Cafés con el diablo describe algunos abismos del mal entre los que ha transcurrido y aún transcurre nuestra existencia, a los que sólo nos asomamos de forma ocasional y somera en reportajes de televisión y artículos de prensa, cuya brevedad —y, últimamente, escasez— no nos permite mantenernos conscientes de su gravedad ni, por tanto, combatirlos. En sus páginas se refleja el horror de los delitos de lesa humanidad de los que Vicente Romero ha sido testigo a lo largo de los años en escenarios tan distintos como las tiranías del Cono Sur americano, la barbarie yanqui en Vietnam, la locura de los Jemeres Rojos en Camboya o las atrocidades de la actual «guerra contra el terrorismo».

Se trata de un libro insólito, fascinante —como afirma Jean Ziegler en el prólogo—, en el que el autor teje sus propias experiencias con entrevistas personales a algunos de los peores administradores del mal de la historia más reciente: criminales de lesa humanidad, genocidas, torturadores y asesinos en masa, diablos que se expresan con escalofriante frialdad ante un periodista que saben enemigo. Y junto a estos arrogantes centuriones, despiadados dirigentes políticos y altos funcionarios, convencidos todos de cumplir una misión histórica…, figuran sicarios obedientes, subalternos amedrentados y soldados o policías disciplinados.

Cafés con el diablo ofrece una información movilizadora sobre una realidad que estamos obligados a conocer. Porque traicionar la memoria de las víctimas del horror es traicionarnos a nosotros mismos.

Vicente Romero

Cafés con el diablo

Descenso a los abismos del mal

ePub r1.0

Titivillus 03.08.2022

Título original: Cafés con el diablo. Descenso a los abismos del mal

Vicente Romero, 2021

Diseño interior y cubierta: RAG

Ilustración de cubierta: Antonio Huelva Guerrero

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original

Para comunicarse con el autor: vicente.romero.ramirez@gmail.com

Los reportajes de televisión citados en el texto pueden verse en Internet en estas direcciones: Informe Semanal: [https://www.rtve.es/television/informe-semanal/]; En Portada: [https://www.rtve.es/television/en-portada//]; Buscamundos: [https://www.rtve.es/television/buscamundos/]. También se puede acceder a ellos en varios canales de YouTube como Más Que Crónicas [https://www.youtube.com/channel/UCjcsOTVoiIOP67imy9Z7_qQ/videos?view=0]

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Agradecimientos

A mi hijo, Miguel Romero Grayson, por sus ideas y sugerencias, su participación en algunas de las entrevistas contenidas en este volumen, su colaboración directa y su apoyo.

A mi amigo Jesús Espino, editor de este libro, por sus orientaciones y su trabajo enriquecedor de los textos.

«Ignorar el mal es convertirse en su cómplice».

Martin Luther King

«El torturador es un funcionario».

Eduardo Galeano

«Lo más grave en el caso de Eichmann es que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales».

Hannah Arendt

«¿Cómo es posible que hasta ahora no me haya vuelto loco? ¿O estoy loco?».

Imre Kertész (La última posada).

Este libro está dedicado a todas las víctimas del mal. Y a cuantos resistieron y aún combaten a los sicarios y verdugos de las tiranías. Especialmente a las mujeres de Argentina, como Sacha, Chicha, Mirta, Nora y tantas otras.

Prólogo

Vicente Romero, testigo obstinado

En El mito de Sísifo (1942), Albert Camus plantea esta cuestión: «¿Quién respondería en este momento a la terrible obstinación del crimen si no fuera la obstinación del testimonio?».

Vicente Romero es sin duda uno de los periodistas y ensayistas más prestigiosos e influyentes de nuestro tiempo. Entre su rica y variada obra de más de una decena de libros, mi favorito es el magistral Habitaciones de soledad y miedo, publicado en 2016, que condensa cuatro décadas de lúcido análisis y lucha.

Romero es ese testigo obstinado, indispensable, del que habla Camus. Corresponsal de guerra en Vietnam, Camboya, Afganistán, Iraq, Siria, Angola, Yugoslavia, Somalia, presente en la Sierra Leona sometida al virus del ébola, testigo de las guerrillas de Sudamérica, las dictaduras de Chile y Argentina, del genocidio en Ruanda, etc., publicó en los principales medios de comunicación crónicas que marcaron profundamente la conciencia colectiva. Grand reporter de la radio televisión estatal española (RTVE), ha ejercido una influencia a menudo decisiva en varias generaciones políticas y millones de espectadores, a través de los emblemáticos programas Informe Semanal y En Portada, mediante más de 350 reportajes y documentales.

Cafés con el diablo es una obra insólita, fascinante: una colección de confesiones de algunos de los peores torturadores y asesinos en masa de la historia reciente. Vicente Romero está dotado de una excepcional y rara capacidad de comprensión psicológica. Eso le permite sacar a la luz —a través del cuestionamiento, del diálogo, y siempre con naturalidad, como si nos estuviera contando una historia cualquiera— las patologías y motivaciones más ocultas de sus interlocutores. ¿Monstruos? Vicente los conoció, en ocasiones, cuando ejercían su poder absoluto con total impunidad. Pero Cafés con el diablo es, en especial, el relato de sus visitas a los monstruos después de sus caídas. Esta vez, se encuentra con ellos en locutorios tras los barrotes de la prisión o en sus últimas residencias.

Con todas sus fuerzas, con su formidable inteligencia, Vicente intenta captar en estos crueles seres los mecanismos mortíferos de destrucción de los demás, y del odio que los animó. Diálogos despiadados, rechazo de todo perdón, voluntad absoluta de comprender los crímenes sangrientos. Vicente Romero, testigo obstinado. ¿De dónde viene la efectividad de su cuestionamiento, la verdad de estos diálogos? ¿Por qué conversan los diablos con él? La fuerza que alienta en todo el libro es la empatía indeclinable que el interrogador mantiene por las víctimas. Ellas no hablan en estas páginas, pero están presentes en cada línea como objetos de la crueldad de los monstruos. Al confesarles sin piedad, Vicente arranca del olvido a decenas de miles de sus víctimas. ¡Para siempre!

Queda una pregunta: ¿por qué los verdugos, conscientes de sus crímenes, acceden a hablar, a entregarse? Las respuestas son múltiples: primero, está la fama de Vicente. Los verdugos se sienten honrados de debatir con el célebre periodista español. Luego está el placer perverso de los criminales al enfrentarse a un hombre que saben un adversario ideológico irreductible. Finalmente, existe —como una constante— la voluntad de los monstruos de intentar legitimar los actos abominables que cometieron. Cualquiera que sea la intención de sus discursos, cualesquiera fuesen sus motivaciones internas —obediencia a la jerarquía, opciones y convicciones políticas, disfrute del poder ejercido sobre los demás, venganza, placer sádico—, Vicente los escucha y registra sus palabras frente a un café, con la exigente atención del investigador sin par que ha sido a lo largo de su vida.

Romero encontró a Prak Khan en su modesta casa de campesino en el agro camboyano, donde vive en paz con su esposa y cinco hijos. Cuando era un joven de veintitantos años, había sido en Phnom Penh uno de los torturadores más feroces de la antigua escuela de Toul Sleng, transformada en principal centro de interrogatorios del Gobierno de los Jemeres Rojos, el S-21 (hoy día, Museo del Genocidio). Allí, en tres años, se dio muerte a más de 14.000 hombres, mujeres y adolescentes entre atroces sufrimientos.

«Casi todos llegaban llorando y juraban que eran inocentes», explica Khan. A diferencia de los monstruos chilenos o argentinos, no sentía personalmente odio alguno hacia sus víctimas. Tenía una tarea que cumplir, para la que había sido específicamente entrenado. Punto. Era un funcionario estatal. ¿Su cometido? Quebrar —mediante la mutilación, el dolor— la voluntad de su víctima, forzarla a «confesar», es decir, a jurar sumisión a los Jemeres Rojos. Prak Khan, que se reconvirtió en agricultor en los regadíos del Mekong, hace su relato sin emoción ni arrepentimiento alguno. Recuerdos de juventud, nada más.

Cafés con el diablo es una lectura absolutamente fascinante. Vicente Romero nos revela, en estas conversaciones sutiles, las patologías singulares de algunos de los monstruos más espantosos de los últimos tiempos. Pero otros siguen matando, torturando, con toda indiferencia, de Damasco a Rangún, de El Cairo a Juba.

Francisco de Goya, que pintó los terribles fusilamientos de El tres de mayo de 1808 en Madrid, dio en 1799 el siguiente título a uno de los grabados de su serie Caprichos: «El sueño de la razón produce monstruos». Y en la entrada del Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en Ginebra, se exhibe esta frase sacada de Los hermanos Karamazov de Dostoievski: «Cada uno de nosotros es responsable de todo frente a todos».

Depende, en efecto, de cada uno de nosotros y de nuestra razón despierta que los monstruos asesinos desaparezcan para siempre de la faz de nuestro planeta.

Vicente Romero ha escrito un libro de una importancia histórica mayor. Le debemos admiración y gratitud profunda.

Jean Ziegler

Advertencia previa

Cafés con el diablo ofrece al lector dos partes claramente diferenciadas. La primera presenta cinco momentos históricos de otros tantos países, a modo de posibles ejemplos del ingrediente fundamental de una receta eterna para imponer o mantener el dominio de la sociedad, mediante el despliegue de aparatos represivos y, sobre todo, militares. En la segunda, se profundiza con mayor detalle en todos los aspectos del ejercicio del mal por parte de la dictadura militar argentina. Chile, Vietnam, Nicaragua, Camboya y los Estados Unidos de Norteamérica constituyen una muestra de situaciones de violencia radicalmente distintas. Argentina, convertida en paradigma del terrorismo de Estado, permite evidenciar con mayor detalle los «antivalores» y consecuencias comunes del recurso a la fuerza, el atropello de los derechos humanos y la ausencia de planteamientos éticos. Podría haber incluido otras descripciones y testimonios de barbarie extrema que me ha tocado conocer en mi largo ejercicio de la profesión periodística, desde el genocidio de Ruanda y la limpieza étnica de Bosnia hasta el terror militar en Liberia o Sierra Leona. No me ha parecido necesario extender la «galería de los horrores» que constituye este libro, con el riesgo de saturar al lector.

Introducción

Descenso a los abismos del mal

La capacidad humana para la maldad, la crueldad y la perversión carece de límites. Pero hay situaciones que la potencian, llevando el ejercicio del mal a un paroxismo aterrador. No hace falta recurrir a elementos imaginarios para producir pesadillas. Basta con narrar situaciones reales —por increíbles que parezcan— que retraten la naturaleza perversa de nuestro mundo y la infamia de entidades y personajes detentadores de distintos poderes sobre la sociedad. Los más irrenunciables principios éticos, básicos para que la vida transcurra con un mínimo de dignidad, son sistemáticamente violados por poderosos ejércitos que conciben la victoria como aniquilación del enemigo, por gobiernos autoritarios que atropellan los límites de la razón, por organizaciones políticas que propugnan utopías transformadoras del hombre, y por grupos económicos que recurren a delitos de lesa humanidad como parte de sus estrategias comerciales.

Desequilibrado y radicalmente desigual, el orden mundial representa un sistema criminal, con el terror y la miseria como elementos consustanciales, donde paz y guerra se imbrican en un común «despliegue de maldad insolente». La imposición de condiciones sociales aberrantes supone un logro económico; el sometimiento del adversario, incluso su exterminio, representa un triunfo político, y la muerte constituye una finalidad militar. Todo ello forma parte de los conjuntos ideológicos dominantes, arraigados en movimientos que se consideran fieles a rancias civilizaciones basadas en una religión —cristiana o musulmana— de supuesta validez universal o a unos «ideales revolucionarios» que pretenden transformar el mundo. En definitiva, modelos malignos que proclaman la «imposición» por la fuerza de los mismos conceptos que degradan o liquidan: libertad, justicia, democracia, equidad, respeto… Y regidos por dirigentes con el alma anestesiada por reglamentos sacralizados, manipuladores de convicciones falsificadas, al servicio de sistemas despiadados.

Por frío y desprovisto de detalles morbosos que trate de ser, el relato veraz de algunos acontecimientos provocados por ese orden criminal resulta insoportable para cualquier persona con sensibilidad y valores morales mínimos. Jean Ziegler asegura que, si nos atreviésemos a ver el mundo como realmente es, nos volveríamos locos. Pero desviar la mirada o cerrar los ojos ante el horror conduce a una locura aún mayor: la pasividad, porque la inacción incuba complicidad. Hace falta conocer cómo se produce el mal para enfrentarse a él, e incluso escuchar a algunos de sus practicantes para comprender, que no explicar o justificar, las causas que les empujaron a la máxima ignominia.

Cafés con el diablo no es un libro fácil de leer, como tampoco lo ha sido de escribir. Porque trata de presentar una visión, dura aunque sucinta, de algunos «abismos del mal» entre los que ha transcurrido y aún transcurre nuestra existencia, a los que sólo nos asomamos de forma ocasional y somera en telediarios, reportajes de televisión y artículos de prensa escrita, cuya brevedad —y, últimamente, escasez— no nos permite mantenernos conscientes de su gravedad ni, por tanto, combatirlos. Estas páginas han sido tejidas con recuerdos de momentos trágicos, que viví personalmente o conocí a través de testigos, y con las confesiones que algunos destacados administradores del mal vertieron en entrevistas con un periodista al que sabían enemigo.

Tales materiales informativos reflejan el horror profundo y constante en escenarios políticos tan distintos como las tiranías castrenses del Cono Sur de América, la barbarie yanqui en Vietnam, las luchas políticas de América Central, la locura de los Jemeres Rojos en Camboya o la llamada «guerra contra el terrorismo». Sin embargo, sólo cuentan algunos episodios significativos, a modo de ejemplos, que ni siquiera constituyen un «catálogo de atrocidades», sino tan sólo una muestra inarticulada de situaciones repetidas en algunos de los infiernos más significativos de las últimas décadas, expuestas mediante breves narraciones casi a modo de crónicas. Si no forman un lienzo completo sobre realidades que muchas veces se mantienen ocultas o caen en el olvido, al menos ofrecen unas pinceladas bruscas como gritos de espanto e impotencia.

Esos relatos giran en torno a un puñado de entrevistas con personajes que, en momentos álgidos de sus vidas, podrían pasar por encarnaciones del mal. Mis cafés refieren conversaciones serenas con autores —instigadores o ejecutores— de crímenes repugnantes, que reconocen haberlos cometido e incluso intentan justificarlos. Hombres comunes, aunque se crean héroes o elegidos, con quienes he tenido el privilegio de hablar serenamente, evitando enfrentamientos, aunque muchas veces haya requerido un enorme esfuerzo mirarlos a los ojos sin dejarme llevar por la ira. En torno a una mesa y compartiendo unas tazas de café cuando fue posible, conscientes de que nuestra charla estaba siendo fielmente recogida en una grabación, les pregunté sin ambages por sus graves responsabilidades, cuando no directamente por los asesinatos y torturas de que fueron autores. Y escuché de sus labios declaraciones que constituyen tremendas actas de acusación contra los regímenes políticos a los que sirvieron.

Diablos parece una denominación demasiado simple, casi infantil, para categorizarlos. Pero, ¿cómo denominarlos si no? La figura del demonio constituye un símbolo maligno, un mito popular común a distintas culturas, como el persa Arimán y sus huestes de daevas, o el Satanás bíblico con millones[1] de diablos a sus órdenes. Espíritus de la oscuridad y portadores de la muerte, la iconografía moderna bien podría actualizar sus temibles figuras caracterizándolos con modernos uniformes castrenses, al frente de ejércitos represores, o enmarcándolos en sofisticados aparatajes financieros, rodeados de gestores económicos. Mis diablos son tipos de diferente naturaleza, arrogantes centuriones con máxima capacidad de decisión, poderosos dirigentes e ideólogos, altos funcionarios convencidos de cumplir una misión histórica…, pero también sicarios obedientes, subalternos amedrentados, soldados y policías disciplinados. Con diferentes grados de implicación, todos se esforzaron en conseguir la máxima eficacia de las máquinas de matar estatales. Pero hay jerarquías en el infierno, a las que corresponden diferentes grados de responsabilidad y, también, distintas maneras de afrontar el ejercicio del mal. Los grandes demonios son gentes orgullosas, como el almirante argentino Emilio Massera, que ante la Justicia se declaró «responsable de todo y culpable de nada»: niegan sus delitos o los vindican como «actos necesarios», carecen de sentimientos de culpa, se sienten injustamente juzgados y lamentan no haber consumado la aniquilación de sus enemigos. Los pequeños diablos a sus órdenes suelen manifestar remordimientos, aunque casi nunca arrepentimiento, y achacan sus conductas monstruosas a la obediencia, acaso para sentirse capaces de seguir viviendo. Los de menor graduación, con funciones tan groseras como las detenciones, la tortura o la eliminación de cadáveres, son los que Eduardo Galeano calificaba de burócratas de la muerte, ejecutores de los designios de demonios con más galones. Pero éstos, a su vez, también actuaban al servicio de «intereses supremos» —y, por tanto, ajenos—, aunque a veces su poder les cegara y creyeran demasiado en su propia importancia.

¿Por qué, conociendo mi trabajo, esos demonios aceptaron hablar conmigo? Nunca he acabado de entender qué les impulsó a hacerlo. Acaso porque se trata, finalmente, de seres humanos destruidos por la maldad que los abdujo, a la que sirvieron con fe ciega, con un sentido de la disciplina que anulaba su capacidad de discernir hasta suplantar su propio juicio. Hombres que, como todos, necesitan mirarse en el espejo de los demás para contrastar su autoestima, pero cuya imagen —una parte fundamental de ella— resulta transparente. Tratan de engañarse con maquillajes ideológicos, para verse y ser vistos como desearían, mintiendo porque su única «verdad» posible es falsa. Y esperan, sin solicitarlo, olvido y perdón. ¿Es posible otorgárselos? El cardenal Francisco Javier Errázuriz pidió que no se recriminara a los verdugos de Pinochet[2] «porque también ellos están sufriendo enormemente y necesitan de nuestra cercanía». Seis días antes, la Iglesia había publicado un informe sobre la dictadura que contenía testimonios escalofriantes[3]. Aunque resulte muy difícil alcanzar las cumbres piadosas del derechista monseñor chileno, acaso se pueda perdonar, pero no cabe olvidar cuantas barbaridades se cometieron, porque —como me explicó Ramón J. Sender, hablando del fusilamiento de su esposa a manos de los falangistas— «el perdón depende de nuestra voluntad, pero no así el olvido».

Pero hay otros infiernos, como Milton anunciaba, aún más profundos y anchos que los de guerras y tiranías: la pobreza extrema, el hambre, la enfermedad y la muerte, destinos «insoslayables» para millones de seres, impuestos por todopoderosas organizaciones económicas, constituyen los mayores abismos de maldad. Los gobiernan demonios elegantes, desde los consejos de administración de corporaciones multinacionales, cuyas decisiones siembran una miseria insuperable por todo el planeta. Al editar estos cafés con el diablo, me he preguntado si ellos me habrían concedido unas entrevistas semejantes, para abordar los criterios morales de las empresas que rigen. Tampoco sé si yo sería capaz de guardar la compostura o si las arcadas me impedirían escuchar sus argumentos.

Aunque de modales más «elegantes» que los de torturadores o asesinos políticos, me resultan aún más repugnantes los altos ejecutivos y accionistas que, protegidos por una legislación internacional hipócrita, organizan crímenes masivos para maximizar los beneficios de entidades desalmadas. Grandes demonios que ejercen el sicariato de un poder mundial tan tiránico como invisible, formado por el medio millar de corporaciones que —según datos del Banco Mundial— controlan más del 60 por 100 de la riqueza del planeta: monopolios que negocian tanto con las patentes de medicamentos esenciales como con el expolio de recursos naturales, y grupos financieros que especulan con el precio de los alimentos básicos —incluso con el agua potable, considerada desde finales de 2020 como «valor bursátil»—, gestionando las hambrunas como un genocidio programado.

No existe ya un justiciero «fantasma que recorre el mundo», como anunciaba el Manifiesto comunista, sino un nuevo espíritu diabólico que lo domina, el capitalismo como mal absoluto, mientras esa quimera inventada que denominamos «comunidad internacional» cierra los ojos, sin abordar jamás los cambios imprescindibles. Constatarlo, a lo largo de muchos años de trabajo periodístico, ha dejado en mi ánimo una indeleble huella de fondo. Sobre ella flota la constante desazón causada por todos los horrores de que he sido testigo. Este libro responde a la necesidad de compartir la angustia y, también, a la obstinación de contar la realidad, como quien da una inútil voz de alarma sabiendo que no habrá respuesta.

Primera parte

Algunos lugares oscuros de nuestro tiempo

Capítulo I
Chile bajo la Junta Militar

El bombardeo del Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973, marcó con una brutalidad insólita el asalto al poder de las Fuerzas Armadas que, conducidas por el general Augusto Pinochet, pusieron fin a la democracia parlamentaria más antigua del continente sudamericano. Los ideales de un socialismo en libertad, acariciados por el gobierno de Salvador Allende al frente de la Unidad Popular, quedaban ahogados en sangre al cabo de muchos meses de tensión política, cultivada por una derecha golpista que actuaba bajo la influencia de los Estados Unidos. Los militares chilenos abrieron una etapa sangrienta en el Cono Sur, cuyas dictaduras —coordinadas por la Operación Cóndor— recurrirían sistemáticamente a métodos comunes de represión que incluían detenciones masivas, torturas, asesinatos y desapariciones.

Entrevista con Juan Molina.
La mala costumbre de tirar cadáveres al mar

El chileno Juan Molina vive convencido de que Dios le castigó con la máxima dureza, arrebatándole a su hijo de año y medio, por su participación en el terrorismo de Estado. Mecánico de helicópteros, cumplió dos veces la misión de arrojar a las aguas del Pacífico cadáveres de prisioneros políticos, durante la etapa más dura del régimen de Pinochet. Atormentado por su conciencia, abandonó la carrera militar y acabó confesando su colaboración en la eliminación de los cuerpos de detenidos desaparecidos. El testimonio de Molina quebró el secreto castrense sobre los «vuelos de la muerte», que llegaron a ser una rutina en la metodología de la represión. Fueron muchos los centuriones implicados, pero jamás hablaron del tema, o lo hicieron sólo en círculos de máxima confianza, en voz baja y con pocas palabras. Habrían de pasar tres décadas hasta que se desvelase aquella práctica criminal.

Los verdugos chilenos, al igual que sus colegas argentinos, han mantenido un férreo pacto de silencio. Prácticamente ninguno quiso reconocer sus culpas ni pedir perdón, convencidos de haber obrado «correctamente». Una actitud explicable porque la dictadura los recompensó oficialmente y consideró irreprochables sus comportamientos. Después, cuando Chile recuperó la democracia, a la soberbia militar se sumó el miedo de afrontar responsabilidades como justificantes del obstinado mutismo de todos los asesinos de uniforme. Muchos han sido procesados y condenados, pero no se conocen casos de centuriones arrepentidos por las más de 3.000 ejecuciones sumarias, ni han querido revelar el destino final de sus víctimas cuyos cuerpos fueron sepultados en fosas comunes, incinerados, dinamitados o arrojados al océano. Juan Molina es una excepción.

Conocí a Molina en septiembre de 2003, en un Santiago de Chile crispado por los actos conmemorativos del trigésimo aniversario del golpe militar. Su aspecto correspondía a lo que realmente era: un hombre de origen humilde, sin grandes luces ni ambiciones; un soldado que aceptó sin rechistar unas órdenes inhumanas y acabó confundido por la complicidad que implicaban en hechos radicalmente opuestos a su formación cristiana. Obedeció y calló hasta que una tragedia familiar removió en lo profundo de su alma un horror que no estaba capacitado para asumir.

Juan Molina cree que la muerte de su hijo fue un castigo de Dios, por haber participado en los «vuelos de la muerte».

Fabio Díaz, productor de TVE en el Cono Sur, lo localizó y logró que nos recibiera en su hogar, una modesta vivienda en el cinturón obrero de Santiago[1]. Dos fotografías destacaban, expuestas en el comedor donde realizamos la entrevista. Una era un enorme retrato del propio Molina, impreso en cartón troquelado, vistiendo el uniforme de cadete de la Escuela Militar, repeinado y con cara aniñada. La otra, más pequeña y enmarcada sobre un aparador, mostraba a su hijo con los ojitos ya cerrados para siempre. Coloreada a mano, era una de esas imágenes dolorosas que antiguamente se tomaba a los difuntos para conservar su último recuerdo. Al notar que nos fijábamos en ella, Molina la alzó para que Juan Pangol pudiera grabarla. Después pareció olvidarse de la presencia de la cámara y desnudó su memoria a lo largo de una hora. Empezó explicándonos que sólo tenía 19 años cuando se vio envuelto en el golpe de Estado contra Salvador Allende:

—Yo aún estudiaba en la Escuela Militar cuando me tocó estar en primera línea del asalto al Palacio de la Moneda, para desalojar del poder a las izquierdas de la Unidad Popular. Probablemente sería un acto necesario, pero como chileno me quedó un recuerdo muy amargo. Tomamos posiciones en la entrada de la plaza y enseguida nos encontramos metidos en combate. Había francotiradores que nos disparaban desde varios sitios, como el hotel Carrera. De pronto llegó la aviación y empezó a bombardear la sede del Gobierno. Los rockets hicieron explosión en los ventanales de arriba y se incendió el edificio. Fue un momento impactante que no he podido olvidar.

Molina hablaba con sinceridad. Seguramente nunca había sido consciente de la importancia del momento histórico que Chile vivía a comienzos de la década de los setenta, con la confrontación entre los sueños revolucionarios de una izquierda agrupada en la Unidad Popular y una derecha cómplice de los intereses económicos norteamericanos. En el ambiente prusiano de la Escuela Militar aquel proceso político no significaba más que un clima social turbulento, con enfrentamientos y desórdenes públicos, en el que cada día se alzaban voces pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para «poner orden» y evitar un «triunfo del comunismo».

Pero el tema de su actuación el día del golpe de Pinochet se agotó pronto. Molina sabía que habíamos ido a visitarlo para hablar de sus «misiones secretas», a bordo de helicópteros que transportaban los restos de detenidos políticos, muertos en la tortura o ejecutados, para hacerlos desaparecer bajo las aguas del Pacífico. Un tema sobre el que pesaba una consigna de secreto militar que nadie había roto durante cerca de treinta años. Tras una pausa en la charla, forzada por las tazas de café con que nos obsequió su esposa, Juan Molina comenzó sin más preámbulos a desgranar la parte oscura de su memoria.

—En noviembre de 1979, un viernes a las cuatro y media de la tarde, me designaron para un vuelo. Nunca nos informaban en qué consistía cada misión, así que sólo sabía que sería una salida local por la costa del Pacífico. Nadie nos dijo que íbamos a tirar gente al mar. Cuando estábamos preparando el helicóptero, llegó una camioneta Chevrolet de color crema, con la carga que teníamos que llevar. Yo estaba a unos veinte metros de distancia y no me fijé bien. Enseguida vinieron los pilotos y dieron orden de marcha. Al abrir la puerta para subir me encontré con dos bultos en el suelo. Era evidente que se trataba de dos personas muertas, tapadas con sacos y atadas por los pies a un pedazo de riel. A la del costado izquierdo se le veía parte de las piernas y parecía ser una muchacha joven. En fin, yo no me esperaba aquello…

—¿Conocía usted la existencia de ese tipo de vuelos?

—Sí. Había oído hablar de ellos en conversaciones con los compañeros de armas. Los demás mecánicos me habían dicho que esos vuelos eran «normales», porque desde el año 73 se estaba lanzando presos al mar, e incluso que al principio los llevaban vivos, lo que era aún más triste. Entonces me dije: «Esto no puede ser».

—Así que todos sabían que el Ejército eliminaba de esa forma a numerosos prisioneros políticos…

—Sí. Como no había tenido que participar, moralmente no me sentía afectado, aunque sabía que debía ser «un poco complicado». Incluso pensé que nunca me iba a tocar. Pero al final también yo tuve que ser testigo de cómo se lanzaban cadáveres al océano.

—¿Cuántas de esas misiones le asignaron?

—En noviembre del año 79 tuve que presenciar el lanzamiento de esas dos personas al mar, a unos 80 nudos de Quintero. Y en 1980 me tocó otra triste misión, con ocho cuerpos que partían de la misma forma: con rieles en los pies y tapados con sacos. Pero en esa ocasión dejaron grandes rastros de sangre porque se notaba que iban abiertos. Cuando volvimos a la base no quise limpiar las manchas de sangre que habían quedado en el suelo del helicóptero. Dije «Ya lo haré el lunes», y dejé las puertas abiertas para que se marchara el mal olor que había. Cuando llegué a mi trabajo, temprano en la mañana, un oficial me riñó diciendo que las manchas podían haber sido vistas por alguien que no debía saber lo que se había hecho, y podían empezar a hacer preguntas. Le respondí que mi conciencia no soportaba más todo aquello. Entonces me quitaron las armas y quedé arrestado en la guardia.

—¿Qué protocolo se seguía para descargar los cuerpos?

—Los pilotos decían cuándo había que lanzarlos al vacío. Los dos del primer vuelo fueron arrojados por una puerta lateral del helicóptero. Para tirar a los otros ocho, se utilizó el portón central. Las operaciones eran rápidas, con una duración de cinco a siete minutos cuando se trataba de ocho o diez bultos.

Lo narraba como si hubiese sido un simple espectador, como si no hubiera tenido que desmontar los asientos para hacer sitio a los cadáveres, como si para moverlos no hubiera resultado imprescindible que ayudase al oficial encargado de empujarlos. Seguramente temía que su confesión lo incriminara si describía todos los detalles. Pero bastante era que hablara para expulsar de su cabeza los fantasmas que lo atormentaban.

—¿A quiénes correspondían esos cuerpos?

—Eran detenidos políticos, de eso estoy seguro. Pero lo único que yo sé de ellos es que estaban muertos y atados con alambre a trozos de rieles de ferrocarril. De la forma en que los ejecutaran no tengo idea. Tampoco pude ver sus caras ni su aspecto, porque estaban tapados. Una de las veces, incluso me hicieron alejarme para que no presenciara cómo los subían. Porque de hacer eso se encargaban civiles, aunque yo creo que eran militares que no vestían uniformes, gente de la DINA[2]. Uno de ellos venía también en cada vuelo.

—¿Escuchó usted a sus compañeros hablar del número de prisioneros eliminados de ese modo?

—Sí, pero nadie estaba seguro. Tuvieron que ser centenares porque eso duró como siete años. Empezó en 1973 y, por las conversaciones que tuvimos, entre el 74 y el 75 fue cuando se echó más gente al mar. A mí me tocaron de los últimos, todavía en 1980. Fueron muchos, aunque no sé cuántos. Podría decirle que unas cuatrocientas personas, pero a lo mejor me quedo corto. Centenares.

—¿En qué zona eran tirados al mar?

—Eso sólo lo sabían con exactitud los pilotos. En las dos oportunidades que yo estuve fueron arrojados cerca de aquí, casi central a Santiago. Se operó de igual forma. Y en los dos vuelos vino la misma persona de la DINA.

—¿Ha intentado usted identificar quién era?

—Sí, pero, aunque me mostraron fotografías, no pude reconocerlo. Creo que tal vez fuera uno de los que vi en las fotos... Pero no me atrevo a decir «sí, efectivamente éste es». Porque tendría que haber estado seguro al cien por cien para no perjudicar a otra persona.

Ambos ignorábamos que, pocas semanas antes de nuestra conversación, había empezado a dar fruto una investigación judicial sobre los «vuelos de la muerte», tras pasar un año varada por las trabas administrativas con que el Ejército aún pretendía ocultarlos. El juez Juan Guzmán descubrió aquel método criminal en el curso de sus pesquisas sobre un antiguo caso de detención y desaparición de dirigentes clandestinos del Partido Comunista. Entre ellos se encontraba Marta Ugarte[3], cuyo cuerpo apareció en septiembre de 1976 en la playa La Ballena. Aunque la prensa pinochetista afirmó entonces que había sido víctima de una venganza pasional, la autopsia reveló que acusaba numerosas huellas de tortura, además de fractura de columna, e hígado y bazo reventados a golpes. Pasarían 27 años hasta que la Justicia demostrara la procedencia de su cadáver. Uno de los mecánicos del helicóptero declararía que aún agonizaba cuando fue embarcada, y que el agente de la DINA Cristian Álvarez la remató, empleando para ahogarla el mismo cable que la sujetaba al riel de ferrocarril. Al parecer volvió a atarla de manera defectuosa, y el cuerpo se desprendió. El propio Álvarez reconoció los hechos y manifestó su «miedo de venganzas militares por hablar».

Juan Molina, que ya no mantenía lazos con sus antiguos camaradas, quedó al margen de las actuaciones del magistrado porque el proceso en curso se limitaba al periodo entre los años 1974 y 1978. Y a los periodistas todavía no nos habían llegado noticias precisas sobre los avances judiciales, ya que todas las partes se esforzaban en impedir filtraciones: los militares, para evitar otro escándalo, y la Justicia, para que el expediente no reventara antes de tiempo, cuando aún quedaban averiguaciones por hacer o confirmar.

—¿De qué modo le afectó la experiencia de aquellos vuelos, Molina?

—Mucho, moral y personalmente. Porque yo no sabía si esas personas eran culpables de algo o no, pero tampoco creo que nadie tenga el poder suficiente para decidir que se elimine y se haga desaparecer a otras personas, como pasó en esos casos. Me repetía: «Dios nos va a castigar, porque esto es delito». Y me costaba mucho dormir, porque me ponía a pensar que aquellos muertos tendrían hijos o familia. Por eso me planteé retirarme del Ejército en 1981. Entonces me tocó la muerte de mi hijo pequeño, y eso ya fue definitivo. Lo tomé como un castigo de Dios, sinceramente.

Hablaba despacio, visiblemente turbado. Veintidós años después aún se le nublaban los ojos al recordar aquella tragedia familiar. Hizo una pausa, apuró el café y prosiguió con palabras vacilantes, evitando mirar tanto a la cámara de Juan Pangol como a Fabio Díaz o a mí, que le escuchábamos en el más respetuoso silencio.

—Se me murió ahogado en un tarro[4] con agua. Y dije: «Qué pasa aquí, algo está pasando». Lo de los vuelos lo sabían únicamente mi madre y mi abuelita, que en las dos oportunidades me vieron tan afectado que ni siquiera pude comer. A mi señora no se lo conté hasta que falleció el niño y le dije: «No sé, esto a lo mejor es un castigo de Dios». Yo sabía que no era culpable de aquellos hechos, pero había sido testigo presencial y eso me atormentaba.

—¿Qué edad tenía su hijo?

—Tenía un año y siete meses, estaba recién empezando la vida. Un año y siete meses… Y ya andaba por todos lados. Mi señora lo encontró caído dentro del tarro, con los dos zapatitos afuera. Fue un día domingo, cinco minutos que se descuidó y el niño... Se ve que intentó sacar un cepillo que se le había caído al agua jugando, quiso alcanzarlo y... Cinco minutos fueron suficientes para que muriera. Dicen que falleció en el hospital, pero yo sabía que estaba muerto cuando lo saqué y quise darle respiración artificial para reanimarlo. Entonces me vino de inmediato el recuerdo de lo otro, porque era todo tan cruel... El día lunes, cuando sepultamos al niño, salí en la mañana para ir al Ejército y encontré una carta hecha con recortes de diarios pegados en un papel, que me decía «Para que te des cuenta de lo que se siente cuando se ahoga un ser querido». Nunca supe quiénes lo mandaron. Acaso unos vecinos, aunque nadie conocía las operaciones en que yo había participado. Pero tuvo que ser alguien que sabía algo... o tal vez vinieron del Ejército. No sé. Pero eso rebasó los límites. Y dije: «No sigo más».

—¿Comentó con alguien que asociaba la muerte de su hijo con aquellos dos vuelos?

—Se lo comenté a un psicólogo del hospital militar. Y me dejaron internado durante un mes para estabilizarme, porque estaba demasiado alterado. Me sentí detenido, como en una cárcel; sólo podía ver a mi mujer una vez por semana y prohibieron que mis compañeros me visitaran. El día que me dieron de alta me informaron que el coronel había dicho que «borrón y cuenta nueva» y que siguiera trabajando igual que antes. Yo contesté: «No, tengo que irme». Todo aquello hizo que yo no quisiera continuar en el Ejército.

—¿Solicitó formalmente la baja?

—Sí. Pero no me concedieron baja voluntaria, sino «baja en lista 4» para no pagarme, o sea, para dejarme en la calle. No me dieron ni un peso. Además, yo vivía en un departamento de propiedad estatal y cuando fui a buscar mis cosas no había nada. Se habían llevado todo. Lo único que quedaba eran estos muebles de comedor que están ustedes viendo, y tardé tres años en recuperarlos. Todo lo demás se lo repartieron. Desde entonces quedé totalmente al margen de lo militar y traté de rehacer mi vida trabajando en otras cosas.

—¿Por qué ha decidido usted contar su participación en los vuelos, tanto tiempo después?

—Porque pasan los años y seguimos recordando el golpe de 1973. Fue algo que nos afectó tanto a las víctimas como a los victimarios, y todos los chilenos quedamos divididos. Si no se puede olvidar lo que pasó es porque hubo un daño demasiado grande. Los responsables directos tienen en sus conciencias cosas que todavía no han podido entregar. Y me pongo en su lugar: se sienten culpables, no duermen tranquilos, deben estar sufriendo como también sufren las personas que tienen seres queridos desaparecidos. Aquí hay que hacer un examen de conciencia. Esto no se va a calmar hasta que no se sepa toda la verdad. Yo hablo porque quiero liberarme de la presión que supone el que no se haya dicho nada sobre aquellos vuelos. He contado toda la realidad que conocía. Y me han llamado de los tribunales, sin mayores consecuencias. Pero me he sentido ya más tranquilo.

—Participar en aquellos vuelos arruinó su vida, Molina.

—Sí. Seguramente todo habría sido muy diferente sin eso. Creo que habría alcanzado un grado máximo, estaría viviendo en otro lado, tendría una buena casa y mejor vehículo… como la mayoría de mis compañeros, mientras yo he pasado hambre. No me avergüenza decirlo porque realmente ha sido así. De repente me encuentro con que no tenemos ni para comprar el pan, y vivir tan lejos del centro de Santiago complica todo. Aquí casi no hay donde trabajar. He tenido que hacer de todo, arreglos de motores, reparaciones eléctricas, lo que saliera. Hasta estuve una temporada cortando fruta con mi señora. Pero no me importa porque todo tiene un precio. No me arrepiento de haberme retirado del Ejército, aunque de seguir podría haber tenido una vida mejor. Tampoco sé lo que hubiera pasado, y a lo mejor se habría caído mi helicóptero... Pero así estoy más conforme con la sociedad, con la gente. Porque no me siento traidor. Cuando tenía diecinueve años juré por Dios que serviría fielmente a mi patria. Y no estoy con el Ejército ni con las personas que llevaron a este país al caos. Ellos sabrán cómo van a afrontar su realidad cuando vayan a pedir perdón. Dije siempre que el golpe de Estado, el pronunciamiento militar, fue algo necesario. Aún lo pienso, porque comprendí lo que pasaba en el país. La política estaba quebrantada, lo sabe todo el mundo. Pero no voy a dejar de pensar que las muertes fueron innecesarias. Y la forma como lo hicieron... Por eso no me considero traidor al Ejército. Todo lo contrario, me siento fiel a mi país que me pide que cuente lo que vi. Sería enfermo ignorar a los miles de compatriotas que perdieron a sus seres queridos y ni siquiera conocen aún donde están sus cuerpos. Yo quise aportar el grano de arena de los hechos de que fui testigo.

(Dos meses después de esta entrevista, en noviembre de 2003, los funcionarios judiciales a las órdenes del juez Guzmán, desvelaron aquellas misiones secretas de las que Molina hablaba con tanta amargura como vergüenza[5]. Aunque sus investigaciones alcanzaban sólo hasta 1978, el juez estableció que se efectuaron «al menos 40 viajes», tras haber interrogado a las tripulaciones que aparecían en los libros de bitácora del Comando de Aviación del Ejército. Todos los pilotos mantuvieron el pacto de silencio, pero doce suboficiales mecánicos reconocieron los hechos. Sus testimonios permitieron establecer que cada vuelo transportó entre 8 y 15 cadáveres. Y detallaron la eliminación de prisioneros políticos, desde el nombre en clave de Operación Puerto Montt y la composición de las tripulaciones (piloto, copiloto, mecánico y agente de la DINA) hasta los estrictos protocolos que debían seguirse: los presos eran ejecutados mediante una inyección de cianuro, los cadáveres debían ir cubiertos para impedir su identificación, los mecánicos tenían que encargarse de quitar los asientos traseros de los helicópteros y el tanque suplementario de combustible para ampliar su capacidad, etcétera. También señalaron a algunos responsables con nombres y apellidos, como el comandante Carlos Mardones que amenazaba a quienes no guardasen el secreto más estricto, o la teniente enfermera Gladys Calderón Carreño que administraba las dosis de cianuro en el cuartel Simón Bolívar. Incluso aportaron al sumario descripciones siniestras como el insoportable olor de algunos bultos ya en descomposición, o que otros eran de menor tamaño porque contenían cuerpos despedazados.

Las identidades de los testigos quedaron protegidas por el secreto sumarial. Una medida necesaria, dado que el mismo día que el juez abrió el procedimiento contra cinco de los pilotos fue secuestrado un hijo de uno de los doce mecánicos que hablaron. Un grupo de hombres lo subió a un coche, lo maniató y le cubrió la cabeza con una capucha, le propinó una paliza y lo dejó en libertad tras darle un mensaje para su padre: «Dile que cierre bien el hocico». La palabra que utiliza la mafia en estos casos es omertá).

El sicario de confianza de Pinochet

Mientras el general Contreras, el mayor y más odiado de los verdugos de Pinochet, agonizaba en el hospital militar de Santiago, una gigantesca «cadena de oración» pedía a Dios que lo mantuviera con vida. No se trataba de amigos y partidarios del hombre que orquestó la represión de la dictadura, ni siquiera de «buenos cristianos» que se apiadaran por los daños que varias enfermedades —cáncer de colon, diabetes e hipertensión— causaban a su cuerpo de 86 años. Eran sus víctimas, los supervivientes y los familiares de los asesinados por órdenes suyas, quienes suplicaban que no muriera «todavía», cuando le quedaban por cumplir más de 500 años de cárcel, esperaba otra sentencia de 576 años más y tenía pendientes 556 juicios orales. Sus enemigos querían que continuara sufriendo, pero sus rezos no respondían tanto al odio como a un ansia desesperada de justicia. Porque Contreras nunca había llegado a pagar realmente por sus múltiples crímenes.

Manuel Contreras, alias el Mamo, cerebro de la policía política de la dictadura, salió muy bien librado de sus tardías rendiciones de cuentas ante los tribunales de la democracia. Aunque se viera condenado de por vida, pasó menos de cinco lustros enclaustrado en el Penal Cordillera, un antiguo resort reacondicionado para acoger en sus cinco lujosas cabañas de vacaciones a diez represores, al cuidado de treinta y ocho agentes de la Gendarmería[6]. Contreras nunca fue despojado de su rango castrense, ni privado de la pensión que disfrutaba, pese a que el artículo 222 del Código de Justicia Militar chileno sancionase con la degradación a los centuriones castigados a penas de muerte o prisión perpetua. Y hasta el final de sus días alzó la cabeza con «la satisfacción de haber salvado a la Patria de caer en poder del marxismo», proclamando con cinismo que el régimen pinochetista no torturó ni asesinó, y que «los desaparecidos estaban en los cementerios». Tales alardes de descaro e hipocresía hicieron que hasta el partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente se opusiera a que se rindieran honores militares en su funeral.

La biografía del Mamo Contreras podría figurar en la vieja colección de tebeos católicos Vidas ejemplares[7] por los constantes actos de fe que la jalonan de principio a fin. Desde muy joven había destacado por su firme vocación y sus grandes cualidades para el ejercicio del mal. En sus tiempos de cadete fue seleccionado por los jefes de la Escuela Militar para vigilar a sus propios compañeros y delatar sus faltas. Y enseguida, allá por 1946, se labró un merecido «prestigio de dureza» como Brigadier Mayor de la 1.ª Compañía por su autoritarismo, prepotencia, abusos de poder e incluso actitudes sádicas. Sus métodos disciplinarios nunca serían olvidados por quienes estuvieron a sus órdenes:

—Nos castigaba con medidas desproporcionadas —recordó el capitán Alejandro Barros Amengual[8]—. Nos obligaba a introducir la cabeza en las tazas de los baños y tiraba de la cadena, acción que graciosamente llamaba el champú. En otras oportunidades nos sujetaba la cabeza y nos introducía en la boca el pitón de la manguera que usábamos en los baños matinales, dando al chorro la máxima potencia.

El destino de Manuel Contreras hizo que se cruzara en la Academia de Guerra con otro siniestro personaje que se convertiría en su mentor: el entonces coronel Augusto Pinochet Ugarte, profesor de Estrategia y subdirector de la entidad. La afinidad personal entre maestro y alumno se correspondía, además, con una común obsesión anticastrista en los momentos del triunfo de la Revolución cubana. Y cuatro años después de graduarse, en 1966, el alumno pasó a ejercer la docencia en materia de Inteligencia Militar. Ese puesto le abrió las puertas de los centros norteamericanos de Fort Benning —donde recibió un curso de Posgrado de Oficial de Estado Mayor— y de la Academia de las Américas en 1967. En las aulas de esta «Escuela de dictadores», como la definió el congresista Joseph Kennedy II[9], el Mamo estableció contactos con la CIA y cultivó la amistad de oficiales argentinos, uruguayos y brasileños, llamados como él a ejecutar los planes de represión diseñados por el Pentágono para los países del sur del continente. Entre otras materias, se impartían clases de interrogatorios con tortura y una asignatura con un nombre que no permite dudas: «Estudio del asesinato», cuyos manuales figuran entre los documentos secretos desclasificados por Washington en 1997. Todos esos conocimientos y experiencias, puestos al servicio de una ideología basada en un anticomunismo primario, sirvieron para que Manuel Contreras dedicara su vida al «exterminio del marxismo y otras doctrinas afines como si fueran plagas», mediante un plan de «purificación nacional». Con esas palabras textuales explicaría el propósito que le llevó a fundar la DINA, tras el golpe de Estado contra Salvador Allende.

Ascendido a mayor, se dedicó a impartir clases de Inteligencia en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, a la vez que diseñaba un aparato clandestino —con elementos de grupos fascistas como Patria y Libertad— para desarticular a las principales organizaciones de izquierda, y que respondiera a los deseos y necesidades de la CIA, ante la victoria electoral de la Unidad Popular y su ascenso al poder en 1970. Su puesta en marcha estaría determinada por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Desde la primera hora aplicó de modo implacable sus planes de acción, que destacaron en la represión desatada por la Junta Militar. Y bajo su dirección Tejas Verdes se convirtió en uno de los mayores centros de secuestros, torturas y ejecuciones sumarias.

Un par de semanas después del golpe, con los múltiples lugares de detención abarrotados —incluido el Estadio Nacional, donde se hacinaban 7.000 prisioneros—, las autoridades castrenses se dieron cuenta de que, en aras de una mayor eficacia, resultaba imprescindible mejorar la coordinación entre las distintas secciones de las Fuerzas Armadas, sistematizando la información y cruzando los datos de diferentes fuentes. El Estado Mayor de la Defensa Nacional convocó una reunión para crear un organismo que se encargara de establecer una metodología de trabajo. Ese día, Contreras deslumbró al alto mando con un detallado plan que, sobre todo, encandiló a su antiguo maestro y amigo Augusto Pinochet. Tanto, que el jefe de la Junta decidió saltarse el sagrado escalafón y, pasando por encima de los generales, apostó por el ya entonces coronel Contreras como máximo responsable de la represión en que habría de basarse su gobierno.

Así nació la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo personal militar y civil —escogido directamente por Contreras— comenzó inmediatamente a trabajar en las oficinas de las plantas altas del Congreso, como una afrenta más a la democracia, hasta su instalación definitiva en un edificio de la calle Marcoleta. Los tentáculos del nuevo organismo, a partir de su constitución oficial en junio de 1974, crecieron y se extendieron a través de varios centros neurálgicos que se harían rápidamente famosos, como Villa Grimaldi o Cuatro Álamos. El número de sus víctimas se multiplicaría de forma vertiginosa, hasta acabar superando los 40.000 detenidos y cerca de 3.000 muertos a lo largo de su existencia.

Al principio, el enorme y creciente poder adquirido por el coronel suscitó celos y suspicacias entre los generales, que defendían las prerrogativas de los departamentos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del cuerpo de Carabineros. La DINA quedaba situada por encima y su jefe disponía de mayor autoridad que sus superiores en rango; incluso podía ordenar la muerte de detenidos políticos sin informar más que a Pinochet, de quien dependía directamente. Un profundo malestar se hizo visible en los más elevados círculos castrenses. El propio general Lutz, director del Servicio de Información Militar (SIM), se enfrentó a Contreras negándose a entregarle sus prisioneros, y terminó cesado.

Peor suerte corrió el general Óscar Bonilla, pese a haber sido ministro del Interior en el primer gobierno de la Junta golpista y, después, detentado la cartera de Defensa. Bonilla se atrevió a ordenar la destitución del titular de la DINA tras presentarse de improviso en Tejas Verdes e inspeccionar sus calabozos. «En mi recorrido me encontré con hombres que estaban tendidos boca abajo en el suelo, otros desnudos y amarrados, algunos colgados de los brazos y con su cuerpo en el aire. Cuando comprobé que la realidad era más horrible de lo que me habían dicho, llamé al subcomandante y le comuniqué que él asumía el mando y que el coronel quedaba arrestado». Bonilla pagó aquel error con la vida: el 3 de marzo de 1975 moría en un extraño accidente de helicóptero[10].

El rocoso coronel Mamo ganó todas las batallas contra sus rivales sin ceder un ápice de terreno, porque no defendía su carrera militar sino un deber histórico que creía tener encomendado. Sembró el terror y dejó un reguero de sangre, pero cumplió su misión, recurriendo a los métodos más despiadados. En pocos meses logró diezmar a los sindicatos, anuló a los movimientos sociales y desmanteló el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Después, a lo largo de los dos años siguientes, liquidó al Partido Socialista y al Comunista, las dos grandes organizaciones históricas de la izquierda chilena, facilitando que Pinochet gobernara en la paz y el silencio de los cementerios.

Manuel Contreras no sólo estaba satisfecho de su obra, sino que gozaba desempeñando las funciones de sicario mayor de la dictadura. Incluso descendía a las cámaras de tortura para tomar parte en los rituales del interrogatorio a los prisioneros. Numerosos sobrevivientes de la represión lo reconocieron. Entre las figuras más populares que lo identificaron, destacan la actriz Gloria Laso Lazaeta y la presidenta Michelle Bachelet[11], ambas hijas de militares. Uno de los testimonios más contundentes sobre los procedimientos seguidos por la DINA en sus centros de detención lo prestó una sobreviviente llamada Luz de las Nieves Ayress Moreno, quien en 2004 declaró al diario La Nación:

—Me daban choques eléctricos en las partes más sensibles del cuerpo, como los senos, los ojos, el ano, la vagina, la nariz o los dedos. También me amarraban los pies y los brazos, me colgaban cabeza abajo y me aplicaban choques eléctricos. Además, me golpeaban con fuerza los dos oídos simultáneamente. Me torturaban desnuda y encapuchada, en presencia de mi padre y de mi hermano, y una vez me forzaron a intentar el acto sexual con ellos. Me obligaban a presenciar sus torturas y las de otros conocidos que estaban presos. Y varias veces me violaron.

Uno de sus interrogadores en las mazmorras de Tejas Verdes fue el Mamo Contreras.

—Pude verle la cara porque la venda que me cubría los ojos estaba floja, y después lo reconocí en fotos. Él daba las órdenes y supervisaba todo, pero también participaba directamente en la tortura.

En 1975, Manuel Contreras volvió a los Estados Unidos, invitado por la CIA a una estancia de quince días en Fort Langley. Cuando regresó a Chile, explicó a Pinochet su convencimiento de que la única forma realmente efectiva de aniquilar a la izquierda chilena consistía en perseguirla más allá de las fronteras. Y le planteó la necesidad de extender la actuación de la DINA a otros países, estableciendo una colaboración directa con dictaduras ideológicamente afines como las de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Argumentó que ello permitiría acabar también con las organizaciones subversivas de todo el Cono Sur, para facilitar el establecimiento de un modelo político y económico común. Y aseguró que el proyecto contaba con la bendición —e incluso el respaldo diplomático y financiero— del entonces todopoderoso secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Conseguido el beneplácito de Pinochet, el Mamo convocó una reunión secreta de sus homólogos de las naciones vecinas el 25 de noviembre de 1975. Y en ella se aprobó la creación de la Operación Cóndor, una red de inteligencia militar que facilitaría el intercambio de información, la entrega secreta de detenidos en el extranjero, así como de exiliados y prisioneros de otras nacionalidades, e incluso la realización de operaciones conjuntas para cometer atentados, secuestros y asesinatos más allá de las fronteras nacionales. Entre sus éxitos destacó el asesinato en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1976, del general Carlos Prats, que se había mantenido fiel al Gobierno constitucional de Allende. Su balance final sería de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos, según prueban documentalmente los denominados «archivos del terror», encontrados en Paraguay en 1992.

La soberbia y la falta de límites de Manuel Contreras precipitaron su caída en 1977, cuando, convencido de la absoluta impunidad de que disfrutaba, no supo valorar las contradicciones internas de la política estadounidense. Ordenó el asesinato de Orlando Letelier —antiguo ministro de Exteriores y embajador de Salvador Allende— en su exilio de Washington, ignorando que la Casa Blanca podía organizar, respaldar y financiar crímenes de Estado en otros países, pero no tolerarlos dentro de su propio territorio. El Departamento de Estado norteamericano montó en cólera al saber que el mortal atentado con bomba, el 21 de septiembre de 1976, había sido perpetrado por la DINA. Pocos meses más tarde, las presiones diplomáticas hicieron que Pinochet cesara a Contreras, lo mandase a retiro y cambiara el nombre de su policía política por el de Central Nacional de Informaciones (CNI), que pasó a depender del Ministerio del Interior[12]. Pero las consecuencias del escándalo no acabaron ahí. Porque Washington pidió su extradición y, aunque el fallo de la Corte Suprema de Chile fue negativo, el Mamo sufrió la humillación de esperar la sentencia en prisión durante catorce meses. Fuentes judiciales filtraron que, asustado por la dura reacción estadounidense, había destruido toda la documentación que lo incriminaba en el caso Letelier. Y, por si acaso, aportó pruebas médicas de padecer un cáncer intestinal.

Sin embargo, su existencia no se volvió demasiado incómoda durante los siguientes años. Continuó disfrutando de una apacible vida familiar junto a su segunda esposa, Nélida Gutiérrez: un alma gemela, ferviente hacedora del mal como él, a la que conoció como agente de la DINA y convirtió, primero, en su secretaria, después, en su amante y, finalmente, en su mujer. Es tentador imaginar a la feliz pareja sentada en el sofá con las manos trenzadas, charlando sobre las detenciones y asesinatos que más les enorgullecían, o riendo al recordar algunas anécdotas en las salas de tortura. Nunca tuvieron problemas de dinero, porque varias de las empresas utilizadas para obtener y enmascarar fondos negros para la DINA permanecieron en poder de Contreras[13]. Incluso disfrutó del cariño de sus hijas, que admiraban sus hazañas, convencidas de que su padre era un héroe mundial de la lucha contra el comunismo. Y recordaban con orgullo aquella vez que viajó a Teherán en 1976 junto a otro hombre excepcional, Gerhard Mertins, antiguo miembro destacado de las Waffen SS a las órdenes de Otto Skorzeny en el rescate de Mussolini y caballero de la Cruz de Hierro… reconvertido en traficante de armas. Ambos fueron escoltados por tres centuriones chilenos y otro brasileño, bajo el paraguas de la DINA, para ofrecer sus servicios como mercenarios al sah Mohammad Reza Pahlevi. No fueron contratados, pero su heroica disposición quedó manifiesta.

Las aventuras de Contreras terminaron de manera más pacífica y confortable de lo que hacían esperar sus méritos como amo y señor de las tinieblas de Pinochet. La tranquilidad de su vejez sólo se vio alterada tras el retorno de la democracia a Chile en 1990, cuando los jueces empezaron a inquietarlo con investigaciones sobre una multitud de denuncias. No valió de nada que su amante esposa y sus dulces hijas atacaran a golpes y arañazos a los agentes de policía encargados de detenerlo en su domicilio. Las consecuencias judiciales del error Letelier se le vinieron otra vez encima. En 1993 fue condenado a siete años de reclusión por homicidio y uso de pasaporte falso, aunque no ingresó en la prisión de Punta Peuco hasta 1995. Se le amontonaron los procesos, algunos por casos tan graves como el asesinato del general Prats o la Operación Colombo, que causó las muertes y desapariciones de 119 militantes de varias organizaciones de izquierda en 1975. Dos lustros más tarde volvió a la cárcel, aunque esta vez se alojó en una de las confortables cabañas del Penal Cordillera, con una sentencia de doce años por el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval. Sus ochenta y seis años de vida ejemplar finalizaron en una cama del hospital militar, con sus enemigos rezando para que Dios hiciera justicia y no le permitiera descansar.

El estadio del terror

El 11 de septiembre de 1973 se extendió un denso manto de terror sobre el mapa de Chile. El país entero se convirtió en un inmenso campo de concentración, con la práctica de detenciones colectivas, ejecuciones sumarias y torturas sistemáticas. La Junta Militar logró imponer el silencio sobre cuanto ocurría mediante un riguroso toque de queda, una censura extrema y un cierre total de las fronteras. Miles de prisioneros se hacinaron en cárceles improvisadas en cuarteles, buques de la Marina y comisarías, pero también en recintos polideportivos, almacenes portuarios y viejas instalaciones industriales. Incluso se utilizaron como mazmorras algunas cuevas naturales de la isla Quiriquina.

Un mes después del golpe, ya mediado octubre de 1973, un informe de la CIA aseguraba que las denominadas «operaciones militares de limpieza» habían causado 1.400 muertes, de las cuales «entre 320 y 360» se debían a «ejecuciones sumarias». El número de detenidos se cifraba en «más de 13.500», entre los que se encontraban muchos «habitantes de chabolas» por el mero hecho de serlo, junto a militantes políticos y sindicales. Aquel primer balance de la represión, elaborado por los padrinos políticos de Pinochet, también señalaba que la ciudadanía sólo conocía algunos de los muchos lugares de confinamiento. Y destacaba entre ellos el Estadio Nacional, donde fueron confinados 7.612 prisioneros políticos, según una primera contabilidad que comprendía únicamente el periodo entre el 11 y el 20 de septiembre. La cancha donde se jugó la final del Campeonato Mundial de Fútbol de 1964 quedaba así señalada en la Historia como campo de concentración y exterminio.

La «desclasificación» de los informes secretos elaborados para el Departamento de Estado norteamericano permitiría, al cabo de los años, disponer de una fuente de información fehaciente sobre la barbarie desatada por el Gobierno castrense. Sus contenidos también resultan reveladores de los métodos empleados por la Junta Militar para deshacerse de sus víctimas: a falta de datos concretos, el texto citado informaba de que los cuerpos habían sido «enterrados en lugares secretos, lanzados al río Mapocho o al mar, y abandonados en las calles durante las noches».

Los periodistas chilenos habían quedado divididos en dos categorías: cómplices de la dictadura o perseguidos por ella. Los corresponsales extranjeros se enfrentaban a innumerables dificultades y fortísimas presiones oficiales que obstaculizaban su trabajo. Las mismas que tuvimos que arrostrar los enviados especiales cuando, al amanecer del 19 de septiembre, nos permitieron entrar en Chile en un vuelo chárter desde Buenos Aires, pese a que las fronteras permanecían clausuradas. Lógicamente, la Junta Militar no quería facilitar la información sobre sus atropellos. Nuestras crónicas tenían que alimentarse de los escasos datos que nos facilitaban Cruz Roja, la morgue o las embajadas —desbordadas por solicitantes de asilo— para contextualizar evidencias puntuales, como la aparición de decenas de cadáveres en las orillas del Mapocho o entre las callampas[14] del cinturón obrero de Santiago. La represión y el miedo se hacían visibles en las calles, ocupadas por las tropas; en barrios enteros, acordonados por soldados fuertemente armados; en los masivos registros domiciliarios y las detenciones constantes; en las requisas de volúmenes en las librerías; en algunas iglesias, cuyos parroquianos rezaban entre lágrimas; en los disparos que se oían durante las noches, cuando Santiago era una ciudad fantasma; en el silencio de gentes que caminaban siempre apresuradas, desde que el toque de queda era levantado con el amanecer hasta que volvía a caer con la tarde; incluso en el vestir, ya que no había mujeres con pantalones ni hombres de pelo largo o sin corbata. Y, sobre todo, en los alrededores del Estadio Nacional, al que en vano acudían personas desesperadas en busca de alguna información sobre sus familiares detenidos. Porque el uso que los centuriones habían dado a sus instalaciones era un secreto imposible de guardar.

El sábado 22 de septiembre, las autoridades militares organizaron una visita de periodistas al Estadio Nacional para mostrarnos «las buenas condiciones en que se encontraban los presos». Sería una experiencia demoledora, pese a las muchas precauciones adoptadas por los uniformados que nos escoltaron. Casi al mismo tiempo que nuestro autocar, llegó a las puertas del recinto deportivo un vehículo celular repleto de prisioneros. Los soldados les hicieron bajar a culatazos, sin ahorrar en malos tratos pese a la presencia de fotógrafos y cámaras de televisión de todo el mundo. «Esto es precisamente lo que debemos evitar que ocurra», comentó un oficial dirigiéndose a sus hombres. Nos condujeron directamente al terreno de juego, ocupado por soldados que apuntaban sus armas automáticas a las gradas, desde las que nos miraban centenares de presos con ojos asustados. Aunque nos prohibieron aproximarnos y entablar conversación con ellos, se produjeron breves diálogos cortados por la amenaza de los fusiles. Al principio, los reclusos guardaron silencio, pero enseguida se dirigieron a nosotros con peticiones elementales, como que insistiéramos en que la Junta Militar acelerase sus trámites —porque algunos llevaban más de una semana esperando ser interrogados— o que les facilitaran aspirinas y papel higiénico. Muchos gritaron nombres y números de teléfono, para que comunicáramos a sus familias que se encontraban vivos. Otros trataban de llamar la atención de los camarógrafos de la televisión chilena, con la esperanza de ser vistos e identificados en los noticiarios. Lo único que podíamos hacer por ellos era filmar sus rostros, apuntar sus nombres y teléfonos, y lanzarles los paquetes de cigarrillos, mecheros e incluso caramelos y chicles que llevábamos en los bolsillos.

El coronel Jorge Espinosa nos reunió junto a las pistas de competición para contarnos que cada día recuperaba la libertad cerca de un centenar de reclusos, a la vez que se producían nuevos ingresos. «Por eso», argumentó, «no podemos precisar cuántos prisioneros tenemos ahora mismo». Sin embargo, afirmó que entre ellos figuraban 34 mujeres y 240 extranjeros.

De repente, alguien dio una voz de aviso y los fotógrafos se precipitaron hacia el túnel de entrada de atletas. Llegaba otro grupo de detenidos, encañonados, con las manos en la nuca. Durante unos minutos, mientras las formalidades burocráticas eran satisfechas, permanecieron inmóviles en la penumbra, observando a los reporteros como lo que realmente éramos: seres de otro mundo. Sus miradas de animales heridos y sus gestos de absoluta indefensión fueron plasmados en fotogramas que serían exhibidos por los medios de comunicación internacionales como denuncias contra la dictadura... Pero, sobre todo, quedaron grabados en nuestras conciencias.

Con evidentes órdenes de ocultarnos toda la información que pudiera, Espinosa retomó su discurso negando que en el campo de fútbol se hubiese fusilado. Era algo que los portavoces de la Junta Militar habían repetido varias veces, pese a que la evidencia los desmintiera. Porque cuantos vivían en las proximidades habían oído los disparos. Incluso el conductor de un taxi que compartí con Diego Carcedo nos invitó a pasar una noche en su casa «para que sintiéramos los tiros y las ráfagas de ametralladoras». Y muchos sobrevivientes declararon posteriormente haber presenciado ejecuciones. Dos norteamericanos, Patricia y Adam Garret-Schesch, afirmaron que entre 400 y 500 personas fueron pasadas por las armas: «Una vez, cuando sacaron de los vestuarios a varios presos, escuchamos que empezaban a cantar La Internacional e inmediatamente después sonó una descarga de fusilería».

Al salir del estadio, fuimos abordados por un grupo de familiares de detenidos que montaban guardia en sus alrededores. Querían preguntarnos si éramos portadores de mensajes o, al menos, si recordábamos algunos nombres. Nos detuvimos a conversar durante un buen rato y, a través de ellos, conocimos lo narrado por varios prisioneros liberados. De ese modo pudimos averiguar que los vestuarios habían sido transformados en celdas colectivas, con más de 170 presos en 40 metros cuadrados; que las duchas se empleaban como salas de interrogatorios, lo que permitía a los prisioneros oír los gritos de sus compañeros sometidos a torturas y los disparos con que algunos fueron asesinados; o que un chico de unos quince años fue acribillado a balazos en las gradas... ¡porque sufrió un ataque epiléptico!

Frente a los periodistas, los centuriones chilenos se esforzaron en suavizar el inevitable impacto que producía la visión de aquel recinto, adoptando «medidas especiales» de cara a los visitantes. Así, se mejoró la alimentación y se emplazó una ambulancia en lugar destacado, con intención de negar que los prisioneros hubieran pasado hambre y carecido de asistencia médica durante sus primeros días de confinamiento. Pero las imágenes del Estadio Nacional resultaron inevitablemente perjudiciales para la Junta Militar, que optó por redistribuir a sus prisioneros en otros centros y cerrarlo el 9 de noviembre, cuando ya habían pasado por sus instalaciones cerca de 40.000 «sospechosos de profesar convicciones democráticas».

Prisioneros en Cuatro álamos

Tres años más tarde, los militares chilenos volvieron a invitarme a ver uno de sus infiernos más emblemáticos: Cuatro Álamos, el centro de confinamiento y tortura de la DINA, donde habían desaparecido numerosos prisioneros. Pero, esta vez, los conocimientos que me proporcionara la visita serían mucho más profundos, ya que la efectuaría en calidad de prisionero. Ello me permitiría evaluar con precisión las condiciones carcelarias, desde la severidad del reglamento y el trato de los interrogadores hasta la higiene del establecimiento, la comodidad de sus celdas o la calidad del rancho. Con mi apresamiento, la policía política de Pinochet consiguió exactamente lo contrario de lo que perseguía: pretendieron inmovilizar a un enviado especial extranjero para evitar que informara de la amarga realidad de la dictadura, y acabaron mostrándole con el mayor detalle el funcionamiento interno de su principal cuartel, cuyas instalaciones constituían uno de los abismos de la represión y representaban un secreto insondable para los periodistas.

El sábado 11 de septiembre de 1976, tercer aniversario del asalto de las Fuerzas Armadas al poder, fui detenido junto a mi esposa, Lorna Grayson, frente al edificio Diego Portales, entonces sede del Gobierno pinochetista. Sólo llevábamos dos días en el país y la Dirección de Comunicación Social de la Junta Militar ya nos había avisado de que no éramos bienvenidos. Considerado persona non grata por mis artículos anteriores sobre el régimen chileno, me negaron las credenciales de prensa advirtiéndome de que no debía escribir nada sin ser previamente autorizado. Carentes de acceso a los actos oficiales, decidimos seguir desde la vía pública las ceremonias de celebración del golpe. Y fuimos detenidos cuando Pinochet comenzaba a pronunciar su discurso, transmitido por radio desde el despacho presidencial y difundido mediante altavoces callejeros, con inserciones de aplausos grabados cada vez que el general hacía una pausa.

Dos policías de paisano, que se identificaron como miembros de la DINA, nos condujeron a una estación del metro de Santiago todavía en construcción, sin vendarnos los ojos. Ello nos permitió descubrir una numerosa fila de detenidos, esposados y cegados, formada contra la pared. Y acarreó una seca reprimenda a los agentes por su torpeza. Nos mantuvieron largo rato encañonados, soportando de pie la helada corriente de aire del túnel, con las manos atadas en la espalda con alambre y la parte superior de la cara tapada por una cartulina sujeta con cinta adhesiva, que nos dejaba ver un metro de suelo alrededor de nuestros zapatos. Pero fueron amables, a pesar de todo: cubrieron los hombros de Lorna con un chaquetón, le soltaron un momento las manos para que sujetara el café caliente que le ofrecieron, y nos permitieron hacer flexiones y dar algunos pasos para no entumecernos. Unos privilegios que establecían diferencias de trato con los demás arrestados, limitando nuestro miedo. En un tenso silencio, escuchamos a través de un aparato de radio la voz aflautada del general Augusto Pinochet afirmando que los periodistas extranjeros podían «comprobar con sus propios ojos» la paz social que la Junta Militar había impuesto. Y, entre marchas militares, la canción Libre de Nino Bravo. Una ironía suculenta para alimentar una crónica… que no podría escribir.

Al cabo de dos horas, cuando finalizaron los discursos y las fanfarrias de un desfile militar, fuimos devueltos al exterior para ser trasladados a bordo de una camioneta. Minutos después ingresamos en Cuatro Álamos, caminando bajo las miradas de guardas apostados en torretas de vigilancia, a través de un corredor formado por planchas de cemento prefabricadas coronadas por un rollo de alambre de púas. Lo primero que me sorprendió fue el reducido tamaño de las instalaciones, más propio de una comisaría de provincias que de un centro operativo de la todopoderosa DINA. En esencia, se trataba de un pasillo en cuyos lados se alineaban dos despachos de unos doce metros cuadrados; una salita para guardias, dotada de un televisor; una docena de pequeñas celdas y otra de mayores dimensiones, así como un retrete para empleados y otro para presos. El sótano, que no pudimos ver, se utilizaba como cámara de torturas y mazmorra de castigo, por sus condiciones de aislamiento, oscuridad y humedad. Los funcionarios del terror lo denominaban, con siniestro sentido del humor, «el Terminal pesquero» por el olor de quienes pasaban largo tiempo allí sin poder lavarse.

Mientras inscribían nuestro ingreso, los agentes dejaron un documento sobre la mesa, cuyo membrete confirmaba dónde nos encontrábamos: «Cuatro Álamos Brigada Rauten DINA»[15]. Esa información, que nos habían negado reiteradamente, no resultaba tranquilizadora. Tras confirmar nuestros datos personales, repitieron la ridícula pregunta que nos habían formulado al recibirnos en el metro: «¿Saben ustedes por qué han sido detenidos?». A continuación nos instalaron en dos celdas. La mía, que medía unos cuatro metros de longitud por dos de anchura, estaba amueblada únicamente con dos literas carentes de sábanas y almohadas, cuyas mantas apestaban. Un armario empotrado contenía cuatro escudillas sucias y un puñado de vasos de plástico. La pintura verde que cubría las paredes no había servido para ocultar las palabras que algunos convictos habían grabado en el yeso: «venceremos», «esto pasará», «extraño a mi mujer y a mi hija, las adoro»… Al fondo, una ventana daba a un patio alargado y limitado por un alto muro, donde languidecían varios árboles deshojados que tal vez fuesen álamos. En su marco se leía «Qué hermoso es ver volar a las aves». Alimentarlas con el pan del rancho sería un pasatiempo gratificante durante los tres días que allí permanecimos aislados.

Los guardianes —un grupo de jóvenes semianalfabetos— me informaron de las obligaciones básicas de los reclusos: barrer, limpiar exhaustivamente todo, incluso abrillantar con bayetas las baldosas del suelo; ir al retrete cada tres horas, siempre bajo vigilancia para evitar encuentros con otros reclusos; sobre todo, mantenerse en pie todo el día. Comprobaban que así fuera, abriendo inesperadamente las mirillas de las celdas. «Sentarse o tumbarse está castigado —me advirtieron—, pero no se preocupe, señor. Si lo vemos descansando, no diremos nada, porque no somos mala gente». Al menos no lo parecían. Fueron corteses e incluso nos proporcionaron lectura para entretenernos: una novela de Los Vengadores y la Biblia. Uno de ellos me trajo noticias de Lorna y acabaría sirviéndonos de correo para que intercambiásemos unas palabras de amor. Ella las escribió en un papel con la cabeza de una cerilla y yo las grabé en un tubo de dentífrico.

Era fin de semana, algo sagrado para los burócratas de todo el mundo. Así que los interrogadores se olvidaron de nosotros hasta el lunes, concediéndonos un par de días de descanso a pensión completa. Eso sí, ya entrada la noche nos visitó un médico que no nos examinó y confesó carecer de una simple aspirina. La dieta tampoco resultó satisfactoria: una rebanada de pan y un cuenco de leche recalentada para desayunar, y guisotes a base de arroz, fideos y patatas en las comidas. Lorna —que ya había demostrado ser una mujer valerosa y firme en situaciones difíciles durante las guerras de Vietnam, Camboya o Angola, y bajo los fascismos de Sudáfrica y Argentina— se negó a probar bocado. Preocupados por encontrarse ante el inicio de una huelga de hambre, los agentes de la DINA se ofrecieron a comprar los alimentos que prefiriese, con el dinero que nos habían incautado. Que éramos unos reos privilegiados volvió a quedar patente cuando nos trajeron los objetos de aseo personal que habíamos dejado en el hotel. Pero no supe si agradecerlo o preocuparme, ya que la recogida de nuestras pertenencias significaba que podíamos desaparecer sin dejar huellas, como tantos otros inquilinos de Cuatro Álamos.

Mediada la tarde del lunes, nos interrogaron por separado en uno de los despachos policiales. Se encargaron de hacerlo dos oficiales, acompañados por cuatro hombres silenciosos, que miraban y escuchaban como becarios aplicados. Su jefe, un tipo de tez pálida y ademanes nerviosos, entraba y salía de la habitación dándoles instrucciones en voz muy baja. Nunca supe su nombre, pero su aspecto y su comportamiento coincidían con las descripciones que varios sobrevivientes habían hecho de Orlando Manzo Durán, un teniente de Gendarmería retirado que Contreras había recuperado para ponerlo al frente de Cuatro Álamos. Los prisioneros le apodaban Carapálida, y los guardias se referían a él con el nombre en clave de Lucero. Su crueldad quedó sobradamente acreditada, y se le atribuyen numerosas desapariciones, incluida la de uno de los agentes a sus órdenes, Carlos Carrasco Matus, alias Mauro, acusado de ser demasiado condescendiente con los enemigos del régimen.

Lógicamente, se interesaron por la visita que habíamos efectuado a la Vicaría de la Solidaridad, convertida en principal fuente de denuncias contra la represión, y por las escasas gestiones periodísticas que nos había dado tiempo de hacer antes de caer detenidos. Pero las cuestiones que me parecieron más relevantes fueron las que rozaban el sinsentido, porque evidenciaban lo desnortados que andaban los agentes de la temida Brigada Rauten, que, sin el terror y la tortura, no eran seres diabólicos sino oscuros policías mediocres: «¿Qué piensa sobre el Rey de España?, ¿Le gusta Cuba?, ¿Cree en Dios?, ¿Cuántos países socialistas ha visitado?»... El absurdo absoluto lo alcanzaron al preguntarme por qué todos mis calcetines eran de color negro. Asumieron mis contestaciones sin inmutarse. Con Lorna, sin embargo, se enfadaron cuando le pidieron su opinión sobre Chile y respondió: «Las montañas que se ven desde mi celda son muy hermosas».

Aquella misma noche fuimos trasladados al campo de Tres Álamos, lo que suponía un primer paso hacia la libertad. Dependiente de Carabineros, este centro se había convertido en un estricto presidio político, sin el carácter secreto de la vecina cárcel de la DINA, y donde tampoco se cometían atrocidades; además, estaban autorizadas las visitas y el intercambio de correspondencia. Su jefe médico nos recibió con unas palabras muy significativas: «Espero que no hayan sido ustedes torturados, pero sepan que aquí están a salvo de malos tratos. Porque los carabineros no somos como los de la DINA». Confirmábamos así los rumores sobre discrepancias en el seno de la Junta Militar sobre el poder sin límites con que Contreras ejecutaba una represión implacable desde hacía tres años. Para marcar diferencias, el doctor nos señaló a través de una ventana la celda que ocupaba Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista[16]. Después nos sometió a un largo reconocimiento, «en busca de huellas de posibles torturas». Finalmente, los carabineros nos entregaron nuestras maletas, para que pudiésemos cambiarnos de ropa, nos abrieron un lavabo con agua caliente e instalaron en las cocinas una litera para que pasáramos la noche sin pisar una celda. A las nueve menos cuarto de la mañana siguiente partía el avión de Iberia que nos llevaría a Lima.

«Parece usted muy seguro de que va a salir de aquí», me había dicho el jefe de Cuatro Álamos. Pero no acertó a ocultar la orden de expulsión de Chile que descansaba sobre su mesa. Yo sabía que estaba prevista la inmediata llegada del ministro español de Defensa, para negociar una operación de venta de armas. Y tener encarcelado a un periodista podría incomodar a un Gobierno democrático que estaba siendo criticado por sus negocios con la dictadura de Pinochet.

Recuerdos de amor y sueños entre torturas

Un antiguo campo de confinamiento de prisioneros políticos no parece el lugar más adecuado para dar un paseo hablando de amor y nostalgias de juventud, aunque se hubiera transformado en un apacible «parque de la memoria». ¿O sí? Eso fue precisamente lo que hicieron Nubia Becker y Osvaldo Torres el día que los conocí en Villa Grimaldi, donde se perdió el rastro del mayor número de desaparecidos del régimen militar chileno. Pero el más siniestro de los centros operativos de la DINA estaba íntimamente unido a los sentimientos personales y los anhelos sociales de ambos, presos sobrevivientes del terrorismo de Estado. Porque Nubia y Osvaldo —ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)— se conocieron en la resistencia contra la dictadura, fueron detenidos juntos y vivieron una larga historia como pareja compartiendo tormentos, cárcel y exilio.

—Los tres años de gobierno de la Unidad Popular fueron de una vitalidad y una emotividad enormes —recordaba Osvaldo—. Nos creíamos jugando un papel en la Historia, modesto o grande, pero sintiendo que el país nos pertenecía. Salvador Allende era el aventajado de un socialismo libertario y formuló una propuesta de transformación revolucionaria en democracia que maravilló a todo el mundo y a los propios chilenos. El intento acabó mal, pero tanto tiempo después su recuerdo es aún muy potente y nos permite saber que es posible soñar.

—Hoy resulta mucho más difícil para los jóvenes imaginar proyectos de esa naturaleza y luchar para sacarlos adelante —añadía Nubia—. Además, entonces nos hacíamos cargo de nuestra propia libertad y éramos más irreverentes. Por todo el país brotaban las luchas obreras y populares. Yo entré en el MIR para radicalizar los planteamientos contra las políticas reformistas, por la democracia popular. Pero fuimos responsables y llamamos a votar por Allende.

Nos habíamos citado para grabar una entrevista destinada a un reportaje de Informe semanal[17] sobre el trigésimo aniversario del golpe de Estado acaudillado por el general Pinochet. Villa Grimaldi era el escenario indicado para que hablasen sobre la represión, ya que los dos habían conocido sus mazmorras y salas de tortura. Y allí charlamos largamente, paseando por los jardines que, con ayuda de maquetas y pequeños memoriales, recuerdan cómo era el desaparecido Cuartel Terranova, sede de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA[18].

—Los días siguientes al golpe se instaló en Chile el terror de Estado, y lo que uno recuerda mejor es la lucha por superar el pánico generalizado —explicó Osvaldo Torres ante la cámara de Juan Pangol—. La idea de la dictadura era lograr que el miedo paralizara a los ciudadanos, para imponerles un cambio radical en el modelo de sociedad. Hubo una heroica resistencia democrática, frente a la cual los militares hacían llamamientos a la delación, pero no sólo de activistas de izquierdas sino también de cuantos les brindasen apoyo o cobijo. Y recurrieron a las formas más brutales de represión, para mostrar que nadie podía considerarse a salvo, que cualquiera podía ser torturado o desaparecer.

—Nos enamoramos en aquel ambiente de lucha desesperada —añadió Nubia Becker, tomándole de la mano—. Sabíamos que formábamos parte del primer objetivo de la Junta, y caímos juntos. Porque empezaron por dar caza a los miembros del MIR; después seguirían los socialistas y los comunistas.

—Nos apresó un comando de la DINA durante la madrugada del 30 de enero de 1975, en compañía de nuestros amigos Marcela Bravo y Eduardo Charme Bravo, dirigente del Partido Socialista en la clandestinidad —prosiguió Osvaldo—. Actuaron con un despliegue de armas y violencia que dejó aterrados a los propietarios de la casa y a Hernán, el hijo de Nubia, que tenía cuatro años.

Los organismos de Derechos Humanos cifran en cinco mil los detenidos que pasaron por Villa Grimaldi. De ellos, se sabe que dieciocho fueron asesinados y otros 211 permanecen desaparecidos. Numerosos sobrevivientes han relatado las condiciones terroríficas a las que se sometía a los prisioneros, así como los métodos de tortura empleados.

—Aquí vivíamos en un estado de pánico permanente, porque a cada momento oías los gritos de tus compañeros y nunca sabías si acabarían confesando —explicó Torres—. De mí se ocuparon algunos tipos tan conocidos como el Guatón Romo, su colega el Troglo[19] o el teniente Pablo.

Otros verdugos destacados formaron el equipo mixto de distintas procedencias que se encargó de interrogar a Becker[20]: Miguel Krasnoff Martchenko, brigadier del Ejército, el Cachete, perteneciente al cuerpo de Carabineros, y el civil Pablo, militante del partido ultraderechista Patria y Libertad.

—Yo prefería que me golpearan en vez de darme descargas eléctricas. Pero me metieron un trapo en la boca para que no me mordiera la lengua, y me aplicaron la máquina. Un día trajeron al Pájaro, que había sido detenido conmigo. Lo colgaron de un arnés a mi lado y le aplicaron la picana eléctrica. Tenía las piernas rotas, el codo izquierdo destrozado y un ojo lleno de sangre. Sus gritos eran desgarradores y me desmayé. En otra ocasión me obligaron a presenciar la tortura de Osvaldo, esperando que yo lo convenciera de que colaborara y entregara compañeros. Lo tenían en un galpón grande y le estaban dando picana. Después, esa misma noche, me llevaron a la parrilla, una de esas camas de hierro donde ponían electricidad.

Las mujeres recibían un trato específico. Becker lo atribuye a la mentalidad machista, que las despreciaba por «haberse metido en política abandonando las obligaciones del hogar»:

—Se cebaban en el castigo físico contra nosotras, para quebrar nuestra dignidad femenina. Los torturadores se reían al ver que yo temblaba y que por las piernas me corría sangre de mi menstruación. Nos colgaban desnudas para pegarnos. Y también cometían muchos abusos y violaciones.

Tres militantes del MIR no resistieron la extrema presión a que se vieron sometidas, y se prestaron a colaborar con la DINA. Comenzaron delatando a sus camaradas y terminaron convertidas en empleadas de la policía política pinochetista. «Al principio estaban tan prisioneras como nosotras, aunque podían moverse de un lado a otro, disponían de una habitación y se entretenían viendo la televisión», dijo de ellas Nubia Becker[21].

Los momentos de tranquilidad en el infierno de Villa Grimaldi eran muy escasos. La pareja comparte el recuerdo de uno en particular:

—Una noche que hacía mucho calor, nos llevaron a todos al patio y nos formaron bajo una intensa lluvia. Disfrutamos de aquellos instantes por el frescor del agua y abrimos las bocas para beberla con una cierta sensación de libertad interior. Pero enseguida nos dividieron en dos grupos y condujeron a uno de ellos al punto más temido del recinto: lo que llamaban la torre, unas estructuras de madera muy bajas, en las que había que entrar de rodillas.

Tras recuperar la libertad y vivir el exilio siempre unidos, Osvaldo y Nubia residen hoy en Santiago de Chile ejerciendo sus profesiones, él como antropólogo y ella como orientadora social y escritora.

Muchos otros presos de Villa Grimaldi tuvieron peor suerte y su existencia se esfumó junto a sus sueños. Para hacerlos presentes, la Asociación de Familiares de Desaparecidos celebra turnos de ayuno cada aniversario del golpe contra Allende. El Estado les ha ofrecido indemnizaciones, pero no ha sido capaz de proporcionarles la información que ellos reclaman. Y siguen sin tener donde rezar ante los restos mortales de padres, hijos, esposos o hermanos.

—Tantos años después, aún estoy exigiendo justicia y verdad —nos dijo Norma Mares González, una de las visitantes de los jardines que se aproximó a nuestra cámara—. Sólo sé que a mi hijo lo mataron encadenado y colgado en un árbol, pero necesito averiguar dónde arrojaron sus restos.

Tampoco a ella le hacía falta venir a un parque de la memoria para recordar, porque jamás había podido superar el daño. Y había pasado demasiado tiempo repitiendo las mismas palabras sin que nadie les prestase suficiente atención.

La simpleza de los diablos menores

Los demonios de segundo nivel, carentes de relevancia política, siempre se han beneficiado de la escasa atención que la prensa, la Justicia y la Historia dedican a los personajes secundarios, centrando su interés en las figuras, hechos y responsabilidades de los diablos mayores. Frente al lógico protagonismo de los principales dirigentes políticos y militares, muchas veces convertidos en personajes deslumbrantes por su asombroso descaro en el ejercicio de la barbarie, la anónima legión que ejecuta sus órdenes suele mantenerse entre tinieblas y protegida por el secreto. Su función es esencial, porque sin su oscuro trabajo los grandes tiranos no conseguirían imponer el terror imprescindible para ejercer el dominio sobre la sociedad.

La mayoría de los más sucios servidores de las tiranías consiguen pasar desapercibidos. Muchos permanecen ocultos e impunes, cambiando sus puestos en los instrumentos de la dictadura por otros en las instituciones de la democracia, sin que nadie cuestione su pasado, y se jubilan cobrando sus pensiones de servidores públicos. Sólo rinden cuentas a la Justicia los más relevantes, los que participaron en hechos cuya magnitud resultó escandalosa, quienes se hicieron demasiado visibles en los mayores centros de detención o destacaron por su actuación implacable en el tormento y exterminio de prisioneros.

Los funcionarios del terror raramente muestran arrepentimiento. Su silencio no obedece sólo a cobardía personal, al temor a ser castigados. A veces hablan, pasados los años, y manifiestan su convicción de haber cumplido con el deber. Hay que creer en su sinceridad, que responde a una mentalidad común muy elemental. Porque actuaron entregados con esmero al desempeño de sus obligaciones, sin cuestionar jamás las órdenes que recibían, amparados por una absoluta garantía de impunidad, incluso disfrutando del poder que les habían otorgado sobre sus víctimas. Y muchas veces hasta experimentando placeres sádicos en el desarrollo de sus cometidos. Algunos acaso se sintieran como pequeñas deidades malignas, tras abrir paso a las bestias que llevaban dentro y transformarse en meros instrumentos del horror, sin otro sentimiento que el goce puntual.

Esos diablos menores suelen ser individuos de enorme simpleza, con muy estrechas miras, sin apenas formación y hasta analfabetos funcionales, en los que no parece que hubieran arraigado valores morales. Generalmente se trata de esbirros vocacionales que, en busca de privilegios menores, ingresan en un gremio despreciado hasta por sus propios jefes. Como afirmó Hannah Arendt, «el mal tiene gran pericia para encarnarse en las vidas banales» y arraigar en personas cuya «ausencia de pensamiento» ha facilitado el colapso de la más elemental capacidad de juicio, inhabilitadas para valorar moralmente sus propios comportamientos. Con la conciencia anestesiada, parecen también incapaces de sentir y expresar desconsuelo o pedir perdón, mostrando una actitud de soberbia defensiva. Y sus opiniones se asemejan al discurso de un loco, como si hubieran vivido en otra realidad. Esas características comunes se advierten con nitidez en el Guatón Romo y el Troglo, dos torturadores cuyos historiales podrían servir como biografías de otros muchos. Ambos hicieron carreras paralelas como interrogadores de la DINA, fueron condenados por idénticas culpas y acabaron sus días compartiendo rancho con medio centenar de colegas en la prisión de Punta Peuco.

El más famoso de los dos fue Osvaldo Romo, apodado el Guatón por su gordura. Pasó de la oscuridad de su trabajo en las mazmorras de Pinochet al escándalo social en 1995, cuando hizo unas torpes declaraciones[22] en las que no sólo proclamó su absoluta falta de arrepentimiento, sino que describió con morbosa precisión las torturas que infligía a los detenidos, y se atrevió a asegurar que, en vez de tirar cadáveres al mar, habría sido mejor arrojarlos en el cráter de un volcán.

—Volvería a hacer todo igual o peor —afirmó—. Yo no habría dejado periquito vivo. Ese fue el error de la DINA. Siempre se lo discutí a mi general: «No deje a esa persona viva, no deje personas libres».

Al Guatón no le ofendían los calificativos de traidor, torturador y asesino con que la prensa lo describía. Al contrario, reconocía haberlo sido y se confesaba convencido de que tales funciones «habían sido algo bueno» para él. Casado y padre de cinco hijos, Osvaldo Romo abandonó la pequeña delincuencia para meterse en política cuando la Unidad Popular formó gobierno. Militó en la Unión Socialista Popular, un pequeño partido de izquierda moderada, y ganó cierto prestigio como activista en la humilde población de Lo Hermida —donde vivía— y en varios campamentos del cinturón de Santiago, como Nueva Habana o Vietnam Heroico. En ellos colaboró estrechamente con el MIR en distintas luchas sociales. Pero el golpe de Pinochet hizo que cambiara bruscamente de bando. Detenido, delató y ayudó a perseguir a sus antiguos compañeros, y hasta elaboró un organigrama con nombres, cargos, domicilios y actividades del MIR en los barrios obreros. Su trabajo resultó más que satisfactorio y, en 1974, el oficial de la DINA Miguel Krasnoff lo tomó a sus órdenes para que actuase como interrogador en tres centros de detención y tortura: Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. En ellos coincidió con el Troglo, junto a quien formaría parte de un siniestro equipo.

Basclay Zapata, que debía a su brutalidad el alias de el Troglo —apócope de troglodita—, también reivindicó años después su oficio macabro. Como todos sus colegas, arguyó que «cumplía órdenes», pero añadió que lo hizo con la mayor dedicación posible porque las consideraba «justas, legítimas y en aras del bien superior de la Patria». Con un alto concepto de su misión, pretendió haber emulado a san Pablo, «que pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en el más iluminado de los apóstoles de Cristo». Tras el golpe contra Salvador Allende, dejó su puesto de músico en una banda militar al ser escogido por Krasnoff para las tareas más sucias de la DINA. Y descolló en ellas, sin que nadie pueda restarle entrega ni méritos profesionales. Violento y con una sexualidad desbocada, cometió incontables violaciones de prisioneras, sobre todo en Villa Grimaldi. Sin embargo, allí encontró el amor, y se casó con su compañera de interrogatorios, la agente María Teresa Osorio, alias Marisol y María Soledad, reputada por su dureza. Pese a no disimular su carácter agresivo, el Troglo disfrutaba en el papel de policía bueno, tratando de ganarse la confianza de sus víctimas.

El compañerismo y la amistad personal que desarrollaron Romo y Zapata se vieron interrumpidos al cabo de año y medio. Porque en 1975 la jefatura de la DINA tuvo que prescindir de los servicios del Guatón y enviarlo precipitadamente a Brasil con toda su familia. A pesar de que Chile vivía los momentos de mayor dureza de la Junta Militar, un juez dictó una orden de detención contra Osvaldo Romo acusándole de estafa por haber pedido dinero a familiares de detenidos políticos para ayudarles, cuando ya estaban definitivamente desaparecidos. El magistrado no pretendía investigar sobre la represión, sino tan sólo actuar contra un civil con antecedentes delictivos. Pero la jefatura de la DINA, que se sabía cuestionada dentro del Gobierno de Pinochet, temió que el caso tuviera consecuencias y, como mal menor, optó por alejar a su agente, ignorando el mandato judicial.

El exilio del verdugo duró 17 años, hasta que en 1992 la Justicia dio con él, obtuvo su extradición y lo confinó en la cárcel de Colina. Romo intentó numerosas veces pedir ayuda a sus antiguos jefes[23], que continuaban en las filas del Ejército, pero todos se desentendieron porque no pertenecía a la familia castrense. Entonces se vio solo, enfermo de diabetes, con una obesidad mórbida que dificultaba sus movimientos, y enemistado con la mayoría de sus compañeros de prisión. Desesperado, buscó venganza y volvió a traicionar: como antes había hecho contra el MIR, elaboró un organigrama de la DINA con nombres y misiones de sus principales agentes y lo entregó a la Justicia. Su testimonio fue decisivo en muchas investigaciones en curso, especialmente en el caso de Manuel Contreras. Tras escucharlo, los jueces consideraron necesario un informe psicológico. Y el psiquiatra Roberto Araya lo describió como un tipo simple y autosatisfecho, que «habla de sí mismo con deleite, a sabiendas de haberse transformado en un personaje histórico. Su actitud también demuestra una convicción de privilegio ante la ley y una enorme seguridad en su impunidad».

Osvaldo Romo sería finalmente trasladado al penal de Punta Peuco en 2000, donde, siete años más tarde, volvería a encontrarse brevemente con su colega Basclay Zapata, que también había sido procesado, condenado y encarcelado por múltiples casos de torturas, ejecuciones y desapariciones, tras haber permanecido hasta principios de la década de los noventa destinado en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) con el grado de sargento, y como instructor en la Escuela de Suboficiales. Los dos criminales sólo estuvieron cinco días juntos, ya que el Troglo entró en el presidio el 29 de junio y el Guatón falleció el 4 de julio de una insuficiencia cardíaca. Pero tuvieron tiempo de rememorar los malos tiempos del pasado, y Zapata recibió la herencia más personal de Romo: una caja de cartón repleta de cuadernos escolares y papeles manuscritos, plagados de faltas de ortografía e incoherencias, donde había plasmado recuerdos, reflexiones y remordimientos a lo largo de siete años tras las rejas. Los escritos denotan la vacuidad de su mente, pero también resultan conmovedores por su patetismo. En una agenda de 2003, con Mickey Mouse en su portada, registró cada pequeño paliativo de la soledad que le angustiaba: las citas judiciales, las visitas de una monja o de un par de antiguos colegas de la DINA, incluso los días que le daban mantequilla con la comida. Pero lo más llamativo son sus comentarios nostálgicos sobre compañeros del MIR a los que vendió. Basclay Zapata le sobrevivió diez años. Murió el 3 de diciembre de 2017 en el hospital militar, a causa de un cáncer. En sus últimos tiempos había escrito varias cartas pidiendo perdón a familiares de sus víctimas.

Capítulo II
La sucia guerra de Vietnam

El nombre de Vietnam permanece como símbolo de la capacidad de resistencia popular frente a la más moderna maquinaria bélica, porque el fracaso militar y político de los Estados Unidos supuso la primera renuncia a imponer su voluntad por la fuerza. Los norteamericanos descargaron toda su furia contra el pequeño país asiático, cometiendo incontables crímenes de guerra. Lo bombardearon despiadadamente, utilizaron armas químicas y mantuvieron en el poder a gobiernos obedientes y corruptos, mediante una represión sin límites. Destruyeron 350 hospitales, 1.500 dispensarios y maternidades, 3.000 grupos escolares, un millar de diques y 1.600 instalaciones agrarias, fábricas y pequeñas industrias, almacenes y templos, causando dos millones de muertos civiles y que más de la mitad de la población rural se viera desplazada, con sus hogares arrasados.

Entrevista con Elmo Zumwalt.
El atormentado almirante del agente naranja

Todo el patetismo de los efectos de la guerra química en Vietnam se refleja en el personaje contradictorio del almirante Elmo Zumwalt, una de las figuras militares norteamericanas con mayor prestigio profesional. En 1970, la revista Time le dedicó su portada calificándolo como «el líder más popular de la Marina desde la Segunda Guerra Mundial»[1]. Pero dos años antes había firmado, como jefe de las Fuerzas Navales en Vietnam, una orden que mancharía su carrera: el empleo masivo de un poderoso defoliante extremadamente tóxico, denominado agente naranja por las bandas de color que distinguían sus bidones.

Zumwalt repetiría durante toda su vida que no se arrepentía de haber tomado aquella decisión, que causó numerosas muertes y enfermedades, y cuyas consecuencias le perseguirían como una maldición en el terreno personal, afectando gravemente a su propia familia. Porque, cuatro lustros después, su hijo Elmo, que combatió en el Sudeste asiático bajo sus órdenes como teniente de la Armada, fallecería a la edad de 42 años tras sufrir un linfoma y la enfermedad de Hodgkin, dos secuelas del arma química. Y su nieto Russell padecería lacras congénitas del mismo origen, con severos trastornos de aprendizaje.

—No tengo sentimiento alguno de culpa —insistió varias veces durante nuestra entrevista—. Y volvería a utilizar el agente naranja sin dudarlo, en las mismas circunstancias que entonces.

Corría el mes de abril de 1995 cuando nos citó en su despacho de Washington. El encuentro fue breve y tenso. El almirante, que llevaba un año retirado, sabía que la conversación iba a centrarse en los efectos mortíferos del herbicida con que regó grandes extensiones de Vietnam del Sur, donde combatían miles de soldados a sus órdenes. Sin duda, habría preferido que hablásemos de otros hechos destacables en su larga hoja de servicios. Pero era consciente de que su prestigio como impulsor de la modernización de la Marina estadounidense estaba enturbiado por el empleo de un producto con daños de larga duración sobre la población civil. Un crimen de guerra sin más castigo público que la memoria amarga asociada a su nombre y el odio perenne de sus víctimas, incluidas sus propias tropas. El agente naranja envenenó su fama de militar progresista, justamente ganada por las reformas que realizó en el seno de la Marina en favor de la igualdad racial y de género, que supusieron la promoción a puestos de mando de oficiales afroamericanos y de mujeres, a las que autorizó a pilotar aviones navales. Y también por haber permitido que la tropa luciera barbas, patillas, mostachos y melenas.

—¿No conocía usted los efectos del agente naranja cuando decidió usarlo masivamente?

—No. En aquel momento no se informó de que representara ningún riesgo, más allá de algunos problemas ocasionales de cloración. Consultamos con el Ejército y la Fuerza Aérea los posibles daños sobre seres humanos, ya que lo habían utilizado en operaciones de defoliación. Y nos aseguraron que era inocuo. Confié en lo que nos dijeron y ordené el rociamiento. Como resultó efectivo, se utilizó cada vez más.

Tan satisfecho quedó el Pentágono que las fuerzas norteamericanas acabaron impregnando el territorio vietnamita con más de cuarenta millones de litros, en una agresión sin precedentes contra el medio ambiente. Dos millones de hectáreas de bosques fueron arrasadas y la fauna, aniquilada. Miles de campesinos resultaron envenenados y sus hijos nacerían con graves deformaciones físicas; muchos ni siquiera vivirían. Escuchando las cínicas explicaciones del almirante Zumwalt vinieron a mi memoria los fetos que habíamos filmado, verdaderos monstruos de la ciencia militar conservados en grandes botellones, en el hospital Tu Do de Saigón. Y recordé las palabras amargas de la ginecóloga Nguyen Thi Ngoc Phuong:

—En las zonas donde se vertió más herbicida, el porcentaje de niños con taras y malformaciones llega al 4 por 100. Muchas campesinas abandonan a los recién nacidos en el hospital, sabiendo que nunca serán capaces de valerse por sí mismos y que ellas no podrían sacarlos adelante.

El almirante Elmo Zumwalt ordenó regar Vietnam con agente naranja, cuyos efectos aún afectan a la población local y a las tropas norteamericanas.

Aquel colosal atentado ecológico apenas fue denunciado ni discutido, mientras el mundo se escandalizaba por el uso del napalm y los bombardeos masivos con que los Estados Unidos causaron la muerte de tres millones de habitantes del pequeño país asiático.

—¿Tampoco sospechó usted que aquel producto químico tan eficaz pudiera afectar de alguna forma a las personas?

—No. Pensé en que nuestro mayor problema era la continua infiltración de hombres y armas, principalmente a través de la frontera con Camboya. Para impedirlo, tuvimos que atacar fuerte y rápido, moviendo un millón de pequeñas embarcaciones militares a lo largo de los ríos y los numerosos canales de las zonas fronterizas. Pero el enemigo se ocultaba en la espesura de la vegetación y resultaba muy difícil detectarlo. A menudo, las vías fluviales eran muy estrechas y los patrulleros podían ser alcanzados desde las orillas. La jungla facilitaba las emboscadas, y necesitábamos encontrar una solución para reducir el alto número de bajas que sufríamos, en torno al 6 por 100 mensual, lo que daba a nuestros soldados más de un 70 por 100 de posibilidades de resultar muertos o heridos durante su tiempo de servicio. Por eso decidimos recurrir a defoliantes, para destruir la vegetación a ambos lados de los ríos y canales, y alejar mil yardas de sus orillas a los guerrilleros del Vietcong. Calculamos que así lograríamos limitar las pérdidas de nuestras tropas a menos del 1 por 100 mensual. Se hizo para salvar vidas. Y estoy seguro de que sirvió para evitar que muriesen miles de norteamericanos que hoy continúan viviendo.

La obsesión por salvar «vidas norteamericanas», motivada por el miedo a una opinión pública encrespada en la lejana retaguardia de Estados Unidos, provocó la intoxicación de los combatientes que se pretendía salvaguardar. Más de 215.000 tuvieron que ser examinados en hospitales militares y, aunque el Pentágono se negó a financiar un estudio científico completo, se sabe que unos 74.000 hijos de veteranos de Vietnam sufren discapacidades de distinto grado[2].

—Sin embargo, almirante, al cabo del tiempo muchos de sus soldados morirían de cáncer u otras enfermedades causadas por el contacto con el agente naranja, e incluso sus graves consecuencias alcanzarían a sus hijos.

—Sí, es cierto. Pero le garantizo que he hecho y seguiré haciendo cuanto esté en mi mano para reparar en todo lo posible tales efectos.

Zumwalt se limitó a darme una respuesta firme, tajante. No podía hablar de un trabajo que personalmente le enorgulleciera, pero tenía la consideración de secreto: el «informe clasificado» que elaboró en 1990 para el Departamento de Asuntos de Veteranos, en el que revelaba que el agente naranja se había utilizado con concentraciones entre seis y veinticinco veces mayores que la recomendada, y que su riego masivo había alcanzado a 4.200.000 soldados norteamericanos, cifra que doblaba las estimaciones oficiales. El escrito atribuía 28 efectos «potencialmente mortales» al herbicida, como cáncer, sarcomas o enfermedades neurológicas, respiratorias y gastrointestinales.

Lo más grave de aquel informe era que recogía esta afirmación del científico castrense James Clary, diseñador del equipo de pulverización del tóxico: «Conocíamos su potencial dañino y también sabíamos que la fórmula militar tenía una concentración más elevada, en virtud de conseguir menor costo y mayor velocidad de producción. Pero nadie se preocupó, ya que iba a ser lanzada contra el enemigo». Además, Zumwalt denunció que varios integrantes de la Junta de Revisión Médica dependiente del Gobierno mantenían vínculos personales con las compañías fabricantes del agente naranja.

Ante el hermetismo del marino y su resistencia a profundizar en las causas de fondo que influyeron en la determinación del Pentágono de iniciar un episodio de guerra química sin medir sus consecuencias, le repetí lo que pocos días atrás me había dicho Todd Ensign, abogado de la asociación Citizen’s Soldier en su oficina de Nueva York:

—Cuando los Estados Unidos se implicaron en Vietnam, las grandes empresas químicas suministradoras del Pentágono se reunieron en secreto para discutir los problemas de la contaminación por dioxina. Ellos ya sabían todo sobre el peligroso herbicida y, aun así, continuaron produciéndolo y vendiéndolo hasta 1973. Gracias a eso las corporaciones Dawn Chemical, Monsanto, Uniroyal y Taps and Heavour ganaron millones de dólares.

—Eso es algo ajeno a las funciones del mando que yo ejercía —comentó secamente Zumwalt—. No tuvo nada que ver con las decisiones militares que debía tomar y tomé.

—Aun así, en 1990 elaboró un durísimo informe confidencial sobre las circunstancias en que se empleó el agente naranja.

—Sí. Porque creí y aún creo necesario estudiar ese tema y actuar en consecuencia. Pero le repito que volvería a ordenar su uso para reducir el número de bajas propias, aun sabiendo todo lo que hoy sé. Hice lo correcto, aunque estar seguro de ello no alivia el dolor que siento por la muerte de mi hijo, ni la angustia que me produce la discapacidad de mi nieto. Es lo primero que pienso cuando me despierto por la mañana y lo último que recuerdo cada noche antes de dormirme.

Para subrayar sus palabras señaló con la mirada una carta manuscrita, enmarcada y colgada en una de las paredes del despacho, que Evaristo Canete se apresuró a filmar cuando finalizó la entrevista. En ella se leía: «Papá, puedo imaginar las lágrimas en tus ojos cuando leas estas líneas. Hicimos dos guerras juntos: una en Vietnam y otra contra mi enfermedad. Perdimos las dos. Pero estoy orgulloso de haber combatido a tu lado».

Seguramente las pesadillas del almirante fueran más allá de su ámbito familiar. Porque durante mucho tiempo las quejas y reivindicaciones de las organizaciones de soldados afectados por el defoliante —avaladas por dictámenes científicos[3]— continuaron presentes en todos los medios de comunicación. En la sede en Brooklyn de una de las más activas, Black Veterans for Social Justice, habíamos recogido varios testimonios sólo 48 horas antes. Dos veces herido y recompensado con el famoso «corazón púrpura» al valor en combate, el marine Ramón Díez padecía una incapacidad del sesenta por ciento. «Pero lo peor —nos dijo— es que mi hijo heredó una enfermedad que le destruyó los huesos de las piernas cuando tenía siete años». Su compañero Lawrence Smith, que fue a Vietnam como voluntario, sufría serios problemas circulatorios y su esposa había perdido dos hijos en las últimas semanas de gestación.

—Aunque nosotros no fuésemos rociados directamente —recordó—, aquello se nos metía en el cuerpo cuando nos sumergíamos en el agua, cuando nos tirábamos al suelo y nos arrastrábamos entre matorrales, o cuando comíamos frutas de la zona.

—Los daños causados por el agente naranja en las filas norteamericanas resultan evidentes, almirante —insistí—. Pero, además, se calcula en medio millón los muertos y en 650.000 los enfermos crónicos vietnamitas. Son cifras que ensucian aún más la actuación de Estados Unidos en una guerra que dejó grandes secuelas morales en su sociedad. ¿Valió la pena?

—Creo que nuestros esfuerzos en Vietnam fueron algo peor que inútiles. Habríamos hecho mejor si nunca nos hubiésemos metido en ese conflicto. Y comprenderá usted que lo ocurrido en mi propia familia ha intensificado en mí ese sentimiento de frustración.

Era inútil plantear el resto de las cuestiones apuntadas en mi libreta. Y nos despedimos con la misma fría corrección con que había transcurrido la conversación.

(Elmo Zumwalt falleció a la edad de noventa y nueve años, en enero de 2020. Jamás fue juzgado ni condenado a reparación alguna. Junto a su brillante carrera militar, las necrológicas señalaron las numerosas actividades civiles con que trató de acallar su mala conciencia a lo largo de los años: colaboró con la Fundación Marrow, dedicada a las donaciones de médula ósea; trabajó como directivo de las entidades benéficas Fondo Phelps-Stokes y Presidential Classroom for Young Americans; contribuyó a la creación del Programa Nacional de Contramedidas a las Amenazas Biológicas y Químicas, en la Universidad de Texas; presidió el Centro de Ética y Políticas Públicas; actuó como embajador de la Cruz Roja Americana en Ginebra; perteneció al Consorcio Internacional para la Investigación de los Efectos de la Radiación en la Salud… Incluso visitó Vietnam para promover una investigación conjunta sobre las secuelas del agente naranja e impulsó la asistencia a sus antiguos enemigos de la Fundación para Discapacitados. Tan largo currículum humanitario silenció el hecho de que el almirante Zumwalt no puso coto al sinfín de atrocidades que sus tropas cometían diariamente en Vietnam: torturar, mutilar y ejecutar a los prisioneros, abrir fuego contra la población civil, secuestrar y violar, incendiar aldeas, e incluso mantener comportamientos personales tan macabros como coleccionar orejas humanas. Nunca se supo que hubiese adoptado medida alguna para impedir tales crímenes, ni que castigase a quienes los perpetraron. Cerró los ojos ante la barbarie, como todos sus conmilitones del Alto Mando).

La bomba que segaba margaritas

La bomba BLU-82[4] fue un valioso complemento del agente naranja, al que se recurría ante la urgencia de abrir claros en la densa vegetación de la selva para permitir el aterrizaje de los helicópteros. Pero también se empleó para destruir emplazamientos de artillería, e incluso para aniquilar tropas y población enemigas, por sus efectos devastadores. Sublime creación de los laboratorios que diseñan y perfeccionan máquinas de matar capaces de satisfacer las exigencias de los ejércitos, la BLU-82 garantizaba efectos inmediatos, pero resultaba engorrosa y difícil de transportar por sus grandes dimensiones y peso. Algún cronista militar con ínfulas de poeta perverso la denominó Daisy cutter, «cortadora de margaritas», impresionado por su capacidad de segar la flora. El sarcástico apelativo hizo fortuna y saltó de los cuartos de banderas a las páginas de los periódicos.

El Pentágono estrenó su nuevo juguete en Laos, el 22 de marzo de 1970, cuando atacó a las fuerzas vietnamitas que se encontraban en la localidad de Long Tieng. Y un año después empleó otras veinticinco unidades en el mismo país, para destruir almacenes y acuartelamientos del Vietcong. Durante un lustro no volvió a informarse de su utilización. Hasta que el 2 de abril de 1975, pocas semanas antes del final de la guerra, varias BLU-82 fueron arrojadas sobre la ciudad de Xuan Vinh en el curso de la decisiva batalla de Xuan Loc[5]. Pero aquel bombardeo con cortadoras de margaritas pasó prácticamente inadvertido en las crónicas de guerra, entre el vértigo de acontecimientos políticos y militares de las postrimerías del conflicto. Y después la BLU-82 quedó olvidada en los documentales, con los archivos tan faltos de imágenes de sus lanzamientos como saturados de otras más espectaculares de diferentes explosivos, y las cámaras deslumbradas por la alta temperatura de color del napalm o distraídas por el siniestro ballet aéreo de centenares de bombas convencionales cayendo desde las tripas de los aviones B-52.

Poco rentable para la industria armamentística, sólo se fabricaron 225 unidades, pero la poderosa bomba merece un puesto destacado entre todos los ingenios mortíferos creados por la maldad humana, por su «eficacia táctica» pero, sobre todo, por la brutalidad que implicaba. La ojiva contenía 5.700 kilogramos de un potentísimo explosivo formado por nitrato de amonio, polvo de aluminio y poliestireno. Su peso total de 6.800 kilogramos requería aviones con gran capacidad de carga tipo C-130 o helicópteros pesados como el CH-54 Sky Crane. Lanzada siempre desde una altura superior a los 1.800 metros, unos sensores la hacían estallar poco antes de que tocara el suelo para que no produjera un incómodo cráter. La explosión causaba una succión de aire tan fuerte que arrancaba de cuajo toda la vegetación, seguida por una onda expansiva que aniquilaba a cuantos seres vivos encontrara en un radio de 100 a 300 metros, y por un viento abrasador que alcanzaba la velocidad de cien metros por segundo. No causaba heridos, ya que la sobrepresión de 70 kilogramos por centímetro cuadrado que producía reventaba instantáneamente los pulmones de cuantos estuviesen a su alcance.

Las cortadoras de margaritas descansaron en los arsenales yanquis hasta la primera Guerra del Golfo en 1991, cuando se echó mano de once unidades en cinco misiones nocturnas. Volvieron a aparecer en Afganistán, en noviembre y diciembre de 2001, especialmente durante los combates de Tora Bora. Y finalmente fueron retiradas del catálogo castrense en 2008, para ser reemplazadas por una versión más perfeccionada: la GBU-43 B MOAB. La última unidad no llegó a ser desmontada. El Escuadrón de Operaciones Especiales de Duke Field, perteneciente al Ala de Operaciones Especiales 919, pasó un buen rato dejándola caer sobre un campo de maniobras el 15 de julio de 2008. La fauna y la flora del estado de Utah fueron sus últimas víctimas.

La represión olvidada

El cine y la televisión nos han mostrado profusamente las atrocidades de las Fuerzas Armadas norteamericanas en la guerra de Vietnam. Los documentales repiten una y otra vez las imágenes del horror: bombardeos con napalm, aldeas arrasadas, desplazamientos masivos de población, combates en la jungla, rostros aterrorizados… Los artículos y libros de Historia insisten en la publicación de datos tan conocidos como imposibles de asimilar: las cifras de muertos, de mutilados, de huérfanos; la cantidad de toneladas de explosivos y munición empleados; la evaluación de daños materiales… La crueldad derrochada se cuantifica a partir de las acciones bélicas y los daños sufridos por la población civil de los territorios en disputa. Pero los crímenes políticos cometidos en la retaguardia suelen quedar en el olvido, opacados por la apabullante magnitud de la barbarie militar en los frentes de combate.

En su «empeño por defender la libertad», los Estados Unidos impulsaron en Vietnam del Sur un régimen autoritario que ejerció una represión implacable al amparo de un aparato legislativo de difícil parangón, y que también causó centenares de miles de víctimas. La ausencia de los derechos más elementales, el atropello de las garantías básicas de la democracia y la burla de las mínimas normas de convivencia civil quedaron reflejados en unas leyes dictadas a la medida de los centuriones que afirmaban luchar contra la opresión comunista. Y sirvieron para que los crímenes de guerra cometidos en los frentes de combate se correspondieran en la retaguardia con una estructura policial de idéntica naturaleza, cerrando el último círculo de los infiernos vietnamitas.

Un somero examen de la legislación promulgada en Vietnam del Sur bajo el dominio norteamericano sirve para describir el horror desatado sobre la población civil, en un régimen que consideraba delito la «simpatía pasiva» por ideologías y organizaciones proscritas. Los tapujos acabaron en 1966, cuando se aprobó el encarcelamiento de cualquier ciudadano por decisión administrativa, sin necesidad de pruebas ni formulación de cargos en su contra, por periodos de dos años renovables sin limitación[6]. Más tarde, durante la etapa en que Nguyen Van Thieu se aferró al poder tras completarse la retirada de las fuerzas norteamericanas en marzo de 1973, la represión se endureció ante el continuo retroceso sudvietnamita en todos los frentes. Dos meses antes fueron promulgados los famosos «diez puntos de Thieu» previos a los acuerdos de París —que valieron el Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger y Le Duc Tho—, pero se quedarían en históricos papeles mojados[7]. Su texto no estimulaba precisamente el clima de entendimiento necesario para una tregua, ya que, frente al compromiso firmado sobre liberación de prisioneros, autorizaba el fusilamiento inmediato de cuantos uniformados intentasen desertar o resultaran sospechosos de complicidad con el enemigo, así como de civiles que participaran en disturbios, se resistieran al ser detenidos o simplemente huyeran de las regiones donde estaban asentados. Además, se establecía la corte marcial con pena de muerte para quienes utilizaran billetes del banco nacional norvietnamita, simpatizaran con el comunismo o se mostrasen partidarios de la neutralidad. Todo ello acompañado del arresto inmediato de cualquier participante en actos de propaganda o alteración del orden.

En ese absurdo marco jurídico actuaban de modo implacable numerosos organismos policiales, desarrollados e incrementados a lo largo de la guerra. El Gobierno de Saigón utilizaba cuatro instrumentos principales en el ámbito civil y uno en el castrense:

La Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, que se encargaba de mantener el orden público, impedir reivindicaciones sociales y perseguir a los desertores. Pasó de contar con 16.000 hombres en 1963 a 90.000 en 1971, llegando a superar los 145.000 efectivos antes de la retirada norteamericana.

La Policía Especial (Nacional Police Field Force), dotada con 20.000 agentes, era una derivación de la anterior. Entrenada y asesorada por oficiales estadounidenses, estaba concebida como un «FBI vietnamita». Disponía de tres centros de detención y una prisión propia, además de diez locales para interrogatorios, con cinco torturadores especializados en cada uno. No solía operar fuera de la capital.

La Policía Activa (Hoat Vu), unidad autónoma de la Policía Especial, encargada de las detenciones masivas. Sus 800 agentes fijos y 200 eventuales, distribuidos entre ocho oficinas en Saigón, recibían órdenes directas del Departamento de Inteligencia del Ejército sudvietnamita y de las denominadas «Fuerzas Especiales» del US Army.

La Policía Secreta (Mat Vu) actuaba de modo clandestino, al margen de los servicios oficiales, bajo la autoridad exclusiva del presidente Thieu. Gozaba de impunidad absoluta para eliminar prisioneros.

La Seguridad Militar (An Ninh Ouan Doi), también conocida con el nombre francés de Deuxième Bureau, dependía del Estado Mayor del Ejército. Su función primordial consistía en vigilar y detener a civiles radicados cerca de instalaciones militares y frentes de combate. También recurría a mutilaciones.

A estas cinco entidades se sumaban dos poderosos grupos parapoliciales, entrenados y financiados por el Ministerio del Interior: la Milicia Popular (Tioi Bao Ga) y la Guardia Civil (Oan Ve). La primera, compuesta por muchachos entre doce y dieciséis años fuertemente armados, era el mayor azote de los movimientos estudiantiles. La Guardia Civil se dedicaba a extender el terror en zonas rurales, mediante voluntarios que empleaban armamento ligero y granadas de mano. Para compensar su bajo sueldo, se les permitía el pillaje. Podía hacer detenidos y torturarlos, con la única limitación de acabar entregándolos a la Policía Nacional.

Las organizaciones humanitarias fracasaron en sus propósitos de denunciar los crímenes de Estado con datos exactos y probados. Las leyes sudvietnamitas impedían establecer con precisión el número de víctimas, ya que facilitaban el enmascaramiento de actividades políticas pacíficas y de reivindicaciones sociales o sindicales como delitos comunes. Incluso los campesinos desarmados, que eran acusados de proporcionar información o alimentos a las fuerzas enemigas, se consideraban prisioneros de guerra en vez de presos políticos. Además, la maltratada población penal sudvietnamita acusaba una elevada mortandad, incrementada mediante la liquidación de indeseables, práctica secreta que el católico presidente Thieu desveló el 24 de octubre de 1972, en el contexto de constantes rumores sobre matanzas efectuadas en distintas cárceles como Poulo Condor, Phu Quoc y Chi Hoa[8].

Aun así, del propio seno del régimen surgieron testimonios esclarecedores: el senador Ngo Cong Duc cifró en más de un millón los detenidos durante los años más duros de la guerra, cantidad que parece desmesurada pero fue confirmada por un deslenguado hijo de Thieu, que se jactaba del récord mundial de 40.000 arrestos efectuados en un plazo de sesenta días. Las cuentas estatales también resultaban reveladoras, como el presupuesto del Senado para 1973, que preveía la alimentación de 400.000 presos, tras haber contado el año anterior con una ayuda estadounidense de 627.000 dólares para tal finalidad.

Políticamente invisibles, los centuriones norteamericanos se mantuvieron siempre en la trastienda de la represión política en Vietnam del Sur. Cuando se consumó la retirada total de sus tropas, Washington mantuvo un nutrido cuerpo de consejeros destinados a garantizar el funcionamiento de los centros de poder político y militar claves para la supervivencia del régimen aliado que se había visto obligado a abandonar. El Pentágono siguió manejando secretamente los hilos de las «Fuerzas Especiales» (Lu Luang Dac Biet), conocidas como «los boinas verdes vietnamitas». Y también la CIA, aunque cubriera las apariencias con un hombre de paja, el coronel Nguyen Khac Binh, que cumplía fielmente sus órdenes y cargaba con la responsabilidad oficial de todos los crímenes.

Muchos oficiales del ejército estadounidense fueron reenviados a Saigón sin haber llegado siquiera a pisar el suelo patrio, para actuar como técnicos especializados en el mantenimiento del orden público. Al mismo tiempo, otros se convertían en asesores militares en la sombra, que trabajaban vestidos de civiles y con las persianas bajadas. Además, se dio la orden de cerrar los ojos ante la presencia de numerosos excombatientes yanquis que, incapaces de readaptarse a la vida civil, regresaban al Sudeste asiático como mercenarios, recibiendo generosas remuneraciones con cargo a los fondos de la ayuda económica estadounidense. Se calcula que entre unos y otros superaron el número de quince mil.

Matar ante las cámaras

Hay dos tipos básicos de verdugo: uno, que es capaz de cualquier cosa en una sala de torturas pero jamás haría daño a nadie en público, y otro, que se deja llevar por sus impulsos y no vacila en mutilar o matar a alguien frente a una cámara. El primero teme a la fama y se oculta entre las tinieblas, seguro en la intimidad de las mazmorras. El segundo alardea de su poder y se siente estimulado por la presencia de testigos que contribuyan a su prestigio. Los periodistas tenemos que tener especial cuidado con estos últimos. Porque las imágenes sirven como denuncia, pero nuestra presencia también puede incitar a abusos o asesinatos en momentos de tensión. La cobardía del anonimato y la soberbia del exhibicionismo se contraponen, como características que diferencian a dos clases de sicarios estatales.

El general Nguyen Ngoc Loan, jefe de la policía de Saigón, es un caso paradigmático de esa segunda categoría de profesionales espontáneos. Lo demostró rotundamente en una calle del barrio chino de Saigón, cuando acercó su revólver Smith & Wesson a la sien de un detenido y le descerrajó un tiro. Lo hizo fríamente el 1 de febrero de 1968, ante las cámaras de dos medios tan poderosos como Associated Press y NBC. Era el segundo día de la gran ofensiva comunista del Têt, lanzada por sorpresa en plena tregua por la celebración del Año Nuevo vietnamita. Se combatía duramente en todo el país y la atención internacional estaba puesta en Vietnam. Las imágenes del instante del disparo ocuparon las portadas de la prensa y abrieron los informativos de televisión en todo el mundo, convirtiéndose inmediatamente en uno de los iconos de la guerra.

Aquel asesinato destrozó la ya mala imagen del régimen sudvietnamita y supuso un duro golpe para sus mentores norteamericanos. De nada valieron los esfuerzos de contrapropaganda, aireando la identidad del prisionero y atribuyéndole numerosos crímenes. Se aseguró que bajo el nombre de Nguyen Van Lém se ocultaba un miembro destacado del FLN[9], conocido como el capitán Bay Lop, y se le acusó de comandar un escuadrón de la muerte encargado de atentar contra civiles vinculados al Gobierno de Saigón. Se dijo que había sido detenido junto a una zanja en que se hallaban treinta y cuatro cadáveres, maniatados y con un tiro en la cabeza; y que entre ellos se encontraban seis ahijados de Nguyen Ngoc Loan, además de varios de sus mejores amigos. Además, se recurrió como atenuante de la ejecución al nerviosismo provocado por los ataques que el Vietcong acaba de realizar contra media docena de objetivos en el corazón de la ciudad, incluida la sede central de la policía. El propio general afirmó que mató a Van Lém «porque había cometido la intolerable cobardía de luchar vestido de civil siendo militar». Ningún argumento podía justificar lo sucedido. Pero en la Casa Blanca no molestó tanto el hecho como la publicidad. Porque contrariaba su doctrina de que «esas cosas no se hacen, pero, si se hacen, que no se sepa». Y se destituyó al general sin castigarlo.

Sin embargo, Nguyen Ngoc Loan resultaba el hombre perfecto para el puesto que ocupaba. Tenía todo lo necesario para hacer carrera en una dictadura o una guerra: era frío, astuto, inflexible, ambicioso, obediente… Y también disponía de amigos poderosos. Por eso alcanzó el generalato con sólo 35 años, cuando Nguyen Cao Ky, su antiguo comandante de Aviación, fue nombrado primer ministro en 1965. Nada más verse al frente de la policía, emprendió una reforma estructural para acabar con su pésima fama de corrupta, ineficaz y nada escrupulosa con los derechos de los ciudadanos. Y concitaba el respeto de los suyos con el temor de sus enemigos.

Su biografía podría servir como fuente de inspiración para guionistas de Hollywood. Hijo de un ingeniero y una médica, creció junto a sus diez hermanos en un ambiente de privilegios. Nada más acabar sus estudios de Economía se enroló en la Fuerza Aérea, decidido a combatir contra los enemigos de clase de su familia. Enseguida destacó como piloto de caza, ganándose el apodo de el Gavilán tras derribar una docena de aviones enemigos. Valiente y juerguista, se hizo muy popular entre sus compañeros de armas, con los que solía escaparse del cuartel y pasar largas noches de borracheras en los prostíbulos cercanos. Al mismo tiempo aparentaba ser el oficial perfecto: puntual, cumplidor y de aspecto impecable. Sólo ante los íntimos mostraba un carácter introvertido y romántico, como amante de las flores —que nunca faltaron en sus despachos— y lector incansable de poesía clásica. Se casó muy joven y fue padre cinco veces. Todo iba bien en su vida hasta que lo retrataron disparando contra un detenido. Privado del poder que gozaba al frente de la policía y carente de honores oficiales, cayó en depresión, pero siguió luchando. Herido en el frente, sufrió la amputación de una pierna. Finalmente, cuando la guerra terminó en derrota, escapó de Vietnam a bordo de un avión junto a su mujer y sus hijos. Encontró refugio en los Estados Unidos. Y abrió un restaurante en Burke, un pueblo cercano a Washington. Pero la prensa acabó localizándolo, los activistas de organizaciones pacifistas cercaron su local hasta provocar el cierre, recibió incontables amenazas y le propinaron una paliza que lo mantuvo hospitalizado una temporada. El general Nguyen Ngoc Loan pasó la última parte de su vida escondido, huyendo del fantasma del capitán Bay Lop, hasta que en 1998 falleció de cáncer con 67 años. Pero su personaje llevaba mucho tiempo muerto, como explicó Eddie Adams[10], el reportero de Associated Press que lo hizo siniestramente famoso: «Él mató a su prisionero de un tiro y yo lo maté a él con una foto».

Asesinos (de uniforme) en serie

Los militares norteamericanos que combatieron en Vietnam cometieron numerosas matanzas contra la población civil. Miles de jóvenes ingenuos quedaron transformados en asesinos por una guerra que destrozó sus vidas, aunque el uniforme militar les garantizase la impunidad de sus crímenes, e incluso un impenetrable silencio cómplice.

Ante la frecuencia de los desmanes perpetrados por sus efectivos, el Pentágono decidió ignorar y ocultar la mayoría —casi la totalidad— cuando no había testigos que pudieran denunciarlos. Pero no se logró impedir que algunos salieran a la luz, porque el trabajo de los periodistas sobre el terreno aportó evidencias incontestables, con el consiguiente escándalo mundial y la condena de una «retaguardia civil» que rechazaba la implicación estadounidense en el Sudeste asiático. Corresponsales de guerra, fotógrafos de prensa y camarógrafos de televisión demostraron algunas masacres, desmintiendo a los portavoces castrenses que se esforzaban en presentarlas como «acciones bélicas», generalmente «enfrentamientos», o en desmentirlas como «falsedades de la propaganda comunista», cuando no las achacaban a supuestas venganzas del Vietcong contra grupos de campesinos que les habrían negado apoyo. Sus crónicas tuvieron una enorme repercusión, sobre todo en ambientes universitarios e intelectuales, e influyeron decisivamente en la gestión política del conflicto. Después, grandes producciones de Hollywood —que siempre había servido como instrumento propagandístico de los centuriones norteamericanos— recrearon el horror de Vietnam. Ninguna otra guerra se había contado con igual crudeza, ni jamás el cine había reflejado una barbarie tan extrema.

El nombre de My Lai, un pueblo de la región central de Son My, ocupa un lugar destacado en la historia de la infamia y permanece anclado en la memoria colectiva, como escenario de una de las peores matanzas narradas en infinidad de artículos, libros, documentales y películas: el 16 de marzo de 1968, un centenar de soldados —pertenecientes a la Compañía Charlie, de la 11.ª Brigada de Infantería de la División Americal— se ensañó con los habitantes de la aldea de My Lai, dando muerte a medio millar, entre los que se encontraban 60 ancianos, 56 bebés, 117 niños y 182 mujeres, de las cuales 17 estaban embarazadas[11]. Pero aquella masacre no fue muy distinta de otras muchas que no alcanzaron tanta repercusión mediática o incluso quedaron ocultas. También ese día, efectivos de la misma brigada asesinaron a otro centenar de mujeres y niños en la cercana localidad de My Khe, a un par de kilómetros de distancia, sin que apenas tuviera trascendencia.

Las tropas americanas iban en busca del 48.º Batallón del Vietcong, pero sus informaciones eran incorrectas y la fuerza enemiga se encontraba a un centenar de kilómetros. Nada más bajar de los helicópteros, el pelotón al mando del segundo teniente[12] William Rusty Calley se lanzó sobre My Lai, espoleado por el deseo de vengar a sus compañeros caídos en combate durante las últimas semanas. El capitán Ernest Medina[13] había ordenado «matar a todo ser vivo, arrojar los cadáveres a los pozos y quemar las casas»[14]. Nervioso, inseguro, acomplejado por su escasa presencia física, Calley obedeció ciegamente, acaso queriendo demostrar autoridad y valor ante unos subordinados que no lo respetaban, y unos mandos inmediatos que lo despreciaban apodándole lieutenant Shithead[15].

La operación se prolongó cuatro horas en una orgía de sangre. Aunque nadie respondió al ataque, los soldados del Tío Sam desalojaron, registraron e incendiaron todas las chozas; arrojaron granadas contra el ganado; violaron a las mujeres y a las niñas antes de asesinarlas, y mataron a tiros tanto a los ancianos como a los bebés. El mandato de Calley era no dejar supervivientes. Los últimos aldeanos que quedaban fueron conducidos a punta de fusil hasta una acequia para ametrallarlos, pero la llegada de un helicóptero impidió que se consumara su aniquilamiento. La tripulación, al mando del oficial Hugh Thompson, horrorizada por lo que estaba ocurriendo, interrumpió la matanza amenazando con disparar contra Calley y sus hombres, e informó por radio al Estado Mayor.

El coronel Oran Henderson, que acababa de asumir el mando de la 11.ª Brigada, recabó toda la información posible, habló personalmente con los principales implicados y concluyó que «el ataque a My Lai supuso un importante triunfo militar», ya que causó la muerte de 120 miembros del Vietcong, de los que 90 eran combatientes y 30 civiles. No le importó que dos datos esenciales delatasen la falsedad de ese balance: sólo se habían incautado tres armas ligeras enemigas y las bajas propias se reducían a un herido que se disparó accidentalmente un tiro en un pie. A continuación, tal vez como medida de precaución, ordenó enviar a la Compañía Charlie a patrullar y combatir en la jungla durante 54 días. Un largo periodo de aislamiento que garantizaba el silencio y la digestión de emociones peligrosas. Aunque el Vietcong no tardó en denunciar el horror de My Lai, Henderson refutó las acusaciones calificándolas de «propaganda comunista». En su apoyo, el mismísimo general William Westmoreland, comandante en jefe de las fuerzas en Vietnam, envió un telegrama de felicitación por la victoria. Y el casi siempre riguroso The New York Times validó la mentira oficial, inventando un cuento heroico sobre la destrucción de una mortífera unidad del Vietcong.

Aunque ningún periodista la hubiera presenciado, la masacre de My Lai acabó saltando a la prensa con su amarga realidad, porque un artillero de helicópteros —que había escuchado la historia de boca de sus compañeros— se sintió incapaz de callar y, cuando se reincorporó a la vida civil, escribió una carta de denuncia al Estado Mayor Conjunto, a los secretarios de Estado y Defensa, y a varios miembros del Congreso. Así, trece meses después, se produjo un sordo revuelo político que desembocó en una investigación militar. Pero el escándalo no estalló hasta noviembre de 1969, cuando el periódico Cleveland Plain Dealer y la revista Life publicaron una serie de imágenes sobrecogedoras, tomadas en My Lai por el fotógrafo castrense Ron Haberlee, que habían permanecido ocultas en los archivos. Entonces las máximas autoridades estadounidenses no tuvieron más remedio que intervenir. El Comando de Investigación Criminal del Ejército exigió la información gráfica existente para incorporarla a un sumario en el que figurarían también los interrogatorios a tres docenas de testigos. Otros 25 militares fueron acusados de estar involucrados en la matanza, pero sólo se juzgó a cinco.

Los psicólogos forenses dictaminaron que Calley no sentía que los habitantes de My Lai fueran seres humanos, sino «animales con los que no podía hablar ni razonar». Y las declaraciones de varios integrantes de la Compañía Charlie aportaron numerosos datos macabros, como que, antes de ejecutar a las mujeres violadas, los soldados les abriesen las vaginas con sus machetes, que el propio Calley fusilara a un monje budista mientras rezaba y tirotease a un bebé que gateaba junto al cadáver de su madre… ¡y que a las once de la mañana el capitán Medina ordenase una pausa para almorzar! Acaso el testimonio más conmovedor fuera el prestado por el soldado de primera clase Varnado Simpson[16], que narró los hechos en primera persona sin ahorrar detalles:

—Les rajamos la garganta, les cortamos las manos, les amputamos la lengua, les arrancamos el cuero cabelludo; los demás lo estaban haciendo y yo también lo hice. Disparé contra ancianos que intentaban escapar. Y contra mujeres y niños. Una de ellas llevaba en brazos a un crío pequeño. Maté a unas veinticinco personas. La orden que nos habían dado era «matar, matar, matar». Todos los campesinos, incluidos los viejos, las embarazadas y los bebés, formaban parte del enemigo. Y teníamos que matarlo, sin excepciones. Si no hubiésemos obedecido, nos habrían llevado ante una corte marcial[17].

Finalmente, William Calley compareció ante un consejo de guerra en 1971, acusado de «asesinato premeditado». Pese a la abundancia de pruebas y testigos en su contra, el jurado necesitó trece días de deliberaciones antes de pronunciarse. La sentencia de cadena perpetua por veintidós asesinatos de civiles suponía una condena benévola, ya que el número de víctimas mortales en My Lai se calculaba por encima del medio millar. Ningún otro de cuantos asesinos de uniforme apretaron el gatillo en My Lai fue castigado. Tampoco los altos mandos que, primero, planificaron el asesinato masivo y, después, ocultaron la verdad. El capitán Medina quedó absuelto. Y el coronel Henderson recibió un veredicto exculpatorio del cargo de encubrimiento.

Aun así, la sentencia provocó una oleada de «indignación patriótica» en la derecha estadounidense. El propio Ejército —que insistía en exculparse, presentó la masacre como un «caso aislado» y descalificó a Calley como «alguien sin capacidad para el mando»— se vio sorprendido por la inesperada reacción de una sociedad enferma. La Casa Blanca recibió más de 300.000 cartas pidiendo un indulto presidencial para el teniente condenado, en cuya celda desembocó un caudaloso río de misivas y regalos solidarios. Gobernadores, congresistas, alcaldes y otros cargos representativos le manifestaron apoyo «porque no hay otra forma de librar una guerra», un lema que se hizo canción con el título de The battle hymn of Lt. Calley y vendió más de un millón de discos. Hasta el demócrata Jimmy Carter, que tanto hablaba de derechos humanos, afirmó que Calley «había honrado a la bandera». La protesta creció hasta que Richard Nixon sacó al militar de la cárcel y lo puso bajo arresto domiciliario mientras se examinaban sus apelaciones. La Justicia también mostró sensibilidad ante la inquietud presidencial y redujo dos veces la condena, primero a veinte años y después a diez. El popular reo sólo llegó a cumplir tres y medio, la mayor parte en su propia casa.

Con frecuencia se ha señalado el abuso de alcohol y drogas como causa principal de los casos de descontrol y salvajismo militar. Es cierto que, desde la simple marihuana y las anfetaminas hasta la heroína de gran pureza, pasando por el opio tradicional en la zona y algunas drogas de moda como el LSD, las tropas estadounidenses en Vietnam tenían a su alcance cantidad y variedad de sustancias prohibidas, capaces de sumirlos en una alienación profunda. Sin embargo, el Pentágono nunca adoptó medidas eficaces para acabar con aquel tráfico, acaso por contemplarlo como una forma de «consuelo» o «estímulo» para unos combatientes necesitados de alguna clase de medicación radical contra la ansiedad, el miedo, la fatiga o la depresión. El número de reclutas adictos a las drogas se multiplicó, mientras los máximos responsables castrenses cerraban los ojos.

Pero si el consumo de drogas puede explicar muchos comportamientos individuales execrables, también sirve para enmascarar los motivos de la responsabilidad institucional en las matanzas. Porque la razón última que las explica se encuentra en los lineamientos políticos del Pentágono, desarrollados como parte esencial de la estrategia para la conducción de la guerra. El entonces secretario de Defensa, Robert MacNamara —obsesionado por la utilidad de la estadística desde que ejerció la presidencia de la Ford Motor Company—, implantó en las Fuerzas Armadas un sistema denominado body count, que suponía una «contabilidad empresarial» de las bajas mortales causadas al enemigo, destinada a evaluar la marcha de la guerra. Su tesis, tan elemental como perversa, se basaba en la suposición de que la eliminación física de sus efectivos obligaría a los comunistas vietnamitas a retroceder hasta acabar rindiéndose. Y para conseguir un «exterminio con altos niveles resolutivos» optó por incentivar a los combatientes norteamericanos con determinados premios, que iban desde ascensos en el escalafón castrense, en función del número de bajas causadas al Vietcong, hasta simples permisos temporales, destinos privilegiados e incluso consumo de bebidas alcohólicas[18]. El resultado fue que, a falta de muertos reales en combate, oficiales y soldados asesinaran a pacíficos campesinos para incluirlos en sus estadillos como guerrilleros abatidos, incrementando así las cifras de sus body counts. Además, MacNamara impulsó las denominadas «zonas de fuego libre», cuya población era considerada en su totalidad como «agentes enemigos» susceptibles de una rentable liquidación masiva e inmediata. Todo ello produjo matanzas militarmente inútiles, e incluso contraproducentes para los objetivos políticos de la guerra. Y explica la cuantificación inicial de los civiles asesinados en My Lai como combatientes del Vietcong, aunque estuvieran desarmados.

(La historia de William Calley tiene final feliz: se refugió en Columbus, Georgia, una ciudad vinculada a Fort Benning y a la Escuela de Infantería; en 1976, se casó con la propietaria de una joyería y comenzó a trabajar con piedras preciosas; tuvieron un hijo y se divorciaron. No concedió entrevistas, pero publicó su biografía[19]. Se negó a hablar públicamente sobre sus crímenes de guerra hasta 2009, ante un reducido auditorio de amigos en el Club Kiwanis de su ciudad. Entonces afirmó que «sólo hizo lo que le habían ordenado hacer», pero que sentía remordimientos y se arrepentía. Aunque padece cáncer de próstata y problemas gastrointestinales, el demonio de My Lai continúa durmiendo plácidamente todas las noches).

Diablos jubilados de vacaciones

Hace tiempo que las grandes agencias de turismo aprendieron a explotar comercialmente la nostalgia enferma de los veteranos de guerra. Desde muchos años atrás, miles de norteamericanos, que ensuciaron su juventud en la barbarie castrense del Sudeste asiático, sueñan con volver a Vietnam. Los antiguos soldados regresan, acompañados por sus esposas, hijos e incluso nietos, a los escenarios donde combatieron, pasaron miedo y se envilecieron. Es un retorno casi terapéutico a su propio pasado, que tal vez les permita comprenderse y acabar de perdonarse los excesos que cometieron durante la ya lejana época en que vistieron el uniforme militar.

Para satisfacer esa constante demanda, el sector turístico vietnamita ofrece un catálogo de actividades que comprende rutas por los lugares donde se libraron duras batallas, visitas a mercados de souvenirs bélicos y al museo estatal que resume los horrores de la época, o recorridos por algunas de las cárceles donde miles de prisioneros fueron torturados y asesinados. Incluso se han creado bares y restaurantes cuya atmósfera trata de recrear el pasado con la fría visión de Hollywood.

Desde su primer paseo por las calles de Saigón, rebautizada con el nombre de Ho Chi Minh City, los estadounidenses se preguntan quién ganó realmente aquella guerra que ellos perdieron, asombrados de que Vietnam sea hoy más parecido al capitalismo que pretendía imponer Washington que a los ideales comunistas defendidos por Hanoi y el Vietcong. Porque las hoces y los martillos aún abundan decorando plazas y avenidas, como símbolos anacrónicos rodeados de anuncios de las firmas emblemáticas del consumo occidental. La ciudad ha desarrollado su tradicional vocación mercantilista sobre los dogmas políticos y, sin perder su atractivo aire colonial, se ha llenado de rascacielos de cristal —como la apabullante Torre Bitexco, de 68 pisos— y modernos edificios que albergan sedes de corporaciones multinacionales, bancos y tiendas de primeras marcas. ¿De qué sirvieron la sangre derramada, el tormento y la destrucción de aquel enfrentamiento que duró diez mil días? Vietnam salió triunfador, pero con sus infraestructuras devastadas y una sociedad lastrada por el dolor y la fatiga, y permaneció diez años estancado sin que la colectivización de tierras y fábricas diera los frutos esperados por los vencedores. Hasta que emprendió en 1986 una política de reformas denominada Doi Moi, siguiendo la senda de la perestroika rusa. Después, al perder su principal apoyo cuando se desplomó la Unión Soviética, profundizó su aproximación al mundo del libre mercado con una fórmula parecida a la de China: una peculiar economía mixta denominada «sistema socialista de mercado» que asume una alta inflación crónica, con salarios bajos y falta de libertades. Se efectuó una vertiginosa privatización de empresas estatales, se dio entrada al capital extranjero y se culminó el proceso con el ingreso de Vietnam en la Organización Internacional del Comercio en 2007. Desengañada de utopías y gestionada por funcionarios que actúan como camaradas empresarios, la ciudad de Saigón es el mejor ejemplo del éxito logrado, con un crecimiento que dobla los índices del resto del país.

Los viejos guerreros convertidos en turistas buscan inútilmente el horroroso grupo escultórico que rendía homenaje a los combatientes norteamericanos. Caminan por la calle Tu Do y descubren, decepcionados, que han desaparecido los cafés —como el clásico Givral— y los bares de copas que antaño frecuentaron, reemplazados por tiendas de lujo o franquicias internacionales. El primer día, los tour operators suelen llevarlos, como obligado ejercicio de memoria histórica, al Museo de la Guerra, en cuyas salas se exhiben las huellas de su barbarie: armamento, explosivos, fotografías de bombardeos con napalm, incluso botellones de vidrio que conservan fetos humanos deformados por el agente naranja. «¡Qué inútiles y qué despiadados fuimos!», oí musitar a un integrante del grupo con el que coincidí durante el rodaje de un episodio de la serie Buscamundos[20]. Como deferencia oficial, los guías no mencionan que los Estados Unidos nunca pagaron indemnizaciones de guerra a sus víctimas, y también callan que el Gobierno de Vietnam no las ha exigido para no enturbiar las relaciones comerciales desarrolladas desde el final del embargo americano en 1994.

Los fetos con graves deformidades, conservados en formol, ofrecen la imagen más dura de las consecuencias del empleo del agente naranja.

Para almorzar, los sientan en algún establecimiento con «menú internacional», donde no echen de menos la comida basura. O tal vez, si insisten mucho, su guía los conduzca a un restaurante histórico como el Pho Binh[21], donde se ocultaba el mando del Vietcong que lanzó la ofensiva del Têt en 1968. Y, tras degustar la célebre sopa pho, subirán a ver las habitaciones del piso superior donde se reunía clandestinamente el Estado Mayor comunista, sin que jamás lo sospecharan los oficiales yanquis que comían en la planta baja. Y pondrán cara de incrédulos cuando les muestren la efigie de Buda bajo la cual se ocultaba la más importante documentación militar.

Una tarde les tocará ir de pagodas, especialmente a la de Xa Loi, no sólo porque conserve una venerada reliquia, sino —sobre todo— porque en ella se inmolaron numerosos monjes, prendiéndose fuego con gasolina, como protesta contra el régimen sostenido por las fuerzas del Tío Sam. Otra, los llevarán al famoso mercado de Ben Thanh, que los franceses llamaban irónicamente «Les Halles del pueblo», para que compren ropa y objetos de lujo primorosamente falsificados. Pero su actividad favorita en Saigón es la adquisición de restos bélicos en el Dan Sinh Market, un mercado de abastos reconvertido en feria de recuerdos, cuyos puestos ofrecen un sinfín de objetos para deleite de nostálgicos de tiempos peores: cascos, botas, cinturones, cartucheras, cantimploras, munición de distintos calibres… Aunque casi todo sean falsificaciones, su clientela es ingenua y los cree auténticos o se conforma con que lo parezcan. Los fetiches más buscados son las placas de identidad, los relojes y los famosos mecheros Zippo que, supuestamente, perdieron las tropas norteamericanas o les fueron robados. Otros momentos muy celebrados en este regreso al pasado son las salidas nocturnas. A falta de las barras de alterne y prostíbulos otrora existentes, los veteranos se contentan con unas cuantas cervezas y una partida de billar en locales creados para ellos, como el Apocalypse Now, siniestramente decorado con churretes de sangre y ambientado con la banda sonora de Good morning, Vietnam.

Pero nada tan valorado como una excursión familiar, entre paisajes de arrozales y plantaciones de caucho, a lugares míticos como Cu Chi. A medio centenar de kilómetros de Saigón, el llamado «Triángulo de Hierro» fue la zona más bombardeada, gaseada y devastada por el infructuoso empeño yanqui en destruir la red de galerías subterráneas creada por el Vietcong, que llegaba desde la frontera de Camboya hasta las puertas de la capital sudvietnamita. Las fuerzas comunistas empezaron a cavar túneles a finales de la década de los cuarenta, cuando peleaban contra los franceses, y crearían una red secreta de unos 250 kilómetros de longitud, con tres niveles de profundidad, que resultaría decisiva en el enfrentamiento. Sus incontables galerías permitían a los guerrilleros aparecer o desaparecer súbitamente, desplazar tropas y armamento sin dejar rastro, e incluso ocultar hospitales, talleres y almacenes. Los norteamericanos descubrieron su existencia en 1965, pero nunca consiguieron destruirlos. Ni siquiera fueron capaces de averiguar por dónde transcurría su trazado en zigzag, pese a que pasara bajo algunos de los enclaves militares más celosamente guardados por el US Army, como la base de la 25.ª División. Los veteranos recuerdan sus miedos de antaño al contemplar las trampas de bambú colocadas en los terrenos donde patrullaron. Y disimulan con risitas nerviosas cuando los guías les explican que no estaban pensadas para matar, porque «es mejor herir al enemigo y que sus compañeros se desmoralicen cargando con él y viéndole sufrir». Pero la angustia y la amargura revividas se disipan al final, con la descarga de adrenalina que les proporciona volver a disparar sus antiguas armas en el campo de tiro de Cu Chi.

El recorrido proseguirá por distintas regiones de Vietnam a gusto de los turistas, especialmente visitando poblaciones junto a las que estuvieron enclavadas grandes bases militares, como Da Nang o Bien Hoa. Pero siempre figuran dos paradas imprescindibles en las ciudades de Hué y Hanoi, cuyos nombres permanecen grabados en cuantos hicieron la guerra. La antigua capital imperial fue escenario de una de las batallas más cruentas durante la ofensiva del Têt. Recibió un duro castigo a lo largo de cuatro semanas de combates y bombardeos, que causaron miles de muertos. Y después sufrió los estragos de la represión militar. Hanoi, una urbe de espíritu espartano con bien ganada fama de irreductible y que representaba el centro del poder comunista, se ha transformado en una ciudad abierta a los negocios y al placer. En ella, los antiguos soldados entrarán en el mausoleo del Tío Ho, obligados al respeto por el hombre más denostado por la propaganda que envenenaba sus conciencias, y observarán con asombro los estrechos refugios antiaéreos que todavía se conservan en las aceras de las calles. Su plato fuerte será la siniestra cárcel de Hoa Lo, transformada en memorial de la maldad política. Recorrer sus instalaciones supone penetrar en un infierno, creado bajo el dominio colonial francés y heredado por quienes le dieron fin, cuyas celdas empleó el régimen comunista para confinar en condiciones deplorables a los prisioneros estadounidenses. Derribados en el curso de sus mortíferas misiones de bombardeo, los pilotos y tripulantes de la Fuerza Aérea norteamericana que pasaron largo tiempo en Hoa Lo la denominaron irónicamente «the Hanoi Hilton».

La experiencia más dura de cuantas ofrecen los «circuitos bélicos» —y también la más costosa— se encuentra en las islas de Côn Son y Phu Quoc, cuyas prisiones se hicieron famosas por sus «jaulas de tigres», nombre que recibían unas celdas minúsculas con techos de barrotes o mallazo de alambre de espino, a través de los cuales los guardianes golpeaban con largos palos a unos presos encadenados que apenas podían moverse, e incluso les arrojaban agua hirviendo y cal viva. La visita resulta sobrecogedora, aunque el mal trago se supere mediante la estancia en lujosos resorts junto a playas paradisíacas y el disfrute de excursiones a un santuario de tortugas marinas, los arrecifes de coral o por senderos entre la jungla tropical.

El presidio más famoso en su época fue Côn Son, entonces conocido por su antiguo nombre francés de Poulo Condor[22]. Edificado por los franceses en 1862, al Gobierno de Washington le pareció buena idea que sus aliados de Saigón aprovecharan las instalaciones y patrocinó su reconstrucción, encargada a un contratista estadounidense y pagada con fondos del Departamento de Estado. Fue un lugar perfecto para castigar a detenidos del Vietcong, aislados y ocultos a los ojos de la prensa, hasta que dos miembros del Congreso tuvieron la ocurrencia política de visitarlo en julio de 1970[23]. La publicación de sus relatos y fotografías causó un escándalo mundial, al revelar la existencia de las «jaulas de tigres». Los políticos describieron a los cautivos «cubiertos de llagas, heridos y algunos mutilados». Su informe sirvió para que 300 mujeres y 180 hombres fueran trasladados a otros locales de instituciones psíquicas o penitenciarias. Pero la siniestra cárcel de Poulo Condor continuó funcionando cinco años más, hasta que acabó la guerra. A finales del siglo pasado se abrió al turismo como monumento a sus 20.000 víctimas, sepultadas en el cercano cementerio de Hang Duong.

El otro presidio con similares características, Coconut Tree, en la lejana isla de Phu Quoc, tuvo una existencia más corta, pero una historia aún más truculenta. También formó parte de la herencia colonial gala y permaneció operativo veinticuatro años, hasta 1973, ganándose una deleznable fama por la crueldad extrema que soportaron sus internos[24]: rotura de dientes a martillazos, inserción de clavos en cabezas o rodillas, pinchazos y quemaduras en los ojos, aplastamiento de genitales, electrocuciones… Se calcula que sólo en sus siete últimos años recibió a unos 40.000 presos, un 10 por 100 de los cuales fue asesinado y millares quedaron discapacitados. Coconut Tree está considerado hoy como una reliquia histórica de importancia nacional, y a su alrededor han brotado centenar y medio de hoteles con 50.000 clientes cada año. Pero más que un museo oficial parece un macabro parque de atracciones, poblado por muñecos que escenifican de modo hiperrealista el sufrimiento de los reclusos, sin dejar casi nada para la imaginación: desde las sesiones de tortura hasta su modelo propio de «jaulas de tigre», trenzado con alambre de espino y cuya escasa altura forzaba a sus internos a encogerse en el suelo.

El único alivio para los combatientes jubilados consiste en que sus guías y traductores les aseguran que todos los verdugos de Côn Son y Phu Quoc eran sudvietnamitas, a quienes los centuriones yanquis encomendaban las tareas más sucias y degradantes. El personal estadounidense se reducía a grupos de asesores militares que, a través del programa de Seguridad Pública, formaban a sus subalternos locales en los métodos de interrogatorio y no llegaban a participar en las torturas, aunque estuvieran presentes para sugerir formas más eficaces. Una actividad legal, dado que los convictos en Phu Quoc no estaban calificados como prisioneros de guerra sino como criminales y, por tanto, no los protegía la Convención de Ginebra. A diferencia de las guerras posteriores en Afganistán e Iraq, donde el Pentágono convertiría a sus tropas en criminales de oficio, los soldados de medio siglo atrás sólo torturaban en casos de urgencia o capricho, aunque siguiendo las instrucciones detalladas en folletos editados y masivamente distribuidos por el Departamento de Estado.

Capítulo III
Nicaragua, de Somoza a Sandino

Centroamérica atravesó una etapa histórica turbulenta durante los años setenta y parte de los ochenta. En Nicaragua, la guerrilla sandinista pagó un alto precio por derrocar a la dictadura hereditaria de Somoza. Los movimientos sociales en El Salvador fueron sofocados por los escuadrones de la muerte, y una durísima represión degeneró en guerra civil. Guatemala explotó en otro conflicto armado entre una insurgencia castrista con tintes indígenas y un ejército que servía de brazo armado a una oligarquía insaciable. La región se convirtió en escenario de constantes pugnas políticas y largos enfrentamientos militares. En ese marco de violencia y terror, el sandinismo significó una luz de esperanza política, una revolución democrática, llena de personajes singulares que parecen hijos del realismo mágico.

Entrevista con Carlos Eddie Monterrey.
El hombre que fusiló a Sandino

Cuarenta y cinco años después de dar la orden de fuego a los soldados que acabaron con la vida del general Augusto César Sandino, el teniente retirado Carlos Eddie Monterrey se presentó ante las autoridades de la revolución para ser detenido e interrogado. Nadie le había pedido cuentas del «encargo» de muerte que le hizo el fundador de la tiránica dinastía de los Somoza. Y nada le hicieron los sandinistas triunfantes. El castigo de Monterrey fue más sordo, largo e implacable: la memoria del mítico dirigente nacionalista asesinado le perseguiría durante toda su vida.

De ademanes nerviosos, delgado y con la boca fina como herida de cuchillo, el viejo militar estaba peleado con los periodistas. Siempre le molestó que le buscaran para repetirle las mismas preguntas: ¿qué opinaba de Sandino?, ¿se arrepentía de haberlo fusilado?, ¿fue él quien le asestó el tiro de gracia? Le irritaba saberse algo más que un simple testigo activo de la historia centroamericana y que le recordasen constantemente que su mano escribió uno de los pasajes más vergonzosos. Pero estaba condenado a hablar una y otra vez de ello. Y lo aceptaba, con gesto de fastidio, refiriéndose a los hechos como su «asunto con Sandino».

Ya habían pasado más de dos años desde la huida del dictador Somoza y la toma del poder por las fuerzas guerrilleras, cuando Monterrey me recibió en su hogar de Managua, una casa modesta en el Plantel de Batahola, pero envidiable para la mayor parte de la empobrecida población nicaragüense[1].

—¿Vive usted tranquilo, aunque todo el mundo sepa lo que hizo? —le pregunté mientras me servía un café.

—Claro que sí —respondió—, porque, poco después del triunfo de la insurrección sandinista, me presenté a las nuevas autoridades, concretamente ante el comandante Tomás Borge[2], por si querían hablar conmigo aunque no me hubieran buscado. Les dije quién era y me tuvieron diez días detenido en el hotel Intercontinental. Naturalmente, me interrogaron sobre el «asunto» de Sandino. Sobre todo les interesaba saber qué se había hecho con sus restos. Pero me trataron bien, sin ningún tipo de coacción ni amenazas. Borge me preguntó por qué no me había ido del país como hicieron tantos somocistas. Le expliqué que yo había preferido quedarme y, si no me culpaban de nada, pedirles un salvoconducto para seguir libremente en mi patria. Borge conocía mi trayectoria y sabía que había roto con Somoza mucho tiempo atrás. Así que me soltaron y no volvieron a molestarme.

Página del diario Pueblo con la entrevista al sicario de Somoza que mató al «general de hombres libres».

Monterrey insistió un buen rato en asegurarme que nada tenía que ver con el depuesto régimen somocista. Que había sido expulsado de la Guardia Nacional, el brazo armado de la dictadura, tras verse condenado en 1953 por un consejo de guerra a cinco años de cárcel, de los que sólo cumplió uno y medio.

—Tachito Somoza pretendió inmiscuirse en la vida del Ejército sólo por ser hijo de su papá —recordó con indisimulado desprecio—, y yo rechacé sus intromisiones. Entonces me acusaron de deslealtad y, sin prueba alguna, de «proposición de conspiración», es decir, de ser un golpista. Lo desmentí y entonces me procesaron por desacato.

De ser cierta aquella vieja historia, que narraba como si hubiera ocurrido sólo pocos días antes, el mayor pecado de Monterrey habría sido la ingenuidad. Porque todo el mundo sabía que Nicaragua era la finca particular de la familia Somoza, y la Guardia Nacional, un arma puesta en manos de quien estaba llamado a heredar la propiedad.

—Pero, don Carlos, si no estoy mal informado, usted fue cónsul del régimen somocista en Nueva York. Y continuó trabajando sin rechistar en la municipalidad de Managua hasta el último día de la tiranía…

—Sí, sí. Pero esos puestos eran otra cosa. Por ejemplo, en el cargo administrativo que tuve en la municipalidad, como «jefe de plantel», me ocupaba de cosas de la construcción.

—Supongo que con el triunfo sandinista perdería su ocupación…

—Pero no me echaron. Me marché por propia iniciativa. Mire, la verdad es que ni este Gobierno me ha dado de comer, ni yo he querido que me diera. Me habría parecido inaceptable, incluso inmoral, después de mi «asunto» con Sandino. Así que ahora vivo de la pensión que me paga el Seguro Social y de lo que gana mi esposa trabajando como negra de una modista.

Lógicamente, Monterrey aseguraba que no se había metido en política desde que le decepcionó el somocismo. Pero todo el mundo conocía la orientación de su familia, como seguidores del «conservadurismo» encarnado por Alfonso Robelo.

—¿No tiene usted miedo de que, en plena euforia revolucionaria, alguien se acuerde de la muerte de Sandino y le meta un par de balas en el cuerpo?

—No. Aunque nunca haya que fiarse de eso que los comunistas llaman «las masas».

—¿Qué le dice la gente, don Carlos? ¿Cómo lo tratan los vecinos de su barrio?

—Yo no permito que nadie me ofenda. Aunque todos conocen el cuento, también saben cómo soy y qué carácter tengo. No estoy acomplejado por aquello ni por ninguna otra cosa. No me considero un asesino. Soy un ciudadano con derecho al respeto de los demás. Y la verdad es que nadie ha venido a gritar frente a mi puerta… aunque les tiren algunas indirectas a mis hijos. En fin, no es que disculpe ni perdone ese comportamiento, pero tengo que aguantarme. Mentiría si le dijera que siento alguna presión que me fastidie.

No hizo falta rememorar los hechos sobre los que íbamos a hablar. Pese al secretismo y la confusión que el régimen somocista mantuvo sobre ellos, habían quedado claramente establecidos. En febrero de 1934, Nicaragua atravesaba por un momento de tensa paz, gracias a un convenio firmado un año antes. Enemigos mortales, el rebelde Sandino, popularmente llamado «el general de hombres libres», y el ambicioso jefe de la Guardia Nacional, Somoza, habían llegado a hacerse una fotografía abrazados y a dedicársela mutuamente. Nadie esperaba la traición que iba a producirse cuando Sandino llegó a Managua y se hospedó en casa del ministro Sofonías Salvatierra. Mantuvo una reunión en la Casa Presidencial, acompañado por los generales insurgentes Francisco Estrada y Juan Pablo Umansor. Salieron pasadas las diez de la noche. Y los tres militares, el ministro Salvatierra y el padre de Sandino quedaron detenidos por la Guardia Nacional. Avisado, el presidente Sacasa intentó hablar con Somoza para liberarlos, pero no fue escuchado. Sandino, Estrada y Umansor fueron trasladados en un camión hasta una finca denominada Los Guacanastes, cerca de la Colonia Tenderí. Allí los fusiló un pelotón de soldados al mando del teniente Carlos Eddie Monterrey. Los cadáveres, desnudos y ultrajados a base de golpes en los testículos, acabaron en una fosa recién abierta por un grupo de presos comunes, a los que también mataron para garantizar el secreto sobre el emplazamiento de la tumba. En la sombra queda, todavía, la siniestra figura del embajador norteamericano Bliss Lane como instigador del asesinato.

—Han pasado cuarenta y siete años desde entonces, don Carlos.

—Sí. Mucho tiempo ya.

—¿Pensó usted alguna vez que sería posible la resurrección del sandinismo y que las ideas del general acabasen triunfando?

—No. Nunca lo imaginé. La verdad es que casi no llegué a conocerlo. Me enfrenté a sus tropas varias veces, pero a él no lo vi hasta el mismo día de su muerte. Y, ya ve usted, me tocó cumplir la orden de matarlo. Pero siempre reconocí que las banderas que él defendía eran muy buenas, porque era un nacionalista honrado. Aunque también cometió errores, como los cometemos todos, como yo mismo cometí fusilándolo. No cabe duda de que fue un guerrillero valiente, como Pancho Villa. Un mito. Pero, según se decía, se trataba de un militar intelectualmente mediocre, que no parecía capacitado para gobernar… aunque hoy otros lo hagan en su nombre, con sus ideas y según los principios que él defendió con las armas en la mano.

El hombre que fusiló a Sandino hablaba de su víctima con respeto. Sus palabras me parecieron sinceras, más allá de las circunstancias políticas del momento, cuando la efigie del líder asesinado se encontraba en casi todos los muros de Managua. Tampoco parecía que aquella muerte atormentase la conciencia de Monterrey. Tal vez consideraba que sólo había sido una de las muchas atrocidades de la larga noche del somocismo. Pero, con el correr de los años, todo —incluso los mayores horrores políticos— se contempla más serenamente. Y la figura del principal dirigente popular nicaragüense brillaba de forma innegable hasta para sus viejos enemigos.

—Matar a Sandino fue una grave equivocación de Somoza —argumentaba Monterrey—, porque sus fuerzas ya estaban derrotadas, él se había entregado y no suponía un peligro político ni militar en aquel momento. Pero sus ideas revolucionarias y su posición nacionalista chocaban frontalmente con las ambiciones personales de Somoza, que lo veía como una posible amenaza en su camino. Por eso decidió que Sandino estaría mejor muerto. Y dio la orden de acabar con él. Yo no habría mandado fusilarlo. No lo habría hecho porque me repugnan los crímenes. Pero me tocó encargarme de que se cumpliera aquella orden con la que no estaba de acuerdo.

—No obstante, usted organizó la ejecución y le dio el tiro de gracia…

—Yo mandé el pelotón de fusilamiento, sí. Pero no disparé contra él, sino al aire, para que abrieran fuego los soldados. Lo de que le di el tiro de gracia es mentira. Porque no fue necesario.

En la primera entrevista que concedió a la prensa[3], Monterrey declaró que disparó apuntando a Sandino. Fue en 1971, con la tiranía somocista firme en el gobierno. Los tiempos habían cambiado tanto como sus recuerdos, lo que podría explicar su contradicción. Se produjo entre nosotros un silencio de varios segundos. Finalmente, mirando al suelo, masculló:

—Yo sólo hice lo que me mandaron. Cumplí las órdenes, como siempre. Como tiene que hacer un militar. Me formaron para obedecer, matar y destruir. ¿Qué militar aprende otra cosa que obedecer, matar y destruir? Es lo fundamental de nuestra instrucción y de nuestra función.

—¿Qué se hizo con los restos mortales de Sandino? Durante mucho tiempo fue un misterio.

—Su cuerpo recibió sepultura junto a su hermano, los generales Umansor y Estrata, y un chico muerto en un tiroteo en el patio de la cárcel de Aviación. Recuerdo que los cadáveres quedaron revueltos, unos sobre otros. Y que los soldados se echaron encima de ellos como zopilotes[4], para disputarse los pocos objetos de valor que llevaban encima. Al general Umansor le quitaron un pañuelo en el que llevaba envueltas algunas joyas, piezas de oro y piedras preciosas. La fosa nunca tuvo señal ni marca algunas, así que nadie sabía con exactitud dónde se encontraba. Catorce años después me llamaron para que indicase el lugar preciso. Entonces, por orden personal de Somoza, se abrió la tumba, se sacó y se quemó lo que quedaba de todos ellos, que era muy poco y confuso, porque habían sido enterrados tal como cayeron en el hoyo, sin ataúdes y en un terreno muy húmedo.

Como si sintiera la necesidad de justificarse políticamente —aunque sin denotar miedo alguno a represalias—, Monterrey acabó el relato proclamándose «un demócrata sincero», aunque «contrario a los ideales comunistas del actual sandinismo»:

—Por eso del «dime con quién andas y te diré quién eres», sospecho que los actuales seguidores de Sandino en el fondo son comunistas, una ideología que aprendí a odiar. Y eso sería un cambio muy importante, casi una traición. Porque el general Sandino nunca fue comunista y se peleó con el salvadoreño Farabundo Martí, que sí lo era.

El contenido de la cafetera se agotó durante aquella larga charla en el hogar de Monterrey, junto a su modesta biblioteca, cuya última adquisición había sido Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Al calor de los libros me habló de que atesoraba un manuscrito de 500 páginas, titulado Sandino y su grupo. Cómo y por qué actuó la Guardia Nacional, en el que había detallado los pormenores del asesinato que le abrió la puerta trasera de la Historia, asegurándole un lugar destacado en las nutridas salas de la infamia.

—Lo escribí hace muchos años. Pero no lo pude publicar porque estaba Somoza en el poder. Ahora podría, pero no quiero hacerlo mientras manden los sandinistas. Así que aún tendrá usted que esperar para leerlo, seguramente hasta después de mi muerte.

Nunca me interesó saber si había llegado a imprimirse.

Los años mágicos de Tipitapa

En el universo político latinoamericano —infectado durante las décadas de los setenta y ochenta por las prisiones infrahumanas, los campos de concentración secretos y los centros de tortura de dictaduras militares—, visitar la cárcel de Tipitapa representaba una experiencia de lo insólito. Construida en 1958 por el fundador de la satrapía de los Somoza, a una veintena de kilómetros de Managua por la carretera de Masaya, sería la primera penitenciaria moderna del país. Durante veintiún años tuvo las pomposas denominaciones de Centro Penal de Rehabilitación Social, Cárcel Modelo y Centro para Reos Rematados, hasta que en 1980 el primer Gobierno revolucionario le dio el nombre del héroe sandinista Jorge Navarro[5]. El triunfo de la revolución reemplazó a los reclusos guerrilleros por sicarios de la tiranía. Pero no sólo cambiaron los inquilinos de sus celdas, sino también las condiciones de encarcelamiento.

Los Somoza, padre e hijos, habían llenado Nicaragua de pequeños y medianos presidios durante los cuarenta años largos que usurparon el poder, utilizando cuarteles y dependencias castrenses e incluso habilitando «mazmorras de urgencia» en los sótanos del palacio presidencial. Y remataron su magna obra represiva con la construcción en Tipitapa del mayor recinto penitenciario del país centroamericano. Centenares de insurgentes sandinistas, calificados como «tiradores de bombas», sufrirían allí las vejaciones que acreditaban la brutalidad de la dictadura. Lo peor se ocultaba en la planta baja del edificio, en sus zonas conocidas como «el infiernillo» y «la chiquita». La primera debía su apelativo al asfixiante calor de sus estancias, carentes de ventilación. Los calabozos de la segunda eran tan pequeños que los reclusos no podían extender los brazos, ni disponían de sitio suficiente para sentarse. Aunque nadie podía penetrar en aquellos infiernos, sus secretos resultaban imposibles de guardar, y todo el mundo sabía lo que ocurría en su interior. Hasta que, de repente, las cosas cambiaron radicalmente.

El tercer Somoza huyó a Miami, dispuesto a disfrutar de un exilio dorado gracias a sus cuantiosos ahorros —que se cifraban en torno a unos mil millones de dólares— amasados mediante el latrocinio estatal. La dictadura se desplomaba irremisiblemente, disuelta en un vergonzante caos final, cuando su titular escapó a bordo de un avión, durante la madrugada del 17 de julio de 1979, fecha popularmente conocida como «el día de la alegría». Menos de 48 horas después, las fuerzas rebeldes hicieron su entrada triunfal en Managua.

(El último monstruo de la saga de tiranos viviría sólo un año más, gracias a la protección de su colega dictatorial Alfredo Stroessner en Paraguay. El 17 de septiembre de 1980 sería asesinado de un bazukazo en el centro de la ciudad de Asunción, cuando circulaba a bordo de su automóvil por la avenida del Generalísimo Franco, acompañado por su asesor financiero. Siete guerrilleros [cuatro hombres y tres mujeres] del argentino Ejército Revolucionario del Pueblo, al mando del comandante Enrique Gorriarán Merlo, ejecutaron con suma precisión la denominada Operación Reptil. Inesperadamente, el atentado sirvió como propaganda de impacto para los automóviles Mercedes, ya que la explosión convirtió la carrocería en un amasijo de hierros retorcidos… ¡pero el motor continuó funcionando! El cuerpo de Somoza quedó hecho trizas y hubo que identificarlo por sus pies. Las pertenencias que llevaba encima resultaron definitorias del carácter del personaje: dos tarjetas de crédito American Express, un cheque de 150.000 dólares, un Rolex de oro macizo y un puñado de medallas religiosas del mismo metal. Sus piltrafas recibirían «cristiana sepultura» en un cementerio de Miami).

Las autoridades sandinistas adoptaron una política penitenciaria insólita, radicalmente opuesta a la pesadilla anterior. Nadie puede negar que, en las horas e incluso jornadas siguientes a su victoria, los triunfadores de la guerra civil cometieron arbitrariedades, que algunos comandantes insurgentes se tomaron la justicia por su mano, ni que las represalias populares incluyeron paredones de fusilamiento. Pero también es cierto que los nuevos gobernantes establecieron rápidamente el imperio de la Ley. Y no se dictó formalmente una sola pena de muerte contra los somocistas. En palabras del panameño Omar Torrijos, «los sandinistas hicieron una revolución con habeas corpus y libertad de prensa». Orgullosos de ello, durante sus primeros años en el poder facilitaron el acceso de periodistas y observadores políticos a los presidios. Así, a primeros de diciembre de 1981, me autorizaron a entrar en Tipitapa y pude moverme durante horas con absoluta libertad por sus instalaciones[6].

—No tenemos nada que ocultar; puedes hablar con los reclusos en sus celdas, en el patio o donde ellos prefieran hacerlo —me aseguró el capitán Raúl Cordón, director general del ente penitenciario.

—¿No teméis que denuncien malos tratos, además de que la visita demuestre que la revolución mantiene hacinados a miles de presos políticos?

Mi pregunta era ingenua. Todos los riesgos estaban calculados. Y los beneficios de la transparencia resultaban evidentes en el contexto de las constantes acusaciones vertidas internacionalmente contra el Frente Sandinista como parte del hostigamiento norteamericano al modelo revolucionario centroamericano.

—No. Hay que admitir que tenemos prisioneros políticos. Se trata de contrarrevolucionarios, partidarios de la tiranía depuesta. Pero todos ellos han sido condenados por tribunales de Justicia, en procesos judiciales con las debidas garantías, tras haber quedado probados los crímenes que cometieron o sus actividades de conspiración. No ha habido represalias contra ellos. Tampoco hay desaparecidos. Los familiares pueden visitarles regularmente y comprobar que sus condiciones de vida son aceptables, sin las arbitrariedades que la dictadura cometía sistemáticamente con sus detenidos. Preferimos que se sepa la verdad. Y que se nos critique cuando sea justo. Por eso el Gobierno decidió que las puertas de presidios y comisarías estuvieran abiertas a la prensa.

Raúl Cordón se jactaba de que lo primero que hicieron las nuevas autoridades en Tipitapa fue «quitar algunos enrejados que parecían excesivos».

—La verdad es que nos pasábamos el día abriendo y cerrando puertas —comentó uno de los carceleros que me hicieron de guías por los pabellones— y que muchos candados obedecían más al miedo de los guardianes que a un riesgo real de fugas.

—Hoy, escapar de aquí carece de sentido —insistió el capitán, con desmesurado optimismo político—, porque antes el pueblo habría ocultado y ayudado a los evadidos, por simpatía a la lucha contra la tiranía. Pero ahora los fugitivos no encontrarían la complicidad de nadie. Al contrario, el pueblo permanece vigilante.

—Las cárceles, como todo el país, viven un momento histórico «mágico» —me había confesado el cura Parrales, ministro de Bienestar Social—, pero la revolución tiene que ser seria. Porque no es un hada inocente con una varita mágica, capaz de solucionar los problemas milagrosamente. Sigue habiendo miseria, corrupción y abusos, en medio del atraso social que nos lastra. Y, por muy buena voluntad que se ponga, la Administración está llena de novatos sin experiencia, sin la formación necesaria. Nos hemos encontrado con formas inesperadas de delincuencia, como, por ejemplo, la «exportación» de niños para ser adoptados en Norteamérica, que alcanzaban altos precios en dólares.

Edgar Francisco Parrales era uno de los muchos sacerdotes católicos llegados al poder desde las filas de la guerrilla y la Teología de la Liberación, como Miguel d’Escoto, ministro de Asuntos Exteriores; Fernando Cardenal, jefe de la campaña de alfabetización; Álvaro Argüello, miembro del Consejo de Estado… Curas radicalmente diferentes a los que se habían pasado décadas oficiando misas solemnes para las cuarenta familias ladronas de la «aristocracia» somocista.

Cerca de tres mil miembros de la Guardia Nacional quemaban en Tipitapa los años de confinamiento de sus condenas. Entre ellos, sin embargo, no estaba ninguno de los jefes y oficiales que les dieron las órdenes de matar o torturar, porque la mayoría no perdió tiempo en formalidades y huyó lo antes que pudo, cuando vio que la dictadura se derrumbaba. Muchos suboficiales y soldados, sobre todo en las regiones fronterizas, siguieron su ejemplo. Aun así, más de seis mil guardias cayeron en poder del Ejército insurgente. Y durante las primeras semanas de la revolución hubo que improvisar lugares seguros donde confinarlos, en cuarteles, comisarías, edificios públicos, naves industriales e incluso dormitorios de caridad. Porque el número de prisioneros saturó los calabozos del país entero, más allá de las penitenciarías de Tipitapa y de la Zona Franca.

—Todo fue tan vertiginoso que algunos somocistas no lograron escapar —recordaba Cordón entre risas mal contenidas—, así que entregaron disciplinadamente sus llaves y se mudaron al otro lado de las rejas.

El hecho de que los antiguos vigilantes somocistas hubieran pasado a ser custodiados por sus propios reos constituía una dulce paradoja, que se completaba cada mañana en las clases de alfabetización que los ex prisioneros sandinistas daban a quienes fueron sus más encarnizados enemigos. «Una revancha poética, y una forma más de lucha revolucionaria», diría Ernesto Cardenal.

Entre los cuatro mil presos políticos que el Gobierno sandinista entonces admitía tener, se encontraba el hombre que violó y ejecutó a la mujer del comandante Tomás Borge. Pero no cumplía condena por aquel crimen, sino por otros muchos. «Porque Borge prohibió que nadie fuera acusado de nada que tuviera que ver con él», me contó Cardenal. «Y cuando se encontró en un presidio con uno de los guardias que le habían torturado, tuvo la gallardía de estrecharle la mano diciéndole que perdonarle era su mejor venganza».

Dos años y medio después, más de la tercera parte de los presos políticos iniciales había recuperado la libertad, ya fueran absueltos por los tribunales especiales de la revolución, indultados o por haber cumplido sus condenas. Los restantes contaban los años, meses o días que aún les quedaban, uniformados con una especie de pijama azul de pantalón corto y muchos «rebajados» del uso de la camisa a causa del calor. Varios centenares ocupaban su tiempo en los talleres del penal, fabricando muebles escolares, cosiendo sábanas e incluso armando juguetes para las cercanas Navidades, dentro de programas de reeducación y redención de penas por el trabajo.

—La mayoría de las cárceles de la tiranía no han podido ser reutilizadas, por inhumanas —aseveraba Mario Sotomayor, destacado combatiente sandinista que había cambiado su profesión de ingeniero por el empleo de subdirector de Prisiones—. Somoza tenía sus cárceles llenas, sí. Pero no sentía la necesidad de construir más, ya que le salía más barato asesinar a sus enemigos. Su policía daba muerte a simples sospechosos, porque era más cómodo y seguro librarse de ellos sin perder tiempo investigando demasiado. Y abandonar sus cuerpos en las cunetas surtía el efecto de una advertencia a cuantos no simpatizaran con la dictadura. Lo ideal sería que los somocistas se reformaran sinceramente, se integraran en la nueva sociedad revolucionaria y fueran útiles para el pueblo; que salieran de aquí y acabasen de cumplir sus condenas en sus propias casas, realizando tareas positivas. Pero desgraciadamente disponemos de muy pocos fondos para trabajar en la reinserción social y no podemos poner en marcha las actividades que serían necesarias.

En un patio techado, tras un frágil enrejado de alambre, cientos de reclusos se mezclaban con sus familiares, disfrutando del reglamentario día de visita. Un encuentro colectivo, compartido en un mismo espacio, pero infinitamente mejor que la frialdad de los clásicos locutorios. Los condenados aprovechaban para recuperar parte de la intimidad familiar perdida, abrazándose largamente con sus esposas, que habían extendido manteles en el suelo para disfrutar de las meriendas que habían traído, y que llevaban en sus ojos las huellas de demasiadas noches de soledad. El bullicio incesante de bandadas de críos que correteaban solos de un lado a otro evidenciaba que muchas parejas se habían refugiado en las habitaciones de los vis a vis para desatar su ternura.

Algunos reclusos se me acercaban, prestándose a la conversación tras pedir que les tomase una fotografía con sus hijos. No era el mejor momento para preguntarles qué crímenes les habían llevado allí. Pero la mayoría quería explicarse. Y enseguida aseguraban que sus actuaciones como miembros de la Guardia Nacional habían sido incruentas. De ser ciertas cuantas historias escuché en Tipitapa, las fuerzas somocistas debieron contar con más cocineros, oficinistas y mecánicos que ningún otro ejército del mundo. Sólo los militares de mayor graduación reconocían haberse manchado las manos en las tareas más sucias de la represión. Y hablaban del «forzoso cumplimiento de órdenes», de la «obligación» de interrogar utilizando la tortura, incluso de la ejecución de «operaciones de castigo» contra la población civil, como «inevitables» consecuencias de la guerra. Es decir, recitaban los mismos argumentos castrenses que he escuchado a lo largo de décadas en distintos lugares del mundo. Pero aquella vez lo hacían mientras acariciaban a sus esposas y besaban a sus hijos, demostrando una vez más que también ellos amaban y eran amados. Y que la dualidad del doctor Jeckyll y míster Hyde se repite en policías y militares de todas las razas y culturas.

Al observarles, me planteé si entre aquellos hombres se encontrarían los instructores castrenses que habían dado clases de tortura a reclutas muy jóvenes utilizando cadáveres. Sus prácticas —planificadas en el Método formativo de la Guardia Nacional— incluían cómo sacar ojos presionando con los dedos pulgares. Lo había revelado un programa oficial para la recuperación de verdugos juveniles e infantiles, que estaba a punto de finalizar, rodeado de silencio desde su inicio.

—No queremos que nadie sepa quiénes son ni dónde se encuentran internados esos chicos, ni siquiera que existen —continuaba Parrales—, porque ello dificultaría gravemente su integración. Piense que tuvimos más de 50.000 muertos, que hubo casos horrorosos de salvajismo y que mucha gente ha quedado con el corazón roto por el dolor.

Las quejas de los reclusos rebotaban en mis oídos: «Estamos hacinados, no tenemos espacio suficiente, la higiene es desastrosa, los insectos y las ratas son auténticas plagas, la comida que nos dan es peor que basura…». Sin temor a represalias, los presos alzaban la voz para protestar por las malas condiciones de vida en el penal, algo que habría supuesto durísimos castigos durante el somocismo.

—En muchas cosas tienen razón —reconocían los sandinistas—. Esta cárcel fue construida para albergar a mil ochocientos reclusos y tenemos cerca de tres mil. Sabemos que las horas de paseo y el espacio para realizarlo no son suficientes. Y que la comida tampoco es gran cosa, con arroz y frijoles como base junto a huevos y leche, con algo de carne o pescado un par de veces por semana. Pero, desde luego, no es peor que la dieta media del pueblo nicaragüense. Ésta es una cárcel de un país muy pobre…

—¡Vente p’acá, Romero! —me llamó a voces el capitán Cordón, que conversaba con un grupo de presos—. Aquí hay uno que quiere denunciar casos de coacciones y amenazas de los guardianes. Yo ya he tomado nota, pero sería bueno que tú también te enterases.

Insólito.

Otra visita me llevó a la penitenciaría de la Zona Franca, también atestada de condenados por «delitos políticos». En una de sus celdas convivían los dos líderes principales del Partido Comunista de Nicaragua —un pequeño grupo escindido del antiguo Partido Socialista Marxista Leninista— con tres miembros del Consejo Nacional de Empresarios, condenados todos por «actividades contrarrevolucionarias», aunque de carácter opuesto. Los comunistas contaban que aprovechaban el encierro para debatir por enésima vez las tesis básicas de Lenin, mientras que los hombres de negocios recordaban las enseñanzas de Milton Friedman y discutían las formas de aplicación de la medicina ultraliberal a las enfermas economías tercermundistas. Escuchándoles, la sonrisa se me hizo irreprimible.

—Que no le extrañe, señor periodista, pero la verdad es que el resultado de esta convivencia forzada es que cada día nos comprendemos mejor entre «marxistas extremos» y liberales radicales.

Benjamín Lanzas, Enrique Dreyfus y Gilberto Cuadra, calificados como «empresarios insensibles y deshonestos», se turnaron en explicarme la esencia de las interminables discusiones que mantenían con sus compañeros de calabozo desde la mañana hasta la noche:

—Nos esforzamos en ser objetivos y no confundir la dimensión de las cosas. Con nosotros se está cometiendo una tremenda injusticia, ya que se nos ha condenado individualmente por lo que fue una posición corporativa de la entidad que representamos. Y nos parece desproporcionado meternos siete meses en la cárcel sólo por haber publicado un documento crítico con la política económica del Gobierno.

Eli Altamirano Pérez, secretario general del PC, afirmó que se sentía coaccionado por la presencia del capitán Cordón en la reunión. Éste se levantó inmediatamente y salió.

—Los comunistas somos el chivo expiatorio de la actual situación política —sentenció Altamirano, airado—. Al Frente Sandinista le viene muy bien presumir de que nos encarcela.

Lo cierto era que aquellos comunistas, anclados en los rancios dogmas soviéticos, no habían brillado durante la larga lucha contra la tiranía somocista. Se incorporaron a la insurrección popular a última hora y siempre mantuvieron posiciones muy críticas sobre el Frente Sandinista, al que consideraban «un caso de promiscuidad ideológica por la mezcla en su seno de cristianos, socialdemócratas y marxistas, junto a nacionalistas pequeñoburgueses e incluso capitalistas».

En la calma forzosa de la prisión, donde el tiempo se detiene, los empresarios expresaban su temor a perder el tren del futuro bajo un régimen que había decidido poner coto a una libertad de empresa que ellos defendían como valor absoluto, sin reparar en costes sociales. Y los comunistas se quejaban de su impotencia política en un momento histórico, lamentando que su rumbo no siguiera las pautas prefijadas por Moscú. No les faltaba razón a unos y a otros. Porque la difícil alianza de sectores sociales tradicionalmente enfrentados, que había hecho posible el desmantelamiento del somocismo, crujía cada día, se resquebrajaba y amenazaba con saltar en pedazos: mantener la unidad estratégica era más que difícil entre finqueros privilegiados y campesinos empobrecidos, obreros malpagados y empresarios ambiciosos, burgueses de talante democrático y revolucionarios alzados en armas.

—La economía mixta que predica el Frente Sandinista no es más que una confusa amalgama del Estado con el sector privado —opinaba el célebre «ingeniero Robelo», ex miembro de la Junta de Gobierno convertido de la noche al día en principal figura de la oposición de derecha nicaragüense—. La nacionalización de absolutamente todas las propiedades de los somocistas ha producido el absurdo de que la Administración pública tenga que ocuparse al mismo tiempo de gestionar las líneas aéreas y muchas peluquerías, pequeños talleres y las minas de oro, importantes medios de comunicación y minúsculas pulperías…

Era una discusión digna de las aulas de la Facultad de Economía. Y un debate cotidiano que se repetía a diario en centenares de rincones del país. Lo curioso era que se celebrara entre enemigos jurados y tras las rejas.

—Lo cierto es que nuestra revolución está un poco loca, pero ya habrás visto que hacemos realidad lo que el comandante Tomás Borge dijo sobre que siguiéramos nuestro propio camino y que fuéramos generosos con los vencidos —reflexionaría Cordón mientras regresábamos a Managua en su coche.

Con nosotros viajaría un preso, elegantemente vestido, autorizado sin papeleo alguno a salir de la cárcel. Se trataba de Carlos García, la «máxima autoridad» nicaragüense en materia de béisbol, encarcelado por sus actividades contrarrevolucionarias pero invitado personal del director del sistema penitenciario para asistir junto a él a un partido de la selección nacional contra la de China.

—Para corresponder, espero que me invites a una copa —bromeó el capitán.

—El caso es que no tengo dinero —respondió García.

—Bueno, pues pagaré yo. Pero la próxima vez te tocará a ti…

Enemigos políticos.

(El ambiente mágico de Tipitapa se desvaneció al mismo tiempo que los ideales sandinistas. En los últimos años, rota la revolución y sometida Nicaragua a la deriva autoritaria de Daniel Ortega, la Cárcel Modelo ha vuelto a ser el infierno de sus peores tiempos. Sumamente deteriorada, pese a las obras de ampliación realizadas, ha sido objeto de condenas repetidas por organizaciones de derechos humanos por el hacinamiento, las pésimas condiciones higiénicas, la falta de seguridad y el ambiente de violencia que sufren los reclusos. Si la gestión política del presidio es muy distinta a la de cuarenta años atrás, su población penal también ha cambiado radicalmente. Con una mayoría de reos por narcotráfico, la voluntad de sus bandas organizadas se impone con extrema violencia en celdas y galerías, que han sido escenario de protestas y motines duramente reprimidos. La insólita experiencia de unas prisiones con trato humano, en un momento de sueños revolucionarios, forma parte del enorme desengaño vivido en América Central).

El pequeño héroe sandinista

Uno de los hospicios que albergaba huérfanos de la guerra y servía como centro de reeducación de jovencísimos reclutas somocistas llevaba como nombre el apodo de una de las más vibrantes leyendas de la revolución: La Mascota. Me contó su historia Danilo Aguirre, periodista de raza, en una de nuestras muchas veladas en su casa de Managua[7].

—La Mascota era como llamaban las gentes a un ñajo conocido en la vecindad del mercado central de Managua por su participación en las luchas sandinistas —me dijo Danilo, cuya memoria estaba llena de personajes trágicos, tiernos, ejemplares, que componían un escalofriante mosaico humano de la revolución—. Su muerte lo convirtió en un auténtico mito popular. De él se narraba una docena de historias diferentes. Pero nadie sabía su verdadero nombre ni le conocía familia alguna. Tendría unos ocho o diez años cuando llegó desde la comunidad de Monimbó, en el departamento de Masaya. Encontró refugio en el mercado y vivía de lo que los vendedores le obsequiaban. Allá por septiembre de 1978, en plena insurrección popular, se incorporó a la lucha. Al principio actuaba como espía de las tropas somocistas, servía de correo a los guerrilleros, incluso les suministraba bombas de contacto que transportaba en un capazo de mimbre. Conocía de memoria todos los tejados de la zona y se movía por ellos como un gato. Finalmente consiguió un revólver del 38 y empezó a entrar en comercios y tabernas, exigiendo a punta de pistola que sus propietarios respetasen el control de los precios y que no explotasen a sus trabajadores. La Guardia Nacional lo buscó con saña. Un día capturaron a un niño que se le parecía y le dieron muerte. Al parecer, su padre buscó venganza delatando a La Mascota. Los soldados entraron por la noche en el mercado y lo encontraron, dormido dentro de una caja de cartón. Lo atravesaron con las bayonetas y, para asegurarse, cosieron a tiros el cadáver.

Pocos meses después lo identificaron, a base de trenzar informaciones y testimonios de quienes lo conocieron. Se supo que se llamaba Manuel de Jesús Rivera y —aunque nunca se averiguó su edad— había nacido en los cafetales de la meseta de Diriamba, hijo de una humilde recolectora. Y también que desde muy pequeño había ayudado a su madre llenando cestos de granos, descargando camiones o limpiando zapatos. Se le atribuyó la destrucción de un vehículo de la Guardia Nacional, que habría hecho arder con un bote de gasolina. Testigos de su muerte confirmaron que fue ametrallado en su dormitorio de cartón y que uno de los camiones recolectores de basura llevó su cuerpo al Comando Jefe de la Guardia Nacional en la municipalidad. Su madre lo reclamó y las autoridades tardaron ocho días en entregárselo, exigiendo que fuese enterrado en secreto sin asistencia de familiar alguno. Al embalsamarlo, contaron 47 orificios de bala. Y lo sepultaron con el pequeño trapo rojo y negro —los colores sandinistas— que aún tenía anudado en su brazo izquierdo.

Algún tiempo después se organizó un homenaje a su figura en Diriamba, presidido por Tomás Borge, al que asistieron todos los Niños Exploradores de Nicaragua, la organización política de pioneros sandinistas. Y el 17 de julio de 1982 se puso su nombre al hospital infantil de referencia en el país. Desde entonces se han repetido cada año los actos en memoria de La Mascota.

Torturadores de exportación

Durante los siete años que su última dictadura militar se mantuvo en el poder, Argentina no sólo exportó toneladas de carne de primera calidad, sino también docenas de acreditados carniceros, titulados en contrainsurgencia por las academias militares norteamericanas, que revalidaban sus diplomas en ciencias de la represión mediante ejercicios prácticos en distintos países necesitados de sicarios. Por ejemplo, en los turbulentos escenarios políticos de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, varias promociones de centuriones argentinos encontraron el laburo soñado, tras haber servido como maestros de sus colegas bolivianos.

«Ponga un toque profesional en sus cuarteles» podría haber sido el lema publicitario para vender la asistencia militar ofertada por el Gobierno de Buenos Aires e impulsada desde Washington. «Estamos dispuestos a echar una mano a las autoridades de El Salvador en cuanto nos lo soliciten», declaró en abril de 1981 el general Vaquero, jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, durante una visita oficial a Guatemala, país al que llegó acompañado por ocho oficiales que no hicieron el viaje de vuelta. No sólo estaban «dispuestos», sino que parecía que lo estuvieran deseando. Entonces los asesores castrenses de la Junta Militar presidida por el general Viola ya desempeñaban sus malos oficios en El Salvador, donde los periodistas comprobamos la presencia de dos criminales porteños tan conocidos como Antonio González de Langarica y Luis Federico Sabatini. El primero, a quien sus escasos amigos llamaban el Tony, había ganado fama actuando como infiltrado en el movimiento Montoneros y acabó interpretando de modo brillante el papel de guerrillero arrepentido. El segundo, un fascista apodado Freddy, había destacado como pistolero del Ministerio de Bienestar Social de José López Rega, bajo las órdenes de Julio Casanova y del general Otto Paladino.

En la misma época actuaban en Honduras numerosos asesinos profesionales argentinos, que emigraron en busca de nuevas oportunidades laborales, faltos ya de personal al que torturar y suprimir en su propia patria. Los militones de Buenos Aires habían hecho alarde de generosidad concediendo veinticinco millones de dólares para gastos castrenses a sus colegas hondureños. Y acaso con esos mismos fondos se estuviesen pagando los salarios de las dos docenas de oficiales argentinos allí destacados, que colaboraban con una legión de antiguos miembros de la Guardia Nacional somocista en las conspiraciones cotidianas contra el régimen sandinista. Por último, los tentáculos de la Junta Militar habían llegado también a Costa Rica, a través de la financiación de un grupo de mercenarios nicaragüenses que se dio a conocer mediante un asalto armado a la emisora Radionoticias del Continente —en la que trabajaba un grupo de exiliados del Cono Sur— para forzar su cierre.

Los exorcistas y los cómplices

Con los cuarteles de América Central habitados por los peores diablos militares, un amplio sector de la Iglesia católica se enfrentó a las tiranías de Nicaragua, Guatemala y El Salvador[8]. Como exorcistas mayores oficiaron algunos obispos valientes, entre los que destacó monseñor Óscar Arnulfo Romero, prelado de San Salvador. Su voz, denunciando la violencia institucional y los crímenes militares, encontró un eco profundo en los púlpitos y oficinas de centenares de parroquias a lo largo y ancho del istmo. Muchos sacerdotes, militantes de la llamada Teología de la Liberación, extremaron su compromiso político hasta convertirse en agitadores revolucionarios y empuñar las armas junto a las fuerzas insurgentes. Era «otra Iglesia», diferenciada de la «oficial» que —gobernada con cinismo desde Roma— tradicionalmente bendecía a las oligarquías en el poder. Las misas de determinados obispos, incluso los oficios rutinarios en las parroquias obreras y campesinas más significadas, constituían actos políticos arriesgados que se enmarcaban en los enfrentamientos constantes de la insurrección popular y la represión militar.

—La Iglesia local tomó partido por los pobres de modo irrenunciable —me explicaría años después Jon Sobrino, durante una de nuestras charlas en San Salvador—. Fue una cuestión de conciencia cristiana, y tampoco cabía otra posición ética ante la situación social. Porque entre los pobres es donde se encuentra la verdad humana, a pesar de que tengan a todos los poderes en contra. Volcarse en su apoyo tiene que ser automático, ya vendrán luego las teorías políticas que sean. La Iglesia lo hizo y fue perseguida por ello. La extrema derecha gritaba en las calles «Haga patria, mate a un cura». Algo lamentable. Pero monseñor Romero me dijo que se alegraba de esa persecución, porque habría sido muy triste que en un país donde golpeaban a quienes pedían justicia no hubiera también muertos entre los sacerdotes.

Los centuriones de El Salvador no vacilaron en el empeño de exterminar a una izquierda que osaba desafiarlos empuñando las armas, con la pretensión de impedir que todas las riquezas del país siguieran en las manos de sólo catorce familias, cinco de las cuales poseían el 80 por 100 de las tierras cultivables. El cambio de posición de la Iglesia acabó con la antigua complicidad «entre el trono y el altar» y convirtió a los sacerdotes en enemigos que abatir. El primero que cayó fue el padre Rutilio Grande, en 1977. Y tres años más tarde, dentro de una ola de violencia represiva que causó 1.468 víctimas mortales en los cuatro primeros meses de 1980[9], sería asesinado monseñor Óscar Arnulfo Romero[10]. Tácitamente desautorizado y desamparado por el Vaticano, murió sólo un día después de haber exigido durante una misa que los militares dejaran de matar. Estas fueron las palabras de su último exorcismo a los demonios castrenses: «Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, ¡cesen la represión!». Una bala, disparada por un suboficial del Ejército[11], selló definitivamente sus labios, instantes antes de la consagración en la misa que decía en la capilla del hospital Divina Providencia[12]. Su sucesor, monseñor Arturo Rivera y Damas, mantuvo la misma línea ideológica, aunque con mayor prudencia, en las que se denominaron «homilías del miedo».

La violencia castrense causaría más víctimas en el seno de la Iglesia a lo largo de los años siguientes. El mayor escándalo se produjo al amanecer del 16 de noviembre de 1989, cuando efectivos del batallón contrainsurgente Atlacatl, fingiendo un enfrentamiento con la guerrilla, atacaron el recinto de la Universidad Centroamericana (UCA). Tras simular un tiroteo, detuvieron a los seis jesuitas —cinco de ellos, españoles— que allí residían. Y fusilaron al rector, el padre Ignacio Ellacuría, y a los profesores Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín María López, Ramón Moreno y Amando López. Gracias a encontrarse ausente, Jon Sobrino fue el único superviviente del grupo de curas que convirtió la Universidad Centroamericana en uno de los ejes más activos de la conciencia nacional de El Salvador[13].

Los soldados hicieron falsas pintadas revolucionarias y robaron cinco mil dólares. La matanza quedó largo tiempo impune, aunque la autoría y los motivos de la barbarie estuvieran siempre claros. Porque los militares creyeron haber dado muerte a cuantos se encontraban en la Universidad, sin saber que una trabajadora del centro se había refugiado en el recinto junto a su marido y a una hija de ambos, huyendo de otros combates en su barriada. Así, Lucía Barrera y Jorge Cerna se convirtieron en testigos de aquellas muertes. Con ayuda de organizaciones humanitarias, lograron salir del país y encontrar asilo en Estados Unidos. En marzo de 2009[14] los visité en su casa, cerca de San Francisco, y pude escuchar de sus bocas el relato que repetirían tiempo después en Madrid, ante la Audiencia Nacional[15]:

—Aquella mañana vimos los cadáveres de los cinco sacerdotes, tirados en el jardín. Pero nos dimos cuenta de que los asesinaron dentro de la casa. Porque en las habitaciones quedaron boquetes de muchos disparos, sangre, pedazos de cueros cabelludos y sesos pegados en las paredes.

En otra tarde con Jon Sobrino, nuestra conversación, como siempre, iba y volvía en torno a lo divino y a lo humano y, cuando hablamos de la falta de empatía de la jerarquía vaticana con la «Iglesia de los pobres», recordé la irritación y la vergüenza ajena que me había producido, años atrás, la dura imagen del papa polaco en el aeropuerto de Managua, con el índice extendido en gesto de reproche sobre la cabeza de Ernesto Cardenal —entonces ministro de Cultura del Gobierno sandinista—, que aceptaba la reprimenda arrodillado. Fue la humillación pública de un cura de izquierdas por haberse metido en política soñando un mundo más justo. Un gesto definitorio de la severidad vaticana frente a la Iglesia más comprometida con los pobres. Sobrino me respondió que guardaba otra fotografía de Juan Pablo II que le había contrariado aún más. Y me la mostró con amargura, expuesta en el pequeño museo de la UCA que rememora el asesinato de sus compañeros jesuitas. La imagen mostraba el insólito abrazo de un papa a un demonio: el instante en que un Wojtyla sonriente estrechaba cordialmente la mano del mayor Roberto D’Abuisson, considerado como autor intelectual del atentado que acabó con monseñor Romero y organizador de los escuadrones de la muerte que habían sembrado el terror en El Salvador. Ocurrió durante la visita de Su Santidad al pequeño infierno centroamericano en marzo de 1983. El criminal uniformado, reconvertido en político democrático, recibía como presidente de la Asamblea Constituyente al jefe del Estado Vaticano. No hubo exorcismo sino contubernio. Años después, D’Abuisson moriría en la cama, sin que le faltasen el consuelo espiritual y la bendición de un sacerdote como salvoconductos para un improbable cielo donde curas como Ernesto Cardenal o Jon Sobrino tendrían prohibida la entrada.

El asesinato más aplaudido

No se conoce una dictadura derrocada por ángeles, una insurrección sin violencia, ni una revolución que triunfara sin mancharse con la sangre de sus enemigos. Nicaragua no fue una excepción. La guerrilla sandinista, pese a sus ideales humanistas, cometió crímenes. Y también ofreció perfiles de extrema dureza a lo largo de su enfrentamiento con la tiranía somocista. A los dirigentes del FSLN no les tembló el pulso a la hora de ordenar actos despiadados, y sus combatientes tampoco vacilaron cuando tuvieron que cometerlos, aunque finalmente prevalecieran su «razón histórica» y su imagen de nobleza democrática.

Acaso el más celebrado de los asesinatos políticos cometidos por los sandinistas fuera el del general Reynaldo Pérez Vega, cuya muerte cimentó una de las leyendas de la revolución, un mito muchas veces comparado al de Judith y Holofernes por los cronistas de la guerra civil nicaragüense.

Apodado el Perro, Pérez Vega era jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la dictadura. Amigo íntimo y estrecho colaborador político de Anastasio Somoza, se había ganado una terrible fama como responsable de la represión desde su puesto de comandante adjunto de los siete mil hombres de la Guardia Nacional que se encargaban de secuestrar, torturar y asesinar a los opositores políticos. Sabiéndose una de las personalidades más odiadas del régimen, alardeaba del poder que le daba ser el principal interlocutor de la CIA en Nicaragua, y se reconocía instigador de matanzas como las de Las Sabogales y la comunidad indígena de Monimbó, en Masaya[16], o las causadas por la Operación Veloz para «limpiar» la frontera con Honduras aniquilando a todo campesino sospechoso de simpatizar con la guerrilla.

El 28 de marzo de 1978, la policía encontró el cadáver ensangrentado de Reynaldo Pérez Vega, desnudo y envuelto en la bandera sandinista, en el dormitorio de una vivienda de Managua. Los agentes tardaron en entrar y levantar el cuerpo, temiendo encontrarse ante una trampa con explosivos, lo que dio tiempo para escapar a los autores del asesinato. La prensa oficial contó que los guerrilleros se habían ensañado con el Perro, propinándole varios tiros en la cabeza y cuchilladas por todo el cuerpo, además de castrarlo, sacarle los ojos y cortarle la lengua. Era falso. Pero el Gobierno no podía permitir que se contara la verdad, que dejaba malparado al célebre militar, y optó por la propaganda.

Pérez Vega debió de haber sospechado lo que le esperaba aquella noche cuando acudió a un encuentro que llevaba mucho tiempo deseando, dado que disponía de toda la información generada por los servicios de inteligencia del Estado y por la CIA. Su perdición fue el desmesurado impulso sexual que le llevaba a acosar a sus propias subordinadas. Desde semanas atrás estaba encaprichado de Nora Astorga Jenkins, una hermosa abogada corporativa de Asovip, empresa de construcción en cuyos negocios participaba el general. De clase acomodada, hija y nieta de militares somocistas, dos veces madre y divorciada, la letrada no ofrecía motivos para la desconfianza política. Y el Perro no supo ver en ella más que a una «hembra espectacular», de las que le encandilaban: veintiocho años, alta y delgada, ojos grandes, pelo negro, desenvuelta, elegante y con modales de atractiva coquetería. Su cita con ella era uno de los muchos «asuntos de faldas» en que el general estaba continuamente envuelto, y no creyó necesario pedir referencias a sus servicios de información, o éstos no fueron capaces de dárselas correctamente. Porque Nora nunca había ocultado sus discrepancias con el somocismo de su familia. Estudió Sociología en la Catholic University of America de Washington y, al regresar a Nicaragua, se vinculó al sandinismo, llegando a servir de correo de la guerrilla mientras estudiaba Derecho en la Universidad Centroamericana de Managua. Incluso participó en la creación de una red de domicilios seguros para los integrantes de comandos revolucionarios.

Astorga informó al FMLN de la insistencia con que Vega la cortejaba, planteando la posibilidad de utilizar aquel acoso para secuestrarlo. La dirección sandinista lo consideró una buena idea y pensó que podría negociar su canje a cambio de la libertad de más de 60 presos políticos, la obtención de salvoconductos para los asilados en las embajadas de México, Costa Rica y Venezuela, la retirada de las tropas de la Guardia Nacional que castigaban duramente el norte del país, e incluso el pago de una importante cantidad de dinero para los huérfanos de Monimbó. La operación se preparó cuidadosamente. Y, cuando todo estuvo listo, la abogada aceptó las proposiciones galantes del centurión. Llamó a las oficinas del Ejército y le dejó el recado de que quería verlo. Reynaldo Pérez Vega volvió inmediatamente a Managua desde la zona de combates en el norte del país y la llamó esa misma tarde. Nora le contó que había mandado a sus hijas de seis y dos años a pasar la noche con unos familiares y que le esperaba impaciente en su casa del barrio de Altamira. Pero le pidió que fuera discreto y prescindiera de su escolta para no llamar la atención de los vecinos.

Vega llegó dispuesto a meterse directamente en la cama. Ya estaba desnudo cuando tres miembros del comando Camilo Ortega surgieron a una de sus escondites en otras habitaciones. El general presentó más resistencia de la esperada, gritó pidiendo auxilio al chófer que le esperaba en la puerta, pugnó y logró hacerse con su pistola. Nora se la arrebató. Lo aturdieron con un golpe en la cabeza y le inyectaron un anestésico para mantenerlo dormido durante el secuestro. Pero vieron por la ventana que el coche del militar arrancaba a toda velocidad, seguramente en busca de ayuda. Entonces, ante el riesgo que implicaba llevárselo, tomaron la decisión de matarlo seccionándole la garganta con un machete y huyeron.

—Creo que fue lo mejor —explicaría luego Nora—, después de todo era un torturador, un tipo que ya no podía ser llamado humano. A veces me pregunto por qué no tuve sentimientos de culpa y cómo pude asimilar una cosa tan fuerte. Creo que fue por tres razones. Primera, porque el operativo no se pensó para matarlo sino para secuestrarlo. Segunda, porque no estuve presente en el instante que murió. Tercera, porque él representaba la represión y era realmente un monstruo. Entendí su muerte como parte de la lucha por la liberación.

Nora Astorga, que estaba embarazada, fue conducida a un campamento guerrillero en las montañas. No regresó a Managua hasta que cayó Somoza, en julio de 1979. Volvió a enamorarse, tuvo otros dos hijos e hizo una brillante carrera política. Fue viceministra de Justicia y responsable económica del nuevo Ejército de Nicaragua. Pero enseguida se encargó de la Fiscalía especial para los juicios a que fueron sometidos los integrantes de la Guardia Nacional. Después volvió al Gobierno como viceministra de Relaciones Exteriores en 1984 y embajadora en la ONU en 1986, puesto que ocupó hasta que regresó a Managua enferma de cáncer para morir en febrero de 1988 a los 39 años de edad[17].

Tras la victoria sandinista quedó abolida la pena de muerte y en la Nicaragua revolucionaria no hubo paredones, paseos, ni ajustes de cuentas sangrientos. Eso sí, los jueces trabajaron a destajo. Por las manos de Nora, durante sus cinco años al frente de la Fiscalía, pasaron alrededor de seis mil casos de somocistas acusados de crímenes cometidos durante la represión. No fue una tarea fácil. Unos 1.300 quedaron en libertad sin la intervención de los tribunales. Muchos se beneficiaron de indultos por razones médicas o familiares. La mayoría de los procesados afrontó sentencias en torno a cinco años de prisión. Y los reos condenados a los 30 años fijados como pena máxima fueron menos del 15 por 100 del total.

—Fue una época muy dura, entre lo que sentías y lo que debías hacer —confesó Nora[18]—. Yo leía los expedientes de los guardias y veía claramente los crímenes que habían cometido, pero también tenía presentes a las familias de esos guardias. Los de bajo rango eran gente muy pobre. Y llegaban las mujeres, con su panza y sus chavales desnutridos, a pedirme clemencia. Recuerdo a una señora embarazada que durante un mes se pasó todas las mañanas a la entrada de mi oficina, con su embarazo y un muchachito, sin decirme nada. Y su marido estaba bien pegado, era responsable de crímenes. Yo buscaba alternativas y fui a su barrio para que la ayudaran económicamente. Pero remití el caso a los tribunales, lo acusé y lo condenaron.

La actuación de la fiscal especial contra los somocistas fue jurídica y humanamente irreprochable. Pero no hizo olvidar su implicación en la muerte de Reynaldo Pérez Vega. Tampoco contribuyó a ello la constante repetición de los argumentos que la dirección sandinista dio poco después del asesinato, tratando de justificarlo[19]:

—Son las fuerzas represivas somocistas las que han puesto las reglas del juego degollando, castrando, torturando hasta matar, asesinando a niños indefensos, culateando a mujeres, secuestrando a testigos de sus barbaridades. Y son los mismos que hicieron desaparecer a más de 350 familias campesinas en el norte de Nicaragua. Es normal que mueran sujetos como Pérez Vega. La guerra exige ese tipo de acciones. A la violencia reaccionaria hay que responder así. Somos una organización revolucionaria y actuamos como un ejército. No queremos entrar en la dinámica del ojo por ojo. Ellos cogieron a nuestro comandante Camilo Ortega, lo torturaron y lo castraron, en vez de apresarlo y enjuiciarlo. Si el Ejército no actúa de acuerdo con normas humanitarias y de guerra con nuestros militantes, responderemos en la misma forma.

El fantasma del general se apareció muchas veces a lo largo de la vida de Nora Astorga. La más notoria en 1984, cuando Estados Unidos rechazó su nombramiento como embajadora en Washington por su «pasado criminal». No, los sandinistas no fueron ángeles, aunque sus tropas nunca emulasen el salvajismo sistemático con que la Guardia Nacional somocista se esforzó en crear y extender un terror que paralizara a la población nicaragüense. El Estado, aún sometido enteramente a la voluntad del dictador, disponía de instrumentos jurídicos para castigar a los insurgentes y revestir de «legalidad» los crímenes de la represión. La guerrilla, que carecía de ellos por su propia naturaleza, estaba condenada a confundir los actos de venganza con los de justicia cuando la lucha revolucionaria imponía el recurso a la violencia más allá de su despliegue en los frentes de combate. Y la sangre del general Pérez Vega representó siempre una mancha imborrable sobre la figura histórica de Nora como heroína popular, prestándole un inmerecido halo de frialdad.

Capítulo IV
Camboya: la utopía sangrienta

Camboya vivió el periodo más oscuro de su historia durante la revolución enloquecida de los Jemeres Rojos, tras haber sido sometida a una profunda devastación bélica. Sufrió, primero, la extensión a su territorio de los combates en Vietnam, con masivos bombardeos norteamericanos que destrozaron sus débiles infraestructuras. Después, una guerra civil acabó de sumirla en el caos. Finalmente, tras la victoria de los Jemeres Rojos, los cuarenta y cuatro meses de Pol Pot en el poder la convirtieron en un enorme campo de exterminio. El régimen de Kampuchea Democrática pretendió llevar a la práctica una utopía alienada, basada en las tesis más radicales de Mao, que ni siquiera se aplicaron en China durante la revolución cultural. Intentó una autarquía radical, basada en una elemental economía agraria, con la población confinada en comunas agrarias, bajo un régimen de trabajos forzados. Y organizó el exterminio sistemático de científicos e intelectuales, con la pretensión de crear una nueva sociedad basada en la pureza de los campesinos analfabetos.

Entrevista con Prak Khan.
La obligación de esmerarse en la tortura

Prak Khan destacó como uno de los torturadores más impasibles entre los interrogadores del S-21, el principal centro de la represión desatada en Camboya por Pol Pot, en cuyo recinto —la antigua escuela de Toul Sleng— desaparecieron más de 14.000 presos políticos durante los tres años largos que duró el enloquecido régimen de los Jemeres Rojos. Campesino, militante revolucionario y combatiente en la guerra civil camboyana, Khan acabó convertido en ejecutor ejemplar de crímenes de Estado.

—Mi tarea consistía en interrogar a los prisioneros y torturarlos, pero sin matarlos —nos confesó—. Básicamente, yo me encargaba de golpearlos, clavarles pinchos debajo de las uñas, arrancárselas con tenazas, etcétera. De matarlos se ocupaba otro departamento. Casi todos llegaban llorando y juraban que eran inocentes. Sospechaban que acabarían siendo ejecutados, pero yo les aseguraba que, si respondían a mis preguntas, se les permitiría regresar a sus comunas. Así los tranquilizaba, mintiéndoles, para poder interrogarlos mejor. Pero, en el fondo, ellos sabían que morirían. Y murieron todos excepto cinco, cuyo trabajo nos era especialmente útil.

Tras la caída de Pol Pot, Prak Khan volvió a su oficio de agricultor y no tardó en casarse, sin que nadie le exigiera una rendición de cuentas. Desde entonces vive humildemente con su esposa y sus cinco hijos en la aldea de Takeo, al sur de Phnom Penh, tratando de olvidar un sucio pasado que todos sus vecinos conocen, aunque jamás se lo mencionen. Nos presentamos una tarde en su casa, sin avisarle, y nos recibió cordialmente. Suponía lo que le íbamos a preguntar, pero aceptó resignadamente la entrevista, como si formara parte de su proceso íntimo de redención. Tan sólo pidió que nos trasladásemos a otro lugar, lejos de las miradas de quienes compartían su vida cotidiana.

Prak Kahn, verdugo de los Jemeres Rojos, que aprendió a no sentir ni pensar, se esfuerza en no recordar.

Sentado en la tradicional alfombra camboyana, en la granja de un viejo amigo, Prak Khan se esforzaría a lo largo de una hora en describir ante la cámara de Jesús Mata la parte más dura de su existencia, los años atroces que habría preferido no vivir[1]. Extremadamente tenso, con los ojos vidriosos, su semblante denotaba un dolor viejo y profundo. Pero en ningún momento perdió el control de sus emociones. Incapaz de reconocer en su pasado otro sentimiento más fuerte que el miedo a morir, el hieratismo característico de los campesinos camboyanos le hacía parecer un hombre de mármol. Antes de que le formuláramos pregunta alguna, esbozó una autojustificación que seguramente llevaba años repitiendo como un mantra esencial en su vida:

—Entonces yo era muy joven. Sólo tenía 20 años cuando nuestros jefes dieron la orden de matar a todos los que no fueran puros e íntegros. En la prisión de Toul Sleng trabajábamos 30 investigadores y sólo yo quedé con vida. Los otros acabaron ejecutados, como sospechosos de no mantenerse totalmente fieles al Gobierno. Yo pasaba mucho miedo y no podía dormir. Porque veía cómo detenían y asesinaban no sólo a los enemigos sino también a mis propios compañeros, acusados de no interrogar bien a los presos y de no torturarlos correctamente. Y nunca sabía si el próximo eliminado sería yo. Por eso no tuve más remedio que obedecer, por terribles que fueran las órdenes que me dieran, y esmerarme al máximo en mi trabajo.

Cuando fue destinado al S-21, Khan no sabía en qué iba a consistir su misión. Ser escogido para trabajar en Toul Sleng representaba un gran honor político. Suponía gozar de la máxima confianza del Partido Comunista de Kampuchea, ya que se trataba de un lugar de máxima seguridad sujeto al mayor secreto, donde se interrogaba a los oponentes políticos acusados de sabotaje. Prak Kahn estaba tan orgulloso de su designación como seguro de merecerla. Su estrato social de origen era el campesinado más pobre, es decir, la «categoría privilegiada» según el catecismo maoísta de Pol Pot, de la que habría de surgir el «hombre nuevo» creado por la revolución. Además, se había unido temprano a las milicias de los Jemeres Rojos, en 1972. Y, apenas completada la instrucción militar, destacó por su valor en los duros combates librados por la División 703, incluso en el asalto final a Phnom Penh. Todo ello le valió la recompensa de un puesto de guardián en Toul Sleng. Y pocos meses después, a finales de 1976, fue ascendido a interrogador político.

—Me enseñaron la forma de obtener respuestas y confesiones de los prisioneros —explicó—. Aprendí a usar las técnicas psicológicas adecuadas para conseguirlo. Y, por si no dieran resultado, también me entrenaron para torturar a los detenidos de distintas formas, empleando golpes en zonas precisas, aplicándoles corriente eléctrica en los genitales, mediante la colocación de bolsas de plástico en sus cabezas para provocarles asfixia… Se trataba de causarles un sufrimiento intenso, con la finalidad de aterrorizarlos, hasta quebrar su voluntad y conseguir que dijeran lo que queríamos. Me insistieron en que nunca torturase para descargar mi propia furia y en que tuviera cuidado de que ningún prisionero muriese antes de haber confesado, porque en ese caso habríamos perdido el tiempo. Teníamos que examinar su estado de salud, andarnos con cuidado y no apresurarnos demasiado. Tampoco podíamos torturar por iniciativa propia, antes de que nos lo ordenasen. Me tuvieron unos dos meses contemplando sesiones de interrogatorios, para que aprendiera y me acostumbrara, antes de autorizarme a hacerlo. Y cada mes asistía a sesiones de perfeccionamiento con clases teóricas y prácticas.

—¿Nunca se apiadó de las personas que interrogaba?

—Si lo hubiera hecho en vez de torturarlos a fondo, yo también habría sido ejecutado —insistió—. Algunos detenidos me suplicaban que les ayudara, pero aprendí a no pensar ni sentir. Tenía la sangre caliente, pero obedecía ciegamente. Nos decían que debíamos aniquilar al enemigo, hasta que no quedara rastro de él. Y yo cumplía las órdenes. Ahora no comprendo cómo pude actuar con tanta crueldad y me avergüenzo de mí mismo.

—¿Hubo presos que opusieran resistencia?

—Eso era imposible. Hasta tenían severamente prohibido hacer ruido, hablar alto, maldecir y gritar consignas. Ni siquiera se toleraba que gritaran de dolor mientras eran torturados. Varios detenidos intentaron suicidarse. Algunos se rociaron con el keroseno de las lámparas para quemarse vivos. Otro utilizó el bolígrafo con que escribía su confesión para matarse, clavándoselo en la garganta.

—¿Se acuerda en particular de alguno de los sospechosos que torturó?

—Sí, de la única mujer que interrogué. Se llamaba Nay Nân, tenía diecinueve años y era muy bonita. Durante varios días repitió que no había hecho nada. Mis jefes me dijeron que empleara modales duros, que la asustara. La insulté, la amenacé, la azoté… Cuando empecé a golpearla, se orinó de miedo. Finalmente aceptó redactar una confesión, pero casi no sabía escribir y tuve que ayudarla. Le sugerí que confesara algún sabotaje, y admitió que había defecado en la cocina y en el quirófano del hospital donde trabajaba, para destruir su prestigio. La recuerdo bien porque llegué a sentir por ella lástima y tal vez algo más. Pero sabía que era una enemiga y que, si no se nos permitía tener sentimientos, menos aún podía amar a una enemiga. Mi corazón ardía y me enfurecía no tocarla ni hacerle el amor. Me puse tan nervioso que la golpeé con mucha fuerza.

—¿Hubo violaciones o abusos sexuales en Toul Sleng?

—Los guardianes y los interrogadores rebosábamos de instinto sexual, porque éramos muy jóvenes y nunca salíamos de allí, así que, cuando llegaban mujeres detenidas, corríamos a mirarlas. Algunos las llevaban a habitaciones apartadas y las manoseaban, aunque estaba prohibido hacerlo. Cuando se interrogaba a mujeres, había que dejar puertas y ventanas abiertas para que no hubiera violaciones. Yo sólo recuerdo una y el interrogador fue encarcelado en el mismo S-21.

—¿Resultaban efectivos los interrogatorios?

—No. Las confesiones no eran más que mentiras, con pruebas inventadas. La tortura sólo servía para manipular a los presos, obligándoles a reconocer que habían cometido algún sabotaje. Su declaración firmada valía como prueba definitiva, y se les daba muerte por traicionar a la revolución. Luego se iba en busca de cuantas personas hubiera mencionado el detenido y se las encarcelaba sin que ningún tribunal las juzgara. Más de la mitad de los detenidos acababan siendo ejecutados sin que nadie llegara a preguntarles nada, porque los interrogatorios llevaban mucho tiempo y los encargados de efectuarlos éramos pocos.

—Dijo antes que «de matar se ocupaba otro departamento…».

—Sí. Lo hacían en el campo de Choeung Ek, a poca distancia del S-21. Nosotros los llevábamos en camiones hasta allí, evitando siempre que los matrimonios o los familiares fuesen juntos. Para tranquilizarlos, les mentíamos. Les decíamos que no tuvieran miedo, que iban a su nueva casa. Los dejábamos junto a las fosas comunes que ya estaban preparadas, para que los mataran allí mismo. Y regresábamos lo antes posible a Toul Sleng. Recuerdo que había un olor horrible por los muchos cadáveres que se amontonaban, pero nos acostumbramos a soportarlo.

—También se enterró junto a los muros de Toul Sleng a prisioneros muertos en el interior del recinto…

—Sí. Algunos murieron allí. Sobre todo, víctimas de extracciones totales de sangre, que se efectuaban cuando lo pedían los médicos militares para hacer transfusiones a los combatientes heridos. Entonces se escogía a varios detenidos, se les ataba de pies y manos a un camastro, se les pinchaba en las venas de los dos brazos y se les sacaba toda la sangre que tenían, hasta llenar cuatro o cinco bolsas. Quedaban vacíos, con los ojos en blanco, sin respirar apenas. Morían amontonados en el suelo y los guardas los enterraban al otro lado de la tapia.

Prak Khan respondió a todas las preguntas pausadamente, sin modificar el rictus de amargura que mantuvo durante la charla previa a la entrevista[2]. Al evocar los hechos más duros, desviaba la vista y hablaba mirando al infinito, entre grandes pausas. Parecía sincero en su arrepentimiento.

—Me atormenta todo lo que fui capaz de hacer. Pero les aseguro que desde entonces nunca he vuelto a causar mal alguno a nadie.

—¿Se volvió usted totalmente insensible, Prak?

—Cuando uno tortura, su corazón se endurece. Yo consideraba a los prisioneros como bestias. Incluso gozaba al sentir el poder que tenía sobre ellos. Mi cerebro no impedía que mis manos golpearan y torturaran. Y mi corazón estaba de acuerdo con mis manos.

—¿Ha contado todo esto a su esposa y a sus hijos?

—Sí. Lo saben todo. Se lo confesé sin ocultarles nada de lo que hice.

—¿Cómo reaccionaron?

—Lo comprendieron. Todo el que viviera aquellos años, o haya conocido lo que fueron por relatos de personas cercanas, necesariamente tiene que comprenderme.

—¿Han vuelto a hablar de ello o lo dan por olvidado?

—Nunca hablamos de eso. Forma parte del pasado y no podemos borrarlo ni olvidarlo. Pero tampoco queremos recordarlo en voz alta. ¿Para qué habríamos de revivirlo?

(Cuatro años y medio después de esta entrevista, en julio de 2009, Prak Khan declaró como testigo ante el Tribunal Internacional que juzgó en Phnom Penh a los principales dirigentes de los Jemeres Rojos que aún seguían vivos).

La mayor pesadilla

La historia de Camboya durante la segunda mitad del siglo XX fue una tragedia política sin parangón. Los muertos se cuentan por centenares de miles, inútilmente inmolados a los dioses de la utopía, la ambición de poder y los intereses ajenos. La sangre se derramó torrencialmente, tanto en nombre del comunismo como del anticomunismo, de la dignidad humana o de la libertad de empresa, de valores tradicionales o revolucionarios, del nacionalismo o del sometimiento internacional.

Las desdichas del pequeño país asiático comenzaron cuando los Estados Unidos extendieron a su territorio el fuego del infierno vietnamita, buscando en vano destruir la mítica ruta Ho Chi Minh que aprovisionaba a las fuerzas del Vietcong. Washington patrocinó un golpe de Estado contra la monarquía neutralista del príncipe Sihanuk en 1970[3], sostuvo militarmente a la corrupta dictadura del mariscal Lon Nol y provocó una devastadora guerra civil. En 1973, la aviación norteamericana incrementó sus bombardeos sobre la pequeña nación asiática, arrojando 539.129 toneladas de explosivos durante 160 días y noches. Sin embargo, aquello no sirvió para impedir la progresión guerrillera de un movimiento revolucionario sujeto a la influencia china, que supo tejer una alianza con el depuesto Sihanuk, su antiguo enemigo. Finalmente el Congreso estadounidense consideró «ilegal» la devastadora operación militar y ordenó suspenderla[4]. Aunque los Estados Unidos invirtieron siete mil millones de dólares en apoyarlo, Lon Nol perdió la guerra. Cuando abandonó el gobierno y huyó, Camboya se encontraba arrasada. Su débil industria había sido desmantelada; las plantaciones de caucho, destrozadas, y la agricultura, devastada por la destrucción de la red de diques artesanales, que era esencial para el cultivo de arroz. Tres cuartas partes de las vías de comunicación quedaron impracticables y casi la séptima parte de sus habitantes habían muerto.

El 17 de abril de 1975, los Jemeres Rojos consumaron su victoria con la ocupación de Phnom Pehn y proclamaron la República de Kampuchea Democrática, que aplicaría brutalmente las tesis más radicales de Mao Zedong. Sería un régimen de terror absoluto, caracterizado por una violencia extrema y un dogmatismo ciego, que se propuso hacer tabla rasa de la civilización «heredada» para reemplazarla por un inédito «mundo feliz». El miedo paralizó a la población. Y un secretismo obsesivo, que mantuvo al país sumido en el silencio y privado de información, impidió también cualquier debate ideológico incluso en el seno del Partido Comunista, sometido por constantes purgas a la voluntad ciega de su núcleo dirigente, denominado el Angkar Padevat.

Al frente del Gobierno se dibujaba la figura incierta de Pol Pot, el «Hermano Número Uno», un líder misterioso y visionario, siempre oculto en las penumbras del poder, que valoraba la revolución como «una obra propia de un dios» por ser algo «demasiado colosal para simples seres humanos», que representaba «una tarea sin precedentes en la historia milenaria de Kampuchea», con la misión de «asegurar la perennidad de la raza jemer»[5]. Su ciego dogmatismo maoísta le llevó a desoír los consejos de «moderación» del mismísimo Zou Enlai y llegó al extremo de proscribir los sentimientos individuales y desterrar la razón, como «lastres» de la conciencia y la lógica «burguesas».

El año cero de la revolución se inició con la inmediata evacuación de la capital, cuyos vecinos se vieron obligados a marchar precipitadamente hacia una «nueva vida» como campesinos. A punta de pistola, los Jemeres Rojos forzaron a todo el mundo a salir con lo puesto, llevando apenas algunos víveres y un poco de ropa. Los soldados cumplieron sin contemplaciones las instrucciones de disparar contra cuantos intentaran resistirse, aunque se tratase de ancianos o de niños pequeños solos en sus domicilios. No hubo excepciones. Ni siquiera en los hospitales. Los enfermos más graves fueron abandonados, incluso los pacientes que se encontraban en los quirófanos, mientras cientos de miles de personas desconcertadas marchaban en silencio por las carreteras, sin que nadie les informase de hacia dónde se encaminaban ni de cuándo llegarían. De forma simultánea al dramático éxodo se produjeron las detenciones y los fusilamientos inmediatos de cuantos hubieran estado ligados a la dictadura de Lon Nol: cargos políticos, militares, policías, administrativos, aduaneros…

Aquella explosión de barbarie no fue más que el comienzo de un régimen que parece una potenciación de las peores pesadillas de Orwell o Kafka. Tras la evacuación de las ciudades se confinó a toda la población en comunas agrarias, organizadas como campos de concentración, con jornadas de sol a sol y también nocturnas cuando había luna llena, ya que no existían horarios laborales, sino cuotas que cubrir. Se concedía una jornada de descanso cada diez días. El pago de sueldos se entendía «innecesario», ya que el Estado debía proveer de bienes a toda la población. (El propio Pol Pot argumentó que «la ausencia de salarios constituye en sí misma un gran recurso de economía de capitales»[6]). Se emprendió la urgente construcción de diques y canales, con el objetivo de irrigar medio millón de hectáreas al cabo de un año, pero hubo que hacerlo sin apenas herramientas, con las manos desnudas y los pies descalzos. Se volvió al modo tradicional de abonar los cultivos con excrementos humanos y un funcionario se ocupaba de medir las cantidades que aportaban los agricultores, acusando de sabotaje a los que no alcanzaran el mínimo establecido. La asistencia a la escuela se limitaba a los más pequeños y la enseñanza era profundamente doctrinaria. Se forzó a trabajar a los niños a partir de la edad de seis años, integrados junto a enfermos y ancianos en grupos de «fuerzas débiles» encargados de recoger estiércol, criar pollos o cuidar pequeñas huertas.

Por lo general, la cantidad de arroz que se distribuía cada mes entre la población rural era de treinta libras (menos de 14 kilogramos) por trabajador adulto. Para quienes sólo pudiesen hacer media jornada, el alimento se reducía a la mitad. No estaba previsto entregar cantidad alguna a los más pequeños, que debían compartir las raciones de sus padres. Rara vez se disponía de verduras, pescado o carne. Para enriquecer su dieta, los campesinos recurrían a raíces y yerbas comestibles, frutos silvestres, insectos, pájaros o lagartos. En muchas zonas, la creación de comedores comunitarios llevó aparejada la prohibición de las ollas familiares, y todos los útiles de cocina fueron requisados cuando se dictaminó que guisar representaba un síntoma de «individualismo burgués», mientras que los refectorios comunales «liberaban a la mujer de una penosa obligación cotidiana». Hombres y mujeres eran alojados en dormitorios colectivos con separación de sexos. La vida familiar se redujo al mínimo. Los noviazgos estaban mal vistos, como expresión de sentimientos egoístas. Para estimular el crecimiento demográfico se recurrió a matrimonios forzados, y se organizaron bodas colectivas sin que los contrayentes supieran quién iba a ser su pareja hasta el momento de la ceremonia nupcial. En algunas comunas, un responsable político controlaba cuándo menstruaban las mujeres, para determinar las fechas en que debían aparearse con sus maridos. Los momentos de ocio estaban severamente controlados. En ellos se debían realizar sesiones de «debate político», que consistían en escuchar y decir amén. Ni siquiera se podía pasear, ya que para franquear los límites de la comuna era imprescindible un permiso de las autoridades locales.

Como receta para acabar con el capitalismo se anuló el dinero, se dinamitó el banco central, desaparecieron los mercados y se retrocedió a la práctica del trueque. La economía se redujo a una autarquía absoluta y se abolió cualquier forma de propiedad individual. Para dar fin a la lucha de clases se dividió a la población en dos rígidas categorías sociales: los hombres nuevos y los que debían ser reeducados. Mao escribió que «los intelectuales tienen que ir a aprender de los campesinos». Pol Pot iría aún más lejos: con la pretensión de crear una nueva sociedad basada en la «pureza» de los analfabetos, se persiguió con saña a quienes supieran leer y escribir, dando primacía social a los jóvenes iletrados por creerlos libres de influencias ideológicas perniciosas. Así, las tareas de vigilancia política se encomendaban a militantes incapaces de discernir si un escrito respondía a los criterios oficiales o a la propaganda enemiga. Por eso, no se permitía la posesión de libros y se retiró de la circulación todo material impreso. Las bibliotecas públicas fueron expurgadas drásticamente y en sus puertas ardieron hogueras colosales. Hablar idiomas extranjeros e incluso llevar gafas suponía una muerte inmediata. Se ordenó el exterminio de cuantos tuvieran titulación académica, despreciando su utilidad social. Los enfermeros semianalfabetos que reemplazaron a los médicos administraban remedios contra las enfermedades más comunes —como infecciones, diarreas o malaria— diferenciando vitaminas, antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos por el color de los envases.

Se cerraron todos los medios de comunicación, excepto la radio oficial, que difundía sesiones de adoctrinamiento de seguimiento obligatorio, mediante locutores que recitaban como un catecismo los famosos vineys, principios de gran simpleza inspirados en El libro rojo de Mao. Se suprimieron el teléfono y el correo. Se impidió cualquier desplazamiento privado. Los automóviles particulares se amontonaron en cementerios de chatarra y las bicicletas se destruyeron por «estimular el individualismo». Como en China durante la Revolución cultural, se abrogaron los peinados y abalorios distintivos, así como el uso de «prendas occidentales», por tratarse de «vicios de la burguesía», imponiendo una vestimenta común semejante a la tradicional indumentaria campesina. Todas las muestras de la «decadente» artesanía popular acabaron en el fondo de los ríos. Pese a que las leyes fundamentales de Kampuchea Democrática aseguraban la libertad de culto, miles de pagodas ardieron o se emplearon como almacenes, sin atender a sus valores históricos o artísticos. Los sacerdotes budistas tuvieron que transformarse en campesinos y, en muchos casos, casarse. Todos los cementerios religiosos sufrieron profanaciones. La obsesión política contra las «creencias extranjeras» provocó la demolición de la catedral católica de Phnom Penh.

El Angkar Padevat acosó hasta la aniquilación a las minorías étnicas, especialmente a la numerosa comunidad de origen vietnamita, al mismo tiempo que ejecutaba a miles de sospechosos de oponerse a sus designios. Las purgas, que hicieron estragos en el seno del propio Partido Comunista, se incrementaron vertiginosamente durante los últimos meses del régimen polpotista, que se sentía amenazado por conspiraciones alentadas desde Vietnam. Su policía política no daba abasto en una represión masiva y sorda, que causó cientos de miles de muertos. Nunca se conocerá su número exacto. Distintas organizaciones de derechos humanos cifran en 1.700.000 las víctimas del genocidio camboyano. Y las escasas investigaciones que se han realizado arrojan datos tan escalofriantes como los obtenidos por el Cambodian Genocide Program, que localizó 47 lugares de enterramientos utilizados por el Santebal[7], con 4.937 fosas comunes que contenían entre 250.000 y 300.000 cuerpos[8].

El régimen de Kampuchea Democrática desapareció en enero de 1979, al cabo de 44 meses de terror, cuando las tropas de Vietnam instalaron en Phnom Penh un nuevo Gobierno de comunistas camboyanos prosoviéticos[9]. Hubo que hacer frente a infinitas dificultades. El Estado no existía, la cuarta parte de la población había muerto y la sociedad se había desintegrado. Del medio millar de médicos con que contaba Camboya antes de la hecatombe revolucionaria sólo habían sobrevivido cincuenta y cuatro. Lo mismo ocurría con ingenieros, técnicos, educadores, incluso chóferes. Además, la amenaza militar de Pol Pot estaba lejos de finalizar. Ante la invasión vietnamita, los Jemeres Rojos se unieron con la derecha nacionalista. Y otra guerra civil volvió a ensangrentar un país que se encontraba en situación caótica[10].

(Los periodistas no supimos darnos cuenta a tiempo de la verdadera naturaleza de los Jemeres Rojos. Al principio, también la izquierda europea los tomó por una versión camboyana del Vietcong. En febrero de 1972, el sociólogo francés Serge Thion visitó las zonas bajo dominio de la guerrilla en Kandal y Kompong Speu, cuando aún no se había iniciado la revolución polpotista, y publicó en el diario Le Monde un artículo de carácter positivo. Pero el caso más vergonzoso fue el de Noam Chomsky[11], que, desde su torre de marfil en la universidad californiana de Berkeley, justificó y exculpó parcialmente al régimen de Kampuchea Democrática cuando ya se conocía toda la verdad).

La escuela del «terror revolucionario»

El denominado «terror revolucionario» sembró Camboya de presidios y fosas comunes, pero ningún lugar representa mejor la naturaleza criminal del régimen de Pol Pot que el S-21. Inmediatamente después de su victoria en la guerra civil, en abril de 1975, los Jemeres Rojos trasladaron la sede de su policía política a Phnom Penh, ocupando el antiguo colegio católico de Toul Sleng[12]. Sus propios archivos ofrecen el balance incuestionable de su actuación durante cerca de cuatro años, a través de los expedientes que dan cuenta de detenciones, interrogatorios mediante tortura, y ejecuciones de unos 14.000 prisioneros políticos[13], de los que únicamente siete adultos y cinco niños salieron con vida. Entre sus estadísticas destaca un dato terrible: en un solo día, el 27 de mayo de 1978, se alcanzó la marca de 582 asesinatos.

Mi primera visita a Toul Sleng se produjo en marzo de 1980, cuando el Gobierno de Vietnam decidió abrir a un grupo de quince periodistas internacionales[14] las puertas de Camboya, que mantenía ocupada por su Ejército desde hacía poco más de un año. Las huellas del Gobierno polpotista aún estaban frescas en una capital semidesierta que recuperaba lentamente el pulso ciudadano. Cuatro supervivientes del infierno del S-21 nos esperaban para mostrarnos sus instalaciones y enriquecer con sus testimonios personales las evidencias materiales. Uno de ellos, el mecánico Ieng Pech, había sido nombrado conservador del siniestro recinto. Su historia era escalofriante: cuando ya estaban cumplidos todos los trámites previos a su ejecución, se averió el generador que abastecía de energía al recinto. Falto de personal técnico, el Santebal recurrió a los prisioneros. Y él resultó ser el único capaz de reparar el grupo electrógeno y garantizar su funcionamiento.

—Comprendí que mi vida dependía de aquella máquina, así que me esmeré en arreglarla y cuidarla, seguro de que me matarían si se paraba —nos contó—. Entonces me trasladaron de la celda a una habitación, compartida con otros tres prisioneros, y empecé a recibir cierto trato privilegiado. También arreglaba los aparatos de radio, lo que a veces me permitía escuchar emisiones extranjeras y estar al corriente de cuanto ocurría en el mundo.

Hasta ese momento, los sufrimientos de Ieng Pech habían sido idénticos a los de cualquier otro de los detenidos. Su testimonio describía la experiencia común de los reclusos:

—Tras verme obligado a escribir mi autobiografía, me torturaron a lo largo de dos semanas. Me apalearon salvajemente y me arrancaron todas las uñas, hasta que admití que colaboraba con la CIA. Yo había trabajado en la construcción de carreteras a las órdenes de técnicos norteamericanos en 1954, y ello me sirvió para dar credibilidad a la novela de espionaje que hube de inventarme. Después me recluyeron en una celda donde nos hacinábamos cuarenta hombres sujetos con grilletes, unos desnudos y otros en calzoncillos.

Bajo los somieres metálicos que constituían el único mobiliario de las salas de interrogatorios, permanecían aún los charcos secos de la sangre vertida en las últimas sesiones de tortura, junto al instrumental utilizado. Colgada en una de las paredes, una fotografía mostraba el escenario que vieron las tropas vietnamitas al entrar en Toul Sleng: varios cadáveres, atados a los lechos sobre los que se efectuaban los tormentos, evidenciaban la precipitación con que huyeron los funcionarios del S-21 ante la llegada de las fuerzas enemigas.

Otros dos de los sobrevivientes también habían escapado de la muerte gracias a sus habilidades profesionales: el escultor In Cham y el dibujante Bou Memg pasaron cerca de dos años confinados en Toul Sleng, realizando bustos y retratos de Pol Pot destinados a dependencias oficiales. Ambos compartieron el espacio de un «estudio artístico» improvisado entre los horrores del centro de detención, hasta que lograron fugarse durante la desbandada final de los Jemeres Rojos.

—Yo también opté por afirmar que pertenecía a la CIA —nos explicó In Cham— después de haber sido golpeado en la cabeza tres días y tres noches, repetidamente sometido a asfixia por inmersión de la cabeza en un tanque de agua y de haber recibido descargas eléctricas. Los cautivos, si queríamos que cesaran las torturas, debíamos declararnos agentes de la CIA, del KGB o de los servicios secretos vietnamitas. No había más autoinculpaciones posibles que esas tres.

—¿Tuvieron sus guardianes algún gesto de piedad?

—No. Todos eran muy jóvenes, muchachos de quince o dieciséis años, totalmente fanatizados y sometidos a la autoridad absoluta de su jefe.

Bou Memg se unió a las fuerzas rebeldes, «convencido —decía— por los discursos del príncipe Sihanuk, que oía por la radio». Dejó a su familia en agosto de 1971 y se incorporó a una unidad de los Jemeres Rojos para combatir contra la dictadura de Lon Nol.

—No tardé en arrepentirme, porque enseguida me desengañé —se lamentaba—, y mis críticas provocaron que me detuvieran. No sólo me encerraron aquí, sino que también dieron muerte a mi mujer y a mis hijos. La revolución destrozó mi vida.

Durante sus jornadas de dibujo, siempre esforzándose para que sus lápices sacaran «favorecido» el odiado rostro de Pol Pot, oía constantemente los gritos de sus compañeros de cárcel, aunque trataba de no mirar por la ventana que daba al patio donde se producían los malos tratos más frecuentes.

—Nos levantábamos a las cuatro de la mañana y hacíamos media hora de gimnasia, siempre con grilletes de hierro en los tobillos —recordó—. Aunque estábamos casi desnudos, nos registraban todos los días. Yo, por lo menos, tenía la suerte de que mis dibujos me librasen de ser torturado, después de que me hubieran dejado la espalda en carne viva azotándome con una caña de bambú cuando me apresaron en Battambang. Los demás detenidos pasaban toda la jornada tumbados en el suelo, durmiendo o fingiendo que lo hacían. Tenían prohibido sentarse o incorporarse sin permiso. Tampoco podían hablar. Los trataban como a animales. Cada vez que había un cambio de guardia, los recontaban mediante golpes de bastón en las cabezas. Y comíamos siempre lo mismo: al mediodía, un plato de potaje, y para cenar, una taza de sopa de plátano. Dos veces al día nos daban un vaso de agua.

Su relato coincidía con el de Kong, un carpintero que también logró valerse de su trabajo enmarcando los retratos de Pol Pot y fabricando peanas de madera para sus efigies. Pero este añadió un detalle macabro que continuaba presente en su memoria: el pegajoso olor de los cadáveres que impregnaba el aire.

Entre los documentos del S-21 que nos permitieron examinar figuraban los expedientes de prisioneros extranjeros, con sus confesiones arrancadas bajo tortura acompañadas por algunas cartas y fotografías personales. La nota grotesca la ponía la instantánea de uno de aquellos desgraciados vestido de hombre rana: el recuerdo de una jornada deportiva se presentaba como «prueba» de su «entrenamiento para actividades de sabotaje». La relación de «agentes internacionales» torturados y ejecutados la integraban un neozelandés, dos australianos, tres franceses, dos norteamericanos y numerosos paquistaníes, tailandeses, laosianos y vietnamitas. Manu Leguineche buscó inútilmente algún rastro de su amigo el actor y fotógrafo Sean Flynn, desaparecido a manos de los Jemeres Rojos[15]. Paco García Navarrete y yo hojeamos con curiosidad aquellos patéticos legajos, que llegaban al ridículo de incluir el supuesto número asignado por la CIA al australiano Ronald Keith, asesinado pocos días antes de la caída de Toul Sleng en poder de las fuerzas vietnamitas. Pero el manuscrito que más nos impresionó fue el de un francés, Rovin Bernard, porque, al redactar la obligada autobiografía, plasmó detalladamente los recuerdos más íntimos de su infancia.

Volví a encontrarme con Bou Memg seis años más tarde cuando regresé a Camboya con un equipo de TVE[16], al que sirvió como guía por las dependencias de la escuela convertida en museo. Entonces José Luis Márquez y Antonio Olivas filmaron las ampliaciones fotográficas que cubrían las paredes de una larga galería de Toul Sleng. Decenas de retratos de detenidos, tomados poco antes de ejecutarlos, formaban una insoportable sucesión de imágenes de mujeres y hombres demacrados, incluidos ancianos y niños, con miradas de ultratumba. Aunque el terror se reflejaba en sus ojos, algunos exhibían la mueca patética de una sonrisa. Bajo cada rostro aparecía un cartel con un número. Entre ellos figuraban personalidades jemeres conocidas, como el célebre ingeniero Seang Por Se. Y también numerosos intelectuales que habían regresado del extranjero con ánimo de participar en una revolución cuya monstruosidad no sospechaban, y fueron apresados nada más llegar.

Con el tiempo, los visitantes camboyanos fueron escribiendo al pie de las fotografías la identidad de quienes identificaban, como si pretendieran rescatarlos del anonimato. En otro viaje posterior, en 1989[17], el intérprete que nos acompañaba nos señaló el nombre garabateado junto a la imagen de un hombre musculoso, embutido en una camiseta oscura.

—Yo mismo lo puse —nos informó—. Era mi padre. No llegaron a matarlo. Al parecer, se suicidó antes de que lo ejecutaran, desesperado tras soportar la tortura. Como no tenía con qué matarse, una noche se mordió la lengua y se desangró lentamente. Los que estaban tendidos a su lado respetaron su decisión y ninguno avisó a los guardianes.

No conocí a Gnem En, autor de la mayoría de aquellos conmovedores retratos, hasta 2005[18]. Destacado por su valor en combate, había sido designado «militante ejemplar» de los Jemeres Rojos y enviado a China para estudiar fotografía.

—En varias ocasiones sentí piedad por presos que me contaban sus historias —reconoció ante el objetivo de Jesús Mata—. Muchos eran simples campesinos, arrestados sólo porque el tormento hacía que unos acusaran falsamente a otros. Pero yo tenía que separar mi trabajo de mis sentimientos y limitarme a fotografiarlos. Después se los llevaban, y lo que hicieran con ellos no era asunto mío, sino responsabilidad de otros. Me ordenaron que no sintiera nada por ellos, ya que eran traidores, contrarios a la revolución. Yo era muy joven. Y tenía que respetar las reglas si no quería morir. Entonces no había leyes ni se podía discutir. Aquello era el reino del mal.

Como contraste grotesco, en otro pabellón de Toul Sleng se muestran fotografías de los verdugos: hombres fuertes, de mirada firme e implacable. Junto a ellas, destaca una especialmente «entrañable»: el grupo de interrogadores, reunido con sus familias en la puerta de su «centro de trabajo».

El destino de Vann Nath[19] bajo el régimen de Kampuchea Democrática se asemejó mucho al del dibujante Bou Memg. Como él, sobrevivió merced a su talento con los pinceles. Disfrutaba de cierta fama por sus gigantescos lienzos publicitarios, que recreaban escenas de películas en las portadas de los cines de Phnom Penh. Y le ordenaron producir grandes efigies de Pol Pot, que trazó con el máximo celo, consciente de que cada una suponía la renovación de su salvoconducto.

—Aquellos meses interminables representaron para nosotros un infierno en la tierra —aseguraba—. Aunque todavía no estuviéramos muertos, habíamos dejado de ser humanos. Yo trabajaba sin descanso, pese a que apenas podía caminar por culpa de las torturas. Pero saqué fuerzas de mi propio terror. No sabía que, mientras tanto, mis tres hijos y mi madre adoptiva fallecieron, faltos de alimentación y cuidados médicos. Y tampoco que asesinaron a mi cuñada.

Transcurrido un cuarto de siglo, Vann Nath continúa reproduciendo en sus cuadros las atrocidades grabadas en su memoria. Su obra, de constante denuncia, lo ha convertido en el pintor más conocido de Camboya. Abrió un restaurante, «para no quedar anclado en las pesadillas», y publicó un libro autobiográfico «para descargar la mente»[20].

Finalmente, en 2010, coincidí con el último de los siete supervivientes de Toul Sleng que me faltaba por conocer: un mecánico llamado Chum Mey, que, con el alma rota por la pérdida de toda su familia, se mantuvo más de treinta años oculto hasta que lo localizaron los investigadores que buscaban pruebas y testigos para el tribunal que habría de juzgar a los últimos dirigentes principales de los Jemeres Rojos. Obligado a romper su prolongado silencio, Mey empezó a vivir de su tragedia, rememorando diariamente cada detalle como guía de turistas en Toul Sleng. También lo hizo para el equipo de Buscamundos[21]. Y una vez más volvió a entrar en la celda número veintidós, un minúsculo habitáculo con paredes de ladrillo.

—Aquí pasé tres meses tumbado bocarriba, encadenado y con los pies sujetos a una barra de hierro. Si me movía sin pedir permiso, el guardián me golpeaba con un palo hasta que se cansaba. Antes, sufrí doce días de descargas eléctricas, flagelaciones y palizas, hasta que admití mi pertenencia a la CIA y el KGB, a la vez, cuando me arrancaron las uñas. Lo más increíble es que me habían secuestrado sólo porque necesitaban un mecánico.

El gran verdugo de los Jemeres Rojos

Kaing Guek Eav, apodado Duch, no podría faltar en una enciclopedia sobre crímenes de Estado, ni siquiera en una somera lista de los criminales políticos más destacados del convulso siglo XX.

Organizador y jefe de la policía política de Pol Pot, fue el responsable directo de la persecución y muerte de miles de personas. Pero, sobre todo, se le recuerda por haber dictado y supervisado personalmente las barbaridades cometidas por los Jemeres Rojos en el centro de interrogatorios y exterminio de Toul Sleng.

El personaje histórico de Duch como encarnación política del mal aparece cargado de profundas contradicciones: hombre sin flaquezas —con el único vicio del tabaco—, inteligente y culto, con una mente especialmente dotada para las matemáticas, soberbio, cruel en extremo, frío y carente de empatía, se manifestó también como revolucionario romántico. Sentimental en el terreno personal, mezcló su vida familiar con el ejercicio del terror y acabó buscando refugio en el cristianismo, atenazado por la culpa y el arrepentimiento. El relato de su existencia podría ser una novela apasionante.

Nacido en una humilde familia campesina chino-jemer, Kaing Guek Eav se benefició de la caridad de un comerciante local que, admirado por su agudeza infantil, pagó su educación en la ciudad de Siem Reap. Sus buenas notas facilitaron que completase los estudios en el prestigioso Liceo Sisowath de Phnom Penh, mientras residía con los monjes de una pagoda. Devoraba los libros, pero, sobre todo, le fascinaban las ciencias. Se licenció en Matemáticas con brillantez y enseguida fue contratado por el Instituto Universitario de Pedagogía. Allí se inició en la política: entró en contacto con organizaciones estudiantiles de extrema izquierda y se ganó la confianza del director del centro, Son San, quien sería ministro de Defensa de Pol Pot. En 1967 ingresó en el Partido Comunista. Detenido por la policía del príncipe Sihanuk, fue torturado en la prisión de Prey Sar, donde lo mantuvieron dos años encarcelado sin juicio, hasta que el perdón presidencial del general Lon Nol, tras el golpe de Estado de 1970, lo dejó en libertad. Entonces se unió a la guerrilla de los Jemeres Rojos. Pero no estaba llamado a ser un activista ni un soldado más. Enseguida el comandante Sok Thuok, responsable de seguridad interna de la organización, reparó en sus altas cualidades. Y en 1971, de acuerdo con Son Sen, lo designó para dirigir el Santebal. Nunca lamentaría bastante su decisión: él mismo acabaría detenido, torturado y asesinado por orden de Duch, siete años más tarde.

Kaing Guek Eav volcó todas sus energías en el ejercicio y perfeccionamiento de la represión. Su primera obra fue el M-13, el servicio secreto de Pol Pot, cuya indetectable sede móvil se ubicaba «en algún lugar de la jungla» del noroeste camboyano: dos pequeñas construcciones de madera y bambú, acompañadas por unas rudimentarias instalaciones carcelarias, en las que se experimentó con distintas formas de tortura en busca de la mayor efectividad. Sus tres celdas eran semejantes a profundas trincheras excavadas en el suelo, de dos metros de anchura por diez de longitud y forma de U, en las que se hacinaba una treintena de prisioneros. Al carecer de techumbre y drenaje, permanecían llenas de agua durante los meses de lluvias monzónicas. Como guardianes prefirió siempre contar con adolescentes, casi niños, por estimar que su corta edad garantizaba una obediencia ciega. Saturada la capacidad del M-13, Duch construyó otra prisión selvática, el M-99, de características parecidas. Aunque no existan datos precisos, se calcula que entre ambos centros se alcanzó la cifra de 20.000 ejecuciones.

En aquellos años de vida en los campamentos guerrilleros, el verdugo mayor de Pol Pot se enamoró de Chim Sophal, costurera de una aldea cercana a la base del M-13. Como los sentimientos individuales estaban oficialmente proscritos, tuvo que obtener un permiso de la dirección del Partido Comunista para casarse. Formaron un matrimonio feliz en un escenario de horror y tuvieron cuatro hijos, que siempre permanecerían unidos a sus padres.

Al final de la guerra civil, tras la victoria de los Jemeres Rojos, Kaing Guek Eav y su policía política se radicaron en la ya mencionada escuela de Toul Sleng, en Phnom Penh, cuyas aulas y oficinas fueron convertidas en centro de interrogatorio de prisioneros. El propio Duch se encargó de organizar su funcionamiento, redactando un reglamento de extrema dureza. Inicialmente compartió su dirección con su colega In Lon. Pero no tardó en lograr que éste fuera trasladado, para que el mando absoluto cayese en sus manos. Con una dedicación plena y una consideración casi religiosa de su misión, Kaing Guek Eav convirtió aquel infierno en su hogar, instalándose en sus dependencias con su esposa y sus dos primeros hijos. Los apacibles tiempos que vivieron entre las torturas y el terror de Toul Sleng se prolongaron cuarenta y cuatro meses.

Pocas horas antes de que las fuerzas vietnamitas hicieran su entrada en Phnom Penh, el 7 de enero de 1979, el Gobierno y todos los dirigentes de los Jemeres Rojos escaparon de la ciudad. Desde semanas antes, los indicios de que Hanoi preparaba una invasión militar habían hecho que se incrementara la represión, y las celdas estaban abarrotadas. Tanto que el Angkar mandó que se redujera el número de prisioneros mediante ejecuciones colectivas, sin investigaciones ni interrogatorios previos. Duch supervisó la matanza con prontitud y eficacia. Finalmente, recibió orden de liquidar a los últimos detenidos y destruir todos los documentos de Toul Sleng, para que no cayeran en manos de las tropas enemigas. Los fusilamientos fueron inmediatos, sin que hubiera tiempo de sepultar los cadáveres. Pero la tarea quedó sin finalizar porque vaciar y quemar los archivos requería un esfuerzo mayor. Kaing Guek Eav se sumó a la desbandada general y huyó con toda su familia a bordo de un tren hacia Battambang.

Muy pronto comprobó que la cúpula polpotista, que también había escapado desordenadamente, estaba indignada con él por haber incumplido sus últimas consignas. Caído en desgracia, logró pasar desapercibido entre millares de fugitivos, con el país entero sumido en un inmenso caos. Adoptó una nueva identidad y permaneció más de dos años en los asentamientos de desplazados por la guerra, en la selvática región de Samlaut, y entre una multitud de refugiados en Borai, al otro lado de la frontera con Tailandia. Allí volvió a ejercer de profesor de matemáticas y aprovechó el tiempo para estudiar tailandés e inglés.

En 1986 viajó a China para trabajar una temporada como experto en idioma jemer en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín. Al regresar, cambió su nombre por el de Hang Pin y se incorporó a la burocracia del secretariado polpotista entre los desplazados del campo 505. También desarrolló actividades comerciales en la provincia de Banteay Mean Chey, controlada por la guerrilla. Tras los acuerdos de paz de París, reorganizó su vida por enésima vez, a finales de 1991. Junto a un grupo de antiguos camaradas, se afincó con su familia en una aldea próxima a Battambang. Adquirió unas tierras y reemprendió el magisterio en una pequeña escuela. Entonces creyó que había iniciado su última y definitiva etapa. Pero todo volvería a trastocarse. En 1995, su esposa cayó asesinada a manos de un grupo de hombres que asaltó su casa. Y huyó con sus hijos, sospechando que aquella muerte obedecería a un postrer ajuste de cuentas, dentro del enfrentamiento final de Pol Pot con algunos de sus más fieles colaboradores.

Sintiéndose solo y asustado, Kaing Guek Eav buscó refugio en la religión. El «opio del pueblo» sería su último consuelo. Pero no el budismo de su juventud, sino un conjunto de creencias y rituales extranjeros totalmente ajenos a la cultura jemer que durante años había combatido y perseguido a muerte como elemento fundamental de la ideología enemiga: el cristianismo. En Battambang conoció a Christopher LaPel, misionero de la iglesia evangélica Golden West, y se hizo asistente asiduo a sus charlas de catequesis[22]. Fue bautizado y rápidamente investido pastor laico. Hasta entonces Duch no había dado signo alguno de contrición por sus crímenes de lesa humanidad. Como nuevo cristiano lo hizo de forma contundente:

—Mi error fue que no serví a Dios sino a los hombres —declaró públicamente—. Serví al comunismo. Me siento realmente arrepentido de mi pasado. Quise ser un buen comunista, pero ahora tengo otra meta: deseo predicar el Evangelio a todo el mundo. Merezco la muerte, merezco el castigo. Sin embargo, tengo a Jesús a mi lado y con él siento amor. Si hubiese conocido a Jesús antes, nunca habría hecho lo que hice.

El destino de Kaing Guek Eav, ya anciano, aún le brindaría distintos giros y avatares. Regresó al distrito de Samlaut como director de Educación local. Durante el intento de golpe de Estado de 1997, con el enfrentamiento armado entre Hun Sen y el príncipe Norodom Ranaridh —socios forzosos en el Gobierno auspiciado por la ONU—, retornó, temiendo que la guerra volviese a empezar, al campo de refugiados de Ban Ma Luang. Allí trabajó durante meses como supervisor sanitario en el Comité Americano para los Refugiados, hasta que la agencia cristiana World Vision lo devolvió a Camboya como cooperante humanitario en la castigada zona de Rattanak Modul. Lo peor para Duch estaba a punto de llegar: su juicio y castigo por el Tribunal Internacional de Phnom Penh.

En 1998, Pol Pot concedió la última de sus contadas entrevistas[23], tras haber sido destituido, apresado, juzgado y condenado a prisión domiciliaria por sus últimos seguidores. Su insistencia en negar el genocidio cometido por los Jemeres Rojos provocó la reacción del arrepentido Duch, que, pocos meses más tarde, reconoció sus propios crímenes para desmentir a su antiguo jefe supremo y admitió que «se degollaba a los prisioneros como si fueran pollos». Ello le valió ser denunciado, conducido a la capital camboyana y confinado en una prisión militar en mayo de 1999. Pasó cerca de diez años encarcelado ilegalmente, hasta que fructificaron las complejas negociaciones para la formación del tribunal mixto internacional-jemer que habría de procesar a los principales responsables del régimen polpotista sobrevivientes. Kaing Guek Eav fue el primero en ser juzgado y condenado a cadena perpetua[24].

Ante sus jueces, Duch negó haber cometido asesinato alguno y reconoció únicamente su participación personal en las torturas de dos detenidos. Pero asumió su responsabilidad directa en los crímenes de sus subordinados. Narró cómo los guardianes de Toul Sleng dieron muerte a decenas de bebés, hijos de prisioneras, aplastando sus cabezas o estrellándolos contra los árboles. Y asintió cuando su abogado aseguró que se había limitado a obedecer al Partido, sin otra alternativa que matar o ser castigado con la muerte. Parecía sincero cuando rompió a llorar, proclamó sus «insoportables remordimientos» e imploró el perdón de los familiares de sus víctimas.

Christopher LaPel, el hombre que le descubrió a Jesucristo, lo visitó en prisión. Le dio la comunión y le regaló una Biblia, para que buscara en ella palabras de consuelo. Falta le hacía, para conjurar los demonios del pasado que cada noche asaltaban su conciencia. Entre los recuerdos que le atormentaban estaría, seguramente, la imagen evocada en su juicio por el fotógrafo militar que entró en Toul Sleng con las fuerzas vietnamitas. Su testimonio sobrecogió a todos los presentes, cuando recordó su propio espanto al descubrir a varios niños muy pequeños abandonados junto a los cadáveres de los últimos presos, entre los que destacaba una fila de cuerpos de mujeres colgados de una barra de hierro.

Duch falleció «en la paz del Señor» el 2 de septiembre de 2020, en una cama del Hospital de la Amistad Soviético-Jemer de Phnom Penh. Tenía setenta y siete años. Sus correligionarios rezaron mucho por él. Pero nadie le lloró, excepto sus hijos.

Entrevista con Ieng Sary
El terror sólo fue una equivocación

Tras verse militarmente arrollados y expulsados del poder por las tropas de Hanoi, los Jemeres Rojos se mantuvieron casi dos años replegados en las zonas selváticas del noroeste de Camboya, pegados a la retaguardia segura que representaba la frontera de Tailandia. Hasta que, a finales de 1980, lanzaron una dura ofensiva que hizo retroceder a las fuerzas de ocupación vietnamitas. Al mismo tiempo iniciaron una ofensiva diplomática —siempre en el contexto de la interminable Guerra Fría— jugando la baza de los asientos que su Gobierno en el exilio aún ocupaba en la ONU[25] y otros organismos internacionales. Para mantener el apoyo occidental resultaba imprescindible cambiar la imagen atroz que había dejado tras de sí el Gobierno de Pol Pot. Y experimentaron una transformación absoluta, renunciando a los principios ideológicos del maoísmo, lo que produjo profundas mutaciones en la precaria sociedad rural de las zonas bajo su control: se recuperaron algunas libertades individuales y la propiedad privada, en un regreso a las costumbres tradicionales anteriores a la revolución.

En esa política de borrón y cuenta nueva, la prensa internacional desempeñaba un papel esencial. Y en febrero de 1981, al calor de sus últimas victorias militares, la delegación de los Jemeres Rojos en París me autorizó a recorrer durante varios días los territorios que sus tropas habían recuperado. Sería un largo periplo a través de la jungla, a pie y ocasionalmente en elefante, acompañado por una columna de combatientes dirigida por el comandante Poum Bun Ny. Se trataba de mostrarme cómo transcurría la «nueva vida» en poblaciones como Chamkar Chek, donde diez mil personas se esforzaban en rehacer sus existencias. Y también el renovado empuje guerrillero, con la primera visita de un periodista a la estratégica base castrense de Chumrum Chambak, recién arrebatada al Ejército vietnamita.

El último día de mi viaje, cuando ya me disponía a regresar a Tailandia, la máxima autoridad «visible» del Gobierno polpotista en el exilio, Ieng Sary, se presentó en la aldea fronteriza de Phum Thmey y ordenó que me llevasen a su presencia, para ofrecerme una inesperada entrevista. Pol Pot permanecía oculto en las tinieblas. Y en su lugar comparecía siempre su íntimo amigo, cómplice y concuñado, que había sido su principal colaborador desde el exilio común en París, donde juntos adquirieron los rudimentos elementales del comunismo maoísta.

La conversación comenzó con gran tensión, tras los saludos iniciales mientras nos servían unas tazas de suave té camboyano. El semblante duro de Ieng Sary y su largo silencio ante mi primera pregunta me hicieron temer que la entrevista quedara inmediatamente suspendida[26]. Lo cierto es que no fue hábil ni cortés por mi parte plantear, como cuestión previa, el grado de sus responsabilidades en los múltiples crímenes del Gobierno polpotista. Pero aquel encuentro había sido programado como parte de la política de apertura a la prensa de los Jemeres Rojos, necesitados de mantener el apoyo occidental en su guerra contra un Vietnam sostenido por el bloque soviético. Así que Ieng Sary tragó saliva y se rehizo, recuperando inmediatamente el gesto afable que siempre le caracterizó como «la sonrisa del régimen»[27].

—No puedo negar que cometimos graves errores, pero no hubo un régimen de terror sistemático —aseguró—. Todo eso, que tantas veces se ha dicho y escrito, no es más que propaganda inventada por nuestros enemigos. Hubo episodios negativos, sí, pero fueron obra de elementos provocadores infiltrados que pretendían minar la revolución.

Pese a que dominaba la lengua de Molière por sus años de estudios en Francia, insistió en que nuestra conversación fuese en jemer, con ayuda de un traductor, una forma diplomática habitual cuando se trata de quitar espontaneidad a un diálogo. Hablamos más de una hora, pero Ieng Sary se limitaría a recitar la letanía oficial de argumentos ya conocidos.

Con su imborrable sonrisa característica, Ieng Sary atribuyó los crímenes del régimen de Pol Pot a «errores de la revolución».

—Hay evidencias de crímenes de Estado difíciles de rebatir, como la existencia del S-21 en Toul Sleng y de los osarios en Choeung Ek —argüí.

—Todo eso no es más que una puesta en escena, un montaje realizado por las fuerzas vietnamitas cuando ocuparon Phnom Penh. Trajeron un buen número de esqueletos y los colocaron allí, para mostrárselos a la prensa y caracterizarnos de asesinos. Pero los expertos que los examinaron afirman que algunas osamentas tenían ocho o nueve años de antigüedad, así que esos muertos son anteriores a nuestro gobierno. Las supuestas matanzas que habrían sido cometidas allí en realidad no existieron. Yo ni siquiera conocía la existencia de esos lugares[28].

El negacionismo del horror constituía un mantra político en boca de cuantos dirigentes y militantes conocí: desde el expresidente Khieu Sanphan, con quien me entrevisté en Ginebra, o el ideólogo Thiounn Mumm, que me visitó en Madrid, hasta los guerrilleros y campesinos con quienes acababa de compartir viaje a través de la selva.

—No se produjeron matanzas —repetía Ieng Sary—. Aunque sea evidente que cometimos equivocaciones durante los años que permanecimos en el poder, nuestra orientación principal estuvo centrada en la reconstrucción del país, y fue una política correcta. La población participó en la revolución de modo entusiasta. Pero, desgraciadamente, no supimos desenmascarar a los agentes enemigos, que se infiltraron entre nosotros y se aprovecharon de nuestra falta de experiencia en la tarea de gobernar para provocar situaciones extremas. Promovieron varios intentos de golpes de Estado. Y se esforzaron en sembrar el desconcierto en nuestras filas, al mismo tiempo que el Ejército de Vietnam provocaba constantes tensiones y confrontaciones en las regiones fronterizas.

—El llamado «terror revolucionario» en Camboya es algo innegable, basado en la aplicación de las tesis maoístas —le rebatí—. Y sus efectos fueron infinitamente más extensos y profundos que el desarrollado en otros momentos históricos, como el «terror rojo» de Lenin en 1918 o el de los «pequeños reinos del terror» rurales de Mao en 1927.

—La verdad es que nosotros sólo habíamos leído algunos textos de Lenin y de Stalin cuando éramos estudiantes y vivíamos en Francia. Tuvimos cierta influencia del Partido Comunista francés durante nuestra formación política en París. Y los principios de la Revolución francesa ejercieron un atractivo preponderante sobre nosotros. Pero nada más. Nunca teorizamos sobre el terror.

Pensé en lo fácil que resulta mentir en política al amparo del secreto más absoluto. Porque Ieng Sary había sido el hombre de China en Camboya, el teórico maoísta que redactó los primeros documentos ideológicos de los Jemeres Rojos. Elaboró el borrador de los estatutos de un partido «de hierro», conforme a los principios más radicales del maoísmo, durante su estancia en Pekín en septiembre de 1971. Trazó las líneas generales del programa que se aplicaría tras la toma del poder, basado en una colectivización absoluta de la economía, con total abolición de la propiedad y del mercado, y que preveía la liquidación de amplios sectores de la población. Y tuvo una participación decisiva en su puesta en práctica, como viceprimer ministro del régimen de Pol Pot y jefe de su política exterior.

Ieng Sary siempre fue un cínico. Hombre de gustos refinados y aficionado a rodearse de lujos, fumador de puros y bebedor de brandy, mantuvo el privilegio gubernamental de instalarse con su familia en una mansión de Phnom Penh, disponiendo de numeroso personal a su servicio, mientras la ciudad era vaciada y evacuada. Su esposa Thirith[29] se convirtió en jefa de los Asuntos Sociales del régimen y sus cuatro hijos encontraron acomodo en las estructuras estatales: la mayor recibió un título de Medicina sin haber completado sus estudios, las dos siguientes ejercieron la Farmacia y el pequeño realizó su capricho infantil de convertirse en piloto en el aeropuerto de Pochentong. Pero nadie se atrevió a acusar a Ieng Sary de nepotismo, por su enorme relevancia en el partido y en el Estado.

—En todo caso —insistí—, se produjeron hechos imposibles de justificar: evacuación de las ciudades para confinar a sus habitantes en comunas agrarias; exterminio de los intelectuales y preeminencia de los campesinos analfabetos, con la utópica pretensión de crear un «hombre nuevo»; división de la población en rígidas categorías sociales para acabar con la lucha de clases; prohibición de la mínima propiedad individual; supresión de la moneda como forma de liquidar el capitalismo... ¿Fueron también errores políticos, meras «equivocaciones»?

—Efectivamente, señala usted algunos hechos reales e innegables: que evacuamos los grandes centros urbanos, o que suprimimos la propiedad y la moneda. Pero lo más grave de todo fue que no supimos impedir la actuación y la influencia de los agentes enemigos. Los errores cometidos por los cuadros leales a nuestros objetivos revolucionarios fueron mínimos, mientras que los cuadros infiltrados por Vietnam lograban crear la confusión, llegando a dividir a la población en categorías sociales, e incluso a masacrarla.

La charla derivó unos minutos hacia cuestiones más puntuales, como la existencia de barreras que separaban a distintos grupos en las comunas, en función del pasado político o la procedencia social de cada persona. Ieng Sary reconoció la práctica de tal discriminación, e incluso admitió la existencia de ejecuciones de elementos disidentes.

—¿Cómo permitía su Gobierno tales prácticas? Si fueron obra de agentes enemigos, ¿por qué no intervinieron el partido y el Estado para combatirlas e impedirlas?

—La dirección revolucionaria sólo pensaba en mantener la unidad nacional, en asegurar la defensa y en conseguir la reconstrucción del país. Ahora parece evidente que caímos en grandes insuficiencias políticas, porque pretendimos ir demasiado deprisa, quemando etapas en la revolución. Personalmente reconozco que uno de mis errores, como principal responsable de las relaciones exteriores, fue no reparar en las consecuencias del autoaislamiento al que nos conducía el sectarismo de nuestra línea política, basada en el propósito autárquico de contar sólo con nuestras propias fuerzas. Creo que hay que extraer tres conclusiones importantes de nuestra praxis en el poder. La primera, que al frente de un Estado no basta la conciencia revolucionaria y no se puede gobernar sin crear leyes e instrumentos sociales; nosotros creíamos erróneamente que era suficiente con dar directrices ideológicas al pueblo. La segunda, que un país pequeño, vecino de una potencia regional con ambiciones anexionistas como Vietnam, no puede sobrevivir sin contar con apoyos internacionales. Y la tercera, que para gobernar hay que contar con todas las capas de la población, que es preciso que todas acepten la autoridad estatal, y que no se puede imponer un programa simplemente por la fuerza, porque el enemigo puede aprovecharse de ello.

Aunque siempre hubiera ocupado un lugar importante en la jerarquía de los Jemeres Rojos y firmado documentos políticos fundamentales, Ieng Sary nunca destacó como ideólogo, papel atribuido a su correligionario Nuon Chea. Su formación revolucionaria era elemental, sin apenas conocimiento de los textos clásicos. Al hablar de marxismo denotaba cierta incomodidad, y su lenguaje llano evidenciaba una ausencia de conceptos básicos, tal vez agudizada por las limitaciones lingüísticas del intérprete. Gesticulante, disipado en ocasiones, se expresaba como cualquier hijo de la burguesía compradora europea que hubiera aprendido el abecé de los dogmas maoístas en las universidades francesas o alemanas de finales de los años sesenta. Escuchándole, nadie habría creído que aquel hombre de hablar pausado pudiera ser corresponsable del sufrimiento extremo de su pueblo y de la muerte de millón y medio de personas. Pero Ieng Sary tenía una larga experiencia en esa hipocresía de salón, elegante y refinada, que es la diplomacia.

—Da la impresión de que esté usted desengañado, después de fracasar en la realización de una utopía —quise provocarle—. Se ha dicho que los Jemeres Rojos pretendieron poner en práctica las teorías más radicales de Mao, incluso las que no se aplicaron en China. Y se les ha identificado ideológicamente con el radicalismo de la «Banda de los Cuatro».

—No. Lo que hicimos fue partir de nuestra propia realidad, sin copiar fórmulas de otros países. Es cierto que recibimos influencia ideológica de China y que estudiamos textos de Mao. Pero los chinos nunca quisieron imponernos sus criterios políticos ni injerirse en nuestros asuntos. Nos brindaban sus opiniones, pero siempre dejaban que decidiéramos por nosotros mismos. Lo que ocurre ahora es que a nuestros enemigos les conviene calificarnos de maoístas radicales.

Una justificada etiqueta de la que intentaban desprenderse los Jemeres Rojos. En el exilio, sus principales dirigentes habían dado un giro público de ciento ochenta grados en sus planteamientos. Y proclamaban su renuncia a la construcción del socialismo, propugnando un acercamiento al mundo capitalista a la vez que reemplazaban su anterior dogmatismo por un puñado de vagos enunciados nacionalistas.

—¿Se podría decir que los Jemeres Rojos han dejado de ser rojos?

—Hemos cambiado de línea política porque la realidad nos ha obligado a ello. No se puede olvidar que nuestro país se encuentra ocupado por el Ejército vietnamita y que, para hacer frente a esa agresión, precisamos la ayuda internacional. Sin renunciar a las banderas del comunismo no encontraríamos un solo aliado, frente a un Vietnam firmemente apoyado por el bloque soviético. Y cuando consigamos expulsar a las tropas vietnamitas de nuestro suelo patrio, tampoco desaparecerá el peligro que representan las ambiciones anexionistas de Vietnam, expresadas en la idea de Ho Chi Minh de una Indochina unida. Ese peligro se mantendrá durante dos o tres generaciones por lo menos. Por eso, hemos comprendido que nuestra línea política tiene que servir para un periodo de larga duración y que, para lograrlo, debería centrarse en preservar la existencia de Kampuchea, evitando que desaparezca como desaparecieron el reino de Champa o las regiones de la baja Kampuchea, tragados por Vietnam. No podríamos construir el socialismo sin un país donde hacerlo realidad, así que asegurar la supervivencia nacional tiene que ser lo primero. Las generaciones futuras deberán decidir si dotarse o no de un sistema socialista.

—¿Qué ha cambiado durante los últimos tiempos en la sociedad rural camboyana, en las regiones que permanecen bajo el control de sus fuerzas? ¿Cómo se han transformado las estructuras sociales desde aquel modelo de colectivismo primitivo?

—En estos momentos no nos paramos a desarrollar un «modelo de sociedad» concreto. Estamos en guerra y nuestro objetivo es que todo se vuelque en el esfuerzo bélico, para contribuir a la victoria. Aun así, se han producido cambios substanciales. Por ejemplo, ya no existen comedores colectivos; se respeta la vida familiar e individual; los campesinos trabajan sus propias tierras en lugar de hacerlo para la comunidad… Y todo el mundo se beneficia de los frutos directos de su trabajo, pudiendo comerciar libremente con ellos. Hay también una total libertad religiosa, incluso para el culto tradicional a espíritus y fetiches. En fin, usted habrá podido comprobar esa nueva realidad durante el recorrido que acaba de hacer con nuestras tropas por parte de las regiones del país cuyo control hemos recuperado.

Incorporándose, Ieng Sary dio por finalizada la entrevista con un par de frases que resumían la nueva doctrina polpotista:

—Ahora lo único que realmente importa es salvaguardar la existencia de Camboya como nación. Todo lo demás forma parte de un pasado que debemos superar para mantenernos unidos.

(En 1996, Ieng Sary se unió a las fuerzas del Gobierno de Phnom Penh con tres mil guerrilleros a sus órdenes, precipitando así la desintegración final de los Jemeres Rojos. Un año después regresó a Phnom Penh y adquirió una casa, dispuesto a vivir un discreto retiro. Realizó frecuentes visitas a la región de Pailín, junto a la frontera tailandesa, donde su hijo Ieng Veth mantenía negocios tan polémicos como el tráfico de rubíes y zafiros de los yacimientos locales, la intermediación con empresas madereras para facilitarles la devastación de bosques, o la administración de casinos. Aunque había sido amnistiado por el rey Norodom Sihanuk, Ieng Sary fue arrestado en noviembre de 2007 por orden del tribunal mixto Camboya-Naciones Unidas, que le acusó, primero, de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y, más tarde, de genocidio por el exterminio de vietnamitas y miembros de la comunidad musulmana. Su esposa también fue detenida, pero quedó libre debido a la demencia que padecía. Enfermo del corazón, Ieng Sary falleció en el hospital penitenciario de Phnom Penh el 14 de marzo de 2013, a la edad de 87 años).

Entrevista con Khieu Samphan
Asesinos bienintencionados pero inexpertos

Las mismas palabras de Ieng Sary las escucharía cuatro años más tarde repetidas por Khieu Samphan, que había reemplazado formalmente a Pol Pot en una jugada de enroque, para facilitarle una discreta retirada a la trastienda de la Historia. Fue otra conversación decepcionante. Porque el dirigente de los Jemeres Rojos con mayor formación intelectual[30], y que siempre había ocupado puestos con las más altas responsabilidades, limitó su discurso al prontuario elemental que todos los representantes de Kampuchea Democrática repetían ante los periodistas: negación del genocidio y presentación de la «cuestión vietnamita» como eje central de los problemas de Camboya.

La pretensión de ignorar los crímenes de Estado cometidos durante los cuarenta y cuatro meses de existencia del régimen de Kampuchea Democrática, atribuyendo su aberrante política a «errores de inexpertos», resultaba aún más absurda en boca de quien tuvo un papel determinante en el nacimiento de la revolución[31], fue primer ministro de la coalición contra la dictadura de Lon Nol[32] durante la guerra civil, estuvo al frente de la lucha guerrillera, elaboró el programa económico que determinó las políticas de autarquía y colectivización agraria, e incluso detentó la presidencia de la nación, reemplazando al príncipe Norodom Sihanuk en 1976, cuando éste, prisionero en su propio palacio, se hartó de ser una marioneta política de Pol Pot y se exilió en Beijing.

Sin embargo, Khieu Samphan sostuvo lo insostenible sin inmutarse durante la entrevista que mantuvimos en la sede de la representación camboyana en Ginebra[33]. Desde tres años antes adornaba su figura política con el título de vicepresidente de la coalición en el exilio y encargado de su política internacional, lo que le permitía acceder a distintas tribunas para defender las renovadas tesis de los Jemeres Rojos.

Fiel a sus característicos ademanes de intelectual elegante con expresión impasible, aceptó mis preguntas sobre el genocidio polpotista como si formasen parte de un ritual obligatorio. Y las respondió de forma sucinta, limitándose a calificar los crímenes de los Jemeres Rojos como «errores de hombres bienintencionados pero políticamente inexpertos», para enseguida centrar su discurso en la ocupación vietnamita de Camboya:

—Los tres años que permanecimos en el poder suponen un plazo de tiempo demasiado corto. Sobre todo, considerando la amplitud de nuestros esfuerzos por transformar completamente las estructuras sociales, con el objetivo prioritario de liberar las fuerzas campesinas necesarias para la reconstrucción de nuestro país. Pero nunca seguimos una política sistemática de matanzas. Simplemente, era natural que cometiéramos errores en la gestión del poder. Porque contábamos con unos principios de Ley básicos y fundamentales, pero no llegamos a establecer con la rapidez precisa la separación de poderes que asegura los derechos de cada ciudadano. En el fondo ése fue nuestro principal error.

—¿Se puede considerar un «simple error» emplear el terror como método de gobierno?

—Lo que pretendimos no fue masacrar a nuestro pueblo, sino edificar una nueva Kampuchea a partir de nuestros propios medios. Intentamos los cambios necesarios para conseguirlo. Pero la dura realidad de las cosas nos enseñó que no era posible avanzar por esa vía. Persistir en ella habría supuesto perder nuestra amada Kampuchea y desaparecer, tutelados dentro de una Federación Indochina en la que Vietnam sería el amo.

—¿Insiste usted en desconocer los muchos crímenes cometidos por el régimen de Kampuchea Democrática?

—No me consta que se produjeran como se ha asegurado. Yo vivía absolutamente entregado a mi trabajo en el Gobierno, actuando siempre por el bien de la nación, y muchas veces no me enteraba de qué sucedía en la base de la sociedad. Así que no puedo discutir sobre algunos hechos concretos que siempre ignoré.

El resto de sus declaraciones quedaría limitado a un puñado de divagaciones políticas y generalidades sobre la resistencia militar a la ocupación vietnamita, sin datos concretos que resultaran fehacientes. Se aproximó al enorme mapa de Camboya que cubría una de las paredes de la sede diplomática, y señaló sobre él los «extensos territorios» donde operaban «decenas de miles» de combatientes. Era el único tema de conversación que admitía, como eje vertebrador de la nueva política de alianzas de los Jemeres Rojos.

Tras el acuerdo de paz, firmado en París en 1991, entre las distintas facciones todavía enfrentadas en Camboya, Khieu Samphan intentó fijar su residencia en la capital del país, acogiéndose al programa oficial de «reconciliación nacional». Pero sufrió un intento de linchamiento callejero y tuvo que huir de Phnom Penh, protegido por el Ejército en un vehículo blindado. El rechazo general llevaría a los dirigentes polpotistas al aislamiento, sin otro horizonte que una postrera y desesperada lucha en sus dominios de la jungla, atrapados en el callejón sin salida de una insurgencia estéril, cuyo móvil principal era su propia supervivencia.

En 1998, tras el fallecimiento de Pol Pot, Khieu Samphan negoció un acuerdo personal con las autoridades de Phnom Penh y se estableció en Pailín, que había sido el mayor y último feudo de los Jemeres Rojos. Allí fui a visitarle, sin cita previa, mediado el mes de enero de 2005[34]. Charlamos largo rato, pero no quiso hablar frente a la cámara.

—Hace falta olvidar cuanto sucedió —argumentó—. El pasado es sólo pasado. Removerlo no produce más que dolor.

Era ya otro hombre, un anciano inseguro que se enfrentaba a la incertidumbre de las largas negociaciones y preparativos para proceder a su enjuiciamiento, junto a los de Ieng Sary, Noum Chea y Duch. Y le convenía guardar silencio.

(Khieu Samphan fue detenido en noviembre de 2007, sólo una semana después que Ieng Sary. Permaneció encarcelado once años en espera de juicio. Finalmente, el tribunal lo consideró culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad, y dictó su condena a cadena perpetua en noviembre de 2018. Siempre negó obstinadamente sus responsabilidades, insistiendo en que «ignoraba las atrocidades ordenadas por otros dirigentes» de los Jemeres Rojos).

Capítulo V
Terrorismo de Estado contra el terrorismo islamista

Como respuesta a los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono, los Estados Unidos —más allá de enviar a sus tropas a Afganistán e Iraq— implementaron un nuevo sistema de terrorismo de Estado con alcance internacional. Diseñado por la CIA, comprende la actuación ilegal de sus agentes en el extranjero —aunque con el conocimiento y complicidad de los gobiernos de países aliados de Washington— mediante secuestros, torturas, desapariciones y traslados clandestinos de detenidos, y una larga cadena de cárceles secretas por todo el mundo, cuyo último y más visible eslabón se encuentra en la base militar de Guantánamo. La nación que se jacta de ser eterna defensora de la libertad en el mundo degrada su democracia, atropellando sus propios principios fundacionales, al utilizar métodos similares a los utilizados por las tiranías más abyectas.

Entrevista con Mark H. Buzby.
El carcelero mayor de Guantánamo

No hubo tazas de café sobre la mesa, ni siquiera una jarra de agua y unos vasos de plástico, durante mi entrevista con el almirante Buzby en la cárcel de Guantánamo. Tampoco el mínimo atisbo de cordialidad, sin palabras de bienvenida, preguntas corteses o frases tópicas. Tan sólo el frío y obligado «protocolo castrense»: presentaciones rutinarias y saludos marciales en la puerta de la sala de juntas que albergó la reunión. El mando militar de la base al completo ocupó los asientos de la larga mesa en orden jerárquico, con sus identidades ocultas en cumplimiento de la política de seguridad del Pentágono. A un lado, observándonos en silencio, se acomodó un inesperado convidado de piedra: un representante de la CIA, enviado desde Washington para supervisar mi visita a la prisión[1].

Mark H. Buzby, jefe de la Fuerza Especial Conjunta de la Base Naval de Guantánamo[2], comprobó de un vistazo que todo estaba en orden, miró al jefe de prensa y le hizo un gesto de afirmación con la cabeza. Éste entró directamente en materia y, sin preámbulos, nos invitó a formular las preguntas que deseáramos. El máximo responsable de la prisión sería el único en responder. La presencia muda de todos los oficiales bajo sus órdenes obedecía únicamente a evidenciar un respaldo absoluto a su superior, ante la mirada inquisitorial de un funcionario cuya inusual presencia les incomodaba notoriamente. En tales condiciones, la conversación comenzó cargada de tensión. Recibidos y tratados como enemigos, no había razón alguna para esforzarnos en remilgos ni eufemismos, así que empecé fuerte:

—¿Es cierto que la mayoría de sus prisioneros no fueron capturados por las tropas norteamericanas en Afganistán, sino comprados al precio de cinco mil dólares por cabeza a los «señores de la guerra»?

El almirante, cuyas funciones como carcelero mayor de Guantánamo incluían dar la cara ante cuestiones incómodas, admitió el hecho como si no tuviera por qué afectar al prestigio de las Fuerzas Armadas estadounidenses:

El almirante Mark H. Buzby, reconvertido en carcelero mayor y verdugo jefe de la ignominiosa cárcel de Guantánamo.

—En efecto. Según nuestras propias cifras, sólo el 21 por 100 de los detenidos que tenemos fueron apresados por nuestros efectivos. El resto nos lo entregaron distintos miembros de la coalición militar. Pero tiene usted que tener en cuenta que gran parte de ellos proceden de las zonas más remotas y «salvajes» de Afganistán, o bien del territorio de Pakistán, áreas en las que las fuerzas de los Estados Unidos no podían penetrar.

—Según mis informaciones, hay presos que aún eran menores de edad cuando fueron enviados aquí. Por lo menos dos, que tenían sólo 15 y 17 años cuando llegaron. ¿Por qué no se les aplicó la convención internacional para proteger a los niños soldados?

—Hemos tenido a muchos menores de edad, traídos inicialmente a Guantánamo. Sus circunstancias se examinaron, quedaron separados de los demás y después fueron devueltos a sus países, enviados a casa. No puedo entrar en especulaciones sobre ellos. Sólo puedo hablar acerca de quienes se encuentran bajo mi responsabilidad. Y el caso de esos dos que menciona es cierto, pero llevan aquí más de seis años, así que ya no son menores.

Lo dijo sin perder la compostura. Recitaba una bien aprendida doctrina, sin apoyarse en datos ni plantearse las más elementales consideraciones éticas. Pero seguramente su falseamiento de la realidad respondía también a sus propias convicciones, arraigadas en una ideología conservadora compartida con la mayoría de su gremio.

—Distintas organizaciones de derechos humanos afirman que, al cabo de años de confinamiento y de constantes interrogatorios sin ser acusados formalmente de nada, la desesperación empuja a los prisioneros a declararse en huelga de hambre e incluso a intentar el suicidio. ¿Hay actualmente algunos reclusos en huelga de hambre?

—Sí. En estos momentos tenemos doce detenidos en huelga de hambre. Y nueve de ellos están siendo alimentados por la fuerza, para evitar que se deterioren físicamente y lleguen a morir.

—¿De qué modo se les obliga a ingerir alimentos?

—Se emplea un procedimiento seguro, que los mantiene fijos en un sillón con la cabeza sujeta e inmovilizados de brazos y piernas, para que se pueda forzar la ingesta y conseguir que la comida les llegue al estómago, sin riesgo de causar daños físicos a los detenidos ni a los médicos que se ocupan de ellos.

—Dieciocho meses atrás, el almirante Harry B. Harris Jr., su antecesor al frente de la base de Guantánamo, afirmó que tres suicidios en esta cárcel no habían sido producto de la desesperación de los convictos, sino fruto de su propia falta de respeto por la vida[3]. Incluso los consideró «actos de guerra asimétrica», calificándolos como mera «propaganda política». ¿Está usted de acuerdo con aquellas polémicas apreciaciones?

—Me resulta difícil definir por qué alguien cae en el suicidio. Es algo que yo nunca he contemplado. Tampoco he tenido amigos ni nadie cercano que cometiese suicidio, así que no soy capaz de imaginar los motivos para que alguien haga algo así. Por tanto, no sé qué respuesta dar a su pregunta, excepto que estoy seguro de que los suicidas tendrían en sus mentes una «buena razón» para hacerlo, ya se tratase de cobardía, de una decisión equivocada o cualquiera que fuera. Yo sé lo que sé, y no sé por qué lo hacen.

—El hecho es que durante los últimos años, a causa de la llamada «guerra contra el terrorismo», se ha producido un deterioro internacional de los derechos humanos. Y los Estados Unidos parecen estar ahora atropellando libertades y derechos que siempre tuvieron a gala defender...

—Creo que esta guerra no es como las que hemos vivido con anterioridad. Y me parece importante que no nos pongamos al nivel de los terroristas, que mantengamos el respeto por los derechos humanos y que Estados Unidos siga siendo el campeón de su defensa en el resto del mundo. Se ha hablado mucho sobre nuestra actuación militar en Vietnam. Allí tuvimos prisioneros de guerra durante nueve años. Nueve años sin que se les juzgara y sometidos a torturas, porque está confirmado que fueron torturados, cosa que no está ocurriendo aquí. Aquello fue aceptado por la comunidad internacional, ¿sabe usted? A esta gente detenida en Guantánamo le estamos dando un trato adecuado. Y, por cierto, no están considerados como prisioneros de guerra. Así que no hay nada que pueda avergonzarnos. Cumplimos con los Convenios de Ginebra, incluso los tratamos mejor que lo establecido por ellos en muchos casos.

Habría sido un empeño inútil cualquier intento de avanzar más allá del argumentario oficial del Departamento de Estado, que se repetía en cada una de las contestaciones del almirante Buzby. Y finalicé la entrevista pidiendo su opinión sobre el ya entonces incierto futuro de la prisión que dirigía, atrapado en un doble laberinto legal y político.

—¿Cuál cree usted que puede ser la solución para dar fin a la anomalía que supone esta cárcel?

—Mi esperanza se basa en que nuestro presidente ha dicho que algún día no tendremos necesidad de disponer de un establecimiento como éste, que se logrará llegar a una situación en la que Guantánamo ya no nos haga falta. Y que esta prisión se cierre cuando termine el actual conflicto, o porque se celebren unos juicios en los que estas gentes tengan oportunidad de que un tribunal determine si son culpables o inocentes.

El «terror avanzado» de Guantánamo

Los métodos de tortura empleados en el infierno de Guantánamo son mucho más «limpios» y sutiles que los de cualquier otra cárcel política en el mundo. Los norteamericanos evitan mancharse de sangre. Porque arrancar uñas, violar, azotar hasta el despellejamiento, electrocutar y otras prácticas habituales entre sus colegas de muchos «países del Sur» no parece algo propio de estadounidenses, siempre orgullosos de que sus «esencias fundacionales» invoquen como deberes ineludibles la defensa de la libertad y la lucha por la felicidad.

El látigo, la picana, las tenazas, son instrumentos primitivos y groseros. Las técnicas del «moderno» terror de Estado responden a una mayor sofisticación y, más allá del tormento físico, persiguen desarmar y dañar psicológicamente a los prisioneros. Con una crueldad y un refinamiento más depurados, los torturadores yanquis cultivan el miedo y la incertidumbre de los detenidos, recurriendo a una humillación sistemática hasta lograr su deshumanización. Para causarles un agotamiento mental lindante con la locura, les impiden dormir, los mantienen en situación de aislamiento indefinido, en total oscuridad o siempre con la luz encendida, carentes de referencias sobre el paso del tiempo, en silencio absoluto o con ruidos incesantes y música repetitiva al máximo volumen, en celdas minúsculas u obligándoles a permanecer largo tiempo de pie, o en posturas forzadas que producen fatiga y dolores intensos, y sometidos a temperaturas extremas. Las palizas puntuales o los simulacros de ahogamiento no son más que «complementos» a las torturas psicológicas.

Frente al anárquico terror ciego de Al Qaeda y otras organizaciones armadas islamistas, los estrategas de Washington han perfeccionado su propio sistema de terror «avanzado» como parte esencial de una implacable respuesta militar. Y la cárcel de Guantánamo, creada en ese contexto, se ha convertido en paradigma de su aplicación, desde el inicial impulso vengativo de retaliation (represalia) proclamado por el presidente Bush, tras el atentado contra las Torres Gemelas, hasta la firme voluntad de aniquilar al nuevo enemigo internacional, arraigada en las instituciones políticas. Por sus características criminales, contrarias a los derechos más elementales, Guantánamo parece fruto de una tiranía despiadada, pero es obra de la democracia más poderosa del mundo y está oficialmente puesta «al servicio de la libertad».

Numerosos testimonios recogidos por las principales organizaciones de derechos humanos —incluidas las norteamericanas— desvelan la perversa metodología seguida por los verdugos que los Estados Unidos reclutan y forman en el seno de sus propias Fuerzas Armadas. Los catorce ex prisioneros de Guantánamo que en 2009 intentaban rehacer sus vidas en Inglaterra describieron ante las cámaras de TVE el trato que recibieron en la ilegal prisión caribeña[4].

—Todos los presos sentíamos que estábamos dentro de una tumba, como si ya estuviéramos muertos —me explicaba Omar Deghayes—. Los interrogadores nos repetían continuamente «saldréis de aquí algún día, pero saldréis con el alma rota». Buscaban quebrarnos moral y físicamente. No nos consideraban seres humanos, sino simples números. Nos tenían encadenados al suelo, nos golpeaban, nos privaban del sueño…

La narración de Deghayes[5] coincidía con la de Tarek Derghoul[6], que calificaba como «formas de tortura pasiva» las condiciones «reglamentarias» de encarcelamiento en la base norteamericana:

—Cuando veían que estabas rezando en tu celda, llamaban a la puerta para acosarte. Si no interrumpías los rezos, entraban y te atacaban, te rociaban con espray, te tiraban al suelo, te ponían una rodilla en el cuello, te saltaban sobre la espalda, te pegaban patadas y puñetazos. Por las tardes había un ruido tan ensordecedor en los módulos que no podíamos dormir ni pensar. Ponían música pop muy alta. Además, jugaban con la temperatura. Hacía muchísimo calor y el aire estaba pegajoso. Sin embargo, te mantenían en aislamiento, a veces durante un mes, confinado en una pequeña celda bajo un chorro de aire muy frío. Tanto que mi tazón de agua estaba cubierto por una capa de hielo.

—Eso también pasaba en las celdas comunes —añadió Bisher al Rawi[7]—, ponían la refrigeración al máximo, dejaban a los presos sin mantas y la gente sollozaba, tiritando. Traté de abrigarme con la alfombra de oraciones, pero me la quitaron, igual que el papel higiénico cuando lo utilicé para atenuar la iluminación. Pero lo peor, lo más difícil de soportar, eran los gemidos de otros compañeros que sufrían sin que les dieran medicación alguna. Los oía y daba vueltas y más vueltas en mi celda sin poder ayudarles.

Moazzan Begg[8] no se negó a recibir la visita amistosa de uno de sus guardianes en Guantánamo. Le abrió la puerta de su hogar en Inglaterra y le invitó a cenar con su familia y varios amigos.

—El pobre tipo estaba muy afectado por lo que le tocó hacer —nos comentó—. Decía que se había sentido como un soldado alemán en un campo de concentración nazi. Yo le aseguré que los detenidos no éramos terroristas, sino víctimas del terrorismo de Estado norteamericano. Y que él no tenía la culpa de los malos tratos, ni de que sus jefes quisieran aterrorizarnos.

Las voces de aquellos hombres rotos eran un eco lejano de los gritos desesperados de otros centenares de infortunados que aún continuaban encerrados, sin juicio y sin saber siquiera de qué se les acusaba, en el territorio oscuro de la base militar que los Estados Unidos mantienen en un rincón del sur de Cuba, contra la voluntad del Gobierno de La Habana[9]. Guantánamo ha expuesto las vergüenzas de los principales aparatos del poder de la democracia norteamericana, poniendo en evidencia los límites de la propia Casa Blanca y la turbiedad de los sistemas parlamentario y jurídico estadounidenses. Barack Obama, nada más ocupar el Despacho Oval en enero de 2009, anunció que cerraría la controvertida prisión durante su primer año de mandato. Pero un inflexible boqueo republicano en el Congreso hizo que agotase dos mandatos sucesivos sin conseguirlo. Un día antes de que acabara su presidencia anunció la liberación de cuatro reclusos, dejando tras las rejas a 41 de los 242 que encontró al ganar las elecciones en 2009. Su sucesor, Donald Trump, se manifestó orgulloso por el mantenimiento de la cárcel como «elemento fundamental de la guerra contra el terrorismo». Y el agujero negro que Guantánamo supone para el Derecho internacional continúa vigente, ignorando las críticas expresadas por las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo —aunque tardaran años en formularlas y lo hicieran con la boca pequeña, para no desafiar al poderoso aliado norteamericano—, así como por las condenas de organizaciones humanitarias del mundo entero.

En enero de 2008, el camarógrafo Jesús Mata y yo recibimos autorización para entrar en Guantánamo, en una decisión que los propios mandos de la base atribuyeron a un «grave error» del Departamento de Estado, cometido mientras sus agentes más experimentados disfrutaban de las fiestas navideñas[10]. Al parecer, la CIA manifestó su disconformidad, tras comprobar que no cumplíamos el requisito de estar acreditados como corresponsales fijos en los Estados Unidos y, sobre todo, examinar nuestros antecedentes profesionales. Pero no se quiso afrontar el pequeño escándalo político de anular un permiso ya concedido a un medio oficial de un país aliado en la «guerra contra el terrorismo» y se optó por la realización de una «visita controlada». La efectuaríamos solos, para que nuestras opiniones no «contaminasen» a otros informadores. Además, la CIA impuso la presencia de un funcionario que nos escoltara y vigilase durante nuestra estancia. Aquello molestó a las autoridades militares, que lo tomaron como una desconfianza política en su gestión. Así, los roces entre estamentos oficiales acabaron por transformar lo que estaba previsto como otro recorrido rutinario de un amplio grupo de periodistas en una visita «privilegiada» de tan sólo dos enviados especiales extranjeros. Y la habitual rueda de prensa con el jefe de la prisión pasó a ser una entrevista exclusiva, a la que asistió todo el staff de Guantánamo. Las «condiciones especiales» dictadas por la CIA para el desarrollo de nuestro trabajo comprendían la prohibición de mezclarnos con el personal civil de la base. No podríamos movernos por el pueblo donde vive, ni siquiera entrar en la capilla, los comercios, el cine o los restaurantes. Tendríamos que desayunar, almorzar y cenar en los comedores castrenses, siempre en compañía de nuestro escolta. Y nos alojaríamos en un chalet unifamiliar de un apartado barrio para oficiales, pegado a la frontera de Cuba. A nadie se le ocurrió que eso nos permitiría burlar la limitación de hacer llamadas telefónicas, libres del monopolio y la censura del locutorio castrense, y entrar en directo en Radio Nacional de España utilizando la red cubana de Movistar.

Nuestra visita al recinto carcelario estuvo precedida por el clásico briefing, con una larga sesión de instrucciones sobre todo lo que no debíamos hacer. Quedaba terminantemente prohibido intentar comunicarnos con los prisioneros, a quienes sólo podríamos fotografiar de lejos, como cuerpos anónimos sin rostro ni voz. También nos estaba vetado filmar vistas aéreas de la base, de sus radares… ¡y hasta de la línea del mar en el horizonte! No debíamos retratar al personal civil con el que coincidiéramos a bordo del ferry que cruza la bahía desde y hacia el aeropuerto. Ni siquiera conoceríamos los nombres y rangos de nuestros interlocutores. Y habríamos de someter cuanto grabásemos a un censor, que borraría todo lo que no resultara de su agrado.

En el centro del pequeño núcleo urbano de Guantánamo, que atravesamos sin detenernos, un llamativo escudo de los «cerdos de la guerra» (sic) saludaba a los visitantes, entre una macabra iconografía de calaveras y sables ensangrentados, como homenaje a la «gloriosa» memoria de los contingentes de soldados que allí se habían convertido en ignominiosos carceleros. Jesús Mata compuso un encuadre antológico con las esencias locales del american way of life: el emblemático arco del MacDonald’s, una alambrada coronada de concertinas y el perfil de una pequeña iglesia, dominados por la bandera de barras y estrellas.

Un prolongado circuito, sorteando controles entre un alto cercado metálico cubierto de tela plástica verde, nos llevó hasta las instalaciones abandonadas de lo que fue, a partir del 11 de enero de 2002, el primer módulo de una cárcel improvisada para encerrar a supuestos terroristas en condiciones inhumanas: el «Campo de Rayos X», cuyas celdas no eran más que pequeñas jaulas de alambre, como gallineros, donde los presos permanecían siempre al aire libre, sufriendo las inclemencias del clima caribeño. Se utilizó sólo durante tres meses, pero su imagen pervive en el recuerdo colectivo.

—El enrejado no tenía huecos practicables, lo que nos obligaba a abrir las puertas cada vez que se hacía un reparto de comida y agua —nos contó el mayor Owens—. Eso causaba constantes conflictos, porque los detenidos aprovechaban el momento para agredir a los guardianes. Además, al no haber letrinas, utilizaban un cubo como evacuatorio y guardaban sus heces y orines para arrojárselos a nuestros soldados cada vez que se aproximaban. El aislamiento no resultaba posible, ya que no había paredes de separación y los presos hablaban unos con otros. Afortunadamente no se tardó mucho en habilitar otro lugar con mejores condiciones.

El oficial se refería al recinto Delta 4, que nos mostró a continuación, cuyo aspecto de mayor seguridad responde al modelo clásico de campo de concentración popularizado por el cine bélico. Con desfachatez, sobre las rejas de su entrada, un cartelón proclamaba el «honor de luchar por la libertad». Y un pequeño tablón de anuncios exhibía, junto a un puñado de noticias escogidas de la actualidad del mundo árabe, el texto del artículo tercero de la Convención de Ginebra, que, en aquel contexto, parecía una reliquia histórica de tiempos mejores. Sin ironía alguna, nuestro guía señaló en el patio una fila de macetones de cemento llenos de tierra yerma, presentándolos como los «jardines» que distintas organizaciones humanitarias habían reclamado para dotar al presidio de «espacios naturales». A continuación, nos acompañó a una estancia que servía de «aula de estudios», con seis pupitres para que los detenidos asistieran a cursillos de formación cultural… con los pies encadenados a los asientos y vigilados por varias cámaras de televisión; una sujeción mediante grilletes que se repite en las salas de interrogatorios y los locutorios para consultas con los abogados.

Con todo, el Campo Delta 4 pretende ser la «cara amable» de Guantánamo, gracias a las ventajas otorgadas a una veintena de reclusos que, aceptando su destino, habían renunciado a cualquier actitud de rebelión que complicara aún más su difícil situación. A cambio de su mansedumbre se les autoriza a mezclarse con sus compañeros, orar cinco veces diarias —incluso en grupo— y estudiar, además de lavar y tender sus ropas. También se les permite hacer ejercicio al aire libre, en unos patios de siete metros y medio de anchura por nueve de longitud, cuyas sesiones oscilan entre dos horas diarias y treinta minutos en fechas alternas. Meses después de nuestra visita, esos privilegios se incrementarían con la posibilidad de ver algunos noticiarios y retransmisiones deportivas por televisión, así como de jugar con una playstation.

Las cosas empeoran notablemente en el Campo Delta 5, inaugurado en mayo de 2004. En sus celdas de siete metros cuadrados, dispuestas al modo característico de los corredores de la muerte en las penitenciarías norteamericanas, no hay más referencia del transcurso del tiempo que las comidas. Porque los presos permanecen veintitrés horas seguidas en su interior, siempre con la luz encendida, de modo que no exista diferencia entre el día y la noche. Tan sólo disponen de sesenta minutos para ducharse y dar unos pasos, como leones en un antiguo parque de fieras, en jaulas de alambre de unos 20 metros cuadrados. Sus cuidadores se acercan a ellos, protegidos por máscaras protectoras y buzos de plástico, sabedores de que recibirán un bombardeo de los denominados «cócteles sucios»: orina, vómitos, saliva, semen y sangre.

Durante seis años habían pasado por aquel infierno cerca de 800 detenidos ilegales de 40 nacionalidades diferentes, de los cuales 285 continuaban privados de libertad y derechos. Los reclusos nos observaban recelosos, aunque nuestra presencia alimentara sus sueños de obtener la libertad, acogidos por algún Gobierno extranjero[11]. Era su única esperanza, ya que la Cruz Roja —que se encargaba de facilitarles el contacto postal con sus familias— se oponía a que Washington los entregase a sus países de origen, por temor a que pudieran ser torturados o asesinados. Enseguida advertimos que el uso de tres colores los diferenciaba. Los portavoces castrenses nos explicaron que las batas blancas distinguían a quienes respetaban las normas y, como premio, recibían «elementos de confort personal»: cepillo y pasta de dientes, papel higiénico, jabón y, sobre todo, una alfombrilla de oraciones y su propia masbaha (el rosario musulmán). El tono marrón servía para diferenciar a los menos dóciles, de cuyas posibles reacciones violentas se desconfiaba, y se les castigaba con «bienes» más escasos y menores «comodidades». Por último, los rebeldes vestían uniformes naranjas —hechos de un tejido imposible de rasgar para impedir que lo hicieran tiras con que ahorcarse—, carecían de todo y comprobamos que sus colchonetas eran duras como piedras.

Una placa inaugural, alzada frente al Campo Delta 6, delata algunos de los beneficios económicos obtenidos por los grupos de poder que impulsaron y diseñaron la «guerra contra el terrorismo». Como si se tratase de una obra social por la que manifestar orgullo, su texto recoge los nombres de los constructores, revelando que la firma ejecutora del proyecto fue una filial de Halliburton, la corporación económica directamente vinculada al vicepresidente Dick Cheney, que se hizo mundialmente famosa como contratista de mercenarios a las órdenes del Pentágono en las guerras de Iraq y Afganistán.

Las medidas de seguridad se extreman en el sexto módulo de Guantánamo, cuyas galerías albergan a los «enemigos combatientes» considerados más peligrosos. Sus celdas, distribuidas en dos pisos, dan a un amplio espacio amueblado con largas mesas, donde hacen guardia unos vigilantes permanentemente atentos a cada movimiento de los detenidos, a través de los vidrios de las puertas y ventanas de los calabozos, formados por cristales de espejo que impiden a los presos mirar al exterior. Su aislamiento no se interrumpe para comer, ya que deben consumir los alimentos en la soledad de sus celdas o, en todo caso, durante su breve estancia en las minúsculas «áreas de recreo». En ellas, siempre una flecha pintada en el suelo indica la dirección de La Meca, por si alguno prefiere rezar en vez de hacer gimnasia o dar toques a un balón de fútbol.

En uno de los pasillos que conducen al dispensario médico, nos cruzamos inesperadamente con un prisionero, al que varios soldados trasladaban con los grilletes de sus manos unidos a los de sus pies mediante una larga cadena que arrastraba por el suelo. Casi no pudimos verlo, ya que nuestros escoltas se interpusieron, tapando la cámara, y nos empujaron a una pequeña habitación lateral. Fue una breve muestra de los aspectos cotidianos de Guantánamo que quedan ocultos a los ojos de sus escasos visitantes.

El mayor problema médico radica en la imposibilidad legal de trasladar a los presos a un hospital de Miami en caso de urgencia, ya que en la base no hay un quirófano que merezca tal nombre. La clínica que lo reemplaza, estrecha y desordenada, habría avergonzado a muchos establecimientos de cuidados veterinarios en España. Nadie se había molestado en adecentarla, sabiendo que íbamos a filmarla, acaso por creer que su clientela no merecía algo mejor ni más limpio. O porque bastante trabajo desagradable tenían con frustrar los continuos intentos de suicidio entre la población penal —uno por semana durante los seis últimos meses— como para esforzarse en poner cada cosa en su sitio y esmerarse con escobas y bayetas. En sus dependencias se acababa de alimentar por la fuerza a doce «rebeldes» en huelga de hambre, atados a unos sillones especiales que no se nos permitió ver, pero cuya publicidad en Internet definía como «celdas almohadilladas sobre ruedas».

—Lo hacen con gran violencia —me explicaría tiempo después Clive Stanfford Smith[12], uno de los abogados que más veces había viajado a Guantánamo—. Les introducen por la nariz un tubo de 110 centímetros de longitud dos veces cada día. Es un procedimiento muy doloroso. Pero lo utilizan como respuesta a lo que interpretan como formas de lucha política y actos de propaganda, sin entender que las huelgas de hambre responden en realidad a la desesperación, la depresión y los deseos de morir en hombres que llevan muchos años encerrados y aislados.

La psiquiatra militar, responsable de la salud mental de todos los residentes en Guantánamo, insistió en minimizar el inevitable deterioro de los confinados:

—En algunos se aprecian dificultades para discernir, para dormir y para enfrentarse a determinadas situaciones. También expresan ciertas alteraciones, como cambios bruscos de humor, que se manifiestan en momentos de tensión y peleas. Pero lo cierto es que muy pocos sufren desórdenes psicóticos.

Estábamos ya al final de circuito establecido para la prensa cuando inquirí:

—¿No existe un Campo 7?

—La verdad es que no dispongo de información sobre ello —respondió nuestro guía con una sonrisa.

Sus palabras parecían ser tan sólo la respuesta irónica a una pregunta impertinente, porque habrían de transcurrir más dos años antes de que se empezara a especular sobre ese séptimo «campo fantasma». Calificado de «máximo secreto», no sería mencionado por las autoridades norteamericanas hasta 2012, cuando el mayor Michelle Coghill, entonces portavoz de la Joint Task Force, se refirió a él sin revelar su localización. Creado en diciembre de 2006 bajo la denominación clave de Platinum, se encontraba camuflado en la falda de una colina, fuertemente vigilada y protegida bajo un enrejado electrificado. La seguridad se extremó mediante su división en compartimentos estancos, dotados de un sistema contra incendios, para conjurar el riesgo de una evacuación forzosa. Lo más interesante es que ese módulo no dependía de las autoridades militares de la base, cuyos efectivos tuvieron siempre prohibido aproximarse a él, sino directamente de la CIA. Dedicado a los trece detenidos «de mayor valor político», sus abogados necesitaban el amparo de una orden judicial para visitarlos. Incluso los miembros de la Cruz Roja autorizados a inspeccionar sus instalaciones eran transportados en vehículos con cristales opacos y quedaban sujetos por un compromiso de secreto absoluto. Como el Campo 7 parecía responder más a los evidentes recelos y rencillas entre los militares y la CIA que a una necesidad objetiva de extremar el aislamiento y la seguridad de un reducido grupo de convictos. Pero los celosos jefes de Inteligencia perdieron el pulso en abril de 2021, por razones contables. Porque el absurdo módulo carcelario, falto de fondos para su mantenimiento, se encontraba hecho un asco, con el alcantarillado obstruido y constantes averías en la red eléctrica. Como el Departamento de Defensa no consiguió que se aprobara el presupuesto de las reparaciones precisas, se clausuró el módulo secreto y sus tan «valiosos» reclusos fueron reubicados en otras dependencias de Guantánamo.

Finalmente recorrimos el salón de audiencias de los tribunales militares, cerrado sin que hubiera tenido utilidad alguna. En sus proximidades continuaba la construcción del llamado Campo de la Justicia, como futura sede de unos juicios que tampoco aportarían nada. Porque, sencillamente, en Guantánamo no es posible hacer justicia. Lo impide la propia legislación estadounidense. Al no formar parte del territorio nacional, quienes se encuentran encarcelados en la base no reciben la protección de derechos constitucionales como la presunción de inocencia, ni pueden reclamar la actuación de un jurado. En tales condiciones, los procesos judiciales son meras farsas, celebradas en un teatro que tiene como libreto principal el texto del Acta de Poderes Especiales de 2006, promulgada para facilitar la intervención de tribunales integrados por oficiales de las Fuerzas Armadas, con objeto de solucionar el embrollo político de Guantánamo. Su actuación comenzaría en junio de 2008, pero estaba condenada al fracaso desde el instante en que Naciones Unidas la descalificó sin paliativos por incumplir las normas internacionales básicas[13].

Desde 2008 no se han producido ingresos de reclusos. Y, al cabo de sus veinte años de existencia, el presidio cuenta sólo con cuarenta inquilinos, sumamente frágiles por el deterioro que les han causado las diabólicas condiciones de su prolongado encarcelamiento. La realidad es que la Administración norteamericana no sabe qué hacer con una cárcel cuya existencia resulta tan problemática como inútil. Y se empiezan a oír voces que cuestionan su mantenimiento por el alto coste económico: trece millones de dólares anuales. La cuestión más compleja es qué hacer con los seres humanos que aún se pudren en sus celdas. Bush dejó salir a medio millar. Obama consiguió sacar a 197. Con Trump sólo uno fue liberado. Nueve fallecieron: dos por enfermedad y siete —supuestamente— por suicidio. En las primeras semanas de su mandato, Joe Biden planteó la necesidad de una solución definitiva, aunque sin atreverse a proponer su cierre. Entretanto, la Administración estadounidense tiene previsto el mantenimiento hasta 2043[14] de la «cárcel de la vergüenza», que, para entonces, se habría convertido en un insólito «asilo de ancianos terroristas presos». Si todavía vivieran, desafiando los límites de la resistencia humana, los detenidos más jóvenes estarían en torno a los 75 años y el mayor tendría 96.

Las cárceles secretas

El horror y la vergüenza de Guantánamo no es más que la punta del iceberg de un siniestro universo carcelario utilizado por los Estados Unidos en su «guerra contra el terrorismo»: una red de prisiones secretas, desarrollada al margen del Derecho internacional, en distintos países sometidos a la voluntad norteamericana y cómplices de los crímenes del Pentágono. Un circuito de centros de detención, tortura y desaparición —creado por la CIA al amparo de una directiva presidencial, promulgada seis días después del atentado contra las Torres Gemelas— cuya última y más visible estación es la base militar en el Caribe, a cuyas instalaciones llegó sólo una minoría de los secuestrados en distintas zonas del mundo.

La respuesta de un George Bush asustado y desconcertado ante el colosal ataque terrorista en el corazón de Nueva York fue una desproporcionada respuesta militar a escala global, acompañada inicialmente —algo que suele olvidarse— de una dura represión interna, con un altísimo número de detenciones. El recurso al terror de Estado frente a la amenaza yihadista comenzó dentro de casa.

—El 11 de septiembre de 2001 produjo un clima de miedo colectivo, que siempre es una herramienta útil para quienes pretenden reducir las libertades civiles —argumentaba William Goodman, portavoz del Center for Constitutional Rights[15]—. Y fue utilizada por el Gobierno de Bush, por su fiscal general, John Ashcroft, y por su secretario de Defensa para atemorizar a todo el mundo y decir «ahora es el momento de retroceder en esos derechos que habíais asumido tener durante tanto tiempo». Así, inmediatamente después de la destrucción de las torres, miles de hombres fueron llevados a distintas cárceles de los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, sin que interviniera la Justicia ni se les aplicara el habeas corpus. Ni siquiera se les acusó de nada.

Cuando superó el reflejo inicial de cerrar filas en torno a la Casa Blanca, la mejor prensa estadounidense comenzó a investigar los métodos clandestinos de la lucha antiterrorista. Dana Priest, del Washington Post, fue una de las primeras periodistas que denunció las detenciones ilegales en distintos países.

—En diciembre de 2002 supe por primera vez que la CIA contaba con una prisión dentro de una base militar en Afganistán —recordó Priest, entrevistada en Informe Semanal—. Entonces el Gobierno no quiso reconocerlo, ni tampoco admitir que el Ejército y la CIA estuvieran autorizados a emplear técnicas de interrogatorio extremas. Pero, poco a poco, fuimos averiguando más cosas y acabé por hacerme con un memorándum oficial sobre la práctica de torturas.

Finalmente, el 2 de noviembre de 2005, publicó un documentado artículo sobre la existencia de presidios de la CIA en varios puntos del mundo, que generó un intenso debate[16]. La polémica se prolongó varios meses, hasta que la política de mentiras y ocultamientos se hizo insostenible y el presidente Bush admitió los hechos, en un discurso pronunciado el 6 de septiembre de 2006. Las sospechas sobre los crímenes de Estado norteamericanos se transformaron en certezas. Y el escándalo no pararía de crecer.

Los aliados europeos de Estados Unidos no sólo conocían la existencia de los centros ilegales y mantuvieron el secreto, sino que dieron facilidades logísticas permitiendo el uso de sus aeropuertos —como el de Ramstein en Alemania, el de Lajes en Azores o el de Palma de Mallorca— para que hicieran escala los aviones que transportaban clandestinamente a personas secuestradas por la CIA o recibidas de manos de las policías políticas de otras naciones. Algunos llegaron a permitir instalaciones carcelarias de tránsito en sus territorios. La investigación que, para guardar las formas, la Unión Europea encargó al senador suizo Dick Marty, en junio de 2006, probó que catorce gobiernos democráticos habían facilitado operaciones de extraordinary renditions, denominación que daban las autoridades de Washington a las entregas y desplazamientos de prisioneros. Sin embargo, el rastro de los vuelos se perdía siempre en el aire.

Uno de los secuestros que tuvieron más eco en la prensa internacional fue el del imán Osama Mustafá —conocido por el nombre de Abú Omar— en una mezquita de Milán, que la CIA tomó equivocadamente por un punto de reclutamiento de Al Qaeda, en febrero de 2003. Tras pasar largo tiempo en un agujero negro en Egipto, quedó condenado al silencio en Alejandría, donde lo localizamos en noviembre de 2007[17].

—Me torturaron durante 14 meses y medio, en dos centros clandestinos. La tortura la llamaban «la novia» y consistía en crucificarme en una puerta de hierro, atado de pies y manos, para golpearme y darme descargas eléctricas —narró ante la cámara—. También me ponían completamente desnudo sobre una cama mojada conectada con la electricidad. Me pegaban con palos y cables, y me violaron en dos ocasiones: me tiraron boca abajo y uno de ellos se me montó encima. Un día le pregunté a un torturador por qué lo hacía, y me contestó que ese oficio era una tradición de su familia.

Al filo del año 2004, se publicó el caso de Khaled el Masri, ciudadano alemán de origen libanés al que confundieron con un dirigente de Al Qaeda, que la CIA capturó en Macedonia y trasladó a Afganistán, siendo liberado cuatro meses después gracias a las discretas gestiones del Gobierno de Bonn.

—Desde el primer interrogatorio me repitieron que podían hacerme desaparecer y que nadie volviera a saber nada de mí —expuso en la entrevista que le hicimos la realizadora Outi Saarinen y yo en Ulm, en 2006—. Los presos estábamos durante meses en total oscuridad y con música estridente. Algunos permanecían hasta cinco días colgados por las muñecas, totalmente desnudos, sin beber ni comer. A un chico de Tanzania lo apalearon tan brutalmente que le rompieron un brazo por tres sitios, le abrieron la cabeza y perdió muchos dientes.

—Según nuestras averiguaciones, han existido más de veinticinco presidios secretos alrededor del mundo, no sólo en Iraq y Afganistán —nos aseguraba en 2009 Clive Stanfford Smith—. Destacan los de Yibuti, en el cuerno de África, y el de la isla Diego García, en el Índico. Pero también hay que citar las «subcontratas» en Pakistán, Marruecos, Egipto, Jordania, Yemen, Tailandia, Indonesia, Polonia, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Rumanía, Azerbaiyán… y los confinamientos en barcos militares, mucho más difíciles de detectar. Ello hace que el número de reclusos de Guantánamo suponga en torno a un 2 por 100 del total de detenidos. Por ejemplo, la capacidad de la prisión habilitada en la base afgana de Bagram es cinco veces mayor que la de Cuba.

—Todo el mundo ha oído hablar de Guantánamo, pero son mucho peores otras cárceles, como las de Kandahar o Bagram, que parece un campo nazi —afirmaba el ex prisionero Omar Deghayes—. Allí los presos sufrimos abusos sexuales, se nos mantiene desnudos y encapuchados, encadenados a lo alto de los muros, y algunos han muerto por las palizas recibidas. En Pakistán hay más de 20 sitios así, con celdas tan pequeñas y estrechas que en ellas sólo se puede estar de pie.

Las principales organizaciones norteamericanas de Derechos Humanos empezaron a calificar a los presos de la CIA como «desaparecidos»: la misma palabra que emplearon para definir a las víctimas de las dictaduras de Argentina o Chile.

—Es el término adecuado —argumentaba Joan Mariner en la oficina de Human Rights Watch en Nueva York en 2006—. Porque no existe información alguna sobre personas detenidas hace más de tres años.

Michael Ratner[18], incansable defensor de los Derechos Humanos, iría aún más lejos en la comparación de los métodos de la CIA con los empleados por las dictaduras de Pinochet o Videla:

—Se actúa igual que en la Operación Cóndor. Nuestro sistema de Justicia ha mutado en otro de injusticia, que permite capturar a alguien en cualquier parte, internarlo en un lugar oscuro, torturarlo y hacerlo desaparecer. Incluso hay evidencias de que se han cometido más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales o muertes por tortura.

—Todos pensábamos que la desaparición de detenidos era algo del pasado, característico de las dictaduras argentina, chilena o guatemalteca —se lamentaba Wolfgang Kalef, representante de Amnistía Internacional, durante una reunión en Berlín—. Y ahora hay desaparecidos en la Europa democrática, sin que los dirigentes políticos hagan nada para impedirlo. Ni las instituciones comunitarias europeas ni los Estados nacionales han querido tomar las medidas necesarias.

La declaración de «guerra contra el terrorismo» incrementó vertiginosamente la demanda oficial de sicarios. El Pentágono no disponía de suficiente personal cualificado para cubrir las urgentes necesidades oficiales de secuestradores, interrogadores, torturadores y liquidadores. Y hubo de recurrir a la «mano de obra especializada» que enseguida comenzó a ofertar el sector privado, intuyendo una nueva forma de negocio con la Administración. Sobre ello pregunté, paseando una tarde junto al Capitolio de Washington, a Pratap Chatterjee, director ejecutivo CorpWatch, entidad dedicada a investigar las actividades más turbias de grandes corporaciones económicas.

—Es muy difícil establecer el número de contratistas, incluso los nombres de las empresas involucradas —respondió—. Se trata de un tema de alto secreto, porque el presupuesto que Estados Unidos destina a tareas de Inteligencia es materia reservada. Sabemos que asciende a unos cuarenta mil millones de dólares y que la mitad va a parar a empresas privadas. Y calculamos en unos 180.000 los especialistas contratados sólo para trabajar en Iraq, un número superior al de los soldados.

Era un secreto a voces que una veintena de compañías —algunas directamente ligadas a miembros de la Administración norteamericana— trabajaban para la CIA. Entre las más conocidas aparecían CACI (Consolidated Analysis Center Incorporated), cuyos «técnicos» tenían altas responsabilidades en la cárcel de Abu Ghraib, y Titan, propiedad del grupo L3, que servía como banderín de enganche de interrogadores en Nueva York. Esa privatización de la represión internacional comprendió la creación de centros de detención clandestinos, con episodios tan oscuros y contradictorios como el que Ahmed Fajim, en nombre de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, nos narró en Kabul:

—Un americano llamado Jack Idema dirigía una prisión política donde se practicaba la tortura. Pero en 2004 se produjo un extraño incidente y el Ejército afgano lo arrestó. Aunque alegó formar parte de un «operativo reservado» de las fuerzas americanas, lo juzgaron y condenaron a diez años de prisión, sin que la embajada estadounidense lo impidiera. Pero a los tres años el presidente Hamid Karzai lo indultó. Todo demasiado raro[19].

—La de contratistas militares es una «industria sucia» que se ha desarrollado hasta alcanzar unos ingresos de 120 mil millones de dólares anuales —me informó Scott Horton, prestigioso jurista y activista de Derechos Humanos—. Las compañías más conocidas del sector, Blackwater, Dyncorp y Triple Canopy, son verdaderos ejércitos privados. Pero se mueven en un terreno tan opaco que hasta los informes de Cruz Roja son confidenciales y quedan silenciados por el Gobierno. De ellos trascienden muy pocas cosas. Por ejemplo, que a Cruz Roja le molestó especialmente que en la prisión de Abu Ghraib hubiera muchos niños, aunque nunca se publicó la cifra.

Precisamente Abu Ghraib fue escenario del mayor escándalo que ha sacudido al Ejército de los Estados Unidos desde los crímenes de guerra en Vietnam, cuando, en abril de 2004, salieron a la luz incontestables pruebas gráficas de torturas y abusos sexuales cometidos por tropas norteamericanas en Iraq. Un centenar de imágenes, tomadas por los propios uniformados en dos galerías de la prisión, escapó a la censura del Pentágono, que no pudo impedir su difusión, aunque lograra confiscar otro millar de imágenes. Una investigación castrense concluyó que se trataba de actos aislados, atribuidos a «un puñado de manzanas podridas». Y se dio carpetazo al asunto con castigos a diecisiete soldados y seis oficiales, sin que nunca se cuestionasen los rumores que circularon sobre hechos semejantes en otros centros de detención.

El sargento Joseph Darby fue el primero en confirmar las vergüenzas ocultas de Abu Ghraib, entregando a la Policía Militar un disco con fotografías y vídeos. Ante la incómoda evidencia, las autoridades se vieron obligadas a otorgarle el Premio Kennedy al Coraje. Pero sus propios compañeros de armas dejaron clara la complicidad cuartelera con los autores de los abusos, destrozando el hogar de Darby y amenazando de muerte a su esposa. Cuatro años después, el sargento continuaba viviendo oculto bajo la protección del FBI, que no le permitía hablar con la prensa. No fue fácil, pero logramos encontrarlo.

—Tuve en mi poder las fotos casi tres semanas antes de formular la denuncia —nos confesó—. Al hacerlo, tomé una decisión moral, porque pensé que el comportamiento de mis camaradas era contrario a nuestras creencias y a cuanto nos habían enseñado. Lo que más me repugnó fue una escena entre dos prisioneros desnudos, en la que uno estaba arrodillado con su cabeza entre las piernas del otro. Pero ya antes me había impresionado que la soldado Sabrina Harmon y otros asistentes a un curso de formación médica diseccionaran un cadáver y trataran de momificar la cabeza. Harmon la conservó como un fetiche cuatro o cinco meses, a pesar de que le ordenaron desprenderse de ella.

El deseo de «mirarse en el espejo con la cabeza bien alta» impulsó doblemente a Aidan Delgado: primero, a alistarse en el Ejército tras el 11 de septiembre y, después, a declararse objetor de conciencia y unirse al movimiento pacifista. Su relato, caminando por Times Square, nos conmovió:

—Las mismas aberraciones de Abu Ghraib ocurrieron en los calabozos de Mahmudia y Jadifa. El Pentágono tiene al menos cuatro vídeos de violaciones. Pero hubo muchas más cosas. Miembros de mi unidad mataron a varios detenidos, profanaron los cuerpos, partieron las cabezas por la mitad y uno de mis compañeros se fotografió con una cuchara, fingiendo que se comía el cerebro de un cadáver. Les parecía una broma divertida. Y, no obstante, decían ser buenos cristianos. Recuerdo que un sargento se arrodilló, rezó una oración, cargó su arma, se incorporó y disparó contra un prisionero.

También el sargento Samuel Provance recibió una condecoración por su «defensa del honor militar» tras revelar las atrocidades de que fue testigo, declarando ante el Senado por petición de Edward Kennedy.

—Las torturas siempre empezaban con la desnudez y se extendían a otras prácticas «sensitivas» con varias formas de depravación y humillaciones sexuales —nos dijo en la corresponsalía de TVE en Washington—. Eran las técnicas «ampliadas», aprobadas por el Comando General y expuestas en el tablón de anuncios de la unidad.

Provance no ocultaba la preocupación que le producía admitir todo aquello ante unos periodistas extranjeros:

—Siento que mi vida está en peligro, aunque haya aprendido a vivir con ese temor. Una razón de que los soldados no rechazaran los métodos inmorales era el miedo a que los mataran, algo que podía ocurrir si en los altos niveles del Pentágono te consideraban un traidor.

Sus palabras me recordaron a las que había escuchado antes en boca de Jaime Vázquez, presidente de la Asociación de Veteranos de Vietnam:

—En Iraq estamos repitiendo lo que hicimos en el Sudeste asiático. Las tropas reciben instrucciones precisas sobre cómo tratar a los prisioneros, pero no pueden hablar de ello porque están bajo juramento. Además, todos conocemos el friendly fire, el «fuego amigo» que te mata «por accidente». En la guerra pueden pasar muchas cosas.

El escándalo de Abu Ghraib acabó con la brillante carrera de la general Janis Karpinsky. Jefa de las prisiones militares en el centro y el sur de Iraq, el Pentágono la señaló por las torturas y la degradó para salvaguardar a los grandes responsables de la guerra. Ya retirada, quebró su silencio forzoso durante la cita que mantuvimos en Baltimore, en octubre de 2007:

Janis Karpinsky, jefa de cárceles norteamericanas en Iraq, cumplió la orden de «tratar a los prisioneros como a perros».

—El Comando de Inteligencia ordenó que no se registrara a algunos detenidos en ninguna base de datos, para que pudieran ser trasladados a lugares secretos. Sabíamos que Sadam Husein mandaba torturar y hacía desaparecer a los presos políticos. Pues nosotros hicimos lo mismo y nos convertimos en sustitutos del dictador.

—¿Las técnicas oficiales de interrogatorio incluían torturas?

—Sí. El general Geoffrey Miller dijo, en septiembre de 2003, que debíamos tratar a los detenidos como a perros. Y en enero de 2004 nos entregó un memorándum firmado por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, con una lista de «técnicas» equiparables a la tortura, que eran «prácticas aceptables» aprobadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

—¿Había menores de edad en las celdas de Abu Ghraib?

—Sí. Una mañana fui a los calabozos y encontré a unos chicos entre los detenidos la noche anterior. El más pequeño agarró mi mano, se echó a llorar y dijo que quería volver con su madre. Su hermano me explicó que estaban jugando cuando los apresaron.

La ministra de Derechos Humanos de Iraq rompió a reír ante una pregunta sobre las cárceles secretas norteamericanas.

Las flamantes autoridades iraquíes, aupadas por las fuerzas norteamericanas, obviaron nuestras preguntas sobre el destino de miles de prisioneros calificados como «terroristas». El ministro del Interior, Jalad al Bolani, rechazó de plano el tema cuando se lo planteamos en una entrevista, en diciembre de 2007. A la titular de Derechos Humanos, Wijdam Salem, no le quedó más remedio que abordarlo. Pero enseguida comprobamos que su figura no era más que el «florero político» de un Gobierno títere.

—Nuestros equipos realizan quince visitas semanales a las distintas cárceles que están bajo jurisdicción de los ministerios de Interior, Defensa, Trabajo y Justicia por todo Iraq, donde hay 22.500 terroristas detenidos. Y estamos negociando la colaboración de Cruz Roja Internacional, que sólo inspecciona algunos establecimientos militares de las fuerzas internacionales, que tienen en su poder a otros 26.000 terroristas y se niegan a enviarlos a nuestra Corte de Justicia.

—¿No es un número demasiado alto para tratarse de terroristas?

—No hay ninguno de ellos que haya sido perseguido por otro delito que no sea atentar contra la seguridad, es decir, terrorismo.

—¿Esa cifra incluye los reclusos de las prisiones secretas?

La ministra cerró la conversación con una risa cínica:

—Comprenderá usted que, si son secretas, nadie puede saber nada de ellas...

En el último círculo del poder en Bagdad, la embajada norteamericana, instalada casi simbólicamente en el antiguo palacio del tirano Sadam Husein, el almirante Gregory J. Smith se limitó a confirmar los datos manejados por la señora Wijdam Salem, afirmando, sin que le temblara la voz, que «todos los presos habían sido siempre tratados con humanidad».

—Incluso les damos ejemplo de comportamiento, educación espiritual y cultural, para formarlos y evitar que desarrollen sentimientos de odio y violencia interior. Tampoco existen prisiones secretas. Todo es muy transparente.

Mintió, como tenía ordenado hacer. Su colega el general portugués Carlos Martins Branco, portavoz de la ISAF[20], había sido más sincero un par de semanas antes cuando nos recibió en el cuartel general de la OTAN en Kabul.

—¿Ejerce la OTAN algún control para evitar que sean torturados o desaparezcan los prisioneros que entrega a las fuerzas afganas? —le inquirí.

—Eso tendría que plantearlo usted en Bruselas. Para hacerme las cosas más fáciles, podría preguntarme por la política de detenidos de la ISAF.

—¿Esas directrices establecen controles sobre el destino de los detenidos?

—Bueno… —titubeó—. Hasta ahora no hubo ejecutados.

—¿Y torturados?

—Ese tipo de preguntas debe ser dirigido a Bruselas. Nosotros podemos retener a los detenidos un máximo de 96 horas hasta entregarlos. Después su seguimiento corresponde a Cruz Roja.

—¿Qué sabe la ISAF sobre las cárceles secretas norteamericanas?

—De esa cuestión tampoco puedo hablar.

Al cabo de tantos viajes y entrevistas en busca de información sobre la red internacional de centros clandestinos de detención creada y utilizada por la CIA, volvía una y otra vez a mi memoria el amargo diagnóstico que formuló mi buen amigo Jean Ziegler, una noche de lluvia frente a la tumba de Gouverneur Morris en el Bronx:

—Los Estados Unidos se encuentran en plena delicuescencia y se han convertido en una amenaza para los pueblos libres del mundo, practicando un fascismo exterior que supone exactamente lo contrario de los derechos y principios establecidos por sus propios fundadores.

Los psicólogos que modernizaron la tortura

Siempre hay científicos dispuestos a poner sus conocimientos al servicio del mal. Una imperdonable falta de ética que resulta aún más grave entre quienes se han formado en el estudio del alma humana. Es el caso de los psicólogos que investigaron el perfeccionamiento de los métodos de tortura empleados por la CIA. Dos de ellos, los doctores Mitchell y Jessen, lograron «prestigio» profesional —limitado a los círculos castrenses y al ámbito de poder de la extrema derecha norteamericana— y enorme fortuna como premio a la eficacia ganada gracias a sus «innovaciones técnicas» en la llamada «guerra contra el terrorismo».

James Mitchell, un psicólogo que había sido obispo mormón, y John Bruce Jessen, un terapeuta retirado de las Fuerzas Armadas, ocultaron sus identidades tras los pseudónimos de Grayson Swigert y Hammon Dunbar, hasta que en 2005 crearon la compañía Mitchell, Jessen & Associates. Con ella desarrollaron legalmente un programa de torturas encargado por la CIA, que estableció inicialmente unos salarios individuales de 1.800 dólares diarios y, después, fijó un monto de 180 millones, de los que llegó a pagar un total de 81 hasta 2009, cuando el trabajo se dio por finalizado. Un contrato suculento que respondía a la demanda oficial —creciente desde el atentado contra las Torres Gemelas— de «servicios especializados» por parte de las instituciones encargadas de ejecutar una persecución extrema contra organizaciones de nuevo cuño, como Al Qaeda, que representaban graves amenazas contra los Estados Unidos.

Ambos psicólogos merecieron la confianza del Departamento de Estado por sus antecedentes laborales en la Fuerza Aérea, concretamente en el programa Survival, Evasion, Resistance, and Escape (SERE)[21], en cuyas aulas habían enseñado a los militares norteamericanos algunos recursos técnicos para soportar torturas. Pero lo que resultó decisivo fue el análisis que elaboraron en diciembre de 2001 sobre las tácticas de resistencia individual de los militantes de Al Qaeda[22], y la formulación de una metodología para contrarrestarlas mediante la práctica de «interrogatorios reforzados». Sus propuestas se basaron en la destrucción emocional de los detenidos, provocándoles un cuadro de depresión y ansiedad profundas que los inhabilitara para presentar la mínima resistencia intelectual. Un sistema que resumieron en una receta tan simple como esta: «causa daños al prisionero hasta que diga lo que quieres saber y, después, sigue haciéndole daño para descubrir si te ha mentido». Las técnicas recomendadas incluían golpes limitados y precisos, ahogamiento simulado[23], engrilletamiento, aislamiento prolongado en oscuridad absoluta, privación del sueño, duchas con agua helada, manipulación de la dieta, desnudez total y violaciones rectales. Sus consecuencias psíquicas se tradujeron en un «patrón de daños» a largo plazo[24] que comprende inseguridad, miedos obsesivos, pesadillas, altibajos emocionales, recuerdos y pesadillas recurrentes, insomnio, dolores de cabeza, acúfenos, etcétera.

Mitchell y Jessen llegaron a involucrarse personalmente en la aplicación de tormentos a reclusos en varias cárceles secretas de la CIA —como la de Tailandia— para investigar los límites de su resistencia, sin importarles que la experimentación con prisioneros hubiera quedado expresamente proscrita por el Código de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, ni que la Asociación Estadounidense de Psicología prohibiera a sus miembros participar en interrogatorios a detenidos, provocando su expulsión del colegio profesional. En enero de 2020, James Mitchell prestó declaración, junto a su colega John Bruce Jessen, en una de las inútiles audiencias judiciales celebradas en la base de Guantánamo. Con desfachatez, admitió haber tomado parte activa en sesiones de tortura física, asegurando que su actuación profesional había sido tan correcta como necesaria y que, por ello, «volvería a repetirla exactamente igual». Sin embargo, había solicitado con anterioridad que la CIA destruyera las grabaciones en vídeo de los interrogatorios porque «eran horribles (sic) y ponen en peligro nuestras vidas al mostrar nuestras imágenes».

Pese a que Mitchell y Jessen han sido denunciados reiteradamente, la Justicia norteamericana se ha desentendido del caso[25]. Mientras que su socio procura ocultarse, James Mitchell se muestra con frecuencia en los medios de comunicación: ha concedido numerosas entrevistas, actúa como comentarista en la ultraderechista Fox News y ha publicado un libro de memorias titulado Interrogatorio reforzado: dentro de las mentes y las motivaciones de los terroristas islamistas que están intentando destruir América. Para él, el horror de las torturas sólo ha tenido consecuencias positivas en sus cuentas bancarias.

Segunda parte

Argentina, paradigma histórico de la represión

Las tinieblas militares

La dictadura proclamada en Argentina por el teniente general Jorge Rafael Videla en marzo de 1976, y mantenida bajo varias juntas militares hasta diciembre de 1983, se convirtió en paradigma histórico de la represión y los crímenes de Estado. Durante el tiempo que usurpó el gobierno bajo un régimen de terror, aplastó toda oposición política e impuso una economía inhumana, persiguiendo hasta la muerte a organizaciones y personalidades democráticas, con la excusa de hacer frente al absurdo desafío guerrillero de una izquierda armada. Los militares argentinos, instigados y apoyados por la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense, anularon todos los derechos de la ciudadanía. Su programa, denominado «Proceso de Reorganización Nacional»[1], estableció la disolución del Congreso de la Nación y los aparatos legislativos locales, el cese de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores, y la suspensión de partidos políticos y sindicatos.

Para lograr un dominio absoluto sobre la sociedad, los centuriones recurrieron sistemáticamente a secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones, con el propósito —establecido en la propia normativa castrense— de «exterminar al enemigo». Aunque no se ha podido precisar el número de sus víctimas, las entidades de Derechos Humanos lo cifran simbólicamente en 30.000 desaparecidos. Florencio Varela, conocido abogado defensor de uniformados, me facilitó en 2007 la síntesis que, a efectos procesales, había efectuado de cinco reglamentos internos. Sus textos precisaban que «los enemigos serán atacados y eliminados» incluso con «empleo de agentes químicos», ya que el objetivo «será el aniquilamiento de las guerrillas enemigas y no la ocupación del terreno». Y entre los «medios de acción psicológica» a emplear se citaban «compulsión física, torturas, compulsión psíquica, chantajes, secuestros, raptos, terrorismo, desmanes, sabotaje».

Aunque la represión ilegal se inició durante la presidencia de María Estela Martínez, viuda del general Perón, bajo la dirección de su ministro y astrólogo José López Rega, los escuadrones de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) contaron con la participación de efectivos militares y policiales. Y cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder, extremaron sus formas. Según el ex detenido sobreviviente Jorge Watts, que elaboró un censo de oficiales y suboficiales implicados en prácticas genocidas, sólo se pudo identificar a 2.500 de un total estimado en 20.000.

Siete lustros después del golpe militar, las consecuencias de la metodología criminal de la dictadura todavía se dejan sentir, con un viejo y profundo dolor que la acción tardía de la Justicia no ha conseguido mitigar. El número de condenados por delitos de lesa humanidad se aproxima al millar. Sólo centenar y medio de procesados quedaron absueltos. Casi 600 causas siguen en trámite, la mitad en periodo de instrucción. Más de 800 represores fallecieron en prisión, más de 900 se encuentran detenidos y otros tres mil todavía continúan siendo investigados, con una treintena de prófugos.

Capítulo VI
Los principios de la matanza

El genocidio cometido por las Fuerzas Armadas argentinas comenzó en febrero de 1975 —tres meses después de la declaración de estado de sitio por el Gobierno constitucional de la viuda de Perón— con el denominado Operativo Independencia, cuyo objetivo era «neutralizar y aniquilar» a la guerrilla que operaba en los montes de Tucumán. Los militares tuvieron «manos libres» no sólo para combatir sino también para atacar a la población civil, aplicando un plan sistemático basado en las técnicas probadas por sus instructores franceses y norteamericanos en Argelia y el Sudeste asiático. La matanza se celebró con las bendiciones de la Iglesia católica, cuyo provicario castrense, Victorio Bonamín, definió a los represores como «soldados del Evangelio» que «contaban con la bendición de Dios», y aseguró que su execrable actuación en Tucumán «figuraba en los planes divinos».

Entrevista con Ariel Valdiviezo.
El militar que desea 40.000 fusilamientos

Amable y frío, el teniente coronel Valdiviezo es capaz de decir la mayor barbaridad sin perder su vieja compostura castrense. Habla de administrar masivamente la muerte a quienes considera enemigos de su patria, manteniendo una sonrisa cínica en los labios. Y justifica el terrorismo de Estado con las típicas argumentaciones militares, a la vez que defiende los crímenes de la dictadura —por alguno de los cuales él mismo está condenado— como una simple receta de buen gobierno «en tiempos de guerra». De una guerra que no existió, cuyo simple enunciado sirvió de disfraz a la represión más sanguinaria.

—El general Videla propuso dos planes alternativos contra la subversión que sacudía al país, a mediados de los años setenta —me explicó—. Uno, el aniquilamiento que finalmente se hizo. Y el otro, una cosa más ordenada y prolija, con jueces de por medio, pero que iba a llevar mucho tiempo. Eso es lo que propuso Videla. Yo creo que se equivocó, porque podía haber recurrido a juicios militares sumarísimos y se habría acabado antes: comprobados los hechos y firmadas las sentencias, fusilar a los culpables y entregar los cadáveres a sus familiares. Así se hubiese evitado el problema de los desaparecidos.

—Al escucharle, Valdiviezo, se llega a la conclusión de que usted es partidario de haber aniquilado a un número muy grande de subversivos.

—Sí. Yo creo que habría que haber aniquilado a todos. Ésa es mi opinión.

—Todos, ¿cuántos habrían sido?

—No sé. Eran 40.000, más o menos, los combatientes que integraban las organizaciones subversivas. Unos 20.000 en cada una de ellas.

—¿No le parece que 40.000 son muchos fusilamientos?

—Bueno, lo lamento. Estábamos en guerra. El problema es que, estando en guerra, yo no puedo pensar como un civil. La subversión es como el cáncer. Al cáncer hay que matarlo, eliminarlo totalmente. Si no, el cáncer nos mata. Y eso es lo que pasó aquí: no se mató a todos los subversivos y ahora nosotros estamos presos, mientras ellos gobiernan el país. Porque un montón de guerrilleros o hijos de guerrilleros son hoy gobernadores, diputados, senadores, etcétera. Es decir, que cuando hay guerra, hay guerra. Y tampoco se puede comparar una guerra revolucionaria con una guerra convencional. Pero los comandantes cometieron un gran error… o les faltaron bolas para firmar. Además, adoptaron la doctrina aplicada por Francia frente a la rebelión colonial. Y eso fue otro error gravísimo. Porque los franceses luchaban en territorio ajeno contra un enemigo que defendía a su país. Pero nuestro caso era totalmente diferente, porque nos enfrentábamos a conciudadanos que peleaban en ejércitos revolucionarios con la finalidad de tomar el poder. Éramos argentinos contra argentinos… aunque también había guerrilleros judíos, cubanos, peruanos, chilenos, angoleños, de todo.

Según el teniente coronel Ariel Valdiviezo, habría que haber aniquilado a todos los enemigos de la dictadura militar.

—Valdiviezo, resulta innegable que en este país no sólo se aniquiló a la subversión armada, sino que la represión se extendió a toda la izquierda democrática. Y se produjo tal encarnizamiento que parecía existir un componente de odio y venganza, con deseo de hacer el máximo daño, llegando hasta torturar a niños…

Su respuesta fue tajante:

—Todo eso es mentira. Como lo fueron las acusaciones lanzadas contra mí.

Desde el inicio de nuestra conversación, que se prolongaría cerca de dos horas, el militar aseguró insistentemente que las sentencias judiciales en su contra fueron «una falsedad de 2.400 hojas». Y tampoco paró de rechazar su validez jurídica:

—El Código de Justicia Militar fija en 25 años la prescripción de los delitos. Y creo que el Código Penal, por el que nos juzgaron, la establece en 20 años. En cualquier caso, el asunto ya estaba recontraprescrito. Nunca imaginé que este país se iba a pudrir tanto como para violar la Constitución y juzgarnos cuando ya habían pasado como 40 años.

Ariel Valdiviezo nos recibió una tarde del invierno de 2018 a Miguel Romero, a Marta Martín de la Sierra y a mí en su casa del barrio bonaerense de La Boca, donde cumple en régimen de prisión domiciliaria las dos condenas[1] que pesan sobre él: la primera, de catorce años, como culpable de tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio con alevosía contra diez personas; la segunda, como autor material del asesinato de Osvaldo de Benedetti, dirigente guerrillero secuestrado en Tucumán en 1978. Encerrado desde más de dos años atrás en su modesto piso, Valdiviezo se esforzaba cada día en escapar a través de la pantalla de su ordenador. Y quemaba sus días debatiendo siempre sobre lo mismo con amigos como el ex comisario Claudio Kussman y escribiendo artículos para la página web que este mantiene.

Comenzamos hablando de la lucha en los montes de Tucumán, especulamos sobre si los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) tenían mayor formación que los de Montoneros, recordamos algunas traiciones y locuras de aquellos años que aún resultan muy difíciles de comprender… mientras esperábamos, en pie, que estuviera lista la mesa para el café y la charla formal. Silvia, la esposa del militar —su «carcelera», decía ella, lamentando que la prisión domiciliaria le impusiera actuar como tal—, preparó té y dispuso unas fuentes con masitas (pastas), para hacer más cordial un encuentro que transcurriría sin mayor tensión y rodeado de fotografías familiares de momentos más felices en la vida del matrimonio. Imágenes que Miguel aprovechó para filmar mientras preparaba la cámara para grabar la entrevista.

—Discúlpenme, pero yo escapo de los temas sobre los que van a conversar —arguyó la mujer, que se ausentaría durante toda la entrevista.

—Fue una guerra muy dura, muy difícil… —repitió Valdiviezo varias veces.

—¿Fue realmente una guerra o una represión brutal con métodos de guerra sucia? —insistí—. En todo caso, se trató de una implacable actuación militar contra la insurrección guerrillera y el terrorismo urbano, que alcanzó a muchos otros sectores de la sociedad.

—Fue una guerra. En la guerra se lucha en todas partes, en las ciudades y en el monte. Mire, aquí hubo dos grandes organizaciones subversivas, el ERP y Montoneros, que configuraron dos ejércitos guerrilleros.

Enseguida salió el tema de que los dirigentes de la izquierda armada que sobrevivieron no han pagado sus responsabilidades con años de cárcel, sino que viven en libertad. Como Mario Firmenich, el iluminado jefe montonero que organizó numerosos atentados y mandó a centenares de sus propios militantes a una muerte inútil.

—Se les perdonó, lo que no me llama la atención —dijo Valdiviezo con gesto de contrariedad—. No hay que extrañarse de ello, porque el propio presidente Alfonsín, a quien muchos consideran «padre» de la actual democracia, fue apoderado legal del ERP y abogado personal de Santucho. Y después les hizo el juicio a los comandantes en jefe[2].

—Estuvo usted a las órdenes del general Menéndez. Dicen que era un monstruo de crueldad, aunque todos sus oficiales hablen bien de él.

—Sí. Yo pertenecí a la 5.ª Brigada de Infantería de Tucumán, encuadrada en el III Cuerpo de Ejército que comandaba Menéndez. Y creo que fue todo un señor general, igual que lo fue Bussi[3].

—Ambos de la llamada línea dura.

—Ni línea dura ni línea blanda. Fue una guerra muy particular. Porque teníamos al enemigo en todas partes. No era un enemigo que aparece de frente y al que se puede atacar con la tropa formada.

—Los reglamentos militares preveían el exterminio de ese enemigo…

—Ningún reglamento hablaba de exterminio. Sí de «aniquilamiento», que es una palabra neta para nosotros. Aniquilar significa borrar.

—Me gustaría comentar algunas órdenes concretas que usted recibió y cumplió, en aplicación de aquellos reglamentos. Porque he leído que, como teniente, formó parte del grupo que llevaba prisioneros a un lugar llamado La Carbonera, para que fueran ejecutados de forma sumaria. Y que sus cuerpos eran quemados y sepultados en fosas comunes.

—No. Me debe de estar confundiendo con alguien. Nunca estuve en ningún sitio llamado Carbonera. Se han publicado muchas estupideces. Pero en mi juicio nadie nombró nada de eso. Mire, yo asciendo a teniente primero y voy a Córdoba en 1974. A finales del 75 empieza el Operativo Independencia en Tucumán. Y llego allí el 7 de enero del 76. Asciendo a capitán en el 78. Y, en mi segundo año de capitán, ocurre «el hecho» de Benedetti que me imputan. Podemos hablar de eso si quiere, no tengo ningún inconveniente.

—Hablemos de ello. En el juicio quedó probado que fue usted el autor material de la muerte de Osvaldo de Benedetti[4].

—Eso dijeron. Pero en el momento en que lo asesinaron, porque la verdad es que lo asesinaron y eso nunca lo negué, me encontraba en Jujuy. Nos estábamos preparando para la guerra con Chile, y yo estaba de reconocimientos como jefe de compañía. A De Benedetti lo trajeron de Córdoba, lo recibieron en el comando de la brigada y lo metieron en la cárcel; después ordenaron sacarlo, se lo llevaron y lo asesinaron, por orden del general Martella. Entonces yo no estaba allí.

—¿Por qué habrían de achacárselo a usted?

—Fue una operación de inteligencia. Tenían que poner un nombre y pusieron el de un ausente. Habrán pensado que nunca nos íbamos a enterar, porque no se publicó en ningún diario.

—En todo caso, aunque usted no participara, ¿considera la muerte de Benedetti como un acto de guerra?

—No. No puedo justificarla porque fue un asesinato. Lo sacaron de la prisión, en mi nombre. Se lo llevaron y lo asesinaron. Para ello hicieron un acta falsa, sin fecha ni sello penitenciario, sin los testigos que siempre tiene que haber, en la que no consta quién lo entregó ni quién lo recibió. Mi firma falsificada es la única que aparece en el acta.

—¿Tampoco participó usted en fusilamientos de prisioneros del ERP, como se le acusa?

—A mí no «me acusan» de fusilar a nadie. Fue sólo un ex soldado mío quien me acusó de fusilar a cuatro personas. Dijo que yo le ordené que las quemara y las enterrase. La denuncia del soldado fue un invento, que indudablemente le dieron preparado. Después me di cuenta de que era un ex guerrillero. Lo dije en el juicio e hice un escrito. Pero no valió de nada.

—Órdenes de matar, como la que el soldado le atribuía, se daban con frecuencia.

—Cuando usted entra en guerra, no necesita órdenes. La orden que se da en la guerra es matar o morir. No hay otra.

—Pero, teniente coronel, matar a un prisionero indefenso no es lo mismo que matar de frente a un enemigo en combate.

—No, claro que no. Por eso le estoy diciendo que la muerte de Benedetti es un asesinato. Pero yo no tuve nada que ver. Estaba a 400 kilómetros del lugar.

—Ese tipo de órdenes, ¿se daban por escrito o verbalmente?

—Eso no se da nunca por escrito. Debe de haber llamado alguien de inteligencia, o del mismo comando, y decir que había que matar a ese tipo. Y como el estúpido de Valdiviezo no estaba en Tucumán… falsificaron la firma. Voy a traer las pruebas.

Se levantó y salió de la habitación en su busca. Y a los pocos minutos nos tendió un estudio grafológico sobre dos firmas supuestamente suyas, muy diferentes.

—Ni siquiera se esforzaron en imitar bien mi letra y mi rúbrica. No creyeron que nadie quisiera analizar aquella firma falsa.

Tras una pausa para examinar el documento, Valdiviezo reflexionó:

—Tampoco es eso lo único de que han pretendido inculparme. Por ejemplo, me acusaron de haber secuestrado a una niña de doce años llamada Ñata Monasterio[5]. La chiquita era guerrillera y murió a la edad de doce años con un fusil en la mano, en un enfrentamiento con el Ejército… en el que yo no pude participar, ya que todavía no estaba destinado en Tucumán. La reclutó un maestro que la hizo su mujercita, la llevó al monte, se la entregó a la guerrilla y el famoso Bombo Ávalos[6] se convirtió en su responsable político. Ésa es la verdad sobre la pobre criatura.

—Su tortura y asesinato también se los achacaron a usted en los Tribunales de Justicia.

—Sí. En el juicio de Arsenales me acusaron de tomarla prisionera el 28 de mayo de 1976. A ella y a otro, el gringo Quintero. Pero la verdad es que nunca conocí a esa niña. Había muerto un año antes, en el 75. Presenté prueba de ello. Pero tampoco valió de nada, igual que las otras cuarenta y tantas pruebas que aporté.

—Del tema de los niños guerrilleros en Tucumán se ha hablado muy poco.

—No se habló nada. Y había muchísimos niños soldados.

—¿Hubo niños prisioneros?

—No. Pero muertos, sí; en emboscadas.

—Aunque todas esas acusaciones fueran falsas, combatiendo en Tucumán con un reglamento que hablaba de aniquilar al enemigo, usted no habrá sido un santo.

—No. Pero una cosa es combatir y aniquilar al enemigo combatiendo, y otra distinta es lo que pasó con De Benedetti. Primero, yo fui al monte con cuatro oficiales, 19 suboficiales y 123 soldados. Me acusan de tener presos y de torturarlos en las instalaciones de la compañía[7]. Yo no podía ser tan estúpido como para ponerme a torturar delante de 140 o 150 soldados y oficiales. Es una cosa irrisoria. Yo participé en combates, tuve gente herida, tuve un soldado al que volaron una pierna cuando atacaron la base. Hicieron una emboscada que era para mí, y me salvé porque Dios y la Virgen me pusieron sus mantos encima. Cayó el médico nuestro. Sabiendo que era médico, porque llevaba un brazalete con una cruz roja, le hicieron una emboscada. Los hirieron y después los remataron a todos con un tiro en la cabeza.

—¿Ha dormido usted tranquilo toda su vida, teniente coronel?

—Sí. ¿Cómo no voy a dormir tranquilo? Sí, sí.

—¿No tiene ningún cargo de conciencia por nada que haya hecho?

—No, en absoluto. Y más le digo: no tuve oportunidad de matar a nadie. Se dio así. Si hubiera ido con aquel médico, quizá estaría muerto. Pero es muy distinto atacar a diez soldados bien instruidos que atacar a cinco médicos, que tenían el fusil y la pistola de adorno.

—¿Llevaban ustedes una contabilidad de bajas enemigas, sea por muerte en combate o por fusilamiento?

—Sí que se llevaba.

—¿Dónde están esos papeles?

—No sé. Pregúntele a los jueces, que tienen todos los documentos del Ejército y no los presentan cuando no nos favorecen. Mire, por ejemplo, el caso de la emboscada. Yo estaba a cuatro kilómetros cuando mataron a los médicos. Llegué, vi el desastre, salimos a perseguir a los guerrilleros, no los encontramos, y yo hice el cerco alrededor del monte. Otro jefe de compañía los persiguió, pero nunca los alcanzamos, aunque pasamos cinco días casi sin dormir ni comer. Hay dos informes sobre la muerte de los médicos. El mío y el del otro jefe de compañía, que estaba en Santa Lucía. Pues ninguno de los dos informes se encuentra en ningún lado. Y fueron elevados a la superioridad. Yo a mi jefe de tareas, éste al de operaciones, etcétera.

—Dígame, ¿qué hay de cierto en el «pacto de silencio» entre los militares?

—No existe ningún pacto. El que quiere callar, tiene buenos motivos para hacerlo. Acá se hicieron «juicios por la verdad», a los que se prestaron muchos oficiales y hablaron. Yo no, porque no tenía nada que decir ni que ocultar. Después, cuando empezaron estos malditos procesos montados por Kirchner, los de los Juicios por la Verdad fueron los primeros a los que detuvieron en bandada. ¿Quién iba a hablar, después? Nadie. Incluso si decíamos a los abogados que queríamos hablar, nos decían que no lo hiciéramos, porque los tribunales iban a dar la vuelta a las cosas. Yo, cuando vi que también los abogados se quedaban callados, decidí hablar. Tenía para llenar ocho horas y los jueces no me dejaron más que dos y media. Así que les entregué 157 hojas escritas a máquina que había preparado, para que el día de mañana no queden sólo las grabaciones del juicio.

—¿Cómo fue su relación personal con el general Bussi?

—Cuando llegué a Tucumán y me presenté a él, me preguntó si tenía miedo. «¿Cómo no voy a tenerlo?», le dije. «Sí, tengo miedo de matar, tengo miedo de morir, miedo de dejar una mujer joven y unos hijos pequeños». Me clavó aquellos ojos azules muy penetrantes que tenía, y me dijo: «¿Qué piensa de mi gestión aquí?». «Mire, mi general», le contesté, «hay cosas en las que no estoy de acuerdo con usted. La primera es que usted hace muchas obras públicas. Y eso está bien, pero hay un problema de fondo. La guerrilla toma Tucumán por la pobreza. Y usted hace todas las obras con soldados. Tiene dos mil soldados trabajando[8]. Es un ahorro de plata, pero yo preferiría que se le diera trabajo y sueldos a la gente». Me contestó que entonces no podría hacer tantas obras. La segunda cosa, añadí, es que no estoy de acuerdo con que haya desaparecidos, porque a la larga eso va a traer grandes problemas. Entonces me miró, como enojado. Me dijo: «¿Cómo puede creer eso?». Él estaba convencido de que no iba a pasar nada.

—Hábleme de la durísima carta abierta a los generales que ha publicado, criticando la actual posición de los altos mandos militares respecto a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

—Es muy simple: desde el año 1983 hasta ahora, todos los comandantes en jefe nos han traicionado. Son casi 40 años de traiciones permanentes. ¿Cómo es posible que permitan que sus oficiales sean juzgados por el Código Penal? Es una cosa de locos. Y le voy a dar los fundamentos de por qué. Si yo le pego un tiro a su hija, voy preso según el Código Penal. Pero en la guerra a lo mejor me dicen que lo haga, y yo le pego un tiro a su hija. ¿Cómo me van a juzgar con el Código Penal? Los comandantes lo permitieron. Porque Alfonsín, como ex guerrillero que era, lo propuso y los comandantes lo aceptaron cuando tenían que haberle dicho «No, señor, que los juzgue la Justicia Militar». Porque la moral y la ética en la guerra son distintas a la moral y la ética en la paz. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, la guerra es inmoral. No hay guerra moral ni ética. No puede haberlas. En cambio, el Código Penal juzga si los hechos son éticos o no. Y, por cierto, con una obligación de investigar, que nunca se aplicó en los juicios nuestros.

—Pero no se puede pretender que aquí hubiera una guerra…

—Nosotros siempre dijimos que fue una guerra.

—Las instituciones democráticas no admiten que se dieran las circunstancias de una guerra, ni siquiera en la zona de monte donde operaban las fuerzas guerrilleras.

—¿Le cuento también por qué ocurre eso? Cuando Néstor Kirchner asume la Presidencia, como no nos podía juzgar porque estaban las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, decidió anularlas. Y todos los atorrantes del Congreso lo votaron, aunque era ilegal, porque la Corte Suprema de Justicia anterior había respaldado esas leyes. Fue un mamarracho jurídico. Y para arreglarlo nombraron una nueva Corte.

—¿Cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel, teniente coronel?

—Siete años. Estuve en el penal Marcos Paz, en el de Tucumán, en el de Ezeiza y en la cárcel de mujeres, la 35. Ahora llevo un tiempo en casa. Pero cada vez que salgo para ir al médico tengo que pedir permiso al juzgado. Lunes y viernes debo ir a rehabilitación cardiovascular. Y aprovecho esos mismos días para otras consultas, aunque la jungla del hospital me cansa mucho.

—Lleva usted retirado del Ejército desde 1990. Si tuviera usted 20 años otra vez, ¿volvería a ser militar?

—Sí. Toda la vida —aseguró sonriendo por primera vez en la charla—. Mire lo que me pasó: yo estudié para maestro, y trabajábamos para conseguir fondos para un viaje de fin de curso, pero se anunciaron los exámenes de ingreso en el colegio militar y tuve que optar entre prepararlos o irme de viaje con mis compañeros. No lo dudé, y mi mamá casi me mata porque no quería que fuese militar.

—¿Se arrepiente de algo que haya hecho durante su larga carrera con las armas?

—No, de nada. Simplemente, no hay nada de qué arrepentirme en mi carrera. Mantuve siempre la disciplina. Desde el principio tuve la idea, que luego le oí decir a Sineildín[9], de «entrenamiento duro-combate fácil». Mis soldados entraban corriendo el primer día y se iban corriendo el último.

Hizo una pausa, acaso buscando en su memoria algún ejemplo de su coherencia profesional. Y sonrió, como si hubiera recordado algo gracioso.

—Le voy a contar una anécdota simpática. En aquella época, en Tucumán, teníamos regimientos con mulas. Había 1.299 mulas, una barbaridad. Y había una a la que llamaban el Diablo. Porque nunca se la pudo domar y su rebeldía había causado la muerte de cuatro soldados. Me dije: «La voy a domar». Estaba seguro de conseguirlo porque me había criado en el campo. Así que la cargué con cuatro bolsas de avena mojada, que pesaban una tonelada. La cinchamos bien y la llevamos. A los cuatro días la mula parecía un conejito. Una vez la cargamos con los morteros. Iba todo el regimiento caminando por la falda de una montaña y de golpe la mula se desbocó. Lo hizo a propósito. Corrió y gritamos. Imagínese, un mortero de 120 con la mula revienta a cualquiera, pero no tocó a nadie. La agarramos y la atamos. Cuando marchábamos por un sendero a unos 500 metros de altura, me metí en un hueco y, cuando pasó la mula, la empujé con los pies y la tiré abajo. No me arrepiento de ello. Bueno, sí, de haberla tirado, porque tuvimos que descender, cortarle los cascos y llevarlos como prueba de que el animal había caído por el precipicio.

Mató fríamente a un pobre animal cuyo instinto lo había hecho rebelde. Y me lo contaba como un ejemplo de dureza castrense, sin darse cuenta de que reflejaba su mentalidad insensible. Parecía no entender que fue un acto brutal y que, además, causó un daño económico al Ejército.

—¿Se mató a prisioneros en Tucumán? —le espeté.

—Sí. No lo digo yo. Han aparecido las fosas. Pero yo no lo vi. Lo supe en el juicio.

—Son cosas que se saben, que se hablan entre militares.

—Ahora sí. Pero, en esa época, no. Si yo agarraba a un prisionero, que nunca agarré a ninguno, tenía instrucciones de remitirlo inmediatamente al comando, para que desde allí lo enviaran a Arsenal. Nosotros no manteníamos contactos ni interrogatorios con ningún preso.

—¿Quiere decir que ignoraban que se estaba eliminando a prisioneros?

—Es que, como le dije antes, de los dos planes que le presentó Videla, la viuda de Perón eligió el primero: el aniquilamiento rápido. Se le dijo lo que iba a pasar. Pero el Gobierno democrático no quiso hacerse cargo de las muertes, porque tendría que haberlas firmado la presidenta.

—Y el conjunto de las Fuerzas Armadas aceptó el plan de aniquilamiento como un solo hombre, ¿no?

—Sí. En las Fuerzas Armadas rige la «obediencia debida». En esa época, ahora ya no. El Código de Justicia Militar es bien clarito. Y dice que el único responsable es quien da la orden, el superior. El subalterno, si se excede en la orden, es cómplice del superior.

—¿Significa eso que un militar no puede tener conciencia y debe limitarse a obedecer?

—En un ejército, nadie tiene conciencia. Si no, pregúntele a los yanquis, que tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pregúntele a los yanquis, que mataron a Bin Laden.

—¿Se pierde la conciencia al vestir el uniforme?

—No. El soldado no pierde la conciencia. Cumple órdenes. Si a mí me dicen que lo mate a usted, yo vengo y lo mato. Después, que se haga cargo el superior que dio la orden. En el momento en que se están realizando actos de guerra, la obediencia tiene que ser absoluta, porque, si no, las operaciones fracasan.

—¿Creen los militares que los civiles no los entendemos? ¿Se sienten incomprendidos por la «lógica civil»?

—Es que el civil piensa como civil, ése es el gran problema. Y los militares no podemos pensar como los médicos o los abogados. Yo trabajé con mis viejos, y eso me permitió muchas cosas que para otros estaban vedadas, como, por ejemplo, conocer a la gente del campo. Le voy a dar un ejemplo, burdo pero real. Venía a Tucumán un oficial de cualquier parte de la república y le preguntaba a un tucumano si vio a la guerrilla. El tucumano respondía «No le voy a decir», y ahí lo querían matar a palos. Pero en el campo tucumano «no lo voy a decir» significa «no lo sé». Cuando presencié aquello, le dije al oficial: «Cálmese, este hombre no lo sabe, pero se expresa con una forma tradicional de hablar». A nosotros nos metieron en el monte así, ciegos, y con sólo cuatro meses de instrucción. La guerrilla llevaba diez años y conocía el terreno como la palma de su mano.

Valdiviezo miró hacia dentro, buscó una complicidad imposible e intentó cambiar de tema. Agotado el contenido de la segunda tetera y a punto de iniciar las despedidas, brotó entre nosotros esa cortesía hueca que siempre resulta imprescindible entre las personas, aunque se trate de seres de ideas opuestas, incluso de potenciales enemigos. Y de la obligada cordialidad surgió un recuerdo íntimo: el miedo.

—Hace mucho tiempo cayó en mis manos un informe político elaborado por la guerrilla, en el que afirmaba haber sufrido unos seis mil muertos, 2.000 del ERP y 4.000 de Montoneros, y que la mitad de ellos eran inocentes que murieron por «errores» del Ejército y la Policía. Pero es que todos los que mataron ellos eran inocentes. Porque el soldado es inocente hasta que le ordenan combatir y agarra el arma… Y acá, en los años 74 y 75, nos mataban como a perros. Yo vivía en un barrio militar de Córdoba, frente a un parque desde el que nos tiroteaban todas las noches. Y no podíamos salir a defendernos porque no se había dado la orden de combatir.

—¿No podían responder al fuego?

—No nos dejaban. Nos pegábamos a las paredes para protegernos, todos con armas largas y sin poder usarlas, salvo que pretendieran asaltar la casa. Nuestra nena tenía un año. Y mi mujer se refugiaba con ella en la bañera, con una pistola por si acaso, aunque nunca había manejado un arma. Yo las cubría con dos colchones de lana, que protegen bien de las balas, por si el rebote de algún disparo llegaba al baño. Eso pasaba día por medio.

—Yo también recuerdo el miedo que los periodistas respirábamos en Buenos Aires, desde meses antes del golpe militar —contesté—. Muchas veces nos vimos sorprendidos en plena calle por tiroteos y persecuciones. O por detenciones masivas en los cafés, encañonados por los soldados.

—Me da vergüenza decirlo, pero yo viví con terror esos años. Es prácticamente imposible describir el terror. Salía siempre armado, aunque fuera a una confitería con mi señora. Y nos sentábamos con la espalda contra la pared, porque hubo casos de militares que se acomodaron en medio de un local o frente a la puerta y los terroristas los mataron a tiros.

—Mi miedo era a ustedes, Valdiviezo, a los militares y a los policías. Un miedo tan hondo que me dejó marcado. Si sentía que alguien caminaba detrás de mí, me apartaba para dejarle pasar. Y tantos años después aún lo hago.

—Lo entiendo, Romero. Porque le repito que yo no sentía miedo, sino terror. En Córdoba me buscaron y emboscaron dos veces. Así que salía a la calle sin saber si volvería a casa. Y temblaba cuando iba con mi hija. Le juro por Dios que vivía aterrado. Porque el enemigo tenía armamento, fábricas de explosivos, aparatos de propaganda y hasta las famosas cárceles del pueblo. Una noche tiraron alrededor de 75 bombas. Me gustaría que la gente joven lo supiera, que conociera la verdad de aquellos días, después de 40 años de mentiras diciéndoles que nosotros éramos los malos.

El «infierno piloto» de Famaillá

El primer centro clandestino de detención estuvo en la localidad de Famaillá, a treinta y cinco kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán y a diez de la zona de operaciones de la guerrilla, en el norte del país. Allí, en febrero de 1985, un pequeño colegio que aún no había sido inaugurado fue el lugar escogido por las autoridades militares para albergar el «infierno piloto» de una red que sumaría más de cuatrocientos establecimientos similares, controlados por el Ejército[10]. Denominado La Escuelita por su pequeño tamaño —con sólo ocho aulas—, tenía capacidad para poco más de una treintena de prisioneros, dotado con lo esencial para servir como modelo básico de instalación para tareas de tormento y exterminio de «elementos subversivos».

Mientras vivió el presidente Perón, el Gobierno argentino hizo frente al creciente desafío subversivo manteniendo su respuesta represiva en manos policiales, sin recurrir a los militares más que en casos puntuales. Pero, tras la muerte del general[11], su viuda y sucesora política no tardó en traspasar a los cuarteles el peso de la lucha contra la guerrilla rural del ERP y el terrorismo urbano de Montoneros. En noviembre de 1974, declaró el estado de sitio[12]. Y tres meses más tarde, el presidente del Senado, Ítalo Luder —como jefe en funciones del Ejecutivo, durante unos días de descanso de María Estela Martínez—, firmó un decreto que ordenaba al Ejército y a la Fuerza Aérea «neutralizar y aniquilar» el foco insurgente enclavado desde meses atrás en los montes de Tucumán[13]. Con ello, los militares obtuvieron «manos libres» para actuar sobre el terreno, algo que exigían, sobre todo, desde la muerte de los generales jefes del III Cuerpo de Ejército y de la V Brigada de Infantería junto a varios miembros del Estado Mayor, cuando el avión de reconocimiento en el que viajaban fue atacado y se estrelló. Comenzó entonces el denominado Operativo Independencia, que constituiría el primer plan sistemático de terrorismo de Estado en la Argentina. Para ponerlo en marcha, se designó al general Acdel Edgardo Vilas —estrechamente vinculado al ministro ultraderechista José López Rega y sus escuadrones de la muerte de la Triple A—, que desplegó en la zona a mil quinientos soldados, autorizados a camuflarse con ropa de civil y con órdenes de acabar con los insurgentes como fuera.

El general Vilas estaba tan seguro de la impunidad que el Gobierno peronista le había concedido, que no se molestó en buscar un sitio oculto, ni siquiera mínimamente discreto, para instalar su primer centro de operaciones. Al contrario, decidió ocupar una escuela recién construida en Famaillá, a sólo quinientos metros de la plaza del pueblo. La rodeó con alambre de espino y no le importó que todo el vecindario contemplara los ingresos de detenidos y las salidas de camiones cargados de cadáveres, ni que por las noches oyera los gritos de los torturados. El demonio Vilas, que era un hombre obsesionado por el orden, llevó una contabilidad extraoficial de las detenciones, reflejada en un diario de campaña cuyas páginas constataron el paso por La Escuelita de 1.507 prisioneros políticos entre febrero y diciembre de 1975. Una cifra a la que había que sumar las del «circuito represivo» que se desarrollaría entre las comisarías de Policía de Famaillá y de Monteros, la llamada «chimenea mota» de Caspinchango —a donde solía acudir Ariel Valdiviezo—, el antiguo ingenio Fronterita o los campamentos de Monte Grande y Acheral.

Con el paso de los meses, el descaro de las actuaciones castrenses provocó que la fama de La Escuelita se extendiera por toda la serranía de Tucumán y llegara a oídos de algunas organizaciones de Derechos Humanos. Para acallar tan molestos ecos y dificultar las denuncias, el general Antonio Domingo Bussi —que había reemplazado en el mando a Acdel Edgardo Vilas— decidió cambiar el emplazamiento del «infierno piloto». Y a finales de 1976 lo trasladó al antiguo ingenio azucarero Nueva Baviera. Así, el colegio de Famaillá pudo recuperar su función docente y, reacondicionado, fue finalmente inaugurado en 1978 con el nombre de Brigadier General Diego de Rojas. Pero nunca se libraría de la memoria amarga de los crímenes que se habían cometido en sus aulas. Y, treinta y dos años después de su construcción, unas obras de ampliación descubrirían varias fosas con restos humanos. La historia trágica de La Escuelita llena de contenido las palabras del general Videla cuando, en 1978, celebró la victoria del Ejército sobre la guerrilla: «Sepa la Nación valorar el carácter, la capacidad y la templanza de las jefaturas y comandos participantes, guía y ejemplo de sus prohombres».

El primer testimonio de una sobreviviente de La Escuelita lo escuché en 1985, ya restablecida la democracia en Argentina, en boca de Margarita Cruz de Monteros, que se debatió más de nueve años en su propio laberinto interior antes de sentirse capaz de prestar declaración, y aún no lograba hilar su relato de forma continuada[14]. Su experiencia había resultado profundamente traumática. Dos veces la secuestraron cuando tenía 21 años, la primera en abril de 1975, arrancándole de los brazos a su bebé de cuarenta y cinco días. La condujeron con su hermano a la Jefatura de Policía para interrogarla sobre la militancia de su esposo, Julián Monteros. Aunque la golpearon y la mantuvieron con los ojos vendados, autorizaron que su madre le llevara el bebé para que lo amamantase, y la dejaron en libertad al cabo de dos semanas. Mucho peor sería su segunda detención, al cabo de tres meses.

—Entonces conocí el horror —me contó, con la voz entrecortada y teniendo que interrumpir su relato cada pocos minutos para recuperar el ánimo—. Me dejaron sola en una habitación, de pie y con los ojos tapados… Hasta que comencé a gritar y me arrojaron un balde de agua fría. Después me llevaron a la sala de torturas, me desnudaron, me ataron de pies y manos, y comenzaron a interrogarme sobre un camastro de metal conectado a la corriente eléctrica. A mi lado había un médico que me tomaba el pulso. Yo tenía muchas convulsiones, pero él daba la orden de seguir. Fui violada cuatro veces. Eyacularon sobre mi cuerpo, me humillaron, me despreciaron, me insultaron... Fue una pesadilla. En una oportunidad me levanté la venda y vi a muchas personas tiradas en el suelo, maniatadas y con un número colgando sobre su pecho. Así pasé veinticinco días, resignada a morir, sin entender qué estaba pasando. Me ponían la grabación de un niño que lloraba. Me decían que era mi hijo, y al principio yo creía que estaba allí. Un día me subieron a un helicóptero, me ataron de los pies con una cuerda larga y, en pleno vuelo, me lanzaron al vacío.

Margarita se apretaba contra el sillón hasta hundirse en su respaldo, mientras se frotaba las muñecas como si aún sintiera en ellas el daño de las esposas o las ligaduras. Era la primera vez que se prestaba a una entrevista, tras haber declarado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), y destilaba las palabras con angustia, reviviendo los horrores que recitaba. Ignoró la presencia de la cámara, mirando siempre hacia dentro de sí misma, a los recuerdos que todavía la atormentaban. Su relato lento y con voz temblorosa resultaba conmovedor, especialmente duro de soportar durante los silencios que guardaba para no quebrarse, como treguas para controlar sus emociones.

—No existía la diferencia entre la vida y la muerte —prosiguió—. En una oportunidad, gritando porque sentía una soledad muy grande, porque todo eran tinieblas, porque todo eran presunciones, porque todo era hostigamiento e insultos... le pedí a un torturador que me diera la mano. Era lo único que le pedía, que por favor me tomara de la mano, porque ya no podía aguantar más.

Fueron tres penosos meses de cautiverio, hasta que una noche la dejaron en libertad, abandonándola en una carretera tras someterla a un simulacro de fusilamiento. Aterrorizada, huyó a Buenos Aires y se refugió en la vivienda de unas primas a las que apenas conocía, «sin trabajo, sin plata, sin saber nada de mi esposo y sin poder hablar con nadie de lo que me había pasado».

Años más tarde, durante el juicio en Madrid a Adolfo Scilingo[15], Marga contó por videoconferencia que los militares la acusaban de ser un correo del ERP y le exigían información sobre las actividades de su hermano y su marido. Y explicó que las condiciones de encarcelamiento llegaron a descentrarla:

—Yo ni siquiera sabía si era de día o de noche. Escuchaba alaridos constantemente. No paraba de pensar en qué estarían haciendo con mi hijo y mi mamá… Al final, caí en una especie de autismo, como si tuviera separados el cuerpo y el alma. Los daños me duraron muchos años. Estaba enferma y mi familia sufría las consecuencias. Tenía pesadillas, me sentía sucia, me culpaba por la muerte de mis padres y por haber sobrevivido. Intenté suicidarme. Y tan sólo cuando empecé a trabajar junto a otras víctimas para ayudar a los demás, logré salir adelante. Pero aún me quedan muchas marcas invisibles.

—¿Cómo recuerdas a los hombres que te torturaron? —le pregunté, cuando volvimos a encontrarnos en Buenos Aires, en 2007.

—Creo que eran seres humanos como cualquiera de nosotros. Pero que tenían muy clara la idea de aniquilar a otros seres humanos. Y eso sólo se puede hacer cuando se está sostenido por una concepción ideológica y política. Pero, sí, objetivamente son seres humanos igual que yo, nada más que yo estaba en una condición de víctima y ellos estaban en una condición absoluta de poder. Ese poder les hacía comportarse con tal saña que no consideraban humanos a quienes torturaban en la parrilla[16], sino que los pasaban a otra condición, la de «subhumanos».

Entrevista con Horacio Mayorga.
Torturar por el bien común y fusilar como si fuera una fiesta

Las opiniones de Valdiviezo no eran precisamente «originales», ni respondían sólo a su propio análisis de situación, sino que constituían un simple eco desvergonzado de las repetidas en voz baja por numerosos centuriones desde los «años de plomo». El precedente más nítidamente impreso en mi memoria eran las palabras con que el contralmirante Mayorga defendió los métodos del terrorismo de Estado durante las conversaciones que mantuve con él, más de treinta años antes.

Dos veces tomé café en casa de Horacio Mayorga, uno de los personajes más visibles de la ultraderecha militar argentina. La primera[17] fue en octubre de 1985 y, aunque me habían advertido de su carácter soberbio y lenguaraz, me sorprendió la desfachatez con que aquel marino con pinta de gentleman británico abordaba cuestiones tan espinosas como el atropello sistemático de los Derechos Humanos. Un tema que resultaba especialmente delicado en el ambiente de alta tensión castrense que se respiraba en Argentina, cuando el juicio a las Juntas Militares estaba en su recta final y en los cuartos de banderas se incubaba la rebelión de los carapintadas[18], que reventaría año y medio después.

Mayorga se jactaba de convicciones fascistas, reflejadas en su larga hoja de servicios. No en balde había formado parte del golpe gorila contra el Gobierno de Perón en 1955, como secretario del ministro de Marina. Nunca vaciló en justificar el bombardeo de la Plaza de Mayo[19]. «Se buscaba un tratamiento de shock para impedir la reacción de la tropa civil peronista», explicó. Después, bajo la dictadura del general Onganía, fue comandante de la aviación naval. Pero su mayor responsabilidad se produjo en 1972, cuando era jefe de Operaciones en Puerto Belgrano y fueron asesinados dieciséis presos políticos en la base de Trelew[20]. Mayorga justificó la matanza diciendo que «se hizo lo que había que hacer». Vinculado al sector más violento de la extrema derecha, se permitió anunciar la creación de escuadrones de la muerte, como la Triple A, cinco meses antes de que comenzasen a actuar. Siempre le gustó provocar a sus enemigos con enorme descaro.

El almirante Horacio Mayorga propugnó la organización de fusilamientos en público, repartiendo refrescos entre los asistentes.

—Contralmirante, usted hizo unas polémicas declaraciones afirmando que era partidario de haber organizado fusilamientos públicos en el estadio del River Plate, y repartiendo bebidas refrescantes entre los asistentes.

Me respondió con una sonrisa teatral, como si le complaciera recordar una simple travesura dialéctica:

—No fue exactamente así. Yo manifesté que la metodología usada debería de haber contemplado fusilamientos a la luz del día, sin ningún ocultamiento. Y, algo que los periodistas de tendencia izquierdista suprimieron de mis declaraciones, luego de haber sido juzgados los presos y firmadas las sentencias de muerte. Era una manera de decir que todo tendría que haberse hecho con pleno conocimiento público.

—¿De qué forma se tomaban las decisiones de matar?

—La idea general que ha dejado el juicio a las Juntas Militares es que se hacía alegremente; que el tipo que tenía ganas de descargar una pistola mataba a un prisionero. Pero no fue así. Si bien no tenemos constancia de que hubiera papeles de las ejecuciones, o sea, juicios formales, todo invita a suponer que, si hubo eliminación por vía drástica, la decisión no era tomada por cualquiera, sino al más alto nivel institucional. Se ejecutó sin formalidades en muchos casos. Y la tortura, que me imagino que debe de haber existido, es decir, el apremio ilegal, es algo propio de la guerra antisubversiva. Si tiene usted a un detenido que acaba de poner una bomba, debe de sacarle información urgentemente. Y no va a conseguirlo invitándole a un cafecito.

—Los torturadores y los responsables de tantas muertes siguen con sus uniformes y en los cuarteles.

—Hay que diferenciar. Los oficiales, porque la mayor parte de los que salieron a la calle fueron oficiales y suboficiales, pelearon una guerra celular dramática. Pero no son torturadores. En ese sentido, que haya habido información que se obtuvo mediante…

—Pero, ¿hubo torturadores? —le interrumpí.

—Yo creo que sí.

—¿Esos torturadores siguen en sus puestos? —insistí.

—Si lo quiere usted poner así, sí. Pero la palabra torturador parece que descalifica, y en este caso…

—Torturador es el que tortura, Mayorga.

—Sí, claro, torturador es el que tortura. Pero, un momentito, que ahí viene lo del bien común, ¿no es cierto? Si a usted le dicen que van a poner una bomba en su casa, lo lógico es…

—Los que torturaron «por el bien común» —remaché— siguen en sus puestos y vistiendo sus uniformes.

—Sí, señor. Y son quienes permiten que haya un Gobierno democrático y que diputados y senadores estén donde están.

Tres años más tarde, en diciembre de 1988, volví a ser invitado a la lujosa vivienda de Mayorga. Me habían comentado que el marino, católico de pura cepa, albergaba algunas dudas de conciencia. Pero, si existían, no llegó a manifestarlas en la conversación. Al contrario, se ratificó en sus anteriores opiniones, expresadas con la vehemencia y el cinismo que siempre le fueron característicos.

—Ustedes, los europeos, olvidan que la guerrilla argentina asaltaba regimientos del Ejército y los mantenía en su poder, cosa que en España jamás ocurrió. A su lado, los de la ETA eran unos niños de teta. Contra ella, los militares libraron una guerra que no se puede hacer más que de esta forma terrible, con torturas para obtener información. Y donde hay muertes con pequeños juzgamientos o sin juzgamientos formales en los tribunales de justicia. Porque se trata de que la guerrilla carezca de seguridad en sus compañeros. No hay otro modo de ganar esa guerra. Los franceses lo comprobaron en Argelia, y la norma se aplica siempre en los múltiples lugares donde actúa una guerrilla. Es la guerra más sucia que hay. Pero los militares no se sienten genocidas ni torturadores. Libraron la guerra de la única manera posible y la ganaron. Porque la ganaron, el presidente Alfonsín está sentado donde está sentado. Si hubiera vencido la guerrilla, como parecía que iba a ocurrir, en este momento la República Argentina no tendría esta democracia que se ha puesto a caminar con todos los tropiezos de una cosa nueva que empieza. El único error que yo creo ver en todo esto es que no se firmó cada muerte con su causa. O sea, que, en vez de tener desaparecidos, deberíamos de haber tenido muertos.

—¿Cree usted que aquel Ejército que acabó convertido en una manada de asesinos, con los mismos oficiales que se mancharon de sangre, puede servir para defender la democracia?

—Claro que sí. Porque mataron para la democracia. Y no fue una manada, sino todo el Ejército monolíticamente dispuesto, toda la Armada y toda la Fuerza Aérea, los que procedieron así.

El contralmirante Horacio Mayorga falleció en su casa, el 25 de septiembre de 2016 a los 91 años, sin rendir cuentas ante la Justicia ni haber tenido que pagar por culpa alguna.

Entrevista con Emilio Nanni.
El héroe manchado de sangre

Condecorado y acusado de crímenes de Estado, el teniente coronel Emilio Nanni vive la paradójica dualidad de ser considerado héroe de guerra y ejecutor de la represión durante la dictadura. Perdió un ojo combatiendo contra las fuerzas británicas en las islas Malvinas, en 1982, y casi siete años más tarde volvió a resultar herido en el asalto al cuartel de La Tablada[21]. En ambas ocasiones recibió honores castrenses. Pero anteriormente había participado en la persecución social organizada por la Junta Militar, y esos méritos sucios acabaron pesando más que su historial militar.

Emilio Nanni, héroe en la guerra de las Malvinas y autor de crímenes de Estado bajo la Junta Militar.

Emilio Nanni compone un personaje patético, que exhibe con orgullo las condecoraciones recibidas y el parche negro que cubre la mutilación de su rostro, mientras alardea de sus ideas ultraderechistas, afirmando haber cumplido con su deber al cometer los delitos de lesa humanidad encomendados al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, donde estaba destinado. Durante años, hasta que entró en prisión domiciliaria preventiva[22], su figura se hizo habitual en las reuniones de oficiales veteranos que exigían impunidad por sus servicios a la dictadura. También compareció numerosas veces ante la prensa para reivindicar la sangrienta «lucha contra el terrorismo» durante los años más oscuros de la historia argentina. En dos ocasiones pude dialogar con él y recoger su discurso apasionado en sendos reportajes de Informe Semanal y En Portada:

—Acá no se hizo más que aplicar una doctrina que preveía todo lo que hoy se está condenando: desde la detención y la tortura hasta eventuales ejecuciones. Podrá resultar inexplicable, podrá resultar monstruoso, pero todo eso era absolutamente legal.

—¿Los reglamentos militares autorizaban secuestros, torturas y desapariciones?

—La desaparición, no. Pero los reglamentos sí hablaban de «interrogatorios coercitivos o por convicción». ¿Cómo se consigue quebrar a una persona para que dé la información que se necesita? Algunos procedimientos pueden llegar a repugnar, y de hecho son repugnantes. Pero también lo son las bombas, los secuestros, los asesinatos indiscriminados por parte de los terroristas. Y eso es lo que sufríamos aquí. Todo nuestro accionar estuvo absolutamente respaldado por la legislación promulgada por el Gobierno constitucional de Isabel Perón, y se basó en una veintena de reglamentos sobre cómo proceder en la lucha contra las guerrillas.

—¿Provino esa metodología de las escuelas militares francesa y norteamericana?

—Sí. En Argentina no teníamos una doctrina sobre cómo actuar en el marco de una guerra revolucionaria. Y así fue que vinieron asesores franceses, que mantuvieron muchos años una misión en la sede del Comando en Jefe del Ejército. Ellos nos impartieron la doctrina aplicada por Francia en Argelia, que aquí se modernizó con elementos de la actuación norteamericana en Vietnam. Y que no es ni más ni menos que la aplicada por casi todos los ejércitos del mundo cuando tienen que enfrentarse a guerras de esa naturaleza. Porque no es lo mismo una guerra convencional de Argentina contra Inglaterra en Malvinas que una guerra interna contra argentinos. Lo de aquí ni siquiera se asemejó a lo de Estados Unidos en Vietnam, o a lo de Francia en Argelia y en Indochina. Tiene mucha más similitud con lo sucedido en España con ETA, o en Italia con las Brigadas Rojas, o en Inglaterra con el IRA. Hoy el terrorismo tiene una vigencia espeluznante en el mundo, y fíjese en los métodos que se utilizan para combatirlo. Uno podrá considerarlos espantosos o aberrantes, pero la guerra es espantosa y aberrante.

—Pero en Argentina no hubo una guerra.

—Sí, aquí hubo una guerra. En los años setenta se desarrolló una guerra revolucionaria por parte de organizaciones terroristas como el ERP, los Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas, que llegaron a disponer de un poder de fuego considerable. A mí me tocó el peor combate de todos, que fue participar en distintas acciones armadas en el frente urbano. Porque, si hubiera sido en Tucumán, uno habría sabido a qué se enfrentaba, pero, cuando el terrorismo está mimetizado con la sociedad y no se puede diferenciar quién es quién, todo es mucho más difícil. Además, desde el momento en que se recibía información de la presencia de elementos terroristas, el tiempo para reaccionar era breve, lo que nos obligaba a actuar con mucha velocidad. Mi participación consistió en integrar formaciones o elementos dentro de un grupo de artillería de defensa aérea. Y participé en la detención de terroristas en la ciudad de Mar del Plata.

—Generalmente las detenciones iban seguidas de torturas, de prisión en lugares secretos y de asesinatos.

—El Gobierno constitucional nos había ordenado «aniquilar el accionar de los elementos subversivos», que realmente eran terroristas. El término aniquilar está claramente definido: desde la «destrucción física» del enemigo hasta «quitarle la voluntad de luchar». Es decir, un marco amplísimo. Y dentro de la «destrucción física», no hay ninguna duda, está la muerte. Porque era una guerra y en una guerra siempre hay muertos.

El artillero siempre defendió con firmeza sus turbias ideas y devolvió una condecoración como protesta contra los procesamientos de militares y policías, que marcaron el final de la larga etapa de olvido y perdón oficiales. Sin embargo, sintiéndose acosado por la Justicia, trató inútilmente de escapar pidiendo asilo político en la Nunciatura Apostólica como legación diplomática del Vaticano.

—Los militares que participaban en la represión, ¿dormían después tranquilos?

—Yo creo que ningún militar duerme tranquilo, ni en las guerras revolucionarias ni en las guerras convencionales. Porque es muy difícil dormir tranquilo cuando uno tiene que matar, herir o maltratar a un semejante. Es el trabajo sucio que alguien tiene que hacer. Pero es muy difícil decir «hoy duermo tranquilo y con la conciencia del deber cumplido», por más que uno sepa que está cumpliendo con su deber. Ese tipo de cosas no permiten tener tranquilidad a nadie. No creo que un policía duerma tranquilo después de haber abatido a un delincuente, por más deleznable que sea ese delincuente. Si alguien duerme tranquilo después de eso, es porque tiene algún fallo en su psique. Bueno, a nosotros nos forman precisamente para actuar de esa manera, pero uno tendría que estar desprovisto de muchos sentimientos para lograrlo. Yo soy veterano de la guerra de Malvinas, he disparado contra los ingleses y supongo que habré matado a alguno. Tal vez sea esa formación que uno ha recibido lo que hace que los remordimientos no sean tan fuertes, pero hay ocasiones en que uno se despierta en la noche con alguna carga emocional.

Profetas de Satanás

Según el dictador Jorge Rafael Videla, la lucha contra la subversión fue «como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre esta tierra de cuánto es capaz el Ejército argentino». Lo dijo solemnemente, en el discurso con que proclamó su victoria sobre la guerrilla en los montes de Tucumán. Nadie pudo negarle que las Fuerzas Armadas comenzaron a acreditar allí lo que «serían capaces» de hacer para derrotar al enemigo. Porque en nombre de Dios abrieron de par en par las puertas del infierno y recurrieron a las más oscuras fuerzas del mal. Y todo ello se hizo con las bendiciones de la inmensa mayoría del episcopado católico, siguiendo el modelo de la vieja escuela española de fascismo eclesiástico.

El general Franco sentenció que «en la fe, en la superioridad sobre los demás, descansa el derecho para encuadrar y dirigir a los otros». Y el cardenal arzobispo de Santiago de Compostela, Tomás Muñiz de Pablos —que también fue Consejero Nacional del Movimiento y procurador en las Cortes franquistas—, le felicitó públicamente por «haber sido elegido por Dios» para salvar a España del comunismo. La Iglesia, que salió triunfante de la Guerra Civil, lo consideraba así. Y apoyó sin reservas a la dictadura. Los prelados argentinos siguieron la estela del nacionalcatolicismo en la madre patria. No en vano el provicario castrense, Victorio Bonamín[23], calificó a los golpistas como «soldados del Evangelio», en una de las muchas prédicas que le acarrearon la denominación periodística de «profeta del genocidio». Sus palabras no permitían dudas cuando afirmaba que «donde hay sangre derramada, hay redención, y las Fuerzas Armadas argentinas están redimiendo a la nación».

Monseñor Bonamín, al igual que sus colegas Adolfo Tórtolo y Antonio J. Plaza, fue uno de los líderes más activos del integrismo católico, al frente de una Iglesia extremadamente conservadora, nacionalista, dogmática, anticomunista y defensora de la pena de muerte, que colaboró de modo entusiasta con los represores y bendijo sus crímenes sin pudor moral alguno. Según Bonamín, la actuación militar «contaba con la bendición de Dios» e incluso «figuraba en los planes divinos». Así lo aseguró en la homilía de una misa que ofició el 5 de enero de 1976 en la capilla Stella Maris: «La Patria rescató en Tucumán su grandeza mancillada en otros ambientes, renegada en muchos sitiales. […] Estaba escrito, estaba en los planes de Dios, que la Argentina no podía perder su grandeza y la salvó su natural custodio: el Ejército». El ideario del provicario quedó también plasmado en las numerosas conferencias que pronunció en actos de adoctrinamiento castrense, algunos de cuyos títulos anticipan sus posiciones: «Administradores de la fuerza», «Matar en combate», «Religión y combate», «Visión teológica militar», «Criterios sobrenaturales al accionar de los militares»… En ellas predicaba el empleo de la máxima violencia, llegando a afirmar que «santo Tomás justificaba la pena de muerte, y la tortura es menos que la muerte»[24].

Entre 1975 y 1976, monseñor Bonamín escribió obsesivamente un diario[25] que, además de reflejar sus criterios personales y pastorales, constituye un acta esencial de la colaboración de la Iglesia con la Junta Militar. Porque, en sus páginas, el obispo dio cuenta de sus reuniones con más de 700 miembros de las Fuerzas Armadas (¡en tan sólo dos años!), entre los que citó a una veintena de mandos de los servicios de inteligencia. Pero su mayor influencia ideológica sobre los ejecutores de la represión la ejerció a través de los capellanes a sus órdenes, que se comunicaban de forma directa e íntima con los oficiales y suboficiales de cada unidad. Contra treinta y tres de ellos, los tribunales de Justicia llegarían a reunir pruebas y testimonios fehacientes de su presencia en centros clandestinos donde se torturaba sistemáticamente.

Como cabía esperar, el «profeta del genocidio» falleció santamente —en 1991, a la edad de 82 años— tras recibir los últimos sacramentos en una cama del seminario de la Casa Obra Salesiana Ceferino Namuncurá, en la localidad de Funes (provincia de Santa Fe). Un lugar de óbito coherente, ya que en él habían desaparecido varios detenidos. Otros huéspedes del mismo local contaron que Bonamín había pasado sus últimos meses de vida quemando papeles que, según decía, «podían comprometer a otras personas». Él mismo lo confesaría, en una entrevista que mantuvo poco antes de morir con el investigador José Pablo Martín. Fue un último acto de complicidad con la dictadura, porque su fichero contenía informaciones detalladas sobre numerosas desapariciones de detenidos, con datos precisos sobre las identidades de sus responsables.

Los secuaces de Bonamín en la Conferencia Episcopal brillaron con luces propias hasta el desplome de la Junta Militar. Personajes tan inefables como monseñor Miguel Medina[26], quien no dudó en asegurar que «cuanto estaba ocurriendo era por el bien de la Nación» y que «la represión física es necesaria; es obligatoria y, como tal, lícita». O monseñor Bernardo Witte, que decía misas en las cárceles anunciándose como «portador del abrazo papal a los presos políticos» y repartía medallitas entre ellos[27] sin interceder jamás por su suerte. O monseñor Antonio Callejas, apodado el padre Manolete por los sicarios del centro clandestino La Cacha, que ordenaba a los prisioneros extender las manos en el suelo para pisárselas[28]. O monseñor Marisma, que hablaba de combatir al «enemigo que vive en nuestro interior y, lo que es más grave, está alojado en muchos argentinos; por eso nuestro trabajo debe ser total, debe abarcar el cuerpo y el espíritu». Pero, sobre todos ellos, brillaron con luz propia como profetas de Satanás los obispos Grasselli, Tortolo y Plaza.

Monseñor Emilio Grasselli, ex secretario de la vicaría castrense y capellán militar, solía llevar una pistola bajo la sotana[29], sin empacho de que se notara; al contrario, se complacía en dejar que el prójimo lo sospechara. Se hizo famosa su recomendación de que, tras el toque de retreta, los presos se arrodillaran y rezaran un padrenuestro y un avemaría para dar gracias a Dios por haberles permitido vivir un día más. Acusado de desorientar a los familiares de detenidos que acudían a él en busca de información, se atrevió a exponerles un supuesto plan urdido por «el alma caritativa de Videla» para recuperar a los subversivos, añadiendo que «a los irrecuperables es posible que alguien piadoso les dé una inyección, y el irrecuperable se duerma para siempre»[30].

Por su parte, monseñor Adolfo Servando Tortolo declaró que «contra la subversión debían emplearse medidas violentas», y defendió el uso de la tortura[31] con argumentos teológicos, desde la presidencia de la Asamblea Plenaria del episcopado. El obispo actuó la noche misma del golpe de Estado como comisionado de las Fuerzas Armadas, encargándose de pedir a la viuda de Perón que abandonara la Presidencia; al recibir su negativa, no dudó en anunciar que «se avecinaba un proceso purificador». Los seminaristas que le cuidaron en su lecho de muerte narraron que durante su agonía gritaba, obsesionado con la creencia de que su madre estaba desaparecida.

Entre todos sus colegas despuntó monseñor Antonio Plaza, arzobispo de La Plata y también capellán de la policía bonaerense. Implicado en el encubrimiento del secuestro y asesinato de uno de sus sobrinos, su fervor militarista —reiteradamente denunciado por las organizaciones de Derechos Humanos— le llevó a desmentir los «excesos» atribuidos a la Junta Militar durante una audiencia privada con Pablo VI en 1977, ocultando al papa su conocimiento de la existencia de centros clandestinos de detención. Pero su actitud política más escandalosa se reflejó en su discurso de respaldo al autoperdón proclamado por el general Bignone, al defender la amnistía para evitar que se pudiera hacer con los militares lo mismo que «con el pobre Eichman»[32].

—¿Cuál era la identidad ideológica de la jerarquía católica argentina? —le pregunté[33] al obispo emérito Justo Oscar Laguna, un personaje polémico por haber sido el interlocutor eclesiástico de la Junta Militar, encargado de las relaciones políticas del episcopado.

—Allí estaban todos los obispos fascistas —respondió—. Fascistas es una manera de decir, pero de ese estilo. ¿Está claro? Todos eran autoritarios con distintos grados. Y había un provicario general que comparó a los tres miembros de la Junta Militar con la Santísima Trinidad, diciendo que la sangre purificada... en fin, una cosa horrible de la que prefiero no acordarme. Hubo excepciones, como los obispos Novak y Nevares. Pero la inmensa mayoría de los obispos eran fascistas o, por lo menos, de extrema derecha.

En el ejercicio de su función episcopal, monseñor Laguna mantuvo frecuentes reuniones de carácter reservado con la cúpula castrense en el poder. Ello le valió duras acusaciones de complicidad con la dictadura, pese a que entre sus funciones estuviera la de transmitir al Gobierno las quejas y peticiones de información formuladas por familiares de desaparecidos.

—Íbamos a ver a los militares por lo menos un par de veces cada mes. Solíamos reunirnos con los secretarios generales de las tres armas, algunos generales importantes y, a veces, con los integrantes de la Junta, Videla, Massera y Agosti. Todo fue inútil. Aquellas conversaciones no servían para nada, eran unos trámites inútiles, puramente formales. Y la culpa era de los obispos. Porque Pío Laghi[34], en nombre de Pablo VI, nos pedía constantemente que en cada reunión hiciéramos una defensa de los Derechos Humanos y que fuéramos claros. Pero no lo éramos. Presentábamos cantidad de dramas personales, con las quejas de los familiares de detenidos. Pero nunca investigaron nada. Yo creo que no debíamos de haber vuelto más después de la primera reunión.

—Como interlocutor de la dictadura, y también como amigo de muchos oficiales, usted debió conocer su modo de pensar en materia religiosa. ¿No tenían problemas de conciencia, como fervientes cristianos que decían ser?

—Yo conozco a muchos con problemas de conciencia. Sin duda. Sí, sí, inclusive en las altas esferas, que no podían dormir, que tenían muchas dudas. Pero eran minoría. El resto cumplía su papel con toda tranquilidad. Nunca escuché una palabra de arrepentimiento. Ellos sabían lo que tenían que hacer, estaban seguros de cómo querían hacerlo, y lo hicieron sin problemas de conciencia, como si fueran delegados de Cristo.

«Elegidos por Dios», como Franco, y respaldados por sus más altos representantes en la tierra. Tenían motivos para creerlo. El propio general Videla se consideraba a sí mismo un hombre justo, casi un apóstol de la Verdad. ¿De qué iba a arrepentirse el tirano si monseñor Tortolo había dictaminado que su conducta se regía por los principios de la moral cristiana? Para reafirmarlo, en las sesiones del juicio a las Juntas Militares, Videla se concentró en la lectura del libro Las siete palabras de Cristo, del jesuita Charles Journet.

Durante la dictadura militar, bastaron los dedos de una mano para contar a los prelados católicos que la condenaran. Tan sólo se oyeron cinco voces críticas, siempre mesuradas: las de Jorge Novak, Jaime de Nevares, Miguel Esteban Hesayne, Enrique Angelelli y Carlos Horacio Ponce de León. Los dos últimos cayeron asesinados[35]. Fueron las excepciones éticas en el seno de una Iglesia al servicio del mal, cabezas visibles de un reducido grupo que pagó con sangre la fidelidad a sus valores espirituales: dieciocho sacerdotes y once seminaristas figuran como asesinados o desaparecidos, y otros treinta estuvieron secuestrados en centros clandestinos, según datos del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. A la persecución policial de ese sector minoritario se sumaron las presiones de la propia jerarquía católica. Un ejemplo me lo ofreció el fraile capuchino Antonio Puigjané, que fue el primer acompañante masculino de las Madres de Plaza de Mayo en sus marchas y también el primer sacerdote en decir una misa por los desaparecidos:

—El cardenal Aramburu me advirtió de que todo lo que yo hacía con las madres era inútil, malo y antievangélico, porque «sólo conseguía aumentar su dolor ante un drama terrible que era irresoluble». Yo le contesté: «Qué lío, monseñor, porque a mí me parece antievangélico lo que me ha dicho usted».

El silencio eclesiástico ante la barbarie fue estruendoso, aunque, dos meses después del golpe, durante una Asamblea General de los obispos, se definieran como «pecaminosos» los métodos represivos de los centuriones. Un año y miles de muertos después, en mayo de 1977, la Conferencia Episcopal insistió en ello con suma prudencia, mediante un documento dirigido a la Junta Militar. La realidad es que nadie quiso escuchar la voz de monseñor Hesayne cuando negó el pretendido carácter cristiano de los torturadores. Tampoco se prestaron oídos a las condenas de la violencia institucional lanzadas por su colega De Nevares. Ni tuvieron el debido eco las palabras mesuradas del obispo Novak. «Ninguna dictadura puede llamarse cristiana», argumentó durante una entrevista que mantuvimos en su residencia de Quilmes[36]. «Entendí que era mi deber escuchar a las familias de los desaparecidos, rezar con ellos. Aliviar su dolor suponía una acción estrictamente humana y cristiana».

Al mismo tiempo, los cuatrocientos capellanes castrenses que trabajaban en cuarteles y centros clandestinos no se limitaron a cumplir con su obligación de mantener la moral de los verdugos, sino que se implicaron en sus tareas. Y llegaron a intervenir en interrogatorios para ablandar a los prisioneros sometidos a tormentos, aconsejándoles que confesaran su militancia y denunciaran a sus compañeros. No faltan ejemplos, como Pablo C. Sosa, capellán general de la Armada y capitán de navío, apodado padre Cantalicio[37], que obligaba a los detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a asistir a sus misas encadenados y encapuchados, y se negó a interceder por el sacerdote Pablo Gazzani, asesinado en esas mismas instalaciones. O el cura Cacabello[38], que asistía a las sesiones de apremio físico en la cárcel de Caseros. O el presbítero Guadagnoli, que hacía lo propio en el II Cuerpo de Ejército. O Aldo Omar Vara, capellán del V Cuerpo de Ejército, que murió prófugo de la Justicia argentina en Paraguay. O el párroco Francisco Priorello, que también presenciaba habitualmente la tortura[39]. O el sacerdote Pelanza López, quien, además, trataba de justificarla en sus charlas a quienes acababan de sufrirla[40]. Algunos religiosos cuarteleros calibraron su utilización en los interrogatorios, considerándola un «mal necesario e inevitable» durante las 48 primeras horas de la detención, aunque, pasado ese plazo, su abuso se convertía en pecado[41]. Pero Bruno Marzani, capellán de la Fuerza Aérea, explicó[42] sin pudor alguno que «a los represores con problemas de conciencia yo les decía que la vida militar es una guerra; que en el combate yo no puedo saber si el que tengo delante es inocente o culpable».

El perro de presa más famoso de la feroz jauría eclesiástica fue Christian von Wernich, capellán de la Policía bonaerense con rango de oficial, que mantiene su condición sacerdotal pese a la sentencia judicial que le culpó de genocidio, condenándole a cadena perpetua por 34 secuestros, 31 casos de tortura y siete homicidios calificados. Ello le permite decir misa cada día en su celda, aunque tenga prohibido hacerlo en la capilla del penal, donde se limita a actuar como monaguillo y sacristán. Sus feligreses lo respetan por haber sido el confesor que absolvió al general Camps por miles de ejecuciones extrajudiciales, sin dar muestra alguna de contrición. Tras el final de la dictadura, el temido capellán procuró pasar inadvertido, pero, en 1996, un escándalo sentimental le empujó a ocultarse en Chile, donde permaneció largo tiempo bajo identidad falsa, siendo detenido en 2003, ya de regreso en Argentina.

Von Wernich se negó a presenciar las sesiones del juicio a que fue sometido entre julio y septiembre de 2007. Desde la celda, el sacerdote proclamó su inocencia y se definió como una «víctima del revanchismo arrojada a los leones» de un circo mediático, comparándose con los antiguos cristianos que en Roma «bañaron con su sangre de mártires a nuestra Iglesia». Varios prisioneros supervivientes declararon que el cura policía les repetía que no debían odiar a quienes les torturaban, ya que «el dolor es una forma de redimir el mal que hay en uno, porque el mal se cura con castigo».

Capítulo VII
Criminales de azul

Los militares no estuvieron solos en la inmensa tarea de la represión. A sus órdenes, como fieles y entusiastas subalternos, resultaron decisivas las fuerzas policiales, por cuyas comisarías pasó más de la mitad de los detenidos por el Ejército. Sus hombres únicamente se diferenciaban por el color de los uniformes, aunque en las tareas más sucias actuasen igualados por la vestimenta civil. Sólo en la provincia de Buenos Aires, la Policía sembró el terror y la muerte a través de 29 centros clandestinos de detención. En ellos se llegó a torturar a niños, siguiendo las indicaciones del doctor Bergés, según el cual cualquier persona con más de veinticinco kilos de peso podía ser objeto de tormento físico sin que la edad tuviera importancia.

Entrevista con Ramón J. Camps.
El orgullo de matar

El primero de mis cafés con el diablo en Argentina lo tomé en la ostentosa guarida, decorada con una vasta colección de armas, que el general Ramón J. Camps denominaba «hogar». Servido por la dócil esposa del militar que dirigió con mano de hierro la Policía de Buenos Aires entre abril de 1977 y el inicio de 1979 —durante los peores momentos de la dictadura—, aquel café fue también el más negro y amargo que había probado nunca.

La conversación se inició en una mesita del salón y concluyó en el despacho del centurión, siempre en presencia de su secretario personal. La excusa para nuestra cita fue la publicación de su libro Caso Timerman, punto final[1], sobre sus responsabilidades en la detención, tortura, encarcelamiento y expulsión de Argentina del director del diario La Opinión. Pero su discurso iría mucho más lejos, hasta constituir una cínica confesión de sus decisiones criminales al frente de un aparato policial cuyos agentes sembraron el terror y la muerte con total impunidad[2]. Un mea culpa entonado con la soberbia propia de quien valoraba los más despiadados actos de persecución política como gloriosas hazañas bélicas.

—Los militares debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho por nuestro país —proclamó—. Y no avergonzarnos de nuestras ideas y acciones, como si tuviéramos que pedir disculpas por haber vencido. No he visto jamás nación alguna que pidiera cuentas morales a sus ejércitos por las victorias.

Corría el mes de enero de 1983. La Junta Militar se mantenía en el poder con pulso vacilante, tras el desastre de la guerra por las islas Malvinas. No era la primera vez que Ramón J. Camps hablaba extensamente con un periodista. Le gustaba hacerlo, presentándose como la encarnación de la lucha antisubversiva, y alardear del empleo indiscriminado de los métodos más sucios, que preconizó sin escrúpulo alguno hasta ganarse el apodo de el carnicero de Buenos Aires. Gracias a ello contaba con el respeto de los sectores más duros de las Fuerzas Armadas y, también, con un profundo temor entre la ciudadanía. Siempre lenguaraz y seguro, el general solía repetir la falacia de que «en Argentina no desaparecieron personas sino subversivos». Así pretendía deshumanizar a las víctimas de la persecución política y cosificarlas, aplicando la vieja retórica fascista de Hitler y Franco: los elementos revolucionarios no eran más que «seres defectuosos». Una tesis sobre la que había teorizado el jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del franquismo, el doctor Antonio Vallejo-Nájera, que catalogó a los marxistas como «enfermos ideológicos»[3]. Enfermedad de difícil cura, que solía resultar necesariamente mortal.

La entrevista con el general Ramón J. Camps, que dirigió con mano de hierro la Policía bonaerense entre abril de 1977 y principios de 1979, fue el café más negro y amargo que había probado nunca.

Pese a llevar cuatro años retirado del mando policial, el carnicero de Buenos Aires conservaba buena parte del poder que había tenido. Los asesinos que estuvieron a sus órdenes le profesaban una fidelidad ciega y seguían dispuestos a cumplir sus designios. Y la propia Junta Militar, ya agonizante, continuaba aplicando la teoría que esbozó Ramón J. Camps: «La subversión es como un árbol, al que, si sólo se cortan las ramas, es como cuando se le poda: brotan más fuertes. Para acabar con ella hay que cortar el tronco y arrancar hasta la última de sus raíces».

—General, si los desaparecidos se consideran como simples «bajas enemigas» en una guerra, ¿por qué no se reconocen sus muertes y se devuelven los restos a sus familias?

—Yo sostengo públicamente que en Argentina, durante un largo periodo, no se quiso admitir que el país vivía en guerra. En aras de la imagen exterior, y para no comprometer las ayudas económicas internacionales, no se decía la verdad de los hechos. Se pretendía minimizar la realidad, pensando en la continuidad de los créditos, que seguramente tampoco se habrían interrumpido si se hubiese asumido la realidad con toda su crueldad. Además, estoy convencido de que temas como el de los desaparecidos hay que afrontarlos abiertamente, para que no puedan ser utilizados como bandera política. Yo vencí a la subversión en su centro de gravedad, en Buenos Aires. Me siento orgulloso de ello, y asumo toda mi responsabilidad y la de los treinta mil hombres que conduje en la lucha. Lo hago porque estoy consciente de que esa lucha no ha finalizado y de que es imprescindible terminarla. Si ayer estuve en primera línea con las armas en las manos, hoy combato y doy la cara con las ideas. Y, si es preciso, volveré a empuñar un arma. Lo que ocurre es que Occidente no tiene vocación de triunfo.

Camps insistía en su convencimiento de que el mundo entero se encontraba en guerra, con un Occidente cristiano enfrentado a la permanente agresión del marxismo. Y que la guerra sucia, la represión sin límites extendida por las Fuerzas Armadas argentinas sobre el conjunto de la sociedad a partir de su lucha inicial con la guerrilla, debía ser valorada en ese contexto de confrontación internacional. Sobre su escritorio descansaban la Historia política del Ejército español, de José Ramón Alonso, y un revólver. El general no tardó en mostrármelo y explicarme que se lo había arrebatado a un guerrillero montonero, a quien se le encasquilló cuando quiso disparar a bocajarro contra él. Muerto a tiros su propietario, el arma encontró acomodo en la sobaquera del general y, apoyada sobre su corazón, se convirtió en un fetiche. No dejaría de jugar con ella a lo largo de la charla, aunque sin ánimo de intimidarme, de forma maquinal, casi como si la acariciase.

—En la página 39 de su libro, hablando de los «grupos incontrolados», dice usted que no se trataba de bandas armadas, sino de fuerzas militares y policiales. Los famosos escuadrones de la muerte, que actuaban vestidos de civil en vehículos Ford Falcon sin matrícula, ¿eran militares?

—Hubo dos bandos. Uno lo integraban las fuerzas subversivas. El otro era conducido por la Junta Militar. Todo lo que actuaba contra la subversión estaba siempre bajo las órdenes de la máxima conducción militar. En muchos casos, había que actuar de civil.

—General, no quiero malinterpretar sus palabras. ¿Admite usted que esos grupos vestidos de civil que efectuaban los secuestros estaban integrados por militares?

—En el libro hablo de que aquella fue una guerra sucia. Pero los que la hicieron sucia fueron los subversivos. Ellos eligieron las formas de la lucha y determinaron nuestras actuaciones.

—Los hombres que secuestraron en el hotel Liberty a mi amigo el senador uruguayo Zelmar Michelini y lo cosieron a tiros, ¿eran militares?

—Ese caso no me consta. Piense que también ha habido elementos subversivos que actuaron caracterizados como si fuesen miembros de las Fuerzas Armadas. El caso Aramburu[4], donde los montoneros vistieron uniformes militares, puede servir de ejemplo.

—General, lo que usted dice significa que el Estado actúa como un grupo terrorista, empleando métodos terroristas.

—Sí. Para localizar y detener a los subversivos se pueden utilizar las mismas técnicas que ellos emplean. ¿Por qué no? Si yo conocía una cita de la subversión y acudía uniformado, mi misión era inútil. Teníamos que ocultarnos, vestirnos de civil, aunque le aclaro que yo nunca lo hice y siempre combatí de uniforme. Nadie critica a la Policía española por ir de paisano. Y estamos hartos de ver películas yanquis sobre el FBI con sus agentes de civil.

—Sin embargo, nunca se ha reconocido que esos grupos perteneciesen a las Fuerzas Conjuntas, pese a que lo demostrase la misma impunidad con que actuaban y aún actúan, moviéndose en vehículos sin matrícula y con aparatosidad en un país sometido al estrecho control del estado de sitio.

—Yo sí lo he reconocido. En mi libro cuento que Timerman fue detenido por agentes de civil y que a mis órdenes sirvieron oficiales ataviados con ropajes civiles.

—¿Tuvo usted a sus órdenes a los temidos Ford Falcon?

—No. Nunca conté con vehículos Falcon sino Torino, de los adquiridos por la Policía de Buenos Aires. Parece usted obsesionado por los Falcon.

—Será, general, porque durante mi anterior visita, el pasado mes de julio, tuve uno siguiéndome incluso por calles peatonales, hasta que formulé una protesta en la Cancillería.

—Claro. Es que usted, con la barba y su chaqueta de tipo militar, resulta muy llamativo.

Le expliqué que el principal motivo de mi presencia en Argentina era informar sobre la suerte corrida por los ciudadanos españoles, o descendientes de españoles, que se encontraban entre los miles de detenidos desaparecidos. Y abordó inmediatamente el tema, tajante en sus juicios, con cierta frialdad vehemente:

—En primer lugar, yo entiendo que quien viene a vivir a este país busca algo que no encontró en el suyo. Y que lo hace para obtener ventajas y beneficios, pero también sabiendo los riesgos que puede correr. Desde que un emigrante pisa Argentina, queda sujeto a la misma suerte que los argentinos. Nadie murió, si es que murió, por ser español sino por ser subversivo… como también murieron mis hombres por defender a la nación argentina. Mire, decimos que somos respetuosos de la libre determinación de los pueblos, y yo no quiero meterme a arreglar los destinos de España; por eso, acepto que los argentinos que allí viven corran todos los riesgos que España represente. Ningún español vino obligado a este país, ni fue obligado a quedarse. Si tomaron parte en una contienda, lo hicieron sabiendo los peligros que corrían. Porque aquí hubo una época en la que se mataba o se moría, ¿comprende? Además, entre los españoles y los italianos desaparecidos se encuentran muchos que no lo son; los que nacieron aquí, aunque sean hijos o descendientes de españoles o italianos, son ciudadanos argentinos, no extranjeros.

—Aunque fuera como usted dice, las autoridades argentinas deberían haber informado a la Embajada española, al menos en el caso de los treinta y tantos desaparecidos nacidos en España y que tenían pasaporte español. ¿Por qué no se ha respondido a las solicitudes diplomáticas con datos precisos o, si estuvieran muertos, por qué no se han devuelto los cuerpos?

—Lo que ocurre es que, dentro de las Fuerzas Armadas que combatimos a la subversión y nos hicimos cargo del Gobierno en 1976, siempre hubo dos posiciones: una, la de quienes pensaban que la lucha antisubversiva era un enfrentamiento menor, y otra, la de los que la considerábamos el verdadero problema nacional, y acaso el mayor del mundo. Yo creo que el Gobierno debe mostrarse orgulloso y asumir públicamente la responsabilidad de todos sus actos. Estoy convencido de que, para vencer, al final es preciso que quienes lideran la lucha expongan claramente sus ideas, virtudes y errores. Que traten de conquistar la voluntad de los hombres y de hacer que otros países comprendan la naturaleza de su acción. Si no asumimos valientemente lo que hemos hecho, si Occidente se mantiene en una actitud vergonzante, no podremos ganar nuestra lucha. Nos ha faltado una solución política, económica y cultural que respaldara nuestro triunfo militar.

Era la cuestión más inquietante, sobre la que se especulaba en los últimos días de la dictadura. Y se la planteé sin preámbulos:

—¿Quedan desaparecidos con vida?

—No.

—¿Me lo asegura terminantemente?

—Sí. No existen esos campos de concentración secretos de los que tanto se ha hablado. Si hay desaparecidos vivos, estarán fuera del país y en libertad. Ocurre que los interesados en agitar la bandera de los desaparecidos cuentan que algunos siguen con vida. Y los dirigentes políticos argentinos no entienden que libramos una lucha superior a una mera confrontación electoral.

—¿Qué cifra de desaparecidos considera usted más real?

—Entre seis mil y ocho mil. Pero no puedo precisar una cantidad exacta, porque no sé cuántos se encuentran en el extranjero.

Camps jamás había evitado manifestar sus opiniones ni temido las consecuencias. Pero nunca llegó tan lejos en su sinceridad durante una entrevista de prensa como aquella tarde. Así, cuando insistí en pedirle cifras concretas de muertos, se incorporó y caminó hasta la caja fuerte de su despacho. Colocado en su puerta, un cartel advertía: «No me obliguen a matar; no se acerquen». La abrió y extrajo de ella un voluminoso informe mecanografiado, explicando que era una copia del texto que había enviado al papa con los datos de que él disponía sobre la lucha antisubversiva. Sin dejarme ojear sus páginas, leyó en voz alta algunas cifras para que yo pudiera anotarlas:

—Entre 1973 y 1979 hubo 2.050 enemigos muertos en enfrentamientos. De ellos, un millar y medio no fueron identificados. Entre 1972 y 1976 se registraron 548 muertos anónimos. Entre 1976 y 1979 aparecieron 729 cadáveres, de los cuales 371 quedaron sin identificar. Y entre 1973 y 1979 recibieron sepultura 1.858 cuerpos como NN[5] en distintos cementerios.

—¿No teme usted acabar respondiendo ante la Justicia por la represión que dirigió?

—No. La lucha contra la subversión duró una década, y a lo largo de ella aparecen distintos tipos de responsables. Tendría que llamarse a juicio a muchos acusados. Por ejemplo, a quienes elogiaron en público el secuestro de Aramburu, y a quienes hicieron posible que el terrorismo se intensificase con la amnistía de 1973. Tampoco se puede olvidar que fue un Gobierno constitucional el que sancionó las leyes que hicieron posible nuestro combate contra la subversión, ni que ese mismo Gobierno fue el que emprendió la guerra contrainsurgente en Tucumán. Los políticos que ahora desean sentar a los militares en el banquillo deberían estar entre los acusados. Pero también quiero contestar a su pregunta en un plano personal: yo soy responsable de todas las órdenes que di. No tengo que defender a las fuerzas que actuaron a mis órdenes, porque sólo los culpables necesitan que se les defienda. Reitero que conduje la lucha antisubversiva durante dos años, mostrando siempre lo que se hacía. Y no me siento avergonzado de haber obtenido la victoria en el campo militar. Si de algo soy culpable es de no haber logrado también una victoria política. Pero la lucha no ha terminado. Ni mi papel tampoco.

—¿Qué opina usted de la escandalosa frase que pronunció el general Ibérico Saint-Jean cuando era gobernador de Buenos Aires?

—¿A qué frase se refiere usted?

—Supongo que la recordará. Dijo: «Primero vamos a matar a todos los subversivos; después, a sus colaboradores; después, a los simpatizantes; después, a los indiferentes y, por último, a los tímidos»[6].

—No creo que el general Saint-Jean haya dicho eso nunca. Porque el responsable de la lucha contra la subversión en la provincia de Buenos Aires fui yo. Él no tuvo responsabilidad alguna. En ese terreno no era superior mío, aunque fuese gobernador de Buenos Aires. Y descarto que, sin responsabilidad ni participación directa en la lucha, es decir, sin tener voz ni voto, haya emitido una frase de ese tipo. Yo no la dije y era quien debía haberla dicho. No la dije porque no me gusta provocar.

El eco de aquella entrevista, reproducida por la prensa internacional, causó un enorme escándalo en Argentina. El Gobierno militar rechazó pronunciarse sobre su contenido, mientras preparaba una ley para amnistiar a los represores. Y Camps guardó silencio durante más de diez meses hasta que decidió ratificarlas. «Romero es un subversivo», explicó. «Yo le conté cosas sobre los desaparecidos, pero no para que las publicara». El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se querelló contra él. Y el general fue detenido por orden del Gobierno de Alfonsín el 19 de enero de 1984. Juzgado y condenado por la Cámara Federal a 25 años de cárcel —de los que pasó una parte hospitalizado—, recibió el indulto en 1990 y falleció cuatro años más tarde a causa de un cáncer de próstata.

El circuito del terror

El denominado circuito Camps estaba formado por una cadena de 29 centros de detención, creada por la jefatura de la Policía bajo las órdenes del carnicero de Buenos Aires, en barriadas periféricas de la capital argentina y en la cercana ciudad de La Plata. Los dos mayores fueron los pozos[7] de Banfield y Quilmes. Y los seis más señalados judicialmente, las brigadas de Investigaciones de San Justo y de La Plata, la Comisaría 5.ª también en La Plata, el destacamento de Arana, el Comando de Operaciones Tácticas (COT-1) en Martínez y la subcomisaría de Don Bosco en la localidad de Puerto Vasco. Pero otros muchos eslabones completaron su tarea, especialmente La Cacha, la Comisaría 8.ª y uno al que sus propios capataces llamaron El Infierno. Los máximos responsables policiales solían desplazarse entre ellos para coordinar su funcionamiento y participar en ciertas «actividades esenciales». También los detenidos eran transferidos con cierta frecuencia entre distintos puntos de la red, cuyas reducidas dimensiones exigían un aprovechamiento máximo mediante el relevo y la periódica eliminación de prisioneros.

La primera vez que se airearon las atrocidades perpetradas en lo que se conocía como «el circuito del terror» fue en 1986, cuando los Tribunales de Justicia se ocuparon de una primera Causa Camps (o Causa 44) contra el máximo jefe policial de Buenos Aires, su sucesor en el puesto, el general Ovidio Pablo Ricchieri, y algunos adláteres como el comisario Miguel Etchecolatz, el médico Jorge Bergés o el agente Norberto Cozzani, quienes, tras ser condenados, no tardaron en recibir los beneficios del perdón presidencial del peronista Carlos Saúl Menem. Pero hasta 2011 no salió a la luz todo lo sucedido en aquel infierno: un nuevo juicio lo pondría en evidencia, gracias a 400 declaraciones de sobrevivientes, familiares e investigadores, en 280 casos examinados a lo largo de noventa audiencias[8]. Entre sus escalofriantes testimonios, destacaron dos: el de Nilda Eloy, por la depravación de los represores, y el de Pablo Díaz, por la inocencia juvenil de las víctimas.

Nilda tenía diecinueve años y acababa de empezar la carrera de Medicina cuando una patota[9] policial la secuestró en casa de sus padres, en La Plata. Pasó casi once meses desaparecida, soportando toda clase de torturas y vejaciones en un trágico periplo por seis centros de detención, hasta que en agosto de 1977 quedó confinada en la cárcel de Villa Devoto. Liberada año y medio más tarde pero incapaz de narrar su experiencia sin quebrarse, permaneció en silencio cerca de veinte años.

—A medida que avanzabas en el recorrido del circuito Camps, te ibas hundiendo, porque era como un túnel preparado para destruirnos —me explicó en 2007—. La Cacha, el pozo de Quilmes, el Vesubio… todo formaba parte del mismo horror. Pero lo peor ocurrió durante los dos meses que pasé en El Infierno, es decir, en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Allí traían restos humanos, sobre todo cabezas y manos, para que los prisioneros dejásemos los huesos limpios. Si lo hacíamos bien, nos permitían pasar un rato al sol.

Sus palabras me recordaron que, mucho tiempo atrás, Hebe de Bonafini me había contado que las Madres de Plaza de Mayo, cuando iniciaron sus marchas frente a la Casa de Gobierno, comenzaron a recibir trozos de cadáveres descarnados, con anónimos asegurándoles que aquello era cuanto quedaba de sus hijos.

—La mayor parte del tiempo yo fui la única mujer detenida en El Infierno. Había veces que un prisionero resistía con firmeza los interrogatorios y, para quebrar su voluntad, le hacían creer que al otro lado de la pared estaban torturando a su madre, a su compañera o a su hija. Entonces recurrían a mí. Y volvían a torturarme sólo para que gritara. Yo les servía para producir gritos femeninos, para demostrar que estaban atormentando a una mujer.

Nilda hablaba pausadamente, con los ojos puestos en el infinito, sonriendo con una ternura sobrecogedora.

—Me encerraron en el primero de los calabozos, como para tenerme siempre a mano. Y podía ser utilizada por todos, desde el cabo de guardia hasta los oficiales, ya fuera para una violación completa o para masturbarse. No era parte de las sesiones de tortura. Si tenían ganas, entraban en mi calabozo. La mayoría de las veces no mediaba palabra. En el juicio me preguntaron si yo creía que todo lo que hacían aquellos sujetos obedecía a órdenes precisas. Yo contesté que me parecía que ningún hombre podía tener una erección porque se lo mandasen sus superiores.

El caso de Pablo Díaz es otro ejemplo de la falta de límites de los funcionarios que Camps y Etchecolatz convirtieron en criminales. Pablo formó parte de un grupo de diez adolescentes, con edades entre 14 y 17 años, que fueron detenidos y torturados en el curso de una operación con el nombre en clave de Noche de los Lápices, por haber participado en una protesta contra el precio del transporte escolar en la ciudad de La Plata en septiembre de 1976. De ellos, cuatro sobrevivieron y seis desaparecieron[10].

Habían pasado nueve años cuando Pablo Díaz me contó la historia terrible que cerró su adolescencia. De pie frente a la cámara y con la mirada clavada en el suelo, mantuvo las manos cruzadas en su espalda, como si todavía estuviese esposado.

—En la comisaría de Arana nos interrogaron sobre nuestras actividades en el colegio. Nos golpearon mucho y a las chicas las violaron. Cuando me llevaron a la primera sesión de tortura, un guardia me dijo que iban a usar la máquina de la verdad y yo creí que sería como en las películas, un aparato que marcaría cuando se decía una mentira, así que les dije que me parecía muy bien. A todos nos pasó lo mismo, y los guardias se reían cuando nos daban picana eléctrica, diciéndonos «ustedes quisieron que usáramos la máquina». Un día, cuando me devolvieron a la celda, me toqué los dedos del pie y me di cuenta de que me faltaba una uña. Entonces entendí por qué hablaban de aplicarme la tenaza. También nos hicieron un simulacro de fusilamiento. Y un individuo, que no habíamos visto antes y dijo ser capellán del Ejército, se ofreció para «confesarnos y que fuéramos más puros al cielo». Estábamos muy nerviosos y los más chicos invocábamos a nuestras madres. Yo recé un padrenuestro. Cargaron las armas, una voz dijo «Tiren» y sonó una descarga. Uno de los chicos gritó «Vivan los Montoneros». Y sentimos cómo le disparaban dos veces. Los demás no pudimos aguantar de pie y yo me oriné.

Los diez adolescentes permanecieron durante todo su cautiverio sin lavarse, maniatados y con los ojos cegados por algodones sujetos con cinta aislante que, al pudrirse, les causaron llagas en los párpados. Pablo recuerda, como sus únicos momentos de consuelo, las conversaciones que mantuvo con su compañera Claudia Falcone, a través de la pared que separaba las celdas. La soledad los empujó a las confidencias. Sin verse ni tocarse, la voz temblorosa del otro supuso un apoyo mutuo durante semanas de intenso terror. Y llegaron a prometerse amor cuando salieran del infierno.

—Entre la tortura y el miedo nació una relación muy hermosa. No se puede decir si éramos amigos o novios, pero yo creo que fuimos más que novios. Una noche supimos que era Navidad porque oímos el estruendo de las celebraciones fuera. Recordamos a nuestras familias. Y me dijo que, si llegábamos a salir de allí, nunca podría tener una vida digna porque había sido violada. Tres días después me anunciaron que iban a liberarme. A eso de las dos de la mañana vinieron a buscarme y pedí que me dejaran despedirme de Claudia. No lo esperaba, pero me autorizaron a estar diez minutos con ella. Yo sólo la había visto una vez, muy rápido, en los tres meses que pasamos allí. Levantarnos la venda de los ojos, vernos, decirnos con la mirada muchas cosas, darnos la mano, significaba muchísimo. Cuando me metieron en su celda y la vi, sentí un choque terrible. Su voz y sus ojos eran los mismos, pero tenía la piel muy blanca y estaba muy flaca, semidesnudos como nos tenían... Ninguno de los dos podíamos caminar bien por la debilidad. Claudia me pidió que fuera a casa de su madre y le contara que seguía viva. Yo le aseguré que nos encontraríamos afuera. Pero entonces me dijo que no la tocara, que ya estaba muerta. Y volvió a repetirme que ya nunca podría ser mujer, porque había sido violada por delante y por detrás. Yo le dije que no importaba. Ella tenía 16 años, yo 17. Después me pidió que cada 31 de diciembre levantara una copa por ella y por todos los que nunca saldrían de allí.

Cuando volvimos a vernos veinte años después[11], Pablo continuaba aferrado al recuerdo de aquel amor adolescente. En su casa de La Plata, sentado en un sofá junto a su esposa embarazada, no lograba reprimir el llanto al recordar a Claudia.

Entrevista con Norberto Cozzani.
Asesinos con placa policial

«Hubo de todo». Con esas tres palabras, Norberto Cozzani, miembro del más estrecho círculo policial del carnicero de Buenos Aires, definió escuetamente el comportamiento de las fuerzas policiales de la dictadura, que cumplieron con entusiasmo la orden de «aniquilar al enemigo». Destacado entre los responsables operativos del circuito Camps pese a su baja graduación, el cabo Cozzani —conocido con el «nombre de guerra» de Capitán Beto— vistió el uniforme azul desde muy joven, y hay quienes aseguran que antes estuvo vinculado a la Triple A. En los años de la Junta Militar estuvo destinado en la Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires y se convirtió en pieza clave de su aparato de información.

Los cafés que en 2007 compartí con Cozzani fueron servidos, en una sala tan grande como escasa de mobiliario en el penal de Marcos Paz, por Hugo Guallama, chófer del general Camps, que hizo de camarero con un termo de agua caliente y un bote de descafeinado instantáneo. Impasible, Cozzani negó los crímenes por los que cumplía condena, y opinó sobre los tiempos oscuros que le tocó vivir, con palabras matizadas por una más que prudente sordina:

—En el 76, la gente quería que las Fuerzas Armadas salieran a la calle para solucionar el desmadre que había en Argentina. Pero los comandantes que tuvieron la responsabilidad de ejercer esa función se equivocaron. Optaron por la mentira, incluso por la traición en muchos casos. Yo creo que nunca debió haber desaparecidos. Porque los desaparecidos son «muertos no comunicados», y, si alguien no podía comunicar sus muertes, tendría que haber explicado las razones. Hay muchas cosas que descubrimos con el tiempo, aunque no teníamos voz ni derecho a decirlas. La guerra contra el terrorismo tendría que haber terminado en diciembre del 78, para dar paso progresivo a la democracia. Pero nos encontramos con un montón de generales que se subieron a un caballo blanco, como caballeros feudales sobre territorio dominado.

El policía Norberto Cozzani, apodado Capitán Beto, afirma que entre sus compañeros hubo casos «de paranoia total».

Cozzani participó en las investigaciones del caso Graiver, una escandalosa operación de castigo contra los oponentes a la dictadura que causó uno de los mayores escándalos político-financieros de la misma. Quedó probado que su papel no se limitó a los despachos y las averiguaciones económicas, sino que se implicó en los graves atropellos de los Derechos Humanos cometidos en Puesto Vasco. Tras una breve e intensa carrera de dos años y dos meses, el cabo solicitó el retiro para venir a trabajar en España como charcutero. Convencido de haberse apartado a tiempo, creyó que sus delitos quedarían olvidados. Pero, de regreso a Argentina, en 1986 fue juzgado en la Causa 44 y condenado a cuatro años y medio de cárcel por cuatro casos de interrogatorios con torturas[12]. En uno de ellos, la sentencia aseguró que «pocas veces podrá encontrarse prueba más completa en un asunto de esta índole». Pero, pocos meses más tarde, las leyes del perdón castrense le devolvieron la libertad. Entonces una anécdota demostró el fuerte carácter de Cozzani: rechazó ampararse en el principio de obediencia debida, argumentando que «jamás recibí de mis superiores ninguna orden que implicara la ejecución de un plan criminal, jamás fui forzado por ninguna fuerza irresistible, ni engañado por ningún error insuperable para cometer acciones que repugnaran mi conciencia moral. Yo estuve en una guerra».

Diecisiete años más tarde, en 2004, el ex policía volvió a ser encarcelado para acabar de cumplir la pena que le había sido impuesta en 1986, y se ordenó la reapertura de las causas en que estuvo implicado. Finalmente, en 2005, se presentó una denuncia contra él y otros 12 uniformados por secuestros y torturas en Puesto Vasco, que afectaron a 60 detenidos en 1977 y 1978. Tras las rejas, Cozzani escribió dos libros autoeditados —Yo asumo y Yo acuso— y numerosos artículos difundidos por medios de extrema derecha.

Con ademanes contenidos, gesto firme y voz grave, Cozzani se autocalificó de «preso político». Pero ante la cámara desarrolló un discurso más prudente y moderado que en sus escritos, sin alterarse y manteniendo la serenidad.

—Usted ha titulado Yo asumo uno de sus textos. ¿Qué es lo que asume?

—Asumo haber contribuido a que la logística de Montoneros se quedara sin plata, porque así se salvaron las vidas de muchos jóvenes, que dejaron de tener armas, balas y pastillas de cianuro. Mi trabajo era una forma de cortar los suministros que permitían la continuidad de las guerrillas, o como se les quiera llamar. Para mí, lo que hubo en Argentina fue una guerra interna; primero, entre dos alas de un mismo partido político, con algunos otros adherentes; después, con un Estado que salió a romper todo. Esto no era Vietnam, pero algunos pensaron que esto se manejaba como Vietnam.

—Pese a haber trabajado estrechamente con el general Camps y con el comisario Etchecolatz, usted asegura que desconocía las desapariciones, torturas y asesinatos cometidos por la Policía bonaerense.

—Yo no considero asesinato un «enfrentamiento»; y no viví, en el corto tiempo que estuve, otras cosas que no fueran enfrentamientos. Torturas las hubo de ambos lados, cosa que no justifico para nada. Pero los interrogadores, que eran del área de Inteligencia de la Policía, no trabajaban en la Jefatura de Policía. Yo nunca vi a Camps en operaciones. Siempre lo vi por los pasillos de la Jefatura, donde no había detenidos. Me asombra oír que Etchecolatz se iba a las dos de la mañana a detener a alguien. No lo imagino como un hombre de operaciones. Sí actuaban grupos dispersos en distintos lugares, de acuerdo a las órdenes que uno conoce ahora. Pero cuando fue nuestro juicio no apareció nada de eso. Ni había ningún general, a excepción de Camps o de Ricchieri, involucrado en «lugares de detención transitoria», como creo que llaman en las órdenes militares a los centros clandestinos de detención. En la Jefatura no existían. Dependían de cada brigada.

—¿Quiere usted decir que ni siquiera sospechaba de la existencia de centros clandestinos?

—Lo sabíamos todos. Sería un cretino y un falsario si le dijera que no lo sospechaba. Todos sabíamos que había tortura y toda la mugre que usted pueda imaginar, de uno y otro lado. La hubo como la hay en toda guerra. Quien lo niegue es un mentiroso.

—¿Participó usted en sesiones de tortura o en desapariciones?

—En detenciones he participado. En desapariciones, jamás. Y en torturas, tampoco. Lo niego rotundamente. Mi condena de cuatro años fue por «tormentos», que, en definitiva, es lo mismo que «malos tratos». Le aseguro que en la sección de delitos económicos no se practican. En todo esto hay mucho silencio de nuestros superiores, que entonces se comían a los chicos crudos, los malos, los que decían que «había que eliminar a todo el mundo» y después se han callado la boca. Y también está la cuestión añadida de exagerar hechos que no fueron tan así.

—Trabajando en inteligencia, algo tendría usted que ver en la represión.

—No. Eso no formaba parte de mi función específica. En los primeros meses, fui uno más de la guardia del director de investigaciones. Después se dieron cuenta de que yo tenía alguna habilidad para hacer gráficos y analizar informes. Y lo aprovecharon, sin que yo perteneciera a Inteligencia. Lo que hice fue una labor de información.

—¿Tampoco conocía el destino de los prisioneros?

—No. La oficina exclusiva para eso era el Centro de Operaciones Tácticas de Investigaciones. Ellos tenían que informar al comandante del Primer Cuerpo de Ejército de dónde estaba cada detenido y por qué. Yo me dediqué al caso Graiver y, al terminar con eso, me mandaron en comisión a Mar del Plata, cuando comenzaba el Mundial del 78. Después me fui a vender mondongos y lenguas a España.

—Miles de policías trabajaron en la represión. ¿Qué clase de gente eran?

—Hubo de todo. Hubo gente excelente, que era la que menos intervenía. Hubo casos de una paranoia total. Hubo mucha gente bruta que no sabía de qué se trataba, ni qué estaban haciendo. Hubo quienes, con tal de ascender o de lograr un acercamiento al general Videla, fueron capaces de cualquier cosa sin ningún tipo de limitación. Vi de todo, pero nunca generalizaría.

—¿Hubo policías con puntos de vista críticos?

—Recuerdo uno que manifestó su desacuerdo y fue sancionado. Es un hombre que siguió su carrera y hoy está retirado: el comisario general Labat. Pero fue un solo caso. Porque todo lo que venía de arriba caía como una piedra, vertical. Y quien no lo aceptaba corría riesgos o se iba a su casa.

Entrevista con Mario César Villani.
El detenido que reparó la picana eléctrica

El ingeniero Mario César Villani consideraba las cárceles clandestinas de la Junta Militar como un espejo de la situación argentina durante la dictadura. Porque, afirmaba, «el país entero se convirtió en un inmenso campo de concentración y la represión formaba parte de la vida cotidiana».

Villani, que fue secretario académico de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata y trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica, pasó sucesivamente por cinco centros de detención a lo largo de cuatro interminables años: el Club Atlético, El Olimpo, El Banco, el pozo de Quilmes y la ESMA. En todos sufrió interrogatorios bajo tortura. Las contradicciones entre los distintos aparatos represivos hicieron que cambiase de las manos del Ejército a las de la Policía y, finalmente, a las de la Armada[13]. Pero no se trataba de un «subversivo», ni mucho menos de un terrorista. Tenía 38 años, vida familiar estable y prestigio profesional, pero había sido sindicalista y osó denunciar públicamente los atropellos cometidos por la Junta Militar. Enseguida se convirtió en un preso cotizado por sus conocimientos técnicos, al que sus propios carceleros encomendaban las reparaciones de toda clase de objetos eléctricos, desde equipos profesionales de comunicación hasta simples electrodomésticos[14].

Entre aquellas tareas hubo una que nunca olvidaría: en el chupadero[15] El Banco[16], donde estuvo confinado siete meses y cambió la instalación eléctrica del casino de suboficiales, un torturador llamado Antonio del Cerro le pidió que arreglara la picana eléctrica.

—Me dijeron que se había averiado y que necesitaban seguir utilizándola, porque no podían parar los interrogatorios —me explicó, después de haber prestado testimonio en el juicio de 1985 a las Juntas Militares—. Mis convicciones no me permitían hacerlo y me negué, pese a temer que me castigaran. Pero reemplazaron la picana con el varyvolt, un transformador de corriente cuyas descargas eran mucho más fuertes. Cuando sacaban a alguien del «quirófano», que era como llamaban a la sala de torturas, pasaban delante de mi taller y yo veía que algunos prisioneros quedaban medio muertos, con fuertes quemaduras. No sabía qué hacer, dudaba y pensaba «Maldito si lo haces, maldito si no lo haces». Hasta que me convencí de que lo mejor sería reducir el sufrimiento de los compañeros y dije: «Está bien, tráiganme la picana». La reparé y, además, le puse un condensador de menor potencia, lo que limitaba el daño. Me costó mucho superar la contradicción moral, pero opté por el mal menor.

Aquella decisión, adoptada en condiciones extremas de indefensión y con el ánimo hundido por meses de dolor, humillaciones e incertidumbres, le marcó para siempre.

—Las noches que pasé en El Banco fueron terribles, con grilletes y los ojos vendados, inmovilizado en una de las celdas que llamaban «tubos», por su estrechez. La vida en todos los centros clandestinos que conocí era una constante tortura psicológica, siempre oyendo gritos y gemidos de los otros detenidos. Recuerdo que, un día, uno de los agentes de El Olimpo me pidió que le cebara unos mates dentro de la sala de interrogatorios, mientras torturaban. Trataban de destruirnos por distintos medios, desde quitarnos la identidad sustituyendo nuestros nombres por códigos. No he olvidado el mío: X-96. Y nos repetían que ya habíamos dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Que ellos eran nuestros dueños y que moriríamos cuando ellos lo decidieran. Llegué a convencerme de ser un muerto en vida, de que vivir ya no sería posible. Aún no sé por qué me permitieron recuperar la libertad en vez de hacerme desaparecer para siempre como a muchos otros. No fui yo quien lo decidió. Sobreviví gracias a que mis trabajos les resultaron útiles. Y tal vez dejaron que algunos saliéramos del infierno para que nuestros relatos difundieran el terror en la sociedad.

Entrevista con Carlos Alberto Hours.
Consejos médicos para torturar a niños

—Este tipo está profundamente quebrado. Y con razón —fue el juicio drástico del camarógrafo Jorge Casal sobre el personaje que acabábamos de entrevistar, una fría mañana de 1985 en Buenos Aires.

El ex policía Carlos Alberto Hours llevaba pintada en su rostro una profunda amargura. Hablaba como avergonzado, denotando que los recuerdos que desgranaba enturbiaban su autoestima. Algo más de un año antes se había presentado a declarar ante la CONADEP, en el insólito papel de «represor arrepentido», cuando testimonios como el suyo resultaban esenciales para determinar con precisión lo ocurrido durante la dictadura.

Hours declaró entonces y se borró, como dicen los argentinos. Es decir, se hizo invisible. Nunca volvió a hablarse de él. Ni ha llegado a ser juzgado por los crímenes de Estado que pudiera haber cometido en el Grupo de Tareas al que perteneció, dependiente de la Comisaría 4.ª de Avellaneda. De sus actuaciones aún cabría dudar, pero no de su complicidad. Como mínimo, de su relato cabe deducir desde una colaboración pasiva con los asesinos de uniforme hasta la obediencia ciega a órdenes infames. Además, en su historial constan hechos que no permiten contradicciones, como el de haber recibido la Orden de San Miguel Arcángel —el mayor reconocimiento policial— por la coordinación de las Fuerzas Conjuntas en un durísimo enfrentamiento con la guerrilla en el cuartel de Monte Chingolo[17].

Durante nuestra conversación en la corresponsalía de TVE, Hours evidenció un pormenorizado conocimiento de las actividades en el circuito Camps. Incluso se ofreció a mostrarnos algunos de los lugares donde se habían efectuado enterramientos clandestinos. Y nos acompañó al cementerio de Avellaneda, para señalarnos algunos emplazamientos de vaqueras, nombre que se daba a pequeñas fosas comunes excavadas en la zona 134, oculta por un muro de ladrillo[18].

—Acá, a muy poca profundidad —dijo, señalando al suelo—, hay unos trescientos cuerpos. Y entre ellos está el de un chiquito de nueve años al que mataron en Villa Corina, de un itacazo en la cabeza. Es decir, de un disparo de fusil Itaca, que le levantó la tapa del cráneo.

Con la misma expresión impasible y un tono de voz plano, Carlos Alberto Hours —mientras daba vueltas a su café, obsesivamente— describió la más depravada de las «técnicas de interrogatorio» aplicadas en los lugares donde sirvió:

—En algunos casos, cuando se consideraba necesario, se implementaba la tortura en chicos menores de 10 o 12 años, que habían sido detenidos como posibles fuentes de información —aseguró.

—¿Se torturaba del mismo modo a los niños que a los adultos o existía algún tipo de límites?

—El doctor Bergés, médico oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires, decía que, a partir de veinticinco kilos de peso, cualquier individuo podía recibir tortura. La edad tenía menos importancia. Así que se torturó a niños muy pequeños. Por ejemplo, se ponía tumbado al padre, sobre él se colocaba a la madre y encima se ponía al chico. Y se le aplicaba corriente eléctrica, por medio de un transformador que iba elevando la potencia de las descargas. Era una forma de «ablandar» a los padres, de obligarles a hablar. Bergés supervisaba el procedimiento, para que no se produjeran muertes indeseadas antes de que los detenidos hubieran dicho cuanto sabían. El doctor examinaba a los torturados y, según el estado en que se encontrasen, ordenaba dejarlos descansar un rato o proseguir el interrogatorio.

Las teorías de Jorge Antonio Bergés sentaron escuela en distintos infiernos de la dictadura, dependiesen de la Policía, el Ejército o la Marina, que disponían de «apoyo médico» en sus «investigaciones». Así, se extendió por ellos el uso de Efortil, un medicamento empleado como estimulante cardíaco e hipertensivo, para prevenir los fallecimientos «prematuros» de prisioneros. Pero Bergés prima sobre todos sus colegas implicados en casos de tortura, por su pluriempleo en varios puntos del circuito Camps. Abundan los testimonios sobre sus actuaciones. Entre otros, el del periodista Jacobo Timerman, que contó cómo el médico le sujetaba la lengua para que no se ahogara durante los tormentos. Además, este siniestro personaje —al que los detenidos apodaron doctor Mengele— se ocupaba de los partos de las detenidas y extendía certificados de nacimiento con datos falsos para que las criaturas pudieran ser inscritas como propias por quienes las recibieran como «obsequio» de la dictadura.

(Expulsado de la Policía y condenado a seis años de cárcel en 1985, Bergés se benefició de las llamadas «Leyes de impunidad» y vivió tranquilo más de una década, paseando a sus perros y navegando por el delta del Tigre en su embarcación deportiva. Hasta que, en abril de 1996, fue objeto de un atentado al que sobrevivió «milagrosamente». Aunque utilizó a su esposa como escudo humano, las balas le alcanzaron en pulmones, brazos, piernas, pene y escroto[19]. La mayoría de quienes habían sido sus víctimas repudiaron el ataque, aduciendo que no querían venganza sino justicia. Esta llegó en 2004, cuando Bergés fue condenado a siete años de prisión por falsificar la identidad de la hija de una desaparecida. Y en 2012, a otra pena de veinticinco años por sus responsabilidades como médico policial).

La tortura de niños de muy corta edad —incluso de pocas semanas— no se limitó al circuito Camps. De su práctica en el principal centro de detención de la Marina argentina, la ESMA, dio fe uno de sus supervivientes, Carlos Lordkipanidse. Perseguido durante más de dos años, se había convertido en una presa codiciada por los servicios de información militares. Acaso por eso fue torturado compulsivamente, junto a su esposa y su hijo Rodolfo, de tan sólo veinte días. Su declaración ante la Justicia fue tan conmovedora como rotunda:

—El capitán Jorge Eduardo Acosta ordenó que trajeran al bebé. Azic[20] entró con él e inmediatamente me amenazó, mientras lo tenía colgando por los pies: «Si no cantás, le reventamos la cabeza contra el piso». Acosta ordenó a Azic que pusiera a Rodolfo sobre mi cuerpo y enseguida empezó a pasarme la picana eléctrica por los brazos, mientras me decía: «Ya vamos a ver si tenés algo que decir o no». Otro represor, que entró en ese momento al cuarto, dijo: «Paren. Parece que es verdad que no sabe».

Lordkipanidse regresó una mañana de 2007 a la ESMA, para grabar allí una entrevista con TVE[21] sobre aquel episodio traumatizante. Tras guardar un largo silencio nos explicó que, «aunque sé que debo contarlo, es algo de lo que no soy capaz de hablar». Después se alejó y caminó solo por las galerías de la ESMA, haciendo evidente la turbación que le producía su propia memoria. De pronto, echó a correr hasta uno de los retretes, de cuyo interior nos llegó el sonido de sus violentas arcadas y, finalmente, de su llanto.

El gozo cruel del comisario Etchecolatz

El nombre del comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz fue uno de los más repetidos —casi siempre en voz baja— durante los dos peores años del terror militar, como mano derecha del general Camps. Su figura siniestra, tan odiada como temida, protagonizó el desempeño de las Fuerzas de Seguridad, sin que le atormentase sentimiento de culpa alguno. «Fui ejecutor de la ley hecha por los hombres, y guardador de preceptos divinos», escribió. «Por ambos fundamentos volvería a hacerlo»[22]. Su larga hoja de servicios está llena de hechos atroces, de los que nunca ha dejado de mostrarse «orgulloso por haber defendido a la patria».

Reiteradamente condenado por crímenes de lesa humanidad, los legajos judiciales acumulan centenares de pruebas y testimonios sobre la actitud despiadada que Etchecolatz demostró. Jamás intentó proclamar su inocencia y siempre se escudó en una profunda motivación patriótica y religiosa, llegando a comparecer ante sus jueces con un cartel colgado al cuello en el que se leía: «Señor Jesús, si me condenan, es por haber defendido tu causa». Las leyes del perdón le libraron de cumplir los 23 años de cárcel de la primera sentencia que recibió, por cerca de un centenar de tormentos a detenidos, en 1986[23]. Pero los cargos por terrorismo de Estado se repitieron en 2004, 2006, 2014, 2016, 2018 y 2020, unificándose todas sus penas en una de reclusión perpetua.

Etchecolatz empezó a ganar notoriedad tras ser nombrado comisario de Avellaneda, en 1968. Ya entonces Rodolfo Walsh lo mencionó en uno de sus artículos como miembro prominente de la «secta del gatillo y la picana», un grupo policial acusado de torturar y asesinar tanto a militantes políticos de izquierda como a delincuentes comunes. Pero fue en 1973 cuando alcanzó el poder necesario para acreditar su absoluta falta de escrúpulos, al hacerse cargo de la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde gozó de «libertad operativa». Y, tres años después, el golpe militar lo elevó al todopoderoso puesto de director general de Investigaciones de la Policía bonaerense[24], dependiente del Primer Cuerpo de Ejército, a las órdenes del general Camps.

Además de cometer toda clase abusos, el comisario se involucró en la apropiación y distribución entre «personas de confianza» de los bebés nacidos en centros clandestinos de detención, como la Brigada de San Justo, y de niños que habían sido secuestrados junto a sus padres. Nunca quiso desvelar las falsas identidades atribuidas a aquellas criaturas, convencido de haber mejorado sus destinos al impedir que crecieran en «familias de subversivos».

Hay indicios de que Etchecolatz dio a sus sicarios una última orden de matar en 2006 mientras era juzgado. Una fotografía de prensa reveló que había anotado en un papel el nombre del testigo Julio López, que acababa de narrar la muerte de la prisionera Patricia del Orto:

—La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo de agua y Etchecolatz le daba electricidad. Ella le gritó «Por favor no me mates, llévame presa de por vida, pero déjame criar a mi beba». Él sonrió y delante mío le pegó un balazo.

López desapareció poco tiempo después. Su cadáver nunca fue hallado.

En razón de su edad y frágil salud, Etchecolatz obtuvo en los últimos días de 2017 el régimen de prisión domiciliaria, que ya disfrutaban otros condenados[25]. Pero la notoriedad del reo provocó una amplia reacción popular y menos de tres meses después recibió la orden de regresar a su celda. Ya con 91 años cumplidos y siempre henchido de soberbia, se negó a declarar ante el Tribunal Federal Oral de La Plata que, en noviembre de 2020, le procesó por delitos de lesa humanidad contra medio millar de detenidos. Sin embargo, tomó la palabra para justificarse, siempre con los mismos argumentos: «Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé a cuanta gente», admitió. «Ocurrió una guerra y lamentablemente en una guerra, por mucho que duela, todo tiene su motivo. Ahí los códigos callan. La única voz que se escucha es la del fusil».

Formado durante su adolescencia en la escuela católica San Antonio de Padua, en la localidad bonaerense de Olavaria, Miguel Etchecolatz quedó marcado por su educación religiosa. Desde los lejanos tiempos de su niñez como monaguillo hasta los momentos álgidos de su carrera policial, siempre se mostró ansioso de recibir los santos sacramentos. Y nunca le faltaron consuelo y palabras amigas de máximos dignatarios de la Iglesia argentina, como el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer.

El mayor de Inteligencia militar Carlos Españadero[26], que fue compañero de prisión del ex comisario, me explicó así su obsesión religiosa:

—Etchecolatz es un tipo católico, que reza el rosario todos los días, que manifiesta una fe religiosa cerrada, que depende de que lo visiten sacerdotes porque necesita la confesión, y que frecuenta los sacramentos. Algo que no podría considerar coherente quien lo viera desempeñando su función policial. Él cree que su enemigo es un demonio, que hay que extirpar en bien de todos. Está seguro de ayudar a Dios. Otra cosa curiosa que he visto en muchos católicos: creen que ellos pueden ayudar a Dios, como si Dios necesitara esa ayuda, liquidando a sus enemigos.

Pero tal fervor religioso no es algo excepcional entre los servidores de la dictadura. Las cárceles están llenas de devotos, inspirados por la alianza de la cruz y la espada, contando con la actitud cómplice —cuando no con la bendición expresa— de la mayoría del episcopado argentino.

—Muy machos, los militares y policías argentinos; muy cristianos, apostólicos y romanos, todos esos miserables —sentenció con amargura la madre y abuela de Plaza de Mayo Matilde Artés, conocida como Sacha, ante la cámara de Miguel Romero[27]—. Comulgan con el cuerpo de Cristo y no sé cómo no se les atraganta. Realmente, si hay un Dios, lo tienen que pagar. Y lo van a pagar. Ellos, que en nombre de Dios sembraron tanta barbarie, tanto pavor, no van a tener su pedacito de cielo por más hostias que se coman.

El también comisario Claudio Kussman, convertido desde su prisión domiciliaria en acérrimo defensor de los uniformados durante los últimos años, considera a su colega policial como un «prisionero emblemático». Y elogia su capacidad de resistencia, a la vez que denuncia[28] las supuestas «condiciones inhumanas» a que se encuentra sometido en el penal:

—A su edad, Miguel Etchecolatz tendría que estar excarcelado. Lleva más de 24 años preso. Ha sido sometido a frío, a calor, a falta de medicación... Lo aislaron en un pabellón sucio, abandonado, que llegó a inundarse. Lo pusieron junto a otro preso con todos los síntomas de la covid y tuvo que cuidarlo. Por supuesto que él también quedó contagiado, aunque superó la enfermedad. Ha sobrevivido a todo eso, y nosotros le decimos el indestructible, gracias a su fe cristiana.

Kussman me facilitó la grabación de una conversación telefónica mantenida por Etchecolatz desde el presidio en 2020. Con voz muy firme, aunque lamentándose de sus padecimientos, insistió en manifestar el consuelo que encontraba en sus convicciones religiosas:

—Lo que me está pasando es todo dolor, mucho dolor. Pero me alivia mucho pensar en el Señor, en lo que él hizo y sufrió por nosotros. Eso me da fuerza. También estoy esperando que venga un sacerdote que me dé la comunión, algo que para mí es vital. En fin, así están las cosas. Y si el Señor las quiere de este modo, para mí es una bendición.

Más allá de su religiosidad enfermiza, las características esenciales de la personalidad del represor quedaron definidas por el relato de su hija, la psicóloga Mariana Dopazo, que litigó hasta conseguir cambiar su apellido por el materno.

—Desde pequeña nunca he albergado dudas sobre qué tipo de persona es Etchecolatz —afirmó durante la entrevista que filmamos en 2018[29]—. Lo suyo es el «goce cruel». Aunque no sea algo que yo pueda elaborar por tratarse de mi progenitor, me parece evidente que no se trata de un enfermo. La enfermedad es otra cosa. En todo caso, podríamos hablar de maldad, que pudo desplegar porque el aparato del Estado se lo permitió. Hubo sujetos que, como él, experimentaron ese «goce cruel» en una época que armonizó muy bien con ello.

A lo largo de una hora de conversación en su consultorio de psicoanalista, en el centro de Buenos Aires, Mariana Dopazo desgranó sentimientos y opiniones sobre el hombre al que repudió como padre. Con suma prudencia, pesó cada palabra y contuvo las emociones que inevitablemente afloraban en su memoria.

—El goce cruel de un sujeto y la función paterna no comulgan, sino que se excluyen —aseguró—. Es una cosa o la otra. Y Etchecolatz pertenece al goce cruel porque, además, jamás ejerció de padre. Fue tan sólo un simulacro, una simulación. Ninguno de sus tres hijos le consideramos nunca como nuestro padre. Porque no habitó esa función. Eso resultó fundamental para tomar la decisión de «desafiliarnos», porque quitarnos su apellido fue un acto de desafiliación del horror y la deshonra que implicaba ser soportes de ello, tener que ser eso y no poder ser otra cosa.

Mariana califica su niñez como un «sufrimiento permanente», sometida al terror y la violencia que emanaban del comisario. Entregado en cuerpo y alma a su trabajo, Etchecolatz se quedaba a dormir en las instalaciones de la Brigada y sólo pasaba los fines de semana en el domicilio familiar. Sus hijos nunca lo echaron en falta. «Cada vez que él volvía de la Jefatura de Policía de La Plata, mi hermano Juan y yo nos encerrábamos a rezar en el armario, para pedir que se muriera en el viaje», confesó Mariana en un artículo. «Sí, ese deseo lo sentíamos todos los días de nuestras vidas».

—Hay algo que, desde mi infancia, me puso en la vereda contraria a la suya, muchos años antes de que yo descubriera los horrores que había cometido. Aun sin conocerlos, desde muy pequeña me ubiqué en otro lugar. Porque quienes oficiaron las funciones de cuanto se vincula a la condición paterna fueron mis abuelos maternos y mis tíos. Etchecolatz sólo fue un progenitor. Hablar de buenos recuerdos no es posible en mi historia. Ni en las de mis hermanos y mi madre.

—¿Cómo te planteaste cambiar de apellido?

—Cuestionamientos en relación a quién fue Etchecolatz no tuve nunca. Pero la presencia del horror, por la contundencia y la centralidad de su papel en el terrorismo de Estado, me golpeó como a cualquier persona que se precie de humana. A lo largo de varias décadas me planteé decidir si era o no era «la hija de Etchecolatz», y mi filiación se convirtió en una trampa que no me permitía desarrollar mi propia vida. Porque cuanto he pretendido hacer ha resultado extremadamente difícil, al portar y soportar ese apellido. Superarlo implicó un larguísimo trabajo que sólo pude hacer desde el psicoanálisis, para elaborar las cuestiones relacionadas con un progenitor genocida. El eslabón final fue mi petición de suprimir mi apellido paterno. Me llevó mucho tiempo tomar esta decisión, porque quitarse el nombre es como arrancarse la piel. La resolución de la Justicia tardó dos años, pero resultó fundamental para mí, porque la jueza enmarcó a Etchecolatz dentro del terrorismo de Estado, como alguien que había cometido crímenes de lesa humanidad. Y dictaminó que eso producía a su hija, tal como yo había postulado en el escrito, la mayor deshonra.

Entrevista con Claudio Kussman.
En defensa de los criminales presos

Acusado de haber formado parte del grupo de tareas represivas del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 5.ª de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el comisario Claudio Kussman tiene muy claras sus opiniones, fieles a criterios políticos característicos de la extrema derecha. Y las expone de forma rotunda:

—Nuestra sociedad hipócrita recurrió a los militares cuando sintió el agua al cuello, en los años setenta. Ya se sabe que el Ejército es una fuerza letal. Es letal y no hay otra opción. Entonces, si no se quería eso, que hubieran llamado al Ejército de Salvación o a los bomberos. Es decir, acá hubo y hay una hipocresía muy extrema. Fíjese si es hipócrita la cosa que no hay empresarios ni políticos presos. Y a las víctimas del terrorismo no las menciona nadie.

—¿Ordenó usted actuaciones policiales de represión política?

—En la práctica, eso no habría sido posible. Porque la Policía se rige por el Código Penal, no por el de Justicia Militar, y un jefe policial no puede ordenar nada en tales casos. Además, mi legajo profesional demuestra que nunca trabajé en el Comando Radioeléctrico.

No pude compartir unas tazas de café con Kussman, por la distancia que separa Buenos Aires de su vivienda actual. Pero mantuvimos varias conversaciones, la primera mediante una videollamada desde el domicilio de su amigo Ariel Valdiviezo, y después por teléfono. Siempre se mostró cordial y sincero, aun sabiendo que hablaba con un periodista contrario a sus postulados.

—La bonaerense es una policía muy numerosa y muy difícil, en una jurisdicción aún más difícil, con grandes conglomerados de gente a donde casi no llega el Estado o sólo llega lo peor de él. Baste recordar que en Capital Federal hay 55 poblaciones marginales muy conflictivas, las llamadas villas miseria, que en la provincia de Buenos Aires suman 1.614. Por su propia función, los agentes policiales siempre estuvieron en las calles, a diferencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, que permanecían en las sedes de regimientos o bases. Así, por cada militar asesinado por los terroristas, cayeron más de tres de los azules que seguían ocupándose de delitos comunes y custodias. Los policías recibieron cursos para desactivar explosivos y algunos murieron intentándolo, pese a que era un cometido militar. Además, se considera que el 60 por 100 de los detenidos por el Ejército estuvo en algún momento alojado en las comisarías, lo que hizo que muchos comisarios y agentes de la época acabaran después presos. En la bonaerense, algunos estuvieron de acuerdo con la metodología militar, pero otros no, porque sabían que el poder pasa. Y que la gente pide que mates cuando está asustada, pero luego cambia de parecer.

La historia judicial de Claudio Kussman —al menos tal como él la cuenta— tiene algo de sorprendente para quienes no conozcan las deficiencias crónicas de la Justicia en Argentina:

—En 2011 me enteré por un periódico de las acusaciones lanzadas contra mí. Me daban por muerto, así que me presenté. Tres años más tarde me detuvieron. Tardaron dieciocho días en tomarme declaración, cuando el plazo máximo es de 48 horas, y lo hizo una secretaria. Me tuvieron cinco meses en prisión preventiva, en vez de los doce días que marca la ley. El juzgado carecía de titular y el cargo fue subrogado a varios jueces, que se comportaron como si se tratara de una infracción de tráfico en vez de una causa grave. Al cabo de año y medio inicié una huelga de hambre. Entonces me concedieron el arresto domiciliario. Y tres años y medio más tarde me excarcelaron. Si vivo, en 2022 iré a juicio. Mientras tanto, estoy en el limbo.

Desde entonces, Kussman dedica sus energías a la defensa en Internet de muchos uniformados por medio de la página prisioneroenargentina.com, abierta con el apoyo de su hijo en 2015 y domiciliada en Norteamérica.

—El sitio supera un millón de visitas diarias —asegura— y recibe unos 1.660 ataques de hackers cada semana. Eso es mucho y es nada. Pero su publicación me ha permitido llegar hasta donde ahora estoy, ya que, si me hubiera callado, seguiría en la cárcel. Mantenerla es decepcionante, costoso y con una carga fenomenal, porque quedan expuestos los aspectos más negativos de los seres humanos: hipocresía, cobardía, egolatría, envidia y carencia de honor, principalmente por parte de los uniformados. Porque los que están presos no se arriesgan a enviarnos comentarios o pretenden publicarlos bajo seudónimos, cosa que no aceptamos. Ni siquiera mandan un pésame cuando informamos de defunciones de prisioneros. Algunos han sido víctimas de abusos carcelarios y tampoco se atreven a decirlo. Lo hemos hecho nosotros, dando la cara por ellos, y no han sido capaces de poner un comentario de aprobación al pie del artículo.

Meses después de nuestro primer encuentro virtual, Kussman me advirtió de que el número de uniformados fallecidos desde nuestra anterior charla, mientras cumplían condena en distintas cárceles, no había parado de aumentar:

—En este tiempo —precisó—, han muerto otros 135, lo cual eleva su número total a 580 de los 2.500 presos que llegó a haber. Esto quiere decir que en cinco o diez años nuestros problemas habrán terminado definitivamente, sin que apenas haya protestas. Porque la disciplina y la buena conducta son características de ese grupo, lo que permite a los jueces cometer cualquier tipo de abusos. Entre ellos, negar el arresto domiciliario pese a los riesgos de la pandemia, a diferencia de lo que ocurre con los reclusos comunes.

La amargura tiñe el discurso militante del polémico comisario cuando, indignado, se deja arrastrar por sus sentimientos:

—Tengo la seguridad de que los cautivos morimos. Somos todos muertos que caminamos. Y a veces he pensado si no tendría que buscar venganza. Pero hacerlo supondría un mal legado para mi familia, ya que me convertiría en lo que me acusan de ser. Mire, la primera vez que presté declaración, manifesté que no iba a decir que era inocente, como alega todo reo, pero que hacía votos para que murieran cuantos mintieran en la causa, sus hijos y sus nietos. Y añadí esto, textualmente: «Tal es la rabia que siento, digna del 5.º círculo descrito por el Dante, que diré que desde mi detención hago votos para que el dolor, la muerte y las mayores desgracias personales y familiares nos alcancen a quienes por odio, ideología, negligencia, acción u omisión, seamos falsarios en esta causa».

Capítulo VIII
Los asesinos de Córdoba

La atención informativa sobre los crímenes de la Junta Militar se centró en Buenos Aires, aunque la represión se extendió por todo el país. Córdoba, que había tenido un protagonismo histórico en las luchas obreras argentinas, sufrió con especial dureza el castigo de la dictadura, ejecutado por el III Cuerpo de Ejército. Su jefe, el general Luciano Benjamín Menéndez, se comportó como uno de los uniformados más brutales, al frente del sector más derechista de las Fuerzas Armadas. El cuartel de La Perla, donde desaparecieron 2.500 presos políticos, destacó por su crueldad entre los más de 400 centros clandestinos de detención creados por el Gobierno de los centuriones.

Entrevista con Ernesto Barreiro.
Las lágrimas de un verdugo

—Yo fui un buen oficial de inteligencia, no un buen torturador —aseguraba, mirándome a los ojos, el ex mayor del Ejército argentino Ernesto Barreiro, durante la larga conversación que mantuvimos en la cárcel de Córdoba[1]—. Créame. Me eligieron dos años seguidos como el mejor oficial de mi unidad. Es absurdo decir que tenía una picana en la mano desde que me levantaba hasta que me acostaba. Además, el empleo de la tortura tampoco garantiza obtener la verdad en los interrogatorios. Bajo suplicio, un detenido puede admitir cualquier cosa.

—No se trata de creerle o no —respondí—. El hecho es que está usted siendo juzgado por más de 500 crímenes de lesa humanidad.

—Fíjese, ahora mismo ni siquiera sé cuántos delitos me imputan. Porque cada poco tiempo se añaden cosas nuevas a mi causa.

De las actas judiciales, entre acusaciones, declaraciones y sentencias, surgían constantemente luces sobre las zonas más oscuras de su currículo castrense, permitiendo deducir una biografía plagada de hechos terribles. Nacido en una familia peronista de Bahía Blanca —una de las poblaciones más conservadoras de Argentina—, Ernesto Barreiro fue destinado en 1975 en calidad de teniente al regimiento de Inteligencia 141 de Córdoba, donde alcanzó el rango de capitán y, durante dos años, formó parte del violento Comando Libertadores de América, antes de convertirse en interrogador jefe del campo de detención de La Perla. Cuentan que allí exigía que los presos gritasen «¡Viva Hitler!» para permitirles ir a aliviarse en los retretes. Militar culto, obtuvo una Licenciatura en Historia y estudió Ciencias Políticas. Paracaidista y especialista en Inteligencia, formó parte del Estado Mayor en la guerra de las Malvinas. Entre sus compañeros de armas era conocido por los apelativos de el Nabo y Alan Ladd, por su parecido al más blando entre los duros de Hollywood. Después, ya en la llamada «fábrica de muerte» cordobesa, le dieron también los nombres de Gringo, el Rubio y Hernández.

En 1987 fue acusado de seis casos de tortura y uno de homicidio. Pero, tras negarse a comparecer ante la Justicia Federal, se convirtió en uno de los cabecillas del alzamiento cuartelero de los carapintadas, que lograría romper el pulso del presidente Alfonsín y arrancarle garantías de impunidad para los militares. Ya de baja en el Ejército, el mayor Barreiro rehizo su vida como civil y entró en política mediante el MODIN (Movimiento por la Dignidad y la Independencia), organización de extrema derecha que fundó en 1988 junto a sus comilitones Aldo Rico y Enrique Venturio, y que enseguida se convirtió en la tercera fuerza nacional. Al año siguiente apoyó activamente la candidatura presidencial del peronista conservador Carlos Menem. Pero, al quedar anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003[2], Ernesto Barreiro se fugó a los Estados Unidos[3], donde finalmente fue detenido y deportado a Argentina en 2007.

—No escapé; salí del país legalmente, con un visado de negocios —precisó, en el curso de la charla—. Y accedí a ser deportado de vuelta, por cuestión de principios, ya que mis subalternos estaban siendo detenidos y no podía mantenerme al margen. Si no hubiese tomado esa determinación, todavía estaría en Norteamérica. Preso, probablemente, pero lejos de los avatares jurídicos argentinos.

Procesado por 518 imputaciones, a Barreiro se le atribuían 228 privaciones ilegitimas de libertad agravadas, 211 casos de tormentos agravados y otros 13 seguidos de muerte, 65 homicidios calificados, así como el secuestro de un menor de 10 años. Delitos tan numerosos como graves, cometidos bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, de los que rendía cuentas ante el Tribunal Federal Oral n.º 1, en el llamado «megajuicio de La Perla»[4] desde diciembre de 2012. Mientras esperaba que se reanudaran sus sesiones, Barreiro me recibió durante cerca de tres horas en una pequeña sala, habilitada como locutorio, de la prisión de Bouwer (Córdoba), en uno de cuyos módulos convivían cuatro decenas de ejecutores de la represión. Hasta allí me había acompañado su abogado defensor, Osvaldo Viola, presente en la que iba a ser la primera conversación que el militar mantenía con un periodista desde que fuera detenido en su residencia de Virginia.

El militar carapintada Ernesto Barreiro, interrogador en el campo de La Perla, afirma que «no tendría que haber desaparecidos, sino ejecutados».

—Tiene usted huevos, Romero —me dijo con una mueca cínica, a modo de bienvenida—. Ha hecho reportajes de televisión, ha escrito artículos y libros, siempre atacándonos a los militares argentinos, ha hablado mal de mí… Y aún se atreve a venir aquí a verme y conversar conmigo. Sí que tiene huevos, algo que muchos periodistas argentinos no tienen.

—Somos dos hombres mayores —contesté— y, aunque no estemos de acuerdo en nada, creo que podremos hablar tranquilamente.

—Cierto. Ya lo hemos hecho antes.

Era la tercera vez que me entrevistaba con Ernesto Barreiro. La primera fue en un domicilio particular, en el barrio de La Recoleta de Buenos Aires, a finales de 1988, cuando actuaba como portavoz de los carapintadas. La segunda, en un restaurante, durante la visita que hizo a Madrid pocos años después. Entonces admitió, «con orgullo castrense» y sin pudor ético alguno, haber participado activamente en la denominada «guerra sucia contra la subversión». Ahora se mostraba mucho más cauto en sus expresiones. Y la descarada sinceridad de que siempre alardeó, rayana en la insolencia, parecía condicionada por la celebración del juicio oral sobre sus responsabilidades. Sin embargo, su aspecto de dandi seguro de sí mismo se mantenía inalterado.

—Algunos testigos aseguran que usted se jactaba de aplicar un «método criollo» en los interrogatorios, con formas autóctonas de tortura desarrolladas por las Fuerzas Armadas argentinas en contraposición a las de la «escuela francesa», empleadas por la contrainsurgencia gala en la guerra de Argelia.

—Eso es una tontería —me interrumpió—. De los métodos franceses se nos habló en la Escuela de Guerra como de un hecho histórico, pero nunca conformaron una doctrina. Lo que yo dije, y sigo diciendo, es que en Argentina los oficiales de Inteligencia tuvimos que arreglárnoslas por nosotros mismos e hicimos las cosas «a la criolla».

—En fin, Barreiro, admitirá usted que la tortura se practicó de modo sistemático, ya fuera al «estilo» francés o al criollo.

—Entienda que los prisioneros no estaban amparados por la Convención de Ginebra, porque eran clandestinos —respondió con una sonrisa enigmática.

—¿Espera usted ganar algo, callando lo que son hechos probados?

—No. Pero no me pida que yo, que era un oscuro teniente primero, diga cosas que deberían decir mis superiores. Comprenda que me encuentro entre dos fuegos. Me complacería contar todo lo que sé, pero mis superiores no quieren hablar y la suerte de mis subalternos depende de lo que yo diga. Si callo, es por ellos. Y me sentiré feliz si me condenan a cadena perpetua pero ellos se libran.

—Ninguno de sus colegas ha hablado de algunas cosas. Lo cierto es que se ha detenido, juzgado y condenado a muchos responsables de la represión, y seguimos sin obtener informaciones precisas sobre la suerte de los 30.000 detenidos que desaparecieron durante la dictadura.

—Sí —admitió—. Ya han fallecido en prisión 223 procesados, sin que ninguno desvelara muchas cosas. Pero déjeme que le corrija: tampoco fueron 30.000 los desaparecidos, sino siete mil y pico. En Córdoba, los archivos de la Memoria Histórica hablan de un millar de víctimas del Gobierno militar, entre muertos, presos y desaparecidos. Un día pregunté a la secretaria del juzgado cuántas desapariciones de detenidos estaban registradas judicialmente en Córdoba. Y me respondió que unas 400 desde 1971, incluyendo las que se produjeron bajo gobierno del general Lanusse. Y eso que Córdoba había sido un foco revolucionario importante.

—¿Llevaban ustedes un registro preciso de los detenidos?

—Sí, naturalmente. Teníamos todo detallado, con los datos de cuantos pasaron por La Perla. Pero esos archivos ya no existen. Fueron destruidos. Y nosotros somos quienes más lamentamos su pérdida. Porque, si hubiera documentos oficiales, servirían para establecer la verdad histórica de lo que ocurrió.

—¿Qué pasó con esa documentación?

—Todo el mundo sabe que el general Nicolaides ordenó destruirla, incinerándola. Yo maldigo esa orden, que bajó desde el alto mando hasta los últimos destacamentos y fue prontamente obedecida.

—Además de los datos personales de los detenidos, ¿figuraba en los registros el destino final que tuvo cada uno de ellos?

—Sí. Se consignaba cuando eran trasladados.

—Querrá usted decir asesinados, Barreiro. Trasladados es el más siniestro de los eufemismos militares.

—El término trasladados tenía un significado amplio. Los traslados los ordenaba el mando supremo, que se llevaba a los prisioneros vivos en camiones. Pero de eso tampoco quiero hablar hasta que acabe el juicio.

—¿Cómo se decidía la muerte y la desaparición de un detenido?

—Eso pregúnteselo a mi comandante en jefe, el general Menéndez.

—Usted siempre estuvo de acuerdo con él. Ha repetido varias veces que lo admira.

—Militarmente lo respeto. Fue buen jefe y siempre defendió a sus subordinados. Pero disentimos en lo político; yo era peronista y él, antiperonista.

—En el juicio se han escuchado numerosos testimonios, la mayoría acusándolo de torturador, Barreiro.

—Insisto en que ahora no puedo entrar en detalles de lo que hice ni de lo que allí ocurrió. Pero sí me responsabilizo de cuanto hicieran o dejaran de hacer mis subalternos, incluyendo interrogatorios con empleo de métodos no ortodoxos.

—Eso es otro eufemismo para evitar la palabra tortura.

—Es el nombre que corresponde. Porque los métodos de interrogatorio abarcaron un arco infinito de acciones.

—¿También la violación de las detenidas?

—No. Eso no. Se lo aseguro desde el fondo de mi alma. Si me hubiera enterado, habría pegado un tiro a los autores. Pero hay que poner las cosas en su lugar. Sí que hubo relaciones sexuales. Y se formaron parejas. Por ejemplo, una prisionera llamada Dora Zárate acabó casándose con uno de los integrantes de la guarnición y el matrimonio duró 24 años. Otra, que ha declarado en el juicio como testigo, Cecilia Suzara, convivió con un agente civil llamado Héctor Romero.

—¿Podían los interrogadores hacer lo que quisieran con los detenidos?

—Nuestras órdenes eran obtener información como fuera. Tampoco podíamos limitarnos a pedir por favor a los prisioneros que hablaran.

—¿Se maltrataba igualmente a las embarazadas?

—Es que no había. El general Menéndez ordenó que no nos quedásemos con las detenidas que estuvieran embarazadas. Por eso en La Perla no hubo prisioneras que dieran a luz, como en otros centros. Recuerdo que un tipo al que detuvimos junto a su mujer embarazada aceptó informarnos si liberábamos a su esposa; habló y la soltamos dos días después.

—¿Nunca tuvieron que rendir cuentas de los daños infligidos a los prisioneros?

—No hacía falta. Porque los altos mandos visitaban constantemente las instalaciones y sabían perfectamente todo lo que pasaba allí.

—¿Se considera usted un mero instrumento de represión?

—Lo fui, desde un punto de vista militar. Yo era un hombre de Ejército, preparado para cualquier eventualidad. He explicado al Tribunal cómo piensa y siente una persona formada con el objetivo fundamental de cumplir órdenes. Como militares, nos preparan para matar y para morir. Y para eso nos sacan a las calles, no para otra cosa. Nuestra conducta está condicionada por la obediencia en el cumplimiento del deber. Mire, a los pilotos norteamericanos que arrojaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki los homenajearon como héroes de guerra, sabiendo que habían matado a miles de personas. Y nosotros somos considerados asesinos.

—Tantos años después, Barreiro, y habiendo dispuesto de mucho tiempo para reflexionar, ¿no se arrepiente de nada de lo que hizo?

—No. Hice lo que tenía que hacer. No estoy arrepentido… aunque hoy no volvería a hacerlo. Porque yo era un hombre de paz, que estaba en contra del golpe de Estado, y no me quedó más remedio que violentar mi posición política. En el año 77 ya advertimos, mediante panfletos de circulación interna, de que corríamos el riesgo de acabar enfrentándonos a juicios como el de Nuremberg. Pero ahora no se puede entender lo que vivíamos entonces, con el idealismo de los veinte años y la adrenalina cotidiana, cuando uno salía de casa cada día esperando que la guerrilla lo matara. Yo tuve que pelear. Y lo hice convencido, para impedir que Argentina se convirtiera en otra Cuba.

—¿Nunca se planteó que los métodos del terrorismo de Estado no resultasen válidos?

—La incompetencia de nuestros mandos militares, de quienes tomaron las grandes decisiones, era muy grande. Ya entonces, algunos comprendimos que era una barbaridad actuar de forma irregular. Y seguimos pensando que no tendría que haber prisioneros desaparecidos, sino enemigos ejecutados después de haber sido juzgados en consejos de guerra y condenados a muerte. No hablo de haber fusilado a todos, sino sólo a quienes se lo merecieran. Eso es lo que habría querido hacer el general Menéndez. Pero se impusieron otros criterios.

Con una constante expresión de ironía, que me recordaba al gesto cínico característico de Jack Nicholson, Barreiro se mostró seguro y frío a lo largo de la conversación. Hasta que, inesperadamente, un recuerdo concreto estuvo a punto de quebrar su ánimo: el de María Graciela Doldan[5], una guerrillera prisionera, que había sido pareja de José Sabino Navarro, el Negro, uno de los fundadores y primeros líderes de Montoneros[6].

El espíritu irreductible de que hizo gala durante su detención convirtió a Graciela en una figura respetada por sus propios captores. Pequeña, con menos de 1,60 de estatura, parecía siempre llena de energía. Pese a su exceso de peso —que le valió sumar el apodo de gorda a los de petisa y gringa—, conservaba un atractivo aire juvenil. Junto a su largo cabello rubio brillaban unos ojos azules verdosos de mirada penetrante. El Nabo no tardó en fijarse en ella y buscar su compañía. La interrogó repetidas veces y ambos acabaron por desarrollar una extraña relación. Después reconocería que le gustaba hablar con ella «por su coherencia y su lucidez». Pero, sobre todo, por la firmeza que había demostrado, resistiendo a la tortura sin delatar a sus camaradas. Trataron inútilmente de quebrarla: la mantuvieron aislada, la obligaron a asistir a decenas de traslados —simulando dos veces su inclusión en los mismos—, a presenciar la muerte de varios compañeros suyos, a escuchar los gritos y gemidos de interminables sesiones de tortura… Durante una de las sesiones del juicio, Barreiro admitió que solía tumbarse junto a ella para mantener largas charlas. Varios testigos contaron que ella se negaba a morir con los ojos tapados, «porque quería irse viendo el sol y el cielo». Y que él no sólo le había prometido quitarle la venda cuando la fusilaran, sino que intentaría ser quien la matara. Pero el día que trasladaron a Graciela, el oficial se ausentó. Y ella le dejó un recado a gritos: «Díganle a Barreiro que es un cagón»[7].

—¿Es verdad eso, Barreiro?

—No. Sólo es folclore político, una leyenda. Nunca le prometí nada. Y tampoco habría podido hacer eso que dicen, porque excedía mi poder[8].

—¿No es cierto que hablaban a solas durante horas, en la colchoneta de la celda donde estaba confinada?

—Sí. Yo hablaba mucho con los prisioneros, en busca de «atajos políticos». Pero, sobre todo, hablé con ella. El mismo día que cayó presa tuvimos una conversación profunda. Yo le expliqué que era enemigo de la tortura, desde un punto de vista profesional y dejando aparte lo moral. Y ella comprendió que podía colaborar para que no cayera gente inocente, evitando errores que causaran sufrimientos inútiles.

—¿Qué clase de relación mantuvo usted con Graciela?

—Yo sentía y aún siento por ella un gran respeto personal y político. Me parecía una gran mujer... Perdone, Romero, pero tengo que callarme un rato.

Me sorprendió que Ernesto Barreiro —definido por varios sobrevivientes de La Perla como un hombre desalmado— bajase la cabeza, emocionado por el recuerdo de aquella desaparecida. Pero enseguida volvió a mirarme de frente, acaso para mostrarme que no se avergonzaba de tener los ojos húmedos. Y vinieron a mi memoria las turbias historias sentimentales entre víctimas y verdugos en los calabozos de la ESMA que, años atrás, me habían contado algunas de las prisioneras que las vivieron[9].

—¿Hubo algo más que respeto, Barreiro?

—Nada. Ni siquiera le concedí privilegio alguno. El hecho es que la trasladaron, a diferencia de docena y media de ex combatientes guerrilleros que permanecieron colaborando con nosotros hasta ser liberados entre 1978 y 1979. Esos sí tuvieron privilegios: cobraban un sueldo, podían ir a visitar a sus familias, estudiar. Algunos se marcharon a Europa y volvieron presentándose como víctimas de la represión.

Finalmente, Ernesto Barreiro decidió pasar al ataque. Insistió en decir que los juicios contra los principales centuriones de la dictadura no eran más que «venganzas jurídicas». Que los Derechos Humanos se habían convertido en un negocio. Y que quedaba pendiente de hacer un balance histórico justo.

—Tal vez se pueda elaborar dentro de unos años, cuando anulen el perdón a los guerrilleros y se juzgue y encarcele a terroristas como Mario Firmenich[10], que hoy viven en libertad.

—Oficialmente, usted es católico. ¿Tiene fe en Dios?

—Sí. Soy creyente, aunque no practicante.

—¿Duerme usted bien?

—Como los dioses. Porque a mis 66 años ya veo la vida de otra manera. Y me queda poco por hacer.

—Tiene usted cinco hijos...

—Sí. El mayor, de 42 años, y el menor, de 34.

—¿Sus hijos le han juzgado?

—Creo que no. Yo nunca pretendí formarlos ideológicamente y siempre mantuve una actitud muy liberal con ellos. Pienso que fui un buen padre. Y lo cierto es que mantenemos una buena relación. Hay uno que no asume mi pasado, pero siente que tampoco puede ir contra su propia sangre. También tengo una esposa excepcional, comprensiva y luchadora.

—¿Es usted consciente de que seguramente no volverá a pisar la calle en libertad?

—Sí. Pienso en eso constantemente. Pero Dios proveerá. Mi ánimo no cambia.

Al final de su juicio, Ernesto Barreiro hizo uso del derecho a la última palabra con esta frase, dicha con el tono solemne de quien cree hablar para la posteridad: «Tarde o temprano, nos verán a nosotros desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida patria, y así las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas de la historia para siempre».

La Perla, centro de exterminio

—Ustedes, los prisioneros, son gente hermosa, muy capaces y muy valiosos —aseguraba el teniente primero González a los confinados en el campo de La Perla—. Pero estamos librando una guerra santa. Y ustedes son los agentes del mal.

Era la premisa necesaria para justificar el exterminio del enemigo, aunque ya hubiese sido derrotado y se encontrase indefenso, en las mazmorras de La Perla, principal centro de detención del III Cuerpo de Ejército. Uno de los grandes avernos de la dictadura argentina, donde se castigaba «el mal» cometido por izquierdistas, sospechosos de cualquier cosa y soñadores de un mundo más justo, sería conocido en círculos castrenses con el sobrenombre de La Universidad, porque en sus dependencias se aprendían las técnicas de interrogatorio y se graduaban los encargados de extender la tortura por todo el país.

Situado en la carretera nacional 20, en las cercanías de la ciudad de Córdoba, el cuartel de La Perla tomó el nombre del pueblo donde aún se levantan sus instalaciones. Fue creado en 1975 por el último Gobierno peronista, tras el polémico Decreto 261 que ordenó el aniquilamiento de la subversión, poco antes del golpe militar. Y estuvo operativo cuatro años[11], bajo la responsabilidad del general Luciano Benjamín Menéndez. En sus mazmorras se perdió el rastro de unas 2.500 personas, la mayoría jóvenes con edades entre 18 y 27 años, miembros de partidos políticos de izquierda, sindicatos, entidades religiosas, culturales y estudiantiles.

La Perla contaba con cuatro edificios de ladrillo. Uno de ellos, denominado «La Cuadra» —donde hoy se encuentra un Museo de la Memoria—, disponía de cuatro salas de interrogatorios, equipadas con distintos instrumentos de tortura, y una enfermería, cuya misión consistía en evitar que los prisioneros muriesen antes de haber delatado a otros integrantes de sus organizaciones. Los detenidos debían permanecer en silencio, sentados o tumbados en colchonetas de paja, tabicados[12] y maniatados. Sus guardianes se referían a ellos como «bultos», agrupados en tres categorías de peligrosidad: blancos, grises y negros. Las caballerizas servían de depósito de cadáveres. El lugar respondía a las necesidades del aparato represivo local, diseñado por Menéndez.

Tras el restablecimiento de la democracia, Argentina buscó esclarecer los crímenes cometidos en La Perla. Primero, mediante el trabajo de las entidades de Derechos Humanos y las asociaciones de familiares de las víctimas. Enseguida, en 1984, la CONADEP describió su funcionamiento recogiendo numerosos testimonios en su informe «Nunca más». Finalmente, el conocimiento de lo ocurrido se completó a través de las investigaciones efectuadas durante el desarrollo de una megacausa judicial con 45 procesados militares, personal civil de inteligencia y policías, en la que se escuchó a 900 testigos. El juicio oral se prolongó tres años y medio[13] y produjo condenas a prisión perpetua para 28 uniformados, además de diez penas de dos a 21 años de cárcel y cinco absoluciones.

Los detalles descritos en la sentencia sobrepasan los límites del horror. Las aberraciones de los verdugos provocan repugnancia. Su inhumano comportamiento incluía un macabro sentido del humor que trivializaba sus actos. Así, denominaban la margarita a una de las salas de tortura por la forma del modelo de picana eléctrica que en ella utilizaban. El gendarme Carlos Beltrán contó que en su puerta colocaron un rótulo «en broma»: «Sala de terapia intensiva. No se admiten enfermos». Y el camión Mercedes Benz que llevaba a los detenidos hasta los lugares de ejecución y sepultura fue bautizado Menéndez Benz, en honor al jefe castrense. Los militares se divertían provocando situaciones surrealistas. La superviviente Susana Margarita Sastre refirió que un papagayo estuvo secuestrado y fue eliminado junto a su dueño: «Le asignaron un número como a todos los prisioneros y le enseñaron a responder cuando pasaban lista».

Aunque pareciera un chiste siniestro, la celebración en La Perla de la fiesta patria del 25 de mayo no fue una muestra de humor negro, sino un arranque de exacerbado patriotismo. Porque los oficiales, ataviados con uniformes de gala, invitaron a una chocolatada a los prisioneros, de pie, maniatados y con los ojos vendados. Y acabaron cantando todos juntos el himno nacional[14]: «Oíd mortales el grito sagrado: / ¡Libertad, libertad, libertad! / Oíd el ruido de rotas cadenas. / Ved el trono a la noble igualdad». Una de las detenidas recordó que, una vez concluido el acto, dos de los presos fueron sacados del centro y fusilados.

Encerrada veintisiete meses[15], Tina Meschiati obtuvo permiso para dormir en casa de sus padres a cambio de hacer tareas de limpieza en el acuartelamiento. Ante el Tribunal de la megacausa contó que sus captores argumentaban que «estaban ganando la guerra contra los subversivos porque Dios es fascista, no montonero». Los diablos de Córdoba no sólo presumían de contar con el apoyo divino, sino que parecían creerse dueños de las almas de sus víctimas. Otra de las reclusas de La Perla, la uruguaya Julia Flores[16], tras exponer cómo le golpearon con fuerza en el vientre amenazándola de que con ello abortaría, dijo que le aseguraron que «ni Dios ni el papa ni el Gobierno podrían sacarla de su cautiverio». Algunos torturadores se decían hombres de fe con profundas convicciones espirituales y ostentaban alias de carácter religioso. Así, José Carlos González se hacía llamar Juan XXIII y su colega Roberto Nicanor Mañay respondía al apodo de el cura Magaldi. Ambos confesaron a sus víctimas que «temían ser excomulgados si torturaban», citando las tesis del provicario castrense Victorio Bonamín sobre «el absurdo» de que el Código Militar hubiera establecido la pena de muerte y rechazara la tortura, que «sólo era un mal menor». (Al parecer, Mañay no consideraba que la violación fuese tortura, y abusó, entre otras cautivas, de Patricia Astelarre, embarazada de cinco meses).

El ex seminarista Daniel García Carranza, que estuvo dos meses y medio encarcelado junto a otros cinco estudiantes de Teología, describió con estas palabras su experiencia:

—Cuando nos detuvieron[17], profanaron la capilla y robaron el copón y la patena. Después nos hicieron conocer el infierno. Porque aquello no era una antesala del infierno, como se ha dicho. ¡Era el infierno! Todavía recuerdo los gritos de los torturados. A pesar de los años que han pasado, aún no puedo entrar en mi casa con las luces apagadas, y evito salir solo.

Todos los sobrevivientes de los centros de detención sufrirían secuelas del trato al que fueron sometidos. Y, aunque de modo diferente, también los represores se verían afectados por las consecuencias de su «intenso trabajo». Uno de los casos más patéticos fue el de Luis Cayetano Quijano, un oficial de Gendarmería que pretendió enseñar el oficio de represor a su hijo Luis Alberto, colocándolo como aprendiz en el Destacamento de Inteligencia 141, en La Perla. A la edad de quince años, el muchacho recibió un arma y se vio envuelto en varios allanamientos con secuestro de sospechosos en Córdoba.

—No se fiaban de los soldados —reveló ante el Tribunal— y me encargaron clasificar y destruir la documentación de los detenidos. También tenía que escuchar las grabaciones de los interrogatorios realizados bajo tortura. Era muy desagradable, pero acabé acostumbrándome. Más tarde me di cuenta de que todo aquello había ensuciado y estropeado mi vida.

Las actas judiciales contienen una interminable colección de declaraciones escalofriantes. La testigo María del Carmen Pérez de Sosa[18] describió así su encuentro en las mazmorras con su compañera desaparecida Hilda Cardozo: «Sus pechos despedían un olor nauseabundo, llenos de pus y abrasados por las descargas eléctricas y las quemaduras con cigarrillos». Y añadió que una mujer apodada Pampita murió con el vientre y las piernas destrozados, tras haber sido arrastrada desnuda por un vehículo militar.

Las voces de los supervivientes de La Perla encontraron eco en los medios de comunicación, y el país quedó sobrecogido por relatos como el de Piero Italo de Monti[19]: «Trajeron a mi mujer con su pancita de cinco meses de embarazo y la acostaron cerca. Fue cuando vi a Barreiro con la picana en las manos. Iba hacia ella. Mientras me seguían torturando, vi que la circundaban. Ya no pude soportar más y grité ¡basta, basta!». Todos compartían las sensaciones que expuso Ana Mohamed[20] a la agencia IPS: «El rumor de la muerte te recorría el cuerpo, te caminaba por la cabeza. ¿Qué otra cosa podías esperar allí, mientras te torturaban sin piedad?».

De las recetas de muerte desarrolladas por los responsables del «modelo» cordobés da idea el testimonio del arriero José Julián Solanille, que presenció el fusilamiento con ametralladoras de unos 120 detenidos y la destrucción de sus cadáveres:

—Estaba con otro compañero en la Loma del Torito. Habíamos visto una fosa cavada, de unos cuatro metros por cuatro. Tenían a los presos en dos filas. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Todos, encapuchados, con los ojos vendados o con anteojos. Muchos gritaban. Algunos echaron a correr y los mataron a tiros por la espalda. Pusieron al resto de rodillas, con las manos atadas en la espalda, y los ametrallaron. Los cuerpos cayeron en unas cisternas. Y ahí rajamos mi amigo y yo, cagados de miedo. Después los quemaron con petróleo, en una enorme fogata. El humo, con un olor espantoso, llegó hasta mi casa.

No fue el único fusilamiento. El ritual se repitió muchas veces. Ya lo había expuesto el suboficial Alberto Vega ante la CONADEP, en 1984, añadiendo que los cadáveres eran cubiertos de cal antes de sepultarlos. Luis Alberto Cayetano, el joven aprendiz de torturador, informó a los jueces de que, ya bajo el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín, los militares emplearon maquinaria de construcción para abrir los pozos donde habían ocultado los cuerpos: «Removieron la tierra y molieron los restos humanos que fueron apareciendo; a algunos los llevaron revueltos a fosas comunes de distintos cementerios, mientras repetían que nadie iba a encontrar nada».

Así, el infierno de La Perla quedó borrado de la tierra, pero no de la memoria.

Menéndez, el centurión más turbio

Luciano Benjamín Menéndez se convirtió en el general más joven del Ejército argentino en 1972, a la edad de cuarenta y cinco años, durante la dictadura de Alejandro Lanusse. Se le auguraba entonces un brillante porvenir en el gremio de los centuriones. Y galleaba, asegurando que su país necesitaba «una guerra cada generación». No tardó en lucir sus galones en sangrientos combates, pero urdidos a su manera: no se enfrentó a un enemigo exterior que atacara a su patria, sino que luchó contra su propio pueblo. Y lo hizo lejos de cualquier campo de batalla, desde puestos de mando instalados en dependencias cuarteleras, aunque llegase a empuñar las armas en ocasiones puntuales.

En su infancia le llamaban el Cachorro, por ser miembro de una «rancia estirpe»: hijo de un oscuro oficial, pero sobrino del famoso general Luciano Menéndez, que se alzó contra Perón en 1951[21]. En el colegio militar le dieron otro apodo temprano: el Chupete, por su aspecto aniñado. Incapaz para la empatía, carente de sensibilidad y con el carácter que denotaba su rostro —pétreo e impasible, surcado por profundas arrugas, con una mirada llena de soberbia—, tendría muchos otros motes a lo largo de su vida, que describían su turbio personaje: la hiena de La Perla, el Chacal…

Menéndez aprendió a mostrarse inflexible cuando, mediados los años sesenta del pasado siglo, fue alumno de la escuela de guerra contrarrevolucionaria francesa, en cuyas aulas se predicaba el recurso sistemático a secuestros y asesinatos como parte esencial de su programa represivo. Y completó su deshumanización una década más tarde, asistiendo a los cursos sobre Seguridad Nacional impartidos en Fort Lee (Virginia), cuyas enseñanzas llevaría a la práctica sin cuestionarlas jamás. Tampoco esperó a que se consumara el anunciado golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sino que se prestó a participar con entusiasmo en la liquidación de la izquierda armada, ordenada por el Gobierno peronista. Ejemplos de ello abundan en las hemerotecas, desde siete meses antes de la toma del poder por los militares, cuando se le atribuyó la muerte de los padres y un hermano del guerrillero Mariano Pujadas[22], cuyos cuerpos fueron arrojados a un pozo y dinamitados. Seguirían después la masacre de Las Palomitas (Salta), con 12 fusilados, en julio de 1976, y el asesinato de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en noviembre de 1977. Eran sólo las primeras líneas de su larga historia «secreta» de crímenes políticos. Además, enriqueció la eficacia de los uniformados a sus órdenes mediante la colaboración con los escuadrones de la muerte de la Triple A, bajo la égida del ministro peronista José López Rega, y con el Comando Libertadores de América, organizado por el capitán Héctor Pedro Vergés.

Amigo de actos solemnes y gestos públicos, el general adornó su gestión con algunos oficios sagrados de estética nazi, como quemas de libros. Sólo cuatro días después de que el Ejército asaltara el poder, Menéndez dio fuego a una pira de volúmenes en la sede del Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada de Córdoba. Un acto que, según explicó a la prensa, obedecía a la orden[23] de acabar con «cuanta documentación perniciosa pueda afectar a nuestro intelecto y modo de ser cristiano», anticipando que serían destruidos todos los «enemigos del alma argentina». Así, los mandos castrenses seguían el ejemplo inquisitorial de la Conferencia Episcopal argentina, que —en diciembre de 1973— había organizado la quema de 200.000 libros, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, ante numerosos invitados.

El sanguinario general, que en 1977 se declaró «dispuesto a acabar con una generación entera», fue jefe del temido D-2, el departamento de Inteligencia de la Policía provincial cordobesa, y creó 238 centros de detención clandestinos, cuyo funcionamiento supervisaba regularmente mediante visitas en un Ford Falcon de color blanco. Asistía a sesiones de tortura y fusilamientos. Hacerlo, más allá de un placer personal, suponía una obligación que alcanzaba a todos los integrantes de sus guarniciones sin excepción. Incluso en los pelotones de ejecución participaban los oficiales de mayor graduación junto a los colimbas[24]. Se trataba de cumplir un «pacto de sangre» que obligaba a compartir la barbarie, para asegurar que nadie pudiera denunciar sin inculparse. Sólo por el caso de La Perla, la Justicia le atribuyó 52 homicidios y 282 desapariciones (incluida la de un niño de diez años), además de 260 secuestros y 656 casos de tortura.

Católico practicante, como la inmensa mayoría de sus colegas, el Chacal no dudó al decidir que monseñor Enrique Angelelli, uno de los pocos prelados argentinos de su época no vinculados a la extrema derecha, muriese el 4 de agosto de 1976, cuando se retiraba en su coche tras decir misa por dos sacerdotes de izquierda asesinados[25]. Le dieron el alto, lo bajaron del coche y lo mataron a golpes. Poco tiempo antes, el obispo y el general habían conversado sobre el clima de terror que Argentina vivía. Entonces Angelelli —pese a sospechar que Menéndez estaba detrás del grupo de matones que lo había apedreado mientras decía misa en la catedral de La Rioja— le propuso que rezaran juntos un padrenuestro por los perseguidos. Pero a los demonios mayores no se les puede pedir que oren. La negativa del militar fue seca: «Yo no rezo por subversivos porque no los considero hijos de Dios». Y la piadosa provocación de Angelelli resultó suicida.

Ideólogo del terrorismo de Estado, predicador del tormento en las mazmorras, Menéndez cultivó un perfil extremista. En plena crisis bélica con Chile por las islas Picton, Lennox y Nueva (en el canal Beagle), aventuró que, «si le dejaban», «correremos a los chilotes hasta la isla de Pascua, y el brindis de fin de año lo haremos en el Palacio de la Moneda e iremos a mear el champán en el Pacífico». Fue una de las muchas bravuconadas de un iluminado que consideraba a la Junta Militar «demasiado blanda». Repetía, ante quien quisiera escucharle, que era preciso dejarse de contemplaciones y dar a Argentina «un baño de sangre purificador». Todo ello hace creíbles las acusaciones de que ejecutó personalmente a varios detenidos.

Tanto salvajismo causó el naufragio de sus ambiciones políticas, hundido su perfil de joven salvapatrias por la siniestra fama que le dieron los incontables crímenes que ordenó cometer. Cabeza visible de un grupo de centuriones radicales —liderados por el almirante Massera y los generales Riveros, Suárez Mason y Díaz Bessone—, pretendió reemplazar en la Jefatura del Estado a Videla, a quien llamó «cagón». Pero fue derrotado, en una sorda pugna entretelones, por el general Viola, que mantenía un estilo más templado. Contrariado, se rebeló en septiembre de 1979 y acabó cumpliendo un humillante arresto de tres meses en Corrientes.

En 1990, Menéndez escapó de la Justicia, indultado por el presidente Carlos Menem. Gozó de largos años de impunidad. Pero, finalmente, en 2008 fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral Federal n.º 1 de Córdoba. Y repitió sentencia ante los jueces de Tucumán. Todo ello le supuso la pérdida de rango y condición militar en 2011. Los procesos se sucedieron. Cuando falleció —en febrero 2018, a la edad de noventa años—, arrastraba el deshonor de ser el militar más condenado, con quince penas de prisión, trece de ellas a perpetuidad, por numerosos delitos al frente del III Cuerpo de Ejército[26].

La hiena de La Perla fue un hombre odiado, tanto por sus numerosas víctimas como por cuantos se negaban a aceptar el atropello de los Derechos Humanos. Pero nadie intentó matarlo. Recibió solamente una agresión en la calle, en 1977, cuando le dio una paliza Alberto Salguero, sobrino del líder montonero asesinado Fernando Vaca Narvaja. Le hicieron escraches y le insultaron muchas veces, pero sin agredirlo físicamente. Una noche de agosto de 1984 salía de los estudios del Canal 13 bonaerense y se encontró con un grupo de Madres de Plaza de Mayo, acompañadas por algunos jóvenes, que le gritaron «¡Asesino!». Se bajó del coche y corrió hacia ellos empuñando un puñal reglamentario de los paracaidistas. Afortunadamente, lo contuvieron su hijo y uno de sus guardaespaldas, para evitar que cumpliera la amenaza que tantas veces había repetido: «Al que me llame asesino, lo mato».

No se conocían flaquezas ni debilidades humanas en Menéndez. Nadie recuerda haberle visto emocionado en circunstancia alguna. Ni siquiera se sabe si lloró —aunque acusara anímicamente el golpe, según sus allegados— el día que falleció su hijo Mariano a la edad de nueve años, en 1976. Cuentan que fue un padre estricto para sus otros seis vástagos. Y un esposo modélico para Edith Angélica Abarca, con la que estuvo casado treinta y ocho años. Los asistentes militares que conocieron la intimidad de su hogar aseguran que tenía gran sensibilidad con los animales. Al parecer, adoraba a su yegua zaina, a la que hablaba en voz baja mientras le acariciaba el lomo, y mimaba al pony de su hijo pequeño. También dicen que se extasiaba contemplando las flores de su jardín.

Cucaracha con tacones

Mirta Graciela Antón parecía tener predestinados el uniforme y la pistola. No podía ser otra cosa que policía como era su padre, que tuvo el grado de comisario, y como serían sus dos hermanos, Herminio y Walter. De casta y manada le vino ser esposa, madre y tía de agentes del orden. Su vida no se entiende fuera de la Policía de Córdoba, de la que entró a formar parte a la edad de 21 años[27]. Allí conoció a su marido, Raúl Buceta (alias Sérpico), un tipo tan sádico como ella. Y ambos quedaron marcados por su pertenencia al Departamento de Informaciones D-2, que colaboraba estrechamente con el grupo parapolicial Comando Libertadores de América[28]. Los dos participaron de forma entusiasta en los crímenes de Estado de la Junta Militar, pero terminaron de muy distinta forma: Sérpico falleció impune y su esposa se convirtió en la primera mujer condenada a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

Desde niña, Mirta había mostrado un carácter agresivo y violento. La carrera policial, en unos tiempos turbulentos, le permitiría desarrollarlo. Y en las mazmorras de La Perla pudo dar rienda suelta a sus impulsos. La Cucaracha fue el mote que los prisioneros dieron a la joven policía, cuyos interrogatorios eran siempre temibles. Sus propios compañeros acabaron conociéndola como la Cuca —reducción cariñosa de su apelativo—, aunque ella, para dificultar su identificación, negó a la Justicia haber tenido ese alias. Pero numerosos testigos de la megacausa celebrada entre 2012 y 2016 la señalaron con ese apodo. Algunos llegaron a acusarla de ser quien pegaba el tiro de gracia a los fusilados. Y describieron la determinación con que encabezaba los operativos de secuestro, uno de los cuales causó la desaparición de una hija[29] de Sonia Torres, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba.

Las sesiones de su juicio resultaron sobrecogedoras por las declaraciones de varios supervivientes del centro clandestino cordobés, que expusieron la saña con que la Cuca torturaba. «Tensaba sus manos como garras, me agarraba los pezones, apretaba y los retorcía», contó una de sus víctimas. «Se esforzaba en pisarme los testículos clavándome sus tacos altos de aguja», añadió otro de los detenidos que lograron salir con vida[30].

Mirta Graciela Antón —entonces con 64 años— los escuchaba impasible desde un banquillo donde se sentaban cuarenta y cinco hombres, entre los que descollaba su elegancia femenina, siempre dispuesta a reír y gesticular para las cámaras. En su defensa negó todos los cargos, asegurando que no había sido más que una simple oficinista y que sus tareas policiales se limitaron a la «explotación de materiales», es decir, a clasificar objetos obtenidos en allanamientos como pruebas. «Me confunden con otra», afirmó, «y me atribuyen los delitos que pudieron cometer mi marido y mi hermano». Pero quedó probado que aquella policía «ejemplar» y enamorada de su oficio ni siquiera renunció a participar en interrogatorios mientras estuvo embarazada; se reincorporó a su puesto tras parir y, aun durante el periodo de lactancia, nunca dejó de divertirse mientras torturaba. Saltaba, fingía bailotear sobre los cuerpos tendidos en la parrilla. Y reía a carcajadas.

—No tenía sentimientos, podía despedazar a una persona sin que eso la perturbara —dijo de ella el ex guerrillero Charlie Moore[31]—. No era una persona inmoral, sino amoral, como pistolera de una patota de psicópatas, de bestias que mataban y robaban.

La historia amarga de Mirta Graciela Antón concluye con su arresto el 28 de junio de 2009 y su condena siete años más tarde a cadena perpetua como culpable de doce homicidios con alevosía, dieciséis casos de privación ilegítima de la libertad, veintiuno de tormentos, cinco desapariciones forzadas (agravadas por muerte) y seis hechos de abusos deshonestos. Recluida en el penal de mujeres de Bower, las monjas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, una orden con larga vocación carcelera, cuidan su cuadro depresivo crónico[32].

Pero la Cucaracha tampoco fue la única mujer genocida. Hubo otras muchas hembras endiabladas que alcanzaron altas cumbres del mal al servicio de la dictadura. Hasta treinta y nueve serían juzgadas entre 1988 y 2017, la mayoría acusadas de apropiación de bebés de las detenidas. Sólo dos saldrían absueltas.

Capítulo IX
ESMA: la escuela de la muerte de la Armada

La Marina argentina protagonizó los episodios más aberrantes de la represión, bajo la impronta del almirante Emilio Massera. Las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) albergaron, en el centro de Buenos Aires, el mayor campo de concentración y exterminio de la dictadura, en cuyas instalaciones se perdió el rastro de 5.000 personas. Centro de mando de la Inteligencia Naval, se convirtió en un mundo oculto que parece imaginado por algún discípulo aventajado del marqués de Sade: salas de tortura, maternidad para que parieran las prisioneras embarazadas y apoderarse de sus hijos, oficinas con mano de obra esclava, empresas dedicadas a la extorsión de detenidos y usurpación de sus bienes, base de los «vuelos de la muerte» para eliminar presos arrojándolos al mar y escenario de abusos sexuales con situaciones surrealistas como «amores forzados» entre verdugos y víctimas.

Entrevista con Adolfo Scilingo.
Los «vuelos de la muerte»

No hubo cafés de por medio en las dos entrevistas que mantuve con Adolfo Scilingo, el capitán de corbeta retirado que denunció en primera persona los «vuelos de la muerte», organizados por la Armada argentina para convertir a los detenidos en desaparecidos. La primera transcurrió en julio de 1996, en un locutorio del penal de La Plata donde cumplía condena por delitos económicos. La segunda, catorce meses después, en una celda de la madrileña prisión de Carabanchel, cuando acababa de ser detenido por sus responsabilidades en la represión militar en Argentina, en virtud de la entonces debatida Justicia Universal. En ambas ocasiones, Scilingo relató sus propios crímenes y describió el siniestro entramado de la ESMA. Lo hizo sin titubear, con frases vomitadas de una sola arcada:

—La Marina decidió eliminar a los prisioneros clandestinos que tenía, arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa a quienes debían tripularlos, para que participara la mayor cantidad posible de oficiales. Los presos que debían morir eran conducidos al aeropuerto, semidormidos mediante un somnífero y haciéndoles creer que iban ser llevados a una cárcel estatal en el sur del país. Durante el vuelo se les daba una segunda dosis del sedante, quedaban totalmente inconscientes, se los desvestía y, cuando el comandante de la aeronave daba la orden, se los arrojaba al mar uno por uno. Fríamente, cínicamente. Ése es el procedimiento que ideó la Armada argentina. No fue una banda, no fue un grupito, sino la Armada argentina quien instrumentó el sistema, del mismo modo que los nazis crearon las cámaras de gas. Ese método lo usamos para eliminar a unos 4.000 secuestrados. Yo participé en dos vuelos, y soy responsable de la muerte de 13 personas en el primero y de 17 en el segundo.

El oficial ya había descrito antes la metodología empleada en la ESMA. Primero, en un pequeño libro autobiográfico de escasa tirada titulado ¡Por siempre nunca más![1]; después, en una larga entrevista periodística; finalmente, ante la Audiencia Nacional en Madrid. Su voz supuso una rara excepción en el silencio corporativo de los uniformados argentinos; la segunda que se alzaba en el ámbito de la Marina, tras la declaración del capitán de fragata Jorge Búsico, que, en el juicio contra las Juntas Militares, describió los secuestros, la tortura sistemática y las desapariciones, aunque sin inculparse. Scilingo llegó más lejos y confesó haber participado en la eliminación física de treinta detenidos. Su esposa, Marcela Vallés, lo atribuyó a «un cargo de conciencia que no ha podido superar», mientras que otros colegas suyos lo consideraron un acto de venganza contra sus jefes.

Adolfo Francisco Scilingo, nacido en 1946 y crecido en una familia de clase media[2], ingresó en la Armada a los diecisiete años y alcanzó el grado de capitán de corbeta. Destinado en la ESMA a la edad de treinta años como jefe de Automotores y Electricidad, participó con disciplina en la represión. Alcoholizado, quedó oficialmente incapacitado para desempeñar responsabilidades. Años más tarde publicó el mencionado libro y narró su experiencia al periodista Horacio Verbitsky[3], causando una enorme conmoción política. Pero las leyes del «perdón militar» impidieron que fuera procesado, en una macabra paradoja: mientras sus delitos de lesa humanidad quedaban impunes, Scilingo pasaría dos años y 45 días encarcelado por una estafa.

—Había orden de eliminar a los prisioneros —aseguró—. La Armada estaba en la lucha antisubversiva con personal que operaba de forma encubierta, sin uniforme y empleando vehículos no identificables para efectuar unas «detenciones» que, sin órdenes judiciales, realmente eran secuestros. Los presos permanecían encerrados en cubículos de madera, encapuchados y encadenados, como en la Edad Media. En el entretecho de la ESMA había entre 30 y 50 de forma permanente. Y en el sótano funcionaban las salas de interrogatorios. Una vez que se les sacaba toda la información, al cabo de días, semanas o meses, eran trasladados. Los martes, un consejo integrado por el almirante Chamorro como director de la Escuela y por un grupo de Inteligencia comandado por el capitán Jorge Acosta decidía quiénes habían de morir al día siguiente. Yo era jefe de Automotores, así que participé en dos de esos «vuelos de la muerte». Una mañana, el capitán de fragata Arduino[4], que llegó a vicealmirante, me dijo: «Scilingo hoy tiene que hacer un vuelo». Fue una orden terminante.

—Usted ya sabía en qué consistía «hacer un vuelo»...

—La primera noticia sobre los vuelos la recibí inmediatamente después del golpe militar, estando destinado en la base de Puerto Belgrano en 1976. El vicealmirante Luis María Mendía, que entonces era comandante de operaciones navales, nos dio una conferencia sobre «operaciones especiales» para explicar que se actuaría sin uniforme y que en los interrogatorios se emplearían métodos «fuertes». Habló de eliminar a los subversivos y dijo que «los que corresponda serán llevados en un avión y no llegarán a destino, se bajarán antes».

—¿Cómo se desarrollaron los vuelos en que usted participó?

—A las siete de la tarde, nos reunieron a todos los oficiales en el pasillo central del sótano, donde había 26 o 27 prisioneros esposados. El capitán Acosta les anunció que pasaban a depender del Poder Ejecutivo nacional, o sea, que se convertían en presos legales. Incluso les dijo que tendrían que bailar de contentos. Fíjese con qué cinismo actuábamos que se puso música alegre, y tengo grabada en la mente a una señorita de unos 25 años que bailaba como loca, porque creía que la enviábamos a una unidad carcelaria del sur. Se les comunicó que para ese traslado debían ser vacunados. Pero lo que se les inyectó fue un sedante, que hizo efecto a los pocos minutos y quedaron todos como zombis. Los llevamos en un camión de transporte de tropas hasta el Aeroparque. Allí el capitán de fragata Jorge Vildoza nos comunicó que había surgido un problema: el avión que operaba los miércoles, un Electra, no estaba disponible y tendríamos que hacer el vuelo con un Skyvan, un aparato tipo Hércules, de la Prefectura Naval. Al ser más chico, hubo que dividir en dos al grupo. Vildoza me dijo: «No cabemos todos, así que usted tiene que hacerse cargo del primer vuelo». Me dio las instrucciones y zarpamos con trece prisioneros. Íbamos el piloto y el copiloto en la cabina; en la zona de carga, yo, un oficial y un cabo, que no sabía para qué era el vuelo. También estaba el médico, que dio a los presos una dosis final del somnífero. Cuando quedaron totalmente dormidos, procedimos a desvestirlos. Me quedó grabada la imagen de dos jovencitas, de unos 19 años. Entonces el cabo, que tendría unos 20, comprendió lo que estaba ocurriendo, entró en estado de shock y se echó a llorar. Yo lo calmé y se fue a la cabina. Cuando llegó el momento, el suboficial abrió la compuerta trasera y fuimos arrojando al vacío, una por una, a aquellas trece personas.

—¿Por qué le impresionaron tanto aquellas dos chicas?

—Porque, con todos desnudos y semiapilados, la escena parecía copiada de alguna foto de judíos bajo el nazismo. Y me pregunté qué habrían hecho esas dos para morir así.

—Pero cumplió usted las órdenes con frialdad.

—Decir eso es mentir. Yo trataba de no pensar qué estaba haciendo. Tan es así que no lo asumí. Con esto no busco disculparme. Acepto que cumplí la orden, pero también debo confesar que, después, me volqué violentamente en el alcohol. Volví a la ESMA a las dos de la mañana, me tomé dos vasos grandes de whisky como somnífero, me fui a dormir y, a partir de ahí, mi vida cambió totalmente. Hasta el año pasado no superé el alcoholismo.

—¿Qué más recuerda de aquellos momentos?

—Cuando terminamos de arrojar a la última persona, hubo un vacío total y un silencio penetrante. Nadie hablaba. Ni siquiera nos mirábamos unos a otros. Creo que sentíamos vergüenza. Es muy difícil explicarlo e imposible de entender para otra persona. Con el paso del tiempo me di cuenta de lo canallesco que era todo. Porque el sistema maquiavélico de eliminar a los subversivos no les permitía saber que iban a morir. Ni siquiera les miramos a los ojos para decírselo. Cuando lo pienso, no puedo creer que yo haya hecho eso. Y diría que actué como un autómata. Pero hice una segunda misión con otros 17 prisioneros, en un avión Electra. Fue un «vuelo extra» porque se habían acumulado demasiados detenidos, y se hizo un sábado en lugar de un miércoles.

—Y también aceptó la orden del segundo vuelo sin discutirla…

—Era lo que había decidido la superioridad. Creíamos que el régimen militar hacía lo correcto por el bien del país. Y teníamos una admiración ciega por nuestro comandante en jefe, el almirante Massera.

—Además de las tripulaciones, ¿había «invitados» a bordo?

—Militares, sí. Me acuerdo de un capitán de navío que solía ir para dar apoyo moral. Creo que era agregado de la Embajada argentina en Chile. Los civiles no podían participar. Pero el «oficial» que estuvo en mi primer vuelo no era militar, sino un abogado asignado al Grupo de Tareas[5].

—¿Hubo algún otro detalle más que recuerde especialmente?

—Sí. Unas semanas antes tomé parte en el secuestro de uno de los terroristas que pusieron una bomba en el Aeroparque y casi destruyen el avión presidencial de Videla. Me designaron para llevarlo al hospital naval, porque había resultado herido. Era un hombre con firmes convicciones. La casualidad hizo que fuese trasladado en mi primer vuelo. Y cuando Acosta dijo que los íbamos a llevar a una prisión del sur, él gritó: «Eso es mentira, nos van a matar». Cuando ya estaban todos listos para ser arrojados al vacío, él se levantó aún dormido. Eso produjo gran tensión. Daba la sensación de que no quería morir, aunque el médico dijo que era un acto reflejo. Lo cierto es que trastabillé. Me sujetaron el suboficial y otro compañero para evitar que yo también cayera al vacío.

—¿Cómo pudo vivir con esos recuerdos casi veinte años, sin escupirlos?

—No es vivir, es sobrevivir. Los vuelos y el momento en que estuve a punto de caer al mar me daban vueltas en la cabeza de forma permanente. Yo necesitaba hablarlo con mis camaradas y lo intentaba cada vez que tenía oportunidad. Pero, aparentemente, ellos lo soportaban. Su reacción era muy fría. Nunca encontré apoyos y traté de ahogar el problema en alcohol. Llegué a planteárselo al almirante Arosa, que era mi superior en el año 83[6]. Porque ni siquiera estaba en condiciones de prepararme para rendir un examen. Me hicieron un montón de estudios psicológicos y me encontraron «normal», pero acabaron declarándome no apto para funciones directivas. Eso no podía aceptarlo, porque consideraba que era un problema humano. Y pedí el retiro voluntario.

—¿No lo habló con su familia?

—No podía comentarlo con nadie. Tenía pesadillas permanentes, sobre todo con el primer vuelo, que fue el más traumático. La imagen de tipo nazi con las dos chicas y todos desnudos no se me borraba. Por las mañanas yo era un monstruo, porque cargaba con los dolores de cabeza causados por el alcohol tomado la noche anterior. Mientras desarrollaba mi actividad, no me acordaba del tema. Pero al anochecer, cuando llegaba a casa y me ponía a ver televisión, resultaba insoportable. Era una actitud cobarde, pero intentaba tapar todo con alcohol o tomando Lexotanil, para dormir dopado.

— ¿Cuándo se lo contó a su mujer?

—Siete años después, aunque al principio sin darle detalles. Lo hice para que pudiera entender por qué mi alcoholismo iba en aumento. Había días que a las cinco de la mañana aparecía tirado en el living. Fue un serio problema para mi familia. Llegué a irme de casa.

—¿Qué le dijo ella?

—Que tenía que contarlo públicamente. Me apoyó mucho y sobreviví gracias a que supo entender lo que me pasaba. No me vio como a un monstruo asesino, sino como a un hombre que había cumplido una orden. Y me dijo: «Tenés que sacar ese tema de adentro». Pero yo no aceptaba ser quien contara lo sucedido. Estaba convencido de que debían hacerlo los que dieron las órdenes, es decir, mis superiores.

—¿Cómo reaccionaron sus hijos cuando supieron lo que usted había hecho?

—Mi mujer empezó a prepararlos, contándoselo poco a poco. El día antes de que todo se hiciera público, reuní a mis cuatro hijos y se lo expliqué de forma cruda. Ninguno dijo «¡qué barbaridad!», aunque lo pensaran, sino que apoyaron que expusiera hasta los últimos detalles.

—Usted es católico. ¿No recurrió a la Iglesia en busca de ayuda moral?

—Soy católico, pero después de los vuelos tuve grandes discusiones con la Iglesia y dejé de ir durante un tiempo. Porque el día siguiente al primer vuelo me levanté a las cinco de la tarde y fui a buscar al capellán, al padre Luis Manceñido. Le dije «Tuve un vuelo anoche» y le conté que no me sentía bien. Entonces me llevó a pasear por los jardines de la ESMA y me explicó que habíamos eliminado «hierba mala del trigal». Fíjese qué barbaridad, matar a 30 personas, confesarme, quedar perdonado… y no podía comulgar si faltaba a misa. Pero el problema no estaba en los capellanes sino en la jerarquía eclesiástica, en la posición de la Iglesia. Siempre repetían lo mismo. Tuvimos unas jornadas cristianas en Puerto Belgrano en 1976, en las que también emplearon la parábola de separar la cizaña del trigo. Nos aseguraron que esa era nuestra función y que no pecábamos. Yo lo creí porque era la última justificación que me quedaba. Hace poco leí la Biblia y no dice eso, sino que los ángeles se encargarán de esa separación cuando llegue el fin del mundo. O sea, que hasta los capellanes nos mintieron. Y nosotros nos dejamos engañar. Por cierto, ¿sabe usted que otro cura que nos confortaba después de los vuelos, el padre Alberto Ángel Zanchetta, es hoy capellán de la Escuela Naval Militar argentina?

Adolfo Scilingo describió con todo detalle cómo la Armada argentina arrojaba prisioneros políticos al océano desde aviones militares.

Pese a lo detallado de sus denuncias sobre los crímenes cometidos en la ESMA, Scilingo aseguró desconocer nombres de prisioneros desaparecidos y ser incapaz de identificar sus rostros.

—Ignoraba sus identidades, ya que sólo me ocupaba de la logística. Tampoco vi sus caras, porque los mantenían siempre encapuchados. Lo único que me quedó grabado fueron algunas prisioneras embarazadas que ocupaban tres habitaciones del altillo, hasta que parían en la enfermería del sótano y eran trasladadas en los vuelos. En fin, desde septiembre de 1977, la ESMA cambió de orientación. Y, en vez de matar a todos los presos, se seleccionó a los que se consideró «recuperables» para formar un staff al servicio del proyecto político personal del almirante Massera. Esos sí eran visibles para todos, dado que trabajaban en una oficina que llamábamos la pecera por sus paredes de vidrio. Allí hacían documentación falsa, análisis de prensa, resúmenes de libros… Era una cuestión de supervivencia. Muchos fueron liberados y la mayoría viajó al extranjero con órdenes oficiales de la Armada. A otros los eliminaron.

Adolfo Scilingo aterrizó en Madrid el 6 de octubre de 1997, invitado por el periodista Carlos Herrera para entrevistarlo en TVE[7]. Mal aconsejado, decidió viajar confiando en que la Justicia española le otorgara la consideración de «testigo protegido» sin procesarlo. Pero el entonces juez Baltasar Garzón lo citó en la Audiencia Nacional y le preguntó si ratificaba sus declaraciones sobre los «vuelos de la muerte». Respondió que sí y el magistrado dictó un auto de prisión contra él. No cabía esperar otra cosa.

«Es una persona atormentada por sus recuerdos, que se mueve por la necesidad de ponerse en paz con su propia conciencia», argumentó su abogado, Mario Fernando Ganora, para justificar la presencia de Scilingo en España. La letrada argentina Liliana Magrini le atribuyó otra motivación más concreta: «No se trata sólo de un problema de conciencia, sino de que su vida pende de un hilo; como sabe que puede tener una existencia corta, es preferible que hable lo antes posible». Con ello se refería a que, pocas semanas antes, unos pistoleros le habían marcado la cara con una navaja tras amenazarle de muerte.

La razón última de su visita a España, corriendo el riesgo de ser juzgado y condenado por sus crímenes en la ESMA, fue lo primero que le pregunté en una celda de Carabanchel, al día siguiente de su ingreso en prisión[8]:

—Vine consciente de lo que me iba a ocurrir —respondió—. Creo que todo esto es útil para mí, porque es la primera vez que declaro ante un juez serio y acorde a las circunstancias. He presentado ante la Justicia argentina reiterados escritos con denuncias. Pero, por unas cosas u otras, los jueces siempre archivaron las causas. No sólo por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sino por negligencia y presiones políticas. Por ejemplo, denuncié la apropiación de niños, un delito que está aún vigente. Y nada se hizo.

Scilingo tendría que esperar hasta el mes de enero de 2005 para consumar sus ansias de comparecer ante un tribunal. La lentitud de la Justicia española se vio agravada por la polémica jurídica ante la aplicación, por vez primera, del principio de Justicia Universal. La fianza de cinco millones de pesetas, que el juez fijó inicialmente, quedó reducida a medio millón y, finalmente, el 9 de enero de 1998, Scilingo fue puesto en libertad sin pago alguno. Con el paso de los meses modificó sus declaraciones hasta acabar negando los hechos en que se había inculpado. Cuando comenzó el juicio oral, intentó bloquear su desarrollo mediante una supuesta huelga de hambre y simuló un estado de postración. Cuando los médicos comprobaron que estaba lúcido y en buenas condiciones físicas, dijo que había mentido a los periodistas que lo entrevistamos, movido por un deseo de venganza personal contra sus superiores castrenses. Para justificarlo, afirmó que el almirante Massera había ordenado matar a su hermana María Adela, considerada como «subversiva» por su trabajo en las villas miseria y que vivió oculta hasta que un cáncer acabó con ella.

La Fiscalía pidió una pena de más de nueve mil años de prisión. La Audiencia Nacional lo condenó a 640. Y en julio de 2007 el Tribunal Supremo acordó elevar el castigo de 640 a 1.084. Pero quedó en libertad a los 25 años, límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión establecido en el Código Penal. Hoy vive con su familia en un pueblo de la sierra madrileña, muy cerca de la prisión de Soto del Real donde cumplió su pena, y presta servicios sociales en una parroquia madrileña.

Crímenes de lesa humanidad y delincuencia

Resulta imposible evaluar los cuatrocientos infiernos creados por la dictadura argentina. Para dictaminar cuál fue el peor, sería preciso establecer imposibles escalas de maldad y grados de sufrimiento. Sí se puede cuantificar el tamaño de sus inmuebles, la cantidad de personal oficial que operó en ellos, y el número de torturados y desaparecidos entre sus muros. Según tales parámetros, la ESMA aparece como el mayor y más activo de los centros clandestinos de detención y exterminio que utilizó la Junta Militar[9]. Los testimonios ante la Justicia de prisioneros sobrevivientes hacen que destaque también por la crueldad y perversión extremas de sus sicarios.

Ninguno de los marinos vaciló a la hora de atormentar o matar. Sólo se ha sabido de uno, que sollozaba mientras empuñaba la picana eléctrica. Pero debió tratarse de un momentáneo descontrol de sus emociones, ya que perseveró sin que las lágrimas se tradujeran en abandono de su cometido. «Era gente convencida de tener poderes de vida y muerte sobre los demás, como si se creyesen Dios». Con esas palabras definió Andrea Bello al personal castrense del que fue víctima.

Enclavada en el acomodado barrio de Núñez, zona norte de Buenos Aires, la ESMA se diferenció de otros infiernos en que se trataba de un edificio oficial, cuyo interior resulta visible desde las altas viviendas que la rodean. Aun así, ninguno de sus vecinos pareció sospechar que ocurriera algo raro en él, ni siquiera por el constante trasiego de vehículos cargados de prisioneros civiles. Pero, pese al silencio de todos, sus siniestras funciones eran conocidas por los círculos del poder económico, los organismos de Derechos Humanos y los periodistas.

La ESMA parecía predestinada a la represión desde veinte años antes, cuando albergó a los especialistas franceses en contrainsurgencia, que explicaron a sus colegas argentinos los métodos de guerra sucia utilizados en Indochina y Argelia. Corrían los tiempos de la «revolución libertadora», el régimen político nacido del golpe de Estado que derribó a Perón, y entre el alumnado de los «maestros» galos figuraban dos jóvenes oficiales con un futuro común: Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola.

Organizada como un centro industrial de represión, la ESMA adaptó a ello sus diecisiete hectáreas, sin renunciar a ser sede de la Escuela de Guerra y del Liceo Naval, ni cerrar como lugar de descanso para el personal superior de la Armada. Su colosal máquina de matar tuvo como núcleo central el Casino de Oficiales, por cuyas dependencias pasaron unos cinco mil detenidos cuyo rastro se perdió para siempre[10]. En su Salón Dorado, en la planta baja, se habilitó el centro de mando del Servicio de Inteligencia Naval y de Selenio, nombre en clave del Grupo de Tareas 3.3.2, que dirigían el contralmirante Rubén Chamorro y el capitán de navío Jorge Eduardo Acosta. En los pisos primero y segundo, los dormitorios de oficiales cobijaban a los principales verdugos. En el tercero, una enorme buhardilla, a la que llamaban Capucha, quedó dividida en pequeñas celdas de madera donde los detenidos permanecían aislados, cegados e inmovilizados. En uno de sus rincones se creó un pequeño «recinto maternal», con camas para el cuidado de las presas con embarazos avanzados y dotado de un rudimentario paritorio[11]. Finalmente, en un altillo denominado Capuchita se encontraba una sala de interrogatorios.

—Cuando salíamos de las primeras sesiones de tortura, nos metían en capucha, sitio al que también llamaban el archivo porque allí nos tenían depositados por si necesitaban «consultar nuestra información» —me explicó Enrique Mario Fukman, que pasó quince meses cautivo en la ESMA—. Nos mantenían tumbados, siempre con la cabeza cubierta por una capucha de tela gris y con grilletes en los pies. No podíamos levantarnos, incluso comíamos en las colchonetas, y teníamos que pedir permiso para sentarnos. Podían darnos golpes, atarnos a las vigas, pegarnos con bandas elásticas en los testículos, ponernos las botas encima de la cabeza…

En el sótano del Casino había más celdas, varias salas de interrogatorios equipadas con elementos de tortura y una enfermería. En ese «espacio multiusos» subterráneo estaba la ya mencionada pecera, en la que un grupo de detenidos estaba a disposición de los militares como «mano de obra esclava». Teóricamente formaban parte de un «plan de recuperación política» que preveía su paulatina liberación, iniciada con salidas bajo vigilancia militar para visitar a sus familias. A veces se les autorizaba a dormir en sus casas y, en una última etapa, se les permitía pernoctar en algún apartamento alquilado para volver a la ESMA por la mañana. Si el plan finalizaba con éxito, se colocaba a los secuestrados en puestos de la Administración pública, y al cabo de un tiempo quedaban en libertad, con la condición de guardar silencio sobre su experiencia.

Escogidos por sus habilidades profesionales, a cambio de la salvaguarda de sus vidas y de ciertos privilegios, esos prisioneros realizaban un análisis de prensa y publicaciones políticas destinado a los jefes de la Armada. Algunos se encargaban también de falsificar documentos de identidad, para que fueran utilizados por los agentes de la represión, incluso para legalizar el latrocinio castrense[12]. Tras quedar liberado en 1983, uno de aquellos colaboradores forzosos, Víctor Melchor Basterra, aportó a la Justicia una amplia colección de fotografías de la nómina criminal de la ESMA, procedentes de su propio trabajo como falsificador en la pecera.

—Allí ocurrieron cosas increíbles, verdaderamente surrealistas —me contó—. Por ejemplo, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo del 79: a las diez de la noche nos bajaron a la huevera, una habitación utilizada para torturar; nos pusieron frente a una mesa llena de manjares y el contralmirante Ricardo Supisiche, director de la ESMA, se presentó con el uniforme de gala para desearnos felices fiestas. Parecía un delirio. Muchos de los compañeros que asistieron a esa cena están desaparecidos.

Los momentos absurdos eran cotidianos, sin otra lógica que la violencia. Por ejemplo, Fukman recuerda que el capitán de corbeta Ricardo Cavallo, ya avanzada la noche, solía ordenar que despertaran a algún detenido para obligarle a disputar una partida de ajedrez. Pero las situaciones más ridículas se produjeron durante el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Carceleros y presos compartieron emociones en la pecera, viendo por televisión cómo, durante la ceremonia inaugural, millar y medio de jóvenes formaban con sus cuerpos la palabra paz sobre el terreno de juego y el cardenal primado invitaba a rezar un padrenuestro. En cada partido, militares y «subversivos» cantaron a coro el «¡Vamos, vamos, Argentina!» y festejaron los goles. El propio Tigre Acosta repartió abrazos entre quienes había ordenado secuestrar.

—Algunos torturaban como si fueran al café de la esquina —le escuché a la sobreviviente Munú Actis—. Otros se transformaban, como si se enajenaran. Por ejemplo, Pernía, cuando torturaba, gritaba y salía medio loco, excitadísimo, pero a la media hora se acercaba a hablar contigo igualito que antes.

—Lo paradójico era que muchos de ellos despreciaban a quienes se quebraban en la tortura y delataban a sus compañeros de militancia, pero los que resistían se ganaban su admiración —añadió Miriam Lewin, otra detenida que logró salir con vida—. Y eso les generaba cierto respeto.

La ESMA era un mundo aparte, con sus propias normas dictadas y consensuadas en el seno de la Junta Militar por el almirante Massera. Pioneros en el desarrollo y aplicación de distintas formas de represión extrema, sus mandos aplicaron con especial «generosidad» la teoría del «botín de guerra», común a todas las fuerzas, para estimular y recompensar a una tropa fiel que cumplía ciegamente sus órdenes. Las detenciones domiciliarias que Selenio organizaba iban acompañadas de registros minuciosos, que finalizaban con un saqueo de los bienes familiares. A veces, los robos proseguían al día siguiente, incluso con empleo de camiones como si de una mudanza se tratase. Así se formó una almoneda clandestina en el denominado «pañol grande» de la ESMA; un gran almacén de objetos robados que los marinos visitaban con frecuencia para escoger entre las «novedades del día» lo que necesitasen o fuera de su gusto. Hasta los máximos jefes se dieron algunos «caprichos», como el Tigre Acosta, que decoró su despacho con los más vistosos volúmenes de la biblioteca de un recluso. Y las instalaciones de la Marina enriquecieron su mobiliario con utensilios afanados.

Pero el producto inmediato del pillaje se consideraba un beneficio menor, adecuado únicamente para satisfacer necesidades de suboficiales y tropa. Los mandos de graduación media podían aspirar a mejores tajadas, incluidos pequeños inmuebles. Y la escala superior se reservaba el disfrute de riquezas mayores y grandes propiedades. Para obtenerlas, se forzaba a los secuestrados a transferir sus bienes o venderlos y entregar su importe. No faltan ejemplos de tales prácticas lucrativas: el capitán de corbeta Ricardo Cavallo llevó personalmente al detenido Enrique Ernesto Ardetti a su domicilio, para que su esposa firmara la transmisión de un local comercial y un vehículo, creyendo que con ello compraba la libertad de su marido[13]. Poco después, Ardetti desapareció.

El negocio de la extorsión militar fue aún más lejos, excediendo los límites del «territorio de combate». Y en la ESMA se formaron bandas de represores que dedicaban su tiempo libre a delitos comunes. Una muestra de su accionar, reflejada en la prensa, fue el caso del español Manuel Gómez Aguirre, que cerró la venta de su piso en Buenos Aires a un oficial de la Armada, recibiendo una pequeña cantidad como entrada. Cuando reclamó el pago del primero de los plazos acordados, recibió la visita nocturna de una patota, cuyos integrantes le acusaron de comunista antes de llevárselo. Su esposa no volvió a saber más de él, ni jamás cobró la deuda.

En las oficinas de la pecera se llevaba la contabilidad de Sidercforma[14], firma a la que el sombrío sentido del humor de los centuriones rebautizó como Inmobiliaria ESMA, dedicada a la reforma de viviendas y locales expoliados antes de que fueran blanqueados y puestos a la venta. Hubo varias empresas semejantes, entre las cuales destacó Will-Ri[15], perteneciente al teniente de fragata Jorge Rádice, famoso como dirigente del grupo ultraderechista Guardia de Hierro, y al capitán de fragata Francis William Whamond, alias el Duque, torturador y aplicado administrador de la caja negra de la ESMA.

Cuatro décadas tardó la Justicia en abordar, demostrar y castigar los crímenes con que la Armada argentina ganó fama de institución despiadada. En la denominada «megacausa ESMA», una serie de cuatro juicios celebrados entre 2007 y 2021 que conforma el mayor proceso de la historia argentina, 789 escalofriantes testimonios describieron a lo largo de catorce años los métodos utilizados por los 54 marinos que ocuparon el banquillo de acusados. Una larga serie de condenas a prisión perpetua y distintas penas de cárcel acabaron con la larga impunidad de los criminales de la Armada. Pero el dolor y la amargura que causaron aún permanecen.

Entrevista con Gonzalo Torres de Tolosa.
El criado del diablo

El productor de televisión Fabio Díaz quedó sorprendido por la respuesta de Gonzalo Torres de Tolosa cuando, en noviembre de 2019, le pidió una entrevista «para un periodista español».

—¿No se tratará de Vicente Romero?

—Sí. Usted ya lo conoce de otra entrevista anterior, hace mucho tiempo.

—Claro que lo conozco. No he olvidado cómo me engañó una vez. No volveré a hablar con él.

Aquel antiguo «engaño» sucedió una docena de años antes. Entonces nos citamos en el Café Las Juntas, en la avenida de Mayo, para debatir los temas que después trataríamos ante la cámara en la corresponsalía de TVE. No le faltaba razón para sentirse burlado, ya que le oculté, entre otras cosas, que el reportaje del que iban a formar parte sus declaraciones se titularía «La máquina de matar». El nombre de Torres de Tolosa había aparecido repetidamente vinculado a la ESMA, pero todavía no había sido juzgado y habrían de pasar más de dos lustros antes de que se convirtiera en el único civil condenado a prisión perpetua por las atrocidades de la dictadura.

Él mismo me dio a conocer los dos papeles singulares que tuvo en la tragedia: como portavoz oficioso de la Marina, encargado de atender a periodistas extranjeros que pretendían averiguar qué ocurría en la ESMA, filtrándoles informaciones envenenadas, y como secretario del Juzgado de Instrucción n.º 9, al que iban a parar muchos casos de adopción de bebés paridos por desaparecidas. Los corresponsales tuvimos siempre claro que de sus gestiones sólo nos cabía esperar desmentidos y propaganda. Como burócrata judicial, tuvo una actuación mucho más siniestra, involucrado en causas turbias que permitieron la devolución a sus familias de criaturas secuestradas junto a sus madres o nacidas en la ESMA. Si lo primero lo acreditaba como personal de confianza de la cúpula de la Armada, lo segundo dejaba patente su conocimiento de la mecánica de apropiación y «distribución» de niños.

Por si tales evidencias no resultasen suficientes, el almirante Massera le condecoró por «su esfuerzo y abnegación en operaciones reales de combate», sin detallar los supuestos hechos heroicos que se premiaban. Conocido entre los uniformados con el nombre de guerra de Teniente Vaca, siempre se jactó de su identificación política y su amistad personal con los mayores ejecutores de la represión, en especial con Jorge Acosta, alias el Tigre, un oficial que aseguraba que «el propio Jesucristo le indicaba quién tenía que vivir y quién tenía que morir».

—¿Es cierto que usted «echaba una mano» en la Escuela de Mecánica de la Armada?

—Sí. Yo entraba en la ESMA con frecuencia. Un par de veces por semana. Iba a acompañar, a alentarles, que es una actitud cristiana. Eso está en el Evangelio de Mateo. Desde antes del golpe militar visitaba a mi amigo Acosta cuando estaba de guardia, y me quedaba a almorzar con él, porque en la ESMA se comía muy bien. Después pasé a ayudar en lo que podía, en lo que me permitían hacer. Por ejemplo, recibir a periodistas extranjeros y contestar sus preguntas sobre los cadáveres que a veces aparecían, arrastrados por las corrientes hasta las orillas.

Sin embargo, Torres de Tolosa, con tanta firmeza como cinismo, negó conocer la existencia de desaparecidos encarcelados en las mismas dependencias castrenses donde pasaba tantas horas:

—Yo nunca vi a ningún prisionero político allí. Será que me movía por zonas diferentes de la ESMA, que es muy grande.

—Usted y sus amigos militares, ¿estaban convencidos de lo que hacían en la ESMA?

—Sí. La mentalidad común dentro de la ESMA estaba bien definida, y fundamentalmente creían que su comportamiento era cristiano. Porque se trataba de defender a la sociedad de un enemigo que sembraba la muerte y atacaba a las instituciones, incluso a la Iglesia. Todos pensaban que su actitud era correcta, que cumplían con su deber y que mantenían un espíritu cristiano, ayudando al prójimo a vivir en paz. Nadie estuvo obligado a luchar contra el terrorismo, ni escuché a nadie que se quejara por tener que hacerlo.

—Esa «actitud cristiana» causó 30.000 desaparecidos.

—De ninguna manera. Ése no es el verdadero número de muertos y desaparecidos. Los informes que se hicieron, incluido el presentado por la CONADEP, hablan de unos 9.500. Pero a esa cantidad hay que restarle unos 2.000 causados por la Triple A antes de que existiera la Junta Militar. Así que son, más o menos, 7.500. No se ha podido establecer las identidades de los miles que faltan para llegar a 30.000. Nadie aportó jamás precisiones sobre ellos. Serían gente sin parientes... Además, que entonces estábamos en un conflicto armado. Y para una guerra esa cifra tampoco es tanto. Podemos compararla con la de 10.000 personas que mueren cada año, más o menos, a causa de accidentes de tráfico. Aún es menos, porque «aquella historia» ocurrió a lo largo de tres o cuatro años, lo que significa que la cifra de muertos y desaparecidos es sólo un tercio de los fallecidos por accidentes de tráfico. Pero a quien se le muere un ser querido le parece terrible. Un solo muerto ya es trágico. Yo he perdido a un hijo hace un año y para mí fue algo tremendo. Nunca hay consuelo, pero las guerras son así. No hay otra salida.

—Se trata de delitos de lesa humanidad.

—Los delitos de lesa humanidad todavía no están legislados en Argentina. Y, si no existe esa legislación, no se puede aplicar. Se trata de homicidios simples que ya prescribieron, guste o no. Los militares combatieron a la subversión con heroísmo y ahora los culpan por haber cumplido con su deber. Y los acusan de delitos que han prescrito.

Se expresaba en tono desafiante, con la insolencia propia de una personalidad enferma, incapaz de mantenerse dentro de los límites de lo razonable. Sobre él se habían contado verdaderas barbaridades. La denuncia más contundente fue la formulada por Adolfo Scilingo[16], que le acusó de participar junto a él en uno de los «vuelos de la muerte», en junio de 1977, encargándose de desvestir a los trece detenidos políticos, adormecidos por un narcótico, que iban a ser arrojados al mar: «Vaca me fue acercando los cuerpos dormidos y los fui empujando uno a uno al vacío». Y en otra entrevista posterior[17] describió cómo golpeó a uno que despertó: «El montonero se levantó como un fantasma. El Teniente Vaca sacó una cachiporra y le golpeó la cabeza». Frente al testimonio de Scilingo ante la Audiencia Nacional, Torres de Tolosa llegó al extremo de argumentar que no habría podido participar en los «vuelos de la muerte» porque «viajar en avión le producía estrés y diarrea».

El abogado Torres de Tolosa participó como voluntario civil en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

Además, el propio Scilingo dijo haber presenciado en la ESMA el interrogatorio de una estudiante peronista secuestrada en la Facultad de Medicina por una patota en la que se encontraba Vaca. La acusaban de pertenecer a Montoneros, pero en la ESMA corrió el rumor de que había sido torturada y asesinada porque «no le había dado bolilla a Gonzalo». Impune durante largos años, Torres de Tolosa fue detenido a finales de julio de 2003, cuando el entonces juez Baltasar Garzón lo incluyó como único civil en una lista de cuarenta implicados en la represión reclamados en aplicación del concepto de Justicia Universal. Pero su arresto resultó efímero, ya que el Gobierno español acabó desistiendo en los trámites de extradición.

Dedicado a la defensa legal de algunos mandos castrenses, su suerte cambió una mañana, cuando un sobreviviente de la ESMA lo reconoció en un pasillo de los tribunales y lo denunció. Trató de zafarse, pretendiendo que lo confundían con su hermano Álvaro, ya fallecido, que había sido segundo comandante auditor de la Gendarmería y actuado en consejos de guerra. Finalmente, Torres de Tolosa sería imputado en 69 hechos de tortura, dos de ellos acabados en muerte, y en 404 casos de secuestros, de los que 56 finalizaron en fallecimientos. Encarcelado el 10 de mayo de 2001, la Cámara de Apelaciones le concedió rápidamente el régimen domiciliario por su mal estado de salud.

Como si nada de aquello hubiera ocurrido, la mente patológica del Teniente Vaca rememoraba los años de la barbarie castrense como una época tranquila, reivindicando supuestos actos de bondad:

—Para la mayoría de la población se vivía en paz, porque los ataques más fuertes de la guerrilla ya habían pasado cuando los militares llegaron al Gobierno, y gracias a ellos disminuyó la inseguridad. En cuanto a mí, lo cierto es que ayudé a mucha gente cuando trabajé en el juzgado, devolviendo a sus familias algunas criaturas de muertos en la guerra. Recuerdo que un abuelo vino a pedirme los niños que su hijo dejó abandonados en una guardería antes de caer en combate. Llevaban un apellido falso, pero los nombres de pila coincidían y se los entregué. Después he sabido que vivieron felices. Su historia salió en la televisión.

El Almirante Cero

Inteligente, carismático y desalmado, el almirante Emilio Massera convirtió a la Armada argentina en una implacable maquinaria al servicio de la represión dictada por la Junta Militar, cuyo funcionamiento supervisaba personalmente. Apodado Almirante Cero y el Negro[18], supo estimular los peores instintos de sus subordinados —que ensalzaban su liderazgo y le obedecían ciegamente—, impulsándolos a delinquir sin límites y con absoluta impunidad.

Las mayores «virtudes» del diablo Massera, evidenciadas tanto en el ámbito castrense como en su vida privada, fueron la constancia y el esmero en el ejercicio del mal. Su dedicación al crimen fue modélica y lo convirtió en uno de los hombres más odiados de su tiempo. El personaje ha quedado descrito con un puñado de términos insultantes, repetidos desde los libros de Historia hasta las necrológicas de prensa. «Si Massera va al Infierno, lo van a recibir como a un héroe. Al cabo, él es uno de sus creadores, el creador de una de las figuras más perfectas del Infierno», sentenció José Pablo Feinmann, que comparó a la ESMA con Auschwitz y al Almirante Cero con Himmler.

Su biógrafo, Claudio Uriarte, lo calificó como «el más ambicioso y el menos escrupuloso» de los jefes de la dictadura. Y también como «el más maquiavélico, torcido, barroco, dúplice, oportunista y complejo» en su obsesión de acumular poder personal: «la represión y la sangre no eran para él más que escalones» para alcanzar metas. Osvaldo Bayer escribió que representaba una personalidad «completa en su total decadencia moral, crueldad y ambición fuera de toda medida». Con dolorosa ironía, el montonero Rodolfo Galimberti comentó que «si Massera quería hablar con alguien, lo mandaba secuestrar». Y en los documentos secretos que la CIA desclasificó en 2019 se le consideró «un oportunista desvergonzado». Nada de todo ello le impidió ser un católico devoto, comulgar en público y relacionarse de modo privilegiado con miembros de la Conferencia Episcopal argentina. Incluso penetró en los «círculos financieros» que la jerarquía eclesiástica preserva con un secreto más sagrado que el de confesión, y perteneció a la logia P2[19].

Perón lo llamaba cariñosamente Masserita, sin adivinar el monstruo que llevaba dentro y olvidando su pasado como asistente personal del jefe de la Armada en 1955, cuando un pronunciamiento militar le arrebató el poder. Al general le gustaba su talante populista y le nombró comandante en jefe, siguiendo las recomendaciones del ultraderechista José López Rega. Nunca pudo arrepentirse de ello, porque el Negro lo tuvo engañado hasta que murió. Después se esforzó en halagar a su viuda y sucesora, presionándola para que encomendara a las Fuerzas Armadas la lucha contra la subversión, mientras conspiraba para impulsar un golpe de Estado. Cuando éste se produjo, Massera reclamó que la Armada gozara de las mismas prebendas que el Ejército y la Fuerza Aérea. Y logró que, por vez primera, a cada arma le correspondiera una tercera parte de cargos, ministerios y organismos oficiales. El reparto fue tan minucioso que comprendió desde los principales instrumentos represivos hasta el control de los medios de comunicación. Pero tales afanes no eran corporativos, sino que con ellos el Almirante Cero trataba de conseguir posiciones de fuerza que facilitaran su secreta intención de convertirse en dictador en solitario.

Con el sueño de ser un nuevo Perón, Massera desarrolló una doble personalidad. Por una parte, en círculos castrenses alardeaba de firmeza, mostrándose como el más duro entre los duros, en la línea de los generales Menéndez y Suárez Mason, con quienes rivalizaba en el tamaño y la perversidad de sus centros clandestinos de detención. Consideraba demasiado débil e indeciso a Videla, y lo etiquetaba de «incapaz» para dirigir a sus comilitones. Como dijo Feinmann, «desde la picana pensaba alcanzar el poder absoluto», y concibió la ESMA como un instrumento para sus propios proyectos, instalando en su sótano una oficina política, la ya mencionada pecera. Una colaboración extendida también al centro de inteligencia que Massera creó en París, dependiente de la Embajada argentina, en el que celebró reuniones secretas con la dirección de Montoneros.

En sus maquiavélicos delirios, como comandante en jefe de la Armada —y pese a su puesto en la Junta Militar— quiso involucrarse personalmente en las tareas más bajas y sucias de la represión. Como si buscara dar ejemplo, se puso al frente de varios operativos de secuestros e interrogatorios, confiando en que ello le valdría el respeto e incluso el temor de sus subordinados. Al mismo tiempo, ante políticos extranjeros, embajadores y periodistas, Massera aparentaba ser el elemento más moderado y conciliador de la Junta Militar, atribuyendo al Ejército la responsabilidad del «problema» de las desapariciones de detenidos. Y repetía que él informaría sobre sus nombres y destinos «si no fuera porque lo impedían los generales Videla, Viola y Harguindeguy». Cara al exterior, el almirante cultivaba una imagen amable, de cuidada elegancia en el vestir, sonrisa «presidencial» y verborrea humanística.

—Lo absolutamente cierto es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida —aseguró en uno de sus discursos—. Y esto es anterior a una política o una ideología. Es una actitud metafísica.

Los crímenes atribuidos a Massera no se limitaron al combate antisubversivo. Al menos tres asesinatos se vinculan a intereses personales: los del general Omar Actis, la diplomática Elena Holmberg y el publicista Marcelo Dupont[20]. Él carácter delictivo nunca dejó de manifestarse en los entretelones de sus actividades castrenses y políticas. Mientras se mantuvo en el poder, participó en el latrocinio organizado desde la ESMA, dándose «caprichos» como la apropiación de quince caballos de carreras, procedentes de la extorsión al abogado mendocino Conrado Gómez, que se vio obligado a pagar un millón de dólares en efectivo a sus secuestradores, además de cederles la propiedad de 26 hectáreas de terreno. Después, ya fuera de la Junta Militar, sus negocios más lucrativos se centraron en el tráfico de armas, con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza entre sus mejores clientes. La colocación de una bomba en sus oficinas de la bonaerense calle Cerrito, atribuida a los Montoneros, se debió en realidad a un ajuste de cuentas tras el reparto de sobornos por la adquisición de material de guerra, en plena disputa de la soberanía sobre el canal Beagle con Chile.

El siniestro personaje del Almirante Cero se completó con un perfil mundano que fascinaba a la prensa del corazón, sobre todo a partir de su pase a retiro en septiembre de 1978. El omnipotente marino se dejaba ver por las noches en lugares de moda como la discoteca Mau-Mau, cuyo propietario siempre reservaba una mesa para los jefes de la ESMA, o escuchando tangos hasta la madrugada en la clásica milonga El Viejo Almacén, siempre acompañado por mujeres espectaculares. Y parece que gozaba leyendo las «conquistas» que los gacetilleros de guardia le atribuían: desde la modelo que anunciaba los cigarrillos Jockey o la actriz Graciela Inés Alfano hasta la novelista Marta Lynch, entre otras.

Massera, que conjugaba proyectos políticos y económicos, aplicó en ambas esferas los mismos procedimientos. Si su poder de facto se había cimentado en crímenes brutales, ¿por qué no recurrir también al asesinato para solucionar los problemas privados? La desaparición en abril de 1977 de su socio y testaferro, el empresario papelero Fernando Branca, dejó patente su absoluta falta de escrúpulos. Amigos íntimos, que presumían de organizar juergas con prostitutas, la relación se agrió cuando Massera y Martha McCormack, esposa de Branca, se hicieron amantes. Al mismo tiempo se sucedieron varias discrepancias y traiciones económicas, precipitando un desenlace trágico: el financiero embarcó en el yate del militar para mantener un encuentro que se anunciaba tenso; zarparon y nadie volvió a verlo. Después Massera consiguió apoderarse de los campos de cultivo que poseía Branca[21]. Ocho años más tarde, poco antes de finalizar la dictadura, el Negro sería detenido bajo la acusación de ocultar pruebas sobre la desaparición de su socio, pero la Junta Militar frustró su procesamiento.

Como jefe del populista Frente para la Democracia Social, partido moldeado a la medida de sus ambiciones, Massera adoptó una posición extremadamente cordial y prudente con la prensa. Fruto de ella fue la entrevista que me concedió en julio de 1982. Sus declaraciones, limitadas a su nueva actividad política —que era el tema que menos me interesaba—, fueron decepcionantes[22]. Aunque insistí en hablar de la ESMA, su negativa fue tajante:

—Libramos una guerra difícil, cuyos porqués no me parece oportuno razonar aquí y ahora, aunque creo que se debería clarificar todo lo clarificable de cuanto ocurrió. Así lo propuse en muchas ocasiones, pero los que tenían poder para hacerlo no quisieron y, en vez de atenuar el problema, lo agravaron con el silencio. Yo no creo que en el ánimo de ninguno de los oficiales que participaron en la lucha contra la subversión esté oponerse a esa clarificación.

—¿Qué entiende usted por «clarificar lo clarificable»?

—Hay muchos temas de los que no se dio información en su momento, por razones de seguridad. Ahora ya se podría precisar las bajas sufridas por ambos bandos. Pero una revisión absoluta de todos los casos de desapariciones sería muy difícil de hacer. Por eso hablo de «clarificar lo clarificable», es decir, de publicar aquellos datos de los que se dispone.

—De sus palabras parece desprenderse que las Fuerzas Armadas son responsables directas de la desaparición de detenidos.

—No. En los primeros momentos actuaron grupos fuera del control de las Fuerzas Armadas, que se excedieron en la adopción de sus propias medidas. Ésos son precisamente los casos más difíciles de aclarar, aquellos sobre los que las Fuerzas Armadas no tuvieron control.

—Almirante, se le señala como uno de los responsables directos de las desapariciones —insistí.

Massera se incorporó, dando fin a la reunión con estas palabras:

—Yo no eludo mi responsabilidad en la lucha contra la subversión. Pero, mire, cuando salí de la Junta Militar, me ocupé de que todos los prisioneros que tenía la Armada quedasen en libertad.

Cinco meses después de nuestra conversación, el almirante anunció su candidatura para las elecciones presidenciales, con el lema «Cambio para vivir en democracia». Pero en junio de 1983, cuando la dictadura ya agonizaba, la Justicia ordenó su detención por el caso Branca, acabando con sus sueños de transformarse en un «político providencial» capaz de enderezar los destinos de Argentina, tras haberla sumido en un pozo de horror y de sangre. Después, la Historia se aceleró. Y en diciembre de 1985 el Negro fue condenado a prisión perpetua en el Juicio a las Juntas[23].

—Me siento responsable pero no me siento culpable —dijo en su alegato final—. No hay odios en mi corazón. Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la Historia, y es allí donde se escuchará el veredicto final.

Massera no estaría mucho tiempo tras las rejas. En 1990 se benefició del indulto presidencial de Carlos Menem. En 1998, la jueza Servini de Cubria dictaminó que sus delitos eran imprescriptibles y volvió a encarcelarlo por los secuestros de bebés nacidos en la ESMA. En 2000 se le concedió prisión domiciliaria… en una finca de nueve mil metros cuadrados, y sin que las fotografías que mostraron el quebrantamiento de su régimen surtieran efecto alguno. En 2002 sufrió un accidente cardiovascular que dañó seriamente sus capacidades físicas e intelectuales. Y en 2005 fue declarado incapaz de afrontar otros procesos judiciales.

La vida de Emilio Massera se extinguió el 8 de noviembre de 2010, a la edad de 85 años. «Se ganó un lugar en la Historia: el de asesino del pueblo» fue el epitafio que le dedicaron sus enemigos, las principales organizaciones de Derechos Humanos[24]. Osvaldo Bayer añadió que «sobre su tumba caerán los salivazos de la indignación pública como lluvia intermitente».

Amores entre tinieblas

—La ESMA era otro mundo, radicalmente distinto al nuestro, imposible de entender. Aquello estaba fuera de la vida y de sus normas. Han pasado los años y hasta hoy sigue habiendo asuntos inexplicables, incluso para quienes permanecimos confinados allí muchos meses. Porque no es posible razonar ni comprender cuando todas las reglas básicas son diferentes a nuestra experiencia común.

Sólo desde esa perspectiva sobre la ESMA —que escuché de Nilda Munú Actis, una de las prisioneras supervivientes[25]— cabe plantear la espinosa cuestión de las relaciones sentimentales que se desarrollaron entre las tinieblas del mayor centro de represión de la dictadura. Historias basadas en situaciones de indefensión y dominio absolutos, donde se mezclaron la fascinación por el enemigo, el sometimiento y el instinto de supervivencia.

Los casos más notorios los protagonizaron altos oficiales de la Armada y militantes de la izquierda peronista[26]. El propio almirante Rubén Chamorro, jefe máximo de la ESMA, y la montonera Marta Coca Bazán formaron una unión estable, que llegó mucho más allá del capricho sexual del marino y del síndrome de Estocolmo de la guerrillera. Porque Chamorro empezó sacando de las mazmorras a su enemiga para llevarla a cenar y bailar hasta la madrugada, después le puso un piso en un privilegiado barrio de Buenos Aires y acabó casándose con ella. El matrimonio marchó a Johannesburgo, donde el almirante desempeñó el cargo de agregado naval en la Embajada argentina, y permaneció unido hasta el fallecimiento del militar.

La exprisionera Munú Actis narra cómo los oficiales de la ESMA sacaban a cenar y bailar a las detenidas más bellas.

El teniente de navío Antonio Pernía y su cómplice Jorge Rádice, contable de la ESMA, mantuvieron otros dos prolongados romances, iniciados en el mismo escenario siniestro. Pernía se emparejó con la prisionera Mercedes Lucy Carazo, a cuyo esposo él mismo había matado. Rádice[27] tuvo dos hijos con la montonera Ana Dvatman, junto a la cual se metería en turbios negocios inmobiliarios con varios compañeros de armas. Fueron asuntos escandalosos —aunque entonces sólo se comentaran en voz baja—, pero no excepcionales. Porque hubo más «amores perversos» en niveles más bajos y menos duraderos, que el alto mando naval aceptó como consecuencias naturales de la «recuperación» de mujeres subversivas.

—En aquellas circunstancias podía darse cualquier cosa, incluido enamorarse y odiarse —prosiguió Munú Actis—. Los sentimientos eran muy complejos. Pasaban los meses y se iban estableciendo relaciones. Lo que aún me sigue haciendo ruido en la cabeza es si habría algún tipo de afecto, no me importa cuál ni soy capaz de ponerle nombre.

Los uniformados trataban de confraternizar con algunos de los secuestrados destinados en las oficinas de la pecera que se mostraban dispuestos colaborar. Llegaron a organizar asados en fincas propiedad de militares o personas de su confianza, donde presos y guardianes jugaban al fútbol o al ping-pong, guitarreaban y tomaban el sol en bañador. Adolfo Scilingo me contó que en una ocasión se encontró con varios oficiales retozando con detenidas:

—Un día me mandaron a una quinta para arreglar una avería eléctrica. Y en la pileta estaban las prisioneras más lindas, en bikini. Estaba claro que no las habían llevado allí para interrogarlas, ni por problemas operativos.

Las salidas nocturnas de la ESMA se hicieron habituales, como descanso de los militares y terapia para los «recuperables». Al final de la jornada de trabajo, un puñado de marinos invitaban a sus enemigos favoritos a cenar en restaurantes como El Globo o Los Años Locos. Siempre había mayoría de mujeres, seleccionadas entre las presas más atractivas, a las que proporcionaban ropas, maquillaje y perfumes. Y muchas noches el grupo bailaba hasta la madrugada en la discoteca Mau-Mau.

—Recuerdo que la primera vez me llevaron con la cabeza cubierta por una capucha —continuó Munú—. El mismo tipo que me había torturado fue quien decidió sacarme. Yo creí que pensaban matarme, y temblaba de pies a cabeza. ¿Cómo podía imaginar que íbamos a comer? Me subieron a uno de los autos y me empujaron al suelo hasta que llegamos al restaurante. Allí me sentaron en una mesa con diez personas. Por la voz identifiqué a uno que había estado en mi tortura, y después supe que era el Tigre Acosta. Rechacé el menú porque ya había cenado. Pero el capitán Scheller me ordenó: «Vos vas a comer todo lo que yo mande». Y pidió dos platos.

La periodista Miriam Lewin, superviviente de la ESMA, narró en un libro los «romances entre tinieblas» que algunas detenidas vivieron con sus verdugos.

—Se ha dicho que algunas prisioneras sobrevivisteis «entre grilletes y perfumes» —le recordé.

—Esa frase es de Elisa Tokar, que estaba engrilletada cuando uno de los oficiales le regaló un perfume francés. Absurdo. Pero ellos creían que la militancia nos había hecho perder feminidad, ya que no respondíamos a su concepto de mujer bien vestida, pintadita... Íbamos con jeans, parecíamos medio hippies, éramos «otra cosa» realmente. Decían que «nos estaban recuperando» para la sociedad, y peinarnos o perfumarnos formaba parte de nuestra recuperación. Así que teníamos que estar lo mejor vestiditas y peinaditas posible. Lo más horroroso es que ellos seguían secuestrando y, cuando acababan de torturar, te ordenaban: «Ponete bonita, que vamos a cenar». Y esa noche tenías que salir con tu mejor cara. Era todo muy perverso.

En aquel ambiente de violencia y soledad extremas se crearon las condiciones precisas para que se produjeran extraños acercamientos entre opuestos. Y ambas partes experimentaron cierta fascinación por sus contrarios, seguramente a partir de la formación y el carácter militar que tenían en común.

—El Tigre Acosta nos acusaba de destruir los matrimonios de los marinos —me explicó Munú—, porque con nosotras habían conocido a «otro tipo de mujeres», con unos objetivos de vida y hasta una forma de movernos diferente: «Ustedes saben criar hijos y cocinar, pero también tocar la guitarra, empuñar un arma o discutir de política… nada que ver con nuestras esposas». Yo no sé hasta qué punto nos idealizaban. Porque, si de verdad hubieran pensado que éramos unas mujeres tan bárbaras, nos habrían dejado vivas a todas. Y de la misma forma que te decían: «Yo te respeto como militar que soy, porque vos te jugás la vida por tus ideas», te torturaban y te mataban con «todo respeto».

La periodista Miriam Lewin, también perteneciente al reducido grupo de sobrevivientes del infierno de la Armada, corroboró las opiniones de Actis:

—Los represores se habían acostumbrado a permanecer mucho tiempo en la ESMA. No iban a charlar con sus esposas y a ver crecer a sus hijos. Si alguna compañera les preguntaba por qué, respondían que con nosotras tenían más cosas en común. Uno decía que su mujer sólo le preguntaba si el sábado iban a llevar la sombrilla al Centro Naval, y otro contaba que la suya estaba haciendo un curso de modelo y, cuando él llegaba a casa, le desfilaba… Todos aseguraban que no podían compartir con sus familias lo que estaban viviendo en la ESMA, mientras que con nosotras hablaban de todos los temas. Y repetían: «Pensábamos que mujeres como ustedes sólo existían en las películas; mujeres que saben de armas, que se echan a la calle, que pelean codo a codo con los hombres». En el fondo, estaban seducidos por nuestra imagen de combatientes.

Tal vez las guerrilleras presas también sintieran algún tipo de equívoca identificación con sus captores, si en ellas pervivía el militarismo infantil de Montoneros, cuyos militantes se autodenominaban «soldados de Perón», se complacían en el empleo de estructuras y lenguaje castrenses, y llegaban al extremo de vestir uniformes para asistir a reuniones clandestinas. Pero esa atracción, si no entre iguales sí entre parecidos, es todavía un tabú para las mujeres sobrevivientes de la ESMA, que prefieren centrar sus argumentos en la violencia, la indefensión y el instinto de supervivencia a la hora de explicar aquellas extrañas relaciones:

—Si hubo emparejamientos, se debieron al ejercicio machista del poder por parte de algunos secuestradores, que acaso sentían que obraban una «redención», como si se dijeran «maté a muchas, pero salvé a una y la hice mía». Pero las mujeres estuvimos en una situación muy distinta. Muchas se vieron confundidas por gestos de protección o aparente bondad de sus verdugos, cuando vivían en condiciones de gran vulnerabilidad. Cualquier actitud amable te puede quebrar cuando estás secuestrada, asustada, aislada, muerta de frío, no sabes qué ha sido de tus hijos… y uno de los represores te promete averiguar cómo están, te da una manta y te promete que no te van a torturar más. Si entonces aceptas una relación sexual, te queda una carga de culpa. Pero es injusto, porque no se puede hablar de consentimiento en un campo de concentración, sino de violencia. Es cierto que hubo otra clase de relaciones, tal vez producto de un cálculo. Pero también hay que entenderlas. Porque, si hubiera sido al revés, todo el mundo hubiera dicho «qué pillo eres, cómo sedujiste a tu guardiana para mejorar tu situación».

A medida que avanzaban en la «recuperación», las detenidas eran autorizadas a llamar por teléfono a sus familias para decir que seguían vivas, pero sin revelar dónde se encontraban; y más adelante se les dejaba hacer breves visitas a sus casas, hasta que finalmente se permitía que vivieran solas, fuera de la ESMA, bajo una discreta vigilancia. Ese plan facilitó que algunos represores sirvieran de chóferes a sus prisioneras favoritas, incluso realizando largos viajes con ellas. Munú Actis estuvo entre quienes se beneficiaron de tales «favores». Otra fue Ana Testa[28], que, a lo largo de los cinco meses que pasó en cautividad, desarrolló un trato «peculiar» con el capitán de corbeta Ricardo Cavallo. Apodada la Princesa por sus captores, era una de las secuestradas más atractivas. Reputado interrogador, especialista en la aplicación de torturas, el marino también era, paradójicamente, un hombre amable y de modales refinados hasta el amaneramiento. Deslumbrado por Ana Testa, la acompañó varias veces al domicilio de sus padres en San Jorge, localidad de Santa Fe a 500 kilómetros de Buenos Aires.

—El primer recuerdo que tengo de él es su voz, estando yo encapuchada y atada al camastro donde me dieron picana —rememoró Ana—, cuando sentí que una mano me agarraba y una voz me decía: «Te conviene hablar y no hacerte la dura». Días después asocié aquella voz con su cara.

Cavallo le alivió los interrogatorios pese a estar seguro de que poseía mucha información por estar casada con Juan Carlos Silva, que entonces preparaba desde España la denominada «contraofensiva» guerrillera de 1979. Le asignó un trabajo burocrático y no tardó en sacarla de viaje bajo su tutela.

—Él siempre tuvo conmigo una cordialidad morbosa, siniestra. ¿Se enamoró de mí? Lo ignoro. Mi madre decía que sí. Yo era una mujer bonita e inteligente. A sus 27 años, no sé con cuántas minas habría estado ese pelotudo. Prostitutas sí, mujeres pagadas. Pero que compartieran algo con él, tal vez una o dos. Yo le venía como anillo al dedo porque estaba muy solo. Hacía cuatro años que vivía en el tercer piso de la ESMA. Y ahí dentro no tenía de qué hablar, excepto, qué se yo, de la comida o de ir al polígono de tiro.

—El caso es que esa relación con Cavallo te salvó la vida.

—Mirá, nadie salió con vida de un campo de concentración porque sí, ni por tener la integridad moral revolucionaria de Che Guevara. A muchos compañeros no les gusta hablar de este tema, porque creen importante ser un héroe. ¡Héroe de las pelotas! En realidad, algo a cambio hubo. Yo no era sólo linda, sino una tipa simpática y divertida. Y negocié mi sonrisa. No quise enfrentarme a ellos, porque sabía que iba a perder. Por ejemplo, en enero del 80, se festejó el cumpleaños de todos los que habían nacido en ese mes, oficiales y presos, con una comida a la que también vinieron los que ya estaban en libertad vigilada. Trajeron un botiquín lleno de cosméticos y hubo compañeras, como la Negrita, que no quisieron pintarse. Sin embargo, yo me pinté toda. Porque estaba negociando mi sonrisa a cambio de mi vida. Naturalmente que en ello hay un límite, y es la puerta de la ESMA. ¿Quién sos vos después de que saliste de ese lugar, qué actitud tenés ante la sociedad? ¿Los vas a denunciar o no? ¿Vas a identificar caras, alias, nombres, para que esos tipos puedan ser juzgados?

— ¿Volviste a encontrarte con Cavallo cuando recuperaste la libertad?

—Sí. Mi marido no había querido volver a verme, por si fuera un anzuelo para atraparlo. Pero lo cazaron cuando salía de Argentina, el 28 de junio del 80. Y qué ironía, qué locura, ¿sabés por quién me enteré de que estaba secuestrado? Por Cavallo. Fue la última de las cuatro veces que tuve que verlo estando ya en libertad, en diciembre del 80. Él me informó de que lo habían chupado los del Ejército. Y me dijo: «Si me hubieras dicho dónde estaba, aún seguiría vivo», lo que me generó una culpa tan grande que intenté suicidarme.

—¿Cómo te explicas la larga duración de las parejas que formaron Coca Bazán y el almirante Chamorro, Lucy Carazzo y el Rata Pernía, o Ana Dvatman y Jorge Rádice?

—Fueron fenómenos muy extraños. Porque ninguna de ellas era «cualquier mujer», sino que todas tenían puestos importantes en Montoneros. Pero, en la pérdida absoluta de la identidad, básicamente era mejor estar cerca de los represores que de las Madres de Plaza de Mayo. Creo que realmente fueron minas que entraron en la misma patología que aquellos tipos. ¿Cómo mierda se puede tener hijos con un hombre que te torturó? Es algo absolutamente enfermo por ambas partes.

Capítulo X
El horror en casa

Ernesto Sábato denominó «inocentes absolutos» a los niños víctimas de la dictadura. Criaturas de muy corta edad, que aparecen en la nómina de secuestrados y torturados, o en la de hijos de asesinados y desaparecidos, entre los que destaca el medio millar de bebés nacidos en centros de detención y arrebatados a sus madres, como «botín de guerra» de centuriones y policías. Una práctica perversa que —según reconoció en 1995 el general Martín Balza[*]— estaba oficialmente regulada por un reglamento interno de las Fuerzas Armadas. Pero el envilecimiento de los militares también afectó a sus propias familias. Y en los últimos años se han registrado numerosos casos de hijos de represores que repudian a sus padres por «el dolor y la vergüenza que causan sus nombres». Sus testimonios revelan que los genocidas llevaron el terror a sus propios hogares, convirtiendo la vida familiar en otro infierno.

Entrevista con Carlos Españadero.
El espía que se apiadó de los niños

La historia de la dictadura argentina también tuvo su agente de inteligencia «compasivo», como las mejores novelas inglesas del género: Carlos Españadero. Cerebro privilegiado en el manejo de información y maestro de la infiltración política, parece un personaje de John le Carré. Lúcido y con memoria firme pese a sus 87 años, me explicó cómo y por qué se negó a participar en la barbarie de torturas y asesinatos. Incluso aseguró haberse apiadado de aquellos a quienes debía combatir. De creer lo que cuenta, además de haber contribuido de forma determinante a la destrucción de redes guerrilleras, habría salvaguardado las vidas de varios familiares de sus principales enemigos. Acaso su relato resulte «demasiado literario» para ser verosímil. Pero, ¿por qué no?

Miembro del Ejército desde 1952, el mayor Españadero se convirtió en agente civil de Inteligencia en 1970, destinado en el Batallón 601. Allí, permaneciendo siempre en la sombra, se movió con varios nombres falsos: Estevarena, Peirano y Peña fueron los tres más habituales, mientras que sus colegas de oficina le apodaban el Viejo. Y logró una larga y brillante hoja de servicios a lo largo de diez años de éxitos en unas tareas aviesas por naturaleza: la penetración o infiltración en las organizaciones revolucionarias, y el doblaje o recluta secreta de sus militantes; es decir, espiar y conseguir delatores, para dotar de información precisa a quienes ejecutaban físicamente la orden de aniquilar al enemigo izquierdista. Españadero reconoce con orgullo que su trabajo sirvió para desarticular importantes secciones del ERP y Montoneros, facilitando emboscadas y detenciones de militantes que serían sometidos a torturas y asesinados. Pero afirma que se opuso al empleo de métodos criminales en la represión, consiguiendo quedar eximido de intervenir directamente en su aplicación.

—Yo fui jefe de la División de Situación General, que se ocupaba, dentro del Batallón de Inteligencia, de realizar estudios estratégicos —precisó—. Nunca estuve vinculado a actos de terrorismo de Estado, aunque los conociera. Manifesté mi desacuerdo con aquello y me planteé renunciar a mi puesto. Pude hacerlo porque fue a comienzos de los años setenta, antes de que las cosas se agravaran, y mis jefes aceptaron que me limitase a luchar contra el terrorismo desde un escritorio en la Jefatura de Inteligencia, sin implicarme en las acciones concretas que decidía otra jefatura del Estado Mayor, la de Operaciones, de la cual dependían los efectivos militares y policiales integrados en los distintos cuerpos de ejército. Yo estuve al mando de unas 40 personas, todas civiles con algunos oficiales retirados. Ninguno está preso, porque no les permití hacer nada de aquello. Hubo dos que aprovecharon esos métodos para cometer un delito común, y propuse que los denunciáramos para que fueran juzgados y condenados.

El mayor Carlos Españadero asegura que, desde su puesto en Inteligencia Militar, salvó las vidas de las hijas del dirigente guerrillero Roberto Santucho.

Por increíble que todo ello parezca, pudo haber un factor clave para que sus objeciones de fueran tomadas en consideración: sus superiores inmediatos, los coroneles Valín y Ribeiro, valoraban mucho los resultados del trabajo de Españadero. Eran conscientes de la dificultad que habría supuesto reemplazarlo, porque desde 1974 había formado un grupo de agentes que eran «oro en polvo» y se mostraban muy unidos a él. Entre ellos despuntaban dos: Rafael de Jesús Ranier, alias el Oso[1], y Miguel Ángel Lasser, alias Facundo. Ambos resultarían decisivos en momentos álgidos de la lucha contra la guerrilla y terminarían siendo descubiertos y ejecutados.

—¿Hubo alguien más entre sus colegas que se opusiera al terrorismo de Estado?

—Casi no hablábamos de ese tema. Tuvo que haber alguno. Pero en el Batallón 601 todos parecían convencidos de que había que hacer aquello. Lo que aún me admira es que yo lograra mantenerme al margen y subsistir. Sería porque fui un buen investigador.

La figura profesional del mayor no quedaría exenta de polémica. Su prestigio como profesor en varias escuelas de Inteligencia[2] se vería empañado por las funciones que desempeñó en dependencias de la Embajada de la República Federal de Alemania, atendiendo las reclamaciones de familiares de desaparecidos teutones, hasta ser acusado de cobrar 25.000 dólares por facilitar la información que permitió recuperar el cadáver de Elizabeth Keselman. Algo que me negó radicalmente, amparándose en la modestia con que vivió cuando fue suspendido en el Ejército y tuvo que emplearse como tachero[3] haciendo infinitas horas al volante y durmiendo en un almacén. Durante años mantuvo una discreta actividad civil, hasta que, en septiembre de 2012, cayó detenido por la muerte y desaparición de un soldado en 1976[4]. Cuando me abrió las puertas de su casa, Españadero cumplía en régimen domiciliario la pena de prisión perpetua y esperaba a que se fijase fecha para un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad, cuyo resultado —fuese cual fuese— no alteraría las rutinas de sus últimos tiempos[5].

Siempre reacio a hablar con periodistas, aceptó recibirme tres veces. La primera, en marzo de 2019, compartimos unos cafés durante un par de horas. En la segunda, ocho meses más tarde, nuestra charla se prolongó tanto que la tarde siguiente repetimos cita. El otrora oficial de Inteligencia se había convertido en un anciano de 87 años que acusaba los efectos de la reclusión. Y se abrió a conversar con alguien contrario a sus postulados. Cordial y bien humorado, me mostró el humilde hogar que le servía de presidio en El Once, una popular zona comercial de Buenos Aires: un piso bajo, oscuro y estrecho como una celda, pero sin la compañía de más prisioneros que Coco, su caniche blanco, y un enorme conejo.

—Comparto esta casa con mi hija, viuda con sólo treinta años, pero apenas la veo porque se mata a trabajar en un supermercado con unos horarios interminables —comentó—. A veces viene a verme otro hijo, de los seis que he tenido con dos esposas. Yo recibo una pensión de 33.000 pesos mensuales, reducida pero suficiente para mis pocas necesidades. Y me dedico a escribir, cosa que he hecho siempre[6].

Hablamos en torno a una mesa camilla, centro de un saloncito sin ventanas comunicado con un minúsculo patio interior y parcialmente cubierto por un falso techo de madera al que se accede por una escalera de mano, que tal vez le sirviera de dormitorio. Al dirigirnos a la cocina, en busca de agua caliente para el café soluble, Españadero empujó la puerta de la otra habitación del piso y esbozó una confidencia:

—Es el cuarto de mi hija. Su marido murió hace un año, de un cáncer de hígado, pero aún duerme con él. Fíjese que en la mesita de noche están su foto y la urna con sus cenizas.

—Don Carlos, ¿cómo le afecta que le califiquen de genocida, asesino, torturador, represor…? —le espeté cuando volvimos a sentarnos.

—Estoy en paz por no haberlo sido, aunque me disguste lo que dicen de mí. Sobre todo, lamento que mis hijos arrastren su apellido con esas etiquetas que son una maldición.

—¿La Inteligencia militar elaboró un censo de detenidos con datos precisos sobre el destino final de cada uno?

—No. La represión se produjo de modo caótico. No había operaciones sistemáticas, sino que cada grupo actuaba de forma independiente, con un modus operandi de tipo policial. Y muchas decisiones eran tomadas por gente de bajo nivel. Creo que los generales no hicieron buen uso de sus facultades y optaron por la barbaridad de dejar la iniciativa a mandos inferiores, la mayoría policías.

—¿Afirma usted que la inteligencia militar no coordinaba la represión?

—Le aseguro que en mi división no realizábamos operaciones de represión con secuestros y esas cosas. Y que tampoco conocíamos previamente las que se producían. Nos enterábamos de sus consecuencias, después. En febrero del 75, cuando se lanzó el Operativo Independencia, el Ejército recibió una orden tan ambigua como «atacar y aniquilar»… pero sin un contenido ejecutivo de cómo hacerlo. Eso dio libertad a los niveles bajos para que actuaran «según usos y costumbres», sin normas establecidas. Y por seguridad interna muchos hechos se mantuvieron en secreto. Durante la tiranía no se podía hablar ni en el Casino de Oficiales. El propio general Videla, que era un inútil, estaba desinformado y se habría rasgado las vestiduras si se hubiera enterado, por ejemplo, de los robos que se cometían.

—Llama usted «tiranía» a la dictadura militar.

—Sí. Porque la tiranía es esencialmente delictiva y cruenta, mientras que la dictadura puede tener otras formas.

—En ese caso, usted estuvo al servicio de una tiranía.

—Sí, lo estuve. Porque los mandos militares nunca preguntan el parecer político de sus subordinados. Simplemente les dan órdenes. Y si no están de acuerdo, a la calle.

—¿Sintió alguna vez repugnancia por las órdenes que recibió?

—Total. Pero es algo más complicado. Porque, cuando el enemigo mataba a militares, yo me sentía identificado con los compañeros caídos, al margen de cómo pudiéramos pensar cada uno.

—¿La muerte es una parte esencial de la metodología castrense?

—Lo cierto es que, ya desde la Escuela Militar, se mete en la cabeza del milico que «matar es bueno». Y que, si no mata, es un traidor. Usted no va a ver que, como instrucción, ordenen a un teniente que tome un té con leche con el enemigo. Se le enseña que al enemigo hay que matarlo.

—¿Qué piensa de las «teorías» de altos mandos como su amigo Ariel Valdiviezo, según las cuales debió haber fusilados en vez de desaparecidos?

—Este país estuvo en guerra entre 1975 y 1983. Y yo entiendo que, en caso de guerra, sí cabe la pena de muerte. Pero siempre de modo legal, con tribunales como corresponde y sin torturas ni asesinatos. Sin embargo, aquella guerra que libramos nunca fue declarada por los inútiles de nuestros generales. Ellos son responsables de que la población no tuviera conciencia de vivir una guerra. Además, hay que desmitificar el viejo concepto de terrorismo, formado en la época del anarquismo. Aquí los terroristas actuaron como combatientes militares y cometieron barbaridades lesivas a las normas de guerra.

—¿Colaboraron civiles con los servicios militares de inteligencia?

—Sí. Pero no eran tipos que fueran a secuestrar y picanear. Aportaban razones para hacer ciertas cosas. Y endiosaban a los militares, que siempre buscan un apoyo afectivo que falta en su actividad.

—¿Qué ideología tenían esos civiles?

—En general, provenían de grupos de la extrema derecha peronista, como la Alianza Libertadora. O de organizaciones católicas, como la Guardia Restauradora Nacionalista, donde había sacerdotes tan radicales que, si encontraban a un judío, lo colgaban por las patas. Esos eran los pesados, los que participaban activamente. Pero la mayoría creía redimir a la nación discutiendo en un café.

—Usted asegura haber salvado las vidas de medio centenar de detenidos…

—Sí. De detenidos y, sobre todo, de secuestrados. Entre ellos estuvieron las hijas de Santucho, un caso por el que aún tienen que juzgarme. Fueron muchos, ya ni siquiera me acuerdo de todos. Podría hablarle de tres personas que liberé del chupadero del hospital Posadas. O del abogado Enrique Broquen, un viejo pícaro al que tomé mucho cariño, que era trotskista pero no terrorista[7]. Lo secuestraron y lo salvé. Porque yo tenía claro que el objetivo de la guerra era la lucha contra los terroristas. Y quien no lo fuera, aunque militara en alguna organización contraria al movimiento militar, sólo era un argentino más. Aun así, se torturó y mató a muchos. El propio Broquen me acusaba de no tomar medidas para evitarlo, creyendo que yo tenía autoridad. Yo le explicaba que no podía, que no me enteraba de ciertas cosas o me enteraba tarde, a veces por los periódicos.

—Pero hasta ahora ninguno de ellos ha declarado en su favor.

—La mayoría de los que salvé no llegaron a conocerme. Porque en Inteligencia se investiga de forma diferente a como lo hacen jueces y policías. Estos buscan reprimir y detener públicamente, mientras que en Inteligencia se trata de conseguir información actuando de forma encubierta.

—¿Qué pasó con las hijas de Santucho?

—Las secuestró un grupo armado cuando celebraban una fiesta de cumpleaños[8]. ¿Por orden de quién? No lo sé. ¿Por qué? Sólo por ser familia de Roberto Santucho, jefe máximo del ERP. La mayor tendría unos 17 años y la menor debía andar por los siete u ocho. Junto a ellas se llevaron también a su hermanito de nueve meses[9] y a sus primas, hijas de Asdrúbal Santucho, que había muerto combatiendo en Tucumán. Incluso al niño que cumplía cuatro años, cuyos padres también eran guerrilleros[10]. Cuando vi la lista de secuestrados, planteé que no se podía considerar terroristas a niñas y adolescentes, ni tratarlas como a tales. Además, al ser tantas chicas, podían darse otras «situaciones» totalmente inaceptables. Así que formulé una propuesta: meses antes, el ERP hizo un atentado contra el capitán Humberto Viola en el que también resultó muerta su hija menor, de sólo tres años[11]; mi idea fue que el Ejército devolviera su familia a Santucho en nombre de la pequeña de Viola, para que se viera la diferencia entre ellos y nosotros. A mi superior le pareció bien, pero tuvo que pedir permiso al Estado Mayor. No llegaron a contestarle. Y un día me llamó y me dijo: «Vaya a buscarlas en un auto, porque temo que las maten».

—¿Dónde las tenían?

—En la comisaría de Quilmes. Fui a buscarlas en mi coche, solo y desarmado. Pedí que me pusieran de acompañante a alguna prisionera, para evitar que después se pudiera decir que yo les hacía algo malo a esas chicas. Y me dieron a la viuda de Asdrúbal Santucho, considerando que sería la mejor garantía. Cargué a todos en el coche y los llevé. Como sabía que los chicos estarían «instruidos», les dije: «A tabicarse todos», y bajaron la cabeza para no mirar por dónde íbamos. Cuando les ordené destabicarse, el más chiquito me dijo: «¿Tan pronto, señor? Con mi papá tardamos más tiempo». Fue todo tan imprevisto que no tenía ningún sitio preparado para llevarlos. Así que le expliqué a la señora que la había traído para cuidar de las nenas, pero también para que se comunicara con Santucho y le dijera que queríamos entregárselas. Le aseguré que podría hacerlo sin vigilancia, pero era lógico que no me creyera. Estuvimos dando vueltas por Buenos Aires sin saber qué hacer, hasta que vi un hotel[12] donde decidí dejarlas. Me presenté al recepcionista con mi documentación falsa, a nombre del teniente coronel Peirano, y le dije que el Estado Mayor del Ejército pagaría los gastos de la mujer y los niños que se iban a alojar allí. Cuando el tipo vio que todos se apellidaban Santucho, se le cayó el lapicero. Les di algo de dinero para que comieran, les prometí que volvería al día siguiente y regresé al batallón. Cuando llegué, mi jefe estaba caliente como la mierda, porque el hotelero había llamado al comisario de la Seccional y este detuvo otra vez a los Santucho. Así que ordené por teléfono que volvieran a ponerlos en libertad.

—Su plan parece una trampa para cazar a Santucho.

—No lo era. Pero supongo que él debe haber sospechado que sí, que tratábamos de atraerlo y capturarlo. El caso es que, al tercer día, cuando fui a visitarlas, vi que había un tipo hablando con ellas en una habitación. Como nuestra finalidad era liberarlas, rajé discretamente. Después me informaron de que se habían marchado del hotel. Y me enteré de que finalmente se metieron en la Embajada de Cuba[13].

—¿No volvió a tener contacto con la familia Santucho?

—No hasta hace dos años, cuando ya me habían condenado a cadena perpetua. María Ofelia, la hija mayor de Asdrúbal Santucho, se presentó en el que había sido mi domicilio en Avellaneda y estuvo hablando con mi esposa, de la cual llevo mucho tiempo separado. Le dijo que quería verme y le entregó una carta para mí. En ella explicaba que tenía 56 años, era abuela y vivía en otro país[14]. Su madre le contó que yo las había respetado, y quería saber más detalles de cómo se había producido su liberación. No llegué a verla nunca. Pero tuvimos un intercambio de correos por Internet. Estaba convencida de que yo participé en su secuestro, y no hubo forma de aclararle la situación, con tantos dimes y diretes. Me califica de represor y me confunde con otro mayor del Ejército que la interrogó en Quilmes. No fui yo. Pero asegura reconocerme, pese a haber tenido los ojos vendados.

Quedaban suficientes temas de interés para alimentar una conversación interminable. Pero Españadero me advirtió de que no estaba dispuesto a hablar de «determinadas cosas», sin precisar cuáles, porque no sabía cómo podría yo utilizar lo que él me dijera. Conocía mi modo de pensar y mi empeño en denunciar los crímenes de la dictadura. Pero no rechazó pregunta alguna, aunque en ocasiones noté que fingía no recordar y evitaba precisiones. Ya en las postrimerías de nuestra última conversación le planteé dos cuestiones delicadas.

—¿Quedaron desaparecidos presos tras la caída de la dictadura?

—Tal vez se diera el caso en un lugar apartado, fuera de la estructura estatal, de que aún se retuviera a algún prisionero. Pero no por el Ejército o la Policía, sino por tipos que creyeran que se volvería a instaurar la tiranía.

—¿Pudo producirse una liquidación de prisioneros ante el retorno de la democracia?

—Como opinión, pienso que es probable. No una liquidación masiva, pero creo que podrían haber dado muerte a algunos considerados como militantes combatientes. Eso es probable. Pero nunca pude saberlo porque ya no trabajaba en Inteligencia.

Durante meses mantuve contacto con Españadero por medio del correo electrónico. Su trato fue cordial, incluso adquirió un tono amistoso, y llegó a contarme que, en un inesperado guiño del destino que aliviaba su soledad, había iniciado una postrera historia de amor con una vecina, a cuyo piso en el mismo edificio las autoridades penitenciarias le habían permitido mudarse. Pero ambos sabíamos que no cabía una amistad real entre nosotros, dadas las posiciones radicalmente opuestas que siempre mantuvimos. Y, finalmente, la inclusión de fragmentos de nuestras charlas en el documental «Heridas abiertas»[15] provocó su suspicacia.

—Te agradezco esa imagen que das de mí —me escribió con ironía— de que, mientras otros asesinaban y torturaban, yo deshojaba románticamente margaritas y decía que había que matar mientras tomaba mi café con leche.

Entrevista con Ana Rita Vagliatti.
La renuncia a Satanás

Las palabras que pronunció Ana Rita Vagliatti ante decenas de cámaras y micrófonos conmovieron a cuantos asistieron a su rueda de prensa, en agosto de 2005:

—Mi mamá tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico, en el 76 por primera vez y después en el 81 y en el 85. Y murió en 1997 trastornada por la maldad de mi padre, el comisario Valentín Milton Pretti. Tras muchos años de sufrimiento familiar, en sus delirios aseguraba que él era una encarnación del diablo.

No hizo falta que Ana Rita conjurase al maligno, ni que recurriera a la solemne fórmula eclesiástica de los bautismos para «renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras». Bastó con que rechazara el apellido paterno. Fue la primera hija de un ejecutor de la represión en hacerlo —mucho antes que la de Miguel Etchecolatz—, recurriendo a la Justicia «por el dolor y la vergüenza que le causaba llevar su nombre». Y lo anunció como una victoria moral duramente conseguida:

—Me siento mejor desde que me apellido como mi mamá, Juana Vagliatti, pero aún me sentiría mucho mejor si mi padre hubiera estado preso.

Condenar a los demonios de la represión y distanciarse de ellos es un acto de lucidez frente a la alienación que implican la pasividad y el silencio, como formas de complicidad tácita. Pasada la tormenta política de los años setenta, y con la visión objetiva de los hechos históricos, la mayoría de los argentinos rechaza lo que supuso la dictadura militar. Y ese repudio alcanza a familiares de los uniformados, causando rupturas íntimas siempre dolorosas, que muchas veces han sido y son el único castigo por su extrema maldad.

Antes de repudiar públicamente a su progenitor —que había fallecido cuatro meses atrás— y temerosa de acabar enloqueciendo como su madre, Ana Rita debatió sus problemas afectivos en numerosas sesiones de psicoterapia, para perfilar nítidamente la figura paterna que la obsesionaba:

—Mis años de infancia y adolescencia fueron un infierno. Después, sabiendo ya que era hija de un torturador, traté de averiguar todo lo posible sobre él para ser capaz de entender mejor las cosas. Hablé mucho con mis tíos y mis primos. Así supe que su hermana mayor fue quien lo metió en la Escuela de Policía, antes de que terminara la Educación Primaria, al igual que otros dos de sus cinco hermanos varones. Incluso me entrevisté con la última de las muchas novias que tuvo durante su matrimonio, una compañera de trabajo a la que apodaban Pepita la Pistolera porque un día, mientras hacía el amor con mi padre en un coche, sacó su arma y mató a tiros a unos tipos que los atacaron.

El subcomisario Pretti, conocido entre sus secuaces con el apelativo de Saracho, oficialmente destinado en la Brigada de Narcóticos en Lanús, dirigió el centro clandestino COTI-1 en Martínez y formó parte de la patota volante del general Camps, junto a su buen amigo Norberto Cozzani[16]. Nunca se lo ocultó a su familia.

Ana Rita Vagliatti, hija del comisario Pretti, repudió los crímenes cometidos por su padre y logró cambiar su apellido.

—Muchas veces nos llevaba a su lugar de trabajo. Un recuerdo de mi niñez son «los helados del Coti Martínez», porque me dejaba esperándolo en una heladería cercana. Tardé muchísimo en saber que ese era el nombre de un centro de detención. Y también me llevó con él a varias comisarías.

Dos largas conversaciones ante las cámaras de Jesús Mata y Juan Pangol[17] sirvieron para que Ana Rita trenzara los recuerdos de su padre con los efectos familiares de su comportamiento. La primera transcurrió en el clásico Café Tortoni, junto al juez Garzón; la segunda, compartiendo en su domicilio el amargor de unos mates.

—A veces mi papá utilizaba quién era y qué hacía, para amenazar a mi mamá. Nosotros aún éramos muy chicos, y hay muchas cosas que no recuerdo bien. Mi abuela me contó que un día mi papá fue a buscar a mi mamá y le metió prisa diciéndole: «Apurate, que llevo un fiambre en el baúl del auto y me lo tengo que sacar de encima». Aunque estoy segura de que era capaz de tener un cadáver en el coche, nunca supe si lo que decía era verdad o una mentira para asustarla. Pero consiguió que mi mamá viviera aterrada, hasta enloquecer. Hacía las cosas cotidianas, nos preparaba, nos llevaba al colegio, pero siempre estuvo aterrada. Tengo recuerdos muy dulces de ella, pero, en general, los más fuertes son de sus miedos. Cuando, a mitad de los 80, se pudo hablar de lo que había ocurrido durante la dictadura, ella comenzó a hacer psicoanálisis y a contar lo que vivió. Entonces me enteré de que siempre supo qué hacía mi papá. Para mí, su locura tiene que ver con eso. Y también con la presencia de Gabriel, un chico de 22 años hijo de un amigo, al que conocían desde que tenía nueve años. Por eso mi papá lo sacó del pozo de Banfield, donde estaba detenido, y lo escondió en casa un par de meses. Parece que mi mamá se fascinó con él, así que mi papá se puso celoso y lo echó. Mamá sabía que Gabriel moriría si salía de allí y quiso ir tras él, pero se lo impedimos. Entonces la internaron por primera vez. Tenía 31 años. Se deprimió tan profundamente que le hicieron una hipnosis química, durmiéndola con pastillas. Y cuando despertó, mi papá le dijo: «Después de todo lo que contaste, nos vamos a tener que ir». Mi mamá no sabía de qué había hablado. Seguramente, sobre las detenciones y las torturas. Y de que mi papá había llevado un desaparecido a casa. Eso me han explicado, porque yo sólo tenía cuatro años y mis hermanos, seis y diez. El más chico nació meses después.

Incapaz de controlar las muecas causadas por la ansiedad y sincera hasta el desgarro, Ana Rita se esforzó en arrancar de su memoria algunas de sus vivencias más significativas.

—Me preguntaba qué tenía mi papá en la cabeza. Cómo podía acariciarme cuando venía de torturar a alguien. Eso me producía sensaciones muy contradictorias y angustiantes. Todavía vuelven a mi mente las cosas que más me dolieron, y tengo pesadillas. Porque no pensé que mi papá iba a morir antes de que yo culminara mi decisión de renunciar a su apellido, sino que esperaba enfrentarme a él, cara a cara, y decírselo. Tenía la fantasía de que hubiera un juez entre él y yo. A veces sueño que le digo que fue un cobarde, aunque él insista en explicarme que era un soldado, un buen patriota. Pero también tengo los mismos sueños de cualquier hija que quiere a su padre, sueños en los que me cuida, y que son un poco irreales, porque nunca me sentí protegida por él sino todo lo contrario.

Ana Rita nos refirió que también Pretti acabó perdiendo el juicio, tal vez acosado por los fantasmas de su pasado:

—Tengo recuerdos de una relación muy fuerte y tierna con mi papá, pero también de situaciones muy traumáticas. No era violento conmigo, pero sí con mi mamá y con mis hermanos, particularmente con uno. Yo, desde muy chica, relacionaba eso con el tipo de trabajo que hacía. Mi papá era ya mayor cuando nací yo y, cuando llegué a la adolescencia, él ya era viejo, otro hombre. Y estaba mucho más paranoico, con un deterioro físico y mental en aumento. Una de las últimas veces que hablamos, empezó a contarme que había matado a un niño, y yo pensé que, después de haberle dado muerte, me habría acariciado a mí o a mis hermanos. Me acuerdo hasta de la fecha, el 9 de mayo de 2004, porque ese día decidí cambiarme el apellido. Hacía mucho tiempo que no vivíamos juntos. Vino a mi casa a tomar unos mates, y en la mesa estaba el diario con una foto de una soldado yanqui que torturaba a un prisionero musulmán. Yo comenté que no sabía cómo se podía llegar a ese extremo. Él me dijo: «Yo sí sé cómo se transforma uno en una bestia en tiempos de guerra», y pretendió explicarme cómo alguien puede convertirse en un torturador, en un asesino, en un psicópata. Yo no quería abrir ningún debate. Pero me di cuenta de que no se trataba de eso. Era como si quisiera anularme con un montón de relatos morbosos. En un momento dado dije «Bueno, te voy a escuchar», con la sensación de que me iba a contar algo que de verdad le quitaba el sueño. Entonces me contó que, en un operativo en Berasategui, fueron a detener a una guerrillera que estaba con su nene chiquito. Me dijo que, cuando llegaron, la mujer tomó una pastilla de cianuro[18] y, segundos antes de morir, disparó contra el nene. Pero sólo consiguió malherirlo. Entonces ordenó a dos de sus subordinados que lo remataran. Pero ellos se negaron y tuvo que hacerlo él. Después me dijo que cada año, cuando se cumplía el aniversario de aquel hecho, se drogaba con cocaína para no recordarlo. Y, mientras le escuchaba, sabía que me estaba confesando su mayor pesadilla, algo que le destrozaba la vida.

—¿Crees que lo que te contaba era cierto?

—Mis hermanos dicen que eran fábulas, que se inventaba absolutamente todo. Yo sabía que había partes de verdad y partes inventadas. Era como el discurso de un loco. Entonces decidí que yo no podía desenredar esa mente tan enferma, ni tampoco quería ser su cómplice. La última vez que lo vi, le dije que iba a pedir que le hicieran un análisis psiquiátrico, y discutimos. Yo quería escapar de él y unos amigos me habían facilitado donde refugiarme. Un día volví a casa para buscar cosas mías y coincidí con él, que aún no sabía que yo había tomado la decisión de marcharme definitivamente. Mi papá no sabía llorar, pero ese día lloró, me abrazó y me dijo: «Recordá que sos la hija que yo más quiero».

—¿Nunca intentó explicarte lo que había hecho y pedirte perdón?

—Jamás. No podía pedir perdón porque habría sido admitir que había hecho algo malo, y ninguno de «ellos» llega a eso. Los represores suelen ser bastante cobardes, aunque aparenten ser muy machos. Hubo algunos que se suicidaron, y creo que, si mi papá hubiese llegado a ser consciente del daño que hizo, también se habría suicidado. Pero prefirió huir de sus responsabilidades. Cuando se recuperó la democracia, sus amigos le avisaron de que iban a venir a detenerlo, para darle tiempo a escapar. Y se fugó a Paraguay. Pero antes quiso vernos a mamá y a todos nosotros en un lugar oculto, porque ya vivía escondido, se había teñido las canas y dejado bigote para camuflarse. Mi mamá le dijo que se entregara, pero no le hizo caso. De todas formas, sólo estuvo seis o siete meses en Paraguay, ya que en el 87 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final le permitieron volver. Pero tenía causas pendientes que no prescribían, como los secuestros de niños, y sabía que lo buscarían. Cuando murió, en abril de 2005, el juez estaba a punto de firmar una orden de captura contra él. Así que pasó atormentado sus últimos tiempos, cada vez más loco y más enfermo físicamente, con problemas cardíacos. El año que falleció mi mamá, decidió irse a vivir al campo y cortó todos los árboles para ver mejor quién se acercaba a la casa, porque temía que lo fueran a buscar. No la Policía, sino alguien que quisiera matarlo. Diez días antes de morir, cuando estaba dando de comer a las gallinas, observó que llegaba un patrullero y huyó. Anduvo de un lado a otro y murió en la calle frente al negocio de un amigo, enloquecido y solo.

Al liberar su dolor haciendo pública renuncia a Satanás, Ana Rita Vagliatti abrió un camino que muchos otros andarían pocos años después.

Las bragas, al juez

Durante mucho tiempo circuló entre las organizaciones argentinas de Derechos Humanos la sospecha de que Paulina Irene Barreiro, hija mayor de Ernesto el Nabo Barreiro[19], fuera en realidad una de las muchas criaturas paridas en cautividad y que el interrogador de La Perla se hubiese apropiado de ella. Las insistentes denuncias consiguieron que la Justicia ordenara la obtención de muestras biológicas que permitieran realizar un análisis genético. Se hizo, compulsivamente, mediante un allanamiento de su domicilio. Pero los materiales obtenidos llegaron contaminados al laboratorio. Entonces, el magistrado Ariel Lijo citó a Paulina en la sede judicial de Comodoro Py, en Buenos Aires, el 24 de septiembre de 2014, con la finalidad de someterla a una extracción de sangre. Pero el sencillo trámite acabó en escándalo mayúsculo.

La mujer compareció, pero se negó a facilitar las cosas. El juez amenazó con retenerla hasta que accediera. Trataron de obligarla, incluso hubo un forcejeo físico. Pero la mujer se resistió con todas sus fuerzas, en actitud de rebelión frente a la autoridad togada. Muy nerviosa, gritó que estaba segura de ser hija de su padre y de su madre. Las voces se oyeron en todo el edificio. Finalmente, Paulina se quitó el pantalón y la bombacha —sonoro nombre que en Argentina dan a las bragas— y, desnuda, se encaminó con decisión hasta el juez, para tirársela a la cara. Lo hizo, a la voz de «¡Aquí tiene la muestra biológica que busca!». No tuvo buena puntería y la prenda acabó cayendo en manos de la secretaria del juzgado, mientras Paulina salía corriendo por los pasillos de la tercera planta. Alguien le facilitó otra ropa para que se vistiese y huyera. Entretanto, su madre, Ana Maggi —siempre muy activa en defensa de militares acusados de genocidio—, completaba el escándalo a base de duros insultos al juez Lijo y a cuantos funcionarios lo rodeaban, y pegó en las paredes de la sala algunos carteles en los que se le acusaba de «hacer negocio con los Derechos Humanos».

Fue algo más que una anécdota. Los grotescos hechos demostraron que también hay hijos —y familias enteras— de militares que, lejos de repudiar sus crímenes, los respaldan.

El terror doméstico

Trece años después de que Ana Rita Vagliatti renunciara a su apellido paterno, en mayo de 2017, surgió inesperadamente otro movimiento de lucha por los Derechos Humanos, formado por hijas de militares y policías implicados en el terrorismo de Estado. Denominado Historias Desobedientes, tuvo como principal impulsora a Liliana Furió, cuyo padre, un teniente coronel que ocupó la Jefatura de Inteligencia del Ejército, cumple pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

—Nuestro colectivo de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia nació en el contexto de una lucha que ha durado más de cuarenta años —nos informó durante la charla que mantuvimos en Las Violetas, uno de los más bellos cafés de Buenos Aires, antes de acompañarla a la Facultad de Psicología, para que Miguel Romero filmara un coloquio sobre la nueva organización—. Fuimos varios los que reaccionamos cuando la revista Anfibia publicó un artículo de Mariana Dopazo repudiando a su padre, Miguel Etchecolatz, por haber sido uno de los mayores asesinos de la dictadura. Su gesto tuvo una repercusión inusitada en los medios de comunicación. Tanta, que enseguida empezaron a aparecer numerosos comentarios favorables de familiares e incluso descendientes de los genocidas. Entonces empezamos a ponernos en contacto y, a los pocos días, celebramos un primer encuentro en mi casa. Éramos sólo seis, cinco mujeres y un varón, todos hijos de genocidas, algunos ya condenados y otros todavía impunes. Pero en menos de un mes, paradójicamente el Día del Padre, convocamos una segunda reunión en un centro cultural porque ya éramos treinta personas. Así nació este colectivo que nos está cambiando la vida, que de algún modo nos ha liberado y nos hermana. Porque siempre hemos vivido cargados con una pesada mochila de culpa por lo que hicieron nuestros padres, durante un pasado que no podemos cambiar. Para nosotros, Historias Desobedientes, cuyo lema es «Memoria, verdad y justicia», tiene un efecto sanador. Y nuestra principal inspiración está en la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.

El hecho de que el envilecimiento personal de los antiguos represores afectara profundamente a sus propias familias, hasta acabar en algunos casos repudiados por sus hijos, ha interesado a historiadores y sociólogos como objeto de estudio. Lo explicaba con estas palabras el profesor Gervasio Noailles, ante medio centenar de alumnos avanzados de Psicología:

—Se trata de lo que denominamos «un singular impensable». Dentro de una perspectiva humanística, el nazismo fue un «singular impensable», tras haber sido adoptados los valores de la Revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad, para todos los seres humanos. En esa misma línea, el genocidio argentino de los años setenta también fue algo impensable. Y la aparición pública de sus víctimas supuso un singular en el particular de época. A continuación, se manifestaron las madres de las víctimas, la lucha de Madres de Plaza de Mayo, y enseguida se añadió otro plus con el movimiento de las Abuelas de criaturas nacidas en cautividad. Pero las víctimas del terrorismo de Estado, además de padres y madres, también tenían hijos. Y así, años más tarde, acabó surgiendo la Agrupación de Hijos. En ese contexto, cuando nuestras propias limitaciones intelectuales nos hacían creer que ya no podían darse nuevos elementos, nos encontramos frente a la organización Historias Desobedientes. Algo cualitativamente diferente, porque introduce una variable tan inesperada como la palabra de los hijos de los represores, que es donde hay que reivindicarlos como sujetos. Ellos han logrado quebrar lo que sus padres hubieran deseado de ellos. En ese sentido, la suya es una historia de valentía. Y lo más interesante es que nos aporta algo que toma por sorpresa a gran parte de la sociedad.

Analía Kalinek, que compartía el estrado con Liliana Furió, intervino para aportar un importante matiz a las palabras del profesor Noailles:

—Nosotras somos hijas de genocidas. Y hacemos una distinción sobre la palabra represores, porque creemos que represores ha seguido habiendo y son los que se encargan de reprimir las protestas sociales. Mi padre, Eduardo Kalinek, no sólo fue un policía represor sino también un genocida, ya que participó en el genocidio que se produjo en nuestro país en los años setenta. Que somos hijas de genocidas es algo indiscutible, probado: tanto Lili como yo tenemos a nuestros padres condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, pero dentro del colectivo hay otros integrantes cuyos padres murieron impunes o están siendo juzgados, o ni siquiera han sido investigados. Nuestro proceso continúa, y ya hay nietos de genocidas que se están acercando a nuestro colectivo. El primer paso consiste en diferenciarnos del pasado, lo que no resulta fácil y tiene un coste emocional muy alto. Pero necesitamos hacer frente a algo tan horrendo como lo que hicieron nuestros padres. Y para ello hace falta romper unas estructuras mentales y sociales muy fuertes, con cosas inculcadas durante muchos años. Porque hasta en los diez mandamientos aparece el de «Honrarás a tu padre y a tu madre» antes que el de «No matarás».

Furió se esforzaba para contener sus emociones, desbordadas en algunas lágrimas fugaces mientras escuchaba a su compañera.

—Creo que son evoluciones personales que cada cual gestiona como puede —explicó—. Yo tengo 55 años y Analía 32, ejemplo de que los hijos de genocidas pertenecemos a una franja de edad amplia, con vivencias diferentes. Nosotras no renunciamos a nuestros apellidos, como han hecho Ana Rita Vagliatti y Marina Dopazo, cuyas historias familiares, por otra parte, fueron mucho más brutales que las nuestras. Tramitamos lo mismo que ellas, pero de distinto modo. Porque nuestros problemas comunes no tienen una única solución, sino que cada una reacciona en función de sus propias circunstancias y de la clase de vínculo que desarrolló o mantiene con su padre. Nosotras preferimos posicionarnos como hijas de genocidas y, como tales, interpelarlos por cuanto hicieron. Con ello pretendemos exorcizarlos y restarles esa forma de autoridad que sienten como portadores del apellido. Es una forma de decirles que no son más que simples engranajes en la cadena genético-hereditaria. Y que se equivocaron al convertirse en instrumentos del horror.

—Yo no conocí la vinculación de mi papá con la dictadura hasta casi 40 años después, en 2005 —prosiguió Kalinek—. Nunca había podido planteármela, porque crecí durante los tiempos de la impunidad, dentro del círculo de la Policía Federal, y me educaron en escuelas católicas donde no se hablaba de eso. Lo que me abrió los ojos fue la apertura de los Juicios por la Verdad, cuando ya tenía 24 o 25 años. Al principio me obstiné en negar los hechos, en repetirme que todo era mentira. Mi padre estuvo muy presente en mi niñez y yo tenía un vínculo muy fuerte con él. Así que, ¿cómo iba a dudar de lo que me decía? Mi papá me aseguraba que «aquello no pasó», y para mí no había pasado. Hasta que en 2008 se elevó a juicio oral una causa por sus crímenes y fue condenado. Entonces la situación se volvió insostenible, empecé a pensar que mi papá ocultaba la verdad y a preguntarme qué habría hecho en realidad. Cuestionarlo íntimamente me resultó muy difícil, pero inició un camino sin retorno. Le pregunté y me confesó cosas que negaba en el juicio. Cuando admitió que estaba mintiéndole al juez, destrozó la imagen que yo tenía de él. Para mí supuso desarmarme en mil pedazos y tener que juntar otra vez los trocitos para rearmarme. Afortunadamente, yo disponía de algunas herramientas esenciales para lograrlo: estudiaba Psicología, ya había formado mi propia familia, tenía dos hijos y contaba con el apoyo de mi compañero. Cuando se publicó la sentencia, fui a verlo a la cárcel de Devoto. Entonces optó por justificarse y me acusó de traidora, lo que generó entre nosotros un profundo distanciamiento. Toda mi familia me rechazó, pero, pese al dolor, sentí un gran alivio por haber encontrado la verdad tras vivir tanto tiempo en la mentira. Si pude acompañar a mi mamá en sus últimos años fue con la condición de no hablar del tema. Y, después de que ella falleciera, mi padre presentó contra mí una declaración de indignidad para desheredarme. Lo apoyaron mis dos hermanas, que trabajan en la Policía, lo que no es un dato menor. Me encantaría que mi papá se arrepintiera. Aún podría hacerlo, porque con sesenta y seis años está sano y lúcido, pero temo que ese íntimo deseo mío resulte inalcanzable.

Los recuerdos y sentimientos personales expuestos por Liliana no difirieron en lo esencial de los manifestados por su compañera, pese a las diferencias evidentes entre ambas historias.

—Como padre, el mío fue un auténtico desastre, pero eso puedo olvidarlo y hasta le tengo cariño —contó—. Porque considero que fue un «bruto de la época», un producto cultural. Lo que no puedo entender ni perdonar es que siga aferrado al horror del que formó parte. Con una condena por desaparición forzada de personas, apropiación de niños, desapariciones, torturas, tormentos agravados… él aún reivindica su actuación. Lo hizo en un escrito que su propio abogado no le dejó presentar ante el tribunal que lo juzgaba, y aún sigue haciéndolo. Cuando lo juzgaron en Mendoza el año 2009, yo veía todo en una nebulosa. Pero leí su declaración y quedé desolada. De repente me enfrenté a una monstruosidad, tuve que hacer terapia y no pude asistir al juicio. Mis hermanos hablaron con él y le exigieron que les explicase todo. El tipo les contó que él y otro compañero suyo habían llegado a plantear a su máximo superior, creo que al general Menéndez, qué estaban haciendo, pero que les mandaron callar sin darles otra opción que obedecer. Sin embargo, cuando ya estaba condenado a cadena perpetua, yo fui a pedirle que al menos hiciera un aporte de dignidad y ayudara a localizar a los hijos de las desaparecidas. Pero se plantó firme frente a mí y afirmó que no estaba arrepentido de nada. Quedó muy claro que trataba de forma muy distinta a sus hijos varones y a su hija, demostrando un machismo tremendo.

Todavía dispondríamos de otra ocasión para completar el rodaje del documental de Miguel Romero, asistiendo a una reunión en casa de Liliana Furió, en la que participó Bibiana Reibaldi, hija de un oficial del Batallón 601.

—Me temblaban las piernas la primera vez que nos manifestamos con una pancarta que nos definía como «hijas e hijos de genocidas» —recordó—. Porque había buscado durante años otras personas que estuvieran en la misma situación que yo, pero hasta aquel preciso momento nunca había tomado conciencia plena de que mi padre, el hombre al que yo quise mucho pese a haberme enfrentado ferozmente a él muchas veces, era un genocida. Sabía que había trabajado casi toda su vida en Inteligencia militar, pero me resultaba muy difícil adoptar una posición contraria a él, criticarlo, repudiarlo… Finalmente, igual que yo escuché de su propia boca que se había dedicado a «cazar subversivos», él también escuchó de la mía que repudiaba absolutamente ese aspecto de su vida. Por otro lado, también supo que yo lo quería como padre, porque conmigo siempre se mostró cariñoso y muy reflexivo. Fue un padre suficientemente bueno pese a sus errores, violento con mi madre y a veces también con mi hermano, pero nunca conmigo. Me afectaba mucho que hubiera participado en algo tan inadmisible como la dictadura, y lo discutía abiertamente con él. Pero de ello no hablaba con mi hermano, que buscó refugio en las drogas, ni con mi madre, que se separó de él cuando yo tenía 14 años. Mi amor y mi repudio, sentimientos muy fuertes y muy encontrados, se los manifesté mientras vivió. Y aunque lleva muerto desde 2002, no deja de generarme emociones encontradas.

—Encontrar la verdad y enfrentarse a ella, además de un gran dolor, representa también un gran alivio —añadió Analía Kalinek—. Yo sentía que había vivido una mentira, que mi padre no era la persona que yo creía, y mi propia identidad se desmoronaba. Entonces el Gobierno de Macri habló de «diferenciar la justicia de la venganza» y planteó una reducción de penas para los genocidas condenados, que habría supuesto la libertad para unos 400 presos, entre ellos mi padre. Muchos comprendimos que gentes como mi viejo no debían estar cruzándose con sus víctimas por las calles, así que nos opusimos radicalmente a lo que nos parecía una injusticia. Pero también lo hicimos para no parecer vinculados al pensamiento genocida de nuestros padres. Porque la negación es algo muy recurrente, que forma un caldo de cultivo a partir de los círculos cerrados y endogámicos del pensamiento militar, y que es imprescindible romper.

—Ese fue mi caso —apostilló Liliana—, porque me casé a los 19 años con un hijo de militar, que es el padre de mis dos niños. Nos divorciamos once años después, sin haber salido jamás de ambientes castrenses que respondían a una doctrina y a un discurso únicos. Tenemos que mirar de frente a los uniformados, a sus familias y a sus amigos. Y cuando repiten que ya «basta de revolver el pasado», hay que aclararles que no se trata de «pasado». Que el terror es «presente», porque aún buscamos a los nietos y nietas que los genocidas robaron. Y porque hay muchas personas que todavía no saben dónde están los restos de sus desaparecidos y no pueden darles sepultura.

—Sería preciso que nos escucharan los genocidas, los condenados y los que viven impunes —concluyó Bibiana Reibaldi—, que hicieran caso de las súplicas de sus hijas, que hablaran y revelaran dónde están los cuerpos de los desaparecidos, que confesaran la verdad. Desgraciadamente mi padre murió sin darme ningún dato.

El calvario de los niños robados

El horror doméstico de los represores argentinos se amplió mediante su política de apropiación de bebés nacidos en centros de detención y arrebatados a sus madres, que, tras parir, pasaban a engrosar el número de desaparecidas. Considerados como parte del «botín de guerra», muchos acabaron en manos de policías y militares sin hijos o deseosos de ampliar sus familias, cuando no fueron entregados a colaboradores civiles de los centuriones. No se trató de casos aislados fruto del capricho de los carceleros, sino de cerca de medio millar[20] de criaturas, robadas en cumplimiento de un plan oficial y secreto, como quedó demostrado en distintas actuaciones judiciales que alcanzaron al mismísimo Videla[21]. El propio general Martín Balza, que ocupó la máxima jefatura del Ejército ya en democracia, reconoció la existencia de «un reglamento indicando qué hacer con los hijos de los desaparecidos».

La apropiación sistemática de recién nacidos determinó que los principales centros de detención estuvieran dotados de salas de partos con equipamiento médico, además de instalaciones básicas para el cuidado de las prisioneras durante sus últimos días de gestación. Que esas maternidades clandestinas eran un secreto a voces, compartido por la clase dirigente argentina, lo demuestran hechos tan insólitos como que Mercedes Benz donase útiles de neonatología al acuartelamiento de Campo de Mayo[22].

Todo indica que sólo una minoría de los bebés paridos en cautividad fue depositada en orfanatos y adoptada de buena fe por personas ajenas a la dictadura. Casi todos quedaron en manos directamente vinculadas al aparato represivo, cuando no en poder de los verdugos de sus madres. La tesis oficial, acuñada en los más altos círculos castrenses, aseguraba que esas adopciones al margen de la ley constituían el mejor destino que podía darse a los «descendientes de elementos subversivos», para evitar que crecieran en los ambientes donde se formaron sus padres, y garantizar su educación en el seno de familias conservadoras y cristianas. Con ello, las Fuerzas Armadas pretendían «salvar espiritualmente» a los hijos de sus enemigos, como si la ideología fuera una enfermedad hereditaria. Una teoría compartida por la inmensa mayoría de los uniformados, según me explicó el mayor de Inteligencia Carlos Españadero[23], buen conocedor de una mentalidad formada en rígidos «principios morales y religiosos»:

—La idea que había en el aparato militar era que los hijos de los terroristas tenían que ser terroristas, que tarde o temprano acabarían siéndolo. Y se actuó pensando que se los rescataba de ese destino fatal. No por bondad, sino porque políticamente se quiso impedir que eso ocurriese.

Veinte años atrás, el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo[24], conocido por su confesión sobre los «vuelos de la muerte», ya me había expuesto los criterios y procedimientos seguidos con los nacidos en la ESMA:

—Se consideraba «más humano» no eliminar a las mujeres embarazadas y cuidarlas hasta que diesen a luz en una sala de partos montada en el sótano, que era el orgullo del almirante Chamorro y se la mostraba a los visitantes. El crío se le quitaba a la madre el mismo día del parto. Y ella viajaba en el próximo vuelo. Los niños no eran entregados a sus familias, por coherencia con la monstruosa mentalidad que teníamos entonces: esas criaturas no podían volver a unos hogares «contaminados», y teníamos que buscarles familias «bien nacidas», de oficiales o de amigos de confianza, para salvarlos de las garras del comunismo. Incluso había listas con los nombres de quienes se ofrecían para quedarse con ellos.

—Entre las prisioneras que dieron a luz en la ESMA, ¿recuerda usted a la española Cecilia Viñas? —le pregunté.

—Sí. Tuvo un hijo entre septiembre y octubre de 1977. Se lo llevó el jefe del Grupo Operativo, el capitán de navío Jorge Vildoza. Yo lo vi con el niño en la piscina del centro naval de Olivos, en el verano del 81.

Denunciado en 1983, Vildoza huyó de la Justicia y pasó más de veinte años en el extranjero, primero en Inglaterra y después en Sudáfrica, oculto bajo falsas identidades. En 2003, acusado de crímenes de lesa humanidad, volvió a ser declarado prófugo. Hasta que falleció, en Johannesburgo en mayo de 2005[25], estuvo siempre acompañado por su familia. Aquel niño que robó y crió como propio pudo recuperar en 1998 su verdadero nombre, Javier Penino Viñas, y entró en contacto con su tío y sus abuelos, que nunca habían dejado de buscarlo. Pero mantuvo su cariño filial por el marino que lo secuestró. Incluso declaró saber que había pilotado varios «vuelos de la muerte». Fue una de las pocas adopciones espurias que salieron bien.

Elsa Pavón, una de las más activas Abuelas de Plaza de Mayo[26], lo explicaba así:

—La mayoría de los chicos apropiados que han averiguado la realidad han repudiado a sus falsos padres. Hay muy pocos casos como el de Vildoza. Que yo recuerde, sólo el de Zaffaroni y el de los mellizos Reggiardo Tolosa. Creo que en esos chicos caló muy profundo el discurso de que sus papás eran guerrilleros asesinos y sus familias, comunistas. Además de que es muy difícil elegir entre lo conocido y lo desconocido, sobre todo cuando uno se entera de algo tan duro en una edad complicada.

Cuando sólo tenía seis meses, Mariana Zaffaroni fue secuestrada con sus padres y llevada al chupadero de Automotores Orletti. De sus mazmorras la sacó el agente de Inteligencia militar Miguel Ángel Furci, como regalo para su esposa. Las investigaciones dirigidas por Chicha Mariani, fundadora y entonces presidenta de la organización de Abuelas, sirvieron para encontrar a Mariana en 1983. Pero los Furci huyeron y no volvieron a ser localizados hasta ocho años más tarde. La niña fue restituida por la Justicia en 1993, cuando tenía diecisiete años.

Los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa nacieron y cayeron en poder del subcomisario Samuel Miara en La Cacha[27]. Al saberse vigilado, en mayo de 1985, el policía y su mujer escaparon a Paraguay con los dos hermanos, que no serían recuperados hasta 1993. Con diecisiete años participaron en algunos programas de televisión, defendiendo a Miara y pidiendo verlo.

—Entonces teníamos sentimientos muy confusos y fuimos manipulados para desacreditar la lucha de Abuelas —explicaron años después—. Ellos nunca nos dijeron la verdad, pero los queríamos. No los perdonamos ni desperdonamos. Ni siquiera hemos terminado de asimilar todo lo que pasó.

Con estas excepciones, prácticamente la totalidad de los 130 hijos de secuestradas que han sido identificados repudian a quienes les hicieron creerse miembros de familias cómplices de la desaparición de sus verdaderos padres.

—Yo me crié con mis enemigos —me dijo Juan Cavandié— y ellos fueron tan sádicos que criaron a un hijo de los que consideraban sus enemigos.

Maestro y psicólogo, Cavandié iniciaba su carrera política[28] cuando lo entrevisté el año 2007. Aún le costaba hablar sobre sus años de «vida falsa» e hizo un largo silencio inicial antes de responderme. Nacido en la maternidad clandestina de la ESMA, fue entregado a Luis Antonio Falcó, oficial de Inteligencia de la Policía Federal, que lo inscribió como hijo propio con el nombre de Mariano Andrés.

—Cuando los secuestraron, mi mamá tenía 16 años y mi papá, 19. Yo nací en la ESMA y a los 20 días me dieron a una pareja vinculada a la represión. Quien consideré mi padre durante casi 26 años es miembro de una de las fuerzas que practicaron torturas y desapariciones. ¿Qué puedo pensar y sentir? Está muy claro.

El trágico engaño de Juan Cavandié se prolongó mucho más que otros casos semejantes. Como el de María José Lavalle, nieta de españoles, una de las primeras niñas restituidas. Devuelta a sus abuelos por el juez Juan Ramos Padilla en octubre de 1987, había sido localizada dos años antes en poder de Teresa González, sargento de la Brigada de Investigaciones de San Justo, que alardeaba de haber «acogido a una hija de subversivos». La mujer policía no pasó un solo día en la cárcel: condenada a tres años, su pena quedó suspendida. La impunidad la llevó a narrar con desfachatez que presenció el nacimiento de la criatura, la recibió del médico y la abrazó «para que sintiera su olor como si fuera el de la madre».

—Junto a mis padres se llevaron a mi hermanita de año y medio —me contó María José—. La sargento González planeaba quedarse con ella, pero, al comprobar que mi mamá estaba embarazada de ocho meses, decidió que sería mejor esperar a que yo naciera, y dejaron a mi hermana en casa de unos vecinos. Y yo crecí creyéndome hija suya. Recuerdo que su comportamiento era violento con todo el mundo, hasta conmigo. Me imagino cómo habrá sido de uniforme, en la Brigada.

Según Adriana Calvo —que parió durante su detención y logró retener a su hija—, «se privilegiaba a las prisioneras más jóvenes y bonitas, sobre todo a las rubias de ojos grandes, porque esperaban que les proporcionaran niños hermosos y saludables». Uno de los guardianes de El Olimpo, encargado de cuidar a las detenidas preñadas, confesó que mataron a una «porque era muy fea y nadie iba a tener interés en quedarse con su bebé». Susana Reyes, sobreviviente del Vesubio, narró que uno de sus carceleros, apodado el Polaco, le daba fruta y le decía: «Alimentate bien, porque tu crío va a ser para mí». Poco antes de parir, recibió de él un regalo para el niño, que denotaba su mentalidad enferma: una pequeña capucha negra como las impuestas a los detenidos.

Victoria Moyano, que vino al mundo en una sala de torturas de Banfield, también asegura que se seleccionaba a las mujeres «para quedarse con sus crías, como se hace con los perros». Adriana Chamorro, compañera de celda de su madre, le explicó que el comisario Oscar Penna le daba vitaminas, fue interrogada sobre su historial médico y la mantuvieron presa más de siete meses, esperando que diese a luz.

—Penna me destinó a su hermano Víctor y su cuñada, María Elena Mauriño, que sufría ataques epilépticos muy fuertes y abortaba cuando se quedaba embarazada, pero quería tener una niña. Y su marido se la trajo, un año antes de morirse —prosiguió Vicky—. Yo viví nueve años con ella y con su hijo, ocho años mayor que yo. Hasta que el juez me hizo escoger si seguía con ella o me iba con mi familia verdadera. Primero estuve con mis abuelos, pero tuvimos una relación recomplicada, porque, aunque los adoro, me parecían demasiado conservadores. Después me marché a Montevideo. El caso es que pasé una adolescencia difícil.

—¿Volviste a ver a María Elena Mauriño?

—Sí. Ella hizo varios intentos de acercarse a mí, pero yo siempre los rechacé. Hasta que, a mis 16 años, quise reencontrarme con mi «hermano de crianza». Su madre pidió al juzgado que también la viera a ella. Yo no quería, pero lo hice. Entonces me di cuenta de que no había roto el lazo afectivo con ella. Me abrazó y yo sentí que necesitaba ese abrazo, que para mí fue el más parecido al de una madre, porque ella era la que yo conocía como mamá. Era algo que no podía evitar, aunque todo el mundo, y también yo misma, lo cuestionara. Porque fui la primera nieta recuperada que volvió a relacionarse con su apropiadora.

—¿No la culpas de nada?

—No la culpo de la muerte de mis padres, porque ella no era militar ni policía, aunque sí le reprocho una complicidad que impidió a mis abuelos encontrarme durante mucho tiempo. Me di cuenta de miles de contradicciones: odiaba lo que ella había hecho, pero también la amaba. Además, estoy segura de que me quería más que a su hijo biológico. Tanto, que esperó a que yo estuviera a su lado para morirse. Llegué y a los quince minutos falleció en mis brazos.

Con más motivos aún que en las familias auténticas de los represores, estas relaciones basadas en la mentira y la ocultación acusaron también los efectos de alteraciones mentales y de conducta causadas por el intenso ejercicio del mal. Ejemplo de ello son las historias de dos de las primeras nietas recuperadas: Paula Logares y Carla Rutilo Artés, con las que me mantuve en contacto a lo largo de los años, tras haberlas conocido de niñas[29].

Durante meses, Paulita Logares no quiso hablar sobre sus apropiadores con su abuela, ni con el juez, ni con los psicólogos, hasta que una tarde rompió a hacerlo conmigo mientras jugábamos con su perro Jasper ante la cámara de TVE. «Ellos eran malos», me aseguró, «porque secuestraron a mis papás». De mayor, completó así el resumen de su tragedia:

—Mis padres estaban exiliados en Uruguay. Allí nos detuvieron a los tres y nos trajeron clandestinamente a Buenos Aires. Yo aún no había cumplido dos años cuando el subcomisario Lavallén decidió quedarse conmigo. Naturalmente, yo aprendí a llamarle papá. Pero sabía que él y su esposa no eran mis padres. Eso estaba en algún lugar de mi conciencia, tal vez en lo más profundo de mi memoria.

Matilde Artés, Sacha, recuperó a su nieta Carla Rutilo, que creció secuestrada y vejada por Alfredo Rufo, pistolero de la Triple A.

—¿Cómo fue el ambiente familiar de tu infancia?

—Él era muy agresivo, pero nunca me levantó la mano. Mi trato cotidiano era con ella: me preparaba la comida, nos sentábamos y dibujábamos, la acompañaba a hacer las compras... Él llegaba por la noche y ejercía la autoridad. Entonces era cariñoso conmigo, pero violento con ella. Primero le gritaba, después se ponía peor y le hablaba muy bajito. La metía en el baño y se oían golpes y gritos terribles... La verdad es que no guardo ningún tipo de cariño por ninguno de los dos. Lo único que quería era no volver a cruzármelos. Cuando me enteré de que él había fallecido, lo primero que sentí es que hubiera muerto sin revelar el destino de mis padres.

—En la ronda de la Plaza de Mayo, siempre se acercaba gente a las madres para meternos algún papelito en el bolsillo —me contó Matilde Artés, Sacha, abuela de Carla—. Así nos enteramos de que mi nieta estaba en poder nada más y nada menos que de Alfredo Rufo, un conocido miembro de la Triple A que, pasada la dictadura, aún seguía siendo agente de los servicios de Inteligencia.

Las Abuelas, presididas por Chicha Mariani, consiguieron que la niña fuera restituida en 1985. La Justicia condenó a Rufo por falsificar los documentos de la menor, pero no lo procesó por apropiarse de ella. El siniestro personaje entró en prisión, pero, al cabo de dos años, las leyes del perdón lo dejaron en libertad[30]. Sus amenazas de venganza pendían sobre abuela y nieta, que vivían sometidas a vigilancia policial. Finalmente optaron por escapar a España en 1987, burlando a los ocho agentes que las custodiaban. Martín Prieto, entonces corresponsal del diario El País en Buenos Aires, y yo las ayudamos a cruzar el Río de la Plata hasta Montevideo, para que desde allí volaran a Madrid[31].

—Yo recibí una niña de diez años muy asustada, llena de magulladuras y con pánico de que la vieran desnuda cuando se bañaba —me confesó Sacha en 2007—. El día que cumplió 18 años, Carlita me dijo: «Abuela, tengo que contarte una cosa». Nos agarramos de la mano y me pidió: «Prometeme que no te vas a enojar, abuela». Se lo aseguré, le pregunté qué quería contarme y respondió que «el hijo de puta de Rufo, desde los cinco años, abusaba de mí sexualmente». Nos abrazamos y lloramos.

—Este señor venía a pasar ratos en mi cama —corroboró Carla—. Yo tenía una crucecita que me habían regalado y me aferraba a ella en la oscuridad. Era algo que me ayudaba a creer que la noche acabaría pronto.

—Lo peor es que la mujer de Rufo sabía lo que pasaba —continuó la abuela—. Incluso era ella, la supuesta madre, quien le propinaba las palizas más grandes.

—Los dos me daban patadas y golpes —finalizó Carla—. Me pegaban con el cinturón, pero con la hebilla para que me hiciera más daño, con la escoba, con lo que fuera. Y muchas veces ella era la más dura.

A modo de epílogo
Los fantasmas del cementerio indio

La crueldad, el racismo, la impiedad, la venganza, el castigo implacable y la administración masiva de la muerte forman parte del acervo cultural del Ejército estadounidense y, como ingredientes ideológicos, se encuentran profundamente arraigados en la corta historia del país norteamericano. Matanzas como la de My Lai son frutos tan amargos como repetidos de una despiadada tradición castrense —que pervive, se transmite e incluso se incrementa con los avances de la tecnología bélica— de humillar y aniquilar a los enemigos, como infalible receta para que las victorias se prolonguen en el tiempo hasta resultar definitivamente irreversibles.

El nacimiento de la gran nación americana se basó en un genocidio desde el establecimiento de las primeras colonias anglosajonas. Su expansión, con la continua conquista de nuevos territorios en el «lejano y salvaje oeste», supuso arrebatar por la fuerza a los indígenas sus tierras de propiedad ancestral y confinarlos en reservas indias concebidas como gigantescos campos de concentración —establecidas siempre en zonas yermas, muy escasamente productivas— mediante unos tratados radicalmente desiguales, impuestos por la fuerza de las armas e incumplidos de modo sistemático. Las consecuencias de la destrucción de sus esencias culturales, de la marginación y de la pobreza crónicas se han mantenido como una losa insuperable sobre los sobrevivientes de la extinción de la población aborigen. Sin embargo, la evidencia histórica ha quedado oculta tras la leyenda de una falsa «epopeya civilizadora», adoptada y glorificada como «historia oficial» de los Estados Unidos.

La culpa por el exterminio de millones de indígenas, anclada en el inconsciente colectivo norteamericano, se manifiesta a través de la cultura popular. Una de las tramas en la narrativa y el cine fantásticos es la aparición de poltergeist (fenómenos paranormales) en una vivienda o local cuyos propietarios descubren, finalmente, que las fantasmagóricas presencias se explican porque el edificio había sido construido sobre un cementerio indio abandonado o expoliado. El temor irracional a la venganza póstuma de los pieles rojas asesinados, que ni siquiera pueden descansar en paz sepultados en sus tierras sagradas, es mucho más que un tópico de Hollywood y de la literatura de consumo. Sus raíces están en lo más profundo de la mala conciencia nacional norteamericana.

La más conocida de las múltiples masacres perpetradas por la caballería estadounidense se produjo el 29 de diciembre de 1890 en Dakota del Sur, cuando unos trescientos cincuenta siux oglala —casi en su totalidad ancianos, mujeres y niños— marchaban mansamente fuera de la reserva de Pine Ridge, conducidos por el jefe Pie Grande. Al atardecer, un destacamento de Caballería les obligó a acampar junto al arroyo Wounded Knee, donde esperaron la llegada del grueso del 7.º Regimiento. Por la mañana, el coronel James W. Forsyth ordenó registrarlos y desarmarlos. Aunque no se opusieron, alguno se resistió a entregar su rifle arguyendo que lo necesitaba para cazar. Inesperadamente, las discusiones desencadenaron un tiroteo. Cuatro ametralladoras Hotchkiss acribillaron a los indios cuando trataron de huir. Muchos fueron cazados con rifles y pistolas, y rematados a golpes de sables y machetes. El descontrol militar hizo que los disparos de los soldados alcanzaran a sus propios compañeros. En pocos minutos el campo quedó cubierto por unos 300 cadáveres y medio centenar de heridos siux. También murieron 25 miembros de la Caballería y otros 39 cayeron heridos por el fuego cruzado en pleno paroxismo sanguinario. El general Nelson Miles calificó de «masacre injustificable» lo ocurrido en Wounded Knee y solicitó una investigación oficial. Pero el Gobierno respaldó la enloquecida actuación del coronel Forsyth, que posteriormente sería ascendido. Y, en vez de sancionar a oficiales y soldados por la matanza de indígenas indefensos, recompensó con la Medalla de Honor a los uniformados que más munición habían quemado.

Si nadie gritó la orden de interrumpir aquel caos sangriento fue porque respondía a un deseo de venganza largamente incubado. Los motivos del odio databan de catorce años antes, cuando se produjo la derrota más dolorosa sufrida por el 7.º Regimiento, en la batalla de Little Big Horn[1] a manos de los guerreros de siete tribus indias conducidos por jefes míticos como Toro Sentado, Caballo Loco, Caballo Rojo y Lluvia en el Rostro. El engreído general George Armstrong Custer midió mal sus fuerzas y pagó el error con su vida y las de dos de sus hermanos, en un desastre que supuso la destrucción en combate de cinco de las doce compañías bajo su mando, con 268 soldados muertos y 55 heridos, sin cumplir la orden de devolver a los indios a las reservas que habían abandonado. El alto mando rindió honores a Custer, pero en los ánimos castrenses quedó un profundo sentimiento de frustración. Y el teniente general Philip Sheridan, famoso por su dureza, juró una venganza que el Ejército yanqui tardó más de tres lustros en cumplir… contra centenares de inocentes. Sus cuerpos quedaron abandonados a la intemperie en Wounded Knee, hasta que las autoridades castrenses contrataron a un puñado de civiles blancos como improvisados sepultureros, pagándoles dos dólares por cada muerto que recogieran y arrojaran a un enorme hoyo excavado en una meseta cercana.

La primera vez que viajé a Pine Ridge, en octubre de 1979[2], me extrañó que la bandera estadounidense —sucia y deshilachada— estuviera izada del revés, es decir, con el rectángulo de las estrellas abajo; y que sobre ella, en lo alto del mástil, primaran cuatro cintas con los colores siux. Detalles insólitos en un país que tanto venera a su enseña nacional, con los que se pretendía «manifestar el rechazo popular a un símbolo impuesto». Así me lo explicó Bill Cujas, militante del American Indian Mouvement[3], organización que aglutinaba la resistencia de distintos sectores de la población aborigen, entre cuyos pequeños logros figuraba haber cambiado el relato de la trágica historia local. En el lugar donde ocurrió, un pequeño monumento recordaba los hechos, resumidos en un cartelón con un puñado de frases frías, bajo una viga de madera. Su rótulo original, en el que durante décadas se leyó «Batalla de Wounded Knee», había sido reemplazado por «Masacre de Wounded Knee».

En el cementerio, la fosa común seguía falta de una lápida que guardase la memoria de los asesinados, casi noventa años después. Sobre ella, un viento helado batía la maleza y hacía ondear los estrechos paños con que la tribu homenajea a sus muertos. A pocos metros de distancia, entre la humildad de todos los sepulcros, destacaba la tumba de la última víctima causada por el espíritu del general Custer: Lawrence Lamont, un joven indio asesinado seis años y medio atrás, durante las protestas contra las pésimas condiciones de vida en la reserva bajo un dirigente local corrupto, autoritario y extremadamente servil con el Gobierno, que disponía de una pequeña milicia armada propia.

Página del diario Pueblo, con el tercer capítulo del reportaje de Vicente Romero sobre la lucha de los indios siux contra la marginación impuesta por los Gobiernos de Estados Unidos.

Entonces, el 7 de febrero de 1973, un grupo de 200 activistas del pujante American Indian Mouvement tomó el control de la localidad de Wounded Knee, liderados por Russell Means, Dennis Bank y Carter Camp. Los insurrectos hicieron frente a una durísima represión por parte del FBI, con efectivos de los US Marshalls, resistiendo durante 71 días bajo estado de sitio a un cerco que incluyó el corte de los suministros de agua, electricidad, víveres y medicamentos. La gravedad de los altercados, jalonados por frecuentes tiroteos, concitó la atención de la prensa internacional. Los rebeldes llegaron a enviar una delegación a la sede de la ONU en Nueva York[4], pidiendo inútilmente su mediación en virtud del antiguo tratado de 1868 que reconocía a los siux como «nación soberana». Finalmente, el conflicto se cerró con un ambiguo compromiso, acordado con Washington tras las muertes de tres indígenas y un policía. Los dirigentes del levantamiento fueron juzgados y absueltos.

Seis años y medio más tarde, el recuerdo de la última sublevación siux se mantenía presente, avivado por el caso de Rayo Amarillo, un indio al que varios blancos obligaron a desnudarse y bailar en un bar antes de matarlo a palos, alardeando de la vigencia de un lema muy repetido en los westerns de Hollywood: «El único indio bueno es el indio muerto»[5]. Tras sentirse largamente borradas de la Historia, las comunidades indígenas norteamericanas incubaban una oposición creciente contra su marginación. A la toma de la isla de Alcatraz en 1970 siguió, dos años después, la Marcha de los Tratados Rotos, entre Seattle y la Capital Federal, que tendría continuidad en 1978 con otro recorrido reivindicativo de Sacramento a Washington. Pero, sobre todo, fueron las protestas de Wounded Knee las que obtuvieron mayor eco mundial.

—El texto de la Constitución de los Estados Unidos suena como un panfleto revolucionario cuando lo recita un indio —aseguraba Bill Cujas—, porque establece que «todos los hombres han sido creados iguales y dotados de derechos inalienables». Pero la experiencia de los pueblos indios es muy diferente, expulsados de sus tierras, carentes de libertad religiosa, con su cultura y su folclore prohibidos, restringido el uso de sus lenguas maternas… El Congreso estableció que el territorio de las reservas estaría garantizado contra cualquier intento de invasión, «a menos que se hiciera en guerras justas y legales». Pero determinar justicia y legalidad siempre ha correspondido a las autoridades de Washington.

Una veintena de perros daba la bienvenida a quienes se acercaran a la humilde vivienda —paredes de madera y puertas abiertas— del último gran líder espiritual de la tribu. Bill Cujas entró primero, llevando en sus manos mis presentes para Fools Crow (Cuervo Loco): un kilo de carne de ternera y un bote de café instantáneo. Tras aceptarlos como gesto de amistad, me invitaría a pasar a una habitación desordenada y sin apenas objetos de confort, mientras su esposa me saludaba desde la cocina, junto al puchero de una sopa vegetal. Sentado en una silla rústica al lado de la ventana, insistió en hablar la lengua oglala, aunque admitió «entender el idioma de los blancos», que había aprendido muy joven, cuando trabajó junto al famoso Buffalo Bill es un espectáculo circense. Confesó tener 94 años, aunque sus documentos dijeran 89. Respetado como «hombre medicina» y profundo conocedor de las creencias y tradiciones del Wanla Tanka, el Gran Misterio Espiritual, su pueblo le reconocía la herencia de los líderes ancestrales.

Fools Crow (Cuervo Loco), el último líder histórico espiritual de los siux, con 94 años, recibió a Vicente Romero en la reserva de Pine Ridge.

—Ahora la tierra está dividida, hay demasiadas casas y mucha congestión —sentenció—. Ni siquiera podemos dejar a los animales en libertad, porque, si los sueltas, los pierdes para siempre. Todo tiene que guardarse bajo llave. Las tradiciones caen en el olvido. Los jóvenes están perdiendo la visión de lo que era nuestra vida, el amor por la tierra sin afanes de posesión. El sistema de educación que los blancos nos han impuesto no vale para nuestra idiosincrasia. No permite que nuestros niños lleguen a conocer su verdadero potencial espiritual. Y tampoco comprende que los indios no queramos integrarnos en su forma de vivir, sino mantener la nuestra.

Cuervo Loco se lamentaba serenamente del expolio sufrido por su pueblo, sin emplear términos violentos. Sus palabras eran de respeto por el hombre y armonía con la Naturaleza. Dijo que no compartía el radicalismo del AIM aunque comprendiera su lucha. Para él, la solución a los problemas de su tribu requería «volver al Gran Espíritu» a través de la oración y la práctica de los valores «auténticos». En la pared, una vieja fotografía, en la que aparecía ataviado con la ropa y el plumaje tradicionales, contrastaba con el retrato de su hijo, embutido en el uniforme del Ejército estadounidense, evidenciando la contradicción entre sus ideales y la realidad que le había sido impuesta.

Las opiniones de Russell Means[6] resultarían igualmente amargas, aunque mucho más contundentes. Si bien había salido de la cárcel diez semanas atrás y estaba sometido a constante vigilancia del FBI tras haber sufrido tres intentos de asesinato —el último durante su estancia en prisión—, el dirigente del American Indian Mouvement insistía en sus denuncias ante la prensa. Pero tenía que hacerlo desde su casa, ya que debía permanecer dos años en régimen de «libertad bajo palabra», con prohibición de cruzar los límites de la reserva sin una autorización policial en la que constaran itinerario, destino, duración y propósitos del viaje, nombre de sus acompañantes y características del vehículo que pensara utilizar.

—Los indios somos los norteamericanos más pobres —afirmó—. En las reservas no hay trabajo, la gente depende de las ayudas sociales y se estimula el alcoholismo. Sufrimos enfermedades que son consecuencias de la desnutrición, y tenemos una mortandad infantil dos veces y media superior a la del país. Los blancos viven un promedio de 75 años; los negros, 70, y los pieles rojas, sólo 45.

—Varias veces ha calificado usted como genocida la «política india» de Washington.

—Es algo evidente: en 1969 éramos el grupo étnico con mayor aumento; en 1972 se inició una campaña de esterilización masiva, y hoy estamos en crecimiento cero. El Gobierno evita con prácticas genocidas que nazcan demasiados indios. El senador George Abourezk[7], que investigó una serie de denuncias en 1975, visitó cuatro hospitales para indios y comprobó que el 24 por 100 de las pacientes en edad de parir habían sido esterilizadas por el Departamento de Salud Pública sin pedirles consentimiento. Después, en el AIM, con ayuda del International Treaty Council, averiguamos que habían castrado al 42 por 100 de nuestras mujeres. Otra medida consiste en la adopción de niños indios: uno de cada cuatro es sacado de su hogar y entregado a una familia blanca. Y cabría citar muchos otros ejemplos: durante la Guerra de Vietnam se inocularon enfermedades tropicales a niños de la reserva de Lago Rojo, en el norte de Minnesota, para probar medicamentos destinados a las tropas en el Sudeste asiático. En fin, los Estados Unidos no han firmado la convención de la ONU contra el genocidio, ya que no podrían hacerlo sin verse condenados por violar todas sus condiciones.

—Desde la cárcel, usted se definió como preso político.

—Lo fui. Uno más entre centenares, cuyo único delito es ser indio. Cada vez que un blanco es asesinado en Dakota, acusan a un indio. En la mayoría de los casos se los condena con pruebas circunstanciales y se les induce a declararse culpables prometiéndoles que cumplirán menos tiempo en la cárcel. Pero cuando matan a un indio, no se arresta a nadie, a menos que se trate de otro indio. Así los blancos siguen cazando indios como en los viejos tiempos. En Dakota del Sur, las leyes siempre tienen dos interpretaciones distintas, según se trate de blancos o de indios.

Nuestra conversación se extendió al terreno de los intereses económicos que fomentan el odio racista. Porque una eventual desaparición de las reservas, con integración racial forzosa de sus poblaciones, supondría el fin del «régimen de propiedad especial» que las protege. Y la ambición de las grandes corporaciones energéticas (Exxon, Anaconda, Mobil, Gulf, Kerr-McGee, etcétera) se libraría de las limitaciones que aún protegen a las reservas, cuyo suelo contiene la mitad de los recursos norteamericanos.

Mi segunda visita a Pine Ridge tardó casi treinta años en producirse. Regresé pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2008, en las que triunfaría Barack Obama, para rodar un reportaje sobre el ambiente político en las regiones más deprimidas del país[8]. El Gobierno federal había recortado dos mil millones de dólares en gastos sociales, y la reducción de los fondos de ayuda a los más necesitados agravaba los índices de bienestar y desarrollo, ya escandalosamente bajos, en zonas empobrecidas del Midwest. La llamada nacional a las urnas coincidía con unos comicios locales, de los que habría de surgir el nuevo jefe siux.

—Las cosas van peor que antes y no existe esperanza de que mejoren —nos comentó el histórico dirigente oglala Gary Rowland[9]—. Las estadísticas oficiales lo demuestran: el desempleo llega al 80 por 100 y los suicidios doblan la media nacional. La única fuente nueva de riqueza es un casino, un negocio vergonzante que causa muchas ruinas personales.

Teresa Two Bulls, abogada y senadora demócrata local, sería la segunda mujer que ocupase la jefatura de la tribu, derrotando a Russell Means gracias a la ilusión que Obama logró sembrar entre los más humildes.

—Creemos que ahora es posible conseguir un cambio —declaró ante la cámara de Carlos Díaz Oliván—. Y vamos a ir a Washington, no a pedir sino a exigir educación, salud y derechos sociales, de acuerdo con los tratados históricos.

Vanas esperanzas que no compartía un veterano Russell Means, que sumaba ya cinco atentados frustrados, se había casado por quinta vez, trabajado como actor en Hollywood, publicado un disco y escrito dos libros fascinantes[10]. Aunque seguía propugnando una utópica República India de Lakota que fuera capaz de negociar «de nación a nación» con los Estados Unidos, ya no creía en nada ni en nadie:

—Las elecciones norteamericanas son una farsa. Aquí no «elegimos», sólo «seleccionamos» entre los candidatos que el sistema nos ofrece. Los demócratas y los republicanos son lo mismo. Obama ha sido escogido por los banqueros, igual que lo fue Bush. Pero, mira, esta vez podemos votar por un negro. ¡Qué gran país somos!

Volvimos a caminar juntos por los senderos del cementerio de Wounded Knee y nos detuvimos ante las tumbas de los siux caídos en la Guerra de Vietnam, movilizados por un país que de facto nunca reconoció la plena ciudadanía de su tribu.

—Las Naciones Unidas proclamaron la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas —comentó Means durante el paseo—. Cuatro países se opusieron, aunque su texto no comprometía a nada. Era sólo una palmada en la espalda, una forma de decirnos «ya sois seres humanos». Y los Estados Unidos votaron en contra. ¿Cabe esperar que este país sea justo con su propia gente, con sus indios?

La maldad inherente en las doctrinas predicadas por los asesinos de uniforme, desde las incubadoras ideológicas del Pentágono hasta las enseñanzas «universales» en centros de formación de verdugos como la Escuela de las Américas, está profundamente arraigada en una mentalidad que viene de muy lejos en el tiempo. Entre Wounded Knee, My Lai y Guantánamo, existe un firme hilo conductor trazado en la Historia[11].

Vicente Romero Ramírez (Madrid, 1947) es uno de los nombres más reconocidos en el periodismo español. Como enviado especial ha cubierto los principales conflictos internacionales, desde las guerras de Vietnam y Camboya hasta la actualidad de los refugiados de Siria o las cárceles secretas de la CIA y Guantánamo. Corresponsal volante, primero del diario Pueblo y después de TVE, ha informado desde un centenar de países. Autor de más de 350 reportajes en Informe Semanal y En portada, además de crónicas para Telediario, ha dirigido dos series de documentales y el programa Buscamundos, y publicado una docena de libros. A lo largo de su larga carrera ha recibido numerosos galardones, como —entre otros— el Ondas Internacional, el Víctor de la Serna de la Asociación de Prensa de Madrid, los premios del Club Internacional de Prensa, del Festival de Nueva York, el Cirilo Rodríguez o el Bravo, así como el de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el de Unicef o la Medalla de Oro de Cruz Roja Española.

Notas

[1] La Iglesia católica afirma que su número exacto es de 1.758.640.176, según estableció en 2000 Corrado Balducci (1923-2008), sacerdote y teólogo italiano, amigo íntimo del papa Juan Pablo II, miembro de la Curia y exorcista de la Archidiócesis de Roma, además de prelado de la Congregación para la Evangelización y la Sociedad para la Propagación de la Fe. <<

[2] Tras celebrar la eucaristía, el 6 de diciembre de 2004. <<

[3] Con el título de Prisión, política y tortura, fue elaborado por una comisión presidida por el obispo Sergio Valech y recogió numerosos testimonios verificados de víctimas de la represión pinochetista. «Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros», decía uno de ellos, «me introdujeron ratas vivas por la vagina, me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y con mi hermano que estaban detenidos, y tuve que escuchar cómo eran torturados». <<

[1] La entrevista formó parte del reportaje «La memoria de Chile», emitido el 13 de agosto de 2003 en Informe Semanal. <<

[2] Dirección de Inteligencia Nacional, dirigida por Manuel Contreras Sepúlveda. Más tarde pasó a denominarse Centro Nacional de Informaciones (CNI). <<

[3] Miembro del Comité Central del PCCh, fue jefa de la Junta de Abastecimientos y Precios del Gobierno de la Unidad Popular en Santiago. Desapareció tras ser detenida el 9 de agosto de 1976 y pasar por el centro de detención de Villa Grimaldi. <<

[4] Recipiente utilizado para lavar ropa o bañar a los niños. <<

[5] La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el 21 de noviembre de 2003 los procesamientos del Carlos Mardones Díaz (jefe del Comando de Aviación del Ejército de enero 1974 a diciembre 1977) y otros cuatro pilotos a sus órdenes en calidad de cómplice y encubridor en la muerte de Marta Ugarte. El juez Guzmán también procesó por este caso en calidad de autores de secuestro y homicidio al jefe máximo de la DINA Manuel Contreras (véanse pp. 31-39) y a su primo, el brigadier Carlos López Tapia, que en 1976 era el jefe del centro de detención Villa Grimaldi a la vez que dirigía la Brigada de Inteligencia Metropolitana. <<

[6] El escándalo que produjo la revelación de las condiciones de vida de los reclusos del Penal Cordillera —donde Contreras concedió una entrevista periodística—, provocó que el derechista y multimillonario presidente Salvador Piñera ordenara su cierre en 2013. <<

[7] Publicada por Editorial Novaro (México y Madrid, 1954-1974) bajo la dirección del jesuita José A. Romero. <<

[8] Entrevista con la periodista Alejandra Matus, publicada en 1991. Recogida en la biografía de Manuel Contreras que se encuentra en memoriaviva.com. <<

[9] En 1994 afirmó que la Escuela de las Américas había «producido más dictadores y asesinos que ningún otro centro en el mundo». <<

[10] Relatado en Francisco Martorell, Operación Cóndor. El vuelo de la muerte, Santiago de Chile, LOM, 1999. En 2019, el hijo de Oscar Bonilla pidió a la Justicia que investigara la muerte de su padre, ocurrida 44 años antes, sospechando que hubiera sido asesinado. <<

[11] Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), fue nombrada en 2018 Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Detenida en 1975, fue torturada por Contreras en Villa Grimaldi. Su padre, el general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, miembro del Gobierno de Salvador Allende, murió a causa de las torturas de la DINA. <<

[12] La CNI fue creada el 13 de agosto de 1977 y estuvo operativa hasta el 22 de febrero de 1990, cuando fue disuelta poco antes de la llegada del democristiano Patricio Aylwin a la presidencia chilena. <<

[13] En 1985, Contreras se separó de su esposa, María Teresa Valdebenito, con la que tuvo cuatro hijos, para irse a vivir con Nélida. Se casó con ella estando ya preso, en 2010. «Cumplimos el sueño de cualquier pareja que se ha amado toda la vida, en las buenas y en las malas», declaró entonces la novia. <<

[14] Barrios marginales. Su abundancia hizo que se les diera popularmente el nombre de callampas (setas, en lengua quechua). <<

[15] El predio donde se ubicaban los recintos de Cuatro Álamos y Tres Álamos había pertenecido a la congregación católica de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. El Estado lo había adquirido a finales de los años sesenta para el Consejo Nacional de Menores. La dictadura lo convirtió en uno de los centros principales de la represión. En 2010 fue declarado Monumento Nacional. Actualmente alberga las instalaciones del Servicio Nacional de Menores (SENAME). <<

[16] La dictadura estaba muy presionada desde distintos sectores —incluso por la Iglesia católica— y tendría que acceder a la liberación de presos políticos. Corvalán saldría de prisión antes de tres meses. El 18 de diciembre de 1976 sería canjeado en Zurich por el disidente soviético Vladimir Bukovski. <<

[17] Titulado «La memoria de Chile», fue emitido por TVE el 13 de septiembre de 2003. Producido por Fabio Díaz, con imagen y montaje de Juan Pangol. <<

[18] El predio de Villa Grimaldi fue ocupado por el Ejército en 1973, 24 horas después del golpe, para servir como centro clandestino de detenciones e interrogatorios. En 1988, su propiedad fue transferida al director de la CNI y dividida en lotes, ordenándose la demolición de sus edificaciones excepto el muro perimetral. El Estado lo expropió en 1994 y tres años más tarde se habilitó como Parque por la Paz. <<

[19] Sobre estos dos personajes, véanse pp. 56-60. <<

[20] Nubia Becker narró su experiencia como prisionera de la DINA en su libro Una mujer en Villa Grimaldi. Tortura y exterminio en el Chile de Pinochet, Santiago de Chile, Pehuén / Madrid, El Garaje, y otras. <<

[21] La más renombrada fue Marcia Merino, que llegó a participar en interrogatorios por medio de torturas y en la detención de la cúpula dirigente de su antiguo partido tras un intenso tiroteo. Su transformación personal dentro de Villa Grimaldi incluyó un romance con el capitán del Ejército Manuel Vásquez, simultáneo al de su compañera Luz con el también capitán Rolf Wenderoth. Posteriormente fue también pareja del agente de Investigaciones Eugenio Fieldhouse y de Juan Morales Salgado, jefe de la Brigada Lautaro de la DINA. <<

[22] Entrevistado por la periodista Mercedes Soler en el canal Univisión el 11 de abril de 1995. <<

[23] A través de su abogado, el coronel del Ejército Enrique Ibarra, se dirigió sobre todo al también coronel Marcelo Moren Brito, que había sido uno de sus superiores directos en la DINA. <<

[1] Fue el contralmirante más joven de la Armada, con 44 años. También el vicealmirante, con 47. E igualmente, el almirante y jefe de Operaciones Navales, con 49. Tras estar al frente de la US Navy en Vietnam de 1968 a 1970, recibió una Medalla de Servicios Distinguidos por su actuación. El presidente Clinton le otorgaría en 1998 la Medalla de la Libertad, como «uno de los más grandes modelos de integridad, liderazgo y humanidad». <<

[2] En 1984, una querella colectiva contra siete empresas fabricantes del agente naranja produjo una indemnización global de 2.320 millones de pesetas para veteranos de Vietnam. De ellos, 38.000 recibieron pequeñas sumas, pero otros 28.000 se encontraron con una negativa, al no quedar probado que sus enfermedades se debieran al herbicida. <<

[3] Más de cinco mil científicos norteamericanos, incluidos diecisiete premios Nobel y 129 miembros de la Academia de Ciencias, firmaron un documento contra «las armas químicas y biológicas utilizadas en Vietnam». <<

[4] Sigla de Bomb Live Unit. <<

[5] Dos semanas después de la rendición de Saigón, la aviación norteamericana utilizó por última vez una BLU-82 en el Sudeste asiático, cuando se produjo el denominado «incidente del Mayagüez», un barco de carga norteamericano que fue asaltado por los Jemeres Rojos. El choque —debido a un trágico malentendido— causó las últimas bajas oficiales norteamericanas en la guerra de Vietnam, al caer en poder de las fuerzas de Pol Pot tres marines que quedaron abandonados en la isla de Coh Tang. <<

[6] Artículo 19 de la Ley de 15 de febrero 1966. <<

[7] Firmados el 23 de enero de 1973 tras largas negociaciones. <<

[8] Los acuerdos de París plantearon la distinción entre prisioneros civiles y militares, así como inspecciones para garantizar su seguridad en los establecimientos carcelarios, pero nunca llegaron a ser aplicados. Sobre las condiciones de encarcelamiento en Poulo Condor y Phu Quoc, véanse las páginas 92-94. En cuanto a Chi Hoa, el periodista y parlamentario sudvietnamita Ho Ngoc Nhuan denunció que en su interior permanecían confinados por delitos políticos más de 500 chicos entre doce y quince años de edad. <<

[9] Frente de Liberación Nacional, al que los norteamericanos denominaron Vietcong. <<

[10] Adams siempre se arrepintió de haber tomado aquella fotografía. Primero se deprimió y después desarrolló un complejo de culpa que le llevó a defender al general. <<

[11] Se publicaron distintas cifras. Éstas son las que figuran en el monumento erigido en My Lai como homenaje a las víctimas de la matanza. <<

[12] Equivalente al grado de alférez en el escalafón español. <<

[13] Ernest Medina, apodado Mad Dog (Perro Loco), denominaba a sus hombres «los traficantes de la muerte». De origen humilde, quiso hacer carrera en el Ejército labrándose fama de oficial duro y despiadado. <<

[14] Según el testimonio del soldado de primera clase Dennis Buning, recogido en el largo artículo de Shaun Raviv, «The ghosts of My Lai», Smithsonian Magazine (febrero-marzo de 2018). <<

[15] Literalmente «teniente Cabeza de mierda», puede traducirse como «teniente Gilipollas». <<

[16] Simpson, afroamericano, abandonó los estudios para enrolarse en el Ejército. Tenía 19 años cuando participó en la matanza de My Lai. Sufrió estrés postraumático y fue medicado durante años por trastornos nerviosos y psíquicos. El remordimiento le atormentó toda su vida. Achacó la muerte de sus hijos (uno, por un disparo accidental; otra, por meningitis) al castigo divino por sus crímenes de guerra. Se suicidó con 48 años, el 4 de mayo de 1997, tras varios intentos frustrados, pegándose un tiro en la cabeza. <<

[17] Declaración que después repitió varias veces ante la prensa. Figura en el documental Four hours in My Lai (Yorkshire TV, 1989) y en un libro con el mismo título (Michael Milton y Kevin Smith, Penguin Books, 1993). <<

[18] En el libro de Mark Lane Hablan los desertores de Vietnam (Barcelona, Dopesa, 1970) el soldado Jerry Whitmore afirmó que «si uno mataba a cierto número de enemigos tenía derecho a tres meses de permiso, con la condición de presentar las orejas de los cadáveres». <<

[19] John Sacks, Lieutenant Calley: his own story, Nueva York, Viking Press, 1971. <<

[20] Titulado «Los fantasmas de Vietnam», presentado por Miguel Romero y Vicente Romero, con fotografía de Antonio Urrea. Emitido por TVE-1 el 11 de diciembre de 2012. <<

[21] Abierto desde 1958 y declarado Lugar Histórico en 1988. <<

[22] Derivado del malayo Pu Lao Kundur. La isla, situada a unos 230 kilómetros de Saigón, en el mar del sur de China, ya había sido lugar de destierro durante el reino anamita. El Gobierno francés mantuvo allí encarcelados a destacadas figuras del Viet Minh, como Le Duc Tho, Pham Van Dong o la esposa del general Giap. <<

[23] Los demócratas Augustus Hawkins y William Anderson, que viajaron acompañados por el entonces asistente de su grupo en el Congreso, Tom Harkin, y por el director de la Oficina de Seguridad Pública de la agencia estatal USAID, Frank Walton. La primicia de su informe apareció en la revista Life el 17 de julio de 1970. <<

[24] Un equipo de la Cruz Roja inspeccionó la prisión de Phu Quoc en 1969 y 1972. Aunque ante las visitas programadas siempre se trata de ocultar lo peor, los informes del CICR destacaron que muchos prisioneros acusaban graves daños físicos, falta de atención médica y desnutrición. <<

[1] La entrevista se publicó en el ya desaparecido diario Pueblo el 25 de junio de 1981. <<

[2] Tomás Borge (1930-2012) fue cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en cuyas filas combatió siendo uno de sus más destacados comandantes. Escritor y estadista, tras el triunfo de la revolución ocupó el Ministerio del Interior, convirtiéndose en el hombre fuerte del Gobierno. Fue vicesecretario y presidente honorario del FSLN, además de miembro del Congreso Nacional y del Parlamento centroamericano. <<

[3] Entrevista realizada por Filadelfo Alemán, publicada en el diario La Prensa el 21 de febrero de 1971. <<

[4] Zopilote es el nombre dado en América Central al buitre negro americano (Coragyps atratus). <<

[5] El comandante Navarro fue uno de los fundadores del Frente Sandinista y combatiente guerrillero en la zona de Río Coco. Dos hechos históricos le hicieron popular: la ocupación de los estudios de Radio Mundial para dar lectura a la primera proclama de la revolución, y el asalto a una sucursal del Banco de América en la ciudad de Montoya en mayo de 1963. Seis meses después fue capturado y asesinado por la Guardia Nacional somocista, junto a seis de sus compañeros de armas. <<

[6] El reportaje se publicó en el diario Pueblo el 24 de diciembre de 1981. <<

[7] Fundador y director de Nuevo Diario, periódico nacido en los primeros y más esperanzadores meses del Gobierno revolucionario (19 de mayo de 1980) con el propósito de «ser la voz de los sin voces». Cambió su línea en 2011 y dejó de publicarse en septiembre de 2019, cuando los tiempos se hicieron más oscuros al acabar Daniel Ortega por convertirse en el monstruo que acaso siempre fue. Danilo, roto su corazón profesional, había fallecido de un infarto en noviembre de 2015. <<

[8] La guerra civil que devastó El Salvador entre 1979 y 1991 causó 75.000 muertos, la mayoría víctimas de la implacable represión ejecutada por el Ejército. <<

[9] Cifra establecida por la oficina del Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador. La inmensa mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 25 años de edad. <<

[10] El 24 de marzo de 1980. Óscar Arnulfo Romero sería reconocido por la Iglesia como mártir en febrero de 2015 y canonizado como santo el 14 de octubre de 2018. <<

[11] El subsargento Marino Samayor Acosta, que recibió 114 dólares como recompensa. <<

[12] Fue el segundo intento de atentado contra la vida de monseñor Romero. El primero, mediante una bomba colocada en el altar mayor de la basílica del Sagrado Corazón, había fracasado el 9 de mayo de ese mismo año. <<

[13] La UCA ya había sido gravemente hostigada muchas otras veces. En el mismo año 1989 estallaron dos bombas en la imprenta universitaria. <<

[14] Reportaje «20 años de impunidad», emitido en Informe Semanal el 23 de marzo de 2009. <<

[15] Catorce militares salvadoreños —entre los que figuraban un ministro de Defensa, dos viceministros, un jefe del Estado Mayor y varios altos mandos castrenses— fueron acusados de la matanza. Pero sólo uno pudo ser juzgado y condenado: el ex coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano. La sentencia le impuso pena de 26 años, 8 meses y un día por cada uno de los cinco asesinatos de sacerdotes españoles, con un total de 133 años, 4 meses y cinco días. <<

[16] En Las Sabogales (26 de febrero de 1978), la Guardia Nacional apresó, torturó y asesinó al comandante Camilo Ortega, hermano menor de los dirigentes sandinistas Daniel y Humberto Ortega. <<

[17] Margaret Randall, autora de Sandino’s Daughters: Testimonies of Nicaraguan Women in Struggle (New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1991; edición revisada en 1995), la definió como «una luchadora excepcionalmente brillante y creativa, que mostró esa brillantez y creatividad tanto en el campo diplomático como en el de combate». <<

[18] Declaraciones recogidas por el periodista Carlos Agatón en julio de 1987. <<

[19] En una entrevista clandestina con el periodista Jorge Restrepo, publicada por la revista colombiana Alternativa. <<

[1] Realizada en enero de 2005, la entrevista fue incluida en el documental de TVE «Utopía y terror», que se emitió en el espacio En Portada el 7 de marzo de ese mismo año (guion y dirección, Vicente Romero; fotografía, Jesús Mata; sonido, Fernando Brioles). <<

[2] En 2003, Prak Khan había aparecido con la misma actitud en el documental S-21, la machine de mort khemère rouge, del director camboyano Rithy Pranh. <<

[3] El mariscal Lon Nol, ministro de Defensa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tomó el poder el 18 de marzo de 1970 cuando el jefe del Estado, príncipe Norodom Sihanuk, se encontraba de viaje oficial. <<

[4] El 30 de junio de 1973, el Congreso ordenó suspender los bombardeos en un plazo de seis semanas. <<

[5] Según publicó Tung Padevat («Bandera Revolucionaria»), revista mensual oficial del Partido Comunista de Kampuchea, editada entre enero de 1975 y septiembre de 1978. <<

[6] En un discurso pronunciado en septiembre de 1978. <<

[7] Nombre en jemer cuya traducción es «guardián de la paz». Con esta denominación se conocía a la unidad especial de policía creada expresamente para perseguir a desviacionistas y enemigos infiltrados. <<

[8] Investigación organizada por la Universidad de Yale y financiada por el Departamento de Estado norteamericano en 1997, que utilizó tecnología GPS para localizar fosas en Camboya, limitando su acción a nueve provincias del sur y el este del país. <<

[9] En julio de 1979, un Tribunal Revolucionario Popular organizado por Vietnam juzgó en rebeldía y condenó por genocidio a Pol Pot, Ieng Sary y Khieu Sanpham, en un juicio carente de reconocimiento internacional. En el proceso se detallaron los crímenes de Estado de Kampuchea Democrática, a cuyos dirigentes se acusaba de organizar «una sangrienta dictadura fascista de ferocidad sin precedentes, convirtiendo el país en un infierno en la tierra empapado de sangre y lágrimas». <<

[10] El conflicto se prolongaría doce años, hasta que se logró la paz bajo un control absoluto de la ONU. En 1993 se celebraron unas elecciones democráticas en las que los Jemeres Rojos se negaron a participar, y el rey Sihanuk volvió al trono. <<

[11] Chomsky publicó dos trabajos especialmente polémicos, escritos en colaboración con Edward S. Herman: el artículo «Distortions at fourth hand», aparecido en la revista Nation en 1977, y el libro After the cataclysm, Boston, South End Press, 1979. <<

[12] Situado en la confluencia del bulevar Sihanuk con el de Mao Zedong, hoy puede visitarse como museo. Con el nombre de Toul Sabih Prey fue uno de los institutos de enseñanza favoritos de la clase dominante a finales de la década de los sesenta. <<

[13] El historiador David Chandler cifra la suma de los registros en 13.206 detenidos, pero señala que hay datos imprecisos, por lo que el total seguramente fuera superior. <<

[14] En el viaje, coordinado por la Organización Internacional de Periodistas, participaron otros dos españoles: Manuel Leguineche y Francisco García Navarrete. Vicente Romero publicó varios reportajes sobre el mismo en abril de 1980, en la revista La Calle y el diario Pueblo. Su transcurso se narra también en su libro Pol Pot, el último verdugo, Barcelona, Planeta, 1998. <<

[15] A la edad de 28 años, Sean Flynn, hijo del mítico Errol Flynn y la actriz Lili Damita, fue detenido el 6 de abril de 1970 en Sabih Rieng junto al camarógrafo Dana Stone (CBS). Al parecer, fueron entregados a la guerrilla de los Jemeres Rojos. Declarado muerto en 1984, nunca se conoció su final. <<

[16] Para rodar el documental «La destrucción de Camboya», emitido en el espacio En Portada el 12 de septiembre de 1985. <<

[17] Para rodar un reportaje, acompañando la retirada de las tropas vietnamitas, titulado «Adiós, Camboya, adiós» y emitido en Informe Semanal el 30 de septiembre de 1989. <<

[18] La entrevista se incluyó en el documental «Utopía y terror» (véase nota 1, p. 130). <<

[19] Ibid. <<

[20] Vann Nath, A Cambodian prison portrait: One year in the Khmer Rouge’s S-21, White Lotus Co. Ltd., 1999. <<

[21] Serie documental de TVE, presentada por Miguel Romero (2011 y 2012). <<

[22] Christopher LaPel, refugiado reasentado en Lincoln (Nebraska), había regresado a Camboya como propagandista de la Golden West Christian Church. Su relación con Duch se narra detalladamente en el libro de Lee Strobel, El caso de la gracia, Miami, Editorial Vida, 2015. <<

[23] Al corresponsal norteamericano Nate Thayer. <<

[24] Su juicio se inició el 17 de febrero de 2009, dos meses antes de que se cumplieran 30 años de la victoria de los Jemeres Rojos en la guerra civil. <<

[25] Las Naciones Unidas mantuvieron su reconocimiento del depuesto régimen polpotista de Kampuchea Democráticas hasta 1982. Después, la representación internacional de Camboya, hasta 1993, quedó en manos del Gobierno de coalición formado por las distintas organizaciones políticas que se oponían a la ocupación vietnamita. <<

[26] Un resumen de la misma fue publicado por el diario Pueblo el 13 de abril de 1981. También figura en el ya mencionado libro de Vicente Romero Pol Pot, el último verdugo. <<

[27] Apelativo periodístico que, muchos años antes, recibió en España el ministro franquista José Solís Ruiz. <<

[28] Según el Centro de Documentación de Camboya (CDC), entidad independiente encargada de recopilar datos y testimonios sobre los crímenes de los Jemeres Rojos, está probado que Ieng Sary recibió numerosos informes sobre las torturas y ejecuciones. En uno de ellos, fechado en 1978 y publicado en 2000 por el CDC, se lee: «Prosigue la aniquilación de los enemigos internos que aún quedan, se manifiesten contra la revolución de forma abierta o encubierta». <<

[29] La esposa de Ieng Sary también asumía el papel de «primera dama revolucionaria» y acompañaba a Pol Pot en sus escasos actos de protocolo, supliendo a su hermana Khieu Ponnary, casada con Pol Pot, que había enloquecido y permanecía confinada bajo atención médica. <<

[30] Educado en una familia privilegiada (su padre era juez), se doctoró en Economía en 1959 con una tesis sobre el desarrollo de Camboya. Fue profesor en la universidad de Phnom Penh y cayó detenido en 1960 por dirigir L’Observateur, prestigiosa publicación de extrema izquierda prohibida por el Gobierno del príncipe Sihanuk. Sin embargo, el mismo Sihanuk lo nombraría secretario de Estado de Comercio en 1962. Ese año y en 1967 fue miembro electo de la Asamblea Nacional. <<

[31] Becado, estudió Economía en París durante los años cincuenta. Presidió la asociación de estudiantes camboyanos en Francia. En ella colaboró estrechamente con Pol Pot e Ieng Sary, cuya amistad cultivó al ser familiar de las esposas de ambos. <<

[32] En el Gobierno Real de Unión Nacional de Kampuchea (GRUNK), donde además fue ministro de Defensa y comandante en jefe de la guerrilla. <<

[33] Entrevista filmada para el ya mencionado documental «La destrucción de Camboya» (véase nota 16, p. 147). <<

[34] Durante el rodaje del documental «Utopía y terror» (véase nota 1, p. 130). <<

[1] Para más detalles sobre este «recibimiento», véase el siguiente epígrafe. <<

[2] Buzby tomó el mando de Guantánamo en mayo de 2007 y permaneció en el puesto durante un año hasta ser relevado por el almirante David M. Thomas Jr. <<

[3] Diez años después de esta entrevista se sabría que el controvertido suicidio en 2006 fue en realidad un triple asesinato. Uno de los guardianes de Guantánamo, el sargento Joseph Hickman, declaró que los prisioneros Mani al Utayabi, Yasser al Zahrani y Ali Abdullah Ahmed fueron «eliminados» a manos de verdugos de la CIA por haber liderado una huelga de hambre que fue seguida por numerosos detenidos. Y aseguró que Al Zahrani había escrito en una carta a su padre que «los mandos de la cárcel querían deshacerse de él como fuera». <<

[4] Entrevistas realizadas por el autor en Londres para el largometraje documental Las tinieblas del poder y el reportaje «Los últimos de Guantánamo», emitido en Informe Semanal el 18 de abril de 2009. <<

[5] Omar Deghayes fue liberado por petición británica en 2007, tras cinco años de pesadilla: hijo de un sindicalista libio ejecutado por el régimen de Muamar el Gadafi, estudió Derecho durante el exilio de su familia en Inglaterra y se casó con una afgana. Secuestrado en Lahore (Pakistán), sufrió torturas y violaciones durante su confinamiento en la cárcel secreta de la CIA en Bagram (Afganistán), antes de ser trasladado a Guantánamo, donde perdió la visión de un ojo. <<

[6] El británico Tarek Derghoul arrastraba las consecuencias de la explosión de una bomba durante su estancia en Afganistán. Secuestrado en Pakistán por un grupo paramilitar y vendido a la CIA en abril de 2002, fue trasladado a Guantánamo donde permaneció hasta marzo de 2004. <<

[7] El iraquí Bisher al Rawi informó a la policía británica de su amistad con Abú Qatada (dirigente de Al Qaeda) durante el exilio de su familia en Londres, huyendo del régimen de Sadam Husein. Detenido durante un viaje de negocios a Gambia, fue trasladado a Guantánamo en marzo de 2003. Tras ser liberado, se casó y tuvo un hijo en Inglaterra. <<

[8] Moazzan Begg, británico secuestrado en su casa de Islamabad (Pakistán) en 2002, desapareció 11 meses en la cárcel secreta de Bagram, antes de ser el recluso 558 de Guantánamo durante tres años. Conoció en Inglaterra a su tercer hijo, nacido durante su prisión. Portavoz de la ONG Cageprisoners y autor del libro Enemigo combatiente (Barcelona, La Tempestad, 2008). <<

[9] Cuba se vio obligada en 1904, bajo amenaza de ocupación militar, a firmar un arrendamiento del terreno para la base, 920 kilómetros al sureste de La Habana. <<

[10] La visita se realizó para rodar un reportaje titulado «La vergüenza de Guantánamo», emitido por TVE en el espacio Informe Semanal el 12 de enero de 2008. Sus pormenores se narran detalladamente en el libro de Vicente Romero Habitaciones de soledad y miedo (Madrid, Foca, 2016). <<

[11] El Parlamento Europeo debatió (3 de febrero de 2009) el acogimiento de presos sin alcanzar un acuerdo común. Sólo seis países se mostraron dispuestos, entre ellos España, que aceptó recibir cinco detenidos (uno de ellos con graves secuelas psíquicas). <<

[12] Director legal de Reprieve, organización humanitaria con sede central en Londres, entrevistado en el reportaje citado de Informe Semanal. <<

[13] Inmediatamente, Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Arbitrarias, Sumarias y Extrajudiciales, exigió la suspensión de los procesos militares en Guantánamo. <<

[14] Según información de The New York Times (30 de abril de 2019). <<

[15] Entrevistado en el reportaje «Desaparecidos globales», emitido en Informe Semanal el 13 de mayo de 2006. <<

[16] Dana Priest fue galardonada por ese trabajo con los premios Pulitzer y George Polk, de la Universidad de Long Island, ambos en 2006. <<

[17] Para el largometraje documental de TVE Las tinieblas del poder, emitido el 13 de marzo de 2008. <<

[18] Michael Ratner (1943-2016) presidió el Centro de Derechos Constitucionales, el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, y la Asociación Nacional de Abogados. Profesor en las universidades de Columbia y Yale, fue abogado de detenidos en Guantánamo, así como de Julian Assange. En 2007 pidió el procesamiento del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por abusos y torturas en Abu Ghraib. <<

[19] Jack Idema falleció en México, enfermo de sida, a comienzos de 2012. Su extraña aventura nunca se esclareció. <<

[20] La International Security Assistance Force (ISAF), bajo dirección de la OTAN, operó en Afganistán entre 20 de diciembre de 2001 y el 28 de diciembre de 2014, en cumplimiento de la resolución 1386 del Consejo de Seguridad de la ONU. <<

[21] Creada al final de la Guerra de Corea, la Escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (radicada en Brunswick, Maine) incrementó sus tareas durante el conflicto de Vietnam y, finalmente, amplió sus funciones al conjunto de las Fuerzas Armadas como parte de la formación teórica de los combatientes. <<

[22] Incluidas en un documento informático al que se denominó Manual de Manchester (texto 1677 T-1D de Al Qaeda), incautado en 2000 por la policía británica durante un registro domiciliario. <<

[23] Mediante el waterboarding, práctica que en América Latina se conoce como «el submarino», consistente en cubrir la cara del interrogado con un paño sobre el que se vierte agua. <<

[24] Según un informe oficial secreto, conseguido y publicado por The New York Times en 2016. <<

[25] La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y el despacho de abogados Gibbons (Newark, Nueva Jersey) presentaron contra ellos una demanda —que no llegó a fructificar— ante el Tribunal Federal del distrito de Spokane (Washington), en nombre de varios ex prisioneros de la CIA. <<

[1] Ello hizo que el régimen militar fuese conocido popularmente como el proceso. <<

[1] Datadas en 2013 y 2014. Con la concesión del beneficio de prisión domiciliaria a Valdiviezo, en agosto de 2016, salía de la cárcel el último de los 37 condenados en la megacausa Arsenales II por crímenes de lesa humanidad contra 208 víctimas. <<

[2] Se refiere al juicio, celebrado en 1985 por decreto de Alfonsín, a los integrantes de las Juntas Militares que gobernaron Argentina durante la dictadura. <<

[3] El general Antonio Domingo Bussi (1926-2011) comandó el Operativo Independencia, ordenado por el Gobierno peronista contra la guerrilla del ERP en Tucumán, en el que participó Valdiviezo. Permaneció como gobernador provincial tras el golpe militar. Ejerció una durísima represión, con secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Para reforzar la actuación militar, creó un grupo policial en la Brigada de Investigaciones y estableció numerosos centros clandestinos de detención. Varios testigos le acusaron de dar muerte a prisioneros con sus propias manos. Acumuló una fortuna de más de tres millones de dólares. Se benefició de la Ley de Punto Final. Democráticamente electo por un partido de extrema derecha como gobernador de Tucumán (1995-1999), finalmente sería juzgado y condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Perdida su condición castrense, falleció cumpliendo pena de forma domiciliaria. <<

[4] Apodado el Tordo, Osvaldo Sigfrido de Benedetti (1949-1978) fue uno de los fundadores y máximos dirigentes en Tucumán del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su estructura militar, el ERP. Como tal, organizó numerosos actos revolucionarios y participó en secuestros, atentados y combates. Detenido en 1974, al proclamarse la dictadura se encontraba en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, a disposición del Juzgado Federal de Tucumán. Pero, trasladado a esta última ciudad, fue asesinado por personal militar perteneciente al III Cuerpo de Ejército, cuando era conducido a la localidad de Caspichango el 21 de julio de 1978. Los seis militares acusados del crimen serían condenados a cadena perpetua. <<

[5] Ñata Monasterio es un personaje rodeado de contradicciones. Pudo tratarse de una niña llamada Rosario del Valle Albornoz, pero la realidad es que murió indocumentada y su edad es incierta. Abandonó los estudios en el sexto grado, a la edad de doce años, reclutada para el ERP por un maestro de la escuela donde estudiaba. Al parecer, actuó como correo de la guerrilla antes de empuñar las armas, y alcanzó el grado de sargento. Se dice que se convirtió en concubina del famoso combatiente Bombo Ávalos y que se encontraba embarazada cuando fue asesinada. Una versión asegura que fue capturada, interrogada, violada, torturada y muerta por el Ejército argentino. Otra afirma que murió en un combate nocturno en la zona de Potrero Negro (Tucumán). <<

[6] Julio Ricardo Abad, conocido como el Bombo Ávalos (pese a que su nombre de guerra era Armando), es una figura mítica del ERP. Campesino inculto, entró en la guerrilla a los dieciocho años, combatió en la compañía Ramón Rosa Jiménez y llegó al grado de capitán. Apresado, torturado y visto por testigos en lugares clandestinos de detención en 1976, su rastro se perdió hasta que en 2013 reapareció fugazmente en su localidad natal de Santa Lucía. <<

[7] Domingo Antonio Jerez, soldado que servía de chófer a los oficiales, relató ante la Justicia —en septiembre de 1990— las torturas y fusilamientos cometidos por el Ejército en Tucumán, nombrando a Ariel Valdiviezo como miembro del Grupo de Tareas formado por el general Antonio Bussi para encargarse de la represión ilegal. <<

[8] Durante su mandato, el general Bussi llevó a cabo un amplio programa de obras públicas, carente de planificación. Utilizó para ello a sus tropas y a desempleados, obligados a trabajar a punta de pistola. Muchas de las instalaciones deportivas que construyó serían destruidas por las crecidas del río. Levantó muros ornamentales para ocultar la vista de las villas miseria. <<

[9] Mohamed Alí Sineildín, oficial condecorado por su participación destacada en la guerra de las Malvinas, alcanzó el grado de coronel en 1985. Fue ideólogo de las rebeliones de los militares carapintadas contra el Gobierno de Alfonsín, exigiendo impunidad para los implicados en la represión. Condenado por un tribunal castrense, pasó en la cárcel trece años, hasta ser indultado en 2003. Falleció en septiembre de 2009. <<

[10] La Escuelita está considerada Sitio de Memoria desde 2012 y Lugar Histórico Nacional y Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos a partir de 2015. <<

[11] Ocurrida el 1 de julio de 1974. <<

[12] El 6 de noviembre de 1974, por medio del Decreto 1.368. <<

[13] El Decreto 261, fechado el 5 de febrero de 1975, resultaría muy polémico por su carácter secreto. <<

[14] Emitida por TVE en el reportaje «El reino de Caín», en el programa En Portada el 9 de diciembre de 1986. <<

[15] El 9 de febrero de 2005. Véase entrevista en pp. 317-328. <<

[16] Nombre que se daba al jergón donde los interrogados yacían amarrados para recibir descargas eléctricas de los verdugos. <<

[17] Lo esencial de la entrevista se incluyó en el ya mencionado reportaje «El reino de Caín». <<

[18] Los carapintadas fueron llamados así por llevar el rostro cubierto con pintura de camuflaje. Protagonizaron cuatro rebeliones, entre abril de 1987 y diciembre de 1990. <<

[19] Para desalojar a Perón del poder, el 16 de junio de 1955 aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo con el lema «Cristo vence», causando la muerte de 364 civiles. <<

[20] El 22 de agosto de 1972 se produjo una fuga masiva de guerrilleros del ERP, las FAR y Montoneros que estaban prisioneros en el penal de Rawson, provincia de Chobut. Diecinueve de ellos volvieron a ser capturados y fueron ametrallados en la base naval Almirante Zar en Trelew, falleciendo dieciséis. <<

[21] El cuartel de La Tablada (Buenos Aires) fue asaltado el 23 de enero de 1989 por militantes del izquierdista Movimiento Todos por la Patria (MTP), creado por Enrique Gorriarán Merlo, antiguo dirigente del ERP. Murieron nueve soldados, dos policías y 28 guerrilleros, de los cuales nueve fueron ejecutados sumariamente. <<

[22] El 21 de febrero de 2021, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, comenzó el segundo tramo del juicio contra Emilio Nanni y otros seis militares retirados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 145 personas en la Subzona Militar 15. <<

[23] Entre 1960 y 1982, Bonamín fue titular del vicariato castrense, organismo creado a mediados del siglo pasado, durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, «para el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire». <<

[24] Dicho ante los cadetes del Ejército el 9 de enero de 1976 y repetido en otras muchas ocasiones. <<

[25] Analizado por Lucas Bilbao y Ariel Lede en El profeta del genocidio, Buenos Aires, Sudamericana, 2016. <<

[26] Obispo de Jujuy, hizo tal afirmación durante una misa en el penal de Villa Gorriti. Según testimonio de Ernesto Reynaldo Samán (legajo 4.841 de la CONADEP), en el mismo acto monseñor Medina se ofreció a recoger en confesión de boca de los presos informaciones útiles para la represión. <<

[27] Según consta en el legajo 4.952 de la CONADEP. <<

[28] Según la declaración de la detenida superviviente Nilda Eloy durante el juicio al comisario Miguel Etchecolatz, en La Plata, en 2006. Monseñor Antonio Callejas se encargaba de atender a los familiares de detenidos. La Cacha fue un centro clandestino de detención situado en la localidad de Lisandro Olmos, en las cercanías de la Unidad Penal n.º 8. <<

[29] Entre otros testimonios sobre ello aparece el prestado por Zivana Aleksoski ante la Cámara Federal de La Plata, en el Juicio por la Verdad, el 3 de mayo de 1999. <<

[30] Monseñor Grasselli recibía en la capilla castrense Stella Maris a familiares de detenidos para facilitarles supuestas informaciones sobre su destino. Parientes del desaparecido Carlos Oscar Lorenzo refirieron ante la CONADEP las declaraciones citadas. <<

[31] Según Emilio Mignone en el libro Iglesia y dictadura (Buenos Aires, Colihue, 1986). <<

[32] La referencia al teniente coronel de las SS Karl Adolf Eichmann, secuestrado en Argentina por un comando israelí en 1960 y juzgado por su responsabilidad en la política genocida de los nazis, provocó un escándalo político que se cerró con la destitución del prelado como capellán policial. <<

[33] Durante una entrevista para el programa «La máquina de matar» (En Portada, 4 de enero de 2006), incluida también en El alma de los verdugos (largometraje especial de Informe Semanal, 10 de abril de 2007) y en un libro con el mismo título publicado en 2008 por RBA. <<

[34] Prefecto emérito de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Pio Laghi fue nuncio de la Santa Sede en Argentina durante la dictadura militar. <<

[35] Ambas muertes, acaecidas el 4 de agosto de 1976 y el 11 de julio de 1977 respectivamente, fueron presentadas por las autoridades militares como causadas por accidentes de tráfico. <<

[36] Declaraciones publicadas en el diario Pueblo el 1 de febrero de 1983. <<

[37] En su funeral, en 2004, el vicario general castrense Antonio Baseotto instó a «orar por la espada, para que mantenga en alto los principios de la fe cristiana». <<

[38] Según el testimonio de Eusebio Héctor Tejada ante la CONADEP (legajo 6.482), referido a hechos ocurridos en marzo de 1980. <<

[39] Denunciado por la sobreviviente Iris de Avellaneda ante la CONADEP. <<

[40] Legajo 4.952 de la CONADEP. <<

[41] Emilio Mignone cuenta haber escuchado esta argumentación. <<

[42] En una entrevista concedida al diario Página 12 en 1998. <<

[1] Caso Timerman, punto final, Buenos Aires, Tribuna Abierta, 1982. <<

[2] La entrevista se publicó en el diario Pueblo el 27 de enero de 1983. Anunciada a seis columnas en la portada, ocupó dos páginas del periódico. <<

[3] Vallejo-Nájera dirigió un gabinete psiquiátrico, creado en agosto de 1938, para estudiar la supuesta «inferioridad genética y mental de los rojos» que producía su «perversión moral, sexual e ideológica» de carácter degenerativo. Sus investigaciones, que contaron con ayuda de científicos alemanes, fructificarían en la publicación del ensayo Biopsiquismo del fanatismo marxista. <<

[4] Se refiere al secuestro, juicio revolucionario y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu en 1970. <<

[5] Las iniciales NN significan ningún nombre (no name, en inglés). <<

[6] La declaración de Saint Jean fue distribuida por la agencia norteamericana United Press International y mereció un editorial en el New York Times el 25 de mayo de 1977. <<

[7] Lugares habilitados como centros de actuación policial clandestina. <<

[8] El juicio comenzó en La Plata el 12 de septiembre de 2001. <<

[9] Nombre que se daba a bandas encargadas de secuestros. <<

[10] Años después, cuando fue conocido, el caso suscitó un gran interés en los medios de comunicación. Narrado por María Seoane y Héctor Ruiz Núñez en el libro La Noche de los Lápices (Editorial Contrapunto, 1986), fue llevado al cine el mismo año por Héctor Olivera. Durante mucho tiempo se consideró a Pablo Díaz como único sobreviviente. Pero hubo otros tres: Patricia Miranda, que no quiso hablar de lo ocurrido; Gustavo Calotti, que prestó declaración por exhorto en la Audiencia Nacional en 1986, y Emilce Moler. En 1983, esta última se ofreció para testificar en el juicio a las Juntas Militares, pero fue desestimada. En 1986 declaró por videoconferencia ante la Audiencia Nacional. Y en 1999 lo hizo en el Juicio por la Verdad en La Plata. Fue entrevistada por Vicente Romero en 2007 para el libro El alma de los verdugos (Barcelona, RBA, 2008). Hija del policía jubilado Oscar Moler, se especuló con que ello le hubiera salvado la vida. <<

[11] Para el documental «Sueños de justicia», emitido por TVE en Informe Semanal el 18 de octubre de 1997, premiado con una Medalla Mundial en el Festival de Nueva York. <<

[12] Cozzani fue condenado en la Causa Camps por las torturas a Lidia Papaleo de Graiver, Juan e Isidoro Graiver y Cristina Fanjul. <<

[13] Villani fue secuestrado el 18 de noviembre de 1977 por el Ejército y dejado en libertad por la Armada en agosto 1981. <<

[14] Mario Villani relató su experiencia en el libro, escrito con Fernando Reati, Desaparecido: memoria de un cautiverio (Buenos Aires, Biblos, 2011). <<

[15] Nombre que se daba a los centros clandestinos de detención. <<

[16] El Banco era uno de los centros clandestinos de la sección de Inteligencia de la Policía Federal. Estuvo activo desde las últimas semanas de 1977 hasta mediado 1978, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Contaba con medio centenar de calabozos, una celda colectiva a la que llamaban «la leonera», y tres salas de tortura. Cuando las obras de la autopista 25 de Mayo exigieron cerrar el Club Atlético, muchos de sus prisioneros fueron llevados al Banco. <<

[17] El cuartel fue asaltado por la guerrilla el 23 de diciembre de 1975. El Ejército estaba informado por un infiltrado y se produjo una larga batalla. Fue la última acción de envergadura del ERP, que sufrió un centenar de bajas. <<

[18] El Equipo Argentino de Antropología Forense localizó allí 18 fosas comunes y 19 individuales, con un total de 338 enterramientos clandestinos. <<

[19] A cargo de un pequeño grupo denominado Organización Revolucionaria del Pueblo, que se dio a conocer en 1992 mediante ataques con explosivos a locales bancarios y sedes oficiales. Su líder, Adrián Krmpotic, fue el autor de los disparos. <<

[20] Se trata del prefecto Juan Antonio Azic, conocido como Piraña. <<

[21] Para el especial de Informe Semanal titulado El alma de los verdugos, estrenado el 10 de abril de 2007. <<

[22] En su libro La otra campana del Nunca Más (Buenos Aires, 1988). <<

[23] Producidos en los pozos de Quilmes y de Banfield, el COTI de Martínez y la División Cuatrerismo de La Plata. <<

[24] Entre marzo de 1976 y finales de 1977. Solicitó el retiro en 1979 y pasó a trabajar en una empresa privada de seguridad. <<

[25] Ya había obtenido anteriormente otra concesión de prisión domiciliaria, pero le fue revocada en 2006, cuando el abogado Alejo Ramos Padilla demostró que Etchecolatz tenía en su casa una pistola Browning 9 mm con la que había amenazado a su padre, el juez Juan Ramos Padilla. <<

[26] Véase entrevista en pp. 358-369. <<

[27] Entrevistada en 2020 para el documental de Miguel Romero «Heridas abiertas», producido por Chester Media y emitido por TVE el 2 de febrero de 2021 en el espacio Documentos TV. <<

[28] Desde su página web [prisioneroenargentina.com]. Véase entrevista en pp. 285-289. <<

[29] Para el documental «Heridas abiertas», antes citado. <<

[1] La entrevista se realizó el 16 de noviembre de 2013. Tras su publicación en el diario El Mundo, Barreiro señaló algunas «inexactitudes» o malas interpretaciones, que aquí han sido corregidas, respetando su opinión. <<

[2] El 2 de septiembre de 2003, durante el mandato de Néstor Kirchner, quedaron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final mediante la Ley 25.779. Con ello se abría la posibilidad de juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad. <<

[3] Se estableció junto a su esposa en la localidad de Fairfax, estado de Virginia, donde abrió una tienda de productos argentinos. Se le acusó de comerciar clandestinamente con antigüedades, algunas robadas en la catedral de Córdoba. <<

[4] Inesperadamente, Barreiro aportó a la investigación judicial algunos datos sobre la existencia de fosas comunes en las instalaciones castrenses del III Cuerpo de Ejército y en la villa Ciudad América, donde habrían sido sepultados veinticinco detenidos desaparecidos, cuyos nombres también facilitó. Un hecho insólito, que pareció romper el «pacto de silencio» que los militares argentinos han mantenido —y aún mantienen— con firmeza. <<

[5] La abogada María Graciela de los Milagros Doldan —apodada la Gringa— nació el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe. En su juventud destacó entre los líderes del Movimiento de Estudiantes de la Universidad Católica (MEUC) y fue presidenta de la Juventud Universitaria Católica de Santa Fe. Abogada laboralista, voluntaria en la CGT y militante crítica de Montoneros, fue secuestrada junto a una compañera el 26 de abril de 1976, en su casa de Córdoba, cuando tenía 34 años. Permaneció diez meses cautiva en La Perla, siendo duramente torturada. Aún continúa desaparecida. <<

[6] En 1971, acosado por fuerzas policiales durante una semana, Navarro se suicidó para no caer detenido. <<

[7] Otra prisionera, Graciela Geuna, contó que Doldan se fue con paso firme y la cabeza erguida. Se cuenta que Gabriela se despidió con un abrazo del oficial que mandaba el pelotón de fusilamiento: «Aunque vos no lo sepás», le habría dicho, «sos un ser humano y contigo me estoy despidiendo de la Humanidad». <<

[8] La novela El tigre y la nieve, del uruguayo Fernando Butazzoni, narra una relación semejante que la prisionera Julia Flores asegura haber mantenido con Barreiro en La Perla. <<

[9] Véase el epígrafe «Amores entre tinieblas», pp. 347-355. <<

[10] Nacido en Buenos Aires el 24 de enero de 1948, Mario Firmenich fue cofundador del movimiento armado Montoneros, cuya Secretaría General llegó a ocupar. Máximo dirigente de la guerrilla izquierdista peronista, participó en numerosos actos terroristas. Puesto en libertad por el presidente Carlos Ménem en diciembre de 1990, actualmente reside en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), dedicado a actividades de enseñanza universitaria. <<

[11] Entre marzo de 1975 y diciembre de 1978. <<

[12] Con los ojos tapados por una venda o una capucha. <<

[13] Celebrado en el Tribunal Federal n.º 1, comenzó el 4 de diciembre de 2012 y concluyó el 25 de agosto de 2016. <<

[14] Actos semejantes se celebraron en otros centros de detención, como en la ESMA en Buenos Aires. <<

[15] Fue secuestrada en la calle (el 25 de septiembre de 1976) por un grupo de militares del que formaba parte Ernesto Nabo Barreiro. <<

[16] Su testimonio, incluido en el informe «Nunca más», sirvió de base a la novela El tigre y la nieve de Fernando Butazzoni (Buenos Aires, Planeta, 1986). Exiliada en Suecia, atribuyó el haber salido con vida de La Perla tanto a haber cantado en los interrogatorios como al mantenimiento de relaciones íntimas con Ernesto Barreiro. <<

[17] En la escuela de las Hermanas Claretianas, el 3 de agosto de 1976, un día antes de que los militares asesinasen al obispo Angelelli. Los seminaristas vivían en un barrio obrero y no habían sido autorizados a seguir sus estudios de Teología en el Seminario Mayor, en castigo por haber hecho «opción por los pobres». <<

[18] Líder estudiantil universitaria, detenida el 13 de abril de 1978. <<

[19] Recogido, junto a otros semejantes, en el libro Sobrevivientes de La Perla, de Patricia y Gustavo Contepomi (Buenos Aires, El Cid Editor, 1984). <<

[20] Estudiante en la Escuela de Arte, secuestrada en 1976 y confinada en La Perla, pasó después por otros centros de detención hasta ser liberada en 1982. <<

[21] Su primo, el también general Mario Benjamín Menéndez, tampoco aportó mayores glorias a las Fuerzas Armadas argentinas: se rindió a las tropas británicas como gobernador de las Malvinas, poniendo un humillante final a la última aventura de la dictadura. <<

[22] Pujadas, nacido en España y fundador de Montoneros en Córdoba, fue uno de los guerrilleros fusilados en Trelew el 22 de agosto de 1972. <<

[23] En referencia a la Ley 20.216, que había prohibido la difusión de «ideologías extrañas al ser nacional». Su aplicación causó una colosal purga en las bibliotecas y librerías de todo el país, afectando a cuantas publicaciones «suscitaran bajas pasiones políticas y morales», especialmente textos políticos marxistas y libros y revistas de contenido erótico. <<

[24] Soldados que cumplían el servicio militar obligatorio. <<

[25] Gabriel Longeville y Carlos Murias, colaboradores muy cercanos del obispo de La Rioja, que habían sido detenidos, torturados y ejecutados diecisiete días antes. El atentado valdría a Menéndez una condena a prisión perpetua como autor intelectual, dictada por el Tribunal Federal Oral de La Rioja el 4 de agosto de 2014. Monseñor Enrique Angelelli sería beatificado por el papa Francisco el 27 de abril de 2019. <<

[26] Con su jefatura en la ciudad de Córdoba, contaba con tres brigadas y 20 regimientos que abarcaban diez provincias del centro y el norte de Argentina. <<

[27] Mirta Graciela Antón perteneció a la institución entre el 1 de febrero de 1974 y el 11 de enero de 1984. <<

[28] En el D-2 también estuvo encuadrado su hermano Herminio Jesús Antón, apodado por su ferocidad Boxer y el Perro. Permaneció en activo en ese departamento hasta 1997. Finalmente fue detenido en junio de 2009, tras permanecer prófugo más de dos años. <<

[29] Silvina Parodi, con 20 años y embarazada de seis meses, y su marido Daniel Orozco fueron secuestrados el 26 de marzo 76, tan sólo dos días después del golpe militar. Su hijo nació en cautividad. <<

[30] Crónica de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Argentina, 24 de agosto de 2018. <<

[31] Miembro del ERP, Moore fue secuestrado junto a su esposa, Mónica Cáceres. Cedió a las torturas y colaboró. Exiliado en Inglaterra, su testimonio está recogido en el libro de Miguel Robles La búsqueda (Buenos Aires, Sudamericana, 2016). <<

[32] La biografía de Mirta Graciela Antón se narra en el libro La Cuca (Buenos Aires, Aguilar, 2018), escrito por Ana Mariani, cronista de tribunales que mantuvo con ella seis entrevistas en la cárcel. <<

[1] Editorial del Plata publicó en Argentina un centenar de ejemplares en 1996. Cuando fue juzgado en Madrid y pretendió negar sus crímenes, Scilingo aseguró que había percibido 300.000 dólares por el libro, pero que se limitó a firmarlo. <<

[2] Su padre era un pequeño constructor y su madre trabajó de maestra en Bahía Blanca, ciudad de ambiente conservador y con gran influencia militar. <<

[3] La entrevista apareció en el diario argentino Página 12. Su texto íntegro se publicó en el libro El vuelo, de Horacio Verbitsky (Buenos Aires, Planeta, 1995). <<

[4] Adolfo Mario Arduino fue jefe de Personal de la ESMA y oficial de enlace con la Policía Federal. <<

[5] Se refería al letrado Gonzalo Torres de Tolosa. Véase entrevista en pp. 334-339. <<

[6] Arosa fue jefe del Estado Mayor de la Armada en el primer Gobierno constitucional, una vez recuperada la democracia. <<

[7] En Barajas recibieron a Scilingo dos representantes de Izquierda Unida, organización que, deseosa de contar con su testimonio sobre la ESMA, le facilitó ayuda económica. <<

[8] La entrevista, que se emitió la misma noche en Informe Semanal, junto a las que mantuvimos catorce meses antes, serían admitidas por el Tribunal como pruebas en su contra. <<

[9] En 2004, la ESMA se convirtió en Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, albergando el Archivo Nacional de la Memoria y oficinas de las principales organizaciones de Derechos Humanos. En 2008, su sede fue declarada Monumento Histórico Nacional y la UNESCO instaló en ella su Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. En 2016 quedó protegida por el escudo azul de Naciones Unidas. <<

[10] Sus dependencias fueron modificadas en 1979 para impedir que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comprobase sus funciones como centro de detención. Los prisioneros fueron transferidos temporalmente a una isla del Tigre, cedida por la jerarquía eclesiástica. <<

[11] Véase «El calvario de los niños robados», en pp. 384-393. <<

[12] Varios llegaron a facilitar la identificación de sus propios compañeros y colaboraron con la Armada hasta participar en alguno de sus operativos durante la guerra de las Malvinas. El caso más conocido fue el de Antonio Nelson Latorre, el pelado Diego, dirigente de Montoneros y fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue enviado a Gibraltar para atentar contra navíos de guerra británicos, junto a su correligionario Máximo Nicolette y un tercer militante montonero apodado el Marciano. Otros terminaron trabajando para el movimiento político con que el almirante Massera pretendía alcanzar sus ambiciones de poder. <<

[13] El Grupo de Tareas que secuestró a Ardetti en agosto de 1978 saqueó su domicilio, llevándose incluso embutidos y alimentos enlatados. <<

[14] Como testaferros de Sidercforma (Servicio Integral de Decoración, Reformas y Construcción) figuraban la madre y la pareja de un detenido. <<

[15] Nombre formado por la primera sílaba de los apellidos Williams y Ríos, falsas identidades empleadas por Whamond y Rádice. Sus actividades se desvelaron en 2007, durante las investigaciones sobre crímenes de Estado en Mendoza. <<

[16] En su ya mencionado libro ¡Por siempre nunca más! <<

[17] Entrevista de Juan Ignacio Irigaray en El Mundo, el 23 de marzo de 1996. <<

[18] Almirante Cero porque decían que el cero está antes que el uno. Negro es un apelativo tradicional para quienes tienen el cabello de ese color. <<

[19] La logia Propaganda Due (P2), integrada en el Grande Oriente d’Italia y presidida por Lucio Gelli, fue eje principal del famoso escándalo del Banco Ambrosiano, donde el Vaticano (a través del Instituto para las Obras de Religión) tenía turbios intereses. Miembros de la P2 llegaron a ocupar puestos prominentes en las principales instituciones italianas hasta 1981. En Argentina pertenecieron a ella personalidades como Raúl Lastiri (presidente interino), José López Rega (secretario de Perón, ministro y organizador de la Triple A) y Guillermo Suárez Mason (general del Ejército). <<

[20] El general Actis murió poco antes de ocupar la presidencia del ente organizador del Campeonato Mundial de fútbol de 1978, y su sustitución por el almirante Carlos Lacaste garantizó a Massera el control de un organismo que manejaba enormes fondos sin tener que rendir cuentas.

Elena Holmberg trabajaba en el Centro Piloto creado por Massera en París; al parecer, informó a Videla de sus actividades y poseía una comprometedora foto de el Negro con el dirigente montonero Mario Firmenich. Massera ordenó su regreso a Buenos Aires, fue secuestrada y su cadáver apareció en el río Luján.

Marcelo Dupont era hermano de un testigo en el juicio por el asesinato de Holmberg; su cadáver evidenciaba estrangulamiento antes de ser arrojado desde lo alto de un edificio en construcción. <<

[21] El Banco Central de Argentina, en cuya presidencia Massera colocó al contralmirante Andrés Covas, autorizó una transferencia internacional de 1.600.000 dólares para adquirirlos. <<

[22] Publicadas en el diario Pueblo, el 3 de agosto de 1982. <<

[23] Por 83 homicidios calificados, 623 privaciones ilegales de la libertad, 267 aplicaciones de tormentos, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documentos públicos, cuatro usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, dos secuestros extorsivos, una supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y siete tormentos seguidos de muerte. <<

[24] En un comunicado de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, e H. I. J. O. S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). <<

[25] Munú Actis, artista pintora de murales, fue secuestrada por realizar tareas sociales en villas miseria del extrarradio de Buenos Aires y pasó nueve meses en la ESMA. Contó su experiencia, junto a sus compañeras de cautiverio Cristina Aldini, Liliana Gardella, Elisa Tokar y Miriam Lewin, en el libro Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA (Buenos Aires, Sudamericana, 2001). Posteriormente, Miriam Lewin publicó otro libro sobre el mismo tema, junto a Olga Wornat: Putas y guerrilleras (Buenos Aires, Planeta, 2014; edición revisada en 2020). <<

[26] Varias de sus historias se narran en el libro de Vicente Romero Habitaciones de soledad y miedo (Madrid, Foca, 2016). <<

[27] Rádice se convirtió en secretario privado del almirante Massera, cuando éste pasó a la actividad privada. <<

[28] Ana Testa estudió Arquitectura y se comprometió en la lucha del peronismo izquierdista más radical. Fue secuestrada el 13 de noviembre de 1979 cuando iba a la peluquería con su hija de tres años y medio. La niña fue devuelta a su abuela materna una semana después. <<

[*] Jefe del Estado Mayor del Ejército desde noviembre de 1991 a diciembre de 1999. Reconoció el atropello de los Derechos Humanos y afirmó que «nadie está obligado a cumplir una orden inmoral». Su autocrítica le valió ser expulsado del Círculo Militar. <<

[1] Infiltrado en ERP, el Oso delató a medio centenar de cuadros izquierdistas. Su actuación más conocida fue como informante de los preparativos del asalto al cuartel de Monte Chingolo, en diciembre de 1975, donde la guerrilla sufrió más de medio centenar de bajas. Por ello, Españadero lo califica de «héroe de guerra». <<

[2] En la Escuela Superior de Policía de Buenos Aires, en la Academia de Estudios Penitenciarios y en la Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea. <<

[3] Conductor de un taxi. <<

[4] El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Carlos Españadero y a Teófilo Saá, ex jefe del Regimiento de Infantería 25, a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua por homicidio con alevosía del soldado de reemplazo José Luis Rodríguez Diéguez, militante de la Juventud Peronista. <<

[5] El juicio comenzaría finalmente el 11 diciembre de 2020 en el Tribunal Oral Federal n.º 6. Sus sesiones aún proseguían cuando se realizaban los trabajos de edición de este libro. Con 89 años, Españadero se enfrentaría a la acusación de secuestros, torturas y abusos deshonestos contra 17 personas entre 1975 y 1977. <<

[6] En 1980 elaboró dos textos para el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército: Experiencias y enseñanzas de los ataques terroristas a los cuarteles y Experiencias y enseñanzas de los homicidios cometidos por los terroristas. En 2001, publicó, con Eduardo Jorge Parisi, Seguridad contraterrorista. El primer tomo de su último trabajo teórico, El problema del terrorismo (2009), se encuentra disponible en PDF en Internet. <<

[7] Se refiere a Enrique G. Broquen, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST, trotskista) y abogado muy activo en los momentos más difíciles de la lucha por los Derechos Humanos. <<

[8] El secuestro se produjo en la localidad de Morón el 8 de diciembre de 1975, en casa de Ofelia Ruiz (viuda de Asdrúbal Santucho, hermano de Roberto). Con ella se llevaron a sus hijas María Ofelia (15 años), Susana (14), Silvia (12) y Emilia (10). Y también a sus sobrinas Ana Cristina (14), Marcela Eva (13) y Gabriela Inés (12), hijas de Roberto Santucho con Ana María Villarreal, y a su hermanastro Mario Antonio (9 meses), fruto de un segundo matrimonio del máximo dirigente del ERP. Los secuestrados fueron conducidos al centro clandestino Puente 12. <<

[9] En su libro Bombo el reaparecido (Buenos Aires, Seix Barral, 2019), Mario Antonio Santucho —que fue el bebé secuestrado— relata una entrevista con Españadero, a quien denomina «el embustero», reprochándole que no haya facilitado información sobre los restos de sus familiares. <<

[10] Hijo de Elías Abdón y Elba Balestri. <<

[11] El 1 de diciembre de 1974, en San Miguel de Tucumán. La niña falleció por un balazo en la cabeza y su hermana de cinco años quedó malherida. La madre, embarazada, resultó ilesa. <<

[12] El hotel Real Splendid, de dos estrellas, en el barrio de Flores. <<

[13] Solicitaron asilo el 16 de diciembre de 1975, lo que generó una crisis diplomática, y permanecieron en la embajada durante un año, hasta que el Gobierno argentino autorizó que salieran del país y viajaran a Cuba. <<

[14] Actualmente María Ofelia Santucho reparte su vida entre Buenos Aires y La Habana. El primer día del nuevo juicio contra Españadero (11 de diciembre de 2020) declaró por videoconferencia. <<

[15] Véase p. 282, nota 27. <<

[16] Véase entrevista con Cozzani en pp. 267-272. <<

[17] Grabadas en 2007 para el programa de TVE El alma de los verdugos y reflejadas en el libro del mismo título. Véase p. 246, nota 33. <<

[18] Los guerrilleros de Montoneros llevaban una pastilla de cianuro con la que suicidarse para no caer prisioneros y ser interrogados. <<

[19] Véase entrevista en pp. 291-303. <<

[20] Según estimaciones de la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y otras entidades argentinas de Derechos Humanos. <<

[21] El 9 de junio de 1998, por orden del juez Roberto Marquevich, el general Videla fue detenido como máximo responsable de cinco casos de apropiación de menores con asesinato de sus madres. El juez explicó, en una entrevista con Vicente Romero publicada en Informe Semanal, que los casos respondían a «una sistematización en la desaparición». Videla sería finalmente condenado a 50 años de prisión en julio de 2012 como responsable en 34 casos probados. La pena se sumó a la de cadena perpetua que ya cumplía. <<

[22] Hecho admitido por Rubén Pablo Cueva, director de Asuntos Jurídicos de la firma alemana, recogido en el informe Los niños desaparecidos, publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1982. <<

[23] La entrevista con Españadero figura en pp. 358-369. <<

[24] Entrevista con Scilingo en pp. 317-328. <<

[25] El fallecimiento no se acreditó documentalmente. Su viuda, Ana M.ª Grimaldos, fue detenida en 2010 cuando intentó entrar en Argentina con pasaporte falso. En 2012 fue condenada a seis años de prisión. <<

[26] La lucha de Abuelas desde noviembre de 1977, bajo la dirección de Chicha Mariani, no sólo lograría la recuperación de criaturas, sino que pondría en evidencia la metodología de la represión. Sus informaciones sirvieron de base al informe elaborado en 1979 por la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. En 1981 ya habían denunciado una veintena de casos de niños secuestrados y la desaparición de un centenar de recién nacidos en cárceles clandestinas. <<

[27] El libro de guardia del Penal de Olmos, vecino de La Cacha, registra su nacimiento el 27 de abril de 1977. <<

[28] Peronista, ha sido diputado de la Ciudad de Buenos Aires en 2007, miembro de la Cámara Nacional de Diputados en 2017 y ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2019. <<

[29] Paula es madre de dos niñas y trabaja en Derechos Humanos en Buenos Aires. Carla, tras vivir durante años en España con su abuela y tener tres hijos, regresó a Buenos Aires, donde falleció en 2017 a causa de un cáncer. <<

[30] Alfredo Rufo sería detenido en octubre de 2006 y procesado en la causa sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército. En noviembre de 2020 fue condenado a cadena perpetua, aunque se le concedió el cumplimiento domiciliario. <<

[31] Su fuga fue filmada para el reportaje «Carla, el final de una pesadilla», emitido en el programa Informe Semanal el 11 de julio de 1987. <<

[1] Los días 25 y 26 de junio de 1876, en tierras de Montana. La mayoría de la población indígena norteamericana ya estaba confinada en reservas. Pero se descubrió oro en las tierras siux de Black Hills y los tratados fueron violados. Así lo dictaminó más de un siglo después la Corte Suprema (en 1980). Sin embargo, las tierras nunca fueron devueltas a los indios. <<

[2] Para realizar una serie de reportajes, publicados en la revista La Calle (23 de octubre de 1979) y el diario Pueblo (28 de noviembre de 1979 y siguientes). <<

[3] Organización creada en 1968 con fines humanitarios, cuyo principal objetivo era prestar ayuda a los indios desplazados en ambientes urbanos. Fue oficialmente disuelta diez años después, tras el encarcelamiento de sus líderes más influyentes. <<

[4] Los jefes tradicionales Cuervo Loco (Fools Crow), Halcón Blanco (White Hawk) y Mata Enemigos (Kills Enemy), acompañados por el joven líder Russell Means. <<

[5] Famosa frase pronunciada por Philip Sheridan, general racista implicado en actos de genocidio, que sería comandante en jefe del Ejército de los Estados Unidos desde 1883. Recogida en el libro Enterrad mi corazón en Wounded Knee, de Dee Brown (1970; edición española: Madrid, Turner, 2015). <<

[6] Llamado Wanbli Ohitika (Águila Valiente), en lengua lakota. <<

[7] Senador demócrata por Dakota del Sur (1973-1979), impulsor de la Ley de Bienestar de Niños Indígenas, aprobada por el Congreso en 1978. <<

[8] Titulado «Las elecciones de la crisis», con imagen de Carlos Díaz Oliván y sonido de Miguel Ángel Cano, fue emitido por TVE en Informe Semanal el 1 de noviembre de 2008. <<

[9] Rowland participó activamente en la ocupación de Wounded Knee en 1973 y en las protestas contra la construcción de un oleoducto en 2016. Coautor del libro It’s only The Beginning: The memoirs of lakota warrior Thehiya Kte (Ed. Books On Demand, 2018). <<

[10] Su autobiografía Where White Men Fear to Tread (con Marvin J. Wolf; Ed. St. Martin’s, 1995) e If You’ve Forgotten the Names of Clouds, You’ve Lost Your Way: An Introduction to American Indian Thought and Philosophy (con Bayard Johnson; CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013). Means falleció en octubre de 2012, semanas antes de cumplir 73 años. <<

[11] Uno de los últimos eslabones de esa larga cadena de crímenes de guerra se produjo en la localidad de Panjwai (Kandahar, Afganistán) el 11 de febrero de 2012. El sargento Robert Bales asesinó a tiros a 16 civiles, de los que 11 pertenecían a una sola familia, e hirió a otros seis. Entre las víctimas hubo nueve niños. El militar confesó su crimen y fue condenado a cadena perpetua. <<