecieron en julio de 1823 las Provincias Unidas del Centro de América, convertidas en Federación de Centroamérica por la Constitución de noviembre de 1824. La Federación estaba formada por cinco Estados: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y en 1838 se sumó la efímera República de Los Altos (abarcaba el oeste guatemalteco y parte del Soconusco, con capital en la ciudad de Quezaltenango, actualmente la segunda ciudad de Guatemala, país que terminó absorbiendo a Los Altos durante el gobierno de Rafael Carrera en 1844-1848 y 1851-1865). La Constitución de 1824 establecía (art. 6) que “[l]a provincia de Chiapas se tendrá por estado en la Federación cuando libremente se una”. Su capital fue la ciudad de Guatemala hasta 1834, luego fue Sonsonete por un breve período y, de inmediato, San Salvador, hasta la disolución en 1839 en que la República Federal Centroamericana se dividió en cinco pequeños países independientes: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Intentos posteriores de reunificación de todos o al menos algunos de ellos, producidos en 1842-1844, 1849-1852, 1896-1898 y 1921-1922, terminaron en nuevos fracasos.

Entre 1823 y 1825, las Provincias Unidas fueron gobernadas por una Junta de tres miembros (hubo cinco en ese breve lapso, descollando el hondureño José Cecilio del Valle) (129) y desde 1825 –tras la aprobación de la Constitución en noviembre del año anterior– hasta 1839 por un presidente (de los cuales también hubo cinco: el primero, el salvadoreño Manuel José Arce, derrotó a del Valle; y el liberal hondureño Francisco Morazán Quesada ejerció el cargo dos veces: 1830-1834 y 1835-1839). Según el artículo 8 de la Constitución de 1824, el Gobierno de la República era “popular, representativo, federal”. Al mismo tiempo, se estableció la religión “Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra” (art. 11) y se dispuso que la República era “un asilo sagrado para todo extranjero, y la patria de todo el que quiera residir en su territorio” (art. 12). La reforma de 1835 fue mucho más tolerante y reemplazó el artículo 11 de 1824 por este: “Los habitantes de la República pueden adorar a Dios según su conciencia. El Gobierno general les protege en la libertad del culto religioso. Mas los Estados cuidarán de la actual religión de sus pueblos; y mantendrán todo culto en armonía con las leyes”.

Francisco Morazán fue la gran figura de la Federación. Demócrata liberal, bregó por reformas significativas, y las obtuvo, en la lucha contra los resabios del orden colonial: libertad de culto, matrimonio civil, ley de divorcio, abolición y primicias de los diezmos de la Iglesia (medida que favoreció a las clases populares), conversión de los conventos en prisiones modelo y cuarteles, fomento y democratización de la enseñanza. Obviamente, estas medidas fueron resistidas por el clero, los conservadores y los terratenientes. A su vez, las reformas liberales afectaron fuertemente a los indígenas: expropiación de sus tierras, pago de impuestos y reclutamiento forzoso, con su consecuencia, la miseria. Estas medidas generaron levantamientos en Sonsonate, Tejutla, Chalatenango, Izalco, Zacatecoluca y otros lugares; el más importante fue el de los nonualcos, dirigidos por Anastasio Aquino, llamado “el corazón rebelde de la patria”, en 1833, bajo la primera presidencia de Morazán. Todos los levantamientos fueron derrotados. Aquino, traicionado por uno de los suyos, fue capturado, juzgado, condenado a muerte y decapitado, y su cabeza fue colocada en una jaula con el cartel “Ejemplo de revoltosos”. La política de los liberales fue durísima con los indígenas: así, por caso, la Asamblea de Guatemala dispuso la extinción de todos los idiomas de los pueblos originarios, una medida que ni siquiera la Corona española había tomado.

El ordenamiento jurídico-político establecido por la Constitución de 1824 era formalmente liberal, pluralista y republicano, pero su base real eran las viejas estructuras socioeconómicas coloniales y conservadoras, cuyos beneficiarios se opusieron con fuerza a los cambios. La incongruencia entre base socioeconómica y edificio jurídico-político devino en un reparto de poder entre elites locales caracterizado por la inexistencia de un grupo con fuerza suficiente para afirmar el proyecto federal, pero también de algún grupo conservador capaz de aglutinar y/o subordinar a los otros. Así, las tensiones se fueron acentuando, generando las condiciones para la guerra civil y la desintegración del proyecto federal. A pesar de los esfuerzos unitarios de Morazán, Nicaragua se separó de la Unión en abril de 1838, y siguieron Honduras en octubre y Costa Rica en noviembre. Guatemala lo hizo en 1839.

Alain Rouquié (1994: 31) destaca el papel decisivo de la victoria de los conservadores, unitarios, centralistas y prohispánicos, apoyados por la Iglesia Católica y las clases populares, sobre los liberales federalistas. Significativamente, las tropas de Rafael Carrera, un líder indígena, saquearon los comercios de los británicos instalados en Ciudad Guatemala gritando “¡Viva la religión! ¡Mueran los herejes del Congreso!”.

El fracaso de este proyecto integracionista es explicable por la convergencia de varios factores, y fue decisivo el fuerte localismo predominante en las provincias constitutivas de la Federación. El corolario de esta posición fue la imposibilidad de constituir si no un mercado interno, al menos una economía de alcance supraprovincial capaz de fortalecer el poder federal. Podría decirse, como sostiene Pierre Vilar (1973: 60) a propósito de toda América Latina, que tampoco aquí existió coincidencia entre clases sociales (aún en formación) y grupo nacional. Por su parte, Rouquié sugiere una eventual explicación por la fragmentación heredada de las ciudades-Estado mayas y destaca que las guerras siguientes a la independencia fueron entre liberales y conservadores, es decir, guerras intestinas, no entre nacionalidades. Incluso, hubo un enfrentamiento entre dos ciudades, León y Granada, en Nicaragua, conflicto entre espacios económicos aspirantes a la dirección política. Ambas se organizaron de manera autónoma y diferenciada: Granada, con salida al Atlántico, era una ciudad de ganaderos y comerciantes conservadores ligados a los británicos, mientras que León, abierta al Pacífico, era de artesanos y agricultores liberales relacionados con Estados Unidos. Pero, la preponderancia de la cuestión regional, clave para entender la conflictividad política de “la cintura de América”, no opaca lo esencial: aún hoy América Central es una sola nación dividida en cinco Estados (Rouquié 1994: 30-32; itálicas del autor). En Chile, a diferencia de los casos reseñados, cuya riqueza agrícola (tropical en Venezuela, ganadera en el Río de la Plata y subtropical en el Bajío mexicano) sin duda había favorecido el espíritu de escisión, la experiencia de la independencia estuvo más relacionada con conflictos internos de las elites criollas que con las tensiones desatadas entre locales y peninsulares (seguramente, en razón del carácter marginal de Chile en el espectro de dominios coloniales). La primera Junta de Gobierno reunida en septiembre de 1810 recogía los ecos de la proclamación de mayo en Buenos Aires, pero el radicalismo revolucionario, partidario de la independencia y del principio de la soberanía popular, era una clara minoría en Santiago y solo contaba con cierto apoyo en el sur del país. Los enfrentamientos entre estos dos espacios políticos, primero, y la ofensiva militar realista llegada desde Perú, más tarde, pusieron temporario fin a la experiencia independentista, con la derrota patriota en Rancagua (1814).

Abundando un poco más, digamos que en Santiago, capital de la Capitanía General de Chile, dependiente del Virreinato del Perú, se produjo en 1810, como en otras ciudades americanas del imperio español, un antagonismo entre la autoridad española –en este caso, el gobernador, brigadier Francisco Antonio García Carrasco– y las autoridades locales (Cabildo y Audiencia) criollas. El primero, un hombre despótico e impopular, fue obligado a renunciar por la Real Audiencia tras un escándalo que lo asoció con el crimen del capitán de un navío inglés y posterior apropiación ilegal y en beneficio propio del cargamento del barco. Para sustituirlo, se convocó a un Cabildo Abierto que, reunido el 18 de septiembre con la participación del “Muy Ilustre Señor Presidente y señores de su Cabildo congregados con todos los jefes de todas las corporaciones, prelados de las comunidades religiosas y vecindario noble de la capital”, designó una Junta de Gobierno de nueve miembros presidida por el muy anciano Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista, a quien acompañaron José Antonio Martínez de Aldunate, Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rosas, los coroneles Ignacio de la Carrera y Francisco Javier de Reina, y el maestre de campo Juan Enrique Rosales, en calidad de vocales, y José Gaspar Marín y José Gregorio de Argomedo como secretarios. Al igual que en Buenos Aires, el argumento esgrimido fue el de la retroversión de la soberanía. La designación de la Junta se hizo “en nombre del señor don Fernando Séptimo, a quien estará siempre sujeta”, según consta en el acta de la reunión. En ella también se señala que los integrantes juraron

usar fielmente su ministerio, defender al reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al señor don Fernando Séptimo y reconocer al Supremo Consejo de Regencia.

Una de las primeras medidas tomadas por las nuevas autoridades fue disponer la libertad de comercio, cuestión no controversial, a diferencia de lo referido a una de mayor entidad, el de la independencia, respecto de la cual sí hubo notables diferencias. En febrero de 1811, la muerte de Toro y Zambrano permitió afirmar el liderazgo de Martínez de Rosas, su reemplazante interino en el cargo y decidido independentista, conectado con Belgrano y otros patriotas rioplatenses.

La Junta decidió convocar a un Congreso de representantes de todos los pueblos chilenos, el cual sesionó a partir de julio de 1811 bajo la presidencia de Martínez de Rosas. Allí se tensaron las relaciones entre los grupos radical y moderado, el cual terminó imponiéndose. Ante ello, Martínez de Rosas abandonó el Congreso y se dirigió a Concepción, bastión de los radicales, donde creó una nueva Junta provincial. José Miguel Carrera, el nuevo presidente del Congreso, logró desplazar a los moderados del cuerpo y finalmente lo disolvió. Se enfrentó luego con Martínez de Rosas y logró, con apoyo popular, la disolución de la Junta de Concepción y envió a su rival al exilio.

Durante esta etapa, conocida como “la Patria Vieja”, las tropas revolucionarias habían sido lideradas por José Miguel Carrera, primero, y luego por Bernardo O’Higgins, un jefe militar más paternalista, ilustrado, modernizante (Jocelyn-Holt, 1992: 235) que liberal. Ni uno ni otro pudo detener la reconquista del país, dispuesta por el virrey del Perú, José Abascal, y lograda por las tropas del general Mariano Osorio en julio de 1814. Los hermanos Carrera (Javiera, José Miguel, Juan José y Luis), O’Higgins, Camilo Henriquez y otros patriotas se exiliaron en Mendoza y Buenos Aires. Por entonces, San Martín, intendente de Cuyo, había asumido la lucha por la liberación de Chile como paso obligado para derrotar la tan obstinada fidelidad a la corona de los criollos peruanos. Lo acompañaban varios jefes chilenos. Mientras el Ejército de los Andes se preparaba, los realistas reconquistaron brevemente el poder, aunque jaqueados por las guerrillas lideradas por el abogado Manuel Rodríguez. En febrero de 1817, el Ejército Libertador cruzó la cordillera y de inmediato libró con éxito la batalla de Chacabuco, triunfo que permitió a los patriotas ocupar Santiago. San Martín fue designado Director Supremo, pero desistió del cargo y O’Higgins fue electo. El 12 de febrero de 1818, un año después de Chacabuco, fue proclamada la independencia, inmediatamente asegurada por el triunfo en Maipú (abril de 1818). Fue una independencia ganada o impuesta desde fuera, por la acción militar motorizada por el Ejército de los Andes enviado por el gobierno de Buenos Aires, con escasa participación política (Domínguez, 1985: 257). O’Higgins llevó adelante un proyecto autoritario-personalista (y centralista) que la Constitución de 1818 no hizo más que confirmar.

La ausencia de caudillos que amenazasen el poder de Santiago permitió, precisamente, una temprana centralización. En 1823, O’Higgins, cuyo poder se había deteriorado seriamente y lo había dejado inerme frente a la resistencia de los grupos privilegiados –la Iglesia incluida– a perder sus títulos de nobleza, escudos de armas y mayorazgos, debió enfrentar la sublevación del intendente de Concepción, el general Ramón Freire Serrano, y, antes de enfrentarlo y dar paso a una guerra civil, optó por renunciar. En su reemplazo se instaló una junta trimembre integrada por destacados hombres de la aristocracia santiaguina: Bernardo Errázuriz, Agustín Eyzaguirre y José Miguel Infante. Resultó, a juicio de Alfredo Jocelyn-Holt (1992: 237), “un modus vivendi equilibrado entre el poder civil y el militar” o también un fino equilibrio oligárquico-militar que redujo el personalismo autoritario a mero papel arbitral. Empero –argumenta el historiador chileno–, el intento de institucionalización legal de ese equilibrio fracasó al no poder traducirlo en una Constitución eficaz. No lo fue la de 1823 y tampoco tuvieron éxito las Leyes Federales aprobadas por el Congreso en 1826 y derogadas por el general Francisco Antonio Pinto en 1827, ni la Constitución de 1828, con su fortalecimiento del Ejecutivo en materia legislativa, mas no en su papel de conductor político. Según Jocelyn-Holt (1992: 251), la Constitución de 1828 “[e]xtremó el prejuicio liberal antiejecutivo, sin reservarle al gobierno instrumentos legales moderadores de corte autoritario-constitucional”, como sí lo hizo luego la Carta de 1833.

Desde su perspectiva fundada en la teoría de las elites, Domínguez (1985: 257) sostiene que la “chilena procedió a establecer una supremacía civil colectiva durante las guerras de independencia, anunciando el sistema político oligárquico que floreció durante el decenio de 1830 y después”. El autor retoma una vieja hipótesis de Charles Griffin (apud Domínguez, 1985: 257), según la cual “la economía agraria de Chile, relativamente estable, con sus poderosos nexos personales entre terrateniente e inquilino, dio menos oportunidades de cambio social que la población más elaboradamente estratificada de Perú, Colombia y México”. Así, apunta Domínguez, si la desmovilización fue más fácil en Chile que en otras partes de América fue porque allí había habido muy poca movilización. Esta característica es explicable por la eficacia del paternalismo y las prácticas clientelares y, según Jocelyn-Holt (1997: 82), por la extraordinaria capacidad de cooptación demostrada por la elite ya en el siglo XVIII, capacidad que perfeccionaría durante el siglo XIX.

Para Gabriel Salazar, Arturo Mancilla y Carlos Durán (1999: 31-32), la polarización “abstracta” entre patriotas y realistas fue reemplazada por la polarización más concreta entre pipiolos y pelucones, y entre centralistas y federalistas. Los pipiolos, liberales, entre los cuales descollaban José Manuel Infante, Ramón Freire y Antonio Pinto, perseguían la supresión de los mayorazgos –objetivo que recién se alcanzaría en 1857–, la eliminación o, al menos, la fiscalización de los monopolios (entre ellos el del tabaco, cuyo control detentaba Portales), la limitación de la participación de los extranjeros en el mercado interno, la protección y el fomento de la agricultura y la manufactura, la creación de un Banco Estatal para productores, la elección “por voto popular de todos los cargos públicos (incluyendo el párroco y el jefe local de policía)” y la supremacía de los gobiernos locales sobre el central. Era, como dicen estos autores, “un programa cívico, típicamente republicano, que tendía a privilegiar la producción, la autonomía comunal y el control democrático del poder público”.

En contrapartida, los pelucones, conservadores, constituían lo que Benjamín Vicuña Mackenna llamó, a mediados del siglo XIX, la “falange de los mayorazgos”, mayoritariamente residente en Santiago (es decir, propietarios rurales absentistas). Socialmente, acotan Salazar, Mancilla y Durán eran grandes y ricos comerciantes que habían comprado títulos y cargos cuando la Corona española los puso en venta. “Pero eran comerciantes y dueños de bodegas, prestamistas y recaudadores de diezmos que, al comprar privatizaciones reales y sentirse por ello ennoblecidos, perpetraron lo que Fernand Braudel llamó ‘la traición de las burguesías mercantiles’, esto es, su abandono de la empresarialidad capitalista para vivir vida de ‘señorío’”. Por su carácter excesivamente elitista, los pelucones carecían de condiciones para “producir un proyecto cívico de Estado”: no eran genuinamente republicanos ni demócratas. Su proyecto estatal era, en el mejor de los casos, claramente aristocrático.

Entre 1817 y 1829, los pipiolos dirigieron el proceso político del país. La recuperación pelucona fue la culminación de “tres situaciones coyunturales: 1) la consolidación en Chile de una poderosa ‘falange’ de comerciantes ingleses, franceses y norteamericanos; 2) el volcamiento del grupo monopolista de Diego Portales (llamados ‘los estanqueros’) a la política pura y la construcción de Estado, y 3) la cesantía ‘política’ de los militares de alta graduación fogueados en las guerras contra el Virrey y luego contra los campesinos e indígenas del sur” (Salazar, Mancilla y Durán, 1999: 32-33).

La tensión entre pipiolos y pelucones alcanzó su clímax en la guerra civil de 1829-1830, resuelta en favor de los conservadores –tras la batalla de Lircay (15 de abril de 1830), en la cual las tropas comandadas por el general José Joaquín Prieto aplastaron a las dirigidas por Ramón Freire–. A partir de 1830, el poder central se reforzó con leyes ad hoc y con la Constitución de 1833. Esta estableció un Estado unitario caracterizado por su capacidad para afianzar, a partir de la presidencia de Prieto (1831-1841) y con el fundamental papel de su ministro Portales, una fase de estabilidad inusual en el conjunto de Estados independientes, muy exaltada en la época por los partidarios de un orden conservador en otros países de América Latina y, más tarde, por cierta historiografía. Según Mario Góngora (1981: 13),“la específica concepción ‘portaliana’ consiste en que realmente Chile no posee la ‘virtud republicana’ que, desde Montesquieu y la Revolución Francesa, se afirmaba ser indispensable para un sistema democrático, de suerte que la Democracia debe ser postergada, gobernando, entretanto, autoritariamente pero con celo del bien público, hombres capaces de entenderlo y realizarlo”.

En la interpretación de Jocelyn-Holt (1997: 85 y 93), Portales apostaba más a un autoritarismo social que a un autoritarismo estatal, basándose aquel en el orden señorial –esto es, el de la hacienda– y, por lo tanto, en la conexa pasividad de las masas. Portales –sigue el autor– percibió que el orden colonial se había fracturado, mas no desaparecido, sobreviviendo “a la descomposición iniciada por la Independencia”. De allí que, añade, el ministro no presidió “ninguna restauración o una recuperación del orden perdido, sino más bien conserva[ba] lo que aún no se ha[bía] dañado”.

En cambio, para Armando de Ramón (1997: 103), el llamado régimen portaliano fue una propuesta de “restauración absolutista” en lo político, persiguiendo establecer un gobierno capaz de hacer funcionar lo que el propio Portales llamaba “el resorte principal de la máquina”, “es decir, la autoridad tradicional, ‘el gobierno obedecido, fuerte, respetable y respetado, eterno, inmutable, superior a los partidos y a los prestigios personales’”.

Tomás Moulian (1985: 19-32) ha cuestionado la interpretación del desarrollo político continuo, estable, gradual y pacífico del país, argumentando, convincentemente, que en ciertos momentos la violencia constituyó el medio de resolución de las crisis. Uno de esos momentos fue 1830, año de una simultánea crisis de formación y de representación (otros momentos fueron 1891 y 1973). Según su hipótesis, en 1830 solo existía un proto Estado, carente de una legalidad que permitiese la contención de los grupos y facciones en pugna, y su subordinación a reglas definidas y respetadas en la lucha por el poder, es decir, un mecanismo legal regulador de los intercambios políticos en términos de competencia –o sea, como hemos señalado, la lógica de la política–, antes que una arena de confrontación armada, guiada por la lógica de la guerra. En tanto el Estado no estaba formado, la lucha política se regía “por la capacidad de disposición de medios privados de medios de violencia”. No se trataba, claro, de una situación privativa de Chile: ella se produjo en toda América Latina, con excepción de Brasil. Lo privativo de Chile fue, dentro de las antiguas colonias españolas, su resolución temprana. La crisis de representación, en cambio, daba cuenta del desfase entre la elite gobernante y las clases dominantes: la primera profesaba ideas liberales y democráticas, no representaba al poder económico y carecía de una base social real; las segundas eran dueñas del poder económico, con una posición política e ideológica conservadora y la aspiración de reproducir en la escala societal “el orden paternalista-aristocrático de la hacienda”. En tal situación asimétrica de la distribución del poder, argumenta Moulian, el proceso de formación del consenso y del Estado se dificultaba, dando lugar al caudillismo como forma sustitutiva del orden legitimado.

En ese campo, el gran logro del Gobierno de Prieto-Portales fue estatuir un sistema político compatible con la base social (de “clase”) existente, es decir, con correspondencia entre poder económico y poder político. El sistema se basó en un poder centralizado, regulador de la competencia entre facciones y con capacidad de reducir la intensidad de los conflictos, especialmente los armados. Componente destacado del sistema fue la personalización del poder en el presidente de la República –un líder carismático “de base personal pero también institucional”, con capacidad de controlar su sucesión– y la debilidad del Poder Legislativo, instancia colegiada y representativa. Esa personalización del poder en el presidente difería de la típica del resto de Hispanoamérica: no era –dice Moulian– un caudillo plebiscitario vinculado demagógicamente a las masas, sino un líder operante en el círculo aristocrático e ilustrado partícipe de la política. Fue una situación de clara correspondencia entre poder económico y poder político, clave para entender y explicar la formación del Estado.

Moulian completa su explicación alternativa señalando que “esa estructura de liderazgo personalizado dentro de un sistema político cerrado” (con su selección de elites aristocrático-patrimonialista) generó, en el fondo y pese a sus “ostentosas apariencias de una autoridad fuerte”, una cierta fragilidad del poder, como se apreciaría en la década de 1860 al expandirse los conflictos religiosos y el liberalismo “como ideología culturalmente penetrante”. La profunda fractura política dentro del grupo dominante dejó al desnudo “la rigidez del sistema y su baja capacidad de integración en las situaciones de diferenciación ideológica o de intereses”. No obstante, Chile seguía adelantado respecto de las otras repúblicas.

La singularidad chilena en cuanto a estabilidad y continuidad políticas no debe hacer olvidar que, para mantenerlas, los pipiolos ejercieron el poder con la férrea actitud de preservar el orden conservador y ocluir cualquier intento reformista, por tímido que este fuera. Así, apelaron a las facultades extraordinarias en 1833, 1836-1838, 1851-1853 y 1859-1861, mientras los presidentes José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt suspendieron las garantías constitucionales y aplicaron el estado de sitio en 1840, 1846 y 1858. Tampoco debe olvidarse que el país vivió, entre 1810 y 1932, cuatro guerras civiles y varios golpes de Estado. Entre 1932 y 1973, las cuatro décadas de continuidad jurídico-política fueron una situación excepcional en América Latina. Pero en definitiva, como alguna vez escribió Salazar, la historia de Chile no ha sido otra cosa que una sucesión de “episodios de estabilidad equilibrándose sobre una tensa inestabilidad fundamental de largo plazo” (apud Salazar, Mancilla y Durán, 1999: 15).

Las declaraciones de independencia, hemos dicho, se entremezclaron con guerras civiles o fueron seguidas de ellas. La figura típica en estas guerras fue el caudillo (local o regional), excepto, como acaba de verse, en el caso de Chile. En general, las tensiones entre poderes locales persistieron aun después de la formación de los Estados Nacionales y de la sanción de Cartas constitucionales supuestamente garantes de la institucionalización del conflicto. En este contexto, la independencia de Brasil es –amén de la de Chile– un proceso claramente contrastante. Singularmente, allí la ruptura con la metrópoli fue menos traumática y, aunque ha trascendido una imagen de cambio “pacífico”, consagrado por la ausencia de guerras sangrientas, hay que notar que el proceso no estuvo exento de violencia, como tampoco el proceso de constitución del orden poscolonial careció de inestabilidad política –tan común en los países hispanoamericanos–, inestabilidad que fue particularmente intensa tras la abdicación de Pedro I. Recién en 1837, el poder central comenzó la recuperación de su plena autoridad, afirmada al promediar el siglo.

La presencia portuguesa en América terminó en 1824, dos años después de la declaración de la independencia de Brasil, bajo la fórmula de una monarquía constitucional esclavista (130). Pese a la temprana centralización del poder, hubo algunos caudillos que lo disputaron, pero enseguida fueron nominalmente sometidos mediante un sistema cuidadosamente calculado de representación y control. En los hechos, la paz duró poco. A partir de la década de 1830, fue notable la tensión entre centralización y faccionalismo, y hubo sucesivas revueltas e intentos secesionistas. La monarquía respondió hábilmente con su sistema de representación basado en un Consejo de Estado, mediador entre el poder central y los poderes regionales y locales, en la creación de la Guardia Nacional, en la sanción del Código de Proceso Criminal y del Acta Adicional de 1834, que convirtió a la Regencia Trina en Una (a cargo de Diogo Feijó). En Brasil, mucho más que en la experiencia de las colonias españolas, hubo continuidad de las prácticas de gobierno del período colonial.

En un texto clásico, José Murilo de Carvalho señaló que una dificultad en el proceso de construcción del Estado brasileño, claramente heredada de la radicación de la Corte en el país, devino del cambio sustancial que se produjo en la relación entre la Corona y los barones feudales. En Portugal, estos habían sido controlados por un Estado crecientemente centralizado, cuya base de sustentación había sido la coalición entre la burocracia y los grandes comerciantes. Al trasladarse la Corte a Brasil, razones geográficas –físicas y sociales– cambiaron la relación: las grandes extensiones territoriales y la dispersión de la población hicieron de la tierra, nuevamente, la principal fuente de riqueza y de poder. La centralización lusitana se vio “reducida a modestas proporciones” en Brasil. De allí que el Estado independiente no pudiera construirse sin considerar tan importante situación (Carvalho, 1980: 35).

La monarquía subsistió hasta 1889 y en ella no fue menor el papel del Poder Moderador, ese cuarto Poder que se sumaba –conforme las propuestas de Benjamin Constant– a los ya clásicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este instituto fue establecido por la Constitución de 1824, cuyo artículo 98 lo consideraba “la llave de toda la organización política” y lo delegaba exclusivamente en el “Emperador, como Jefe Supremo de la Nación y su Primer Representante, para que incesantemente vele sobre el mantenimiento de la Independencia, equilibrio y armonía de los demás Poderes Políticos”. Entre las funciones de este cuarto Poder se encontraban, según el artículo 101, la nominación de los senadores vitalicios, la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, la sanción (o el veto) de los decretos y resoluciones del mismo Congreso, la aprobación o suspensión de los decretos de las Asambleas provinciales, la disolución de la Cámara de Diputados, la nominación y remoción de los ministros de Estado, el derecho de gracia y de amnistía.

Las continuidades también se manifestaron en la experiencia de independencia de las colonias españolas, aunque tal vez en aspectos menos evidentes. Los gobernadores intendentes subsistieron en sus funciones aun después de reconocida la soberanía de los pueblos en armas. La burocracia civil estaba compuesta por individuos pragmáticos, experimentados en los procedimientos del centralismo colonial, y ellos tampoco fueron removidos. Más aún, muchos de estos servidores públicos participaron en la redacción de las Constituciones republicanas. Paraguay fue una excepción: allí, el régimen de José Gaspar Rodríguez de Francia mantuvo, entre 1814 y 1840, una política aislacionista y lo suficientemente autoritaria como para eximir al país del tironeo entre federales y centralistas (que en el Río de la Plata se llamaron “unitarios”).

La gran preocupación de los libertadores fue Perú, donde el fidelismo predominaba entre los criollos y donde los indígenas –mayoritarios en términos demográficos– no parecían muy dispuestos a sumarse a los independentistas. Una clave explicativa se encuentra, como dijimos en el capítulo anterior, en el miedo de los españoles y de los criollos a la rebelión indígena, contracara del miedo de los indígenas a la reiteración de la represión feroz. Así, para la aristocracia limeña, la continuidad de la dominación colonial era la mejor garantía para aventar todo peligro de rebelión, máxime cuando comenzaron los preparativos libertadores en el exterior.

Es cierto que hubo algunos conatos rebeldes, todos sofocados. Entre ellos descuella el de 1814 en Cusco. En agosto de ese año, en el levantisco sur peruano, un movimiento reformista criollo-mestizo estableció una Junta para gobernar conforme los principios de la Constitución gaditana. Encabezada por el brigadier Mateo García Pumacahua –kuraka de Chinchero que antes de cambiar de bando había combatido en el ejército del Rey contra, sucesivamente, Tupaq Amaru II, los insurgentes de Charcas y el Ejército del Norte enviado por la Junta de Buenos Aires al Alto Perú–, la Junta convocó al pueblo para poner en vigencia, armas en mano, las disposiciones de esa Constitución. La convocatoria fue aceptada por los indígenas, quienes se sumaron al movimiento y contribuyeron a su expansión. Empero, en marzo de 1815, el Ejército realista derrotó a los alzados y terminó con el intento. Pumacahua fue apresado por otros indígenas, combatientes por la causa del Rey, quienes lo entregaron a los españoles. Juzgado inmediatamente, fue condenado a morir decapitado.

El hecho decisivo de la derrota fue la renuencia de los criollos, en particular los propietarios rurales, a seguir participando de un movimiento en el cual la presencia indígena era creciente. Una vez más, la causa de la monarquía colonialista fue defendida por nacidos en territorio americano, convertidos en enemigos de otros americanos, es decir, la línea de corte fue de carácter étnico: indígenas versus no indígenas (españoles y americanos). Incluso para la mayoría de los criollos más o menos liberales, la demanda de igualdad de derechos entre ellos y los indígenas era motivo de escozor, cuando no de franco rechazo.

Más allá de lo episódico del levantamiento encabezado por Pumacahua, el dato relevante es el comportamiento de los criollos. Como grupo, estos no constituían un conjunto homogéneo. La común pertenencia étnica –a menudo fundamental para una cierta solidaridad de acción frente al mundo indígena– no dejaba de contener un corte social “clasista” (dicho, una vez más, en un sentido más potencial que real, pues las clases estaban en proceso de constitución). En buena medida, ese corte no era diferente del existente en otras colonias, pero en Perú adquirió ciertos caracteres decisivos para explicar su posición frente a la ruptura del nexo colonial. En efecto, pesó fuertemente la división entre la aristocracia limeña –constituida por grandes comerciantes (criollos y españoles) y la alta burocracia, confundiéndose a veces ambas condiciones y, por añadidura con presencia de no pocos títulos nobiliarios– y los propietarios criollos de provincias –terratenientes hacendados y comerciantes–, fractura que algunos autores expresan en términos de elite limeña y elites de provincias.

La aristocracia limeña –objeto de un excelente estudio de Alberto Flores Galindo– era producto de las transformaciones ocurridas en Perú durante el siglo XVIII, es decir, era un grupo socioeconómico reciente, al igual que la burguesía comercial-usurera de Buenos Aires, una y otra resultado de las reformas borbónicas y de la nueva corriente inmigratoria de españoles que recalaron en las colonias a lo largo del Siglo de las Luces. Para Flores Galindo (1984: 78-80, 230-231), la aristocracia limeña fue una recomposición de la clase dominante y se caracterizó por carecer de vinculaciones directas con el aparato productivo –su actividad económica era el comercio monopolista–, relaciones endogámicas, afición por el lujo y la ostentación, y la posesión de esclavos. Si bien quedó muy afectada por las reformas borbónicas, en particular la liberación del comercio, las rebeliones campesinas –las reales y las potenciales– y las eventuales de los esclavos, es decir, el miedo a “los de abajo”, la inclinaron decididamente a favor de la causa realista. Es notable la coincidencia con el accionar de los criollos dominantes en México: en ambos casos, contrarrevolucionarios devenidos independentistas cuando la independencia dejó de ser una posibilidad radical y se convirtió en una realidad conservadora.

Lo que hace más importante el peso de la aristocracia limeña es que no solo tenía un mismo sustento material, sino que también “parecía cohesionarse con proyectos políticos propios, la opción a favor de una integración mayor con España, la procedencia común de sus miembros, los lazos de parentesco, los hábitos cotidianos. Pero ante todo, la aristocracia se definía en ese empeño por dominar las economías vecinas de Quito y Santiago [de Chile] y, paralelamente, construir una vasta red mercantil que significara la imposición de Lima sobre los espacios andinos” (Flores Galindo, 1984: 84). Sin duda, las reformas borbónicas, al debilitar el poder de este grupo, habrían jugado a favor de la ruptura con la metrópoli, aunque más no fuera por reacción, de no mediar la dialéctica en provincias, espacio de las elites interioranas y de las revueltas urbanas y, sobre todo, rurales. Se comprende, pues, por qué tanto empeño de Lima por reprimir a los insurgentes de una y otra de estas ciudades al perder el control del comercio.

La libertad de comercio afectó a la aristocracia limeña, pero benefició a los comerciantes, los propietarios mineros y los hacendados del interior; creó bases para un aumento de poder local que pretendió ser contrarrestado por el poder de la Corona mediante las decisiones tomadas por el gobernador intendente. Los propietarios criollos interioranos, beneficiados por prebendas patrimoniales y una semiautonomía, “sufrían la nueva presencia del Estado y la dominación que Lima ejercía sobre ellos. Pero al mismo tiempo, su situación se fundaba en la explotación inmediata que sometía a la población indígena y negra” (Cotler, 1978: 65). Así, los cabildos de las ciudades interioranas de Perú devinieron escenario de ese conflicto económico, social y político con los representantes del Rey y con la aristocracia limeña. Si esta, como señalamos, se inclinó por el fidelismo como garante del orden, la elite criolla provinciana se hizo rupturista para acentuar aún más la dominación semiservil de los indígenas campesinos de las haciendas. Una y otra fueron, así, profundamente contrarrevolucionarias y conservadoras. En opinión de John Fisher (2000), el regionalismo de las provincias fue, durante esos años, un fuerte impulsor de la dinámica política. Para el historiador británico, es importante no confundir regionalismos anticentralistas con posiciones independentistas.

No faltaron, por cierto, criollos independentistas por principios, más que por conveniencias o intereses. Fueron, sobre todo, hombres urbanos pertenecientes a lo que, por comodidad más que por exactitud, podríamos llamar “clase media”: profesionales, intelectuales, comerciantes menores, burócratas de segunda línea. Su intención era, como en otros casos, crear las condiciones para el mejor posicionamiento dentro del mercado mundial, antes que crear las condiciones para un desarrollo capitalista autónomo, que es lo que hicieron los norteamericanos bajo la dirección de una burguesía tempranamente conquistadora.

Perú fue finalmente liberado por la acción militar externa, es decir, tuvo una independencia concedida. Desde el sur, el ejército argentino-chileno, o Expedición Libertadora del Perú, conducido por San Martín, con la acción convergente de la escuadra patriota a cuyo frente estaba el escocés Lord Thomas Alexander Cochrane. Desde el norte, el colombiano comandado por Bolívar. El avance de la Expedición sureña –financiada mucho más por Chile que por las Provincias Unidas del Río de la Plata– fue el resultado de la estrategia pergeñada por San Martín después del fracaso de los ejércitos rioplatenses en el frente altoperuano, donde tras algunos triunfos terminaron derrotados en Vilcapugio, Ayohuma y Sipe-Sipe (1813). La nueva estrategia consistió en atacar el baluarte realista por mar (el Pacífico), no por tierra (las montañas altoperuanas). Precedido por acciones navales, el Ejército Libertador (unos 4.500 hombres, entre soldados y oficiales, para enfrentar a fuerzas que las quintuplicaban en número) desembarcó en territorio peruano en septiembre de 1820, ocupando Pisco. Para entonces, en España, el Ejército se había sublevado a favor de los liberales. Tras unas negociaciones fallidas con los realistas, los patriotas avanzaron hacia Lima, ciudad que fue cercada. El alzamiento independentista del regimiento realista Numancia, integrado por venezolanos, obligó al nuevo virrey del Perú, capitán general José de la Serna e Hinojosa, a abandonar la capital en junio de 1821, y a refugiarse en la serranía para resistir. Fisher (2000) encuentra en este movimiento estratégico de De la Serna una prueba de la importancia del regionalismo provincial: al trasladar la sede del Gobierno a Cusco (donde los grupos dominantes locales, tradicionalmente enfrentados con Lima, lo apoyaron), el virrey estaba seguro de contar con apoyo sustancial para resistir al ejército libertador. No se equivocó: dentro de un territorio partido políticamente en dos, los realistas controlaban la mayor parte –toda la sierra, el sur y el Alto Perú–, mientras que los independentistas eran fuertes en Lima, el norte y parte de la zona central (Lynch, 2010: 214).

El 28 de julio, levantando la bandera que él mismo había creado, San Martín proclamó la independencia de Perú:

El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!

Pero posteriores declaraciones del Libertador decían mucho más, con palabras inequívocas:

Desde mi llegada a Pisco anuncié que por el imperio de las circunstancias me hallaba revestido de la suprema autoridad y que era responsable a la patria del ejercicio de ella. No han variado aquellas circunstancias pues aún hay en el Perú enemigos exteriores que combatir, y por consiguiente, es de necesidad que continúen reasumidos en mí el mando político y el militar.

[…] La experiencia de diez años de revolución en Venezuela, Cundinamarca, Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata me han hecho conocer los males que ha ocasionado la convocatoria intempestiva de Congresos, cuando subsisten en aquellos países; primero es asegurar la independencia, después se pensará en establecer la libertad sólidamente.

San Martín decía también, expresamente, no estar guiado por “ninguna mira de ambición, sí solo la conveniencia política”, y que tenía una clara convicción:

Cuando tenga la satisfacción de renunciar el mando y dar cuenta de mis operaciones a los representantes del pueblo, estoy cierto que no encontrarán en la época de mi administración ninguno de aquellos rasgos de venalidad, despotismo y corrupción que han caracterizado a los agentes del gobierno español en América (Decreto del Protector del Perú, Lima, 3 de agosto de 1821; apud Lynch, 2010: 207; itálicas nuestras).

En el ejercicio del poder supremo –celosamente aplicado sobre los españoles– puede notarse un remedo de dictadura tal como la concebían los antiguos romanos, esto es, una situación transitoria para resolver una crisis de autoridad. No obstante la suma del poder (el Ejecutivo y el Legislativo), San Martín excluyó explícitamente a la justicia. Es como dice Lynch (2010: 225): “Su pensamiento político estuvo siempre finamente suspendido entre su preferencia por el poder absoluto y su respeto por los ideales liberales”.

Así fue creado el Protectorado como gobierno provisorio, y se designó a San Martín Protector del país, cargo que detentó entre agosto de 1821 y septiembre de 1822. En su reducido gabinete descollaba el tucumano Bernardo de Monteagudo, el otrora radical, por entonces convertido al más ilustrado repertorio de ideas autoritarias y centralistas (131). Una de las primeras medidas fue la declaración de libertad de vientres para todos los hijos de esclavos nacidos tras la declaración de la independencia.

Para Lynch (2010: 209), San Martín era un reformador ilustrado con un proyecto político claro: una monarquía regida por una Constitución fuerte y liderada por una aristocracia de méritos para beneficiar a los pobres y desposeídos. Tal régimen sería protegido por un Ejército y una Marina a crear. Monárquico en un mundo de repúblicas, San Martín fue también, en Perú, un liberal entre conservadores, según la doble caracterización del mencionado historiador británico. Impulsó hasta el máximo posible la instauración de una monarquía, pero mientras esta no estuviese rigiendo en Perú, el país se gobernaría conforme los principios fijados por el Estatuto Provisional del 8 de octubre de 1821 –una semana antes de la frustrada conspiración de los propios oficiales del Ejército Libertador en contra del Protector–, texto que consagraba y garantizaba algunas libertades civiles, básicas, a favor de las personas, la prensa y los municipios, cuyas autoridades serían elegidas por voto popular. Se establecieron, asimismo, autoridades judiciales independientes y un Consejo de Estado integrado por doce miembros con funciones consultivas. Formaban parte de él los tres ministros y los cuatro “títulos del Perú” (la nueva denominación de los viejos “títulos de Castilla”), siendo, pues “una corporación jerárquica y aristocrática, apropiada para una monarquía” (Lynch, 2010: 220).

El Protector aplicó un programa de reformas avanzado, al estilo de las que simultáneamente llevaba adelante en Buenos Aires el ministro Bernardino Rivadavia, único punto en común entre estos dos hombres que se tenían mutua antipatía. Según José Pacífico Otero, un biógrafo de San Martín, este promulgó, entre agosto y diciembre de 1821, ciento cincuenta y cuatro decretos (un promedio de uno por día) para atender cuestiones de la índole más variada, entre ellas las de administración de justicia y la creación de la biblioteca nacional (apud Lynch, 2010: 239). Se trató de un programa reformista, no revolucionario. A los “ilustres patricios”, como llamó a los aristócratas locales, tan poco entusiastas del cambio de orden, les hizo saber que las medidas de gobierno no estaban ni serían dirigidas “contra vuestros verdaderos privilegios”, pero sus palabras estaban lejos de convencer a la minoría de propietarios, criollos y españoles, unos y otros blancos, largamente unidos, de modo solidario, en la lealtad a la Corona y en la oposición a las clases populares. Como bien dice Lynch (2010: 212), “los criollos estaban tan comprometidos con sus propios intereses como los realistas, y en algunos casos advertían que lo que amenazaba esos intereses no era España sino el cambio social que traía consigo el ejército libertador”. Y aunque en la práctica ese cambio era menos radical que el temido por las clases propietarias, no dejaba de procurar introducir modificaciones en la rígida estructura colonial.

Sin duda, los decretos de agosto de 1821 que abolieron las coloniales relaciones de servidumbre personal y declararon a los indígenas peruanos, un gentilicio que hasta entonces solo podía aplicarse a los blancos nacidos en el país, produjeron temor entre los privilegiados (132). No era un dato menor: los originarios constituían alrededor del 60% de la población (estimada en un poco más de un millón de personas); el resto estaba constituido por mestizos (24%), blancos (16%) y negros esclavos. Empero, en la práctica, estas disposiciones no tuvieron aplicación efectiva y la situación de los originarios continuó siendo de explotación y dominación.

En materia de esclavitud, el Protectorado no la abolió plenamente, aunque sí lo hizo con el tráfico. En materia de manumisión, los alcances fueron cortos: se declaró la libertad de los nacidos a partir del 28 de julio de 1821, a hacerse efectiva al cumplir 21 años, edad en la cual adquirirían derechos de ciudadanía, aunque inicialmente con limitaciones, pues durante algunos años estarían sujetos as la tutela de los esclavistas de sus madres con la obligación de estos propietarios de proporcionarles educación y adiestramiento. Otra forma de manumisión consistió, como en otros lugares de la América que había sido española, en el enrolamiento en el Ejército, donde no solo debían combatir sino también comportarse con valentía. Tanto por posiciones personales –el Protector no preconizaba la abolición universal de la esclavitud– como por el fuerte condicionamiento creado por la fortaleza de los propietarios esclavistas, la condición de los llamados “negros” no varió sustancialmente y la convocatoria a las armas para ganar la libertad no parece haber operado como un incentivo para dejar de ser esclavos.

Para el Protectorado, dos tareas eran urgentes: derrotar definitivamente a los realistas, fuertes, como dijimos, en las sierras del sur (donde estaba la sede del Gobierno realista, siendo Cusco la última capital virreinal) y en el Alto Perú, y establecer las nuevas instituciones de Gobierno. Ganar la guerra era el primer y primordial objetivo.

La situación económica era difícil: muchos peninsulares habían emigrado o sido expulsados por el nuevo poder, llevando tras de sí las riquezas acumuladas. Se calcula en casi 27 millones de dólares el flujo monetario salido de Perú en barcos británicos, entre 1819 y 1825, para el pago de las importaciones (mercancías para el consumo y materiales de guerra) y por fuga de capitales (Lynch, 2010: 246). Las minas poco podían ofrecer a la causa revolucionaria, en parte porque, por su ubicación, en su mayoría todavía estaban bajo dominio realista y, no menos decididamente, por la carencia de capitales y tecnología adecuada para su mejor explotación (133).

La primera de las tareas señaladas no pudo ser alcanzada por la Expedición Libertadora, derrotada en las campañas de 1822-1823. Los realistas se afirmaron cuando ganaron la batalla de Ica (7 de abril de 1822), que constituyó para el Ejército Libertador una derrota que comprometió seriamente sus posiciones y el objetivo sanmartiniano de contener al ejército enemigo y “peruanizar la revolución” (para usar la expresión de Lynch). Empero, la torpeza de los realistas favoreció a los independentistas: el mando español despilfarró su ventaja en el interior del país al apelar a “acciones brutales y terroristas. Se mataba a los patriotas y se confiscaban sus propiedades según el capricho de los oficiales al mando” (Lynch, 2010: 214-215). La segunda también tuvo tropiezos: el Congreso Constituyente reunido en Lima definió el principio rector: “La soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa”. Rechazó, en buena medida por la oposición de los criollos de provincias, el proyecto monárquico impulsado por San Martín y una fracción importante de la aristocracia criolla limeña (cancelando la misión enviada a Europa en busca de un príncipe) y luego aprobó las Bases de la Constitución Política. El Congreso aceptó la renuncia de San Martín al cargo de Protector al tiempo que le rindió homenajes y honores varios, otorgándole, entre ellos, el título de Fundador de la Libertad del Perú.

Julio Cotler (1978: 67) resumió muy bien el clima político de 1822, dominado por un equilibrio político-militar entre las fuerzas en pugna, que no solo reflejaba conflictos entre los partidarios y enemigos de la independencia, sino también en el interior de cada uno de estos grupos: la búsqueda de un acuerdo entre San Martín y la aristocracia limeña, por un lado, y las autoridades españolas, por el otro, en procura de una “paz que asegurara una solución de continuidad política y el manifiesto rechazo a desarrollar una masiva movilización popular tuvieron como base la indecisión bélica”. Es que, en efecto, el sector de la aristocracia limeña devenido independentista adoptó esta posición solo cuando la derrota española parecía más próxima. Fue una posición defensiva para preservar la estructura de poder interna y aventar el peligro de insurgencia popular. “De esta suerte, la independencia política resultó ser un movimiento contrarrevolucionario” (Cotler, 1978: 66).

El empantanamiento militar fue resuelto después de la oscura y controvertida entrevista entre los Libertadores Bolívar y San Martín en Guayaquil, a fines de julio de 1822, tras la cual, el segundo se retiró del escenario americano. Al parecer, el rioplatense le requirió al venezolano ayuda militar y expresó su decisión de ponerse a sus órdenes. Bolívar no aceptó que San Martín fuese su subordinado, al tiempo que le ofreció poco más de mil hombres, gesto que llevó al Libertador del sur a considerar su presencia como un obstáculo para la continuidad de la guerra por la liberación de Perú. Más allá de las diferencias notorias de personalidad, ambos Libertadores compartían posiciones similares en cuestiones claves –por ejemplo: eran independentistas políticos pero no revolucionarios sociales; eran partidarios del orden; no creían en la existencia de condiciones necesarias para instaurar la democracia, y tenían claro que había que derrotar militarmente a los españoles en su principal reducto, Perú– y discrepaban en algunas otras también claves, particularmente sobre el régimen político: San Martín propugnaba una monarquía para Perú, mientras que Bolívar se oponía a ella y defendía la república, aun cuando la que perseguía tenía muchos visos monarquistas. El argentino era, además, consciente de su debilidad militar y política en Perú, lo que lo dejaba en condiciones desventajosas para negociar con el venezolano. En consecuencia, San Martín regresó a Lima, donde, además de enterarse de que en su ausencia se había convocado al Congreso, el 21 de septiembre, presentó su renuncia a los cargos que desempeñaba y expresó su decisión de retirarse a la vida privada (134). En su mensaje de despedida señaló:

La presencia de un militar afortunado (por más desprendimiento que tenga) es temible a los Estados que de nuevo se constituyen.

La acción del Ejército colombiano rompió el equilibrio antes aludido y llevó al desenlace en los dos planos, el militar y el político, ambos entrelazados. La división política en dos grandes facciones –la españolista y la independentista, a su vez, fracturada entre monárquicos y republicanos y, después de la derrota de los primeros, entre parlamentarios y caudillistas– contribuyó a exacerbar el conflicto. Los presidentes José de la Riva Agüero (febrero-junio de 1823) y José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle (julio de 1823-febrero de 1824), fueron acusados de traición a la patria. Riva Agüero decidió la deportación de diputados desafectos y reunió un Congreso paralelo en Trujillo, acción por la cual el de Lima lo declaró reo de alta traición y lo deportó a Chile. En cambio, Tagle pretendía firmar la paz con el virrey La Serna, acción que Bolívar consideró una traición. Finalmente, el Libertador se hizo cargo del Gobierno en febrero de 1824, elegido por el Congreso con el título de Dictador del Perú, concediéndole la suprema autoridad militar y política (cargo que ejerció hasta enero de 1827).

También en enero de 1824 se produjo otro acontecimiento de efectos decisivos: el general español Pedro Antonio Olañeta, un fernandino, sublevó el Ejército del Alto Perú al tomar conocimiento de la caída del Gobierno liberal en España. Así, se alineaba con la resolución del monarca absolutista que cesanteaba a La Serna en el cargo de virrey. Adicionalmente, Olañeta expresaba los intereses de un importante sector de los grupos dominantes de Charcas. El enfrentamiento entre ambos ejércitos realistas, constitucionalista y liberal, uno, absolutista, el otro, se zanjó mediante una guerra que debilitó la capacidad española para combatir a los independentistas. La batalla de Junín, librada en agosto y ganada ampliamente por los patriotas liderados por Bolívar, fue decisiva para la moral de los independentistas. El general José Antonio de Sucre fue designado para continuar las operaciones en el nuevo frente, mientras Bolívar retornaba a Lima para atender los asuntos del Gobierno. El 9 de diciembre, el general venezolano derrotó decisivamente a las tropas comandas por La Serna en la Pampa de Quinoa, en las proximidades de la ciudad de Ayacucho. La cruenta batalla (2.100 muertos) enfrentó al Ejército Unido Libertador del Perú (5.780 hombres) y al Ejército Real del Perú (6.906 soldados), con un detalle significativo: en el segundo, solo 500 eran españoles (135). La abrumadora mayoría (6.000) estuvo constituida por milicianos indígenas.

El triunfo de Ayacucho aseguró la independencia de Perú y, por extensión, la definitiva derrota política de la aristocracia limeña, desplazada –pagando el precio por su ambigüedad– por los victoriosos jefes militares. Por añadidura, la guerra, con su secuela de destrucción de haciendas, minas, obrajes y leva forzada de fuerza de trabajo indígena-campesina y esclava (por parte de ambos bandos), minó las bases económicas del poder de esa aristocracia. A diferencia de Venezuela y de Chile, ese grupo social privilegiado no pudo ser soporte de la estructura de poder interna. Quedó, así, un espacio social y político caracterizado por una fragmentación en múltiples grupos con notable autonomía en el espacio bajo su poder. “La permanente tensión patrimonial entre la metrópoli y los grupos oligárquicos, al romperse el pacto colonial, se resolvió con la ‘feudalización política’” (Cotler, 1978: 69) –esta expresión, por entrecomillada, no debe tomarse, según nuestra opinión, literal sino metafóricamente.

Ahora bien, los jefes militares se hicieron del control político del país, pero carecieron de base social y sustento económico necesarios y suficientes para construir un poder político capaz de unificar al Perú. Para sostenerse, debieron apelar a alianzas transitorias con distintos grupos regionales. Se pusieron allí las bases de la dominación oligárquica –tal como la definiremos en el próximo capítulo– cuya expresión paradigmática será la República Aristocrática, como la llamó el historiador Jorge Basadre. En lo inmediato, “se produjo un vacío de poder”, que no pudieron llenar ni los jefes militares ni las fracciones oligárquicas, unos y otras incapaces de integrarse políticamente y, por lo tanto, de “integrar a la población dominada, restando así posibilidades para la constitución real de un Estado y una Nación” (Cotler, 1978: 69). El contraste con la experiencia chilena fue manifiestamente dramático en ocasión de las dos guerras que enfrentaron a ambos países y Bolivia, en particular la del Pacífico (1879-1883).

Para Flores Galindo, con precisión, en Perú no hubo una revolución. “La imbricación entre situación colonial, explotación económica y segregación étnica edificaron una sociedad, aunque suene paradójico, tan violenta como estable. En Lima no se consiguió romper ese brutal equilibrio que hubiera permitido producir una revolución. Una historia distinta de la que tuvo como escenario al sur andino, pero todavía contrastable, de manera más evidente, como la de esos negros y pardos de los llanos venezolanos, donde la violencia indiscriminada pudo transformarse en un movimiento de liberación. Desde Lima, por todo esto, el ocaso del orden colonial y la independencia, en el recuerdo colectivo, aparecen como una oportunidad perdida. En efecto, desapareció la aristocracia, pero la plebe –y junto con ella los campesinos del interior– persistieron en su condición” (Flores Galindo, 1984: 235-236).

Antes de Flores Galindo, Heraclio Bonilla y Karen Spalding (1972: 56) habían afirmado otra cuestión con igual precisión: “Para comenzar, la elite peruana no luchó por la independencia. Se conformó y se acomodó ante le fait accompli. Los autores señalan que los militares independentistas habían subordinado la derrota de los ejércitos realistas en el Perú al objetivo más amplio de consolidar la liberación en otras regiones de Hispanoamérica, donde habían luchado con la seguridad de que bastaba conquistar el poder político para eliminar los frenos a la expansión económica de la burguesía criolla. […] Para la burguesía criolla peruana, la prosperidad económica dependía, no de la conquista de la plena libertad comercial, sino del retorno a las condiciones comerciales exclusivistas y monopólicas de la época colonial. Existió, pues, una clara divergencia de intereses entre las burguesías de las regiones periféricas del Imperio y la burguesía peruana. Para esta última la vinculación con la metrópoli no fue un obstáculo sino una necesidad. Ella creció y se robusteció a la sombra de España”.

Asegurada la independencia de Perú, Bolívar dispuso que el ejército comandado por Sucre ocupara el Alto Perú, último reducto realista, donde el general Olañeta aún resistía. El Gran Mariscal de Ayacucho siguió su marcha triunfal. Una de sus primeras acciones fue –conjuntamente con Casimiro Olañeta, un abogado de Chuquisaca, sobrino del general español– convocar a las provincias a un congreso encargado de decidir el futuro institucional. Al mismo tiempo, en el frente militar realista se produjeron sublevaciones, pronunciamientos y ocupaciones favorables a la causa independentista. En abril, al ser derrotados los realistas en Tumusla, la resistencia española cesó definitivamente. El Alto Perú estaba, así, en condiciones de decidir cuál de las tres posiciones planteadas sería aceptada: pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata (herencia del Virreinato rioplatense), pertenecer a Perú (aceptando la decisión del virrey Abascal de sustraerlo a la jurisdicción de Buenos Aires y retornarlo a la de Lima, una consecuencia de la sublevación paceña de mayo de 1809), declarar la triple independencia: de España, del Río de la Plata y de Perú.

La tercera opción –demanda de los grupos dominantes de Chuquisaca y otras ciudades– contaba con la aprobación de los gobiernos de Buenos Aires (donde el Congreso General Constituyente decretó la libertad de acción de los altoperuanos) y Lima, amén de la de Sucre. Bolívar, si bien terminó aceptando, tenía reparos, por entender que comprometía la unidad de la República de Colombia, en particular por la potencial posición secesionista de Quito, y sobre todo por considerar que la ubicación geográfica del país conspiraba contra su futura estabilidad política y la exponía a posibles guerras (lo que efectivamente ocurrió). En rigor, Bolívar proyectaba la creación de la Federación de los Andes, constituida por la Gran Colombia, Perú –dividido en dos: Norte y Sur– y Bolivia, no solo como parte de su estrategia de unidad de las ex colonias españolas en América, sino por su temor a un Perú que, de ser demasiado fuerte, podría desbalancear la correlación de fuerzas en el contexto regional. Finalmente, el Congreso reunido en Chuquisaca se pronunció por la triple independencia. El Acta fue firmada el 6 de agosto de 1825, fecha elegida en honor a la batalla de Junín, ganada un año antes. Los redactores no se privaron de recordar un detalle significativo:

El mundo sabe que el Alto Perú ha sido, en el continente de América, el ara donde se vertió la primera sangre de los libres, y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos.

La nueva República, unitaria, se constituyó con los territorios definidos por la Real Audiencia de Charcas de la época colonial. Por un decreto, se estableció que se llamaría “Bolívar”, en homenaje al Libertador, pero en octubre, a propuesta del presbítero Manuel Martín Cruz –con el simple argumento: “Si de Rómulo, Roma; de Bolívar, Bolivia”– se definió el nombre que aún lleva. El Libertador fue designado “Padre de la República y Jefe Supremo del Estado”, honores que agradeció, pero redujo el ejercicio de la presidencia a unos pocos meses de 1825 y la transfirió al general Sucre, que la detentó entre diciembre de ese año y abril de 1828, cuando fue forzado a renunciar en un contexto de traiciones, revueltas e inestabilidad política (hubo cuatro presidentes efímeros) hasta que la Asamblea Nacional eligió al mariscal Andrés de Santa Cruz como nuevo presidente (1829-1839).

Cabe señalar que en febrero de 1826 Bolívar elevó al Congreso Constituyente, a su solicitud, un proyecto notablemente antidemocrático, según el cual el país se organizaría con cuatro Poderes –Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral–, con un presidente vitalicio con derecho a elegir el sucesor y un vicepresidente hereditario. Este magistrado también sería elegido por el primero, evitando así “las elecciones que producen el grande azote de las repúblicas”. El novedoso Poder Electoral estaría constituido por electores, nombrados a razón de uno por cada diez ciudadanos. Estos electores formarían los Colegios Electorales de cada provincia, cuyos intereses y necesidades representaría, siendo, además, receptores de las infracciones de las leyes y de los abusos de los magistrados. El Congreso terminó aprobando la primera Constitución en noviembre de 1826. Ella recogió parte de las propuestas de Bolívar, pero su vigencia fue de solo cuatro años (de los diez que debía regir).

Tanto en Perú como en Bolivia, la independencia no significó un cambio favorable para la mayoritaria población indígena. Por el contrario, su situación social empeoró: privados de sus instituciones y prácticas –en particular, las comunidades– y obligados al encorsetamiento del individualismo liberal –una cuestión clave en materia de posesión/propiedad de la tierra–, debieron soportar –más allá de la retórica de los republicanos– la continuidad de la discriminación social y política, los prejuicios raciales y las cargas tributarias, restauradas, con el nuevo nombre de contribución general, por Bolívar (1826) en Perú (donde San Martín lo había abolido) y por Sucre (1827) en Bolivia. Su incidencia en la recaudación fiscal no era menor: alrededor de un tercio del total.

Mirado en clave comparativa, el proceso independentista muestra algunas conclusiones inequívocas. La crisis del nexo colonial se alimentó con las ideas políticas liberales, y en algunos casos excepcionales generó una ferviente fidelidad a la Corona, como en Perú. La cesura entre liberales y conservadores no fue un corte de clase. Los distintos grupos sociales, en rigor, en proceso de constitución de clase –terratenientes, comerciantes, propietarios mineros, como profesionales y/o intelectuales a ellos vinculados– se ubicaron en uno u otro espacio político-ideológico, como también respecto a la organización política, bajo la formal federal o la centralista, sin seguir una misma línea. Así, por caso, hubo terratenientes que abrazaron el liberalismo tan solo porque se convirtieron en tales, siendo jefes militares, al acceder a la propiedad de la tierra que los gobiernos liberales pusieron en el mercado enajenándolas a la Iglesia, las comunidades indígenas y los enemigos del orden independiente.

La tendencia liberal de los grupos que abrazaron esta causa revela más su recelo frente a la administración ilustrada, católica y centralista, que tres siglos de dominación les había legado, que una convicción sincera acerca de las ideas y, sobre todo, las prácticas de la nueva doctrina. Por citar apenas unos ejemplos, el federalismo mexicano fue vencido por el centralismo de Santa Anna, primero, y puesto en dudosa práctica durante el porfiriato más tarde. En Argentina, se dio la paradójica situación de un gobierno declarado acérrimamente federal, el de Rosas, con una práctica política dictatorial y autonomista, mientras que el bando unitario (centralista), la oposición, sostenía ideas liberales. En este sentido, Argentina fue una excepción en el continente: allí, la facción vencedora dentro de los federales no fue liberal (el fusilamiento del general Manuel Dorrego, en 1828, hirió de muerte al federalismo liberal, ya derrotado en 1820, como hemos visto). En Brasil, el republicanismo triunfante en 1889 estuvo decididamente inspirado en el ideario liberal y federal pero, como afirma Marcel Bursztyn (1990: 48), “la historia de la república es la historia del progresivo refuerzo del poder central”. Uruguay y Chile tuvieron Constituciones centralistas en la década de 1830, que solo fueron reformadas en 1919 y 1925, respectivamente, sin producir cambios en la forma de gobierno, que siguió y sigue siendo unitaria.

Las revoluciones de independencia latinoamericanas fueron, a lo sumo y no en todos los países, hemos dicho, revoluciones políticas. En el caso de las colonias españolas, fueron los grupos criollos los que plantearon la necesidad de impulsar el proceso independentista. En buena medida, lo hicieron para prevenir otro en el que las clases explotadas actuaran como los esclavos en Haití. Se trató de hacer la revolución política para evitar la revolución social. Lynch (1976) las llamó “revoluciones preventivas”. Esa perspectiva es claramente visible en la posición política de Bolívar. Izard (1979) lo sintetizó con exactitud: “Miedo a la revolución”. Carrera Damas (1986: 113) lo planteó en términos de ruptura del nexo colonial, entendiendo que tal ruptura –la culminación de un fenómeno sociohistórico complejo– conjugó “procesos internos de conformación estructural con factores globales que afectaban el todo en el cual se hallaba inserta la sociedad implantada colonial”. La independencia fue la expresión política predominante de la ruptura del nexo colonial, y esta “persiguió un objetivo primordial: la preservación de la estructura de poder interna de la sociedad implantada colonial mediante decisiones políticas que pueden ser consideradas como eminentemente clasistas, tomadas inicialmente por quienes en aquella sociedad ocupaban el punto más alto y predominante de la formación social”.

Lucena Salmoral (1992: 69) señala que la apelación de los criollos a “los cabildos como elementos representativos era obviamente formal”, toda vez que ellos carecían de representación popular (los cargos solían comprarse) y tenían una jurisdicción espacialmente reducida. Abrogarse autoridad sobre otras ciudades tenía sus riesgos, pues “se corría el peligro de formar varios autogobiernos dentro de un mismo territorio, como en efecto ocurrió”. Fue una anomalía: “Los cabildos metropolitanos se autoadjudicaron el poder de elegir las primeras juntas de gobierno y el de convocar luego a los demás a la asamblea territorial”. Significativamente, los criollos se preocuparon “por hacer cosas dentro de un marco jurídico (incluso las revoluciones) y dar al ciudadano a opinar en la vida pública municipal,” características que, para el autor, son demostración de “la profundidad de la colonización hispánica”.

El mismo historiador distingue dos formas de estallido revolucionario: una, urbana y centrípeta (de la ciudad al campo), la de los cabildos de las ciudades capitales, empleadas por los criollos blancos; otra, la “eminentemente indígena […] y centrípeta: del campo sobre la ciudad”, con carácter religioso y regalista. La primera forma se observó en América del Sur; la segunda, en México. “No sabemos si la férrea represión indigenista impuesta en Perú durante el último cuarto del siglo XVIII impidió que aflorasen movimientos similares en la región andina” (Lucena Salmoral, 1992: 68). Cabe una observación: en la Banda Oriental del Río de la Plata se produjo una tercera forma, rural y laica.

En términos de clases, es difícil definir las revoluciones de independencia como revoluciones burguesas en sentido estricto. En América Latina, y en cada país, la burguesía era una clase estructuralmente débil, casi exclusivamente comercial y/o usuraria; mas, como bien advirtió Kossok (1989: 167), no debe confundirse debilidad con inexistencia. Concomitantemente, las clases no burguesas –como los terratenientes– adoptaron modelos, ideas y proposiciones que sí lo eran (por ejemplo, Constitución, libre comercio), pero esto no implicó transformaciones en las relaciones sociales: sus campesinos siguieron siendo sujetos de explotación mediante formas no capitalistas, incluso acentuando la explotación y la dominación, tal como lo prueba el sistema de haciendas. Pero si una hipotética revolución democrático-burguesa estuvo dentro del horizonte de posibilidades –según Kossok (1989: 173) podría haberse dado a partir del “empuje revolucionario de las masas”, de no mediar su bloqueo “por la dirección moderada criollo-aristocrática de la revolución”–, es más claro aún que no hubo condiciones de realización. No obstante, y en esto sí coincidimos con Kossok, tal irresolución revolucionaria burguesa no se tradujo en ausencia de transformaciones económicas e incluso sociales, aun con todas sus limitaciones.

El mismo Kossok (1959: 143), por otra parte, señaló en otro texto que “fue precisamente en el Río de la Plata donde el partido revolucionario formuló el programa de la emancipación, un programa sustentado en la burguesía”, clase que, a su juicio, estaba constituida por los latifundistas.

Como en su momento advirtió Pierre Chaunu (1973: 30 y 36), la geografía de los movimientos independentistas muestra tres paisajes diferentes: 1) Venezuela, Río de la Plata (dos áreas en las cuales la presencia española era virtual) y Chile, los espacios más débiles del imperio español, donde los insurgentes triunfaron rápidamente, con la variante chilena de un separatismo que venció por ayuda externa (rioplatense) y la venezolana, donde el ejército colonial logró –en el único espacio donde pudo actuar– una reconquista nada fácil de sostener; 2) el mundo andino, sólidamente fidelista, por convicción en unos, por intereses en otros, por miedo a las represalias (el recuerdo de las de 1782) en la mayoría indígena; fue tan sólido el fidelismo andino que proporcionó abundantes fuerzas para la reconquista, casi total hacia 1816-1817, con la excepción del Río de la Plata, rápida y definitivamente perdido; 3) México (incluyendo la Capitanía General de Guatemala, es decir, Mesoamérica), ambiguo y oscilante entre los dos anteriores; allí, el radicalismo de masas indígena-campesinas (Hidalgo y Morelos) fue derrotado por propietarios criollos y españoles bien conservadores y miedosos de la revolución.

Años más tarde, Pérez Herrero (2003: 348) volvió a destacar el hecho de que las rupturas de la dominación colonial se produjeron más temprano (entre 1810 y 1819) en las áreas “de reciente inmigración y de nueva colonización” (Río de la Plata, Venezuela, Chile, Colombia), y más tarde (entre 1821 y 1825) en aquellas “donde las dinámicas coloniales tenían una mayor tradición y en las que se había generado una compleja estructura social debido a la presencia de numerosas poblaciones indígenas”.

Adviértase que el espacio andino y México habían sido locus de las grandes civilizaciones originarias preexistentes a la conquista y la colonización europeas, mientras que Venezuela, el Río de la Plata y Chile habían sido territorios con poblaciones originarias poco estructuradas socialmente. Las de los Andes y México fueron las primeras en ser subyugadas y las últimas en ser liberadas de la dominación colonial. Dicho de otra manera, allí donde hubo grandes civilizaciones, desarrolladas y hasta complejas (para la época), la conquista y la colonización fueron tan sólidas que forjaron el núcleo duro de la resistencia fidelista, incluso con fuerte participación indígena, como mostró la composición de los ejércitos en Ayacucho. En las áreas donde no existieron sociedades originarias similares y la resistencia a la conquista fue más larga y costosa, los movimientos rupturistas no tuvieron un “problema indígena”, sin olvidar el actual noroeste argentino (prolongación del espacio peruano) y la hábil convocatoria de Artigas a los pueblos originarios del área de las Misiones. En el sur chileno y en el Chaco y el sur argentinos, el “problema” fue para los republicanos cuando luchaban por constituir sendos Estados, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando, entre 1860 y 1885, arrasaron con los pobladores de la Patagonia, básicamente mapuches (la Conquista del Desierto, 1869-1881) y la Araucaria (la Pacificación de la Araucaria, con la brutal guerra de exterminio de 1868-1869 y la ofensiva final de 1881), mediante operaciones etnocidas que terminaron con la vida de un elevado número de pobladores (algunos cálculos estiman unos 100.000 hombres, mujeres y niños). En el caso del Chaco argentino, la ocupación concluyó en 1917. En la Patagonia, en la Araucaria y en el Chaco, el resultado fue el mismo: la apropiación de las tierras de los pueblos originarios, su distribución entre terratenientes blancos y la conversión de los indígenas en verdaderos parias. Correlativamente, no es por azar que en los primeros de estos dos grandes espacios contrastantes, el peso, la presencia y el poder (simbólico y económico) de la Iglesia Católica hayan sido tan fuertes y decisivos para la “conquista de las almas”.

Las independencias fueron –salvo en Saint-Domingue y al final en Cuba– impulsadas por minorías criollas (comerciantes, terratenientes, intelectuales), en no pocos casos no solo contra la oposición de la Corona, de los españoles y de otros criollos, sino contra las mayorías populares (indígenas, mestizos, pardos). Esas minorías fueron, además, mayoritariamente, urbanas. En términos sociales: burgueses, pequeñoburgueses, “clase media” (intelectuales laicos y religiosos, profesionales). Ahora bien, las guerras obligaron a la participación de las masas, convocadas a veces con promesas de libertad (en el caso de los esclavos), de abolición de la servidumbre (en el de los indígenas) y casi siempre de una manera coactiva (136). La participación en la guerra fue la vía de entrada de las clases subalternas –y de las populares, en particular– en la política, si bien no pudieron o no supieron hacerlo con autonomía. Las masas entraron en la actividad política y participaron de ella, pero su irrupción careció de capacidad de decisión, es decir, de poder. En las guerras de independencia, las masas estuvieron presentes en ambos bandos (la batalla de Ayacucho, ya lo dijimos, fue expresión paradigmática), y no fueron pocas las ocasiones en las cuales campesinos, indígenas y esclavos se rebelaron contra las elites urbanas y la nueva dominación en “un violento rechazo de la agresión, identificada esta con las formas jacobinas asumidas por el proceso independentista en las ciudades” (Aricó, 1980: 103). Pudo verse a indígenas campesinos pelear tanto contra españoles como contra criollos aristócratas (los levantamientos encabezados por Hidalgo y Morelos en México, y por Artigas en la Banda Oriental), o a los llaneros venezolanos al lado de los españoles con el objetivo de sacudirse el yugo de los amos locales (durante la “Patria boba”, bajo el liderazgo de Boves, antes de ser ganados para la causa independentista), y a esclavos luchar fuera de uno y otro bando por su libertad, mas no por la libertad, como supo advertirlo Carrera Damas.

No obstante, como bien ha observado Domínguez (1985: 28), la participación política [en particular la de las masas, acotamos] durante las guerras de independencia, un factor decisivo en el derrumbe colonial, fue seguida inmediatamente por una desmovilización y un alejamiento de aquella participación, la cual “produjo muy poco cambio social neto”.

Atendiendo a la dialéctica de la relaciones entre los grupos sociales independentistas, Kossok (1989: 169) construyó una tipología del que llama “ciclo total de la revolución de independencia latinoamericana”, entre 1790 y 1824, conformada por al menos cuatro corrientes: 1) revolucionaria democrática, caracterizada por la presencia de masas social y políticamente radicales; 2) criollo-republicana, intransigente en su posición política anticolonial, que fue la predominante y contó con una importante base social de masas; 3) liberal-criolla, reformista moderada, independentista pero apuntando a algún tipo de compromiso político con la antigua metrópoli, y 4) conservadora, partidaria de la independencia solo para la continuidad del statu quo, en buena medida como una doble reacción a la eventual insurgencia de las masas locales y a la potencial revolución liberal en la metrópoli y/o su proyección en América. Salvo en el caso de la primera, claramente diferenciada y separada, es dable observar solapamientos relativamente amplios entre las corrientes, en particular entre la liberal-criolla y la conservadora.

Un dato significativo es que las corrientes radicales de las revoluciones de independencia no lograron constituir fuerzas orgánicas más o menos duraderas. Todas ellas cesaron con la derrota y/o la muerte de sus líderes: Hidalgo, Morelos, Artigas, Moreno. Es cierto que fueron, todas, derrotas catastróficas, pero es curiosa la ausencia de algún tipo de continuidad tras la desaparición de las individualidades. Es cierto que las guerras de independencia nacieron con cierto grado de radicalismo –apelaciones a la libertad, la igualdad, la democracia–, pero concluyeron con el triunfo de las tendencias conservadoras, incluso connotadas figuras radicales de la primera hora transmutaron en moderados cuando no decididamente reaccionarios. Los jacobinos fueron, en la expresión de Kossok, “la sal de la revolución” pero, en América Latina, el jacobinismo fue, en todas partes, militar y, excepto en Saint-Domingue y la Banda Oriental, un accionar para el pueblo sin el pueblo. Por eso no hubo, salvo, otra vez, en esos dos casos –y en el movimiento mexicano de Hidalgo y Morelos–, ejércitos populares, no por su composición (pues es claro que los soldados pertenecían a las clases populares, mientras que los propietarios y los hombres de clase media fueron cuadros, jefes) sino por los intereses por los cuales peleaban, que eran básicamente los de los grandes propietarios.

La ruptura del nexo colonial, la lucha por la independencia y su desenlace fueron un violento conflicto entre diferentes –no siempre totalmente opuestas– propuestas de orden. La violencia fue, además, militar, tanto para la definición victoriosa de la lucha contra el poder español como para resolver la confrontación entre las opciones de orden poscolonial. Esa militarización dejó una marca estructural, de larga duración, en la historia de la mayoría de las sociedades latinoamericanas. No solo se tradujo en múltiples gobiernos militares, también contribuyó a definir culturas políticas impregnadas de violencia, pocas veces mutadas en culturas de negociación.

Finalmente, las guerras de independencia y civiles generaron un cierto grado de movilidad social, ascendente y descendente. Pero la movilidad tuvo un corte de clase notable: para los pobres (mestizos, blancos) fue un proceso limitado a uno pocos casos individuales, casi siempre por una exitosa carrera militar. A modo de ejemplos: el boliviano Manuel Isidoro Belzú; los peruanos Agustín Gamarra, Andrés Santa Cruz, Ramón Castilla, Miguel de San Román; el mexicano Vicente Guerrero; el guatemalteco José Rafael Guerrero (mestizo); el venezolano José Antonio Páez (blanco pobre).

Mirado desde esta perspectiva, es evidente que la independencia fue para la minoría de criollos blancos (excluyendo a los pobres) no para los mayoritarios pueblos originarios, los “naturales”, como los llamaron los españoles antes de uniformarlos con el descalificador “indios”, ni para los esclavos, y a menudo tampoco para los mestizos. Para ellos no hubo independencia, y en muchos casos, si no en todos, su situación fue peor que durante la colonia.

El balance general puede resumirse en pocas palabras: las clases propietarias criollas –burguesías, protoburguesías, terratenientes no capitalistas– hicieron, en el mejor de los casos, una revolución política y tomaron el poder para no hacer una revolución social. En síntesis, independencia política sin emancipación social.

El demorado final del dominio colonial en Cuba y Puerto Rico

A diferencia de las otras colonias de España y Portugal en América –y antes, la francesa de Saint-Domingue–, que se independizaron al comienzo de la fase de transición del capitalismo de libre competencia al capitalismo monopólico, Cuba y Puerto Rico dejaron de ser colonias en un contexto de desaparición del viejo colonialismo y surgimiento del imperialismo, más de siete décadas después (137). ¿Por qué los criollos cubanos y puertorriqueños optaron por el fidelismo y no por la independencia? ¿Por qué no lo hicieron tampoco los esclavos o los libertos?

Domínguez sostiene que “[l]a ideología burguesa conduce a la revolución cuando la política se cruza en el camino de la revolución”, encuentro que no aconteció en Cuba. Según él, la isla “no tuvo revolución no porque fuese demasiado tradicional, no porque se le impidiese tenerla, sino porque todo lo que su burguesía deseaba se alcanzó sin ella… y a menor costo” (Domínguez, 1985: 242). De hecho, observa el autor, el nuevo orden –nuevo dentro del orden colonial, acotamos nosotros– apareció en Cuba simultáneamente con la represión que España aplicaba en otros lugares del continente (Domínguez, 1985: 235).

Durante los primeros siglos de ocupación colonial, Cuba fue, por sobre todas las cosas, una base estratégica en la ruta marítima clave del sistema colonial español: Cádiz-Cartagena-Panamá-Veracruz. Esta situación convirtió a La Habana en un centro capaz de atender tanto las necesidades organizativas de la flota, que transportaba la plata americana a España, como las relacionadas con el abastecimiento de las colonias. Cuba fue, por lo tanto, parte importante de la “frontera imperial” que destacó Juan Bosch. Su interior rural, a su vez, fue –hasta fines del siglo XVIII y comienzos del XIX– espacio de una economía agrícola y ganadera de pequeña escala (café, tacaco y alguna ganadería). El azúcar, durante largo tiempo símbolo distintivo de la economía de la isla, fue un cultivo tardío.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la isla atravesó dos momentos decisivos. El primero fue la toma de La Habana por los ingleses –una extensión a América de la Guerra de los Siete Años. La ocupación tuvo lugar entre agosto de 1762 y julio de 1763, y finalizó tras el Tratado de París de febrero de 1763, que devolvió La Habana a España, junto con Filipinas, a cambio de la cesión a Gran Bretaña de la Florida y la navegación por el río Mississippi, según se ha dicho antes (138). Aunque breve, la presencia de los ingleses se tradujo en una masiva penetración de mercancías y de esclavos, hasta entonces, menos importantes que en las otras colonias caribeñas. El segundo momento fue la rebelión de Saint-Domingue que, como también se ha dicho, arruinó para siempre a la más rica colonia francesa y envió a Cuba a plantadores azucareros que huían de la furia de sus antiguos esclavos, llevando con ella la industria azucarera y el miedo a la revolución, entendida como movimiento de los explotados. En efecto, esos plantadores franceses fugitivos llevaron consigo técnicos, métodos de producción, experiencia y conocimiento del negocio, y puede que hasta algo de capital. Cuba se convirtió desde entonces, y muy rápidamente, en el nuevo gran centro productor de azúcar, monocultivo que daría origen la llamada “sacarocracia” cubana.

Según Hugh Thomas (1991: 157), la transformación de Cuba en una próspera colonia azucarera se debió a cuatro causas fundamentales: 1) la aparición de nuevos mercados para el azúcar; 2) el surgimiento “de una clase de propietarios más interesados en el desarrollo de sus tierras y en promover riqueza que en preservar su estatus”; 3) el incremento de la importación de esclavos y 4) las reformas borbónicas, especialmente las económicas. También Guillermo Céspedes del Castillo (1994: 450-451) destaca la presencia de lo que llama una “elite modernizadora y dinámica”, que ya en la década de 1780 disponía de recursos suficientes para sostener la presencia y la actividad de un apoderado en la Corte madrileña, iniciando “la organización del más eficaz y poderoso grupo de presión” del que dispusieran los propietarios criollos americanos en Madrid. El impulso modernizador llevó a la construcción de una línea ferroviaria al servicio de la gran industria azucarera entre 1830 y 1837, antes que en la propia metrópoli y en la América Latina independiente.

El pasaje a la economía de plantación esclavista implicó un formidable impulso al “tráfico negrero”: entre 1792 y 1821, 250.000 africanos esclavizados fueron descargados como piezas de comercio en La Habana, además de no menos de otros 60.000 introducidos por vía del contrabando. Céspedes del Castillo (1994: 453) da la cifra de 720.000 esclavos llegados a Cuba entre 1790 y 1860. Las leyes contra el tráfico de esclavos de 1820 y 1845 no hicieron cesar su entrada ilegal, a pesar del escollo que significaban las patrullas navales inglesas contra la trata, de acuerdo con los convenios anglo-españoles de 1817 y 1835. La persecución a los traficantes se intensificó en 1862, cuando los ingleses y los norteamericanos iniciaron acciones conjuntas para procurar el cese del infame comercio, y unos años después cesó por completo, al menos legalmente (la última descarga conocida data de 1867), y no fue ajeno a ello el final de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Las crecientes dificultades para proveerse de esclavos, cuyo precio se incrementó más del doble en poco tiempo, llevaron a los plantadores cubanos a suplirlos por inmigrantes de variado origen: gallegos, canarios, irlandeses, indígenas del Yucatán y, sobre todo, coolies chinos, de los cuales se introdujeron –en condiciones aún más terribles que las de los africanos– unos 130.000 entre 1853 y 1872.

Entre 1820 y 1868, la población negra y mulata de Cuba era el 50 o 60% del total, de los cuales entre el 25 y el 35% eran esclavos. Después del último año, descendió a poco menos de la mitad. Herbert Klein (1986: 175) indica que en 1861 había 370.553 esclavos y 232.493 “libres de color”. Los negros y mulatos libres urbanos –que vivían en la pobreza, cuando no en la miseria, y eran socialmente despreciados– apelaron a la insurgencia. Hubo una serie de sublevaciones, la primera en 1795 y la segunda en 1812, pero todos los intentos fueron ferozmente reprimidos. Los esclavos, a su vez, organizaron sociedades secretas de resistencia y se rebelaron sin éxito en 1810, 1812 y 1814. La de 1812, encabezada por el liberto José Antonio Aponte, había sido un remedo de la exitosa sublevación encabezada por Toussaint Louverture.

Las iniciativas más importantes comenzaron en la década de 1840 con la “conspiración de la escalera” (así llamada por el tormento aplicado a los detenidos: atados a una escalera se los azotaba hasta admitir lo que los torturadores pretendían). Se trató de un complot descubierto por las autoridades en 1844, antes de iniciarse el alzamiento. Los mulatos libres lo impulsaron reclamando la independencia de Cuba y, por ende, mayores derechos políticos, amén de prometer alguna forma de emancipación para los esclavos que se sumaran a la rebelión. Frustrada por el poder colonial, la tentativa dejó un saldo de 3.066 detenidos, 78 ejecutados y 1.758 condenados por tribunales militares, con penas de hasta diez años de prisión. Antonio Elorza y Elena Hernández Sandoica (1998: 43) señalan que la represión decapitó a la “pequeña clase media liberal cubana, más mestiza que blanca (pero blanca también, obsérvese este dato)”. Adicionalmente, sirvió como pretexto para aumentar la explotación de los esclavos y perseguir a los libres. Los esclavos de plantación fueron durísimamente castigados. Ninguna insurgencia esclava puso en peligro el orden colonial. Por cierto, la cimarronería no estuvo ausente como forma de resistencia.

La esclavitud y la continuidad de la provisión de esclavos africanos, amén de la prosperidad económica de la isla (hacia 1820 Cuba era la principal productora mundial de azúcar) fueron hechos decisivos para la renuncia de los propietarios criollos cubanos (en particular, los plantadores cafetaleros, tabacaleros y, sobre todo, azucareros) a independizarse de España (139). El miedo de los grandes propietarios a una sublevación al estilo de la vecina Saint-Domingue frenó incluso ideas abolicionistas. Para ellos, la presencia del capitán general –la máxima autoridad político-militar de la isla, designada por la Corona– era la mejor garantía de represión de los potenciales insurgentes: como dicen Elorza y Hernández Sandoica (1998: 42-43), a “los sacarócratas les resultaba más rentable que la metrópoli ejerciera, con un pulso tan firme, el control social de las capas más bajas”, al menos hasta el momento en que por la acción de la mayoría de los capitanes generales vieron afectados sus intereses. Aún así, no optaron por la independencia sino solo por demandas de índole económica: reducción y/o eliminación de impuestos (muchos de los cuales afectaron también a los pequeños hacendados y ganaderos), libertad de introducción de esclavos y maquinaria, de refinado de azúcar y de comercio con terceros países.

La demanda de libre comercio con el mundo se hizo más fuerte después de las crisis económicas de 1847, 1857 y 1867 que, con las fuertes caídas de los precios del azúcar y el café, afectaron notoriamente a los plantadores y a la clase media. Fue entonces cuando aparecieron corrientes de cubanos autonomistas y abolicionistas aliados con los grupos de liberales radicales españoles, contestatarios ante la creciente intransigencia de los gobiernos de Isabel II (Cardona y Losada, 1997: 42). Ya en las Cortes de Cádiz, los diputados cubanos (criollos y peninsulares) se opusieron frontalmente, en 1811, al proyecto de abolición del comercio esclavista, amenazando con una sublevación antiespañola si esto era aprobado, amenaza que incluía pedir la anexión a Estados Unidos. En las Cortes se dio, en una paradójica situación, lo que Elorza y Hernández Sandoica (1998: 23) definen como transparente conflicto “entre dos burguesías de desiguales y encontrados intereses”: la gaditana, partidaria de la abolición de la esclavitud y opositora de la libertad de comercio, y la cubana, esclavista y librecambista.

La variante anexionista apareció en varias ocasiones, en particular a partir de 1846, cuando España decidió intervenir en pro de una reducción del comercio de esclavos. Pero, no tuvo demasiados adeptos en Estados Unidos, cuyos sucesivos gobiernos se opusieron tanto a la independencia de Cuba, que podría dar lugar a una república que afectara la creciente injerencia norteamericana en la economía isleña, como a una anexión, que solo serviría para fortalecer la posición de los esclavistas estados sureños. Empero, hubo en el interior de Estados Unidos una corriente que propiciaba la compra de Cuba. La propuesta fue presentada sin éxito al Gobierno español varias veces, las dos últimas en el contexto de guerra de los cubanos por la independencia.

En la “siempre fiel Isla de Cuba”, “la Perla de las Antillas”, donde los criollos propietarios de grandes plantaciones azucareras, tabacaleras y cafetaleras (la “sacarocracia con conciencia burguesa”, como la denomina Céspedes del Castillo) preferían el dominio colonial, no faltaron los intentos independentistas en los inicios del siglo XIX. En la década de 1820, dos conspiraciones masónicas pretendieron seguir el camino continental: la de los Rayos y Soles de Bolívar, en 1823, y la de la Gran Logia del Águila Negra, en 1829, impulsadas por masones cubanos (yorkinos y escoceses) apoyados por sus hermanos de México, Colombia y Estados Unidos, que aspiraban a la creación de la República de Cubanacán, pero fueron descubiertos antes de entrar en acción. En 1824, el alférez Gaspar Rodríguez dirigió un conato liberal constitucionalista; dos años después, los libertos Francisco Agüero y Manuel Sánchez desembarcaron con intenciones insurreccionales en el centro oriente de la isla. Ambos intentos fueron derrotados con facilidad. En 1827, Bolívar trató de promover la independencia de Cuba y Puerto Rico, pero el plan no pudo efectivizarse. Entre las razones cuenta la oposición de Estados Unidos, pero también la inestabilidad y las revueltas en el interior de la Gran Colombia y Perú (Izard, 1979: 36).

Para Domínguez (1985: 239-241), la posición fidelista de Cuba se explica “porque la mayor parte de las metas de su elite y de las libres subelites blanca y negra se habían alcanzado o podían alcanzarse bajo el gobierno colonial”. En opinión de Félix Varela, ex diputado a las Cortes e implicado en la conspiración de los Rayos y Soles, en Cuba no había “amor ni a España, ni a Colombia, ni a México, ni a nada más que a las cajas de azúcar y las bolsas de café”. Puede que la primacía de los valores económicos sobre los políticos haya sido tal, a punto que la defensa de los intereses materiales de clase subordinara por completo a los políticos. De hecho, a ello había contribuido la propia metrópoli, que hizo en la isla lo que no pudo hacer en ninguna colonia continental: transformar las estructuras básicas. El Gobierno español dio respuestas a demandas específicas de los grupos propietarios cubanos, incluyendo a pequeños plantadores de tabaco y a oficiales militares negros. Para asegurar la lealtad se apeló a la tríada cooptación, transformación y reconstrucción.

Durante las cuatro décadas siguientes a la de 1820, la de los pocos y frustrados intentos rupturistas, el único grupo social cubano independentista fue el de los pequeños cultivadores de caña y de café del Oriente del país. Empobrecidos, sin capital para comprar nueva maquinaria y/o esclavos, sin buenos medios de transporte hacia La Habana ni acceso al crédito, muchos de ellos comenzaron a liberar a sus propios esclavos, al tiempo que aquellos pocos que disponían de algo más de recursos dinerarios enviaban a sus hijos a estudiar en universidades europeas o norteamericanas, de donde regresaban con ideas revolucionarias y anticoloniales. Precisamente, dentro de ese grupo –y en particular, entre los masones– surgió el ímpetu rebelde en 1867-1868 (Thomas, 1991: 169), favorecido por la Gloriosa revolución española de septiembre de 1868, de signo liberal, que terminó con el reinado de Isabel II y dio lugar al Sexenio Democrático o Revolucionario (1868-1874), dentro del cual tuvo lugar la breve experiencia de la Primera República (1873-1874). Fue entonces cuando comenzó en la isla un levantamiento de mayor envergadura que los anteriores. Carlos Manuel de Céspedes, uno de esos pequeños plantadores de caña, abogado y masón, el 10 de octubre de ese año, liberó a sus 30 esclavos, creó un pequeño ejército de 147 hombres en su finca “La Demajagua” y proclamó la libertad e independencia de la colonia (Manifiesto de la Junta revolucionaria de la isla de Cuba), dando comienzo a la lucha al día siguiente, en el combate conocido como “Grito de Yara”. Se inició así la llamada “Guerra de los Diez Años” o “Guerra Grande”.

Las acciones se extendieron por el Oriente de la isla, región económicamente estancada y marginal a la gran economía del azúcar –típica del Occidente–, con plantadores menos interesados en la protección española del comercio de esclavos y con una importante población negra y mulata libre. Allí, el descontento no era un dato menor. La insurgencia encontró, pues, un espacio geográfico-social favorable, situación que se tradujo en la expansión del movimiento, tanto por la incorporación de nuevos rebeldes, campesinos en particular, como por la inicial inacción de las tropas españolas, replegadas en sus guarniciones esperando ser reforzadas. Al terminar el año, el Ejército independentista contaba con unos 15.000 efectivos “armados con machetes, picas y algunas armas que comenzaban a llegar, enviadas por los cubanos residentes en Estados Unidos” (Cardona y Losada, 1997: 49). La apelación al machete, típico instrumento de trabajo de los campesinos y obreros rurales, suplió la falta de armas y Máximo Gómez hizo de la “carga al machete” una nota distintiva de la guerra.

En abril de 1869, se reunió en el pueblo de Guáimaro (Camagüey) una Asamblea Constituyente que abolió la esclavitud, aprobó una Constitución (un breve texto de 29 artículos) que estableció la división de poderes, con predominio del Legislativo, proclamó la República en Armas y eligió a Céspedes como primer presidente. La Constitución regiría mientras durase la guerra de independencia.

España intentó neutralizar a los insurgentes apelando tanto a la “guerra sin cuartel” como a la conciliación, y en el mando político y militar se sucedieron distintos capitanes generales. La guerra incluyó el accionar de fuerzas de voluntarios, tropas no militares de antiguo cuño en España que, movilizando a civiles, suplían a soldados regulares. En la península eran pagados con fondos públicos, pero en Cuba –donde el Cuerpo de Voluntarios de la Isla de Cuba tuvo una posición política absolutista, esclavista e intransigente– fueron retribuidos con las contribuciones de los grandes plantadores de Occidente y los comerciantes habaneros, españoles y cubanos (de allí su otra denominación: Voluntarios del Comercio) fueron autorizados a operar libre y arbitrariamente, no como fuerzas auxiliares. Llegaron a ser “un poder paralelo, [….] árbitro de la situación […] y ejército privado de la clase cubana más reaccionaria” (Cardona y Losada, 1997: 48-49). En su manifiesto fundacional, estos voluntarios fueron explícitos respecto de su objetivo: “Cuba será española o la abandonaremos convertida en cenizas”. No muy diferente de lo planteado por el capitán general Francisco Lersundi al tomar conocimiento del “Grito de Yara”:

La isla de Cuba es de España, mande quien mande en la Península, y para España es preciso defenderla y conservarla, cueste lo que cueste.

La opción de los mambises (así se llamó a los soldados independentistas) cubanos por la guerra de guerrillas fue contrarrestada por la táctica contraguerrillera pergeñada por Valeriano Weyler, un joven militar veterano de la reciente guerra de Santo Domingo que fue el primero en definir la guerra de guerrillas a partir de su naturaleza irregular, sin frentes estables, y en proponer métodos de combate ad hoc que rompían con las fuertes tradiciones militares de formaciones cerradas (Cardona y Losada, 1997: 50). Weyler fue el creador y organizador del cuerpo Cazadores de Valmaceda, integrado por mercenarios al estilo de la Légion Étrangère, “un bronco conjunto de delincuentes, proscritos, fugitivos, infelices, canallas, fracasados, marginados, desgraciados y aventureros de diversos orígenes, nacionalidades y etnias. La mayoría eran negros que constituían una buena propaganda contra los revolucionarios” (Cardona y Losada, 1997: 63) (140).

La guerra tuvo posiciones cambiantes, en lo político y en lo militar, en ambos bandos. Para los colonialistas, los vaivenes políticos estaban asociados a los peninsulares, sin desmedro de los internos de la isla, donde, además de los independentistas y los absolutistas, existía una corriente reformista, fuerte en Occidente, que proponía la abolición del impuesto directo, la elección de diputados a Cortes y la abolición gradual de la esclavitud. La cambiante política antiinsurgente alcanzó picos de extrema violencia y crueldad bajo las capitanías generales de Antonio Caballero y Fernández Rodas (1869-1870) y Blas de Villate, conde de Valmaceda (1870-1872 y 1875-1876). Las tropas españolas, a su vez, debieron soportar las penurias del clima y la manigua tropicales y las enfermedades a una y otra asociadas, causal de buen número de muertos. Los independentistas, a su vez, vieron disminuida su fuerza por la acción de los reformistas, que reducían su base social, por la falta de armamento y, sobre todo, por las disensiones políticas existentes desde el comienzo de la insurrección bajo la forma de un “conflicto profundo e insoluble” entre los partidarios de la centralización del mando, fuertemente militarista, por un lado, y de la primacía del poder civil descentralizado, por el otro. De hecho, los jefes militares eran reacios a obedecer los mandatos de la dirección política (Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 83; y Cardona y Losada, 1997: 66-67). La situación se repetiría en la siguiente guerra por la independencia (1895-1898) (141).

Esas disensiones –a las que no fueron ajenas las diferencias sociales y étnicas de los dirigentes– llevaron a la deposición del presidente Céspedes en octubre de 1873, a quien sucedió Salvador Cisneros Betancourt, cesado, a su vez, en junio de 1875. Tras la breve gestión de Juan Bautista Spotorno, en marzo de 1876, el cargo de presidente de la República en Armas fue ocupado por Tomás Estrada Palma, que lo detentó hasta que lo capturaron los españoles en octubre de 1877.

Hacia 1874, los mambises controlaban los campos de Oriente y Camagüey, con apoyo guajiro (denominación con la que se conoce al campesino en Cuba), pero no podían afirmarse en los pueblos y ciudades fortificados, pese a contar con solidaridades dentro de unos y otras. Tampoco en Occidente. La guerra entró en su fase final a partir de la Restauración borbónica. Alfonso XII, llamado “El Pacificador”, ocupó el trono en enero de 1875 y, tras terminar con la resistencia de los carlistas en noviembre de 1876, designó al general Arsenio Martínez Campos –el militar que con su levantamiento a favor de Alfonso permitió la caída de la República y el retorno de la Casa de Borbón– general en jefe de las tropas españolas en Cuba, donde la última y brutal gestión del capitán general Villate había minado la resistencia de los independentistas. Martínez Campos, al frente de 150.000 soldados, desplegó una estrategia –favorecida por la señalada división entre los rebeldes– que combinó exitosamente energía, negociación y sobornos.

Así se llegó a la firma del Pacto o Paz del Zanjón, en febrero de 1878, y al cese de las hostilidades en Loma Pelada, en mayo del mismo año, después del fracasado intento de continuar la guerra, encabezado por Antonio Maceo (protesta de Baraguá). En verdad, como evalúan Elorza y Hernández Sandoica (1998: 95), no había, al final de los diez años, claros vencedores ni claros derrotados, ni tampoco una correlación de fuerzas militares ni número de bajas que justificara, tal como apreciaban los independentistas más radicales, la capitulación.

Para los mambises, la derrota no podía ser mayor: ninguno de los dos objetivos máximos, la independencia y la abolición de la esclavitud, fue alcanzado. El pacto prometía conceder a Cuba un estatuto político-administrativo similar al de Puerto Rico desde 1873 –es decir, pasaje de colonia a provincia de ultramar–, un indulto general para los insurgentes, la manumisión de los esclavos y de los coolies combatientes por la libertad, la libre salida y regreso a la isla, como también el reconocimiento, por parte de los rebeldes, del gobierno español como autoridad máxima de Cuba y la autorización para formar partidos políticos y la libertad de prensa y de asociación, unos y otros a condición de no atacar el poder colonial.

A diferencia de Gómez, Maceo no aceptó la capitulación. Vicente García, tras una reunión con este, decidió apoyarlo, mas luego incumplió. A Maceo se sumaron Calixto García y Guillermo Moncada en la cruzada por la continuidad de la lucha por la independencia. En Nueva York, algunos exiliados fundaron el Comité Revolucionario Cubano, presidido por Calixto García, y entre ellos y los resistentes en la isla dieron comienzo a una nueva pero breve fase conocida como “Guerra Chiquita” o “Guerra Chica” (1878-1879), la cual concluyó con la rendición incondicional de los patriotas.

La ambigüedad de la cláusula sobre el pasaje al estatuto similar al de Puerto Rico y el propio sistema político español de la Restauración frustraron las expectativas de algunos cubanos sobre la liberalización de la situación colonial. Si bien España aplicó reformas en la isla, después de 1881, con los liberales en el poder, esas reformas terminaron siendo “contraproducentes por su fuerte carácter centralista y por su orientación metropolitana unidireccional, contraria exactamente a lo pretendido por el reformismo criollo-insular” (Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 101-102). La esclavitud fue abolida en 1880, estableciendo un régimen de transición llamado “Patronato”, que se extendió hasta 1886, cuando cesó por completo.

Una consecuencia del Pacto fue la creación de dos organizaciones políticas toleradas: el Partido Liberal (luego Partido Liberal Autonomista) y el Partido de la Unión Nacional, ambos antiindependentistas. El primero era expresión de la burguesía industrial (integrada por cubanos, españoles y norteamericanos) y partidario de la abolición de la esclavitud (con indemnización), a la cual aspiraban a reemplazar por inmigración blanca española; y de la autonomía, es decir, un régimen con libertades civiles y políticas iguales para peninsulares e isleños, con primacía del poder civil y unas Cortes locales autónomas con competencia en todas las materias locales, aunque sujetas a la soberanía y autoridad de las Cortes metropolitanas. El segundo partido, mayoritario, nucleaba principalmente a comerciantes, propietarios y funcionarios españolistas, también propiciaba la abolición de la esclavitud (sin indemnización), al tiempo que defendía la continuidad colonial de Cuba, bajo la autoridad suprema del capitán general, con proteccionismo arancelario y libertad de comercio. No hubo un partido de los propulsores de la anexión a Estados Unidos, ni tampoco, por razones bien diferentes, de los afrocubanos (exclusión étnica), los campesinos (exclusión clasista) y los independentistas (exclusión política).

Por fuera del sistema político legal, un grupo de exiliados cubanos y puertorriqueños reunido en Estados Unidos fundó, en enero de 1892, el Partido Revolucionario Cubano (PRC), encabezado por el joven José Martí, con una estructura descentralizada. El artículo 1º de las Bases del partido definió como uno de sus objetivos “lograr la independencia absoluta de la Isla de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico”, mientras que los dos primeros artículos de los Estatutos secretos lo definieron como compuesto por todas las asociaciones organizadas e independientes, integradas por los cubanos que aceptaran su programa y cumplieran con los deberes partidarios (artículo 3º) (apud Martí, 1977: capítulo “Cuba en revolución”). El periódico Patria fue el vocero partidario.

La Guerra Grande generó fuertes pérdidas en la economía cubana, particularmente en la agricultura y en el ámbito financiero, afectando tanto a criollos como a metropolitanos. La situación fue aprovechada por burgueses norteamericanos, quienes realizaron fuertes inversiones de capital y lograron el control del comercio de exportación de la isla. A partir de 1880, parte de esas inversiones se realizaron en ingenios, extendiéndose luego a las tierras de cultivo, de modo tal que todo el ciclo de la producción azucarera fue controlado por los norteamericanos. Con el tabaco, en franca recuperación, ocurrió algo parecido. Al comenzar la Segunda Guerra de Independencia, la dependencia económica de Estados Unidos era harto manifiesta: casi el 85% de las exportaciones iba al poderoso país vecino (Céspedes del Castillo, 1994: 467-468), porcentaje que llegaba a 94 en el caso del azúcar y derivados. Ya en 1881, el cónsul norteamericano en La Habana lo había expresado explícitamente:

Comercialmente, Cuba se ha convertido en una dependencia de los Estados Unidos, aunque políticamente continúe dependiendo de España (apud Ramón de Armas, 1975: 56).

A esos considerables intereses económicos se sumaron los geopolíticos y estratégicos, en buena medida de cara al proyecto de construcción del canal interoceánico. La nueva situación generó inquietud por un eventual pasaje de colonia española a dominio norteamericano. La expresión tal vez más notable de esa aprensión fue la de Martí, expuesta en la carta a su amigo Manuel Mercado, escrita el 18 de mayo de 1895, en vísperas de su muerte en el combate de Dos Ríos. Le dice que su lucha es para

impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. […] Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas…

Durante los años 1878 a 1895, España no pudo resolver la situación colonial de la isla, fracasando en lo que Manuel Moreno Fraginals (1978: II, 174 y ss.) ha llamado “la imposible integración de Cuba”. La sociedad local se transformó profundamente con la desaparición de la esclavitud y la pérdida de poder de los terratenientes en favor de la burguesía comercial y la industrial azucarera, con sus ingenios modernizados tecnológicamente y estrechamente vinculados al capitalismo norteamericano. Las expectativas de los cubanos autonomistas por un régimen de libertad política fueron defraudadas por un poder colonial obstinado, sumado a la corrupción administrativa, el caciquismo y la censura. En rigor, esas expectativas de los autonomistas –que por lo demás cada vez más admirarán a Estados Unidos– eran una auténtica aporía.

La coyuntura se tornó más complicada a partir del retorno del conservador Antonio Cánovas del Castillo. Entre otros cambios, Cuba fue dividida administrativamente en seis regiones (se duplicaron las existentes), al frente de las cuales se designaron gobernadores regionales dependientes directamente del Ministerio de Ultramar de Madrid y no de la Capitanía local, se cerraron escuelas de enseñanza media y se privó a la Universidad de La Habana de la facultad de conceder títulos de doctorado; mientras en el campo económico se crearon nuevos impuestos y aranceles a la industria y a la exportación de tabaco y azúcar. La reforma arancelaria de abril de 1892 –fruto de la presión de los industriales peninsulares, particularmente catalanes– perjudicó aún más a los cubanos, cuyos alcoholes vieron prohibido su ingreso al mercado español para favorecer la producción local.

En Cuba, la reaccionaria política del Capitán General Camilo Polaviejo reprimió a anarquistas, republicanos y autonomistas, y, mediante el terror ejercido por el Ejército, a los bandidos rurales. Persiguió también a protestantes, masones e incluso a miembros de la Unión Constitucional considerados poco fiables. La represión del movimiento obrero y el desempleo masivo de trabajadores tabacaleros provocaron una nueva inmigración a Estados Unidos (Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 126). En el exilio, esos obreros se acercaron al PRC y asumieron su programa independentista y democrático. En el interior de la isla se acrecentó el descontento, al que no fueron ajenos, incluso, los autonomistas, aun cuando mantuviesen su fidelidad a la metrópoli. A su vez, en la Unión Constitucional se produjo una escisión “por izquierda”, origen de un nuevo partido, el Reformista (junio de 1893), que absorbió al Movimiento Económico, una organización que reunía a industriales, azucareros, grandes colonos, grandes comerciantes y accionistas de sociedades comerciales, industriales y financieras (Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 130), es decir, el gran capital. Significativamente –y como otra muestra de la imbricada relación entre la política metropolitana y la isleña–, el presidente honorario del Partido Reformista fue el ministro liberal Antonio Maura, quien llegó al Gobierno con el retorno de Práxedes Mateo Sagasta a la presidencia del Consejo de Ministros (1892-1895).

En 1893, se produjeron dos alzamientos independentistas: el de los hermanos Sartorius, en Holguín, y el de algunos miembros del PRC –al parecer por receptores de una falsa orden de alzamiento–, en Lajas. Ambos fueron reprimidos. Pero la hora decisiva estaba próxima.

El PRC fue iniciador de una práctica devenida clásica de la cultura política cubana, con independencia de la orientación de sus ejecutantes: organizarse política y militarmente en el exterior, contar con bases de apoyo en territorio insular, desembarcar, convocar a la insurrección y comenzar la lucha contra el Gobierno. Así comenzó la Segunda Guerra de Independencia, en un contexto, más favorable a los independentistas, que el existente en 1868. La crisis azucarera tras la caída de los precios internacionales del producto en 1884 y la política colonial de la Corona (con su secuela de descontento entre quienes no estaban, en principio, dispuestos a la ruptura con España) contribuyeron a preparar un escenario más propicio, afirmado por la constitución de un instrumento político-militar (el PRC) con propósitos bien definidos.

El 24 de febrero de 1895, se produjeron pronunciamientos en diferentes lugares de Cuba: Baire, Calicito, Guantánamo, Santiago de Cuba, Matanzas; el episodio es conocido como “Grito de Baire”. Al igual que en la Guerra Grande, la consigna fue Independencia o muerte. El 25 de marzo, pocos días antes de desembarcar en Cuba, Martí, como delegado del PRC, “creado para ordenar y auxiliar la guerra actual”, y Máximo Gómez, general en jefe del Ejército Libertador, firmaron y dieron a conocer el documento conocido como Manifiesto de Montecristi (nombre del lugar donde ocurrió, en la República Dominicana), en el que se exponían los fundamentos de la rebelión, que se consideraba una revolución y una continuidad del frustrado intento de 1868. Una idea rectora de Martí, plasmada en el Manifiesto, era la de la integración de cubanos y españoles, de allí la explícita referencia a que “[l]a guerra no es contra el español”. Se trataba de una lucha doble: de los cubanos por la independencia, de los españoles por la libertad. Esa lucha no conllevaba

la tacha de amenaza de la raza negra con que se quisiese inicuamente levantar por los beneficiarios del régimen de España, el miedo a la revolución.

Como en la Guerra Grande, la insurgencia se hizo fuerte en Oriente, pero –a diferencia de aquella– pronto pudo ampliar su base social y geográfica, de modo que antes del año se había extendido por toda la isla, incluso pese al fuerte revés que implicó la temprana muerte de Martí. El “Grito de Yara” fue obra de terratenientes escasos de capital a los que se sumaron algunos intelectuales y estratos medios y bajos. El “Grito de Baire”, en cambio, “nació con un cierto matiz popular, obrero y de clase media, y una fuerte campaña de captación de los sectores negro-mulatos y campesinos. Pero casi de inmediato tuvo el apoyo de toda la sociedad criolla, incluyendo a quienes se habían alineado en el Partido Liberal Autonomista o en el Partido Reformista” (Moreno Fraginals, 1995: 275). Quienes dirigieron la segunda guerra (Martí, Gómez, Maceo) tuvieron muchas más motivaciones políticas –lograr la independencia y construir un país democrático– que económicas.

Para Martí, la guerra era un “procedimiento político” y, en el caso de la Cuba colonial, una “guerra necesaria”, no solo para que Cuba se independizase de España, sino también para que lo hiciese la Gran Antilla. Enfrentaba así, frontalmente, a los anexionistas –cubanos y norteamericanos– y al propio surgente imperialismo de Estados Unidos, al cual veía ya como una amenaza para los pueblos del continente. Elorza y Hernández Sandoica (1998: 176) recuerdan que no todos los cubanos pensaban igual que Martí al respecto y señalan que, para él, la fórmula política de la guerra era la democracia. La primacía de la política sobre la guerra, tan clara en Martí, no era compartida –en lo que hacía al desarrollo de la lucha por la independencia– por el otro gran jefe de los insurgentes, Maceo. Para el bravo guerrero, la conducción de la guerra debía ser exclusivamente militar, a cargo de una junta de generales que concentrara los Poderes Ejecutivo y Legislativo, quedando solo el Judicial en manos civiles. El enfrentamiento entre ambos fue duro y Martí se dispuso a zanjarlo ante los representantes de “los revolucionarios en armas”, deponiendo su cargo. El azar dio un vuelco al conflicto en Dos Ríos: así, la muerte de Martí dejó expedito el camino a Maceo, quien –hasta su muerte en combate en diciembre de 1896– compartió el liderazgo militar con Gómez. La desaparición de Martí fue un acontecimiento favorable a los intereses norteamericanos.

El comienzo de la nueva guerra en Cuba contribuyó en España a la caída del gobierno liberal de Sagasta, sucedido por el conservador de Cánovas del Castillo, quien, en razón de la minoría de edad del futuro rey Alfonso XII y de la debilidad política de la reina regente, María Cristina de Habsburgo, debió cargar, él y su gabinete, con todo el peso de la represión a los cubanos.

Cánovas del Castillo –un partidario de las soluciones de fuerza (en las colonias y en la metrópoli)– nombró al general Martínez Campos como capitán general de Cuba, a quien le fue asignada la misión político-militar de reprimir la insurrección de un modo selectivo, esto es, dejando un canal abierto a una eventual negociación con los sectores moderados de la insurgencia.

Desde abril hasta diciembre de 1895, Martínez Campos fracasó en el logro de su objetivo, pese a la abrumadora diferencia en la correlación de fuerzas en el plano técnico-militar: casi 100.000 soldados para enfrentarse a unos 40.000 insurrectos practicantes de la guerra de guerrillas en el campo y la selva. Maceo fue, al respecto, un hábil estratega que supo llevar la guerra a todo el territorio cubano, operando con constantes movimientos y atacando por sorpresa. Martínez Campos tampoco tuvo éxito en el campo de las negociaciones. Tuvo, sí, claridad de apreciación de la situación, que consideró perdida para España en razón de su incapacidad militar y económica, a despecho de una opinión pública metropolitana que mayoritariamente apoyaba la guerra contra los insurgentes, pues solo el republicanismo federal y las corrientes obreras (socialistas y anarquistas) la cuestionaban –en particular, por el clasista sistema de reclutamiento, que permitía a los hijos de los ricos y poderosos eludir su responsabilidad bélica, mientras que los hijos de obreros y campesinos no tenían tal posibilidad–, aunque no llegaron a apoyar a los insurrectos cubanos ni a denunciar el colonialismo explotador.

En septiembre de 1895, reunida en la hacienda Jimaguayú, en Camagüey, la Asamblea de la Isla de Cuba proclamó solemnemente la independencia y aprobó una Constitución para la República democrática, a cuyo frente designó un gobierno provisional presidido por Cisneros Betancourt. Gómez fue nombrado general en jefe y Maceo, lugarteniente general. No obstante las trascendentes decisiones tomadas, la Asamblea estuvo tensionada por dos posiciones difícilmente conciliables: la que privilegiaba el carácter y la jefatura militares de la guerra de independencia y del Gobierno provisional, y la que insistía en el carácter democrático, por lo tanto político, del proceso. La fractura era, también, regional: los delegados orientales, con Maceo a la cabeza, eran partidarios de la primera posición, mientras que los de Occidente, bajo la conducción de Cisneros Betancourt, lo eran de la segunda (Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 221).

En rigor, como señala Armas (1975: 5-6), había también otro enfrentamiento, más grave aún, entre el modelo radical-martiano, intransigentemente independentista, y el de la burguesía, decididamente pro norteamericano, sin descuidar una tercera línea, la de “la solución contrarrevolucionaria: el reforzamiento y reafirmación de la estructura colonial existente”. Es que, advierte el mismo autor, una cosa era la insurrección, dirigida contra la metrópoli (en la cual había amplias coincidencias), y otra, la revolución, orientada contra la estructura colonial (proyecto que dividía las aguas: defendido por unos y combatido por otros).

Al concluir 1895, empero, ninguno de los contendientes había podido inclinar el desenlace en su favor y la guerra podía verse como un proceso no resoluble en el corto plazo. En procura de esa imposible resolución, Cánovas del Castillo cesó a Martínez Campo y designó en su reemplazo al general Valeriano Weyler. El nuevo jefe, también veterano de la Guerra de los Diez Años, que llegó a contar con un ejército de 200.000 hombres, practicó la segunda estrategia de la metrópoli frente a la insurgencia cubana: la represión militar indiscriminada, mediante la cual pretendía derrotarla en poco tiempo, apelando a nuevas formas de guerra contrainsurgente, sin desdeñar las antiguas: tierra quemada (incluyendo casitas campesinas y bohíos), muerte del enemigo, reconcentración de la población civil rural en campamentos militares. Esta última práctica –traslado de pobladores rurales a ámbitos urbanos, donde sufrían hambre, enfermedades y muerte– perseguía privar a los insurgentes de la colaboración de los campesinos, es decir, de los colaboradores pacíficos, no armados (en el siglo XX se dirá: impedir que la guerrilla se mueva entre los campesinos como el pez en el agua) se convirtió muy pronto en “el emblema de la guerra inhumana practicada por España para conservar la isla, aunque fuera a costa del exterminio de sus habitantes” (Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 267). Pese a su brutalidad y a la elevada mortalidad que provocó –la cifra exacta no se conoce, pero algunos cálculos norteamericanos de la época (interesados y tal vez exagerados) señalaban 200.000–, la “política de reconcentración” no derrotó, ni siquiera detuvo, la lucha independentista y, por añadidura, lanzó a muchos cubanos a sumarse a esta y al colapso de la economía. Weyler logró controlar las ciudades, mas no pudo alcanzar igual objetivo en los campos y la manigua, sólidos territorios insurgentes.

De hecho, la situación bélica existente en 1896 puede definirse, tal como lo hacen Elorza y Hernández Sandoica, en términos ajedrecísticos: tablas. Solo que, en ese contexto, Weyler, encargado de terminar con la sublevación, fue el derrotado, conforme la desigual relación de fuerzas entre los contendientes. Pese al fracaso en el objetivo de lograr un “nuevo Ayacucho”, planteado por Maceo, quien fue muerto en diciembre de 1896, la superioridad de los mambises en materia de movimientos y la inadaptación al clima y el impacto de las enfermedades tropicales que sufrieron los soldados españoles arruinaron “la estrategia de aplastamiento progresivo diseñada por Weyler” (Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 255-257).

El Gobierno de Cánovas del Castillo no parecía advertir la situación de derrota estratégica de su ejército en Cuba y seguía alentando una posición intransigente que incluía la minusvaloración del papel de Estados Unidos, una insólita arrogancia respecto del papel de España y una increíble “visión estrictamente racista de la guerra”, la cual llevaba a Cánovas a creer que Estados Unidos no intervendría militarmente porque no solo necesitaría un ejército y una flota poderosos, sino porque no haría tal cosa “en favor de los negros de Cuba”, y si lo hiciese encontraría la unánime respuesta de España, intrépida y con sangre fría. Para el ministro, más explícitamente dicho:

Cuba independiente significaría una República dominada por negros, pero no como los negros de Estados Unidos, sino como los negros de África, africanos en todos sentidos (apud Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 300).

La situación se agravó para España a partir del verano de 1896, con motivo de la violenta insurrección tagala (indígenas filipinos), tan fuerte como para terminar con la autoridad colonial española en amplias zonas del archipiélago. En estas circunstancias, a mediados de 1897, parecía evidente que la respuesta militar represiva había fracasado en su intento por suprimir la crisis colonial. El asesinato de Cánovas por un anarquista, en agosto de 1897, solo vino a subrayar ese fracaso y abrió la vía al último intento español para resolver la crisis colonial. En una situación militar favorable a los rebeldes, en septiembre de 1897 se realizó la segunda reunión de la Asamblea de la República en Armas, cumpliendo así con una disposición de la primera. En esa ocasión debía revisarse la Constitución de Jimaguayú y eventualmente modificarla, lo que efectivamente ocurrió. La Asamblea mostró la continuidad de la tensión entre civilistas y militaristas (levemente superiores), es decir, entre la dirección política y la dirección militar de la insurrección, tensión que el nuevo texto constitucional trató de resolver “mediante un difícil equilibrio aplicando simultáneamente los principios de colaboración y autonomía de ambos”. Se eligió un nuevo Consejo de Gobierno, presidido por Bartolomé Masó, que mantuvo, como el primero, importantes diferencias con los jefes militares, al punto de llegar a la destitución del general García como lugarteniente general del Ejército. Pese a esta seria dificultad, los rebeldes mostraron disponer de “una base institucional y normativa tan sólida como su dominio sobre la porción oriental de la isla” (Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 283-284).

La Asamblea de la República en Armas y la nueva Constitución fueron enfáticas en afirmar la independencia, según el artículo 22 de la Carta y el “Manifiesto a la Nación” con su grito explícito: Independencia o muerte.

Cánovas del Castillo fue reemplazado por el liberal Práxedes Mateo Sagasta, quien procuró combinar el otorgamiento de concesiones autonómicas (políticas y económicas) –intento para continuar con la soberanía española sobre la colonia–, negociaciones en procura de la paz y operaciones militares. Weyler –objeto de fuertes críticas internacionales por su accionar brutal– fue reemplazado por el general Ramón Blanco. El proyecto autonomista fue combatido por el “partido españolista” de Cuba y resistido por los industriales catalanes y los militares ultranacionalistas (partidarios de la estrategia de Weyler). Tampoco fue aceptado por los insurgentes, decididamente dispuestos a lograr nada inferior a la independencia. Para completar el cuadro, el Gobierno norteamericano se involucró de pleno en el conflicto hispano-cubano.

Estados Unidos seguía las guerras independentistas de Cuba y Filipinas con una preocupación atenta solo a sus intereses económicos y estratégicos en el Caribe (Cuba era, con el 25% del total, su principal destino exportador) y el Pacífico. La antigua ambición norteamericana por apoderarse de Cuba se tornó explícita intención intervencionista desde el momento en que el presidente Grover Cleveland (1893-1897) lo avisara, sin eufemismos: “Cuando la impotencia de España sea evidente, los Estados Unidos sabrán cumplir con su deber”. Pero Estados Unidos pretendía más: Puerto Rico y las Danssk Vest Indien (Indias Occidentales Danesas, que el presidente William McKinley quiso comprar a Dinamarca, objetivo alcanzado recién en diciembre de 1916, con plena ocupación desde el 1º de abril de 1917, cuando se convirtieron en las United States Virgin Islands).

En abril de 1896, Cleveland había ofrecido al Gobierno español su mediación para una solución negociada de la guerra, rechazada por Cánovas del Castillo, quien, por un lado, esperaba el éxito de la estrategia de Weyler y, por el otro, temía, en el frente interno, el rechazo de la opinión pública y de los militares nacionalistas. En septiembre de 1897, McKinley reiteró su propuesta mediadora y, en secreto, sugirió la compra de Cuba por Estados Unidos. El presidente del Consejo de Ministros rechazó una y otra, más por el costo político que por convicciones personales. Pero, como argumentan Elorza y Hernández Sandoica (1998: 306), McKinley ya había elegido “emprender el camino de la intervención, aduciendo la causa humanitaria [frente a la brutalidad de Weyler] y la negativa del Gobierno español a conceder la autonomía”.

Al concluir 1897, el Gobierno español tuvo claro que su causa estaba perdida y la situación era irresoluble. No podía seguir con una guerra, agotadora y costosa, imposible de ganar, ni podía ceder ante los independentistas cubanos y/o el Gobierno norteamericano, habida cuenta de las presiones ejercidas por militares, carlistas y republicanos, es decir, afectando la continuidad misma de la Restauración. Por añadidura, España estaba aislada internacionalmente y sin apoyo de ninguna potencia. La vía de escape a este dilema fue entablar una guerra con Estados Unidos, a sabiendas de que se perdería de manera considerada digna y honrosa, atenuando así el costo político. Semejante concepción, típica de un pasado que los valores burgueses habían barrido en otros países, mostraba claramente la impotencia del viejo colonialismo y la perversidad de una dirigencia que no vaciló en enviar a la muerte segura a centenares de hombres para no asumir la responsabilidad política de admitir la independencia de Cuba por la vía de la lucha de los propios cubanos. De hecho, la decisión del Gobierno español fue permitir a Estados Unidos la ocupación de Cuba antes que verla libre y soberana.

El 15 de febrero de 1898, un oscuro y hasta ahora no aclarado acontecimiento cambió radicalmente el curso del proceso independentista cubano: la voladura del acorazado norteamericano Maine, anclado en el puerto de La Habana. La reacción militar del Gobierno de Estados Unidos no fue inmediata, aunque las escuadras en el Atlántico y en el Pacífico estaban ya en marcha. A mediados de marzo, el ministro estadounidense en Madrid, el general Steward Woodford, propuso al Gobierno español, una vez más, la compra de la isla, y obtuvo nuevamente una respuesta negativa. En conversación con el ministro de Ultramar, Segismundo Moret planteó explícitamente la posición de su Gobierno:

La bandera española no puede proporcionar la paz. La bandera rebelde tampoco. Hay solo una potencia y una bandera que pueden imponer y asegurar la paz. Esa potencia son los Estados Unidos, y esa bandera, la nuestra (apud Elorza y Hernández Sandoica, 1998: 326).

La opinión pública fue interpelada con la consigna Remember the Maine! El Congreso, a su vez, aprobó, el 18 de abril, una resolución conjunta que McKinley firmó el día 20. En ella se expresaba que el pueblo de Cuba era y debía ser libre e independiente (art. 1), exigiéndose al Gobierno español la renuncia inmediata de su autoridad y gobierno en la isla, con retiro de sus fuerzas militares de tierra y mar (art. 2). El artículo 3 ordenaba y autorizaba al presidente estadounidense el uso pleno de las fuerzas terrestres y navales, como también a convocar a las milicias de los estados “hasta donde sea necesario para llevar a efecto” la resolución. El artículo 4 era claro en cuanto al objetivo final:

los Estados Unidos por la presente declaran que no tienen deseo ni intención de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre dicha Isla, excepto para su pacificación, y afirman su determinación, cuando esta se haya conseguido, de dejar el gobierno y dominio de la Isla a su pueblo.

El 25 de abril el gobierno de Estados Unidos declaró la guerra a España, ordenando a sus flotas del Pacífico y del Atlántico el inmediato ataque a las armadas españolas en Filipinas y Cuba. El 1º de mayo, en Cavite (Filipinas), la escuadra norteamericana del Pacífico destrozó a la española. El 3 de julio, en menos de cuatro horas de combate, la del Atlántico hizo lo propio con la que tenía base en Santiago de Cuba, con un saldo que lo dice todo: un muerto y dos heridos norteamericanos; 350 muertos, 160 heridos y 1.600 prisioneros españoles.

En tierra, el poder norteamericano también fue abrumador: 17.000 soldados, entre los cuales se encontraban los Rough Riders, un regimiento de voluntarios de caballería creado por Theodore Roosevelt, el belicoso secretario de Marina de McKinley que dejó su cargo para ir a la guerra. Las acciones de ese cuerpo convirtieron a su jefe en un héroe popular en su país y lo proyectaron a una meteórica carrera política que lo colocó en la presidencia en septiembre de 1901, tras el asesinato de McKinley, cargo que desempeñó hasta 1909.

El 12 de agosto tuvo lugar la última batalla, la de Guayama, aunque ya el 18 de julio el Gobierno español había pedido un armisticio. La guerra concluyó efectivamente con la firma del Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, cuyos efectos veremos más adelante. Los independentistas cubanos controlaban la mayor parte de las áreas rurales y acataban la Asamblea de Jimagayú, la cual decidió asumirse como el cuerpo representativo de la República en Armas, pero el Gobierno norteamericano la desconoció y se hizo cargo del control de la isla, actitud que fomentó el nacionalismo cubano, devenido antiimperialista.

Distinta fue la historia de Puerto Rico. Hasta fines del siglo XVIII, la isla fue para España, por sobre todas las cosas, un bastión militar asignado a la defensa de los navíos que unían la metrópoli con sus colonias. Además de la dotación de soldados, había una escasa población de pequeños productores rurales, prácticamente de una agricultura familiar de subsistencia. Ya en tiempos de las reformas borbónicas, la Corona impulsó una política tendiente a transformar a Puerto Rico en una colonia productiva, objetivo que se intensificó tras la pérdida de los dominios en el continente. Se favoreció el desarrollo de haciendas medianas con capacidad para superar la reproducción mercantil simple y producir a escala comercial para el mercado externo.

A comienzos del siglo XIX, la inversión de capital requerida por esas haciendas no era elevada, siendo la tierra un factor abundante y la fuerza de trabajo, por contraste, escasa. Los hacendados recurrieron, para garantizar el mínimo constante de trabajadores requeridos, a su subordinación mediante relaciones serviles –un procedimiento típico en la hacienda continental: derecho del campesino a utilizar durante un cierto tiempo parte de la tierra del patrón para obtener lo necesario para su subsistencia (personal y familiar), a cambio de trabajar el resto del tiempo para la producción del hacendado– y esclavistas (hasta la abolición en 1873). Se generó, así, una clase de hacendados propietarios –con una “cultura señorial basada en la deferencia y el paternalismo”– que fue ganando el control del proceso productivo puertorriqueño y que, promediando el siglo, “se lanzaron como clase a la lucha política”, reclamando libre cambio y autonomía político-administrativa. Por su posición, esos hacendados fueron hegemónicos en lo social, mas no pudieron ser clase dominante en lo político por la obvia razón de la condición colonial (Quintero Rivera, 1978: 14-17; y Ramos Mattei, 1981: 17-39).

La hacienda puertorriqueña decimonónica fue azucarera, siguiéndole en importancia la cafetalera (cultivo que pasó a ser predominante a partir de 1880) y la tabacalera. Como en Cuba, el cultivo de la caña de azúcar y su industrialización fue un epifenómeno de la insurrección esclava en Saint-Domingue. Y como todo el Caribe, Puerto Rico sufrió las consecuencias de la competencia del azúcar de remolacha europeo (de Alemania, Austria y Francia) a partir de la década de 1870, situación agravada cuando el nuevo producto ganó el mercado británico y Londres comenzó a fijar el precio del azúcar de caña tomando como base el de remolacha. En 1894 y 1897, Estados Unidos decidió sucesivos altos incrementos de los aranceles pagaderos por el azúcar elaborado en Puerto Rico (moscabado), medidas que golpearon duramente a la clase de los hacendados y provocaron una notable reducción del número de haciendas azucareras en producción y, por consiguiente, pérdida de poder.

El carácter esclavista de las relaciones de trabajo generó las obvias reacciones de los trabajadores sometidos. No faltaron, pues, conspiraciones (más) y sublevaciones (menos), amén de distintos episodios de cimarronería, predominantemente individuales. Según Guillermo Baralt (1982), entre 1795 y 1848 hubo veintidós conspiraciones. La primera, en el contexto de la gran insurrección de Saint-Domingue, tuvo lugar en octubre de 1795, en la Aguadilla, y fracasó. Siguieron luego las de la navidad de 1812, en San Juan y partidos circunvecinos –intento generado por la falsa noticia de la abolición de la esclavitud por las Cortes de Cádiz–; la de julio de 1821, en Bayamón, de mayor entidad que la anterior; y las de Guayama y Naguabo en 1822. Las más importantes (por organización, esclavos involucrados y potencial disruptivo) tuvieron lugar en las haciendas de Ponce, en el sur de la isla, entre julio de 1826 y diciembre de 1841, con un intento postrer en 1848. Si bien las de 1826, 1828, 1833, 1839 y 1840 fueron pequeñas, resultaron “importantes porque prepararon el camino para la conspiración más notable de Puerto Rico, acaecida en diciembre de 1841” (Baralt, 1982: 85). Pese a su potencial, también esta fue frustrada antes de iniciarse la insurrección –como en otros casos, a partir de una delación de un esclavo que consideraba a su amo muy bueno y al cual quería mucho– y, a diferencia de los casos anteriores, donde la represión fue leve, en esta se aplicaron duras penas, incluso la de muerte, que volvió a aplicarse en ocasión de la sublevación de esclavos de la nación Longoba en 1843. El ciclo se cerró en 1848, en Ponce –el área de mayor concentración de esclavos– y en Vega Baja.

La mayoría de los intentos de los esclavos tuvieron por objetivo su libertad, aunque, según Baralt, hubo algunos generados por motivaciones de otra índole, puramente locales. Según su registro, solo dos conspiraciones estuvieron ligadas a proyectos independentistas, ninguno de los dos demasiado serios. El primero ocurrió en 1822, cuando las de Naguabo y Guayama se produjeron en consonancia con la urdida por el Partido Revolucionario de Puerto Rico, que confió a Docoudray Holstein, un aventurero alsaciano, veterano de las guerras de Venezuela, la organización de una expedición libertadora que debía proclamar la República de Boricua con ayuda de los esclavos, a quienes se les prometía –con intención de no cumplir– la libertad en caso de triunfo. La fuerza militar se integró con “mercenarios, europeos y latinoamericanos, cadetes de West Point, aventureros, ex soldados de la guerra de independencia hispanoamericana, comerciantes de Filadelfia y periodistas de los Estados Unidos” (Baralt, 1982: 166). La conspiración independentista que llevó al “Grito de Lares” en septiembre de 1868 soliviantó a los esclavos con posiciones abolicionistas, pero el intento, aunque alcanzó a constituir un gobierno provisorio, fracasó. Entre sus líderes se encontraba Ramón Emeterio Betances, el Padre de la Patria, partidario de unir la lucha por la independencia de Puerto Rico con la de Cuba –trabajar por una es trabajar por la otra”, sostenía– y, de hecho, fue activo dirigente del PRC.

Para Ángel Quintero Rivera, en el pasaje de los hacendados a la lucha política, en las décadas de 1860 y 1870, desempeñó un papel importante la condición de profesionales liberales adquirida por muchos de ellos (como también por medianos agricultores). De allí, la formación del Partido Liberal Reformista en 1870, que aglutinó a otros sectores sociales y “fue tomando visos claramente anticoloniales […] [y] contribuyó al surgimiento de un sentimiento nacional” que llevó a concebir la política local “como una lucha entre puertorriqueños y ‘peninsulares’”. La contrapartida fue el Partido Conservador, luego Partido Incondicionalmente Español, representante de los grandes comerciantes (en su mayoría españoles) y los burócratas de la administración colonial (Quintero Rivera, 1978: 18-19).

Los hacendados, con su concepción paternalista, desarrollaron la propuesta de la gran familia puertorriqueña, mediante la cual lograron representar sus intereses particulares como los generales de la sociedad, opuestos al arbitrario poder colonial. Pero esa concepción del Partido Liberal estaba tensionada por varias contradicciones internas. Por un lado, buena parte de los hacendados consolidó su condición de productores y pretendió controlar la comercialización de su producción. Un choque se dio en el campo de las mentalidades, pues la concepción del mundo (con sus valores e ideología) del sistema de haciendas, en el ámbito de la producción, contrastaba con la del capitalismo, en el terreno de la distribución. Un sector de esos hacendados fue pasando progresivamente sus intereses de la producción a la comercialización y así se vinculó con empresarios extranjeros también interesados en expandir su inserción en el mercado externo.

Esta lucha generó una posición anticolonialista con una posición de máxima, la formación de un Estado puertorriqueño. “Sin embargo, para aquellos terratenientes que habían ido distanciándose de la cultura de hacienda (y, en este sentido, de esta clase), la lucha anticolonial mantuvo como significado básico la expansión del comercio. […] La evidencia tiende a demostrar que buena parte de la lucha antiespañola en el siglo XIX conlleva la aspiración de una futura anexión a los Estados Unidos. El significado de este sentimiento anexionista era, sin embargo, diferente entre la clase de hacendados y aquellos dueños de haciendas que estaban o habían ido, progresivamente, distanciándose de su clase”. En la primera de estas fracciones, el anexionismo estaba supeditado “al logro de su abarcador dominio de clase”, mientras en la segunda encontraba “un apoyo más decidido e incondicional”. Se trataba de una jerarquización diferente de aspiraciones –una contradicción latente en el interior del Partido Liberal Reformista (luego Autonomista)– que “se tornó en uno de los issues políticos más importantes” cuando los norteamericanos ocuparon militarmente la isla (Quintero Rivera, 1978: 25-26).

En cambio, los hacendados tradicionales, como grupo, fueron compelidos, según Andrés Ramos Mattei (1981: 39), a “preservar el sistema de haciendas durante el último tercio del siglo XIX”. Lo intentaron, mas fracasaron en la innovación tecnológica y empresarial y terminaron siendo “porta-estandartes del retroceso y del estancamiento […], sin dinámica y sin ideología progresista. Se mantuvieron en retirada continua, sin recibir siquiera el aliento de su metrópoli, a la cual se asieron las más enfermizas de las relaciones solo por mantener vivo un pasado que ya no tenía vigencia y que agonizaba en las postrimerías del siglo XIX destinado a morir irremediablemente”.

Como en otros lugares de América Latina, también aquí los conflictos sociopolíticos expresaron confrontaciones entre ciudades. En Puerto Rico, esto fue claro entre Ponce, principal puerto exportador y sede del Partido Autonomista, y San Juan, sede del poder español en la colonia. La fractura ha desempeñando un papel importante en el plano cultural, todavía hoy perceptible. San Juan es “la losa” (la ciudad pavimentada) y el resto del país (el “interior”) es “la isla”, funcionando Ponce como “capital alterna” (Quintero Rivera, 2003).

En la situación colonial de fines del siglo XIX, los hacendados con aspiraciones de poder político tenían dos opciones para alcanzarlo: la de la insurrección armada, como los cubanos, o la de la negociación con España. La primera requería un fuerte apoyo de los trabajadores agrícolas y los pequeños productores rurales –que la situación de aislamiento de ambos tornaba inoperante– y, sobre todo, la ruptura “con el principal mercado del café puertorriqueño” en una coyuntura muy favorable. La segunda, finalmente la elegida, significaba presionar a las autoridades de “una metrópoli estructural e internacionalmente débil”, y negociar con ellas, en pro del “establecimiento del gobierno propio, i.e., una autonomía política y administrativa local en donde la metrópoli retenía, sin embargo, algunos privilegios. La política colonial y el ‘posibilismo’ político [bregar por lo posible, no por lo aspirado] se reforzaban mutuamente”. La política posibilista fue rechazada por los profesionales y los artesanos que integraban el Partido Liberal Reformista, que entonces ya se denominaba “Autonomista”, y las diferencias llevaron a la fractura del Partido en 1897 (Quintero Rivera, 1978: 28-29).

También el Partido Conservador –que en 1869 se transformó en Partido Liberal Conservador– se fragmentó. En sentido contrario a los hacendados liberales que devinieron comerciantes, un sector de la burguesía comercial conservadora se tornó productora. Ese sector tuvo posiciones políticas ambivalentes, sin dejar de mantenerse incondicionalmente españolista, de donde algunos promovieron políticas próximas al posibilismo de los hacendados liberales devenidos comerciantes. También ellos fueron apartándose de su posición de clase originaria. Políticamente, al separarse, conformaron la Agrupación Autonómica Oportunista (nombre elocuente), unos meses después de la concesión española a Puerto Rico, en noviembre de 1897, de una Carta Autonómica que concedía amplio poder a los municipios, muy funcional a la fragmentación del sistema de haciendas.

En virtud de la autonomía, se realizaron –por primera y única vez– elecciones mediante el sufragio universal masculino. El triunfo del partido de los hacendados, el Autonomista, fue contundente: 80,6% de los votos. “Los trabajadores agrícolas y los campesinos –grupos que estaban y habían estado tradicionalmente al margen de la discusión política– dieron a los hacendados un sólido apoyo electoral”, muy superior al esperado (Quintero Rivera, 1978: 32). No caben dudas respecto de la eficacia con la cual funcionaron los mecanismos clientelares.

El resultado electoral dejó a los hacendados en condiciones –a pesar de las tensiones, contradicciones y divisiones internas– de poner las bases de un dominio político, complemento de su previa hegemonía social. La declaración de guerra de Estados Unidos a España y la invasión de Puerto Rico por tropas norteamericanas en julio de 1898 cambiaron el curso de la historia. No hubo en la isla posiciones férreamente españolista, una, e independentista, otra. La respuesta local no se basó en el ideal hacendado de la “gran familia puertorriqueña”, sino en la conflictividad social interna. Ausente una posición “nacional”, las “diferentes clases y sectores sociales presentaron la posición de sus distintos intereses”, con claro predominio de la posición colaboracionista con el invasor. “Estados Unidos representaba la gran república de la democracia y el progreso, que tanto apelaba a los profesionales y artesanos, y representaba también el gran mercado aspirado por los terratenientes y por aquellos comerciantes y empresarios que habían estado limitados por el comercio colonial español” (Quintero Rivera, 1978: 32-33).

El triunfo norteamericano –que fue tanto militar como, sobre todo en Puerto Rico, político– truncó el noble proyecto de la unión confederal de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y algunas de las islas menores, alentado por el cubano Martí, los boricuas Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos y el dominicano Gregorio Luperón. La nueva unidad política debía llamarse “República Confederada de las Antillas” o “República Boricua”, nombre este que ya había aparecido a principios de la década de 1820, cuando Pedro Debois, un agente bolivariano, intentó iniciar en Puerto Rico una acción insurgente que debía culminar en el establecimiento de un país independiente con ese nombre.

En cuanto a Puerto Rico, Estados Unidos hizo valer sin concesión alguna lo dispuesto por el Tratado de París, pese a la protesta y la argumentación del patriota Eugenio María de Hostos. Una nota publicada en el boletín de prensa del Gobierno norteamericano, del 21 de julio de 1898, mostraba que la posición del vencedor ya era clara y había sido explícitamente formulada: “Puerto Rico será conservado […]. Esto ha sido convenido y ha sido el plan desde el principio. Una vez tomado ya nunca será liberado. Pasará a manos de Estados Unidos para siempre” (apud Cockcroft, 2001: 378-379; itálicas nuestras). En las deliberaciones que culminaron con su firma, ningún puertorriqueño estuvo presente.

La coronación del proceso bajo la forma de revolución pasiva dependiente

Gino Germani consideraba que el desarrollo político de los países latinoamericanos había atravesado, a partir de la ruptura del nexo colonial, seis etapas: 1) guerras de liberación y proclamación formal de la independencia; 2) guerras civiles, caudillismo, anarquía; 3) autocracias unificadoras; 4) democracias representativas con participación “limitada” u oligarquía; 5) democracias representativas con participación ampliada, y 6) democracias representativas con participación total. Una alternativa posible a las tres formas de democracia era la de las “revoluciones nacionales-populares”. Durante las dos primeras etapas –de duración variable, según el caso–, las estructuras sociales fueron básicamente las mismas de la sociedad colonial, al tiempo que los intentos de las “elites criollas” de introducir formas modernas, como el Estado nacional con democracia representativa, fracasaron por dos razones principales: la ausencia de “burguesías nacionales fuertemente desarrolladas y por lo menos algunos sectores de los estratos populares suficientemente ‘modernizados’” y –obstáculo insuperable– el “vacío creado por la destrucción de la organización colonial y el aislamiento cultural y geográfico de la gran mayoría de la población”. Así, a la etapa de la independencia formal le siguió otra “caracterizada por un alto grado de desintegración –anarquía, caudillismo–, fragmentación política y fragmentación geográfica, jefes locales en continuas luchas”. Luego, la fase de las “autocracias unificadoras” presentó casos de continuidad e inmovilismo de las estructuras tradicionales y casos en los cuales se produjeron algunos cambios modernizantes (Germani, 1962: 147 y ss.).

Al margen de cualquier consideración sobre el esquema de Germani, nos interesa destacar aquí el peso asignado a la carencia de “la base humana necesaria” para un proceso de construcción de un Estado nacional con democracia representativa, en particular burguesías nacionales fuertes. Reténgase esta acotación, sobre la cual volveremos más adelante.

El proceso de ruptura con la respectiva metrópoli abrió un cuádruple proceso –una distinción analítica que procura explicar eso que en realidad fue un único proceso histórico–, cuya resolución, en casi todos los nuevos países, se demoró largamente –e incluso, en algunos casos, muy largamente–. Estos procesos fueron –como adelantamos en la introducción– los de la construcción del Estado, la Nación, las condiciones para posibilitar la inserción de las economías latinoamericanas en la economía-mundo y una nueva estructura social (de la sociedad estamental a la sociedad de clases). Ese cuádruple proceso se inició y transcurrió en un contexto signado, en la mayoría de los países, por una combinación de incertidumbre económica, fragmentación regional, inestabilidad política interior y algunas guerras (entre algunos de los nuevos países y las grandes potencias y entre sí). En rigor, poder concretarlos requería un presupuesto previo: ganar la guerra. En primer lugar, la guerra contra España (y contra Francia en el caso de Saint-Domingue), esto es, la guerra de independencia. De hecho, excepto en el Río de la Plata, la primera fase de esta guerra terminó con la reconquista colonial. Pero ganar la guerra independentista no aseguraba necesariamente la resolución de aquellos procesos –o alguno de ellos–, como bien lo mostró, otra vez, el Río de la Plata. En Brasil, la cuestión fue otra, pues allí no hubo una guerra por la independencia como en las colonias españolas y en Saint-Domingue.

El objetivo básico de ganar la guerra colisionó, en buena medida, con otro simultáneo: hacer la revolución. En Buenos Aires, la derrota del morenismo fue la derrota de la revolución radical, y para la dirigencia vencedora –moderada, primero, conservadora, después– la guerra, que siempre se desarrolló lejos de Buenos Aires, no fue un problema amenazante, ni siquiera después del triunfo realista en Viluma (Sipe-Sipe) en 1815, que significó la pérdida definitiva del Alto Perú para el Gobierno porteño. En la Banda Oriental, en cambio, Artigas llevó adelante, simultáneamente, la revolución y la guerra por la independencia hasta su derrota en 1820. Así, la oclusión del proyecto revolucionario y el triunfo en la guerra por la independencia –incluso al costo de la pérdida de territorios ante los españoles (Alto Perú), separatistas (Paraguay) y portugueses (Banda Oriental)– crearon condiciones para el desarrollo de los cuatro procesos arriba señalados, aunque ninguno de ellos se plasmó en el corto plazo en razón de las guerras civiles.

En Venezuela, por nombrar otro caso, hacer la revolución cedió pronto a la urgencia de ganar la guerra, sobre todo después de la caída de la Primera República (la “Patria Boba” de la historiografía tradicional). Los notables cambios del pensamiento y la acción de Bolívar a lo largo de la década de 1810 son expresiones del deslizamiento, aún más elocuentes que en el caso rioplatense.

Las guerras –de independencia y civiles– afectaron fuertemente el proceso de construcción estatal, no solo por las dificultades para la consolidación de nuevas instituciones, sino, muy particularmente, por el elevado costo económico que tuvieron: muertes de seres humanos, destrucción de propiedades, sembrados, cosechas y animales, fugas de fuerza de trabajo y de capitales como consecuencia del miedo cuando no del terror generado por la virulencia de los enfrentamientos. No hubo, si es que hubo alguno, un significativo proceso de acumulación interna, como tampoco inversiones de capitales extranjeros, salvo el fallido momento de la Bubble-Mania de la primera mitad de años veinte, al cual nos referimos más adelante. Tampoco se aprovecharon las ventajas dadas por el comercio internacional superavitario, en particular a partir de mediados del siglo XIX, cuando el abaratamiento de los costos de transporte y el incremento de la producción y la productividad industrial europea (particularmente inglesa) hicieron disminuir el precio de las mercancías importadas por las economías latinoamericanas, al tiempo que aumentaba el precio de las materias primas que estas exportaban. Algunas burguesías latinoamericanas se constituyeron como tales, según demuestra Heraclio Bonilla (1974) para el caso peruano (pero extensible a otros países), de un modo cada vez menos nacional y más dependiente del capital imperialista.

“Elevado costo económico” es una expresión breve que sintetiza y esconde un entramado complejo (142). Los circuitos mercantiles se desarticularon y reorientaron, tanto hacia el interior como hacia el exterior; las nuevas prácticas comerciales se pusieron en marcha en un contexto de redefinición espacial de los mercados (con notoria insuficiencia en lo atinente a la constitución de mercados nacionales), escasez de metálico (no reñido con pluralidad de monedas de distinto origen circulando por doquier), déficit fiscal de las nuevas administraciones… Las regiones crecieron o decrecieron de manera desigual: hubo algunas que perdieron su antigua relevancia económica (casos de Popayán, Cartagena y Santander en Colombia), mientras otras la adquirieron (como Antioquia y Cundinamarca en Colombia, Buenos Aires en Argentina). Las fragmentaciones político-administrativas también afectaron las economías, a veces muy significativamente, como en el caso del ex Virreinato del Río de Plata, cuya capital perdió el control de los territorios del Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental, pérdida que probablemente contribuyó a acentuar su política autonomista entre 1820 y 1862. También hubo situaciones en las cuales las nuevas divisiones político-administrativas no clausuraron antiguos circuitos de comercialización, situación particularmente visible en el amplio espacio peruano de los tiempos coloniales (143). Teniendo en cuenta estos hechos, entre otros, Robert Bates, John Coatsworth y Jeffrey Williamson consideran décadas perdidas, económicamente, a las cuatro comprendidas entre 1810 y 1850.

Los costos de la ruptura de la dominación colonial no solo fueron económicos; también fueron políticos, sociales y culturales. Para Salomón Kalmanovitz (2010: 68), el mayor de todos fue “la pérdida del orden político que sostuvo el Imperio español de ultramar por más de tres siglos”. El miedo a la revolución fue, precisamente, el miedo al traumatismo generado por la alteración brusca de un orden tan largamente establecido. Se comprende, así, que la opción conservadora –incluyendo en ella el reconocimiento del papel nodal de la Iglesia y de la religión para evitar las rebeldías– haya tenido tantos adeptos y no solo entre las clases propietarias.

En el principio, entonces, se trataba de construir las bases para la supervivencia del proceso que debía llevar a la formación de los nuevos Estados. No se trataba solo de alcanzar un poder central (ya que todavía no era nacional) al que acataran los poderes locales o regionales, es decir, someter las tendencias centrífugas presentes en la dialéctica entre la centralización y la fragmentación. Se trataba de producir, como señaló Perry Anderson (1979: 14) a propósito de la formación de los Estados absolutistas europeos, un “desplazamiento de la coerción política en un sentido ascendente”. Un poder político central que detentara el monopolio de la coacción física (poder militar) y simbólico (poder ideológico-cultural) necesitaba también, para subsistir y consolidarse, controlar recursos fiscales propios, amén de un núcleo administrativo (burocracia). Construir el Estado conllevaba la constitución de un Gobierno reconocido como legítimo en el ámbito de un territorio soberano. En pocas palabras, una institución capaz de mantener el nuevo orden. Mantener el nuevo orden significaba igualmente la existencia de condiciones y de reglas de juego formales y cierto grado de “seguridad jurídica” (como se dice hoy) para el despliegue de las fuerzas económicas, para el desarrollo de las fuerzas productivas. También en este aspecto, las guerras y su corolario, la militarización, fueron obstáculos para la consecución de este objetivo, puesto que los aparatos gubernativos que sucedieron a la dominación colonial no pudieron resolver satisfactoriamente el vital problema de obtención de recursos para financiar viejas y nuevas funciones gubernamentales. Los gastos eran aún mayores en los casos de repúblicas federales, pues estas tenían que afrontar la multiplicación de los gastos según el número de estados de la Unión, cada uno de ellos con sus propios funcionarios (144). Pero los grandes devoradores de recursos fiscales fueron los ejércitos (Lynch, 1976: 381-382). Por añadidura, los propietarios fueron más que reticentes al pago de impuestos, no solo a los gobiernos, sino también, en los casos en que correspondía, a la Iglesia (145). El fracaso de la percepción de la contribución directa en la provincia de Buenos Aires, dispuesta por el gobernador Martín Rodríguez a principios de la década de 1820, es un caso paradigmático al respecto.

La constitución del Estado poscolonial pagó fuerte tributo a una tensión gestada durante la dominación colonial entre dos tendencias enfrentadas: una a la fragmentación y otra a la centralización. De algún modo, esta tensión guardó relación con la inexistencia de una clase o fracciones de clase –provincial, departamental o estadual– con fuerza suficiente para su conversión en nacional o para subordinar a las otras a su hegemonía o dominación. A su vez, estas clases o fracciones de clase, de alcance regional y dominios provinciales, estaduales o departamentales, tampoco poseyeron, por lo general, la fuerza necesaria para la viabilidad de un proyecto separatista. La persistencia de la estructura colonial –basada principalmente en la hacienda–, con su fuerte polarización, fue, así, por la magnitud de sus contradicciones altamente conflictivas, un claro impedimento para la constitución de un mercado interno, por lo tanto, una economía capitalista (146).

La aludida tensión entre ambos movimientos –a la fragmentación y a la centralización– se expresó durante el período independiente como resultado de la convergencia de varios elementos, al menos de estos tres: 1) la herencia colonial de los particularismos localistas; 2) la redefinición de la división del trabajo a escala internacional, y, consecuentemente, 3) la redefinición de la vinculación con el mercado mundial. Pueden agregarse otros elementos, entre ellos, la delimitación del espacio que iba a ocupar cada provincia o región y, por extensión, el país todo: una cuestión no menor. Se trató, para decirlo otra vez, de un proceso que persiguió el restablecimiento de la estructura de poder interna –desarticulada por la crisis del nexo colonial y su larga irresolución– y la formulación definitiva del proyecto nacional. La fragmentación múltiple –regional, económica, social, étnica, político-militar– constituyó, pues, un serio obstáculo para el proceso de construcción del nuevo orden.

Las colonias de la América española, al independizarse, se fragmentaron
–sobre la base de la división administrativa establecida por la Real Ordenanza de Intendentes de 1782– de modo tal que tres Virreinatos (Nueva Granada, Perú y Río de la Plata) y cuatro Capitanías Generales (Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile) se convirtieron en catorce Repúblicas (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay), mientras que el Virreinato de Nueva España permaneció íntegro (hasta la apropiación norteamericana de medio territorio), y luego se convirtió en los Estados Unidos Mexicanos (nombre oficial) o, simplemente, en México.

También la extensa colonia portuguesa se mantuvo unificada, a despecho de no estar garantizada esa unidad en el momento de la independencia (e incluso hasta mediados del siglo XIX). ¿Por qué no se fragmentó Brasil? Esta pregunta ha sido tema controversial en la historiografía brasileña. Carvalho (1980) sostiene que la no fragmentación de Brasil se explica por el tipo de elite política existente en el país, formada por la política colonial portuguesa y caracterizada por su homogeneidad ideológica y su entrenamiento. A su vez, Luiz Felipe de Alencastro entiende que fue el resultado de la unión entre las elites regionales en defensa de la esclavitud y, en particular, el tráfico de esclavos. La economía colonial brasileña había funcionado conforme la bipolaridad “producción esclavista en Brasil/reproducción de esclavos en África”, teniendo el Imperio la función de asegurar esa continuidad en un contexto de oposición británica al tráfico de esclavos, por un lado, y defensa de sus prerrogativas sociales por parte de los grupos dominantes brasileños. Luís Cláudio Villafañe G. Santos, sumándose a la línea explicativa de Alencastro, sostiene que: “Efectivamente, la defensa de la esclavitud parece que tuvo un papel importante en la unión de los diversos grupos de propietarios de tierra de la ex colonia en torno del Gobierno imperial. En la medida en que el Gobierno central pudo mostrarse como un instrumento de fortalecimiento de las capas dominantes regionales en la resistencia a la abolición del tráfico, sin significativas injerencias en el ejercicio del poder político a escala local, las presiones centrífugas fueron amortiguadas. Eso habría permitido, con el gradual fortalecimiento del aparato del Estado, el mantenimiento de la integridad territorial” (apud Santos, 2007: 26).

Boris Fausto, a su vez, sintetiza la cuestión en estos términos: “En el aspecto estructural, el elemento más destacado […] es el sistema esclavista, el interés por mantener la esclavitud llevó a las provincias más importantes a descartar las alternativas de secesión del Imperio, que las debilitarían enormemente ante las presiones antiesclavistas lideradas por Inglaterra. Al mismo tiempo, Inglaterra alentó la unidad de un país que constituía su mayor mercado latinoamericano y que era una monarquía relativamente estable rodeada de repúblicas turbulentas”. También Fausto señala, como elemento unificador, la existencia de una elite homogénea, conservadora y dotada de una concepción jerárquica y conservadora. Formada en la Facultad de Derecho de Coimbra y, posteriormente, en las de Olinda, Recife y São Paulo, esta clase promovió una política centralizadora, favorecida por el desplazamiento de los miembros de esa elite por todo el país, “ocupando puestos administrativos en diferentes provincias”, lo que provocó “su absorción por parte del poder central y enfrió sus relaciones con los diferentes intereses regionales” (Fausto, 1995: 100).

En la América liberada de España, el proceso de construcción de quince Estados donde antes había solo cuatro Virreinatos y cuatro Capitanías Generales puso en la agenda de cada grupo dominante una cuestión clave: la definición de las fronteras, las cuales determinarían el locus donde cada grupo de poder ejercería imperium. Tal definición no fue sencilla, pues los límites administrativos coloniales eran complicados, ya que existían diferencias entre las divisiones administrativas, militares y eclesiásticas. Las antiguas colonias españolas tendieron a definir sus nuevas fronteras apelando a reales o supuestos títulos jurídicos coloniales, a la guerra y, hacia fines del siglo XIX, al arbitraje de terceros países, aunque la guerra volvió a ser el medio empleado en los diferendos entre Bolivia y Paraguay, entre Perú y Ecuador, y entre Estados Unidos y México. Este último caso es notable en varios aspectos, pues buena parte del territorio que el México independiente reivindicó como propio estaba de hecho ocupado por pueblos originarios –apaches, comanches, navajos–, que terminaron en medio de dos fuerzas en pugna cuando Estados Unidos se lanzó a la conquista del Medio y el Lejano Oeste. Después de la derrota mexicana, esos indígenas resistieron tenazmente hasta que fueron definitivamente derrotados.

¿Formación de Estados nacionales o centralización del poder?

Las formas que adoptaron los Estados nacionales en América Latina y las relaciones de dependencia sobre la que se construyeron llevan a cuestionar la aplicabilidad de la fórmula clásica de Estado-Nación de manera mecánica. ¿Fueron Estados nacionales los que emergieron de las revoluciones de independencia? ¿O se trató, en cambio, de una mera centralización del poder?

El proceso de formación estatal en Latinoamérica se desarrolló pari passu el pasaje del capitalismo de libre competencia al capitalismo monopólico en los países centrales, coronando, pues, con la simultánea constitución del imperialismo. Este proceso resultó en la consolidación de regímenes no democráticos (o solo formalmente democráticos), a menudo oligarquías, como veremos en el capítulo siguiente. En la medida en que el Estado no se constituyó como un ámbito de mediaciones sociales, fue más bien solo aparato estatal y, por ende, mera dominación.

En este punto, es necesario prestar atención a otro concepto: región. La región no es solo un espacio geográfico natural o físico. Obviamente, este es su locus, pero ella se construye, como señala Bryan Roberts, por actividades económicas similares y/o por herencias culturales semejantes. Es que, como ya había advertido José Carlos Mariátegui (1955: 151) en 1928, una “región tiene generalmente raíces más antiguas que la nación misma”. Actividades económicas y herencias culturales remiten a la cuestión del poder. “Una región y su identidad se forjan mediante las imposiciones de una clase social dominante, que busca expandir su propia base material y que ejerce control sobre la administración local para promover sus fines […]. Región, al igual que comunidad, es principalmente un conjunto de relaciones ‘horizontales’ que constituye el orden social y político en el que se sustenta la actividad económica. El contraste se da con los encadenamientos verticales que vinculan una localidad a la economía nacional e internacional”. Ahí, región se opone a Estado, “una fuerza centralizada en la que predominan los encadenamientos verticales” (Roberts, 1980: 10, 13 y 28) (147).

En el proceso de formación estatal en América Latina, los intereses regionales a veces se expresaron mediante la reivindicación del federalismo o de la autonomía y, en el límite, la secesión. Fueron, en primer lugar, las bases materiales de la dominación oligárquica.

Estructuralmente, la expansión y penetración del modo de producción capitalista en una región no conllevó la destrucción radical de los modos y las formas no capitalistas imperantes en otras: los sometió, transformó y absorbió, y así convirtió a sus clases dominantes en aliadas fundamentales (148). En esta subordinación/recreación, el ferrocarril desempeñó un papel decisivo tanto en la destrucción de las formas de producción artesanales domésticas, rurales y urbanas como en la formación del mercado interno y la reactivación de las economías regionales. Fue un papel progresivo y regresivo o constructivo/destructivo simultáneamente y en dos niveles.

Fue progresivo porque destruyó las producciones precapitalistas y expandió las relaciones capitalistas superiores (para la época); fue regresivo porque aquella destrucción no generó una burguesía capaz de desarrollar una economía capitalista autónoma, sino dependiente. Pero la dependencia no fue mera consecuencia del ferrocarril ni de las inversiones extranjeras en medios de comunicación y producción (que fueron importantes, ¡qué duda cabe!), sino también, quizás ante todo, de la debilidad estructural de las burguesías latinoamericanas. Fue constructivo porque contribuyó decisivamente a la formación del mercado interno, integrando a la producción y distribución capitalistas regiones que no las tenían; fue destructivo porque tal mercado interno fue bloqueado en su desarrollo. En el bloqueo, desempeñó un papel importante el efecto de las tarifas parabólicas del ferrocarril y su subordinación al mercado externo, del cual repetido ejemplo invocado es la red en forma de embudo, por lo general obviando el dato nada trivial de que esa red se tendió casi superpuesta con la red vial de la dominación colonial, constituyendo así un formidable ejemplo de lo que Florestan Fernandes llamó “modernización de lo arcaico y simultánea arcaización de lo moderno” (149). Argentina, el país que llegó a tener la red ferroviaria más extensa de América Latina, ilustra muy bien el proceso en su fase constructiva: el ferrocarril produjo la reactivación y un salto cualitativo de la producción de regiones interioranas: azucarera en el Noroeste; vitivinícola en Cuyo; agrícola en el valle de San Francisco de Jujuy; en Córdoba, sustitución de las artesanías rural-domésticas del área de ocupación colonial (departamentos del Noroeste) por la explotación forestal; y difusión de la producción agrícola-ganadera en el área de colonización capitalista (departamentos del Sureste). También ilustra el proceso en su fase destructiva, pues la industria cordobesa fue ejemplo del bloqueo al desarrollo de ese mercado interno a cuya creación tanto había contribuido el tendido de la red ferroviaria.

De lo anterior se desprende fácilmente que la constitución de un mercado capitalista, en particular un mercado interno, y la centralización del poder bajo la forma de Estado-Nación fueron procesos correlativos o conexos. Precisamente, una interpretación en términos de construcción del orden, como la que este libro ofrece, supone un tipo de elaboración de conceptos en tanto procesos, elaboración que, por otra parte, es la que metodológicamente más se adecua a comparaciones de gran escala y largo plazo. Así, la categoría Estado-Nación refiere a un proceso histórico complejo, variable en el tiempo y en el espacio. Es decir, y vale la pena la insistencia, que los tipos de Estados nacionales que se construyen en América Latina son distintos según los períodos y los países de que se trate, del mismo modo que lo son en Europa, tal como se ocupó de mostrarlo Tilly, entre otros.

Como se sabe, la literatura de ciencias sociales dedicada a definir teóricamente el Estado moderno es más que abundante. Congruentes con nuestra opción por la sociología histórica, aquí seguimos una estrategia de interpretación en cierta medida inspirada en las perspectivas de Norbert Lechner (1977) y Oscar Oszlak (1978), a veces matizadas, y otras, diferentes. Enfatizamos, con ellos, la conceptualización de la formación del Estado como un proceso-componente de un proceso histórico complejo más amplio de “creación social” (en nuestro caso: construcción del orden), inescindible de otros procesos-componentes, particularmente la Nación, pero también el mercado, las clases, la ideología…

Queremos enfatizar que cuando nos referimos a “Estado” hablamos del Estado moderno (tal vez el único que puede o debe ser considerado Estado, sin que falten, al respecto, quienes entienden que en la expresión compuesta “Estado moderno” el adjetivo es un pleonasmo) (150). Se trata de una construcción de origen europeo, cuyos comienzos han sido objeto de múltiples controversias, si bien parece haber más autores (entre los cuales están Otto Hintze y Norbert Elias) para los cuales el Estado moderno comenzó a formarse –en un proceso de larga duración– en Europa occidental, en el siglo XII. Elias (1987: 344-355 y ss.) señaló la importancia crucial del doble monopolio de la violencia física y de la percepción tributaria como clave del Estado moderno. Ambos fueron simultáneos y estaban interrelacionados de manera tal que el monopolio fiscal sostenía el monopolio de la coerción y viceversa, y si uno desaparecía, el otro le seguía y, desapareciendo ambos, desaparecía el Estado.

El Estado tiene, en tanto dirección o mando, dos exigencias: 1) garantizar la constante adaptación de la dirección política estatal a la función de imponer coercitivamente y administrar las condiciones generales de producción y reproducción de las relaciones capitalistas; 2) legitimar una dirección política capaz de satisfacer la primera exigencia. Aquí es importante la formación de un sistema de legitimación de la autoridad estatal o legitimación política –básicamente dos: el mítico (en el caso de direcciones políticas autoimpuestas apelando al recurso de mitos diversos (la “supremacía de la raza”, la nación, el “enemigo interior”, etc.) y el procedimental-representativo (empleo de una serie de procesos formales, en particular el sufragio)–, que debe diferenciarse de la legitimación de la existencia del Estado, la cual remite a la señalada exigencia de sostener las relaciones de producción (Capella, 1993: 79-80). Philip Abrams señala que el Estado es “antes que nada y sobre todo un ejercicio de legitimación, que intenta legitimar algo que podría ser ilegítimo, una dominación eventualmente no aceptable […] El estudio del Estado puede empezar con la forma en que se está legitimando lo que es ilegítimo […] No ver el Estado de este modo equivale a participar en la mistificación que es el punto vital en la construcción del Estado” (apud Salazar, Mancilla y Durán, 1999: 19-20).

El Estado se constituye mediante relaciones sociales, al tiempo que constituye a estas. Es, pues, un espacio de conflictos entre clases, pero también una institución que posee atributos de estatidad y dispone de aparatos para realizar las funciones esenciales del ejercicio del poder. Es un orden que estructura simultáneamente la nacionalidad y la ciudadanía. Skocpol nos recuerda que teóricos marxistas y del conflicto político, como Tilly, coinciden en considerar al Estado coerción organizada. Según la definición gramsciana, el “Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso de los gobernados” (Gramsci, 1975: III, 1765). O, como dice en otra parte: “Estado = sociedad política + sociedad civil, vale decir, hegemonía revestida de coerción” (Gramsci, 1975: II, 763-764). Esto significa que el Estado es tanto un instrumento fundamental para la consolidación, conservación y/o expansión del poder de la clase dirigente o dominante como una fuerza represiva dirigida contra las clases subalternas (dirigidas y/o dominadas) a fin de mantenerlas controladas, debilitadas, desorganizadas y contribuyendo al funcionamiento del orden social.

Para hacer efectiva esa doble función, el Estado reúne elementos de coerción (física y simbólica) y de consenso en una proporción que varía históricamente, variación que depende de un complejo entramado de relaciones de fuerzas siempre en tensión. La resolución de ese conflicto puede ser el predominio del consenso (entonces, hay una clase que es dirigente, además de dominante), o de la coacción (entonces, la clase que detenta el poder es dominante, pero no dirigente), bien entendido que ninguna clase es puramente dirigente o puramente dominante. Por cierto, el ejercicio de la hegemonía y de la dominación se expresa en la forma del Estado, y los matices son, históricamente, amplios. De allí las diferencias constatables entre regímenes políticos situados en el mismo tipo de orden, sea este democrático o dictatorial.

La cuestión del consenso adquiere, en el sentido apuntado, alta relevancia. Este puede ser construido o impuesto, activo o pasivo. El consenso construido y activo parte de la admisión del disenso, es decir, del conflicto y de la necesidad del debate para encontrar las coincidencias fundamentales. Conflicto y debate son, pues, condiciones necesarias, si bien no suficientes, para construir un consenso activo, al menos entre las clases y/o grupos con capacidad y fuerza suficientes para alcanzar el ejercicio del poder. Un procedimiento tal es central, por ejemplo, para definir un proyecto nacional. El consenso pasivo es aquel que se otorga sin resistencias a quienes controlan el poder y se lo otorga sin ser parte de su construcción ni de sus necesarias reformulaciones. Puede ser el resultado de la definición de un enfrentamiento o bien de la ausencia de una propuesta alternativa de consenso. El consenso, para ser tal, no puede ser impuesto por la violencia, pues entonces deviene dominación.

Frecuentemente, el consenso tiende a ser fetichizado por quienes ejercen el poder, especialmente si lo sienten amenazado. Entonces, se demoniza al disidente y cualquier cuestionamiento es esgrimido como desestabilizador. En estas circunstancias, no extraña la apelación a prácticas chantajistas para aislar social y políticamente a quienes disienten y obligarlos a abdicar sus demandas y proposiciones, que no necesariamente implican una propuesta de orden y consenso distintos de los establecidos. Dicho de otra manera: toda disidencia al consenso establecido no es necesariamente una propuesta de revolución o, más modestamente, cambio de la estructura; a veces ni siquiera lo es de cambios significativos en la estructura.

En toda sociedad de clases el Estado es, obviamente, de clase. Pero no es necesariamente y siempre un mero apéndice ejecutivo de la que detenta el control de la explotación y el poder político. Como bien argumenta Göran Therborn (1979: 203 y 218), el Estado es, simultáneamente, representante de la clase dominante y mediador (si bien nunca pasivo ni neutral) de la explotación y dominación de esa clase sobre las otras. “‘Mediación’ no quiere decir, en este contexto, arbitraje, sino ejercicio del poder de clase a través del Estado. El Estado de clase no se interpone entre las clases para separar a los combatientes, sino para vincularlos mediante una relación asimétrica de dominación y explotación” (Therborn, 1979: 269). Se trata de una mediación “en términos formalmente universales”, no crudamente clasistas (Therborn,1979: 204).

El Estado o, mejor, la forma de Estado es condensación de luchas sociales –por lo tanto, divisiones y relaciones– cristalización del sentido de tales relaciones y del orden surgido de las luchas por el poder. Es “violencia concentrada y organizada de la sociedad”. Es también afirmación y negación de la división de la sociedad: unifica políticamente lo dividido socialmente, procedimiento mediante el cual la clase dominante impone sus intereses particulares en tanto clase y lo presenta ante las otras clases como algo independiente, ajeno, neutro, síntesis de un supuesto interés general. Como hemos dicho en la introducción, se trata de una ilusión, pero una ilusión muy eficaz para el ejercicio de la dominación, tanto que, para retomar una aguda observación de Norbert Lechner, los hombres creen, a pesar de la opresión estatal, en el Estado.

Therborn (1979: 184-185; itálicas del autor) tiene una pertinente y aguda observación respecto del carácter de clase del Estado y, por ende, de identificación de la clase dominante. Dice que para ello es necesario observar cómo es “afectada la posición económica, política e ideológica de varias clases, y no solo de una”. Es decir, “el estudio del poder del Estado y la clase dominante debe centrarse en el contenido y en los efectos de las medidas políticas del Estado”. El carácter de clase del poder del Estado, entonces, se define por los efectos que las decisiones estatales tienen sobre las posiciones de clase en el campo de las relaciones de producción, los aparatos institucionales estatales y el sistema ideológico. En otros términos: no importa tanto quién ejerce el poder, sino a favor de quién lo ejerce. Así, en ocasiones el Estado puede tomar decisiones que afecten coyunturalmente a la clase dominante, pero que en el mediano y largo plazo, esto es, estratégicamente, la benefician. Ese ejercicio del poder del Estado se hace efectivo mediante lo que Therborn llama “formatos de representación”, sobre los cuales volveremos en el próximo capítulo.

Ahora bien: en América Latina, los Estados que resultaron de la disolución de los imperios coloniales no fueron, como en Europa occidental, explícita condensación o síntesis de la conflictividad de clases. Por el contrario, fueron, más bien, un decisivo constructor de la sociedad. Más aún, dicho en otras palabras: en América Latina, la formación de la burguesía y la formación del Estado fueron un proceso simbiótico.

Para caracterizar el proceso histórico de formación de los Estados nacionales en América Latina, Oszlak propuso adoptar los atributos de “estatidad” (stateness) originalmente definidos por el historiador inglés J. P. Nettl y luego utilizados por Philippe C. Schmitter, John Coastsworth y Jeanne Fox Przeworski para el análisis de América Latina (151). Ellos refieren a cuatro capacidades: externalización del poder, institucionalización de la autoridad, diferenciación del control e internalización de una identidad colectiva. Brevemente, el primero de los atributos refiere al reconocimiento de un poder soberano por parte de otros Estados. Expresa el ejercicio de la soberanía mediante el gobierno, tanto hacia afuera como hacia adentro de sus fronteras. El segundo alude a la capacidad de ejercer el monopolio considerado legítimo de los medios de coerción. El tercero señala la existencia de un conjunto de instituciones centralizadas, diferenciadas y relativamente autónomas de la sociedad civil, y desde luego un conjunto de funcionarios profesionalizados con capacidad para desarrollar múltiples actividades, entre las cuales sin duda una de las más importantes es el ejercicio monopólico de la percepción tributaria, como han señalado Norbert Elias, primero, y Jürgen Habermas, después. El cuarto atributo, la capacidad de internalizar una identidad colectiva, refiere sin más al control ideológico de la dominación.

Antes de presentar el proceso de formación estatal en América Latina en estos términos conviene hacer dos advertencias. En primer lugar, Oszlak señala al pasar una dimensión del fenómeno que Skocpol (1979: 27) (en una notable síntesis marxista-weberiana) se encargó de apuntar explícitamente: la potencial o relativa autonomía del Estado, definida por la autora norteamericana como “una lógica y un interés propios no necesariamente equivalentes o unidos con los intereses de las clases dominantes de la sociedad o todos los grupos miembros de la organización política”. Mann (1991) retomó, entre otras, estas proposiciones para elaborar su propia conceptualización del Estado y de su autonomía. Sucintamente, reconoce el poder del Estado y de las elites estatales como algo separado del poder de los movimientos ideológicos, las clases económicas y las elites militares. Con esto, podemos enfatizar que la autonomía del Estado refiere al conjunto de instituciones y sus funciones que lo definen como tal, y no así a la relación social básica que este expresa en el mundo moderno y en virtud de la cual difícilmente puede considerarse al Estado (la relación) autónomo respecto de uno de sus términos. En este sentido, la consideración de la potencial autonomía del Estado permite observar la manera más o menos conflictiva en la que las Fuerzas Armadas, las asociaciones de interés, los partidos políticos, la Iglesia y los movimientos sociales en general (significativamente, los movimientos obreros y rurales) se relacionan con el Estado –siempre a través de sus instituciones– en el proceso de construcción del orden. Recuérdese, además, la pertinente observación de Therborn respecto del Estado que toma decisiones coyunturalmente adversas a la clase dominante. En rigor, la autonomía relativa del Estado no es más que autonomía respecto de las distintas fracciones en pugna de las clases propietarias.

En segundo lugar, cabe advertir también que una lectura apresurada de la estrategia de investigación de Oszlak puede llevar al error de identificar los atributos de estatidad con fases diferenciadas y sucesivas del proceso de formación estatal. Es cierto que, en líneas generales, el primer atributo de la lista es también el primero que se alcanzó en el plano cronológico. El reconocimiento de la soberanía por parte de los otros Estados se produjo en América Latina apenas fueron declaradas formalmente las independencias. En gran medida, esto obedeció al interés comercial de libre competencia que las distintas potencias depositaban en la región y que desde hacía tiempo disputaban a España y Portugal. Fundamentalmente, el Reino Unido en su calidad de imperio hegemónico y Estados Unidos como Estado independiente en ascenso tenían particular interés en la disolución definitiva de los ya desgastados lazos coloniales. El Reino Unido creó en América Latina, supo decirse, un “imperio informal” constituido por países jurídicamente independientes, pero dependientes económicamente y subordinados políticamente.

Con la restauración absolutista en España, en 1823, Gran Bretaña hizo de su neutralidad un rasgo menos aparente y se apresuró a reconocer la soberanía proclamada por los nuevos poderes latinoamericanos. En general, la estrategia de dominación fue tan mesurada como la adoptada en el ámbito internacional por la diplomacia británica responsable de la Pax mundial. Hacia mediados del siglo XIX, la Pax Britannica, que en el plano internacional se traducía en estabilidad y ausencia de guerras, favoreció en la región un sistema de dominación que eventualmente permitió a las clases propietarias dejar atrás las revoluciones y las guerras civiles. Estados Unidos, por su parte, siguió un patrón más formal, caracterizado por la proclamación de documentos con validez jurídica internacional y, más tarde, por la institucionalización del panamericanismo. En 1822, el país del norte compró a España el territorio de la Florida y, un año después, la denominada Doctrina Monroe, con su célebre “América para los americanos”, se convirtió en un instrumento de dominación imperial de efectos crecientes.

Hechas las dos advertencias, prosigamos con el análisis de los atributos de estatidad. Hemos dicho que estos no se corresponden con fases sucesivas del proceso de formación estatal, sino que suponen un proceso conflictivo, en el que los avances y retrocesos de las capacidades de los Estados para ejercer sus atribuciones son constantes. En efecto, los Estados independizados y reconocidos como soberanos hacia 1825 sufrieron numerosos arrebatos a su poder en distintas circunstancias y, si bien no siempre se tradujeron en la pérdida total de su soberanía, sí pusieron de manifiesto una estatidad no acabada. En el caso de Cuba, Puerto Rico y Panamá, se trata de Estados de independencia comparativamente muy tardía, cuya soberanía estuvo recortada desde el momento mismo de su surgimiento, situación que no se revirtió en el caso de Puerto Rico, que inició un lento proceso de recuperación en el caso de Panamá y que resultó desencadenante de un proceso emblemático en el caso de Cuba.

El segundo de los atributos en cuestión, el que refiere al monopolio legítimo de la violencia física, tampoco fue un hecho que aconteció de un momento a otro, aunque las Constituciones Nacionales así lo dispusieran a partir de una cierta fecha de promulgación y vigencia. Fernando López-Alves (2003) no se equivoca cuando afirma que las relaciones cívico-militares son el núcleo de la formación del Estado en América Latina, sobre todo cuando el análisis pone el foco de atención en los conflictos internos que motorizan el proceso. Una vez reconocida la independencia desde el exterior, surgieron fuertes enfrentamientos internos por la dificultad de crear un poder central con monopolio de la violencia considerado legítimo. Como se ha dicho, esta dificultad estuvo estrechamente vinculada a aquella otra referida a la creación de un sistema económico y financiero sólido.

También podemos encarar la cuestión desde otro punto de vista, tal como el propuesto por Therborn (1979: 39): considerar al Estado como un conjunto compuesto por cuatro grandes aparatos, que corresponden a las cuatro grandes funciones del Estado. Tenemos, así, los aparatos gubernativo, administrativo, judicial y represivo (152). Si, además, atendemos al desigual ritmo constitutivo que cada uno de ellos tuvo en los distintos países, probablemente encontraremos otra clave explicativa de la relación entre la forma estatal y la del conflicto clasista, asumiendo –como ha señalado el mismo autor– que la modalidad de la política de una clase dada es un resultado importante del proceso de formación de clases. El modo de hacer política guarda relación con los procesos constitutivos de la estructura de clases, en particular con la de la propia clase fundamental, y del Estado nacional. La forma que este adquiere estructura el conflicto entre las clases, incluso el que se da en el interior de la propia clase fundamental (153). Por cierto, la desigualdad de ritmos no implica desvinculación entre ellos, que incluso se refuerzan mutuamente, dando así mayor solidez al propio proceso constitutivo del Estado.

Desde el punto de vista formal, los Estados latinoamericanos fueron delineados por sus respectivas Constituciones, las cuales fijaron las características fundamentales de cada aparato. El aparato gubernativo comprende los organismos ejecutivos y legislativos, tanto nacionales como provinciales/estaduales/departamentales (según cada país) y municipal o local. Los aparatos de Gobierno, provinciales y municipales, en los países con régimen federal, son definidos por cada una de las provincias/estados, eventualmente con limitaciones establecidas por la Constitución nacional. En estos casos –Argentina es un excelente ejemplo–, no extraña un afianzamiento de prácticas centralizadoras, a despecho de la proclamación de la forma federal. El resultado del centralismo es el reforzamiento del Poder Ejecutivo y el debilitamiento del poder de las provincias y de los municipios.

La formación de un aparato administrativo, en cambio, es de una complejidad mayor. Si bien en la práctica muchas de sus funciones se confunden, obviamente, con el aparato gubernativo, es posible diferenciar sus aspectos específicos y sobre todo un ritmo constitutivo no dependiente por completo del que sigue el gobierno. La formación del aparato administrativo, en tanto diferenciado dentro del Estado, cubre diversos campos: la burocracia, el sistema de obtención de recursos fiscales, el sistema escolar, la organización del control de la salud pública, la definición de la construcción y administración de los sistemas de transportes y de comunicaciones, entre otros. De hecho, una vez comenzados los intentos de formación estatal, el aparato administrativo es objeto de particular atención, especialmente en materia de recursos fiscales. Después de Elias, Habermas (1986: 56) ha destacado bien que “[e]l Estado moderno es esencialmente Estado impositivo y la administración financiera la pieza clave de su administración general”. Brasil fue un caso descollante de temprana constitución de un aparato administrativo poscolonial, como consecuencia de la continuidad entre la situación colonial y la proclamación del imperio independiente.

La constitución del aparato judicial incluye las diferentes instancias de administración de justicia –desde los juzgados menores hasta la Suprema Corte de Justicia– y los diferentes Códigos: Comercial, Civil, Penal, de Minería. La función de regulación social de los Códigos –que reemplazaron a las leyes coloniales vigentes hasta bien avanzado el siglo XIX (e incluso el siglo XX , como en Brasil)– tiende a ordenar el campo de aplicación de la justicia y también de la administración. Representan un avance en la secularización (acentuado con las leyes de matrimonio civil, administración de cementerios, registro de las personas, educación común, expresiones todas incluidas en el aparato administrativo del Estado), en parte, “un avance sobre la sociedad civil” (según el ya citado Oszlak). En definitiva, un ordenamiento jurídico orientado a una regulación social capitalista. Al respecto, hay que notar que pese al avance que implicó la organización del aparato judicial, el efectivo ejercicio de sus funciones –particularmente en lo que atañe a la afirmación sistemática de derechos y libertades individuales– tardó en concretarse.

Constituir un aparato judicial es estatuir una autoridad jurídica, la cual, ha escrito Bourdieu (2000: 167-168), es la “forma por excelencia de la violencia simbólica legítima cuyo monopolio pertenece al Estado y que puede servirse del ejercicio de la fuerza física”. El empleo de esta nos lleva al cuarto aparato.

El aparato represivo, tanto o más eficaz que los anteriores en el proceso de consolidación estatal, incluye la formación de un ejército nacional y de las policías provinciales, amén del sistema penitenciario, vinculado al aparato judicial. El primer objetivo de su constitución es la monopolización de la violencia considerada legítima.

Un análisis histórico del proceso de formación de los Estados latinoamericanos aunando los atributos de estatidad y la división en aparatos según funciones, permite una mejor explicación del modo y el tiempo de la concentración y la centralización del poder bajo la forma Estado.

En el simultáneo doble proceso de organización y modernización estatal y societal, la tríada ejército-ferrocarriles-telégrafo desempeñó un papel esencial en la centralización del poder y la eliminación de las disidencias. Las campañas del Ejército argentino contra las montoneras de Felipe Varela y de Ricardo López Jordan, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), y contra los pueblos originarios de la Patagonia, bajo la de Nicolás Avellaneda (1874-1880), y las del Ejército uruguayo contra las montoneras de Aparicio Saravia, en 1904, ilustran muy bien el papel de esa tríada.

En líneas generales, la formación del orden poscolonial en América Latina respondió a una doble dialéctica interna, una, interna/externa, la otra. La segunda refiere básicamente a una realidad en la que la dinámica de desarrollo de la economía europea occidental (externa) decidió sobre las economías latinoamericanas (internas) qué productos tenían valor y, de un modo directo o indirecto, creó la estructura de producción. En el plano de la política, esto se tradujo en clases estructuralmente débiles como para generar un proyecto hegemónico, razón por la cual hubo una formación de clases (internamente) dominantes y (externamente) dependientes. En expresión de Lechner (1977: 23), los Estados latinoamericanos se constituyeron “como relación entre dominación interna y hegemonía externa”. Así, el mayor o menor grado de desarrollo del Estado nacional y del mercado no se explica solo por el peso del imperialismo y de las grandes potencias, sino también por la correlación de fuerzas o grupos internos (clases o fracciones de clases) o, dicho en los términos de Fernando Cardoso y Enzo Faletto (1990: 27): “Las características de las sociedades nacionales que expresan las relaciones con lo externo”. Es en este punto donde se expresa la dialéctica interna.

Con la independencia política se puso en marcha un proceso que estatuyó una relación de dependencia, circunstancia que frustró el desarrollo económico autónomo pero no inhibió el fuerte proceso de acumulación de capital por parte de las clases dominantes locales. Los cambios en el modelo de acumulación de algún modo se afirmaron sobre la racionalidad legada por la economía colonial (recordemos: maximizar la obtención de metálico con un mínimo de recursos metropolitanos). Así, los productores de los flamantes países latinoamericanos tuvieron una racionalidad centrada en la maximización de sus beneficios con un mínimo de inversión. El comportamiento fue netamente capitalista, pero faltó un componente esencial del capitalismo de revolución industrial que sí estuvo presente en Europa: el riesgo. Así, no hubo una burguesía en sentido clásico, como tampoco hubo un proletariado plenamente definido en esos términos. En el plano político, la ambición de acumulación de riqueza por parte de esa pequeñísima minoría débilmente burguesa se tradujo en la constitución de Estados nacionales formalmente representativos, pero cuya dominación fue ejercida, en líneas generales, en términos de una oligarquía, respondiendo hábilmente a la necesidad de disciplinamiento de los vastos sectores sociales movilizados por las guerras.

La mayoría de estos Estados logró la capacidad de ejercer el monopolio de la coerción considerada legítima, más tarde que temprano, durante la segunda mitad del siglo XIX. Las reformas de la última etapa de la dominación colonial habían profundizado la fragmentación regional. De acuerdo con el grado de continuidad o ruptura con el aparato institucional colonial, la capacidad del Estado nacional de ejercer el monopolio legítimo de la coerción se alcanzó tempranamente (Brasil) o tardíamente (Perú, Ecuador y otros países hispanoamericanos). Sin duda, el caso de Cuba merece ser destacado, puesto que allí la capacidad de externalizar el poder se dio casi un siglo después, cuando las condiciones internacionales eran significativamente otras. Además, de acuerdo con el tipo de economía articulada en cada país en el momento de la emancipación, el proceso fue temprano (Chile) o tardío (Argentina, Venezuela y otros); y a su vez, estuvo liderado por elites civiles o militares.

La desarticulación de las estructuras de dominación colonial produjo en las repúblicas hispanoamericanas –mas no en Brasil– una situación más o menos extensa temporalmente (excepto en Chile) en la cual se observa la existencia de grupos informales de poder, constituidos por pocas familias y sus redes clientelares urbanas y/o rurales, sobre todo en las instancias estaduales o provinciales y locales. En líneas generales, los detentadores del poder civil y del poder militar se disputaron el monopolio de la coerción. Allí donde hubo una economía con un núcleo fuerte fueron los sectores económicamente dominantes los que se proyectaron políticamente y formaron el Estado (Brasil, Chile). Mientras que allí donde el espacio de producción se articuló sobre la base de intereses materiales contradictorios, las guerras civiles fueron más prolongadas y fueron los ejércitos (locales) los que dieron forma al Estado (Argentina, Venezuela, Colombia, por ejemplo). La lucha por la monopolización de la percepción tributaria también fue un aspecto clave del proceso de formación estatal, no solo entre el gobierno central y los gobiernos provinciales o estaduales, sino también entre el Gobierno y los potenciales contribuyentes, no siendo escasas las políticas regresivas que castigaron a quienes menos tenían, y muy especialmente entre los aparatos institucionales o estatales o el Estado, donde lo hubo, y la Iglesia. En este caso, la política seguida por los gobiernos de varios países fue la de privar a la Iglesia del cobro del diezmo eclesiástico, el cual fue secularizado –como en Ecuador y Bolivia, donde en consecuencia pasó a ser percibido por el Gobierno–, o bien suprimido tempranamente (como en Buenos Aires). Una vez más puede apreciarse la correlación entre poder económico y poder político.

La señalada desarticulación de las estructuras de dominación colonial tuvo, en rigor, una notoria ambigüedad: rompió el nexo colonial con España y con Portugal, por un lado, pero por el otro mantuvo formas coloniales de ejercicio del poder (la cuestión que hemos señalado antes de la estructura de poder interna). Esa ambigüedad fue particularmente marcada en las repúblicas andinas (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia), como con mucha agudeza ha demostrado Brooke Larson (2002).

Larson argumenta que esas repúblicas revivieron, con alteraciones formales, “la relación colonial fundamental basada en la separación de tipo casta, entre los ‘indios’ arraigados a la tierra que pagaban tributo y las elites criollas ansiosas de imponer el orden” trastocado por las guerras de independencia, valiéndose para ello de las instituciones coloniales funcionales a tal objetivo, entre las cuales fue crucial la del pago del tributo, que “impuso una cierta lógica a las relaciones entre indios y Estado, y aseguró una fuente crucial de rentas fiscales”. La abolición del régimen tributario –y con él, el conexo de los derechos y obligaciones corporativos de los indígenas– solo fue posible cuando se hicieron agudas las “presiones materiales e ideológicas emanadas del capitalismo mundial después de mediados de siglo” (154). En la perspectiva de Larson, la abolición del tributo –una carga onerosa para los indígenas– es un eje analítico clave para “explorar el advenimiento del liberalismo, el capitalismo y la construcción del Estado moderno, puesto que para muchos pobladores andinos fue un desplazamiento poscolonial fundamental”. No fue solo una decisiva reforma tributaria: el tributo abolido –“rápidamente reestablecido bajo nuevas formas”– arrasó también con “los derechos andinos a la tenencia de tierra corporativa, el autogobierno local y la protección estatal contra los terratenientes usurpadores”. De ahí en más, el proceso de modernización reubicó a “los pueblos indígenas dentro de las emergentes nociones y narrativas del progreso y la nacionalidad”, siendo “fundamental la rearticulación de las oposiciones coloniales, dando así a las plutocracias criollas el derecho a imponer fronteras internas de pertenencia nacional y colonizar las ‘razas no civilizadas’” (Larson, 2002: 15-16).

El caso de Brasil merece algunas consideraciones adicionales. Allí, el monopolio de la violencia física se alcanzó tempranamente en virtud de la fuerte continuidad que se dio entre el aparato burocrático y militar de la Corona. Pero, si bien no hubo una violencia extrema ni guerras duraderas, el país comparte con otros de la región el rasgo de fragmentación del poder económico. Como se ha visto, en Brasil, los funcionarios del Estado colonial habían recibido una formación jurídica homogénea en la Universidad de Coimbra. Así, el novel Estado independiente contó con una burocracia preparada para enfrentar los desafíos del momento. Esto facilitó al Estado cierta autonomía respecto de los sectores productivos, sobre los que el edificio administrativo se apoyó solo débilmente.

En marzo de 1817, el Brasil todavía portugués fue escenario de una revuelta breve (poco más de dos meses) contra el poder real, encabezada por terratenientes y comerciantes (sobre todo, los grandes, cuyos intereses estaban en el comercio exterior), a los que se sumaron militares, jueces, artesanos, sacerdotes –estos en número importante, tanto como para ser llamada revolução dos padres–, entre los cuales descolló Joaquim do Amor Divino, conocido como Frei Caneca, un republicano masón, periodista y profesor de filosofía, retórica y geometría. La revuelta se produjo poco tiempo después de la proclamación de Brasil como reino, en 1815, circunstancia que reforzó en el Nordeste la percepción de haber pasado del dominio de Lisboa al de Rio de Janeiro. El movimiento, iniciado en Recife, se extendió de la ciudad al sertão y a las provincias de Paraíba, Rio Grande do Norte y Ceará (según Emília Viotti da Costa) o Alagoas (según Boris Fausto), es decir, con mayor alcance que la Inconfidencia mineira de 1789. Los insurgentes proclamaron la República –inspirándose en el constitucionalismo revolucionario francés del año 1789– y con ella la igualdad de derechos y la tolerancia religiosa, pero mantuvieron la esclavitud. Esta inspiración, sin embargo, se encontraba solo en una minoría ilustrada, pues la mayoría de la población, analfabeta y sin acceso a la cultura letrada, ignoraba por completo las ideas liberales europeas. En mayo, las tropas reales terminaron con el intento secesionista y republicano, pero su impronta fue larga.

Boris Fausto (1995: 71) señala que los grupos sociales partícipes tenían diferentes objetivos: “Para las clases pobres de la ciudad, la independencia estaba asociada a la idea de igualdad, [mientras] el principal objetivo de los grandes terratenientes era el de acabar con la centralización impuesta por la corona y tomar en su manos el destino, si no de la colonia, por lo menos del nordeste”. También Emília Viotti da Costa (1987 y 1995) destaca el carácter contradictorio de las aspiraciones expresadas en 1817. Para el pueblo, la lucha contenía la realización de la demanda abolicionista de las diferencias étnicas, es decir, la igualdad. Para los terratenientes y hacendados, en cambio, se trataba de “mantener el orden y la garantía de sus privilegios”. Justamente ahí –enfatiza la historiadora brasileña– se encuentra el punto nodal de la naturaleza y los límites del liberalismo brasileño, devenido ideología de los propietarios rurales y no, como en Europa, de la burguesía. El límite fue la esclavitud (Costa, 1995: 31). “Para las elites que tuvieron la iniciativa y el control del movimiento, ‘liberalismo’ significaba solo la liquidación de los lazos coloniales; no pretendían reformar la estructura de producción ni la estructura de la sociedad, por eso la esclavitud se mantendría, lo mismo que la economía de exportación. El movimiento de independencia sería menos antimonárquico que anticolonial, menos nacionalista que antimetropolitano” (Costa, 1995: 37). Si bien puede haber matices, la aseveración vale igualmente para la mayoría de las repúblicas, si no todas, que surgieron de la disolución del imperio español. El mayor reto de los liberales brasileños, tal como lo revelan sus discursos y prácticas –argumenta la misma autora–, fue encontrar la forma más adecuada para manejar la contradicción entre el liberalismo y la esclavitud, y el patronazgo (Costa, 1995: 127).

En el Brasil independiente, ya en 1824 –poco después de la aprobación de la Constitución del Imperio– se produjo, nuevamente en Pernambuco, una tentativa de secesión encabezada por Manuel de Carvalho y de la cual también formó parte Frei Caneca. Se inició como una reacción a la prerrogativa del Emperador de elegir a su arbitrio al presidente de la provincia, es decir, como reacción contra el centralismo de Pedro I, sofocante de las autonomías provinciales. En julio, los insurgentes proclamaron la Confederação do Equador –de la que se esperaba formaran parte, además de Pernambuco, las provincias de Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y, tal vez, Pará y Piauí–, pero su capacidad de afirmarse y de resistir militarmente fue baja y esta fue reprimida por completo en noviembre. A diferencia de la intentona de 1817, en la cual pesaron los terratenientes y algunos comerciantes, la de 1824 tuvo un mayor carácter urbano y popular. La represión fue muy fuerte y entre los condenados a muerte estuvo Frei Caneca.

Tras la abdicación de Pedro I en 1831, el Gobierno de la Regencia (1831-1841) debió hacer frente a otras rebeliones regionales, varias de ellas simultáneas (pero inconexas): en Rio de Janeiro (cinco en 1831-1832) y en las provincias de Pernambuco (1832-1835), Pará (1835-1840), Bahia (1837-1841), Maranhão (1838-1840) y, la más importante, en Rio Grande do Sul (1835-1845). En 1832, la preocupación del Gobierno llevó a considerar las medidas a adoptar para la protección del Emperador, Pedro II, todavía un niño, en caso de anarquía en la ciudad capital o secesión de las provincias nordestinas (Fausto, 1995: 88).

En la muy rebelde provincia de Pernambuco se desarrolló la llamada “guerra dos cabanos”, o “a Cabanada”, un movimiento rural integrado por pequeños propietarios, trabajadores del campo, indígenas y esclavos. Inicialmente, fue un movimiento absolutista y ultramontano encabezado por algunos senhores de engenho, comerciantes, militares y curas portugueses en defensa de la religión, por el retorno al trono de Pedro I (restauracionistas) y contra los que llamaban “carbonarios jacobinos”, y que luego devino en lo que Décio Freitas (1978) llamó “la inverosímil insurrección”. Fue un movimiento reactivo de los pobres a cambios que no entendían y que, a juicio de Fausto, preludió el de Canudos (que veremos en el próximo capítulo), décadas después, en los primeros años de la República. Freitas enfatiza, en cambio, la cuestión de la lucha por la tierra. A su juicio, a Cabanada fue “una dramática manifestación de la desesperada y multisecular lucha de los sin tierra” por acceder a esta, lucha que, en esa ocasión, se libró en torno a tierras vírgenes. Más aún, fue “uno de los momentos culminantes en la lucha de clases en el Nordeste”. Los cabanos apelaron a la guerra de guerrillas, pero terminaron siendo derrotados por las tropas leales al presidente de la provincia, Carvalho, antiguo líder de la insurrección de 1824. La represión aseguró a los dominadores la disponibilidad de fuerza de trabajo –la de los vencidos– en condiciones de semiesclavitud (Freitas, 1978: 163 y 165).

En 1834 –en un contexto de conflictos entre republicanos y monárquicos, y de otros en el propio círculo gobernante–, el Parlamento tomó una disposición dirigida contra la corriente restauracionista. Se trata del Acta Adicional, modificatoria de la disposición constitucional para casos de ejercicio de la Regencia: esta, a partir de ese momento, sería unipersonal (originariamente debía ejercerla un triunvirato), con un mandato de cuatro años. El Acta introdujo otros cambios en la estructura del poder político al crear la Guardia Nacional (en reemplazo de la Milicia Colonial) y conceder a las Asambleas provinciales (Legislaturas) cierta autonomía. La intencionalidad de los autores del Acta era desarticular o aminorar la reacción de las corrientes federalistas y de las secesionistas. El primer regente fue, como ya hemos señalado, Diogo Antônio Feijó, un sacerdote próximo a los liberales moderados.

Empero, el Acta Adicional no frenó la conflictividad. A Cabanagem paraense, entre 1835 y 1840, fue la primera reacción. Tuvo lugar en Pará, una provincia con escasa conexión con Rio de Janeiro y productora modesta de tabaco, caucho, cacao y arroz, donde –dice Fausto– los terratenientes no estaban bien establecidos. En Belém, una pequeña ciudad, había una minoría blanca constituida sobre todo por comerciantes portugueses, más unos pocos ingleses y franceses que vivían del comercio de aquellos productos. La mayoría de la población se integraba con mestizos, negros, indígenas y trabajadores, esclavos algunos, subordinados, otros. Como en muchas ocasiones en la historia de Brasil, tanto monárquico como republicano, una confrontación en el interior de los grupos dominantes locales a propósito de la designación del presidente de la provincia generó una revuelta armada popular que llegó a atacar y tomar Belém, además de declarar la independencia de la provincia, atacar a los masones y a los extranjeros (en particular, a los comerciantes portugueses) y declararse defensores de la religión católica, de los brasileños, del Emperador y de la libertad, todo ello como expresiones ambiguas de una confrontación que devino lucha entre la elite local y los trabajadores indígenas. No fueron abolicionistas y, por el contrario, la dirección del movimiento reprimió las acciones de los esclavos. Los rebeldes no pudieron generar una estructura de poder y de gobierno, ni pudieron resistir la ofensiva del Ejército imperial, que terminó con ellos tras una feroz represión que destruyó Belém y se extendió al interior, donde los indígenas que huyeron fueron cazados. El saldo fue de unos 30.000 muertos, alrededor de un quinto de los habitantes de Pará.

Entre 1837 y 1841 se produjo la revuelta bahiana conocida como “a Sabinada” –por el nombre de su líder, el periodista y profesor de la Escuela de Medicina Sabino Barroso–, la cual tuvo carácter urbano y popular, con amplio apoyo (pues sumó a hombres de clase media y del comercio de Salvador, federales y republicanos) y un rasgo distintivo: asumió la cuestión de la esclavitud y propuso un criterio de manumisión basado en el origen (nacional o extranjero). Así, los nacidos en el país (criollos) que se sumasen al movimiento serían liberados, mientras que los demás, considerados extranjeros, mantendrían su condición de esclavos. La revuelta fue brutalmente reprimida por el Ejército imperial, con un saldo de unos 1.800 muertos (Fausto, 1995: 90).

Poco antes, en 1835, Salvador da Bahia, una ciudad con fortísima presencia de población esclava o liberta, fue escenario de una revuelta de esclavos, considerada como la única urbana en América y una de las pocas cuyo objetivo explícito era la abolición de la esclavitud. Se trata del levante dos malês –nombre este de los esclavos musulmanes–, cuya larga preparación debía culminar con su concreción a fines de enero de 1835. Empero, la conspiración fue descubierta. Si bien hubo algunos enfrentamientos armados, estos fueron reprimidos. Algunos estudios (particularmente los muy conocidos de João José Reis) han destacado la mezcla de componentes étnicos, religiosos y clasistas (en sentido amplio) que tuvo el movimiento.

Simultáneamente con la Sabinada en Bahia, en el sur de la también nordestina provincia de Maranhão se desarrolló la Balaiada (1838-1840), otra revuelta popular agraria (el área era de pequeños productores de algodón y ganaderos), iniciada por derivación de enfrentamientos en el interior de los grupos dominantes locales. Estuvieron al frente de ella Raimundo Gomes, un cafuzo (155), y Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, un artesano conocido como Manuel Balaio por su oficio de hacer y vender balaios (canastas de mimbre) –de aquí el nombre de la revuelta–, sumándose también un negro llamado Cosme, cabecilla de 3.000 cimarrones. Su mayor logro fue la toma de Caxias, la segunda ciudad de la provincia. La escasa documentación da cuenta de un movimiento sin claridad político-ideológica: había invocaciones y vivas a la religión católica, a Pedro II, a la Constitución y a la “santa causa de la libertad”, expresión de tendencias distintas. Justamente, estas contribuyeron a debilitar el movimiento, finalmente aplastado por las tropas enviadas por el Gobierno, a cuyo frente se encontraba un oficial que tendría un papel decisivo en la historia de Brasil: Luíz Alves de Lima e Silva, nombrado barón de Caxias en recompensa por su actuación en la represión de la Balaiada. Tras la derrota, los cimarrones participantes fueron reesclavizados y su jefe, Cosme, ahorcado.

Sin duda, la más importante de las insurgencias acaecidas en el Brasil imperial fue la de Rio Grande do Sul. Fue una revuelta armada con gran apoyo popular, entre 1835 y 1845, segunda mitad de la Regencia y cuatro primeros años del reinado de Pedro II. Aquí, la geografía física y social era bien diferente a la nordestina. Aunque también era tierra de grandes latifundios, estos eran estancias de ganadería extensiva, productoras para el mercado interno (cría de mulas para el transporte y tasajo vacuno para la alimentación de los pobres y los esclavos, en particular los de las plantaciones del nordeste), y también de cueros para el mercado externo. Mediante relaciones de parentesco se constituyeron grandes empresas, algunas de las cuales controlaban todo el proceso de producción del tasajo o charque: cría del ganado, salado de la carne, embarque y comercialización (Leitman, 1979: 98). Por entonces, estas estancias estaban pasando del empleo de fuerza de trabajo esclava al de fuerza de trabajo libre y asalariada. Esos terratenientes tenían fuertes intereses en Uruguay, donde poseían tierras y ganados (un efecto de la ocupación durante los años de la Cisplatina). Esta circunstancia favoreció sobre todo a los saladeristas de Pelotas y Porto Alegre, beneficiarios del contrabando y del pillaje. Por otra parte, Rio Grande do Sul era un espacio de frontera militar –una frontera largamente caliente– que dio a la sociedad gaúcha una considerable militarización.

Los terratenientes sud-riograndenses no fijaban los precios de sus productos –definidos en Rio de Janeiro y Santos por las casas comerciales compradoras– y soportaban la que consideraban una carga tributaria excesiva, motivo de reclamos de larga data, no atendidos por el Gobierno central. Eran también propietarios de tierras y ganados en Uruguay y reclamaban el libre tránsito de sus reses. En ese clima se levantaron banderas de autonomía e incluso de independencia, demandas acentuadas cuando los recursos generados en la provincia eran utilizados por el Gobierno central para atender a aquellas que, como la vecina Santa Catarina, no podían cubrir por sí mismas sus necesidades presupuestarias.

Al igual que en Uruguay y las provincias ganaderas argentinas (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe), los terratenientes disponían de pequeños ejércitos particulares formados por sus propios trabajadores –que comandaban por su condición de patrones–, razón por la cual no apreciaron favorablemente la creación de la Guardia Nacional y su mecanismo electivo para la designación de los oficiales. Esos ejércitos particulares eran, por añadidura, fundamentales para el poder central y su política de frontera platina.

La insurgencia sud-riograndense –conocida como guerra dos farrapos y Revolução farroupilha o simplemente a Farroupilha (156)- es un tema controvertido en la historiografía brasileña, en particular en torno a la cuestión de su condición separatista, afirmada por la sólida investigación de Alfredo Varela (1933) y negada por la mayor parte de la historiografía brasileña, para la cual se trató de una rebelión federalista de los terratenientes ganaderos de Rio Grande do Sul contra el centralismo del poder imperial. Spencer Leitman (1979: 10) la considera expresión de la máxima tensión alcanzada “entre dos sectores económicos interdependientes: las elites de la zona de la Laguna, esto es, el sector industrial, administrativo de la provincia, y las elites de la frontera, compuestas por los coroneles ganaderos, en la parte meridional de la provincia”. El primero de estos grupos estaba estrechamente relacionado, política y económicamente, con Rio de Janeiro, y sus miembros actuaban como agentes del gobierno central. Cuando este exigió a los productores de frontera más impuestos y más producción, los líderes ganaderos se rebelaron contra el presidente y comandante de Armas de la provincia, en septiembre de 1835. Bento Gonçalves da Silva, un poderoso terrateniente ganadero, liberal, gran maestro masón, veterano de las campañas cisplatinas, dio a conocer un manifiesto justificativo. En ese documento no había todavía una propuesta secesionista, todo lo contrario: declara respetar “o juramento que prestamos ao nosso código sagrado, ao trono constitucional, e à conservação da integridade do Imperio”.

Un año después, proclamaron la República de Piratini (nombre de la población que ofició como primera capital de los rebeldes), llamada también República do Rio Grande do Sul y República Rio-Grandense. En noviembre, Gonçalves da Silva fue designado presidente. No deja de ser significativo el hecho de enarbolar bandera propia, hacer componer un himno nacional y promulgar, en 1842, una Constitución. Leitman señala que la dirigencia farroupilha era republicana, mas no radical: “No eran revolucionarios sociales empeñados en reestructurar las relaciones de clases” y se mostraron “incapaces de traspasar las actitudes sociales tradicionales. Cualquier colapso en las relaciones tradicionales entre señor y esclavo, estanciero y gaucho, podía desorganizar el sistema político y social vigente”. Eran estancieros que podían aprobar la reciente abolición del tráfico de esclavos, pero que de ninguna manera emanciparían a los suyos. “Fue precisamente esta manera de ser que llevó a la elite de las fronteras a mantener una estructura social bastante estratificada durante la Guerra dos Farrapos, incluso cuando enfrentaba la derrota” (Leitman, 1979: 29).

Las fuerzas republicanas vieron debilitadas sus posiciones por una secuela de intrigas y maledicencias conexas a la lucha por el poder, la que se hizo más intensa al reunirse, en diciembre de 1842, la Asamblea Constituyente, lo cual llevó a Gonçalves da Silva a renunciar a la presidencia de la República en agosto de 1843 y a ser reemplazado por el vice, José Gomes de Vasconcelos Jardim. En el plano militar, la situación cambió a partir de la designación, por el Imperio, de Luís Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, como presidente y comandante supremo de la provincia de Rio Grande do Sul. Al frente de un ejército de 11.000 hombres, el Barón combinó acciones bélicas y político-económicas, particularmente atacando a las ciudades fronterizas con Uruguay, y cortó así la salida de charque vía Montevideo. El Gobierno del Imperio temía un posible involucramiento del gobernador de Buenos Aires, Rosas, por lo cual procuró neutralizar tal posibilidad llegando a un acuerdo con los farrapos. A tal efecto, se les propusieron condiciones honrosas para concluir la guerra. En noviembre de 1844 comenzó un armisticio y, el 1º de marzo de 1845, se firmó el Tratado o Paz de Ponche Verde, entre cuyas cláusulas se contaba la amnistía a todos los insurgentes, la integración de sus oficiales, según su grado, a las filas del Ejército imperial, al tiempo que la deuda contraída por la República Rio-Grandense fue asumida por el Imperio.

La Farroupilha fue una guerra con fuerte incidencia en los países de la cuenca del Plata, particularmente en Uruguay y la Confederación Argentina. Allí había fuerzas políticas que apoyaban a los republicanos separatistas sud-riograndenses dentro del entramado de agrupamientos políticos que sobrepasaban las fronteras (blancos uruguayos y federales argentinos aliados contra sus compatriotas colorados y unitarios, respectivamente).

El ciclo de revueltas e insurgencias incluyó las protagonizadas por los liberales en Minas Gerais y en São Paulo, con extensión al valle de Paraíba, en la provincia de Rio de Janeiro (mayo-junio de 1842), en un área menos afectada por la conflictividad. Estas revueltas se produjeron en un contexto de centralización política y reforzamiento del papel del Emperador, impulsada por un gobierno conservador, destacándose entre las medidas la reforma de la Guardia Nacional, que permitió superar la fase inicial de competencia con el Ejército. De ahí en más, la Guardia fue la encargada de mantener “el orden y la defensa de los grupos privilegiados a nivel local”, y el Ejército, incrementado en tamaño, “de arbitrar intereses enfrentados, proteger las fronteras y mantener la estabilidad general del país” (Fausto, 1995: 95). También fue reformado el Código de Procedimientos Criminales de modo tal que permitió al Gobierno central recuperar el control total de la estructura administrativa y judicial. Se estableció la obligación de pasaporte para realizar viajes internos y se reimplantó la facultad del Gobierno central de disolver la Legislatura. Los liberales se rebelaron contra esa política centralizadora y, si en algún momento se planteó una posible secesión, esta fue rápidamente desechada, en buena medida por intereses económicos que vinculaban a São Paulo con Rio de Janeiro. En el movimiento tuvieron una participación destacada los grandes fazeinderos de ambas provincias, si bien ellos se dividieron en dos bandos. Pedro II, temiendo una eventual vinculación con la farroupilha gaúcha, puso al entonces brigadier Alves de Lima e Silva al frente del “ejército pacificador”. En septiembre, este concluyó el operativo militar y terminó la revuelta.

En el emblemático 1848, se produjo, otra vez en Pernambuco, a partir de noviembre, la Revolução praieira (157). Amaro Quintas (1982) y Fausto (1995) señalan que muchos años antes, un autor anónimo, contrario a los cambios revolucionarios, se refería a Olinda y Recife como ciudades en las cuales se respiraba el “maligno vapor pernambucano”. Llegando al medio siglo, en un contexto internacional sacudido por la nueva ola de revoluciones en Europa, ese hombre habría encontrado absolutamente irrespirable ese vapor, pues se le habrían añadido la crítica social y las ideas socialistas utópicas de Charles Fourier, Robert Owen, el conde de Saint-Simon y Louis Blanc, divulgadas por Antônio Pedro de Figueiredo (editor de la revista O Progresso, considerado uno de los primeros socialistas brasileños), el general José Inácio de Abreu e Lima, o General das Massas (un veterano de descollante actuación en el Ejército bolivariano) y el ingeniero francés Louis Vauthier (contratado por el gobierno provincial). Pero también se proponía, desde los años de la Regencia, la separación de la región para crear un segundo imperio en el septentrión brasileño, con la princesa Januaria en el trono, proyecto que perduró durante un tiempo.

Para Amaro Quintas, a pesar del ropaje monárquico, el separatismo tenía bases republicanas, descollando la figura de Antônio Borges da Fonseca –llamado Repúblico–, el principal redactor del Correio do Norte (158). Se trataba –dice el historiador brasileño– de un “escenario agitado e inquieto, inestable y turbulento”, donde se entremezclaban las ideas más dispares y había un terreno fértil para una revolución. Los cambios políticos fueron el detonante para desencadenar movimientos cuyas causas eran más profundas (Quintas, 1982: 26). En efecto, la provincia se encontraba atravesada por tensiones sociales rurales y urbanas, con masas sordamente hostiles a la aristocracia rural –dentro de la cual primaba, desde 1837, la familia Cavalcanti– en el campo, y rechazo contra los extranjeros, principalmente los portugueses, en las ciudades. El desequilibrio económico-social y la insatisfacción existente en el seno de las masas fueron causa –argumenta Quintas– de la Praiera, mucho más decisiva que las motivaciones políticas. Así, el reemplazo del gabinete liberal por uno conservador en septiembre de 1848 es más bien una causa aparente: la verdadera razón se encontraba en la insatisfacción de las masas ante la opresión ejercida por la aristocracia rural aliada al elemento extranjero, es decir, una típica expresión de antagonismo entre opresores y oprimidos, “[e]ntre poseedores de tierras, haciendo y deshaciendo negocios políticos y económicos, y desheredados de bienes de fortuna, desprovistos de recursos y situados en una completa situación de inferioridad” (Quintas, 1982: 47 y 42).

En la interpretación de Quintas, a Praiera fue uno de esos casos de movimientos populares en los cuales el empuje de las masas llevó a sus dirigentes a ir más allá de lo que estos pretendían. Su gran fuerza residió, justamente, “en su carácter de explosión de aspiraciones populares”. A su juicio, ello es evidente en el Manifesto ao Mundo, del 1º de enero de 1849, documento redactado por Borges da Fonseca y firmado por todos los jefes militares de la rebelión, que fue su bandera y condensó las reivindicaciones que debía aprobar la Asamblea Constituyente. Entre las demandas de los rebeldes se encontraban el voto libre y universal, la plena y absoluta libertad de expresión, la plena y efectiva independencia de los poderes constituidos, la abolición del Poder Moderador, la organización federal, el trabajo como garantía de vida y el ejercicio del comercio minorista solo por ciudadanos brasileños. Se trató, en breve, de “un movimiento local, con tendencias liberales, pero con características propias, con reivindicaciones acentuadamente locales” (Quintas, 1982: 49-50 y 151).

Los insurgentes fracasaron en la toma de Recife y, aunque luego apelaron a la guerra de guerrillas (hasta 1850), fueron vencidos por el Ejército imperial. No fueron suficientes la capacidad militar de Pedro Ivo ni la política de Borges da Fonseca para constituir una sólida organización revolucionaria de las masas. Con la derrota de a Praiera, una etapa de insurgencia se cerraba en Brasil.

El ciclo de tres décadas de revueltas (1817-1848) muestra inequívocamente que el orden monárquico brasileño –modelo para muchos políticos conservadores latinoamericanos– no estuvo exento de ser cuestionado mediante conflictos localizados de alta intensidad, si bien controlables por el poder central. Costa (1995: 144-145) considera que los movimientos del final del ciclo, entre 1837 y 1848, fueron indicadores de “hasta qué punto las elites nacionales tenían que vencer las resistencias [de las elites locales] para establecer su hegemonía”. No extraña, entonces, que los grupos dominantes provinciales apelaran, a modo de justificación de sus acciones, a “la retórica liberal radical”, la cual incluía un repertorio de palabras, conceptos y consignas que daban cuenta de diversas, y a veces contradictorias, demandas y objetivos: “Federalismo, sufragio universal, libertad de expresión, garantía de derechos individuales, abolición del poder moderador, separación de poderes, abolición del reclutamiento militar, nacionalización del comercio y reforma agraria eran los temas que aparecían una y otra vez en la prensa radical”.

El ciclo de revueltas e insurgencias, particularmente las de las décadas de 1830 y 1840, habilita, al menos, dos conclusiones decisivas: 1) la organización y consolidación del Estado requirió de la violenta represión de las clases populares, pero también de las clases dominantes provinciales reacias a someterse a la centralización imperial, y 2) la expresión contestataria se manifestó ideológicamente de manera ambigua e incluso contradictoria, pero con un común denominador: el republicanismo. Cuando la República fue instaurada, en 1889, no lo fue como resultado de la lucha –mucho menos, popular–, sino de un golpe de Estado cívico-militar, pero es claro que tenía el camino allanado por esa tradición contestataria antimonárquica.

A partir de 1850, el Estado se comprometió más con los intereses y la expansión de las poderosas provincias del Sudeste y el Sur y los intentos secesionistas desaparecieron, aunque en las primeras décadas del siglo XX el impulso resurgió (159). La llamada conciliação de 1853 –nombre dado al Gobierno presidido por el conservador Honório Remeto Carneiro Leão, vizconde de Paraná, del que formaban parte también algunos liberales, dando lugar a una curiosa integración que incluía a los dispares Antonio Paulino Limpo de Abreu, vizconde de Abaeté, once años antes líder de la revuelta liberal mineira, y Luís Alves de Lima e Silva, marqués de Caxias, el represor de las rebeliones regionales– reforzó la centralización del poder, tanto como para permitir la incorporación de los liberales moderados (o los que habían abandonado el radicalismo de la década anterior), y los alejó de las políticas insurgentes mediante la creación de los distritos electorales de un único miembro en 1855 (160). Fue un tiempo, según la caracterización de Armando Souto Maior (1978: 15), de anestesia política.

La proclamación de la República, a su vez, consolidó el pasaje del centro económico, político y social del país del Nordeste al Sudeste y el Sur, que era, sobre todo, el pasaje de la tradicional plantação esclavista a la fazenda cafetalera, crecientemente capitalista. También acentuó el carácter arcaico de las luchas sociales nordestinas, de las cuales el movimiento quebra-quilos, en “el otoño del Imperio” (expresión de Souto Maior), y mucho más, en la primavera de la República, la guerra de Canudos –con su contenido milenarista y mesiánico– fueron ejemplos paradigmáticos.

Chile es el otro país tempranamente centralizado. Aquí, un factor decisivo fue la homogeneidad regional. Durante el siglo XVII se configuraron dos regiones: el Centro, agroganadero, y el Norte Chico, minero, con sus respectivos núcleos urbanos importantes, Santiago (residencia del gobernador y la Real Audiencia) y La Serena. Ese fue el espacio “pacificado” por los españoles: mestizado biológica y culturalmente en la base de la pirámide social, donde también se ubicaban negros, mulatos, zambos y blancos pobres; en la cima se encontraba una aristocracia que estableció su dominación social y racial de modo jerárquico y con capacidad para convertir sus valores y símbolos en los de las clases medias y populares. El Sur, en cambio, era el espacio dominado por la frontera de guerra que comenzaba a insinuarse en el río Maule y se afirmaba en el Bio-Bio con su línea de fuertes, con un centro urbano destacado, Concepción, en el cual residían las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la jurisdicción. Esta región, conflictiva, mucho más mestizada y más pobre que las otras dos, acentuó su carácter militarizado durante las reformas borbónicas (procurando proteger ese espacio de eventuales ataques ingleses). Los valles centrales eran el principal espacio productivo dinámico y los productores lograron un rápido acuerdo en torno a la forma de gobierno y de integración al mercado mundial.

Si el “país pacificado” se destacaba por sus aportes a la economía, el Sur, el “país militar del Bio-Bio tenía fundamental importancia defensiva y caracterizaba la imagen de Chile como país de guerra” (Góngora, 1981: 7-8). Sin anarquía ni caudillismo, Chile tuvo un largo período de predominante estabilidad que solo se alteró en 1891. En contraste, como se ha visto antes, en Brasil los conflictos internos aparecieron pronto, cuando la fragmentación de intereses económicos no pudo ser absorbida por el Estado. Esto sucedió cuando, tras el retorno de João VI a Portugal, Pedro I proclamó la independencia y reorganizó el Imperio sobre nuevas bases: parlamentarismo liberal, con fuerte peso de los poderes regionales.

Como ya se ha dicho, los atributos de estatidad no son capacidades que los Estados adquieren de un modo cronológicamente ordenado, sino históricamente variable (valga la obviedad). Un mismo atributo puede ser seriamente cuestionado aun habiéndose alcanzado tempranamente, al punto de poner en tela de juicio la existencia misma del Estado nacional. Como la soberanía, el ejercicio legítimo de los medios de coerción física no fue una capacidad monopólica que los Estados soberanos alcanzaron de una vez y para siempre. Ellos tuvieron que enfrentar los embates de intentos secesionistas, levantamientos de caudillos, rebeliones campesinas e incursiones indígenas. Y esto ocurrió incluso en los dos casos presentados como de temprana centralización del poder y monopolización de los medios de violencia física.

Aun con la característica de estabilidad señalada más arriba, la institucionalización temprana en Chile no alcanzó para ocultar ciertos conflictos que obligaron a marchas y contramarchas en el proceso. Es cierto que la clave del supuesto éxito estuvo dada por el ministro con plenos poderes Portales, quien aseguró un orden republicano y conservador sobre la base de un equilibrio inusual entre las frustraciones del poder económico de los terratenientes del Valle Central y las aspiraciones de las clases inferiores movilizadas con la independencia. La Constitución de 1833 plasmó ese equilibrio y terminó con los caudillos locales armados y con la militarización. Sin embargo, a partir de ese año, comenzó a esbozarse el mapa de una lucha interoligárquica entre los sectores conservadores tradicionales, dueños del poder, y los emergentes sectores dominantes de la minería en expansión en el norte del país. La presidencia de Manuel Montt (1851-1861) llevó adelante cierta liberalización de la República Portaliana, acción que propició el estallido de conflictos durante la segunda mitad del siglo XIX. La guerra civil se produjo en ocasión de la sucesión de Montt, pero tuvo señas particulares: liberales y conservadores acérrimos se aliaron contra la política del Gobierno, a sus ojos demasiado tibia. Así, los sectores dominantes rápidamente estabilizaron su poder. Sus intereses eran complementarios: los hacendados del Valle Central y los propietarios mineros del Norte tenían un objetivo común: la inserción en el mercado mundial. Los conflictos siguieron latentes y estos dos polos de poder fueron los que definieron buena parte de la historia del siglo XX chileno.

El proyecto portaliano, sostiene Joan del Alcàzar (1997: 93), fue una experiencia centralista dominada por el eje comercial Santiago-Valparaíso, con un ejército también centralizado, al tiempo que el Estado atenazaba el comercio exterior y los monopolios. La base social del orden portaliano se constituyó con “los ricos mercaderes-banqueros (chilenos y extranjeros) y sus asociados menores: los productores de trigo (hacendados) y los mineros (fundidores y habilitadores)”. Esta fue la plataforma sobre la cual “el movimiento político mercantil declamó su célebre discurso patriótico y moralizante”.

Para Salazar, Mancilla y Durán (1999: 35), el Estado formalizado en 1833 no era aún un Estado nacional. Fue, sí, el Estado de los mercaderes, con un poder central avasallante de los poderes locales (para ampliar y fortalecer el control mercantil de la circulación), al tiempo que el voto censatario negaba la ciudadanía a la masa popular, institucionalizando “la voluntad de una oligarquía casi en los mismos términos con que el Estado Imperial formalizó la voluntad del Rey. Pero no para unir como esta, sino para consolidar la división”. Se basó más en la voluntad oligárquica que en la legitimidad nacional, con la ficción de un espacio público de debate y legitimación que no era otra cosa que el “remedo elitista de lo que debió ser el espacio cívico común y federado de todas las comunidades locales”. En el fondo, como ya había advertido Julio Bañados en 1891, la Constitución de 1833 fue el resultado “del triunfo de un estado social contra otro estado social”. En otros términos: la oposición de dos propuestas de orden se resolvió a favor de la más reaccionaria.

Quizá por ser –como alguna vez lo definió Augusto Roa Bastos– “un agujero en el mapa”, Paraguay no suele ser invocado cuando se trata de tempranas instauraciones del orden. Sin embargo, fue allí donde el orden político poscolonial se estableció por primera vez en América Latina, aún antes que en Chile y Brasil, generando un largo período de estabilidad, aunque en un contexto de ausencia de institucionalización y, obviamente, a diferencia de esos dos países, sin Constitución (la primera de tipo liberal fue aprobada en 1870 y rigió hasta 1940, salvo un breve intervalo en 1936-1937). Empero, como lúcidamente ha observado Nidia Areces (2007: 57), el sistema impuesto por José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano logró “la estabilidad política a partir del peso del aparato estatal y la subordinación de los poderes regionales y locales al poder central”, poder este “de carácter personal y con capacidad de encarrilar organizativamente a la burocracia o administración pública y con ambos atributos sometieron a unas elites regionales incapaces de construir programa alguno” y/o “erigirse como fuerza de oposición”.

En muchos sentidos, Paraguay ha sido un caso singular en América Latina, tal vez por ello muy controvertido (161). En julio de 1810, un Congreso decidió acatar solo el Consejo de Regencia, el cual consideró “representante legítimo de Fernando VII”. Empero, casi un año después, el 22 de junio de 1811, el país se independizó al mismo tiempo –como escribió Juan Bautista Alberdi– de Madrid y de Buenos Aires. Como escribió José Carlos Chiaramonte (2004), Asunción fue el primer poder local que reivindicó la idea de la Confederación en el contexto de crisis de independencia, resistiendo así a la vocación centralista de la Junta de Buenos Aires. Paraguay, además, se negó a enviar representantes a la Asamblea General Constituyente de 1813, también organizada por el poder de Buenos Aires.

Cuando la Junta porteña envió una misión para sumar a Paraguay a la causa rupturista, se encontró con una respuesta negativa. Optó, entonces, por la vía militar, despachando un ejército, a cuyo frente estaba Belgrano, que fue rechazado por los paraguayos, vencedores en las batallas de Tacuarí y Paraguarí. Un corolario de esa intervención militar fue el pasaje activo de los estancieros devenidos jefes militares a la política. Poco después de aquellas batallas, el 14 y 15 de mayo de 1811, se produjo un movimiento encabezado por el capitán Pedro Juan Caballero, de resultas del cual se formó un Triunvirato integrado por el hasta entonces gobernador intendente Bernardo de Velasco, Juan Valeriano Zeballos y Rodríguez de Francia. En junio, Velasco fue desplazado del Gobierno y se constituyó una Junta de Gobierno compuesta por el teniente coronel Fulgencio Yegros (presidente), Rodríguez de Francia, Caballero y Francisco Xavier Bogarin (vocales) y Fernando de la Mora (vocal secretario). En el acta labrada el 22 de junio se dispuso que los componentes de la Junta,

para entrar al ejercicio de sus oficios, harán juramento ante escribano de no reconocer otro soberano que al señor D. Fernando VII, proceder fiel y legalmente en los cargos que se les confía, y sostener los derechos, libertad, defensa, e indemnidad de la misma provincia,

disposición que era, en buena medida, contrariada por las dispuestas en los artículos siguientes, lejos del ánimo fernandino. Así, la primera de “lo sexto” establecía:

mientras no se forme el congreso general, esta provincia se gobernará por sí misma; sin que la Exma. junta de Buenos Aires pueda disponer y ejercer jurisdicción sobre su forma de gobierno, régimen, administración ni otra alguna causa correspondiente a esta misma provincia.

Asimismo, “lo undécimo” ordenó:

Queda suspendido por ahora todo reconocimiento de las cortes, concejo de regencia, y que toda otra representación de la autoridad suprema o superior de la nación en esta provincia, hasta la suprema decisión del congreso general que se halla próximo a celebrarse en Buenos Aires (apud Miranda Bastida y Becerra, 2005: 77, 79 y 81) (162).

Se abrió luego un breve período de luchas facciosas, en el transcurso del cual, en octubre de 1813, se reunió un segundo Congreso, que dispuso confiar el Gobierno a un Consulado (a cargo de Yegros y Rodríguez de Francia) y cambiar la denominación “Provincia de Paraguay” por la de “República de Paraguay”. Al concluir ese ciclo, Rodríguez de Francia asumió el poder y lo ejerció, con el título de Dictador, primero (1814), y de Dictador Supremo Perpetuo, de inmediato (1816), durante 26 años, hasta su muerte en 1840. Inauguró, así, un rasgo de la cultura política paraguaya, el de largos gobiernos personales, autoritarios, cuando no dictatoriales: Carlos Antonio López gobernó 18 años (1844-1862); su hijo Francisco Solano, muerto en combate, 8 (1862-1870), igual que Higinio Morínigo (1940-1948). El último dictador, el autócrata Alfredo Stroessner, superó a todos: 35 años (1954-1989). Es decir, en 178 años –de 1811 (independencia) a 1989 (fin de la dictadura stronista)–, 95 fueron gobernados por esos cinco hombres.

Por otra parte, como ningún otro país de América Latina, Paraguay debió afrontar dos guerras internacionales traumáticas: la de la Triple Alianza (contra Argentina, Brasil y Uruguay, 1865-1870) –la mayor entre países latinoamericanos– y la del Chaco (contra Bolivia, 1932-1935), las cuales produjeron una brutal disminución de la población, sobre todo masculina adulta, y dos guerras civiles, en 1922-1923 y en 1947.

Tanto el Gobierno de Rodríguez de Francia como el de los López y la guerra contra la Triple Alianza han sido objeto de controversias entre los historiadores. Así, por ejemplo, el primero ha sido caracterizado de modos tan diferentes como “régimen democrático-revolucionario”, “dictadura nacional-revolucionaria”, “revolución desde arriba”, “jacobinismo para el pueblo”, “atenuado régimen feudal-patriarcal”, “socialismo estatal”, “capitalismo de Estado”, “despotismo progresivo”, “dictadura paternalista”, “dictadura estatal personalizada”, entre otros. Rodríguez de Francia fue objeto de atención de un contemporáneo célebre, el inglés Thomas Carlyle –autor de la teoría de los héroes como hacedores de las nacionalidades–, quien lo consideró el “único hombre de verdad” en el Paraguay de la época, amén de poseedor de una luz que, pese a ser “muy sulfurosa, muy mezquina y azulada […] iluminó al Paraguay lo mejor que pudo” (apud Di Tella, 2003: 9).

Pero no es solo la caracterización del largo régimen político paraguayo bajo Rodríguez de Francia y los López la que ha generado tantas y disímiles interpretaciones. También la de su economía. En efecto, la historia del Paraguay del Supremo difiere muy notoriamente de las demás experiencias poscoloniales de Latinoamérica, tanto en lo político como en lo económico. Las condiciones geográficas habían mantenido al Paraguay colonial en un notorio aislamiento, que Rodríguez de Francia acentuó, sin llegar a ser total. En buena medida, fue una respuesta a la política de los gobiernos de Buenos Aires, no solo reacios a admitir la independencia, sino también practicantes o tolerantes de acciones que impedían a Paraguay la libre navegación de los ríos Paraná y de la Plata, y obstaculizaban con procedimientos incluso ilegales el comercio del país. En ese contexto, no extraña la afirmación de la autosuficiencia de una economía productora de yerba mate y madera, controlada por el gobierno que, por otra parte, impulsó una cierta diversificación con la producción de tabaco, azúcar, cueros, trigo, maíz, papas, maní y legumbres (163).

El control gubernamental de la economía constituyó el núcleo duro de la dictadura del Supremo. Los grandes comerciantes, los terratenientes y los obrajeros fueron privados, confiscación mediante, de sus propiedades. El Gobierno se hizo cargo de los latifundios. Una parte de ellos fue convertida en las llamadas “Estancias de la Patria”, en las cuales se criaba ganado para la provisión de carne para la población (sobre todo, de los pobres) y el Ejército, y los cueros se destinaban a la exportación. Otra parte fue entregada, parcelada, a campesinos sin tierra propia. En las primeras, la administración estaba a cargo de capataces y era frecuente el empleo de fuerza de trabajo esclava (la esclavitud comenzó a ser abolida recién a partir de 1842). En 1824, la ley de reforma de regulares dispuso el cierre de conventos y casas de refugio, y pasó a propiedad pública todos los bienes de la Iglesia y de las distintas órdenes. Esta medida benefició a los campesinos dependientes de las tierras eclesiásticas, liberados así de las cargas tributarias impuestas. Las tierras ocupadas por los veintiún pueblos indígenas mantuvieron su tradición de cultivo colectivo. También conservaron la propiedad rural quienes no eran contrarios al régimen y tenían acreditados los títulos o certificados pertinentes.

En 1820, una conspiración de los antiguos grupos dominantes, de la cual formaron parte oficiales latifundistas –Yegros, Caballero y otros–, fue reprimida por el Gobierno, que encarceló a los complotados y confiscó sus bienes. Presos, siguieron conspirando y, al ser descubiertos, fueron, algunos de ellos, condenados a muerte y fusilados, y otros enviados a prisión. Quienes lograron escapar se refugiaron en Buenos Aires. Según Sergio Guerra Vilaboy (1981: 110-111), la primera conspiración tenía conexión con el Gobierno de Buenos Aires y la segunda con Francisco Ramírez, el caudillo de Entre Ríos, reciente tránsfuga del artiguismo. El resultado fue la depuración de “la administración, el Gobierno y los mandos militares”. Cabe señalar que, pese a la dureza de la represión en este caso, la dictadura de Francia no apeló en demasía a la muerte de sus enemigos, al menos en comparación con la violencia política existente en la América Latina poscolonial.

El régimen político se caracterizó por la concentración del poder en el dictador, quien se hizo cargo de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Los Cabildos fueron suprimidos y las únicas instancias más o menos representativas fueron los efímeros Congresos reunidos en 1813, que aprobó un reglamento de gobierno, y en 1816, que lo proclamó Dictador Supremo vitalicio, tras lo cual se disolvió.

La desaparición de los grupos dominantes de origen colonial no se tradujo en una promoción política de las clases populares. Como ha escrito Lynch (1991a: 308), ellas fueron espectadoras pasivas del ejercicio de la dictadura de Rodríguez de Francia, a quien llamaban Karaí Guazú (Gran Señor, en guaraní). Los escasos funcionarios gubernamentales cumplieron, de algún modo, el ejercicio de dominio que habían tenido los grupos tradicionales. Significativamente, como advirtieron algunos de los pocos viajeros europeos que pasaron por Paraguay, en el país no había necesidad de viajar armado, se dormía con las puertas abiertas, no existían ladrones, los eventuales casos de pillaje se castigaban severamente y los asesinos eran condenados a trabajar en obras públicas.

En julio de 1815, Francia nacionalizó la Iglesia, es decir, la desligó del Vaticano, y, poco después, expulsó del país al obispo Nicolás Videla del Pino. Un auto de 1820 dispuso la prestación obligatoria de un juramento de “adhesión decidida a la justa, santa y sagrada causa de la soberanía de la República” por parte de todos los aspirantes a ingresar en congregaciones, cofradías, hermandades u otras organizaciones religiosas. En septiembre de 1824, tres décadas antes que México, el Supremo ordenó la supresión de las comunidades religiosas y confiscó sus bienes, los cuales fueron transferidos al Gobierno. También se opuso a la edificación de nuevos templos, suprimió el Tribunal de la Inquisición, promulgó la libertad de creencias, ordenó esculpir el escudo paraguayo en el frontispicio de los edificios religiosos y, en 1830, privó a la Iglesia de la percepción del diezmo eclesiástico, si bien dispuso que los gastos del culto católico, incluyendo los ingresos de los curas, se sufragaran con fondos públicos (Pomer, 2008: 43-44).

Kossok (1989: 250-253) sostiene que el orden impuesto por Francia –un poder revolucionario ejercido de arriba abajo– fue la destrucción más amplia de las estructuras coloniales y combinó en una sola unidad la revolución política y la revolución social. Así, a su juicio, la dictadura personal del Supremo expresó “un régimen autoritario de carácter revolucionario cuya estructura socioeconómica y política se sometía en su totalidad al objetivo principal: la defensa consecuente de la independencia nacional [frente a las pretensiones de los gobiernos de Buenos Aires y Rio de Janeiro] y cuya base social la constituían las capas campesinas y pequeñoburguesas”. Sin embargo, como el propio Kossok señala, las masas populares no acometieron, a la muerte del Rodríguez de Francia, “acciones decisivas para defender las victorias sociales de la revolución”. Ateniéndonos a la definición marxiana-skocpoliana de “revolución”, es difícil caracterizar el régimen de Karaí Guazú como una revolución de carácter social, toda vez que está ausente un componente fundamental: las revueltas basadas en las clases, iniciadas desde abajo, como también un resultado o desenlace que altere radicalmente la estructura de la sociedad.

Para Juan Bautista Alberdi, el aislamiento político y económico al que fue sometido Paraguay desde 1811 era el resultado de la política de los gobiernos de Buenos Aires que, por añadidura, obligaron a Rodríguez de Francia a ejercer la dictadura para mantener el orden y la paz internos. Los intentos paraguayos de entablar relaciones comerciales directas con Inglaterra fueron bloqueados por Buenos Aires en 1814, 1825 y 1842. A partir de la proposición alberdiana, Milcíades Peña sostuvo que la clase dominante paraguaya, “integrada por medianos propietarios agrarios” se vio obligada “a levantar una economía defensiva, basada en el monopolio estatal de la propiedad del principal instrumento de producción –la tierra– y de la comercialización de los productos fundamentales de exportación, lo cual le permitió, pese a su pobreza en relación con Buenos Aires y pese a los tributos que el puerto único porteño le imponía, capitalizarse aceleradamente”. A pesar de la “dictadura estatal personalizada”, Paraguay “era un país democrático en este sentido: que frente al enorme poder del Estado –que no era un Estado parásito, sino ligado íntimamente a la producción y la comercialización de la producción– todas las clases eran relativamente débiles e iguales. Pero todo esto no era más que una reacción defensiva frente al monopolio portuario de Buenos Aires” (Peña, 1968: 50-51, itálicas del autor). También el historiador argentino León Pomer (2008: 43) entiende que el “encierro” de Paraguay fue “la única manera de crearle una sólida defensa” al país.

A la muerte del Supremo, en septiembre de 1840, se produjo una situación caótica, que se zanjó en enero de 1841 con la designación de un Consulado de dos miembros: Carlos Antonio López (un mestizo, abogado, al igual que Francia, de quien era sobrino y estuvo políticamente distanciado) y Mariano Roque Alonso (militar). En 1844 se aprobó la Ley que establece la Administración Política de la República del Paraguay, redactada y elevada al Congreso General por López, la cual estableció la división tripartita de los poderes. Hay quienes consideran esa Ley la primera Constitución del país. En virtud de su aplicación, el Congreso eligió a López como presidente de la República. Durante su largo gobierno el país experimentó algunas transformaciones limitadas en cuanto a su alcance, pero cualitativamente avanzadas, como la construcción del primer tramo del Ferrocarril Nacional, Asunción-Villa Rica, (en 1850, el segundo en América Latina, siguiendo al de Cuba, en 1837); la creación de una Marina Mercante pública, con barcos a vapor construidos en un astillero propio; la instalación de una fundición de hierro; el tendido del telégrafo y la expansión del Arsenal, productor de cañones y pertrechos navales. La flota fluvial y de ultramar llegó a contar con once barcos a vapor y unos cincuenta veleros. También se erigieron fábricas de loza, de pólvora, de papel y de tintas, además de explotarse el salitre, el azufre y las caleras. Las empresas eran de propiedad y capital estatal; la tecnología y los técnicos, extranjeros (británica y norteamericana, la primera; ingleses, y algún prusiano, los segundos). El algodón, del cual Paraguay se convirtió en un gran productor, beneficiándose del impacto en el mercado mundial de la Guerra de Secesión norteamericana, se utilizó para fabricar papel, producto también obtenido del caraguatá (ananá silvestre), utilizado asimismo para la confección de ropa interior y camisas (Pomer, 2008: 49 y 53).

Buena parte de esas obras fue el resultado de una misión diplomática realizada en 1853-1854 por el general Francisco Solano López, hijo del presidente, en Francia, España, Prusia, Piemonte-Cerdeña y, particularmente, el Reino Unido. En Londres se firmó un contrato con John & Alfred Blyth, una empresa de construcción naval e ingeniería, que proveyó productos y personal técnico (para capacitar a aprendices paraguayos) y convirtió a Paraguay en uno de sus principales clientes. Las compras incluyeron un barco de guerra a vapor y armamento. Francisco Solano López, además, entabló vínculos estrechos con la firma antes citada, la cual se convirtió en agente financiero de Paraguay, además de otros servicios (al menos hasta el bloqueo del Río de la Plata), y acordó con la casa bancaria Nathanael M. Rothschild & Sons que esta se encargase de la distribución de tabaco paraguayo en Europa. A partir de 1863, señala Moniz Bandeira (2006: 272), los negocios con esta firma se realizaron a través de Félix Egusquiza, agente comercial de Paraguay en Buenos Aires, quien despachaba el tabaco a Gran Bretaña, donde Rothschild & Sons lo vendía, y luego, con el dinero obtenido pagaba a Blyth las compras realizadas por orden de López.

La obra de gobierno de los López, desarrollada en veinticinco años, fue fuertemente objetada a fines de la década de 1960, particularmente, en razón de la consagración que de ella hiciera la historiografía liberal, sobre todo la argentina. Las nuevas hipótesis no solo renovaron la versión canónica sobre el gobierno de los López, sino también la de la guerra de la Triple Alianza, enfatizando el papel desempeñado por el Reino Unido. Dos de las nuevas explicaciones fueron formuladas por Peña (1968), quien, como señalamos, retomó buena parte de la argumentación de Alberdi –un contemporáneo de la guerra fuertemente opuesto a ella, al punto de ser considerado “traidor a la Patria”– y, sobre todo, Pomer (1968), autor de una obra consistente, bien argumentada. Poco antes que ellos, Atilio García Mellid, un historiador revisionista de derecha, había publicado Proceso a los falsificadores de la Historia del Paraguay (1964, 2 tomos), libro en el cual cuestionó fuertemente la versión tradicional y al que Pomer –desde una atalaya ideológica bien opuesta– cita con frecuencia. Más tarde, en 1975, Germán Tjarks publicó en Costa Rica “Nueva luz sobre el origen de la guerra de la Triple Alianza”, artículo basado en el archivo de Rufino de Elizalde, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Bartolomé Mitre, en el que prueba la responsabilidad del Gobierno argentino en la creación de excusas para declarar la guerra. La historiografía oficial había enjuiciado y condenado a Francisco Solano López, a quien imputó como el único responsable de la guerra, además de un déspota del pueblo paraguayo al cual fueron a liberar las tropas aliadas.

Todas las medidas modernizadoras impulsadas por Carlos A. López (el primer programa de modernización en América del Sur, dirigido por el ingeniero William Whitehead) no apuntaron tanto a un desarrollo capitalista autónomo –sin desdeñarlo– como a fortalecer el poderío militar paraguayo en el contexto de la profundización de las guerras civiles en la Confederación Argentina, Uruguay y Brasil. Las fuentes de financiamiento del notable esfuerzo (cuyos resultados se alcanzaron en el breve lapso de diez años) son otro motivo de controversia entre los historiadores. Según la síntesis de Lynch (1991a: 309), la realización del plan no se tradujo en dependencia del capital extranjero, pero tampoco tuvo continuidad (bien entendido, acotamos, que la derrota militar lo impidió). A su juicio, “se trató básicamente de contratos militares más que de una obra modernizadora en un sentido a largo plazo; se creó la nueva infraestructura con finalidad militar y no para impulsar el desarrollo”. Alfredo da Mota Menezes (1998: 45-47) admite que el proceso de industrialización pudo haber ayudado al país en otras direcciones, pero en tal caso se habría tratado de pequeños resultados que no hubieran opacado el objetivo central: la defensa del país. Una discusión seria sobre el tema exige aclarar algunas cuestiones claves tales como la disponibilidad y el origen de la tecnología y el capital necesarios para la industrialización, y la existencia de mercados (internos y externos) para colocar los productos. Puede admitirse que, en ausencia de una burguesía, el papel de esta haya sido asumido por el Estado, pero ¿cómo se constituyeron los proletarios y cuántos eran? De hecho, la estructura social del país no experimentó transformaciones significativas, lo cual prueba que no había desarrollo de relaciones de producción capitalistas; y algunos de los cambios constatables implicaron, sobre todo para los campesinos, una regresión.

Por otra parte, es bien significativo que el país no llevó adelante, siquiera, una industria textil de envergadura, sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad de algodón. Por el contrario, la política de López no difirió de la seguida por los demás gobiernos latinoamericanos: vender materia prima a Europa occidental, operación que permitía a los países de la región tener balanzas comerciales superavitarias. En ese sentido, es elocuente la lectura de los indicadores del comercio exterior: los tres principales productos importados por Paraguay eran tejidos de algodón, comestibles y tejidos de lana, en ese orden, la suma de los cuales alcanzaba el 71% de las importaciones. En contrapartida, los tres principales productos de exportación eran la yerba mate (abrumadoramente: 65%), el tabaco y los cueros secos, y no figuraba ningún producto industrial, según las cifras que consigna el propio Pomer (2008: 55; datos correspondientes a 1860).

Los estudios de Juan Carlos Herken Krauer (1984: 92-93) lo ratifican y amplían. “Las importaciones de alimentos y bebidas llegaron a representar más del 30% del valor de las importaciones registradas en la época de los López, en especial a fines de la década de 1850, cuando la expansión de rubros exportables –como el tabaco y posteriormente el algodón– reduce la disponibilidad de superficie cultivable para rubros alimenticios. Estas importaciones incluían por sobre todo partidas importantes de harina, maíz y papas”.

Herken Krauer (1995: 92) muestra que en el quinquenio 1854-1858 y en 1860 (no hay datos de 1859) los textiles (telas de algodón y lana, confecciones terminadas y otros artículos de vestimenta) fueron los productos importados en mayor cantidad: 75,5% en 1854, 78,3% en 1855, cayendo a 66% en el bienio siguiente y a 59% en 1860. En el trienio 1855-1856, los “artículos de ferretería e implementos de producción” representaron 5,5%, 5% y 7,1%, alcanzaron un pico de 7,7% en 1857, y se situaron en 6,7% en 1858 y 1860. Los alimentos y bebidas, en cambio, treparon a 12,8% en 1857 y de allí a 26,9 y 28% en 1858 y 1860, respectivamente.

En materia de exportaciones, la yerba mate ocupaba cómodamente el primer lugar (en valor): promedio de 35% en 1854-1855; de 45% en 1856 a 1858, y llegó a 64,3% en 1860. El tabaco, con valores oscilantes, fue el segundo producto exportado (excepto en 1854, año en que, con 18%, fue ligeramente superado por los cueros crudos). En 1856 y 1858 superó el 40%, cayó a 27% en 1859 y a 15,9% en 1860 (Herken Krauer, 1995: 91-92). Moniz Bandeira (2006: 273) acota que al Paraguay de López se le hizo cada vez más difícil financiar su expansión económica solo con las exportaciones de yerba y, en menor medida, de tabaco y maderas. El intento de ampliar las exportaciones de yerba a Francia y Prusia –es decir, de fomentar la bebida del mate en ambos mercados– no dio los resultados esperados. Así, se acentuó la necesidad de recurrir a empréstitos externos, en particular para tender líneas férreas que unieran el río Paraguay con Bolivia a través del Gran Chaco, iniciativa que también fracasó. A juicio de este autor, con guerra o sin ella, López ya pensaba en el financiamiento externo. Es claro que los límites estructurales internos no le dejaban mucho margen. “La integración del Paraguay a la economía capitalista, iniciada en tiempos de López, se completaría, tarde o temprano, en función de las propias exigencias internas de acumulación de capital, sin la necesidad de otra guerra, que destruiría, como destruyó, las potencialidades del mercado y de sus fuerzas productivas” (Moniz Bandeira, 2006: 272).

En 1849, cuando el cultivo de algodón todavía no estaba extendido, López padre destacó su importancia como producto de exportación, una proposición que no contemplaba su industrialización local:

El algodón es otra producción que debe formar un artículo importante de exportación. El algodón paraguayo tiene las tres condiciones que los fabricantes exigen del algodón: largo, fino y fuerte (apud Pomer, 2008: 58).

Empero, trece años más tarde, añade Pomer, el viajero francés Alfred Du Graty constataba que su cultivo se limitaba “a unas pocas plantas que cada familia planta para sus necesidades”.

Como se aprecia, cuesta admitir que el país vivía un proceso de industrialización, salvo, claro, en lo vinculado a la defensa nacional. La importación de alimentos y textiles, productos para cuya elaboración el país contaba con las materias primas necesarias, es un indicador de una elocuencia incuestionable.

En cumplimiento de una disposición del Congreso, de 1844, se llevó adelante una política de inmigración europea, dirigida y financiada por el Gobierno, con el objeto –según los considerandos de un decreto de mayo de 1856 por el cual se aprobaba el contrato firmado en Francia por Francisco Solano López en ocasión de su misión diplomática de

promover y fomentar la introducción de inmigrados y colonos agricultores, con el propósito de acelerar el aumento de la población y de mejorar la agricultura.

En virtud de ello, en 1855 llegaron al país cuatrocientos inmigrantes franceses (parte de un contingente mayor). Se trataba de una política que simultáneamente también impulsaban los gobiernos de la Confederación Argentina, con notable éxito, y de Uruguay. El proyecto de López fracasó, más por razones de política internacional que de gestión interna. El presidente paraguayo se alineó, en la ocasión, con Francia, potencia que, bajo Napoleón Bonaparte III, se encontraba inmersa en un proceso de expansión colonialista (con énfasis en el sudeste asiático), chocando con el Reino Unido a nivel mundial y, en América, también con Estados Unidos. Los británicos no podían tolerar “una vasta colonización francesa en el Paraguay como la que se tenía proyectada”, sobre todo después de los problemas que les había generado la colonia de vascos franceses en Uruguay, mientras que el Gobierno norteamericano proyectaba (en el sentido psicoanalítico) en Paraguay su propia experiencia en Florida y Texas. Allí, el Gobierno mexicano de López de Santa Anna había abierto –con los mismos principios que Carlos A. López– la colonización de Texas a ciudadanos norteamericanos, que terminaron declarándose independientes de México y anexados a Estados Unidos. Es decir, el Gobierno norteamericano evaluó como posibilidad que la colonia agrícola francesa en Paraguay terminase siendo parte del imperio francés (Pastore, 1972: 133-146).

El gobierno de López fomentó también la educación mediante el establecimiento de la enseñanza gratuita y obligatoria. Para hacerla efectiva se crearon más de 300 escuelas, se enviaron becarios a Europa y se estimuló el desarrollo cultural y la formación técnica utilizando a los profesionales europeos. Se instalaron imprentas y se editó el primer periódico, El Paraguayo Independiente, cuyo objetivo principal fue sostener la posición del país frente a pretensiones argentinas. En materia política, se concedió la ciudadanía a los indígenas. En el plano simbólico, se creó el Himno Nacional. En materia organizativa del Gobierno, se reorganizó el aparato burocrático, al cual se dotó de mayor presupuesto. Se inició una política de apertura al mercado mundial mediante acuerdos comerciales con Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, política favorecida por la caída de Rosas en la Confederación Argentina y la subsiguiente liberación de la navegación de los ríos interiores. Si bien esa apertura no tuvo la misma magnitud que en otros países, provocó perjuicios a la producción local e incrementó el costo de vida de las clases populares, situación notoria en el caso de los textiles de algodón.

López introdujo una transformación sustancial en la política de tierras, dando un giro a la de Rodríguez de Francia. La primera medida fue dispuesta en marzo de 1842 por un decreto del Consulado. Allí se estableció una limitación a los derechos de propiedad de la tierra y a la explotación ganadera, que fueron reducidos a los “nativos capaces de muchos servicios y de buen comportamiento”. Como bien señaló Pastore (1972: 114), el decreto clasificó a la población en dos tipos de individuos a los efectos de ser propietarios de tierra y ganado: los que eran “capaces de muchos servicios” y tenían “buen comportamiento” y los que no lo eran por no tener ni unos ni otro. El decreto introdujo una “fuente inagotable de abusos e injusticias” –con origen en la determinación de tales cualidades– pero, en rigor, su objetivo fundamental era preparar las condiciones para disponer de abundante fuerza de trabajo para los yerbatales y obrajes, y para la ganadería de cara a las “perspectivas de un comercio exterior floreciente y las apremiantes necesidades” financieras de las arcas gubernamentales. Así, los nativos incapaces para ser propietarios de tierras bien servirían como trabajadores, al tiempo que sus tierras permitirían una próspera ganadería gubernamental. Ese fue el objetivo de la ley de noviembre de 1842.

El Gobierno enajenó una limitada cantidad de tierras públicas, tanto por necesidades financieras como por las ideas del presidente al respecto. La generalización del arrendamiento de tierras fiscales a particulares proporcionó al Gobierno una renta segura, sin dejar de mantener la propiedad de la tierra, según Pastore, su “principal instrumento político”.

Un decreto de enero de 1846 dispuso la propiedad pública de las plantas de yerba mate y de las maderas empleadas para la construcción naval. “Los yerbales [fundamentó el decreto] son producciones espontáneas de la naturaleza, que no están en el dominio privado, ni son fruto de trabajo alguno individual” (apud Pastore, 1972: 123). La inclusión de las maderas para construcciones navales –un recurso estratégico en la época– era una clara medida de defensa de la soberanía y el territorio, en un contexto marcado por la renuencia de los gobiernos de los países vecinos a reconocer la independencia de Paraguay. El decreto, además, acentuaba el entredicho con el Gobierno de la Confederación Argentina, cuyos habitantes preferían la yerba mate paraguaya antes que la brasileña, al tiempo que la reparación de embarcaciones para la navegación fluvial requería de la maderas paraguayas. La prensa y los consumidores e importadores de Buenos Aires fundaban su rechazo del decreto con las mismas razones con que López lo promulgó: al ser los yerbatales producto de la naturaleza, el gobierno paraguayo no podía trabar su explotación y consumo.

Otro decreto, de octubre de 1848, terminó de definir el proceso de propiedad pública de la totalidad de las fuentes principales de riqueza. Por él, los grandes derrotados fueron los pueblos guaraníes. Invocando –en el Considerando–

[q]ue no es compatible con el presente estado de la República ni el funesto y ruinoso régimen de comunidad, que reprobaban hasta los mismos interesados en perpetuarlo, ni el sistema de libertad discurrido precisamente para apurar el sufrimiento de los naturales (apud Pastore, 1972: 120).

El decreto declaró propiedad pública los bienes, derechos y acciones de los veintiún pueblos indígenas, despojando de sus tierras y ganados a “los nativos y mestizos no asimilados, que constituían la gran mayoría –en muchos de ellos la totalidad– de las población de los pueblos y partidos” de Paraguay (Pastore, 1972: 128). El despojo fue complementado con la desaparición de las instituciones populares comunales. El decreto sentó las bases para la promulgación y aplicación de las leyes de 1883-1885 de venta de tierras públicas, y así se completó la apropiación de los recursos de los pueblos originarios.

A modo de compensación, el decreto de 1848, que fue ratificado por el Congreso en 1849, confirmaba la condición de ciudadanos de “los indios naturales de los veintiún pueblos de la República”, los eximía del pago del diezmo, de los derechos parroquiales, de la pensión anual y del impuesto a los arrendamientos de tierras públicas por el lapso de tres años. También les mantenía el derecho de radicarse en otros pueblos o partidos (previa autorización de autoridad competente) y la posibilidad de ingresar en la carrera militar.

Salvo la posibilidad de acceder a la carrera de las armas (y con ella a una eventual movilidad social ascendente), el decreto hizo tabula rasa con derechos que los indígenas tenían desde la dominación colonial. En efecto, señala Pastore (1972: 130-131), el reconocimiento de la ciudadanía solo era aplicable a los varones de los veintiún pueblos, mas no a los que vivían en los otros cuarenta y ocho grupos “de nativos y mestizos no asimilados a la población dominante”, los cuales continuarían en relaciones de servidumbre. Las exenciones impositivas fueron una clara demostración de la voluntad gubernamental de no redimir a los campesinos de sus cargas, incrementadas por tener que pagar arrendamiento para trabajar las tierras de las cuales habían sido privados. La disposición de permiso de la autoridad para desplazarse de un lugar a otro, limitante del derecho de circulación, también fue un retroceso respecto de la legislación colonial (164).

El régimen político paraguayo durante el gobierno de López –que un contemporáneo llamó “despotismo regularizado” y Pastore, casi un siglo después, “Estado mercantilista”– continuó la tradición autoritaria, logró mantener la integridad territorial y la soberanía del país, y avanzó ligeramente en el proceso de construcción de un orden regulado por aparatos estatales más desarrollados que los existentes durante la larga dictadura de Rodríguez de Francia (165).

La Ley de 1844 estableció un régimen formalmente regulado por un mínimo de normas, pero, en la práctica, López gobernó sin contrapesos institucionales: el Congreso debía reunirse solo cada cinco años y el Poder Judicial, encargado de la aplicación de las leyes y de velar por la justicia, tenía limitada su acción por un artículo del Título VI que establecía que el presidente era “juez privativo de las causas reservadas en el estatuto de la administración de justicia”. Este Título le permitía al mismo magistrado asumir facultades extraordinarias en caso de invasión, conmoción interna y el ambiguo de “cuantas veces fuese preciso para conservar el orden y la tranquilidad pública de la República”. La necesidad, en estas circunstancias, era definida y decidida por el propio presidente.

En materia de derechos y garantías individuales –dentro de los cuales no se menciona la libertad– estableció la igualdad ante la ley, que debía favorecer indistintamente “al poderoso [y] al miserable”, ambos con derecho a exponer y ver atendidas sus demandas; en contrapartida, impuso la censura previa a la prensa.

A su muerte, en 1862, Carlos A. López fue sucedido por su hijo mayor, Francisco Solano López, vicepresidente, a quien él mismo había designado, de conformidad con una autorización previa del Congreso para elegir a su sucesor. Se trató de un fenómeno curioso, sin similitud con otros casos latinoamericanos, de “caudillismo hereditario”, como la caracterizó Lynch (1991a: 310).

Para el nuevo gobernante, un objetivo principal era superar el relativo aislamiento en el que se encontraba el país. Para ello, concertó un empréstito de £50.000 con la casa londinense de John & Alfred Blyth en 1862. Un segundo empréstito, por £5.000.000, con el propósito invocado de construir un ferrocarril a Bolivia, intentó concertarse sin éxito en 1865 (Menezes, 1998: 50). La ley que autorizó al Poder Ejecutivo a concertar este empréstito dispuso “afectar en garantía del pago de los intereses y de las amortizaciones […] las rentas del Estado provenientes del beneficio y del comercio de la yerba mate y del arrendamiento de las tierras del fisco” (Pastore, 1972: 147). Una segunda medida avanzó en la consecución del objetivo aperturista: la escrituración de tierras públicas (campos y bosques) en favor de Elisa Alicia Lynch, mujer del presidente. La venta se hizo efectiva entre 1865 y enero de 1870, invocándose la condición de Lynch de ciudadana inglesa con hijos paraguayos y su intención de contribuir, mediante el dinero de la operación, al financiamiento de la guerra. Más importante que el abuso de poder fue la consecuencia –sin duda, un efecto no querido– de esa venta dispuesta por el mariscal López: constituyó “el primer paso en la liquidación del rico patrimonio territorial del fisco”, el retorno a la propiedad privada de la tierra. Cuando el proceso avanzó, los beneficiarios fueron, mayoritariamente, capitalistas extranjeros (Pastore, 1972: 148-156; el entrecomillado en pág. 155).

Un aspecto clave para la estrategia de una mayor vinculación con el mercado mundial radicaba en el carácter mediterráneo de Paraguay, cuya vía de articulación con el exterior pasaba por la posibilidad de la libre navegación –internacionalización– de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y de la Plata, vía fluvial controlada por Buenos Aires, cuyas autoridades fueron siempre reacias a admitirla. Pero allí jugaba fuertemente la apetencia del Imperio brasileño, que tenía, según Francisco Doratioto (2004: 451), tres objetivos: 1) conseguir la libre navegación del río Paraguay para lograr la comunicación marítimo-fluvial de la provincia de Mato Grosso con las demás de Brasil; 2) firmar un tratado para delimitar claramente la frontera entre ambos países, un procedimiento para consagrar, con instrumentos del derecho internacional, la efectiva expansión territorial de Brasil sobre territorios originariamente asignados por el Vaticano a España, política que, como hemos visto, tenía por entonces una larga historia, y 3) contener la influencia argentina sobre Paraguay y, particularmente, frenar lo que el Imperio consideraba la pretensión del Gobierno de Buenos Aires de constituir un Estado argentino que abarcara el territorio original del Virreinato del Río de la Plata.

La búsqueda de la ruptura de la condición mediterránea y el acceso directo al mercado mundial explica el interés de López hijo en la construcción de navíos propios, explícitamente dirigida al logro de ese objetivo. Al respecto, conviene prestar atención a la acotación formulada por Ciro F. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli (1979: II, 91-92): “Solo una marina nacional, subvencionada o controlada por el Estado, podía enfrentar fletes prohibitivos como los que imponía la larga ruta fluvial de acceso al Paraguay”.

A su vez, López pretendía lograr y mantener un equilibrio político entre los países de la cuenca del Plata, un modo de afirmar la soberanía paraguaya y contener las políticas expansivas de argentinos y brasileños que, al menos entre sectores liberales de uno y otro país, no dejaban de tener coincidencias, aun en el marco de intenciones y orientaciones diferentes cuando no conflictivas entre sí. Claro es que la pretensión de López, en este plano, no podía menos que conducir a un fortalecimiento del poder militar y, por extensión, a una militarización del país. Como veremos más adelante, la política paraguaya se entremezcló intrincadamente con la de sus vecinos en una trama inconsútil que llevó a la guerra.

En definitiva, la presidencia de Francisco Solano López estuvo signada, más allá de cualquier otro hecho, por la guerra contra la Triple Alianza. El desenlace de esta –terrible para el país– terminó con el gobierno del mariscal y con la excepcional experiencia del Paraguay poscolonial. “La versión paraguaya de desarrollo […] fue un desperdicio de esfuerzos, dinero y vidas. Si probó algo, probó que era imposible crear una Prusia en América del Sur” (Lynch, 1991a: 312-313).

Entre los procesos de formación estatal bajo la forma de una revolución pasiva dependiente se encuentra México. En 1853, Antonio López de Santa Anna volvió a la presidencia convocado por los conservadores, ejerció el poder dictatorialmente, abolió derechos y garantías, y exigió el tratamiento de “Su Alteza Serenísima”, entre otras medidas. El 1º de marzo de 1854, los liberales, encabezados por Florencio Villarreal, Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado y José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos, apoyados por los campesinos, se sublevaron contra el dictador en Ayutla. El Plan aprobado perseguía la destitución de Santa Anna, tras la cual se nombraría un presidente interino (Álvarez) y se convocaría a un Congreso Constituyente (la Constitución de 1824 había sido derogada por Santa Anna). Otros liberales exiliados, entre ellos Benito Juárez y Melchor Ocampo, se sumaron a la rebelión. El dictador dispuso drásticas medidas para contrarrestarla, incluyendo la pena de muerte para todo quien tuviese un ejemplar del Plan de Ayutla, y casi triplicó el presupuesto estatal, lo cual llevó al fuerte incremento de las cargas impositivas y el retorno de la alcabala (166). La leva (incorporación forzada al Ejército), los saqueos y los incendios de los poblados adheridos al Plan; el destierro y la pena de muerte para los opositores; el espionaje, la apropiación de las propiedades de los rebeldes y otras acciones del dictador minaron su apoyo, particularmente entre sectores de la burguesía y del campesinado pobre, golpeado por las exacciones tributarias. Pero Santa Anna también apeló a la demagogia, ejercida notablemente en ocasión de las fiestas y las celebraciones patrióticas y religiosas.

Persiguiendo legitimar su Gobierno, el dictador convocó a un plebiscito refrendatorio de su gestión, pero este fue un fraude, pues los partidarios de su dimisión fueron enjuiciados y encarcelados. El 1º de febrero de 1855 decretó su permanencia en la presidencia invocando la manifestación de la nación en tal sentido. Pero todo fue en vano. El formidable avance de los liberales fue reforzado y ampliado cuando los exiliados en Estados Unidos, con Juárez al frente, se sumaron al frente militar. El país vivió entonces una guerra civil, en el curso de la cual se gestaron posiciones que se harían manifiestas años después, particularmente la postura de los grandes propietarios conservadores, nada dispuestos a colaborar económicamente con el dictador, a quien consideraban incapaz, y muy desconfiados de los liberales por los apoyos campesinos del Ejército Restaurador de la Libertad. Esos conservadores no encontraron mejor política que volver a la monarquía, base de la posterior aventura de Maximiliano de Austria.

Finalmente, la ofensiva liberal llegó a la capital del país en agosto de 1855. El dictador abandonó su cargo y se exilió hasta 1874, año en el cual retornó al país, donde murió dos años después. Tras la caída del dictador, en un escenario de desconcierto, los conservadores reaccionaron rápidamente. Con total falacia, declararon su adhesión al Plan de Ayutla y, conforme uno de los puntos de este, formaron una Junta de Representantes que nombró a Martín Carrera presidente interino. No obstante, la maniobra duró menos de un mes. El avance del Ejército liberal provocó el desbande del conservador y, el 1º de octubre, aquel ocupó Cuernavaca, en las proximidades de la capital, donde se designó una nueva Junta de Representantes. El general Juan Álvarez fue designado presidente interino, cargo que ejerció solo durante dos meses, pues renunció en diciembre. En su lugar fue elegido el general Ignacio Comonfort, ministro de Guerra de su antecesor.

En su breve gestión, Álvarez tomó dos decisiones fundamentales: convocó al Congreso Constituyente y abolió los fueros militar y eclesiástico, y así declaró a todos los ciudadanos iguales ante la ley (la llamada Ley Juárez, por el apellido de su impulsor, el ministro de Justicia).

El nuevo presidente continuó la política de reformas, particularmente mediante las Leyes Lerdo (junio de 1856) e Iglesias (abril de 1857). La Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México –conocida como Ley Lerdo, por ser Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda de Juárez, su redactor– era un instrumento para reactivar la economía, dotar al Estado de mejores y mayores recursos financieros, y favorecer el desarrollo de relaciones de producción capitalistas. Atacó el núcleo duro del poder económico de la rica Iglesia mexicana, y la privó incluso de la adquisición futura de bienes inmuebles (art. 25), con excepción de los estrictamente destinados al ejercicio del culto (art. 8). La ley estableció la desamortización de los bienes inmuebles urbanos y rurales, propiedad de las varias corporaciones y asociaciones religiosas (civiles y eclesiásticas) existentes, fuesen ellas perpetuas o transitorias. Específicamente, se aludía a “todas las comunidades religiosas de ambos sexos [es decir, de curas y de monjas], cofradías, archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y en general todas aquellas asociaciones” que tuvieran “una duración perpetua o indefinida” (art. 3). Tales bienes debían adjudicarse “en propiedad a los que las tienen arrendadas por el valor correspondiente a la renta” que pagaban en ese momento, “calculada como rédito al seis por ciento anual” (art. 1), beneficio que también regía para los que tenían censo enfitéutico. En cuanto a las fincas, urbanas y rurales, no arrendadas al momento de la promulgación de la ley, serían adjudicadas al mejor postor en subasta pública (art. 5).

La Ley Lerdo no expropió ni mucho menos confiscó las propiedades eclesiásticas. Alguien ha dicho que se trató, en rigor, de una venta forzosa, ya que los nuevos propietarios debían pagar el canon correspondiente a los antiguos dueños. Por otra parte, como han señalado muchos autores, la ley permitió la formación de nuevos grandes latifundios, concentración de la propiedad de la tierra, resultado contrario al pretendido objetivo de crear un régimen agrario de pequeños propietarios. Aquí, como en otros países, es posible constatar que, como ha escrito Ciro Cardoso (1984: 62; itálicas del autor), “las intenciones de los líderes liberales no siempre coincidieron con los resultados efectivos de la Reforma”.

A su vez, la Ley de Obvenciones Parroquiales, conocida como Ley Iglesias, por ser redactada por José María Iglesias, ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública de Comonfort, reguló el cobro de derechos parroquiales, exoneró de pagarlos a quienes carecían de recursos suficientes (la ley los llama explícitamente pobres y menesterosos) y estableció sanciones a los inobservantes de la norma. Esos derechos eran los que debían abonarse por servicios religiosos como nacimientos, bautismos, matrimonios, sepelios, amén de los referidos a “prestación de servicio personal, tasaciones, concordias, alcancías y hermandades destinadas á satisfacer en algunos pueblos, minerales y haciendas, las referidas obvenciones”, según establecía el artículo 10.

Las Leyes Juárez, Lerdo e Iglesias fueron las tres primeras de las llamadas “Leyes de Reforma”, cuya culminación se alcanzó, mediante la promulgación de otras cinco más radicales en 1859 y 1860. Estas fueron, en buena medida, corolario de la llamada “Guerra de Reforma” o “de los Tres Años”. El preludio del conflicto fue la aprobación, en febrero de 1857, de una nueva Constitución caracterizada por su contenido liberal –si bien no tan radical como pretendían los llamados “puros”, que debieron resignar algunos principios, como el de la libertad de cultos. El primer artículo establecía que “[e]l pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. De allí que en artículos posteriores se declararan abolidas la esclavitud (art. 2) y los trabajos personales sin la justa retribución y sin el pleno consentimiento de los prestadores de tales trabajos (art. 5); se afirmaran las libertades de expresión, de petición, de enseñanza (antidogmática); se prohibieran las penas por mutilación, azotes y tormentos de cualquier índole. Fueron desconocidos los fueros a personas e instituciones y los tribunales especiales (ratificando la Ley Juárez) y declarados nulos los títulos nobiliarios. La pena de muerte fue abolida para los delitos políticos y quedó reservada a los traidores a la patria en tiempo de guerra, salteadores de caminos, incendiarios parricidas y homicidas con el agravante de alevosía, premeditación o ventaja, y para los casos de delitos graves del orden militar y la piratería (art. 23). Fue prohibida a perpetuidad la celebración de tratados para la extradición de reos políticos (art. 15); se permitió la libre portación de armas (art. 10), y las alcabalas y aduanas interiores fueron derogadas.

El artículo 27 dispuso, en su segunda parte: “Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”. Fue la base para la Ley Lerdo, ya señalada.

Según la Constitución, la soberanía nacional residía esencial y originariamente en el pueblo, del cual dimanaba todo poder público, instituido para su beneficio. Al pueblo se le reconocía “en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (art. 39). Se dispuso que la voluntad del pueblo mexicano era la de “constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios” de la misma Constitución (art. 40). Los Poderes del Estado eran los ya clásicos del mundo contemporáneo: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con prohibición de “reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo” (art. 50).

Un mes después de promulgada la Constitución, la Iglesia Católica amenazó con la excomunión de todos aquellos que la juraran, y así cuestionó la disposición incluida al final del texto que ordenaba ser “jurada con la mayor solemnidad en toda la República”. La poderosa y reaccionaria corporación no estaba dispuesta a aceptar el recorte de sus privilegios (167). Contaba con apoyos importantes, de modo que había bases para un conflicto de envergadura.

En aplicación de las disposiciones constitucionales se procedió a elegir al presidente de la República, elección que recayó en el general Comonfort, quien pretendió llevar adelante una gestión conciliadora, para lo cual designó un gabinete integrado por liberales y conservadores. No estaban dadas las condiciones para una conciliación tal. En diciembre de 1857, el general conservador Félix María Zuloaga proclamó el Plan de Tacuyaba, un documento según el cual “la mayoría de los pueblos no ha quedado satisfecha con la Carta fundamental que le dieran sus mandatarios, porque ella no ha sabido hermanar el progreso con el orden y la libertad, y porque la oscuridad en muchas de sus disposiciones ha sido el germen de la guerra civil”. En tanto, añadían los sediciosos, “la fuerza armada no debe sostener lo que la Nación no quiere, y sí ser el apoyo y la defensa de la voluntad pública, bien expresada ya de todas maneras”. Se declaró el cese de la Constitución, manteniendo en el cargo a Comonfort “con facultades omnímodas, para pacificar la nación” y convocar a una nueva Asamblea Constituyente encargada de “formar una Constitución que sea conforme con la voluntad nacional, y garantice los verdaderos intereses de los pueblos”. Las autoridades que no adhirieran al plan serían cesadas.

Comonfort adhirió al Plan de Tacuyaba, avalando así el golpe, mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se opuso, razón por la cual el primero ordenó que lo apresaran. Empero, el general no terminaba de romper con los liberales, ni menos aun de convencer a los conservadores, y finalmente fue depuesto (y se exilió en Estados Unidos) por estos, quienes proclamaron a Zuloaga General en Jefe del Ejército Regenerador, en tanto hombre decidido a “salvar a la Patria”, conservar la religión y restablecer el orden, entre otras virtudes que se le asignaron. En una situación de crisis, Juárez, a quien Comonfort liberó, se hizo cargo, conforme la Constitución, de la presidencia del país, en carácter interino, en enero de 1858. Los conservadores, apoyados por la Iglesia, lo desconocieron y así comenzó la guerra civil. Se trató de una situación de soberanía múltiple: por un lado, el gobierno conservador de Zuloaga, con sede en la ciudad de México; por el otro, el liberal de Juárez, radicado en Veracruz.

Juárez –un indígena zapoteca– radicalizó las posiciones liberales mediante nuevas leyes de reforma, dirigidas contra una Iglesia decididamente enrolada en el conservadurismo y en la posición de no subordinarse al poder civil. La primera de esta nueva serie fue la de nacionalización de los bienes eclesiásticos y separación de la Iglesia y el Estado (julio de 1859). Complementaba y profundizaba la Ley Lerdo, y establecía que todos los bienes bajo tutela del clero regular y secular pasaban a ser propiedad de la Nación. También dispuso el fin de la existencia de todas las órdenes religiosas, lo que permitió el ejercicio del ministerio solo a quienes se adhirieran al clero secular. La ley también arremetió contra los conventos de monjas, a los cuales únicamente se los autorizó disponer de las rentas que percibiesen solo lo suficiente para atender los gastos de las celebraciones religiosas, previa aprobación de los presupuestos de gastos por la autoridad civil local. En cuanto al excedente y a las dotes de las monjas que fallecieran intestadas, pasarían al Tesoro Nacional.

Las otras leyes que complementaron las de Reforma fueron las de matrimonio civil, Orgánica del Registro Civil, secularización de cementerios, exclaustración de monjas y frailes y de libertad de cultos. Así, se invalidaron los matrimonios religiosos y se declararon legales solo los concertados como un contrato civil con el Estado. El control del movimiento demográfico por nacimientos y muertes también fue transferido al Estado, al igual que los sepultamientos de los fallecidos. Los claustros y conventos fueron prohibidos, y las monjas y los frailes que los habitaban, expulsados de ellos. La ley de libertad de cultos (1860) concretó el anhelo truncado en 1857: permitía a cada quien elegir y profesar la religión que desease, si bien tal ejercicio quedaba confinado a los ámbitos privados o de culto, pues todas las ceremonias religiosas fuera de las iglesias y los templos quedaron prohibidas. Asimismo, se reglamentaron los días festivos y se dispuso la abstención de la presencia oficial en las ceremonias religiosas.

La guerra entre liberales y conservadores comenzó a definirse a partir del importante apoyo político y material brindado a Juárez y los liberales parte del Gobierno norteamericano. El 1º de enero de 1861, las tropas liberales entraron triunfalmente en la ciudad de México.

Cabe señalar que, si bien los dos primeros presidentes tras el derrocamiento de Santa Anna –Álvarez y Comonfort– fueron militares, con el triunfo de la llamada revolución de Ayutla llegó al Gobierno una nueva promoción de políticos, mayoritariamente civiles, entre los cuales, además de Juárez, se contaban Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada (el primero fue ministro de Comomfort y de Juárez, mientras que el segundo, de prolífica actuación, llegó a ser presidente de la República), Melchor Ocampo (varios años ministro de Relaciones Exteriores), Guillermo Prieto (varias veces ministro y diputado federal) e Ignacio Ramírez (periodista, liberal radical, fuerte opositor de la Iglesia y notable defensor de los indígenas).

El período de lo que en México se llama “la Reforma” (1855-1867) fue un tiempo cargado de violencia, una situación de guerra civil que enfrentó entre sí a mexicanos, conservadores, unos, liberales, otros: terminó en guerra de liberación nacional al resistir los liberales el connubio entre los conservadores y los invasores colonialistas franceses (ocupación y guerra que veremos más adelante, en este mismo capítulo). En el ínterin, hubo dos notables situaciones de soberanía múltiple, en las cuales los gobiernos liberales –en rigor, los de Juárez– compitieron por el control del poder y la soberanía con los gobiernos conservadores primero y con la Regencia y el Imperio de Maximiliano, luego. Confrontaron, pues, con un exacerbado nivel de conflictividad, dos propuestas de orden radicalmente antagónicas y excluyentes. La plena recuperación de la República, en 1867, ratificó el liderazgo de Juárez, quien ejerció la presidencia hasta su muerte en 1872. Su sucesor fue Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876).

En la hipótesis de Cardoso (1984: 61-63), la Reforma reordenó profundamente la estructura económica del país con el objeto de favorecer los intereses de los sectores más dinámicos de las clases propietarias interesados en pasar a una producción en gran escala de productos de exportación. Fue también “un proceso sui géneris de acumulación originaria” en el cual la burguesía acumuló capital y medios de producción mediante la “expropiación y nueva apropiación de los bienes eclesiásticos y comunales”, y de creación o ampliación de un mercado de fuerza de trabajo a través de la separación de los trabajadores de los medios de producción, sin que ello implicase una rápida generalización de un proletariado asalariado. En el contexto mexicano, este proceso no solo necesitaba libertad e igualdad de derechos para los trabajadores, sino que hacía posible avanzar manteniendo relaciones sociales heredadas del antiguo régimen.

Cardoso añade que la clase triunfante al cabo del conflicto fue una burguesía consciente de la aceptación de su condición de mera productora de productos primarios exportables, al tiempo que los intereses industriales perdieron el peso y la protección que de algún modo habían tenido hasta entonces.

América Central y Ecuador constituyen otros dos casos en los que los levantamientos de caudillos estuvieron de algún modo atravesados por los intereses de la Iglesia Católica. En los pequeños países de América Central, todavía más que en México, dominaron los rasgos señoriales heredados de España y las divisiones étnicas entre una minoría blanca y una extensa masa de indígenas. Salvo en el caso de Guatemala, donde la liberalización surgió junto a la economía del café hacia 1880, en El Salvador (en menor medida), Honduras y Nicaragua, la modernización fue muy lenta. Todo el siglo XIX estuvo marcado por la lucha entre liberales y conservadores, una lucha en la que el poder clerical tomó parte activa. Pero a diferencia de México, en Centroamérica, el fin de las guerras entre caudillos se dio a través de una “solución militar”, con la excepción de Costa Rica, claro está, donde tempranamente el poder civil subordinó al poder militar.

En Ecuador, el poder armado de la Iglesia se expresó, como en otros países, en la lucha entre caudillos liberales y conservadores. Durante el siglo XIX, se sucedieron gobiernos fuertemente centralistas y autoritarios: el liberal de Vicente Rocafuerte (1835-1839), el conservador de Gabriel García Moreno (1860-1865 y 1869-1975) y el liberal radical de Eloy Alfaro (1895-1901 y 1906-1911). Obviamente, la Iglesia se alineó con el conservadurismo, que alcanzó su expresión más férrea con el Gobierno de García Moreno. Este le otorgó el monopolio de la educación y la cultura a través de dos documentos: el Concordato suscrito por Pío IX en 1862 y la Constitución de 1869, que subordinaba el poder del Estado al poder de la Iglesia.

Los levantamientos de caudillos fueron también la nota en otros espacios (168). En Uruguay, los conflictos armados surgieron inmediatamente después de la declaración de la independencia y tuvieron efectos devastadores. El más largo fue el conocido como “Guerra Grande” (1839-1851), pero hubo luego otros más breves que enfrentaron a los jefes de los dos bandos: el Colorado y el Blanco (169). En 1863, el conflicto fue iniciado por los colorados; en 1870-1872 y en 1897-1898, por los blancos; y el último, en 1903-1904, en el que el caudillo blanco Aparicio Saravia fue derrotado por el ejército leal al presidente colorado José Batlle y Ordoñez. Si bien fueron los militares los encargados de llevar adelante el primer impulso modernizador –presidencias de Lorenzo Latorre (1876-1880), Máximo Santos (1882-1886) y Máximo Tajes (1886-1890)–, la militarización del poder político, un rasgo compartido por otros países, no tuvo en Uruguay proyección en el largo plazo. Las vicisitudes de las guerras de caudillos habían inclinado la balanza a favor del Gobierno central (colorados) que, con Batlle a la cabeza, lograron afianzar su influencia sobre las incipientes Fuerzas Armadas. Esto, sumado al hecho de que Uruguay contó desde temprano con una clase de políticos de profesión, educados en el contexto de la acelerada e intensa urbanización de Montevideo, hizo posible el predominio del poder civil sobre el poder militar y el papel predominante de los partidos tradicionales –la partidocracia– en el proceso de desarrollo de las capacidades del Estado. Desde entonces, la política uruguaya es una política de partidos (170).

En contraste, en Argentina, la monopolización de los medios de coerción en manos del Estado fue una experiencia mucho más sangrienta. Los ejércitos estaban muy poco profesionalizados. Aunque lo mismo puede decirse de Brasil, en la República del Plata, el poder militar estaba altamente politizado y fue este un factor que retardó el proceso.

En Brasil, la Guardia Nacional desapareció recién en 1922 y, en general, cumplió el rol que le fue asignado en el momento de su creación (en 1831): guardar el orden interno, alternativa a un Ejército imperial incapaz de abarcar el vasto territorio nacional. La Guardia Nacional brasileña fue uno de los elementos de continuidad entre el orden colonial y el independiente. Durante la colonia se crearon las compañías de ordenanzas, institución de clase que intervenía en situaciones conflictivas como fuerza militar auxiliar, constituida por civiles socialmente subalternos. De manera permanente, esos hombres trabajaban, a su vez, en servicios como la apertura, el mantenimiento y la reparación de carreteras. Así, la institución era intermediaria entre el poder público y el poder privado de los grandes propietarios. En 1831, el Imperio las incorporó a la Guardia Nacional, terminaron siendo instrumento de dominación política controlada por el poder central y, por ende, garante de la unidad interna. La Guardia, “bastión tradicional de los propietarios de tierras y de otros poderosos locales”, experimentó un cambio en ocasión de la guerra contra Paraguay, cuando efectivos de ella fueron transferidos al frente, lo cual generó tensiones entre el poder central y varios provinciales, entre ellos los de Rio de Janeiro (Izecksohn, 2004; la frase entrecomillada en pág. 124).

En Argentina, donde solo brevemente hubo algo más o menos similar a un cuerpo controlado centralmente, las milicias locales constituyeron el brazo armado de los poderes provinciales y, en muchos casos, su grado de politización fue tal que hasta llegaron a imponer condiciones a esos poderes. Las guerras fueron frecuentes y los partidos de notables tuvieron una participación casi nula en el proceso de centralización del poder, al menos hasta la década de 1860. No solo el militarismo sino también el personalismo fueron los rasgos predominantes: Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza, caudillos finalmente enfrentados, son ejemplos elocuentes. Después de la reunificación de la República, los presidentes Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), Nicolás Avellaneda (1874-1880) y exponencialmente Julio A. Roca (1889-1886) fueron los nombres de la unidad nacional, alcanzada mediante un acuerdo o alianza que reunió a los burgueses terratenientes bonaerenses, los agroindustriales tucumanos y los administradores de poder cordobeses (171). En ese período, que la historiografía liberal tradicional ha caracterizado como “de organización nacional” –y nosotros definimos como revolución pasiva dependiente–, se reunieron los hasta entonces dispersos fragmentos de la estructura de poder interna de la sociedad argentina, para decirlo con la categoría de Carrera Damas. Los triunfadores pudieron definir, así, un proyecto nacional explícito destinado a marcar fuertemente a la sociedad, incluso más allá de su vigencia temporal.

Las acciones decisivas en pos de un ejército nacional se iniciaron bajo la presidencia de Mitre y apuntaban a organizar de manera centralizada la defensa nacional, proyecto que en cierto sentido se interrumpió y demoró a raíz de la guerra contra Paraguay. Inicialmente, se trató de reunir bajo la forma de una única fuerza a los efectivos de la Guardia Nacional bonaerense y a otros provenientes del antiguo Ejército de línea de carácter permanente. La guerra de la Triple Alianza elevó el número de efectivos, que disminuyeron hacia 1884. Adicionalmente, la guerra dejó una importante capacitación profesional. En sus comienzos, este Ejército con aspiraciones de nacional coexistió con las Guardias Nacionales de cada provincia, que obedecían a los grupos dominantes locales y que durante las décadas de 1860 y 1870 fueron protagonistas de los alzamientos provinciales contra un poder que se hacía cada vez menos federal y más centralista. Las milicias locales desaparecieron en la década de 1880, años emblemáticos por la federalización de Buenos Aires y el inicio de una fase de estabilidad convertida en “edad de oro” de la historia argentina. En opinión de Hélgio Trindade (1986: 150), “el ejército tradicional argentino –profesionalizado, regionalizado y politizado prematuramente– fue un factor que retardó el proceso de construcción del Estado”, pero en la década de 1880 fue un aliado decisivo del Gobierno nacional y se convirtió en pieza clave para la estabilidad y consolidación del proceso de unificación y centralización políticas.

En Paraguay, el poder de las milicias también fue amplio, pero las luchas fueron menos sangrientas. El control interno se logró en razón de un poder altamente centralizado en el Ejército y de una articulación muy directa de este con el jefe del Estado, singularmente con Rodríguez de Francia. Como en Uruguay, el poder del Ejército cedió ante el poder político; en Paraguay incluso antes, con la Guerra de la Triple Alianza. No obstante, el Ejército siguió siendo un sujeto clave. En efecto, en el último tercio del siglo XIX, los partidos cobraron protagonismo en la formación del Estado en estrecha relación con los militares, lo cual explica muchos de los acontecimientos del siglo siguiente, especialmente la identidad Estado, Partido Colorado, Fuerzas Armadas, expresión paradigmática de la dictadura de Stroessner.

Venezuela y Colombia también se caracterizan por la existencia de levantamientos de caudillos, en ambos casos imponiendo un orden conservador, a diferencia de las tendencias liberales que dominaron en Uruguay y Argentina. Aunque la distinción tajante entre liberales y conservadores no es la más adecuada para el análisis de los procesos latinoamericanos, lo cierto es que hacia mediados del siglo XIX hubo “partidos” liberales y conservadores en casi toda la región. Las soluciones más declaradamente liberales tuvieron peso en Argentina, Uruguay, Brasil y México. Y no lo tuvieron en Venezuela, Colombia, Perú y Chile. La discusión sobre la historicidad del liberalismo y el conservadurismo latinoamericanos ha sido hartamente desarrollada, y aún hoy es objeto de debates. En general, hay coincidencia en señalar que la línea de corte más nítida entre los detentadores de una y otra posición es el lugar asignado a la Iglesia: cuestión que divide aguas en el siglo XIX, pero no es significativa en el siglo XIX, a lo largo del cual los partidos tradicionales mantuvieron el mote liberal o conservador, inscribiéndose en un sistema de partidos moderno en el que esas divisas fueron más históricas que ideológicas.

Hacia mediados del siglo XIX, Venezuela transitó una modernización económica y una liberalización política que eventualmente permitió dejar atrás las guerras civiles entre caudillos, singularmente aquellas desatadas y encabezadas por el caudillo José Antonio Páez (1830-1848). El enfrentamiento entre proyectos liberales y conservadores también aquí fue largo y, si bien hubo fases de unificación de las clases dominantes, la mayoría de las veces esto ocurrió sin una verdadera reconciliación. La unidad fue definitiva con Antonio Guzmán Blanco en 1870 (quien gobernó casi ininterrumpidamente hasta 1887), después de que el país atravesara sangrientos conflictos y efímeros intentos de centralización del poder: el “asalto al Congreso” en 1848; su virtual solución con la Constitución de 1858; la Guerra Federal de 1859-1863; el Decreto de Garantías y la Constitución de 1864; el Gobierno de la Federación (1865-1868); la conservadora Revolución Azul de 1868 (encabezada por el general José Tadeo Mónagas, primer presidente liberal), y finalmente la Revolución de Abril de 1870, que encumbró a Guzmán Blanco en el poder. Este caudillo liberal tenía claro que la realización del proyecto nacional o de la modernización del país requería la decidida participación de una clase dominante unida. Pero incluso esta unidad fue insuficiente para someter a los bandidos rurales y caudillos, que se resistieron a engrosar las filas de un Ejército pretendidamente central. Tanto fue así que Guzmán Blanco fue depuesto por una Revolución Restauradora frente a la cual no tuvo ninguna fuerza militar regular con la cual responder satisfactoriamente. Desde entonces, Venezuela comenzó un proceso de monopolización de los medios de coerción, consolidado con el gobierno de Juan Vicente Gómez, “el caudillo de los caudillos” (1909-1935).

Carrera Damas (1986: 150) ha demostrado que, tras la canalización de los conflictos con las clases dominadas y la última secuela de las querellas en el interior de las clases dominantes –la Revolución Azul–, el triunfo de la Revolución de Abril, dos años más tarde, y con él “el advenimiento franco e incontestado de Antonio Guzmán Blanco al poder”, fue posible la “resolución” de la contradicción interna de la clase dominante, que recuperó la unidad rota en la década de 1840. En ese sentido, la Guerra Federal, por su duración e intensidad, constituyó el punto cúlmine del proceso de búsqueda de un nuevo orden político y social. Sus resultados políticos fueron “el comienzo de la cristalización de los fragmentos de la estructura de poder interna de la sociedad, en el marco del proyecto nacional definitivamente formulado” (Carrera Damas, 2000: 64).

En Colombia, la centralización del poder estuvo demorada por la ruptura casi absoluta con las instituciones heredadas de la colonia. Como los países del Río de la Plata, los de la Gran Colombia enfrentaron una misma situación de degradación del poder y tuvieron que reconstruir no solo las bases institucionales sino las bases territoriales mismas, sometidas a continuos desmembramientos y delimitaciones durante las luchas de independencia. A esto se suma la ausencia de un polo productivo que amalgamase la extensión y fragmentación territorial. Como en Ecuador, en Colombia, la Iglesia actuó como columna vertebral del Partido Conservador, y con ello de la formación del Estado. Ella opuso firme resistencia durante el largo período de dominación liberal, hasta que finalmente recuperó posiciones con la denominada Regeneración (1878-1898), en la que se destacaron el liberal Rafael Núñez y el conservador Miguel Antonio Caro. El proyecto político de unidad nacional de La Regeneración abarcaba el estrechamiento de los lazos entre el Estado y la Iglesia Católica. Tras la guerra civil de 1895 y la Guerra de los Mil Días (1899-1902), el poder conservador se afianzó.

Al igual que México, Colombia fue un país donde los liberales realizaron transformaciones estructurales, políticas e ideológicas muy significativas, aunque, a la postre, menos duraderas que las de los mexicanos. Después de la disolución de la Gran Colombia, la novel República de Nueva Granada tuvo sucesivos gobiernos efímeros, hasta que el general Francisco de Paula Santander asumió la presidencia, durante cuyo ejercicio (1833-1837) debió enfrentar una conspiración militar que reprimió severamente. Santander impulsó el establecimiento de manufacturas en Bogotá –de loza, textiles, jabones, productos químicos e incluso una fundición de hierro– y concedió privilegios de exclusividad por 20 e incluso 25 años, aunque la mayoría de ellas no logró desarrollarse, pese a contar con tarifas ligeramente proteccionistas. También fomentó la educación pública y creó el Museo Nacional para agrupar a los escasos investigadores en ciencias naturales que tenía el país.

Santander no tuvo éxito en imponer como sucesor a su candidato, el general José María Obando. El elegido fue el jurista José Ignacio de Márquez, un moderado. Se produjo entonces una situación de tensión entre los antiguos generales y los llamados “ministeriales”, que culminó en una guerra civil iniciada a fines de 1838 a partir de la sublevación de varios caudillos militares conocidos como “los Jefes Supremos”. El motivo pretextado para iniciarla fue la ejecución de una medida pospuesta desde su adopción en 1821: el cierre de conventos con menos de ocho religiosos –considerados antifuncionales– y la posterior destinación de los edificios y bienes a la educación. Invocando el ultraje a la religión católica, el clero del sur del país, más ligado a la jerarquía eclesiástica y al Gobierno de Ecuador, logró la movilización popular en esa región. En reacción a la decisión gubernamental de no ponerlo al frente de la represión del movimiento, el general Obando satisfizo sus deseos de liderazgo encabezando, justamente, a los sublevados. Fue esta la llamada “Guerra de los Supremos” y también “de los Conventos”: “Caudillos militares supérstites de la Independencia, los ‘Supremos’ de cada región, no satisfechos en sus aspiraciones por el poder central, se levantaron en guerra y la mantuvieron durante tres años a nombre de la religión ultrajada” (Tirado Mejía, 1992: 368), lo que dejó a su fin un “país empobrecido y devastado” (Jaramillo Uribe, 1987: 36). Acciones posteriores sugieren que la lucha era solo por el poder: en otras guerras, años después, algunos de ellos, como el general Obando, serían considerados enemigos de la religión.

A Márquez le siguió el Gobierno de otro general, Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), también moderado, aunque su gestión fue notoriamente conservadora, y en él descolló el ministro de Educación Pública, Mariano Ospina Rodríguez, impulsor del regreso de los jesuitas (concretado en 1844), de la enseñanza técnica y de estrictas normas disciplinarias. En 1842 se aprobó una nueva Constitución, que establecía un régimen centralista y presidencialista. En esos años comenzaron a definirse las corrientes políticas que darían forma a los partidos Liberal y Conservador, y con ellos al más que secular bipartidismo característico del sistema político colombiano.

El presidente siguiente (1845-1849), el general Tomás Cipriano de Mosquera, un aristócrata de Popayán y “típico caudillo salido de la guerra”, según el historiador Jaime Jaramillo Uribe, fue un conservador modernizador, positivista, obsesionado por las grandes vías de comunicación –fluviales y ferroviarias– y por la “formación de una clase dirigente técnica en la cual los ingenieros tuvieran un papel dirigente”. Comenzó la construcción del ferrocarril en Panamá (por entonces, recuérdese, jurisdicción neogranadina), normalizó la navegación a vapor por el río Magdalena, modificó el sistema monetario y dispuso la adopción del sistema métrico de pesos y medidas. Creó el Colegio Militar (orientado a la ingeniería) y contrató a científicos europeos para la enseñanza e impulso de las ciencias naturales. No obstante, esta tímida modernización no alcanzó a modificar significativamente la estructura social y económica del país. El limitado comercio internacional –básicamente con el Reino Unido y en menor escala con Estados Unidos– consistía en la exportación de oro y algunos pocos productos agroganaderos (tabaco, algodón, cueros) y en la importación de textiles, quincallería, mercería y pocas mercancías de lujo para el consumo de los ricos urbanos.

El heterogéneo colectivo social dominante estaba constituido por terratenientes, comerciantes, antiguos funcionarios coloniales, letrados y militares que luego fueron importantes jefes políticos a raíz de sus campañas en la guerra de independencia (Jaramillo Uribe, 1987: 37). Ninguna clase o fracción de ella tenía fuerza suficiente para imponerse sobre la(s) otra(s), de ahí la constitución de “una alianza inestable a nivel del Estado, en la cual el grupo terrateniente logró la preservación del statu quo y el sector comerciante el libre comercio” (Tirado Mejía, 1992: 336).

Los gobiernos de las décadas de 1830 y 1840 oscilaron entre un cierto grado de proteccionismo (gobiernos de Santander y Márquez) y la apertura al mercado mundial. El proyecto industrialista y la defensa de la producción tradicional, crecientemente amenazada por la similar británica, no lograron el objetivo, al tiempo que el fortalecimiento de los comerciantes “y la penetración de los capitales extranjeros crearon las condiciones para el predominio del liberalismo económico en la segunda mitad del siglo” (Jaramillo Uribe, 1987: 38).

Al promediar el siglo, Nueva Granada, con una población superior a 2.000.000 de habitantes, mantenía una estructura social similar a la colonial, con la diferencia de estar entonces políticamente polarizada entre dos formaciones en vías de organización como partidos –el Liberal (1848) y el Conservador (1849)– con bases sociales más o menos claras. Jaramillo Uribe (1987: 39-40) sostiene que las diferencias ideológicas no estaban aun bien definidas y que ninguno de los dos partidos expresaba “intereses de clases sociales homogéneos”. En cambio, Tirado Mejía (1992: 339-343) entiende que, tal como lo había advertido Ospina Rodríguez, los granadinos de entonces no estaban divididos por razones políticas sino sociales. Ambos partidos estaban de acuerdo sobre ciertas formas de gobierno –República, Presidencia, Parlamento–, pero esa coincidencia escondía “un conflicto de clases en plena ebullición”. Los comerciantes perseguían la ampliación del mercado, el desarrollo del comercio, la abolición de los aranceles fiscales proteccionistas, el establecimiento de un mercado de fuerza de trabajo libre –de allí el abolicionismo de la esclavitud y la liquidación de los resguardos–, el fin de los monopolios de producción –caso del estanco del tabaco, concretado en 1848– y colocar las propiedades de la Iglesia en el mercado de tierras. Los artesanos, influenciados por el socialismo romántico y atentos a la defensa de sus intereses, también bregaron por la causa de esclavos e indígenas, que constituían aproximadamente la mitad de la población, pero carecían de expresión y representación políticas, es decir, de derechos de ciudadanía. Ese heterogéneo colectivo social se identificaba preferentemente con el Partido Liberal y, por ende, con una política y un programa de reformas estructurales. En frente, los sectores tradicionalmente privilegiados tuvieron, respecto de ese programa, posturas variadas, pues algunas medidas afectaban intereses económicos –caso de los terratenientes esclavistas– mientras “otras no ofrecían contradicción con sus oponentes y otras les convenían”. No todos los conservadores eran terratenientes y esclavistas, ni viceversa, pues entre los liberales no eran extraños los grandes propietarios de tierras.

Como en otros lugares de América Latina, ambos partidos tenían coincidencias fundamentales: defendían la propiedad privada y la apertura al mercado mundial, en el cual procuraban insertarse como productores de materias primas. Propiciaban el latifundio y la política de transferencia de tierras de propiedad pública a manos privadas. Las diferencias y los fuertes enconos –no de orden material sino ideológico– se centraban en materia religiosa y educativa. Los liberales bregaban por la libertad de cultos; la separación de la Iglesia y el Estado; la expulsión de los jesuitas; el desafuero eclesiástico; la educación laica; la reducción del poder económico de la Iglesia y las diferentes órdenes y congregaciones; la no intromisión eclesial en la política; la amplia libertad de expresión (oral y escrita); la sustitución del ejército de caudillos por una milicia de ciudadanos; la abolición de la esclavitud; el sufragio universal, directo y secreto; el progreso. Los conservadores se ubicaban en posiciones simétricamente opuestas, enfatizando el papel de la religión como basamento del orden social y defendiendo las tradiciones. Jaramillo Uribe (1987: 40) señala que, pese al carácter policlasista de ambos partidos, es comprensible que “los grupos emergentes y no privilegiados –nuevos comerciantes (‘germen de una clase burguesa’), artesanos y aun los residuos de las antiguas ‘castas’”– se adhirieran al Partido Liberal, mientras que los terratenientes, los antiguos comerciantes, los esclavistas y el clero –“las más antiguas y tradicionales familias depositarias de viejas preeminencias sociales y políticas”– se sumaran al Conservador.

Ospina Rodríguez –coautor con José Eusebio Caro del programa conservador de 1849– fue explícito en la definición de su partido:

Los conservadores forman un partido sosegado y reflexivo que estima en más los resultados de la experiencia que las conclusiones especulativas de la teoría; es esencialmente práctico y, por consiguiente, poco o nada dispuesto a los arranques de entusiasmo, si no es contra los excesos del crimen y de la maldad (apud Tirado Mejía, 1992: 337).

Como en otras partes de América Latina, los conservadores se presentaban como partidarios del orden –aquí enmascarado con las expresiones “sosegado” y “reflexivo”–, y sus oponentes no eran propulsores de otro orden sino del desorden, asociado a planteos meramente teórico-especulativos y arranques de entusiasmo.

En ese contexto se produjo la elección del sucesor de Mosquera. Ninguno de los candidatos presentados obtuvo los votos necesarios para la consagración, razón por la cual la decisión debió ser tomada por el Congreso. Esta se produjo en una coyuntura de fuertes movilizaciones de los artesanos de Bogotá (albañiles, carpinteros, plateros, sastres) que, organizados en las Sociedades Democráticas, comenzaron a intervenir en las luchas políticas y sociales. Lo hicieron alineados con los liberales, apoyando decididamente al candidato presidencial de estos, el general José Hilario López, quien fue finalmente el elegido por el Congreso. Con su mandato (1849-1853) comenzó el período llamado “de la hegemonía liberal” (o, mejor, “de las reformas liberales”), extendido hasta 1885, aunque con un especial paréntesis de seis años, cubiertos por dos gobiernos civiles de transición: el bipartidista de Manuel María Mallarino (1855-1857) y el de su sucesor, Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861), como se ha visto, un conservador que hizo suyas varias propuestas liberales. A pesar de la denominación historiográfica, las tres décadas y media de predominio liberal no fueron años de ejercicio de la hegemonía, en el sentido gramsciano del término. En ese lapso, el país vivió cinco guerras civiles: 1851, 1854, 1859-1862, 1876-1877 y 1885-1886.

Según Tirado Mejía (1992: 368), fue en la guerra civil de 1851 cuando el enfrentamiento político se dio claramente entre liberales y conservadores. En cambio, añade, la de 1854 fue la más claramente clasista del siglo XIX. Esta se produjo en pleno desarrollo del proyecto liberal, el cual incluía la liquidación de los resguardos y ejidos, y la adopción del libre cambio, lo cual conllevaba la derogación de la política arancelaria proteccionista. Esta medida impactó fuertemente en los artesanos, base popular de los liberales, y llevó a un fraccionamiento del partido: de un lado se alinearon los comerciantes, abogados y tribunos –llamados cachacos, por su vestimenta a la europea–, librecambistas, y del otro los hombres de las clases populares, los artesanos entre ellos –conocidos como guaches, por su posición social y el uso de la típica ruana–, defensores del proteccionismo. La primera de estas fracciones era la de los gólgotas; la segunda, la de los draconianos. A este conflicto de intereses, que desembocó en conflicto de clases, se sumó la reacción de los oficiales licenciados del Ejército por la aplicación de la política de reforma del Estado fundada en el predominio civilista, posición coherente con la simultánea ofensiva contra la otra fuerza organizada, la del clero. Bien dice Tirado Mejía (1992: 369): los liberales buscaban un culto barato y una milicia igualmente barata pero eficaz. En el seno de la fuerza militar, el conflicto se originó en la reacción de los altos mandos –veteranos de las guerras de independencia–, algunos de los cuales (Mosqueras, Caicedo, Herranes, por caso) eran poseedores de fortunas personales, y el grado militar era un “complemento para la conservación del poder político”. En cambio, los oficiales de extracción popular, muchos de ellos también veteranos de las guerras de independencia (como el general José María Melo), tenían como única ocupación y posibilidad de subsistencia su condición militar. “Cuando la situación se caldeó y los artesanos se organizaron con otros sectores populares para exigir los aranceles de protección, la situación de clase se hizo palpable en la milicia y el ejército se dividió”. Veremos poco más adelante las consecuencias.

Durante la presidencia de López, los jesuitas –que, como vimos, habían retornado en 1844– fueron expulsados del país nuevamente. Se declaró libre el cultivo del tabaco, se suprimió el impuesto sobre la hacienda, se descentralizaron las rentas públicas, se estableció la redención de censos (hecho decisivo para un mercado libre de la propiedad agraria), se abolió la esclavitud (medida que produjo la reacción armada de terratenientes y esclavistas del Cauca, encabezados por el general poeta Julio Arboleda), se derogó la obligación de la enseñanza religiosa en las escuelas, se separó la Iglesia del Estado, se prohibió el cobro de contribuciones destinadas al culto religioso. Poco después, en 1855, dejó de haber religión oficial, se estableció la obligatoriedad del matrimonio civil y el divorcio.

La descentralización de las rentas públicas fue una medida de suma importancia, no exenta de ambigüedad. Por un lado, en la medida en que empujaba hacia la liberalización de la economía, destruía el andamiaje tributario del Estado colonial. Por el otro, privaba al nuevo Estado de recursos fundamentales. La ley transfería a las provincias muchos impuestos antes percibidos por el Gobierno central –aguardientes, diezmos, quintos, derechos de fundición, peajes, hipotecas y registros, derechos de sello y título–, al tiempo que las autorizaba a mantener y/o suprimir los que considerasen convenientes. Otra ley autorizó a las cámaras provinciales el poder de disponer la división y el reparto de los resguardos. Para contrarrestar la pérdida de los ingresos transferidos a las provincias, se estableció la contribución directa como instrumento de financiamiento del Estado central. Es decir: se suprimieron las trabas a la circulación, se fortalecieron los poderes regionales y, al mismo tiempo, se debilitó el poder central, particularmente el Ejecutivo.

Empero, como ha señalado Tirado Mejía (1992: 345-347), “[e]l nuevo proyecto estatal era coherente. Tras del aparente debilitamiento del Estado, de su ‘cuasi desaparición’, lo que se daba era la sustitución de funciones, el cambio de ciertas instituciones”, de modo tal de adecuarlas a la división internacional del trabajo y, por lo tanto, a los intereses de las nuevas clases. El Estado colonial tenía, mediante el virrey y la Real Audiencia, imperium sobre un territorio unificado que producía un excedente económico destinado a la metrópoli. Esa concentración de poder se fracturó con la independencia: desapareció la base burocrática del Estado, dejó de haber “un poder real unificador de la explotación”, y ese vacío no fue ocupado por una clase social de alcance nacional, homogénea y cohesionada, sino por un archipiélago de clases dominantes y explotadoras de alcance meramente regional, espacialidad que mostraba diferentes formas de explotación: plantaciones esclavistas, producción de manufacturas, bienes de la Iglesia o ausencia de ellos para expropiar, etc. El orden poscolonial se fundó en la eliminación de las bases de sustentación del tradicional círculo socioeconómico cerrado y centralista, típico del orden precedente, y en la “adecuación estatal a los intereses de los sectores dominantes regionales”. El debilitamiento del Poder Ejecutivo y el fortalecimiento del Legislativo –expresión formal “de la representación popular de ciudadanos iguales frente al poder jerárquico presidencial”– permitió a los diferentes poderes regionales –oligárquicos– “disponer del patrimonio nacional”.

Institucionalmente, el nuevo orden fue legitimado mediante una reforma de la Constitución en 1853, legitimación fortalecida por una nueva reforma, diez años después. Ambas Constituciones, catalogadas como ultraliberales, fueron respuesta, según Tirado Mejía, al “temor producido por dos caudillos militares, José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera”. De allí, la merma de funciones del presidente y una organización del poder político formalmente centralizada, pero con provincias facultadas para darse su propia Constitución. La elección del presidente, el vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación, los gobernadores provinciales y los senadores y representantes, tanto nacionales como provinciales, sería por sufragio universal masculino (para mayores de 21 años) directo. También se ratificaron la abolición de la esclavitud y la separación de la Iglesia y el Estado.

La Carta fue el resultado de la convergencia de liberales gólgotas y conservadores, quienes coincidían en el temor a Obando y en la necesidad de disminuir el poder presidencial. El general, que llegó al Gobierno con apoyo popular, debió sancionar y acatar la Constitución, quedando en una posición clara entre quienes lo sostenían y quienes lo cuestionaban. Empero, su postura fue vacilante y llevó al general Melo a dirigir un golpe de Estado, el 17 de abril de 1854, que contó con apoyo popular (sobre todo de los artesanos y sus Sociedades Democráticas) y de oficiales profesionales. De hecho, conforme la interpretación de Tirado Mejía, la reacción de los militares golpistas se produjo contra la reducción del número de oficiales, so pretexto de civilismo y democracia, pero en los hechos, se intentaba prescindir de los servicios de los oficiales de origen popular, el propio Melo entre ellos. Los golpistas triunfaron, pero su Gobierno fue breve. Los generales Herrán, Herrera, López y Mosquera se pusieron al frente de ejércitos particulares que marcharon hacia Bogotá desde los cuatro puntos cardinales y, con 14.000 hombres, se impusieron a las fuerzas de Obando y lo desalojaron de la presidencia.

Tirado Mejía (1992: 370-371) ha destacado muy certeramente la importancia de ese hecho. Por un lado, la ausencia de control de la violencia considerada legítima por parte del Estado. Ejércitos particulares de hasta 14.000 hombres no eran un dato irrelevante. Por añadidura, sus respectivas comandancias mostraban un inequívoco carácter clasista, lo cual “borró las barreras doctrinales” que los habían separado y enfrentado en tiempos recientes. Por otro lado, la experiencia resaltó la convicción civilista de reducir el número de efectivos militares. Fue el gobierno de Mallarino el que llevó a cabo la tarea de cuasi extinción del Ejército central, una medida tomada, además, para permitir el federalismo y, constitucionalmente, permitir la dominación oligárquica a escala regional.

La Constitución de 1853, pese a sentar las bases del nuevo orden político, no rigió mucho tiempo. En 1858, bajo la presidencia del conservador Ospina Rodríguez y con un Congreso mayoritariamente de igual tendencia, se aprobó una reforma, ya claramente federalista, con amplio poder soberano retenido por los ocho estados, facultando al Ejecutivo nacional la atención de cuestiones de orden público, legislación penal, moneda y relaciones exteriores. El país pasó a denominarse “Confederación Granadina” y mantuvo el sufragio universal masculino, la absoluta libertad de imprenta y la separación entre el Estado y la Iglesia. Decididamente, se avanzó en la dirección de la primacía de los poderes regionales. Así, el artículo 8 dispuso que todos los objetos no atribuidos por la Constitución a los poderes de la Confederación fueran de competencia estadual.

Como su predecesora, también ella tuvo una vigencia breve. En 1859, el general Mosquera, a la sazón gobernador del estado de Cauca (el mayor del país), se levantó en armas contra el poder central, proclamándose supremo dictador y a favor de la secesión de su estado de la Confederación. Fue apoyado por otros estados. La cruenta guerra civil terminó, como era predecible, con el triunfo de los ejércitos estaduales sobre el reducido de la Confederación. Mosquera –integrante de una familia acendradamente católica, con un arzobispo y dos presidentes en su historia (172)- era hombre del conservadurismo y, como tal, había perdido las elecciones presidenciales frente a Ospina y al liberal Manuel Murillo Toro. Cambió entonces de bando y, ahora liberal, se alzó contra el gobierno de Ospina. Ya presidente, tomó la crucial decisión de proceder a la desamortización de los bienes de la Iglesia y también de promover una nueva reforma constitucional. Así, en 1863, se reunió, en la ciudad de Rionegro y bajo el lema “Federación y Libertad”, una Convención Constituyente que concluyó aprobando la tercera Carta en una década. Fue la más extrema expresión del liberalismo. El país mudó de nombre otra vez y pasó a denominarse “Estados Unidos de Colombia”, organizados políticamente bajo la forma federal y con cuotas de soberanía estadual muy amplias (incluyendo la posesión de ejército propio), tanto que el Estado central únicamente retuvo el manejo de las relaciones exteriores y unas pocas facultades vigentes sólo en caso de guerra exterior. Por añadidura, el mandato presidencial fue reducido a dos años. Por el artículo 19, el Estado central quedó inhibido de hacer la guerra a los “Estados Soberanos”, disposición completada en 1867 con dos leyes aún más restrictivas. Según la primera de ellas, el Gobierno de la Unión reconocía a los estados miembro la facultad constitucional “para mantener en tiempo de paz la fuerza pública que juzguen conveniente”, mientras que la segunda mandaba al Gobierno central a observar la más estricta neutralidad en los casos en los cuales se produjeran, en los estados, acciones tendientes a derrocar a sus gobiernos. Bien dice Tirado Mejía (1992: 371-372): “Así las cosas, el Gobierno central contó con una fuerza reducida, la ‘Guardia Nacional’, que desfilaba en las fiestas patrias, mientras que algunos Estados formaron ejércitos poderosos”. Estaba claro, pues, dónde residía el poder real, mientras el presidente de la República, con su breve mandato, no presidía ni gobernaba: solo dejaba hacer.

La desamortización de los bienes de manos muertas dispuesta en 1861 por el mutante Mosquera, que pasó de conservador a liberal sin dejar de ser ferviente católico, constituyó, de acuerdo con Tirado Mejía (1992: 363), “[l]a medida más radical para debilitar a la Iglesia” en su poderío económico. No obstante su radicalismo, la medida “no transformó la estructura agraria del país”, y solo produjo el pasaje “del latifundio clerical al laico”. La medida acompañó otras disposiciones orientadas a quebrar el “poder social y económico de la institución católica, así como su influencia política a favor del conservatismo”: la tuición de cultos, la disolución y expulsión de los jesuitas, y luego la expulsión del arzobispo Antonio Herrán y la disolución de los conventos, monasterios y casas de religiosos de ambos sexos (Díaz Díaz, 1992: 443). La desamortización tuvo, además de los políticos e ideológicos, objetivos económicos: disponer de recursos para el pago de la deuda externa y cubrir el déficit fiscal interno. Aunque muy lejos de la riqueza de la Iglesia mexicana, la de Nueva Granada vio afectado su poder económico en doce millones de pesos, equivalentes, en 1870, al triple de los ingresos nacionales, aunque la cifra pudo haber sido todavía mayor, pues, al igual que en el caso mexicano, había bienes de valoración muy difícil, como “los inmuebles improductivos (edificios de iglesias y conventos), obras de arte, joyas, oro y plata, y aun bienes ocultos” (Díaz Díaz, 1992: 449).

Las señaladas disposiciones del Gobierno liberal acrecentaron la confrontación con los conservadores y con la jerarquía eclesiástica local y, por extensión con el propio Vaticano, llegando el Papa Pío IX a excomulgar al general Mosquera, tras haber caracterizado a su Gobierno como “perturbador del orden” (173). No obstante, un sector del clero neogranadino –puede que, según Fernando Díaz Díaz, por temor al destierro y a las penas previstas por la inobservancia de las normas legales aprobadas– optó por el acatamiento a las leyes.

Pese a la pérdida de poder económico, la Iglesia colombiana mantuvo poder político e ideológico, tal como quedó de manifiesto en años posteriores, “particularmente en el ámbito educativo”, hecho evidente “durante la guerra civil de 1876-1877, conflicto en el cual la cuestión religiosa fue significativa”. Finalmente, ya bajo la Regeneración, el presidente Núñez devolvió a la Iglesia el control del registro civil, los cementerios, la celebración de los matrimonios y la educación, es decir, una porción significativa del control de la sociedad civil. Díaz Díaz (1992: 456-457 y 464) entiende que esa concesión se hizo “a cambio de la morigeración de las solicitudes económicas planteadas por la jerarquía católica por concepto de indemnización en el valor de los bienes desamortizados”, con lo cual también logró la paz social, al menos en cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Los jerarcas de la Iglesia colombiana fueron siempre conservadores y partidistas. Con esa postura, como bien advirtió Thomas Fischer (1999: 262-263), la institución se convirtió “en sí misma [en] un elemento que promovía la violencia sin trasmitir ningún valor unificante que reforzase el sentimiento de nación”, incapaz de desempeñar un papel equilibrante o mediador.

Con la Constitución de Rionegro y los gobiernos del general Tomás Cipriano de Mosquera y su sucesor, Murillo Toro (1864-1866), comenzó el período conocido como “el Olimpo Radical”, prolongado hasta 1880-1886. A lo largo de él –un tiempo en el que no cesaron las convulsiones– se produjo lo que Tirado Mejía (1992: 372) ha llamado “la descentralización de las guerras”, las cuales tuvieron carácter regional. En buena medida, fueron el resultado, según el autor, del reparto burocrático de tierras, minas y bienes de acuerdo con peculiaridades regionales y conforme a una relación de fuerzas militares favorable a las oligarquías estaduales frente al Estado central. Así, se produjeron casi 40 rebeliones y levantamientos, más la guerra civil de mayor alcance espacial, en 1876-1877, desencadenada en nombre del Partido Conservador por la oligarquía del estado de Cauca, que era entonces “económicamente decadente y ya sin poder político a nivel nacional”. El pretexto fue la defensa de los valores religiosos, a los cuales consideraban atacados por el intento liberal de convertir la enseñanza en laica. A Cauca se sumaron Antioquia (un estado poderoso que contaba con un ejército de 13.000 hombres dotados de armas modernas) y Tolima, también gobernados por los conservadores. En nombre de la religión atacaron al Gobierno central, a cargo del liberal radical Aquileo Parra, quien logró el respaldo de los liberales independientes (moderados) liderados por Núñez (a quien Parra había derrotado en las recientes elecciones presidenciales), y pudo así vencer a las tropas conservadoras. Después de las derrotas en Los Chancos y Garrapatas, los sediciosos se vieron afectados por disidencias y contradicciones de envergadura, más decisivas que “la aparente unidad doctrinal: celos entre los dirigentes de Antioquia y los de otras regiones sobre quien decidiría y aprovecharía” la victoria que esperaban obtener; discriminación racial de los negros del Cauca y, tal vez muy decisivamente, lo que Tirado Mejía considera el “cálculo práctico” de la dirigencia conservadora: “Era preferible económicamente un arreglo con el enemigo doctrinario a una guerra en su propio territorio, aunque fuera victoriosa, pero que dejara como secuela la destrucción de sus bienes. El resultado fue el arreglo”.

Las armas no estuvieron mucho tiempo guardadas: en 1885-1886, el Gobierno central, desde 1884 en manos del liberal moderado Núñez, fue cuestionado por la vía armada por sus correligionarios radicales, quienes entendían que esa vía era la “la única posibilidad de manifestación ante un sistema electoral organizado en su contra –similar al que ellos habían practicado en el poder–, que les impedía el acceso al Parlamento” y la represión sobre sus órganos de prensa. Los constituyentes reunidos en Rionegro dejaron la cuestión del sufragio librada al criterio de cada estado. Ello fue así por la enseñanza que los liberales radicales habían aprendido del ejercicio del sufragio universal masculino dispuesto por la Constitución de 1853: en las elecciones presidenciales de 1856, los conservadores se impusieron merced “a la influencia clerical sobre las masas”. Por eso, con la vigencia de la Constitución de Rionegro, los liberales de Antioquia, por ejemplo, establecieron el voto restringido a los varones alfabetos, medida que los conservadores abolieron para reintroducir el universal cuando recuperaron el poder. Los liberales radicales que gobernaban en Cundinamarca y Boyacá dispusieron la condición de alfabeto para poder sufragar. En el estado de Bolívar, en las elecciones presidenciales de 1875, Núñez, candidato liberal, recibió 44.000 votos contra solo 7 de su rival, cifra que superaba a la de toda la población adulta del estado. Los fraudes electorales y las anomalías graves fueron una constante, pese a las invocaciones a la pureza del sufragio hechas cuando se estaba en la oposición, trocadas en prácticas de coacción y fraude en el ejercicio del Gobierno. En su programa de 1879, los conservadores levantaron la consigna “Sistema electoral honrado, libre, puro, decente, noble, verdadero, exento de todo pandillaje”, mas cuando volvieron al poder los liberales, no consiguieron elegir ningún senador y apenas pudieron consagrar un representante en 1892 y otro en 1898 (Tirado Mejía, 1992: 352-353).

Los liberales moderados y el presidente recibieron el apoyo de los conservadores, y llegaron a constituir el Partido Nacional, que fue el basamento político de la Regeneración, proceso iniciado tras la derrota de los liberales radicales en esa corta rebelión que, dice Tirado Mejía (1992: 372-373), “mostró la eficacia represiva de un fuerte poder central”, cuya recuperación comenzó durante la primera presidencia de Núñez (1880-1882) y resultó un hiato en una historia dominada por la primacía de los poderes regionales. El Olimpo, entonces, se desmoronó.

El acuerdo entre liberales moderados y conservadores colombianos distó de ser un hecho excepcional en la América Latina finisecular decimonónica. Se trató, en rigor, de una intercomunicación e incluso una interacción entre los sectores moderados de ambas corrientes, estuviesen o no organizadas como partidos. José Luis Romero (1978: XV) advirtió muy bien ese connubio: “Con los liberales conservadores […] podían los conservadores también moderados encontrar puntos de coincidencia que revelaban que unos y otros eran, en el fondo, nada más que grupos políticos que buscaban el poder. Y la alternancia en su ejercicio –más o menos convenida– parecía a unos y otros preferible al enfrentamiento, siempre peligroso, precisamente porque polarizaba las opiniones y favorecía a las tendencias extremas de cada sector”.

En Colombia, además, fue importante la ausencia de homogeneidad partidaria. En ambos partidos existieron “el faccionalismo y a menudo diversas corrientes con ciertos visos regionales que dificultaban una acción coordinada a nivel nacional” (Fischer, 1999: 262).

En Perú, el caudillismo fue un fenómeno surgido en los primeros años de la vida independiente del país. El ciclo económico exitoso basado en la explotación del guano (c. 1840-1880) no significó el fin de las pugnas entre caudillos. Fue recién bajo el gobierno del mariscal Ramón Castilla (1855-1863) cuando se pudo organizar en cierta medida una forma de ejercicio del poder más o menos parecida a un Estado. A la crisis del guano, se sumó, en 1879, el estallido de la Guerra del Pacífico, que postergó una vez más el tan espinoso camino hacia la formación estatal. Terminada la guerra, se inició un período de relativa estabilidad, pero sin reactivación económica inmediata. Recién en 1895, el presidente Nicolás de Piérola materializó cierta unidad, con la República Aristocrática. Como veremos en el capítulo siguiente, Perú construyó un orden poscolonial fragmentado, para el cual la Guerra del Pacífico significó una profunda derrota y donde fueron constantes los conflictos en el interior de los grupos dominantes de carácter local.

También Bolivia pasó por la etapa política del caudillismo. Después del fracaso del proyecto político del Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz y su Confederación Perú-Boliviana (constituida por tres Estados: Nor-Peruano, Sud-Peruano y Bolivia), de la cual fue Supremo Protector (174), el país del Altiplano atravesó una larga etapa de inestabilidad política que, según Marcello Carmagnani (1984: 157), se expresó en 147 golpes de Estado (entre exitosos y fallidos) entre 1850 y 1899. El derrocado José Ballivián (1843-1847), Manuel Isidoro Belzú (1848-1855) y Mariano Melgarejo (1864-1871) fueron destacados caudillos de la Bolivia posconfederal. Tras su renuncia, Belzú se desempeñó como representante diplomático de su país en Europa hasta 1865. Al regresar, se levantó contra Melgarejo, a quien derrotó, pero en la confusión de la lucha fue asesinado por este en el Palacio presidencial. Se lo conoció como defensor de los indígenas y los pobres, vaticinando que algún día gobernaría en Bolivia “el poncho y la chaqueta”, expresión que más de un siglo y medio después el sociólogo Álvaro García Linera, vicepresidente de Evo Morales, transformó en “el poncho y la corbata” y la hizo símbolo de la Revolución Democrática y Cultural de comienzos del siglo XXI, en la cual indígenas y mestizos participan en igualdad de condiciones. Fausto Reinaga ha llamado a Belzú “precursor de la Revolución Nacional”.

La breve experiencia integracionista impulsada por Santa Cruz (1836-1839) fracasó por la oposición interna, tanto de peruanos como de bolivianos, y, sobre todo, la oposición externa del dictador gobernador de Buenos Aires, Rosas, y del conservador Gobierno de Chile, presidido por Prieto, en particular por la dura posición de su ministro Portales, quien creía que la Confederación era una amenaza para el país. En rigor, como ya advirtió hace tiempo Luis Vitale, “el motivo principal del conflicto bélico fue decidir la supremacía comercial del Pacífico Sur entre Valparaíso y Callao” (apud Santos, 2007: 52). La burguesía chilena tenía el objetivo de convertir a Valparaíso en el principal puerto de esa área. Además de Callao, el Gobierno peruano pretendía fortalecer su posición en el comercio marítimo con la instalación de un puerto franco en Arica, mejor ubicado y más seguro que el de Valparaíso. La guerra concluyó en Yungay con el triunfo de los chilenos. Por añadidura, el general José Miguel de Velasco, vicepresidente de Bolivia, dio un golpe de Estado que destituyó a Santa Cruz y puso fin al proyecto confederal.

Si bien Bolivia constituyó un Estado muy tardíamente –en sentido estricto, quizás solo a partir de la Revolución Nacional de 1952–, el aparato estatal caudillista sirvió durante su larga etapa (1825-1879) como un efectivo sostén y garante de un orden político en harta medida tributario, si no continuación, de la estructura social colonial. En opinión de Marta Irurozqui (1994: 20), el caudillismo permitió la convivencia de “la inestabilidad política con una sociedad en permanente conflicto”. La Bolivia poscolonial fue un país fragmentado geográfica, política, económica, social y culturalmente, y al que, por añadidura, la Guerra del Pacífico le amputó territorio –con secuelas múltiples todavía hoy persistentes–, sin mengua de los conflictos en el interior de los propios grupos dominantes. La Guerra Federal, a fines del siglo XIX, como veremos en el próximo capítulo, explicitó el enfrentamiento entre los poderes locales.

Además de las dificultades que los intentos secesionistas, los levantamientos de caudillos y las rebeliones campesinas, con apoyo de la Iglesia o sin él, impusieron a los noveles Estados soberanos en sus intentos por monopolizar legítimamente los medios de coerción, hubo desafíos impuestos por las incursiones de los pueblos indígenas. Ya se ha visto que en Argentina la violencia perduró largamente. El caudillismo no fue el único factor relevante que impidió la monopolización de la fuerza en manos del Estado. Hacia 1870, cuando un ciclo de prosperidad económica auspiciaba la incorporación al mercado internacional, un tercio de la superficie de la provincia de Buenos Aires estaba ocupada por indígenas. La Campaña del Desierto (1878-1879) –un eufemismo para encubrir una acción militar genocida– disolvió definitivamente “la frontera con el indio”, y fue este uno de los últimos conflictos armados por los que atravesó el Estado antes de lograr consolidar el primer orden poscolonial con dominio legítimo y monopólico de los medios de coerción.

En tanto en cada país el control de la coerción estuvo asegurado, la alianza entre el poder económico y el poder militar fue cediendo y adquiriendo mayor relevancia el binomio poder económico/poder político civil, que finalmente signó el curso del siglo XX (175). Si el poder militar cedió en la medida en que los conflictos se institucionalizaron, no sucedió lo mismo con el poder político de los militares, que en algunos casos incluso se vio incrementado y alcanzó niveles escalofriantes, de los cuales las experiencias de las últimas dictaduras de Guatemala y Argentina son ejemplos extremos. Esto nos devuelve nuevamente a la reflexión sobre la historicidad de los atributos de estatidad.

En efecto, el tercer atributo, esto es, la capacidad de diferenciar el control, se relaciona directamente con el problema de la autonomía relativa del Estado, en particular respecto del poder militar, pero también respecto del poder de la Iglesia, de los partidos políticos, de los movimientos sociales y de otras asociaciones de interés e instituciones de la sociedad civil (significativamente, en el plano económico, sociedades de grandes propietarios rurales y sindicatos de trabajadores).

Sobre esto, Trindade (1986) –en un excelente ejercicio de comparación– señaló la importancia de tres categorías sociales que intervinieron en el desarrollo de los Estados nacionales (en Argentina y Brasil): elites políticas, militares e Iglesia. En otra línea, López-Alves (2003) recupera el trabajo de Moore (1973) para añadir los movimientos rurales a las mismas tres categorías. En todo caso, lo que interesa aquí –en una exposición mucho menos detenida en los análisis de casos– es retener la importancia de la autonomía relativa del Estado frente a esos cuatro agentes claves de construcción del orden.

La existencia de un conjunto de instituciones centralizadas, diferenciadas y relativamente autónomas de la sociedad civil supone un conjunto de funcionarios profesionalizados, con capacidad para desarrollar múltiples actividades, primordialmente el ejercicio monopólico de la percepción tributaria. Es evidente que, en este aspecto, la capacidad del Estado de algunos países, paradigmáticamente de República Dominicana y El Salvador, estuvo severamente recortada a comienzos del siglo XX . Estados Unidos y su renovada consigna “América para los americanos”, ahora agitada por Theodore Roosevelt y su corolario a la Doctrina Monroe, impuso el control directo de las aduanas como forma de garantizar el pago de deudas, que el mismo Gobierno norteamericano obligaba a contraer para el saneamiento de las economías.

Pero el control de las aduanas no fue únicamente una disputa entre Estados soberanos, también lo fue entre poderes locales, como es evidente en los países de constitución federal. Existían aduanas interiores porque existían economías locales mal articuladas, particularmente por la ausencia de medios de transporte adecuados y eficientes. En este marco, la navegación de los ríos interiores fue un factor clave de conflicto. Por la eliminación de esta traba, se enfrentaron las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil en 1820, conflicto en razón del cual Brasil frenó su expansión territorial hacia el sur, pero obtuvo a cambio la tanto más estratégica navegación de los ríos interiores. La así denominada “Guerra del Brasil” concluyó con la secesión de la Banda Oriental y la constitución de la República Oriental del Uruguay en 1830. La creación de esta, como “Estado-tapón” entre los dos grandes contendientes –convertidos, además, en garantes a perpetuidad de la soberanía uruguaya– fue un triunfo de la diplomacia y los intereses económicos y políticos de los británicos.

La eliminación de las trabas para la libre circulación de las mercancías y de las personas fue una de las condiciones básicas para la creación de un mercado interno. Las aduanas interiores encarecían sensiblemente los productos locales, independientemente de su calidad y la falta de medios de comunicación y transporte, o, en el mejor de los casos, sus altos costos obstruían la circulación. La escasez de papel moneda y de metal, y la ausencia de una moneda única, muy ligada a la existencia de relaciones de producción no capitalistas en el seno de las plantaciones y de las haciendas (y en menor medida también de las estancias), fueron elementos que influyeron negativamente en el proceso de consolidación de un mercado interno. Las reformas liberales fueron un factor medular en el proceso de modernización económica. No obstante, fue un factor que las elites locales consideraron más en función de la inserción en el mercado mundial que de la consolidación de un mercado interno.

Con todo, la modernización de las estructuras económicas estuvo acompañada de cierta diferenciación institucional del Estado, sobre todo en el orden jurídico, consecuencia obvia de las mencionadas reformas liberales. Se proclamaron las Constituciones nacionales y los Códigos de distinta índole (Civil, Penal, de Comercio, de Minas, etc.). Las primeras, toda una novedad, definieron sistemas federales y sistemas centralistas o unitarios. Los segundos reemplazaron, tardíamente, el orden jurídico colonial no derogado por las revoluciones de independencia. En algunos países de origen hispano, las Leyes de Indias estuvieron vigentes hasta bien entrado el siglo XIX, y algo similar ocurrió en Brasil, donde el Código Civil (1916) estuvo largamente demorado, en buena medida por el “problema” que la esclavitud significaba para el ordenamiento jurídico de los derechos de libertad y autonomía.

El derecho –la esfera jurídica, como dice Wood– es un componente fundamental de las relaciones de producción, cuyos mecanismos regulan las dimensiones económica y política. En palabras de la autora, “[l]a propiedad absoluta, las relaciones contractuales y los aparatos legales que las sostienen son las condiciones jurídicas de las relaciones de producción capitalista y constituyen la base de una nueva relación de autoridad, dominio y sometimiento entre apropiador y productor” (Wood, 2000: 37) (176).

En América Latina, los Códigos, primordialmente el Civil y el Penal –ordenadores de la vida privada y de la vida pública, respectivamente– fueron sancionados como la expresión jurídica de un momento de centralización del poder del Estado Nacional. Así, por ejemplo, en Chile primero y en Argentina y Uruguay más tarde, acompañaron el proceso de modernización económica y política que se inició con la incorporación de los mercados en el sistema capitalista mundial y con la sanción de Constituciones políticas duraderas (177). En Brasil, como se ha dicho, la transformación de la sociedad colonial en una sociedad independiente tuvo como rasgo peculiar la continuidad institucional y administrativa imperial. No extraña entonces que los intentos de codificación hayan prosperado recién a partir de la proclamación de la República en 1889, con la señalada demora del Código Civil. En todos los casos, el poder del edificio estatal era magro en relación con el amplio poder que la sociedad civil detentaba.

En Brasil, los esfuerzos más contundentes para sancionar el primer Código Civil –tras el fracaso del proyecto de Augusto Teixeira de Freitas, 1860-1865, todavía bajo el Imperio– datan de la década de 1900, años que coinciden con la consolidación de la República, con la presidencia de Manoel Ferraz de Campos Sales, que fue sancionado, como se ha dicho, recién en 1916. En cambio, por la misma época, varios países de Hispanoamérica se plantearon seriamente la reforma de sus Códigos: Argentina, con la estabilización política alcanzada con la segunda presidencia de Julio A. Roca (1898-1904), después de la grave crisis de 1890; Uruguay, con la consolidación de un Estado tutelar, ya con la primera presidencia de Batlle y Ordoñez (1903-1907); y Chile, con el inicio de la República Parlamentaria, que sobrevino a la crisis institucional de 1891.

Hemos destacado la referencia a los Códigos Civiles porque ellos, como es bien sabido, regulan derechos fundamentales de las personas. En efecto, refieren a los derechos individuales del hombre (y progresivamente se ampliarán los de las mujeres, los niños y los jóvenes de ambos sexos) en el seno de una comunidad políticamente organizada. La libre circulación de las personas, por ejemplo, es una condición necesaria para la existencia de un mercado de compraventa de fuerza de trabajo libre. Pero sobre todo regulan las relaciones contractuales y el derecho de propiedad, estableciendo los modos de adquirirla, transmitirla o transferirla y, en el límite, incluso destruirla.

En el contexto ideológico dominante, la construcción del Estado requería terminar con situaciones que le sustraían –en términos efectivos– jurisdicción o imperium sobre vastos sectores sociales. Pueden señalarse: el sistema de hacienda, con el fuerte poder del patrón sobre sus campesinos-clientes; los privilegios corporativos; los fueros militares y eclesiásticos, y las comunidades indígenas, en tanto corporaciones (Lynch, 1992: 169). Los privilegios y los fueros violentaban el principio de igualdad, incluso el formal de igualdad ante la ley.

En América Latina, los Códigos –sobre todo los civiles– fueron otra de las importaciones institucionales –con la especial impronta napoleónica (178)- y, según destaca Jean-Louis Halpérin (s. f.: 6), han estado asociados, en no pocos casos, a gobiernos de “hombres fuertes”: en Bolivia (1831) su sanción se produjo durante la presidencia de Santa Cruz; en Perú (1852), poco después de concluida la de Castilla (1845-1851); en Chile (1855), durante la de Montt, en un contexto todavía dominado por la centralización portaliana; en México, al final de la presidencia de Juárez para el primer Código (1870) y bajo la de Porfirio Díaz para el segundo (1884). El mismo Halpérin recuerda que las relaciones entre codificación, Constitución y reforma de las estructuras sociales y políticas son complejas, como bien ilustran las relaciones entre el Estado y la Iglesia en materia de reconocimiento de la libertad religiosa; la prohibición de adquirir nuevas tierras por parte de las instituciones religiosas y el desmembramiento de las poseídas desde el pasado; la supresión de la jurisdicción eclesiástica (en México en 1855-1859); el establecimiento del estado civil, del matrimonio civil (en Colombia en 1853, en México en 1857, en Venezuela en 1873) y, en algunos casos, del divorcio (en Colombia –vincular– en 1853, en México –de cuerpos, no vincular– en 1884, en Costa Rica –vincular– en 1888); el establecimiento de la educación y la universidad laicas, y las recurrentes tensiones entre Estado e Iglesia (Halpérin señala el caso de Venezuela, durante la “dictadura positivista” de Guzmán Blanco, de 1870 a 1888; y el de Brasil, donde en 1890, un año después de la instauración de la República, se separó la Iglesia del Estado; pero fueron notables también, por ejemplo, los casos de Argentina y Costa Rica, ambos en 1884, con la expulsión del respectivo nuncio apostólico, y, antes, el de la Colombia de las reformas liberales de la década de 1850), sin mengua del hecho de que buena parte de la legislación civil latinoamericana mantuvo, durante el siglo XIX (y buena parte del XX), la concepción del matrimonio católico indisoluble.

En la regulación de los derechos durante el siglo XIX, los abogados y letrados tuvieron una participación clave, constituyendo figuras clave en la construcción del Estado moderno. Fueron los artífices del ordenamiento jurídico de una esfera privada amplia, muy amplia, y de una esfera pública comparativamente muy reducida, precisamente por la aún escasa diferenciación del control por parte del Estado. El derecho privado colocó a todas las personas (hombres, mujeres y menores de ambos sexos) bajo el dominio y potestad del padre, marido y jefe de la sociedad conyugal. En buena medida, gran parte de la tarea de formación estatal consistió en colocar las distintas categorías sociales (atravesadas por etnia, sexo y clase) bajo el peso de la ley y por ende del Estado mismo.

Aun con estos ordenamientos jurídicos, las cuatro matrices societales presentadas en el capítulo anterior moldearon las sociedades de modo tal que la confusión de lo privado y lo público, propio de la fase de crisis de independencia, se mantuvo. La hacienda, la plantación y la estancia tuvieron mecanismos internos de reproducción de las relaciones sociales que se fundaron en la violencia (física y simbólica), la administración privada de justicia y el control de votos –en general, articulados con un discurso paternalista fuertemente influenciado por la Iglesia Católica. Al respecto, es útil recordar el planteo de Foucault sobre la microfísica del poder, bien pertinente para una mejor explicación del funcionamiento y la importancia de la plantación esclavista, la hacienda y la estancia como –según nuestra hipótesis– matrices societales y microsociedades generadoras y reproductoras de relaciones luego trasladadas a la dimensión macrosocial, aspecto clave en el proceso de constitución de las relaciones de poder poscoloniales en América Latina.

Como surge de lo dicho arriba, la Iglesia Católica fue un elemento de central importancia en el proceso de diferenciación institucional de los Estados. La Iglesia fue, en América Latina, muy reaccionaria, bien encolumnada tras las cerriles posiciones de los papas Gregorio XVI (1831-1846) y Pío IX (1846-1878), con sus encíclicas Mirari vos (1832) y Quanta Cura, con su apéndice Syllabus Errorum (1864), respectivamente. En la primera, el papa se pronunció decididamente contra la libertad de conciencia y de cultos, a la que consideraba, sencillamente, un delirio. A su vez, Pío IX, invocando su memoria y su posición, reiteró esta opinión en la segunda de esas encíclicas, dedicada a condenar “los errores modernos”, y consideró tal libertad la “más fatal a la Iglesia y a la salvación de las almas”; más aún, la concibió como la “libertad de la perdición”.

“Syllabus Errorum” fue una acabada expresión de intolerancia y conservadurismo. Se presentó como un “resumen de los principales errores de nuestra época, que se señalan en las alocuciones consistoriales, encíclicas y demás letras apostólicas de nuestro Santísimo Papa Pío IX”. Consta de ochenta afirmaciones que la Santa Sede consideraba errores condenables; lo contrario de ellas era la verdad católica. La proposición V del Syllabus (“Errores relativos a la Iglesia y a sus derechos”) debe ser leída con atención, pues allí está el meollo de la relación Estado-Iglesia, particularmente la reacción frente a la secularización del Estado y de la sociedad. No es casual que Pío IX protestara contra la convicción de que la Iglesia no debía ejercer el poder temporal ni contar con su propio Ejército, o contra la derogación de inmunidades eclesiásticas (entre ellas la del fuero eclesiástico para causas civiles y criminales) o, muy sensiblemente también, contra la posición de quienes creían que “la Iglesia no tiene derecho nativo y legítimo para adquirir y poseer”.

Estos documentos papales atacaban también la posición de Félicité Robert de Lamennais –el progresista sacerdote francés que defendía principios democráticos y la separación de la Iglesia y el Estado– y condenaban el panteísmo, el naturalismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo, las sociedades secretas, la autonomía de la sociedad civil, es decir, principios y corrientes ideológicas y políticas de la modernidad.

En América Latina, el adalid de la intolerancia religiosa fue el presidente ecuatoriano García Moreno (1861-1865, 1869-1875), impulsor de la Constitución de 1869 –la denominada Carta Negra–, el desideratum de la concepción y la práctica ultramontanas en la materia, que llegó al extremo de establecer la necesidad de ser católico para ser ciudadano de la República. Los argentinos Pedro Goyena y José Manuel Estrada, el chileno Carlos Walker Martínez y el boliviano Mariano Baptista son otros destacados de esta corriente.

Hay que notar que el anticlericalismo latinoamericano fue a menudo mucho más una estrategia política que una convicción filosófica. El objetivo de desprender a la Iglesia de sus privilegios estuvo mucho más orientado por el afán de restarle poder político (y en algunos casos económico) que poder ideológico de irradiación de la fe católica. Sin embargo, según Lynch (1991b: sobre todo, págs. 94-112), hubo países en los cuales el anticlericalismo “era tan fuerte que no solo se separó la Iglesia del Estado, sino que incluso se impusieron limitaciones a sus funciones religiosas”. Lynch ha señalado también la existencia de una correlación entre Iglesia grande en recursos y clero y anticlericalismo. Ese poder conllevaba la posibilidad de ofrecer mayor resistencia al Estado y, por lo tanto, de un conflicto más encarnizado y violento. En cambio, donde era pobre la Iglesia, tenía menos posibilidades de ser hostilizada, pero también de defenderse.

La Iglesia fue separada del Estado por primera vez en aquellos países donde la experiencia liberal fue más radical, es decir, Colombia (cuando todavía era República de Nueva Granada) y México, en 1853 y 1859, respectivamente; aunque en el primero de estos países recuperó amplio poder con el retorno de los conservadores, entre 1886 y 1930, y, en materia educativa, mantuvo el control hasta 1973. En Venezuela se produjo bajo el gobierno anticlerical de Guzmán Blanco, un reconocido masón, en la década de 1870. Guatemala la hizo efectiva en 1879, bajo el Gobierno de Justo Rufino Barrios. Brasil, en 1890, ratificada por la Constitución de 1891, bajo la República, aun cuando durante el Imperio la Iglesia estuvo sujeta al poder del Emperador, quien tenía facultades para nombrar obispos, recaudar diezmos y pagar al clero. Honduras la concretó en 1880, Cuba en 1902, Nicaragua en 1905, a impulsos del Gobierno modernizador del general José Santos Zelaya, quien acompañó la medida con la supresión de las órdenes religiosas y la expatriación de obispos y curas. Ecuador la hizo en 1906, bajo la presidencia de Alfaro, mientras que Uruguay la estableció oficialmente en 1919, aunque de hecho ya existía desde antes (179), y Chile en 1925. En Perú se estableció recién en 1979 y en Argentina no se ha hecho efectiva jurídicamente.

La separación de la Iglesia y el Estado significó fundamentalmente que los registros censales, la institución del matrimonio civil y los cementerios pasaran a ser atribuciones públicas, junto con la educación, ahora laica. Fundamentalmente, dos de estas atribuciones redundaron en el reforzamiento del orden. Los censos tuvieron una estrecha vinculación con los procedimientos electorales. Los matrimonios tuvieron una función de protección de la propiedad privada y del predominio de hombres (padres) sobre mujeres (solteras o casadas, fueran madres o no) e hijos (legítimos, puesto que los ilegítimos no gozaban prácticamente de ninguna prerrogativa en el dominio privado).

Respecto de los procedimientos electorales, hay otro cuerpo de derechos que es clave y que hacen referencia al individuo en tanto ciudadano y se inscribe en el plano del derecho público: el Código Electoral. Los derechos allí enunciados, como los civiles, son derechos fundamentales, precisamente porque ordenan la participación del individuo en las decisiones que atañen a la sociedad.

Pero sobre este punto hay que señalar que la débil autonomía del Estado (o más ampliamente, la débil diferenciación del control) redundó en la fuerte identificación de los “partidos” (tradicionales y modernos) con el Estado (aun cuando muchas veces las interpelaciones de aquellos hayan sido a la Nación o al Pueblo). En Colombia y en Uruguay, esa identificación fue fuerte. De manera mucho más acentuada, hubo identificación en México, durante el siglo XX , con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En razón del militarismo anotado más arriba, es evidente que también fue fuerte la propensión a identificar a las Fuerzas Armadas con el Estado (y no como parte constitutiva de él). Esto ocurrió más claramente en Venezuela, país que tuvo, hasta 1959, abrumadora mayoría de presidentes militares, y en Paraguay, un caso llamativo de identificación entre Fuerzas Armadas, Partido Colorado y Estado, bajo la dictadura de Stroessner.

Por una combinación casi explosiva de todos estos elementos, la institucionalización del Estado fue precaria en Perú, Bolivia y Ecuador. En contraste, Chile fue el país que mejor cultivó su imagen singularmente moderna de Estado fuerte, fundamentalmente, en el siglo XX , por la existencia de un sistema de partidos “a la europea”, donde las orientaciones de centro, derecha e izquierda estuvieron institucionalizadas. Aún así, es posible encontrar en este país contundentes rasgos de similitud con el resto de la región.

Es evidente que la construcción de la ciudadanía es un proceso nodal y conexo con el de formación del Estado. Como se verá en el siguiente capítulo, esta será una de las banderas con las cuales diferentes grupos arremeterán contra la dominación oligárquica.

El cuarto atributo, la capacidad de generar una identidad colectiva, está directamente relacionado con el proceso de construcción de la Nación. Tal como afirma Oszlak (1978: 3), “[l]a existencia de una nación es, al igual que en el caso del estado, el resultado de un proceso y no de un formal acto constitutivo. Ello hace difícil precisar no solo un momento a partir del cual puede afirmarse su respectiva existencia sino, además, aquel en que nación y estado coexisten como unidad”. En este sentido, no solo los procesos, sino también los conceptos que los designan, son correlativos o conexos. Asumido este punto de vista, resulta claro que no hubo en América Latina un proceso que definió primero a los Estados centrales poscoloniales (o aparatos estatales o aparatos institucionales) y luego los convirtió en Estados nacionales. Y del mismo modo, no existió en América Latina una identidad nacional previa a la construcción del Estado moderno o Estado-Nación. Desde el punto de vista que aquí asumimos, en América Latina los Estados nacionales no son ni plenamente estatales ni plenamente nacionales. Se trata de una categoría que supone procesos convergentes, conexos, complejos y fundamentalmente históricos.

Según Oszlak (1978: 2-3), en América Latina, “la dinámica de esta verdadera construcción social [se refiere a la formación de los Estado nacionales] no se ajusta a un patrón normal, en el sentido de que sus componentes se desarrollen respetando necesariamente proporciones, secuencias o precondiciones. Al contrario, esa dinámica se ve marcada por largos períodos de estancamiento, saltos violentos, hipertrofia de alguno de sus componentes o desarrollo contradictorio de otros, que tienden a negar y transformar la naturaleza del conjunto” (180).

Esto último merece ser subrayado: desarrollo contradictorio de componentes que tienden a negar y transformar la naturaleza del conjunto. Hay dos elementos constitutivos de la Nación que interesan en particular y ambos tienen, como afirma Oszlak, desarrollos contradictorios, al punto que ponen en duda la existencia del Estado-Nación (“niegan la existencia del conjunto”). Ellos son: las relaciones capitalistas en el seno de un mercado interno y la comunidad de valores o cultura compartida. Respecto del mercado interno, ya se ha dicho que su constitución fue débil durante el siglo XIX y primeros años del XX . Y ya se ha dicho también cuán importante ha sido en este aspecto la actitud de unos grupos económicamente poderosos pero muy dispuestos a intercambiar autonomía por consolidación de la economía de exportación (dependiente).

Respecto de la comunidad de valores, hay que señalar que la existencia de pautas nacionalitarias preexistentes a la disolución del orden colonial no aseguran la constitución de una Nación previa al Estado. En todo caso, el punto es analizar en qué medida esas pautas sirvieron de soporte a una pretensión política de construcción estatal (Chiaramonte, 2004). De hecho, en aquellos países donde se pretende encontrar nacionalidades preexistentes a la Nación, ellas poco y nada instruyeron el repertorio de contenidos de la cultura nacional-estatal. La comunidad de valores o cultura nacional fue un proyecto ideado e implementado desde arriba, que supuso por ende una integración de tipo vertical y socialmente excluyente. Este fue el caso en los países con fuerte presencia indígena, significativamente México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.

La definición de los símbolos de identidad común de criollos, mestizos, indígenas y afroamericanos fue (sigue siendo) un ámbito de conflicto. Esos símbolos no son pocos. Uno de ellos fue la construcción de los héroes nacionales. Los héroes son símbolos que encarnan las ideas y las aspiraciones de una sociedad, tal como las definen quienes ejercen la dominación. La exaltación de los héroes toma diversas formas simbólicas, sean ellas materiales o inmateriales. Esas formas cristalizan la memoria histórica definida por el poder.

El imaginario social es pasible de manipulación, especialmente en coyunturas de cambios políticos y sociales, es decir, de redefinición de identidades colectivas. En toda América Latina, especialmente en la coronación del proceso de formación estatal y el avance en la construcción de la identidad nacional, la batalla por los símbolos fue parte del conflicto político-ideológico dominante, fuera bajo la forma de liberales y conservadores (a veces sinónimo de católicos), federales y centralistas, o republicanos y monárquicos, entre otras (181). La elección de cada símbolo, la “invención de tradiciones”, para decirlo con una expresión del historiador Eric Hobsbawm, fue, entre otras cuestiones, arena de confrontación de distinta intensidad. La discusión sobre los símbolos que identifican a una Nación nos ofrece un amplio campo para entender más cabalmente la visión del orden político que sostienen quienes detentan el poder, pero también de quienes lo disputan y, en consecuencia, aspiran a establecer otros símbolos.

Las conmemoraciones son componente esencial de la formación de los imaginarios sociales. Mediante ellas, “una colectividad designa su identidad elaborando una representación de sí misma; marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales; expresa e impone ciertas creencias comunes, fijando especialmente modelos formadores como el del ‘jefe’, el del ‘buen súbdito’, el del ‘valiente guerrero’, el del ‘ciudadano’, el del ‘militante’, etcétera. Así, es producida una representación totalizante de la sociedad como un ‘orden’, según el cual cada elemento tiene su lugar, su identidad y su razón de ser. Designar su identidad colectiva es, por consiguiente, marcar su ‘territorio’ y las fronteras de este, definir sus relaciones con los ‘otros’, formar imágenes de amigos y enemigos, de rivales y aliados; del mismo modo, significa conservar y modelar los recuerdos pasados, así como proyectar hacia el futuro sus temores y esperanzas” (Baczko, 1991: 28).

Las clases y los grupos sociales que definieron la lucha por la construcción del Estado y la construcción de un cierto orden confrontaron también en otro sector del amplio espacio de la lucha ideológica: el de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El enfrentamiento en torno a ellas no solo refería al ámbito de la política y del poder, su arista más visible, a la cual nos referimos más arriba. También involucraba la estructura simbólica organizadora de la identidad y el sentido de una sociedad. La sociedad colonial y su continuidad inmediata, la del proceso de transición, se fundaban en el predominio de lo sagrado, dador de la autoridad moral de las normas sociales impuestas. Si Durkheim tenía razón cuando decía –en Las formas elementales de la vida religiosa– que “[u]na sociedad no puede crearse a sí misma sin crear al mismo tiempo el ideal de sí misma”, parece a todas luces evidente que quienes ejercían el poder y la dominación durante el orden colonial apalearon un tipo de representaciones colectivas que exaltaba –casi hasta el fanatismo– el ideal del culto a Dios y lo sostuvieron.

El predominio del fundamento “sagrado” alude a una sociedad considerada “tradicional”, mientras que el valor “profano” hace referencia a otra de tipo “moderno”. En la perspectiva de Weber, el pasaje de una a otra implica un momento del proceso de racionalización cultural y societal en el cual descuella el “descentramiento de las imágenes del mundo”, la desestructuración del centro simbólico religioso o sagrado cuyo discurso obra como una cosmovisión totalizante. La modernidad, precisamente, es el momento de escisión, de autonomización de esferas culturales de valor que hasta entonces estaban legitimadas por el discurso religioso. Esas esferas culturales de valor refieren a arte/literatura, ciencia/tecnología y moral/derecho. La autonomización es también autolegitimación: así, las esferas escindidas “cristalizan en formaciones discursivas con sus propias estructuras de plausibilidad o pretensiones de validez –la rectitud-justeza de las normas, la verdad de los enunciados de la ciencia y la autenticidad expresiva de una obra de arte–”, para decirlo con palabras de Josetxo Beriain (1990: 79).

El descentramiento de la cosmovisión religiosa posibilitó la consagración de tres valores con sus respectivas racionalidades y discursos: ciencia, moral-derecho y arte. En la interpretación que Habermas hace de la proposición weberiana, ello expresa la institucionalización, en la modernidad, de tres racionalidades postradicionales: técnica, normativo-moral y estética. Estamos en presencia de nuevas representaciones colectivas, desacralizadas, secularizadas, que “conforman una cosmovisión descentrada profanizada”. Esas tres racionalidades postsacras y esta cosmovisión sin centro y profana se relacionan también con la “emergencia de un concepto formal tridimensional del mundo –objetivo, social, subjetivo–, en torno al cual se articulan nuevos estándares de verdad, de justicia y de gusto altamente abstractos y formalizados” (Beriain, 1990: 242).

Iniciada la transición al orden poscolonial, las ciudades más importantes experimentaron cambios de mayor o menor intensidad en el proceso de modernización –que nunca alcanzó a ser de modernidad–, visibles en la trama urbana, en el urbanismo y en la arquitectura. Allí es posible apreciar el cambio de racionalidad, de estructura simbólica, de imaginarios sociales y de representaciones colectivas aludido arriba. Salvo casos excepcionales –como la ciudad de La Plata, fundada para ser capital de la provincia de Buenos Aires después de la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880–, las ciudades combinaron lo antiguo y lo moderno, de donde hubo monumentos que fueron memoria (las iglesias) y otros que fueron cimiento, como los monumentos a los héroes nacionales o los edificios sede del conocimiento científico (Facultades de Ciencias Exactas, Físicas, Naturales, Matemáticas, Medicina, observatorios astronómicos, museos de anatomía, botánica, geología y mineralogía, zoología), en tanto expresión de una nueva esfera, la de la ciencia, con un enunciado y un paradigma de verdad que cuestionó con fuerza el tradicional carácter de verdad revelada y, por extensión, el propio papel de Dios. El conocimiento del mundo de la naturaleza se desacralizó, se secularizó.

En la esfera del arte o de la racionalidad estética, fue el teatro –quizá más que la pintura– el vehículo de expresión de nuevos valores, símbolos e imaginarios, que ya no fueron solo exaltaciones de la fe católica. Las diferentes manifestaciones artísticas fueron promovidas desde el Estado y desde la sociedad civil, predominando la visión secularizada –por lo tanto, descentrada– del mundo. La arquitectura desempeñó, en el plano de la estética, un papel aún mucho más significativo como expresión física de nuevos símbolos, con una obvia mayor dimensión cuantitativa y cualitativa en las ciudades capitales. La definición de los héroes nacionales –José Artigas en Uruguay, Bernardo O’Higgins en Chile, Simón Bolívar en Venezuela, José de San Martín en Argentina, Joaquín José da Silva Xavier Tiradentes en Brasil, Benito Juárez en México, Juan Santamaría en Costa Rica, Francisco Morazán en Honduras, para citar unos pocos casos– no fue un proceso fácil y la historia de cada caso arrojaría mucha luz al respecto, tal como se aprecia en el caso de Tiradentes (Carvalho, 1990).

Entre los historiadores interesados en estudiar el proceso de formación de las naciones latinoamericanos, se hizo habitual acudir a Benedict Anderson y su celebrado libro Comunidades imaginadas. En él, el historiador inglés destaca, a propósito del proceso de la construcción de las naciones, incluyendo las latinoamericanas, la importancia de la capacidad de lectoescritura en tanto instrumento de creación de un nuevo y más amplio sentimiento de pertenencia (Anderson, 1993: capítulos IV y, sobre todo, V). Empero, acotan William Rowe y Vivian Schelling (1993: 38), esa interpretación tiene, para el caso de América Latina, una fuerte debilidad, la de omitir el decisivo papel de la cultura popular, no letrada y basada en la transmisión oral y la iconografía. La Virgen de Guadalupe, en México, es un buen ejemplo de ello. Se puede ir más allá aun y señalar que esa incidencia de la cultura popular en la formación de la identidad nacional y del sentimiento de pertenencia no siempre encuentra la posibilidad de cierta fusión con la propuesta de la clase dominante. A menudo es derrotada e incluso barrida. Pero cualquiera sea el resultado, siempre es la culminación de un conflicto fundamentalmente político (182).

La elaboración de las primeras historias y literaturas “nacionales” –por lo general asociada a la creación de las respectivas Academias Nacionales de Historia y de la Literatura o de la Lengua– también desempeñó un papel decisivo en el proceso de construcción de la identidad nacional. En el campo de la iconografía, o de la plástica, si se prefiere, se destaca, sobre todo, la producción de cuadros emblemáticos, instrumentos decisivos para fijar la imagen de acontecimientos (por lo general, batallas), héroes y próceres. Aquí, uno de los símbolos más destacados fue el del caballo blanco, el cual aparece en diversas representaciones, como en el caso de los militares Bolívar, San Martín, O’Higgins, Morazán y, sin ser él héroe nacional, Deodoro da Fonseca, el primer presidente de la República brasileña. Y hasta un héroe civil como José Martí tiene una representación de su muerte, en el combate de Dos Ríos montado en un caballo blanco (183). Y es inigualable el simbolismo del célebre cuadro Abrazo de Maipú, de Pedro Subercaseaux, que inmortaliza el que se habrían dado San Martín y O’Higgins tras el triunfo patriota en el mismo campo de batalla. Y para el caso, importa poco si el hecho fue real o ficticio: lo que interesa es la carga simbólica del abrazo.

Maria Lígia Prado muestra de manera notable el caso de pintores latinoamericanos que, en la segunda mitad del siglo XIX, tomaron las independencias políticas de las ex colonias como uno de los principales temas históricos susceptibles de ser pintados. Para ella, la pintura histórica de la América Latina del siglo XIX es “parte integrante de la elaboración de imaginarios sociales que, al mismo tempo, absorben y producen símbolos políticos definidores de las identidades nacionales” (Prado, 2008: 19-20). En su estudio, la historiadora brasileña toma los casos del brasileño Pedro Américo de Figueiredo Melo y del uruguayo Juan Manuel Blanes, autores de una vasta producción pictórica. De esta, seleccionó para su análisis, respectivamente, Independência ou Morte (el Grito de Ipiranga dado por el príncipe Pedro) y El Juramento de los 33 Orientales. Ambos cuadros se transformaron en imágenes fundacionales de la construcción de las nacionalidades brasileña y uruguaya. En ambos, historia, política y pintura se entrelazan de forma simbiótica.

Ahora bien, ¿quiénes componían la nación? Para la clase dominante, la nación surgía de las elites y enmarcada por la armonía. Así, diversos pintores, por toda América Latina, asumieron esa perspectiva elitista al pintar escenas de la historia nacional oficial, colaborando con la elaboración de una identidad “civilizada”. En las visiones oficiales, el “pueblo” quedaba confinado a un lugar subalterno, aunque algunos artistas, entre ellos el brasileño José Ferraz de Almeida Junior y el argentino Prilidiano Pueyrredón, se dejaron seducir por el “color local” y permitieron que temas de la vida cotidiana y modelos de gente simple o común fuesen retratados.

Mirado el proceso desde otra perspectiva, uno de los vehículos de la construcción de la nación “desde abajo” puede ser la etnia, en particular allí donde las comunidades presentan un proyecto alternativo de Estado nacional (Carrera Damas, 1983), pero ello no ocurrió en el siglo XIX y durante casi todo el XX. Como se verá en el capítulo 7 del tomo II, este es un punto nada trivial a considerar en la actualidad frente a los movimientos sociales del nuevo siglo.

Lo cierto es que, asegurada la independencia, la constitución de la nación estuvo íntimamente ligada a la necesidad de control social y disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Así, se pasó rápidamente de una “nación cívica” que resaltaba los valores de libertad y virtud de los “ciudadanos” a una “nación civilizada” (Quijada, 2004). En efecto, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y en la medida en que la exclusión se manifestó como una necesidad inmediata, los valores del “civismo” fueron reemplazados por los de la “civilización”, es decir, los valores urbanos y europeos, justificados socialmente por una jerarquía racial y biológica, a la que se daba por “científicamente” probada. Esta realidad comenzó a cambiar a principios del siglo XX, cuando cobró fuerza el discurso de lo que Mónica Quijada denomina “nación integrada” y que aquí preferimos aludir en los términos que utiliza Patricia Funes (2006), “salvar la Nación”, en una perspectiva que claramente pone el conflicto en el centro de la atención.

Se trata de un momento de revalorización del mestizaje cultural y la mezcla racial, en el marco de la crisis de las décadas de 1920 y 1930. Durante el siglo XX, la ampliación del mercado interno y la mayor afirmación del sistema de clases habilitaron mejores oportunidades para la definición de proyectos alternativos, para lo cual la constitución de movimientos campesinos y movimientos obreros fue sin duda un elemento crucial. No obstante, antes del advenimiento de las sociedades de masas, es claro que la construcción de una nación más inclusiva estuvo dada más a partir de la extensión de sus rasgos materiales (territorio políticamente delimitado y soberano y, más incipientemente, mercado interno) que de sus rasgos ideales (comunidad compartida de valores), que vinculan la nación a la ciudadanía.

Durante el siglo XIX, las guerras entre países contribuyeron a cimentar, aunque de manera desigual, un cierto sentimiento de pertenencia e identidad nacional, un proceso bastante complejo, en rigor. Las guerras fueron aún más importantes en el proceso de construcción de los Estados. Hubo dos tipos de guerras: las que libraron países latinoamericanos entre sí y las que algunos de ellos tuvieron con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y (en la década de 1860) España. En los dos tipos hubo guerras que, pese a su carácter internacional, no fueron ajenas a los conflictos políticos internos de los países involucrados. Los ejemplos se encuentran mucho más en el primer tipo que en el segundo, donde el México insurgente contra Maximiliano y las fuerzas francesas ilustra el caso de guerra contra una potencia europea agresora –en cierto sentido, de liberación nacional– solapada con la interna entre liberales y conservadores. Pero más aún: “En la lucha contra los invasores extranjeros y sus aliados conservadores, el liberalismo finalmente se fusionó de manera inseparable con el patriotismo mexicano; así, se nacionalizó” (Aguilar Rivera, 2011: 140).

Mirado desde la perspectiva de la guerra como generadora de cierto sentimiento identitario nacional, un caso notorio fue el de Chile, involucrado en dos guerras: contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837-1839 y la del Pacífico, otra vez contra Perú y Bolivia, en 1879-1883. La primera es bien significativa, indicadora de la ausencia de ese sentimiento hacia la década de 1840. En efecto, como también se dio en el caso de la Guerra Grande uruguaya, los contendientes no se definieron exclusivamente por pertenencia “nacional”. De hecho, en esa guerra las fuerzas militares opuestas a las de la Confederación Perú-Boliviana estaban compuestas por la Marina y el Ejército chilenos más el llamado Ejército Unido Restaurador del Perú, integrado por peruanos opositores al Gobierno del presidente Santa Cruz, quien, como se ha dicho, había dividido a Perú en dos: Estado Nor-Peruano y Estado Sud-Peruano. Entre estos opositores se encontraban, inter allia, Antonio Gutiérrez de La Fuente, Ramón Castilla, Felipe Pardo y Aliaga (autor de unos versos contra “el indio Santa Cruz”), exiliados en Chile, y Agustín Gamarra y algunos de sus seguidores, que lo estaban en Ecuador.

También el gobernador de Buenos Aires, Rosas, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina se sumó, en el comienzo de las hostilidades, a la coalición antiperuboliviana, con el pretexto del exilio brindado por el Gobierno de Santa Cruz a unitarios (que habían hecho algunos intentos de atacar territorio argentino) y por la cuestión de la posesión de Tarija. En mayo de 1837, Rosas nombró a Alejandro Heredia “General en Jefe del Ejército Argentino Confederado de Operaciones contra el tirano General Santa Cruz”, pero su campaña militar no fue favorable, produciéndose una sublevación en Tucumán, en el curso de la cual Heredia fue asesinado. Los gobernadores de las provincias argentinas del Noroeste, contrarios a la continuidad de la participación en la guerra, entraron en negociaciones de paz con el Gobierno de Santa Cruz. Salta y Jujuy lograron recuperar territorios ocupados, pero Tarija quedó, hasta hoy, en poder de Bolivia.

Mario Góngora ha resaltado el papel de la guerra –a la que considera un “factor histórico capital”– en la formación de la nacionalidad chilena, tanto que cada generación del siglo XIX vivió una. Permítasenos citarlo in extenso: “Primeramente, la ofensiva lanzada en 1813 por el Virrey del Perú desencadenó las guerras de la Independencia, que trajeron como consecuencia la creación del nuevo Estado y que se prolongaron en la ‘guerra a muerte’ contra los realistas del Sur y en la campaña para la liberación del Perú, bajo el mando de San Martín. Más tarde se suceden, a lo largo del siglo, la guerra de 1836-1839 contra la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz, la guerra naval contra España (1864-1866), la guerra del Pacífico (1879-1883), vivida como guerra nacional, y por último la guerra civil de 1891. Mas no hay que olvidar la inacabable ‘pequeña guerra’ contra los araucanos, con sus periódicas entradas en la selva y en los reductos indígenas, los incendios de siembras, los mil ardides de la ‘pequeña guerra’, que remata en un levantamiento mayor en 1880, que solo puede considerarse definitivamente aplastado en 1883. […] A partir de las guerras de la Independencia, y luego de las sucesivas guerras victoriosas del siglo XIX, se ha ido constituyendo un sentimiento y una conciencia propiamente ‘nacionales’, la ‘chilenidad’. Evidentemente que, junto a los acontecimientos bélicos, la nacionalidad se ha ido formando por otros medios puestos por el Estado: los símbolos patrióticos (banderas, Canción Nacional, fiestas nacionales, etc.), la unidad administrativa, la educación de la juventud, todas las instituciones. Pero son las guerras defensivas u ofensivas las que a mi juicio han constituido el motor principal. Chile ha sido, pues, primero un Estado que sucede, por unos acontecimientos azarosos, a la unidad administrativa española, la Gobernación, y ha provocado, a lo largo del siglo XIX, el salto cualitativo del regionalismo a la conciencia nacional” (Góngora, 1981: 9 y 12).

Paraguay, en cambio, es un caso diferente, porque allí ese cierto sentimiento identitario, sin ser necesariamente nacional aún, debió haber existido antes de la Guerra de la Triple Alianza. De lo contrario, no se explica la lealtad popular, que no es una construcción rápida, a la causa del país. Mientras que en Brasil y Argentina las deserciones de soldados de las provincias interioranas fueron frecuentes, ellas no se produjeron (o no fueron significativas) entre los paraguayos convocados a las armas.

A diferencia de la guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias del Río de la Plata, y la de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, la del Paraguay y la del Pacífico tuvieron consecuencias terribles para los países derrotados, que vieron amputado su respectivo territorio (Paraguay debió cederlo a Argentina y Brasil, y Perú y Bolivia a Chile), lo que afectó considerablemente el proceso de formación estatal en cuanto a capacidad de ejercer imperium sobre un espacio determinado, tanto en los vencedores –apropiadores de territorios– como en los vencidos –despojados de territorios–, siendo para unos y otros un hiato en las historias nacionales, algunos de cuyos ecos –como en el caso de Bolivia con la pérdida del litoral marítimo– todavía hoy resuenan.

Mas no solo la amputación territorial fue uno de los altos costos de la guerra sufridos por Perú. Más brutal fue el que pagó la población indígena. Cuando se inició la guerra, en 1879, el campesinado indígena fue movilizado y armado para enfrentar al ejército invasor. Este hecho, señala Larson (2002: 125-126), “alteró radicalmente el equilibro de poder en la sierra central […] [E]l surgimiento de bandas guerrilleras autónomas en medio de la invasión chilena, la guerra civil y el colapso de la autoridad política en toda la región, desde los puntos más alejados de Ancash a los rincones sur-orientales del valle del Mataron, cerca del límite co Huancavelica. Fue allí –en los pliegues montañosos de las cordilleras de Ancash y Junín– que se decidió el destino de la nación entre 1881 y 1882. Allí tuvieron lugar los dramas más sangrientos de la guerra, la represión y las reivindicaciones”.

La ofensiva chilena en pos de los territorios peruanos ricos en guano y salitre tomó la forma de una terrible secuencia de invasión, ocupación y saqueo que, además de los perjuicios económicos, provocó una división política entre los grupos dominantes, incapaces no solo de constituir un frente común contra el enemigo, sino también responsables de la guerra civil que dividió al país entre las elites norteñas de Cajamarca, que pretendían negociar con los chilenos con el objetivo de “disminuir las pérdidas y consolidar su propia base de poder”, y los pobladores de la sierra central. El Ejército del Norte, comandado por el general Miguel Iglesias (un rico hacendado), y las fuerzas irregulares, dirigidas por el general Andrés Cáceres, fuerte en las sierras central y sur, se enfrentaron duramente hasta que el triunfo militar del primero obligó a las segundas a acordar un pacto político.

Larson indica tres fases a lo largo de la confrontación de los peruanos con los chilenos y la posguerra: 1) la guerra defensiva contra los invasores (1879-1883); 2) la guerra civil y regional peruana (1883-1884); 3) la alianza de las fuerzas militares contra los considerados “enemigos internos” de la nación: los campesinos y los revoltosos, devenidos “bandidos” y “bárbaros” (1884-1890). Así, la invasión chilena destruyó “los frágiles vínculos paternalistas y coercitivos que apenas habían contenido los odios étnicos y de clase en las décadas de 1860 y 1890”.

Durante la primera fase, los hacendados del norte organizaron y armaron a sus propios campesinos para enfrentar a los invasores, pero cuando las tropas de Cáceres no pudieron seguir enfrentando al poderoso ejército chileno y “se retiraron a Ayacucho, dejando la sierra central completamente abierta al pillaje y el terrorismo chileno”, fueron los campesinos los que se organizaron en montoneras, mal armadas e inferiores en número, para hostigar a los ocupantes extranjeros, con varias acciones exitosas. Suplieron al retirado ejército de Cáceres en la defensa del territorio, pero los hacendados los percibieron –en tanto indígenas campesinos armados– como una amenaza mayor que la del ejército chileno, de ahí que “muchos comerciantes y terratenientes comenzaron a conspirar en contra de los soldados campesinos, con la esperanza de alcanzar un rápido acuerdo de paz con Chile que permitiera restaurar el orden en el campo”. Lógicamente, “las guerrillas comenzaron a ver a las elites regionales como ‘peruanos traidores’ […] De este modo, entre 1881 y 1883 la sierra central pasó a ser el principal centro de la resistencia nacional y la lucha de clases” (Larson, 2002: 128-130).

En 1882, el general Iglesias organizó el llamado “Gobierno Libre del Norte” e inició negociaciones con los chilenos en procura del fin de la guerra, con el apoyo de banqueros, hacendados y políticos, incluyendo a los terratenientes de la sierra central, temerosos de los “guerrilleros bandidos”. La conclusión fue la firma del Tratado de Ancón, en 1883, que Cáceres y muchos otros vieron como “una burla a su campaña militar y una desgracia para la nación” (184). Además, Cáceres, con su ambición de ser presidente, entró en colisión con Iglesias, y así el fin de la contienda contra los chilenos abrió paso a la guerra civil, segunda fase peruana de la Guerra del Pacífico. Ella se expandió a lo largo del valle del Mantaro, con las montoneras invadiendo haciendas en pos de armas, ganado o algo con qué alimentarse. Las cosechas se perdieron, los alimentos incrementaron su precio y el hambre se extendió. La guerra civil no tenía con qué sostenerse materialmente, “ni siquiera en las haciendas y aldeas que no habían sido incendiadas o abandonadas”. En tal situación, ya a comienzos de 1884, “las faccionalizadas elites peruanas habían comenzado a dejar de lado sus diferencias y cerrar filas contra la creciente amenaza de la anarquía rural en la sierra central”. En junio de ese año, Cáceres traicionó a sus soldados campesinos y zanjó diferencias con Iglesias, aceptando incluso el Tratado de Ancón. Así concluyó la guerra civil. Cáceres estaba en condiciones de “capitalizar sus heroicos esfuerzos en la resistencia”, pero solo si lograba el apoyo de “los oligarcas costeños y los hacendados serranos”. El precio de tal apoyo era el aplastamiento de “las guerrillas que alguna vez habían defendido a la nación en nombre suyo”. No demoró nada en pagarlo: apenas un mes más tarde del acuerdo con Iglesias, “capturó, juzgó y ejecutó en la plaza de Huancavelica a Tomás Laimes, un jefe guerrillero, y sus tres asistentes. Con esta matanza, Cáceres lanzó una campaña, militar y retórica, de represión. Posteriormente, como presidente lanzó todo el peso de su cargo contra las montoneras” (Larson, 2002: 131).

Adicionalmente, la devastadora crisis agraria de 1883-1884 se hizo sentir con fuerza en el Callejón de Huaylas, un área ya castigada por las requisas militares y la recaudación de fondos. En ese contexto, sin ningún tino, las autoridades locales decidieron cobrar el impuesto bélico de 1879. “Esta doble capitación (un impuesto cuasi tributario que no conllevaba ninguno de los derechos o privilegios tradicionales asociados con el estatus fiscal del indígena) habría de ser la chispa de la rebelión. La población de Huaylas estalló en una masa de levantamientos rurales y urbanos que por breve tiempo convirtieron el Callejón en un caldero de insurgencia y represión”. Esos campesinos indígenas vivieron la guerra con la lente de las extorsiones coercitivas de las autoridades locales, incluso hasta mucho tiempo después de la retirada de las tropas invasoras. “Los campesinos del lugar fueron escogidos para que pagaran más impuestos porque eran ‘indios’. No se les pidió que se unieran a la resistencia nacional como ‘ciudadanos’ o ‘patriotas’ que luchaban contra los bandoleros chilenos” (Larson, 2002: 136). Queda claro, acotamos nosotros, que no había por entonces una nación peruana.

El corolario de los movimientos del Mantaro y del Huaylas fue que las clases dominantes convirtieron a los indígenas “en un chivo expiatorio conveniente y favorito de la debacle republicana […] Una de las amargas ironías del Perú de la posguerra es que la elite limeña –de la conservadora a la iconoclasta– borró a los indios del guión nacional como sujetos políticos probados o potenciales” (Larson, 2002: 140 y 142). Como en el caso boliviano, también en Perú, el imaginario social fue modelado por la clase dominante en términos de exclusión social y política, por ende, de la nación. Pero como no podía prescindir de la fuerza de trabajo de los indígenas, la política se orientó en la dirección de su subordinación y disciplinamiento para la economía, y eventualmente para la guerra. Uno de los políticos de entonces lo expresó con total franqueza: “Mediante una sabia tutela debemos convertir al indio en un trabajador o soldado, para liberarlo de sus tradiciones locales y de su medio depresivo y monótono” (apud Larson, 2002: 141).

Por doquier, en las primeras décadas del siglo XX fue primordialmente la convergencia hacia el conflicto con la dominación y la dependencia extranjera el elemento que afirmó la consolidación de la Nación. Como se verá en el capítulo 5 del tomo II, el nacionalismo (que en muchos casos recuperó los clásicos argumentos del positivismo) sirvió de soporte ideológico para la construcción nacional. La independencia de Cuba ilustra el caso, de modo muy singular, por su condición tardía. Allí coincidieron dos elementos que en los otros países de la región en general se dieron disociados: la constitución de una unidad territorial soberana y la constitución de una comunidad de valores fuertemente antiimperialistas. Los sentimientos nacionalistas de Cuba se fortalecieron cuando Estados Unidos desconoció el derecho de los insurgentes a la soberanía. Significativamente, el Gobierno norteamericano negó el derecho del general Calixto García, jefe del ejército independentista, a participar del acto de capitulación de las fuerzas españolas en La Habana. Así, en Cuba, el sentimiento nacionalista se constituyó inmediatamente como sentimiento antiimperialista.

Más allá de las diferencias entre los países, queda claro que el proceso general de formación del Estado y la Nación distó de avanzar en la dirección de una transformación radical de las sociedades latinoamericanas y estuvo lejos de ser un movimiento histórico inclusivo y acabado. El cambio fue dirigido “desde arriba”, con una explícita renuncia a la movilización y participación de las clases subalternas, lo cual resultó en Estados débiles, en general, oligárquicos. Ellos organizaron políticamente a sociedades cuyas matrices –plantación, hacienda o estancia– tuvieron un común denominador: la propiedad latifundista de la tierra. Y si bien tuvieron diferencias notables –por ejemplo, el papel desempeñado por el capital y las formas de organización del trabajo–, ellas no alteraron lo fundamental, esto es, la gran propiedad de la tierra como núcleo de la dominación oligárquica e incluso de la persistencia de varios de los atributos de la oligarquía en regímenes tan disímiles como los democráticos liberales, populistas, autoritarios y dictatoriales, uno de los cuales, el clientelismo, es paradigmático (185). Es bien significativa la presencia clave de terratenientes de un determinado espacio geográfico-social en la afirmación del poder político. Tal los casos, por ejemplo, de los hacendados del Valle Central (en este caso asociados con los comerciantes de Valparaíso) en Chile, los cafetaleros del Valle de Paraíba en Brasil, los ganaderos bonaerenses en Argentina y los propietarios del área comprendida entre las ciudades de Caracas y Valencia en Venezuela.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se introdujeron, en buena parte de América Latina, nuevas técnicas y nuevas formas de organización de la empresa y del trabajo que permitieron mayor productividad, producción y ganancias para seguir produciendo lo mismo (o casi) que durante la dominación colonial: materias primas para la industria capitalista del centro. En términos de Florestan Fernandes, como ya se adelantó en el capítulo 1, claro caso de modernización de lo arcaico y simultánea arcaización de lo moderno. Para entonces, una buena parte de los países latinoamericanos –al menos los más importantes– se dedicó a instrumentar lo que Carrera Damas ha llamado “proyecto nacional” (186).

Por doquier, el problema era el mismo: cómo construir Estados modernos en sociedades tradicionales y cómo articular unos y otros en contextos de tales desfases. No es de extrañar entonces que, al concluir el siglo XIX, los países latinoamericanos coronaran, de alguna manera, el complejo proceso de cuádruple construcción de la nación, el Estado, una nueva sociedad y la adecuación de las economías nacionales a la economía-mundo capitalista de un modo tal que puede definirse en términos de revolución pasiva dependiente o de modernización conservadora dependiente, según se prefiera hacerlo inspirándose en Antonio Gramsci o en Barrington Moore, respectivamente.

Nueva digresión teórico-conceptual: la revolución pasiva

Gramsci elaboró la categoría analítica “revolución pasiva” a partir de la similar expresión de Vincenso Cuoco, que asoció con la de “revolución-restauración” de Edgard Quinet. Así, el nuevo concepto le permitió precisar el carácter exacto de experiencias históricas europeas, a partir de los episodios revolucionarios napolitanos de 1799 (que fueron una respuesta a la Revolución Francesa, un hecho externo a la sociedad italiana, no interno), en las cuales la modernización del Estado se produjo mediante una serie de reformas “y de guerras nacionales”, evitando pasar por la revolución política radical-jacobina, es decir, por la carencia de iniciativa popular “y el hecho de que el ‘progreso’ se verificaría como reacción de las clases dominantes al anarquismo esporádico e inorgánico de las masas populares con ‘restauraciones’ que acogen alguna parte de las exigencias populares, por consiguiente ‘restauraciones progresivas’ o ‘revoluciones-restauraciones’ o también ‘revoluciones pasivas’” (Gramsci, 1975: I, 504 y II, 957).

La categoría analítica “revolución pasiva” debe verse en relación con otras gramscianas, como las de “hegemonía”, “transformismo”, “bloque histórico”, “guerra de posiciones”. Su empleo lleva también a analizar detenidamente el papel activo de los intelectuales, especialmente por la relación que establecen con el Estado (y este es un aspecto nodal de la teoría del Estado de Gramsci) y por su condición de sujetos históricos que reemplazan a una burguesía estructuralmente débil en el pasaje del momento económico-corporativo al ético-político. En América Latina, hay por lo menos cuatro experiencias –desarrolladas hacia 1870-1920– en las que los intelectuales, a menudo dirigiendo (en el sentido gramsciano) el Estado, desempeñan el papel de motor de la modernización capitalista, supliendo a burguesías estructuralmente débiles: Argentina, Brasil, México y Uruguay. Desde esta perspectiva, el batllismo constituye un ejemplo paradigmático de tal función de los intelectuales.

Una revolución pasiva se caracteriza por tres ausencias: 1) de alianza de la burguesía con las masas; 2) de reforma intelectual y moral, y 3) de una voluntad nacional-popular para transformar el Estado de modo jacobino, es decir, radical.

La revolución pasiva es una combinación de continuidades y de cambios, o de renovaciones y restauraciones, en el conjunto de la sociedad, que la modifican efectivamente (la modernizan) sin transformarla radicalmente; es un proceso que reconoce el poder y privilegios de clases o grupos tradicionales dominantes en regiones menos desarrolladas en términos capitalistas, al tiempo que frenan el potencial transformador que eventualmente pueden demandar las clases subalternas. Puede decirse, como lo hace Franco De Felice (1977), que es una dialéctica conservación-innovación. La revolución pasiva es un proceso de transformación capitalista que resulta del acuerdo entre clases o fracciones dominantes –la forma de mutación de los sujetos sociales dominantes, dice De Felice–, con exclusión de las clases subalternas y de los componentes “jacobinos”, con empleo sistemático de la violencia o coerción y con una decisiva intervención del Estado en todos los espacios societales. Se trata de una solución “desde arriba”, elitista y antipopular, que en varios países latinoamericanos se expresó bajo la forma de una dominación política oligárquica. Característica decisiva de la revolución pasiva es el papel del Estado como dirigente del proceso, supliendo a un grupo, clase o fracción, es decir, el ejercicio de una funzione piemontesa, como también la práctica del transformismo, sea molecular, sea orgánico. El Estado desempeña, así, el papel del partido político. Una revolución pasiva se sitúa en una encrucijada histórica que combina fuerzas sociales progresivas (en relación con las existentes en la sociedad de la que forman parte), aunque estructuralmente débiles e insuficientes por sí mismas, “con una situación internacional favorable a su expansión y victoria”.

La revolución pasiva ofrece un abanico de posibilidades analíticas de los procesos de formación, desarrollo y consolidación de los Estados modernos burgueses. Dora Kanoussi y Javier Mena (1985: 100) afirman que ella es “[l]a forma política ‘al fin descubierta’ por la burguesía para llevar a cabo la conquista del poder”, pero también es “la forma política que permite al capital conservar el poder, el reformismo preventivo de los Estados modernos”. El estudio de las experiencias latinoamericanas llevan a un corolario no contemplado por Gramsci: en América Latina, la vía por excelencia de las burguesías para la construcción de la sociedad capitalista y de su Estado es la revolución pasiva dependiente. Un analista que observe desde una perspectiva como la de Moore, puede decir: en la transición al capitalismo y en la construcción del Estado moderno, las revoluciones “desde abajo” produjeron sistemas políticos democráticos; las realizadas “desde arriba”, dictaduras. Ubicados en una perspectiva gramsciana, en cambio, encontramos que en ese mismo doble proceso, las revoluciones radicales-jacobinas generaron sistemas hegemónicos, mientras que las revoluciones pasivas condujeron a situaciones de dictaduras sin hegemonía.

Ahora bien: una revolución pasiva es un proceso producido como una consecuencia posible de ciertas estructuras sociales y correlaciones de fuerzas, de un cierto coeficiente histórico. La clave se encuentra en el componente jacobino, más específicamente, como bien ha señalado el historiador brasileño Alberto Aggio (1998: 171), en saber con qué alcance y mediante qué formas las clases subalternas vieron constreñido su protagonismo.

La transición de la sociedad estamental a la sociedad de clases

Como ya adelantamos, la ruptura del nexo colonial abrió el camino para un proceso de desestructuración/reestructuración social, el de pasaje de la sociedad estamental a la sociedad de clases, proceso, por cierto, también complejo, conflictivo –estructural y culturalmente– y largamente extendido en el tiempo. Ese pasaje en el plano estructural tenía su correspondencia en otro, en el plano jurídico-político: de los fueros a los derechos, de la condición de súbdito (titular de obligaciones) a la de ciudadano (titular de derechos y obligaciones). A lo largo de esa transición –y de su desarrollo en el siglo XX–, la tensión entre líneas de continuidad y líneas de ruptura fue muy fuerte y fue notorio el peso de las permanencias. Durante el período, entonces, se mantuvo buena parte de la estructura social colonial, a pesar de la derogación jurídica de la legislación de castas y, en consecuencia, las distintas clases distaron de conformarse plenamente.

La cuestión de las clases sociales es, como se sabe, una de las más controvertidas dentro de la teoría social. Su tratamiento minucioso desde ese punto de vista escapa a los límites de este libro. Por cierto, asumimos la existencia de clases sociales en América Latina y la pertinencia del análisis de clase, asumiendo también que se trata de una cuestión que requiere renunciar a cualquier tipo de escolástica (187). Aquí solo precisaremos algunos aspectos fundamentales con los cuales trabajamos en nuestro análisis.

En primer lugar, siguiendo una sugerencia formulada alguna vez por Francisco Weffort, entendemos –a los efectos de nuestro objeto en este libro– que es más útil centrarnos, más que en el concepto, en las relaciones de clases o, si se prefieren los términos del historiador británico E. P. Thompson, en la lucha de clases. En segundo lugar, asumimos el criterio de máxima especificidad histórica, según el cual las clases sociales aparecen con el capitalismo; por lo tanto, para el caso latinoamericano, ellas comienzan a constituirse durante el proceso de transición de la economía colonial a la economía capitalista dependiente. Enfatizamos la expresión “comienzan” para tener bien presente que se trata de un proceso de constitución no definido plenamente durante el siglo XIX y que, adicionalmente, fue desigual en los distintos países e incluso dentro de cada uno de ellos. En tercer lugar, recordamos que el capitalismo no fue, en América Latina, un proceso resultante del desarrollo de fuerzas sociales internas, sino el producto de la invasión, la conquista y la colonización y, luego, de la inserción en la economía-mundo en situación de dependencia. Los europeos no trasladaron mecánicamente relaciones sociales de producción y las que se constituyeron aquí incorporaron otro componente: las relaciones étnicas. Unas y otras se solaparon, sin coincidir necesariamente, y definieron dobles identidades. La condición étnica atravesó (y sigue atravesando) la constitución y la percepción de la estructura y la condición de clase, y viceversa.

Analíticamente, es conveniente tener en cuenta la observación de Florestan Fernandes (1973: 197): “Las clases sociales no ‘son diferentes’ en América Latina. Lo que es diferente es la manera en que el capitalismo se objetiva y se irradia históricamente como fuerza social”. Es decir: igual lógica, diferente historia. Metodológicamente, interesa la evidencia empírica que da cuenta del proceso histórico real, el cual permite aprehender la multiplicidad de determinaciones que forman lo concreto, evitando una formulación puramente abstracta y/o mecanicista. Analíticamente, también interesa tener en cuenta las siguientes proposiciones:

1) El concepto “clase” es una construcción teórica que permite identificar a determinados hombres y mujeres como parte de un mismo colectivo social, cuyos rasgos comunes posibilitan, a su vez, diferenciarlo de otro(s) colectivo(s). Por cierto, no hay una fatal o necesaria coincidencia entre clase real y clase teórica, como es empíricamente evidente.

2) Las clases sociales son categorías históricas, es decir, no son dadas de una vez sino que son dinámicas, se constituyen, desarrollan, cambian y desaparecen pari passu la sociedad de la que forman parte.

3) Las clases sociales se diferencian de otras formas anteriores de distinción social (entre ellas, los estamentos) por presentarse bajo la forma de una relación puramente económica. En las sociedades de clases, son las relaciones de propiedad las que definen a estas.

4) Las clases sociales no existen en situación de aislamiento, son una realidad relacional, es decir, existen en tanto y en cuanto hay dos o más de ellas.

5) El proceso de formación de clases es el movimiento mediante el cual hombres y mujeres se constituyen como sujetos colectivos a partir de, o en torno a, intereses comunes (intereses de clase) en el interior de una estructura social. Para llegar a esta situación, los integrantes de cada colectivo tienen que haber alcanzado cierto grado (importante) de comprensión de sus intereses comunes, es decir, tener conciencia de clase (188). Esos intereses son, en primer lugar (pero no exclusivamente) intereses materiales, esto es, el repertorio de alternativas que cada colectivo tiene para satisfacer sus necesidades y alcanzar un creciente nivel de bienestar (otra vez, económico, en primer lugar, pero no exclusivamente). En palabras de Erik Wright (1995a: 24), se trata de opciones para mejorar la relación entre trabajo, ocio y consumo, que es otra relación desigual. Los propietarios pueden tener un consumo alto sin trabajar, mientras que para los no propietarios no trabajar es no consumir. Los intereses materiales de una clase son antagónicos cuando su satisfacción conlleva una amenaza (una privación) para otra clase. Tal antagonismo no es solo entre una clase y otra(s). Si bien este antagonismo es el central, también puede darse entre miembros o fracciones de una misma clase. Vale decir, cada clase y su respectiva posición de clase se definen relacionalmente conforme las relaciones sociales que las articulan con otras clases y posiciones de clase. Significativamente, esta es una proposición compartida por weberianistas y marxistas (189). Así, organizados colectivamente, tales sujetos establecen relaciones opuestas, complementarias y antagónicas con otro(s) colectivo(s). Opuestas, en tanto las clases se enfrentan desde posiciones diferenciales, en las que unas son dominantes y otras dominadas (relaciones de dominación/subordinación), es decir, relaciones asimétricas. Complementarias, toda vez que las clases solo existen relacionalmente –unas con otras– y se dan en el interior de una misma estructura social. Antagónicas, pues expresan las contradicciones internas fundamentales de la sociedad. Para las teorías marxistas de las clases, este antagonismo, contradictorio, es resultado de la diferente posición que las clases tienen respecto de la propiedad de los medios de producción y, de allí, los mecanismos mediante los cuales una clase se apropia del plusvalor generado por otra. Tales mecanismos constituyen relaciones de explotación, de donde unas clases son explotadoras y otras explotadas (Stavenhagen, 1969: 34-35). De allí que la contradicción, el conflicto, entre unas y otras se convierta en lucha de clases, la cual, cuando alcanza un grado exacerbado de conflictividad, llevado al límite, se convierte en guerra de clases. En sociedades de clases, la lucha de clases es un componente estructural, mientras que la guerra de clases es, si se produce, coyuntural (en situaciones revolucionarias). “El conflicto de clases por lo general se convierte en una guerra declarada solo cuando se exterioriza, en particular porque el brazo coercitivo del capital está fuera de los límites de la unidad productiva. Esto significa que cuando surgen confrontaciones violentas por lo general no son directamente entre el capital y la mano de obra. No es el capital en sí, sino el Estado, el que se hace cargo del conflicto de clases cuando intermitentemente rebasa los muros y adopta una forma más violenta” (Wood, 2000: 55).

6) El conflicto no es solo característico de las relaciones entre clases. Más aún: las clases sociales se constituyen unas a otras mediante el conflicto, que es una forma de relación, desigual en tanto lo es de poder. “Las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan a luchar. Por el contrario, las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos de interés antagónicos, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico” (Thompson, 1979: 37).

Dicho de otro modo: durante ese proceso, cada clase se define a sí misma en la medida en que sus integrantes se reconocen o identifican como tales, a partir del lugar que ocupan en la sociedad, de la solidaridad de sus intereses y de la práctica en favor de estos. Pero este principio de identidad solo adquiere sentido en tanto se define en relación con otra(s) clase(s), toda vez que ninguna de ellas puede definirse independientemente del conflicto real con un contrincante y del reconocimiento de la lucha con él. El principio de oposición, entonces, define con quién se enfrenta a través del conflicto. Como dice Alain Touraine, este hace surgir al adversario y la conciencia de los actores (los sujetos). Es decir, mediante el conflicto, cada clase se reconoce (identifica) a sí misma y al adversario con el cual confronta, cuya identidad es otra. Finalmente, el principio de totalidad da cuenta de una dimensión que trasciende el marco de la conflictividad y se proyecta al del sistema de acción histórica, en el cual “los adversarios, situados en la doble dialéctica de las clases sociales, se disputan la dominación” (Touraine, 1965: 160-164, y 1973: 360-368). En términos de Pierre Bourdieu, las clases se construyen y, como precisa E. P. Thompson, se construyen mediante la lucha de clases, es decir, la lucha de clases es previa a las clases.

En la misma línea, siguiendo a Adam Przeworski, puede decirse que las clases se hacen, deshacen y rehacen en el desarrollo de la lucha de clases. Ellas “se organizan y se desorganizan como resultado de luchas continuas, organizadas de múltiples maneras”, de modo que “las clases se forman como resultado de la totalidad de las luchas”. Según su parecer, la relación de las clases con la historia aparece de dos maneras: “Por una parte, sus luchas provocan la preservación o la transformación de las relaciones sociales, que incluyen las relaciones de producción. Por otro lado, las clases representan la única relación entre las relaciones de producción y los elementos históricos que participan en la lucha”. Pero la lucha de clases, acota el autor, “no surge mecánicamente de las posiciones en las relaciones de producción” (Przeworski, s. f.: 45, 29, 36, 47, 32 et passim; las itálicas son del autor).

7) Las características de cada clase social resultan –ateniéndonos a la propuesta de Bourdieu (1969)– de los dos componentes de la “situación de clase”: la “condición de clase” (hace referencia a las condiciones materiales de existencia) y la “posición de clase” (remite al lugar ocupado en la estructura de clases y a la relación con las otras clases). Un análisis en estos términos debe completarse con el estudio del espacio social, donde “[l]os agentes y grupos de agentes se definen […] por sus posiciones relativas en ese espacio” (Bourdieu, 1984: 3; itálicas del autor), lo cual implica prestar especial atención a las relaciones entre los distintos colectivos sociales.

Ahora bien: las clases nunca son homogéneas. Están constituidas por sectores, fracciones, segmentos o fragmentos, correspondientes a variaciones de situación y posición en el interior de la misma clase, incluyendo las diferencias culturales, a veces asociadas con ubicaciones geográfico-nacionales (como en el caso de los obreros y los campesinos del norte y los obreros y los campesinos del sur de Italia, distinción a la cual Gramsci prestó especial atención) (190). En América Latina, ese antagonismo intraclase se ha dado entre distintas fracciones de la burguesía: agraria, minera, comercial, más tarde, industrial; entre la nacional y la asociada al capital extranjero antes de, y durante, el imperialismo. Se las encuentra también dentro de la clase obrera y del campesinado. De esas diferencias –que siempre son relacionales– surgen a menudo divisiones ideológicas y/o políticas de envergadura suficiente como para expresarse (y tratar de resolverse) incluso por la vía armada, tal como ilustran, por ejemplo, los enfrentamientos decimonónicos entre liberales y conservadores y/o centralistas y federales, oligarcas y demócratas en casi toda América Latina. Usualmente, esa confrontación intraclase es por definir la conversión de los intereses particulares de una fracción en los intereses generales de la clase toda, es decir, una lucha por la hegemonía en el interior de la clase. Va de suyo que esa definición incide decisivamente en las relaciones y la conflictividad interclase.

8) A medida que el proceso de estructuración social y de clases se desarrolla y se torna más complejo, tanto mayor es la densidad de la opacidad de la división y de las relaciones interclases. En este punto, el analista debe prestar especial atención al movimiento histórico. Al respecto, una buena guía es la ya citada proposición de Gramsci de atender al momento de la superación de la fase puramente económica, es decir, el pasaje a la fase más estrictamente política (catarsis).

9) La mayoría de las sociedades latinoamericanas –y en particular aquellas que fueron el espacio de las grandes civilizaciones maya, azteca e inca– requiere de algún tipo de análisis de la cuestión étnica. “Etnia” es una expresión que a veces se utiliza como un sustituto de la tradicional y denostada expresión “raza”. Con frecuencia hace referencia al campo de la cultura, más específicamente al de las reales o supuestas diferencias culturales entre grupos poblacionales. En América Latina, “etnia” y “étnico” aluden, la mayoría de las veces, a manifestaciones o contenidos culturales, cuando no biológicas, de los pueblos originarios. Y cuando se vincula la etnia o lo étnico con la estructura de clase, los indígenas son siempre sindicados como campesinos.

10) En sociedades latinoamericanas tales, todo analista de la estructura social y de las clases debe tener especial cuidado en recordar que no hay correspondencia lineal entre “estructura social” (y los conceptos pertinentes) y “estructura de clase” (también con sus conceptos pertinentes). Wright, por su parte, propone prestar atención a la distinción entre “estructura de clase” y “formación de clase”. La primera remite a “la estructura de relaciones sociales en las que están inmersos los individuos (o, en algunos casos, las familias) y que determinan sus intereses de clase”. Es decir, la estructura de clase define un conjunto de huecos o posiciones que son ocupados por los individuos o las familias”. La formación de clase, a su vez, trata de “la formación de colectividades organizadas dentro de aquella estructura sobre la base de los intereses prefigurados por esa misma estructura de clases […] Si la estructura de clases se define por las relaciones sociales entre clases, la formación de clase se define por las relaciones dentro de las clases, relaciones sociales que forjan colectividades embarcadas en luchas” (Wright, 1994: 5-6; itálicas del autor).

En lo que hace a América Latina, es pertinente, en esta sección, prestar atención a la muy incitante propuesta del ecuatoriano José Sánchez Parga, quien dice que la etnia se explica mucho más desde la relación que desde la diferencia, es decir, parafraseando a Ruth Benedict, no es la etnia lo que hay que comprender sino el conflicto. Lo étnico solo puede ser comprendido coherentemente si se lo referencia con el Estado, en especial –en la dialéctica del proceso de formación estatal– mediante confrontación entre una y otro. Lo que “especifica el fenómeno étnico es la contradicción que surge entre el proceso de constitución de los Estados nacionales, y a partir del Estado colonial, con sociedades que siguen disputando a dicho Estado su propio territorio, su propia historia y cultura, impidiendo u obstaculizando la integración y la unidad nacionales, que se operan desde el Estado por las clases dominantes” (Sánchez Parga, 1986: 43).

Históricamente –desde la conquista y la colonización (191)-, los indígenas sometidos (por lo menos en el mundo andino, Centroamérica y México) han sido objeto de explicaciones divergentes, según las cuales han sido: a) marginales o no integrados al sistema de clases; b) sujetos de un modo de producción mercantil simple, por tanto, no clasista, amén de secundario o dependiente en el interior de una formación social dominada por el capitalismo, y c) “integrados al sistema nacional e internacional del mercado, tanto estructural como históricamente, lo que obligaría a conceptualizarlos sociológicamente dentro de la evolución de un sistema de clases” (Sánchez Parga, 1986: 57-58).

El sociólogo ecuatoriano señala una cuestión clave: los grupos étnicos (al menos los andinos) nunca constituyeron naciones propiamente dichas, ni siquiera durante el dominio inca (Sánchez Parga, 1986: 47). Esta no es una cuestión menor, sobre todo en la actualidad, cuando hay movimientos indígenas (sobre todo en Bolivia y Ecuador) que levantan la propuesta de constituir un Estado pluriétnico y plurinacional. Escapa a nuestro objeto tratar esta cuestión aquí con detenimiento, aunque no podemos dejar de señalarla, pues nos interesa primordialmente la relación etnia/clase en el proceso de pasaje de la sociedad estamental a la sociedad de clases.

En general, los indígenas latinoamericanos son considerados sinónimo de campesinos (y viceversa). Indígena es condición étnica y campesino es condición clasista. Ahora bien: ¿todo indígena es campesino? ¿Todo campesino es indígena? Sería erróneo responder afirmativamente. La respuesta es compleja y remite a la necesidad de un abordaje en conexión con otras cuestiones clave: la nación (la nacionalidad), la clase, la ciudadanía. Al respecto, Fernando Calderón y Jorge Dandler (1984: 16-28) han postulado analizar los movimientos campesinos andinos (podemos agregar también los mesoamericanos) atendiendo a tres dimensiones: étnico-culturales, de clase y nacionales (dimensión que obliga a tomar en cuenta, seriamente, el concepto ciudadanía), las cuales están muy interrelacionadas entre sí, si bien existen “coyunturas de organización, lucha y movilización social” en las cuales una de ellas prima por sobre las otras. Pero esas coyunturas no deberían sesgar el análisis de larga duración o de alcance general en la dirección de una sola de las tres dimensiones. Dicho de otra manera: deben evitarse análisis desde una perspectiva exclusiva de clase, o desde una exclusivamente étnica o exclusivamente nacional.

Calderón y Dandler (1984: 20-21) añaden que las acciones y luchas del campesinado en tanto orientación de clase han sido, por un lado “profundamente dependientes del sistema político vigente y particularmente del Estado” y, por otro, “de ruptura frente al orden vigente, con orientación totalizante”, en un campo de participación más amplio que incluye ser “parte de un sistema de alianzas con el resto de las clases subalternas”. A su vez, afirman, las orientaciones étnico-culturales “han predominado en los casos de débil unidad nacional y de fuertes antagonismos culturales y regionales” (Calderón y Dandler, 1984: 22). Por su parte, las orientaciones nacionales han aparecido bajo la forma de nacionalidades oprimidas (mayoritarias o minoritarias) dentro de un país [lo cual supone, contrariamente a la posición de Sánchez Parga, considerar nacionalidades a los grupos étnicos originarios] o bien de participación en movimientos de liberación nacional (Calderón y Dandler, 1984: 24-25).

En el pasado –es decir, dejando de lado los movimientos sociales indígeno-campesinos de la bisagra del siglo XX y XXI, que veremos en el capítulo 7 del tomo II–, los movimientos indígenas no se orientaron en la dirección de transformar sociedades en las cuales no estaban integrados ni con las que tampoco se identificaban. En esos contextos, el carácter político de la etnicidad se reorientaba “más bien a definir, renegociar y cambiar sus relaciones con la sociedad y el Estado nacionales” (Sánchez Parga, 1986: 64-65). Ello fue bien visible a lo largo del período de transición de la sociedad colonial a la sociedad nacional.

Para Sánchez Parga, la orientación étnica es la fundamental dentro del sistema de relaciones sociales y del movimiento indígena, siendo “las prácticas étnicas las que determinan tanto los referentes de identificación e interpelación ideológica como la naturaleza de sus potenciales alianzas”, mientras que la forma clase expresa la “aptitud sociopolítica” de los grupos indígenas para adoptar, en el interior “de determinadas dinámicas o contextos”, prácticas y relaciones que sobredeterminan o mediatizan su contenido étnico. La forma clase expresaría, así, tanto “la composición socioeconómica (nivel estructural) de los grupos indígenas” como las condiciones históricas y coyunturales que harían posible su intervención en el escenario político nacional. “Y en este sentido, la forma clase no sería tanto una cualidad (dada) cuanto una capacidad (potencial, o forma posible de expresión) de las mismas prácticas sociopolíticas de los sectores indígenas” (Sánchez Parga, 1986: 65).

Si bien el planteo del colega ecuatoriano brinda una perspectiva heurística interesante para pensar la historia del tiempo presente y no necesariamente explica un pasado más lejano, tampoco debe desecharse rápidamente para esta tarea.

La sociedad colonial, en tanto no capitalista, fue, formal y legalmente, una sociedad estamental, aunque a veces se prefiera llamarla de castas, predominando los cruzamientos étnicos. En este sentido, el rango social estaba fuertemente definido por la ausencia o presencia de componentes indígenas o africanos, que se volvía causal de discriminación y menor rango en la jerarquía de la sociedad. Un “estamento” era un grupo social y profesional con una existencia definida y protegida por normas jurídicas y/o religiosas. Era un colectivo cerrado al que se pertenecía por origen social y del que no se podía salir, es decir, se trataba de una pertenencia institucionalizada. El influyente teórico católico Tomás de Aquino planteó explícitamente que cada estamento tenía una misión especial por cumplir y que todos los integrantes de cada estamento debían permanecer dentro de él por siempre, por ser esa la voluntad de Dios. La pertenencia a uno u otro de los estamentos reconocidos por el derecho y/o la religión implicaba para cada persona el goce de ciertos privilegios, o bien la sujeción a ciertas discriminaciones. En tanto cada estamento cumplía determinadas funciones dentro de la comunidad o sociedad, ellos se ordenaban de modo jerárquico, verticalmente, estableciéndose relaciones de dependencia recíproca y relaciones asimétricas (Ossowski, 1969: 84-87).

En las sociedades coloniales, el estamento actuaba como mecanismo de control social, tributario de la “limpieza de sangre”, práctica originada en España a mediados del siglo XV y generalizada en el siglo XVI, cuando se aplicó también en América (192). Empero, las disposiciones legales no siempre tuvieron correspondencia con la praxis social.

La inicial estructura social resultante de la conquista por los españoles tuvo, en apariencia, una inequívoca base étnica: república de españoles y república de indios. En principio, la primera comprendió a los españoles, los mestizos legítimos y el vértice de la pirámide social indígena (hasta los caciques) y se regía por las leyes castellanas; la segunda, a todos los pobladores originarios que aceptaron o se sometieron al dominio del Rey, sujetos a leyes dictadas ad hoc a efectos de protegerlos del dominio y la explotación de los españoles, protección no necesariamente hecha efectiva en todos los casos. Legalmente, ambas repúblicas eran iguales y estaban sujetas al poder de la Corona. Por debajo y por fuera de ellas se encontraban las castas y los esclavos. En la realidad, se constituyó un orden social en cuyo vértice se encontraba “la gente decente –peninsulares, criollos, mestizos hispanizados y nobleza indígena asimilada– y abajo la gente vil, mestizos ilegítimos, mulatos, zambos, negros libres, esclavos e indios” (Céspedes del Castillo, 1994: 205). Quienes estaban en esta categoría carecían de derecho de ocupar cargos reales, eclesiásticos o municipales.

Cuando la esclavitud de africanos se generalizó, quedó constituido un orden étnico trinitario: españoles y portugueses (blancos), indígenas y negros, grupos básicos o “puros” a partir de los cuales se produjeron múltiples combinaciones, obsesivamente clasificadas en la América española, donde llegó a haber un complejo sistema de más de treinta gradaciones o castas, formidablemente registrado, sobre todo en México y Perú durante el siglo XVIII, por la llamada “pintura de castas”.

Señalamos aquí algunas de las castas: “español”, peninsular o europeo, o bien de ultramar o americano, también llamado “criollo”; “indio”, o natural; “negro”, esclavo africano (“negro criollo”, hijo de africano nacido en América); “mestizo”, hijo de indígena y español o portugués (en este caso se conocía como “mameluco”); “castizo”, de mestiza y español (el hijo de castiza y español era “español”); “mulato”, de negra y español o portugués; “coyote” (o “cholo”), de mestizo e indígena; “chamizo torna atrás”, de indígena y coyote; “morisco”, de mulata y español; “albino”, de morisca y español; “torna atrás”, de albina y español; “torna atrás tente en el aire”, de torna atrás y español (si se unía con español, sus hijos seguían en la misma casta, pero si se unía con negro, los hijos eran rebajados a negro); “chino”, de india y mulato; “albarazado”, de mulata y chino; “barcino”, de mulata y albarazado; “torna atrás negro con pelo lacio”, de mulata y de barcino; “harnizo”, de blanco con coyote; “no me toques”, de español, indígena y negro; “no te entiendo”, el hijo o hija de padres de orígenes imprecisos, extremadamente mezclados, o bien el de mulato y “tente en el aire”. El nivel más bajo y despreciable era el de los “zambos” –cafuzo, en Brasil–, nombre que recibían los hijos de negra/o e indígena, y cuyo significado es harto revelador; provendría del vocablo congoleño nzambu, que designaba a un mono africano, o bien de otro mono, en este caso sudamericano, de nariz muy aplastada, lascivo y feroz, también llamado “zambo”. El hijo de negro y zamba se denominaba “zampo prieto”. Algunas expresiones servían para denominar múltiples mezclas, como en los casos de “albarazado”, “barcino”, “calpamulo”, “cambujo”, “chino”, “jíbaro”, “lobo”,” tente en el aire”, “torna atrás”, “zambaigo”.

La manía clasificatoria de tan complejo proceso de miscibilidad alcanzaba su paroxismo en mezclas matemáticamente establecidas, tales como “cambur”, llamado “cimarrón” en México y Guatemala (1/2 negro, 1/4 español y 1/4 indígena), “cuarteado” (1/2 español, 1/4 indígena, 1/4 negro), “cuarterón” (3/4 español y 1/4 negro) y sus variantes peruanas (cuarterón de chino, de mestizo y de mulato, según fuese hijo de español y una de las otras denominaciones); “ochavado” (7/8 español y 1/8 negro), entre otras. Los franceses fueron aún más lejos y establecieron en sus colonias en el Caribe, a fines del siglo XVII, nada menos que 126 gradaciones de negritud.

Sin duda, el producto más notable de la miscegenación fue el mestizo, preocupación central en los debates entre los positivistas latinoamericanos. Ya Bagú (1952: 91-92) había indicado que en la sociedad colonial no hubo grupo que permaneciera “enteramente encerrado en sí a través de las generaciones, por mucho que se lo propongan los más soberbios representantes del orgullo aristocrático”. Más allá de los deseos íntimos de sus miembros, no hubo grupo que escapara la conmixtión con otros grupos, “consecuencia de las transformaciones económicas y sociales” ocurridas a su alrededor (193). Es que con la estratificación social étnica coexistió otra forma de estratificación, crecientemente definida por la economía.

De hecho, en la América española, la dicotomía formal república de españoles-república de indios se vio superada por una realidad constituida por quienes no entraban en ninguna de esas dos categorías y que, por añadidura, fueron creciendo numéricamente. No fueron solo los esclavos, y luego los libertos (forros, en Brasil), los mestizos y los mulatos. También aparecieron los blancos pobres. Como ha señalado Pilar González Aizpuru (2001: 430), se trataba de la inquietante presencia de “individuos ‘sueltos’, fuera de cualquier corporación. Por los caminos y campos, como en las calles y plazas de las ciudades, los blancos descendientes de ambiciosos conquistadores y los morenos redimidos del hierro de la esclavitud, terminarían trabajando muy cerca unos de otros y compartiendo afanes, lenguaje y resentimientos contra los opulentos propietarios que disfrutaban de todo cuanto para ellos aparecía inalcanzable” (194).

Retornemos a la estructura social colonial: en México y el mundo andino –donde las sociedades originarias eran complejas en su organización y densas demográficamente– los españoles ejercieron su dominación inicial apelando a grupos locales en funciones intermediarias. Así, se formaron dos pirámides yuxtapuestas (nunca separadas por completo): la de los dominantes, arriba, más pequeña, y la de los dominados, abajo, mayor, unidas ambas por intermediarios locales. El vértice de la pirámide de los dominados mantuvo su orden jerárquico, aunque, como es obvio, los conquistadores lo descabezaron parcialmente. En el espacio peruano, la erosión del vértice se acentuó desde la decisiva gestión del virrey Francisco de Toledo (1569-1581), en buena medida como respuesta a los levantamientos indígenas (recuérdese que Toledo terminó con el llamado “Imperio Neoinca de Vilcabamba” y ordenó la ejecución del primer Tupaq Amaru, en 1572), pero también por la fuerte caída demográfica provocada por la conquista. La destrucción de ese vértice fue sistemática después de la derrota de las insurrecciones de 1780-1782. “Después de la independencia política en el curso del siglo XIX, la elite india perdió su identidad como india […] La nobleza fue diezmada y sus privilegios fueron reducidos severamente”, para ser “finalmente abolida legalmente como grupo en 1825” (Spalding, 1974: 192). Terminó de formarse, así, una única pirámide de ancha base nativa y vértice europeo. En ese sentido, la sociedad colonial fue bipolar, escindida: colonizadores arriba y colonizados abajo. El abajo era ancho, denso y heterogéneo (Degregori, s. f.: 20-22).

Ahora bien: “¿Cómo entender dentro de este contexto el proceso del mestizaje? ¿No es evidente que la presencia misma del mestizo anula el planteamiento anterior, es decir, la estructura bipolar del régimen colonial?”. En primer lugar, hay que distinguir “entre el mestizaje biológico y la categoría social de mestizo”. Este es el que nos importa aquí, “sin desconocer que el mestizo es, a la vez que un segmento de la sociedad colonial, un producto de la mezcla biológica entre colonizadores y colonizados, pero entendiendo que, además de los catalogados socialmente como ‘mestizos’, hubo también los frutos de una amplia miscegenación que permanecieron adscritos a la población indígena y, seguramente, también a la criolla”.

“El régimen colonial iberoamericano demandaba una capa social capaz de desempeñar una serie de tareas (administrativas, de servicios, de mediación o de mediatización) para las cuales la población netamente colonizadora –es decir, los españoles peninsulares y los criollos– no bastaba para cubrir. El funcionamiento de una empresa colonial en expansión y crecientemente compleja creaba, día tras día, nuevas funciones que no podían ser desempeñadas por el grupo dominante, pero que, al mismo tiempo, no podían ponerse en manos de la población colonizada, ya que correspondían, en mayor o menor grado, a la estructura de dominio. Los mestizos, como categoría social, como sector diferente de la población indígena, fueron el expediente adecuado del cual el sistema colonial echó mano para satisfacer esa carencia”. Sobre ellos se ejerció una intensa acción de aculturación que lo desarraigó “del sector colonizado (que en general coincidía con su filiación materna); a ellos se destinó legalmente una serie de ocupaciones distintas de las admitidas para el indio, se les concedieron privilegios que los enfrentaban con los indios y, finalmente, se les asignó un estatuto social diferente y superior al que ocupaba el colonizado, aunque también subordinado a la capa colonizadora estrictamente definida. En otras palabras, los mestizos pueden verse como un sector de origen colonizado que el aparato colonial cooptó para incorporarlo a la sociedad colonizadora, y a quienes les asignó dentro de ella una posición subordinada. Visto así, el mestizo no es un enlace, un puente, ni una capa intermedia entre colonizadores y colonizados, sino un segmento particular del mundo colonizador, cuya emergencia responde a necesidades específicas del régimen dominante” (Bonfil Batalla, 2006).

La piramidal estructura social colonial se basaba en la distribución desigual de la riqueza, el trabajo, el poder y la pertenencia étnica. Hubo una correspondencia notoria entre “colores raciales” y funciones sociales, definida por Alejandro Lipschutz (apud Roitman Rosenmann, 2008: 150) como ley del Espectro de los Colores. En el ocaso de la dominación colonial, ese agudo observador que fue Alexander von Humboldt, viajero por el mundo colonial y tal vez el primer latinoamericanista, advirtió que la posición social estaba determinada por el color de la piel. El vértice de la pirámide era blanco, con los europeos en la cima y los americanos por debajo de ellos. Con el transcurso del tiempo, la mera condición de blanco no ameritaba condiciones suficientes para ser parte de los poderosos; allí desempeñaba un papel decisivo la desigual distribución de la riqueza, de la cual eran expresión los blancos pobres (los petits blancs en Saint-Domingue). Ese vértice blanco –a menudo blanqueado– estaba constituido, a partir del siglo XVI, por cinco grupos sociales: funcionarios reales, clérigos, mineros, comerciantes, hacendados (senhores de engenho, en Brasil, si bien no eran grupos sociales similares), plantadores, negreros. “Hacendados, mercaderes y, en menor medida, mineros, fueron extendiendo su poder por todo el cuerpo social a través de sus clientes y dependientes” (Céspedes del Castillo, 1994: 205 y 210). En muchos lugares y épocas, esos grupos se vincularon entre sí, en buena medida porque la acumulación de capital llevó a invertir en otras actividades, distintas de las originarias. Así, mineros y comerciantes, por ejemplo, devinieron propietarios latifundistas de tierras (Bagú, 1952: 92), si bien los mineros fueron “el último de los grupos sociales destacados en alcanzar prestigio y poder. En el Perú jamás lo lograron, por su estrecha subordinación financiera a los mercaderes; en México no lo lograrían hasta el siglo XVIII. La razón de esta aparente paradoja es clara: los mineros verdaderamente ricos abandona[ba]n la profesión y pasa[ba]n a otros grupos sociales” (Céspedes del Castillo, 1994: 207-208).

Los comerciantes fueron el grupo social más significativo, el primero en convertirse en una protoburguesía, si no, en algunos casos –ya en el siglo XVIII–, una burguesía. “El poder de este grupo radicó en sus capitales en metálico, siempre invertidos, que los convertían no solo en mercaderes ricos, sino en magnates financieros y, en la práctica, en banqueros”. Los mercaderes pasaron de un prestigio nulo –tributario del prejuicio sobre la usura (pecado), el dinero como inmoral y el comercio como actividad indigna de un noble y de cristianos viejos, incluso sospechada de judaísmo– a uno muy elevado, más elevado a medida que se incrementaba la acumulación de capital y crecían las ganancias. “La fundación de sus poderosos gremios (consulados de mercaderes, sobre modelos castellanos) en México (1592) y en Lima (1613) consolidó su respetabilidad social y les proporcionó un instrumento de presión económica de autoperpetuación como grupo social. La llamada ‘traición de la burguesía’ es típica en él: los mercaderes ricos deserta[ba]n más pronto o más tarde de su oficio, sus hijas[se] casa[ba]n con gentes de otros grupos de mayor prestigio y sus hijos se conv[ertía]n en propietarios o rentistas” (Céspedes del Castillo, 1994: 208-209).

Una fórmula eficaz, practicada desde mediados del siglo XVI, fue la de los entronques familiares entre altos funcionarios reales y mujeres de los grupos económicos más poderosos. Para muchos vástagos de estos, la Iglesia fue otro medio para alcanzar poder o, al menos, posiciones expectantes. En Brasil, los hijos varones del senhor de engenho seguían caminos predeterminados: el primogénito continuaba la labor del padre; el segundo era enviado a estudiar a Coimbra; el tercero entraba en la Iglesia (Bagú, 1952: 94).

Así, se dio en América Latina una situación parecida a la que Gramsci (1975: III, 1605) había advertido en la Europa moderna, la de un estrato social generalizado para el cual la carrera burocrática, civil, eclesiástica o (más tarde) militar era “un elemento muy importante de vida económica y de afirmación política”, y, por lo tanto, de ascenso social. Los funcionarios civiles y religiosos fueron decisivos durante la dominación colonial, y fueran los encargados de asegurar el dominio colonial, pero también fueron la base de la estructura de poder interna que comenzó a constituirse a fines de la dominación colonial y que, como ha sido señalado reiteradamente, constituyó el punto nodal de la disputa desatada por la crisis de esa dominación (195).

Las fluctuaciones de las riquezas familiares llevaron a otra estrategia, la de la conmixtión de comerciantes enriquecidos con terratenientes empobrecidos. Como adujo Bagú, esa conmixtión permitió a los comerciantes adquirir prestigio y a los terratenientes empobrecidos (la aristocracia rural, en sus palabras), dinero.

El proceso de miscibilidad en el vértice de la pirámide social se hizo más intenso y evidente en el siglo XVIII y comienzos del XIX. Muchos de los españoles llegados con la oleada inmigrante del Siglo de las Luces adquirieron rápida fortuna y posiciones de privilegio. Así, por caso, las familias que durante el siglo XIX constituirán la burguesía terrateniente de Buenos Aires son un ejemplo notabilísimo. En efecto, las reformas introducidas por el poder colonial reforzaron la tendencia que presentaba la Buenos Aires de entonces como ascendente ciudad comercial y burocrática, especialmente al favorecer la radicación de un nuevo y pronto poderoso grupo de comerciantes peninsulares representativos de la expansión económica metropolitana de la segunda mitad del siglo que tenía su centro en Cataluña y el resto del norte español. Larrea, Matheu (catalanes), Anchorena, Álzaga, Santa Coloma, Lezica, Beláustegui, Azcuénaga (vasconavarros), Rivadavia, Lavallol (gallegos) son algunos de los nombres que formaban parte de ese grupo prontamente convertido en comando de la economía de todo el Virreinato. En muy poco tiempo, estos nombres fueron sinónimo de los hombres de fortuna de la capital del nuevo Virreinato y se posicionaron, en mayor o menor medida, en el centro de la polémica en torno a la política económica de la Corona y a la cabeza de la lucha por el poder político. En el siglo XIX, esas familias serían parte del núcleo duro de la burguesía terrateniente pampeana y del poder político republicano (196).

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la línea de corte dentro del grupo de los poderosos fue entre peninsulares y criollos, y entre monopolistas y librecambistas, si bien el origen y la política económica defendida no siempre eran coincidentes. Por otra parte, los terratenientes –es decir, los productores de exportación– fueron más partidarios de la liberación del comercio que la mayoría de los comerciantes. En el seno de este grupo se produjo una situación de tensiones y conflictos políticos claves, en la cual se opusieron productores (de cacao, tabaco, cueros, por ejemplo) y comerciantes librecambistas con funcionarios del poder colonial. Esta situación fue muy notoria en las áreas periféricas y más débiles del imperio colonial español, Venezuela y el Río de la Plata.

Los grupos o estratos medios eran, en buena medida, mestizos (sobre todo, incluyendo a los mulatos), libertos y blancos pobres: artesanos, pequeños y medianos agricultores de fincas llamadas “chácaras”, labores, entre otras denominaciones (conocidos como “arrendatarios”, “medieros”, “foreiros”, “colonos”, “sitiantes”), pequeños y medianos comerciantes, funcionarios y profesionales menores. En opinión de Bagú (1952: 90), estos grupos medios “deben haber estado sometidos a un proceso continuo de mutabilidad y sus integrantes haber oscilado sin cesar entre la fortuna y la miseria, sin otro respaldo que su esfuerzo ni otra esperanza que la de una buena estrella”. En las áreas rurales de la América hispano-lusitana, añade el mismo autor, se desarrolló otro grupo medio (el de los recién señalados pequeños y medianos agricultores), “cuya inestabilidad económica debe haber sido también motivo permanente de cambio social”. Para Bagú, los grupos medios deben de haber sido los que tuvieron el mayor grado de miscibilidad dentro de la sociedad colonial. Aun con su heterogeneidad étnica, los estratos medios fueron desarrollando una creciente acción demandante de derechos de participación, constituyendo una frecuente fuente de conflictos en contra del orden vigente. Constituyeron parte fundamental de las clases subalternas (en el sentido gramsciano de la expresión) dentro de la estructura colonial y de la transición a la nueva sociedad.

En la amplia base se ubicaban los indígenas y los esclavos, sin que faltaran los mestizos, los mulatos y los libertos. Ellos eran quienes trabajaban más duramente en las haciendas, las plantaciones, las minas, los obrajes y los talleres artesanales. Algunos eran asalariados (sin ser proletarios, en el sentido capitalista). Su grado de heterogeneidad étnica –y las diferencias en este plano fueron utilizadas por el poder colonial para impedir cierta cohesión social de estos grupos más subalternos, eventualmente capaces de atentar contra el orden–, su dispersión, su sujeción a la explotación económica y a la dominación social, política y cultural, y su carencia de un principio de identidad hicieron de este mayoritario sector de la sociedad colonial un conglomerado unido tan solo por el hecho de que sus componentes eran llamados con los mismos nombres (“indios”, “negros”, etc.). Podría decirse de ellos lo que Marx escribió –en El 18 Brumario de Luis Bonaparte– acerca de los campesinos franceses de la segunda mitad del siglo XIX: “simple suma de unidades del mismo nombre, al modo como, por ejemplo, las papas de un saco forman un saco de papas”.

En las ciudades coloniales, en particular en las españolas, la traza y la trama urbana expresaban, en el espacio, las diferencias sociales. El núcleo organizador era la Plaza Mayor central, lugar del mercado semanal y frente a la cual estaba la sede del poder político laico (virrey, gobernador, cabildo) y la iglesia, expresión del poder eclesiástico y del papel de la religión. En las cuadras contiguas a la plaza estaban los comercios más importantes y las residencias de las autoridades y las familias más ricas (inicialmente solo españolas, a las que luego se sumaron las criollas), los conventos y, donde había, la universidad. En la tipología de Jorge Enrique Hardoy (1972), era el sector I o centro de la ciudad colonial. Luego, estaba el sector II, de transición, a continuación del centro, dentro del cual había gradaciones que iban desde la faja inmediatamente vecina al centro –donde residían empleados menores, pequeños comerciantes, artesanos libres y familias blancas y mestizas de medianos o escasos recursos– hasta las rancherías de lavanderas, esclavos y prostitutas, pasando por los mesones y pulperías. En algunas ciudades ya se veían algunas huertas, características del área siguiente. El sector III, de suburbios y zona de quintas sin ningún tipo de servicios urbanos, se extendía a continuación. Hardoy distinguía también un sector IV, allende los suburbios, de chacras o granjas, donde se producían verduras, frutas, trigo y maíz y se criaban vacunos para tambo, pastoreo y carne. Aunque sus propietarios eran urbanos, allí solo vivían capataces, peones y esclavos.

Si bien la estructura urbana expresaba físicamente la estratificación social, las líneas divisorias no eran murallas y había espacios de coexistencia temporaria o permanente. El mercado, las festividades religiosas y los prostíbulos (u otros lugares de relacionamiento sexual) eran espacios de contactos intergrupales. En el Brasil rural de las plantaciones esclavistas, la dicotomía Casa-Grande (donde vivían el plantador, su familia y los esclavos domésticos) y senzala (el barracón o las viviendas que alojaban a los esclavos que trabajaban en la plantación) era una inequívoca manifestación de diferenciación social en un mismo espacio físico. De hecho, esa distinción de viviendas era una distinción social polarizada –senhores de engenho y escravos– de la grande lavoura (el cultivo de la caña de azúcar) que marcó con una fuerte impronta la estructura social global brasileña, sin mengua de la presencia de una variopinta gama de hombres y mujeres libres situados entre esos polos. Fue el caso de los remediados, que no eran ni pobres ni ricos y contaban con medios suficientes para sobrevivir, aunque sin zafar de la dependencia de los senhores, con quienes entablaban relaciones clientelares que incluían la defensa armada de la hacienda (Samara, 2003: 424). Esa situación se hizo más notable durante el Imperio, en el siglo XIX.

Empero, más allá de la rigidez de las disposiciones jurídicas, la estructura social colonial fue mucho más flexible de lo que aquellas sugieren. Bagú (1952: 102) consideró que existió una “[c]oncepción de castas sobre una realidad de clases”, mientras Spalding (1974: 248) llegó a la conclusión de que resultaría “más útil concebir la sociedad colonial en términos de jerarquías múltiples, basadas en diversos criterios de rango social que se hallan interrelacionados, pero que están lejos de ser idénticos”, criterio que permitiría superar un análisis de la estructura social colonial basado solo “en disposiciones legales que especifican los privilegios y restricciones de los grupos raciales”. Lynch (1976: 30) acota que se trataba de una sociedad de castas sin sanción religiosa y con alguna posibilidad de movilidad social. Justamente, “[e]ra esta posibilidad lo que alarmaba a los blancos”.

De modo que, comparadas con las de las metrópolis, las coloniales fueron estructuras sociales con cierto grado de movilidad vertical, incluso ascendente, en primer lugar para los conquistadores europeos –que obtuvieron posiciones sociales a las que difícilmente podrían haber llegado en la península– y luego para los nacidos en el continente. El agente fue la riqueza, la posesión de dinero, ese “poderoso caballero” del poema de Francisco de Quevedo. Céspedes del Castillo (1994: 205) sostiene que en las colonias lo fue mucho más que en la propia metrópoli, “lo suficientemente fuerte como para disolver los tradicionales prejuicios respecto al comercio y la artesanía como actividades indignas del aristócrata, pero no lo suficientemente fuerte para crear una sociedad de clases”. El carácter estamental de la sociedad se mantuvo por la “masiva presencia de indios y esclavos africanos en las colonias”, lo que hizo “sentirse a los españoles –aun a lo más pobres– superiores a aquellos y, por ende, miembros de la elite social”. Precisamente, a indígenas y negros les estuvo vedada toda posibilidad de movilidad social ascendente.

Bagú (1952: 71-72) destacó un componente de la compleja estructura social colonial real: la inmovilidad, asociada inequívocamente con el privilegio. “Cuando en la sociedad colonial encontramos una clase o un grupo inmovilizados, con manifiesta tendencia a cerrarse en sí y prolongar su identidad a través de generaciones, descubrimos también que esa actitud se encuentra inextrincablemente vinculada a la defensa de un privilegio –económico y social, siempre; a menudo también político y racial; a veces, profesional–. Hay en la inmovilidad un reconocimiento de la existencia de una desigualdad social y un acto de voluntad tendiente a prolongar esa desigualdad y ahondarla”. Una clase o grupo con tal característica surge solo “cuando existe cierto número de individuos que tienen algún privilegio que defender. Más se cierra y más impenetrable se hace cuanto más amenazados siente sus privlegios”.

Bagú advirtió también un rasgo más de esta estructura, el de la existencia de un gran número de hombres y mujeres que estaban fuera de ella, una multitud heterogénea, compuesta por sectores de orígenes y características distintas. Era la población no incorporada a la economía colonial, integrada por indígenas y por cimarrones con escaso o nulo contacto con los colonizadores, por lo tanto, con variable grado de autonomía respecto de la sociedad colonial. Destacaba, asimismo, la presencia de una población improductiva, esto es, quienes, siendo parte de la estructura social, no producían bienes ni eran parte del proceso productivo. Se trataba de un espacio socialmente heterogéneo: unos, plenamente integrados, como los funcionarios, los eclesiásticos que dirigían centros productivos, los profesionales, los rentistas, etc.; otros, desclasados, como las prostitutas, los mendigos, los vadios brasileños, los delincuentes, los desocupados, los jinetes vagabundos que vivían al azar, como los gauchos rioplatenses (Bagú, 1952: 109-113) y los llaneros venezolanos. Ese mundo socialmente fronterizo de la marginalidad estaba constituido por trabajadores libres, étnicamente negros (esclavos liberados), mestizos, mulatos y blancos pobres. Su importancia no fue menor: con la realización de labores de diferente índole (como artesanos, criados, trabajadores temporarios) en la sociedad colonial, fueron gestando en ella el núcleo duro de las clases populares de la sociedad poscolonial.

Asimismo, hubo situaciones en las cuales la marginalidad no se basaba en la pertenencia étnica, cruzada con lo posición social (los blancos pobres fueron un caso notable) sino en pautas culturales, tal como ocurrió con los indígenas que hicieron suyos los componentes más importantes de la cultura de los colonizadores europeos (lengua, religión, valores). Los “ladinos” mexicanos ilustran esta situación (197).

La heterogeneidad de la estructura social expresaba la coexistencia de varias y diferentes relaciones de producción y étnicas, y sus varios cruzamientos. El comienzo del pasaje a una sociedad socialmente diferenciada en términos predominantemente clasistas –sin perder la dimensión étnica– puede situarse a fines del siglo XVIII y se aceleró a partir de la ruptura del nexo colonial, si bien el proceso tuvo una larga duración. En este proceso, el mestizaje desempeñó un papel considerable, erosionando y alterando la estructura social lentamente, si bien de modo visible, como señalamos antes, en algunos destacados casos individuales. Así, a medida que fueron ascendiendo socialmente, ya en la sociedad colonial, los blancos criollos aplicaron “criterios de exclusión a fin de evitar perder el papel central en la distribución y organización del espectro de los colores” (Roitman Rosenmann, 2008: 151). La redefinición de estamentos, sectores y grupos sociales en términos de clases y/o fracciones de clase tuvo, en América Latina –al igual que la expansión del capitalismo–, una historia (una realidad empírica) diferente del proceso europeo, pero, como se ha dicho, la lógica fue similar. Las revoluciones de independencia fueron políticas, hemos dicho y reiteramos, pero rompieron el encorsetamiento social colonial. Ya nada fue del todo igual, aunque en algunos casos para sus afectados fuese incluso peor. Así, la apelación a la igualdad –presente en las primeras declaraciones independentistas– terminó siendo pura retórica que no pudo esconder mecanismos de discriminación ni la continuidad de la práctica colonial de la brutal violencia étnica ejercida manifiestamente respecto de la población indígena y afroamericana. En contrapartida, la población criolla y mestiza desdibujó con frecuencia, aunque sin abolirlas por completo, las barreras étnicas del pasado, reemplazadas por las generadas por el acceso (y la falta de acceso) a la riqueza y el poder.

El proceso de expansión (en muchos casos, generación) de relaciones capitalistas –en situación de dependencia– impulsó la redefinición de los sujetos sociales. Un primer punto, central, es atender el proceso de acumulación originaria del capitalismo dependiente latinoamericano. La conquista-colonización de América fue pieza central de ese proceso europeo, el británico en primer lugar. Pero no lo fue hacia adentro.

El largo proceso de constitución de un nuevo poder (poscolonial) se desplegó en interacción simultánea con la etapa de acumulación originaria, a ritmo diferente en cada caso. Los límites de esa acumulación definieron los de las sociedades estructuradas como capitalistas dependientes. Incluso en el interior de cada país (o de casi todos), las disímiles características de la acumulación en las regiones contribuyen a explicar la desigual conformación de las clases, el difícil camino que lleva a la constitución de una burguesía de alcance nacional y el tortuoso proceso de formación del Estado nacional (198).

La acumulación originaria es un proceso que comprende dos aspectos: 1) la concentración de la propiedad mediante la presión económica, el monopolio, la usura o la expropiación efectiva, y 2) el consecuente despojo de los antiguos propietarios. La acción de acumulación originaria debe interpretarse, según Maurice Dobb, en primer lugar, como una acumulación de derechos –de títulos sobre patrimonios existentes, acumulados ante todo por razones especulativas– y, en segundo lugar, como acumulación en manos de una clase que, por su especial posición dentro de la sociedad, es capaz de transformar en definitiva estos títulos acumulados de patrimonios en medios efectivos de producción. En otras palabras, cuando se habla de acumulación en un sentido histórico, nos estamos refiriendo a la propiedad de patrimonios y a una transferencia de propiedad, y no a la cantidad de instrumentos tangibles de producción en existencia (Dobb, 1971: 216).

Las maneras de incrementar el patrimonio de la burguesía en esta fase, señala Dobb, parecen reducirse a dos categorías principales: a) la adquisición de propiedades a sus anteriores propietarios “a cambio de los medios de consumo o de goce inmediato”, y b) la adquisición de “un tipo particular de propiedad cuando es excepcionalmente barata” para venderla en un período posterior, cuando su valor de mercado es relativamente alto, a cambio de otras cosas”. En esta segunda fase, que es la más importante, el rasgo esencial consiste en que “el resultado depende de un aumento del valor de capital de la propiedad; no del ingreso o del ahorro practicado sobre él”. Para que ese incremento alcance un nivel elevado, amplio, se requieren circunstancias muy especiales, que aparecen en algún momento del proceso, que se divide en dos partes: 1) la fase de adquisición, un mecanismo fundamental para la creación de condiciones favorables para la segunda fase; 2) la de realización o acabamiento. La fase de adquisición implica “una creciente concentración de la propiedad existente y el despojo simultáneo”, mientras en la fase de acabamiento se realizan o venden, al menos parcialmente, “los objetos de la acumulación originaria”; ello permite “una efectiva inversión en producción industrial”. Si bien “ambas fases deben ser consideradas, necesariamente, distintas en el tiempo”, es cierto que, en alguna medida, se superponen; pero esta superposición dista de ser completa por el hecho de no existir aún las condiciones necesarias para que las inversiones en la industria resulten beneficiosas (inversiones sujetas todavía a dificultades, contingencias y menor liquidez del capital industrial). Tales condiciones han de darse cuando el proceso de concentración haya llegado a un punto tal que sea efectiva la desposesión de los anteriores propietarios y la existencia de una clase de desposeídos numerosa. “En cierta medida también, la acumulación de capital se produjo, todo el tiempo a través de un vuelco directo de ganancias corrientes a la financiación de un giro comercial incrementado, así como de la industria doméstica; y parte de la riqueza que la burguesía dirigió hacia la tierra no solo se aplicó a la compra de hipotecas y la transferencia de un patrimonio existente sino, también, al mejoramiento de la tierra” (Dobb, 1971: 217-223).

El análisis de Dobb trata del desarrollo capitalista clásico, pero sus observaciones metodológicas son útiles para analizar otros casos. En América Latina, en el período aquí considerado, nos encontramos en la primera fase de la acumulación originaria, la de adquisición, al menos preponderantemente. Dentro de tal fase, la segunda manera posible de incrementar el patrimonio aparece como la más importante, vale decir, la adquisición de propiedades excepcionalmente baratas. Aquí se aprecian ciertas peculiaridades del desarrollo capitalista latinoamericano: la burguesía no acumuló solo comprando tierras a sus anteriores propietarios, sino al Estado (tierras públicas), a través de un proceso de expansión de las fronteras que desalojó a indígenas (Araucaria chilena), indígenas y gauchos (la pampa y la Patagonia argentinas) o comunidades indígenas (México y el mundo andino), o a la Iglesia (en toda la región), y consolidó la propiedad terrateniente (199). La mayoría de las veces, los burgueses ni siquiera compraban las tierras: las obtenían gratuitamente o a un costo extremadamente bajo. En aquellos espacios donde no había fuerza de trabajo de indígenas susceptibles de explotación, los burgueses agrarios debieron apelar a la compra de fuerza de trabajo asalariada, tal como ocurrió en las estancias rioplatenses, compra que solía ser una proporción considerable de los costos de producción (en razón de pagarse salarios relativamente altos como modo de retener a una fuerza de trabajo no disciplinada). Pero en cualquier caso, la concentración de la propiedad existente se produjo de manera distinta a los modelos clásicos, incluyendo Estados Unidos, donde la apropiación de tierras se realizó también a costa de los indígenas, pero creando una clase de medianos propietarios rurales (farmers) fuertemente opuestos a los terratenientes, que se impusieron en el sur, territorio de plantaciones y trabajo esclavista.

El proceso de acumulación originaria es clave para explicar el pasaje a la sociedad de clases (200). El caso latinoamericano tuvo como nota característica la preeminencia abrumadora de lo que Marx llamó “camino conservador al capitalismo”, esto es, la burguesía productora no se constituyó, en general, a partir de productores no capitalistas devenidos productores capitalistas, sino a partir de los comerciantes, es decir, no productores. Y cuando estos propietarios no capitalistas –por lo general terratenientes– se convirtieron en burgueses, lo fueron –cuando lo fueron– por su inserción estructural en las economías internas y en el sistema-mundo, pero en la mayoría de los casos, en el interior de las unidades de producción rural, mantuvieron relaciones de trabajo no capitalistas y su mentalidad no fue burguesa sino señorial, una herencia colonial. Ese desfase fue clave a la hora de establecer su dominación social y política bajo la forma oligárquica.

El vértice de la pirámide social no fue un espacio social homogéneo. Las clases propietarias continuaron constituidas por comerciantes (muchos de ellos también usureros), terratenientes (hacendados, plantadores, estancieros) y mineros. No todos estos grupos fueron burgueses, en sentido estricto, aunque todos estuvieron insertos en un mundo capitalista. Los terratenientes constituyeron el grupo más heterogéneo. Algunos de ellos fueron, efectivamente, capitalistas: llegaron a serlo –como en el área rioplatense– desde una previa condición de comerciantes y/o usureros (inversión de la ganancia comercial en la producción agraria), o bien por la paulatina transformación de terratenientes coloniales, no capitalistas, en terratenientes capitalistas. Los primeros emplearon desde el comienzo trabajadores asalariados, si bien no exclusivamente. Los segundos –que constituyeron la mayoría– fueron adquiriendo rasgos capitalistas –no solo por producir para el mercado mundial, dominado por el capitalismo, sino también por hacerlo guiados por la obtención de ganancia–, pero manteniendo en el interior de las haciendas relaciones de producción no capitalistas.

Las plantaciones también vivieron esa última contradicción, en este caso manteniendo relaciones de trabajo esclavista, persistentes hasta mediados del siglo XIX, si bien en Puerto Rico, Cuba y Brasil se extendió aún más (1873, 1880-1886 y 1889, respectivamente). La abolición de la esclavitud terminó con la plantación de origen colonial y en su reemplazo surgió una nueva unidad de producción, bien diferente aunque denominada igual. En el Caribe, la plantación capitalista e industrial fue una innovación cuantitativa y cualitativa, con cambios radicales en la organización de la empresa y del trabajo, y en la tecnología empleada. Como lo describió Manuel Moreno Fraginals: nuevos edificios, nueva maquinaria, nuevos tipos de trabajadores. En Puerto Rico, las plantaciones azucareras y cafetaleras se convirtieron inicialmente en haciendas, pero con la ocupación norteamericana se instauró la plantación de nuevo tipo (en el caso del azúcar).

Arnold Bauer (2003: 295), un notable conocedor de las estructuras agrarias latinoamericanas, advierte que, durante el período 1830-1850, el ritmo de cambios en esas estructuras “parece de una lentitud casi geológica”. En un texto anterior (Bauer, 1991: 136-140), apunta que (c. 1870) varias áreas de América Latina mostraban ya un rasgo fundamental de la sociedad rural del período comprendido entre ese año y 1930 –período de la dominación oligárquica, la cual será objeto de análisis en el próximo capítulo–, el de “su interdependencia con otra zonas o mercados; la articulación de sus diversos modos de producción” dentro de un paisaje agrario marcado por “una desconcertante variedad de ambientes rurales”. A su parecer, en las zonas donde los asentamientos eran más antiguos se podían distinguir tres tipos de ambientes rurales, que combinaban de distinta manera grandes haciendas, comunidades indígeno-campesinas y productores familiares independientes.

En el primero de esos ambientes –Sierra Alta de Hidalgo y el Bajío, en México; centro de Costa Rica; Antioquia y Caldas, en Colombia; Loja y Carchi, en Ecuador; Huancayo y Arequipa, en Perú; San Felipe, en el norte-centro de Chile– coexistían las grandes haciendas y una significativa presencia (más por su importancia económica que por su número) de pequeños y medianos agricultores familiares, en buena medida migrantes mestizos. Hacia 1870, en estas áreas, o en este ambiente rural, se utilizaba fuerza de trabajo asalariada, además de la familiar, y había un cierto grado de urbanización. En las décadas siguientes, cuando apareció la agricultura capitalista, estas áreas se acoplaron a ella sin problemas.

El segundo ambiente rural –centro de México, tierras altas de Guatemala y buena parte de las tierras altas andinas– fue el típico de la América española: grandes haciendas coexistiendo con comunidades de pequeños campesinos indígenas en un contexto de competencia por los recursos. Todavía en la década de 1860, la hacienda típica seguía siendo “una finca sumamente rústica, mal definida y sin medir, que estaba poblada por ganado flaco y una sobreabundancia de trabajadores residentes”. Pese a tal carácter atrasado, estas haciendas eran parte de la economía nacional, perseguían la obtención de ganancia y eran parte activa –aunque de forma imperfecta e ineficiente”– de la economía de mercado. Según Bauer, este tipo de hacienda era una organización agraria bifronte: una cara miraba “hacia adelante”, orientándose a “la economía de mercado de las poblaciones y ciudades locales”; la otra miraba “hacia atrás”, dirigida a una fuerza de trabajo generalmente “atraída y regulada con relaciones precapitalistas”. Por otra parte, añade, aunque no se había abandonado la etiqueta de “indígena” o “india”, hacia 1870, ya se hablaba “de una comunidad campesina híbrida, basada en la posesión legal de la tierra”, el cultivo de plantas autóctonas, la producción y venta de artículos artesanales “y un alto grado de autonomía política. Después de tres siglos de conflictos, adaptación y, finalmente, coexistencia con la hacienda privada durante el dominio colonial, las comunidades se habían mantenido firmes”.

El tercer ambiente rural reconocido por Bauer –norte de México, centro de Chile– fue el dominado por la gran hacienda, sin oposición política ni lucha por los recursos por parte de los pequeños propietarios y las comunidades campesinas. La hacienda era “el centro social, económico y a menudo espiritual del campo”, y también “el eslabón entre la ciudad y el campo, y dominaba eficazmente a la masa de habitantes rurales”, carentes de educación, escuelas, cárceles y jueces. No eran pocas las haciendas que tenían su propia capilla e incluso un cura residente. Este espacio rural, carente de una cultura campesina, fue muy poco conflictivo.

Hacia 1870, dos tipos principales de trabajadores eran comunes en las haciendas: 1) los permanentes: administradores, capataces, escribientes, artesanos y campesinos, llamados “peones acasillados” en México, “concertados”, “huasipungos”, “colonos” y “yanaconas”, en los Andes, e “inquilinos”, en Chile. Era frecuente entre ellos la condición de aparceros o subarrendatarios, y 2) los estacionales, constituidos por los propios residentes, por los provenientes de comunidades cercanas (si las había) o bien por colonos intrusos o migrantes (cuando no las había). Bauer dice que los trabajadores permanentes transferían plusvalor de diversas formas, variables según la producción y las intenciones del hacendado. Los colonos trabajaban para este, en el interior de la hacienda, y recibían a cambio una pequeña parcela para producción de autosubsistencia, una ración diaria de maíz o trigo y la autorización para apacentar algunos animales. Había también, en algunos casos, pagos bajo la forma de salario, aunque, en rigor, era “un salario expresado en términos monetarios en los registros de las haciendas, pero las más de las veces era un salario a cuenta y no en efectivo”; era raro que el trabajador viese o tocase dinero.

El procedimiento estuvo muy generalizado en América Latina, persistiendo en algunos lugares durante buena parte del siglo XX . El hacendado era también propietario de una tienda o almacén (tienda de rayas) en la cual los trabajadores debían comprar obligatoriamente los alimentos, las bebidas, ropa de baja calidad y otros insumos necesarios para la reproducción de su vida material. En muchos casos, el pago se hacía mediante un vale (a modo de moneda) emitido por el propio hacendado y con validez solo en su hacienda, en la cual, por lo demás, solían producirse los artículos vendidos a un precio negativo para los trabajadores. Es decir, el hacendado pagaba a sus trabajadores con productos elaborados por ellos mismos. Así, como dice Bauer (1991: 141), el terrateniente perseguía el objetivo de “vender sus propios productos por dinero en el mercado, pero, al mismo tiempo, pagar lo menos posible en efectivo”.

El avance del capitalismo en la región empujó a la transformación agraria mediante un motor externo: el aumento de la demanda por parte de los países industrializados a partir de 1850. Los cambios en el consumo, por ejemplo, de bebidas calientes (chocolate, café) favorecieron la expansión del cultivo de cafeto y de cacao, con notable impacto en el pedemonte de las costas del Pacífico centroamericano y en las áreas tropicales de altura media en el Caribe, Colombia, Venezuela y, sobre todo, Brasil. En el oeste colombiano, Costa Rica y Brasil, el cultivo del cafeto se basó en el trabajo de esclavos o de inmigrantes, mientras que en Chiapas, Guatemala, El Salvador y Cundinamarca dependió de “la capacidad de los hacendados de alentar, persuadir u obligar al campesinado tradicional a trabajar por un salario” (Bauer, 2003: 304).

Campo y ciudad siguieron caminos separados. En las haciendas, en general, se produjo –antes que una proletarización o una modernización de la fuerza de trabajo– “una intensificación de las relaciones antiguas. En lugar de pasar al trabajo asalariado contractual, por ejemplo, los terratenientes del centro de México, Perú y Bolivia hasta el centro de Chile aumentaron el número de inquilinos en sus propiedades”. En Guatemala y Brasil, los plantadores lograron que el Estado “promulgara e hiciera aplicar leyes coercitivas y de trabajo forzado”, en el primer caso, y prolongara la vigencia de la esclavitud, en el segundo (Bauer, 2003: 312-313).

El mundo rural siguió dominado, durante la transición de la sociedad colonial a la capitalista dependiente, por relaciones sociales, estilo de vida y códigos tradicionales, no burgueses. El patriarcado, el clientelismo, el estilo aristocrático, las redes familiares y las de dependencia económica y personal de terceros no familiares, los modos de explotación y dominación y los valores culturales persistieron largamente. El control de la tierra y de la fuerza de trabajo, fuese campesina o esclava, permitió un estatus social que resistió airosamente la capacidad erosionadora del dinero, aunque a comienzos del siglo XX , esa situación se tornó difícil de sostener. Una expresión común en el Brasil decimonónico ilustra sobre la figuración: senhor de engenho, morto de fome, cheio de empenho (señor de ingenio, muerto de hambre, lleno de deudas).

Las ocupaciones rurales de los hombres libres fueron variadas y complejas; se observaban disparidades regionales a lo largo y a lo ancho de América Latina. En Brasil, por ejemplo, había “[p]equeños propietarios, labradores de caña, arrendatarios, tropeiros [arrieros], agregados (personas que prestan servicios personales a cambio de vivienda y comida, pero que no tienen la calidad de empleado propiamente dicho), artesanos, entre otros, que gravitaban alrededor de los ingenios, tratando de encontrar un empleo o ayuda personal” (Samara, 2003: 424 y 426). Los agregados –existentes también en otros países– trabajaban en la agricultura y la ganadería, sin dejar de alternar, de modo casi continuo, entre el campo y la ciudad, procurando mejores ingresos. En Brasil, comenzaron a sustituir a los esclavos, en primer lugar, en las explotaciones de pequeños agricultores (roceiros) y productores de alimentos. Cuando se vinculaban con grandes propietarios, tenían la posibilidad de recibir –en general, solo temporariamente– una parcela de tierra para cultivar y levantar una cabaña precaria.

En Guatemala, donde las haciendas cafetaleras tendieron a ser más extensas y a concentrarse en pocas manos, el incremento de la demanda de fuerza de trabajo llevó a una nueva política agraria por parte del presidente liberal Justo Rufino Barrios (1873-1885), expresada en el Reglamento de Jornaleros aprobado en 1877, por el que se autorizó a los terratenientes a trasladar a indígenas desde las comunidades del altiplano hasta las fincas cafetaleras, relocalización que para los segundos no solo implicó el desarraigo y la pérdida de sus medios de vida tradicionales, sino también, muy decisivamente, el despojo de las tierras comunales. Si bien el proceso fue parte de la expansión del capitalismo en el campo guatemalteco, no implicó una proletarización efectiva, ni siquiera una generalización del pago en salario, y así persistieron la coacción extraeconómica (trabajo forzoso denominado “mandamiento” y las leyes sobre vagancia) y las prácticas paternalistas.

Según el Código Civil, el dispositivo legal que regulaba las relaciones trabajo, estas se formalizaban como contrato de locación de servicios (decreto de marzo de 1877), al tiempo que el citado Reglamento de Jornaleros y el Reglamento del Servicio de Trabajadores Agrícolas (abril de 1894) consideraban a los campesinos más próximos a la condición de semovientes que a la de trabajadores. Sintomáticamente, Guatemala tuvo antes una Ley Protectora de Animales (1878) que una relativa a los trabajadores (el primer Código del Trabajo se aprobó en 1947 bajo el Gobierno reformista de Juan José Arévalo).

El campo guatemalteco transformado por las reformas liberales generó una clase de propietarios cafetaleros –grandes terratenientes capitalistas– que Edelberto Torres-Rivas calificó, en varios de sus trabajos, como más rentista que inversora, dentro de la cual se afianzó un núcleo innovador o modernizador encabezado por comerciantes alemanes radicados en el país como productores cafetaleros (llegaron a controlar un tercio de la producción), sin perder su condición de grandes exportadores del grano que producían.

En Chile –país en el cual nos detendremos para ejemplificar las características de un notable caso de transición social en el mundo rural–, el largo período que va de 1650 a 1850 se caracterizó, según ha observado Salazar (1985: 32-33), por la existencia de relaciones de producción determinadas por dos necesidades paralelas: la “patronal de organizar una fuerza de trabajo segura y permanente” dentro de cada gran propiedad terrateniente, y la “de las masas vagabundas de establecerse (‘arrancharse’) en cualquier disponible retazo de tierra”. Las dos necesidades favorecieron un significativo proceso de campesinización, proceso que no debe ser identificado con el de inquilinización. Este, iniciado “con la absorción de vagabundos por parte de los despoblados latifundios patricios de fines del siglo XVII, fue solo un ramal del proceso mayor de campesinización”. Convertirse en inquilinos fue, para los colonos pobres y los mestizos desplazados, el último recurso, lejos del preferido camino del arriendo de “retazos de tierra” en diferentes lugares. Así, los labradores chilenos del siglo XIX se caracterizaron “por la dependencia personal de los inquilinos” y “por las peripecias empresariales de los pequeños arrendatarios y propietarios rurales independientes”.

Hacia 1860, los inquilinos vivían dispersos, alejados de las casas patronales y viendo cómo se acrecentaba un proceso ya observado por algunos viajeros de fines del siglo XVIII: el de su expulsión arbitraria de las tierras ocupadas, con incendio de los ranchos. Es decir, alega Salazar (1985: 42-46), se frustraban como campesinos. Por otra parte, los inquilinos, sin ser el sector más numeroso de los trabajadores, eran los más concentrados y oprimidos por los patrones. En contrapartida, los peones estables, o residentes, con un “compromiso de trabajo remunerado” (no libre) con los hacendados, “se desarrollaban, por lo menos hasta 1908, como un emergente ‘proletariado rural’”.

Salazar (1985: capítulo II) muestra el papel fundamental de los peones en el proceso de transición al capitalismo industrial en Chile. Al develar las líneas centrales de ese proceso, brinda elementos suficientes para comprender, en este caso empírico, cómo se fueron constituyendo los principios de identidad y de oposición en la formación de las clases sociales. Ya a comienzos del siglo XIX, el patriciado comenzó a percibir y a hablar con creciente alarma –según muestran numerosos testimonios– de las “nubes de mendigos” que recorrían las haciendas buscando trabajo, y los “lobos merodeadores” que en los suburbios citadinos estaban al acecho de “posibles revueltas y saqueos”. El discurso patricio estaba teñido de temor, no “por el desarrollo de un adversario político”, sino el más primitivo temor de los propietarios “al saqueo de la riqueza acumulada. Es decir, el temor nervioso que siempre despertaron en el patriciado las masas de ‘rotosos’”.

La reacción de la clase dominante fue la creciente apelación a la violencia. Un camino fue el del trabajo forzado, sin remuneración salarial real, camino modificado a partir de la participación, en la economía chilena, de empresarios extranjeros con formación capitalista que “tendieron a establecer relaciones salariales de producción en todas partes”: en las minas, los puertos, las obras camineras, la construcción de puentes y ferrocarriles, incluso la hacienda. Con esa práctica se situaron “en abierta discrepancia con los patrones criollos”. Pero no fue solo la introducción generalizada del salario lo que aportaron esos empresarios: también valoraron “la considerable capacidad, resistencia física y astucia creativa del peón chileno”, a quien prefirieron, incluso, sobre los trabajadores europeos, en claro contraste con la mentalidad mercantil-colonial de sus pares chilenos, que despreciaban al roto chileno “por su desempleo y por sus vicios” y valoraban al artesano extranjero. La Guerra del Pacífico completó la construcción del nuevo imaginario: el roto pasó a ser tanto el “atleta” constructor de riqueza, como el “fiero soldado” del ejército triunfante. “En 1900 ya era evidente que el peonaje estaba ocupando un ancho lugar en la conciencia histórica de la clase dominante, donde inspiraba confusos sentimientos de temor, admiración y remordimiento” (Salazar, 1985: 146-147).

El chileno es también un caso interesante en cuanto a la formación de una nueva clase, la de los proletarios, en particular los mineros salitreros del norte (Atacama y Tarapacá), el espacio apropiado en la Guerra del Pacífico, esa guerra con el feo olor del control del guano y del salitre, tan necesarios ambos para la fertilización de los campos europeos. En el país, ya existían obreros mineros sujetos a relaciones capitalistas en la extracción del cobre (actividad en expansión desde las décadas 1820 y 1830, con apogeo en la de 1870), en el centro y centro-norte, y del carbón, en el sur. La ocupación de los territorios antes bolivianos y peruanos dio lugar a la explotación del salitre y, con ella, al surgimiento de un proletariado con definido carácter de clase, en confrontación con los capitalistas británicos, claramente al comando de esa economía después de la derrota, en 1891, del proyecto del presidente Juan Manuel Balmaceda en favor de una burguesía minera nacional y de un desarrollo capitalista autónomo o menos dependiente del centro.

Dicho sintéticamente, la formación de la clase obrera chilena se explica, en buena medida, por el estancamiento agrícola, en lo productivo, con sobrepoblación rural, en lo demográfico, situación generadora de migraciones internas compuestas, básicamente, por inquilinos y afuerinos.

En contraste con el campo, las ciudades atravesaron un proceso más dinámico. El período de transición aquí considerado corresponde al de las ciudades patricias caracterizadas por José Luis Romero. Fueron tales “porque en ellas se desarrolló el experimento fundamental del proceso constitutivo de cada país y en su ámbito se consolidó la nueva clase directora, con sus peculiares maneras de vivir y pensar”. Justamente, fueron las clases dirigentes las que cambiaron más profundamente (Romero, 1976: 173 y 196). Cambiaron, sí, pero no fueron nuevas clases que reemplazaron los estamentos de los tiempos coloniales.

Las antiguas aristocracias y burguesías –criollas, en términos de Romero– mutaron, se abrieron a algunos valores y a los modos de vida de las burguesías europeas (sobre todo a la inglesa y la francesa, de las cuales fueron expresión en nuestro continente los comerciantes afincados en las grandes ciudades). Al mismo tiempo, como epifenómeno de las guerras de independencia y por la constitución del nuevo orden económico y político, aparecieron y se entremezclaron con ellas otros hombres y mujeres, a veces advenedizos. Romero (1976: 197) trae a colación el testimonio de la marquesa de Calderón de la Barca, quien en 1840 escribió, a propósito de una distinguida dama mexicana:

Ella y sus contemporáneos, últimos recuerdos del virreinato, están desapareciendo muy aprisa. En su lugar ha aparecido una nueva generación cuyas maneras y apariencias tienen muy poco que ver con la vieille cour: son en su mayoría, según dicen, esposas de militares, productos de los fermentos revolucionarios, ignorantes y llenas de pretensiones, como suelen serlo siempre los parvenus que se han elevado por un golpe de la fortuna y no por sus propios méritos, como parece que debería ser.

Sin dudas, no fue así en todas las ciudades, ni en todos los países, ni sincrónicamente. Pero la descripción es significativa de los cambios.

En la medida en que muchos terratenientes residían en las ciudades y no pocos comerciantes terminaron siendo terratenientes, “el patriciado fue un poco urbano y un poco rural, y acaso un poco señorial y un poco burgués. Rural en los campos y urbano en la ciudad, poco a poco comenzó a ser rural en las ciudades y urbano en los campos” (Romero, 1976: 204).

Esa interacción, incluso simbiosis, entre ciudad y campo produjo un estilo de vida que poco a poco fue aproximándose, cuando no haciéndose semejante, en ambos ámbitos. La arquitectura de las viviendas de los propietarios –aunque ello fue más evidente después de 1880– suele ser buen ejemplo. Con todo, las clases dominantes en lo político y explotadoras en lo económico, distaron de ser homogéneas –las clases sociales nunca lo son, por otra parte–, no solo en cuanto a sus funciones en la sociedad sino también, y sobre todo, en el plano político-ideológico, donde se fracturaron en liberales (radicales y moderados) y conservadores (moderados y ultramontanos), federales y centralistas, o bien, en menor medida, republicanos y monárquicos e incluso, aunque menos aún, libreimportadores y proteccionistas.

En el vértice de la pirámide social se encontraban, entonces, burgueses (sobre todo, grandes comerciantes, pero también, como se ha dicho, terratenientes con residencia urbana y, sobre el final del período y en unas pocas ciudades, grandes industriales), lo que quedaba de la aristocracia no aburguesada, el alto clero, oficiales de máximo rango, autoridades de Gobierno. En el medio, una heterogénea pequeña burguesía (en la cual descollaban comerciantes y, en algunas ciudades, dueños de talleres y, al final, industriales medios), profesionales liberales (médicos, abogados, procuradores, ingenieros, maestros, entre los más frecuentes), militares, sacerdotes y monjas, funcionarios públicos, dueños de empresas de transporte de cargas y pasajeros mediante tracción animal, entre otros. En la ancha y aún más heterogénea base, coexistían pequeños comerciantes, jornaleros, trabajadores varios (dentro de los cuales empezaron a descollar los de oficios y talleres mecánicos, algunos con cierto grado de calificación, como los tipógrafos, quines fueron los primeros en crear una organización novedosa, el sindicato obrero) (201), artesanos (algunos de ellos rebeldes, como en Bolivia, Chile, Colombia y Perú, promediando el siglo), servicio doméstico (masculino y femenino). En los límites, e incluso en la marginalidad, prostitutas, mendigos y “carentes de recursos”.

Étnicamente, las ciudades solían ser más heterogéneas que el campo: blancos (entre los cuales se apreció una creciente presencia de europeos, incluso antes de las grandes corrientes inmigratorias de las últimas décadas del siglo XIX), mestizos, mulatos, negros, indígenas. La ciudad, a pesar de sus dificultades, era un locus mucho más favorable, si no necesariamente al ascenso social, a mejorar las condiciones de vida.

No obstante, políticamente, durante el período de transición, los hombres de inferior condición social –excluidos de cualquier sistema hegemónico y sometidos a la dominación– no escaparon a las prácticas clientelares, al menos en aquellos casos en los cuales tenían derecho a voto. Los artesanos y obreros que, también sobre el final del período, adhirieron al anarquismo y al socialismo, lucharon tenazmente por la ruptura y la abolición de esas prácticas. Mayoritariamente privados de derechos de ciudadanía –o, aun teniéndolos, no ejerciéndolos (“ciudadanos inactivos”, en términos de Carvalho)–, estos hombres, los más subalternos dentro de las clases subalternas urbanas, no dejaron de participar en la política, a veces como clientes, pero otras también luchando por demandas propias, como muestra Carvalho en el texto citado arriba.

Finalmente, en el pasaje de la sociedad estamental a la de clases, no puede dejar de señalarse la importancia de la abolición de la esclavitud. Para los liberales –tanto para los que condujeron los procesos independentistas como para los que organizaron los Estados–, la abolición de la esclavitud era una petitio principii inexcusable, en tanto la esclavitud contrariaba los valores de libertad (en primer lugar) e igualdad. Empero, en la medida en que los esclavos eran, legalmente, propiedad privada de sus amos, la defensa de aquel principio cardinal de la sociedad burguesa, se tornó prevalente sobre aquellos dos. De allí que a lo largo de las décadas posteriores a 1810, las disposiciones abolicionistas no se tradujeron en efectivas prácticas de manumisión y, en aquellos casos en los que se concretaron, los ex esclavos fueron privados de varios derechos, como los de practicar ciertos oficios y profesiones e incluso, cuando podían hacerlo, fueron sometidos a otras discriminaciones, como las prohibiciones de votar en las elecciones de gremios de artesanos o las de acceder a la condición de “maestros” dentro de ellos. La participación en los ejércitos independentistas, simultánea con las luchas abolicionistas, fue presentada como una posibilidad de obtener la libertad: más del 50% de los soldados de los ejércitos de San Martín y de Bolívar fueron negros y mulatos, proporción que subió a 70% en los libertadores de Cuba (Moreno Fraginals, 2003: 482).

Las primeras disposiciones abolicionistas, parciales o completas se tomaron
–fuera de Saint Domingue, claro está– en México, en 1810, por parte de Hidalgo y Morelos, solo tres días después del “Grito de Dolores”; en Chile, en 1811; y en el Río de la Plata, en 1813, por la Asamblea reunida en Buenos Aires. Pero, durante el período de la primera legislación (1810-1828), fue escaso el número de esclavos manumitidos y las leyes no se cumplieron en el Río de la Plata, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nueva Granada, pero sí en México. De hecho, la esclavitud persistió largamente –por el peso de “la economía colonial heredada”, según Moreno Fraginals– y la emancipación definitiva recién se concretó pasado el medio siglo en Colombia (1851), Bolivia (1852), Argentina (1853), Venezuela (1854) y Perú (1855). Paraguay, que la abolió en 1842, después de la muerte de Rodríguez de Francia, tuvo esclavos hasta 1870. En Ecuador, cesó en 1851-1852. La República Federal Centroamericana le puso fin en 1824. Las aboliciones más tardías, ya se ha dicho, fueron las de Puerto Rico (1873), Cuba (1886) y Brasil (1888).

El acceso a la libertad no significó, para los antiguos esclavos, el acceso a mejores posibilidades y condiciones de vida. Fueron frecuentes los casos en los cuales unas y otras fueron aún peores que bajo la esclavitud. En su mayoría fueron condenados a los trabajos menos calificados, cuando no a la marginalidad. La mentada igualdad de oportunidades de la sociedad burguesa no fue para ellos más que mera retórica.

No obstante la profusa legislación abolicionista, la esclavitud no concluyó con la abolición legal, como ya hemos dicho, siguiendo a Germán Carrera Damas, en el capítulo 2. La esclavitud concluyó, a veces solo en términos relativos, como relación de trabajo, pero respecto de su núcleo duro –la privación de la libertad de hombres y mujeres en razón del diferente color de su piel–, en las sociedades que en el pasado han sido de plantación esclavista, aún hoy hay continuidades fuertes en materia de discriminación social y étnica, aun cuando aparezcan resignificadas.

Del colonialismo al imperialismo

“Igual que en todo Occidente, implantar de forma definitiva el sistema capitalista supuso conflictos de intereses y llevó al paroxismo antagonismos de clase y casta”. Hubo enfrentamientos entre “grandes y pequeños blancos, comerciantes y terratenientes, oligarcas capitalinos y notables provinciales, pero quizá la principal contradicción” fue la que opuso a partidarios de “crear una nación-estado-mercado centrada en Madrid” y a quienes, como Bolívar y San Martín, postulaban una nueva nación que reuniera a todas las antiguas Indias o, al menos, a los ex virreinatos, sin descuidar a los que preferían depender de Londres o París. “Al margen de lo que digan las historias oficiales respectivas, no había abismos ideológicos entre estas variantes” (Izard, 1995: 92).

El pasaje de la dominación colonial a la dependencia imperialista se desarrolló pari passu el del capitalismo de libre competencia al capitalismo monopólico en los países centrales (básicamente el Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y, en menor medida, Bélgica e Italia). El capitalismo monopólico fue el resultado de la fusión del capital bancario con el capital industrial, generando el capital financiero y, con él, el imperialismo. El capitalismo financiero se expresó en dos formas, llamadas por Giovanni Arrighi –en El largo siglo XX– “capitalismo (monopólico) de Estado y capitalismo (financiero) cosmopolita”, siendo la primera alemana y la segunda británica. Acabado el colonialismo, el legado más evidente fue un nuevo modo de inserción de las economías locales al mercado mundial. Esta herencia solo empezó a ser beneficiosa cuando se logró superar la debilidad extrema del sistema productivo, que por mucho tiempo padeció, sin esperanzas, la destrucción de mano de obra y capitales por las guerras. El libre comercio fue una realidad para Brasil y el Río de la Plata en 1808 y 1809. En Valparaíso (Chile) llegó en 1818 y en Veracruz (México) y en El Callao (Perú) hacia 1830.

Después de Waterloo: triunfo del capitalismo inglés

En 1815, Waterloo cerró el período iniciado veintitrés años antes en Valmy. Y aunque los sectores reaccionarios se enseñorearon a través de todo el continente europeo en una Restauración cargada de equilibrios político-militares, empujes contrarrevolucionarios y amenazas veladas o manifiestas, en rigor, el verdadero triunfador fue el capitalismo inglés. Sin embargo, 1815 fue un año de crisis: la industrialización continental, apoyada en basamentos artificiales, se derrumbó velozmente. En Inglaterra, donde se vivía una situación distinta, las malas cosechas elevaron los precios y redujeron los salarios (obsérvese que nos encontramos todavía con crisis “antiguas”, como diría Ernest Labrousse, preindustriales). El desempleo, las huelgas y la violencia se desarrollaron y se inauguró una nueva fase de baja, que se extendió entre 1817 y 1850.

Pese a ello, Inglaterra fue cabal vencedora merced a la conjunción de proteccionismo y guerra triunfal. El sistema de la gran industria nació y se desarrolló bajo el amparo del proteccionismo y el aporte de las guerras revolucionarias y napoleónicas. La necesidad de satisfacer la demanda de materias primas requeridas por una economía industrial en desarrollo llevó a Gran Bretaña a procurarse las producidas por las colonias ibéricas en América mediante una conjunción de contrabando, amenazas y acciones diplomáticas. La Royal Navy ahuyentó a los competidores de los mercados coloniales y abrió a cañonazos aquellos otros que le estaban vedados. La independencia de las colonias americanas, la conquista inglesa de los antiguos mercados franceses y holandeses y el sometimiento de la India ampliaron la clientela de los industriales británicos. La protección hacia adentro se complementó con la libre importación impuesta en el exterior toda vez que resultó posible. Es así como, después de Waterloo, Inglaterra apareció detentando el doble monopolio de la productividad y el comercio mundial.

La apertura de la contrarrevolucionaria Restauración marcó tres factores condicionantes de la historia del mundo: uno de carácter político; el segundo, naval, y el tercero, decisivo, de índole económica. Políticamente, cinco “grandes potencias” –expresión surgida en la época– repartieron a su antojo el mapa europeo, desmembrando y anexionando territorios. Impusieron el principio de la legitimidad (aplicado en Francia, España y Nápoles para los Borbones, en Portugal para los Bragança y en los Estados papales para Pío VII) y consagraron el sistema de congresos –efímero, por lo demás, pues el iniciado en Viena en 1815 se quebró en Verona en 1822, cuando Inglaterra ratificó su política independiente y “aislacionista”, y la diplomacia volvió al “realismo” de “cada nación para sí y Dios para todos”. La constitución de la Santa Alianza (Rusia, Austria y Prusia, con hegemonía de la primera) completó el panorama político dominante. A su vaivén se condicionaron las políticas de los países y los movimientos del resto del mundo, circunstancia muy visible, por ejemplo, en la represión de los alzamientos napolitano y español, y en las contramarchas de los insurgentes americanos (por ejemplo, en las negociaciones rioplatenses en procura de un rey).

El segundo factor, el poderío naval británico, fue el instrumento con el cual los ingleses aseguraron su influencia política y desplegaron su poder económico. Delante del fracaso de la expedición del restaurado Fernando VII a América, se interpuso la flota inglesa (y detrás, la sublevación liberal liderada por Rafael del Riego), y lo mismo ocurrió en el caso de la aparente bravata de la Declaración Monroe en 1823. Algunas pocas décadas después, en ocasión de la Guerra del Opio, los chinos conocerían también el precio a pagar por cerrarse al comercio libre con el capitalismo inglés. Para esta época, hacia 1840, la flota británica contaba con un número tal de navíos que casi igualaba la suma de todas las demás flotas del mundo.

En el terreno económico, Inglaterra era la única economía decididamente industrializada –y siguió siéndolo hasta pasar la mitad del siglo, aun cuando para entonces Bélgica, especialmente, y Francia estaban ya en camino y Estados Unidos se aproximaba–, mientras el mundo seguía siendo predominantemente agrario. El dominio del mercado mundial, de un amplio sistema colonial y de las rutas y medios de transporte fueron manifestaciones visibles de la hegemonía del capitalismo inglés a escala planetaria. Pero hay un elemento más que remató lo que Geoffrey Bruun llamó una “combinación excepcional de jefatura colonial, comercial, industrial, marítima y naval” de Inglaterra: el poder financiero de su burguesía. Ya durante el período de guerra, el papel moneda inglés (la libra papel) no había llegado a depreciarse tanto como el de sus equivalentes continentales. Por otro lado, la política de asistencia económica a los aliados endeudó a estos en cifras millonarias, proceso que benefició principalmente a las casas financieras intermediarias Baring y Rothschild. Londres se convirtió, así, en el principal centro financiero mundial, reemplazando a Ámsterdam. Esta política de empréstitos continuó durante la posguerra, cuando se los destinó a paliar los efectos causados en las distintas economías. Los financistas internacionales aprovecharon, sobre el basamento levantado durante el conflicto militar, para inaugurar un período de beneficios financieros fabulosos. Londres albergó, así, las mayores casas de finanzas internacionales y el Banco de Inglaterra, convertido en la entidad con mayor cantidad de depósitos en el mundo.

Con todo, se presentaron varios problemas, graves a veces, consecuencia de la desmovilización de soldados, la baja del precio del trigo y, sobre todo, las desastrosas cosechas de 1816-1817, cuando se atravesaba una época de hambre como no se había conocido durante la guerra. Aun dentro de un período que fue de retroceso o de lenta recuperación (1815-1830), la primera mitad de la década de 1820 fue vertiginosa. Si el final de la guerra, seis años antes, no había producido la recuperación esperada, sino todo lo contrario, ahora se iniciaba un período breve de acumulación de capitales, de inversiones y especulaciones de todo tipo, en definitiva, una reactivación económica que comprendió a amplios sectores de la sociedad inglesa. Este fugaz boom culminó en la crisis de 1825, y así se deshicieron las ilusiones de tantos pequeños ahorristas partícipes de la Bubble-Mania de 1824-1825.

América Latina desempeñó un papel importante en ese breve proceso, en tanto receptora de préstamos y sede de intentos de emprendimientos productivos. Las inversiones británicas se orientaron abrumadoramente a las de cartera (empréstitos a los Gobiernos), que alcanzaron la suma de ₤20.700.000 (84,4% del total), seguidas de las realizadas en la actividad minera, que sumaron solo ₤3,6 millones (15, 5%), pero contribuyeron poderosamente a la Bubble-Mania. Una lectura atenta de las cifras disponibles muestra la desigual distribución de esas inversiones, centradas principalmente en México y Colombia y, algo menos, en Brasil, que recibieron, respectivamente: 35,5%; 29,2% y 16,2%, es decir, en conjunto, el 81% del total latinoamericano. La desigual distribución geográfica del capital inglés invertido en América Latina prueba que, a pesar de la locura especulativa que sacudió a Inglaterra, las inversiones se orientaron hacia aquellos países que presentaban posibilidades de explotación conocidas, particularmente México, que absorbió más de dos tercios de las inversiones en minería, posición que detentó durante varias décadas.

La organización de negocios especulativos para la explotación minera latinoamericana fue alentada, en Gran Bretaña, por la inminencia del reconocimiento de la independencia de los nuevos Estados, un elemento importante en orden a la seguridad de las inversiones y de las actividades empresarias. Los noveles gobiernos facilitaron ampliamente (y casi ciegamente) la corriente inversora, al punto que más de un alto funcionario y político formó parte de alguna compañía: Lucas Alamán en México; Mariano de Egaña en Chile; Facundo Quiroga y Bernardino Rivadavia en el Río de la Plata; Antonio José de Irisarri en Guatemala, Bolivia y Perú (para no citar diputados, jefes militares y otros). El fracaso signó todos estos intentos, desde México a los Andes chilenos y argentinos, sensiblemente en el país azteca, donde, como se ha dicho, se concentraron mayoritariamente las compañías y las inversiones mineras. El común denominador fue una entremezclada serie de factores: la crisis inglesa, que terminó con la euforia del boom especulativo (dicho sea de paso, no todas las libras obtenidas en la venta de acciones fueron destinadas a una real inversión); el deterioro de los tradicionales centros productores de minerales (crónico en el caso potosino), las dificultades para acceder a otros (Famatina) o la pobreza de muchas minas profusamente publicitadas; el alto costo de la tecnología y la maquinaria inglesas (inaplicables a las condiciones de explotación americana) y de la mano de obra importada (que no solo era más cara que la fuerza de trabajo posible de comprar en el mercado local, sino que poseía inferiores condiciones físicas para trabajar en las, a menudo, elevadas montañas, amén de las derivadas de los problemas de alcoholismo); y la desfavorable relación entre el costo de aquella tecnología y los rendimientos productivos. En otros casos, las proyectadas empresas fueron arrasadas por la crisis antes de iniciar sus tareas (fue el caso de Potosí, La Paz & Peruvian Mining Association en Bolivia y Perú, y de Catorce Company y Mexican Mine Company en México).

El caso de México ofrece varios aspectos de interés para el análisis de la coyuntura, por la conjunción de distintos elementos internos y externos, entre los cuales la puja entre Estados Unidos e Inglaterra no fue un dato menor. La frustrada revolución campesina de Hidalgo y Morelos, pese a su fracaso, signó el desarrollo posterior de la política mexicana: el horror de peninsulares y criollos ricos por la radical alteración del orden llevó a la solución imperial que, en el campo del poder económico, confirmó el poderío de los antiguos sectores dominantes de la colonia, cuyo peso y riquezas habían sido las más notables del continente. Ciertamente, las guerras civiles ocasionaron serios problemas: escasa provisión de mano de obra, cierre de minas, ruina de ingenios, destrucción de capitales y, como se lamentaba el diplomático inglés Henry Ward, el eficaz sistema de crédito construido en México a lo largo de tres siglos, que había alcanzado el “estado de perfección” cuando comenzó la guerra de independencia. A todo ello se sumaron la emigración de los más ricos comerciantes españoles (con su carga de más de cien millones de pesos en metálico) y el voraz consumo de recursos realizado por los ejércitos. Pero todo ello no terminó con la vieja clase dominante, que se dividió y reacomodó en función de las crecientes influencias inglesas –a las que se vinculaban los escoceses, conservadores– y norteamericanas –unidas a los yorkinos, liberales–, conflicto político y económico que dio un sello especial a la agitada historia mexicana.

Los conservadores –ha argumentado Halperin Donghi (1969: 176)– creían posible una reconstrucción político-social de México en la cual Gran Bretaña ocuparía un papel análogo al de España durante la colonia, y la aristocracia minera y terrateniente criolla y la mercantil española se reconciliarían y apoyarían vigorosamente el nuevo orden. Este debía asentarse en la reconstrucción minera, en primer término, y en el saneamiento de las finanzas públicas y en la expansión de la agricultura, luego. La extensión de las fronteras y la producción agrícolas tenían que permitir la creación de nuevas exportaciones que llevarían a nivelar la balanza comercial. Los escoceses mexicanos, los inversores ingleses y el mismo representante del Reino Unido apostaron a esta solución. Esto explica, en buena medida, el interés que México tenía para inversores y especuladores británicos, que destinaron al país el volumen más alto de capital. No obstante, este esfuerzo no arrojó los resultados esperados en el corto plazo: solo al promediar el siglo las exportaciones de metal mexicano se aproximaron a las cifras de la preguerra. Pero tampoco fue un fracaso resonante (a diferencia de otras regiones del continente y pese a algunas frustraciones espectaculares, como la de la compañía Real del Monte, por ejemplo, la vedette del boom minero), pues, de hecho, hubo una lenta recuperación de su producción de metales y una tendencia general ascendente de las inversiones en el rubro, al menos entre 1825 y 1840.

La crisis inglesa de 1825 –la primera periódica del capitalismo o, como escribió Rosa Luxemburg, “la primera genuina crisis industrial y comercial inglesa”– fue, en lo fundamental, una típica crisis del capitalismo de libre concurrencia. La crisis tuvo, pues, estrecha conexión con los países americanos, que también la sufrieron, pero de otra manera. Para estos, sobre todo, quedó el lastre de las pesadas deudas crediticias –el comienzo de la larga y costosa deuda externa (202).

Pero no puede concluirse inmediatamente que entonces se estableció un tipo de dependencia con mecanismos iguales o parecidos a los que se consolidarían medio siglo más tarde. El papel desempeñado por los empréstitos y las sociedades anónimas fue, en ese momento, efímero y terminó en una gran frustración. La mayoría de los empréstitos se canceló décadas después, muy avanzado el siglo XX (y el caso ecuatoriano, extremo, no es el único ejemplo de morosidad), mientras que la mayor parte de las compañías mineras –para no hablar de las de otros tipos– quebraron en medio de escándalos y revelaciones de negociados que involucraron a banqueros, comerciantes y políticos de Inglaterra y de América Latina. Ciertamente, hubo casos de éxitos relativos e incluso de alguna magnitud, si bien breves, como el de la compañía Bolaño, que llegó a operar en Zacatecas con alguna ganancia hasta 1839, para decaer luego hasta la bancarrota una década más tarde.

Ahora bien: hay que distinguir cuidadosamente los mecanismos de la exportación de capitales bajo el imperialismo y bajo el expansionismo. Accesoriamente, es bueno recordar que debe evitarse la confusión entre el primero (fase particular del capitalismo) y el segundo (tendencia general del capitalismo). El movimiento internacional de capitales y la tendencia a la expansión de los mercados se explican por la incesante contradicción entre la capacidad de producir y la de consumir, una ley fundamental de la acumulación capitalista. Pero si la exportación de capitales persigue obtener en los países periféricos una tasa de ganancia superior a la alcanzada en los centrales, ello es posible por la acción simultánea de tecnología moderna y salarios bajos, lo que ocurrirá a partir de la fase monopólica, no antes. Anteriormente, esto es, bajo la fase del capitalismo competitivo (hasta alrededor de 1870), la tendencia predominante indica la imposibilidad de la pequeña empresa de exportar capitales, efectuándose la ampliación del mercado por medio del comercio (exportación de mercancías) y/o intervenciones políticas que perseguían alinear a los países periféricos tras los intereses del centro. Pero no se trata siempre de un movimiento unilateral (del segundo a los primeros), como en los casos de India y China, por ejemplo, sino muy a menudo, de un movimiento correspondiente entre países dominantes y países dependientes. Y esta correspondencia debe explicarse en términos de relaciones de clases y alianzas políticas en una doble dialéctica: en el interior del país dependiente y entre este y el central. América poscolonial ilustra acabadamente esta situación.

Aquí, es bueno tener presente que el paso de la situación colonial a la situación de dependencia mercantil significó –con todas las limitaciones de las revoluciones de independencia– la posibilidad de abrir formaciones sociales a la penetración capitalista o, al menos, la creación de condiciones para esa penetración. Y este fue un cambio cualitativo, más allá de ciertas continuidades, incluso fundamentales, entre una situación y otra, bien entendido que continuidad no implica homogeneidad. Esta transición en una parte de la periferia no acompañó ni fue resultado de ninguna transición en el centro (Inglaterra principal, si no exclusivamente), que solo asistió a una ampliación cuantitativa de su mercado. Esto no es lo que sucederá en ocasión del tránsito de la situación de dependencia mercantil a la situación de dependencia imperialista, momento en que todo el sistema capitalista mundial cambió cualitativamente a partir del paso de la fase competitiva a la monopólica en el centro.

Durante el capitalismo competitivo, la exportación de capital fue excepcional y tomó, básicamente, la forma de capital-dinero, a través de los préstamos –que distinguirá luego al primer período del imperialismo (c. 1870-1880/1930)–, y, muy escasamente, la forma de inversiones en la producción. El primer aspecto a tener en cuenta es que el boom de 1823-1825 se inscribió en una realidad que combinó varios elementos. Se trató de una recuperación de la economía capitalista inglesa de posguerra que entró en relación con las deterioradas economías americanas en un momento en que estas estaban saliendo de las guerras de independencia sin dejar atrás las civiles. Este doble movimiento se produjo en la fase competitiva del sistema capitalista mundial, todavía en constitución, y, aunque inacabado, ya desigual. En tal fase, la periferia fue fundamental para la acumulación originaria, atendiendo más a la ampliación del mercado capitalista inglés que a la posterior especialización en la producción de materias primas. Esto no significa que los países americanos fueron solo receptores pasivos de mercancías máquinofacturadas en Inglaterra que cambiaban por metales preciosos. Había ya una tendencia, cada vez más sostenida, a la exportación al centro capitalista mundial de productos especializados que servían de materias primas convertidas en mercancías industrializadas, pari passu se iba configurando una división internacional del trabajo. Tampoco se trata solamente de una relación económica que vinculaba a economías o, mejor, a formaciones sociales de distinto nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales: simultánea y conjuntamente se forjó una relación en el plano político que conectaba, a través de los respectivos poderes políticos, a las clases sociales dominantes de Gran Bretaña y de América. Estas, en defensa de sus intereses, fueron agentes organizadores de una situación de dependencia reemplazante de la desarticulada situación colonial.

Segundo aspecto: ¿cuál fue el mecanismo esencial que estatuyó esa dependencia? Sin ninguna duda: el del comercio exterior, un dato estructural, de larga duración. Pero no era un mecanismo monoconstituido, pues encontramos otros elementos, de duración e incidencia variables: el sistema bancario, los empréstitos, las empresas mineras. Ese mecanismo funcionó mediante cinco componentes principales: 1) la dependencia del sector externo a través del intercambio comercial con los países capitalistas, especialmente con Inglaterra; 2) el resultado del balance comercial; 3) la incidencia de este en la formación de la balanza de pagos; 4) la relación entre el resultado de la balanza de pagos y su influencia en la estructura monetaria y financiera, y 5) la distribución del ingreso en función del movimiento de los precios y de las alteraciones monetarias.

El esquema operaba, grosso modo, de la siguiente manera, al menos en el caso rioplatense: en una coyuntura internacional dominada por una economía industrial en desarrollo (la inglesa), la incidencia de la revolución industrial en la estructura económica englobante se tradujo en una destrucción de la actividad artesanal (proceso observable en otras partes del mundo), siempre y cuando participasen de un intercambio comercial con aquella (productora y exportadora de bienes manufacturados). Esa capacidad de destrucción provenía de la acción concurrente del aumento de la productividad del trabajo (en primer lugar) y de la baja de los niveles de vida de la clase obrera. El enfrentamiento económico entre los países europeos involucrados en las guerras napoleónicas condujo a procesos capitalistas independientes en Europa occidental (independientes por cuanto la destrucción de la producción artesanal llevó a un desarrollo fabril basado en las propias fuerzas productoras y no a una sustitución de esa producción destruida por bienes de consumo provenientes de Inglaterra). En cambio, en aquellos países donde la destrucción del artesanado no fue resultado del revolucionamiento de las propias fuerzas productivas, sino de la penetración total o parcialmente preponderante de las importaciones inglesas, el proceso capitalista se desenvolvió de un modo dependiente.

La dependencia se manifestó, principalmente, en el papel desempeñado por el sector externo de la economía del país en cuestión. En general, fue una relación entre la importación de bienes de consumo producidos por las economías capitalistas europeas (Inglaterra fundamental, pero no exclusivamente) y la exportación de materias primas (de origen rural) y metales preciosos. La diferencia entre una y otra rama del sector externo indica un valor de las importaciones superior al de las exportaciones, lo que generaba una balanza de comercio deficitaria. Tal resultado incidía en la formación de la balanza de pagos, también negativa. El déficit se cubría con salida de metales preciosos. Esta corriente exportadora de metálico condujo a la disminución de su stock (amonedado y no amonedado), cuya manifestación más visible apareció en las regiones carentes de moneda (como el interior argentino) y enfrentado a un proceso de disminución de precios o, por lo menos, de distanciamiento de aquellos vigentes en los puertos de salida de los productos de exportación latinoamericanos.

Ahora bien, el precio de los productos de exportación era el fijado por el mercado mundial y no por los mercados de las regiones productoras, vale decir, no se establecía en función de los costos de producción local. Esto llevó, por ejemplo, al aumento de la matanza de animales, de modo de poder mantener iguales ingresos vendiendo a precios menores. A su vez, los precios de importación no disminuían de igual manera que los productos latinoamericanos, llevando a una situación similar, si no reforzándola. La apelación a recursos extraordinarios (como las contribuciones forzosas y la emisión de billetes) provocó, junto con el movimiento de los precios, modificaciones en los ingresos de los distintos grupos sociales: el aumento de los precios internos (carnes, cereales y demás productos rurales para la alimentación) y la emisión de papel moneda favorecía a productores y comerciantes e, inversamente, perjudicaba a las clases populares (salvo, quizás, a aquellos grupos rurales que por su condición de semimarginalidad y subsistencia no eran afectados). Esto llevaba a una depreciación de la moneda local y, consecuentemente, a una pérdida del valor adquisitivo de los salarios y retribuciones en general percibidos por las clases populares, particularmente frente a los productos de exportación e importación.

El mecanismo esbozado puede parecernos, hoy, simple y nada novedoso. Pero en ese entonces tenía un grado de complejidad mayor que el del sistema colonial, características inéditas y un papel fundador en un doble plano, el de las relaciones internas –en el interior de las formaciones dependientes americanas– y el de las relaciones internacionales o exteriores, entre formaciones sociales. No se trata nunca de un movimiento meramente económico, sino de un movimiento siempre complejo que incluía, además, las relaciones políticas, en tanto expresión del conflicto social en el centro inglés y en la periferia latinoamericana. Para lo que interesa aquí, esto quiere decir que la sustitución de la situación colonial en América por la situación de dependencia mercantil reestructuró las relaciones sociales de un modo tal que las sociedades latinoamericanas se transformaron hasta constituir nuevos Estados nacionales, en manos de recientes y/o remozados colectivos sociales al final de un largo proceso que combinó guerras revolucionarias de independencia y guerras civiles, y que, en su conjunto, aparecen como una serie de revoluciones truncadas. Fueron truncadas porque así resultó de las clases y grupos sociales actuantes, de sus relaciones de fuerzas (sociales, políticas y militares), de sus intereses y proyectos y de la incidencia de la burguesía inglesa. Por truncas, no desembocaron en la constatación de formaciones capitalistas independientes, sino en formaciones capitalistas dependientes, periféricas o bloqueadas. En este proceso fue fundamental el papel desempeñado por los nuevos Estados, ellos mismos en proceso de constitución a partir de la ruptura de la situación colonial.

Ahora bien: ¿cómo funcionaba ese mecanismo de la dependencia mercantil? Hay que decir, en primer lugar, que comenzó a gestarse en las postrimerías del colonialismo en la América hispano-portuguesa, en la conjunción del atraso económico de ambas metrópolis y la expansiva revolución industrial inglesa; en las contradicciones desnudadas por las guerras revolucionarias y napoleónicas en Europa y su impacto en las colonias americanas; pero también en las modificaciones que se produjeron en el interior de estas, en buena medida, como consecuencia de las reformas borbónicas y pombalinas.

En segundo lugar, el pasaje de economías no capitalistas (o poco capitalistas) a economías capitalistas periféricas o dependientes –dice Samir Amin (1974: 179)– presupone la monetarización de las primeras, en particular las de subsistencia. Los mecanismos de monetarización son simultáneamente “mecanismos de penetración del modo de producción capitalista” (203). Por supuesto, la monetarización de la economía colonial americana no era un fenómeno reciente en ocasión de la disolución del sistema montado por España y Portugal, ni tampoco es necesario aquí remontarnos a su pasado. No obstante, hay que decir que había muchas regiones del continente que todavía permanecían ajenas a ella y donde esta existía, la penuria de moneda-metal no era un hecho extraño.

Tal resultado tuvo connotaciones negativas para las economías latinoamericanas, pues relegó a las viejas artesanías a papeles cada vez menos decisivos (en el largo plazo) y se mostró incapaz de relevarlas por una industrialización local. Ese comercio hizo fluir a Inglaterra y otras formaciones centrales, por entonces menores, una considerable masa de dinero-metal sustraído a la posibilidad de convertirse en capital nacional. Es que las balanzas comercial y de pagos tendieron a ser predominantemente deficitarias para las economías americanas. Y es importante destacar que, en el caso de la segunda, la salida de metálico no cubría el déficit de la primera, vale decir, no se constataba la concepción clásica cuantitativista de los efectos precios (justamente elaborada a comienzos del siglo XIX), para la cual el desequilibrio significaba una “hemorragia de oro” y el equilibrio se restablecía por el deterioro de los términos del intercambio. Así, las estructuras de las (periféricas) sociedades latinoamericanas se ajustaron a las exigencias del proceso de acumulación de capital del centro del sistema capitalista mundial, ajuste que se tradujo en una progresiva transferencia de capitales de la primera al segundo.

Las conexiones entre los comerciantes ingleses y la industria de su país fueron “excepcionalmente estrechas […], ya sea a través de industriales que organizaban cargamentos y buscaban quienes estuviesen dispuestos a aventurarse con ellos en las tierras que acababan de abrirse más allá del Atlántico, ya que los mismos comerciantes, de retorno de una fructuosa expedición, tomarán contacto directo con fabricantes para encargarles determinados productos” (Halperin Donghi, 1972: 103). Es muy claro, entonces, cómo buena parte de los beneficios obtenidos en la comercialización de tales productos en los mercados americanos terminaba en Inglaterra. No es ocioso recordar, además, los beneficios adicionales que recibían los ingleses en concepto de transporte marítimo y seguros (pues el pago de los fletes siempre lo hacían los americanos, carentes de flotas).

El transporte interior, por lo demás, constituyó un obstáculo, en ocasiones, para la extensión de las importaciones británicas, pero también para la salida de las producciones artesanales locales, reducidas, en el mejor de los casos, a mercados meramente regionales. He aquí cómo estos reductos de la vieja producción resistieron mejor la penetración comercial y monetaria impulsada por los ingleses, al tiempo que demoraron su integración a mercados nacionales lentos en constituirse. La combinación de escaso desarrollo de las fuerzas productivas materiales, estrechez de mercado, ausencia de moneda, limitación de capital y de vinculación al mercado capitalista mundial contribuye a explicar futuras desigualdades regionales en el interior de las distintas formaciones sociales latinoamericanas. Pero había también una peculiar estructura de clases, que moldeaba el carácter de esas regiones y decidía el contenido de más de un enfrentamiento, en términos políticos y militares, los cuales distinguieron largamente la historia de aquellas.

En la década de 1820, el comercio entre el Reino Unido y los nuevos países surgidos de los antiguos imperios ibéricos experimentó un considerable aumento, que a su vez requirió un incremento de moneda y la acción de los bancos. Por eso no extraña que fueran los comerciantes ingleses radicados en los puertos o en las capitales americanas quienes impulsaran y dominaran estas fundamentales instituciones, que operaron también como transmisores de beneficios de la periferia al centro o, si se prefiere, para reforzar la extensión del mercado exterior. No se trataba todavía de sucursales latinoamericanas de bancos europeos, como en la fase imperialista, pero su papel en la integración de la periferia al sistema capitalista mundial no fue desdeñable en esta época temprana, pese, incluso, a la vida efímera de muchos de ellos.

Esos primeros bancos operaron casi exclusivamente con comerciantes y productores vinculados a las actividades de importación-exportación, los empréstitos, las inversiones mineras, las compras de armas, las empresas ganaderas, etc. No operaron con los sectores artesanales, ni con los rurales marginales, a los cuales contribuyeron a arruinar, no necesariamente de modo directo, sino por omisión, no concediéndoles créditos y obligándolos así a recurrir a los usureros: un acelerador del fracaso de estas actividades no capitalistas.

Ciertamente, como ha indicado Halperin Donghi (1972: 132 y ss.), los empréstitos de la década de 1820 tuvieron la facultad de crear descontento tanto en la plaza londinense como en las capitales americanas, por distintas razones. En la salida de la crisis, se produjeron, en América Latina, un orden económico dominado por la presencia de los comerciantes británicos y renuente a nuevas aventuras como las del boom (coincidente con el ajuste que aquella introdujo también en la misma metrópoli del capitalismo) y un orden político comandado por los conservadores. Tal salida no afectó los mecanismos del comercio exterior, ni mucho menos. Se pagaron y dejaron de pagarse los servicios de la deuda inglesa y sus intereses, se cerraron los bancos, fracasaron casi todas las empresas mineras, pero el comercio exterior permaneció incólume y mediante él siguió fluyendo excedente latinoamericano hacia el centro capitalista. Ello ocurrió a lo largo y a lo ancho del continente independizado de España y Portugal, y no hubo un solo gobierno que le pusiera freno, con la especial excepción del Paraguay, que, como ya se ha visto, al comenzar la segunda década, junto con la simultánea independencia, de España y de Buenos Aires, limitó fuertemente su vinculación con el mercado mundial y no fue parte de la Bubble-Mania: no concertó empréstito alguno –el primero llegó recién en 1862–, ni fue objeto de empresas especuladoras.

Por último, es obvio que la marcada incidencia de la actividad comercial orientada al exterior desempeñó un papel decisivo en la estructuración de las clases sociales de las nuevas formaciones, porque no se trata simplemente de que mercaderes ingleses y nativos desplazaran a los antiguos monopolistas españoles. Así, en el Río de la Plata, por ejemplo, buena parte de aquellos accedieron, justamente en la década de 1820, a la propiedad de la tierra y el ganado de la provincia de Buenos Aires, pasando a controlar la producción extravertida. En Centroamérica, para citar otro caso, esos comerciantes –ha señalado Torres-Rivas (1969: 34)– fueron importantes en el proceso de incremento de la economía agrícola de exportación: primero “controlaron los mecanismos del préstamo usurario (antes en manos de los jesuitas)” y luego fueron duros “opositores de las primeras y vigorosas manifestaciones del capital financiero y bancario, en cuya oportunidad desempeñaron un papel notablemente conservador”. Aquí y allá, el resultado fue el mismo: cuando los comerciantes accedieron al control de la producción, esta se frenó como camino revolucionario al capitalismo. En una situación de dependencia en fase de transición, como en Latinoamérica, también contribuyó a establecer con firmeza las bases de la futura especialización de la producción y la división internacional del trabajo, lo que amplió la brecha que separaba a las formaciones sociales periféricas de las centrales.

En los países de la periferia, bloqueados en su transición al capitalismo, debía desarrollarse al mismo tiempo (salvo en el caso de las colonias africanas y asiáticas, donde la situación no fue de dependencia imperialista, sino colonial imperialista) un cierto grado de relaciones capitalistas y formas jurídico-políticas aptas para favorecer la inversión de capitales extranjeros. Tales condiciones no existían en la década de 1820, ni en Inglaterra ni, mucho menos, en América. Por entonces, la tendencia dominante de la expansión capitalista inglesa era la conquista de mercados para sus mercancías, conquista que se concretó a través del control del comercio exterior y de buena parte del interior de los países latinoamericanos, en estrecha alianza con los grupos sociales dominantes que detentaban el poder en ellos. El encuentro entre estas formaciones sociales estableció relaciones desiguales –generadas por el distinto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, por las características de las clases y/o grupos sociales involucrados, por las relaciones de fuerza, por las políticas adoptadas en materia económica, etc.–, cuyos efectos no fueron solo económicos, tanto en el plano externo como en el interno, sino que también implicaron a las clases sociales. Dicho de otra manera: el establecimiento de estas relaciones desiguales provocó, en las formaciones dependientes, una notable transformación estructural (pero no una revolución social, por cuestiones ya señaladas), cuya incidencia en su historia fue decisiva y de larga duración.

Como es claro, la conexión que vinculó estrechamente a Inglaterra y América Latina, en la tercera década del siglo XIX, no se fundó en un plano político, en el que formalmente se trataba de Estados jurídicamente independientes, soberanos e iguales ante el derecho público internacional, sino en un plano económico (a diferencia de la situación colonial, fundada en la pertenencia político-jurídica de la colonia a la metrópoli). Esa primacía de la economía debe entenderse en el sentido de ser ella, simultáneamente, producción de bienes materiales y de relaciones sociales que la hacen posible.

En síntesis, el boom y la crisis de 1823-1825 provocaron en las sociedades latinoamericanas un reacomodamiento de las relaciones internas de clases (en formación, en rigor), con una magnitud tal que convirtió el breve período en un momento clave de su historia. En un sentido, la estructura terminó imponiéndose, frustrando el papel de las inversiones; pero en otro, venció la coyuntura: en el plano político, al sancionar definitivamente la independencia jurídica de las ex colonias; en el social, al reacomodar en estas a las clases sociales en formación, en el sentido de favorecer el crecimiento económico extravertido, y en el plano económico, además, al basar aquel crecimiento en una progresiva especialización, es decir, una vía al capitalismo dependiente.

En el terreno político, dos procesos espacialmente muy separados y fuera del control de la política de la Restauración preanunciaron una nueva atmósfera a partir de 1820. En Europa, la insurrección griega iniciada en 1821 y concluida en 1829 con el reconocimiento de la independencia nacional –pero también en una caricatura del proyecto revolucionario que comenzaría a esbozarse en los comienzos–; en América, la consolidación de la independencia de la mayor parte del antiguo sistema colonial español con el triunfo de Ayacucho en 1824. Poco después, nuevos aires empujaron los nubarrones restauradores: en 1829, en Estados Unidos, la elección del presidente reformista Andrew Jackson, con el voto de los hombres de la frontera y de los pobres urbanos, fue una derrota del poder de los ricos aristócratas no demócratas. Casi enseguida, pero a niveles más altos, una nueva ola revolucionaria volvió a sacudir a Europa, signando el triunfo de la burguesía del occidente continental sobre los restaurados aristócratas: Francia, Bélgica, Polonia, Italia, Alemania, Suiza e Irlanda (en el mismísimo Reino Unido), conocieron sus efectos. En Inglaterra y Francia, la clase obrera comenzó a insinuarse como una fuerza político-social independiente.

La compleja experiencia histórica que se desenvolvió tras la derrota de Napoleón Bonaparte, la de la restauración de las monarquías europeas (1814-1830), fue crucial. Lo destacable de este proceso fue, como bien ha señalado De Felice (1977: 163), la evolución reformista en la Restauración, dentro de la cual lo esencial fue la transformación. Analizándolo, Gramsci consideró la relación entre los diversos procesos estatalistas una “cuestión de sumo interés”, que no debía resolverse conforme “esquemas sociológicos abstractos”. Históricamente, distinguió cuatro momentos: “1) explosión revolucionaria en Francia; 2) oposición europea a la revolución francesa y a su expansión por los conductos de clase; 3) guerras revolucionarias de Francia, con la República y con Napoleón, y constitución de una hegemonía francesa con tendencia a un Estado universal, y 4) insurrecciones nacionales contra la hegemonía francesa y nacimiento de Estados modernos europeos por oleadas sucesivas, pero no por explosiones revolucionarias como la original francesa. Las ‘oleadas sucesivas’ se producen por una combinación de luchas sociales y de guerras nacionales, con predominio de estas últimas. La ‘Restauración’ es el período más interesante desde este punto de vista: ella es la forma política en la que la lucha de clases encuentra cuadros elásticos que permiten a la burguesía llegar al poder sin roturas clamorosas, sin el aparato terrorista francés. Las viejas clases son degradadas de ‘dirigentes’ a ‘gubernativas’, pero no eliminadas ni muchos menos suprimidas físicamente; las clases devienen ‘castas’ con caracteres psicológicos determinados, mas ya no con funciones económicas prevalentes” (Gramsci, 1975: I, 134).

Entre 1850 y 1880, aproximadamente, América Latina en su conjunto atravesó una fase de transformaciones estructurales significativas, de alcance, intensidad y profundidad desiguales. Esos cambios –en rigor, mucho más en las estructuras que de las estructuras– se produjeron simultáneamente con los ocurridos en el centro del sistema capitalista, donde, como ya se señaló, se pasó del capitalismo de libre competencia al monopólico.

Para nuestra región, fue el segundo momento de la transición de la economía colonial a la capitalista dependiente o periférica. El primero, a partir de la crisis colonial y, sobre todo, las independencias, estuvo signado, para decirlo una vez más, por la adopción del libre comercio, la importación masiva de mercancías industriales británicas y la exportación, también masiva, de moneda metal (es decir, oro y plata).

Como ya se ha dicho en el capítulo anterior, Ciro F. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli (1979: II, cap. IV) construyeron una explicación fundada en tres procesos básicos: la abolición de la esclavitud, la reforma (económica) liberal y la colonización de las áreas [mal llamadas] vacías.

En todos los países donde existió la esclavitud, su abolición fue, socialmente, una cuestión importante, ligada a los principios de libertad y (aunque más formal que real) de igualdad. Pero en aquellos cuya economía se basaba en la plantación esclavista, lo fue mucho más. Cardoso y Pérez Brignoli distinguían tres tipos principales de abolicionismo: el primero, el más radical y excepcional, fue el de la revuelta de los esclavos (Saint Domingue); el segundo, el impuesto por las metrópolis europeas (Reino Unido, Francia, Holanda) a sus respectivas colonias en el Caribe y Guayanas; el tercero se caracterizó por su extensión temporal, es decir, la lentitud, desempeñando un papel decisivo el Reino Unido y sus presiones sobre el comercio negrero; en tiempo prolongado se asistió a la pérdida gradual del trabajo esclavo como forma principal de producción de excedente y, por extensión, del peso de las clases propietarias beneficiarias de aquel frente a las fracciones más dinámicas que, aun utilizando fuerza de trabajo esclava, percibieron más rápidamente la necesidad y conveniencia de recurrir a otros modos, convirtiéndose incluso en abolicionistas, como en el caso de los cafetaleros paulistas. Puerto Rico, Cuba y Brasil, los últimos países donde la esclavitud fue abolida legalmente, ilustran el tercer proceso.

Cardoso y Pérez Brignoli asignaron una trascendencia crucial al proceso político condensado en la expresión reforma (económica) liberal, al que adjudicaron –al menos en el caso de varios países de la región (que corresponden a los que nosotros consideramos dominados por el sistema de haciendas)– un papel decisivo para la definitiva constitución del Estado y en la transición al capitalismo dependiente.

En el plano socioeconómico –sin tener en cuenta el impacto político-ideológico–, el núcleo duro de la reforma económica liberal estuvo constituido por los mercados de tierras y de fuerza de trabajo. El proceso que llevó al primero de ellos fue notoriamente violento en una buena cantidad de casos, en particular, al embestir contra las propiedades de la Iglesia y de las comunidades indígenas. No es de extrañar, por ende, que curas e indígenas hayan coincidido, más de una vez, en la oposición, a menudo igualmente violenta, a la reforma: resistencia que las comunidades indígenas pudieron prolongar temporalmente más que la Iglesia. Empero, también ellas experimentaron, en el mediano plazo, un lento pero progresivo deterioro de la propiedad y del trabajo colectivos. Al cabo de las reformas liberales, las comunidades indígenas fueron prácticamente arrasadas por completo o disminuidas a una presencia poco significativa, en algunos casos (Chile, Colombia, El Salvador, México y Venezuela), o bien subsistieron considerablemente articuladas con la economía de exportación o en función de ella, en otros (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú) (Cardoso y Pérez Brignoli, 1979: II, 30-32).

El mercado de tierras resultante no favoreció el acceso a la propiedad individual de los campesinos indígenas, sino, por el contrario, facilitó la formación de grandes latifundios, propiedad de capitalistas y/o terratenientes locales en el caso de los países en los cuales las clases propietarias tuvieron el control nacional del sistema productivo, y de capitalistas y/o empresas extranjeras en aquellos que devinieron economías de enclave, para usar los términos de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1990).

Los nuevos propietarios privados de tierras –es decir, los beneficiarios de las tierras que habían sido de la Iglesia y las distintas órdenes, y de las comunidades indígenas o los ejidos municipales– accedieron a ellas de diferentes maneras, legales e ilegales, en ocasiones incluso a despecho de políticas gubernamentales adoptadas para favorecer procesos de colonización a cargo de pequeños y medianos propietarios, como en los casos de México y Guatemala.

La cuestión de la formación de un mercado libre de fuerza de trabajo no era meramente económica o económico-social. Tenía también un componente ideológico decisivo: abolir la esclavitud y declarar a los ex esclavos y a los indígenas hombres “libres e iguales”, al menos formalmente, ante la ley, implicaba ponerlos en la misma condición que los amos y propietarios, idea subversiva del orden jerárquico tradicional, ese al cual se consideraba un designio de la Providencia. Alterarlo era, pues, violentar la voluntad de Dios.

La formación de ambos mercados fue un proceso que imbricó uno con el otro. Sería bueno poder contar con más investigaciones empíricas que permitan dar cuenta cabal de cómo se produjeron las diferentes formas que tomó ese proceso en los distintos países de la región, particularmente en los que la apropiación de las tierras se hizo a costa de indígenas campesinos que las trabajaban hasta ese momento, situación diferente de aquella en la cual la apropiación privada de las tierras se hizo expulsando del territorio a los indígenas que las ocupaban sin estar sometidos a los blancos, como fue el caso de las mal llamadas “áreas vacías” (204).

Mucho más que la Iglesia –que perdió riquezas, pero no convirtió a los curas en trabajadores–, los grandes derrotados del proceso de las reformas liberales fueron los indígenas, que perdieron tierras y vieron empeoradas sus condiciones materiales de vida y de trabajo. También fueron derrotados los colonos –mestizos o blancos– que pusieron en producción tierras ubicadas en áreas de reciente ocupación, como ocurrió en Colombia, por ejemplo, donde se produjo un notable proceso de transformación de colonos independientes de frontera en arrendatarios y jornaleros, proceso estudiado por Catherine LeGrand (2009).

En las mal llamadas “áreas vacías” –región pampeana argentina, Uruguay, estado de São Paulo en Brasil–, la fuerza de trabajo estuvo constituida, fundamentalmente, por inmigrantes europeos que huían del hambre, la desocupación y las persecuciones políticas, ideológicas o religiosas.

América Latina frente al león inglés, el águila norteamericana y algunos cacareos del gallo francés

Con la restauración absolutista en España en 1823, Gran Bretaña hizo de su neutralidad un rasgo menos aparente y se apresuró a reconocer la soberanía proclamada por los poderes revolucionarios en América Latina. En general, salvo contadas excepciones, la estrategia de las grandes potencias imperialistas fue menos propensa (mas no inexistente) a ocupar territorios y someterlos a su dominación política y militar –la forma más utilizada, en cambio, en África, en partes de Asia y en Oceanía–, optando preferentemente por someterlos a relaciones de dependencia, posible por contar para ello con la aquiescencia de las clases dominantes (capitalistas o no) de los países de la región.

El Reino Unido combinó intervenciones militares, negociaciones y presiones diplomáticas, y control de actividades económicas, sobre todo (pero no solo) en el plano del comercio. Esa combinación debe ser apreciada en toda su complejidad, porque estuvo llena de grises. Así, por ejemplo, ha habido autores (manifiestamente el argentino Jorge Abelardo Ramos) que insistieron en la existencia de una política británica de balcanización de América Latina. Un caso inequívoco parece ser la acción diplomática que, tras la guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, llevó a la creación de la República Oriental del Uruguay como Estado tapón entre uno y otras. Pero esa intervención se entiende mejor en términos de establecer una situación de relativo equilibrio entre dos países que apuntaban como posibles potencias regionales. La vieja apetencia portuguesa, primero, brasileña, después, por controlar la banda oriental del Río de la Plata, llave para acceder a la navegación de los ríos Uruguay y Paraná, creaba una potencial situación bélica (nada inverosímil dados los antecedentes) que afectaba los intereses de los capitalistas británicos. Al crear una nueva entidad política que controlaba uno de los márgenes del Plata –y la soberanía uruguaya estaba garantizada por Brasil y Argentina–, ponía “un tapón” entre los beligerantes y protegía los intereses capitalistas británicos.

Por otro lado, es bueno tener en cuenta que Gran Bretaña no alentó ninguna acción secesionista en Brasil, ni se opuso al proyecto bolivariano de unidad de las nuevas Repúblicas hispanoamericanas, como sí lo hizo Estados Unidos, potencia en ciernes que sí temía la existencia de un contrapeso de la magnitud de la proyectada confederación. Es decir, el Reino Unido no tenía, necesariamente, una política principista de oposición a “la creación de unidades políticas más vastas, capaces de mantener la paz y el orden interno, y por lo tanto de ofrecer mercados ‘seguros’ a las exportaciones metropolitanas y luego a las inversiones de capitales”. El temor de la burguesía y los gobiernos británicos se encontraba en la eventual ausencia de orden político y seguridad jurídica de las nuevas entidades políticas –para el caso, poco importaba que fuesen grandes o pequeñas–, ausencia que conspiraba contra los intereses capitalistas (Aricó, 1980: 118). Es fácil encontrar en esa prevención una lectura derivada de la experiencia de la Bubble-Mania. La tolerante actitud británica frente a la expansión de Estados Unidos –es decir, su conversión en una unidad política espacialmente creciente– puede ser leída en esta clave. La resolución pacífica de la controversia anglo-norteamericana sobre las fronteras del extenso territorio de Oregon, en 1846, da buena cuenta de ella. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la acción británica fue claramente fragmentadora (o, como suele decirse, utilizando un anacronismo, balcanizadora) (205), dentro de las cuales fue decisiva la acción (exitosa) de fractura de la Gran Colombia (206).

En su accionar, tanto el Reino Unido como Estados Unidos combinaron estrategias comerciales y diplomáticas con operaciones militares. Fueron sobre todo estas las que en la segunda mitad del siglo XIX cuestionaron gravemente la “estatidad” de los Estados latinoamericanos, en particular la capacidad de externalizar su poder. Los cuestionamientos tuvieron dos formas: las guerras entre Estados y las ocupaciones y/o intervenciones. Respecto de las primeras, basta con revisar las dos grandes guerras que se produjeron durante la segunda mitad del siglo XIX: la Guerra de la Triple Alianza o del Paraguay (1865-1870) y la Guerra del Pacífico (1879-1883) (207).

En la primera de ellas, suele decirse, los aliados triunfaron, en buena medida, en virtud del apoyo que recibieron de Gran Bretaña, aun sin que esta potencia se involucrara militarmente. Empero, cabe señalar que la contienda se produjo en un contexto de deterioro de las relaciones entre el Imperio de Brasil y el Reino Unido, originado en dos medidas adoptadas por el segundo en detrimento del primero: la protección del azúcar elaborado en sus colonias y el combate al comercio esclavista. Además, como mostró Pelhan Horton Box (1958), a Gran Bretaña le interesaba neutralizar la eventual ofensiva brasileña sobre Paraguay (en la cual también creía Francisco Solano López) para no permitirle el control de los ríos Paraná y Uruguay, que desequilibraría la política de la cuenca rioplatense y daría mayor peso regional a Brasil, incluso frente a la propia Inglaterra. Aunque la perspectiva política del Foreing Office no siempre coincidía, necesariamente, con la económica del capital comercial y el bancario de la City, ambos interesados en un acceso irrestricto al mercado paraguayo (si bien lo limitado de este obliga a ser cautos en la apreciación), lo cierto es que Paraguay –que recibió el débil apoyo de Estados Unidos, apenas recuperado de su guerra de Secesión, mientras que Francia, más inclinada a favor de Paraguay, mantuvo oficialmente una posición neutral– fue violentamente integrado a la cuenca rioplatense dependiente del capitalismo británico. En esa integración coincidían los intereses estratégicos de este y los de las burguesías y los terratenientes de Argentina, Brasil y Uruguay. En el primero de estos países, además, el presidente Bartolomé Mitre concibió esta guerra como un medio para afirmar el proceso de construcción estatal, incipiente tras la reunificación de la República en 1862. Sus políticas, por otra parte, eran entusiastamente apoyadas por Edward Thornton, el más importante de los diplomáticos británicos acreditados por entonces en el área rioplatense, conocido por su aversión hacia López y hacia Paraguay. Thornton gozaba, en los hechos, de una notable autonomía de acción, a despecho incluso de la política oficial del Reino Unido (208). Está fuera de duda –y Moniz Bandeira (2006) lo ha probado documentadamente– que sin los recursos financieros proporcionados por las principales casas bancarias londinenses –sobre todo Rothschild y Baring Brothers–, los aliados difícilmente habrían podido sostener el esfuerzo terrible de la guerra durante un quinquenio.

La Guerra de la Triple Alianza se nutrió de elementos de política interna de cada uno de los cuatro países involucrados, que se combinaron explosivamente. En principio, el disparador fue el involucramiento de López en la interna uruguaya, apoyando a los blancos, enfrentados a los colorados, dirigidos por el general Venancio Flores y sostenidos por el mitrismo argentino (una devolución de favores por el aporte de Flores cuando las batallas de Cepeda y Pavón, en las cuales se enfrentaron los ejércitos del Estado de Buenos Aires y de la Confederación Argentina) y los riograndenses brasileños encabezados por el general João Felipe Netto. En este sentido, la guerra contra Paraguay fue un epifenómeno de la civil rioplatense, en la que López habría entrado por un error estratégico, el de considerar que su principal enemigo era el Imperio y no Argentina. Al conflicto uruguayo se sumó la resistencia de algunas provincias argentinas contra la política porteña, expresada entre 1863 y 1871 en los levantamientos de los caudillos Ángel Vicente Peñaloza (“El Chacho”), Felipe Varela y Ricardo López Jordán (209). Investigaciones más recientes, como las de Dardo Braschi (apud Brezzo, 2010: 17), muestran el importante apoyo dado a Paraguay por comerciantes y hombres públicos –llamados “yerbócratas” o “paraguayistas”– de las provincias del Litoral argentino.

Contemporáneo de la guerra, Juan Bautista Alberdi, tenaz opositor a ella, no la interpretó como una guerra exterior, sino como la vieja guerra civil entre Buenos Aires y las provincias. Tributario de esa interpretación, Milcíades Peña (1968: 47-48) la consideró “la continuación lógica y la última etapa de la guerra de la oligarquía mitrista contra el Litoral y las provincias interiores argentinas”. A su juicio, “la oligarquía bonaerense había entrado en el juego del Imperio Brasileño tendiente a fragmentar el país, contrayendo compromisos que la situaban en la zona del Plata como aliada del Brasil, lo cual significaba enemiga del Paraguay”. De hecho, el Gobierno argentino del general Mitre y los intereses económicos y políticos que él representaba (básicamente los de la burguesía comercial porteña) desplegaron un juego propicio a la justificación de la declaración de guerra contra Paraguay, guerra que se sabía, como quedó probado, tendría un fuerte rechazo popular.

Pomer (2008: 267) desarrolla esta idea que él mismo considera central: “La guerra contra el Paraguay de Solano López y la previa eliminación del gobierno blanco en la Banda Oriental fueron tenidos por Mitre como vital necesidad de sobrevivencia de su gobierno y de afirmación del proyecto liberal”.

Más allá de la controversia entre los historiadores, lo cierto es que la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay frustró un proceso de autonomía política y potencial posibilidad de una economía con mayor diversificación que la de los otros países de la región. Más brutal aún fue el costo humano, aunque también aquí la polémica es mayúscula. Las cifras de la población paraguaya son inciertas, aunque los estudios demográficos más recientes la estiman en 420.000 a 450.000 habitantes antes de la guerra, y un posterior descenso a entre 141.000 y 166.000 (números redondeados) en 1870, lo cual significa una reducción del orden del 60 al 69%, lo que afectó básicamente a los varones comprendidos en la banda etaria de los 12 a los 50 años. Poco importa si murieron en combate o por hambre, enfermedades u otras causas conexas a la guerra. Los aliados también sufrieron importantes bajas, entre muertos y heridos: de 24.000 a 33.000 brasileños; 18.000 argentinos; 3.120 uruguayos (Doratioto, 2004: 436-441).

Paraguay perdió territorio y, al ser declarado país agresor, debió pagar indemnizaciones de guerra por el total de los gastos que tuvieron los vencedores, si bien la deuda fue condonada a comienzos de la década de 1940.

La guerra desempeñó un papel muy importante en la constitución de la identidad nacional brasileña, mientras que en Argentina sirvió para enriquecer a ganaderos locales –en primer lugar, el entrerriano Justo José de Urquiza–, en tanto proveedores de carne, cueros y caballada para los ejércitos aliados (si bien la prolongación de la guerra les implicó un incremento de las cargas impositivas, particularmente las que gravaban las exportaciones, a las que nunca fueron afectos), y a los comerciantes porteños. Claro que, sin duda, los mayores beneficiarios fueron las casas bancarias británicas, con sus empréstitos a Argentina y, después de concluida la guerra, a Paraguay, país que hasta entonces había prescindido de ellos y, por ende, como se ha dicho, carecido de deuda externa.

Por lo demás, según Moniz Bandeira, el Imperio de Brasil, que se había endeudado para financiar la guerra, tuvo que hacer concesiones aduaneras, financieras y políticas que trabaron su posibilidad de industrialización, amén de soportar la ofensiva de la casa Rothschild (enfrentada con Baring Brothers), que se cargó con el banco del barón de Mauá, el cual quebró en 1878 junto con los astilleros de Ponta da Areia y demás empresas. En la medida en que el Imperio pasó a depender económicamente de las exportaciones de café, cuyo mercado era Estados Unidos, fue inclinándose hacia este país, al tiempo que Argentina acentuaba su vinculación con Gran Bretaña. Así, concluye el historiador brasileño, “las divergencias entre los dos países, superadas las causas históricas, pero resurgidos los resentimientos, pasaron a reflejar sus conexiones económicas internacionales y la rivalidad interimperialista por América Latina” (Moniz Bandeira, 2006: 287).

La otra guerra, la del Pacífico, enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, y es otro ejemplo de la subordinación política a la que estuvieron sometidos los países latinoamericanos, aun después de haber sido reconocida formalmente su soberanía. Los ingleses apoyaron a Chile, una posición esperable puesto que sectores capitalistas de ambos países estaban asociados en la explotación de nitratos. Empero, Héctor Bruit (1985: 90) sostiene que la burguesía chilena no actuó en esta guerra por presiones externas sino que fue a ella “para defender sus propios intereses económicos, que muchos años antes se habían concentrado en el norte, primero en la explotación de la plata, después del cobre y finalmente del guano y del salitre”. Para Luís Cláudio V. G. Santos (2007: 126), el origen de la contienda bélica se remonta a 1842, cuando Chile y Bolivia comenzaron a reclamar cada uno para sí la posesión del desierto de Atacama. Este, carente de importancia económica durante la dominación colonial, devino en “el centro de la política regional con la valorización de los depósitos de guano y después de salitre”. Los norteamericanos, que por entonces recién esbozaban su intención de convertirse en “árbitro en los asuntos políticos en toda América” (Boersner, 1990: 178), pretendieron ser admitidos como mediadores. Fracasaron, pero en 1926, cuando Perú amenazó con volver a la guerra si no se resolvía la cuestión de Tacna y Arica, se resarcieron: presionaron a Chile para que acordara con Perú zanjar dicha cuestión, un remanente de aquella guerra, firmándose en 1929 un convenio por el cual Arica quedó definitivamente como territorio chileno, mientras Tacna se reintegró a Perú. Eran, todavía, los años del dualismo anglo-norteamericano.

Especial atención merecen las ocupaciones e intervenciones extranjeras que sufrieron los precarios Estados de América Latina a partir de la ruptura del nexo colonial (e incluso, inmediatamente antes, cuando todavía estaba vigente el lazo colonial: en las postrimerías de su dominio colonial, España sufrió la ocupación inglesa en Honduras en 1798 (Honduras Británicas, actualmente Belice), en la isla Trinidad en 1802, y en la Guyana en 1803, arrebatada a los holandeses, aliados de Napoleón.

Por mucho, la más importante intervención británica en América Latina fue la ocupación militar del Río de la Plata en 1806 y 1807. En junio de 1806, después de arrebatarles Ciudad del Cabo a los holandeses, fuerzas navales inglesas, comandadas por el comodoro Sir Home Riggs Popham, llegaron a la capital del virreinato rioplatense. Lo hicieron con la anuencia del superior de Popham, el mayor general Sir David Baird –pero desobedeciendo la orden del primer ministro William Pitt, de julio de 1805, de no operar hostilmente contra España en Sudamérica– y pretendidamente en vinculación con el proyecto libertador de Francisco de Miranda. Aunque contaron con el apoyo de algunos dirigentes criollos de Buenos Aires (entre ellos Saturnino Rodríguez Peña), los invasores fueron rechazados, en medida harto considerable por la participación armada popular. Los invasores decretaron la libertad de comercio y ofrecieron garantías civiles a los habitantes (entre ellas, el respeto a la propiedad y a la profesión de la religión católica), amén de la nacionalidad británica. Asimismo, dispusieron que el Cabildo y los magistrados continuaran ejerciendo sus funciones, aunque las autoridades civiles y eclesiásticas, como los comerciantes y los “vecinos principales” debieron jurar lealtad al rey George, medida que fue acatada por la mayoría. El virrey, el marqués de Sobremonte huyó con el tesoro real a Córdoba, ciudad en la cual estableció –en virtud de disposiciones precedentes para situaciones de eventuales invasiones de fuerzas extranjeras– la capital del virreinato (210). La Reconquista –como es conocido el episodio– llevó a la destitución de Sobremonte, proceso que culminó con la elección del capitán de navío Santiago de Liniers, un francés al servicio del rey de España, como nuevo virrey, en clara manifestación de la ausencia de efectivo poder de la Corona. En febrero de 1807, ya con carácter oficial, una nueva fuerza militar británica (61 barcos y unos 11.000 soldados), comandada por Sir John Whitelocke, tomó Montevideo y desde allí organizó la ocupación de Buenos Aires. La Defensa de la capital fue otra manifestación de la reacción de los criollos contra la invasión inglesa y concluyó con la derrota, la capitulación y el retiro de las fuerzas invasoras de Buenos Aires y Montevideo en julio.

Políticamente, los ingleses estuvieron lejos de impulsar, durante su efímero establecimiento militar, una política revolucionaria que moviera a los americanos a romper con el dominio colonial español. La suya fue una típica y clara acción de conquista militar, lo que explica el carácter de la resistencia combinada de españoles y criollos. A lo largo de todo el proceso que vinculó al Reino Unido con las colonias españolas en América, se observa ese contenido moderado de la política de la Corte de Londres y los hombres de la City: espantada en su propio pasado, la burguesía británica desarrolló un santo horror por las revoluciones. Las instrucciones del secretario de Guerra al coronel William Carr Beresford (21 de septiembre de 1806) excluían terminantemente toda alteración de las relaciones sociales y políticas de las sociedades rioplatenses, dejando inalterables la estructura social y las formas de gobierno.

Económicamente, las invasiones inglesas mostraron a los comerciantes librecambistas y a los ganaderos bonaerenses las ventajas que, para sus actividades e intereses, representaba el sistema de libre comercio, aun cuando estrictamente los británicos no ofrecieron a Buenos Aires libertad de comercio, sino tan solo una admisión más libre de un mercado más amplio y siempre que beneficiara comercialmente a Gran Bretaña.

Las invasiones inglesas al Río de la Plata tuvieron un formidable efecto multiplicador en Buenos Aires. De hecho, abrió –en términos de Gramsci– una crisis orgánica de la dominación colonial en el virreinato del sur americano, crisis que recién se saldaría hacia 1880, pues la ruptura del nexo con la metrópoli estuvo lejos de establecer un nuevo sistema hegemónico o dominante. Un efecto fue el papel relevante adquirido por una elite de comerciantes, burócratas y jefes militares locales (no necesariamente de carrera, sino devenidos tales por la coyuntura). Otro, la temprana militarización de la política, en particular en la banda occidental del Plata y, más notoriamente aun, en la ciudad de Buenos Aires, tal como demostró, en explicación ya clásica, Halperin Donghi (1969). Las masas populares urbanas de la capital irrumpieron en la política por la vía de la guerra, reforzando la aludida militarización, y esa combinación abrió también una vía de movilidad social ascendente, como se apreció en la elección de milicianos populares –sin fortuna ni formación– como jefes de estos, en razón de su prestigio en las acciones contra los invasores.

No obstante, Alejandro Horowicz (2004: prólogo; itálicas del autor) sostiene una hipótesis original, según la cual la resistencia a la ocupación británica, en tanto autoorganización del pueblo, constituyó una verdadera revolución. Permítasenos, en atención a esa originalidad, citarlo con alguna extensión: “Las Invasiones Inglesas revolucionaron el modelo español de centralidad militar existente en el Virreinato del Río de la Plata. Al derrotar Guillermo Carr Beresford a las tropas de Carlos IV sin mayores dificultades (en la primera invasión, estas ni siquiera fueron capaces de sostener una batalla en regla), los ingleses no solo ilustraron a los habitantes de Buenos Aires sobre su propia valía militar, sino también les ahorraron […] el decisivo trabajo político de tener que legitimar, en el terreno de la polémica política pública, la destrucción de los descompuestos cuerpos profesionales españoles. Destrucción que no podía no ser el paso previo a un régimen de autogobierno, ya que resulta impensable que el cabildo porteño pueda destituir al virrey en cabildo abierto –y este es el caso del marqués de Sobremonte– sin disponer de fuerza armada adicta; sin olvidar, además, que los británicos pusieron así fin –mediante su calculada irrupción– al sistema político anterior, inaugurando otro que, desde un abordaje muy superficial, resultó idéntico pero notablemente efímero. El autogobierno se conquista, entonces, mediante la ‘reconquista’ (palabra que supone una vuelta atrás, primer malentendido que remite a la perspectiva de época) en lucha abierta con el opresor… inglés. ‘Fue esta una verdadera revolución –sostiene Funes en cita de Mitre–, y la primera en la que ensayó su fuerza el pueblo de Buenos Aires, preparándose para otra no lejana de un género más sublime’”.

El cambio de tropas reales por milicias urbanas tuvo lugar sin batalla ideológica o enfrentamiento político: “Fue el resultado incidental de las Invasiones Inglesas, se constituye en punto de partida, sin diferenciación política, de un poder autónomo basado en ese flamante dispositivo militar, la revolución de Funes y Mitre”. Esta autonomía permitió ampliar la participación criolla en el Cabildo (pasó de un representante a cinco, sobre un total de diez), hecho decisivo para permitir el nombramiento, por ese cuerpo, del nuevo virrey, previa destitución del designado por el rey. Con ese acto concluyó la Reconquista.

El autogobierno, sostiene Horowicz, se constituyó, “en consecuencia, como inevitable ‘alianza’ entre la debilitada corona española y el Cabildo de Buenos Aires, respaldado por las milicias armadas”. Ese “nuevo poder político se construyó de hecho y, en cierto modo de derecho, para todo el Virreinato, sin la menor intervención del interior. Entonces, el primer borde, 1806, está más que justificado. No solo porque el Cabildo conquista un lugar que nunca tuvo, sino porque la relación con la península se modifica drásticamente: Buenos Aires deja definitivamente de estar sometida a la gramática colonial” (Horowicz, 2004: prólogo; itálicas del autor).

En 1808, en el contexto del traslado de la Corte portuguesa a Brasil, el Reino Unido estableció una base para la Royal Navy en el puerto de Rio de Janeiro, formalmente para perseguir la piratería y proteger el comercio legal, pero también con un indisimulable objetivo disuasivo de eventuales intentos de otras potencias europeas, Francia en primer lugar. La presencia naval británica cubrió una amplia geografía latinoamericana: además del puerto base, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Lima e incluso San Blas, en México. La intervención inglesa, en este caso diplomática y cargada de significado y resultados políticos, fue notoria muestra de injerencia en asuntos internos de terceros países en el caso de su muy interesada mediación en la guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, mediación que, como señalamos antes, llevó a la creación de la República Oriental del Uruguay en 1828.

En la década de 1820, buques balleneros norteamericanos incursionaban en los mares del sur y las costas patagónicas, expoliando la fauna de la región. Tanto que llevó al Gobierno de Buenos Aires a decretar la prohibición de “la pesca de anfibios” en 1829, confiando a Luis María Vernet, un comerciante de origen alemán radicado en las Islas Malvinas, la comandancia política y militar de estas, con autoridad para hacer cumplir la medida gubernativa. Así, en 1831, Vernet, aplicando la legislación bonaerense, incautó una goleta estadounidense, con su cargamento prohibido. La medida, legal, fue respondida meses después con una acción militar punitiva: una corbeta de la marina de guerra norteamericana atacó Puerto Soledad, saqueando bienes y propiedades, destruyendo instalaciones militares y apresando a buena parte de los colonos residentes. Por si fuera poco, el encargado de negocios norteamericano ante el Gobierno de Buenos Aires exigió, en 1832, la devolución del cargamento incautado por Vernet, una indemnización, más la desautorización del funcionario, y el desconocimiento del derecho de la provincia de Buenos Aires sobre las islas, insólita solicitud que llevó al gobernador de Buenos Aires, Rosas, a declararlo “persona no grata”.

El 2 de enero de 1833, una fragata británica llegó a Puerto Soledad y su capitán, cumpliendo órdenes del jefe de la estación naval inglesa en aguas sudamericanas, hizo saber al comandante civil y militar interino argentino, sargento mayor de artillería Esteban José Francisco Mestivier, que tomaría posesión de las islas en nombre de Su Majestad Británica. Mestivier no resistió y el pabellón rioplatense fue arriado y en su lugar se izó el del Reino Unido. El Gobierno de Buenos Aires instruyó a su embajador ante la Corte británica, Manuel Moreno, para presentar el reclamo del caso, pero todo fue infructuoso. Desde entonces, el Reino Unido usurpa el territorio argentino. En 1838, 1842 y 1844, el dictador Rosas ofreció entregar definitivamente las islas a los ingleses a cambio de la condonación de la deuda del gobierno provincial con la casa Baring Brothers por el empréstito contraído en 1822. La propuesta fue rechazada tanto por el Gobierno británico como por la casa bancaria. La ocupación de las Malvinas obedeció al objetivo británico de posicionarse con mayor fuerza en el Atlántico Sur y así controlar el por entonces estratégico pasaje al Pacífico vía estrecho de Magallanes (211).

El Río de la Plata volvió a ser escenario de la agresión de potencias europeas en 1838 y 1845. En el primero de esos años, una escuadra francesa bloqueó el Río de la Plata y conminó al gobernador de Buenos Aires a dar respuesta satisfactoria a la demanda de concesión de un estatuto de igualdad para los ciudadanos franceses residentes en Buenos Aires, similar al que se les había otorgado a los británicos (destacándose la exención de convocatoria al servicio militar), una demanda a la que Rosas no se oponía. Pero por debajo del hecho aparente, la realidad de la intervención francesa guardaba estrecha relación con las luchas políticas locales en ambas bandas del Río de la Plata, conflicto in crescendo en el cual el Gobierno de Francia se inmiscuyó directamente.

En efecto, en diciembre de 1838, los agentes franceses en el Río de la Plata, el nuevo presidente uruguayo, el colorado Fructuoso Rivera (que coaligado con los galos había derrotado y destituido del cargo al blanco Manuel Oribe) y el gobernador de la provincia de Corrientes, Genaro Berón de Astrada, firmaron una alianza ofensiva-defensiva específicamente dirigida al derrocamiento de Rosas. También estaban involucrados los exiliados argentinos en Montevideo, de tendencias unitarias (centralistas). Amén del incremento de la guerra civil, con resultados cruentos, la intervención francesa generó la reacción contraria de los británicos, cuyos intereses comerciales se resintieron fuertemente. Pero no solo eso: el Gobierno inglés tenía verdadera preocupación por el creciente expansionismo francés, de modo que hizo saber al Gobierno de Francia que el Reino Unido se uniría a Prusia, Rusia y Austria en defensa del sultán de Turquía hostigado por un opositor apoyado por Francia (con una política similar a la aplicada en el Río de la Plata). También en Francia la oposición al Gobierno criticaba la política exterior de este. En definitiva, la negociación diplomática desplazó a la guerra y el Tratado Arana-Mackau, firmado en octubre de 1840, puso fin al conflicto.

Entre otras disposiciones, ambas partes se concedieron mutuamente la condición de nación más favorecida, Francia levantó el bloqueo y devolvió a Buenos Aires la isla Martín García (que había ocupado) y los barcos apresados, mientras que el Gobierno bonaerense indemnizó a los residentes franceses y se comprometió a respetar la independencia de Uruguay, excluyendo los casos que afectasen “los derechos naturales, la justicia, el honor y la seguridad de la Confederación Argentina”, excepción que dejaba al Gobierno porteño en situación de intervenir en el país vecino sin violentar el compromiso con Francia. En síntesis, Rosas obtuvo un notable triunfo político sobre sus enemigos internos –en una situación marcada por el mayor grado de aplicación del terror gubernamental sobre sus opositores–, mientras que Francia logró satisfacer el reclamo formal que desató la guerra. Mas el gran vencedor fue el Reino Unido, como lo prueba la actuación del Minister Plenipotentiary of Her Britannic Majesty en el Río de la Plata, John Henry Mandeville, hombre clave para las decisiones de los gobiernos de Buenos Aires y Montevideo.

La siguiente intervención extranjera –en este caso, anglofrancesa– volvió a mezclar las guerras civiles rioplatenses con los intereses expansionistas del capitalismo europeo (212). Después de su intervención en la política interna de la Confederación Argentina, apoyando al gobernador de Buenos Aires, Rosas, contra los unitarios, el ejército de Oribe regresó a Uruguay para enfrentar al de Rivera –apoyado por los gobernadores Pedro Ferré y Juan Pablo López, de las provincias argentinas de Corrientes y Entre Ríos–, al cual venció en Arroyo Grande en diciembre de 1842. Rivera se refugió en Montevideo y desde allí organizó la defensa (de allí la denominación “Gobierno de la Defensa”), mientras que Oribe comenzó el sitio de la capital uruguaya en febrero de 1843 (el llamado “Sitio Grande”, prolongado hasta el final de la guerra en 1851), ejerciendo el llamado “Gobierno del Cerrito”, en un caso de soberanía múltiple. En marzo de 1845, Rivera intentó romper el cerco y libró la batalla de India Muerta contra el ejército comandado por el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, con un resultado catastrófico, con la pérdida de 1.700 de sus hombres. La derrota de Rivera (quien se refugió en Brasil) dejó a Oribe y sus aliados expedito el camino a la toma de Montevideo, posibilidad que impulsó a los unitarios a solicitar la intervención del Reino Unido y de Francia.

La convergencia de intereses políticos y económicos, locales e ingleses –siendo en particular relevantes los de la burguesía de Liverpool, interesada en abrir a la navegación ultramarina los ríos Paraná y Uruguay, interiores de la Confederación Argentina, y así llegar al cerrado mercado de Paraguay–, funcionó otra vez a favor de la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, George Hamilton Gordon, conde de Aberdeen, ordenó a la Royal Navy impedir el ataque final del ejército de Oribe a Montevideo y pidió a Rosas el levantamiento del bloqueo de la misma ciudad por la flota de la Confederación Argentina y el retiro de las fuerzas terrestres, obteniendo una respuesta negativa, con la contrarréplica del bloqueo de Buenos Aires por naves inglesas y francesas, en septiembre de 1845, un mes después de que estas se apoderaran de buena parte de las rioplatenses. La flota invasora forzó la defensa local y abrió paso a 92 barcos mercantes (213). Pero el resultado fue negativo, tanto en lo económico para los burgueses ingleses, como en lo político para los unitarios. El episodio generó una significativa reacción favorable a Rosas, por su defensa de la soberanía. Cuando el Estado y la Nación eran creaciones muy incipientes, el episodio cobraba un relieve destacable. Empero, la cuestión no estaba exenta de ambigüedad y complejidad: los invasores pretendían la libre navegación de los ríos interiores, demanda a la cual se oponían los terratenientes bonaerenses y su máximo líder político, interesados en el control del puerto y la aduana de Buenos Aires, en detrimento de las provincias interioranas. En cuanto al sitio de Montevideo, se prolongó tres años más, afectando el comercio exterior y las relaciones internacionales entre la Confederación, el Reino Unido y Francia, a tal punto que esa situación presionó fuertemente para su levantamiento.

El fin de la intervención anglofrancesa obedeció a la lógica de las dos potencias de no extremar las acciones contra un gobierno (el de Rosas) que se había mostrado celoso en la defensa de la soberanía e independencia política –mucho más, en rigor, de la provincia de Buenos Aires que de la laxa Confederación Argentina a la cual representaba en materia de relaciones exteriores–, sin mengua de mantener la dependencia económica, en particular del Reino Unido, y también, en buena medida, a cambios políticos en ambos países, cuyas posiciones frente al conflicto, por lo demás, fueron discrepantes: en Gran Bretaña, los liberales llegaron al gobierno en 1846 (conde de Russell, primer ministro) y, en Francia, se produjo la Revolución de 1848 y con ella la reinstauración de la República. Los ingleses levantaron unilateralmente el bloqueo en marzo de 1848; en noviembre de 1849, los representantes del Reino Unido y la Confederación Argentina firmaron el Acuerdo Southern-Arana, que dispuso el retiro de los barcos de la Royal Navy, el reconocimiento del derecho soberano de la Confederación a la navegabilidad de sus ríos interiores y el desagravio, por los británicos, de la bandera argentina. Oribe fue reconocido como legítimo presidente de Uruguay. El 27 de agosto de 1850, Francia y la Confederación firmaron la Convención Le Predour-Arana, cuyas condiciones fueron similares al acuerdo con el Reino Unido.

La decisión inglesa no dejó de ser coherente con el principio enunciado por el astuto vizconde de Castlereagh, antes señalado, de preferir para las colonias españolas devenidas repúblicas independientes una solución política económico-comercial, antes que una militar, es decir, la amistad y alianza en lugar de la conquista. Esa alianza se estableció con los grupos propietarios (fuesen o no burgueses) y comerciantes interesados en hacer “buenos negocios” con los británicos, vendiéndoles sus materias primas y comprándoles productos manufacturados. En el caso rioplatense, esa postura ayuda a explicar por qué no hubo en el Río de la Plata una guerra del cuero, como sí hubo una guerra del opio en China (Ansaldi, 1985).

La retirada de las potencias colonialistas no terminó con la Guerra Grande, que se prolongó hasta 1851-1852. En abril de 1851, Urquiza rompió con Rosas y, en mayo, lo desconoció como encargado de las relaciones exteriores. Este mismo mes se firmó en Montevideo un tratado de alianza ofensivo-defensiva entre el Gobierno de la Defensa, la provincia de Entre Ríos y el Imperio de Brasil, con el declarado objetivo de “hacer salir del Uruguay al general don Manuel Oribe y a las fuerzas argentinas que manda”. Entre julio y septiembre, los ejércitos entrerriano y brasileño invadieron Uruguay con una correlación de fuerzas tal que llevó a Oribe a dejar el gobierno del Cerrito y admitir el de la Defensa (octubre). En febrero de 1852, el ejército aliado, compuesto mayoritariamente por argentinos, derrotó en Caseros al de Rosas, quien renunció a su cargo y se exilió en Inglaterra. Poco después, el país se dividió en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, fractura que subsistió hasta 1862.

En 1876, una cañonera británica se desplazó desde Montevideo hasta la ciudad argentina de Rosario –importante puerto exportador sobre el río Paraná– para reforzar con la prepotencia armada el reclamo del Banco de Londres a favor de mantener el monopolio del crédito y de la emisión de billetes, facultad que el Gobierno de la provincia de Santa Fe le había quitado con la creación del Banco Provincial. El canciller argentino protestó por el atropello y finalmente las autoridades del banco británico se avinieron a acatar la ley santafesina, y se retiró la cañonera del puerto tras seis meses de amenaza a la ciudad.

Tampoco el Imperio de Brasil fue ajeno a la prepotencia del león inglés, a pesar del linaje y el prestigio de Pedro II entre las cortes europeas. La llamada “cuestión Christie”, en 1862-1863, fue la manifestación más cabal, y más absurda, de tal prepotencia. A raíz del hundimiento de un navío británico en las costas de Rio Grande do Sul y de incidentes con marineros de la misma nacionalidad en Rio de Janeiro, el ministro inglés ante la corte imperial, William D. Christie, acusó a los brasileños de haber saqueado y hundido al primero y de haber maltratado a los segundos, entendiendo que esos episodios merecían dar “una lección” al país sudamericano. Dispuso, entonces, el bloqueo del puerto capitalino y medidas de represalia contra las naves mercantes brasileñas; el Gobierno local consideró estas medidas actos de guerras y rompió relaciones diplomáticas con el Reino Unido durante dos años. Ante la reacción popular, Christie, amenazado de muerte, abandonó el país, al tiempo que los comerciantes británicos en la ciudad carioca, los industriales de Lancashire y Manchester, y parlamentarios opositores al Gobierno liberal del primer ministro, Henry John Temple, vizconde de Palmerston, lo censuraron por su actitud atentatoria contra los intereses económicos del capitalismo británico.

En la década de 1830, los británicos utilizaron su asentamiento en Belice como base para un intento expansionista a costa de la Confederación Centroamericana, por entonces en crisis, en particular sobre territorio actualmente de Guatemala, Honduras y Nicaragua (Costa del Mosquito), una vieja aspiración en procura del control de las rutas comerciales entre el Atlántico y el Pacífico en la subregión, que los británicos debieron resignar en 1850 con la firma del Tratado Clayton-Bulwer. Los firmantes –Estados Unidos y Gran Bretaña– acordaron no avanzar más allá de lo existente hasta entonces en materia de ocupación de espacios centroamericanos y renunciar a cualquier pretensión de control exclusivo del proyectado canal interoceánico. Fue el primer reconocimiento británico de una esfera de influencia norteamericana en América Central y el Caribe (Boersner, 1990: 131).

El Reino Unido tuvo, al menos hasta la década de 1840, una política que combinaba injerencias explícitas con encubiertas en los asuntos de los nuevos países latinoamericanos, si bien en no pocas ocasiones encontró, como hemos visto (casos de la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil), límites a esos intentos políticos y militares, sin mengua de la continuidad de sólidos lazos económicos. Los años medios de la década de 1840 –la anexión de Texas a Estados Unidos y la consecuente guerra de este país con México, más la pérdida británica de buena parte del vastísimo territorio de Oregon a favor de los norteamericanos– fueron un punto de inflexión: el león inglés comenzó a ceder, en el plano político –no necesariamente en el económico– frente al agresivo expansionismo del águila norteamericana. Ceder no implicó abandonar, si bien las cosas ya no fueron como antes. En 1853, los británicos evaluaron la posibilidad de hostilizar a Bolivia; y en 1857, la de ir a la guerra con Perú por diferencias respecto de bonos del mercado de capitales.

México fue el país más brutalmente agredido por las grandes potencias capitalistas, comenzando por las acciones de su vecino del norte. Si a mediados del siglo XIX el poder de Estados Unidos todavía era débil frente al de los británicos, la cercanía territorial respecto de aquel le ofrecía ventajas incomparables para sus pretensiones imperialistas. Así fue como la guerra entre ambos países, iniciada por el territorio de Texas a partir de 1835-1836 y llevada a su clímax entre 1846 y 1848, terminó con la anexión definitiva de la rica mitad norte del territorio mexicano, después de un largo conflicto que llevó a las tropas norteamericanas a la capital mexicana en septiembre de 1847, la cual ocuparon durante nueve meses.

En el comienzo mismo de la etapa independiente, los primeros gobiernos de México impulsaron la ocupación de Texas, un territorio poco poblado por criollos o españoles. Un camino elegido fue el de la entrega de concesiones de tierras a particulares para su colonización, con los requisitos de adquirir la ciudadanía mexicana y acatar las leyes del país, profesar la religión católica y aprender la lengua castellana. Entre los beneficiarios se encontraba Stephen F. Austin, a quien se le concedió autorización para radicar 300 familias. En breve, los concesionarios permitieron la radicación de norteamericanos –en buena medida partidarios de la esclavitud, que había sido abolida por México–, que terminaron superando ampliamente a los mexicanos y comenzaron a bregar por la independencia de Texas, proclamada en 1836. La nueva República subsistió hasta 1845, cuando el Congreso norteamericano acordó su incorporación a Estados Unidos como un estado más, posición coincidente con la de la mayoría de los texanos, con Houston a la cabeza. México rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y consideró la decisión del Congreso un acto de guerra. Pese a la heroica lucha de los mexicanos, el país perdió la guerra –no fueron ajenos a la derrota la crisis política interna y los desaciertos del general Santa Anna– y estuvo a punto de perder todo el territorio, pues exaltados norteamericanos levantaron la consigna “All Mexico”. El tratado firmado en Guadalupe Hidalgo certificó el despojo, complementado a fines de 1853 por el Tratado de la Mesilla, por el cual Santa Anna aceptó vender a Estados Unidos casi 77.000 km2 a cambio de una millonaria cifra que terminó beneficiando al propio Santa Anna.

Aunque inicialmente la cuestión de Texas no fue ajena a la rivalidad entre Gran Bretaña y Estados Unidos, el Gobierno británico –tal como se lo hizo saber al mexicano– tenía en claro que, pese a ella, su prioridad era la relación con los norteamericanos. México recibió 15.000.000 de dólares a modo de cobertura de gastos de guerra e indemnizaciones, pero perdió territorios con inmensos recursos naturales, entre los cuales cuentan primordialmente el oro y el petróleo. El futuro presidente, Ulysses Grant, partícipe de esa guerra, la consideró una consecuencia de la conspiración de los esclavistas para ampliar su territorio (de hecho, Texas se sumó a la Confederación sudista en 1861) y la calificó como la más injusta de las guerras.

Entre abril de 1838 y marzo de 1839, México debió enfrentar otra agresión externa, en este caso francesa, simultánea con la realizada a la Confederación Argentina. Se trata de la llamada “Guerra de los pasteles” (la guerre des gäteaux), un conflicto cuyo detonante fue un episodio policial de menor cuantía: según denuncia de un comerciante francés, propietario de un restaurante en Tacubaya, unos oficiales del general Santa Anna habían comido unos pasteles y se habían retirado del local sin pagarlos, por lo que pedía una indemnización. Además, un ciudadano francés acusado de actos de piratería había sido fusilado en Tampico. Otros reclamos eran derivaciones de episodios de luchas políticas internas que afectaron a franceses residentes, no como tales, sino como consecuencia de los enfrentamientos, tal como se vieron afectados los mexicanos. Por detrás de los motivos aparentes estaba el interés de expansión colonialista francés, entre cuyos objetivos se encontraba impedir el avance de Estados Unidos.

El representante de Francia ante el Gobierno de México, el barón Antoine Louis Deffaudis, al no obtener, en 1837, la respuesta que esperaba –el Gobierno mexicano declinó toda responsabilidad en los episodios–, optó por la agresión armada. Su Gobierno despachó al golfo de México seis naves de la Marine Royal; desde una de ellas, Deffaudis intimó, en marzo de 1837, el pago de las indemnizaciones a los franceses que habían sido afectado en sus personas y propiedades. El ultimátum vencía el 15 de abril. El Gobierno del presidente Anastasio Bustamante se negó a cualquier trato en presencia de los barcos de guerra galos frente a Veracruz, el puerto más importante del país. El almirante Charles Louis Bazoche, comandante de la escuadra colonialista, replicó bloqueando todos los puertos del golfo, lo que cerraba el comercio de México con terceros países, agresión ejercida durante ocho meses.

La confrontación de posiciones se tornó guerra entre ambos países. En noviembre, los franceses bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa y la ciudad de Veracruz, forzando a sus autoridades a la capitulación, rechazada por el Gobierno, que declaró la guerra a Francia. Durante su desarrollo, la continuidad del bloqueo afectó los intereses comerciales de terceros países, el Reino Unido en primer lugar (potencia cuyo Gobierno ofreció mediar en el conflicto, función que desempeñó el ministro Richard Pakenham). Las negociaciones de paz culminaron el 9 de marzo de 1839 con la firma de un acuerdo mediante el cual México se avino a abonar a Francia 600.000 pesos en concepto de daños y reclamaciones, y a pagar puntualmente los créditos concertados, y Francia se comprometió a devolver a México los buques mercantes (con toda su carga) y los de guerra incautados durante las hostilidades. Un mes después, los franceses devolvieron San Juan de Ulúa y retiraron la flota de aguas mexicanas. En el frente interno, Santa Anna recuperó parte del prestigio que había perdido con la independencia de Texas y pudo mantener el régimen centralista.

En octubre de 1861, Gran Bretaña, Francia y España acordaron intervenir militarmente en México, en represalia por la decisión del Gobierno liberal de Benito Juárez de suspender el pago de la deuda externa durante dos años, por carencia de fondos tras la guerra civil entre liberales y conservadores. Los europeos pretendían lograr, por la fuerza, la revisión de la medida, alegando “proteger sus respectivos intereses” en México. El presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, rechazó la propuesta de sumarse al acuerdo y, por el contrario, apoyó a Juárez. En diciembre de 1861 y enero de 1862 desembarcaron tropas españolas, primero, e inglesas y francesas, tras ellas. Sin embargo, los ejércitos españoles y británicos se retiraron en noviembre de ese año, por lo cual la aventura terminó siendo solo francesa. Ferdinand Maximilian Josef von Habsburg-Lothringen, archiduque de Austria, fue impuesto en 1864 como emperador con el nombre castellanizado de Maximiliano I, y fue reconocido por los países europeos, mas no por Estados Unidos, que mantuvo el reconocimiento del Gobierno de Juárez, alegando su rechazo por el hecho de ser un gobierno impuesto o auspiciado por una potencia europea. Por otra parte, la principal preocupación de Lincoln era por entonces la guerra entre unionistas y confederados en su propio país (1860-1865). También Chile y otros países latinoamericanos se solidarizaron con México y el presidente Juárez. Los franceses se retiraron en 1865 y, dos años más tarde, Maximiliano I, apoyado solo por los conservadores mexicanos, fue derrotado y fusilado.

La intervención franco-británica, en particular la más larga de los franceses, fue todavía parte de la vieja política colonialista de ocupación de otros países, aunque ya en tránsito hacia una nueva forma, la imperialista. La connivencia entre los conservadores mexicanos con las fuerzas y autoridades de ocupación ilustran –una vez más– la combinación entre luchas políticas internas con apetencias expansionistas de las grandes potencias, tal como vimos antes en el Río de la Plata, y, a fortiori, la ausencia de nación, entendida esta como arco de solidaridades, pertenencia e identidad.

La historia de América Latina independiente está signada, en medida harto considerable, por la de Estados Unidos. Su intervención en la guerra contra España y la posterior ocupación de Cuba y Puerto Rico, que ya hemos considerado, marcan la culminación de la primera fase de esa política expansiva en pos de la hegemonía en la región, que se inició visiblemente tras la conclusión de la Guerra Civil (1860-1865) y la expansión de la frontera oeste (la conquista del Far West), pero que había comenzado a pergeñarse desde el momento mismo de la independencia norteamericana. Ya en 1776, Benjamin Franklin recomendó despojar a España de Cuba. A lo largo del siglo XIX, presidentes, políticos y periodistas norteamericanos formularon, o contribuyeron a formular, políticas como la de “la fruta madura”, la Doctrina Monroe, el “Destino Manifiesto”, la Doctrina Evarst, la “del garrote”, o bien procuraron comprarle a España la isla de Cuba en varias ocasiones, cuando no comenzaron sus primeras intervenciones, explícitas y brutales, como la guerra contra México, o más o menos encubiertas, como las andanzas de William Walker en América Central, particularmente en Nicaragua.

A propósito del traslado de acusados de terroristas a la prisión norteamericana en la base de Guantánamo, Orestes Martí escribió un artículo explicando que las claves estaban en el pasado (Martí, s. f.). Este periodista y escritor de origen cubano encuentra que hay una línea de continuidad de larga duración reveladora de las apetencias norteamericanas sobre América Latina. Tomamos de ese artículo las referencias siguientes: Thomas Jefferson, el tercer presidente estadounidense (1801-1809), expresó en 1805 que “comenzaba a considerar toda la corriente del golfo [de México] como agua jurisdiccional norteamericana”, rematando su postura con una contundente propuesta: “En caso de una guerra con España, los Estados Unidos se apoderarían de Cuba”. En abril de 1823, John Quincy Adams, a la sazón secretario de Estado del presidente James Monroe, envió al representante del país en España instrucciones que, entre otras cosas, decían:

El traspaso de Cuba a Gran Bretaña sería un acontecimiento muy desfavorable a los intereses de esta Unión […] La cuestión tanto de nuestro derecho y de nuestro poder para evitarlo, si es necesario por la fuerza, ya se plantea insistentemente en nuestros consejos, y el gobierno se ve obligado en el cumplimiento de sus deberes hacia la Nación, por lo menos a emplear todos los medios a su alcance para estar en guardia contra él e impedirlo. […] Estas islas [Cuba y Puerto Rico], por su posición local, son apéndices naturales del continente norteamericano, y una de ellas, la isla de Cuba, casi a la vista de nuestras costas, ha venido a ser, por una multitud de razones, de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestra Unión. […] Cuando se echa una mirada hacia el curso que tomarán probablemente los acontecimientos en los próximos cincuenta años, casi es imposible resistir la convicción de que la anexión de Cuba a nuestra República Federal será indispensable para la continuación de la Unión y el mantenimiento de su integridad.

Era la política de “la fruta madura”, expresada bajo el gobierno de Monroe, en el marco del enunciado de la doctrina que lleva su nombre, según la cual Estados Unidos era totalmente opositor a cualquier intervención europea en el continente americano, posición sintetizada en la expresión “América es para los americanos”, que los latinoamericanos antiimperialistas transformarán más tarde en “América es para los americanos… del Norte”.

Pese a lo enfático de la doctrina, no fue aplicada en ocasión de la ocupación británica de las Malvinas, ni en ocasión de la agresión francesa a México y al Río de la Plata, la franco-inglesa a la Confederación Argentina, el bombardeo de la flota española a Valparaíso y a puertos peruanos, ni cuando ocurrió la invasión anglo-franco-española a México, o los ataques españoles a Chile y Perú. Tampoco en ocasión de la agresión a Venezuela por el Reino Unido, Alemania e Italia en 1902. Para Monroe, anexionar Cuba era lo que necesitaba Estados Unidos para alcanzar el mayor grado de interés como nación.

En 1845, el periodista John L. O’Sullivan publicó en Democratic Review, de Nueva York, un artículo explicativo de las razones que justificaban la necesaria expansión territorial de su país: Esa expansión era un mandato “que nos ha sido asignado por la Divina Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno”. Era la doctrina del “Destino Manifiesto”, rápidamente convertida en política justificativa de todas las intervenciones norteamericanas en los asuntos internos de cualquier país del mundo. Según ella, fue Dios quien eligió a Estados Unidos para ser una gran potencia, una nación superior a escala planetaria.

En 1826, un grupo de norteamericanos solicitó al Emperador de Brasil autorización para navegar por el río Amazonas, pero la respuesta fue negativa la respuesta. A fines de la década de 1840, otros norteamericanos pensaron la posibilidad de ocupar la Amazonía (pretensión no abandonada aún) mediante una campaña iniciada por el teniente Mathew Fontaine Maury para abrir el río Amazonas a la libre navegación de barcos no brasileños. El representante del Imperio ante el Gobierno estadounidense, Sergio Teixeira de Macedo, temía que Estados Unidos pretendiese ocupar Venezuela, Colombia y Ecuador, se convirtiera en limítrofe de Brasil y, desde esa posición, avanzara sobre la Amazonía. En un informe a su cancillería señalaba que los norteamericanos perseguían,

empleando contra nosotros estas maniobras, con que provocan la guerra y, por lo tanto, el derecho de conquistar la isla de Marajó [en la desembocadura del río Amazonas], o las otras maniobras, con las que se pueden conmocionar estas provincias [del norte brasileño, un área levantisca], destacarlas del Imperio, formar en ellas repúblicas de la orden de Nicaragua, para de ellas obtener todo lo que quieren (apud Moniz Bandeira, 2008: 47).

No eran infundados los temores de Macedo. En 1848, un particular norteamericano propuso a la Delegación de Brasil en Washington un plan para trasladar a Belén de Pará 20.000 estadounidenses y, en 1852, otro “pretendió asentar a sus esclavos en el valle del Amazonas, que el teniente Maury quería ‘revolucionar, republicanizar y anglosajonizar’, constituyendo la República Amazónica, a donde los Estados Unidos transplantarían parte de su población negra”. En 1854 –el año en el que el comodoro Mathew Perry obligaba a Japón a abrir dos puertos a los comerciantes norteamericanos–, el Gobierno de Estados Unidos hizo saber al de Brasil su disposición para obtener de cualquier manera la apertura del Amazonas a sus barcos, si el Imperio se oponía a lo que Estados Unidos consideraba su “legítima aspiración”. Brasil resistió y cerró el camino a las apetencias norteamericanas (Moniz Bandeira, 2008: 48). El celo del Gobierno imperial por la defensa de la soberanía amazónica se vio fortalecido por la posibilidad y luego la declaración de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, la cual requirió la máxima atención del Gobierno.

En 1853, William Walker, un aventurero y filibustero norteamericano
–además de médico, abogado y periodista–, invadió la Baja California, en México. Acompañado de casi una cincuentena de hombres, desembarcó y tomó La Paz, y proclamó la República de Baja California y Sonora, de la cual se autoinvistió presidente. Rechazado por el pueblo y el Gobierno mexicano, Walker terminó huyendo a su país tras cuatro meses de aventura. Ante el enérgico reclamo del Gobierno de México por la violación armada de su territorio, el de Estados Unidos ordenó el enjuiciamiento del aventurero. Pero como el juicio se hizo en San Francisco –en la California ya ocupada por los norteamericanos, donde la posición de expandirse hacia la California mexicana estaba muy extendida–, el previsible resultado del juicio lo dejó en libertad. También en libertad de acción, como lo prueba el hecho de su nueva incursión bélica, ahora en Nicaragua.

En 1854-1855, Nicaragua se encontraba inmersa en una lucha interna entre los demócratas o liberales, encabezados por Francisco Castellón Sanabria, y los legitimistas o conservadores de Fruto Chamorro Pérez. El primero fue designado Supremo Director de Nicaragua, con sede en León, y el segundo, presidente de Nicaragua, con fuerte en Granada. Tratando de zanjar la lucha, los liberales concertaron con el norteamericano Byron Cole un canje de tierras del país por la participación de un contingente de mercenarios estadounidenses, al frente de los cuales se puso Walker, designado “coronel del ejército democrático”. El filibustero y sus mercenarios –la Falange de los Inmortales– tomaron Granada e impusieron como presidente a Patricio Rivas; Walker fue designado general en Jefe del Ejército de Nicaragua.

El representante de Costa Rica ante el Gobierno de Estados Unidos reportó a su presidente, Juan Rafael Mora Porras, que Walker tenía intenciones de apoderarse de Centroamérica para anexionar el territorio a los estados esclavistas del Sur norteamericano. Finalmente, hubo ruptura de relaciones en Costa Rica y Nicaragua, y el Ejército tico penetró en territorio del vecino país y derrotó a los filibusteros, pero debió replegarse ante una epidemia de cólera. Walker aprovechó para destituir a Rivas y proclamarse presidente en 1856; su Gobierno fue reconocido por el de Estados Unidos, al tiempo que recibía refuerzos militares desde el Sur esclavista. Empero, acciones militares combinadas de legitimistas nicaragüenses con los Ejércitos de El Salvador y Guatemala, por el norte, más nuevas operaciones del Ejército costarricense, por el sur, culminaron con la derrota y rendición de Walker y sus hombres en mayo de 1857. Protegido por la Marina de su país, el filibustero se refugió en Nueva Orleans, donde fue recibido como un héroe. Hizo dos intentos más por apoderarse de territorio centroamericano, y así sumó dos nuevos fracasos. Finalmente, merced a la colaboración de autoridades y marinos ingleses de la British Honduras, fue apresado y entregado al Gobierno de Honduras, juzgado por un consejo de guerra y fusilado en septiembre de 1860.

Por detrás de la apariencia fáctica, las aventuras de Walker fueron expresión de la política expansionista de Estados Unidos (214) y de su enfrentamiento con los ingleses, avivado después del descubrimiento de oro en California (1848), el cual potenció la importancia estratégica de Nicaragua para el establecimiento de un canal interoceánico a través del lago de Nicaragua y el río San Juan. A tal efecto, comenzó a operar Accesory Transit Company, un servicio de transporte de pasajeros y mercancías que unía San Juan del Norte y San Juan del Sur, sendos puertos nicaragüenses sitos en el Pacífico y el Atlántico. Esta empresa fue creada en 1851 por el comodoro Cornelius Vanderbilt y su historia fue una sucesión de trampas y traiciones en las que estuvo involucrado Walker, confabulado con los banqueros Charles Morgan y Cornelius K. Garrison, asociados de aquel, para desplazar a Vanderbilt.

Si bien el ya citado Tratado Clayton-Bulwer puso límites mutuos a los intereses de ambas potencias, los británicos se negaron a abandonar su protectorado sobre la Costa de Mosquitos, alegando que aquel no había revocado la situación preexistente, argumento que les sirvió también para apoderarse de las hondureñas islas de la Bahía (215). Los norteamericanos, a su vez, se hicieron fuertes en San Juan del Norte, puerto que habían bombardeado en 1854 y al cual dos coroneles en actividad, Henry Kinney y Joseph Fabens, declararon independiente, autodesignándose Kinney como presidente. La aventura no tuvo mayor trascendencia. Más importante fue la firma del Tratado Cass-Irisarri, que Estados Unidos impuso a Nicaragua en 1858. Por él, Estados Unidos se aseguró dos derechos: el derecho de tránsito por cualquier parte del territorio nicaragüense, sin costo alguno, y el permanente de intervención civil, armada y económica en el país. A juicio del presidente James Buchanan, Centroamérica caería por gravitación natural de las cosas, en día no lejano, bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

Derrota del viejo colonialismo, triunfo del imperialismo (216)

Un rasgo distintivo, observado por Eric Hobsbawm (1989: 54), del período que se inició hacia 1870 y se prolongó hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue la convergencia entre la economía y la política, apreciable en el papel creciente del Estado. Ese rasgo se dio tanto en los países centrales como en los dependientes. En América Latina fue bien visible en la constitución de los Estados oligárquicos, que se convirtieron en factor clave de la creación de condiciones favorables a la inversión de capital extranjero y, con ello, de las clases sociales y en general de toda la estructura social.

Durante ese período, el viejo colonialismo dejó paso al imperialismo, el cual constituyó un sistema mundial con países centrales y países periféricos que, a su vez, constituyeron situaciones coloniales imperialistas (ocupados militar y políticamente por países metropolitanos colonialistas, perdiendo soberanía e independencia y control de los recursos naturales), tal como ocurrió particularmente en África, o bien situaciones de dependencia (sin pérdida de soberanía política, mas sujetos a relaciones de dominación económica que permitían la transferencia del excedente generado en esos países a los centrales, donde era apropiado de modo concentrado por la respectiva burguesía), situación típica de América Latina.

En general, se considera al imperialismo como un fenómeno observable a partir del último cuarto del siglo XIX. Su surgimiento coincidió con una nueva fase de expansión extracontinental que encabezaron algunos países europeos (Reino Unido y Francia, en primer lugar, seguidos de Bélgica, Alemania, Italia, Holanda). Esto llevó a completar el reparto casi total de África (Etiopía fue la excepción) y del Pacífico (apropiándose de vastos espacios asiáticos). La Conferencia de Berlín (1884-1885), convocada por el canciller alemán Otto Bismarck, de la cual participaron trece países europeos (los imperios Alemán, Austrohúngaro y Otomano, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia) y Estados Unidos, consagró el llamado “reparto de África” y los nuevos imperios coloniales.

Mientras que España y Portugal, los “viejos” imperios, quedaron relegados a un segundo plano, Gran Bretaña continuó con una pauta ya iniciada (la de conquista y reparto colonial de la primera mitad del siglo XIX). En la bisagra de los siglos XIX y XX, además de las señaladas arriba, surgieron dos nuevas potencias, extraeuropeas, Estados Unidos y Japón.

La nueva expansión incorporó al mercado mundial materias primas y alimentos que los países industrializados requerían particularmente: de Argentina y Uruguay, trigo y carnes; de Colombia y Brasil, café; de Chile, cobre; de México, plata; de Cuba, azúcar. En este último país y también en Venezuela, Panamá (en rigor, en aquel momento parte de Colombia) y Puerto Rico, la nueva política de las grandes potencias se expresó ya no bajo la forma característica de situación de dependencia, sino bajo la forma de la agresión militar y/o la grosera intervención política en los asuntos internos de países jurídicamente independientes.

En Cuba, los intereses de Estados Unidos no eran solamente económicos (azúcar y tabaco) sino también estratégicos. Por el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, España había renunciado a todo derecho de soberanía y propiedad sobre el territorio (y también sobre las islas de Puerto Rico en el Caribe, la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones en el Pacífico y sobre las Islas Filipinas, por las cuales Estados Unidos pagó a España la suma de veinte millones de dólares. En ese mismo año, el Gobierno de McKinley lograba, además, la ocupación del atolón Wake en el océano Pacífico central y la anexión de Hawai, que en 1959 se convirtió en el quincuagésimo estado de la Unión (a diferencia de las Islas Filipinas, en las que se quedaron hasta 1946).

El Tratado de Paris selló una entrega total: los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios cedidos pasaban a jurisdicción del Congreso de Estados Unidos. Asimismo, estableció que una vez concluida la ocupación, Estados Unidos tendría la potestad de aconsejar al Gobierno de Cuba que aceptase las mismas condiciones impuestas por el país del Norte en su intervención.

La ocupación de Cuba comenzó formalmente el 1º de enero de 1899 y se prolongó hasta el 20 de mayo de 1902, cuando se estableció formalmente la República de Cuba. En 1901, se aprobó la primera Constitución de la Cuba independiente, reemplazante de la de Guáimaro –de carácter democrático, libertario y antiesclavista–, sancionada en 1869, durante la primera guerra de independencia (1868-1878). La nueva Carta incluyó la llamada “Enmienda Platt”, limitante de la plena soberanía, al sustraer la isla de Pinos a la soberanía cubana y obligar al Gobierno de Cuba a arrendar o vender una porción de territorio nacional para el establecimiento de estaciones navales norteamericanas encargadas de velar por la “independencia” de la isla y un gobierno “adecuado” para proteger vidas, propiedades y libertades individuales. También prohibía la celebración de tratados, convenios o deudas con otros Estados que el Gobierno estadounidense considerarse inadecuados para esa “independencia”.

Con el apoyo de los ocupantes del país y de amplios sectores de la sociedad cubana, Tomás Estrada Palma fue consagrado primer presidente (1902-1906), tras vencer al general Bartolomé Masó, un consecuente luchador anticolonialista y antiimperialista, tan decidido opositor a la Enmienda Platt como partidario del sufragio universal y de la igualdad de oportunidades para todos, en consonancia con los ideales de la lucha de los mambises por la independencia. En virtud de la Enmienda, el presidente Estrada Palma concedió a Estados Unidos, a partir del 23 de febrero de 1902 y a perpetuidad, una parte del territorio para la instalación de la base naval de Guantánamo. En 1925, el Senado norteamericano aprobó el Tratado Hay-Quesada, por el cual Cuba recuperó la isla de Pinos. En 1934, con la “política de buen vecino” del presidente Franklin D. Roosevelt, un nuevo tratado de reciprocidad entre ambos países derogó la Enmienda Platt, mas no el control sobre Guantánamo.

En opinión del historiador alemán Michael Zeuske (1996: 147), la primera ocupación de la isla por parte de los norteamericanos (del 1º de enero de 1899 al 20 de mayo de 1902), concluyó en “una transición pactada”, expresada en el Gobierno de Estrada Palma, “símbolo perfecto de […] política de compromisos y –por supuesto– de cierto equilibrio entre grupos de poder nacionales, provinciales o regionales”.

En Puerto Rico, Estados Unidos hizo valer sin concesión alguna lo dispuesto por el Tratado de París y, además, contaba con el apoyo de grupos políticos criollos que reclamaban la anexión al país vencedor. La protesta y los argumentos de Eugenio María de Hostos fueron en vano, de modo que el territorio fue anexado de inmediato (217). Durante dos años, la isla fue gobernada por autoridades militares norteamericanas. En 1900, estas fueron reemplazadas por un régimen civil fuertemente limitado: el gobernador y los principales funcionarios eran designados por el presidente de Estados Unidos, al tiempo que el Poder Legislativo –bicameral– estaba sujeto a revisión de sus decisiones por parte del Congreso norteamericano, que también tenía atribuciones para aplicar en la isla la legislación federal de la nueva metrópoli. A los funcionarios judiciales los nombraba el gobernador (norteamericano), salvo los del Tribunal Supremo, facultad del presidente. Las decisiones judiciales puertorriqueñas podían apelarse ante la Corte Suprema estadounidense. Los municipios perdieron el poder (local) que les había otorgado la Carta española de 1897 y sus autoridades pasaron a ser meros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Vale decir, el nuevo poder fue decididamente centralizador.

Los boricuas vieron reducido otro derecho, el de ciudadanía política, al abolirse el sufragio universal masculino establecido en 1897 y limitarse su ejercicio a los varones mayores de 21 años alfabetos y pagadores de cierta carga impositiva. El argumento para la limitación no dejaba de ser curioso, al aplicarse por quienes ya se creían portadores de la democracia: al pueblo puertorriqueño le faltaba tradición y experiencia democráticas. El recorte de la ciudadanía política fue más fuerte, como es obvio, en las zonas rurales (donde vivía el 80% de la población masculina), y afectó negativamente la base electoral de los hacendados y, contrario sensu, positivamente a los grupos basados en población urbana (profesionales, artesanos, white collar, comerciantes, funcionarios). Electoralmente, el beneficiario fue el Partido Republicano (el anterior Autonomista Puro), fuerte opositor de los hacendados y partidario de una economía de plantación controlada por compañías azucareras de capital absentista, la que definió el nuevo patrón de acumulación de capital de la isla.

Golpeados duramente, los hacendados retomaron la propuesta de la “gran familia puertorriqueña”, la cual debía recomponerse ampliando su base social. Así, en 1904, su partido se transformó en Unión de Puerto Rico, con un discurso patriótico que levantó dos banderas: la defensa del castellano como idioma de la “Patria” y, en 1913, la independencia nacional (Quintero Rivera, 1978: 51).

En síntesis, la breve guerra hispano-norteamericana de 1898 en el Caribe y las Filipinas puso de manifiesto el anacronismo del viejo colonialismo, iniciado a fines del siglo XVI, y la vitalidad del nuevo imperialismo, entendido –conforme el parecer de la propia época– como “una repentina demanda de mercados extranjeros”. Su primera y más importante consecuencia fue, como bien dice Luis Álvarez Gutiérrez (1996: 723), “la entrada de los Estados Unidos en la escena mundial, con efectos inmediatos y aún mayores en el futuro. Irrumpió con fuerza en la desenfrenada carrera imperialista en dos áreas que se perfilaban de gran valor estratégico y económico, presente y futuro: el Caribe y el Pacífico”. En la primera de estas áreas no tendría rivales; en la segunda, lidiaría con el poder de Japón. El nuevo mundo se tornaría, así, planetario.

Pero no solo fueron los sucesos en Cuba y Puerto Rico los que marcaron el fin del viejo colonialismo ibérico en América Latina y, pari passu, el triunfo del imperialismo. También constituyen una marca la agresión a Venezuela y el desmembramiento de la colombiana provincia de Panamá.

En Venezuela, como en todo el espacio centroamericano-caribeño, la acción británica –en disputa con Estados Unidos– fue más militar que diplomática. En 1902, el Reino Unido, Alemania e Italia bloquearon con barcos de guerra puertos venezolanos como reacción a la decisión del Gobierno del país sudamericano de suspender el pago de la deuda externa. Tras la fusión de la burguesía comercial nacional y la extranjera con el capital bancario, aparecieron los gestores de empréstitos. Así, durante los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco (1870-1877, 1879-1884 y 1886-1887), de Raimundo Andueza Palacio (1890-1892) y del general Joaquín Crespo (1892-1898), la deuda externa se incrementó notablemente; en la última fase, con préstamos de origen alemán destinados a la construcción del ferrocarril Caracas-Valencia. La “Revolución Liberal Restauradora”, en octubre de 1899, llevó a Cipriano Castro –un representante de los andinos, cafetaleros del occidente cordillerano– a la presidencia del país, la cual ejerció dictatorialmente hasta 1908. En 1901, el Estado carecía de recursos suficientes para afrontar sus gastos, situación agravada por la caída del precio del café en el mercado mundial. De allí, la suspensión del pago de la deuda externa. Castro ofreció a los países acreedores –Reino Unido, Alemania e Italia– negociar algún tipo de solución, propuesta que fue rechazada por las tres potencias, que demandaron el pago de una cifra 8,3 veces superior a la adeudada.

En diciembre de 1902, Alemania y el Reino Unido intimaron a Venezuela el pago inmediato de la deuda, amenazando con el bloqueo de sus puertos y retirando a sus diplomáticos. En la escalada, apresaron y hundieron tres barcos venezolanos. Uno de los empréstitos tenía en garantía los ingresos aduaneros de La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo, cláusula que utilizaron británicos y alemanes para ocupar militarmente esos puertos y controlar las respectivas aduanas. En el ínterin, se apropiaron del 30% de los recursos ingresados por esa vía y destinaron esa proporción de lo recaudado al pago parcial de la deuda venezolana. La desproporción del poder militar entre los contendientes impulsó al gobierno de Castro a insistir en la negociación diplomática y a otorgar su representación, con rango plenipotenciario, al embajador estadounidense en Caracas, Herbert Brown. En febrero de 1903, Brown firmó en Washington quince protocolos, uno de los cuales estableció el reconocimiento, por parte de Venezuela, de la justicia de las reclamaciones y que en caso de incumplimiento de pago las aduanas de La Guaira y Puerto Cabello serían administradas por funcionarios belgas. Otro protocolo acordó el retiro de las escuadras europeas. Una consecuencia adicional de este conflicto, localizado y controlado, fue la de constituir el primer paso hacia el acercamiento mutuo entre Estados Unidos y el Reino Unido, expresado en el reconocimiento británico de la Doctrina Monroe y, a los efectos prácticos, la constitución de un tribunal permanente de arbitraje para la solución de presentes y futuras diferencias entre ambas potencias. La prensa londinense lo saludó con entusiasmo, evaluando que con él “la raza anglosajona iniciaba una era de paz para todo el mundo” (apud Álvarez Gutiérrez, 1996: 720).

En Panamá, la intervención norteamericana hizo realidad el viejo proyecto de construcción de un canal de navegación interoceánico Atlántico-Pacífico. Como veremos en el próximo capítulo, la hostilidad de los norteamericanos y los británicos a la consecución de un contrato con una empresa francesa frenó el proyecto en medio de acusaciones de corrupción y acciones judiciales. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fomentó la secesión del departamento de Panamá, que en noviembre de 1903 se separó de Colombia y se proclamó República independiente; de inmediato obtuvo el reconocimiento diplomático de Estados Unidos, país que tuvo el uso, la ocupación, el control, el mantenimiento, el funcionamiento, el saneamiento y la protección del canal a perpetuidad, al tiempo que Panamá recibió a cambio garantías de su independencia y 10 millones de dólares por la cesión, más una renta anual de 250.000 dólares. Colombia, a su vez, recibió de los norteamericanos una indemnización por 25.000.000 de dólares, además del derecho a tránsito gratuito por el Canal (tratado Thompson-Urrutia, de 1922). El costo económico de la construcción fue de unos 375.000.000 de dólares; el de vidas humanas, de 5.600 (a los que habría que agregar entre catorce y quince mil muertos durante la etapa de la compañía francesa).

Como se verá en el capítulo 4 y los capítulos del tomo II, en el plano jurídico internacional todas estas intervenciones estuvieron respaldadas, desde 1904, por el llamado Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, denominado así por su mentor, el ya mencionado presidente Theodore Roosevelt. Así, se legitimaba la intervención de Estados Unidos como poder de policía en la región. De hecho, el Corolario Roosevelt fue la respuesta de Estados Unidos a la Doctrina Drago (por su autor, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago), formulada en 1902 y según la cual –conforme la posición de Argentina– la deuda de un Estado no podía ser argumento para justificar la agresión militar ni la ocupación de su territorio. La Doctrina Drago fue una reacción a los hechos acaecidos en Venezuela y apuntaba principalmente a las potencias europeas, sin advertir que, en rigor, el enemigo más peligroso para los Estados sudamericanos era la nueva potencia de América del Norte, como quedó de manifiesto muy poco tiempo después.

En efecto, para entonces, dos notorias tempranas prospectivas de Bolívar habían devenido realidad. En el contexto de la crisis que culminaría en la disolución de la primera República de Colombia, en carta fechada en Guayaquil el 5 de agosto de 1829, dirigida al coronel Patrice Campbell, encargado de negocios británico, Bolívar señalaba, por un lado, que

los Estados Unidos […] parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad,

y, por otro, su falta de esperanza en una participación europea en favor de la causa hispanoamericana no era menor a su certeza respecto del futuro de las relaciones entre los países de uno y otro continente. Europa no hará

nada por sostenernos, porque no merece el Nuevo Mundo los gastos de una Santa Alianza; a los menos, tenemos motivos para juzgar así, por la indiferencia con que se nos ha visto emprender y luchar por la emancipación de la mitad del mundo, que bien pronto será la fuente más productiva de las prosperidades europeas (apud Carrera Damas, 1993: I, 374 y 375).

78. Agradecemos a Juan Francisco Martínez-Peria habernos facilitado su muy buena síntesis del libro de Dubois.

79. Al ser arrestado, el líder independentista expresó: “Al destruirme a mí, no hacéis sino talar en Santo Domingo el tronco del árbol de la libertad. Volverá a brotar de nuevo, sus raíces son infinitas y profundas”.

80. El créole es, por lo menos desde el siglo XVIII, la lengua popular haitiana. Su base es el francés de los colonizadores, al cual se han incorporado lenguas de África Occidental y otros idiomas africanos originarios. Los gobiernos poscoloniales mantuvieron el francés como idioma oficial y recién en 1961 el créole fue reconocido con igual carácter.

81. Esta cuestión está tomada de Giordano (2010a).

82. Esta periodización del ciclo revolucionario-independentista se inspira, con diferencias, en Kossok (1989).

83. Marx sostuvo: “Considerado a grandes rasgos, el movimiento [independentista español] parece más bien dirigido contra la revolución que en favor de ella: nacional por la proclamación de la independencia de España respecto de Francia, el movimiento es, sin embargo, al mismo tiempo dinámico, oponiendo a José Bonaparte el ‘Deseado’ Fernando VII; es reaccionario al oponer las viejas instituciones, costumbres y leyes a las racionales innovaciones de Napoleón; y supersticioso y fanático en su defensa de la ‘Santa Religión’ contra lo que se llamaba el ateísmo francés o la destrucción de los especiales privilegios de la Iglesia romana. Asustados por la suerte que habían corrido sus hermanos en Francia, los clérigos fomentaron las pasiones populares en interés de su propia conservación” (apud Marx y Engels, 1970: 80).

84. En cambio, Jaime Rodríguez Ordóñez (1996: 13, 15, 16; itálicas del autor) sostiene lo contrario: “La independencia de la América española se dio en el contexto de la revolución del mundo hispánico y de la disolución del Imperio español en América. La independencia no fue un movimiento anticolonial sino parte tanto de una revolución política como del rompimiento de un sistema político mundial”. La lectura del libro muestra que el autor funda su explicación en el accionar de fuerzas externas, desdeñando o minimizando las tensiones y contradicciones internas de las sociedades hispanoamericanas: “Solo cuando España rehusó concederles su demanda de autonomía fue que la mayoría de los americanos optó por la emancipación […] La revolución política llevada a cabo por las Cortes españolas afectó a todos los grupos, incluyendo a los pobres urbanos y a los habitantes del campo”.

85. Brasil fue un caso paradigmático exitoso de esa postura. También, pero frustrado, el de Iturbide en México o el de los conservadores directoriales del Río de la Plata.

86. “Proyecto nacional” y “estructura de poder interna” son dos conceptos claves en las explicaciones de Carrera Damas. A propósito del primero, dice que su instrumentación “se expresa como la puesta en marcha de un conjunto de políticas específicamente dirigidas a la aplicación de preceptos constitucionales (organizar el correo, crear la moneda nacional, levantar el censo y crear la estadística nacional, fijar y uniformar las pesas y medidas nacionales, promover la instrucción, etc.), a la realización de objetivos programáticos del liberalismo y, en general, a crear las condiciones para estimular el desarrollo burgués de la clase dominante, procurando la articulación plena con el sistema capitalista mundial”, objetivo que “constituye lo definitorio de la política modernizadora” (Carrera Damas, 1986: 175). “Estructura de poder interna”, a su vez, es “el complejo de relaciones interestructurales en función de las cuales se articulan los individuos, los grupos y las clases sociales, desde el punto de vista de su capacidad de influir en la marcha general de la sociedad”. Más específicamente, es “el sistema de relaciones que en los diversos planos de lo social se establece entre las clases. Este sistema determina la capacidad de cada clase –y por consiguiente de los grupos e individuos que la integran– para influir en el desenvolvimiento global o sectorial de la sociedad” (Carrera Damas, 1986: 13 y 113-114). Va de suyo que el concepto es aplicable a todos los países latinoamericanos que se modernizaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

87. Véase el tomo V de sus Escritos póstumos (1ª edición, 1895; recientemente reeditados por la Universidad Nacional de Quilmes, 1996-2003, 16 volúmenes).

88. La primera edición del libro de Paine, Derechos del Hombre, libro considerado “la Biblia de los pobres”, fue en 1791 (Parte I) y 1792 (Parte II). El fragmento reproducido pertenece a la introducción a la Parte II.

89. En particular, en lo que hace a Skocpol, puede verse Moscoso (1997), citado en este mismo capítulo.

90. Observación importante, pues Skocpol no se propuso, según ha insistido, hacer una teoría general de las revoluciones.

91. Nuestra proposición de la frustración, el fracaso o el carácter trunco de un proceso revolucionario se basa en la de Pasquino (1994: 1413), pero introduce modificaciones que permiten contemplar más situaciones. Volveremos sobre esto en el tomo II.

92. Pasquino resalta las diferencias existentes entre “revolución”, “rebelión” o “revuelta” y “golpe de Estado”. La “rebelión” o “revuelta” es una acción “generalmente limitada a un área geográfica circunscrita, carece en general de motivaciones ideológicas, no propugna una subversión total del orden constituido sino un retorno a los principios originarios que regulaban las relaciones autoridades políticas-ciudadanos, y apunta a una satisfacción inmediata de reivindicaciones políticas y económicas”, como la sustitución o la restitución de alguna personalidad política o la obtención de concesiones o beneficios en cualquiera de esos dos campos. El “golpe de Estado”, a su vez, es la tentativa o la concreción de “sustituir las autoridades políticas existentes en el interior del marco institucional, sin cambiar en nada o casi nada mecanismos políticos o socioeconómicos”. A diferencia de la “rebelión”, que es una acción de masas, o un movimiento popular, el golpe de Estado es un operativo “producido esencialmente en la cúspide” (Pasquino, 1994: 1412). Estas definiciones pueden ser confrontadas con las que sobre los mismos conceptos ofrecen Skocpol y Tilly en los textos citados arriba. Por lo demás, es importante retener la distinción entre estas categorías para su reexaminación cuando se estudien las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas en este mismo libro.

93. Así, a juicio de Tilly (1995: 288), fueron revoluciones las transformaciones producidas en la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Federativa de Yugoslavia. Interpelando a quienes afirman que las revoluciones son cosa del pasado, sostiene que las experiencias checoeslovaca (disolución) y yugoslava demuestran que “las revoluciones nacionales siguen siendo posibles en Europa”.

94. La expresión “pardos” designaba a todos los descendientes de africanos que habían logrado ser libres. En términos sociales, el pardo era un hombre libre, mientras el negro era un esclavo.

95. Pellicani (1985: 115) ha destacado la importancia de la cuestión de la legitimidad en los procesos revolucionarios: “La variante decisiva para comprender lo que he propuesto denominar paradoja de las revoluciones –es decir, el contraste entre las intenciones de los sujetos revolucionarios y los resultados de sus acciones– es la legitimidad. La legitimidad es un particular requisito del poder político. Este es legítimo si, y solo si, la gran mayoría de los súbditos le reconoce el derecho a ejercer el monopolio de la violencia para garantizar el orden, a defender a la comunidad de los enemigos externos y a tomar decisiones que involucren a todos aquellos que viven dentro del territorio sometido a su jurisdicción de poder”.

96. No se trata, pues, de explicar el proceso de construcción del orden poniendo el peso solo en las variables económicas –esta es la lectura errónea que López-Alves (2003) hace de Ansaldi (1988)–, ni tampoco se trata de explicar la formación de los Estados nacionales por el peso de la economía mundial y la expansión de las exportaciones (esta es la lectura que López-Alves hace, también erróneamente, del clásico estudio de Cardoso y Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina). El nuestro es un abordaje que aspira a colocar el problema de la construcción del orden en la línea de estudio del cambio social como proceso complejo. Desde esta perspectiva, la propuesta, entonces sí, puede estar emparentada con la clásica formulación de Cardoso y Faletto, pero solo en virtud del uso que aquí hacemos del “análisis integrado” y de las “categorías históricamente referidas”, para dar cuenta de procesos históricos.

97. Cabe acotar que, empero, existió la posibilidad de una salida a la portuguesa, es decir, el traslado de la corte madrileña a América. De hecho, ese fue el plan del ministro Manuel de Godoy, frustrado por el motín de Aranjuez (marzo de 1808), que provocó su renuncia y la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando. La propuesta fue reiterada en mayo de 1809 por el Cabildo de México y aceptada en principio por la Junta Central.

98. Históricamente, los grupos preceden a las clases. Puede decirse que son colectivos que poseen atributos y objetivos que los unifican y diferencian, pero aún sin haber desarrollado conciencia. En otras palabras, corresponden al momento histórico de formación de una clase que Marx llamaba “clase en sí”. En términos de Gramsci, la clase en sí se encuentra todavía en el momento económico-corporativo, mientras la clase para sí ha alcanzado el momento ético-político. Al pasaje de uno a otro, Gramsci le llamó “catarsis”. La conciencia de los conflictos estructurales y de la necesidad de resolverlos se adquiere, se construye –Gramsci dixit– en el terreno de las ideologías.

99. Tratado firmado el 27 de octubre de 1807 por los representantes de Carlos IV y Napoleón Bonaparte. Acordó la invasión militar conjunta franco-española de Portugal, país que luego sería dividido en tres: el norte (Oporto y Entre-Minho-e-Douro) se convertiría en Reino de Lusitania Septentrional, poniéndose como rey a Carlos Luis I de Borbón, ex rey de Etruria y sobrino de Fernando VII (a modo de compensación por los territorios italianos cedidos a Napoleón); el centro (Beiras, Trás-os-Montes y Estremadura portuguesa) sería parte de un eventual cambio por el peñón de Gibraltar y la isla de Trinidad, ocupados por los británicos; el sur (Alentejo y Algarve) se convertiría en Principado de los Algarves, a cuyo frente se colocaría al ministro Manuel Godoy y su familia. El decisivo asunto de la división de las colonias portuguesas entre España y Francia quedaba pendiente hasta su resolución por un posterior tratado.

100. Para Marx,”[e]l fraccionamiento del poder entre las juntas provinciales salvó a España del primer golpe de la invasión francesa bajo Napoleón, no solo por multiplicar los recursos del país, sino por el hecho además de colocar al invasor ante el problema de la falta de un centro para poder herir decisivamente; el francés quedó completamente desorientado al descubrir que el centro de la resistencia española no se encontraba en ninguna parte y estaba en todas” (apud Marx y Engels, 1970: 84).

101. Fundada en 1538 como Ciudad de La Plata de la Nueva Toledo, fue conocida, a lo largo de la historia, como La Plata, Charcas, Chuquisaca y, desde 1839, Sucre, en homenaje al libertador de Bolivia, el Gran Mariscal José Antonio de Sucre. Ese año fue designada capital de la República de Bolivia. La ciudad cuenta, desde 1624, con una universidad, inicialmente denominada “Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier” y más conocida como “de Charcas”, célebre centro de formación durante la colonia. Hasta la crisis de la dominación colonial, fue, además, importante centro judicial (sede de la Audiencia) y religioso.

102. Esta inédita movilización política de sectores subalternos fue un componente revolucionario de la coyuntura o, para ser más precisos, de la situación revolucionaria.

103. La lógica de la guerra interpreta el conflicto en términos maniqueos y excluyentes de amigos y enemigos. El enemigo es alguien a quien hay que aniquilar, y en el límite matar, para lo cual la apelación a la violencia se convierte en principal, cuando no única, ratio. En términos militares, aniquilar es anular la capacidad bélica del enemigo más que matar a sus efectivos. La lógica de la política implica la existencia y el acatamiento de una legalidad que permite la contención de los grupos o las organizaciones en pugna y su subordinación a reglas definidas y respetadas en la lucha por el poder, es decir, un mecanismo legal regulador de los intercambios políticos en términos de competencia. La lógica de la política no niega el conflicto, pero procura su resolución mediante procedimientos que permiten construir una arena adecuada a tal fin, lo cual implica concebir al disidente como un adversario. Es decir, procura construir un consenso respecto de cuestiones fundamentales, asumiendo el conflicto y apelando a debates y controversias que no impliquen el empleo de la violencia física ni la eliminación del otro. Apelar a la lógica de la política no significa concebirla como una práctica carente de lucha, incluso armada: todo lo contrario. Pero tampoco se deben confundir los términos: no es ni pura guerra de clases ni puro consenso. Va de suyo que en ciertas coyunturas ambas lógicas pueden ser empleadas de manera combinada. En términos gramscianos, la lógica de la guerra se asocia con la dominación y la lógica de la política, con la hegemonía. En la lógica de la guerra, lo social es concebido como unidad, mientras que en la lógica de la política lo es como diversidad.

104. Por otra parte, esa subordinación del poder militar al civil no ha impedido que Estados Unidos desarrollara, históricamente, una concepción de su papel en el mundo fundado en la lógica de la guerra. Sobra evidencia al respecto.

105. Aunque no muy recordada, la decisión tomada en Tucumán fue precedida por la resolución del Congreso de los Pueblos Libres, integrado por diputados de la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, reunidos en Concepción del Uruguay en junio de 1815. Esta resolución dispuso jurar la “independencia de todo poder extranjero”, izar la bandera tricolor (dos franjas horizontales celestes y entre ellas una blanca, atravesadas por una roja, símbolo del federalismo) y no concurrir al Congreso de Tucumán en señal de repudio a la actitud del gobierno directorial de Buenos Aires de acordar con Portugal la invasión de la Banda Oriental para acabar con José Gervasio Artigas. El Congreso de Concepción del Uruguay votó también la organización política de la República basada en la “soberanía particular de los pueblos unidos en Confederación”. La del 29 de junio de 1815 fue, así, la primera declaración de independencia rioplatense.

106. Excepto Brasil (1822-1889), Haití (1804-1820 y 1849-1859) y las efímeras experiencias mexicanas bajo el gobierno de los emperadores Agustín de Iturbide (1822-1823) y Maximiliano I (1864-1867).

107. Con todo, fuera de Cuba y Puerto Rico, hubo tropas españolas hasta 1826, cuando se retiraron de la isla de Chiloé.

108. En la guerra civil murieron, en particular durante el bienio 1813-1814, más de 80.000 personas según el cálculo de la Gazeta de Caracas, del 21 de mayo de 1817. Como la población de Venezuela era de 420.000 habitantes, la cifra de muertos equivalía a casi el 20% de ella (Rodríguez Ordóñez, 1996: 149).

109. Empleamos la expresión “acelerante” con el mismo sentido que tiene en los procesos de ignición.

110. Para Marx, la Constitución de 1812 fue “una reproducción de los antiguos fueros, pero leídos a la luz de la Revolución Francesa y adaptados a las necesidades de la sociedad moderna” (apud Marx y Engels, 1970: 109).

111. El novohispano fray Servando Teresa de Mier, teólogo dominico, llegó a una conclusión similar, pero con el argumento inverso: los americanos tenían legítimo derecho a asumir el gobierno en virtud del pacto (metafórico) concertado en el siglo XVI entre los conquistadores y los reyes (Carlos I y/o Felipe II) de España, pacto al que denominaba Constitución de América. Las renuncias al trono de Carlos IV y Fernando VII significaron la ruptura unilateral del pacto y, por ende, la libertad de los americanos para actuar en consonancia (Breña, 2011: 79). En Mier, el derecho de los americanos derivaba de la negación de la legitimidad metropolitana por abdicación de los Borbones; en Moreno, más radical, por la ilegitimidad de la conquista. Aunque no siempre reconocido por los historiadores, el pensamiento de Mier, al margen de cualquier juicio de valor sobre él, fue sin dudas significativo. Brading (1991: 636) asigna a Historia de la revolución de Nueva España, obra fundamental del fraile, el carácter de “texto capital para cualquier interpretación de la ideología de la revolución hispanoamericana”.

112. Miranda, revolucionario y demócrata, participó en la guerra por la independencia de Estados Unidos de América del Norte(entre 1779 y 1783) y en la Revolución Francesa, siendo reconocido como “héroe de la revolución”, amén de ser designado mariscal de Francia y tener su apellido grabado en el Arco del Triunfo en París (el único americano), pese a haber sido perseguido por el Directorio.

113. Las autoridades españolas lo encarcelaron en Puerto Cabello y lo trasladaron, primero, a Puerto Rico y de allí, a fines de 1813, a Cádiz. Falleció el 14 de julio de 1816, paradójicamente el día del aniversario del comienzo de la Revolución Francesa, por cuyo triunfo había luchado.

114. Posteriormente, los historiadores la llamaron “Gran Colombia” para diferenciarla de la actual República de Colombia, surgida en 1830 al desmembrarse la creada en 1819.

115. La unión que frágilmente llevaron adelante Nueva Granada, Quito y Venezuela fue pensada como el primer paso del ambicioso proyecto.

116. El sistema gaditano consistió en la constitución de juntas de gobierno, siguiendo el modelo de Cádiz, con representantes criollos y españoles, y a cuyo frente debía estar la máxima autoridad real del lugar (virreyes o capitanes generales). El sistema criollo, en cambio, delegaba en los cabildos metropolitanos la representación popular mediante la forma de cabildos abiertos (es decir, además de los cabildantes regulares o formales, con representantes de los vecinos) encargados de elegir juntas de gobierno integradas por criollos y españoles, con supremacía (si no totalidad) de los primeros. En Buenos Aires y Caracas se aplicó el criollo, mientras que en Nueva Granada se apeló al gaditano en Cartagena, el cual se empleó también, inicialmente, en Santa Fe de Bogotá, para dar paso inmediato al criollo (excluyendo a los españoles). Manuel Lucena Salmoral (1992: 68-69) llama a ambos sistemas formas de la “transición política”.

117. En rigor, Matheu y Larrea eran más catalanes que españoles y como tales tenían agravios contra los Borbones, originados en la Guerra de Sucesión y, al cabo de ella, la derrota de Cataluña, que perdió sus libertades frente al centralismo de la nueva casa real.

118. El obispo contrarrevolucionario no estuvo mucho tiempo en prisión y regresó a sus funciones eclesiásticas en Córdoba en febrero de 1812. Sin embargo, en enero de 1815 el director supremo Carlos María de Alvear lo confinó en San Lorenzo (Santa Fe). Luego de varias peripecias, en 1818 regresó a España, donde preparó un informe sobre la revolución en el Río de la Plata que elevó al Papa, además de desempeñarse como obispo de Ávila y colaborar en los preparativos de la frustrada expedición que Fernando VII quiso enviar para reconquistar el Río de la Plata en 1820.

119. La autenticidad del Plan como un documento genuino dispuesto y aprobado por la Junta ha sido objeto de controversia en la historiografía argentina desde que se conoció la existencia de una copia hallada por casualidad en el Archivo de Indias, en Sevilla, a fines del siglo xix. En la actualidad es fuerte la posición que lo considera veraz.

120. No fue el único éxodo. En julio de 1812, Belgrano evaluó la situación militar de su ejército en el actual noroeste argentino como poco favorable para enfrentar la reacción realista proveniente del Alto Perú con los más fuertes ejércitos comandados por los arequipeños Goyeneche y Pío Tristán. Ordenó entonces la retirada del pueblo de Jujuy –clave en la comunicación entre el Alto Perú y las provincias rioplatenses– hacia Tucumán, previa destrucción de todo aquello que pudiese ser útil al enemigo y no pudiese ser transportado. El éxodo se inició el 23 de agosto de 1812. En su avance, los realistas fueron hostigados por partidas guerrilleras que contribuyeron al desgaste de un ejército carente de abastecimiento. El 24 de septiembre, los contendientes se enfrentaron en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y así el Ejército del Norte obtuvo un decisivo triunfo, reafirmado en la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813.

121. Retomamos aquí lo expuesto inicialmente en Ansaldi (1989).

122. Dispuso también adoptar como pabellón “el que tiene admitido, compuesto de tres fajas horizontales, celeste, blanca y punzó, por ahora, y hasta tanto que incorporados los Diputados de esta Provincia, a la Soberanía Nacional, se enarbole el reconocido por el de las Unidas del Río de la Plata, a que pertenece”.

123. Véase, en este mismo capítulo, la nota 9.

124. Las tropas realistas, a su vez, invocaban a la virgen de Los Remedios. Las dos invocaciones religiosas, simbólicamente significativas, son una de las tantas muestras del carácter ambiguo que tuvieron los procesos independentistas, combinación de modernidad y de tradición.

125. En rigor, Guadalupe Victoria fue el seudónimo con el cual prefirió llamarse José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Rendía, así, honor a la Virgen de Guadalupe, la patrona de los insurgentes de 1810.

126. José Antonio Aguilar Rivera (2011: 125) acota que, aunque Alamán es considerado el padre del conservadurismo mexicano, su postura como tal solo se dio a fines de la década de 1840. Entre 1821 y 1836, era liberal y compartía muchas ideas con José María Luís Mora, el gran pensador de esa corriente, como la división de poderes, el gobierno representativo, las libertades ciudadanas, la economía de libre empresa. “Durante mucho tiempo se extrapoló el posterior conflicto ideológico entre liberales y conservadores, que no tomó forma sino hasta mediados de los años 1840”.

127. Santa Anna, que fue liberal o conservador según le conviniera, siguió siendo una figura política importante hasta su muerte en 1876 y desempeñó la presidencia en varias ocasiones. Tuvo decisiva participación en las guerras contra Estados Unidos (en 1836, pérdida de Texas; y en 1846-1848, pérdida de todos los territorios del norte) y contra Francia (en la guerra de los pasteles en 1838, en una de cuyas batallas perdió su pierna izquierda, que sepultó con honores).

128. Originariamente poblada por olmecas y después por mayas, Chiapas fue, bajo dominación colonial, parte de la Capitanía General de Guatemala. Las reformas borbónicas convirtieron el territorio en Real Audiencia, siempre dentro de esta Capitanía y, por lo tanto, dependiente del Virreinato de Nueva España. En 1823, al independizarse Centroamérica de México, los chiapanecos se dividieron en dos bandos, unos a favor y otros en contra de continuar perteneciendo a México, conflicto saldado a favor de estos últimos. En 1840 aumentó su superficie con la incorporación de parte de Los Altos y, en 1842, con la del Soconusco, y así alcanzó los límites actuales.

129. De vocación latinoamericanista, redactor del Acta de Independencia de Centroamérica en 1821, fue una de las grandes figuras americanas de la primera mitad del siglo XIX. Fue también autor de una propuesta muy concreta y realista de Confederación de Países de América Latina, que impulsó, en 1822, desde su periódico El Amigo de la Patria, al margen del proyecto de Bolívar, cuyos propósitos al respecto no conocía en ese momento. Una antología de su pensamiento, con el título Obra escogida, fue publicada por la Biblioteca Ayacucho.

130. Las últimas tropas portuguesas se retiraron de Bahía en julio de 1823 y de Montevideo en marzo de 1824. Portugal mantuvo colonias en África hasta 1975 (Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe) y enclaves en India (Goa, Dadra y Nagar Haveli Damão, Diu, devueltos en 1961), China (Macau, hasta 1999) y Oceanía (Timor, hasta 1975).

131. Monteagudo era ministro de Defensa; el colombiano Juan García del Río, de Relaciones Exteriores, y el peruano Hipólito Unanue, de Finanzas. El mando del Ejército fue confiado al general rioplatense (ascendido a mariscal) Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, quien al poco tiempo tuvo desavenencias con San Martín por razones militares y políticas. Para Lynch (2010: 208), el predominio en la dirección del país de hombres mayoritariamente provenientes de afuera era expresión tanto del americanismo de San Martín “como de cierta indiferencia por el nacionalismo peruano”. No le faltaban razones para desconfiar de la lealtad de los aristócratas limeños.

132. “Queda extinguido el servicio que los peruanos, conocidos antes con el nombre de indios o naturales, hacían bajo la denominación de mitas, pongos, encomiendas, yanaconazgos y toda clase de servidumbre personal, y nadie podrá forzarlos a que sirvan contra su voluntad” (Decreto del 28 de agosto de 1821, art. 1). “En adelante no se denominarán a los aborígenes indios o naturales; ellos son hijos y ciudadanos del Perú y con el nombre de peruanos deben ser conocidos” (Decreto del 27 de agosto de 1821, art. 1). En opinión de Lynch (2010: 249), estas disposiciones eran expresión de la tendencia a definir a los indígenas en términos sociales y culturales más que raciales, si bien no distinguió entre los “que vivían en comunidades y los que pertenecían a grupos más móviles […], San Martín ofreció a los indios la libertad y la ciudadanía, pero el Estado que buscaba crear, según lo prefiguraba el Protectorado, era un Estado criollo, y los indios no cambiaron sus ideas acerca de lo que significaba la independencia y la relevancia que esta tenía para sus vidas”.

133. San Martín intentó la concertación de un empréstito de la banca británica. Los comisionados Juan García del Río y Diego Paroissien –quienes también llevaron la misión de obtener el reconocimiento de la independencia y de encontrar un príncipe para coronar como rey de Perú– lo acordaron, en octubre de 1822, ya cesado el Protectorado, con Thomas Kinder Jr., involucrado en las especulaciones financieras y las inversiones mineras que caracterizaron a la Bubblemania, a la que nos referiremos más adelante en este mismo capítulo. Poco después, ya bajo el gobierno de Bolívar, Perú concertó un segundo empréstito con el mismo banquero. Kinder retuvo buena parte del dinero en concepto de “riesgo” y como “seguro” para garantizar pagos a los tenedores de los bonos, de modo que Perú dispuso de apenas poco más que la mitad. Por añadidura, la tasa anual fue del 6%, por entonces exorbitante (tanto que en el Reino Unido estaba prohibida y por ello los contratos debieron firmarse en París). Adicionalmente, el Gobierno peruano no disponía del libre uso de los fondos, pues estos debían utilizarse en el mercado inglés. Los comisionados pagaron sus servicios en Gran Bretaña con fondos del escandaloso empréstito. Paroissien, originalmente James, era un médico inglés que estuvo al servicio de los revolucionarios rioplatenses y luego de San Martín (fue cirujano jefe del Ejército de los Andes) y Bolívar.

134. La composición del Congreso es elocuente. Sus 81 diputados –enviados por las provincias libradas, es decir, Lima, Tarma, Trujillo, Huayla y la Costa, unos, y residentes en Lima que fungieron de representantes de las ocupadas por los realistas, otros– eran, según sus ocupaciones, abogados (28), curas (26), comerciantes (9), médicos (8), militares (5) y terratenientes (5). Catorce de ellos no eran peruanos, siendo su origen territorial Colombia (9), Provincias Unidas del Río de la Plata (3), Alto Perú (1) y Chile (1).

135. La abrumadora presencia de americanos en ambos ejércitos no fue un dato privativo de Ayacucho, sino una constante de las guerras de independencia.

136. La abolición –o la promesa de abolición– de la esclavitud y el reparto de las propiedades latifundistas del enemigo fueron recursos estratégicos empleados tanto por realistas como por independentistas en más de un lugar.

137. El vocablo “capitalismo” se generalizó en el lenguaje económico y político recién en la década de 1860, si bien su origen es anterior a la oleada revolucionaria de 1848, que marca –según dice Eric Hobsbawm– el comienzo del “triunfo mundial del capitalismo”. Recuérdese que el primer tomo de Das Kapital de Karl Marx se publicó en 1867. Justamente, es por ese tránsito sin mediaciones del colonialismo al imperialismo que nos extendemos en el tratamiento del proceso independentista cubano.

138. En ocasión de la guerra de independencia de las trece colonias inglesas que serán luego los Estados Unidos, España aprovechó la coyuntura y, tras la batalla de Pensacola, en la cual su ejército venció al inglés, avanzó en la recuperación de La Florida, ratificada por un nuevo Tratado de París, en 1783. La nueva etapa de dominio español sobre la península se extendió formalmente hasta 1819, cuando el Tratado Adams-Onís obligó a España a venderla a los norteamericanos por 5.000.000 de dólares –nunca abonados, pues fueron destinados a pagar compensaciones por reclamos hechos a España–, si bien la soberanía española se prolongó hasta 1821, cuando el tratado fue ratificado por ambas partes. Una nueva ratificación tuvo lugar en 1832, entre Estados Unidos y México. Cabe señalar que el Gobierno del presidente James Monroe utilizó como pretexto para su intervención –expresión de la temprana política expansionista de la joven República– las acciones independentistas de los floridenses. Ante la unilateral decisión norteamericana de declarar al territorio parte de su país, tropas enviadas por Bolívar tomaron la ciudad de Amelia en junio de 1817, tras lo cual insurrectos floridenses declararon la independencia de España, rechazaron la ocupación norteamericana y proclamaron la República de La Florida. Se convocaron elecciones y se tomaron medidas para aprobar una Constitución. Ante ello, Monroe y su secretario de Estado, Adams, dispusieron la invasión militar, secundados por la Corona española. En septiembre, vencieron a los floridenses. Adicionalmente, la anexión en 1821 se tradujo en la guerra de exterminio de los seminolas, pueblo originario de la península.

139. Sobre la relación entre plantación azucarera y esclavitud, cuatro libros clásicos son referencias obligadas: Ramiro Guerra, Azúcar y población en las Antillas (1927); Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940): Raúl Cepero Bonilla, Azúcar y abolición (1948) –de los tres hay varias reediciones–; y Manuel Moreno Fraginals (1978).

140. Weyler tuvo una participación terrible en la guerra de independencia cubana de 1895-1898. También reprimió a los rebeldes filipinos (1888-1891) y a los anarquistas catalanes (1892-1895), que intentaron matarlo en dos ocasiones. Fue un precursor de la “guerra sucia” practicada en el siglo xx por los norteamericanos (en Vietnam, por ejemplo) y por las dictaduras militares latinoamericanas.

141. Ambas fueron mucho más tarde objeto de análisis crítico por la dirección del Movimiento 26 de Julio durante su lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, en la década de 1950, cuando se adoptó una estrategia que unificó el mando político y el militar en la persona de Fidel Castro.

142. Algunos avances en el sentido de desentrañar esa trama compleja se encuentran en Bandieri (2010).

143. Sobre esta cuestión mucho iluminaron los trabajos de los historiadores argentinos Carlos Sempat Assadourian y Silvia Palomeque.

144. Hubo casos de diputados que no pudieron ejercer su cargo porque el Gobierno de la provincia a la que representaban no podía solventar su estancia en la ciudad sede del Congreso, traba salvada a veces mediante el subterfugio de designar en su lugar a un vecino de esa ciudad, como fue el caso del coronel Dorrego, un porteño devenido diputado constituyente por la provincia de Santiago del Estero en el Congreso rioplatense de 1824.

145. Las políticas gubernamentales favorables a la apropiación de los fuertes recursos económicos (propiedades y rentas) de la Iglesia fueron una nota característica a lo largo del siglo xix. Su objetivo era, precisamente, disponer de ingresos para solventar los gastos gubernamentales. Para los propietarios privados, desembarazarse de la Iglesia, en este punto, significaba liberarse de las hipotecas y préstamos eclesiásticos.

146. Si no hay una economía de mercado, es imposible caracterizar a una sociedad como capitalista. La economía capitalista requiere la división entre propietarios de medios de producción y propietarios de fuerza de trabajo y, por ende, un componente fundamental: un mercado libre de compra-venta de fuerza de trabajo también libre. La economía de mercado no se define por la sola libertad de intercambio de mercancías, ámbito de la distribución; su clave se encuentra en el ámbito de la producción.

147. Según el sociólogo mexicano Pablo González Casanova (1969: 240-241), las relaciones entre regiones son relaciones de explotación, las cuales deben analizarse en consonancia con las relaciones de explotación de clases. El resultado sería lo que él llamó “colonialismo interno”: “Una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos […]. La estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la estructura de clases porque no son solo una relación de dominio explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores, sino también una relación de dominio y explotación de una población (con sus distintas clases, propietarios, trabajadores) por otra población que también tiene distintas clases (propietarios y trabajadores)”.

148. En la cuestión de la articulación del modo de producción capitalista con los modos que no lo son, y en particular en la conveniencia para el capitalismo de mantenerlos, durante cierto tiempo, para poder desarrollarse, el clásico libro de Rosa Luxemburg, La acumulación del capital (1913), sigue siendo una guía muy útil. El capitalismo necesita conquistar nuevos mercados como condición esencial para desarrollarse. Luxemburg distinguía dos mercados en los países centrales: el interior, capitalista, y el exterior, no capitalista. La conquista del mercado exterior es tanto la de los sectores no capitalistas subsistentes dentro de fronteras nacionales determinadas como la conquista de mercados existentes fuera de las fronteras nacionales.

149. En América Latina, los “efectos dinámicos del patrón dependiente de modernización acarrean la necesidad de la persistencia y la revitalización de dinamismos que no son específicamente ‘modernos’ aunque sean esenciales, en distintos grados, a la eficacia de los fines de la modernización dependiente. Eso quiere decir que la modernización se lleva a cabo de manera segmentada y según ritmos que requieren la fusión de lo ‘moderno’ con lo ‘antiguo’ o de lo ‘moderno’ con lo ‘arcaico’, sucediendo lo que podría describirse como la ‘modernización de lo arcaico’ y la simultánea ‘arcaización de lo moderno’” (Fernandes, 1973: 235-236).

150. Esta es una proposición polémica. Así, por ejemplo, Otto Brunner negaba la pertinencia del concepto Estado para designar las formaciones de poder medievales, mientras que Otto Hintze consideraba que solo tiene sentido considerar como formaciones estatales a la ciudad-estado griega y al Estado nacional moderno (no así a los imperios de la Antigüedad y los reinos del medioevo, ya que ninguno había resuelto el problema de la centralización territorial). Karl Polanyi (1992), teniendo en cuenta que en el mundo moderno, economía y política se escindieron, ha argumentado, como recuerda Pier Paolo Portinaro (2003: 26), que la estructura moderna del mercado es irreductible “a las formas antiguas de reciprocidad, distribución e intercambio”. Si la escisión es moderna, Estado y mercado, obviamente, “solo pueden ser instituciones típicamente modernas”. También en la antropología suele preferirse –a partir del clásico African Politcal Systems (1940), de E. E. Evans-Pritchartd y M. Fortes– no denominar “Estado” a las formas premodernas, optando por nociones como “organización política” o “sistema político”. Recuérdese que el empleo de la palabra “Estado” tal como hoy se la emplea data de los siglos XV y XVI, y fue Macchiavelli quien la impuso, reemplazando así las denominaciones de antaño, “civitas” (la traducción al latín de la palabra griega πóλις) y “res publica”. Véanse Bobbio (1989a: 86-101) y Portinaro (2003: capítulo 1).

151. J. P. Nettl, “The State as a Conceptual Variable”, World Politics, vol. 20 (4), 1968, pp. 559-592; Philippe C. Schmitter, John H. Coastsworth y Jeanne Fox Przeworski, “Historical Perspectives on the State, Civil Society and the Economic in Latin America: Prolegomenon to a Workshop at the University of Chicago, 1976-1977”, mimeo.

152. Con razón, el autor acota que los denominados por Louis Althusser, aparatos ideológicos del Estado “deberían considerarse con más precisión parte integrante de la superestructura ideológica. Es evidente, por ejemplo, que a la familia no puede considerársela parte del Estado, mientras que un aparato ideológico como el sistema escolar está estructurado organizativamente por el aparato administrativo del Estado” (Therborn, 1979: 39, n. 32; itálicas del autor). La distinción de cuatro grandes aparatos ayuda a clarificar la diferencia entre Estado y Gobierno.

153. Es importante retener una cuestión clave: las clases sociales nunca son homogéneas, de ahí que los conflictos intraclase no sean un mero detalle. Es frecuente encontrar situaciones en las cuales las luchas intraclase son más importantes, coyunturalmente, que las interclases. Esas luchas pueden estar motivadas en razones económicas, políticas y/o ideológicas, incluyendo en estas las religiosas. Erik Wright (1995b: 247) acota, compartiendo el juicio, que, como Fred Block y otros han señalado, “la clase capitalista se encuentra muchas veces muy dividida políticamente y falta de una visión coherente y del sentido de prioridades”.

154. El tributo fue abolido en 1854 en Perú; en 1857 en Ecuador, y en 1874 en Bolivia.

155. Cafuzo designa al hijo de indígena y africano(a). Equivale al zambo de la América española.

156. Farrapo significa harapo. Tildar a alguien de harapiento era, pues, tratarlo con desprecio, despectivamente (por pobre), de allí que los legalistas brasileños usaran el término para referirse a los insurgentes gaúchos. Empero, estos invirtieron el significado de la palabra y la convirtieron en motivo de orgullo. Al parecer, la expresión se empleó primero en referencia a los parlamentarios liberales de Rio Grande do Sul.

157. La denominación Revolução praiera (Revolución playera) derivó de la circunstancia de que las ideas de los insurrectos eran divulgadas por el Diário Novo, publicación cuya redacción se encontraba en la rua da Praia.

158. Borges da Fonseca era un hombre de profundas convicciones igualitarias, chocantes en una sociedad dominada por sólidos prejuicios y valores aristocráticos. A guisa de ejemplo de su pensamiento: “A igualdade não existe onde há uma raça de homens que comanda sempre, e outra raça de homens que obedecem sempre” (apud Quintas, 1982: 75).

159. Así, la insurrección paulista de 1932, a veces llamada –con exageración– revolução, ha sido motivo de conflictivas interpretaciones. Maria Lígia Prado (1986: 110-111) sostiene que: “La cuestión política central hasta el movimiento de 1932 consistió en la lucha entre São Paulo y el gobierno federal. La insistencia en la fórmula de un ‘interventor y paulista’, como solución para la impasse creada por la intervención de João Alberto, ocupó todo el debate político […] [Los que Paulo Nogueira Filho] llama ‘autonomistas radicales’ eran, en verdad, separatistas”.

160. Los partidos Liberal y Conservador se formaron a fines de la década de 1830, ya concluyendo la Regencia. Los liberales eran llamados luzios (en alusión a la ciudad de Santa Luzia, en Minas Gerais, donde se inició la insurgencia de 1842) y los conservadores, saquaremas (tomando el nombre de un municipio de Rio de Janeiro donde tenía su fazenda el vizconde de Itaboraí, uno de los más importantes dirigentes de ese partido). Socialmente, liberales y conservadores compartían una misma posición y las diferencias políticas no eran necesariamente tajantes, de ahí la frecuencia de pasaje de un partido a otro (característica que el sistema político brasileño mantiene aun hoy). Es frecuente graficar la tenue frontera partidaria con la expresión atribuida al pernambucano Holanda Cavalcanti: “Nada se asemeja más a un saquarema que un luzia en el poder”.

161. Controversia a la que originalmente contribuye Lorena Soler en sus estudios sobre el stronismo, como se verá en el capítulo 6.

162. Cabe señalar que no hubo, o no se encontró, un documento oficial declarando explícitamente la independencia. Por esta razón, el 25 de noviembre de 1842 –en un contexto de conflictividad con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, Rosas, que no reconocía la intendencia de Paraguay y aspiraba a reincorporar la provincia al dominio de Buenos Aires– un Congreso Extraordinario convocado a tal efecto por los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, ratificó formalmente que “[l]a República del Paraguay es para siempre de hecho y de derecho una nación libre e independiente de todo poder extraño”.

163. Preferimos decir “Gobierno” y no “Estado”, pues este no existía, al menos en los términos en que lo hemos definido. Incluso los aparatos estatales tuvieron poco desarrollo.

164. Pastore (1972: 132) señala que “la familia de López incorporó a su patrimonio privado grandes extensiones de tierras”, lo que benefició en particular a Venancio, Francisco Solano y Benigno López.

165. John Hoyt Williams (1979), por ejemplo, expuso como idea central de su libro la constitución de un Estado y una Nación antes de la Guerra de la Triple Alianza, con cierto progreso económico que era percibido como un espejo, una excepción y, en cierto sentido, una amenaza para la región. Agradecemos a Lorena Soler su comentario al respecto.

166. Impuesto indirecto creado en 1340 por Alfonso XI, rey de Castilla, luego trasladado al imperio colonial, que gravaba todas las operaciones de compra-venta de bienes muebles e inmuebles en el interior del país, y que fue durante cinco siglos la principal fuente de ingresos de la Corona española (hasta su supresión en 1845).

167. La desamortización de sus bienes significó, para la Iglesia mexicana, la pérdida de un patrimonio estimado en cien millones de pesos mexicanos de la época, cifra que equivalía a un tercio de la riqueza total del país.

168. Para Germani (1962: 148), el “régimen de caudillos implicó el mantenimiento del patrón tradicional de la estructura social”, pero también, a su manera, “una forma de ‘democracia’ elemental cuando se la compara con las tendencias aristocratizantes y hasta monárquicas de las elites liberales”.

169. En la cuenca rioplatense, las guerras civiles desarrolladas entre 1839 y 1851 se conocen como “Guerra Grande”. Estuvieron involucrados blancos y colorados uruguayos, federales y unitarios argentinos, y los republicanos federales de Rio Grande do Sul. Los cortes no fueron nacionales, sino políticos. Participaron también mercenarios extranjeros y combatientes revolucionarios europeos exiliados, uno de los cuales terminó siendo un patriota italiano pocos años después, Giuseppe Garibaldi, quien ocupó Colonia del Sacramento, Gualeguaychú, Salto y la isla Martín García. Garibaldi también participó de a Farroupilha.

170. En un análisis detenido del crucial período 1942-1972, José Rilla (2008: 30-31) sostiene: “La historia política del Uruguay, entendida como historia de partidos y de aprendizajes institucionales, ha estado marcada por fuertes tradiciones. Al menos hasta los años 90 del siglo xx, la acción política se ofrecía a la escena pública que le es propia como continuidad, proyección o realización de un legado. La fidelidad al mismo, o la consecuencia con la que fuera perseguido se expresó fundamentalmente en la acción de los partidos políticos, actores centrales del sistema político uruguayo. Los partidos interpretaron, tradujeron, reelaboraron la historia de la que fueron partícipes; efectuaron operaciones de memoria e historia capaces de ejercer un rol de integración y control, tanto hacia adentro, en la definición de su identidad política, como hacia afuera, para dotar de densidad histórica al sistema de partidos en su conjunto”.

171. Este punto está tratado más ampliamente en Ansaldi (1985).

172. Manuel José de Mosquera y Arboleda fue arzobispo de Bogotá (1834-1852). Joaquín Mariano fue efímeramente presidente de la Gran Colombia (junio-septiembre de 1830 y mayo-noviembre de 1831) y vicepresidente (1834-1836) de Nueva Granada, pero su hermano Tomás Cipriano ejerció la presidencia del país cuatro veces (1845-1849, 1861-1863, 1864 y 1866-1867). Un cuarto hermano, Manuel María, se desempeñó como diplomático en Europa durante una treintena de años. Durante la década de la primera República de Colombia, los Mosquera y los Arboleda fueron bolivarianos, por lo tanto, antisantanderistas, pero, como dice David Bushnell (2009: 74), no fueron “nunca incondicionales del Libertador: eran incondicionales de ellos mismos”.

173. Téngase presente que con Pío IX y dos de sus principales documentos –la encíclica Quanta Cura y el Syllabus errorurm (1864)– la Iglesia Católica inició una batalla frontal contra el liberalismo. La excomulgación de un católico devenido políticamente liberal era, entonces, un acto de significado político antes que religioso.

174. Andrés de Santa Cruz, nacido en La Paz, era un mestizo, hijo de un oficial español y una indígena descendiente de los incas. Peleó con los ejércitos realistas hasta 1820, año en que se pasó a los independentistas, primero bajo las órdenes de San Martín y luego de Bolívar. Llegó al grado de Gran Mariscal de Perú, país que gobernó en 1826-1827. Luego, fue presidente de Bolivia (1829-1839) y obtuvo logros significativos en la economía y en la creación de instituciones clave. Fue un decidido partidario de la integración regional, que impulsó la constitución de la Confederación Perú-Boliviana.

175. Mann (1997) propone esta sucesión de combinaciones de poderes predominantes en la construcción del orden moderno en general. En América Latina, el esquema es el mismo, solo que en este caso hay un corrimiento de un siglo (siglos xix y xx, y no xviii y xix, como propone originariamente el autor). En la consideración de América Latina, además, hay que marcar un elemento crucial: el poder político (que reemplaza el predominio del poder militar en la segunda de las instancias) abarca a las Fuerzas Armadas, y esto por el fenómeno del militarismo.

176. El derecho, lo jurídico, se caracteriza, como bien explica Carlos Cárcova (1998: 14), por su opacidad. El autor señala “la paradoja consistente en que el derecho de la modernidad se asiente sobre la premisa de que es conocido por todos y, al mismo tiempo, materialmente considerado, resulte un discurso relativamente indisponible para los súbditos, por su intransparencia, su cripticidad, su complejidad, etc.”.

177. Más aún, Jean-Louis Halpérin (s. f.: 8) formula una proposición que no desarrolla pero que constituye una hipótesis bien interesante: “En América del Sur, la codificación ha podido ser un factor de surgimiento de la burguesía”, como también, añadimos nosotros, en saga gramsciana, la masonería.

178. De hecho, el primer Código Civil latinoamericano, el de Haití (entre 1822 y 1825), era una copia del Code Civil napoleónico de 1804, al igual que el de la República Dominicana (1845, cuya versión en castellano recién se realizó en 1884) y, antes, el del estado mexicano de Oaxaca (1827, el primero en la América que fue española). El Código boliviano (1830) fue una copia resumida del francés. Por cierto, el primer Código Civil del continente fue el del estado norteamericano de Louisiana, aprobado en 1808 y basado casi exclusivamente en el napoleónico (recuérdese que hasta 1803 ese territorio había sido francés) (Ramos Núñez, 1997; y Guzmán Brito, 2000).

179. En Uruguay, país donde la Iglesia fue históricamente débil, la ofensiva contra ella comenzó con Fructuoso Rivera en 1838, continuó con Bernardo Berro en la década de 1860 y, tras recuperar algún espacio bajo el Gobierno de Venancio Flores, se acentuó a partir de 1885 (ley de matrimonio civil obligatorio) y alcanzó su clímax bajo la primera presidencia de Batlle y Ordóñez, cuando se quitaron todos los símbolos religiosos de la actividad y los edificios públicos, se estableció el divorcio vincular, se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado y se cambió la denominación religiosa de muchos feriados por otra secular.

180. Lo mismo vale para la construcción de los derechos de ciudadanía, como se observa, para el caso de Brasil, en el libro de Carvalho (1995) y, para el caso de los derechos de las mujeres en Argentina y Chile, en Giordano (2010b).

181. Uruguay ofrece el ejemplo más notorio de confrontación político-ideológica en torno a una conmemoración central, la de la independencia: para los blancos, la fecha es el 25 de agosto, por el desembarco de la Cruzada Libertadora de los 33 Orientales en 1825, mientras que para los colorados es el 18 de julio, por el de 1830, fecha de aprobación de la Constitución Nacional de la nueva República Oriental del Uruguay.

182. También José Carlos Chiaramonte (2004: 164) hace una excelente reseña crítica del libro de Anderson, señalando gruesas debilidades, fundamentalmente que “se le escapa además que los iberoamericanos que intentaban organizar Estados nacionales, desde comienzos de las independencias y antes del romanticismo [esa perspectiva que considera que las naciones derivan de nacionalidades preexistentes], ignoraban el concepto de nacionalidad y justificaban su aparición en términos racionales, contractualistas, al estilo de los contenidos iusnaturalistas de la cultura de la Ilustración”. Por otra parte, es bueno tener presente que ya en 1843, al criticar la Filosofía del Derecho de Hegel, Marx afirmaba que el Estado nacional moderno es una comunidad totalmente imaginaria.

183. Es sintomático que la representación de los héroes montados en sus caballos blancos recoja una tradición española, aquella cuyo relato narra los periplos de Jacob, hermano de Juan el Evangelista –en Galicia conocido como Apóstol Santiago–, que dieron lugar a varias leyendas que infundían valor a los cristianos que luchaban en la Península Ibérica contra los ejércitos moros de Al-Andalus, tanto como a los peregrinos que fueron trazando el Camino de Santiago. Una de esas leyendas dice que Ramiro I venció a las tropas de Abderramán II, en la batalla de Clavijo, en 844, merced a la acción de un jinete montado en un caballo blanco que peleó a su lado. Ese jinete no era otro que el Apóstol Santiago, convertido desde entonces en Santiago Matamoros, símbolo de la resistencia cristiana contra los musulmanes y santo patrón de la Reconquista. El relato tiene, pues, componentes religiosos y populares, que en América se acrecentaron, sobre todo en el caso de Bolívar, a cuyo caballo blanco la imaginería popular le asignó poderes mágicos: “Podía volar, atravesar montañas o desaparecer en una nube de humo blanco”, amén de hacerlo inmune a las balas, pues “el caballo lo protegía volviéndolo invisible en el humo o transportándolo de un sitio a otro a una velocidad extraordinaria” (Rowe y Schelling, 1993: 39).

184. El Tratado de Ancón estableció que el departamento de Tarapacá pasaba a ser parte permanente de Chile y las provincias de Arica y Tacna (que junto a la de Tarata formaban el departamento de Tacna) serían administradas por el mismo país durante diez años, fecha en la cual un plebiscito decidiría cuál sería su soberanía. Empero, en 1885, Chile ocupó Tarata, y allí permaneció hasta 1925, cuando el arbitraje del presidente norteamericano Calvin Coolidge dispuso su restitución a Perú. El plebiscito previsto nunca se realizó y la situación se prolongó hasta 1929, cuando el Tratado de Lima, firmado por Chile y Perú con la mediación de Estados Unidos, estableció que gran parte de la provincia de Tacna se restituía a Perú, mientras que el resto, incluyendo Arica, era definitivamente territorio chileno.

185. Es por ello que muchas propuestas de transformación social y política apuntaron a la destrucción de la estructura agraria latifundista. Buenos ejemplos, pese a su fracaso, fueron los proyectos impulsados en Argentina por Domingo Faustino Sarmiento y por el socialista Juan B. Justo, ambos fundados en la mediana propiedad de la tierra al estilo farmer; y en Uruguay por José Batlle y Ordóñez. El caso exitoso de Costa Rica ha sido invocado por quienes encuentran una correlación positiva entre fragmentación de la propiedad rural y democracia política. El de Uruguay es, a su vez, un ejemplo de correlación entre estancia y democracia: en el país no hubo un orden oligárquico y, aun con sus límites, se sentaron las bases para uno democrático largamente estable.

186. Reléase, en este mismo capítulo, la nota 9.

187. “Las clases sociales se manifiestan en las sociedades latinoamericanas como formaciones histórico-sociales típicas. Al mismo tiempo, presentan variaciones (en tres niveles distintos: el de las bases perceptivas y cognitivas de las actitudes y comportamientos de clase; el del contenido y las orientaciones de la conciencia y relaciones de clase; y el de la diferenciación, articulación y oposición de las clases sociales entre sí), que no son simples productos de diferencias de contexto sociocultural o de tiempo histórico. Por más que esos dos aspectos puedan parecer contradictorios y exclusivos, ambos se explican por la misma causa: el modo en que el capitalismo se institucionalizó, se difundió y se desarrolló en América Latina” (Fernandes, 1973: 196-197).

188. Reléase la nota 21 de este capítulo.

189. Seguimos aquí la distinción convencional entre proposiciones marxianas y weberianas y marxistas y weberianistas para diferenciar, respectivamente, lo que es propio del pensamiento de Marx y de Weber, y de los seguidores de uno y otro, las cuales no siempre son coincidentes.

190. “Sectores”, “fracciones”, “segmentos” o “fragmentos” de clase son términos que se utilizan para denominar las diferenciaciones internas de una clase y pueden, aunque no necesariamente, ser sinónimos. En rigor, remiten a distintas teorías de las clases. Para una discusión sobre este punto y una confrontación entre distintos aportes, véase Mann (1997), Zeitlin (1984) y Sánchez León (1995).

191. Nos parece importante recordar, como ya ha sido señalado, que la conquista y luego la colonización de los pueblos originarios les permitió a los europeos poder explotarlos, es decir, apropiarse del resultado del trabajo de los indígenas en su propio beneficio y en el de sus descendientes criollos.

192. Los estatutos de “limpieza de sangre” exigían a todo aspirante a ingresar a instituciones de la Corona que probara que descendían de cristianos viejos, es decir, debían ser descendientes de familias en las cuales la pertenencia religiosa al cristianismo era de larga data. Se aplicaban discriminatoriamente contra judíos y musulmanes convertidos al cristianismo para escapar de las persecuciones de la Inquisición. La limpieza de sangre se podía comprar con dinero. En América, estos estatutos fueron abolidos formalmente tras la independencia, pero en la práctica continuaron durante un buen tiempo (en Argentina, por ejemplo, la Universidad de Córdoba exigió la limpieza de sangre para ingresar a ella hasta 1855).

193. Un caso notable de miscegenación fue el de los garífuna, pueblo zambo constituido en la isla de San Vicente a partir de 1635 por la unión de los nativos caribe y los africanos sobrevivientes del naufragio de dos barcos negreros españoles. Se los conoce también como “caribes negros”. Los ingleses los expulsaron de allí, no sin resistencia, en 1796. Más de 4.000 fueron deportados a la isla de Roatán, pero al cabo del viaje solo sobrevivió la mitad de ellos. La pequeña extensión de la isla y sus escasas condiciones para la reproducción material de la vida les hizo peticionar ante las autoridades españolas el asentamiento en tierra firme, solicitud que fue concedida a cambio de su uso como soldados. Fue así como los garífuna se expandieron por la costa caribeña de América Central, donde todavía hoy se los encuentra en número de unos 200.000.

194. Adicionalmente, ninguna referencia a la composición étnica de la América ibérica puede prescindir de los judíos (sobre todo sefardíes), presentes bajo las forma de cristianos nuevos, llamados “conversos” o “marranos”. Su participación fue muy importante en Brasil durante el siglo xvi, cuando la Inquisición fue, al igual que en Portugal, menos brutal que en las colonias españolas y su metrópoli. También los favoreció la ocupación holandesa del nordeste, pues muchos de los nacidos en España que no se refugiaron en Portugal lo hicieron en Holanda. Los había plantadores, comerciantes, artesanos, profesionales, funcionarios. Esa situación cambió radicalmente en el siglo siguiente, sobre todo en la segunda mitad, aun cuando las dificultades para los no residentes en el área de ocupación holandesa habían comenzado durante las décadas de la unión de las dos Coronas ibéricas (1580-1640), y desde entonces fueron menos significativos. Muchos de ellos emigraron a las colonias españolas (donde se los llamó “portugueses”, tanto que esta expresión llegó a ser sinónimo despectivo de “judío”, donde su presencia fue menor (si bien fueron parte de los primeros viajes de conquista, incluyendo el de Colón) y siempre sospechada. Cabe señalar que la legislación española exigía probar la limpieza de sangre a quienes querían trasladarse a América, dificultando así la posibilidad de tal traslado, si bien la corrupción debió haber hecho posible burlar la ley.

195. Durante mucho tiempo, la carrera eclesiástica fue la única legítimamente habilitada a las (pocas) mujeres que conseguían construirla exitosamente. Como se ha dicho en el capítulo 1, de hecho, el ingreso de las mujeres a las estructuras eclesiales les dio cierto margen de libertades de las que no gozaban fuera de ellas, e incluso generó una configuración de relaciones sociales en las cuales unas ejercieron su poder sobre otras, siendo todas ellas una categoría subalterna dentro del orden constituido sobre bases patriarcales.

196. Este punto está tomado de Ansaldi (1985).

197. En América Latina, la expresión “ladino” alude frecuentemente a mestizo, pero también a indígena aculturado, o bien, como en la Guatemala actual, a uno y otro.

198. Retomamos aquí la lógica argumental utilizada para el caso argentino por Ansaldi (1985).

199. En este sentido, se parece a Alemania oriental, donde los junkers desalojaron a los campesinos y ampliaron sus propiedades. Pero la semejanza termina allí, pues el desalojo de indígenas (aun de los que eran campesinos) americanos no tiene el mismo significado económico y social que el de los campesinos alemanes. Otra vez: la lógica es similar, la historia es diferente. Por otra parte, téngase presente que la propiedad terrateniente consolidada en el período poscolonial, el latifundio capitalista, no es, en ciertos casos, igual al latifundio colonial. Argentina, otra vez –en buena medida por ser el país donde más temprano y más rápido se desarrolló y se extendió el capitalismo en el campo–, es un claro ejemplo.

200. Lamentablemente, la historiografía sobre los procesos de formación de las clases sociales en América Latina no es muy abundante, lo cual dificulta una buena síntesis. Para el caso de las burguesías, véase Florescano (1985); y un notable estudio de la formación de las clases populares en Chile es Salazar (1985).

201. En 1853, fue fundada en Santiago de Chile la Sociedad Unión de Tipógrafos y, en 1857, en Buenos Aires, la Sociedad Tipográfica Bonaerense.

202. Adicionalmente, el servicio de la deuda pública –que entró a formar parte permanente de los presupuestos gubernamentales– constituyó, junto con los gastos militares, un factor importante del déficit fiscal de la mayoría de los países latinoamericanos.

203. “En el modelo europeo de la transición al capitalismo central, lo que producía la separación de funciones del agricultor y del artesano era la adopción de nuevas técnicas más productivas. Al comienzo, el mecanismo había sido muy lento. (De donde la anterioridad de la revolución agrícola). Aquí [en la periferia], el punto de partida está situado totalmente en otro terreno, el de los intercambios exteriores y de la penetración de capitales extranjeros. La velocidad de la monetarización de la economía primitiva es bastante grande, o al menos podría serlo, sin la ‘fuga’ que representan las importaciones. En efecto, una parte importante del ingreso monetario primario se convierte en importaciones” (Amin, 1974: 181-182).

204. Cardoso y Pérez Brignoli (1979) hicieron una muy buena síntesis, aprovechando el conocimiento producido por la historia económica y social hasta la década de 1970.

205. Decimos “anacronismo” porque la expresión “balcanización” recién se acuñó en el siglo xx, para aludir a la fragmentación de la península balcánica en varios países como consecuencia de las guerras de 1912 y 1913. En términos estrictos, por lo demás, las comunidades o los países balcanizados quedan en situación de enfrentamiento entre sí.

206. En la monumental antología documental de Alberto Filippi (1988b: 825-897) es relevante, al respecto, la información enviada por los cónsules holandeses a su monarca, Willem I (1815-1840), interesado en el restablecimiento de “la gloria comercial de la Gran República Holandesa de los siglos XVII y xviii a través de Curaçao”. En sus despachos se hace referencia explícita al papel del vicealmirante británico sir Charles E. Fleeming en las acciones y maniobras para separar a Venezuela de la República de Colombia. El marino, opuesto a Bolívar, apoyaba a Páez.

207. Cabe destacar que la guerra –sea civil o interna, sea internacional– ha sido un factor decisivo en el proceso de constitución de los Estados latinoamericanos, aun cuando las historiografías no le han prestado, en general, la atención suficiente. Hay allí una vasta e interesante temática para analizar detenidamente. No obstante la observación, hay autores que se han ocupado de la importancia de la guerra en la construcción de algunos Estados, como son los casos, por ejemplo, y para mencionar solo los citados en este libro, de Góngora (1981) respecto de Chile (tal como ya vimos), Pomer (1968) en lo que hace a Argentina y, de algún modo, Moniz Bandeira (2006) para los procesos argentino, brasileño y uruguayo. Sin duda, el planteo más interesante e incisivo y el tratamiento más detenido es el de López-Alves (2003). El autor sostiene que el tipo de guerra y de movilización de las clases rurales fueron elementos fundamentales en los procesos de construcción de los Estados latinoamericanos durante el siglo XIX, como también de las variaciones que se dieron en ellos. Construye su explicación a partir del modelo elaborado por Charles Tilly, en Coerción, Capital y los Estados europeos 990-1990, primera edición en inglés de 1990.

208. En 1866, el Gobierno británico, al reaccionar contra las cláusulas secretas del Tratado de la Triple Alianza, que no compartía, las hizo públicas a modo de denuncia en el plano internacional. En los hechos, las grandes potencias permanecieron indiferentes frente a la guerra.

209. Para Pomer (1968), fueron los intereses económicos británicos, respaldados por su gobierno, los que perseguían convertir a Paraguay en una especie de colonia auxiliar del Imperio con la función de proveedora de algodón tras la clausura de la importación de la esclavista Confederación norteamericana como consecuencia de su derrota en la Guerra de Secesión (1860-1865). Contra su interpretación, McLynn (1979: 11) considera que la causa primaria de la guerra se encontraba en la política del presidente Mitre.

210. La actitud de Sobremonte ha sido objeto de controversias historiográficas; se lo ha acusado de cobarde. No obstante, una apreciación más cuidadosa muestra una realidad más compleja. Sobremonte fracasó en la custodia del tesoro (del cual se apoderaron los invasores, que lo enviaron a Londres, donde fue paseado por las calles) y de la defensa militar. En ese fracaso, fue importante la desafección de comerciantes, vecinos y soldados porteños (estos se negaron a acompañar al virrey a Córdoba para no dejar a sus familias en la ciudad de Buenos Aires). Sobremonte había sido un destacado gobernador intendente de Córdoba.

211. En 1982, la Junta Militar que ejercía la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas ocupó militarmente las islas, originando una guerra que fue desastrosa para Argentina, tanto militar como políticamente, al ocluir las negociaciones diplomáticas de las décadas precedentes. En contrapartida, precipitó el colapso de la dictadura y abrió el camino a la democracia.

212. En esas luchas internas, la apelación a fuerzas militares extranjeras fue hecha tanto por liberales (casos del Río de la Plata y Nicaragua) como por conservadores (como en México).

213. La poderosa y moderna flota invasora –conformada por 22 barcos de guerra armados con cañones que disparaban granadas de explosión retardada (un gran adelanto técnico militar)– remontó el río Paraná y al llegar a la Vuelta de Obligado, en un lugar donde el río se estrecha, se encontró con la ingeniosa defensa dispuesta por el general Lucio Norberto Mansilla: 24 barcas unidas entre sí por tres gruesas cadenas y ancladas, dispuestas a lo ancho del río (en ese lugar, 700 metros) para impedir el paso, mientras cuatro baterías ubicadas en la ribera derecha del Paraná hostigaban a las naves inglesas y francesas. Si bien el objetivo de los bonaerenses no se alcanzó y sus bajas fueron importantes, los daños infligidos a los invasores alcanzaron un grado considerable y finalmente, pese a logar salvar la defensa, los obligó a desistir.

214. Dato revelador y elocuente: en 1961, después de la derrota en Playa Girón, el presidente John Kennedy autorizó la Operation Mongoose contra la Cuba socialista, y la Central Intelligence Agency (CIA), responsable de hacerla efectiva, creó la Task Force W (cuya W representa un homenaje a William Walker). Nos referimos a este hecho en el capítulo 6 del tomo II.

215. Nicaragua recobró la soberanía de las Costa de Mosquitos, por la fuerza, en 1894, tras una campaña llevada adelante por el Gobierno liberal de José Santos Zelaya.

216. Retomamos en parte lo expuesto en Ansaldi (2008).

217. Los patriotas filipinos, en cambio, comandados por Emilio Aguinaldo, continuaron luchando contra los norteamericanos hasta abril de 1901, cuando aquel tuvo que rendirse tras una celada del general enemigo. Durante esa guerra, los estadounidenses ensayaron prácticas que luego los distinguirían de un modo tristemente célebre: campos de concentración, devastaciones sistemáticas de pueblos y cultivos, torturas de prisioneros, etc.

CAPÍTULO 4

EL ORDEN EN SOCIEDADES DE DOMINACIÓN OLIGÁRQUICA

Oligarquía: precisando el concepto (218)

El término “oligarquía” es de larguísima data, tanto como que se origina en la antigua Grecia, y sobre ella escribieron Aristóteles, Isócrates, Jenofonte y Platón, para quienes tenía una valoración negativa. Su uso persistió en la tradición del pensamiento político, tanto en el moderno (Jean Bodin) como en el contemporáneo (Robert Michels, Maurice Duverger, Edward Shils, James Coleman), y perdió –especialmente después de Michels y su “ley de hierro de la oligarquía”– aquella connotación negativa para convertirse en axiológicamente neutral, según señala Norberto Bobbio en el Diccionario de política.

En América Latina, la expresión “oligarquía” ha tenido, como en la antigüedad griega, valoración predominantemente negativa. Muchas veces se la ha utilizado para esquivar el incómodo problema teórico e histórico de definir y asumir la existencia de las clases sociales: se reconoce la existencia de contradicciones económicas, sociales y políticas, pero se las subsume en categorías dicotómicas como oligarquía versus pueblo. Otras veces, se la emplea para designar explícitamente una clase social –la de terratenientes o propietarios mineros–, una alianza de clases o fracciones de clase, e incluso una confusa combinación de clase y de forma de dominación por parte de un conjunto de personas o familias. Así, se opone la oligarquía a la burguesía, o se la define como aliada a esta y al imperialismo, muchas veces para sostener, como contraparte, la existencia de una burguesía nacional, antioligárquica y antiimperialista. También, y en relación con esto, se ha opuesto el Estado oligárquico al Estado burgués o capitalista.

Frente a esta polisemia, definimos “oligarquía” como una forma histórica de ejercicio de la dominación política de clase, caracterizada por la concentración del poder en una minoría y la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política. En las sociedades con dominación oligárquica, la base social era angosta, con predominio de la coerción. En caso de existencia de consenso, fuera del núcleo dominante, este era pasivo. La exclusión se justificaba por la supuesta o efectiva radicalidad o peligrosidad de los excluidos. Puesto que no se trataba de una clase social sino de una forma de la dominación, la oligarquía pudo ser ejercida por clases, pero más frecuentemente lo fue por fracciones de clase y grupos sociales diversos, por ejemplo, terratenientes no capitalistas, terratenientes capitalistas, burgueses.

El reclutamiento de los designados para las funciones de Gobierno era cerrado y estaba basado en criterios de apellido o linaje, tradición, familia o parentesco ampliado, prestigio, amistad, dinero, a los que se añadían, en algunos casos, formas de movilidad social ascendente como recompensas por habilidad política, méritos militares y/o matrimonio con un/a consorte perteneciente a una familia tradicional.

En la medida en que la estructura social colonial –y con ella sus valores– persistió en la América Latina republicana, los títulos de nobleza, concedidos o comprados, tuvieron, incluso después de su abolición legal, una función de identificación y legitimidad para los grupos de poder. El linaje y el ideal de perpetuación, empero, no significaron la ausencia, en el interior de esos grupos, de diferencias en razón de jerarquía, estatus, riqueza y consideración. Estos últimos atributos fueron más fuertes en aquellos países que tuvieron pocos mayorazgos (en Argentina, por ejemplo, solo dos), si bien hacia el Novecientos se hizo evidente que el dinero era el valor más importante, pero no para la inversión o reinversión productiva sino para asegurar e incrementar el consumo conspicuo. No solo las viejas familias de origen colonial cultivaron su condición de clase ociosa: también los nuevos burgueses tendieron a comportarse aristocráticamente.

El linaje, reconocible en pertenencia étnica, apellido, símbolos y signos identificadores que se remontan a los años de la Colonia –y cuanto más lejos en el tiempo, tanto mayor la significación de quienes los portan–, remite a una estructura familiar que contiene y proyecta a sus miembros mediante el matrimonio, el parentesco ficticio, las relaciones de dependencia y el clientelismo. La continuidad, es decir, la perpetuidad del linaje era una cuestión crucial, de donde, como es obvio, el matrimonio para la procreación era un componente fundamental. Este permitía, no solo la reproducción vital –y la simbólica–, sino la ampliación del poder (económico, social, y/o político) a través de la conjunción y fusión de dos familias. En otros términos: el linaje se reforzaba mediante la estrategia matrimonial que unía (o favorecía la unión) de patrimonios y grupos familiares. Un matrimonio con extensa prole, lo cual era frecuente (en Guatemala, por ejemplo), podía diseñar estrategias matrimoniales para unirse con varias familias, esto es, constituir, ampliar una red de familias. En un punto, la red alcanzaba un lugar preponderante en la estructura de poder político, fuera cerrado, circunscripto a los propios núcleos familiares, fuera abierto a nuevos y ascendentes sectores de la sociedad.

Diana Balmori, Stuart Voss y Miles Wortman (1990: 87-88) han señalado que, en la formación de una poderosa red de familias, es central el papel del matrimonio. “Pero mientras los casamientos creaban la red, era el comercio el que le daba su importancia”. Adicionalmente, la posición política de la familia coadyuvaba a afirmar su prosperidad. En las redes familiares, es fundamental, resume Marta Casaus Arzú (1992: 16), la articulación de cuatro factores: 1) alianzas comerciales; 2) matrimonios; 3) vecindad geográfica y procedencia étnica; y 4) asociación en los ámbitos gremiales, políticos y educativos.

En esa perspectiva, el análisis de las redes permite afinar y profundizar el conocimiento de los mecanismos de ejercicio de la dominación política de clase, tarea a la que contribuye especialmente por tratarse de un enfoque que enfatiza el estudio de relaciones sociales, para cuya mejor comprensión no se considera a los colectivos sociales un dato a priori, sino una construcción ex post (219).

Una red familiar se articula o a partir de un linaje, esto es, un apellido. La familia nuclear del pariente mayor (cabeza) de ese apellido es la célula o la unidad básica, a la cual se agregan los parientes consanguíneos y políticos, sean de la misma rama o ramas del mismo tronco o bien de otras familias. Más allá de la familia se encuentran los clientes o la clientela, cuyo mayor o menor número da cuenta de sus fortaleza y extensión numérica y espacial. Los lazos personales y familiares se realizan y se consolidan en el interior del linaje, se perpetúan mediante la familia y se utilizan para acceder al poder. Clientelismo y parentesco van asociados, mas no deben confundirse, aunque el primero “incluye a parientes, no parientes criados y al parentesco ficticio”, fenómeno relevante que se encuentra tanto en las sociedades mediterráneas europeas como en las latinoamericanas. “El compadrazgo [añade Francisco Chacón Jiménez] pretende reforzar lazos de amistad en los que está ausente el parentesco consanguíneo para así aumentar la red clientelar”. El compadrazgo da fluidez a la red de parentesco, a cuya selección y reforzamiento contribuye. Las relaciones clientelares se fundan en la desigualdad y esta da cuenta de una estructura social vertical eventualmente compuesta “por varios clientes que a su vez son patronos también, y articulada alrededor de un patrón o pariente mayor que será cabeza de un bando o facción, que podríamos definir como un grupo de familias cuyos miembros están ligados por la sangre, la clientela y la tradición familiar alrededor de un linaje dominante que da su nombre al bando, lo que explica que con frecuencia se confunda con aquel”. El estímulo y la potenciación de intereses y la concertación de matrimonios hacen del parentesco un elemento central “en la estructuración de los grupos y redes sociales y en la organización de las relaciones de poder”. Las redes familiares tienen “un carácter horizontal por estratos sociales y un sentido vertical por su articulación a través del clientelismo” (Chacón Jiménez, 1995: 87-88).

Así, la oligarquía fue, en los hechos, una forma de dominación que tornaba ficticia la democracia, aun cuando esta fuese formalmente el régimen vigente. El Estado, donde lo hubo, se constituyó como Estado “capturado” –según la expresión de Francisco de Oliveira–, esto es, solo atento a satisfacer las demandas de la clase propietaria dominante, lo cual se tradujo, entre otras consecuencias, en un Estado central más que en un Estado nacional. Para Octavio Ianni (1989: 48 y 41), el Estado oligárquico debe ser considerado “una forma particular del Estado capitalista” que combinaba elementos patrimoniales con la “racionalidad” del capitalismo. En él, “el gobernante reproducía la imagen del hacendado, en dimensiones nacionales”.

En América Latina, la oligarquía constituyó la forma predominante de ejercicio de la dominación entre alrededor de 1880 (y desde medio siglo antes en Chile) y 1930, aunque en algunos casos, como en México y Argentina, concluyó hacia la década de 1910, mientras que en otros –Bolivia, y más aún Chile, Perú, Ecuador, Guatemala y El Salvador– se prolongó durante más tiempo. Muchas formas de la dominación oligárquica se encuentran todavía hoy en Colombia.

El modo oligárquico de ejercer el poder se fundó básicamente en la dominación sobre la mayoría, sin dejar de ser hegemónico sobre una minoría. La mayoría sujeta a dominación estaba constituida por las clases populares (campesinos, trabajadores, artesanos) y por fracciones o sectores de la burguesía partidarios del ejercicio democrático del poder.

Durante esos años, la democracia constituyó una “ficción”, en el sentido atribuido a este último término por Hans Vaihinger, en su libro La filosofía del como si, esto es, un enunciado falso y autocontradictorio. Si bien la división de poderes fue la norma, la ciudadanía política –uno de los elementos básicos de la democracia representativa– se encontraba fuertemente restringida. Muchas veces, el sufragio no era entendido como un derecho sino como un deber y una función social, otras se lo consideraba ciertamente un derecho, pero solo concedido a quienes, según su autopercepción, tenían la condición de ser naturalmente elegidos para ejercer el gobierno de los hombres y de la sociedad. Puesto que la limitación de la libertad política era efectiva, pero no siempre ni necesariamente jurídica, la oligarquía, más que negar la democracia, la tornó ficticia (220). Dicho de otra manera: el Estado se construyó expresando una contradicción entre una forma democrática y un contenido oligárquico. Tal contradicción derivaba de la dificultad, para las clases dominantes, de compatibilizar una base social terrateniente de cuño tradicional, incluyendo una concepción jerárquica del orden, con la inserción en la economía-mundo capitalista y su división internacional del trabajo e ideología liberal. En el campo político, la contradicción señalada afectaba la relación ciudadanía/representación y ponía al desnudo el núcleo duro de la dominación oligárquica qua ficción de democracia: mayoría de dominados o subalternos carentes de ciudadanía, por tanto excluidos, minoría de (varones) dominantes con calidad de ciudadanos, por ende, incluidos o integrados.

En líneas generales, la dominación oligárquica se desarrolló durante el período de implementación del modelo primario-exportador, cuyo motor de crecimiento económico se encontraba en el exterior y dependía de la demanda de las economías industrializadas del centro del sistema capitalista mundial. La dominación oligárquica se ejerció en el interior de sociedades estructuralmente agrarias, con predominio de la gran propiedad de la tierra (latifundio), fuertemente estratificadas, con una larga persistencia de prácticas paternalistas, mediante las cuales la dominación central se transmitió hacia los espacios administrativamente menores, el autoritarismo estatal se morigeró y los poderes nacionales y locales alcanzaron cierto equilibrio.

La dominación oligárquica se caracterizó, dijimos antes, por una fuerte concentración del poder en un núcleo pequeño de personas, y en un espacio de aplicación reducido. Por tal razón, necesitó indefectiblemente de ciertos artilugios para articular el poder central y los poderes locales. Así, construyó una estructura piramidal de redes familiares (biológicas o extensas) basada en el paternalismo, en la cual cada nivel disponía de capacidad de dominio altamente concentrado y de alcance limitado y variable según la posición que ocupaba en tal pirámide.

El vértice de esa pirámide era unipersonal –ocupado por tiempo determinado (es el caso de algunos presidentes durante su mandato, a veces prolongado mediante reelecciones, como en el paradigmático de Porfirio Díaz, en México) o indeterminado, traspasando los límites formales de su mandato (como el general Julio A. Roca, en Argentina, poseedor de una fuerte cuota de poder aun fuera de su ejercicio institucional)– o bien, pluripersonal, a menudo familiar, en cualquiera de las formas señaladas (como en el caso de los Aycinena en Guatemala; los Aspíllaga y los Pardo en Perú; o los Errázuriz Echaurren en Chile; los Ospina en Colombia; o los Meléndez-Quiñónez en El Salvador). Quien ocupaba el vértice era, siempre, un primus inter pares o, como se decía en Brasil, o grande coronel o bien o coronel dos coronéis. También hubo mecanismos de sucesión, formales e informales, pacíficos y violentos, estos últimos sobre todo, pero no exclusivamente, en los niveles inferiores de la mencionada pirámide.

A título ilustrativo, apreciemos el peso de la concentración de poder familiar en el ejercicio del poder político en el caso chileno, ilustración restringida, pues solo atiende al ejercicio de la presidencia del país durante apenas tres décadas (1891-1920): “Jorge Montt, elegido presidente de la República por unanimidad tras el triunfo de la revolución parlamentaria, pertenecía a la familia del presidente Manuel Montt Torres (1851-1861); su sucesor, Federico Errázuriz Echaurren, era hijo del presidente Federico Errázuriz Zañartu (1872-1876). Germán Risco Errázuriz era primo y cuñado del anterior mandatario, le correspondió derrotar a Pedro Montt Montt, hijo de Manuel Montt Torres; Pedro Montt Montt fue elegido presidente para el período siguiente (1906-1910, fallece antes de cumplir su mandato), venciendo a Fernando Lazcano, cuñado de Riesco y de Errázuriz Echaurren. Ramón Barros Luco, elegido por unanimidad para completar el período (1910-1915), estaba ligado a vínculos de parentesco a todos los grandes clanes familiares de la época. Juan Luis Sanfuentes Andonaegui era hermano del ministro de Balmaceda, Enrique Salvador Sanfuentes; el postulante vencido, Javier Ángel Figueroa Larrain, también era miembro de connotadas familias de los círculos sociales dominantes. Finalmente, el frustrado aspirante a la presidencia de 1920, Luis Barros Borgoño, era sobrino del ex presidente Ramón Barros Luco” (apud Alcàzar, 1997: 138).

Guatemala ofrece también una notable demostración del poderío de las redes familiares. Según prueba Casaus Arzú (1992), el país presenta una concentración tal que durante tres siglos (XVIII, XIX y XX ), solo cuatro familias (o sus respectivas redes familiares) fueron el núcleo del poder: Aycinena, Arzú, Urruela y Díaz Durán. La primera de estas familias –la más importante– cuenta con tres presidentes, varios ministros, un arzobispo, un obispo, un destacado literato y una casi interminable lista de hombres públicos. Una característica notable de ellas es la de ser redes de larga duración con capacidad y flexibilidad para ajustarse a los cambios coyunturales y mantener así su poder. Buen ejemplo fue su adaptación a la reestructuración producida en la economía y la sociedad con el desarrollo del cultivo del café, a mediados del siglo XIX, actividad controlada por comerciantes extranjeros (en particular alemanes) que se vincularon por vía matrimonial con las familias tradicionales y, por lo tanto, al bloque dominante. Las familias Skinner Klee, Klee-Ubico y Dorión-Klee son expresión de esa exogamia provocada por una coyuntura de cambio (221).

En general, la culminación del proceso de construcción de un único poder bajo la forma oligárquica resultó del pasaje de una situación de dominios oligárquicos locales, provinciales, estaduales o regionales enfrentados entre sí (luchas interoligárquicas) a una situación de confluencia en una única estructura de dominación expandida y reconocida como tal en todo el espacio geográfico-social de cada país, la que hizo desaparecer o, más a menudo, atenuó la lucha interoligárquica, que se convirtió, en virtud de todo esto, en lucha o conflicto intraoligárquico. A menudo, esa conflictividad se expresó en términos bélicos; en otros casos, en cambio, como competencia electoral, sin que esta significase, ni siquiera formalmente, expresión de democracia. El pasaje a un único poder, nacional, no fue igual en todas las sociedades. Como ya se ha dicho, fue temprano en Chile y tardío en Bolivia y Perú. En el caso de Brasil, la temprana centralización, bajo una fórmula monárquica, estuvo seguida de tensiones que se resolvieron en 1889, vía la proclamación de la República, proceso al cual no fue para nada ajena la Guerra de la Triple Alianza, que propició la creación de un ejército nacional cuyos intereses, más tarde, confluyeron con los de los pujantes sectores republicanos. En algunos casos –México, Guatemala, El Salvador–, la dominación oligárquica fue también dictatorial, y fueron ellos la exacerbación de la concentración personalista del poder.

Más allá de las particularidades de cada caso, el proceso de constitución de la dominación oligárquica fue siempre violento y concluyó estatuyendo un pacto estructurado de modo muy simple. En efecto, el pacto oligárquico se asentó en un trípode: 1) la representación igualitaria de las oligarquías provinciales, estaduales o departamentales –expresada en la composición del Senado en los Congresos bicamerales–, sin dejar de reconocer la desigualdad real que existía entre ellas, consagrada en los criterios de designación del número de diputados, en los cuales el quantum demográfico tendía a coincidir con poderío económico y/o político; 2) el papel moderador del Gobierno central, en particular del Presidente, fundamental para el caso de exacerbación del conflicto intraoligárquico; 3) el Parlamento, y más específicamente el Senado (en los congresos bicamerales), como garante del pacto de dominación e instrumento útil en caso de eventuales veleidades reformistas más o menos inquietantes por parte de algún presidente –como en el caso argentino durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922)–, sin excluir la apelación a una solución fuera de la institucionalidad política, jurídicamente normada, como la recurrencia al golpe de Estado, posibilidad efectivizada con la destitución del presidente peruano Guillermo Billinghurst en 1914. Ambos casos no dejaban de ser un avance, si se los compara con la apelación al asesinato, como ocurrió con los bolivianos Manuel Isidoro Belzú y Mariano Melgarejo, ejemplos (de 1865 y 1871) correspondientes al período de pasaje a un único poder oligárquico, o en el desencadenamiento de una guerra civil, como aconteció en Chile en 1891, con un desenlace que llevó al suicidio al derrocado presidente reformista José Manuel Balmaceda.

Otro rasgo definitivo del modo de dominación oligárquico fue la construcción de burocracias civiles débiles y, en general, poco numerosas. El poder político y los asuntos típicamente asignados al Estado discurrían a través de partidos que, si bien llevaban ese nombre, eran más bien clubes de notables o círculos exclusivos de caballeros. En rigor, no se trataba de verdaderos partidos políticos: no tenían estructura orgánica, plataforma, programa, disciplina o definición ideológica precisa; ni siquiera los propios parlamentarios elegidos en su nombre actuaban de modo unitario. Así, la oligarquía se edificó sobre un andamiaje que fue un rasgo de duración estructural en casi todo el subcontinente: la primacía de la mediación corporativa por sobre la partidaria (como veremos más adelante, con fuerte arraigo del clientelismo). En efecto, en la mayoría de los países que conocieron la dominación oligárquica, los periódicos, las corporaciones y los organismos gremiales cumplieron un papel central como correas de transmisión del poder de la sociedad al Estado. No extraña entonces que bajo esta forma hayan proliferado la prensa política, las cámaras de comercio y las asociaciones rurales, industriales y mineras.

Más que un formato de representación de partidos, se trató de un formato de representación de notables. Seguimos aquí a Göran Therborn, para quien los formatos de representación son sistemas de selección de dirigentes políticos; la “expresión quiere dar a entender que no nos referimos a la manera en que se consigue la representación, sino más bien al contexto en el que la clase dominante logra, mediante numerosos mecanismos diferentes, que se represente la reproducción de sus posiciones”. Dentro de los varios formatos de representación, el de notables es aquel en el cual “los dirigentes políticos surgen como personalidades sobresalientes de entre un público burgués, informalmente organizado, compuesto de miembros de la clase dominante y de sus estratos aliados, abogados, y en ocasiones burócratas., estas personas se van perfilando como candidatos para la función de dirigentes, de múltiples formas no institucionalizadas, en el curso de la vida diaria de la clase dominante. […] Este sistema es un excelente formato de representación de la clase dominante, mientras los dominados no se organizan sólidamente para desafiarlo” (Therborn, 1979: 221, 225 y 230).

La dominación oligárquica no se ejerció de igual manera en todos los países. En referencia a la tensión centralización/descentralización de las decisiones políticas, las situaciones posibles fueron varias: a) primacía temprana y excepcional del poder central y oligárquico (Chile); b) debilitamiento de los poderes provinciales y locales, y fortalecimiento del poder central, dentro de un esquema formalmente federal (México y Argentina); c) tendencia a una aparente paradoja: el poder central se reforzó gradualmente por causa y a pesar del refuerzo de los poderes locales, dentro de un esquema también federal (Brasil); d) gran descentralización, con fuerte peso de los poderes locales y regionales como principales centros de poder (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, si bien en este último caso, tras el triunfo liberal en la Revolución Federal de 1898-1899, expresión de la redefinición espacial –que fue a la vez geográfica y social– generada por el pasaje de la economía minera de la plata a la del estaño, se articuló un nuevo núcleo de poder, concentrado en La Paz); en otros casos, e) la tensión centralización/descentralización es poco relevante para entender el funcionamiento de la dominación oligárquica, puesto que ella se desarrolló a través de la concentración del poder en unas pocas familias de linaje, sobre un territorio sumamente acotado, en donde la centralización del Estado se mantuvo durante largo tiempo escasamente diversificada (Guatemala y El Salvador).

Es posible encontrar una situación más, sui géneris, la de la Venezuela gobernada por Juan Vicente Gómez, quien ejerció una dictadura autocrática con base en redes de familias oligárquicas dependientes, al menos hasta fines de la década de 1910, cuando como consecuencia de la explotación petrolera, Gómez comenzó a tomar distancia de su base original. Pero la etapa alcanzada en el estudio de este caso, en una investigación de Waldo Ansaldi en curso, todavía no permite mayores precisiones, razón por la cual solo adelantamos su existencia y nos referimos a ella brevemente en este y en los capítulos del tomo siguiente, sin poder desarrollar la explicación, la cual será expuesta en un próximo libro.

Otros casos muy diferentes fueron los de Uruguay y Costa Rica, que aun compartiendo muchos de los rasgos señalados –centralización del poder político con fuerte exclusión, estructura económica agraria y desarrollo de un modelo primario-exportador– no construyeron un Estado oligárquico. En el caso de Uruguay, la centralización y consolidación del Estado estuvo expresada por la fórmula del impulso batllista, bajo un régimen de democracia política restringida con fuerte impronta de inclusión social “desde arriba”. En el caso de Costa Rica, como en los otros países de América Central, la modernización se logró por la vía de las reformas liberales. Sin embargo, en relación con sus vecinos, el Estado costarricense atravesó un proceso de transformación con menos altibajos. En 1871, bajo la presidencia del liberal Tomás Guardia (1870-1882), se sancionó la Constitución Liberal. En 1889, elecciones mediante, los liberales fueron sucedidos por los conservadores. Asimismo, un Estado más proclive a las reformas sociales habilitó espacios de participación que redundaron en estabilidad e integración social.

Otro caso que escapa a la clasificación de oligarquía, según la concebimos, es Cuba. Como se ha visto en el capítulo anterior, después de la derrota de España por las tropas norteamericanas, se firmó un tratado de paz en el que llamativamente no hubo representantes cubanos. Entre 1899 y 1902, se instituyó un gobierno militar norteamericano. Finalizado este período, las tensiones entre las aspiraciones imperialistas del Gobierno del presidente William McKinley y el fuertemente arraigado nacionalismo cubano se resolvieron de modo muy poco favorable para la isla. La conocida Enmienda Platt, como señalamos en el capítulo anterior, lesionó gravemente la soberanía de Cuba, puesto que no solo habilitó la intervención de Estados Unidos en los asuntos locales, sino que esa intervención se hizo efectiva en sucesivas oportunidades. Asimismo, el enfrentamiento entre liberales y conservadores alteró casi de modo permanente el orden interno, acercándose más a las expresiones caudillistas del período colonial. La violencia y la inestabilidad política se reeditaron en la década de 1920, ahora desde luego con actores nuevos, y en 1933, una revolución nacionalista frustrada, en buena medida por el apoyo oficial de Estados Unidos, dio paso a una nueva etapa, bajo el signo irrecusable de la política de masas. Ese mismo año, la abrogación de la enmienda Platt también significó un cambio sustantivo, lo que permitió que el Estado finalmente pudiera apropiarse más plenamente de uno de los atributos fundamentales de la construcción estatal, el reconocimiento externo de la soberanía.

Paraguay es, como también vimos en el capítulo anterior, otro caso controvertido. Tras la derrota en la guerra de la Triple Alianza y la muerte de Francisco Solano López, en 1870, bajo el breve gobierno de Cirilo Antonio Rivarola se aprobó una Constitución de carácter liberal que rigió hasta 1940, cuando fue sustituida por otra de corte autoritario, con algunos elementos corporativistas. Esos setenta años coincidieron con los de la dominación oligárquica en buena parte de América Latina, mas no en Paraguay. Aquí, la ausencia de un sistema de haciendas y de una estructura de gran propiedad latifundista de la tierra en manos de redes familiares es un rasgo que impide colocar al país en la nómina de casos típicamente oligárquicos. Esta ausencia tiene sus antecedentes en la política de Rodríguez de Francia de confiscación estatal de las tierras disponibles, política que luego fue ratificada por su sucesor Carlos A. López. Así, el rasgo distintivo de Paraguay es que el aparato estatal poscolonial asumió directamente la explotación de la tierra (bajo la fórmula de “estancias de la patria”) o, en su defecto, entregó la tierra en arrendamiento a manos privadas.

Si bien tras la derrota en la guerra –por concepción ideológica y por necesidades fiscales– el Gobierno vendió grandes porciones de tierras públicas, estas fueron adquiridas en gran medida por capitales anglo-argentinos. La concentración latifundista de la tierra modificó a partir de entonces la estructura de propiedad de Paraguay (hasta por lo menos mediados del siglo XX). Se creó una economía de enclave, de extracción de yerba mate, madera y tanino, y una economía de estancias ganaderas, pero en ninguno de los dos casos se trató de una producción con competencia en el mercado mundial. Así, en Paraguay, estuvo ausente un elemento estructural clave y dinamizador de la dominación oligárquica: una economía articulada en el modelo de acumulación primario-exportador.

Además, en Paraguay, existieron, aun después de la destrucción de las estructuras sociales que significó la Guerra Grande, comunidades campesinas con producción de subsistencia, en general con protección del Estado (por ejemplo, avalando la ocupación de tierras sin título de propiedad). Este pequeño y mediano campesinado se había formado en Paraguay al abrigo de la colonización jesuita, que había propiciado la conversión del indígena, no solo a la religión católica sino también al trabajo campesino.

Y si hubo en Paraguay una combinación de enclaves agrícolas y estancias ganaderas, esto no redundó en la configuración de una situación de dependencia típica. Como se ha dicho, tras la derrota en la Guerra Grande, fueron capitales argentinos y británicos –incluso aliados entre sí– los que articularon la dependencia, configurando así una suerte de dependencia interna, que es muy singular. A estos rasgos de carácter económico se suman otros de carácter político.

Con un Estado y un ejército fuertemente golpeados por la guerra, Paraguay inició un proceso inverso al de sus Estados vecinos. Si los gobiernos de Francia y de los López habían dotado de una inusual estabilidad política a la historia política del país, en 1870, la derrota en la guerra significó el inicio de un período de inestabilidad. En la década siguiente, en 1887, se formaron los partidos que articularon la política en adelante: el Partido Liberal y el Partido Colorado (o Asociación Nacional Republicana, ANR), con bases en los exiliados en Argentina (liberales) y en los colaboradores lopistas (colorados). No exento de algunas crisis rápidamente controladas, el Partido Liberal se mantuvo en el poder desde la revolución de 1904 hasta su desplazamiento en 1940, Guerra del Chaco mediante.

La revolución de 1904 podría haber marcado el pasaje a una estructura única de dominación, una suerte de pasaje de luchas entre partidos o facciones a una fase de dominación basada en un pacto de dominación, de modo similar o muy parecido al pasaje de luchas interoligárquicas a luchas intraoligárquicas en otros casos. Pero los enfrentamientos entre liberales y colorados, y entre fracciones dentro de cada una de estas dos organizaciones, desdibujó esa posibilidad, al menos en su manifestación típica (a los “desvíos” de tipo económico-estructurales, se sumaron estos de índole político-estructural). Los enfrentamientos y la exclusión flagrante de la oposición indican una ausencia de competencia política, un rasgo de larga duración, que extiende la fase de luchas de facciones por lo menos hasta 1940, si no más. A esto se suma el hecho de que la representación era realmente estrecha, reduciéndose a una veintena de diputados y una decena de senadores (López-Alves, 2003: 284).

En América Central y el Caribe, la dominación fue demasiado inestable, factor potenciado por la ausencia de un producto dinamizador de la economía que permitiera la inserción en el mercado mundial y por la intervención militar de Estados Unidos. Tales fueron los casos de Panamá, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Estos países consolidaron un cierto orden en los años posteriores a la convulsionada década de 1920, y lo hicieron bajo el predominio de dictaduras de carácter tradicional, autocráticas o patrimonialistas, y en el extremo sultanísticas.

Los países de América Central en general son abordados conjuntamente, apelando para ello a la unidad regional e histórica, a partir del sustrato común de la experiencia de las Provincias Unidas de Centro América, la inserción en el mercado internacional con la producción de café y plátanos, y las reformas liberales del siglo XIX. Sin embargo, muchos autores coinciden en señalar que en el conjunto de países que integran la región, Costa Rica, Guatemala y El Salvador sobresalen por sus prominentes desarrollos sociales, económicos y políticos en el siglo XIX, en relación con los más precarios de Honduras e incluso Nicaragua, por lo menos hasta bien entrado el siglo XX. En efecto, en Honduras y en Nicaragua, la producción del café no alcanzó los altos valores que consiguieron los otros países de América Central.

En razón de lo anterior, además de considerar a Costa Rica como caso excepcional de ausencia de dominación oligárquica y construcción temprana de una democracia relativamente estable, abordamos los casos de Guatemala y El Salvador como casos de dominación oligárquica. Y entendemos que Panamá, Honduras y Nicaragua, y República Dominicana y Haití son casos en los que la centralización del Estado se logró de modo general con la consolidación de dictaduras tradicionales, ya avanzado el siglo XX. En razón de esta conceptualización, abordamos estos casos en el capítulo 5 del tomo II, donde sí ofrecemos una mirada de conjunto de América Central y el Caribe, incorporando en el análisis los procesos de transformación de la dominación oligárquica típica de Guatemala y El Salvador, incluidos en este capítulo.

En líneas generales, la consolidación de la dominación oligárquica significó, en todos los países, la instauración de un único poder político central al que se llegó pasando de una situación de fragmentación de poder a una de monopolización de este, especialmente en dos de las ya señaladas capacidades fundamentales del Estado moderno, la del doble monopolio de la violencia considerada legítima y la percepción tributaria. El proceso, que culminó con el pacto de dominación oligárquica, se desarrolló pari passu y entramado con el avance de la inserción de las economías latinoamericanas en el sistema capitalista mundial qua productoras de materias primas e importadoras de capital y manufacturas, según los parámetros de la teoría de las ventajas comparativas, que estatuyeron relaciones de dependencia. Tulio Halperin Donghi (1969) ha llamado a ese período “el orden neocolonial”. Nosotros preferimos nominarlo “orden oligárquico”.

La dominación oligárquica tuvo una dimensión internacional (o interestatal) que es clave. En este plano, hubo un rico y complejo proceso de dialécticas internas y externas que redefinió la totalidad de las relaciones entre clases en tres campos: el nacional (el de cada país), el supranacional (el de las sociedades latinoamericanas) y el internacional (el sistema-mundo). El pacto oligárquico resolvió el problema en el interior de los países y convirtió a algunas clases –ellas mismas también en proceso de reestructuración– en dominantes, mientras que, en el plano de las relaciones entre las clases dominantes europeo-occidentales y norteamericanas, y las clases dominantes latinoamericanas, estas últimas fueron, en rigor, dominantes dependientes. En definitiva, fue la culminación de un proceso que antes hemos denominado de revolución pasiva dependiente, donde la condición de dependencia es una variable central. En efecto, la dominación oligárquica se corresponde con el patrón de acumulación del modelo primario exportador –si bien no todos los países insertos en este modelo tuvieron regímenes políticos oligárquicos–, y ello implica la vinculación estrecha con el imperialismo.

En este proceso, la plantación, la hacienda y la estancia, verdaderos patrones microsociales, se proyectaron en escala macrosocial –en una secuencia que pasó del espacio local al provincial o estadual y de este al estatal (más que nacional)–, y así la familia constituyó el locus inicial de gestación de las alianzas de notables, cuya práctica se transfirió luego a otras instituciones como una prolongación pública del espacio privado, uno de los rasgos distintivos, hemos dicho, de la oligarquía. En este sentido, la dominación oligárquica definió imaginarios sociales, representaciones y comportamientos colectivos, símbolos sintetizables en la expresión “modo de ser oligárquico” propios de ese locus de gestación privado.

El modo de ser oligárquico se caracterizó por sus rasgos de frivolidad y ostentación de ciertos valores fundamentales. El dinero debía ser un signo distintivo, acompañado indefectiblemente de otros como el apellido, las relaciones de parentesco real y simbólico, el encumbramiento de la raza blanca como rasgo de pertenencia y cierto goce del ocio. También era un rasgo característico cierta ponderación de las Humanidades y las Artes. Los grandes propietarios rurales y los hombres de negocios urbanos a menudo eran también destacados hombres de las ciencias jurídicas, las ciencias médicas, la literatura, la historiografía y la filosofía o, en su defecto, alternaban gustosos con profesionales de esas disciplinas. Esta combinación acusa la relevancia de ese factor que hemos denominado temporalidad mixta: los criterios de identidad y pertenencia a una clase (poder económico) se mixturan con aquellos criterios de tipo estamental legados del colonialismo.

Para buena parte de la población, esta ponderación de espacios privados que fácilmente se articulaban con la actividad pública tuvo efectos singulares. En el modelo de dominación patriarcal reafirmado con la dominación oligárquica, las mujeres, junto a otras categorías sociales, estuvieron excluidas del ejercicio de la ciudadanía política y tuvieron fuertemente recortadas sus capacidades para actuar en el espacio público. No obstante, y en buena medida por efecto residual de la dominación oligárquica, tuvieron, gradualmente, acceso a cierta inclusión social (a través de la educación, de las actividades de beneficencia o de su participación en el trabajo urbano), que años más tarde fue el sustrato de nuevas prácticas sociales cruciales para la articulación del “primer feminismo” (222).

En un nivel general, el desarrollo histórico del capitalismo entrañó cambios fundamentales para hombres y mujeres; el más fundamental de todos fue la imposición de una diferenciación de dos esferas de acción también separadas en el espacio físico: el hogar y el lugar de trabajo, una separación de esferas muy funcional al modelo patriarcal. En este contexto, las mujeres quedaron recluidas y excluidas: fueron objeto de reclusión en el hogar y de exclusión de la libertad de trabajo, aunque no del trabajo en sí mismo. En realidad, la situación más dependiente era la vivida por las mujeres casadas que por imposición legal quedaban sometidas a la potestad del marido. Diferente era la situación de las solteras que, aunque fuertemente sometidas a la potestad simbólica del padre, estuvieron jurídicamente capacitadas para mantenerse y administrarse mucho antes que las casadas. En este sentido, el desarrollo histórico de la ciudadanía impulsado por los primeros movimientos de mujeres y el primer feminismo constituye un verdadero proceso de emancipación: un movimiento contra una forma de privación de la libertad fundada y legitimada en la diferencia sexual.

Hacia fines del siglo XIX, las mujeres ya habían adquirido cierta visibilidad en la esfera pública, pero todavía no disputaban cuotas de poder para expresar e imponer demandas propias en el seno del Estado. No es menor el hecho de que todavía no tuvieran acceso a las formas típicas de participación en las funciones político-partidarias: representación o decisión.

El modo más prominente en que las mujeres adquirieron visibilidad fue a través de la tematización de “la mujer” en la prensa. Esto no era un fenómeno nuevo, pero el avance hacia la formación del mercado interno, que la centralización del poder bajo la oligarquía y la modernización dependiente propiciaban, hizo que el fenómeno empezara a adquirir un renovado cariz. En este marco, la participación política de las mujeres seguía siendo un punto poco o nada permeable a la discusión. El cercenamiento de los derechos políticos y el estímulo a otras formas de incorporación en el orden simbólico estuvieron ligados a la consolidación del positivismo como ideología legitimadora del régimen político.

En efecto, el positivismo resultó ser la ideología legitimadora de un orden en el que las mujeres eran consideradas una amenaza real, aunque en el plano ideal se las encumbraras como madres de la patria.

La existencia de periódicos de mujeres data, en realidad, de principios del siglo XIX. En 1830, apareció La Argentina, el primer periódico de mujeres de ese país y, según algunas fuentes, de América Latina. Line Bareiro y Clyde Soto (1997: 13) citan un dato interesante: hay evidencias de una publicación de mujeres de antes de 1800 en México. Según esta cita, entre 1800 y 1839, se registraron 3 publicaciones de mujeres en Argentina, 1 en Brasil, 1 en Cuba y 4 en México; entre 1840 y 1869, se registraron 26 periódicos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay; entre 1891 y 1899, la cifra se redujo a dieciocho. Entre ellos, se sabe que en Perú hubo 2 periódicos, El Álbum y La Alborada (ambos de 1874), dirigidos y editados íntegramente por mujeres.

El Álbum fue fundado por las escritoras Carolina Freire de Jaime y Juana Manuela Gorritti, esta última de nacionalidad argentina. La Alborada era un semanario “de familias, literatura, arte y educación”, que se hacía en la imprenta de la periodista y escritora Ángela Carbonell. También es relevante mencionar las traducciones de obras célebres, como el libro del británico John Stuart Mill La esclavitud de la mujer, de 1869, traducido en 1889 por Martina Barros Borgoña y publicado en el periódico La Mujer de Chile. Otro ejemplo es el libro de la feminista inglesa Mary Wollstonecraft Vindication of the Rights of Women, de 1792, traducido en 1842 bajo el título Direitos das Mulheres e Injustificadas dos Homens por la brasileña Nisia Floresta, abolicionista, republicana y feminista, que promovió una serie de conferencias sobre estas causas en Rio de Janeiro. El abolicionismo en Brasil participó a las mujeres que se organizaron, por ejemplo, en la Sociedad de Liberación (Rio de Janeiro, 1870) y la Sociedad Redentora (São Paulo, 1870). Todas estas expresiones eran más fácilmente asimilables por las sociedades oligárquicas del siglo XIX, por lo menos más fácilmente que la sin duda mucho más escandalosa incorporación de las mujeres en la esfera de derechos políticos.

Aun cuando los estudios de género han avanzado en el sentido de desalentar la distinción categórica de las dos esferas y el carácter “ejemplar” de las mujeres, es interesante recuperar aquí la historia de algunas mujeres, no solo por su actuación prominente en la prensa y en el ámbito público, sino también por la experiencia de viaje que las hizo traspasar los límites de sus respectivos países de origen y trazar así recorridos valiosísimos para la formulación de ideas sobre la emancipación femenina. Aunque estos viajes no redundaron en la articulación de movimientos o asociaciones de mujeres en el nivel supranacional, es cierto que habilitaron y dinamizaron un espacio de circulación de saberes y prácticas específicamente femeninos. Por ejemplo, la citada Juana Manuela Gorriti (1816-1892) vivió en Argentina, Bolivia y Perú. Fue la promotora de las veladas o círculos literarios que desempeñaron un papel primordial en la difusión de una escritura de mujeres hacia fines del siglo XIX. Otro caso destacable es el de Juana Paula Manso (1819-1875), quien vivió en Argentina, Uruguay y Brasil. Juana Paula Manso, “de” Noronha después de casarse en Brasil, fue la mentora y la principal redactora del diario Jornal de Senhoras, primer periódico de mujeres aparecido en Rio de Janeiro entre 1852 y 1855, dirigido por mujeres para el “mejoramiento social y emancipación de la mujer”. Tanto Juana Manuela Gorriti como Juana Manso se casaron pero no tuvieron un matrimonio feliz. La primera, casada con el beligerante militar boliviano Manuel Isidoro Belzú, que la abandonó por las lides de la guerra. La segunda, casada con un violinista brasileño, que la dejó para irse con otra mujer.

Juana Manuela Gorriti se casó a los catorce años con Belzú, quien ocupó el cargo de presidente hasta 1855 (fue asesinado enfrentado al general Melgarejo en 1865). Juana Manuela dirigió el periódico La Alborada del Plata, fundado por Josefina Pelliza de Sagasta (poeta, hija del coronel José María Pelliza). Desde 1865 hasta su muerte en 1892, vivió en Buenos Aires, donde se editaron varias de sus publicaciones. Juana Manso estuvo exiliada con su familia en Montevideo, durante el Gobierno de Rosas. Allí, fundó una escuela para niñas y fue directora de otro establecimiento educativo. En 1846, escribió la novela Los Misterios del Plata, basada en episodios históricos del rosismo. Cuando se trasladó a Brasil, desapareció el Ateneo de Señoritas que ella impulsaba y que funcionaba en Montevideo, frecuentado por emigrantes argentinas. En Brasil, se casó con un violinista portugués, viajó a Estados Unidos y Cuba, y se separó en 1853. De regreso en Argentina, fundó la revista Album de Señoritas, que bregaba por la emancipación civil de las mujeres y por la libertad de culto. Juana era protestante y esta condición la afectó directamente. En virtud de la estrecha relación que Manso mantuvo con Sarmiento, le fue encargada la dirección de una escuela primaria mixta en 1859. En 1862, le fue confiada la dirección de Los Anales de la Educación Común, que Sarmiento había fundado. Publicó Compendio de la Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue aprobado como texto escolar. Fue la primera mujer que ocupó un cargo público: vocal del flamante Departamento de Escuelas. Colaboró en varios periódicos como El Nacional, El Censor y La Ilustración Argentina.

El caso de Brasil es llamativo por la proliferación de publicaciones durante la vigencia del Imperio (1822-1889). Además del Jornal ya mencionado, en 1862, se fundó en Rio de Janeiro el periódico religioso O Bello Sexo, cuya redactora y jefa fue Júlia de Albuquerque Sandy Aguiar. En 1873, se publicó por primera vez en Campanha da Princesa, ciudad del sur de Minas, el semanario O Sexo Feminino, fundado por Francisca Senhorinha da Motta Diniz. En 1875, el semanario se trasladó a Rio de Janeiro y después de la proclamación de la República (1889) pasó a llamarse O 15 de Novembro do Sexo Feminino. El diario era editado por mujeres en defensa del derecho a la educación y al voto. En 1879, se publicó A Mãi de Família. En 1881, Josepha de Oliveira y Maria Augusta Generosa Estrella publicaron en Nueva York el periódico A Mulher, consagrado a los intereses y derechos de la mujer. Ambas mujeres estaban estudiando medicina en el New York Medical College and Hospital for Women. El objetivo de la publicación era mostrar “que las mujeres, lo mismo que los hombres, se pueden dedicar al estudio de las ciencias”. De Maria Estrella se sabe que había viajado a Estados Unidos a la edad de 14 años para estudiar medicina, y fue la primera médica brasileña.

El de Maria Estrella fue un planteo que puso el tema de la educación en relación con el problema del trabajo y la profesionalización de las mujeres, y no exclusivamente vinculado al rol de la ciencia en el cuidado del cuerpo de las madres y los futuros ciudadanos. Se trata de una línea de pensamiento que, como veremos en el capítulo 5 del tomo II, luego caracterizaría al denominado “primer feminismo”.

El pacto oligárquico y sus configuraciones históricas

En líneas generales, la dominación oligárquica fue una red tendida vertical y jerárquicamente, que combinaba centralización y descentralización entre grupos dominantes de diferente alcance (nacional, regional, provincial o estadual o departamental, local), burocracia y clientelismo, y otros mecanismos de control intraoligárquico que respondían a su modo de ser. En esa red participaron tanto hombres como mujeres, aunque, como ya se ha señalado, algunos individuos padecieron la exclusión doblemente: en razón de su origen étnico, en razón de su situación de clase y/o en razón de su sexo, lo cual se tradujo en diferencias en el estatus jurídico (civil y político).

América Latina conoció diferentes situaciones de dominación oligárquica a partir de la resolución de la tensión centralización/descentralización del poder. Como ya se ha adelantado, es posible construir una tipología de cinco categorías.

a. Primacía temprana y excepcional del poder central y reformulación del pacto de dominación en el sentido de consolidación de la oligarquía: Chile, 1830-1891 y 1891-1925

La primacía temprana y excepcional del poder presidencial en Chile tomó forma en una república centralista, que invocó como principio legitimador el corpus liberal, tanto en el plano de la economía como, sobre todo, en el del ordenamiento político, en el cual la realidad misma ponía seriamente en duda la vigencia de una democracia liberal. En efecto, el Chile modelado por la Constitución de 1833 y por el poderoso ministro Diego Portales –bajo el Gobierno de Prieto– fue, como se señaló en el capítulo anterior, un orden político dirigido por un presidente dotado de amplias facultades, incluyendo las extraordinarias, y con posibilidad de reelección por dos períodos. La pax portaliana, que sobrevino a la guerra civil de 1829-1830, no solo no fue una paz democrática sino que no inhibió la recurrencia a procedimientos reñidos con la propia legalidad, cuando, llegado el caso, algo o alguien amenazase el orden conservador.

La denominada “República Portaliana” fue, así, una fase de estabilidad política y conflictos regulados, largamente extendida, pues su crisis llegó en 1891. Precisamente, el fuerte presidencialismo del régimen y, como contracara, la debilidad del Parlamento, fue el blanco de ataques de sectores económicamente poderosos pero políticamente excluidos. El orden consolidado en 1830 había edificado el sistema político sobre la matriz del sistema de haciendas del Valle Central, en expansión desde 1850 por el auge de las exportaciones cerealeras. Hacia fines del siglo, nuevos sectores económicos se enriquecieron con la ocupación de los territorios salitreros del norte arrebatados a Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico.

Antes, el supuesto escenario de un país capaz de atravesar el siglo XIX sin conflictos ya se había opacado con las insurrecciones regionales de la década de 1850, durante la presidencia de Manuel Montt; la más importante fue la de la región minera de Copiapó al norte de Santiago. Estos conflictos expresaron, ya tempranamente, la diversificación de la clase dominante, en el seno de la cual estaban surgiendo sectores que reclamaban espacio para la representación política de sus intereses. En efecto, a mediados del siglo XIX se constituyó un grupo de burgueses con base económica en la minería cuprífera, pero también en el comercio, la industria y la actividad bancaria. Por otra parte, desde la década de 1820, comerciantes y casas comerciales –sobre todo británicos– se habían instalado en puertos chilenos, en particular en Valparaíso, y pronto controlaron el transporte ultramarino y la comercialización exterior. Los propietarios chilenos se asociaron con ellos y mantuvieron el control de los recursos productivos (haciendas, molinos harineros). Siguiendo a Gabriel Salazar, Joan del Alcàzar (1997: 93) señala que tal connubio hizo que Chile iniciara “un rápido –aunque desigual– proceso de modernización capitalista”. Pari passu, los terratenientes tradicionales perdían peso económico, mas no político.

El sistema centralista en el que las sucesiones presidenciales eran decididas por el presidente en ejercicio ya no cuajaba en la estructura de clases, según hipótesis de Tomás Moulian (1985). En la década de 1860, los conflictos se acallaron con la elección de José Joaquín Pérez, de carácter más moderado que el de Montt y más proclive a una política de acuerdos entre poderes que a la exacerbación del presidencialismo lindante con el autoritarismo hasta entonces predominante. En palabras de Alcàzar (1997: 97), la estrecha simbiosis entre la nueva burguesía y los hacendados tradicionales generó “un arreglo político elitario que permitió la rotación de mandatarios liberales (1861-1891)”, sin dejar de apelar a la violencia militar para reprimir las protestas de las clases populares.

A pesar de haberse reformado el Código Electoral –en 1874 se levantaron las restricciones censatarias– y a pesar de haberse promulgado una serie de reformas liberales secularizadoras (libertad de prensa, cementerios laicos, matrimonio civil, etc.), la modernización lograda no era suficiente para contener el empuje de nuevos segmentos poderosos. Así, el conflicto que se había mantenido latente hasta el Gobierno de Balmaceda finalmente estalló con la guerra civil de 1891, cuando este reveló sus pretensiones centralistas.

Dos crisis –la minera de 1873 y la monetaria de 1878– afectaron fuertemente la variable económica del orden portaliano al producir el derrumbe de gran parte del sector exportador y desnacionalizar a también buena parte del sector financiero. La clase propietaria tradicional entró en una fase de “persistente decadencia” (Alcàzar, 1997: 94).

Después del triunfo en la Guerra del Pacífico –y con él la apropiación del espacio salitrero–, fue claro que el control del Estado chileno era la garantía del poder económico. El Estado se encargaba de recaudar el impuesto salitrero y de distribuirlo, y esto, en un contexto de auge de las exportaciones, constituía una herramienta preciosa de poder. La cuestión impositiva fue, a lo largo de buena parte del siglo XIX, un campo de confrontación entre pipiolos y pelucones, toda vez que los liberales utilizaron su fuerza parlamentaria para amenazar al Poder Ejecutivo con no aprobar las propuestas de este y así obligarlo a negociar permanentemente. De hecho, señala Luíz Alberto Moniz Bandeira (2008: 54), esa política llevó “a modificar el carácter del régimen, transformándolo en una especie de forma ficticia de parlamentarismo a partir de 1861” y erosionado el poder presidencial.

La culminación de ese enfrentamiento entre ambos Poderes ocurrió en diciembre de 1890. Para esa fecha, el Congreso no había aprobado la ley de presupuesto para el año siguiente –algo nada novedoso en la historia del país–, razón por la cual el presidente Balmaceda, un liberal nacionalista, refrendó el presupuesto por decreto, disolvió el Congreso (al tiempo que convocó a nuevas elecciones para su recomposición) y asumió plenos poderes, apoyado por tropas y el intendente de Valparaíso. El Legislativo reaccionó acusando a Balmaceda de violador de la Constitución y de haber asumido el poder personal y arbitrariamente. Isidoro Errázuriz, periodista y diputado liberal no encolumnado con el presidente, logró que la escuadra surtiera en Valparaíso, bajo el mando del capitán de navío Jorge Montt, se sublevara, desconociera al presidente y reconociera, en su lugar, a una junta conformada por Waldo Silva y Ramón Barros Luco, respectivamente vicepresidente de la Cámara de Senadores y presidente de la de Diputados, con el aval del Poder Judicial.

En rigor, la asonada parlamentaria se basaba en la coalición de la burguesía oligárquica y el capital imperialista extranjero, particularmente el de las compañías salitreras, básicamente británicas, temerosas de una nacionalización de los yacimientos (en los cuales sus inversiones rondaban los diez millones de libras esterlinas). En verdad, Balmaceda solo pretendía, en esta materia, otorgar a los capitalistas chilenos la prioridad en la explotación del salitre y concederles las mejores reservas de propiedad estatal, incrementando así las exportaciones y, en consecuencia, la recaudación impositiva, y generando recursos para financiar obras públicas. Previsiblemente, las compañías extranjeras se opusieron, en buena medida, persiguiendo que no cayese el precio del salitre en el mercado mundial (Moniz Bandeira, 2008: 57-58).

Maurice Zeitlin (1984) brinda una sugestiva explicación del conflicto que llevó a la derrota del proyecto reformista impulsado por Balmaceda. Para él, las guerras civiles de 1854-1859 y de 1891 fueron expresión de sendos intentos del segmento dinámico de la moderna burguesía agraria y minera del norte por llevar adelante, apelando a la vía armada, una revolución burguesa. En la primera de esas guerras, ese fragmento burgués, aliado con los campesinos y los artesanos, se enfrentó con los tradicionales terratenientes-comerciantes del Valle Central. Estos hacendados –núcleo duro de la dominación oligárquica– alcanzaron primacía económica a partir de su capacidad de producir para el mercado mundial, algo no común en el sistema de hacienda latinoamericano del siglo XIX. Lo hicieron perpetuando relaciones de producción del régimen colonial, es decir, no capitalistas, según ya vimos. La gran propiedad agraria fue, tal como se señaló en el capítulo anterior, la base del poder político de estos hacendados, que lo ejercieron mediante un temprano Estado centralizado, autoritario y oligárquico. Zeitlin señala que el desarrollo de la producción capitalista generó un grupo de burgueses agrarios orientados a la minería del carbón, cobre, nitratos, oro y plata, y caracterizados por la inversión en tecnología, acción que desplegaron en el norte del país, una región fronteriza donde la movilidad social hizo posible la emergencia de relaciones plenamente capitalistas. Políticamente, su proyecto era democratizador.

Salvo Estados Unidos, las grandes potencias apoyaron a los golpistas. Más aún, cuando, en abril de 1891, el presidente impulsó la destrucción de las plantas salitreras y el cierre de los puertos a su comercialización –medida defensiva que procuraba evitar que los recursos de la exportación de salitre permitiesen a los alzados comprar armamento–, el Reino Unido, Francia y Alemania enviaron buques de guerra en una típica reacción imperialista.

Enfrentado a los grupos oligárquicos locales, la Marina, la Iglesia, la burguesía minera salitrera, las potencias imperialistas y los cuantiosos recursos financieros de los rebeldes, Balmaceda, con el apoyo del Ejército y, como advirtió el brasileño Joaquim Nabuco –contemporáneo de los hechos y autor de una biografía sobre Balmaceda, publicada en 1895– de las masas y los “elementos desconocidos, anónimos, democráticos” del pueblo chileno, que odiaba a los millonarios y a los extranjeros por sustentar a los alzados (apud Moniz Bandeira, 2008: 60 y 57), resistió hasta donde pudo, viendo minado su sustento por la pérdida del “apoyo de población, refractaria a su política represiva, al reclutamiento y disconforme con la inflación y la carestía que las emisiones de moneda provocaron”, según añade el citado historiador. En las batallas de Concón y luego Placilla, el 28 de agosto de 1891, triunfaron los rebeldes; Balmaceda renunció a su cargo y se refugió en la Embajada Argentina. Dos días después, las tropas vencedoras ocuparon y saquearon Santiago, ensañados con las propiedades, tanto urbanas como rurales, de los partidarios del presidente depuesto. Una Junta de Gobierno se hizo cargo del ejercicio del poder. El 19 de septiembre, Balmaceda se suicidó. La guerra civil –una guerra social, como la calificó Nabuco– terminó con un saldo de alrededor de 4.000 muertos. El resultado, en términos de Zeitlin (1984), fue una sociedad en la cual el capitalismo no se consolidó mediante una revolución burguesa desde abajo, ni tampoco a través de una revolución burguesa desde arriba. El fracaso de ambas vías consolidó una economía dependiente controlada por terratenientes poco dinámicos y oligarcas, y ocluyó la posibilidad de un régimen político democrático.

La llamada “República Parlamentaria” fue la fórmula que le solucionó a la clase dominante los conflictos introducidos por el auge del salitre en la relación Estado-clases dominantes (223). Esos conflictos, por lo demás –y el libro de Zeitlin es contundente al respecto– se produjeron por fortísimas diferencias entre distintas fracciones o segmentos de la clase dominante. A partir de 1891, los capitalistas extranjeros controlaron la economía chilena, “invadiendo sin disputa el estratégico comercio de importación e incluso el área monetaria, de divisas y algunas ramas industriales”. Al mismo tiempo, los propietarios chilenos (el segmento dinámico al cual se refiere Zeitlin) fueron relegados “a trabajar en sectores acumulativos de segunda clase (especulación bursátil, renta urbana, ‘gestiones públicas’) y a incurrir en diversas exacciones al presupuesto fiscal” (Alcàzar, 1997: 94). Los terratenientes, a su vez, siguieron detentando el ejercicio de la dominación política y social bajo la forma oligárquica.

Ya se ha dicho que uno de los rasgos característicos de la dominación oligárquica fue la extensión de redes familiares como articuladoras de la dominación. En Chile, durante los años previos a la crisis y los inmediatamente posteriores, fue Errázuriz la familia de actuación más conspicua en la política nacional. Ahora bien, al igual que sus oponentes, Balmaceda tuvo su apoyo político en una importante red de familias estrechamente vinculadas entre sí por los típicos lazos matrimoniales y económicos.

La solución a la crisis de 1891 permitió el fortalecimiento del Estado en la etapa siguiente (hasta la crisis de 1930), pero profundizando la pauta de privatización de las funciones públicas, a tal punto que el Parlamento se convirtió en un espacio de negociación de los intereses económicos de las clases propietarias. Al abrigo de la República Parlamentarista, surgió una clase media y un proletariado minero que fueron los nuevos protagonistas de los conflictos sociales y políticos desatados durante las primeras décadas del siglo XX, cuando el auge salitrero estaba llegando claramente a su fin. A estas clases se sumó la incipiente burguesía industrial. Las tres formularon demandas de cambio que llevaron a la promulgación de una nueva Constitución en 1925. Esta puso fin a la edad de oro de la dominación oligárquica. Sin embargo, como se verá más adelante, líneas estructurales de la oligarquía permanecieron largamente, tanto que su desarticulación solo llegó definitivamente con la política de la Democracia Cristiana, en particular, la reforma agraria de 1964.

En su período de auge, uno de los rasgos singulares de la dominación oligárquica chilena fue la constitución temprana de un sistema de partidos de alcance nacional. Obviamente, esto no fue ajeno al carácter del pacto oligárquico redefinido en 1891: el parlamentarismo. La nueva forma de gobierno era una versión vernácula del parlamentarismo típico, y fueron precisamente estos ajustes locales los que restaron fuerza al nuevo modelo político adoptado. Con el predominio del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, los partidos políticos, pero también la política de facciones, pasaron a un primer plano. A esto se suma otro cambio institucional crucial, la Ley de Autonomía Comunal, que modificó sustancialmente el equilibrio del histórico centralismo chileno.

La República Parlamentaria se apoyó en un conjunto de seis partidos muy heterogéneos y poco diferenciados ideológicamente agrupados en dos fuerzas: la Alianza Liberal y la Coalición. Estas estaban vertebradas en torno a dos partidos principales, el Radical y el Conservador, respectivamente, con diferencias ideológicas efectivas: el rabioso anticlericalismo de los radicales, de un lado; y la defensa furibunda de los intereses de la Iglesia, del otro lado. El resto de los partidos, y fundamentalmente los rehabilitados balmacedistas alineados en el Partido Liberal Democrático, se movían ampliamente entre las dos coaliciones, lo cual repercutía en la conformación inestable de los gabinetes, en cuya consonancia el presidente debía conducir los destinos del país. En la década de 1920, la inestabilidad y la corrupción extendida fueron los blancos de un movimiento cívico militar que fue el emergente de una crisis sin retorno y marcó el inicio de una nueva fase política.

Esta nueva fase estuvo signada por la violencia y el gradualismo –según la expresión de Moulian (1985)– imperantes en el proceso de democratización política y social que signó la erosión de la dominación oligárquica en Chile. En efecto, con la crisis del parlamentarismo, en los años veinte, se abrió una fase de reformas en la cual las notas predominantes fueron las elecciones periódicas y cierta estabilidad y continuidad en la sucesión de los gobiernos, tanto como el recurso de la violencia lo fue en la resolución de las crisis.

En 1920, Arturo Alessandri Palma (224) –candidato de la Alianza Liberal, integrada por los partidos Radical, Demócrata y liberales– asumió la presidencia con un plan de gobierno que incluía proyectos de modernización del Estado (incluyendo el reforzamiento y la rotación del poder presidencial) y de legislación social favorable a los trabajadores y a la clase media, a tono con los objetivos anunciados al aceptar su candidatura, en abril de 1920:

Ser una amenaza para las espíritus reaccionarios […], para los que se alzan contra los principios de justicia y derecho […], para los que no saben amarlo [al país] y no son capaces de hacer ningún sacrificio para servirlo (apud Ramón, 2001: 123).

Alessandri –llamado “El León de Tarapacá”– enfrentó un sistema político parlamentarista que, desde su conformación en 1891, mostraba incapacidad de afrontar la “cuestión social” sin recurrir a la represión, a la cual se sumó, a partir de 1917, una segunda: la “de procesar la crisis del salitre como una crisis del modelo primario exportador” y para superarla mediante otro tipo de desarrollo capitalista. Estas dos limitaciones resultaban del problema de fondo, la fragmentación del poder, consecuencia de la vieja aspiración liberal de “gobierno mínimo”. Así, también los intereses se atomizaban y particularizaban, ocluyendo la posibilidad de “constituir, dentro del tipo de Estado, un interés público [es decir, general] legitimado” (Moulian, 1985: 29-30).

En sustancia, el programa reformista de Alessandri era limitado, pero suficiente para inquietar a la fracción tradicional y conservadora de la clase dominante, sobre todo la de los terratenientes, rentistas y especuladores, y para generar cambios en la política. Que lo acusaran de “bolchevique” fue un indicador de la inquietud de esa fracción. Moulian afirma que el “fenómeno alessandrista” contiene cuatro elementos resaltantes: 1) la aparición del liderazgo caudillista; 2) surgido del interior del establishment, hecho indicador de la existencia de “una tendencia modernizadora”; 3) que adoptó la forma del caudillo plebiscitario, si bien acotado por “un régimen político que diluía el poder presidencial” frente al parlamentario, y 4) con un proyecto reformista, modernizador de las instituciones políticas y de las relaciones sociales. El “fenómeno” y su fracaso, generador de inestabilidad política, conformaron el inicio de la crisis del orden oligárquico (Moulian, 1985: 31).

Alessandri gobernó durante su primer mandato en contextos desfavorables, tanto el nacional como el internacional. La crisis del salitre (1920-1921), provocada por la caída de los precios en el mercado mundial, hizo caer los ingresos por exportaciones y llevó al cierre de establecimientos y a la cesantía de trabajadores, quienes lucharon por la defensa de sus derechos y fueron reprimidos brutalmente, en particular en La Coruña, en la provincia de Tarapacá (1925). La minoría gobernante se fracturó ante el proyecto del presidente reformista, división que favoreció la irrupción de un nuevo agente: los militares. El sistema transaccional de elites, como lo llama Moulian, se derrumbó en 1924, en dos movimientos. En el primero, jóvenes oficiales protestaron, el 4 de septiembre, en una sesión del Senado, golpeando sus sables contra la pared (de ahí la denominación “Ruido de sables” con la que se conoce al episodio), reclamando la sanción de leyes sociales, las cuales fueron aprobadas cuatro días después: establecimiento de la jornada laboral de ocho horas, supresión del trabajo infantil, reglamentación del contrato colectivo, reconocimiento de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, ley de cooperativas y creación de tribunales de conciliación y arbitraje laboral. Era la primera intervención política de los militares desde 1891 y se produjo al margen de los partidos políticos. Pero el 11 del mismo mes, los mandos conservadores del Ejército y la Marina –partidarios de la restauración de la República Parlamentaria– dieron un golpe de Estado que desplazó del Gobierno a Alessandri. Empero, en enero de 1925, un contragolpe liderado por jóvenes oficiales del Ejército y la Aviación, dentro de los cuales descollaban, respectivamente, Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove, repuso a Alessandri en su cargo, que reasumió en marzo. Este segundo movimiento militar impulsaba un reformismo que el presidente supo capitalizar; logró poner, por primera vez, cierto límite al poder de los terratenientes, con una ley de seguro social que, sin embargo, no revistió carácter obligatorio. Alessandri logró su objetivo de reformar la Constitución para recuperar la primacía del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, prolongar el mandato de cinco a seis años y separar la Iglesia del Estado, aunque la nueva Carta recién pudo entrar en vigencia en 1932. Enfrentado con el coronel Ibáñez, a la sazón su ministro de Guerra, Alessandri renunció en octubre de 1925 y fue sucedido brevemente por el vicepresidente, el conservador Luis Barros Borgoño, reemplazado, por acuerdo de partidos, por Emiliano Figueroa Larraín.

En julio de 1927, Ibáñez del Campo se hizo de la presidencia cuando Figueroa renunció, también por desavenencias con él. Por fin, el coronel logró convertirse en presidente; ejerció el cargo de forma dictatorial y persiguió a la mayoría de las organizaciones políticas opositoras y sus dirigentes, algunos de los cuales, como Alessandri y Grove, debieron exiliarse. Otros, como los comunistas Manuel Hidalgo y Elías Laffertte, fueron confinados en la Isla de Pascua. Al menos 200 profesores fueron exonerados de sus cargos por razones políticas. El movimiento obrero fue perseguido con saña, aunque Ibáñez promulgó el Código del Trabajo (1931), que reglamentó las relaciones de trabajo; y la sindicalización campesina no pudo realizarse y continuó siendo muy débil hasta la reforma de 1964. “Para 1928 la izquierda había sido derrotada y sus otrora poderosas organizaciones sindicales y políticas, virtualmente destruidas” (Bergquist, 1988: 102).

El impacto del crack de 1929 en la economía chilena hizo que el gobierno autoritario de Ibáñez se transformara en un régimen más duro y represivo. Como en otros países, la crisis importada del centro del sistema capitalista mundial se soldó con una crisis interna, propia del agotamiento del modelo primario-exportador, en este caso la del salitre. La protesta popular se extendió crecientemente: manifestaciones callejeras, algunas de ellas protagonizadas por estudiantes universitarios, huelgas de profesionales, entre otras acciones colectivas, fueron reprimidas violentamente por las fuerzas del orden. Ibáñez se mostró incapaz de dar una solución y en julio de 1931 presentó su renuncia y se exilió. Según Moulian (1985: 35), “la debilidad de la respuesta del gobierno ante la insurrección civil revela un esquema realista, una prudente aceptación de los límites de la fuerza, de la imposibilidad de gobernar contra el conjunto de la clase política y los partidos, sin apoyarse en ninguna clase fundamental”.

En 1932, el país retornó a la estabilidad, y en 1938 tomó un rumbo singular, cuando la fórmula del Frente Popular –constituido por los Partidos Radical, Comunista y Socialista– se impuso en las elecciones y accedió al Gobierno. A pesar de estos cambios, la dominación oligárquica en Chile, al menos en el plano social, tardó unas décadas más en desarticularse por completo.

b. Debilitamiento de los poderes provinciales y locales, y fortalecimiento del poder central, dentro de un esquema formalmente federal: México, 1876-1910 y Argentina, 1880-1916.

El pacto oligárquico en México se estableció a partir de 1876, con la victoria electoral de Porfirio Díaz, caudillo liberal originario de Oaxaca. Después de haber vencido política y militarmente a Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, con quienes disputaba el vacío creado por la muerte de Benito Juárez, Porfirio Díaz llegó finalmente a la presidencia. El largo régimen porfirista tuvo al caudillo en el ejercicio del Poder Ejecutivo durante largo tiempo, entre 1876-1880 y 1884-1911, con un interregno a cargo del general Manuel González, un hombre de sus filas pero sin mayores atributos que pudieran opacar sus chances de volver a ser electo. En este contexto, la fuerte centralización lograda por las fuerzas conducidas por Porfirio Díaz, en nombre del federalismo, fue la forma en la que se resolvió la inestabilidad política de los años previos.

El pacto oligárquico se estableció entre los grandes terratenientes, ligados al comercio de exportación y el capital extranjero; sus socios menores fueron los terratenientes más tradicionales, que producían para el consumo local. El economista José Yves Limantour fue el mentor de la política “científica” que sostuvo al régimen, cuyos postulados legitimaban el orden férreo y autoritario de Díaz como factor conducente al ansiado progreso, solo realizable a través de la estrecha vinculación con el capital extranjero.

El éxito de Díaz consistió en haber tejido una red de relaciones capaz de unificar las distintas fuerzas políticas en pugna mediante una estratégica combinación de concesiones económicas y políticas, y el recurso a la represión feroz, siempre bajo su control personal y directo, como árbitro único de los conflictos. En el inicio de su mandato, redujo el ejército a una mínima expresión a la par que creó una eficiente policía rural con atribuciones de alcance local. Implementando una política de negociación y cooptación, más que de abierto enfrentamiento, Porfirio Díaz habilitó la presencia de fuerzas rivales, siempre bajo su supremacía, como potenciales elementos para dirimir conflictos locales en su favor. También apaciguó los ánimos del alto clero mediante la restitución de varios de los bienes que Juárez les había alienado.

Díaz consiguió el apoyo de los sectores agrarios fuertes, fundamentalmente a través de beneficios económicos, sobre todo en materia de tierras. Con la consigna de no reelección, tanto en el nivel nacional como estadual, y con la institución de las autonomías municipales, Díaz ganó, además, el apoyo de sectores con aspiraciones políticas pero sin el poder económico suficiente para darles cauce. Multiplicadas las oportunidades de acceso al Gobierno, estos sectores fueron más proclives al personalismo del caudillo. Respecto de los campesinos, llevó adelante una violenta apropiación de tierras comunales que agudizó el antagonismo social. Para contrarrestar la resistencia campesina, desarticuló sus lazos comunales y fortaleció las redes clientelares, que él mismo controlaba.

Históricamente, México estaba dividido en tres regiones: el norte, el centro y el sur. En la primera, la dominación colonial había asentado la explotación de las minas. En las otras dos, espacios complejos ya en tiempos precolombinos, la metrópoli había fijado su atención de manera desigual; el sureste era la zona más relegada. Fueron precisamente esta región y la del norte las más favorecidas durante el régimen oligárquico, aunque bajo un modelo que acentuó las desigualdades internas. En el centro, se encontraban las haciendas más tradicionales, en general, productoras de trigo y maíz para el abastecimiento del mercado interno.

México construyó un tipo de economía primario-exportadora bien diversificada, que combinaba el tipo enclave con formas de control nacional según el sector productivo. La explotación de la minería de la plata en el norte (y de cobre y plomo en menor medida) fue una de las más dinámicas durante el período y, junto a los ferrocarriles (desde 1880, en concesión a capitales extranjeros) y el petróleo (desde inicios del siglo XX, aunque su boom corresponde a un período posrevolucionario), quedó concentrada mayormente en manos norteamericanas. El norte, además, contaba con centros de producción para el mercado interno y un incipiente desarrollo de la industria ligera (acero y hierro) y textil (en Puebla). El sureste (la costa del Golfo), también se expandió, en este caso, con el cada vez más pujante cultivo del henequén en Yucatán, explotado en tierras controladas nacionalmente, pero sometido a un único comprador, International Harvester Corporation. También fue dinámica la producción de azúcar, en las haciendas de Morelos, que se proveyeron de alta tecnología para vincularse al mercado de exportación. El algodón, por su parte, prosperó en la región de La Laguna.

A diferencia de Brasil, donde la formación de los poderes regionales fue una realidad nacida de la independencia (con la creación de provincias durante el Imperio, sobre la base de las más autónomas capitanías de la época colonial) y consolidada con el tiempo por el impulso del poder central, en México, los poderes regionales preexistieron a la declaración de la independencia, de lo cual buena cuenta da la militarización creciente de la sociedad y la consolidación de grupos de poder cuya articulación superó el nivel local en los momentos de la independencia, según muestran Marcello Carmagnani y Alberto Gallo (1987).

Así, en México, el Estado independiente se formó sobre la base de la cesión de poder que los poderes regionales (o estados) hicieron al poder central, y en función de esto, el poder central se vio cada vez más supeditado y limitado por aquellos. Con la reforma constitucional de 1872, se pasó de un sistema unicameral a otro bicameral, lo cual fortaleció aún más la autonomía regional. En 1874, además, se dispuso que el Senado, integrado por dos representantes de cada estado y del distrito federal, tuviera atribuciones para intervenir en los estados cuando el orden constitucional se viera afectado por un conflicto armado. Este fue el escenario en el que Porfirio Díaz edificó su poder.

En 1888, una nueva reforma constitucional permitió la reelección presidencial. Desde entonces, la política fue más evidentemente reducida a meros procedimientos administrativos. Porfirio Díaz también ganó la lucha por la eliminación de las aduanas interiores, rechazada sistemáticamente por los estados que históricamente habían obtenido de los recursos aduaneros la fuente más preciada de su poder. Finalmente, el triunfo lo obtuvo en 1895, reforma constitucional mediante. La libre circulación de mercancías benefició a los estados del norte, con ritmo de crecimiento aumentado en los últimos decenios. La mayor oposición a la centralización del poder bajo el porfiriato provino del norte. Yucatán, por su parte, también constituyó un foco de fuertes conflictos.

La estabilidad política o pax porfirista se consolidó a partir de su segundo mandato, al que Porfirio accedió fácilmente en medio de un clima de corrupción que Manuel González no parece haberse esforzado por mejorar. Desde 1884, Díaz se erigió como árbitro y administrador definitivo del conflicto, a través de una estructura de poder altamente personalista basada en un estratégico equilibrio de fuerzas. Con la designación de gobernadores y jefes municipales bajo su influencia y la represión violenta del enemigo –en los casos en los que el conflicto fue eventualmente irreductible– el presidente alimentó una estructura caciquil en cuyo vértice se mantuvo durante más de dos décadas y mediante varias reelecciones.

La prosperidad económica, conseguida a partir de concesiones al capital norteamericano, sin mengua de las otorgadas al capital británico y francés –y en alguna medida al alemán–, fueron las condiciones propicias para el afianzamiento de la pax porfiriana. México se modernizó velozmente: crédito exterior, sistema bancario y una espectacular extensión de las redes de ferrocarriles, todo bajo control de capitales norteamericanos. Asimismo, el arrebato de tierras a las comunidades campesinas, mediante una aplicación violenta de leyes heredadas de la reforma liberal de Juárez, permitió un acelerado proceso de concentración de la propiedad, que se medía en millones de hectáreas en manos de una sola familia. Además, la creación de un mercado de mano de obra, mediante las políticas de inmigración y el desmantelamiento de las economías campesinas, y un incipiente desarrollo industrial, fueron factores claves.

La crisis de la dominación oligárquica se perfiló en 1908 con los conflictos por la sucesión de Porfirio Díaz. Este fue el aspecto más visible de una crisis que tenía sus raíces en múltiples movimientos de protesta. Dentro de las elites dominantes, Francisco I. Madero, hijo de una familia rica y políticamente poderosa, representó los intereses de aquellos que pujaban por una liberalización del régimen y una modernización agrícola que la inercia del porfirismo rechazaba. La crisis finalmente no tuvo retorno cuando el viejo caudillo fue electo presidente para el período 1910-1916.

El 5 de octubre de 1910, Madero lanzó el Plan de San Luis Potosí y declaró nulas las elecciones, invocando el principio de no reelección y llamando al levantamiento armado. San Luis Potosí fue, en efecto, el centro desde donde se irradió la oposición política al porfiriato, conducida principalmente por sectores empresarios modernizantes y contrarios a la penetración imperialista y clases medias ilustradas pero excluidas de la arena política.

Todo esto ocurrió en medio de dos crisis económicas, la de Estados Unidos y la interna, en particular la del sector agrícola exportador y la de las economías de subsistencia. En México, el acceso al poder de grupos que no lo detentaban ocurrió con el ascenso de Madero y el estallido de la Revolución Mexicana. Pero en un primer momento, los sectores obreros y campesinos no fueron parte sonante en el conflicto. La Revolución fue inicialmente una revolución política.

Dos aspectos singulares caracterizan el caso de México. El cuestionamiento más grave a la estatidad del fuertemente centralizado y personalizado Estado porfirista fue, sin duda, la guerra civil (1910-1920) que ocupó el primer decenio de la Revolución. Al cabo de esos diez años, surgió un nuevo Ejército y se adoptó una nueva Constitución (1917). La Revolución organizó militarmente a las clases subalternas, si bien los ejércitos revolucionarios del Norte y los del Sur fueron bien diferentes. La afirmación de la capacidad coercitiva del Estado estuvo cuestionada también por otro elemento, que constituye una segunda singularidad. México es quizás el país donde mejor se evidencia el carácter modelador de la estatidad que ejerció la Iglesia Católica. Ella no solo detentó ferozmente su poder ideológico sino también su poder político, iniciando la revolución de independencia en 1810 y aliándose a los levantamientos militares de signo conservador después, hasta la movilización armada de corte milenarista encabezada por sacerdotes y rancheros contra los revolucionarios del Norte, ya en el siglo XX: la Cristiada (1926-1929). El fin de la guerra cristera y la derrota del último gran levantamiento del Ejército consolidaron militarmente el poder central. El conflicto quedó así institucionalizado y, de ahí en adelante, serían los partidos políticos –el Partido Nacional Revolucionario creado en 1929 y sus mutaciones– los que tomarían la delantera en la formación del Estado nacional.

En Argentina, el pacto de dominación política fue un pacto de la burguesía o, al menos, de sus principales sectores, y estuvo vigente entre 1880 y 1916. En 1880 culminó el proceso de centralización del Estado, con el hecho sangriento de la federalización de Buenos Aires. En 1890 se produjo una crisis, económica y política, que buscó introducir un cambio en los términos del pacto de dominación. En cierta medida, la institucionalización de ese cambio, reclamado desde la insurrección del Noventa, se realizó recién en 1912 con la sanción de la ley 8.871, que estableció el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio.

El período se caracterizó por un proceso de modernización liberal, basada en la prosperidad de las explotaciones agrícola ganaderas, que debió enfrentar los aviesos embates de los sectores tradicionales, entre los que descolló la Iglesia, especialmente durante la presidencia de Miguel Juárez Celman (1886-1890). La modernización se apoyó también en el influjo masivo de capitales extranjeros y la afluencia de inmigrantes europeos. Hubo así una expansión de las inversiones en transportes, obras públicas y construcción privada, y un desarrollo incipiente de la industria nacional de construcción de viviendas, elaboración de alimentos y bebidas, y producción de textiles que satisfacía las demandas de consumo de los emergentes mercados rurales y urbanos.

La Constitución de 1853, aunque reformada en 1860, había plasmado el triunfo del republicanismo y del credo liberal. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la soberanía popular, los principios de representación de la democracia moderna y la organización federal del Estado parecían ser valores comúnmente aceptados, aunque esto no eliminó las tensiones internas o intraoligárquicas. En el plano jurídico, se sancionó una serie de leyes orientadas a reforzar la autoridad del Gobierno central y transmitir poder desde las provincias hacia la flamante capital: prohibición de las milicias provinciales (1880), unificación monetaria (1881), educación común (1883), territorios nacionales (1884), bancos garantidos (1887) y matrimonio civil (1888). En el ámbito de la política, la afirmación del Partido Autonomista Nacional (PAN) significó la implantación de un sistema político que, a pesar de sus metamorfosis internas, se mantuvo en el poder hasta 1916 (el PAN surgió de los sucesivos desprendimientos y confluencias de dos fuerzas políticas antes enfrentadas: el Partido Liberal y el Partido Federal). Esta estabilidad se logró a partir de un acuerdo informal entre los gobernadores de las provincias del interior –la Liga de los Gobernadores– que resultó un conveniente pacto intraoligárquico. En otro texto (Ansaldi, 1985), se enfatiza el papel desempeñado por la alianza entre la burguesía terrateniente porteño-bonaerense, los agroindustriales tucumanos y los administradores de poder cordobeses en la coronación del proceso de construcción de un poder de alcance nacional.

En 1880, el general Julio A. Roca, nacido en la azucarera provincia de Tucumán, convertido ya en su jefe indiscutible, asumió como presidente de la República. Desde la presidencia, y con la colaboración de su concuñado Juárez Celman desde la provincia de Córdoba, implantó un sistema político con proyección nacional, cuyos principios quedaron expresados en la conocida fórmula “paz y administración”, expresión acérrima de la legitimación de la ausencia de competencia electoral por las bondades del progreso económico. En 1886, Juárez Celman tomó el lugar de Roca en el poder. El papel del juarismo interesa en particular porque es un factor crucial para comprender el auge y la caída de la oligarquía. El juarismo se caracterizó por la implementación de un “modelo fáustico”, desde la gobernación de Córdoba primero y luego desde la presidencia (225).

Juárez Celman introdujo elementos nuevos en la organización del PAN, cuya estructura, después de su demisión en 1890, no pudo ser restablecida por ninguno de sus sucesores. En cambio, la exaltación del progreso material constituyó una pauta de continuidad entre Roca y Juárez Celman. Para ambos, orden y clausura de la lucha electoral eran los medios excelsos para conducir al progreso. La consecuencia más evidente fue la ausencia de competencia partidaria y la afirmación del PAN como partido único. En 1888, fue precisamente la cuestión de la jefatura de partido lo que reflotó el conflicto entre los concuñados. Juárez Celman se había erigido como el “Único”. Durante el Unicato, la implementación de políticas monetarias y aduaneras que, más que heterodoxas, eran francamente corruptas, condujo al país a una vorágine de especulación que estalló en 1890. El Estado argentino había colocado cédulas hipotecarias en Inglaterra que cotizaban en papel moneda, lo cual en medio de una depreciación inusitada casi provocó la quiebra de la casa financiera Baring.

En julio de 1890, estalló la llamada “Revolución del Parque”, una insurrección cívico-militar conducida por la recién creada Unión Cívica. La clausura de las libertades políticas era percibida como la causa de las desventuras económicas, en especial de la corrupción “administrativa” que desde la visión oficial no constituía más que una crisis de “progreso” (226). El conflicto expresaba tensiones políticas de larga data entre el autonomismo de Buenos Aires y el federalismo centralista de los provincianos Roca y Juárez Celman. En agosto de 1890, el vicepresidente Carlos Pellegrini asumió la presidencia y conformó un ministerio que daba una pauta clara de la correlación de fuerzas: Roca asumió como ministro del Interior, mientras que el liberal Mitre, que había volcado el apoyo a los cívicos, rápidamente se reconcilió con el PAN. En los comicios de abril de 1892 resultó victorioso Luis Sáenz Peña, como producto de un acuerdo entre Roca y Mitre, acuerdo que dividió a la Unión Cívica en dos: Nacional (UCN, Mitre) y Radical (UCR, Alem). En 1891 y 1893, Leandro N. Alem encabezó otros dos intentos insurreccionales cívico-militares. El abandono de la vía insurreccional por parte del radicalismo, la renuncia de Sáenz Peña y el suicidio de Alem fueron la antesala del retorno de Roca como presidente (1898-1904) y la recomposición del poder de la oligarquía hasta la reforma en 1912.

A partir de 1890, la burguesía ejerció una notable hegemonía, que fue organicista hasta 1912-1916 y pluralista desde estos años hasta 1930. Como clase fundamental del bloque histórico existente entre 1880 y 1930, la burguesía fue dirigente (hegemónica) en los planos económico (modelo agroexportador) y cultural (liberal, laico, ecuménico y hasta democratizante) y dominante en el político (forma oligárquica de ejercicio del poder). En tanto organicista, esta hegemonía mostró proclividad a unificar políticamente a la sociedad o, dicho con mayor precisión, una concepción y una práctica políticas reductoras de la diversidad y de la multiplicidad a la unidad. Al negar el pluralismo, no se regulaban las diferencias sino que se las procesaba mediante la uniformidad (cuando era posible) o la exclusión (toda vez que no se podía uniformar). Tal situación se extendió de 1880 a 1912-1916, período durante el cual surgieron dentro del Estado (mucho más que dentro de la clase dominante) funcionarios y políticos –intelectuales, quizá mejor– que propugnaron reformas en pro de la inclusión política y social de las clases subalternas. La ley Sáenz Peña abrió, en 1912, una posibilidad de cambio; no obstante, el radicalismo, sujeto a una tensión entre los componentes nacional-estatal y nacional-popular, al alcanzar el gobierno y optar por el primero de estos, solo redefinió el carácter de la hegemonía burguesa, transformándola de organicista en pluralista (1916-1930) (227).

En términos teóricos, una situación de hegemonía significa un orden social y político definido por el predominio de la sociedad civil (ámbito del consenso) sobre la sociedad política (ámbito de la coerción) (228). En Argentina, la situación fue algo más compleja: la hegemonía burguesa no alcanzó a ser plena, pues siendo inequívoca en los planos económico y cultural, no logró constituirse en el decisivo campo de la política. Así, la hegemonía de la burguesía fue, en este campo, clara dominación sin consenso o sin dirección y, al no afirmarse sólidamente, su feble carácter proyectó a un primer plano la primacía de la sociedad política, más específicamente del Estado. Fortalecida en este plano, la fracción oligárquica de la burguesía –aun contando con los medios para hacerlo– prefirió renunciar a la constitución de un partido orgánico que expresara sus intereses en el interior del sistema político y privilegió, en cambio, la opción por la función partido del Estado que controlaba. El fracaso del proyecto del presidente Roque Sáenz Peña (1910-1914) de construir un partido burgués heredero y correctivo del Régimen –el proyecto del Partido Demócrata Progresista entre 1914 y 1916– tuvo efectos decisivos en el período de la hegemonía pluralista, en particular, la primacía de las expresiones corporativas sobre las partidarias, una nota distintiva del sistema político argentino, francamente contrastante, en ese aspecto, con el uruguayo y su partidocracia.

Tanto la sociedad política como la sociedad civil fueron, durante la hegemonía organicista, fuertes, pero la articulación entre una y otra (el sistema de partidos políticos y Parlamento) fue débil, en buena medida por la convergencia del accionar político de la clase fundamental y de las clases subalternas. La clase fundamental, la burguesía, tenía una concepción y una práctica restrictivas de la política, de la cual se autoconcebía único y legítimo sujeto (por derecho propio), al tiempo que no apelaba a todas las posibilidades de acción a través de sus diferentes asociaciones de interés. Así, fueron fuertes la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio y hasta la misma Unión Industrial, y fueron débiles el PAN y su continuador el Partido Unión Nacional. Las clases subalternas tendieron a minusvalorar la lucha política y, consecuentemente, a privilegiar la práctica corporativa, recurriendo también ellas a sus específicas organizaciones sectoriales: los reclamos y las demandas se expresaron mucho más a través de los sindicatos obreros, la Federación Agraria Argentina (chacareros: pequeños y medianos propietarios rurales, durante esos años mayoritariamente arrendatarios), las sociedades de fomento y de socorros mutuos, e incluso las representativas de las colectividades extranjeras, mediante el Partido Socialista.

Roque Sáenz Peña –hijo del ex presidente Luis– llegó al gobierno con el propósito de impulsar un plan innovador que procuraba la democratización mediante la afirmación de la ciudadanía política masculina (haciéndola efectivamente universal, obligatoria y secreta), crear un partido orgánico de la burguesía (digamos, un partido de derecha democrática) e introducir modificaciones en el modelo económico primario exportador, fomentando la industria y el control nacional sobre el tráfico de sus principales productos para el mercado europeo (creación de una marina mercante). Pero solo tuvo éxito con la reforma electoral. Pese a sus limitaciones, la nueva ley –conocida, justamente, como Sáenz Peña– permitió, entre 1912 y 1916, un cambio en el régimen político, sin que este implicara una crisis del Estado. No hubo crisis de Estado, pues, ni se cuestionó la matriz fundamental de la dominación social, ni se alteró el pacto de dominación. Hubo, en cambio, crisis de una forma de Estado: cambió la figura de este, permaneció invariante la relación fundamental de dominación (229). El, para muchos, inesperado triunfo de la UCR –partido creado por sectores democráticos de la burguesía y cuya base social terminó siendo la clase media urbana– llevó a la presidencia a Hipólito Yrigoyen (1916-1922), quien fue sucedido por Marcelo T. de Alvear (1922-1928), un hombre más próximo a las componendas con la fracción oligárquica de su clase. Yrigoyen –apodado “El Peludo”, por su aversión a la exposición pública– volvió al cargo al ganar las elecciones de 1928.

c. Reforzamiento gradual del poder central por causa y a pesar del reforzamiento de los poderes locales: Brasil, 1889-1930 (230)

En noviembre de 1889, un golpe terminó con la monarquía y dio comienzo a la Primera República, más tarde conocida como República Velha, y prolongada hasta octubre de 1930. Por cierto, la República no creó una dominación oligárquica ex novo. En medida harto considerable, las bases de esta dominación se habían construido durante el Imperio, y en algunos aspectos incluso se remontaban al período colonial. La centralización del poder era un dato previo, que ahora se redefinía en términos republicanos y federales. La República tuvo así fuertes pautas de continuidad, entre las que cuentan, principalmente, el regionalismo y la relativa autonomía de las unidades estaduales afirmadas con la creación de las provincias en la etapa imperial. Más que un pacto federal, la centralización del poder bajo la República significó el recrudecimiento del regionalismo, por el cual los poderes locales buscaban las prerrogativas del Estado central en condiciones estructuralmente desiguales –claramente São Paulo y Minas Gerais, y más tarde Rio Grande do Sul eran los socios mayores de un pacto al que habían concurrido satelitalmente también los 17 estados restantes. Las efectivas dificultades de comunicación y de transportes, y la inmensidad del territorio nacional no hicieron más que reforzar estos aspectos.

Hasta la proclamación de la República, Brasil había estado regido por una monarquía constitucionalista, en la cual se alternaban en el Gobierno dos agrupamientos o “partidos”, el Liberal y el Conservador. Como en otros países de América Latina, estos dos grupos no se distinguían por sus intereses sociales o económicos, y era fundamentalmente su posición frente al poder de la Iglesia lo que definía una y otra inscripción. Con todo, algunas diferencias pueden establecerse. Si bien ambos estaban integrados fundamentalmente por fazendeiros, burócratas y profesionales, el Partido Conservador reunía principalmente a los grandes propietarios dedicados a la agricultura de exportación, mientras que el Partido Liberal hacía lo propio con quienes producían para el mercado interno. Como en otros países de América Latina, también, cada uno de estos grupos detentaba posiciones enfrentadas entre un ala moderada (o tradicional) y otra radical (modernizante y/o de intereses emergentes).

Tras la caída del gabinete de José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco (1871-1875), fue la división entre esas dos posiciones la que creó un clima de gran inestabilidad política, con intervención creciente del emperador Pedro II en tanto titular del Poder Moderador. A raíz de su frecuente involucramiento en el conflicto político, su figura terminó desgastándose. En esta misma época, y como expresión de la crisis de la monarquía, surgieron los primeros partidos republicanos: en 1870, el PR de Rio de Janeiro; en 1873, el de São Paulo; en 1882, el de Rio Grande do Sul, y en 1887, el de Minas Gerais, donde, en rigor, algunas asociaciones republicanas actuaban desde antes. En cierta medida, los PR se formaron con escisiones de los liberales (radicales) y tenían una base social mucho más urbana. Entre ellos, el Partido Republicano Paulista (PRP) fue el más importante.

La gran bandera del movimiento republicano fue el federalismo, a tal punto que se desestimó la creación de un partido nacional en pos de una constelación de partidos provinciales autónomos, así como se reivindicó la prerrogativa de las provincias para decidir la abolición de la esclavitud, y se rechazó la facultad del poder central sobre este asunto.

La fuerza de estos partidos se concentró fundamentalmente en el Sur, mientras que en el resto del territorio tuvo un implante muy débil, excepto en Pará, provincia en la cual el auge del caucho había generado una posición anticentralista dentro de los núcleos política y económicamente dominantes. El pacto federal permitió la articulación de estas regiones fuertes con las más débiles del Nordeste –otrora enriquecidas por la economía del azúcar–, fundamentalmente a partir de un régimen electoral que establecía elecciones presidenciales directas y representación nominal en las Cámaras. Así, los estados con menos recursos eran equiparados a los otros.

Con el tiempo, los dos viejos partidos imperiales desaparecieron: el Conservador, por el debilitamiento político de los magistrados y el agotamiento económico de las antiguas regiones de agricultura de exportación; el Liberal, por la adhesión al Partido Republicano de los sectores enriquecidos gracias al auge creciente de la nueva agricultura de exportación: el café. En cierto modo, los Partidos Republicanos de São Paulo y Minas constituyeron un conservadurismo de nuevo signo.

En los últimos años del Imperio, durante el Gobierno conservador de João Maurício Wanderley, Barão de Cotegipe (1885-1888), la ofensiva republicana se intensificó y concitó una notable receptividad dentro del ejército, en cuyas filas los oficiales se mostraban descontentos por la disminución de su participación en el gobierno (Costa, 1992: 405-411). Junto a la nueva expresión política, creció el sector militar de la burocracia, no identificado con ninguno de los nuevos y ascendentes grupos civiles: aliada tácticamente con el PR (los nuevos conservadores), la burocracia militar contribuyó a proclamar y consolidar la República, con la cual se inició la dominación oligárquica en Brasil.

La primera Constitución republicana de 1891 estableció tres órdenes de gobierno autónomo: el de la Unión, el de los estados miembro de esta y el de los municipios, los tres con Poder Ejecutivo (presidente de la República, gobernador de estado y agente ejecutivo municipal, con variaciones en cada estado hasta 1930) y Poder Legislativo (Congreso Nacional bicameral –Senado Federal y Cámara de Diputados–, Asamblea Legislativa y Senado estaduales –este hasta 1930– y Cámara Municipal o Cámara de Concejales), fundados en elecciones directas. Según el artículo 31 de esa Constitución, las elecciones para diputados federales se realizaban mediante sufragio directo, con garantías de representación a la minoría.

El pacto oligárquico brasileño fue pergeñado por el presidente Manoel Ferraz de Campos Sales (1898-1902). Este consistió básicamente en la independencia entre los poderes del Estado, pero con preeminencia presidencial. El Poder Legislativo no gobernaba ni administraba sino que el Poder esclarecedor y dirigente era el Ejecutivo, cuya doble función se ejercía sobre el propio Congreso. Las mayorías parlamentarias estaban subordinadas a los respectivos Poderes Ejecutivos, tanto en el plano federal como estadual. Pero la característica singular de este delicado equilibrio entre el poder central y los poderes locales fue el paradójico reforzamiento del primero por causa y a pesar del reforzamiento de los segundos, acción recíproca que ponía en plano relevante la figura del coronel, la institución del coronelismo y las denominadas política dos governadores y política do café com leite.

La habilidad de los políticos brasileños permitió suplantar el papel moderador del emperador en los casos de conflictos entre grupos oligárquicos locales, estaduales o regionales por un sistema en el que los poderes locales y el poder central se combinaron de tal modo que la pauta moderadora persistió. La política dos governadores –cuyo mentor fue el paulista Campo Sales– consistía en un mecanismo de Gobierno sustentado en alianzas y compromisos que permitían al presidente fortalecer el poder central y controlar el Poder Legislativo, al tiempo que prescindía de inmiscuirse en las situaciones estaduales. En los casos de grupos oligárquicos reacios a aceptar tal política, el poder central recurría a la intervención federal.

La política dos governadores operó mediante el acuerdo de los grupos oligárquicos de São Paulo (productores cafetaleros) y Minas Gerais (cafetaleros y ganaderos), conocido como política do café com leite y sellado en 1913 por el Pacto de Ouro Fino. Por él, los núcleos dominantes paulistas y mineiros resolvieron la sucesión presidencial alternando hombres de uno y otro origen, procurando aislar a los riograndenses. Empero, en los casos de divergencias, los gaúchos se convirtieron en protagonistas principales: así, José Gomes Pinheiro Machado y Antônio Augusto Borges de Medeiros, en 1910 y 1919, respectivamente, fueron el tercero en discordia con la pretensión, finalmente fallida, de beneficiarse del conflicto entre los dos socios principales.

Una instancia clave de la política dos governadores ideada por Campos Sales fue el control de la Comisión Parlamentaria verificadora de los poderes. Los congresistas eran expresión, obviamente, de las oligarquías estaduales, y su elección era el resultado de prácticas de fraude y violencia, a las que recurrían tanto situacionistas como opositores. Hasta 1900, los resultados eran registrados en actas –las cuales solían diferir según fueran firmadas por unos u otros– que se enviaban al Congreso, donde eran controladas por la citada Comisión (compuesta de cinco miembros y presidida por el parlamentario de más edad). La presidencia de esta era vital, por lo cual Campos Sales decidió quitar un elemento de incertidumbre (nunca se sabía quién sería el parlamentario de más edad y cuál sería su posición política) e introducir uno de certeza: la Comisión sería presidida, interinamente, por quien detentaba la presidencia en la Cámara saliente, si era reelecto (en caso de no serlo, la función pasaba al diputado de mayor edad de la Cámara anterior). La Comisión era la encargada, entonces, de invalidar la legitimidad de los legisladores opositores, para lo cual se alegaba fraude o irregularidad administrativa. Esta práctica se conoció como degola (degüello). De esta manera, el oficialismo se aseguraba que la oposición quedase limitada al máximo posible.

Ahora bien: ambas políticas oligárquicas –la de los gobernadores y la del café con leche– se sustentaban en una sólida institución, originada en el período imperial y resignificada durante la república: el “coronelismo”, expresión brasileña de las relaciones clientelares.

El monopolio de los PR mineiro-paulistas fue cuestionado en 1910, con la creación del Partido Republicano Conservador (PRC), resultado de la red de alianzas tejidas por el senador gaúcho José Gomes Pinheiro Machado (un coronel con proyección nacional) con congresistas representantes de los débiles estados nordestinos. El PRC expresaba la intención política de los grupos dominantes de Rio Grande do Sul de no disputar el poder federal a la alianza paulista-mineira, sino de integrarse a esta en condiciones paritarias o en consonancia con una u otra de las partes del café com leite. La alianza mineiro-paulista se recompuso en 1913 por el Pacto de Ouro Fino, y permitió, en 1914, la elección del presidente Wenceslau Brás, de Minas Gerais. Entre las razones que explican esta recomposición, además del peso crucial de las relaciones y las lealtades personales, cuenta en particular las afinidades de intereses económicos del eje mineiro-paulista.

La crisis de la dominación oligárquica comenzó a gestarse desde la discusión por la sucesión de Epitácio Pessoa (1919-1922). Y en 1929, cuando el presidente Washington Luís Pereira de Sousa violó el acuerdo del café com leite al proponer como su sucesor al también paulista Júlio Prestes, presidente (gobernador) del estado, mineiros y riograndenses impulsaron la Aliança Liberal, cuya fórmula presidencial integraron Getúlio Vargas y João Pessoa, con el apoyo de facciones aperturistas.

d. Gran descentralización, con fuerte peso de los poderes locales y regionales como principales centros de poder: Colombia, 1886-1946/1948; Ecuador, 1895-1925; Perú, 1895-1919, y Bolivia, 1899-1932/1935

La consolidación del Estado en estos países estuvo fuertemente condicionada por la profunda heterogeneidad geográfica y social, que derivó en un “particularismo localista” o “dispersión regional del poder”, dos expresiones que Marco Palacios (1981) utiliza para el caso colombiano, pero que son también aplicables a otros. A diferencia de México, Argentina y Venezuela, donde la dispersión regional del poder fue la clave para la centralización por la vía del federalismo, en Ecuador, Perú y Bolivia, la constitución política de los Estados poscoloniales fue republicana y unitaria. No obstante, el fuerte peso de los poderes locales y regionales tuvo una presencia estructural en el proceso de construcción del Estado, a tal punto que la persistente impronta de descentralización induce a, al menos, cuestionar, si no negar, la existencia misma de un Estado moderno. Colombia, a su vez, pasó por la etapa federal –con su expresión más elevada durante el período en que el país se llamó, conforme la organización definida por la Constitución de Río Negro, de 1863, “Estados Unidos de Colombia”–, pero la llegada al poder de los conservadores al vencer a los liberales en la guerra de 1885 terminó con el federalismo –Constitución de 1886– y dio lugar a una República unitaria.

En Colombia, el territorio está atravesado por dos valles paralelos, el del río Cauca y el del río Magdalena, navegables solo por trechos. El sur montañoso y la intrincada zona del nudo de Pasco suman al país una cuota nada desdeñable de incomunicabilidad. Esta suerte de encierro geográfico hizo que el libre comercio tuviera en realidad un débil impacto durante los primeros años de vida independiente. Además, tampoco había ciudades densamente pobladas. En la costa predominaba la población blanca y mulata, mientras que en el interior dominaba la mestiza. La población indígena era muy reducida. En los centros mineros, como en otros países de América Latina, la población era mayoritariamente negra esclava.

En Ecuador, el territorio acusaba tres regiones con rasgos estructurales específicos. La costa, que ofreció su puerto de Guayaquil al orden poscolonial articulado en torno a la monoproducción del cacao para la exportación, originariamente basado en la explotación de mano de obra esclava y en población migrante desde la sierra. La sierra o región andina del sur, que tuvo en la ciudad de Cuenca el epicentro de la actividad local. Y la sierra centro-norte, donde Quito ofició de capital histórica, además de capital política y administrativa del nuevo Estado. En cada uno de estos tres espacios predominaron relaciones sociales, también ellas específicas. En la costa, un grupo de familias, vinculadas a la gran propiedad de la tierra, las actividades comerciales y las bancarias, concentró progresivamente el poder. Si Quito fue inmediatamente la capital política del naciente Estado, Guayaquil despuntó, en virtud de aquel poder, como capital económica del país. Por su parte, la sierra se caracterizó por la abrumadora mayoría de población indígena, absorbida en relaciones de producción no capitalistas, arcaicas y precarias y sometidas a la tradicional institución de la hacienda.

También Perú estuvo marcadamente dividido por el eje costa-sierra, a lo cual se sumó el espacio de la selva, inspirador de numerosas invenciones simbólicas. Como en Ecuador, fueron los sectores propietarios costeños los que dinamizaron la economía de exportación, mientras que los terratenientes serranos conservaron una cuota grande de poder gracias al control que ejercían sobre la fuerza de trabajo campesino-indígena, en general volcada a la economía interna y de subsistencia. Un punto a considerar es que en Colombia, la economía basada en el sistema de hacienda no fue un factor de cohesión tan primordial como en Perú y Ecuador. En cambio, hubo una buena cantidad de comunidades campesinas que, en el señalado contexto de fragmentación territorial y social, aprovecharon la situación de aislamiento para desarrollarse como parcelarias. Esto, como veremos más adelante, tuvo consecuencias históricas singulares en el desarrollo político del país.

El argumento de Palacios (1981: 41) sobre Colombia es viable en los tres casos: “La fragmentación regional del poder político no [fue] más que la expresión desnuda y más visible de la ausencia de una auténtica clase hegemónica capaz de unificar políticamente la nación e integrar –representándolas– a las demás facciones de la clase dominante dentro del marco de un estado moderno y unitario”. Así, el patrón de cambio social fue paulatino, y las clases dominantes, ellas también divididas entre un Partido Liberal y otro Conservador, pudieron –después de la larga fase de muy violentos enfrentamientos y la derrota del liberalismo radical, esto es, a partir de la “Regeneración”– acomodarse gradualmente a la nueva situación, gobernando y sucediéndose en el nivel nacional a lo largo de sesenta años, en dos períodos (1886-1930, conservadores; 1930-1946, liberales). Un factor crucial fue, sin duda, la ausencia de presión por parte de las clases subalternas durante la crisis de independencia, poco proclives a la movilización por la causa criolla; y luego, durante el proceso de definición del nuevo pacto, escasamente significativas numéricamente como para constituir una amenaza para las clases dominantes (a la inversa de México, o también de Venezuela).

En Ecuador, desde los inicios mismos de la época independiente, predominó una tendencia al centralismo de signo ranciamente conservador, un centralismo firme y rayano con el autoritarismo. El tirano conservador y archicatólico Gabriel García Moreno (1860-1865 y 1869-1875) fue la expresión paradigmática de esta pauta. La religión católica era, en la concepción de García Moreno, no solo sustrato para la edificación de los derechos de ciudadanía sino además de la identidad nacional. La Iglesia Católica era un poderoso brazo disciplinador del Estado y contó en esta fase con el monopolio de la educación en todos los niveles. En la Constitución de 1869 (que reemplazaba a la también auspiciada por García Moreno, de 1861), se sancionó como condición para el goce del estatuto de ciudadanía profesar la religión católica, se restringió el voto a los mayores de edad alfabetos (una escasa minoría) y se estipularon requisitos económicos para detentar los cargos de Presidente, Senador y Diputado. La Carta estableció también un fuerte presidencialismo, que de todos modos en la práctica fue sistemáticamente desbordado por un caudillismo militar con gran autonomía respecto del poder central.

En Perú, los grupos dominantes tampoco lograron construir su hegemonía pero, a diferencia de Colombia, aquí los grupos subalternos sí habían tomado parte activa en la movilización social contra la Corona y en la lucha por la definición del nuevo orden. Así y todo, ellos tampoco lograron dirigir sus esfuerzos en la construcción de un proyecto integrador. Los movimientos indígenas de fines del siglo XVIII, ya se ha visto, habían sido brutalmente sofocados, y muchos jefes o kurakas fueron asimilados a la clase dominante (devenidos terratenientes, con estatus de vecino). Esto contribuyó a afianzar una gran brecha entre las clases dominantes y las clases dominadas, que quedaron aisladas en los estrechos espacios locales.

El atraso material, cuyos signos inequívocos eran la fuerte permanencia de formas no capitalistas de producción y la ausencia de un mercado interno, fue un rasgo común a los tres países. Las ventajas comparativas constituían un factor aprovechable solo en el caso de que los productos pudieran salir al mercado mundial con un precio competitivo, para lo cual el aislamiento geográfico y la escasa capacidad de inversión (en transportes, por ejemplo) desempeñaron un papel decididamente en contra.

En Colombia, las inversiones transcurrieron de la explotación del tabaco, la quina y el añil (con alcance residual) hasta las mucho más rentables del café y del ganado (desde la década de 1880). La explotación del café quedó bajo control nacional, mientras que la explotación de los enclaves petrolero y bananero quedó en manos de capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, como fue el caso de la poderosa United Fruit Company (UFCo).

En Perú, el boom del guano, perfilado desde mediados de siglo y agotado en la década de 1870, y luego la producción minera y agrícola (algodón, azúcar) en manos de capitales extranjeros pusieron en marcha un proceso de modernización de las estructuras que acentuó marcadamente las distancias entre la costa, Lima y la sierra sur, dominada por los terratenientes más tradicionales. Hacia 1880, en la costa norte, despuntó el cultivo del algodón y el azúcar (los denominados barones del azúcar) y, contemporáneamente, comenzó la explotación del salitre en el desierto, enseguida objeto y detonante de la Guerra del Pacífico, que terminó con la derrota de Perú y la cesión de estos territorios a Chile. La sierra central, por su parte, combinó la actividad minera con la especialización en la producción ganadera, particularmente ovina. Y la sierra sur se encaminó decididamente en la poco exigente producción de subsistencia. Precisamente en la sierra se inició un proceso de expansión de la hacienda para la producción lanar, que derivó en los graves conflictos sociales de las primeras décadas del siglo XX.

En Ecuador, la explotación más rentable fue la del cacao en la costa, donde, gracias a la acumulación proveniente del comercio internacional, se consolidó, además de los sectores propietarios rurales, un grupo poderoso de comerciantes y banqueros. La explotación del cacao era parte del legado colonial y fue la actividad primaria que impulsó el desarrollo de Guayaquil como centro económico, al lado de la tradicional ciudad de Quito. Pero a diferencia de Perú, donde el boom del guano tempranamente había promovido cierta modernización de las estructuras sociales y la reorganización de las regiones, en Ecuador, el cacao no tuvo efectos dinamizadores del cambio en la misma escala. Las transformaciones más profundas se produjeron en el período de la Revolución Liberal (1895-1912), cuando, por ejemplo, se dio nuevo impulso a la espectacular construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito (inaugurado en 1908).

En Colombia, la fragmentación territorial, social y económica se expresó en el plano político como una exacerbada descentralización político-administrativa. Desde 1863 (y hasta 1885) el país, que recientemente había cambiado su antiguo nombre “Nueva Granada” por el de “Colombia”, estuvo regido por la Constitución Radical de Rionegro, de corte liberal y federal. Allí se estipuló la separación de la Iglesia, la educación pública, elecciones presidenciales cada dos años, la vigencia de la libertad de prensa y la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, el orden fue inestable. Las elecciones eran fraudulentas, las intervenciones del Ejército federal en los asuntos locales eran frecuentes, así como también las impugnaciones del Gobierno central y del propio Gobierno local por parte de ciertas fuerzas políticas mal integradas a uno y otro espacio político. Asimismo, la presencia de algunos gobiernos conservadores fuertes (Antioquia y en cierta medida también Tolima), más allá de la supuesta tolerancia del Gobierno central, constituían una clara amenaza para el orden interno.

El precario pacto liberal y federal fracasó. Entre otras razones, hay que tener en cuenta que, en la práctica, las clases dominantes tuvieron un comportamiento típicamente conservador que exacerbó la fragmentación social. Asimismo, el radicalismo de sus posiciones ideológicas frente a la Iglesia fortaleció las pertenencias partidarias tradicionales (liberales y conservadores) y con ello la fragmentación política. A todo esto se sumaron factores de orden económico, como la debilidad de la economía agroexportadora y la permanente crisis fiscal.

En Perú, hacia mediados de siglo, también se implementaron proyectos liberales con medidas sustantivas como la abolición de la esclavitud y de las contribuciones indígenas, y también la eliminación de los fueros de las comunidades indígenas. Con todo, la sociedad conservó su tono señorial y estamental, sobre todo en virtud del irrecusable poder de los terratenientes serranos. La Guerra del Pacífico puso crudamente de manifiesto la fragmentación territorial, social y política, del mismo modo que devastó una economía ya golpeada por los sucesos europeos (depresión económica de 1870, guerra franco-prusiana). La recuperación en todos estos planos se dio de la mano de los grupos conservadores, que finalmente estabilizaron el pacto oligárquico, rasgo que Perú comparte con los otros dos países.

En 1885, estalló en Colombia la guerra civil de la que los conservadores salieron victoriosos, iniciando el período conocido como La Regeneración (1886-1899). La nueva Constitución (de 1886) inspirada por el liberal moderado Rafael Núñez expresó cabalmente el pacto de dominación oligárquica. Erigió una República unitaria, con elecciones indirectas, voto restringido a propietarios y alfabetos, mandato presidencial de seis años sin reelección y la religión católica como religión única y oficial. Asimismo, restableció la censura previa y la pena de muerte, aunque en la práctica no tuvieron efectos mayores. También se fortaleció el Ejército, que ahora contaba con facultades extraordinarias, y la Iglesia, que por el Concordato de 1887 obtuvo garantías y concesiones, sobre todo, la restitución de su poder sobre la educación pública. Estas dos instituciones fueron los agentes electorales por excelencia de la política en esta etapa de régimen centralista. La Constitución de 1886 prácticamente hizo tabula rasa con las transformaciones del Olimpo radical.

La estructura de poder oligárquico quedó establecida a partir de entonces, con una sólida autoridad del Gobierno central, con estados reducidos a departamentos, gobernadores nombrados directamente por el presidente y alcaldes nombrados por los gobernadores. La lucha política, limitada a los partidos Liberal y Conservador, se dio, en el último cuarto del siglo XIX, en un proceso de “campaña electoral casi continua”, situación que contribuyó, según David Bushnell (2009: 79), “a producir la violencia, porque las derrotas no siempre se aceptaban pacíficamente y, en otras ocasiones, un poco de violencia preventiva se esgrimía como táctica para impedir la votación enemiga”. Para este historiador, ese “arraigado electoralismo” tuvo, en contrapartida, el efecto de generar “una mística partidista” y una afición por la política. “En Colombia había política partidista nacional aun antes de que hubiera realmente una economía nacional o una cultura nacional”. Aunque hubo conflictos, estos no afectaron el orden sino hasta 1910, si bien la situación social fue muy tensa, incluyendo acciones de violencia, como ocurrió en 1928. El dominio conservador de la red institucional impidió a los liberales acceder al Gobierno nacional y, aunque tuvieron alguna representación minoritaria, solo recuperaron el poder en el nivel nacional en 1930.

En 1899, en un contexto de crisis política y económica, se produjo un nuevo levantamiento liberal. La política de la Regeneración afectó, de distintas maneras, a los dos partidos. En el Liberal, el sector radical fue objeto de fuerte represión, exclusión del Congreso y persecución de su prensa. El Conservador se dividió también: por un lado, los nacionalistas, partidarios del Gobierno; por el otro, los históricos, opuestos a su política. En 1898, por influjo del presidente saliente, Manuel Antonio Caro, notabilísimo ideólogo del conservadurismo colombiano (y latinoamericano), fue elegido, al vencer al liberal Miguel Samper, el abogado Manuel Antonio Sanclemente, a la sazón, de 85 años, a través de quien Caro perseguía continuar ejerciendo el poder. El nuevo mandatario tuvo la oposición obvia de los liberales, pero también la de los históricos del Partido Conservador, que tenían una punta de lanza en el propio Gobierno a través del vicepresidente, José Manuel Marroquín Ricaurte, apenas un poco menos anciano. Por razones de salud, Sanclemente tardó tres meses en asumir formalmente la presidencia y, una vez en el cargo, trasladó la sede del Gobierno a Villeta, localidad que por su ubicación geográfica era más favorable para su estado de salud. En el ínterin, Marroquín alentó acciones desestabilizadoras, culminadas en un golpe de Estado en julio de 1900, que lo colocó en la primera magistratura hasta 1904.

Por otro lado, el fuerte descenso (casi del 50%) del precio del café en el mercado mundial, en 1896, deterioró la economía y se sumó a otros escándalos monetarios y financieros. La conjunción de factores económicos y políticos fue, pues, el detonante de la insurgencia de los liberales radicales, conducida inicialmente por Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera. Ellos esperaban contar con el apoyo de los conservadores históricos, previsión fallida, pues estos se unieron al Gobierno. Iniciada en octubre de 1899 y prolongada a lo largo de tres cruentos años, se la conoce como “Guerra de los Mil Días”. Fue el clímax de las guerras civiles del siglo XIX.

En los meses iniciales, se libraron grandes batallas, de estilo clásico o convencional, con ejércitos regulares enfrentados. Mas cuando los liberales perdieron la terrible batalla de Palonegro, abandonaron la guerra de posiciones, mientras uno de sus jefes, el general Avelino Rosas, optó por continuar la lucha mediante la guerra de guerrillas –que se hizo fuerte en el campo–, desarrollada a despecho de la opinión de los jefes militares y políticos del partido, que la despreciaban. Los guerrilleros fueron, básicamente, hombres sin tierra, pequeños propietarios y colonos, en su mayoría analfabetos, convocados por el patrón o el caudillo local, o bien “por la fuerza de las circunstancias y el ciego sectarismo político, ya que el ideario de la dirigencia restauradora era ignorado por el combatiente raso”. El grueso de los combatientes enfrentados a lo largo de la guerra provenía de las clases populares, de los sectores más pobres, urbanos y rurales, de la sociedad colombiana: artesanos, desocupados, hombres de los oficios y menesteres más humildes, amén de unos pocos estudiantes comerciantes y empleados de oficina. A su vez, “las mujeres jugaron un papel casi tan importante como el de los hombres” (Jaramillo, 2009: 93-94).

La guerra concluyó a fines de 1902, con la firma de dos tratados –el de Neerlandia, en octubre, y el de Wisconsin (nombre del barco norteamericano en el cual se firmó), un mes después– que sellaron la derrota de los liberales. Tuvo un elevado costo en vidas humanas. Thomas Fischer (1999: 263) señala que se estima el número de víctimas, sea por enfrentamientos militares o por enfermedades, en 100.000, casi el 20% de la población masculina entre 18 y 30 años. La mayoría estuvo constituida por artesanos mestizos, indígenas, negros y mulatos, iletrados y forzados a la guerra por la obligación del servicio militar. También hubo víctimas entre oficiales de clase media y estudiantes de la “clase alta”. Los grandes propietarios de la clase explotadora y dominante se vieron afectados escasamente. Para los grupos dominantes, la guerra como medio para poseer el poder político dejó de ser un medio idóneo. “El clima político, no obstante, se mantuvo tenso, aumentando esta tensión al ser los liberales excluidos nuevamente del proceso político a partir de 1910; pero los grupos dirigentes se pusieron de acuerdo en establecer una especie de convivencia, cuya base material consistiera en el auge de la economía del café, que se inició antes de la Primera Guerra Mundial. Principalmente, el interés por una política económica exterior coordinada procuró un consenso mínimo entre los grupos dirigentes a nivel nacional”.

Según varios autores –entre ellos dos eminentes historiadores, el colombiano Marco Palacios y el norteamericano Charles Bergquist–, fue recién con el fin de la Guerra de los Mil Días que se alcanzó cierto consenso político entre las clases dominantes, o dicho en otros términos, que preferimos, el pacto oligárquico.

Entre 1904 y 1909, el Quinquenio, esto es, el Gobierno del conservador Rafael Reyes, estableció una dictadura, encarnando secamente el autoritarismo que caracteriza al pacto oligárquico en Colombia. Estos fueron, además, los años en los que un sector de las clases dominantes del fragmentado país, finalmente, y con apoyo de Estados Unidos, se separó y proclamó la República de Panamá. Reyes utilizó eficazmente esta separación para dar fuerza al proyecto de unificación nacional, que pronto se reveló demasiado precario, especialmente cuando la economía del café había revitalizado algunos regionalismos, como el de Antioquia, nunca bien integrados al formato centralista.

El período de 1910-1930 fue un momento de auge de la explotación del café que acompañó a ritmo creciente el proceso de centralización del Estado. Hacia 1880, había comenzado la colonización agrícola en la región de Antioquia, una región hasta entonces marginal y ahora dinamizada por la presencia de pequeños propietarios y estructuras familiares de trabajo. El auge del café permitió también el desarrollo de otras regiones: Cundinamarca, oriente de Tolima y la región de Santander, todas ellas con predominio de las grandes haciendas. También la masiva afluencia de capitales extranjeros redundó en una aceleración del proceso de modernización.

La expansión y el auge de la producción del café (1900-1925) consolidaron una economía de exportación y crearon las condiciones para la formación de un mercado interno y, con ello, la posibilidad de integración nacional. Ese proceso generó fuerzas sociales cuya acción política, individual o colectiva, terminó por convertirse en un factor altamente disruptivo hacia mediados del siglo XX. Hasta entonces, la dinámica de acción política de esas fuerzas estuvo moldeada por la forma característica que adoptaron las relaciones de producción en la economía del café, especialmente la (llamativa) existencia de pequeños y medianos productores (Bergquist, 1988).

El año 1930 fue un punto de inflexión. No solo Colombia estuvo afectada por el cimbronazo del crack de 1929, sino que en el nivel estrictamente interno se produjo la transición del predominio conservador (de casi medio siglo) al liberal. Bajo un gobierno de este signo, con Alfonso López Pumarejo en el Ejectutivo, se inició una fase reformista que el mismo presidente denominó “La revolución en marcha”. Si bien el Partido Conservador volvió a ocupar la presidencia en 1946, puede decirse que el parteaguas de la historia de Colombia fue 1948, cuando el bogotazo puso fin violento al ciclo de reformas iniciado en los años treinta.

Entre 1930 y 1948, hubo dos ciclos de agitación social: 1930-1936 y 1937-1948. El primero se caracterizó por la existencia de movilizaciones agrarias que fueron capitalizadas por el Partido Liberal bajo la mencionada consigna “Revolución en marcha”. El segundo tuvo como rasgo principal el abandono de las consignas radicales materializado en la decisión del presidente López de iniciar “La Pausa”, en diciembre de 1936.

En términos económicos, durante la primera mitad del siglo XX, gracias a la estructura de exportación del café, Colombia se destacó por el relativo éxito y la estabilidad económica, aun durante los años más duros de la Gran Depresión. El cafeto es un árbol perenne que comienza a dar frutos alrededor de tres años después de haber sido plantado y continúa produciendo durante diez o veinte años más. Hacia 1920, en plena fiebre de altos precios, aumentó la plantación de árboles que comenzaron a ser productivos recién en la coyuntura de la Depresión, contrarrestando de algún modo los efectos de la crisis externa. En medio de la crisis mundial, el Estado se mantuvo férreamente capturado por los terratenientes, que a su vez articularon su poder con la mediación de los gamonales regionales y lo compartieron con los comerciantes cafeteros, industriales, financistas e importadores (en más de un caso, roles que se resumían en una misma persona o familia). Así, la modernización del Estado y la sociedad se llevó a cabo a partir del reforzamiento y no de la transformación de la estructura política bipartidista oligárquica y el modelo de desarrollo económico primario exportador.

En ese marco, los pequeños productores tuvieron una gran capacidad y habilidad para diseñar estrategias de supervivencia y contrarrestar así el impacto de la crisis en la baja de ingresos: matrimonio, compadrazgo, amistad o directamente vínculos con los jefes locales o funcionarios del Estado. También, tuvieron una sorprendente propensión a aumentar los niveles de explotación dentro de su mismo núcleo familiar incrementando de ese modo la cantidad de granos en el contexto de un mercado de precios en baja. Además, las inversiones en obras públicas financiadas a través del endeudamiento externo habían generado miles de puestos de trabajo en el sector urbano, lo cual incidió en el engrosamiento de un movimiento de trabajadores urbanos asalariados.

Estos asalariados participaron de la organización de los primeros sindicatos para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo y fueron los que, junto a los trabajadores del río Magdalena, protagonizaron la serie de huelgas iniciada en 1918 y que hacia fines de la década de 1920 golpeó duramente al orden político. El relativo éxito de la represión conservadora a este movimiento, sumado a la coyuntura mundial de 1929, que trajo aparejada la repatriación de capitales, tuvo un fuerte impacto en el empleo urbano y muchos trabajadores se vieron expulsados nuevamente al campo. Así, la expansión del café contó con una disponibilidad de mano de obra inusitada que se sumó a la producción del café con el estatus de jornaleros. Estos jornaleros fueron los que de algún modo transmitieron su experiencia de lucha a los colonos y arrendatarios, con quienes establecieron una alianza que puso en jaque al Gobierno y promovió las conquistas previas a “La Pausa”.

Hacia 1938, el ciclo de reformas sociales se había cerrado. Las explicaciones de la repentina “Pausa” a la que convocó el mismo López antes de cederle la presidencia a Eduardo Santos varían desde un análisis de clase (tensiones entre la clase trabajadora, los terratenientes y las fracciones industriales de la coalición lopista) a un análisis netamente político (conflictos intraoligárquicos, principalmente entre quienes respaldaban el proyecto de López en el nivel nacional y sus socios ineludibles, las elites regionales). Aun asumiendo que las explicaciones se complementan, lo cierto es que, según hipótesis de Stoller (1995), el componente político-ideológico intervino fuertemente en el desenlace del primer gobierno de López Pumarejo. Las relaciones entre los líderes liberales en el nivel regional y local y los ministros y gobernadores de López fueron cada vez más tensas durante los dos primeros años de gobierno. El aire nuevo que López quiso imprimir al Partido Liberal en términos ideológicos y de liderazgo colisionó con aquellos eslabones de la máquina partidaria más aferrada al orden oligárquico, y en todo caso orientada a una reforma firmemente controlada “desde arriba”.

Las tensiones en la cúpula habían empezado a gestarse durante el Gobierno anterior. Enrique Olaya Herrera asumió la presidencia el 9 de febrero de 1930 y desde allí auspició un proyecto de progreso económico a través de la modernización de la infraestructura y el flujo de capitales extranjeros y, en lo estrictamente político, de “gobierno nacional”. Durante su gestión, el parlamento fue mayoritariamente conservador, lo cual promovió un clima adverso. El equilibrio entre los conservadores y el ala más radical de su Partido, representada por Jorge Eliécer Gaitán, no pudo ser más que precario.

En 1928, la huelga de Santa Marta, que terminó con la violenta represión de los trabajadores de la UFCo, sentó un precedente de violencia indiscutible. Entre otras consecuencias, señaló el comienzo de un proceso de migración interna que insufló nuevos aires a las reivindicaciones de los campesinos en las zonas cafetaleras. El giro hacia la lucha por la tierra debe ser leído en este contexto. Después de la feroz represión de la huelga, Gaitán presentó ante el Congreso la calavera de un niño muerto en ese sangriento episodio. Este estilo político ganaba bases sociales para el gobierno del sucesor de López, Olaya, al tiempo que debilitaba su estabilidad frente a los conservadores. Los campesinos liberales fueron tenazmente perseguidos y Olaya tuvo que profundizar su acercamiento a aquellos. Como resultado, comenzó a formarse una disidencia en su partido, organizada desde el Congreso y liderada por Gaitán.

Esta circunstancia ayudó a crear, dentro de los sectores reformistas del Partido Liberal, una imagen muy poco popular del presidente, quien no solo era visto como un socio encubierto del conservadurismo sino también de los intereses imperialistas de Estados Unidos en América Latina. De todo esto, el factor más disruptivo para entender la “Pausa” fue, sin duda, el conjunto de tensiones que Olaya creó dentro de las élites dominantes. Su acercamiento al Partido Conservador implicó una distribución de cargos que favoreció a conservadores antes que a miembros de su propio partido. Así, López llegó al Poder Ejecutivo respaldado por un Partido Liberal que estaba cada vez más dividido en dos.

Hacia 1940, la consolidación de pequeñas y medianas unidades de producción exigió un cambio en las estrategias de supervivencia y los mecanismos de cooptación. Dos factores impulsados por el Gobierno de López aseguraron la cooptación: la cedulación para la participación en elecciones “libres” y la promoción del endeudamiento con las instituciones crediticias modernas para la compra de las tierras, que la Ley sobre régimen de tierras, conocida como Ley 200, había puesto en circulación en el mercado. Así, la lógica del clientelismo, combinada con una estructura de clases en la que el papel de los pequeños productores de café adquiría un protagonismo indiscutible, permitió a las clases dominantes cooptar las fuerzas más combativas de los sectores rurales cafetaleros, limitar la capacidad del movimiento obrero y agrario y sostener el predominio liberal durante dieciséis años.

En las elecciones de 1946, el fin de la guerra mundial abría una esperanzada perspectiva de recuperación del capitalismo mundial. En este marco, la lucha agraria se presentaba como un factor totalmente desestabilizante. Los resultados de las elecciones de 1946 son el indicador más evidente de la existencia de un acercamiento explícito entre liberales y conservadores respecto del conflicto rural. La decisión del Partido Liberal de postular a Eduardo Santos, sobre el candidato lopista Darío Echandía, la inclinación indudablemente conservadora del segundo período de López, la resistencia del núcleo liberal más duro ante la candidatura de Gaitán en 1946 y, por último, la astucia del Partido Conservador para proponer un candidato como Mariano Ospina Pérez para las elecciones de ese mismo año son elementos contundentes que convergieron en la dirección señalada.

El Partido Liberal, con sus dos candidatos, Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, se presentó escindido a las elecciones. Como consecuencia de la división del voto liberal, el conservador Ospina alcanzó la presidencia. Este personaje era un dirigente de empresarios cafetaleros y esa credencial le daba cierto corte de neutralidad partidaria que era bienvenida por los liberales situados a la derecha del partido. En estas elecciones, Gaitán obtuvo un esperanzador y “peligroso” tercer puesto.

En Ecuador, el proceso de centralización del Estado se inició con la Revolución Liberal, conducida principalmente por aquellos sectores poderosos de la costa vinculados al comercio de exportación e importación, contra la dominación conservadora que siguió a la caída de García Moreno. El proceso estuvo conducido por el caudillo liberal radical Eloy Alfaro. Una vez en el poder, este ejerció el gobierno con un sesgo firmemente centralista (1895-1901 y 1906-1911). Durante sus mandatos, tuvo lugar un acelerado proceso de modernización por el cual el Estado adquirió nuevos y fundamentales atributos. La dominación liberal propició cambios tales como la separación de la Iglesia y el Estado, la ampliación de la legislación civil y ciertas reformas sociales mínimas, que golpearon fuertemente el hasta entonces monolítico poder de la Iglesia Católica. Esta perdió tanto el poder ideológico como el poder económico, ya que buena parte de los latifundios que tenía en propiedad le fue arrebatada.

No es un dato menor que estos cambios ocurrieran en una fase de auge de la exportación del cacao. El incremento de la producción de este preciado cultivo se basó en relaciones de producción en las cuales predominó el trabajo familiar y de jornaleros de grandes latifundios. Los terratenientes cacaoteros y los sectores encargados de la comercialización de la fruta, muchas veces provenientes de la misma clase terrateniente, pronto se vieron beneficiados por el aumento de la producción. El dato llamativo es que la expansión de la economía de exportación no afectó a las grandes haciendas de la sierra, que continuaban bajo el control de los sectores poderosos tradicionales. A partir de 1890, la economía del cacao empezó a transitar una curva decreciente, que finalmente derivó en la crisis de 1910. La inauguración, en 1908, del ferrocarril Guayaquil-Quito –obra monumental– no alcanzó a ocultar una realidad evidente: la ausencia de integración económica, social y política en el país. En efecto, Ecuador siguió siendo, durante mucho tiempo, un país estructuralmente heterogéneo.

A la crisis del cacao se sumó la tensión cada vez más evidente entre los intereses de los sectores dominantes costeños y los de los más tradicionales grandes propietarios de la sierra, que seguían detentando enormes cuotas de poder pero estaban marginados del control del Estado. El poder real de estos últimos no había sido erosionado: seguían ejerciendo su impiadosa dominación sobre la amplia población indígena de la sierra. En efecto, las reformas liberales habían introducido muchas novedades pero no habían modificado las relaciones de producción de las haciendas. Conforme avanzó el desarrollo económico en torno a la producción y comercialización del cacao en la costa, se fue afianzando, además, el poder de los sectores vinculados al sistema bancario y financiero, también con asiento en Guayaquil. Los conflictos entre las distintas fracciones oligárquicas se tejieron de modo complejo y no tardaron en emerger apenas la crisis económica tocó las fibras más delicadas del engranaje político.

Con el asesinato de Alfaro, la dominación oligárquica de signo liberal no se desmoronó pero sí entró en una nueva fase, ahora con predominio de los sectores moderados. Entre 1912 y 1916, gobernó el país Leónidas Plaza, al cual le siguieron sucesivos gobiernos, que en la historia ecuatoriana han sido caracterizados como “liberales plutocráticos”, en referencia al predominio de los banqueros privados, fundamentalmente del Banco Comercial y Agrícola, que era símbolo de la dominación oligárquica. En esta nueva fase, hubo estabilidad institucional: el período 1912-1925 fue el primero en el que la Constitución estuvo vigente sin interrupciones y los gobiernos se sucedieron regularmente (todos ellos, claro está, liberales). No obstante, bajo este manto de estabilidad hubo una progresiva exacerbación de los conflictos, que eran expresión tanto de las tensiones dentro de los sectores dominantes de la costa (propietarios, comercializadores y banqueros), como de las que se tejían entre estos y los grandes propietarios serranos, quienes tras casi una década de aceptación de los términos de un pacto de dominación que los había relegado a una posición marginal, ahora veían en la crisis económica la oportunidad propicia para hacer valer sus intereses. En efecto, la crisis golpeó, como es evidente, mucho más a los sectores directamente vinculados al cacao que a los sectores poderosos de la sierra, sumergidos en el inmovilismo.

En 1910, los precios internacionales del cacao cayeron abruptamente, para colapsar en los primeros años de la década de 1920. Como en otros países, esta década estuvo signada por cambios sustantivos. Se organizó un sistema de partidos, sobre la base de la reorganización de los históricos Partidos Liberal y Conservador. Pero también se articularon las ideologías de izquierda; en 1926 se fundó el Partido Socialista. Esta reestructuración y ampliación de las opciones políticas se dio concomitantemente con la presión de los sectores medios por ensanchar las bases de participación. Asimismo, estalló la cuestión social, largamente negada e ignorada por las clases dominantes, emergiendo así tanto la movilización rural como la urbana. En cuanto a la crisis económica, sin duda se profundizó con el impacto de la quiebra de la bolsa de Nueva York en 1929.

El 9 de julio de 1925, el gobierno liberal fue depuesto por un golpe militar encabezado por un grupo de jóvenes oficiales reformistas con un proyecto “antioligárquico”. Pero la llamada “Revolución Juliana” no produjo reformas sustantivas, ni mucho menos terminó con la dominación oligárquica. Más aún, el ataque de los militares a las bases de poder de los sectores vinculados a las actividades aerocomerciales exportadoras de Guayaquil terminó beneficiando a los sectores conservadores con asiento en la región de la sierra y a los sectores marginales de la costa. En 1926, los militares rebeldes entregaron el mando a Isidro Aroya, ministro de una de las juntas revolucionarias de las dos que se sucedieron en ese breve lapso. Algunos de los cambios más significativos que tuvieron lugar por efecto de la Revolución fueron la creación del Banco Central en 1927 y de un Ministerio de Trabajo –a partir de lo cual se inició una etapa en la que se incrementó el papel regulador del Estado. Pero como se ha dicho, los cambios distaron de ser revolucionarios. En Guayaquil, siguió funcionando incólume el Banco Agrícola y Comercial. En la sierra, los terratenientes continuaron ejerciendo su dominación sobre la extensa población campesina bajo los mismos términos de relaciones sociales arcaicas.

En 1928, tras la sanción de una nueva Constitución, Aroya fue electo presidente, aunque ejerció el cargo brevemente. En 1931, se vio obligado a renunciar: la crisis mundial sin parangón, en Ecuador puso de manifiesto conflictos largamente latentes, dejando como saldo, durante por lo menos tres décadas, una verdadera situación de vacío de poder. Esto se dio de modo simultáneo con la decadencia de la explotación del cacao, que nunca se recuperó, y la ausencia de un producto exportable que pudiera reemplazarlo. De hecho, un nuevo equilibrio llegó junto con el efímero crecimiento de la economía del banano, en los años cincuenta y sesenta. Fue, precisamente, en estas décadas de profundos cambios en la región cuando tuvo lugar la reforma agraria y hubo un tímido avance de la industrialización, que hizo que la dominación oligárquica llegara a su fin.

En Perú, la oligarquía alcanzó su máximo apogeo entre 1895 y 1919, los años de la llamada, desde Jorge Basadre en adelante, “República Aristocrática”. Después del retiro de las tropas chilenas, en 1883, el país vivió dos años de luchas entre caudillos. Si bien el general Andrés Avelino Cáceres –el “Taita Cáceres” y también “El Brujo de los Andes”–, un héroe de la Guerra del Pacífico, destacado por su acción en la sierra central, terminó accediendo a la presidencia y pudo mantenerse en ella (1886-1890), los fragmentados poderes regionales, expresión de la hacienda y los terratenientes, siguieron siendo dominantes, una situación que llevó a Manuel González Prada a denunciar, en 1888, la existencia de una “tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura, esa trinidad embrutecedora del indio” (apud Cotler, 1978: 133).

Cáceres continuó y usufructuó tal situación, lo que permitió una cierta estabilidad política. Los grandes comerciantes y los terratenientes exportadores apoyaron a los militares en tanto el Gobierno les daba tiempo para restablecer la estructura productiva y acumular fuerza suficiente para su propio proyecto político. Un hecho crucial producido por el Gobierno de Cáceres fue la firma, entre el gobierno peruano y los tenedores de bonos de la deuda externa (nucleados luego en la Peruvian Corporation), del Contrato Grace: mediante él, estos recibían la explotación de los ferrocarriles peruanos durante un lapso de 66 años, amén del privilegio de libre importación de los insumos necesarios para reconstruirlos y equiparlos, y la libre circulación por el lago Titicaca. Adicionalmente, el Gobierno les entregaría 2.000.000 de hectáreas en la selva del Perené y 3.000.000 de toneladas de guano, y les pagaría 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. En contrapartida, los tenedores de bonos reconstruirían los ferrocarriles destruidos durante la guerra y concluirían el tendido de las líneas férreas interrumpidas (Cotler, 1978: 125, siguiendo a Jorge Basadre).

No se necesita mucha perspicacia para apreciar que se trataba de una neta y vergonzosa entrega de recursos naturales al capital extranjero y de avasallamiento de la soberanía. Así lo plantearon Nicolás de Piérola (llamado “Califa”) y sus seguidores, pero su defensa de “lo nacional” era una ficción, y hasta expresión de una dialéctica perversa. Julio Cotler señaló muy bien el hecho, observable en otros países latinoamericanos, de terratenientes anticapitalistas que parecían defensores de los intereses “nacionales” –“nacionalistas” avant la lettre los llama el autor– enfrentados con burgueses “extranjerizantes” que bregaban por integrarse en la economía-mundo dominada por el capitalismo. En rigor, entendemos nosotros, ambos grupos sociales atendían exclusivamente a sus intereses sectoriales o particulares y no se planteaban, en consecuencia, hacer de ellos los intereses generales necesarios para construir una nación. Así, unos y otros no podían ser nacionales: porque la nación no existía y porque tampoco era su proyecto.

El Gobierno del general Cáceres logró, como dijimos, una década de precaria estabilidad política, pero el caudillismo sobre el cual se asentaba (y practicaba) era un fuerte impedimento para construir el Estado, oclusión alimentada por la práctica de un prebendalismo extendido, pero al mismo tiempo acotado a los límites de los leales al presidente. Una situación tal no favorecía los intereses de una burguesía en recomposición, ni tampoco los de las clases populares urbanas (sobre todo artesanos y trabajadores) movilizadas en pro de mejoras en su participación económica y política. A las condiciones políticas se sumó un hecho económico: la depreciación de la plata en el mercado internacional a fines de la década de 1880, en un contexto monetario caracterizado por el pasaje de la mayoría de las monedas (a partir de 1870) al patrón oro. Perú, al igual que México e India, continuaba con el patrón plata. Esta adscripción provocó resultados diferentes en los grandes productores y exportadores (de azúcar y algodón) y en los agricultores que vendían en el mercado local o bien a las casas comercializadoras (pero sin participar del negocio exportador). En efecto –y el mecanismo, aun con variantes, según los contextos geográficos y temporales, se practicó (y se practica todavía) en América Latina–, los exportadores cobraban en oro las ventas en Europa y Estados Unidos, y pagaban los costos internos en plata depreciada. Perú adoptó el patrón oro poco después, en el Gobierno de Piérola.

La agitación social y política se intensificó. Aparecieron montoneras populares por doquier, desarticuladas, hasta que Piérola logró unificarlas y, conduciéndolas exitosamente, logró derrotar al ejército y el Gobierno militarista en 1895. Cotler (1978: 128) acota que fue la tercera derrota del ejército en poco más de veinte años, precedida por las de 1872 (por el pueblo limeño) y 1883 (por Chile), las cuales lo dejaron maltrecho y desprestigiado. El triunfo de Piérola, obtenido merced al apoyo y movilización populares, expresó, por un lado, “la debilidad política del sector burgués de la clase propietaria” (pese a su relativa expansión económica) y, por el otro, la vigencia política de los hacendados no capitalistas de las sierras, particularmente los sureños. No obstante, Piérola inició un proceso de modernización conservadora que introdujo importantes modificaciones en Perú, aunque sin llegar a los alcances que procesos similares alcanzaron en otros países.

Fue, pues, el tiempo del civilismo, del conservador Partido Civil (creado en 1871-1872 para promover la candidatura presidencial, triunfante, de Manuel Pardo, gobernante hasta 1876). La presidencia de Piérola (1895-1899), como se ha dicho, inició la República Aristocrática. Durante ella, hasta 1919 (presidencias de Eduardo López de Romaña, 1899-1903; Manuel Cándamo Iriarte, 1903-1904; Serapio Calderón, 1904; José Pardo y Barreda –hijo de Manuel, el fundador del Partido–, 1904-1908; Augusto B. Leguía, 1908-1912; Guillermo Billinghurst, 1912-1914; coronel Oscar Benavides, 1914-1915; y nuevamente José Pardo y Barreda, 1915-1919), “el grupo que representaba los intereses de los exportadores dirigió la política gubernamental” y dispuso de influencia suficiente para utilizar al Gobierno como su instrumento político de desarrollo (Cotler, 1978: 128).

Aunque es frecuente encontrar referencias al Estado peruano de la República Aristocrática, nuestro parecer es que hubo ausencia de un Estado propiamente tal, según lo hemos caracterizado en el capítulo anterior. Hubo, sí, aparatos estatales, en rigor más débiles que fuertes, incluso el represivo. La fragmentación regional no solo contribuye a explicar la dificultad de construir un Estado, sino también la fractura del propio bloque oligárquico. Como bien señalaron Manuel Burga y Alberto Flores Galindo (1980: 89), pueden distinguirse: a) las familias oligárquicas de la costa norte, dedicadas a la caña de azúcar (Aspíllaga, Pardo, Piedra); b) las de la sierra central, que combinaban ganadería ovina con minería (Fernadini, Olavegoya, Valladares), región donde operaba la poderosa Cerro de Pasco Copper Corporation, y c) las de la sierra sur, cuya actividad era el comercio lanero (Forga, Gibson, Ricketts). De estas tres oligarquías regionales, la primera –los barones del azúcar– fue la más importante.

La debilidad del aparato estatal represivo tuvo su contracara en la privatización del ejercicio de la violencia por parte de los hacendados, en sus propias haciendas y desde ellas, mediante el gamonalismo. El control y la represión de los campesinos, ejercidos sin mediaciones, combinó cortes clasistas y étnicos, no alterados por los casos –ciertamente, excepcionales– de gamonales indígenas (231). La inexistencia de la monopolización de la violencia considerada legal y legítima, refuerza nuestra opinión acerca de la precariedad de la institucionalización del Estado.

El Perú de la República Aristocrática fue un claro ejemplo de la función del Senado como garante del pacto de dominación. Los terratenientes, espacial y económicamente marginados, contaban con un factor fundamental para obstruir el avance de los intereses del Ejecutivo y el grupo de los plantadores y exportadores costeños: la representación parlamentaria en el Senado. Así quedó de manifiesto en ocasión de los intentos de no muy profundas reformas democratizadoras del presidente Billinghurst durante su breve e inconcluso mandato. Elegido en 1912 como candidato del Partido Demócrata, Billinghurst, que provenía del núcleo oligárquico de 1895, ya había sorprendido durante la campaña electoral –en las calles, no en los salones– con su convocatoria a las clases populares urbanas y sus consignas de democratización política (reforma electoral) y de derechos sociales. Con la oferta de “pan grande” a obreros, artesanos y empleados, como escribió Cotler (1978: 172), pasó “a representar las exigencias populares y de los sectores ‘progresistas’ de la clase dominante que propiciaba ‘abrir’ el Estado, haciéndolo más nacional y menos oligárquico”.

Ya en ejercicio del gobierno, Billinghurst impulsó y logró algunas de las reformas propuestas en su plataforma –así, fue nominado como “primer obrero del Perú”–, pero su programa de ampliación de las bases sociales del poder político y de democratización de la sociedad chocó con el fuerte rechazo de la fracción oligárquica. El presidente, con el objeto de superar las trabas puestas por el Congreso, apeló a la movilización de sus adeptos y comenzó a preparar milicias populares, procurando disolver el Poder Legislativo y convocar a nuevas elecciones. En estas circunstancias, la fracción oligárquica recurrió al golpe de Estado para destituir al mandatario. Para Cotler, es claro que el golpe tuvo carácter clasista, tal como lo manifiestan las palabras de homenaje a los hermanos Prado Ugarteche, autores del golpe dado por el coronel Benavides en ocasión del banquete realizado para celebrar la caída de Billinghurst. Según el oferente, el golpe se justificaba porque había sido realizado “[c]ontra la audacia irrespetuosa, insolente y demoledora de las clases bajas, que habían como eclipsado a las clases dirigentes” (Cotler, 1978: 178).

A fines de la década, Leguía organizó una coalición política variopinta, con sectores cuyo común denominador era su condición de marginados por el civilismo, muchos de los cuales habían sido sus enemigos (constitucionalistas del general Cáceres, liberales de Durand, demócratas de Piérola). Como candidato del Partido Democrático Reformista ganó las elecciones –verdadero descalabro del civilismo– y asumió la presidencia en 1919. Como Billinghurst antes, Leguía se apoyó en las masas populares, pero ya había aprendido que era necesario contar con el apoyo del Congreso. Así, fue más exitoso: logró disolver el Poder Legislativo y convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente.

Leguía terminó con el civilismo (incluyendo en la embestida la deportación de sus principales dirigentes), arremetió contra los gamonales que no le eran afines, cooptó a buena parte de las clases populares y constituyó una red clientelar “con la que estrechó lazos de dependencia personal a cambio de las prebendas que la nueva cabeza patrimonial concedía con magnificencia” (Cotler, 1978: 183). Comenzaba el “Oncenio” o la “Patria Nueva” (1919-1930).

En Perú, la penetración capitalista había sido más intensa que en los otros dos países, y así fue como el conflicto social se expresó de modo particular: hubo oposición de los sectores trabajadores y medios, de los terratenientes serranos tradicionales y de un grupo de propietarios exportadores modernos que veían en la expansión norteamericana un peligro para sus intereses. En 1919, el Gobierno de Leguía dio comienzo a la “Patria Nueva”, dando representación al descontento popular que la caída de las exportaciones de ese año había acentuado y combinando estas reformas con el reforzamiento de los lazos con el capital norteamericano. Así, logró desarticular, muy hábilmente, el poder de la facción interna de la alianza oligárquica que se oponía a sus intereses y “forzó la emergencia política de los intereses de las capas burguesas, asociadas dependientemente al capital extranjero, en tanto asociaban íntimamente al Estado con el capital y el Gobierno norteamericanos”, lo cual le permitió realizar, sin oposición eficaz, sus planes de modernización social y política. Su objetivo era la resolución de las contradicciones sociales generadas por la expansión del capitalismo en la economía peruana, con su conexo desarrollo de conflictos, tanto en el interior de la coalición dominante como entre ella y las clases populares lanzadas a la ampliación de su participación política. Con Leguía se consolidó la dominación imperialista, emergieron las fuerzas populares antioligárquicas y surgió un nuevo Perú (Cotler, 1978: 183 y ss.). Empero, la dominación oligárquica no desapareció.

En los tres países analizados, la Constitución tuvo un carácter unitario. En Colombia, este centralismo estuvo matizado por la existencia de un sistema de partidos descentralizado, esto es, faccionalizado, sin control sobre las candidaturas regionales y locales. En los otros dos países, en cambio, los partidos no fueron agentes de construcción del Estado Nacional.

Frente a este grupo de países, Bolivia puede ser mejor caracterizado como un caso de redefinición espacial y pasaje a un nuevo núcleo de poder. Como los otros países andinos, Bolivia acusa importantes diferencias regionales. La región del Altiplano –integrada por los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí– era la que estaba más densamente poblada, con una abrumadora mayoría de comunidades indígenas. Ella concentraba la mayor extensión de propiedades bajo el sistema de haciendas, orientadas a la producción de subsistencia que el desarrollo de la minería demandaba. En la región del Valle –integrada por los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija–, en cambio, la estructura de propiedad de la tierra se centraba en una combinación de hacienda y minifundio, con predominio del segundo. La región de Oriente –en la que descuella el predominio de Santa Cruz– se caracterizaba por la gran propiedad de la tierra ganadera, pero a diferencia del Altiplano, allí las relaciones asalariadas estaban relativamente más extendidas. En esta región, además, se asentó la Standard Oil de Nueva Jersey, beneficiaria de enormes extensiones de tierra entre las que contaba, en particular, el Chaco boreal.

La proclamación de la república, en 1825, no implicó grandes cambios para la mayoritaria población indígena-campesina. Y los que ocurrieron, al cabo de un tiempo, empeoraron la situación, más allá, o a pesar, de los propósitos iniciales de los libertadores Bolívar y Sucre, quienes dispusieron medidas para cambiar los entrelazados regímenes de propiedad y de trabajo de la tierra. Mediante dos decretos de 1825, Bolívar apuntó a alcanzar cuatro objetivos: a) establecer la propiedad privada de la tierra, con la consiguiente desarticulación de las tierras comunales; b) instituir el salario como forma de remuneración de los trabajadores; c) abolir el tributo indígena, y d) terminar con la servidumbre. Un año después, Sucre resolvió eximir a las comunidades indígenas del pago de la contribución y favorecer a los indígenas con la posibilidad de acceso a la propiedad “a perpetuidad” (e inenajenables durante los primeros diez años).

En 1843, el Gobierno del general José Ballivián avanzó en el desconocimiento de los derechos de los originarios, en particular, los referidos a la tierra (por ejemplo, declarándolos meros enfiteutas de las tierras de las comunidades). En contrapartida, los presidentes José María Linares y José María Achá intentaron mejorar la situación de los indígenas campesinos mediante dispositivos legales que prohibieron a curas, militares, políticos y funcionarios públicos la utilización de servicios personales gratuitos por parte de indígenas, siendo obligatorios la firma de contratos de trabajo y el pago de este (decreto de Linares, 1858). También retomaron los decretos de Bolívar, en particular, el derecho de los indígenas a la propiedad de la tierra y la distribución de terrenos entre ellos (decreto del general Achá, febrero de 1863), que solo estuvo vigente durante unos pocos meses, pues fue derogado en junio del mismo año.

Pese a las disposiciones y las prácticas adversas, los indígenas –según testimonios de la época– detentaban, bajo la forma comunitaria, el control de alrededor de dos tercios de las tierras agrícolas del país. La situación cambió radicalmente con la llegada al Gobierno del general Mariano Melgarejo. Mediante un decreto de marzo de 1866, el dictador dispuso que todo indígena que dentro de un plazo de sesenta días a partir de la notificación no recabara su título de propiedad mediante el pago de una suma de dinero (de 25 a 200 pesos) perdería la tierra. También, por otro artículo, se estableció que el incumplimiento de la prescripción anterior privaría al indígena “del beneficio y su terreno se enajenará en pública subasta”, conforme el principio de las tierras como propiedad del Estado. Como es obvio, la mayoría de los comunarios no dispuso del dinero necesario y, en consecuencia, perdieron las tierras que ocupaban. Muchos de ellos pudieron retenerlas, pero en condición de usufructuarios y sometidos a un incremento de las condiciones de explotación típicas de las relaciones de servidumbre existentes. En contrapartida, los hacendados incrementaron las extensiones de tierras de su propiedad.

El decreto de Melgarejo tuvo una posterior explícita formulación legal mediante la resolución tomada por la Asamblea Constituyente en septiembre de 1868: “[l]as tierras poseídas por la raza indigenal y conocidas con el nombre de comunidades se declaran propiedad del Estado” (art. 1). Así, señala Juan Carlos Rojas Calizaya (2007: 3), se estatizaron las tierras de los indígenas y se afectó seriamente y en sus raíces “el ordenamiento jurídico agrario que reconocía la propiedad de los comunarios sobre sus tierras […] porque atacó la inviolabilidad de la propiedad, eliminando el vínculo propietario entre el indio y la tierra”.

Los campesinos resistieron, en algunos casos, mediante la violencia, que Melgarejo reprimió con el envío de tropas al Altiplano en 1869 y 1870, las cuales perpetraron cientos de asesinatos de campesinos sin distinción de sexo ni edad. Empero, la situación general impidió el avance de la política agraria del dictador. Según Rojas Calizaya, los adversarios del dictador lograron la alianza de los originarios prometiéndoles que, en caso de triunfar, recuperarían sus tierras. De ahí en más, la estrategia indígena fue doble: lucha contra las tropas del presidente y ocupación de tierras.

El derrocamiento de Melgarejo, en 1871 –acción en la cual los comunarios del Altiplano aportaron unos 20.000 hombres–, llevó a la presidencia a Agustín Morales, una de cuyas decisiones fue la restitución de la propiedad y la libertad de los indígenas. Una nueva Asamblea Constituyente “declaró y ratificó el decreto de propiedad de los indígenas y anuló como atentatorio el derecho de propiedad, las ventas y adjudicaciones que se practicaron bajo la dominación de Melgarejo”. Pero, si bien la ley del 31 de julio de ese año anuló “las ventas, adjudicaciones o enajenaciones sobre los terrenos de origen y de comunidades […], muchos indígenas no llegaron a recobrar sus tierras porque fueron perdiendo su derecho a través de extorsiones o transacciones” (Rojas Calizaya, 2007: 3).

La política agraria procampesina de Morales no duró mucho. En octubre de 1874, el nuevo presidente, Tomas Frías, promulgó la Ley de Exvinculación de las Tierras de Comunidad, un dispositivo que, fundándose en el principio capitalista de la propiedad privada individual, desconoció toda forma colectiva de posesión de la tierra –ayllus y comunidades– y avasalló los derechos históricos de los comisarios. A efectos de conferir títulos de propiedad individual, la Ley de Exvinculación creó las llamadas “Juntas Revisitadoras”.

Otro giro se produjo en 1876, con la llegada al Gobierno de Hilarión Daza, copartícipe del derrocamiento de Melgarejo. Contando inicialmente con el apoyo de las masas indígenas y populares, el nuevo presidente retomó la política agraria de Morales. Fue “el último intento por mantener un ordenamiento agrario democrático de Bolivia en el siglo XIX por su concepción orientada a proteger los derechos indígenas sobre la tierra” (Rojas Calizaya, 2007: 4).

Finalmente, en octubre de 1880, bajo la presidencia del general Narciso Campero, la Convención Nacional aprobó una ley que retomó los principios de la propiedad individual. En opinión de Alejandro Ovando Sanz, “[l]a Ley del 1º de octubre de 1880 sirvió para iniciar la más grande transformación agraria operada en el país, o sea, el paso de las tierras de indígenas a manos de los usurpadores blancos, bajo la ficción de la revisita de tierras de comunidad” (apud Rojas Calizaya, 2007: 4).

Aplicando la Ley de Exvinculación, en 1881 se efectuó la Revisita General de Tierras, comienzo de lo que ha sido considerado el proceso de apropiación privada de tierras comunales más importante de la historia republicana de Bolivia. Las dos últimas décadas del siglo XIX vieron convertir en enormes latifundios y haciendas a buena parte de las tierras de las comunidades indígenas y a sus habitantes masivamente devenidos sujetos de relaciones de servidumbre –el colonato– en el Altiplano y en los valles.

Si bien los originarios resistieron, incluso con algún éxito, como fue el caso del movimiento de los llamados “Apoderados Generales”, constituido alrededor de 1880, el avance de los terratenientes fue más que considerable y con él se consolidó el sistema hacendario-latifundista, la base de la dominación oligárquica.

En 1879, la derrota en la Guerra del Pacífico trajo aparejada una crisis de legitimación de la dominación. Con la derrota, Bolivia perdió su salida al mar, pero este fue un problema que adquiriría significación varios años después. En lo inmediato, la producción de la plata estaba en continua decadencia y Bolivia, como otros países ya analizados, no contaba con una producción excedente que le permitiera una sólida inserción en el mercado mundial. Después de la derrota militar en la guerra, fueron los conservadores quienes accedieron al poder en 1884. En el período 1884-1899, Mariano Baptista fue la figura sobresaliente de la dominación conservadora con base en Oruro y Potosí, y en la cada vez más crítica explotación de la plata. A partir de entonces, y hasta la década de 1930, se desarrolló un proceso de acumulación basado en la expropiación masiva a las comunidades indígenas.

Para Herbert Klein (1993: 34), fue a fines de la década de 1880 cuando adquirió relieve la cuestión Estado-Iglesia –el eje principal de las diferencias históricas entre liberales y conservadores–, al adoptar el presidente Baptista “la norma de defender la fe contra el asalto de los liberales ateos, positivistas, anticlericales y masones”. Desde otro punto de vista, Marcello Carmagnani (1984: 158) ha señalado que, a diferencia de otros países –donde la cuestión de la relación entre Estado e Iglesia fue cuestión decisiva para el enfrentamiento–, en Bolivia, el antagonismo entre liberales y conservadores derivó de la derrota en la Guerra del Pacífico: los conservadores eran partidarios de la paz inmediata con Chile; los liberales, de la restitución por el país vecino de los territorios perdidos.

En 1898-1899, una revuelta regionalista liberal con asiento en La Paz disputó el dominio conservador de Oruro y Potosí, y con esto se inició un período de estabilidad dominada por los liberales en el poder hasta 1917. Conocida como “Guerra” o “Revolución Federal”, la contienda mostró un enfrentamiento entre poderes locales tan cruento que el resultado redefinió la dominación en términos de relaciones sociales e incluso de ordenamiento jurídico del territorio.

Cuando los liberales se levantaron en armas lo hicieron con apoyo de los campesinos indígenas aymaras, liderados por Pablo Zárate Wilka, de decisivo papel militar. Ese hecho no fue un dato menor: afianzó la estrategia política de la clase dominante –ya ensayada en 1871– de apelar a los sectores más postergados de las clases subalternas –más específicamente a los indígenas campesinos– para resolver el conflicto político entre sus fracciones. Por su parte, la movilización rural, en Bolivia como en otros países donde las comunidades indígenas tenían peso demográfico, conjugaba los reclamos de índole económica con los de índole étnica, pues el desarrollo de la economía primario-exportadora se produjo invariablemente a expensas de la autonomía de las comunidades indígenas, avanzando sobre sus tierras, sus instituciones y el propio trabajo.

La estrategia conllevaba la posibilidad de algún tipo de participación indígena-campesina en el poder o, al menos, la gestión de Gobierno, posibilidad sin condiciones de realización (Irurozqui, 1994: 190). La guerra civil concluyó con el triunfo de los liberales, quienes, al acceder al Gobierno, continuaron ejerciendo la dominación político-social de modo oligárquico hasta 1920, cuando se vieron obligados a abandonar el Gobierno. En lo inmediato, olvidaron sus banderas federales y, sobre todo, la promesa a los aymaras de devolverles sus tierras y los derechos políticos conculcados. Así, Wilka, los principales kurakas que le siguieron y unos doscientos campesinos fueron apresados y sometidos a juicio. Los argumentos de la acusación y la defensa coincidieron en imputar “falta de humanidad” a los inculpados. No extraña entonces la severidad de las penas aplicadas a los antiguos y decisivos aliados, entre ellas 32 condenas a muerte y 22 muertes producidas, por no soportar las condiciones de detención, antes del juicio. A Wilka lo asesinaron apelando a la “ley de la fuga”. Como bien señala Marta Irurozqui (1994: 200), la brutal violencia ejercida sobre los indígenas fue elocuente manifestación del rechazo de los grupos dominantes a aceptarlos “como copartícipes en la dirección del Estado y en la vida pública”. O, como dice Brooke Larson (2002: 171 y 174-175), “[d]e la crisis de 1899 surgió una nueva obsesión nacional con la ‘raza india’ y la determinación de vencerla de una vez por todas […] Las campañas de exterminio podían [ser] (y fueron) llevadas a cabo contra grupos tribales específicos en la vasta frontera tropical boliviana, pero no eran factibles en la sierra […] Los indios serían civilizados y convertidos en una clase trabajadora, pero al mismo tiempo se les segregaría, protegería y sus aspiraciones políticas serían contenidas”. Así, a los hombres y mujeres de los pueblos originarios se les enseñó “la templanza, la higiene y los oficios, pero no a leer y escribir. Debían cuidar sus cultivos pero no en sus propias tierras comunales. Y debían cumplir con sus acostumbrados servicios laborales y pagar impuestos a la propiedad, pero no ser incluidos en el electorado”, es decir, admitidos como ciudadanos. La impronta de esta actitud de la clase dominante marcaría largamente la historia de Bolivia y es un dato clave para explicar la coyuntura de cambio producida en la bisagra de los siglos XX y XXI.

Con el triunfo liberal, la capital del país pasó de Sucre, donde los sectores vinculados a la explotación de la plata en Oruro y Potosí tenían su centro político, a La Paz, donde los liberales encontraron el apoyo de los sectores medios dispuestos a disputar el poder tradicional. Este cambio fue expresión jurídico-política de un cambio económico de envergadura: el pasaje de la minería de la plata a la del estaño (232). La Paz, Oruro y Cochabamba articularon un nuevo núcleo de poder, concentrado en la primera de estas ciudades, convertida en sede de un poder político ejercido de modo oligárquico por un grupo de paniaguados (“la Rosca”) de un más reducido grupo de propietarios mineros absentistas: Simón Patiño (largamente el más rico y poderoso de los tres), Mauricio Hoschild y Carlos Víctor Aramayo, los barones del estaño.

Si bien la explotación del estaño estaba en manos de nacionales, se concentraba en tres grandes empresas que depositaban sus ganancias en el exterior. Como el metal se exportaba para la fundición, esto permitió que los propietarios locales articularan su actividad extractiva con verdaderas empresas corporativas multinacionales. Asimismo, los propietarios locales, como el poderoso Patiño, eran dueños de plantas refinadoras en el exterior. Con todo esto, la explotación del estaño en Bolivia funcionaba como una verdadera economía de enclave, “los barones del estaño actuaban en la práctica como capitalistas extranjeros en su propio país” (Mires, 1988: 232).

A diferencia de Perú y Ecuador, en Bolivia –en razón de la pérdida del litoral marítimo– no se produjo la contradicción regional costa-exportación/sierra-control de fuerza de trabajo. Aquí, en buena medida, el resurgimiento minero ocurrió en el Altiplano, manteniendo la vigencia del enlace entre minas y haciendas que aseguraba la provisión forzada de fuerza de trabajo. Así, la inserción del país en la economía-mundo se canalizó a través de la minería del estaño, íntimamente asociada con la hacienda colonial (no capitalista) y el capital británico (expresión del imperialismo), y se reforzaron las estructuras patrimoniales y las relaciones de clientela. La estrecha relación entre mineros y hacendados paceños cristalizó en el establecimiento de un orden político dominado, como ya señalamos, por “la Rosca”.

Bajo los gobiernos liberales de José Manuel Pando (1899-1904) e Ismael Montes (1904-1909 y 1913-1917), el país entró en una fase de modernización intensa. Un factor clave de esta modernización fue el ferrocarril: en 1904, como parte del tratado de paz firmado con Chile, se pautaron algunas concesiones, fundamentalmente la entrega del puerto, a cambio de lo cual Bolivia recibió apoyos para la construcción de redes de ferrocarril desde Arica a La Paz.

A partir de 1917, hubo un acelerado proceso de fraccionamiento político que culminó en la guerra por el Chaco. Ese año fue electo por el Partido Liberal José Gutiérrez Guerra, pero este no pudo completar su mandato, pues enseguida surgieron las tensiones que se venían acumulando y profundizando por la crisis económica de los años previos. En 1914, un grupo disidente del partido en el Gobierno había fundado el Partido Republicano, reclamando elecciones limpias. Tres años más tarde, el ex presidente y fundador del flamante partido, Pando, fue asesinado, y con ello las tensiones estallaron. El auge de la dominación oligárquica, que había estado signado por la larga continuidad en el Gobierno del Partido Liberal, llegó a su punto de inflexión a partir del año 1917.

En 1920, un golpe de Estado terminó con la estabilidad y supremacía liberal y, con el apoyo del Ejército, asumió el Gobierno el Partido Republicano, con Bautista Saavedra Mallea a la cabeza. Los gobiernos siguientes, de Hernando Siles (1925-1930) y de Daniel Salamanca (1931-1934), no pudieron superar la inestabilidad política alimentada por la lucha entre facciones. Asimismo, nuevos sujetos sociales comenzaron a organizarse: el movimiento obrero, los partidos socialistas, la Federación Universitaria Boliviana. A las tensiones existentes se sumó la crisis abierta con el crack de 1929, que en una economía basada en ese único bien exportable que era el estaño tuvo consecuencias devastadoras. Luego vino la derrota en la Guerra del Chaco.

En efecto, la violencia, que llegó al punto de manifestarse bajo la forma de una guerra, y la deslegitimación de los sectores dominantes tradicionales, por efecto de la derrota bélica, fueron hechos singulares que marcaron el inicio de una fase aguda de crisis de la dominación oligárquica. El nacionalismo que el conflicto bélico exacerbó fue un elemento nuevo que articuló el rechazo de los nuevos actores sociales y políticos surgidos de la modernización dependiente de los años previos frente a la oligarquía y el imperialismo (materializado en las concesiones previas a la Standard Oil). El presidente Salamanca vio en la exacerbación del nacionalismo, canalizado a través de la guerra contra Paraguay, una salida para la crisis, pero desestimó los incondicionales apoyos de Argentina a las fuerzas paraguayas, tanto como los sólidos intereses de la Standard Oil (en Bolivia) y la Royal Deutsch Shell (en Argentina y Paraguay).

Este nacionalismo tuvo expresión primero en el reformismo militar, el trienio del Socialismo Militar, y luego en el efímero Gobierno de Gualberto Villarroel (1943-1946). En ambas instancias, los factores de cambio descollantes fueron el papel regulador que adquirió el Estado, la creciente movilización e institucionalización del movimiento de campesinos, con su también creciente combatividad, la articulación política de los sectores medios, especialmente de los intelectuales, la aparición de nuevos partidos políticos alternativos a los tradicionales, entre otros. El final definitivo de la dominación oligárquica llegó con la revolución social de 1952, a la que los factores de cambio señalados sin duda no fueron ajenos.

La revolución social trajo consigo la ampliación del sufragio, la nacionalización de las minas y la reforma agraria, pero no logró fortalecer ni al Estado ni al sistema de partidos como mediación entre este y la sociedad. Como en el caso de Perú, Bolivia es un país donde bien puede decirse que el Estado era una construcción precaria. También aquí existieron aparatos estatales y, si bien se avanzó en la dirección de pasar de estos a un Estado a partir del Trienio Militar, este tomó forma recién con la Revolución Nacional de 1952, y aun después tuvo que enfrentar crisis de dominación recurrentes.

e. Centralización del poder con Estado y economías escasamente diversificados: Guatemala y El Salvador, 1898-1931

Guatemala inició su proceso de centralización del Estado en la década de 1870, cuando las fuerzas liberales se impusieron después de una larga dominación conservadora (1839-1871). Los liberales introdujeron un conjunto de reformas como la confiscación de las propiedades de la Iglesia, la expropiación de las tierras comunales de los pueblos indígenas, la implementación de la educación laica, la sanción de una Constitución, la codificación de las leyes y la creación de bancos de crédito y comerciales, entre las más significativas. No obstante, se mantuvo la condición censataria del voto y el trabajo forzoso legal –a través de unas disposiciones que obligaban a las comunidades indígenas a proporcionar un número fijo de trabajadores estacionales a las haciendas, donde el régimen de trabajo casi servil se aplicaba tanto a los colonos o peones como a los jornaleros contratados para la recolección.

Todas estas reformas fueron las que acompañaron el desarrollo de la economía guatemalteca del café como economía monoproductora, mayormente de control nacional, al lado de las economías fruteras de enclave, cuyo desarrollo avanzó más lentamente. Como en otros países de América Latina, el capital extranjero predominó en el comercio, los transportes y las finanzas. Empresa emblemática de ese predominio fue la UFCo, creada en 1899, y a la cual nos referiremos más adelante. Su expansión corrió paralela a la del imperialismo de Estados Unidos sobre la región. Fue recién con la declinación del café en el mercado mundial que la economía de la banana y la explotación de los enclaves cobró significación, en particular hacia los años treinta.

Durante el último tercio del siglo XIX, el café fue el principal producto de exportación. Hacia 1880, ya representaba más del 90% de las exportaciones y era monopolio de grandes propietarios blancos. Hacia 1910, el cultivo de este grano y su comercialización habían quedado ampliamente en manos de propietarios alemanes, que se cobraron de este modo las deudas que los productores locales habían contraído y no estaban en condiciones de pagar. Estos nuevos propietarios llevaron adelante un proceso de modernización de las haciendas que dejó atrás a las cada vez más improductivas haciendas controladas por propietarios locales. Como en otros países, las transformaciones propiciadas por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX habían consolidado el sistema de haciendas. En este cuadro, un dato singular de la estructura de propiedad de la tierra en Guatemala es que la propiedad comunal fue una forma que sobrevivió relativamente mejor que en la vecina república de El Salvador a los embates de la reforma agraria liberal. Así, la producción del café se limitó a las zonas de la costa del Pacífico, mientras que el resto del país estaba más densamente poblado por las comunidades indígenas.

Los presidentes de la Revolución Liberal en Guatemala fueron Miguel García Granados (1871-1873) y, más paradigmáticamente, Justo Rufino Barrios (1873-1885), quien terminó imponiendo un Gobierno fuertemente autoritario. Bajo la presidencia de Barrios se sancionó la primera Constitución (1879), que fue el marco legal de transformaciones profundas en la estructura social, política y económica del país. Fue bajo el mandato de este presidente que se impulsó un fuerte desarrollo del transporte y de la construcción de carreteras y vías ferroviarias, necesarias para la expansión del café. En general, los contratos se establecieron con compañías norteamericanas, que recibieron beneficios adicionales como subsidios de los gobiernos, exenciones fiscales y tierras baldías. De hecho, la UFCo se instaló en Guatemala gracias a un acuerdo con la International Railways of Central America, que había recibido grandes extensiones de tierra bajo la forma de concesiones.

Los liberales se impusieron y la centralización del poder en el Estado se logró gracias a su capacidad de someter y desplazar a dos categorías sociales cruciales del orden poscolonial: la Iglesia y los sectores dominantes tradicionales. Asimismo, la profesionalización del Ejército durante este período constituyó un valiosísimo mecanismo de movilidad social, que sirvió para los fines de la consolidación del poder bajo signo liberal. El auge del café trajo consigo un acelerado proceso de modernización caracterizado por la urbanización, el crecimiento de sectores medios en áreas de servicios y en la burocracia estatal, y la aparición de una incipiente industria con asiento en la capital, que dio origen a las primeras expresiones de proletarización urbana del país.

El período de auge de la dominación oligárquica guatemalteca transcurrió durante el Gobierno autoritario de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920). El Gobierno de Estrada Cabrera, como las otras oligarquías, echó mano de la manipulación de la Constitución y el fraude electoral para sostenerse en el poder. No renegó de los principios democráticos y basó la exclusión en un discurso positivista fuertemente articulado con el racialismo de cuño positivista, a tal punto que puede decirse que la raza fue el elemento articulador de las relaciones sociales en Guatemala. Desde luego, el problema étnico afectaba a la inmensa mayoría de la población de origen indígena e históricamente sometida a las formas más crueles de discriminación.

En el plano económico, a la situación de dependencia en torno del café, se sumó el otorgamiento a la UFCo, por parte del presidente Estrada Cabrera, del derecho a explotar las mejores tierras para la producción de la banana. Semejante concesión al capital extranjero traía como contrapartida el compromiso norteamericano de construcción del tan ansiado signo de modernización: el ferrocarril. La dictadura de Estrada Cabrera se caracterizó por una feroz represión de toda expresión opositora y por un desmedido entreguismo. Estrada Cabrera fue obligado a renunciar después de una turbulenta movilización social en 1920.

Entre 1885 y 1906, Guatemala soportó la intimidación militar norteamericana. En ambas ocasiones, barcos de guerra fueron enviados al país centroamericano para “proteger a los ciudadanos estadounidenses y sus propiedades”, según la convencional justificación. Incluso Costa Rica debió ceder ante la presión diplomática y política de Estados Unidos: si bien no soportó agresiones militares, en 1900, cedió a las pretensiones del país del norte al firmar el Tratado Hay-Calvo, y así otorgó a los norteamericanos –como en los demás tratados negociados por el secretario de Estado John Kay– derechos para la construcción del canal interoceánico.

En los años veinte, como en otros países de América Latina, las tensiones sociales se exacerbaron. Después de la caída de Estrada Cabrera, la dominación liberal se repuso bajo el Gobierno de José María Orellana, en cuyo derrocamiento, en 1926, intervino una figura prominente de la política nacional de los años siguientes: Jorge Ubico Castañeda. Muy pronto, el país retomó la vía del orden férreo: en 1931, Ubico asumió el poder instaurando una dictadura autocrática.

El Salvador es otro caso de Estado oligárquico típico y estable. Si Guatemala inspiró sus reformas en el régimen de Porfirio Díaz de México, El Salvador tomaba la misma influencia desde la vecina república de Guatemala. De modo similar, el proceso salvadoreño de transición hacia un orden moderno se dio bajo la forma de dominación oligárquica y primacía del modelo de crecimiento hacia fuera. Como en Guatemala, el cambio se logró a partir del avance de la explotación del café y el paquete de reformas liberales que los sectores interesados impusieron, en este caso, a partir de 1880. Pero si es cierto que recibió el impulso de la Revolución Liberal en Guatemala, hay que señalar que en El Salvador las reformas tuvieron un alcance más radical.

Bajo la presidencia de Rafael Zaldívar (1876-1885) se implementó una ley que abolía la propiedad comunal de la tierra y los ejidos. La mayoría de estas tierras pasaron a manos de propietarios dedicados al cultivo del café. Estos instauraron un régimen de trabajo que combinaba la contratación de colonos para el trabajo en las grandes haciendas, a cambio de un muy bajo salario y una parcela donde cultivar sus propios alimentos, y la contratación de mano de obra estacional de indígenas de las aldeas, ubicadas primordialmente en las tierras altas del centro y el norte del país. La reinversión de las ganancias del café había permitido cierta diferenciación de la producción, que pasó a incluir algodón y henequén, aunque nunca de las proporciones del café.

Como consecuencia de la desarticulación social que significaron las reformas liberales, la movilización campesina fue un dato persistente en el país, específicamente en la región oeste donde la población indígena era mayoritaria. El primer levantamiento tuvo lugar en la década de 1880, como respuesta inmediata al atropello de las propiedades comunales. De modo similar a lo ocurrido en Guatemala, en El Salvador, la dominación se articuló en un fuerte discurso racialista, que tenía como blanco de todos los males al indio.

La espectacular expansión del café conllevó la modernización del país, la urbanización, el surgimiento de una industria incipiente en la ciudad capital, cierta diferenciación institucional y, con todo esto, el surgimiento de segmentos sociales medios y de un incipiente proletariado urbano. El proceso de reforma liberal se completó con la sanción de la Constitución de 1886, bajo el Gobierno del general Francisco Menéndez (1885-1890). No obstante, el país todavía no había alcanzado la anhelada estabilidad política. Los dos presidentes que le siguieron fueron derrocados.

Entre 1898 y 1931, el país por fin atravesó un período de estabilidad, en el que los presidentes se sucedieron legalmente, aunque sin abandonar el rasgo autoritario del ejercicio de la dominación oligárquica. La violencia era un componente de las relaciones sociales en El Salvador, a tal punto que el último de los tres presidentes que se sucedieron entre 1898 y 1913 no concluyó su mandato, pues fue asesinado por campesinos, quienes lo atacaron durante la celebración de un acto público. Paradigmáticamente, desde 1913 (y hasta la imposición de una dictadura autocrática tradicional en 1931) la oligarquía fue ejercida por un puñado de familias que pertenecían a la “dinastía” de los Meléndez-Quiñónez: Carlos Meléndez, su hermano Jorge Meléndez y Alfonso Quiñones Molina, cuñado del primero. Todos ellos pertenecían al Partido Demócrata, aunque, como sabemos, la dominación oligárquica se apoyaba en organizaciones que eran más clubes de notables que verdaderos partidos. En 1918, Alfonso Quiñones, en calidad de vicepresidente a cargo del Gobierno de Carlos Meléndez, fundó la Liga Roja, una organización intermedia que supuestamente debía canalizar las demandas de los trabajadores y los campesinos frente al Estado. La Liga no ejerció esa función pero sí sirvió de máquina política para llevar al gobierno a Jorge Meléndez.

Hacia fines de la década de 1920, las protestas rurales volvieron a surgir. La explotación del café se basaba, entre otras cosas, en un conjunto de leyes que no hacían más que legalizar la violencia. Los propietarios cafeteros podían legalmente forzar a los campesinos de las aldeas al trabajo obligado en sus plantaciones, para lo cual contaban con la ayuda del Ejército. En este contexto, Agustín Farabundo Martí despuntó como líder marxista. A mediados de la década, Farabundo Martí fundó el Partido Comunista salvadoreño.

En un contexto de gran descontento social el presidente de turno, Pío Romero Bosque, convocó a elecciones. Salió favorecido Arturo Araujo, fundador del flamante Partido Laborista salvadoreño, inspirado en la cultura política de Inglaterra. Su Gobierno intentó poner en práctica un programa de tímidas reformas sociales. Pronto, los sectores dominantes de la oligarquía cerraron filas tras la figura del general Maximiliano Hernández Martínez. Su política de represión exacerbó el descontento y, en 1932, estalló una revuelta campesina que fue violentamente reprimida. Farabundo Martí fue fusilado junto a otros líderes rebeldes. Desde entonces y hasta 1944, Hernández Martínez ejerció una dictadura autocrática que no hizo más que continuar con la política oligárquica ahora en un nuevo contexto nacional e internacional.

Los mecanismos de la dominación oligárquica (233)

El clientelismo político fue, si no la forma paradigmática, una de las más importantes para asegurar la durabilidad y continuidad de la oligarquía, en buena medida, por su carácter de mediación y representación político-social. Históricamente, se instituyó en el siglo XIX como un mecanismo mediador entre los poderes locales y el poder central en los procesos de constitución de los Estados, si bien sus antecedentes se encuentran en el ordenamiento patrimonial propio de las sociedades coloniales. Mediante él, el monarca cedía a sus súbditos la administración de parte de su patrimonio particular, concesión por la cual los así favorecidos se comprometían personalmente. A partir de la desarticulación del orden colonial, se produjo la emergencia de jefes políticos locales, seguidos de cambiantes clientelas, que buscaban apoderarse del Gobierno para asegurar y expandir su dominio personal reproduciendo la relación patrimonial. Así, desde el comienzo del proceso de formación de los Estados independientes, se dio una confusión del espacio público y del espacio privado. Tras el período de luchas entre jefes locales de las primeras décadas del siglo XIX, se logró reconstruir la cabeza patrimonial en el Estado oligárquico. La lógica de yuxtaposición de la esfera privada y la pública y de concesión de favores y recompensas, típico de etapas anteriores, siguió funcionando en la etapa de dominación oligárquica y el Estado apareció como distribuidor de prebendas.

Brasil es un caso diferente porque el Estado independiente fue, primero, una continuidad de la monarquía. Tras la caída del Imperio, el país experimentó –y hasta perfeccionó– el mecanismo del clientelismo en el marco de una república, como los países que habían sido colonias españolas.

El origen del clientelismo es claramente rural, dado el carácter estructuralmente agrario de las sociedades latinoamericanas –aunque luego, claro, tuvo expresiones urbanas. En el interior de las propiedades latifundistas se combinaban mecanismos de coerción física con otros más sutiles de violencia simbólica, difundidos a través de instituciones como la familia, la Iglesia y otros servicios, como justicia, salud y educación. Estos mecanismos sutiles generaban consenso y velaban la explotación económica. El paternalismo, a través de la Iglesia Católica, sostenía en la figura de Cristo la dualidad entre el Padre y el Hijo, que sirvió de instrumento del poder oligárquico al identificar al hacendado como el Padre y al campesino indígena como el Hijo sufriente, el que cargaba con la cruz.

Los mecanismos de la dominación oligárquica se articularon en tres planos: la geografía, la violencia física o directa y la violencia simbólica, aludiendo esta a “todo poder que intenta imponer significaciones, e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza que son el fundamento de ese poder”, según la definición de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron (1970: 18) (234).

La geografía de los países latinoamericanos es intrincada y los patrones de ocupación del territorio durante el colonialismo acentuaron ese carácter. Las marcadas divisiones regionales –costa, sierra y selva; oriente y occidente; puerto e interior; norte y sur– fueron un factor constitutivo clave de la dominación oligárquica. Unos connotaban el lugar de la modernización, de las actividades financieras, de la explotación capitalista, del consumo de las modas europeas. Los otros, el espacio de la tradición, de las costumbres milenarias, de la autosubsistencia, de la explotación servil. La selva, por ser impenetrable, fue siempre el espacio de la exaltación de lo imaginario: ya sea la muerte o la ciudad análoga.

El rasgo común a estos espacios geográficos diversos, y siempre fragmentados, fue la dificultad para la comunicación. El traslado de una región a otra era una tarea dura y muchas veces riesgosa en virtud de los peligros de la naturaleza. La falta de medios de transporte hacía que las distancias parecieran aun mayores. Todo esto, sumado a la autosuficiencia de las unidades de producción, dio como resultado un inmovilismo que caracterizó tanto a los campesinos y trabajadores rurales como a los grandes propietarios de la tierra. En las estancias, de origen más reciente, el impacto de los accidentes geográficos fue menor. Si la geografía tuvo allí alguna influencia fue porque al tratarse, en buena medida, de zonas pantanosas, solo tardíamente despertaron algún interés para el comercio internacional. Por su parte, la pauta típica de relativa extensión de las relaciones de salario dotó a la población de las estancias de una capacidad mayor de movilidad.

La violencia directa era ejercida por el propietario del latifundio y, si este era ausentista, por su segundo más inmediato. Eventualmente, y en los casos donde los niveles de institucionalización del Estado eran mayores, la violencia era ejercida también por los ejércitos o milicias, sobre los que en muchos casos los terratenientes tenían amplio control. El propietario o capataz tenía una relación cara a cara con sus trabajadores y servidores, asentada en una estructura de poder vertical rígida que impedía la extensión de lazos de solidaridad en las bases. El tipo de violencia directa más común fueron los golpes y la tortura, e incluso la muerte. Pero había otros tipos de violencia directa: por ejemplo, el robo de ganado o del producto de la cosecha recogida para el hacendado, robo que, muchas veces, él mismo ejecutaba y cuya reposición luego reclamaba a los campesinos, quienes solo podían responder con sus propios bienes y servicios. El endeudamiento forzado, el trabajo gratuito y el hambre fueron también formas de violencia frecuentes.

En el caso particular del endeudamiento, se trataba de un mecanismo perverso y atenuado de control social. El sistema de deudas o de “enganche” se basaba en la remuneración del trabajo a través de bonos. Estos bonos eran utilizados en las dependencias de la gran propiedad latifundista, que entregaban mercaderías por adelantado, acto por el cual el “enganchado” contraía una deuda que nunca terminaba de pagar. Más aún, los bonos servían para proveer aguardiente, un bien escaso pero útil a la hora de aplacar cualquier intento de revuelta o subversión del orden.

La violencia simbólica era ejercida primordialmente en connivencia con la Iglesia. La religión católica fue una excelente articuladora de significaciones, actualizadas por el paternalismo y el compadrazgo. La ausencia de comunicación es nuevamente un factor crucial para entender el funcionamiento de este mecanismo. La relación “padre-hijo”, o más precisamente “propietario-campesino/trabajador rural”, era una relación vertical que impedía la comunicación en las bases. El paternalismo se apoyaba sobre tres pilares: la seguridad, la obediencia y la reciprocidad. La seguridad que los campesinos tenían dentro de la hacienda (y lo mismo vale para la plantación y la estancia) venía dada por la posibilidad de conseguir medios para la subsistencia. Uno de los mayores problemas para el campesino era el acceso a la tierra y, con ello, la posibilidad de su subsistencia, sistemáticamente amenazada no solo por las fluctuaciones del mercado sino también por las condiciones climáticas y las catástrofes naturales. El “padre” o patrón proporcionaba tierras a cambio de trabajo, propio y de la familia. Asimismo, brindaba escolarización y apoyo sanitario, muy necesario en épocas de pestes, y protección frente a los asaltos de bandidos o bandoleros rurales u otros propietarios que buscaban mano de obra o tierras. En cuanto a la obediencia, ocurría algo análogo a lo que ocurría en toda unidad familiar tradicional: la autoridad del padre era tenida como natural e indiscutible. Respecto de la reciprocidad, la mayoría de las veces tácita, la comunicación se establecía de persona a persona (patrón-campesino/trabajador rural).

Junto con el paternalismo, el compadrazgo es expresión inequívoca de la relación de reciprocidad. La extensión de los lazos familiares biológicos permitía vincular simbólicamente a dos familias y crear entre ellas un conjunto de deberes y obligaciones. El intercambio generalmente consistía en bienes o servicios pero no se agotaba allí, puesto que su contenido involucraba, además, valores como la lealtad y la estabilidad del compromiso. El compadrazgo fue un elemento integrador por su naturaleza ritual y religiosa, y el flujo del intercambio era la materialización de una unión más profunda llevada a cabo en el rito. No obstante todo esto, se mantenía la asimetría en las relaciones.

En la medida en que el Estado consolidó y diferenció su poder, las relaciones de compadrazgo dieron forma y contenido a ese mecanismo crucial de la dominación oligárquica: el clientelismo. En el ámbito rural, el clientelismo se caracterizó por ser una relación de entrelazamiento múltiple, en la cual los intercambios económicos, de parentesco, de amistad y de vecindad se entrecruzaban y con ello fortalecían la relación social, puesto que no se limitaban a una única dimensión –el dinero, la sangre o la solidaridad–; pero al mismo tiempo la debilitaban, dado que una falla en una de las dimensiones señaladas afectaba inmediatamente a todas. En pocas palabras, el clientelismo fue una relación diádica, entre dos personas o dos grupos, patrón y cliente, ligadas por la desigualdad en el rango ocupado por cada uno. La relación era inflexible, vertical y asimétrica, aunque también de mutua confianza, fidelidad y comprensión y no (explícitamente) coercitiva.

En los años sesenta, los teóricos de la modernización consideraron al clientelismo como un fenómeno propio de los sistemas políticos tradicionales, llamado a desaparecer pari passu un mayor incremento de una burocracia autónoma y autorregulada, resultante del desarrollo económico-social. Otros estudiosos también lo veían como un fenómeno tradicional, pero lo consideraban capaz de convivir con las instituciones modernas y en ellas. Desde posiciones ligadas al marxismo, en cambio, el fenómeno fue interpretado como un obstáculo para el desarrollo de organizaciones y conciencia de clase entre los dominados, y caracterizado como un mecanismo de dominación sutil que opacaba la coerción y hacía aparecer el vínculo como voluntario, de cooperación y de tipo personal.

Más allá de las diversas interpretaciones, no hay dudas de que el clientelismo es una relación de poder, siempre asimétrica, en la que el objeto de intercambio no son solo bienes materiales sino sobre todo beneficios políticos. En uno y otro polo de tal relación, hay sujetos dominantes y sujetos dominados que no necesariamente son, al mismo tiempo y en el mismo sentido, sujetos explotadores y sujetos explotados.

Como se ha indicado en la introducción, la dominación es, según la clásica definición de Weber, un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta (mandato) de los dominadores influye sobre los actos de otros (los dominados), de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato (obediencia). En este sentido, la dominación se distingue de la fuerza y de la pura violencia, pues supone la creencia en cierta legitimidad. En efecto, no hay forma de dominación durable que no reivindique para sí criterios de legitimidad. La dominación supone, además, el control de ciertos recursos sin los cuales el polo dominante fracasaría en su pretensión de ser obedecido. Estos recursos varían según el tipo de dominación establecida y las formas de autojustificación también son diferentes.

Los criterios de legitimidad que Weber definió para cada uno de sus “tipos ideales” de dominación son útiles para caracterizar el clientelismo: a la dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación burocrático-legal les corresponden principios de legitimidad basados en la tradición, el carisma y las normas estatuidas, respectivamente. Históricamente, el clientelismo reivindicó para sí principios de legitimidad fundados, a veces más y otras menos, tanto en la tradición y el carisma como en las normas legales, según el tipo de sistema y régimen políticos vigentes. Así, es posible enunciar que la lógica de legitimación del clientelismo actúa de forma conjunta a la lógica del sistema y del régimen, y es funcional para su reproducción. Según la expresión de Marcel Bursztyn –pensada para el caso de Brasil, pero en buena medida aplicable a otros países de América Latina– con el clientelismo se produjo una situación de legitimación recíproca entre Estado-coronel, es decir, relaciones de interdependencia que se acentuaron –sin ser homogéneas– durante la República. El incremento del número de electores tornó al poder central dependiente de la capacidad de los coroneles de controlar las elecciones en el ámbito local, mientras que la disminución de la importancia relativa de la plantación convirtió al Estado en “muleta” del coronelismo (Bursztyn, 1990: 48).

En definitiva, el clientelismo fue un fenómeno político caracterizado como una relación de poder asimétrica, basada en el intercambio de apoyo político por beneficios privados. Se trata de una relación cara a cara fundada en la autoridad personal del patrón y en su carisma, a veces a despecho de las normas estatuidas. La relación era siempre pragmática y tendía a la reproducción del sistema político, fungiendo de articuladora entre el Estado y la sociedad. Al extenderse del ámbito rural al urbano, el clientelismo mantuvo la dimensión “cara a cara” y evolucionó hacia un tipo de vínculo, ya no entre personas, sino entre sujetos sociales colectivos y organizaciones corporativas (como los sindicatos, los partidos políticos, etc.). Con estos cambios, la característica “cara a cara” se restablece entre el mediador o representante de tal o cual organización y el cliente. Esto permite afirmar que el elemento personal nunca está ausente de las relaciones clientelares, aun en los casos en que estas relaciones se vuelven más complejas e inestables y, por ende, menos duraderas, como sucede en el caso del clientelismo de “mediación organizativa” (Boissevain, 1977) que se desarrolló típicamente en el populismo.

El clientelismo adoptó formas históricas particulares, relacionadas con las singularidades de los procesos históricos de cada sociedad y con las características comunes al ejercicio de la dominación en el contexto de cada Estado oligárquico. El caciquismo en México, el gamonalismo en Perú, el huasipungo en Ecuador, el coronelismo en Brasil, se cuentan entre esas formas. Fueron todos casos de una dominación celular asentada en la compleja red de relaciones sociales delineada por las matrices surgidas de la gran propiedad terrateniente. Ya hemos dicho que los grandes latifundios constituyeron la unidad productiva donde se estructuró, además de la relación económica de explotación, la relación de dominación social entre el campesino (cliente) y el terrateniente (patrón), entre los cuales mediaban diversas formas de contratos, la mayoría de las veces no explícitos. El clientelismo fue un mecanismo predilecto de la propiedad latifundista de la tierra cuando se la considera en su dimensión de unidad de control político y social.

En algunos casos, la díada explotador/explotado se presentaba más asociada al binomio patrón/cliente (como en el gamonalismo y el caciquismo), mientras que en otros esta asociación era más compleja (como en el coronelismo). A diferencia de una relación de explotación, centrada en la extracción de plusvalor, el clientelismo se asentó sobre la concesión de acceso privilegiado a los bienes y servicios escasos que monopolizaba el patrón, a cambio de lo cual este recibía beneficios políticos. En suma, la explotación está en la base del clientelismo pero no es suficiente para definirlo como tal.

El caso del coronelismo es particularmente interesante. Los jefes políticos municipales o regionales –a menudo, pero no exclusivamente, grandes propietarios de tierras– fueron conocidos como coroneles en referencia a los jefes de la ya mencionada Guardia Nacional imperial, intermediarios entre el poder público y el poder privado. Los coroneles ejercieron un fuerte y rígido control sobre sus dependientes. La República heredó y mantuvo el sistema, del que aún hoy hay resabios.

El coronel era –en general, pero no exclusivamente– el dueño de una plantación o una fazenda que, luego de la abolición de la esclavitud y según la región, ocupaba fuerza de trabajo fundamentalmente mediante la forma de colonato. Mas no era solo el protector de los colonos que vivían en su propiedad: su clientela se completaba con los agregados, posseiros, capangas, jagunços, cangacceiros y una serie de sujetos que dependían de él, a los que no los ligaba necesariamente una relación de explotación (235). Según Maria Isaura Pereira de Queiroz (1985) –una de las más conocidas estudiosas del coronelismo–, el coronel era, sí, un potentado local, pero la base de su poder no era la propiedad de la tierra sino la posesión de dinero, la condición de hombre de fortuna. La tierra era fuente de poder solo si se tenía capital para explotarla. Esta circunstancia se apreciaba en la jerarquía de los coroneles: aquellos que eran propietarios de plantaciones azucareras estaban muy por encima de los coroneles do sertão y do agreste (236), aun cuando unos y otros compartiesen la condición de terratenientes.

El gamonalismo es la forma que mejor ilustra la coincidencia entre explotación y clientelismo, si bien el segundo no se agota en la primera. El gamonal era un propietario mediano o pequeño de la sierra del territorio sur peruano, un área no integrada directamente en el mercado externo; sus haciendas eran las más tradicionales y atrasadas y producían para el abastecimiento del mercado interno. El gamonal basaba su explotación en el sistema de colonato: los campesinos poseedores (runas o yanaconas) trabajaban la tierra del propietario (misti), quien daba protección frente al Estado (cargas fiscales, leyes del ejército) y proporcionaba a los campesinos productos imprescindibles pero escasos (aguardiente, alcohol, coca, medicamentos e instrumentos de labranza). En retribución, los campesinos realizaban servicios personales en la casa del patrón o tareas especiales como el transporte de lana. Estos intercambios, además, solían estar atravesados por relaciones de parentesco y paternalismo que contribuían a la función de legitimación de la relación de dominación. A diferencia de los grandes propietarios terratenientes blancos y absentistas de la sierra, los gamonales eran, en general, indígenas o mestizos que vivían en la hacienda y estaban culturalmente cerca de sus clientes, fuera por idioma, religión, vestimenta, costumbres o compadrazgo, tornando la relación compleja y contradictoria.

El caciquismo es un caso relativamente original por sus aristas político-electorales. En su articulación con las instancias de poder centrales, el caciquismo se ubica a mitad de camino entre el gamonalismo y el coronelismo. Los caciques eran intermediarios políticos entre los sectores capitalistas más poderosos y los sectores dominados y explotados económicamente. En México, las reformas liberales de mediados del siglo XIX habían promovido la universalización del sufragio, una universalización gradual que se inició con la supresión de la renta como requisito de empadronamiento (237).

En cuanto a la dimensión electoral, el coronelismo también se basaba en el intercambio de favores políticos entre los jefes locales y los poderes municipales, estaduales y nacionales. La legislación republicana (más que la imperial) excluía del derecho de voto a pobres, analfabetos, mendigos, mujeres, menores de 21 años, alistados en el ejército y miembros de órdenes religiosas. No obstante, durante la República Velha (1889-1930), aumentó el número de electores y, con ello, la capacidad de negociación de los coroneles locales frente al poder central. Los coroneles trocaban ayuda financiera para su continuidad en el poder por los votos que ellos controlaban. A su vez, el voto era un bien de intercambio que los clientes utilizaban como instrumento de negociación frente a los coroneles. Destaquemos un hecho: a lo largo de la República Velha, el ejercicio de la ciudadanía política estuvo limitado por la continuidad de la exclusión electoral de las mujeres (hasta 1932) y los analfabetos de ambos sexos (hasta 1988).

En la medida en que –por crecimiento demográfico, no por disposiciones jurídicas– se extendió la ciudadanía política, la función de los coroneles se potenció en el plano electoral, es decir, en el control de una masa cautiva de votantes (hasta la reforma de la Ley Electoral de 1932, el voto no era secreto). Mas no es correcto limitar la definición y la eficacia del coronelismo solo a tal dimensión –el llamado voto de cabresto–, si bien ella, subrayada por todos los autores que lo han estudiado, llegó a ser clave. Durante la República Velha, más importante que el control electoral de los votantes –en definitiva, una minoría– fue el control de las personas mediante coerción.

A diferencia del coronelismo brasileño, la dimensión electoral estaba ausente en el caso del gamonalismo peruano, mas esa ausencia no le quitaba carácter político a los intercambios entre patrones y clientes. Según hemos dicho, uno de los mecanismos de ejercicio de la dominación oligárquica fue la representación igualitaria de los sectores oligárquicos locales en el Senado, garante del pacto de dominación. El gamonalismo era el principal mecanismo para que los terratenientes de la sierra sur ejercieran un control social efectivo sobre la población campesina y así reprodujeran localmente su poder y se proyectaran en el ámbito nacional. La extensa población indígena estaba al margen de la política electoral, pues el voto estaba restringido a los alfabetos, y por añadidura se trataba de una población sometida a lazos semiserviles en razón de las características propias de las relaciones sociales en la hacienda. Una cruel discriminación tributaria de una visión positivista y racialista de la sociedad coronaba el mecanismo de la dominación.

De este modo, caciques, coroneles y gamonales fueron los sujetos de la forma oligárquica de ejercicio de la dominación política, en la cual la limitación efectiva –no siempre legal– de la ciudadanía fue un factor recurrente. La dominación oligárquica invocaba como principio de legitimación a la democracia liberal pero, en la práctica, esa invocación no se realizaba y existían otros recursos de legitimación del orden, como los propios del clientelismo: corrupción, fraude, violencia física y simbólica. La interpretación que José Luis Romero hace del proceso de ocupación y colonización señala un elemento que es aplicable a la organización de los Estados Nacionales, edificados en torno a las ciudades y espacios urbanos preexistentes: “Se le dio una fundamentación jurídica y teológica [en el caso de la oligarquía, no fue teológica pero sí positivista]. Se tomó posesión del territorio concreto donde se ponían los pies y se asentaba la ciudad; pero además del territorio conocido, se tomó posesión intelectual de todo el territorio desconocido; y se lo repartió sin conocerlo, indiferente a los errores de centenares de leguas que pudiera haber en las adjudicaciones. Así, las jurisdicciones quedaron fijadas de derecho antes de que pudieran fijarse de hecho. El establecimiento fue siempre formal al mismo tiempo que real; pero el establecimiento formal superaba el alcance del real” (Romero, 1976: 47; itálicas nuestras).

Hacia el novecientos, los Estados modernos ya estaban establecidos como Estados oligárquicos, formalmente, mas no en la práctica, Estados democráticos. Sin duda, la forma no coincidía con el alcance real. La soberanía era reconocida desde afuera y hacia adentro las guerras de fronteras eran un elemento residual. En líneas generales, se había consolidado el monopolio de la violencia física y el monopolio de la capacidad de percepción tributaria. Incluso había habido cierta diversificación institucional: constituciones nacionales, ejércitos, moneda única y, en algunos países, registro civil de las personas y matrimonio civil. A esto siguió la educación laica y obligatoria, la codificación de las leyes (Código Civil, de Comercio, Penal, etc.) y otras tantas legislaciones orientadas a regular la vida común. Desde entonces, estuvo claro que la asignatura pendiente era dotar de contenidos a la Nación, una nación cuyos perímetros ya habían sido definidos (y consolidados) por la estabilización de los límites territoriales, por el principio de soberanía (efectivamente, radicado en la Nación mucho más que en el pueblo), y la creación de un mercado interno (real, aunque de existencia mínima, frente al mejor dotado mercado externo).

Las premisas positivistas como sentido común

Los sectores dominantes –propietarios, intelectuales y militares– optaron por el liberalismo, pero solo en el campo económico, pues, como se ha visto, en los campos político, ideológico y cultural se lo desplazó de su lugar hegemónico para dar lugar a una extraña combinación de liberalismo y positivismo. El pensamiento positivista se introdujo en América Latina hacia 1870 y se convirtió en el núcleo duro de las proposiciones “científicas” que sirvieron de fundamento a los principios de legitimidad constitutivos del Estado bajo su forma oligárquica, principios a los cuales las clases dominantes apelaron para definir el alcance de la inclusión y, particularmente, de la exclusión.

Ya se ha dicho que una de las características propias de los sectores oligárquicos fue su frivolidad, apreciable en cuestiones tan cotidianas como la vestimenta, el lenguaje, las poses, los hábitos, las modas… Pero esta frivolidad, que aparentaba una actitud de laisser passer, en el ejercicio del poder actuaba como una mano férrea en guante de seda, blandiendo los argumentos positivistas –comteanos y spencerianos– de autoritarismo, y más tarde de racialismo y racismo (238).

En efecto, hubo dos momentos de arraigo del positivismo en América Latina. Hacia 1870, cierta modernización de las sociedades latinoamericanas estuvo acompañada, entre otras cuestiones, de un impulso de renovación de la educación. En este contexto, nuevas ideas llegaron al subcontinente, entre ellas, notablemente, el pensamiento de Auguste Comte y su Cours de philosophie positive (1830-1842).

Influidos por el positivismo, conspicuos pensadores vernáculos buscaron explicaciones que satisficieran su preocupación por comprender y, sobre todo, operar sobre la realidad social en la que estaban inmersos. Esto ocurrió fundamentalmente en México, con la reforma liberal de Benito Juárez, y allí los referentes del positivismo fueron su ministro de Educación Gabino Barreda, y más tarde Justo Sierra; en Brasil, con el movimiento republicano y Benjamín Constant, y más tarde los positivistas ortodoxos Miguel Lemos y Raimundo Texeira Mendes; en Argentina, menos ortodoxamente transmitido, y aprovechando el fuerte impulso a la formalización de la educación de Domingo F. Sarmiento; y en Chile, con los esfuerzos de José Victorino Lastarria, y luego de su discípulo Valentín Letelier.

La filiación de Lemos y Texeira Mendes con el “positivismo religioso” de Comte, orientado a establecer la “religión de la humanidad” y la “iglesia positiva”, hizo que esta corriente de pensamiento se instalara en Brasil mucho más como una fuerza ideológica de corte filosófico o doctrinario que como una “teoría de gobierno” o “política científica”, como decididamente sucedió en México e incluso en Argentina (aquí con fuerte impronta del evolucionismo de Herbert Spencer). De todos modos, entre 1871 (con la Lei de Ventre Livre, que anuncia el fin de la esclavitud) y 1930, Brasil vivió un tiempo liberal y racista mediante un positivismo afianzado institucionalmente en museos etnográficos –el Nacional, el Paulista, el Paraense–, los Institutos Históricos y Geográficos, “guardianes de la historia oficial”, la Facultad (Recife) y la Academia (São Paulo) de Derecho y las Facultades de Medicina, donde se enseñaba a sanar un país enfermo, como ha mostrado muy bien Lilia Moritz Schwarcz (2004).

En claro contraste, en Chile el positivismo tuvo un perfil bien crítico de la política tradicional dominante de tono centralista y conservador. En efecto, a diferencia de los otros países, donde el positivismo sustentó la consolidación del Estado, en Chile, el positivismo arraigó en un momento en el que el Estado ya estaba consolidado y las clases dominantes ya habían diseñado sus propios artilugios de legitimación de la dominación. De modo singular, el positivismo de Letelier sostenía la necesidad de limitar el poder del Estado y de reforzar el poder municipal, cuestiones claves dada la constitución política, centralista y conservadora de Chile.

La formulación del positivismo como “teoría” de gobierno plasmó en eso que se denominó “política científica”, decididamente en México y de modo más difuso en Argentina, e incluso en Brasil. En este plano, la relación de los positivistas científicos con el liberalismo fue ambigua. De modo esquemático, puede decirse que en los países en los que la “política científica” sirvió como fuente legitimadora de la consolidación del Estado (México, Argentina y el Brasil republicano), se hacía una defensa férrea del orden y, en nombre del positivismo, se restituían prácticas tributarias del autoritarismo y el centralismo de reminiscencias borbónicas y pombalinas, aun cuando discursivamente la política estuviera inscripta en la doctrina liberal.

En términos generales, la “política científica” colocaba en el orden de la ciencia experimental la consigna “orden y progreso” con la cual se denostaban los principios liberales clásicos y los formalismos del constitucionalismo; y, en cambio, se sostenían las bondades del autoritarismo “progresista”. En efecto, el orden (autoritario y excluyente de los “inaptos”) era condición del progreso (económico, dependiente). Así lo entendió Porfirio Díaz en México cuando expresó su intención de llevar adelante un gobierno de “poca política y más administración”, o Julio A. Roca en Argentina con su fórmula “Paz y Administración”, o más genéricamente los brasileños cuando estamparon la divisa Ordem e Progresso en su bandera republicana.

También para el venezolano Laureano Vallenilla Sanz la democracia representativa –equiparada a jacobinismo teorizante y considerada un sistema complicado contrario a la naturaleza– era la generadora del caos republicano posterior a la ruptura de la dominación colonial. La estabilidad política, el desarrollo social económico y la consolidación del sentimiento nacional se alcanzaban, desde su óptica, mediante la acción de un César democrático, esto es, un caudillo prestigioso, e incluso “la democracia personificada, nación hecha hombre”, como Juan Vicente Gómez.

A partir de 1900, la expresión “orden y progreso”, que había arraigado prácticamente en todos los países de América Latina, fue reformulada en clave racial y racialista. “En el fondo, no es una novedad: ha sido así desde el momento mismo de la conquista y la colonización del continente por los europeos. Nuevo, en cambio, es el fundamento, ya no teológico sino laico-científico: la ‘superioridad’ blanca y la ‘inferioridad’ de los ‘de color’ –como si el blanco no lo fuera– no encuentra ahora su justificación y legitimidad en un designio de la Providencia, la intensidad de la luminosidad del Espíritu Santo sobre los hombres o el lapidario castigo que Noé aplicó a su hijo Cam y descendientes, sino en la biología, el poligenismo de la antropología física, la psicología social, las teorías de la evolución de las especies y de la sociedad o la medicina” (Funes y Ansaldi, 2004: 486).

Esta interpretación estaba formulada en una clave que abiertamente recuperaba el pensamiento de Herbert Spencer y de Charles Darwin –mucho más útil para atender la “cuestión social” que el pensamiento de Comte. Con el cambio de siglo, en las sociedades latinoamericanas se hizo cada vez más evidente su complejidad, fundamentalmente en virtud de la aparición de nuevos sujetos sociales (y no tan nuevos, como los indígenas) que impugnaban el orden vigente –no solo se hicieron visibles los trabajadores, muchos de ellos negros libres, sino también los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes. Inmediatamente, se puso en marcha un proyecto que apuntaba al control social, o en la frase de la época, a resolver los problemas que planteaba la “cuestión social”.

En este sentido, el positivismo estuvo más claramente basado en consignas evolucionistas. Así, se consolidó un corpus de ideas con una fortísima impronta racista que hizo del negro, el indígena, el mulato y el mestizo el compendio de todos los rasgos negativos de la humanidad, aunque la imputación de la totalidad de los vicios y “patologías” no fue óbice para que se les confiara la realización de los trabajos más duros (239).

El foco se desplazó de las interpretaciones sociales a las biológico-organicistas, centradas en el concepto de raza. Los indígenas y los afroamericanos fueron considerados sujetos biológicos, miembros de “razas” consideradas inferiores y casi fuera de la civilización, el progreso y la nación, lo cual implicaba negar su condición de sujetos sociales y, como tales, ciudadanos, portadores de derechos. Unos y otros fueron excluidos socialmente de prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana, excepto, claro, las del trabajo, en particular los más duros. Así, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros, fueron campos de derecho negados a los indígenas y afroamericanos. Los negros cubanos tuvieron prohibido el acceso a las playas hasta la Revolución de 1959, que terminó con ella, y los de Brasil estuvieron excluidos, bajo la presidencia de Epitácio Pessoa (1919-1922), de la práctica del fútbol.

Como dice Larson (2002: 170) a propósito de las repúblicas andinas, hacia el novecientos, pero extensibles a otra áreas y tiempos, “los criollos habían levantado naciones poscoloniales construidas en torno a unos rígidos conceptos de las razas, que excluían a las mayorías indígenas de la historia republicana y la participación política, pero que al mismo tiempo les forzaban a ingresar a las economías nacionales como trabajadores subalternos”. Así, este desplazamiento o desfase no significó la anulación de la legitimidad liberal clásica sino, en todo caso, una convivencia de ambas. Más tarde, en algunos países el liberalismo fue por completo desplazado del centro de las argumentaciones de la política dominante; un claro ejemplo de esto fue la articulación del nacionalismo como sustrato ideológico de la dominación.

Todas estas transformaciones de entre siglos estaban respaldadas por el avance del positivismo en Europa, notablemente acompañado de una ampliación del conocimiento científico tanto en el campo de las ciencias físico-naturales como en el de las sociales, dentro de las cuales, la antropología desempeñó un papel tan descollante como penoso. Thomas Richards (apud Salvatore, 2006: 175) ha señalado que hacia la década de 1860 los ingleses tuvieron una especial preocupación por conocer lo mejor posible no solo a sus colonias, sino al planeta todo. El conjunto de la información reunida fue concentrada en dos instituciones, el Museo y la Biblioteca británicos. Al mismo tiempo, estimuló la creación de un buen número de instituciones dedicadas a recoger, procesar y difundir esa información –museos, universidades, sociedades geográficas, etc.–, de una magnitud tal que superó toda la producida por el Imperio en su historia. Ese sistema de conocimiento, según Ricardo Salvatore (2006: 175), “se transformó en el soporte ideológico del Imperio, las bases imaginarias del Estado colonial”.

Las Exposiciones Universales (y los museos de historia natural y los etnográficos) fueron expresión de lo que Tony Bennett ha llamado “complejo exhibicionario”, destinadas a poner “en evidencia los principios de orden de las sociedades industriales […], desplegar los logros de su ‘civilización’, pero también las demandas del hombre medio de participar de los sueños del consumo y en las utopías científicas propuestas por el nuevo capitalismo industrial” (Salvatore, 2006: 39) (240). En ellas era común mostrar a los “exóticos” hombres y mujeres de las “sociedades primitivas”, considerados por las clases dominantes expresión del atraso y la barbarie y, por lo tanto, imagen inequívocamente contrastante con el progreso y la civilización de los que eran portadores el colonialismo y el imperialismo.

La ideología positivista, ahora imbuida de racialismo, planteaba una interpretación de la realidad social articulada con las interpretaciones derivadas de la diversificación institucional de fines del siglo XIX, fundamentalmente, la educación básica, el derecho y las fuerzas armadas. En tanto ideología legitimadora de los Estados oligárquicos, proyectó entonces su discurso sobre la sociedad y este se hizo sentido común. En efecto, “el racialismo –cualidad legitimadora pseudocientífica de la matriz de los Estados latinoamericanos en su proceso de consolidación oligárquica– proyecta un discurso (acompañado de unas prácticas) que se hace ‘sentido común’ en las sociedades latinoamericanas y se erige en una de las explicaciones plausibles en momentos de conflictividad y de exclusión sociales. Decimos ‘sentido común’ porque aparece ligado no solo al discurso de las clases dominantes, sino por formar parte de la cultura política y de las propias prácticas sociales de nuestras sociedades, siendo, en ocasiones, fuente de interpretación del conflicto (o expresión de él) aun por parte de los sujetos que lo padecen” (Funes y Ansaldi, 2004: 451; itálicas en el original).

El sentido común es una concepción del mundo acrítica y apolítica, y muchas veces supersticiosa, que es propia de las clases subalternas. Gramsci la denomina “la filosofía de los no filósofos” y le adjudica un carácter histórico, ideológico y político. El sentido común no es uno y unívoco; al contrario, existen muchos sentidos comunes. Y como visión del mundo, deja traslucir la impronta de la ideología dominante. Es decir, el sentido común tiene una función ideológica: permite integrar a las clases subalternas a la cultura e ideología dominantes. Según el mismo Gramsci, es “fragmentaria, incoherente e inconsecuente”. La funcionalidad del sentido común permite entender por qué y cómo persiste la subalternidad de las clases subalternas. Esto no significa que no exista posibilidad de utilizar el sentido común como fuente para la acción política. De hecho, Gramsci señala que el desarrollo creativo de esta forma de pensamiento, obviamente dotada de un componente crítico, puede eventualmente constituirse como una nueva visión del mundo.

“Los presupuestos del racialismo como doctrina son: la existencia de razas y la preeminencia de unas sobre otras; la continuidad entre lo físico y lo moral, y la sobredeterminación de la biología sobre la cultura; la acción del grupo sobre el individuo; una jerarquía única y etnocéntrica de valores y una política fundada en el saber. Este último rasgo es la clave de bóveda de la relación entre poder y biología o entre ‘poder’ y ‘ciencia’”. Las cuatro primeras proposiciones enumeradas hasta aquí “se presentan como una descripción del mundo, como comprobaciones de hecho. Sobre ellas se fundamenta una conclusión, que constituye la quinta y última proposición doctrinal, a saber: que es preciso comprometerse con una política que coloque al mundo en armonía con la descripción anterior. Una vez establecidos los ‘hechos’, el racialista extrae de ellos un juicio moral y un ideal político. Así, el sometimiento de las razas inferiores, o incluso, su eliminación, se puede justificar gracias al saber acumulado en materia de razas. Es aquí donde el racialismo se reúne con el racismo: la teoría da lugar a la práctica” (Funes y Ansaldi, 2004: 452).

Como se ha dicho, los nombres descollantes del pensamiento científico de esta época fueron Herbert Spencer y sus Estática Social y El hombre contra el Estado, y Charles Darwin y sus trabajos sobre el origen de las especies y del hombre. Pero también en Francia y en otros países de Europa tuvieron amplia circulación los escritos, también tributarios del positivismo y del evolucionismo, de pensadores como Hippolyte Taine, Gustav Le Bon, Max Nordau, Cesare Lombroso y Charles Letourneau.

En América Latina, esos pensadores constituyeron el material de base a partir del cual los hombres de ideas cultivaron un positivismo y un evolucionismo racialista vernáculo, como: el boliviano Alcides Arguedas (Pueblo enfermo, 1909), el peruano Francisco García Calderón (Las democracias latinas en América, 1911 y La creación de un continente, 1912), los argentinos Carlos Octavio Bunge (Nuestra América, Ensayo de psicología social, 1903), Ricardo Rojas (La restauración nacionalista, 1910 y Blasón de Plata, 1912) y José Ingenieros (Las fuerzas morales, 1918-1923) y el cubano Fernando Ortiz (Los negros brujos, 1906). Otros ejemplos son: el argentino Juan Álvarez (Manual de patología política, 1889), el venezolano César Zumeta (Continente enfermo, 1899), el argentino Manuel Ugarte (Enfermedades Sociales, 1905), el nicaragüense Salvador Mendieta (La enfermedad de Centroamérica, 1912), el brasileño Manoel Bonfim (O parasitismo social e evolução na América Latina, 1903), el chileno Francisco de Encina (Nuestra inferioridad económica: sus causas, sus consecuencias, 1912), etc (241).

En este clima generalizado de ideas, hubo también algunas manifestaciones excepcionales, significativamente en dos países que no conocieron el Estado oligárquico. Estas expresiones singulares irrumpieron en el escenario latinoamericano en una fase del imperialismo denominada de dualidad anglo-americana, aludiendo precisamente a la disputa por la hegemonía entre las dos grandes potencias: Inglaterra y Estados Unidos. Se trata del pensamiento del cubano José Martí y aquel del uruguayo José Enrique Rodó, pensadores “bisagras entre dos siglos”, como los califica Patricia Funes.

José Martí, el héroe de la independencia cubana, publicó Nuestra América en 1891. A diferencia de otros referentes del pensamiento emancipador latinoamericano y justamente por el clima de época en el que le tocó vivir (como se ha dicho, el contexto geopolítico de fin de siglo ya no era el mismo que el de 1810), sus ideas tuvieron un claro tinte antiimperialista. En Nuestra América, Martí sostenía: “No hay odio de razas porque no hay razas”. Al contrario de muchos de los pensadores del momento, que en nombre de supuestos particularismos clasificaban y jerarquizaban a la sociedad según la “raza”, Martí afirmaba “la identidad universal del hombre” (apud Funes y Ansaldi, 2004: 486). Tal como afirma Ronny J. Viales Hurtado (2006: 134), Martí introdujo un problema sociológico fundamental: “La construcción social de la diferencia”.

En efecto, por entonces tomaba cuerpo un nuevo imperialismo, ahora bajo la órbita de poder de Estados Unidos y su proyecto panamericanista. Precisamente, frente al materialismo de la cultura norteamericana, el uruguayo José Enrique Rodó, en su Ariel, aparecido en 1900, defendió la espiritualidad y el idealismo de la “latinidad”. Rodó sostenía la existencia de un “espíritu” latinoamericano e interpelaba a la juventud para defender a América del utilitarismo y del materialismo impuesto desde Estados Unidos.

Otra nota singular fue el pensamiento impartido desde la Escola do Recife en Brasil, un movimiento cultural de la región nordestina, fuertemente crítico del positivismo filosófico. En contraste con la tradición positivista comteana predominante, la Escola reivindicaba la noción de progreso científico en la clave de Spencer, por considerarla más flexible y más apropiada para ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad. Según este movimiento, el positivista comteano estaba supeditado a un dogma, que determinaba no solo una convicción científica, sino también un criterio moral y artístico. Sin salirse del positivismo, la denuncia del carácter determinista y esterilizante era contrapesado por la Escola do Recife con la noción de conciencia o razón (242).

Pero excepto algunas pocas voces disonantes, el discurso del positivismo fue exitoso en imponer la primacía de las ciencias naturales por sobre toda otra ciencia y la clasificación y la jerarquización de los hombres según sus diferencias físicas y naturales. Con este discurso, las élites políticas e intelectuales asumidas como blancas definieron al otro en términos de problema: “problema indígena”, “problema negro” o “problema inmigrante” y así quedó inscripta en las agendas de los Estados latinoamericanos la “cuestión social”, a la que algunos, sintomáticamente, redujeron a la condición de mera “cuestión policial”. Como se dijo ya en varias oportunidades, en el conjunto de la sociedad, las mujeres indígenas, negras o inmigrantes padecieron doblemente la exclusión y el estigma, precisamente en razón de la desigualdad basada en la diferencia sexual sobre la que se estructuró la sociedad patriarcal (243).

Ya se ha visto, en el capítulo 1, cómo los conquistadores y colonizadores privaron a los pobladores autóctonos del continente de sus denominaciones originarias y las subsumieron en la común y despectiva de “indios”, no aborígenes, ni indígenas, ni pueblos originarios. La vieja carga despreciativa que la expresión tenía desde los tiempos de la colonia se resignificó con el positivismo en un sentido aún más negativo que antaño. Entonces, apareció revestida con la autoridad incuestionable dada por una justificación presuntamente científica, que permitía seguir pensando en los mismos términos prejuiciosos del siglo XVI.

Los mestizos corrieron igual desgracia. En el momento de la coronación del proceso de formación estatal, la mayoría de los positivistas retrocedió visiblemente respecto de las posiciones de los grandes dirigentes de la independencia a propósito de los mestizos. No obstante, sin abandonar el núcleo de las proposiciones positivistas, hubo excepciones, como el pensamiento de Euclides da Cunha, en Brasil, y el de Justo Sierra, en México, dos países donde la mezcla “racial” era un factor ineludible y, a su turno, fue reivindicada como base de la identidad nacional. No es un dato menor la existencia de semejantes desprecios, traducidos, en la práctica, en exclusión de ese “arco de solidaridades” que se supone es la Nación, concepto englobante como ningún otro.

En cuanto al “problema negro”, se asumió que el negro era portador de todas las lacras y miserias humanas. Sobre este punto, hay que notar que los positivistas de cuño comteano tenían una visión muy diferente y opuesta a la de sus pares spencerianos: siguiendo a su mentor francés, consideraban a la “raza negra” –al menos en teoría, casi nunca en la práctica– superior a la blanca, en tanto portadora de la primacía del sentimiento sobre la razón. El positivismo comteano –muy arraigado en la sociedad brasileña del siglo XIX– reivindicaba otro sujeto social generalmente excluido, tanto en la teoría como en la práctica: la mujer. Ella era encumbrada simbólicamente como madre, lo cual en la práctica restaba peso a su estatus de individuo (y con ello a su condición de sujeto de derecho). En la escala de valores positivistas se ponderaba la humanidad, la patria y la familia. La mujer representaba idealmente los tres estadios como madre de la Nación, en virtud de lo cual se le asignaba un rol primordial en el ámbito privado del hogar y una inclusión casi nula como individuo capaz de ejercer las libertades personales y públicas.

El cuadro se completa con el “problema inmigrante”, dominante en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, donde la llegada de europeos fue concebida como una doble solución: a la escasez de fuerza de trabajo y a la necesidad de “mejorar la raza”, y para extirpar el componente indígena de las poblaciones latinoamericanas (la denominada “solución vacuna”). En otros países –como en Perú–, la inmigración no pasó de ser apenas una propuesta de algunos intelectuales. Pero en Argentina, donde tuvo más éxito y constituyó una política estatal, hacia los años del Centenario de la Revolución de 1810, la inmigración comenzó a ser cuestionada y en su lugar apareció una nítida y creciente xenofobia, que hizo de los inmigrantes el equivalente del “indio”, “mestizo” o “negro” de otras sociedades y provocó una curiosa e inesperada revaloración del criollo –de la cual buen ejemplo, entre otros, es Segundo Sombra (1926), de Ricardo Güiraldes–, que de “vago, ocioso y malentretenido” pasó a ser considerado prototipo de virtudes morales. Los extranjeros, en cambio, fueron mirados como aprovechados y desagradecidos beneficiarios de la generosidad de una tierra que les había dado todo y no les había pedido nada, a cambio de lo cual habían traído la prostitución, la delincuencia, el anarquismo, el socialismo, el desorden, el terror. Por añadidura, muchos de ellos –se les imputaba– hicieron fortuna a costa de los sacrificados y postergados criollos. La agitación obrera fue una de las principales razones que llevaron a este cambio en el pensamiento de las burguesías y de muchos de sus intelectuales. En este sentido, tampoco se trató de una posición original: fue la llegada al Río de la Plata de una concepción que en Europa asociaba clase obrera con “patologías” sociales.

“[L]a lectura de la sociedad en clave médica diagnostica patologías. Mas, muy a menudo, y aunque pueda parecer sorprendente, la receta es no solo el rechazo y el aislamiento –típicos de una etapa de la medicina y visibles en la resolución del espacio físico-social en el cual se construyen lazaretos, leprosarios, manicomios, hospitales para tuberculosos, etc.–, sino la propia destrucción física –esto es, la muerte– de los ‘enfermos’” (Funes y Ansaldi, 1994: 226; 2004: 484). Uno de los tantos ejemplos paradigmáticos es el de Antonio Maciel, O Conselheiro, el líder del movimiento mesiánico desarrollado en el área sertaneja de Bahia (Brasil), a partir de 1867, alcanzando su clímax en la guerra de Canudos (1893-1897), como se verá más adelante. Por los mismos años, Bolivia ofrece otro ejemplo sobre la patologización –es decir, la criminalización– de la protesta social, en este caso, de base étnica, con la llamada “Revolución Federal de 1899”, a la cual ya nos hemos referido.

En América Latina, la dominación política oligárquica –en los términos en que aquí se define oligarquía– llegó a su fin, en algunos países, hacia 1930. Sin embargo, varios de sus mecanismos, como es el caso del clientelismo, y algunas de las peores manifestaciones del modo de ser oligárquico articulado en el positivismo, como el racismo y la criminalización de la protesta social, todavía hoy persisten con fuerza. Y no solo persisten: en determinadas coyunturas adquieren una relevancia brutal.

La acción colectiva de las clases subalternas rurales

La oligarquía se apoyó en un consenso precario pero durable, conseguido a través de un conjunto de prácticas sociales de violencia simbólica orientadas a la cooptación de las clases subalternas, cuyos resultados más característicos fueron la sumisión y la obediencia. Estos rasgos, entre otras cuestiones de orden más comúnmente estructural, contribuyeron a lo que el brasileño Francisco de Oliveira (1987) planteara como “formación de clases sin identidad de clases”.

En América Latina, la expresión clases subalternas, según su definición en el pensamiento de Gramsci, refiere a colectivos sociales excluidos del sistema hegemónico dirigido por la clase fundamental e incluso –al menos durante el siglo XIX– de la sociedad política, es decir, no constituidos como sujetos políticos. Como se sabe, Gramsci distingue tres tipos de grupos sociales que cumplen distintas funciones en el interior de un bloque histórico: la clase fundamental, que es la que dirige el sistema hegemónico; las clases o grupos auxiliares, que constituyen la base social de la hegemonía y se encargan de proveer personal para ella, y las clases subalternas, excluidas del sistema hegemónico y sobre las cuales se ejerce la coerción. Esta distinción tripartita, aunque no está desconectada del plano estructural, alude mucho más al plano de la política, en el cual se ejercen la dominación y/o la dirección.

La relación existente entre la clase fundamental y las clases subalternas es normalmente una relación de dominación, es decir, de predominio muchas veces exclusivo de la coacción. Digamos, una vez más, que una clase fundamental es dirigente cuando ejerce el poder fundándose sobre todo en el consenso y es dominante cuando se apoya principalmente en la coacción. La clase fundamental genera consenso incluso entre las clases subalternas, a través de los medios de comunicación de masas, por ejemplo. Pero, en el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, las clases subalternas latinoamericanas conocieron mucho más la coerción que el consenso.

La brutal fractura entre clase fundamental –o, mejor aún, entre grupos sociales aspirantes a convertirse en clase fundamental– y clases subalternas tuvo serias consecuencias: no solo se vieron extremadamente dificultadas para constituirse de manera unitaria y homogénea –lo que deriva de la ausencia total de hegemonía– sino que, por la misma razón, se ocluyó el proceso de construcción de la nación. A su vez, el carácter disgregado de las clases subalternas contribuye a explicar las formas y el contenido que adquirieron sus protestas. Es la propia subalternidad de las clases subalternas la que revela las dificultades o la imposibilidad para construir una alternativa hegemónica, una propuesta política organizada y una estrategia que apunte al poder. Así, sus luchas tuvieron un carácter fragmentado y limitado. Lo mismo se aprecia en los hechos de bandidismo y de mesianismo y/o milenarismo.

El bandidismo o bandolerismo fue un elemento heredado del período colonial que se potenció después de la independencia y hasta llegó a ser endémico en varios lugares de América Latina, especialmente en zonas agrícolas montañosas y en pampas y llanos ganaderos, espacios en los cuales la ausencia de la autoridad del Gobierno –fuera nacional, fuera local– era notoria. Fue una forma típica de reacción contra la explotación abusiva de los pobres por los propietarios ricos, sin proyecto político alguno, si bien hubo casos en que el bandidismo se cubrió de un manto de protesta social y otros en que se trabaron alianzas entre bandidos, funcionarios y hacendados o comerciantes (sobre todo en el caso de los cueros). Incluso, hubo situaciones en las cuales bandidismo y luchas políticas llegaron a mezclarse, como durante la Guerra Federal venezolana o en México a lo largo de los gobiernos de Benito Juárez y Porfirio Díaz y, luego, durante la Revolución.

La expansión de la hacienda en México empujó a buena parte de las comunidades a las tierras del sur. La lucha por la tierra tuvo una de sus manifestaciones más acabadas –claro está, antes del estallido de la revolución en 1910– en la rebelión de los yaquis en 1875, conducida por José María Leyva, conocido como Cajeme. El líder de los rebeldes había pertenecido al Ejército mexicano, había apoyado a los liberales y había tomado estrecho contacto con los indígenas. Cajeme era el caudillo de los indígenas que poblaban las tierras fértiles del valle del río Yaqui. Se trataba de una población que, con el estímulo de los jesuitas, había desarrollado técnicas modernas de explotación agrícola. Frente al avance del Gobierno, que amenazaba con tomar sus tierras, los indios se declararon en estado de guerra. Pronto se sumaron otras poblaciones y el gobierno de Porfirio Díaz respondió con cruel violencia, al punto que algunos autores calificaron el proceso de genocidio. En 1887, Cajeme fue asesinado y se convirtió así en personaje legendario. Entre 1903 y 1908, el Gobierno de Porfirio Díaz, después de varias campañas militares cada vez más cruentas pero igual de infructuosas, sometió a los yaquis deportándolos a las plantaciones de henequén de Yucatán, donde fueron sometidos a un régimen de esclavitud en las haciendas. Las tierras en disputa fueron vendidas a la empresa American Richardson Company por sumas ridículas.

Tres notables –mas no únicas– manifestaciones de protesta rural en Brasil fueron las de Canudos (1893-1897), Ciudad Santa de Juazeiro (1889-1934) y Contestado (1912-1916). Fueron, atendiendo a la distinción establecida por la brasileña Pereira de Queiroz (1969: 19-22), movimientos mesiánicos, pero no milenaristas. Según ella, “movimientos milenaristas” son aquellos que, en sentido restringido, postulan un conjunto de creencias referidas al retorno de Jesús Cristo a la tierra en una fecha precisa (originariamente, el Milenio, el año 1000). En un sentido más amplio, “el milenarismo es la creencia en una edad futura, profana” –simultáneamente sagrada; terrestre y celestial– en la que “todos los entuertos serían entonces corregidos, todas las injusticias reparadas, y abolidas la enfermedad y la muerte”. El milenarismo es, al mismo tiempo, religioso y sociopolítico, sagrado y profano. En el mesianismo –un caso particular de milenarismo, según la autora–, un hombre, el mesías, que puede ser un héroe o un “mensajero divino”, es aceptado como el conductor de la marcha para instaurar la sociedad perfecta en el mundo terrenal. Para ser mesiánico, un movimiento debe tener un jefe al cual se considera sagrado y en contacto directo con el más allá. Para Pereira de Queiroz, tres elementos son indispensables para la formación de un movimiento mesiánico y para hacerlo específico: “Una colectividad descontenta u oprimida; la esperanza en la venida de un emisario divino que debe enderezar los entuertos que aquella sufre y la creencia en un paraíso al mismo tiempo sagrado y profano”. El milenarismo y el mesianismo son siempre acciones de una comunidad o colectividad, no de individuos aislados.

Según Pereira de Queiroz (1969: 96-138), es posible distinguir tres tipos de movimientos mesiánicos: los de unificación nacional (conservadores e incluso restauradores), constituidos como reacción ante una amenaza externa); los subversivos, orientados hacia la consecución de la justicia social o política y la transformación del orden social existente; y los reformistas, “cuya situación de origen no es ni la de un cambio social interno ni de la amenaza de un peligro exterior”. Dentro de esta tipología, los movimientos mesiánicos brasileños pertenecen a la categoría de los reformistas.

Hacia 1867, Antônio Maciel, un beato (laico dedicado a servir a Dios), comenzó su peregrinaje por el área sertaneja de la provincia de Bahia. En 1870-1871, apareció el padre Cícero Romão Batista, sacerdote consagrado, quien lo hizo en Juazeiro, en el límite entre Ceará y Bahia. Con ellos se inició un largo período de movilización mesiánica en el nordeste brasileño. A pesar de su distinto origen individual, laico uno, religioso el otro, ambos se convirtieron en líderes de sendos movimientos de masas rurales.

En 1873, Maciel, conocido como “O Conselheiro”, fundó, próxima a Itapicurú, la comunidad de Bom Jesús, tolerada por el Imperio y hostigada por la República, situación que llevó al grupo a trasladarse hasta una hacienda abandonada en Canudos, a la vera del río Vasa-barris, donde Maciel fundó, en 1893, la comunidad igualitaria de Belo Monte, cuya población llegó a una elevada, pero incierta, cifra (en todo caso mayor a 5.000 peregrinos). Fue acusado de monárquico, pero la imputación carecía de veracidad, al menos en el plano político. Es cierto que los de Canudos eran antirrepublicanos y vieron a la República como un acto de usurpación e injusticia y expresión del orden social del mal, inscripto en un cuadro de señales del fin de los tiempos. Canudos era, en ese contexto, el lugar de espera de la restitución de la monarquía –el orden social del bien– por Dios, pero no la abolida de los Bragança sino la nueva de los redimidos, monarquía que, en una mañana de niebla, vendría rescatada desde una isla lejana con Dom Sebastião, montado en su caballo blanco, al frente (244).

La capacidad de convocatoria de O Conselheiro fue notable y pronto se convirtió en una cuestión clave de las disputas entre coronéis sertanejos, o entre estos y el Gobierno Federal, en cuyo interior una fracción, la de los anticivilistas florianistas (partidarios de Floriano Peixoto), opuesta al presidente Prudente de Moraes, bregaba por un régimen dictatorial.

Para terminar con Canudos se requirieron cuatro expediciones militares enviadas, entre noviembre de 1896 y octubre de 1897, por el Gobierno Federal para derrotar a un heterogéneo grupo de desarrapados, entre ellos campesinos, vaqueros, jagunços… La cuarta expedición, compuesta por 9.000 soldados, terminó con la resistencia. El poblado de Belo Monte, centro del movimiento, fue dinamitado. Los pobladores que no murieron y lograron huir fueron perseguidos y en muchos casos fusilados, degollados y destripados (el número de muertos fue estimado en 5.000). Las mujeres y los niños fueron excluidos del degüello, salvo en los casos en que se los consideraba peligrosos. Euclides da Cunha resumió secamente la acción de los militares: no fue una campaña, sino una carneada. El cuerpo del propio Maciel –fallecido una semana antes de la batalla final– fue exhumado y decapitado, y su cabeza fue enviada a Rio de Janeiro para un estudio antropológico-médico, el cual debía demostrar “científicamente” la patología del Conselheiro. Contra el prejuicio de los hombres del poder, el resultado indicó la plena “normalidad” de su cerebro (245).

Tras la derrota, apareció una leyenda mesiánica según la cual Maciel resucitaría y volvería con el ejército de Dom Sebastião para vengar a su pueblo y dar comienzo al Juicio Final. Al cabo de un tiempo, fue desvaneciéndose.

Instalado como sacerdote en el poblado de Juazeiro, el padre Cícero comenzó a predicar por los alrededores imitando el estilo del beato Maciel (sotana gastada, cabello enmarañado, barba larga, bastón de peregrino), y así logró convencer a propietarios y campesinos vecinos de que abandonaran sus tierras y fuesen a vivir y trabajar en la aldea (un medio de control), la cual logró convertirse en un pueblo próspero de artesanos y comerciantes. Cícero se hizo cada vez más conocido, lo que atrajo a Juazeiro a miles de peregrinos que le requerían consejos y bendición. Hacia 1889 (cuando se proclamó la República) comenzó a circular la versión de que hacía milagros, y así aumentó no solo el número de peregrinos sino también el de residentes. Semejante éxito alarmó a las autoridades de la Iglesia Católica, quienes consideraron peligrosas las actividades e hicieron que el Vaticano lo convocase a Roma, donde el Papa lo condenó a no oficiar misa, no predicar (decisiones que acató) y abandonar Juazeiro, si bien esta medida, que Cícero rechazó, fue luego revocada por temor a una agitación popular.

Cícero se convirtió en autoridad y eficaz administrador de la Cidade Santa de Juazeiro, que pasó a denominarse “Nova Jesuralém” (hoy “Nova Juazeiro do Norte”). Logró que se desarrollara materialmente, al tiempo que montó un eficaz mecanismo de control de todos sus habitantes, ninguno de los cuales podía realizar cosa alguna sin el consentimiento del sacerdote. Contó con el apoyo de los coroneles locales, mas luego comenzó a usufructuar en su favor el capital político que representaba el control de la fuerza electoral que le respondía (sus “ahijados” solo votaban por los candidatos que él ordenaba). Independizado de sus antiguos protectores, logró convertir a la ciudad (por entonces de unos 30.000 habitantes) en municipio y ser elegido prefecto en 1911. En 1914, un cambio político en el Gobierno estadual puso al frente de Ceará a enemigos de Cícero, quienes no solo iniciaron una campaña periodística en su contra sino que terminaron enviando tropas contra Nova Jerusalem, mientras Cícero abandonaba su discurso pacificador para arengar a sus numerosos fieles (residentes o no en la ciudad) acusando al gobernador, coronel Franco Rabelo, de representar al Anticristo.

Nova Jersualem no era Canudos: Cícero había construido todo un aparato político que no solo controlaba la ciudad sino que también tenía “sus” diputados estaduales y “su” diputado federal. Este informó de la situación al presidente de la República, quien, enemistado, a su vez, con el Gobierno cearaense, dispuso la no intervención del Ejército federal en el conflicto estadual. Así, los partidarios de Cícero rompieron el cerco montado por las fuerzas del gobernador y, con el apoyo de la mayoría de la población, marcharon hasta Fortaleza, la capital del estado. Entonces sí, “para mantener el orden”, intervino el Ejército federal, bajo cuyo control se realizaron elecciones para designar a un nuevo gobernador, afecto a Cícero. “El poder de este fue en adelante indiscutible” hasta su muerte en 1934. No solo dirigió la política de Ceará, “sino también la del noreste en general; todo candidato, para estar seguro de triunfar, debía solicitar su apoyo” (Pereira de Queiroz, 1969: 107).

Al igual que O Conselheiro, el padre Cícero se convirtió en leyenda tras su muerte: estaba en el cielo hablando con Dios, pero regresaría a la tierra para traer la edad de la bondad perfecta. A diferencia de la de Maciel, su leyenda persistió durante mucho tiempo. Pereira de Queiroz señala que todavía estaba muy presente a fines de la década de 1960.

El otro gran movimiento mesiánico brasileño fue el de Contestado, un área entonces litigiosa entre los estados de Paraná y Santa Catarina, en el sur del país. Por concesión gubernamental, una compañía norteamericana construyó una línea férrea para unir el estado de São Paulo con el de Rio Grande do Sul, y así también obtener una cesión de tierras de ganados y yerbatales –con un ancho de 9 km a cada lado y a lo largo de las vías– para su colonización. La empresa instaló también una maderera procesadora de pinares. La colonización se basó en la política de vender los lotes a colonos extranjeros (sobre todo polacos e italianos), para lo cual, a partir de 1911, expulsaron a los posseiros originarios. A esta situación conflictiva se sumó la desocupación de los trabajadores que habían construido el ferrocarril, hombres provenientes de otros lugares del país, llevados compulsivamente y no reintegrados al concluir la obra.

El conflicto se hizo explícito a partir de la confrontación por intereses entre dos coroneles locales, Francisco de Alburquerque (coronel de situação, es decir, oficialista) y Henriquinho de Almeida (coronel de oposição). Dentro del territorio controlado por este último, en 1912, se reunieron en Perdices Grandes numerosos posseiros expulsados de sus tierras, obreros del ferrocarril desocupados y moradores del lugar. Lo hicieron en torno al beato José Maria, un herbolario a quien se consideraba resurrección de João Maria, predicador con fama de santo que había actuado a fines del siglo anterior. Almeida les dio su apoyo, razón por la cual Alburquerque, para evitar el fortalecimiento de su rival, lo denunció ante el gobernador acusándolo de proclamar la monarquía en Tacuaruçú. Pero el beato abandonó el territorio y se trasladó con sus seguidores a Irani, un conglomerado de posseiros ubicado en el estado de Paraná. El gobernador de este estado entendió que los catarinenses habían invadido su territorio y envió fuerzas militares para atacar a la comunidad. Antes de cumplirse el tiempo de la intimación, las tropas gubernamentales atacaron y dieron muerte a varios hombres, incluyendo al propio José Maria. Los sobrevivientes reaccionaron, se apoderaron de una ametralladora del ejército y dieron muerte a soldados y al propio jefe de la expedición al que remataron a cuchilladas, tras lo cual se retiraron a Tacuaruçú. Las fuerzas estaduales contaron con el apoyo de los coroneles situacionistas y la Iglesia Católica.

En la Cidade Santa de Tacuaruçú, los bienes eran propiedad común y el comercio estaba prohibido y hasta castigado con la muerte. Como en el caso de los movimientos nordestinos, su monarquismo no era restaurador de los Bragança, sino una oposición a las acciones de injusticia y violencia de los republicanos, con una profunda connotación religioso-popular en la cual estaban presentes mitos y leyendas tradicionales, como las de los Doce Pares de Francia, entre otras.

El presidente Hermes da Fonseca envió tropas del ejército federal como parte de su “política de salvación”, orientada a la eliminación de los adversarios de los poderes políticos locales. Esas tropas se sumaron a los efectivos de la policía estadual y unos mil vaqueanos (jagunços del sur al servicio de los fazendeiros) para enfrentar a unos cuantos miles de hombres (entre 5.000 y 15.000/20.000) convencidos de que José Maria y otros santones resucitarían para anunciar el fin del mundo y conducirlos, como parte del ejército encantado liderado por San Sebastião (246), a “una monarquía religiosa e igualitaria”, en pos de la cual proclamaron, en septiembre de 1914, la “guerra santa”. Terminaron siendo derrotados definitivamente en 1915, con un alto costo de muertos (no menos de 3.000), en la que fue “[l]a mayor guerra popular de la historia contemporánea de Brasil” (Martins, 1981: 26).

Estos movimientos mesiánicos no tuvieron por objeto la toma del poder político, pero sí fueron una propuesta de un orden alternativo de alcance espacial limitado, no nacional sino solo local. Tal vez, mejor, restauradores de un orden tradicional alterado. Pero su sola presencia y sus limitaciones –como contraorden– afectaron al orden republicano, tanto como para generar la mayor movilización militar interna en la historia del país. Como ha señalado Pereira de Queiroz (1969: 118), se insertaron en el sistema político regional y aceptaron –a través de las decisiones de sus líderes– la autoridad de al menos algunos de los coroneles locales y la pirámide jerárquica conexa. Tampoco actuaron “en una perspectiva de pobres contra ricos”, ni tampoco contra la propiedad privada, reduciendo su protesta a la condena del empleo que los ricos hacían de sus bienes y a su olvido de la práctica de la caridad. Una excepción habría sido el movimiento dirigido por el beato Lourenço, un negro que fue discípulo del padre Cícero.

Pese a los límites, la apelación al ejército para reprimir los movimientos de Canudos y Contestado, y así defender el orden y el régimen oligárquico, constituyó “la mediación que hizo, de las guerras campesinas, guerras políticas; que arrancó a las rebeliones místicas de los campesinos de su aparente insignificancia localista, municipal y pre-política, descubriendo en ellas la dimensión política profunda, el peligro para el orden constituido, su poder desagregador […] No era la monarquía lo que los militares combatían, como de ello se dieron cuenta muchos y muy rápido. Era la insurrección, la subversión de los pobres del campo” (Martins, 1981: 62).

Los grupos mesiánicos considerados y las cidades santas que levantaron se constituyeron a partir de la reunión de familias, no de individuos aislados, salvo raras excepciones. Se trataba, en rigor, de familias ampliadas, unidas por un fuerte vínculo religioso a partir de un núcleo consanguíneo –incluso legalmente constituido– al cual se sumaban parientes lejanos, ramas bastardas, aparceros, ahijados, etc., es decir, clientes, organizados jerárquicamente. Cada pirámide familiar era económicamente independiente (sus miembros vivían de su propio trabajo). Las comunidades mesiánicas reproducían “la estructura social particular de las zonas” en las cuales se asentaban. En el interior del grupo mesiánico, explica Pereira de Queiroz, se entremezclaban dos estratificaciones, “adaptadas la una a la otra”: la de la sociedad laica y la instaurada por el mesías (la más importante de las dos). Esta mantenía la estructura social jerárquica preexistente, de modo tal que los propietarios ricos que se sumaban a la comunidad (y no eran pocos) estaban por encima del humilde boyero, excepto que este hiciese méritos tales que, a juicio del mesías, permitiese elevarlo de rango. Así, en el Contestado, por ejemplo, “cada pequeño jefe político local que ingresaba en el movimiento aportaba consigo a ‘sus hombres’, es decir, a toda su clientela, y era tratado con los miramientos que le eran debidos”. Además, el mesías por lo general optaba por los “individuos pertenecientes a los rangos sociales más elevados” a la hora de elegir sus “apóstoles”. O Conselheiro y el padre Cícero devinieron grandes electores, que optaban por los coroneles que los apoyaban y se oponían con energía y hasta ferocidad a los opositores (Pereira de Queiroz, 1969: 118 y 120).

En la jerarquía interna de la sociedad, el mesías ocupaba el vértice de la pirámide, era la autoridad suprema. Estaba rodeado de un pequeño grupo de colaboradores, llamados apósteles, sabios, discípulos, “ministros” e incluso “Doce Pares de Francia” (como en el sur del país). Cuanto más grande e importante era el grupo, más necesaria era la diferenciación interna. En ese sentido, la Juazeiro/Nova Jerusalém del padre Cícero constituyó “el estadio más complejo que una Ciudad Santa podía alcanzar: organizada como una ciudad normal, con los servicios urbanos y la administración pública necesaria, funcionaba, sin embargo, bajo la dirección autoritaria del padre Cícero; no se tomaba ninguna iniciativa, no se hacía ningún nombramiento sin su acuerdo previo” (Pereira de Queiroz, 1969: 115). El poder de los mesías llegó a ser más fuerte que el de los coroneles laicos por tratarse de una autoridad religiosa.

La concentración de población proveniente de un hábitat de dispersión demográfica hizo de las comunidades mesiánicas un espacio geográfico-social organizado, disciplinado y controlado, que permitió “también la vigilancia del mesías y de los apóstoles sobre el comportamiento de la gente” y generó “una comunidad unificada, solidaria y próspera”. En efecto, sus habitantes mejoraron su nivel de vida –y este fue “sin duda el más espectacular de los resultados obtenidos por los mesías”– y transformaron una economía campesina de subsistencia y casi cerrada en una comercial solo limitada por las rudimentarias técnicas agrícolas empleadas (Pereira de Queiroz, 1969: 118-119).

Ecológicamente, los movimientos mesiánicos se produjeron en áreas de ganadería rudimentaria y agricultura de subsistencia, en las cuales, por añadidura, el control estatal era bajo o inexistente. No aparecieron en las de monocultivo de exportación (el nordeste húmedo, azucarero; el sudeste cafetalero y el sur de gran ganadería).

La aparición de estos movimientos no fue ajena a una situación de agravamiento de la inestabilidad sociopolítica del lugar, crisis local que podía solaparse con “una conmoción más general sufrida por todo el país”. Los tres movimientos aquí considerados se originaron “en el momento en que una fuerte crisis cambiaba el eje de la economía brasileña [de azucarera nordestina a cafetalera del sudeste] y discutía la institución de la esclavitud” (Pereira de Queiroz, 1969: 132) –amén del régimen político (de monarquía a república), en una situación de anomia social. Sus líderes no fueron “libertadores de un pueblo oprimido”, sino “restauradores de un orden social perturbado”.

Étnicamente, las comunidades mesiánicas brasileñas fueron heterogéneas: negros, mulatos, mestizos y, predominantemente, “blancos brasileños” (un mestizaje, de antigua data, entre europeos o sus descendientes americanos e indios y negros), sin excluir a inmigrantes europeos, sobre todo polacos, italianos y alemanes (247). No hubo movimientos mesiánicos negros; las rebeliones de los esclavos fueron laicas, aunque el contenido religioso estuvo presente en la bahiense revolta dos Malés. Y solo dos movimientos mesiánicos fueron dirigidos por negros: el del beato Lourenço, en el nordeste, y otro de escasa significación, en el sur, cuyo líder se presentaba como reencarnación de San Benito.

Socialmente, ya se ha dicho, las huestes mesiánicas estaban constituidas por campesinos pobres, desocupados, desclasados varios, pero no faltaron los propietarios de tierras, cuya condición, sobre todo en el sertão, distaba mucho de la riqueza de los fazendeiros y los senhores de engenho (248).

El sociólogo Gilberto Freyre fue uno de los precursores del estudio de la plantación y de su incidencia en la sociedad global. Su clásico libro Casa-Grande e Senzala. Formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal (1933) abrió un camino que luego comenzaron a transitar sociólogos, antropólogos e historiadores. El libro tiene un papel considerable en la historiografía de los estudios sociales brasileños, más allá de las muchas (y justificadas) críticas que se le han hecho, entre otras, la de ofrecer una versión atenuada y edulcorada de la vida esclava en Brasil. El título del libro alude a las dos viviendas, la del amo y su familia, y la de los esclavos, respectivamente. En su desarrollo se aprecia una interpretación favorable –a veces entusiasta– del papel desempeñado por la casa grande en la formación de la sociedad brasileña.

Desde la perspectiva del autor, en efecto, “la casa grande propiamente dicha” es “considerada como parte, y no centro dominador del sistema de colonización y formación patriarcal de Brasil” (Freyre, 1989: 357). El autor pernambucano no podía dejar de señalar las muestras de crueldad que se practicaban en su interior, a las que no eran ajenas las esposas de los plantadores o senhores de engenho, quienes se revelaban más crueles aun que estos. Así, por ejemplo, dice, no faltaban las señoras “que mandan arrancar los ojos de las mucamas bonitas y llevarlos a la presencia del marido, a la hora de los postres, dentro de la compotera de dulce y boyando en la sangre todavía fresca. Baronesas ya de edad que por celo o despecho mandaban vender mulatitas de quince años a viejos libertinos”. Había otras que destrozaban las dentaduras de las esclavas o mandaban cortar los pechos, arrancar las uñas, quemar la cara o las orejas. Según Freyre (1989: 337-338), “[e]l motivo [es], casi siempre, el celo del marido. El rencor sexual. La rivalidad de mujer con mujer”.

Las luchas de las clases subalternas, en general, combinaron contenidos de clase, étnicos y religiosos. El libro del antropólogo cubano Miguel Barnet, Biografía de un cimarrón, reconstruye la vida de Esteban Montejo, un ex cimarrón que en el momento de las entrevistas (1963) tenía 104 años. Montejo nació esclavo, huyó a las montañas, participó en la guerra de independencia de Cuba (1895-1898) y en la batalla de Cienfuegos contra los norteamericanos. Su relato echa luz sobre aspectos sustantivos de la vida cotidiana de los esclavos en la Cuba colonial: la dureza del trabajo, la discriminación racial, las fiestas y ceremonias religiosas, las relaciones hombre-mujer, etc. Esa cotidianeidad está dominada por la violencia física y simbólica. El libro revela un dato mayúsculo: la violencia no es, en efecto, privativa de los momentos de reacción frente al cimarrón recapturado –corte del tendón de Aquiles, amputación de una pierna, castración, exposición al fuego lento hasta la muerte, etc.–, sino que es parte constitutiva de la cotidianeidad. La violencia física, como los castigos que se aplican para mantener o reforzar la disciplina en la larguísima jornada laboral, se combina con la violencia simbólica, como la que se ejerce en el interior mismo de la casa del plantador, particularmente sobre las mujeres (249).

Durante el período 1895-1923, se extendió la fase de apogeo de la dominación oligárquica en Perú. En este período, tuvo lugar la rebelión de Rumi Maqui (1915), una singular expresión de resistencia activa. Manuel Burga y Alberto Flores Galindo (1980: 117) distinguen cuatro tipos de luchas sociales en Perú: a) las luchas interétnicas; b) las insurrecciones artificiales; c) las luchas entre gamonales, y d) las insurrecciones de indios. Estas últimas “son insurrecciones masivas, dentro de un ámbito geográfico mayor, lideradas por alguien que viene de fuera del mundo campesino o por dirigentes étnicos, que nacen por motivaciones antifiscales, pero que terminan cuestionando el orden total para luego proponer la restauración del Tahuantinsuyo”. En líneas generales, las insurrecciones indígenas (de “indios”, según la expresión de Burga y Flores Galindo) se enfrentaron al sistema de explotación en su conjunto y constituyeron verdaderas guerras contra el misti, el señor. La rebelión de Rumi Maqui fue una insurrección de este tipo (250).

La insurrección tuvo como protagonista a un ex funcionario del Gobierno: Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Este personaje, respaldado por el Gobierno central, se había destacado por llevar a adelante políticas pro-indígenas durante la breve presidencia (de septiembre de 1912 a febrero de 1914) de Guillermo Billinghurst. El presidente fue derrocado por un golpe de Estado dado por conservadores del Partido Civilista, y Gutiérrez Cuevas se vio obligado a huir de la escena política. Cuando volvió al país en 1915, se dedicó a organizar la revuelta que llevó el nombre de “Rumi Maqui” (del quechua, mano de piedra) con la consigna “Restaurar el Tahuantinsuyo” y programada para el domingo de Carnavales de 1916.

La experiencia terminó en un rotundo fracaso. Según relatan Burga y Flores Galindo, un grupo de campesinos, fieles al gamonal, delató los preparativos de la revuelta cuya fecha debió entonces adelantarse. La ebriedad y la falta de armamento suficiente colocaron al “ejército campesino” en condiciones aún más inferiores que las de sus adversarios gamonales. Es evidente que el modo en que se estructuró el sistema de hacienda y la dominación oligárquica en Perú contribuyó a este fracaso. En primer lugar, queda de manifiesto el poder de los gamonales, quienes movilizaron a los campesinos contra sus propios pares. La delación era una práctica frecuente entre los campesinos, promovida por el paternalismo y su ausencia característica de comunicación en las bases. En segundo lugar, se observa la eficacia de la ebriedad como mecanismo de control social. El alcoholismo era entonces un mal necesario pero efectivo, promovido por el sistema de “enganche”. Todo esto pone en evidencia, también, la debilidad de los aparatos estatales y el aislamiento de los poderes locales. Los gamonales tenían ejércitos propios y en el espacio local ejercían el monopolio de las armas, disputando con esto una de las atribuciones fundamentales del Estado moderno. Por último, se observa el sincretismo: los campesinos eran los hijos del Sol y las Montañas, y al mismo tiempo los hijos del Señor hacendado, representante del Señor Dios en la tierra.

La vinculación de la revuelta con los antepasados incaicos es evidente en la consigna “Restaurar el Tahuantinsuyo”. Su nombre también: Rumi Maqui. Y también la fecha inicial de la revuelta: el domingo de Carnaval, una de las fiestas más grandes de los pueblos andinos. Esto último tiene particular relevancia. El hecho de llevar a cabo la insurrección el domingo de carnaval tiene su explicación en la profunda unión entre acción e imaginación. Para los indígenas peruanos, y en especial para los de la sierra sur, la música del carnaval inspiraba un espíritu guerrero, cuya violencia se exacerbaba aún más por las condiciones climáticas propias de la estación. Los carnavales se festejan en febrero. En este mes, Paucarhuaray, los ríos crecen y hay grandes temporales de lluvias y tormentas. Identificados con la naturaleza, los indígenas agitaban su espíritu al agitarse las aguas del río.

A pesar del fracaso de acciones como la descripta, los indígenas en Perú lograron crear una visión de contraorden gracias a la fuerza de sus símbolos. Haber imaginado Rumi Maqui ya es haber creado un contrapoder en el plano simbólico; que fue reprimido en términos prácticos, cierto, pero que en ese otro plano demostró la capacidad de los indígenas de mantener firmes sus creencias y estar dispuestos a movilizarse por ellas. En general, los indígenas de la sierra sur aceptaron el orden establecido, pero siempre infiltrando elementos de subversión, sobre todo a través de la imaginación. La aceptación lleva implícito un elemento volitivo que debe ser considerado.

Una de las expresiones más acabada, en este caso provista por la literatura, acerca de la subalternidad de las clases subalternas en la sierra sur peruana es la visión de José María Arguedas. En alguno de sus relatos, Arguedas describió a los indígenas de las haciendas como “gusanos”. Un gusano que se arrastra por la tierra puede ser sumiso, pero si sabe que está en su naturaleza convertirse en mariposa, la sumisión es liberadora. Así, en un ámbito en el que la violencia es cotidiana y oprime, la sumisión puede ser atractiva. Es cierto que cuando un indígena se agacha, con la cabeza descubierta y el cuerpo casi desnudo, para honrar a su patrón, se piensa inmediatamente que se trata de un impulso de sumisión. Pero también es posible pensar que se trata de una forma de resistencia simbólica, en la que la dimensión psíquica es un componente relevante (en lenguaje mágico, la expresión del alma). La sierra sur peruana es un espacio interesante para el estudio de este tipo particular de resistencia. Allí, como se ha visto, las tradiciones indígenas estuvieron fuertemente arraigadas y fue escenario de ese fenómeno singular denominado “gamonalismo”.

El pongo representa cabalmente el doble juego de coacción/donación propio de la hacienda. El indígena que tenía el estatus de pongo estaba sometido a actos de violencia directa como el castigo físico, el hambre y el trabajo gratuito. ¿Cuáles eran las donaciones que recibía de su amo? El pongo, en la mayoría de los casos, no recibía tierras para laborar, no tenía familia, ni natural ni de parentesco simbólico, cuestión reflejada en la voz quechua con la que se lo denominaba: huaccha o wajcha, que significa tanto “pobre” como “huérfano o sin parientes”. El pongo tampoco recibía pago alguno por el trabajo doméstico que realizaba en la casa del propietario.

Al retomar la metáfora de Arguedas, el pongo bien puede aparentar ser un gusano que pide ser aplastado. Sin embargo, existe la posibilidad de que ese gusano vuele convertido en mariposa. Los indígenas imprimieron la marca de su propia naturaleza en actos cotidianos tan silenciosos que a veces resultaron imperceptibles a los oídos vanidosos del amo. Los indígenas, según el testimonio de muchos, eran tomados por animales. Pero esta identificación con la naturaleza animal puede entenderse más como una actualización de su propia cosmovisión que como una internalización del discurso dominante. En efecto, en la cosmovisión del indígena el mundo “natural” no se distinguía del mundo “social”. El hombre era naturaleza.

Se trata pues de un mecanismo de aceptación y resistencia: obedecer no en función de una obligación impuesta sino en tanto el mandato se relaciona directamente con la propia cosmovisión. Algo similar ocurría con la muerte. El pongo aceptaba cuidar de su amo y de su casa hasta el día de su muerte porque esto constituía un paso hacia la propia liberación. En el cuento de Arguedas, “El sueño del pongo”, la muerte aparece desempeñando el mismo papel. Tantas veces humillado por su amo, el pongo solo se atrevió a hablarle para contarle lo que había soñado: “Padre mío, señor mío, corazón mío. Soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos”. No obstante la reverente fórmula usada para dirigirse al hacendado, hay que subrayar la condición de igualdad en la que el pongo se enfrentaba a su amo en este pasaje. La muerte los igualaba frente a Dios. En su relato, Arguedas narra que en el sueño, encontrándose ambos desnudos frente al Padre San Francisco, este los examinó para determinar el valor de lo que habían sido y de lo que eran. El pongo volvió a las fórmulas reverentes: “Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. […] Yo no puedo saber lo que valgo”. Pero luego de esta concesión, el pongo humilló a su señor. Narra Arguedas que Dios le pidió al ángel más hermoso que embadurnase con miel dorada al hacendado y al ángel más ordinario que untase con excremento al pongo. Una vez hecho esto, el sueño imaginado por Arguedas concluye con la voz del Padre San Francisco: “Todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora ¡lámanse el uno al otro! Despacio, por mucho tiempo”.

Aunque el de Arguedas es un relato literario, en la vida social eventos de esta índole también ocurrieron. Los elementos que expresaron la subversión del orden estuvieron dados a través de la acción violenta directa, pero también a través de sueños, juegos, danzas, y en todos los casos nunca faltaba el componente religioso. En efecto, existe una estrecha relación entre las prácticas de orden religioso sincrético y los actos de resistencia.

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, el carácter y el contenido de las luchas de las clases subalternas comenzaron a cambiar sustancialmente con la aparición, desarrollo y organización de la clase obrera industrial, predominantemente urbana, sin descuidar el importante papel que desempeñaron los mineros, sobre todo en Chile y Bolivia. Las tensiones estallaron más fuertemente con la crisis de 1930, cuando a la efervescencia anterior se sumó el reclamo de los sectores medios.

En este marco, Perú fue escenario de otra gran manifestación de acción colectiva de las clases subalternas: la Gran Sublevación del Sur (1920-1923), que logró trascender los marcos locales y constituyó una de las primeras impugnaciones a la dominación oligárquica. En efecto, las movilizaciones rurales fueron muchas, pero ninguna tuvo la fuerza suficiente como para elaborar una estrategia que apuntase a desestabilizar el poder del Estado (por otra parte, de precaria institucionalización). En el caso de la Gran Rebelión del Sur, los levantamientos indígenas avanzaron sobre las poblaciones y haciendas mestizas, incendiándolas y destruyéndolas, en gran medida incentivados por las matanzas de indígenas a manos de gamonales. El dato singular es que de estos levantamientos participaron indígenas de afuera y de adentro de las haciendas, en una escala regional que superó los límites localistas de las protestas anteriores. Surgieron líderes indígenas y campesinos que articularon el movimiento en una ideología milenarista que, aunque difusa, recuperaba la más genuina tradición indígena y la ponía en diálogo con el Estado. En ese entonces, el Gobierno de Leguía había interpelado al “indio”. Es en este contexto de avivamiento de los reclamos que los levantamientos lograron articularse en un movimiento más amplio. Sin duda, la crisis económica no fue un factor ajeno.

La Guardia Civil del Gobierno de Leguía reprimió a los rebeldes, pero la agitación general no pudo frenarse, aunque se espació y aminoró su intensidad. Los años veinte estuvieron signados por reivindicaciones indigenistas y el surgimiento de las ideas socialistas, articuladas en un importante movimiento intelectual del cual José Carlos Mariátegui fue, sin duda, uno de sus principales referentes. Varios delegados de los subcomités de Puno y Cusco del Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo se hicieron eco de las sublevaciones. A partir de 1923, Leguía, inicialmente permeable a la interpelación de los indígenas, torció definitivamente el rumbo. Los delegados del mencionado Comité fueron presos o muertos y el reformismo leguiísta muy pronto mostró sus ribetes de autoritarismo.

Diferentes formas de disolución de la dominación oligárquica

Las primeras formas de reacción antioligárquica surgieron, casi invariablemente, como demandas de democracia política y ampliación de la Nación, significativamente en ámbitos urbanos. En definitiva, para ciertos grupos, la cuestión era construir un orden en el que los individuos efectivamente pasasen de su condición de súbditos –primordialmente titulares de deberes– a la condición de ciudadanos –titulares de deberes y de derechos y en el que finalmente la Nación fuera inclusiva de la diversidad latinoamericana.

En estas situaciones, las clases involucradas se mostraron, una vez más, estructuralmente débiles. Por un lado, los sectores dominantes exhibieron el horror burgués por la movilización de las clases subalternas y su eventual desborde e incontrol, de lo cual buena prueba había sido la rebelión de Tupaq Amaru y Tupaq Katari y, sobre todo, la revolución haitiana, un siglo antes. Por otro lado, la dificultad para desarrollar la democracia política en América Latina debió mucho a la continuidad del clientelismo como categoría que se superponía y persistía junto a otras categorías de ordenamiento horizontal como las clases sociales.

En algunos casos, estas luchas llevaron a algunas formas de democracia política, a pesar de la valoración negativa que tuvo la democracia por entonces, tanto desde la derecha como desde la izquierda. En efecto, en Europa, y como una de las consecuencias de la primera posguerra, se cuestionó fuertemente la democracia liberal. Para algunos, esta aparecía en el mundo europeo más como una petición de principios que como una realidad. En general, en América Latina, mucho más que en Europa, la democracia política quedó postergada para un futuro impreciso, en todo caso, ni siquiera mediato.

La revolución social: México, 1910-1940; y Bolivia, 1952-1964 (251)

Como ya se ha visto en el capítulo 3, Theda Skocpol renovó la teoría de las revoluciones y los debates sobre ellas, al retomar la distinción entre revoluciones políticas y revoluciones sociales. Skocpol redefinió esta última de manera tal que la convirtió en un instrumento conceptual y analítico preciso. Digámoslo una vez más: “Lo que es exclusivo de la revolución social es que los cambios básicos de la estructura social y de la estructura política ocurren unidos, de manera tal que se refuerzan unos a otros. Y estos cambios ocurren mediante intensos conflictos sociopolíticos, en los que las luchas de clase desempeñan un papel primordial” (Skocpol, 1979: 4, las itálicas son nuestras).

¿Cuáles fueron esos “conflictos sociopolíticos” que propiciaron los cambios simultáneos de la estructura social y de la estructura política? En México, la crisis económica, agrícola e industrial, que afectaba a ricos y pobres, se entroncó con una crisis política que estalló cuando Porfirio Díaz puso sobre el tapete la cuestión de la sucesión presidencial. En 1910, Madero presentó su candidatura por el Partido Antirreeleccionista. Como se ha dicho, era hijo de una de las familias más ricas de México y un profeso intelectual del liberalismo político. Fue apresado antes de que pudiera presentarse a las elecciones. Así, en un proceso signado típicamente por el fraude, Díaz resultó electo por séptima vez. Fugado de la cárcel y ya en el exilio, Madero levantó la bandera del “sufragio efectivo y no reelección”, y con esto inició un proceso revolucionario que solo más tarde revelaría su carácter social.

En Bolivia, la insurrección política iniciada en abril de 1952 estuvo conducida por un partido que ya tenía trayectoria en el escenario político nacional, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), una organización creada en 1941 con el concurso de un grupo de intelectuales, en su mayoría abogados de clase media, que combinaba difusamente nacionalismo y algunos elementos del socialismo (252). A diferencia de México, en Bolivia la fase armada y violenta de la revolución duró apenas unos días y se cobró bastantes menos muertes. El MNR no irrumpió en la escena con un programa de reformas nuevas, sino que en alguna medida retomaba las previstas por el fracasado Gobierno de Villarroel (1943-1946).

Su acción se desarrolló en una sociedad básicamente rural, signada por profundas desigualdades y por la exclusión de la mayoría de la población. Según el censo de 1950, el 72% de la población económicamente activa trabajaba en la agricultura y actividades conexas, pero solo producía el 33% del PBI, claro indicador el anacronismo del sistema de hacienda. En efecto, la díada latifundio-minifundio, con su brutal y desigual reparto de la tierra –el 6% de los hacendados con más de mil hectáreas controlaba el 92% de toda la tierra cultivada en el país y, por añadidura, tan subexplotada que, en promedio, cada una ellas solo cultivaba el 1,5% de su extensión, mientras que en el otro polo, el 60% de los campesinos propietarios, con 5 o menos hectáreas apenas poseía el 0,2% del total de tierras para cultivo– reproducía, con persistencia de larga duración, la estructura rural colonial–, que era completada con la existencia del servicio personal de los indígenas campesinos para con su hacendado, su familia y capataces. Esta obligación –pongaje o servicio de pongo– era tan explotadora que exigía incluso servir al patrón en su residencia urbana. El hacendado disponía, pues, de fuerza de trabajo gratuita más la provisión de semillas, herramientas y hasta los animales de labranza y el transporte de la cosecha, todo a cargo de los campesinos. Como es obvio, ello implicaba una mínima inversión de capital por parte de los hacendados, la utilización de tecnología rudimentaria y atrasada, empleo de semillas de baja calidad y, por ende, niveles de producción y productividad tan bajos que no llegaban a satisfacer las necesidades alimentarias de la población, lo cual obligó a la importación de alimentos (el 20% en 1950-1952), incluyendo productos típicamente andinos como los tubérculos. En la síntesis de Herbert Klein (1994: capítulo VIII), a quien seguimos aquí, ese sistema mostraba su verdadera cara: ineficaz, improductivo, injusto y explotador.

En este período, dentro del partido, y en la medida que las presiones recibidas desde Estados Unidos aumentaron, los sectores más cercanos a un nacionalismo acusado de fascistoide fueron marginados y en su lugar cobró fuerza la corriente conducida por Víctor Paz Estenssoro, de carácter popular y favorable a la interpelación de los obreros. De hecho, Paz Estenssoro estrechó vínculos con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Al mismo tiempo, tomó forma la oposición, organizada en torno al recién creado Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), de corte stalinista. En 1946, una revuelta popular con sede en la ciudad de La Paz puso fin a la experiencia del MNR y Villarroel. Hubo persecuciones y exilios. Los dos grandes enemigos eran el MNR y el preexistente POR; en cambio, el PIR se subsumió en una estrategia colaboracionista con las vetustas fuerzas oligárquicas, argumentando la lucha contra el fascismo. En 1949, el MNR ensayó nuevamente la vía insurreccional, pero otra vez la experiencia fue frustrada. No obstante, hubo un evidente deterioro político de las fuerzas tradicionales y de las de sus aliados: el Ejército y el PIR.

En las elecciones de mayo de 1951, los candidatos del MNR, Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, arrasaron con la mayoría de los votos. Las elecciones fueron anuladas por el Ejército, respaldado por los magros apoyos de los sectores oligárquicos y la derechista Falange Socialista Boliviana (FSB). En abril de 1952, estalló una insurrección en varios departamentos del país, conducida por Siles Suazo y por Juan Lechin Oquendo, dirigente y líder del ala izquierda del MNR (y con buenas relaciones con el POR). Durante tres días, los insurrectos dieron sólido combate a las fuerzas militares. Los mineros bajaron a las ciudades armados con sus cartuchos de dinamita –instrumento de trabajo devenido armamento–, los campesinos también velaban armas y en las ciudades hubo facilidad de acceso a ellas desde el momento en que el jefe de Carabineros, vinculado al MNR, abrió los arsenales al pueblo. El ejército fue incapaz de resistir la insurrección popular y esta se tornó triunfante cuando Oruro cayó en manos de los revolucionarios. El MNR y el heterogéneo grupo de clases subalternas que encabezaba (pobladores de los suburbios, obreros mineros, campesinos) coincidían en un claro objetivo: la lucha antioligárquica contra el poder de “la Rosca”.

En México, Madero enseguida pactó con los porfiristas disidentes para afianzar su poder, particularmente con un grupo de los denominados “científicos”, que seguían bregando por la modernización e industrialización del país. Durante su mandato (1911-1913), no desestructuró las redes de poder porfiristas ni tampoco llevó adelante cambios socioeconómicos sustantivos. Esto le propinó fuertes conflictos, tanto por parte de los sectores dominantes como por parte de los sectores populares. Pero como afirma Fernando Mires (1988: 197), “sin duda, el máximo error de Madero fue haber dejado intacto el principal reducto de los porfiristas: el ejército”. En efecto, el general Victoriano Huerta, pretendidamente fiel al maderismo, contó con un arma única para llevar adelante, con éxito, la contrarrevolución.

En 1914-1915, el Ejército federal porfirista fue definitivamente derrotado, y no fueron menores los aportes militares de los jefes populares Emiliano Zapata en el sur y Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, en el norte. Pero como legado quedó un conjunto de fuerzas heterogéneas, que se habían reunido contra un blanco común y que ahora pujaban en sentidos divergentes. En efecto, los intereses de Huerta, contrarrevolucionario; de Venustiano Carranza, originario de Coahuila y heredero del maderismo derrotado y portavoz de la gran burguesía que bregaba por el cambio; de Álvaro Obregón, representante de los intereses de Sonora; de Zapata, jefe de los campesinos sublevados del sur, y de Villa, caudillo de los sectores agrarios movilizados del norte, eran demasiado heterogéneos para ser fácilmente unificados.

Tras la breve pero sangrienta dictadura que inició Huerta después de vencer a Madero, en 1915, el poder pasó a manos de Carranza, el nuevo jefe revolucionario de una revolución que ahora se erigía contra el jefe militar contrarrevolucionario, Huerta. Con la bandera del constitucionalismo, Carranza, consiguió afirmar cierta unidad nacional y articuló con audacia política y militar los intereses de los sectores tradicionales con los de la revolución. Así, los principales conflictos políticos parecían resolverse en esta síntesis y continuidad histórica que era el carrancismo. Empero, los conflictos sociales siguieron azotando a un México que poco se había modificado en su estructura fundamental de clases.

En Bolivia, desde el inicio, el MNR se había apoyado en una alianza informal con los obreros mineros y los campesinos, en la que el partido era claramente dominante y supo guardar el control sobre las fuerzas populares. En buena medida, esta capacidad de control era resultado del carácter pragmático de la organización partidaria, capaz de reunir a fuerzas sociales y políticas dispares unidas básicamente, como se dijo antes, por su posición antioligárquica. Así, el MNR –como, más adelante, el Movimiento 26 de Julio en Cuba– fue una organización flexible en cuanto a ideología y doctrina, lo cual facilitaba su política de alianzas, al menos en las instancias claves o decisorias. Todo esto redundó en una cierta estabilidad de la coalición revolucionaria, ausente en México. La relación con el movimiento obrero, que el MNR había cultivado desde antes del estallido social de abril de 1952, se estrechó aún más con la creación de la Central Obrera de Bolivia (COB), en ese mismo mes. En razón de la fuerza de los sectores obreros –en particular, los mineros, sujeto social central de la revolución cohesionado, organizado y con objetivos propios bien definidos–, la COB se constituyó inmediatamente en órgano de cogobierno. Lechín asumió como ministro de Minas y Petróleo, además de desempeñarse como jefe de la COB. Durante esta primera fase, el proceso revolucionario estuvo entonces conducido por el predominio de la alianza del MNR con la clase obrera.

En el México carrancista, el jefe revolucionario no logró imponer a su candidato y asumió la presidencia Obregón (1920-1924), jefe militar en el que Carranza había confiado para reclutar apoyos en la región del norte-este del país (Sonora y Sinaloa) y vencedor del villismo que disputaba el poder desde el norte (especialmente, Chihuahua). Obregón, a diferencia del anterior presidente, tuvo éxito al imponer a Plutarco Elías Calles como sucesor (1924-1928). En los diez años que corrieron entre 1924 y 1934, Obregón y Calles lograron la centralización del poder, primordialmente con la institucionalización del poder militar (Escuela Nacional de Guerra) y del poder político (Partido Revolucionario Nacional). En 1928, Obregón fue reelecto pero, antes de tomar posesión, murió asesinado. Con esto, se inició el período conocido como “Maximato”, una suerte de dictadura encabezada por Calles, que en 1929 se autoproclamó Jefe Máximo de la Revolución, ejerciendo el poder de hecho durante las presidencias de Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932-1934). Así concluía la fase de guerras civiles que tuvieron como saldo más notorio el asesinato de todos los sucesivos jefes revolucionarios: Madero en 1913; Huerta en 1916 (ya en la cárcel, en Estados Unidos); Zapata en 1919; Carranza en 1920; Villa en 1923 (en el contexto de la pelea por la sucesión presidencial y la rebelión de Adolfo de la Huerta); a las que se sumó, ya en la fase de institucionalización, la de Obregón en 1928.

Durante el Maximato, hubo una política verdaderamente hostil a la profundización de los objetivos sociales de la revolución, esto es, los de los campesinos movilizados. El programa de reforma agraria se fue diluyendo en una política de tinte conservador. Incluso hubo intentos por eliminar las ligas campesinas. En el plano económico, la revolución todavía no había avanzado con decisión en el sentido de revertir la penetración económica del capital extranjero, y el Maximato se limitó a orientar la modernización económica, con intervención del Estado, a mejorar las relaciones de dependencia de México, pero no a extinguirlas. En este contexto, el Partido eligió a Lázaro Cárdenas como candidato a presidente. El “Plan Sexenal” de Calles lo cubría de cualquier intento de extralimitación política del futuro presidente. Sin embargo, a fines de 1933, durante la segunda convención del Partido, se introdujeron algunos cambios. Principalmente, se radicalizó la política agraria, que con la presidencia de Cárdenas alcanzaría su punto culminante de expansión.

En Bolivia, el relevante papel de los trabajadores en la primera fase de la revolución llevó a algunos sectores de clase media a restar su apoyo al MNR (transfiriéndolo a la reaccionaria FSB), amén de preocupar al Gobierno norteamericano (para el cual el boliviano era más marxista que comunista). En ese contexto, algunos perspicaces dirigentes “descubrieron” al campesinado, que rápidamente se convirtió en el “factor de contrapeso” del proletariado (Mires, 1988: 260). Simultáneamente, Estados Unidos –sin demasiados intereses económicos afectados por la revolución–, pese a las reservas que desde los años cuarenta (cuando lo consideraba fascista) tenía respecto del MNR, optó por disponer un “plan de ayuda” que, entre 1952 y 1964, otorgó a Bolivia 398.200.000 dólares bajo la forma de préstamos, asistencia militar, fundaciones sociales y otros subsidios, convirtiendo al país en el mayor deudor de Estados Unidos en América Latina y en el mayor del mundo en términos per cápita. La “ayuda” económica, parte de la cual contribuyó a resolver problemas de abastecimiento alimentario, tuvo un precio político nada menor. En este sentido, la respuesta del Gobierno norteamericano a la Revolución Boliviana fue diametralmente diferente a la adoptada ante la Revolución de Octubre en Guatemala (1944-1954), menos radical, y a la que pocos años después tendrá frente a la de Cuba. Una de las razones que explica esta diferencia se relaciona directamente con la economía: Estados Unidos no tenía en Bolivia latifundios afectados por la Reforma Agraria, ni empresas expropiadas y/o confiscadas. Otra era de carácter estratégico: la ubicación geográfica del país se tornaba aún más relevante en razón de la orientación política de sus vecinos Argentina y Brasil, donde se desarrollaban los gobiernos nacionalistas y populistas de Juan Domingo Perón y Getúlio Vargas, respectivamente.

La presencia del imperialismo norteamericano fue de una magnitud tal que, como resume Mires (1988: 263), bajo “el gobierno ideológicamente más nacionalista de la historia de Bolivia, la dependencia económica alcanzó su apogeo”. Así, con la Gulf Oil Company al frente, las empresas norteamericanas “se adueñaron prácticamente de todo el petróleo boliviano”. Durante el Gobierno de Siles Zuazo, se adoptaron programas “estabilizadores” impulsados por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que provocaron la caída del salario real obrero y el distanciamiento de los trabajadores respecto del Gobierno, incluyendo la apelación a la huelga. En el plano político, entrelazado con el de la economía, Estados Unidos impuso, a partir de 1953, la refundación de las Fuerzas Armadas, que habían sido destruidas por la insurrección de abril y reemplazadas por las milicias obreras y campesinas. Las nuevas Fuerzas Armadas, con oficiales formados por los norteamericanos en Panamá, se convirtieron rápidamente, junto al movimiento campesino –de allí el llamado “pacto militar-campesino”, vigente hasta 1979, por lo menos–, en el principal sostén del gobierno del MNR y en el freno a la potencial radicalización del proletariado.

El triunvirato revolucionario –Paz Estenssoro, Siles Zuazo y Lechín Oquendo– debía constituirse en la secuencia de ejercicio presidencial. Así, tras la gestión del primero (1952-1956), Siles se desempeñó durante 1956 y 1960. En las elecciones de 1960, en consecuencia, Lechín debía ser el candidato del MNR, todavía fuertemente apoyado por el movimiento obrero, que a la vez era un dique al avance de la muy derechista FSB. La fuerte presión del Gobierno norteamericano, a la que se sumaron los sectores moderados de la Revolución, frustró el acuerdo. Siles, ubicado a la derecha de Paz Estenssoro, era consciente de que la ruptura con Lechín y la izquierda debilitaría considerablemente al partido, de allí su renuencia a ceder. Lechín, a su vez, renunció a su candidatura y así Paz Estenssoro se convirtió en el candidato del MNR y fue elegido nuevamente, con Lechín como vicepresidente. Empero, las diferencias entre ambos se hicieron mayores a lo largo del cuatrienio, hasta llegar a la ruptura. A Paz le correspondió “el triste papel de la capitulación”, ya que rompió con la izquierda y continuó con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas (Mires, 1988: 264). Lechín fue expulsado del MNR en 1964 y creó el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN). En las elecciones de ese año, Paz Estenssoro fue candidato una vez más, acompañado por el general René Barrientos Ortuño, un oficial de la novísima Fuerza Aérea (creada en 1957), como vicepresidente. El MNR venció holgadamente, pero en noviembre Barrientos dio un golpe de Estado, desplazó a Paz y puso fin al proceso revolucionario.

Barrientos fue legitimado mediante elecciones en 1966, mas no pudo completar su mandato, que ejerció dictatorialmente, pues falleció en un extraño accidente aéreo en 1969. Durante su Gobierno, nombró al alemán Klaus Barbie –un nazi refugiado en el país, donde era conocido como Klaus Altmann– como asesor de los servicios de inteligencia del Estado y presidente de una compañía naviera estatal sospechada de tráfico ilegal de armas. Barrientos fue, también, uno de los responsables del asesinato de Ernesto Che Guevara, tras su detención en octubre de 1967.

En su estudio sobre las revoluciones sociales, Skocpol (1979: 3-33) estableció tres principios de análisis de los procesos revolucionarios: la perspectiva estructural (no voluntarista) de sus causas y proceso; una referencia sistemática a las estructuras internacionales y a los acontecimientos de la historia universal, en particular la rivalidad entre Estados y la bancarrota económico-financiera de estos; y una concepción de los Estados como organizaciones administrativas y coactivas potencialmente autónomas.

Desde el punto de vista de la simultaneidad de los cambios en la estructura social y en la estructura política, las Revoluciones Mexicana y Boliviana fueron revoluciones sociales que terminaron con la dominación oligárquica y su matriz estructural a partir de 1910 y 1952, respectivamente. Knight (1993) –uno de los grandes estudiosos de la Revolución Mexicana– ha cuestionado la pertinencia de la aplicación de los tres principios analíticos formulados por Skocpol y, aunque sus argumentos también son controvertibles, no deja de ser valioso su aporte a una interpretación de los procesos latinoamericanos en términos comparativos, en contrapunto con la visión de la colega norteamericana.

Para Knight, la rivalidad internacional y la bancarrota económico-financiera no fueron factores relevantes en las revoluciones latinoamericanas, especialmente en la mexicana. México y Bolivia compartían una situación de dependencia respecto de Estados Unidos pero, a su juicio, tal situación no debe interpretarse estrictamente como rivalidad internacional. En el caso de México, en particular, el zapatismo era un impedimento material para poder sostener una rivalidad internacional en el largo plazo. El ejército campesino conducido por Zapata estaba fuertemente arraigado a la tierra y, por esa razón, era poco propenso a participar en campañas militares de gran alcance geográfico y temporal. En el caso de Bolivia, los términos planteados por Skocpol se aplican, quizás, a la consideración de la derrota en la Guerra del Chaco.

Pero, en cualquier caso, no es posible explicar el desarrollo de las dos revoluciones sin considerar la política norteamericana, por acción o por omisión, respecto de cada una de ellas. Ninguna –y mucho menos si se consideran además la cubana e incluso las frustradas de Guatemala y Nicaragua– puede explicarse cabalmente sin referencia a la política internacional. Nuevamente en el caso de México, inicialmente, Estados Unidos apoyó la revolución maderista al ver frustrados sus intereses monopolistas, por la decisión de Díaz de diversificar las licencias de explotación enclavista. En 1911, con el pretexto de “proteger a ciudadanos norteamericanos”, el presidente Taft dispuso desplazar veinte mil soldados a la frontera con México y ocho buques de guerra frente a las costas de California, sin que la amenaza se concretara.

En 1913, el general Victoriano Huerta, jefe del Ejército revolucionario ya consagrado por su acción contra la insurrección del norte conducida por Pascual Orozco, planeó, con oficiales del derrocado régimen oligárquico de Porfirio, un golpe militar contra el primer presidente de la Revolución, Madero, y su vice, José María Pino Suárez. La conspiración se urdió en la sede diplomática de Estados Unidos, por lo cual se la conoce como el “pacto de la Embajada”, y contó con el apoyo de los representantes del capital extranjero y de los latifundistas desconfiados de la política maderista. Cuatro días después del golpe y la imposición de Huerta como nuevo presidente, Madero y Pino fueron asesinados.

En abril de 1914, la detención de algunos soldados estadounidenses en Tampico fue excusa, pese a las disculpas presentadas por el Gobierno mexicano, para la orden del presidente Woodrow Wilson a la Marina: bombardear Veracruz. La acción y posterior ocupación de la ciudad, extendida hasta noviembre de ese año, provocó 300 muertos. La autorización para la intervención militar fue pedida al Congreso por Wilson, quien alegó el propósito de “conservar incólume nuestra gran influencia para el servicio de la libertad”. Tras la retórica, la invasión del territorio mexicano apuntaba a aislar al presidente Huerta, que se había inclinado hacia los intereses petroleros británicos y hacía alarde del apoyo alemán a su Gobierno dictatorial.

Asimismo, el Gobierno de Wilson bloqueó los envíos de armas para los ejércitos de Villa y de Zapata y, luego, en el conflicto entre las distintas fuerzas revolucionarias, apoyó decididamente a Carranza, ligado a la alta burguesía mexicana, a quien reconoció como presidente de México en octubre de 1915 (hasta 1920). Además, el Gobierno de Wilson autorizó el ingreso de tropas mexicanas –unos 4.000 hombres– en territorio norteamericano para atacar a las fuerzas de Villa, que sitiaban Agua Prieta (en la frontera), por su retaguardia. En represalia, Villa detuvo y luego fusiló a 16 norteamericanos (enero 1916) y, poco después, penetró en el mismísimo Estados Unidos –hasta Columbus, en Nuevo México–, donde fusiló a otros 19 estadounidenses. Amén de convertirse en héroe de la primera incursión militar de extranjeros en territorio norteamericano, debió soportar la dura reacción del país del norte.

El 15 de marzo de 1916, una fuerza expedicionaria de 5.000 efectivos y un escuadrón aéreo, bajo el comando del general John J. Persing, invadieron México en procura de Villa y sus hombres o, según el presidente Wilson, “para enseñar moralidad a los mexicanos”. Tres meses más tarde, el número de soldados norteamericanos aumentó a 26.000. Aunque se internaron hasta 700 kilómetros más allá de la frontera, no alcanzaron su objetivo y debieron enfrentar la resistencia popular hasta su retiro, a fines de 1916 (253). Es altamente probable que el conflicto se hubiera intensificado, tras la incursión de Villa y sus fuerzas en territorio norteamericano (1916), de no haber mediado la decisión estratégica del Gobierno de Wilson de entrar en guerra contra Alemania (1917). Temiendo una acción de las tropas norteamericanas en su contra, Carranza exigió y logró su retirada, pero esto no invalidaba la presunción de una nueva intervención.

Fueron estos conflictos armados, en 1910-1911 y 1913-1914, los que finalmente provocaron la desarticulación del régimen porfirista. Pero el cambio del régimen no estaba consumado. Nuevas crisis sobrevinieron y, sobre todo, la efervescencia social no se apaciguó. La Revolución Mexicana, que inicialmente se perfiló como una revolución política, se declaraba a partir de ahora decididamente social. Si bien los objetivos netamente sociales del primer brote revolucionario eran verdaderamente pobres, el artículo 3 del Plan de San Luis Potosí había abierto un curso de acción irrefrenable. Allí se afirmaba que estaban “sujetas a revisión” todas aquellas disposiciones que hubieran significado el despojo arbitrario de tierras a sus poseedores. Si bien, es evidente, esto no implicaba una reforma agraria, fue este reclamo el que motorizó a los campesinos del sur, en un contexto, además, de divisiones internas difícilmente conciliables.

En Bolivia, si bien la revolución tuvo como antecedente la Guerra del Chaco, esta se debió más a la necesidad del gobierno de turno de recuperar la credibilidad perdida que a estrictas rivalidades internacionales, tal como las entiende Skocpol. En los años inmediatamente previos al estallido revolucionario, es cierto que el conflicto bélico en Corea y la manipulación estridente de los precios del estaño afectaron gravemente los intereses locales y potenciaron un proceso inflacionario ya en ciernes. Pero todo esto no constituye rivalidad internacional en los términos en que Skocpol la observa en los casos que analiza.

Como en México, aun desestimando la existencia de esa variable, es imposible explicar el desarrollo de la revolución sin atender la política exterior norteamericana. Al analizar el caso de Bolivia, salta a la vista una diferencia notable entre la política estadounidense frente al proceso revolucionario boliviano y su actitud frente a otros dos que fueron muy próximos en el tiempo: los procesos de Guatemala (1944-1954) y de Cuba (1959). En Bolivia, como ya se ha dicho, Estados Unidos apoyó a la dirección del MNR, inicialmente muy radical, mientras que en los otros dos países optó por la feroz represión, aun cuando allí la dirección del proceso estuviera en manos mucho menos radicalizadas. Es cierto que la posición de Estados Unidos fue zigzagueante incluso en el caso del MNR, cuando se lo mira desde una más larga perspectiva: en los años cuarenta el Gobierno de Estados Unidos había acusado al movimiento de filo nazi. Pero estos hechos no se acercan de ningún modo a la talla de la represión conducida por la potencia imperialista en los otros dos países.

No es solo la dimensión internacional de las revoluciones –presentada aquí a través de la virtual controversia entre Skocpol y Knight– la que interesa señalar a la hora de exponer el modo particular de desarticulación de la dominación oligárquica en estos países. Otra dimensión, también señalada por el historiador británico, es pertinente: el carácter burgués o socialista del proceso. Con esto, se pone el acento en las relaciones de clase, según Knight, un elemento que Skocpol subsume cuando se concentra en el rol del Estado, aunque hay que decir que la perspectiva estructural que la misma Skocpol postula refiere precisamente a esto, las relaciones de clase.

Como se sabe, uno de los rasgos que distingue a las revoluciones burguesas respecto de las socialistas es que estas últimas fueron dirigidas por un partido de vanguardia. Es cierto que la mexicana tuvo su partido revolucionario, pero este fue una creación del propio proceso y cuando se hallaba ya bien avanzado, es decir, ex post. En el caso boliviano, el MNR, la dirección político-ideológica de la insurrección de abril de 1952, era una organización política preexistente, pero su estructura como tal –no en vano la denominación movimiento, no partido– no era equiparable a la idea de partido de vanguardia de las revoluciones (y los intentos de revoluciones) socialistas como la rusa y la china. Con todo, no hay que confundir un cambio de régimen de acumulación (capitalista versus socialista) con un cambio social, que desde luego tiene alcances mucho más amplios. En este sentido, las dos revoluciones fueron sociales (igual que la socialista cubana), más allá de su carácter capitalista-burgués, y más allá de su carácter más o menos democrático-burgués. En efecto, el carácter burgués de las revoluciones mexicana y boliviana es más discutible si el concepto burgués se entiende solo en términos de dominación política democrático-burguesa. Sin embargo, una definición económica que asimila burgués a capitalista es menos discutible. Las revoluciones profundizaron el desarrollo capitalista en esos dos países, desarticularon el sistema de gran propiedad de la tierra en el que se apoyaba la dominación oligárquica y llevaron adelante un proceso de modernización de las relaciones sociales sin retorno.

Tanto México como Bolivia nacionalizaron empresas e impulsaron economías de mercado, un elemento más que señala el carácter inequívocamente burgués de ambas experiencias. En los dos países, las revoluciones contribuyeron al fortalecimiento del mercado interno y (más en México que en Bolivia) la industrialización. En México, las nacionalizaciones de los ferrocarriles (1937) y del petróleo (1938) facilitaron la disminución de los costos del combustible y de los fletes, y concomitantemente la ampliación del mercado interno. En 1936, se sancionó una Ley de Expropiación que afectaba fundamentalmente a pequeñas y grandes empresas. Desde 1908, el Estado detentaba la propiedad de los ferrocarriles en un 51%. En 1937, invocando la Ley de Expropiación, se afectó el capital de los accionistas minoritarios, que recibieron por ello una indemnización. El dato más revolucionario es que el Estado autorizó la administración de la empresa por parte de un directorio de autogestión obrera. En 1938, se creó Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa petrolera nacional, constituida con un 50% de capital público y otro tanto de capital privado (254). El objetivo era regular el mercado interno y satisfacer las necesidades del Estado. Los trabajadores del petróleo estaban sindicalizados en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a través de la cual reclamaban contratos colectivos y concesiones laborales. La negativa de las empresas petroleras frente a estos reclamos los empujó a una huelga general que fue evitada por el arbitraje del Estado. En medio del conflicto trabado entre el Estado y las empresas extranjeras, Cárdenas firmó el decreto de nacionalización.

En Bolivia, la completa nacionalización de la minería –en particular las emblemáticas empresas de los “barones del estaño” –Patino, Hoschchild y Aramayo– y la conexa creación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en 1952, fueron un duro golpe a “la Rosca”, endurecido aún más a partir de las leyes de universalización del sufragio (1952), que otorgó ciudadanía política al 70% de la población, y de Reforma Agraria (1953). Ahora bien, en junio de 1953, bajo la fuerte presión de Estados Unidos, el Gobierno revolucionario pagó indemnización a los “barones del estaño”. Empero, los resultados no fueron los esperados, si bien los recursos provenientes de la minería nacionalizada permitieron financiar planes de diversificación agraria (para zafar del monocultivo y de la dependencia de las importaciones), amén de favorecer la construcción de un sistema vial para integrar las diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, ese financiamiento de otros rubros implicó el desfinanciamiento de la propia minería, provocando una situación crítica –obsolescencia técnica, caída de la producción, deficiencias administrativas– que llevó a un plan de rehabilitación (1961) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos resultados fueron modestos. Aunque la producción petrolera se incrementó, permitió satisfacer el consumo interno y generó un nuevo producto exportable, en su conjunto, la minería fracasó como medio para alcanzar la independencia económica.

Las cosas no fueron mejores en la agricultura. Mires ha señalado que, si bien la revolución se originó en las ciudades, sus principales logros fueron rurales. “Más que el amor a los campesinos fue el odio a los hacendados lo que determinó que el MNR dictara los decretos de expropiación y repartición de la tierra” (Mires, 1988: 265). Por otra parte, ante la pérdida de apoyo de sectores de la clase media y el distanciamiento del proletariado, el campesinado devino soporte fundamental de la base social del MNR y el Gobierno. Con epicentro en Cochabamba, la revolución agraria fue un ariete contra el sistema de haciendas y la dominación oligárquica, que destruyó definitivamente a uno y otra. Los campesinos indígenas, por otra parte, estaban movilizados, habiendo concretado una masiva ocupación de la ciudad de La Paz en reclamo del reparto de tierras (100.000 personas). Aun cuando puedan formularse fuertes objeciones al alcance reformador de la ley de 1953, lo cierto es que –hasta la Revolución Cubana– la reforma agraria boliviana fue la más radical conocida por América Latina. Entre agosto de 1953 y junio de 1964, el Gobierno distribuyó 298.276 títulos ejecutoriales de reforma agraria, lo que afectó una superficie superior a los siete millones de hectáreas.

En mayo de 1953, el Gobierno revolucionario tomó una importante decisión en materia agraria: creó el Ministerio de Asuntos Campesinos y ratificó la vigencia de la legislación aprobada durante la gestión del presidente Villarroel, según la cual los campesinos quedaron liberados de la prestación de servicios gratuitos en las haciendas (pongaje). En agosto, la Reforma Agraria otorgó a campesinos la posesión provisional de las tierras que ocupaban en usufructo y legitimó al sindicato campesino “como la organización interlocutora y legal para iniciar el proceso de afectación en cada hacienda” (Pearse, 1984: 340). El proceso de transformación se realizó en cada hacienda en etapas. “La ex hacienda se reconstituyó en ausencia del patrón, se organizaba un sindicato y así se creaba un sistema local de autogobierno que además estaba ligado a la nueva estructura institucional de la sociedad”. Las relaciones hacendado-campesino se redefinieron y, en aquellos casos en los cuales los terratenientes continuaron en el campo –la mayoría de ellos lo abandonaron–, “los campesinos rehusaron todo trato con el patrón o sus herederos, amonestándoles con amenazas de represalias en caso de que visitasen la hacienda y tomando posesión de facto de las tierras adjudicadas al patrón” (en el caso de las haciendas no expropiadas totalmente a favor de los campesinos) (Pearse, 1984: 346-347).

La Ley de Reforma Agraria dispuso criterios de expropiación vagos. El Estado se comprometía a mantener “algunas formas de mediana y pequeña propiedad”, cooperativas, comunidades, latifundios altamente tecnificados y capitalistas, y las explotaciones ganaderas del oeste boliviano (Mires, 1988: 274).

En el balance de Mires, la reforma agraria boliviana generó tres grandes resultados: 1) permitió formar “una pequeña burguesía agraria integrada al mercado urbano, especialmente en los valles de Cochabamba”; 2) favoreció el pasaje de la condición de campesino comunitario al campesino pequeño propietario individual; las comunidades no fueron favorecidas o estimuladas, aun cuando se las respetó, y 3) redefinió la estratificación social agraria, introduciendo “nuevos mecanismos de explotación, sobre todo indirectos, ejercidos a través del mercado y del mercado financiero” (Mires, 1988: 275).

La Reforma Agraria fue, además, parte de un proyecto que debía desarrollar la industria del país mediante mecanismos de transferencia “de los excedentes agrarios hacia un sistema productivo dirigido principalmente por el Estado”. El proyecto de industrialización fue un fracaso: no existía una burguesía nacional; el Estado no tenía cuadros técnicos para llevar adelante un capitalismo nacional; el capital extranjero no tenía interés en invertir. En tal contexto, el resultado no fue extraño: “Los excedentes agrarios fueron succionados por el sistema financiero frente al cual el MNR y, sobre todo, los campesinos, eran impotentes” (Mires, 1988: 275).

Las Revoluciones Mexicana y Boliviana no fueron obra de una burguesía modernizadora con un proyecto definido previa e intencionalmente. En ambos países, las acciones de la clase obrera impulsaron las medidas más radicales, aunque finalmente el resultado haya sido un giro a la derecha. Por otra parte, en una y otra revolución, la movilización campesina se combinó con el reformismo burgués y las definió con un carácter similar: capitalista. Fue, pues, esta combinación (insurrección campesina/revolución burguesa) la que orientó la mayor transformación: el desmantelamiento del poder terrateniente tradicional y de la dominación oligárquica.

La mayoría de las definiciones de revoluciones sociales –y con ellas, la que citamos al comienzo de Skocpol– suponen que los procesos involucran una gran movilización de masas y cambios estructurales profundos. Al respecto, Knight se muestra cauto: en Bolivia y en México, donde la efervescencia del proceso tomó por sorpresa a víctimas y protagonistas. Como se verá con más detalle en el capítulo 5 del tomo II, Bolivia sí tuvo una aceleración política a partir del golpe de Estado dado por la logia militar Radepa (Razón de Patria) en 1943, con algunas acciones –como, inter alia, la insurrección popular urbana de julio de 1946, que terminó con el Gobierno y la vida del mayor Villarroel; la aprobación de las radicales Tesis de Pulacayo por el movimiento obrero minero en diciembre del mismo año; la masacre de campesinos en Cochabamba (también en 1946); los asesinatos de obreros mineros de Catavi, por la represión ejercida por militares y policías, en 1947 y 1949; la rebelión indígena-campesina de Ayopaya, en 1947; la insurrección civil dirigida por Siles Suazo, del MNR, con algún apoyo militar, en 1949, igualmente reprimida con ferocidad– inequívocamente indicadoras de un in crescendo de violencia y de movilización y agitación populares.

En México, fue destacado el papel de los campesinos. Los profundos cambios económicos de fines del siglo XIX ocurrieron en un contexto de conservación de las estructuras social y de poder –en particular, los mecanismos de ejercicio de la dominación oligárquica–, un dato clave para explicar el detonante de la revolución. La modernización agrícola porfirista estuvo acompañada de crisis en el sector agrario, dadas las consecuencias sociales regresivas que ella tuvo, sobre todo para los campesinos de Morelos y los aparceros.

Ahora bien, aunque los campesinos desempeñaron un papel central en el proceso mexicano, durante los dos primeros decenios subsiguientes al triunfo militar y político de la revolución no se produjeron cambios radicales en la estructura agraria. Los terratenientes perdieron el poder político, pero conservaron su primacía social y económica. Si bien hubo modificaciones parciales, ellas beneficiaron más a los nuevos hacendados vinculados a los generales de la revolución que a los campesinos, excepto en la región de Morelos. En este sentido, la dominación oligárquica llegó definitivamente a su fin en la década de 1930, con el Gobierno populista de Cárdenas.

En 1911, Zapata, caudillo campesino de la región de Morelos, fue investido con el título de “Jefe Supremo del Ejército Revolucionario del Sur”, y así amplió su hegemonía sobre otras regiones del Sur: Puebla y Guerrero, principalmente. Zapata era miembro de una de las familias más antiguas de la región, pequeño propietario que conservaba, a pesar de su condición distinguida del campesinado pobre, un gran respeto entre su pueblo. La feroz reacción del Ejército porfirista y la continuidad porfirista en el Poder Legislativo y Judicial, y en las gobernaciones, así como la continuidad de los poderes económicos bajo la presidencia de Madero, finalmente terminó de movilizar a los campesinos del Sur, con el Plan de Ayala de Zapata. El objetivo principal era la recuperación de las tierras y la ampliación de los ejidos –antiguas propiedades comunales– tanto como el control del agua, con las armas en la mano.

En el Norte (en el Noreste principalmente), el logro de la autonomía local y las mejoras de las condiciones de trabajo eran los objetivos principales. Aquí, el liderazgo revolucionario pertenecía a Villa, al frente de la División del Norte, y a Orozco, quien, apenas asumió Madero, lanzó el Plan de Chihuahua. Como se ha visto, Orozco fue derrotado por el ejército de Huerta. Villa, entre tanto, se había mantenido fiel al régimen y solo inició su ofensiva cuando los ataques de Huerta fueron evidentes.

A diferencia de lo que ocurría en el Sur, en el Norte la población era más heterogénea. El radicalismo político, el nacionalismo y el anticlericalismo fueron rasgos distintivos. Dada la alta concentración latifundista y la incipiente industria, aquí predominaban los bandidos rurales, los trabajadores rurales (que alternaban su trabajo en las minas y las haciendas ganaderas) y los trabajadores de fábricas. La modernización económica había traído aparejada una cierta urbanización que albergó la formación de una pequeña burguesía comercial y sectores medios profesionales. La cercanía de Estados Unidos favoreció sustantivamente a los ejércitos del Norte, proveyéndolos de armamento moderno.

Tras la victoria de Carranza en 1915, el Norte (y el Sur) fueron sistemáticamente atacados por el Ejército revolucionario. Vencido Villa y fracasados los casi genocidas intentos de Carranza de vencer a Zapata, el carrancismo terminó por articular la unidad nacional con la Constitución de 1917, que presentaba un futuro más optimista para los campesinos del Sur. Un factor no menor fue que la pequeña burguesía, representada por Obregón, sumó sus demandas y sus apoyos a la nueva coalición dominante.

En Nueva León y Yucatán, el desarrollo industrial y los fuertes hacendados, respectivamente, impidieron la llegada de los ímpetus revolucionarios y sus conflictos.

A partir de 1916, los campesinos fueron movilizados “desde afuera” por los constitucionalistas. Al producirse la victoria de estos sobre los convencionistas (en alusión a la Convención de Aguascalientes, zona controlada por Villa, que eligió como presidente al general Eulalio Gutiérrez, quien al entrar en Ciudad de México contó, además, con el apoyo de los zapatistas), aquel ejército pasó a constituir el núcleo central del nuevo Ejército federal. En contraste, el ejército de Villa, la División del Norte, formado por “los de abajo”, tuvo problemas para impulsar políticas sociales más radicales, especialmente reformas estructurales en el sector agrario. La contracara fue el fortalecimiento de los ejércitos de Sonora y Chihuahua, y el Norte en general, bajo la conducción del jefe del ala más radical del carrancismo, Obregón, único en condiciones de competir y derrotar al Ejército federal.

El Ejército zapatista, por su parte, necesitaba de las reformas sociales radicales como elemento para satisfacer y promover la participación de sus integrantes. Y el reclamo por la tierra era el más fuerte. La División del Sur tuvo escasa relación con Estados Unidos, carecía de profesionalización y poseía una gran homogeneidad social en su composición. La exclusión de villistas y zapatistas de los cargos de poder claves signó, según Hans Tobler (1994), el rumbo conservador del proceso revolucionario desde entonces hasta mediados de los años treinta.

En enero de 1915, el Gobierno de Carranza promulgó una ley agraria que reformaba el carácter de la propiedad ejidal, más tarde ratificada por la Constitución de 1917. Según esta ley, la propiedad rural volvía a ser comunal y quedaba disponible para su explotación en lotes individuales. A fines de 1920, el Gobierno de Obregón aprobó la Ley de Ejidos, que reglamentó su uso. En los años treinta, el populista Cárdenas aceleró su transformación en propiedad comunal.

En el caso de Bolivia, la revolución fue en el comienzo una insurrección urbana, que pronto capitalizó el conflicto agrario latente y así desarrolló una transformación radical de las estructuras. En efecto, la Revolución Nacional de 1952 fue una revolución social (burguesa) que terminó violentamente con la dominación oligárquica. El MNR utilizó la agitación campesina del Valle de Cochabamba y del Altiplano. Cochabamba era una región de producción agrícola, donde se había desarrollado un campesinado independiente y combativo. En el Altiplano, la producción se concentraba en haciendas más atrasadas y la explotación era predominantemente coercitiva.

La lucha contra la dominación oligárquica había comenzado al concluir la Guerra del Chaco, cuando un movimiento reformista constituido por jóvenes oficiales del Ejército inició un proceso de sindicalización. A este período –cuya culminación, años más tarde, en 1952, fue la Revolución Nacional– se lo conoce como “el Trienio del Socialismo Militar”. Bolivia era un país predominantemente rural y no es casual, entonces, que allí la revolución haya tenido a los campesinos como sus sujetos clave. En rigor, la insurrección de abril de 1952 tuvo cuatro sujetos principales: los pobres de las ciudades, los campesinos, los trabajadores sindicalizados y la clase media urbana (profesionales, comerciantes, estudiantes); para su cabal comprensión, era central su conversión de potencial revolución proletaria en revolución campesina (Mires: 1988: 256).

A diferencia de los campesinos de México, los bolivianos luchaban más directamente contra la opresión de la dominación oligárquica asentada sobre un sistema de hacienda comparativamente más arcaico y menos productivo.

Mires ha sintetizado muy bien el curso de la Revolución Boliviana al decir que nació obrera y terminó campesina. “La revolución no fue obrera y campesina a la vez. Primero fue obrera (y popular) y después derivó en campesina. La revolución agraria surgió como continuación de la revolución de 1952, pero luego siguió un desarrollo independiente […]. Cualquiera que sea la evaluación final de la revolución, esos indígenas demostraron que ellos constituyen la verdadera base de la sociedad” (Mires, 1988: 278, itálicas nuestras). Medio siglo después, el creciente protagonismo de sujetos sociales con doble pertenencia, étnica (pueblos originarios) y clasista (campesinos), prueban la certeza del aserto.

En México, la reforma agraria fue una política que ya se había implementado en el curso de la revolución. Sin embargo, hacia 1930 esta política fue más allá de los objetivos típicamente burgueses, con la creación de los ejidos colectivos. El populismo mexicano construyó la identificación del líder con los pequeños agricultores y peones a partir de la experiencia anterior de Cárdenas en la gobernación de Michoacán, que el recorrido por el interior del país durante la campaña electoral reforzó. Los campesinos constituían más de la mitad de la fuerza de trabajo en el campo, y el 70% de ellos no tenía tierras. Entre 1935 y 1940, año en el que Cárdenas finalizó su mandato presidencial, se habían otorgado tierras en posesión a la misma cantidad de ejiditarios que en el período 1915-1935, cuando, como se ha dicho, la reforma agraria fue más bien una política de la revolución asumida tibiamente. Asimismo, la superficie de tierra afectada se duplicó y también se duplicó el tamaño promedio de las parcelas concedidas a cada ejidatario. Hacia 1940, el 50% de la producción agrícola era cubierta por los ejidos. Con el objetivo de aumentar el crédito agrícola, en 1935, se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, que benefició en particular a los ejidos colectivos, una suerte de cooperativa agrícola que había surgido como resultado de todos estos cambios.

Si hasta entonces, el ejido era una unidad de subsistencia, con una expresa función social, ahora su función era más bien económica. En efecto, uno de los cambios que trajo la reforma cardenista fue el reparto de tierras de las haciendas productivas (de trigo, algodón, arroz y henequén), en buena medida, por la necesidad del Estado de atender las fuertes presiones de los trabajadores del campo sindicalizados en una coyuntura de crisis agravada por el impacto del crack de 1929. Con la reforma, la producción de alimentos aumentó a más de la mitad hacia 1940 y también subió el consumo interno de productos agrícolas. A diferencia de México, en Bolivia, la reforma agraria no involucró la distribución de tierras productivas, sino la liberación de los campesinos del sistema de haciendas, tradicional, improductivo y altamente coercitivo que era la base de “la Rosca”. En México, Obregón restituyó los ejidos, aunque no en el sentido originario del concepto, sino más simplemente como forma colectiva de propiedad de la tierra. En Bolivia, no hubo creación de algo similar a partir de la reforma agraria impulsada por el MNR.

En cuanto al movimiento obrero, en México, este se incorporó a las filas revolucionarias bajo la presidencia de Madero. En 1912, se creó la Casa del Obrero Mundial y la Confederación de Obreros Católicos. Pero la oposición obrera a Madero primero y a Huerta después se realizó a través de la Casa del Obrero Mundial, de tendencia anarquista, cercana a los planteamientos agrarios del movimiento zapatista. Durante la dictadura de Huerta, los trabajadores fueron ferozmente reprimidos y la Casa del Obrero Mundial desmantelada. El anarquismo militante de los Flores Magón y el liberalismo fueron las ideologías de las que se alimentó el movimiento obrero mexicano. Durante el Gobierno de Carranza, hubo concesiones al movimiento obrero y los trabajadores se organizaron en los “batallones rojos” (1915), utilizados por el presidente para combatir a los ejércitos de Villa y de Zapata. Los obreros no articularon inicialmente su acción con los campesinos, una verdadera clase con conciencia de sus intereses, siempre independiente de los sinuosos caminos de la revolución urbana y terrateniente.

Después del asesinato de Obregón, la CROM perdió el apoyo del Estado y, durante el Maximato, prácticamente se desintegró. La Confederación General de Trabajo (CGT), fundada en 1921, estaba debilitada por presiones internas y externas. Y la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), conducida por el Partido Comunista, también se había debilitado con el exilio y el encarcelamiento de sus principales dirigentes. En 1933, la corriente liderada por Vicente Lombardo Toledano, de línea marxista, creó la Confederación General de Obreros y Campesinos Mexicanos (CGOCM). En 1936, los sindicatos más importantes se unieron y fundaron la Confederación de Trabajadores de México (CTM), bajo el auspicio de Cárdenas y frente a la tendencia antisindicalista de Calles. Cárdenas reflotó la alianza entre el Gobierno y la clase obrera pero, a diferencia de los años veinte, basó su política en la interpelación a los trabajadores y el reconocimiento de la huelga como instrumento legítimo de lucha. En 1938, Cárdenas afirmó su política de integración incorporando a la clase obrera en la estructura institucional del partido revolucionario (estratégicamente a la poderosa CTM, pero también a las rivales CROM y CGT, y a los trabajadores independientes metalúrgicos y mineros). Cárdenas propició también la organización de los campesinos en la Confederación Nacional Campesina (CNC), a fin de evitar la eventual radicalización de las demandas y el control de los obreros sobre los campesinos.

En términos comparativos, puede decirse que la diversificación de la economía mexicana había propiciado la creación de un movimiento obrero más cuantioso, aunque llamativamente este no tuvo un rol tan protagónico en la revolución como sus pares bolivianos de las minas del estaño. Precisamente, la poca diversificación económica del modelo primario exportador boliviano otorgó a los mineros, y en particular a los del estaño, un papel clave. Los minerales representaban el 95% de las exportaciones bolivianas. Este mismo carácter monoproductivo hizo que los trabajadores de las minas en Bolivia construyeran una identidad bastante más marcadamente antiimperialista, en particular, antiestadounidense. Los obreros radicalizados del estaño contaban a su favor, además, con una cierta conciencia solidaria que venía dada de los lazos tejidos en las minas como lugar de trabajo y de residencia. Asimismo, disponían de elementos explosivos, como la dinamita, de gran importancia para la lucha revolucionaria, y de valores comunes, como la disposición al riesgo.

Dentro del MNR, Paz Estenssoro lideraba una corriente pro-obrera que mantuvo importantes contactos con el POR, conducido por el dirigente minero Lechín. Como se ha dicho, el POR tenía una orientación trotskista y contaba entre sus miembros a articulados ideólogos. Las Tesis de Pulacayo, aprobadas en el IV Congreso Nacional de Mineros en 1946, bajo inspiración del citado partido, habían levantado la consigna de la revolución permanente y habían proclamado al proletariado como la clase revolucionaria dirigente del proceso. En Bolivia, la FSTMB y la COB no estuvieron bajo el control del MNR, a diferencia de la fase populista de la revolución en México. No obstante, el giro conservador del proceso boliviano hacia 1956 debilitó la capacidad transformadora del proletariado minero, mas no su capacidad de incidir, desde el seno de la sociedad civil, en las luchas políticas.

Otro de los rasgos señalados por Knight –situándose en una perspectiva crítica del estadocentrismo de Scokpol– es muy pertinente para explicar la desaparición de la dominación oligárquica por la vía revolucionaria. La revolución en México se levantó contra un Estado fuerte y, asimismo, construyó un Estado posrevolucionario fuerte. En contraste, en Bolivia, el Estado de la fase de dominación oligárquica era un Estado extremadamente débil. La Revolución de 1952 de alguna manera se prefiguró en los conflictos de la década de 1930, pero si bien ella tuvo éxito en la desarticulación de la dominación oligárquica, fracasó en establecer un Estado poderoso y un régimen político duradero.

En México, el Estado se hizo fuerte cuando Cárdenas incorporó al Ejército al PNR y lo rebautizó con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM). A tono con el modelo corporativista de los totalitarismos europeos contemporáneos, el PRM tuvo bajo su Gobierno una sección popular, una sección campesina, una sección obrera y una sección militar. Los campesinos mexicanos perdieron aquellas posiciones de poder que habían conquistado durante las primeras décadas de la Revolución. En los años treinta, Cárdenas subordinó la Confederación Campesina de México, creada en 1931 y más tarde convertida en CNC, a la estructura burocrática del Partido de la Revolución. Pero esto es parte de otra historia, la del populismo mexicano, sobre la que se avanza en el capítulo 5 del tomo II.

La revolución política: Brasil, 1930 (255)

En Brasil, la disolución del Estado oligárquico se resolvió por una vía claramente violenta, aunque sin constituir una revolución social. En rigor, la Revolución del Treinta fue una revolución política, en los términos en que este concepto ya ha sido definido antes. La Revolución inauguró un proceso político que marcó fuertes rupturas y continuidades respecto del orden anterior. Ella fue expresión de los intereses de algunos miembros de los grupos dominantes de la oligárquica República Velha, quienes fundamentalmente reclamaron un cierto grado de cambios en los modos de ejercer la dominación política.

La crisis comenzó a gestarse desde la discusión por la sucesión de Epitácio Pessoa (1919-1922). En ese entonces, la creación de la Reação Republicana, impulsada por el poderoso Borges de Medeiro, gobernador de Rio Grande do Sul durante los años 1898-1908, 1913-1915 y 1917-1928, fue un intento fracasado de unificar a los grupos oligárquicos de Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y a los miembros del Ejército contra los oligarcas paulistas y mineiros, que levantó la candidatura de Nilo Peçanha, vicepresidente de Afonso Pena (1906-1909) (y luego presidente entre 1909 y 1910, por muerte del titular). Las elecciones de 1922 se definieron en favor del situacionismo y encumbraron a Artur Bernardes en el Ejecutivo.

Mientras tanto, la rebeldía militar que ya venía gestándose no solo no cesó sino que se transformó en insurrección: en julio de 1922, se levantaron la Vila Militar, la Escola Militar do Realengo y el Forte Copacabana. Encabezadas por tenentes, las rebeliones no encontraron apoyo ni de los cuadros superiores, ni de los sectores populares, ni de las disidencias oligárquicas; y el Gobierno se impuso rápidamente. Estos fueron los primeros movimientos tenentistas, cuyos cabecillas hablaron en nombre del Ejército primero y de los intereses nacionales después, con un marcado tono defensivo-corporativo. El fracaso tenentista de 1922 intentó ser revertido por los levantamientos de 1924 ocurridos en São Paulo, Mato Grosso, Sergipe, Amazonas, Pará y Rio Grande do Sul.

Si el objetivo táctico era la deposición del presidente Bernardes, el estratégico –resumido en la consigna republicanização da República– implicaba una efectiva transformación del régimen político: entre las varias demandas se contaban las de voto secreto, limitación de las atribuciones del Poder Ejecutivo, establecimiento del equilibrio entre los tres poderes, centralización del Estado y corrección de los excesos de la descentralización federativa (Forjaz, 1983: 477).

Como se dijo más arriba, las guarniciones fueron otra vez derrotadas, pero un núcleo importante logró organizarse en una expedición que recorrió, tras 20.000 kilómetros, buena parte del territorio brasileño hasta su internación en Bolivia en 1926 (columna comandada por Miguel Costa y Luís Carlos Prestes, conocida como Columna Prestes), poco después de la asunción del presidente Washington Luís Pereira de Sousa y de una nueva rebelión tenentista en Rio Grande do Sul, en noviembre de ese año.

Como señala Maria Cecília Forjaz (1983: 476), ambas rebeldías –la oligárquica y la militar– se asociaron para enfrentar al régimen, pero se originaron en reivindicaciones y conflictos distintos. Si en los militares pesó una insatisfacción de carácter corporativo, en los grupos oligárquicos no cafetaleros la demanda era una mayor participación en la dominación política.

Al mismo tiempo, la existencia de dos partidos inequívocamente integrados por miembros de la burguesía paulista, el PRP y el Partido Democrático (PD) creado en 1926 –compuestos por hacendados, banqueros, industriales, comerciantes, exportadores– revela que las diferencias en el interior de aquella eran de índole política antes que expresión de intereses económicos básicos opuestos. El bipartidismo burgués paulista es indicador de la fractura respecto de la forma de ejercicio de la dominación política de clase, que para unos debía ser oligárquica y para otros, democrática. La fracción oligárquica de la burguesía paulista se alineó en el PRP, mientras la democrática lo hizo en el PD. No era así el dominio de clase lo que estaba en cuestión, sino la forma en que este era ejercido.

Pero el conflicto definitivo se desató en ocasión de la renovación presidencial del año 1930. El presidente saliente, el paulista Washington Luís (1926-1930), violó el acuerdo de elites y promovió la candidatura de otro hombre de São Paulo, Júlio Prestes. Enseguida, se organizó la oposición: sectores dominantes de Minas Gerais y de Rio Grande do Sul, y luego de Paraíba (tres estados nucleados en sus respectivos PR), sumados a un sector disidente de São Paulo (nucleado en el PD) formaron la Aliança Liberal, que, a su turno, también contó con el apoyo de los azucareros del Nordeste y de grupos medios urbanos.

El programa de la Aliança Liberal expresaba las posiciones de las clases dominantes de las regiones no cafetaleras y daba cierto espacio a las aspiraciones de las clases medias urbanas, y en cierta medida a algunas demandas de los trabajadores. Sostenía la defensa de las libertades individuales, la amnistía de los tenentes y la “verdad electoral”. Su candidato fue el abogado sureño Getúlio Vargas, gobernador de Rio Grande do Sul (1928-1930) tras inmediato previo pasaje por el Ministerio de Hacienda de Washington Luís.

Junto a la crisis política se desenvolvía la crisis económica. El volumen de las exportaciones y el precio de las materias primas caían, afectando principalmente a los exportadores cafetaleros. Como paliativo, estos socializaron las pérdidas, provocando enseguida el surgimiento de reivindicaciones por parte de sectores de la burguesía no cafetaleros (que producían para el mercado interno). Todo esto en un contexto de agitación de las clases medias y las obreras urbanas. La crisis de 1929-1933 afectó con mucha fuerza a la caficultura y obligó a la quema de granos para impedir una mayor baja de su precio. Socialmente, las 124 grandes huelgas realizadas entre enero de 1931 y junio de 1932 son cabal expresión del descontento de los trabajadores durante estos años.

Algunos autores han marcado la supremacía y la precedencia de la crisis política sobre la económica, pero –según bien señala Aspásia Camargo (1983: 390-391)– no puede descuidarse que la industrialización y la urbanización generaron –desde la Primera Guerra Mundial– cambios incompatibles con el pacto de dominación oligárquica. Como en otros países latinoamericanos –entre los cuales buen ejemplo es Argentina–, las burguesías que dominaban oligárquicamente se revelaron incapaces de satisfacer las demandas de participación en las decisiones políticas, demandas que en cierta forma fueron generadas por acciones realizadas o promovidas por esas mismas burguesías.

Las elecciones del 1º de marzo de 1930 consagraron, otra vez, el triunfo de la fórmula situacionista: Júlio Prestes-Vital Soares (bahiano, el segundo). Algunos miembros de la derrotada Aliança Liberal comenzaron a pensar en la posibilidad de una salida armada. Los jóvenes gaúchos de la llamada, por Joseph Love (1983), “generación de 1907”, tan oligarcas como sus padres, advirtieron que sus posibilidades de acceder al poder estaban limitadas a una difícil cooptación por el estrecho círculo paulista, nada favorable al riograndense (256).

Con el concurso de los tenentes, y pese a las reticencias de estos frente a una fuerza política que reunía a algunos de sus máximos enemigos, se preparó la insurrección (entre marzo y octubre de 1930), que se precipitó con el asesinato del gobernador de Paraíba, João Pessoa, compañero de fórmula de Vargas. La jefatura militar fue confiada al teniente coronel Pedro Gôes Monteiro, un nordestino cooptado por los oligarcas del sur, al tiempo que algunos de los tenentes insurrectos en 1924 ocuparon cargos de importancia. Las acciones comenzaron en la madrugada del 3 de octubre, en Porto Alegre. El 4, Vargas dio a conocer un comunicado explicando las razones del levantamiento: corregir los excesos políticos de Washington Luís y sus políticas anticrisis. El 24, el ejército depuso al presidente e instaló un triunvirato militar, que luego accedió transferir el Gobierno a Vargas, a cambio de garantías de no purgar a la fuerza armada. El 31, Getúlio llegó a Rio de Janeiro, la capital del país. El 3 de noviembre, asumió como jefe de Gobierno Provisorio y, el 11, suspendió la vigencia de la Constitución Nacional y decretó la intervención de todos los estados, excepto Minas Gerais.

Como acreditan los analistas, el golpe de 1930 fue más que la destitución de un presidente: fue el fin de un régimen político. Durante el cuarto de siglo que va de 1930 a 1954, año del suicidio del líder gaúcho, se distinguen cinco momentos diferentes: Gobierno Provisorio (1930-1934), presidencia constitucional (1934-1937), dictadura y Estado Novo (1937-1945), presidencia del general Eurico Gaspar Dutra (1945-1951), retorno de Vargas a la presidencia (1951-1954). Los tres primeros son constitutivos del proceso de revolución política que puso fin a la dominación oligárquica y permitió el régimen populista –último de los momentos señalados– que se prolongó hasta 1964, si se considera la fase desarrollista.

Después de octubre de 1930, se perfilaron varias propuestas autoritarias, de las cuales tres parecen ser las más relevantes: la de los tenentes, la integralista y la del Estado Novo. La propuesta autoritaria de los tenentes fue relevante en el comienzo del proceso, cuando confrontó con las posiciones de los oligarcas aperturistas (1930-1934). El proyecto tenentista era, en lo político, autoritario, estatista, corporativista y elitista, mientras que en el plano socioeconómico postulaba el establecimiento de derechos y garantías para los trabajadores, la construcción de plantas siderúrgicas, la explotación del petróleo (tareas asignadas al Estado, pero más como estrategia de defensa militar que como genuino proyecto industrialista), incremento de la función estatal reguladora de la economía, defensa de la pequeña propiedad y ataque a los privilegios de los cafetaleros (Forjaz, 1983: 485-489) (257).

Los tenentes eran partidarios de la centralización político-administrativa del Estado y enemigos de las autonomías estaduales, mientras que los oligarcas aperturistas se situaban en la posición opuesta. Así las cosas, todo acuerdo resultaba difícil, especialmente en el importante estado de São Paulo. En 1931, los oligarcas aperturistas y los tradicionales constituyeron Frentes Unicas en São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. Los Frentes pasaron de inmediato de la escala estadual a la federal en pos de tres objetivos: nuevo Código Electoral, convocatoria a una Asamblea Constituyente y designación de un interventor civil y paulista en el Gobierno de este estado. Por lo demás, los Frentes tenían también su ala radical, partidaria de una articulación de fuerzas con los militares anti-tenentistas y de un golpe para derrocar al Gobierno Provisorio. En tal situación, Vargas optó por hacer concesiones: decretó un nuevo Código Electoral (24 de febrero de 1932) y fijó fecha de elecciones para la Asamblea Constituyente, aunque sus preferencias estaban más cerca de la posición centralizadora de los tenentes.

Por su parte, los tenentes reaccionaron de tal modo que terminaron debilitando su posición. Enseguida, se precipitó la renuncia de los riograndenses que ocupaban ministerios en el Gobierno Provisorio. Y se puso de manifiesto el repudio de la opinión pública y la intensificación de la ofensiva oligárquica. En este contexto, tuvo lugar el levantamiento de São Paulo, el 9 de julio de 1932, encabezado por el PD, con importante participación de las clases medias de la ciudad. La revuelta, cuya filiación suele definirse como constitucionalista liberal, dio lugar a una guerra civil que se prolongó casi tres meses y fue duramente reprimida por el Gobierno federal, lo que dejó un saldo de unos 700 muertos.

Aunque el levantamiento paulista contaba con apoyos en Minas Gerais y Rio Grande do Sul, los gobernadores de estos estados finalmente optaron por la adhesión a Vargas. Es explicable: en 1930 mineiros y gaúchos habían peleado contra el dominio de São Paulo. Por añadidura, en uno y otro estado, los sectores que adherían a la revuelta paulista eran inequívoca expresión de la dominación oligárquica tradicional de los Partidos Republicanos estaduales: sus dirigentes eran Borges Medeiro y Artur Bernardes, cuya adhesión a la conjura contribuye a rotularla como “contrarrevolución de los ‘oligarcas’ del antiguo régimen” (Skidmore, 1985: 37-38).

El desenlace de la guerra civil fue paradójico: la derrota militar de los paulistas marcó “el apogeo del poderío tenentista y simultáneamente el inicio de su declinación”, pero también marcó el triunfo político de los sublevados, pues la campaña constitucionalista no solo continuó sino que se intensificó. Ya no se trataba solo de “una bandera de lucha oligárquica”, sino de “un verdadero movimiento social” (Forjaz, 1983: 491). En cierto sentido, la confrontación entre tenentes y oligarcas aperturistas marcaba una diferencia sustancial: democracia social para los primeros y meramente política para los segundos. Faltaba una posición de síntesis, que fue la que finalmente presentó el mismo Vargas.

Las elecciones para la Asamblea Constituyente (3 de mayo de 1933) otorgaron un amplio triunfo a los partidos oligárquicos y una representación minoritaria a los tenentes y a algunas otras fuerzas aliadas. A fines del mismo año, los tenentes perdieron el control político de São Paulo y Minas Gerais. Para completar la derrota, también fueron desplazados en el plano militar: la consolidación de la jefatura del general Gôes Monteiro en las Fuerzas Armadas fortaleció la aspiración de organización como institución despegada de las luchas políticas por el poder del Estado. En realidad, se trató más de un artilugio para desplazar a los tenentes que de una aspiración con efectos reales. En 1934, algunos sectores de las Fuerzas Armadas reclamaron la intervención del Ejército y la Marina en los debates por la nueva Constitución –a cuya sanción se oponían–, e incluso pergeñaron un golpe de Estado, finalmente abortado (258).

Los resultados de las elecciones de 1933 y la propia composición de la Asamblea Constituyente marcaron el claro predominio de las fuerzas estaduales-federales sobre las nacionales-centralistas, lo que no fue otra cosa que el triunfo de la continuidad sobre el cambio, la persistencia de prácticas típicas de la República oligárquica. Sin embargo, como bien indica Ângela Gomes (1986: 33), por debajo de la más visible línea de continuidad se desplegaron algunas modificaciones irreversibles, entre las cuales descollaba el reconocimiento de la intervención estatal en los planos económico, social e incluso político. Esa intervención se concretaría en los años siguientes, primero durante el Estado Novo y luego bajo el populismo.

La reforma política: Argentina, 1912-1930 (259)

En Argentina, como se ha dicho, la dominación oligárquica comenzó a desmoronarse en 1912-1916, merced a la reforma electoral impulsada por el presidente Sáenz Peña. La ley 8.871, de 1912, conocida por el apellido de su propulsor, permitió una resolución pacífica a la nueva manifestación que asumió el conflicto intraoligárquico en la década de 1890. Así, se inició un proceso de democratización que instituyó el sufragio universal, todavía excluyente de “la mitad más bella” de la población, pero que habilitó una participación y una representación ampliadas en la política, aunque siguió excluyendo a las mujeres, quienes, por estar a su vez excluidas del servicio militar obligatorio, lo estaban también del voto. Pues, en efecto, lo uno y lo otro venían anudados en el nuevo concepto de ciudadanía (Valobra, 2008).

No obstante, la pauta centralista que dominó el proceso de consolidación del Estado en Argentina –esto es, la tendencia al debilitamiento de los poderes locales y fortalecimiento del poder central– fue uno de los factores determinantes para que el proceso abierto explícitamente en 1912 se interrumpiese y, con él, se interrumpiese también la transición del régimen oligárquico a uno verdaderamente democrático. El golpe de Estado de 1930 no significó estrictamente un retorno a la dominación oligárquica. Pero, al observar el proceso histórico al que este dio lugar, es evidente que hasta mediados de la década de 1940 la vigencia de la democracia fue fuertemente discutida en los hechos. La “restauración conservadora”, el “fraude patriótico” y la “década infame” son algunas de las expresiones con la que se juzgaron aquellos años.

La sociedad civil se fortaleció entre 1880 y 1916, pero lo hizo de un modo corporativo, ocluyendo los vasos comunicantes con la sociedad política. Tal circunstancia debilitó las condiciones sociales para la democracia, debilidad acentuada por una cultura política bifronte –estatalista y golpista– en la cual la cara estatalista mostró el papel protagónico que los diferentes agrupamientos políticos –de derecha a izquierda del abanico– asignaban al Estado, particularmente como el espacio representativo y constitutivo de la nación. Había, como en otros casos latinoamericanos, una razón de Estado, mas no una razón de sociedad. En la medida en que la articulación entre sociedad civil y sociedad política era débil, la fortaleza de la sociedad política terminó dominando (no dirigiendo) la fortaleza de la sociedad civil y la fue corroyendo. En rigor, ello fue consecuencia del resultado de las luchas por la hegemonía en el seno de la sociedad civil, donde la burguesía era más fuerte. Sobre todo después de 1930, el debilitamiento de la sociedad civil favoreció la expansión del componente golpista de la cultura política, la no aceptación del libre juego de las posiciones y de sus definiciones, y la negación de la alteridad política y de la disidencia, germen de posiciones totalitarias, dictatoriales.

Los años que corren entre 1916 y 1930 muestran la continuidad gubernamental de la UCR, con el primer triunfo en 1916 y su revalidación en 1922 y 1928. En estas dos últimas elecciones, el radicalismo triunfó abrumadoramente, con el 48% y el 58% de los votos, respectivamente. Sin embargo, la primacía electoral no se tradujo en una efectiva hegemonía política y, sobre todo, no contribuyó a solidificar el sistema partidos políticos/Parlamento como vehículo de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. Así, los años veinte se presentan de un modo ambiguo: por una parte, la aparente consolidación del sistema electoral democrático definido por la ley Sáenz Peña; por la otra, las crecientes dificultades de los partidos y del Parlamento para canalizar eficazmente las demandas de sus representados. Por tal razón, entre otras, la transición de la dominación oligárquica a la democrática no terminó de afirmarse y sobrevino la “restauración conservadora” desplegada entre 1930 y 1943.

Los sucesivos triunfos radicales de las primeras décadas del siglo XX no permitieron pasar por la prueba de la alternancia partidaria, mientras que, por otro lado, los opositores conservadores no se resignaron a admitir la contundencia de la respuesta popular adversa. Por añadidura, la segunda presidencia de Yrigoyen, iniciada en 1928, dio un componente nada desdeñable para un rápido proceso de descomposición política. En el plano social, los años veinte muestran el alcance de la movilización y la lucha de los trabajadores rurales de las estancias patagónicas (1921-1922), brutalmente reprimidas por fuerzas del Ejército enviadas por el presidente Yrigoyen (en el final de su primer mandato), lo que generó uno de los más terribles golpes infligidos al movimiento obrero y un peligroso antecedente de convocatoria a los militares para resolver un típico conflicto de la cuestión social de la época.

El 6 de septiembre de 1930, los militares dieron el primer golpe de Estado de ese siglo, bajo el liderazgo del teniente general José Félix Uriburu, con sus tendencias corporativistas y fascistizantes. Pero, a diferencia del líder del golpe en la vecina república de Brasil, no logró afirmar su poder y pronto debió ceder ante el ala menos reaccionaria del Ejército, la encabezada por el general Agustín P. Justo, quien, al frente de fuerzas conservadoras, fue electo presidente, en 1931, al vencer a la fórmula de la Alianza Civil constituida por los Partidos Socialista y Demócrata Progresista.

Proscripta la UCR, el régimen político no fue más que una ficción democrática dominada por el “fraude patriótico”. Justo gobernó durante el sexenio 1932-1938 y su sucesor, Roberto Ortiz, también conservador, intentó en vano un retorno a prácticas democráticas más auténticas. Una enfermedad, primero, y la muerte, después, le impidieron concluir su objetivo y su propio mandato. Este fue continuado por el vicepresidente, Ramón S. Castillo, un hombre ubicado mucho más a la derecha, si bien tampoco pudo concluir su gestión, interrumpida por el golpe militar de 1943.

Aunque la crisis se desató en 1930, es obvio que varios de sus componentes comenzaron a definirse antes. Como en Brasil, en ese año coincidieron las crisis económicas (en su doble vertiente, interna y externa) y la crisis política de representación o hegemonía. La crisis económica puso de manifiesto el agotamiento del modelo agroexportador que el país había definido hacia 1880. La pretendida solución a esa crisis provino del impulso a la industrialización por sustitución de importaciones (industrialización iniciada, en Argentina, antes de la crisis de 1929) y la redefinición del papel del Estado, particularmente en el plano de la economía, en la cual intervino decisivamente, no solo regulándola sino incluso como productor.

En efecto, hubo una redefinición del modelo de acumulación y del papel del Estado respecto de los mecanismos económicos y las articulaciones sociales y políticas, en procura de un mejor reajuste de la sociedad dentro del sistema capitalista mundial que sucedió a la crisis de 1929. Esta redefinición, a su vez, llevó a otra: la de las relaciones de dependencia, en consonancia con el desplazamiento del centro hegemónico del capitalismo mundial del Reino Unido hacia Estados Unidos. Singularmente, en Argentina, esta segunda redefinición se concretó a partir de la segunda posguerra.

Otro de los cambios que trajo la crisis de la dominación oligárquica fue la generalización de las disidencias partidarias y la debilidad y la crisis del sistema de partidos políticos/Parlamento como vehículo de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. La proscripción del radicalismo y su posición abstencionista (hasta 1935), y el oportunismo socialista de beneficiarse electoral y parlamentariamente de aquellas son manifestaciones visibles de tal crisis. Como se señaló más arriba, la debilidad de la mediación partidaria contrastó con el peso creciente, hasta la consagración, de la mediación de las asociaciones de interés (corporaciones).

La Ley Sáenz Peña permitió la efectiva vigencia del sufragio universal masculino y con ella amplió la participación electoral en el sistema de decisión política, si bien mantuvo sustanciales restricciones, por la exclusión de las mujeres, de los extranjeros e incluso de los argentinos residentes en los Territorios Nacionales y por no terminar con el voto censatario o calificado (condición de contribuyente, por ejemplo) en el plano municipal, el más decisivo para una efectiva descentralización del poder. Como se ha dicho, la ley permitió el pasaje de la hegemonía organicista a la hegemonía pluralista (o compartida, si se prefiere la denominación de Pucciarelli), proceso rápido en el que la nota dominante fue la continuidad de la hegemonía burguesa, particularmente en los campos económico y cultural. Como en la etapa organicista, la dificultad de la burguesía se situó en el ejercicio de la hegemonía estrictamente política: en este plano, la continuidad de la fractura burguesa en un sector oligárquico y en otro democrático, y su irresolución en favor de este constituyó un aspecto clave.

Paradójicamente, como se ha dicho, la etapa de la hegemonía pluralista se desplegó en un breve arco temporal que vio la frustración de la transición de la dominación oligárquica a la democrática. No debió ser ajena a ese resultado la debilidad del sistema de partidos políticos, en los cuales se produjo un proceso de disidencias y fracturas, algunas particularmente cruciales, que dificultó su función representativa.

Yrigoyen ejerció su primera presidencia en un contexto caracterizado por una ambigüedad, por una institucionalización perversa del conflicto político-social. En efecto, el Ejecutivo era controlado por una fuerza democrática con una fuerte base popular urbana, mientras que el Poder Legislativo estaba fracturado (a partir de 1918): una Cámara de Diputados con mayoría reformista democrática y una Cámara de Senadores controlada por sectores oligárquicos con poder de veto. Las relaciones entre ambos poderes expresaban fuerzas sociopolíticas diferentes, incluso contradictorias. Los sectores oligárquicos de la burguesía, con fuerte base estructural rural, hicieron del Parlamento su principal trinchera institucional de oposición al reformismo, lo que esterilizó su papel.

En 1930, apenas dieciocho años después de iniciada la transición de la dominación oligárquica a la democrática, un golpe de Estado dirigido por un pequeño grupo de militares –pero no resistido por la mayoría de estos– y prohijado por una derecha renuente a aceptar en los hechos lo que decía sostener en la teoría, demostraría que la Ley Sáenz Peña, a despecho de su efecto democratizador, no bastaba, por sí sola y su imperio, para asegurar y fortalecer el ejercicio y la continuidad de la democracia política liberal o burguesa.

En Argentina, la democracia –como forma política de la dominación de clase– no podía ser sostenida siquiera por quienes debían ser sus principales beneficiarios, los propios burgueses, ni por quienes tenían el mandato constitucional de sostener el orden político vigente, las Fuerzas Armadas. Enfrente, las fuerzas populares –la clase obrera, los trabajadores, los sectores progresistas de la clase media urbana, los chacareros– no solo estaban fragmentadas, cuando no enfrentadas, sino que tampoco tenían claro qué hacer con la democracia, fuera para afirmarla como liberal-burguesa, fuera para profundizarla en dirección socializante (Ansaldi y Villarruel, 2004). En 1930, el golpe de Estado desnudó la debilidad de las fuerzas democráticas y mostró una vez más la aversión de la burguesía por la propia democracia burguesa.

En el plano estructural, las condiciones que dificultaron la constitución de la democracia se encontraban en la estructura agraria y en la consagración de una economía fundada en la especialización agroexportadora beneficiaria de la excepcional feracidad natural de las tierras pampeanas, cuya propiedad fue monopolizada por una burguesía apropiadora, por su condición terrateniente, de una extraordinaria renta diferencial. Pero hubo más: el quantum descomunal de esta permitió una redistribución de ingresos extensible (dentro de ciertos límites, por cierto) a clases políticamente subalternas (obreros industriales, clase media urbana, chacareros pampeanos). La renta diferencial de la tierra fue el motor del proceso económico de la Argentina moderna y asignó a su expansión el mismo papel desempeñado por la acumulación de capital en el capitalismo central, tal como Ernesto Laclau lo señalara décadas atrás en un texto clásico (260). Merced a ella, de un modo sin equivalente en América Latina, la burguesía argentina pudo organizar, dentro del país mismo y en gran escala, un conjunto de actividades (construcción, consumo, espectáculos públicos, etc.) capaz de producir una redistribución de ingresos cuyos beneficios alcanzaron incluso a las clases media y trabajadora, y cuya persistencia estuvo sujeta, precisamente, a la continuidad del mecanismo expansivo de la renta, o dependió de ella. Es por ello explicable que el conflicto social expresara preferentemente reivindicaciones que apuntaban a una redistribución de la renta antes que a cuestionar el modo de producirla.

La consecuencia es obvia: se luchó por reformar el sistema, no por transformarlo radicalmente. El Partido Socialista –con su política de defensa de “los consumidores”– fue la expresión más transparente y explícita del reformismo. Contrario sensu, los anarquistas se situaron en la posición más intransigente a la conciliación de clases. Por lo demás, una estructura de clases no cristalizada, en construcción y con ciertas facilidades para la movilidad social ascendente, se sumó a ello, debilitando el perfil del conflicto entre clases. Si bien, como hemos señalado en el capítulo anterior, las clases se definen como tales precisamente a través del conflicto, en la Argentina de esos años el peso de la conciencia del ascenso social ocluyó el desarrollo de la conciencia de clase. Ello contribuye a explicar la dificultad para la formación de partidos políticos clasistas y, a fortiori, la viabilidad de las organizaciones sectoriales o de intereses como vehículo preferido para la mediación entre la sociedad y el Estado.

El reformismo militar: Ecuador, 1964-1976, y Perú, 1968-1975

En Perú y Ecuador, la dominación oligárquica se prolongó hasta fines de la década de 1960, cuando la Revolución Peruana liderada por el general Juan Francisco Velasco Alvarado y el reformismo militar encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara, respectivamente, terminaron con ella. Como se ha visto, los dos países compartían la pauta de una gran descentralización, con fuerte peso de los poderes locales y regionales como principales centros de poder. Esta pauta se condice con la limitada conformación de la Nación y la escasa penetración de los aparatos estatales en la sociedad, ambas características de la dominación oligárquica persistentes durante el siglo XX.

En los dos países, las burguesías costeñas no pudieron desarrollar su capacidad de control sobre la masa indígena, al tiempo que los hacendados serranos reforzaron su autonomía local apoyándose en el aislamiento de las haciendas autoabastecidas.

Como se verá en el capítulo 5 del tomo II, en los años treinta, Perú atravesó, como otros países, un nuevo ciclo de violencia. En 1932, se produjo la insurrección aprista, fuertemente reprimida por las fuerzas gubernamentales de Luis Sánchez Cerro (261). Otro conflicto, de menor intensidad y prontamente resuelto por la vía diplomática, enfrentó a Perú y Colombia en la llamada “guerra de Leticia”, un territorio amazónico objeto de reclamos controversiales por su soberanía entre ambos países. Según el historiador Franklin Pease García (1995: 184-185), el episodio bélico, iniciado el 1º de septiembre de 1932, fue parte de la estrategia política aprista contra la dictadura de Sánchez Cerro, mas este asumió la causa como propia y la apoyó, quitándole el contenido original. Un hecho imprevisto alteró el curso de los acontecimientos: el 30 de abril de 1933, un militante aprista dio muerte a Sánchez Cerro. La guerra no alcanzó a desarrollarse y, tras las negociaciones diplomáticas, en 1934 se reconoció la pertenencia de Leticia a Colombia. El mismo historiador peruano ha caracterizado a 1932 y 1933 como años “de una virtual guerra civil”.

El Congreso, violando la Constitución, eligió al general Oscar Benavides –el militar golpista de 1914– para completar el período para el que había sido designado Sánchez Cerro (hasta 1936). Con Sánchez Cerro y Benavides, comenzó lo que el historiador Pease García llamó “una nueva etapa militarista” –resultado de la dictadura personalista de Leguía y del desconcierto de la dirigencia política civil–, afín a grupos económicos poderosos (inicialmente hacendados, a los que luego se sumaron otros, diversificados), con fuerte incidencia en los aparatos estatales durante el Gobierno de Benavides. En las elecciones de 1936 se produjo una situación confusa: habría ganado Luis Antonio Eguiguren, apoyado por el proscrito partido aprista, pero el Congreso anuló las elecciones y renovó el mandato del general Benavides hasta 1939, quien gobernó bajo el lema “Orden, paz y trabajo”. Ejerciendo el mando con mano dura, el presidente impulsó la asistencia social, la educación y las obras públicas.

En el plano económico, durante las primeras décadas del siglo XX, la hacienda dejó de ser rentable y se consolidaron las economías de enclave, en las que, nuevamente, la penetración del Estado era escasa. En efecto, en Perú, la reconstrucción económica posterior a la Guerra del Pacífico se hizo por inversiones de capital extranjero. Los enclaves se abocaron a la exportación de caña de azúcar (en el norte) y de minerales (en la sierra central). A lo largo de los años treinta, el país atravesó una situación económica desfavorable, en parte por la caída de las exportaciones (en volumen y en valor), lo que afectó en particular la industria azucarera, básicamente por la condición dependiente del país, que lo hacía muy susceptible ante la crisis del centro capitalista. La moneda nacional, la libra peruana, fue reemplazada por el sol de oro, pero el cambio no impidió la continuidad de su devaluación. En el plano productivo, se destaca el comienzo de la actividad pesquera, en buena medida llevada adelante por empresas medianas, en las cuales no estuvo ausente el capital extranjero.

En las elecciones de 1939, fue elegido presidente el derechista Manuel Prado Ugarteche –miembro de una familia aristocrática, hijo del ex presidente Mariano Ignacio Prado–, candidato prohijado por el general Benavides. Durante el Gobierno de Prado tuvo lugar la guerra entre Perú y Ecuador (1941), cuyo final fue protegido por el Protocolo de Paz, Amistad y Límites, firmado en Rio de Janeiro en 1942, cuyos garantes fueron Argentina, Colombia, Chile y Estados Unidos.

Las elecciones de 1945 consagraron presidente a José Luis Bustamante y Rivero, candidato del Frente Democrático, del cual formaba parte el PAP, cuya representación parlamentaria fue mayoritaria. El nuevo mandatario se propuso impulsar una política democrática, con un inusual respeto por la independencia de los poderes del Estado. Se tomaron medidas que implicaron la intervención del Estado en la economía, en las que se destacan los intentos de favorecer la Empresa Petrolera Fiscal, intento que se frustró, en buena medida, por la combinación de corrupción administrativa y embate de los enemigos de la petrolera estatal, que a su vez eran partidarios de la participación de la International Petroleum Company (IPC), filial de la Standard Oil Co., de Nueva Jersey. Paradójicamente, el PAP, el principal beneficiario de la nueva política (incluso con incidencia en el Gobierno, pues tenía varios ministerios, entre ellos el de Hacienda), rompió con Bustamante e impulsó, a través de su ala más radical, la vía insurreccional, intentada en El Callao en octubre de 1948. Pese a su fracaso, la insurrección sirvió de pretexto a los grupos más conservadores –junto a los cuales participaron militares, políticos de ultraderecha, prensa opositora y sectores de izquierda (comunistas como Eudocio Ravines)– para impulsar el derrocamiento del Presidente, que se concretó mediante el golpe de Estado dado por el general Manuel A. Odría, ministro de Bustamante, el 27 de octubre de 1948. Una Junta Militar de Gobierno, presidida por él, tomó el Gobierno y llevó adelante una fuerte represión, en particular contra los apristas.

La inconclusa gestión de Bustamante y Rivero fue un período de movilización campesina, proletarización y acción sindical de los trabajadores del azúcar, el algodón y la lana, si bien el mismo presidente los reprimió, en la medida que se radicalizaron sus demandas, cuando se rompió el pacto con el PAP, que había apoyado la creación de la Federación de Trabajadores del Azúcar. El PC, a su vez, había instado la formación de la Federación General de Campesinos y Yanaconas, de alcance limitado. El proyecto democratizador de Bustamante terminó con él.

Los ocho años de Odría (1948-1956) fueron un tiempo de dictadura, durante la cual, paradójicamente, se otorgó a las mujeres el derecho de voto (1955). En rigor, el odriísmo fue el “representante político de las fracciones oligárquicas más tradicionales (gamonales incluidos)”, que logró articular, merced a “las obras y servicios del ochenio, a sectores urbanos en su mayor parte subempleados y despolitizados” (Pease García, 1977: 30). Bajo el Gobierno de su sucesor, otra vez Prado Ugarteche (1956-1962), se produjo la curiosa connivencia de apristas y odriístas, cuya articulación sirvió de soporte político de Prado, lo que permitió una cierta estabilidad. Empero, fue también notoria la agitación agraria en las zonas altas de los Andes. Las movilizaciones campesinas se prolongaron desde 1956 hasta 1964. Fue notable la azucarera en la costa norte, por la sindicalización y contra la modernización de las haciendas, que reducía la demanda de fuerza de trabajo, como también la que promovía la sindicalización algodonera en la costa, a instancias del comunismo y del aprismo, conflictos resueltos por la política de conciliación del APRA. La movilización campesina de la sierra central contra la compañía Cerro de Pasco y la de la sierra sur fueron las más intensas y violentas y, por ende, las de mayor impacto político. También adquirió relieve la cuestión petrolera, en particular cuando el influyente diario limeño El Comercio (conservador) inició una campaña contra el monopolio de la IPC y así se sumó a la clásica oposición de la izquierda contra ese notorio símbolo del imperialismo norteamericano en Perú. Según Pease García (1995: 223), el control estatal de los recursos petroleros devino una cuestión de honor nacional.

En las elecciones presidenciales de 1962 se produjo una situación curiosa y confusa. Compitieron Víctor Raúl Haya de la Torre (APRA/PAP), Fernando Belaúnde Terry (Acción Popular, apoyada por sectores de clase media y burguesía antioligárquica –industrial y agraria– pero también con apoyo campesino y obrero) y el general Manuel Odría (Unión Nacional Odriísta, UNO, representante de los grupos oligárquicos). En medio de denuncias de fraude, se impuso el primero. La decisión final debía ser tomada por el Congreso, pero antes de su reunión, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado de carácter institucional el 18 de julio de 1962. Inusualmente para estas experiencias, los golpistas casi no ejercieron represión ni proscribieron a los partidos políticos y convocaron a nuevas elecciones, las cuales se realizaron un año después, previa reforma de la legislación electoral y depuración de los padrones de votantes.

Un acontecimiento significativo fue la agitación campesina en el valle de La Convención, cerca de Cusco, que permitió a los militares tomar conciencia de los problemas agrarios y las penurias de la población. Se hizo visible el significado de la persistencia del sistema de haciendas con sus relaciones semiserviles. Fue en este contexto que aparecieron la guerrilla organizada y liderada por Hugo Blanco, un trotskista, y la del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dirigido por Luis de la Puente Uceda, de filiación castrista, aunque ninguna de las dos tuvo desarrollo.

En el sur, la Federación Campesina del Valle de la Convención y Lares se constituyó en 1958 y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, en 1961. En un momento de boom del café, los grandes propietarios avanzaron sobre las tierras antes entregadas a los campesinos, lo que generó un nuevo conflicto que llevó, en 1963, a ocupaciones de tierras por parte de estos, extendidas a otros departamentos por articulación del movimiento campesino con los de obreros, estudiantes e intelectuales.

Las movilizaciones en La Convención llevaron al Gobierno militar a aprobar la Ley de Bases de la Reforma Agraria y a la creación de la Oficina Nacional de Reforma y Promoción Agraria, directamente dependiente del presidente de la República. Las Bases establecían algunos criterios para definir objetivos, entre los cuales estaba la necesidad de una nueva estructura agraria que permitiese el desarrollo económico y social, y emplear la tierra en función del interés social, que apuntaba tanto a limitar el latifundio como su contraparte, el minifundio.

En 1963, Belaúnde Terry fue elegido presidente. Era un destacado universitario que pertenecía a una familia de políticos y que ya había sido diputado bajo la presidencia trunca de Bustamante. Su partido, Acción Popular, era una organización nueva creada en 1956, con un programa reformista burgués –“reformismo democrático” lo llama el sociólogo Henry Pease García (1977)– que preconizaba medidas nacionalistas y desarrollistas, prestando especial atención a las cuestiones agraria y petrolera, a la modernización del sistema financiero y al activo papel del Estado en la promoción del desarrollo. La Democracia Cristiana –un partido de cuadros, con base social en la clase media y orientación centrista– también era parte de ese reformismo democrático. En materia petrolera se procuraba modificar, en términos favorables a Perú, el estatus de la IPC, mientras que, en materia rural, el proyecto enviado al Congreso propiciaba la conversión de los campesinos en propietarios de sus tierras y también el respeto de las comunidades indígenas y el parcelamiento de los latifundios improductivos.

El primer obstáculo a su política reformista surgió por la continuidad de la alianza entre apristas y odriístas (APRA-UNO), que constituyeron una mayoría parlamentaria que bloqueó los proyectos del Ejecutivo, que actuó como una oposición desleal. Esa situación fue evidente en el caso de la reforma agraria: en el trámite parlamentario, el proyecto del Ejecutivo experimentó tantas modificaciones que cuando la ley fue aprobada, en diciembre de 1964, quedó irreconocible. Una de esas modificaciones limitó “seriamente la posibilidad de afectar con la reforma agraria las grandes propiedades de la costa, azucareras en su mayoría” (Pease García, 1995: 232-233). La aplicación de la ley fue lenta y engorrosa, trabada por varias razones, desde las de oposición hasta las derivadas de las limitaciones del propio Gobierno.

La política reformista del Gobierno de Belaúnde fue frenada por la presencia de una pauta oligárquica de larga data: la composición conservadora del Senado como garantía del pacto de dominación. Pero también por un elemento externo (pero devenido interno): la presión de Estados Unidos y la discontinuación de la ayuda prometida en el marco de la Alianza para el Progreso, resultado de la insinuación del Gobierno peruano de cumplir con la promesa de nacionalización del petróleo.

En 1968, el país se encontraba en una coyuntura crítica o, como lo definió Henry Pease García (1977: 34; itálicas del autor), en “una situación de vacancia hegemónica”. Los sectores oligárquicos aún detentaban una importante cuota de poder, pese a los retrocesos experimentados ante el reformismo democrático, mientras que la fracción democrática de la burguesía –renuente, cuando no opositora, a la intervención del Estado en la economía– no rompía su conciliación con la fracción oligárquica. Por fuera de ellos, el movimiento popular –las movilizaciones campesinas, las guerrillas de 1965, el avance del movimiento obrero– intensificó su actividad opositora. La clase dominante intentó reacomodarse mediante el llamado “Gabinete Conversado” (una especie de pacto –ni público ni formal– con el APRA, que había roto con la UNO), en el cual descollaba el ministro Manuel Ulloa, autor de un proyecto que incluía, inter alia, un paquete de medidas para reforzar a los sectores modernos de la burguesía y favorecer una masiva inversión de capitales extranjeros. El acuerdo APRA-Acción Popular propiciaba una relación directa entre las dos fracciones burguesas en pugna, la agroexportadora y la industrial (Pease García, 1977: 36-38).

La crisis política de este período fue, según la caracterización de Henry Pease García, expresión de una crisis más profunda de las clases que detentaban el poder, la cual se acentuó en 1968, año en que cambiaría la historia de Perú.

En los años sesenta, las Fuerzas Armadas levantaron su consigna de “progreso social y desarrollo integrado”, en verdad, una doctrina de contenido nacionalista y reformista, en la cual se apreciaba la influencia de las posiciones de la CEPAL sobre la dependencia y el subdesarrollo, y el clima de Alianza para el Progreso. La doctrina de los militares peruanos –que se autoconsideraban “combatientes contra el subdesarrollo” al lado del pueblo– fue elaborada en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) y tenía como nota distintiva concebir la seguridad nacional en términos no solo militares sino también económicos y sociales (en este sentido, similar a la propuesta de los brasileños). La defensa nacional era concebida por el CAEM como inseparable del bienestar y el desarrollo económico y social, aspiraciones consideradas finalidad fundamental del Estado. Significativamente, como señaló Alfred Stepan (1974), el CAEM no contó con militares norteamericanos en su cuerpo de profesores, a diferencia de otros países (en Brasil, la misión norteamericana se extendió entre 1948 y 1960).

Aunque es cierto que, desde 1951, los militares recibieron instrucción en el CAEM, donde tomaron contacto con las teorías más actuales de modernización, dependencia y desarrollo, y con profesores formados por la CEPAL, Alain Rouquié entiende que la influencia del CAEM sobre Velasco Alvarado y otros jefes revolucionarios fue relativa, menos relevante que la más directa ejercida por una particular combinación de factores internos y externos que colocaron en primer plano el problema del subdesarrollo y la pobreza. Rouquié desliza, además, la hipótesis de una conciencia antinorteamericana en las filas castrenses, provocada por la negativa de Estados Unidos de proveer armas en momentos en que el Ejército peruano combatía la guerrilla (Rouquié, 1984: 164-165).

El 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado que terminó con el Gobierno de Belaúnde e inició la denominada Revolución Peruana. Ese golpe tuvo carácter institucional, al colocar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, esto es, la institución, al frente del Estado, en este sentido, similar a los golpes producidos en Brasil y Argentina en 1964 y 1966, respectivamente. Pero esta coincidencia en el aspecto formal no oculta la diferencia central: en estos dos casos, se instauraron dictaduras proimperialistas; en Perú, en cambio, se impuso, entre 1968 y 1975, bajo el liderazgo del general Velasco Alvarado, un proceso reformista, autoritario, burocrático, antioligárquico, nacionalista y antiimperialista muy singular que se oponía, además, a la coexistencia entre el APRA y los sectores oligárquicos. Otro golpe militar, dado el 29 de agosto de 1975, desplazó a Velasco Alvarado de la presidencia, y su sucesor, el general Francisco Morales Bermúdez, frenó el proceso reformista. Dicho en otros términos: la Revolución Peruana fue contra la oligarquía, mientras que la brasileña y la argentina fueron contra el populismo y la potencialidad de la izquierda revolucionaria.

Velasco planteó como objetivo de la Revolución, basada en el encuentro Pueblo-Fuerza Armada, “brindarle a la Patria independencia, soberanía, autoridad y dignidad” (apud Pease García, 1977: 65). Su propuesta era desarrollar un proyecto nacional propio, alternativo al capitalismo y al comunismo. El modelo final debía ser una economía autogestora, con democracia social de participación plena y una moral solidaria.

El Estatuto del Gobierno revolucionario, promulgado como decreto-ley 17.063, estableció que era su objetivo “transformar las estructuras sociales, económicas y culturales”, y poner fin al “abandono de las fuentes naturales de riqueza” y al “orden social injusto” (apud Rouquié, 1984: 347). Belaúnde había firmado un acuerdo con la compañía extranjera International Petroleum por el cual se concedieron a esta empresa unas “ventajas leoninas”. Este hecho fue desencadenante del golpe y de la “revolución” (Rouquié, 1984: 349).

Francisco Guerra García (1983: 82) distinguió tres etapas en la Revolución Peruana: 1) la legitimación del proceso, entre octubre de 1968 y fines de 1969; 2) el despliegue y la expansión, hasta mediados de 1973, y 3) la declinación, extendida hasta agosto de 1975. La grave enfermedad de Velasco y su posterior destitución por sus propios camaradas pusieron fin al proyecto y dejaron al desnudo el fuerte carácter personalista de su conducción, por lo demás inequívocamente carismática. El carácter militar del Gobierno signó su gestión, al trasladar al ejercicio del poder político el estilo centralista, burocrático, jerárquico, disciplinado y vertical propio de las instituciones castrenses, un aspecto decisivo sobre el cual supo llamar la atención Guerra García (1983: 92), para quien tal carácter no fue “nada propicio para el surgimiento de una organización política de la revolución”.

La reforma agraria del gobierno reformista militar de Velasco Alvarado (1969) se llevó a cabo en un momento de debilitamiento del movimiento campesino y de reflujo del conflicto, que había sido controlado por la política ambigua de Belaúnde. A diferencia de la iniciativa de este, concentrada en las zonas más conflictivas –la sierra sur–, la reforma de Velasco Alvarado apuntó inicialmente a las grandes propiedades modernas de la costa. Fundamentalmente, se apeló a la creación de formas asociativas, entre ellas las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS). La Reforma Agraria fue el ariete contra la dominación política oligárquica y su base material.

La ley estableció la automática inclusión en causal de afectación a las tierras baldías o abandonadas de propiedad privada y a las del Estado, cualquiera fuese su situación. En la costa, el mínimo inafectable se fijó en 150 hectáreas en el caso de las tierras de cultivo bajo riego y en 1500 en el de pastos irrigados. Estos mínimos se duplicaban para las tierras de secano. En la sierra y la ceja de la selva el mínimo inafectable oscilaba entre 15 y 55 hectáreas, según las provincias, mientras las extensiones de pastos no podían ser afectadas mientras no superasen la cantidad necesaria para mantener hasta 5.000 ovejas. La región de la selva quedó excluida de la aplicación de la ley, pues para ella el Gobierno dictaría una ley específica (lo cual ocurrió en junio de 1974), que establecería un régimen capaz de atender la multiplicidad de problemas que presentaban los grupos étnicos amazónicos.

La ley estableció un procedimiento expeditivo para transferir la propiedad. Constaba de solo dos pasos: 1) la afectación, es decir, la expropiación y su entrega al Estado; 2) la adjudicación, esto es, la transferencia a los trabajadores o campesinos previamente calificados como beneficiarios. El principio rector fue el del derecho de propiedad privada de la tierra, es decir, un principio capitalista, alejado de la nacionalización, estatización o socialización. Consistía, pues, en “una compra-venta forzada entre los antiguos terratenientes y los nuevos propietarios campesinos. Operación promovida y celosamente supervigilada por el Estado” (Matos Mar y Mejía, 1980: 121).

En lo atinente a las comunidades indígenas o campesinas, el objetivo principal de la reforma no fue “dotarlas de tierras sino proceder a su reestructuración interna” mediante la recomposición de la tenencia comunal de la tierra, el establecimiento del régimen cooperativo y la modificación de las instituciones de gobierno local. El primero de esos puntos alteraba “los criterios tradicionales de reconocimiento de la condición de comunero” y, de hecho, “afectaba el derecho de uso de la tierra comunal”. No es de extrañar que generase un rechazo general por parte de los comuneros, quienes se opusieron a la cooperativización. Es que, en definitiva, la reestructuración agraria llevada adelante por el reformismo militar autoritario no tuvo en cuenta, ni en la concepción ni en la aplicación del programa, los aspectos específicos de la cultura andina (Matos Mar y Mejía, 1980: 141-142 y 358). De hecho, las comunidades indígenas fueron, en su mayoría, excluidas de la reforma.

En la etapa radical o velasquista del Gobierno militar, la reforma fue concebida, además, como un instrumento dirigido a integrar a los campesinos a la nación y consolidar la precaria integración nacional. Empero, como bien ha notado Heraclio Bonilla (1994: 37-38), la distribución de tierras no se tradujo en la supresión de las relaciones de opresión: los terratenientes fueron reemplazados por una reciente “elite de comerciantes” coludida con jueces y policías en una nueva extorsión a los campesinos, sobre todo mediante la venta de ganado robado a estos. Al no afectar al capital comercial, argumenta Nelson Manrique (1994: 81), la reforma permitió la continuidad del gamonalismo, la clásica forma de dominación oligárquica andina.

El proyecto agrario del velasquismo produjo, entre 1972 y principios de 1974, la ruptura con la burguesía y el comienzo de la movilización campesina controlada. En lo económico, fue la opción por el capitalismo de Estado y, en lo político, por el corporativismo. Se trató de una política dirigida al campesinado pero sin su participación autónoma, aunque la movilización campesina se articuló de todos modos. La Reforma Agraria comenzó a aplicarse en la costa, espacio de las haciendas algodoneras y azucareras, de los barones del azúcar. Un dispositivo de la ley autorizaba a parcelar la tierra por iniciativa privada, mecanismo que permitió a muchos hacendados burlar la ley dividiendo sus tierras entre familiares y allegados, sin perder el control del conjunto económico. Ese resquicio –favorable para los grandes propietarios y perjudicial para los campesinos– fue anulado en diciembre de 1969 mediante un decreto ley que no impuso efectos retroactivos. Ante este hecho jurídico, los campesinos –sobre todo los de Huando– se movilizaron intensamente en 1970 y 1971, lo que culminó en una huelga de más de cien días que obtuvo la nulidad de la parcelación. “Se impuso la lucha de los trabajadores en alianza con la voluntad política del velasquismo” y se impidió que los “fundos fueran adjudicados a sus antiguos dueños, allegados o familiares, o simplemente a sujetos no calificables como beneficiarios” (Pease García, 1977: 90).

José Matos Mar y José Manuel Mejía (1980: 161) sintetizaron en tres los resultados centrales de la aplicación de la reforma agraria: 1) la acción estatal produjo una redistribución de la propiedad de la tierra sin parangón en la historia de Perú (262); 2) ese logro fue acompañado de la instauración de un orden asociativo en las áreas agrícolas de mayor importancia económica, y 3) no incidió significativamente en el sector tradicional, de modo tal que la mayor parte de la población rural quedó al margen de la reforma.

Para Bonilla (1994: 36), la reforma agraria velasquista tuvo al menos tres graves limitaciones: 1) favoreció selectivamente a colonos y trabajadores de las plantaciones; 2) marginó a la mayoría de las comunidades indígenas, y 3) generó una nueva forma de concentración de tierras en CAP y SAIS.

Según la conclusión de Guerra García (1983: 104), con el derrocamiento de Velasco Alvarado, el nuevo Gobierno del general Morales Bermúdez puso fin a la revolución e inició su desmantelamiento, más allá de la retórica contenida en el primer discurso del nuevo presidente, en el cual proclamó que su Gobierno llevaría adelante la “segunda fase” de la Revolución Peruana. Al respecto, Guerra García formula una pregunta bien pertinente, de no fácil respuesta: “La revolución peruana, ¿se truncó o se agotó?”. A partir de 1980, con el retorno de los civiles al Gobierno –otra vez Belaúnde Terry– ese desmantelamiento se acentuó.

Ciertamente, el reformismo militar peruano no postulaba construir el socialismo sino terminar con la dominación oligárquica y desarrollar una democracia con una base participativa más amplia, aunque controlada por el Estado. Mientras duró, se tomaron, además de las ya señaladas en materia agraria, decisiones como la nacionalización sin pago alguno de la norteamericana IPC (nacionalización que había comenzado a aplicarse durante el reformismo democrático de Belaúnde y que gozaba de un apoyo casi unánime); la expulsión de pesqueros norteamericanos de aguas territoriales peruanas; la reforma de los aparatos estatales; la estatización del sistema bancario; la creación del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS); políticas exterior y militar independientes (en materia de armamento optó por Francia como proveedora para la Fuerza Aérea –aviones Mirage y cohetes Exocet– y por la Unión Soviética para el Ejército), entre otras medidas.

El SINAMOS fue un mecanismo clave del régimen, pues desalentó los intentos espontáneos de crear Comités de Defensa de la Revolución y persiguió duramente a los sindicatos filiados de algún modo con el marxismo. Estaba concebido desde una óptica militar y burocrática, como organismo de control orientado a canalizar la participación, en la letra, y utilizado para llevar adelante la desmovilización política, en la práctica.

La Revolución Peruana fue un proceso autoritario de incorporación desde arriba de las clases sociales populares urbanas y rurales en pos del objetivo del desarrollo del país. No hubo movilización espontánea de las masas, sobre todo de las indígenas de las comunidades, que fueron sumadas a las SAIS, en una especie de cooperativismo que reunía a obreros e indígenas en un mismo cuerpo controlado por el Estado. El carácter de la reforma agraria estaba en sintonía con un proyecto modernizador del Gobierno revolucionario, que buscaba más la promoción de la industria que la generalización de la propiedad individual. Respecto de las masas obreras, se dictó una ley general de industrias que indicaba la participación obrera, pero con un fuerte control del Estado sobre los sindicatos. La creación de empresas de propiedad sectorial se previó pero no cristalizó. En cuanto al capital industrial, se amplió el sector público, se creó un banco nacional de desarrollo y, por paradójico que parezca, se fomentó la explotación de minerales a manos de empresas extranjeras, por cierto, con cláusulas que imponían fuertes condiciones a la producción. Con esto, algunas empresas se retiraron del juego, como la histórica y muy poderosa empresa de explotación del cobre Cerro de Pasco, que en 1973 pasó a manos del Estado.

Mientras el propio Velasco filió su Gobierno con el “socialismo revolucionario”, Fidel Castro, desde Cuba, lo calificaba como “revolución nacionalista” (Rouquié, 1984: 348). En cualquier caso, cabe decir que el velasquismo fue una experiencia ideológicamente difusa y que las transformaciones impulsadas durante este período tuvieron un sentido claramente capitalista, fundamentalmente nacionalista en la costa dominada por los enclaves, mientras que en la sierra la modernización perseguía objetivos más típicamente capitalistas, como la creación de un mercado interno.

En el caso de Ecuador, los años treinta también fueron tiempos de crisis de la dominación oligárquica. La crisis se inició, en rigor, con la ya mencionada Revolución Juliana de 1925, a partir de la cual el ciclo de violencia e inestabilidad no hizo más que acelerarse: diecisiete presidentes se sucedieron a lo largo de la década de 1930 y hubo una cruenta guerra civil. El triunfo presidencial de José María Velasco Ibarra, en elecciones libres, y su destitución por un golpe de Estado (1934-1935) estuvieron precedidos y sucedidos por presidencias breves. En los años veinte, y más profundamente en los años treinta, se produjo la crisis del modelo agroexportador basado en la explotación de un solo producto, el cacao.

La crisis se extendió largamente, hasta fines de los años cuarenta. La explotación y exportación del banano permitió la expansión de la frontera agrícola, la recuperación del comercio internacional y el surgimiento de grupos sociales medios vinculados al auge bananero. De hecho, se estableció una nueva alianza dominante, constituida por la burguesía (a su frente), los latifundistas y parte de la pequeña burguesía, que permitió un breve período de estabilidad política (1948-1960). Un terrateniente conservador y modernizador, Galo Plaza, gobernó entre 1948 y 1952; introdujo reformas en el Estado y reacomodó la economía a las nuevas condiciones marcadas por el imperialismo. Fue sucedido por Velasco Ibarra (1952-1956), quien impulsó obras viales y reformas en la educación, sin avanzar en aspectos estructurales, y así defraudó, una vez más, a quienes confiaron en él. El conservador liberal Camilo Ponce (1956-1960) cerró el ciclo en medio de una intensificación de la conflictividad social y de la represión estatal, en particular en Guayaquil, en 1959 (Ayala Mora, 1993: 38-39).

La crisis bananera fue de tal magnitud que afectó negativamente la estabilidad política, pero también abrió paso a un proceso reformista de modernización y cambios estructurales significativos que modificó al conjunto de la sociedad. Como ha señalado Enrique Ayala Mora (1993: 40), no fue solo pasar del banano al petróleo, el nuevo producto de exportación: se produjo el “agotamiento del modelo agroexportador y del surgimiento e inicial consolidación de un nuevo modelo de dominación”, proceso que se desarrolló durante los años sesenta y setenta (tal vez hasta inicio de los ochenta) y, como es obvio, no estuvo exento de tensiones y conflictos sociales.

A partir de 1959, un grupo de terratenientes serranos con iniciativa modernizadora –descollando la familia Plazo Lasso, a la cual pertenecía Galo, después de presidente (1948-1952), Secretario General de la Organización de Estados Americanos (1968-1975)– impulsó una decisiva transformación de las haciendas tradicionales, dentro de las cuales existía una multiplicidad de trabajo campesino no capitalista. Usualmente, el hacendado concedía a los campesinos parcelas de tierra para que trabajasen en ellas a efectos de reproducción de su vida material y recibía a cambio una renta bajo la forma de trabajo o servicios gratuitos, pago en dinero o en productos. Los campesinos que pagaban con trabajo o servicios eran llamados “huasipungueros”, “arrimados” o “yanapas”; los que abonaban con dinero eran conocidos como “arrendatarios”, “concesionarios de recursos” o “sitiajeros”, y a quienes pagaban en productos se los denominaba “partidarios”. Estas formas se encontraban tanto en el sistema minifundista interno como en el externo de las haciendas (Chonchol: 1994: 218). En otras palabras, eran parte de las economías campesinas internas (dentro de las haciendas) y de las economías campesinas externas (fuera de los límites físicos de las haciendas).

Esos terratenientes evaluaron como más favorable a sus intereses terminar con las formas tradicionales de trabajo por un cálculo de racionalidad económica: al intensificar la producción pecuaria y lechera mediante la incorporación de tecnología, esta permitía ahorrar fuerza de trabajo. En las nuevas condiciones de explotación agropecuaria y el clima político y económico de la época, la reforma agraria no era solo una bandera de la izquierda, potenciada por la Revolución Cubana, era también un objetivo de la Alianza para el Progreso. Así, el abandono del huasipungo y el pasaje de hacienda tradicional a empresa agropecuaria capitalista implicaba incrementar las ganancias y, al mismo tiempo, obstaculizar aún más la organización de un campesinado débil y fragmentado (salvo en el valle de Cayambe).

La entrega de tierras (de menor calidad), por venta o adjudicación, a sus antiguos huasipungueros permitió a los hacendados “anticipar la solución de futuros conflictos con los campesinos” y crear “en el entorno de las haciendas modernizadas un cordón de seguridad de pequeños campesinos parcelarios ligados a ellas”. Por añadidura, se creaba una reserva de fuerza de trabajo (Chonchol: 1994: 219). Los resultados parecen elocuentes: en las provincias del norte y centro de la sierra (Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Carchi) –en las cuales hubo mayor porcentaje de transferencia de tierras a los ex huasipungueros y se desarrollaron nuevas empresas dedicadas a la ganadería lechera–, los conflictos campesinos fueron de menor intensidad. En cambio, en la provincia de Chimborazo, área de masiva presencia de huasipungueros, donde la entrega de tierra fue ínfima, se produjo un proceso de agudas luchas campesinas (Chonchol, 1994: 220).

El proceso iniciado (y controlado) por los terratenientes modernizadores tuvo su consolidación con la Ley de Reforma Agraria y Colonización, promulgada en 1964 por la Junta Militar (1963-1966) que el año anterior había derrocado a Carlos Julio Arosemena (1961-1963), vicepresidente de Velasco Ibarra, depuesto por los militares en 1961. La Junta era pro-norteamericana, modernizadora e intensamente anticomunista. Desarrolló una tecnoburocracia de derecha, pese a su pretensión de apolítica. Impulsó una industrialización sustitutiva de importaciones dependiente. Su objetivo de modernización capitalista autoritaria terminó, junto con su Gobierno, cuando intentó reformar la carga tributaria del comercio exterior, proyecto fuertemente resistido por los grupos oligárquicos. Según Osvaldo Barsky, la ley de Reforma Agraria, “contrariamente a las interpretaciones más corrientes, no debe verse como una medida originada en la burguesía industrial [clase notoriamente débil] o en una tecnocracia por encima de las clases y apoyada por el poder militar, sino en una confluencia entre el tipo de cambios que aspiraban a realizar tanto sectores urbanos propietarios como fracciones modernizantes del agro, y donde el papel de los técnicos fue el de conciliar y normalizar dichos intereses” (apud Murmis, Bengoa y Barsky, 1978: 96).

En cambio, Juan Paz y Miño Cepeda (2007a: 143) enfatiza más el papel de los militares. A su juicio, la reforma tenía dos objetivos fundamentales: terminar con las “formas precarias” de trabajo campesino, particularmente el huasipungo, y “reestructurar la propiedad de la tierra, a fin de reducir la existencia del latifundio”. Añade que la reforma fue tildada de “comunista” y resistida y boicoteada por los terratenientes. La antigua ligazón de estos con el poder político operó siempre como una traba insalvable a la transformación de la estructura agraria, de modo que “solo una dictadura, como la Junta Militar, logró imponer la transformación del agro. Y lo hizo en el mejor estilo desarrollista”.

Ambas explicaciones no son necesariamente excluyentes, pues es cierto que hubo hacendados que se opusieron a la reforma agraria. Barsky da cuenta de ellos y los caracteriza como terratenientes dedicados sobre todo a la agricultura mediante empleo intensivo de la fuerza de trabajo y opuestos a cualquier cambio en las relaciones precapitalistas o en el tamaño de las haciendas. Esos hacendados tradicionales se encontraban principalmente en la sierra sur.

Una Junta de Notables puso a Clemente Yerovi en el ejercicio interino de la presidencia. Una Asamblea Constituyente convocada para reformar la Constitución (la que se concretó en 1967) designó presidente interino (1966) a Otto Arosemena Gómez, expresión de “una alianza de la vieja derecha con grupos de la oligarquía de vertiente más moderna, vinculados al comercio y la banca” (Ayala Mora, 1993). En 1968, Velasco Ibarra fue electo presidente por quinta vez. En un clima de crisis, en 1970, se convirtió en dictador, sostenido por las Fuerzas Armadas.

En los años setenta apareció un nuevo recurso: el petróleo. Este producto alentó nuevas soluciones políticas y, al permitir la incorporación del país a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), redefinió la inserción de Ecuador en el escenario internacional. Entre 1972 y 1976, el país estuvo gobernado por un militarismo de corte reformista y nacionalista en alguna medida similar a la experiencia de Velasco Alvarado en el vecino Perú. Un nuevo golpe de Estado se produjo en febrero de 1972, que depuso al viejo líder Velasco Ibarra –a quien los militares habían sostenido previamente– cuando se disponía a asumir plenos poderes, en momentos en que el país vivía la euforia del boom petrolero y los sectores poderosos de Guayaquil amenazaban con apropiarse excluyentemente de los beneficios de la nueva economía.

La instalación del Gobierno Nacionalista y Revolucionario, presidido por el general Rodríguez Lara –autoproclamado “revolucionario, nacionalista, socialhumanista y por un desarrollo autónomo” (Rouquié, 1984: 366)– inició una experiencia militar reformista que, aunque breve, llevó adelante cambios significativos en la estructura social. Como en Panamá, donde la propuesta unificadora del nacionalismo se edificó en torno a la cuestión del canal, en Ecuador, el nacionalismo se estructuró en torno de una política aglutinadora de las diferencias, en este caso, el petróleo. En 1972, Rodríguez Lara creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), con una participación no monopólica pero sí claramente mayoritaria sobre la explotación petrolera del país. Como antes con el cacao, la economía del país tuvo en esta explotación la mayor concentración de las exportaciones. La transferencia de excedentes al sector industrial permitió llevar adelante un desarrollo largamente demorado.

Una medida destacable fue la continuidad de la reforma agraria, decidida por una ley de octubre de 1973 –no muy diferente de la de 1964, aunque más orientada al fomento agropecuario– que extendió las relaciones asalariadas, en un país donde el trabajo gratuito todavía era corriente, y culminó el proceso de destrucción del sistema de hacienda. A diferencia de Perú, la reforma agraria ecuatoriana no trajo aparejada la formación de cooperativas.

El reformismo militar de Rodríguez Lara continuó el impulso a la industrialización sustitutiva de importaciones, que “pasó a ser la prioridad estratégica y articuladora del conjunto de la economía” (Paz y Miño Cepeda, 2007a: 145). La modernización capitalista en Ecuador no solo fue tardía sino muy débil, consolidando una burguesía de mentalidad rentista estrechamente ligada a los enormes beneficios del petróleo. De hecho, la formación de una verdadera cultura rentista desplazó la pesada mentalidad oligárquica, pero también trabó el crecimiento de la industria nacional del petróleo y sus derivados. Para medir el calibre del impacto del boom petrolero sobre la economía hay que considerar que “en apenas dos años (desde 1972), los ingresos petroleros equivalieron a las exportaciones nacionales de toda su historia anterior” (Paz Miño y Cepeda, 2007b: 290 n. 4). Así, el boom petrolero no generó cambios sustantivos en la constitución nacional del país, todavía mal integrado geográfica e identitariamente.

Como en Perú, pese al menor radicalismo de las medidas tomadas, el proyecto reformista militar autoritario fue truncado por el sector conservador de las Fuerzas Armadas que, en 1976, destituyó a Rodríguez Lara y lo reemplazó por un Consejo Supremo de Gobierno que frenó el reformismo y acentuó la represión, cuyo triste resultado fue la masacre de trabajadores de un ingenio en 1977. El gobierno de Rodríguez Lara cayó en medio de huelgas de trabajadores que demandaban aumentos salariales y de presiones de los sectores derechistas que, afectados por la política del Gobierno, al cual tildaban de “comunista”, disputaban a los militares reformistas el control sobre el tan preciado petróleo, en momentos cuando, además, la producción del hidrocarburo comenzaba a declinar.

En síntesis, la desarticulación del sistema de hacienda y de la dominación oligárquica tradicional en Ecuador resultó, en rigor, de una combinación de modernización conservadora impulsada por un sector de los propios terratenientes y del reformismo militar de corte nacionalista, aunque sin el radicalismo del proceso peruano. No favoreció a los campesinos, excluidos del proceso de decisión, sino a las empresas agrarias capitalistas. En clave comparada, Miguel Murmis hizo una ajustada síntesis que, a despecho de la extensión de la cita, nos exime de la tarea: “Tanto en México como en Bolivia, la coexistencia de grandes unidades capitalistas con una amplia masa de pequeños propietarios estuvo precedida por una lucha ardua. En las primeras etapas de estas luchas hubo un definido avance campesino y una retirada de los latifundistas, mientras que más tarde las grandes unidades reaparecieron en algunas áreas más productivas, principalmente en las áreas de desarrollo reciente”. Los terratenientes serranos ecuatorianos actuaron de la misma manera, “manteniendo el control de las tierras del valle y dejando a los desplazados huasipungueros tierra marginal situada a grandes alturas”. El efecto de esta acción tuvo un costo adicional considerable: la destrucción del resto de la integración vertical de niveles ecológicamente diferenciados que, conforme demostró John Murra, había caracterizado la organización agrícola de las sociedades andinas originarias. Así, los terratenientes serranos ecuatorianos establecieron desde el principio un tipo de estructura que en otros países donde hubo reformas agrarias llevó muchos años “y donde la estructura bimodal solo se impuso en el largo plazo” (Murmis, 1980: 45).

En 1982, el país inició la fase constitucional más larga de su historia, pero la crisis económica, dominada por las penurias provocadas por la deuda externa, no auguraba buenos tiempos.

Los reformismos chilenos: el del Frente Popular, 1938-1947; y el demócrata-cristiano, 1964-1970

La primacía temprana y excepcional del poder central en Chile facilitó una larga continuidad de la dominación oligárquica, cuyo fin se concretó durante las presidencias del democristiano Eduardo Frei Montalva y de su sucesor, el socialista Salvador Allende Gossens, entre 1964 y 1973, más o menos simultáneamente con los procesos reformistas militares en Perú y Ecuador. En efecto, Frei llevó a cabo un proceso de reforma agraria y sindicalización del campesinado que minó definitivamente las bases de la oligarquía. No obstante, durante su Gobierno, la integración del campesinado se hizo a través del reforzamiento de las redes clientelares y el proceso fue controlado desde arriba por el Estado.

El fracaso del proyecto de la Democracia Cristiana (DC) fue el golpe de suerte que signó el triunfo de la izquierda con Allende en 1970. Ante la amenaza de desborde de la reforma agraria y la creciente movilización campesina, la burguesía se presentó escindida en las elecciones presidenciales de 1970: por un lado, la derecha tradicional, y por el otro, los sectores que apoyaban a la Democracia Cristiana. Así, se abrió la posibilidad de la “vía chilena al socialismo”.

En Chile, los conflictos sociales de clase se institucionalizaron a través de un sistema de partidos que representaba a las distintas fuerzas sociales organizadas. Asimismo, estas fuerzas dependían para su expresión de la mediación partidaria. Pero durante largos años, los partidos organizados en referencia a clivajes de clase solo representaron a aquellos que, en términos generales, formaban parte de la categoría homogénea de trabajador capitalista, dejando sin representación a la extensa masa de campesinos.

Hacia fines del siglo XIX, las migraciones internas –afuerinos e inquilinos– llevaron a los campesinos a los centros urbanos y mineros. Esos campesinos fueron, junto con artesanos y sectores marginales urbanos, parte de un proceso de proletarización que llevó a la constitución de una clase que muy pronto se dio una original organización defensiva, la “mancomunal”, mezcla de sindicato (predominante) con mutualidad. Las mancomunales surgieron en Iquique en 1900 y se extendieron por el norte salitrero y todo el país, agrupando a obreros calificados y no calificados de diferentes actividades. Una de sus características fue articular, unificándolos, los componentes gremial y político. Como en ningún otro país latinoamericano, el sistema de partidos políticos chilenos fue “a la europea”, es decir, con partidos orgánicos, cada uno de ellos expresión explícita de una clase.

Otra singularidad del caso chileno, vis-à-vis la región pampeana argentina, Uruguay y el centro-sur brasileño, fue la de una clase obrera constituida desde el comienzo por chilenos, no por inmigrantes europeos (263). Compartieron con estos, sí, las mismas convicciones ideológicas, inicialmente anarquistas y socialistas.

La estructura de clases chilena comparte una clara bipolaridad con otros países donde la inmigración europea fue menos relevante: clase explotadora blanca, clases explotadas mestizas e indígenas. Una parte importante de la clase explotadora estaba constituida –sobre todo en la industria– por europeos. En cambio, en los países de inmigración masiva, una parte importante de la clase obrera y de la clase media se constituyó con hombres y mujeres de ese origen, una división étnico-nacional diferente de la cesura étnica típica de América Latina.

Los campesinos irrumpieron en la escena política, décadas después, a través de la Democracia Cristiana, una suerte de acercamiento entre la elite tecnocrática, fuerzas de inspiración católica y el campesinado. Esta vocación de integración y el componente multiclasista le han valido la calificación, a nuestro juicio errónea, de partido populista.

En el gradual proceso de conclusión de la dominación política bajo forma oligárquica, la renuncia de Ibáñez en 1931 no generó estabilidad: en ocho meses se sucedieron nueve gobiernos y se produjeron dos huelgas generales, un motín en la flota y varios golpes militares. El del 4 de junio de 1932 fue el más importante. El movimiento, iniciado en la base aérea El Bosque, instaló una Junta integrada por el general retirado Arturo Puga y los abogados Eugenio Matte y Carlos Dávila, y tenía como ministro de Defensa a la principal figura, el comodoro del aire Marmaduke Grove. El nuevo Gobierno proclamó la “República Socialista de Chile”, con el objetivo de introducir cambios sociales que garantizasen la satisfacción de las necesidades básicas de la población: “Alimentar al pueblo, vestir al pueblo, domiciliar al pueblo, entendiéndose por el pueblo al conjunto de los ciudadanos sin distinción de clase ni de partidos”, en palabras del ministro de Hacienda, Alfredo Lagarrigue. Era otra manera de expresar la consigna “Pan, techo y abrigo” de la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda en 1938. El programa era reformista y no avanzaba en la dirección del socialismo, pese al nombre de la República. Básicamente, proponía la realización de cinco puntos: 1) nacionalización de las minas de carbón, cobre y salitre, y de las principales industrias manufactureras; 2) control estatal del comercio exterior y el crédito; 3) impuesto progresivo a la renta de la tierra; 4) reorganización de la enseñanza pública, y 5) obligatoriedad del trabajo. A la dirección estatal de la economía se sumaban otros objetivos que no eran revolucionarios: amnistía para los presos políticos civiles o militares, creación de un Banco Estatal para regular el crédito y modificación de los impuestos a la herencia.

La Junta no logró ganar el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas ni tampoco organizar adecuadamente a las clases subalternas. En la Universidad de Chile, en Santiago, tomada por grupos de izquierda, se formó un Consejo Revolucionario de Obreros, Campesinos, Soldados y Marineros, en la saga inequívoca de la Revolución Rusa de 1917. Una gran manifestación obrera se congregó en la capital en apoyo del Gobierno, pero fue insuficiente. La fractura en el interior del Partido Comunista en dos facciones, la Hidalgo-Mendoza, de orientación trotskista y posicionada en “apoyo crítico”, y la Lafertte-Contreras, stalinista y desconfiada de las verdaderas intenciones de Grove, fue un elemento decisivo en el debilitamiento del campo popular. La fracción trotskista del PC, el Partido Socialista Marxista y otros grupos menores constituyeron la Alianza Nacionalista Revolucionaria, con influencia en las principales ciudades, pero también insuficiente para garantizar el triunfo. La República Socialista fue efímera: duró solo doce días.

El 16 de julio, Dávila, al frente de sectores moderados del Ejército, dio un nuevo golpe y envió a Grove y Matte confinados a la isla de Pascua. La Alianza declaró la huelga general, mantenida durante tres días por la firmeza de los obreros ferroviarios, tranviarios, de la construcción y la mayoría de los fabriles, mas no de los mineros, dirigidos por el PC Lafforte-Contreras. Fue una acción que no pudo revertir la caída de la República Socialista. Dávila se proclamó presidente provisional el 8 de julio, y gobernó apenas cien días, ya que también él fue destituido por el Ejército. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel, asumió interinamente y convocó a elecciones, que fueron ganadas por Alessandri, quien, apoyado por los Partidos Radical y Liberal, obtuvo el 54% de los sufragios y fue escoltado a la distancia, pero con un caudal significativo dado el contexto, por Grove con el 18%. Pese al fracaso, el intento tuvo incidencia decisiva en la política chilena: en 1933, se fundó el nuevo Partido Socialista (PS) y su primer secretario general fue, justamente, Grove. Más aún: hizo evidente la necesidad de cambios estructurales y la introducción de la alternativa socialista como una posibilidad realizable (Moulian, 1985: 36).

La crisis política iniciada terminó resolviéndose dentro de la legalidad política representativa retomada a partir de 1932, cuando Alessandri volvió a la presidencia, y fue continuada por el Frente Popular desde 1938. Según Moulian (1985: 37), las coaliciones frentistas hicieron posible un consenso político basado en compromisos interclasistas y, con él, abrieron “una fase reformista de larga duración” que permitió encarar la solución de los problemas nacionales planteados por la crisis iniciada en 1924.

Es claro que, para entonces, el ejercicio de la dominación política bajo la forma oligárquica quedó fuertemente afectado, reducido a expresiones mínimas, aunque sin desaparecer del todo. Los sucesivos triunfos del Frente Popular, no cuestionados por la derecha, y al mismo tiempo los límites de sus gestiones, prueban, a nuestro juicio, tanto el debilitamiento como ciertas continuidades de tal dominación. En cambio, la dominación social oligárquica se prolongó por otras tres décadas.

En su nueva presidencia, Alessandri gobernó apelando a la represión con frecuencia: la policía fue profesionalizada y dividida en dos ramas, una militarizada (el Cuerpo de Carabineros) y otra civil (la de Investigaciones), mientras que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea fueron controlados, en buena medida, apelando al concurso de las Milicias Republicanas, una fuerza civil armada compuesta por más de cien mil partidarios del Presidente. Una severa Ley de Seguridad Interior del Estado, sancionada por el Congreso en 1937, más el empleo de las facultades extraordinarias y el estado de sitio, la restricción de las libertades civiles y la práctica de los allanamientos completaron el cuadro de acciones destinadas a reprimir a la oposición. Dos hechos luctuosos fueron particularmente destacados: uno, la “masacre de Ranquil”, producida en junio-julio de 1934, cuando el levantamiento de campesinos mapuches en protesta por los abusos patronales y las pésimas condiciones de vida se soldó con el previo de los obreros de los lavaderos de oro de Lonquimay, alzados contra la abusiva patronal de la pulpería, que asaltaron y quemaron. La represión de los Carabineros, tras un enfrentamiento armado con los campesinos y los obreros, fue durísima y provocó una cifra incierta de muertos, que oscila entre 150 y 500. Un corolario de la matanza fue la postergación del proyecto de ley de sindicalización campesina, que recién fue aprobada a fines de la década de 1960, bajo el Gobierno del democristiano Eduardo Frei. El otro episodio fue la llamada “Masacre del Seguro Obrero”, en Santiago, en septiembre de 1938, cuando jóvenes del Movimiento Nacional-Socialista de Chile (conocidos como nacistas) tomaron los edificios de la Caja del Seguro Obrero y la Universidad de Chile con el objetivo de iniciar un golpe de Estado para destituir a Alessandri e imponer en la presidencia a Ibáñez. Una vez rendidos, los Carabineros fusilaron a unos 60 nacistas.

En el plano de la economía, Alessandri logró remontar la crisis recurriendo a diversas medidas, como una legislación proteccionista, la promoción de las obras públicas, la reducción de la deuda pública, la creación del Banco Central y el incentivo al crecimiento industrial, entre otras. En 1937, se recuperaron los indicadores previos a 1929.

En el campo de la política, además de la creación del PS, se produjeron las del ya citado Movimiento Nacional-Socialista de Chile, por el abogado Jorge González von Marées y el economista Carlos Keller, en abril de 1932, y de la Falange Nacional, resultado de la iniciativa de jóvenes disidentes del Partido Conservador –entre ellos Bernardo Leighton, Eduardo Frei, Rafael Agustín Gumucio, Ignacio Palma, Manuel Garretón y Radomiro Tomic–, reacios a aceptar la candidatura presidencial del ministro de Hacienda de Alessandri, Gustavo Ross Santa María (a quien los opositores llamaban “ministro del hambre”). El primero era, como se señaló, de ideología nazi, mientras que la segunda se fundaba en la doctrina social de la Iglesia, a la cual consideraban un eficaz medio de combatir el socialismo y el comunismo.

Por entonces, se constituyó el sistema de partidos conocido como “de los tres tercios”: a la derecha, los Partidos Liberal y Conservador, expresiones de la burguesía y los terratenientes; en el centro, el viejo Partido Radical (PR), con base en una creciente clase media urbana; a la izquierda, los Partidos Comunista y Socialista, basados en las clases obrera y campesina.

En ocasión de las elecciones presidenciales de 1938, se presentaron dos grandes coaliciones, la tradicional de liberales y conservadores, que levantó la candidatura de Gustavo Ross, y el novedoso Frente Popular (FP), constituido en 1936 por los Partidos Radical, Democrático, Comunista y Socialista, cuyo candidato era Pedro Aguirre Cerda, del PR, el partido central. El PS había propuesto a Grove, mas luego adhirió al candidato radical. A su vez, la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) adhirió activamente al frentismo. En términos de clases, el FP reunía a la clase media urbana y a la clase obrera, con un programa de desarrollo industrial que compartía la burguesía. Sorpresivamente, se sumó un tercer postulante, el general Ibáñez, apoyado por los nacistas e incluso por socialistas contrarios a la unión con el PC. La masacre de la Caja del Seguro Obrero llevó a Ibáñez a resignar su candidatura y a apoyar al FP.

El FP fue directa aplicación en Chile de la estrategia de la Komintern para frenar el avance nazi-fascista, incluyendo en la alianza no solo a los aborrecidos socialdemócratas sino también a los partidos de la “burguesía democrática”. En Europa, el FP triunfó en Francia y en España, gobernando, entre 1935 y 1938, en el primero de estos países (León Blum, primer ministro) y, entre 1936 y 1939, en el segundo (II República, presidida por Manuel Azaña hasta la derrota en la guerra civil desatada por el franquismo). En América Latina, solo tuvo éxito en Chile, si bien hubo también un intento, rápidamente fracasado, en Argentina, del cual fueron parte el PS, el PC, el ala izquierda de la UCR (dirigida por Arturo Frondizi) y el Partido Demócrata Progresista. El FP chileno se formó dentro de la estrategia de la unidad nacional en defensa de la democracia.

En las reñidas elecciones de octubre de 1938, la colación de centro-izquierda, el FP, se impuso por una mínima diferencia (50,2% contra 49,3%) sobre la de la derecha. Su triunfo marcó un retroceso de las clases dominantes en el control del aparato político, mas no la pérdida de la hegemonía, que retuvo “–lo que marca su especificad– sin quebrar la continuidad institucional” (De Riz, 1979: 56-57). En este sentido, contrasta fuertemente, por ejemplo, con el comportamiento de las clases dominantes argentinas, que sí la quebraron en 1930.

En diciembre de ese año, Aguirre Cerda asumió la presidencia, que ejerció hasta noviembre de 1941, cuando falleció. Lo sucedió el vicepresidente Jerónimo Méndez Arancibia, también del PR. En las elecciones presidenciales de 1942, volvieron a competir las dos grandes coaliciones. Significativamente, ambas experimentaron tensiones y conflictos internos de cierta importancia, aunque sin llegar a la ruptura. Liberales y conservadores coincidieron al fin en proponer la candidatura del general Ibáñez. Los partidos frentistas, a los cuales se había sumado el Partido Socialista de los Trabajadores –una escisión del PS disuelta en 1944, al incorporarse al PC–, pasaron a denominarse “Alianza Democrática” y levantaron el nombre de Juan Antonio Ríos Morales, un abogado radical con larga experiencia política. La Alianza sumó también a disidentes del Partido Liberal. En un clima marcado por el anticomunismo –impulsado por la derecha, pero también acompañado por sectores del PR y del PS–, la coalición de centro-izquierda se impuso por 56% a 44%.

Ese anticomunismo –un dato curioso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial– se produjo a despecho de las pruebas que el PC había demostrado durante el Gobierno de Aguirre Cerda de ser “una fuerza que valorizaba la estabilidad […], capaz de posponer sus intereses políticos en función del desarrollo de la alianza y que jugaba un rol articulador”. La razón parece haber obedecido a motivos estrictamente nacionales, derivados de la formidable capacidad de crecimiento electoral que el partido había demostrado en tan solo cuatro años (de 1937 a 1941), período en el que triplicó sus votos (Moulian y Torres Dujisin, 1987: 204).

Al igual que su predecesor y por la misma causa, Ríos tampoco pudo completar su mandato. Tras su fallecimiento, en junio de 1946, Alfredo Duhalde se hizo cargo del Gobierno.

En los comicios de 1946, la derecha se presentó dividida: el Partido Liberal postuló a Fernando Alessandri, a quien adhirió el Partido Socialista Auténtico (una escisión del PS encabezada por Grove), y el Conservador a Eduardo Cruz-Coke, apoyado por Falange Nacional. La coalición de centro-izquierda también se dividió, pues el PS se abrió y levantó la candidatura de su secretario general, Bernardo Ibáñez; la porción mayoritaria de la coalición propuso otra vez a un radical, Gabriel González Videla. Y por tercera vez, la coalición de centro-izquierda se impuso, con 40% de los votos, seguido por Cruz-Coke (30%) y Alessandri (27%). El candidato socialista apenas obtuvo 2,5%. Claramente, la derecha podría haberse impuesto en caso de concurrir unida.

Al poco tiempo de iniciado su Gobierno, González Videla rompió con los comunistas, cuyo partido ilegalizó mediante la Ley de Defensa de la Democracia (se la llamó “Ley Maldita”), reprimió violentamente toda protesta social (sobre todo la minera) y rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y los países aliados a ella. En julio de 1948 constituyó el llamado “gabinete de Concentración Nacional”, integrado por hombres de los partidos Radical, Democrático y algunos socialistas. “La derecha, que nunca pudo organizar una coalición programática de gobierno con el centro radical, porque este partido planteaba la necesidad de reformas, logró entenderse con él para la tarea de reprimir a los comunistas y al movimiento sindical” (Moulian y Torres Dujisin, 1987: 312). Se cerraba, así, el ciclo abierto en 1938, con el primer triunfo del Frente Popular.

González Videla completó su mandato en noviembre de 1952, tras superar en 1948 un intento golpista impulsado por partidarios del general Ibáñez. Fue el llamado “complot de las patitas de chancho” (por el nombre de un plato popular que se servía en el restaurante donde se reunían los conspiradores), en cuya preparación se sospechó la intervención del Gobierno argentino del general Juan Domingo Perón, lo cual llevó a tensionar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Es claro que la experiencia reformista de la coalición de alianza de clase media y obreros, políticamente de centro-izquierda, extendida durante diez años (es decir, hasta la expulsión e ilegalización de los comunistas) produjo cambios en la estructura social chilena, pero no un cambio de ella. El núcleo duro de la dominación oligárquica, el sistema de hacienda, no fue afectado.

Resumiendo diferentes opiniones, Armando de Ramón señala que la gran moderación del Gobierno del Frente Popular [que bien puede extenderse a los siguientes de la Alianza] se explica por el papel del Partido Radical como mediador y amortiguador de las demandas de la clase obrera y sus partidos. Es posible que entre las causas que hicieron posible “un período de estabilidad política tan prolongado como el que se inauguró en 1938 fue la presencia y la actuación moderadora del Partido Radical. Se cree, asimismo, que la transacción que permitió y aseguró a la oligarquía el control de la votación campesina sirvió para hacer más fácil la transición que inauguraba el Frente Popular en el país. La votación de la izquierda estuvo en estrecha relación con la participación de la masa sindicalizada urbana, con la cual la política centrada en las clases sociales no fue planteada en las áreas rurales […] y permitió a la derecha mantener un rol de importancia dentro del Congreso Nacional” (Ramón, 2001: 144).

Lo que sí produjo la experiencia del Frente Popular fue una continuación e intensificación de la política de crecimiento industrial, que se pensaba asociado a una política redistributiva de los ingresos. Así, el Gobierno de Aguirre Cerda puso en marcha un proyecto de incentivo a la industrialización que se materializó en la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el estímulo a la participación del Estado en la esfera de la producción. A lo largo de los sucesivos gobiernos del período 1938-1952, la CORFO fue generadora de empresas como la Sociedad Abastecedora Minera, Compañía de Acero del Pacífico (CAP), Industria Nacional de Neumáticos INSA), Laboratorio Chile S.A., Manufacturas del Cobre (MADECO), Electromat S.A, Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Empresa Nacional de Energía S.A. (ENDESA), refinería de petróleo de Concón, Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA), más la construcción de centrales hidroeléctricas. Para no depender de técnicos extranjeros se fundó la Universidad Técnica del Estado.

La política de industrialización fue compartida por la burguesía y el proletariado, si bien los empresarios industriales no compartían la creación de empresas públicas. Empero, la diferencia más importante se produjo por la “tensión entre mejoramiento de los salarios y acumulación, la cual estaba detrás de los conflictos que enfrentaron los partidos de la coalición” (Moulian y Torres Dujisin, 1987: 154). Las opciones antagónicas “más salarios o más acumulación” definieron dos orientaciones irreconciliables. “Este aspecto constituyó el nudo de la contradicción principal que se desarrolló en la política del Frente Popular desarrollista. En efecto, pese a que las masas rurales quedaron excluidas de los beneficios del pacto desarrollista, […] esta condición no fue suficiente para impedir la agudización de la lucha social por la apropiación del producto” (De Riz, 1979: 58). En ese contexto, podría haberse generado una experiencia populista, pero está claro que el componente central, por esa tensión, no pudo constituirse.

Llamativamente, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) apoyó la creación de la CORFO, en 1939, por lo cual recibió a cambio el compromiso del Gobierno de frenar la sindicalización en el campo (Mazzei, 2004: 185). El apoyo es explicable, pues la política agraria del Frente evitó cualquier transferencia de ingresos y de tributación desde el sector rural. Es que “la lógica de las medidas agrarias respondía a la unificación de las clases dominantes para preservar el sistema de dominación”. Por sorprendente que parezca, en 1939 el Gobierno del Frente Popular prohibió la organización sindical de los campesinos y los dos partidos de izquierda fueron meros espectadores de la agudización de la explotación del campesinado. El PC y el PS, en tanto “representaciones políticas del movimiento obrero estaban formadas esencialmente por sectores obreros de carácter urbano o por mineros”. Este carácter contribuyó a que la vinculación entre los partidos obreros y el campesinado fuera solo ideológica, pues en la práctica los campesinos fueron excluidos de la política del Frente (De Riz, 1979: 60). El giro conservador del Gobierno de González Videla, al adoptar una legislación antiobrera y anticomunista, afectó aún más gravemente a los campesinos.

Solo con la reforma electoral de 1958 se volvió la atención a las condiciones de trabajo y producción rurales. Ese año “por vez primera, en la plataforma política de todos los candidatos [figuró] de manera destacada la promesa de la implementación de una reforma agraria” (Kay, 1980b). El voto campesino pretendía ser captado por esa y otras promesas relativas al mejoramiento de las condiciones de la población rural. En las elecciones triunfó el candidato derechista Jorge Alessandri Rodríguez, quien en el contexto de desarrollo impulsado por la Alianza para el Progreso, sancionó una ley de reforma agraria en 1962, por la que se distribuyeron mayormente tierras fiscales y se crearon instituciones como la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). La reforma de la estructura de propiedad de la tierra tuvo alcances muy limitados, pero estas dos instituciones cumplieron un rol clave, cuando los gobiernos sucesivos sí profundizaron la medida.

Hasta el surgimiento de la Democracia Cristiana, el sistema de partidos chileno se caracterizaba por un empate en el que ninguna fuerza lograba imponerse sobre la otra. En las elecciones de 1964, Eduardo Frei, candidato de la DC, se enfrentó a la fórmula de izquierda encabezada por Allende. Progresivamente, el voto campesino se había inclinado a las propuestas de estas dos fuerzas. En este contexto, los derechistas se apresuraron a apoyar al menor de los dos males: la DC, en vistas de la amenaza de cambio en el modelo de acumulación que la otra alternativa les planteaba. Allende perdió las elecciones por una pequeña diferencia de votos, fundamentalmente gracias al apoyo que tuvo de los campesinos.

El proyecto de los democristianos no solo se orientó a la incorporación de los campesinos. También las mujeres fueron una categoría social contemplada por su política. En efecto, las mujeres de los barrios populares fueron interpeladas y organizadas en instituciones que luego demostraron tener larga duración en la historia política y social de Chile. Se trata de los Centros de Madres que, como su nombre lo indica, interpelaban a las mujeres desde una perspectiva que no cuestionaba la concepción patriarcal del orden.

El Gobierno de Frei se autodenominó “Revolución en Libertad”, apropiándose de un modo particular del concepto de revolución, el cual se había instalado en el lenguaje político a partir del viraje socialista de la Revolución Cubana. Frei amplió el aparato burocrático del Estado, con la incorporación de cuadros técnicos. La CORA fue el organismo encargado de efectivizar la ley de reforma agraria sancionada en 1967, y el INDAP, el encargado de organizar los sindicatos y las cooperativas campesinas. Desarrolló una compleja red de relaciones clientelares a través de la creación de organizaciones campesinas dependientes y cooptó o estimuló la formación de líderes campesinos fieles a su política.

Según Cristóbal Kay (1980b), “[e]l Estado empezaba a usurpar las relación de patronaje del terrateniente. Las expropiaciones y la sindicalización se centran sobre los trabajadores de las haciendas, especialmente –en un principio– los inquilinos. En cambio, la formación de comités de pequeños productores y de cooperativas están orientadas hacia el sector minifundista que es el grupo campesino más numeroso”.

De hecho, la reforma agraria comenzó a ser realidad antes de la promulgación de la ley de 1967. En 1962, el Episcopado chileno dio a conocer la pastoral “La Iglesia y el problema del campesinado chileno”, documento que expuso las bases sobre las cuales debía llevarse adelante una reforma de inspiración cristiana, capaz de “transformar íntegramente al hombre, valorizar todas sus posibilidades individuales y colectivas, espirituales y temporales”. El obispo de Talca y el arzobispo de Santiago dispusieron la entrega de propiedades agrarias de la Iglesia a sus trabajadores (Ramón, 2001: 160). Luego, al llegar a la presidencia, Eduardo Frei impulsó una reforma agraria sin objetivos radicales –en la tónica de la Alianza para el Progreso, que apuntaba a modernizar el agro, es decir, a favorecer el desarrollo de relaciones capitalistas–, pero suficientes para generar un fuerte rechazo de los terratenientes y la derecha política, al punto de distanciar al Partido Nacional (de esa orientación) de la Democracia Cristiana.

El Ejecutivo envió al Legislativo el proyecto de reforma a fines de 1965, pero este recién fue aprobado en 1967. Entre tanto, el Gobierno, apelando a posibilidades dadas por la legislación vigente, puso en marcha la transferencia de tierras a campesinos mediante la expropiación de tierras (1.065.000 hectáreas en el bienio 1964-1965). Asimismo, para impedir maniobras, una ley de 1966 prohibió toda subdivisión de predios superiores a 80 hectáreas sin expresa autorización estatal. El proceso se aceleró en 1967, tras la reforma constitucional del derecho de propiedad, la ley de sindicalización campesina y la de reforma agraria (votada por los legisladores de la Democracia Cristiana y de la izquierda).

Conforme la ley, la transferencia de tierras a los campesinos debía hacerse en tres etapas: en la primera, se expropiarían los fundos afectados –los abandonados, los no cultivados y los excesivamente extensos–; en la segunda, se procedería a organizar un sistema transitorio de explotación denominado “asentamiento” y fundado en la asociación entre el Estado y los campesinos del lugar, durante tres a cinco años, lapso durante el cual se definiría la mejor forma de subdivisión de la tierra y de realización de las inversiones necesarias para favorecer la explotación. La tercera etapa era la de entrega de las tierras a los campesinos, fuera en carácter individual o colectiva (cooperativas, propiedad familiar, copropiedad).

La reforma agraria no tuvo el alcance que la DC había prometido, pues el número de propiedades y tierras expropiadas solo alcanzó al tercio de lo previsto. En opinión de Jacques Chonchol (1994: 294), la reforma, si bien no benefició a la gran masa campesina, tuvo resultados significativos. “Fue la primera vez que se abordó en Chile, con cierta decisión, el proceso de cambio del viejo sistema agrario y se abrieron oportunidades de progreso económico y social para sectores importantes de los trabajadores agrícolas y de los pequeños agricultores”, al tiempo que la modernización de la agricultura contribuyó a desplazar al latifundio (264). Como en otros países, lo importante fue la erosión de la hacienda, la base material de la dominación oligárquica. José Bengoa destaca que, desde 1930, el sistema agrario del país carecía del dinamismo que lo había caracterizado en las décadas precedentes. Su conclusión es clave para entender el colapso del poder oligárquico en Chile: “El latifundio se transformó en una estructura incapaz de liderar el proceso de modernización; los terratenientes, de ser una clase abierta al progreso, atenta a reaccionar frente a los mercados externos, que roturaba tierras y canalizaba los ríos del Valle Central, se transformó en una clase conservadora, retrógrada culturalmente y reaccionaria políticamente”, que actuó de ahí en más a la defensiva (Bengoa, 1990: 209).

El Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)) –como se verá en el capítulo 6 del tomo II– dio el golpe final a la dominación oligárquica mediante la continuidad y profundización del proceso de reforma agraria.

Digamos también que desde la crisis del salitre, el cobre fue el principal producto exportador del país. El mineral era propiedad de compañías norteamericanas y era precisamente el mercado norteamericano el principal destinatario de esta producción. El Gobierno de Frei llevó adelante una política de “chilenización del cobre” que, de modo gradual y a través de pactos altamente beneficiosos para las empresas norteamericanas que controlaban los consorcios, proyectaba pasar a manos del Estado la propiedad de las minas de cobre. Durante su Gobierno, el proyecto alcanzó la primera fase: apropiación del 51% de las acciones de las empresas. La segunda fase, que debía pasar el 49% restante en 1972, no se cumplió entre otras cosas por el cambio de política del gobierno de la UP.

Leonardo Mazzei (2004: 187) agudamente señala que “[a] pesar del propósito industrializador, el país no perdió su característica tradicional de país exportador de materias primas. Todavía hacia 1970 las exportaciones del cobre representaban un 80% de las exportaciones totales”.

La combinación de reformismos y guerra civil: Guatemala y El Salvador

La dominación oligárquica en Guatemala y El Salvador atravesó diferentes momentos y formas, incluyendo la apelación a la dictadura (la de Jorge Ubico Castañeda, en el primero; la de Maximiliano Hernández Martínez, en el segundo). Ambos países vivieron, asimismo, sendos intentos antioligárquicos: la revolución democrático-burguesa (1944-1954), en Guatemala; la insurrección indígeno-campesina comunista (1932), en El Salvador, ambos derrotados.

En los dos países, la antes aludida relación entre las redes de familias y el comercio fue un mecanismo clave. El papel de inmigrantes alemanes en los siglos XIX y XX (en este, también norteamericanos) fue significativo. Por su posición económica, en particular el control del comercio cafetalero, se convirtieron en candidatos ideales para matrimonios con miembros de familias tradicionales. Adicionalmente, al menos en Guatemala, esos casamientos cumplían otra función, bien apuntada por Casaus Arzú (1992: 244): “la mejora de la raza”. Para esas familias se trataba de “establecer vínculos matrimoniales con grupos económicos más poderosos y a la vez étnicamente más poderosos”. En todas las sociedades de dominación oligárquica, el racismo y el racialismo, según hemos señalado antes, han sido un núcleo duro de esta, en particular en el plano ideológico. En Guatemala, alcanzó manifestaciones muy brutales, lo que dio lugar, durante la fase de mayor represión dictatorial, inequívocamente genocida, a prácticas de canibalismo.

La frustrada revolución democrático-burguesa guatemalteca no alcanzó a erosionar la estructura de propiedad latifundista de la tierra, la base de la dominación oligárquica, no solo por su interrupción sino porque la dictadura posterior devolvió a los terratenientes las tierras expropiadas. Mario Solórzano Martínez considera que si bien la Revolución de Octubre “avanzó en el rompimiento del pensamiento oligárquico, como lo demostraron los hechos posteriores, no se logró romper el bloque intelectual tradicional, en el que la Iglesia Católica era el pivote fundamental”. Ese bloque, añade el autor, retomó el control ideológico del Estado y sirvió a la nueva alianza de clases gobernante desde 1954 (Solórzano Martínez, 1987: 115).

Para Gilles Bataillon (2008: 64-65), la situación abierta por el triunfo de la contrarrevolución no significó un estricto retorno al statu quo ante, en tanto Carlos Castillo Armas no restableció el trabajo forzado ni anuló los derechos de ciudadanía política concedidos a los analfabetos. Empero, finalmente, el Código del Trabajo fue reformado y los analfabetos perdieron sus derechos políticos, hechos que debilitan la hipótesis del autor francés. Es más pertinente, a nuestro juicio, la apreciación de Edelberto Torres-Rivas (1984: 163 y 162): la derrota de la revolución no solo no produjo el retorno al ubiquismo, sino que “los diez años de experiencia democrática desataron fuerzas que nunca más habrían de volver”. En cambio, lo distintivo de todos los gobiernos posteriores al golpe de 1954 fue “su función contrarrevolucionaria y la utilización, como método, de la violencia política”.

Un entramado de avance del capitalismo, diversificación social, reformas impulsadas por el Estado –operando con una cierta autonomía– y guerra civil actuó de modo decisivo en la reducción considerable de la dominación oligárquica, al menos en su forma clásica o prototípica, y ocluyó la reaparición de una dictadura personalista al estilo de las de Estrada Cabrera y Ubico, basadas en “lealtades verticales, favores y miedos administrados personalmente” (Torres-Rivas, 1984: 163 y 162). Casaus Arzú (1992: 196-197) fecha en 1985 el comienzo de “un cierto desplazamiento dentro del bloque en el poder”, visible en el peso creciente de los sectores de la propia oligarquía, interesados en “implantar un capitalismo y volver a una apertura política”. Tales sectores –representantes de “las ramas más progresistas” de las familias tradicionales– propugnaron “la producción de productos no tradicionales y agroindustriales, industria y finanzas”, si bien mantuvieron, en lo político, el más puro estilo oligárquico. Por su parte, Bataillon (2008: 64) sostiene que, en las proximidades de la década de 1960, Guatemala y El Salvador (también Nicaragua) estaban gobernados por hombres que distaban “mucho de ser meros representantes de los intereses agroexportadores. Realizan antes bien un sutil equilibrio entre los intereses de ese sector dominante y aquellos de los nuevos estamentos sociales; o bien entre los intereses de estos dos conglomerados y aquellos de esos sectores marginados que son los campesinos sin tierra y los dueños de microfincas”.

Desde la contrarrevolución en adelante, hasta 1986, excepto el período ocupado por un civil, Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), Guatemala es un país gobernado, en la cúpula, por militares que apelaron a una extrema violencia, subordinando o yuxtaponiendo esa dominación feroz sobre una red de familias clásicamente oligárquica. La larga militarización del ejercicio del gobierno diluyó la fachada democrática –tal vez mejor, electoral– que en muchos casos fue dable apreciar en el ejercicio de la dominación oligárquica en América Latina.

La sucesión de gobiernos militares y anticomunistas se dio en un contexto de prolongada inestabilidad política, dentro del cual abundaron revueltas encabezadas también por militares, tan temprano como a partir de agosto de 1954, con la llamada rebelión “de los cadetes”, mediante la cual alumnos de la Escuela Militar y varios altos oficiales terminaron con el autodenominado Ejército de Liberación, una tropa de mercenarios prohijada por la CIA, proceso que analizaremos en el capítulo 5 del tomo II. En la serie de intensa conflictividad en el interior del frente anticomunista se incluye el asesinato del general Castillo Armas, en julio de 1957, un episodio confuso y oscuro.

La dictadura del general José Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) –durante la cual aparecieron las primeras organizaciones guerrilleras– se ejerció en el marco de “la crisis más profunda en la normalización del poder contrarrevolucionario y, pari passu, aparec[ió] todo el amplio repertorio de dificultades para implantar las fórmulas concretas de la democracia liberal. Es decir, el fracaso consustancial de la burguesía guatemalteca para cualquier proyecto democrático”. Ese fracaso se dio pese al esfuerzo de Ydígoras “por reintroducir en la vida política las normas de una democracia vigilada, por despertar la conciencia empresarial para entrar a competir en el mercado común así como una voluntad por apresurar, a cualquier precio, el crecimiento económico del país” (Torres-Rivas, 1984: 166).

Posteriormente, la presidencia de Julio César Méndez Montenegro impulsó un programa estatal de colonización agrícola en el departamento del Petén, pensado como solución al problema agrario. Fue continuado por el sucesor de Méndez Montenegro, el general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974). Solórzano Martínez (1987: 165) señala que, en definitiva, ese programa repartió tierras a campesinos que no las tenían, sectores medios (profesionales de distintas disciplinas, pequeños agricultores del oriente, militares) y terratenientes de la costa sur, con el resultado final de continuar reproduciendo, profundizándolo, la díada minifundio-latifundio e incrementar la polarización económica y social, y convirtiendo el antagonismo entre terratenientes y trabajadores sin tierra en “la contradicción principal en la dinámica política del país”.

Las respuestas a la cuestión agraria (que incluye el desarrollo de la agricultura de exportación), la industrialización (en el marco del Mercado Común Centroamericano) y la fuerte apelación al capital extranjero crearon un nuevo modelo económico que introdujo cambios en la estructura económico-social, manteniendo los mecanismos de la dominación oligárquica, si bien subordinada al poder militar, como dijimos más arriba.

El proceso de modernización “desde arriba” –esto es, como diría Moore (1973), una “modernización conservadora”– se desplegó –en Guatemala como en El Salvador y Nicaragua– a partir de 1960, bajo el liderazgo de los respectivos Estados y del capital imperialista. Bataillon destaca el protagonismo de ambos en ese proceso, que reemplazó a las clases sociales nacionales. A su juicio, si bien el sistema político continuó mostrando “la impronta de los sectores sociales dominantes”, no dejó “de gozar de una real autonomía”. El sociólogo francés contrapone su hipótesis a las de Torres-Rivas y de Pérez Brignoli: para estos, dicho brevemente, las tensiones de la modernización conservadora radicalizaron, desde principios de los años setenta, el sistema político y llevaron la represión a extremos sin precedentes. Para él, en cambio, debe enfatizarse “el desempeño ambiguo de los aparatos de Estado, que agudiza las incongruencia y favorece la aparición de reivindicaciones igualitarias […] [L]ejos de ser un instrumento al servicio exclusivo de los agroexportadores, el Estado conquista desde fines de los años cuarenta una posición que le es propia” (Bataillon, 2008: 82-84).

Bataillon también señala que el proceso que se desenvolvió en un “vaivén entre referencias contrapuestas –dogma católico, retórica anticomunista y tema de la modernización–, a veces en boca de las mismas personas, se atenúa en parte como consecuencia de la Revolución Cubana de 1959 y de la contraofensiva” lanzada por el presidente norteamericano Kennedy a través de la Alianza para el Progreso.

Rouquié (1994: 106-107), por su parte, entiende que la mayor responsabilidad de la crisis sociopolítica de fines de los años setenta le cupo al modelo económico. Le achaca no haber ampliado la clase dirigente ni haber generado, en el interior de esta, el pluralismo sectorial o bien la división. Fue un modelo de exclusión estatal y social, incapaz de generar una burguesía industrial con intereses contrapuestos con los sectores agrícolas dominantes. Lo que hizo fue favorecer “el refuerzo y la diversificación sectorial de las oligarquías agroexportadoras” devenidas “en burguesías unificadas y singulares” e impulsar una modernización que, por conservadora, no reformó la sociedad, “menos aún en el universo rural […] El régimen seudocivil del general [Arturo Armando] Molina [en El Salvador] había comprendido la necesidad de un gesto para distender el oprobioso clima social. Su plan de ‘transformación agraria’, presentado a las clases dirigentes como un ‘seguro de vida’ y apoyado por la Iglesia, pasó apresuradamente al olvido. Tras el fracaso de la última oportunidad reformista, nada podía detener la caída del país en el abismo de la guerra civil”.

Torres-Rivas (2004: 282-284), a su vez, recuerda que el poder oligárquico –en El Salvador, Guatemala y Nicaragua– fue, desde sus comienzos y hasta el proceso revolucionario, “un sistema brutalmente dictatorial”, beneficiado por la terrible combinación de la ignorancia y la pobreza de los campesinos, el empleo de coacción en las relaciones sociales y el total rechazo a cualquier forma de participación política. La “profunda modernización de la vieja agricultura de exportación” –observable en el cultivo de algodón y caña de azúcar, como también en la producción de carne vacuna– produjo una fase veintenal de crecimiento económico significativo (a un promedio de 5,5% anual durante el período) que se caracterizó por ser fuertemente generador de mayor desigualdad: “Aumentó la pobreza urbana y rural, se acentuó la polarización campo/ciudad y se reforzaron las exclusiones políticas”. En El Salvador y Guatemala, fueron años de los gobiernos militares iniciados, en 1962, con el del coronel Julio A. Rivera, en el primero de estos países y, en 1963, con el del coronel Enrique Peralta Azurdia, en el segundo.

Para el sociólogo guatemalteco, factores internos como el malestar colectivo, la falta de libertades, la demanda de democracia, la pobreza de las masas –que, advierte lúcidamente, “no explica la insurgencia guerrillera pero sí le asegura su permanencia”– fueron causales del surgimiento de la estrategia revolucionaria, la cual inicialmente fue solo un programa “antioligárquico que se intentó por diversas vías legales y pacíficas. Eran reivindicaciones políticas de clase media, cuya importancia no ha sido bien valorada”. Las respuestas represivas de las clases dominantes y su acendrado anticomunismo, incapaz de tolerar la más mínima reivindicación democrática moderada y legal, llevaron a una creciente radicalización de las masas. “La crisis política se fue configurando como un movimiento violento de masas en El Salvador, como una reorganización de las fuerzas guerrilleras en Guatemala y como una ofensiva en diversos frentes cívicos en Nicaragua”. En definitiva, para Torres-Rivas, la crisis política revolucionaria no se explica por la crisis económica ni se origina en ella. A su juicio, la clave se encuentra en el entramado de los efectos negativos de la modernización conservadora, el “trastorno de las relaciones sociales en el campo”, “el bloqueo político de los regímenes autoritarios” y “la ceguera anticomunista de la Guerra Fría, que condujo a los militares a la represión más indiscriminada”, que en el fondo no era sino expresión de la debilidad estatal.

Bataillon tiene una perspectiva que enfatiza los cambios ocurridos en el campo político, donde ve una ampliación del sistema de competidores por el poder, si bien acota que se trató “de una liberalización parcial, que no inhibe al poder de seguir recurriendo a la fuerza para mantener el statu quo”. Un ejemplo de la aludida ampliación política es el de los indígenas, que en Guatemala, en contraposición con su exclusión en el pasado, se lanzaron a una exitosa conquista del poder municipal (Bataillon, 2008: 100 y 104).

El mismo autor señala la importancia de las que llama mutaciones en el agro, cuestionadoras de las relaciones entre hacendados, por un lado, y campesinos minifundistas y sin tierra, por el otro. Para él, el desarrollo de la (nueva) agricultura de exportación expulsó a los mozo colonos de las haciendas cafetaleras y las mixtas (caficultoras y productoras de víveres y ganado), con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de los expulsados, pero también “la distensión de los lazos entre los grandes propietarios y sus apareceros o sus colonos”, clave para reducir el peso de las relaciones de compadrazgo (como señalamos antes, un componente clave de la dominación oligárquica). Las transformaciones rurales, añade, “no habrían sido posibles sin la movilización de las comunidades indígenas”, pero también debe apreciarse el papel “de las fuerzas armadas, omnipresentes a través de la acción cívicomilitar y de la entidad paramilitar [salvadoreña] ORDEN [Organización Democrática Nacionalista], muy activa en los medios rurales y urbanos”, y el de los pequeños propietarios y agricultores, hasta poco antes dependientes de las tradicionales redes familiares de control de las tierras cultivadas y de la comercialización –en nuestra concepción, también parte de los mecanismos de dominación oligárquica–, que pasaron a apoyarse en el trípode burocracia estatal-clero-militares “para modular sus relaciones” y “negociar sin inhibiciones con sus antiguos superiores”. Así, la posición dominante de los grandes terratenientes –todavía fuerte en los años sesenta– fue erosionada o, por lo menos, cuestionada. La burocracia estatal y los militares se convirtieron entonces en candidatos “a la tutoría de las clases subalternas”, utilizando el manejo de la ayuda internacional (265) para establecer sus propias estructuras clientelistas y convertirse, “sobre todo […], en intermediarios ineludibles entre los campesinos sin tierra y los grandes propietarios”. De ese modo, los viejos agroexportadores perdieron “el monopolio de la conducción de los estratos rurales subalternos” y han pasado a “competir con los militares, la Iglesia y la democracia cristiana, es decir, con fuerzas cuyas numerosas organizaciones” tienen capacidad para conducir a dichas clases subalternas (Bataillon, 2008: 108-116).

El pasaje de campesinos indígenas a obreros rurales también es destacado por Rouquié al analizar los procesos guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense. Para él, asimismo, “[l]a modernización del agro y el acaparamiento de las mejores tierras para los productos de exportación modifican totalmente las relaciones de producción y el paisaje social. Los campesinos dependen cada vez más de un salario, temporal y bajo. La generalización del trabajo asalariado pone fin al sistema de la hacienda, caracterizado por la relación que unía al arrendatario o colono con el patrón benefactor. El nuevo sistema, que desplaza al ‘modelo campesino’ tradicional, se basa en la frágil articulación del ‘microfundio’ de subsistencia con el salario como complemento; uno y otro se compensan, pero ambos fomentan la insatisfacción […] Esta ‘doble lógica’, lejos de contribuir a estabilizar la nueva sociedad rural, agudiza las tensiones y radicaliza las conductas. Es por eso que en El Salvador, la insurrección campesina nace del azúcar, no del algodón”. Rouquié reproduce la que llama “notable concisión” de Carlos Rafael Cabarrús respecto de esa “doble afiliación” de los trabajadores rurales salvadoreños: “En lugar de articular la acumulación del capital, articuló la insurrección” y “el ejército agrícola de reserva se transformó así en ejército popular de liberación” (Rouquié, 1994: 104; véanse también las páginas anteriores).

Siendo así, la licuación de la dominación oligárquica no ha sido, necesariamente, generadora de democracia. Esta, con todas sus limitaciones y precariedad, será el resultado de un proceso complejo que comenzó en plena etapa de guerra civil, más aún, señala Torres-Rivas (2004: 291), “cuando la ferocidad del conflicto armado era mayor”, de donde la paradoja de impulsarse la democracia antes de firmarse la paz.

Digamos, para finalizar, que Rouquié (1994: 86) y Torres-Rivas (2004: 284) coinciden en evaluar los reseñados procesos centroamericanos como verificación de la hipótesis de Alexis de Tocqueville: el mejoramiento de la economía torna más insoportables las injusticias, más conscientes las reivindicaciones y hace posible una situación revolucionaria.

De la guerra civil a la fragmentación social: Colombia, un caso de continuidad de la política oligárquica (266)

El año 1948 marcó un hito en la historia de Colombia. El 19 de septiembre de ese año, con el bogotazo, la violencia se instaló como recurso de acción sistemático en toda la sociedad. En efecto, el asesinato del popular líder Jorge Eliécer Gaitán, y la reacción que esto provocó en Bogotá, fue el acontecimiento trágico que inauguró un ciclo de conflictos cuya particularidad fue carecer de un clivaje de clase explícito y primordial. La apelación a la violencia fue una forma de acción y reacción de los distintos sectores, liberales y conservadores, regionales y provinciales, que aglutinaban detrás de sí a amplios sectores de la sociedad identificados con ellos.

Según Eric Hobsbawm (1986: 20), “en ningún país fue más impresionante la rebelión de las masas que en Colombia en 1930-1948”, cuyo resultado no fue un cambio político social fundamental “sino casi veinte años de anárquica guerra civil y de masacres, período conocido (a falta de un término más específico) como La Violencia” (267). El resultado más visible de La Violencia, no fue ninguna reforma, ni social ni económica, sino la afirmación del capitalismo agrario y un acuerdo político de rango constitucional entre los líderes de los dos partidos tradicionales para la convivencia en el poder, conocido como Frente Nacional, puesto en funcionamiento desde 1958.

El proceso tuvo sus orígenes en el año 1930, cuando se inició la “revolución en marcha”. Bajo la primera presidencia de López, los liberales habían promovido el liderazgo de Gaitán, pero su carisma lo proyectó individualmente como una figura descollante y, luego, “peligrosa” para el proyecto lopista. En términos generales, las luchas agrarias y obreras de los años veinte y principios de los años treinta habían estado encausadas por dos partidos: el Partido Socialista Revolucionario, fundado en 1926, y luego, el Partido Comunista, creado en 1930. En 1933, Gaitán fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), que tuvo duración efímera. En 1935, el partido obtuvo pésimos resultados y su líder decidió disolverlo y plegarse al reformismo de cuño liberal. Ese hecho y el acercamiento del PC colombiano a la política lopista, bajo las directivas de la Internacional, que había instado a la cooperación con las “burguesías progresistas”, marcaron el comienzo de una nueva etapa en el ciclo de luchas de los trabajadores y el ascenso constante del gaitanismo.

En un contexto de agitación social, que desde el Gobierno buscaba ser frenado con La Pausa, Gaitán supo apropiarse del capital político derivado de la agitación en el campo. A partir de 1936, y primordialmente después de 1940, el líder logró articular detrás de sí las demandas postergadas por el Partido Liberal. Ese capital es el que en 1948 le permitió movilizar a 200.000 personas en la “Marcha del silencio”, prólogo de la desarticulación de la sociedad civil y la institucionalización de la violencia.

Aunque una salida institucional de la dominación oligárquica quedó trunca, se observa un dato novedoso y nada desdeñable: durante el período 1930-1948, los trabajadores del agro comenzaron a ser más receptivos de la acción política y más propensos a ella. Los movimientos campesinos de las décadas anteriores al estallido de La Violencia en 1948 sirvieron de base social a un sector de las clases dominantes (liberales) conducido por López, que los interpeló políticamente y controló así una inclusión desde arriba.

La parcelación de tierras resultante del éxito en la lucha de los años veinte volvió a los campesinos más permeables a la lógica del clientelismo: en su calidad de pequeños productores independientes optaron por estrategias individuales antes que colectivas para sobrevivir en la competencia capitalista. Si bien, como afirma Francisco Leal Buitrago (1989), el clientelismo se consolidó como articulador del sistema político colombiano a partir de la constitución del Frente Nacional, puede decirse que las relaciones clientelares constituyen una pauta de continuidad respecto del período 1930-1948, en el que fueron la base de la limitada inclusión política del campesinado (268).

Colombia es quizás uno de los casos históricos más curiosos en el que la crisis no desembocó en una revolución, a pesar de contar con ciertos elementos, algunos más contundentes que otros, como las rebeliones campesinas y, en otro plano, el sugestivo apelativo que signó a la gestión liberal de López, la “Revolución en marcha”. En efecto, el caso puede ser estudiado en términos de una “situación revolucionaria”, de una revolución que no fue. En todo caso, la interpretación del período 1930-1948 decididamente se ajusta a la categoría, más general, de proceso de cambio social, que tuvo su punto culminante en 1948. A partir de este hito, las condiciones asociadas a la noción de “situación revolucionaria” empezaron a ser cada vez menos evidentes.

Un punto destacable en este período es el carácter del intervencionismo estatal. Hacia 1930, el Partido Liberal había abandonado la plataforma de 1897 adscripta al laissez-faire. Sin embargo, especialmente bajo el Gobierno de López, la intervención del Estado fue restringida y el respaldo a la industrialización estuvo más limitado de lo que se tiende a creer. Los aranceles tuvieron una función fiscal que permitió incrementar los ingresos del Estado frente a las obligaciones planteadas por la deuda pública, más que estar orientados a la protección de la industria. El objetivo perseguido fue la consolidación de la estructura de agroexportación y no su transformación en una de tipo industrial. En este sentido, la intervención estatal estuvo en última instancia supeditada al funcionamiento del sector privado. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, y más acentuadamente después de la caída de los precios del café en 1955-1957, el Estado adoptó una actitud más firme en sus políticas intervencionistas favorables a la industria (Kalmanovitz, 1985).

Otro de los aspectos sin duda descollantes del proceso de cambio fue la existencia de movilizaciones rurales desde los inicios de los años veinte y su continuidad hasta por lo menos mediados de los años treinta, cuando se sancionó la reforma de la Constitución y la Ley 200 de 1936 referida al agro. La Ley 200 tuvo gran oposición por parte de los sectores terratenientes y de las clases dominantes oligárquicas en general. El artículo que fue considerado el más revolucionario fue aquel que establecía que las propiedades privadas mayores de 300 hectáreas de superficie que no hubieran sido cultivadas por un período de diez años consecutivos se volverían susceptibles de expropiación por parte del Estado. En la práctica, los diez años estipulados vencieron en 1946, pero la correlación de fuerzas existente hizo poco viable la nacionalización.

El cuestionamiento de la propiedad y la desarticulación del movimiento campesino se hacen más inteligibles si se atiende a la fragmentación y las particularidades regionales del país. La cordillera central –con los tres grandes departamentos productores de café: Caldas, Antioquia y Valle– albergaba relaciones de producción más modernas y favorables para los trabajadores, entre los que descollaban los pequeños y medianos productores tanto por su número como por el volumen de café producido. En la cordillera oriental, las relaciones de producción eran más arcaicas y constituían una prolongación de las relaciones establecidas en el siglo XIX. Particularmente, al sureste de Bogotá existían grandes haciendas que se orientaron a la producción del café conforme avanzaron las oportunidades de expansión.

Un grupo importante de trabajadores era el formado por los colonos, que se dedicaban a abrir tierras para el cultivo bajo contrato con los hacendados. Estos contratos establecían que, durante un cierto número de años, los colonos debían plantar árboles y ocuparse de ellos hasta que se volvieran productivos (3 o 4 años después). A cambio, podían cultivar y criar ganado para consumo de subsistencia y, llegado el momento, vender los árboles al precio combinado previamente, más las mejoras. Estas mejoras consistían, por ejemplo, en la plantación de bananos que cumplían una doble función: daban sombra al café, a la vez que aseguraban la maduración lenta que daba sabor al grano y retardaba el crecimiento del árbol, y prolongaba de este modo su productividad. Por contrato, los colonos renunciaban expresamente a cualquier reclamo sobre la tierra. Con este instrumento, la ocupación de tierra de facto por parte del hacendado, se volvía de jure. Los colonos no solo dejaban la propiedad en el momento en que esta era más productiva, sino que además concedían al hacendado bases legales para reclamar el título de propietario. El requisito de tierra cultivada era primordial para legitimar el derecho a la propiedad de la tierra.

A pesar de existir registros de arreglos similares en otras zonas, específicamente en Caldas, el locus de la insurrección campesina fue la zona de la cordillera oriental y la figura del colono parece clave para entender el proceso. En general, los colonos dejaban las tierras después de una lucha o demanda legal que en muchos casos perdían, en razón de los vínculos estrechos entre los terratenientes y los círculos profesionales y políticos locales. Hacia mediados de 1930, este fue el principal reclamo que movilizó a los campesinos de los departamentos de Cundinamarca y Tolima, donde se concentraba la mayor proporción de grandes fincas. La diferenciación campesina es un elemento de análisis central para entender el alcance del proceso de cambio social que se inició en 1930.

Ya se ha dicho que en Colombia la transición hacia una sociedad más inclusiva se llevó a cabo a partir del reforzamiento de la dominación oligárquica y una reestructuración social en la que los sectores medios fueron débiles. En 1935, se modificó el régimen de impuestos y, en 1936, se produjeron dos cambios significativos, ya mencionados: la reforma de la Constitución y la sanción de la Ley 200. A grandes rasgos, la Constitución estableció la “función social” de la propiedad de la tierra (art. 26) y la Ley 200 enfrentó a los grandes terratenientes con la exhortación a usufructuar sus tierras o someterse a la expropiación. Estas reformas estuvieron acompañadas de un cambio político fundamental: la interpelación política de las clases subalternas, tal como sostiene Stoller (1995).

En 1946, las elecciones presidenciales se desarrollaron en un escenario totalmente distinto al de 1930. El Estado había diferenciado sus funciones. La modernización económica había generado los recursos para alimentar las relaciones de clientela en los aparatos estatales y esto produjo una multiplicación de cargos que, por regla tácita, debían ser ocupados por liberales y conservadores según su alternancia en el poder. De este modo, el recambio de miles de empleados en todos los niveles de la administración pública afectó seriamente las ya tirantes relaciones entre las distintas fracciones del Partido Liberal. Como afirma Leal Buitrago (1989), la integración nacional recién se logró con el Frente Nacional, que logró capitalizar a su favor la existencia de las redes clientelares y finalmente convertirlas en articulador del sistema político.

En 1944, los aspectos revolucionarios de la Ley 200 fueron revertidos con otra disposición legal (Ley 100) que establecía un plazo adicional de cinco años a los diez que se habían establecido en 1936 para que los terratenientes cultivasen sus tierras y las salvasen de la expropiación. También se prohibía a los campesinos cultivar ciertos árboles, particularmente el cafeto, salvo permiso expreso. Así y todo, el proceso de parcelación ya había comenzado y muchos campesinos se encontraban ahora en posesión del título de una propiedad por la que habían contraído una deuda con el Banco Agrícola Hipotecario y la Caja Agraria. Esta circunstancia pudo haber influido en el clima “hobbesiano” que describe Bergquist (1988) como característico del campo en la Colombia previa a La Violencia.

La competencia por favores burocráticos y económicos que había implicado la pérdida de protección asegurada por el mundo autosuficiente de la hacienda generó conflictos individuales para los que se diseñaron soluciones también individuales. Los trabajadores, especialmente en la zona del cultivo de café, se volvieron unos contra otros y, de este modo, abandonaron la lucha colectiva que habían iniciado junto a sus pares de las economías de enclave a fines de la década de 1920. Hacia mitad de siglo, las clases dominantes tuvieron el camino despejado para concretar un nuevo consenso ideológico y político y consolidar su poder en el contexto de un orden capitalista dependiente. La violencia, sin embargo, fue una herencia difícil de capitalizar, que aún hoy resiste los intentos de racionalización.

La sociedad colombiana que emergió después de la crisis y la Segunda Guerra Mundial era cualitativamente distinta de la que había encumbrado al Partido Liberal en el poder por primera vez en el siglo XX. El proceso de cambio social que afianzó la modernización y reforzó los valores e instituciones liberales tuvo como protagonista indiscutible a los campesinos. Ellos pudieron haber ganado legítimamente la batalla por la tierra, pero la explotación a través de los circuitos comerciales del café y la estructura del crédito continuó intacta y salió fortalecida. El correlato ideológico más inmediato de las transformaciones sucedidas durante ese período es una cultura individualista exacerbada, en el contexto de una estructura política estable en términos de continuidad institucional.

A partir de las elecciones de 1946, se sucedió un período de dominación conservadora excluyente y férrea defensora del orden. Los gobiernos de ese signo que se sucedieron correspondieron al ala del partido liderada por Laureano Gómez. En este período, hubo, una vez más, una fuerte represión de los liberales, en particular a las denominadas “guerrillas liberales rurales”, por parte de fuerzas paramilitares conservadoras.

El asesinato, en 1948, de Jorge Eliecer Gaitán –líder de la fracción más radical del Partido Liberal, con vínculos con las masas–, la insurgencia popular conocida como bogotazo y el subsiguiente proceso político hicieron de Colombia un caso singular en América Latina. La continuidad de las formas y los mecanismos típicos de la dominación oligárquica se vio fuertemente alterada –sin desaparecer– por las violencias que siguieron a La Violencia, cuestión que abordaremos en el capítulo 6 del tomo II. A partir de 1948, la sociedad colombiana se fragmentó a tal punto que de la experiencia de guerra civil del período de La Violencia se pasó a un proceso de profunda descomposición del lazo social, que continúa hasta hoy. Colombia es un país cuya unidad formal se mantiene a costa de una división de hecho en dos. No es, estrictamente, una situación de soberanía múltiple: se trata, más bien, de una anquilosada coexistencia de una legalidad formal y una legalidad paralela, que el Estado, obviamente, reputa ilegítima.

Las diferentes vías por las que llegó a su fin la dominación oligárquica son más nítidas en los casos en los que las crisis de la oligarquía y del modelo primario exportador se dieron casi simultáneamente (México, Brasil, Argentina). En Chile, las creativas fórmulas políticas implementadas desde los años veinte no lograron plasmar ni en una salida populista ni en una salida revolucionaria la larga persistencia de la oligarquía. En otros países, el proceso de desarticulación de las bases del poder oligárquico se dio por la vía de la revolución (Bolivia) o el reformismo militar autoritario (Perú y Ecuador) o civil democrático (Chile), y esto ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX . En otros, la revolución fracasó (Guatemala) o tuvo éxito limitado (Nicaragua) o no alcanzó a configurarse, a pesar de haber existido una expresión violenta del conflicto social (El Salvador), y la salida de la dominación oligárquica se entroncó con procesos singulares de exacerbación de la acción violenta (por derecha y por izquierda). En otro, la forma oligárquica de ejercicio de la dominación tiene una aún más larga duración, persistente hasta hoy, aunque reformulada por el entrelazamiento entre política y narcotráfico (Colombia).

La reforma agraria puede no ser necesaria para terminar con el orden oligárquico, como lo muestra el caso de Argentina, pero es claro que al no afectarse la estructura latifundista de la propiedad de la tierra los condicionamientos y, en definitiva, los obstáculos para construir un orden democrático, fueron dominantes durante casi todo el siglo XX , y aún hoy tienen fuerte incidencia, pese al carácter minimalista, instrumental o meramente electoral del régimen construido a partir de 1983. En todos los casos, la persistencia de rasgos oligárquicos, como la política de exclusión y el largo compromiso con la producción de bienes primarios y con el desarrollo hacia afuera, son factores relevantes en el momento de evaluar la desarticulación de la oligarquía.

Esto significa que la mayoría de los países conforman un tipo híbrido de crisis de la dominación oligárquica. Ellos atravesaron, en diferentes y sucesivas coyunturas, constituciones diversas del orden, pero con una tendencia estructural de persistencia de rasgos típicos de la oligarquía. No se trata de afirmar que el orden oligárquico permaneció incólume durante años tan largos, por el contrario, en los capítulos del tomo II mostraremos que el orden típicamente excluyente de la oligarquía tuvo sucesivas ampliaciones y atenuaciones hasta su eventual disolución. Los cambios más significativos fueron que el Estado abandonó su carácter prescindente frente al libre juego de las relaciones económicas y sociales, y las formas de representación de la democracia liberal entraron en crisis. Aunque hubo una ampliación de los derechos políticos, y de los sociales, prosperaron diversos modos de mediación entre el Estado y la sociedad que buscaban superar las falencias que achacaban a la democracia liberal. En el plano ideológico, cobraron peso las diversas expresiones del nacionalismo y el antiimperialismo, al tiempo que la visión positivista racialista y estamental de la sociedad se fue erosionando.

Nuestra interpretación busca poner de relieve los cambios en las continuidades y las continuidades en los cambios o, para decirlo con la muy conocida expresión de Gramsci, situaciones en las cuales lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. En efecto, en la mayoría de los países de la región, pasado el momento histórico típicamente oligárquico, se mantuvo la influencia de la matriz primario-exportadora del poder económico, la estructura de propiedad de la tierra con base en el latifundio, la alternancia de los partidos tradicionales y la clausura o participación subordinada de fuerzas nuevas.

Modelo primario-exportador: alianza entre las burguesías latinoamericanas y el imperialismo (269)

A partir del último cuarto del siglo XIX se observó un nuevo fenómeno en el mundo: el imperialismo, coincidente con una nueva fase de expansión extracontinental llevada adelante por algunos países europeos y, más tarde, por Estados Unidos y Japón. La Conferencia de Berlín (1884-1885), de la cual participaron catorce países europeos y Estados Unidos de Norteamérica, consagró el llamado “reparto de África” y los nuevos imperios coloniales.

Como ha escrito Hobsbawm (1989: 51), “la era del imperio se caracterizó por la rivalidad entre los diferentes Estados”. Los países centrales europeos –con excepción del Reino Unido y Holanda– retornaron a la política proteccionista a partir de 1876, y luego, en 1890, se sumó Estados Unidos, con una fuerte alza en sus ya altas tarifas aduaneras. Como sostuvo Karl Polanyi (1992: 48): “A finales de la década de 1870, sin embargo, el período del librecambio (1846-1879) tocaba a su fin; la utilización efectiva del patrón-oro por parte de Alemania señala los comienzos de una era de proteccionismo y de expansión colonial”. Según la visión del autor, el proteccionismo actuó en tres direcciones: el dinero, el trabajo y la tierra. Es a partir de esta visión –de acuerdo con la interpretación de Fred Block y Margaret Sommers (apud Skocpol, 1991: 60)– que Polanyi entiende que el imperialismo es “la institución proteccionista por excelencia”.

En buena medida, el proteccionismo apuntaba a proteger (valga la redundancia) los mercados de las economías centrales afectadas por la depresión y la crisis de la agricultura en Europa occidental y, en el caso de las industrializaciones tardías –Alemania, Rusia, Estados Unidos y Japón–, por la necesidad de proteger sus productos frente a la competencia de las mercancías británicas. El proteccionismo industrial estuvo asociado a un nacionalismo económico que no parecía entrar en contradicción con la tendencia a la unificación de un mercado mundial en el cual el comercio internacional creció como nunca antes (merced al casi universal patrón-oro y a los formidables desarrollos del crédito y de la exportación de capitales) y en el que no eran extraños ni los acuerdos entre grupos monopolistas, ni las luchas por ese mismo mercado.

Este período, que se inició hacia 1870, coincidió, en América Latina, con el de la constitución de los Estados oligárquicos, que se convirtieron en factor clave de la creación de condiciones favorables para la inversión de capital extranjero.

No era un dato nuevo. Como se señaló en el capítulo 3, roto el lazo colonial, en los inicios de los años veinte, Gran Bretaña había hecho una inversión de capitales en América Latina, pero la experiencia fue breve (la Bubble-Mania). La tendencia dominante de la expansión capitalista británica fue la conquista de mercados para sus mercancías, controlando de este modo el comercio exterior y buena parte del comercio interior de los países latinoamericanos, siempre en estrecha alianza con grupos sociales dominantes locales (burgueses y protoburgueses). Es que, en efecto, las relaciones de dependencia, aunque asumieron (y siguen asumiendo) la forma de relaciones entre naciones, fueron (y son), en rigor, relaciones de clases, unas de ellas dominantes, otras, dependientes en el interior de la economía-mundo.

Así, la periferia tuvo un rol fundamental, no solo para la acumulación originaria, sino también para la afirmación de una tendencia cada vez más sostenida a la exportación de materias primas que servirían para su transformación en mercancías industrializadas en los países del centro del sistema capitalista mundial.

Durante el período que se abre hacia 1870, el dato nuevo es que América Latina se afirmó en la producción para el mercado mundial de productos que hasta entonces no habían sido parte de su comercio exterior (Bulmer-Thomas, 1998: 76-88). Esto no significó necesariamente –acota el mismo autor– la diversificación de las exportaciones. Incluso, a menudo, las nuevas tan solo reemplazaron a las antiguas, manteniendo una alta concentración. De este modo, se configuró una división internacional del trabajo que entraría en crisis con la Primera Guerra Mundial: crisis del liberalismo y del capitalismo.

Así, en la fase iniciada hacia 1870, lo nuevo fue la articulación de una situación de dependencia imperialista, precisamente por ocurrir en un momento en el que todo el sistema capitalista mundial cambió cualitativamente y pasó de la fase competitiva a la fase monopólica en el centro. Si en la fase de capitalismo de libre competencia los países latinoamericanos exportaban sus materias e importaban productos manufacturados provenientes de Europa, en la fase imperialista, a esas importaciones se sumaron las de capital, bajo una doble forma: inversiones directas e inversiones de cartera (empréstitos). El resultado fue el modelo primario-exportador.

En algunos países, y primordialmente a partir del cambio de siglo, cuando empezó a tomar relieve la presencia de Estados Unidos en América Central y el Caribe (recuérdense las circunstancias de la independencia de Cuba y Puerto Rico, la creación de Panamá y la ayuda prestada a Venezuela), el capital extranjero avanzó hacia la propiedad de los recursos naturales y/o la producción de materias primas. Así, en la fase de situación de dependencia imperialista, la articulación de las economías latinoamericanas en la economía-mundo se expresó en dos tipos de vinculación de la periferia latinoamericana al centro, conocidos, desde que en la segunda mitad de los años sesenta, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1990) publicaran su célebre libro, como control nacional del sistema productivo, uno, y economías de enclave, el otro.

A su vez, en las economías de enclave, se dieron dos subtipos: la plantación (alta demanda de trabajo y, a menudo, baja concentración de capital) y el enclave minero (baja demanda de fuerza de trabajo y alta concentración de capital); ambos subtipos compartían la “tendencia a un bajo nivel de distribución del ingreso desde el punto de vista de la economía nacional” (Cardoso y Faletto, 1990: 50).

En los casos de control nacional del sistema productivo, los propietarios locales –mineros, terratenientes, plantadores– mantuvieron el control total o, al menos, mayoritario del sector productivo. Tal fue el caso, por ejemplo, de los ganaderos argentinos y uruguayos y de los cafetaleros brasileños, colombianos, costarricenses y salvadoreños (mas no en el de los guatemaltecos y nicaragüenses).

En cambio, en las economías de enclave, el control de la producción de materias primas para la exportación pasó paulatinamente, en algunos casos, de propiedad nacional a propiedad de extranjeros (como en Guatemala con los alemanes) y en otros –sobre todo en áreas que habían sido marginales dentro de la economía internacional, como en el Caribe continental– los enclaves se constituyeron directamente en función de la expansión de las economías imperialistas. Chile, Perú y Venezuela fueron casos de economía de enclave minero. Honduras y Guatemala fueron enclaves de plantación (con el cultivo de la banana y la UFCo).

Dos casos merecen especial atención respecto de las economías de enclave. Bolivia es considerado un país con economía de enclave. Pero allí el control de la principal producción minera, el estaño, estuvo en manos de capitalistas locales, los llamados “barones del estaño” y, si bien ellos –particularmente Simón Patiño– se internacionalizaron, no dejaron de tener el control del vital recurso productivo (hasta la nacionalización decretada por la Revolución Nacional). Panamá también es considerado un país con una economía de enclave, pero allí la dependencia no fue de una compañía extranjera sino del Gobierno estadounidense, que controlaba el Canal que une el mar Caribe con el océano Pacífico. Asimismo, hay que señalar que en el conjunto de países latinoamericanos hubo otros dos casos cuyas singularidades deben señalarse: Paraguay y Haití, que tuvieron una escasa inserción en la economía mundial. Y más aún: si la forma característica de expresión del imperialismo en América Latina fueron las situaciones de dependencia, hay que notar que también adoptó otra forma: la de agresiones militares e intervenciones políticas directas, como ya se ha visto en el capítulo anterior.

Ahora bien, la inversión de capitales extranjeros, fuera directa o indirecta, obedeció a la lógica capitalista que asumieron las burguesías de los países centrales, pero en los países latinoamericanos hubo clases dominantes cuyo interés era expandir sus ingresos aprovechando la coyuntura. La expansión imperialista estuvo asociada a la necesidad de las economías centrales de continuar con la ampliación de los mercados donde colocar su producción excedente y, al mismo tiempo, en razón del impacto de las innovaciones tecnológicas producidas por la llamada “segunda revolución industrial” en el proceso de producción, de proveerse de materias primas fundamentales, si no estratégicas. América Latina entonces ocupó el lugar de exportadora de productos como lanas, henequén, caucho, cobre, estaño, fosfatos, luego petróleo, entre otras. Excepto en el caso del azúcar (dado que la caña debe procesarse necesariamente en el lugar de cultivo), el proceso no conllevó la industrialización.

Este movimiento económico fue simultáneo a otro de carácter jurídico-político, para favorecer las inversiones de capitales extranjeros y para fomentar la recepción de inmigrantes que aseguraran la disponibilidad de fuerza de trabajo (significativamente en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil). Si hasta 1896, según algunos autores, se atravesó una fase conocida como la “Larga Depresión”, a partir de ese año la recuperación fue espectacular: entre 1896 y 1914, el comercio mundial prácticamente se duplicó. En 1913, América Latina había recibido el 20% de las migraciones internacionales y el mismo porcentaje de las inversiones externas de capital, al tiempo que su comercio internacional representaba el 8% del comercio mundial (Ferrer, 2000: 348).

Según Robert Freeman Smith (1991: 77), las inversiones inglesas en América Latina pasaron, entre 1870 y 1914, de 85 millones a unos 750 millones de libras esterlinas (3.700 millones de dólares), destinadas particularmente a la construcción de ferrocarriles, la explotación de la minería (los nitratos de Chile) y la producción de manufacturas (frigoríficos rioplatenses). Al iniciarse la Gran Guerra, los capitales de origen francés se situaban en segundo lugar y sumaban 6.000 millones de francos (1.200 millones de dólares), colocados básicamente en ferrocarriles, bienes raíces, bancos, minería y algunas manufacturas. Por su parte, los alemanes –que prefirieron los bancos hipotecarios y las plantaciones cafetaleras centroamericanas– se situaban en tercer lugar, con 3800 millones de marcos, es decir, alrededor de 900 millones de dólares.

Entre los mismos años, las economías más integradas al mercado mundial, considerando valores absolutos y per cápita–, eran Argentina, dependiente del Reino Unido, y Cuba, dependiente de Estados Unidos, mientras que México, Brasil, Uruguay y Chile se situaban en un nivel alto y muy alto de integración (Cardoso y Pérez Brignoli, 1979: II, 136-137 y 140-141).

Poniendo el foco en los países centrales, se observa la primacía de dos potencias: Gran Bretaña y Estados Unidos. Si a mediados del sigo XIX el primero de estos países era el mayor mercado para las materias primas latinoamericanas, en 1913 ese lugar ya lo ocupaba Estados Unidos, excepto en los casos de Argentina (lejos, el mayor exportador de la región), Bolivia, Chile y Perú, fieles a la Rubia Albión. El mismo patrón, observa Victor Bulmer-Thomas (1998: 98), se aprecia en el caso de las importaciones; el Reino Unido era el principal proveedor de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay. Las exportaciones de Gran Bretaña a su principal mercado, la República Argentina –casi la mitad de ellas–, le permitieron igualar las exportaciones estadounidenses a toda América Latina.

Además de materias primas estratégicas para satisfacer los requerimientos de la llamada “segunda revolución industrial”, los países latinoamericanos se abocaron a la producción de alimentos básicos: carnes, cereales, granos. Pero también a otros productos considerados de consumo suntuario, como el café, el cacao y los plátanos, o con aplicaciones para la medicina, como la quinina y el bálsamo peruano.

Aun así, según señala Bulmer-Thomas (1998: 79-80), los casos de diversificación de los productos de exportación fueron pocos y espaciados. Perú reemplazó el guano por algodón, azúcar, café, plata, cobre, caucho, lana de alpaca y de oveja, mientras que Paraguay “gradualmente logró ingresar a la economía mundial y la regional sobre la base de yerba mate, tabaco, maderas, cueros, carne y extracto de quebracho”. El caso “más exitoso” de diversificación fue el de Argentina, país que sumó a los tradicionales productos de exportación “una impresionante variedad de productos” generados por la agricultura (trigo, maíz, cebada, centeno, lino) y la ganadería (carne congelada y refrigerada, corderos, lana y cueros). La variedad y calidad de las exportaciones argentinas antes de la Primera Guerra Mundial no tuvo parangón en América Latina: “Eran de tal magnitud que para 1913 representaban casi 30% de los ingresos totales latinoamericanos por exportación” aunque el país sudamericano solo tenía 9,5% de la población de la región.

Más allá de estos datos, cabe resaltar que el monocultivo fue la nota dominante, en algunos casos de modo abrumador: el café en Guatemala (84,8%), El Salvador (79, 6%), Nicaragua (64,9%), Haití (64%), Brasil (62,3%); el azúcar en Cuba (72,5%); el estaño en Bolivia (72,3%); los nitratos en Chile (71,3%); los plátanos en Panamá (65%); y el cacao en Ecuador (64,1%), para citar los casos más relevantes (Bulmer-Thomas, 1998: 77).

La situación de dependencia imperialista se apoyó en la teoría de las ventajas comparativas –unos países estaban naturalmente dotados para producir materias primas y otros para elaborarlas industrialmente– que las clases propietarias de América Latina, con las burguesías a la cabeza, aceptaron, junto con la división internacional del trabajo y sus relaciones asimétricas y de dominación, porque convenía a sus intereses. La asociación de clases dominantes del centro y de la periferia hizo posible, ciertamente, el notable, aunque desigual, crecimiento de las economías latinoamericanas. Empero, como señala Celso Furtado (1991: 215), las relaciones económicas internacionales se desarrollaron bajo la forma de creciente intercambio entre naciones y “mediante la creación de polos de comando” que controlaban “los flujos financieros, que orientaban las transferencias internacionales de capitales, financiaban stocks estratégicos de productos exportables, interferían en la formación de los precios, etc.”. Así, las economías latinoamericanas debieron apelar, casi siempre, a inversiones de infraestructura financiadas con capitales extranjeros para poder expandir su excedente exportable. Pero esos capitales se tornaban “accesibles cuando la inserción del incremento de producción en los mercados internacionales correspondía a las expectativas de los centros de mando”. Esa dependencia resultaba, pues, “de la propia estructura de la economía mundial”.

Como se dijo antes, las inversiones norteamericanas comenzaron más tarde, hacia 1900, y se orientaron más hacia el campo de las inversiones directas que al de los créditos, de lo cual buena prueba es la creación de la UFCo en 1899, paradigma de la empresa imperialista en América Central, Caribe y Colombia. Asimismo, la creación, en 1907, de la norteamericana empresa frigorífica Swift, pionera en la aplicación de la técnica de carnes enfriadas (chilled), en Argentina, es signo elocuente del desplazamiento de Gran Bretaña de la hegemonía imperialista por parte de la emergente potencia.

Obviamente, a medida que el avance de Estados Unidos sobre las economías latinoamericanas aumentó, también los préstamos otorgados por este país adquirieron mayor presencia en la región, sobre todo en la década de 1920. Así, “algunas empresas de inversiones (como J. P. Morgan & Company, Chase Securities Corporation y Equitable Trust Company) empezaron a realizar emisiones de bonos del Estado” (Smith, 1991: 100). La competencia imperialista en el terreno financiero tuvo un hito en 1913 cuando el Gobierno de Woodrow Wilson autorizó la creación de sucursales de bancos norteamericanos en el exterior. Así, en 1914 se instaló en Buenos Aires la primera filial de The National City Bank of New York.

La fuerte hegemonía británica operó como fuerte contrapeso a las apetencias expansionistas de Estados Unidos. En razón de esto, los diferentes gobiernos de este país optaron por una muy eficiente combinación de acciones diplomáticas y operaciones militares para posicionarse en la competencia imperialista.

En cuanto a las acciones diplomáticas, la estrategia elegida fue la de las Conferencias Panamericanas. El panamericanismo fue impulsado por el secretario de Estado James Blaine (que lo fue de los presidentes James Garfield y Grover Cleveland) desde 1881. La primera Conferencia Panamericana se realizó en Washington en 1889-1890, con la única ausencia de República Dominicana y, obviamente Cuba, aún colonia española. En ella, se acordó la creación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, con el fin de fomentar el comercio de Estados Unidos con América Latina. La propuesta de crear una Unión Aduanera encontró fuerte resistencia, con Argentina a la cabeza. Posteriormente, se realizaron otras cinco Conferencias: la Segunda, en la ciudad de México en 1901-1902, un espacio estratégico para la expansión de Estados Unidos hacia América Central y el Caribe. En esa reunión estuvieron ausentes Brasil y Venezuela. Su resultado más destacado fue la creación de la Oficina Sanitaria Panamericana, predecesora de la actual Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Tercera Conferencia se hizo en 1906, en Rio de Janeiro, otro espacio estratégico desde que Brasil se incorporara al conjunto de repúblicas latinoamericanas. La Cuarta (1910), en Buenos Aires, seguramente obedecía a la competencia con la larga hegemonía británica sobre el país del Plata. Tras el paréntesis impuesto por la Primera Guerra Mundial, sesionó la Quinta Conferencia, en Santiago de Chile, en 1923, con las ausencias de Bolivia, Perú y México, países que adhirieron luego a las resoluciones, entre las que se destacó el Pacto de Gondra para “prevenir conflictos entre los Estados Americanos”. La Sexta, en La Habana, en 1928.

El cubano José Martí, oficiando de corresponsal del diario La Nación, de Buenos Aires, supo advertir, al comentar la Primera Conferencia Panamericana, la pretensión de Estados Unidos y el riesgo latinoamericano. Tal como escribió en “El congreso de Washington. Su historia, sus elementos y sus tendencias”, un artículo de noviembre de 1889:

Jamás hubo en América, de la independencia para acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar una liga contra Europa y cerrar tratos con el resto del mundo. De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, las causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia (Martí, 1977: 152).

Atendiendo a los objetivos que se plantearon los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, el panamericanismo fue un fracaso, aun cuando muchos de los postulados no fueron abandonados. Entre otras cuestiones, influyó la estrategia de dominación asumida por el presidente Theodore Roosevelt, para quien debía utilizarse la fuerza toda vez que se considerase necesario; esta fue la denominada política del big stick (o, en castellano, política del garrote), nombre tomado de su máxima Speak softly and carry a big stick, and you will go far [“Hable suavemente y lleve un gran garrote, e irá lejos]. La opción por la intervención directa se vio reforzada, además, cuando, en 1904, el mismo Presidente dio a conocer el llamado corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, parte esencial de la ideología imperialista norteamericana. Se trataba, de hecho, de la respuesta norteamericana a la doctrina Drago, expresada en ocasión de la ya señalada agresión anglo-alemana a Venezuela. Esta sostenía que: “La delincuencia crónica [de algunos países latinoamericanos] puede […] hacer necesaria la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la Doctrina Monroe puede obligar a Estados Unidos […] a ejercer un poder de policía internacional” (apud Boersner, 1990: 197).

El corolario Roosevelt no hacía más que ratificar la concepción del Destino Manifiesto, esa creencia de que Estados Unidos está destinado por Dios para apoderarse de todo el continente, y cuyos fundamentos unen el racismo (la aceptación de la esclavitud de “los negros” y el aniquilamiento de los pueblos originarios) con la vieja idea expansionista de conquistar todas las tierras adyacentes.

El sucesor de Roosevelt, el presidente Taft, y su secretario de Estado, Philander C. Knox, quisieron sustituir la presencia militar por la penetración económica, con la denominada “diplomacia del dólar”. Empero, en la práctica, bajo su presidencia, las intervenciones militares continuaron. Y la misma tendencia persistió, e incluso se acentuó, bajo la presidencia de su sucesor, Wilson (1913-1921).

En cuanto a las intervenciones directas, los casos de Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela, presentados en el capítulo 3, son ejemplos elocuentes. Pero el impulso expansionista siguió.

Pocos años después de su retirada de Cuba, los norteamericanos realizaron tres nuevas y sucesivas intervenciones norteamericanas en la isla. La primera de estas se produjo entre octubre de 1906 y enero de 1909, a raíz de la guerra –conocida como “La Guerrita”– desatada por la sublevación del opositor Partido Liberal cuando Tomás Estrada Palma intentó la reelección presidencial. La segunda en 1912, cuando infantes de marina desembarcaron y aplastaron una sublevación de afro-cubanos del partido Independientes de Color en protesta por la discriminación de la cual eran objeto. La tercera ocurrió en ocasión de otra revuelta liberal, en este caso contra el Gobierno del conservador Mario García Menocal, en febrero de 1917, motivada por las maniobras que este encabezó para su reelección, desconociendo el triunfo liberal en las elecciones presidenciales (alzamiento conocido como “La Chambelona”, por el nombre de una conga utilizada por el Partido Liberal en sus actos). La revuelta sirvió de pretexto para que los norteamericanos, convocados por los liberales, volviesen a la isla, sin advertir el hecho de que Estados Unidos sería favorable a García Menocal, quien durante la ocupación estadounidense había sido jefe de policía de La Habana. Henry Morgan, enviado a Cuba por el National Defense Board para evaluar la situación económica del país, especialmente la azucarera, aconsejó el envío de marines como único modo de inspirar confianza a los empresarios del sector y para poner fin al descontento social, particularmente la huelga de los trabajadores azucareros. Con tal apoyo militar, García Menocal logró la continuidad de su Gobierno (hasta 1921), pero los infantes de marina permanecieron en Cuba hasta 1922, bajo pretexto de entrenamiento invernal de los soldados. Se trató, de hecho, de una política de tutelaje –la llamada “diplomacia preventiva”–, bien explícita, con la designación del general Enoch Crowder para supervisar y fiscalizar el Gobierno de Alfredo Zayas (1921-1925), hecho que alimentó a las corrientes nacionalistas y democráticas del país.

Una muy decisiva intervención fue la realizada en Panamá. Como adelantamos en el capítulo anterior, ella estuvo originada en el viejo proyecto de construcción de un canal de navegación para unir los océanos Atlántico y Pacífico. En 1878, el gobierno colombiano había concedido al ingeniero francés Ferdinand Marie de Lesseps, el ya célebre constructor del canal de Suez, la autorización para concretar la obra, un canal del tipo “a nivel” que debía unir las ciudades de Panamá y Colón. La construcción, a cargo de la Compañía Universal del Canal de Panamá, comenzó en 1880 y debía completarse en seis años. Pero el plazo se extendió. Una acción de prensa fomentada por Estados Unidos –acto de hostilidad frente a la amenaza de sus intereses por parte del competidor galo–, en contra de Lesseps, fue parte de un fenomenal escándalo que afectó a la III República francesa y concluyó con el enjuiciamiento y la condena del constructor y su hijo Charles, acusados de corrupción. Obviamente, la construcción del canal se interrumpió y Estados Unidos comenzó a negociar con Colombia la continuidad de la obra con sus técnicos y capitales. En enero de 1903, se firmó el Tratado Herrán-Hay, pero no obtuvo la ratificación del Senado colombiano. En reacción, el Gobierno de Estados Unidos fomentó la secesión del departamento (provincia) de Panamá, que ya durante el siglo XIX había manifestado posiciones independentistas (1826, 1830, 1831, 1840, 1860), una de las cuales, encabezada por el general Tomás Herrera, tuvo un corto éxito de trece meses en 1840-1841. El 3 de noviembre de 1903, el departamento se separó de Colombia; el 4, se proclamó república independiente; y el 6, obtuvo el rápido reconocimiento diplomático de Estados Unidos (ratificado formalmente el 13).

Por su parte, los británicos, que también habían sentido amenazados sus intereses imperialistas, se unieron oportunamente a las hostilidades contra Lesseps y la empresa constructora. Pero en noviembre de 1901, el Reino Unido, por el Tratado Hay-Pauncefote, concedió a Estados Unidos el derecho exclusivo de construcción y control de un canal en América Central, y dejó sin efecto acuerdos anteriores por los cuales había asumido el derecho de participación en eventuales proyectos al respecto.

El 18 de noviembre de 1903, se firmó el Tratado Hay-Bunau Varilla. El ingeniero francés Philippe Bunau Varilla, representante de la quebrada compañía y firmante del Tratado con el Secretario de Estado John Hay, había cumplido un papel fundamental en la operación por la cual Estados Unidos compró a la Compañía Francesa del Canal de Panamá sus derechos y propiedades por 40 millones de dólares y retomó la construcción.

Panamá cedió derechos para la construcción del canal interoceánico y, a perpetuidad, el uso, la ocupación, el control, el mantenimiento, el funcionamiento, el saneamiento y la protección de este. Estados Unidos se constituyó en garante de la independencia de la nueva República y acordó pagarle 10 millones de dólares por la cesión, más una renta anual de 250.000 dólares. Colombia, a su vez, recibió de los norteamericanos una indemnización por 25.000.000 de dólares, además del derecho a tránsito gratuito por el Canal (tratado Thompson-Urrutia, de 1922). El canal se terminó de construir en 1914, aunque oficialmente fue inaugurado recién en 1920. Significativamente, el primer barco en cruzarlo fue uno de guerra, obviamente norteamericano. A partir del 1º de octubre de 1979, y según los tratados firmados en Washington el 7 de septiembre de 1977 por el jefe de Gobierno de Panamá, el general Omar Torrijos Herrera, y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, el Canal comenzó un proceso de transferencia a Panamá que concluyó el 31 de diciembre de 1999.

Como “garante de la independencia”, en 1906, el Gobierno de Estados Unidos apeló al artículo 136 de la Constitución del nuevo país (la de 1904, cuyo artículo en cuestión había sido obra de Tomás Arias, una de las principales figuras secesionistas, y el cónsul de Estados Unidos William Buchanan), que autorizaba su intervención en cualquier punto del territorio nacional en caso de alteración de la paz o del orden. Ese año, el presidente Manuel Amador Guerrero y el Consejo Municipal capitalino requirieron esa intervención en ocasión de las elecciones populares. En 1912, infantes del ejército norteamericano desembarcaron, otra vez, para controlar elecciones generales. En 1915, a raíz de unos choques entre panameños y soldados norteamericanos durante el festejo del carnaval en la capital y la conmemoración del Jueves Santo en Colón, el Gobierno estadounidense intimó al de Panamá el desarme de la Guardia Nacional so pena de ocupar militarmente ambas ciudades, ultimátum acatado. En 1918, tropas de Estados Unidos, pretextando apoyar a las autoridades panameñas locales para mantener el orden y proteger a norteamericanos residentes, ocuparon las provincias de Veragua, durante una semana, y de Chiriquí, durante dos años. En 1921, Estados Unidos amenazó al Gobierno de Panamá con otra intervención militar si no aceptaba el Fallo White, que ponía fin a la Guerra de Coto con una decisión favorable a Costa Rica en un litigio fronterizo entre ambos países centroamericanos. En 1925, esta vez por solicitud del presidente panameño Rodolfo Chiari, soldados estadounidenses participaron de la represión de protestas populares contra el aumento del alquiler de las viviendas.

Las apetencias expansionistas de Estados Unidos también llegaron a República Dominicana, donde, en 1905, el Gobierno conservador apeló al apoyo del presidente Roosevelt para afrontar la amenaza de varios países europeos de intervenir militarmente el país caribeño si este no cancelaba sus deudas con ellos. Roosevelt aprovechó la oportunidad para enviar marines y firmar un tratado (Convención de 1907) por el cual autorizaba la presencia de controles aduaneros norteamericanos para recaudar impuestos hasta cubrir el monto de la deuda dominicana con la compañía estadounidense Santo Domingo Improvement. Esa apropiación se extendió hasta 1941. No obstante, hubo algunos intentos de dejarla sin efecto. El Gobierno de Juan Isidro Jiménez (1914-1916) expresó su disconformidad. Empero, su ministro de Guerra y Marina, Desiderio Arias, se sublevó en abril de 1916 y abrió el camino a la invasión norteamericana (mayo) y a la caída de Jiménez (julio), reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal, quien, sin embargo, no pudo consolidarse; finalmente, el presidente Wilson dispuso, el 29 de noviembre, que el país estaba ocupado, sometido al ejercicio de la ley militar de los marines y sujeto al gobernador militar norteamericano, el capitán H. S. Knapp. Una de sus primeras medidas de gobierno fue la disolución de la Marina de Guerra y la Guardia Republicana, y su reemplazo por la Guardia Nacional, fuerza de represión entrenada conforme el patrón de los infantes de marina estadounidenses. De allí surgiría el futuro dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1938 y 1942-1952). La resistencia de los gavilleros
–guerrilleros campesinos– fue derrotada recién en 1922.

Dominicana pasó por un breve ciclo de bonanza económica –conocido como “Danza de los Millones”– generado por el aumento de la demanda de azúcar de caña, tabaco, café y cacao, cuyos precios en el mercado internacional se incrementaron también. Cuando estos tuvieron una estrepitosa caída, se desató una fuerte crisis, que se sumó a las campañas internacionales en contra de la presencia militar norteamericana y a la elección, en Estados Unidos, del presidente Warren Harding (1921-1923), partidario de ponerle fin a esta. En esa coyuntura se llegó al acuerdo Peynado-Hughes, el cual estipuló la instalación de un gobierno provisional elegido por los principales dirigentes políticos dominicanos y el arzobispo de Santo Domingo, encargado de realizar elecciones para designar al nuevo gobierno. Pero la recuperación de la independencia estuvo fuertemente limitada, pues el acuerdo concedió legalidad a actos de gobierno del gobernador militar que implicaban derechos a favor de terceros, reconoció como válidas las emisiones de bonos de empréstitos contratados por el Gobierno de ocupación y las tarifas aduaneras establecidas en 1919 en favor de casi mil productos estadounidenses. Asimismo, ratificó la vigencia de la Convención de 1907, con lo cual los norteamericanos continuaron controlando las aduanas dominicanas y ejerciendo el derecho de autorizar o no eventuales endeudamientos públicos del país. Juan Bautista Vicini Burgos asumió como presidente provisional en octubre de 1922. Las elecciones se realizaron en marzo de 1924 y fue elegido presidente el candidato del Partido Nacional, Horacio Vásquez. En agosto del mismo año concluyó la evacuación del ejército norteamericano, tras ocho años de ocupación. Los controles aduaneros, no obstante, siguieron vigentes hasta 1941.

Estados Unidos intervino también en Haití, en este caso en 1915, con el pretexto de controlar un ciclo de inestabilidad política que se había iniciado en 1911, con la caída del presidente Antoine Simon. No era la primera vez que Haití era invadido por fuerzas militares extranjeras (lo había sido en 1869, por fuerzas francesas; 1871, españolas y 1877, británicas), pero esta vez la coyuntura era más grave. Estados Unidos tenía fuertes inversiones en el país caribeño (cerca de 15 millones de dólares), concentradas en la industria azucarera, los transportes y las actividades portuarias. Asimismo, controlaban el 50% del Banco Nacional de Haití, cuyo vicepresidente era Roger Farharm, funcionario del The National City Bank of New York y vicepresidente de la Railroad de Haití. El conflicto se inició cuando el banco norteamericano demandó al Gobierno haitiano el pago de la deuda. Los gobiernos de Joseph Davilmar Théodore y Jean Vilbrun Guillaume Sam (sucedidos entre noviembre de 1914 y julio de 1915) fueron demasiado débiles como para hacer frente al coloso imperialista. El 17 de diciembre de 1914, coronando una campaña impulsada por Farharm, los marines desembarcaron en Port-au-Prince y se apoderaron de medio millón de dólares depositados en el Banco Nacional de Haití. El dinero fue enviado a Nueva York en el mismo crucero que llevó a los infantes. A la obvia protesta del Gobierno de Haití, el secretario de Estado norteamericano, William Jennings Bryan, respondió con el viejo y recurrente argumento de la protección de los intereses norteamericanos amenazados. Inmediatamente (abril de 1915), comenzó una guerra civil, que fue utilizada por los marines como pretexto para desembarcar nuevamente en Haití el 28 de julio de 1915, donde permanecieron hasta 1934. La dirigencia política haitiana abdicó ante el almirante Capperton, comandante de las fuerzas de ocupación y, por la Convención de 1915, se acordó pasar las aduanas del país al control norteamericano. El general Philippe Sudré Dartiguenave se hizo cargo de la presidencia en agosto de 1915 y ejerció el cargo hasta mayo de 1922. Bajo su Gobierno, se promulgó una nueva Constitución, inspirada y corredactada por el subsecretario de Marina estadounidense, Franklin D. Roosevelt. La cláusula constitucional que Haití había fijado desde hacía un siglo prohibiendo a los blancos acceder a la propiedad de la tierra fue abolida. Así, se inició un proceso de apropiación que hizo de los campesinos las principales víctimas. Este proceso estuvo acompañado de una escalada de violencia por parte de las tropas ocupantes, que tomaban como pretexto la represión a la resistencia de las guerrillas de los “Cacos”, activa entre 1915 y su derrota en 1919. El resultado más evidente fue el éxodo masivo de campesinos (a Cuba y a la República Dominicana). En 1922, Dartiguenave fue desplazado y en su lugar asumió Louis Borno. El cambio obedecía a la negativa del primero a firmar un pago de deuda al National City Bank of New York. Borno, en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, había firmado, en representación del Gobierno haitiano, la humillante Convención de 1915. Más dócil, permaneció en la presidencia hasta 1930.

También en Nicaragua, Estados Unidos cumplió el papel de “garante”. Nicaragua había sido considerado durante largo tiempo un espacio estratégico para el país del Norte, por la tan recurrente cuestión del canal interoceánico (desde los tiempos de William Walker). Inicialmente, se había proyectado un canal que debía aprovechar el cauce del río San Juan y los lagos de Nicaragua (o Cocibolca) y Managua, unidos, a su vez, por el río Tipitapa. La opción era menos costosa y técnicamente menos compleja que la de Panamá y por ello más atractiva. El Senado norteamericano se inclinó a favor de ella en 1901, pero enseguida el curso de los acontecimientos apuntó a Panamá. Las intenciones de disminuir la dependencia de Estados Unidos que mostró el presidente militar José Santos Zelaya (un liberal que había llegado al Gobierno en 1893 y desarrollado una modernización autoritaria) encendieron el conflicto. Zelaya canceló concesiones a compañías norteamericanas e intentó interesar a Gran Bretaña, Alemania e incluso Japón en proyectos de cooperación, entre ellos el central de la construcción del canal. Frente a estos hechos, Estados Unidos financió e instigó un complot conservador que terminó con la dictadura de Zelaya en 1909. En 1912, una revuelta antinorteamericana, encabezada por el profesor nacionalista Benjamín Zeledón, fue pretexto para un nuevo desembarco de tropas de Estados Unidos. Otra vez, las fuerzas militares estadounidenses se presentaron como garantes del Gobierno conservador que favorecía sus intereses vinculados a la UFCo en el país (los cuales habían encendido los sentimientos nacionalistas expresados en la revuelta). Las fuerzas norteamericanas (1.700 efectivos) bombardearon las posiciones del rebelde y los 300 hombres de Zeledón fueron capturados. “Algunos de ellos fueron degollados y los demás, fusilados” (Cockcroft, 2001: 248). Los infantes de marina permanecieron en el país hasta agosto de 1925.

En el transcurso de la ocupación, bajo la presidencia de Adolfo Díaz (1911-1917), se firmó el Tratado Bryan-Chamorro (en 1914, con vigencia desde 1916), cuyo artículo primero establecía que Nicaragua cede “a perpetuidad, libres de impuestos y otra carga pública los derechos exclusivos de propiedad, necesarios y convenientes para la construcción, operación y mantenimiento de un canal interoceánico por la vía del río San Juan y el lago de Nicaragua, o por cualquier otra ruta del territorio nicaragüense”. También cedía el control de las aduanas, del Banco Nacional y de los ferrocarriles, más la cesión por 99 años de las islas del Maíz y el derecho a instalar una base naval en el golfo de Fonseca. Todo por tres millones de dólares. Con razón, el presidente Taft había podido afirmar en 1912:

No está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro de hecho, como, en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente (itálicas nuestras).

Cuando, bajo la segunda presidencia de Adolfo Díaz (1926-1929), los liberales se rebelaron contra los conservadores y sus protectores bajo la dirección de Augusto César Sandino, hubo una nueva intervención. En esta ocasión, las tropas –16 barcos, más de 5.000 hombres– bombardearon pueblos y ciudades procurando la derrota de Sandino. Después de haber logrado una tregua, alentada por la diplomacia norteamericana, entre las fuerzas liberales y conservadoras, se realizaron elecciones en 1928, de las cuales salió triunfante el general liberal José María Moncada (1929-1933). Desconociendo las negociaciones, Sandino acusó a Moncada de traidor y continuó la lucha. Su lucha, nacionalista y antiimperialista, y muy popular en toda Centroamérica, logró el retiro de las tropas extranjeras el 1º de enero de 1933. Pero, en 1926, se había creado la Guardia Nacional, herencia que dejaron los marines antes de retirarse del territorio nicaragüense, al frente de la cual quedó el general Anastasio Somoza García. En 1934, Somoza engañó a Sandino y a sus lugartenientes, a los cuales hizo asesinar.

Por último, cabe mencionar el intervencionismo militar de Estados Unidos en México. En 1906, poco menos de 300 voluntarios armados, al frente de los cuales estaban guardias de Arizona, ocuparon Cananea, en el norteño estado de Sonora, para reprimir a obreros mexicanos de una empresa cuprífera estadounidense que declararon una huelga por salarios más altos y trato igualitario para los trabajadores nacionales, discriminados respecto de los norteamericanos. Como resultado de la intervención, murieron un centenar de obreros y hubo un buen número de heridos. En 1911, ya iniciada la Revolución, el presidente Taft dispuso desplazar 20 mil soldados a la frontera con México y ocho buques de guerra frente a las costas de California. A diferencia de la intervención anterior, que tuvo un componente claramente clasista, en esta oportunidad se apeló al ya acostumbrado argumento de “proteger a ciudadanos norteamericanos”, aunque la amenaza no se concretó. En abril de 1914, bajo la presidencia del general Victoriano Huerta, la detención de algunos soldados estadounidenses en Tampico generó nuevas tensiones. El presidente de Estados Unidos, Wilson, ordenó bombardear Veracruz. Estos hechos ocultaban el objetivo último de la invasión del territorio mexicano: aislar al presidente Victoriano Huerta, que se había inclinado hacia los intereses petroleros británicos. El Gobierno de Wilson luego reconoció como presidente de México a Venustiano Carranza y autorizó el ingreso de tropas mexicanas para hacer frente a las fuerzas de Villa, quien en represalia penetró en territorio de Estados Unidos. Los soldados norteamericanos intentaron, sin éxito, acabar con Villa y su ejército, y se retiraron a fines de 1916.

En 1923, bajo la presidencia del general Álvaro Obregón, culminaron las negociaciones que sellaron el Tratado de Bucareli (así llamado por el nombre de la calle de la capital mexicana donde se reunieron los negociadores), mediante el cual: 1) Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si no eran mayores que 1.755 hectáreas. 2) Si rebasaban esa extensión, el pago sería de inmediato y al contado. 3) Se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868; las reclamaciones originadas por la Revolución se resolverían aparte. 4) Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los norteamericanos que habían adquiridos sus concesiones antes de 1917, lo que les permitiría seguir explotando libremente el hidrocarburo. Los términos de este tratado habían sido objeto de conflicto entre el Gobierno de Obregón y el de Estados Unidos (que lo desconocía en tanto no lo firmase). El Gobierno norteamericano pretendía la derogación de algunos artículos de la Constitución de 1917, en particular del 27, que establecía que era dominio de la Nación mexicana las tierras, las aguas y los recursos naturales de su territorio. Para Obregón, el reconocimiento de su vecino era clave para desactivar eventuales conflictos armados con él y para desalentar a los opositores internos partidarios de apelar, justamente, a la intervención estadounidense. De hecho, inmediatamente después de firmado el tratado, en 1924, Obregón debió enfrentar una revuelta y Estados Unidos le proveyó de material bélico, y envió un crucero en su apoyo (y para la protección del puerto petrolero de Tampico).

Cockcroft (2001: 128) señala que, entre 1919 y 1941, los militares de su país prepararon un extenso Plan Especial Verde secreto para invadir México “y sustituir a la policía mexicana por soldados estadounidenses” en la eventualidad de problemas en los campos de petróleo o en la frontera.

Guatemala soportó, como ya se ha dicho, la intimidación militar norteamericana en 1885 y en 1906. Costa Rica estuvo exenta de agresiones militares por parte de la potencia del Norte, pero no de sus presiones diplomáticas y políticas, y firmó, como se ha dicho ya, el Tratado Hay-Calvo, en 1900. Junto a Honduras, como veremos en el tomo II, estos países fueron objeto de una particular forma de expresión del imperialismo norteamericano, que combinó la acción de las empresas imperialistas fruteras con la intervención militar. Sin duda, dos de las mayores intervenciones políticas se dieron en Honduras, en 1911, y en Guatemala, en 1954. Las motivaciones fueron distintas, pero en ambos casos la insolente injerencia en su política interna fue paradigmática.

Una excelente síntesis de la política imperialista de Estados Unidos en su “patio trasero” durante las tres primeras décadas del siglo XX fue formulada en 1931 por el general Smedley Butlers, de la infantería de marina, en su autobiografía:

Aseguré México para los intereses petroleros norteamericanos en 1914. Ayudé a convertir a Haití y a Cuba en lugares decentes para los muchachos del National City Bank, para que pudieran cobrar sus impuestos tranquilamente. Ayudé a limpiar a Nicaragua para los hermanos banqueros Brown entre 1909 y 1912. Dejé a la República Dominicana madura para recibir los intereses azucareros norteamericanos en 1916. Ayudé a ablandar a Honduras para las compañías fruteras norteamericanas en 1903. Echando una mirada retrospectiva sobre mi carrera, presiento que podría darle a Al Capone algunas pequeñas sugerencias, porque el ejercicio de su poder no llegó más allá de tres barrios. Nosotros, los marines, operábamos en tres continentes (apud Schori, 1982: 44).

El imperialismo –sobre todo el británico y el norteamericano, que fueron los más decisivos en la región– se desplegó en América Latina por la acción convergente de la lógica expansiva del capitalismo y de las burguesías de los países centrales, y la conveniencia de las clases propietarias y dominantes locales (no siempre burguesas, en el sentido estricto del concepto). Se trató de una asociación asimétrica que benefició mucho más al capital extranjero que al nacional, si bien la dependencia de las economías latinoamericanas no dejó de favorecer, al menos en el mediano plazo, a las burguesías de la región. Esa asociación, tal como se articuló, ocluyó la posibilidad de desarrollo de un capitalismo autónomo, incluso en aquellos casos en los cuales el capital nacional y/o el Estado fueron promotores iniciales de, por ejemplo, el tendido de líneas férreas (Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Paraguay), o bien controlaron el proceso productivo de recursos primarios, como en la minería del nitrato y del cobre (Chile), la agricultura y la ganadería vacuna y ovina –es decir, granos, cereales, carme, cuero y lana– (Argentina y Uruguay), el cultivo del café (Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador), o hasta la temprana industrialización sustitutiva de importaciones (como en algunas ciudades –más que países–, de las que buenos ejemplos fueron Buenos Aires, São Paulo, Medellín, Monterrey, Concepción).

Un caso típico de la acción imperialista norteamericana: las “repúblicas bananeras”

En la literatura sobre la acción del imperialismo norteamericano en América Latina, en particular la subregión Central, es clásica la referencia a las llamadas “repúblicas bananeras” (270). Estas, a su vez, están ligadas, particularmente, a la empresa UFCo, ya citada, a la que en Centroamérica y el Caribe supo conocerse como “Mamita Yunai”, siendo “Yunai” una deformación de la palabra “United”.

Hacia el novecientos, el café era, como escribe Mario Posas (1993: 111), “el principio ordenador de la acumulación capitalista, de la formación de clases y de la consolidación del Estado-nación” en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y, en menor medida, Nicaragua, aunque el banano ocupará prontamente posiciones fundamentales en los dos primeros países. En Honduras, en cambio, el banano fue el principio ordenador desde el comienzo de la dependencia del imperialismo.

Si bien las exportaciones de bananas hacia Estados Unidos estaban ya establecidas en 1870 mediante embarques que iban desde Jamaica hasta Nueva Orleans, a través de la New Olreans Co. Bay Island Fruit, el escenario principal de lo que llegó a ser el “imperio del banano” estuvo en América Central. Allí, el cultivo comercial de esta fruta se inició –en las calurosas tierras bajas, fértiles y lluviosas del litoral atlántico costarricense, hondureño y guatemalteco– a mediados del siglo XIX, desplazando su antiguo carácter ornamental de jardines. Lo realizaban, mediante un proceso simple y barato: pequeños y medianos agricultores independientes nacionales que vendían los racimos a comerciantes extranjeros. A modo de ejemplo, en 1884, en la zona atlántica costarricense se contaban 350 fincas bananeras que ocupaban 4.000 hectáreas (esto es, un promedio de 11,5 hectáreas). Su desarrollo como cultivo para la exportación se produjo mediante la inversión de capital imperialista bajo la forma de economía de enclave, constituida entre 1889 y 1917, y consolidada entre este año y 1945. Esa inversión constituyó la base de la continua intervención de Estados Unidos en la política interna de los países centroamericanos.

Prontamente, una empresa, la UFCo, se convirtió en la más poderosa productora y comercializadora de bananos. Se constituyó en marzo de 1899, cuando Minor Cooper Keith (aventurero, empresario bananero y ferroviario en Colombia, Costa Rica y Panamá, países en los cuales operaba mediante las compañías Tropical Trading and Transport, Snyder Banana y Colombian Land) y los dueños de la Boston Fruit Company, Lorenzo D. Baker (capitán de una goleta mercante que desde 1870 comerciaba bananos entre Jamaica y Boston) y Andrew Preston (importador bananero bostoniano) fusionaron sus empresas para dar paso a la nueva corporación, inscripta en el estado de Nueva Jersey (a cuyas leyes quedaba sujeta), con un capital de 20 millones de dólares. Fue el primer enclave bananero en América Central.

Pero la empresa tiene su “prehistoria”, que se remonta a 1871, cuando Henry Meiggs convino con el Gobierno de Tomás Guardia Gutiérrez de Costa Rica la construcción de un ferrocarril desde San José, la capital del país, hasta el puerto caribeño de Limón, con el objetivo de reemplazar el transporte del café por carretas que llegaban hasta otro puerto, el de Puntarenas, sobre el Pacífico. Meiggs falleció en 1877, siendo reemplazado por su sobrino, precisamente Minor Keith, cuyo casamiento con la costarricense Cristina Castro Fernández, hija del ex presidente José María Castro, le abrió las puertas a los grupos del poder local. La topografía tica, la selva, las lluvias, las enfermedades tropicales, la necesidad de importar fuerza de trabajo (de Jamaica y China) y las dificultades financieras dificultaron el tendido de las vías férreas.

En 1882, el Gobierno no pudo afrontar los pagos a sus acreedores prestamistas –Keith y los bancos británicos–, razón por la cual Keith apeló a capital propio y de otros inversores, y a una redefinición de las tasas de interés a abonar por los préstamos. No fue ni siquiera una operación de riesgo típicamente capitalista: a cambio de esas acreencias, el empresario norteamericano firmó, en abril de 1884, un ventajosísimo acuerdo con el Gobierno liberal de Próspero Fernández Oreamuno, representado por su súper ministro Bernardo Soto Alfaro (quien en 1895 se casó con la hija del presidente y, por muerte de este, se convirtió en su sucesor interino entre 1885 y 1886 y en propiedad en los cuatro años siguientes). Por el contrato Soto-Keith, el Gobierno costarricense entregó al norteamericano, libre de cargas impositivas y por un lapso de 99 años, la concesión para operar el ferrocarril (98 millas ya construidas más otras 52 a construir) y, por 20 años, una superficie de 3.200 km2 de tierras ubicadas a lo largo de las vías férreas (una práctica habitual que, con variantes, se reiteró en otros países de América Latina). Este contrato entreguista no solo fue el origen del formidable poder alcanzado por Minor Keith en América Central, sino que devino también prototipo de las concesiones a empresas representativas del imperialismo por parte de gobiernos latinoamericanos.

Keith consolidó la deuda externa de Costa Rica y en 1886, con autorización gubernamental, organizó en Londres la Costa Rica Railway Company, cuyo capital era de 1.800.000 libras esterlinas. Después de sucesivas prórrogas para la finalización de las obras del tramo restante, el ferrocarril entró en servicio en diciembre de 1890. Como las vías no llegaban hasta otras tierras muy aptas para el cultivo del banano, el gobierno autorizó la construcción de nuevas líneas en 1892 y 1894. Obviamente, Keith fue uno de los beneficiarios, al igual que la Tropical Traiding and Transport Company. Poco después, la UFCo pasó a controlar todas las empresas ferroviarias, amén de los muelles y los barcos bananeros. El puerto de Limón, propiedad estatal, tenía dos muelles, los cuales fueron conseguidos en arriendo por la UFCo. Así, esta empresa se hizo del control portuario e impidió el acceso de barcos de otras compañías mediante un procedimiento tan sencillo como eficaz: cuando los dueños de algunos navíos decidían llegar hasta este puerto, la compañía norteamericana ocupaba los muelles indefinidamente con sus barcos y obligaba a los otros a cambiar de destino, al no poder permanecer demasiado tiempo anclados.

En poco tiempo, Keith se convirtió en propietario de la décima parte del territorio costarricense y la UFCo llegó a controlar servicios fundamentales como electricidad, agua, tranvías, ferrocarriles, telégrafos, puertos, además de los mercados locales. Keith fue conocido como “el rey sin corona de Centroamérica”.

Desde el comienzo, la UFCo comenzó una política hostil contra sus competidoras y así desplazó rápidamente a las más pequeñas. Los procedimientos empleados fueron variados, entre los que se destacan la compra de empresas rivales y la apelación a métodos ilegales o coercitivos para desplazar a pequeños y medianos productores. Entre 1899 y 1929, la UFCo absorbió 22 empresas, entre ellas la más importante de todas, la Cuyamel Fruit Co., de Samuel Zemurray, que operaba en Nicaragua y Honduras. La UFCo y la Cuyamel –fuertemente enfrentadas entre sí hasta 1929– se valieron también de la estrecha y sólida alianza con los políticos centroamericanos, a menudo mediante prácticas de corrupción, sintetizadas en la conocida expresión de Zemurray: “En Honduras, comprar un diputado es más barato que comprar una mula”.

La importancia de la producción y comercialización del banano en la economía de los países centroamericanos es harto evidente. Llegó a ser el 88% promedio del total de las exportaciones de Honduras, país convertido en el primer exportador mundial de bananos desde 1917 hasta los años de la segunda posguerra, cuando Ecuador pasó a detentar tal posición. No casualmente, Honduras fue, en la década de 1920, el principal receptor de las inversiones norteamericanas en América Central. En Costa Rica –el principal exportador centroamericano de bananos hasta 1916 inclusive– esta fruta fue el segundo producto de exportación, solo superado por el café –si bien en 1915 y 1918 llegó a ocupar el 53% y el 72% de las exportaciones, respectivamente. También en Guatemala y en Nicaragua el café y el banano, en ese orden, fueron los principales productos de exportación. En Guatemala, en la década de 1930, el banano llegó a representar el 27% del valor total exportado, mientras que en Nicaragua el banano –en tiempos de predominio de la Standard Fruit Company– trepó al 49% en 1932.

En Honduras, los primeros concesionarios y productores extranjeros fueron, en 1899, los hermanos Félix, Giuseppe y Luca Vaccaro, y sus sobrinos D’Antoni –unos y otros emigrados italianos a Estados Unidos, donde acumularon capital mediante la comercialización de bananas–; y, en 1902, William Streich, un capitalista estadounidense. La responsabilidad política fue del autoritario Gobierno del general Terencio Sierra. En 1905, Streich –quien constituyó la Cuyamel Fruit Co., empresa inscripta en el estado de Maine, a cuyas leyes quedaba sujeta– vendió su concesión y sus propiedades a la Hubbard-Zemurray Co., en la cual la UFCo tenía el 60% de las acciones. La firma siguió operando como Cuyamel Fruit. Co. En la compradora, Ashbel Hubbard fue menos importante que Samuel Zemurray, un ruso de origen campesino que llegó, adolescente, a Estados Unidos en 1892, y en poco tiempo se convirtió en un millonario a quien se le llamaba “El Señor Banana”. Los Vaccaro, a su vez, formaron la Vaccaro Brothers and Co., más tarde llamada Standard Fruit Co.

En Guatemala –my banana republic, para Keith–, la UFCo comenzó a operar en 1901, cuando el dictador Manuel Estrada Cabrera –personaje central de la célebre novela de Miguel Ángel Asturias, El señor Presidente (1946)– le otorgó la concesión en exclusividad para transportar correo entre el país y Estados Unidos, y el privilegio de compra de la producción bananera del país. En 1904, Minor Keith y William van Horne acordaron con el dictador asumir la responsabilidad de construir el último tercio del ferrocarril de Ciudad Guatemala a Puerto Barrios y construir una línea telegráfica entre las dos ciudades. A cambio, el Gobierno cedió a la corporación, sin cargo alguno, los dos tercios ya construidos de esa vía férrea, todo el material rodante, los depósitos y las bodegas ferroviarias, más una franja de tierra de una milla por 500 yardas adyacentes a los muelles municipales del puerto. Keith debía construir también una línea telegráfica entre las dos ciudades citadas. Asimismo, el contrato estableció la cesión a la corporación de 1.500 caballerías (unas 67.500 hectáreas) en el valle del Motagua (271). Como ella ya tenía, en el mismo valle, una superficie similar –que le había sido transferida por los concesionarios originarios de la construcción del primer tramo ferroviario, William Nanne y Louis Schlessinger–, se convirtió en una muy grande propietaria. Y, por si fuera poco, Estrada Cabrera benefició a Keith y su empresa con la exención del pago de impuestos (municipales, nacionales, aduaneros, creados y por crearse) por 99 años, el tiempo de duración de la concesión ferroviaria. Al vencer esta, la UFCo estaba obligada a vender al Estado lo que el dictador le había regalado, más el tercio de línea construido por la UFCo, a un precio que sería fijado por árbitros.

A fin de efectivizar el tendido de la línea férrea, la UFCo fundó, el mismo 1904, la Guatemala Railways of Central America, con sede en Nueva Jersey. Posteriormente, la empresa pasó a denominarse International Railways of Central America (IRCA) y a detentar la propiedad de la mayoría de los ferrocarriles centroamericanos. Adicionalmente, la UFCo monopolizó las frecuencias de radio y los servicios radiotelefónicos guatemlatecos, y era propietaria de Tropical Radio y de Telegraph Company, cuyos servicios cesaban diariamente –incluso para el Gobierno– a las 20 horas.

En toda economía agroexportadora, el transporte es un componente clave: es este el que permite el acceso al producto y al mercado, además de controlar la oferta. En el caso del banano, el tiempo era otro factor importante, pues había que emplear el menor posible para llevar los racimos en buen estado hasta los buques refrigerados. En efecto, el límite temporal máximo entre el momento de corte del fruto y el consumo era de tres a cuatro semanas. Esta es una razón fundamental para entender por qué la instalación de las compañías norteamericanas estaba ligada a la demanda de concesiones gubernamentales para el tendido de líneas férreas o, como en el caso de Vaccaro, en Honduras, de canalización fluvial.

La posesión de los ferrocarriles y el control de los puertos y el comercio desempeñaron un papel fundamental en la consolidación del poder de las fruteras. Les sirvió para incrementar sus latifundios, controlar el comercio interior –particularmente, pero no solo, en el área del enclave–, desplazar a los productores nacionales… Las corporaciones norteamericanas construyeron ferrocarriles mediante concesiones gubernamentales, tendidos ilegales o clandestinos (es decir, sin autorización de los gobiernos) y/o se apropiaron de los estatales. Así, ferrocarril y banano constituyeron la que Vilma Lainez y Víctor Meza (1990: 483) llamaron “terrible pareja que no habría de separarse jamás”.

El ferrocarril también permitió a las empresas apropiarse de mayor cantidad de tierras, lo que incrementó su carácter latifundista. Un ejemplo bien ilustrativo lo constituye Honduras. Allí, la Ley de Agricultura, promulgada en agosto de 1895, estableció los llamados “lotes alternados”, un procedimiento teóricamente tendiente a evitar la concentración de la propiedad de la tierra por parte de las compañías extranjeras. Según la ley, el Estado se reservaba un lote ubicado entre dos otorgados a las fruteras, el cual debía ser entregado en arriendo a productores nacionales, a modo de “pequeñas avanzadas hondureñas” o cuñas entre las corporaciones norteamericanas. No obstante, los resultados fueron bien distintos, pues estas arbitraron los medios para comprar a los hondureños los derechos de arriendo de esos lotes alternos, o bien utilizaron intermediarios o testaferros que obtenían tales derechos y luego los transferían a las bananeras.

La UFCo, la Cuyamel, la Vaccaro Bros. y sus subsidiarias también utilizaron en su beneficio los barcos con los cuales transportaban la fruta a Estados Unidos. Al regresar a Centroamérica, cargaban las bodegas con variadas mercancías, que vendían en los comisariatos –equivalentes a las tiendas de raya–, es decir, proveedurías que eran propiedad de las fruteras, situadas en los “pueblos de las compañías”, donde vivían –aunque en espacios diferenciados– los funcionarios y los trabajadores de las plantaciones. Era el único lugar en el cual los obreros podían comprar. Las mercancías eran adquiridas en Estados Unidos a bajos costos, transportadas sin cargo en los buques propios y vendidas a precios arbitrarios a los trabajadores y empleados. De este modo, el comercio minorista nacional y, más seriamente aun, la formación de un mercado interno se vieron fuertemente afectados, al igual que la circulación monetaria, que quedaba restringida al ámbito del enclave. Mediante este ardid, las fruteras recuperaban la mayor parte del dinero pagado en concepto de salarios.

Las empresas imperialistas radicadas en América Central diversificaron notablemente sus inversiones en los países del área. Además de las ya señaladas en diversos servicios, lo hicieron en el ámbito de la producción –ganadería y caña de azúcar–; la mayor diversificación corresponde a Vaccaro/Standard Fruit, que en Honduras montó: una fábrica de cerveza, bebidas gaseosas y hielo; una de jabones, manteca y aceites vegetales, y una de zapatos y otros productos de cuero, sin olvidar el establecimiento ganadero productor de carnes y lácteos para su venta en los comisariatos. Finalmente, en 1913, creó, en La Ceiba, el Banco Atlántida.

Va de suyo que las condiciones de trabajo eran de sobreexplotación y físicamente peligrosas, en particular por el uso de agroquímicos tóxicos y por la exposición a enfermedades como la fiebre del dengue y la malaria. Por añadidura, las fruteras violaban la ley y pagaban los salarios no en moneda sino mediante fichas, vales o cupones de distinto valor numérico, los cuales debían ser cambiados en los comisariatos. El trabajador que quería cambiar fichas por efectivo debía pagar una comisión del 50%, esto es, perdía la mitad del valor nominal y, en ocasiones, incluso el empleo. En Costa Rica, cuando se podían vender los cupones o cambiarlos por mercaderías en negocios de terceros, los comerciantes los recibían a 70-75% del valor nominal. Aun así, según documentación de los Archivos Nacionales del país, no eran pocos los peones que preferían esta exacción antes que comprar en los comisariatos, donde los precios eran aún más altos (apud Acuña Ortega, 1984: 18). Por otra parte, como la UFCo pagaba a sus obreros cada 45 o 50 días, favorecía el uso de los cupones, en desmedro del poder adquisitivo de los trabajadores.

La oposición empresaria a la formación de sindicatos fue dura y tenaz, aunque no pudieron impedirla por completo y debieron soportar huelgas reivindicativas (aumento de salarios, reducción de la jornada de trabajo, entre otras), como las de 1916, 1920, 1925 y 1930, en Honduras; la de 1924 (iniciada por los muelleros y extendida a las plantaciones) en Guatemala, y la grande de 1934 en Costa Rica. Fueron todas huelgas reivindicativas, sin demandas políticas o de transformación de la sociedad, fuertemente reprimidas por las autoridades locales. Como resultado de la huelga de 1930 –que el Gobierno calificó de “inspiración comunista”–, los trabajadores de las plantaciones hondureñas pudieron disponer libremente de su salario al autorizarse el cambio de los cupones empresarios (falsa moneda) por moneda nacional de curso legal. Es destacable el contenido de la huelga guatemalteca de 1924: sumó la demanda de no discriminación racial de los trabajadores afroamericanos. Después de 27 días, la protesta fue derrotada mediante la represión, el encarcelamiento y la expulsión de los dirigentes.

La respuesta patronal-estatal en contra de los trabajadores de las plantaciones alcanzó su mayor nivel de brutalidad en Ciénaga, departamento de Magdalena, Colombia. El 6 de diciembre de 1928, tropas del Ejército ametrallaron a obreros huelguistas de la UFCo que desde un mes atrás reclamaban mejoras en las condiciones de trabajo. El número de obreros muertos superó el millar, según fuentes diplomáticas norteamericanas (contra un solo soldado). Este hecho dramático es conocido como “La masacre de las bananeras”, y a ella nos referiremos en el capítulo 5 del tomo II.

Pese a su importancia, no nos interesa aquí detenernos en la historia económica de los enclaves bananeros centroamericanos, sino en la cuestión de la intervención política de la UFCo y la Cuyamel en los países en los cuales operaba, es decir, en tanto constructoras y defensoras de un orden favorable a sus intereses. Señalamos solo que la masiva inversión de capitales norteamericanos en Centroamérica se produjo en muy poco tiempo: en menos de veinte años, entre 1897 y 1914, pasó de 11.500.000 a 76.900.000 de dólares.

El orden político impuesto por las fruteras se caracterizó por la erosión de la soberanía nacional, corrupción, violencia, preferencia por la dictadura, destrucción de los productores nacionales, extrema situación de dependencia, no solo económica sino también política, de la cual ejemplo revelador fue la presión del Gobierno norteamericano sobre el hondureño para declarar la guerra a Alemania a fines de la Primera Guerra Mundial, en 1918. La medida –resistida por el presidente Francisco Bertrand, quien renunció a su cargo– implicó la confiscación de los bienes y propiedades de los alemanes residentes en Honduras, afectando particularmente a los comerciantes de ese origen, que “eran el sector más dinámico de la economía de Amapala y los principales intermediarios del comercio hondureño con Europa”. Así, el control norteamericano sobre la economía del país fue total, además de, por extensión, desplazar, en el plano interno, el centro de la economía del sur y centro a la Costa Norte (Barahona, 2005: 58).

El control del poder político local por las fruteras alcanzó su punto más elevado en Honduras, pero también fue significativo en Costa Rica y Guatemala. Entre los procedimientos usuales se encontraban el pago de sobresueldos a los funcionarios públicos locales o regionales; la promoción de la carrera política de dirigentes afines y/o confiables a los intereses de las compañías; el financiamiento de los partidos, en particular en ocasión de las campañas presidenciales; el envío de barcos de guerra, en ocasiones (como en Honduras en 1924, caso que referenciamos infra) acompañado del posterior desembarco de marines. “El envío de buques de guerra a los principales puertos de los países bananeros centroamericanos debe ser visto como uno de los mecanismos adicionales que contribuyeron a potenciar el poder político de las compañías bananeras estadounidenses en la región. En el caso de Honduras […] los infantes de marina bajaron varias veces en el litoral norte para proteger la vida y las propiedades de las compañías bananeras y sus principales funcionarios” (Posas, 1993: 159).

Posas (1993: 155-156) señala un hecho frecuente en las prácticas de las bananeras: varios de los dirigentes políticos promovidos eran o habían sido abogados de ellas. No se trataba de llevarlos a cargos importantes pero menores, sino que siempre apuntaron alto. Así, por ejemplo, los hondureños Juan Manuel Gálvez y Presentación Quezada fueron abogados de la UFCo. Gálvez fue ministro de Guerra, Marina y Aviación del dictador Tiburcio Carías Andino (1933-1949) y presidente de la República (1949-1954). Quezada fue vicepresidente de Miguel Paz Barahona (1925-1929). Otro abogado de la UFCo, Plutarco Muñoz, fue diputado durante muchos años, llegando a presidir el Congreso durante la dictadura de Carías, a cuya reelección –reforma constitucional mediante– contribuyó decididamente. Muñoz fue el autor de una célebre expresión: “La Constitución es pura babosada”. En Costa Rica, Carlos María Jiménez Ortiz, del Partido Republicano, fue candidato (derrotado) a presidente en 1928, mientras Leónidas Pacheco fue embajador en Washington durante el Gobierno dictatorial de Federico Alberto Tinoco Granados (1917-1919), cuyo ascenso a la presidencia fue resultado de un golpe de Estado en el cual la UFCo tuvo un papel decisivo, derivado de su oposición –compartida con los cafetaleros– a dos impuestos –el territorial, uno, sobre la renta, el otro– impulsados por el depuesto presidente Alfredo González Flores. El golpe fue rechazado por el presidente norteamericano Wilson, tanto que, al parecer, quienes se levantaron en armas contra el dictador contaron con apoyo de la Embajada norteamericana en San José. Tras el derrocamiento de Tinoco, el 20 de agosto de 1919, el Departamento de Estado participó activamente en la elección del nuevo presidente de Costa Rica. Tras la huida del dictador a París, se sucedieron en la jefatura del Estado Juan Bautista Quirós Segura (del 20 de agosto al 2 de septiembre de 1919), Francisco Aguilar Barquero (del 2 de septiembre de 1919 al 8 de mayo de 1920) y Julio Acosta García (1920-1924).

Como se ha dicho antes, Honduras fue escenario de una de las mayores intervenciones norteamericanas. En 1910, siendo presidente de Honduras, el licenciado en Jurisprudencia Miguel Dávila debió enfrentar una cuestión delicada, herencia de la gestión presidencial de José María Medina (1875-1876). Este había contraído una deuda externa para construir el ferrocarril interoceánico, deuda que tenía la forma de bonos emitidos en su momento y cuya tenencia compartían bancos ingleses y franceses. Como se encontraba impaga, los acreedores exigieron su cancelación, demanda que llevó al Gobierno de Dávila a gestionar un préstamo en Estados Unidos. El convenio Knox-Paredes estableció que la banca J. P. Morgan prestaría a Honduras diez millones de dólares, para que este cancelase la deuda con los europeos, y se haría cargo de la conclusión del ferrocarril, que sería entregado en concesión a la Rosario Mining Co. En contrapartida, el Estado hondureño garantizaba el pago de la nueva deuda mediante los ingresos aduaneros, cuya percepción sería fiscalizada por Estados Unidos.

El convenio fue rechazado por los Congresos de ambos países, pero también, por distintos motivos, se opusieron a él la Cuyamel, el ex presidente general Manuel Bonilla (derrocado en 1907) y el pueblo hondureño. A la frutera, el convenio la privaba de sus importantes privilegios: si el ferrocarril pasaba a ser administrado por la minera, esta fijaría el precio de los fletes (no necesariamente favorables); si la aduna era controlada por agentes estadounidenses, la compañía no podría obtener beneficios impositivos (exenciones, sobre todo) en su comercio exportador e importador. Zemurray encontró rápidamente una vía salvadora de sus intereses: se alió con el general Bonilla (fundador del Partido Nacional), a quien financió una operación político-militar golpista.

El empresario bananero compró en Estados Unidos un yate y armas –tres cajas de fusiles, 3.000 balas y una ametralladora– y puso a dos mercenarios norteamericanos, al general Lee Christmas y al ex jefe de policía de Nueva Orleans, Guy “Machine Gun” (ametralladora) Malony, a disposición de Bonilla. Los complotados zarparon rumbo a Honduras en diciembre de 1910. El operativo alcanzó su objetivo: el enfrentamiento armado entre las fuerzas leales al Presidente y las golpistas llevó a la intervención de Estados Unidos, que propició negociaciones entre unas y otras –las conferencias de Tacona, por el nombre del crucero norteamericano anclado en Puerto Cortés, es decir, en aguas territoriales hondureñas, a bordo del cual se realizaron–, que fueron supervisadas, en nombre del Departamento de Estado, por Thomas Dawson, cónsul general de Estados Unidos en Puerto Cortés. El resultado fue la renuncia de Dávila a la presidencia, el 28 de marzo de 1911. Francisco Bertrand se hizo cargo, interinamente, del Gobierno y convocó a elecciones, en las cuales se impuso el general Bonilla, quien asumió el 1º de febrero de 1912.

Para Marvin Barahona (2005: 51), el golpe de 1911 inició en Honduras la era de la república bananera. Una vez en el poder, el general Bonilla concedió amplios beneficios –tierras y privilegios fiscales– a capitalistas norteamericanos, en particular a Samuel Zemurray y la UFCo (y sus dos sucursales, la Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company), aunque otros autores prefieren fechar el comienzo en 1899, con la concesión de Sierra a los hermanos Vaccaro.

Rápidamente, en marzo de 1912, un decreto presidencial concedió a Zemurray, en arriendo durante 25 años y condiciones ventajosas, 10.000 hectáreas de tierra. En abril, el Gobierno otorgó a H. W. Robston, vicepresidente de la Cuyamel y hombre de confianza de Zemurray, una concesión para construir un ferrocarril y cultivar bananos en el área del puerto de Tela (departamento de Atlántida). En junio, Robston transfirió los derechos a Zemurray, quien, a su vez, en 1913, los vendió a la Tela Railroad Co., una subsidiaria de la UFCo.

Los beneficios gubernamentales a Zemurray no concluyeron allí. En 1914, ya muerto Bonilla, el nuevo presidente –otra vez, el médico Francisco Bertrand (1913-1915 y 1916-1919)– le concedió exención impositiva para el comercio de importación-exportación a través del puerto de Omoa. En 1918, otro decreto le otorgó la prerrogativa de libre exportación, durante cincuenta años, de, entre otras mercancías, productos naturales y maderas (salvo las de tinte y preciosas), minerales y artículos manufacturados en el país, para cuyo transporte se utilizaría el ferrocarril que Zemurray debía construir hasta Copán. El instrumento legal también le permitía al empresario ruso-norteamericano la libre importación de maquinaria y equipo para eventuales futuras industrias, la utilización de maderas existentes en tierras nacionales y ejidales necesarias para el funcionamiento ferroviario y la apropiación de cales, arena y piedras halladas en esos terrenos. También en 1918, un nuevo decreto le entregó la concesión para construir un muelle y tender un ramal ferroviario entre Puerto Cortés y Mata de Guineo, que explotaría durante 75 años. La administración del muelle era cedida al Estado, el cual abonaría al concesionario el 25% de la recaudación aduanera hasta amortizar el costo de la construcción. En 1919, la Cuyamel obtuvo una nueva exención impositiva, la de derechos de muellaje por la exportación de ganado y otros productos nacionales, tanto naturales como manufacturados (272).

En cierta medida, la UFCo penetró en Honduras de la mano de Zemurray. En 1913, este vendió a aquella, a través de la Tela Railroad, la concesión originalmente otorgada a Robston un año antes. A su vez, casi simultáneamente, el presidente Bonilla concedió a Víctor Camors un conjunto de derechos en el norte del país, que el concesionario transfirió luego a la Trujillo Railroad Co., otra subsidiaria de la UFCo. Los contratos de ambas empresas ferroviarias eran muy similares, aunque diferían en la extensión temporal: el de la Trujillo era de sesenta años; el de la Tela, indefinida. Los términos de las concesiones no son diferentes de los ya señalados en el caso de la Cuyamel: construcción de un muelle y un ferrocarril, con exención impositiva de derechos aduaneros, fiscales y municipales, existentes y por crear, tanto en lo atinente a importación de insumos para las obras portuarias y ferroviarias, como los necesarios para su posterior funcionamiento, etc. La combinación de pródigos privilegios y el poderío de la empresa hicieron que la UFCo ganara rápidamente posiciones en la economía hondureña. En el lapso de diez años (1914-1924), la UFCo experimentó en Honduras un crecimiento muy superior al registrado en otros países. Se entabló, así, una fuerte competencia entre las dos grandes corporaciones, trasladadas del ámbito económico al político, donde, en términos generales, la UFCo financiaba y apoyaba al Partido Nacional –en particular al general Tiburcio Carías Andino– y la Cuyamel al Partido Liberal y en general a cualquier contrincante de Carías Andino. En opinión de Cockcroft (2001: 225-226), ellas gobernaban el país por intermedio de ambos y, con ayuda de los marines, hicieron de Honduras un país ocupado.

Las elecciones presidenciales de 1923 fueron escenario de una de las mayores confrontaciones políticas de ambas corporaciones. Ninguno de los tres candidatos –el general Tiburcio Carías Andino (Nacional) y los ex presidentes Policarpo Bonilla (Liberal Constitucional) y Juan Ángel Arias– obtuvo la mayoría absoluta requerida por la Constitución, de modo que la decisión pasó a ser privativa del Congreso Nacional. Las negociaciones para una salida institucional, en las cuales fue decisiva la participación del ministro norteamericano Franklin Morales, fracasaron y el general Carías, que había obtenido la mayor cantidad de votos, se rebeló y rompió la impasse, generando una guerra civil en marzo y abril de 1924, no impedida por el desembarco de los marines yanquis, que concretaron el operativo alegando “proteger los intereses norteamericanos” y, de hecho, para fortalecer la posición de los nacionales, es decir, de Carías. Finalmente, las facciones en pugna acordaron, en una reunión a bordo del buque de guerra Milwaukee, de la marina norteamericana, nombrar presidente provisional al general de brigada Vicente Tosta Carrasco. Conforme los términos del Tratado de Washington de 1923, el Departamento de Estado no reconocería a ningún gobernante surgido de un golpe o partícipe de una guerra civil, disposición que inhabilitó al general Carías Andino, el hombre de la UFCo. En las elecciones de noviembre, los candidatos del Partido Nacional, el médico Miguel Paz Barahona y el abogado Presentación Quezada fueron elegidos –ante la abstención del Partido Liberal– presidente y vice. Ambos eran incondicionales de Estados Unidos y persiguieron a los opositores. Quezada, como señalamos antes, fue uno de los abogados de la UFCo, de modo que la frutera no perdió posiciones. En cuanto a los marines, su ocupación del país se extendió entre el 28 de febrero de 1924 y 21 de abril de 1925.

En las elecciones de 1928, Carías Andino sí pudo presentarse, pero fue derrotado por el liberal Vicente Mejía Colindres, quien contó con el apoyo financiero y político de la Cuyamel. A esta le interesaba resolver varias cuestiones litigiosas, claves para sus proyectos de expansión en Honduras: la de los ramales ferroviarios clandestinos construidos por la empresa; la de la administración del Ferrocarril Nacional, operado también por ella, y el derecho a uso de agua de los ríos aledaños a sus plantaciones para la irrigación. El contrato que debía resolverlas había sido presentado en el Congreso en 1926, con el apoyo del presidente Paz y de los comerciantes de San Pedro Sula, beneficiados con algunas prácticas de Zemurray (entre ellas la muy importante de abolición de los comisariatos en un radio de 2 km de los centros urbanos). Pero la correlación de fuerzas no permitió darle curso favorable, pues la bancada nacional, a cuyo frente estaba Carías Andino, lo impidió. Igual suerte corrió la presentación realizada en 1927. Posas (1993) entiende que Zemurray leyó estos rechazos como una derrota ante la UFCo en la lucha por el control del mercado bananero hondureño, la cual se sumaba a la sufrida en Costa Rica, donde su rival logró impedirle el acceso a este mercado. El mismo autor colige también que tal situación –en la cual ya no era posible repetir la aventura de 1911– pudo haber inducido a Zemurray a vender la Cuyamel a la UFCo, lo cual ocurrió en noviembre de 1929, un mes después del comienzo de la crisis de Wall Street.

La desaparición de la Cuyamel privó a los liberales de su principal soporte financiero. No obstante, en 1932, cuando su candidato a la presidencia, Ángel Zuñiga Huete, fue derrotado por Carías Andino, se levantaron en armas, bajo la dirección de William Coleman, tratando de impedir la asunción de este. “Machine Gun” Malony y los generales Francisco Martínez Funes y Eduardo Rosales encabezaron el victorioso contraataque nacional, que apeló, por segunda vez en la historia del país, a los bombardeos aéreos. Los vencedores llamaron a la insurrección liberal “La Revuelta de las Traiciones”. Carías Andino contó en la ocasión con el apoyo de la UFCo y del dictador salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez. Para beneplácito de la frutera, el nuevo presidente gobernaría dictatorialmente durante diecisiete años, bajo el muy elocuente lema “encierro, destierro, entierro”. El destino del dictador, para su bien y para su mal, estuvo siempre atado a la UFCo: en 1954, la gran huelga de los trabajadores bananeros terminó con la era inaugurada por Carías en 1933, y desde 1949 fue presidente Juan Manuel Gálvez, lugarteniente del dictador. Según Rouquié (1994: 75), ese año Honduras entró en el siglo XX .

En cuanto a Zemurray, después de la multimillonaria venta de la Cuyamel a su rival, en 1933 fue convocado por el directorio de la UFCo para que la reorganizara, golpeada por la crisis y una mala gestión. “El Señor Banana” tuvo éxito en la tarea. Y llegó a la presidencia de su antigua rival. Se retiró en 1951, ejerciendo su cargo. Pero antes dio autorización para lanzar una feroz campaña contra el presidente de Guatemala Jacobo Arbenz. Este hecho nos conduce a otra de las grandes intervenciones políticas de las fruteras en la política centroamericana.

La UFCo poseía en Guatemala –donde, como se señaló antes, comenzó a operar en 1901– grandes extensiones de tierra no cultivadas, es decir, latifundios improductivos. Al promediar el siglo XX, la empresa era propietaria de una superficie que oscilaba entre 166.500 y 263.000 hectáreas (las fuentes no son coincidentes), de las cuales cultivaba poco más de 20.000. Después de las concesiones iniciales del dictador Manuel Estrada Cabrera, al comenzar el siglo XX, la UFCo acrecentó sus latifundios mediante disposiciones de otros tres presidentes militares: Lázaro Chacón (1926-1930), Jorge Ubico Castañeda (el dictador de 1931 a 1944) y, tras el golpe de Estado que derribó el Gobierno democrático de Jacobo Arbenz, de otro dictador, Carlos Castillo Armas (1954-1957). Para mejor ilustración, dicho en otros términos: el latifundio de la “Mamita Yunai” ocupaba entre 1.665 y 2.630 km2 de los 108.900 km2 de la superficie total de Guatemala. Así, la frutera era el más grande terrateniente del país: poseía más tierra que el 50% de toda la población.

Según el censo agropecuario levantado en 1950, bajo el gobierno de Juan José Arévalo, en el país existían 348.687 fincas, de las cuales 308.073 (88,5%) eran minifundios con menos de 7 hectáreas y ocupaban el 14% de las tierras. En contrapartida, las 516 propiedades con más de 900 hectáreas (latifundios) abarcaban el 41% de la superficie agraria total. A su vez, en el interior de este grupo minoritario, 54 fincas disponían del 19% del total de la superficie agraria. Amén de la alta concentración de la propiedad, el agro guatemalteco mostraba un bajo nivel tecnológico y una elevada ociosidad en el uso de la tierra: las explotaciones con más de 900 hectáreas solo trabajaban el 28% de su extensión; el 61% estaba ocioso y el 11% restante era inutilizable (Guerra-Borges, 1993: 62). En opinión de Thomas y Marjorie Melville (1982: 39)
–dos misioneros católicos norteamericanos que trabajaron diez años en el país–, la estructura de propiedad de la tierra establecida desde 1524, apenas cinco años después de la conquista de Guatemala por los españoles, se mantuvo a lo largo de los siglos siguientes, al menos hasta el momento en que ellos escribieron su libro.

Las dictaduras de Estrada Cabrera y de Ubico contribuyeron fuertemente a reforzar esa estructura arcaica, que beneficiaba a una reducidísima minoría. La última de estas dictaduras –pese a las terribles persecuciones, el encarcelamiento, el exilio y el asesinato de opositores, la disolución de las organizaciones obreras y el acallamiento de la intelectualidad crítica– no pudo evitar que finalmente estallara la protesta. En junio de 1944, esta terminó con la dictadura y en los meses siguientes también con el continuismo del Triunvirato militar que sucedió a Ubico en el Gobierno. En pocos meses, se crearon varios partidos políticos y organizaciones de trabajadores y de campesinos, se frustró el intento norteamericano de consagrar presidente al general Manuel Ydígoras Fuentes –conspicuo oligarca cafetalero y ex ministro y funcionario de la dictadura– y dio comienzo la Revolución de Octubre.

El nuevo presidente, Juan José Arévalo –impulsor de un proyecto de transformación que llamó “política científica y socialismo espiritual”– se propuso privilegiar dos ámbitos en los cuales, a su juicio, se encontraban las claves del atraso del país: la agricultura y la educación popular. Para modificar la situación agraria, apeló a la legitimidad de acción que le daban dos artículos (el 91 y el 92) de la reciente Constitución de 1945, los cuales aseguraban el derecho de propiedad privada pero admitían su limitación y la subordinaba a su función social. Sobre esa base promovió una moderada legislación de reformas de la estructura agraria, destacándose la Ley de Títulos Suplementarios (1945), la Ley Orgánica de Fincas Nacionales y la Ley de Arrendamiento Obligatorio (1949), las tres apuntaban a una segunda fase, la de la reforma agraria. La última obligaba a los terratenientes a arrendar las tierras no cultivadas durante, al menos, un período de dos años. Asimismo, se puso en marcha el proyecto de colonización de Poptún, en el Petén, un área selvática poco integrada con el resto del país, carente de vías de comunicación, cuya construcción desplazó la prioridad que se estimaba correspondía a los colonos. Complementariamente, Arévalo transformó el Ministerio de Economía adicionándole el ámbito del Trabajo, creó el Instituto de Seguridad Social y el Instituto para el Fomento de la Producción, y promulgó el Código de Trabajo. Por otro parte, en 1947 y 1949 se aprobaron dos leyes reguladoras de la actividad petrolera (273). Estas y otras medidas produjeron una activa participación del Estado en la economía. No eran todavía acciones revolucionarias –ninguna de ellas afectaba la matriz societal–, pero no les falta razón a los Melville (1982: 50) cuando señalan que el de Arévalo era, en ese momento, “el experimento más audaz de la historia sociopolítica guatemalteca”.

Las leyes agrarias y el Código de Trabajo fueron resistidas por los terratenientes y por las dos grandes empresas imperialistas, vinculadas entre sí, como hemos visto: la IRCA y la UFCo. En ambas se habían producido conflictos laborales y, por primera vez, las compañías no podían imponer su “ley”; y el Estado no las apañaba necesariamente. Las leyes agrarias y las petroleras, más la aplicación de las laborales, tensaron las relaciones con Estados Unidos, al punto de llegar a la expulsión del embajador de este país en Guatemala, acusado por el Gobierno de participar en actividades conspirativas.

Las medidas tomadas por Arévalo se profundizaron bajo el Gobierno de su sucesor, Jacobo Arbenz, quien asumió en marzo de 1951. En su discurso inaugural, enunció los tres objetivos principales de su Gobierno: 1) la independencia económica de Guatemala (un objetivo coincidente con el planteado, por ejemplo, por Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil o por el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia); 2) hacer de Guatemala un país capitalista moderno impulsando la reforma agraria y la industrialización, y 3) elevar sustancialmente el nivel de vida de la mayoría de la población (recordemos, básicamente indígena y campesina). Arbenz propuso también realizar un plan de construcciones viales para favorecer la creación de un mercado interno y fomentar la inversión de capital extranjero, aunque no en condiciones privilegiadas como en el pasado, sujeta al acatamiento de la legislación laboral y la no intromisión) en la política interna. En suma, una revolución democrático-burguesa, en la saga de la mexicana y la boliviana.

La Ley de Reforma Agraria, de junio de 1952, debía ser aplicada acompañada de tres construcciones estratégicas: la central eléctrica Jurun-Marinalá, la carretera al Atlántico y un puerto sobre este océano. Con ellas, se atacaba el núcleo duro de la presencia imperialista norteamericana en Guatemala: la UFCo, la IRCA (subsidiaria de la frutera) y la Empresa Eléctrica de Guatemala.

Las construcciones eran, en el mejor de los casos, proyectos a concretar en el futuro que, aunque inmediato, llevarían varios años, pero la reforma agraria era de aplicación inmediata y sumaria, de modo tal que se convirtió en el principal objetivo del la reacción imperialista y de la Asociación General de Agricultores (AGA), la corporación que agrupaba a los terratenientes guatemaltecos.

La ley era muy clara en cuanto a objetivos, disposiciones y procedimientos. Se trataba, básicamente, para decirlo una vez más, del paso inicial para el proyecto de desarrollo del capitalismo. En los considerandos se señalaba que la Revolución de Octubre tenía por uno de sus objetivos la realización de “un cambio sustancial en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra” para superar el atraso y para elevar “sensiblemente el nivel de vida de las grandes masas de la población” (tal como había adelantado Arbenz en su discurso inaugural). También, aludiendo implícitamente a la situación de iniquidad en el campo, a alterar un estado de cosas que había desvirtuado “la función social de la propiedad” y generado “una considerable desproporción” entre muchos campesinos sin tierra pero con capacidad “para hacerla producir”, y “unos pocos terratenientes que la poseen en cantidades desmedidas, sin cultivarla en toda su extensión o en proporción que justifique su tenencia”.

El componente doctrinario de la ley está explícitamente expuesto en el artículo 1:

La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal [sic.] en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

Consecuentemente, la ley declaró, en el artículo 2, el fin de las relaciones de trabajo y de la renta de la tierra no capitalistas:

Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y, por consiguiente, prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas, cualquiera que sea la forma en que subsistan.

La ley dispuso el carácter de afectables, básicamente, de las tierras en erial y de las propiedades consideradas latifundios (las de más de 200 hectáreas) no cultivadas directamente por el propietario o por cuenta de él, y las dadas en arrendamiento. Las tierras de las comunidades indígenas estaban taxativamente excluidas de ser afectadas.

La expropiación debía realizarse previo pago de una indemnización mediante “Bonos de la Reforma Agraria”, redimibles conforme la ley. El monto de la indemnización resultaría, en cada caso, de la “declaración de la matrícula fiscal de bienes rústicos” al 9 de mayo de 1952, o bien, en su ausencia, del promedio del valor fiscal de los terrenos colindantes o cercanos.

Las tierras expropiadas en cumplimiento de la ley eran nacionalizadas y luego, a través del Departamento Agrario Nacional (el órgano de ejecución), transferidas a campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que las solicitaran, en usufructo vitalicio o en arrendamiento a término, aunque también preveía la concesión en propiedad de parcelas no superiores a 18 hectáreas. Aunque la ley perseguía el desarrollo del capitalismo, la preeminencia dada a la pequeña parcela campesina ocluía tal objetivo. No obstante, la Reforma no solo fue el principal ataque a las estructuras del pasado, base de la dominación oligárquica aliada estrechamente al imperialismo, sino también el instrumento que hizo posible la conversión de los campesinos y los trabajadores en sujetos políticos nacionales. Torres-Rivas (1987: 28) ha sintetizado muy bien el proyecto de Arbenz: su programa nacional revolucionario “–que nada tiene que ver con los populismos de la época– suponía, por un lado, que la estructura agraria constituye un obstáculo para la acumulación capitalista y, por el otro, que este podía realizarse bajo pleno control nacional”.

Durante los dieciocho meses de efectiva aplicación de la ley, cien mil familias campesinas (algo más de medio millón de personas) recibieron parcelas, beneficiando a un porcentaje estimado –por la imprecisión de las cifras disponibles– entre el 31% y 40% de la fuerza de trabajo carente de tierras.

A la UFCo se le expropió el 77,38% de las tierras que poseía. La medida produjo la reacción extemporánea del Departamento de Estado norteamericano, que no solo reclamó en nombre de la empresa sino que exigió al Gobierno guatemalteco el pago de una indemnización por 15.854.859 dólares (Rojas Bolaños, 1993: V, 100).

La frutera se encontraba, desde 1944, en una situación por completo novedosa: tenía al Estado guatemalteco como sujeto de conflicto. Se enfrentó inicialmente con el presidente Arévalo por el proyecto vial de este, el cual –al construir una autopista paralela al ferrocarril– ponía fin al monopolio de transporte y comunicación detentado por ella y, por extensión, el control de la economía del país. Y sumó un contratiempo más cuando Arévalo le ordenó que los conflictos con los trabajadores debían tratarse con el nuevo sindicato y estar sujetos a arbitraje. La empresa no acató la disposición presidencial y adicionalmente cerró las operaciones marítimas en Puerto Barrios, acción perjudicial para las empresas locales que operaban con insumos importados. En Estados Unidos, Henry Cabot Lodge, senador republicano por el estado de Massachusetts (en cuya capital, Boston, se encontraba la sede legal de la UFCo, a la cual estaba vinculado), catalogó al presidente Arévalo, en una sesión del Senado norteamericano, como portador de “tendencias comunistas”.

La confrontación se hizo más intensa con el Gobierno del presidente Arbenz, incluso antes de la Reforma Agraria. En efecto, a fines de 1951, los trabajadores de la bananera reclamaron un aumento de salarios, demanda rechazada por la empresa, que también se negó al arbitraje y volvió a cerrar Puerto Barrios. Un representante de la presidencia de la UFCo llegó a Guatemala con una triple exigencia: 1) la renovación del contrato laboral por otros tres años; 2) el no aumento de los impuestos (que ahora sí) debía pagar la empresa, y 3) una garantía de que, en caso de devaluación del quetzal, la moneda nacional, la frutera no se viera afectada por la medida. El Gobierno respondió que, si la compañía quería prorrogar el contrato, primero debía aceptar que el Estado fuese el árbitro en todo conflicto laboral, al margen de respetar la Constitución y las leyes del país. También que no podía concederle un privilegio impositivo del que no gozaban las empresas y los particulares nacionales, al tiempo que consideraba un insulto la insinuación de la devaluación monetaria.

Pero Arbenz fue por más y replicó con siete contrapropuestas: 1) los contratos laborales debían estar sujetos a la Constitución; 2) la UFCo debía mejorar los muelles de Puerto Barrios; 3) también debía comenzar a pagar impuestos de exportación y someter a revisión todas las exoneraciones dispuestas en el pasado; 4) el Gobierno revisaría y controlaría los contratos de la frutera con los productores bananeros locales; 5) la compañía debía pagar al Gobierno una compensación por el agotamiento de las tierras que había explotado; 6) los contratos serían objeto de revisión periódica, y 7) los costos del transporte ferroviario (a cargo de la subsidiaria IRCA) debían ser rebajados (según el informe 1951 del Banco Interamericano de Desarrollo, sus tarifas eran las más altas del mundo).

Como era previsible, la UFCo rechazó la serie de demandas gubernamentales y tensó la relación despidiendo a 4.000 trabajadores, lo cual llevó a la confiscación de una de las fincas de la empresa a fin de contar con un fondo de garantía para el pago de los salarios caídos de los obreros. Empero, la frutera volvió a ganar: en marzo, Arcadio Chávez, representante del sindicato, acordó poner fin al conflicto, aceptando la renovación del contrato laboral trienal a cambio de una importante indemnización monetaria en concepto de salarios caídos. En Estados Unidos, la revista Time ensalzó al dirigente por su posición “no comunista”.

Con la Reforma Agraria, la oposición de la “Mamita Yunai” al Gobierno de Arbenz se hizo más dura aun. Contaba a su favor con un apoyo formidable dentro del Gobierno del republicano Dwight Eisenhower: John Foster Dulles, secretario de Estado, su hermano Allen, director de la CIA, John Moors Cabot, secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos, y Henry Cabot Lodge, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, eran abogados, accionistas o directivos de la UFCo. Spruille Braden –ex embajador de Estados Unidos ante los gobiernos de Colombia (1939-1942), Cuba (1942) y Argentina (1945), donde se involucró fuertemente en la política interna (oponiéndose a Juan Domingo Perón), ex subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Gobierno de Harry S. Truman (1944), entre otros antecedentes– era lobbista de la UFCo, con percepción de salario. Desde 1948, desempeñó un importante papel en la oposición de su país a la Revolución de Octubre y el presidente Arbenz.

El “miedo al comunismo” encontró un fuerte apoyo en la Iglesia Católica, en particular en la figura del arzobispo de Ciudad Guatemala, Manuel Rosell y Arellano. El jerarca eclesiástico fue un verdadero agitador y propagandista contrarrevolucionario a través de sucesivas pastorales y de la organización, en 1954, de una peregrinación de alcance nacional al Cristo negro de Esquipulas, objeto de veneración popular, contra el “comunismo ateo”. Para el monseñor, la Reforma Agraria era un ataque contra la propiedad privada y la dignidad humana.

Así comenzaron las acciones desestabilizadoras del Gobierno popular y democrático de Guatemala. El papel de la UFCo anticipó el que en 1973 desempeñaron, contra el Gobierno también reformista, popular y democrático de Salvador Allende, en Chile, las compañías norteamericanas International Telephone & Telegraph (ITT), Pepsi y Hewlett Packard.

La “Operación Éxito”, como dio en llamarla la CIA, fue aprobada por Allen Dulles en diciembre de 1953 y se le asignó un presupuesto de tres millones de dólares. Contó con la colaboración del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, una de cuyas fincas sirvió de base para el entrenamiento de los contrarrevolucionarios, a cuyo frente se designó al coronel Castillo Armas. Según algunas fuentes, este partió hacia Guatemala desde uno de los campos bananeros de la UFCo en Honduras, donde la CIA entrenaba a los milicianos del autodenominado Ejército de Liberación.

Como veremos en el capítulo 5 del tomo II, la “Operación Éxito” no defraudó a sus promotores y concluyó con fidelidad a su nombre. El 27 de junio de 1954, Arbenz renunció a la presidencia. El 7 de julio, Castillo Armas asumió el cargo. Una de sus primeras medidas fue la devolución de las propiedades a los terratenientes expropiados por la Reforma Agraria. La UFCo recuperaba su antiguo poder.

Significativamente, la frutera, simultáneamente con su involucramiento golpista en Guatemala, acordó con los gobiernos de Costa Rica y Honduras pagar un impuesto del 15% sobre sus utilidades, valor que se duplicó un año después. Tras el derrocamiento de Arbenz, también decidió abonar tal impuesto en Guatemala. Guerra-Borges (1993: 25) señala que el pago de esos impuestos fue un hecho de significación histórica si se tiene en cuenta que durante medio siglo la UFCo no había pagado ninguno y estaba exceptuado de hacerlo por el término de un siglo. Pero también señala que tal significación debe admitirse con muchas reservas, toda vez que el monto real de las ganancias de la frutera jamás fue conocido por los gobiernos centroamericanos. “Incluso los precios del banano que declaraba la compañía eran ficticios, como lo dio a conocer en los años cuarenta el Fondo Monetario Internacional”.

Para entonces, fines de los años cincuenta, el enclave bananero centroamericano controlado por capitales imperialistas norteamericanos comenzó a decaer. Según Posas (1993: 161), ello sería el resultado del pago de impuestos; la pérdida del monopolio comercial de los comisariatos; las posibilidades de los trabajadores bananeros de salir de los “pueblos de la compañía” y comprar bienes de consumo y servicios en los centros urbanos; y del hecho de que el “gran capital estadounidense surgido y acumulado en la actividad bananera se lanzó a la conquista de una parte del parque agroindustrial de los principales centros urbanos de los países centroamericanos”.

En América Latina, la UFCo estuvo presente en Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Cuba. En 1941, se estimaba que era propietaria de 1.200.000 hectáreas (Chonchol, 1994: 195). En Cuba controlaba más de 40.000 y era una de las empresas productoras de azúcar. En enero de 1960, el Gobierno revolucionario nacionalizó todas sus posesiones en la isla.

La omnipresencia de la “Mamita Yunai” en América Central produjo, en palabras de Chonchol (1994: 184), un fenómeno cultural importante: la novela bananera, novela político-social. A su juicio, las siete más conocidas, escritas en el lapso de catorce años, entre 1950-1964 (aunque ambientadas en los años de apogeo del “imperio bananero”, esto es, entre 1920 y 1940), son: Prisión verde, del hondureño Ramón Amaya; Puerto Limón, del costarricense Joaquín Gutiérrez; Viento fuerte, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias (las tres editadas en 1950), quien luego publicó otras dos: El Pape Verde (1954) y Los ojos de los enterrados (1960). El hondureño Paco Novas publicó Barro en 1951 y el panameño Joaquín Beleño, Flor de Banano en 1964.

Digamos, para finalizar, que la UFCo fue comprada en 1969 por la Zapata Oil, una empresa petrolera entre cuyos fundadores, en 1953, se encontraba George Bush (presidente de Estados Unidos de 1989 a 1993), y a la cual se la asocia con actividades de la CIA. La “Mamita Yunai” dejó de llamarse “United Fruit” y se convirtió, primero (1970), en “United Brands Co.” y luego, en 1985, en “Chiquita Brands International”, nombre que todavía detenta. El cambio de nombre no alteró la continuidad histórica de corrupción, sobornos e intromisión política en otros países: en 1975, se reveló que había sobornado al dictador de Honduras Oswaldo López Arellano y a funcionarios italianos (Bananagate). En 1998, los periodistas Michael Gallagher y Cameron McWirther, del Cincinnati Enquirer, publicaron los resultados de su investigación, la cual probaba que la compañía contaminaba el medio ambiente en sus plantaciones centroamericanas, utilizaba sus navíos para introducir cocaína en Estados Unidos; sobornaba a funcionarios extranjeros; evadía las leyes de los países en los cuales operaba, relativas a propiedad de los terrenos, e impedía la sindicalización obrera. Chiquita negó todas las acusaciones y demandó a los denunciantes. El Cincinnati Enquirer se retractó, publicó una apología de la empresa y le pagó una indemnización de varios millones de dólares.

En marzo de 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso a Chiquita Brands una multa de 25 millones de dólares por estar involucrada en el pago de cerca de 1.700.000 dólares a la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (a la cual nos referiremos en el capítulo 6 del tomo II) para la protección de sus plantaciones de banana y sus empleados y para despojar de sus tierras a los campesinos aledaños, de modo tal que la empresa pudiera extender sus campos, contando con la complicidad del Gobierno colombiano.

En mayo del mismo año, la ONG francesa Peuples Solidaires acusó a la Compañía Bananera Atlántica Limitada, una subsidiaria de Chiquita, por violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores y por poner en peligro la salud de ellos y de sus familias al utilizar pesticidas altamente tóxicos. También, de disponer de una policía privada y utilizarla para intimidar a sus trabajadores.

218. Esta sección está basada en Ansaldi (1991 y 2004/2005).

219. Pueden verse, entre otros, además de los citados, Barragán Díaz (2009) y Falleti y Sislian (1997).

220. La noción de “ficción” está presente en varios de los análisis que tratan la dominación oligárquica. François-Xavier Guerra (1988) analiza el caso mexicano, específicamente desde la independencia hasta el régimen de Porfirio Díaz, en términos de “ficción oculta”, “ficción impugnada” y “ficción aceptada”, por citar uno de los ejemplos que utiliza tal noción como herramienta analítica vertebral.

221. “Así como en el siglo XVI la familia Castillo [la del conquistador de Guatemala, Bernal Díaz del Castillo] parece aglutinar toda LA red oligárquica, en el siglo xvii son los Delgado Nájera y, en los siglos XVIII y xix, los Aycinena; a mediados del siglo XIX, son los Skinner Klee los que realizan esta función […] Su influencia política es tal que sin estar en el poder [político] modifican y controlan el aparato del Estado” (Casaus Arzú, 1992: 163-164). A esta familia pertenecía Jorge Ubico Castañeda (terrateniente cafetalero, abogado, miliar), dictador entre 1931 y 1944.

222. Las referencias sobre la condición de las mujeres pueden ampliarse en Giordano (2003c y 2004).

223. En rigor, como bien lo aclara Alcàzar (1997: 131-132), el régimen político instaurado en 1891 no fue, estrictamente, parlamentario: en este, además de la existencia de gabinetes dependientes de mayorías parlamentarias, es necesario que el presidente de la República pueda ser reelecto y disponga explícitamente de la facultad de disolver el Parlamento y convocar a elecciones para sustituirlo, y que exista un primer ministro como jefe de Gobierno, manteniendo el presidente la condición de jefe de Estado. Más recientemente, se tiende a denominar al período 1891-1925 como una forma falsa de gobierno parlamentario (Harold Blakmore) o un régimen semipresidencial (José Samuel Valenzuela).

224. Arturo Alessandri no pertenecía a las familias tradicionales de Chile. Era hijo de un administrador de hacienda y nieto de un inmigrante italiano de profesión titiritero. Se graduó de abogado y se casó con Rosa Ester Rodríguez Velasco, nieta de José Antonio Rodríguez Aldea, importante político del siglo XIX (fue, entre otros cargos, ministro de Bernardo O’Higgins). La carrera profesional y la vía matrimonial lo vincularon, pues, con los notables del país. Con Alessandri, se inició una familia de derecha destacada en la sociedad chilena; uno de sus hijos, Fernando, llegó a ser candidato a presidente de la República en 1946, en tanto otro, Jorge, alcanzó ese cargo en 1958.

225. La expresión “modelo fáustico” es utilizada por Ansaldi (1996/1997), inspirado en Marshall Berman, en referencia a un tipo de desarrollo que prioriza los proyectos gigantescos (sobre todo en energía y transporte) en escala internacional, por sobre la obtención de ganancias inmediatas, todo esto a partir de una singular síntesis entre poder público y poder privado que no se detiene frente al recurso fenomenal y (a las acusaciones reiteradas) de corrupción.

226. Hasta aquí, las referencias a las tensiones políticas de las décadas de 1880 y 1890 reproducen brevemente ideas planteadas en Giordano (2003b), que analiza en particular la tensión entre “corrupción” y “progreso”.

227. Pucciarelli (1993) prefiere denominarla hegemonía compartida, entre radicales y conservadores. Véase también Ansaldi (2000d).

228. “Sociedad civil” y “sociedad política” son categorías gramscianas y ese es el sentido con el que las utilizamos: “[s]e pueden […] establecer dos grandes ‘planos’ superestructurales, el que se puede llamar de la ‘sociedad civil’, o sea el conjunto de organismos vulgarmente llamados ‘privados’, y el de la ‘sociedad política o Estado’ y que corresponden a la función de ‘hegemonía’ que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y al de ‘dominio directo’ o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno ‘jurídico’” (Gramsci, 1975: V, 1518-1519).

229. La distinción entre “crisis del Estado” y “crisis de una forma de Estado” fue planteada por Jorge Graciarena (1984). Nosotros la adoptamos aquí y, más vertebralmente, en el capítulo 5 del tomo II.

230. Esta sección reproduce argumentos presentados en Ansaldi (1995a).

231. “Gamonalismo” alude a ese régimen de explotación extensivo de la tierra y de la mano de obra con escasa productividad y baja rentabilidad que se desarrolló en la sierra sur peruana. “Gamonal” designa entonces al propietario (o capataz) de las haciendas organizadas bajo dicho régimen. Según Burga y Flores Galindo (1980: 104 y ss.): “[la] palabra comenzó a usarse en el Perú en la década de 1860 y Pablo Macera la encuentra definida en la Revista Americana del año 1863”.

232. Sucre siguió siendo sede del Poder Judicial. En 2007-2008, la cuestión de Sucre como capital de la República recobró actualidad y se hizo parte de la situación conflictiva generada por la reacción de los grupos tradicionalmente dominantes a la política transformadora del presidente Evo Morales.

233. En esta sección, se retoman algunas de las ideas elaboradas en Falleti, Giordano y Rodríguez (1997).

234. Este y los párrafos que siguen sobre violencia simbólica como factor de la dominación oligárquica retoman algunas de las ideas elaboradas en Giordano (1996).

235. Posseiro: campesino ocupante de tierras ociosas. Capanga: matón al servicio de quien le paga. Jagunço: seguidor de Antônio Maciel, O Conselheiro, en la campaña o guerra de Canudos; su uso se extendió, luego, para nombrar a los guardias de seguridad contratados por los senhores de engenho y fazendeiros nordestinos. Rui Facó (1965) destacó la necesidad de distinguir claramente entre capanga y jagunço: el capanga apareció durante la ocupación del interior del país, en el período colonial; recibió ese nombre el hombre contratado por los grandes propietarios de las nuevas tierras ocupadas para defenderlas de los indígenas y de los cimarrones, a menudo ocupantes desalojados de esas mismas tierras. Empero, las funciones de los capangas fueron más allá de la acción defensiva y estos fueron utilizados por sus patrones para atacar a las propiedades vecinas, amén de otras, económicas, en el interior de la propiedad de su patrón, es decir, una relación de explotación. El jagunço, en cambio, según Facó, no era un morador de favor ni estaba sometido al trabajo en la propiedad; actuaba colectivamente, desafiando el sistema de poder local. En cuanto a su origen social, capangas y jagunços eran pobres del campo, partícipes de la misma forma de supervivencia. Los que se rebelaban formaban las bandas de jagunços o cangaceiros.

A su vez, José de Souza Martins (1981: 59-60) llamó la atención sobre la diferencia entre cangaceiro y jagunço. El cangaçeiro era, principalmente, un campesino que, en respuesta a la expulsión de su tierra por un fazendeiro o un comerciante, se vengaba, mediante vínculos de sangre, matando a parientes del expropiador. Era un hombre libre, aun cuando estuviese al servicio de un patrón, es decir, aun cuando fuese un cliente. El jagunço, en cambio, era un dependiente de un patrón.

236. Sertão y agreste son palabras que refieren a áreas del interior nordestino con tierras pobres, a veces incultas, y bajo régimen pluviométrico (secas). La actividad agrícola es la ganadería de pastoreo rudimentario y la agricultura campesina de subsistencia. El agreste está situado entre la costa y el sertão; su suelo es pedregoso, con vegetación enana. El sertão es tierra de vegetación salvaje, achaparrada y espinosa (caatinga).

237. La Revolución iniciada en 1910 terminó con los antiguos caciques pero no con el caciquismo como mecanismo de dominación personal e informal de ejercicio del poder político al servicio de los intereses de alguna facción. Estos nuevos caciques, terratenientes expropiados devenidos comerciantes o caudillos revolucionarios, monopolizaron el control político local en estrecha relación con el poder central. Así, durante el populismo mexicano, el clientelismo siguió vigente y constituyó un mecanismo clave de dominación. El caciquismo o clientelismo mexicano ha sido, desde mediados del siglo xx, un articulador clave del sistema político. Particularmente desde la conversión del Partido Nacional Revolucionario en Partido Revolucionario Institucional (PRI), se basó en el intercambio asimétrico de bienes y servicios de los gobiernos locales y nacional a cambio de votos para el partido oficial. Además de la compra lisa y llana del voto, en el sistema político mexicano se observa un fuerte sesgo electoralista en el hecho de que, aún hoy, es posible identificar las políticas públicas con un partido o incluso un dirigente en particular.

238. El racialismo es una ideología, un conjunto coherente de proposiciones, propio de la modernidad occidental, que llegó al paroxismo en Europa occidental a mediados del siglo xx. Racialismo se distingue de racismo, en tanto este último remite a un comportamiento o actitud (Funes y Ansaldi, 2004; siguiendo a Todorov, 1991: 115 y ss.).

239. La cuestión en términos de patologías fue originalmente planteada en Funes y Ansaldi (1994). Allí, los autores se inspiran fundamentalmente en el planteo de Etienne Balibar (apud Wallerstein y Balibar, 1991).

240. La primera de las Exposiciones Universales se realizó en Londres en 1851 y para ella se construyó el Cristal Palace, expresión de la nueva arquitectura que combinaba hierro y vidrio. Le siguieron las de Dublín y Nueva York (1853) y la primera de París (1855). En 1876, los norteamericanos organizaron la de Filadelfia para celebrar el primer centenario de la independencia. Una de las más importantes fue la cuarta de París, en 1889, realizada para conmemorar otro centenario, el de la Revolución Francesa. Su emblema fue la Torre Eiffel, monumento de la ingeniería de la época.

241. En Funes y Ansaldi (2004: 488), se considera una “circunstancia reveladora” que “la primera edición de varios de estos trabajos [fuera] realizada en Europa y cada texto lleva[ra] un respectivo prólogo relatado por algún intelectual europeo de prestigio. Así, Nuestra América y Pueblo enfermo se publica[ron] en Barcelona y [fueron] prologados por Rafael Altamira, el primero, y Ramiro de Maetzu, el segundo; el libro de García Calderón apare[ció] en París, en francés, y su prologuista [fue] Raymond Poincaré; Los negros brujos, en Madrid, con prólogo de Cesare Lombroso; y Entre cubanos. Psicología tropical, también en París”. Los autores también señalan que, más tarde, varios de los conspicuos sostenedores del positivismo se orientaron en direcciones diferentes: “Fernando Ortiz hacia el funcionalismo, Francisco García Calderón hacia el idealismo arielista, Alcides Arguedas hacia el fascismo antiliberal, Ricardo Rojas hacia el liberalismo más ‘puro’, José Ingenieros hacia una hibridación de socialismo, elitismo y raciología, entre otros tantos ejemplos”.

242. El movimiento se expresó en varios planos. Surgida en la década de 1860, la Escola do Recife estuvo liderada por Tobias Barreto e integrada por Clóvis Beviláqua y Sílvio Romero entre algunos de sus más sobresalientes referentes. El movimiento tuvo tres fases sucesivas: una poética (en la década de 1860), una filosófica (en la década de 1870) y una jurídica (desde la década de 1880 hasta principios del siglo XX). El desempeño de Tobias Barreto como profesor de la Facultad de Derecho de Recife marcó el inicio de la tercera etapa.

243. Este párrafo y los siguientes recuperan la noción de problema indígena, negro e inmigrante de Funes y Ansaldi (1994 y 2004) y la caracterización que los autores hacen de ellos.

244. Dom Sebastião fue rey de Portugal entre 1568 y 1578 (el penúltimo antes de la unión con España, 1580-1640). Con el objetivo de alejar el peligro musulmán, organizó un ejército de 17.000 hombres para enfrentar al Rey de Marruecos, quien lo derrotó ampliamente en la batalla de El-Ksar-el-Kébir (o Alcácer Quibir). Sebastião, de solo 24 años, murió en el combate. Como en esa época era deshonroso ver morir al Rey y sobrevivirlo (pues el honor exigía dar la vida por él), se dijo que nadie había visto a Dom Sebastião –y por lo tanto, se convirtió en un desaparecido, escapado con vida– y que un día regresaría montado en su caballo blanco –recuérdese el papel de este indicado en el capítulo anterior– y acompañado de sus guerreros para proclamar el Quinto Imperio, cultural, de lengua portuguesa y regenerador del mundo con el establecimiento de la monarquía universal. Así nació el mito, rápidamente popularizado en Portugal y de allí difundido entre el pueblo brasileño (al menos desde 1640). Devino símbolo de patriotismo y nacionalismo, si bien fue condenado por la Inquisición y perseguido por el ministro Pombal. En Portugal reapareció en ocasión de la invasión napoleónica y, en el siglo XX, durante la larga dictadura (1926-1974) de António Oliveira Salazar (hasta 1968, cuando lo reemplazó Marcelo Caetano), se lo exaltó a la posición de Salvador da Pátria, la que compartía con Afonso Henriques, considerado el padre de la nacionalidad portuguesa y, obviamente, el propio Salazar.

245. Euclides da Cunha fue un ingeniero militar partícipe, en calidad de corresponsal de guerra, de la campaña de Canudos. Su libro Os sertões fue publicado por primera vez en Rio de Janeiro en 1902 y se convirtió un clásico de la literatura brasileña, también traducido al castellano (Los sertones). No obstante, se considera que sus datos no son siempre confiables y que exageró el papel desempeñado por la religión en la comunidad dirigida por O Conselheiro.

246. Pereira de Queiroz (1969: 112) acota que en el sur de Brasil se confundía al rey portugués dom Sebastião con el santo del mismo nombre, muy popular en esa zona del país.

247. De la lectura de Pereira de Queiroz (1969: 135-136) es posible inferir que, además de las condiciones geográfico-sociales –no había muchos negros en las áreas de los movimientos mesiánicos–, deben de haber desempeñado un papel relevante las prácticas religiosas: en los cultos africanos, los fieles se contactan directamente con su divinidad, que los penetra y se encarna momentáneamente en cada uno de ellos. En cambio, en la religiosidad popular mesiánica, de raíz católica, los fieles necesitan de un intermediario, el mesías, para establecer el contacto con Dios. El mesías es el nexo “entre lo natural y lo sobrenatural. En el candomblé y el vudú lo natural y lo sobrenatural se mezclan sin intermediario”.

248. Las palabras camponés y campesinato (campesino y campesinado) entraron en el vocabulario brasileño recién en los años sesenta, en particular como parte de las luchas de la izquierda. Hasta entonces, en cada región de Brasil, se los llamaba de distintas maneras: caipira (en São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso de Sul), caiçara (en el litoral paulista), tabaréu (en el nordeste), caboclo (en otros lugares del país). Del mismo modo, los grandes propietarios de tierras –los latifundistas de la América española– eran llamados de diversas maneras según las regiones: senhores de engenho, en el nordeste; seringalistas, en el norte; fazendeiros, en Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás y Paraná; estancieiros, en el sur. Al igual que los campesinos, esas denominaciones se subsumieron, también en los años sesenta, en la de latinfundiários (Martins, 1981: 21-22).

249. Entre los estudios pioneros, también debe citarse el del cubano Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco, publicado por primera vez en 1940, con prólogo del pope de la antropología estructural-funcionalista, Bronislaw Malinowski.

250. Los párrafos que siguen sobre acción colectiva de las clases subalternas en la sierra sur peruana están basados en Giordano (1996).

251. Esta sección presenta una comparación de los procesos revolucionarios de México y Bolivia, que desde luego no agota el conjunto de problemas y la secuencia histórica de cada uno. Ofrecemos una breve cronología de las fases políticas y sociales de las revoluciones, abordando dimensiones relevantes como: las condiciones iniciales, las presiones internacionales, el resultado revolucionario, los sujetos revolucionarios (sus demandas y sus relaciones), el alcance de la reforma agraria y el Estado emergente. Estos ejes nos parecen pertinentes para dar cuenta de cómo las revoluciones fueron desarticuladoras de la dominación oligárquica. En el capítulo 6 del tomo II, volveremos a compararlas con la Revolución Cubana, para dar cuenta del significado de las revoluciones en el proceso de construcción de la democracia.

252. El concepto e incluso la mera expresión “clase media”, con sus equívocos y ambigüedades, tiene en Bolivia un carácter aún más complicado, pues la condición de clase está permeada por la condición étnica. Así es como suele incluirse como miembros de ella a los blancos-mestizos, aunque sus ingresos sean bajos, y excluirse a los indígenas urbanos (los llamados “cholos”), incluso aunque dispongan de capital acumulado (por lo general, vía el comercio informal), lo cual incluso los hace parte, estrictamente, de la pequeña burguesía. “Clase media” y “pequeña burguesía” no son sinónimos, aun cuando la segunda es, o puede ser, parte de la primera.

253. Entre los invasores, se encontraba Bill Donovan, fundador, durante la Segunda Guerra Mundial, del Office of Strategic Services, predecesora de la Central Intelligence Agency (CIA).

254. La petrolera estatal mexicana se creó después de la argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), fundada en 1922 por el gobierno radical de Yrigoyen, y de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), fundada en 1937 por el Gobierno del Trienio Militar después de dejar sin efecto las concesiones otorgadas en el pasado a la Standard Oil Co., cuyas posesiones en el país fueron confiscadas. La empresa argentina sirvió de modelo a las otras dos, en el caso boliviano de manera harto evidente, como lo evidencia su propio nombre.

255. Esta sección presenta de manera resumida cuestiones ya expuestas en Ansaldi (1995a, 2000c, 2003c y 2003d).

256. Integraban ese pequeño núcleo Oswaldo Aranha, Mauricio Cardoso, Lindolfo Collor, José Antônio Flores da Cunha, João Neves da Fontoura, Firminio Paim Filho y Getúlio Dormelles Vargas. Todos eran abogados, excepto Collor; seis eran hijos o parientes próximos de coroneles, cinco pertenecían a familias de estancieros y los siete tenían, hacia 1930, vasta experiencia y una exitosa carrera política (Love, 1983: 63).

257. Según esta misma autora, este programa colisionaba con el de los oligarcas disidentes, de donde la confrontación entre ambas “revoluciones” se constituyó en un eje de la lucha política entre 1930 y 1934, en el interior mismo del Gobierno Provisorio, dentro del cual los tenentes ocupaban algunos cargos ministeriales y, sobre todo, las intervenciones estaduales, a través de las cuales estos controlaban los Poderes Ejecutivo y Legislativo en varios estados (excepto Minas Gerais, no intervenido).

258. Además de Prestes, varios tenentes tuvieron luego un destacado protagonismo político, aunque con una orientación política contrastante: Humberto Castelo Branco, Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel fueron presidentes. Eduardo Gomes ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1945 y 1950, posición que también alcanzó Juarez Távora en las de 1955. Los tres primeros fueron gobernantes durante la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, mientras que los dos últimos compitieron electoralmente, representando a la União Democrática Nacional (UDN), partido de derecha entre cuyos dirigentes se encontraba Juraci Magalhães, otro ex tenente.

259. Se retoman aquí argumentos expuestos en Ansaldi (1994, 1995b, 2000c y 2003c) y Ansaldi y Villarruel (2004).

260. Ernesto Laclau, “Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno”, en Revista Latinoamericana de Sociología, Vol. 5, n° 2, Buenos Aires, julio de 1969, pp. 276-316. Ha sido reproducido en distintas publicaciones.

261. “Alianza Popular Revolucionaria Americana” (APRA) y “Partido Aprista Peruano” (PAP) son denominaciones utilizadas indistintamente. En rigor, la APRA fue fundada en México en mayo de 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, por entonces exiliado en ese país, como un movimiento político continental. El PAP, como expresión partidaria nacional (en este caso peruana) de este, fue creado en Lima, en septiembre de 1930, y el mismo Haya de la Torre fue su líder histórico.

262. Según Guerra García (1983: 93), entre 1969 y 1975, más de 300.000 familias campesinas se beneficiaron con la adjudicación de siete millones de hectáreas. Se constituyeron 886 CAP, 57 SAIS y 6 empresas de propiedad social.

263. En el caso argentino, la clase obrera de la débil (y trunca) industrialización cordobesa (1880-1914) y la de la más exitosa agroindustria azucarera tucumana se formaron, a diferencia de Buenos Aires, más a partir de las transformaciones de las estructuras locales que de la inmigración europea.

264. Jacques Chonchol es una autoridad en cuestiones agrarias. Es agrónomo por la Universidad de Chile y doctor en viticultura por la Universidad de París, sumando formación en ciencia política y en economía. Fue funcionario de la CORFO y, en Roma, de la FAO. Militante demócrata cristiano, Frei lo designó vicepresindente del INDAP, por lo cual tuvo activa participación en el proceso reformista, dentro del cual alentó el desarrollo de la propiedad comunitaria. Distanciado del presidente por la moderación de este, renunció al INDAP y al partido, y contribuyó a la formación del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que en 1970 se sumó a la Unidad Popular. Salvador Allende lo designó ministro de Agricultura (1970-1972), cargo desde el cual impulsó la profundización de la reforma agraria, postulando hacerla “rápida, drástica y masiva”.

265. En el caso de El Salvador, la “ayuda internacional” tuvo, en 1982-1984, como condición exigible la existencia de un gobierno constitucional (Torres-Rivas, 2004: 291).

266. Esta sección presenta ideas expuestas en Giordano (2003a).

267. Dada la realidad colombiana de los años más recientes, la literatura producida sobre la violencia ha sido muy prolífica. Varios autores coinciden en señalar que los trabajos hoy clásicos en la materia son: Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umana Luna, La Violencia en Colombia (1962), Paul Oquist Violencia, Conflicto y política en Colombia (1978) y Daniel Pécaut, Orden y Violencia: Colombia 1930-1954 (1987).

268. Según Bergquist (1988), la pequeña y mediana propiedad de la tierra en Colombia estuvo más difundida de lo que históricamente se ha mostrado. El autor basa su análisis en datos censales y demuestra que hacia 1955 existía una gran penetración de la pequeña y mediana propiedad de la tierra en Colombia. Las fincas pertenecientes a familias y operadas por familias oscilaban entre una superficie de dos a ocho hectáreas con un cultivo de 5 a 20 mil árboles. Este tipo de propiedad y explotación de la tierra es una pieza importante de la economía cafetalera si se considera, como lo demuestra el autor, que en 1955 representaba entre el 78% y el 88% de las tierras de cafetos. Como bien asume Bergquist, es probable que en 1932 la pequeña y mediana propiedad haya sido menor. Pero el autor no encuentra indicios para suponer que haya habido una explosión repentina sino más bien un avance gradual de este tipo de propiedad entre esos años.

269. En esta sección utilizamos contenidos expuestos en Ansaldi (2008).

270. La expresión Banana Republic fue utilizada por primera vez en 1904 por el escritor, periodista y farmacéutico estadounidense William Sydney Porter, conocido por el seudónimo O. Henry, un maestro del cuento corto humorístico. Lo hizo en Cabbages and Kings, un libro de ese tenor, ambientado en América Central, particularmente en Honduras. El término se generalizó, siempre con una carga peyorativa, para aludir a gobiernos dictatoriales, corruptos y entregados al imperialismo. La literatura sobre el tema es extensa. El libro clásico sigue siendo el de Charles Kepner y Jay Soothill, El imperio del banano, 1949.

271. La caballería hondureña equivale a 44 ha. 9729 m2.

272. Los privilegios, beneficios y exenciones que favorecieron a la empresa de Sam Zemurray son mucho más extensos. Aquí solo señalamos los más importantes.

273. La exploración y la explotación del petróleo no era una actividad económica destacada, pero es también ejemplo elocuente de la relación entre dictaduras e imperialismo. Comenzó en 1916, cuando gobernaba Estrada Cabrera, pero el salto se dio durante la dictadura de Ubico, quien benefició particularmente, con distintas licencias, a Shell, Gulf Oil Co. y Standard Oil Co. En 1945, la nueva Constitución dispuso (art. 95) que el petróleo solo podía ser explotado por el Estado, por guatemaltecos o por compañías con predominio de capital nacional. La Ley de Hidrocarburos de 1947 abolió la legislación de 1934 y la de 1949 obligó a los exportadores del crudo a pagar regalías de hasta un 15%, producir no menos de 3.000 barriles diarios y pagar los distintos impuestos aplicados a toda actividad económica. Como puede apreciarse, no se trataba de un programa revolucionario, lo cual no impidió a los imperialistas caracterizar a Arévalo como comunista. Las petroleras extranjeras dejaron de operar en el país. Volverán con otra dictadura, la contrarrevolucionaria del general Castillo Armas, al amparo del decreto 345 de 1954, pletórico de facilidades para ellas.

BIBLIOGRAFÍA

Abrams, Philip (1982): Historical Sociology, Ithaca, Cornell University Press.

Acuña Ortega, Víctor Hugo (1984): La huelga bananera de 1934, San José de Costa Rica, CENAP-CEPAS.

Adams, Julia; Clemens, Elisabeth S., y Orloff, Ann Shola (2005): “Introduction: Social theory, modernity and the three waves of historical sociology”, en Julia Adams, Elisabeth S. Clemens y Ann Sshola Orloff (eds.), Remaking modernity: politics and processes in historical sociology, Durham y Londres, Duke University Press, pp. 1-72.

Aggio, Alberto (1998): “A revolução passiva como hipótese interpretativa da história política latino-americana”, en Alberto Aggio (org.), Gramsci. A vitalidade de um pensamento, San Pablo, Fundação Editora da UNESP, pp. 161-176.

Aguilar Rivera, José Antonio (2011): “Tres momentos liberales en México (1820-1890)”, en Iván Jaksic y Euardo Posada Carbó (eds.), Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, pp. 119-152.

Albó, Xavier (1984): “Etnicidad y clase en la gran rebelión aymara/quechua: Kataris, Amarus y Bases 1780-1781”, en Fernando Calderón y Jorge Dandler (comps.), Bolivia: la fuerza histórica del campesinado. Movimientos campesinos y etnicidad, La Paz, UNRISD y CERES, pp. 51-132.

Alcàzar, Joan del (1997): “El proceso político chileno: de la consolidación a la crisis de la dominación oligárquica (1891-1920)”, en Nuria Tabanera, Joan del Alcàzar y Gonzalo Cáceres, Las primeras democratizaciones en América Latina: Argentina y Chile, 1880-1930, Valencia, Tirant lo Blanch Libros y Universitat de València, pp. 89-156.

Alcàzar, Joan del; Tabanera, Nuria; Santacreu, Joseph M., y Marimon, Antoni (2003): Historia contemporánea de América Latina, Valencia, Universitat de València.

Álvarez Gutiérrez, Luis (1996): “El contexto internacional del noventa y ocho”, en Consuelo Naranjo Orovio, Consuelo, Miguel Ángel Puig-Samper y Luis Miguel García Mora (eds.), La Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, Aranjuez, Doce Calles, pp. 713-728.

Amin, Samir (1974): La acumulación a escala mundial. Crítica de la teoría del subdesarrollo, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Anderson, Benedict (1993): Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Anderson, Perry (1979): El Estado absolutista, Madrid, Siglo XXI Editores.

Andrés-Gallego, José (1995): “La pluralidad de referencias políticas”, en François-Xavier Guerra (dir.), Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, pp. 127-142.

Ansaldi, Waldo (1981): “La forja de un dictador. El caso de Juan Manuel de Rosas”, en Crítica & Utopía. Latinoamericana de ciencias sociales, nº 5, Buenos Aires, septiembre, pp. 29-92. Reproducido en Julio Labastida Martín del Campo (coord.), Dictaduras y dictadores, México DF, Siglo XXI Editores, 1986, pp. 27-90.

— (1985): “Notas sobre la formación de la burguesía argentina, 1780-1880”, en Enrique Florescano (coord.), Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina, 1700-1955, México DF, Editorial Nueva Imagen, pp. 515-583 [el texto data de 1978].

— (1988): “Estado y sociedad en la Argentina del siglo XIX”, en Conflictos y procesos de la historia argentina contemporánea, nº 4, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

— (1989): “Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes: una introducción al estudio de la formación del Estado nacional argentino”, en Waldo Ansaldi y José Luis Moreno (comps.), Estado y sociedad en el pensamiento nacional. Antología conceptual para el análisis comparado, San Martín, Cántaro, pp. 21-108.

— (1991): “La oligarquía en América Latina: esa frívola y casquivana mano de hierro en guante de seda”, en Socialismo y Participación, nº 56, Lima, diciembre, pp. 15-20; y, con su título original, “Frívola y casquivana, mano de hierro en guante de seda. Una propuesta para conceptualizar el término oligarquía en América Latina”, en Cuadernos del Claeh, año 17, nº 61, Montevideo, julio de 1992, pp. 43-48. Disponible en línea en: <www.catedras.fsoc.uba.ar>.

— (1994): “La interferencia está en el canal. Mediaciones políticas (partidarias y corporativas) en la construcción de la democracia en Argentina”, en Boletín Americanista, año XXXIV, nº 44, Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, Barcelona, pp. 7-24.

— (1995a): “Un caso de ficción de organización partidaria o la política sin partidos: Brasil, 1889-1945”, en Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, Nueva Época, n° 32, Instituto Mora, México DF, mayo-agosto, pp. 57-94. Disponible en línea en: <www.catedras.fsoc.uba.ar>.

— (1995b): “Profetas de cambios terribles. Acerca de la debilidad de la democracia argentina, 1912-1945”, en Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y José C. Villarruel (eds.), Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912-1946, Buenos Aires, Editorial Biblos, pp. 23-69.

— (1996/1997): “Una modernización provinciana: Córdoba, 1880-1914”, en Estudios, nº 7-8, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, junio 1996-junio 1997, pp. 51-80.

— (2000a): “La democracia en América Latina, entre la ficción y la esperanza”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 34, Universidad de Granada, Granada, pp. 173-197.

— (2000b): “La temporalidad mixta de América Latina, una expresión de multiculturalismo”, en Héctor C. Silveira Gorski (ed.), Identidades comunitarias y democracia, Madrid, Editorial Trotta, pp. 157-183.

— (2000c): “Cuando los santos vienen marchando. Las derechas totalitarias en Argentina y Brasil”, en Seminário Brasil-Argentina, A visâo do outro, Brasilia, FUNAG, pp. 559-592.

— (2000d): “La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático”, en Juan Suriano (coord.), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, tomo VI, Democracia, conflicto social y renovación de ideas, dirigido por Ricardo Falcón, pp. 15-57.

— (2003c): “De santos, cruzados y conspiradores mundiales. Las derechas argentinas y brasileñas en la década del treinta”, en Sociedad, nº 22, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos, Aires, primavera, pp. 81-96.

— (2003d): “Nem verde, nem vermelho: verde e amarelho. Brasil en los años 1930”, en Waldo Ansaldi (ed.), Tierra en llamas. América Latina en los años 1930, La Plata, Ediciones Al Margen, 2º ed., pp. 51-80.

— (2004/2005): “¿Clase social o categoría analítica? Una propuesta para conceptualizar el término oligarquía en América Latina”, en Anales, Nueva Época, nº 7-8, Instituto Iberoamericano, Universidad de Göteborg, pp. 157-169. Disponible en línea en: <www.hum.gu.se>.

— (2008): “El imperialismo en América Latina”, en Enrique Ayala Mora (dir.) y Eduardo Posada Carbó (codir.), Historia General de América Latina, vol. VII, Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulación: 1870-1930, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, pp. 331-370.

Ansaldi, Waldo, con la colaboración de Fernando Calderón (1991): La búsqueda de América Latina. Entre el ansia de encontrarla y el temor de reconocerla. Teorías e instituciones en la construcción de las ciencias sociales latinoamericanas, Cuadernos 1, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Disponible en línea en: <www.catedras.fsoc.uba.ar>.

Ansaldi, Waldo y Calderón, Fernando (1987): “Las heridas que tenemos son las libertades que nos faltan. Derechos humanos y derechos de los pueblos en América Latina y el Caribe”, en David y Goliath, año XVII, nº 52, CLACSO, Buenos Aires, septiembre, pp. 65-69. Hay versión en inglés: “‘The wounds we bear are the freedoms we lack’: Human rights and the rights of peoples in Latin America and the Caribbean”, en Pace, diritti dell’uomo, diritti dei popoli, número especial: “Rights of peoples, Droits des peuples”, Roma, 1991.

Ansaldi, Waldo y Villarruel, José C. (2004): “Quiera y sepa el pueblo votar. La lucha por la democracia política en la Argentina del Centenario”, en e-l@tina, Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 2, nº 6, Buenos Aires, enero-marzo, pp. 5-24. Disponible en línea en: <www.iigg.fsoc.uba.ar>.

Areces, Nidia R. (2007): Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del Dr. Francia, Asunción, Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (CEADUC).

Arendt, Hannah (1992): Sobre la revolución, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2º ed.

Aricó, José (1980): Marx y América Latina, Lima, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP), 1º ed. [hay ediciones posteriores ampliadas: La última, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010, incluye introducción de Horacio Crespo y presentación de Carlos Franco].

Armas, Ramón de (1975): La revolución pospuesta. Contenido y alcance de la revolución martiana por la independencia, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

Arnaud, Pascal (1981): Estado y capitalismo en América Latina. Casos de México y Argentina, México DF, Siglo XXI Editores.

Aróstegui, Julio (1995): La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica.

— (2001): “Leer bien la propia época. (Nuevas reflexiones sobre el presente como historia)”, en Sociohistórica. Cuadernos del CISH, nº 9-10, La Plata, primer y segundo semestres, pp. 13-43.

Assadourian, Carlos Sempat (1973): “Modos de producción, capitalismo y subdesarrollo en América Latina”, en Carlos Sempat Assadourian y otros, Modos de producción en América Latina, Córdoba, Cuadernos de Pasado y Presente, nº 40, pp. 47-81.

— (1983a): El sistema de la economía colonial. El mercado interior. Regiones y espacio económico, México DF, Nueva Imagen.

— (1983b): “Dominio colonial y señores étnicos en el espacio andino”, en HISLA. Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social, n° 1, Lima, pp. 7-20.

Aya, Rod (1997): “Explicar la violencia revolucionaria después de Tucídides: una polémica metodológica”, en Zona Abierta, nº 80-81, Madrid, pp. 7-31.

Ayala Mora, Enrique (1993): Resumen de Historia del Ecuador, Biblioteca Digital Andina, Obra suministrada por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Disponible en línea en: <http://es.scribd.com>.

Azcuy Ameghino, Eduardo (2004): “Artigas y la revolución rioplatense: indagaciones, argumentos y polémicas al calor de los fuegos del siglo XX”, en Waldo Ansaldi (coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel, pp. 51-90.

Baczko, Bronislaw (1991): Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.

Bagú, Sergio (1949): Economía de la sociedad colonial: Ensayo de historia comparada de América Latina, Buenos Aires, Librería El Ateneo Editorial. [hay edición más reciente: México DF, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Editorial Grijalbo, 1992].

— (1952): Estructura social de la colonia. Ensayo de historia comparada de América Latina, Buenos Aires, Librería El Ateneo Editorial.

— (1970): Tiempo, realidad social y conocimiento, México DF, Siglo XX Editores.

— (1975): “Tres oligarquías, tres nacionalismos”, en Cuadernos Políticos, nº 3, México DF, enero-marzo, pp. 6-18.

— (1985): “Evaluación histórica de las revoluciones de independencia en México y América Latina”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año XXXI, nº 122, Nueva Época, México DF.

Balmori, Diana; Voss, Stuart F. y Wortman, Miles (1990): Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Bandieri, Susana (comp.) (2010): La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana, Buenos Aires, Prometeo Libros y Asociación Argentina de Historia Económica.

Barahona, Marvin (2005): Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras.

Baralt, Guillermo A. (1982): Esclavos rebeldes. Conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873), Río Piedras, Ediciones Huracán.

Bareiro, Line y Soto, Clyde (eds.) (1997): Ciudadanas. Una memoria inconstante, Caracas, Nueva Sociedad.

Barragán Díaz y Diego Mauricio (2009): “Trayectoria de la familia Samper en el siglo XIX”, en e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 7, nº 28, Buenos Aires, julio-septiembre, pp. 23-47. Disponible en línea en: <www.ieal.fsoc.uba.ar>.

Bartra, Roger ([1974] 1976): Estructura agraria y clases sociales en México, México DF, Ediciones Era.

Bataillon, Gilles (2008): Génesis de las guerras intestinas en Centroamérica (1960-1983), México DF, Fondo de Cultura Económica.

Bauer, Arnold (1991): “La Hispanoamérica rural, 1870-1930”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 7. América Latina: Economía y sociedad, c. 1870-1930, Barcelona, Crítica, pp. 133-162.

— (2003): “Las estructuras agrarias en la América española”, en Josefina Z. Vázquez (dir.) y Manuel Miño Grigalva (codir.), Historia General de América Latina, vol. VI, La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, pp. 295-313.

Bengoa, José (1978): La hacienda latinoamericana, Quito, Ediciones CIESE.

— (1990): Historia Social de la Agricultura Chilena. Tomo II, Haciendas y campesinos, Santiago, Ediciones Sur.

Bergquist, Charles (1988): Los trabajadores en la historia latinoamericana, Bogotá, Siglo XXI Editores.

Beriain, Josetxo (1990): Representaciones colectivas y proyecto de modernidad, Barcelona, Anthropos.

Bethell, Leslie (ed.) (1990-2002): Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 16 tomos.

Bobbio, Norberto (1989a): Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, México DF, Fondo de Cultura Económica.

— (1989b): Liberalismo y democracia, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Boersner, Demetrio (1990): Relaciones internacionales de América Latina. Breve historia, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 4º ed.

Boissevain, Jeremy (1977): “When the Saints Go Marching Out: Reflections on the Decline of Patronage in Malta”, en E. Gellner y J. Waterbury (eds.), Patrons and Clients in Mediterranean Societies, Londres, Duckworth.

Bolland, Orlando Nigel (1993): Colonialismo y resistencia en Belice. Ensayos de sociología histórica, México DF, Editorial Grijalbo y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Bonfil Batalla, Guillermo (2006): “El concepto de indio en América”. Disponible en línea en: <www.paginadigital.com.ar>.

Bonilla, Heraclio (1974): Guano y burguesía en el Perú, Lima, IEP Ediciones.

— (1994): “Introducción: la metamorfosis de la violencia en el umbral del siglo XXI”, en Heraclio Bonilla (comp.), Perú en el fin del milenio, México DF, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
pp. 13-48.

Bonilla, Heraclio y Spalding, Karen (1972): “La independencia en el Perú: las palabras y los hechos”, en Heraclio Bonilla (comp.), La independencia en el Perú, Lima, IEP Ediciones, pp. 15-64.

Bosch, Juan (1985): De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial, Madrid, Sarpe, 2 tomos.

Bourdieu, Pierre (1969): “Condición de clase y posición de clase”, en Filippo Barbano y col., Estructuralismo y Sociología, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 72-100.

— (1984): “Espace social et genése des ‘classes’”, en Actes de la Recherche Scientifique, nº 52-53, París, junio, pp. 3-12 [ed. cast.: Pierre Bourdieu, Sociología y cultura, México DF, coedición Dirección Nacional de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Editorial Grijalbo, 1990, pp. 281-309].

— (1988): La distinción. Crítica y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus.

— (1995): “Sur les rapports entre la sociologie et l’histoire en Allemagne et en France. Entretien avec Lutz Rápale”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 106, nº 1, París, pp. 108-122 [ed. cast. “Acerca de las relaciones entre la sociología y la historia en Alemania y en Francia”. Conversación con Lutz Rápale, en Sociohistórica. Cuadernos del CISH, nº 7, La Plata, primer semestre de 2000, pp. 183-215].

— (1997): Méditations pascaliennes, París, Éditions du Seuil.

— (2000): Poder, derecho y clases sociales, Bilbao, Desclée de Brouwer.

— (2007): Campo del poder y reproducción social. Elementos para un análisis de la dinámica de las clases, Córdoba, Ferreyra Editor.

Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean-Claude (1970): La Réproduction, París, Éditions Minuit, 2º ed.

Box, Pelhan Horton (1958): Los orígenes de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, Buenos Aires, Nizza.

Brading, David A. (1991): Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Breña, Roberto (2011): “El primer liberalismo y su proyección hispanoamericana”, en Iván Jaksić y Eduardo Posada Carbó (eds.), Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, pp. 63-88.

Brezzo, Liliana M. (2010): “Historia de la Guerra del Paraguay: nuevos enfoques, otras voces, perspectivas recientes”, en Observatorio Latinoamericano, nº 2, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Buenos Aires, mayo, pp. 14-18.

Bruit, Héctor H. (org.) (1985): Estado e burguesia nacional na América Latina, San Pablo-Campinas, Icone Editora y Editora da UNICAMP.

Bulmer-Thomas, Victor (1998): La historia económica de América Latina desde la independencia, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Burga, Manuel y Flores Galindo, Alberto (1980): Apogeo y crisis de la República Aristocrática, Lima, Ediciones Rikchay Perú.

Burgos Guevara, Hugo (1995): El guamán, el puma y el amaru. Formación estructural del gobierno indígena del Ecuador, Quito, Abya-Yala.

Burris, Val (1992): “La síntesis neomarxista de Marx y Weber sobre las clases sociales”, en Zona Abierta, nº 59-60, Madrid, pp. 127-156.

Bursztyn, Marcel (1990): O país das alianças. Elites e continuísmo no Brasil, Petrópolis, Vozes.

Bushnell, David (2009): “Política y partidos en el siglo XIX. Algunos antecedentes históricos”, en Gonzalo Sánchez Gómez y Ricardo Peñaranda (comps.), Pasado y presente de la violencia en Colombia, Medellín, La Carreta Editores e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional, pp. 73-79.

Caetano, Gerardo y Rilla, José (2005): Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al siglo XX, Montevideo, CLAEH y Editorial Fin de Siglo, 2º ed., corregida y ampliada.

Calderón, Fernando (1987): “América Latina: identidad y tiempos mixtos. O como tratar de pensar la modernidad sin dejar de ser indio”, en David y Goliath, año XVII, nº 52, Buenos Aires, septiembre,
pp. 4-9.

Calderón, Fernando y Dandler, Jorge (1984): Bolivia: la fuerza histórica del campesinado. Movimientos campesinos y etnicidad, La Paz, UNRISD y CERES.

Calvo, Thomas (1996): Iberoamérica de 1570 a 1910, Barcelona, Ediciones Península.

Camargo, Aspásia (1983): “A Revolução das elitex: clivagens regionais e descentralização política”, en Universidade Federal do Rio Grande do Sul Simpósio sobre a Revolução de 30, Porto Alegre, ERUS, pp. 383-418.

Capella, Juan Ramón (1993): Los ciudadanos siervos, Madrid, Editorial Trotta.

Cárcova, Carlos María (1998): La opacidad del derecho, Madrid, Editorial Trotta.

Cardona, Gabriel y Losada, Juan Carlos (1997): Weyler, nuestro hombre en La Habana, Barcelona, Planeta.

Cardoso, Ciro (coord.) ([1989] 1984): México en el siglo XIX(1821-1910). Historia económica y de la estructura social, México DF, Editorial Nueva Imagen, 4º ed.

Cardoso, Ciro Flamarión S. y Pérez Brignoli, Héctor (1979): Historia económica de América Latina, Barcelona, Crítica, 2 tomos, 1º ed.

Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo ([1969] 1990): Dependencia y desarrollo en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores.

Carmagnani, Marcello (1984): Estado y Sociedad en América Latina, 1850-1930, Barcelona, Crítica.

— (coord.) (1993): “Introducción” a Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, México DF, El Colegio de México-Fideicomiso Histórico de las Américas-Fondo de Cultura Económica.

Carmagnani, Marcello y Gallo, Alberto (1987): “As tensões da territorialidade: os poderes regionais no Estados brasileiro y mexicano, uma análise comparativa”, en Antonio Annino, Marcello Carmagnani y col., America Latina: dallo Statu coloniale allo Statu nazione, Milán, Franco Angeli, pp. 1080-1100.

Carrera Damas, Germán (1983): “Sobre la cuestión nacional y el proyecto nacional venezolano en la segunda mitad del siglo XIX”, en Marco Palacios (comp.), La unidad nacional en América Latina. Del regionalismo a la nacionalidad, México DF, El Colegio de México, pp. 21-49.

— (1986): Venezuela: proyecto nacional y poder social, Barcelona, Crítica.

— (1987): “Huida y enfrentamiento”, en Manuel Moreno Fraginals (relator), África en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores, pp. 34-52.

— (comp.) (1993): Simón Bolívar fundamental, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2 tomos.

— (1995): La disputa de la Independencia y otras peripecias del método crítico en historia de ayer y de hoy, Caracas, Ediciones Ge.

— (1999): “La conciencia criolla es el producto más auténtico y genuino de la relación de dominación en América Latina”, entrevista de Waldo Ansaldi, en Cuadernos del CISH, n° 5, Centro de Estudios Socio-Históricos, La Plata, primer semestre, pp. 153-177.

— (2000): Búsqueda: nuevas rutas para la historia de Venezuela. (Ponencias y conferencias), Caracas, Fundación Gumersindo Torres.

Carvalho, José Murilo de (1980): A construção da orden. A elite política imperial, Río de Janeiro, Editora Campus.

— (1990): A formação das almas. O imaginário da República no Brasil, San Pablo, Companhia das Letras.

— (1995): Desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil, México DF, El Colegio de México Fideicomiso de las Américas-Fondo de Cultura Económica.

Casaus Arzú, Marta (1992): Guatemala: linaje y racismo, San José de Costa Rica, FLACSO, 1º ed.

CENDES (Centro de Estudios del Desarrollo) (1982): Formación histórico-social de América Latina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Ediciones de la Biblioteca.

Céspedes del Castillo, Guillermo (1994): América hispánica (1492-1898), Barcelona, Editorial Labor, tomo VI, Historia de España, dirigida por Manuel Muñón de Lara.

Chacón Jiménez, Francisco (1995): “Hacia una nueva definición de la estructura social de la España del Antiguo Régimen a través de la familia y las relaciones de parentesco”, en Historia Social, nº 21, Valencia, pp. 75-104.

Chaunu, Pierre (1973): “Interpretación de la independencia de América Latina”, en Pierre Chaunu, Pierre Vilar y Eric J. Hobsbawm, La independencia de América Latina, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, pp. 9-41.

Chevallier, François (1999): América Latina. De la Independencia a nuestros días, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Chiaramonte, José Carlos (2004): Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de independencias, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Chonchol, Jacques (1994): Sistemas agrarios en América Latina. De la etapa prehispánica a la modernización conservadora, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica.

Cockcroft, James D. (2001): América Latina y Estados Unidos. Historia y política país por país, México DF, Siglo XXI Editores.

Colombo, Ariel (2010/2011): La cuestión del tiempo en la teoría política, Buenos Aires, Prometeo, vols. I y II.

Costa, Emília Viotti da (1987): Da monarquia à república: momentos decisivos, San Pablo, Editora Brasiliense.

— (1992): “Brasil: la era de la reformas, 1870-1889”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 10. América del Sur, c. 1870-1930, Barcelona, Crítica, pp. 370-413.

— (1995): Brasil: de la monarquía a la república, México DF, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Cotler, Julio (1978): Clases, Estado y nación en el Perú, Lima, IEP Ediciones.

Crettiez, Xavier (2009): Las formas de la violencia, Buenos Aires, Waldhuter Editores.

Cueva, Agustín (1977): El desarrollo del capitalismo en América Latina. Ensayo de interpretación histórica, México DF, Siglo XXI Editores.

De Felice, Franco (1977): “Rivoluzione passiva, fascismo, americanismo in Gramsci”, en Instituto Gramsci, Politica e Storia in Gramsci, Roma, Editori Riuniti-Istituto Gramsci.

Degregori, Carlos Iván (s. f.): “Indigenismo, clases sociales y problema nacional”, en Carlos Iván Degregori, Mariano Valderrama, Augusta Alfajeme y Marfil Francke Ballve, Indigenismo, clases sociales y problema nacional. La discusión sobre el “problema indígena” en el Perú, Lima, Ediciones Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS).

De la Torre, Nelson; Rodríguez, Julio C. y Sala de Touron, Lucía (1971): Artigas: tierra y revolución, Montevideo, Arca Editorial, 2º ed.

Déloye, Yves (2004): Sociología histórica de lo político, Santiago de Chile, LOM Ediciones.

Demélas-Bohy, Marie-Danielle (2005): “La guerra religiosa como modelo”, en François-Xavier Guerra (dir.), Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, pp. 143-164.

De Riz, Liliana (1979): Sociedad y política en Chile: de Portales a Pinochet, México DF, Universidad Nacional Autónoma de México.

Díaz Díaz, Fernando (1992): “Estado, Iglesia y desamortización”, en VV. AA., Manual de Historia de Colombia, Bogotá, Procultura-Tercer Mundo Editores, tomo 2, cap. XIV, pp. 411-466.

Di Tella, Torcuato S. (1984): La rebelión de esclavos de Haití, Buenos Aires, Ediciones del IDES.

— (2003): El modelo político paraguayo. Raíces y perspectivas, Buenos Aires, Ediciones La Crujía-Instituto Torcuato Di Tella.

Dobb, Maurice (1971): Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Dogan, Mattei y Pahre, Robert (1993): Las nuevas ciencias sociales. La marginalidad creadora, México DF, Grijalbo.

Domínguez, Jorge I. (1985): Insurrección o lealtad. La desintegración del Imperio español en América, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Doratioto, Francisco (2004): Maldita guerra. Nueva historia de la Guerra del Paraguay, Buenos Aires, Emecé.

Dubois, Laurent (2004a): A Colony of Citizens (Revolution & Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787-1804), Chapell Hill, The University of South Carolina Press.

(2004b): Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution (Hardcover), Cambridge, Harvard University Press.

Elias, Norbert (1987): El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México-Madrid-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Elliot, J. H.; Mousnier, Roland; Raeff, Marc; Smit, J. W. y Stone, Lawrence ([1972] 1984): Revoluciones y rebeliones de la Europa Moderna, recopilación y prólogo de Robert Forster y Jack P. Greene, Madrid, Alianza.

Elorza, Antonio y Hernández Sandoica, Elena (1998): La guerra de Cuba (1895-1898). Historia política de una derrota colonial, Madrid, Alianza Editorial.

Escobar, Ticio (1991): “La conquista espiritual”, en Adolfo Colombres (comp.), 1492-1992. A los 500 años del choque de dos mundos. Balance y prospectiva, Buenos Aires, Ediciones del Sol-CEHASS.

Facó, Rui (1965): Cangaceiros e fanáticos, Río de Janeiro, Civilização Brasileira, 2º ed.

Falleti, Tulia; Giordano, Verónica y Rodríguez, Gabriela (comps.) (1997): Clientes y clientelismo en América Latina, Buenos Aires, UDISHAL, Documentos de Trabajo Serie III, nº 2.

Falleti, Tulia Gabriela y Sislian, Fabián E. (1997): Dominación política, redes familiares y clientelismo, Buenos Aires, Grupo Editor Universitario.

Fausto, Boris (1995): Brasil, de colonia a democracia, Madrid, Alianza Editorial.

Febvre, Lucien (1992): Combates por la historia, Barcelona, Editorial Ariel, 3º ed.

Fernandes, Florestan (1973): “Problemas de conceptualización de las clases sociales en América Latina”, en Raúl Benítez Zenteno (coord.), Las clases sociales en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores, pp. 191-276.

Fernandes, Florestan (1975): A revolução burguesa no Brasil, Río de Janeiro, Zahar.

Ferrer, Aldo (1996): Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

— (2000): Historia de la globalización II. La Revolución Industrial y el Segundo Orden Mundial, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Filippi, Alberto (1988): Bolívar y Europa en las crónicas, el pensamiento político y la historiografía. Siglo XIX, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República. Comité Ejecutivo Bicentenario Simón Bolívar, 2º ed.

Fischer, Thomas (1999): “La constante guerra civil en Colombia”, en Peter Waldmann y Fernando Reinares (comps.), Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina, Barcelona, Paidós, pp. 255-275.

Fisher, John (2000): El Perú borbónico 1750-1824, Lima, IEP Ediciones.

Flores Caballero, Romeo (1969): La contrarrevolución en la independencia. Los españoles en la vida política, social y económica de México (1804-1838), México DF, El Colegio de México.

Flores Galindo, Alberto (1984): Aristocracia y plebe. Lima, 1760-1830, Lima, Mosca Azul Editores.

— (1993): Buscando un inca. Identidad y utopía en los Andes, México DF, Editorial Grijalbo-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 2º ed.

Florescano, Enrique (coord.) (1985): Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina, 1700-1955, México DF, Editorial Nueva Imagen.

Forjaz, Maria Cecília Spina (1983): “Tenentismo e revolução de 30”, en Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Simpósio sobre a Revolução de 30, Porto Alegre, ERUS, pp. 475-503.

Freitas, Décio (1978): Os guerrilheiros do Imperador, Río de Janeiro, Edições Graal.

Freyre, Gilberto (1989): Casa-Grande e Senzala. Formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal, Río de Janeiro, Editora Record, 26º ed.

Friede, Juan (1958): “Los Franciscanos en el Nuevo Reino de Granada y el movimiento indigenista del siglo XVI”, en Bulletin Hispanique, tomo 60, n° 1, pp. 5-29. Disponible en línea en: <www.persee.fr>.

Fuenzalida Vollmar, Fernando (1976): “Estructura de la comunidad de indígenas tradicional. Una hipótesis de trabajo”, en José Matos Mar (comp.), Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú, Lima, IEP Ediciones, 2º ed., pp. 219-263.

Funes, Patricia (1992): “Del ‘Novus Mundus’ al novomundismo. Algunas reflexiones sobre el nombre de América Latina”, en Cuadernos del Claeh, año 17, nº 63-64, Montevideo, octubre, pp. 67-79.

— (2006): Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Funes, Patricia y Ansaldi, Waldo (1994): “‘Patologías y rechazos’: el racismo como factor constitutivo de la legitimidad política del orden oligárquico y la cultura política latinoamericana”, en Cuicuilco, revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Nueva Época, vol. 1, nº 2, México DF, julio-septiembre, pp. 193-229. Disponible en línea en: <www.catedras.fsoc.uba.ar>.

— (2004): “Cuestión de piel. Racialismo y legitimidad política en el orden oligárquico latinoamericano”, en Waldo Ansaldi (coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel, pp. 451-495.

Furtado, Celso (1980): “El conocimiento económico de América Latina”, en Comercio Exterior, vol. 30, nº 12, México DF, diciembre, pp. 1308-1313.

— ([1969] 1991): La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas contemporáneos, México DF, Siglo XXI Editores.

— (1992): Formación económica del Brasil, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Gallego, Marisa; Eggers-Brass, Teresa y Gil Lozano, Fernanda (2006): Historia latinoamericana 1700-2005. Sociedades, culturas, procesos políticos y económicos, Buenos Aires, Editorial Maipue.

Gallino, Luciano (1995): Diccionario de Sociología, México DF, Siglo XXI Editores.

George, Pierre (1964): Compendio de geografía urbana, Barcelona, Ariel.

Germani, Gino (1962): Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Editorial Paidós.

Giordano, Verónica (1996): “La resistencia simbólica en las haciendas de la sierra sur peruana”, en Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral, año VI, nº 11, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, segundo semestre, pp. 161-177. Disponible en línea en: <www.catedras.fsoc.uba.ar>.

— (2003a): “Antes del vendaval. Cambio social en Colombia, 1930-1948”, en Waldo Ansaldi (ed.), Tierra en llamas. América Latina en los años 1930, La Plata, Ediciones Al Margen, 2º ed. corregida y ampliada, pp. 195-221.

— (2003b): Qué va cha ché. Corrupción y poder político en Argentina. 1890, cien años después, Buenos Aires, UDISHAL. Disponible en línea en: <www.catedras.fsoc.uba.ar>.

— (2003c): “Ciudadanía universal/derechos excluyentes. La mujer según el Código Civil en Argentina, Brasil y Uruguay (c. 1900-1930)”, en e-l@tina, Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 1, nº 2, Buenos Aires, enero-marzo, pp. 5-24. Disponible en línea en: <www.iigg.fsoc.uba.ar>.

— (2004): “Manso sacrificio santo sacramento, exclusión flagrante. La política de hombres y los derechos de las mujeres en Argentina, Brasil y Uruguay en la coyuntura de 1930”, en Waldo Ansaldi (coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel, pp. 141-165.

— (2010a): “Los derechos civiles de las mujeres en América Latina, 1804-2004. Una reflexión a partir de Haití y Chile”, en Waldo Ansaldi, Patricia Funes y Susana Villavicencio (comps.), Bicentenario. Otros relatos, Buenos Aires, Editores del Puerto, pp. 231-251.

— (2010b): “La ampliación de los derechos civiles de las mujeres en Chile (1925) y Argentina (1926)” en Revista Mora, nº 15, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, . Disponible en línea en: <www.scielo.org.ar>.

Golte, Jürgen (1980): Reparto y rebeliones. Túpac Amaru y las contradicciones de la economía colonial, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Gomes, Ângela de Castro (1986): “Confronto e compromisso no proceso de constitucionalização (1930-1935)”, en Boris Fausto (org.), História Geral da Civilização Brasileira, San Pablo, DIFEL, 4º, tomo III, vol. 3, pp. 7-75.

Góngora, Mario (1981): Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago de Chile, Ediciones La Ciudad.

González Aizpuru, Pilar (2001): “Blancos pobres y libertos: los colores de la pobreza en el Virreinato de Nueva España”, en Alfredo Castillero Calvo (dir.) y Allan Kuethe (codir.), Historia General de América Latina, vol. III, tomo 2, Consolidación del orden colonial, Madrid, Ediciones UNESCO-Editorial Trotta, pp. 429-441.

González Casanova, Pablo (1969): Sociología de la explotación, México DF, Siglo XXI Editores.

Graciarena, Jorge (1984): “El Estado latinoamericano en perspectiva. Figuras, crisis, prospectiva”, en Pensamiento Iberoamericano, nº 5/a, Madrid, enero-junio, pp. 39-74.

Gramsci, Antonio (1975): Quaderni del carcere, edición crítica del Instituto Gramsci, a cargo de Valentino Gerratana, Turín, Einaudi,
4 vols.

Grüner, Eduardo (2010): La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, Buenos Aires, Edhasa.

Guerra, François-Xavier (1988): México. Del Antiguo Régimen a la Revolución, México DF, Fondo de Cultura Económica

Guerra-Borges, Alfredo (1993): “El desarrollo económico”, en Edelberto Torres-Rivas (coord.) , Historia General de Centroamérica, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario y FLACSO, tomo V, pp. 13-83.

Guerra García, Francisco (1983): Velasco: del Estado oligárquico al capitalismo de Estado, Lima, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP).

Guerra Vilaboy, Sergio (1981): “El Paraguay del doctor Francia”, en Crítica & Utopía. Latinoamericana de ciencias sociales, nº 5, Buenos Aires, septiembre, pp. 93-125.

Guzmán Brito, Alejandro (2000): La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX, Santiago, Editorial Jurídica de Chile.

Habermas, Jürgen (1986): Historia y crítica de la opinión pública, México DF, Ediciones G. Gili, 3º ed.

Halpérin, Jean-Louis (s.f, aunque 2004 o posterior): “El origen político de los Códigos, de Europa a Latinoamérica”. Disponible en línea en: <www.gobernabilidad.cl>.

Halperin Donghi, Tulio (1969): Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza Editorial. [Hay numerosas ediciones posteriores; desde la 13.ª, revisada y ampliada.]

— (1972): Hispanoamérica después de la independencia, Buenos Aires, Paidós.

— (1985): Reforma y disolución de los imperios ibéricos 1750-1850, Madrid, Alianza Editorial.

— (1987): El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Hardoy, Jorge Enrique (1972): Las ciudades en América Latina, Buenos Aires, Paidós.

Herken Krauer, Juan Carlos (1984): El Paraguay rural entre 1869 y 1913. Contribución a la historia regional del Plata, Asunción, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.

— (1995): “Proceso económico en el Paraguay de Carlos Antonio López. La visión del cónsul británico Henderson (1851-1860)”, en Mirta Rivarola (coord.), Pasado y presente de la realidad paraguaya. Volumen I: Historia Social, Asunción, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, pp. 63-96.

Herrera Ángel, Marta ([2002] 2007): Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos. Siglo XVIII, Medellín, La Carreta Editores, 3º ed.

Hobsbawm, Eric J. ([1968] 1983): Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, Barcelona, Ariel.

— (1989): La era del Imperio (1875-1914), Barcelona, Labor.

— (1990): “Revolution”, en Roy Porter y Mikulaš Teich, Revolution in History, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 5-46.

Horowicz, Alejandro (2004): El país que estalló. Antecedentes para una historia argentina 1806-1820. Tomo 1, El camino de Potosí, Buenos Aires, Sudamericana.

Ianni, Octavio (1989): A formação do Estado populista na América Latina, San Pablo, Editora Ática, 2º ed., revisada y ampliada.

Irurozqui, Marta (1994): La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder en Bolivia 1880-1920, Cusco, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid) y Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.

Izard, Miquel (1979): El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela (1777-1830), Madrid, Tecnos.

(1995): “Élites criollas y movilización popular”, en François-Xavier Guerra (dir.), Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, pp. 89-106.

Izecksohn, Vítor (2004): “La Guardia Nacional y la expansión del reclutamiento militar en Brasil durante la Guerra del Paraguay”, en Waldo Ansaldi (coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel,
pp. 115-138.

Jaramillo, Carlos Eduardo (2009): “La Guerra de los Mil Días: aspectos estructurales de la organización guerrillera”, en Gonzalo Sánchez G. y Ricardo Peñaranda (comps.), Pasado y presente de la violencia en Colombia, Universidad Nacional, Medellín, La Carreta Editores e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), pp. 87-117.

Jaramillo Uribe, Jaime (1987): “Etapas y sentido de la historia de Colombia”, en Mario Arrubla y col., Colombia, hoy, Bogotá, Siglo XXI Editores, pp. 15-51.

Jocelyn-Holt Letelier, Alfredo (1992): La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, Madrid, Editorial MAPFRE.

— (1997): “‘El peso de la noche’: la otra cara del orden portaliano”, en Fernando E. Barba y Carlos A. Mayo (comps.), Argentina y Chile en época de Rosas y Portales, La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, pp. 75-98.

Juliá, Santos (1989): Historia social/sociología histórica, Madrid, Siglo XXI Editores.

Kalmanovitz, Salomón (1985): Economía y nación. Una breve historia de Colombia, Bogotá, Siglo XXI Editores.

(ed.) (2010): Nueva historia económica de Colombia, Bogotá, Taurus y Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Kanoussi, Dora y Mena, Javier (1985): La revolución pasiva: una lectura de los Cuadernos de la Cárcel, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla.

Kaufman, William W. (1963): La política británica y la independencia de América Latina 1804-1828, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.

Kay, Cristóbal (1980a): El sistema señorial europeo y la hacienda latinoamericana, México DF, Era.

— (1980b): “Transformaciones de las relaciones entre terratenientes y campesinos en Chile”, en Revista Mexicana de Sociología, año XLII, vol. 1, nº 2, abril-junio, pp. 751-797.

Klein, Herbert S. (1986): La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Madrid, Alianza Editorial.

— (1993): Orígenes de la revolución nacional boliviana. La crisis de la generación del Chaco, México DF, Coedición Editorial Grijalbo y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

— ([1982] 1994): Historia de Bolivia, La Paz, Librería Editorial Juventud. 3º ed. corregida y aumentada.

Knight, Alan (1993): “Revolución social: una perspectiva latinoamericana”, en Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, n° 27, Instituto Mora, México DF, septiembre-diciembre, pp. 141-183.

— (1998): “Latinoamérica, un balance historiográfico”, en Historia y grafía, nº 10, México DF, enero-junio, pp. 165-207.

Kossok, Manfred (1959): El Virreynato del Río de la Plata. Su estructura económica y social, Buenos Aires, Editorial Futuro.

— (1989): La revolución en la historia de América Latina. Estudios comparativos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.

Kriesberg, Louis (1975): Sociología de los conflictos sociales, México DF, Editorial Trillas.

Laclau, Ernesto (1973): “Feudalismo y capitalismo en América Latina”, en Carlos Sempat Assadourian y otros, Modos de producción en América Latina, Córdoba, Cuadernos de Pasado y Presente, nº 40, pp. 23-46.

Laclau, Ernesto (2005): La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Lainez, Vilma y Meza, Víctor (1990): “El enclave bananero en la historia de Honduras”, en Pablo Yankelevich (comp.), Honduras, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Universidad de Guadalajara, México, Nueva Imagen, pp. 469-520.

Larson, Brooke (2002): Indígenas, élites y Estado en la formación de las repúblicas andinas 1850-1910, Lima, IEP Ediciones y Pontificia Universidad Católica del Perú.

Leal Buitrago, Francisco [1984] (1989): Estado y política en Colombia, Bogotá, Siglo XXI Editores, 2º ed., aumentada.

Lechner, Norbert (1977): La crisis del Estado en América Latina, Caracas, El Cid Editor.

— (1984): La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Santiago de Chile, FLACSO.

— (1988): Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política, Santiago de Chile, FLACSO.

LeGrand, Catherine (2009): “Los antecedentes agrarios de la violencia: el conflicto social en la frontera colombiana, 1850-1936”, en Gonzalo Sánchez Gómez y Ricardo (comps.), Pasado y presente de la violencia en Colombia, Universidad Nacional, Medellín, La Carreta Editores e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), pp. 119-137.

Leitman, Spencer Lewis (1979): Raízes socioeconômicas da Guerra dos Farrapos: um capítulo da história do Brasil no século XIX, Río de Janeiro, Edições Graal.

Lewin, Boleslao ([1957] 1987): La insurrección de Tùpac Amaru, 5º ed., Buenos Aires, EUDEBA [1ª edición, Buenos Aires, Hachette, 1957].

López-Alves, Fernando (2003): La formación del Estado y la democracia en América Latina, Bogotá, Norma.

Love, Joseph (1983): “A Revolução de 30 e o regionalismo gaúcho”, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Simpósio sobre a Revolução de 30, Porto Alegre, ERUS, pp. 60-83.

Lucena Salmoral, Manuel (1992): “La independencia”, en Manuel Lucena Salmoral (coord.), Historia de Iberoamérica. Tomo III, Historia contemporánea, Madrid, Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del Quinto Centenario y Ediciones Cátedra, pp. 21-130.

Lynch, John (1976): Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona, Ariel [5ª ed., ampliada y puesta al día, 1989; nueva edición, 2010].

— (1991a): “Las repúblicas del Río de la Plata”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 6. América Latina independiente, 1820-1870, Barcelona, Crítica, pp. 264-315.

— (1991b): “La Iglesia católica en América Latina, 1830-1930”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 8. América Latina: cultura y sociedad, 1830-1930, Barcelona, Crítica, pp. 65-122.

— (1991c): “Los orígenes de la independencia hispanoamericana”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 5. La independencia, Barcelona, Crítica, pp. 1-40.

— (1992): “La formación de los Estados nuevos”, en Manuel Lucena Salmoral (coord.), Historia de Iberoamérica. Tomo III: Historia contemporánea, Madrid, Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del Quinto Centenario y Ediciones Cátedra, pp. 131-247.

— (2003): “Los factores estructurales de la crisis: la crisis del orden colonial”, en Germán Carrera Damas (dir.) y John Lombarda (codir.), Historia General de América Latina, vol. V, La crisis estructural de las sociedades implantadas, Madrid, Ediciones UNESCO y Trotta, pp. 31-54.

— (2010): San Martín. Soldado argentino, héroe americano, Buenos Aires, Crítica.

Malamud, Carlos (2005): Historia de América, Madrid, Alianza Editorial.

Mallon, Florencia (1983): The Defense of Community in Peru’s Central Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940, Princeton, Princeton University Press.

— (1995): Peasant and Nation. The Making of Postcolonial Mexico and Peru, Berkeley, University of California Press.

Manigat, Sabine (1983): “Acerca de la génesis del Estado haitiano: ‘el primer modelo’”, en Serie B, nº 6, México DF, FLACSO.

Mann, Michael (1991): Las fuentes del poder social, I. Una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d.C., Madrid, Alianza Editorial.

— (1997): Las fuentes del poder social, II. El desarrollo de las clases y los Estados nacionales, 1760-1914, Madrid, Alianza Editorial.

Marchena Fernández, Juan (2007): “Los procesos de independencia en los países andinos: Ecuador y Bolivia”, en Manuel Chust y Antonio Serrano, Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid, Ahila-Iberoamericana, pp. 159-199.

Manrique, Nelson (1994): “La década de la violencia”, en Heraclio Bonilla (comp.), Perú en el fin del milenio, México DF, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 49-99.

— (2003): “Las sociedades originarias en el ámbito de la formulación inicial de los proyectos nacionales como culminación de los procesos de continuidad y ruptura”, en Germán Carrera Damas (dir.) y John Lombarda (codir.), Historia General de América Latina, vol. V, La crisis estructural de las sociedades implantadas, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, pp. 351-364.

Mariátegui, José Carlos ([1928] 1955): Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.

Martí, José (1977): Política de Nuestra América, prólogo de Roberto Fernández Retamar, México DF, Siglo XXI Editores.

Martí, Orestes (s. f.): “Guantánamo. Las claves están en el pasado”. Disponible en línea en: <www.canariasinsurgente.typepad.com>.

Martin Lou, María Asunción y Muscar Benasayag, Eduardo (1992): Proceso de urbanización en América del Sur. Modelos de ocupación del espacio, Madrid, MAPFRE.

Martínez Garnica, Armando (2007): “La independencia del Nuevo Reino de Granada. Estado de la representación histórica”, en Manuel Chust y Antonio Serrano, Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid, Ahila-Iberoamericana, pp. 201-220.

Martinière, Guy (1978): Les Amériques latines, une histoire économique, Grenoble, Presses Univeristaires de Grenoble.

Martins, José de Souza (1981): Os camponeses e a política no Brasil. As lutas sociais no campo no processo político, Petrópolis, Vozes.

— (1994): O poder do atraso. Ensaios de sociologia da histórica lenta, San Pablo, Editora Hucitec.

Marx, Karl y Engels, Friedrich (1970): Revolución en España, Barcelona, Ediciones Ariel, 3º ed.

Matos Mar, José (1976): “Comunidades indígenas del área andina”, en José Matos Mar (comp.), Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú, Lima, IEP Ediciones, 2º ed., pp. 179-217.

Matos Mar, José y Mejía, José Manuel (1980): La reforma agraria en el Perú, Lima, IEP Ediciones.

Mazzei de Grazia, Leonardo (2004): “Chile: del Estado desarrollista y empresario a la revolución neoliberal. Una síntesis”, en Waldo Ansaldi (coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel, pp. 183-201.

McLynn, F. J. (1979): “The Causes of the War of Triple Alliance: An Interpretation”, Inter-American Economic Affairs, vol. 33, nº 2, otoño.

Medina Echavarría, José (1964): Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina, Buenos Aires, Solar.

Melliassoux, Claude (1979): “Modalidades históricas de explotación y de sobreexplotación del trabajo”, en Revista Ciencias Sociales, vol. III, nº 9, Quito, primer trimestre, pp. 11-22.

Melville, Thomas y Marjorie (1982): Tierra y poder en Guatemala, San José, EDUCA, 2º ed.

Menezes, Alfredo da Mota (1998): Guerra do Paraguai. Como construímos o conflito, San Pablo y Cuiabá, Editora Contexto y Editora da Universidade Federal de Mato Grosso.

Mignolo, Walter (2007): La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Barcelona, Gedisa Editorial.

Miliband, Ralph (1991): “Análisis de clases”, en Anthony Giddens, Jonathan Turner y otros, La teoría social, hoy, México DF, coedición del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Alianza Editorial, pp. 418-444.

Miranda Bastidas, Haydeé y Becerra, Hasdrúbal (2005): La independencia de Hispanoamérica. Declaraciones y Actas, Caracas, Biblioteca Ayacucho (Colección Claves de América, 28).

Mires, Fernando (1988): La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores.

Moniz Bandeira, Luíz Alberto (2005): “¿América Latina o Sudamérica?”, Clarín, Buenos Aires, 16 de mayo.

— (2006): La formación de los Estados en la cuenca del Plata, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

— (2008): De Martí a Fidel. La Revolución Cubana y América Latina, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

Moore, Jr., Barrington (1966): Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of Modern World democracia, Boston, Beacon Press.

Morelli, Federica (2008): “La redefinición de las relaciones imperiales: en torno a la relación reformas dieciochescas/independencia en América”, en Nuevos mundos mundos nuevos. Disponible en línea en: <www.nuevomundo.revues.org>.

Moreno Fraginals, Manuel (1978): El ingenio. Complejo económico social del azúcar cubano, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 3 tomos.

(relator) ([1977] 1987): África en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores y UNESCO, 2º ed.

— (1995): Cuba/España. España/Cuba, Barcelona, Crítica.

— (2003): “La abolición de la esclavitud”, en Josefina Z. Vázquez (dir.) y Manuel Miño Grigalva (codir.), Historia General de América Latina, vol. VI, La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, pp. 465-481.

Mörner, Magnus (1975): “La hacienda hispanoamericana: examen de las investigaciones y debates recientes”, en Enrique Florescano (coord.), Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores, pp. 15-48.

Moscoso, Leopoldo (1997): “El conspirador, la comadrona y la etiología de la revolución”, en Zona Abierta, nº 80-81, Madrid, pp. 93-136.

Moulian, Tomás (1985): “Violencia, gradualismo y reformas en el desarrollo político chileno”, en Adolfo Aldunate, Ángel Flisfisch, Ángel y Tomás Moulian, Estudios sobre el sistema de partidos en Chile, Santiago de Chile, FLACSO, pp. 13-68.

Moulian, Tomás y Torres Dujisin, Isabel (1987): Discusiones entre honorables. Las candidaturas presidenciales de la derecha entre 1938 y 1946, Santiago de Chile, FLACSO.

Moya Pons, Frank (1991): “La independencia de Haití y Santo Domingo”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 5. La independencia, Barcelona, Crítica, pp. 124-153.

Murmis, Miguel (1980): “El agro serrano y la vía prusiana de desarrollo capitalista”, en VV. AA., Ecuador: cambios en el agro serrano, Quito, FLACSO-CEPLAES, pp. 7-50.

Murmis, Miguel; Bengoa, José y Barsky, Osvaldo (1978): Terratenientes y desarrollo capitalista en el agro, Quito, Ediciones CEPLAES.

Novais, Fernando A. (1985): Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), San Pablo, Editora Hucitec, 3º ed.

Oliveira, Francisco de (1987): O elo perdido. Classe e identidade de classe, San Pablo, Editora Brasiliense.

O’Phelan, Scarlett (1988): Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700-1778, Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.

Ossowski, Stanislaw (1969): Estructura de clases y conciencia social, Barcelona, Ediciones Península.

Oszlak, Oscar (1978): “Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teórico-metodológicos para su estudio”, Estudios CEDES, vol. 1, nº 3, Buenos Aires, Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Page, Joseph A. (1996): Brasil, Buenos Aires, Emecé Editores.

Paine, Thomas (1984): Derechos del Hombre, Madrid, Alianza Editorial.

Palacios, Marco (1981): “La fragmentación regional de las clases dominantes en Colombia: una perspectiva histórica”, en G. A. Bank, R. Buve y L. Van Vroonhove (eds.), State and Region in Latrin America: A Workshop, Ámsterdam, Incidentele Publicaties, CEDLA, pp. 41-69.

Palomeque, Silvia (1996): “El sistema de dominación colonial en Andes de páramo”, inédito.

(1997): “El sistema de autoridades de ‘pueblos de indios’ y sus transformaciones a fines del período colonial. El partido de Cuenca”, en Revista Memoria Americana, nº 6, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, pp. 9-49.

Palti, Elías J. (2007): El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Paramio, Ludolfo (1986): “Defensa e ilustración de la sociología histórica”, en Zona Abierta, nº 38, Madrid, enero-marzo, pp. 1-18.

Pasquino, Gianfranco (1994): “Revolución”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de política, México DF, Siglo XXI Editores, 8º ed., tomo 2, pp. 1412-1423.

Passeron, Jean-Claude (1986): “ Histoire et sociologie: identité sociale et identité logique d’une discipline”, en Historiens et sociologues aujourd’hui, Journées de la SFS, París, CNRS, p. 195-208.

Pastore, Carlos (1972): La lucha por la tierra en el Paraguay, Montevideo, Editorial Antequera.

Paz y Miño Cepeda, Juan J. (2007a): Removiendo el presente. Latinoamericanismo e Historia en Ecuador, Quito, Abya-Yala.

— (2007b): “Ecuador: democracia con tensiones, sociedad con desatenciones”, en Waldo Ansaldi (dir.), La democracia en América Latina, un barco a la deriva, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp. 287-312.

— (2008): “Ecuador en el bicentenario: Una visión desde la historia”, en e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericano, vol. 7, nº 25, Buenos Aires, octubre-diciembre, pp. 29-45. Disponible en línea en: <www.iigg.fsoc.uba.ar>.

Pearse, Andrew (1984): “Campesinado y Revolución: El caso de Bolivia”, en Fernando Calderón y Jorge Dandler (comps.), Bolivia: la fuerza histórica del campesinado. Movimientos campesinos y etnicidad, La Paz, UNRISD y CERES, pp. 309-358.

Pease García, Franklin (1995): Breve historia contemporánea del Perú, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Pease García, Henry (1977): El ocaso del poder oligárquico. Lucha política en la escena oficial 1968-1975, Lima, DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.

Pellicani, Luciano (1985): “La paradoja de la revolución”, en VV. AA., Los limites de la democracia, Buenos Aires, CLACSO, tomo I, pp. 113-122.

Peña, Milcíades (1968): La era de Mitre. De Caseros a la Guerra de la Triple Infamia, Buenos Aires, Ediciones Fichas.

Pérez Herrero, Pedro (2003): “Conflictos ideológicos y lucha por el poder”, en Germán Carrera Damas (dir.) y John Lombarda (codir.), Historia General de América Latina, vol. V, La crisis estructural de las sociedades implantadas, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, pp. 317-349.

Pierre-Charles, Gérard (1981): “Haití (1930-1975): la crisis ininterrumpida”, en Pablo González Casanova, América Latina: historia de medio siglo. 2. México, Centroamérica y el Caribe, México DF, Siglo XXI Editores,
pp. 174-222.

Pinto Soria, Julio César (1986): Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (1800-1840), Guatemala, Editorial Universitaria de Guatemala.

— (1993): “La independencia y la Federación (1810-1840)”, en Edelberto Torres-Rivas (coord.), Historia General de Centroamérica, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario y FLACSO, tomo III, pp. 73-140.

Polanyi, Karl (1992): La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, México DF, Fondo de Cultura Económica

Pomer, León (1968): La Guerra del Paraguay ¡gran negocio!, Buenos Aires, Caldén.

— (2008): La guerra del Paraguay. Estado, política y negocios, Buenos Aires, Ediciones Colihue.

Portinaro, Pier Paolo (2003): Estado. Léxico de política, Buenos Aires, Nueva Visión.

Posas, Mario (1993): “La plantación bananera en Centroamérica (1870-1929)”, en Edelberto Torres-Rivas (coord.), Historia General de Centroamérica, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario y FLACSO, tomo IV, pp. 111-165.

Pozo, José del (2002): Historia de América Latina y del Caribe 1825-2001, Santiago de Chile, LOM Ediciones.

Prado, Maria Lígia Coelho (1986): A democracia ilustrada. (O Partido Democrático de São Paulo, 1926-1934), San Pablo, Editora Ática.

— (2008): “O artista entre história, a política e a pintura: retratando a Independéncia no século XIX”, en e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 7, nº 25, Buenos Aires, octubre-diciembre, pp. 17-29. Disponible en línea en: <www.iigg.fsoc.uba.ar>.

Price, Richard (comp.) (1981): Sociedades cimarronas. Comunidades esclavas rebeldes en las Américas, México DF, Siglo XXI Editores.

Przeworski, Adam (s. f.): “El proceso de la formación de clases”, en Adam Przeworski y Homero R. Saltalamacchia, El proceso de formación de clase, México DF, Cuadernos Teoría y Sociedad, División Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Pucciarelli, Alfredo Raúl (1993): “Conservadores, radicales e yrigoyenistas. Un modelo (hipotético) de hegemonía compartida”, en Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y José Villarruel (eds.), Argentina en la paz de dos guerras. 1914-1945, Buenos Aires, Biblos, pp. 65-105.

Queiroz, Maria Isaura Pereira de (1969): Historia y etnología de los movimientos mesiánicos, México DF, Siglo XXI Editores, 1º ed.

— (1985): “O Coronelismo numa interpretação sociológica”, en Boris Fausto (org.), História Geral da Civilização Brasileira, San Pablo, DIFEL, 4º ed., tomo III, vol 1, pp. 155-190.

Quijada, Mónica (2004): “De mitos nacionales, definiciones cívicas y clasificaciones grupales. Los indígenas en la construcción nacional argentina, siglos XIX a XXI”, en Waldo Ansaldi (coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel, pp. 425-450.

Quijano, Aníbal (1988): “Modernidad, identidad y utopía en América Latina”, en VV. AA., Imágenes desconocidas. La modernidad en la encrucijada latinoamericana, Buenos Aires, CLACSO.

Quintas, Amaro (1982): O sentido social da Revolução Praiera, Recife, Editora Massangana-Fundação Joaquim Tabuco. 6º ed.

Quintero Rivera, Ángel G. (1978): Conflictos de clase y política en Puerto Rico, Río Piedra, Ediciones Huracán, 2º ed.

— (2003): La Capital Alterna. Sociología de la sociedad civil y la cultura urbana en la historia de la relación entre clase, “raza” y nación en Puerto Rico, Ponce, Ponceños de Verdad, Centro de Investigaciones Sociales.

Ramón, Armando de (1997): “Práctica del conservatismo y régimen oligárquico. Los idearios portaliano y alberdiano y sus proyecciones”, en Fernando E. Barba y Carlos A. Mayo (comps.), Argentina y Chile en época de Rosas y Portales, La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, pp. 99-111.

— (2001): Breve historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000), Buenos Aires, Editorial Biblos.

Ramos Mattei, Andrés (1981): La hacienda azucarera. Su crecimiento y crisis en Puerto Rico (siglo XIX), San Juan de Puerto Rico, CEREP.

Ramos Núñez, Carlos (1997): El código napoleónico y su recepción en América Latina, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ricciardi, Maurizio (2003): Revolución. Léxico de política, Buenos Aires, Nueva Visión.

— (2009): “¿Ha terminado la revolución? Historia del concepto y valoración política”, en Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad [revista del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara], vol. XV, nº 44, enero-abril, pp. 9-29. Disponible en línea en: <www.redalyc.uaemex.mx>.

Rilla, José (2008): La actualidad del pasado. Usos de la historia en la política de partidos del Uruguay (1942-1972), Montevideo, Debate.

Rico, Álvaro (2005): Cómo nos domina la clase dominante. Orden político y desobediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay (1985-2005), Montevideo, Ediciones Trilce.

Roberts, Bryan (1980): “Estado y región en América Latina”, en Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, vol. 1, nº 4, El Colegio de Michoacán, otoño, pp. 9-40.

Rodríguez Molas, Ricardo (1985): Los sometidos de la Conquista. Argentina, Bolivia, Paraguay, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Rodríguez Ordóñez, Jaime E. (1996): La independencia de la América española, México DF, El Colegio de México-Fideicomiso Histórico de las Américas-Fondo de Cultura Económica.

Roitman Rosenmann, Marcos (2008): Pensar América Latina. El desarrollo de la sociología latinoamericana, Buenos Aires, CLACSO.

Rojas, Rafael (2010): Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica, Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara.

Rojas Bolaños, Manuel (1993): “La política”, en Edelberto Torres-Rivas (coord.), Historia General de Centroamérica, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario y FLACSO, tomo V, pp. 85-163.

Rojas Calizaya, Juan Carlos (2007): “La Reforma Agraria boliviana. Recuento histórico de sus marrchas y contramarchas”, en Consulta de Expertos en Reforma Agraria en America Latina, Santiago, Chile, 11 y 12 de diciembre de 2006, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Disponible en línea en: < www.rlc.fao.org>.

Rojas Mix, Miguel (1991): Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colón, Barcelona, Editorial Lumen.

Romero, José Luis (1976): Latinoamérica: las ciudades y las ideas, México DF, Siglo XXI Editores; 1º ed.

— (1978): “El pensamiento conservador latinoamericano en el siglo XIX”, en José Luis Romero y Luis Alberto Romero (comps.), Pensamiento conservador (1815-1898), Caracas, Biblioteca Ayacucho, vol. 31, pp. IX-XXXVIII.

— (1982): Las ideologías de la cultura nacional y otros ensayos, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Rouquié, Alain (1984): El Estado militar en América Latina, Buenos Aires, Emecé.

— (1990): Extremo occidente. Introducción a América Latina, Buenos Aires, Emecé.

— (1994): Guerra y paz en América Central, México DF, Fondo de Cultura Económica.

Rowe, William y Schelling, Vivian (1993): Memoria y modernidad. Cultura popular en América Latina, México DF, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Editorial Grijalbo.

Rozitchner, León (1987): Freud y el problema del poder, México DF, Plaza y Valdés y Folios Ediciones.

Salazar, Gabriel (1985): Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, Santiago del Chile, Ediciones Sur.

Salazar, Gabriel; Mancilla, Arturo y Durán, Carlos (1999): Historia contemporánea de Chile, vol. I, Estado, legitimidad, ciudadanía, Santiago de Chile, LOM Ediciones.

Salvatore, Ricardo (2006): Imágenes de un imperio. Estados Unidos y las formas de representación de América Latina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Samara, Eni de Mesquita (2003): “Los grupos sociales y la vida cotidiana (1820-1870)”, en Josefina Z. Vázquez (dir.) y Manuel Miño Grigalva (codir.), Historia general de América Latina, vol. VI, La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, pp. 421-444.

Sánchez León, Pablo (1995): “¿Autonomía estatal o clases fragmentadas?: conceptos, teorías y estrategias de investigación en sociología histórica del cambio social”, en Política y Sociedad, n° 18, Madrid, pp. 149-164.

Sánchez Parga, José (1986): “Etnia, Estado y la ‘forma’ clase”, en Ecuador Debate, nº 12, Quito, Centro Andino de Acción Popular (CAAP), diciembre, pp. 25-77.

Sandoval Ramírez, Luis (s. f.): “Los ciclos económicos largos Kondratiev y el momento actual”. Disponbile en línea en: <www.ucm.es>.

Santos, Luís Cláudio Villafañe G. (2007): El imperio del Brasil y las repúblicas del Pacífico, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar y Corporación Editora Nacional.

Sautu, Ruth (2011): El análisis de las clases sociales: teorías y metodologías, Buenos Aires, Luxemburg.

Schwarcz, Lilia Moritz [1993] (2004): O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930, San Pablo, Companhia das Letras, 5º ed.

Screpanti, Ernesto (1985): “Ciclos económicos largos e insurrecciones proletarias recurrentes”, en Zona Abierta, nº 34-35, Madrid, enero-junio,
pp. 63-104.

Schori, Pierre (1982): El desafío europeo en Centroamérica, San José de Costa Rica, EDUCA.

Serulnikov, Sergio (2006): Conflictos sociales e insurrección en el mundo andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Silveira Gorski, Héctor C. (1996): “La exclusión del otro extranjero y la democracia de las diferencias”, en VV. AA., En el límite de los derechos, Barcelona, EUB, pp.133-163.

Skidmore, Thomas (1985): Brasil: de Vargas a Castelo a Tancredo 1930-1964, Río de Janeiro, Editora Paz e Terra, 8º ed.

Skidmore, Thomas y Smith, Peter (1996): Historia Contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo XX, Barcelona, Crítica.

Skocpol, Theda (1979): States and Social Revolutions, Cambridge, Cambridge University Press [hay edición en castellano: Los Estados y las revoluciones sociales, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1984].

— (ed.), (1991): Vision and Method in Historical Sociology, Nueva York, Cambridge University Press.

Smith, Robert Freeman (1991): “América Latina y la economía internacional desde la primera guerra mundial hasta la depresión mundial”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 7. América Latina: Economía y sociedad, c. 1870-1930, Barcelona, Crítica,
pp. 50-72.

Solé, Jacques (2008): Las revoluciones de fin del siglo XVIII en América y en Europa (1773-1804), México DF, Siglo XXI Editores.

Solórzano Martínez, Mario (1987): Guatemala: autoritarismo y democracia, San José, EDUCA-FLACSO.

Sotelo, Ignacio (1977): “Modelos de explicación del militarismo latinoamericano: una interpretación histórica”, en Papers. Revista de Sociología, nº 7, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 65-89.

— (1980): América Latina: un ensayo de interpretación, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

Soto Gamboa, Ángel (2004): “Historia del presente. Estado de la cuestión y conceptualización”, en Historia Actual Online, vol. 1, nº 3, invierno, pp. 101-116. Disponible en línea en: <www.historia-actual.com>.

Souto Maior, Armando (1978): Quebra-Quilos: lutas sociais no outono do Império, San Pablo y Recife, Compañía Editora Nacional e Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.

Spalding, Karen (1974): De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial, Lima, IEP Ediciones, 1º ed.

Stavenhagen, Rodolfo (1969): Las clases sociales en las sociedades agrarias, México DF, Siglo XXI Editores.

Stepan, Alfred (1974): Brasil: los militares y la política, Buenos Aires, Amorrortu Editores.

Stoller, Richard (1995): “Alfonso López Pumarejo and Liberal Radicalism in 1930’s Colombia”, en Journal of Latin American Studies, nº 27, mayo, pp. 367-397.

Sztompka, Piotr (1995): Sociología del cambio social, Madrid, Alianza Editorial.

Therborn, Göran (1979): ¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estados y poder estatal en el feudalismo, el socialismo y el capitalismo, Madrid, Siglo XXI Editores.

Thomas, Hugh (1991): “La colonia española de Cuba”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 5. La independencia, Barcelona, Crítica, pp. 154-170.

Thompson, Edward P. (1979): Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica.

Tilly, Charles (1991): Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, Madrid, Alianza Editorial.

— ([1993] 1995): Las revoluciones europeas, 1492-1992, Barcelona, Crítica.

Tirado Mejía, Álvaro (1992): “El Estado y la política en el siglo XIX”, en VV. AA., Manual de Historia de Colombia, Bogotá, Procultura en coedición con Tercer Mundo Editores, tomo 2, cap. XII, pp. 325-384.

Tobler, Hans Werner (1994): La Revolución Mexicana. Transformación social y cambio político, 1876-1940, México DF, Alianza Editorial.

Todorov, Tzvetan (1987): La Conquista de América. El problema del otro, México DF, Siglo XXI Editores.

Toer, Mario (2006): De Moctezuma a Chávez. Repensando la Historia de América Latina, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas.

Torres-Rivas, Edelberto (1969): Procesos y estructuras de una sociedad dependiente (Centroamérica), Santiago de Chile, Ediciones Prensa Latinoamericana.

— ([1981] 1984): “Guatemala: medio siglo de historia política. Un ensayo de interpretación sociológica”, en Pablo González Casanova (coord.), América Latina: historia de medio siglo. 2. México, Centroamérica y el Caribe, México DF, Siglo XXI Editores, 2º ed., pp. 139-173.

— (1987): Centroamérica: la democracia posible, San José (Costa Rica), Editorial Universitaria Centroamericana.

— (2004): “Centroamérica. Revoluciones sin cambio revolucionario”, en Waldo Ansaldi (coord.), Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, Buenos Aires, Ariel, pp. 281-301.

— (2008): “Colonia, independencia, Estado nacional. Guatemala y las paradojas del aniversario”, en e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 7, nº 25, Buenos Aires, octubre-diciembre; pp. 45-63. Disponible en línea en: <www.iigg.fsoc.uba.ar>.

Touraine, Alain (1965): Sociologie de l’action, París, Éditions du Seuil.

— (1973): Production de la société, París, Éditions du Seuil trad. cast.: Producción de la sociedad, México DF, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM e Instituto Francés de América Latina, 1995].

Trindade, Hélgio (1986): “La construcción del Estado nacional en Argentina y Brasil (1810-1900)”, en Revista Mexicana de Sociología, año XLVIII, nº 1, México DF, enero-marzo, pp. 137-166.

UNESCO (1999/2008): Historia General de América Latina, preparada por el Comité Científico Internacional ad hoc de la UNESCO y dirigida por Germán Carrera Damas, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, 9 volúmenes [directores: Teresa Rojas Rabiela (vol. I), Franklin Pease García (vol. II), Alfredo Castillero Calvo (vol. III), Enrique Tandeter (vol. IV), Germán Carrera Damas (vol. V), Josefina Z. Vázquez (vol. VI), Enrique Ayala Mora (vol. VII), Marco Palacios (vol. VIII), Estevão de Rezende Martins (vol. IX)].

Valobra, Adriana María (2008): “Feminismo, sufragismo y mujeres en los partidos políticos en la Argentina de la primera mitad del siglo XX ”, en Amnis, nº 8. Disponible en línea en: <www.amnis.revues.org>.

Vázquez, Josefina Zoraida (1993): “El federalismo mexicano, 1823-1847”, en Marcello Carmagnani (coord.), Federalismos latinoamericanos: México / Brasil / Argentina, México DF, El Colegio de México-Fideicomiso Histórico de las Américas-Fondo de Cultura Económica, pp. 15-50.

Véliz, Claudio (1984): La tradición centralista en América Latina, Barcelona Ariel.

Ventós, Xavier Rupert de (1987): El laberinto de la hispanidad, Barcelona, Planeta.

Viales Hurtado, Ronny J. (2006): “La sociología latinoamericana y su influencia sobre la historiografía (siglo XIX a 1980)”, en Estevão de Rezende Martins (dir.) y Héctor Pérez Brignoli (codir), Historia General de América Latina, vol. IX, Teoría y metodología en la Historia de América Latina, Madrid, Ediciones UNESCO y Editorial Trotta, pp. 129-174.

Vianna, Luiz Werneck (1998): “Caminhos e descaminhos da revolução pasiva à brasileira”, en Alberto Aggio (org.), Gramsci. A vitalidade de um pensamento, San Pablo, Fundação Editora da UNESP, pp. 189-201.

Vilar, Pierre (1973): “La participación de las clases populares en los movimientos de independencia de América Latina”, en Pierre Chaunu, Pierre Vilar y Eric J. Hobsbawm, La independencia de América Latina, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 43-63.

Wallerstein, Immanuel (1979): El moderno sistema mundial I. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea, 1600-1750, Madrid, Siglo XXI Editores.

— (1984): El moderno sistema mundial II. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, Madrid, Siglo XXI Editores.

— (coord.) (1996): Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkián para la reestructuración de las ciencias sociales, México DF, Siglo XXI Editores, en coedición con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (UNAM).

— (1998a): El moderno sistema mundial III. La segunda era de gran expansión de la economía-mundo capitalista, 1750-1850, México DF, Siglo XXI Editores.

— (1998b): Impensar las ciencias sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos, México DF, Siglo XXI Editores, en coedición con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (UNAM).

Wallerstein, Immanuel y Balibar, Étienne (1991): Raza, Nación y Clase, Madrid, IEPALA.

Weber, Max (1984): Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México DF, Fondo de Cultura Económica, 7º ed.

Wilcken, Patrick (2005): Império à deriva. A Corte portuguesa no Rio de Janeiro, 1808-1821, Río de Janeiro, Objetiva.

Williams, John Hoyt (1979): The Rise and Fall of the Paraguayan Republic 1800-1870, Austin, University of Texas Press.

Wolf, Eric R. y Mintz, Sydney W. (1975): “Haciendas y plantaciones en Mesoamérica y las Antillas”, en Enrique Florescano (coord.), Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores, pp. 493-531.

Wood, Ellen Meiksins (2000): Democracia contra capitalismo. La renovación del materialismo histórico, México DF, Siglo XXI Editores, en coedición con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Wright, Erik Olin (1994): Clases, Madrid, Siglo XXI Editores.

— (1995a): “Análisis de clase”, en Julio Carabaña (ed.), Desigualdad y clases sociales. Un seminario en torno a Erik O. Wright, Madrid, Fundación Argentaria, pp. 21-53.

— (1995b): “Clase y política”, en Julio Carabaña (ed.), Desigualdad y clases sociales. Un seminario en torno a Erik O. Wright, Madrid, Fundación Argentaria, pp. 239-259.

Yepes, Enrique (s. f., posiblemente 2005 o 2006): “América Latina: Un concepto difuso y en constante revisión”. Disponible en línea en: <www.bowdoin.edu>.

Zeitlin, Irving (1984): The Civil Wars in Chile (or the bourgeois revolutions that never were), Princeton, Princeton University Press.

Zeuske, Michael (1996): “1898. Cuba y el problema de la ‘transición pactada’. Prolegómenos a una historia de la cultura política en Cuba (1880-1920)”, en Consuelo Naranjo Orovio, Miguel Ángel Puig-Samper y Luis Miguel García Mora (eds.), La Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, Aranjuez, Doce Calles, pp. 131-147.

PLAN GENERAL DE LA OBRA

América Latina.

La construcción del orden

Waldo Ansaldi y Verónica Giordano

Tomo I

De la colonia a la disolución de la dominación oligárquica

Capítulo 1. Algunas claves para definir las coordenadas de espacio, tiempo y realidad social

Capítulo 2. La dominación colonial: las bases de largas líneas de continuidades y rupturas

Capítulo 3. La disolución del orden colonial y la construcción del primer orden independiente

Capítulo 4. El orden en sociedades de dominación oligárquica

Tomo II

De las sociedades de masas a las sociedades en procesos de reestructuración

Capítulo 5. El orden en sociedades de masas

Capítulo 6. El orden en sociedades de violencia

Capítulo 7. El orden en sociedades en procesos de reestructuración

Epílogo. La conformación de la matriz institucional del orden vigente. Una mirada de larga duración