Lo más original de la guerra civil española fue el experimento social, espontáneo e improvisado que conocemos con el nombre de colectivización. En los años sesenta, cuando se habló mucho de la autogestión, la experiencia acumulada por los colectivizadores parecía que podría ser útil a los autogestionarios. Pero la sociedad evolucionó en otra dirección y las aspiraciones de unos y las realizaciones de otros se olvidaron.

Al calor de la ilusión autogestionaria el autor de este libro entrevistó, grabadora en mano, a diversos militantes que habían dirigido colectivizaciones durante la guerra civil. Contaron su historia personal, como prólogo al relato de su actuación de colectivizadores. Hoy, estas entrevistas —perdidas durante años y ahora redescubiertas— pueden ayudar a comprender lo que, de la guerra civil, queda como más creador y que, sin duda, algún día, en el futuro, será el precedente de cosas que vendrán.

Víctor Alba

Los colectivizadores

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Titivillus 21.10.15

Título original: Los colectivizadores

Víctor Alba, 2001

Diseño de portada: Duatis Disseny

Editor digital: Titivillus

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A Cristina, que, por su propia cuenta, ha compartido estos sueños al cabo de los años.

JUSTIFICACIÓN

Este libro de entrevistas —porque esto es— habría debido publicarse hace un cuarto de siglo, cuando estaba de moda, entre la gente de izquierda, hablar de autogestión. No pudo hacerse por mi desidia. El manuscrito con las transcripciones de las entrevistas grabadas se archivó donde no correspondía —era una época en que cosas como ésta todavía debían ocultarse— y solamente ahora lo he encontrado. Ahora, cuando, en apariencia, el tema ya no es de actualidad, nadie habla de autogestión y los sindicalistas jóvenes (suponiendo que los haya) ni conocen esta palabra.

Pero creo que hay un motivo para «resucitar» el libro no nato. Existe mucha literatura sobre la Guerra Civil española. En la Biblioteca del Congreso de Washington se guardan casi tantos libros sobre ella como sobre la II Guerra Mundial. Dentro de esta literatura, las colectivizaciones ocupan un buen lugar. Pero, como tantas otras cosas de la Guerra Civil, se han quedado en los libros.

Creo que de la Guerra Civil dos cosas sobreviven, que podríamos llamar excepciones históricas. Una, el hecho de que, cuando el fascismo estaba en ascenso, hubo un lugar (media España), donde se le plantó cara. La otra, que cuando el capitalismo industrial y el feudalismo agrario parecían adoptar nuevas formas especialmente brutales, como el estalinismo y el nazismo, hubo un lugar (Cataluña y Aragón) donde se les dio vuelta. Lo demás —muertes, destrucción, heroísmo, crueldad, traiciones, miedo— es cosa común en todas las guerras. Pero lo que he citado es único de la Guerra Civil española. En cierto modo, es su legado a la historia. Y creo que merece la pena dar la palabra a quienes fueron testigos, desde dentro, de esa segunda excepción histórica, menos espectacular que la lucha en la calle, cierto, pero más profunda y de raíces muy antiguas. Se ha escrito bastante sobre las colectivizaciones españolas de 1936, pero casi todo en tono o bien apologético, o bien denigratorio. Presentar la experiencia como un éxito completo o un fracaso total es falsear la realidad.

El valor de la experiencia no radica en sus aspectos legales o financieros, ni siquiera en los políticos, sino en sus aspectos humanos. A fin de cuentas si bien surgió de una necesidad práctica, inmediata, aspiraba a resolver no sólo problemas legales o financieros, sino también humanos.

Lo importante es la influencia en las colectivizaciones de los obreros que las llevaron a cabo y la influencia que las colectivizaciones ejercieron en estos mismos obreros. Pasada la moda de la autogestión, que fue importante en los años setenta en toda Europa occidental, hablar de las colectivizaciones no tiene ningún fin práctico inmediato. Sin embargo, hay intentos, en diversos países, de «colectivizar» empresas en decadencia o en quiebra, por parte de sus obreros. Aunque el proletariado desaparezca para dejar el lugar al asalariado con mentalidad de clase media, y el viejo burgués vaya siendo substituido por el ejecutivo y sus stock options, la experiencia de hace más de sesenta años puede orientar y, acaso, estimular la busca de nuevas formas de propiedad y de relaciones del hombre con el trabajo.

Para escribir este libro me he apoyado en los recuerdos personales de mis contactos de aquella época, como periodista y como militante, con obreros y dirigentes de empresas colectivizadas, así como en mis recuerdos sobre el estado de ánimo del momento entre los trabajadores y las gentes de otras clases y sobre sus reacciones ante las colectivizaciones. Como soy urbanita, supe poco, por experiencia directa, de las colectivizaciones agrarias; por esto aquí me referiré poco a ellas, dejando el tema por entero a sus protagonistas de hace más de sesenta años. Por otra parte, precisamente por influencia de esta experiencia personal, el lenguaje que voluntariamente he empleado al escribir este ensayo es el de la época, muy distinto del que se maneja en los textos políticos y sociales de hoy en día, cuando ya nadie emplea expresiones como «movimiento obrero», «proletariado» y «revolución». Espero que este esfuerzo para reconstruir un modo de expresión que conservo vivo en la memoria, ayude al lector a entrar en la atmósfera de la época. Habrá repeticiones, sobre todo de relaciones de causa-efecto, en distintos contextos, porque si se han olvidado por muchos de quienes las vivieron, ni siquiera se conocen por los que deberían aprovechar esta ya vieja experiencia. Y porque hay clavos que duelen tanto que conviene remacharlos para que otros no se pinchen en ellos.

Si la experiencia personal es importante para comprender lo que fue un fenómeno único, que no se dio en ninguna otra situación revolucionaria de la historia, no puede basarse evidentemente en la de una sola persona. Por esto se compone el libro de una serie de entrevistas a supervivientes de empresas colectivizadas, viejos compañeros de lucha. Estas entrevistas tuvieron lugar cuando Franco todavía reinaba y, naturalmente, no pudieron publicarse entonces. La transcripción de estas entrevistas, hechas con casete —un chisme que acababa de salir entonces al mercado— es, sin duda, la parte más importante del libro. El autor no se sentirá ofendido ni vejado si el lector salta sus observaciones y va directamente a las entrevistas.

Sitges, 2001.

INTRODUCCIÓN

1. LA PRIMERA REVOLUCIÓN OBRERA

La obsesión por la panacea

Cada época tiene sus panaceas. Suelen tomarse como tales algunas soluciones posibles a problemas concretos, que parecen especialmente atractivas a la gente del momento y que, al presentarse como remedio universal, ganan en poder de fascinación y pierden en posible eficacia. Las panaceas duran el tiempo que persisten las condiciones y la mentalidad que hicieron tomar por solución general lo que podía haberlo sido a determinados problemas. Luego, ante nuevas situaciones, otras panaceas surgen en su lugar.

Hubo una época en que el sufragio universal parecía una panacea. Muchas feministas creyeron que con el voto de la mujer se solucionarían sus problemas. Hubo otra época en que la panacea era la salvación eterna del alma, y otra en que el desarrollo económico infinito en un mercado libre se presentó como tal. La civilización blanca u occidental se ofreció como panacea para todos los pueblos de la Tierra. El progreso técnico aparecía como panacea en los siglos XVIII y XIX. La socialización de la propiedad, en ciertos medios y momentos, fue una panacea y lo fue también, en otros medios y momentos, la extensión a todo el mundo de la iniciativa privada y la libre empresa, sin ninguna especie de control. En la política y en especial en el movimiento obrero se presenta como panacea la unidad a toda costa, con el truco de que «la unidad hace la fuerza», lo que a menudo determina que se olvide preguntar qué se va a hacer con esta fuerza. Hay naciones sin estado en que se ve como panacea la independencia con estado o, en ciertos casos, la autonomía.

Para muchos, el marxismo fue la panacea. Pero la revolución rusa y luego las revoluciones china, cubana y otras —si es que pueden llamarse revoluciones— hicieron perder las ilusiones sobre esto, y el marxismo quedó reducido a lo que fue originariamente, un método de análisis de la realidad social y económica. La desaparición de la autoridad fue, para los anarquistas, una panacea, hasta que tuvieron que enfrentarse con los problemas prácticos cotidianos del poder, en la Guerra Civil española.

Muchas de estas panaceas hubieran podido ser útiles como instrumento para resolver determinados problemas. Las nacionalizaciones en los países subdesarrollados, por ejemplo, eran un buen método para convertir en nacionales ciertas industrias y fuentes de riqueza clave que estaba en poder de extranjeros, en situaciones de ascenso de la burguesía local. Al presentarlas como panacea, perdieron toda eficacia y se convirtieron en un medio de dar al estado el dominio sobre los trabajadores y de hacer pagar al conjunto de la población la ayuda estatal a la burguesía local.

Cuando una solución posible se convierte de medio en fin —es decir, en panacea—, lo que hubiese podido aportar se pierde en este proceso de magnificación (o incluso de sacralización) que determina inevitablemente su fracaso, por el simple motivo de que se le pide lo que nunca pudo dar, lo que nada puede dar: una solución universal.

A veces tiene un rostro geográfico, se identifica con un país: la Francia de la Revolución, la Rusia de 1917; luego, por increíble que parezca, la Argentina de Perón, la Cuba de Castro, la China de Mao, el Chile de Allende, y hasta —para según quien— el Chile de Pinochet y la España de Franco. Lo que eran tentativas —o que se presentaban como tales— para solucionar los problemas locales se convirtieron en modelo y esto hizo imposible su análisis y el aprovechamiento de sus lecciones. La panacea, así, condenó a los pueblos a repetir, una y otra vez, los mismos errores, porque se les presentaban como remedios universales.

Mas los hechos —«muy tozudos», como decía Lenin—, se impusieron y se echó de ver que la experiencia distaba mucho de ser una solución universal, incluso local. Entre tanto, se habían esterilizado los esfuerzos por buscar nuevos caminos: ¿para qué un camino nuevo, si Rusia, China, Cuba o Angola ya señalaban uno? La generalización de las panaceas sucesivas fue, así, a la vez, efecto y causa de la actual pobreza teórica del movimiento obrero en todas sus tendencias; más aún, de cualquier tentativa inconformista.

Una experiencia única

Hay, sin embargo, una experiencia —única hasta ahora— que ha escapado durante decenios a esta perversión. Me refiero, como ya dije, a las colectivizaciones que tuvieron lugar en 1936, en los comienzos de la Guerra Civil española.

Durante lustros se vieron como lo que fueron: un nuevo sistema de propiedad (y propiedad privada en una forma innovadora) de los medios de producción. Se discutió si era un sistema eficaz o si era ineficaz, pero no se salió del terreno de la realidad. Sin embargo, en los años sesenta y setenta pareció desatarse una furia mental que amenazó con arrasar el realismo que había rodeado los comentarios sobre las colectivizaciones, furia que hubiera podido muy bien convertirlas en una nueva panacea. En años más recientes, este frenesí parece haberse desvanecido.

Ocurre a veces que al pasar de solución posible de un problema a remedio universal, una experiencia pierde su nombre. Por esto, en los años sesenta y setenta ya no se hablaba de colectivización, sino de autogestión. El nombre surgió en los medios sindicalistas católicos franceses, que querían emanciparse de la tutela eclesiástica y encontraron en la autogestión una nueva imagen. De Francia pasó a otros países y volvió a España, donde había tenido lugar el primer experimento en grande de autogestión, aunque con otro nombre.

La experiencia española corrió, así, el riesgo de verse desnaturalizada, sumergida en la retórica de la autogestión, en la cual cabrían, al parecer, al mismo tiempo, los trucos titistas de dar a los obreros la ilusión de mandar en sus fábricas y los métodos alemanes occidentales de participación casi simbólica de los obreros en la gestión de las empresas, las viejas tradiciones cooperativistas y las transitorias comunas hippies.

El término colectivización es más limitado, más concreto y, por tanto, más claro y menos propicio a la manipulación y la tergiversación. En este libro se escribirá sobre las colectivizaciones españolas de 1936, con el ánimo de que su experiencia pueda ser aprovechada en cualquier propuesta que surja de reformar los conceptos de trabajo y propiedad. El hecho de que hoy no sepamos ver estas propuestas no implica que en un futuro no puedan darse.

El lector dirá que exagero si afirmo que la revolución española de 1936, con todas las limitaciones impuestas por el hecho de que tuvo lugar sólo en una parte de un país de tercer orden y duró apenas unos meses, fue la única revolución obrera que conoce la historia. Pero si reflexiona con ánimo de librarse de los clichés al uso, verá que no hubo antes ni después ninguna otra revolución obrera.

La Comuna de París de 1871, que se presentó durante muchos años como un modelo de alzamiento proletario, fue en realidad una mezcla de patriotismo pequeño burgués, de inconformismo de algunos intelectuales y de protesta social del proletariado parisino habituado a las barricadas. No adoptó ninguna medida de cambio social que pueda considerarse revolucionaria.

La Revolución Rusa no fue tampoco una revolución obrera. La de febrero de 1917 pudo caracterizarse como democrático-burguesa apoyada por los trabajadores. La de octubre del mismo año fue un golpe de mano —apenas sangriento y con escasa lucha armada— de los equipos de choque bolcheviques, al margen de las decisiones de los soviets (asambleas), sin consulta previa con éstos. Los obreros no tuvieron arte ni parte en el golpe y tampoco en la política seguida por el gobierno que salió de él —primero de coalición, no se olvide, y luego exclusivamente bolchevique—. Que el gobierno bolchevique adoptara algunas decisiones que figuraban en los programas de todos los partidos obreros no significa que la revolución misma fuese obrera. Desde 1917 para acá, los trabajadores no participaron nunca, como tales, en el gobierno de la URSS. La ficción de que el Partido Comunista era el representante exclusivo del proletariado no se aguanta, como tampoco se aguanta la de que, siendo el gobierno soviético un gobierno de los obreros, ya no se necesitaban sindicatos para defender a los trabajadores, sino sólo para encuadrarlos. Si pudiéramos considerar la Revolución Rusa como una revolución obrera, habría en su desarrollo subsiguiente y en las consecuencias que tuvo, motivos suficientes para oponerse a cualquier revolución que se llamara obrera. Pero no los hay, porque 1917 no fue obra de los trabajadores, sino de una élite disciplinada, audaz, de mentalidad jacobina, que estableció no la dictadura del proletariado, sino la dictadura sobre el proletariado, cosa que ya entonces advirtieron algunos dirigentes obreros (Rudolf Rocker, Rosa Luxemburgo) y algunos intelectuales (Bertrand Russell), y que los hechos han ilustrado con sangrienta abundancia.

Ninguna de las revoluciones posteriores ha sido tampoco obrera. En China, fueron los campesinos, organizados por una minoría de «técnicos de la revolución», quienes dieron a éstos el poder. En las «democracias populares» fueron los partidos comunistas, apoyados por las tropas soviéticas, los que llegaron al poder. En Cuba, las filas castristas y la oposición a Batista se componían fundamentalmente de gentes de clase media, estudiantes e intelectuales, lo mismo que en el Chile de Allende. En México, mucho antes, los campesinos formaron la fuerza de choque de la revolución, pero la dirección fue de clase media y algunos intelectuales. En los países coloniales, los movimientos nacionalistas fueron asimismo de clase media e intelectuales (en realidad, clase media e intelectuales deberían considerarse como dos caras de una misma clase). No se trata, pues, pese a las etiquetas que se les pone, de revoluciones obreras, sino de revoluciones mesocráticas, burguesas, para fomentar el capitalismo, obstaculizado por los sistemas coloniales o las supervivencias feudales. Que sea una forma distinta de capitalismo y que esas revoluciones no sean, en general, democráticas, como lo fueron las burguesas de los siglos XVIII y XIX, no les da un carácter obrero, aunque sí sean sociales, en el sentido de que determinan el paso del poder de una clase a otra, por más que la que se hace con el poder no sea la clase obrera.

A la vista de la privación sistemática de libertad para la masa de la población, de la ausencia de todo mecanismo democrático, del paternalismo elitista de los gobernantes, de la carencia de los medios de defensa para los trabajadores y de la persistencia de formas clásicas de explotación (apropiación por una clase de la plusvalía producida por los trabajadores), cabe afirmar que ninguna de estas revoluciones fue obrera.

Lo que salva la idea, en este mar contaminado de clichés y etiquetas, es la experiencia española de 1936. Ahí sí que hubo una revolución auténticamente obrera, llevada a cabo por los trabajadores, espontáneamente, sin ni siquiera la iniciativa inicial de sus organizaciones. Fue una revolución de la base obrera de la sociedad. Y las decisiones que adoptó fueron las propias de los trabajadores, las que lógicamente debían surgir de entre ellos, y las que, en aquellas circunstancias, servían a sus intereses. Fueron decisiones que abrían la puerta a una evolución que, de haber podido continuar, habría transformado la sociedad española, de acuerdo con los principios o aspiraciones confesadas de todas las ideologías obreras de entonces, aunque no necesariamente de acuerdo con sus estrategias y tácticas.

Lo que caracteriza como obrera una revolución es que la lleven a cabo los obreros (la masa proletaria y no una minoría audaz en nombre de los trabajadores), y que las medidas que adopte sean favorables a los obreros como tales y, además, inicien un camino que conduzca hacia una sociedad sin clases, en la cual deje de haber diferencias sociales, económicas, culturales debidas a la división del trabajo y a las distintas funciones en el proceso de producción.

Nada de esto se encontraba en la URSS, o se encuentra en China o en Cuba, pero se hallaba, clara, declaradamente, en media España en julio de 1936.

Al hacer una revolución obrera en el momento en que en todo el mundo el capitalismo, abrumado por la crisis económica, buscaba salvadores dispuestos a emplear la fuerza y los encontraba en los movimientos fascistas, España seguía fiel a su tradición histórica. En efecto, desde la baja Edad Media, España ha ido siempre a contracorriente de la historia europea. Ello se debió a circunstancias fortuitas —la existencia de moros y cristianos en la Península, sobre todo—. Este desfase, que habría podido ser transitorio, persistió porque en la sociedad española nunca fueron bastante fuertes las clases que hubieran debido poner al país a tono con el resto del mundo occidental. Los reinos cristianos españoles, debido a la lucha contra los árabes, fomentan las villas libres y los hidalgos en vez de siervos, por lo que el feudalismo es débil en España cuando es fuerte en el resto de Europa. Se desarrolla, en cambio, debido al debilitamiento del poder islámico, cuando el feudalismo decae en Europa. Al colonizar América, España, en lugar de modernizar el país, despilfarra el producto de la expoliación colonial en guerras de religión y «grandeza», todas perdidas. Por un momento, en la época del despotismo ilustrado, parece que España se pondrá a tono, pero el miedo a la Revolución Francesa paraliza la transformación del país. Cuando Bonaparte lleva los principios de la revolución por Europa, en España el pueblo se alza contra Napoleón. Cuando éste abandona los principios revolucionarios, en España se redacta la Constitución liberal de Cádiz. Cuando la Santa Alianza domina Europa, Riego se subleva. Cuando los liberales gobiernan en Europa, en España lo hacen los moderados y, en partes del país, los tradicionalistas. Cuando los conservadores gobiernan en Europa, Prim toma el poder en España y le sucede la breve I República.

Más adelante, al cartel de izquierdas francés responde España con la dictadura de Primo de Rivera; al ascenso del fascismo, con la II República; al retroceso ante el fascismo, con la Guerra Civil antifascista; a la desmoralización y desintegración del movimiento obrero por el estalinismo y el reformismo —unidos en el Frente Popular— responde con la primera y única revolución obrera de la historia.

Este desfase tiene aspectos más restringidos pero reveladores. Por ejemplo, mientras el movimiento anarquista decae en todo el mundo después de la I Guerra Mundial, en España crece. Mientras los grupos que en diversos países se escinden de la Internacional Comunista están formados por intelectuales y vegetan, en España son obreros los que se apartan de la Tercera Internacional y forman el Bloque Obrero y Campesino (luego el POUM) y constituyen el único movimiento disidente del comunismo oficial que es más fuerte que el partido de Moscú. Mientras que en todos los partidos socialistas prevalecen las tendencias reformistas, en España se abre paso, con errores e ingenuidades, una radicalización del PSOE.

El desfase no cesará con la Guerra Civil. Cuando en todo el mundo los sistemas fascistas son vencidos, persisten en España, pero cuando las fuerzas conservadoras renacen en Europa, en España comienza un proceso de «liberalización» y luego de «apertura» del régimen franquista que desemboca, a la muerte de Franco, en la transición, cuando en la Casa Blanca están Nixon y Ford, y en el Kremlin está Brejnev.

De todas formas, si bien este desfase ayuda a comprender las dificultades con que debía encontrase la revolución En España, no aclara, en cambio, por qué fue precisamente en España donde tuvo lugar.

Las condiciones ideales

Lenin, mediocre teorizador, fue un táctico eficaz. Señaló condiciones para que una revolución pudiera tener éxito: que las clases gobernantes se encontraran desmoralizadas y fueran incapaces de resolver los problemas que ellas mismas hubieran creado; que las clases populares tuvieran confianza en su propia capacidad de resolver estos problemas, y que hubiera una organización para dirigir estas clases populares. En España, en julio de 1936, se daban estas tres condiciones.

Las fuerzas que hasta abril de 1931 habían ocupado el poder se hallaban en retroceso, desmoralizadas y desesperadas; habían perdido por dos veces, en 1931 y en 1936, el control del poder. Cuando lo recobraron, en 1933, se encontraron con una fuerte protesta popular, tuvieron que recurrir a una represión dura después de octubre de 1934, y se hundieron luego en la corrupción gubernamental con los escándalos del estraperlo y las denuncias de Antonio Nombela sobre la corrupción en las colonias españolas de África. Veían que si no daban un golpe de fuerza perderían definitivamente toda posibilidad de reconquistar el poder. Las instituciones que tradicionalmente apoyaron a estas fuerzas feudales, Iglesia y Ejército, estaban prontas a servirlas de nuevo. No vacilaron en lanzarlas a dar un golpe, sin imaginar siquiera que podía convertirse en una guerra civil.

Por su parte, las fuerzas populares —proletariado, campesinado, gran parte de la clase media— no se habían desmoralizado con el fracaso de 1934, y su espíritu combativo —sobre todo entre los obreros— se había fortalecido con la victoria electoral de febrero de 1936. Comenzaban a darse cuenta de que el Frente Popular, aupado a la vez por comunistas, muy minoritarios, y republicanos moderados, muy numerosos, era un truco para frenar el ímpetu de la ciudad y del campo, y empezaban a perder las ilusiones que pusieron en él, pero no a abandonar el deseo de resolver los problemas del país. Confiaban en su propia capacidad de solucionarlos. Finalmente, existían organizaciones que encuadraban a una parte considerable de la clase obrera y del campesinado. A pesar de que España estaba menos industrializada que Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, el porcentaje de españoles organizados en sindicatos o militantes en partidos obreros era superior al norteamericano, inglés o francés.

No todas estas organizaciones eran revolucionarias. El Partido Comunista no lo era, entonces, por razones de tipo internacional, pues a la URSS no le convenían, en aquella coyuntura, revoluciones en Europa.

La UGT y el PSOE no formaban un bloque sólido, sino que se hallaban muy divididos entre moderados y radicales, los primeros siguiendo a Indalecio Prieto (Julián Besteiro, por entonces, había perdido influencia), y los segundos a Francisco Largo Caballero, cuyos partidarios, que se habían dejado deslumbrar por el PC, empezaban a salir de esta sugestión y a buscar un camino independiente. Las simpatías eran mayoritariamente por Largo Caballero, como se demostró cuando Prieto, en una sucia e irresponsable maniobra, hizo destituir a Niceto Alcalá Zamora de la presidencia de la República, y desplazó hacia este puesto a Manuel Azaña, con la esperanza de hacerse con la jefatura del Gobierno; no lo logró porque los diputados socialistas, reflejando el sentir de sus militantes, se negaron a que hubiera un socialista en el gobierno.

Por su parte, la CNT reunificada en el congreso de Zaragoza, unos meses antes del comienzo de la Guerra Civil, podía considerarse revolucionaria. El reingreso en ella de su parte estrictamente sindicalista (los «treintistas») equilibraba la influencia de su parte anarquista (la FAI), desgastada por sus campañas de «obreros, no votar», por cuatro intentonas insurreccionales fracasadas y por su negativa a formar parte de la Alianza Obrera en 1934 (excepto en Asturias). La CNT tenía fuerza predominante en el punto neurálgico del movimiento obrero español, Cataluña, y en todo el territorio que se convirtió en zona republicana durante la Guerra Civil.

En vísperas de la contienda la UGT-PSOE contaba con poco más de un millón de afiliados, la CNT con millón y medio, el PC con cien mil según sus propias afirmaciones, unos diez mil según estimaciones de estudiosos del tema, y el POUM, fuerte sobre todo en Cataluña, con diez mil. Frente a esta masa organizada, las fuerzas feudales y de la alta burguesía, que se agarró a sus faldones, podían presentar una Falange en crecimiento pero débil aún (no más de diez mil miembros), unos requetés en descenso y localizados en determinadas regiones, y unos partidos divididos y abrumados por la derrota de febrero de 1936. De no haber perdido la cabeza, habrían visto que, con el tiempo, hubiesen podido aliarse con los partidos republicanos de clase media, o con algunos de ellos, como hicieron en 1934, porque el avance de las fuerzas obreras los habría asustado y arrojado hacia la derecha. Pero precisamente porque estaban desmoralizadas, estas fuerzas feudales no supieron esperar y se lanzaron al golpe, confiando que sería una repetición del de 1923, y sin acordarse del fracaso de Sanjurjo en 1932. O tal vez, pensando en 1932, organizaron mejor el golpe, bajo la dirección de Mola, general más hábil y frío que Sanjurjo. Se daban, pues, en España, las condiciones ideales que Lenin consideraba necesarias para el éxito de una revolución.

El mundo, de espaldas

La única condición no favorable era una que Lenin no tuvo en cuenta, acaso porque en su época aparecía como menos importante o porque, siendo ruso, veía a su país en cierto modo independiente del resto del mundo, debido la enormidad de su territorio y de sus recursos. Pero para España, país de tercer o cuarto orden, con recursos limitados, con industria atrasada, este factor era decisivo. Me refiero a la situación internacional.

Ya he señalado el desfase sistemático de España con respecto a la marcha de la historia de Occidente. Podría decirse que los fascistas que apoyaron a los militares sublevados en julio de 1936 y esos mismos militares cuando adoptaron la retórica fascista, ponían al país a tono con el resto del mundo, donde el fascismo estaba en ascenso y las democracias en retroceso.

En toda circunstancia —incluso sin la amenaza del fascismo— una revolución, en cualquier país, ha de contar con que intervendrán contra ella fuerzas del propio país y extranjeras que quieren mantener el status quo. Pero en el caso de España en 1936 existía cierta posibilidad de maniobra, pues cabía esperar que los países con régimen democrático, que se sentían amenazados por el fascismo, verían como más peligrosa una victoria fascista en España que el triunfo de la revolución. Y tal como entonces se veía a la URSS, también cabía esperar que Moscú ayudaría a una victoria frente al fascismo aunque fuese a costa de una revolución.

Contar con estas dos posibilidades era, sin embargo, una ingenuidad, que casi todos cometieron. Los únicos que no cayeron en ella fueron los cenetistas y los poumistas. Daban por seguro que los gobiernos capitalistas, por democráticos que fuesen, no apoyarían una España en que se realizara una revolución; con mucho, podía esperarse que la toleraran, de momento, por considerar que sería más fácil, terminada la guerra, desmantelar una revolución que desmantelar un régimen fascista. El gobierno conservador de Londres se encargó de destruir esta vaga ilusión, que posiblemente hubiese sido válida si el gobierno del Frente Popular francés, con Léon Blum, hubiese llevado la batuta internacional.

Creer que la URSS ayudaría a la República parecía lógico, pero creer que lo haría con una república en la que se gestara una revolución era ingenuo, pues equivalía a no darse cuenta de los motivos reales de la política frentepopulista lanzada por Moscú en agosto de 1935, y a no comprender el sistema de lealtades que motivaba a los partidos comunistas en todo el mundo.

La revolución española, pues, comenzó no solamente contra los capitalistas y feudales españoles —cosa relativamente fácil en la zona republicana, pues en ella quedaron aniquilados políticamente y a menudo físicamente—, sino contra el capitalismo internacional y su aliado del momento, la URSS. Contra el fascismo también, claro, pero esto era cosa sabida y se daba por descontada.

Dada la relación de fuerzas que se estableció durante la Guerra Civil, la situación internacional y más concretamente el papel en ella de la URSS, determinó que los adversarios de la revolución se atrevieran a tratar de aplastarla, cosa que sin la ayuda soviética no hubiesen podido hacer.

La lección de España, agregada a las lecciones del «socialismo en un solo país» de Stalin y luego de Mao en China y de Castro en Cuba, deberían poner de relieve que una revolución nacional es hoy mucho más difícil —o imposible— y que el porvenir de los cambios sociales está ligado a la situación internacional. Todo esto era mucho más difícil —acaso imposible— de ver en el clima emocional y con la perspectiva intelectual existentes en 1936. Por esto, cuando la revolución española se estrelló contra la situación internacional, a nadie pudo culparse, entre los revolucionarios. De ocurrir hoy algo comparable, podría achacarse a quienes no quieren aprender de la sangrienta lección de 1936-37.

La busca del orden

Es frecuente, cuando se habla de los meses que precedieron y siguieron al 18 de julio de 1936, repetir el cliché de que el país estaba sumido en el caos. Esto es un cliché porque lleva, subyacente, la creencia de que los revolucionarios eran quienes provocaban el caos. Que esto lo digan los elementos feudales o capitalistas es lógico; que lo repitan quienes deseaban que las cosas cambiasen, es demencial.

Los trabajadores, el hombre de la calle, el pueblo, temen el desorden y aspiran al orden. Quien más sufre cuando hay desorden es el hombre de la calle y no el capitalista, el gran terrateniente, el político en el poder. El hombre de la calle ha sido víctima, generación tras generación, de las formas de desorden institucionalizado que llamamos explotación, opresión, paro forzoso, crisis económica, analfabetismo, emigración del campo a la ciudad, golpes de estado, guerras civiles, guerras internacionales. Al hombre de la calle no le conviene el desorden. Su libertad, su esperanza de igualdad y sus manifestaciones de fraternidad dependen de que exista orden, de que las cosas funcionen, de que no haya platos rotos, puesto que todos los que se rompan los pagará él.

Cuando el hombre del común se lanza al monte o a la calle, es señal de que el desorden institucionalizado ha llegado a grados insoportables, de que el hombre de la calle ha comprendido que si no se enfrenta con el problema, seguirá siendo víctima del desorden. Las «alteraciones de orden público» son sólo sus intentos, a veces primarios, en ocasiones inteligentes y eficaces, de establecer un orden que no entrañe explotación ni opresión de nadie.

Por esto, el 18 de julio de 1936 no debe verse como una reacción ante el desorden popular, sino como producto del miedo a que el hombre del común llegara a establecer y consolidar su propio orden. Lo que se llamó caos no debe verse como resultado que las masas se «desmandaran», sino como efecto de las tentativas de la masa popular de establecer su propio orden.

La revolución es siempre orden. Pero orden de verdad, o sea, equilibro entre libertad, igualdad y fraternidad. El desorden, visto con los ojos del hombre de la calle, es la falta de libertad, la desigualdad abrumadora, la dureza de las relaciones entre las gentes.

Esta aspiración, manifestada en mil detalles de los que no figuran en los libros de historia, era la que animaba a la mayoría de la gente trabajadora en julio de 1936. Necesitaba orden y cuando las fuerzas del desorden dieron la cara, se presentó la ocasión de establecer un orden autentico, que no fuese disfraz de privilegios y ventajillas.

2. UNA VIEJA ASPIRACIÓN

La mitad de la vida

La vida de quienes trabajaban había estado siempre a la entera disposición de quienes les daban trabajo. Con el industrialismo, hombres, mujeres y niños estaban ante las máquinas de 14 a 16 horas diarias. Con el desarrollo de los sindicatos comenzó la lucha por disminuir la jornada de trabajo. Los patronos afirmaban que si sus obreros trabajaban menos tiempo, las empresas se arruinarían. Sin embargo, unas veces por ley, otras por acuerdos, y siempre por la presión sindical, la jornada fue acortándose sin que se redujera el salario. Ninguna empresa quebró a causa de ello, pues los avances del maquinismo mantenían la misma producción, o mayor, con menos trabajo. Igual argumento se repitió al iniciarse la campaña por las ocho horas. Hoy, gracias a enormes mejoras técnicas, la jornada podría ser muy breve, con lo que se reduciría el paro forzoso y aumentaría el tiempo libre. En el presente siglo, los obreros disponen para ellos de la mitad de su vida despierta. La otra mitad está dedicada al trabajo. Es decir, la mitad de la vida de los asalariados se encuentra sometida a la voluntad de otros, dirigida y organizada por otros, aunque con ciertas limitaciones impuestas por la presión sindical.

La mitad de la vida consciente de los trabajadores está dedicada a producir objetos o servicios sobre cuya utilidad y empleo no tienen nada que decir, y a producirlos de un modo que ellos tampoco determinan. Los movimientos que hacen durante ocho horas diarias no son sus movimientos, sino aquellos que les dictan los expertos. Durante la mitad de su vida, no se les permite ejercer ninguna iniciativa, cambiar su forma de trabajar, buscar maneras menos cansadas, más distraídas, acaso más productivas. Así, durante la mitad de su existencia adulta y consciente, el obrero es una máquina que en lugar de carburante o fuerza eléctrica necesita comida, y en vez de engrase requiere descanso y ciertas distracciones (familia, sexo, espectáculos, deportes, vacaciones).

Viniendo de una situación servil, los campesinos que emigran a las ciudades pueden sentirse liberados cuando dejan el trabajo de sol a sol, pero la segunda generación de estos campesinos trasplantados, los obreros nacidos y criados en el medio industrial, empiezan a resentir su condición y el no poder decidir por sí mismos. En todas las clases sociales la mayor parte de sus componentes desean poder decidir. Los patronos, los profesionales, los intelectuales, los tenderos, pueden hacerlo; los obreros, no. Incluso su vida privada se halla limitada por el hecho de que depende enteramente de su trabajo. Falta éste —falta la mitad de su vida vivida como máquina—, y desaparecen las mínimas posibilidades de decisión en la otra mitad de su vida.

Para comprender el fenómeno de las colectivizaciones hay que tener en cuenta que en 1936 la mayoría de la clase obrera española tenía una conciencia muy clara de que la mitad de su vida la pasaba actuando como una máquina. Incluso con una menor tecnificación del trabajo y con un porcentaje mucho mayor que ahora de pequeñas empresas, el obrero de 1936 se sentía sin libertad en el trabajo, es decir, en la mitad de su vida consciente.

El único bien

Incluso cuando posee automóvil y un piso que cree suyo, el obrero no posee ningún bien importante, negociable, que le dé seguridad económica. Lo único que posee es algo cuyo empleo no depende de él, sino de otros: su fuerza de trabajo, su conocimiento de las técnicas de un oficio, sea en el taller o en la oficina. Y sólo en el último medio siglo esta fuerza de trabajo le proporciona cierta seguridad relativa con vistas a su salud y a su vejez. De modo que, pese a la vaselina de las compras a plazos y de la seguridad social, sigue siendo propietario únicamente de su fuerza de trabajo, y esto dependiendo de la situación del mercado, de si es necesario o no para otros.

Hay momentos en que la masa obrera se da cuenta de las características de su existencia; en otros, estas condiciones se aceptan como «naturales». En la España de 1936, los obreros en su conjunto, y no sólo pequeñas minorías, habían llegado a ver bastante claro lo que caracterizaba su vida en la sociedad española: ser poseedores de un único bien y poder venderlo sólo a condición de dejarse convertir, por la mitad de su vida, en máquinas sin voluntad ni iniciativa. Más todavía: habían llegado a creer que esto no era «natural» ni inevitable, y que su vida podía ser diferente.

La moral del trabajo

En toda sociedad, las normas morales y de conducta prevalecientes son las que adopta la clase media. Los trabajadores, especialmente desde que absorbieron el modo de vida urbano y empezaron a organizarse, desarrollaron su propio sistema de valores, que, sin oponerse al de la clase media, tenía características distintas. La moral obrera se basaba en el trabajo. Precisamente porque su fuerza de trabajo es su único bien, lo convierten en piedra de toque de la conducta y en medida de la moral. Como el trabajo —especialmente el manual— era despreciado por las otras clases (excepto por el campesinado) y como no poseían otra cosa que el trabajo, los trabajadores desarrollaron pronto su orgullo por lo que los demás despreciaban.

Hasta recientemente —yo diría que hasta la II Guerra Mundial, con los cambios técnicos que acarreó en los métodos de trabajo—, existía en los obreros el orgullo no sólo de ganarse la vida con el trabajo, sino también el del trabajo bien hecho. Había entre ellos un desprecio profundo por la holgazanería, fuese ésta de miembros de su propia clase o de otra. No se crea, sin embargo, que el trabajo era, a los ojos de los obreros, únicamente el manual. Sentían admiración y hasta desmesurada veneración por la labor intelectual. Contribuía a ello, por una parte, que el trabajo intelectual (fuese el de maestro o el de escritor o científico) no solía enriquecer, y por lo tanto, no se veía como producto de la explotación del trabajo de los obreros. En esto, desde luego, se equivocaban, pues cualquier análisis de los mecanismos de la explotación indica que el intelectual, el profesional, el científico, consiguen su educación larga y especializada gracias a la explotación de los trabajadores, pero como éstos no lo veían así, su respeto por el trabajo intelectual no disminuía.

Por otro lado, nunca faltaron gentes que no trabajaban con sus manos, pero que se ponían al lado de las que lo hacían. No me refiero solamente a los «teorizantes», que no todos procedían de las clases «altas» y que eran pocos en número, sino a los abogados, médicos, maestros, universitarios en general, gentes de cultura, que colaboraban con el movimiento obrero y que se integraban en él. Daban clases y conferencias en los ateneos obreros, los sindicatos y los partidos obreros. Cuando había redadas de dirigentes obreros, era raro que con ellos no fueran a dar a la cárcel algunos hombres de cultura o profesionales. El trabajo intelectual, si no enriquecía ni alejaba del pueblo llano, era considerado trabajo por los obreros. Y quienes lo practicaban no eran vistos con el desdén reservado a los «señoritos inútiles».

No ha de olvidarse que la psicología, el modo de pensar y reaccionar de los trabajadores, en un momento dado, tiene una importancia que puede ser decisiva. Una de las razones por las que no prosperó el movimiento autogestionario de los años setenta fue que los trabajadores no sentían que el trabajo es la base de la moral, la línea divisoria entre lo bueno y lo malo, convicción que animaba a los de 1936 en España. Esta fue una de las grandes lecciones del 36 español.

Ser los amos

Otra gran lección, que tiende a olvidarse también, es la de la voluntad de ser los amos que tenían los obreros españoles de 1936. Para que los obreros deseen ser los amos es preciso que crean que pueden hacer funcionar las empresas mejor que sus propietarios «legales». Esta convicción han de tenerla no los obreros de una o varias empresas, sino el conjunto de los obreros, lo mismo manuales que de oficina. Han de creer firmemente que ellos podrían administrar la empresa mejor que el dueño u sus ejecutivos (que en 1936 se llamaban, más modesta y acertadamente, gerentes). Han de creer que dirigiendo ellos, la empresa, sus condiciones de trabajo, sus ingresos y su seguridad en el empleo mejorarían. Esto es fácil creerlo cuando la empresa es caótica, decadente, administrada, por ejemplo, por hijos incompetentes de un fundador eficaz, o cuando no se ha modernizado y por ello resulta poco productiva.

Existen algunos casos en la España de antes de 1936 —e incluso en la España franquista—, así como en Francia, en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, de empresas cuyos obreros aceptaron hacerse cargo de ellas cuando estaban al borde de la quiebra, para evitar quedarse sin trabajo. Algunas veces, ha habido propietarios que, al morir sin herederos, legaron la empresa a sus obreros. En Alemania funciona un sistema de cogestión, por el cual los representantes de los trabajadores forman parte —muy minoritaria— de los consejos de administración. Se ha podido probar así —cuando ha habido éxito, que no ha sido siempre—, que los ejecutivos, gerentes o eso que llaman «el ojo del amo» no son indispensables, que los trabajadores pueden administrar con tanta o más eficacia que los propietarios de tipo tradicional.

Pero no se ha probado otra cosa. Pues siendo limitado el número de estas empresas dirigidas por sus obreros (que legalmente se consideran como lo que realmente son: cooperativas de producción), no ha cambiado el sistema de propiedad, no se ha dado a la propiedad otro sentido ni otra función que los tradicionales. En España este tipo de transferencia de la propiedad ha deslumbrado a veces. Por ejemplo, mucho antes de la Guerra Civil, la cooperativa del vidrio de Mataró, de la que formaba parte, entre otros, el dirigente sindicalista Joan Peiró, ministro de la República durante una parte de la Guerra Civil y ejecutado por el franquismo en 1942. Para que haya un cambio verdadero es necesario que la convicción de que los obreros pueden administrar mejor se tenga no por los trabajadores de tal o cual empresa y en relación con ella, sino que sea una convicción generalizada entre los trabajadores, que la vean como medio para cambiar la economía, humanizarla y ponerla al servicio de la sociedad entera.

De la teoría a la práctica

El deseo de ser los amos, en quienes trabajan y producen y, por ello, consideran que tienen derecho a poseer los medios de producción, no surgió repentinamente en 1936. En realidad, el concepto de democracia es una forma, amplia y en el plano político, de este deseo. Lo encontramos ya en algunas sectas heréticas medievales, en la idea de los gremios artesanales —aunque raramente en su práctica—, en las utopías sociales del Renacimiento, en los «niveladores» de las tropas de Cromwell, en los escritos de Thomas Paine en la época de la lucha por la independencia norteamericana. Naturalmente, se halla también en los escritos de Marx y de los teorizantes anarquistas, aunque a menudo se vio desplazada por la consigna de la nacionalización (o estatización) de las empresas, que fue la forma adoptada por el paternalismo social de los bolcheviques de la primera época. Pero en 1936 los obreros españoles no contaban con ninguna experiencia práctica de lo que todavía no se llamaba autogestión. Había, sí, bastantes cooperativas agrícolas y algunas obreras, como la ya citada de Mataró. Pero esto no tenía ningún significado social, pues abarcaba a grupos reducidos y, por tanto, podía considerarse como una experiencia excepcional.

Una larga historia

No fue cosa del azar, sin embargo, que los trabajadores de Barcelona y después de otras ciudades se lanzaran a lo que pronto se llamó colectivización. Reflejaba, sobre todo, una larga historia de educación obrera. Los padres de los colectivizadores habían ido a las escuelas del Ayuntamiento de Barcelona —que eran de un tipo muy distinto a las adocenadas del Estado— o a las escuelas sostenidas por sindicatos. Los abuelos de los colectivizadores habían acudido a estas escuelas sindicales inspiradas en el ejemplo de la escuela moderna de Ferrer i Guardia. Los bisabuelos habían formado parte de los coros de hombres organizados por Anselm Clavé para apartar a los obreros de las tabernas, o, si procedían de fuera de Cataluña, posiblemente habían tenido contacto con alguno de los campesinos u obreros llevados de un extremo a otro de la Península en lo que se llamaba conducción ordinaria, caminando de pueblo en pueblo delante de una pareja de la Guardia Civil, que ni se fijaba en que el «perturbador» señalado por el cacique local que llevaban a otro pueblo para alejarlo de los suyos sería, de hecho, un propagador. Estas tres o cuatro generaciones de educación obrera habían ido creando un ambiente especial, de confianza en sí mismos y de absorción de información de la que los mismos obreros no se daban cuenta, pero que estaba allí, en ellos.

Entendámonos: no es que los trabajadores de 1936 aspiraran conscientemente a ser los amos de las empresas en las cuales trabajaban. Esta aspiración, que había sido la de los grupos utópicos del siglo anterior, sólo se aceptaba como mal menor en el caso de las cooperativas. La propiedad de las empresas no figuraba en los programas de las centrales sindicales ni de los partidos obreros. Se veía, eso sí, como una aspiración individual en el caso de ciertos grupos de campesinos (los rabasaires catalanes, por ejemplo). La CNT estaba muy influida por el pensamiento utópico (y digo esto no en sentido peyorativo, sino como constatación de un hecho, pues no se puede desdeñar el papel importante de los pensadores utópicos en los orígenes del movimiento obrero), pero en diversas rebeliones anarquistas (del Baix Llobregat en 1932, por ejemplo) y en el 1934 asturiano no hubo ocasión ni tiempo de llevar a cabo ninguna modificación del sistema de propiedad, sino solamente de aplicar medidas de urgencia para hacer que funcionaran las empresas indispensables para la marcha de la vida local en una situación excepcional. La educación obrera de la que he hablado no preparaba a los obreros para ocupar el lugar de los amos ni era éste su propósito, sino que aspiraba, simplemente, a hacer de los trabajadores personas capaces de analizar y comprender la realidad y de tener sus propias ideas individuales sobre ella. La aspiración a ser los amos, cuando se albergaba, era vaga, abstracta, retórica; a nadie le pasaba por la cabeza, antes de julio de 1936, que pudiera hallarse a la vuelta de la esquina. Pero sin esta educación obrera no habría habido colectivizaciones. De nuevo, puntualicemos: los obreros más educados, que respiraban el aire de esta larga tradición, no vivían de manera distinta a los demás. Pese a las consignas sobre el amor libre, por ejemplo, en las familias obreras —y hasta de militantes— era normal que las mujeres se ocuparan de la casa, además de trabajar, si lo hacían, y que los padres exigieran a sus hijas aquello tradicional de «a las nueve en casa y la cena preparada». No era, pues, una educación mensurable, sino un estado de ánimo, una atmósfera. Creer que el 17 de julio alguien previó las colectivizaciones sería engañarse.

Los libros no hablan de esto. Hay que vivirlo para situar las colectivizaciones en su contexto humano. Era una época estimulante, en la que militar daba sentido a la vida de muchos. Muchos, cierto, pero no tantos que no nos conociéramos, en una misma localidad, los de edad parecida, de una organización a otra. Podíamos discutir y hasta pelearnos, en la prensa obrera, pero éramos compañeros. Contribuía a esto, probablemente, el hecho de que se empezaba a militar muy joven, a los dieciséis o diecisiete años a menudo, no porque fuéramos niños prodigio, sino porque aquellos años, desde la caída de la Dictadura hasta la Guerra Civil, estaban saturados de luchas y nada atraía más a los jóvenes que sentirse mayores participando en ellas.

Una anécdota ayudará a comprender la atmósfera de la época. En 1933 se formó un frente único mercantil, que reunió a asociaciones, hasta entonces de mentalidad gremial, de oficinistas, dependientes, contables, empleados. Declaró una huelga —la primera de este ramo en la historia—. Tuvo éxito. El consejero de trabajo de la Generalitat se prestó a dictar un laudo, que se sometió a la aprobación de los huelguistas. Aquéllos que hasta poco antes se consideraban señoritos y miraban por encima del hombro a los obreros que no llevaban corbata, rechazaron el laudo… porque en él se había olvidado ordenar que los aprendices de las tiendas ya no deberían dormir bajo los mostradores, sino en cuartos dispuestos para ellos. Esto, seis meses antes hubiese parecido imposible y, sin embargo, los obreros de cuello y corbata, hasta entonces sin sentido de clase, hicieron dos o tres días más de huelga en defensa de los aprendices, a los que, en el trabajo, trataban a coscorrones.

Las ocasiones perdidas

Pocas veces se había presentado en la historia del movimiento obrero la ocasión de convertir en realidad el sueño abstracto, apenas formulado, de ser los amos. Y cuando hubo la oportunidad (Revolución Rusa, Revolución Mexicana en parte, Revolución Húngara de 1919 por breve tiempo) la dirección de las empresas no se dio a los obreros, sino al Estado o a algún organismo paraestatal. De hecho, fue el Estado el que se apoderó de las empresas, en todos estos casos, y no los obreros directamente. Tal vez los obreros no querían cargar con esta responsabilidad. Acaso hubo desconfianza de los dirigentes políticos revolucionarios que no creían a los trabajadores capacitados para esta función. (Recuérdese la teoría de Lenin sobre el partido vanguardia del proletariado, que Rosa Luxemburgo combatió diciendo que acabaría siendo dictadura sobre el proletariado). Acaso los dirigentes temieron que surgieran focos de poder que compitieran con el poder político. Lo cierto es que hasta 1936 en Cataluña, nunca la clase obrera había aprovechado las oportunidades que se le presentaron de convertirse en dueña directa de los medios de producción; siempre aceptó que esto se hiciera en su nombre y por medio de organismos no directamente gestionados por los trabajadores.

Es cierto que había habido algunas tentativas de dar a los trabajadores cierta intervención en la dirección de las empresas. El Instituto de Reformas Sociales preparó en 1922 un proyecto para establecer «consejos de cooperación industrial», pero la cosa quedó en proyecto. Hubo que esperar nueve años para que se elaborara otro plan en igual sentido; en 1931, pocos meses después de proclamada la República, el socialista Francisco Largo Caballero, ministro de trabajo, propuso que se crearan «comités de intervención» de obreros y empleados en las empresas que dieran trabajo a más de cincuenta personas. Pero en el Consejo de Ministros hubo oposición al proyecto, pues se estimó que enajenaría a los patronos sin atraer por ello a los obreros. Los anarcosindicalistas, marginados de la República, no tenían ningún interés, por el momento, en participar en la dirección de las empresas, enfrascados como estaban en una lucha fratricida entre anarquistas y sindicalistas en el seno de la CNT. De modo que al iniciarse la Guerra Civil los trabajadores no tenían ninguna experiencia en la dirección de empresas. Ni se pensó en los proyectos de 1922 y 1931.

Tradición y aspiración

En España existía una larga tradición de colectivismo agrario. Los abundantes historiadores y los escasos economistas del país la habían ignorado. Joaquín Costa, acostumbrado a ir contra corriente, se percató de su importancia y la puso de relieve en sus libros El colectivismo agrario en España y Oligarquía y caciquismo. Costa supo ver que uno de los rasgos más interesantes y peculiares de la estructura agraria española era la persistencia de las tradiciones colectivistas, el espíritu de comunidad y las prácticas de ayuda mutua que habían sobrevivido al latifundismo y al crecimiento del vacilante capitalismo español. Costa ejerció escasa influencia en los intelectuales y en los socialistas, pero tuvo bastante entre los anarquistas, que descartaron el aspecto «hombre fuerte» de sus concepciones políticas y se sintieron atraídos por el lado colectivista de las mismas. Proporcionaba un apoyo local a la teoría kropotkiniana del apoyo mutuo, que encontró gran eco entre los ácratas españoles, probablemente porque reflejaba una realidad que no era ideológica, sino nostálgica, heredada y todavía viva.

Téngase en cuenta que el anarquismo español se desarrolló sobre todo en regiones como Andalucía y Levante, donde había algunos enclaves industriales sobre un paisaje rural, y en Cataluña, donde una buena parte de la mano de obra industrial procedía del campo. Era lógico, pues, que la psicología rural ancestral acogiera las teorías que mejor cuadraban con ella, es decir las ácratas.

Por otra parte, el campesino trasplantado no se sentía aislado, al llegar a la ciudad, sino que hallaba enseguida donde encajar. Los sindicatos, buena parte de cuyos afiliados procedían también del campo, lo acogían tanto por interés (para evitar que pudieran utilizarlo como esquirol o rompehuelgas) como por solidaridad. La ayuda mutua era algo que, en cierto modo, entraba a formar parte de la vida del obrero, como una continuación inconsciente de las tradiciones colectivistas que había dejado atrás en el campo y que, aunque ya desvaídas y a veces sólo en forma de recuerdo, habían influido en su formación humana.

Los anarquistas sentían una gran veneración por la cultura; no la dividían en burguesa y proletaria, como hacían los marxistas, sino que se consideraban eclécticos y cualquier conocimiento les parecía aprovechable para la emancipación del hombre. Sin la violencia patronal y la represión oficial, sus ideas probablemente no hubieran penetrado tan hondo en la clase obrera española. La represión les dio una tribuna mucho más eficaz que la que hubiese podido proporcionarles la táctica de la «propaganda por la acción» que aplicaban los pequeños grupos ácratas puros. Las «conducciones ordinarias» permitían llegar a rincones inalcanzables para la propaganda. Las temporadas de prisión y las detenciones gubernativas permitían aprender, estudiar, discutir. La represión despertaba simpatías en sectores que habrían sido impermeables a las ideas emancipadoras de no haber sido «ablandados» por la indignación que aquella suscitaba.

El capitalismo español —la patronal, para los obreros sindicados—, era débil, tímido, vacilante, tenía intereses opuestos a los de las fuerzas feudales del país —las que detentaban el poder—, pero, asustado ante el empuje del movimiento obrero, se aferraba a los faldones de los ministros. Cuando los partidos burgueses presionaban en Madrid, bastaba con que el Gobierno suavizara la represión antiobrera para que los patronos se asustaran y, a cambio de que el Gobierno volviera a apretar las tuercas, cedieran en sus demandas. España, así, no hizo su revolución democrático-burguesa cuando era históricamente el momento. El derrocamiento de Isabel II en 1868 y la proclamación de la República en 1873, fueron intentos de llevarla a cabo y fracasaron por este miedo de la burguesía, que no se sentía capaz de orientarla.

Era lógico que los obreros sintieran desdén por estos burgueses que, con dinero, educación y muchos medios a su disposición, carecían de la audacia necesaria para hacer en España lo que la burguesía de otros países había hecho años antes: tomar el poder, destruir las fuerzas feudales y crear un estado capitalista. Eran burgueses que no se atrevían siquiera a actuar como tales, que se contentaban con el papel de monaguillos de los aristócratas terratenientes. Agréguese a esto que la industria española sólo parecía prosperar a partir de catástrofes: las Guerras Carlistas, la Guerra Franco-Prusiana de 1870, la pérdida de Cuba, la I Guerra Mundial, la Guerra de Marruecos, y que apenas se modernizaba; así se comprenderá que los obreros no sintieran ningún respeto por los patronos.

Cuando vino la República de 1931, este desdén se acentuó. Los patronos no supieron aprovechar la ocasión para hacer su revolución tantas veces aplazada. Confusamente, por muy apolíticos que muchos de ellos se consideraran, los obreros se daban cuenta de que lo que los burgueses no sabían hacer eran ellos quienes tendrían que hacerlo, si querían ir más allá. (No de modo confuso, sino claro y tajante, ésta era la tesis fundamental del Bloque Obrero y Campesino, fundado en 1930 alrededor de Joaquín Maurín: «los obreros han de hacer la revolución democrático-burguesa, para pasar luego a la revolución socialista»). Al mismo tiempo, las repercusiones de la crisis económica mundial, la evasión de capitales que siguió a 1931, el abandono de muchas tierras dejadas sin cultivar por sus propietarios aristócratas, mostraban la incapacidad técnica del capitalismo español. Lo extraordinario hubiera sido que, con la tradición colectivista española y con la propaganda anarquista (y en menor grado la socialista), los trabajadores españoles no hubiesen aspirado a substituir a la burguesía y no hubiesen creído que ellos podían hacerlo mejor que los patronos.

3. LA OPORTUNIDAD INESPERADA

Una tensión insostenible

El 1935, los ministros de derechas del Gobierno de la República provocaron, con su dimisión, la que se llamó crisis de la pena de muerte. Había una docena de reos condenados a muerte con motivo de los acontecimientos de octubre de 1934, en Cataluña y Asturias. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, quería conmutar estas penas. Los partidos de derechas exigían la ejecución. Alcalá Zamora se salió con la suya y después de las ejecuciones —anteriores— de dos sargentos que habían luchado al lado de la Alianza Obrera asturiana, ya no hubo nuevos fusilamientos.

En aquel momento, unas treinta mil personas, en su mayoría obreros, estaban en las cárceles. Había habido torturas en Asturias y amplias campañas de difamación sostenidas por los medios de propaganda del Gobierno Lerroux-Gil Robles y la derecha. El movimiento obrero parecía paralizado, con sus locales clausurados y su prensa suspendida, obligado a celebrar sus reuniones en la clandestinidad, y sin huelgas. Las derechas creían que, con un escarmiento, como decían, acabarían de desintegrar el movimiento obrero. No conocían al movimiento obrero que querían destruir.

Los trabajadores, aunque derrotados en octubre de 1934, no tenían una moral de derrota. Se habían dado cuenta, por los hechos, que unidos podían vencer. En Asturias se había formado una Alianza Obrera con PSOE, BOC, UGT y CNT, que pudo mantener durante dos semanas un poder obrero con el ingenuo y revelador nombre de UHP, Unión de Hermanos Proletarios. En Cataluña, el otro lugar donde existía una Alianza Obrera (y donde había surgido la iniciativa de organizarla) la clase media de Esquerra Republicana abandonó la lucha sin combatir, por temor a que la Alianza la dirigiera; los pocos combates que hubo los sostuvieron militantes aliancistas con armas abandonadas por los pequeñoburgueses de Esquerra y su Estat Català. Octubre de 1934 fue una de las ocasiones en que una derrota sirvió más a los vencidos que a los vencedores. El movimiento obrero no se desintegró.

Esto se vio claro en la campaña por la amnistía, que dio el triunfo a la coalición de las izquierdas, llamada Frente Popular (excepto en Cataluña donde adoptó el nombre de Frente de Izquierda). Este nombre se debió a una maniobra de los comunistas, que esperaban lograr (y lograron en gran medida) que la gente creyera que ellos habían tenido la iniciativa del frente, cuando en realidad, con otro nombre, éste existía ya antes de que el PCE entrara. Esta entrada no se produjo hasta que Moscú no dio luz verde, después del VII Congreso de la Internacional Comunista, en agosto de 1935, que adoptó precisamente la táctica de Frente Popular. En las elecciones del 16 de febrero de 1936, las izquierdas ganaron por muchos diputados y pocos votos de diferencia. El país se encontraba dividido y en equilibrio entre derechas e izquierdas. El centro había quedado deshecho. Inmediatamente después de las elecciones, sin aguardar a que se reunieran las nuevas Cortes, se cambió el Gobierno por uno presidido por Manuel Azaña. Lo primero que hizo fue presentar a la Comisión Permanente de las Cortes —de las viejas Cortes elegidas en 1933, con mayoría de derechas—, un proyecto de ley de amnistía. En aquel momento, en muchas ciudades la gente se había congregado delante de las prisiones y en algunos puntos abrió sus puertas y sacó a los presos políticos y sociales. La mayoría de los diputados que formaban la Diputación Permanente pertenecían a los partidos de derechas que un año antes habían provocado la crisis de las penas de muerte; ahora, estos diputados votaron apresuradamente la amnistía. Los presos salieron.

¿Qué había ocurrido en este año transcurrido? Pues que el movimiento obrero aprendió las lecciones de octubre de 1934. Pero estas lecciones no pudieron aplicarse enseguida, porque primaba la libertad de los treinta mil presos. En vez de volver a formar alianzas obreras que presentaran sus propias candidaturas, las organizaciones obreras, para asegurar la amnistía, se resignaron, antes de las elecciones de febrero, a una coalición de socialistas, republicanos y comunistas. Hasta los cenetistas la votaron, porque querían sacar de las cárceles a sus millares de militantes presos.

Desde el 16 de febrero, el pueblo estaba en la calle. Las derechas, asustadas, ya no confiaban en los procedimientos parlamentarios y se volvieron hacia los que ofrecían preparar un golpe de estado. Un par de asesinatos de personajes de ambos bandos (el teniente Castillo y el diputado Calvo Sotelo), enardecieron el ambiente, a la vez que mostraban cuan caldeado estaba ya. Había comenzado una carrera. Quien primero impusiera su orden, la ganaría. Las derechas querían la vuelta al orden (desorden, en realidad) de antes de 1931. El movimiento obrero buscaba un nuevo orden, que fuese orden de verdad; desconfiaba de los paños calientes de la izquierda republicana y del papel de «bombero» del Frente Popular.

El novelista Wenceslao Fernández Flórez escribía en ABC:

No hay nadie que sea buscado y leído con mayor avidez que el redactor de sucesos. Y es que él escribe todos los episodios de una historia impetuosa, decidida, precipitada, como una catarata o como un caballo desbocado, y tiene, por eso mismo, vivísimo interés.

Los «desórdenes públicos» se multiplican. Los choques, manifestaciones y acciones callejeras de aquella época no las llevan a cabo estudiantes, sino obreros y campesinos. No son explosiones de malhumor ni desahogos, sino expresión de una impaciente voluntad de cambiar las cosas, que no encuentra eco en el parlamento ni en los partidos gobernantes y que, por esto, recurre a la calle para expresarse.

En junio, Gil Robles, jefe de la CEDA, da unas cifras en las Cortes: desde el 16 de febrero, es decir, en cuatro meses, han habido en el país «160 iglesias destruidas, 251 asaltos o intentos de asalto a templos, 269 muertos, 1287 heridos, 215 agresiones personales frustradas, 138 atracos, 23 tentativas de atraco, 69 centros políticos destrozados, 312 centros políticos asaltados, 113 huelgas generales [locales], 228 huelgas parciales, 10 periódicos destruidos, 33 asaltos o intentos de asalto a periódicos, 146 explosiones de bombas o petardos y 78 bombas recogidas sin estallar». Lo que Gil Robles no dice es que buena parte (en algunos casos, como en los atentados personales, más de la mitad) de los «sucesos» se deben a la acción de grupos armados de derechas: Falange, requetés, Peña Blanca, etcétera.

Josep Pla escribió en un libro que luego trató de que se olvidara, Historia de la Segunda República Española, y que no figura en sus obras completas:

Lo que alarma, sin embargo, a la opinión, es la envergadura de algunos [conflictos sociales]: marina mercante, ramo de la construcción, pescadores de Galicia, transportes […]. El país está pendiente, además, de la huelga general de ferrocarriles y del planteamiento del problema de los obreros de las minas asturianas. El conflicto del ramo de la construcción de Madrid, que duró seis semanas, afectó a unos 80 000 trabajadores, que perdieron un millón diario.

Los republicanos, que están en el Gobierno, se alarman. José Giral, el amigo de Azaña que dice lo que éste no se atreve a decir, propone, en una reunión privada, que se establezca una dictadura republicana. Miguel Maura expone en las Cortes una estadística reveladora: socialistas, 1 447 000 afiliados; anarcosindicalistas, 1 577 000 afiliados; comunistas, 133 000 afiliados; fuerzas de derechas, 549 000 afiliados. Son datos reunidos por la Dirección General de Seguridad, que se han tragado las cifras dadas por los propios comunistas, que en realidad no pasaban de los 10 000, pero que hinchaban el dato de cara a la Comintern y sus subsidios. Este volcarse de los obreros hacia sus organizaciones reflejaba algo que el Gobierno del Frente Popular no sabía ver: el deseo de crear un orden. Este deseo pudo convertirse en realidad poco después, gracias precisamente a quienes querían volver a un orden ya superado: los alzados del 17 de julio de 1936.

El problema del día 21

El viernes 17 de julio llegaron por la tarde las primeras noticias de la sublevación en Marruecos. El gobierno aseguró que sería sofocado sin que pasara a la Península. El primer ministro, Casares Quiroga, dijo a los periodistas: «Ellos se han alzado… pues yo me voy a tumbar». En Cataluña, el sábado día 18, comisiones de la CNT visitaron a Lluís Companys, presidente de la Generalitat, y le pidieron que distribuyera armas. La respuesta fue negativa: «El Gobierno controla la situación». Hubo algunos asaltos a armerías. El Comité Ejecutivo del POUM hizo gestiones para reorganizar la Alianza Obrera; el PC contestó que el Frente Popular ya bastaba. En Madrid, el comité del Frente Popular publicó una nota tranquilizadora, pero la UGT, presidida por Largo Caballero, dio órdenes de que, en caso de extenderse la sublevación, se declarara la huelga general sin aguardar nuevas instrucciones.

Durante todo el día 18, las organizaciones obreras trataron de conseguir armas y recibieron avisos de afiliados que trabajaban en los alrededores de los cuarteles, advirtiendo haber observado la entrada en ellos de grupos de paisanos. Por la noche, con las pocas armas disponibles, se montaron piquetes obreros en torno a los cuarteles. Había concentraciones en los locales de los sindicatos y los partidos obreros. El Gobierno seguía asegurando que no pasaría nada. En la madrugada del domingo 19 se luchaba en las calles de casi todas las ciudades en las cuales había guarnición. Allí donde, a última hora y por su propia iniciativa, los gobernadores civiles dieron armas —nunca muchas— a los obreros, la sublevación no prosperó; donde las negaron, triunfó (y a menudo la primera víctima causada por los sublevados fue el gobernador civil que había privado a los trabajadores de armas para defenderse). Se dijo luego que la sublevación había vencido en la España agrícola y fracasado en la industrial. Error. Zaragoza, La Coruña, Sevilla, donde había proletariado organizado y con tradición de lucha, cayeron en poder de los sublevados. En Albacete, Alicante, Málaga, Santander, Ciudad Real, Jaén, donde no había apenas industria, la sublevación fracasó. Lo que determinó el éxito o el fracaso fue la decisión de los gobernadores civiles de dar o negar armas a los militantes obreros, o la posibilidad, para éstos, de hacerse con algunas.

El lunes por la mañana era ya posible trazar un mapa de la «nueva» España dividida, aunque hubo lugares, como Albacete, Lleida y Valencia, donde se inició con retraso la sublevación, aplastada rápidamente.

El martes, día 21, los trabajadores, levantada la orden de huelga general, acudieron a su trabajo. En Barcelona y otras ciudades catalanas numerosos patronos, el lunes de madrugada, al ver el cariz que tomaban las cosas, se ocultaron o se marcharon a la residencia de verano o a Francia. Tenían todavía, los viejos, el recuerdo de los sindicatos libres y el terrorismo y contraterrorismo sindical de los años veinte. Entre los más jóvenes figuraban no pocos que se habían negado, con pretextos, a la orden del Gobierno de readmitir a los represaliados de 1934 (es decir, a los obreros despedidos, con autorización del Gobierno Lerroux-Gil Robles, porque las empresas los consideraban alborotadores o demasiado exigentes). La proximidad de la frontera explica que la deserción de los patronos fuese mucho más numerosa en Cataluña que en el resto de la península.

Esto planteaba a los obreros, al regresar al trabajo, un problema inmediato: ¿quién pagaría el salario el sábado siguiente? (Incidentalmente, los sublevados mostraron su ignorancia de la mentalidad obrera al iniciar su golpe después del cobro del jornal). Los trabajadores no solían tener cuentas en el banco o, cuando más, magras cuentas de ahorro; no existía un sistema de pensiones. No tenían otros ingresos que su salario. No había la costumbre del pluriempleo. No había tampoco vacaciones pagadas; los trabajadores no salían, pues, de la ciudad, en verano, y por lo tanto no ahorraban de cara a las vacaciones. En aquel momento, no tenían en el bolsillo más que el salario cobrado el sábado día 18. Era natural que, aún en medio de la agitación de la lucha, se preocuparan de su «semanal». Era una situación sin precedentes. Por muy graves que fueran los acontecimientos, los patronos siempre estaban ahí, y siempre, llegado el sábado, se cobraba. La única excepción fue la Semana Trágica de 1909, y aún entonces, los patronos no desaparecieron, sino que, simplemente, el sábado no pagaron porque todo estaba cerrado. Ahora, en cambio, no había patrón en muchas empresas. Millares de trabajadores se encontraron con que si no recibían la paga el sábado siguiente, no tendrían con qué ir a la compra. Por muy grave que fuese la situación, ningún trabajador con la responsabilidad de una familia podía pasar por alto esta consecuencia de la sublevación.

Las pequeñas causas

No por repetido es menos cierto aquello de que a pequeñas causas, grandes efectos. Los amplios movimientos que transformaron un país o una sociedad se iniciaron con objetivos limitados, con una protesta o una reivindicación ocasional, mínima, para resolver un problema transitorio. El largo movimiento por la reducción de la jornada de trabajo comenzó por el deseo machista de los obreros de que su mujer trabajara menos para que pudiera preparar la cena cuando el hombre regresara de su tarea. La revolución de Cromwell, la francesa, la norteamericana, la rusa, se iniciaron con aspiraciones limitadas, no se vieron, en su comienzo, como revoluciones. Cuando se empieza algo para conseguir grandes metas —hacer la revolución social, establecer el socialismo, el comunismo libertario, etcétera— la cosa suele quedar reducida a pequeños grupos condenados al fracaso. Los cuatro alzamientos anarquistas españoles de 1932-33 no lograron nada —fuera de un puñado de encarcelados deportados a Bata— porque respondían a designios muy generales y abstractos.

Las masas, a cualquier clase social que pertenezcan, no se mueven y arriesgan para aplicar ideas grandiosas; Por comenzar, las ideas grandiosas no suelen ser compartidas por las masas, sino que expresan las aspiraciones de grupos minoritarios —a veces muy numerosos, pero minoritarios de todos modos—. Estos grupos necesitan el apoyo de las masas, y este apoyo sólo se logra si las masas ven —o creen ver— las cosas claras.

Las cosas claras, para el hombre de la calle, que no piensa en términos abstractos, de historia, de futuro lejano, de sociedad ideal, sino en términos concretos, de sus necesidades y problemas cotidianos, son cosas casi tangibles, que le atosigan y le preocupan. Por esto, los movimientos sociales que encuentran eco en las masas empiezan siempre con reivindicaciones que, vistas con perspectiva histórica, parecen angostas, bajas de techo.

Quienes olvidan estos rasgos fundamentales de la psicología de las masas se condenan a sí mismos al fracaso, por muy nobles y generosas que sean sus intenciones. Las masas son egoístas, y es bueno que lo sean, porque sin este egoísmo las manipularían aún más fácilmente de lo que las manipulan siendo egoístas. Es de este egoísmo de autodefensa, de este instinto colectivo de conservación, que arrancan todos los progresos que la historia ha conocido.

Incluso en los casos extremos, de contenido ético evidente, como en la lucha contra la esclavitud, el combate no se inicia pidiendo la abolición, sino con fines más limitados —incluso entre los esclavos—: suprimir el derecho del dueño a matar al esclavo fugitivo, y por etapas reducidas el movimiento avanza: ley del vientre (los hijos de esclavo serán libres), supresión de la trata, para llegar finalmente a la abolición, y ésta en largos plazos, según los países, y a costa de una guerra civil en Estados Unidos.

Los movimientos ácratas, que son sin duda los de más acrisolado idealismo, se expresan de vez en cuando con estallidos de fines grandiosos, que fracasan, pero lo común es que se manifiesten en luchas cotidianas de carácter sindical, o en acciones muy minoritarias de carácter terrorista; ambos son de objetivos limitados, con la esperanza de que una de esas chispas conduzca a un gran estallido, y que la repetición de las chispas despierte a las masas.

De ahí que los movimientos más radicales en su retórica sean en la acción tan reformistas como aquellos que tienen un programa moderado. Esto vale lo mismo para conservadores que para progresistas, para reaccionarios que para revolucionarios.

Que unas veces se adopte una retórica rimbombante (Franco con el falangismo verbal, por ejemplo) no quita que esta retórica cubra objetivos inmediatos (impedir la reforma agraria, en el caso de Franco, y restaurar la monarquía para muchos que lo apoyaron). El mismo Hitler, con su sueño de un imperio que durara mil años, empezó hablando del paro forzoso, de la presencia francesa en Renania y de la inflación, porque sabía que mil años de poder eran menos movilizadores que la inquietud por el puesto de trabajo y la subida constante de precios.

Con las colectivizaciones españolas de 1936 ocurrió algo semejante. Durante decenios se había hablado en los medios ácratas de una sociedad formada por comunas libres y federadas, del derecho de los obreros a ser los amos de todo. Los anarquistas soñaban con una «gran noche» romántica y dramática, con un estallido popular que permitiera a los obreros apoderarse de las fábricas —recobrarlas, en realidad, puesto que existían gracias a su trabajo—, y luego organizar de pies a cabeza una sociedad de comunas libres. La «gran noche» llegó el domingo 18 de julio de 1936, pero el lunes y el martes que la siguieron no estuvieron llenos de planes para reorganizar la sociedad, sino de preguntas sobre quién iba a pagar los salarios al llegar el sábado.

Una pequeña causa, casi banal —pues alguna salida se hubiese encontrado al problema—. Pero los efectos de esta pequeña causa fueron enormes. Y lo fueron porque lo eran los sueños que hicieron elegir una solución determinada entre las diversas posibles.

Las soluciones posibles

En aquel momento había distintas posibilidades para asegurar el pago del semanal. La más evidente era que el gobierno —el de la Generalitat en Cataluña, el de la República en el resto de España, donde de momento no se presentaba el problema—, nombrara interventores en las empresas abandonadas por sus dueños y que estos interventores recibieran préstamos del gobierno a las empresas y con ellos pagaran los salarios e hicieran los desembolsos necesarios para su funcionamiento. Las empresas, luego reembolsarían los préstamos. Dada la situación, estas medida podían adoptarse por decreto, sin pasar por el Parlamento. Otra posible solución, habida cuenta de la importancia de los sindicatos en aquel momento —de ellos salieron casi todos los que combatieron en la calle contra los alzados—, hubiera sido que recibieran préstamos del Gobierno para pagar los salarios. Administrativamente, esta solución hubiese sido más engorrosa, pero habría tenido ventajas políticas, pues ligaría las centrales sindicales al Gobierno.

Menos oficial hubiera sido que el gobierno indicara bajo mano a los bancos que abrieran créditos especiales a las empresas abandonadas para pagar salarios y deudas urgentes. Con el fin de convencer a los bancos, el gobierno podía utilizar dos medios: amenazarlos con una nacionalización inmediata si se resistían a conceder estos créditos —cosa posible sólo con la banca española, que pesaba mucho más que la extranjera— o bien avalar estos créditos.

En todas estas alternativas hubiera sido necesario designar en cada empresa afectada una o varias personas que ocuparan el lugar del dueño o gerente desaparecidos, a las que por decreto se les reconociera la firma con fines bancarios.

Cualquiera de estas soluciones hubiese significado forzar la ley, interpretarla de modo laxo, cosa que, dadas las circunstancias, era posible.

Por lo demás, el número de empresas afectadas era relativamente reducido, la mayoría estaban en Cataluña. Aunque fueran importantes, el total de obreros cuyos salarios deberían garantizarse no pasaría de unas decenas de millares.

Probablemente en el ministerio de Hacienda y en la consejería de Finanzas de la Generalitat se pensó en el problema, si no el lunes, probablemente sí el martes. Pero ni el Ministerio ni en la Consejería pudieron hacer nada, porque los obreros se les adelantaron y adoptaron la solución que les pareció más acorde con sus intereses. Fue ahí donde se vio la influencia de la propaganda, de las doctrinas, de los sueños y aspiraciones colectivas y también de esa larga historia de educación obrera a la que he aludido. Donde el movimiento anarcosindicalista no era fuerte prevalecieron las soluciones gubernamentales; allí donde era poderoso, la solución fue decidida por los obreros afectados y al margen del Gobierno.

Unas circunstancias excepcionales

Esta elección entre diversas soluciones fue posible porque las circunstancias eran excepcionales. Las mismas circunstancias que crearon el problema establecieron la posibilidad de que los obreros lo resolvieran a su manera, de acuerdo con sus aspiraciones y con el modo como interpretaban sus intereses.

El interés de los trabajadores no es cosa escrita para siempre, no es una verdad absoluta y eterna. Son ellos quienes deciden, en cada situación, lo que consideran que les interesa. Esta decisión depende, claro está, de su mentalidad, de su grado de organización, de su formación, de sus convicciones. Para que este interés, interpretado por los propios trabajadores, pueda defenderse y guiar sus decisiones se necesitan circunstancias que no se dan más que raramente.

En España —y aún más en Cataluña— los días 20 y 21 de julio de 1936 la situación era tan fluida, tan inesperada, que los trabajadores se encontraron en condiciones extraordinariamente favorables para poder decidir por sí mismos, sin preocuparse ni por la legalidad vigente ni por las posibles oposiciones ni por nada que no fuera lo que en aquel momento concebían como su propio interés. Eran dueños de la calle, las llamadas autoridades no podían ni sabían ejercer su función habitual, desprestigiadas por haber permitido el golpe militar. La burguesía estaba atemorizada, oculta o huida. No era concebible que después de haber luchado en un mismo lado de las barricadas, el gobierno mandara a los guardias de asalto a ocupar las empresas abandonadas por sus dueños; ni los guardias hubiesen obedecido ni los obreros habrían permitido la ocupación.

Por otra parte, las consecuencias internacionales de la ocupación obrera no se veían todavía, ni se tomaban en consideración. Y sólo algunos entreveían sus consecuencias sociales y económicas. Lo que la masa obrera quería era tener el salario asegurado en ausencia de quien tradicionalmente lo pagaba, y buscó esta seguridad no en medidas gubernamentales sino en sus propias decisiones.

Había, de hecho, en la zona republicana —que todavía no se veía ni se llamaba así— dos poderes: el del Gobierno, en rápida degradación, por sus propias culpas e ineficacia, y el de los obreros, en ascenso, derivado de la acción de los militantes armados en la lucha en las calles y de la coincidencia de diversas organizaciones en unos objetivos lejanos y unos medios inmediatos. Los obreros, de momento, no pensaron en ejercer este poder, que les daba el tener armas y el haber ganado la jornada, más que en una cuestión: asegurarse el salario del sábado siguiente.

Pronto iban a descubrir que cuando se empieza a ejercer el poder en un terreno, o se extiende a otros terrenos o se pierde lo ganado.

4. LA INICIATIVA OBRERA

Sin instrucciones

Aunque el lunes, 20 de julio, todavía seguía la consigna de huelga general, muchos obreros se dirigieron a sus empresas, no sabían si a curiosear o a trabajar. Había en los barrios la sensación de que la situación era distinta y ¿dónde mejor comprobarlo que en el lugar de trabajo? Se encontraron con tiendas y fábricas cerradas. ¿Para qué abrir, si había huelga general? Las respuestas quedaron en el aire.

Se aclararon el martes, día 21. En buen número de empresas grandes no estaban el dueño ni el gerente, a veces ni siquiera los ingenieros, si los tenían. Si las empresas no funcionaban, ¿qué pasaría? Las puertas se abrieron, porque no eran ni el dueño ni el gerente quienes se presentaban primero, llaves en mano, sino algún portero, vigilante de noche o encargado. Y esos sí que habían acudido. La gente andaba desorientada. En alguna fábrica pequeña se empezó a trabajar, pero lo más frecuente fue formar corrillos, comentar, escuchar lo que contaban algunos que habían participado en la lucha. A media mañana, después de algunos telefonazos al despacho (o del despacho a la fábrica), o de ir alguno al sindicato a informarse (la mayoría de los locales sindicales no tenían teléfono), los obreros se reunieron en asamblea, en el local mismo de trabajo.

La iniciativa la tomaron, a menudo, los delegados sindicales y en algunos casos militantes destacados. En estas asambleas, después de informarse de lo que se sabía (que el dueño o el gerente no estaban en su casa o había desaparecido), se acordaba nombrar un comité que, de momento, hiciera gestiones y viera lo que podía proponerse en otra asamblea. Estos comités se componían no necesariamente de quienes tenían cargos sindicales sino de aquellos que parecían más preparados o responsables. Había bastantes veteranos y a menudo, algún representante de las oficinas. Cuando éstas estaban en un local separado de la fábrica (por ejemplo, ésta en Sabadell y las oficinas en Barcelona) los oficinistas, al enterarse de la asamblea en la fábrica, hacían su propia asamblea, nombraban su propio comité y después los dos comités se reunían.

El mismo día, sin que se hubiera apenas trabajado, en muchas empresas volvió a haber asambleas. En otras fue a primera hora del miércoles. La información era casi siempre la misma: no aparecía el dueño o el gerente. En el sindicato aconsejaban que se trabajara normalmente, como se hacía en las empresas en que el dueño no había desaparecido. Pero los obreros, sobre el terreno, sabían que esto no era posible sin cierta seguridad para el futuro (no sólo en cuestión de salarios, sino también de materias primas) y sin cierta dirección. En una empresa muy pequeña todos están enterados de los encargos pendientes, pero en una mediana o grande nadie, fuera de algunos en el despacho, sabe para quién trabaja. Trabajar por trabajar no tenía sentido, y sólo terminar lo empezado no resolvía nada.

En estas asambleas se acordó que los obreros se harían cargo de la empresa, que el comité nombrado la dirigiría y que se mantendría en contacto permanente con el sindicato. Un dato curioso: en ciertas empresas el acta de estas asambleas se anotó en una libreta nueva, pero en otras se agregó a las actas del consejo de administración en el libro correspondiente.

Los obreros barceloneses cantaban en 1843: «Muera la aristocracia,/ que tanto daño me ha hecho./ El pueblo quiere ser el amo/ y lo será». Ahora, casi un siglo después, se expresaba la misma voluntad y se convertía en realidad.

A las asambleas no se les ocurrió pedir que la Generalitat o el Gobierno de Madrid dieran créditos o se encargaran de pagar los salarios o, simplemente decir a las autoridades: «Ahí queda eso». De todas las alternativas posibles escogieron la que reflejaba mejor sus deseos y la que les parecía que respondía mejor a sus intereses: convertirse en los amos. En la calle, los obreros —unos centenares, acaso unos pocos millares, de obreros—, tenían armas. En el lugar de trabajo tendrían las máquinas, las fábricas, ya que sus dueños las habían abandonado. Sin las armas, esto no hubiese sido posible; con las armas solas, nada habría cambiado. Los trabajadores, sin necesidad de que nadie les diera instrucciones, comprendieron que las dos cosas estaban relacionadas. Cabe suponer que los dirigentes de la CNT, muy mayoritaria en Cataluña, tendrían interés en atribuir a su central la iniciativa de las colectivizaciones. Sin embargo, reconocieron que fueron espontáneas, como lo hizo Diego Abad de Santillán en su libro De Alfonso XIII a Franco: «Ni la CNT regional de Cataluña, ni su federación local, ni la FAI impartieron en sus primeras declaraciones los objetivos de la nueva estructura económica que había comenzado a construirse. La reordenación y la reactivación de la actividad en la industria, en los servicios, en las tierras, fue una obra de completa espontaneidad».

La perspicacia de la base

La base del movimiento obrero español, la masa de los simples afiliados, ha sido siempre más perspicaz, en los momentos decisivos, que sus dirigentes.

Lo fue en la I República con los cantones, el Estado Catalán (el mismo Pi i Margall lo reconoció) y las ocupaciones de tierras. Lo fue de nuevo en 1909 con la Semana Trágica, los obreros en las barricadas y Lerroux en el extranjero. Y otra vez en 1917, con la huelga general después del fracaso de la Asamblea de Parlamentarios. La II República vino por la acción de la base y no por la de los dirigentes; Azaña declaraba a un periodista francés, dos días antes de las elecciones del 12 de abril de 1931, que «sería iluso creer que los republicanos iban a ganar». La base, en agosto de 1932, hizo abortar el golpe del general José Sanjurjo en Sevilla antes de que el gobierno reaccionara. En 1934, la base estuvo, en los pueblos y los barrios, con la Alianza Obrera, aunque los dirigentes socialistas y anarquistas no la apoyaran —excepto en Asturias, donde base y dirigentes coincidieron—. Y las colectivizaciones, en julio de 1936, fueron producto de la voluntad y perspicacia de la base.

Mientras los obreros y empleados colectivizaban en sus asambleas espontáneas, convocadas por ellos mismos, sin esperar indicaciones de sus sindicatos, las organizaciones obreras estaban todavía flotando. Los dirigentes anarquistas fueron a ver a Companys, en la Generalitat, y Companys les ofreció entregarles el poder; lo rechazaron, y dos días después, por la presión de la base, aceptaron que se formara el Comité de Milicias, que era, de hecho, un poder.

La dirección del POUM —partido que no puede considerarse tibio ni vacilante—, todavía el 20 de julio, cuando los trabajadores se preocupaban por su salario, publicó en su diario Avant unas consignas en las que no se hablaba para nada de las colectivizaciones. El 22, miércoles, cuando ya muchas empresas catalanas y algunas valencianas estaban colectivizadas, se formó el PSUC, sucursal catalana del Partido Comunista; en su programa, elaborado a toda prisa, ni siquiera se alude a las colectivizaciones, que entonces estaban ya en marcha; le interesaba más adherirse a la Internacional Comunista y empezar a recibir las instrucciones de su agente en Cataluña, Ernő Gerő (que se hacía llamar Pedro), el mismo que en 1956 pidió a las tropas soviéticas que lanzaran sus tanques sobre Budapest alzado contra los rusos.

Hay que insistir en el carácter espontáneo de las colectivizaciones, que reflejaba, como ya dije, una larga tradición de educación obrera y de aspiraciones colectivas, pero que no respondía a ninguna consigna concreta ni a ningún programa de organización. Esta iniciativa de la base, adoptada sin consultar con los dirigentes, muestra que, como en el pasado, la base era más perspicaz, tenía más sentido político y sabía ir al grano y adoptar las decisiones que más convenían a sus intereses. Imaginemos lo que hubiese sucedido si la base no hubiera tomado la iniciativa o si ésta, por cualquier motivo, se hubiese frustrado inmediatamente. El Gobierno hubiera nombrado interventores en las empresas abandonadas por sus dueños, los obreros habrían cobrado sus salarios al llegar el sábado y la empresa hubiera seguido funcionando como antes, sólo que con el Gobierno en calidad de dueño provisional. Como los obreros tenían la aspiración de ser los dueños, y como se habrían dado cuenta de que el 20 de julio ofrecía las posibilidades de serlo, se hubiesen sentido estafados, desilusionados. No habrían surgido iniciativas nuevas en las empresas, se habría trabajado a desgana y la producción se hubiese estancado o descendido, no por motivos técnicos o a causa de la guerra, sino por la desilusión de los trabajadores. Para éstos nada habría cambiado. Habrían luchado contra el alzamiento más por instinto de conservación que con entusiasmo. Pero no habiendo colectivizado las empresas, tampoco habrían colectivizado los instrumentos de lucha, con el ejército en primer lugar. La Guerra Civil no hubiese sido entre los fachas y el pueblo, sino entre dos ejércitos. El resultado final hubiese sido el mismo (porque dependía, fundamentalmente, de la ayuda exterior), y probablemente hubiera llegado mucho antes. La resistencia al franquismo y luego la oposición al mismo, después de la victoria de los alzados, hubiesen sido más tibias, pero la represión no hubiera sido menor, como no lo fue allí donde los alzados consiguieron el éxito en el primer momento.

La colectivización de la calle

El deseo de ser los amos, que llevó a los trabajadores a preferir la colectivización a otros medios de solucionar el problema de las empresas abandonadas por sus dueños, condujo, en otro terreno, a lo que cabe llamar la colectivización de la calle.

Muchos municipios quedaron abandonados por sus «gerentes», es decir, por los alcaldes y concejales, y no sólo allí donde éstos eran de derechas; las izquierdas republicanas de clase media se mostraron tímidas, lo mismo en el gobierno que en los municipios. De ahí que cuando en las ciudades comenzó la lucha, en los pueblos y villas donde no había fuerzas en combate las organizaciones obreras formaran comités con representantes de las diversas organizaciones (a menudo sólo de la CNT, por ser la única), que se instalaron en los ayuntamientos y ejercieron funciones mucho más amplias que éstos, puesto que se ocupaban de abastecimiento, de justicia (detención y a veces «paseo» de elementos considerados peligrosos), de guerra (organización de milicias), de orden público (controles en las carreteras, requisa de armas). Estos comités, que adoptaron este nombre, espontáneamente, para que no se les achacara el ser gobierno (cosa tabú para los anarcosindicalistas mayoritarios en ellos), pero que en realidad lo eran, cometieron errores y abusos, igual que tuvieron aciertos. Pero en su conjunto consiguieron que la vida funcionara normalmente. Dos o tres días después de terminada la lucha en las calles de Barcelona, cuando salieron las primeras milicias hacia lo que iba a ser el frente, y cuando los Gobiernos de Madrid y Barcelona no sabían todavía qué hacer, los comités adoptaron iniciativas muy diversas. En su conjunto fueron iniciativas eficaces, incluso allí donde se aplicaron con exceso de celo o con abusos o brutalidad, que de todo hubo.

Los comités expropiaron casas no ocupadas o abandonadas por sus dueños huidos, edificios religiosos, y los dedicaron a actividades de interés colectivo: almacenes de cooperativas agrícolas, guarderías infantiles, nuevas escuelas, almacenes de guerra, talleres colectivos relacionados con la guerra, locales sindicales o políticos, centros culturales o sanitarios. También, en no pocos casos, dieron alojamiento decente a familias que vivían en barracas, y si bien hubo en esto sus abusos, en general puede afirmarse que ayudaron a mejorar las condiciones de vida de los más desposeídos. En algunas ciudades se improvisaron museos y bibliotecas con bienes requisados, abandonados o salvados de la ira popular contra iglesias y conventos (desde muchos de los cuales, no se olvide, se disparó contra el pueblo o en los cuales se encontraron depósitos de armas).

Esta colectivización de la vida cotidiana en el ámbito de las «autoridades» tuvo aspectos pintorescos, a veces grotescos (emisión de moneda, proliferación de los vales, aparición de uniformes fantasiosos), pero permitió mejorar la vida de muchos y dio al hombre de la calle confianza en el orden que se estaba estableciendo. Esta confianza, evidentemente, se reflejaba en el espíritu combativo, indispensable para hacer frente a la superioridad, en organización, preparación técnica y armamento, de los alzados.

Aunque los comités se formaran con delegaciones de las distintas organizaciones obreras (y en algunos lugares también de partidos republicanos de clase media), en la práctica fueron las personas en quienes se confiaba más las que los integraron. No eran necesariamente las más conocidas, las que aparecían en la prensa y hablaban en mítines, sino las que, en la vida cotidiana de las organizaciones, habían captado la confianza de los militantes y los afiliados, las que habían dado pruebas de espíritu de responsabilidad. Fue una selección —no siempre acertada— hecha por la base sin formalidades, por una especie de consenso. Sólo en poblaciones grandes se recurrió a las asambleas y a otros medios más o menos democráticos para seleccionar a los componentes de los comités. La cosa dependió a menudo de la urgencia, porque en ciertos puntos hubo tentativas de alzamiento uno o dos días después del fracaso de la sublevación en las ciudades importantes. En ocasiones se formaron también comités en instituciones privadas regidas por religiosos —asilos, maternidades, hospitales—. Hasta en la bolsa se constituyó un comité de empleados. Todo tipo de autoridad —y no sólo la oficial— fue pasando al pueblo, a la base.

El hombre del común tuvo, pues, la impresión de que era amo no sólo de las empresas abandonadas sino también de las instituciones municipales o privadas, asimismo abandonadas o paralizadas.

La colectivización de la lucha

Había otra institución abandonada: el Ejército. En aquella situación, era muy importante. Media España se hallaba en poder del ejército tradicional y era necesario oponerle algo. Reorganizar el ejército parecía absurdo, puesto que el existente se había alzado. Pero no se podía dejar de organizar algo para tratar de detener su avance.

Este algo surgió casi espontáneamente. Existe en España una larga tradición de instituciones militares surgidas desde abajo. Los ejércitos medievales de remensas catalanes, por ejemplo, que tuvieron en jaque, durante años, al ejército real sostenido por los señores feudales y los patricios de Barcelona. Las germanías valencianas y mallorquinas, así como los comuneros castellanos, son otros ejemplos. La guerra contra Napoleón fue librada por unidades creadas desde abajo. Las bandas liberales se mostraron tan eficaces frente a las partidas carlistas como el ejército convencional. Y de esas guerras civiles surgieron las milicias, que participaron en las luchas políticas del siglo XIX. Los «batallones de la blusa» de Barcelona y otras ciudades dejaron un recuerdo muy vivo en la memoria popular. Era lógico, con estos antecedentes, que en julio de 1936 el pueblo se organizara de nuevo por su cuenta y que las unidades que se formaron para ir a luchar contra los alzados se llamaran milicias. Centurias y columnas fueron nombres complementarios. En este terreno, a diferencia de lo ocurrido en las primeras colectivizaciones económicas, la iniciativa fue inmediatamente canalizada por los sindicatos y los partidos. El Gobierno, para tratar de cortar la hierba bajo los pies de los alzados, había licenciado a los soldados. No existía, pues, ejercito. Los militares que no se alzaron se encontraron incorporados a las milicias, como consejeros técnicos.

En un principio se creyó en ambos bandos que la lucha sería breve. En el republicano, con el ejercito improvisado, todo adquirió formas nuevas. La intendencia, por ejemplo, se basó en la ayuda espontánea, voluntaria (aunque a veces algo forzada) de los campesinos y de la población de las localidades por las que pasaban las columnas. Durante semanas, luego, las columnas, en un frente que ya parecía estabilizarse, se sostuvieron gracias a los envíos hechos por los comités de los pueblos, por las colectividades agrarias, por las empresas colectivizadas. Era una relación directa entre pueblo y milicias. Posiblemente no hubiese podido durar sin institucionalizarse, sin adquirir formas reglamentadas, pues no cabía confiar el abastecimiento de los milicianos a la simple espontaneidad popular. No podía escapar a los jefes de columna y a quienes los coordinaban que esta espontaneidad iría decreciendo, sobre todo en vista de que en los frentes no había espectaculares victorias, sino una lucha fea, sucia, sin dramatismo de primera plana, que no despertaba esos estallidos de entusiasmo indispensables para mantener viva la generosidad colectiva, a menos que se organice y reglamente.

Ciertas industrias empezaron inmediatamente a trabajar para la guerra: siderurgia, textil, química. Las industrias militares españolas ya existentes no hubieran bastado. Hubo que improvisar una industria de guerra, que las empresas colectivizadas se encargaron de coordinar. Recuérdese que el día 21 salieron a la calle improvisados autos blindados. Pero de nuevo, se precisaba institucionalizar, reglamentar y coordinar, porque no podía dejarse al entusiasmo de los primeros días el abastecimiento en armas y municiones de los milicianos. Además, había que decidir quién pagaría esas armas, puesto que las milicias no tenían tesorería propia y las industrias que las abastecían debían pagar las materias primas y los salarios de sus obreros.

En relación con las milicias, con lo que cabría llamar la colectivización de la guerra, surgieron los primeros problemas de las colectivizaciones que no fueran simplemente problemas de empresa, de contabilidad y depósitos bancarios, sino problemas con ramificaciones en muchos aspectos de la economía, de la técnica, de la política. Y estos problemas no podían resolverse sin otra colectivización.

La colectivización del poder

Existía un gobierno (dos, en realidad, uno en Madrid y el de la Generalitat en Barcelona). Existían dos grandes centrales sindicales, UGT y CNT. Existían, además, los partidos políticos: PSOE, PCE (y su sucursal catalana, el PSUC, creado tres días después del alzamiento), POUM, los republicanos (entre los que deben contarse los nacionalistas vascos y catalanes), y FAI, que de hecho era un partido, dadas sus funciones, aunque sus componentes rechazaran que se le considerara como tal.

Los militantes de la CNT catalana hubieran querido que los sindicatos se encargaran de coordinarlo todo, economía, milicias, cultura, pero si bien en Barcelona eran mayoritarios entre los elementos activos, no lo eran en el resto de Cataluña y tampoco fuera de Cataluña, aparte de Aragón y Levante. Por otra parte, elementos de UGT, PSOE, POUM, PCE y algunos republicanos habían luchado y formaban en las columnas de milicias. No podían descartarse simplemente porque fueran minoritarios, allí donde lo eran. Resultaba necesario, pues, encontrar alguna forma de coordinación.

En esto surgió, por la fuerza de los hechos, una diferencia considerable entre Cataluña, donde las diversas ramas anarcosindicalistas eran la fuerza predominante, y el resto de la que ya comenzaba a verse como la zona republicana, donde no lo eran. En una zona intermedia, Levante y Aragón, eran los más fuertes, pero no los únicos fuertes. En Levante había un PSOE y su UGT también poderosos, y en Aragón debía contarse con la presencia de columnas de milicias catalanas de otras organizaciones, aunque en la masa popular local la CNT predominaba.

En los lugares donde la CNT era mayoritaria surgieron formas de coordinación al margen del Gobierno. En Levante se formó un Comité Popular. En Aragón, más adelante, se formó un Consejo Revolucionario de Aragón. En Cataluña, donde estaba la base industrial de la zona republicana, donde habían tenido lugar las primeras colectivizaciones espontáneas de empresas y donde se formaron las primeras milicias y los primeros comités de pueblo, fue donde se inició la colectivización de otros aspectos de la vida colectiva. Como es lógico, dada esta situación, allí fue donde surgió una forma original de colectivización del poder: el Comité de Milicias.

Un marxista diría que se trataba de un segundo poder (y el POUM, en efecto, lo dijo). Un anarquista diría que se trataba de una forma espontánea de coordinación popular (y así se dijo). En los años sesenta y setenta podía afirmarse que se trataba de una autogestión en el plano político. Pero la palabra «político» repugnaba a muchos y lo mismo ocurría con el término «poder».

La necesidad de coordinar, a la vez, los aspectos colectivizados de la vida y la acción de las distintas organizaciones y partidos era evidente. La existencia de partidos, aunque desagradara a muchos cenetistas, era innegable. Había que encontrar la manera de alcanzar el doble objetivo de coordinar lo colectivizado y de permitir la participación de los partidos en esta coordinación. De no hacerse, la lucha se perdería irremisiblemente, y con ella las colectivizaciones, los comités, las milicias. Pues por muy fuerte que fuese la CNT, no era todo el pueblo, en Cataluña, y distaba mucho de serlo fuera de Cataluña.

El Comité de Milicias representó esta doble coordinación. En él participaron las dos centrales sindicales y los partidos políticos antifascistas. Sobre el papel tenía por misión ocuparse de las milicias. En realidad, durante unas semanas, se ocupó de todo. Pero Cataluña no estaba aislada. Había que contar con la situación en el resto de la zona republicana, en que existía un poder único, aunque débil y vacilante, el del Gobierno de Madrid. Y en Cataluña había que contar también con el esqueleto del poder anterior, la Generalitat, que sobrevivía al lado del Comité de Milicias. Estas dos realidades, que ideologías y convicciones no podían negar, iban a ser determinantes para el futuro de las colectivizaciones.

5. LA ACCIÓN SINDICAL

El abandono de los patronos

Hay que insistir sobre un fenómeno que fue excepcional, imprevisto y que tiene pocas probabilidades de repetirse. Me refiero al abandono en masa de los patronos de empresas de cierta importancia. Conviene ahondar en esto, porque ayuda a comprender un estado de ánimo sin el cual las colectivizaciones no hubieran tenido lugar.

La patronal española estaba fuertemente organizada. Existían las Cámaras de Comercio e Industria, que defendían sobre todo los intereses patronales en relación con el Gobierno. Funcionaban también las organizaciones patronales de cada ramo, que coordinaban la resistencia a la presión sindical en la negociación de contratos, huelgas, etcétera. Finalmente, en el caso de Cataluña, estaba el poderoso Fomento del Trabajo Nacional, en manos, por lo general, de patronos pertenecientes a la Lliga, y que contaba con buenos equipos de economistas y técnicos. El Fomento era muy odiado por los trabajadores. Su local, en la Via Laietana, delante del local del Banco de España, fue uno de los primeros que ocuparon, el 20 de julio, y en él se instaló el Comité Regional catalán de la CNT y luego el Comité Nacional.

El aparato de la patronal se desintegró el 19 de julio. El día 20 no quedaba nada de sus organizaciones; sus oficinas estaban cerradas, sus dirigentes, huidos o escondidos, y muchos de sus afiliados, ausentes. Al principio, se vio la situación como provisional. Pero se vio como definitiva cuando se comprendió que los dueños o bien habían sido muertos (cosa menos frecuente de lo que se dijo entonces y se repitió luego, pues muchos de los «asesinados» reaparecieron en 1939, sanos, orondos y uniformados), o bien se escondían, o bien se habían marchado al extranjero. De hecho, los patronos eran más conscientes que los propios obreros de que éstos querían ser dueños de las empresas. Y muchos, en cuanto vieron a los trabajadores armados por la calle, dieron sus empresas por perdidas, a menos que triunfaran los militares.

Muchos de los patronos eran los mismos que en la época del terrorismo (apenas quince años antes) habían salido a la calle, como somatenes, escopeta al hombro, a patrullar cuando había una huelga general. O los mismos que financiaron a los «sindicatos libres» de pistoleros que asesinaban a los dirigentes sindicales y hasta a los abogados de éstos (Seguí, Layret, por ejemplo). Muchos de esos patronos habían aprovechado las facilidades del Gobierno Lerroux-Gil Robles, tan sólo dos años antes, para despedir a sus obreros «alborotadores» y se negaban, o daban largas a cumplir la orden gubernamental de readmitir a los represaliados dada después de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Por cierto que fueron sobre todo los patronos que no querían readmitir a los represaliados los que primero se perdieron de vista en julio. Por su parte, había obreros que en la época del pistolerismo habían formado parte de los grupos de acción de la CNT (las «organizaciones específicas» como las llamaban) que tomaban represalias por el terrorismo patronal.

Este odio se reflejaba en la evolución del nombre con que los obreros designaban al empresario. En el siglo XIX había sido el «amo»; a finales de este siglo, cuando comenzó el movimiento anarcosindicalista, era el «patrón». Ya en el siglo XX y hasta la Guerra Civil, fue el «burgués», con todo lo que de animadversión y desprecio podía haber en esta palabra pronunciada por un obrero de entonces.

Octubre de 1934 no estaba lejos. El gobierno del Frente Popular no había logrado que se readmitieran en las empresas muchos de los represaliados, como ya he explicado. El mayor número de represalias tuvo lugar en empresas mayores; sus gerentes o dueños sabían que se habían concitado odios y resentimientos y esto bastaba para inducirles a ocultarse. De los patronos «paseados» (asesinados) casi todos lo fueron por haberse negado a readmitir a los que despidieron dos años antes. Con el tiempo, algunos patronos —posiblemente hasta el 30 por ciento— de empresas medianas o pequeñas (pero ninguno de las grandes) reaparecieron y las que fueron sus empresas les dieron empleo y aprovecharon su experiencia como contables, técnicos y en unos pocos casos como directores. No hubo roces de importancia entre estos expatronos ahora asalariados y sus nuevos compañeros de trabajo.

Si no se hubiesen marchado…

Los patronos, al encontrarse sin la orientación de sus organizaciones, se dejaron arrastrar por el miedo y no examinaron la situación objetivamente. De haberlo hecho, la mayoría habría acudido a su empresa, al terminar la lucha en la calle, y aunque hubiesen tenido que hacer nuevas concesiones, posiblemente hubieran conseguido mantener el principio de la propiedad privada individual de las mismas. Pero ni lo intentaron. Dimitieron —sin formalidades, con los pies, huyendo— antes de que les pidieran la dimisión. Y no es seguro que se la hubiesen pedido.

En efecto, quedaban intactas muchas fuerzas que se habrían opuesto a la toma de las empresas por sus obreros. La clase media, numerosa y en su conjunto organizada en torno a Esquerra, no tenía interés alguno en arriesgarse para defender a los grandes patronos, pero si éstos hubieran estado presentes, habría procurado salvaguardarlos, por aquello de las barbas del vecino. Todos los mecanismos gubernamentales (Justicia, Policía, etcétera) habrían encontrado una función, de la que se hallaron privados cuando muchos patronos se desvanecieron. Los comunistas, cuyas filas se hincharon velozmente una vez terminada la lucha en las calles, hubieran puesto toda la carne en el asador para defender la propiedad privada individual (más tarde lo hicieron para combatir la propiedad colectivizada y, además, organizaron el GEPCI, conglomerado de tenderos y pequeños patronos que se pasaron de Esquerra a PSUC al ver que la primera no les había servido). Los patronos hubiesen contado también con el apoyo tácito de no pocos obreros atemorizados ante la gran aventura de convertirse en dueños y que hubiesen preferido unas ventajas inmediatas a los riesgos de la propiedad colectivizada. De no haber habido un vacío —el que dejaron los patronos al marcharse— es posible que la propia CNT no hubiese hecho del sistema de propiedad un punto fundamental, presionada por el hecho de la Guerra Civil y la necesidad de no dividir a las fuerzas antifascistas; recuérdese que no fue la CNT como tal, sino sus afiliados dispersos en las empresas abandonadas, quienes adoptaron la colectivización sin consultar siquiera con sus sindicatos. Como siempre ocurre en los casos de alianzas de distintas clases, la que se hubiese visto forzada a si hacer más concesiones habría sido la más radical (como así fue, en efecto, en otros terrenos, al cabo de poco tiempo). Y la concesión más fácil habría sido la de la propiedad de las empresas, puesto que estas hubieran tenido dueño y que la colectivización ni figuraba siquiera en los programas de los partidos obreros. Además, habría habido la presión del Gobierno de Madrid y de las fuerzas que lo apoyaban en el resto de la zona republicana, mucho menos radicales que la CNT (incluso la CNT madrileña era menos radical que la de Cataluña y Levante, posiblemente porque era menos poderosa).

Pero ninguna de estas presiones pudo ejercerse, porque no había patronos cuyos derechos defender. Alguien tenía que ocupar su lugar. Los organismos gubernamentales estaban demasiado desprestigiados por el hecho de no haber impedido que se diera el golpe militar. Los obreros se sentían invencibles, por haber derrotado a los sublevados, allí donde lo hicieron. Era lógico que, en estas condiciones, quienes llenaran el vacío dejado por los patronos huidos fueran los obreros y sus sindicatos, tanto más cuanto que unos y otros se consideraban, desde hacía tiempo, como los llamados a ser los dueños de los medios de producción (aunque vieran esta posibilidad a muy largo plazo). Fueron los amos, al desvanecerse, los que crearon una situación en la que era posible una medida revolucionaria fundamental: la ocupación de las empresas (por lo menos, de las abandonadas) por los obreros. Cosas que en otras circunstancias hubieran sido normales o de urgencia, resultaban revolucionarias porque la propiedad de los medios de producción cambió (aunque, téngase siempre en cuenta, no el sistema mismo de propiedad, dudo que las colectivizaciones no fueron una nacionalización o socialización de la propiedad privada, sino un cambio de dueños de la misma).

La posición confederal

Si los patronos no se hubiesen marchado… quién sabe cómo hubieran ido las cosas. Pero se marcharon. Y su ausencia dio una oportunidad excepcional para que se realizara una vieja aspiración sindical. Sin el deseo —a menudo inconsciente— de ser los amos, sin la supervivencia de tradiciones colectivistas en el campo, sin la aspiración de los anarcosindicalistas de transformar la sociedad a través de los sindicatos y de convertir a éstos en los administradores de la economía, los trabajadores, para resolver su problema inmediato del sábado siguiente hubieran escogido cualquiera de los otros medios disponibles, todos ellos más simples y menos cargados de responsabilidad que el de formar comités de empresa.

Los lugares donde más patronos abandonaron sus empresas eran justamente —y por las razones ya dichas— aquellos en los cuales la CNT era más poderosa, a menudo mayoritaria, como en Cataluña. Aunque en los meses que siguieron a las elecciones del 16 de febrero, en Cataluña había habido más calma (o menos agitación) que en el resto del país (probablemente porque el Gobierno de la Generalitat era menos represivo que el Gobierno del Frente Popular de Madrid), los patronos y gerentes tenían miedo. Sabían que en ningún punto del país la CNT era tan poderosa como en Cataluña. En Barcelona, la CNT, de hecho dirigida por la FAI, dominaba el movimiento obrero. En Lleida y Girona predominaban los sindicatos dirigidos por elementos del POUM. En Tarragona, había sindicatos dirigidos por cenetistas, otros por poumistas, otros por comunistas oficiales. En la provincia de Barcelona, donde se concentraba la masa de los trabajadores industriales, los «treintistas» habían predominado, y este predominio pasó a la CNT cuando, en el congreso de Zaragoza de mayo de 1936, se reincorporaron a la CNT. Esto mismo había sucedido en Valencia y Castellón, que eran también lugares de influencia «treintista». En Cataluña, además, el PC era débil y no podía ejercer su influencia «tranquilizante», y el PSOE y la UGT casi no existían más que de nombre. En cambio, el POUM contaba en Cataluña con casi tantos militantes como el PC en toda España, y si bien sus relaciones con la CNT eran ásperas, por la rivalidad sindical, se encontraban de hecho en el mismo lado de la barricada.

Si el POUM hubiese tenido la iniciativa, tal vez hubiera adoptado otra solución, no necesariamente inspirada en la experiencia rusa de 1917 —pues los poumistas ya comenzaban a estar de vuelta de ella—, pero sí menos espontánea, más ligada a la política. Como no la tenía, se adaptó a la solución impuesta por la masa obrera y la defendió. Con el tiempo, se dio cuenta de que era la mejor, desde su propio punto de vista, a condición de que se la relacionara con la cuestión del poder, es decir, que se institucionalizara.

La CNT, por su parte, no había previsto (ni ninguna fuerza obrera tampoco, por lo demás) que pudiera presentarse una situación en que los obreros llegaran a ser los amos por defección, desaparición o abandono de los patronos. En el esquema anarquista o anarcosindicalista (y a partir de julio de 1936 los anarquistas, por la fuerza de los hechos, se volvieron todos anarcosindicalistas, sin necesariamente decirlo), las fábricas había que tomarlas, no podía ni concebirse que cayesen solas en manos de los trabajadores. Claro que vista la cosa con cierta perspectiva, el 19 de julio —el día de la lucha en las calles contra el alzamiento— había sido de hecho el día en que los obreros tomaron las fábricas, pues por su victoria en esa jornada determinaron que muchos patronos se marcharan.

En la experiencia de la CNT no había precedente. Allí donde los anarquistas, en sus experiencias insurreccionales locales de 1932-33, tomaron el poder —aunque sin emplear nunca esta expresión—, no existían grandes industrias y su éxito fue tan fugaz y local, pronto suprimido por la fuerza pública, que no constituía ninguna guía para el futuro. Por esto, en el congreso de Zaragoza de mayo de 1936, se afirmó en el «dictamen sobre aspiraciones ideológicas de la CNT» que «no caemos nosotros en el error de los políticos que presentan soluciones definitivas para todos los problemas… Al esbozar las normas del comunismo libertario, no lo presentamos como un programa único, que no permita transformaciones. Éstas vendrán, lógicamente, y serán las propias necesidades y experiencias quienes las indiquen».

Existían en la CNT, en vísperas de julio de 1936, dos corrientes: la sindicalista (los que hasta el congreso de mayo habían sido llamados «treintistas») y la anarquista (la FAI y las Juventudes Libertarias). Eran, entre otras cosas, dos maneras de entender «la estructuración de la economía posrevolucionaria». La primera tendencia la veía como una economía sindicalizada; la segunda, como basada en comunas libres federadas. En el congreso de Zaragoza se procuró conciliar ambas tendencias en un dictamen sobre el «concepto confederal del comunismo libertario», en el cual se hacía un «reconocimiento explícito de la soberanía individual» y se propugnaba por «socializar el cúmulo de toda la riqueza social». Después de definir la revolución como algo más que «el episodio violento mediante el cual se da al traste con el régimen capitalista», consideraba que España vivía, en mayo de 1936, un momento en que se daba la convergencia de todos los factores para iniciar una revolución. Por esto, decía el dictamen, había que indicar cuáles serían «los primeros pilares del edificio social que habrá de cobijarnos en el futuro». Y señalaba concretamente cómo debía ser la «organización de la sociedad después del hecho revolucionario»: «Terminado el aspecto violento de la revolución, se declararán abolidos: la propiedad privada, el Estado, el principio de autoridad y, por consiguiente, las clases que dividen a los hombres en explotadores y explotados, oprimidos y opresores. La Comuna Libre se incautará de cuanto antes detentaba la burguesía, tal como víveres, ropa, calzados, materias primas, herramientas de trabajo, etcétera. Estos útiles de trabajo y materias primas deberán pasar a poder de los productores, para que éstos los administren directamente en beneficio de la colectividad… Todos los hombres útiles se aprestarán a cumplir el deber voluntario —que se convertirá en verdadero derecho cuando el hombre trabaje libre— de prestar su concurso a la colectividad, en relación con sus fuerzas y sus capacidades, y la Comuna cumplirá la obligación de cubrir sus necesidades. Desde luego, es preciso crear, ya desde ahora, la idea de que los primeros tiempos de la revolución no resultarán fáciles y de que será preciso que cada hombre aporte el máximo de esfuerzos y consuma solamente lo que permitan las posibilidades de la producción. Todo período constructivo exige sacrificio y aceptación individual y colectiva de esfuerzos tendientes a superar las circunstancias y a no crear dificultades a la obra reconstructora de la sociedad, que de común acuerdo todos realizaremos».

Pasando a aspectos más concretos, el dictamen ofrecía un «plan de organización de los productores», que determinaba «la creación de la Comuna como entidad política y administrativa. La Comuna será autónoma y confederada al resto de las Comunas… El conjunto de estas comunas constituirá una Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias». Se especificaba también lo que debía hacer la comuna para cuidar de sus miembros, bajo la dirección de un Consejo Comunal, elegido. En las ciudades se establecerían Federaciones de Comunas. Estos cargos «no tendrán carácter ejecutivo ni burocrático, y quienes los desempeñen seguirán cumpliendo sus funciones de productores, pues se reunirán al terminar la jornada de trabajo para discutir las cuestiones de detalle que no necesiten del refrendo de las asambleas comunales»; éstas se celebrarán «tantas veces como lo necesiten los intereses de la Comuna, a petición de los miembros del Consejo Comunal o por la voluntad de los habitantes de cada una».

En cuanto al consumo, «los habitantes de una Comuna discutirán entre sí sus problemas internos: producción, consumo, instrucción, higiene, y cuanto sea necesario para el desenvolvimiento moral y económico de la misma… Para el intercambio de productos entre Comuna y Comuna, los Consejos Comunales se pondrán en relación con las Federaciones Regionales de Comunas y con el Consejo Confederal de Producción y Distribución, reclamando lo que les haga falta y ofreciendo lo que les sobre… Bastarán las cartas de productor, extendidas por los Consejos de Taller y de Fábrica, dando derecho a adquirir lo necesario para cubrir todas sus necesidades. La carta de productor constituye el principio de un signo de cambio, el cual quedará sujeto a estos dos principios reguladores: primero, que sea intransferible, segundo que se adopte un procedimiento mediante el cual en la carta se registre el valor del trabajo por unidades de jornadas, y este valor tenga el máximo de un año de validez para la adquisición de productos… A los elementos de la población pasiva, serán los Consejos Comunales los que les faciliten las cartas de consumo».

El dictamen se ocupaba también de la administración de justicia por las asambleas populares, el amor libre y la salvaguardia de los hijos por la comunidad, la libertad de ideas morales pero sin ritos, la enseñanza «libre, científica e igual» para ayudar a la «formación de hombres con criterio propio», la «defensa de la revolución por el pueblo armado a través de las comunas». No se hablaba de sindicatos ni se les atribuía ninguna función económica. No se prestaba apenas atención a los problemas de una sociedad industrial: transportes, materias primas, comercio internacional, inversiones extranjeras, financiación. Se partía del supuesto —más bien propio de una sociedad agraria— de que la comuna podía resolverlo todo.

Dos meses después de aprobarse este dictamen, la realidad mostró que las cosas no eran tan sencillas. Si bien en los pueblos aragoneses por los cuales pasaron columnas de la CNT y en algunos de Levante y Cataluña (especialmente Puigcerdà, antes de mayo de 1937) se organizaron comunas siguiendo en líneas generales el dictamen del congreso de Zaragoza, en las ciudades y en las industrias hubo que improvisarlo todo. De no haber sido por la iniciativa de la base, espoleada por el problema inmediato de la ausencia de los patronos, no habría habido colectivizaciones. Esta carencia reflejaba algo que no se ha señalado bastante: el origen rural muy próximo de la gran parte de los militantes confederales y del proletariado español en general.

La intervención sindical

Una o dos empresas colectivizadas podían existir por sí mismas, simplemente conduciéndose como cualquier otra empresa de tipo tradicional. Pero unas docenas o unos centenares de empresas colectivizadas no podían subsistir sin cierta coordinación entre ellas, especialmente en circunstancias tan excepcionales, desde el punto de vista económico, como las de julio de 1936, con la reducción o desaparición del mercado exterior, problemas de crédito, mercado interior partido en dos, y una parte de la mano de obra ausente (obreros en las milicias o en puestos de responsabilidad política). Dadas las tradiciones, las aspiraciones y la situación del movimiento obrero en julio de 1936 —especialmente en Cataluña— era lógico que la coordinación entre las empresas colectivizadas la llevaran a cabo los sindicatos, y teniendo en cuenta la preponderancia de los de la CNT, era natural que fuese esta central la que emprendiera la tarea de coordinar las empresas colectivizadas, de «sindicalizarlas», en cierto modo. Los obreros necesitaban consultar muchos de sus problemas y para ello acudían a sus sindicatos. Los comités de empresa necesitaban relacionarse con otras empresas y si bien esto podían hacerlo directamente, pronto se presentaron problemas de relaciones y de intercambio que podían resolverse mejor a través de un sindicato al que pertenecieran los comités de las empresas afectadas o los obreros de una de ellas cuando se trataba de relaciones entre empresas colectivizadas y empresas sin colectivizar.

Los sindicatos, por su parte, se vieron impulsados a intervenir por distintas razones, entre las cuales no debe desdeñarse una que apenas se ha destacado: el natural deseo de poder, de control, de dirección de toda organización, cualquiera que sea la ideología de sus componentes.

Por otro lado, había cuestiones que pueden llamarse técnicas. En una situación anómala, sale pronto a la superficie la amenaza de la carestía y de las colas ante las tiendas. Las empresas no pueden combatir, cada una por su cuenta, ese peligro, de graves consecuencias en el estado de ánimo de la masa de la población; los sindicatos sí, pues pueden coordinar la acción de diversas empresas y así hacerle frente.

Además, en un mismo ramo industrial había empresas colectivizadas y empresas todavía con dueño, situación que debía conducir a desequilibrios en el trato de los trabajadores, salarios, condiciones de trabajo, etcétera, que podían acarrear dificultades, ya para las empresas colectivizadas, ya para las privadas, con perjuicio de los trabajadores. Los sindicatos debían buscar cierta uniformidad y equilibrio entre las dos formas de propiedad. Con el tiempo, esta necesidad de uniformidad se hizo sentir en terrenos más técnicos: en la contabilidad, en las formas de producción, en la adaptación a las necesidades de la guerra, en la calidad de la producción, en el empleo y obtención de las materias primas.

Las circunstancias imponían también, entre otras cosas, la coordinación de las exportaciones, de la compra de materias primas, de la transformación de productos no absolutamente necesarios en otros indispensables en una economía que ya comenzaba a ser de guerra, y asimismo la ayuda de las empresas que prosperaban a causa de la guerra a aquellas que, por la guerra, decaían. Sólo los sindicatos podían establecer normas generales que en otros momentos se hubieran llamado políticas dirigidas de empleo, de las exportaciones e importaciones y del crédito.

No debe olvidarse que si bien la mayoría de los obreros manuales estaban afiliados a la CNT, había muchos trabajadores de oficinas y de tiendas que no estaban sindicados o que pertenecían a organizaciones autónomas (que habían formado en 1933 un Frente Único Mercantil, vencedor en dos huelgas ese año y en 1936). Fuera de la provincia de Barcelona, muchos trabajadores estaban afiliados a sindicatos dirigidos por gente del POUM y algunos de la UGT. Era inevitable que, sintiéndose hegemónica, la CNT quisiera controlar los comités de empresa, prescindiendo de las distintas afiliaciones minoritarias, y esto podía lograrse sin imposiciones mediante la coordinación de los comités por los sindicatos cenetistas.

Para la CNT las colectivizaciones no eran lo ideal. En el movimiento anarquista siempre se habló de socialización de la propiedad. Las colectivizaciones y los comités de empresa no eran esto, sino una nueva forma de propiedad privada, en que los trabajadores de una empresa substituían como propietarios al amo o a los accionistas. Pero la CNT tuvo que transigir en esto como en otras cosas (participación en el Gobierno central y en el de la Generalitat, y hasta en el Frente Popular cuando se le rebautizó como Antifascista, para cubrir las apariencias). No se debió a la presión de fuerzas que pudieran imponerse; ni la UGT, ni los comunistas (en los primeros meses de la guerra) ni los demás partidos tenían fuerza suficiente para imponer nada a la CNT en Cataluña, Aragón o Levante, zonas que eran el trípode de la que ya se empezaba a llamar zona republicana. El único lugar donde la CNT no dominaba era Madrid, que tenía un alto valor simbólico aunque desde el punto de vista económico no significara nada. En Andalucía la CNT hubiera podido prevalecer, pues allí ninguna fuerza destacaba mucho sobre las demás y había una larga y heroica tradición anarquista que hubiese podido ser capitalizada por la CNT; pero no lo fue, sin duda por razones locales.

La transigencia de la CNT se debió a dos factores con los que antes no se había contado. Por un lado, el hecho de que la sociedad, en la zona republicana, aunque estaba transformándose, no era todavía el tipo de sociedad en que hubiera medios de socialización de la propiedad. Imponer estos medios hubiera aislado a la CNT, y este aislamiento la CNT no lo quería en una situación de guerra civil. Éste era justamente el otro factor: el que la revolución se presentara en una coyuntura que los anarquistas nunca pudieron prever y que hacía imposible aplicar los modelos tradicionales del anarquismo sin correr el riesgo cierto de tener que imponerse y aislarse.

Se habló mucho de socialización durante unos días, porque con este juego semántico se doraba la píldora de la transigencia impuesta por las circunstancias. No hubo, pues, socialización de la propiedad, sino que, como he dicho, se mantuvo la propiedad privada, pasada por el tamiz de los sindicatos y con un cambio radical de propietarios. Recuérdese, con todo, que las colectivizaciones, a lo primero, no afectaron a toda la industria, sino sólo a las empresas abandonadas por sus dueños o gerentes. La colectivización no fue una medida maximalista, sino que estaba a medio camino entre la socialización y la propiedad privada sin control de los obreros de cada empresa. Los cenetistas, sin proponérselo, sin planearlo, aplicaron lo que podría llamarse un programa sindicalista revolucionario, aunque sin llegar a las últimas consecuencias, es decir, a pedir todo el poder para los sindicatos. Esto era mucho mejor, sin duda, que haber dejado toda la propiedad en poder de los antiguos propietarios (por ausentes que estuvieran) o haber permitido que pasara automáticamente a poder del Estado, que no había llegado a ser un estado obrero, por más que en él predominaran, de momento, las organizaciones obreras.

La sindicalización

Las empresas colectivizadas necesitaban a los sindicatos por muchos motivos, como se acaba de explicar. Cuanto más tiempo pasaba, más los necesitaban, porque la situación de las empresas colectivizadas se iba volviendo más compleja. Los sindicatos, por su parte, no necesitaban a las empresas colectivizadas, pero les convenía tener cierta relación con ellas, por razones de fuerza y poder y también de ideología. En estas condiciones, era lógico que el carácter de las colectivizaciones cambiara.

Fue un cambio imperceptible. No puede fijarse un momento preciso en que ocurriera ni una decisión concreta que lo provocara. Se trató de una evolución rápida —en aquellas circunstancias las cosas sucedían con rapidez— pero no fulminante ni, por apresurada, menos gradual.

Si los sindicatos proporcionaban a las empresas colectivizadas asesoramiento, si las ayudaban a llegar a acuerdos con otras empresas o, de no haber acuerdo, arbitraban sobre la cuestión en disputa, si daban orientaciones a sus militantes que eran miembros de comités de empresa (y lo hicieron muy a menudo y en asuntos importantes), si eran el canal a través del cual las empresas deficitarias recibían ayuda de las que obtenían beneficios, y si, además, imponían esta ayuda cuando había renuencia a darla (cosa que no fue excepcional), si, finalmente, los sindicatos eran los que, mucho mejor que las empresas colectivizadas, podían ejercer influencia en otras instituciones (Gobierno, Banca) en favor de aquellas, era natural que los sindicatos se convirtieran en un elemento fundamental en las empresas colectivizadas.

Cuando, tiempo después, se formó el Consejo de Economía para orientar toda la economía catalana, en él estuvieron representados los partidos y las centrales sindicales, pero no las empresas (colectivizadas o no). Éstas llegaban al Consejo, cuyas decisiones las afectaban, no directamente, como tales empresas, sino a través de los sindicatos (y algunas veces a través de los partidos).

Así el sindicato se convirtió en parte del sistema, en la medida en que, de momento, había un sistema y no una dispersión de empresas colectivizadas. En realidad fue la participación de los sindicatos en éstas lo que las hizo salir de la dispersión y estableció el sistema. En cuanto las empresas se coordinaron unas con otras a través de los sindicatos, el sistema apareció. No nos engañemos. Para la empresa colectivizada no había ninguna posibilidad de independizarse de este sistema, caso de desearlo. Las empresas, al colectivizarse, eran orgánicamente independientes; con la intervención sindical pasaron a ser más o menos autónomas, con un grado de autonomía que variaba de sindicato a sindicato. Por ejemplo, las que pertenecían al sindicato del espectáculo de Barcelona dependieron de él, mientras que las del ramo textil conservaron cierta autonomía. Pero no había ninguna posibilidad de recobrar la independencia, que, por lo demás, las empresas colectivizadas mismas eran las primeras en no desear, pues de haberlo deseado y logrado se habrían hallado desamparadas.

No se conoce ningún caso en que los obreros de una empresa colectivizada quisieran prescindir de toda participación sindical. De haberlo habido, probablemente el sindicato no lo hubiera permitido. Y si lo hubiese tolerado, la empresa habría entrado rápidamente en crisis, pues al cabo de unas semanas de iniciarse las colectivizaciones no era posible ya que subsistieran sin la colaboración de los sindicatos. Lo que ocurrió en algunos casos —y en empresas de escasa importancia— fue que por maniobras de integrantes del comité de empresa pertenecientes a partidos (casi siempre de oficinas y no de talleres), la empresa decidió relacionarse con otra central sindical que no fuera la CNT (la UGT controlada por los comunistas, concretamente) y esto estuvo a menudo a punto de provocar choques violentos y sólo se resolvió por mediación de los dirigentes ambas centrales. Pero, repito, fueron casos excepcionales.

Puede decirse, pues, que al comenzar a intervenir los sindicatos en las colectivizaciones, por ser sus servicios necesarios para el éxito de las mismas, y al ir aumentando esta intervención, las colectivizaciones se convirtieron en sistema y cambiaron de carácter. Poco a poco, la participación sindical adquirió más importancia y al mismo tiempo la perdió el hecho de que el comité de empresa substituyera al dueño ausente. La colectivización no dejó de ser lo que fue desde el comienzo, pero la medida espontánea adoptada por los obreros dejó paso a una política que era más y más sindical, menos espontánea, menos independiente.

Era inevitable que así fuese, entre otras razones porque sólo una parte de la economía estaba colectivizada. Era conveniente también que así fuera. Pero, inevitable y conveniente, no por ello era menos un cambio de carácter; que el cambio fuese favorable a las colectivizaciones no quita que fuese cambio.

Insisto en esto, al cabo de tantos años, porque en aquella época muchos quisieron negar que hubiera cambio, que la intervención sindical representara una transformación de las colectivizaciones, del mismo modo que se quiso sugerir que las colectivizaciones se debieron a la iniciativa de los sindicatos. Si se dejara que estas dos afirmaciones continuaran apareciendo como reflejo de lo que realmente pasó, resultaría muy difícil comprender lo que las colectivizaciones fueron y lo que representaron para los obreros.

6. LOS PROBLEMAS INTERNOS

Las leyendas

Objeto de muchas polémicas y de poco estudio, las colectivizaciones se han visto envueltas en no pocas leyendas.

Por un lado, la leyenda negra, que comenzó a surgir con las colectivizaciones mismas. Las gentes que tenían de las cosas una visión conservadora (y que no eran escasas) y los dueños de empresa que no se marcharon y las familias de los que se desvanecieron, hablaban mal de las colectivizaciones, por principio. Pronto les hicieron eco muchos tenderos, pequeños industriales y comerciantes (en cuanto los comunistas los organizaron) y hasta trabajadores de mentalidad conformista o que, por algún motivo personal, estaban descontentos con los comités de empresa (a veces, de su empresa y nada más). La prensa, de momento, no se hizo eco de esta oposición, pero en cuanto los comunistas adoptaron una actitud crítica, de acuerdo con su política general, dictada desde la Tercera Internacional en Moscú (según la cual la Guerra Civil era solamente para defender la República y en ningún caso debía aprovecharse para hacer una revolución), hubo periódicos republicanos de los partidos mesocráticos (los estrictamente republicanos, y en Cataluña, más moderadamente, Esquerra) que se lanzaron a buscar defectos o fallos, a ponerlos de relieve, a contar casos concretos de abusos o errores. De no haber sido por los motivos que inspiraron estas críticas —motivos exclusivamente de clase y, en el caso de los comunistas, de interés de la diplomacia soviética—, podría decirse que la prensa cumplía su deber, pero no cabe esta interpretación, porque esta misma prensa se abstenía de revelar abusos y errores cometidos por los adversarios de las colectivizaciones. No se trataba, pues, de periodistas en busca de hechos, sino de instrumentos de la propaganda de partido o de clase. Los comunistas fueron los más sistemáticos y duros en la crítica de las colectivizaciones y no se pararon en barreras. Calumniaron, inventaron, injuriaron.

Por otro lado, circuló —y sigue circulando— la leyenda y dorada, creada por los anarquistas con sus discursos, artículos y reportajes ditirámbicos. En privado, no dejaron de analizar y criticar los errores cometidos, pero no lo hicieron en público, sin duda porque no consideraron conveniente presentar el flanco a los ataques de los adversarios de las colectivizaciones, y en especial de los comunistas.

Si la crítica se hubiera hecho con datos reales y con análisis argumentados, su defensa probablemente se hubiera hecho y con razones y cifras. En lugar de esto salieron los eternos principios, la bondad innata del hombre, y así la literatura favorable a las colectivizaciones acabó pareciéndose a una novela rosa, del mismo modo que la contraria parecía una novela de vampiros.

Cuando, muchos años después, algunos estudiosos (que se citan en la bibliografía) comenzaron a buscar datos y a publicarlos, las colectivizaciones empezaron a aparecer como algo que no era ni novela rosa ni novela de vampiros de la propaganda, sino un sistema, discutible pero viable, de propiedad de los medios de producción. No fueron cosa de coser y cantar ni funcionaron como una máquina bien lubricada. Tuvieron que enfrentarse a problemas graves, que no procedían de ellas mismas, sino de fuera. La literatura vampiresca presentó estos problemas como abusos o errores, y la literatura rosa los calló. De este modo las colectivizaciones quedaron esterilizadas, no sirvieron para el futuro.

Los hombres de antes

Detractores y apologistas silenciaron por igual el hecho, evidente por sí mismo, de que los obreros «colectivizados», los trabajadores que hicieron las colectivizaciones, no procedían de un mundo aparte, no acababan de nacer, puros e inmaculados, sino que eran producto de la misma sociedad que trataban de cambiar. Eran producto del sistema de propiedad privada corruptor, limitado, injusto, destructor. Habían nacido en este sistema y en él se formaron. Incluso aquellos que, a través de su actividad o militancia sindical o política lograron cierto grado de independencia psicológica, que se habían sobrepuesto a la corrupción cultural y habían vencido las limitaciones de la libertad, es decir, aquellos que iniciaban su transformación personal, seguían siendo producto de la sociedad de propiedad privada. Producto emancipado, pero producto de ella de todos modos.

En una sociedad que funcionaba lubricada por la idea de ganar dinero, de que la empresa existía para obtener beneficios, de que la producción estaba fundamentalmente orientada no a satisfacer necesidades, sino a generar ganancias, los obreros podían tener, teóricamente, el deseo de que la sociedad se organizara para satisfacer les necesidades de sus componentes y no para que unos cuantos de ellos lograran ganancias particulares.

Puestos a dirigir empresas fundadas y organizadas para obtener ganancias, era prácticamente imposible que de la noche a la mañana se libraran de lo que había sido su formación de toda la vida y perdieran de vista lo que les parecía necesario: que su empresa colectivizada obtuviera beneficios.

Por mucho que la literatura rosa sobre las colectivizaciones nos presente a los campesinos de Aragón y a los trabajadores de la industria textil convertidos de súbito en seres desinteresados, sin egoísmo alguno y de amplio espíritu comunitario, la verdad es que los trabajadores que hasta entonces habían hecho huelgas para conseguir mejores salarios y condiciones de trabajo más tolerables, seguían queriendo aumentar sus ingresos y mejorar sus modos de trabajar. Que la guerra limitara, de momento, estas aspiraciones, era lógico (y ello no sin mucha propaganda y no pocas presiones), pero no lo era suponer que por haber cambiado el sistema de propiedad de la empresa, la mentalidad de sus obreros hubiese cambiado de repente.

Es sabido que los cambios técnicos son mucho más rápido que los cambios culturales de quienes se benefician con ellos. El hombre puede ir a la Luna, pero sigue pensando en términos de su familia y de su barrio o pueblo; deja de creer en la religión, pero en su fuero interno, muy en lo hondo, persiste el sentido de pecado, al que da otro nombre. Un ejemplo: España había «inventado» la guerrilla; cuando los galos libraban batallas contra César, los íberos y los celtas se enfrentaban a los romanos en guerrillas; la guerra de los remensas catalanes, la de los comuneros castellanos, la guerra contra Napoleón, fueron de guerrillas, lo mismo que las guerras carlistas; pero cuando vino la Guerra Civil, no se propuso organizar guerrillas detrás de las líneas franquistas; el hecho de que el Gobierno, por temor a no poder controlarlas, probablemente las hubiese rechazado no quita que las milicias de los primeros días hubieran debido organizarlas; pero la guerra tenía lugar en una sociedad habituada a los ejércitos, y quienes querían transformarla no pudieron librarse de su formación y recurrieron, para defender el cambio, a los ejércitos, aunque hubiesen sido más eficaces, en sus condiciones, las guerrillas.

Organización improvisada

Había que improvisar mecanismos nuevos para la dirección y administración de la empresa colectivizada. Puesto que el patrono o el gerente había sido substituido por una administración colectiva, ¿qué procedimientos debían seguirse para nombrarla, controlarla, fijarle orientaciones y mantenerla en contacto con los trabajadores? Aunque cada empresa improvisó, en los primeros momentos, esta improvisación respondía a criterios generalizados, como lo prueba el hecho de que los procedimientos puestos en práctica fueran semejantes en todas las empresas colectivizadas sin necesidad de uniformarlos ni de consultarse unas a otras. Diego Abad de Santillán describió así el funcionamiento de las empresas colectivizadas: «En cada fábrica, o taller o lugar de trabajo se creaba un nuevo organismo administrativo por elección de su personal, obrero, administrativo y técnico. Las fábricas de la misma industria se asociaban en el orden local y formaban la federación local de la industria. La vinculación de las federaciones formaba la federación regional y éstas culminaban en la federación nacional. La vinculación de las federaciones daba nacimiento a un consejo nacional de economía». De hecho, se reproducía, así, la organización de una central sindical.

La asamblea de todos los obreros y empleados de una empresa elegía a los miembros del comité de controlo de empresa, que solía constar de cinco a diez personas. Teóricamente estaban representadas en el comité las dos centrales sindicales, en proporción a su número de afiliados en la empresa. Pero en la mayoría de las empresas no había afiliados de la UGT o eran tan pocos que no llegaban a constituir una sección sindical. Las cosas cambiaron después de los hechos de mayo de 1937, cuando al calor de la victoria en la calle de los adversarios de la CNT, la UGT (controlada en Cataluña por el PSUC) consiguió formar secciones sindicales en muchas empresas, reuniendo a los obreros menos politizados, a los que, antes de la Guerra Civil, no estaban afiliados a ninguna central.

En los comités debían estar representados todos los departamentos de la empresa: oficina, almacén, fabricación, tiendas, etcétera. Los sindicatos insistieron en esto, pues veían en ello no sólo un medio de interesar en la vida sindical a elementos antes ajenos a ella —como los empleados—, sino porque entre estos elementos había quienes poseían conocimientos indispensables en un comité de empresa, como contables y técnicos. Por esto, muchos comités tenían mayoría de integrantes que eran cenetistas recientes o tibios, aunque la fuerza coordinadora y la «alma» de los comités eran los veteranos militantes sindicales. Los comités solían componerse de gente de más de 30 años; los de menos estaban a menudo en el frente. Esto privó a muchas empresas de la imaginación, el entusiasmo y la devoción de los jóvenes. En general, todos los miembros del comité eran varones, aunque, en el menos malo de los casos y cuando se trataba de una empresa con mayoría de trabajadoras, había alguna mujer. El comité elegía al director de la empresa —el gerente en términos de negocios—, pero era un gerente mucho más fiscalizado que el de una empresa privada y que estaba obligado a seguir las orientaciones fijadas por el comité y no sólo a dar cuenta a éste de su gestión, sino a consultarlo en las cuestiones importantes y a aceptar y aplicar sus decisiones. La elección de director fue casi siempre un problema. A menudo no había en la empresa un obrero capacitado o que lo pareciera a sus compañeros; otras veces, entre los técnicos que no habían abandonado el trabajo, ninguno merecía la confianza de los obreros o todos se habían distinguido por ser lamebotas del antiguo patrón o por ponerse sistemáticamente al lado de éste. Las soluciones fueron diversas. Unas veces se corría el riesgo de falta de experiencia y se nombraba a uno de los obreros manuales —especialmente en las empresas pequeñas o medianas—. Otras veces era un capataz o un contable, que entendía las cuestiones técnicas o administrativas. Otras veces era un técnico, cuando no había nada en su contra. En ciertos casos se pedía al sindicato que «prestara» a algún militante con cierta capacidad en esos menesteres. Más adelante, cuando se colectivizaron por ley las empresas catalanas que emplearan a más de cien obreros, el comité eligió director al patrón, que no se había marchado (pues de haberlo hecho su empresa habría sido colectivizada sin esperar ninguna ley, el 21 de julio); claro que estos expatronos convertidos en directores debían tener cierto historial de persona de izquierdas o no haber tenido choques con los obreros o no inspirar desconfianza por algún motivo. En general no hubo quejas contra los expatronos convertidos en directores, que también en general cumplieron su cometido por lo menos de un modo tan eficaz como lo cumplieran cuando eran patronos, y a menor costo.

Un factor probablemente decisivo en este terreno fue la ineficacia general de la industria española, especialmente visible en Cataluña. La industria funcionaba, antes del 19 de julio, basándose en empresas de tipo familiar, donde la dirección o gerencia pasaba de padres a hijos, e iba unida a la propiedad. Había pocas sociedades anónimas que lo fueran de veras y no sólo en el título, muchas sociedades de RL (responsabilidad limitada) y pocas empresas con más de 500 obreros. Por otro lado, los trabajadores podían darse cuenta de que la maquinaria y los métodos de trabajo eran anticuados, puesto que a menudo había que recurrir a la iniciativa e inventiva de los propios obreros para sacar un rendimiento económicamente válido a esta maquinaria. Los avances económicos y técnicos del resto del mundo capitalista (que por lo demás pasaba por una grave crisis) se habían filtrado poco durante la República, en parte por la vetustez de la mentalidad de los empresarios y en parte por su saboteo abierto o disimulado al que todavía veían como un nuevo régimen no consolidado a apenas cinco años de su establecimiento. No escapaba a los trabajadores que la rutina tenía una gran influencia en la manera de funcionar de una empresa. El trabajo de oficina estaba poco mecanizado (los bancos llevaron hasta 1965 las cuentas de cada cliente a mano, en gruesos libros de enormes hojas). La escasa reinversión para la modernización y ampliación de las empresas era un signo de lo anquilosa que era la burguesía española. Otro signo era la constante presión para obtener del Estado medidas proteccionistas que la pusieran a salvo de la competencia extranjera. No era raro que los herederos de una empresa la administraran mal o se desentendieran de ella (pero no de sus beneficios) dejándola en manos de apoderados.

La administración de la mayoría de empresas no era muy compleja debido a su exigüidad; era lógico que los trabajadores con cierta experiencia en la dirección de sus propios sindicatos concluyeran que ellos también podían administrar las empresas en las cuales trabajaban.

Salarios y mercado negro

En toda experiencia de autogestión, control obrero o colectivización —poco importa el nombre que se le dé, aunque el de colectivización no existía en el léxico corriente, pues fue sugerido en julio o agosto de 1936 por un economista adherido a la CNT, Joan P. Fàbregas— existe inevitablemente el peligro de que los trabajadores vean en ella un medio inmediato de aumentar sus ingresos. Es una aspiración lógica, pero que si predomina sobre otros aspectos menos tangibles puede llevar al fracaso.

Este peligro es mayor cuanto menor es la iniciativa de la base en el establecimiento del nuevo sistema. Si las colectivizaciones hubieran sido impuestas desde arriba, en 1936 —por un gobierno o por los sindicatos—, como resultado de un programa de política económica o de una decisión inspirada directamente en la ideología, los trabajadores habrían pensado que debían servir, ante todo, para incrementar sus ingresos. Viniendo de abajo, este deseo, que desde luego existía, no predominó sobre el de tener éxito, de hacer funcionar las empresas mejor que los «amos», de ayudar a ganar la guerra. Esto se vio claro —como luego se indicará— cuando las colectivizaciones fueron desfiguradas por la acción del Gobierno Negrín, y los obreros, perdido el entusiasmo y no viendo ya en ellas su propia obra, empezaron a presionar para mayores ingresos, como hacían en tiempos «normales» de propiedad privada.

Descartado de momento este peligro, había que resolver otros problemas relativos a la remuneración. En las empresas existía un abanico de salarios muy amplio. Un gerente ganaba diez veces más que un obrero especializado, un escribiente dos veces menos que un contable. Los sindicatos siempre habían defendido este abanico, en sus grados inferiores, pero ¿iban a hacerlo ahora, cuando el nuevo sistema tendía a buscar la igualdad entre sus componentes, puesto que todos tenían la misma voz y el mismo voto en las asambleas de empresa? ¿Cómo había que pagar a los directores y a los miembros de los comités de empresa? Según los principios anarquistas, su salario debía ser igual al de cualquier otro componente de la empresa. Pero había que contar también con la tradición sindicalista, que en España, como en todo el mundo, insistió siempre en mantener las escalas de salarios. Desde luego, las diferencias de salario persistieron, en la mayoría de las empresas colectivizadas, porque no era posible recortar los de los obreros que ganaban más, ni aumentar hasta su nivel todos los restantes. Se tendió, en general, a aumentar los salarios más bajos. Pero había que contar con el deseo de los mejor pagados de mantener cierta diferencia, más por razones de prestigio que de dinero. Y había que contar también con que los directores debían tener algún aliciente para aceptar el aumento de trabajo y responsabilidad que entrañaba su cargo. Cada comité adoptó en esto su propia política. Al principio, se tendió a no pagar más a los directores y a no dar ningún sobresueldo a los miembros del comité. En la CNT se estableció la costumbre de que los militantes elegidos directores de una empresa colectivizada cobraran sólo el sueldo del obrero de ella que cobrara más. Andando el tiempo, esto se fue modificando, no tanto por decisiones concretas cuanto por privilegios que se iban otorgando o reconociendo a los elementos destacados de la empresa. Así, por ejemplo, el director y los componentes del comité tenían más facilidad para adquirir a precio legal los productos de la empresa (y luego cambiarlos por comida o productos de otras empresas). Sin embargo, hasta mayo de 1937 persistió la tendencia igualitaria flexible. Después, la influencia de la UGT (ya en manos de los comunistas) y de los representantes oficiales (del Gobierno Negrín) se ejerció en el sentido de pagar más a los directores y de dar sobresueldos a los miembros de los comités.

Las actitudes en esta cuestión de los salarios reflejaban cierta convicción muy arraigada en la parte organizada de la clase obrera. ¿Podrían servir de freno a los «incentivos materiales», cuando se presentaran situaciones en que tales incentivos adquieran una fuerza especial? Así, los abastecimientos funcionaron mal, como ocurre en toda guerra (y más en un país con una larga tradición de pésima capacidad organizadora, como España); por otro lado, seguía habiendo diferencias considerables de ingresos, fuera de las empresas colectivizadas, y por tanto, mercado negro (estraperlo, como se le llamaba en recuerdo de un caso de corrupción del Gobierno Lerroux-Gil Robes de apenas dos años antes). La gente que no tenía dinero de sobra lucía cola delante de las tiendas (a partir del cuarto o quinto mes de la guerra) para conseguir comida y otros productos, que más tarde se racionaron. Quienes contaban con relaciones en los pueblos iban hasta ellos a buscar comida, y los que tenían dinero, compraban en el mercado negro.

Ahora bien, una buena parte de las empresas colectivizadas producía artículos que podían venderse en el mercado negro, con beneficios extraordinarios para la empresa, o intercambiarse por productos de primera necesidad (comida, tabaco) de los que carecían los componentes de las empresas colectivizadas. La tentación de convertirse en una especie de aristocracia de los abastos era, pues, muy fuerte.

Es difícil decir en qué medida la moral de las colectivizaciones (o de los colectivizadores) hubiese resistido a esta tentación, pues cuando se presentó con fuerza al deteriorarse los abastecimientos, fue justamente después de que las colectivizaciones fueran desfiguradas por decisiones gubernamentales y cuando en ellas ya se había perdido, a causa de esto, la moral de lucha e innovación inicial. Desvanecido este freno moral, la verdad es que los «incentivos materiales» jugaron un papel no desdeñable. No muchos comités, sobre todo de medianas empresas, resistieron la tentación del intercambio —que a menudo se convertía en mercado negro—. Cuando comenzaron a escasear los productos alimenticios y muchos industriales, resultó difícil para los comités negarse a lo que pedían sus obreros: canjear hilo, clavos, tejido o lo que fuera por comida, tabaco o algunos otros artículos difíciles de encontrar. Esto empezó a ocurrir a comienzos de 1937, pero se generalizó a finales de ese año, es decir, cuando ya las colectivizaciones estaban en vías de burocratización bajo la presión comunista.

Algunos sindicatos trataron de organizar este mercado negro precisamente para evitar que fuese un verdadero mercado negro. Formaron oficiosamente bolsas de intercambio, a las cuales las empresas indicaban aquello que disponían y aquello que deseaban. Esto fue así, sobre todo, en las ciudades y pueblos de provincias, donde estas bolsas medio secretas las organizaron las federaciones locales. En Barcelona no se hizo, pero hubo contactos directos entre distintos sindicatos —en el ámbito personal y de amistad o compañerismo—, que permitieron canjes de artículos entre empresas de distintos ramos. A pesar de todo, aunque esto contribuyó a hacer menos deficiente la dieta y el abastecimiento de un número considerable de obreros de empresas colectivizadas, no alivió de modo perceptible el nivel general de subastecimiento y subalimentación ni afectó al mercado negro, que a finales de 1937 ya se había generalizado y contra el cual no valían ni el control de precios ni las amenazas de penas severas para los especuladores. Todos especulaban, en realidad. Las empresas colectivizadas no podían sustraerse a la atmósfera general. No fue raro, tampoco, que los dueños y obreros de empresas pequeñas todavía privadas se pusieran de acuerdo para canjear parte de los productos de las mismas por comida y tabaco, que se repartía a los obreros como parte de su salario o que se les vendía a precios inferiores a los de estraperlo.

Hay que señalar, sin embargo, que las colectivizaciones mostraron un hondo sentido de solidaridad, pues no sólo ayudaron a las familias de sus miembros que se fueron al frente o que murieron en la lucha, sino que contribuyeron, con sus iniciativas y sus donaciones, a sostener las milicias en los primeros tiempos, cuando la intendencia del frente dependía casi exclusivamente de estas aportaciones de las colectividades. Las agrarias, especialmente, por la índole de su producción, y también por el carácter más ideológico de muchas de ellas, destacaron en esta ayuda a los combatientes. No fue excepcional que los obreros de empresas colectivizadas, que trabajaban directa o indirectamente para la guerra, aceptaran de buena gana hacer horas extras sin cobrarlas, para aumentar la producción militar o para llenar los vacíos que la movilización de sucesivas quintas iba abriendo en la mano de obra.

La disciplina

A pesar de una burguesía relativamente paupérrima, que necesitaba explotar mucho para obtener beneficios, ya que no empleaba técnicas y medios de producción modernos, la disciplina de trabajo no caracterizó nunca a las empresas españolas —ni siquiera a las catalanas, algo menos atrasadas—. Se trabajaba mucho —más que en las empresas extranjeras— pero se compensaba esto con cierta manga ancha en la disciplina.

El hecho de que gran parte de los obreros procediera del medio rural, la existencia de sindicatos fuertes que se habrían opuesto a que las condiciones de trabajo se asemejaran a las prevalecientes en los países industriales más avanzados, fueron factores que contribuyeron, junto con el atraso técnico, a la relativa flexibilidad de la disciplina de trabajo. Disciplina la había, no vaya a creerse, pero era de tira y afloja, adaptable. Fuera de los casos de capataces sádicos o cuarteleros, en general la disciplina no constituía el aspecto más desagradable del sistema de explotación a la española.

¿Qué iba a suceder con las colectivizaciones? ¿Se derrumbaría la disciplina —la que hubiera— o, al contrario, se fortalecería? En las «colectivizaciones» impuestas desde arriba, la disciplina suele hacerse más rígida, pues hay presión de la cúspide, ya que quienes mandan no son los obreros sino sus «representantes», que tienden a actuar como amos. En las colectivizaciones sin entrecomillar, surgidas de la base, las cosas pueden ser distintas y entonces es posible que surja una disciplina aceptada voluntariamente, más eficiente que la de la empresa privada.

El problema de conciliar espontaneidad e iniciativa con disciplina no tardó en plantearse. La iniciativa es necesaria siempre, pero era indispensable en los primeros tiempos de las colectivizaciones, cuando los comités de empresa carecían de experiencia y cuando todos los trabajadores —o buena parte de ellos— se identificaban con el comité y con el experimento. De hecho —sobre todo en las empresas no muy grandes, o sea, en la mayoría de ellas— los problemas se discutían libremente en los descansos del trabajo o al terminar la jornada. Se celebraban frecuentes asambleas y los comités estaban abiertos a todos, para que acudieran a sus reuniones y propusieran soluciones o a innovaciones. Hubo, así, algunas iniciativas útiles y se resolvieron problemas que por vía administrativa posiblemente nunca se hubieran solucionado. Se pusieron en juego las amistades, los conocimientos personales, las relaciones, para contribuir a superar los problemas de los primeros días. Si se retrasaba la entrega de materia prima, tal obrero tenía un pariente que trabajaba en los ferrocarriles y que por influencia personal resolvía el problema. Si no se encontraba una pieza indispensable para reparar una máquina, tal otro obrero era aficionado a la mecánica y él mismo construía la pieza. Pero esto no podía seguir indefinidamente y, sobre todo, no podía funcionar en empresas de cierto volumen, en las cuales los trabajadores de distintos turnos y secciones no se conocían entre sí. Por otro lado, este modo de resolver los problemas tendía a debilitar la disciplina de trabajo. Cada cual se consideraba con derecho a disentir, proponer, sugerir, discutir las decisiones de los comités, y la producción podía salir perjudicada a causa de ello.

La situación se resolvió automáticamente, sin órdenes de nadie, por iniciativa de los distintos comités. En éstos operaron, a la vez, la necesidad de obtener resultados y de mantener cierta disciplina de trabajo, y el sentido de poder que da el hecho de formar un cuerpo dirigente. Muchas veces, los miembros de un comité de empresa no tenían ninguna ambición personal, pero la responsabilidad que habían aceptado les imponía actuar con autoridad. Para muchos fue un aprendizaje difícil, penoso, que iba en contra de sus convicciones libertarias, aunque halagara a este rey que, según el proverbio, cada español lleva en el cuerpo.

Eso, a su vez, planteaba otra cuestión: ¿cómo mantener la disciplina sin que disminuyera el entusiasmo, sin que los obreros acabaran diciendo que sólo habían cambiado de amo, sin que perdieran la convicción de que eran ellos los dueños de la empresa? La respuesta dependía del criterio de cada comité y de la conciencia que cada comité tuviera de esta cuestión. Hubo los que no se preocuparon de ella y que, en efecto, actuaron como un nuevo patrón; pero fueron la minoría, y a menudo los trabajadores los desplazaron en cuanto se dieron cuenta de que se les habían subido los humos a la cabeza o de que lo sacrificaban todo a la eficiencia. Lo más común fue la convocatoria frecuente de asambleas, para exponer la situación, pedir sugerencias y discutir los problemas y sus posibles soluciones.

Los elementos más activos y jóvenes de cada empresa se habían ido a las milicias. Quedaban, pues, los viejos militantes —en ciertos casos también jóvenes que se quedaron por orden del sindicato— y la masa afiliada, pero no activa. Los viejos militantes, claro está, ejercían una influencia decisiva. Pero, aún así, estas asambleas estaban menos influidas que lo hubiesen estado de no haber habido guerra y todos los militantes sindicales hubieran permanecido en su lugar de trabajo. En realidad, de estas asambleas con relativamente pocos militantes y del desafío de la situación salieron nuevos militantes sindicales. Muchos que habían sido indiferentes o tibios antes de 1936, se convirtieron en activos a través de las colectivizaciones.

Nadie puede decir qué hubiese ocurrido si las colectivizaciones hubiesen durado toda la guerra, en vez de caer en manos del Estado después de mayo de 1937. Es indudable que a partir de esta fecha, el entusiasmo, la iniciativa, la espontaneidad y la comunicación entre comités y trabajadores decrecieron verticalmente. La pérdida del entusiasmo se debió a razones políticas y al hecho de que los trabajadores dejaron de sentir como suyas las empresas. ¿Qué hubiera pasado si nada de esto e hubiese ocurrido? ¿Habría persistido el entusiasmo, una vez desvaída la novedad? ¿Habría podido mantenerse la comunicación entre comités y trabajadores, cuando se convirtiera en una rutina? La respuesta parece evidente: no. Pero ¿se hubiera encontrado algún mecanismo para mantener el interés, la participación, la iniciativa, la espontaneidad, a la par que la disciplina de trabajo, una vez el entusiasmo decreciera? Imposible responder. La política del gobierno Negrín y sus valedores comunistas cortó en seco la continuación del experimento.

La guerra

El alzamiento militar-falangista-requeté hizo posibles las colectivizaciones. Es difícil imaginar alguna otra situación, en aquel año de 1936 (o en cualquier otro de la misma época), en que hubieran resultado factibles.

De haber sido vencida la sublevación en todas partes y con rapidez, posiblemente las colectivizaciones de las empresas abandonadas por sus dueños hubieran continuado y con el tiempo se hubiesen convertido en cooperativas o algo semejante. Con los obreros más o menos armados y habiendo ganado la lucha, hubiera sido difícil que el gobierno hubiese podido deshacer las colectivizaciones. Pero hubiese sido difícil, también, que los sindicatos desempeñaran el papel que tuvieron luego y más aún que las colectivizaciones se extendieran a empresas no abandonadas por sus patronos. La experiencia, pues, habría quedado reducida a lo que ya había ocurrido en otros países, aunque en España hubiese tenido mayor envergadura, es decir, la continuación en forma de cooperativas de empresas en quiebra (en el caso de España en 1936, de empresas abandonadas).

Fue la transformación del alzamiento en Guerra Civil (sin duda no prevista por los alzados) lo que permitió consolidar y extender las colectivizaciones. Fue también lo que luego —por el juego de la diplomacia y por las necesidades del abastecimiento de armas— creó las condiciones para que los adversarios de las colectivizaciones pudieran desvirtuarlas y suspenderlas.

La guerra, pues, ejerció una influencia determinante. En ciertos aspectos, esto resultó favorable. Por ejemplo, en lo referente a la financiación. Los comités de empresa no tuvieron que preocuparse mucho por ella, puesto que de momento el Gobierno de la Generalitat se encargó de proporcionar créditos, cosa que no hubiese sucedido en una situación escuetamente revolucionaria sin guerra. En este sentido, la experiencia no es útil, puesto que no aporta ninguna solución al problema de la financiación en una situación digamos normal, ya que no puede darse por descontado que toda colectivización ha de ser financiada por el gobierno, ni siquiera si éste fuese un gobierno de los que hasta hace unos años solíamos llamar revolucionarios. Si se hiciera, se falsearía toda la experiencia.

Tampoco fue desfavorable la guerra en la cuestión de las materias primas para ciertas empresas, como las de industria militar y las textiles, que producían telas para uniformes y hospitales. En estos casos, el Gobierno central se encargó de procurar ya la materia prima, ya las divisas para adquirirla en el extranjero. Sin embargo, en las industrias no relacionadas con la guerra, las empresas colectivizadas tuvieron que resolver por sí mismas esta cuestión, ya arreglándoselas por su cuenta, ya a través de los sindicatos, ya con cierta colaboración del Gobierno. De hecho, este problema de las materias primas fue causa de frecuentes roces entre los ministros de Industria, el cenetista Joan Peiró, y Hacienda, el «socialista» Juan Negrín, pues éste sistemáticamente se negaba a autorizar el empleo de divisas controladas por el Gobierno para la adquisición de materias primas destinadas a empresas colectivizadas no directamente relacionadas con la guerra. De todos modos, puede suponerse que la cuestión de las materias primas no se plantearía en una situación normal o, cuando menos, no con los caracteres angustiosos (y a menudo como arma partidista de la tendencia más conservadora contra la revolucionaria) que tuvo en el caso español.

En otros aspectos la guerra fue también favorable a las colectivizaciones. En primer lugar, en el aspecto psicológico. Con la guerra, era posible pedir a los trabajadores esfuerzos y sacrificios que normalmente no podrían ni deberían pedirse; el hecho de que la guerra estuviera ligada a lo que muchos obreros veían como su revolución despertó, durante unos meses (hasta mayo de 1937) entusiasmo y espíritu de sacrificio, si no entre todos, sí en un porcentaje mayor que el que cabría esperar en situaciones de menos tensión y menos emoción colectiva. Esto fue disminuyendo a medida que la guerra se convertía en hábito, en un modo de vivir aceptado. A comienzos de 1937 los comités tuvieron que enfrentarse a un descenso de entusiasmo y buscar maneras (por la propaganda, por la educación, etcétera) de mantenerlo o, cuando menos, de substituirlo por una mejor organización y disciplina del trabajo.

En segundo lugar, el estar en guerra permitía prescindir de requisitos, trámites burocráticos, a veces hasta de garantías, beneficios (no hubo vacaciones en muchas empresas, especialmente las que trabajaban para la guerra), cosa que no hubiera sido posible ni deseable en condiciones normales.

Por otro lado, la guerra privó a los comités de empresa de los que, sin ella, hubieran sido sus mejores elementos: los militantes jóvenes, que se fueron al frente y que, de haber estados en los comités, hubieran dado a éstos un empuje y una disciplina suplementarios.

El desenlace desfavorable de la guerra impidió, finalmente, el aprovechamiento de la experiencia adquirida en los primeros meses de las colectivizaciones, la formación de nuevos dirigentes de empresa salidos de las filas obreras, y no dio ocasión a que se organizaran estudios especiales para ellos, cursillos de adiestramiento, etcétera.

Si hubiesen continuado…

Si el bando republicano hubiese vencido en la Guerra Civil ¿qué hubiera ocurrido con las colectivizaciones? Es difícil adivinarlo. Hubiese dependido de las condiciones en que se produjese la victoria. Lo más probable es que, una vez terminada la guerra, hubiera estallado una segunda edición de las jornadas de mayo de 1937 y que, dado que hasta los republicanos más moderados estaban exasperados con los comunistas y Negrín, éstos hubiesen sido derrotados, porque todas las demás fuerzas se hubieran unido contra ellos, en el momento en que dejaran de ser necesarias las armas soviéticas.

Las colectivizaciones llegaron hasta el final de la guerra, desvirtuadas, desfiguradas por la acción PCE y de Negrín. De haber vencido la República, habrían sido un factor a tener en cuenta y es posible que hubiesen continuado y que, desaparecido el freno comunista, se hubieran extendido a otras partes del país y habrían sido instrumentos eficaces para la reconstrucción. De ser así, sin duda se hubieran consolidado y vuelto a sus formas originales.

Si en la lucha que hubiese seguido al fin de la Guerra Civil hubiesen triunfado los comunistas, las colectivizaciones hubieran desaparecido, las empresas colectivizadas hubieran sido devueltas a sus antiguos amos (como Negrín había prometido en 1938) o hubieran sido nacionalizadas, pasando a ser propiedad del Estado y controladas por el PCE. Lo mismo, acaso, habría sucedido de no producirse lucha al final de la guerra (cosa impensable para quien ha vivido la atmósfera general de resentimiento con los comunistas que predominaba). En todo caso, de haber continuado las colectivizaciones, en cualquier circunstancia y con cualquier etiqueta jurídica, se habrían planteado en ellas una serie de problemas que la guerra evitó y otros que sólo habrían surgido con el tiempo, con un lapso más largo que los treinta y tres meses de la guerra. Los problemas que la guerra resolvió por la premura de las circunstancias, como los de materias primas y de financiación, habrían vuelto a plantearse, así como el de la disciplina en el trabajo, y todo ello hubiese exigido reformas en la estructura de las colectivizaciones. Por otro lado, el regreso de muchos obreros del frente a sus empresas habría provocado problemas psicológicos. ¿Qué papel habrían tenido esos milicianos o militares de vuelta a sus empresas? ¿Se habrían contentado con no ser dirigentes o habrían presionado y, en cierto modo, pasado factura? Habría habido roces, disputas, rivalidades, porque tres años de guerra no podían cambiar la psicología individual producto de una sociedad como la española de aquellos años. Habrían surgido también problemas técnicos: necesidad de modernizar, de unir varias empresas en una para hacerlas más eficientes, de formar nuevos técnicos (lo cual habría exigido cambiar el sistema de educación del país). Y esto, a su vez, habría exigido encontrar la manera de evitar la aparición de tendencias tecnocráticas en el seno de las colectivizaciones.

Se habría planteado inevitablemente la cuestión del papel de los sindicatos, que son, por definición, organismo de defensa de los trabajadores, pero que con las colectivizaciones se habían convertido, también, en organismos administrativos de los medios de producción. De haber habido protestas, descontento, presiones obreras en algunas empresas, ¿qué habrían hecho los sindicatos: defender y representar a los obreros, como antes de las colectivizaciones, o desempeñar su nuevo papel de administradores o supervisores de los medios de producción? Fue una contradicción que se planteó en la URSS, en sus países satélites, en la China de Mao y en Cuba y que se resolvió siempre con el sacrificio de los trabajadores. El Che Guevara lo expresaba muy claro cuando, poco antes de marcharse de Cuba, dijo: «Los sindicatos son innecesarios, puesto que los obreros están en el poder». Era un sofisma, claro, como lo era el argumento de los comunistas según el cual si los obreros tienen el poder a través del partido, el poder no puede hacer nada contrario a los intereses obreros y, por lo tanto, los sindicatos no deben declarar huelgas, y toda protesta obrera es «contrarrevolucionaria».

La experiencia demuestra que estos silogismos no reflejan la realidad. Con autogestión, con colectivizaciones o con nacionalizaciones, hubo y habrá tensiones entre la base obrera y quienes la representen, entre la base y los técnicos, entre la base y cualquier organismo, por democrático y representativo que sea, que ejerza funciones de supervisión o planeación. Ante estas tensiones, ¿cuál ha de ser la actitud de los sindicatos?

La cosa no llegó a plantearse crudamente en España, porque la guerra impedía que surgieran protestas en el trabajo o, si surgían, imponía que se buscaran soluciones de urgencia y que, para calmarlas, se apelara al antifascismo. Pero llegada la paz, esto ya no habría sido posible. ¿Se habrían desdoblado entonces los sindicatos o habrían renunciado a sus funciones de defensa de los trabajadores o a sus funciones de supervisores de las colectivizaciones?

Es una lástima —entre muchas otras lástimas— que no hubiera tiempo para que este problema se planteara en la realidad, pues, dado el contexto español, habría exigido una solución menos retórica que la soviética, la yugoslava o la cubana. Lo que resulta imposible es decir cuál habría sido la solución. En este sentido, las colectivizaciones españolas, tal como fueron, breves y condicionadas por la guerra, constituyeron una lección en cuanto probaron que los obreros pueden administrar los medios de producción tan bien o mejor que los dueños privados. Pero no es posible extraer de los problemas internos de las colectivizaciones muchas más lecciones, porque la Guerra Civil impidió que fuesen una experiencia típica, comparable. De donde sí pueden deducirse advertencias, en cambio, es de los problemas externos que rodearon las colectivizaciones.

7. LOS PROBLEMAS EXTERNOS

La importancia del procedimiento

Las colectivizaciones pusieron de relieve algo que se olvida sistemáticamente en el movimiento obrero (o lo que queda de él): la importancia, a menudo decisiva, del procedimiento.

La ideología —cualquiera que sea— es necesaria como en la vida práctica son necesarias las leyes o decisiones y acuerdos, dictámenes y resoluciones. Pero lo que determina el modo como las ideologías, las leyes, las resoluciones, etcétera, influyen en la vida de las gentes, cómo se aplican y convierten en realidad, son los procedimientos y reglamentos.

Nadie duda que los objetivos iniciales del movimiento comunista satisfacían viejas aspiraciones populares. Pero los procedimientos con que se aplicaron en la URSS y luego en sus países satélites y en los movimientos comunistas los convirtieron en algo completamente diferente de lo que aparecía, por ejemplo, en El Estado y la Revolución de Lenin con su promesa de desvanecimiento del Estado, de desaparición de las clases y de democracia dentro del proletariado. El estalinismo no fue una ideología, sino un procedimiento elevado a la categoría de programa. En otro plano, el socialismo actual no es una ideología, sino un procedimiento. En otro plano todavía, los derechos humanos son unos principios que se traducen en la práctica en una manera de aplicarlos. Una dictadura y una democracia pueden tener el mismo código penal, pero no el mismo código de procedimientos penales.

Fue a través del procedimiento que se solucionaron, soslayaron, aplazaron o mitigaron, según los casos, los problemas surgidos en las colectivizaciones. Éstas, por lo demás, fueron producto de cambios en el procedimiento que condujeron a cambios en la substancia y que obedecían, subterráneamente, a diferencias en la ideología. Pero el hecho mismo de colectivizar fue un simple cambio en el procedimiento para designar al «amo» de la empresa. La designación dependía antes de la riqueza, de la «propiedad», tal como ésta se hallaba establecida en las leyes; con las colectivizaciones, la designación pasó a depender del hecho de trabajar en una empresa dada. El gerente era designado antes por los dueños y después por los trabajadores; en el primer caso, por una decisión autoritaria; en el segundo, por una decisión democrática. Todo, como se ve, cuestión de procedimiento.

En este plano, podría decirse que la libertad es la ideología y la democracia, el procedimiento. A través de la democracia, en su forma más directa, o sea de asamblea de todos los afectados, se resolvieron los problemas de las colectivizaciones. Fue también a través de ajustes en el procedimiento que los comités buscaron la manera de solucionar los roces, diferencias y tensiones creadas por las colectivizaciones y por el cambio de una forma individualmente egoísta de propiedad a una forma en la cual el egoísmo, en todo caso, adquiría un carácter colectivo e igualitario.

Las empresas colectivizadas funcionaron no tanto en obediencia a los principios como a los procedimientos con que aquellos se aplicaron. Téngase en cuenta que, en cierto modo, los obreros de una empresa eran, con respecto al trabajo, como los amantes que se ven unas horas al día, y que, con las colectivizaciones, pasaron a ser, por así decirlo, amantes que se ponen a vivir juntos. Necesariamente, esto debía provocar roces, exigir adaptaciones. Fue la ductilidad y perspicacia de los obreros mismos, y en especial de sus militantes, para encontrar, configurar, proponer y aplicar procedimientos nuevos, sin precedentes, lo que hizo posible que este cambio tuviera lugar sin choques ni conflictos graves, y que la adaptación a «vivir juntos» se hiciera con relativa suavidad y sin rupturas.

Probablemente más importante que la capacidad de los obreros para substituir a los gerentes y a veces a los técnicos, fue su capacidad de imaginar procedimientos de convivencia y de solución de tensiones. En cuanto pasaron al exterior los problemas que hubo que resolver, este buen sentido se encontró puesto a prueba en un terreno en el cual los trabajadores no tenían experiencia alguna. Para los procedimientos internos contaban con una larga tradición sindical, pero para los procedimientos externos, relacionados con el conjunto de la economía, con la política, con la espinosa cuestión del poder, no tenían ningún precedente en su propia experiencia.

Salir del aislamiento

Por la misma época, el Gobierno de Léon Blum, salido de la victoria electoral del Frente Popular, preparaba la nacionalización del Banco de Francia (después de haber decretado, en junio del 1936, por primera vez en la historia y en el mundo, las vacaciones pagadas). Dos años más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera mejicana. Terminada la II Guerra Mundial, los laboristas ganaron las elecciones en la Gran Bretaña y nacionalizaron una serie de industrias importantes, cosa que también se hizo en Francia, aunque en menor medida, y hasta Franco nacionalizó los teléfonos, los ferrocarriles y algunas empresas deficitarias. A pesar de que estas nacionalizaciones abarcaban a ramas enteras de la economía, lo cual técnicamente les permitía funcionar mejor que si hubiesen sido sólo de unas cuantas empresas dentro de una o varias industrias, nunca cambiaron el carácter de la economía de los países en que se llevaron a cabo. Dejando aparte la cuestión de sí debía nacionalizarse o socializarse la propiedad —dos conceptos distintos dentro de la línea general de substitución de la propiedad privada de los medios de producción— era evidente que las nacionalizaciones no bastaban para transformar la sociedad, y que la substitución de la propiedad privada en sectores más o menos importantes no cambia una sociedad. Lo que puede cambiarla es su substitución en masa. Las empresas nacionalizadas, si son islotes (o hasta islas importantes) en un mar y de propiedad privada, actúan inevitablemente como empresas privadas. Esto, que no supieron prever ni los laboristas ingleses ni los socialistas franceses, lo vieron claro los sindicalistas españoles de 1936. Empujados por el elemental deseo de expansión de las esferas de acción de los sindicatos, que debía acompañar lógicamente al sentimiento de triunfo y de entusiasmo de los primeros meses de la Guerra Civil, comprendieron muy pronto que, si querían transformar la sociedad, era indispensable que las colectivizaciones industriales rebasaran el marco de las empresas abandonadas y también el de la industria. Aunque muchas de las empresas abandonadas figuraban entre las más fuertes del país, no eran bastante numerosas ni se distribuían —al azar del miedo o del sentimiento de culpa de sus dueños— en los puntos clave de la economía, para que su colectivización pudiera transformar por sí sola la sociedad.

Por otro lado, aunque la CNT fuese la organización mayoritaria en Cataluña y Levante, no era la única ni tenía igual peso en el resto de la zona republicana. Por lo tanto, el hecho de que las colectivizaciones fueran coordinadas y orientadas por la CNT las sometía a otro aislamiento.

Triplemente aisladas, pues —en el terreno de la economía, por su dispersión y por responder al criterio cenetista—, corrían el riesgo de fracasar o de quedar en un simple experimento que demostrara la capacidad obrera para administrar, pero sin que proporcionara a los obreros el control de la economía, que era a lo que aspiraban no sólo la CNT, sino también parte de la UGT (no en Cataluña, donde estaba en manos de los comunistas), el POUM y hasta, de modo vacilante, el ala izquierda (o largocaballerista) del PSOE.

El primer problema externo que se planteó a las colectivizaciones no podían resolverlo las mismas colectivizaciones, sino que debía encontrar solución en decisiones exteriores a ellas. Las empresas colectivizadas podían decidir sobre su propio funcionamiento, pero no podían colectivizar otras empresas para salir del aislamiento.

El Consejo de Economía

Fue el Comité de Milicias el que tomó la iniciativa de sacar a las colectivizaciones de su aislamiento, al decidir, el 11 de agosto, que se creara un Consejo de Economía, formado por las mismas organizaciones sindicales y partidos que constituían el Comité de Milicias. La Generalitat se apresuró, entonces, a incorporárselo por decreto.

La CNT y el POUM enviaron elementos destacados a este Consejo, pero los demás partidos se hicieron representar en él por personas de segunda o tercera fila, lo que reveló, casi de modo subconsciente, la actitud de cada uno respeto a las colectivizaciones. En el ánimo de cenetistas y poumistas estaba el generalizar y coordinar las colectivizaciones, mientras que el PSUC, la Esquerra, la UGT catalana y otros partidos deseaban limitarlas y tratar de que la economía funcionara sin grandes cambios.

El Consejo de Economía fijó en una de sus primeras reuniones las bases del plan económico que debía aplicarse para que las colectivizaciones no quedaran aisladas y tuvieran en la economía el efecto deseable: reglamentar la producción según las necesidades del consumo; monopolio del comercio exterior; colectivización de la gran propiedad agraria; desvalorización parcial de la propiedad urbana; colectivización de las grandes industrias, de los servicios públicos y de los transportes; cooperativización de las grandes empresas distribuidoras; control obrero de las operaciones bancarias; control sindical de las industrias que continuaran en régimen privado; reabsorción de los obreros parados y retorno al campo de los que puedan ser absorbidos por la nueva organización del trabajo agrícola; creación de grandes industrias para producir artículos difíciles de importar; establecimiento del impuesto único.

El Consejo de Economía fue acogido con frialdad por los partidos anticolectivistas, con agrado pero sin entusiasmo por la CNT —pese a que se formó gracias a ella— y con beneplácito por el POUM, que había señalado el peligro de que se formara un «capitalismo sindical» y que esperaba que el Consejo de Economía evitaría este riesgo.

Si bien entre los dirigentes de la CNT el Consejo se vio como necesario y, al formarlo, trataron de darle funciones de asesoramiento y coordinación, pero no ejecutivas, en la base cenetista se lo acogió con cierto recelo. Los militantes tendían, como es lógico, a querer ampliar la influencia del sindicatos influencia que creció mucho con la intervención sindical en las colectivizaciones, aunque a riesgo, que entonces no se veía, de disminuir la función sindical primordial, de defensa de los trabajadores en el lugar de trabajo, aunque éste fuera una empresa colectivizada. Muchos temieron que el Consejo absorbiera las funciones del sindicato en las colectivizaciones. De haber habido más tiempo, esta absorción habría sido casi inevitable, porque el Consejo, por su situación central, por los medios de que disponía y por estar en cierta medida por encima de los intereses locales y de ramo, podía ejercer funciones de arbitraje y tenía de las cosas una visión más amplia que la de cada sindicato. Los militantes sindicales preveían esta evolución, pues sabían, por propia experiencia, que cada organización que se crea tiende a ampliar su radio de acción y sus funciones; los sindicatos mismos lo estaban haciendo en relación con las colectivizaciones y no agradaba a muchos que en esto hubiera competencia.

Lo que podría llamarse el patriotismo sindical tuvo también su papel. A los cenetistas de base no les agradaba que otras organizaciones metieran mano en lo que consideraban, con razón, como resultado de la formación, la educación, la acción y la propaganda cenetistas.

De todos modos, prevalecieron las necesidades de coordinación y orientación, así como los aspectos técnicos. Los dirigentes cenetistas se dieron cuenta de que merecía la pena correr esos riesgos a cambio de disponer de un organismo que protegiera, ampliara y coordinara las colectivizaciones. Sin él, fracasarían. Era, pues, conveniente sacrificar el patriotismo sindical momentáneo para sacar adelante las realizaciones de este mismo «patriotismo». Era una situación en la cual todos los partidos y organizaciones se encuentran, en un momento u otro de su historia, especialmente cuando se producen cambios sociales profundos.

En los comités de empresa y entre los obreros «colectivizados» la constitución del Consejo no causó mucha impresión. Ellos tenían relación con los sindicatos y nunca la establecieron con el Consejo más que a través de los sindicatos. El Consejo, pues, a la vez que sacaba a las empresas colectivizadas de su aislamiento político, se encontró aislado respecto a las empresas. No hubo una corriente del Consejo a los comités y de éstos al Consejo. Los comités y sus obreros no tuvieron nunca la impresión de que el Consejo los representara directamente. Sabían que a través de los sindicatos y sus centrales podían llegar al Consejo, pero la relación directa no se estableció. El Consejo no fue, pues, un organismo superior de autogestión; le faltaba, para serlo, representatividad. Cosa distinta hubiera sido un Consejo elegido por los comités de empresa. Pero, de haberse formado así, los partidos y organizaciones no se hubiesen considerado representados en el Consejo, porque la mayoría absoluta en él la hubieran tenido gentes de la CNT, que hubieran sido elegidas con, acaso, algunos militantes del POUM y unos pocos del PSUC o la UGT.

El traspaso de poder

El Consejo de Economía hacía reconocer implícitamente las colectivizaciones por todos los partidos y organizaciones, y además podía dar una orientación general a la economía, pese a que sus decisiones no tenían carácter ejecutivo. Pero las empresas colectivizadas seguían siendo una minoría y su existencia no cambiaba fundamentalmente el sistema de propiedad. Para que esto último ocurriera, como deseaban la CNT y el POUM, y para que, al mismo tiempo, las colectivizaciones se encontraran en un medio propicio a su éxito, era necesario que se colectivizara el conjunto de la industria catalana. Naturalmente, de ocurrir así, el mismo problema se plantearía luego con respecto a la industria catalana colectivizada y el resto de la industria de la zona republicana, donde sólo unas cuantas empresas (en Levante) se habían colectivizado. Pero fuera de Cataluña las fuerzas favorables a la colectivización eran minoritarias. La UGT (dirigida entonces por elementos afectos a la línea de Largo Caballero) y la izquierda del PSOE, aunque teóricamente simpatizaran con la colectivización, en la práctica y a pesar de tener los puestos claves del poder, poco o nada hicieron en favor de ella.

El Comité de Milicias y el Consejo de Economía hubieran podido decretar, en agosto de 1936, la colectivización de todas las empresas catalanas. Pero esto hubiese sido un acto de gobierno, y la CNT no quería, en aquel momento, participar en ningún acto de gobierno. Había en los cenetistas una ambivalencia derivada de sus principios antiautoritarios y de las actitudes que las circunstancias les obligaban a adoptar. Organizar milicias, participar con partidos políticos en el Comité de Milicias, buscar con qué pagar a los milicianos y dar créditos a las colectivizaciones espontáneas eran actos de gobierno, pero aparecían como expedientes del momento y se disfrazaban con la frase «necesidades de la guerra». Decretar una colectivización general hubiese sido un acto de gobierno que no se podría disimular.

La realidad se impuso. Había que coordinar los esfuerzos de guerra y, a la vez, extender las colectivizaciones. Cuando estas dos necesidades requirieron actos declaradamente de gobierno, cuando los cenetistas catalanes se mostraron dispuestos a adaptar sus principios a estos imperativos de la realidad, la Generalitat ya había recobrado bastante fuerza para conseguir que los actos de gobierno se llevaran a cabo no a través del segundo poder —el del Comité de Milicias y del Consejo de Economía— sino por la propia Generalitat.

A mediados de setiembre, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que el 20 de julio ofreciera a los cenetistas entregarles el poder (rechazado por ellos), empezó a negociar con la CNT, el POUM y el PSUC (aunque a éste no precisaba convencerlo de algo que deseaba ardientemente) para que en la Generalitat se formara un gobierno de coalición, a semejanza del que Largo Caballero estaba formando y en el que dos meses después entraron tres ministros de la CNT.

El 25 de setiembre se firmó la declaración de principios del que iba a ser el primer Gobierno en que participarían representantes de CNT y FAI; lo formaban tres consejeros de Esquerra, entre ellos el Consejero primero o jefe del gobierno (Josep Tarradellas), tres de CNT y uno de cada una de las siguientes organizaciones: POUM, PSUC, UGT y Unió de Rabassaires, además de un militar en la Consejería de Defensa.

La declaración anunciaba la creación de un mando único para la guerra y de las milicias obligatorias; en lo referente a economía, proponía: regularizar la producción de acuerdo con las necesidades del consumo; establecer el control del comercio exterior; colectivizar la gran propiedad rústica y respetar la pequeña propiedad agraria; colectivizar las grandes industrias, los servicios públicos y los transportes; intensificar el régimen cooperativo en la distribución de los productos y en particular en las grandes empresas de distribución; ejercer el control de los negocios bancarios hasta llegar a la nacionalización de la banca, y también establecer el control obrero sobre las industrias privadas; absorción de los obreros en paro; supresión de los impuestos indirectos; ayuda a los esfuerzos de «la fecunda menestralía catalana». El programa terminaba con un alarde retórico significativo: «Mientras aquí construimos un nuevo orden de cosas basado en la justicia social, en el frente ahuyentaremos de las nobles tierras aragonesas a los enemigos que las pisotean, y seguiremos ofreciendo a los otros pueblos de Iberia nuestro concurso para la lucha contra el fascismo y por una sociedad mejor, de la cual sea suprimida para siempre la explotación del hombre por el hombre».

De hecho, la constitución de este gobierno significaba el traspaso de poder del espontáneo Comité de Milicias al tradicional de la Generalitat. Ésta, por lo demás, conseguía para Cataluña cotas de poder propio superiores a las de cualquier momento desde 1714: ejército (milicias); control de la propiedad, la banca, el comercio exterior, y, por decretos del consejero de Justicia, el poumista Andreu Nin, decisiones reservadas al Estado central, como el reconocimiento de la mayoría de edad a los 19 años y reformas en la legislación sobre la familia, así como la conmutación de la pena de muerte, que constitucionalmente estaba reservada a la presidencia de la República. Para las colectivizaciones, este Gobierno iba a significar el paso de la acción por decisiones de la base a la acción por decreto.

El decreto de colectivizaciones

En la declaración de principios del nuevo Gobierno estaba implícita la extensión de las colectivizaciones. Los delegados de la CNT y del POUM habían insistido en ello; los de la Esquerra lo aceptaron, y los del PSUC se mostraron renuentes, pues preferían la nacionalización, porque éste era el modelo soviético. Así, en el consejo de la Generalitat, como antes en el Comité de Milicia y en el Consejo de Economía, se formaron casi automáticamente dos bloques: CNT y POUM por un lado, PSUC y a remolque suyo Esquerra, Acció Catalana y la Unió de Rabassaires. Companys y Tarradellas trataban de mediar y buscar fórmulas de transacción.

Por la alianza de los partidos de clase media y de los comunistas, el Gobierno resultó de mayoría pequeñoburguesa. El PSUC no era un partido obrero, sino que, constituido tres días después del 18 de julio, recogió a la clase media, profesionales, tenderos, que ya no veían en la Esquerra la protección que antes les había deparado y que ahora la encontraban en los comunistas. Que esto se debiera a los intereses de la diplomacia soviética y no al programa del PSUC no quita que este partido resultara, en la práctica, el de la parte más conservadora de la clase media.

Los consejeros cenetistas y Nin del POUM propusieron, por ejemplo, que se nacionalizara el comercio exterior; el PSUC se opuso y los partidos republicanos votaron con él, con lo cual la Generalitat se quedó sin la única fuente posible de divisas. Los cenetistas y Nin estuvieron juntos en otra cuestión importante: propusieron un decreto que legalizaba y extendía las colectivizaciones y daba a los sindicatos funciones fundamentales en la economía; el PSUC propuso otro decreto que estatizaba de hecho las colectivizaciones y dejaba abierta la puerta a que en el futuro los antiguos dueños recobraran sus empresas o fueran indemnizados; para impedir que se aceptara esta propuesta comunista, los cenetistas y Nin amenazaron con dimitir, y finalmente aprobó un decreto propuesto por la Esquerra del cual los cenetistas y Nin consiguieron eliminar la promesa de indemnización a los antiguos dueños, pero no lograron que fijara en cincuenta obreros (en vez de los cien que la ley estableció) el límite máximo para la colectivización. El decreto permitía la colectivización de empresas de más de cincuenta obreros y menos de cien (independientemente de si su dueño se había marchado o estaba presente), pero siempre que las tres cuartas partes de la plantilla lo pidieran. En la práctica, esto sólo sirvió para legalizar algunas colectivizaciones ya hechas a esta escala; en los casos, no muy numerosos, en que los trabajadores pidieron la colectivización de empresas medianas, la decisión oficial se fue retrasando desde diciembre de 1936, y después de mayo de 1937 ya no hubo ninguna nueva colectivización.

El decreto de colectivizaciones tuvo una importancia considerable, no tanto por lo que supuso de inmediato, cuanto por lo que permitió hacer más adelante. En la práctica, limitaba las colectivizaciones existentes, les ponía una camisa de fuerza, y abría puertas para que, cuando cambiaran las circunstancias, se fueran desnaturalizando, quitándoles su carácter espontáneo y revolucionario y dejándolas en una simple medida técnica.

De todos modos, se estableció un sistema de control obrero en todas las empresas no colectivizadas, cualquiera que fuese el número de sus trabajadores. Esto sirvió, en aquellas circunstancias tan especiales, para impedir cualquier tentativa de sabotaje, pero para poco más. Habría sido interesante ver, de haber sido diferente el desenlace de la guerra, si ese control se hubiera mantenido o cambiado de carácter y qué papel habría desempeñado el sindicato.

Para que no se crea que me dejo llevar por mis convicciones, daré la palabra a un estudioso que por su edad no pudo participar en los acontecimientos de 1936 (Albert Balcells, en un artículo del 9 de setiembre de 1970 en Tele-Expres de Barcelona). Después de indicar que pese al decreto, les empresas privadas siguieron comprendiendo a casi la mitad de la población obrera catalana, informa que «los consejos de empresa elegían a sus representantes en los consejos generales de industria, en cada ramo, y éstos, a su vez, estaban representados, al lado de las dos centrales sindicales y de los técnicos gubernamentales, en el Consejo de Economía de Cataluña, organismo rector y coordinador supremo. Se trataba de un compromiso», pues la CNT hubo de renunciar a la sindicalización, el PSUC y la UGT a la nacionalización estatizadora y la Esquerra hubo de aceptar el poder obrero. «El resultado pareció incoherente a los dogmáticos; de hecho, constituye el primer ejemplo histórico de un sistema económico socialista descentralizado, de una economía dirigida pero en la que los obreros participaban tanto en la gestión de la empresa como en el mismo organismo planificador, una economía basada en el mercado, pero sin las fórmulas capitalistas y en la que los beneficios no serían apropiados privadamente ya por las empresas colectivizadas, toda vez que el 50 por ciento de ellos se entregaría a la Caja de Crédito Industrial y Comercial, banco estatal que los redistribuiría de acuerdo con los intereses colectivos, mientras un 15 por ciento sería dedicado para atenciones sociales, es decir, entregado como impuesto. Era el primer intento de socialización, evitando una burocracia inamovible fácilmente divorciada de las necesidades del desarrollo económico y ahogando toda participación obrera en la gestión de la producción. En aquellos dos años y medio, Cataluña constituyó un precedente de lo que hoy está intentando llevar a cabo Yugoslavia (bajo Tito en 1970) y de lo que intentaba Checoslovaquia en 1968».

Complementarias del decreto de colectivizaciones fueron las siguientes medidas: decreto del 21 de octubre estableciendo el control del comercio exterior; encuesta del 8 de noviembre para registrar las empresas colectivizadas por ausencia de sus dueños o por decisión voluntaria de sus trabajadores, medida importante porque permitía formar nuevas y mayores empresas a base de la maquinaria y locales de varias empresas menores: estatuto de empresas colectivizadas, del 25 de enero de 1937, que debía regular la aplicación del decreto de colectivizaciones.

De momento, el decreto no se aplicó en todos sus extremos. No se pagaron indemnizaciones a las empresas extranjeras —no por las empresas mismas, que no habían sido colectivizadas, sino por los intereses que pudieran tener en aquellas que lo habían sido— y tampoco se indemnizó a los accionistas extranjeros (minoritarios o individuales) de empresas colectivizadas. Pero la promesa de hacerlo subsistía.

Según el decreto, debía haber representantes (o interventores) de la Generalitat y del ayuntamiento correspondiente en cada empresa colectivizada. La mayoría de los pocos interventores que se nombraron eran militantes cenetistas, pues CNT ocupaba la consejería de Economía, que los designaba. Pero después de mayo de 1937, cuando esta Consejería pasó a manos comunistas, los representantes de la Generalitat (de hecho, del PSUC-UGT) hicieron acto de presencia en todas partes y, poco a poco, valiéndose sobre todo de la posibilidad de obtener financiamiento oficial, se convirtieron en el centro de los comités de empresa, con lo que las colectivizaciones perdieron su contenido de gestión obrera y se burocratizaron. Estos representantes, cuando eran comunistas o compañeros de camino suyos, tenían frecuentes choques con el comité, trataban de colocar en la empresa a elementos de su partido y, en general, desvirtuaron las colectivizaciones. Los hechos de mayo de 1937 estallaron precisamente porque el jefe de policía de Barcelona (perteneciente al PSUC) quiso asaltar el edificio de la Telefónica en la Plaza de Cataluña de Barcelona, con el pretexto de instalar al interventor de la Generalitat, cuando en realidad este interventor actuaba ya desde hacia un tiempo.

La colectivización de las empresas cuyo dueño no había desaparecido, planteó el papel que debía asignarse en ellas a los antiguos amos. Cuando éstos no se habían comportado mal con los obreros, se les ofreció un puesto en la empresa colectivizada (en general, un puesto administrativo), y no pocos lo aceptaron, aunque probablemente no la mayoría, pues muchos tenían la esperanza de que la guerra acabara con la victoria de los alzados y disponían de reservas económicas para ir «resistiendo». Numerosos dueños de empresas que no trabajaron en ellas cuando se colectivizaron, vivieron en su casa de veraneo, lo que les facilitaba el abastecimiento, pues en los pueblos había menos carestía que en las ciudades.

Un técnico de la OIT que no vivió aquellos tiempos, escribió mucho después, en un boletín de la OIT de 1970, que cuando se promulgó el decreto de colectivizaciones «había unas cuatrocientas empresas colectivizadas en Barcelona y provincia. La ley extendió la colectivización a otras empresas que no lo estaban. En qué medida esto fue un acierto o un error es difícil determinarlo. Porque la colectivización de las cuatrocientas empresas obedecía a una realidad incuestionable: ausencia del dueño, importancia de la empresa para el conjunto de la economía o deseo de sus obreros de colectivizarla. Las que no habían sido colectivizadas tenían dueño presente y sus obreros no deseaban colectivizarlas, pues, de quererlo, lo hubieran hecho. De este modo, la colectivización se extendió de una manera artificial y se dio a los obreros que no deseaban ser dueños, no el derecho a serlo, sino la orden de serlo. De ahí una irremediable burocratización».

La realidad fue diferente a lo que, al cabo de los años, imaginaba el técnico de la OIT. Los sindicatos, en 1936, frenaron el impulso a la colectivización que se manifestó en numerosas empresas con dueño. Esto se debió, por una parte, a la convicción de que la colectivización general vendría inevitablemente y pronto (como así fue en parte) y, por tanto, parecía absurdo provocar roces por algo que de todos modos iba a llegar; por otra parte, a cierta cautela, en espera de ver cómo funcionaban las empresas colectivizadas espontáneamente en los primeros días. Aunque se había hablado mucho de ocupar las empresas aunque los obreros en general, querían ser los amos, la guerra, con sus implicaciones económicas, aconsejaba esta cautela a los dirigentes. Una vez más, la base mostró mayor perspicacia que la dirección, si bien en este caso la base no puso a los dirigentes ante un hecho consumado porque no había ninguna presión inmediata —como el temor a no cobrar el salario al llegar el sábado— que la empujara a convertir en realidad sus aspiraciones. Pero la voluntad de colectivización no dejó de existir. Probablemente, para ignorarla, el técnico de la OIT se basó en los informes de los numerosos funcionarios compañeros de camino comunistas que había en la OIT, que deseaban minimizar el papel de las colectivizaciones y disfrazar el hecho de que la burocratización no era inevitable ni causa del decreto, sino que se debió a otros motivos, de orden político, y ocurrió en contra de la voluntad de los trabajadores y de sus sindicatos. Esto no significa que no existiera el peligro de burocratización y que, de haberse ganado la guerra, no se hubiera presentado. Pero no era inevitable.

Generalizadas en Cataluña, las colectivizaciones habrían debido generalizarse en el resto de la zona republicana para funcionar sin trabas y conseguir su objetivo fundamental: cambiar el sistema de propiedad. Esto no lo lograron nunca. Si bien había empresas colectivizadas en Levante y algunas dispersas en otros puntos, nunca fueron en número suficiente como para plantear al Gobierno de la República el problema de su generalización, fuera de Cataluña. Esto se debía, ya lo dije, a que la CNT tenía menos fuerza en esos lugares y a que la izquierda del PSOE y de la UGT se mostraron vacilantes en esta cuestión, sumergidas en cierto modo en su papel de árbitros entre los partidarios y los adversarios de las colectivizaciones.

8. LOS PARTIDARIOS

Todo funciona

La idea convencional de revolución implica caos, desorganización, apocalipsis, hasta el punto de que muchos obreros y muchos revolucionarios piensan en ella como en «la gran noche», una especie de fiesta tremendista. Pero las pocas revoluciones que ha habido —sea cual sea su signo— muestran que, en la práctica, la revolución es orden, en una sociedad que había llegado a extremos insoportables de desorden disfrazado. Es un orden distinto, pero orden de todos modos.

La revolución española no constituyó una excepción. Si lo fue, en todo caso, se debió a que en la zona republicana el orden nuevo se estableció más rápidamente y con mayor eficacia que en otras revoluciones, y ello a pesar del gran desorden que significaba el comienzo de una Guerra Civil, en la cual cada uno de los bandos tenía que improvisarlo todo, empezando por los métodos de combate, y hasta, en muchos individuos, empezando por al aprendizaje del manejo del fusil.

Las colectivizaciones no eran la solución ideal para los grupos ideológicos no libertarios, pero todos acabaron aceptándolas (los comunistas, sólo de boquilla), porque reflejaban la manera de sentir de los obreros y de su grupo organizado más poderoso y porque los hechos demostraron que resultaban eficientes. De esos grupos viene la aprobación más clara de las colectivizaciones como medio de hacer funcionar el país, y precisamente porque viene de ellos tiene mayor valor, pues que las ensalzaran quienes hubieran preferido otros caminos para la revolución es algo que muestra hasta qué punto fueron eficientes. No está de más señalar aquí que incluso para los libertarios las colectivizaciones fueron inesperadas, distintas de lo que habían previsto en su congreso de Zaragoza; el término colectivización no aparece en la literatura social de ninguna tendencia anterior a la Guerra Civil, en lengua alguna.

Gracias a las colectivizaciones, todo funcionó en la zona republicana, especialmente donde hubo más lucha en la calle y donde menos pesaba el sistema de autoridad anterior, es decir, en Cataluña. En apreciar esto coincidieron todos, los políticos locales y los visitantes extranjeros. La Batalla, órgano del POUM, partido que hubiese preferido la socialización de la economía escribía que gracias a los comités de empresa, que funcionaban bien, «se evita el desorden, los trastornos de la desorganización en una palabra, todo ese caos revolucionario que hasta ahora se consideraba inherente a las grandes convulsiones sociales». El 6 de septiembre, el secretario político del POUM, Andreu Nin, (nueve meses más tarde secuestrado, torturado y asesinado por agentes de la NKVD soviética y por policías comunistas españoles) declaró en un mitin que «la rebelión del 19 de julio provocó una revolución proletaria más profunda que la revolución rusa». En privado, decía que se extrañaba de que en los primeros días después del 19 de julio todo marchara, pues le parecía increíble, recordando a Rusia, que los trenes, los tranvías, las fábricas, funcionaran, lo cual, creía, indicaba un grado muy alto de preparación del proletariado catalán y español.

Otro testigo de excepción, que vivió los comienzos de la revolución rusa y que conoció los de la española a través de informes de sus camaradas, que no simpatizaban ideológicamente con las colectivizaciones, fue León Trotsky. «Por su peso específico en la economía del país», escribió, «por su nivel político cultural, el proletariado español se encuentra, desde el primer día de la revolución, no por debajo, sino por encima del proletariado ruso de comienzos de 1917».

La preparación del proletariado

En estas dos citas hay frases coincidentes que explican que todo funcionara: «más alto grado de preparación», «nivel político cultural». Era cierto. Los obreros no sólo deseaban ser los amos, sino que, además, estaban preparados para serlo. Había sido una preparación larga, costosa en sufrimientos, pagada con años de cárcel e interminables horas de trabajo monótono. Habían recibido una instrucción deficiente, nada técnica, sin ninguna visión de la economía; no existían siquiera facultades de economía en las universidades; para formarse en este terreno se acudía a las escuelas de comercio, donde preparaban sobre todo a contables e intendentes mercantiles. Ni en la educación primaria —única que seguían los hijos de los trabajadores—, ni en la secundaria se proporcionaban medios para comprender y analizar el funcionamiento de la sociedad.

Por otro lado, la preparación cívica de los españoles, y en especial de los trabajadores, era nula. No se explicaba en la escuela cómo funcionaba la administración, cuáles eran los sistemas políticos, en qué consistían los derechos, y esto ni siquiera con la República, que aumentó mucho el número de escuelas. Los obreros absorbían todo esto, sin necesidad de maestros, en su vida cotidiana. Pues el país estaba muy politizado, sobre todo en las ciudades importantes, y había una extensa red de instituciones obreras que llenaban los vacíos dejados por la escuela (ateneos, centros de discusión, hasta tertulias en los bares). El hijo del obrero oía hablar en su casa del sindicato, de «bases de trabajo», de huelgas. No era raro pasar épocas de aprietos porque alguno de la familia estaba en huelga o en la cárcel por haber participado en una huelga, una manifestación, una reunión o cualquier otra actividad de este tipo.

El trabajo era otro lugar de formación. Los talleres y fábricas no eran muy grandes. Muchos trabajadores se jubilaban (en una época en que no había sistema de pensiones) en la misma empresa en que habían hecho su aprendizaje. En todo caso, solían pasar largos años sin cambiar de trabajo y conocían a sus compañeros de tajo, de taller o de oficina. Se anudaban amistades y se discutía a la hora de la comida, a la salida del trabajo, en el bar de la esquina.

Esta atmósfera estimulaba a una parte considerable de la clase obrera a acudir a los ateneos obreros, a afiliarse a los sindicatos y a militar en ellos, a enrolarse en partidos políticos, a asistir a los actos de las casas del pueblo, de los ateneos libertarios, a los mítines de los partidos. Una minoría tenía la suerte de poder educarse en escuelas sostenidas por sindicatos o de asistir regularmente a los cursos dados en los ateneos. Raros eran los militantes que no hubieran seguido cursos de economía y de historia del movimiento obrero, que no aspiraran a hablar en público o no hicieran sus pinitos en la prensa obrera.

Pero más importante que todos esos medios de completar la educación formal, oficial, era la experiencia de la lucha, especialmente la sindical. Los sindicatos no tenían burócratas ni asesores técnicos, como hoy. El número de profesionales e intelectuales que se acercaban al movimiento obrero era reducido. Cuando se trataba de redactar y negociar bases de trabajo, de formular demandas, de acudir a autoridades, jurados mixtos, comités paritarios o lo que fuera, era preciso prepararse, estudiar la legislación, analizar el funcionamiento de la empresa, conocer, aunque fuera superficialmente, su estado financiero y la situación del mercado, saber lo que ocurría en el mismo ramo en otros lugares y países.

La lucha sindical, nada romántica, más bien monótona, exigía disciplina, tesón, fuerza de voluntad, convicciones profundas. Con estas condiciones se puede formar un buen hombre de negocios. Por lo tanto, también un buen substituto del hombre de negocios tradicional. Recuerdo que un decenio después de la Guerra Civil, un buen compañero mío, calderero, que había encabezado un grupo de milicianos y que, terminada la Guerra Civil, participó en la resistencia clandestina al franquismo, se convirtió en dueño de taller y llegó a ser un capitalista conocido. Le pregunté cómo se las había arreglado. «Muy sencillo», me contestó, «todo el esfuerzo, la energía y el entusiasmo que puse durante años en la lucha, cuando ya estaba quemado para la lucha y la policía me conocía demasiado, los puse en hacer dinero. No se necesita más para ser hombre de negocios».

Pues bien, en 1936, los obreros pusieron en ser amos eficientes el entusiasmo, el tesón, la inteligencia, la energía que antes habían puesto en luchar por sus derechos y, muchos, por sus ideales. No se necesitaba mucho más para que todo funcionara. Pero no se necesitaba más porque estos obreros, muchos de ellos sin darse cuenta, habían absorbido, del movimiento obrero y de la atmósfera de la época en España, una preparación en nada inferior a la de los amos tradicionales, aunque no se expresara en el mismo lenguaje técnico.

Los ambivalentes

Fue esta capacidad de los trabajadores para hacer funcionar las cosas lo que determinó una actitud ambivalente en los partidos republicanos de clase media. No se opusieron abiertamente a las colectivizaciones. Algunos de sus dirigentes (especialmente Azaña) las vieron con repulsión, pero no se atrevieron a oponerse a ellas. El decreto de colectivizaciones tranquilizó a este amplio sector social, porque en la España de entonces una empresa con más de cien obreros no podía considerarse pequeña, y sólo las que tenían más de cien obreros se colectivizaron por decreto (además de las que lo habían sido espontáneamente en julio por abandono de sus dueños). Por otro lado, muchos elementos de la clase media —profesionales, pequeños patronos, tenderos— tenían que relacionarse por su actividad con empresas colectivizadas y veían que funcionaban bien, que no había caos. Además, los obreros eran fuertes, estaban armados y la potencia de una organización siempre impresiona y predispone en favor de ella.

Angel Osorio y Gallardo, embajador de la República en Francia, publicó en Journal des Nations de París, en mayo de 1937, un artículo en el cual explicaba lo que eran las colectivizaciones y reproducía las opiniones de un obrero y de un pequeño propietario. El obrero dice: «Estoy absolutamente seguro del éxito de la colectivización. Pero es preciso que nosotros, los obreros, comprendamos que no podemos dar órdenes todos a la vez. Hay demasiados consejos. En la industria, como en la guerra, es necesaria la unidad de mando. Cuando hayamos aprendido esta lección, las colectivizaciones marcharán sobre ruedas». El propietario dice, por su parte: «He protestado contra el hecho de que se haya anulado mi capital, pero como su renta era extraordinariamente pequeña, vivía, en el fondo, del sueldo que cobraba en calidad de gerente. Mis obreros han respetado mi sueldo y mi puesto. De manera que vivo, poco más o menos, como antes, y si no estoy contento, estoy resignado. Conozco a otros patronos que están en la misma situación que yo, lo que quiere decir que olvidan, poco a poco, su pasado de capitalistas y se adaptan a vivir como administradores o ingenieros». Luego, Osorio da su propia opinión: «Se trata de un sistema racional y justo, cuyo presente está lleno de dificultades y de obstáculos, pero cuyo porvenir es luminoso y alentador».

El socialismo español estaba muy dividido sobre esta cuestión. La derecha del partido (Prieto, Negrín) no simpatizaba con las colectivizaciones y aunque no se opuso abiertamente a ellas, Negrín, desde su cargo de ministro de Hacienda del Gobierno Largo Caballero, trataba de sabotearlas. Para descabalgar a Largo Caballero, la derecha del PSOE necesitaba el apoyo de los comunistas, que estaban furiosamente contra las colectivizaciones. La izquierda socialista (Largo, Llopis) las aceptaba, pero no las apoyó abiertamente. Largo veía su función de jefe del Gobierno no como propulsor del cambio social, sino como mediador entre los amigos y los enemigos del cambio. Fue esto lo que le impidió propugnar por una solución socialista del problema de la propiedad, que sin duda hubiese sido la socialización más bien que la colectivización; la socialización era la fórmula de los socialistas en todo el mundo, aunque en Francia, por presión comunista, Léon Blum se inclinó por la fórmula ambigua de la nacionalización. Es significativo que no haya ningún texto de socialistas españoles anterior a mayo de 1937 que se refiera a las colectivizaciones, en un sentido o en otro. En cierto modo, los socialistas dejaban hacer, pero no hacían (con la indicada excepción de Negrín).

Los transitorios

Fuera de algunos socialistas y de un grupúsculo trotskista, no había en España, entonces, más marxistas que los que formaban el POUM. Aunque mucho menos fuerte que la CNT, tenía en Cataluña bastante influencia para que hubiera que tomarlo en cuenta. Hasta finales de 1936, fue mucho más numeroso y activo que el PSUC, que iba atrayéndose a los elementos pequeño-burgueses que ya no se sentían protegidos por la Esquerra. Desde el comienzo, el POUM se puso al lado de las colectivizaciones y las defendió cuando fueron atacadas, a pesar de que tenía poca influencia en los comités de empresa. En el Gobierno de la Generalitat, el consejero del POUM, Andreu Nin, colaboró con los consejeros de la CNT para tratar de que el decreto de colectivizaciones fuese lo más amplio posible.

Pero, por su formación teórica y por su programa, los poumistas no se contentaban con las colectivizaciones. Consideraban fundamental la cuestión del poder político. No creían, como los cenetistas, que bastase con el poder económico (suponiendo que las colectivizaciones lo fueran o llegaran a serlo). Si los obreros no tenían el poder político, decía el POUM, su poder económico se debilitaría y acabaría siéndoles arrebatado.

Para un marxista, el cambio del sistema de propiedad debía llevar a la socialización de los medios de producción. Entonces no se hablaba de autogestión ni se disponía de la experiencia de la posguerra mundial ni se conocía, como luego, la realidad soviética, de modo que las colectivizaciones aparecían, a los ojos de los poumistas, como la fórmula para un período transitorio hacia la socialización. En los comienzos, antes de que se formara el consejo de Economía, el POUM temió que las colectivizaciones llevaran a lo que llamó un «capitalismo sindical». Por esto prestó apoyo al Consejo y delegó en él a su secretario político, Nin, y a uno de sus economistas, un obrero de Sabadell, J. Oltra Picó, que se ocupó, en estudios y publicaciones, del problema de las colectivizaciones.

Pueden distinguirse tres etapas en la evolución del pensamiento económico del POUM: la del control obrero, cuando quiere evitar que la burguesía sabotee la guerra (y cuando todavía no percibe con claridad que se está viviendo una revolución); la de las colectivizaciones, para poner la economía en manos de los obreros (cuando ya ve claro que se está haciendo una revolución y que debe apoyar las formas que ha adoptado espontáneamente), y la de la socialización, para estructurar una nueva sociedad a través de sus medios de producción (cuando estima que las colectivizaciones resultan insuficientes para dar una dirección efectiva a la economía). Pero hay un desfase entre estas etapas y la realidad política. La etapa del control obrero va a remolque de lo que los obreros hacen; la de las colectivizaciones coincide con lo que los obreros hacen, pero no prevé lo que habrá de hacerse luego, y la de la socialización, a comienzos de 1937, se propugna cuando las fuerzas enemigas de la revolución están en ascenso y no hay ya posibilidades políticas de aplicar medidas socialistas y casi ni de salvar las colectivizaciones sin que pierdan su carácter revolucionario.

Si el POUM hubiera podido elegir, probablemente no hubiese hecho las colectivizaciones industriales como se hicieron, influido como estaba todavía por la experiencia rusa de 1917. Los obreros, dando a las colectivizaciones una forma propia, ahorraron al POUM esta metedura de pata, y le proporcionaron, además, tiempo para preparar su posición teórica respecto a la socialización. Ésta estaba implícita en la formación de sus militantes y en las concepciones marxistas que la inspiraban. El punto de partida público de ese proceso teórico fue una nota en Avant, órgano del POUM, el 29 de julio de 1936, en la que se traslucía el temor de que la toma de las industrias por los obreros condujera al desbarajuste. La nota aconseja que se aplicara la legislación social vigente y se velara para que la dirección técnica de las empresas trabajara con el mismo celo que antes: «los encargados, capataces y jefes de sección gozarán de las prerrogativas de siempre, a condición de que tengan en cuenta que se trabaja para la empresa y no para un patrón. Los comités obreros prevendrán y reprimirán enérgicamente todo acto de sabotaje y estimularán al personal para demostrar que el orden proletario es superior al orden burgués».

Para los poumistas, pese a que su partido había aprobado el decreto de colectivizaciones, éste tenía por resultado «crear un conjunto de egoísmos capitalistas en los trabajadores, haciendo que cada empresa pertenezca exclusivamente a sus obreros», según decía un editorial del órgano del POUM de una ciudad industrial donde las colectivizaciones se vivían con intensidad, Terrassa (Front, del 6 de noviembre de 1936). Al mantener la economía particular de cada empresa, el decreto impedía que se resolviera el problema de la competencia: «La libre competencia del mercado ofrece la facilidad de una lucha de precios. Éste es un problema que no puede quedar sin solución en nuestro tiempo. Se hace necesaria una intervención directa y efectiva sobre la producción, desde un organismo competente, hasta llegar a controlar la venta y el consumo, de manera que la libre actuación de cada comité de empresa no pueda hundir toda la economía [de la empresa] y perjudicar al mismo tiempo el funcionamiento de otras industrias. Los proyectos que con la máxima buena fe y acierto puedan realizar los sindicatos, en el sentido de ir a la unificación de precios, en la práctica serán burlados si se mantiene el régimen de economía privada en las empresas [colectivizadas]». Se sugiere como solución inmediata la formación de un trust de empresas que se complementen en su producción (por ejemplo, de hilados, tejidos y acabados, en la industria textil), es decir, una organización vertical, por especialidades, mientras se estudia el sistema de la organización de la industria en sistema horizontal.

La fragmentación del sistema de colectivizaciones, decía este periódico, entrañaba inconvenientes graves, como las diferencias de salarios y de puestos de trabajo disponibles en las diversas industrias. Mientras que los obreros de aprestos no ganaban más de 70 pesetas semanales, los de tranvías llegaban a 100 y los de espectáculos a 150. En la industria textil la escasez de materia prima determinó la reducción de la jornada (y el salario) para evitar el paro forzoso. Estos problemas sólo podían resolverse mediante la solidaridad entre los sindicatos, que hubiera debido institucionalizarse en vez de dejarla a la buena voluntad, no siempre segura, de los trabajadores. El problema se agravaba por la existencia de dos centrales sindicales, cada una de las cuales podían tener criterios distintos sobre su solución.

El POUM consideraba que debía irse a una nivelación de salarios, no absoluta pero sí general, y a una unificación de la contabilidad, en la cual debían anularse ciertas partidas, como las de dividendos y deudas hipotecarias. Por otro lado, la tributación establecida por la Generalitat para las empresas colectivizadas debía aplicarse también a las de propiedad privada bajo control obrero. Se planteaba, además, un problema de psicología política. La sindicación obligatoria, decretada por Generalitat, que el POUM recibió con desconfianza y la CNT con aplauso, entrañaba el peligro de que los sindicatos se convirtieran en simples organismos burocráticos y que, de rebote, ocurriera lo mismo con las colectivizaciones. La sindicación obligatoria acabaría eliminando la influencia de los obreros conscientes —los que ya estaban afiliados a un sindicato ante del 19 de julio—, sumergiéndolos en una masa escasamente interesada. Para el POUM, estos peligros sólo podían eliminarse limitando la labor dirigente de la revolución a los partidos y las organizaciones específicas (como la FAI, que no quería llamarse partido). Es decir, había que desindicalizar la revolución, devolviendo a los sindicatos el viejo papel de defensores de los obreros y respetando su nuevo papel de coordinadores de las colectivizaciones, pero reservando a los partidos las decisiones sobre la política económica. El diario del POUM señalaba, ya en octubre del 1936, que «hemos tenido ocasión de ver como en determinados sectores obreros, colectivizar una fábrica o una industria consiste simplemente en apropiársela, sin preocuparse de las necesidades de la guerra y del conjunto general de la producción, ni de si las materias primas de su pertenencia eran precisas para otros ramos de la producción. Ha habido sindicatos que han creído que la colectivización consistía en apropiarse la propiedad privada de una empresa». Y esto, decía el POUM, es un grave error, que es preciso denunciar y poner de relieve. La incautación o socialización de una industria no ha de realizarse jamás en provecho de un sindicato ni de un sector obrero, sino en provecho de todo el proletariado. Por esto, el POUM empezó a sostener que era preciso superar las colectivizaciones, pero lo hizo a finales de 1936, cuando las condiciones políticas ya no eran favorables para dar este paso.

La socialización no se proponía simplemente por dogmatismo. Las colectivizaciones planteaban problemas que sólo podían resolverse de una de estas dos maneras: o sometiéndolas al Estado (que ya no se veía como controlado por los trabajadores) o pasando a la socialización. Claro que esto último sólo podía esperarse de un Estado controlado por los obreros. Por lo tanto, el paso a la socialización únicamente sería factible si se tomaba el poder. Y como la CNT seguía sin reclamar el poder, hablar de socialización era un simple ejercicio teórico. La socialización significaba «la desaparición del interés de la empresa aislada y su fusión en el interés general… la racionalización completa de la industria… la desaparición de las irritantes diferencias en salarios y condiciones de trabajo que se producen entre empresas de una misma rama industrial y entre ramas industriales distintas… el situar la economía en un plano de desarrollo y los productos en un plano de igualdad económica», según afirmaba el ya citado periódico poumista de Terrassa.

Los dilemas sindicalistas

Los cenetistas no se plantearon el problema —que la inquietante experiencia soviética no permitía soslayar— de la función sindical en una sociedad de colectivizaciones. Probablemente, de haber terminado la guerra de otro modo, esta función habría reaparecido, pero con la guerra en marcha, no parecía haber urgencia y, como se ha dicho, las tensiones que surgieron fueron resueltas con flexibilidad, por la negociación y la persuasión. No es seguro que estos procedimientos hubiesen bastado una vez acabada la presión de la guerra.

Si este dilema no se planteaba, surgieron otros. Uno, por ejemplo, entre la voluntad obrera de colectivizar y la necesidad de tener en cuenta las actitudes de los países capitalistas. Otro, el de la diferencia en el grado de colectivización entre Cataluña y el resto de la zona republicana, al que había que agregar la diferencia de intensidad en el interés por las colectivizaciones entre CNT y UGT. Joan Peiró, del grupo de los treintistas, fue quien más escribió y con mayor sinceridad sobre estos dilemas. Hombre que hasta la víspera de ser nombrado ministro de industria del segundo Gobierno Largo Caballero trabajaba sus ocho horas diarias en una cooperativa de producción, conocía bien el estado de ánimo de los obreros, y por esto su opinión reflejaba la de una gran parte de ellos. Antes de ser ministro escribió en la Soli del 25 de agosto de 1936: «Hasta ahora las industrias nacionales se han alimentado de las existencias de materias primas almacenados en los docks. Cuando estas existencias se hayan agotado, lo que ocurrirá muy en breve, la tragedia tendrá su comienzo. Lo que hace falta es que el pueblo tenga el suficiente valor para encararse con estas realidades, la comprensión necesaria para localizar los responsables de la tragedia y la generosa visión de cómo pueden ser superadas las tristes circunstancias que nos vienen encima […]. Se constata con orgullo que en los medios de la CNT van siendo rectificadas algunas de las concepciones aplicadas a la producción industrial», como la de creer que sólo la reducción de la jornada de trabajo puede resolver el problema del paro y la crisis de superproducción. Pero, dice Peiró, «estas soluciones muchas veces se consiguen con el abaratamiento del coste de la producción». Da como ejemplo la industria siderúrgica, que debe importar materias primas, lo cual obliga a que sus trabajadores «no tendrán más remedio, si quieren superar los efectos de la baja de la peseta, que trabajar con mayor intensidad, trabajando más horas si es preciso, pues ésta es la única manera racional de momento de abaratar el coste de producción. La medida habrá de ser exactamente igual en todas las industrias, sobre todo en aquellas cuya materia prima es de importación». Y Peiró agrega que «Ya sé que la proposición chocará a muchos trabajadores, sobre todo a aquellos que trabajan por cuenta del capitalismo. El esfuerzo no es sacrificio si aquel no es en provecho individual del enemigo. Es esfuerzo y es sacrificio cuando ocurre lo contrario. Pero la economía general interesa por igual a capitalistas y a proletarios, puesto que la vida de todos depende de esta economía general».

Seis semanas más tarde, el 7 de octubre, Peiró pasa revista a la situación de las colectivizaciones, en un mitin que la Soli reseñó ampliamente: «Amigo de decir las cosas por su nombre, quiero subrayar que aquellos que nos hablan de implantar, ya ahora, concretos sistemas económico-sociales que significan la más audaz de las transformaciones universales, son amigos de cuya buena fe nadie puede dudar, pero son amigos que olvidan que el sistema capitalista, no importa de qué latitud, tiene ramificaciones internacionales, que el triunfo nuestro en la guerra depende mucho del calor, de la simpatía, del apoyo que nos venga del exterior, y olvidan también, esos amigos, que los pueblos de Iberia, como los que forman el conjunto de otros países, constituyen un mosaico temperamental, psicológico, y son pueblos cuyas mentalidades acusan una diferencia espiritual, las raíces de la cual las encontramos, por poco que las busquemos, en las razones étnicas, morales, económicas…». Tras señalar que los anarquistas y sindicalistas son los únicos que se atreven a pensar en un cambio radical, Peiró señala que «el fin de la guerra desemboca en un régimen de transición, y desemboca en él porque no hay otro camino más racional, más lógico ni más justo, porque nuestro sentido de la justicia, en esta ocasión, es inseparable del recto sentido de la ley de las compensaciones. Si todos contribuimos al triunfo de la guerra, es justo que todos percibamos nuestra parte de los frutos de la Revolución. Esta ha de ser la ética de todos los revolucionarios. ¿Qué importa el transigir, si ahora en el transigir está el único medio de triunfar?». Para Peiró, ha de venir un régimen de transición, que debe ser la República Federal Socialista, que puede ser «el necesario campo de experimentación de nuestras concepciones políticas, económicas y sociales, un campo lo suficientemente amplio para que en él pervivan y se ensayen, desde las esencias de la democracia burguesa a los postulados económicos del Comunismo Libertario».

En febrero de 1937, todavía ministro, Peiró (que tres años después fue entregado por la Gestapo a Franco, que lo mandó fusilar) plantea en un artículo una cuestión fundamental: «¿Seguirá cada región orientando su propia economía? ¿Habrá llegado entonces el momento de comprender que la máquina industrial y económica de Cataluña tiene que marchar al mismo compás, en inteligencia con la máquina industrial y económica del resto de España? La socialización según la entendemos los anarquistas, sólo pueden realizarla los sindicatos, en cuanto se refiere a las industrias, y los municipios en el caso concreto de la tierra. Y cuando hablamos de socializar, sólo contadas industrias localistas pueden escapar a la necesidad de realizar el hecho nacionalmente, y en este caso, lo primero en que hay que pensar es en los órganos adecuados para la socialización: las Federaciones Nacionales de Industria». Sin embargo, los tres ministros cenetistas no pudieron mover el aparato del Estado, ni superar la enemiga a las colectivizaciones de los comunistas, ni sacar a los republicanos y socialistas de su ambigüedad respecto a ellas.

Los obreros de Cataluña se daban cuenta de que si no avanzaban, pronto iban a retroceder. Ahora se pagaba el no haber ocupado el poder en julio de 1936, cuando se podía. Porque ahora, en la primavera de 1937, los adversarios de las colectivizaciones emprendieron la ofensiva.

9. LOS ADVERSARIOS

Las razones de la ofensiva

Los enemigos naturales de las colectivizaciones —es decir, los perjudicados por ellas—, los grandes terratenientes, la gran burguesía, habían sido eliminados políticamente por la sublevación y su fracaso en la zona republicana. Muchos de ellos se hallaban en el extranjero o en la zona de los sublevados, y los que quedaban en la zona republicana —donde un cierto número fue eliminado físicamente (paseado, en el lenguaje del momento)— no podían hacer nada.

Había una parte de la clase media, que no había sido perjudicada directamente por las colectivizaciones pero que, por ser de derechas y temerosa de cualquier cambio, las veía con inquietud; atemorizada, fue movilizada, organizada y propagandeada no por los partidos republicanos, sino por el partido comunista y su sucursal catalana, el PSUC. Éste llegó a crear una organización de tenderos, el GEPCI, que hinchó las exiguas filas de la UGT catalana, a la cual controlaba, con elementos de esta clase media asustada y conservadora. De no haber sido organizada por el PCE y el PSUC, no habría tenido peso político, pero movilizada por los comunistas, desempeñó un papel importante, tanto más cuanto que el movimiento obrero la ignoró, en lugar de captarla o, por lo menos, neutralizarla. No la atacó ni perjudicó materialmente, pero no buscó su adhesión.

Muchos políticos republicanos veían las colectivizaciones sin simpatía y hasta con animadversión, igual que hacían los intelectuales y profesionales, casi todos ellos políticamente simpatizantes del más moderado partido republicano, Acció Catalana, que se pasaron en masa a organizaciones «culturales» creadas a toda prisa por el PSUC. Sólo algunos de esos políticos republicanos se atrevieron a hablar o actuar (más bien actuar solapadamente que a hablar francamente) contra las colectivizaciones. Encontraron dos apoyos: uno en Juan Negrín, de la derecha socialista, que utilizó su puesto de ministro de Hacienda del Gobierno de Largo Caballero para sabotear cuanto pudo las colectivizaciones; el otro, como se ha dicho, el Partido Comunista, que desde el comienzo, sin atacarlas de cara, insistió en que no era el momento para un cambio social y que, cuando se presentó la ocasión, organizó la ofensiva contra ellas.

Los comunistas no eran conservadores, ni eran tampoco revolucionarios; eran lo que en aquel momento le convenía a la URSS que fuesen. Al analizar el papel del PCE-PSUC en la Guerra Civil no se ha insistido bastante en el hecho de que el meollo de su estrategia y de su actuación no estaba en programas ni en posiciones teóricas, sino en su patriotismo soviético, que era la característica fundamental del movimiento comunista en todo el mundo. Para los comunistas, lo que era bueno para la URSS, lo que la servía y defendía —definido por la Internacional Comunista—, era bueno para el movimiento comunista local y lo que era bueno para éste sería, a la larga, bueno para el proletariado, al que consideraban representar en exclusividad. Se trataba de una transferencia de lealtades: la lealtad al proletariado se transfería a la URSS, y la lealtad a la URSS se transfería a Stalin.

La situación de Stalin no era fácil: estaba aliado con Francia, quería el apoyo de la Inglaterra conservadora y de otros países capitalistas frente a Hitler (en 1936 todavía no se había pensado en Moscú en la posibilidad de aliarse con Hitler, que empezó a tantearse en 1938, y que determinó, finalmente, que Stalin impusiera al ejército republicano español la batalla del Ebro, que debía destruirlo y así poner término a la Guerra Civil, todo ello con el fin de demostrar a Hitler la buena fe de la URSS en las negociaciones secretas que desembocaron en el pacto de 1939 entre la URSS y el Tercer Reich).

Por otro lado, Stalin quería mantener la imagen de la URSS como «patria del proletariado» y «avanzada del socialismo». No podía, pues, abandonar a la República española. Pero en 1936 había comenzado la era de las «depuraciones» de viejos bolcheviques, los procesos de brujería de Moscú contra los compañeros de Lenin, y quería encontrar «ejemplos» de que fuera de la URSS había casos de supuestas traiciones iguales a las que achacaba a los hombres de octubre de 1917 en Rusia.

En relación con la Guerra Civil española, el interés de la URSS —y por tanto de los comunistas españoles (aunque solamente sus dirigentes lo comprendían claramente así)— podía resumirse en tres consignas: a) impedir cualquier medida revolucionaria que alarmara a los aliados de la URSS, b) ayudar a la República con armas (pagadas por adelantado y en oro, en contraste con las ayudas de Italia y el Tercer Reich, que se daban a Franco a crédito), esta ayuda debía ser en cantidad suficiente para seguir luchando pero no en cantidad bastante para vencer, y c) utilizar esta ayuda para dar al PCE el predominio político en la zona republicana, con el fin de que lo empleara en destruir los cambios revolucionarios ya efectuados y en montar en España un proceso paralelo a los procesos de Moscú.

Para aplicar las tres consignas soviéticas, los comunistas españoles no podían contar con su fuerza estricta, porque al comenzar la Guerra Civil eran una exigua minoría en Cataluña y no disponían, en el resto de la zona republicana, de más allá del 2 o el 3 por ciento de los trabajadores organizados. Con el fin de crearse una base amplia, acudieron a quienes podían hacerse eco de las consignas soviéticas, que en fin de cuentas reflejaban sus propias aspiraciones y miedos de «personas moderadas y de orden»: la parte de la clase media asustada y conservadora, que se sentía abandonada por los partidos republicanos, impotentes una vez la lucha salió a la calle el 18 de julio, y también, por iguales motivos y por altivez cultural, con una gran mayoría de los intelectuales (menos los que, llamándose de la Tercera España, emigraron apenas estalló la sublevación). Negrín, siguiendo a la vez su enemiga a las colectivizaciones, sus tendencias moderadas y su ambición, les sirvió de ejecutor. Prieto, tampoco simpatizante de las colectivizaciones, les sirvió durante un tiempo de comadrona de sus maniobras, y Azaña, adversario despectivo de las colectivizaciones (pero sólo en las páginas de su diario secreto), les sirvió de legalizador constitucional de su política.

Las escaramuzas previas

Las colectivizaciones tenían dos flancos vulnerables: que se limitaban al poder económico, es decir, no se habían extendido al poder político (salvo, en cierta medida, al municipal), y que no afectaban a la banca. Un técnico, José Arias Velasco, escribió en 1977, que el Gobierno de la Generalitat «actuó durante los dos primeros meses poco menos que al dictado del Comité de Milicias», pero «desde los primeros días las disposiciones emanadas del Departamento de Finanzas [que ocupaba Josep Tarradellas] responden a una línea coherente y revelan el firme propósito de mantener las riendas de la situación, aún dentro del pragmatismo que supone aceptar, como marco de actuación, una economía revolucionaria que iba más lejos de lo que, sin duda, hubieran deseado los partidos de izquierda burguesa, todavía predominantes en el gobierno del 6 de agosto». Y pudo seguir esta línea gracias al control que el Departamento de Finanzas se aseguró desde el primer momento sobre la banca. Dos prejuicios ideológicos —el antipoliticismo y el antimonetarismo—, debilitaron, así, en su origen mismo, las colectivizaciones. Los efectos del segundo se vieron, por ejemplo, cuando Negrín comenzó a actuar como ministro de Hacienda del Gobierno Largo Caballero. Negrín no tenía de socialista más que la etiqueta; era dominante, inteligente y muy partidario de la «ley y el orden». No veía con buenos ojos la revolución, tanto por creer que perjudicaba el esfuerzo de guerra (en lugar de creer, como otros, que lo ayudaba y fomentaba), cuanto porque no sentía simpatía por las posiciones revolucionarias. Había otro motivo adicional: era, por formación y por temperamento, centralista; las colectivizaciones y sus secuelas habían ampliado, de hecho, las facultades de la Generalitat, que contaba con un consejero de defensa, con un ejército propio (las milicias), controlaba la banca y el comercio exterior y hasta legislaba en asuntos reservados al parlamento de Madrid (cuando Andreu Nin fue consejero de Justicia, reconoció la mayoría de edad a los 18 años y modificó la legislación sobre matrimonio respecto a las uniones formalizadas en el frente). Negrín veía esto con malos ojos y, por tanto, al impedir que las colectivizaciones pudieran exportar e importar y adquirir armas para las columnas de milicianos a las que el gobierno central no abastecía, reducía al mismo tiempo estas nuevas funciones que se abrogaba la Generalitat. Para aplicar sus medidas, Negrín amplió el cuerpo de carabineros (cuyos efectivos nunca fueron al frente), que se convirtió en refugio de «emboscados» y también de elementos del PCE que el partido se reservaba para actuar en la retaguardia. Negrín habría podido hacer con las colectivizaciones de toda la zona republicana lo mismo que se hizo en Cataluña, coordinarlas mediante un Consejo de Economía. Hasta un moderado como Prieto propuso que se crease un banco de crédito a las colectivizaciones, pero Negrín se opuso y sólo tras muchas presiones accedió a abrir un crédito a todas las colectivizaciones de la zona republicana… por veinticuatro millones de pesetas (es decir, aproximadamente cuatro horas de funcionamiento de las prensas de la Casa de la Moneda, puesto que este crédito debía ser en pesetas, dado que las reservas del Banco de España habían sido enviadas a Moscú por Negrín, sin conocimiento previo ni autorización del Consejo de Ministros, so pretexto de asegurar estos bienes nacionales contra los riesgos de la guerra).

El consejero de Economía de la Generalitat, Joan P. Fàbregas, que representaba a la CNT, protestó en unas declaraciones de octubre de 1936 por esta actitud del ministro de Hacienda: «Tenemos un gran número de industrias no remuneradoras y nos vemos obligados a construir nuevas fábricas de utilidad pública… Necesitamos dinero y estamos dispuestos a sacarlo de donde lo hay. La máquina económica de que disponemos es de origen burgués y tenemos que servirnos de ella. Las incautaciones no son más que los primeros pasos hacia un nuevo aparato económico. Desgraciadamente, nuestro conflicto con Madrid paraliza nuestra obra. El Gobierno de Madrid retiene sólo las existencias de oro y la cartera del Banco de España (en realidad, ya estaba en Moscú para entonces, aunque no sabía) y rehusa toda cooperación a nuestro plan de reconstrucción económica. Hemos pedido un crédito, garantizado con mil millones depositados en las cuentas corrientes de las Caja de Ahorros. Se nos ha negado. No podemos vencer al fascismo con las manos vacías. Por esto protestamos contra las medidas de sabotaje de que se nos hace objeto por nuestros adversarios de tendencia».

Fue al calor de su fobia a las colectivizaciones que, al parecer, Negrín inició su alianza con los comunistas, que acabaría llevándolo al poder, aunque lo ejerciera mediatizado por sus aliados. El 7 de octubre de 1936, el ministro de agricultura, el comunista Uribe, propuso un decreto dando carácter legal a las colectivizaciones agrarias, y Negrín lo apoyó a fondo. En realidad era un decreto anticolectivista, pues sometía a cláusulas jurídicas muy rígidas y muy complicadas la legalización de las colectividades, a las que se impuso un plazo límite de carácter perentorio, y las que no se habían legalizado en este plazo, se encontraron situadas automáticamente fuera de la ley, de modo que sus tierras podían restituirse a sus antiguos propietarios. No acabó ahí la cosa. En marzo de 1937, Negrín prestó a Uribe sus carabineros, para que asaltaran diversas colectividades agrarias de Levante. Hubo una lucha de cuatro días, con muchas víctimas. Finalmente, los dirigentes cenetistas mediaron y todo quedó como antes. No todo, en realidad, pues la moral de los campesinos «colectivizados» quedó maltrecha, al darse cuenta de que sus colectividades no estaban seguras. Mientras participaran en el poder elementos contrarios a ellas, los ataques podrían repetirse.

La campaña comunista

Los comunistas fueron los adversarios más activos y agresivos de las colectivizaciones. Por ideología, porque contradecían el modelo soviético de estatización, y por táctica, porque a la URSS no le convenía alarmar a sus aliados del momento, que pudieran imponer que apoyaba medidas revolucionarias. Pero las colectivizaciones eran la única forma de propiedad obrera que existía en España, y oponerse abiertamente a ellas hubiese sido aislarse de los trabajadores y perturbar la economía. Lo que hicieron los comunistas, ante esta realidad, fue tratar de minar la influencia de quienes apoyaban las colectivizaciones.

Desde los comienzos de la Guerra Civil los comunistas sostuvieron, por las razones citadas, que la lucha no era para cambiar la sociedad, sino sólo para defender la República —la misma República que no había sabido impedir el alzamiento militar—, a diferencia de lo que afirmaban CNT y POUM, que estimaban que la ventaja de organización y experiencia de los militares alzados sólo podía contrarrestarse con éxito con el entusiasmo, la disciplina voluntaria y el espíritu de sacrificio que se derivaban de continuar las medidas espontáneas adoptadas en los días mismos del comienzo de la guerra. Ya el 8 de agosto de 1936, Jesús Hernández, del PCE, declara: «No podemos hablar de revolución proletaria en España, porque las circunstancias históricas no lo permiten… Queremos defender la industria modesta, que se encuentra en apuros tanto o más que los obreros». José Díaz afirmaba por su parte: «Sólo deseamos luchar por una república democrática, con un amplio contenido social. No puede hablarse ahora de dictadura del proletariado ni de socialismo, sino sólo de lucha de la democracia contra el fascismo». L’Humanité de Paris, órgano del PC francés, publicaba un comunicado del PCE desmintiendo que en España hubiera una revolución social.

Pero si no se atacan de frente las colectivizaciones, se fomenta la desconfianza respecto a ellas, se lanzan rumores para desprestigiarlas y se las engloba en la campaña general del PSUC contra los comités. «La autoridad legítima ha de enfrentarse a la dictadura irresponsable de los comités», dice Joan Comorera, secretario general del PSUC, el mismo que poco antes, en un mitin, ha calificado de «tribus» a las milicias. Se trataba de desprestigiar y, a la vez, de capitalizar el resentimiento de la clase media no politizada ante la preponderancia de los trabajadores. Para atraerse aún más a los pequeñoburgueses se dicen cosas como ésta, que profiere Manuel Delicado, del PCE: «La igualdad de salario promueve irresponsabilidad e indolencia que impiden la máxima eficiencia en el obrero». Esta afirmación, además, justifica la política soviética de salarios, con sus vastas diferencias y el stajanovismo, sistema de trabajo a destajo con primas a la superproducción individual, sistema que el movimiento obrero había combatido siempre cuando lo aplicaban las empresas capitalistas.

En Cataluña, la fuerza de las colectivizaciones y su aceptación popular eran tales que un estudioso, el ya citado Albert Balcells, ha podido escribir más tarde que «con su actitud fluctuante, el PSUC adoptó, sin embargo, una postura que no correspondía a la de sus correligionarios del resto de España. El PSUC se limitó a presionar por una mayor centralización e intervención técnica en las empresas colectivizadas, pero sin suprimir su autonomía». De hecho, el PSUC sabía que lo importante era conseguir el control político, pues con éste en sus manos, podría desvirtuar las colectivizaciones y, sin quitarles su nombre, desposeerlas de sus características fundamentales. Para esto, como el PCE en el resto de la zona republicana, contó, a partir de mayo de 1937, con el apoyo de los partidos republicanos y con la simpatía de la clase media. Es difícil encontrar información escrita de esta campaña, porque los infundios y rumores malintencionados no suelen imprimirse. Pero hay dos libros, escritos por comunistas después de terminada la guerra, que recogen, como si fueran hechos, estos rumores. Uno es Negro y Rojo de Jesús Hernández, ministro de Instrucción Pública con Largo Caballero y Comisario General del Ejército con Negrín, que publicó este libro en México, a donde había conseguido llegar después de enemistarse con Dolores Ibárruri y eludir el gulag (donde habían ido a parar otros comunistas malvistos por la Pasionaria). Hernández acabó rompiendo con el PCE y escribió en 1952 otro libro demoledor para sus excamaradas, Yo fui un ministro de Stalin. El capítulo VII del primero de estos libros se titula «Atraquismo organizado» y tiene los siguientes apartados: «Los nuevos ricos de la revolución», «La FAI propietaria de industrias», «La FAI terrateniente y exportadora de agrios», «Los fascistas caseros y socializadores de prostíbulos». Igualmente revelador es el libro de un periodista que se hizo famoso por contar, antes de la guerra, la vida y milagros de Juan March, y que luego fue siempre adicto a los comunistas, Manuel D. Benavides. En su libelo Guerra y revolución en Cataluña (México, 1946), se puede leer esto: «Los sindicatos, convertidos en órganos ejecutivos, se lanzaron bizarramente a dirigir y administrar, no la guerra, sino la revolución, rodeados de los traspuntes anarquistas que tendían la oreja a las villanías disfrazadas con ropaje ideológico del POUM».

El cambio de la clase media

Los comunistas no cometieron el error de otros sectores obreros de no tratar de atraerse a la clase media. Al contrario, como no había masas obreras sin organizar, no les quedó otra clientela disponible que la clase media como fuerza a la que organizar. No sólo atrajeron a una parte de la que estaba en los partidos republicanos, sino que encuadraron a la parte de ella no politizada o que había perdido, con el 19 de julio, a sus partidos derechistas.

Los partidos republicanos, en cuanto vieron que alguien (los comunistas) se atrevía a hablar contra las colectivizaciones (aunque en muchos casos sólo indirectamente, con rumores e infundios), fueron inclinándose hacia esta posición, no en su propaganda, que seguía siendo tímida, sino en sus actitudes gubernamentales. Como tenían una influencia desmesurada en los organismos de gobierno, su cambio de posición bastó para dar a los comunistas los medios de substituir primero a Largo Caballero y luego de lanzarse al ataque contra las organizaciones partidarias de las colectivizaciones.

En el caso de Cataluña la cosa tuvo una gravedad especial, porque las colectivizaciones no sólo eran más numerosas, sino que se habían originado en Barcelona, donde habían adquirido una mayor preponderancia económica, y porque gracias a ellas la autonomía había sido rebasada en los hechos, como ya se explicó. No fue una ampliación planeada de la autonomía, sino un resultado de las circunstancias. La ofensiva contra las colectivizaciones trajo consigo, después de mayo de 1937, la pérdida de estas funciones y no sólo la vuelta de la autonomía a sus límites originales, sino también la pérdida de funciones autonómicas (especialmente las de orden público), que el Gobierno Negrín se arrogó, para dárselas, de hecho, a los comunistas. Cuando la Generalitat quiso reaccionar, ya era tarde y lo único que pudo hacer fue retirar del Gobierno Negrín a un ministro catalán de Esquerra (con el que se solidarizó el ministro vasco), gesto sin ningún efecto, porque el PSUC se apresuró a proporcionar a Negrín un catalán comunista, lo que le permitió mantener la ficción de que Cataluña estaba representada en el Gobierno.

Fue asimismo el deseo de Esquerra y de Companys de contrarrestar la influencia de la CNT —y subsidiariamente de limitar las colectivizaciones—, lo que hizo posible el estallido mayo de 1937. Si Esquerra y Companys hubieran estado menos preocupados por el ansia de reducir la influencia cenetista, no habrían aupado al PSUC y éste, en consecuencia, no hubiese podido llevar a cabo la política que exasperó a los trabajadores catalanes y que desembocó en las jornadas de mayo. Dejando aparte la discusión de si éstas fueron un «complot» anarquista o poumista, como afirmaba el PCE-PSUC, o la respuesta a una provocación comunista, como sostenía la CNT, no hay duda de que estas jornadas determinaron un cambio radical en la marcha de la política y de la guerra. El primer eco de mayo fue la dimisión de Largo Caballero, forzada por los ministros comunistas, Prieto y los ministros republicanos, y su substitución por Negrín. Hasta entonces, la guerra había marchado relativamente bien (se habían perdido Toledo y Málaga, pero se había contenido la ofensiva contra Madrid, se venció en Guadalajara y se consolidaron los demás frentes). A partir de la toma del poder por Negrín y los comunistas, las colectivizaciones fueron desmanteladas gradualmente, como se explicará, y se fueron perdiendo batallas y ciudades: Bilbao, Santander, Asturias, Vinaroz, Castellón, Lleida, el Ebro, Cataluña… Los que consideraban indispensable para ganar la guerra deshacer la obra de los trabajadores, lograron esto último, pero perdieron la guerra. No es posible decir si con las colectivizaciones, y la política que esto significaba (milicias, poder obrero municipal, etcétera), se habría ganado la contienda. Lo que sí puede afirmarse es que una vez destruida la obra obrera, se perdió la guerra por los mismos que llevaron acabo esta destrucción.

La ofensiva comenzó antes de la caída de Largo Caballero, a través de la aplicación del decreto de colectivizaciones. El historiador Balcells lo explica así: «Entre los factores que frenaron y desviaron las colectivizaciones hay que señalar, primeramente, la resistencia de la pequeña burguesía —clase tan abundante en Cataluña—, creando cooperativas ilícitas para escapar a la reestructuración empresarial y agrupándose bajo el patrocinio de los partidos republicanos catalanes y del PSUC. A esta resistencia se sumó la hostilidad del poder central, que consideró el decreto de colectivizaciones como una extralimitación anticonstitucional por parte de Cataluña y como un acto inoportuno frente a la opinión extranjera. En parte, esta actitud reflejaba la abierta hostilidad de las potencias capitalistas extranjeras, con intereses en Cataluña, respecto a las colectivizaciones».

Las etapas del desmantelamiento

De estas potencias extranjeras, la única que vendía abiertamente armas a la República y que, por tanto, podía ejercer presión eficaz, era la URSS, tanto más cuanto que las reservas del Banco de España habían sido enviadas a Moscú. Fueron sus representantes políticos, los comunistas, quienes se encargaron de convertir la campaña contra las medidas revolucionarias en una acción gubernamental. La coincidencia en el Gobierno Negrín de esta influencia extranjera, del centralismo de algunos republicanos y socialistas y del miedo al cambio de otros, permitió que esta acción se emprendiera inmediatamente después de la subida al poder de Negrín y de modo simultáneo con otras acciones de carácter político (supresión del Consejo de Aragón por las tropas de Líster y del general Pozas, detención del Comité Ejecutivo del POUM y secuestro, tortura y asesinato de su secretario político Andreu Nin, detención en su domicilio de Largo Caballero), de carácter militar (disolución de la 29 División, la del POUM, traslado de divisiones confederales del frente de Aragón a otros frentes, donde se encontraron rodeadas por fuerzas mandadas por comunistas), y también policial (detenciones a granel de antifascistas pertenecientes a la CNT, la izquierda socialista y el POUM, hasta el punto de que en 1938 había más presos antifascistas que quintacolumnistas en la Prisión Modelo de Barcelona, según constató una comisión internacional socialista enviada a la zona republicana para evaluar el respeto de los derechos humanos). En cuanto la CNT fue eliminada del Gobierno, las colectivizaciones se encontraron no ya con el sabotaje solapado de antes, sino con una serie de medidas concretas que tendían a convertirlas en nacionalizaciones y preparaban el camino para revertirlas, más tarde, a sus antiguos dueños.

Hasta qué punto cambió el estado de ánimo general respecto a las colectivizaciones puede verse en un informe publicado por La Batalla, el diario poumista, el 16 de mayo de 1937, en que se explicaba que en algunos países los productos catalanes exportados eran embargados por los tribunales a petición de los antiguos dueños de las empresas que los producían y que se habían exiliado. Para evitarlo, el consejero de Economía, el cenetista Valeri Mas, pidió al consejo de Economía que propusiera una solución y el Consejo sugirió que las empresas colectivizadas firmaran documentos subrogando su personalidad, para poder oponerse a las peticiones de los antiguos dueños ante los tribunales extranjeros. Pues bien, todos los componentes del Consejo de la Generalitat, menos los cenetistas (Nin ya no era consejero, para entonces) se opusieron a esto, alegando que el decreto de colectivizaciones de 1936 fue aprobado sin que fuera competencia de la Generalitat, y que por tanto no correspondía a la Generalitat ocuparse de este problema, sino que debía simplemente traspasarse al Gobierno de la República. Se creó así la situación paradójica de unos consejeros que se decían nacionalistas catalanes que recortaban por sí mismos las funciones del Gobierno catalán, y en cambio un consejero cenetista (que nunca fue nacionalista) que alegaba que las cuestiones de competencia no debían suscitarse por el Gobierno catalán, sino, en todo caso, por el Gobierno central, que no lo había hecho. La posición antinacionalista de los nacionalistas predominó, pues el deseo de destruir las colectivizaciones era más fuerte que el de conservar para Cataluña unas funciones conquistadas el 19 de julio.

Con Negrín en el Gobierno, las cosas cambian rápidamente. Se va aplazando en Cataluña la aplicación de las medidas preparadas para llevar a la práctica el decreto de colectivizaciones; así, los Consejos Generales de Industria y la Caja de Crédito Industrial y Comercial no se crearon hasta finales de 1937. Es decir, se dejó la financiación y la planificación de las colectivizaciones para cuando ya éstas habían perdido todo su sentido social y quedaban reducidas a simples mecanismos de producción.

Joan Comorera, consejero de Economía por el PSUC (oficialmente por la UGT), dio un reglamento nuevo al consejo de Economía, transformándolo en un simple «alto organismo consultivo y asesor del Gobierno de la Generalitat en materia económica». Además, alteró la composición del Consejo, en el cual los representantes de organizaciones obreras habían sido mayoría, y en el que Comorera colocó a delegados de cinco departamentos del Gobierno de la Generalitat. Un testigo imparcial de aquella época (es decir, que no era ni de la CNT ni del POUM), Albert Pérez Baró, ha escrito: «Es a partir de este momento que comienza el descenso del movimiento revolucionario. Acuerdos ya aprobados reiteradamente por el consejo de Economía sobre agrupamientos industriales quedan definitivamente atascados. Reiteradamente se presentan proyectos tendentes a desfigurar las normas básicas que se habían adoptado en octubre de 1936 con la aquiescencia de todos, hasta llegar al proyecto de Ruiz Ponseti (del PSUC) de convertir las colectivizaciones en cooperativas, cuando prácticamente la guerra ya estaba perdida. La representación de la CNT tuvo que luchar a fondo en defensa del decreto tal como había sido establecido, y si bien muchos de los proyectos de los reformistas del PSUC, que sacaban las castañas del fuego a los republicanos, no prosperaron, no se llegó, sin embargo, a poder reanimar el colectivismo».

No bastaba con obstaculizar el funcionamiento de las colectivizaciones. Había que desprestigiarlas. Cuando un miembro del PSUC se hizo cargo de la consejería de Abastos de la Generalitat, antes regida por uno de la CNT, desde la misma Consejería se emprendió una campaña que atribuía a las colectivizaciones la carestía de la vida y las colas ante las tiendas, que para entonces comenzaban a formarse. Haciéndose eco de esta campaña, en el III Congreso de la UGT catalana (controlada por el PSUC), reunido en Lleida en noviembre de 1937, el Sindicato de Trabajadores de la Banca de Barcelona, del cual, dice Pérez Baró «ya se habían opuesto a la creación de la Caja de Crédito Industrial y Comercial, por miedo a perder sus puestos de trabajo, y la Unión de Empleados de Oficinas de Lleida presentaron proyectos afirmando el fracaso de las colectivizaciones, a pesar de que la experiencia tenía sólo un año, y pidiendo el regreso a la dirección unipersonal de las empresas. Eran representantes obreros quienes negaban a sus compañeros la capacidad y el derecho de dirigir la economía, atribuyéndoles todos los defectos inherentes a cualquier trastorno revolucionario y sobre todo a la marcha de la Guerra Civil». Desde luego, estas propuestas no eran espontáneas: cualquiera que conozca como funcionaba la UGT en aquel momento sabe que una propuesta así sólo se atreverían a presentarla los dirigentes de un sindicato si tenían la luz verde del partido que controlaba la UGT, es decir, el PSUC, es decir, «Pedro» (Ernő Gerő) delegado de la III Internacional.

La campaña no se limita a palabras. Los obreros de las industrias de guerra catalanas se quejan de que se retiran las baterías antiaéreas colocadas en ellas para protegerlas, en lo posible, de los bombardeos. La prensa obrera (que bajo Negrín ya es en gran parte clandestina) afirma que esto se hace con una doble intención: castigar a los obreros «colectivizados» y hacer disminuir la producción de guerra nacional para aumentar la dependencia de los suministros soviéticos. El hecho es que, después de esta medida los trabajadores de las Industrias de guerra dan un numero elevado de víctimas de los bombardeos y las instalaciones son a menudo destruidas parcialmente por las bombas fachas.

El 3 de marzo de 1938 Negrín declara a los periodistas extranjeros: «El concepto de propiedad privada no ha sido modificado, que yo sepa», y el prietista Manuel Cordero escribe en La Vanguardia barcelonesa, incautada por Negrín, que: «hay quien ha interpretado mal la revolución, creyendo que la expropiación de los capitalistas se hacía en beneficio de determinados elementos colectivos. Se equivocan. Lo abandonado por los particulares enemigos de la República, expropiado y que aún no ha revertido al Estado, tendrá que revertir». El comunista Ruiz Ponseti, el mismo que había propuesto la conversión de las colectivizaciones en cooperativas, confesaba, en 1938, que la Caja de Crédito Industrial y Comercial, finalmente organizada, se había visto obligada a entregar al Estado las cantidades cobradas a las empresas colectivizadas en concepto de participación en los beneficios. Hubo muchas denuncias de funcionarios del ministerio de Hacienda que hostilizaban a las empresas colectivizadas, incluso si con ello dejaban sin trabajo a obreros o si disminuía la producción. Era frecuente que estos inspectores impusieran multas a las empresas colectivizadas porque se atenían en su funcionamiento al decreto de colectivizaciones de la Generalitat, en vez de atender a la ley (de antes de la Guerra Civil) sobre Sociedades Anónimas.

Todo esto ocurría ya cuando Negrín decidió trasladar la sede del Gobierno de Valencia a Barcelona (octubre de 1938), cambio motivado por la marcha catastrófica de la guerra pero también porque era en Barcelona donde deseaba ejercer mayor presión para el desmantelamiento de las colectivizaciones. Fue la decisión de Negrín de intervenir en las industrias de guerra (de hecho nacionalizándolas) lo que determinó que Esquerra reaccionara por fin y retirara a su ministro del Gobierno Negrín, en protesta por un decreto en tal sentido del 11 de agosto de 1938. El Gobierno, pues, expropiaba a los obreros que habían expropiado a los patronos. Ya antes varios decretos habían limitado las funciones de la Generalitat y aumentado el malestar entre los dirigentes de Esquerra: en enero de 1938 el ministerio de Hacienda se encargó del abastecimiento de Cataluña; el 11 de mayo, cesó la intervención de la Generalitat en la Banca, y el 17 de junio la propia Generalitat derogó el decreto de agosto de 1936, que establecía lo que se llamó la «autonomía de guerra»; la guerra seguía, pero la autonomía, ya no. Hay que poner de relieve que las industrias de guerra y la «autonomía de guerra» habían dado buenos resultados (contención de los fachas en el frente de Aragón, aumento de producción de armas) y que la política de Negrín tuvo resultados opuestos (pérdida de Aragón y Lleida, mayores importaciones de armamento soviético). La reacción de Esquerra, que pagaba su error de haberse aliado con los comunistas contra los anarquistas, fue limitada, porque la Generalitat, que era su instrumento principal, estaba mediatizada por el Gobierno Negrín y el PSUC. Hubo algunas voces de advertencia en la propia Esquerra; así, Martí Barrera presentó en septiembre de 1937 un informe reclamando el respeto y hasta la ampliación de la legislación sobre colectivizaciones, pero todo quedó en un gesto.

La reacción obrera

Al principio, el Gobierno Negrín dio a muchos la impresión de que las cosas marchaban mejor. Era una cuestión de fachada, no de contenido. Pero la gente veía la fachada, y por esto Negrín dio órdenes tan curiosas como la de que los funcionarios del gobierno y sus esposas volvieran a ponerse sombrero, como «una buena propaganda de que se habían terminado para siempre las turbulencias proletarias». La gente creía que «el gobierno y la maquinaria de guerra trabajaban como nunca habían trabajado; ahora había un ejército y una administración eficientes, dos cosas necesarias para mantener una guerra moderna»; pero la gente no tardó en darse cuenta de que «el ansia de libertad, los esfuerzos desesperados por construir una vida social nueva y mejor se habían destruido totalmente», como escribió años después el novelista Arturo Barea, que trabajó con Negrín y que simpatizaba con los comunistas.

Las asambleas de empresa se reunían cada vez con menor frecuencia. En muchas empresas, la policía de Negrín detuvo, por motivos políticos, a miembros de su comité, y los comunistas, utilizando a la UGT —ocupada policialmente por Negrín en Valencia— colocaron en los comités de empresa a los suyos. Los obreros ya no se sentían, en muchos casos, representados por el comité de empresa. A veces, debían desconfiar de él, porque el comité «ugetista» (comunista) los delataba si actuaban en la clandestinidad a que habían sido reducidos los núcleos obreros más activos. No fue raro tampoco que para debilitar a un comité y hacerlo penetrable, los comunistas de una empresa hicieran detener, con acusaciones a menudo falsas, a los elementos más firmes del comité, dejando a éste, así, decapitado y vulnerable.

La UGT catalana reclamó, después de mayo de 1937, que se caracterizara el movimiento de este mes como «contrarrevolucionario» y que se aplicara «una política rápida y enérgica de orden público», se disolviera el POUM, con incautación de su prensa, y se fuera a la «organización urgente de la Comisión de Industrias de Guerra con participación de todas las organizaciones antifascistas» (es decir, quitar a los sindicatos y comités de empresa toda función), así como a la «movilización de los servicios públicos», a la «militarización de los transportes y comunicaciones» (es decir, que en vez de ser administrados por los obreros lo fueran por el Gobierno), y a la «renovación inmediata de los ayuntamientos» o sea, el acaparamiento por los comunistas y los republicanos del botín político de las jornadas de mayo. Si la UGT, con mucha menos fuerza que la CNT, se atrevía a proponer este programa abiertamente descolectivizador, señal de que los obreros, después del estallido de mayo, estaban desmoralizados, decepcionados, y de que el Gobierno y los comunistas creían que podrían forzar a los trabajadores a tolerar cualquier cosa haciéndoles el chantaje de que si no aceptaban, se perdería la guerra.

Los obreros, en efecto, estaban desilusionados. Esto podía preverse y la observación lo confirmaba. El entusiasmo se agotó. Tras diez meses de ser dueños de las empresas, se volvió a una relación de propietario y asalariado, aunque la forma visible del propietario (el comité de empresa intervenido) era más afable; pero el sentimiento de ser dueños desapareció. A partir de ese momento, todo fue rutina y los obreros trabajaron con cierta desgana, como si todavía hubiese habido el antiguo propietario. Toda la retórica de los sindicatos —impuesta por las circunstancias, pero no sentida— no bastó para reavivar el entusiasmo de los trabajadores. En nombre de una supuesta eficiencia, los comunistas y la pequeña burguesía destruyeron los mecanismo, funcionales y psicológicos que podían generarla.

Surgieron en no pocas empresas tensiones entre los obreros y el comité, que unas veces, como ya se dijo, había caído a manos de comunistas y otras trataba de sobrevivir haciendo concesiones. No se llegó a huelgas, porque los obreros tenían plena conciencia de que con ellas hubiesen perjudicado la marcha de la guerra, pero ya no había el espíritu de sacrificio y el dinamismo de los primeros meses. Con la agravación de la carestía —que fue mucho mayor en el período de anticolectivismo que en los meses de las colectivizaciones—, muchos comités se dedicaron al mercado negro o al intercambio de productos con otros comités, y en esto no hubo diferencias debidas a la ideología de los componentes de cada comité. La moral de lucha e innovación que antes protegiera de caer en esta tentación había desaparecido, ya que no existía razón para abstenerse de hacer lo que los comunistas achacaban de todos modos a los comités cuando éstos todavía no lo hacían. Todo esto plantea algo que en general se pasa por alto en los movimientos revolucionarios, cuando están en acción y que, sin embargo, acaba siempre aflorando. Me refiero al hecho de quien quiere transformar la sociedad es producto de la misma sociedad a la que quiere cambiar, aunque sea un producto superficialmente protegido por su militancia, su ideología y el entusiasmo del momento. Esto es algo que hasta ahora nunca se dice y, por tanto, contra lo que nunca se ha encontrado, y ni siquiera buscado, salvaguarda. Las desigualdades de ingresos aumentaron y se hicieron tan visibles que el espíritu igualitario de los comités se desvaneció. Mientras los soldados seguían con el sueldo que tuvieron cuando eran milicianos (diez pesetas diarias) y cuando aún no había colas ni «estraperlo», en cambio ganaba 11000 pesetas mensuales el general Sebastián Pozas, jefe del ejército del Este, bajo cuyo mando se perdieron todas las batallas de Aragón y se rompió la línea que las milicias habían logrado establecer en agosto de 1936, manteniéndola durante un año, y bajo cuyo mando, también, los soldados de Líster y otros jefes comunistas terminaron a mano armada con las colectivizaciones agrarias aragonesas y con el Consejo de Aragón, encarcelaron a centenares de campesinos cenetistas y asesinaron a docenas de ellos. Por las calles de Barcelona se veían no los milicianos barbudos y con mono azul de unos meses antes, sino oficiales con galones (las «sardinas», para diferenciarse de las estrellas del ejército sublevado), uniforme a medida y bigotito recortado, que se enojaban si los soldados no los saludaban militarmente al cruzarse con ellos.

El resultado de todo esto en el estado de ánimo de los trabajadores lo explica Balcells en el artículo citado: «La escasez creciente de materias primas para la industria catalana, que procedían del exterior —algodón, yute, papel— provocó la caída de la producción, que pasó del índice 100 en enero de 1936 al índice 70 en febrero de 1937, y al 55 en abril de 1938. Los precios subieron en espiral, acusándose la pérdida de los mercados de las regiones centrales y meridionales españolas, principales abastecedoras de alimentos, además de Cataluña, mientras quedaban desde el principio interrumpidas las relaciones con el norte. Al mismo tiempo, se redujeron enormemente las exportaciones catalanas, debido al bloqueo de divisas por las potencias extranjeras para compensar la deuda del Estado español, o incluso a la incautación de productos de empresas extranjeras colectivizadas en Cataluña. El coste de la vida se cuadruplicó entre mediados de 1936 y principios de 1939, mientras los salarios sólo aumentaron dos veces en el mismo período».

Companys, en una carta a Prieto, afirmaba que en las industrias de guerra la producción había ido disminuyendo desde junio de 1937 (es decir, desde que Negrín llegó al poder y empezó su labor contra las colectivizaciones). En diciembre de 1937, esta disminución era ya del orden del 35 al 40 por ciento. Por su parte, Rodríguez Vega, un procomunista impuesto por Negrín y la policía en la secretaría general de la UGT, en substitución de Largo Caballero, reconoció en el III Congreso de la UGT catalana que «en algunas industrias la producción era la mitad de la normal».

La propaganda contra las colectivizaciones, que no terminó ni siquiera con el fin de la Guerra Civil, atribuyó el descenso de la producción y las colas en las tiendas a los obreros «colectivizados». Es cierto que la desilusión por la política de Negrín menguó el entusiasmo de los obreros y su interés en buscar sus propias soluciones a los problemas que surgieran, pues ya no se sentían los dueños de las industrias. Pero la presión de la guerra y el deseo de ganarla eran bastante fuertes para contrarrestar en gran medida esta desmoralización. Lo que no se dijo entonces es que la falta de materias primas era evitable. La República podía adquirir materias primas donde quisiera (excepto, claro, en los países fascistas). Y armas también habría podido comprarlas, ilegalmente cierto, pero en cantidad no despreciable. Porque los negocios son los negocios, en todas partes. La carencia de materias primas tenía otro origen: la falta de oro y divisas en el Banco de España. Y esta falta se debía a que las reservas del Banco de España fueron enviadas a Moscú por Negrín, sin consultarlo previamente, repito, con el Consejo de Ministros. Una vez los rusos las tuvieron en su poder, pudieron imponer sus armas y sus materias primas y regular la llegada a España de unas y otras de acuerdo con los intereses de la diplomacia soviética y la influencia comunista en la zona republicana. Nunca enviaron bastantes armas para que la República ganara la guerra, ni bastantes materias primas para que las industrias colectivizadas pudieran funcionar normalmente a pesar de que el oro español bastaba para pagar unas y otras. Las colectivizaciones fueron víctimas indirectas del envío del oro español a la URSS, tanto como lo fueron del deseo de Moscú de que en España no hubiera medidas revolucionarias triunfantes. Incluso dentro del PCE hubo descontento por esta política, especialmente entre viejos militantes que no habían aceptado más que a regañadientes la táctica del Frente Popular impuesta por la Tercera Internacional. Mundo Obrero, que ya no era órgano del PCE, sino sólo de la sección madrileña del partido, escribía el 23 de marzo de 1938 que «no se puede, como hace un periódico, decir que la única solución de nuestra guerra es que España no sea fascista ni comunista, porque Francia lo quiere así. El pueblo español vencerá con la oposición del capitalismo». El periódico Frente Rojo de Barcelona, órgano del Comité Ejecutivo del PCE, contestó dos días después con una carta del secretario general del PCE, José Díaz, en la cual decía:

«La afirmación de que la única solución para nuestra guerra es que España no sea fascista ni comunista es plenamente correcta y corresponde exactamente a la posición de nuestro partido», y sostenía que la tesis de que el pueblo español vencerá con la oposición del capitalismo «no corresponde ni a la situación ni a la política de nuestro partido y de la Internacional Comunista».

Hasta en las filas de la UGT catalana los obreros que en ella había se mostraban descontentos por lo que estaba ocurriendo con las colectivizaciones. Querían mayor papel en ellas para la UGT, pero no que desaparecieran, porque estos obreros (no necesariamente comunistas, aunque manejados por el PSUC) participaban del deseo proletario de ser los amos. Por esto, Joan Comorera, secretario general del PSUC, con el fin de apaciguar a «sus» obreros, afirmaba, en un pleno del Comité Central de su partido, en enero de 1938, que «los sindicatos no pueden ser apartados de la dirección económica del país: En primer lugar porque el gobierno no tiene aparato económico bastante bien montado aún para tomar él solo toda la responsabilidad de la dirección. Por otra parte, Cataluña es un país de arraigada y antigua tradición sindical. Nosotros no podemos quemar las etapas ni violentarlas. Hoy es absolutamente necesario que las centrales sindicales intervengan en la dirección económica del país». Como se ve, Comorera consideraba que («aún», «hoy») mientras el gobierno no dominara bastante la calle para imponer la desaparición lisa y llana de las colectivizaciones, los sindicatos debían persistir en ellas, para impedir (aunque no lo decía con estas palabras) que la CNT siguiera orientándolas en lo que pudiese.

La experiencia confederal

La presión sobre la CNT fue bastante fuerte para que sus dirigentes, que en mayo de 1937 habían aconsejado cesar en la lucha en Barcelona, llegaran a firmar un pacto con la UGT (dominada ya por negrinistas y comunistas), en el cual la central cenetista hizo concesiones considerables puesto que en él se pedía «la nacionalización de las minas, ferrocarriles, industria pesada, navegación de altura, banca y aquellas otras industrias que se consideren de necesidad para la reconstrucción nacional, después de aprobada aquella por los organismos competentes del Estado». Con el fin de poner en marcha este plan de nacionalizaciones, se pedía la formación dentro del Estado de un Consejo Nacional de Economía. Por suerte para el prestigio de CNT, el pacto quedó en papel mojado, puesto que no se llevó a cabo lo que proponía: la incorporación de la CNT al Gobierno Negrín. De todos modos, sirvió de momento para aislar la dirección cenetista de sus bases, descontentas por estas concesiones, y así dejar a las bases sin coordinación para defender lo que todavía fuera defendible de las colectivizaciones. El 15 de enero de 1938 se reunió en Valencia un pleno nacional económico ampliado de la CNT. La suerte de las colectivizaciones ante la ofensiva comunista y gubernamental hacía apremiante adoptar medidas para salvar lo que se pudiera. No se conserva ningún documento de este pleno, aparte de un folleto con sus resoluciones, que no refleja las discusiones, tensiones, críticas y propuestas no aprobadas. Por algunos asistentes se supo que hubo recriminaciones muy duras al Comité Nacional, formuladas sobre todo por miembros del pleno que eran también miembros de algún comité de empresa; se propusieron medidas radicales, desesperadas, rechazadas por la mayoría. Se supo también que se criticó la actuación de los sindicatos, por haberse dejado arrastrar demasiado lejos por su función económica. Debido a lo cual no podían actuar como defensores de los obreros ante la nueva situación en que las empresas colectivizadas, dirigidas de hecho por el estado, adoptaban actitudes típicamente patronales. Es significativo que en las veintiuna sesiones del pleno se produjeran solamente tres votaciones. Un sindicalista entusiasta como Peirats critica la forma en que se organizaron estas votaciones y la representación en el pleno, achacándolo al Comité Nacional. Es evidente que éste no quería que las corrientes más exasperadas o desilusionadas de la base pudieran cambiar la orientación de la CNT. Las resoluciones indican el deseo de aferrarse a conservar algo de lo que aún quedaba de las colectivizaciones y de la influencia sindical en ellas. Por ejemplo, se acordó que las Federaciones Nacionales de Industria nombrarían inspectores de trabajo (a los que llamaban delegados técnicos), para evitar que esta inspección continuara a cargo del estado, que podía utilizarla (y lo hacía) para sabotear las colectivizaciones.

Otro problema era el de la retribución. El secretario nacional, Mariano R. Vázquez, afirmó que el salario familiar, igualitario, adoptado en muchas partes (especialmente en el campo) era «antihumanista por perjudicar a la economía». En realidad, se trataba de decidir si los técnicos tenían que ganar igual que los obreros manuales. Se aprobó una resolución que, afirmando los principios tradicionales, permitía saltárselos por motivos pragmáticos, de eficiencia inmediata: «Se acepta la retribución profesional y proponemos se adopte por las Federaciones de Industria Nacionales, si bien adaptándola a sus posibilidades económicas, de la siguiente forma, tomando X como cantidad inicial indispensable necesaria para cubrir las necesidades del productor: Categoría base: peón X; Primera categoría superior: oficial, 20 por ciento de aumento; Segunda categoría superior: oficial especializado, 40 por ciento de aumento; Tercera categoría superior: técnico auxiliar, 70 por ciento de aumento; Cuarta categoría, técnico director, 100 por ciento de aumento».

Se aprobó la idea de crear un banco sindical (con aportaciones de las dos centrales), pero nunca se llevó a la práctica. Constituía, de hecho, el reconocimiento de que las colectivizaciones, cuando más, ya no podían ser otra cosa que una parte de la economía nacional y no toda ella, como se quiso en 1936 en Cataluña, y también del hecho de que la Banca no se nacionalizaría ni socializaría y de que no serviría los intereses de las colectivizaciones.

Se aprobaron otras ponencias sobre temas hasta entonces poco atendidos por los sindicatos y que las colectivizaciones habían puesto sobre el tapete: seguros y previsión social (se recabaron modificaciones en la legislación sobre seguros), planificación de la economía (se propuso encargarla a un organismo confederal, puesto que no se creaba uno estatal), centralización administrativa de las empresas colectivizadas (que debía quedar a cargo de un Consejo Económico Confederal, encargado también de la planificación). En la resolución sobre planificación se decidía «que no se proceda a la suspensión o cierre de ninguna fábrica o taller, granja, mina, etcétera, sin que previamente se haya logrado encontrar un acoplamiento de trabajo para los productores que podrían quedar en paro si esta condición no fuese tenida en cuenta. Por tanto, el paro no podría producirse en ningún momento por causa de la puesta en práctica de la planificación de la economía confederal». La organización del trabajo en las empresas colectivizadas fue el tema que provocó la discusión más apasionada del pleno. En efecto, el obrero nota la diferencia entre sistemas de propiedad no por afirmaciones abstractas, sino en la manera de realizar su trabajo durante las ocho horas de la jornada. Los enemigos de las colectivizaciones afirmaban que los obreros «colectivizados» trabajaban menos, cosa que negaban los colectivizadores, aunque sabían por experiencia que había obreros que creían que con la colectivización tenían que trabajar menos o que se aprovechaban de la desaparición del amo individual y sus capataces para trabajar menos. Por otra parte, convenía «aplicar normas de justicia y de la mayor igualdad posible en la organización del trabajo». A este fin, el pleno decidió que «no se puede confiar sólo en los principios o sólo en la voz ejecutiva», ni tampoco «dejar al caos el milagro de parir el orden». Había que buscar pues, la «organización responsable». A este fin, se fijaron una normas que, por la importancia de lo que revelan de la experiencia adquirida, merecen citarse: «1°. El trabajo se organizará seleccionando a los obreros que tengan mayor capacidad técnica e historial revolucionario. 2°. En la producción se tomará como tipo inicial el que haga paridad respecto de la producción antigua, sin prejuicio de instaurar normas que rebasen estas posibilidades, según asesoren las demandas económica y tomando como modelo de retribución el porcentaje corriente en aumento equivalente y nunca progresivo. Se liquida el sistema de las horas extraordinarias y sólo en aquellas industrias de perentoriedad rigurosa, ordenada por la guerra, podrá decidir la organización el establecimiento de formas de compensación salarista de sobreproducción, sobreentendiéndose que sólo se hace referencia a las industrias de guerra y en tanto que la guerra dure. 3°. Los consejos Técnicos Administrativos y los de Economía, cada cual dentro de sus limitaciones orgánicas, serán los organismos responsables de la marcha del trabajo. Ellos presupuestarán, contratarán, dirigirán y dispondrán del orden del trabajo, movimiento de unidades productoras, acoplamiento de materiales, gestión financiera, etcétera, nombrando y supliendo consejos de empresa de acuerdo con los trabajadores de las unidades industriales».

Se fijaban otras normas: un «distribuidor de faena» organizará el trabajo y podrá proponer sanciones y hasta el despido de los que asistan tarde o irregularmente al trabajo; el despedido puede apelar al consejo Técnico Administrativo, ante el cual es responsable el distribuidor de faena; si el despido se confirma, al despedido se le proporcionará trabajo en otra empresa, y si en ella repite su conducta «perezosa o inmoral», se le despedirá y ofrecerá trabajo en otra localidad. Si reincide, se registrarán sus antecedentes en su carnet de trabajo. Por otra parte, el consejo Técnico Administrativo llevará un fichero de todos los obreros y empleados. En todos los lugares de trabajo habrá un comité de control sindical, que propondrá los distribuidores de tarea y las sanciones, así como los ascensos, y se ocupará de la propaganda, de la higiene y del «fortalecimiento de los vínculos morales», además de revisar la contabilidad. También se estudiará la posibilidad, en cada empresa, de establecer cooperativas, escuelas primarias y técnicas, educación recreativa, etcétera. Se estudiarán asimismo los accidentes de trabajo y si se comprueba que se trata de simulación se propondrán sanciones; el accidentado de buena fe no deberá experimentar ninguna pérdida económica mientras esté de baja.

Pese a que este pleno estaba desfasado, puesto que trataba de organizar y adaptar instituciones que se hallaban ya mediatizadas por sus enemigos y a las que éstos iban minando, desnaturalizando y desprestigiado, en espera del momento en que pudieran destruirlas, es importante señalar que se esforzó, con su enrevesado estilo, en aprovechar lo aprendido en diez meses de colectivizaciones plenas y seis meses de colectivizaciones mediatizadas; si bien no había ya posibilidad de aplicar la mayoría de las resoluciones adoptadas, éstas reflejaban la experiencia adquirida. Era esta experiencia, a fin de cuentas, lo que quedaría de las colectivizaciones, una vez los comunistas y negrinistas las emascularan y Franco las ahogara en la sangre de los colectivizadores.

10. LAS LECCIONES DEL EXPERIMENTO

El doble precio

Es tradicional que después de un fracaso del movimiento obrero se diga que la experiencia adquirida con él servirá para futuros éxitos. No siempre ocurre así: el fracaso de 1917 no llevó a la unidad sindical ni el de 1934 a la consolidación de la Alianza Obrera. No ocurre lo mismo con las colectivizaciones. Fueron destruidas pero no fracasaron. Se trataba, sin embargo, de un experimento, de una prueba, y como tal han de analizarse y deducir de la realidad las lecciones pertinentes. Lo primero es conocer la realidad tal como fue, desbrozándola de apologías y denigraciones y librándose uno mismo, en este examen, de lo que bien podría llamarse machismo ideológico, de la negativa a reconocer errores y de la tendencia a cargar todas las responsabilidades en otros. Este examen objetivo es lo que se tratará de hacer aquí, en lo referente a los aspectos humanos, psicológicos, de las colectivizaciones.

Toda medida transformadora lleva implícito el riesgo de desorganización, improvisación, errores y, por lo tanto, sufrimientos. Las colectivizaciones pueden considerarse, en este aspecto, como poco costosas, pues gracias al arraigo de la vieja aspiración y a los caracteres del movimiento obrero español —que había preparado a sus militantes porque el Estado no ofrecía ninguna preparación a la masa desposeída—, las colectivizaciones funcionaron mejor que el conjunto de la economía en los primeros años de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa.

Pero hubo que pagar otro precio. Si las fuerzas que hubieran podido impedir las colectivizaciones quedaron deshechas de momento el 19 de julio, se desarrollaron otras que trataron de mediatizarlas y convertirlas en la negación de sí mismas. Estas fuerzas, señaladas en el capítulo 9, iniciaron, después de mayo de 1937, no sólo el desmantelamiento de las colectivizaciones, sino la persecución y calumnia de las fuerzas que las pudieran defender, y la difamación de las propias colectivizaciones. Centenares de obreros fueron asesinados y millares encarcelados por sostener una revolución cuya expresión más clara era la colectivización de los medios de producción. Terminada la Guerra Civil, las colectivizaciones, evidentemente, fueron barridas por el franquismo, que persiguió también a sus defensores y dirigentes. Como en el resto de la represión franquista, las «autoridades» no actuaron por su cuenta, sino por denuncias que recibían. Hubo patronos que al regresar a su empresa se contentaron con ignorar lo sucedido en ella y no ejercieron represalias; fueron la excepción. Otros despidieron a los que formaron parte del comité de empresa y a los que consideraban «rojos», pero no los denunciaron. Otros —la mayoría, sin duda—, denunciaron a los miembros del comité de la empresa que ya volvía a ser suya. Si alguno de los denunciados no se había marchado al exilio, la policía lo buscaba; si había partido al servicio militar republicano, la denuncia acababa llegando al campo donde estuviera prisionero y se le trasladaba a su ciudad de origen, para pasar por un consejo de guerra. Finalmente, hubo algunos casos —excepcionales— en que un miembro del comité de empresa había sido detenido por denuncia de otras actividades y en que su patrón, satisfecho por la buena actuación del comité, trataba de salvarlo, y hasta, si el patrón tenía bastante influencia, lograba sacarlo de la cárcel. El conde de Romanones hizo esto con los miembros del comité de la colectividad de sus tierras de Guadalajara, y hasta volvió a darles trabajo. Rara avis, cierto.

En sus memorias, Francesc Cambó indica que en 1942, «hablando con unos fabricantes llegué a perder el control de mis palabras». Habían comentado el caso de los industriales que, arruinados cuando vino la guerra, se encontraron ricos cuando terminó la contienda, «gracias a la acertada y lealísima gestión del comité obrero que gobernó el negocio. Habían pagado las deudas con la depreciada moneda roja y escondido una buena existencia de mercancías, que después de la guerra los patronos pudieron realizar con un gran margen de beneficios. ¿Cómo no dieron a los obreros una parte importante de la ganancia?». Y Cambó les reprocha que los denunciaran e hicieran encarcelar.

A quien se acusaba sólo de haber pertenecido a un comité de empresa, el fiscal militar le pedía, casi automáticamente, una pena de seis años y un día a doce años de prisión por «auxilio a la rebelión». Pero muchos que formaron parte de comités de empresa eran, además, militantes y tuvieron otras actividades, lo cual aumentaba la pena. En todo caso, a quien fue acusado y detenido sólo por haber sido de un comité de empresa, le tocó permanecer en la cárcel de dos a cuatro años, según la rapidez con que se llevó a cabo su proceso. No poseo cifras sobre cuántos se hallaron en esta situación.

Decía Marx que cuanto más miedo pasa la burguesía, más feroz se muestra en la represión. En España, las colectivizaciones fueron una causa de pánico, porque funcionaron relativamente bien, no fracasaron, y dieron esperanza y combatividad a los trabajadores. La burguesía en las ciudades, los grandes propietarios en el campo, no se contentaron con recobrar «sus» bienes. Se desquitaron, ensañándose con los obreros «colectivizados», por el miedo pasado y también por la humillación de ver que sus obreros hicieron funcionar las cosas tan bien o mejor que ellos. Como muchos miembros de comités de empresa pudieron exiliarse a Francia, desde Cataluña, fueron los obreros los que pagaron. Y como estos obreros eran necesarios para que las empresas recobradas por sus dueños anteriores funcionaran, el ensañamiento no tuvo lugar tanto en prisiones y campos de trabajo, como en las empresas mismas. Las condiciones de trabajo, los horarios y los salarios que se establecieron después de 1939 constituyeron un retroceso de decenios. El sistema «sindical» del franquismo, mala imitación del corporativismo mussoliniano, hizo pagar a los trabajadores el «pecado» de haber querido ser los amos, hasta que creció una nueva generación de obreros y patronos que no habían vivido directamente esta experiencia. A este doble precio que el proletariado pagó por las colectivizaciones correspondió un doble chantaje.

El doble chantaje

Las colectivizaciones fueron mediatizadas, desvirtuadas y habrían sido destruidas, de durar más la Guerra Civil, gracias a un doble chantaje que paralizó a las fuerzas que, de otro modo, las hubieran defendido. Fue este doble chantaje lo que impidió que los trabajadores se negaran a aceptar la mediación estatal primero, la manipulación de las empresas luego, y finalmente la nacionalización virtual de algunas de ellas. El primer chantaje, como ya se explicó, fue el de las armas soviéticas. Los republicanos no se hubieran atrevido a tratar de mediatizar las colectivizaciones de no haber contado con el apoyo comunista. Los comunistas no hubieran podido tomar la iniciativa de la campaña contra ellas ni captar a una parte de la clase media si no hubiesen contado con la «ayuda» soviética. Fue ésta lo que les dio fuerzas para emprender la campaña. Por sí mismos, los comunistas no eran una fuerza, no contaban con núcleos obreros importantes en sus filas, no gozaban de prestigio ni los sostenía una larga tradición de lucha. Aún dando por ciertas las cifras, exageradas, que los propios comunistas ofrecían sobre sus efectivos, éstos no llegaban ni al 2,5 por ciento de la clase obrera organizada; la mayoría de sus militantes no eran obreros industriales. Fue la ayuda soviética —hecha posible por la defección de las democracias capitalistas y por la entrega por Negrín de las reservas españolas a Moscú— lo que dio a los comunistas su fuerza. Como a la URSS no le interesaban las colectivizaciones (por razones diplomáticas y porque mostraban un camino que no era el modelo soviético), los comunistas quisieron destruirlas. Los republicanos, que no hubiesen sido capaces de hacerlo por sí mismos, se unieron a ellos y entre los dos aniquilaron la única experiencia de propiedad colectiva no estatal que había tenido lugar en el mundo.

El chantaje de las armas soviéticas fue posible porque España estaba en guerra civil —la misma guerra civil que hizo posible las colectivizaciones—. La Guerra Civil reforzó este chantaje porque impidió que los obreros lucharan para defender las colectivizaciones. Cuando quisieron hacerlo, pese a todo (en mayo de 1937) sus propios dirigentes les aconsejaron deponer las armas. Luego, desmoralizados por esta lucha perdida sin casi librarla, ya no pudieron recurrir a otros medios, presiones y protestas, porque cualquiera de ellos habría perjudicado el esfuerzo de la guerra y, automáticamente, creado las condiciones para que las colectivizaciones —o lo que quedara de ellas— fueran barridas por el franquismo. Esto finalmente sucedió, pero no por la defensa obrera de las colectivizaciones, sino por razones propias de la diplomacia soviética (comienzo de las negociaciones secretas Stalin-Hitler) y en cierta medida también por la pérdida de la moral de combate causada por la mediatización de las colectivizaciones.

El doble error

La trabazón entre estos dos chantajes muestra que la posesión de los instrumentos económicos no basta para transformar la sociedad. La mediatización de las colectivizaciones y la campaña contra ellas se llevó a cabo mediante la prensa, la radio, la propaganda política, la acción diplomática, la actividad policíaca y hasta la intervención de las fuerzas armadas (en Aragón con las colectivizaciones agrarias). Si todos estos elementos hubiesen estado controlados por los partidarios de las colectivizaciones, no hubieran podido utilizarse contra ellas. Si el 20 o el 21 de julio, en lugar de contentarse con las colectivizaciones espontáneas y los comités de localidad, se hubiese ido a la toma del poder, los comunistas no hubieran tenido ninguna posibilidad de sabotear las colectivizaciones, porque no habría sido posible el chantaje de las armas soviéticas. Con una política extranjera orientada por los colectivizadores, la URSS se habría hallado ante el dilema de negarse a ayudar a la República o ayudarla sin condiciones. En todo caso, no se hubiera enviado a Moscú el oro español y, por tanto, Moscú no habría dispuesto de un «argumento» inescapable para imponer su política y aupar a su partido comunista español.

Las colectivizaciones fueron víctimas indirectas, así, de la confusión entre poder y política. El movimiento sindical había sido en España anticapitalista, lo cual no le había impedido actuar dentro del capitalismo, utilizando los medios de acción que arrancaba al capitalismo para combatir a éste (organización, huelgas, contratos, etcétera). Del mismo modo, aunque se esté en contra de la política (como lo estaba el anarcosindicalismo) y se considere la autoridad tan corruptora como la propiedad privada, no debía renunciarse a utilizar los medios que pudieran arrancarse a la política para combatirla. La mejor manera de disminuir el poder es tomándolo y desde el poder dispersarlo y, al mismo tiempo, utilizándolo para defender esta dispersión y para efectuar su devolución al pueblo.

Ligado con este error inicial hubo otro: el de no atraerse a la clase media. Sin ésta, los comunistas no habrían encontrado eco en sus campañas contra las colectivizaciones, no habrían podido persuadir a Negrín (pues no hubiera visto ventaja para él) que enviara el oro a Moscú y no hubiesen dispuesto de cuadros ni de medios para imponer la política soviética. En todo caso, sin la clase media, hubieran tenido que intentar establecer una dictadura abierta, declarada.

El movimiento obrero, aunque no atacó los intereses mesocráticos, no llevó a cabo una política de atracción de la clase media. Era perfectamente posible, sin perjudicar los intereses obreros y hasta beneficiándolos. Habría podido incorporar a buena parte de la clase media a sus organizaciones, establecer ligámenes permanentes entre las empresas privadas —pequeñas y medianas— y la economía colectivizada, utilizar más en ésta los servicios de los profesionales. En conjunto, no lo hizo, tal vez porque identificaba a la clase media con los peores aspectos de la política y porque había sido la clase media en el poder la que, por causas muy complejas, acosó al movimiento obrero durante la República.

Si el movimiento obrero —el conjunto de las organizaciones obreras y no sólo una— hubiesen tomado el poder en julio de 1936 (en realidad, lo hubiesen aceptado o recogido, puesto que estaba en medio de la calle) la clase media, con su tendencia a ir a remolque del más fuerte, habría seguido al movimiento obrero y los enemigos de las colectivizaciones no hubieran encontrado una base sobre la cual encaramarse y utilizarla como carne de propaganda y de rumores contra la propiedad colectiva.

Incluso la situación diplomática se hubiese aclarado. Mientras en la zona republicana persistió la ambigüedad y el poder no estuvo claramente en manos de unos u otros, los gobiernos extranjeros pudieron mostrarse también ambiguos. Las colectivizaciones, con un poder obrero democrático, que respetara a la clase media y contara con su apoyo, hubieran parecido menos peligrosas que la injerencia soviética. En todo caso, con el oro español en sus manos, el poder obrero hubiera podido conseguir, ilegalmente acaso, lícitamente tal vez, tantas armas (y a mejor precio) como las que Moscú proporcionó y probablemente más, las suficientes para ganar la guerra.

Hubiese sido necesario, sin duda, hacer concesiones. Pero transitorias y, en todo caso, menos destructoras de las colectivizaciones que aquellas con las que hubo que apechugar a la fuerza por la imposición de los comunistas y Negrín.

Este doble chantaje y este doble error —relacionados estrechamente entre sí—, los pagamos todavía muchos años después. No sólo por la pérdida de la guerra y los cuarenta años de franquismo, no sólo por la destrucción de las colectivizaciones en 1937-38, sino también porque las consecuencias de los mismos permitieron durante años que quienes destruyeron las colectivizaciones pasasen la factura a quienes después de 1939 las barrieron. Los comunistas, en efecto, no hubieran podido llevar a cabo la política que hicieron bajo el franquismo y en la transición, no hubieran podido apoderarse de las comisiones obreras fundadas por hermandades católicas, no habrían tenido fuerza para ser coautores de pactos sociales si no hubiesen podido capitalizar, ante las fuerzas más opuestas al cambio social, su papel durante la Guerra Civil. Porque en 1937-38 destruyeron las colectivizaciones, en 1976 se les vio como capaces de impedir nuevas presiones colectivizadoras (con otras formas y otro léxico). Tal vez esta función no la desempeñaron por órdenes de Moscú, sino por vocación. Sea por lo que fuere, su papel después de 1976 se derivó directamente de su papel en la Guerra Civil y ante las colectivizaciones.

Una experiencia «anómala»

Acabo de hablar de presiones colectivizadoras. Tenerlas en cuenta es fundamental para aprovechar la herencia. Las colectivizaciones no fueron decretadas —me refiero a las primeras, del 21-22 de julio de 1936—. No obedecieron a una decisión de arriba. Su carácter espontáneo fue la condición de su éxito. Cualquiera que viviera aquella experiencia sabe esto (aunque ya quedan pocos vivos para explicarla). Es un hecho que no se encuentra en papeles ni documentos, pero que era evidente. Es imposible predecir si surgirán, en el futuro, situaciones en que las colectivizaciones o algo equivalente vuelvan a suceder, o si habrá otras condiciones en que una organización, una institución o un movimiento tratarán de «hacer suceder» de nuevo algo que merezca el nombre de colectivización. Las condiciones favorables para ello no han de ser necesariamente una guerra civil. Pueden derivarse de situaciones imprevisibles. Creo que la experiencia española autoriza a afirmar que para que tengan éxito, las colectivizaciones, la autogestión o como quiera que se las llame en el futuro, han de ser espontáneas, han de responder a decisiones fragmentadas, dispersas pero coincidentes, de los obreros, y no a leyes o programas previos. Desde luego, puede decretarse la colectivización de los medios de producción pero si no responden al deseo de los obreros de ser los amos, si este deseo no existe o si no se siente satisfecho por las colectivizaciones, éstas no tendrán éxito. Las colectivizaciones de 1936 fueron un éxito. Dadas las circunstancias, demostraron lo principal: que los obreros pueden administrar las empresas con igual eficiencia o más que los patronos o gerentes, o los ejecutivos, como se les llama hoy.

Uno de los que, en nombre del POUM, había analizado las colectivizaciones en 1936, Oltra Picó, escribía en 1946, apenas diez años después de la experiencia: «Las primeras trabas a la colectivización las ponían, claro está, los burgueses, aunque después de publicado el decreto sobre las mismas aquellos quedaran reducidos a los de las empresas que ocupaban menos de cien trabajadores. Otro inconveniente ha sido el de las empresas extranjeras y, más aún, el de los sedicentes intereses extranjeros que existían o se simulaban. Ha habido infinidad de capitalistas catalanes y españoles que para salvar o encubrir los intereses propios, no han dudado en ponerlos bajo la salvaguardia de los consulados extranjeros, recurriendo a las combinaciones más extrañas y vergonzosas. Por este procedimiento, en los primeros tiempos se nos han sustraído primeras materias y se han exportado capitales. Luego han podido localizarse los trucos y las trampas que se escondían al amparo de los intereses extranjeros. Otro inconveniente lo constituyeron los intereses de españoles domiciliados fuera de Cataluña y los de los organismos relacionados con el gobierno central. Hubo de excluirse de la colectivización los talleres del Nuevo Vulcano, radicados en el muelle de Barcelona, porque una empresa naviera que dependía del gobierno central se opuso, amenazando a los obreros con privarles de la nómina que normalmente les proporcionaba. El Consejo de Economía tuvo que transigir ante la perspectiva de que dichos obreros quedasen sin salario y tuviera que satisfacerlo la Generalitat. Sin embargo, lo que pudiéramos llamar gran industria, como la textil, metalúrgica y química, fue colectivizada en su mayor parte y se establecieron algunas concentraciones, como el Sindicato Catalán del Plomo, que concentró la producción, transformación y comercio de dicho metal en toda Cataluña, o el Agrupamiento de Empresas Constructoras de Material Frigorífico, que concentró la fabricación, venta e instalación en Cataluña del material frigorífico y tuvo el monopolio de las importaciones, o el Sindicato Productor Metalúrgico, empresa que concentró la fabricación, distribución y venta de básculas, balanzas, muebles metálicos, etcétera. Funcionaron también otras concentraciones de menor importancia. Se gestó, pues, un gran movimiento de concentración, que hubiera podido dar resultados magníficos si se hubiese centralizado pronto su dirección y contado con medios económicos para desarrollarse».

No se puede deducir automáticamente de todo esto que los obreros de 2000 serían tan buenos administradores como los patronos, ni tampoco que deseen ser los amos de las empresas en las que trabajan. Dependería de su tradición de educación sindical, del espíritu militante que el movimiento obrero les hubiera dado. Claro que no basta con el deseo de ser los amos para que las colectivizaciones triunfen, ni tampoco con que los obreros tengan detrás una larga tradición de militancia sindical. La experiencia de 1936 demostró que ambas condiciones existían. Pero fue una experiencia anómala, en condiciones anómalas. Nadie puede saber si, ganada la Guerra Civil y pasadas las tensiones entusiastas que provocó, hubiese persistido el deseo de ser los amos ni si en una situación normal no hubieran surgido conflictos que la presión de la Guerra Civil evitó y que hubiesen podido amenazar las colectivizaciones. De todos modos, una cosa es incuestionable: los obreros pueden administrar las empresas con eficiencia… por lo menos, en el mundo económico de hace más de sesenta años, relativamente simple comparado con el complejo mundo actual, con su mundialización o globalización, sus conglomerados y fusiones y los nuevos medios técnicos de que dispone.

La experiencia de las colectivizaciones no es típica, desde luego, puesto que ocurrió al comienzo de una guerra civil y no es probable que las circunstancias se repitan. Lo que se hizo en España puede servir de antecedente, sí, pero no para que se imite, sino para evitar los errores que se cometieron y para aprender de los aciertos.

Evidentemente, cualquier hipotética experiencia similar debería llegar a unas etapas de su desarrollo que en España no pudieron alcanzarse por falta de tiempo. En este sentido, puede considerarse que la experiencia española es útil, sobre todo, para los comienzos.

Otra lección que cupo aprender es que los comunistas, donde mandaban o influían en quienes mandaban, se oponían a la idea misma de las colectivizaciones, porque daba participación en el poder a los obreros, y los comunistas preferían sacrificar esta participación a someterse a ella, sobre todo si este sacrificio era ventajoso para la diplomacia soviética. Esto fue cierto en 1937 y siguió siéndolo hasta el derrumbe de la URSS. Lo demostraron los comunistas disidentes, como Tito en Belgrado y luego Dubcek en Praga; el primero, al romper con Moscú, utilizó la experiencia española de algunos de sus compañeros que habían estado en las brigadas internacionales para tratar de organizar la industria sobre bases diferentes de las soviéticas, y el segundo, en la Primavera de Praga, en 1968, estaba empezando a aprovechar la lección española para democratizar las empresas estatales, antes de que la URSS interviniera militarmente. En ambos casos, los acontecimientos posteriores hicieron abortar el intento. La experiencia española de 1936 no fue, pues, estéril para el movimiento obrero internacional. ¿Lo fue para el movimiento obrero español?

¿Existen situaciones «normales»?

La Guerra Civil fue seguida por una dura represión, cuyas principales víctimas fueron los trabajadores. El Estado franquista se puso al servicio de los antiguos amos para ejercer represalias. Ya vimos lo que Cambó pensaba de esto. Durante casi cuarenta años, no se habló en España, abiertamente, de las colectivizaciones, salvo cuando lo hacía algún propagandista del régimen, que las presentaba como un «robo» o una «maniobra comunista». Pero hacia los años setenta surgió el interés por las colectivizaciones entre quienes no las habían vivido. Primero entre algunos estudiantes que consiguieron que se les permitiera escribir tesis sobre ellas. El interés se fue extendiendo, en cierto modo en el vacío por falta de documentación. Luego, se las estudió abiertamente, durante y después de la transición y se publicaron libros sobre ellas; así lo que cuando era vivo carecía de «respetabilidad» (los intelectuales catalanes y españoles republicanos, durante la guerra, no se ocuparon de ellas), se volvió intelectual y políticamente respetable. Se publicaron estudios sobre temas inéditos, como el de las colectividades agrarias que mostraban que los campesinos deseaban la tierra, estaban preparados, por sus largas luchas y su organización para explotarla con mayor eficiencia que los grandes terratenientes, además de administrar los municipios rurales mejor que los politicastros locales o los caciques.

En circunstancias normales no habría el dilema de sacrificarlo todo, incluso los experimentos sociales, a la victoria, porque no habría guerra. Deberían hacerse, indudablemente, sacrificios, pero no serían de vida o muerte, sino de comodidad, de mayores o menores ingresos, de más o menos trabajo, y aún estos sacrificios serían sólo transitorios, pues si un sistema de colectivizaciones no pudiera obtener iguales o mejores resultados que la propiedad privada, pero con menos trabajo y más bienestar, entonces no se justificaría.

No ha de creerse, sin embargo, que la autogestión (el nombre que, en los años setenta se dio al equivalente de las colectivizaciones) no encontraría adversarios más que entre los capitalistas. Se plantearía, en cualquier circunstancia, la cuestión del poder (si no con los comunistas, ya desahuciados, sí con los partidos políticos y las organizaciones empresariales). Es decir, se haría evidente lo que lo fue ya en 1936: no basta con controlar la economía o una parte importante de ella; hay que controlar además aquellos mecanismos que pueden oponerse al éxito del experimento: banca, diplomacia, burocracia. Destruyéndolo, substituyéndolo o conquistándolo, el poder es un factor ineludible de la autogestión, si ésta no se reduce a unas cuantas empresas en quiebra. Precisamente ha tenido cierto éxito en algunos casos aislados porque su pequeña escala no amenazaba a los controladores del poder económico o político. En este sentido, puede afirmarse que no existen situaciones «normales», que toda situación que puede ser favorable a una experiencia colectivizadora en gran escala es anómala, ya que no por una guerra, sino por otras circunstancias imprevisibles: crisis económica grave, crisis política grave, desbarajuste de los instrumentos de poder, o —cosa hoy por hoy más improbable— la reaparición de una conciencia obrera que tenga como imperativo el de que los trabajadores lleguen a ser los amos.

Unos casos excepcionales

Los obreros de hoy, y hasta los de ayer mismo, no son como los de anteayer, los de 1936. Éstos, en España, no tenían nada por perder salvo sus cadenas, según la frase de Marx. En realidad, podían perder algo más: su formación sindical, su experiencia de militantes, un siglo de educación obrera acumulada generación tras generación. Las cadenas se han dorado y hoy los obreros tienen miedo de perder la vivienda, el refrigerador, el aparato de televisión, el auto o la moto, y hasta el teléfono móvil, casi todo comprado a plazos con avales bancarios. Si pierden el trabajo, lo pierden casi todo. En cambio, ya no pueden perder la educación obrera, la militancia sindical, la experiencia de generaciones, porque no tienen nada de esto. La sociedad entera, en los países industriales, se ha convertido en una informe miasma mesocrática.

Es precisamente el hecho de que puedan perder estas cosas tangibles y no cuenten con las intangibles lo que ha propiciado algunos casos de algo que podría calificarse de autogestión (o, si se usara la terminología de hace más de sesenta años, de colectivización). Citaré algunos casos que conozco, aunque debe haber más que ignoro.

En México DF, por ejemplo, una fábrica de vidrio quebró, en los años setenta, y para que sus obreros no se quedaran sin trabajo, un sindicato cristiano llegó a un acuerdo por el cual los obreros cobraban lo que les debían de salarios quedándose con la propiedad colectiva (o cooperativa, en lenguaje oficial) de la fábrica. Parece que ha funcionado bien durante unos años, siempre bajo la dirección no de los obreros mismos, sino de directores nombrados por el sindicato, y con ayuda de comités y asambleas.

En Tower, en el País de Gales, una empresa minera del carbón cierra y el Gobierno conservador autoriza, en 1994, que los mineros compren la mina a la empresa quebrada, pagando con sus indemnizaciones de despido. Así, 249 mineros se convierten en dueños de la mina; en tres años, consiguen beneficios, con aumento de los salarios más bajos y supresión de la mitad de los puestos más o menos directivos, la ayuda de los consejos de una empresa de asesores financieros y las decisiones de la asamblea de los mineros. (De esta experiencia se hizo en 1999 un documental anglofrancés, Charbons ardents). Más interesante, porque tiene por escenario el país prototipo del capitalismo ultraliberal, es la iniciativa de un profesor de ciencias políticas John Logue, en Ohio, un estado industrial en decadencia. Fundó el Ohio Employee Ownership Center. En un cuarto de siglo, se ha llegado a que un 8 por ciento de los obreros del sector privado sean propietarios, en todo o en parte, de 11000 empresas norteamericanas, entre ellas algunas tan poderosas como la United Airlines, o la Blue Ridge Paper Products, con 2200 obreros en seis fábricas. Sus directivos afirman que lo que mejora los resultados de una empresa de este tipo no es simplemente que sea propiedad de sus trabajadores, sino los sistemas de participación de éstos y su adiestramiento. Sin embargo, no ha habido presión de estas empresas propiedad de sus trabajadores en el sentido de una actividad más acorde con la ecología, pongamos por caso. Y lo mismo puede decirse de las otras experiencias descritas o de las que existen sin que apenas se conozcan.

Ahí se plantean problemas no tanto técnicos, de administración o economía, como culturales y psicológicos, de formación, educación y visión social, es decir, precisamente donde más profunda es la diferencia entre el obrero de hoy y el obrero de hace sesenta años, entre el asalariado de hoy y el proletario de ayer.

Otro aspecto que no suele tenerse en cuenta es el de los fondos de pensiones norteamericanos, que forman una proporción importante del accionariado de las empresas cotizadas en Wall Street. Estos fondos ejercen una presión financiera y bursátil importante en todo el mundo, y las empresas con las que están relacionados figuran en primera línea de lo que se llama globalización, es decir, una nueva técnica de colonialismo financiero. Que los trabajadores norteamericanos dueños de estos fondos no hayan impuesto que los mismos no participen en el accionariado de empresas que por su actividad perjudican el equilibrio ecológico o el bienestar de los trabajadores de otros países es un indicio claro de la nueva mentalidad de clase media en el que solíamos llamar proletariado.

Todavía otro hecho muy reciente de este cambio de mentalidad es la tendencia de muchas empresas a dar stock options a sus trabajadores, después de haberlas dado desde hace ya mucho a sus ejecutivos. Convertidos así en accionistas de las empresas que los emplean, los trabajadores no tienen ningún interés en ser los amos de las mismas, puesto que, a través de sus acciones, ya se considera parte de ellos.

Se trata, más de medidas de conservación del capitalismo frente a un adversario casi inexistente de tácticas digamos normales en el mundo de los negocios para aumentar la productividad y los beneficios y cuyas consecuencias psicológicas son decisivamente negativas respecto a la posibilidad en un futuro previsible, de presiones colectivizadoras.

Las cuestiones pendientes

Si las colectivizaciones de 1936 hubiesen durado y se hubiera llegado a una situación «normal» ——es decir, si se hubiese ganado la Guerra Civil, lo cual habría entrañado el hundimiento de negrinistas y comunistas— se habrían planteado probablemente problemas que son característicos de cualquier experiencia de este tipo, en cualquier época y lugar. Dejaré de lado los problemas técnicos (financiación, crédito, comercio exterior, modernización del equipo, patentes, etcétera) porque todos tienen soluciones técnicas o jurídicas en cuanto se dispone del poder político o se influye decisivamente en él. Me limitaré a tratar de los problemas culturales o psicológicos, puesto que son, en realidad, los que caracterizaron y diferenciaron la experiencia de las colectivizaciones de 1936 (como se ha visto en los intentos reseñados de México, Gales y Estados Unidos). No habría de transcurrir mucho tiempo sin que se plantease el problema del doble papel de los sindicatos, ya apuntado antes: coordinadores y administradores por un lado, defensores de los obreros por el otro. No hay duda de que o bien debería separarse de los sindicatos su función administradora, o bien crearse otros organismos (que acaso no se llamarían sindicatos, pero que lo serían) encargados de defender a los obreros y ejercer, si fuera necesario, el derecho de huelga, que las colectivizaciones no deberían nunca abolir con el pretexto de que los obreros son los dueños.

No menos importante sería la cuestión de la generalización de las colectivizaciones, que convendría lograr en dos terrenos. Por una parte, deberían englobar todas las empresas importantes (que no cupiera calificar de pequeñas o medianas), incluyendo las de propiedad extranjera. Por otra parte, todos los obreros, incluyendo los que emplearan las empresas colectivizadas, deberían encontrarse al mismo nivel. Debería evitarse a toda costa que las colectivizaciones significaran el comienzo de la formación de una aristocracia obrera, mejor remunerada y con un nivel de vida más alto. Esto podría requerir, en ocasiones, subsidios a las pequeñas y medianas empresas, por paradójico que pareciera, o bien ayuda de las empresas colectivizadas a los obreros de las empresas privadas, o limitación de los beneficios que las empresas colectivizadas pudieran reconocer a sus propios obreros. En todo caso, habría que mantener la homogeneidad del nivel de vida de los trabajadores.

Pequeñas y medianas empresas deberían aceptar y —a la larga esto sería en su beneficio— quedar englobadas en un sistema general de comercio exterior controlado. De igual modo, las grandes empresas colectivizadas, al mismo tiempo que crecieran con fusiones por razones técnicas y de eficiencia, deberían estar dispuestas a fomentar la pequeña y mediana empresa colectivizada en aquellos aspectos de la vida económica en los cuales lo pequeño puede ser más eficaz o más cómodo que lo grande, por ejemplo en el mantenimiento de instalaciones, la reparación, la producción artesanal, a menudo la distribución al público (por más que hoy, con las llamadas «grandes superficies» esto parezca ilusorio). Las colectivizaciones deberían saber evitar —y no sería fácil— las trampas que el capitalismo, con su tendencia a la expansión constante y al crecimiento infinito, se ha abierto a sí mismo.

Como se ve, todos estos problemas serían, pese a su apariencia, más psicológicos que técnicos o estrictamente económicos, puesto que la solución a los mismos dependería de la voluntad, preparación, cultura y tradición de lucha de los obreros y de lo que éstos decidieran en el seno de las empresas colectivizadas, unos, y de los sindicatos, otros.

En cualquier situación, la empresa colectivizada habría de tener bastante flexibilidad para que, aún siendo parte de un sistema amplio, conservara su personalidad. Y ésta debería venir no de lo que produce, sino de cómo lo produce. Habría de estar dispuesta, pues, a arriesgarse para experimentar constantemente con nuevos métodos de producción y trabajo, con el fin de encontrar no sólo una mayor eficiencia, sino también menos aburrimiento y rutina, menos fatiga, más interés humano, más diversidad en el proceso productivo. Si la empresa colectivizada significara simplemente que los trabajadores votan en asambleas sobre la administración y que se llevan a su casa una paga mayor, no cumpliría su función, que consiste, ante todo, en humanizar el trabajo, en que el trabajo contribuya a dar sentido a la vida de los trabajadores. No hay recetas para esto, es cuestión de experimentar, probar, equivocarse, volver a probar, y siempre por iniciativa de los trabajadores.

Esto, a su vez, significa que la empresa colectivizada debería intervenir —como empresa o a través de los sindicatos o de otros medios— en la estructuración de los sistemas educativos y en el fomento de la actividad cultural (pero sin intentar controlarla), para que las nuevas generaciones de obreros «colectivizados» llegaran al trabajo libres de los prejuicios y de la mentalidad que la sociedad capitalista habría dado a los de la generación anterior a la que estableciera la colectivización. Debería saber hacer esto con bastante espíritu libertario para que se pudiera, incluso, llegar al extremo de que la economía colectivizada ayudara a los que escriban o hablen criticándola. El capitalismo lo hace con quienes lo critican; no puede concebirse que algo que, por principio, ha de ser mejor que el capitalismo, fuera menos liberal.

Esto quiere decir que las colectivizaciones deberían tener influencia en la sociedad y que esta influencia no habría de limitarse a la que ejercieran por su mera existencia —que no sería poca— sino que debería ser voluntaria, consciente. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la edad de jubilación, con el deseo de los obreros de más de 65 años de continuar trabajando y con el deseo simultáneo de los obreros jóvenes de seguir ascendiendo? ¿Puede concebirse un sistema de colectivizaciones en el cual los hombres mayores de 40 años encontraran dificultad en que les dieran empleo, en el cual a las mujeres se les pagara menos, por el mismo trabajo, que a los hombres?

En suma, las colectivizaciones, para triunfar, deberían convertirse en el eje y el motor de un cambio profundo de mentalidad, para que se formara a los hombres con el fin de que fueran hombres y no productores y consumidores. Habría que desacralizar el trabajo a la vez que integrarlo a la vida entera, convertirlo en juego y desafío en lugar de rutina. Si las colectivizaciones no transformaran en una aventura la vida de los «colectivizados», si no hicieran posible que, al morir, cada uno de ellos pudiera tener una biografía propia, habrían fracasado, por mucho que hubiesen aumentado la productividad. Las colectivizaciones deberían demostrar no sólo que administran mejor que el capitalismo, sino que saben utilizar mejor los instrumentos que la sociedad capitalista supo crear pero no quiso emplear en beneficio general (o sólo de modo involuntario y de rebote).

En la dudosa hipótesis de que resurgiera el deseo de colectivizar, se plantearían una serie de problemas que si bien existían, en la España de 1936 no se tenía conciencia de ellos. Por ejemplo, los problemas relacionados con la ecología, los recursos naturales, la energía. En 1936 las cosas parecían mucho más sencillas que hoy, aunque entonces hubieran ya echado profundas raíces las contradicciones que decenios después salieron a la superficie.

No nos engañemos, si ahora hubiera colectivizadores, lo más probable es que tendieran a sacrificar el equilibrio ecológico a la productividad, expandir la producción en lugar de fomentar la austeridad, conseguir materias primas a buen precio y vender productos manufacturados a alto precio. Educados por el capitalismo versión siglo XXI, estos «colectivizados» verían como virtudes lo que son los vicios del capitalismo. Les faltaría tradición de lucha y educación obrera y les sobrarían hipotecas.

Es ahí donde la política, el poder y su consecuencia, la capacidad de planificación, tienen un papel fundamental. Las colectivizaciones deberían ser libertarias en el ámbito de trabajo, de empresa, y el espíritu libertario debería inspirar cuanto hicieran y propusieran. Pero la economía —capitalista o colectivista, tanto da en este caso— exigiría cada vez más medidas que sería ingenuo creer que se aplicarían voluntariamente, medidas de austeridad, de reducción del consumo de energía y de substitución de materias primas no renovables por las renovables, incluso si esto significara aumentar el costo y encoger el consumo y los beneficios. Pasar de una sociedad de productores que consumen para producir a una sociedad de seres humanos que producen y consumen para vivir como seres humanos, exigirá, cuando quiera que sea, austeridad. No es seguro, ni mucho menos, que la simple convicción —si existiese— de la necesidad de la austeridad bastara para que se aceptara y se adoptaran las medidas precisas para conseguirla. Si no bastase, ¿qué se haría? ¿Se continuaría con las contradicciones capitalistas, trasplantadas a una sociedad de colectivizaciones? ¿Se continuaría, para asegurar el éxito de las colectivizaciones, explotando al Tercer Mundo y poniendo en peligro el bienestar de las generaciones futuras? ¿Se seguiría con las obsesiones del auto, la moto, la segunda residencia, las vacaciones en masa y lo que llaman «sociedad de la comunicación», nombre engañoso, porque cada vez hay menos comunicación entre los componentes de esta sociedad?

Si las empresas colectivizadas hubieran de llevar el peso de la planificación, deberían estar dispuestas a mantener a toda costa la democracia en su seno y a utilizar su influencia para conseguir la austeridad sin la cual su experiencia fracasaría, no porque administraran peor, sino porque su administración sería miope y egocéntrica, como lo es la capitalista.

¿Capitalismo sin capitalistas?

Unas colectivizaciones que no abarcaran lo esencial de la economía industrial se verían forzosamente reducidas al papel de empresas capitalistas sin capitalistas, puesto que deberían existir en una sociedad capitalista, en la cual el capitalismo impondría sus sistemas de producción, de distribución, de capitalización.

De igual modo, unas colectivizaciones, incluso amplias, en un solo país rodeado de un mundo capitalista, a menos de aceptar cuanto entraña el capitalismo, se verían forzadas a ser, de puertas afuera, un capitalismo sin capitalistas. Podría haber democracia y autogestión de puertas adentro, en el interior de cada empresa y hasta en la planificación de la economía nacional (en la angosta medida en que todavía hay economías nacionales), pero no habría otro remedio que aceptar las reglas del juego capitalista a la hora de exportar, de adquirir materias primas, de buscar financiación internacional o de contratar patentes.

En cierto modo, estas realidades internacionales —cada vez más poderosas a medida que avanza lo que se llama globalización—, quedarían fuera del alcance de los colectivizadores. Colectivizar en un país podría cambiar a la larga la sociedad de este país, pero no cambiaría la sociedad del resto del mundo. Cierto que una experiencia con éxito acaso fomentaría intentos similares en otros países, mas esto sería aleatorio y a muy largo plazo.

Habría, sin embargo, otros aspectos de las colectivizaciones que dependerían de los colectivizadores y que no deben olvidarse, aunque no se presentaran en la España de 1936. Si se desea que en un futuro hipotético las colectivizaciones tengan éxito, deben tomarse en cuenta estos aspectos, buscar de antemano la manera de injertar en las colectivizaciones garantías y «vacunas» contra los peligros que entrañarían, pues estos aspectos constituirían, por decirlo así, contagios o infecciones procedentes del mundo capitalista, del sistema dentro del cual y frente al cual se formaron las empresas colectivizadas y los obreros colectivizadores. Una cuantas preguntas bastarán para hacer comprender el alcance y la importancia de estos aspectos y de los peligros que entrañarían si no se encontraran las respuestas adecuadas.

Imaginemos una economía cuyas industrias clave estuvieran colectivizadas y la mayoría de cuyos obreros trabajaran en empresas que hubieran pasado a ser suyas. ¿Estarían dispuestos a sacrificar una parte de sus beneficios para evitar la contaminación del agua y del aire, para no alterar con sus productos o con sus métodos de producción el equilibrio ecológico? ¿Querrían prescindir de ciertas materias o artículos perjudiciales para la ecología o el hombre, como los aerosoles y muchos plásticos? ¿Renunciarían unos laboratorios colectivizados a producir un medicamento de mucha venta pero de dudoso valor curativo? Una empresa colectivizada de alcoholes, ¿procuraría aumentar su producción, y, por lo tanto, fomentar el alcoholismo, o una de cigarrillos haría publicidad del tabaco? ¿Renunciarían las colectivizaciones agrarias de ciertos países a cultivar, pongamos por caso, la amapola de la que se saca el opio? ¿Qué ocurriría con una cadena hotelera colectivizada: seguiría tratando de fomentar el turismo de masas, pese a que perjudica el entorno, el paisaje y hasta la economía? Las empresas colectivizadas que fabricaran artículos de consumo ¿continuarían haciendo publicidad de los mismos, contaminando la prensa, la radio y la televisión (y ahora el internet) con sus anuncios? ¿Se resignarían los obreros de una empresa colectivizada de automóviles a disminuir la producción de turismos y reinvertir sus beneficios en la producción de otras cosas más necesarias y menos nocivas que los autos particulares? Una empresa transportista colectivizada ¿renunciaría a buscar más carga, para dejar que los ferrocarriles aumentaran la suya y, así, pudieran mejorar su servicio a los pasajeros? Una empresa constructora colectivizada ¿se resignaría a que no se construyeran más autopistas, perjudiciales para la economía e innecesarias en una sociedad con pocos automóviles particulares? Cualquier empresa colectivizada ¿establecería escuelas de aprendices, por ejemplo, para adiestrar a los obreros inmigrantes, con el fin de que ganaran tanto cómo los locales?, ¿resistiría a la tentación de dar a estos obreros los trabajos más penosos, que los demás desdeñan? ¿Qué haría una empresa colectivizada que empleara materias primas producidas en otros países por obreros mal pagados o sometidos a trabajos forzados o a servidumbre? ¿Se negarían a utilizar, aunque esto significara perjuicio económico, productos de un país bajo dictadura? ¿Aceptarían pagar más impuestos para ayudar al desarrollo del Tercer Mundo y a que se pusiera en condiciones de hacerles la competencia y hasta, con el tiempo, de tener sus propias empresas colectivizadas? ¿Persistiría una empresas colectivizada en fabricar botellas y envases de plástico, aún sabiendo que son perjudiciales para el entorno y cuya fabricación consume cantidades desproporcionadas de energía y de materias primas no renovables? ¿Qué papel se daría al consumidor en decidir lo que las empresas han de producir, la fijación de precios, etcétera? ¿Querrían los obreros colectivizados sacrificar una parte de sus beneficios para dar trabajo a obreros en paro, o para salvar empresas deficitarias aunque necesarias? ¿Estarían dispuestos a reducir la jornada de trabajo, incluso si con ello redujeran sus ingresos, para dar empleo a obreros en paro forzoso? ¿Aceptarían que una parte de sus beneficios se empleara en sostener laboratorios y en fomentar la investigación no tanto para aumentar la productividad como para mejorar la calidad y encontrar formas de producción menos onerosas para los recursos naturales? ¿Lograrían hacer desaparecer esos vicios capitalistas que son las horas extras, el trabajo a destajo y las primas a la producción? ¿Qué ocurriría con una empresa siderúrgica colectivizada si recibiera contratos de armamento para una dictadura, un gobierno racista o un país que utilizara esos armamentos para aplastar una revolución? ¿Una empresa naviera colectivizada, se negaría a llevar productos a un país con dictadura?

No se diga que nada de esto se plantearía porque la mentalidad de los obreros «colectivizados» sería distinta o que los sindicatos evitarían que estas cosas se plantearan o les darían adecuada solución. Los obreros «colectivizados» —hay que seguir repitiéndolo— tendrían una mentalidad condicionada por el capitalismo, por el descenso ya visible ahora del peso del movimiento obrero en la sociedad, verían el deseo de poseer más y de ganar más como los dos objetivos que las colectivizaciones deberían satisfacer y que les darían su razón de ser. Eludir estas cuestiones, ignorarlas o echarlas de lado con un «los sindicatos lo resolverían» o con un «hablar de esto es hacer el juego a los enemigos de las colectivizaciones» no serviría de nada. Las cuestiones seguirían ahí.

De hecho, son las mismas cuestiones que han llevado al capitalismo a la crisis disimulada con huidas hacia adelante como la globalización, la «sociedad de la comunicación» y otras penosas zarandajas. Precisamente porque el capitalismo no puede encontrar solución a su crisis fundamental —la de razón de ser, hoy— las colectivizaciones pueden llegar a verse como necesarias, un día. Pero a condición de que aporten las soluciones que el capitalismo no sabe ya proponer y no que sean un capitalismo sin capitalistas y nada más.

No son cuestiones fantasiosas. Sólo reconociendo su realidad se pueden buscar a tiempo las soluciones propias de los obreros de la época y la sociedad en que se planteen. Estos pueden ser los amos de verdad sólo si saben resolver los problemas que los capitalistas no solucionan. Administrar mejor no basta. Precisa —cuando sea y en las circunstancias que sean— poner la economía al servicio del hombre. Ésta habría de ser la misión de las colectivizaciones, aparte de la contingente de resolver problemas inmediatos —la paga del sábado siguiente en 1936, el paro en la actualidad—. Y esta misión sólo puede cumplirse viendo los problemas y dejando de tener miedo a las palabras.

La puerta abierta

Parece evidente que la oportunidad de colectivizar empresas no vendrá como consecuencia de una hecatombe social o de una «noche histórica», sino a través de cambios parciales, de tensiones cada vez más fuertes en la sociedad y de la agravación de las condiciones económicas, hoy disimuladas bajo la fraseología rimbombante de la mal llamada «economía liberal». Conviene, pues, que los partidarios de mejorar las condiciones reales mediante un cambio en la estructura de la propiedad ejerzan ya desde ahora, cuando son muy minoritarios, presiones para que se abran puertas hacia el futuro.

En términos prácticos esto quiere decir que hay que procurar que las leyes no contengan nada que haga imposibles las colectivizaciones, aunque no sea seguro, ni mucho menos, que éstas puedan alcanzarse de un modo estrictamente legal. Hay que esforzarse para que constituciones, leyes de trabajo, códigos y reglamentos no contengan obstáculos legales y, en cambio, contemplen la posibilidad de que las formas de propiedad de los grandes medios de producción pasen a manos de los obreros.

Que esta ahora hipotética posibilidad sea realidad algún día dependerá de la acción de lo que quede del movimiento obrero y en especial del sindical. Si los sindicatos no se limitan a la defensa de los intereses inmediatos de sus afiliados, sino que extienden su acción a presionar para que se abran esas puertas, para mantenerlas luego abiertas y aprovechar más adelante las oportunidades que se presenten, entonces las colectivizaciones, cuando lleguen, entrañarán menos sacrificios y menos lucha. Habría que conseguir un consenso de todas las centrales sindicales y de sus internacionales acerca de sus objetivos finales, colocando en primer plano la colectivización de los medios de producción importantes y descartando las nacionalizaciones, como falsa solución a los problemas de la economía. Habría que presionar para que se municipalizaran, lo más pronto posible, los servicios públicos, el suelo urbano y la vivienda, con el fin de evitar a las futuras colectivizaciones las cuestiones de competencia que se suscitaron en España en 1936. Habría que conseguir para los sindicatos y las organizaciones de consumidores un papel no meramente consultivo en el sistema de planificación económica que eventual e inevitablemente habrá que establecer, cuando se desvanezcan las ilusiones de la globalización y otros trucos de las cúpulas capitalistas. En las pocas empresas nacionalizadas o de propiedad estatal que todavía existen habría que conseguir una fuerte representación de sus obreros, además de darles más autonomía, y oponerse sistemáticamente a su privatización.

Habría que ligar más estrechamente el movimiento obrero, especialmente el sindical, con la clase media, mucho más numerosa cada día, haciendo que los sindicatos promovieran auténticas organizaciones de consumidores y de vecinos. Dado el crecimiento de las sociedades anónimas —muchas de ellas con acciones en poder de fondos de pensiones— no estaría de demás que se estudiase el modo de que estos fondos y los pequeños accionistas no salieran perdiendo con las colectivizaciones y que, por tanto, no tuvieran motivo para oponerse a ellas.

Habría que abrir puertas, cierto, pero, además, habría que preparar a los obreros para que, llegado el momento, tuvieran la ambición de trasponer el umbral de estas puertas y estuvieran educados para hacerlo con éxito. Es decir, el movimiento sindical debería aprender de sus viejas tradiciones, ampliarse con ateneos, bibliotecas, editoriales, escuelas, etcétera e ir creando sus propios técnicos, que fueran delineando todos los posibles modelos de situaciones en que las colectivizaciones pudieran encontrarse y las soluciones a las mismas. Los obreros decidirían espontáneamente, a la vista de las circunstancias, si deseaban colectivizar o no; si lo hicieran por la afirmativa, deberían disponer de planes de acción que les evitarán los riesgos de la improvisación y que capitalizaran la experiencia de 1936 y de las nacionalizaciones europeas de después de la II Guerra Mundial. Saber que disponían de estos planes incitaría a aspirar a la colectivización.

En este terreno, el optimismo sería un lujo que los obreros no podrían permitirse. Ni suponer que todo se resolvería gracias a la capacidad de improvisación de los trabajadores, ni creer que los hombres son buenos por definición y que, por tanto, los obreros «colectivizados» actuarían con desprendimiento, generosidad y acierto.

Si no lo fueran, no por ello debería desperdiciarse la oportunidad de colectivizar, caso de presentarse. La única manera de no despilfarrar esta ocasión consistiría en tenerlo todo preparado, partiendo de la suposición de que los obreros estarían corrompidos por el nuevo tipo de capitalismo —más corruptor que el actual o el del pasado—. Por tanto, habría que tener pensadas las garantías y protecciones contra las consecuencias de esta corrupción. Si los obreros resultaran, a la hora de la verdad, mejores de lo que el capitalismo trató de hacerlos, miel sobre hojuelas.

En todo hombre hay siempre, por decirlo en términos religiosos, una parte de ángel y otra de diablo. Es un hecho que los novelistas saben desde siempre, pero que las ideologías tienden a ignorar. Hay que saber descartar el maniqueísmo de las ideologías, aceptar que no todos los adversarios de las colectivizaciones son diablos ni todos sus partidarios son ángeles, y que en unos y otros hay parte de diablo y parte de ángel. El capitalismo saca a flote y marca la dirección a la parte diabólica de cada uno. Las colectivizaciones, y todo lo que entrañarían o y cambio en la sociedad, deberían sacar a flote y marcar la dirección a la parte de ángel. Pero sin olvidar nunca que la parte de diablo seguirá siempre ahí, acechando.

Nada de esto es sencillo. Mucho va en contra de las convicciones ideológicas, de las ideas recibidas y de los prejuicios que llamamos «sagrados principios». Superar todo esto parece un precio pequeño comparado con el que pagaron los obreros «colectivizados» de 1936 para legarnos su lección, para darnos lo que más necesita y necesitará el movimiento obrero, en este nuevo siglo: una esperanza que no se base en la fe, sino en la razón y en la confianza fundada de que todo estará preparado cuando llegue la hora de convertirla en realidad.

LOS COLECTIVIZADORES TIENEN LA PALABRA

Siete entrevistas

Estas siete entrevistas se hicieron cuando Franco todavía reinaba. Por esto algunos de los entrevistados, que andaban medio ocultos, pidieron que no figurara su nombre. Otros, en cambio, permitieron que se usara su nombre, pues ya era bien conocido en 1936 y ocultarlo habría sido frívolo. Los entrevistados, en el momento en que anoté y grabé sus recuerdos, bordeaban los setenta años. En un caso, la muerte impidió realizar la entrevista ya concertada, que debía versar sobre las industrias de guerra. En otro caso, las circunstancias del momento me impidieron visitar al que quería entrevistar, que accedió a hacerse él mismo la entrevista y mandarme por escrito sus respuestas. Debo a todos los entrevistados mis excusas por haber demorado tanto la publicación de lo que explicaron; las razones las he expuesto en la introducción.

No se ha eliminado lo que los entrevistados contaron de su propia historia personal y de su actividad militante, pues sin estos antecedentes no habrían sido capaces de colectivizar ni hubieran deseado serlo.

Uno de los problemas que surgió, en el curso de estas entrevistas, fue el de la tendencia a la novela rosa. Quienes participaron en las colectivizaciones hubieron de escuchar tantas críticas e injurias, durante la última parte de la Guerra Civil, y tantas calumnias una vez terminada la contienda, que inconscientemente, cuando hablaban de sus experiencias adoptaban una posición defensiva, que se traducía en el deseo de presentar todo lo hecho como perfecto, de negar o minimizar disputas, problemas, contradicciones, errores o falla. Hube de insistir mucho para que hablaran de esos aspectos, sólo en apariencia negativos. En todo caso, la transcripción de las entrevistas grabadas ha sido respetada íntegramente, incluso en aquella tendencia de muchos autodidactas a un lenguaje algo alambicado. Los detalles, en apariencia nimios, abundan y dan un valor especial a estos recuerdos. Y sus recuerdos eran muy vivos.

Como dijo uno: «Fue lo mejor de toda mi vida».

LOS LADRILLEROS

En 1936 yo era militante de la sección de ladrilleros del sindicato de la Construcción de la CNT. Había entrado en el Sindicato cuando tenía catorce años y trabajaba en las minas de La Unión, cerca de Cartagena. Unos compañeros de trabajo me convencieron de que me afiliara a un centro en el cual había anarquistas y socialistas, llamado Avance Obrero. Fue un tal Mora quien me hizo simpatizar con las ideas. Pasó que hubo una inundación en la mina. Mora era entibador, de los que ponen los postes de madera para que el techo de las galerías no se derrumbe. El capataz no quiso creernos cuando le dijimos que comenzaba a caer agua del techo, se quedó en la galería y murió ahogado. Pues bien, la compañía, que sabía que Mora estaba bien preparado en eso de las ideas, le propuso ser encargado, y él aceptó, lo cual asqueó a muchos. A mí se me ocurrió hacer un artículo sobre esto. No tenía capacidad, porque no había ido a la escuela y apenas si sabía escribir. Pero con ayuda de un amigo me puse a hacer el artículo y se lo entregué a un tal Anselmo, que publicaba un semanario que se llamaba El Despertar del Obrero. Eso sería poco después de que fusilaran a Ferrer i Guardia. El artículo se titulaba «Un compañero arrepentido». El Mora lo vio cuando los chiquillos voceaban el semanario a la salida de la mina. Vino y me dijo: «¿Tú has escrito esto?».

«Pues sí». «Pues no está bien». «Pues yo creo que sí», le digo. «Porque si yo tengo un maestro y este maestro claudica en las ideas que me ha enseñado, a pesar de ser su discípulo y de no ser tan inteligente como él, tengo derecho a llamarle la atención y a decirle que por lo que toca a mí, ha fracasado». «Pero si yo soy el mismo», me replicó. «No, que no eres el mismo, porque aprietas a los trabajadores». Se puso furioso y rompimos las amistades. Un tal Federico Bravo formó en La Unión un Centro Republicano que quería atraer a los afiliados a Avance Obrero. Pero vinieron Libertad Ródenas y Salvador Seguí a dar una conferencia y todos nos animamos. Bravo desafió a Seguí a una controversia. La ganó Seguí, claro, porque era un as. Y el Bravo decía luego que el pueblo era desagradecido, pues escuchaba más a un forastero que a uno de allí mismo. Otra vez vino un tal Casiano no sé qué a dar unas conferencias. Los mayores habían escuchado muchas y se dieron cuenta de que sabía hablar. Para entonces éramos unos siete mil socios en el Avance. Casiano estuvo dos o tres semanas, lo alojábamos, le dábamos de comer y unas pesetas por cada conferencia. Hasta que un día, al sacar la cartera para enseñar no sé qué, se le cayó una estampita con el Corazón de Jesús. Esto nos escamó y lo llevamos a la secretaria del Centro, donde confesó que se dedicaba a dar conferencias para pagarse los estudios. Era seminarista…

Luego vino la crisis y una huelga en una fábrica. Había muchos parados. Para apoyar a los huelguistas hicimos mítines en los llanos del Vear. Una chica llevaba una bandera, camino del mitin. Un teniente de los civiles, furioso al verla, sacó el sable y cortó el palo de la bandera. Por poco le corta el brazo a la muchacha. Luego, una comisión del Avance fue a la fábrica a tratar de convencer a los esquiroles que dejaran el trabajo. La recibieron a tiros. Siete muertos, todos obreros. Pero se ganó la huelga.

Había muchos parados, ya lo dije. Reclamamos en Cartagena, porque La Unión no era municipio. Vino el alcalde, nos echó un discurso diciendo que había que hacer carreteras para dar trabajo, y le propusimos que fuéramos todos a pedírselo al gobernador. Él dijo que sí y fue a subirse a su auto. «¡Qué va! Usted se viene a pie con nosotros». El gobernador prometió carreteras, pero nada. La gente, entonces, comenzó a marcharse del pueblo. Yo fui al servicio militar y al terminarlo, no quise volver a La Unión, porque no hubiese encontrado trabajo, y me vine a Barcelona, a donde ya había ido mi familia. Conseguí trabajo acarreando arena de la playa, y luego un empleo en el tren de vía estrecha, el de Magoria. Pero me marché porque a la hora de cobrar me dijeron que el salario de las dos primeras semanas se quedaba de depósito. «Si trabajo quiero cobrar» les dije. Me dieron el dinero, pero se acabó el empleo. A todo esto, yo estaba en el sindicato de la CNT, entré en el de la construcción cuando conseguí trabajo en una bóbila, una ladrillería de la carretera del puerto, propiedad de tres o cuatro hermanos, Piulachs creo que se llamaban. La estaban construyendo. Cuando se terminó, uno de los hermanos me dijo que me quedara como carretillero, y luego me pasaron a enfornador, o sea, el que mete los ladrillos en el horno.

En 1922 vino la primera huelga de ladrilleros. Duro bastante, hubo choques con la policía y un par de muertos. Muchas bóbilas firmaban las bases y la gente volvía al trabajo, pero en las que no firmaban continuaba la huelga. La hubiéramos ganado por completo, de no haber venido la dictadura de Primo de Rivera. Clausuraron el sindicato, y aunque seguíamos controlando algo a la gente, no era lo mismo que antes, los patronos se olvidaron de las bases y los ladrilleros que estaban aún en huelga tuvieron que regresar al trabajo.

Durante toda la Dictadura, el sindicato siguió funcionando ilegalmente. Unos cotizaban, otros se reunían. Pero no era lo mismo, porque al venir la Dictadura, a los que formábamos el comité del sindicato nos detuvieron. Fue la primera vez que me enchironaron. Estaba en mi casa, extendiendo un carnet, pero me di cuenta de que llegaba la poli y pude echar debajo de un mueble el carnet aquel y otros papeles del sindicato. La policía de entonces no era como la de ahora, tan científica. No miraban por todas partes: Con tenerlo a uno en la cárcel les bastaba. «Que se venga detenido. Hay una denuncia contra usted». Me amarraron las manos a la espalda y en tranvía a la Jefatura. Pagaron ellos. Ya en la Jefatura, me dijeron: «Aquí no se mata a nadie, como dice tu periodicucho de la Soli. Pero si no nos cuentas la verdad, te vamos a pegar cuatro tiros». No llegaron a pegarme, ni tiros ni mandobles, ésta es la verdad Me llevaron a la Modelo como preso gubernativo. Nueve meses.

Cuando me soltaron, sin decirme por qué, me fui a la bóbila y el capataz me dijo: «Usted no puede trabajar aquí». «¿Por qué?». «Pues porque tiene sus cosas». «¿Mis cosas?: ¿Y qué son mis cosas?». «Pues eso, sus cosas». De ahí no pude sacarlo. Claro que sabía que yo había sido del comité de huelga y esto bastaba ¿no? En la bóbila había otros tres represaliados por la huelga. No nos daban trabajo en ninguna ladrillería. Por fin nos decidimos a montar un negocio nuestro. Bueno, una cooperativa, en Montmeló. La cambiamos al cabo de un tiempo a L’Hospitalet, porque en Montmeló había problemas de comunicaciones. Recogimos a todos los represaliados, unos treinta o cuarenta, y así fuimos tirando hasta el año treinta y seis.

Claro que hubo otras cosas. Con la República, en una huelga de la construcción, nos metieron al bote a unos cuantos de la cooperativa. El bote esta vez no era la Modelo, sino un barco, el Uruguay. Estuvimos mes y medio, también de gubernativos. El 19 de Julio, todos los de la cooperativa anduvimos en la lucha, allí donde nos dijeron. Y luego, cuando el sindicato dio orden de volver al trabajo, volvimos a la bóbila. Inmediatamente, como hubo dueños que no comparecieron, se colectivizaron algunas bóbilas y luego todas. Lo primero que hicimos fue acabar con los que llamábamos burgueses de blusa, obreros que trabajaban a destajo y que empleaban a otros obreros para ayudarles y les pagaban menos que a los trabajadores sindicados. Cuando se colectivizaron las bóbilas todos entraron a trabajar. Había puestos de sobra, porque muchos chicos se marcharon al frente, con las milicias.

Había unas veinte bóbilas en Barcelona. Algunos patronos, los de morro más fuerte, se marcharon, y los demás se quedaron en su casa. Hicimos un estadillo para que constara todo lo que encontramos en el momento de colectivizar: tierra, ladrillos hechos, combustible. El comité de la sección de ladrillería del sindicato visitó a todos los dueños que no se habían marchado, para comunicarles que sus bóbilas quedaban colectivizadas. Algunos pusieron reparos, otros dijeron que fracasaríamos, la mayoría se contentó con encogerse de hombros y comentar que estaba bien, que qué se le iba a hacer.

En cada bóbila, el primer día los trabajadores nombraron en asamblea a un comité. Luego, cuando el sindicato intervino, estos comités nombraron una comisión de ladrillería para toda Barcelona. El comité de cada bóbila anotaba la producción que no realizaba, la tierra y el combustible que se gastaban, lo que se necesitaba, y de acuerdo con el delegado del sindicato, pasaba estos estadillos a la comisión de Barcelona.

Con los dueños había una tasa mínima de producción. La quitamos, pero como hubo algunos aprovechados, volvimos a ponerla, por acuerdo de las asambleas. A los obreros no les gustaba que no hubiera tasa, porque como querían producir tanto o más que antes, si alguno se aprovechaba de que ya no hubiera tasa, los otros tenían que trabajar más. Bueno, pues volvimos a poner la tasa, pero teniendo en cuenta la edad y el estado de salud de cada cual, de modo que nadie tuviera que trabajar más de lo que podía. Antes había ladrilleros muy fuertes o que con muchos apuros hacían 700 u 800 tochas al día. Nosotros pusimos un mínimo de 400. La producción aumentó, porque el obrero trabajaba con ánimo, pues comprendía las ventajas de la nueva situación. Muchos producían más de la tasa. Y no porque se les pagara más, pues no se trabajaba a destajo, y lo mismo ganaba quien producía 600 tochas que quien sacaba 400. Era el estímulo, la ilusión de trabajar para la colectividad. Los salarios se aumentaron algo, no mucho, y se suprimió el destajo, Todos cobraban su salario, y si producían más, no cobraban más. A pesar de esto, ya lo dije, muchos producían más.

Yo formé parte del comité de mi bóbila y del comité de ladrilleros de Barcelona. Así pude darme cuenta de cómo funcionaban las cosas, cosas que antes, como simple obrero, no veía. Por ejemplo, la paga. No teníamos dinero para pagar el jornal hasta que cobrábamos por las tochas entregadas. La Generalitat abrió un crédito, garantizado con los ladrillos que había ya producidos cuando colectivizamos. Al venderse los ladrillos y cobrarse, se ingresaba el dinero en el banco y éste descontaba el crédito avanzado.

Los beneficios también se ingresaban en el banco, pues acordamos mecanizar todas las bóbilas cuando hubiera bastante dinero. Sólo tres, propiedad del Fomento de Obras y Construcciones, estaban mecanizadas ya antes de la colectivización; las otras, todas a mano, como hace siglos. Claro que la mecanización habría tenido que ser después de terminar la guerra, pues de momento hubiera sido absurdo comprar al extranjero máquinas para hacer ladrillos, mientras se necesitaba comprar comida y armas. Pero la guerra terminó mal y todo quedó en proyecto y nuestra cuenta en el banco muy llena…

Con la guerra se construía poco, por lo cual había déficit en algunas secciones del sindicato de la construcción, que no podían pagar los jornales enteros o comprar lo que hiciera falta, y entonces las secciones con beneficios adelantábamos dinero a las que tenían pérdidas.

Entre los patronos ladrilleros no hubo ninguna baja, no se mató a nadie. Cuando terminó la guerra, esos patronos se incautaron de todo lo que había en el banco. Yo ya no estaba, porque me habían mandado a hacer fortificaciones y el final de la guerra me pilló en el frente, lo que me permitió escabullirme. Creo que entre todos los patronos se repartieron lo que había en el banco, de modo que los beneficios hechos durante la colectivización acabaron en sus bolsillos. Además, se quedaron con todo el material que había en las bóbilas y con las mejoras hechas en ellas, que fueron importantes: duchas, locales para cambiarse, algunos sistemas de trabajo más humanos, que exigieron obras y reformas.

No sé si hubo patronos que denunciaron a los comités. Lo que sí sé es que algunos miembros de los comités que no pudieron marchar a Francia acabaron en la cárcel, y otros tuvimos que escondernos, cambiar de residencia y nombre. Esto, en los primeros momentos, no fue muy difícil, porque no existía entonces el DNI ni nada parecido. De todos modos, muchos tuvieron que dejar el trabajo, porque no estaban seguros de que no los detendrían si se presentaban a trabajar.

Para acabar, diré que lo que hicimos fue sólo el comienzo de lo que esperábamos hacer: no sólo humanizar el trabajo, organizarlo de acuerdo con los trabajadores, a su gusto, sino mejorar la calidad, bajar los precios y hacer que las bóbilas contribuyeran a una mejora general del alojamiento de los trabajadores. Esto es lo que queríamos conseguir. Y si hay ocasión, en el futuro, es lo que haremos, o harán los que estén. Según lo que sé, los ladrilleros de hoy no vivieron lo de las colectivizaciones pero han oído hablar de ellas y estoy seguro de que si pudieran no querrían ser menos que sus compañeros de 1936.

X. X.

LOS GRANDES ALMACENES Y LAS MINAS DE POTASA

Para entender lo que sucedió en julio del 36 hay que tener en cuenta dos hechos: que la República fue muy moderada, en lo social, lo que desilusionó a muchísimos obreros, y que el 19 de julio fue el pueblo, mal armado, el que venció a los sublevados.

En la confusión de los primeros momentos, cuando no se sabía lo que ocurría en el resto de España, los sindicatos catalanes declararon una huelga general, que todos hicieron. Terminada la lucha en Barcelona, terminó la huelga general. Entonces se vio que el pueblo, sintiéndose vencedor, quería hacer lo que la República no había hecho. Se crearon de inmediato, por los sindicatos, los comités de barrio, para velar con el fin de que no hubiera especulación con los alimentos, se organizaron cocinas comunales para alimentar a quienes estaban todavía en las barricadas.

Antes de continuar, debo hablar de mi propia formación revolucionaria. Creo que se nace o no se nace revolucionario. No se aprende en la escuela a ser revolucionario. Ciertos hechos pueden sacar a flote tendencias que existen en la personalidad de uno, aunque hasta ese momento no se hayan manifestado. Pero si la tendencia no existe, los hechos no pueden crearla.

Nací en 1917, en una familia obrera. Tenía yo apenas cuatro años cuando vi en la puerta de mi casa a un amigo de mi padre, ensangrentado, muerto por los pistoleros de la patronal. Esta imagen no me ha dejado nunca, a pesar de que desde entonces he tenido ocasión de ver a muchos otros muertos.

A los once años, parecía mayor que mi edad y por esto mis padres me pusieron a trabajar. Empecé como botones en un hotel de lujo. Comenzaba la jornada a las ocho de la mañana y la terminaba a las once o las doce de la noche. Estábamos en plena Exposición Internacional de Barcelona de 1929. No podía no haberme fijado en la diferencia entre quienes iban al hotel y quienes vivían en mi barrio. Recuerdo a un equipo de rugby inglés, que vino a jugar al estadio de Montjuic, y cuyos componentes se divertían tirando al suelo monedas de peseta, para ver como los botones íbamos a gatas buscándolas. Furioso, me metí en el cuarto de las calderas para llorar de rabia. Creo que allí comenzó todo.

Aquella misma noche, después de echar las monedas sobre la mesa de la cocina de mi casa, pedí a mis padres que me cambiaran de trabajo. Entré en una oficina. Esto me permitió acudir a una escuela nocturna, a estudiar contabilidad e idiomas. Pero hacía novillos a menudo, para ir al sindicato, donde me prestaban libros sociales, que devoraba uno tras otro. A los dieciocho años me eligieron en asamblea secretario general del sindicato mercantil de la CNT. Recuerdo que la asamblea tuvo lugar en el Price, en 1935. El 19 de julio seguía ocupando este cargo.

Los dueños de empresa —en aquella época existían pocas sociedades anónimas de verdad, aunque abundaban las de nombre— se habían dedicado, durante la República, a la evasión de capitales. Todos tenían dinero en el extranjero. Y muchos, después del 19 de julio, perdida la esperanza de que los sublevados ganaran rápidamente, se marcharon al extranjero, abandonando sus empresas.

Terminada la lucha, los trabajadores se encontraron ante la necesidad de tener que mantener en marcha ellos mismos —porque los dueños no estaban— las industrias y comercios abandonados. La industria de toda una región no puede quedar paralizada por largo tiempo. Los economistas afirman que la improvisación siempre fracasa, que todo ha de estar bien planeado de antemano. No quiero decir que no sea necesaria la planeación, pero sí afirmo que no siempre es indispensable y que la improvisación, si responde a anhelos sentidos por todos, puede tener éxito.

Todo lo que se hizo después del 19 de julio en materia económica fue fruto de la improvisación, y con todas sus fallas, no puede decirse honradamente que esta improvisación fuese un fracaso.

Todas las industrias funcionaron —algunas con transformaciones, como las de guerra—, los servicios públicos nunca dejaron de prestarse, ni siquiera en las épocas de los bombardeos más duros y de mayores destrucciones en las ciudades. Hubo racionamiento, cierto, pero lo ha habido en todos los países durante las guerras.

Hubo que superar graves inconvenientes. Por ejemplo, el abandono de los propietarios. Muchos de ellos dirigían personalmente su empresa y sólo ellos conocían su funcionamiento, su situación financiera real. Fue preciso descubrir estos secretos de la administración. Muchos técnicos también se marcharon y otros fueron movilizados para la guerra. Hubo que substituirlos con personal de la empresa que hubiera adquirido bastante experiencia en su trabajo. Hay que tener en cuenta, además, que hubo técnicos y dueños que se quedaron y que quisieron hacer fracasar desde dentro el nuevo sistema. Finalmente, no debe olvidarse que en una situación de racionamiento hay mercado negro y que no todos los obreros tenían una preparación social y, por tanto, los hubo que trataron de aprovecharse de la colectivización en su beneficio personal.

Todo esto podía hacer fracasar las colectivizaciones, de no haber sido por las virtudes del pueblo trabajador, que superó todas estas dificultades con su esfuerzo, su inteligencia, su deseo de trabajar y de hacer triunfar lo que era la realización de los sueños de varias generaciones de obreros.

Una vez colectivizada una empresa y nombrado por elección su comité de gestión, los bienes de la empresa se consideraban de todos por un igual, y todos los que trabajaban en la empresa, manualmente, en oficinas o intelectualmente, gozaban de los mismos derechos y tenían las mismas obligaciones, sin diferencias de ninguna clase. Las empresas se convirtieron así en verdaderas familias de trabajo.

Cuando el propietario no se marchó, se nombró un comité de control, y si bien en el primer momento no se colectivizó la empresa, el comité intervenía en la administración, en la organización del trabajo, en todas las cuestiones importantes. Los comités de control eran responsables ante el sindicato de que no se produjeran huidas de capital, ocultaciones de materias primas o de artículos manufacturados, ventas en mercado negro, etcétera. Los bancos no podían pagar ningún talón si no se les demostraba que el comité de control estaba conforme con el pago. En cuanto a las nóminas, éstas debían llevar el visto bueno del sindicato respectivo.

A pesar del espíritu triunfalista de las primeras semanas, ninguna empresa incautada o controlada aumentó los salarios. A los dueños que se quedaron se les fijó un sueldo que no marcara excesiva diferencia con el resto de la plantilla. El sindicato mercantil de la CNT nunca autorizó ninguna nómina en que figurara un sueldo superior a las ochocientas pesetas mensuales, en un momento en que los milicianos cobraban 300 pesetas al mes y un obrero cualificado, un oficial de primera, quince pesetas diarias. El suelo máximo reconocido por el sindicato mercantil era de 400 pesetas; las excepciones eran los dueños y algunos técnicos muy indispensables.

No hubo muchas colectivizaciones de establecimientos comerciales, porque pocos dueños de los mismos se ausentaron. Sólo se incautaron algunos grandes almacenes, como El Águila y El Siglo, no sólo porque sus dueños o gerentes se marcharon, sino porque así se evitó el saqueo que en los primeros momentos algunos incontrolados intentaron llevar a cabo. Por cierto que fue el sindicato del Transporte el que primero se dio cuenta de este peligro y efectuó las incautaciones de estos almacenes, que transfirió al sindicato Mercantil apenas se normalizó la situación y pasó el peligro de saqueos.

La dependencia mercantil no había sido nunca muy combativa, buena parte no estaba organizada y carecía de preparación sindical. Por esto el sindicato acordó nombrar a dos militantes para que, junto con un comité elegido en asamblea de cada almacén o comercio, se hiciera cargo del control. En el caso de El Siglo se decidió readmitir inmediatamente a los empleados despedidos unos años antes, cuando estos almacenes fueron destruidos por un incendio y la empresa se trasladó u unos locales menores, donde se necesitaba menos personal. Los delegados sindicales y los comités de cada empresa daban periódicamente cuenta al sindicato de la marcha de la misma, pero el sindicato nunca intervino en la administración de las distintas empresas.

La guerra, que exigía el esfuerzo y el tiempo de muchos militantes sindicales, no permitió que se diera una buena educación sindical a los dependientes y empleados. Por esto, cuando se promulgó el decreto de colectivizaciones de la Generalitat, muchos dependientes y empleados pidieron constituirse en organismos autónomos, no sindicales. Volvían a su viejo temor a los sindicatos y las huelgas, a su deseo de no confundirse con los trabajadores manuales. Esto fue una falla, que con el tiempo, si lo hubiésemos tenido, habríamos podido salvar mediante una buena educación sindical.

A diferencia de otros sindicatos, como transportes, construcción, madera, etcétera, el mercantil accedió inmediatamente a este deseo, por considerar que no contábamos con un núcleo fuerte de militantes; cediendo, pensábamos, todos saldríamos ganando, a la larga. Y así fue, puesto que estos grupos autónomos nunca renunciaron a su filiación cenetista, a pesar de las maniobras y presiones que ejercieron los comunistas que se habían apoderado de la UGT catalana.

Pese a las dificultades en abastecerse de muchos artículos, los establecimientos comerciales controlados o incautados florecieron, en la medida en que las circunstancias de carestía general lo permitían.

A raíz del decreto de colectivizaciones (de todas las empresas con más de cien asalariados), se colectivizaron los demás establecimientos comerciales importantes (Jorba, Alemanes, Capitolio, Sepu). Sus obreros se afiliaron a la CNT y se creó un organismo de enlace para coordinar campañas de venta y unificar precios, así como para transformar el día de Reyes en Fiesta del Niño, con espectáculos gratuitos en calles y plazas para los críos de la ciudad.

No es preciso recordar la preponderancia de la CNT tras 19 de julio. Poco después tuvo lugar un pleno regional en que se afirmó que de ningún modo debía renunciarse a las posibilidades revolucionarias, que eran las únicas que podían ayuda ganar la guerra. El estado de ánimo de la gente era esperanzado y alentador. Recuerdo que García Oliver advirtió que convenía darse cuenta de la responsabilidad que con nuestro acuerdo contraíamos, puesto que frente al puerto de Barcelona había buques de guerra de diversas potencias, dispuestos a intervenir so pretexto de garantizar los intereses de los súbditos de las mismas. Si esto era así cuando las inversiones extranjeras en España eran pocas, ¿qué pasaría ahora, en que la mayor parte de si la riqueza del país está en manos extranjeras?

Estos argumentos y otros parecidos indujeron a la primera renuncia: la decisión de entrar en el Gobierno de la Generalitat. Este Gobierno quiso dar forma legal a las colectivizaciones —que hasta entonces se llamaban, según la tradición obrera, socializaciones—. Esto determinó otra plenaria regional de la CNT, en que se discutió mucho, pues había puntos de vista muy diversos, y se acabó nombrando una ponencia formada por Transportes, Construcción, Metalurgia y Mercantil de Barcelona, y las comarcales de Sabadell y Manresa. Formé parte de esta ponencia, por el Mercantil; estuvimos reunidos desde las diez de la noche hasta las once de la mañana siguiente. Para conciliar las tendencias a la cooperativización y las que querían la socialización, el compañero Fàbregas, que era consejero de Economía, encontró la palabreja «colectivización», que satisfizo a todos. La plenaria lo aprobó. La ponencia proponía determinadas medidas en relación con el decreto que se llamó de colectivizaciones; algunas se aceptaron y otras no fueron tomadas en cuenta. Sería interesante comparar los dos textos. En el mismo pleno se aprobó ir a la implantación del salario único, de tipo familiar, para que cada uno fuese retribuido de acuerdo con las necesidades de su familia.

Uno de los aspectos más interesantes del decreto de colectivizaciones fue que se decidió la creación de los Consejos Generales de Industria, para orientar y agrupar a todas las empresas colectivizadas de la misma industria, y coordinarlas con las no colectivizadas. Estos consejos debían formarse por representantes de las sindicales, de los comités de empresa y de técnicos. Debían evitar la competencia, adecuar la producción a las necesidades de consumo y también del comercio internacional, proponer la supresión de fábricas, su fusión o su creación, según las necesidades de la economía, proponer la reforma de métodos ya superados de trabajo, de crédito y de circulación de productos, organizar centrales de venta y de adquisición de utillaje y de materias primas, organizar mancomunadamente laboratorios de ensayos técnicos… Como puede verse, ahí estaban las bases de una economía socialista, en el sentido amplio de la palabra.

Publicado el decreto, se celebraron asambleas de los trabajadores de todas las empresas afectadas y que aún no se habían colectivizado porque sus dueños no las abandonaron. Representantes de los sindicatos interesados asistieron a estas asambleas, con la misión de poner de relieve ante los obreros que no se trataba de formar sociedades anónimas con otro nombre ni cooperativas, sino de una nueva forma de organización de la propiedad, para que ésta sirviera a toda la colectividad. Había que substituir los fines egoístas de la empresa capitalista por el servicio a los intereses del pueblo. Por mi sindicato tuve que asistir a buen número de estas asambleas. En las empresas abandonadas por sus dueños y, por tanto, ya colectivizadas de hecho, no hubo problema, pues tenían sus comités de empresa y sólo se trataba de una asamblea formularía para encajaren las disposiciones del decreto. Pero las cosas eran distintas cuando el propietario estaba presente, por no haber abandonado su puesto, pero su empresa debía colectivizarse porque en ella trabajaban más de cien personas. En estos casos podían presentarse dos situaciones. En una, el dueño, considerándose perjudicado o, como decían, que le robaban su patrimonio, se condolía, incluso lloraba o injuriaba a los trabajadores. Otros, en cambio, dándose cuenta de las circunstancias, se incorporaban a su antigua empresa como un asalariado más. Era frecuente que se le nombrara gerente o director, para asegurar la continuidad técnica y administrativa y para aprovechar su conocimiento del mercado.

Una vez ya estructuradas las colectivizaciones de los almacenes, los compañeros de Sallent me ofrecieron la presidencia del comité de empresa de Minas de Potasa. La oferta me seducía, porque me permitiría vivir la experiencia de la colectivización desde una empresa en lugar de desde un sindicato, como hasta entonces. Estuve en Sallent seis meses y he de decir que allí se completó mi formación no ideológica, sino pragmática, pues pude darme cuenta de que las revoluciones triunfan más gracias al esfuerzo diario y constructivo de cada uno que por la destrucción y la violencia de unos días de lucha. Derribar un edificio es algo que cualquiera puede hacer, con ayuda de un pico y una pala, pero para construir uno nuevo se precisan conocimientos, buenos materiales y brazos entusiastas. Apenas llegar a Sallent me di cuenta de la altura de miras que inspiraba a aquellos centenares de mineros, llegados todos ellos de extremos lejanos de la Península. Trabajé duro para comprender los problemas surgidos con la colectivización de las minas. Poco antes de la sublevación militar, los gerentes y técnicos, todos ellos extranjeros, se habían marchado del país, lo que demuestra que el golpe fue preparado con conocimiento de los capitalistas.

Los obreros, evidentemente, ocuparon la empresa y explotaron las minas. De no haberlo hecho, las instalaciones subterráneas se hubieran perdido y se habrían hundido las galerías. Pero Minas de Potasa era una empresa extranjera, lo que le permitía no reconocer la colectivización; ni el Gobierno de la República ni el de la Generalitat se atrevieron a expropiar a las empresas extranjeras. El 90 por ciento de la potasa extraída se destinaba al mercado internacional, regulado por un trust que controlaba las ventas. España, según las decisiones de este trust, producía para satisfacer el 30 por ciento del consumo mundial.

Intentamos varias veces, de acuerdo con los pedidos que encontramos en cartera, dar salida a nuestra potasa. La embarcábamos en el puerto de Barcelona, pero cuando los buques llegaban a un puerto extranjero, la empresa originaria la embargaba, mediante mandato judicial, y el producto del esfuerzo de nuestros obreros volvía a manos de sus explotadores de antes de la guerra. Hubo casos en que individuos extranjeros se acercaron a la oficina de comercio exterior de la Generalitat y ofrecieron adquirir determinada cantidad de potasa; la embarcábamos y la embargaban al arribar a un puerto extranjero; los supuestos compradores eran agentes disfrazados de la antigua compañía, que así lograba hacerse con fuertes cantidades de potasa, que vendía al precio del mercado, sin haber gastado ni un céntimo en su producción. Recurrimos a los juzgados extranjeros para combatir las demandas de embargo de la antigua empresa; nuestros abogados aducían que siendo el subsuelo, según la ley española, propiedad del estado, que lo concedía en explotación, esta concesión caducó cuando la empresa originaria dejó de prestar servicio, es decir, cuando sus representantes abandonaron las instalaciones y el país; por lo tanto, la concesión pasaba al comité de empresa, constituido de acuerdo con la legislación española. Esto fue reconocido finalmente por algunos jueces extranjeros, a condición de que el Gobierno legalizara el cambio de concesionario.

El compañero Joan Peiró, que era ministro de Industria, visitó Sallent, se hizo cargo de estos problemas y los expuso a Largo Caballero, jefe del Gobierno. Se trataba de que el Gobierno de la República legalizara el cambio de concesión. Pero el ministro de Hacienda, Juan Negrín, se negó rotundamente, alegando que con ello se suscitarían problemas internacionales. Fui a visitar a Negrín para exponerle la situación, y le dije, entre otras cosas, que Largo Caballero era partidario de hacer el cambio de concesión. Negrín me contestó: «Largo es un viejo chocho que no sabe lo que hace ni lo que dice». Cuando señalé la cuantía de divisas que podía proporcionar la potasa, Negrín repuso: «Con las divisas que me proporcionan las naranjas me basta y me sobra para mantener la guerra por muchos años que dure».

Largo Caballero propuso a Peiró que, como ministro, ordenara por orden ministerial la incautación de la empresa, sin pasar por el Consejo de Ministros. La orden, en efecto, apareció en el Diario Oficial pocos días antes de la caída del Gobierno de Largo Caballero. Su sucesor, Negrín, anuló la orden por «improcedente». Fue una de sus primeras decisiones como jefe del Gobierno. Cabe imaginar la perplejidad de los mineros, que habían puesto todo su empeño en hacer funcionar las minas mejor que antes, y a los que ahora, de un plumazo, se les negaba la propiedad de lo que era bien suyo. Era necesario buscar una solución, pues si no se podía exportar la potasa no habría con qué pagar los salarios. Toda la comarca, que vivía de las minas y del gasto de los mineros, se encontraría abocada a la ruina. No quedaba más remedio que negociar con la empresa, que tenía su sede en París, aunque se titulaba Potasas Ibéricas S. A. Esto era lo que quería Negrín.

En una asamblea se discutieron las condiciones que se podían proponer a la compañía para su regreso. Entre ellas, recuerdo que se garantizaba la protección personal por los obreros de los técnicos y gerentes, si por algún motivo llegaran a encontrarse en peligro. A la vez, se daban las condiciones de trabajo y paga que se consideraban mínimas y que eran las establecidas ya por el comité de empresa. Tarradellas, consejero en jefe del Gobierno de la Generalitat, dio a la comisión que se trasladó a París la representación de la Generalitat, de modo que representaba, a la vez, a los obreros de la empresa y al Gobierno catalán. Celebramos dos entrevistas con los representantes de la compañía. En la primera escucharon nuestras propuestas, sin comentarlas, y nos dijeron que al cabo de cuarenta y ocho horas nos darían una respuesta. En la segunda entrevista nos dijeron que la compañía no estaba dispuesta a regresar a España mientras no se establecieran las que llamaban condiciones de seguridad personal y legal para reanudar sus funciones en las condiciones fijadas en el contrato de concesión de las minas firmado por el Gobierno español y la compañía mucho antes de la Guerra Civil. Entre tanto nos dijeron que podíamos hacer lo que quisiéramos, pues la compañía estaba convencida de la victoria de Franco en un plazo máximo de dos años. Después de esta victoria, agregaron, la compañía regresaría a explotar las minas en las mismas condiciones de antes, con la ventaja para ella de que no tendría que perder energías y tiempo negociando con sindicatos. Regresamos, pues, con los mismos problemas con que habíamos ido, sin haber podido resolver ninguno. Negrín nos había forzado a hacer concesiones que ni siquiera fueron aceptadas.

Como no tenía sentido continuar la explotación de las minas mientras no pudiéramos vender la potasa en el extranjero, único lugar donde se necesitaba, decidimos suspender la producción. El comité dejó en las minas una plantilla encargada de mantenerlas en condiciones de funcionar en cualquier momento, pues seguíamos confiando en la victoria de las armas republicanas y considerábamos que inmediatamente terminada la guerra los mercados extranjeros se nos abrirían. El resto del personal presentaba un problema. Unos se incorporaron al ejército, al cual el gobierno iba llamando una tras otra a las quintas de hombres maduros. Negociamos con la Generalitat para que utilizara el resto del personal en obras públicas. Sugerimos incluso que se actualizaran y llevaran a cabo algunos proyectos ya antiguos y constantemente aplazados, como el de llevar en acueducto las aguas de Camarasa a Barcelona. También propusimos que se construyera un colector que recogiera todos los desperdicios que hasta entonces se echaban al río. Como se ve, sin que se usara entonces la palabra ecología, pensábamos ya en términos de proteger las aguas. Llegaron los hechos de mayo de 1937. Ya no quedaba ninguna posibilidad revolucionaria. Decidí incorporarme a una unidad de las milicias, pues en Sallent no podía ser de ninguna utilidad.

Quisiera dejar constancia de que, terminada la guerra, las minas estaban en perfectas condiciones y la compañía, al regresar, pudo comenzar a explotarlas inmediatamente. Lo mismo ocurrió con las demás industrias colectivizadas. Excepto las que fueron destruidas por bombardeos o en acciones de guerra, todas se hallaban en perfecto estado de funcionamiento cuando regresaron sus antiguos dueños. En muchos casos, los comités de empresa, por acuerdo de las asambleas respectivas, habían mejorado no sólo las condiciones de trabajo, sino también los sistemas de producción y, cuando fue posible, el utillaje. La burguesía catalana, acabada la guerra, se encontró con una industria en mejores condiciones que la que había abandonado tres años antes. Y esto, por paradoja, gracias a las colectivizaciones. Claro que éstas mejoraron las industrias pensando no precisamente en los burgueses de ayer, sino en los obreros de mañana. No fueron las colectivizaciones las responsables de que los burgueses de ayer regresaran, sino que esta responsabilidad recae en quienes se opusieron a las colectivizaciones y además, perdieron la guerra.

JUAN FARRÉ.

LA INDUSTRIA TEXTIL

Nací con el siglo XX en una familia obrera de Palamós. A los catorce años empecé a trabajar en la industria corchera taponera, que es la más importante de la comarca. Cuando tenía dieciséis años anunciaron un mitin en Palafrugell, con Pestaña y Seguí. Unos días antes se inició una huelga de los taperos —los que producían los tapones de corcho— de toda la comarca. La huelga, muy general, duró tres meses. Pudimos sostenerla porque los obreros de otras industrias de toda la comarca daban el diez por ciento de su salario para ayudar a los huelguistas. A mí, esto de recibir dinero de otros no me gustaba. Luego se hizo algo que me agradó más. Con el dinero recaudado se montó una cocina comunal para los huelguistas y sus familias. En vez de ir a buscar dinero, íbamos a buscar comida. Los jóvenes subíamos al monte, a recoger la leña con la cual cocinar. El comité de huelga nos compraba las alpargatas que gastábamos triscando por el monte.

Al cabo de un tiempo, el comité de huelga nos dijo: «La poca comida que nos queda hay que guardarla para los viejos, los niños y las mujeres encintas; los jóvenes tenéis que espabilaros. Marchaos del pueblo, poneos a trabajar donde podáis». La suerte —si puede llamarse así— era que, con la guerra europea, los productos catalanes se vendían a espuertas y por esto abundaba el trabajo. Con cinco compañeros más y un volante del comité de huelga, que nos abría las puertas de los sindicatos locales, fuimos de pueblo en pueblo, a San Feliu de Guixols, a Girona, a Olot, a Figueres. Íbamos a pie. Con el volante del comité, los sindicatos locales nos daban comida, nos alojaban en casa de algún compañero y nos ayudaban a buscar trabajo. Pero los patronos sabían que éramos de la huelga y no nos querían a trabajar. Por fin, en Sant Joan de les Abadesses llegamos en el buen momento, pues estaban montando una fábrica de cemento y necesitaban brazos. Nos colocaron y allí estuvimos unas semanas. Luego nos fuimos a Barcelona, porque había corrido la voz de que éramos de los huelguistas de Palafrugell y los capataces empezaron a hacernos la vida difícil. Pudimos tomar el tren para ir a Barcelona, porque cobramos las semanas de trabajo en la fábrica de cemento. Encontré empleo de peón de albañil en la construcción de un cine en la Rambla de Catalunya que se llamó Kursaal. En la obra me hice con unos cuantos amigos.

Llegó la crisis de los años veinte, con el fin de la guerra, cuando ya no había encargos de los aliados. Nos despidieron, dándonos dos semanas de indemnización. Con este dinero decidí marcharme a Francia, donde con lo de la reconstrucción de las zonas de guerra había mucho trabajo. Además, estaba en puertas para hacer el servicio militar, y no sólo era yo antimilitarista, como mi padre y mi sindicato, sino que no tenía ganas de que me mandaran a Marruecos, a «matar moros» como decían entonces. Así que Francia me evitaba todo esto. Y en Francia me quedé. En España, claro, me declararon prófugo. Si quería volver tenía que ser a escondidas o ir a la cárcel y a la mili.

Estuve diez años en Francia, trabajando en la construcción, yendo de una ciudad a otra según las ofertas de empleo. Te contrataban para una obra y, al terminarla, a apañártelas. En el Norte, en Valenciennes, tuve suerte y encontré trabajo en una fábrica de tubos. Había varios españoles; yo era de los más jóvenes. Formamos un grupo con otros españoles de las minas de carbón; lo llamamos Propresos, porque en España había muchos presos sociales, y tratábamos de reunir dinero para ayudarlos. Pero además organizábamos conferencias, leíamos en grupo, comentábamos, discutíamos. Hasta hicimos algunas obras teatrales: «Juan José», «El sol de la humanidad»… Como en la región había muchos obreros españoles, no nos faltaba público. La recaudación la mandábamos a Barcelona, para los presos.

Escribimos un manifiesto titulado «Otro juego», dirigido a los mineros, que el sábado, al cobrar la semanada, se la iban a jugar. El manifiesto fue a parar a la policía, y a unos cuantos del grupo nos expulsaron de Francia. ¿Adónde ir? La frontera más cercana era la de Bélgica, y allí nos llevaron. Como nuestra única documentación era la hoja de expulsión, los aduaneros belgas nos mandaron otra vez a Francia, y entonces la policía francesa nos enseñó el camino que teníamos que seguir para entrar en Bélgica ilegalmente; era el camino de los contrabandistas. Es la única vez que la policía nos ha ayudado, por decirlo así, y porque le convenía.

Quedarse por los pueblos de la frontera buscando trabajo era peligroso. Nos hubieran descubierto pronto. Fuimos a Bruselas. Vamos a un hotel, pero a las dos de la madrugada, pam… pam, la policía. Nos tomaron declaración y nos dijeron que al cabo de dos meses nos contestarían si podíamos quedarnos en Bélgica o teníamos que salir para otro país. A los dos meses, respuesta negativa. La policía nos tenía fichados. ¿Adónde ir? Pues a París, y a París nos fuimos. Pasamos la frontera por el mismo camino que nos habían enseñado los gendarmes, que servía igual en una dirección que en otra.

Encontré trabajo, pero cuando el rey de España hizo un viaje a Inglaterra pasando por París, la policía se dedicó a detener a los españoles que no eran monárquicos. Yo estaba, para comer y no para actividades de la organización, en casa de una familia española. Llegó el panier a salade, como llaman a la camioneta de los gendarmes, y nos embarcaron a todos. A los que no habían sido ya expulsados, los llevaron a la frontera con Alemania y les dijeron que no regresaran a París hasta que el rey hubiese vuelto a Madrid. Pero a mí, como ya estaba expulsado, me llevaron a la cárcel. Allí conocí a Ascaso, el que murió en el asalto al cuartel de Atarazanas de Barcelona en julio del 36. A lo primero lo conocí a través del muro de la celda, al cual dábamos golpes para comunicarnos. Luego hablamos en el patio de la Santé. Le pedían la extradición a España y a la Argentina. Tenía por abogado un ayudante del famoso Henry Torres. Me aconsejó que también lo tuviera yo. Saqué seis meses de prisión y al poco estaba en la calle. A Ascaso su abogado le sugería que diera un puñetazo a un guardia para que así lo procesaran en Francia y, por lo tanto, no lo extraditaran. Pero no se decidía. Porque si me procesan aquí, decía, tendré que cumplir la pena. Ya en la calle, me di cuenta de que había una gran campaña para salvar a Ascaso. La dirigían Henry Torres y el viejo anarquista Sébastien Faure. Y lo salvaron.

No podía quedarme en París. La policía cumplió la anterior orden de expulsión. A Bruselas de nuevo. Y a París ilegalmente. Otra vez me engancharon y seis meses más de condena. Así, entre enganchada y entrada ilegal y un poco de trabajo, pasé el tiempo que faltaba para que se proclamara la República en España y pudiera regresar.

Pero nada de trabajo, en España. Había crisis y paro forzoso. Por suerte, llevaba unos ahorrillos y pude ir tirando. Hasta que el sindicato me hizo entrar en la España Industrial. En esta fábrica, entonces una de las más grandes del país, que se dedicaba a hilados y tejidos, había un comité de fábrica que representaba por lo menos al 90 por ciento de los dos mil obreros que trabajaban en ella. Era de la CNT. El 10 por ciento restante, o no estaban encuadrados o estaban en la UGT.

Pasado el 18 de julio, los obreros cenetistas se reunieron en asamblea para elegir un nuevo comité, más acorde con la nueva situación. Se celebró en un cine. Acudieron casi todos los trabajadores. Estaban inquietos, porque los gerentes y gran parte del personal directivo no daban señales de vida. Hubo discusiones muy acaloradas y finalmente se acordó incautarse de la fábrica y se eligió un comité de doce obreros, técnicos y administrativos, encargado de asumir todas las responsabilidades, lo mismo en lo económico que en lo técnico y en lo social. Este comité se dividió en tres secciones: financiera, técnica e intersindical.

Al correr del tiempo, prácticamente todas las fábricas del ramo textil fueron colectivizadas, a pesar de que muchos, entre los políticos, decían que esto podía tener repercusiones internacionales desfavorables para la guerra. ¡Historias! Pero los obreros no se dejaron convencer, porque veían que era la primera vez que podían cambiar las cosas, liberarse de la explotación, y pensaban que, ya libres, lucharían hasta vencer. De todos modos, nadie nos ayudaba, en la guerra. Por esto el Gobierno de Cataluña tuvo que promulgar el decreto legalizando y ampliando las colectivizaciones. Por este decreto, el Gobierno de la Generalitat ponía un delegado-interventor en cada empresa, con derecho a vetar cualquier decisión del comité que no se ajustara a la ley. En nuestra fábrica, este interventor fue un compañero de la CNT, porque el consejero de Economía, que lo designaba, era también de la CNT. Debía dar un informe trimestral a la consejería de Economía, así como controlar de cerca los movimientos financieros, pues su firma estaba registrada en el banco y sin ella no podía haber movimiento de fondos. El interventor, según la ley, podía recibir un sueldo igual al sueldo más alto de la empresa, que, como es lógico, era el del director. Nuestro compañero delegado renunció enseguida a este sueldo alto, toda vez que los demás compañeros con cargos sólo cobraban su salario habitual. Es necesario hacer constar también que de los doce compañeros que formaban el consejo de empresa, sólo cuatro dejaron de trabajar en su puesto habitual, y esos cuatro lo hicieron porque su función en el comité se lo exigía, puesto que les llenaba toda la jornada y más.

Hay que reconocer que no todo fue fácil. Había que encauzar, dirigir y estructurar el trabajo de una gran empresa. Se encontraron en el banco reservas para pagar la nómina de dos semanas. Pero no teníamos materias primas para más de unos días de trabajo. Estábamos incomunicados con Asturias, de donde se recibía el carbón. Por esto, algunas veces tuvimos que poner en marcha las calderas con madera de pino, por mucho que nos doliera destruir así la riqueza forestal. Nos faltaban colorantes para los tintes, que venían de Alemania, y algodón, que venía de América del Norte y América del Sur. Tuvimos suerte de encontrar existencias de tela terminada. El ministerio de la Guerra hizo pedidos para vestir a los soldados y suministró algún lote de comida, esto último más adelante, cuando comenzó a escasear el abastecimiento. Con todo, hubo algunas importaciones de materias primas, otras se substituyeron con las del país, se fabricaron colorantes y se utilizó carbón de minas de la zona republicana. Puedo decir que en los tres años de la guerra, a ningún obrero le faltó su salario. Por decisión de la asamblea, las vacantes de los encargados de sección se llenaron por elección de los trabajadores de cada sección. Quienes ocuparon estos cargos cobraron lo mismo que antes y no lo que cobraban los encargados de la época de la sociedad anónima. La asamblea había expresado claramente su propósito de ir disminuyendo las grandes diferencias de sueldo. Se daba el caso de que solamente los directores y técnicos cobraban el aguinaldo de Navidad, que, claro está, se suprimió. Se rebajaron los sueldos muy altos de algunos cargos, aunque hubo algo de resistencia, y para calmarlos, porque los necesitábamos, la rebaja fue sólo del 20 por ciento. Con lo que se economizó con esto y la supresión de los aguinaldos se pudieron jubilar unos cuantos trabajadores que pasaban ya de los 65 años (entonces no había seguridad social ni nada parecido y los obreros trabajaban mientras aguantaba el cuerpo, pues con su salario no podían ahorrar para retirarse en la vejez).

En uno de los frecuentes bombardeos de Barcelona cayeron dos bombas en la fábrica; por suerte, no estallaron. Entonces decidimos construir un refugio. El año 1938 fue el más duro. Los bombardeos eran frecuentes. El hambre era cosa corriente para quienes no podían llegar al mercado negro (el estraperlo, como lo llamaban). En las fábricas quedaba poco personal y lo mismo en el campo, porque cada dos por tres Negrín llamaba a filas a una quinta más vieja o más joven. La verdad es que había una psicosis de derrota inevitable. La llegada de los fachas produjo lo previsto: el éxodo en masa.

A veces me preguntan sobre algunos aspectos de las colectivizaciones. Por ejemplo, si los encargados de sección seguían siendo compañeros o se mostraban autoritarios o si los obreros abusaban de que fueran compañeros suyos para sacar ventajas. Es una pregunta normal, porque era la primera vez que se presentaba una situación como aquella. La respuesta es que desde el principio lo hicimos todo democráticamente; la asamblea se reunía a menudo, especialmente al principio, cuando había que adoptar decisiones importantes. Todos los cargos se elegían directamente, bien por la asamblea general los de dirección, bien por las asambleas de sección para los cargos de la sección. Así se responsabilizaba a los compañeros que tenían que convivir con quienes elegían y no aprovecharse de ellos, y se responsabilizaba a los elegidos, que tenían que responder de su actuación ante quienes los habían elegido. Si el encargado de una sección hubiese sido designado por el comité de empresa, no habría tenido suficiente autoridad moral; pero lo elegían sus compañeros, y con su elección se comprometían, automáticamente, a respetar sus decisiones y a apoyarlo. Algunas veces, es verdad, hubo cierta resistencia cuando se dijo que los encargados cobrarían lo mismo que quienes trabajaban en su puesto habitual. Resistencia de los elegidos, que esperaban cobrar más, como los encargados de antes, y resistencia de los obreros electores, que no veían con agrado que los nuevos encargados dejaran de trabajar. Pero los hechos demostraron que no era posible trabajar y hacer de encargado de sección al mismo tiempo, y cuando los nuevos encargados vieron que los cargos de mayor responsabilidad, en el comité, tampoco cobraban más, comprendieron que ésta era la decisión adecuada.

La asamblea general elegía al comité de empresa, que dirigía la empresa y buscaba solución a los problemas derivados del cambio de sistema y de la guerra. Y también se ocupaba de las relaciones intersindicales, puesto que había algunos trabajadores que no pertenecían a la CNT y tenían derecho a que se respetara su militancia sindical, y puesto que la empresa tenía relaciones con otros sindicatos, como el del ramo del agua. Cuando hubo que cubrir vacantes, en tres ocasiones, los substitutos también se eligieron en asamblea. Hay quien cree que un jefe, cuando es elegido, pierde autoridad. Si no es así en la política, ¿por qué iba a serlo en el trabajo? En mi experiencia, los encargados elegidos pudieron mantener la disciplina, organizar el trabajo y demás mejor que cuando los nombraba la gerencia. Las personas, y en especial los trabajadores, sólo se mueven por coacción, aunque ésta consista en tener que ganarse la vida, o por un estímulo que podríamos llamar espiritual. Nosotros creíamos que los estímulos de esta clase incitan a trabajar, a mantener la disciplina, más que el temor, la coacción. Los hechos nos dieron la razón. La empresa no era una compañía ni un gerente; la empresa era todos los que trabajábamos en ella, y cuantos más beneficios, de todo orden, obtuviera, más beneficios recibiríamos quienes trabajábamos en ella.

Aunque el gerente se marchó, los técnicos se quedaron todos, incluso los directores. No hubo necesidad de substituir a nadie, puesto que el comité de empresa ocupaba el lugar del gerente. Lo único, y esto es muy importante, fue que a los técnicos se les quitó el mando que tenían sobre el personal y se les reservaron sólo funciones técnicas. Hay que recordar, además, que cada sección tenía un delegado en el comité de empresa, de modo que los trabajadores de cada sección se sentían representados y podían hacer llegar a la dirección sus quejas, sus iniciativas, sus puntos de vista. Por otra parte, había los delegados del sindicato, como antes, que se ocupaban de defender los intereses de los trabajadores como tales, de mantener las relaciones con el sindicato (cosa de la que también se encargaba el miembro del comité de empresa que se ocupaba de las relaciones intersindicales).

Me han preguntado también, a menudo, qué actitud tenían los técnicos y directores. No estaban satisfechos. Creo, sobre todo, que resentían la pérdida de sus privilegios, no sólo los económicos, como el aguinaldo de Navidad, sino también los de mando. Les gustaba mandar. Y no nos perdonaban que no les dejáramos mandar. Pero comprendieron que no podían cambiar las cosas, y se adaptaron todos, menos uno que creo que se llamaba Rabada; lo mandaron en camión al extranjero y ya no volvió. En los demás había resistencia; por ejemplo, el comité pedía que acudiera uno y tardaba en llegar o se hacía llamar varias veces, o perdía papeles y sólo los encontraba cuando ya no se necesitaban. Cosas así, infantiles, que no llegaban a sabotaje, pero que mostraban mala disposición.

La CNT estableció un comité de coordinación de la industria textil, para evitar que las empresas se hicieran la competencia unas a otras, y para unificación de precios, utilización de materias primas y cosas así. La industria textil tiene muchos ramos, es muy compleja, no sólo en la producción, sino en la obtención de materias primas y en la distribución de productos manufacturados. Si cada empresa hubiera ido por su cuenta, sin coordinarse con las demás, habría habido mucho despilfarro de esfuerzos y de tiempo, y probablemente las colectivizaciones hubieran fracasado como tentativa de hacer algo nuevo. Este comité de coordinación distribuía también la mano de obra. Ha de tenerse en cuenta que estábamos en guerra, que unos se iban al frente o a fortificaciones, y que unas veces una fábrica recibía un pedido de guerra —tela para uniformes o gasas para hospitales o lo que fuese— y le faltaba mano de obra para servirle a tiempo. En cambio, en otras fábricas se trabajaba a bajo rendimiento, por falta de materias primas o de pedidos. Entonces, el comité de coordinación trasladaba a obreros poco empleados de una empresa a otra en que hacían falta. Los pedidos para la guerra iban acompañados de las materias primas; en cambio, los pedidos para la población civil exigían que cada empresa —o el comité de coordinación de la industria— se las apañara para encontrar el algodón, la lana o lo que fuese. No era fácil. Pero la verdad es que nunca faltaron productos textiles en el mercado. No había la variedad y abundancia de antes, pero nadie que quisiera hacerse un traje o un vestido dejaba de encontrar tela para ello. Esto se debía a la guerra y no a que se hubiesen colectivizado las industrias. Si éstas hubieran estado en poder de sus antiguos amos, también habría habido escasez de materias primas.

La escasez de éstas determinó que no hubiera beneficios y que el nivel de vida de los trabajadores no mejorara mucho en lo material, aunque sí en lo moral, pues había buen trato, se tenían en cuenta las iniciativas de los obreros para la organización del trabajo, las empresas proporcionaban medios culturales a los trabajadores y los que tenían más de 65 años pudieron pensionarse y dejar de trabajar. Nada de esto existía antes. El comité de coordinación se encargaba de que no se duplicaran los esfuerzos y también de que si por algún pedido de guerra había beneficios ocasionales en una empresa, fueran a un fondo que ayudaba a las empresas con pérdidas… insisto, pérdidas por la escasez de materias primas y no a causa de la colectivización. Los salarios se pudieron pagar siempre; al principio, porque había algunas reservas en el banco; luego porque había existencias de tela terminada que se vendieron; después, porque lo que entraba, con ser poco, bastaba para cubrir la nómina. Hubo épocas, después de mayo de 1937, en que la falta de materias primas fue tal que los obreros no tenían nada que hacer; iban a la fábrica y ahí se quedaban. Pero el comité de coordinación se puso de acuerdo con las autoridades militares y los trabajadores con capacidad física para ello, de modo que cuando no había trabajo en la fábrica, se empleaban en construir fortificaciones y refugios (esto aparte del refugio de la propia fábrica, que lo hicieron los obreros de la misma, como ocurrió en otras empresas textiles y de otras industrias). Claro que tuvimos la ayuda de algunos especialistas, obreros de minas o ingenieros, según los casos.

Por otra parte, en la fábrica se hicieron mejoras. Aparte de los especialistas indispensables, el trabajo fuerte, de peonaje, lo hicieron en sus días de ocio los obreros de la propia empresa. Así se construyeron duchas, cuartos de aseo, vestuarios, todo lo cual era insuficiente antes. En el utillaje, se hicieron algunas transmisiones nuevas y se renovaron otras.

De los dos mil obreros de la fábrica, unos mil quinientos eran mujeres. Se instaló, para las que tenían hijos pequeños, una casa cuna nueva, aparte de la que ya existía, que databa de antes de la República. Pero se mantuvieron las disparidades de salario entre hombres y mujeres. Algunas de éstas pidieron el salario igual, pero no se pudo lograr, a pesar de que en la asamblea hubo mayoría para aprobar esta idea. La cosa dependía del consejo de Economía y de la organización sindical, pues debía ser una medida general y no de una sola empresa.

Terminada la guerra, las cosas cambiaron inmediatamente. A los obreros de más de 65 años, que nosotros jubilamos, en la época en que no había jubilación para ningún trabajador, se les dejó de pagar la pensión. Creo que uno o dos consiguieron que se les readmitiera a trabajar, pero no estoy seguro. En cambio, estoy seguro de que los obreros manuales que formaban parte del comité de empresa, en cuanto acabó la guerra fueron detenidos y pasaron mucho tiempo en la cárcel; eso, claro, los que no se marcharon a Francia porque no pudieron o no quisieron. A los técnicos y administrativos, por contra, no les pasó nada. Durante la guerra, se respetó a todos por igual. Terminada la guerra, a los manuales se les fastidió, y a los otros, no. La empresa quería dividir. Además, a los que se habían mostrado más activos y no ocultaron nunca su apoyo al comité de empresa, no se les ascendió cuando les tocaba. A muchos que no formaron parte del comité pero que eran conocidos como militantes de la CNT, se les despidió, sin derecho a reclamar nada, claro está. Así, la empresa esperaba que no habría más huelgas. Se equivocó, porque uno de los primeros lugares donde se reorganizó clandestinamente la CNT en Cataluña fue en la España Industrial.

Y. Y.

LA MATERNIDAD Y LAS COLECTIVIZACIONES CAMPESINAS EN ARAGÓN

Nací en Albalate de Cinca. Pero como militante me forme en Barcelona, a donde llegue a los catorce años, en plena dictadura de Primo de Rivera. No había sindicatos abiertos, pero algunos compañeros de trabajo me hicieron descubrir las ideas libertarias. Me forme, pues, en grupos clandestinos de la organización especifica. Leía mucho y hablaba con algunos amigos, como Alaiz, Magriña, Peiró.

Estudiaba por las mañanas y por las tardes trabajaba en una pastelería. Nos reuníamos unos cuantos, Leíamos y comentábamos lo leído. A mí me interesaba sobre todo la historia del movimiento obrero, en España y en otros países. Poco a poco, nos fuimos dedicando más y más a la propaganda, imprimíamos y repartíamos octavillas contra la dictadura. Después nos atrevimos con periódicos clandestinos.

Ya a finales de la Dictadura, regrese al pueblo. Había mucha agitación, aunque sorda. Teníamos contacto, los de la específica, con algunos que trabajaban con Fermín Galán. Me dedique sobre todo a formar grupos culturales, que eran los únicos más o menos tolerados. Esto por toda la comarca del Cinca: Monzón, Fraga, hasta Huesca. En total veinticuatro grupos culturales. Cuando llego la caída de la Dictadura y le sucedió lo que llamábamos la dictablanda del general Berenguer, estos centros culturales se convirtieron, de la noche a la mañana, en sindicatos. Al proclamarse la República teníamos en el Cinca veinticuatro sindicatos con cinco mil trabajadores del campo afiliados.

La llegada de la República provocó una euforia general. En todos los pueblos la alegría era inmensa. La gente creía que la República sería otra cosa de lo que fue. Los campesinos, que no conocían los cambalacheos políticos, creían que vendría el reparto de tierras, la igualdad y el poner todo lo que hubiera en los pueblos al servicio de los pueblos mismos. Cuando empezaron a darse cuenta de que no cambiaba nada o muy poca cosa, que no se atacaba ninguna de las instituciones tradicionales, que los monárquicos, ahora republicanos, continuaban siendo caciques, que todo lo demás seguía como antes, la mayoría de los campesinos, sobre todo en Aragón, se hizo de la CNT. En las Casas del Pueblo, en los centros republicanos, en los locales de los sindicatos, se leía la Soli en alta voz, en grupo. No solo los jóvenes, sino también los hombres maduros seguían con interés esta lectura y se interesaban por la revolución que la República no les había dado y que la CNT les ofrecía.

Así me formé, por decirlo de algún modo, de manera funcional, puesto que en Barcelona, al iniciarme bajo la Dictadura, no pude adquirir la experiencia de la vida sindical. En cambio, en Aragón tuve que intervenir en la legalización de los sindicatos y en la redacción de sus estatutos, en las asambleas y en la redacción de sus actas. A menudo iba de pueblo en pueblo, de noche y en bicicleta, para organizar, y me llegaba a Huesca a hablar con el gobernador o con quien fuera, porque surgían conflictos y se oponían dificultades a los nuevos sindicatos. Hasta que formamos la Comarcal, que se encargó de ir organizando a los pueblos en que aún no había sindicato, dándoles normas para la estructura y la lucha, y sobre todo dando a la juventud su formación cenetista, cosa que en aquel momento nos parecía primordial.

En mi pueblo organizamos una escuela a la que acudían desde niños a partir de siete años hasta mujeres y hombres maduros. Fue la experiencia que más me formó en toda mi vida. Aunque no éramos maestros ni teníamos ninguna formación pedagógica, aparte de la de educar sindicalmente a los afiliados, pudimos realizar una labor muy interesante. Muchos hombres y mujeres de cincuenta y sesenta años aprendieron a leer y escribir y llegaron a interesarse por problemas que ni siquiera habían sospechado que existieran.

Con unos compañeros organizamos un grupo teatral que iba por los pueblos, los sábados en la noche y los domingos en la tarde, dando representaciones, precedidas o seguidas por una conferencia. Más tarde, como eran pueblos campesinos, los domingos íbamos a hacer experiencias agrícolas, a enseñarles la forma de organizar una colectividad, para cuando llegara el momento, de combatir una plaga o de formar una cooperativa. Por desgracia, esta labor no fue compartida por otras comarcas ni otras regiones.

En 1932 conseguimos comprar el patrimonio, en Albalate, del duque de no se cuantos, que abarcaba una tercera parte del termino municipal. Se hizo por iniciativa del sindicato, pero en la compra intervino todo el pueblo. Se formó una organización o sindicato de todo el pueblo encargada de administrar el patrimonio. El Banco de Crédito Agrícola nos ayudó en la compra, que costó un millón de pesetas. Debíamos devolverlas al banco en cincuenta años. Este patrimonio todavía existe, todavía conserva algunas de las cosas que hicimos, y aún no se ha acabado de pagar, porque no han transcurrido los cincuenta años (en el momento de hacerse esta entrevista). En el sindicato del pueblo había unas doscientas familias, todas las que quisieron intervenir en la compra, independientemente de que fueran afiliadas o no a la CNT. A cada familia se le asignaron tres hectáreas de tierra, pero de tierra diversa, de modo que cada una recibiera, en términos de capacidad de producción, unas parcelas que fueran equivalentes entre sí. A cada una, por ejemplo, le correspondía media hectárea de huerta y el resto de monte. Era un monte de regadío, porque por allí pasa una acequia del canal que va a dar luz eléctrica a Cataluña. Como discurre por lo más alto del termino, sirve para regar todo el municipio, que esta más bajo. Había una partida, las Fegineras, que no se regaba; el sindicato la acondicionó para el riego. Todas las familias fueron a trabajar en esto, y en tres meses se empezaba a regar esta partida hasta entonces casi abandonada.

Aparte de las hectáreas que se repartieron a las familias, quedaban unas doscientas que se pusieron en régimen de comunidad; se trabajaban por todos, de ordinario los domingos. Primero hubo que ponerlas en condiciones, luego cultivarlas, cosecharlas, etcétera. Durante la semana, aquellos a los que les sobraba un jornal o dos, iban a trabajar en esa partida. Se puso toda ella en rendimiento y la producción se repartía de acuerdo con las horas que cada socio del sindicato había trabajado en ella. Era, pues, una colectividad administrada por el sindicato y cuya producción se distribuía de acuerdo con el trabajo aportado por cada uno. La administración la llevaban los miembros del sindicato, sin que nadie cobrara por ello. Los beneficios se repartían también de acuerdo con lo trabajado por cada uno. El sindicato se quedo dos parcelas, que sus miembros trabajaban de balde, por turno, con el fin de sufragar la labor cultural del sindicato. Trabajaban en estas parcelas sobre todo los jóvenes, los domingos, y con mucho entusiasmo, pensando en la escuela, el grupo teatral, la biblioteca. El maestro —que era yo— no cobraba nada, pues daba las clases en el sindicato por la noche.

Nuestra gente intervino en dos movimientos anarquistas, en 1932 y 1933. El primero fue un eco de lo que ocurrió en L’Hospitalet, Terrassa y otros lugares de Cataluña. Cuando nos dimos cuenta de que la acción era superficial, nos retiramos y no pasó nada. En cambio, en 1933, nos comprometimos mucho en otro movimiento, y en verdad que no era necesario. Pero la impulsividad de nuestra juventud arrastró al pueblo. Nos comprometimos en una reunión, en Zaragoza, de los comités regionales de varias regiones, a que un día y hora determinados nos íbamos a apoderar del pueblo y la comarca, al mismo tiempo que lo harían en otros lugares de España. La fecha fue el 8 de diciembre de 1933, y la hora, la una de la madrugada.

Salimos a la calle, detuvimos a los que considerábamos reaccionarios, los metimos en el Centro Obrero —sin tratarlos mal, que conste—, y proclamamos el comunismo libertario. Al día siguiente, el ayuntamiento se convirtió en comité revolucionario, que anuló la propiedad privada y la puso bajo el control del comité. Creíamos que lo mismo se habría hecho en Barcelona, Zaragoza y otros lugares, pero pronto, en la mañana misma, nos dimos cuenta de que sólo nuestra comarca se había movido, pues pasaban coches que venían de Zaragoza o de Barcelona, sin que nadie los hubiese detenido en el camino. Creyendo que la revolución tendría amplitud, fuimos deteniendo a quienes pasaban por el pueblo. Coche que pasaba, coche que se detenía. A los viajeros les dábamos un susto morrocotudo, pues no entendían lo que sucedía, pero nada más. No se molestó a nadie, aparte de la molestia de interrumpir el viaje. Comían y hacían tertulia en el café, pero no podían salir de él.

Así nos mantuvimos dos días. Levantamos barricadas en el cruce de las cuatro carreteras que hay en el pueblo. A los dos días llegaron una compañía de guardias de asalto, una de guardias civiles y una del ejército. Al principio decidimos defendernos, pero al vernos solos ante tanta tropa y al comprender que el resto de España no había seguido el movimiento, acordamos evadirnos como pudiéramos. Logramos, con tiroteos en las barricadas, llegar al oscurecer, cuando, de acuerdo con lo decidido en la asamblea, cada uno procuró irse a campo traviesa. Mientras estábamos en el monte, las tropas y sus tanques entraron en el pueblo. Mataron a un chico que encontraron por la calle, hirieron a varios y detuvieron a muchísimos, casi todos ya mayores, pues los jóvenes nos habíamos marchado. Entre los detenidos había tres o cuatro mujeres, unos noventa hombres, el médico, mi padre (que era secretario del ayuntamiento) y otra gente, no porque hubieran hecho algo, sino porque eran familiares de los jóvenes huidos, que habían llevado todo el revuelo.

Al cabo de unos meses hubo una amnistía y muchos volvieron al pueblo, yo entre ellos. Pero sólo para arreglar algunas cosas, pues mi padre se cambió a secretario de otro ayuntamiento de la provincia, y yo me fui a Barcelona. Desde entonces, sólo vi a mi padre alguna que otra vez y por poco rato.

Ya en Barcelona, me puse de acuerdo con el Ateneo Libertario de Les Corts y organizamos una escuela en la calle Ballester. Yo había comenzado a estudiar para maestro y tenía contactos con la escuela que había creado el pedagogo francés Celestin Freinet, iniciador entre las dos guerras mundiales de un método de educación basado en la disciplina consentida y en la «escuela activa», que tuvo mucha influencia en la pedagogía de la época.

Había visto como funcionaba este tipo de escuela en Lleida, donde había algunas gracias a la labor de unos inspectores muy entusiastas, Almendros, Tapia, Redondo… Eché mano de todas estas relaciones y experiencias y así pudimos organizar esta escuela de la calle Ballester.

Para mí fue muy interesante, no sólo porque mantuvimos contacto con escuelas parecidas del extranjero y de algunas provincias españolas, sino por las clases nocturnas que eran gratuitas y a las que acudían muchos adolescentes de Les Corts y hasta de Sants. De día la escuela era para niños, de pago (un pago mínimo, sólo para que los padres tuvieran la sensación de que aportaban algo). Los de las clases nocturnas se tomaban el estudio muy en serio. Todas las noches, aparte de las clases corrientes de gramática, aritmética, geografía, etcétera, se reunían todos para charlas de historia del movimiento obrero y de organización de empresas de los obreros (antes de que las hubiera, porque estábamos en 1934).

En octubre de 1934, después del movimiento de Asturias y de la Generalitat, nos cerraron la escuela y tardamos varios meses en conseguir que nos la volvieran a autorizar. Los jóvenes regresaron, pero habían perdido bastante tiempo. Muchos de ellos, así y todo, destacaron en la Guerra Civil, unos en retaguardia y otros en el frente, cada uno según su temperamento. Lástima que la experiencia no fuera bastante intensa y duradera.

Quiero decir que si bien para mí y sobre todo en su dimensión humana, fue importantísima, no pudimos realizar toda la labor necesaria, ni siquiera la que nos propusimos. Esta experiencia me hizo ver que la preparación de los jóvenes es fundamental para la revolución, que sin ella no se puede transformar la sociedad. Esto ha guiado mi vida a partir de aquel momento.

Cuando triunfamos en Barcelona, el 19 de julio de 1936, la FAI desempeñó un papel importante. Como es sabido, esta organización se había formado con el fin de velar para que no hubiera infiltraciones políticas (y especialmente comunistas), en la CNT, y para que no se desviaran las ideas libertarias, aunque en este terreno no tuvo mucho trabajo, pues en la CNT había bastantes militantes libertarios que no eran de la FAI y que por su cuenta velaban por esta integridad de las ideas.

Yo pertenecía a un grupo de la FAI y en una de las reuniones que siguieron al 19 de julio me nombraron del Comité Peninsular, que se encontraba diezmado, pues varios de sus componentes habían muerto en la lucha. Además, dadas las nuevas circunstancias, había que fortalecer el comité y aumentar el numero de sus miembros, para poder formar las comisiones que fueran necesarias con el fin de enfrentarse a los problemas con los que no habíamos ni soñado y que ahora se planteaban de manera apremiante.

A otro compañero y a mí nos encargaron de la propaganda, en especial de la que se hacía por radio, que era, en aquel momento, la mejor manera de llegar al pueblo. Teníamos que redactar notas, noticias, comentarios, y coordinar las que recibíamos de otros compañeros y grupos, para evitar que hubiese contradicciones y que se dijeran cosas que pudieran redundar en detrimento de la unidad antifascista o socavar el prestigio del movimiento anarquista.

Al cabo de unos meses comencé a darme cuenta de que, a mi parecer, las cosas no iban como debían; discutí con los miembros del comité y llegué a la conclusión de que, por mi juventud, no estaba preparado para ocuparme de propaganda. Dimití, pues, volví a las actividades de mi barrio. En esto, me telefonearon del comité de Les Corts diciendo que se encontraban en una situación difícil, porque la Generalitat había mandado un camión de guardias de asalto para llevarse a las monjas de la Maternidad y embarcarlas hacia Italia. Naturalmente, sin nadie que los cuidara, los niños quedarían desamparados. Había cerca de mil. Con un grupo de milicianos, me dirigí a la Maternidad, nos enfrentamos a los guardias de asalto y los mandamos de vuelta a la Generalitat.

A las monjas, que ya estaban subiendo a los camiones, las mandamos a su trabajo con los niños. Les dije que, dada la situación, las que quisieran se podrían marchar como deseaba la Generalitat, pero sólo cuando hubiera bastantes enfermeras para ocuparse de los críos, pues a éstos no se les podía dejar abandonados, ni siquiera para salvar la vida; se quedaron todas. Poco a poco, en el curso de unas semanas, se fueron marchando, unas a casa de amigos o familiares, otras en los buques italianos que venían a recoger a los fascistas. Pero se marcharon solo cuando hubo quien las substituyera. Entonces, el comité de Les Corts y el local de Barcelona de la CNT entendieron que, puesto que había comenzado a ocuparme de aquello, debía quedarme de director de la Maternidad. La Generalitat nombró a un administrador y empezamos a trabajar.

Las salas de la Maternidad parecían cementerios. Grandes, sombrías, tristes, sin bullicio ni risas. Hablé con los críos, como pude. Consulté con los médicos, especialmente con el Dr. Aguilera, y reconocieron no solamente que los niños estaban tristes, sino que, tal vez a causa de esto, la mortalidad era elevada. No morían por enfermedad, sino de tristeza, aunque parezca mentira. Hice reuniones con los médicos, hablamos de lo que se podía hacer para remediar la situación y decidimos, a sugerencia mía, que en lo sucesivo todas las madres que dieran a luz en la Maternidad tendrían que quedarse en ella hasta terminar, por lo menos, la lactancia. Téngase en cuenta que entonces, en el pueblo, las madres daban el pecho a sus recién nacidos durante muchas semanas. Además, como algunas eran de eso que llaman vida airada y otras venían de casas muy pobres, esta estancia en la Maternidad les serviría para reponerse y acaso encontrar un mejor camino. Se les daría educación en Puericultura y las que no tuvieran oficio, aprenderían uno, para que pudieran trabajar. Así creamos una escuela de puericultura y una escuela de oficios femeninos. La intención era que las madres, así preparadas, en lugar de dejar a sus hijos en la Maternidad, como hacían muchas, pudieran ocuparse de ellos en sus casas. Claro que las que quisieran dejarlos, podrían hacerlo.

La verdad es que en el tiempo que estuve allí no vi ni un solo caso de madre que quisiera separarse de su hijo, después de haber estado unos días o unas semanas con él. Si hubieran querido, habrían podido hacerlo. Pero no hubo ni un caso, repito, aunque de no haberse tenido que quedar para amamantarlos, casi todas hubieran querido, al primer día, marcharse y dejar a los hijos. Las monjas, en cambio, las incitaban a marcharse, cuando ellas regentaban la Maternidad, y a que dejaran a sus hijos. Sin duda creían que los salvaban de la pobreza o de los «malos ejemplos». He vuelto a relacionarme con médicos de la Maternidad y sé por ellos que ahora (en los años setenta) se ha vuelto a esta política de incitar a las madres a irse pronto y dejar a los niños. Las consecuencias de esto son fáciles de comprender: los niños crecen desadaptados, sin cariño, rodeados de tristeza, y las madres solteras llevan toda su vida un sentimiento de culpa del que jamás pueden librarse.

Las chicas aprendían, unas bien, otras a desgana, otras con ganas pero sin maña. Abrimos un taller de confección, otro de pasamanería y otros de cosas parecidas. Todas iban a dos clases diarias (de media hora cada una) de puericultura, que daban los médicos. Creo que aprendieron mucho.

Pronto comenzaron las intrigas. Unas veces la Generalitat quería poner un director de la Esquerra. Otras veces los comunistas decían que el director tenía que ser médico y sugerían el nombre de un afiliado suyo. Otras eran las comadronas las que querían mandar. Cuando vi tanto jaleo y tantos aspirantes a director, me fui.

He de hacer constar que en los seis meses que estuve de director de la Maternidad no cobre ni un céntimo de sueldo. La Generalitat me mandó un formulario indicando que pusiera la cantidad que quería cobrar; a la sazón yo era soltero, comía en la Maternidad y no tenía apenas gastos personales. Rompí el formulario y conteste que no quería sueldo, que estábamos en guerra y en revolución y que teniendo comida, en mi caso, no necesitaba nada más.

Por cierto que como era director, al principio tenía que comer con los médicos internos, según costumbre de la casa. Me pareció inmoral que a ellos les dieran una comida mejor. Además, estando con los médicos no podía ver qué hacían los chicos durante las comidas ni que les daban de comer. Por esto, a los ocho o diez días me fui a comer con los chicos, en mesas de piedra, y así pude controlar lo que les daban, cómo los trataban y conocer a las enfermeras y las cocineras. Esta fue mi vida en la Maternidad, a la que dedique todas las horas del día, menos unas pocas para dormir. Y aún a veces ni éstas, pues si había reuniones en la Regional o en la Local, me levantaba más temprano, para adelantar trabajo y poder acudir a la reunión sin perjudicar lo que había que hacer en la Maternidad.

En la escuela de la Maternidad encontramos mucho material, que las monjas no supieron o no quisieron utilizar. Trajimos maestros —la mayor parte socialistas—, chicos y chicas competentes, que trabajaron muy bien con los niños. Después de cenar daba clases a las enfermeras y a las madres que amamantaban, explicándoles lo que era la revolución, cómo marchaba la guerra y cosas parecidas. Aparte de las enfermeras, había las que llamaba «hijas de la casa», chicas que al llegar a los diez años de edad, cuando según el reglamento debían pasar a la Casa de Caridad, se quedaban para ayudar a las monjas, que las seleccionaban. A estas muchachas también les daba clases; los médicos las preparaban para enfermeras. No pude terminar el ciclo, claro está, pero después supe que todas aquellas «hijas de la casa» fueron enfermeras profesionales.

¿Qué iba a hacer al dejar la Maternidad? Como mi experiencia con las juventudes de Les Corts me decía que lo importante era preparar a los jóvenes, pues sin esto no se podía hacer una auténtica revolución, me fui a mi tierra, a Aragón, y planteé a las comarcales de mi pueblo y de Binefar la necesidad de crear una escuela de militantes, tanto para formar hombres con una ética social adecuada como para preparar a administradores de las colectividades, que hacían mucha falta, y a secretarios de ayuntamiento, que eran todos del viejo cuño y no muy de fiar.

Me dio mucho gusto poder llevar a cabo estas actividades que he contado sin que nadie se extrañara ni tratara de disuadirme por el hecho de que fuera ciego. Una vez se demuestra que se pueden hacer cosas, la gente lo acepta y se olvida de que uno es ciego. Yo mismo, al contar todo esto, no me he acordado de explicar porque soy ciego.

Bueno, pues las comarcales estuvieron de acuerdo con mi proposición e iniciamos la escuela en una casa grande de la carretera de Monzón, que había sido requisada. Estaba cerca de la estación y tenía un gran huerto. En esta escuela de militantes tuve experiencias muy interesantes, que me enseñaron mucho. Cada pueblo mandaba dos o tres chicos, sin preparación escolar adecuada, más acostumbrados a pelearse y a coger nidos que a estudiar. Pero al encontrarse con una escuela diferente, con libertad en todo, se lo tomaron con tanto entusiasmo que al llegar las diez de la noche tenía que ponerme serio para conseguir que se fueran a dormir. Había tres o cuatro clases formales, que daba yo, pues no sabían nada de gramática, casi nada de aritmética y nada de geografía e historia, de contabilidad. Pero como utilizábamos la técnica Freinet, teníamos imprenta y tres horas de trabajo en el campo. Se formaban grupos voluntarios para investigar en física, en química agrícola, en sociología, en fotografía. Tenían biblioteca. Yo no asistía a estos grupos, sino que estaba, por decirlo así, de consulta, por cuando no encontraban alguna respuesta. Trabajaban libremente, salvo en las clases formales, y ninguno permanecía ocioso, de esto estoy seguro, no se aprovechaban de la libertad para no hacer nada. Al contrario, estaban vibrando siempre, investigando, preguntando, creando, discutiendo. Con el producto de las tres horas de trabajo en la huerta llegamos a sostener la escuela.

Cuando la Regional de Aragón se enteró de cómo funcionaba la escuela, le dio carácter regional, en vez de comarcal, y nos mandó una subvención de unos miles de pesetas mensuales. De todos modos, pasados los tres primeros meses, durante los cuales la comarcal nos suministró comida, la escuela se sostuvo siempre a sí misma. Algunas veces recibíamos dinero de milicianos que nos habían visitado o de algunos chicos que estuvieron en la escuela y se marcharon a las milicias. Gracias a esto pudimos comprar material que nos hacía falta, varias cámaras fotográficas, un microscopio, montar un pequeño laboratorio de química agrícola y hasta una estación meteorológica.

Al cabo de ocho meses, la escuela ya pudo proporcionar algunos secretarios a colectividades y ayuntamientos. Muchos de nuestros chicos, que empezaban a los quince años, se encontraron movilizados cuando llamaron a las quintas de los adolescentes. Muchos murieron en el frente. La escuela no desapareció cuando el Gobierno Negrín disolvió el Consejo de Aragón. El señor Mantecón, de mala memoria, pobre diablo, clausuró la escuela. Pero por aquellos días había habido un bombardeo en Monzón y una bomba cayo en uno de los pabellones de la escuela. Esto nos dio pretexto para trasladar el material a una casa de campo de Caspe, donde la escuela continuó, clandestinamente, hasta la llegada de los fascistas. En realidad, la escuela se cerró ocho días antes de la retirada, porque los de aviación se instalaron en ella. De todos modos, era ya evidente que no podía continuar allí, a causa de la guerra.

Pero seguía siendo necesaria. Por esto la organizamos otra vez en Cataluña. En San Gervasio, a donde fuimos a parar, había un refugio para niños que huyeron ante el avance fascista. No había sitio para nuestra escuela de militantes. Entonces, con otros compañeros, la organizamos en Llanca, también con huertas para sostenernos. La SIA (Solidaridad Internacional Antifascista) de Francia nos mandaba todas las semanas un camión con alimentos. La SIA quiso que la escuela estuviera más cerca de Barcelona, para que pudieran recibir educación en ella también muchachos extranjeros. La llevamos a Sant Vicenç dels Horts, que entonces se llamaba Horts del Llobregat. Pero ya las cosas iban mal, el frente se acercaba, todo estaba abandonado, los jóvenes se iban a la mili. La colectividad campesina del pueblo la llevaban cuatro granujas que no eran campesinos y que explotaban a la gente del pueblo. El ayuntamiento estaba en poder de unos zánganos que no eran ni buenos ni malos. Así y todo, pudimos hacer una escuela. Y a través de la escuela limpiamos y reorganizamos el pueblo.

A algunas chicas que ya estaban entrenadas a enseñar, las pusimos al frente de la escuela, y a algunas que llevaban con nosotros bastante tiempo las pusimos en el ayuntamiento y en la colectividad, para que trataran de revitalizarlos. Organizamos a todo el pueblo, con ayuda de chicos de 15 y 16 años, y además recogimos a todos los niños que no iban a la escuela e hicimos con ellos clases nuevas, con mi compañera, que era maestra, y otras personas que nos ayudaron. En realidad, todo el pueblo giraba en torno a la escuela. Por las noches, los mayores y los jóvenes venían a ella, hacíamos reuniones, asambleas de padres, explicábamos cómo marchaba la guerra, como funcionaba la escuela y como debía funcionar la colectividad. Todos expresaban sus deseos, exponían soluciones a los problemas. Todo el pueblo vibraba al unísono de la escuela.

Hasta que vino la hecatombe. La artillería destrozó la escuela y nos marchamos a Francia como pudimos. Muchos de los niños se fueron con sus familias y otros vinieron con nosotros, andando y andando hacia la frontera. En Mataró, como los pequeños estaban ya agotados, requisamos, con cierta violencia pero sin hacer daño a nadie, un carro y una mula para cargar a los más pequeños. Fuimos recogiendo niños perdidos y llegamos a la frontera con sesenta. Nos metieron en un tren, rodamos interminables días hasta que nos dejaron en un pueblo cerca de Suiza. Un pueblo de unos veinticinco mil habitantes. Organizamos enseguida una escuela, para atender a aquellos chiquillos, de muchos de los cuales ni siquiera sabíamos quiénes eran, ni de dónde venían ni si tenían familia. Los maestros de la localidad se interesaron, cuando supieron que en el refugio había una escuela. Cosa curiosa, no habían oído hablar de la técnica Freinet y tuvimos que explicársela, y eso que Freinet era francés.

Quiero hablar otra vez de las colectividades aragonesas, que fueron algo muy importante. Cuando se organizaron, en los comienzos de la guerra, yo estaba en Barcelona, pero como era de allí, asistía a los plenos regionales y seguía las cosas de cerca. Y pude vivir la experiencia de cerca cuando me instalé en Monzón, como ya indiqué. La colectividad de Monzón no era completa, solamente se colectivizaron del 45 al 50 por ciento de las tierras del termino municipal. Pero fue una colectividad magnífica. En el comité había solamente dos miembros que podríamos llamar permanentes, es decir que trabajaban en él todo el día —aunque esto no quiere decir que no los cambiaran cuando así lo decidía la asamblea de los colectivistas—. Los demás miembros del comité trabajaban en la tierra, en las fabricas azucareras, en los talleres. Todos los colectivistas cobraban lo mismo, desde el presidente de la colectividad o el médico hasta el peón, y todos disponían por igual de todos los servicios de la colectividad: la atención médica, la escuela, el cine, el teatro. El dinero consistía en unos cartones o vales emitidos por la colectividad, con los que se podía adquirir lo necesario; cuando había que comprar cosas de fuera del pueblo, ir a Barcelona para una operación o algo así, la colectividad proporcionaba los billetes de pesetas necesarios.

Ordinariamente la jornada de trabajo era de seis horas, pero había épocas, como la de la recolección, en que se trabajaba lo necesario sin contar las horas, y en invierno, cuando había poca luz en el campo y nada urgente por hacer, se trabajaba menos.

Todas las semanas se reunía una asamblea, y era ésta la que determinaba los cambios en la jornada y cualquier otra cosa que afectara a la vida de la colectividad. Los campesinos hablaban libremente, mostraban su gozo de hacer cosas nobles y no se abstenían de censurar a quienes hacían cosas poco recomendables, que, claro está, también los había.

Mi mujer organizó una escuela nocturna para las madres de familia. La mayoría de las asistentes eran mujeres de trabajadores de fábrica, en general afiliados a la UGT. A las cinco o seis semanas, ya podían empezar a escribir cartas, muy simples, a sus maridos, que estaban en el frente. Se conmovieron tanto al recibir estas cartas, que estos chicos de la UGT mandaron dinero a la escuela de madres, que era de la CNT. Al calor de la escuela se creó una sección de Mujeres Libres, que se dedicó a la educación de las mujeres casadas de la comarca. No se hacían muchas cosas porque no en todos los pueblos se encontraban mujeres que estuvieran en condiciones de educar a sus compañeras ni dispuestas a dedicar horas y esfuerzos a esta labor. Pero en algunos lugares, como Fraga, Alcañiz y Monleón, se hicieron escuelas de este tipo gracias al ejemplo de la de Monzón. Estas escuelas se instalaban en la casa de la colectividad y sólo funcionaban bien si la colectividad las apoyaba.

Hay que puntualizar, hablando de colectividades, que, como en la de Monzón, en muchos lugares sólo la mitad de la tierra fue colectivizada. La otra mitad quedaba en manos de los pequeños propietarios, que la seguían trabajando por su cuenta. La colectividad solo se compuso de las tierras de los grandes y medianos propietarios, que huyeron (o cuyos administradores huyeron, en el caso de los grandes terratenientes, pues éstos no vivían en el pueblo). Hubo pequeños propietarios que quisieron ingresar en la colectividad, aportando su tierra.

La mayor parte de la UGT de Monzón se adhirió a la colectividad (y lo mismo ocurrió en muchos otros pueblos aragoneses, pero no en todos). Mas una parte considerable de los ugetistas siguieron siendo pequeños propietarios libres, como también lo hicieron los republicanos y los que no eran de ningún partido. En la colectividad había una mayoría de la CNT y una minoría de la UGT. Además, había colectividades industriales —del molino, de la industria azucarera, de talleres mecánicos— que tenían vida independiente. En los pueblos menores, donde no había industria, a menudo la colectividad campesina era la única. En esas colectividades industriales no se siguió el modelo catalán de incautarse de la industria abandonada y poner a su frente un comité de empresa elegido por los trabajadores. Las industrias de aquella comarca aragonesa eran demasiado pequeñas para que esto fuera posible. Lo que ocurrió fue que los dueños de los talleres (o sus obreros, si los dueños los habían abandonado) ponían en común todos los talleres, sus locales, máquinas y clientes, trabajaban en común y se repartían entre todos los y beneficios. Hay que tener en cuenta que estas colectividades industriales trabajaban sobre todo para los campesinos. La excepción fue la Azucarera, que era una empresa poderosa. El Comité Regional de Aragón, habida cuenta de la importancia que tenía esta compañía en la economía de la región, la controló. Las colectividades enviaban a la Azucarera la remolacha y recibían de ella, como pago, un veinte por ciento del precio en azúcar y el resto en dinero. Con el azúcar que se vendía fuera de la región se reunía dinero para pagar a los obreros de las fábricas azucareras, las colectividades remolacheras y las reparaciones de maquinaria. Los particulares no vendían a la Azucarera su remolacha. Allí donde había colectividad, los pequeños campesinos vendían su cosecha (la parte de la misma que no se guardaban para mantenerse) a la colectividad, y ésta la vendía, en el caso de la remolacha, a la Azucarera, pero sin hacer beneficio. Los particulares también compraban lo que necesitaban a las colectividades, cuando éstas lo producían o lo «importaban» de otras colectividades o de empresas colectivizadas catalanas o de Levante. En suma, los campesinos «libres» vendían a la colectividad todo lo que les sobraba, y compraban a la colectividad maquinaria, abonos, semillas, comestibles, tejidos. En realidad todo Aragón estaba colectivizado… bueno, la parte de Aragón que no quedó en poder de los fachas. Los particulares eran dueños de su trabajo, se administraban ellos mismos, pero no podían traspasar a nadie sus tierras o sus talleres. De hecho, la colectividad tenía una doble personalidad: por una parte era una explotación agrícola en común, y por la otra una cooperativa de compra y venta. En la primera sólo estaban los campesinos colectivistas; la segunda englobaba a éstos y a los «libres».

Se ha hablado mucho de que se obligó a los campesinos a entrar en las colectividades. Es cierto que esto ocurrió en alguna parte, pero en la mayoría de los lugares, no. En Monzón, por ejemplo, no sucedió. Es verdad que hubo casos en que hombres de la CNT expusieron a una asamblea de campesinos, con la pistola encima de la mesa, la necesidad de colectivizar. En estos casos, todo el pueblo se hacía de la colectividad, por miedo. Pero más tarde las cosas se arreglaron y se dio a todos los que quisieron salir de cualquier colectividad la posibilidad de hacerlo, garantizándoles que nada les ocurriría. Y hubo quienes se salieron y nada les pasó. Entonces, las colectividades quedaron constituidas exclusivamente por voluntarios, por familias que querían de veras vivir en colectividad. Cuando se dio la oportunidad de salir de las colectividades, en algunos pueblos se marcharon muchos; en algunos, pocos; en casi todas partes, algunos. De todos modos, fueron muchísimos más los pueblos donde la colectividad se formó voluntariamente que aquellos en que se ejerció alguna presión.

Me han preguntado a veces cuál fue el problema más importante con que tuvieron que enfrentarse las colectividades. La verdad es que no hubo conflictos serios. Todo se desarrolló de modo normal y si surgían conflictos, en general pequeños, se resolvían en asamblea. El único problema que pudo haber fue, como he indicado, el de que hubiera en las colectividades gentes forzadas, que no lo sentían, y esto se evitó pronto permitiéndoles la salida.

No hubo tampoco problemas técnicos. Aragón era la región española con más máquinas agrícolas, pero de todos modos eran tan pocas —así estaba de atrasada nuestra agricultura—, que la mayoría de las labores se hacían con animales o a mano. Cuando en un pueblo había un tractor, una segadora, una trilladora o lo que fuera (y en casi todos había cuando menos una máquina, adquirida antes de la guerra por algún propietario), no sólo se utilizaba para la colectividad del pueblo, sino que se ponía a disposición de los pueblos contiguos. Se organizó de modo que la máquina trabajara regularmente, de acuerdo con los cultivos y en el momento y lugar en que se necesitaba. Las máquinas se cuidaban mucho, eran las niñas de los ojos de las colectividades, pero no suscitaron disputan entre colectividades. Todas aceptaban la coordinación de su uso, que estaba a cargo de los comités comarcales.

Éstos no sólo coordinaban las máquinas, claro está, sino que actuaron con vistas a la producción y a veces hasta lograron que un pueblo en cuyo termino municipal hubiera más tierra de la que se cultivaba, cediera parte del termino a otro pueblo con menos tierra y brazos de sobra. Cuando llegaron los fachas, se establecieron los límites de antes y se desperdició otra vez mucha tierra. Pero, de momento, la medida sirvió para que se viera la generosidad de nuestra gente. La delegación de un pueblo contiguo acudía a una asamblea, explicaba con números que no tenían tierra para todos los habitantes que querían trabajarla y que, en cambio, en el pueblo donde se celebraba la asamblea no había bastante gente para cultivar toda la tierra. Siempre la asamblea decidía, sin presión ninguna, por simple deseo de hacer las cosas racionalmente, que se cediera al pueblo contiguo la tierra que necesitaba. Y eso no fue un caso aislado, sino que ocurrió en muchos pueblos. La misma coordinación se ejercía en la utilización de las aguas, que tradicionalmente había sido causa de muchos y a veces sangrientos conflictos. No hubo ninguno en el tiempo que duraron las colectividades.

Al comienzo, la influencia de las colectividades en el modo de vivir de los campesinos fue sólo emotiva. La gente se sintió satisfecha al ver que había solidaridad en los hechos, que no quedaba en palabras y promesas, que había confianza, que había generosidad. Esto fue lo importante de verdad y lo que ayudó a que las colectividades aumentaran su producción mucho más de lo que podía explicarse por las mejoras en los métodos de trabajo.

Me había dedicado, en las horas de ocio, a hacer una estadística de la producción de antes de la guerra en mi comarca, valiéndome de datos que me proporcionaban los compañeros, pues no había cifras oficiales. Comparada con la estadística que hicimos durante la guerra, arrojaba para 1937 una cifra de producción mayor, y esto a pesar de que la gente joven estaba en el frente, de que muchos se marcharon (los propietarios y los que llamábamos fachas, que unos lo eran y otros no, pero que tenían miedo de quedarse). Este aumento se explica por el entusiasmo que creó la solidaridad y que permitió aprovechar la labor de viejos, mujeres, niños, sin explotarlos, sin obligarlos…

Desde el punto de vista técnico se pudieron hacer pocas cosas, a causa de la guerra. La escuela hacía lo que podía y nosotros también para convencer a los campesinos de la necesidad de cambiar los métodos de producción, pero no hubo tiempo de que esta labor educativa diera frutos.

El nivel de vida cambió algo, fue mejor que antes, pero no muy superior a la media del campesino aragonés. Hay que tener en cuenta que por lo menos el 80 por ciento de los cenetistas de Aragón eran pequeños propietarios, que vivían relativamente bien. Al entrar en las colectividades, su nivel de vida no cambió. Había pocos peones, pocos trabajadores agrícolas, y estos fueron los que más mejoraron al entrar en las colectividades, como era justo porque eran los que antes peor estaban. Esto es interesante porque indica que la mayoría de los revolucionarios, en el campo aragonés, lo eran por ética, por convicciones, y no por interés inmediato, por necesidad. Más que mejorar el nivel de vida, lo que las colectividades hicieron fue establecer mayor equidad.

Los comercios se colectivizaron. Es decir, entraron a formar parte de una cooperativa relacionada con la colectividad. Si el comerciante era una buena persona que no había explotado ni era facha, en general se ponía al frente de la cooperativa o de alguna de sus secciones. Su experiencia ayudó a que funcionaran bien las cooperativas, desde el punto de vista de la distribución. Claro que al lado de estos comerciantes había otros miembros de la colectividad que controlaban la cosa desde el punto de vista revolucionario, para impedir que, aún sin quererlo, se deslizaran costumbres de comercio burgués, se pensara todo el tiempo en el beneficio. Las cooperativas formaron una Federación Regional en Aragón, que luego se federó con otras del resto de la zona republicana, y que hacía como de supercooperativa: compraba y vendía muchas cosas por cuenta de las cooperativas afiliadas; trataba de repartir entre todas las cosas que escaseaban y podía enviar a una algo que le faltaba y que otra tenía de sobra.

Las colectividades también se federaron. Por cierto que cuando tuvo lugar en Alcañiz la reunión para constituir esta federación, hubo bastante resistencia. Se creía que al federarse cada colectividad perdería su autonomía, su libertad. Se habló mucho de la comuna libre y otras cosas que estuvieron durante años en nuestra propaganda. Pero por fin se comprendió la necesidad de la federación y se aprobó.

En aquellos tiempos del principio de la revolución, cada pueblo cogía unos cuantos sacos de trigo, de arroz o de azúcar y mandaba a alguien con ellos a Barcelona a buscar frutas que no tenían, o tejidos, máquinas u otros artículos. Esto suponía un despilfarro enorme; eran un montón de camiones que hacían el viaje para estos trueques. Convenía coordinarlos. El Comité Regional de colectividades, pues, se encargó de hacer las transacciones de acuerdo con las necesidades de la región teniendo en cuenta las posibilidades. Luego, en una plenaria celebrada en Valencia, se creó el Comité Nacional de colectividades, para llevar la coordinación más allá.

Las relaciones entre las colectividades y las columnas de milicias fueron constantes y estrechas. En algunos lugares, las columnas ayudaron a establecer las colectividades —a veces, como dije, con cierta coacción, aunque sólo fuera la de su presencia—. Las colectividades suministraban a las columnas todo lo que necesitaban en materia de alimentos. Las columnas lo pagaban, pero en realidad el dinero contaba poco en aquel momento. Al principio, ni se pagaba, las colectividades lo daban todo voluntariamente, como ayuda a la guerra. Cuando ésta se prolongó, ya no fue posible, porque los colectivistas tenían que vestirse y reparar sus maquinas.

Hubo algo que debe destacarse. Mientras en Barcelona y otras ciudades los precios fueron subiendo a medida que escaseaban las cosas, en Aragón, gracias a las colectividades, los precios no subieron, fueron los mismos el primer día de la guerra que el primer día que entraron los fachas. En Aragón una gallina valía tres pesetas cincuenta, y un kilo de pan, dos reales en 1937 como el 17 de julio del 36. Esto no ocurrió nunca, con guerra, ni en el resto de España ni fuera de España. En las colectividades hubo un sentimiento ético de solidaridad tan grande que nadie quiso aprovecharse de la carestía causada por la guerra.

Allí donde había columnas del PSUC, que era un partido comunista enemigo de las colectividades y que perseguía a los cenetistas, las colectividades se mostraron renuentes a venderles, pero de todos modos les vendían. Las columnas del PSUC preferían, cuando podían, comprar a los particulares y a las pocas cooperativas que existían ya de antes.

Por cierto que fueron estas columnas del PSUC y luego las del PCE que reemplazaron a las cenetistas en el frente de Aragón, las que, aprovechando la disolución del Consejo de Aragón por orden del Gobierno Negrín, trataron de disolver a la fuerza las colectividades. Mandaron gentes del frente a asustar a los colectivistas y en muchos casos a detenerlos (secuestros eran, pues no había orden legal de detención). Fue una de las cosas más canallescas de la guerra. Detuvieron a los comités que no pudieron esconderse o huir, devolvieron las tierras y los animales a las familias fachas, pero no lograron destruir nada, a fin de cuentas, porque en cuanto estas bandas de Lister se iban, los colectivistas reorganizaban las colectividades y volvían a tomar la tierra y los animales. Estas bandas tiraron por las calles aceite, azúcar, arroz, destruyeron muchas cosas, máquinas, libros, archivos. Pero finalmente regresaron a sus columnas. Después de esto, las colectividades fueron más fuertes, porque habían pasado, por decirlo así, por la prueba de fuego de la persecución y se vio que los colectivistas querían serlo, puesto que no aprovecharon la presencia de los comunistas para salirse. La inmensa mayoría se quedaron en las colectividades, a pesar del riesgo que esto podía representar. Los colectivistas que sobrevivieron como tales este ataque, tuvieron más mordiente, más conciencia que antes, más conciencia anticomunista también, porque antes apenas se habían dado cuenta de lo que los comunistas significaban. Destruyeron cosas, pero no la conciencia de las gentes. Por ejemplo, mi hermano había sido herido en el frente, en la división 27, y estaba en aquel momento en un hospital de Barcelona; llegó al pueblo de convalecencia en el instante en que los milicianos de la columna Carlos Marx, del PSUC, devolvían a sus antiguos dueños las mulas que habíamos requisado a los propietarios fachas. Mi hermano se enfrentó solito al comandante de la Carlos Marx, se le unieron las mujeres y obligaron a que se devolvieran a la cuadra de la colectividad las mulas que eran indispensables para el trabajo. Me enteré, tomé un coche y fui al pueblo, donde hablamos, con otros compañeros, con el comandante comunista, diciéndole lo indigno que era su proceder; nos contestó que no sabía que los antiguos dueños fueran fachas, que lo engañaron… No lo creí, pero la cosa quedó así y nos separamos casi amigos. Me llevé a mi hermano a Monzón, porque temía por su vida.

En todo el Aragón republicano existieron unas seiscientas y pico de colectividades. No había ningún pueblo sin la suya. La gente se preguntaba qué pasaría cuando los jóvenes se fueran al frente, como se fueron muy pronto, de voluntarios. No pasó nada, precisamente porque había colectividades. Quedaban los viejos, las mujeres, los niños y adolescentes, y como trabajaban las tierras en común, nunca se dejó de cultivar ni un campo por falta de brazos. En cambio, si la explotación hubiera sido familiar, al marchar al frente uno o dos hombres de cada familia, muchas tierras habrían quedado abandonadas. Gracias a la colectivización, se aprovechaba colectivamente el trabajo de cuantos podían trabajar, se organizaba de manera que no hubiera ni un palmo sin cultivar. Por esto se consiguió que, aún faltando muchos hombres, la producción aumentara.

En Aragón había habido, muchos años antes, la propaganda de Joaquín Costa, pero ninguna experiencia práctica en colectividad, fuera de la de mi pueblo, Albalate, que existía antes de la guerra, con las tierras que compramos a un noble, como ya expliqué. El centralismo y el latifundismo habían destruido hasta el recuerdo de las viejas colectividades populares, de siglos antes.

La gente ahora ya vieja recuerda con cariño las colectividades. Por ejemplo, terminada la guerra, me escapé de un campo francés y me vine ilegalmente a Barcelona. Estaba en el Comité Regional de la CNT de 1946, clandestino claro está, cuando teníamos sesenta mil cotizantes. Estas cosas, la gente de ahora las desconoce. Me fui a Zaragoza y organicé el Comité Regional de Aragón. Había entusiasmo, porque la gente vivía del recuerdo de la guerra. No pocas mujeres me hablaron de las colectividades… mujeres que habían tenido que salir de su pueblo al acabar la guerra y que se ocultaban en Zaragoza o en Barcelona. Y me preguntaban ingenuamente: ¿Cuándo regresáis a poner las colectividades otra vez?

Los jóvenes no saben nada de esto, ni siquiera los del campo. Los padres, que pasaron por el exilio o por la cárcel, temían que sus hijos se enzarzaran en la lucha y no les contaban nada del pasado. Solamente los hijos de los viejos militantes saben algo, así como los que se organizaron en aquellos años, de 1944 a 1948, cuando les hablábamos, en lo posible, de la experiencia de la guerra. Pero estos ya son viejos, hoy. No hay que olvidar que en aquella época el miedo era brutal. Todos temían que si sus hijos se mezclaban en algo, acabarían fusilados, porque entonces, a los de la oposición, si los cogían los fusilaban ¡eh!

Había razones para este miedo. La represión contra los colectivistas, terminada la guerra, fue algo horrible. Los dirigentes y no pocos miembros de las colectividades se retiraron hacia Cataluña y luego a Francia. Pero los hubo que quisieron quedarse y frecuentemente las familias se quedaron, pensando que no les ocurriría nada. A pesar de que los más responsables se fueron, la represión fue tremenda. En mi pueblo mataron a viejos de ochenta años, al no poder echar mano a sus hijos y nietos. Los padres o abuelos no habían sido de nada, sólo sus hijos o nietos fueron militantes o de comités de la CNT o de la colectividad. Los que de momento pudieron salvarse —sobre todo porque se ocultaron en el monte o lograron irse a una ciudad—, si los cazaban pasaron muchos años en prisión.

Quedan muchas cosas por contar. Ahora se me ocurre algo que sin duda provoca preguntas. ¿Qué ganaban los colectivistas? Los adultos cobraban un duro diario y una peseta o tinta —según los lugares— por cada hijo menor, de modo que ese subsidio familiar franquista se estableció ya en Aragón, sin llamarlo así, en 1936 y en todas las colectividades.

A pesar de que el nivel cultural del campesino no era muy alto, su interés por la cultura creció rápidamente. Las colectividades estimularon teatros, cines, ateneos, cursillos, y no se hizo más porque la guerra absorbía muchas energías. Pero los campesinos se dieron cuenta de lo que se habían perdido, de lo que hubiese podido ser su vida, si la sociedad hubiera sido menos injusta. Y esto los hacía sentirse identificados con las colectividades, que se preocupaban de ellos y no sólo de su trabajo.

Hay que precisar, sobre esto. Si no se trabajaba, no se cobraba, en una colectividad. Pero creo que este caso no se dio nunca. En cambio, los viejos, impedidos, enfermos, cobraban como cualquier adulto que trabajase. No había eso del retiro con la mitad o un tercio del salario. Las necesidades, retirado o no, eran las mismas, y la remuneración, por lo tanto, debía ser la misma. Las necesidades de los enfermos o accidentados las cubría la colectividad: medicinas, tratamiento, estancia y viajes a un hospital, si precisaba. Lo mismo en los casos de maternidad.

El duro del salario era un duro en cartón, no en plata —ya no los había de plata, pues los que los tuvieron, los guardaron—. Era un vale que servía para comprar lo que se necesitara en la cooperativa que había en cada colectividad. Si se precisaba dinero para cosas de fuera del pueblo —por ejemplo, un billete a Lleida—, pues se daba a la cooperativa el equivalente en vales y la cooperativa sacaba el billete. Estos duros de cartón solo circulaban dentro de cada colectividad. Para comprar en otras colectividades se cambiaban por pesetas corrientes o, si no llevabas pesetas, te canjeaban los vales de tu colectividad, y luego el Comité Regional hacía los arreglos y compensaciones entre las colectividades. Ibas a Fraga, pagabas con «dinero» de Albalate, Fraga lo mandaba al Comité Regional, éste a Albalate y Albalate pagaba a Fraga en pesetas corrientes.

No hay que olvidar que para muchos campesinos aragoneses, formados en una ética revolucionaria, la moneda era un elemento de corrupción, un signo del capitalismo. Por esto, después del 19 de julio, en no pocos pueblos quemaron los billetes de banco, se quedaron sin moneda y para salir del paso pusieron en circulación los vales o duros de cartón. No importaba, en fin de cuentas, pues lo que realmente da valor a una moneda es la producción que la apoya, lo que se ha pagado con ella y lo que con ella se puede comprar. En algunos pueblos, en lugar de vales se hicieron cartillas, en las que se anotaba lo que se consumía y su valor, pero esto duró poco, porque era engorroso. En cambio, los cartones valieron hasta que entraron los fachas.

Un jornalero, antes de la guerra, ganaba de seis a ocho pesetas de jornal. Al recibir cinco pesetas, con las colectividades, no perdía, sino que ganaba, pues la colectividad le daba de balde muchas cosas que antes tenía que pagar: distracciones, médico, escuela, casa (porque ya no se pagaron alquileres). Sólo había que comprar la ropa, los comestibles, algún capricho que se tuviera y los transportes individuales. La gente siguió viviendo en las mismas casas que antes, pero algunas familias que estaban muy mal alojadas u otras que se refugiaban de la zona fascista fueron alojadas por los comités en las viviendas de los ricos huidos, que habían sido requisadas en cuanto sus dueños se marcharon. Nadie pagaba ni alquiler ni contribución.

De momento, el comité revolucionario ocupó el lugar del ayuntamiento, pero luego, para estar a tono con el resto de la zona republicana, se volvió a los ayuntamientos, aunque ahora formados por representantes de las organizaciones sindicales y los partidos antifascistas. La colectividad nunca se convirtió en ayuntamiento. Tenía su propio comité, que solía ser de la CNT, si todos los colectivistas eran cenetistas, aunque cuando había entre ellos republicanos y socialistas, formaban también parte del comité.

Los dirigentes de las colectividades se elegían por un año, pero si en una asamblea alguien señalaba que alguno había abusado de algo, que no servía para su cargo o que era más necesario en otro lugar, se le substituía, si la asamblea lo acordaba así, y el substituido seguía siendo miembro de la colectividad y nadie lo trataba de modo distinto. Esto no ocurrió a menudo. Hay que tener en cuenta que los aragoneses son gente con mucho amor propio; en cuanto en una asamblea se criticaba la actuación de alguien, así fuese en una cosa accidental, sin importancia, el criticado ya no quería seguir en el cargo. Lo más frecuente fue esto, que los criticados dejaran el cargo y no que los substituyeran. No estoy seguro de que esto ocurriera así en otras regiones. De todos modos, al cabo de un año de la elección de un comité, se elegía otro. A veces había en él gente del anterior; a veces no y a veces a medias. Dependía de cómo hubiera actuado y de lo satisfechos que los colectivistas se sintieran del comité. Hay que recordar que había asambleas muy frecuentes, que decidían sobre los asuntos importantes, de modo que los comités no podían cometer ni abusos ni errores de importancia, porque las asambleas lo habrían impedido. Si hubo errores, se debieron casi siempre a decisiones de la asamblea; es posible que el comité hubiera adoptado por su cuenta la misma decisión, pero tal como funcionaban las colectividades con asambleas semanales o quincenales, el comité tenía más funciones administrativas que decisorias. Nada impedía la reelección de un comité o de algún miembro del comité. No se dio este caso con frecuencia, porque se quería que pasaran por el comité el mayor numero posible de colectivistas, para que se identificaran con la colectividad y para que aprendieran. Los comités, al principio, solían tener una mayoría de jóvenes, pero como éstos se iban al frente fueron siendo substituidos por hombres maduros y viejos. Así ocurrió que hacia 1938 casi todos los dirigentes de la CNT aragonesa y de las colectividades eran de origen republicano, es decir, viejos republicanos que se hicieron de la CNT después de 1931 por la decepción que les causó la República. He de reconocer que, en mi experiencia, era más fácil y agradable trabajar con estos militantes maduros que con los jóvenes. Pude tratarlos en las escuelas de Monzón y de Caspe, donde se refugiaron muchos de ellos cuando las razzias de los comunistas. Digo que se podía trabajar mejor con ellos por una razón muy sencilla: eran más sensatos, no tenían la impaciencia de los jóvenes ni la impulsividad que llevaba a los jóvenes a querer quemarlo todo, ni la impaciencia que les hacía que les pareciera mal lo que no se consiguiera rápidamente, en pocos días. Estos hombres maduros fueron los que reconstruyeron las colectividades después de la asonada comunista. Comprendían que había que mantenerse firmes, pero sin provocar. Así, las colectividades de después de la ofensiva contra ellas de los comunistas, dirigidas por hombres maduros, acaso perdieron alguna gente, poca, pero ganaron en ética y, sobre todo, en eficacia, en administración, en mejor organización.

Ésta es una lección que deberíamos recordar, los que vivimos aquellos tiempos, junto con todas las demás, entre ellas la de que sin el ímpetu y la impaciencia de los jóvenes no habría habido colectividades. En el fondo, debería decir que cada uno sirve para una cosa y que lo importante es que haga aquello para lo que sirva y preciosamente aquello y no otra cosa.

FÉLIX CARRASQUER.

UNA SOCIALIZACIÓN EN GUADALAJARA

Nací en Vélez-Blanco (Almería) en 1908. Mi padre fue don Jerónimo Gómez Arcas (abogado) y mi abuelo don Francisco Gómez Fernández (notario); mi madre, Olalla Abril Navarro, procedía de una familia de jornaleros. Por línea paterna, todos mis antepasados fueron hombres de estudio que ejercieron sus carreras muy destacadamente a través del tiempo; su conducta y sus ideas fueron siempre de ambiente liberal, respetuosas con las normas y buenas costumbres de la sociedad. Por línea materna, su desenvolvimiento fue siempre de humilde trabajo, supeditados a una vida al servicio de otros, pero siempre con un espíritu de independencia.

Aún no cumplidos los doce años ya había perdido a mis padres. El espíritu digno y honrado de mi padre hizo que al morir él nuestra herencia fuera nula, de lo cual, aunque parezca absurdo, me alegro, pues tuve la dicha de conocer otro mundo y otra vida tan diferente y opuesta a la que en mi infancia había conocido. Las circunstancias y la necesidad nos obligaron, a mí y a mis dos hermanos mayores, Rosa y Ángel, a decidir marchar a Barcelona, exactamente a Badalona, donde por la necesidad de trabajar entré como aprendiz de vidriero en la fábrica de botellas y garrafas de Costa Florit. En esa época, por el año 1921, todos los trabajadores tenían que estar sindicados, pues los delegados sindicales así lo indicaban. Yo, felizmente, opté por asociarme a la CNT. Desde entonces, poco a poco, fui descubriendo las grandes injusticias y miserias de los trabajadores y al ir haciéndome un hombre comprendí la necesidad de defender los intereses de mis hermanos y de mi clase junto a los míos. Consecuencia de todo esto: huelgas, persecuciones, encarcelamientos y escenas amargas vividas en un grato recuerdo, pero siempre con tesón, valentía y dignidad. ¡Adelante!

Al estallar el movimiento en 1936 me encontraba en Madrid, ya unido a la que hoy es felizmente mi compañera y esposa. Entonces ya teníamos un hijo, que hoy es persona mayor.

Por circunstancias que no puedo precisar, la Federación Regional de Campesinos del Centro creyó oportuno nombrarme delegado de control e inspección de las fincas socializadas de la provincia de Guadalajara. Una de ellas, la más importante quizás, era la finca de Miralcampo, situada en el kilómetro 40 de la carretera de Madrid a Zaragoza. Por la importancia de esta finca, la citada federación consideró útil y necesario nombrarme delegado permanente con domicilio en la finca misma. Esta finca tiene una extensión de 12 kilómetros cuadrados; comienza en la carretera que va a Santos de la Humosa y termina en el término municipal de Meco, ya en la provincia de Madrid, y de la línea férrea de Zaragoza hasta la carretera que sube al pueblo de Azuqueca de Henares. Los recuerdos que guardo de la socialización de esta finca son muy extensos y altamente ejemplares. La finca no tenía ganado vacuno, pero al terminar la guerra había 41 cabezas de este ganado en los establos con la consiguiente producción de leche. No existía ganado porcino, y al terminar la guerra había más de 200 cabezas. Se construyó una granja avícola, con todos los adelantos modernos y control de las aves, se montó una granja cunícula, al servicio fundamentalmente del Instituto Nacional de Sanidad y del Laboratorio Municipal Antirrábico de Madrid. Se construyó un establecimiento para la fabricación de pan, con todos los adelantos de entonces, con maquinaria refinadora y amasadora, eléctricas y de gasolina, teniendo asegurada la fabricación de pan para todas las familias de los trabajadores que intervenían en la producción agrícola y pecuaria de Miralcampo, para lo cual, por las necesidades de dichas familias hubo que crear y montar un economato para el abastecimiento de todas las materias necesarias y posibles de obtener en época de guerra, abasteciendo a unas 600 personas.

Al hacerme cargo de mi función de delegado de la colectividad socializada, los obreros que prestaban su servicio en la finca, a las órdenes de don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, percibían un sueldo de 4 pesetas diarias; una vez intervino la organización confederal, el sueldo pasó a ser de 15 pesetas diarias, más derecho a vivienda, luz y leña para calentarse, médico y medicinas, más luego proporcionalmente un reparto a efectuarse en efectivo de los beneficios habidos en el economato creado al efecto. Recuerdo gratamente que por la colaboración y solidaridad de todos aquellos mis compañeros de la zona republicana en dicho economato, no se careció absolutamente de nada, y con las aportaciones de los compañeros de Cataluña, Valencia, Andalucía y todos los sectores de nuestra zona, pude conseguir, si así puede llamarse, dicho milagro. Cuando no se pudo adquirir jabón de las zonas valencianas, previo asesoramiento de libros y con materias que adquirí en Barcelona, no nos faltó ese producto durante toda la guerra. Cuando recuerdo todo esto, dirijo mis sentimientos más encendidos de amor y cariño a aquellos nobles y queridos hermanos de causa que tanta labor en bien de los trabajadores me facilitaron. Muchos de ellos, por los azares de la guerra y su terminación, ya no existen, pero no por esto dejo de recordarlos con toda mi gratitud.

Una de las obras más importantes que se pudieron llevar a cabo en la finca fue la desviación del río Henares, cuyas crecidas arrastraban periódicamente la mejor tierra de la vega; para evitarlo la Federación Regional de campesinos del Centro, la Federación Provincial de Guadalajara y el comité de la colectividad creyeron necesario llevar a cabo la desviación; costó medio millón de pesetas, cantidad que el conde de Romanones jamás hubiera desembolsado. Hoy sirve de orgullo a los que vivimos aquello ver que el río se alejó hacia su izquierda, buscando su salida por donde no hace daño. Ahí están los espigones que se construyeron, con material transportado todo desde Barcelona, de la fábrica y firma Bianchini. Guardo un recuerdo de gratitud al ingeniero y al ayudante de obras públicas que dirigieron la obra; el segundo, ya muy mayor, del que daré sólo sus iniciales, R. S. vive todavía.

Ahora voy a contestar a una serie de preguntas que a menudo me han hecho. Las formulo yo mismo porque, por las circunstancias del momento, no puede venir nadie a formulármelas. Lo haré como si fuera una entrevista o un interrogatorio. En lo primero no tengo experiencia, pero en lo segundo, me sobra.

—¿Cómo y sobre quiénes se hicieron las incautaciones de las tierras que fueron socializadas?

—Sobre la finca Miralcampo, de D. Álvaro de Figueroa y Torres, en el término municipal de Azuqueca de Henares.

—¿Con qué otras organizaciones se hizo la socialización?

—Sólo con la CNT.

—¿Cuál fue la actitud de la CNT ante la pequeña burguesía republicana?

—De ayuda y asistencia, como lo puedo justificar con los que sobreviven en el pueblo de Azuqueca de Henares.

—¿Problemas que se presentaron?

—Al principio, carencia de dinero, semillas, abonos y elementos de colaboración para recoger la cosecha en todo su apogeo, y el cuidado de la maquinaria existente en la finca.

—¿Errores y fallos que se cometieron y cómo se corrigieron?

—Uno muy importante, en pleno verano, fue la cosecha de melones, muy peculiar en dicha finca, que precisaba de un transporte rápido y diario para las plazas de Madrid y Guadalajara. Solución: tengo que recordar con inmensa gratitud la colaboración y ayuda prestada por mi gran amigo nunca olvidado Manuel González Marín, secretario del sindicato del transporte de Madrid, de la CNT, el cual puso a mi disposición cuantos camiones precisara, y gracias a él en las dos campañas se pudo salvar el fruto y ayudar con el mismo al abastecimiento de Madrid y Guadalajara.

—¿Relación entre las distintas colectividades y apoyo entre ellas?

—Todas las colectividades controladas por la CNT prestaron su colaboración más desinteresada, en todos los aspectos, no solamente en las necesidades de semillas, abonos, utensilios, sino en todo en general, pues hubo que comprar puntas de rejas para los arados, utensilios para la reparación de diversas maquinarias, ladrillos, cal, cemento, tuberías, etcétera. En ningún momento los organismos confederales negaron su ayuda.

—Los beneficios, ¿se repartían, se reinvertían o se centralizaban en organismos superiores?

—Se empleaban en todo aquello que representaba un desembolso para abastecerse de productos necesarios para la colectividad. Al final del año los beneficios obtenidos se repartían equitativamente. Ahora bien, todo el valor recaudado por productos obtenidos en la colectividad, tanto agrícolas como ganaderos, servía para incrementar los fondos de la Federación Regional de Campesinos del Centro. Se tenía previsto, de alargarse la guerra, crear una especie de oficina bancaria con su organización y desarrollo consiguientes. Como ejemplo de la solidaridad habida, tanto en numerario como en productos, quiero reseñar que en el invierno del año 1937 los almacenes de cereales de la finca contaban con una gran cantidad de trigo. A una orden de la Federación Regional y por las necesidades que sufría Madrid, de falta de pan, grandes cantidades de camiones estuvieron transportando dos días y dos noches las existencias de dicho cereal a Madrid.

—¿Cuáles eran los organismos centrales de coordinación, planificación, ayuda y compensación de la economía socializada?

—En primer lugar, como nexo inmediato, la Federación Provincial radicada en Guadalajara, incluida la Comarcal, después la Federación Regional, y así por orden lógico de coordinación y administración, la Federación Nacional de Campesinos, cuyo comité nacional radicaba en Valencia. Todos estos organismos, de una forma perfecta, dentro de las circunstancias comprensibles por la guerra, respondieron ordenada y solidariamente a cuantas peticiones se hicieron, por ejemplo, si la finca de Miralcampo necesitaba carbón de encina de la finca de Piedras Menaras donde se producía, la simple petición a la Provincial tenía como consecuencia la aportación de dicho producto solicitado; si por el contrario dicha colectividad necesitaba piensos procedentes de Miralcampo, en sentido inverso eran facilitados.

—¿Qué se puede decir del pleno económico confederal de Valencia, en 1937?

—Por circunstancias casuales y de paso por Valencia asistí a una sesión del pleno, pues no fui nombrado delegado al mismo. Por lo leído en la prensa, he de reconocer que la estructuración económica de Cataluña, si fue en conjunto muy loable, en ciertos aspectos particulares, posiblemente por las circunstancias de la propia guerra, en los últimos tiempos faltó la coordinación y el entusiasmo del principio, sin negar que la falta de unidad entre las centrales sindicales creaba una situación anómala.

—¿Cuál fue la actitud de los partidos políticos, y especialmente de los comunistas, ante las socializaciones?

—Bueno, los únicos que podían entorpecer e influir en relación con la CNT podían ser los comunistas, pues los socialistas, después del apartamiento de Largo Caballero de los órganos oficiales, tuvieron un acercamiento hacia la CNT. Los comunistas hicieron objeciones y trataron de poner trabas a las socializaciones efectuadas por la CNT, porque se vieron retrasados y desplazados, pero nunca igualaron a la organización confederal, que llevaba muchos años de prédica y actividad en España, mientras que ellos fueron los últimos en intervenir.

—¿Cuál fue la actitud de los trabajadores, tanto en el campo como en la industria y los servicios ante la socialización?

—Respecto a la actitud de los trabajadores, que conocí por haber vivido en una colectividad agrícola, puedo decir que observé siempre en ellos un espíritu desconfiado, una conservación de sentimientos negativos al nuevo mundo que se abría ante ellos, pues muchos no veían las mejoras inmediatas y creían que una nueva situación revolucionaria consistiría en que les repartieran la tierra para hacerlos propietarios de ella, soñando en convertirse en nuevos amos; su incultura y falta de preparación social no les dejaba ver el futuro de grandeza e igualdad económica que tiene que llevar aparejada una revolución profunda. Como caso ejemplar, relataré el siguiente: muchos de los trabajadores, que vivían en la finca y otros fuera de ella, tenían aves; se indicó la necesidad de que dichas aves, previo pago de las mismas, incrementaran la granja avícola de la colectividad; esto jamás se vio cumplido, pero cuando se hacía el reparto de los huevos procedentes de la granja de la colectividad, ninguno renunció a los que le correspondían.

—¿Cuál fue la actitud de los técnicos vinculados a las socializaciones?

—En lo que respecta a la colectividad de Miralcampo, poca o nula fue su intervención, excepto las obras de desviación del río Henares, en que tanto el ingeniero jefe como su ayudante se comportaron leal y dignamente; por lo que concierne a otros sectores y por lo que a veces me relataron estos técnicos, no fueron más que unos emboscados para comer y vivir salvando la situación hasta ver que pasaba.

—¿Cuál fue el servicio prestado por las colectividades a la población civil, durante la guerra?

—Por lo que respecta a la colectividad de Miralcampo (modestia aparte), desde el primer momento creó un servicio de asistencia a los hospitales de Madrid, con la aportación diaria gratuita de frutas y alimentos, así como leche, lo cual se puede comprobar leyendo el diario de entonces Castilla Libre, en el cual se reseñaban estas aportaciones desinteresadas. Como ya he dicho, toda la producción de cereales, melones y otros productos se enviaban diariamente a Madrid y Guadalajara.

—¿Cuál fue su suerte personal, al terminar la guerra, como consecuencia de su participación en la socialización?

—Lo menos que me podía ocurrir, habiendo ayudado a todo el mundo, sin distinción de matiz político, pues no conocía a quienes me pedían ayuda y a los que se la presté, y pudiendo demostrar que evité la muerte de varios ciudadanos de Azuqueca de Henares, exponiendo la vida por ello…, pues me llevaron a la cárcel. Al terminar la guerra fui detenido, dejando abandonados a mi mujer y a mis dos hijos; estos pudieron salir adelante gracias al esfuerzo de mi mujer. Durante la guerra manejé o pasaron por mis manos más de doce millones de pesetas, cuando terminó la guerra, no tenía ni un céntimo, aunque debo hacer constar que poco antes del final los compañeros del comité de la Federación Provincial de Guadalajara vinieron a hacer arqueo y comprobar el dinero que podría ser canjeable por el dinero «nacional». Recuerdo que al llegar el nuevo administrador que traía el señor Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, mandó que todos los libros de contabilidad, recibos y justificantes se quemaran en el horno de la panadería, y ese individuo, al que puse el mote de Tío Baba, porque cuando hablaba babeaba, se llevó la cantidad de 120 000 pesetas. Pero pocos días después hice entrega al marqués de Villabragima, hijo del conde, de la cantidad de 1 700 000 pesetas en dinero republicano. Comoquiera que en nuestra condición de obreros revolucionarios en defensa de nuestros derechos hemos sido siempre yunques, cuando salí de la cárcel me encontré sin casa, sin ropas, sin muebles, sin nada de todo aquello que cualquier ser humano tiene derecho a tener. Sólo me quedaba la satisfacción de lo que había hecho. Ya soy viejo, tengo 62 años, y digo con todo entusiasmo, con todo mi corazón, puesto que no hay en el mundo dinero ni riquezas que puedan cambiar mis sentimientos ni mis ideas… pues digo: ¡Viva la gloriosa CNT!

JERÓNIMO GÓMEZ ABRIL.

LA EXPERIENCIA FRUSTRADA DE RAIMAT

Los anarcosindicalistas no eran los únicos partidarios de las colectivizaciones. El POUM también las defendía, sin dejar de señalar lo que le parecían desviaciones del impulso inicial. Hubo un caso en que el secretariado agrario del POUM pudo aplicar, pero sólo durante unos meses, sus concepciones, fue en el pueblo ilerdense de Raimat.

Rafael Sardà, ingeniero agrónomo, explicó esta experiencia, que la persecución comunista contra el POUM interrumpió en 1937. He aquí, o resumida, su explicación.

Para el POUM hay que socializar la tierra y suprimir mediante cooperativas los intermediarios. Socializar la tierra no implica necesariamente el trabajarla colectivamente, sino dar a cada campesino la cantidad de tierra que pueda cultivar y el derecho a disponer de lo que saque de ella, pero sin que pueda arrendarla, venderla ni hipotecarla. El campesino sólo irá a la colectividad cuando ésta represente para él un menor esfuerzo y un mayor rendimiento, o sea, cuando se disponga de mayor superficie de tierra de la que cultivan los campesinos individualmente, adaptable al cultivo extensivo, con maquinaria y una dirección técnica adecuada. Todo esto empezando por las fincas que se trabajan no por campesinos por su cuenta, sino por jornaleros por cuenta de una empresa. Esta situación se daba en la finca de Raimat, de unas 3000 hectáreas, situada a 15 kilómetros de la ciudad de Lleida. Se producían en ella sobre todo vino y alfalfa, gracias al trabajo de 130 familias que vivían en la misma finca. En el centro de ésta y en lo alto de una colina se hallaba el «castillo», donde vivía el propietario, que dirigía la explotación. Los jornales eran de diez horas por cinco pesetas, con las cuales tenían que pagar el alquiler de las chozas en que vivían y la leña con que se calentaban y cocinaban. El 70 por ciento de los campesinos eran analfabetos, aunque había en la finca una escuela servida por monjas. Pero la empresa no pudo evitar que entre los jornaleros hubiera una célula del POUM, que el 19 de julio expulsó a los propietarios y se incautó de la finca.

Aunque vacilantes, los campesinos de la finca acudieron a la asamblea que los poumistas convocaron, y en ella eligieron un comité de seis miembros, que inmediatamente subió los jornales de cinco a ocho pesetas y rebajó el alquiler de las chozas. La asamblea se reunió muchas veces, para ir aprobando las medidas de adaptación a los nuevos métodos de explotación de la tierra. La única tienda del pueblo se convirtió en cooperativa de consumo y comenzó a cocerse el pan en un horno de la comunidad. Se creó también una fonda comunal, para los jornaleros solteros. Se encargaron planos para construir viviendas decentes, que substituyeran a las chozas en que vivían los campesinos. Este plan no pudo pasar del papel porque la ocupación de Raimat por las fuerzas del PSUC, en 1937, abortó todas las reformas planeadas. Pero se pudo poner en marcha una escuela laica en un edificio nuevo, y utilizar el de la escuela de las monjas para albergar una colonia de refugiados de Madrid.

La gran reforma fue la del salario. Se hizo flexible, atendiendo al número de personas que con él debían vivir. Se reformó también la producción. Como era básicamente una finca forrajera y cerealícola, además del viñedo, se decidió agregarle una explotación ganadera. Y los hechos de 1937 hicieron abortar el proyecto de crear una granja avícola, que no sólo hubiera contribuido a abastecer a la ciudad próxima, sino también a ocupar al personal que la vendimia y la elaboración de vino exige por unos meses y que el resto del año queda sin nada que hacer.

Por otro lado, se fundó un club recreativo, en que se daban sesiones de cine, conferencias, clases para los adultos analfabetos y clases especiales para las mujeres.

Raimat tomó la iniciativa de proponer la formación de Sindicatos Agrícolas entre las colectividades de distintos pueblos, para facilitar la comercialización, el mejor empleo de la maquinaria y la defensa común de los principios de la colectivización agraria, es decir, conseguir que cada municipio fuera una comunidad, una gran explotación colectiva, dotada de todas las ventajas de la agricultura moderna y libre de toda opresión y capaz de coordinar los intereses rurales con los urbanos, las aspiraciones del campesinado con las de los obreros industriales, todo ello dentro del marco de la Guerra Civil.

RAFAEL SARDÁ.

LOS ESPECTÁCULOS

Sería equivocado suponer que las colectivizaciones, como tales, formaban parte implícita del ideario anarcosindicalista. El anarcosindicalismo perseguía no una sociedad sin ley, sino una sociedad que no necesitara ley porque se hubiera desarrollado en sus miembros una mentalidad, una toma de conciencia colectiva y federalista. Recuerdo que Diego Abad de Santillán, en el congreso confederal de Madrid, en 1931, sostuvo la teoría de una sociedad organizada, como si dijéramos, a base de tribus, de colectividades pequeñas, apretadas. Podrá parecer algo fantástico, pero esto es lo que la CNT pensaba para el futuro.

La idea y la necesidad de las colectivizaciones surgieron a raíz del alzamiento de 1936. La oposición al alzamiento no fue de un solo sector, sino de diversos partidos y centrales sindicales. Siendo así, para organizar la economía debía de haber forzosamente transacciones. Las colectivizaciones fueron, para la CNT lo máximo a lo que cabía aspirar en aquel momento y para otros sectores, especialmente los pequeñoburgueses opuestos al fascismo, eran lo máximo que podían consentir, no porque les gustaran, sino como base para buscar un punto de coincidencia que permitiera resolver los problemas económicos consecuencia del alzamiento. Porque la guerra se convirtió, inevitablemente, en revolución.

El primer impulso fue ocupar la empresa, hacerse cargo de ella, cuando sus obreros se encontraron con que sus dueños habían desaparecido. Fue un impulso espontáneo, sin indicaciones de nadie. Pero como la gente estaba encuadrada en sindicatos y habituada a actuar en comités, pues la forma espontánea fueron los comités, que tendieron a encajar en los sindicatos. En 1936 yo era contable de una empresa que regentaba dos canódromos. Pertenecíamos, pues, los trabajadores de esta empresa, al ramo de los espectáculos públicos. De esta empresa dependían el Kennel Club de Pedralbes y Piscinas y Deportes de Sarriá. Era una empresa joven, formada en 1934. El sindicato fue producto de la fusión de dos sindicatos menores, el del Kennel y el de Piscinas y Deportes. Fui elegido presidente del sindicato, tal vez porque llevaba más tiempo militando. Después del seis de octubre de 1934, la empresa seleccionó (es decir, despidió por motivos políticos o sociales y no de trabajo) a una docena de compañeros, entre ellos yo. Después de las elecciones del 16 de febrero de 1936, el nuevo Gobierno dio la orden de readmitir a todos los seleccionados. Claro que nadie los indemnizó por un año y medio de paro forzoso. Yo continué en la presidencia del sindicato. El 18 de julio, la empresa, temerosa de lo que iba a ocurrir, quiso suspender las carreras, pero la Generalitat había dado orden de que no se interrumpiera ninguna clase de trabajo por causa de los rumores que corrían. Acogiéndome a esta orden exigí a la empresa, como presidente del sindicato, que no se suspendieran las carreras. Era una noche de julio calurosa y había un gentío en el Kennel, pues era sábado. Yo trabajaba en Piscinas y Deportes. El Kennel se hallaba situado casi delante del cuartel de Pedralbes. Me puse de acuerdo con los compañeros que trabajaban en el Kennel para que, desde su lugar de trabajo, vigilaran el cuartel. Gabriel López, que anteriormente había sido seleccionado, es decir, despedido, por la compañía de tranvías por su actividad sindical, se encargó de coordinar esta vigilancia. Faltaban sólo dos carreras para terminar la velada cuando López me avisó por teléfono que habían entrado muchos paisanos en el cuartel y que en aquel momento estaban formados en la explanada frente al mismo. No todos iban de uniforme, aunque la mayoría llevaba guerrera caqui, pero pantalón de cualquier color. Llamé al gerente, un señor Antonio Blanco, y le dije que aquella carrera debía ser la última. Él no quería, porque la empresa iba a dejar de ganar dinero, pero le expliqué que con el cuartel delante podían haber incidentes y llevar a una catástrofe con tanta gente amontonada en el Kennel. Por cierto que poco antes la policía había entrado en el Kennel a registrar a cientos y cientos de espectadores, en busca de armas. Era una orden de la Generalitat. Nosotros estábamos enterados y, claro está, íbamos desarmados, para no perder las pocas pistolas que teníamos.

La empresa no tuvo más remedio que avenirse a suspender las carreras que quedaban aquella noche. La mayoría de los trabajadores pertenecíamos no sólo a la CNT, sino también al Partido Sindicalista, de cuyo consejo directivo yo era miembro. Fuimos en grupo al local del partido, en la calle Portaferrissa, a donde llegamos al mismo tiempo que Angel Pestaña. Explicamos lo que Gabriel López había visto frente al cuartel de Pedralbes, y López, que llegó en esto, corroboró mi información. Pestaña nos dijo que acababa de entrevistarse con Companys y que éste le aseguró que no pasaría nada. Discutimos, porque para nosotros era evidente que lo de Pedralbes indicaba que el golpe sería aquella noche y nos parecía increíble que Companys no estuviera enterado. No hubo manera de convencer a Pestaña. Finalmente, harto de discutir, dijo: Bueno, yo me voy a dormir. Yo contesté: Pues yo me quedo. Pestaña fue, en efecto, a su casa, y a la mañana siguiente, al salir de ella, en la calle Benet i Mercadé, de Gracia, lo detuvieron los soldados del cuartel de caballería de la calle de Tarragona y lo llevaron preso a la Universidad, donde habían establecido una especie de cuartelillo. No le pasó nada, a fin de cuentas, porque el alzamiento fracasó en Barcelona. Pestaña se marchó luego a Madrid y el Partido Sindicalista se encontró así, en cierto modo, como decapitado en los primeros días de la revolución.

En cuanto al grupo que se quedó en Portaferrissa, nos fuimos por Las Ramblas, a ver el ambiente que había. Nos cruzamos con el periodista Molins i Fábrega, del POUM, que nos preguntó si íbamos armados y nos informó que en la Comisaría General de Policía repartían armas a los militantes conocidos. Y ya nos tienes a todos corriendo hacia la Via Laietana. Pero al llegar ya se habían terminado las armas. Vuelta a Las Ramblas, que era un hervidero de gente, especialmente delante del sindicato de la Metalurgia. Estábamos en Canaletas cuando vimos a un muchacho, creo que era alemán, que venía a toda velocidad en bicicleta, por Pelai, y nos gritó: «Los soldados están en la Universidad». La gente se disgregó. Los que iban armados se dirigieron por Pelai hacia la Universidad, y los otros nos dispersamos. Yo vivía en el Poble Sec, al final de la calle Radas. Por la calle del Carme, con mi hermano y otro compañero, nos dirigimos hacia el Parallel. Vimos un coche por cuyas ventanillas asomaban fusiles. Reconocí entre los que iban en él a un compañero del ramo de la metalurgia. Le pedí puesto en su coche. ¿Vas armado? Al saber que no, no me dejó subir.

En el Paralelo nos encontramos con los soldados, en fila india, pegados a las paredes, avanzando, fusil en mano, desde la plaza de Espanya. Al llegar a la esquina de Sant Pau fueron interceptados, hubo un largo tiroteo y muchos soldados y algunos paisanos murieron. Los compañeros del sindicato de la Madera, en previsión, habían tomado las azoteas de las casas de las cuatro esquinas y desde allí cerraron el paso a los soldados. Éstos, entonces, formaron una barricada circular, pero como les tiraban desde lo alto, no pudieron resistir mucho y acabaron entregándose.

Por la tarde de aquel domingo fui al local del Partido Sindicalista y me encontré un aviso de Medrano diciendo que fuéramos a Sant Andreu, a la comandancia general de Artillería. Medrano se hizo cargo del regimiento de artillería llamado Mataró, que se había alzado, pero que no luchó estando ya en la calle, y al ver que había fracasado la sublevación en Barcelona, volvió al cuartel. Por cierto que el 17 de julio salió para el frente la primera unidad de milicias relacionada con el cuartel de artillería.

Entre tanto, habían ocurrido muchas cosas. El canódromo no era una industria, sino un espectáculo, y no estaba el horno para espectáculos, aquellos días. No hubo, pues, carreras. Durante la semana tuvo lugar una asamblea de los trabajadores de todos los canódromos, para colectivizarlos. Se celebró en un cine de la plaza de Urquinaona. Se acordó que los obreros se quedaran con los canódromos. No sabíamos si podrían funcionar ni si sería conveniente mantener un espectáculo basado en las apuestas, pero, de todos modos, había que defender los intereses de los trabajadores de este espectáculo.

En realidad, durante la guerra todos los espectáculos funcionaron regularmente. Tal vez porque el dinero iba perdiendo valor, tal vez por la atmósfera que se crea en una guerra, cuando una parte importante de la población no sabe si estará viva el día siguiente, o por lo que fuere, pero lo cierto es que nunca había habido tanto público en los canódromos, a pesar de que, con los bombardeos, podía ser peligroso estar en un lugar donde hubiera cientos o miles de personas.

Bueno, pues en la asamblea del cine de la plaza de Urquinaona se eligió una comisión de tres que se encargaría de administrar la nueva empresa colectivizada. Se decidió que para ser elegido debían obtenerse los dos tercios de los votos presentes y que quien tuviera mayor número de votos sería el presidente; el que le siguiera, el tesorero, y el tercero, el secretario. Fui el único que obtuvo los dos tercios y, así, quedé nombrado presidente. En elecciones sucesivas se designaron el tesorero y el secretario. El tesorero fue Antonio Cuadrado y el secretario, José Panadés, que había trabajado antes en la administración de la Soli.

No se marcharon los gerentes de los canódromos. Antonio Blanco, que era el hombre de confianza de la compañía, entró en la empresa colectivizada como contable. No se despidió a nadie, por alto que hubiese sido su cargo. Lo único que se hizo fue quitarles poder. Y esto a pesar de que sabíamos que eran enemigos del sindicato. No se obligó a nadie a ingresar en el sindicato.

La colectividad funcionó, por lo menos, como la que mejor funcionó. Se pasó el jornal a todos los que marcharon de voluntarios al frente y luego a los que fueron movilizados. Se aumentaron los salarios. Y todavía sobró dinero para ayudar a otras secciones del sindicato que tenían déficit. Ahí va una anécdota, sobre esto: el tesorero dispuso, en un momento dado, sin consultar con los demás miembros del comité, que se prestaran 50 000 pesetas al sindicato de espectáculos públicos —del que el nuestro formaba parte—, pero cuando nos enteramos, protestamos, y la asamblea se enojó mucho, no porque se prestara este dinero, sino porque se había prestado sin pedir autorización a la asamblea; al tesorero, la asamblea lo expulsó de su cargo.

Aquí he de explicar algo como antecedente. En 1936, antes de la guerra, se procedió a la reunificación de los sindicatos de la CNT con los que llamábamos sindicatos de oposición de la CNT (los dirigidos por «treintistas», es decir, anarcosindicalistas que no eran de la FAI). Yo no era partidario de la reunificación, porque consideraba que volverían a surgir las divergencias que llevaron a la primera separación en 1932, pero la mayoría acordó la reunificación y yo entré, no como dirigente, sino como simple miembro, en el sindicato de espectáculos públicos de la CNT reunificada.

Una noche, estando en la redacción de Mañana, el diario del Partido sindicalista, vino a verme Marcos Alcón, del sindicato de espectáculos. Me dijo que el sindicato necesitaba con urgencia cien mil pesetas para retirar una determinada cantidad de película virgen que estaba en la frontera, indispensable para que la sección de producción cinematográfica pudiera trabajar. Reuní la asamblea de la colectividad de canódromos, expuse la situación y se aprobó hacer el préstamo. Si en el caso del préstamo anterior se hubiese consultado a la asamblea, ésta lo habría aprobado también, pese a que de sobras sabíamos que el sindicato tenía un déficit considerable y probablemente nunca recobraríamos lo prestado. Mientras se pudieran pagar los salarios y mantener funcionando los canódromos, ¿para qué queríamos más dinero? No éramos capitalistas en busca de beneficios…

Hubo problemas en las colectivizaciones, qué duda cabe. Creo que fueron problemas más humanos que técnicos o ideológicos. Los anarcosindicalistas aspirábamos a la desaparición de la autoridad, pero hay que reconocer que muchos, en cuanto les dieron un cargo o les pusieron una chapa de policía, se volvieron tanto o más autoritarios que los políticos o los policías de antes. Esto es humano y es algo que hubiéramos debido prever que pasaría. Era lógico que en las colectivizaciones, sobre todo al principio, cada uno tirara por su cuenta. Surgieron modas. Por ejemplo, en un bar de Caspe con Passeig de Gracia, el Euzkadi, solían encontrarse dirigentes de comités de colectividades, militantes con cargos diversos y también militantes que estaban de permiso del frente. Había discusiones y había frivolidad, todo a un tiempo. Pero tal vez la una era necesaria para que de las otras surgieran ideas, que luego podían plasmarse en decisiones, a través de los sindicatos y los comités.

En cambio, se dijo que los que habían formado parte de las comisiones de compras que fueron al extranjero se forraron. Pudo haber algún caso, pero la honestidad, en términos de dinero, fue general. A muchos dirigentes de colectividades los he encontrado en el exilio tan pobres como yo. Esto debe dejarse bien claro. También conviene aclarar la cuestión del sueldo único. En espectáculos se estableció un solo sueldo para todos. Cobraban igual los primeros actores que los acomodadores. No se equiparó este sueldo único con el más bajo, pero tampoco con el más alto. Se buscó un término medio que permitiera vivir a todos. Esto no perjudicó el funcionamiento de los espectáculos. Los actores se avinieron, aunque no estoy seguro de que todos lo hicieran de buen grado. Pero había un estado de ánimo general en la clase obrera, un espíritu igualitario, que no podía ignorarse. Los que no encontraron a su gusto este aire hallaron en el PSUC el que les convenía: la crítica de las colectivizaciones, del igualitarismo.

Los que más habían salido perjudicados con el sueldo único, en nuestra empresa, se afiliaron a la UGT (controlada por el PSUC) y formaron una sección de esta central, con seis miembros. Pero la masa de los trabajadores siguió con la CNT y no se apartó de ella cuando comenzó la persecución comunista contra la CNT y las colectivizaciones.

Tal vez para comprender la mentalidad que se había ido formando en el proletariado catalán sea oportuno contar algunas cosas de mi vida de militante, no porque fueran excepcionales, sino, al contrario, porque fueron cosas semejantes a las que vivieron muchos otros y por esto mismo son representativas de una manera de ser, de pensar, de actuar sin las cuales las colectivizaciones no se hubiesen formado, no habrían podido funcionar.

Tenía yo 18 años cuando se celebró el congreso de Sants, que decidió la creación de los sindicatos únicos —es decir, un sindicato no por cada empresa, sino por cada industria—. A este congreso asistieron no sólo anarcosindicalistas, sino gentes de otras tendencias encuadradas en la CNT y que gozaban en ella de plena libertad de expresión. Milité hasta 1921, en que, buscado por la policía, tuve que marchar a Francia, donde me vi envuelto en actividades de la emigración obrera española y del movimiento anarquista francés, y acabé no sólo en la cárcel, sino deportado a Cayena, el terrible presidio de la Guayana donde había estado el capitán Dreyfus. Cuando las gestiones de mis abogados consiguieron que se me cambiara la sentencia, pude regresar a Francia, y de allí a España, a mediados de 1930, con la dictablanda. Reingresé, claro está, en el sindicato de la Construcción, que era entonces el de mi oficio. Proclamada la República, lo representé en la Federación Local de la CNT. El sindicato de Espectáculos Públicos, que estaba en crisis, me pidió que cambiara de oficio y entrara en él, para ayudar a reorganizarlo. A principios de 1932 entré, pues, en la sección de cines y teatros de este sindicato, al que representé en la Federación Local. Cuando llegó la sublevación de 1936, presidía, como ya expliqué, el sindicato.

Éste se componía de secciones. Controlaba a todos los obreros de cines y teatros, a parte de los operadores de cine, parte de los tramoyistas, algunos músicos y un número muy reducido de actores. Muchos músicos y actores formaban parte de agrupaciones que eran, en realidad, montepíos. La fuerza del sindicato le venía de lo que podríamos llamar el peonaje: acomodadores, porteros y demás. Le dieron impulso, combatividad, contenido ideológico. Los más cultos en la profesión se desentendieron o se limitaban a cotizar. Siempre estaban dispuestos, estos «peones» del espectáculo, a dar la cara en beneficio de todos. Los actores, los músicos, los apuntadores, en cambio, se daban de menos de pertenecer a la CNT, sin percatarse de que gracias a la acción del sindicato sus condiciones de trabajo habían mejorado.

La sublevación creó una situación de desorientación en los espectáculos. Los militantes tenían cosas más urgentes que hacer que ocuparse de canódromos, cines y teatros. El sindicato envió a muchos militantes al frente. Los que no podían empuñar las armas se dedicaron a buscar de qué manera los espectáculos debían organizarse en régimen de colectividad y podían contribuir al esfuerzo de guerra. Naturalmente, se les ocurrió, por convicción, que debía encontrarse una forma de trabajo y remuneración más equitativa. Para esto, lo primero era incautarse de los locales. Se hizo de una manera muy simple, poniendo unos papeles con el sello del sindicato que anunciaban que aquel local había sido incautado por el sindicato. No bastaba esto, claro está. Se pasó, pues, a la colectivización de las empresas de espectáculos.

Las agrupaciones autónomas de músicos y actores tuvieron que decidirse por ingresar en la CNT o en la UGT, pues seguir autónomas era perder toda influencia, en aquellos momentos. Dado que la base de los espectáculos —los obreros y los locales— estaba en la CNT, esas agrupaciones autónomas ingresaron en la CNT. Era lógico, por razones prácticas, puesto que no había afinidad ideológica. Sólo hubo una excepción: un grupo de pelotaris, casi todos mujeres, que actuaban en el frontón Chiqui y procedían de Madrid, donde estaban afiliadas a la UGT, formaron un sindicato de la UGT de pelotaris, en Barcelona. Algunos actores formaron también un sindicato de actores de la UGT. Hay que decir que la CNT respetó siempre sus derechos como obreros del espectáculo, y que nunca tuvieron problemas para actuar en las salas colectivizadas por comités compuestos de cenetistas.

La colectivización de los espectáculos no podía seguir el modelo de la de las empresas comerciales o industriales, pues las empresas de espectáculos estaban muy dispersas, ocupaban pocos trabajadores cada una, se dedicaban a actividades muy diversas y tenían necesidades muy distintas de las empresas corrientes. Eran un caso especial. Por esto, además del comité de cada empresa, se formó en el sindicato un comité económico que coordinó la colectivización conjunta de todos los espectáculos. Miguel Espinar coordinó este comité económico. Era un compañero muy competente, procedente de Almería, que había sido acomodador, luego portero y, al estallar el movimiento, era taquillero del cine Ramblas, de Barcelona. Tenía una gran capacidad de trabajo, sabía de contabilidad y poseía una gran paciencia para escuchar a todos y buscar puntos de contacto, pero al mismo tiempo tenía energía y decidía sin vacilar cuando era necesario. En torno a él se reunieron los demás miembros del comité económico: el cajero, el programista, etcétera.

Los que mejor aceptaron la nueva situación —en realidad la acogieron con entusiasmo— fueron los componentes de lo que se llamaba personal subalterno, cuyo trabajo, de hecho, no cambió. Los actores, músicos, etcétera, en cambio, acogieron la colectivización con frialdad y algunos con hostilidad. Les desagradaba su carácter igualitario. Se creían no sólo indispensables sino merecedores de mejor remuneración, querían que persistieran en el trabajo las diferencias de clase, porque como actores, músicos, tramoyistas, se creían superiores y querían ser superiores en todos los órdenes: de prestigio, de dinero, de «respeto».

Para entender todo esto hay que entender el mundo del espectáculo, que se reflejaba, naturalmente, en el sindicato del espectáculo. Se ha escrito mucho sobre esto, desde el punto de vista psicológico: el delirio de grandeza de los actores, lo mismo buenos que mediocres, su vanidad, etcétera. Pero había que ver esto en la vida sindical y especialmente en las colectivizaciones. Había para volverse loco… Un actor, por ejemplo, se considera un intelectual, puede incluso identificarse con un personaje de las tablas, sentirse duque o millonario y olvidarse o negarse a darse cuenta de que es un trabajador como otro cualquiera, explotado igual que otro.

Aunque los ingresos de los actores y músicos no eran muy considerables, en la España de 1936, no les cayó bien que las asambleas de las empresas colectivizadas de espectáculos acordaran establecer un salario único de 15 pesetas diarias (o sea, cinco pesetas más que las que recibían los milicianos, que se jugaban la vida a todas horas, sin jornada de trabajo). Cuando se podía, entre el personal llamado subalterno se trató de substituir al compañero que se iba al frente por su compañera o un hermano, para que su salario no dejara de llegar a la familia. El salario era también igualitario entre hombres y mujeres. Hubo algunas excepciones, que con el tiempo aumentaron en número, pues a tal o cual actor o ejecutante se le asignaron pagas extras en determinadas temporadas o para determinadas actuaciones.

Hay que tener en cuenta la diferencia entre cines y teatros. El comité económico de cines podía imponer condiciones a las empresas distribuidoras de películas, porque era el exhibidor único y si no se aceptaban las condiciones no se exhibían sus películas. Además, no había gastos de producción, sino sólo de mantenimiento de los locales y de alquiler de las películas. Por esto, los cines tuvieron siempre ganancias. En el teatro, por contra, había muchos más gastos, de producción, escenografía, etcétera, y más competencia entre las distintas compañías. Los teatros a veces fueron deficitarios y a veces, no.

La selección de las películas que se iban a proyectar y de las obras que se iban a representar la hacía el comité económico, asesorado por una comisión de actores, músicos, intelectuales. En realidad, en una situación normal habría tenido que encontrarse un sistema de selección más representativo, que nunca pudiera ser influenciado por razones ideológicas ni convertirse en censura. Pero en aquellos momentos era cosa simple, pues en cine sólo se podía contar con aquellas películas que en julio de 1936 estaban en la zona republicana. No hubo importaciones —el dinero se necesitaba para otras cosas—, aparte de algunas películas soviéticas que se presentaban como si fueran un gesto de solidaridad pero que de hecho se pagaban en oro, como todo lo demás que nos enviaba la URSS. Ahora recuerdo que la película que se daba en Barcelona en julio del 36 y que dio más dinero, más que cualquier otra, incluyendo las cintas rusas, fue El bailarín pirata.

Los espectáculos de fuera de Barcelona siguieron el ejemplo de los barceloneses: se colectivizaron y en sus programaciones seguían también el ejemplo de Barcelona.

Se ha dicho mucho que era absurdo que tal o cual gloria del teatro catalán o español cobrara tres duros, como un acomodador cualquiera. Pero no se ha dicho que en 1936 había mucho paro entre los actores, que sólo trabajaba una tercera parte y éstos no todo el tiempo; en cambio con la colectivización hubo trabajo seguido para todos. El sindicato organizó temporadas de ópera no sólo en el Liceo, sino también en el Tívoli, cosa antes imposible, porque los empresarios no querían arriesgar tanto dinero. Hubo pérdidas, pero el sindicato las sostuvo con las ganancias del cine, porque así daba al pueblo elementos de cultura que antes no llegaban a él, y trabajo a músicos, cantantes, tramoyistas, etcétera, que antes no lo tenían o lo tenían muy de vez en cuando. Algunos aceptaron de buen grado y hasta colaboraron con entusiasmo, pero otros se sometieron a las circunstancias y nada más; no parecía que la conciencia social del país penetrara en la mollera de algunos.

Hubo quienes pudieron salir de gira y no quisieron. Sé de un caso concreto. Se quiso organizar una compañía de zarzuela que fuera a México —naturalmente, una compañía del sindicato, como todas—. Se pidió a una primera figura que la encabezara, pero se negó; se le ofreció que su familia fuera con él, para que viera que no se trataba de retenerla como rehén o algo así; siguió negándose; esperaba que la guerra terminara y que él personalmente pudiera organizar en su provecho la gira y la compañía. Ni siquiera tuvo en cuenta que por haberse significado políticamente habrían podido molestarlo, en los primeros días, y no lo hicieron porque lo evitó un redactor de la Soli, Callejas. No hay que callar el nombre: me refiero a Marcos Redondo.

También se habló de los sufrimientos de Enrique Borrás. No se dijo nunca que como ya era viejo, y a pesar de la penuria de gasolina, el sindicato lo iba a buscar a su torre en coche y hasta le guardó las cosas de valor que tenía y que podían destruirse en un bombardeo.

En resumen, los espectáculos no tuvieron pérdidas ni beneficios porque éstos cubrían aquellas. Pero se pudieron desplegar actividades para todos que antes se reservaban a los ricos y se dio trabajo a todos los que antes no lo tenían más que por temporadas cortas.

Hubo roces, porque cada sección quería dinero para hacer cosas, pero el comité económico tenía que decir cuáles eran más convenientes o más urgentes, tomando en cuenta los beneficios de los cines, que de hecho sostenían la actividad deficitaria de las demás secciones del sindicato. No hubiera habido déficit si nos hubiéramos limitado a hacer las cosas que debían dar ganancias seguras, como los empresarios privados habían hecho siempre. Pero como queríamos dar trabajo seguido a todos y hacer cosas para el pueblo, el déficit era inevitable. Por suerte, ya lo dije, se enjuagó siempre con los beneficios de la sección de cine, que nunca pidió que, puesto que proporcionaba los beneficios para todos, sus integrantes cobraran más. En ella había, sin duda, el espíritu igualitario más fuerte. Además, se procuraba dar al espectáculo un espíritu renovador, sin caer en la propaganda. Ni siquiera se hizo propaganda de guerra, que conste. Organizamos una sección de escenografía, en la que destacó mucho el hijo de un viejo autor, Amichatis.

La decisión de montar un espectáculo o estrenar una obra no se adoptaba teniendo en cuenta solamente los factores económicos, pensando en si produciría beneficios, sino también en la calidad de la obra y en lo que pudiera contribuir a la renovación de la mentalidad de la gente, insisto que sin caer nunca en la propaganda ni en la ideología escenificada. El comité económico recibía la propuesta, reunía a un comité de actores, músicos, autores, que informaba sobre lo que les parecía la obra o el proyecto, y si el informe era favorable, se buscaba la manera de poder financiarlo, incluso si se preveían pérdidas. Los derechos de autor se siguieron cobrando como de costumbre, por la misma institución que antes; en esto no hubo cambios.

A los propietarios y gerentes de los espectáculos se les dio un puesto en las colectivizaciones y cobraban como todos. A veces continuaron de administradores, a veces se les asignó otra función. Al principio, todavía muchos los trataban con la sumisión de antes, pero esto fue cambiando. Además, en cada sala de espectáculos había un delegado del sindicato, que velaba por todas las cosas de tipo sindical, para que se respetaran los derechos de los obreros, aunque fuera en contra del propio comité económico. Éste y el sindicato eran dos cosas distintas. Si había divergencias entre los trabajadores de un local y el comité económico, intervenía el comité de la sección sindical y finalmente arbitraba el comité del sindicato, de modo que el comité económico no tenía la última palabra en cuestiones de trabajo, aunque la tuviese en cuestiones administrativas.

Un aspecto curioso: supimos que había mucha gente relacionada con los espectáculos que tenía cosas empeñadas, porque había una grave crisis de la industria, especialmente del teatro, la música y el circo. El comité del sindicato avisó que todos los que tuvieran cosas empeñadas se presentaran en el sindicato con sus papeletas de empeño. Se las estampillaban y entregándolas estampilladas en el Monte de Piedad les devolvían sus joyas, ropas o lo que fuera (a costa del sindicato), sin necesidad de pagar nada. Lo interesante es que los que más se beneficiaron con esta medida fueron los que menos entusiasmo mostraron por las colectivizaciones. Preferían la vanidad de creerse superiores, aún a costa de empeñar sus cosas, a la realidad de ser iguales y tener la existencia asegurada. La psicología de la gente es muy peculiar.

La colectivización duró hasta el final de la guerra, pero hubo en ella una modificación importante y de carácter negativo. Después de los hechos de mayo de 1937, la Generalitat, por decreto, formó un Consejo Económico de Espectáculos. Quería controlar todos los aspectos de la vida de los espectáculos y en especial los económicos. El sindicato se resistió, presionó, gestionó, pero al final, por indicación del Comité Regional de Cataluña de la CNT, no tuvo otro remedio que inclinarse. Así, la dirección de los espectáculos pasó del comité económico del sindicato al Comité de la Generalitat, en el cual estaba representado, pero en minoría, el comité económico sindical. Este comité sindical discutía todavía las cuestiones de trabajo y las relaciones con los trabajadores, pero ya no distribuía los beneficios ni intervenía en la programación.

Hubo comités económicos, antes de mayo del 37, para toros y para deportes. Por cierto que con los toreros surgió un problema difícil. No querían aceptar las quince pesetas diarias de su sueldo, discutieron mucho con el sindicato, pero no hubo conflicto, porque la gente no estaba para toros y se celebraban pocas corridas. Como no tenían trabajo, tuvieron que contentarse, cuando no había corridas, con las quince pesetas diarias, pero en cuanto se organizaba una corrida, comenzaban a reclamar.

Hubo asimismo un comité económico de producción cinematográfica, que preparó cortometrajes, documentales y algunas películas de argumento. Recuerdo una con el actor Baviera y guión de Benavente.

No pudimos plantearnos, porque había necesidades económicas urgentes, los problemas morales relacionados con los espectáculos de apuestas. En principio, no los veíamos con gusto, pero ayudaban a mantener otras secciones deficitarias, como teatro, circo, música. Por esto, los canódromos y los frontones, donde se apostaba, funcionaron durante toda la guerra, mientras que los deportes profesionales quedaron en suspenso. El Estado se mostraba también interesado en que no se suprimieran las apuestas, pues le daban un buen ingreso con los impuestos que pagaban.

Se organizaron cooperativas de consumo, pero no hubo tiempo para que se desarrollaran bastante y pudieran servir a todos los trabajadores de espectáculos, sino sólo a una parte de ellos. No hubo tiempo tampoco para llevar a cabo una serie de proyectos, como organizar un sistema de retiro y crear una política del espectáculo que no fuese solamente la organización material de las diversiones.

Todo esto hubiera venido, de haberse ganado la guerra.

JOSÉ ROBUSTER.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía sobre las colectivizaciones es numerosa. La mejor guía es la que cita Antoni Castells en sus dos libros, que son, sin duda alguna, los más completos sobre el tema. Yo me he limitado a consultar algunos libros y artículos, para refrescar mi memoria, puesto que el presente libro es, ante todo, la recopilación de los recuerdos de algunos de sus protagonistas. En la bibliografía que he consultado hay libros que no se refieren específicamente a las colectivizaciones, sino a sus adversarios o a situaciones que las afectaron. Se han seleccionado sólo los artículos que relatan experiencias personales de colectivizadores, dejando aparte casi todos los teóricos. Debería decirnos algo el hecho de que algunos de estos artículos se publicaron en Barcelona apenas dos semanas antes de que la ciudad cayera en poder de las fuerzas franquistas.

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VÍCTOR ALBA. Fue testigo presencial, como periodista y militante, de la experiencia de las colectivizaciones. Dice que si bien al principio las veía con cierto escepticismo, porque no encajaban en su esquema marxista de las cosas, la realidad le hizo comprender todo lo que contenían de ilusión y de generosidad. Recuerda, por ejemplo, que le impresionó mucho que fueran los mismos sindicatos los que suprimieran las propinas, en peluquerías, bares, etcétera. Era la primera vez que sucedía en la historia. Esta experiencia desde fuera pero muy de cerca influyó en toda la vida de Víctor Alba. «Sin ella», dice, «probablemente no habría sentido igual estímulo para escribir y enseñar, o, en todo caso, lo habría hecho de una manera más adocenada». En cierto modo, su cincuentena de libros es fruto indirecto de las colectivizaciones y de su deseo de comprenderlas. Esta experiencia lo ha acompañado en su actividad de periodista, de funcionario internacional, de profesor universitario, lo mismo que, antes, de militante clandestino o de preso bajo el franquismo.