El periodismo en el siglo XIX fue el gran medio de comunicación. Al final de la época colonial llegó a haber en todo el país dos periódicos, pero gracias a la libertad de imprenta concedida inicialmente por las Cortes de Cádiz (1820), los periódicos se multiplicaron en todas las ciudades mexicanas.

Vicente Riva Palacio vivió durante la República Restaurada (1867-1876), una de las épocas en que la libertad de imprenta fue más celosamente respetada. Y él, como periodista de oposición, se convirtió en una astilla en el ojo, primero, para el gobierno de Benito Juárez y luego, para el de Sebastián Lerdo de Tejada.

Como jefe de redacción de varios periódicos célebres —La Orquesta, El Radical, El Ahuizote y otros— Riva Palacio realizó una crítica impecable a los actos del gobierno. Y a pesar del paso del tiempo, todavía hay mucho que aprender de la retórica oposicionista que manejaba con maestría.

Como fuente histórica para conocer la República Restaurada, como documento de una etapa decisiva del periodismo mexicano y como muestra de buena literatura esta obra es muy recomendable.

Con motivo del centenario de la muerte de Vicente Riva Palacio (1832-1896) varias instituciones sumaron sus esfuerzos para publicar una colección de las obras escogidas de este reconocido escritor, siguiendo el criterio de que se tratara, por una parte, de libros convertidos por sus lectores en clásicos, a los cuales se asocia siempre el nombre de don Vicente, además de recoger aquellos poco conocidos o prácticamente imposibles de conseguir en nuestros días.

Se pretende así ofrecer ediciones accesibles y dignas de la calidad de Riva Palacio, a la vez que contribuir al conocimiento de este autor, del cual quedan aún muchos aspectos por descubrir.

Vicente Riva Palacio

Periodismo

Segunda parte

El Radical

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Titivillus 30.01.2018

Título original: Periodismo

Vicente Riva Palacio, 2002

Investigación y compilación: María Teresa Solórzano Ponce

Coordinador de la obra: José Ortiz Monasterio

Diseño de cubierta: Cecilia A. Cota Trujillo

Editor digital: Titivillus

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NUESTRO PROPÓSITO

Ni la animosidad de un ciego espíritu de partido, que ciertamente no nos domina, ni los fogosos ímpetus de una juventud que ha pasado ya para nosotros, ha movido nuestro ánimo, y determinado nuestra voluntad para presentarnos en la arena periodística tomando la actitud independiente y enérgica que procuraremos conservar a todo trance.

Fruto de largas y detenidas meditaciones, nuestra resolución es tanto más firme cuanto que hemos llegado a convencernos de que una empresa como la que hoy acometemos, atacando los abusos y defendiendo a toda costa, la ley, la moral y el progreso, es una empresa llena de dificultades y quizá de peligros, pero empresa que por lo mismo supone un sacrificio que estamos obligados a llevar a cabo como patriotas; y cuando la conciencia nos muestra el sacrificio como deber, ni vemos, ni medimos límites en el ancho campo que se presenta entonces a nuestros ojos.

Vamos a escribir para el pueblo, y cuando se escribe para él, es preciso hacerlo con la lealtad del que trata de corregir un yerro y no de paliarle, de contener un abuso y no de santificarle; atacar una preocupación popular, combatir la marcha de un gobierno cuando se le mira apartarse del sendero legal, señalar el mal donde quiera que se encuentre por más que se cubra con el ropaje de la justicia o de la ley, tarea ruda y desagradable, pero que es preciso cumplir, toda vez que la conciencia dice que se debe hablar al pueblo en la tribuna o en la prensa.

Queremos que El Radical sea el órgano de las aspiraciones nacionales, de los deseos de los buenos mexicanos, de las exigencias del progreso; queremos que en él encuentren un defensor constante los ciudadanos en el pleno goce de sus garantías constitucionales, y los estados en el perfecto respeto de su soberanía e independencia; no usaremos otras armas que las de la razón y la verdad; pero buscaremos siempre la bandera de la moral que tiene el bello privilegio de reunir bajo su sombra a todos los buenos ciudadanos por más que entre ellos abran un abismo las diferencias de opiniones políticas, filosóficas o religiosas.

México camina rápidamente a una crisis; si así lo creemos ¿por qué no hemos de decirlo? Vemos algo sombrío en el porvenir, que no deseamos, pero que comprendemos, y es necesario hacer un esfuerzo para que esa nube no llegue a entoldar el cielo de la república.

Cada día más y más la nación siente en su seno el cáncer mortal del indiferentismo político, cada día es más patente la división social entre el pequeño círculo que interviene en los negocios públicos y la inmensa mayoría que mira sin extrañeza pero sin interés cuanto puede afectar a la suerte de la nación, y cada día gana terreno ese vil materialismo que preconiza el completo olvido de toda conciencia política, mirando sólo en la vida pública el provecho de los intereses personales.

Así llegará muy pronto la época en que ciudadanos sin energía, se inclinen todos ante el mero capricho del poder, como un campo cubierto de espigas a la más ligera bocanada de viento.

Pero como es una ley eterna que las reacciones sean más fuertes a medida que la acción es más poderosa, llegaría un momento en que una terrible reacción, la de la dignidad personal humillada, la del individualismo sofocado y la de la ultrajada soberanía de las localidades, trajeran una revolución quizá más sangrienta que cuantas hasta hoy hemos presenciado.

La primera parte de este drama está casi terminada; la sumisión del pueblo y de las entidades federativas es casi completa: es preciso que el patriotismo evite la segunda, que la Constitución rija en todo su vigor, y sea la protección de los débiles y el freno de los poderosos, y sólo así se conseguirá evitar días negros a México.

Para esto debe luchar la prensa, y nosotros para contribuir a tan noble objeto nos presentamos llenos de fe en la causa del pueblo, de la justicia, y de la verdad.

La república languidece visiblemente sin que pueda decirse que va en progreso porque la Cámara vota algunas mejoras materiales, y porque otras se llevan a efecto; adelantos son éstos; pero adelantos oficiales que no se producen por el esfuerzo del pueblo, ni por el espíritu de asociación en la vía del mejoramiento social, y el progreso y el adelanto ni se decretan, ni se consiguen de orden suprema; los gobiernos en el estado de civilización a que han llegado las sociedades modernas, no deben ser ni una barrera que detenga en su marcha a una nación, ni una locomotora que la arrastre por un camino que el pueblo no quiere o no puede recorrer.

Nosotros procuraremos buscar el origen y la causa del desaliento de nuestra sociedad, del indiferentismo de nuestros conciudadanos, y de ése ya latente, ya manifiesto malestar que por todas partes se observa; y si podemos encontrarlos, los combatiremos, bien se encuentren en las instituciones, bien en el gobierno o en el pueblo mismo; porque ni tratamos de halagar el amor propio de un partido, ni deseamos alcanzar el favor de los poderosos, ni buscamos esa falsa y estéril popularidad que se conquista lisonjeando al pueblo en sus preocupaciones o en sus caprichos.

El verdadero patriotismo consiste en decir al pueblo la verdad, procurando hacerlo tomar gusto por lo serio y por lo bueno, no en comprometerlo, y jugar su suerte por lucir un rasgo de alta elocuencia o de artera ambición, confundiendo la más santa de las virtudes cívicas, el amor a la patria, con esa especie de pasión feroz que hace aborrecer como enemigos mortales a todos cuantos no han nacido en nuestro mismo suelo, y despreciar como cosa inútil si no perjudicial, cuanto no se ha descubierto o no es propio de la patria que nos vio nacer.

Siempre hemos profesado la doctrina de que la misión del periodista es el apostolado de la justicia, y así la aceptamos hoy nuevamente llevando por lema estas palabras que serán el epígrafe de nuestro periódico: Verdad, Rectitud, Probidad.

El Radical, t. 1, núm. 1, noviembre 3 de 1873, México, p. 1.

LA SITUACIÓN

No hace aún catorce meses, que la República Mexicana, sangrando y desfallecida por la guerra civil, abría repentinamente su corazón a la esperanza y al consuelo, sentía renacer su fe en el porvenir y se soñaba ya, entrando en la ancha vía del progreso, muy cerca del término al que debieran llevarla el nunca desmentido patriotismo de sus hijos, y la exuberante riqueza de su territorio.

Contemplemos por un momento el cuadro halagador que se desarrollaba entonces a nuestra vista, para volver después los ojos al presente, y hacer una comparación que tiene tanto de triste como de necesaria.

La muerte del señor Juárez había arrebatado el estandarte a la revolución que amenazaba ser tan larga y destructora, como era justa; la mano de la ley colocaba al señor Lerdo de Tejada en la presidencia de la república, y las ambiciones y los partidos se inclinaban respetuosamente ante el altar de la Constitución.

Los mexicanos creían que había sonado la hora de la unión; que el terrible acontecimiento que dejaba vacante la primera magistratura del país era una solución que la presidencia daba a la civil contienda; y con un patriotismo que será siempre una de las más gloriosas páginas de nuestra historia, los revolucionarios depusieron las armas, los partidarios del señor Juárez prestaron su eficaz apoyo al nuevo presidente, y los amigos de éste que habían combatido con denuedo por hacer triunfar su candidatura en la lucha electoral, no se manifestaron entonces ni exigentes con su antiguo jefe, ni orgullosos de su triunfo inesperado.

Entonces el comercio abrió sus arcas al gobierno, el crédito renació como por encanto, el prestigio de la administración se dilató por toda la república, desde Yucatán hasta Chihuahua y desde Tamaulipas hasta Sonora; todos los hombres de valor se agruparon en derredor del nuevo presidente, anhelando ser útiles, no impulsados por el vil interés ni por mezquinas ambiciones, sino por el deseo ardiente de contribuir a la regeneración del país; los periodistas buscamos en nuestra paleta los colores más vivos para pintar el cuadro del porvenir; la sociedad rejuvenecía, y hasta los ciudadanos que jamás se habían mezclado en los asuntos políticos se sentían dispuestos a servir a la nueva administración si en algo hubiera creído necesario ocuparles.

Se hubiera tenido por una falta de patriotismo el haber dicho entonces una sola frase de oposición, y el mismo partido reaccionario, siempre hostil y siempre desconfiado durante la administración del señor Juárez, comenzó a dar señales de querer salir de su retraimiento, de olvidar sus rencores, y de prestar franco y leal apoyo al gobierno en la nueva vía de la reconstrucción.

Con tales elementos, el pueblo tenía el derecho de esperarlo todo, de exigirlo todo, de alcanzarlo todo, y jamás gobierno alguno, ha entrado en México bajo mejores, más brillantes y más favorables auspicios en el camino de la administración. Esto pasaba en el mes de junio de 1872.

Comienza apenas el mes de noviembre de 1873 y ¿qué vemos? Es preciso decirlo; y por más que sea triste, y por más que sea penoso, decirlo con verdad, con claridad, sin poner sombras que hagan más terrible la comparación; pero también sin omitir ninguno de esos detalles que revelan perfectamente cuál es la situación y qué debe esperarse de ella.

Primeramente vemos una sociedad que ha perdido la fe en el porvenir, que burlada en una de sus más halagüeñas ilusiones, se siente ahora casi incapaz de creer en nada, ni en nadie, que teme forjarse una nueva esperanza porque está segura de tener un nuevo desengaño y que en su disgusto, ha caído en el más completo abandono respecto a los negocios públicos, se hace fatalista en política y piensa que pesa sobre México un destino manifiesto que no le permitirá jamás ser un pueblo grande y feliz.

Al lado de esta inmensa mayoría, de este pueblo, de esta nación, vemos un pequeño círculo que quizá la comparación nos hace mirar casi microscópico, ocupado de la política y de la administración, pero hostil, exclusivista, absorbiendo todos los destinos aun cuando para ello cada uno de sus miembros tenga que ocupar tres o cuatro; gobernando el sufragio público, haciendo diputados y gobernadores y magistrados; impartiendo su favor a una entidad federativa en premio de una condescendencia, atacando a otra como castigo por un rasgo de independencia y siempre en convites y bailes, y siempre amenazando y prometiendo, y siempre procurando levantar a cuantos se prestan a servir de instrumento a sus planes, y anonadar a cuantos tienen la dignidad de rechazar sus promesas y de despreciar sus amenazas.

Y sin embargo, ese círculo también está descontento, y cada fracción se queja de la marcha administrativa, y cada fracción hace la guerra a las otras y culpa al señor Lerdo porque no se entrega a ella decididamente.

Verdad es que reina una paz octaviana en todo el país, y si va a darse crédito a lo que dicen algunos periódicos, México es ahora la más tranquila y feliz de todas las naciones.

La prensa se ocupa poco de la administración; su atención la absorben los negocios del teatro, las cantantes, las bailarinas, las nuevas o antiguas partituras, y esto prueba una completa tranquilidad; y muchos periódicos aseguran que el gobierno marcha perfectamente, y a juzgar por ellos mismos, en la época que atravesamos, todo magistrado es íntegro, todo juez ilustrado, todo escritor distinguido, todo diputado elocuente, y no parece sino que vivimos en el celeste imperio, en donde los sabios tienen cuidado de borrar de la historia cuanto pueda menoscabar el concepto elevado de los emperadores y mandarines.

Y a pesar de eso, con profunda tristeza hay que confesar que la situación no es nada bonancible; que los negocios públicos sufren una terrible paralización, que los ministerios casi nada despachan, que la Cámara pierde días y días en inútiles discusiones, que las entidades federativas dan apenas señales de existencia, que el centro lo domina todo, y el centro sin embargo nada hace. Y el comercio, y la industria, y la minería, y la agricultura, resienten el mal, y la miseria y la desmoralización cunden, y la política es todo y la administración nada, y cada día que pasa trae un nuevo desengaño, y borra una flor del cuadro que se pintaba la república en julio de 1872.

Tal es la situación, ¿hay exageración en la pintura? no buscamos pruebas, apelamos sólo a la conciencia de los hombres honrados de todos los partidos porque hay cosas que son tan evidentes que en vano se procuraría demostrarlas.

Y después de todo, necesario es hacer una tristísima pero verdadera confesión, por más que ella haga cubrirse los oídos y escandalizarse a muchos que no quieren ver las cosas tales como ellas son en sí.

La nación, el pueblo, conocen ya que la Constitución, a pesar de las repetidas protestas que se hacen todos los días de guardarla y respetarla, a pesar de que es la bandera que ha guiado a la victoria a sus defensores, y a pesar de que su nombre se invoca a cada momento, no es más que una sombra que existe para los débiles, que sirve para someter al pueblo a las disposiciones del gobierno; pero que no se acata, ni se observa por los que tienen en su mano las riendas de la administración pública, sino en los casos que a ellos les conviene.

La democracia no existe más que de nombre, porque el sufragio público sólo sirve para dar un barniz de legalidad a los escogidos del poder, sin que el pueblo tenga en esto intervención ninguna, y la consigna se hace triunfar sin pararse en medios.

Que la federación es ya también de nombre, porque los estados o tienen que luchar con el centro, brazo a brazo y en combate desigual que casi siempre llega a un término poco favorable para la localidad, o necesitan someterse ciegamente al centro convirtiéndose poco menos que en una provincia española bajo el reinado de Isabel II.

Y en fin, que la independencia entre los tres poderes, garantía tan necesaria para un país gobernado democrática y republicanamente, es un sueño, cuando el ejecutivo influye tan directa y decisivamente en las elecciones y tiene empeño tan conocido por alcanzar siempre mayoría, en el cuerpo legislativo y en la Suprema Corte de Justicia.

Todos estos puntos serán objeto de nuestros artículos editoriales, porque creemos que decirle al pueblo la verdad es el mejor servicio que puede hacérsele; y nosotros al hacer este propósito y llevar adelante esta resolución, estamos dispuestos a todo, sean cuales fueren las consecuencias que esto pudiera atraernos.

El Radical, t. 1, núm. 1, noviembre 3 de 1873, México, pp. 1-2.

EL SEÑOR PRESIDENTE Y EL CÍRCULO EXCLUSIVISTA

Una de las novedades que han preocupado más los ánimos de los hombres políticos y aun de una gran parte de la sociedad de México en estos días, ha sido la noticia de que el señor Lerdo había chocado con el círculo que se dice ser de sus amigos íntimos y personales.

El rumor comenzó a esparcirse primeramente bajo la fórmula general de las noticias, no sólo dudosas sino casi increíbles, y la narración principiaba siempre por un «se dice» y terminaba con la habitual reserva de «yo digo lo que me han contado».

El público, que raras veces se equivoca en sus apreciaciones, comprendió que mucho de verdad había en el fondo de aquella historia salida, con el vapor de las marmitas de Porras, de entre las frondosas arboledas del Tívoli.

La curiosidad pública es un Gargantúa ansioso siempre de tener qué devorar, y cuidado con que perciba siquiera el aroma de un, para él, delicado manjar, que irá en peregrinación por mucho tiempo hasta encontrarlo y saciar su apetito.

El público llegó a saber cuanto había pasado en el convite con que el señor presidente obsequiaba a los 60 diputados que dos o tres días antes le habían obsequiado a él regalándole una soberbia repetición con la cifra y el retrato del primer magistrado de México en el año de 1873.

Pero lo que el público no creía era que el círculo lerdista declarase que era un casus belli el brindis que pronunció el señor presidente, contestando a otro que le dirigió uno de sus amigos.

El Siglo XIX, periódico esencialmente lerdista, publicó entonces con este motivo un artículo terrible contra el señor presidente, pero tan terrible, que no nos hubiéramos desdeñado de reproducirlo en ninguno de los periódicos independientes.

Asombrado estaba el público y escandalizada la sociedad de México; El Siglo, el juicioso decano de la prensa, el periódico órgano semioficial del señor Lerdo, el periódico en donde se postulan los candidatos oficiales «y quien dice oficiales, dice triunfadores», acusaba enérgicamente y sin embozo al señor Lerdo por su apatía, le llamaba poco menos que ingrato, le echaba en cara que uno era en el Calvario y otro en el Tabor; le recordaba los cruentos sacrificios que por él habían hecho sus partidarios; le abrumaba con la magnanimidad del círculo lerdista, «que había tolerado una política que no le convenía»; lo zahería, y en fin, lo amenazaba con el ultimatum terrible de abandonarlo, las escuadras de los ministros extranjeros en México hace algunos años. ¡Con qué unción hubiera exclamado aquí un predicador ¡Queretis me non invenictis, etc.!!: Me buscaréis y no me encontraréis!

El Diario del gobierno no calló; hacemos gracia a nuestros lectores de lo que dijo, pues puede reducirse a esto: «esos señores atacan al señor Lerdo porque no se deja guiar por ellos pacíficamente».

Y otras cosas que es inútil reproducir.

La prensa toda dio sobre El Siglo y tomó el lado del señor presidente, en honor de la verdad, porque él tiene razón; porque todos los países del mundo quieren gobiernos sin camarillas ni círculos íntimos y directivos.

Hacemos nosotros ahora sobre esto algunas reflexiones.

No podemos alcanzar, quizá por nuestra corta inteligencia, qué gran asunto político es la separación de ese círculo del lado del señor Lerdo; pero grande debe ser puesto que así lo consideran todos; y entonces la nación verá, y verá con descontento que estos grandes negocios políticos nacen y se tratan en los banquetes, y en los tívolis y entre los brindis; y de seguro que el pueblo conocerá que no es allí donde puede encontrarse el mejor acierto, aun cuando todos esos señores, no sean locos, ni ligeros, sino hombres serios de recto y moderado juicio, y de grandes conocimientos científicos.

Por otra parte, el antecedente de ser y haber sido amigos del señor Lerdo, aun en los tiempos en que por su desgracia, no era más que vicepresidente de la república, no dan derecho a ningún círculo para dirigir la política, porque el destino de un pueblo no puede ser el premio de una amistad, por más que ésta se haya llevado hasta el heroísmo.

Los pueblos quieren ver en los destinos públicos, no a los amigos íntimos del primer magistrado, sino a los hombres honrados, de grandes servicios, de clara inteligencia, de vastos conocimientos y de acrisolado patriotismo, porque ya la política no es como en los tiempos de Felipe IV en España, o de Enrique III en Francia, la lucha de los amigos y favoritos del rey, hoy el pueblo quiere y debe ser representado en la administración por sus hombres, y no por los hombres que el poder quiera imponerle, y «el Estado soy yo» no lo dirá más ningún gobernante en México.

¿Pueden ser iguales dice el Siglo los hombres que han sido siempre amigos del señor Lerdo, y los que lo han atacado?

Contestaremos: para el señor Lerdo quizá no, pero para el país, que es el que tiene derecho de excluir de la política a unos o a otros, puede que la comparación no sea siempre favorable a los primeros.

Uno de los méritos que se alegan por el círculo lerdista es que ha seguido a su antiguo jefe aun en una política que no era conforme con sus opiniones: preciosa confesión es ésta y el pueblo no dejará que pase desapercibida; luego ese círculo ha obrado contra sus opiniones propias, por seguir al gobierno; luego en política no ha tenido conciencia propia; luego no representa un programa político, sino la voluntad del señor Lerdo.

Hay confesiones que no deben hacerse, y extrañamos que personas de tanto juicio hayan dejado pasar ésta sin apercibirse de los comentarios a que daba lugar.

Todo el mundo sabe que si se queja ese círculo, de la ingratitud del señor Lerdo, se queja sin justicia, pues para nadie es un secreto el grado de valimiento a que llegaron.

En cuanto a sus amenazas, el señor Lerdo sabrá hasta dónde debe temerles; acerca de esto nosotros nada decimos, porque no tenemos datos para juzgar.

Susúrrase que el señor presidente ha cedido, es decir que les ha dado una satisfacción y procurado reconciliarse con sus antiguos amigos; quizá este rumor sale de ese mismo círculo que no quiere ver desaparecer el prestigio que le daba su prestigio en el poder; pero en todo caso se presenta como prueba que no deja de ser fuerte, el Diario del gobierno que ha dado una explicación que puede tomarse por una palinodia. El gobierno debe procurar la paz pública y el señor presidente, conociendo los elementos de ese círculo, los habrá sentido tan poderosos que en su alta prudencia ha creído que debía dejar el gobierno: nosotros respetamos la abnegación en todas partes; porque es quizá la virtud más difícil de practicar.

En todo caso si el círculo exclusivista (así lo llamamos porque así lo llaman nuestros colegas) se lanza a la oposición, protestamos que ni irá con nosotros, ni nosotros con él.

El Radical, t. 1, núm. 1, noviembre 3 de 1873, México, pp. 2-3.

LOS ESTADOS Y EL CENTRO

(I)

Todos los días, en todas partes de la república, y ya en la prensa, ya en la tribuna, ya en los circuios políticos se habla de la soberanía e independencia de los estados; pero no como de una cosa dudosa en doctrina y en práctica, sino como de un hecho que de tal manera es evidente y firme, que no puede prestar materia ni a la discusión ni a la prueba; como a nadie le ocurre demostrar que el sol alumbra, y esparce su calor benéfico sobre la tierra que habitamos.

Y sin embargo, en la situación porque estamos atravesando en México quizá no haya una verdad política más distante de la verdad real, que la soberanía de los estados; ni haya nada de más ficticio que la independencia de las entidades federales.

Cuando un hombre, una familia, un pueblo entero viven en medio de una atmósfera infecta, con tal que el daño de esa atmósfera no se haya producido repentinamente, o haya sido causado por una violenta irrupción de gases en la masa del aire que les rodea, sino desarrollándose lenta y gradualmente, ni el hombre, ni la familia, ni el pueblo entero se aperciben del hecho; y no llegarían quizá a notarlo, si no fuera por los funestos efectos que surgirían de aquel estado anormal, o cuando alguien llegara a advertírselos; los que han sentido alguna vez los efectos de una asfixia en esas condiciones, tienen ya una prueba de ese estado en el que el paciente cree estar en plena salud y goza de un bienestar envidiable porque un sueño dulce cierra sus párpados y laxa sus miembros y les convida al reposo.

Ese sueño es la muerte; y si un amigo, con mano compasiva, llega en estos momentos a mover a ese hombre, próximo a abandonar la vida, él entonces entreabriendo los ojos con pena, dirá con voz apagada; «Dejadme descansar, no turbéis mi reposo, siento una calma y una paz encantadoras.»

Muchas veces los viajeros que atraviesan a pie por los Alpes, son sorprendidos por las sombras de la noche; y perdidos entre aquellos desiertos de hielo, cansados y transidos por el frío, sienten un invencible deseo de detenerse, de descansar, de dormir. Entonces como por encanto, el frío comienza a ser para ellos menos punzante; no es el calor el que les reanima, sino los nervios que pierden su sensibilidad exquisita, y comienzan el bienestar, la tranquilidad, el sueño.

Y ese sueño, también es la muerte, y el caritativo fraile del convento de San Bernardo o del hospicio llega, y procura levantar al viajero, y hacerle caminar, y salvarlo así de una muerte segura; el viajero opone a su protector, no la enérgica negativa que viene de un acto de la voluntad, sino la inercia y el abandono del que ha perdido la conciencia de su ser, y del peligro que le amenaza.

Gases mefíticos han corrompido poco a poco la atmósfera política, y a punto están de causar la asfixia de la soberanía e independencia de los estados; el soplo helado del indiferentismo, produce ya en las localidades ese sopor, esa laxitud que se confunden con el bienestar y con la tranquilidad; y por eso en muchas partes, y muchos hombres dicen: «Dejemos que el centro obre como quiera; que más vale esto, que turbar nuestro sueño con cuestiones y disgustos; estamos bien, muy bien, dejadnos en paz.»

Y entretanto, día a día, la república va teniendo más centralismo que federación, y el pacto fundamental día a día va perdiendo cuerpo y convirtiéndose en una sombra.

Parecerá avanzado este aserto y sin embargo, está en la conciencia de todos los hombres que conocen algo la política actual, y la marcha administrativa de nuestros gobiernos desde ya hace algunos años.

No es sin duda nuestro ánimo culpar al señor Lerdo, y a sus amigos de este sordo ataque a nuestros principios constitucionales; no, el señor Lerdo en su política no ha hecho otra cosa más, que seguir el mismo sistema que sobre este punto se estableció en los últimos años de la anterior administración; pero el mal existe, es una de las causas de la postración de la república; y creemos que es una necesidad indeclinable el atacarle, una vez que hemos tomado ya nuestro puesto en las filas de los periodistas independientes.

No debemos ir a buscar las pruebas del ataque a las entidades federativas en una especie de golpe de estado, más o menos encubierto, pero violento y enérgico; será aun difícil hallar sus huellas en los documentos oficiales; y muchas veces el manto de la legalidad se habrá tendido sobre la reciente herida que hace desfallecer al principio de autonomía de los estados: pero no importa, el pueblo que jamás se equivoca en sus apreciaciones, nos comprenderá y nos dará la razón por más que talentos esclarecidos hayan procurado cubrir en todas ocasiones las apariencias.

Los estados, supuesta la falta que hay de un cuerpo que, en el poder legislativo represente a cada uno de ellos expresamente, como el Senado, no tienen otro medio legal de hacer oír su voz en defensa de sus derechos y de sus intereses que los diputados que representando a la nación, y no a la federación, resultan electos en los estados y por cada uno de ellos.

Comprendiendo los constituyentes, y considerando el doble papel que, por la falta de senadores tenían que representar los diputados en el Congreso de la Unión, exigieron como requisito esencial, en la Constitución, el de la vecindad del electo, en el estado que le favorecía con su voto.

Éste no era un remedio radical; pero dando por sentado que el requisito de vecindad se llenaba, y que la libertad del sufragio era un hecho, no existía tan gran temor de que coludiéndose la mayoría de la Cámara con el ejecutivo, pudiesen llegar a sofocar la independencia de los estados.

Pero sucedió en esto lo que es natural que suceda siempre y en todas partes con las disposiciones constitucionales o legales a las que falta sanción, o en que se fía el cumplimiento de lo dispuesto, a la buena fe de hombres que no se puede adivinar quiénes sean, supuesto que su advenimiento está aun en las sombras del porvenir.

Poco a poco fue echándose en olvido el requisito de la vecindad, y poco a poco el poder fue interviniendo en las elecciones, hasta llegar el caso de que en la ley convocatoria de elecciones para diputados se ha hecho punto omiso el requisito de la vecindad, y el poder interviene ya de una manera tan franca en el sufragio público; que según la amistad y prestigio que un ciudadano tiene con el presidente, con sus amigos, o con algún gobernador, así se juzga que será o no electo diputado; pero esto con tal precisión, con una exactitud tan matemática, que produce un verdadero escándalo en los altos círculos políticos, la derrota de un candidato oficial.

El medio más seguro para obtener un lugar en el Congreso, es, y nadie lo ignora, solicitarlo en palacio, y muy pronto llegará el día en que el ciudadano que desee entrar a la Cámara, como representante del pueblo, se llame durante la lucha electoral «pretendiente», y el ser diputado será entonces un empleo y no una misión popular.

Hasta ese extremo conduce la intervención del poder, en el acto solemne en que la nación ejerce su soberanía votando a los que deben representarla.

Perdida una vez así la marcha constitucional del pueblo en las elecciones, y corrompido así el sufragio público, los estados quedaron sin sentirlo a merced del centro, y el centro a merced del ejecutivo; las fórmulas serán constitucionales pero en el fondo; en verdad ¿qué hay?

Hay, que el ejecutivo de la nación tiene siempre mayoría en el Congreso, y con esa mayoría la espada de una acusación sobre la cabeza del gobernador que se niegue a secundar la política del centro; y cuando no hay ni ligero motivo para esa acusación, un movimiento local da fundamento a la Cámara para decretar el auxilio federal, y esto es casi el estado de sitio, y no falta ejemplo de una entidad federativa, en donde un jefe militar declaró el estado de sitio (es decir, estado de peligro inminente para la sociedad), y sin embargo, hubo elección (es decir, estado de plena paz), y el Congreso aprobó esas elecciones, y las autoridades del estado protestaron contra ellas, y el centro desdeñó esa protesta.

Hay, que los gobernadores, ya en general están obligados a dar órdenes a los prefectos para que, en sus distritos, obtenga el voto del pueblo para diputado el que está recomendado al gobernador por el señor presidente o por sus amigos; y a impedir que salga electo tal o cual ciudadano, porque no conviene al señor presidente o no es simpático para los amigos de éste.

Y el gobernador tiene que condescender muchas veces, más que por voluntad, por no ver envuelto su pobre estado en serias dificultades con el centro, o ser el blanco de los tiros del círculo director de la política.

¡Ay del gobernador que resista a las insinuaciones del centro! ¡La enemistad del círculo del ejecutivo le procurará por todas partes complicaciones y peligros! Y ¿a esto se llama independencia y soberanía de los estados?

Quisiéramos que cada gobernador al leer estos artículos, puesta la mano en su conciencia, nos dijera si no ha sido también víctima de este manejo, que le ha hecho quebrantar la ley fundamental de la república.

El Radical, t. 1, núm. 2, noviembre 4 de 1873, México, p. 1.

FUERA Y DENTRO DE MÉXICO

Hay en todos los pueblos de la república, y fuera de los grandes centros de población, aun en las más pequeñas aldeas, y en las más insignificantes rancherías, multitud de buenos ciudadanos, patriotas verdaderos, hombres honrados y serios, que se ocupan de buena fe de la política del país; que aprovechan las pesadas horas de la noche en leer algún periódico, cuya suscripción pagan, no sin algún sacrificio; y que los domingos, ya en la tienda, ya en la botica, ya en el cementerio después de la misa, discuten sobre los asuntos públicos, con tanto interés como franqueza.

Estos hombres, por menos importantes que parezcan, son los que forman la opinión pública, y éstos los que sofocan o hacen triunfar una revolución.

Si a uno de ellos fuera hoy a preguntársele qué pensaba, que creía, qué estaba pasando en la capital de la república; de seguro que su respuesta haría dibujarse una sonrisa de compasión en el rostro del más acérrimo partidario de la actual administración.

Veamos lo que supondrán esos ciudadanos de lo que aquí pasa.

De seguro que comenzarán por decirnos que el señor presidente de la república, como tiene sobre sus hombros el peso de una situación, que por más tranquila que se suponga es muy grave, apenas tendrá tiempo para comer, y eso de prisa, y quizá escuchando en esos mismos momentos la lectura de algún oficio, de alguna carta, o la relación de algún negocio; en el resto del día el primer magistrado tendrá tan reglamentado el tiempo, muy corto en comparación del número de negocios que debe tener, que un secretario dará cuenta, y en el acto entrará el otro, y luego el otro; y todos saldrán con las carteras bajo el brazo henchidas con el despacho del día; y luego habrá días destinados para el consejo de ministros, y horas de audiencia; y aquel trabajo rudo, incesante, comenzará siquiera a las ocho de la mañana y vendrá a terminar por lo menos a las nueve o diez de la noche.

Por supuesto que al jefe del Estado se le verá muy pocas veces en los paseos, en los teatros, en los bailes; porque el tiempo libre lo necesitará para descansar, y es natural.

Respecto al círculo, no oficial, del señor presidente, tienen también una idea semejante.

Ellos, como nosotros, saben que existe hoy un círculo político que tiene gran influjo en la situación, y que sus miembros gozan de una privanza completa en el gobierno.

Estas noticias han llegado hasta esos buenos ciudadanos de los estados, por la boca de la fama, que no sabe guardar secreto, y que se ha servido para divulgarle ya de un periódico, ya de un vecino que llegó de la capital adonde fue a emplear, ya de un colegialito que va al pueblo a pasar sus vacaciones, y ya de un barillero que cruzó de paso por allí. Extraños caprichos tiene siempre la fama para publicar cuanto llega a sus noticias.

Pues saben, por supuesto, en todas partes que el señor presidente tiene su círculo político-íntimo y no ignora que los de ese círculo poseen el don que Cristo dio a sus apóstoles: «Cuanto atareis quedará atado y cuanto desatareis quedará desatado», y que ellos son «empeño» seguro para conseguir un destino, y que basta la protección de ellos para ser diputado aun cuando sea por un distrito que ni ha oído mentar el que va a representarle, y que el que «está mal» con ellos está peor con el gobierno y mil cosas más. De estos señores es muy natural también que se crea que están abrumados con el peso de los negocios y entregados exclusivamente a la política; tal creencia se confirma porque sus nombres no figuran en ninguna sociedad científica ni literaria, ni al calce de un artículo en algún periódico, ni en la portada de un libro; y si por casualidad se registra en el Diario de los Debates es reclamando un trámite, o pidiendo votación nominal, y claro está que esto prueba que no tienen tiempo para nada; porque de lo contrario, cómo hombres tan serios y tan instruidos no habían de figurar, con ventaja, en esos lugares en que hay muchos que pasan por locos y por ligeros.

También de los señores que forman el círculo suponen y con razón, nuestros buenos compatriotas, que deben ser hombres de grandes y distinguidos antecedentes. El señor Lerdo fue el ministro del señor Juárez durante casi toda la lucha contra el imperio y la intervención, se mantuvo firme y constante sosteniendo la bandera de la independencia y de la república; debe conocer a los que entonces sirvieron a la patria con la espada y con la pluma, o siquiera con la abstención y el ejemplo; debe conocer a los hombres desinteresados, de abnegación; y donde a esos señores les ha elegido, razón tendrá; que el señor Lerdo goza de una indisputable reputación de hombre de talento, y no es posible que se engañara en eso en que no se engañaría ni una exclaustrada. Hombres de antecedentes gloriosos, deben ser todos, que «donde Calderón lo dijo, estudiado lo tendría».

¿Es verdad que juzgarían con acierto en los pueblos lejanos los que tengan estas ideas?

Éste es México visto desde fuera: para juzgarle por dentro, dad, lectores, dos o tres vueltas por la plaza en uno de estos días de exposición, conversad con vuestros amigos, y de seguro no necesitaréis de mi opinión para juzgar.

El Radical, t. 1, núm. 2, noviembre 4 de 1873, México, p. 2.

LOS ESTADOS Y EL CENTRO

(II)

Si por un momento los estados saliendo de su abatimiento, pudieran contemplar lo que han retrocedido desde el año de 1857 hasta hoy; si se pusieran a reflexionar cuánto han perdido de su soberanía e independencia, sin duda que como por encanto tendríamos el remedio en la actual situación; la república sacudiría ese marasmo que la consume, la Constitución recobraría todo su vigor, y el gobierno del centro en su triple manifestación de legislativo, ejecutivo y judicial, cuidaría de ser más respetuoso en el cumplimiento de sus deberes, y más exacto en el desempeño de su cometido.

Ya en el anterior artículo (ayer) hemos procurado pintar, aunque rápidamente, el modo astuto con que el centro ha ido dominando a las entidades federativas, el disimulado camino que para eso incesantemente y sin descanso se ha seguido por el gobierno de la Unión, y al punto hasta donde se ha llegado, y las consecuencias que esto ha traído a la nación, a la federación y a los estados.

No hay más para probar que no nos falta razón en nuestros asertos, que mirar a lo que día a día pasa en los negocios que afectan a la soberanía, autonomía e independencia de las entidades federales desde la época en que los estados, bien por indolencia, bien por falta de conocimiento, o bien (y es lo más común) porque los hombres que han estado al frente de sus destinos, no han comprendido su misión, o no han tenido energía para cumplirla, comenzaron a subordinarse al centro, más allá de los vínculos que les señala el pacto fundamental.

Unas ocasiones la Suprema Corte de Justicia, invadiendo la soberanía de un estado libre, e hiriendo su autonomía, se toma el derecho de juzgar, por pruebas aducidas ante un juez de distrito, de la validez de las elecciones locales, y declara que un juez, un gobernador, el ministro de un tribunal, no son legítimamente nombrados, y promueve una crisis en un estado por esto que siendo del régimen interior, no está sujeto a las decisiones del centro.

Tal fue en resumen el negocio de los amparos de Querétaro a principios del presente año.

Otras, un jefe militar, por sí y ante sí, declara en estado de sitio una entidad federal, y lanza del poder a las autoridades legales, y convoca a elecciones de diputados; y el ejecutivo en vez de mandar inmediatamente que tuvo noticia de lo ocurrido, que aquel estado dejara de ser víctima de aquel atentado de fuerza, pide informe al culpable para resolver, como si hubiera caso posible en que un militar tuviera derecho por algún motivo, de suspender la observancia de la Constitución y hubiera algún caso en que el ejecutivo pudiera aprobar este procedimiento; como si la Constitución y la soberanía de los estados estuvieran al arbitrio de un jefe y a la disposición del ejecutivo.

Tal fue el último negocio de Yucatán. El Congreso de la Unión por su parte tampoco ha sido un defensor muy ardiente de la soberanía de los estados, y por regla general, ha cuidado más de dar vigor al ejecutivo, que de garantizar la independencia de localidades.

Y es natural, Benjamín Constant, dice que «una nación no es libre mientras los diputados no tienen un dique», y entre nosotros la Cámara se ha creído omnipotente y todavía se deja llamar algunas veces «Congreso soberano», sin pensar que no hay más soberano que el pueblo; de esto ya nos ocuparemos próximamente.

Los diputados, que como hemos dicho, no se cuidan de que sean vecinos del estado que los elige, ni aun siquiera que lo conozcan, tienen poco o ningún amor a la localidad, no les une con ella ningún vínculo político; y como generalmente la influencia del señor presidente y de sus amigos ha hecho triunfar sus candidaturas, se creen obligados (y es justo) con el gobierno, y piensan que toda su misión es hacer que éste predomine, y para ellos cualquiera exigencia legítima de un estado, es una falta de respeto, cualquiera protesta sacrilegio, y cualquiera manifestación un crimen semejante al de lesa majestad.

Así es que el predominio del señor presidente y de sus amigos en la representación nacional, es casi siempre decisivo, y no ya para la elección de un presidente de la mesa o de un secretario que esto ya es demasiado, sino aun para cosas muy graves y que atacando directamente la soberanía de los estados inculcan nuestras instituciones.

Y dado el fallo por la Cámara, los estados no tienen más que callar y sufrir, y convencerse aunque a su pesar, de que cuanto la Constitución diga respecto a su libertad e independencia, es letra muerta.

Así pasaron sin discusión las elecciones de Yucatán, algunas de Jalisco, otras de Puebla y otras del Distrito Federal, porque aun en casos de duda y de gran vacilación, un recado, una tarjeta del señor presidente han producido éxito favorable para algún negocio de credenciales.

Si algún celoso defensor del gobierno nos negase estos hechos y nos llamara exagerados, calumniadores, enemigos de la administración, etc., etc., le detendríamos en lo más elocuente de su proclama, y le diríamos, recordando aquello de Cicerón acerca de los augures, aunque en diversa situación: «Miradnos si podéis; pero sin reíros.»

Todavía se extiende más el influjo que el centro va teniendo en la ya muy menguada soberanía de los estados.

¿Para quién es un misterio la parte activa y casi siempre decisiva que el ejecutivo toma desde ya hace algunos años en las elecciones de los gobernadores de los estados, y en algunos, hasta para las de los individuos de la Legislatura?

Como un gran elemento entre los que un candidato para el gobierno de un estado cuenta para triunfar, se acostumbra ya en toda la república, numerar, y antes que otros muchos, el auxilio y la protección del centro.

¡Qué gran desconsuelo causa entre los partidarios del opuesto bando saber que el que compite con su candidato es «candidato oficial»!

¿Quién resiste al influjo del ejecutivo de la Unión, ni a las cartas llenas de promesas claras y de encubiertas amenazas de los amigos íntimos del señor presidente?

Contar con éstos es contar con todos porque algunas veces en un convite oficial la suerte de una candidatura se decide en un brindis elocuente. Los hombres serios y que no son locos ni ligeros, en un banquete pueden tratar el negocio más grave, al fin y al cabo los pueblos no van al Tívoli.

¿Y esto es soberanía, independencia, libertad, autonomía de los estados?

De seguro que no entendieron así los constituyentes ni lo entienden así los estados mismos.

La Constitución prohibe las coaliciones entre los estados; no tuvieron derechos los constituyentes para hacer esta prohibición, y ya lo probaremos en otro artículo, porque esto equivale a borrar del código fundamental el derecho de reunión entre los ciudadanos, pero puesto que la prohibición existe respetémosla, no sin hacer notar que este artículo constitucional ha sido el que hizo ilusorios los derechos de los estados porque la ley en esta parte carece de coacción.

Pero esta prohibición de alianzas entre las entidades federativas, no impide que cada estado considere como un ataque hecho a su propia soberanía, cualquier ataque dado a cualquier otro de los estados de la unión, y el olvido de esta ley eterna de moral, de política y de conveniencia, es el que ha traído la transformación, poco advertida aún, del régimen federativo en régimen central, y convertido a los estados libres casi en provincias.

De aquí los trastornos locales, de aquí la necesidad ya imprescindible que tiene el centro de mezclarse en los asuntos de los estados, de aquí el que las oposiciones de cada entidad federal se consideren siempre, amigos o enemigos precisos del gobierno general; de aquí ese sentimiento de malestar en todo el país.

La Constitución de 1857 podría ser una obra perfecta: pero si no se observa de nada servirá a la república.

El Radical, t. 1, núm. 3, noviembre 5 de 1873, México, p. 1.

LOS LOCOS Y LOS HOMBRES DE JUICIO. LOS TONTOS Y LOS HOMBRES DE TALENTO

Vamos a dedicar este pequeño artículo a los hombres honrados que no toman una parte activa en la política militante, y a nuestros amigos de los estados que no conozcan el lenguaje que se usa hoy en día en los altos círculos políticos.

La cuestión es de actualidad, y de actualidad palpitante, porque el lenguaje de los escogidos es preciso que por todos sea conocido, supuesto que es el que ellos usan al dirigirse a todos en el desempeño de la misión que tienen de encarrilar a la opinión pública, en obsequio no más que de la buena administración y del respeto y prestigio del señor presidente.

Cualquiera que no esté, por supuesto, en el secreto, creerá que con tomar un diccionario de la Academia Española, en el caso remoto de que tuviera alguna duda, ya podría decir con entera certeza, sin temor de equivocarse, y sostenido por tan indisputable autoridad en cuestiones del idioma de Cervantes, ya podría decir, repetimos, qué se entiende por hombres locos, cuerdos o de talento; pero ¡qué engañado estaría aplicando las definiciones del diccionario a nuestra política! Ese cuerpo respetable que se llama la Academia de la Lengua, se quedaría ni más ni menos que como un niño de teta en este punto.

Explicaremos lo que son los tontos y los locos políticamente, y el otro extremo se explicará solo y seremos breves en nuestras razones.

Así puede un hombre saber más que Cicerón, de quien ha dicho Lamartine «que es el varón más literato de que hace mención la historia» y tener más clara la inteligencia que Pico de la Mirándola, que a los diez años de su edad hablaba el griego y el latín como su lengua patria, y conocía las doctrinas de Aristóteles, y era un teólogo consumado; o como Galileo, que llevado en su infancia al templo, descubrió las propiedades del péndulo por el movimiento de las lámparas que estaban suspendidas de las bóvedas; que esto no valdrá nada para ser tenido por hombre de talento.

Si no sabe, o no quiere saber que los dos casos son posibles, cómo se tiene que manejar para ser agradable a los ojos del señor presidente y simpático para sus amigos, si no procura una oportunidad para obtener una recomendación y ser candidato oficial en alguna elección, si no cultiva, aun cuando sea a costa de algunos desaires y a trueque de algunos engaños, la amistad con las personas que deciden tan fácilmente hoy «del presente» de un hombre público o del empleo de un padre de familia: de seguro que se le tachará de tonto.

El que no «sabe aprovecharse», la frase es gráfica pero muy usada, ése es tonto, sobre todo y antes que todo, si está pobre habiendo ocupado altos puestos políticos, o teniendo influencia en los destinos de la nación: ¿qué otra cosa se dice del que ha podido enriquecer y no lo ha hecho? tonto, y muy tonto; vosotros, lectores, habréis oído aplicar este calificativo y tal vez otro más enérgico, a personas de quienes vuestra conciencia os dice que sólo su honradez las tiene en una triste medianía en materia de dinero.

En vano ese tonto político acumulará conocimientos, y en largas veladas enriquecerá su inteligencia con el estudio y trabajará por el adelanto de la ciencia y por la ilustración del pueblo; si no tiene fincas, y negocios y trenes y palco en la ópera; si no da espléndidas comidas en el Tívoli, y no está mezclado en todas las grandes empresas mercantiles, y suena su nombre al lado de esos nombres que son la aristocracia de la alta banca, como dicen en Francia; si no entra y sale como en su casa a los ministerios y al despacho del señor presidente, y es siempre el órgano confidencial de la voluntad y deseos de este señor y si no tiene grandes comisiones y destinos lucrativos; el tonto político será cuando más «sabio en latín y tonto en castellano».

En cuanto al loco, es decir al loco político, ése es más terrible, y con ése se observan mil precauciones.

El que no transige nunca con su conciencia y es esclavo de sus convicciones y no mira el interés personal en política sino el interés del pueblo y de las ideas que profesa, ése, ése es un loco de quien ríen, y a quien burlan los que no tienen esos grandes defectos.

Loco el que prefiere aislarse, nulificarse en la política, por no tomar su parte de complicidad en la infracción de la ley.

Loco el que no quiere ocurrir al gobierno humillando su noble carácter de ciudadano libre, para alcanzar una candidatura oficial, tomando así parte en esa consideración contra la libertad del sufragio.

Loco el que piensa que la ley debe cumplirse exactamente. Loco el que tiene la energía republicana de ser independiente como diputado, como magistrado, como escritor público.

Loco el que toma decididamente la bandera del pueblo cuando lo engañan y lo explotan y pone su porvenir y su tranquilidad y su vida como primer renglón en el terreno de la lucha.

Locos todos ellos; pero para honra de México y de la humanidad, muchos locos hay y ha habido sobre el suelo de nuestra patria: loco Hidalgo, ¿qué esperaba? loco Guerrero, ¿qué alcanzó? y locos Zaragoza y Arteaga y Ocampo y Degollado. Convendréis lectores en que con tan brillante compañía vale bien llevar como una condecoración gloriosa el epíteto de loco, y ninguno de nosotros, es decir, ni los que esto leen, ni el que esto escribe, cambiarían ese título por otros que suenan mejor y que no merecen que los envidie un buen ciudadano.

He aquí cómo las palabras no significan lo mismo en el Diccionario de la lengua española que en el de la política.

¿Hay verdad en esta explicación?

Para contestarnos, para juzgar sobre nuestro dicho, mirad lo que pasa en México, oíd lo que digan cuantos hablan de política y después fallad.

El Radical, t. 1, núm 3, noviembre 5 de 1873, México, p. 2.

LOS ESTADOS Y EL CENTRO

(III)

Quizá nadie ignora la fábula del ciervo, el caballo y el hombre; desde niños la sabemos todos, pero entonces no podemos ni suponer cuántas aplicaciones tiene en la vida real.

El ciervo injuria mortalmente al caballo, y escapa y burla a su enemigo merced a su ligereza; el caballo cegado por el deseo de la venganza, ocurre al hombre, se somete a una servidumbre que cree pasajera, y logra mirar a sus pies al ciervo atravesado por una flecha y expirante. El caballo estaba vengado, y piensa al momento en recobrar su libertad, pero era ya imposible; el hombre había encontrado útil y cómodo el nuevo sistema de locomoción, y se negó a volver al caballo su libertad. Desde ese día aquel Caín de los paquidermos y toda su noble descendencia, viven esclavos del hombre, y ya encabritándose fogosos bajo el peso de un jinete, ya tirando soberbios de la carroza de un magnate, ya arrastrando perezosamente una carretera, o dando vuelta en su vejez a una noria, todos los días vemos el castigo de un error positivo entre los cuadrúpedos.

En el trato familiar se toma como falta de cortesía y respeto comparar a una persona con un animal; pero no es así cuando la moral viene de una fábula, que entonces el más susceptible no se ofende; y esto lo decimos a propósito de la aplicación que vamos a hacer de la fábula del ciervo, el caballo y el hombre.

No es únicamente el centro el culpable de ese estado de postración a que han llegado en su soberanía los estados; mucha parte debe atribuirse también a los mismos estados y a sus gobernantes, que han expeditado el camino a la unión para intervenir en los asuntos locales y usurpar sus derechos a las entidades federativas.

Por cuestiones electorales, por diversidad en el modo de ver la marcha administrativa, por disgustos personales muchas veces, por demasiada susceptibilidad otras, se enciende en un estado de la federación una polémica en la prensa o en la tribuna, entre dos personas influyentes o entre dos partidos, y aquello llega a tomar proporciones, y se establece un verdadero antagonismo cuyas manifestaciones se miran en la prensa, en la legislatura, en las elecciones, y por último en el terreno de las armas, en el llamamiento a la fuerza bruta, como suplemento de la razón y del derecho.

Ya en este caso los partidos, y esto es lo general, procuran atraer a su lado al gobierno de la Unión, hacerle intervenir en la cuestión local y obtener lo que sin duda por ironía llaman los estados el auxilio federal.

Para alcanzar ese anhelado término, se ponen en juego cuantos arbitrios y hasta bajezas ha inventado la política actual, se procura ganar el favor de los privados del señor presidente, se buscan recomendaciones para la mayor parte de los diputados, se dan comidas, regalos, se procura enviar una comisión bien expensada y compuesta de hombres hábiles a México, y éstos visitan al primer magistrado, y se apoderan de la redacción de algún periódico, y escriben, y se desarrolla una actividad vertiginosa.

¿Y todo esto, para qué?

Para conseguir que el Congreso decrete el auxilio federal y el gobierno envíe tropas que llevan por misión sofocar las aspiraciones más o menos justas, pero siempre legales de una parte de los habitantes de un estado en provecho de la otra.

Y aquello suele parar en el estado de sitio, que aun levantado después, no deja las cosas en la localidad como debieran ser, porque ya las elecciones se hicieron bajo la influencia del sable.

Siempre la fábula del caballo y el ciervo.

Increíble nos parece que haya buenos ciudadanos de un estado que busquen, que soliciten el auxilio de la federación contra sus mismos hermanos; y cuando vemos esas gestiones, aunque en otra escala, no podemos menos de recordar los trabajos que emprendieron Almonte, Hidalgo y otros en la corte de Napoleón III para traer a México la paz con las bayonetas francesas.

Y si alguien nos dice que esto es exagerado contestaremos que tan respetable y sagrada debe ser la independencia y soberanía de un estado, para el centro, como la de una nación libre y soberana para otra, y que la razón, el motivo de que entre nosotros la federación no sea hasta hoy más que una mentira real y una verdad aparente, es que ese principio no se quiere entender ni sostener ni por el centro ni por los estados.

¿Por qué ni para qué tiene el centro que intervenir en las cuestiones locales de las entidades federativas?, ¿por qué ni para qué éstas necesitan ocurrir a la Unión en busca de bayonetas que vayan a regar los campos con la sangre de los hijos del estado?

Esto no es ni puede ser federación. Estado que a cada paso necesita de las tropas del centro, que no tiene suficiente vigor para sofocar un movimiento puramente local, que recibe consigna para emitir su voto, y cuyo gobernador necesita a la hora de las elecciones venir a México o enviar una comisión para recibir las órdenes del señor presidente respecto a las candidaturas del pueblo, o es un estado que no merece ser libre, soberano e independiente, o tiene un gobernante sin prestigio, sin energía y sin dignidad.

¿Qué viene a ser de un estado cuyo jefe debe su elevación al poder, al auxilio eficaz y decisivo del presidente de la república? ¿Qué espera un estado de sus diputados en el Congreso general cuando éstos están enteramente sometidos al influjo de los amigos íntimos del jefe de la federación?

Apenas un gobernador quiere tener para sí o para su estado «una poca» de libertad, sacudir en algo la tutoría del centro, lo primero que hacen sus amigos, es decir, los amigos de la federación, los partidarios de la soberanía de las entidades federales, es explorar la opinión en el Congreso, para averiguar si el ejecutivo tendrá mayoría para presentar una acusación contra aquel gobernador, y esto proviene, lo mismo que la servidumbre del caballo, de que por vengarse de aquel gobernador, no faltan en el estado hombres, quizá inconscientes, que por satisfacer una venganza personal o de partido, no vacilen en unirse al centro y en sacrificar la soberanía y la independencia de su estado, del estado que los vio nacer; del que son ciudadanos, y el que quizá los ha colmado de honores y distinciones.

Y luego estas oposiciones locales, uniéndose para obtener venganza, con los amigos del señor presidente, no sólo sacrifican a su estado, no sólo despedazan el principio federal, sino que terminan por hacer a esos señores, árbitros de los destinos de los estados como lo son ahora de los del centro.

Y esta conducta ¿es patriótica?, ¿es noble?, ¿es conforme a los principios del Código que tantas veces se ha jurado defender?

¡Pobres estados!, ¡pobre federación! y pobre república si esta marcha de degradación no llegar a tener un hasta aquí.

Y lo tendrá, porque una mentira no puede sostenerse mucho tiempo, aun cuando cuente con terribles defensores, y lo que hoy existe en la federación es mentira.

Y entonces los estados no verán a sus legislaturas dando licencia al gobernador para venir a la capital, ni a éste llegar a México, y entre el ruido de las copas y el tronar de los tapones de las botellas de champaña, distribuir los distritos electorales en favor de los recomendados del gobierno general, y repartir la capa del justo en un Tívoli, disponiendo de lo que no es suyo.

No verán en tiempo de elecciones entrar y salir a las capitales de los estados a los comisionados del centro que llevan listas de candidatos y listas de excluidos, como un edecán comunica las disposiciones del general en jefe en un campo de batalla.

No verán a los prefectos y jefes políticos, interviniendo rudamente en los colegios electorales y aprisionando electores y dando el escándalo del cohecho y el soborno, para conseguir que aquel pueblo libre vote espontáneamente para que lo represente en el Congreso de la Unión, a un diputado que si es muy conocido del señor presidente no lo es nada de aquel pueblo libre.

Nada de eso verán entonces, porque los estados habrán recobrado su soberanía, y no permitirán que sus gobernantes les traicionen de esa manera.

El Radical, t. 1, núm. 4, noviembre 6 de 1873, México, p. 1.

PESIMISMO. EL SIGLO XIX

Desde que comenzamos a publicar nuestro prospecto, no nuestro periódico, comprendimos que El Siglo XIX sería naturalmente el primer adversario que teníamos de encontrar.

El Siglo, como todos saben, redactado por personas muy apreciables, es sin embargo el órgano oficial del círculo exclusivista, y como nosotros tratamos de presentar ante la nación a ese círculo tal como es en sí, nocivo a la administración, y funesto para el señor Lerdo, claro está que al primer paso en nuestra marcha periodística, El Siglo comenzó a encontrar malo nuestro trabajo.

Dice El Siglo que nosotros somos «pesimistas» es decir, que para nosotros todo está muy malo; El Siglo lo ve todo muy bueno, seguramente porque él ve con los ojos del círculo íntimo del señor Lerdo, y para este círculo que dispone del país casi como el mismo señor presidente, y que a pesar de estar compuesto de hombres serios y de juicio, tiene un convite en el Tívoli cada tres o cuatro días, y para ese círculo cuyos miembros en general son hombres ricos, y nacieron y crecieron en la opulencia, sin necesitar del erario nunca, para ese círculo todo va muy bien, y El Siglo es preciso que así lo vea, y que nos llame pesimistas; todo esto es natural, el espectáculo lo hace el espectador.

Lo que no comprendemos es lo fácilmente que nuestro apreciable colega varía de modo de ver: hoy lo encuentra todo bien y nos llama pesimistas; no hace aún ocho días que publicaba estas palabras a propósito del brindis del señor Lerdo en el banquete del «reló» (nota la nación que siempre que se habla de los hombres serios y juiciosos que componen hoy el alto círculo del señor presidente, hay siempre algo de Tívoli o de convite).

He aquí las palabras de El Siglo:

Esto encerraba una alusión muy directa; el señor Lerdo se refería probablemente a las cuestiones de ferrocarriles y a la de tarifas de la vía férrea de Veracruz, pendientes en comisiones compuestas de antiguos amigos políticos suyos; de manera que realmente trataba de significar que sus amigos no podían hacerle reproches de indolencia, supuesto que de ellos había dependido el pronto despacho de negocios importantes.

Claro es que esto era devolver reproche por reproche; pero las personas que estaban allí, ajenas a esos sentimientos no podían quedar satisfechas porque la apatía en uno de los poderes no justifica la del otro poder; si se examina nuestra política exterior y la interior en sus diversos ramos, se nota la más completa paralización; si se llega a la administración, no hay negocio, por insignificante que sea, que no tenga las mayores dilaciones.

El señor Lerdo, creyó comprender que en las alusiones del señor Romero había exigencias de sus antiguos amigos políticos, y se juzgó en el deber de contestar. Manifestó que nadie podía tacharle de faltar a las consideraciones debidas a los amigos, y que siempre procuraba observarlas, para no dar lugar a que se rompiera una amistad.

En este artículo que exhumamos y que damos nuestra palabra a El Siglo de que constantemente será nuestro tema, y no le dejaremos olvidado, hay dos confesiones muy notables.

La primera le importa al pueblo, porque una vez más conoce que no le engañamos al decirle que todo, todo lo abarcan y monopolizan los amigos del señor presidente: el primero de los párrafos anteriores lo confirma, y es confesión de parte: lo dijo El Siglo y no El Radical.

Pero este fue un paréntesis; volvamos al Siglo, que hoy nos llama pesimistas, y en aquel tiempo (hace ocho días) «que se notaba la más completa paralización y que el menor negocio tenía las mayores dilaciones».

No hay medio, o en ocho días se ha operado un prodigio y todo camina y progresa, o estamos en el estado en que El Siglo vio las cosas, y no somos pesimistas sino verídicos.

No hay medio, El Siglo estaba turbado entonces, o ahora, o la cólera le turbaba entonces, o el lerdismo, más dulce en la reconciliación, le ciega ahora.

¿Somos pesimistas porque ocho días después que El Siglo, decimos algo menos que lo que él dijo?

La pintura que hace El Siglo de la administración, puede ser más desconsoladora: si esto no es ser pesimista, no sabemos qué podrá ser.

Por último, siendo El Siglo el órgano de los amigos del señor presidente, es decir los únicos que por su buena posición tienen derecho de ver las cosas color de rosa, y buena la marcha administrativa, todavía la verdad les arranca esta confesión: «Es muy probable que la generalidad de los antiguos amigos del señor Lerdo no piensen del mismo modo; de seguro que han notado una diferencia enorme entre el señor Lerdo en la desgracia y rodeado de un grupo de amigos leales que sacrificaron su posición, y el señor Lerdo presidente de la república.»

Y si esto dicen ellos, que son atendidos y considerados por el señor presidente, puesto que están con él en los convites que tienen los principales negocios de ferrocarriles, etc., etc. (véase el primer párrafo de los que copiamos antes) qué dirá el pueblo de cuya administración confiesan los mismos amigos del señor Lerdo que está «completamente paralizada, y que el negocio más insignificante encuentra grandes tropiezos».

Desengáñese nuestro apreciable colega de la calle de Los Rebeldes; cuando un círculo compuesto de personas serias y de juicio ha hecho confesiones como las que El Siglo hizo a propósito del célebre banquete del reloj, no puede con libertad defender a un gobierno de quien se ha expresado tan duramente, y menos aún cuando no han pasado ni dos semanas.

¿Querrá también el círculo de amigos del señor presidente, tener el monopolio hasta del derecho de oposición?

Tal vez, porque nos tacha de pesimistas cuando no hemos hecho más que repetir la idea que emitió El Siglo.

El Radical, t. 1, núm. 4, noviembre 6 de 1873, México, p. 2.

AL PERIÓDICO TITULADO LA NACIÓN

Este apreciable colega nos dedica el siguiente párrafo en su número de hoy:

Dice El Radical:

«En todo caso el círculo exclusivista se lanza a la oposición, protestamos que ni irá con nosotros, ni nosotros con él.»

Desearíamos que nuestro simpático colega se sirviera explicarnos este concepto.

¿Sea cual fuera la clase de oposición, aunque sea oposición razonada, El Radical no estará con los exclusivistas? ¿No sería esto la creación de otro círculo igual?

Nos convendría la explicación, si es posible, para nuestro después. América.

«Nobleza obliga» y nosotros debemos a La Nación la respuesta que pide.

Un periódico como el que nos interpela, y en donde figuran en la redacción hombres como Pérez Jardón y el general Pérez Hernández, que no abandonaron a su patria en la hora del conflicto y fueron nuestros compañeros en aquellas horas de desgracia bien merecen nuestro respeto.

He aquí la respuesta que piden: El Radical, no quiere círculos sino la unión de los buenos mexicanos, de manera que excluir al círculo exclusivista no significa ni es nuestro deseo sustituir un círculo con otro.

Uno de los motivos que ha habido para que en nuestro país esté tan prostituida la política, es porque los hombres mismos que precipitan a una administración, tan luego como la ven vacilante o que no satisface sus exigencias, la abandonan y van al partido que le hace oposición, y éste les abre los brazos sin comprender que desde este momento tiene en su seno el germen del mal, y que con el tiempo será también precipitado al mal y abandonado.

No iremos nunca con el círculo exclusivista, porque no le hacemos oposición sólo por ser amigos del señor Lerdo y dueños de la situación, pues esto sería capricho y envidia; sino porque creemos que es un círculo funesto para la política, por su poco respeto a la ley y a la voluntad del pueblo; y si creemos que hace mal el señor Lerdo teniéndole a su lado en tal privanza, ¿seríamos tan inconsecuentes que sólo porque se venía de nuestro lado cambiaríamos de idea?

Ese círculo no es buen elemento en política, por eso no le queremos con el señor presidente y tampoco con nosotros; ese círculo ha desprestigiado al señor Lerdo, no nos gustaría que desprestigiase al partido independiente; es exclusivista y debe ser excluido. Deseamos que esta explicación satisfaga a nuestro apreciable colega La Nación; pero si así no fuere, estamos dispuestos a darle cuantas más quiera, porque como hemos dicho nos merece toda consideración y simpatía.

El Radical, t. 1, núm. 4, noviembre 6 de 1873, México, pp. 2-3.

UN JUICIO DE AMPARO

Según estamos informados, la Suprema Corte de Justicia, con una energía y una justificación que le honran altamente, falló conforme a la Constitución, el juicio de amparo que se interpuso con motivo de las elecciones de diputados en el distrito de Chalchicomula del estado de Puebla, y en donde resultó electo el señor don Ramón Guzmán.

Pero lo que ha llamado altamente la atención del público es que la sentencia pronunciada en ese negocio por la Suprema Corte aún no se publica, y se susurra que aun no se extiende, contrariando con esto la terminante disposición del decreto que reglamenta los juicios de amparo.

No sabemos quién será responsable de este abuso tan escandaloso: creemos que la mano de un alto personaje está dirigiendo esta intriga, pues es seguro que una vez publicada esta sentencia el Congreso no podrá tener en su seno al señor diputado de quien se trata, a no ser que esté resuelto el 7.º Congreso a pasar por encima de la Constitución y de la ley por no disgustar al señor presidente.

No terminaremos este párrafo sin dar, en nombre de los buenos liberales, un voto de gracias al señor don José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, por la energía con que sostuvo los principios constitucionales en el amparo de las elecciones de Chalchicomula.

¿Cuándo se publicará la sentencia?

El Radical, t. 1, núm. 4, noviembre 6 de 1873, México, p. 3.

¿PUDIERON LOS CONSTITUYENTES PROHIBIR LA COALICIÓN DE LOS ESTADOS?

Hemos procurado en nuestros anteriores artículos trazar un ligero cuadro del estado al que la política del centro ha llevado a las entidades federativas, haciendo ilusoria una soberanía que es el fundamento y objeto de la Constitución de 1857.

Vamos ahora a estudiar un punto que en sentir nuestro, es de gravísima importancia, tanto porque afecta en su base al código fundamental de la nación, cuanto porque resuelto dé una o de otra manera, será de grandes o trascendentales consecuencias. Nuestra Constitución prohibe la coalición de los estados; ¿tuvieron derecho los constituyentes de establecer esta prohibición? ¿En caso de haber tenido tal derecho, hicieron bien en consignarlo como una de las condiciones impuestas a los estados para formar parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos?

Nuestra opinión es que no tuvieron ese derecho, y caso de haberlo tenido, no hicieron bien en declararlo artículo constitucional.

Por más que parezca una paradoja, diremos que no todo lo que existe consignado en el código fundamental de un pueblo, es conforme al derecho constitucional, y por grande que sea el respeto que un ciudadano deba tener a la Constitución de su país, este respeto no le impide el libre ejercicio del derecho que tiene como hombre libre, de procurar por cuantos medios están a su alcance la reforma de una ley que, aunque suprema para la nación, no está ni exenta de defectos ni libre del eterno decreto del progreso, que exige a las legislaciones avanzar con la humanidad, so pena de hacerse imposibles o tiránicas.

La Iglesia misma, a pesar de sus férreos cimientos, ha tenido que sujetarse a esta ley de progreso, y un abismo media entre los cristianos de los primeros siglos y el partido neocatólico que comenzó a dar señales de vida al fuego de las ideas del terrible Lamenais.

El código federal de México fue formado por representantes de los estados electos con este objeto.

Pero los diputados representantes de un estado no están investidos de facultades omnímodas, ni son dueños absolutos de los destinos de los pueblos que los nombraron; es un error inveterado el suponer que los congresos constituyentes o constitucionales, son soberanos, o al menos representan la soberanía de la nación.

La soberanía reside en el pueblo y no más que en él; es inalienable e intransmisible lo que el pueblo concede al gobierno, es decir, a la triple manifestación del poder legislativo, ejecutivo y judicial; es nada más que la facultad de organizar y dirigir la parte muy pequeña de los derechos que cada uno de los hombres libres cede para formar esa masa de fuerza que constituye el poder público, y que cada hombre cede a fin de que, con el compuesto de todas esas cesiones, se forme un gobierno que proteja eficazmente la parte de derechos que cada uno conserva para sí.

Y esta parte de derechos que el hombre guarda como sagrados es la que se llama garantías individuales.

Se ve, pues, que no sólo un congreso no es soberano, sino que ni aun los tres poderes reunidos forman lo que se llama una soberanía.

Los constituyentes entraron representando a los pueblos en estas condiciones y no pudieron excederse de las facultades que su mismo mandato contenía.

No pudieron en ningún caso haber sacrificado en el código fundamental formado por ellos, la parte de los derechos del hombre, que el hombre reserva para sí en todos los casos en que entra a formar parte de una sociedad, sino sólo de los que cedía para constituir un gobierno.

De aquí la imposibilidad de prohibir el derecho de reunión como el de propia defensa, de aquí la limitación de facultades al Congreso Constituyente.

Ahora bien, los estados como entidades federativas, tienen en el pacto de su unión, el mismo papel que los individuos al formar sociedad, y lo mismo puede decirse de estados que forman una nación, que de hombres que forman sociedad.

Los constituyentes al tratar de organizar la federación, tenían las mismas taxativas que si se tratara de individuos particulares, de hombres; y así como a éstos no les pudo prohibir el derecho de reunión, a los estados no se les pudo prohibir el derecho de coalición.

La coalición es el mutuo auxilio, para los casos de grave peligro, ya por los amagos de una guerra con otro estado, con las naciones extranjeras, con individuos del mismo estado, con los bárbaros o con el centro.

En los primeros casos, el centro puede auxiliar y el estado salvarse; con respecto a los bárbaros, permitida está la coalición, y ha dado tan benéficos resultados en nuestras fronteras, que ha terminado esa guerra que parecía ser eterna, que asolaba esos vastos territorios, y que había resistido a los inútiles esfuerzos del gobierno general.

¿Y en cuanto al centro?

Parece que los constituyentes no comprendían que su misión y su deber les obligaba a garantizar la independencia de los estados, pues les quitaron el derecho de coalición, «único» que los podía hacer fuertes e invulnerables en caso de que llegara una administración en la república que tuviera tendencias a centralizar el gobierno.

¿Tiene un apoderado derecho a desarmar a su poderdante, cuando las armas son legítimas y sagrado el derecho que va a sostener?

Seguramente no.

Y la coalición es la unión, arma de los estados para sostener su independencia: esta arma es legítima, puesto que la tiene por su propia esencia de estado libre, soberano e independiente y el derecho de su autonomía es sacratísimo.

He aquí por qué decimos que los constituyentes no tuvieron derecho de prohibir las coaliciones.

En cuanto a si hicieron bien, se conocerá fácilmente.

Se permitió la coalición a los estados en la guerra contra los bárbaros; el resultado demuestra que se alcanzó más con esta coalición que con todos los esfuerzos de los gobiernos desde épocas muy remotas.

En segundo lugar, ¿si las coaliciones no fueran prohibidas, estarían tan expuestos los estados pequeños, y aun los poderosos a esas declaraciones en estado de sitio, a esa entrada y salida de tropas en un territorio, en son de guerra, a ese dominio sobre sus gobernadores, y en fin, a tantas otras cosas?

Que nos contesten los hombres independientes de los estados.

¡Ojalá que esta vital cuestión ocupase al Congreso ahora que trata de la reforma constitucional del Senado!

El Radical, t. 1, núm. 5, noviembre 7 de 1873, México, p. 1.

EMPLEOMANÍA

Como hemos dicho ya en otra vez, la política actual ha desnaturalizado hasta la significación de las palabras, y llevado el exclusivismo hasta la misma ideología, y ahora nos proponemos escribir sobre la errónea y falsa inteligencia que se da a la palabra con que encabezamos este pequeño artículo, y ya se verá cómo esto es de actualidad.

El Diccionario de la Academia nos dice que empleomanía es el afán con que se codicia un empleo público que tiene sueldo o emolumentos, tenga o no méritos el pretendiente para alcanzarle.

Pero la Academia supone que esto sea como un vicio, como una «manía», es decir, una especie de pensamiento, un afán constante e injustificable.

Pero cuando un país está como el nuestro en estos momentos, tan abatido que el hombre de bien y honrado, no encuentra trabajo, ni manera de ganar el pan para sí y para su familia, ¿podrá decirse que es empleomanía que solicite un destino cualquiera del gobierno?

El abogado que no alcanza a tener negocios que lealmente manejados le produzcan para subsistir, y pide un juzgado, una promotoría, la secretaría de un tribunal; el ingeniero, el médico, el artesano mismo, ¿qué pueden hacer sino buscar su pan sirviendo a la nación o al gobierno cuando en la sociedad no pueden adquirirlo de otro modo?, ¿se deben lanzar al crimen?

Cuántas veces esos hombres que alcanzan hoy el favor del gobierno, que viven espléndidamente y que todo lo miran color de rosa, porque ellos son de los escogidos, se impacientan y se desesperan y maldicen porque uno tras otro llegan muchos a pedirles que interpongan su valimiento para que ellos tengan un destino, y exclaman los felices con gran énfasis: «¡Qué país!, aquí todos quieren vivir del erario, que los mantenga el gobierno», y arrojan con supremo desdén la petición sobre su bufete recargado de papeles.

Y no se ponen a pensar que esos desgraciados lo que van a pedir es trabajo porque tienen a sus familias hambrientas y desnudas, y el propietario les amenaza con lanzarles de la casa por falta de pago y no piden limosna, ni van a robar ni a solicitar que el personaje les dé algo de su propio peculio.

Y no se ponen a pensar esos señores que ellos tuvieron posesión y bienestar y riquezas, y consideraciones, por el erario y por el gobierno, y vivieron y viven a su calor, y que cuando han logrado tal cosecha, no tienen derecho de despreciar al que quiere, en su miseria, un grano de trigo.

Cuántas humillaciones y cuántos sufrimientos para ese pobre a quien la desgracia lanza a eso que los grandes llaman empleomanía. Antesalas, desaires, engaños, burlas, y algunas veces, y no raras, descubre que hay una vacante en una oficina, y corre a comunicarlo a uno de esos altos señores, y le dice el destino que no está ocupado, ¿y entonces? entonces ese magnate, como todo puede, se dirige a palacio, habla al señor presidente y… consigue el destino para un hermano, un primo, un amigo suyo.

Y al otro se le dice: «el señor presidente tenía ya compromiso ¡qué quiere usted!»

El pobre hombre volverá con una paciencia admirable ¡es el pan de sus hijitos lo que busca!

¿Y esto es empleomanía? no, no, no, esto es miseria pública.

Empleomanía ¿queréis saber lo que es?

Pues mirad a ese alto, altísimo personaje que tiene cinco destinos, y como a él mirad a toda esa pléyade de favoritos, que todos disfrutan dos o tres sueldos.

Mirad a ese otro magnate amigo del señor presidente, y veréis que apenas le alcanzan ya los destinos para sus amigos y parientes. Eso es empleomanía, eso es sangrar al erario, eso es repartirse la capa del justo.

El Radical, t. 1, núm. 5, noviembre 7 de 1873, México, pp. 2-3.

LOS PUNTOS NEGROS

Desde Napoleón el Grande, que a propósito de las relaciones diplomáticas, dijo en un mensaje que veía puntos negros del lado del Norte, hasta Ruiz Zorrilla, el colega en el ministerio español, del bravo general Prim, y que usó también de la misma frase, lo que le valió el apodo de «el hombre de los puntos negros», hasta nuestro apreciable compatriota el señor Martínez de la Torre, que ha repetido en el Congreso de México la misma frase, esta confesión paladina de una serena tempestad, ha salido siempre, cuando no del jefe de un Estado, de alguno de los hombres más cercanos al poder, y de más influencia en la administración.

Y siempre también esos pronósticos, envueltos en el garboso ropaje de una figura prosódica, se han realizado quizá más pronto de lo que podían creer sus autores.

El fenómeno tiene fácil explicación: los que viven en la atmósfera del poder, los que sienten suya la administración a la cual pertenecen, natural es que no se aperciban los primeros, de la cercanía del peligro; la felicidad, el poder y la fortuna, ciegan a los hombres más previsores, y en las antesalas de los más temibles monarcas, se han fraguado las conspiraciones que los han derribado.

Los que están arriba sueñan siempre, que sólo un cataclismo universal puede turbar sus sueños de grandeza y de poderío.

Sin embargo, la tempestad ruge y se aproxima, y densas nubes entoldan el horizonte; el pueblo las ve y tiembla por el porvenir, y entonces no falta una voz enérgica que levantándose en medio del grupo de los que dominan, exclame: «hay puntos negros en el horizonte».

Verdad es que mejor debiera decirse: «La tempestad nos sorprende en medio de nuestra dicha; el cielo de hoy no está como el cielo de ayer.» Quizá este grito de alarma sería más eficaz que el otro para despertar al que duerme.

Pero contentémonos con que haya habido entre los amigos del señor Lerdo una voz de verdad, y no seamos optimistas buscando lo que por la misma naturaleza de las cosas es imposible encontrar.

«Hay puntos negros en el horizonte».

Es verdad, y muy negros; recorramos ligeramente algunos estados.

México ha visto con horror los sucesos de Zinacantepec; la sangre se ha derramado allí, no en combates, que más valiera, sino en fríos y repugnantes asesinatos; las represalias no se han hecho esperar, y bajo la apariencia de un motín, de la sublevación de un vecindario contra sus autoridades, se puede descubrir algo más terrible, más espantoso, porque todos comprenden que los dramas de Zinacantepec pueden ser los problemas de una guerra social.

La fuerza no bastará por sí sola a poner el remedio, la política acertada debe juzgar antes que todo en aquellas localidades; nada de debilidad, pero tampoco nada de rencor ni de represalia.

En el Estado de México hay ya un punto negro, y muy negro.

Los revueltos ánimos en Yucatán habían provocado la guerra civil, y aquel estado cuyo hermoso porvenir era una esperanza para la Unión, se convirtió repentinamente en el palenque de luchas más o menos encarnizadas, pero en el teatro de las más indisculpables violencias del pacto federal, merced a la política del gobierno general, y al apoyo que alternativamente, ya de una manera encubierta, ya con franqueza, ha prestado a los partidos que dividen aquella parte de la península.

En un principio podía decirse que eran dos los partidos en Yucatán, a lo menos así lo demostraban sus manifestaciones en la prensa, hoy parece que estos partidos se multiplicaron con facilidad sin que haya más esperanza que un esfuerzo y un acto de abnegación de los yucatecos.

También por allí hay puntos negros en el horizonte.

Coahuila se estremece ya con el ruido del combate; dos partidos luchan allí con encarnizamiento, el gobierno envía «el auxilio federal», y muy pronto los partes de las victorias y los ascensos, darán indicios claros de las matanzas en esa estéril campaña.

El norte tiene también sus puntos negros.

¿Y occidente?

Álamos levanta ya el estandarte de la revolución local, y sus hijos se preparan ya al combate, suponemos que pronto correrá la sangre, y pronto también llegará fatigado y jadeante «el auxilio federal» en auxilio del partido que más simpatice o convenga a los antiguos amigos del señor presidente. Puntos negros.

Jalisco, es ahora para el señor presidente y sus amigos, como Atenas para Alejandro Magno.

Esa entidad de la federación disgusta en gran manera a los señores que más influyen en la marcha administrativa y a fe que no les falta razón.

Jalisco votó a favor del señor general Díaz en las elecciones para presidente cuando el señor Lerdo y el señor Juárez eran también candidatos.

Allí valieron muy poco las cartas de algunos personajes, que creen dirigir la opinión pública, porque el poder les presta armas para sofocarla y falsearla, y esto no podía perdonarse a un estado cuando el centro no tiene la audacia de resistir a esa influencia.

La diputación de Jalisco no vino exactamente como esos señores lo dispusieron desde el palacio de México; hubo alguna diferencia entre lo que querían que fuera y lo que fue, y como ellos no se contentan con algo, sino que quieren todo: de aquí esa lucha, esa guerra sorda que todos saben que un círculo de México, protegido por la sombra del señor presidente, hace a las autoridades y al gobierno de Jalisco.

Sin necesidad de profundizar más esa cuestión por ahora, podremos decir en seguida que también por el estado de jalisco hay puntos negros en el horizonte.

El Radical, t. 1, núm. 6, noviembre 8 de 1873, México, p. 1.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Sé que alguien se ha permitido decir que el gobierno de un estado (Jalisco) subvenciona a El Radical.

Miente quien tal diga; nuestro periódico es completamente independiente, y mi carrera política, y mis antecedentes, me dan derecho a que la nación crea que trabajo por su libertad como he trabajado por su independencia, sin pedir ni esperar recompensa.

El Radical, t. 1, núm. 6, noviembre 8 de 1873, México, p. 2.

DIVISIÓN DE LOS PODERES

En los anteriores artículos hemos procurado, y creemos haberlo conseguido, probar que la federación es en México una mentira, que los estados ni tienen libertad, ni son soberanos, y que un gobierno central y absoluto, tratándose de la suerte de las entidades federativas ha venido a sustituir al centro de la Unión, que los constituyentes quisieron establecer en esta república que debe llamarse de los Estados Unidos Mexicanos.

Hemos demostrado también que no sólo el centro con su política artera y absorbente, sino también los estados por su poca energía, y sus gobernadores por su ningún celo por la dignidad de los pueblos que les han confiado sus destinos son culpables, de mal tan grande y tan trascendental.

Ahora vamos a ocuparnos de la división del gobierno de la república en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial; división que es sin duda la más preciosa garantía de la libertad de un pueblo; y que como la soberanía de los estados, no existe más que en la apariencia, en el engaño, que nadie cree, y que convierte nuestro sistema administrativo en una dictadura, en un despotismo enmascarado, del que pueden decirse aquellas palabras del evangelio: «sepulcro blanqueado».

Muchos años hace, y antes de que México proclamara su independencia y tomara su puesto entre las naciones libres, y entre las repúblicas del continente americano, ya los hombres pensadores en política, y amigos verdaderamente de la democracia, habían dicho por muchas veces, con la convicción de la verdad, que la primera condición para la libertad de un pueblo es la división de los poderes.

En su inmortal obra sobre El espíritu de las leyes, Montesquieu ha dicho que cuando un mismo poder hace las leyes, las aplica y las ejecuta, todo se pierde para la libertad en el pueblo en donde eso acontezca; porque en efecto, el despotismo, no es más que la concentración de esas tres facultades en una sola mano.

El presidente de una república, por más libre que ésta se crea, que puede hacerlo todo, sin dar cuenta de sus actos a nadie, o por lo menos seguro que cualesquiera que sean estos actos no tiene nada que temer, no es más que un déspota, más terrible y odioso, cuanto que se pretende cubrir con el manto de la legalidad; y agrava con su hipocresía el delito negro de traición, a la democracia.

¡Qué importa en México que se convoque al pueblo a elecciones de diputados, si el gobierno, quebrantando la Constitución, olvidando sus sagradas protestas, poniendo una mordaza a la conciencia y faltando a sus más sagrados compromisos, abusa de la fuerza y del poder, se colude con algunos gobernantes débiles, burla el sufragio público, y con ultraje a la verdad y a las leyes, alza hasta el lugar de los escogidos de la nación a los agentes de su política, a sus amigos personales y a los hombres de quienes puede servirse como de dóciles o activos instrumentos en sus miras políticas, para centralizar una república federal o preparar el peligroso camino de una reelección que los pueblos rechazan!

Ese empeño con que el ejecutivo busca y esa facilidad con que consigue mayoría en los cuerpos legislativos, ¿es otra cosa que el odio a la división de poderes, el deseo de la dictadura y el desprecio más completo de las ideas radicales del partido demócrata y republicano?

Si todo el conato de nuestro poder ejecutivo, es y ha sido tener en el Congreso una débil y bien disciplinada mayoría; si esto lo ha conseguido siempre, ¿podremos decir que existe la división de poderes?

Cuando todo lo que el ejecutivo inicia lo alcanza en la Cámara; cuando todo lo que desean lo consiguen allí sus amigos; cuando un recado del señor Lerdo decide el éxito de una votación importante; cuando sus amigos en su nombre llevan lo que podría llamarse la consigna presidencial; cuando hay una fracción en la Cámara que siempre se llama descaradamente gobierno; cuando hay diputados que preguntan si una resolución será o no del agrado del señor presidente, ¿puede alguien, por optimista que sea, decir que existe la división de poderes en la república?

Los más célebres republicanos y federalistas de América, Jefferson, Adams, Madison, Hamilton, están unánimes en definir el despotismo, como la concentración de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en una sola persona.

En México, esta división de poderes es en teoría, un lugar común, una doctrina que todos profesan y defienden, pero que está muy lejos de ser verdad en la práctica, y que proclamada por la Constitución de 1857, es como uno de tantos otros principios de gobierno allí consignados, letra muerta y sombra para los pueblos, verdad activa y existencia real para el presupuesto.

Para que exista la división de los poderes en una nación, no basta que el código fundamental de ella lo declare así, ni basta que el erario de ese pueblo se agote por cubrir los sueldos del presidente y de sus ministros, de los diputados y de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia; no, porque muchas veces, estos sueldos no representan otra cosa más que destinos, cubiertos por el falso sufragio público, ocupados por los amigos del ejecutivo, y útiles sólo para cubrir las apariencias y dar un baño de legalidad y de republicanismo a los caprichos dictatoriales de un ejecutivo omnipotente.

Necesario sería también el candor de un niño para creer que por el solo hecho de existir un presidente encargado del poder ejecutivo, una Cámara de diputados del legislativo, y una Corte Suprema del judicial, todo estaba salvado, y la división de poderes era ya cuestión terminada, hecho positivo, garantía de libertad exenta de todo ataque y de toda intriga política.

La fórmula no salva la esencia, y la fórmula que constituye el todo en el gobierno del derecho divino, no basta para purificar en las democracias; la legalidad no es fórmula sino verdad, toda vez que la ley excluye la falsedad y la ficción en los gobiernos representativos.

Si el jefe de un ejecutivo cuenta en los otros dos poderes con una mayoría de adeptos tan fieles a la consigna que la discusión no sea más que un alarde de ociosidad, y tenga siempre por único resultado el acatamiento a la voluntad del ejecutivo; el pueblo en donde esto sucede aun cuando en la Constitución y en la apariencia, tenga la división de los poderes no será un pueblo republicano y libre, sino un pueblo engañado y esclavo.

Para nadie es un secreto el modo con que se hacen las elecciones de diputados.

Para nadie lo es tampoco que la voluntad y la simpatía de los pueblos no se consultan, y que el ejecutivo excluye o recomienda con un éxito verdaderamente admirable; que el gobierno elige a los que han de elegir sus pueblos, y se hacen lo que la política de hoy llama combinaciones trayendo a un privado de suplente por un distrito y de propietario por otro para que el otro entre al Congreso, y se hacen grandes ofrecimientos a los que ceden sus elementos, es decir el voto de sus amigos, para obtener el sufragio de un distrito en favor de un favorito, y que se pone en juego hasta la fuerza armada para conseguir el objeto deseado; y si todo esto no es un secreto para nadie; y si todo esto no es tráfico político; y si todo esto no es una burla a la Constitución y a la democracia, ¿habría alguien que crea en la división de poderes?

Mañana continuaremos ocupándonos de este negocio.

El Radical, t. 1, núm. 7, noviembre 10 de 1873, México, p. 1.

DIVISIÓN DE LOS PODERES. EL PODER JUDICIAL

Cumple a nuestro deber como escritores de conciencia y como buenos patriotas, advertir antes de seguir estudiando y tratando estas materias constitucionales, que cuanto decimos no hace relación al actual gobierno, porque hay tropiezos en la marcha de la administración, de que aún no tenemos ejemplo en la vida práctica de nuestra patria, pero que conforme a la legislación constitucional vigente pudieran fácilmente encontrarse, causar un grave trastorno al país y ser después irremediables; la revolución sería su inmediata consecuencia, y en todo caso vale más evitar y prevenir, que combatir y castigar.

Hemos dicho que la división de poderes es la primera garantía de la libertad de un pueblo, y necesario es también para que esta división exista, que los poderes sean independientes uno de otro, no teniendo entre sí ni vínculos que destruyan la libertad de alguno de ellos, ni puntos en donde se encuentren las órbitas en que giran y esto sea causa de un choque más o menos violento pero siempre de funestas consecuencias para la república.

En nuestro código fundamental se cuidó hábil y concienzudamente de establecer la división de los poderes y marcarles una órbita dentro de la cual sin chocar entre sí podían los tres ejercer libremente su acción provechosa.

El poder judicial por mucho tiempo desconocido, en su carácter político, reducida en su escala suprema la Corte de Justicia a un tribunal de apelación sujeto al mismo Ministerio de Justicia, llegó a perder tanto el majestuoso carácter que quisieron imprimirle los constituyentes, que muchas veces la nación presenció el hecho de que los magistrados fueran nombrados unas veces por el Congreso, y otras por el ejecutivo, como si en nuestro sistema fuera posible, por algún evento, que los poderes pudieran engendrarse uno a otro, o derivarse el uno del otro, por más que hubiera facultades extraordinarias en el ejecutivo o el legislativo comprendiese la urgente necesidad de que la Suprema Corte existiese y estuviera íntegro el número de sus magistrados.

Felizmente pasó ya ese tiempo, y tanto por el estudio del espíritu de nuestras instituciones, como por la mayor práctica en ellas, la Suprema Corte de Justicia es ya un cuerpo político tan independiente y tan alto como el Congreso o como el ejecutivo.

Pero no basta eso para establecer la completa división de poderes y la independencia del judicial, supuesto que este poder, según el artículo 90 de la Constitución federal, está depositado para su ejercicio «en una Suprema Corte de Justicia, y en los tribunales de distrito y de circuito».

Los miembros de la Suprema Corte de justicia son electos por la nación del mismo modo que el presidente de la república, y esta elección, en todo conforme con el espíritu republicano y liberal de la Constitución, garantiza la independencia de la Corte, porque la fuente del nombramiento y la inamovilidad de los magistrados durante seis años, les ponen a cubierto de las amenazas de cualquiera otro de los dos poderes, y mucho más si a esto se agrega el alto fuero constitucional que es la égida de su independencia en materias relativas a la justicia política y federal.

Pero asegurada la independencia de la Suprema Corte, y por más que los miembros de que ella se compone sean dignos de ocupar aquel puesto, por su saber, prudencia, energía y amor a las instituciones, muy lejos está aún la independencia del poder judicial, supuesto que el ejecutivo tiene tal intervención en los nombramientos de las personas que deben servir de magistrados de circuito y jueces de distrito.

El artículo 96 de la Constitución, dice: «La ley establecerá y organizará los tribunales de circuito o distrito.»

¿Supusieron y desearon los constituyentes que en esa organización se comprendiera el nombramiento de los agentes principales del poder judicial, hecho por el ejecutivo?

Si por inducciones debiéramos contestar esta pregunta, decididamente la contestaríamos en contra, y no estaríamos, como no estamos conformes con la ley reglamentaria de este artículo.

La Constitución, se ha dicho muchas veces, es una águila sin plumas, faltándole las leyes reglamentarias; pero estas plumas serán de bronce cuando las leyes, hijas de circunstancia o de espíritu de partido, no sean consecuentes y armónicas con el espíritu del código fundamental.

Si la independencia entre los poderes ha de ser un hecho, no puede de ninguna manera admitirse que los magistrados de circuito y jueces de distrito se nombren por el ejecutivo, aun cuando se tenga como requisito indispensable para esto, que la Corte Suprema de Justicia presente una terna de individuos entre los cuales el gobierno ha de elegir.

Proponer no es nombrar y la Corte propone; y no deja de ser facultad la de nombrar, por más que esta facultad tenga por límite una terna: como la libertad de elección es igual, haya dos o 10 000 caminos para elegir.

En todo caso, el nombramiento lo hace el ejecutivo, él firma el despacho, y de él reciben la autoridad el magistrado de circuito o el juez de distrito, sin que tenga en esto más papel la Suprema Corte que recibir la protesta de un empleado del poder judicial, que ella no ha nombrado.

La fuente del nombramiento debe ejercer un gran influjo en el ánimo del juez o magistrado, porque considerando a los hombres como son y no como debieran ser, influencia y grande tienen la gratitud o el temor en todos los corazones.

No diremos por eso que no haya a pesar de todo, jueces y magistrados cuya independencia y energía, honrarían a cualquier país civilizado, no; para satisfacción del foro mexicano, la justicia federal ha sido bien administrada generalmente hablando; pero esto, preciso es confesarlo, se debe a las cualidades personales de los jueces y magistrados, y no a la previsión de la ley.

Los teólogos a pesar de su optimismo han establecido por principio general, «que a nadie se le puede exigir el ejercicio de virtudes heroicas» y ¿no será exigir esto mismo, querer que un juez de distrito, ponga el muro de bronce de un amparo a la disposición del ministro de Estado, a quien debe su nombramiento y quizá su porvenir?

El «amparo» es decir, el hasta aquí, que pone la justicia federal a los desmanes de cualquiera autoridad, tiene mucho de irritante para esa autoridad, que a medida que es más alta se siente más ofendida; y luego el informe que se le pide, y luego la sentencia que restablece todo al estado que las cosas tenían antes de haberse intentado el juicio, ¿qué cosas de éstas no influyen en el ánimo del que sabe que contra quien dicta todas estas providencias es el mismo por quien está colocado y que puede volver a colocarle en otra ocasión o nulificarle?

Esta independencia de jueces de distrito y magistrados de circuito, descansa hoy sobre cimientos de arena, y por esto es que hay motivo para enorgullecerse, que con tan contrarios elementos haya habido tanta energía y dignidad en el poder judicial.

Es preciso, pues, desengañarse; mientras la Suprema Corte de Justicia no nombre por sí misma y sin intervención del ejecutivo a todos los empleados de su ramo; mientras la intervención del ejecutivo en el judicial sea tan directa como lo es hoy, supuesto que él hace los nombramientos, la independencia del poder judicial será sólo de nombre, y no existirá tal como lo demanda el espíritu de la libertad y de la Constitución.

¿Qué sería del ejecutivo si para tener empleados civiles o militares necesitara que el nombramiento de ellos fuera hecho por el Congreso?

La independencia de los poderes es un principio aceptado, y por lo tanto deben serlo todas sus consecuencias so pena de caer en un abismo.

El Radical, t. 1, núm. 8, noviembre 11 de 1873, México, p. 1.

DIVISIÓN DE LOS PODERES. EL LEGISLATIVO

La falta de independencia, generalmente hablando, que se nota en el poder legislativo comienza por la intervención del ejecutivo en las elecciones de diputados, y aunque sobre esto hemos hablado ya, creemos deber hacer algunas otras reflexiones a este propósito.

En todos los periódicos y en todos los círculos, se habla ya de «candidatos oficiales» pero con tanta franqueza y con tanta libertad, como si fuera un acto legítimo, y no un alto delito constitucional, eso que se llama «candidaturas oficiales».

¿Qué cosa es una candidatura oficial, qué significa y qué resultados traen a la república las candidaturas oficiales?, éstas son cuestiones que necesitamos tratar con franqueza y con verdad.

Candidatura oficial es aquella que el ejecutivo apoya directamente como agradable, útil y conveniente para él, y a cuyo servicio pone su prestigio y sus elementos físicos y oficiales.

Esta candidatura se presenta, se propaga y se apoya unas veces encubiertamente y bajo la capa del misterio, y otras sin embozo, y sin cuidarse en lo que se pueda pensar o decir sobre esto.

En un principio, cuando el ejecutivo comenzó a usar de estos prohibidos medios para obtener mayoría en el legislativo haciendo penetrar a sus amigos en el santuario de las leyes y armados de una credencial, cuidóse mucho de cubrir las apariencias, salvando las fórmulas, y dando el barniz de legalidad a los escogidos; entonces, si no había el respeto absoluto a la ley, había por lo menos, el pudor en los gobernantes que pretendían aparecer ante la nación como celosos defensores de la Constitución y del sufragio libre.

Había en esos tiempos intriga y abuso de prestigio, pero no cinismo; y no se arrojaba el guante a la nación, y al Partido Republicano, ni se daba motivo al partido enemigo de la democracia y de la Constitución para llamar utopías imposibles de realizarse a todos los principios que forman el credo político del Partido Republicano.

Pero poco a poco el ejecutivo tomó con menos reserva parte activa en las elecciones, y las urnas en donde debe depositarse el sufragio libre están ahora a la completa merced del presidente, de un gobernador o de un comandante. La candidatura oficial brotó por fin en medio de nuestra sociedad, en plena luz, mostrando a un pueblo libre, pero que se escandaliza, sus formas repugnantes y monstruosas; y cuando en el diccionario democrático no se registra ese nombre de candidatura oficial, nuestro pueblo lo repite con una conformidad o una indiferencia que asombran.

La candidatura oficial, es una hibridación horrible del sufragio público, y del absolutismo; es, o por lo menos quiere ser, hija de la libertad de votar y del llamado derecho del jefe de un pueblo que manda elegir a persona determinada; envuelve un absurdo, una contrariedad, un imposible positivo y democrático.

¿Qué significan las candidaturas oficiales?

Significan la falta de libertad en el sufragio público; significan la inercia del pueblo contra el poder, es decir, del apoderado contra el poderdante, del representante con el que le ha honrado dándole su confianza.

Cuando un poder, el ejecutivo, presenta una candidatura oficial, en las elecciones de diputados, no sólo da un gran paso en la ilegalidad, sino que prepara el camino para invadir más fácil y seguramente el campo vedado para él por la Constitución.

En efecto, ¿con qué objeto tiene una candidatura oficial y pretende hacerla triunfar? Seguramente que no con otro que con el de llevar a la Cámara a sus amigos, y conseguir por este medio mayor influencia, y eso que se llama mayoría en la representación nacional; y como teniendo mayoría cuanto él quiera se hará, la división de poderes entonces entre el legislativo y ejecutivo, es ilusoria.

Las candidaturas oficiales significan, pues, en todo caso, el ataque indirecto pero más seguro a la división, indispensable entre el que ejecuta y el que da la ley; significan la unión, si no en una sola mano, sí en una sola voluntad de dos poderes; significan, si no la tiranía, sí el despotismo del gobierno absoluto, y con esto la falta de garantía política para la república y la federación.

¿Qué resultado producen las candidaturas oficiales?

Antes que otro alguno, el desprestigio de las instituciones democráticas, pues las elecciones son calificadas farsa por los enemigos del sistema; el sufragio público de engaño, y la representación nacional de ilegítima y bastarda.

Producen el desaliento en los pueblos, que miran ya como inútil todo deseo y toda aspiración noble en ellos para nombrar su representante, y comprenden estéril toda lucha con el poder; y de los ciudadanos, el que no se vicia sometiéndose ciegamente a los caprichos del gobierno, huye del estadio político en donde no alcanzará más que el ridículo o la persecución.

Por otra parte, ¿pueden representar bien y concienzudamente a los distritos electorales personas que por muchos que sean sus méritos y talento, no les conocen?

¿Pueden creer en la verdad de su misión los que están ciertos de que no son los pueblos los que allí les llevan, sino la voluntad del ejecutivo?

No puede sentarse enérgico e independiente y levantar su voz en apoyo de la ley y de la Constitución el diputado que ni se halla sostenido por la voluntad de los que no puede llamar sus electores, ni protestar contra la infracción constitucional porque a una infracción debe su entrada a la Cámara, ni atacar a un ejecutivo que se extravía porque ese ejecutivo es su protector, y su primer extravío está escrito en la credencial que aprobó el Congreso.

Los pueblos ven entonces en la Cámara una reunión de personas que se dice que le representan como las «juntas de notables» del tiempo de los motines militares representaban a los Departamentos, «de orden suprema», y por la voluntad del jefe de las armas.

He aquí cómo la independencia entre el ejecutivo y el legislativo se pierde, y cómo esta pérdida se condensa en esta frase tan indiferentemente escrita o pronunciada: «candidaturas oficiales».

De esta fuente parten infinitos arroyos de corrupción que viciando la política, corrompen nuestras costumbres democráticas y minan de una manera rápida y segura la garantía política de la división de poderes, base de la libertad en todo pueblo republicano.

El Radical, t. 1, núm. 9, noviembre 12 de 1873, México, p. 1.

SE TEME Y SE ESPERA

A riesgo de no recibir por contestación a nuestro artículo más que un majestuoso enterado, vamos a dirigir estas actualidades a nuestro apreciable colega El Siglo XIX con motivo del editorial de ayer.

El colega de la calle de Los Rebeldes dice en resumen que la impaciencia de unos y la timidez de otros, les hace ver la situación política como no es en sí; que para éstos hay sombras y peligros que en realidad no existen; por otro lado hay optimistas que todo lo miran color de rosa, y en todo encuentran progreso y acierto.

El Siglo opina que ni unos ni otros tienen razón, y que si bien la situación no es bonancible, no es tampoco desesperada.

En resumen esto es lo que podemos decir, que entendemos y extractamos del bien escrito artículo del señor D. R. Agustín González.

Nos permitirá el señor González advertir que no hay una sola situación en cualquier país del mundo civilizado y en cualquiera época histórica, de la que no pueda decirse lo mismo y a la que no pueda aplicarse aquel lenitivo por los hombres prudentes y pensadores.

En todas épocas el gobierno por malo y despótico que haya sido, ha encontrado círculo que alabe su marcha y ensalce sus providencias, y ni faltó quien adorara a Nerón deificado, ni quien se dejara presidir por el caballo de un César, ni quien consintiera que la bota de un soldado déspota ocupara el lugar de honor en una asamblea, y es seguro que en esos días y bajo aquellos gobiernos muchos verían el presente y el porvenir bajo el prisma de sus pasiones y con los colores más vivos y brillantes.

En cuanto a la oposición y a los desalentados, tampoco en ninguna parte y bajo ningún gobierno han faltado.

Finalmente, ¿qué situación es aquélla en un país, de la que no puede decirse que ni es desesperada, ni enteramente bonancible, ni es como la miran los pesimistas exagerados, ni como la pintan los entusiastas optimistas?

¿Pero esta reflexión bastará para tener siempre tranquilo, siempre contento al pueblo y siempre satisfecho de la marcha de la administración?

Esta teoría es la base del partido moderado, y sin embargo, ese mismo partido cuando existió activo y no latente como hoy en México, demostró y probó que a pesar de todo tenía y sufría impaciencias y decepciones.

Pero aun conviniendo con El Siglo que puede haber situación mejor que la presente, y que puede también existir peor, no estamos nosotros conformes con la que existe, que no está como estar debiera supuestos los elementos con que el señor Lerdo contaba al llegar al poder.

En aquellos días, desaparecieron casi por completo los partidos personalistas y la república se pacificó, repentinamente. ¿Hoy esos partidos siguen en la misma armonía? ¿La república está tan tranquila como en aquellos días?

Entonces todos los hombres políticos y los que no lo son ofrecían su ayuda al gobierno ¿es hoy lo mismo?

Entonces el señor presidente contaba con el apoyo ciego de los lerdistas, los juaristas y los porfiristas y hasta de los conservadores.

¿Hoy cuenta con todos ellos?

Los lerdistas, y hablamos aun de los amigos del señor presidente, están retraídos, ofendidos, por más que se afecten conciliaciones cordiales, y unión, nada de esto es franco y en el fondo hay ya una semilla de división que nada es capaz de inatar, porque el partido lerdista se siente profundamente herido y humillado en el célebre brindis del señor presidente, y esas heridas en el amor propio se curan con dificultad.

Los juaristas y porfiristas no han llegado a encontrar en el señor Lerdo la marcha franca y leal que esperaban para seguirle con decisión.

En cuanto al reaccionario verá vacilar al gobierno y cuando menos se cruzará de brazos en una actitud indolente.

El señor presidente mal que pese a todos los mexicanos, está aislado ¿y no hay razón para temer y para esperar?

El Radical, t. 1, núm. 9, noviembre 12 de 1873, México, p. 2.

DIVISIÓN DE PODERES. EL EJECUTIVO

(I)

Hemos tratado ya de dos poderes, legislativo y judicial, que en nuestro sistema y en nuestras costumbres políticas, tienen siempre que representar en México el papel de inválidos, y que se han prestado siempre pasivamente a la gran infracción de nuestros principios constitucionales: hablaremos hoy del poder ejecutivo, de ese poder que siempre se siente contraído por los vínculos de la ley, que tiende siempre a ensanchar la órbita de sus atribuciones con mengua y perjuicio de los otros dos poderes, y que desde hace ya muchos años está, como los titanes de la fábula amontonando rocas para escalar al cielo de la dictadura, sin temor de que el pueblo indignado por tanta audacia le pulverice con uno solo de los rayos que lanza su soberanía.

Cuentan las crónicas que Angélico de Tieschi pintaba de rodillas los rostros de Jesús y de la Madona, y el demonio del servilismo no ha perdido su tiempo soplando al oído de muchos, que se apellidan liberales para obligarles a tener respecto del ejecutivo la misma respetuosa veneración, sobrepasando en esto al célebre pintor italiano, pues no sólo adoran humildes al presidente, sea quien fuere, sino que se inclinan como un árabe, al pronunciar el nombre de Alá’, delante de los privados; y no tendrían embozo en llamarse como el papa, «siervo de los siervos», servus servorum.

Protestamos nosotros que al tratar del ejecutivo, si bien nos inclinamos delante de la ley, no haremos lo mismo al juzgar de los hombres que tienen en su mano el poder.

El presidente no sólo invade, como hemos visto, a los otros poderes en la órbita de sus atribuciones, directa o indirectamente; no sólo es el árbitro en las elecciones, y el supremo director del sufragio público, sino que ha llegado casi a creerse el irresponsable en todos sus actos como gobernante.

Sería inútil y fastidioso repetir aquí cómo la división de poderes ha llegado a ser una mentira entre nosotros merced a la fuerza y astucia del ejecutivo, gracias a la complaciente debilidad de los otros dos poderes y a causa de la poca energía del pueblo que se deja arrancar sin murmurar apenas, sus más preciosas garantías políticas, y sus más caras conquistas democráticas. Objeto será de este artículo el ligero estudio de ese campo de absolutismo, que al poder ejecutivo, concretado ya en el presidente de la república, ha abierto la moderna política mexicana delante y a pesar de la Constitución.

Es un error verdaderamente lamentable y de muy graves consecuencias, el que entre nosotros ha echado raíces, y que consiste en creer que porque la Constitución dice que el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, esta sola persona por sí misma, sin más vínculos ni restricciones, constituye sola, por sí, el poder ejecutivo.

De ninguna manera el presidente de la república, para ejercer este poder, necesita indispensablemente del concurso de los secretarios del despacho, sin la firma y la autorización de los cuales, las órdenes, decretos, etc. etc., aunque estén firmados por el presidente de la república, no serán obedecidos.

Los secretarios del despacho son el consejo oficial, constitucional, preciso, obligatorio para el presidente; requisito especial para ejercer las atribuciones de su alta misión, y no voluntario, del cual pueda prescindir o evitarse, según su voluntad.

Los presidentes han creído que esta disposición constitucional estaba en su arbitrio, y sin hacer el menor caso de ella, han caminado muchas veces, como la presente, sin secretarios del despacho en algunos ramos, y valiéndose de empleados que autorizan las disposiciones del ejecutivo sin el carácter que debieran tener; contrariando el precepto constitucional y fundados únicamente en un nombre inventado quizá por el gobierno de Santa-Anna, que llamó a estos empleados, a estos ministros criptógamos, «oficiales mayores con ejercicio de decretos».

El presidente de la república tiene derecho de hacer ministro a cualquier empleado, pero necesita nombrarle para tal encargo, pues con esto le confiere un alto fuero constitucional; pero no tiene derecho de entregar la cartera del despacho de una secretaría a un empleado, por elevada que sea la categoría de éste, si conserva el carácter de empleado.

Esto es lo que hace el presidente sirviéndose de los oficiales mayores para el despacho de los ministerios; y pues tiene el derecho y la libre prerrogativa de nombrarles ministros, el conservarles de empleados y al mismo tiempo de secretarios del despacho, no puede calificarse, sino como un lujo de ilegalidad, como gala de quebrantar innecesariamente la ley, como desafío a una Cámara sumisa, a una Corte poco celosa de la Constitución, y a un pueblo indiferente a la marcha de su gobierno.

Hace pocos años que el diligente procurador general de la Suprema Corte de Justicia, don León Guzmán, emprendió una especie de reclamación con este motivo; sus notas fueron tan enérgicas y bien fundadas, como débiles y triviales las respuestas del ejecutivo; pero ignoramos por qué el señor Guzmán cejó en aquella polémica en que la ley, la razón y la voluntad de los constitucionalistas estaban de su parte.

Uno de los grandes argumentos que el ejecutivo presentó entonces en favor de la monstruosa práctica de los «oficiales mayores con ejercicio de decretos», fue el de que siempre había habido tal costumbre, y de que en Francia había subsecretarios y ministros sin cartera, como si un abuso dejara de serlo por sólo el hecho de su repetición, y como si porque una cosa se observa en Francia, país cuyas instituciones eran entonces opuestas a las de México, los mexicanos debieran, siguiendo el mismo camino, observar lo mismo.

Nosotros quizá por nuestra pequeña inteligencia no quedamos convencidos con las razones que entonces dio el gobierno, y tenemos ideas enteramente contrarias en este punto.

Conforme al artículo 88 de la Constitución, cuantas disposiciones dicte el presidente, y que no estén autorizadas por un secretario del despacho, ministro nombrado expresamente, e investido con tal carácter, no deben ser obedecidas, y así lo previene expresamente el artículo constitucional citado.

La Corte Suprema y el Congreso, la primera con su alto carácter de guardián de la Constitución y el segundo con su elevada misión de representante del pueblo, deben poner coto a semejante arbitrariedad, so pena de convertirse en cómplices de los desmanes del ejecutivo, porque es preciso ya que la observancia del código fundamental comience a ser un hecho, y que los poderes no se toleren tan fácilmente unos a otros las infracciones ni se coaliguen en contra de la nación.

Si un ciudadano para obedecer una disposición gubernativa, una vez autorizada por un oficial mayor, ocurriese a un juez de distrito pidiéndole amparo, necesario sería que ese juez quisiera a toda costa conservar el favor del ejecutivo, para que ese amparo le fuese negado.

Éste es precisamente el caso en que el ciudadano, por medio del amparo y en el caso particular de su persona, puede impedir el desborde del poder, y concedido el amparo a uno, otro le pediría y le alcanzaría, y el ejecutivo volvería luego sobre sus pasos, o se encontraría en el ridículo caso de no tener a quien aplicar su ley o con quien ejercer su autoridad.

Tal debe ser en toda ocasión el resultado de una infracción constitucional, cuando el pueblo conoce sus derechos y quiere hacerlos respetar sin ocurrir a la insurrección que tantos males origina.

El Radical, t. 1, núm. 11, noviembre 14 de 1873, México, p. 1.

DIVISIÓN DE PODERES. EL EJECUTIVO

(II)

Las invasiones del poder ejecutivo en la órbita de los otros dos poderes, no tienen siempre el carácter de influencia más o menos decisiva, es decir, no siempre se llevan a cabo corrompiendo el sufragio público, o abusando de las disposiciones de leyes constitucionales que contrarían el espíritu del código fundamental; no, muchas veces, y esto es lo más escandaloso, la invasión del ejecutivo, la reunión de dos poderes en una sola persona tiene un carácter más claro y manifiesto; no se cuida siquiera de salvar la fórmula, y necesaria ha sido la horrible indiferencia, o el pesado engaño de nuestros hombres públicos para que por esta causa, México no haya presenciado ya el ejemplar de un ministro sentenciado por el Congreso y por la Corte, y castigado por la justicia nacional.

Expresamente prevenido está por la Constitución que nos rige, que el derecho de legislar es exclusivo del Congreso de la Unión y sin embargo de esto, cada día vemos que el ejecutivo, sin dificultad de ninguna clase legisla y legisla en materia de tanta importancia como en la que atañe a las garantías constitucionales.

Desde hace ya mucho tiempo que el ejecutivo, por medio de lo que se llama «circulares», viene haciendo variaciones legales y estableciendo algunas disposiciones que por su carácter permanente o trascendental no pueden dictarse por el ejecutivo, sino que se debieron al objeto de una ley que sólo el Congreso, como poder legislativo, tiene derecho de dar.

Y no se diga que las «circulares» sólo tienen por objeto, dar a conocer disposiciones meramente reglamentarias en el círculo del poder ejecutivo, ni que son en lo general, como la explicación o fundamento oficial con que el ministro del ramo acompaña los decretos del Congreso de la Unión.

Si así fuera, el ejecutivo estaba en su pleno derecho y nosotros cuidaríamos muy bien de atacarle en el uso de sus legítimas facultades y preeminencias.

No, en estas circulares, de las cuales podríamos citar muchas, un secretario de Estado tomando el nombre del presidente de la república declara, y esto es muy común en el ramo de Hacienda, que tal o cual ley está derogada y no debe observarse.

Suponemos que para esto se dirá que no se legisla en este caso, supuesto que no se hace más que dar la opinión del gobierno, o declarar su modo de sentir respecto a la subsistencia de una ley.

Como tal respuesta podría parecer satisfactoria, no dejaremos pasar un argumento que puede servir de apoyo en la marcha anticonstitucional.

¿Por qué puede haber duda sobre la subsistencia de una ley?

Por su falta de uso o por alguna otra contradictoria que exista en la legislación patria, o por la ignorancia de un empleado que consulta al gobierno lo que él tiene obligación de saber y estudiar.

Respecto de este último caso no nos ocuparemos, porque el gobierno, que no es un catedrático, debe tener empleados inteligentes, y la ignorancia de alguno no es suficiente motivo para publicar una circular.

¿El simple desuso de una ley? Pues en este caso, o el desuso es tan antiguo que la ley pueda tenerse por derogada, y entonces es legislar, ponerla en vigor, y esto corresponde al legislativo: o no se practica la ley por parte de los encargados de hacerla cumplir, y en este caso la resolución del ejecutivo no debe ser declarando que la ley está vigente, sino ordenando su más estricta observancia.

Si acaso la ley está en contradicción con alguna otra o con la Constitución, el Congreso y la Suprema Corte en su caso, el uno reformando la legislación y la otra concediendo el amparo, son únicamente los poderes, que obrando conforme a sus facultades constitucionales pueden salvar aquella dificultad.

El ejecutivo, en ningún caso y de ninguna manera puede, ni tiene facultad para declarar por medio de una circular, como lo hace a cada paso, que una ley está vigente: si hace esta declaración por vía de mando usurpa las facultades del Congreso; y sí por vía de lección o de cátedra representa un papel ridículo, se convierte en un pedagogo de alta clase, y pierde el tiempo que más urgentes atenciones reclaman.

Declarar que una ley está o no vigente es legislar, porque el poder que tal dice, es porque al dar esta resolución pudo decir lo contrario, y esta aclaración sólo es propia del poder legislativo, sin que valga la tan decantada explicación de que no se da una nueva ley, sino que se explica que está derogada; porque ni el Ejecutivo tiene por misión dar explicaciones de las leyes, ni derecho para ello.

Para que no se crea que exageramos el ascendiente que en materia de legislación va tomando el poder ejecutivo, y el gran abuso que de sus facultades ha hecho, legislando bajo el pretexto de dar «circulares» para explicar el cumplimiento de las leyes, citaremos uno de los más escandalosos abusos que hemos presenciado recientemente, y que necesario ha sido que esta sociedad se encuentre en un estado tan grande de abatimiento para que no se haya escandalizado.

Hace poco tiempo que el señor presidente, dice una circular, «buscando la moralidad» de la administración pública, determinó que todo empleado a quien en virtud de orden o sentencia judicial se le descontase más de la tercera parte del sueldo, perdiese su destino por este solo hecho.

¿Esta circular es o no una verdadera ley?

Prescindiendo de lo anticonstitucional de esta disposición, y de toda la verdadera inmoralidad que encierra sea cual fuere el lado por donde se estudie, lo que prometemos probar uno de estos días, es que esa circular es una verdadera ley, en forma de circular, y es la prueba más patente de la invasión del ejecutivo en la órbita del poder legislativo.

Es una ley porque establece, porque crea un nuevo delito, supuesto que declara punible una acción que antes no tenía pena.

Establece esta pena, y declara el modo de aplicarla.

Es, pues, una verdadera ley, y el ejecutivo en este caso, se declara legislador.

Pero él promulga la ley y además por su propio carácter es el ejecutivo.

Finalmente, por esa circular el ejecutivo debe aplicar el castigo y quitar un empleo, que es castigar, al que él mismo declare culpable, atribución del poder judicial.

He aquí cómo en una circular, la primera que nos ocurrió, por más escandalosa, el presidente de la república, se constituye por sí mismo, en legislativo, ejecutivo y judicial, todo bajo la humilde apariencia de una circular.

Y el ejecutivo, dicta, promulga y aplica una ley fundado nada más que en que esa ley no tiene la misma redacción ni la misma fórmula que las que salen del salón de sesiones.

Creeríamos fastidiar a nuestros lectores citando otras mil circulares en las cuales el ejecutivo se ha tomado francamente la facultad de legislar; y es seguro que a cada momento en los negocios, sobre todo de Hacienda, las resoluciones se buscan y se encuentran en circulares del ministerio, que forman ya una especie de legislación, que es necesario consultar, sin que hasta hoy al Congreso le haya ocurrido, siquiera por celo de su propia dignidad, poner coto a un abuso que ha convertido en despótico a un gobierno en el que, según las leyes, sólo el Congreso tiene exclusivamente la facultad de legislar, y en un país que se ha mostrado tan celoso de esta división de poderes, que ha derogado la antigua disposición, que hacía de las ejecutorias de los tribunales una jurisprudencia verdadera.

Dentro de pocos años y siguiendo este sistema de legislar el ejecutivo por medio de circulares, el Congreso vendrá a ser inútil; bien es verdad, que el mismo Congreso procura a toda costa que la nación conozca que no gusta mucho de trabajar en la formación de las leyes, pues no hay cosa que se vea más comúnmente en la Cámara que las autorizaciones dadas al ejecutivo, para reglamentar tal o cual cosa, para expedir tal o cual ley, para organizar tal o cual tribunal o procedimiento; y como que ésta es la grande y principal misión de la Cámara, y ella autoriza para todo el ejecutivo, bien por evitar discusiones, bien por complacer al presidente de la república, el Congreso, llegará un día, en que autorice generalmente al ejecutivo para dictar cuantas leyes se necesiten, y los diputados seguirán con el cómodo sistema de abrir las sesiones a las tres y cerrarlas a las cinco.

Y entre tanto el ejecutivo seguirá por medio de las circulares, trastornando el país, convirtiendo la legislación en un mare magnum y absorbiendo mañosamente las facultades que la Constitución le negó absolutamente.

Parece increíble que todo esto que se le ocurre a cualquiera y que cualquiera conoce, esté pasando en México, en pleno gobierno constitucional, habiendo tantas personas notables, tantos hombres inteligentes, y tantos verdaderos liberales en el Congreso y en la Corte.

Parece increíble, que a este modo de ser se le llame legal, que se hable de división de poderes y que se crea que vivimos en un país republicano conforme a la Constitución de 1857.

Los pueblos tienen razón de perder la fe, cuando así se les quiere burlar, y cuando las protestas que hacen sus hombres públicos de guardar y hacer guardar la ley, son palabras sin eco en la conciencia y sin resultado en la práctica.

Querer que se establezcan y rijan instituciones, que los gobernantes son los primeros en conculcar, es pretender que se repitan los maravillosos fenómenos mitológicos del jardín de Adonis, en donde Júpiter hizo brotar flores que no tenían raíces.

El primer servidor de la ley debe ser el gobierno: ¿cómo obligar al pueblo a respetar una Constitución que el gobierno desprecia?

El mejor modo de evitar revoluciones es cumplir con la Constitución: el método más seguro para provocarlas es quebrantar las leyes.

No hay cabeza por alta que esté, que no baje hasta el nivel del verdugo, cuando se conculcan los derechos de un pueblo libre.

El Radical, t. 1, núm. 13, noviembre 17 de 1873, México, p. 1.

CUESTIÓN DE APRECIACIONES. AL SIGLO XIX

No cumpliríamos con el deber de caballeros, si no comenzáramos dando a nuestro apreciable colega El Siglo una explicación satisfactoria respecto a la sección de nuestro periódico en que vio la luz pública el artículo intitulado «Se teme y se espera».

Nuestro colega cree, y así lo dice, que fue éste un párrafo de gacetilla, lo cual bien visto, hubiera sido una falta de consideración tratándose de contestar a un periódico que nos merece todo miramiento; pero nuestro colega padece en esto una ligera equivocación, que tal artículo, si a mirarle vuelve, encontrará que salió inserto en la sección de «Actualidades»; y si hubiéramos tenido la fortuna de que el señor González hubiera leído nuestro primer número, estaríamos completamente libres del cargo de poco comedidos, supuesto que en nuestro primer número dijimos que la sección de «Actualidades» estaba destinada para esta clase de artículos, y no pertenece a la gacetilla.

Con gran satisfacción hemos leído el magnífico editorial que nos dedica el señor don Agustín R. González, y tanto mayor ha sido esa satisfacción, cuanto que no hay un solo párrafo que no venga confirmando más y más nuestros asertos, y probando hasta la evidencia cuánta razón tuvimos al decir, comentando el artículo «¿Se teme o se espera?» del mismo señor, que no ha habido situación alguna en éste o en otros países, de lo que no haya podido decirse lo mismo.

Inútil nos parece detenernos en la pintura exacta que el señor González hace de las dificultades que el gobierno tiene que vencer, en los obstáculos que los partidos y las ambiciones le presentan, en las esperanzas más o menos fundadas de unos, en los temores más o menos razonables de otros, en los rencores de los vencidos, en el despecho de los decepcionados; todo eso lo comprendemos perfectamente, y no podemos menos de confesar que estamos en todo de acuerdo con el señor González; pero esto es sacar la cuestión de su verdadero terreno.

Si el señor González en su artículo «¿Se teme o se espera?» hubiera dicho de un modo terminante que la situación política del país es buena, y nosotros como pesimistas hubiéramos negado, entonces sí cabían todas esas reflexiones y todos esos argumentos; pero no pasó nada de esto. El señor González, en último análisis, dijo entonces que unos temían demasiado, y otros esperaban inmoderadamente; y condensando todos sus pensamientos, resultó para nosotros esta expresión: «no estamos tan mal como creen unos, ni tan bien como creen otros».

Esto fue lo que entonces dijimos y volvemos a repetir, que podía decirse de cualquier país, y ahora el apreciable señor González llama a esto «cuestión de apreciaciones», cuando precisamente su artículo implica lo contrario, «que no deben tenerse en cuenta esas apreciaciones hijas del optimismo o del pesimismo».

Si hablamos del famoso caballo Incitatus y de la apoteosis del hijo de Agripina, fue abundando en las ideas del señor González y para probar que aun en ese terreno de tiranía no faltaron optimistas; y ahora el mismo señor González nos proporciona nuevos ejemplos en Washington y Bolívar, para probar que aun bajo el gobierno de hombres tan insignes no faltaron pesimistas.

Agradecemos éste por nosotros olvidado extremo, que convencerá más y más de que así como no hay gobierno por detestable que sea que no tenga sus optimistas, no hay tampoco uno tan moral y acertado que no encuentre a su paso algunos pesimistas.

No recordamos que el artículo «¿Se teme o se espera?» contenga una declaración expresa de que su autor juzga buena la situación, en cuyo caso nuestra polémica sería de «apreciaciones»; todo lo contrario, la falta de apreciación fue lo que nos atrevimos a criticar, y al señor González cumplía probar en su último editorial, notable por su buen estilo, no lo bonancible de la situación actual, no el acierto del señor presidente, sino que era falso lo que nosotros asentamos, es decir, que el artículo «¿Se teme o se espera?» tanto podía aplicarse a la administración del señor Lerdo como a la del señor Juárez, y tanto a México como a Francia y a España; no la cuestión de apreciaciones, sino la de falta de apreciación.

Si el señor González hubiera leído el primer número de nuestro periódico, no nos culparía de querer una república ideal, un país de ángeles; en nuestro primer artículo dijimos que ni somos niños ni visionarios para buscar un gobierno perfecto, porque esto es imposible supuesta la imperfección del hombre y de sus obras; pero luchamos por alcanzar para México un gobierno que, comprendiendo el carácter y las tedencias de nuestro pueblo, entre de una manera leal, franca y decidida, en el camino de la Constitución y del progreso.

Nos perdonará el señor González que no entremos en polémica sobre las apreciaciones que hacemos de la situación, porque de esto tratamos diariamente en artículos que tendríamos a mucha honra que él combatiese. La materia es extensa: nosotros no sólo no esquivamos la lucha, sino que la hemos presentado cada día en distintas faces, en ellas el apreciable señor González puede escoger la que le parezca más vulnerable; aquí no haríamos sino extendernos en generalidades poco significativas, verdaderas cuestiones de apreciación.

No pasaremos adelante sin hacer notar a nuestro muy digno adversario que si bien es cierto «que los lerdistas no han ido a engrosar las filas de la oposición», en cambio le han dado una arma poderosa, en el célebre artículo, que nadie olvida, publicado hace poco en el mismo periódico en que escribe el señor González, y es relativo al brindis del señor Lerdo.

El señor González nos contestará que eso fue cuestión de apreciaciones, estamos conformes, y más, apreciamos la situación como la apreció El Siglo es decir, los amigos del señor presidente: pero no podremos nunca quedar tranquilos cuando se nos diga, aunque sea por un periódico tan respetable como el que redacta el señor González, que ni la situación es tan mala como la creen unos, ni tan buena como otros la pintan.

Finalmente nos atrevemos a asegurar al apreciable señor González que en una nación civilizada y que se rige por un código fundamental, el juicio que los ciudadanos se forman sobre la marcha de su gobierno no es cuestión de apreciaciones, como no es cuestión de apreciaciones la sentencia de un juez que tiene leyes a qué sujetarse.

Bajo el régimen republicano democrático, cada ciudadano tiene el derecho de ser juez de los actos de su gobierno, esto se deduce inmediatamente de la libertad de la prensa; con la ley fundamental de la cual el primer servidor es el gobierno y las disposiciones dictadas por ese gobierno, el ciudadano tiene los datos suficientes para dar su fallo, sin que esto sea cuestión de apreciaciones sino de derecho y de ciencia.

Si el gobierno infringe la Constitución, por más que haya quien le defienda, denunciar al pueblo esta infracción no es cuestión de apreciaciones y tan cierto es esto que si esa infracción vulnera el derecho de un ciudadano, la justicia federal le ampara.

Sólo en una monarquía absoluta, el juicio sobre la marcha del gobierno puede ser cuestión de apreciaciones; pero donde hay un carril de acero que se llama Constitución y por el que debe marchar indispensablemente ese gobierno, todos los ciudadanos pueden juzgar con seguridad si la marcha es o no conforme a la ley, fundados en la ley misma, y no en apreciaciones más o menos apasionadas.

El Radical, t. 1, núm. 13, noviembre 17 de 1873, México, pp. 2-3.

DIVISIÓN DE PODERES. RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE

A mediados del siglo pasado, un libro de Sieyes produjo en las ideas políticas de Francia una revolución respecto a la idea que se había tenido hasta entonces generalmente, de los monarcas.

«¿Qué es el rey?» llegó a preguntarse, y el pueblo nutrido ya con las teorías democráticas se contestó: «Es el mandatario del pueblo.»

La venda cayó entonces de los ojos y el pueblo raciocinó caminando de una en otra deducción.

«Si el rey es mandatario debe rendir cuentas.

Si debe rendir cuentas está sujeto a examen, a crítica (contrôle).

Si esto es así, es responsable.

Si es responsable es castigable.

Si es castigable debe serlo según la gravedad del delito.

Si la gravedad del delito es grande, puede sufrir la pena de muerte.»

Y la conclusión final de este sorites que estaba en la conciencia del pueblo fue la caída de Luis XVI y su ejecución.

Desde entonces ningún pueblo civilizado tiene duda sobre la responsabilidad de sus gobernantes, ni sobre la extensión del castigo aplicable, porque toda nación sabe que hasta donde alcanza el delito de sus gobernantes hasta allí alcanzará también la justicia soberana del pueblo; y en donde éste no ejercita el derecho de castigo con sus gobernantes, aunque éstos ultrajen y violen sus leyes, es porque la fuerza bruta sofoca el derecho y el despotismo se sustituye a la ley.

Entonces en ese pueblo brota la insurrección, último y sagrado derecho de los pueblos oprimidos, y del que usan siempre que, o no encuentran a sus males un remedio en las leyes, o si le encuentran no pueden hacer uso de él porque la fuerza les tiene como a Prometeo, atados a la roca de la esclavitud, mientras el buitre del despotismo les devora las entrañas.

Todo esto que comprendieron los modernos legisladores de todos los países ha hecho que sea ya un principio incontrovertible en el derecho constitucional, la responsabilidad de los gobernantes, que por más restringida que se encuentre por el espíritu del servilismo, llega cuando menos a los secretarios del Despacho.

Alguien debe responder al pueblo del mal uso del poder público. Algún castigo, algún terrible resultado deben temer los hombres que llevan en su mano la suerte de un país y están armados de facultades tan poderosas. De otra manera, sin valladar de ninguna clase, todo gobernante sería un déspota, todo pueblo un rebaño inerme, y todo ciudadano un paria o un ilota.

Aun en los tiempos del pueblo romano, aquellos gobernantes temían a las sublevaciones del ejército, o al puñal de los conjurados; el derecho de responsabilidad y castigo vivía informe y latente, y tuvo terribles manifestaciones que se llamaron Bruto, Virginio, Colatino, Otón, Galva y Vitelio.

La legal declaración de la responsabilidad del jefe de un Estado ¡cuántos males no ha evitado, cuántas tiranías no ha impedido, cuántas ambiciones no ha moderado!

Pero no basta que el código fundamental de un pueblo declare que el gobernante es responsable y que puede ser acusado y castigado; preciso es también, indispensable, si se quiere que este principio no se quede en la esfera de las utopías, que ese código asegure el modo de hacer real y efectiva tal responsabilidad en caso de haberla; pues de otra manera ese amago será para el déspota una espada de Damocles suspendida sobre su cabeza con una indestructible cadena de bronce, y podrá descansar tranquilamente contemplando aquella hoja acerada e inofensiva en donde formarán tranquilamente sus nidos mil generaciones de arañas.

Nuestra Constitución, en su artículo 103 determina expresamente la responsabilidad del primer magistrado de la república, y a fe que si ese artículo no fuera, como tantos otros, muchas acusaciones hubiéramos presenciado ya.

¿No son patentes para todo el mundo las violaciones expresas de la Constitución?

¿No son tan claros como la luz del día los ataques a la libertad electoral?

Pues entonces, si sobre esto no hay duda, ¿por qué no se ve un solo caso de acusación al presidente?

Porque la división de poderes es ilusoria y no existe sino en el diverso título que tienen muchos ciudadanos para representar un papel importante en la sociedad.

Si el presidente tiene en la Cámara, que es su juez, una influencia tan decisiva y una mayoría tan segura, ¿quién, ni con qué resultado puede acusarle?

Si por ventura algún diputado por un arranque de patriótica indignación, al ver violado el pacto fundamental o el sufragio libre, acusara ante el Congreso al primer magistrado, nada conseguiría, sino ser el blanco de una encarnizada persecución, y dar un triunfo parlamentario al ejecutivo.

La mayoría debe decidir, y generalmente el ejecutivo «tiene mayoría» que busca y adquiere, como hemos visto, interviniendo en las elecciones; y en un caso grave como sería el de una acusación, tales recursos se pondrían en juego, que sería tanto como delirar, esperar el triunfo del acusador, por más que le asistiese la justicia.

¿Ni cómo acusar a un presidente de que ataca la libertad electoral, cuando muchos de los jueces deben ser aquellos en favor de los cuales el gobierno atacó la libertad electoral, y que deben a ese ataque el puesto que ocupan?

Y sería un círculo vicioso: si el ejecutivo había atacado la libertad electoral, las elecciones eran nulas, y aquellos diputados, por consecuencia, no podían serlo, y no habría Congreso ni jueces; o las elecciones habían sido libres, aquellos diputados bien electos, y no había lugar a la acusación.

Argumento es éste que parece ridículo, pero que en el fondo es la verdad de cuanto pasa, que cuando el gobierno interviene en las elecciones, eleva a los suyos y nadie puede condenarle.

Resulta, pues, que en el estado que tienen ahora las cosas, la división de poderes no existe, el presidente no tiene juez sino de nombre, y es más irresponsable que los reyes de la Edad Media, porque la posibilidad legal no arguye la posibilidad real, y esta garantía de buen gobierno es una de tantas ilusiones como abrigamos hoy los republicanos de México.

Los celosos partidarios y amigos de un gobierno, creen, y quizá algunos de buena fe, que la responsabilidad del primer magistrado por su manejo en los negocios públicos, debe ser una arma consentida por la Constitución, pero vedada por el respeto y consideraciones que se deben a un tan alto personaje, y tan peligrosa para el reposo público, que antes debe consentirse en la infracción de la ley, que dar ocasión a que se turbe la tranquilidad y la armonía en la nación.

Semejante modo de raciocinar nos hace venir a la memoria aquello que dice uno de los padres de la Iglesia hablando de los duendes, «que hay duendes, es verdad, pero que no debe creerse en ellos».

Cuando se establecieron las célebres Bases de Tacubaya, que tan gran poder dieron a Santa Anna, se consignó que el presidente debía dar cuenta de sus actos al término de aquel periodo de facultades omnímodas, y ser responsable de su conducta por el uso que de esas facultades hubiera hecho.

Pasaron algunos años, Santa Anna llegó a temer que aquella responsabilidad pudiera alguna vez hacerse efectiva, y por un decreto dado en uso de facultades extraordinarias declaró que esa responsabilidad, se entendía «sólo de opinión», lo cual equivalía a decir que la responsabilidad se reducía a que cada uno pensase del dictador lo que creyese más acertado.

El abuso del poder, la influencia que él da, la intervención directa y decisiva en las elecciones de diputados, el desaliento en que ha caído la nación, y lo bien organizados que están ya los elementos oficiales, han dado por resultado, que las responsabilidades, no sólo del presidente, sino aun de los ministros sean verdaderamente «de opinión» y que de ese freno que la Constitución quiso poner al espíritu invasor y absorbente, propio de todo gobierno, no sea en nuestro país, más que una verdadera cuestión de opiniones.

Quizá parecerá escandaloso lo que vamos a decir, pero es una verdad innegable; la irresponsabilidad de los funcionarios públicos es el verdadero germen de las guerras civiles y el estandarte más a propósito para la insurrección.

Pueblo a quien se priva de méritos para obligar a sus gobernantes a ser justos, o para castigarles legalmente, ése es un pueblo que termina más tarde o más temprano por levantarse y castigar por sí mismo a esos que le ultrajan.

No nos cansaremos de repetir que el mejor modo de evitar una revolución justa, es cumplir siempre con la ley.

El Radical, t. 1, núm. 14, noviembre 18 de 1873, México, p. 1.

DIVISIÓN DE PODERES. RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS

Podía aún encontrarse un remedio a la falta de responsabilidad del presidente de la república, si al menos la de los secretarios del despacho fuera una verdad en el terreno de la práctica; y sería ciertamente un remedio eficaz, porque supuesta la disposición constitucional, que fijó como requisito indispensable para que las órdenes del presidente fueran obedecidas, que las autorizara siempre un ministro; si éste por lo anticonstitucional de una medida se negaba a poner su firma, el mismo presidente se encontraría en una grave dificultad y quizá reflexionando podía volver sobre sus pasos.

El presidente sería irresponsable, pero al mismo tiempo sería casi impotente para hacer el mal; la autorización imprescindible de un secretario impediría la infracción, toda vez que este secretario tiene tras de aquel acto, todo el aparato solemne de la justicia del pueblo.

Por una vía indirecta el jefe de la república tendría un coto en todas sus tendencias a la arbitrariedad, y el principio constitucional estaba salvado; sería en política una estrategia, pero una estrategia segura y eficaz.

Desgraciadamente no sucede tal cosa, los secretarios del despacho son y han sido tan irresponsables como el presidente, y el pueblo tiene apoderados que no están nunca en el caso de rendir cuentas de su manejo, y que gozan como los padres de familia de la primitiva Roma, del derecho de vida o muerte y del dominio absoluto de todos los bienes de aquellos a quienes sin duda por sarcasmo suelen dar el nombre de hijos. Los padres del pueblo son más omnipotentes que los padres de las doce tablas.

Y lo que hay en esto de más doloroso, tratándose de los ministros, es que si el principio de responsabilidad del presidente de la república, se tiene como no escrito en el código fundamental, respecto a los secretarios del Despacho, ese principio ha sido el objeto de sangrientas burlas, y se ha convertido algunas veces en motivo de risas, haciendo el papel que en las comedias antiguas representaba el gracioso, personaje obligado en todas aquellas composiciones, y que salía con sus chistes y sus bufonadas, a calmar los ánimos impresionados de la concurrencia.

No podemos decir que no haya habido ministros llevados ante la Cámara para responder de una acusación; ¡ojalá que así fuese!, al menos la falta de observancia de la ley no la hubiera desprestigiado tanto como el ridículo en que la han puesto los que ser debieran sus más celosos guardianes.

Muchas acusaciones se han presentado contra los ministros y en todas ellas no ha habido más resultado que una brillante absolución al ministro después de una sesión en lo general poco acalorada.

Ni podía ser de otra manera: el gobierno que tiene a sus órdenes siempre una mayoría competente no dejaría sacrificar a sus ministros, a no ser que éste fuese el medio excogitado por el presidente de la república para deshacerse de una entidad más o menos peligrosa para él y de la cual no le era fácil desprenderse por otro camino.

El país y sus verdaderos representantes han llegado por fin a tener el íntimo convencimiento de que toda acusación a los ministros es ineficaz, y peligroso el acometerla; y este camino, tan seguro para enfrenar al poder ejecutivo y para poner un límite a sus desmanes, se abandonó, y es ahora una arma inútil y gastada, propia no más para un museo de arqueología; y sólo de cuando en cuando los viajeros en el campo de la política llegan a examinarla con esa extraña curiosidad con que un artillero del siglo XIX, registra los cañones que Carlos el Temerario dejó en poder de los suizos después de la batalla de Morat.

Los ministros despachan ahora los negocios del gobierno, sin más garantía para la nación, que la que puede dar a los pueblos la conciencia y la buena fe del hombre privado como los célebres «mayordomos de palacio» en los días de Clotario II; y con tan absoluta falta de responsabilidad, los ministros serán lo que quieran y no lo que deben ser, lo que el presidente ordene, y no lo que la Constitución mande, lo que plazca al ejecutivo y no lo que convenga a la nación.

Por su parte el presidente de la república no ha dejado de comprender, y muy bien, que la responsabilidad de los secretarios del despacho es ya un mito, y que puesto que no existe, no hay ya necesidad de que nadie la reasuma. La prueba es clara.

Si el presidente de la república creyese que hay tal responsabilidad, y que es necesario que conforme a la ley la asuma alguien, habría procurado integrar siempre su gabinete, para presentar a la Cámara un responsable en cada uno de los ramos que abraza el poder del ejecutivo.

Pero muy lejos de hacerlo así, el despacho de algunos ministerios ha estado a cargo de oficiales mayores, que no tienen el carácter de ministros, ni pueden, por su categoría de empleados, ser juzgados en caso de falta o violación al pacto fundamental por la Cámara de Diputados.

Un oficial mayor «en ejercicio de decreto» como les llama el diccionario especial de nuestra política, es un funcionario irresponsable por falta de juez.

Un oficial mayor no puede ser juzgado, por el gran jurado, porque como no tiene el carácter, ni la investidura, ni el nombramiento expreso de secretario del despacho, no goza del alto fuero constitucional, reservado terminantemente para ciertos y determinados funcionarios, y la Cámara no puede juzgarle.

Queda el juez de distrito; pero como los actos por los que puede juzgarse a este oficial mayor, muchos serán emanados del presidente y autorizados por el oficial mayor, resultaría el absurdo de que al menos indirectamente un juez de distrito venía a juzgar de los actos del ejecutivo, y no en el caso particular del amparo, sino en una acusación.

Pero las cosas han llegado a un extremo tal que sin temor de que se nos tache de pesimistas, podemos asegurar que no habrá quien piense de buena fe que para algo puede servir hoy el recurso de responsabilidad que la Constitución deja a los pueblos o a sus representantes, contra el mal comportamiento de un ministro, y que la democracia y la Constitución han perdido con esto una garantía más, la una, de su verdad, y la otra de su respeto.

Y esto como lo hemos dicho no proviene, sino de que la división de poderes no es más que un engaño, que toda la suma de facultades está en el ejecutivo y que de este principio de abuso nacen todos los vicios que pierden al sistema y prostituyen la política en nuestro país.

El Radical, t. 1, núm. 15, noviembre 19 de 1873, México, p. 1.

LAS ELECCIONES

(I)

La democracia, para ser un hecho, para traducirse en una verdad práctica, necesita indispensablemente de las elecciones, es decir, del concurso de los ciudadanos que con su voto designan a la persona que en un poder o en una misión debe representar al pueblo y llevar en su programa el programa de sus comitentes, en su conciencia la conciencia del pueblo, y en sus ideas la condensación de las ideas de los que allí le envían.

Antes de pasar adelante, considerando las elecciones como un acto de soberanía del pueblo, como una expresión manifiesta del gobierno democrático, preciso se hace apuntar algunas ligeras reflexiones sobre la intervención de eso que en lenguaje vulgar se llama el público, en la designación de los hombres destinados a regir una república.

Parece una paradoja, pero no lo es, el principio de que la multitud, tomando esta palabra en el sentido de generalidad de habitantes de una nación, no se equivoca en sus apreciaciones cuando los hombres más distinguidos entre ella están sujetos fácilmente al error.

Esta idea no es sólo de los filósofos modernos, ni de los hombres de la democracia; el vox populi vox Dei de la república, es la frase más expresiva, más concentrada y más enérgica con que jamás se ha expresado el acierto de las verdades que nacen de la mayoría de un pueblo.

No solamente el derecho que tengan las mayorías para ejercer el gobierno y dar por ley su voluntad tratándose de los negocios públicos, es lo que lleva al mundo al camino de la democracia, es que siempre la voz del pueblo expresada por las mayorías, es el eco de la verdad tanto en los juicios sobre las personas como en el acierto de las resoluciones procomunales; y si los demócratas buscan siempre esa mayoría, no es precisamente por tener un apoyo más firme que sostenga a sus gobernantes, ni procurando tampoco el mayor número de partidarios que abogue las justas exigencias de una minoría, sino fundados en ese espíritu de verdad, de previsión, y algunas veces hasta de profecía, que se llama la voz del pueblo.

Pero para que esa voz del pueblo sea verdaderamente interpretada, para que pueda hacerse oír, los hombres más distinguidos y los más profundos pensadores, han buscado siempre un medio que no han logrado encontrar sino en el sufragio libre y espontáneo de los pueblos.

Allí cada uno deposita en las ánforas electorales su cédula, que es como la manifestación de la independencia y de la soberanía de cada ciudadano; en las ánforas electorales y en esa cédula, cada ciudadano estampa un nombre, y ese nombre es el de aquel que considera más apto, más honrado, más inteligente, más digno de ser su representante; es el nombre de aquel en quien el ciudadano elector mira y siente encarnado su programa político y administrativo; en quien tiene fe absoluta, en quien confía la suerte de la patria y el porvenir de la familia.

Hermosa y noble distinción la que recibe un ciudadano por representar a un pueblo que libre y espontáneamente le elige; esa credencial es para él un timbre de grandeza, una prueba de consideración, de respeto y de aprecio más estimable que el premio de Montgon.

El diputado que llega a sentarse en los escaños de un Congreso, armado con esta representación de un pueblo libre, que siente tras de sí toda la fuerza moral de este pueblo, que comprende la alta investidura que su augusta misión le da es un verdadero sacerdote de la Constitución; su espíritu vigorizado por el apoyo de sus comitentes ni ceja ante la seducción, ni se humilla ante el poder, ni se doblega ante el peligro; firme, sereno, inmutable como la verdad y el pueblo a quienes representa hace conmover con su enérgico acento a los que piensan siquiera en el despotismo, y como un apóstol de la democracia lleva las ideas de progreso a pesar de los obstáculos que puedan presentarle, la rabia feroz y la mezquina intriga de los siervos del poder absoluto.

Pero cuando esa acción no es el eco de la verdad, es cuando un diputado llega hasta el Congreso, arrastrándose ante un poder que sin derecho ni pudor dispone de medios para hurlar el sufragio público, cuando asciende como el escarabajo de la fábula hasta el manto de Júpiter para depositar sus inmundas producciones en donde el águila puede empollar; entonces precavido y prudente, busca no el lampo de la verdad, no el interés del pueblo, no la inspiración de una conciencia enérgica y recta, sino el torpe camino de la adulación, y tiembla si alguna vez puede ofender al poderoso a quien debe lo que nunca pensó llegar a ser, y es el esclavo de una consigna; y avergonzado ante su propia indignidad, se sujeta en los altos círculos políticos, hasta que el pueblo, como el Júpiter de la fábula del escarabajo, sacuda su manto para arrojar de allí a los mercaderes de la política, o a los falsos sacerdotes de la democracia.

En vano se dirá una y mil veces que el gobierno necesita intervenir en las elecciones porque la opinión pública es fácil de extraviarse; la opinión pública no se extravía nunca, si la vemos hacer manifestaciones absurdas es porque entonces, los agentes del poder usurpan el puesto, y toman el ropaje del pueblo disfrazándose como el lobo con la blanca piel del cordero.

Las elecciones para que puedan llevarse así, para que representen al pueblo los que en ellas resultan agraciados, para que sean la verdadera manifestación de la soberanía del pueblo, es preciso que sean enteramente libres y espontáneas; entonces además de ser una verdad son un principio de bienes para una nación; por el contrario, cuando el gobierno las hace y el pueblo no tiene en ellas más carácter que el de burlado espectador, entonces son una burla, y germen de desgracias.

Desarrollaremos todos estos principios y veremos cómo, debido al poco respeto a la soberanía del pueblo en las elecciones, el país ha llegado a su completa postración.

El Radical t. 1, núm. 16, noviembre 20 de 1873, México, p. 1.

ACTUALIDADES

A pesar de que propósito tenemos hecho, y firme hasta donde nos sea posible, de no dar a nuestros artículos un carácter absoluto de generalidad, porque en ese terreno el ataque y la defensa son tan estériles para el bien general del país, como difíciles de resolver siendo por su naturaleza misma cuestión de apreciaciones; hoy nos permitiremos salir de ese propósito, supuesto que vamos a tratar de la falta de vigor en la administración pública, punto en el cual están conformes aun los periódicos que se consideran como órganos semioficiales del círculo del señor presidente.

La completa paralización de los negocios cuya resolución depende de los altos funcionarios de la federación, es un hecho tan evidente, que si alguien pudiera dudarlo, la sociedad entera le rendiría de ello la más cumplida prueba.

Pocos días hace, el señor presidente de la república, se sintió duramente aludido sobre esto, en un convite, y como el acento de la verdad es incisivo, el señor presidente contestó, y su respuesta es casi un argumento que, sentados los precedentes de la actual política, puede llamarse contraproducente, porque en contra de él mismo se vuelve.

¿Puede suponerse que el Congreso de la Unión es verdaderamente culpable en la falta de despacho respecto de nuevos negocios urgentes, como pareció indicarlo en esa vez el señor presidente? Cierto que no: si el primer magistrado de la república hubiera deseado que alguno o algunos negocios se resolvieran ejecutivamente por la Cámara, de seguro que no habría tenido dificultad ninguna para conseguirlo: ¿a quién se le oculta que el ejecutivo cuenta con una respetable mayoría en la representación nacional? a nadie; y si el empeño que se ha puesto para la aprobación de una credencial, o para otras cosas de menor importancia, se hubiera también tenido para el despacho de alguno de esos negocios de interés público, y cuyo sueño parlamentario parece haber sido causa del retardo en la marcha administrativa, de seguro que ese obstáculo habría desaparecido ya.

No queremos decir con esto que el ejecutivo hubiera también influido decisivamente en el modo con que la comarca resolvía el negocio, no, porque aún tenemos si no fe, al menos esperanza de remedio en el Congreso; pero de una o de otra manera, conforme o contraria al deseo del ejecutivo la resolución de los negocios no se habría hecho esperar si el gobierno tal intención hubiera tenido.

La independencia del poder legislativo respecto del señor presidente, es una de las disculpas más cómodas y apropiadas para todas las circunstancias. ¿Quién no habrá oído alegar esta independencia cuando el ejecutivo no cree prudente u oportuna su intervención?, ¿quién no ha visto al mismo tiempo el influjo del señor presidente ejercido poderosamente en los momentos necesarios? ¿Y quién no ha oído esta frase tan común al hablarse de una votación: «Ganó el gobierno» o bien, «perdió el gobierno»?

Permítasenos aquí una digresión: supuesto que el ejecutivo es independiente de los otros poderes, ¿qué quiere decir en la Cámara «ganó el gobierno»? ¿Luego en el seno de la Cámara el gobierno tiene un partido?, ¿y este partido lucha con otro, llamado siempre de oposición?, ¿y esta lucha se explica porque el partido del ejecutivo apoya lo que este poder desea y quiere?

Perfectamente cierto es todo esto y de aquí se infiere que el ejecutivo intenta y consigue imponer su voluntad a la Cámara, supuesto que los partidarios suyos luchan y vencen por obtener lo que desea el señor presidente.

¿Dónde y cómo tiene el poder ejecutivo ese derecho de tomar parte activa en la votación de las leyes haciéndose representar por eso que llama su partido?, ¿qué significa en política el partido del ejecutivo en una Cámara? ¿Quién es el ejecutivo que así se presenta como potencia beligerante al frente de la nación y en el seno de la representación nacional?

A fuerza de ver y de oír hablar del partido del ejecutivo en la Cámara, hemos llegado a no comprender lo monstruoso y perjudicial de esta práctica, que es sin duda la causa más eficaz de la parálisis administrativa, porque las sesiones son ya la lucha entre lo que conviene al ejecutivo y lo que no le conviene, como si los pueblos nombraran a sus representantes para que vinieran a dividirse en dos campos, aliado el uno y enemigo el otro, del señor presidente.

Los representantes del pueblo pueden dividirse y es natural que así suceda, cuando se discute una ley que a unos parezca buena para el país, y a los otros no; pero en esta división, aun cuando el ejecutivo pueda hacer que intervengan los ministros en las discusiones, usando algunas veces de la palabra en la tribuna, no debe intervenir para nada la consideración de la voluntad y de los deseos de un poder tan extraño allí, que no debe contar con otro empuje ni con otro apoyo que la verdad, la razón de la conveniencia de los proyectos que sostenga o inicie.

Toda base segura y permanente que tenga el gobierno, entendiéndose por esto, diputados enteramente sujetos al ejecutivo, es un ataque a la Constitución, y a su espíritu y constituye un verdadero delito político, tanto para el ejecutivo que provoca como para los diputados que a ello se presten.

Pero por desgracia para nuestras instituciones, la influencia del ejecutivo en los congresos desde hace algunos años, es decisiva, y, sin embargo, llega, como decíamos al principio de este artículo, un caso en el que se habla de que la Cámara es culpable de la paralización administrativa.

¡Ojalá que existiera esa absoluta independencia de poderes, aun cuando los negocios no se resolvieran a todo el buen sabor del ejecutivo, serían uno solo de dos males; pero hoy esa independencia es un sueño, y es sueño también el que los negocios de los particulares duermen en el palacio del ejecutivo!

Todo mundo se queja, y cuando una queja se hace ya general, es seguro que tiene graves fundamentos.

Quisiéramos tener el derecho de interpelar a los señores secretarios de Hacienda, de Fomento y de Gobernación, y que ellos con toda libertad nos respondieran a esta sencilla pregunta que casi tendría derecho de hacerla cualquier estadista: «¿Cuántos expedientes hay paralizados por falta de acuerdo en cada uno de esos ramos de la administración?»

Creemos, según lo que todos se quejan, que el número de esos expedientes ascendería a una cifra que obligaría a quien la oyese repetir, a lanzar una exclamación de espanto.

¡Cuántos de esos expedientes habrán perdido ya la oportunidad de su despacho! ¡Cuántos ciudadanos se habrán perjudicado con esa paralización!

Casi es seguro que esto no lo llegaremos a saber nunca, pero lo saben el señor presidente, los señores ministros y por desgracia muchos ciudadanos. Esto no es seguramente ser pesimista.

El Radical, t. 1, núm. 16, noviembre 20 de 1873, México, pp. 2-3.

CUESTIÓN DE RAZA

Supuesto que hemos prometido a nuestros lectores dedicar el número del sábado a cuestiones menos áridas y serias que las de la política, nos permitirán que interrumpiendo la serie de nuestros editoriales, dediquemos este artículo a otra cosa que no sea la ya tan pesada actualidad.

Hablaremos de razas, porque aunque los monogenistas nos enseñan bajo graves penas de conciencia que la raza humana, toda, lo mismo el rubio alemán que el atezado carabal, provienen de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva; y luego, por fuerza del diluvio, de Noé, su mujer, sus tres hijos y sus mujeres, fuerza es convenir en que tales variaciones ha sufrido esa raza, y tantas especies hay de ella, que ni nosotros, ni el náufrago del arca, ni el ciudadano del paraíso, de quien con respeto debiéramos hablar, conocerían como ramas del mismo tronco, a cuantos pueblos, naciones y hombres habitan sobre la faz de la tierra, y se mantienen de los productos de la esferoidal superficie, comiendo roast-beef en Inglaterra, tortillas y chiles en México, nidos de golondrinas en el Celeste Imperio, píldoras de barro en las exuberantes márgenes del Orinoco, testimonio que, en caso de ser falso, no nosotros, sino Humboldt y Bonpland, son los que le han producido.

La humanidad puede muy bien tener un tronco común, y ser el resultado de una pareja privilegiada que Dios hizo con sus propias manos, dándole alma y vida con su propio aliento, y ser un sueño lo que opina Darwin, que somos perfeccionamiento de animales primitivos, y locura lo que dice Oken, que el mar es nuestro único padre, y delirio que los monos son nuestros progenitores; en último resultado, si algo heredaron los mortales de la pareja bíblica, es la fraternidad envidiable de Caín y Abel, porque como naciones o como individuos particulares, los hombres se procuran siempre la guerra, y el mayor y más grande entre las naciones civilizadas o entre los pueblos salvajes, es el que más ha matado por sí o por medio de sus tropas; y así se hizo un semidiós Alejandro Magno, y así Gengis Khan, así Atila, como César y Napoleón el Grande, y Carlos XII, y hasta «Gato del Monte» y «Piel de Tigre», jefes de las tribus salvajes, los unos dan a su patria tierras y vasallos que mandar, los otros enriquecen sus museos y su erario con los despojos de las naciones vencidas, y los últimos llevan a sus aduares una rica colección de cabelleras, que haría la fortuna de cualquier peluquero o fabricante de postizos en cualquiera nación culta; pero en el fondo, todo esto, por más que se llame civilización, no es sino falta de civilización y triunfo de la fuerza sobre el derecho; la raza humana sigue teniendo como prueba de la unidad de su origen genérico según Moisés, todo el tipo de Caín y Abel, colectiva e individualmente.

Los estudios geográficos están muy adelantados, y se ha llegado ya, aunque no con mucha exactitud, a formar, de algunas partes de la tierra, una geografía botánica, y fáunica (permítasenos este neologismo) y se dice ya con seguridad, «a tal altura, en tal latitud, no se produce ya el plátano, o el sicomoro, o no se encuentra ya el roble o el pinabeto» y también, «en tal o cual latitud, no existe el reno, o no se encuentran el elefante y la ballena» ¡prodigioso adelanto de la ciencia!, ¡admirable resultado de la meditación o el estudio!

Pero relativamente al hombre la geografía no da un solo paso en materia de conocimientos fisiológicos; por ejemplo, nadie ha pensado nunca en formar una geografía de la criminalidad, de la educabilidad, de la idiosincrasia, por decirlo así, de los hombres que nacen y viven bajo tal o cual latitud, o sujetos a tales o cuales cambios e influencias atmosféricas o climatológicas.

Así, después de este estudio y convencidos todos de la influencia del medio ambiente sobre el modo de ser de los cerebros, y por consecuencia del desarrollo de las ideas, nadie se admiraría de la ligereza y flexibilidad del carácter de los franceses, del profundo sutilismo de los súbditos del emperador Guillermo, de la reflexión matemática de los hijos de Albión, de la actividad mecánica de los descendientes de Penn; y de la afilada y revuelta vida pública de los vástagos de Moctezuma y de Cortés.

Porque no cabe duda en que los padres, y los ascendientes, no son los que determinan el carácter de una generación, sino el clima y la tierra en donde los hijos nacen y viven; y por más que la historia se tire de los cabellos, es decir los historiadores, no pueden negar que las mismas razas produjeron raza latina en Italia, en Francia y en España, y sajona en Alemania, Austria e Inglaterra.

Todo el ejército de Molk conquistando definitivamente a la nación de San Luis y de Enrique IY no hubieran conseguido sajonizar, o alemanizar a Francia, sino durante la vida de ellos porque ya sus hijos y sus nietos, serían tan franceses, tan de raza latina, como el mismo Gambetta, y el respetable Mr. Thiers; y si la ambición del coloso del Norte, como le llaman algunos tímidos a Estados Unidos, les llegase hasta intentar nuestra conquista, no pasaría quizá medio siglo sin que esos nietos de Washington, y de Madisson fueran tan mexicanos como Alcaraz y Cendejas y dieran a su madre patria una lección como la que dieron a la metrópoli española, los descendientes de Pedro de Alvarado y de Bernal Díaz del Castillo, lección que cada año el 16 de septiembre, se celebra con el obligado recurso literario, «de las tres centurias que la desgraciada América gimió atada al ominoso carro del déspota español».

Todo este gran preludio viene al caso precisamente, porque nunca nuestros gobiernos han procurado estudiar y explotar en bien de la república el carácter y la índole de los mexicanos; siempre se ha querido gobernar esta nación como se gobiernan Francia o Estados Unidos, y tratar a los hijos de esta tierra como se tratan por sus gobiernos a los hijos de Ohio o de Bretaña.

Eso es tanto como pretender que un mismo sombrero viniera a todos los habitantes de un país. Casi todas nuestras disposiciones gubernativas, y todo el giro que pretende darse a nuestras costumbres y modo de ser, es copiado del extranjero, y así nadie ni nada está en su lugar.

Queremos tener Diario de los Debates como en Francia, exactamente, «Alambra» como en Londres (no como en Granada), «Avenida de los hombres ilustres» como en Nueva York, «ministros sin cartera» como en París, y poco nos falta ya para crear bajo la protección del supremo gobierno, un Mavill, un Chateau-Rouge, o una Bautier, y habremos adelantado.

Entre tanto el gobierno no comprende que una raza como la nuestra de imaginación tan ardiente y que lleva en el cerebro una verdadera y eterna tempestad, necesita ejercicio violento para su actividad, necesita objeto en que ejercer su actividad volcánica, utilísima bien aprovechada; temible y peligrosa abandonada a sí misma.

El gobierno de este país no conoce que la paz aquí es cuestión de raza, de aprovechar el temperamento y dirigirle; por eso se duerme y cree que el mejor gobierno es el que menos gobierna, y las revoluciones brotan a cada paso.

Cuestión científica, que como no tiene que ver con el erario no preocupa al gobierno.

El Radical t. 1, núm. 18, noviembre 22 de 1873, México, p. 1.

UNA PÁGINA DE MIS MEMORIAS. A MI AMIGO DON ANSELMO DE LA PORTILLA

En el mes de septiembre de 1870, vivía yo en Madrid en una modesta pero alegre casita en la calle de las Infantas, y a pintar voy su situación, porque mucho importa para la inteligencia de esta página de los recuerdos de mi vida.

Los balcones de la fachada de mi casa, que correspondían a la sala y al gabinete, daban a la plaza del Rey y frente por frente al Teatro de los Bufos, en donde el célebre Arderina tenía sus dominios, y en donde las famosas suripantas como llaman en Madrid a las coristas, bailarinas, y figurantas de los Bufos, hacían perder la chaveta a más de cuatro hombres de juicio, en las fantásticas representaciones del «Potosí Submarino».

Por la parte de la espalda, mi casa tenía una magnífica vista, pues los balcones del comedor que allí quedaba, permitían que gozara, gracias al derrumbe de un edificio del lado de la parroquia de San José, del espectáculo de la amena y hermosa calle de Alcalá, tan alegre y concurrida durante todo el día.

Frente por frente casi, de estos balcones, desembocaba en la de Alcalá, la estrecha y triste calle del Turco, cuya prolongación venía a ser del lado de la acera de mi casa la calle del Barquillo, por donde en aquellos días se entraba al Ministerio de la Guerra.

En la noche del 27 de diciembre yo me había retirado a mi casa para comer un poco más temprano que de costumbre, porque soplaba el vientecillo Guadarrama, con tan hipócrita encarnizamiento, que sin mover apenas las hojas secas que escasas colgaban de los árboles del Prado, atravesaba mi gabán con sus mil aceradas y sutiles puntas.

El cielo se había entoldado, cubriéndose con esas nubes blancuzcas y pesadas que anuncian una nevada próxima; y además los ánimos de los españoles andaban a la sazón revueltos y turbados, ya que la elección de Amadeo de Saboya para ocupar el trono de San Fernando, traían a mal traer el espíritu nacional.

Recogime temprano, tiritando por supuesto, con aquella entonces poco envidiable temperatura, y me arrellané satisfecho y frotándome las manos, en un cómodo sillón al lado de la chimenea en donde bailaban alegremente las llamas, crujía la leña, y las chispas subían veloces.

El que no ha pasado una noche de invierno al lado de una chimenea bien encendida no conoce uno de los placeres más dulces.

Permanecí cerca del fuego casi una hora leyendo los periódicos y conversando con dos buenos amigos que me acompañaban, José Santos Laguardia, y el vizconde la Martière; el criado nos anunció que la sopa estaba servida, nos levantamos, y al tiempo de salir del gabinete dándole un adiós al amoroso fuego que en la chimenea ardía cada vez mejor, oímos por el lado de la plaza del Rey un rumor extraño.

Como estábamos preocupados con los anuncios de una revolución, corrimos al balcón diciendo casi al mismo tiempo:

—Se armó la gorda.

Como si en México dijéramos «reventó la bomba».

Pero aquello no era más sino que en el momento mismo en que la gente que salía de la función de la tarde, del teatro de los Bufos, puso los pies en la calle, se desprendió la nevada, y esto produjo la confusión.

Satisfecha nuestra curiosidad, nos dirigimos al comedor, a cuyo balcón me asomé atraído por el hermoso espectáculo de la inmensa sábana de nieve que casi instantáneamente había cubierto la calle de Alcalá.

La calle estaba sola, no se veía un transeúnte siquiera, y los faroles reflejaban su luz sobre el blanco sudario que la nevada engrosaba a cada momento.

Instintivamente dirigí mis ojos a la negruzca boca de la calle del Turco, y en ese instante vi, a partir de ambas aceras y como dirigiéndose para el interior de la calle, unos fogonazos que me parecieron de fusil.

Abrimos entonces la vidriera pero antes de concluir esta operación, volvimos a ver fogonazos y sonaron nuevos tiros.

Había en la calle del Turco algo que nosotros no podíamos entender, porque aunque la distancia no era mucha, la luz del gas no nos era muy favorable; observamos sin embargo, sin podérnoslo explicar, una especie de lucha entre un carruaje que iba y otro que venía, y se escuchaban en el silencio que sucedió a las descargas, el ruido de las herraduras de los caballos y el chasquido de un látigo.

Algunos hombres, más bien sombras, salieron de la calle del Turco y se perdieron en la oscuridad como con rumbo al Prado; uno de aquellos carruajes por fin, pareció triunfar, porque rozando casi los muros de las casas, desembocó a la calle de Alcalá, la atravesó al trote largo y se entró a la del Barquillo.

Al pasar cerca de nuestros balcones pudimos reconocer por la librea y la escarapela de los cocheros que aquél era un carruaje de ministro, y que se dirigía al ministerio, pero no más.

¿Qué había pasado? No nos lo podíamos suponer, volvió a reinar la calma en la calle de Alcalá, no apareció por allí ni un policía, ni una patrulla, nada absolutamente. La nieve seguía cayendo en abundancia, y pocos minutos después había borrado harto la huella del carruaje.

Yo me senté a comer tranquilamente prometiéndome sin embargo, salir luego con objeto de averiguar qué había pasado en aquella escena sombría y misteriosa.

A las nueve de la noche sabía yo ya que el general Prim había sido el asaltado, que estaba herido, y que a esa misma hora el alcalde del cuartel y que vivía también en la calle del Turco, daba parte de «no haber ocurrido novedad alguna en su demarcación».

El Radical, t. 1, núm. 18, noviembre 22 de 1873, México, p. 3.

LAS ELECCIONES

(II)

Cuando un hombre vive en una monarquía y bajo un régimen despótico y absoluto, ya sabe que bien o mal de su grado, tiene necesidad de resignarse y de sufrir, no tomando parte más que con su buen deseo en la elección de sus gobernantes, y no formando parte del Estado sino para contribuir con el impuesto que le señala la real voluntad; y sujetándose, si es joven y vigoroso, a la terrible ley de la conscripción o de las quintas, y si es viejo o enfermo, a suplir con dinero su falta de aptitud para la guerra, pagando una multa al soberano por no estar apto para matar y ser matado en defensa de la corona, o en honra y gloria de sus príncipes.

Pero entonces ese hombre sabe ya que no tiene el pleno goce de sus derechos, que su libertad está sofocada, y su ciudadanía interrumpida; es una víctima, pero que tiene el derecho de insurreccionarse y de ser compadecida. Allí existe el despotismo, pero el despotismo franco, leal, si así puede llamarse al crimen que no se emboza en el manto del engaño y de la superchería; aquel despotismo es un robo a la libertad de hombre y al derecho de los pueblos; pero es un robo a mano armada, a cara descubierta, en campo raso, donde el salteador expone su vida, y con toda su rudeza es lo que es, y no se presenta con el aspecto del amigo, no tiende la mano de cariño para herir, ni espera encontrar a su víctima adormecida por la transición; es el asalto, no el abuso de confianza; es el ataque, no el estelionato.

Cuando por el contrario, el hombre vive en un país republicano que profesa las doctrinas democráticas y que marcha regido por un código fundamental, en que consignados están como principios inviolables y sagrados, los que forman el credo de los hombres libres; entonces el ciudadano, porque debe llamarse ciudadano al que a tal pueblo pertenece, no puede ni debe sufrir ni tolerar, que el gobierno se forme sin la concurrencia de su voto; que sus garantías naturales se vulneren, y que se falte a la Constitución, que es el contrato sagrado en el que consignados están los derechos inalienables del hombre y del ciudadano, ni se traspasen las facultades limitadas, condiciones imprescindibles y bases precisas que se dan y ponen a los elegidos por el pueblo mismo, sólo para el desempeño de altas y distinguidas atribuciones.

El gobierno de una república federal, representativa y popular como la de México, no tiene facultades absolutas y discrecionales; ni puede intervenir directa ni indirectamente en las elecciones, sin atacar los derechos de la nación y del pueblo colectivamente, y en particular las garantías de cada uno de los ciudadanos.

El poder se deposita en manos del gobierno, únicamente con el objeto de que éste, usando de esa terrible suma de facultades de que puede disponer, garantice, defienda, proteja y respete los derechos de la nación, y los de cada uno de los asociados; y como uno de los primeros derechos, el más sagrado y el más importante supuesto que es la base de todo el sistema, es la libertad de elección y el respeto al sufragio libre, el mayor delito después del de alta traición a la patria, es en un gobierno, el ataque a ese derecho de sufragio, a esa libertad completa de elección, y por lo cual los constituyentes, lo enumeraron expresamente en el artículo 103 de nuestro código fundamental de 1857.

¿Puede llamarse «república popular» aquella en la cual, las elecciones no son la espontánea manifestación de la voluntad del pueblo, sino el resultado de una consigna del poder ejecutivo, y que se cumple precisamente, bien obligando a los ciudadanos por seducción o amenazas a sufragar por una persona a quien ni conocen, o bien suponiendo elecciones en donde no las hubo, o bien declarando válido y legítimo un acto electoral al cual faltaron todos los requisitos legales?

¿Puede llamarse democracia aquella en que los ciudadanos, dejando de tener la amplísima libertad que por su inalienable derecho tienen, se convierten en pasivos súbditos del poder, y no pueden emitir su voto sin peligro de ser llamados enemigos de las instituciones y del gobierno, hombres de oposición sistemática y vecinos perniciosos, y encontrarse muchas veces luchando entre el dictado de su conciencia, sus convicciones, y sus simpatías, por un lado y por el otro el amago que muchas veces llega en las poblaciones cortas hasta el peligro inminente de ser juzgados como plagiarios en virtud de la célebre ley, que pone honras y vidas de ciudadanos a merced de un jefe político no siempre prudente y justificado?

¿Puede llamarse república representativa, una república en donde el señor presidente o sus favoritos, forman las listas de los representantes que cada uno de los estados ha de mandar al Congreso general, atendiendo sólo a las afecciones personales del jefe del Estado, y olvidando completamente los antecedentes y requisitos del electo?

¿República representativa es aquella en que el señor presidente se toma la facultad de excluir, por razones que él se reserva in pectore, a tal o cual individuo, del derecho de ser electo para magistrado o diputado, notificando, como las naciones entre sí, su ultimatum a un gobernador bastante amable para tomar parte en esa conspiración contra el sufragio público, en ese ataque contra los derechos del ciudadano, y en ese trabajo sordo y criminal contra los más claros y terminantes principios de nuestro código fundamental?

¿Es verdad que merecería el nombre de obcecado el que insistiese en llamar república representativa popular, a una nación como México, en donde tales sucesos se repitieran constantemente?

La cadena oficial es ya inquebrantable: en materia de elecciones el presidente de la república es secundado en sus disposiciones electorales por los gobernadores, como éstos a su vez por los jefes políticos, y éstos por los ayuntamientos, y éstos por las autoridades subalternas y así hasta la última grada de la escala oficial.

¿Qué hace ni qué puede pretender el pueblo envuelto en esta terrible red que no lo permite ni alentar siquiera una esperanza?

Las leyes electorales muchas veces favoreciendo en sus planes al ejecutivo, como obra de la mayoría de que éste mismo dispone en el Congreso, no dan arbitrio alguno a los pueblos para conquistar su independencia y hacer una elección libre; y desde el nombramiento de los empadronadores y de los que instalan las mesas hasta la aprobación de las credenciales en la Cámara, la mano del ejecutivo y de sus agentes conduce la llamada elección por el inflexible camino de la voluntad del señor presidente.

Y esta liga de gobernantes contra gobernados es tan firme como indisoluble, porque el Congreso y los gobernadores preparan y hacen triunfar la elección o reelección del presidente y éste a su turno la de diputados y gobernadores, y cada vez se expurga más y más la lista de los favorecidos para no dejar sino a los que no han presentado ni un solo motivo de duda en su lealtad; y tienen entrada los que conociendo las condiciones a que sujetarse deben, no están expuestos a peligro, porque saben lo que pueden esperar; y en este constante círculo en que vive la administración, y en este perpetuo contrato innominado, y en este repetido facio ut facias, los resultados son siempre favorables a los que intervienen, y el pueblo y los ciudadanos pierden la fe en las instituciones y tienen en compensación de sus derechos vulnerados y de su dignidad ultrajada, alguna solemne festividad en la que se ostenta una mejora material a cambio del envilecimiento moral y político, y de los ataques a la Constitución.

Perdida como está la libertad electoral, México podrá ser un pueblo rico, pero no una nación libre ni mucho menos una república democrática.

El Radical, t. 1, núm. 19, noviembre 24 de 1873, México, p. 1.

LAS ELECCIONES DEL CONGRESO

En una república en donde, como en la nuestra, no hay más que una sola Cámara, y en donde ninguno de los otros poderes tiene derecho de intervenir en la expedición de las leyes, la elección de los miembros de esta Cámara debe ser más libre, y con más empeñosa escrupulosidad, respetada y protegida.

En la Cámara de Diputados en México, por su carácter de único cuerpo a quien está encomendado el ejercicio del poder legislativo, deben encontrarse representados los intereses públicos y sociales de la nación, los intereses de los estados y los de la federación, los de las clases que forman el conjunto de la república, los locales de los distritos electorales y los de los mismos ciudadanos, como miembros de la sociedad, de la nación y de la federación.

El legislativo, como parte tan importante en nuestro sistema de gobierno constitucional, debe conocer todos esos intereses, sus elementos, sus tendencias, sus medios de acción y de desarrollo, sus vicios y sus debilidades, y sobre todo, la relación que todos ellos tienen entre sí, el peligro de un choque entre ellos, y el provecho que al país puede resultar de protegerles, combinarles y darles una buena dirección; utilizando esas fuerzas tan activas y tan constantes, que son en todos los países del mundo el motor inteligente o ciego de la marcha de los pueblos y de la humanidad.

Por eso se necesita que la Cámara, para resolver cuestiones relativas a la federación, esté formada de hombres que tengan el doble carácter de ciudadanos de la república, y de ciudadanos del estado que representan, porque sólo así podrían juzgar y determinar con acierto; pues si sólo son ciudadanos de la república, ni pueden comprender las necesidades y tendencas de los estados, ni opinar con conocimiento de causa, ni procurar el bien de las localidades supuesto que no tienen con ellas el vínculo de la vecindad, de la ciudadanía y de la espontánea elección; siempre su anhelo constante será el triunfo y la preponderancia constante del centro; y aun la legítima lucha en favor de la independencia de los estado, la verían como una insurrección, como una ofensa al centro, como una sacrílega invasión a los poderes federales, y es indudable que en ningún caso podrán representar en la Cámara el principio federativo, independiente y libre.

En un Congreso no pueden estar representados los intereses sociales del pueblo, ni los individuales del ciudadano, si los diputados no han sido electos libre y espontáneamente por el pueblo, sin intervención y fuerza del ejecutivo; y la razón es clara: todo gobierno por bueno y justo que sea, tiende a ensanchar el límite de sus atribuciones, o cuando menos a conservar incólume la suma de poder y de facultades que recibió al tomar en sus hombros el peso de la administración pública; porque todo gobierno, en este sentido, es conservador, y por llevar adelante eso que se llama dignidad del puesto, celo de la propia autoridad, y respeto ciego a la ley, tropieza frecuentemente en el despotismo, en la arbitrariedad, y hasta en la tiranía.

El pueblo por otra parte, siguiendo siempre la eterna ley del progreso escrita con caracteres indelebles en el alma de la humanidad, y comprendiendo que las instituciones que lo rigen están lejos aún de la perfección, y que aún hay mucho que conquistar, y mucho terreno que avanzar, procura por todos cuantos medios están a su alcance y en proporción de su energía, restringir la órbita de facultades de los gobiernos, porque cada paso que retrocede un gobierno delante de un pueblo, es un paso que la libertad gana; así ha venido marchando y triunfando la libertad de los hombres y de los pueblos, desde los días de los señores absolutos, dueños de honras y vidas y haciendas, hasta los días que alcanzamos, en los cuales comienza ya a brillar la luz de la democracia, a pesar de los esfuerzos que para extinguirla hacen a cada momento, no tanto los que con franqueza se presentan como sus enemigos, sino los que se apellidan sus apóstoles, y se engalanan con el nombre de sus más celosos defensores y partidarios.

En esta eterna lucha sorda o manifiesta entre el pueblo y el poder, los partidarios del pueblo han llegado a triunfar algunas veces decididamente; pero entonces no pudieron escapar de la ley terrible que hace conservador a todo gobierno, y como tampoco pudieron abandonar al pueblo y arrojar la bandera que les había conducido hasta allí, se crearon los congresos, que son una especie de regulador, entre los gobernantes a quienes por su naturaleza pertenece el Congreso, y el pueblo por quien es electo y a quien representa.

La Cámara es, pues, el campo cerrado y amparado por el pacto fundamental, en donde se da el eterno combate entre el pueblo que tiende a avanzar y conquistar más libertad, y el verdadero representante del gobierno, el ejecutivo, que propende a contener al pueblo en los límites establecidos por las leyes, y a conservar la esfera de acción cuyo radio quiere el pueblo disminuir.

Pero para que ese Congreso represente esos intereses del pueblo, preciso es que el pueblo le elija: que escoja entre los suyos el que con más conocimiento y energía vaya a la Cámara a representar tan difícil papel; fuerza es que si por la misión va a formar parte del gobierno, por la elección forme parte del pueblo.

Concédase o permítase al gobierno nombrar por sí directa o indirectamente a los diputados, y toda la base del sistema falla: el pueblo, sin garantías ni representantes, estará atado a merced del poder: las luchas no serán ya en la Cámara, en bien de ese pobre pueblo, sino en favor del gobierno; y no se discutirá si debe o no de exigírsele un sacrificio, sino de qué modo se conseguirá sacrificarle más pronto y más favorablemente para el gobierno.

¿Qué significación tiene una Cámara de Diputados cuando éstos no son electos por el pueblo, sino por la orden del gobierno?

No representaría ella más que la voluntad de un hombre a quien la veleidad de la suerte o el engaño de una nación, colocan en un puesto tan elevado; pero nunca una Cámara constituida así, representará el interés de la república, ni mucho menos el de los ciudadanos.

Si así no fuese, si el Congreso, resultado de las libres elecciones, fuera como debía, el representante de toda esa suma de intereses y de elementos, ni los avances arbitrarios del ejecutivo serían tan comunes y escandalosos, ni la postración de los estados tan completa, ni la paralización administrativa tan terrible, ni la observancia de las leyes tan ilusoria.

Si así no fuese, si el Congreso electo por el pueblo representara al pueblo, no se verían pasar las semanas sin que en la Cámara se tratase ningún negocio de interés, ni hubiéramos presenciado el caso increíble de que la representación nacional, no hubiera tenido tiempo para discutir los presupuestos, aprobando a última hora los del año anterior. ¡Escándalo espantoso en los anales parlamentarios de un pueblo que se llama constituido!

Y todos estos vicios no reconocen de seguro otro origen, que la intervención decisiva y anticonstitucional del ejecutivo en las elecciones.

El Radical, t. 1, núm. 20, noviembre 25 de 1873, México, p. 1.

EL PARTIDO RADICAL

No hay nación libre en donde no haya partidos políticos; los partidos personalistas son el patrimonio de los pueblos que se encuentran en periodo de enfermedad moral o de decadencia; verdad innegable que la simple lectura de la historia basta para probar en caso de duda.

Partido, en política, significa organización de elementos, concierto de esfuerzos, consonancia de trabajos para un mismo fin y bajo la misma bandera; si este fin es noble y patriótico, si esa bandera es un credo político, social o administrativo, aquella reunión de hombres que trabajan de acuerdo, merece el nombre respetable de partido; si el fin es el interés personal y la bandera la elevación personal de un individuo, por más que los partidos se empeñen en decir lo contrario, esto no será nunca partido sino bandería.

Los partidos, los verdaderos partidos políticos, no sólo no pueden dejar de existir en un pueblo libre, sino que es útil, preciso, indispensable que existan, porque sólo existiendo ellos se organiza y encarrila la opinión pública y se aprovechan los esfuerzos, aislados antes, de los buenos ciudadanos, y se imprime una marcha enérgica y firme a una nación en el camino del progreso.

Es una terrible necesidad de todas las sociedades, el perpetuo combate entre las ideas y los partidarios del progreso, contra las ideas y los partidarios del retroceso o del statu quo. ¿Y qué sería de los pueblos si estos partidos que por la naturaleza misma de la humanidad existen, no estuvieran organizados, ni tuvieran su código, su credo y su palabra de reconocimiento? El caos se apoderaría del campo político, y los pueblos, ciegos, caminarían al ocaso en medio de los mayores precipicios.

Es, pues, precisa la organización de los partidos; y la prueba más evidente es que hoy, que el Partido Liberal dice que es el que gobierna, la falta de organización de este partido produce nada menos que los abusos del poder, la desmoralización política en el país, y el más terrible desprestigio a las instituciones republicanas y democráticas.

Si el partido verdaderamente liberal estuviera organizado, ¿el gobierno dispondría tan fácilmente de la federación y de la república? Ciertamente que no, y por eso hemos querido tratar del Partido Radical, después de haber hablado en nuestros números anteriores de los abusos que el ejecutivo ha cometido, comete y cometerá en lo sucesivo mientras ese partido radical no se organice convenientemente.

México, como todos los países del mundo, está dividido en tres partidos principales.

El partido del retroceso, el partido llamado reaccionario, que no encuentra nada bueno, ni justo, ni conveniente, sino lo que es como era en los tiempos antiguos; con la vista fija siempre en el pasado, este partido, quizá sin conocerlo tiende siempre al progreso, pero semejante a esos poliperos a los cuales distinguen los naturalistas con el nombre de corticíferos; como el coral, se extienden dejando siempre su base unida a la maciza roca del pasado, y cada uno de sus individuos, cuando a avanzar se atreve, se repliega sobre sí mismo al sentir que ha traspasado los límites que le señala su credo político. Este partido, sin embargo, es siempre el mejor y más sólidamente organizado.

El Partido Conservador que se ha confundido entre nosotros con el reaccionario, no tiende al retroceso, admite sin disgusto los hechos consumados, acepta las conquistas del Partido Radical cuando las ve firmes y seguras, pero jamás deja de poner obstáculos al progreso, por temor y por desconfianza en el porvenir; en cambio tampoco se une con los retrógrados para combatir los principios ya conquistados, es el verdadero partido del statu quo, es una especie de vestal inactiva que cuidará del fuego sagrado sin atreverse jamás ni a encenderlo ni a extinguirlo, y semejante a los gansos del capitolio en su vigilancia, se contentará con levantar un grito que despierte a los centinelas cuando alguien se aproxime al santuario.

A este partido, como hemos dicho otra vez, pertenecen todos los gobiernos del mundo, por liberales que se les suponga; a este partido los personales adictos a los gobiernos, a él se afilian, sin comprenderlo, muchos de los más ardientes radicalistas en el momento en que los principios por los cuales han luchado, se elevan al rango de leyes fundamentales en un país.

Cuando el Partido Radical de un pueblo logra plantear sus conquistas, los hombres de ese partido se dividen; los unos incansables siguen adelante buscando la mejora, el progreso y la reforma; los otros fatigados por la lucha, cegados por el triunfo, o temerosos del porvenir, se detienen allí, toman por término del camino lo que no es más que una etapa, y se reclinan jadeantes y celosos al lado de su conquista, como un lebrel que gruñe y muestra sus aguzados dientes al que ose acercarse.

El Partido Radical es el que en México se llamó insurgente primero, yorquino después, y puro en los últimos tiempos: sus tendencias son el progreso, el adelanto, y la reforma basados en la razón y en la conciencia; organizado unas veces, otras en desorden, triunfante o derrotado, este partido ha conquistado para la república, antes que todo y sobre todo, la Constitución de 1857, que es, aunque apenas en recuerdo viva, el paladín de las libertades individuales, y la égida aun de sus mismos encarnizados enemigos que encueñtran en el recurso de amparo la tranquilidad de sus familias y la seguridad de sus intereses, y en las garantías en ella consignadas, la franca puerta de la discusión y de la propaganda periodística.

El Partido Radical ha sufrido terribles combates, y crueles decepciones; sus hombres más prominentes lo han abandonado muchas veces pasándose al campo enemigo, y otras traicionándolo sin abandonar su bandera; pero la energía y la fe lo han salvado, y mil veces en medio de la tribulación y el infortunio ha dicho como el héroe de Homero: «Me salvaré a pesar de los dioses», y se ha salvado.

Hoy ese partido está en su época de prueba, porque está dividido; gracias al empeño por el triunfo de candidaturas personales, este partido poderoso se fraccionó, sin pensar que al pueblo no le importa el nombre del que le gobierna con tal que acate religiosamente la ley y se desvele por el bien de la república y por la gloria de la patria.

Los partidarios personalistas, pospusieron el credo político, a la elevación de un candidato; levantaron a un hombre para inclinarse luego humildes delante de él, semejante a los cimbrios que elevaban en el suelo sus espadas y se arrodillaban delante de ellas para adorarlas.

Esta conducta está a punto de hacer que se pierdan las conquistas de la libertad y del progreso; ahora el Partido Liberal lucha entre sí, mientras avanza sordamente el enemigo; ahora dividido y débil, puede apenas traer a la representación nacional un corto número de los suyos; y desalentado para luchar con un ejecutivo que todo lo invade, se siente ya como los demonios de Milton, impotente para hacer el bien.

El Partido Radical debe, y es su misión, marchar siempre adelante buscando el progreso; pero necesita para eso la moralidad en el gobierno, la observancia de los principios conquistados, y el apoyo firme de la fuerza de la conciencia y de la razón; y su mismo carácter le da derecho a exigir todo esto, a luchar por todo esto, a sacrificarse por alcanzarle: el Partido Radical como una columna de asalto necesita, y tiene derecho de exigir, que no se le arrebate el campo que ha conquistado, y no puede avanzar hoy, si no está, como firme apoyo, asegurado el triunfo de ayer.

México para seguir en la marcha del progreso, necesita, no un partido que proclame a tal o cual persona, cuyo triunfo podría ser un nuevo desengaño; no, necesita un partido, doctrinario, un partido organizado; de ideas, no de nombre propio; esto será lo único que lo salve del marasmo y de la congestión que le amenaza.

Hombres de fe, y de principios y de conciencia, no acomodaticios y adoradores del interés particular, ciudadanos que vayan a la conquista del bien público aun cuando en perspectiva tengan el patíbulo, y no alegres comensales que marchen cantando a un horizonte en donde se descubran las perfumadas luces del festin de Baltasar.

Y el Partido Radical existe y es numeroso y decidido, y puede salvar la situación pública.

¿Qué le falta?

Organizarse, y organizado, será poderoso, y triunfará de sus enemigos.

El Radical, t. 1, núm. 21, noviembre 26 de 1873, México, p. 1.

¡FIESTAS!

Es una explicación tácitamente aceptada por la multitud, la que da por origen a todas las oposiciones un resentimiento personal; y nada más común que llamar descontentos, ambiciosos y díscolos, a los que no unen su voz al discordante coro de los aduladores que ensalzan a un gobierno, y a los que por propia dignidad no lanzan un grito de alegría al escuchar el solemne plaudite cives que, como una consigna, pronuncia desde lo alto de un minarete, alguno de los favoritos del poder, encargado de la marcha y de la expresión de las públicas opiniones.

Pero el hombre que siente la conciencia de sus derechos, el que en algo se estima, por más que se empeñe en despreciarle el séquito que la fortuna presta por algún tiempo al jefe de un país, no puede, sin traicionarse a sí mismo, callar y sufrir cuando la voz de la justicia y de la verdad le gritan al oído: «Habla.» Y debe hablar, porque el pueblo a su vez oirá también esa voz que le diría, como refieren las tradiciones cristianas, que le dijo a San Agustín una voz misteriosa: Tolle et lege; toma y lee.

Adular a un pueblo es engañarle, y engañarle es conducirle a un precipicio; y mal patriota y peor ciudadano sería el que, impulsado por el ciego espíritu de egoísmo, dejara de decir la verdad a ese pueblo, cuando ese pueblo es la verdad la que espera y la que ansía.

Quiere hacerse creer a la república que todo marcha perfectamente; que la paz reina por todas partes produciendo ricos sazonados frutos; que el progreso es ya un hecho, y que la administración actual, contestando a las nobles aspiraciones del país entero, no se ocupa sino de la buena dirección de los negocios públicos y de las mejoras materiales, que son el bello ideal de las sociedades modernas.

Y esto se quiere probar multiplicándose las fiestas, y dando al público, no al pueblo, espectáculos más o menos agradables, en los que, el lujo de las clases acomodadas, suple la falta de interés propio en el objeto, y en las que el hombre serio y pensador busca en vano el adelanto moral y material del país.

Un año ha pasado la administración del señor Lerdo, en medio de saraos, y convites, y paseos, y músicas, y fiestas.

¿Qué queda hoy de todo eso? ¿Qué huella han dejado todas esas dispendiosas manifestaciones; ostentación ridícula de una grandeza que ni existe, ni es el resultado más que de la vanidad oficial combinada con la vanidad individual?

¿Qué han dejado tras sí los bailes y las soirées con que la compañía del ferrocarril quiso deslumbrar a la sociedad?

¿Qué las fiestas en honor de los periodistas españoles y de los oficiales de la Isabel?

¿Qué esa multitud innumerable de convites, decorados algunas veces con el pomposo título de oficiales?

¿Qué significará dentro de tres o cuatro meses ese mismo paseo, notable por su concurrencia, que se llamó Exposición? ¿Y qué esa ceremonia tan poco seria que llevó al primer magistrado de la república hasta encender el primer farol de un ramo del alumbrado de la ciudad?

Todo eso no vendrá a ser en el fondo sino el recuerdo de una fiesta, agradable para los que en buenas condiciones pudieron asistir a ella, pero indiferente para la marcha política, moral, y administrativa de la república.

México, bajo el gobierno actual, es una continua fiesta y nuestros hombres de gobierno podrán contar apenas el número de veces que han tenido que ponerse la casaca de ceremonia y los guantes blancos para asistir a un convite o a una diversión. La falta de seriedad en el gobierno, desmoraliza a todas las clases de la sociedad, y el presidente siempre en diversiones y siempre rodeado de hombres ricos, únicos que pueden acompañarle en esa peregrinación de felicidad, continuará olvidando que hay otros ciudadanos además de los que cada día le siguen, y que hay un ser moral que se llama el pueblo, que sufre la miseria, y cuyos lamentos y cuyas quejas no se escuchan entre el eco sonoro de las músicas, ni entre el alegre rumor de los convidados a un baile o a un festín.

Y allí los gobernantes se deslizan fácilmente en el despotismo, porque hasta allí de seguro no llega la voz de la oposición, ni hay una palabra que no resuene acorde con la voluntad del afortunado jefe de la república.

No parece sino que pretende llevarse a México al periodo de la decadencia sin dejarlo atravesar la época de la virilidad, y contra todas las eternas leyes de la naturaleza, arrancarlo de la infancia, para arrojarlo en la decrepitud.

Entramos a la época del Bajo Imperio, sin haber pasado la de los Gracos, la de Escipión, o la de julio César; tocamos la España de Felipe IV sin atravesar la de Isabel la Católica, o la de Carlos V; queremos el París de Napoleón III con Offenbach y con los bailes de Maville, y del Valentino, sin haber alcanzado los tiempos gloriosos del vencedor de Jena y de Marengo.

Tomamos por civilización y progreso los goces sensuales y sibaríticos de la decadencia y de la vejez.

Algunas veces, sin duda los hombres alejados de esa atmósfera, perfumada y luminosa, piensan al leer las descripciones de las fiestas, y al oír por otro lado las quejas del pueblo, que están presenciando algunas de aquellas escenas de Bizancio, descritas con tan aterradora energía en la historia secreta de Procopio, y creen a cada momento que las sombras de Justiniano y de Teodora, cruzan entre la revuelta muchedumbre de un mundo oficial, entregado a los goces y a los placeres.

Y el pueblo inconsciente forma el cortejo de ese mundo, ahogando entre el ruido de sus representantes, de sus elegidos y de los que debieran ser sus servidores, ese presentimiento de tempestad o de miseria que se alza en su conciencia; e indiferente a fuerza de decepciones, deja que los días y las semanas y los meses transcurran entre fiestas, resignándose a esperar que esa marcha administrativa abra las puertas de la revolución, y la revolución la de las facultades extraordinarias, y lleguen con ellas las levas, y las exacciones y los incendios y los combates y el hambre.

Los barrios de la ciudad están convertidos en fétidas cloacas, el alumbrado allí escaso y vacilante, no sirve sino para hacer más grande el horror del suburbio; algunas calles principales se vuelven casi intransitables para los carruajes; pero en cambio una gran solemnidad conmueve a la capital anunciando una mejora de lujo y ornato en uno de los paseos.

Las quejas por la morosidad en el despacho de los negocios administrativos más importantes, brotan de la autorizada boca de los amigos más íntimos del señor presidente; pero en cambio el ejecutivo acude a todas esas fiestas, y no falta ni el anuncio del Diario Oficial para que el pueblo sepa que sus gobernantes se pasean y se solazan.

¿Qué pensarán de todo esto los estados más o menos remotos de la federación?

¿Qué dirán al saber esa vida epicúrea, de la ciudad en donde residen los poderes de la Unión?

¡Ay de la república si esos estados pretenden imitar al centro siguiéndole en su marcha de fiestas!

¡Ay del gobierno, si dan a todo eso el valor que debe dársele!

Entre Escila y Caribdis colocan al país los que en tal camino llevan a la administración.

O la relajación completa de todo lo serio, de todo lo moral, de todo lo trascendental.

O la indignación terrible y regeneradora.

Aún es tiempo; mucho se ha gozado, vuelva el gobierno, siquiera en esto, sobre sus pasos, y pruebe que hay algo que le preocupa más que las fiestas y los convites.

El Radical, t. 1, núm. 22, noviembre 27 de 1873, México, p. 1.

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

Hemos dicho ya en otro artículo que el hombre en sociedad, y bajo el régimen constitucional, cede, de sus derechos y facultades naturales, una muy pequeña parte, que va a formar, unida con cesión semejante hecha por todos los otros hombres, un conjunto de fuerza que se llama poder público, y que este poder se deposita en manos de alguno o algunos, que por esto llevan el nombre de gobierno.

Las partes de sus naturales derechos que el hombre no cede, que conserva para sí; y que son irrenunciables, y para cuya protección se forma exclusivamente el gobierno, se llaman garantías individuales, y esas garantías son los derechos y facultades que todo hombre puede ejercer a su arbitrio por lo cual no es impropio llamar a estas garantías, libertades públicas.

Hemos hablado también del respeto que debe tenerse a esas garantías, y de obligaciones en que está el gobierno de protegerlas, y no hemos excusado decir cuántos abusos ha cometido y comete la administración pública, atacando muchas de esas libertades con el objeto de dominar sin trabas legales o políticas en la nación.

Pero es necesario que el pueblo se convenza de que esas garantías, esas libertades, por más sagradas que se las crea, por más necesarias que se las considere, no son un fin en la democracia, y en el progreso; no, son un medio y nada más que un medio.

Si tantos años de lucha, si tantos combates encarnizados, si tantos mártires ha costado a la humanidad la conquista del reconocimiento de esas garantías individuales, no prueba esto que sean un fin en la política, ni en la moral, ni en el progreso de los pueblos; nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, hemos peleado para conseguir que el código fundamental consigne entre sus más preciosos artículos las garantías individuales, para que el pueblo no encuentre ni persecuciones, ni obstáculos en el uso libre de los derechos naturales de los hombres; pero no porque ese fuera el hasta aquí de la marcha; en las garantías constitucionales se le da al pueblo un arma y una égida, que si bien para los hombres que las alcanzaron fue un triunfo, para los hombres que de ellas gozan no son más que un medio.

La libertad del pensamiento en la palabra y en la prensa ¿es algo definitivo?, ¿es algo que una vez adquirido no sirve más que para conservarlo y defenderlo?

No, porque no es como hemos dicho arriba, un medio, sino un fin, y es preciso que los pueblos se convenzan de que es la más inútil, y la más pueril de las conquistas, la de la libertad de la prensa y de la tribuna, si esta libertad no sirve más que para ser ensalzada, y ostentada sin usar de ella, como en las manos de un salvaje sería una magnífica escopeta, cuyo mecanismo y uso le fueran enteramente desconocidos.

¿Para qué sirve a un pueblo la libertad de la prensa, si nada bueno se dice por medio de ella, si el abuso del poder no se ataca, si no se defienden por medio de ella las instituciones infringidas y vulneradas?

Tanto le valdría a ese pueblo carecer de la libertad de imprenta; porque las trabas puestas a la verdad y a la justicia, son frágiles telas de araña cuando se alza firme y vigoroso un pensamiento grande, y una reforma justiciera; y todas las persecuciones del mundo no harán que se retarde un año más el triunfo de una idea, cuando esa idea entraña una verdad, y condensa las aspiraciones de un pueblo.

El derecho de reunión, por ejemplo, no sirve sino porque es un medio para llegar a la deliberación y a la discusión, y por ese camino, a la luz, al acierto y al progreso, pero si no hay deseo de reunirse, ni cosa alguna buena que comunicarse, que proponer o que discutir: ¿Qué utilidad práctica, qué resultado puede producir el derecho libre de reunión, consignado y garantizado por una Constitución?

Por desgracia muchas veces los que más protestan contra las trabas que el despotismo impone a la libertad de imprenta, no tienen que decir el día en que esas trabas desaparecen; y piensan que todo está conquistado con el solo hecho de que la Constitución garantice esa libertad, y olvidan que ella no puede ser más que medio y no fin.

En esta época en que vivimos en México, muchas veces nos ocurre buscar la razón de ese desaliento que se ha apoderado de nuestros conciudadanos, en materias políticas.

El desaliento existe, no tiene duda; los diarios más notables de la capital y de los estados llenan largas columnas con revistas del extranjero, con crónicas de teatros, con noticias que, multiplicadas, forman una variada gacetilla; pero apenas una que otra vez los artículos de fondo señalan con energía un mal, acusan un peligro, o indican un remedio político, cuando todos conocen que hay mucho de qué ocuparse, y que la libertad más amplia y segura, abre a la prensa un vasto campo para la discusión y la propaganda.

Es porque tenemos las garantías que son el arma; pero no queremos usar de ella.

No es esto culpar a nuestros escritores públicos; la Cámara de Diputados hace otro tanto: más de dos meses lleva de abierto el primer periodo de sesiones, y apenas el negocio trascendental y delicado de las tarifas del ferrocarril, comienza a dar vida a un cuerpo legislativo que ha cerrado varias veces sus sesiones «por no haber negocio de qué tratar», y que, para evitar quizá que le haya, autoriza continuamente al ejecutivo para legislar, a reserva de examinar y aprobar después en una sesión de dos horas, un código que tiene dos o 3 000 artículos.

El derecho de reunión, ni aun ejercido en virtud de misión expresa como la de los diputados, es útil cuando no se considera como un medio para discutir, y buscar la luz, trabajando con ahínco y desinterés por la patria, y por la federación.

El soldado recibe el arma para ir al combate, para herir, y para defenderse y nunca cree que con sólo tomar el fusil de mano de su jefe, cumplió ya su misión; el general recibe un ejército para salvar el honor del país que se le confía, conduciendo las tropas al combate y derrotando al enemigo, y nunca piensa que con sólo ser reconocido como jefe, el país está salvado, y no necesita luchar; uno y otro conocen que el arma y el ejército son medios que se ponen en sus manos para pelear y para vencer, ¿podrán los ciudadanos pensar por un momento que las garantías constitucionales, consignadas en nuestro pacto fundamental, son otra cosa que medios inútiles, si no se ejercitan, si no se ponen en actividad, si no sirven de paso para la conquista del progreso?

La libertad del pensamiento, de la prensa, de la palabra; el derecho de reunión, de elección activa y pasiva, en fin, todas esas cosas que se llaman derechos del hombre, deben ser ejercitados sin sujeción de conveniencia, ni de consigna; fuera de ese camino, la democracia y la libertad serán ilusiones, mentiras, y el pueblo de hoy perderá por su apatía lo que el pueblo de ayer conquistó con su sangre.

El Radical, t. 1, núm. 23, noviembre 28 de 1873, p. 1.

LLAMADA AL PATRIOTISMO

Dejemos, por hoy, nuestros estudios políticos y constitucionales; la pluma con que hemos trazado nuestros pobres artículos de otros días, cae de nuestras manos porque el sentimiento de la patria se levanta en el pecho y la sangre afluye con violencia a nuestro corazón que late con el ritmo apresurado de las pasiones, porque pasión es para nosotros todo aquello en que se interesan el honor de México, la dignidad de la república y el porvenir del pueblo.

Locos y visionarios quizá, pero orgullosos con este delirio al que nosotros llamamos patriotismo, no nos avergonzará el título de soñadores que se nos lance a la cara como un reproche, porque si esto es soñar, bendito sea ese sueño que nos lleva a formar el humilde coro de Hidalgo y de Morelos, y de Guerrero, que murieron también en medio de esos sueños.

La Cámara se ocupa hoy de examinar el contrato celebrado por el gobierno con la compañía inglesa del ferrocarril, y no la cuestión de números será la que venga ahora a preocuparnos; inteligencias privilegiadas, ante las cuales nos inclinamos con respeto, se han encargado de eso; incompetentes nosotros para semejante empresa, no veremos el contrato, en mala hora presentado a la Cámara por el Ministerio de Fomento, sino bajo el aspecto de la honra nacional porque aun cuando fuera ventajosísimo para nuestra patria, si esto menguaba en algo la dignidad de México como pueblo libre y civilizado, nosotros lo rechazaríamos, como rechazamos la intervención y el imperio con todo su lujo de promesas y de ilusiones, con todos sus proyectos y con todo su empeño por hacer de nuestro país, al decir de algunos hombres, el emporio del mundo de Colón.

¿Qué liga misteriosa existe entre la compañía del ferrocarril y el gobierno? ¿Qué extraña y misteriosa fascinación ejercen esos directores sobre el ejecutivo, que han obligado al ministro de Fomento a poner su firma en ese acuerdo, que la opinión pública rechaza con tan fiera espontaneidad?

Antes que dar su consentimiento el señor secretario del ramo, debía haber llevado a sus labios la encendida brasa con que la noble cómplice de Armodio y Aristogiton cerró para siempre su terrible secreto; antes que estampar su firma al pie de ese contrato, debió dejar que su mano se calcinara en un brasero, delante del primer magistrado de la república, como la mano de Mucio Scevola delante de Porcena y de seis generales.

La compañía inglesa es ya una potencia entre nosotros: una tras otra ha logrado alcanzar concesiones que el país ha mirado, si no con enojo, al menos sin satisfacción; y hoy por último se presenta el ejecutivo pidiendo para ella a la Cámara, entre mil ventajas, la libertad de la intervención oficial en un muelle que para su uso establecerá en Veracruz esa compañía, a la que deja la vejatoria facultad de examinar la carga del comerciante para arreglar el contrato del transporte.

¿Qué más se puede ya decir? La compañía inglesa será en lo de adelante, si ese contrato a aprobarse llegara, un Estado frente a otro Estado, una nación dentro de otra nación, una especie de duque de Borgoña, enfrente de la Francia.

¡Tantos años de lucha para arrancar a la Iglesia católica su intervención y su preponderancia en el Estado, y tanta facilidad en el gobierno para dar mayor poder y más amplias concesiones a una compañía empresaria de ferrocarriles!

¿Por qué tan celosos de la independencia y soberanía del pueblo, en un caso; por qué tan condescendientes y tan expansivos en el otro?

¿Qué más le da al país que ese poder libre dentro de una nación se llame Iglesia católica, o se llame compañía de ferrocarril?

Los principios que profesamos, deben ser observados en todas circunstancias; una misma la ley para todos, una misma su aplicación.

El Estado debe ser el único soberano, sin que nadie dentro de él pueda tener excepciones ni privilegios; nadie puede tener muelles especiales y libres de la vigilancia del Estado, como nadie puede establecer una colonia que no esté sujeta a las leyes del país: el comercio sería la primera víctima, y quizá muy pronto el gobierno pensaría, fundado en razones de conveniencia y de números, que podía permitirse en México que esa privilegiada compañía tuviese su casa particular de moneda, y en sus troqueles las armas de Inglaterra.

Queremos por un momento conceder que ese contrato fuera ventajoso para el país bajo el punto de vista financiero, ¿pero puede decirse lo mismo respecto de la dignidad de México?

Felizmente aún no está todo consumado; aún la Cámara tiene que dar su fallo definitivo; aún está la república detrás de esa Cámara y esperando por decirlo así, esa resolución con el arma al brazo.

Nosotros esperamos de los representantes del pueblo; porque en el fondo de cada conciencia se ha de levantar una voz que tome la defensa de México, y de sus intereses sagrados.

Circulan rumores terribles, se habla de llamamientos hechos por el ejecutivo a varios diputados; de cartas de gobernadores que llegan trayendo una inflexible consigna, de trabajos sordos e incesantes de la compañía y de sus agentes; pero a todo creemos que resistirán los hombres que se consideran en el Congreso como representantes de un pueblo.

Bien sabemos que algunos dirán que para llegar a ese puesto nada han tenido que agradecer al pueblo, porque la mano del gobierno los ha llevado a él; pero ¿qué más podía hacer ese pueblo en favor de ellos y viéndose burlado en sus derechos, que acatar pacíficamente las resoluciones de una Cámara que declara verdadera una elección que no existe?

Hay momentos de prueba para los hombres de conciencia y de patriotismo: la lucha entre el interés, el temor y la verdad y la justicia, se ha emprendido en la Cámara; el éxito no debe ser dudoso, porque los diputados no olvidarán que hay una nación que les ha confiado sus destinos y que espera de ellos el valor, la energía y aun el sacrificio mismo.

Si por desgracia para el país llega a triunfar en esta cuestión el ejecutivo, al pueblo toca pedir cuenta de su dignidad y de sus intereses ultrajados.

Para que nada falte a la compañía para ser una verdadera potencia, para que no falte ninguna humillación a los comerciantes y a los agricultores mexicanos, el gobierno concede a esa compañía el derecho de imponer multas y el derecho de hacerlas efectivas.

¿Quiénes son el gobierno, ni el Congreso, ni los tres poderes reunidos, para crear ese nuevo poder, para establecer esa nueva autoridad armada de la odiosa facultad económico-coactiva?

¿Y con qué derecho se establece un centro de negociaciones con el poder de hacerse justicia por su misma mano, con la inusitada prerrogativa de ser juez y parte al mismo tiempo?

¿Qué nueva autoridad es esa que crea el contrato, fuera del poder judicial, y con facultad de aplicar la ley en mengua del decoro de la nación y de los tribunales de México?

¿Establecer un ferrocarril da tanta importancia en México a una empresa, que con ella no se entiende la Constitución?

La igualdad ante la ley no es compatible con el derecho de multar y hacer efectiva la multa, concedido a una empresa; porque si todos los mexicanos, desde el presidente de la república, tienen que ocurrir a los tribunales en demanda de indemnización cuando se les falta al cumplimiento de un contrato, no es posible encontrar un principio en que se apoye la concesión hecha a la empresa, cuando ella tenga que resentir alguna falta de parte de los dueños de la carga destinada a la exportación.

¡Pobre país, que llegara a consentir que su gobierno, por sólo el hecho de serlo, pudiera trasmitir a cualquiera empresa facultades que son exclusivas de los gobernantes, y que se le impusiera una autoridad extranjera, arbitraria en cuanto podía tocar a sus propios intereses!

No sabemos lo que sentirá un corazón mexicano y digno cuando oiga decir a uno de sus compatriotas en la república misma y bajo el gobierno liberal: «Me ha multado la compañía inglesa.»

Siquiera los castigos impuestos por De Poltier y por Clinchan en tiempo de la intervención francesa, eran el natural resultado del abuso de la fuerza; del estado del país; y entonces ni faltaban mexicanos, combatiendo contra aquel modo de ser, ni la república se había echado pacíficamente, y ella misma, el dogal al cuello.

Todo esto envuelve una humillación para México, y aun cuando tales ventajas resulten pecuniariamente al país que el gobierno cierre los ojos a todo, la república no quiere dinero en cambio de la degradación de uno solo de sus hijos; que nunca la riqueza da una aureola capaz de cubrir la mancha de la humillación.

El pueblo, ese noble y resignado pueblo, cuya sangre ha corrido por traer al poder a los que hoy le gobiernan, y por plantear las instituciones que hoy le rigen, que sufre paciente que se atropellen y se violen sus garantías, sin ocurrir hasta el último extremo al santo derecho de insurrección; llama hoy al patriotismo de sus representantes, y espera un acto supremo de justicia del Congreso.

¿Qué sacrificio habrá tan grande que un hombre no lo haga por la honra de su patria y por el bien de su pueblo?

El odio del gobierno ¿y no merece el pueblo que se arrostre por él este peligro?

¿Qué puede haber tras la pérdida de la protección del ejecutivo?, quizá la pobreza, el aislamiento, la miseria misma, para más adelante.

Pero la miseria es una apoteosis para el espíritu recto, cuando reconoce por origen un sacrificio a la patria y a la justicia; y ni con todos los tesoros del mundo se compensa la satisfacción infinita, el noble orgullo, que siente el corazón cuando en la noche tranquila y sobre un lecho duro e incómodo, puede decirse el hombre hablando con su espíritu: «Patria, no te he faltado; conciencia, no te he vendido.»

¿Qué importan el desprecio y la humillación que se quieren imponer al hombre que por no abandonar el camino de la justicia, no tiene ni riquezas, ni carruajes, ni boato?

México llama al patriotismo de sus representantes porque mira comprometida su dignidad hoy y los intereses del pueblo por tres generaciones.

Nosotros sentimos el aliento de la esperanza, porque el Congreso ha dado en este asunto nobles señales de vitalidad, de energía, de ciencia y de patriotismo; aún hay mucha luz en el horizonte del porvenir, aún puede nuestro pueblo tener fe en sus hombres y en sus instituciones.

De la resolución de este negocio depende en gran parte la marcha que debe seguir el país; Dios y el pueblo den su aliento de verdad a los legisladores.

El Radical, t. 1, núm. 24, noviembre 29 de 1873, México, pp. 1-2.

EL COMERCIO Y LA CONSTITUCIÓN

La verdadera fuente de la riqueza en todos los países del mundo es el comercio porque al comercio, en último análisis, pueden y deben reducirse todos los otros ramos, como la minería, la agricultura, las artes, etc., que si bien se examina todo eso, no viene a ser otra cosa más que ríos caudalosos, que tienen que pasar precisamente, para significar algo en la riqueza pública, por ese cauce común que se llama comercio, que da la vida a los pueblos, y que, motivando relaciones entre ellos, es origen de las negociaciones diplomáticas y de las guerras, de las alianzas y hasta de las conquistas.

Las naciones poderosas buscan hoy hasta por medio de la fuerza, hasta tocando muchas veces la injusticia, en las otras naciones de la tierra, plazas consumidoras para su comercio, y pueblos y territorios productores de alguna materia prima o necesaria para ese mismo comercio; y las ciudades son hoy para la moderna civilización tanto más importantes, cuanto mejor mercado se les considera: China misma, esa nación que durante tantos siglos estuvo encerrada como un gusano de seda tejiendo su capullo para vivir dentro de él, ha sido obligada por la fuerza de las armas, a abrir sus mercados a los hombres de Europa y de América, y el comercio se ha hecho paso en el Celeste Imperio con los cañones de Inglaterra y de Francia.

La importancia del comercio no podía, pues, haberse escapado a la sabia penetración de los constituyentes que comprendieron que una nación no puede ser rica ni poderosa sin el comercio, ni el comercio puede progresar sin la libertad.

Nada hay más vejatorio, nada más molesto ni que más indigne, que las aduanas interiores en un país, hay un sentimiento de humillación al abrir ante los ojos de un empleado indiferente o curioso, o ávido, una maleta, un baúl o una caja de mercancías; todo el hombre que ha viajado, aun cuando no haya sido jamás comerciante, aun cuando no tenga en su equipaje nada que no pueda ser visto, comprende el profundo disgusto que causa en una frontera o en un puerto, ese registro que rebaja sin duda ninguna la dignidad del hombre; que lleva siempre sobre el primer venido del interior o del extranjero la sospecha de criminalidad en las leyes fiscales del país; y no iguala a todos en un goce o en un beneficio, sino en una especie de degradación; porque examinar a cada paso un equipaje o una carga, es a cada paso sospechar de la honradez del que lo lleva, y obligarle a probar una inocencia de la que nadie tiene derecho a dudar.

Y todo esto repugna y subleva el ánimo, porque contraría un instinto, una ley natural que nos dice que a «todos los hombres debe suponérseles buenos mientras no se pruebe lo contrario», y los registros aduanales están basados precisamente en la antítesis, porque las aduanas están fundadas sobre este principio: «a todo comerciante debe suponérsele malo mientras no pruebe lo contrario». Escandalosa proposición, pero que es en el fondo, y estudiada filosóficamente, una verdad, y nosotros tenemos propósito de decir siempre la verdad, por ruda que parezca.

Si aún queda alguna duda, que haga cualquiera esta suposición; que va a atravesar una frontera no con un cargamento, que aun sería demasiado, ¿lo dejarían pasar sin registro? No, o el empleado no cumpliría con su deber. ¿Y para qué le registraban?, por si llevaba algo de contrabando: luego se desconfiaba de él sin conocerle, luego se le suponía malo mientras no probase lo contrario.

¿Luego no deben existir en ninguna parte las aduanas, ni en los puertos, ni en las fronteras de la nación? Ciertamente que no. Las aduanas, digan lo que quieran los economistas, no prueban otra cosa sino el atraso de esa economía política, tan adelantada en la teórica y tan atrasada en la práctica; porque las aduanas no son sino el mezquino y estrecho recurso de los gobiernos antiguos, a quienes no ocurrió más medio de distribuir el empréstito entre el comercio, y de hacerle contribuyente para los gastos de la administración; cuando el consumo, que es el que representa el verdadero movimiento, debe ser el único resorte para hacer que el comercio concurra con la parte de impuesto que le corresponda, y hasta para proteger la industria de una nación, si se quiere seguir la escuela de los derechos protectores.

Se dirá que esto es fácil decirlo en teoría, pero casi imposible reducirlo a la práctica; así sin duda alguna dirían en el siglo XVII cuando alguno hubiera predicado que podía existir el sufragio directo y universal para la elección de los magistrados de un país; en efecto, las grandes reformas necesitan un gran trabajo, pero para eso México, como todos los países civilizados, paga un magnífico sueldo, y llena de consideraciones y de honores a un ciudadano que se llama el jefe del Estado, a otro que tiene el nombre de ministro de Hacienda, y a otros muchos, quizá más de los que debieran ser, y que tienen el nombre de diputados; a todos esos gobernantes toca estudiar los medios de llevar progresivamente al país a esa era de libertad, y no será sin duda un pobre y oscuro periodista el que a indicarles vaya cómo debe darse paso de tanta importancia.

Por desgracia a pesar de la alta ilustración de nuestros gobernantes y de su liberalismo, nada se adelanta en esto, y la libertad del comercio queda reducida aquí, y se cree que es muy amplia, al permitir que se ponga una pulquería en la calle de Santo Domingo, o un expendio de cajas mortuorias en la de San Andrés o Santa Clara; mientras hasta los efectos de primera necesidad pagan alcabala, y en las garitas de la capital intervienen los empleados del fisco hasta en la pequeña carga que trae en hombros un pobre hortelano de los alrededores de México.

Fd artículo 124 de la Constitución de 1857, que hemos jurado guardar y hacer guardar, y cuyo triunfo definitivo ha costado hasta una larga y terrible si bien gloriosa guerra extranjera, dice al pie de la letra: «Para el día primero de junio de 1858 quedarán abolidas las alcabalas y aduanas interiores en toda la república.»

Quince años y medio han pasado, y letra muerta es este artículo como tantos otros, porque ni el ejecutivo, ni el legislativo han pensado seriamente en darle cumplimiento.

Las disposiciones de un código fundamental, se estampan para que sin excusa alguna se lleven a efecto.

¿Qué autoridad en la república, qué poder, tiene el derecho de suspender el cumplimiento de un artículo constitucional? Si es malo refórmese, pero entre tanto cúmplase, que así lo manda la Constitución y el primer deber del gobierno es cumplir con la Constitución.

Se dice, «ya el Congreso autorizó al ejecutivo, por medio de un decreto para que suprima las alcabalas» como si el ejecutivo necesitara un decreto para cumplir con la Constitución.

Las alcabalas, además de vejatorias, antiliberales y contrarias a la Constitución, son perjudiciales para el pueblo, embarazan el tráfico, encarecen los efectos, acobardan a los hombres que quieren dedicarse al comercio y les hacen retirar de él capitales, que quizá van a emplear en la usura: cáncer terrible de toda sociedad.

Por más que pensamos no llegamos a comprender, por qué subsisten las alcabalas, y cómo no se ha exigido jamás a un ministro de Hacienda, la responsabilidad por semejante infracción constitucional.

El cobro de la alcabala es disposición de una ley contraria al expreso precepto constitucional, es decir, se cobra un impuesto que la Constitución prohibe que se cobre, y si el comerciante a quien tal cobro se hace ocurre al juez de distrito pidiendo amparo contra esa ley que infringe el artículo 124 de la Constitución, o no hay justicia federal, o el juez de distrito tiene que conceder el amparo.

Una de las causas por la que es aquí letra muerta la ley, es porque los ciudadanos o no procuran conocer sus derechos o no tienen energía para ejercerlos, y luego lanzan reproches contra el gobierno.

La Constitución establece el medio legal, justo, pacífico y eficaz para anular una ley que grava o perjudica a los intereses sociales, sin necesidad de pensar en el aborrecible sistema de revoluciones y asonadas: el juicio de amparo, que según la expresión de un gran pensador, previene las insurrecciones y da un término para derribar una disposición vejatoria, poniendo un mar de tinta, donde sin ese recurso, debía verse un mar de sangre.

Nosotros no vemos que pudieran suprimirse hoy toda clase de aduanas en pro de la libertad del comercio; pero sí j decimos que ya en esto debía irse muy adelante, que las alcabalas debían estar ya hasta olvidadas, que la disposición que las mantiene es anticonstitucional, y que no sabemos cómo negaría el amparo un juez de distrito a quien se lo pidiera, contra esa ley que ataca un precepto constitucional.

Quizá todas estas ideas se calificarán de utopías, pero nuestra convicción es ésa y nosotros escribimos lo que ella nos dicta.

El Radical, t. 1, núm. 25, diciembre 2 de 1873, México, p. 1.

EL JUICIO DE AMPARO

(II)

Por más que haya hombres que se empeñen en cerrar los ojos ante la situación actual de la república, o en ponerse delante de ellos el prisma de las ilusiones optimistas, es por desgracia un hecho que la nación decae, que la miseria y la desconfianza se extienden por todas partes con espantosa rapidez, y que zozobrando ya nuestras instituciones, a punto están de sucumbir minadas por los golpes rudos que le asestan día a día solapadamente, los hombres a quienes el pueblo ha confiado el sagrado depósito del poder público.

En vano los fieles del gobierno, esos hombres que siguen por cualquier camino a cualquier jefe de la nación, procuran cegar al pueblo con fiestas y diversiones, alucinarle con sus decantadas mejoras materiales, y asegurarle que la libertad y el progreso existen; el pueblo no lo cree, y en su mismo malestar encuentra la respuesta de todos esos deslumbradores argumentos.

Las instituciones naufragan, y naufragan como un navío a quien el mismo piloto hubiera procurado echar a pique.

Se procura sorda, pero incesantemente por el gobierno, establecer la reconcentración de todo poder nacional en el centro, de todo poder federal en el ejecutivo, arrancando a los estados su libertad, su independencia y su soberanía, para hacer de la federación un gobierno central; y se procura influir de tal modo en el legislativo, y judicial, que todos tengan que reconocer como centro y como jefe al ejecutivo; y para que esta marcha no sea ni sentida ni combatida por el pueblo, se procura alejar el carácter de tiranía para poder con más libertad soltar las velas al despotismo; nada de persecuciones odiosas y públicas, nada de medidas violentas, pero nada también de soberanía de los estados, de libertad de sufragio ni de independencia de poderes; ésta es la bandera, éste el tema.

La acusación es grave, ciertamente, pero tan fundada, que de su verdad responden millones de mexicanos; y lo que hay más que admirar, es que no se haya levantado una voz en la representación nacional denunciando este peligro para nuestras instituciones.

¿Qué son ya los estados?, pobres y humildes pueblos que un jefe militar puede declarar en estado de sitio, sin que por un atentado semejante tenga que sufrir más consecuencia que un juicio ante un tribunal incompetente para sentenciar la causa.

Dígalo Yucatán. ¿Acaso el consejo de guerra que juzgó a Cueto es el tribunal competente en ese caso? ¿Basta que un militar cometa una infracción de ley, para que su juez sea precisamente el jurado militar?

La Constitución dispone que subsista el fuero de guerra para los delitos que tengan exacta conexión con el servicio militar, y declarar en estado de sitio una entidad federativa sin facultad para ello, no es ni puede ser nunca delito de exacta conexión con el servicio militar, por más que el ejecutivo lo haya declarado así.

Pero ésta es una de tantas pruebas de que el ejecutivo ha ce cuanto mejor le parece, que si tanto no fuera su poder, sí tan seguro no se tuviera que cuanto él dispone se ha de llevar a cabo, los tribunales de la federación hubieran iniciado de oficio la competencia, reclamando el conocimiento de la causa de Cueto, en la que nadie sino un juez de distrito debía haber conocido.

Los estados pueden ya en lo de adelante tener la convicción, si no es que la tenían desde antes, de que su autonomía y libertad son materia de un jurado militar, y de que su soberanía ha llegado a ser sólo un recurso de elocuencia en un discurso parlamentario.

Las elecciones han quedado reducidas a una formalidad inútil; y el nombre del electo resonando en los salones del palacio de México, resulta escrito como por una especie de prestidigitación en todas las cédulas que salten del ánfora electoral de un distrito.

La elección es el todo, y cuando ella no existe, porque no existir es que se nombre por consigna a un magistrado, o a un representante, las instituciones democráticas y republicanas, y la garantía de la libertad que es la división de poderes, no son sino una burla al pueblo, y una farsa que rechazan los verdaderos liberales.

Y ¿alguien habrá que con la mano en la conciencia, pueda decir que en México existen, son una verdad, un hecho, la soberanía de los estados, la libertad de las elecciones, y la independencia de los poderes?

¿A qué gobernador de grado o por fuerza, no se le quieren imponer candidatos para que representen a su estado?

¿A qué distrito electoral no se le pretende obligar por el gobierno o sus amigos a que sufrague por un determinado individuo, y que conviene al ejecutivo sentar en el Congreso?

¿Y en qué resolución importante del poder legislativo o judicial, no intenta y casi siempre con buen éxito, influir el poder ejecutivo?

Esto puede y debe llamarse un verdadero naufragio de nuestras instituciones, y país donde tal sucede no es una verdadera república, ni un pueblo regido por instituciones democráticas.

Sin embargo, en medio de tanta ruina, sobrenada una tabla de salvación para «el ciudadano», para «el individuo particular», para «el hombre», queda en pie un recurso, tan combatido en los días de su establecimiento, por los mismos hombres que hoy nos gobiernan, como temido hoy por ellos; queremos hablar del recurso de amparo, que es como el salvavidas que la Constitución arroja al ciudadano envuelto por las olas del despotismo y de la arbitrariedad.

El recurso de amparo debe ser perfectamente conocido y estudiado, porque quizá es el único medio que tiene este pueblo para hacer que el gobierno respete sus garantías y sus libertades.

Nosotros que siempre hemos visto en ese recurso una poderosa égida de los derechos del hombre, procuraremos extender su estudio y su conocimiento, y hacer comprender a nuestros conciudadanos que también la ley puede ser llevada como reo ante el tribunal de justicia de la federación, porque ni el presidente, ni el Congreso, pueden obrar, ni legislar fuera de los principios constitucionales, so pena de no ser obedecidos.

El Radical, t. 1, núm. 26, diciembre 3 de 1873, México, p. 1.

EL FAVORITISMO DEL GOBIERNO

Siempre hemos sostenido que el favoritismo es el único programa del gobierno del señor Lerdo; hoy vamos a dar una prueba palpitante de esa verdad, refiriendo y comentando un hecho que el encargado del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública no se atreverá a negar, y que si lo negase, nosotros sabremos darle la respuesta.

Denunciamos a la nación un acto que prueba en cuánto estiman el señor Lerdo y su gabinete, las leyes de Reforma y la igualdad ante la ley, y lo que puede esperarse de hombres que de tal modo desprecian la opinión pública y las disposiciones del código fundamental.

Todo el país sabe con cuánta energía se ha fingido llevar a efecto el decreto del Congreso sobre protesta de las adiciones constitucionales, y que por la menor reserva se ha quitado el destino a empleados muy subalternos, lo mismo que a personas ilustres en la ciencia como el doctor Pascua en la Escuela Preparatoria.

Cualquiera supone, con estos antecedentes, que el gobierno es inflexible tratándose de esta materia; y sin embargo por lo que vamos a definir, verá la nación entera que puede haber casos en que, no sabemos si el señor presidente o el señor encargado del Ministerio de la Instrucción Pública, no sólo se humanizan sino que toleran algo más que la falta de protesta a las adiciones constitucionales.

En cuatro palabras, la historia: Todos saben en la república que en la ciudad de México hay una escuela de sordomudos, que está bajo la inmediata inspección del Ministerio de Justicia, y que esta escuela, como establecimiento del gobierno, debe ante todo respetar la Constitución y vivir bajo las leyes de Reforma.

Una persona de esta capital recogió a una pobre huérfana sordomuda, que vagaba por las calles pidiendo limosna, y la puso en la escuela de sordomudos con el único fin de que se instruyese, y no de que la mantuviese la munificencia del gobierno.

Esta persona tiene la costumbre de enviar por la niña los sábados en la tarde, para que el domingo pueda pasear y divertirse.

Hace algunas semanas que cada sábado esa persona recibía un imperativo recado de la casa de sordomudos, para que la niña no dejase de ir a misa, porque en ese establecimiento no se podían consentir asilados o educandos que no fuesen católicos.

Por fin el sábado último, fastidiado ya de tantas recomendaciones, y órdenes para que la niña no «dejase de ir a misa», el sujeto en cuya casa estaba la huérfana, envió dos personas a la escuela de sordomudos, para saber qué significaba todo aquello, supuesto que conforme a la Constitución no se podía exigir en los educandos, como condición, ni imponer como precepto, el que tuvieran tal o cual religión.

En la Escuela de Sordomudos no sólo se sostuvieron en lo dicho sino que agregaron, «que como la casa en donde estaba la niña recogida, era de puro, y era visitada por muchos puros, se hacía preciso tener mayor preocupación a fin de que la niña fuese a misa y cumpliese con la religión católica». Y a fe que tenía razón de decir que esa casa era de puro, supuesto que era la del que suscribe este artículo y con quien todo eso ha pasado.

Después se agregó «que allí se había de seguir aquel sistema y que las directoras estaban con esa condición y perfectamente apoyadas».

Cuando a personas tan conocidas por sus opiniones políticas como nosotros se nos envía tal contestación, los liberales pueden comprender el grado de favor con que estos empleados de un establecimiento del gobierno cuentan, en el ministerio del ramo.

¿Por qué tan ruda energía, tal inflexibilidad cuando algún desgraciado ha puesto alguna restricción a la protesta, y tanta libertad y favoritismo tal en un establecimiento del gobierno?

Suponemos que el señor Díaz Covarrubias no negará el hecho, porque a nosotros nos ha pasado; suponemos que no alegará ignorancia porque si no le alcanza el tiempo, o no le ocurre el medio de saber cosa tan escandalosa, debía por patriotismo dejar el puesto, o si sus convicciones le obligan a permitir el exclusivismo católico en la escuela de sordomudos, por conciencia debía retirarse.

Supóngase el señor Covarrubias, cuánta será ya la audacia de los empleados de la Escuela de Sordomudos, cuando a un periodista constitucional se envía a decir en buen idioma que «ahí no rigen las leyes de Reforma».

Tal conducta no prueba sino el más criminal abandono de los establecimientos de educación del gobierno, o una criminal condescendencia del gobierno mismo con los que desdeñan respetar su ley.

Tiempo ha llegado bajo la administración del señor Lerdo, y en un establecimiento cuya inspección corresponde al señor Díaz Covarrubias, en que es un epíteto denigrante el ser liberal y en que, como en los tiempos de la Inquisición, la mano del poder vigile la religión de los individuos de una familia tachada de constitucionalista.

En el establecimiento a que nos referimos se exigió la protesta a una pobre anciana, para obligarla a retirarse; y puede el señor Díaz Covarrubias contestarnos: ¿han protestado todos los empleados de allí? Si nos dijera que sí, nosotros nos atreveríamos a negarlo, porque a pesar de los datos oficiales que él tenga, seguros estamos de lo contrario.

¿Con qué derecho señor Díaz Covarrubias, en los establecimientos que están al cargo del gobierno, se exige a los padres, encargados o tutores de los niños, que sigan la religión católica?

¿Cómo el gobierno permite que se haga esto, y al mismo tiempo despoja del destino a tantos infelices que no protestan y enciende la guerra por esto en el valle de Toluca?

¿Qué poderoso empeño, qué resorte secreto pone a la escuela de sordomudos libre de la ley fundamental? ¿Nos podría contestar el señor Díaz Covarrubias?

Y que no nos niegue el hecho, porque a nosotros nos ha pasado, y la huérfana vive en nuestra casa, y la conocen multitud de liberales.

Pero la igualdad ante la ley y los principios constitucionales son nada ante los resortes particulares y el favoritismo; y la escuela de sordomudos es hoy una sucursal de la Sociedad Católica, gracias al descuido o a la tolerancia de nuestro gobierno; y el Partido Conservador, sin embargo, nada le tiene que agradecer, porque esto no es el resultado de la tolerancia a los principios, sino de quién sabe qué resortes del favoritismo.

Quizá no haya un diputado que con estos datos, interpele al ministro del ramo; pero nosotros apelamos a la nación para que conozca cómo se observan en México las leyes de Reforma, y a la prensa independiente y liberal para que levante con energía su voz ante tal prueba que da el gobierno de falta de equidad, y de respeto, y de celo a la Constitución que nos rige.

El Radical t. 1, núm. 26, diciembre 3 de 1873, México, pp. 2-3.

EL LEÓN FUE EL PINTOR

El diario del gobierno publica los siguientes párrafos:

Un año se cumplió ayer de la toma de posesión de la primera magistratura del país, por el señor licenciado don Sebastián Lerdo de Tejada, a causa de haber sido elegido para tan importante puesto por la gran mayoría del pueblo mexicano. Varios de nuestros colegas han recordado ayer y hoy ese aniversario, felicitando al señor Lerdo en términos expresivos.

Nosotros nos tomamos la libertad de dar las gracias a esos colegas, recordando únicamente que en este año de administración, el presidente de la república ha establecido la paz, ha hecho desaparecer los odios de partido, ha regularizado los pagos del tesoro público, ha dado notable impulso a las mejoras materiales, y ha tenido la satisfacción de promulgar la nueva Constitución, cimentando sólidamente de esa manera las conquistas de la Reforma.

Verdaderamente se necesita que el león haya pintado el cuadro para que aparezcan en él colores y perfiles que están muy lejos de ser verdaderos y fieles.

El Diario, a fuerza de adición y de condescendencia con el señor presidente, llega hasta a faltar a la verdad histórica y a la justicia nacional.

¿El señor Lerdo en un año ha establecido la paz?

¿Pues qué ha hecho para eso el señor Lerdo? Nada, absolutamente nada; cierto es que a su advenimiento al poder cesó la encendida guerra civil que traía por bandera el plan de la Noria, pero esto no se debió a las disposiciones del gobierno.

Porfirio Díaz, Negrete, Vicente Jiménez, Donato Guerra y otros muchos generales y jefes que sostenían y mantenían la revolución, dando un noble ejemplo de abnegación patriótica y de desinterés personal, fueron los que pusieron término a las domésticas contiendas.

Ellos fueron los que deponiendo las armas ante el altar de la Constitución devolvieron a la república la paz por tantos meses perdida, y las depusieron guiados sólo por las virtudes cívicas, porque el célebre decreto de amnistía no les ofreció en cambio de su sacrificio más que una perspectiva de miseria y de persecución, y aquellos hombres no pensaron más que en el bien de su patria y se entregaron al gobierno humildemente; en cambio de este noble rasgo se dice ahora que el presidente estableció la paz, cuando a ellos y sólo a ellos se debió esa preciosa conquista.

¿Qué hizo el gobierno en esos días para establecer la paz? promulgar una mezquina y estrecha amnistía despojando de sus empleos a liberales que los habían ganado con su sangre, haciéndose solidario heredero el señor Lerdo de odios personales que no eran suyos; y luego, abandonar a los que habían depuesto las armas y entregádose a la lealtad del gobierno, en las manos de sus personales enemigos, sin recordar el sagrado compromiso que con ellos había contraído; recuérdese si no, el caso del patriota general Jiménez, y de los suyos a quienes el señor Lerdo dejó inermes y en manos de los generales Arce y Figueroa, y que sufrieron por eso abandono, vejaciones y peligros sin cuento, premio digno de la abnegación, y medio seguro para establecer la paz en la república.

Ya que a todos esos hombres no se les considera, ya que su sacrificio se tiene por falta de precaución y de sagacidad en política, al menos no se lleve la adulación hasta el grado de despojarles de sus méritos y de sus coronas cívicos, sólo por tener el gusto de adornar con ellas las sienes del poderoso, que no las ha conquistado.

Establecieron la paz en la república, los que espontáneamente depusieron las armas, no el gobierno que para ello nada hizo, y el servicio es de quien lo hace, por más que no esté en el poder, ni haya interés en lisonjearle.

¿El señor Lerdo ha hecho desaparecer los odios de partido? ¡Que tal diga el Diario! Preciso es querer que el humo del incienso ciegue al gobernante para decirle que ha hecho desaparecer los odios de partido cuando hoy son más extensos y más profundos que en ninguna época.

Es cierto que momentáneamente al subir al poder el señor Lerdo, esos odios se apagaron porque todos esperaban un gobierno enteramente nacional, ¿pero hoy?; responden por nosotros esos periódicos de oposición, esas terribles discusiones del Congreso, esas víctimas de uno y otro partido en Zinacantepec y Tejupilco, esas turbulencias de Yucatán, ese rumor sordo, siniestro y amenazador que se escucha por toda la república.

El señor Lerdo no puede haber hecho desaparecer los odios políticos, porque esto no se consigue con el favoritismo ni con el exclusivismo, no se consigue con las camarillas, ni se alcanza con ese sistema de buscar en los hombres la ciega adición y no los méritos.

No sólo odios políticos, ni aun personales, ha sofocado el señor Lerdo; si no, diga cualquiera, aun sus amigos personales, si es la misma estimación de que goza hoy el señor presidente, la que gozaba hace un año.

¿Ha regularizado los pagos del tesoro público?

Es verdad, cortando cuentas al fin del año, y lo perdido, perdido.

¿Ha dado notable impulso a sus mejoras materiales?

¿Mejora material el jacalón de la Exposición que fue un paseo público más que una mejora?, ¿el alumbrado de la Alameda? que si es mejora material no merece que el gobierno la mencione como la página más grande de su reinado.

Quizá se hablará de la cuestión de tarifas, pero, ¡ay!, ojalá que tal mejora no se lleve a cabo, porque sin duda no será un laurel muy digno de ceñirse a la frente de un verdadero patriota y de un buen republicano.

En cuanto a tener la satisfacción de promulgar la nueva Constitución, ni es nueva, ni es Constitución, y en esta satisfacción, tiene tanta parte el gobierno y el señor presidente como cualquier vecino que engalane ese día su casa con colgaduras, porque el señor Lerdo si hubiera tenido voluntad promulga las adiciones, y si no, también, que en esto no tiene parte de triunfo ni derecho de oponerse.

Lo que no se dice es que durante el año, las fiestas, los bailes y los convites se han sucedido sin intermisión costando mucho al país, no sólo por los gastos erogados, sino por los grandes compromisos contraídos ahí; lo que no se dice es que la administración duerme y con ella, los negocios públicos y particulares; lo que no se dice es que la desconfianza y la miseria nos invaden, y la prostitución gana terreno; lo que no se dice es que las instrucciones son mentira, y que el pueblo sin fe, comprende que la política es ya sólo el arte de engañarle.

El Radical, t. 1, núm. 27, diciembre 4 de 1873, México, p. 3.

EL DIARIO DEL GOBIERNO

Con mucha frecuencia se ve en México que algunos periódicos, y generalmente de la oposición, interpelan al Diario del Gobierno, ya sobre la verdad de alguna noticia, ya sobre las disposiciones dictadas por el ejecutivo en algún caso, ya, en fin, sobre otros diversos hechos, y nosotros mismos no hemos dejado esa costumbre, y alguna vez también El Radical en su gacetilla se ha dirigido a El Diario.

El Diario contesta o no a esas interpelaciones; pero cuando lo hace, toma un tono oficial, y es como quien dice, la voz del ejecutivo en la prensa; otras afecta profundo desdén por escritores y periodistas que viven tan lejos, si no del sol de la ciencia, sí del poder, y otras como el Júpiter de los publicistas, el Diario lanza los rayos de su indignación y de su cólera sobre el que ha pretendido atacar al sancta sanctorum de la república, al señor presidente, sea éste quien fuere, que el nombre no hace al caso.

La costumbre de ver esto todos los días, nos hace no extrañar semejante impropiedad, y no escandalizarnos del papel que «el periódico oficial» quiere representar en la prensa de la república.

¿Qué significa el Diario Oficial, en la sección que los periodistas llamamos de editorial y gacetilla?

¿Son las opiniones del redactor? no; porque no tiene libertad para opinar y la prueba está en que jamás puede desaprobar lo que el gobierno dispone.

¿Son las opiniones del presidente y de los ministros? Tampoco; porque en primer lugar las opiniones del ejecutivo no pueden sino estar conformes con las disposiciones que dicta, que a ser de otra manera gobernaría contra su propia conciencia.

En segundo lugar, porque si opiniones fueran del presidente y de los ministros, ellos las estamparían bajo su firma en el Diario, que no hay ni existe disposición alguna para que el que se llama redactor de el Diario, sea el intérprete autorizado de esas opiniones; ni ese redactor tiene ningún carácter oficial para contestar en nombre de un ministro, del presidente o del ejecutivo en general, dándose en la prensa el aire de un secretario de Estado interpelado en la Cámara, y contestando o explicando en nombre del gobierno de la nación.

Basta registrar la colección de el Diario para quedar satisfechos de que poco a poco se ha ido introduciendo ese abuso de contestar interpelación o explicar algún hecho o disposición, que parecen oscuros, tomando al redactar la voz del ejecutivo; y si hoy nadie se opone a esta marcha, sucederá que el ejecutivo, como llegó a legislar por medio de circulares, quiera legislar y explicar las leyes por medio de artículos publicados en el Diario Oficial.

El redactor de un periódico emite sus propias ideas y habla por sí y en su nombre, sin que pueda decirse lo contrario ni aun de los redactores de periódicos subvencionados u oficiosos, como se les llama comúnmente; porque aun cuando escriban contra sus convicciones, y sólo por ganar un puñado de oro, lo hacen siempre en su nombre y procurando hacer creer que si no son ideas propias, al menos son ideas que ellos por sí se proponen defender.

No sucede lo mismo con el redactor de un «diario oficial» porque fuera de esas noticias vulgares, como la de si se cantó bien o mal la Lucía o si el señor Tamberlick está en Madrid o en Nueva York, que además de indiferentes no deben aparecer en un Diario semejante, todas las apreciaciones o noticias importantes se tienen que publicar como viniendo de la boca del gobierno mismo, y no tiene el redactor más papel que representar allí que el de intérprete.

Pero ese carácter, oficialmente no puede tenerlo; porque ninguna disposición legal lo autoriza para ello; privadamente tampoco, porque esto no le da derecho para tomar en público y oficialmente el nombre del ejecutivo para contestar una interpelación.

Pero cuando verdaderamente el Diario está fuera de tono, es cuando publica largos y exaltados párrafos en alabanza, justa o no, del presidente o de los ministros. Si todo el mundo sabe, porque así lo ha pretendido probar siempre el Diario, que él es el órgano del ejecutivo, autorizado y oficial; ¿no es verdaderamente ridículo que el ejecutivo, es decir, su personal, se esté alabando a sí mismo, y que la nación entre otros buenos obsequios les haga al presidente y a los ministros el muy galante de pagarles un escritor y un periódico oficial, en el que oficialmente se esté diciendo a esos señores y a cada día: «El señor presidente es muy acertado en su gobierno, ha establecido la paz, ha organizado la administración pública.» «El ministro de tal ramo es un hombre muy prudente, muy inteligente, etc., etc.» «Los que hacen la oposición son ambiciosos, descontentos, malos ciudadanos»?

Ésta es una de las hermosas misiones del Diario y para la cual tampoco le creemos autorizado ni necesario. Si el presidente y los ministros son buenos, no faltará quien se lo diga y quien cante cuanto han hecho en un año, sin necesidad de que se les repita de oficio y como saliendo de su misma boca, que de seguro no fue ése el pensamiento que se tuvo al fundar el periódico oficial.

El Diario del Gobierno debe reducirse a publicar todos los documentos oficiales, y que tengan precisamente ese carácter aun en su misma redacción, absteniéndose de todo comentario, alabanza al gobierno o ataque a la oposición; porque esto no significa más que un desahogo que tiene el gobernante en un arranque de mal humor y por medio de una tercera persona o una adulación que se hace a sí mismo el ejecutivo para probar a la nación que tiene popularidad.

Sea el Diario del Gobierno lo que debe ser; es decir, un registro de los actos oficiales y oficialmente escritos, y no quiera tomar el carácter de un periódico polémico o doctrinario; ¿qué pensaría el redactor del mismo Diario del Gobierno si el Diario de los Debates, tan autorizado como el del gobierno, comenzara a publicar párrafos y editoriales en que la redacción alabara al Congreso y atacara a tal o cual partido?

La nación no paga periódico oficial para que alabe y defina al presidente y a los ministros, sino para que en él se publiquen las leyes y demás documentos oficiales y oficialmente redactados.

Nunca, ni con disfraz, pudo haber habido un Congreso que aprobase, al aprobar el gasto del periódico del gobierno, el pago de un defensor, un panegirista oficial del ejecutivo.

El Radical, t. 1, núm. 28, diciembre 5 de 1873, México, p. 1.

DE POTENCIA A POTENCIA

El debate parlamentario sobre el contrato de las tarifas celebrado por el gobierno con la compañía inglesa, sigue; y aunque los defensores de la dignidad y de los intereses nacionales luchan con una energía terrible, hay sin embargo, serios temores por parte de la nación, de que el negocio se pierda para ella en el Congreso; porque del lado de la compañía están el poder y la riqueza, y sus adversarios no cuentan más que con la opinión pública, y con su propia energía.

He aquí a la compañía inglesa convertida en una gran entidad, y tratando con la nación de potencia a potencia.

¿Es acaso esta idea una preocupación nacida de un espíritu de ciega oposición, de patriotismo mal entendido o de exagerado liberalismo?

No, ciertamente; a cada paso, en todas partes, entre todas las clases de la sociedad, aun entre los mismos diputados comprometidos a votar en favor del contrato, la opinión pública se manifiesta no sólo con disgusto, sino aun con verdadera indignación, rechazando este negocio que se considera perjudicial para el erario y depresivo a la dignidad nacional.

Supongamos, por supuesto, sin conceder, que el contrato es bueno, ventajoso, útil; que el progreso de México está fundado no más que en su aprobación; si el pueblo no lo quiere; si la nación lo rechaza; si la opinión se subleva contra él, ¿por qué se ha de obligar a la república a pasar por lo que no es su voluntad?, ¿por qué han de tener derecho la compañía y sus defensores de hacer por fuerza que la nación acepte, y compre y pague un contrato que no tiene voluntad de aceptar?

El pueblo no quiere que lo hagan feliz contra su voluntad, en ese caso hubiera creído a los imperiales y a los intervencionistas, y se hubiera dejado hacer feliz por los franceses y por Maximiliano, que también le hacían el camino de hierro, y que también tenían defensores y le hacían grandes argumentos prometiéndole progreso y bienestar.

¿Quién es el soberano?, ¿quién dispone a su entera voluntad no sólo de su modo de ser, sino de su ser mismo, el pueblo o el gobierno? sin duda que el pueblo; su soberanía no está a discusión; y atributo de su soberanía es aceptar o no lo que se le propone, aun cuando el proponente crea que él tiene razón y el pueblo no la tiene.

Quizá, siguiendo la hipótesis de que el contrato de tarifas es muy bueno, el pueblo tendría un capricho reprobable en no admitir ese contrato, pero el pueblo es soberano absoluto y dueño también absoluto de sus destinos; y sus caprichos mismos, son leyes a las que no debe oponerse nadie; y esto olvidando, y dejando a un lado, que cuando un pueblo en su gran mayoría quiere alguna cosa, y la quiere con energía, esto nunca, nunca, puede calificarse de capricho, sino de acertada voluntad; porque aun entre los neocatólicos enemigos jurados de la soberanía del pueblo, no ha habido quien se atreva a negar esta santa frase de la escritura vox populi vox Dei.

¿Acaso la soberanía del pueblo sólo se entiende o sólo se manifiesta cuando se trata de legislar en su nombre o dominarle; dando por causa para que sea siervo, la razón precisamente de que es amo?

Si se trata de que se elija presidente o se elijan diputados; si se trata de exaltar a un candidato, entonces el pueblo es soberano, la opinión pública muy respetable, y la democracia la más sagrada de las doctrinas; pero cuando llega el momento en que es preciso escuchar esa opinión y respetar esa soberanía, si los intereses de los gobernantes no están unísonos con los de esa opinión y esa soberanía, ni la opinión se escucha, ni la soberanía se respeta; y entonces es preciso hacer que el pueblo sea feliz e ilustrado contra su voluntad, y que acepte cuanto contrato se le imponga, que el pueblo «ni entiende las altas cuestiones económicas, ni conoce sus propios intereses; ni tiene que exigir de sus representantes nada; porque éstos tienen grandes compromisos con el gobierno».

Pero ya parece que estamos oyendo la respuesta de los partidarios del gobierno y del contrato; dirán esos señores: «Que no se puede consultar la opinión del pueblo en el pueblo mismo, y que para saber cuál es esa opinión, preciso y necesario se hace consultar la opinión de los representantes del pueblo, que son los poderes federales en general, y particularmente los diputados.»

No siempre esto es una verdad; porque algunas veces los diputados, la Cámara toda, piensan y opinan de un modo, y el pueblo de otro, y esto origina mil veces las revoluciones; y si tan absoluto fuera el poder que los diputados tienen, ellos y no el pueblo serían el soberano, lo cual nadie, entre los demócratas, admite, porque nadie entre los demócratas ha dejado de llamar supremo y sagrado al derecho de insurrección, que no es más que el caso en que el pueblo reasumiendo toda su soberanía, se levanta en armas para derribar y castigar a un gobierno que le burla, le ultraja y le tiraniza.

Pero esto es en el caso de que el pueblo esté representado legítimamente en el Congreso, de que sus diputados sean electos libre y espontáneamente, sin que el elemento despótico, es decir invasor de la soberanía popular y del sufragio libre, se mezcle en el acto solemne y majestuoso de las elecciones, ¿pues qué se dirá en el caso contrario?, ¿qué se dirá cuando como ahora la influencia del gobierno se ha sentido en todo y para todo?

Ahora menos que nunca puede decirse que la opinión del pueblo está expresa o siquiera indicada en la opinión de los diputados y de la Cámara; porque para nadie y menos para el pueblo es un secreto, que la mayoría de los diputados representa la voluntad del presidente, que el ejecutivo hizo con grande anticipación promesas y ofrecimientos para sacar a ésta o la otra persona de diputados, y lo cumplió, como prueba de que era él quién hacía las elecciones; que los gobernadores de muchos estados secundaron ciegamente al ejecutivo y obligaron, no a los pueblos, sino a los electores a nombrar a personas que ni conocían, y en fin, que hay diputados que ni son conocidos ni conocedores del distrito que representan, ¿y esta Cámara con su opinión puede significar la opinión pública?, ¿estos señores diputados pueden llamarse representantes del pueblo?

En último caso, la opinión pública por más que se diga lo contrario respecto de un hombre o de un negocio especial, puede conocerse y explorarse fácilmente. No sería posible esto tratándose de la marcha general de un gobierno; de la apreciación de sus hombres todos y de su política general; pero sobre un negocio solo, la opinión pública se manifiesta claramente, y concretándonos al de las tarifas, cualquiera puede hacer la prueba; el comerciante y el literato; el militar y el abogado; el hombre de negocios y el calavera que pasa sus días alegres en los festines y en los teatros, todos pueden ser consultados, y de cada cien uno, todos dicen que el negocio es perjudicial para los intereses públicos, y depresivo a la honra nacional; todos reprueban ese empeño decidido del gobierno en proteger tan ciegamente a la empresa del ferrocarril, y todos comprenden que la compañía inglesa se pone en este contrato, frente a frente de la nación, como de potencia a potencia.

El pueblo conoce que el gobierno ha dado tanto apoyo a la compañía inglesa que el camino para Veracruz, es ya no sólo un privilegio de esa compañía, sino un verdadero monopolio que la pone ya en estado de imponer condiciones al país, para el tráfico entre México y el puerto.

¿Cómo se ha hecho esto? muy fácilmente, estamos ciertos de que todos conocerán que decimos la verdad.

Tres vías de comunicación, explotadas o en trabajo había para comunicar a la república con el principal de sus puertos a saber, las carreteras de Jalapa y Orizaba, el camino de hierro de la compañía inglesa, y el que se llamó de Zangroniz.

Zangroniz tenía su contrato, y sin gran escándalo aunque sí con grandes sacrificios, adelantaba en su empresa.

Durante aquellos primeros días el gobierno hostilizaba poco a Zangroniz, y no le cumplía exactamente en el contrato; pero no había aún una guerra declarada. Entretanto, la privilegiada compañía inglesa, seguía viento en popa en todas sus exigencias.

Llegó un día en que se comprendió que el ferrocarril Zangroniz llegando aunque fuera no más a Jalapa, podía establecer una competencia al ferrocarril inglés, y obligarle a bajar sus tarifas, sin que la nación tuviera necesidad de dar a la empresa cuanto hoy pide; y desde entonces las hostilidades fueron tan grandes contra Zangroniz que le hicieron imposible continuar.

No nos detendremos en esa historia, que es como tantas otras, de guerra sorda del gobierno a una empresa o a un hombre; baste saber que como era preciso, Zangroniz vendió su contrato a la compañía inglesa.

El gobierno no debía haber consentido en esa venta, ni aprobádola porque era el monopolio; y aunque tal prohibición de comprar no estuviera en el privilegio de Zangroniz, está expresa en la Constitución; el gobierno cerró los ojos; no pensó que ayudando a Zangroniz dejaba en pie la competencia y mataba el monopolio; y contra todos los intereses nacionales, y contra todo espíritu constitucional, sólo por proteger a la compañía inglesa, aprobó el contrato de venta y mató entonces a la competencia.

Pero aún los carros podían perjudicar el monopolio del ferrocarril, porque quedaban las carreteras entre Veracruz y México; y las carreteras se abandonaron de tal modo, a pesar de la grita de los periódicos, que esa vía de comunicación, y sobre todo en tiempo de aguas, es casi impracticable.

Que los hombres honrados nos contesten con la mano en la conciencia ¿es esto proteger y establecer el monopolio, o no?

El comercio queda como los pasajeros, a la orden de la compañía inglesa, y ésta puede imponer ahora, a su sabor, las condiciones que le parezcan mejores; porque el gobierno la ha puesto en esa envidiable situación, y puede tratar con el país de potencia a potencia.

El ejecutivo ha formado una liga, en este negocio, con algunos gobernadores que escriben a los diputados comprometiéndolos a votar en pro del contrato, el pueblo lo sabe, pero espera confiado en la energía de sus representantes.

Muchos de estos tienen compromisos, pero ¿qué vale ningún compromiso ante el bien y la dignidad del país y ante la voluntad del pueblo?

Hay compromisos con el señor presidente actual: pues bien, este gobierno y esta situación son pasajeras; pero el pueblo es permanente; pasará la administración del señor Lerdo y de sus hombres, como la nube que se pierde en el espacio, y entonces esos que por un compromiso votan contra la dignidad nacional, querrán en vano arrojar lejos de sí ese remordimiento, que, como la túnica de Deyanira, les hará sufrir todos los tormentos de un fuego inextinguible.

Las situaciones políticas pasan; los hechos de cada uno van siempre escritos en su historia.

El Radical, t. 1, núm. 29, diciembre 6 de 1873, México, pp. 1-2.

LOS GRANDES PERJUICIOS

Todos los pueblos, como todos los hombres, tienen innata la tendencia al progreso, el anhelo por la perfección, el ahínco por lo que se llama felicidad, y el amor al bien y a lo bueno; cada pueblo lo mismo que cada hombre, busca siempre el camino de la verdad para obtener todos esos fines que se propone, y de aquí necesariamente esa gran diversidad de carreras y profesiones entre los hombres, y de partidos políticos entre los pueblos. Cada hombre cree llegar al término de su carrera por el medio que ha escogido, lo mismo que cada partido político cree que el programa, por él proclamado, es el verdadero medio para hacer la felicidad de una nación.

Nosotros, como ciudadanos de un pueblo libre y civilizado, profesamos las doctrinas y el credo político de un partido, como demócratas y radicales: la felicidad del pueblo y el progreso del país, están para nosotros cifrados en el cumplimiento religioso del código republicano, que la nación se ha dado para reglamentar el uso que deben hacer del poder sus representantes.

Vemos también ese porvenir en el respeto absoluto a las garantías y libertades consignadas en ese mismo código y en el acatamiento de la opinión pública, que siendo nada menos que la voluntad de la gran mayoría debe tenerse como una ley soberana; supuesto que aun cuando contraria a ley existente, el pueblo de hoy, para avanzar, puede romper las trabas que pusiera el pueblo de ayer.

Profesamos nosotros estas doctrinas, somos partidarios de estas ideas, seguimos como bandera este programa, y por eso hemos procurado y procuraremos combatir por él y defenderle o hacerle triunfar.

Pero los enemigos de estas doctrinas pueden perfectamente dividirse en dos grupos, distintos en el carácter y forma del ataque, aunque semejante en el objeto que consiguen. Los unos son los que teniendo un credo político contrario, atacan a la democracia, a la libertad y a la Constitución de frente o por medio de intrigas, con cuantas armas están a su alcance y por cuantos medios les sugiere su imaginación; pero siempre con el carácter de enemigos, mezclándose algunas veces con nosotros, por ardid de guerra; pero sin apostar, sin transigir más que en las apariencias; y siguiendo siempre el sistema de hostilidades y de combate.

Estos enemigos son sin duda los más terribles, pero en el fondo los menos perjudiciales, porque el combate de una fe con otra, de un símbolo con otro, y de una con otra doctrina, producen siempre una luz que ilumina a la humanidad; como el pedernal que choca con el acero, hace brotar siempre una chispa.

El otro grupo de enemigos de la democracia, se compone de los que se llaman sus amigos y sus partidarios; pero que ni tienen fe en sus principios, ni toman la bandera de ese partido sino como un medio de satisfacer personales ambiciones; ni ven en el triunfo otra cosa que el reprobable materialismo de sus particulares intereses.

Este grupo, estos enemigos son los que verdaderamente minan por su base al Partido Liberal, éstos son los que causan los grandes y verdaderos perjuicios; y éstos, en fin, son los más peligrosos escollos que encuentran los pueblos en su marcha al progreso, a la libertad.

Más temibles son para la libertad aquellos que en su nombre abusan del poder, burlan al pueblo, y ejercen el despotismo, que todos los que por cualquiera otra manera pretenden atacarla, porque éstos es verdad que la combaten, pero en cambio lo más que pueden hacer con sus persecuciones son mártires que robustecen la fe de los demás partidarios, al paso que los falsos amigos, los que oprimen a una nación en nombre de esa libertad, hacen a los apóstatas en política, pierden las creencias, desvirtúan las instituciones, y acaban con la fe de los partidarios, que no tienen el alma templada de cierta manera para caer en la apostasía.

Cuando el partido democrático domina en una nación como México, y tiene un código fundamental que señala la órbita dentro de la cual debe girar su gobierno; si este gobierno atropella ese código; si convierte en una burla el sufragio popular, si hace las elecciones a su antojo, y convierte la división de poderes, base de la libertad de un pueblo, en un principio del código sin aplicación en la práctica y letra muerta para la nación; entonces el pueblo comprende que se le engalla, echa toda la culpa al sistema de gobierno y no a los hombres que se han apoderado de él, y pierde completamente la fe en las doctrinas democráticas, de las cuales juzga que son, si no falsas, al menos inaplicables en la práctica.

Entonces los hombres, que son siempre y por naturaleza, afectos a buscar remedios extremos, buscan el antagonismo de la democracia para encontrar en él el remedio a su mal; y caen necesariamente en manos del partido contrario, y éste, que antes estaba débil e impotente, de un momento a otro crece, se robustece, se organiza y se levanta fiero y amenazador.

Y ¿quién le dio fuerza?, ¿quién le volvió a la vida?

Los que hayan estudiado las cosas y los hombres de México durante los últimos cinco años, podrán darse a sí mismos la respuesta.

¿Qué era el Partido Liberal a la caída del imperio, y qué es ahora?

¿Qué era el partido reaccionario entonces, y qué es hoy?

Cinco años, y la política del señor Lerdo en el ministerio y en la presidencia, han sido suficientes para levantar un partido, para formarle casi nuevo cuando todo el mundo creía que por muchos años estaría como muerto.

El gobierno le ha dicho al partido reaccionario como Jesús dijo al paralítico: «Levántate y anda.» Y ese partido no dejó de oír esa voz, como tampoco podrá negarnos que ha sacado fuerza de la política de nuestros gobernantes, y vida del poco respeto que éstos han tenido a la ley y a la opinión pública.

El Radical, t. 1, núm. 32, diciembre 10 de 1873, México, p. 1.

LA LEY Y LA ESPADA

Para que un pueblo esté constituido, no basta que ese pueblo tenga un código fundamental, que él mismo se haya dado por medio de sus legítimos representantes: no basta que en ese código estén consignados los derechos del pueblo, y los de los ciudadanos, las garantías políticas que dan estabilidad a un gobierno, procurándole el concurso activo de toda la sociedad, y alejando hasta el menor peligro de tiranía o despotismo; no basta, en fin, que una nación haya dado su consentimiento para establecer como ley suprema esa Constitución; ni aún más, que haya luchado por ella hasta verla triunfante.

Es preciso, necesario, indispensable, para que un pueblo teniendo una Constitución esté verdaderamente constituido, que comprenda esa Constitución; que tenga fe en que ella basta para hacerle feliz: que ame los principios que forman su base; que estime en todo su valor las consecuencias que de esos principios lógicamente se deducen; que sea celoso de los derechos que en ella hizo grabar; y que tenga la energía y el valor necesarios para no permitir que se convierta ese código en una ley que nadie cumple, y en una especie de logogrifo que los poderosos pueden, a su gusto, interpretar de la manera que mejor les convenga.

¿Qué viene a ser la Constitución de un pueblo, si este pueblo no es capaz de hacerla observar estrictamente? Un libro más en la inmensa muchedumbre de libros escritos con motivo del derecho constitucional, un compendio, un epítome de doctrinas del que todos hablarán y sobre el cual todos discutirán; pero que en el terreno de la práctica y de la administración valdrá tanto como una de esas ampulosas sentencias que lanza desde lo alto de su experiencia un viejo político de café.

Una Constitución que está sujeta a que el gobierno de un país la observe o no, sin temer las consecuencias de una transgresión por escandalosa que ella sea, equivale a una de tantas obras que en el mundo se han publicado, para dar a los gobernantes consejos que ellos ni piden, ni quieren, ni se tomarán el trabajo de seguir.

La suprema ley de un pueblo necesita una sanción suprema también; no la que da un gobierno, ni la que tienen todas las leyes, dada por el poder público, y expresada por medio de una fórmula más o menos enérgicamente redactada: no, sino la sanción del pueblo mismo, manifiesta en su voluntad, inquebrantable, de guardar aquella Constitución, y hacerla guardar a sus gobernantes de grado o por fuerza; porque el pueblo no protesta guardar esa Constitución, sino que a él como soberano es a quien le prometen sus representantes en toda la esfera administrativa respetar y obedecer la ley suprema que no es más que la voluntad del pueblo.

Es necesario que el pueblo se convenza de que la Constitución es el conjunto, la reunión de condiciones y de bases bajo las cuales solamente el gobierno puede gobernar, y fuera de las cuales es criminal, deja de ser gobierno, y debe ser desconocido y derrocado; sin que baste decir que es gobierno legal porque fue legalmente electo; éste es un sofisma, y un fantasma con que siempre ha pretendido engañarse a los pueblos: el gobierno de un país puede haber sido electo legalmente, pero cuando falta a la ley fundamental, falta a la condición expresa que tenía para poder gobernar y pierde sus títulos.

Pero el pueblo como soberano, para serlo realmente, debe tener voluntad soberana, y claro está que sin esa voluntad, sin ese quiero o no quiero, resuelto e inflexible, el pueblo no será soberano sino en las proclamas de los pronunciamientos, en los discursos parlamentarios o en las oraciones cívicas de las fiestas nacionales.

Sin la decisión y la energía de un pueblo para hacer cumplir su código fundamental, este código es inútil, valía más no tenerlo; no bastaría a un hombre que supiese que le iban a robar y asesinar, escribir en grandes caracteres a la puerta de su casa: «El robo y el asesinato están prohibidos por la ley.» Los asesinos no se detendrían por esto; y sí volverían atrás, si encontrasen a aquel hombre armado y rodeado de fieles servidores armados y dispuestos a hacer una desesperada resistencia; pueblo que no tiene en una mano la ley y en otra la espada para hacerla respetar, no será nunca un pueblo libre y constituido, y la gran prueba de que así lo comprendieron los constituyentes, es que previnieron que todos los ciudadanos tenían derecho y obligación de ser guardias nacionales; es decir, quisieron que el pueblo para hacerse respetar y respetar la Constitución, estuviese armado.

Tan luego como un gobierno se sale de la ley, se convierte en tirano y sedicioso, rompe sus títulos a la obediencia, y el pueblo puede y debe castigarle, y esta no es una doctrina nueva, ni exclusiva del partido democrático y radical; Sieyes lo dijo poco antes de la revolución francesa, lo mismo que muchos siglos antes lo había dicho Santo Tomás.

«El tirano es el sedicioso» exclama con energía este último, y todos los casuistas teólogos de la Edad Media, y todos los hombres de la revolución francesa, y todos los demócratas y todos los constitucionalistas sin distinción de opiniones en este caso, dicen que los títulos del derecho al mando quedan rotos, y eso no sólo de los gobernantes que violan una ley que el pueblo da, sino aun de aquellos que como Juan sin Tierra, faltan a las cartas que ellos mismos y como una gracia al pueblo, han promulgado.

¿Pero todo esto, qué prueba?, que la Constitución de un país es letra muerta sin la sanción, sin la fuerza del pueblo, y que es inútil toda ley fundamental en donde ese pueblo no tiene la energía ni el valor para hacerla cumplir.

Sin la garantía de la fuerza, las promesas y los principios de un código, por sabio que haya sido el legislador, nada valen; la verdadera, la única Constitución de un pueblo, consiste en que éste sepa decir sí o no a lo que se exija de él, y sepa también hacer cumplir su voluntad; fuera de ahí todo es engaño e ilusión, fuera de ahí ni hay pueblo, ni libertad, ni instituciones demócratas.

El Radical, t. 1, núm. 33, diciembre 11 de 1873, México, p. 1.

LA GUARDIA NACIONAL

Como gran promesa de la revolución liberal que derrocó el poder de Santa Anna; como garantía de las instituciones, como obligaciones del ciudadano, y como una esperanza de paz y estabilidad del gobierno republicano, democrático, quedó consignado en nuestro código fundamental el establecimiento de la Guardia Nacional.

Una nación en la cual esta institución está vigente y reglamentada, en que el pueblo armado tiene fuerza y poder para hacer respetar las leyes, es una nación verdaderamente libre y es un pueblo verdaderamente republicano.

Los gobiernos abusan de las facultades que una Constitución les da; se extralimitan en la órbita de sus atribuciones; llegan al despotismo, a la dictadura y a la tiranía, porque cuentan con la fuerza, porque la fuerza les da la impunidad, y la impunidad el acceso a todo, el poder a todo, y desde un simple bando de policía hasta un golpe de Estado, todo está en su mano y a su alcance.

¿Qué le importan las leyes a un gobernante, cuando no hay quien le obligue a cumplir con ellas? Y ¿quién puede obligarle cuando no tiene delante de sí más que un pueblo inerme, que aun cuando quisiera no podría resistir a los ejércitos armados y disciplinados del gobierno?

Las repúblicas sólo lo son de nombre, si el pueblo no tiene poder para contener al gobernante dentro de los límites que la ley señala; fuera de ahí, no hay república ni cosa semejante; pero los ciudadanos no tendrán más garantías que las que el gobierno tenga a bien concederle, porque el gobierno en ese caso si es constitucional de nombre y de derecho, en el hecho y en el poder es absoluto; nada le impide ensanchar sus atribuciones y cuanto derecho gocen los pueblos y los ciudadanos será como en las cartas de los antiguos monarcas, efecto de la real magnanimidad, y no resultado de la naturaleza misma del hombre y del ciudadano, y consecuencia segura y lógica del pacto fundamental del país.

Y no hay que hacerse ilusiones, ni querer engañar a la república y al mundo; nosotros los mexicanos estamos precisamente en este caso. Si algunos derechos gozamos, si algunas garantías disfrutamos y si nos queda aún alguna libertad como la de la imprenta, lo debemos única y exclusivamente o a la generosidad del presidente que no ha querido disponer otra cosa, o al alto desdén con que mira todo eso; sí, porque de lo contrario, su voluntad y una circular, una carta o un recado, hubieran sido suficientes para borrar de la Constitución un nuevo artículo.

En verdad que aún tenemos mucho que agradecer del gobierno que nos deja algo que podía quitarnos si quisiera. Y no se diga que esto es una paradoja ni una exageración; cuantos derechos se han querido quitar al pueblo se han quitado, sin que él haya podido hacer otra cosa que quejarse en silencio, obedeciendo y necesitando muchas veces mostrar un júbilo oficial por un ultraje a sus instituciones.

El derecho de elegir libremente a los gobernantes, forma la base del sistema democrático; es el más santo de los derechos, y tan indispensable que sin su libre ejercicio no se puede concebir la democracia, porque sería tanto como comprender la verdad simultáneamente de dos proposiciones contradictorias.

No es, pues, posible, suponer que haya una república democrática en donde el gobierno arrebate este derecho al pueblo; pues bien, ¿qué otra cosa ha pasado y pasa cada día en México? Los diputados, los magistrados, los regidores, aun los electores secundarios son aquellos que el gobierno dispone que sean, sin que valgan la opinión pública ni el esfuerzo de hombres independientes, ni las expresas disposiciones de la ley.

El gobierno hace todas las elecciones a su arbitrio: hombres hay que ayer apenas en la capital era conocidos, y hoy aparecen con una popularidad que asombra, representando a distritos cuyos nombres hubieran sido para ellos ayer, una palabra sin sentido; las listas de candidatos publicadas por el periódico semioficial triunfan con una exactitud matemática, y la entrada a la Cámara se consigue en el gabinete de trabajo del presidente.

El pueblo no es en esto más que el que sufre todos los caprichos regios, y lo mismo ahora de un desconocido se hace un personaje en pocos días, como en los tiempos de doña María Ana de Austria en España, que de un criado del duque del Infantado se hacía un primer ministro y árbitro de los extensos dominios de Felipe IV.

El derecho de libertad electoral, el supremo derecho en las repúblicas, el derecho, origen de todos los demás en la democracia, ha desaparecido, arrebatándolo el gobierno a los pueblos; y éstos, ¿qué han hecho? nada, ¿qué pueden hacer? Nada.

¿Qué ha sido de la independencia y soberanía de los estados, base única de la federación, y objeto del pacto federal? También es ya un recuerdo nada más, un hermoso principio que no se observa. Los gobernadores tienen que obedecer ciegamente al centro, o que sostener una lucha cuyo éxito promete ser siempre fatal para el individuo y para el estado.

Perdidas esas soberanía y esa independencia ¿qué queda de todos los derechos de la entidad federal? los estados son provincias, colonias sin autonomía y sin ser político.

¿Qué han hecho los estados cuando han visto desaparecer su soberanía? Nada. ¿Qué pueden hacer? Nada.

Perdidas una vez tan completamente las bases de la soberanía del pueblo y de los estados; perdidos los derechos de los ciudadanos y de los pueblos, perdida la esencia de la democracia y de la federación, los poderes resultan formados por las personas que el ejecutivo señala, y cualquier estado está expuesto a seguir la suerte de Yucatán, y todos ellos casi en la misma situación que el Distrito Federal.

Y si esto lo ha podido hacer el gobierno sin obstáculo y sin responsabilidad; si tocando y ultrajando el sancta sanctorum de la democracia y de la federación, los pueblos han callado y obedecido; si cambiando con esto la forma y no la apariencia del gobierno, la nación no ha hecho ni el menor esfuerzo para impedirlo, ¿por qué no hemos de decir con verdad y franqueza que las demás garantías de que gozamos, las debemos únicamente a la magnanimidad del gobierno que nos rige?

Sentados tan terribles precedentes, el ejecutivo puede emprenderlo todo, osarlo todo, atreverse a todo; cualquiera cosa que hoy haga o pueda hacer, no es tan importante, tan grave y tan trascendental como lo que ha hecho hasta hoy: si disolviera el Congreso, que él mismo ha electo, daría un golpe a la Constitución, al paso que al elegirle dio un golpe a la democracia y a la soberanía del pueblo, que sin duda son más que la Constitución misma; supuesto que es libre para variar la Constitución, y ésta nada puede contra la soberanía del pueblo.

Necesario es confesarlo: nuestro sistema de gobierno hoy es tan absoluto como una monarquía, y si éste no se hace tiránico, es porque el presidente no quiere; porque de tal manera están las cosas, que un batallón cambia el modo de ser de un estado, y una compañía decide una elección en un distrito. Sería preciso estar ciego para no ver todo esto.

¿Y cuál es la causa? La causa está en que el pueblo vive inerme, en que la fuerza no está en manos de la nación sino del ejecutivo; en que la guardia nacional, que es la garantía de la democracia y de la federación, no existe sino en uno que otro estado, y la ley reglamentaria que debía organizaría no aparece, y el gobierno de la Unión procura por cuantos medios están a su alcance, que el pueblo no tenga ni armas ni organización.

Los estados más independientes son ahora aquellos que tienen guardia nacional; los otros no son más que provincias expuestas a los caprichos del centro.

Levántese la Guardia Nacional, tengan los pueblos la fuerza al lado de su derecho, ármese la nación para hacer respetar sus leyes, y acabará el centralismo, y las elecciones serán una verdad y la Constitución no seguirá siendo el juguete del poder, y México llegará a ser república representativa, popular, federal.

El Radical, t. 1, núm. 34, diciembre 12 de 1873, México, p. 1.

EL EJECUTIVO DE LA UNIÓN Y EL ESTADO DE MÉXICO

No una, sino muchas veces en nuestro periódico hemos denunciado a la nación los abusos del ejecutivo, y como uno de los más grandes, hemos llamado la atención pública sobre esa práctica verdaderamente escandalosa, anticonstitucional y antidemocrática de intervenir en las elecciones.

Hemos dicho también otras veces que el centro, sin contenerse dentro de los límites que le señala el pacto fundamental, invade a cada paso a los estados, convirtiendo a sus gobernadores en prefectos sujetos enteramente a la Unión, atacando sin consideración de ninguna especie la autonomía e independencia de las entidades federativas.

La soberanía de los estados no existe ya, y las elecciones populares y la libertad del sufragio no son más que una sombra bajo la cual quiere colocarse el gobierno de la Unión, para escapar de la indignación popular y de la nota de despotismo que la nación pone en su historia.

En estos momentos el ejecutivo comete uno de esos actos de tiranía; en estos momentos la independencia de un estado y la libertad del sufragio, sostienen uno de los más rudos ataques; y en estos momentos una de las entidades que forman la república federal, está a punto de ser víctima del poco respeto que el gobierno de la Unión tiene a la soberanía de los estados y a la libertad de la elección.

En cambio, los pueblos y los ciudadanos, saliendo del marasmo y del indiferentismo político, dan muestras de energía, de dignidad, de valor civil y de conocimiento pleno y de amor a los santos derechos consignados en la Constitución de 1857.

Se trata de las elecciones de diputados para la Legislatura del Estado de México, que se verifican en estos días, y conforme a la ley de convocatoria que ese estado, como entidad federativa, independiente, libre y soberana, ha expedido para la renovación periódica de sus poderes y con arreglo a su Constitución particular.

El ejecutivo de la Unión, que todo lo invade, que no conocer más límite que su voluntad, y para quien nada significa ni la libertad del sufragio, ni la autonomía de los estados, no contento con haber influido tan directa y decisivamente en las elecciones generales para magistrados de la Suprema Corte, y para diputados al Congreso general, quiere que los diputados de las legislaturas de los estados, también sean electos por los pueblos en la apariencia, pero en el fondo y en verdad, por el presidente de la república y por sus amigos particulares.

El artículo 103 de la Constitución señala como un delito contra la Constitución el ataque del presidente a la libertad electoral; y si lo que vamos a decir se toma como una acusación, nosotros aceptamos la responsabilidad; y sólo sentiremos que no haya un diputado que la haga llevar ante el gran jurado nacional. Bien sabemos que esto no produciría más resultado que un veredicto absolutorio, porque nada pueden la ley y la justicia contra el poder, pero en todo caso quedaríamos tranquilos y orgullosos, porque probaríamos a la nación y a la posteridad, que si había un gobierno que pasaba sobre la Constitución y sobre los derechos de un estado, y un tribunal que absolviese esta infracción, no faltaba un ciudadano que aunque desvalido y solo, levantaba su voz en pro de la justicia y de la razón.

Tropas del gobierno federal llegan a Tlalnepantla en los días de las elecciones para diputados a la Legislatura del Estado de México; y llegan pretendiendo tener derecho a votar como vecinos del estado, cuando no lo son, ni lo pueden ser conforme al derecho constitucional y a la Constitución de ese estado: y llevan como estandarte una candidatura del señor presidente de la república, y la proclaman, y ofrecen hacerla triunfar y el nombre del señor Lerdo figura en todo esto, y personas allegadas a este señor escriben para el distrito, diciendo que el señor presidente quiere que tales o cuales personas sean electas. ¿Es esto atacar la libertad de la elección? y ¿este ataque a la elección, es ataque también a la independencia y soberanía del estado? Evidentemente que sí.

Los vecinos del distrito, y los presidentes de las casillas electorales, casi unánimemente se han resistido, dando con esto una gran muestra de energía, y hasta estos momentos nada consigue el gobierno general; y nos alienta la esperanza de que los pueblos, conociendo ya sus derechos, no permitirán que por más tiempo sea una ridícula farsa el acto más solemne de la democracia, el único acto en que verdaderamente los ciudadanos toman parte en la formación de su gobierno.

El ejecutivo no puede ni debe mezclarse absolutamente en las elecciones, porque ataca la libertad; pero cuando estas elecciones son las locales de un estado, entonces el ataque es también a la soberanía e independencia de ese estado; de manera que en el negocio de las elecciones del Estado de México, hay en la conducta del gobierno, o mejor dicho, del ejecutivo, un delito contra la democracia y contra la federación.

No sabemos qué hará en este caso el gobernador don Alberto García, que tiene ya conocimiento de lo que acontece en un distrito electoral de su estado, pero estamos seguros de que sabrá comprender la altura a que debe colocarse para mantener incólumes la autonomía, la independencia, la libertad y la soberanía del estado que le ha confiado sus destinos; sin detenerse en peligros ni en sacrificios, tanto más cuanto que ese gobernador pertenece por antecedentes al Partido Liberal y constitucional, y como gobernante y como demócrata ha jurado guardar y hacer guardar no sólo la Constitución de la república, sino la del Estado de México.

La diputación permanente de ese estado, creemos también, que hará algo en favor de los pueblos que la honraron con sus votos, porque debe comprender que momentos y circunstancias son éstas, en que los hijos de un estado y los verdaderos liberales deben olvidar sus rencillas y divisiones locales, para no atender unidos, más que a la salvación del principio democrático en la libertad de elección, y al principio federal.

Los pueblos no quieren ya ser por más tiempo juguete de esas intrigas, ni obedecer ciegamente una consigna del ejecutivo, en negocio para ellos tan vital, y en el que las leyes les aseguran la más amplia y completa libertad. Bastante saben por triste experiencia que esos diputados electos por orden del gobierno y sin la voluntad del pueblo, cuidan poco de la libertad de los pueblos, y no llevan a los congresos más misión que secundar en todos los casos las miras y los caprichos del ejecutivo a quien deben su elección, y de quien esperan su reelección en la primera oportunidad que para ello se presente.

Jalisco, ese estado heroico en estos días en que es una virtud poco común la independencia de opiniones, ha sabido guardar su actitud digna e imponente, y ha hecho triunfar la Constitución; Yucatán, ese estado que ha ceñido en las luchas de partido la corona del martirio desde hace más de tres años, ha obligado al ejecutivo a tenerle atado a su voluntad con una cadena de bayonetas, pero aún alienta el fuego de la dignidad; y ahora el Estado de México comienza esa lucha del derecho contra la fuerza, de la justicia contra el abuso, de la ley contra el capricho de los gobernantes.

Nobleza obliga: cuando hemos levantado nuestra voz en favor del estado de Jalisco cuya soberanía se ultrajaba; cuando hemos protestado en favor del de Yucatán, a quien se ha hecho sufrir la pena del colono conquistado, en medio de una república liberal, hablamos como demócratas, como constitucionalistas, y en uso del derecho que nos dan nuestras convicciones políticas: pero hoy que se trata del Estado de México, de su soberanía y de la libertad de sus hijos en las elecciones locales, mayor es nuestra obligación, más perfecto nuestro derecho e ineludible la orden que para ello nos da nuestra propia conciencia.

El Estado de México nos ha dado siempre marcadas muestras de distinción y de cariño, nos ha declarado desde enero de 1868 su hijo benemérito, y nuestro retrato ha sido colocado por decreto especial de la Legislatura en el salón del gobierno; y distinciones como éstas, quien las recibe no debe perdonar ni el sacrificio de la vida para corresponderías.

Bien pueden callar el gobernador y la Legislatura, permitiendo que impunemente se injiera el gobierno general en las elecciones locales de los distritos del Estado de México, vulnerando así la independencia y soberanía del estado y la libertad de sus hijos; bien puede traer la protesta una tempestad sobre nuestra cabeza, nosotros no callaremos, y si un solo defensor queda de la soberanía de ese estado y de la libertad de esos ciudadanos, seremos nosotros.

Todos los buenos hijos del Estado de México deben imitar la buena conducta de los liberales de Tlalnepantla, porque todos ellos deben ver un amago a su libertad en lo que pasa en ese distrito, y todos los estados deben sostener la causa del de México, porque en él están amenazadas todas las soberanías y todas las libertades.

No hay libertad, ni ley, ni república, ni democracia posibles en el mundo, cuando cada pueblo y cada ciudadano no consideran como hecha a sí mismos, la injusticia que se comete con cualquiera de los pueblos o de los ciudadanos, hermanos suyos.

Esperamos que el ejecutivo vuelva sobre sus pasos; que retire sus fuerzas de los distritos electorales del Estado de México; que les prohiba absolutamente intervenir en sus elecciones, y si no es así, esperamos del gobernador, de la Legislatura y de los pueblos de ese estado, que sabrán a qué les obliga el título de gobernantes y de ciudadanos de un estado soberano. Si una u otra esperanza salen frustradas, si ni el gobierno acata la Constitución; si los pueblos no comprenden sus derechos, nuestra conciencia quedará tranquila, porque hemos dado el grito de alarma: que hubiera tenido eco, no estaba en nuestras facultades, pero no desmayaremos, y al mirar tanta ilegalidad, diremos como los dominicos: «nos autem predicamus».

El Radical, t. 1, núm. 36, diciembre 16 de 1873, México, pp. 1-2.

UN SÍNTOMA TERRIBLE

Los pueblos, como los hombres, sufren algunas veces enfermedades más o menos graves, y que llegan, si no se suministra en tiempo oportuno un remedio eficaz y enérgico, hasta comprometer la vida o el modo de ser político de toda una sociedad.

El espíritu de los pueblos siente también algunas ocasiones, esa tristeza, esa melancolía, ese indiferentismo que se apodera del alma del hombre cuando ha visto burladas sus ilusiones, y cuando pierde la fe por todo aquello que había constituido el objeto de su veneración.

Entonces el pueblo, como el hombre, miran con profundo menosprecio cuanto les rodea; el porvenir no les preocupa, el recuerdo del pasado es una herida que procuran no tocar, porque siempre está sangrante y dolorosa, y ven sólo el presente como un paso en la vida sin antecedentes ni consecuencias; no puede decirse que viven sino que vegetan; la ley del progreso ha perdido para ellos su prestigio, y gracias si aún conservan enérgico el sentimiento de la propia conservación.

De semejante estado no hay más que un paso, en el hombre para el suicidio, y en el pueblo para la esclavitud.

Pero esta enfermedad, terrible y espantosa, tiene sus síntomas, y tan seguros, tan inequívocos, que el filósofo y el hombre pensador no pueden menos de dar su diagnóstico, sin vacilar ni un momento.

Pocos días, muy pocos faltan en la capital de la República Mexicana, en el centro más importante de población del país, en el asiento de los poderes de la Unión, para procederse a la elección de Ayuntamiento, es decir, del cuerpo que representa los intereses de la ciudad; que tiene bajo su responsabilidad la salud y el bienestar de más de 200 000 habitantes, y que en el sistema constitucional es el eslabón del pueblo con los gobernantes, la garantía del sufragio y el defensor nato de las libertades democráticas del pueblo.

¿Y qué hemos podido observar ahora, que elecciones tan importantes se acercan?

Tristeza, y tristeza profunda nos causa decirlo.

Hemos visto que las elecciones primarias han pasado casi sin que nadie, del pueblo, se aperciba de ello; los periódicos apenas y como por casualidad, y como hablando de una cosa de muy poca importancia, han hecho mención de que se han verificado esas elecciones; las casillas electorales desiertas, no sólo no han ofrecido un indicio de lucha, pero aun en muchas no se han podido instalar las mesas a la hora designada por la ley; en otras los empadronadores o los encargados de presidir la instalación, han tenido necesidad de enviar a las casas en busca de las boletas de elección, que los ciudadanos no habían querido remitir; y nadie se ocupó de que debía estarse ejerciendo por el pueblo acto tan solemne de soberanía, y en verdad porque a pesar de todo, el pueblo no quería ejercer ese acto de soberanía.

En otro tiempo el día de las elecciones primarias del Ayuntamiento, era un día de agitación en la ciudad, la lucha se empeñaba por los partidos que se disputaban el triunfo, desde muy temprano el día designado por la ley; cada casilla costaba un combate a los que alcanzaban a ganar la mesa, cada elector significaba la preponderancia de un partido en una manzana, y era un elemento que ese partido enviaba para luchar en las elecciones secundarias.

Luego, las listas de los candidatos circulaban por todas partes, se fijaban en todas las esquinas, y en todos los lugares capaces de recibir un anuncio; se tapizaban con ellas los postes que rodean los atrios de las iglesias, y se insertaban en los periódicos, y en papeles de diversos colores se repartían hasta en los teatros y en los paseos. A fe que no se necesita ser muy viejos para haber presenciado estas cosas. El día de la elección secundaria se acercaba y se multiplicaban las juntas, y las manifestaciones, y los trabajos, y el periódico parecía poco para tanta agitación, y se ocurría al folleto y a la hoja que se fijaba en las esquinas y se repartía con profusión.

¿Y hoy? Cuatro días faltan apenas para la elección secundaria, menos de una semana para nombrar el Ayuntamiento que debe funcionar en el año de 1874 y nadie se ocupa de estas elecciones, y ni una lista vergonzante y anónima, o franca y leal aparece siquiera, indicando que hay un partido, un círculo, una persona en México, que se permita el lujo de ocuparse de una cosa tan interesante para toda la ciudad.

Nada, absolutamente nada; la frialdad más terrible, el indiferentismo más espantoso, el más completo desdén, como si se tratara… no encontramos ciertamente un punto de comparación, porque todavía por la elección de un gobierno en un país remoto, habría al menos, si no interés, sí mayor curiosidad.

Y éste es precisamente el resultado de la falta de fe en el pueblo, y esta falta de fe es el desprestigio de las instituciones democráticas, y el síntoma terrible y alarmante de la enfermedad que amenaza acabar con nuestro modo de ser político.

El pueblo ha llegado a convencerse de que las elecciones no son ahora más que una farsa; ha llegado a convencerse de que se le convoca a elecciones para cumplir con una fórmula democrática; pero que el voto nada, absolutamente nada supone; ha llegado a convencerse de que el presidente o el gobernador del distrito forman con anticipación, muchas veces de días, y muchas sólo de horas, porque para ellos es igual, las listas de los que deben salir electos y sin consultar la voluntad del pueblo, aquellas listas triunfan, si es que puede existir triunfo en donde no hay combate.

Todo esto lo conocen y lo saben los ciudadanos, y por esto han perdido la fe en la institución, y por eso no ocurren a depositar su voto en el ánfora electoral, ni se toman el trabajo de ocuparse de elecciones; todos y cada uno saben que nada y en nada, han de influir, que las elecciones no se hacen en el lugar y día señalados por la ley, sino en el gabinete del presidente, y que han de resultar electos los que el gobierno disponga.

Todos y cada uno de los ciudadanos saben que es ya hasta ridículo pretender luchar por un candidato que no sea el que da el gobierno, y que es tiempo perdido suponer siquiera que las elecciones las hace el pueblo.

El pueblo no tiene ya fe porque se le engaña a cada momento, y por eso ya no se preocupa absolutamente con las elecciones.

¡Ojalá fuera posible formar la cuenta exacta de todos los ciudadanos que en estas elecciones han concurrido a votar, y de los que han dejado de hacerlo! El gobierno mismo se avergonzaría del estado de indiferentismo y de falta de fe, a que ha hecho llegar a esta desgraciada sociedad.

Respondan a nuestra voz, sean nuestros jueces en esto que decimos, no sólo los hombres de nuestras ideas, sino todos los que viven en México; abogados o artesanos, literatos o militares, comerciantes o agricultores, a todos apelamos sin distinción, y contesten en nuestro nombre, ¿es verdad que el gobierno es el que ha hecho perder la fe al pueblo, y el que ha hecho de las elecciones un juego indigno de los hombres independientes?

¡Qué pocos habrán tomado la boleta que les envió el empadronador! sin decir, al menos interiormente «esto no vale nada, al fin han de salir electos los que diga el gobierno».

¡Qué poco!, ¡qué pocos habrán tenido la ilusión de que su voto va a tener alguna influencia en la elección!

El síntoma no puede ser más triste ni más alarmante: un pueblo republicano que mira con tan profundo desprecio el acto solemne de las elecciones, es un pueblo que está realmente enfermo.

¿Puede decirse que vive en la democracia un pueblo que no tiene fe en el sufragio público para el nombramiento de sus autoridades?

O nosotros hemos perdido el juicio, o hay mucho que temer en nuestra patria, cuando así se manifiesta el indiferentismo político en el pueblo y esto no llama fuertemente la atención de los hombres patriotas y pensadores.

En cuanto al gobierno, puede estar orgulloso de su obra: no tiene ya que luchar mucho para hacer elegir a los que quiera favorecer con ese voto; la cuestión de los nombres sólo preocupará al pequeño círculo que arregle con el señor Lerdo la lista de los regidores, la ciudad la espera como una verdadera sorpresa, ¿qué derecho tiene ella de saber quién ha de gobernarla?, los puestos públicos son el premio de la buena amistad, y México, que lo sabe bien, tiene ya como dato seguro que deben ser los electos buenos amigos del señor presidente, y esto es bastante. «El Estado soy yo», el espíritu de Luis XVI debe sonreír con satisfacción, su escuela no ha muerto.

El Radical, t. 1, núm. 37, diciembre 17 de 1873, México, p. 1.

LA VIDA DEL GOBIERNO

Un año hace que el señor Lerdo ocupa la primera magistratura del país y que se sostiene sólo por las ilusiones que los mexicanos se forman a cada momento sobre un cambio de situación política, ilusiones que se desvanecen a cada momento también, porque el presidente de la república no da ni el menor indicio de entrar en una nueva vía.

El pueblo aún tiene esperanzas; aún cree que hay algún acontecimiento capaz de operar esa transformación tan apetecida y tan necesaria; aún piensa que algún plan secreto se revelará repentinamente al público dando como por encanto energía a la administración y vida a esta sociedad que agoniza, y aún supone que pueda haber un negocio que por su gravedad o por las ascendencias que tenga, saque al gobierno del marasmo, y le despierte y le comunique la actividad que todos echan de menos y por la que todos ansían.

Por eso desde que el señor Lerdo tomó posesión de su alta magistratura, la nación toda y el Partido Liberal más particularmente, han ido pasando de esperanza en desengaño hasta llegar al indiferentismo y a la completa falta de fe. Primero se miró como principio de un nueva era la declaración hecha por el Congreso respecto a la elección del señor Lerdo; después el principio del año 73; luego el nuevo Congreso, y aún hay hombres en quienes la esperanza se sostiene con obstinación, que aguardan algo del desenlace de la cuestión de tarifas.

Inútiles afanes; visto está que el señor Lerdo caminará en lo sucesivo como hasta aquí, y que si algo se varía en la actual administración, será cuando más el motivo por el que se dan algunos convites, algunos bailes o algunas de esas fiestas que tan pomposamente se bautizan con nombres sagrados como «de la paz», «del trabajo», «de la libertad», sin comprender que esto equivale tanto como a un niño raquítico y enfermizo llamarle Alcides, a un pequeño idiota ponerle Sócrates, o bautizar con el nombre de Napoleón a otro cuyos instintos guerreros están muy lejos de hacerle digno de llevar el nombre del capitán del siglo.

Seguirán haciéndose en palacio las elecciones, y llamándose al pueblo a que diga el nombre que el gobierno le mande, y seguirá la democracia siendo un bonito pretexto para que el presidente haga cuanto crea mejor y más conveniente; y la administración pública dormirá, y una vez pasado ya el negocio de las tarifas, será necesario inventar algo en que pueda tenerse esperanzas, y llegarán a creer algunos que el señor presidente no espera más, sino terminar la obra de su casa en la calle de San Francisco, para abandonar Chapultepec, trasladarse a México y poderse dedicar a la administración pública, haciendo un cambio completo en la política y en la marcha que hasta hoy ha seguido en la administración.

Pero la generalidad de los ciudadanos ya no creen en ningún cambio, ni alimentan esperanzas de ninguna clase y comprenden que el gobierno vacila y la administración se hunde, no combatida por el viento de la revolución, ni minada por sus enemigos, sino por su modo de ser, por su completo abandono, por su falta de plan y de actividad.

Por obstinado personalista que un hombre sea, al tratarse de la administración del señor Lerdo, y por grande que sea su empeño en ver todo color de rosa, no podrá negar que hay un abismo entre el prestigio del gobierno, en julio de 72, y en diciembre de 73.

Entonces el señor Lerdo era una esperanza, hoy es un desengaño, y con razón o sin ella, el pueblo que con tan febril entusiasmo lo recibió entonces, hoy le mira marchar con indiferencia.

Y no hay que decir que los enemigos políticos y personales del señor presidente han procurado este cambio; el señor Lerdo a su ingreso en el poder no tenía enemigos, ni veía por todas partes más que ciudadanos ansiosos de ayudarle; y durante más de un año, puede decirse que no tuvo eso que se llama oposición.

Todos esperaban, y nadie quería atacarle porque todos creían que ocultaba un plan vastísimo y sabio, que iba a aparecer de un momento a otro y a salvar a la nación.

Cuando todos se convencieron de que esto no existía, sino en la imaginación de los que desean el progreso del país, todos cambiaron también de actitud, y comenzaron a repetir en alta voz lo que antes sólo uno que otro se atrevía a decir muy bajo y en un reducido círculo de amigos, formulando en una sola frase bastante significativa, la decepción de todo un pueblo.

Y esta manifestación del desengaño no se redujo sólo a los hombres de cierta clase y de un determinado color político; lo mismo se leyó en los diarios que son los órganos del Partido Conservador intransigente, que en los que representan el partido radical; y para que en concierto tan general no hubiese ni una sola disonancia, El Siglo XIX, órgano del círculo íntimo del señor Lerdo, condensó en un solo artículo todas las quejas de la nación y todas las culpas del señor presidente.

¿Y esto lo habían preparado los enemigos de la administración? no, de ninguna manera; este cambio de opinión reconoce por causas, la falta de actividad en el gobierno, la falta de cumplimiento a las promesas que contiene el manifiesto del señor Lerdo, y sobre todo y antes que todo, la falta de cumplimiento a los principios constitucionales y legales.

Nos bastará formar un estudio comparativo del manifiesto del señor Lerdo, con su marcha en la administración, para probar que no se ha cumplido al pueblo nada de lo que allí se ofreció, y nosotros prometemos hacer ese paralelo, y los pocos que aún no estén convencidos no podrán negar que ese documento es uno de tantos que guardan el recuerdo de una ilusión desvanecida para la república.

La vida del gobierno está casi agotada; pero la cuestión de la protesta a las adiciones constitucionales llegó a darle nuevo vigor, y el señor presidente puede estar seguro de que sería más completo el estado de decaimiento de la administración, si no se hubiera presentado, tan hostil y amenazador el partido reaccionario en el negocio de protestas, en los sucesos de Tejupilco y Zinacantepec.

El Partido Liberal y la mayor parte de la nación que no quiere aún la revolución, se estrecharon de nuevo con el gobierno a presencia de un movimiento, que presentaba los negros caracteres de una guerra religiosa y de castas, y el gobierno volvió a sentirse fuerte, y tuvo un triunfo.

Pero esto es pasajero, y sólo un cambio completo podría salvar a la administración.

Un pronunciamiento en estas circunstancias, sería el sueño dorado del señor presidente, porque le daría un triunfo, y aseguraría la marcha de su actual política, y justificaría el modo de ser de la administración; pero nosotros creemos, estamos casi seguros, que no habrá quien apele a las armas, ni quien se atreva a causar un conflicto, cuando el triunfo es tan seguro, tan noble, y tan legal, en el ancho campo de la razón, y de la Constitución.

El Radical, t. 1, núm. 38, diciembre 18 de 1873, México, p. 1.

¡PLAUDITE CIVES!

El gobierno ha triunfado por fin en el negocio de las tarifas del ferrocarril de Veracruz, el señor presidente está de enhorabuena. Los esfuerzos de la oposición fueron inútiles; la compañía inglesa ha probado una vez más a la nación que su influjo es irresistible, y la nación está atada por tres generaciones al carro del privilegio. ¡Plaudite cives! ¡Batid las palmas, hijos de México, y levantad el canto de triunfo a los vencedores! ¡La representación nacional ha puesto el sello de la legitimidad a ese contrato que la opinión pública rechazaba con indignación!

¿Para qué repetir argumentos en contra del contrato de tarifas, cuando el voto ha contestado victoriosamente al raciocinio? Estamos vencidos, y no levantamos nuestra voz pidiendo gracia, ni ofreciendo nuestras armas al enemigo; quizá un grito de dolor salga de nuestros labios, porque es terrible el que se siente cuando se cree ver ultrajada a la patria, cuando se cree ver heridos los intereses del país, y cuando se siente algo semejante a la impotencia para impedir ese ultraje y salvar esos intereses.

Nosotros habíamos esperado, porque tenemos fe en nuestras instituciones, por más que rudos y terribles desengaños nos hayan hecho sentir ya el dedo de hielo de la duda, en nuestro corazón, tenemos aún esa fe que nos cubrió con su sombra en los aciagos días de tribulación para México; que nos sonrió cariñosa en las fértiles montañas del sur de Michoacán, y por eso creímos que el gobierno no podría triunfar, que la nación no podría sufrir esa derrota.

Nos engañamos y no gritaremos con indignación; el patriotismo, como todas las pasiones, por noble y santo que sea, puede errar en el medio, pero tampoco nos resignaremos; como Pelletan, nuestro diccionario político no tiene, entre las suyas, la palabra resignación porque resignarse es transar con la debilidad, es renunciar el derecho al combate, es abdicar la corona del martirio, y esa transacción, y esa renuncia, y esa abdicación, no podríamos nunca llevarlas a efecto.

El señor presidente ha triunfado porque él ha sido el que directamente se ha empeñado en alcanzar esta victoria, según dijo claramente en la discusión del contrato; el señor presidente ha triunfado, cerrando los oídos a la opinión pública, y seguro de que él tiene la razón para hacerlo y el derecho para imponer su voluntad. El señor presidente ha triunfado, ¡Plaudite cives!

Sin embargo, nosotros, llevaremos nuestros principios y nuestras convicciones, como Eneas sus penates, Troya ha sido tomada por la astucia y por la fuerza, no importa, somos los vencidos pero la fe nos dice que aún podemos fundar Roma; aún el porvenir del Partido Radical es espléndido, aún tiene que extenderse por el mundo, y en México, que reivindicar los derechos del pueblo, los principios de la democracia y las prescripciones de la Constitución.

Hay en el corazón del patriota, un momento supremo de agonía, cuando mira las cosas más sagradas para él, la dignidad y el porvenir de su patria, ultrajados, despreciados, y comprometidos y ni la razón de la conveniencia, ni todos los cálculos financieros pueden tranquilizarle, porque el corazón siente y no calcula, y el amor no comprende ni el interés, ni las cuestiones de números.

El convenio de las tarifas, se nos dirá con desprecio, ni es negocio que debe resolverse con el patriotismo, sino con las matemáticas; ni es en las inspiraciones de Tirteo, sino en los tratados sobre economía política y ferrocarriles, en donde debe estudiarse; ni es un periodista el que puede juzgar de un contrato al que el señor presidente dio todo su apoyo y la Cámara su sanción.

Es verdad, bastante humilde somos para confesarlo, pero ojalá que no se hubiera empleado tanta sabiduría y tanto influjo para probar a la nación que la voluntad del señor presidente y su protección a la compañía inglesa, bastaban para hacer de ésta una potencia tan fuerte, que la nación tuviera que pasar por un contrato que no era su voluntad que se aprobase.

En cambio el pueblo ha tenido en esto una lección ruda, muy ruda; pero quizá muy provechosa, porque ha aprendido a conocer a sus hombres, y se ha acabado de convencer, de que las elecciones que se hacen bajo el influjo del poder, y acatando las consignas del ejecutivo, traen al Congreso a personas que hacen más bien la voluntad del gobierno que su propia voluntad, y que en un conflicto entre los intereses de la república y los deseos del señor presidente, no tienen los pueblos que esperar nada.

Todo está consumado, los deseos de la compañía inglesa, son ya una ley para nosotros; quizá la fortuna de México hará que mañana no tenga nuevas exigencias, porque ya podemos asegurar que serían también nuevas leyes, esa compañía es una potencia, ¡Plaudite cives!

El Radical, t. 1, núm. 39, diciembre 19 de 1873, México, p. 1.

LA REVOLUCIÓN

A la natural agitación que habían causado en los ánimos los abusos cometidos por el ejecutivo en las últimas elecciones, en que hizo salir como representantes del pueblo a hombres a quienes ese pueblo ni conocía y por lo mismo no podía fiarles misión alguna, se ha venido en estos días a agregar el terrible efecto que en la mayor parte de la sociedad, ha causado la aprobación del contrato de las tarifas del ferrocarril de Veracruz.

Con razón o sin ella, no queremos entrar ahora en esta cuestión; el pueblo ha creído que la dignidad nacional está humillada, que la compañía tiene más influjo del que debiera con el señor presidente y todos, incluso nosotros, comprendemos que antes de dos años vendremos a tener como en las Indias Orientales, compañía inglesa que sea casi gobierno y gobiernos que sean casi compañía inglesa. Felizmente para nuestra patria, ya pasó el tiempo en que una escuadra venía a las aguas del golfo, a obligar a la nación a llevar adelante un contrato leonino o nulo, y en que un gobierno comprometía la responsabilidad del país, teniendo los que con él trataban, sí eran extranjeros, la completa seguridad de que aun cuando el negocio fuera ruinoso para el país, y el gobierno contratante llegara a caer, las reclamaciones diplomáticas y luego las escuadras, harían más productiva la especulación.

Como decimos, ese tiempo pasó, y el derecho de gentes autoriza en los pueblos el derecho que llamaron los romanos de restitutio integrum y no se necesita para ello más que la energía de ese pueblo y que tenga paciencia para esperar el día en que pueda obtener justicia, sin precipitarse buscando el remedio fuera de tiempo.

Cuando el derecho existe, cuando se tiene perfecta seguridad de que ha de llegar a ejercitarse alguna vez plenamente, y cuando hay la suficiente energía para ejercitarle en esa vez sin temor de consecuencia alguna, es casi una locura querer adelantar el reloj de los tiempos, por la pueril impaciencia y por el deseo de oír sonar una hora que necesaria e indispensablemente tiene que sonar.

El gobierno ha causado a la nación un grande mal; pero ese mal no es irremediable y duradero por 99 años como dice el contrato; ni debe producir un conflicto de armas en la nación, como temen algunos, y como lo desea, sin duda, el gobierno.

Nada sería más tonto ni menos político que una revolución en estas circunstancias, y felizmente no hay quien piense en ella.

Los pueblos tienen por naturaleza el derecho innegable de insurrección, confesado y reconocido por todos los escritores, y este derecho latente siempre, hace su manifestación desde el momento en que el gobierno, faltando a sus obligaciones, se sale, se extralimita de la órbita dentro de la cual debe girar.

Todo esto es cierto; pero también lo es que ese derecho de insurrección debe ser el último a que acudan los pueblos, y la revolución no debe venir sino en caso extremo.

Pero cuando el gobierno que ataca la Constitución del pueblo, que invade el sufragio, que usurpa atribuciones que no le da la ley, es un gobierno que cada día se debilita y se aísla, que cierra los ojos y los oídos a todo, menos a las sugestiones de un pequeño número de amigos personales, no debe ni siquiera pensarse en insurrección ni en revoluciones; si el gobierno se suicida de una manera lenta pero eficaz, a pesar de las advertencias rudas y enérgicas de los hombres desinteresados, no hay necesidad para presenciar su muerte, más que tener ojos para mirar.

Comprendemos cómo algunas veces la indignación y la impaciencia hacen a los hombres, por prudentes que sean, volver los ojos al rincón en donde duerme la enmohecida espada; comprendemos cómo, después de un día de desencanto político, y de ver a su patria dominada por el influjo de algunos extranjeros ricos, cuando no la pudieron sojuzgar las legiones de Francia, de Austria y de Bélgica, pase el hombre una noche de agitación o de insomnio, oyendo a lo lejos y en el fondo de su alma, el agudo son de los clarines y el pesado cruzar de la artillería y la acompasada marcha de los infantes y los gritos y el rumor del combate, y en medio de todo esto, palabras que la santa cólera del patriotismo pronuncia en su oído; sí, lo comprendemos, pero también comprendemos que el rayo de la razón debe venir inmediatamente a disipar esa tempestad, como los primeros rayos de la aurora disipan esos sueños de guerra.

Aquí en esta república en que los sangrientos combates del circo entre fieras y gladiadores, no son un recurso de que el gobierno puede disponer para distraer la atención del pueblo y hacer que no se fije en la administración ni se ocupe de los negocios públicos, una revolución, un motín cualquiera vendrían a suplir la falta del circo para el gobierno, y a robustecerle.

Cada uno de esos que el gobierno y sus amigos llaman triunfos, es un paso al abismo, porque es un paso al desprestigio y al delito. ¿Se hizo la elección en tal estado, y el gobierno obligó nombrar allí al que le pareció mejor? Triunfo. ¿El Congreso se compuso en su mayoría de personas que deben su nombramiento a la consigna del presidente? Triunfo. ¿Se votó como quiere el gobierno, tal o cual negocio por injusto que sea? Triunfo, y triunfo la omnipotencia del ejecutivo, y triunfo la transgresión de la ley, y triunfo el anonadamiento de la soberanía del pueblo, y de la independencia de los estados; y en verdad que si estos triunfos son dolorosos para el pueblo, terribles deben ser en el porvenir para el gobierno.

Pero en el mismo mal está el remedio; es preciso en estos momentos, por más que la injuria sea grande, y terrible la indignación de los pueblos, que no se escuche siquiera entre los mexicanos una sola palabra que indique revolución, si no se quiere afirmar este orden de cosas en que por desgracia vivimos, y si no se quiere que el abuso se torne en ley por la fuerza de la necesidad.

El gobierno se debate en detallar a sí mismo con el mejor éxito y sin darse tregua ni un momento; México y la democracia se salvarán.

El Radical, t. 1, núm. 40, diciembre 20 de 1873, México, p. 1.

LA OPOSICIÓN APASIONADA

Una de las grandes faltas que se echan siempre en cara a la oposición, aunque eso no se diga siempre con verdad, es que se apasiona, que exagera en fuerza de la parte activa que toma el corazón, en negocios en que a juicio de los adversarios no debía intervenir, sino única y exclusivamente el cerebro.

Tal acusación encuentra casi siempre eco en la generalidad del pueblo, y es una de las armas con que, manifiesta o solapadamente, los defensores de un gobierno procuran desprestigiar a los escritores de oposición. Generalmente, los hombres que con calor se lanzan al periodismo, y toman la bandera de oposición al gobierno, son hijos del país en que se comprende aquella lucha por la prensa; y a no suponérseles para lo cual no hay derecho, miras bastardas e intenciones poco dignas de un caballero y de un hombre de conciencia, la opinión política es la que les lanza en aquella vía que no deja de ser penosa y triste.

Pero cuando hay una opinión política formada y arraigada profundamente, esta opinión envuelve sobre todo el principio del amor a la patria; porque el que profesa de buena fe cierto credo político, es porque tiene la íntima convicción de que con él su país será feliz, vivirá tranquilo y marchará por la senda del progreso; de lo contrario, si se profesasen principios políticos con los cuales no se creyese alcanzar la felicidad de un pueblo, esta profesión sería, si no criminal, al menos altamente ridícula.

El partido político, en la creencia, arrastra naturalmente al hombre al terreno de la práctica: la fe en un principio conduce a la lucha por su establecimiento, a su traducción en hechos; y cuando tal cosa no sucede o los hombres no tienen verdadera le en que los principios que profesan pueden hacer feliz a su patria; o esta felicidad les preocupa poco y dicen como el impío, «comamos y bebamos, porque mañana moriremos».

La oposición no es más que el esfuerzo de los partidarios de una marcha política contrariada por el gobierno existente, y esto supone naturalmente un ataque y una defensa, supone una lucha, y la lucha una excitación, y la excitación una pasión, que puede ser más o menos intensa, según las proporciones que haya tomado el combate, y según la importancia del punto sobre que éste se dé; pero no puede menos de nacer, de crecer, de manifestarse en uno y otro de los contendientes; por más que ambos con toda la buena voluntad del hombre serio, llamen en su auxilio a la razón, y busquen en la reflexión esa frialdad de espíritu y de sangre, imposible de conseguir en semejantes momentos, cuando la conciencia del derecho y el amor a la felicidad del pueblo, están interesados en el desenlace de aquella batalla, y cuando el corazón y el pensamiento se adunan para buscar el triunfo.

¿Cómo puede lanzarse a un escritor en esta situación, el epíteto de apasionado, creyendo hacerle con esto una terrible injuria? ¿Se puede tratar de la suerte, del porvenir de un país, de su modo de ser político, de la felicidad de sus hijos, sin que tomen parte el sentimiento y el corazón?, ¿cuando este país es nada menos nuestra patria, el grande amor de las almas bien formadas, la tierra de nuestros antepasados, en donde se ha mecido la cuna de nuestros hijos, en donde descansan los huesos de nuestros abuelos, y que algún día recibirá también los nuestros?, ¿cuando esos hombres sobre cuya libertad y suerte se discute son nuestros hermanos y muchos de ellos fijan sus miradas en los escritores públicos esperando que de sus labios brote una palabra de esperanza y de fe para el porvenir?

¿Puede obligarse al corazón entonces a que calle?, ¿a la razón, fría, severa, indiferente, a que se sobreponga al sentimiento noble y santo del patriotismo, como si discutiera científicamente acerca del aparato digestivo de un coleóptero, de la órbita del cometa de Carlos V, o de la trisección de los triángulos?

Si tal frialdad, si tal indiferencia son una virtud, nosotros no la tenemos ni queremos tenerla nunca, y ojalá que no se conociera en nuestro país.

La indignación en el escritor público es sin duda una pasión, pero es una pasión noble porque no nace sino de la conciencia del bien y del derecho, de la cólera al verlos ultrajados, y sancionado el abuso, y la maldad triunfante. Y ¿puede exigirse en presencia de una violación de los derechos de un pueblo, de una transgresión de sus leyes, y de un ataque a sus libertades, esa crítica razonadora y desapasionada que debía esperarse al formar un juicio literario sobre las obras de Renan o de Víctor Hugo, o acerca de los principios filosóficos de Aristóteles y de Darwin?

No es una injuria llamar apasionado a un escritor, sino por la preocupación del mundo que quiere la luz del sol sin el calor de sus rayos. La pasión noble y bien dirigida ha hecho a los héroes, ha dado la independencia y la libertad a los pueblos, ha creado las religiones y sus santos y sus apóstoles, ha dado al mundo las ciencias y las artes. Hermosos apasionados, Bernardo de Palissy el alfarero, Colón el navegante, Pablo el apóstol de las gentes, el Dante y Milton, Franklin y Fulton, y Morse y Humboldt y Livingston, divino apasionado del mártir del Gólgota que muere por la redención del mundo cautivo en la esclavitud, en la preocupación y en el crimen.

Maquiavelo quiso destronar al sentimiento, sustituir el cálculo al amor de la patria, convertir la misión del gobernante en la especulación del mercader; volviendo a los pueblos el objeto de una política que no tuviera más mira que engrandecer a sus gobernantes y casi desde entonces se tiene ya como un principio justo y conveniente la condensación de aquella política en esta frase, «El que gobierna no debe tener corazón, no más cabeza», principio inmoral que hace de los pueblos rebaños en quienes el gobierno no mira ni hijos, ni hermanos, sino hombres indiferentes que puede emplear como fáciles votos, si ese gobierno se cubre con el disfraz de la democracia, o como carne de cañón si necesita soldados para sostenerse en el poder.

Desgraciadamente, México siente las consecuencias de ese principio, y los pueblos que oyen llamar a la oposición apasionada, pueden comprender hasta dónde llega su desgracia, cuando los partidarios del gobierno dan como una prueba de los relevantes méritos del jefe del Estado que en él domina sola, la cabeza.

El porvenir nos probará cuál de las dos escuelas puede hacer la verdadera felicidad de un país y dar la libertad a una nación.

El Radical, t. 1, núm. 42, diciembre 23 de 1873, México, p. 1.

EL AYUNTAMIENTO

Las elecciones, si es permitido darles este nombre, se han verificado ya, y la ciudad tiene nombrado el Ayuntamiento que debe funcionar en el año próximo de 1874.

No vamos a hablar de las personas que componen ese Ayuntamiento, porque las cuestiones personales son de tratarse cuando se discute sobre una candidatura en un círculo político; pero una vez hecho ya el nombramiento, lo que debe examinarse es la marcha que esas personas llevan, sin prejuzgarlas, y esperando para calificar, lo que se ve y no lo que se supone.

Nos ocuparemos nada más que de llamar la atención del pueblo sobre el mero acto de las elecciones del Ayuntamiento.

Ya en otro artículo habíamos hablado del completo indiferentismo con que los vecinos de la ciudad de México habían visto las elecciones primarias, y hablado de esto como de un síntoma triste y desconsolador para los que esperan el porvenir del país en la democracia.

Las elecciones secundarias tuvieron, si no el mismo aspecto de frialdad, quizá algo peor: la lista que se llama oficial, llegó húmeda aún de la imprenta, y pocas horas después esa lista era ya la de los regidores electos.

Nadie habla ni habló de lucha, ni salieron de allí electores descontentos, ni hubo protestas ni cosa semejante; los periódicos oficiales podían con la mayor verdad, haber dicho aquella frase tan vulgar y tan usada en estos casos: «Las elecciones de Ayuntamiento se verificaron con el mayor orden.»

La víspera de esas elecciones, hemos oído un diálogo entre dos personas allegadas al gobierno o más bien dicho, al señor presidente; preguntaba la una: «¿Quiénes serán por fin los electos mañana?», «Todavía no baja la lista», contestó la otra persona, como quien dice, aún no sabemos a quiénes designará el gobierno; aún no ha dicho en este negocio su última palabra el señor presidente.

Aun cuando los regidores nombrados sean los ciudadanos más dignos, y el pueblo los hubiera nombrado sin la intervención del gobierno, esto en nada influye, sobre esa completa y sangrienta burla hecha a las instituciones democráticas y a la Constitución.

¿Qué parte ha tenido el pueblo en las elecciones del Ayuntamiento?

Ninguna, y si algún grupo se atrevió a presentar un candidato a pesar de que ese candidato no podía ser más del agrado del presidente, apenas sonó su nombre en las elecciones.

El señor presidente no quiere que los diputados sean regidores, y ningún diputado salió electo regidor.

Esta disposición será muy buena, muy política, muy acertada; pero en tal caso el señor presidente debiera presentarla como iniciativa al Congreso, pero no dar con esa doctrina, una prueba indudable a la nación de que el colegio electoral de México estaba completamente a su disposición.

No se disimula siquiera por pudor, el influjo decisivo del presidente en las elecciones; con el mayor descaro el pueblo dice quiénes son los candidatos oficiales y agrega que no hay duda que ellos saldrán electos, y luego los hechos confirman aquel dicho.

¿Cómo puede llamarse esto democracia, ni elección popular, ni estado constitucional, ni menos que todo, verdad?

A los ojos de toda la ciudad de México ha pasado, no hay uno que lo ignore, el gobierno dispone ya de las elecciones populares con tanta facilidad, y con tan poco escrúpulo no cuidando ni aun de salvar las apariencias, que el hombre más adicto a los principios democráticos puede decir con razón, que entre nosotros es ya inútil trabajo el que se da no al pueblo, que ni aún ocurre a las casillas, sino a los empleados municipales, toda vez que hay eso que se llama elecciones.

Si el gobierno cree que se prestigia y se vigoriza desplegando ese lujo de arbitrariedad; si cree que aterroriza a sus enemigos disponiendo a su arbitrio de las elecciones y probando con esto que todo cede ante su influencia, y que todo cede a su poder; si cree que conquista con esto más amigos, atrayendo a todos los que de algún modo quieran figurar en política, y que conocerán que esto no depende más que de la voluntad del señor presidente, se engaña.

Se engaña, porque entonces, si así fuera, todavía estaría en el poder don Antonio López de Santa-Anna; porque si así fuera, el señor presidente Lerdo, que entró al gobierno con tan poca oposición, estaría hoy en situación tal de prestigio, que nadie se atrevería a decir una palabra de su administración.

Si no hay fe en los principios democráticos, si no se quieren respetar las prescripciones constitucionales es más franco, más noble, más leal decir que nuestro sistema político es malo e inútil, y no engañar por más tiempo a la nación.

El Radical, t. 1, núm. 43, diciembre 24 de 1873, México, p. 1.

EL SEÑOR PRESIDENTE Y LOS GOBERNADORES

Cuando se trató en el Congreso del negocio de las tarifas del ferrocarril, lo mismo que cuando se verificaron las elecciones de diputados al Congreso General, y casi siempre que el gobierno de la Unión tiene algún asunto de interés grave, se dice, entre el pueblo, que los gobernadores de la mayor parte de los estados, llegan en auxilio del ejecutivo de la federación, y procuran que consiga el objeto que se propone o se conviene, por cuantos medios están a su arbitrio, influyendo en el ánimo de los diputados de sus respectivos estados.

Ciertamente pudiera decirse que esto no era prueba de otra cosa, sino de la unión y armonía reinantes entre el jefe de la república y los de las entidades federales; y buen indicio es para la nación que tan fraternalmente estén de acuerdo el señor presidente y los gobernadores, que cuando aquél desee conseguir algo en el Congreso, éstos se apresuren a auxiliarle en su empresa, y él haga a su turno lo mismo.

En efecto, esto es prueba de grande unión; pero como ni el señor presidente tiene derecho para influir en las elecciones, ni los gobernadores tampoco lo tienen, es más evidente aún que esa unión, esa alianza, son reprobables porque ceden en perjuicio de la libertad de los pueblos y del principio fundamental de la federación.

Si se examina con imparcialidad esta conducta de los gobernadores, que procuran siempre «estar bien» como se dice entre ellos «con el centro», se verá que quizá esa conducta sea la que ha elevado al país al estado de postración política en que se encuentra, y la que puede todavía acarrear tristes y fatales consecuencias.

Los ciudadanos en una federación tienen como tales, un doble carácter con cualidades tan distintas, que algunas veces llegan a ser hasta opuestas, pues son ciudadanos de la federación y con tal carácter votan en las elecciones de los poderes generales y buena parte en los negocios de la Unión, y ciudadanos del estado a que pertenecen.

De este segundo carácter nace lo que se llama «provincialismo» que ni es un vacío como se ha querido suponer, ni es reprobable sino cuando se convierte en exclusivismo y hostilidad a los individuos de los otros estados; como el patriotismo deja de ser una virtud noble, tan luego como se vuelve feroz pasión, de odio, rencor y desprecio a los hombres que no nacen bajo el mismo cielo que nosotros.

El provincialismo no es más que la localización del patriotismo en un estado, sin que esto influya nada en contra del amor que se tiene a la patria en lo general, y este provincialismo es como todas las tendencias e instintos de los pueblos bien dirigidos, útil y de fecundos resultados para las naciones.

El provincialismo ha sostenido en México el principio del gobierno federal, y con él la Constitución de 1857, a pesar de los rudos ataques del Partido central o Conservador; y es una gran prueba de que ese partido, al que puede acusarse de todo menos de incauto, ha comprendido que su mayor enemigo para establecer el gobierno central era el provincialismo, y por eso procura destruirlo con sus mismos elementos, dividiendo los grandes estados de la federación en fracciones, con el fin de que allí nazca un espíritu de división que debilitará los centros del partido federalista.

Naturalmente, los ciudadanos de los estados son celosos de la independencia y soberanía de sus localidades, y procuran tener por gobernantes hombres que garanticen sus libertades; pero cuando esto sucede, el gobierno del centro no puede a su arbitrio disponer de la suerte de esos estados.

De aquí el empeño del gobierno de la Unión en influir en las elecciones de los gobernadores de los estados y de las legislaturas; empeño que con tanto tesón se sigue, que por fin se llega al éxito deseado. Entonces el provincialismo queda enteramente sofocado y la independencia del estado perdida, y por consecuencia necesaria, la libertad de los ciudadanos de la federación desaparece.

¿Qué sucede entonces?, la experiencia lo ha mostrado y nos lo muestra todos los días. Llega el tiempo de hacer elecciones de diputados o magistrados al Congreso de la Unión, y los ciudadanos y los vecinos del estado no pueden ni presentarse candidatos, si no cuentan con la amistad del presidente. El gobernador del estado emprende un viaje o envía un comisionado a la capital de la república con el objeto de arreglar la elección.

Allí se combina, se pone un nombre, se quita otro, se rechaza aquél, se hace caber éste, y gracias si la generosidad del gobierno le consiente al gobernador colocar entre los candidatos oficiales a dos o tres de sus amigos, no sin examinar antes cuidadosamente si son o no «buenos para el gobierno».

Aquella lista en que por lo general se encuentran pocos hijos del estado, y se registran muchos que ni se conocen, la reparte el gobernador entre sus jefes políticos dándoles por supuesto la orden expresa de triunfar, y casi siempre ese triunfo se obtiene; pero en los casos extremos y cuando los pueblos son algo enérgicos, entonces con la tropa del estado, o de la federación, y la ley de plagiarios, se completa decididamente la victoria.

El telégrafo anuncia al presidente que el pueblo ha votado conforme a la voluntad de su primer magistrado; el Congreso se reúne y allí, fuera de un pequeño número, los demás diputados tienen poco que agradecer al señor presidente y a los gobernadores.

Llega la hora de las elecciones de algún gobernador, y lo primero que se pregunta en el estado es ¿cuál de los candidatos cuenta con el apoyo del presidente?

Casi siempre cuenta con el apoyo el que está gobernando, porque a su vez lo ha prestado y de ahí la reelección. Porque es muy digna de hacerse esta observación: el partido del señor Lerdo ha sido en tiempos del señor Juárez, el enemigo terrible y constante de la reelección, pero ninguno de sus miembros se ha opuesto a otra reelección, sea de la clase que fuere, más que a la del señor Juárez.

El presidente influye, pues, en la elección del gobernador de un estado y ya cuenta con él, y es una liga de tal manera terrible, entre el presidente que ayuda a los gobernadores y éstos al presidente que la nación mira con asombro que apenas en el Congreso, en la Corte, y entre los gobernadores, aparece un hombre nuevo; todo gira dentro del mismo círculo, ya se sabe quién y por dónde ha de salir un amigo del señor presidente, y resultan popularidades tan admiradas, que hombres a quienes ayer nadie conocía ni en la ciudad misma, hoy son electos diputados por distritos en donde ni el nombre del representante había sonado nunca.

Esto no proviene sino de esa unión que tan íntima se manifiesta entre el señor presidente y la mayor parte de los gobernadores de los estados.

Nosotros que hemos condenado la unión de las oposiciones locales, de los estados con el gobierno del centro, para hacer la guerra a los gobernadores, porque ésta es una traición a la soberanía de esos estados, no podremos nunca ver otra cosa que una traición también al sufragio libre y a la soberanía de las localidades, en esa liga, en esa alianza ofensiva y defensiva del presidente y los gobernadores.

El Radical, t. 1, núm. 44, diciembre 25 de 1873, México, p. 1.

ALGO IMPORTANTE SOBRE TARIFAS DEL FERROCARRIL MEXICANO

Como una cosa segura y cierta, circula el rumor de que la compañía inglesa, residente en Londres, ha hecho modificaciones al convenio de tarifas presentado por el ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Unión.

Según se nos ha dicho, esas modificaciones son favorables a la desgraciada república, y efecto de telegramas que los representantes de la compañía en México, pusieron a Londres durante las largas y terribles discusiones en el Congreso. Agregan otros que llegó también una autorización amplia para arreglar el convenio de tarifas en el sentido más benéfico para la república.

Nosotros no conocemos los pormenores de todos estos nuevos incidentes pero sí, como cosa cierta, se nos dice que existen esas modificaciones favorables para México, y que el señor presidente las conoce desde hace ya varios días.

¡A cuántas reflexiones no se presta este acontecimiento!

En primer lugar se conoce inmediatamente que aquella severa exigencia con que se dijo al Congreso que si se reprobaba el más insignificante de los artículos, debía de reprobarse «todo» el contrato porque la compañía no pasaba ni por una sola coma cambiada o suprimida, no fue sino una oficiosidad del señor presidente, del señor ministro de Fomento, y de los defensores de las tarifas. ¿Cómo se dijo que la compañía inglesa era inflexible e intransigente, y cuando apenas se le ponen unos telegramas anunciándole el estado de la opinión pública, y las graves dificultades que tenía el gobierno para conseguir el triunfo, pasa ya porque se hagan esas modificaciones?

Nosotros no hemos insultado a los defensores de las tarifas, ni a los que las votaron favorablemente para la compañía, ni aun al mismo ejecutivo causa de todo; pero nunca, ni por un momento creímos que obraban bien defendiendo con el calor de un abogado, un negocio en que su papel era de jueces, y en que si la pasión podía tener alguna disculpa, era cuando el amor de la patria, de la dignidad nacional o de los intereses del pueblo, hacían ver las cosas menos favorablemente para el gobierno, que se empeñaba tan enérgicamente en que el contrato saliera aprobado tal cual lo enviaba la compañía inglesa, sin atender a la opinión pública, ni a las verdaderas necesidades del país.

De nada valieron los esfuerzos de la oposición; se aprobó ese contrato, y hoy como una bomba, cae en medio de todos sus defensores la noticia de que la compañía inglesa se presta a hacer modificaciones en favor de México.

Tristeza causa, verdaderamente, pensar que la compañía inglesa a pesar de que se trata de sus personales intereses, sea más benigna para nuestro pueblo y nuestro comercio, que el ejecutivo y el Congreso, electos por el pueblo para cuidar y defender sus intereses; tristeza causa y no poca que los ingleses se muestren más «mexicanos» si no en proclama ni discursos, sí en beneficio de México, que muchos hombres nacidos en México, que cuanto son y cuanto tienen, y cuanto esperan, es de este país.

Se nos contestará que esas modificaciones que hace la compañía es sólo respecto a «tarifas diferenciales»; sea en buena hora, supongamos, que fuera en sólo una letra del contrato, esto sólo basta para presentar un terrible contraste entre esa compañía que debe mirar el camino, sólo por el lado de la especulación, y el ejecutivo y la Cámara que debían verlo algo más que como un modo de proteger a la compañía inglesa.

Ahora verá la república, si la oposición al convenio de las tarifas era apasionada y ciega, si el gobierno cuidó como debía de los intereses nacionales, y si el Congreso hizo como era de su obligación, el último esfuerzo para conseguir las mayores ventajas para el pueblo.

Un paso, el más insignificante que la compañía inglesa de Londres haya dado en favor de México en este negocio, y espontáneamente, es un reproche más terrible para el gobierno que cuanto pueda decir aquí la oposición, y una satisfacción más a cuantos se opusieron de alguna manera a ese contrato.

¿Qué hará ahora el gobierno? Veremos y hablaremos.

El Radical, t. 1, núm. 45, diciembre 27 de 1873, México, pp. 2-3.

[LOS DIOSES SE VAN]

Refieren las crónicas cristianas, que cuando los fulgores de la religión de Jesús iluminaban ya a la ciudad eterna de los Césares, y en esos momentos la Roma pagana caía delante de la Roma del crucificado, se escuchó en el circo una voz profética y misteriosa que decía: «Los dioses se van de aquí.»

México que se estremece delante de esa dictadura embozada en la clámide del ciudadano, que siente ya vacilar sus mal sostenidas instituciones republicanas, y que mira perderse la democracia como la nube de un perfume que se evapora, escucha en el santuario de las leyes una voz misteriosa que le grita esas palabras repetidas por los mil ecos de sus montañas, «los dioses se van».

¿En dónde está ya la democracia? Representada por elecciones en las que el pueblo no toma parte y en las que la voluntad omnipotente del ejecutivo se manifiesta ya sin rubor, llevando por bandera una candidatura oficial, la democracia no es más que una palabra que significa mucho, pero que no representa hoy nada; y que en vano trataría el hombre político de buscar alguna de sus manifestaciones en la vida administrativa del país; porque según nuestras instituciones, sólo aparece ante las ánforas electorales, cuando los ciudadanos obliguen a sus gobernantes, y esto es ahora un sueño, la democracia se pierde, «los dioses se van».

¿En dónde está la soberanía de los estados? Responda Yucatán, teatro de tantas violaciones a esa soberanía; conteste Jalisco, que ha tenido que sostener una lucha tan terrible contra las exigencias del centro, y que siente aún como el centinela de una muralla, el sordo trabajo de los zapadores enemigos que minan la fortaleza; Coahuila sobre cuya suerte discuten los diputados y el gobierno general, como si unos u otro o los dos poderes reunidos tuvieran el derecho que no les da la Constitución, de disponer de la soberanía de un estado, echando suertes sobre la capa del justo; sólo porque los demás estados son bastante egoístas o están bastante oprimidos para callar, sin comprender que mañana quizá morirá su soberanía en el mismo patíbulo; México, sufriendo la presión del gobierno general, en sus elecciones locales, y teniendo que sufrir que un oficial mayor de un ministerio diga a la Cámara, que las fuerzas del centro no pueden salir de una población, para no turbar la libertad del sufragio, que tiene orden de respetar, y todo esto cuando ve que lo contrario pasa. ¿En dónde está la soberanía de los estados? Sólo en el pacto fundamental y como letra muerta; cada día se pierde más y más y pronto, sólo quedará de ella la memoria, «los dioses se van».

¿En dónde está la independencia de los poderes?

¿Acaso son independientes por sólo el hecho de que la Constitución dice? ¿Acaso basta que se simule el vano aparato de unas elecciones populares para que exista una verdadera y libre elección?

El espíritu democrático y constitucional exige que esos tres poderes tengan por fuente al pueblo, y por modo de formación el sufragio libre, para que todos tres, legítimos por su origen y su modo de ser se sientan apoyados en su misión por todo el pueblo que hasta allí los ha levantado; que unos a los otros se vigilen y se contengan dentro de sus justas atribuciones; por eso son iguales en poder, en fuerza y en origen. Pero siendo uno de ellos el que a su arbitrio forma a los otros, el que no sólo no los contiene dentro de su órbita, sino que los obliga a salir de ella, valiéndose de su preponderancia, y del prestigio que le da ser él quien a su arbitrio dispone de las elecciones; cuando el ejecutivo es el todo, y nada hay que resista a su influencia y a sus órdenes, y no se da el ejemplar de que un negocio en el que toma empeño, salga en la Cámara despachado de otra manera que como él quiere, ¿puede decirse que existe esta garantía política? La división de poderes desaparece y nadie se engaña ya con las apariencias y la voz de la verdad repite, «los dioses se van».

¿Qué es de la Constitución? Cada día invocada y a cada momento vulnerada, cada día protestada y a cada momento combatida y burlada, necesario sería para presentarla como ahora está, repetir en este artículo cuanto en más de dos meses y día a día hemos venido analizando de la marcha administrativa; un gobierno que comienza por tener como secretarios del despacho oficiales mayores, empleados sin el alto fuero constitucional, conforme a la ley, y termina por hacer presidente del Ayuntamiento a un ciudadano que teniendo que ser responsable de su manejo, está como magistrado de la Suprema Corte, investido del alto fuero constitucional; poniendo así uno y otro caso en monstruosa contradicción con el espíritu de las leyes y con los consejos del sentido común. ¿Qué es de la Constitución en un país en donde la política se ha convertido ya en el medio de engañar a los pueblos, y de infringir y traspasar las leyes, salvando las apariencias aunque el medio sea tan torpe que no dejen de comprenderle ni aun los menos diestros en el arte de la intriga? ¿Qué es de la Constitución en una república en donde el presidente lo puede todo y lo hace todo desde nombrar a un magistrado, hasta hacer aprobar un contrato que la nación rechaza, desde declarar a una entidad federal en estado de sitio, hasta dar un destino de celador en una aduana? La Constitución se pierde, desaparece, «los dioses se van».

«Los dioses se van» pero éstos no serán como los del paganismo que cayeron para siempre y sin ser llorados ni sentidos por los pueblos; las instituciones democráticas no van como los dioses del Olimpo, llevados a la nada y perdiéndose con los recuerdos de los pasados siglos, sino que llegan más y más poderosos con los vientos del porvenir.

El pueblo de México calla y sufre, pero espera y quiere; y cuando él se aperciba de que se le arrebatan sus conquistas, y de que es burlado, entonces sabrá reivindicar sus derechos y escuchará la voz de sus hombres, y aun cuando le hablen, en tanto sabrá comprenderlo, y fuerza es no precipitarle, porque no basta hablarle en sabio para que él crea, es necesario hablarle en verdad y en justicia, y hablarle con el derecho del que le ha servido y no del que le ha explotado; del que está dispuesto a todo por él, y no del que no puede ofrecerle más que hermosas proclamas; del que nunca le ha traicionado y lleva la garantía de sus antecedentes limpios sin cieno y sin sangre, y no del que le vendió, como Judas a su maestro, por un puñado de oro al extranjero.

El pueblo es como el océano, hermoso en su calma, pero terrible en sus tempestades; la calma es precursora de la tempestad cuando comienza a soplar el viento del despotismo, y no es provocar una crisis advertir que puede llegar el peligro.

El Radical, t. 1, núm. 46, diciembre 30 de 1873, México, p. 1.

EL CONGRESO Y LA CUESTIÓN DE LAS TARIFAS

Hay negocios que parecen destinados a ser la piedra de escándalo, en un pueblo, cada vez que se presenta la ocasión de hablar de ellos en las altas regiones administrativas, y el del ferrocarril de Veracruz ha sido, sin duda, en México, el que ha gozado más este triste privilegio.

Dejamos a la feliz memoria de nuestros lectores el trabajo de recordar cuántas veces la Cámara ha dado el espectáculo de apasionadas discusiones, y cuántas el gobierno ha hecho vacilar su misma reputación, debido sólo al negocio del ferrocarril y a algunos de sus incidentes, y nos ocuparemos ahora sólo del acontecimiento que últimamente ha llevado al escándalo a la representación nacional y el asombro al país entero.

Bien o mal, todos creían ya completamente terminado el funesto negocio de tarifas y quedamos satisfechos por su triunfo, y otros orgullosos de su derrota; fiaban aquéllos en la estabilidad del gobierno para asegurar el cumplimiento de la ley-contrato, y no pocos de sus adversarios tenían fijas sus miradas en el porvenir, esperando el día en que un gobierno, o un congreso, emanados verdaderamente del pueblo llegaran a anular un contrato impuesto a la nación contra su voluntad y contra el espíritu de las leyes.

La lucha parecía haber cesado ya, cuando llega hasta el pueblo el rumor de que existen ya algunas concesiones favorables a la nación hechas espontáneamente por la compañía inglesa, y tras este rumor, llega al Congreso el señor ministro de Fomento a decir a la Cámara que había en poder del gobierno una acta de reforma al contrato-ley.

Pero es lo grave que allí el señor ministro se permitió decir, que estaban ya en poder del señor presidente cuando se discutió el negocio y que fue sorprendido por la premura con que el negocio se votó, y las modificaciones propuestas no perdieron por representarse.

Esa acusación de precipitar el negocio, sin duda que el gobierno no puede hacerla a lo que llama la oposición, sino a los amigos del señor presidente; y esto, además de ser un acto de ingratitud, pone en ridículo a esos señores que vendían al gobierno sin prudencia, y sin saber lo que ese gobierno pensaba, y sin estar al tanto de que esperaba oportunidad para presentar las modificaciones; es verdad que a nadie alcanza mejor este reproche o más bien esa acusación de imprudencia y ligereza que al señor ministro de Fomento, que inmediatamente después de votado y aprobado el negocio dijo: que el ejecutivo no toma observación que hacer.

Una de dos, o el señor Balcárcel sabía y conocía la existencia de sus modificaciones en poder del señor presidente, y en este caso, tenía obligación de haberlo manifestado como observación del ejecutivo al contrato, o nada sabía, y en ese caso, no debía haberse precipitado hasta decir, sin consultar al señor presidente, que no había observaciones que hacer al decreto.

Esto para nosotros es inexplicable, porque o el ministro fue sin intenciones precisas a la Cámara y a defender el negocio, o con mala fe se ocultó que habían llegado ya algunas modificaciones para probar que el presidente tiene poder para conseguir del Congreso un voto en el sentido que mejor le parezca, a pesar de cuantos obstáculos se le puedan presentar.

En una palabra, el señor presidente ha querido probar y ha aprobado una vez más que es omnipotente, y que su voluntad es la voluntad que impera en la Cámara, al decir a la compañía inglesa «no rechazo las modificaciones favorables a México, pero no las presento a la Cámara, porque el principio de energía debe triunfar, y el contrato primitivo de tarifas se ha de aprobar como el gobierno lo inició, porque en esto se interesa el amor propio del ejecutivo, y éste es antes que todo y sobre todo».

Esto indudablemente es lo que han interpretado de la conducta del ejecutivo la nación, el Congreso y hasta la misma compañía inglesa.

Ya también con esto se puede tener idea exacta del empeño y del desinterés completo con que nuestros gobernantes cuidan de los adelantos, de la felicidad y de la honra de la república.

El Radical, t. 1, núm. 48, enero 1 de 1874, México, p. 3.

LA PAZ

(I)

No basta que la república esté tranquila para decir sólo por esto, que la paz reina debido a la justa y previsora administración del señor Lerdo; es necesario demostrar ese aserto, es necesario presentar pruebas, porque quizá la posteridad llegaría a creer en el simple dicho de un solo periodista, pero seguramente que no serán nuestros contemporáneos los que tengan esa fe.

Nosotros pertenecemos a esa parte de la sociedad mexicana que niega, más que duda, que la paz se debe al señor Lerdo, y desearíamos que los defensores del gobierno no contestaran con insultos sino con razones a nuestros argumentos; porque en verdad, que como tantas veces y de tan distintos modos, y hasta en el periódico oficial hemos leído que el señor Lerdo ha dado la paz a la república, estamos contrariados por no poderlo comprender.

No, realmente la situación era grave, el señor Lerdo al tomar posesión de la primer magistratura se encontró al frente de una guerra civil espantosa.

¿Qué hizo entonces el señor presidente? Publicó una ley de amnistía en la que toda concesión a los que estaban con las armas en la mano se reducía a perdonarles la vida, haciéndoles perder sus empleos militares, y dejándoles sujetos al resultado terrible del «perjuicio de tercero» y «delitos de orden común» que con espantosa elasticidad pueden llevar al patíbulo a un general sentenciado como plagiario, o dar la libertad a un plagiario escudado con el manto del partidario político.

Tan pronto como este decreto se publicó y en muchas partes antes de publicarse, los revolucionarios comenzaron a deponer las armas y a presentarse en las publicaciones fieles al gobierno, poniéndose a las órdenes de las autoridades constitucionales.

Demos una mirada retrospectiva, volvamos por un momento a ponernos delante la situación del país en el momento de la muerte del señor Juárez, para venir después, aunque sea muy rápidamente, recorriendo el camino de la administración del señor Lerdo, y procurando encontrar esas medidas de acierto que han dado la paz a la república.

A la muerte del señor Juárez, la revolución que se llamó del Plan de la Noria se levantaba pujante por todas partes y amenazaba por todas partes al gobierno; y adviértase que para que no se diga que disminuimos el mérito de la pacificación, no representamos a los revolucionarios débiles y vencidos en la Bufa, y perseguidos por las tropas del gobierno; porque entonces se supondría que toda la gloria de esa pacificación la atribuíamos al antecesor del actual presidente de la república.

No podía ser de otra manera; el Plan de la Noria proclamaba la nulidad de las últimas elecciones en virtud de las cuales estaba en el poder el señor Juárez, y muerto éste, y sustituyéndole el señor Lerdo, no en razón de esas elecciones, cuya nulidad se proclamaba, sino de otras anteriores que la nación había aceptado y reconocido, la revolución no tenía ya ni motivo de ser, ni bandera que enarbolar; y a no suponerse que aquellos hombres eran revolucionarios de profesión, enemigos de todo gobierno y llevados de miras torpes y personales, todos sin duda comprenderán que en el momento de ocupar la presidencia el señor Lerdo, la revolución debía acabar por sí misma y de cualquier manera y que si el señor Lerdo no hubiera dado su decreto de amnistía, se hubiera encontrado en el compromiso de no saber qué hacer con hombres que venían espontáneamente a deponer sus armas ante la legalidad.

Preciso es confesar que en el terreno de la práctica todos los decretos de amnistía son inútiles e ineficaces cuando los enemigos no quieren someterse a ellos, y la experiencia nos ha demostrado, en los largos años de guerras civiles y extranjeras, que no ha habido una sola revolución fuera de la última, que se haya apagado con un solo decreto de amnistía, y mucha menos cuando este decreto era tan poco generoso y tan poco amplio.

Esta clase de leyes son un puente que el gobierno pone para que el revolucionario pase el abismo que los separa; el gobierno no hace sino poner el medio ya muy gastado, lo demás lo ejecuta el otro partido; muchos gobiernos han colocado ese mismo puente, y ninguno ha conseguido nada, porque el conseguir la paz así, depende del revolucionario que hace el sacrificio inmenso de su amor propio para acercarse a un gobierno que nada sacrifica.

La paz pues, se debe al que se somete, la pacificación de la república en 1872 se debió a los que tuvieron la decisión y el valor de olvidar su orgullo y ver antes que todo la felicidad de su patria.

En cambio, ¿qué hizo con ellos el señor Lerdo? podemos probarlo, dejar a muchos de los que se sometieron, entregados inermes a merced de sus enemigos personales en los estados y consentir en que por vanos pretextos se les tuviera en prisión y en peligro, cuando ellos habían fiado en la verdad del gobierno. Supongo que no se nos negará esto, porque todo el estado de Guerrero y toda la nación presenciaron que el general Vicente Jiménez y sus principales jefes, estuvieron presos y a merced del general Figueroa, enemigo suyo, con el pretexto de que no habían entregado todas las armas que tenían en la montaña, cuando esto a ningún otro jefe se había exigido, cuando no era una condición expresa del decreto que se entregara por riguroso inventario, y sobre todo cuando el señor presidente había dado seguridades a los comisionados de Jiménez.

¿Éstos eran precedentes para alcanzar y cimentar la paz?

Ciertamente no; y sin embargo, todos se sometieron, y no quedó sobre la república un jefe solo, pronunciado contra el señor Lerdo.

Los pronunciados habían hecho la paz.

Después ¿qué disposiciones, qué marcha, qué política ha tenido el señor Lerdo que desplegar para que no se levante una revolución que nadie pretende levantar?

Si el país y sus hombres no quieren revoluciones ¿cómo puede decirse que el señor Lerdo conserva la paz?

Vale la pena alabar a los gobernantes por lo bueno que hacen; pero no es ni justo ni político querer atribuir a un presidente servicios que sólo honran a quien los prestó, y méritos que en realidad no son sino de quien los adquiere.

La paz, la conquista, la casualidad o la Providencia, como quiera llamársele con el cambio de personal en el gobierno, la conserva la nación a pesar de que motivos ha tenido ya el pueblo para romperla.

El Radical, t. 1, núm. 49, enero 3 de 1874, México, p. 1.

LA PAZ

(II)

Pacificada la república por la abnegación de los que con las armas en la mano combatían al gobierno, y por el empeño singular que en conseguir esa pacificación han tenido todos los mexicanos sin distinción en la política, el señor Lerdo no tuvo, por consiguiente, al tomar posesión como presidente constitucional de la república, ni revolución que distrajera la atención del gobierno, ni guerra que absorbiese los tesoros de la nación.

El terrible obstáculo que han tenido todos los gobiernos en México para llevar adelante un programa administrativo, caso de que le hayan formado, es la revolución siempre latente, o manifiesta bajo casi todas las administraciones.

Un presidente que no puede ocuparse más que en precaver el golpe que le preparan sus enemigos políticos; que tiene necesidad de tener un ejército en pie de guerra, como si el enemigo extranjero estuviese ya en las fronteras; que a cada momento recibe noticias de conspiraciones próximas a estallar, y que siente aun en su misma residencia las alarmas de los campamentos y la zozobra del ejército que se coloca ya delante del enemigo, es un presidente que no puede dedicarse a hacer ninguna mejora administrativa ni a plantear una reforma financiera, ni a hacer nada, absolutamente nada, más que defenderse, cuidarse y combatir.

Un gobierno así no piensa ni se ocupa más que en soldados para atacar al enemigo, y en pertrechos de guerra y policías secretos, y en espías y en denunciantes; no la administración, la campaña es lo que representa ese Estado, es la situación violenta y crítica del usurpador y no la del gobierno legítimo reconocido por una nación.

Ésta es la razón por que muchos de nuestros gobiernos, por más que hayan tenido deseos de hacer el bien, no han podido alcanzarle, y no son tan culpables como parece a primera vista.

El señor Lerdo no encontró nada de esto a su elevación al poder, como presidente constitucional en octubre de 1872 y por eso es más grave su responsabilidad e indisculpable su conducta y su marcha política.

Dígase lo que se quiera, y agréguese que esto es cuestión de apreciaciones, lo cierto es que no hay un solo mexicano, incluso el mismo señor Lerdo, que diga que la situación de desprestigio del presidente de la república, y la satisfacción y tranquilidad del país son en algo semejantes a las que todos oímos y palpamos a fines de 1872, y la prueba está clara, en que entonces y aún muchos meses después no había oposición visible, ni menos órganos en la prensa, y hoy grande y fuerte debe ser ya la oposición, cuando el gobierno mismo ha necesitado organizar la defensa de su marcha por medio de la prensa.

Se dirá que esa proposición es el fruto sólo de ambiciones hurladas, y de exigencias no satisfechas; la acusación es ya tan antigua que a nadie le causa novedad y nadie la toma ya a lo serio, ni los que son objeto de ella, ni los que la hacen, ni la nación que es el juez supremo en la liza periodística.

La paz se conserva, a decir de los amigos del gobierno; deberemos distinguir aquí siguiendo el uso de las aulas: la paz se conserva, en el sentido de que no hay ninguna fuerza pronunciada que ataque al gobierno general, es verdad, pero la parte «conserva en el sentido genuino de que no hay guerras ni revoluciones en la república», esto es falso, falsísimo; Yucatán, Sinaloa, Coahuila, dan la muestra de esa paz disoluta y completa.

¿Por qué nadie se pronuncia contra el gobierno general?, ¿hay paz, aun cuando en los estados haya guerra?, ¿desde cuándo puede decirse que un hombre está sano porque no le invade una enfermedad general, sino que ataques locales le inutilizan el uso de algunas partes de su cuerpo, o le causan dolores en ella, por más que el lugar atacado no sea más que un diente o un dedo? Muchos de los estados han sufrido la guerra; el ejecutivo, según las costumbres administrativas, ha intervenido; ha corrido la sangre de los soldados del Estado, y sin embargo, no deja de decírsenos, la paz está conquistada.

Resueltamente pues, puede asegurarse que la paz no existe, sino bajo el aspecto de que no hay un pronunciamiento contra los poderes de la Unión: ahora bien, aun esta especie de paz, ruin y mezquina, ¿se debe al acierto de la administración?

No, porque para decir tal cosa era preciso que la marcha del gobierno, aun habiendo descontentos, cosa muy natural, dejara satisfecha a la mayoría de la nación que es la que debe sofocar aun la idea de una revolución en la minoría descontenta y ofendida.

Con el señor Lerdo sucede todo lo contrario; en su gobierno el número de descontentos ha crecido de una manera fabulosa, y a ser cierto que la opinión es el resultado de las ambiciones burladas, se puede decir que México es el país sobre la tierra en que existen más ambiciosos, pero al mismo tiempo más burlados en sus esperanzas.

En todas las naciones y más que en otras en México, existe una gran mayoría de ciudadanos que no toman parte en las luchas políticas, pero a pesar de eso es la que decide la suerte de los gobiernos y de las revoluciones, porque le basta sólo inclinarse de uno a otro lado, para dar triunfo a un partido o derribar un gobierno. Esta parte de la sociedad se ocupa poco de la política, pero no pierde de vista la administración y desea el progreso y la prosperidad del comercio, de las artes, de la minería de la industria.

El señor Lerdo no ha hecho nada absolutamente en materia administrativa, más que el célebre contrato de las tarifas y en materia política más que levantar una o dos entidades nuevas, y la nación comprende que hay paralización absoluta, y lo comprende primero porque ella es la que lo resiente y luego porque hasta El Siglo XIX, periódico que era el eco del círculo del señor Lerdo, y los amigos de este señor, lo han dicho franca y lealmente a la faz de la república y con frases tan enérgicas como ningún escritor de oposición lo había hecho hasta ese día.

La mayoría de la nación está descontenta, disgustada; pero aún no quiere la revolución, aún tiene paciencia, aún espera, y ella, cansada de tantas guerras, y temerosa de una nueva, es la que conserva la paz, no por amor profundo al gobierno, ni porque crea que la nación es feliz y marcha perfectamente, sino por negligencia, por indiferentismo, por desaliento, y quizá por falta completa de fe en el porvenir.

He aquí uno de los elementos que conservan la paz, y que no se debe sin duda al acierto y buena administración de nuestros gobernantes.

En nuestros artículos siguientes continuaremos examinando esta cuestión tan decantada de la paz.

El Radical, t. 1, núm. 51, enero 6 de 1874, México, p. 1.

LA TEÓRICA Y LA PRÁCTICA

(I)

Con este título, uno de los diarios de esta capital ha publicado un largo artículo en el que un escritor bastante conocido, procura demostrar que las teorías de los escritores de oposición, aun haciendo a éstos el favor de suponérseles de buena fe, son irrealizables en la práctica, y que no es lo mismo pintarse un gobierno tal como se desea, y poder en el terreno de los hechos y cuando se llega a dirigir una administración llevar a cabo ese programa que tan fácil, tan justo y tan legal pareció desde lejos.

Desatenderemos todo aquello que pueda herir nuestra susceptibilidad como periodistas de oposición; porque deseamos estudiar la cuestión y hablar de ella con la mayor sangre fría, sin dar a un negocio que es de utilidad pública el triste carácter de cuestión personal.

Como no ha tenido la oposición más programa que el exacto cumplimiento de la Constitución de 1857, por más que haya expresado mal sus deseos, y por más que haya podido faltar a las reglas que para el buen decir han fijado los mas célebres escritores, la nación y el gobierno han comprendido perfectamente el espíritu de esa oposición, que por todos los medios que están a su alcance reclama la observancia de nuestro código fundamental, y de las leyes vigentes en la república.

Nosotros no sabemos que ninguno de los escritores llamados de oposición haya querido ni pedido más; ni de más se ha quejado que de la falta de cumplimiento a la ley, y nunca hemos llegado a encontrar esas exigencias de la teoría que se declaran imposibles en la práctica.

Hagamos algunas reminiscencias por lo que puede tocar a El Radical y veamos con verdad si se pueden llamar bellas teorías lo que hemos predicado; si son prácticas que debían estar establecidas y sobre todo si aun siendo teorías, el gobierno tiene derecho de declararlas tales, y como tales despreciarlas.

En primer lugar nosotros hemos pedido que la libertad del sufragio sea una verdad, que la administración no influya en las elecciones, y hemos acusado al señor Lerdo ante la nación, de haber quebrantado este principio democrático y constitucional, y de haber hecho a su voluntad, elecciones de magistrados, de regidores y de diputados.

Éste ha sido el tema de gran número de nuestros editoriales.

¿Cuál es aquí la teoría?, ¿será teoría nuestra, la intervención absoluta y descarada del poder en las elecciones? No se nos contesten insultos, dígase con verdad, con lealtad, si hay un hombre en la grande extensión de la república que ignore la parte que el ejecutivo toma en la elección; ¿quién no ha oído hablar de los candidatos oficiales?, ¿quién no ha sabido que el gobierno ganó tal elección, por ejemplo, y perdió tal otra, lo cual prueba que se mezcla en ellas?, ¿quién al mirar a los diputados no puede decir señalando a alguno, a ese ciudadano le trajo aquí la voluntad del señor Lerdo y no la del pueblo?

La opinión pública contestará por nosotros y seguros estamos que el gobierno mismo comprenderá que esta intervención no puede ser un secreto para nadie.

Ahora bien, ¿es una teoría irrealizable la nuestra cuando proclamamos la completa libertad del sufragio, y cuando decimos que el gobierno debe abstenerse absolutamente de intervenir en los actos electorales? Si es una teoría, nosotros vemos que debe ser una práctica, porque eso prometió el presidente y prometieron sus ministros al tomar posesión de sus altos puestos y ¿qué podían esperar los pueblos de un gobierno que llamándose constitucional y democrático declara teoría y no más que teoría el principio de la libertad del sufragio? Si como teoría irrealizable, tienen esto los que nos gobiernan y los que les sostienen con su pluma, debían decirlo con franqueza a la nación porque nos parece que hay un feo engaño en ofrecer al pueblo, hacer aquello que se tiene la conciencia de que es una teoría irrealizable en la práctica.

Continuemos nuestro propio examen.

Otro de los temas de nuestros artículos ha sido la independencia de los tres poderes; éste es para nosotros un principio sagrado, porque además de estar consignado expresamente en la Constitución es la garantía del sistema republicano, y hemos dicho que esa independencia no existe verdaderamente. La prueba de esto la hemos procurado dar en los respectivos artículos, pero aun cuando no fuese sino apelando a la conciencia pública, podríamos asegurar de nuevo que la independencia de los poderes, no existe supuesta la influencia del ejecutivo en las elecciones.

Y ¿se podrá llamar teoría la exigencia del cumplimiento de esta garantía política? Sin duda, a juicio de los escritores que no son de oposición, y claro está que si es una teoría irrealizable la independencia de los poderes, se confiesa explícitamente que no existe y se confiesa que nosotros tuvimos razón al decir que no existía, y se dice al pueblo que la Constitución no es más que un engaño, y se declara práctica irrealizable la observancia de los más sencillos principios de derecho constitucional.

¿Se dirá que la independencia y soberanía de los estados es una teoría irrealizable? Porque la independencia de los estados es otro de los principios, cuyo cumplimiento hemos pedido todos los días.

Quizá también sea una teoría eso que la Constitución prometió; porque todos los días vemos que la soberanía de las localidades es invadida por el centro; ya por el ejecutivo como en Yucatán, ya por el judicial como en Querétaro y Morelos, ya por el legislativo como en Coahuila.

Y el gobierno no puede dar gusto a la oposición que pide la independencia de las entidades federales, porque ésta es una hermosa teoría para profesarla pero imposible de ejecutarse en la práctica.

Confesión preciosa para el pueblo mexicano es esa que brota de uno de los periódicos que sostienen a la administración del señor Lerdo, confesión que nosotros aceptamos y con la cual estamos conformes, «en la práctica es imposible que el gobierno haga lo que pide la oposición porque la teoría está muy lejos de la práctica».

Estamos conformes, lo repetimos, y agregamos que el país está convencido de que no le es posible al señor Lerdo llevar a la práctica las doctrinas predicadas por nosotros.

El Radical, t. 1, núm. 54, enero 10 de 1874, México, p. 1.

LA TEÓRICA Y LA PRÁCTICA

(II)

Examinamos en nuestro artículo anterior que publicamos ayer, los principales puntos de nuestras doctrinas y las palpitantes exigencias, que, a nuestro parecer, tienen la república y la democracia en México.

Esto lo hicimos con el objeto de investigar a cuáles de estos principios proclamados por nosotros en El Radical, y conculcados por el gobierno del señor Lerdo, se les podía aplicar el nombre de teorías, y cuales de ellos eran imposibles de plantearse en la práctica.

Pero ayer, en todo cuanto examinamos de nuestras doctrinas nada pudimos encontrar que se pudiera nombrar sólo teoría, ni menos inaplicables en la práctica, porque si bien es cierto que hoy son una mentira, un principio sin aplicación y hasta una utopía ridícula la libertad del sufragio, la división de poderes y la soberanía e independencia de los estados, esto no prueba que siempre haya sido lo mismo, y que no pueda dejar de ser así.

Ciertamente estamos conformes con el escritor a quien nos referimos, en la idea de que una es la teoría y es otra la práctica, y tan conformes estamos, que aunque con distintas palabras hemos dicho todos los días que la Constitución tan evocada por el gobierno, no es sino un bello libro de más en México, un cuerpo de doctrinas que nadie observa, y una especie de colección de consejos dados a un gobierno que ni los pide ni los sigue; esto hemos dicho repetidas veces, y esto volvemos hoy a consignar como nuestro modo de ver la situación.

Pero nos permitiremos aquí hacer una observación que no deja de ser necesaria.

Cuando se dice de un escritor público que propone y predica doctrinas inaplicables en la práctica y que no pasa de bellas teorías, o diciéndolo más claramente, que no comprende que no es lo mismo escribir que gobernar, es necesario citar con precisión y exactitud aquella parte de la doctrina que sea inaplicable, porque de lo contrario sería eso no más entrar en un terreno de lucha tan grande, y tan obscuro que los dos adversarios no pudieran jamás llegarse a encontrar para medir sus armas.

Así pues, desearíamos, con todas veras que se nos dijese, citando uno de nuestros párrafos, «esto es irrealizable en la práctica y vosotros como no sabéis lo que es gobernar no podéis, como nosotros que lo sabemos, distinguir la teoría de la práctica».

Y quizá no se ha dicho verdad más grande, ni menos teórica, ni más práctica, durante toda la administración del señor Lerdo, que aquella a que nos referimos «que una es la teoría y otra la práctica».

Desde que el señor Lerdo dio su célebre manifiesto pueden comenzar a contarse las pruebas de esa verdad, y a reserva de hacer una minuciosa comparación entre lo que en ese manifiesto prometió el señor Lerdo y lo que ha hecho, idea que nos ha sugerido el artículo «Teórica y práctica» de que nos ocupamos, hoy haremos como en otros días una ligera revista de las teorías de la Constitución y de las prácticas del gobierno; como una prueba más de nuestra conformidad con esa idea de la distancia que media entre la teoría y la práctica, pero advirtiendo sólo, que esto es aplicable no más a la actual administración.

Teoría hermosa, el manifiesto del señor presidente, que hizo alentar todos los corazones, alzarse todas las esperanzas, y tranquilizar todos los ánimos de los mexicanos, en el año de 1872.

Práctica, de ese manifiesto, «la más completa paralización en los negocios públicos» (palabras de El Siglo XIX en 1873), el exclusivismo más intransigente, el más completo desprecio no sólo de los hombres que no transigen con la marcha del gobierno, sino aun de aquellos que fueron los más firmes partidarios y amigos del señor Lerdo, en los días de prueba para él (palabras del Siglo) una política mezquina, contraria a las aspiraciones nacionales, sin fuerza, sin vigor y sin energía, que ni toma el carácter de una reforma, ni sigue la marcha que llevaba la de la anterior administración; las fiestas y los convites, en vez de la administración seria que se ofreció al país. He aquí la práctica.

Es una teoría constitucional que el gobierno de México debe ser el republicano, representativo, popular, federal.

Y la práctica nos dice todo lo contrario, quizá porque es imposible en ese terreno plantear las teorías que tan bellas se miran, cuando no se es gobernante sino periodista, y hombre de la oposición.

La práctica nos dice, todos los días, que las elecciones no son por ahora, y bajo la actual administración, más que una farsa, en la que el pueblo no toma absolutamente parte; que los diputados, los regidores o los magistrados, los designa el presidente; que en palacio se forma lo que sin embozo se llama públicamente, la lista de los candidatos oficiales; que el ejecutivo reparte entre sus amigos y adictos los distritos electorales de los estados, y combina quién debe salir propietario por tal punto, al mismo tiempo que por tal otro, para asegurar su elección y dejar el puesto en el Congreso al suplente que sea más del gusto del ejecutivo de la nación.

La práctica enseña que llega a tanto el poder del presidente, que ante él y no ante el pueblo, se solicita la elección, y que los gobernadores llegan a la capital o envían comisionados para recibir la lista de los que deben representar en el Congreso general los intereses de su estado.

La práctica enseña que el ejecutivo es casi el único poder, y que por cuantos medios están a su alcance, busca eso que se llama mayoría en el legislativo y en el judicial, y la obtiene, lo cual no quiere decir más, sino que es árbitro y absoluto en todo, y la ley se da por su influencia, y no tiene obstáculos en su marcha ni en sus extralimitaciones, lo que no es ya ni extraño ni difícil para el señor Lerdo.

La práctica nos dice que la soberanía de los estados se reduce ya a que tengan el nombre de soberanos, y a que paguen por presupuesto separado un gobernador y una legislatura que están sojuzgados por el centro; nos dice que los gobernadores, bien o mal de su grado, tienen que convertirse en agentes o en cómplices del gobierno general, a pesar de la soberanía del estado, para oprimir y extraviar el sufragio público, haciendo que salgan electos representantes del pueblo, hombres a quienes el pueblo no conoce, so pena de verse acusados en un Congreso cuya mayoría es del presidente que ordena hacer esa acusación.

Es una teoría constitucional que se levante y organice la Guardia Nacional, que debe sostener las instituciones porque es el pueblo armado.

La práctica nos dice que ésta no es más que teoría inaplicable en la práctica, porque existiendo la Guardia Nacional, el ejecutivo con quince o 20 000 hombres no sería, como hoy, el árbitro y señor absoluto del centro y de los estados, y con derecho, el del más fuerte, para imponer su voluntad soberana a los pueblos.

La teórica nos dice que el país debe regirse por la Constitución y la práctica nos contesta que la Constitución es letra muerta.

He aquí como nosotros también estamos conformes en que existe un abismo entre la teoría y la práctica, y agregamos que el Partido Radical es en este sentido el de la teoría, y el gobierno el de la práctica.

Ni nos avergonzamos de esto, ni desesperamos de que algún día la nación conocerá que esas teorías pueden ser prácticas, y que esas prácticas pueden dejar de serlo.

El porvenir está delante de todos, en él se verá quién tiene la razón.

El Radical, t. 1, núm. 55, enero 11 de 1874, México, p. 1.

CÓDIGOS MILITARES

El Congreso de la Unión ha decretado que se autorice al ejecutivo para hacer los gastos necesarios para la formación de un código militar. El ejecutivo no tuvo observaciones que hacer y la autorización fue expedida.

El pensamiento no puede ser ni más útil, ni más conveniente, ni más necesario, pues los juicios militares como hoy se sustancian son inicuos, supuesto que los desgraciados militares no tienen a quien apelar de la única sentencia que se da en el proceso, ni quien pueda revisar ese proceso.

Para nuestro juicio, en todas esas causas se ha faltado a la Constitución, y los soldados no han tenido todas las garantías que debían disfrutar como ciudadanos, y esto no por culpa de sus jueces, sino de una ley que tiene la graciosa particularidad de que siendo para el fuero de guerra se dio por el ministro de Justicia.

Pero hay aquí algo que referir de la historia particular de la formación de los códigos militares, y algunos pormenores que si bien no pueden llamarse un delito, sí prueban hasta la evidencia el poco empeño del ejecutivo en los negocios administrativos y el deseo de dilapidar los fondos públicos en beneficio de algunos amigos del gobierno; y nos apresuramos a publicar estos detalles antes que el señor Lerdo nombre la comisión que debe presentar el proyecto del código militar, para que nuestras palabras no hieran a nadie ni se tomen como efectos de una enemistad particular.

A principios del año próximo pasado, el señor general Vélez, comandante militar del distrito de México, citó a una reunión a los generales y jefes superiores del ejército que se encontraban entonces en la capital de la república.

El señor Vélez tuvo la feliz idea de reunir a estos jefes suponiendo, como era natural, que todos tenían empeño en contribuir a la organización del ejército y como una de las primeras exigencias de esa organización, al arreglo de los juicios militares en que conforme a la Constitución debe subsistir el fuero de guerra.

Tal idea, que hará siempre honor al señor general Vélez, fue perfectamente interpretada en la reunión de generales y jefes, por el señor coronel Magaña, secretario de la comandancia general, y comprendida en su verdadero espíritu por los concurrentes, entre los cuales había hombres que honrarían a cualquiera nación; se acordó allí mismo nombrar una comisión que formase un proyecto de código militar de procedimientos.

Nosotros tuvimos el alto honor de ser nombrados para presidir esa comisión, para la que fueron también designados el señor juez de distrito licenciado don José Ma. Canalizo y coronel don Rafael González Páez.

Desde ese día, sin descanso ni interrupción emprendimos los trabajos, y aunque el señor González Páez no pudo asistir más que a tres sesiones, el señor Canalizo y nosotros continuamos por el espacio de cuatro meses formando el proyecto que consultábamos, y discutíamos diariamente con los fiscales de la comandancia militar, y con generales, jefes y abogados que concurrían a las sesiones de la comisión de códigos en el salón de jurados militares.

Por fin quedó terminado, y el señor general Vélez volvió a citar a los generales y jefes y ante ellos sé dio lectura al proyecto.

Después de este paso, el señor Canalizo y nosotros ocurrimos a ver al señor presidente de la república, para presentarle nuestros trabajos; pero él tenía ya conocimiento de las bases que en ese código se adoptaban para el establecimiento de los tribunales de segunda y tercera instancia.

Cuanto dijimos al señor presidente fue que presentábamos aquel proyecto de código formado por encargo de los señores generales y jefes del ejército residentes en México, que aquel código no costaría a la nación ni el precio siquiera del papel en que estaba escrito, que le pedíamos nombrara una comisión que leyera el proyecto y si merecía su aprobación podía presentarse al Congreso, y si no, se podría romper y olvidar que el objeto era hacer un servicio, sin exigir ni esperar retribución ninguna.

Cuando sabemos las enormes sumas que han costado a la nación los otros códigos, creímos que el nuestro, siquiera porque nada costaba y por traer la recomendación de tantos distinguidos generales, merecería, si no la aprobación al menos la atención del gobierno, que en esto nada exponía ni nada podía perder.

Pero nos engañamos; sólo obtuvimos el más profundo desprecio y el señor presidente no se dignó, no sólo nombrar la comisión, pero ni aun pedirnos el original de nuestro trabajo.

Somos bastante humildes para conocer que ni nosotros, ni el señor general Vélez, ni los generales y jefes que nos habían comisionado para formar el proyecto, valemos nada delante del señor presidente, ni tenemos derecho a ser escuchados; pero creímos que como se trataba de ahorrar un gasto al erario, y dar un paso en la organización del ejército, bien hubiera podido el señor Lerdo nombrar tres personas de su confianza, y el voto de éstas hubiera decidido completamente la cuestión sin que el señor presidente hubiera tenido que dis traer su atención, constantemente ocupada en los negocios públicos, como es notorio a todos.

Ahora el presupuesto crecerá con una partida de quince o 20 000 pesos, que pudieran haberse economizado.

El señor presidente sabe bien lo que hace.

El Radical, t. 1, núm. 56, enero 13 de 1874, México, p. 1.

LOS ESTADOS

Si fuera posible que de buena fe llegara a dudarse de la violenta situación por la que en estos momentos atraviesa la república mexicana, no sería necesario más que fijarse en el aspecto que representan los estados de la Unión federal.

Víctimas los gobernadores y las legislaturas de la tendencia centralizadora que forma la base de la política del señor Lerdo, tienen naturalmente, la mayor parte de ellos, que sostener una lucha incesante, bien con el gobierno general cuando no acatan servilmente la consigna del jefe del ejecutivo, bien cuando la obsequian con el Partido Radical que a pesar de la potencia del ejecutivo de la Unión, lucha y luchará sin descanso, porque no se lleve a efecto el programa de los partidarios del señor Lerdo, que sin embozo proclaman ya que la estricta observancia de la Constitución es una teoría de los que no saben lo que es gobernar, imposible de seguirse en la práctica.

Yucatán, dividido profundamente, mira inclinarse la balanza de sus destinos al lado que más agrada a los representantes armados del ejecutivo de la Unión y a pesar de cuantas ilusiones se forman los hijos de esa mal aventurada entidad federal, la soberanía del estado depende del capricho de un jefe militar, o de la orden que lleve el correo en el vapor americano. Yucatán puede decir que su soberanía reside en Chapultepec.

Coahuila es un estado cuya soberanía ha adquirido el gobierno de la Unión por derecho de conquista; un gobernador débil que abdica su legitimidad por un plato de lentejas; una legislatura que antepone sus rencores personales a la dignidad de su estado; un jefe del ejecutivo de la Unión que no respeta las doctrinas constitucionales; un Congreso general sumiso y que procura hasta prevenir los menores deseos del señor presidente, y una brigada bien armada y municionada, he aquí lo que ha bastado para humillar a un estado libre, soberano e independiente, sin que los otros estados hayan hecho nada, absolutamente nada en favor de su hermano, olvidando que si hoy es Coahuila, mañana será cualquiera de ellos.

El funesto ejemplo dado por la Suprema Corte de Justicia en el negocio de Yucatán el año de 1872 en odio a los partidarios del señor Juárez, y repetido en los asuntos del estado de Querétaro en 1873, introdujo el terrible precedente de intervenir la justicia federal en los negocios del régimen interior de los estados, con el cauteloso pretexto de los juicios de amparo. Tal precedente tolerado por los demás estados a quienes no tocaba ser entonces las víctimas, vino a expeditar el camino del abuso y de la centralización minando rápidamente por su base la soberanía de los estados. En aquellos días todos los estados callaron dejando servir de víctima al atacado, calló entre otros el de Morelos y hoy surge el resultado de aquella práctica, porque aunque los periódicos de Morelos digan que el asunto de Querétaro era diferente, a nadie se le oculta que en el fondo era la misma la infracción, el mismo el ataque a la soberanía del estado.

Morelos tendrá que sucumbir, abandonado por los otros estados, como sucumbieron Yucatán primero y luego Querétaro; pero tras de Morelos irá seguramente Jalisco, y tras Jalisco alguno de los otros, porque la soberanía de los estados es, como otras tantas de nuestras instituciones, para el señor Lerdo y los defensores de su política, una teoría en la que creen sólo los que no han gobernado, imposible de plantearse en la práctica.

El señor Lerdo ha hecho o procurado hacer solidarios de su política a los gobernadores de los estados, y muchos de éstos sin escrúpulos han sacrificado la independencia de los pueblos que los eligieron o que los toleran por no perder la gracia del jefe del ejecutivo de la Unión.

Por eso en la cuestión de las tarifas, cuestión que aún ha de dar días muy negros a México, algunos gobernadores perdieron el temor de la opinión pública, hasta el grado de poner a los llamados representantes de su estado, telegramas porque votasen en el sentido que deseaba el señor presidente, sin avergonzarse ante los testigos de aquella complicidad, que eran cuando menos los dos empleados del telégrafo, el que enviaba y el que recibía el parte.

Todo el mundo sabe, y nosotros lo hemos repetido hasta el fastidio, el papel de los gobernadores en las elecciones generales, y si como remedio se busca el Senado, ¿qué será el Senado cuando es una mentira la independencia de las entidades federativas?

Se ha acusado en el Congreso de la Unión al gobernador de Jalisco; la misma suerte ha corrido el de Tabasco; el de Morelos tiene la espada de Damocles en la cabeza, y otros varios están ya próximos a pasar por este mismo trance; ¿y será posible que a esto se le llame paz y tranquilidad sólo porque el estampido del cañón y el fuego de la fusilería no anuncian la discordia?

En vano será pintarnos un horizonte color de rosa, y en vano el señor presidente hará subvencionar 100 periódicos que anuncian la tranquilidad pública: a cada uno de sus artículos contestarán victoriosamente, ya una revolución local, ya la acusación de un gobernador, ya un rumor sordo y siniestro que se escucha en toda la república y que lo mismo en el centro que en los estados denuncia que no hay sino una paz engañosa cubriendo una inquietud latente y pertinaz.

La opinión pública no se conocerá en los periódicos de oposición, sea; pero adonde de seguro no se encontrará nunca, es sin duda en los palacios adonde sólo tienen acceso los hombres que aprovechándose del favor del gobierno, pasan alegremente la vida sin preocuparse de si existe el pueblo, o de si éste sufre o goza.

En los convites, es seguro también que la opinión pública no se conoce: por muy agudo que sea el alarido de dolor o de indignación de un pueblo, se puede jurar que no llega a escucharse entre el eco sonoro de las músicas, entre el chocar de las copas, y entre los atronadores aplausos con que se recibe un brindis presidencial.

Además, allí no concurren más que los escogidos, y de seguro que no habría alli quien se atreviese a decir: «brindo porque no olvidemos que existe el pueblo, que ese pueblo llora mientras reímos, y tiene hambre mientras comemos y nos ha elevado para trabajar y no para gozar». Quien tal dijera sería arrojado de allí, y sin embargo diría una gran verdad.

La federación no está tranquila, porque comprende que está en crisis su existencia, porque los hombres liberales conocen que no hay medio, o desaparece la política de la actual administración o desaparece la independencia de los estados.

El cambio de política es indispensable, y si el señor Lerdo no lo hace lo hará el pueblo; pero este segundo extremo es peligroso y terrible; ojalá y el señor presidente se decida a hacerlo él; esto le salvaría y salvaría la paz.

El Radical, t. 1, núm. 57, enero 14 de 1874, México, p. 1.

DE CÓMO ENTIENDEN NUESTROS GOBERNANTES LA CONSTITUCIÓN

Recordarán nuestros lectores que varias veces en El Radical, hemos dicho que los oficiales mayores no pueden funcionar como ministros; que esto es un abuso contrario a las prevenciones constitucionales, un lujo de arbitrariedad supuesto que el señor presidente es árbitro para dar el carácter de ministros a los oficiales mayores que ahora no lo tienen, y en fin, que es nula toda disposición que sea autorizada por esos oficiales mayores.

Esta misma cuestión había sido promovida en años pasados por el señor procurador general, y ni este señor, ni nosotros, habíamos conseguido que el supremo gobierno dijese en qué ley basaba tal práctica, ya que nosotros basábamos nuestra teoría en el artículo expreso de la Constitución.

Por fin uno de los apreciables colegas de esta capital, El Siglo XIX, volvió a la carga, interpeló, y he aquí textual la contestación del periódico de palacio, que bebe la inspiración de la fuente más pura, y que ha declarado casi exactamente, que él habla en nombre del gobierno.

Dice así el Diario del Gobierno refiriéndose a El Siglo:

Nos pregunta en su número de ayer cuál es la ley vigente que autoriza a los oficiales mayores a funcionar como ministros, y no tenemos inconveniente en contestarle: es la disposición de 27 de noviembre de 1821, promulgada el 3 de diciembre del mismo año, y confirmada el 31 de enero de 1824.

Por consiguiente, funcionando como secretarios del Despacho, los oficiales mayores, son responsables de sus actos conforme a la ley del 3 de noviembre de 1870.

Basta conocer ligeramente la historia de nuestra desgraciada república desde la época de su independencia hasta hoy, para advertir que la ley a que se refiere el Diario del Gobierno y que tan magistralmente declara vigente, es una ley anterior al primer imperio, expedida para un régimen que no era el republicano y mucho menos el de la Constitución de 1857, aunque se agregue después por el colega de palacio que la ley fue confirmada el 31 de enero de 1821. Sin duda para que se crea que fue como emanación del código de 1824, y conforme con su espíritu, esto ni es exacto, ni aun cuando así fuera pro baba otra cosa más, sino que rigiendo la Constitución de 24, esta ley estuvo vigente, y nunca que puede y debe por eso estar rigiendo la de 1857.

Declarar que la administración pública de la república se rige y ordena en el año de 1874, después de la radical revolución de Ayutla y de la Constitución que de ella emanó por una ley dada por la regencia y antes del primer imperio, es una idea que nosotros, utopistas constitucionales, y poco conocedores de leyes prácticas gubernativas, no hubiéramos llegado a formar ni después de muchos años de meditación.

Sólo la Corte de Justicia en el año de 1870, declarando vigente una disposición administrativa de Maximiliano, y condenando al Banco de Londres a pagar una multa que por faltas a la ley del papel sellado le impuso el imperio, ha dado un ejemplo semejante de aplicación de los principios constitucionales.

Una Constitución en un país, y principalmente una Constitución que emana de un movimiento general del pueblo cansado de la opresión y de la dictadura, es un cambio radical de cuanto antes de ella existía en el régimen positivo y administrativo; es más que el nacimiento de una institución, es el nacimiento de un pueblo a la libertad y al ser político.

No cabe pues, sin abuso y sin error, la aplicación de leyes anteriores a esta Constitución, aun cuando no se opongan a ella, y en lo relativo a las instituciones políticas y administrativas, si estas leyes no se declaran vigentes, expresamente por el Congreso; pero ya no como disposiciones antiguas que subsisten sino, aun cuando la forma y redacción sean las mismas, como emanando, naciendo de la nueva Constitución, orgánicas de sus artículos y formadas por autoridades cuya fuente de poder esté en esa nueva Constitución.

Todo lo demás es absurdo y es ilegal ¿qué importa que la ley citada por el Diario haya regido en el tiempo de la Constitución de 24?

Recordamos a propósito de esto las palabras del presidente del Congreso constituyente el día del solemne juramento de la Constitución. «En vez de revivir las instituciones de 1824, obra venerable de nuestros padres, emprendieron la formación de un nuevo código fundamental que no tuviera los gérmenes funestos, que en días de luctuosa memoria, prescribieron la libertad de nuestra patria.»

Estas palabras las citamos para que se vea que no puede haber ni duda de que para nada tiene que tenerse en cuenta lo que pasaba en los tiempos en que regía la Constitución que no fue tomada por modelo, sin duda, para formar la que hoy nos rige.

La ley que dispone que los oficiales mayores puedan tener el ejercicio de decretos, como en otros tiempos se decía, debe ser reglamentaria de los artículos 86 y 88 de la Constitución de 1857, porque de otra manera no se puede comprender ni su aplicación ni su existencia.

Ahora bien, para que sea reglamentaria de esos artículos, es necesario que un Congreso posterior a la Constitución la haya declarado expresamente en vigor, y aplicable a dichos artículos; y decimos que es necesario que el Congreso haya sido posterior, porque el artículo a que nos referimos al iniciar que ninguna ley anterior subsiste, supuesto que debe darse una nueva, se expresa así: «Art. 86. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la federación habrá el número de secretarios, que establezca el Congreso por una ley etc.»

Es indudable que la Constitución manda que se haga una ley reglamentaria y nunca ninguno de los constituyentes, ni nadie que lea este artículo puede suponerse que el ejecutivo en 1874 declarase que este artículo estaba ya de antemano provisto de ley orgánica, desde el año de 1821 antes del imperio de Iturbide.

¿Qué Congreso ha declarado vigente esa ley que con sólo el artículo constitucional citado, queda completamente derogada?, aun concedemos más, ¿qué presidente después de la Constitución de 1857, armado de facultades extraordinarias la puso en vigor? Ninguno; es una ley muerta, inaplicable y contraria a la Constitución, que dice expresamente en su artículo 88: «Todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente, deberán ir firmados por el secretario del Despacho, encargado del ramo a que el asunto corresponde; sin este requisito no serán obedecidos.»

Los oficiales mayores no son más que empleados, y no porque despachan con el presidente, son secretarios del despacho; su carácter no es constitucional, y la ley citada por el diario ni está vigente, ni es aplicable.

El Radical, t. 1, núm. 58, enero 15 de 1874, México, p. 1.

NEGRO Y COLOR DE ROSA

Cuando en una tierra lejana o en una época distante se lean los diarios publicados en México, en estos días, si el lector tiene la suerte de encontrarse con un periódico siquiera de oposición y otro de los que sostiene la política del señor Lerdo, se hallará en una perplejidad tal, y tantas serán sus dudas, que después de comparar cien veces las fechas y el nombre de las personas de quienes se habla y los acontecimientos referidos, y asegurarse de que no es víctima de una mistificación, concluirá por pensar o que hay en México, en esta época, dos razas distintas de hombres que tienen diferente la masa encefálica y miran las cosas de opuesta manera, o que la situación política, como Jano, tiene dos caras que los escritores pintan según la que delante tienen. Tan diverso así es el cuadro, que cada uno de los partidos en que está dividida la nación, dibuja la marcha política y administrativa del gobierno del señor Lerdo de Tejada.

Al decir de los partidarios del señor presidente, el país marcha sin obstáculos, con rapidez y seguridad, por la ancha vía del progreso moral y material; la paz reinando en toda la extensión de la república, asegura la tranquilidad y el trabajo y la ganancia al comerciante y al agricultor, al minero y al artesano; las ciencias protegidas por el ilustrado gobierno del señor Lerdo, se levantan de la postración en que yacían; las mejoras materiales se multiplican; el bienestar se hace sentir en todas las clases de la sociedad; las continuas fiestas y la multitud de convites no prueban más sino la felicidad de que el país disfruta, y el prestigio y amor que la nación tiene a sus gobernantes; y si se escuchan algunos gritos de oposición, son lanzados por hombres, o que no han visto satisfechas sus personales aspiraciones, o son, si el interés particular no les guía, escritores que no habiendo gobernado nunca ni una aldea, y no conociendo las exigencias que trae el mando, quieren que el gobierno se ajuste exactamente a la Constitución y a las leyes; sin comprender la inmensa distancia que hay de la teoría a la práctica, y sin pararse a considerar, cuán distinto es eso de gobernar, a escribir artículos sobre gobierno.

Tal es el cuadro pintado por los partidarios del señor Lerdo; veamos en miniatura el que pinta la oposición.

Según los escritores que no están conformes con la marcha del gobierno, y entre los cuales tenemos el honor de contarnos, el gobierno conduce a la nación a un precipicio, porque orilla y precipita al pueblo a una revolución; la paz no existe sino en el sentido de que no hay un partido que combata al gobierno con las armas en la mano, pero no en la tranquilidad de los ánimos, ni por el presente ni por el porvenir; la observancia de la ley es para el gobierno una teoría, la federación es una mentira, el sufragio público un engaño, y la división de poderes un principio sin aplicación; el descontento y la miseria se apoderan rápidamente de todas las clases de la sociedad; la división de los partidos es más y más profunda; los odios entre el partido del gobierno y los que no pertenecen a él se recrudecen de una manera que horroriza; la falta de moral pública y política es terrible; la centralización se apodera del sistema republicano, la paralización de los negocios administrativos es completa, nuestros gobernadores se ocupan demasiado en bailes, en teatros, en paseos y en convites, y cada día el remedio en que sueñan los teóricos se hace más difícil para los hombres prácticos.

El lector de estos cuadros y a quien suponemos leyéndolos en un país lejano, y en una época distante, no sabría por fin a cuál de los dos conceder la razón, ni a cuál de los dos dar entero crédito, y cuando más obrando con eso que se llama prudencia, exclamaría: «Vamos, ni tan negro como los unos, ni tan color de rosa como los otros, demos al cuadro una media tinta, para que resulte un verdadero medio color.»

Pero nosotros que no estamos a tanta distancia ni por el tiempo, ni por el lugar de residencia, no necesitamos acudir a la interpretación: datos hay para juzgar quién tiene de su lado la verdad, y cuál de los cuadros es el que mejor representa la realidad.

No se crea por esto que en un solo artículo vamos a procurar la prueba de cuanto dice la oposición, siguiendo punto por punto la marcha del gobierno; nos sería esta tarea larga y penosa, y necesitaría más que un libro el constante martilleo de los periódicos que día a día denuncian los abusos, y comparan los actos de la administración con la ley y con los preceptos de la justicia. Además se diría que ésta es cuestión de apreciaciones y cada uno insistiendo en su dicho, no se avanzaría un solo paso.

Tomemos por base la opinión de la mayoría, y como dato, lo que constantemente dicen los periódicos que defienden la actual política: «que los que están disgustados con el señor Lerdo, son los que no han visto satisfechas sus aspiraciones».

Suponemos fundada esta aseveración por más que envuelva una ofensa para nosotros; si nosotros la aceptamos, no será ya el gobierno quien nos la niegue, y vamos a calcular el número de ofendidos, no matemáticamente en números, sino políticamente en eso que se llama en todas partes mayoría y minoría de una nación.

Así veremos si el número de decepcionados por el gobierno es mayor que el de los satisfechos, cuya consecuencia precisa será que la administración no es popular, ni conveniente.

Fácil será este cálculo si se comienza por considerar que no hay que buscar la opinión de los individuos uno por uno, porque estando en política divididas todas las naciones en un número limitado de grupos, que profesan las mismas doctrinas, que tienen el mismo programa, que llevan el mismo fin y que miden la marcha de una administración con el mismo nivel, de seguro que lo que se diga del Partido Radical o Conservador, se entiende lo mismo del ciudadano que perteneciendo a este partido vive en México, que del que habita en Sonora.

El primer partido político de que nos ocupamos es aquel a que pertenecemos: el Partido Radical, que con tendencias constantes al progreso quiere y necesita como base, el exacto cumplimiento de los principios constitucionales.

Este partido ¿estará conforme con la marcha del señor Lerdo?, ¿verá el cuadro color de rosa como lo pintan los amigos del señor presidente?

Seguramente no, porque las infracciones constitucionales son tan patentes, que no es posible que quien sea partidario de la Constitución, deje de sentirse contrariado al ver tanta arbitrariedad.

El Partido Conservador llega después y de éste no hay ni qué pensar siquiera que admita los brillantes colores que se le dan a la situación para hacerla aparecer hermosa.

El partido que se llamó juarista, y el que tuvo el nombre de porfirista, ¿podrán dejar de ver negro el presente y negro el horizonte?

La parte indiferente de la nación, sobre la cual poco más o menos influyen todos esos partidos y que presiente una ruina terrible, no deja de estar preocupada, y sufriendo la paralización consiguiente a la abstención de tantos hombres en la política; o a la hostilidad de tantos partidos contra el gobierno.

Resta sólo el partido lerdista ¿y qué diremos de él?

Diremos que el señor Lerdo ha procurado y procura destruir y nulificar ese partido, ofendiendo y despreciando a la mayor parte de los que fueron sus amigos, alejándose de ellos para entregarse en manos de aquellos con quienes esos amigos habían chocado por él; haciendo ostentaciones en público de la ninguna influencia que esos antiguos partidarios tienen hoy en el gobierno, y presentándoles cada día en un nuevo papel ridículo, y obligándoles a pasar por el camino que lleva el gobierno, no por la convicción ni por el prestigio, sino por el compromiso fatal que les impide ya romper abiertamente con el hombre a quien ellos ayudaron a prestigiarse.

Y esos hombres, esos lerdistas de buena fe, porque en todos los partidos hay hombres que la tienen, no pueden dejar de comprender que el señor presidente los ultraja como partido, y que ellos no ven ya el programa en que soñaron, y que fue como la carta fundamental de la formación de ese partido. Y sin embargo, aun tienen que sostener la marcha del señor Lerdo, cuando es peor y va por el mismo sendero en que ellos atacaron tan rudamente al señor Juárez.

¿Y puede contar el actual gobierno con este partido que en un tiempo fue su apoyo?

¿Dónde está el grupo organizado y compacto que sostenga la política del señor Lerdo? ¿De qué lado estará la mayoría?

El Radical, t. 1, núm. 59, enero 16 de 1874, México, p. 1.

EL ESTADO DE MORELOS

No parece sino que una enfermedad contagiosa, la centralización, se ha desarrollado en la atmósfera política, y ha invadido a casi todos los hombres que forman el gobierno de la Unión.

La justicia federal representada por la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales de circuito y por los jueces de distrito, tienen entre otras de sus nobles atribuciones, la de velar por la existencia de la federación, sirviendo de guardianes celosos, a la independencia y soberanía de los estados, y poniendo un poderoso dique al gobierno del centro, cada vez que éste, impulsado por el espíritu de expansión de poder, natural a todo gobierno, quisiese invadir a las entidades federales, injiriéndose en su régimen interior o atacando de algún modo su autonomía.

En caso semejante, sin que hubiera necesidad de un choque, sin que el estado ofendido necesitara ocurrir a las armas, sin que se derramara siquiera una gota de sangre, el conflicto debía terminar pacíficamente, y salvarse la soberanía del estado; porque los tribunales federales tienen el poder y la misión para sentenciar estas causas, que sin estos tribunales tendrían que resolverse en un combate.

Pero desgraciadamente, esta hermosa combinación de poderes, «no tiene aplicación en la práctica» desde el momento en que los tribunales de la federación se sienten invadidos de ese anhelo que domina al ejecutivo, de centralizar todo el sistema, y al cual se llama en esta época «política del señor Lerdo».

Entonces la justicia federal pierde su carácter augusto, el gobierno del centro puede extralimitarse, y las soberanías de los estados no tienen más defensa que las armas.

La administración que hoy tiene la república, es una administración de práctica, es decir, que poco caso o ninguno hace de las teorías constitucionales, y tal confesión hecha por uno de sus periódicos, se mira confirmada ya por la experiencia.

Así, pues, a riesgo de ser como siempre, predicadores en el desierto, nos ocuparemos hoy del negocio del estado de Morelos, que tan escandaloso nos parece, y tan atentatorio es realmente a la independencia y soberanía de los estados.

Cuando la justicia federal con el pretexto de los juicios de amparo se injirió en negocios del régimen interior de los estados de Yucatán y de Querétaro, nosotros estábamos retirados del periodismo y aun de la política, y por eso no levantamos nuestra débil voz en defensa de las soberanías de esos estados; y sin embargo reprobamos enérgicamente esa conducta del centro, que nos pareció altamente contraria a la Constitución, y alentamos a aquellos de nuestros amigos que podían tener alguna influencia.

Nuestra imparcialidad es mayor en el caso del estado de Morelos, porque con el señor Leyva no tenemos en política punto ninguno de contacto; él aparece como uno de los más ardientes partidarios del señor Lerdo, y quien le ataca es también uno de los más distinguidos partidarios de ese señor.

Si viéramos sólo el espíritu de partido, tranquilamente contemplaríamos a los partidarios del señor presidente atacarse unos a los otros como encarnizados enemigos y a este señor dejando que la discordia invadiera el campo en que debiera encontrar su último apoyo.

Pero no es así; la cuestión de Morelos entraña un gran principio político: la soberanía de los estados, y nada nos importa el matiz del que ataca y del que se defiende, ni la apatía del gobierno para cuidar de la concordia entre los suyos.

La soberanía de un estado se invade, y todos los constitucionalistas de buena fe deben indignarse, y ponerse en alarma todos los estados.

Los estados son tan independientes, libres y soberanos en su régimen interior, que la justicia federal no puede intervenir en lo que pase en ellos, sino cuando hay una violación a las garantías constitucionales, y cuando el estado invade las atribuciones del poder federal.

Pero se dirá que cuando la ley o disposición de un estado hiere los derechos del individuo, es preciso una gran sutileza para saber si se está o no en el caso del amparo y si puede o no intervenir la justicia federal, sin menoscabo de la soberanía del estado.

Nosotros pensamos que ni es tan difícil esa distinción, ni es tan amplia la órbita de la justicia de la Unión.

Todo ciudadano en un estado tiene precisamente un doble carácter; porque es ciudadano del estado, y además es ciudadano de la república, y con uno y otro carácter, tiene derechos y obligaciones distintas, pero que no pueden chocar entre sí.

Cuando este choque tenga lugar, sea por invasión del estado, o del gobierno general, entonces hay lugar al amparo, y está en su derecho la justicia de la Unión.

Cuando el ciudadano se sienta herido en algunas de las garantías y derechos que le concede la Constitución general de la república, y esto por alguna ley u orden de las autoridades de los estados, hay lugar al amparo.

Pero cuando la falta a los derechos adquiridos o legítimos, le viene al hombre, en su carácter de ciudadano del estado, y en los derechos que como tal tiene, entonces la justicia de la Unión no tiene por qué mezclarse, ni por qué intervenir, ni derecho alguno para tomar parte en el negocio, ya se dé por pretexto, para pedir el amparo, la nulidad de una elección, ya la oposición de una ley del estado con la Constitución del estado; mientras no se afecten las garantías consignadas expresamente en la Constitución, la justicia federal no puede intervenir so pena de declararse a sí misma invasora de la soberanía e independencia de un estado.

Como el negocio de Morelos es de tanta gravedad y trascendencia porque sienta un precedente más a tantos de tendencia centralizadora, nos ocuparemos de él en algunos artículos detenidamente.

El Radical, t. 1, núm. 60, enero 17 de 1874, México, p. 1.

¡SIEMPRE ATAQUES A LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS!

Todos los días repetimos que el poco respeto a la soberanía de los estados es el primero de los vicios de la administración actual, cuya política centralizadora no pierde ocasión de atacar y desprestigiar la soberanía de los estados.

Y no puede decirse que son teorías; son hechos de los cuales presentamos siempre las pruebas: Yucatán, Coahuila, Jalisco, Morelos, tienen por desgracia demasiada experiencia.

Hoy le toca ya al estado de Oaxaca, y he aquí la prueba:

«Protesta:

»La prisión del ciudadano diputado Agustín Castañeda, dispuesta por el juez de distrito y ejecutada de orden del jefe político sin previa declaración de la Legislatura de haber lugar a formación de causa, ha producido grande alarma entre los amigos de las instituciones y está conmoviendo aún profundamente a las clases todas de la sociedad oaxaqueña.

»El fuero constitucional de los miembros de las legislaturas, en vez de oponerse a las estipulaciones del pacto federativo, ha tenido su origen y fundamento en la esencia misma de la forma de gobierno republicano representativo popular, convenida para los estados en el art. 109 de la Constitución de la república.

»Sin aquel preservativo político, los cuerpos legisladores de los estados habrían quedado expuestos a los rudos golpes de fuerza y desbaratados al menor impulso de la voluntad de un hombre; la soberanía, condición propia de los estados desde antes de la celebración del pacto federal y consignada en los artículos 40 y 41 del código de la nación, se habría convertido en un gran sarcasmo político, si los jueces federales no estuvieran obligados a guardar a los altos funcionarios de los estados, el fuero que les otorga sus respectivas constituciones.

»Los estados no fueron a mendigar poder en la alianza federativa. Tenían la plenitud de su soberanía después de la gloriosa revolución de Ayutla, y más bien abdicaron en el Congreso constituyente una parte de ella, reservándose la necesaria y bastante para proveer a sus emergencias y sostener su autonomía interior.

»Por fortuna estos conceptos están en la mente de todos los demócratas, y por eso abrigamos la creencia de que el ultraje cometido en la persona de uno de los representantes del pueblo oaxaqueño, será prontamente reparado, mediante la acción eficaz de los tribunales creados por la ley, porque el ejecutivo del estado sabrá defender las inmunidades del mismo con la actividad que corresponde a un funcionario de su categoría.

»Pero mientras el estado recibe la satisfacción que le es debida, entretanto llega el día de la reivindicación y de la justicia, los infrascritos con nuestro carácter de diputados al 7.º Congreso constitucional del mismo, venimos a hacer una protesta solemne contra la prisión del ciudadano diputado Agustín Castañeda, y la formulamos ante el supremo tribunal de la opinión pública, con toda la fuerza de la razón, con todo el poder de la conciencia y del derecho, con toda la energía de nuestra voluntad.

»Oaxaca de Juárez, diciembre 19 de 1873. R. Maqueo. Mariano Carrizosa. Antonio Prado. José E. Castro. Juan F. Vasconcelos.

¿Podrá decirse tampoco que estos son accidentes, hechos aislados que nada prueban?

De ninguna manera; esto prueba el espíritu antifederl de la administración, prueba un plan bien combinado, prueba que en los altos círculos del gobierno no hay amor al sistema ni respeto a la Constitución, porque de lo contrario nada de esto pasaría; cuando las nubes son de sangre no puede esperarse que llueva sólo agua cristalina y pura.

¿Hasta cuándo despertarán los estados y comprenderán su verdadera situación?

El Radical, t. 1, núm. 60, enero 17 de 1874, México, p. 2.

LO DE OAXACA

Ni puede existir la democracia sin hombres que tengan el pleno y absoluto goce de sus garantías individuales, ni federación sin estados libres, soberanos e independientes, ni nosotros, todos los que pertenecemos al Partido Radical, hemos de dejar de combatir en cualquier terreno a que nos lleva la necesidad de la lucha, hasta ver establecidos en México en todo su vigor los principios de la democracia y de la federación, que son las bases necesarias e indispensables para que el país y el pueblo puedan levantar el edificio del porvenir.

Quizá la democracia y la federación tal cual hoy las entendemos, no serán precisamente el sistema y la forma más avanzadas y más perfectas de gobierno, y es seguro que un poco más adelante la humanidad tiene que hacer muchas conquistas, que hoy enunciadas pasarían por ridículas utopías, pero para llegar hasta ese punto con seguridad, es preciso en el presente cimentar los principios de gobierno que hoy nos rigen, y que hemos jurado guardar y hacer guardar en la Constitución de 1857.

Pero echando una mirada retrospectiva, no al través de muchos años, y meditando siquiera un momento sobre el espíritu de nuestro código fundamental, se nota inmediatamente cuánto ha retrocedido el país en el camino de la democracia y en el respeto a la federación.

La democracia ha quedado ya convertida en una tradición, porque la participación del pueblo en los negocios públicos, por medio de las elecciones de funcionarios, es una mentira; y como en esto se ha atacado a los individuos, y éstos si no se conservan unidos son débiles y la unión para defender sus garantías no existe, el resultado ha sido que esas garantías se han ido perdiendo, y la parte que resta ya a los ciudadanos, más que un derecho del hombre, es una ganancia que concede el gobierno, es un favor del presidente, un préstamo que se hace y no una propiedad que se reconoce y se respeta.

La federación era más difícil de atacar y más difícil de destruir; las entidades federativas no tienen el carácter de debilidad del individuo hombre, y además como son pocas relativamente al número de ciudadanos, la unión entre ellas era y es más fácil, y aunque sólo una parte llegara a coligarse en pro de sus derechos, la justicia de su causa y la fuerza física que representaran, serían más que suficientes para causar serios temores al centro.

Pero el centro, hace algunos años que ha procurado constantemente ir teniendo una influencia más y más decisiva en los estados de la federación, y procurando conseguir (como lo ha conseguido casi) que la federación exista sólo de nombre, que sólo de nombre vivan la independencia y soberanía de los estados, y que en realidad no haya más que el poder del centro influyendo por todas partes, y siendo el árbitro de los destinos de los estados; en una palabra y para valernos de las expresiones de los partidarios del señor Lerdo, que existan la federación en la teórica, y el centralismo en la práctica.

A tan irregular manejo se prestaron sin duda los estados, unos quizá porque no comprendieron la red que se les tendía, los otros por falta de voluntad enérgica; y como poderosos auxiliares tuvo el centro, las pasiones políticas que dividen siempre a los pueblos, y a los hombres que por vengarse de un enemigo, sacrifican la dignidad de un estado.

Duras verdades son éstas, pero son verdades que es necesario repetir ahora que aún hay remedio; porque no es el mejor amigo del pueblo el que le adula ocultándole lo que puede lastimarle sino el que hace llegar a sus oídos la verdad aunque conozca que le hiere.

La administración del señor Juárez en sus últimos años y más que ella la actual del señor Lerdo, han tomado una parte activa, pero verdaderamente reprobable en el régimen anterior de los estados.

Las elecciones de los gobernadores y las legislaturas en la mayor parte de los estados de la federación se han hecho bajo el influjo del gobierno general; en el palacio de México se ha escogido entre los candidatos el que más convenía al señor presidente y ése ha triunfado; y dócilmente en muchas poblaciones no sólo se sigue la opinión del presidente para la elección de un gobernador, sino que se anticipan los hombres de cierta buena posición consultando al jefe de la federación, quién debe ser el jefe de un estado.

Como resultado natural de este manejo, los gobernadores tienen «vínculos estrechos con el gobierno general», y como ellos son los defensores y sostenedores natos de la soberanía de los estados, cualquier desliz del centro que ataque esa soberanía se disimula con facilidad, y se presta al señor presidente el no despreciable apoyo de enviar al Congreso general, para representar a los distritos electorales, a los mejores amigos del mismo señor presidente.

Éstos son hechos que nadie puede negar, y aun cuando se negasen, cada ciudadano exclamaría «son verdades aun cuando el gobierno diga lo contrario».

Los gobernadores y los estados creyeron al principio que ésta, que ellos llamaron armonía del estado con el gobierno general, no sólo no era peligrosa, sino que era necesaria y conveniente para el estado; pero se engañaron.

El gobierno del centro no podía ni puede contentarse con tan poco, y tanto más cuanto que esto no es el fin sino el medio para llegar a la centralización; y ahora ya de una manera, ya de otra, los ataques a la soberanía de los estados, van siendo más desembozados y más rudos, teniendo por ejecutores, bien al Congreso, bien a la corte, bien a un jefe militar, bien a un juez de distrito.

La soberanía de Yucatán, merced a ese programa, es casi una sombra, que vive sólo en cuanto plazca al ejecutivo.

Coahuila lleva ya los mismos pasos de Yucatán.

Jalisco se ha podido salvar de una crisis, merced a la energía de sus buenos hijos y al tacto de su gobernador, pero no deja de tener el amago, porque apenas libre de un conflicto, viene la acusación contra el señor Vallarta, porque el gobierno general no puede tolerar un gobernador que no sea decididamente adicto al personal de la administración.

Luego, la justicia federal interviene en Morelos, juzgando de la validez de elecciones locales, es decir, interviniendo en el régimen interior de los estados para hacer con el general Leyva, por un camino anticonstitucional, lo mismo que con don Julio Cervantes en Querétaro.

Y finalmente, para que no pase una semana sin que haya un nuevo escandaloso atentado contra los derechos soberanos de las entidades federativas, un representante de la justicia de la Unión en Oaxaca, pone preso a un diputado de la Legislatura, sin que ésta haya hecho declaración de ninguna clase, suponiendo que el fuero constitucional, sólo lo gozan los diputados al Congreso de la Unión, sin duda porque suponen también que ser diputado al Congreso general es una categoría más elevada, y más respetable, más alta y más digna que representar un distrito en la Legislatura de un estado.

Si un diputado en México hubiera sido reducido a prisión, sin previa declaración del gran jurado, toda la prensa habría levantado un grito de indignación, se habría interpelado al ministro y el escándalo no tendría límites.

Ha pasado lo mismo en Oaxaca, y como estamos ya tan acostumbrados a esa clase de ataques a la dignidad de los estados y a los fueros constitucionales que ellos, en virtud de su soberanía, tan respetable como la de la república, establecen, apenas hay quien lo diga. Sin embargo, ante los atentados de Morelos y de Oaxaca, seguirán callando los otros estados hasta que les llegue su turno; entonces hablarán, pero será lo mismo, o quizá será ya muy tarde.

El Radical t. 1, núm. 61, enero 18 de 1874, México, p. 1.

CARGOS Y EXIGENCIAS

(I)

Un apreciable periódico de esta capital ha publicado hace muy pocos días, en su sección de editorial, un largo y avanzado artículo escrito por el señor don Agustín R. González, y en el que bajo el título de «Cargos y exigencias», más procura probar que no existe una oposición digna de ser considerada por el gobierno, que hablar de los cargos que a éste se hacen, desvaneciéndolos, y de las exigencias de la oposición, condenándolas.

Procuraremos contestar al señor González, no con la esperanza de vencerle, porque sería demasiado esperar tratándose de adversario tan digno, pero sí con el deseo de provocar más amplias explicaciones, que puedan llegar quizá a convencernos. Ésta sería para nosotros una verdadera satisfacción, porque protestamos bajo la fe de caballeros, que si hacemos la guerra a la administración del señor Lerdo, es nada más porque la vemos llevar un camino extraviado, fuera del sendero de la Constitución, lejos del terreno de la moral, y muy distante del programa patriótico, serio y realmente halagador, que el señor presidente ofreció seguir en el manifiesto que dio a la nación a su ingreso al poder.

Si el señor González nos convenciera de que estamos en un error; si nos probara que el señor Lerdo no se separa de la ley; si nos hiciera comprender cómo se combinan los actos del señor presidente, con su programa, si nos demostrara, en fin, siquiera, que pedir el cumplimiento exacto de la Constitución, como nosotros lo hacemos, es una teoría imposible de llevarse al terreno de la práctica, a fuer de caballeros, declararíamos a la faz de la república que habíamos estado en un error lamentable haciendo la oposición, y nada nos haría entonces apartarnos del lado del gobierno.

Pero entretanto que este momento llega, examinaremos el artículo que tenemos a la vista, y que se intitula «Cargos y exigencias».

Con una cita de Plutarco, comienza el señor González su artículo, y cree que las doctrinas políticas y la fábula que refiere el ilustre historiador, son aplicables exactamente a la situación política de México en la época en que atravesamos.

Inclinando con respeto la cabeza delante de un nombre tan ilustre como el de Plutarco, nosotros, pobres pigmeos del siglo XIX, deberemos decir con toda verdad, sin embargo, que ni los griegos ni los romanos comprendieron lo que es la democracia, ni tuvieron idea exacta de la república, tal como para honra de América se ha planteado en Estados Unidos y en México, ni supusieron siquiera que llegaría a existir la sociedad regida por un pacto social escrito, y que presta más garantías, y asegura más la libertad individual, que la soñada república de Platón.

En Esparta, 30 000 nobles tenían bajo un horrible yugo a 200 000 esclavos a quienes salían a cazar por las noches, como si fueran bestias salvajes, los jóvenes espartanos, con el noble objeto de impedir que aumentara demasiado esta clase de la sociedad que los republicanos lacedemonios conocían con el nombre de ilotas. Y todavía estos 30 000 ciudadanos gemían bajo una ley férrea que los hacía más súbditos, que lo son ahora los que viven bajo el dominio del zar de Rusia.

En Atenas había cuatro esclavos por cada hombre libre, y aquellos demócratas ejercían con esos esclavos actos terribles de crueldad.

El estado habitual de Atenas —dice Renan— era el de el terror, jamás los odios políticos fueron más implacables; jamás fue menor la seguridad individual: el enemigo a diez leguas de distancia siempre, y apareciendo cada año, y cada año teniendo que pelear con él. En el interior una serie interminable de revoluciones. Hoy desterrado, mañana vendido como esclavo o condenado a beber la cicuta, después rehabilitado, honrado como un dios, expuesto todos los días a verse llevado ante un tribunal más implacable que «el tribunal revolucionario» el ateniense en medio de esta vida agitada no estaba jamás seguro, etcétera…

La Grecia toda, dice Volney, que tenía casi 4 000 000 de habitantes, contaba de éstos más de 3 000 000 de esclavos, y

la desigualdad política y civil de los hombres era el dogma de los pueblos y de los legisladores, consagrado por Licurgo y por Solón y profesado por Aristóteles, por el divino Platón, por los generales y los embajadores de Atenas, de Esparta y de Roma, que en Polivio, en Tito Livio y en Tucídides hablan como los embajadores de Atila y de Gengis Khan.

En cuanto a la república de Roma y sus republicanos, puede decirse casi lo mismo que de Grecia, aun en los tiempos más bellos del pueblo rey.

Una pretendida república, siempre oligarquía y nunca democracia, sacerdotes y caballeros (quirites), dueños de casi todas las tierras y de todos los empleos, teniendo bajo sus plantas una inmensa masa de plebeyos agobiados por las deudas, mártires de los usureros, poseyendo apenas algunas yugadas de tierra, que se diferenciaban sólo de sus esclavos en que tenían derecho de azotar a éstos, más infelices que ellos, de vender su voto y de ir a buscar el pillaje en los ejércitos, envejeciendo bajo la vara del centurión.

La igualdad y la libertad de aquella república modelo, estaba reconcentrada en un pequeño número de ociosos habitantes de Roma, que miraban como extranjeros al resto de los hombres, aun cuando nacieran y vivieran en territorio de la república; y la igualdad en el sufragio público llegaba hasta hacer que el voto de un noble de cierta clase, valiera más que el de un millar de plebeyos.

Para repúblicas como aquéllas, para libertades como ésas, y para pueblos que así vivían, Plutarco debía ser gran autoridad; quizá pasaría entonces por radical, y quizá llamando a las exigencias del pueblo caprichos de la multitud aun no faltaría quien dijese de él que predicaba teorías imposibles de plantearse. Pero para repúblicas como México, para pueblos como los de América, en donde han resonado ya las voces de Hamilton y de Madison; para hombres como nosotros que profesamos la doctrina de que si ese capricho de la multitud de que habla Plutarco, es el de la mayoría, por ese solo hecho es una ley sagrada y respetable; Plutarco será un gran historiador, un escritor clásico, pero un político cuyas doctrinas no tienen aplicación, y una autoridad en derecho constitucional mucho menos aceptable sin duda que la de los mismos escritores que a este propósito le citan.

Plutarco habla de gobiernos que pueden o no a su arbitrio acatar los caprichos de la multitud, y el señor González convendrá con nosotros antes de entrar en materia respecto de su artículo, que la cita estuvo bien desgraciada: el señor Lerdo presidente, no tiene que aceptar o no caprichos de la multitud, porque en México, en los días que vivimos, esa multitud de Plutarco se llama, señor González, pueblo soberano, y no tiene caprichos, sino que se ha dado a sí mismo una Constitución que no es libre el gobierno de acatar o no, sino que irremisiblemente tiene que obedecer, so pena de que algún día, más tarde o más temprano, el pueblo se haga justicia; y si esta multitud, que hoy se llama pueblo, tiene el capricho de variar sus instituciones, aunque diga Plutarco lo que quiera, esa variación será la ley suprema de la nación, porque el pueblo es el soberano, y así conquistó por un capricho su independencia en 1810, y su libertad en 1857, y su emancipación gloriosa en 1867; y el gobernante cualquiera que sea, no tiene, hoy que ha triunfado la democracia, el derecho de declarar capricho de la multitud, nada, absolutamente nada de lo que quiera la mayoría de un pueblo, porque ésta es la ley de la nación, y esto era lo que ni aun se imaginaba Plutarco, cuando escribió el trozo que en apoyo del señor Lerdo cita el señor González.

En un navío —dice Plutarco en el párrafo citado por el señor González— los marineros de proa ven mejor que el piloto lo que pasa delante de ellos; y sin embargo, sobre el piloto se dirigen todas las miradas para ejecutar lo que él manda. Del mismo modo en el gobierno los que no ven sino a sí mismos y a su gloria, tienen el bello nombre de magistrados; pero no son otra cosa que esclavos de la multitud.

Quisiéramos saber cómo aplicará esta cita a nuestra política el señor González; la primera parte del párrafo, quiere decir que aunque se vea mejor que el gobierno lo que pasa, él sólo tiene derecho de mandar, y ser obedecido; ésta es una profesión de monarquía y de absolutismo, que creemos que el señor González dejó pasar por distracción o por equívoco, porque no suponemos que un diputado al Congreso de 1874, nos cite como consejo, y consejo sabio, y bajo un régimen de libertad de imprenta y de tribuna, esas palabras de Plutarco «que los marineros colocados en la proa ven mejor que el piloto, pero que a ellos no les toca más que obedecer». No citaría otro párrafo mejor de Plutarco en apoyo de sus doctrinas, ese mismo partido del cual dice el señor González «que se empeña en defender la causa del retroceso».

En cuanto a la segunda parte del párrafo que cita el señor González, y que dice: «del mismo modo en el gobierno los que no se ven sino a sí mismos y a su gloria, tienen el bello nombre de magistrados, pero no son sino esclavos de la multitud».

No parece sino que este párrafo de Plutarco lo eligió el apreciable articulista, como una sangrienta alusión al señor Lerdo, y nosotros no hubiéramos desdeñado de tomarlo por epígrafe para escribir un artículo atacando la administración.

Si lo que se quiso fue dar al señor Lerdo un consejo para que no siguiese caprichos de la multitud, entre nosotros ni hay caprichos, ni multitud, sino Constitución y pueblo.

La cita de Plutarco es muy conducente; en nuestro próximo artículo nos ocuparemos de la fábula de la serpiente, cuya cola quiso mandar a la cabeza, y veremos a quiénes llama cabeza, y a quiénes cola, el apreciable redactor de El Porvenir.

El Radical, t. 1, núm. 62, enero 20 de 1874, México, p. 1.

CARGOS Y EXIGENCIAS

(II)

No necesita el señor González, para persuadir al señor Lerdo y a la nación de que no deben hacer caso los gobernantes a los caprichos de la multitud, de ocurrir a Plutarco ni a sus fábulas; podían tener algunos otros textos más expresivos de autores tan respetables como el historiador citado y tan dignos de consideración en materias políticas en una era de democracia.

Por ejemplo, hablando de eso que se llamaba turba, multitud, en los días de Plutarco, dice Séneca: Non tam bene cum rebus homanis agitur, ut meliora pluribus placeant; argumentum pessimi turba est.

La autoridad de Séneca pudo habérnosla citado el señor González, y es más decisiva en la resolución que la de Plutarco.

Charondas, legislando en Atenas, dijo que la muchedumbre sigue la fortuna y no la razón.

San Jerónimo llama a la multitud «boca de bárbaro y procaz».

Tácito dice: «El juicio del pueblo no es verdadero nunca, y se mueve fácilmente con declamaciones».

Y en fin, para no fastidiar al señor González referiremos, por último, que Juan XXIII dijo, hablando del pueblo: «cuanto alaba es digno de vituperio; cuanto piensa es vano; cuanto habla, falso; cuanto reprueba es bueno; cuanto aprueba es malo y finalmente, cuanto escoge, infame».

Estas doctrinas son poco más o menos, la democracia de Plutarco, y tanto da citarle a él para deprimir el derecho de las oposiciones contra el gobierno, como a cualquiera de los demás que nosotros hemos citado, y no sabemos por qué el apreciable señor redactor de El Porvenir para atacar a eso que se llama caprichosa muchedumbre, no tomó mejor el texto de Juan XXIII.

El dogma de la soberanía del pueblo y de la democracia fundada en la libertad, en la fraternidad y en la igualdad, que ha cambiado completamente el modo de ser de las naciones, ni se sospechaba siquiera en los tiempos de Plutarco, y por más que nos alabe a este clásico autor el señor González, sus palabras son tan inaplicables en la política actual de México, como sus teorías sobre perfeccionamiento de razas lo serían en las costumbres morales del cristianismo.

Ocupémonos ahora de la fábula del historiador para conocerla y estudiarla, y comprender cuánto vale esa gran cita a la que el señor redactor de El Porvenir en la defensa del señor Lerdo y ataque a la oposición, llama «la más sólida base» de sus observaciones.

Dejemos primero hablar a Plutarco.

Los extremos, peligrosos en todo, lo son más aún en las rivalidades políticas y llevan al hombre al furor y a la demencia. Antipáter exigía a Foción una cosa injusta, y éste le respondió: «Yo no puedo ser a la vez tu adulador y tu amigo». Esto mismo debía decir el gobierno a la multitud: «Yo no puedo ser al mismo tiempo tu magistrado y tu esclavo». De otra manera, el gobernante se asemeja a la serpiente de la fábula, cuya cola se sublevó contra la cabeza, y descontenta de seguir siempre a ésta, quiso ir delante a su turno. Encargada de conducir a todo el cuerpo, marchando a la ventura, se encontró muy mal a sí misma: y la cabeza, obligada a seguir, contra las leyes de la naturaleza, a un miembro ciego y sordo, fue muerta en seguida. He aquí lo que hemos visto que sucede frecuentemente a los que gobiernan sometidos a los caprichos del pueblo. Desde el momento en que ellos se han convertido en dependientes de una multitud imprudente y ciega, no pueden ya volverla a la razón ni contener el desorden.

Después dice el señor González:

Esto que dice Plutarco, no tiene aplicación entre nosotros, aunque nos sea necesario establecer la diferencia que marcan el espíritu de las instituciones y la ilustración de la época. Ahora por ejemplo, lo que el historiador llama la multitud, constituye el pueblo, que tiene derechos y medios legales para hacer escuchar su voz, como los gobiernos tienen facultades determinadas por las leyes. Por lo demás los hechos se reproducen por diversos factores, y por lo mismo, ni faltan Antipáters que manifiesten al poder las más absurdas exigencias, ni grupos de hombres que quieran convertirse en la cola de la serpiente de la fábula.

No parece sino que el señor González escribió para una de esas repúblicas italianas, en donde la muchedumbre levantaba y derribaba gobernantes, acaudillada por cualquier ambicioso.

Lo que dice Plutarco «no tiene aplicación entre nosotros», y permítanos el señor redactor de El Porvenir que no seamos en esto de su opinión.

Tal aplicación vendría bien si nuestro gobierno fuera de Tomás Aniello en Nápoles, el de Nicolás de Riensi en Roma, el del cerveser [sic] o rey, quizá aun el de la Convención o del Ayuntamiento de París, o el de la Comuna en 1872, pero no se trata aquí ni de los pescadores de Portici o de la torre del Greco, ni de los perdidos nietos de Bruto y ni de los revolucionarios febricitantes del viejo continente; México por fortuna es una república representativa, popular, democrática que se rige por una Constitución altamente filosófica.

¿Quiénes son cola y quiénes cabeza? No sabemos; lo sabría Plutarco que vivió en un país y en una época en que unos nacían predestinados para el mando de una raza que tenía el derecho del mando, y otros condenados a obedecer y de una raza de esclavos.

En una democracia pura como la nuestra aunque un hombre sea ambicioso, y de la más humilde condición, nadie y suponemos que menos un representante del pueblo, puede decirle «tú eres cola y no puedes aspirar a ser cabeza».

No, en las democracias no hay colas ni cabezas, porque todo ciudadano tiene derecho de aspirar por un camino recto y leal a los primeros puestos de su país, y no hay un solo grupo político, por insignificante que sea, al que pueda decírsele «tú eres cola», ni hay partido por mucho que goce del favor de un gobierno que tenga derecho de decir «yo soy cabeza, yo sólo puedo dirigir la marcha del país: todo lo demás sería representar la fábula de Plutarco».

El artículo «Cargos y exigencias» es en cierto modo el símbolo de la política del señor Lerdo y de sus partidarios, y la fábula de la serpiente, es lo que ellos creen como artículo de fe, y no vacilan en decir que ellos son la cabeza y todos nosotros los que no estamos conformes con su política, cola ambiciosa que acabaríamos con la nación si sucediera lo que cuenta Plutarco.

Dice el señor González que todos los días registra la prensa exigencias cuya satisfacción es imposible, y formuladas por personas que no llevan la voz de ningún círculo político.

Respecto a lo primero, estamos conformes y lo hemos dicho repetidas veces, la gran exigencia de toda la prensa de oposición, es el cumplimiento de la Constitución, y esta exigencia es imposible de satisfacerse por el señor Lerdo.

No necesitábamos que el señor González nos dijese lo que nosotros mismos sabíamos; pero fuera del cumplimiento exacto de la Constitución, nosotros que hemos sido de oposición al gobierno del señor Lerdo de Tejada no recordamos haber tenido otra exigencia, y eso mismo se puede decir de toda la prensa de oposición, que nunca ha exigido más al señor presidente que el respeto a la ley.

Si ha habido como exigencia la del cambio de gabinete, nos permitiremos recordar al señor González, que El Siglo XIX, periódico del cual era él uno de los distinguidos redactores, fue el que en otros dias inició esa exigencia que fue siempre desde que el señor Lerdo ocupó el poder, una de las exigencias del llamado partido lerdista, y nosotros ni entonces redactando el Correo del Comercio, ni ahora El Radical le hemos seguido en ese sendero.

En cuanto a que los que muestran exigencias no llevan la representación de ningún círculo político, diremos que es verdad, porque el que reclama el cumplimiento de la ley no representa ni puede representar más que a la justicia y a la nación.

Ciertamente estamos convencidos de que la prensa de oposición no representa círculo político determinado, es exacto; porque todos los antiguos círculos políticos del partido liberal están representados igualmente en cualquier periódico, supuesto que todos igualmente quieren respeto a la Constitución y cumplimiento exacto a la ley.

El señor redactor de El Porvenir no debía combatir a la oposición con generalidades, y hablar de exigencias imposibles de la cola, y de acierto de la cabeza; este no es el modo de combatir; ataque alguna de esas exigencias, y así veremos si es o no posible de llenar, y si nosotros por sólo el hecho de ser de oposición merecemos el honroso dictado de colas de víbora, que se desprende tan naturalmente del artículo del señor González.

En nuestro número de mañana continuaremos ocupándonos de los «cargos y las exigencias».

El Radical, t. 1, núm. 63, enero 21 de 1874, México, p. 1.

CARGOS Y EXIGENCIAS

(III)

Interminable sería nuestra tarea, si punto por punto quisiéramos seguir al señor redactor del Porvenir en su artículo «Cargos y exigencias» y así para poner un término a nuestros escritos, en esta materia, procuraremos condensar así cuanto de notable encontramos en el artículo en cuestión, y daremos la respuesta a sus argumentos.

Digamos al señor redactor del Porvenir.

Ahora las censuras giran dentro de una circunferencia muy limitada. Como tales no representan otra cosa que una opinión, más o menos respetable según la persona que la enuncia y el interés que aquélla inspira, mueren esas censuras inmediatamente después que se manifiestan, si no en la conciencia del poder sí en la de la nación. Fuera de la comisión de las tarifas que hicieron desagradables algunos incidentes, ninguna cosa ha llamado la atención pública ni el ferrocarril interoceánico que pasó desapercibido, relativamente hablando, que llegó a creerse, no por nosotros, una cuestión ajena a la política; daría vida sin embargo a ciertas aspiraciones que en nada se relacionan con la ciencia del gobierno. Y es que los ataques al poder significan bien poco cuando se le opone el programa de un partido cuando no se le demuestra que sus actos encuentran, no la resistencia individual, sino la de una porción considerada de la sociedad que ha formado un partido en cuyo credo político figura la globalidad de los principios, el respeto a muchas aspiraciones y a muchos intereses legítimos que el mismo círculo presenta.

Que los periódicos de oposición no presentan a ningún partido organizado, ni a la opinión pública, sino solamente la opinión de las personas que los redactan, esto dice en resumen el señor González hablando de la prensa independiente, sin recordar sin duda que siempre, siempre se ha dicho lo mismo de los periódicos de oposición por los defensores de los gobiernos.

El gran argumento que han tenido los gobernantes, para quienes nada significa la prensa, es precisamente el que ahora resucita el apreciable señor González, que los periódicos no significan más que la opinión de los que los redactan, y llevando adelante esta creencia y estas teorías, la opinión pública jamás puede conocerse por medio de la prensa, y se infiere de aquí que la libertad de imprenta tan decantada es tan inútil como perjudicial en política.

Pero en esto padece un error el señor González, como se han equivocado todos los escritores, que para defender a un gobierno han usado de ese mismo argumento.

Todo periódico representa un círculo, más o menos extenso de sus suscriptores, es decir el círculo de personas que compran ese periódico por la conformidad de ideas con él, y por deseo de sostenerle, porque con ligeras excepciones, ningún hombre se suscribe a un diario que no representa sus ideas y su programa político, y todos han sabido cien veces, que un suscriptor abandona un periódico cuando varía de política y sigue una senda que no es conforme a la opinión de ese suscriptor.

Díganos el señor redactor del Porvenir, ¿cree que los liberales exaltados sostienen con sus suscripciones el periódico La Voz de México, y los católicos intransigentes El Monitor Republicano? Evidentemente no, porque cada periódico de éstos tiene su círculo de suscriptores y a ese representa.

Si cada redactor fuera un millonario capaz de sostener por sí un periódico sin estar atenido a la suscripción, entonces sin dificultad concederíamos que ese periódico estaba representando sólo las ideas del redactor: pero es sabido que esto no es así, y que sólo los diarios pagados y sostenidos por el gobierno, son los que se pueden sostener tengan o no suscriptores, y por consecuencia, son los únicos de que decirse puede que no representan más que la opinión del gobierno.

Si un periódico de oposición estuviera pagado y sostenido por un círculo político, y representándoles como quiere el señor González, sería exactamente lo mismo que sostenido por suscriptores; en un caso la cuota seria mayor, o menor en otro; pero en ambos la suscripción, la asociación le sostienen, y a la asociación representa.

Si la prensa de oposición no representa a la multitud, entonces ¿a qué vino la cita de Plutarco con los caprichos de la muchedumbre? si la cita es aplicable, entonces ¿a qué viene eso de que no representa la prensa un partido?

«Que la oposición no tiene programa» esto no es verdad, y el programa de la oposición no puede ser más sencillo, ni más justo, ni más razonable: la oposición está fundada en la ley y tiene por auxiliar el honor y la conciencia del señor Lerdo; en una palabra, la oposición no quiere más ni tiene más programa sino exigir al señor Lerdo el cumplimiento de la solemne promesa que hizo ante la representación nacional. Guardar y hacer guardar la Constitución política de 1857 y las leyes que de ella emanan, y las de Reforma, y mirar en todo por el bien y la prosperidad de la Unión.

Éste es nuestro programa, exigir al señor Lerdo el cumplimiento de ese juramento, y creíamos que debieran estar de nuestro lado todos los diputados ante quienes hizo esa protesta, y que son como los jueces de su conducta.

«Que la oposición no tiene candidato» y candidato, ¿para qué?, ¿para presidente de la república? no trata de hacer revolución y el día de las elecciones aún no llega; ¿para ministros? a la oposición le importa muy poco cómo se llama el que cumple con la ley en la Secretaría de Estado, con tal de que cumpla, y hasta ahora sólo los partidarios del señor Lerdo han procurado cambiar de gabinete sin conseguirlo, y la verdadera oposición nada ha hecho en esto.

La oposición no tiene candidatos porque no es personalista, ni trabaja porque un hombre caiga para que otro suba; tiene principios, credo político, y programa; sus principios son los de la democracia, su credo la Constitución, su programa la honradez, la rectitud, el respeto a la Constitución y el progreso.

Quizá el señor redactor del Porvenir que nos llama cola de serpiente, y como piensa que queremos dirigir a la cabeza para causar la muerte de esa víbora, que según la fábula es la nación, suponga que exageramos al pintar nuestros principios y nuestro programa; pero la nación conoce nuestra historia política, y ella dirá si tenemos derecho a llamarnos honrados y amantes de nuestra república, los que pertenecemos a la oposición, y los que sólo pedimos el cumplimiento de la ley.

«Que sólo el negocio de las tarifas ha sido el de gravedad» dice el señor González; para preocupar por sus inmediatas consecuencias, concedido; las acusaciones de los gobernadores, la aprobación de credenciales, todo esto ha sido muy grave, muy grave, porque aunque no de tan gran escándalo como las tarifas, sí son negocios de terribles consecuencias como fatales precedentes.

En otro lugar dice el señor González:

Pero nos ocurre preguntar: ¿es posible que la opinión popular inspire diversos juicios respecto del gobierno y de la situación? ¿Cómo puede ser esa opinión uniforme cuando los que se llaman intérpretes de ella lanzan cargos contradictorios contra el poder y se fija cada uno en determinada cuestión, como si todas las que se ventilan no interesan igualmente al público? ¿Cómo se explica que éste censure la decantada intervención de la autoridad en las elecciones, el otro el contrato de 15 de marzo, aquel un tratado con una nación amiga y el de más allá un acto cualquiera del poder, la provisión por ejemplo de un empleo insignificante, lo cual importa muy poco en la política y en la administración?

La respuesta a esta pregunta es sencillísima.

¿Es posible que la opinión inspire diversos juicios respecto al gobierno?

Si, señor, y esto pasa siempre y en todas partes del mundo, haya o no imprenta; y con sólo ver los periódicos de las naciones modernas, o los historiadores de las antiguas, podrá el señor González convencerse de esta verdad, que de no serlo, supondría que hay un país sobre la tierra en que todos los habitantes piensan de un mismo modo, lo cual es imposible.

¿Cómo se explica que éste censure la intervención del gobierno en las elecciones, el otro lo de las tarifas, el otro un nombramiento, etc.?

Eso se explica diciendo, que el hombre que tiene muchas deudas tiene muchos que le cobren y por distintas razones; que el que ha cometido muchos delitos tiene muchos que le acusen y por muchas causas; y que la plaza que tiene muchos puntos débiles y muchos enemigos puede sufrir muchos ataques.

Se explica diciendo, que en vez de ser una defensa del gobierno es una acusación la que se hace afirmando que es bueno porque le han atacado por muchas partes y esto equivaldría a decir que un acusado es inocente cuando hay contra él muchos capítulos de acusación y muchos acusadores.

Nosotros para concluir diremos al señor González contestando a su último párrafo; no tenemos más aspiraciones que las que tiene la oposición toda, el bien de la patria, y no traspasamos los límites de la justicia porque en justicia pedimos.

Si el Diario ha declarado que el señor presidente no permitiría impunemente que se turbe la paz, armado como está con la fuerza y el poder, nosotros que contamos con la razón y la verdad, no consentiremos que se atente a nuestras instituciones, sin lanzar el grito de alarma, que la cola de esta pobre serpiente que se llama pueblo, escuchará hasta que se haga la justicia.

El Radical, t. 1, núm. 64, enero 22 de 1874, México, pp. 1-2.

CLAUSURA DE LAS SESIONES

En nuestro número de ayer reprodujimos los discursos pronunciados por los señores presidentes de la república y de la Cámara, en el acto de la solemne clausura del primer periodo de sesiones del 7.º Congreso.

A juzgar de la situación política y administrativa de la república por esos discursos, y tomar cuanto en ellos se dice, bajo su más real acepción, México es en estos momentos un país feliz, marcha a su engrandecimiento con paso rápido y el séptimo Congreso ha hecho en pro de él en unos cuantos meses, como todos los otros congresos en los dos años de su vida.

No quisiéramos de ninguna manera que llegara a creerse que negamos algo de cuanto en los discursos de clausura se atribuye al 7.º Congreso; no, por desgracia, todo eso ha hecho y mucho más y sólo no estamos conformes con las apreciaciones de tales medidas, y con ese raudal de bienes que ha de brotar para el país de cada una de ellas; porque muchas no son sino fuentes de grandes males en el porvenir, y ejemplos funestos de poco respeto a la opinión pública y a la ley fundamental del país.

El Tratado de Italia de que habla el señor presidente, y que fue aprobado por el Congreso, verdad es que es un tratado que estrecha los vínculos de amistad con una nación amiga; no más que para nosotros, aunque nuestra opinión nada vale, es tan contrario a la Constitución de México, que muchos de los que el gobierno mexicano entregue o quiera entregar en virtud de la extradición convenida de criminales, podrán pedir amparo como hombres; y en muchos casos, o quedará burlado el gobierno de Italia, o el de México que por complacerle, y cumplir su compromiso tendrá que pasar sobre la Constitución de 1857. Esto suponemos que al gobierno y a sus defensores les parecerá un absurdo, pero los hombres que hayan leído ese tratado con detenimiento, podrán atestiguar en nuestro favor, y el tiempo y la observancia de sus artículos vendrán a dar pruebas, por desgracia ya muy tarde, de nuestro dicho.

El grande acto del 7.º Congreso, de haber «sancionado definitivamente con carácter de constitucionales las leyes de Reforma» es uno de esos actos en los cuales el 7.º Congreso, realmente, y sin que esto se tome por un rasgo de oposición, tiene muy poca parte, y creeríamos que este párrafo del discurso estuvo bueno y bien aplicado, cuando se dirigió al 6.º Congreso, a quien realmente se debió esta reforma en la Constitución.

La declaración hecha por el Congreso de la elección de los magistrados, no podemos alcanzar, quizá por lo limitado de nuestra inteligencia, qué motivo es de alabanza para una asamblea, cuando no hubo discusiones violentas y luminosas, y el trabajo de cómputo no fue sino obra de la laboriosidad de una comisión, ni tuvieron necesidad los señores diputados de poner en ejercicio colectiva ni individualmente ninguna de las grandes virtudes cívicas, porque desde que la lista de magistrados apareció en El Siglo XIX por primera vez, todo el mundo comprendió que aquélla era la lista oficial, y por consecuencia la que debía triunfar necesariamente, y nadie pensó en combatirla, y el éxito ha probado que tenían razón al pensar así, y en tal virtud la elección y la alabanza que por esto se merezca corresponde a los señores redactores de El Siglo XIX que en el año de 1873 tuvieron el talento suficiente para escoger y proponer a la república unos candidatos de tal manera aceptables que uniformaron la opinión pública y evitaron las luchas de partido en las elecciones y en la Cámara.

Nosotros creíamos que en el Congreso y a la hora solemne del discurso de clausura no se hablaría de las tarifas ni del negocio de Coahuila, pero nos engañamos.

Hablóse allí de las tarifas como de un gran paso dado por el 7.º Congreso en sus primeras sesiones, sin atender siquiera que la opinión pública estuvo en contra realmente, y que aunque no se ha escuchado esa opinión, porque conforme a las doctrinas de Plutarco los magistrados no deben seguir los caprichos de la muchedumbre, al menos no debía de echársele en cara a la nación ese triunfo del ejecutivo, que podía tener cuanta justicia se quiera pero que no cuenta con la popularidad.

¿No fue bastante haber sofocado a la minoría del Congreso, y a la opinión pública, sino que aun después del ridículo incidente de las reformas se le viene a lanzar como un recuerdo de su derrota?

Pocos habría entre los hombres políticos que no creyesen que los amigos del señor presidente estaban, si no arrepentidos, sí disgustados de haber llevado a cabo las triunfantes exigencias del ejecutivo en el negocio de las tarifas, cuando en la Cámara se presentó el acta de las reformas, y el señor ministro de Fomento dijo allí oficialmente que las nuevas concesiones eran ya conocidas por el gobierno, pero no se presentaron a la Cámara porque la decisión del negocio se precipitó.

Como esto era una acusación que no podía caer sino sobre la frente de los defensores de las tarifas, era de suponerse que si ellos cargaban con resignación una culpa que no era suya, sólo por defender las ideas del gobierno, no se llegaría en un momento tan solemne a evocar un recuerdo, que no es, por más que así lo crean los partidarios del señor presidente, de los más lisonjeros para la nación.

El negocio de Coahuila es un ataque a la soberanía de los estados, que el 7.º Congreso pone hoy como uno de sus grandes trabajos, y que conservado en documentos tan importantes, llegará a ser, cuando los estados sepan apreciar y defender su soberanía, uno de los más terribles capítulos de acusación.

Ojalá que esa larga enumeración de servicios hechos por el Congreso al país, y que se ve en el discurso del señor presi dente, sea un venero de bienes para la república, y no de negocios productivos para algunas casas mexicanas y extranjeras, ojalá que tras ellas se encuentre la combinación sabia del interés particular con el bien público, y sean todas esas concesiones y subvenciones algo más que lo que han sido sólo otras de su especie.

La nación siempre espera y siempre cree, por eso es mayor el delito que se comete engañando su fe y burlando sus esperanzas.

El Radical, t. 1, núm. 66, enero 24 de 1874, México, p. 1.

LOS HOMBRES DE LA OPOSICIÓN

Como un rumor vago pero cierto, ha descendido de las altas regiones del poder una frase pronunciada por un personaje, el primero entre los primeros de nuestra administración política; y esa frase envuelve un grave cargo a los hombres de oposición.

Refiérese que ese personaje ha dicho sobre poco más o menos, «que la oposición busca el lado débil de todo cuanto hace el gobierno para atacarle; que ataca sin indicar remedios, y que por buenos que hayan sido los antecedentes de algunos de esos hombres de oposición, siempre que han tenido a su cargo algún ramo de la administración, el desacierto ha venido a probar que entre la crítica y la ejecución media un abismo».

A pesar de que la sanción de la voz del pueblo autoriza la verdad de este relato, quizá no nos tomaríamos el trabajo de contradecirlo dejando a la nación que juzgara del concepto que la prensa oposicionista merece a nuestros altos funcionarios, si no fuera éste un motivo para explayar algunas de nuestras apreciaciones sobre el gobierno y sobre los hombres de la oposición.

Jamás en México la lucha periodística ha tenido un carácter más caballeroso y más digno, porque el desliz de la personalidad en que ha caído alguno de nuestros colegas, es tan raro que bien puede verse como la excepción que fortalece la regla.

Pero no es exacto que la oposición haya hecho un estudio especial de los decretos del gobierno, naturales y necesarios en la imperfección de las obras humanas, para tener una arma con qué combatir a la administración por el ciego deseo de atacarla.

Si en el gobierno se hubieran leído nuestros artículos, allí primero que en ninguna otra parte de la nación, habría nacido el convencimiento de que más que mostrar a la república el camino extraviado por donde marcha el señor presidente, hemos señalado con energía el que debía seguir. Hay artículos nuestros enteramente doctrinales y apoyados en la Constitución; si éstos se toman por ataques al gobierno, depende de que el gobierno marcha fuera del carril de la ley; depende de que el recuerdo de un principio constitucional infringido, es un remordimiento y una acusación para el infractor; depende de que se quiere que la nación duerma olvidando sus injurias y el pueblo siga ignorando sus derechos.

¿Es culpa nuestra que tratando doctrinalmente las cuestiones sobre libertad del sufragio, independencia de los poderes, o soberanía de los estados, surja la comparación entre lo que existe y lo que debía existir, entre lo que ordena la Constitución, y lo que hace el gobierno? Declarar a esto oposición sistemática es lo que hicieron los jorobados de las fábulas del Pensador Mexicano rompiendo los espejos en que se miraron retratados.

De seguro que un gobierno que respetara y obedeciera la Constitución no vería en nuestros artículos nada que pudiera creer un ataque, y esos artículos entonces, si de algo podían pecar, sería de innecesarios.

La comparación entre la ley y la marcha del gobierno es la base de toda oposición noble y digna, porque es semejante a la crítica literaria de una obra; es el juicio por reglas; y reglas como las que nosotros citamos, la Constitución y las leyes no pueden ser rechazadas ni por el gobierno ni por sus defensores.

Nunca hemos querido descender a la personalidad, y quizá por eso se tachen de vagos nuestros ataques; pero no llegaremos nunca a ese terreno, porque el haber llegado a él es lo que ha hecho tan odiosa la política actual.

Sí, y no tendremos embarazo en confesarlo, la política hoy es una agitación vaga, no un combate de principios, una lucha de personalidades y de privanzas que se empeña en derredor del señor Lerdo, y que éste no se inquieta por apaciguar; escaramuzas de pequeñas intrigas sobre negocios más pequeños aún, y en las que no hay partidos sino individuos, y en las que los hombres no se distinguen ya por el color de la bandera que en otro tiempo han seguido sirviendo a la república, al imperio o a los franceses, ni por el nombre del candidato que levantaron en la última contienda electoral para la presidencia de la república; en lugar de la división de los partidos cayó sobre la administración la sombra y el horror del caos del favoritismo.

Y esto ¿de dónde viene? Del abandono del gobierno, y de esa falta de acción que se ha querido llamar prudencia, astucia o espíritu de conciliación.

El cambio de política y de personal consiguiente a la caída de un presidente, lo comprendemos, y comprendemos y disculpamos al que le sucede si se rodea exclusivamente de sus partidarios, y disculpamos a éstos si son exigentes; uno y otros están en su derecho, y esto es no sólo natural, sino necesario que suceda, y estos cambios buscó filosóficamente el derecho constitucional, cuando se estableció por regla de buena constitución el cambio periódico de gobernantes, la renovación de la savia administrativa en el árbol del poder; de lo contrario, la reelección sería una gran ventaja, y la presidencia vitalicia el tipo de la perfección en las repúblicas.

Ese arraigamiento de los altos funcionarios, esas reelecciones continuadas y de orden suprema, esa inamovilidad en el campo del ejecutivo, son los gérmenes que necesariamente deben tener por único fruto el nepotismo, el favoritismo, el desdén por los negocios públicos, y muchas veces hasta la complicidad; esto por parte de los gobernantes, y el desaliento y la desmoralización por el lado del pueblo.

¿Qué fe puede tener la nación en los hombres políticos, ni los partidos ni el gobierno mismo en quien sirve ciegamente a todo gobernante aun cuando hoy tenga que hacerlo con el que ayer atacó?

Los partidarios honrados y ardientes de una idea, cuando esta idea triunfa, y ellos llegan a ser gobierno, tienen por misión rodear al gobierno al que han levantado, no sólo para sostenerle, sino para vigilarle e impedir que traicione a su programa por falta de actividad dejándose arrebatar su conquista, o por falta de buena fe, abusando de ese poder; y de aquí salen los hombres de la oposición.

Pero llevar por regla «servir al gobierno» sólo porque este gobierno fue levantado por el partido a que uno pertenece, aun cuando ese gobierno haya fallado a ese mismo partido, éste es un error enorme, de fatales consecuencias, y que ha causado en nuestro país grandes males y ha fundado las tiranías y los despotismos: porque si el gobierno cuenta siempre con los suyos, aunque camine por el sendero de lo anticonstitucional, jamás procurará volver sobre sus pasos, y seguro de los suyos, irá de uno en otro abuso hasta parar en la tiranía.

Si no se trata más que de servir al gobierno, para esto no se necesitan partidarios, ni hombres distinguidos, ni vale la pena tomar un color político. Luis XI empleaba lacayos, los déspotas de Oriente, esclavos, don Pedro el Cruel, ballesteros, pero ni lacayos, ni esclavos, ni ballesteros, pueden encontrarse en una república como México, ni con ellos podrá gobernarse.

Se trata de algo más que de servir al gobierno; se trata de servir al pueblo y de conservar nuestras instituciones; en consecuencia, es preciso que si la política del que manda no se considera justa y legal, franca y conveniente, los que de buena fe profesen los principios democráticos tomen el lugar que les corresponde.

Día a día oímos todos cómo se quejan de la política y de la marcha del señor Lerdo, hombres que sin embargo de esto, no dejan oficialmente de prestarle su apoyo en una discusión, en una votación o en un negocio político.

Esta falta de lealtad al pueblo y al gobierno, hace las situaciones difíciles e irresolubles, y prepara casi siempre un desenlace sangriento y funesto para la nación.

Pero esta actitud equívoca de los hombres en política, es debida también a ese programa exclusivista del señor presidente; porque para ser posible, digámoslo así, en su administración, es preciso pensar como se ordena oficialmente, o fingir al menos que así se hace; toda independencia es un obstáculo inmenso que debe suprimirse, encerrándose para ser posible, en un sistema de convenciones y de verdades oficiales.

Nosotros hemos dicho hace muchos días que nuestro gobierno hoy camina muy mal; y lo creemos, porque todo gobernante lo primero que debe hacer a su ingreso al poder, es dividir su tiempo en dos partes: la una de patriotismo, de abnegación, de trabajo, de estudio, dedicada a la patria y al desempeño de su misión; la otra, vulgar, de necesidades materiales, de descanso, de placer: el gobernante que haga crecer mucho la primera de estas dos partes y disminuir mucho la segunda, será un buen gobernante; por el contrario, el que dé a la segunda la mayor parte de las horas de su vida, podrá ser un sabio y un héroe, pero será siempre un mal gobernante.

Nosotros comprendemos que somos de los imposibles en la época actual, y que imposibles son también todos los hombres de oposición y los radicales; pero estamos tranquilos.

Será cierto que el gobierno poderoso y obstinado no cambiará de política y nos burlará, ¡qué importa!, no triunfará de nuestra constancia, ni dejaremos por eso de tener razón.

¿Qué importa que el porvenir nos pertenezca o no, cuando es seguro que le pertenece al pueblo y a nuestros principios?

Quizá mañana estaremos imposibilitados para hablar y para escribir, ¿pero qué importa para nosotros la incertidumbre de mañana?, la razón va con nosotros.

Quizá seremos teóricos, y en la práctica no tengamos más qué producir que el desacierto; la nación tiene motivo de temerlo, cuando ha fundado alguna vez sus esperanzas en hombres, que mirados como salvadores y como Mesías, no han llevado al poder más que la inercia, el placer, el favoritismo y el descontento, aun para sus amigos más leales.

El Radical, t. 1, núm. 68, enero 27 de 1874, México, pp. 1-2.

CIUDADANOS Y ESTADOS

Inútil será cuanto se escriba para afianzar las conquistas de la democracia; inútiles cuantas leyes se expidan para asegurar la libertad, e inútiles también cuantas revoluciones se hagan en favor de los pueblos, mientras que en nuestro actual sistema de gobierno y bajo las constituciones que nos rigen, los ciudadanos no conozcan sus derechos y estén dispuestos a defenderlos a toda costa, y los estados no comprendan la importancia de su soberanía y se decidan a hacerla respetar.

Sin ciudadanos y sin estados, ni habrá democracia ni federación; a cada paso caerá la república, ya bajo el rudo despotismo de un militar afortunado que con su espada se abra camino hasta el poder; ya bajo la embozada tiranía de un paisano, que por medio de la política se apodere de la presidencia en el orden legal; la forma de ambos gobiernos es diferente, distinto el camino, que el uno encontró en la guerra y el otro en la intriga; pero para la nación en sustancia, todo será lo mismo.

¿Qué le importa a un pueblo el nombre del que infringe sus leyes y el título que tiene el que a tanto se atreva? La verdad es que toda violación del pacto fundamental es un delito, más grave en quien ha jurado respetarle y en quien ha subido a los primeros puestos del Estado, en nombre de ese mismo pacto e invocándolo como un programa.

Nuestros gobiernos han despreciado la Constitución; y la despreciarán en lo de adelante irremisiblemente, mientras los ciudadanos no tengan la dignidad de tales, y los estados no se hagan respetar como deben; ciudadanos que se humillan en las elecciones ante una consigna oficial, no pueden sostener una democracia; estados que se dejan convertir en prefecturas políticas o en cantones militares, no pueden constituir una federación.

Si el individuo es poderoso delante del Estado en las modernas doctrinas constitucionales, ¿cómo puede anonadarse delante del gobierno que es mucho menos que el Estado?

La principal causa de la decadencia política de México es que los ciudadanos van dejando de sentir ese fiero orgullo del ciudadano en las democracias, y van volviendo a los tiempos en que el individuo era nada y el Estado todo, y el rey decía sin equivocarse en ello: «El Estado soy yo.»

Inútil es la Constitución, inútiles los juicios de amparo ante ese contagioso mal; y de nada sirve la consignación de los derechos del hombre que como una lección de derecho constitucional dan principio a nuestra Constitución, si sólo en los casos de perjuicio propio e inmediato se ocurre al amparo, y no se vuelve nunca el rostro a la dignidad de ciudadano libre.

Claro está, que si no se tiene energía para sostener las instituciones democráticas, y se ocurre a la justicia federal para la reivindicación de un derecho ultrajado, en un caso particular, como les llamó el gobierno, los mexicanos tendrán tanta democracia como los aragoneses en tiempo de Felipe II; súbditos de un monarca absoluto en todo, pero con el bello privilegio de los juicios de amparo, que así puede llamársele, a la queja que se interponía ante el Justicia Mayor, en todo lo que violaba los fueros de Aragón.

Sin el conjunto total de todos los derechos de hombre y de ciudadano, sin el perfecto respeto del gobierno a esos derechos; y sin el activo y constante ejercicio de ellos, no existe la democracia, ni puede existir la Constitución, ni habrá libertad del pueblo, sino tolerancia del gobierno.

Porque los individuos para ser ciudadanos, es preciso que ellos se hagan ciudadanos; esperar que los haga el gobierno es soñar un imposible.

Las razas germánicas prestaron a la humanidad el eminente servicio de dar la victoria al individuo sobre el Estado, plantando así la semilla verdadera de la democracia; por eso esas razas pudieron fácilmente destrozar al poderoso Imperio Romano en el que el Estado era todo y el individuo nada, y en donde, en virtud de este principio se entronizó el más completo despotismo administrativo, y el individuo perdió el amor a la patria que era para él un tirano, y a la sociedad de quien no era más que una víctima, y al gobierno para quien no pasaba el individuo de una unidad en la gran cifra de los siervos.

Los pueblos germánicos levantaron la idea de que el individuo no estaba obligado con el rey, representación entonces del Estado, más que a lo que limitadamente se había obligado, y fuera de allí era libre. Éste era el sentido del juramento de «fidelidad» y esta idea, que germinando, ha llegado a producir hasta la Declaración de los Derechos del Hombre, hizo decir a Santo Tomás, el oráculo de la Iglesia católica, «que cuando el rey falta a lo pactado con el pueblo, es lícito al súbdito resistir a la obediencia jurada, porque entonces es el rey y no el súbdito, el rebelde».

El cristianismo en los tres primeros siglos coadyuvó también a extender y propagar estas ideas, sosteniendo una lucha heroica en favor de la libertad de la conciencia, contra el yugo oficial que pretendía imponer como religión el paganismo, pues si bien es cierto que la idea que sostenían los cristianos no era política sino religiosa, el resultado fue el mismo, porque todas las libertades son una.

Las doctrinas del individualismo se perfeccionaron hasta formar al ciudadano, y sólo de ciudadanos puede formarse una república; porque querer llamar república a una reunión de hombres, sin energía para defender sus derechos, y que se dejan guiar por el capricho de cualquier gobernante, es un absurdo tan grande como llamar cadena de oro a una cuyos eslabones sean de cobre.

La división de la república en estados que tengan un régimen perfectamente soberano, es lo que constituye el equilibrio indispensable para impedir que el gobierno general se convierta en un déspota, y en un tirano el gobernador de cada estado. Equilibrio tan sabiamente combinado en pro de la libertad, que si todos los estados fueran tan poderosos que cada uno de ellos pudiera formar una nación independiente, deberían unirse en federación, para hacer imposible la tiranía en alguno de ellos, o la invasión del más poderoso al más débil.

Es también un error grande, muy grande, en los ciudadanos y en los estados, el creer que el gobierno del centro, y sobre todo el ejecutivo, por sólo su amor a la democracia y a la federación, ha de respetar y proteger los derechos del hombre y la soberanía de los estados, sin que ni unos ni otros pongan nada de su parte para hacerse respetar de ese gobierno, y para reivindicar sus derechos.

Éste es un candor columbino; todo gobierno por naturaleza propende al despotismo, y si mira que ni tiene obstáculos ni peligros, la democracia desaparecerá muy pronto, bajo la dictadura más o menos enmascarada; y la centralización devorará a las entidades federales.

Si alguien lo duda, vea cuanto pasa entre nosotros.

El gobierno debía sólo de presidir el acto solemne de las elecciones sin tomar parte en ellas; ésta es la democracia.

Ahora hay candidatos oficiales que triunfan indefectiblemente; esto ¿qué es? quitémosle la máscara.

Antes los estados eran libres en su régimen interior y ellos lo saben bien.

Ahora son tan libres como Yucatán y Coahuila, y las órdenes del señor presidente son obedecidas sin réplica; esto ¿qué es? quitémosle el velo.

Sin ciudadanos no hay democracia; sin estados no hay federación, y estados y ciudadanos se forman a sí mismos y no porque lo dice la Constitución, y de orden suprema.

Nos alienta la esperanza de que está quizá cercano el día en que ciudadanos y estados comprenderán cuanto deben ser, y dejarán entonces de ser lo que están ahora siendo.

Entonces México será libre, porque hasta entonces habrá democracia y federación.

El Radical, t. 1, núm. 69, enero 28 de 1874, México, p. 1.

PARTIDOS DOCTRINARIOS

A riesgo de fastidiar a nuestros lectores, repetiremos cuantas veces nos sea posible, que las constituciones de los pueblos no se inventan, sino que se escriben traduciendo en forma de ley la voluntad de una nación, para regirse por tales o cuales instituciones, que estando grabadas en el espíritu de los ciudadanos éstos las obedecen con gusto, las sostienen con energía, y las hacen respetar aun a costa de grandes sacrificios y de terribles luchas.

La Constitución de un pueblo no está en el libro, que con tal nombre, propone, discute y aprueba una asamblea legislativa, sino en la voluntad de una nación para ir por tal o cual sendero; e inútil será la más bella carta fundamental de una república, si los ciudadanos no tienen la energía, la decisión y el valor necesarios, para obligar a su gobierno a obedecer y acatar las prescripciones constitucionales; y como hemos dicho en otra ocasión, para que un pueblo esté verdaderamente constituido, para que sea pueblo y no rebaño de ovejas, pueblo y no muchedumbre de esclavos, es necesario que tenga independencia, energía y valor para decir a las disposiciones de su gobierno: sí o no, y fuerza física para hacer respetar su voluntad suprema aun contra el gobierno, y a pesar de los ejércitos pagados por el gobierno.

Para conseguir lo primero es necesario «instruir al pueblo en sus derechos»; para alcanzar lo segundo es indispensable que se levante la Guardia Nacional; la instrucción enseñará al pueblo hasta dónde pueden llegar sus gobernantes, sin infringir el pacto que tienen celebrado con el pueblo; sin violar las condiciones bajo las cuales el pueblo mismo les permite usar del poder. La Guardia Nacional será el brazo armado de la nación, para oponer un dique a la invasión armada del poder; la Constitución es un contrato entre un pueblo y su gobierno, una parte contratante está armada. ¿Por qué la otra ha de quedar inerme?

Si el gobierno tiene su ejército, el pueblo debe tener el suyo, que es la Guardia Nacional. Pueblos en donde la Guardia Nacional está organizada, el despotismo es imposible; tras la idea de la tiranía los gobernantes tienen la de una revolución justa y poderosa; tras de las bayonetas de sus soldados, los gobiernos que sueñan en dictaduras, miran el lampo de las armas del pueblo.

Pero esa instrucción al pueblo en materias constitucionales, y ese establecimiento de la Guardia Nacional, no se consiguen, por más que el pueblo esté bien dispuesto, por más que los ciudadanos lo anhelen, y por más que lo disponga el código fundamental, sino por medio del trabajo asiduo, incesante, concienzudo y enérgico, de un partido doctrinario, radical, bien organizado, y enteramente decidido a llevar adelante su programa.

Esperar que el gobierno, por demócrata y republicano que sea, levante la guardia nacional, es creer que puede existir un gobierno que quiera poner trabas a sus tendencias invasores; es soñar en un poder suicida; es suponer que hay una administración capaz de decir: «ármate pueblo, para que si llego a tocar tus derechos, a infringir tu Constitución y a despreciar tu voluntad, puedas derrocarme y castigarme».

Y si un gobierno espontáneamente levantase la Guardia Nacional, y la organizase a su gusto, sin que este movimiento fuese escrupulosamente vigilado, y con arreglo a leyes perfectamente estudiadas por un Congreso, que representara en verdad y no en apariencias al país, esa Guardia Nacional así levantada, no sería más que un ejército, con distinta denominación, y el pueblo nada habría ganado.

La base, pues, de una buena organización de Guardia Nacional debe buscarse en las leyes reglamentarias; y la bondad de éstas en la dignidad, independencia y patriotismo del Congreso; y éste, para que tenga tales condiciones, en la libertad absoluta del sufragio, y en la ilustración de los pueblos.

¿Y esto podrá llegar a conseguirse alguna vez, sin que exista un partido doctrinario, unido por un programa, predicando una doctrina, proclamando principios de moralidad y no candidaturas personales, defendiendo intereses públicos, y no conveniencias particulares?

Imposible, los esfuerzos aislados nada podrán contra un poder establecido por más débil que éste sea, por más patentes que se manifiesten sus faltas, y por más claras que aparezcan sus tendencias al despotismo o la tiranía.

Cada individuo, por mucha razón que le asista, y por grandes que sean su valor y su patriotismo, será impotente; porque tiene que luchar contra un gobierno y contra un partido; porque la comunidad de intereses y de miras hacen un partido de todos los que sirven a una administración o esperan algo de ella; y el aislamiento de los opositores aun cuando todos tengan la conciencia de su derecho produce naturalmente el temor; porque ni todos comprenden que detrás de cada uno está la nación, ni puede exigirse a todos el cumplimiento del deber hasta el sacrificio; porque según la expresión de los teólogos, «a nadie puede exigírsele el ejercicio de virtudes heroicas».

¿Qué remedio hay, pues, para que la debilidad del individuo, y el temor del hombre desaparezcan?

El agrupamiento, la asociación, la organización del partido, la propaganda; y esto no puede alcanzarse sino por medio de la comunidad de principios, y de su predicación; porque los partidos personales además de efímeros, son ineficaces.

Jamás las cualidades de un ciudadano, por esclarecido que sea, pueden conseguir que la inmensa mayoría de un pueblo se lance a una lucha azarosa y dilatada; ni hacer que se miren como hermanos al primer encuentro los ciudadanos que llevan el mismo lema; y todo esto se consigue en los partidos doctrinarios, con la comunidad de principios.

En nuestras terribles y verdaderas luchas de instituciones, dos conservadores o dos liberales que se encontraban, se consideraban amigos íntimos desde el momento en que se daban la palabra de reconocimiento; ¿puede decirse lo mismo de los partidarios personales?, ¿un lerdista conservador y un lerdista liberal, se creyeron nunca unidos para otra cosa más que para la lucha electoral en los últimos años de la presidencia del señor Juárez?

Véase si no, lo que pasa en palacio; dos grupos, en verdad no muy numerosos, rodean al señor Lerdo; son sus partidarios, y le sostienen y le defienden, ¿alguien habrá que no distinga allí a los amigos del señor presidente de los amigos del señor Lerdo? quizá sólo él, es el único que no hace esa distinción.

Los dos llevan un hombre por bandera; pero los unos siguen al presidente que hoy se llama Lerdo y ayer se llamó Juárez, y pueden decir como el gato del apólogo, lo que contestó al perro, cuando éste, siguiendo a su amo que había dejado de ser ministro, le invitaba a salir de allí: «yo soy gato del ministerio no del ministro».

Los otros son los partidarios del señor Lerdo, sus amigos, los que levantaron su candidatura, los que arrastrados por la amistad, por el cariño o por la consecuencia le acompañan lealmente, y tendrán que seguir su suerte cualquiera que ella sea.

¿Y alguien podrá decir que entre estos dos grupos hay comunidad de doctrina?, ¿puede alguien suponer que estos dos grupos forman partido?

En estos momentos, y para preparar la crisis, que más tarde o más temprano ha de estallar terrible, teniendo por única causa esa distinción entre los amigos del señor presidente y los del señor Lerdo, es preciso que el Partido Radical doctrinario se organice y se robustezca.

Tiene una bandera, la Constitución; tiene un programa, el exacto cumplimiento de las leyes. ¿Qué falta pues?, nada más que sus miembros, numerosos hoy, pero más numerosos sin duda cada día, se pongan en contacto, huyan del aislamiento, se presten mutuamente apoyo; y el gobierno tendrá que volver por el buen camino; porque entre los defensores y amigos de ese gobierno, hay una gran mayoría de hombres inteligentes, radicales de corazón, verdaderos liberales que serán capaces de hacer fuego sobre un partido que trajera por estandarte una personalidad, pero que abrirán sus brazos y su corazón a los que sostengan la moral y las instituciones, y verán con orgullo levantarse otra vez su vieja y honrada bandera.

El Radical, t. 1, núm. 70, enero 29 de 1874, México, p. 1.

EL EJECUTIVO

(I)

La falta de estricta observancia a los preceptos constitucionales, cuando se convierte de pasajera en inveterada, vicia de tal manera todo el sistema que viene a producir un gobierno que presta menos garantía y favorece menos a la libertad que el despotismo.

El papel que conforme a nuestras instituciones debe representar el presidente de la república, y la misión que la carta fundamental le confía, son tan distintos de los que ahora representa, que en vez de ser como hoy, un señor absoluto ante cuya influencia callan las soberanías de los estados, y enmudece la suprema facultad de la representación nacional, debe sólo administrar en el limitado círculo de sus atribuciones, presidir la marcha solemne de la nación que cada periodo constitucional renueva sus autoridades, ser el vínculo de unión entre las entidades federativas, sin atacar en lo más mínimo su soberanía, y siendo el primer servidor de la nación, obedecer primero que nadie la ley fundamental, sin valerse de su alta posición para eludir sus disposiciones y sobreponerse a ella.

Tal creemos que debe ser un presidente verdaderamente constitucional.

Pero todo lo contrario pasa en nuestros días; el ejecutivo es el árbitro y señor de los destinos de la nación, sin que nada baste a impedirlo; el señor presidente influye de tal modo en el Congreso de la Unión, que negocio que llega a la representación cubierto con su bandera debe triunfar, y triunfa; las elecciones de presidente y vicepresidente del Congreso, es sabido que él las decide a favor de quien mejor le parece, bien señalando al candidato, bien apoyando a uno de los que presentan los diversos grupos de diputados.

La soberanía de las entidades federales, hemos repetido hasta el fastidio, no es más que una sombra que no puede resistir a la más insignificante de las órdenes del ejecutivo; pero no sólo en los negocios de relaciones con el centro, sino aun en los del régimen interior, y que para nada se tocan con los del ejecutivo federal, ni pueden considerarse unidos, como por ejemplo, en las elecciones locales para diputados a las legislaturas.

¿Qué candidato propondrá el señor presidente para diputado, para magistrado, para regidor, que no sea electo precisamente? ¿Quién, contando con la protección del ejecutivo, no está seguro de ser electo o reelecto, bien se trate de un cargo de la federación, bien de un cargo de los estados, como gobernador, o diputado a la Legislatura? ¿Quién que el señor presidente pretenda excluir no quedará excluido en las elecciones por medio de cartas, órdenes o simples recados a condescendientes gobernadores?

Raro es el caso contrario, y quizá Jalisco puede mostrarse como una extraña excepción de esa regla.

El presidente de la república en México, y no nos referimos sólo al señor Lerdo, tiene algo de los reyes, le gusta abusar de su poder hiriendo en el rostro, no a las instituciones pues en eso no las ataca, sino a la sociedad, levantando a los altos puestos públicos, y presentando colmados de favores, de empleos y de comisiones a hombres que ni por sus talentos, ni por sus conocimientos, ni por sus antecedentes merecen tal distinción, y se empeña en probar que es absoluto y que nada teme, haciendo gala de humillar y despreciar, ya a los hombres que más le han servido personalmente en la política, ya a los que se distinguen por su inteligencia y sus servicios a la nación.

Pero entre los reyes aquello tenía distinta significación: doña María Ana de Austria, la viuda de Felipe IV, pudo hacer un grande de España y un primer ministro, de un pobre servidor del duque del Infantado; y la reina de Francia hacer a Mazarino casi tanto como un rey. El conde duque de Olivares, favorito de un rey, pudo tener también sus favoritos y elevar a don Rodrigo de Calderón, y al conde de las Siete Torres; pero todos estos grandes privados, aun cuando no tuviesen dotes de valor e inteligencia, aun cuando no se pudiese decir de todos que poseían el gran talento de Zenón Somodevilla, el célebre marqués de la Ensenada, ni la fortuna de los generales favoritos de los emperadores de Oriente, formaban como una parte de los administradores del rey; porque el rey era en aquellos tiempos no un gobernante sino un amo; la soberanía de la nación y sus derechos en nada se consideraban; el reino era una propiedad del rey, la corona la tenía éste como algo suyo, y por lo mismo podía, a su arbitrio y a su satisfacción, nombrar a quien administrase sus propiedades, sin atender a servicios prestados; porque entonces los servicios no eran a la nación, sino al rey, y el rey podía o no a su antojo agradecer o no los servicios prestados; y tanto más, cuanto que estos servicios eran tan obligatorios, que al monarca no se le ocurría siquiera dudar de que sus súbditos se sacrificarían por él, aun cuando les pagase con ingratitud, y por eso Felipe II, que tenía confinado al duque de Alva a una de sus posesiones, le manda salir de allí un día, le entrega el mando de un ejército, y le envía a conquistar Portugal.

El presidente de una república no es un rey, no puede a su antojo elevar favoritos; y si se ve que un presidente lleva hasta donde no debiera, y abusando de su poder, a hombres que han, por ejemplo, sido enemigos implacables de la república, de la independencia, o de las constituciones democráticas, despreciando la opinión pública, consiste en que aún nuestro pueblo no es lo que llegará a ser con el tiempo y con la práctica de las doctrinas democráticas, y no conoce aún toda la extensión de sus derechos y todo el respeto que sus gobernantes deben tenerle.

El ejecutivo ejerce hoy su acción imperante más latamente que los reyes de la época de Carlos V, quien siendo el dueño de un imperio en donde jamás se ponía el sol, murió lleno de remordimientos por haber levantado impuestos que no estaban consentidos, y sostenido, sin necesidad, ejércitos numerosos.

Juan sin Tierra fue relegado por los ingleses a la isla de Wight por haber violado la Magna Carta, y si Luis XIV dijo «el Estado soy yo», Luis XVI pagó con su cabeza aquel supremo error de la monarquía.

Los reyes estaban limitados en su poder, porque estaban rodeados de esas entidades, que son auxiliares del despotismo cuando se proclama la soberanía del pueblo y la igualdad, pero que en los tiempos del «derecho divino» y de las monarquías absolutas crean un baluarte para las libertades, porque eran por sus constituciones, especies de repúblicas que se oponían a los desmanes del poder; como las universidades, las escuelas, la Iglesia, las órdenes religiosas, las ciudades privilegiadas, y las provincias que gozaban fueros.

Entonces los reyes encontraban a cada paso un obstáculo a su arbitrariedad; y si bien ese apoyo no era la soberanía del pueblo, la limitación del poder existía.

La humanidad ha progresado, y ahora no son los gobernantes los que, como Luis XVIII, dan cartas fundamentales a una nación y a un pueblo, concediendo garantías y derechos como una gracia del soberano, sino que los gobernantes reciben el poder limitado y con condiciones; por eso ahora los gobiernos no tienen derecho ni facultad para hacer lo que hacían los reyes de la Edad Media, ni mucho menos a hacer más de lo que ellos se permitían.

El Radical, t. 1, núm. 71, enero 30 de 1874, México, p. 1.

EL EJECUTIVO

(II)

En el tiempo de la monarquía absoluta, lo que la época moderna llama política, se reducía a luchas de favoritos; unos con otros combatían rudamente ya en el terreno de las armas, ya en el inmundo campo de la intriga, para apoderarse del real valimiento, sin que de estas luchas se excluyera a la reina misma; que tal era, en aquellos días, el poder de un privado que la mujer del que se sentaba en el trono necesitaba muchas veces aliarse a él para ser algo delante del rey.

Por supuesto que si el rey era dado a los placeres, como Luis XIV, no se desdeñaban los grandes que su favor pretendían, de rodearle de cuanto halagaba sus pasiones, ni de desempeñar los oficios más bajos y más viles, y más degradantes para la dignidad humana; y poco o nada se cuidaban de que el pueblo les menospreciase o les hiciese el blanco de las murmuraciones más ofensivas, con tal de que ellos pudieran tener siempre abierta la entrada de palacio hasta la real cámara, de que gozaran de la confianza privada de su soberano, de que les permitiera formar parte de su acompañamiento en todas las fiestas, y del derecho de vender al vulgo una protección, que si bien nada valía en el fondo, era para ellos un medio de hacerse notables en el público.

El pueblo no era nada, ni entraba por nada en todo aquello; pagaba el impuesto, daba su contingente de sangre y vivía como extranjero en su país.

En cambio el rey si era dado a los placeres dedicaba casi todo su tiempo a ellos, ya en convites, ya en bailes, ya en teatros, ya en paseos: su vida pública era la vida de las diversiones y del desorden; en cuanto a lo que pasaba en el interior de las reales moradas, las crónicas de aquellos tiempos nos refieren que si el monarca no salía a buscar los placeres, los favoritos cuidaban de que los placeres fueran a buscarle allí, y se habla en lo que se llama Memorias de los personajes de esos tiempos, de escenas escandalosas, y de damas que visitaban solas o en grupos al monarca, y de ciudades y provincias que se regalaban a los favoritos entre el vapor de la orgía.

Por supuesto en aquellos tiempos, los empleados de esos monarcas eran nombrados al capricho, porque entonces la administración no era lo que hoy, y el rey como a nadie tenía que satisfacer, atendía poco a los antecedentes o la aptitud de los hombres, que sólo su voluntad bastaba para todo.

La adulación entraba en todo, y para todo los poetas cantaban al Júpiter de aquel Olimpo, versos apasionados que el tiempo se encargaba inmediatamente de hundir en el polvo; los artistas se tenían por felices reproduciendo la imagen del monarca en cuadros que más valen por el pincel que por la imagen; y si algún hombre independiente osaba tocar en una canción, o en un libelo, al rey o a sus favoritos, se consideraba dichoso si podía escapar de la persecución, para no acabar sus días en un horrible, vade in pace, especie de sepulcro de vivos, labrado en los subterráneos de una prisión de Estado.

Tal era el ejecutivo de aquellos tiempos, ya fuese el rey un inepto como Luis XV, ya un hombre de actividad y de energía como su antecesor.

Felizmente en los días que atravesamos, y sobre todo en las repúblicas, no puede existir un gobierno así, porque pueblo demócrata que tal consintiera en el último tercio del siglo XIX, seria un pueblo indigno, y merecería tener ese gobierno, supuesto que es un axioma terrible, pero verdadero, «que cada pueblo tiene el gobierno que merece» que de no merecerlo, lo arrojaría tan fácilmente como un león sacudiendo su melena para librarse de un gozque infeliz que se hubiera atrevido a atacarle.

Nosotros no nos quejamos de que nuestro gobierno tenga esos defectos, de que la nación sabe muy bien que no adolecen los que ocupan las primeras magistraturas de la república; pero los vicios de un gobierno son relativos a la época y a las instituciones, y con arreglo a la época y a las instituciones hacemos nosotros oposición a lo que nos parece desacertado.

El ejecutivo entre nosotros recibe el poder, no en el sentido que a esta palabra se le da en política, sino en el que se le da entre abogados y en los tribunales: puede, en nombre del pueblo, hacer todo aquello que la Constitución le permite y le marca, y todo cuanto de ello se exceda se llama despotismo, aun cuando ni cause escándalo, ni parezca herir directamente a los ciudadanos.

En nuestro modo político de ser, el señor presidente, para rodearse en su marcha política, necesita escoger hombres, no siguiendo la voz de sus simpatías y de sus caprichos particulares, sino escuchando la de la opinión pública, porque de lo contrario, el pueblo comenzará a conocer que nada tiene de común con una administración que él formó, pero que no es la suya, ni es para él.

El señor Lerdo ha llegado en este punto a colocarse entre sus amigos a quienes él abandona, y partidarios que no le pueden querer de buena fe; y los que antes levantaron su candidatura, no han alcanzado más que el derecho de humillar a sus contrarios con el triunfo inesperado que les dio la naturaleza, pero ni el programa que ellos deseaban, ni el que el señor Lerdo publicó, se han desarrollado.

El ejecutivo tiene ahora la triste circunstancia de que todo el mundo mira en la situación actual, «la interinidad»; nadie puede convencerse, a pesar de que los días y los meses pasan rápidamente, de que el ejecutivo esté organizado definitivamente; los ministros del señor Juárez y sus amigos, no han dejado un solo día en el espacio de año y medio, de creer que la crisis ministerial es inminente, y se sienten siempre como en la víspera de un viaje.

Por su lado los amigos y partidarios del señor Lerdo, están en peor situación que en tiempo del señor Juárez, porque siquiera entonces había esperanzas y temores de un cambio; y por esperanzas o por temores ellos eran considerados en política, porque algo se temía; ese algo que fue el cambio del presidente, y esos amigos y esos partidarios, no pudieron desarrollar su programa, y no fueron ya ni esperados ni temidos, que es la peor situación de un partido.

En cuanto al Partido Radical, al Partido Conservador, y a los indiferentes y neutrales en política puede asegurarse que por distintos motivos, además de creer también «interina» la situación, esperan un verdadero cambio de política como la única salvación de la república.

El ejecutivo se ha hecho el árbitro de la política y de la suerte de la nación, y esto ha traído una consecuencia terrible, cuyos resultados más tarde se harán sentir en la nación; ha comenzado ya a confundirse al presidente con las instituciones, culpando a éstas de lo que sólo el ejecutivo es culpable, y esto produce, si no en los hombres del Partido Radical, sí en otros, una apostasía política y además una división en el Partido Liberal; porque a su vez el ejecutivo confunde en su odio el ataque al presidente con el ataque a las instituciones, y el cariño al presidente con el cariño a las instituciones, y así se explica el que el señor Lerdo, que todo lo debe al Partido Liberal y republicano, escoja para hacer elegir diputados y para otros destinos de alta importancia a hombres que jamás han sido amigos de las instituciones democráticas, y a hombres que hicieron la guerra tenazmente a la república.

El ejecutivo con esa marcha puede provocar una «resistencia» por parte del país, o cuando menos por parte del Partido Liberal radical.

Esas «resistencias» del pueblo en la época de los reyes, se reducían a negarse al impuesto o a la contribución de sangre; en nuestros días no es esto posible y van las resistencias a la insurrección, y de aquí a la revolución, porque como dice Guizot: en estos tiempos «toda tempestad se convierte en diluvio».

El Radical, t. 1, núm. 72, enero 31 de 1874, México, p. 1.

LA INSURRECCIÓN

Uno de los estimables colegas de esta capital, haciendo la revista de la prensa al ocuparse de nuestros editoriales, dice que nosotros provocamos la insurrección; bien se entienda esto como una advertencia al gobierno, como una amenaza o como un consejo para nosotros; procuraremos, desentendiéndonos al móvil que hizo decir tanto a ese colega apreciable, hacer sobre ello algunas ligeras observaciones.

Ninguno de los escritores que han tocado el punto de las relaciones del pueblo con sus gobernantes, ha negado el derecho de una nación para resistirse a las disposiciones de su gobierno, sea cual fuere la forma de éste, cuando hiere u ofende los derechos de ese pueblo, cuando el rey, el emperador o el presidente, infringen ellos mismos el pacto tácito como en la Edad Media, o expresa como en el moderno derecho constitucional que existe siempre entre el gobierno y los gobernantes.

En algunos de nuestros números anteriores hemos citado ya textos, de autores que muy lejos estaban de profesar el principio de la soberanía del pueblo, como Santo Tomás, pero la mayor de las pruebas que encontrarse puede, es que el rey quizá más absoluto, el que se creía la encarnación del Estado, Luis XIV mismo, redactando una memoria que hizo publicar para sostener los derechos del duque de Anjou al trono de Francia, contra las pretensiones del archiduque, dice que los pueblos pueden también no admitir por gobernantes a quienes ellos no quieren y son libres para cambiar la dinastía.

Pero aunque todo el mundo tiene que confesar, mal de su grado muchas veces, que el derecho de insurrección es el supremo de todos los derechos de los pueblos, confesamos ingenuamente que la inmensa dificultad para el ejercicio de ese derecho, es fijar la línea en que comienza a ser justo y necesario poner en actividad un recurso tan enérgico y tan terrible.

¿Cuándo el pueblo puede lanzar el grito de insurrección, sin que esto tenga el carácter de un motín injusto, de una revolución innecesaria?

¿Cuándo puede un patriota, un tribuno, decir al pueblo, con la conciencia de que obra bien, «levántate que ha llegado el día de tu justicia»?

Cuestiones son estas muy graves, pero a fe de hombres honrados, no nos atreveríamos a decir que se puedan resolver en teoría, sino sólo en vista de las circunstancias, de la situación, y del color que presente el porvenir.

Nosotros francamente no creemos que ha llegado aún el momento de la insurrección, ni creemos que la situación política no tenga más que ese sangriento remedio; si no tuviéramos esa convicción, si por desgracia las cosas hubieran llegado a una situación tal, ya por la obcecación del señor Lerdo, ya por la intolerancia de su ministerio o de su círculo y el pueblo necesitara hacerse justicia por sí mismo, o por sí mismo mejorar su modo de ser por medio de un cambio revolucionario, lo diríamos con entera franqueza, con energía, y sin que hubiera necesidad de que nuestras palabras fueran interpretadas, porque creemos que la honradez en el periodista consiste en hablar siempre la verdad, aun cuando de esa verdad puedan venir sobre él las mayores desgracias.

Marcar un peligro no es desearlo; decir que el gobierno orilla al país a una revolución, no es prueba de que esa revolución se desee, ni se aliente; por el contrario, es poner el faro para que se evite el escollo: ese escollo, si no existe, si es sólo una alucinación, el navegante debe tener gratitud porque eso será cuando mucho una excesiva precaución; que si la revolución se deseara en vez de presentar un faro que marque el peligro, se procuraría que la oscuridad fuera completa.

No hay que culpar a la oposición de que procura la guerra cuando, si hubo paz al tomar el señor Lerdo posesión del puesto que hoy ocupa, la que se llama hoy oposición fue la que hizo la paz, y la que devolvió a la república la tranquilidad deponiendo sus armas ante el altar de la ley.

Nosotros combatimos a la administración del señor Lerdo, en el terreno en que la Constitución nos lo permite; provocar ahora una guerra sería, más que combatir a la administración, atacar a la riqueza pública, a los intereses del comercio, de la agricultura, de las artes; sería dar un triunfo al gobierno, y ciertamente seremos más teóricos que prácticos como nos llaman algunos escritores, pero somos en cambio demasiado amantes de nuestra patria, para procurarle un conflicto y para robustecer la actual administración excitando al pueblo a la guerra.

El Radical, t. 1, núm. 74, febrero 3 de 1874, México, p. 1.

CORRUPCIÓN

La tiranía es el paso natural de un pueblo, de las instituciones liberales al gobierno despótico y absoluto.

La tiranía algunas veces se ejerce descaradamente, sin doblez, sin hipocresía, y atacando de frente las leyes de un país, los derechos de los pueblos y las garantías de los individuos; esta especie de tiranías es en la época presente y en las naciones civilizadas, muy difícil de establecer; los pueblos conocen sus derechos, los ciudadanos comprenden el gran valor de sus libertades, y el gobierno se encarga entonces de construir el estandarte que la nación debe enarbolar para hacerse justicia y castigar a sus opresores.

Hay otra especie de tiranía más odiosa que la anterior, como es más odioso todo lo que se cubre con el manto de la hipocresía, como es más repugnante todo lo que viene con la máscara de la justicia; hablamos de la tiranía que se viste con el ropaje de la libertad y de la ley.

«La más cruel de todas las tiranías —dice Montesquieu— es la que se ejerce a la sombra de las leyes y con los colores de la justicia, para ahogar a los desgraciados sobre la tabla misma en que ellos se creían salvados.»

Esta tiranía es la que muestra su espantosa cabeza en las sociedades organizadas liberalmente, y se ejerce con la mayor insolencia al mismo tiempo que con la más artera hipocresía.

El espíritu de la ley muere ahogado por la letra que el gobierno interpreta siempre a su manera, y esa ley, defensa del ciudadano, se torna en puñal para herirle, y no hay que buscar la injusticia en la infracción legal; la interpretación, la letra, la tendencia del gobierno son las que llevan la violación del espíritu de la disposición protectora.

Los agentes del poder no escasean nunca, son los instrumentos, no ciegos, ni torpes, sino inteligentes, activos, cuidadores, sagaces, que como inspirados por el alma de su jefe, no faltan jamás a su consigna, procurando dar a todo el barniz de la legalidad, y Tiberio mismo, uno de los más execrables tiranos, encontró, como dice el sabio autor del Espíritu de las leyes, siempre jueces, prontos a sacrificar a los sospechosos, y el Senado romano juzgaba a cuantos él le enviaba, acusados de lesa majestad.

Pero para llegar a este punto, para que el gobierno encuentre agentes y auxiliares en los pueblos que han gozado de su libertad y entre los hombres que han llevado con orgullo el título de ciudadanos, necesita valerse antes de la corrupción y de los amagos.

La corrupción y los amagos tampoco se ejercen en las sociedades modernas como en los antiguos tiempos, las costumbres han variado, y los despotismos han variado también de armas.

Un gobierno no corrompe hoy una sociedad, como corrompieron la de Roma, Nerón y Heliogábalo, ni los jóvenes de la clase elevada de nuestras ciudades hoy saldrían en las noches como en Roma, a robar o a matar a los transeúntes y asaltar las casas, ni un gobernante en el siglo XIX se vestiría de mujer para desposarse públicamente con un esclavo; aquella era la prostitución, la disolución de las costumbres; hoy es la corrupción del espíritu público, el extravío de la conciencia nacional.

Un gobierno corruptor procura buscar ante todo en nuestra época un objeto que tenga todas las apariencias de grandeza y de bien para distraer al pueblo y hacerle olvidar sus derechos preocupándose sólo de los intereses materiales; los emperadores romanos tenían su circo, Napoleón III sus guerras y sus expediciones, otros gobiernos sus mejoras materiales, cada una de las cuales proporciona una gran festividad en cada uno de los pasos con que lentamente va caminando.

El gobierno comienza entonces por declararse apasionado protector de todos los intereses y mejoras materiales, y procura por cuantos medios están a su alcance, en la tribuna parlamentaria, en el periodismo, en el folleto, y hasta en las manifestaciones públicas, alejar al pueblo de toda cuestión de principios, de toda discusión de derechos políticos y de instituciones administrativas.

Los órganos oficiales u oficiosos hablan con el más profundo desdén de todas las cuestiones doctrinarias: la fe política, la fijeza de principios, el amor a las instituciones, el patriotismo, son burlados, y se consideran sólo como arranques poéticos, como teorías, como palabras de poca importancia y de ningún efecto práctico para la salvación de un pueblo y para el progreso de la nación, y esto si hay quien por fortuna se digne contestar, que esto sucede pocas veces, y cuando sucede, la réplica no deja de venir mezclada con la acerba personalidad, con el insulto, con la nota de ambiciones burladas y con la más dulce lisonja para el gobernante.

En cambio se procura hablar mucho al pueblo de grandes proyectos, de puentes, de calzadas, de caminos de hierro, de disecación de pantanos, de canalizaciones; y si por ventura algún periódico de oposición toca alguno de estos puntos, aun cuando no sea sino para decir algo impertinente, se afecta inmediatamente indignación o deseo de satisfacer al pueblo, y se emprende si es necesario, una gran polémica, para probar que un tren no llegó con cinco minutos de retardo a un parador de poca importancia, sino a la hora precisa marcada en el indicador de aquella vía férrea.

Y todo esto para impresionar al pueblo no más en las cuestiones de intereses y mejoras materiales, para desinteresarle en las cuestiones de principios, porque los gobiernos que tienden a la tiranía saben muy bien «que el materialismo político es la muerte del espíritu público y el espíritu público es el alma de los pueblos libres», y un pueblo materializado así, cae sin resistencia y sin disgusto bajo la mano del despotismo.

La corrupción en los gobiernos republicanos busca un elemento auxiliar poderoso en el indiferentismo político, que se consigue volviendo al pueblo materialista en política, y a medida que este auxiliar avanza, la corrupción avanza corrompiendo las instituciones.

La conciencia electoral de la nación es el primer objetivo; contra ella se dirigen con más energía y perseverancia todos los fuegos del gobierno, y los destinos públicos, y poco a poco hasta los cargos de elección popular, vienen a ser no la recompensa del mérito o de los servicios, sino una especie de moneda en un mercado de condescendencias y de conciencias.

Llega un tiempo entonces en que los funcionarios saben ya el modo de ascender en la escala gubernativa, y cómo por una tarifa conocen el precio del favor y el premio del servicio; la emulación del favoritismo produce necesariamente el empeño en la adulación y en la condescendencia oficial, y el ejemplo prepara en la juventud hombres públicos que superen quizá a sus antecesores, y el desaliento en los ánimos levantados y generosos que miren imposible toda lucha, y que se sientan rodeados de una barrera de bronce que no se puede ni franquear ni derribar.

La persecución llega entonces a completar su obra, pero tampoco es la persecución del cadalso, ni de la Bastilla, ni de la deportación a Siberia o a la Cayena, ni viene en la punta de las bayonetas, porque los gritos de las víctimas o la vista de la sangre, podría despertar el espíritu del pueblo que duerme soñando en mejoras materiales; viene la persecución sorda, con todo el carácter de un capitis diminutione de los romanos, con una especie de carta de extranjería para el culpable del delito de dignidad, viene trayendo una declaración de paria para el que no pertenece a los que entonces se llaman partidarios del gobierno, que declarados «imposibles» en los altos consejos, están seguros de vivir como extranjeros en su país, y resignarse en su misma patria a sufrir la suerte de los judíos.

Y sin embargo, estos gobiernos nunca atacan la libertad de imprenta, por el contrario, la protegen; extraño fenómeno parecería éste si no se tuviese fácilmente su explicación; protegen la libertad de imprenta, no para conocer la opinión pública, porque para ellos la imprenta sólo representa la opinión pública cuando los ensalza; no para procurar la luz por medio de la discusión, porque ellos son inflexibles en sus disposiciones porque se creen infalibles; no para seguir una indicación cuerda y patriótica, porque ellos no necesitan consejo; protegen la libertad de imprenta para conocer a quienes no piensan como ellos y excluirlos de toda participación en los negocios públicos, y la libertad de imprenta es para esos gobiernos un anzuelo, un reclamo, una red para pescar a todos sus enemigos, y los periódicos de oposición les hacen el mismo efecto que una denuncia, la prensa se convierte en un delator constante, el escritor se suicida políticamente al poner su firma al pie del artículo en que desaprueba la más insignificante de sus medidas, y el repartidor lleva cada día inocentemente al palacio, el nombre de un nuevo reo, o la pieza justificativa del proceso que en las altas regiones se forma al periodista.

Por estos caminos se llega seguramente al objeto que se proponen los gobiernos que tienden al absolutismo; narcotizados el pueblo y la Constitución, se encontrarán el día que despierten como Venus y Marte, en la red de acero que labró Vulcano, y entonces como en esa escena de la mitología, el gobierno podrá llamar a los dioses sus amigos, para reír tranquilamente del espectáculo.

El Radical, t. 1, núm. 75, febrero 4 de 1874, México, p. 1.

LA CONSTITUCIÓN

México solemniza hoy oficialmente el aniversario de la promulgación del código fundamental de la república en 1857.

Quisiéramos de todo corazón, al ocuparnos hoy también de ese aniversario, poder presentar el cuadro más halagüeño de nuestra patria, regida por ese código cuya estricta observancia hubiera producido tantos bienes y hecho avanzar al pueblo mexicano en el camino de la prosperidad y del progreso.

Pero desgraciadamente no es así; la Constitución de 1857 fue combatida desde los primeros días de su existencia por los hombres mismos que debieron haberla sostenido a costa de cualquier sacrificio; el golpe de Estado en 1857 inició esa lucha que tantos años había de durar, y marcó la marcha de nuestros gobiernos, llamados constitucionales y que más o menos descaradamente habrían de procurar en lo sucesivo llevar como regla de conducta estos dos principios: la Constitución es una grande y hermosa bandera cuando peligra la existencia del gobierno. La Constitución es una traba, cuando ese gobierno se siente sólidamente establecido.

De aquí esa conducta que nuestros gobiernos han observado, enarbolando como una enseña la Constitución del 57 en los momentos del peligro, lanzando los ejércitos al combate al grito de «¡Viva la Constitución!», mirando subir al cadalso a sus mártires al grito de «¡Viva la Constitución!», alcanzando la victoria y atravesando las ciudades en triunfo y entrando a la capital de la república entre las apasionadas ovaciones de un pueblo, que orgulloso y feliz gritaba con todo el esfuerzo del entusiasmo, «¡Viva la Constitución!»

La Constitución ha sido para nuestro gobierno durante muchos años, el lábaro de Constantino.

Llegaba la hora del triunfo, y entonces la lucha no tenía la terrible manifestación del combate en los campos de batalla, sino la sorda y encubierta de la infracción; a cada momento un nuevo ataque y a cada momento un nuevo sistema para eludir el espíritu constitucional respetando la letra. La política se reduce a esto, el talento de los presidentes y de los ministros se ejercita y se prueba buscando caminos para que el gobierno, a pesar de la Constitución, pueda hacer cuanto quiera, aunque eso que quiera esté prohibido por la Constitución.

El pueblo no conoce prácticamente aún, sino muy de lejos, todas las grandes ventajas del sistema, ni todos los derechos que nuestro código fundamental consigna, porque hasta hoy no ha llegado a regir nunca la Constitución de 1857 con toda su pureza y en toda su extensión.

A cada momento los congresos amedrentados por una sedición, espantados por un crimen, precisados por lo angustiado del tiempo de sus sesiones, influenciados por el ejecutivo, o deseosos de trabajar lo menos posible, han prodigado al ejecutivo facultades extraordinarias, ya suspendiendo algunos artículos constitucionales, ya autorizando al presidente para que expida una ley reglamentando otra, o haga tal contrato, o ya aprobando sin examen disposiciones o nombramientos que hace sin facultad ninguna.

El Congreso ha sido siempre el auxiliar del ejecutivo, más que el representante del pueblo, y dando sin embarazo esas facultades, ha impedido que la Constitución siga en toda su plenitud, y esto sin contar las infracciones de que es víctima diariamente ese código.

Pero a pesar de todo, la gran prueba de que nuestros principios son buenos, y sabia nuestra Constitución, es que a la hora del peligro vemos llegar «por distintos caminos» a los que se proclaman sus enemigos, buscando la sombra de su bandera.

Dios permita que el próximo aniversario pueda celebrarlo México feliz y tranquilo, y el pueblo en este día manifieste su satisfacción, no porque la ley diga que es una festividad nacional, sino porque convencido de que la Constitución le garantiza sus libertades y sus derechos, salude como el día de su regeneración política, el 5 de febrero.

El Radical, t. 1, núm. 76, febrero 5 de 1874, México, p. 1.

DESPOTISMO

Vulgarmente se cree que para que un gobierno sea despótico, y para el que merezca el nombre de déspota, es necesario que ese hombre y ese gobierno cometan actos de arbitrariedad y de tiranía, que hagan estremecer al mundo, horrorizarse a la humanidad y avergonzarse a la historia; es necesario que dejen marcada con sangre su huella, que los patíbulos señalen su paso, que las viudas y los huérfanos se miren por todas partes llorando la ferocidad del asesino del padre y del esposo, en fin, que las Dragonadas de Luis XIV tan fríamente dirigidas por Louvois como ejecutadas por Boufflers para convertir a los calvinistas en el Béarn, se repitan con todos sus horribles detalles, y que se escuchen como entonces en las plazas y calles el ruido de los tambores, y los gritos y las blasfemias y los gemidos de los moribundos y los alaridos de espanto de las mujeres, y el pesado cargar de los escuadrones, y en fin, la carnicería y matanza de hombres inermes, con todo el aparato de un reñido combate. Para suponer déspota a un gobernante se cree vulgarmente que este gobernante debe convertir a la nación en un país como China, como el Japón, el Indostán, el Mongol o la Turquía, y mandar empalar, azotar, o decapitar a un hombre por capricho, como el bey de Túnez que para apoderarse de una casa, manda matar al desgraciado que la posee, si éste no ha tenido la precaución de declararse súbdito francés, inglés o ciudadano americano.

Esta idea que tan general es en el mundo, ha salvado de la nota de déspota a muchos que realmente son o han sido verdaderamente déspotas.

El despotismo consiste en la superioridad del gobernante sobre la ley, o en la ineficacia de la ley para refrenar al gobernante; y lo mismo es que el gobernante tenga tan gran extensión de poder porque así la haya recibido de sus antecesores o de una revolución; como que esa extensión la conquiste por la fuerza o por la astucia, de todas maneras cuando la ley no pone limitación a su autoridad, o cuando, aunque la ponga es ineficaz, el gobierno es despótico.

La reunión en una sola persona o corporación, de las tres facultades, expedir, sancionar y aplicar una ley, es un despotismo, sin que deje de serlo por el hecho de que la Constitución de un país divida el poder público en los tres elementos de legislativo, ejecutivo y judicial; porque si esta división es sólo aparente, si sólo por fórmula existen estos tres poderes distintos y la influencia de uno de ellos es tal que a su arbitrio dispone de los otros dos, entonces el despotismo existe de hecho, y el país en donde esto suceda no se puede llamar libre.

En caso tal, muy común por desgracia en las sociedades modernas, el despotismo se ejerce en nombre de la ley, y es más terrible que el absoluto y desenmascarado.

Cuando en una nación regida por una Constitución liberal y democrática, uno de los poderes, que generalmente es el ejecutivo, llega a sobreponerse y a dominar a los otros dos, entonces se acaban todas las libertades y todos los derechos; el legislativo nada decreta sin consentimiento o sin iniciativa del ejecutivo; el judicial carece completamente de independencia, medio ambiente de este poder, y fuera del cual no puede existir; las leyes son ineficaces para contener los desmanes de un gobernante a cuyo arbitrio está hacer derogar esas leyes, o encontrar un tribunal que le absuelva, si por fórmula, o por lujo de cinismo se deja acusar; la fuerza pública se torna en sus manos el elemento más poderoso para imponer su soberana voluntad; la infalibilidad toma asiento en sus resoluciones; comedias son las deliberaciones del consejo de ministros, las discusiones de las cámaras y las divisiones de opinión entre sus partidarios; todo desaparece, y no necesita sino como dice Montesquieu, del sultán «nombrar un buen visir para entregarse a las delicias».

La nación seguirá entonces creyendo que vive y rige el sistema constitucional; porque no ve nada de Nerón ni de Calígula; porque no presencia ninguna de esas escenas que refieren los anales de Bizancio y de Moscú, escritas con sangre, por un sultán o por un zar; porque no asiste al incendio de Roma o a la noche de San Bartolomé, y no siente sobre su cabeza la espada del duque de Alva, o el látigo de Radezky. Y sin embargo de que nada de todo eso se haga sentir, el gobierno es despótico.

Que un déspota no ejerza actos de crueldad, no prueba más sino la bondad de su carácter, y no la limitación de su poder; porque en ese caso la nación debe su tranquilidad, y los ciudadanos deben su seguridad, a las virtudes personales del gobernante o a su timidez, pero no al amparo de las leyes y del sistema; el gobernante es entonces mejor que el sistema con que gobierna, pero no por eso él, que es superior a las leyes y que domina los otros poderes, deja de ser déspota.

Tácito, el historiador ilustre, se felicitaba de haber vivido bajo el reinado de Trajano y llamaba dichoso a ese tiempo, porque podía pensarse y hablar libremente; y a pesar de eso, Trajano era déspota, porque no tenía limitación su poder, del cual no usaba como Calígula o Nerón.

Los pueblos bajo gobiernos semejantes, gozan de garantías no por el derecho que a ellas les dan sus constituciones, sino por la magnanimidad de los gobernantes; es decir, son esclavos favorecidos por su señor, no ciudadanos respetados por sus autoridades.

Un gobierno despótico es el que no tiene límite a su voluntad, aun cuando no haga uso de esas facultades ilimitadas, y en una república no tiene límites a su voluntad aquel poder que puede a su antojo hacer nombrar a los miembros de los otros poderes, y cuenta siempre y a la hora que quiera con eso que la política moderna llama mayoría en una Cámara, y que el ejecutivo procura siempre con tanto ahínco, y que no representa en último análisis otra cosa que el dominio de un poder sobre otro, la ilimitación del ejecutivo en sus facultades, y la perfecta impunidad en todas sus acciones y para todos sus agentes.

Las barreras constitucionales contra el despotismo del poder ejecutivo en todos los países son la prohibición de expedir leyes y la responsabilidad de los miembros del ejecutivo. Si un presidente tiene mayoría en una Cámara, él da las leyes, por más que al pueblo pretenda hacérsele creer que salen de la Cámara. Si un gobierno tiene mayoría, toda acusación y toda responsabilidad es ilusoria, porque el tribunal tendrá por sentencia el voto de la mayoría, y esta mayoría es el gobierno mismo. Luego la mayoría en un Congreso, que es a su turno juez o legislador, quita toda traba al ejecutivo cuando está sometida a él, y le convierte en un verdadero déspota, que por sus virtudes personales podría ser muy justo, pero lo será hasta el día que quiera serlo, que con tales elementos ni hay ley que le contenga, ni garantía de que siempre tendrá voluntad de ser prudente o tolerante.

Para llegar desde la Constitución hasta ese despotismo legal, ni se necesitan golpes de Estado ni grandes convulsiones políticas; para volver desde ese Estado a la verdadera libertad y al verdadero orden constitucional, los pueblos tienen casi siempre que derramar mucha sangre y muchas lágrimas. Bajar a favor de una corriente en una barca puede hacerlo un niño; subir en contra de ella es obra de un brazo vigoroso y de una voluntad enérgica.

El Radical t. 1, núm. 77, febrero 7 de 1874, México, p. 1.

CORRUPCIÓN Y DESPOTISMO. AL ECO DE AMBOS MUNDOS

(I)

Por la primera y última vez, al contestar hoy a nuestro apreciable colega El Eco de Ambos Mundos, nos ocuparemos de nuestra persona, y lo hacemos hoy por ser la primera vez que en nuestras discusiones se mezcla la personalidad. Antes hemos sostenido algunas polémicas con el distinguido escritor don Agustín R. González, y sin duda por la delicadeza exquisita de ese caballero, no había presentádose la ocasión de hacer las aclaraciones que ahora hacemos respecto de nuestra personalidad y nuestros propósitos.

Nosotros escribimos procurando que nuestros artículos, si bien de oposición porque la marcha política del señor Lerdo nos parece mala, sean doctrinarios, y propagamos los principios y las doctrinas que profesamos de corazón y por las cuales estamos dispuestos no sólo a la lucha periodística, sino al combate, si alguna vez la nación necesita de nosotros.

Nosotros no buscamos más que la aprobación de nuestra conciencia, porque no sacrificaremos nuestras convicciones ni por alcanzar eso que se llama popularidad, ni por granjearnos el favor de un gobierno, ni por obtener el aplauso de nuestros amigos.

El gobierno, el pueblo, nuestros amigos y nuestros adversarios, pueden tener de nosotros el concepto que mejor les parezca, estando nuestra conciencia tranquila, teniendo la seguridad nosotros mismos de que propagamos la doctrina que para nosotros es normal y justa, y viviendo como vive en nuestro ánimo el amor desinteresado a la patria y a la libertad, ni halago ni temor moverán nuestro corazón, que en el camino del sacrificio no conocemos límite, tratándose del triunfo de la verdad.

Esto es respecto a las acusaciones que de mala fe y de ignorancia envuelven los artículos del Eco. Entremos ahora en la cuestión científica.

Dice El Eco refutando nuestro artículo sobre «Corrupción»:

«Comienza por una definición con la que no estamos muy conformes, pues dice que:

“La tiranía es el paso natural de un pueblo, de las instituciones liberales al gobierno despótico y absoluto.”»

En efecto tiene razón el señor Cosmes en no estar conforme con esa definición de tiranía, pero nos permitirá observar que no es definición ni como eso la hemos puesto, ni hay nadie que pueda tomarla como tal; pura y simplemente es una proposición más o menos verdadera; pero no tiene tampoco pretensiones de más; lógicamente cualquier escritor podría quizá haberla confundido con una «descripción» como se dice en esa ciencia, pero para que definición fuera o quisiera ser, necesitaría algo que pareciese siquiera género y algo que simulase diferencia específica y entonces sería combatible como definición; pero llamar así a una proposición nos parece extraño.

«La guerra es la última razón de los reyes» dicen, por ejemplo, los tratadistas de derecho de gentes; claro está que si esta proposición la declaramos definición, será malísima y no estaremos conformes con ella.

Generalmente las proposiciones vienen enunciadas en esta forma cuando son descriptivas o sentenciosas, sin que por ello pueda batírselas como definiciones sino sólo por su falsedad: así Napoleón III, dijo: «La intervención es la página más gloriosa de mi reinado» y ésta no es definición de «intervención».

Y no es posible que se tomara por definición la que no era más que proposición, que el sabio filósofo alemán I. G. Heinecio dice: «Et definitio quidem est propositio rem ita determinans, ut abaliis omnibus semper distingui posse» y en otro lugar más adelante dice el mismo sabio: «Judicium autem verbis expressum propositio apelatur».

La autoridad de Heinecio en lógica es casi inapelable, pues de ese sabio se ha dicho que tal es la exactitud y precisión de su lógica, que al aplicarla al derecho mereció el nombre del «matemático de la jurisprudencia» y bastaban las dos reglas citadas para que el señor Cosmes no padeciera la equivocación involuntaria de tomar por definición la que no lo es, ni puede serlo.

Dice en seguida el apreciable señor Cosmes:

Habíamos creído hasta aquí que la tiranía y el despotismo eran, si no una misma cosa, por lo menos algo muy semejante; ahora vemos que la primera no es más que el paso natural de las instituciones liberales al gobierno despótico y absoluto, pero esto nos haría entrar en una cuestión filosófica que no queremos abordar: concedamos y adelante.

Nos permitirá el señor Cosmes que no admitamos el favor que nos hace concediendo, sino que entremos en el examen científico de nuestros conceptos, porque si en materia de personalidades esquivamos la lucha, en puntos de doctrina y de ciencia nos agrada la discusión; siempre se adelanta algo, y el pueblo saca provecho siempre, y la nación se honra y adelanta más con una discusión sobre puntos de derecho constitucional, que con un centenar de duelos.

No creemos que seriamente diga el señor Cosmes que «hasta aquí había creído que tiranía y despotismo era, si no una misma cosa, por lo menos algo muy semejante»: lo repetimos, un publicista no puede estampar tal concepto, sino con el ánimo de probar si su adversario conoce o no la materia de que se trata, y como una especie de retirada falsa para explorar la fuerza enemiga, porque ciertamente no puede ignorar el señor Cosmes la inmensa diferencia que existe entre tiranía y despotismo.

Expondremos sobre esto nuestras ideas, no con la presunción de enseñar nada nuevo a nuestro apreciable impugnador, sino para manifestarle que también nosotros hemos estudiado esta materia.

Despotismo es el gobierno absoluto y sin responsabilidad.

Tiranía es el gobierno cruel, opresivo y violento.

Un gobernante que reúne en sus manos los tres poderes, como dice Montesquieu, o que concentra en sí la soberanía, como dice Laboulaye, es un déspota.

Un gobernante que hiere los principios de la justicia, de la humanidad y de la moral, es un tirano.

Un gobernante puede ser déspota, y sin embargo, no ser un tirano. Trajano, Nerón, Marco Aurelio, fueron déspotas, porque fueron absolutos en su gobierno invadiendo las facultades del Senado romano; y sin embargo no fueron tiranos, porque respetaron la moral y la justicia según el testimonio de muchos historiadores, al paso que Nerón y Calígula, con la misma extensión de facultades y de poder, fueron tiranos, y tiranos execrables.

Un dictador que se abrogase el conocimiento de un proceso, si fallaba en justicia, sería un déspota, pero no un tirano: si da y aplica la ley, aun cuando sea muy justa, sin ser tirano es déspota.

Un Congreso ejerciendo violencia e injusticia en uso de su facultad de legislar, sería un tirano sin ser déspota, y por si acaso al señor Cosmes le pareciere que no puede existir la tiranía en el Congreso, y en una república constituida, le citaremos lo que dice Jefferson, el hombre a quien Tocqueville llama «el más poderoso apóstol que haya tenido jamás la democracia», hablando del poder legislativo en Estados Unidos: la «tiranía de los legisladores es actualmente y será todavía por espacio de muchos años, el peligro más tremendo».

Un gobierno puede ser despótico sin ser tirano, como el de San Luis en Francia; tiránico sin ser despótico como en el caso previsto por Jefferson, o tiránico y despótico.

La tiranía afecta la justicia; el despotismo la legalidad o el constitucionalismo.

El despotismo es forma de gobernar; la tiranía es conducta del gobernante.

Déspota es el señor absoluto sin que por esto se entienda que es injusto, cruel o violento; tirano es el que tiene estas cualidades aun cuando no sea déspota. Un poco más adelante probaremos al señor Cosmes cómo puede existir un tirano con leyes.

Regido México por una Constitución republicana y democrática, el Congreso de la Unión decretó una proscripción en masa contra los individuos de un partido, por una ley que se llamó la ley del caso; el ejecutivo le dio cumplimiento a la disposición y el gobierno no fue entonces déspota, sino tirano.

Otro Congreso puso a precio las cabezas de Zuloaga, Márquez, etc.; el ejecutivo promulgó el decreto: esto no fue despotismo, sino tiranía.

Maximiliano decretó el asesinato de todos los prisioneros republicanos: esto fue despótico, porque él reunía toda soberanía en su mano, y tiránico porque la medida era cruel e injusta.

El general Santa-Anna publicó una buena ley de procedimientos y un buen código de comercio, teniendo por ministro al licenciado Lares: este acto fue despótico porque Santa-Anna sin ser déspota no podía legislar; pero no fue tiránico porque no envolvía ni crueldad ni violencia a la moral.

Ve, pues, el señor Cosmes con cuánta razón decimos, mediando un abismo entre tiranía y despotismo, que no puede él haber dicho sino por vía de broma aquello de «habíamos creído hasta aquí que la tiranía y el despotismo eran, si no una misma cosa, por lo menos algo muy semejante».

Por no cansar al señor Cosmes no hemos querido ir citando los autores todos de donde tomamos estas doctrinas, pero como tampoco pretendemos que nos crea inventores de ella, diremos que, además que del Diccionario de la lengua castellana, y del de sinónimos, hemos aprendido eso en Montesquieu, Espíritu de las leyes; Laboulaye, Historia de los Estados Unidos; Tocqueville, La democracia en América; Story, Comentario sobre la Constitución de los Estados Unidos; León Renier, Enciclopedia moderna; Garnier Pagés, Diccionario político, y Madisson en El Federalista.

Quizá las teorías que profesamos no sean más que ensueños, pero diremos con Pelletan a Juan Reynand en el prólogo de Le monde marché, «si estos son sueños es muy bello soñar en tan hermosa compañía».

«Ahora vemos» continúa el señor Cosmes en el párrafo que contestamos, «que la primera (la tiranía) no es más que el paso natural de las instituciones liberales al gobierno despótico y absoluto».

Permítanos el señor Cosmes advertirle dos cosas, primera, que ya le probamos que toma por definición de tiranía lo que en lógica se llama simplemente proposición, y la segunda que no dijimos que tiranía «es paso de las instituciones liberales al gobierno despótico y absoluto», como él dice, sino «el paso de un pueblo», porque el pueblo puede pasar, las instituciones no pasan, se cambian; rogamos al señor Cosmes vea el abismo que existe entre lo que dijimos y lo que él dijo: lo que asentamos podía ser falso, pero lo que él asienta y nos hace decir, es un imposible.

Suspenderemos por ahora nuestra contestación para continuarla mañana, tanto por no fastidiar a nuestros lectores y a nuestro apreciable impugnador, cuanto porque deseamos tratar esta materia en varios artículos y detenidamente. El pueblo debe conocer a fondo y perfectamente las doctrinas que profesan los que sostienen al gobierno y los que se llaman de oposición; esto al menos traerá la ventaja de que la nación sepa lo que debe esperar de cada uno, y cuál es el programa de cada uno de los dos partidos.

El Radical, t. 1, núm. 79, febrero 10 de 1874, México, pp. 1-2.

CORRUPCIÓN Y DESPOTISMO. AL ECO DE AMBOS MUNDOS

(II)

Ocupámonos en nuestro número de ayer en demostrar al señor redactor del Eco la inmensa diferencia que existe entre tiranía y despotismo; diferencia que según él dice, «había creído» que no existía; este artículo lo dedicaremos a probarle que hay tiranías que se ejercen con el despotismo, y otras que se ejercen a la sombra de la ley y con la ley misma, proposición que al señor Cosmes pareció tan absurda como nueva.

Quizá el apreciable redactor del Eco se haya disgustado con nuestros artículos «corrupción» y «despotismo» porque como dice, creyó que en ellos aludíamos al gobierno del señor Lerdo; nosotros escribimos artículos doctrinarios y como se verá estamos dispuestos a defenderlos por medio de una discusión científica; si en esos artículos se encuentran alusiones al señor presidente, culpa será del señor presidente si se parece a un mal gobernante, pintado por nosotros con los más «negros colores» y con todo el aspecto de un cuadro de Rembrandt.

Nada decimos que no sea doctrinario y generalidades, como dicen los defensores del gobierno; luego si hay aplicaciones, responsables son esos escritores ante el señor Lerdo, porque encuentran a ese señor retratado en un artículo en el que se habla de gobiernos despóticos y corruptores, cuando en esos artículos nada hay que recuerde la actual situación de México, y pudieran publicarse tanto aquí como en Madrid o en París, sin cambiarles una palabra. Siempre la fábula del Pensador Mexicano, de los lisiados que tomaron los espejos por retratos.

Con los escritores del gobierno no hay medio; si se ataca un acto del gobierno, contestan que son casos particulares que nada prueban; si se sostienen doctrinas, que son generalidades que nada significan.

La misión del periodista debía reducirse a hablar siempre bien del gobierno, y a las revistas literarias, de teatros y de modas; porque aun no ocupándose más que de doctrinas, se le tacha de «apasionada oposición» porque conforme a esas doctrinas no puede llamarse un buen gobernante al que ellos defienden.

El señor Cosmes cree que tratamos de herir indirectamente al señor Lerdo, pero para que no tenga en lo de adelante que hacer esa clase de suposiciones, ni declarar aludido al señor presidente, ni pierda su tiempo en buscar la comparación entre lo que nosotros decimos y lo que hace el gobierno, dedicaremos una parte de esta contestación a probar al apreciable redactor del Eco que el señor Lerdo, conforme a los principios del derecho público, es déspota, que ha faltado a las promesas que hizo a la nación en su programa, que falta a la protesta que hizo de guardar y hacer guardar la Constitución, y que son ahora mentira la democracia y la federación.

Suponemos que a esta lucha ha deseado orillarnos el señor redactor del Eco con sus artículos; la aceptamos; la nación será el juez, y puede creer el señor Cosmes que el fallo será terrible para el gobierno o para la oposición, aun cuando la sentencia no se cumpla inmediatamente.

Pero nos hemos distraído demasiado, volvamos al artículo del señor Cosmes. Dice este señor:

Establece el señor Riva Palacio dos especies de tiranía; la primera «se ejerce descaradamente sin doblez, sin hipocresía, y atacando de frente las leyes de un país, los derechos de los pueblos y las garantías de los individuos».

El escritor, a pesar de lo que han dicho los periódicos oposicionistas, asegura que esta clase de tiranía no la ejerce el gobierno, por lo cual debería éste estarle agradecido; pero lo que sigue diciendo el artículo echa a perder lo primero. La segunda especie de tiranía, que es la que practica la actual administración, es aun más odiosa que la anterior, como es más odioso todo lo que se cubre con el manto de la hipocresía, como es más repugnante todo lo que viene con la máscara de la justicia; hablamos de la tiranía que se viste con el ropaje de la libertad y de la ley.

Cuando hemos probado que hay diferencia entre despotismo y tiranía, hemos demostrado también que hay déspotas que no son tiranos, y gobiernos constitucionales y constituidos que lo son y esta sola idea bastaría al señor Cosmes para convencerse de que hay tiranía que ejerce el déspota como un zar, como un sultán, como un dictador militar, y tiranía que ejerce un Congreso o un presidente en un país constituido.

Ejemplos de tiranías despóticas no serán necesarios: ¿quién no conoce la historia de los emperadores de Roma? ¿Quién no ha oído hablar de Rosas el presidente de Buenos Aires?

Ejemplos de tiranías cubiertas con el manto de la ley, señor Cosmes; ¿no le parece a usted que hay esos ejemplos muy recientes a la vista de usted mismo, en todas las leyes aplicadas a los revolucionarios en tiempo de la administración del señor Juárez? ¿Los fusilamientos de la Ciudadela y de Atexcal, el de Ibar algunos años atrás, y otras muchas de esas innumerables ejecuciones militares por causas políticas, no le parecen a usted ejemplos que prueban que puede ejercerse la tiranía a la sombra de la ley? Y tan eran esas ejecuciones tiranías a la sombra y con el manto de la ley, que no valía contra ellas ni «el juicio de amparo», y eso que el juicio de amparo es el supremo recurso contra la arbitrariedad y el despotismo.

Dice nuestro impugnador, hablando de nosotros, «pero lo que sigue diciendo el artículo echa a perder lo primero», y esto lo dice porque tratamos en seguida de la tiranía ejercida a la sombra de la ley.

Ya hemos visto que esa tiranía puede existir y aun hemos presentado ejemplos. Oiga señor Cosmes lo que dice sobre esto Montesquieu: «La más cruel de las tiranías es la que se ejerce a la sombra de las leyes, y con los colores de la justicia, porque se va, por decirlo así, a ahogar a los desgraciados sobre la tabla misma en que ellos se creían salvados.»

Hay dos clases de tiranías —dice E. Leclerc—, la una que se confiesa, la otra que se oculta; la primera violenta, la segunda cobarde e hipócrita; aquélla rompe las leyes y las ataca abiertamente; ésta las desnaturaliza, las tuerce, las desfigura y las hace mentir a la faz del cielo; es contra esta segunda clase contra lo que deben procurar defenderse los pueblos que viven bajo gobiernos mixtos.

Estamos creyendo que el señor Cosmes podrá decir que Montesquieu y Leclerc no tenían razón, y no conocían las prácticas parlamentarias; pero no sin duda culpará a esos escritores de haber aludido apasionadamente al señor Lerdo; y sin embargo, todos esos artículos parecen escritos para la actual administración, y la prueba de que el gobierno del señor Lerdo es despótico, está en que nosotros no hicimos más que explayar esas doctrinas e inmediatamente lo vieron aludido y lo reconocieron sus partidarios.

Leclerc escribió cuando quizá el señor Lerdo no pensaba que llegaría para él la presidencia, y a pesar de esto, el párrafo de Leclerc que hemos citado, retrata la situación actual.

Pero la división de tiranías es tan común, que sin necesidad de ocurrir a los tratadistas de derecho público, puede sólo consultar el señor Cosmes Bescherelle en su Diccionario nacional, y ya encontrará allí la diferencia entre tiranía real y tiranía de opinión y ya verá entonces que no fuimos nosotros los que echamos a perder el artículo con la clasificación de tiranía, sino todos esos señores también.

Terminamos hoy nuestro segundo artículo rogando al señor Cosmes no olvide los puntos que en éste y en el anterior nos hemos propuesto probarle; en el anterior que despotismo y tiranía eran distintas cosas y no una como él creía; y en éste, que hay dos clases de tiranías y la peor es la que se ejerce a la sombra de la ley; mañana continuaremos.

El Radical, t. 1, núm. 80, febrero 11 de 1874, México, p. 1.

EL SISTEMA INTENCIONAL

Por el estilo con que nosotros hemos procurado tratar siempre en El Radical las cuestiones políticas, huyendo siempre del sarcasmo y de la acerba personalidad, y esquivando cuanto pudiera ofender a nuestros adversarios, creíamos tener derecho a iguales consideraciones, pero ayer nos hemos convencido de lo contrario al leer en el Correo del Comercio un diálogo titulado: «El sistema intencional.»

El señor don Roberto Esteva nos perdonará si dejamos sin contestación su artículo porque creemos que él, en nuestro caso, haría lo mismo, por dos razones: la primera porque, como en dicho artículo sólo se trata de zaherir, nada puede decirse de él; y la segunda, porque si el señor Esteva duerme con nuestros artículos, podemos sin faltar a la urbanidad no contestarle, que no tenemos motivo para causarle un rato de tedio.

No tenemos el honor de haber tratado íntimamente al señor don Roberto Esteva, pero sabemos que es un joven caballeroso, y por lo mismo a su caballerosidad apelamos, para que se sirva decir si él, que tan leal partidario ha sido del señor general Díaz, y de tanta influencia entre los partidarios de este señor, ha visto figurar alguna vez nuestro nombre en ese círculo y sabe que nosotros o el señor Sosa, que nos acompaña en la redacción de El Radical, hayamos formado parte en los trabajos de ese círculo.

Esto lo pedimos al caballero, pues como el escritor público, habla «del gobierno de Porfirio con El Radical», y esto supone que El Radical es un periódico que lucha por desprestigiar al señor Lerdo para que el señor Díaz suba al poder.

El Radical, t. 1, núm. 81, febrero 12 de 1874, México, p. 3.

DESPOTISMO Y CORRUPCIÓN. AL ECO DE AMBOS MUNDOS

(III)

Para llevar un orden preciso en estos artículos, y no dislocar las cuestiones, seguiremos tratando el punto de despotismo, aun cuando para eso tengamos que tomar uno de los últimos párrafos del segundo artículo del señor redactor del Eco de Ambos Mundos; la mejor inteligencia de la cuestión lo exige así. Digamos lo que dice el Eco:

El despotismo no admite ni consiente ley alguna que no sea la voluntad del déspota. Desde el momento en que existe una legislación que tenga por objeto poner un freno al gobernante, aunque sea ineficaz, un gobierno no puede ser llamado despótico. El despotismo o gobierno absoluto es aquel que no encuentra límite a su voluntad, el que no está sujeto a ley alguna; es, como dice muy bien el señor Riva Palacio, la reunión en una persona de las tres facultades: legislativa, ejecutiva y judicial, y por el simple hecho de que un poder tenga que consultar a otro para tomar una medida, aunque ejerza sobre él una gran influencia, deja de ser despótico, porque expresamente reconoce una barrera a su capricho. Ley y despotismo son dos ideas absolutamente contradictorias; y por consiguiente despotismo ejercido en nombre de la ley y despotismo legal, son dos frases completamente vacías de sentido.

Nada puede haber menos exacto que lo que se dice en todo este párrafo.

El señor Cosmes tiene la idea del despotismo que generalmente tienen los niños, es decir, él supone que despotismo es un gobierno tan absoluto, tan enteramente arbitrario, que no existe legislación de ninguna especie y que sólo la voluntad del déspota, única, inflexible, sin limitación y sin valladar de ninguna especie, es la que rige sobre un pueblo.

Esta idea es tan absoluta, tan abstracta, que en la práctica sería imposible de plantearse y en la historia de los pueblos, imposible de encontrarse.

¿El despotismo no admite ni consiente ley alguna? ¿El despotismo o gobierno absoluto es aquel que no encuentra límite a su voluntad?, ¿el que no está sujeto a ley alguna?, ¿ley y despotismo son ideas absolutamente contradictorias?, ¿despotismo ejercido en nombre de la ley y despotismo legal son frases vacías de sentido?, ¿esto siente el señor redactor del Eco?

Con la razón y con la historia, patria y extranjera, vamos a probar al señor Cosmes que todo eso que le parece imposible, porque siendo proposiciones contradictorias es imposible que sean verdaderas las dos según las reglas lógicas, puede ser, es, y ha sido, no posible, sino existente, y sabe ese señor muy bien que del acto a la potencia vale la consecuencia.

Ante todo advertiremos que en el lenguaje político, y sobre todo en México, se distingue ley, de Constitución; Constitución es el pacto fundamental de un pueblo, y ley es la disposición emanada del gobierno según sus facultades, ordenando o prohibiendo alguna cosa.

Podríamos tomar nosotros la palabra ley de que habla el señor redactor del Eco, en el sentido que entre nosotros se le da, y en este caso, nada sería más fácil que probarle que todos los déspotas han legislado y ya tenía el ejemplo de un despotismo con leyes; pero para no usar ni de esta ventaja llevaremos más alta la prueba, extendiendo la palabra ley que él usa, a las instituciones de un pueblo.

La definición más aceptada y más filosófica de despotismo es la de Montesquieu: «La reunión en un solo individuo de las facultades de expedir, sancionar y aplicar las leyes»; o la de Laboulaye: «la reconcentración en una persona, de toda la soberanía.»

Recordamos, porque es importante, la distinción entre soberanía y despotismo.

El ideal del poder absoluto, ilimitado, omnipotente, eterno, inmenso, es Dios; si alguien no cree en él será la naturaleza, y es imposible suponer sobre la tierra mayor suma de facultades, y mayores elementos de fuerza para cumplir su voluntad y más completa ilimitación de poder: pues bien, aun llevando la cuestión a la altura de la Providencia, existe allí una legislación de la que una parte, aunque muy pequeña, está a nuestro alcance y la conocemos sin que por esto deje de ser absoluto el Creador.

El sol gira sobre su eje y además en una órbita inmensa arrastrando tras sí el soberbio cortejo de planetas y de asteroides, de satélites y de cometas y cada uno de estos acompañantes, recorre una órbita constante más o menos regular, y cada uno de ellos tiene sus revoluciones y sus inclinaciones que marcan los periodos diurnos, y las estaciones de su año.

Los siglos han pasado, y estudiando los movimientos de esos cuerpos en el espacio, los hombres, desde los caldeos hasta Nicolás de Cusa y Copérnico y Kepler y Galileo, hasta Herschell y Laplace, y Laverrier y Arago, han llegado a comprender que ese movimiento tiene sus leyes, y esas leyes se han fijado ya con tal precisión que «la mecánica celeste» es un código al que se ajusta la Providencia.

El poder más absoluto, y sin embargo, con leyes.

Pero descendamos a la tierra, en donde los ejemplos son abundantes para confirmar nuestras doctrinas.

Para que un gobernante sea déspota, no se necesita que no reconozca límite a su voluntad, basta que reúna los tres poderes aunque tenga ciertas limitaciones; las modificaciones limitarán el despotismo, sin que por eso deje de ser tal despotismo.

Todos los déspotas del mundo, es decir, todos los que han tenido la facultad legislativa, han tenido también una limitación a su poder más o menos poderosa, porque a ser cierto que el déspota es el que no conoce ni tiene ley, no habría habido sobre la tierra un solo gobernante a quien pudiera llamarse déspota.

Ocurramos a la historia de Roma, cuyos emperadores han sido siempre considerados como el tipo no sólo del despotismo, sino de la más refinada tiranía, y tomemos por principio de nuestras observaciones a César Augusto, primer anillo de esa cadena de señores absolutos, entre los que despiden un siniestro resplandor los nombres de Nerón, de Calígula, de Cómodo y de Heliogábalo.

Augusto, al desprenderse del triunvirato que heredó el poder de julio César, y libre de Antonio el suicida y del tímido Lépido, encontró casi intactas las libertades romanas: El Senado y el tribunicio, si no con la plenitud de su vigor y facultades, sí al menos vivos y con bastante energía. La intriga, la corrupción y el disimulo, le llevaron hasta dominar enteramente a aquella nación y hacerle el árbitro de los destinos del pueblo.

La ley regia puso en manos de Augusto la potestad imperatoria y absoluta; era lo que verdaderamente se llama un déspota, y sin embargo, se valía del Senado para la expedición de muchas leyes, y para gobernar dictaba leyes, y era déspota, y existía sin embargo, la institución del Senado y las leyes.

Tiberio vino luego y nadie duda que fue un déspota, y sin embargo, había instituciones y el pueblo reunido por tribus conforme a las leyes romanas, votó la ley Junia Norvona sobre derechos de libertinos, y el Senado subsistió, degradado y envilecido, pero había despotismo y leyes e instituciones.

Nerón asombró y horrorizó al mundo con su atroz despotismo y su nefanda tiranía, y sin embargo, el Senado conservó su autoridad, y consta que se expidieron varios senados-consultos, y en muchos de ellos pidiendo la aprobación del príncipe an auctor constitutionis fieret.

Vea el señor redactor del Eco cómo puede haber legislación y despotismo reunidos, y lo que es aún más, ley y tiranía, porque no está la dificultad en que exista la ley y esté vigente, sino en que se observe y se respete. Señores absolutos y tiranos había en Roma y existía el Senado.

«Ésta me dará razón del Senado», decía Calígula golpeando su espada. «Te aborrezco porque eres senador», decía a Nerón uno de sus aduladores.

No comprendemos en qué se oponga la existencia de una ley con el despotismo, cuando muchas veces esa ley es la organización del despotismo.

¿Las bases de Tacubaya no eran un estatuto orgánico, es decir, una legislación fundamental de la república? Evidentemente que sí, y el general Santa Anna con la 7.ª base, era un déspota.

Finalmente, ¿qué es el artículo 29 de la Constitución de 1857, sino la autorización, la sanción del despotismo? ¿Qué han sido las facultades extraordinarias concedidas a los presidentes constitucionales, sino decretos autorizando el despotismo?

Y ese despotismo ejercido por el general Santa Anna en virtud de la 7.ª base, y ese despotismo ejercido por los presidentes constitucionales, Comonfort, Juárez y Lerdo, en virtud de facultades extraordinarias, no ha sido más que una de las especies de lo que en derecho público se llama despotismo legal.

El señor redactor del Eco se resiste a comprender que «haya despotismo legal», «despotismo en nombre de la ley», «despotismo con limitación», y juzga que ley y despotismo son ideas contradictorias, porque tiene la creencia de que el despotismo es como la tiranía, el abuso de un gobernante y el vicio y la violencia en su conducta.

No, el despotismo es simplemente una forma de gobierno, y por eso no viene al caso cuanto dice el señor redactor del Eco en el párrafo suyo que citamos al principio. Le citaremos al señor Cosmes un párrafo de Story en sus comentarios a la Constitución de Estados Unidos: «En los gobiernos absolutos, estos tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) están confiados a un solo individuo: Esta forma de gobierno es llamada despotismo, etc.»

Si el señor redactor del Eco hubiera pensado que despotismo no es como él indica creer, un poder sin limitación, sin sujeción a ley alguna, sin freno para el gobernante, sino una forma de gobierno admitida y planteada en muchas naciones modernas y civilizadas, sin duda que no nos hubiera dicho en su artículo, y con letra cursiva, para llamar más la atención, que despotismo ejercido en nombre de la ley y despotismo legal son frases completamente vacías de sentido.

Todas las monarquías absolutas y todas las dictaduras de que tenga noticia el señor Cosmes en la historia moderna, puede asegurar que son despotismos ejercidos en nombre de la ley, y despotismos legales, porque no son más que poderes absolutos confiados a un hombre por la ley. Ya verá cómo no es tan vacía de sentido la frase.

Y todavía aún más: esos déspotas no dejan de estar sujetos a leyes, y no son dueños de llevar adelante sus caprichos siempre, y la reunión de los tres poderes en una sola mano constituyendo un despotismo, no hacen del déspota una especie de semidiós omnipotente, o un jefe de las salvajes tribus del desierto.

Ley y despotismo no son como cree el señor Cosmes, ideas contradictorias.

El Radical, t. 1, núm. 82, febrero 13 de 1874, México, pp. 1-2.

DESPOTISMO Y CORRUPCIÓN. AL ECO DE AMBOS MUNDOS

(IV)

Siguiendo el estudio de los artículos de nuestro joven impugnador, encontramos un párrafo, que nada tiene de doctrinario y del que en otra ocasión no nos hubiéramos ocupado, pero que tiene hoy su oportunidad merced al próximo viaje de placer del señor presidente de la república y de sus amigos a la gruta de Cacahuamilpa.

Dice el párrafo así:

en cuanto a lo de las polémicas por asuntos insignificantes, diremos que la oposición es la única que las provoca, y aún tenemos presente en la memoria los terribles ataques que se hicieron al gobierno porque el presidente aceptaba un convite de sus amigos o porque vivía en Chapultepec, y otras lindezas por el estilo.

Un extranjero que no conociendo la historia de la administración del señor Lerdo leyese el párrafo que acabamos de citar creería dos cosas: primera, que se trataba en él de un jefe del Estado como Juárez o Comonfort, que asistían a un convite raras y extrañas veces, y segunda, que la oposición estaba tan frenética y ciega, que de un convite aceptado por el señor presidente tomaba motivo para un terrible ataque a la administración.

Bajo tales creencias y con impresiones tales, bien se puede dar la razón al Eco y condenar a la oposición porque se ocupa de negocios insignificantes, que más insignificante no puede ser el de que el señor Lerdo viva en palacio o en otro lugar.

Pero hay aquí que advertir que la repetición continuada de esos convites hace muy grave el negocio que sin esa repetición no tendría significación alguna.

No fue la oposición la que dio el primer grito de alarma al mirar al señor Lerdo en ese camino de diversiones y convivialidades que le hacen descuidar los negocios públicos; ni es de ahora esa repugnancia de los periodistas a esa continua sucesión de fiestas y de banquetes; desde fines del año de 1872, tres o cuatro meses después de haber subido a la presidencia de la república el señor Lerdo, publicó El Correo del Comercio un artículo razonado y enérgico del señor don Hilarión Frías y Soto, en el cual se combatía esa disipación administrativa y se conjuraba al señor presidente a variar de conducta.

El señor Frías y Soto no pertenece a la oposición ni puede ser tachado de enemigo del señor Lerdo, ni cuando eso escribió habían pasado aún las fiestas de Veracruz y todas las otras que le siguieron.

Ciertamente a nosotros no nos parece insignificante la cuestión de convites y diversiones cuando son tantas y tan repetidas, que distraen de sus atenciones y hacen olvidar sus obligaciones a los altos funcionarios públicos.

Un rey, que comienza a reinar a los 20 años, y según el sistema del país que rige, debe seguir ocupando el trono hasta la muerte, es algo disculpable, si del tiempo que debía emplear en su gobierno roba a sus gobernados algunos días para emprender un viaje de placer, y es disculpable porque reinado y vida terminan para él juntos, y nada puede hacer que no sea durante su reinado; pero en el presidente de una república no median estas mismas circunstancias; cuatro años dura su periodo y después de éstos, tiempo le queda para viajar por donde mejor le parezca sin desatender los negocios públicos, y sin gravar a los pueblos con esa terrible contribución indirecta que se llama visita de los altos funcionarios públicos.

Solamente no habría esa diferencia entre los monarcas y los presidentes, si éstos estuvieran todos resueltos, y fueran tan afortunados que lo consiguieran, a ser como el señor Juárez que entrado una vez al poder no salió de él sino por la mano de la muerte. Pero estos ejemplos son raros porque ni todos los gobernantes tienen los antecedentes gloriosos de Juárez, ni su constancia, ni la nación está siempre dispuesta a las reelecciones, y a sufrir la perpetuación de un hombre en el poder.

Por grande que sea la voluntad de un gobernante para hacer el bien, por clara que se suponga su inteligencia, y por extensos que se crean sus conocimientos, si a estas buenas cualidades no se une un trabajo constante y una asidua dedicación, todo estará perdido.

Si a un abogado particular le viesen sus clientes en los teatros todas las noches, en el paseo todas las tardes, continuamente en convites, y viviendo fuera de la capital, centro de los negocios, ¿podrían esos clientes tener fe en la actividad del despacho de sus expedientes?

Se dirá que no es lo mismo un abogado particular que el jefe de un Estado; ciertamente que no, porque éste se pertenece menos a sí mismo, y más al público, mayores son sus compromisos, y más rudo, más difícil y más importante su trabajo.

Es físicamente imposible que se puedan despachar los negocios todos del gobierno siguiendo ese sistema de vida, en la que no sólo marcha el señor presidente, sino que lo siguen ministros, diputados, gobernadores, magistrados y empleados de alta categoría, y esto representa por más que se niegue, una gran pérdida de tiempo en los negocios públicos y un perjuicio para los particulares interesados en ellos.

Si fuera posible que los señores ministros o al menos el de Hacienda nos dijesen el número de expedientes no despachados por falta de acuerdo del señor presidente, y que duermen en el polvo de las secretarías, nos quedaríamos asombrados, porque mucho se puede exagerar el perjuicio y sin embargo es realmente mayor de lo que parece.

Carlos III es criticado por todos los historiadores, porque excesivamente afecto a la caza, perdía una gran parte de su tiempo en esa diversión, y eso que Carlos III dejó tal huella de su reinado, que en cualquiera de las ciudades de su monarquía hay edificios soberbios levantados en su tiempo y dedicados a las ciencias y a las artes; y eso que no en todos los gobiernos se tienen ministros como Floridablanca y Jovellanos.

Luis XIV es criticado siempre por sus disipaciones; y sin embargo no en todos los gobiernos se levantan hombres como Colbert.

Y ésos eran reyes absolutos, y esos reyes consideraban conforme a los principios del derecho divino, a la nación como algo suyo, como su heredad, y la monarquía era una especie de extensión del derecho de propiedad, y un rey disipado se consideraba más como un hijo pródigo de la herencia de su padre, que como un administrador moroso y culpable.

Entonces los pueblos eran de los gobiernos; hoy los gobiernos son de los pueblos: entonces eran amos; ahora son servidores; entonces no tenían más que derechos; hoy tienen obligaciones.

Por eso no es insignificante negocio la crítica de esa cadena de convites y diversiones que forma la historia del gobierno del señor Lerdo.

Primero los convites de sus amigos a su ingreso al poder; luego las fiestas de inauguración del camino de hierro, después los periodistas españoles, los oficiales de la Isabel la Católica; en seguida la llegada a México de tanto gobernador, que abandonando su estado, viene siguiendo el programa de diversiones del gobierno general a pasar a México una larga temporada dejando en su estado a un interino que ni tiene libertad para iniciar ningún plan ni para desarrollar un programa, ni para otra cosa que para ir pasando el día esperando la vuelta del propietario.

Mañana el señor Lerdo sale de México con muchos de sus amigos, a una expedición de placer; van a visitar la gruta de Cacahuamilpa.

Díganos el señor redactor del Eco con la mano sobre su conciencia de hombre de bien y de patriota, y con el corazón de joven, porque en esa edad aún no se endurece ni se pervierte el corazón, díganos: ¿ese viaje no es un insulto, un desafío al pueblo y a la prensa, que tanto han desaprobado esa conducta de los hombres del ejecutivo? ¿Tiene derecho el señor Lerdo de perder así el tiempo, de hacerlo perder a los funcionarios que lo acompañan y reciben, y de perjudicar de ese modo la marcha de los negocios?

Las fiestas de Veracruz tenían siquiera la disculpa de celebrar una gran mejora material; pero el viaje a Cacahuamilpa, ¿qué es y qué significa? Es una gran fiesta más en la administración, significa el poco aprecio del señor presidente a la opinión pública.

Un convite o la estancia del señor Lerdo en Chapultepec, ciertamente serían negocios insignificantes; pero hay algo más que es lo que sí importa mucho a la nación.

El Radical, t. 1, núm. 83, febrero 14 de 1874, México, p. 1.

EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN

Si nosotros fuéramos acreedores a todo lo que de la oposición han dicho los periódicos que defienden la conducta del ejecutivo; si procuráramos solamente el desprestigio del señor Lerdo, y nuestro único deseo fuese la caída de la actual administración, o cuando menos una revolución, seguramente que el viaje de placer a Cacahuamilpa, del señor presidente y de tantos funcionarios públicos, hubiera venido a causarnos una muy grande satisfacción, porque ese viaje, por más que se diga lo contrario, y por más que lo contrario quiera hacerse creer al señor presidente y a la nación misma, desprestigia al gobierno, y produce muy mal efecto en el ánimo de los pueblos.

Si nosotros hubiéramos pertenecido al partido lerdista; si con ese carácter pudiéramos haber hablado con el señor Lerdo, seguramente, aun con peligro de caer de su gracia, hubiéramos procurado disuadirle de ese viaje que pone de relieve el muy poco empeño del gobierno en el despacho de los negocios.

Pero suponemos que ninguno de sus amigos se ha tomado el trabajo de hacerle esas indicaciones, porque no puede ni suponerse que haya un hombre tan ciego, que estando en un puesto tan elevado, se empeñe en hacer ciertas cosas, que tanto le desprestigian y que tan poco interés deben tener para él. Si el señor presidente, cegado por la ambición de mando, embriagado por la adulación, o creyendo que salvaba a la patria, se arrojara por el camino de los golpes de Estado, perdiendo la vía constitucional y adquirido cariño de los pueblos, lo comprenderíamos; comprenderíamos que se sacrificara y quisiera sacrificar al país en aras de una gran ambición, o de un gran proyecto; pero desprestigiarse por paseos, por convites, por un viaje a Cacahuamilpa, y por ocho días de vacaciones escandalosas, cuando este viaje podía haberlo dejado el señor Lerdo para otra época, y cuando el señor presidente no puede ver la famosa gruta de Cacahuamilpa, más que con los ojos del turista, y no con los del hombre de la ciencia, porque aun cuando sus conocimientos en geología fuesen grandes, no se estudian cavernas y grietas en tan corto tiempo y en medio de una reunión que más piensa en gozar que en otra cosa. Esto no lo comprendemos ni en el señor Lerdo ni en sus amigos personales.

Un hombre, aunque haya llegado en una república al primer puesto político, necesita cuidar de su nombre y de su porvenir, porque un rey que lo es por derecho divino y por herencia va a ser rey toda su vida; al menos es ése el orden natural, rey tiene que vivir y que morir, y comprende que no puede ser ni más ni menos, y cuando mucho procura granjear a sus vasallos, para evitarse el cuidado de morir atravesado por una bala regicida o por un puñal; si no es que quiere legar a sus hijos un gran pueblo, y a la historia un gran nombre, pero todo esto en nada hace cambiar su posición de rey.

Un presidente en una república dura sólo cuatro años, o menos algunas veces, y no hay necesidad de pensar en revoluciones para castigarle: el espacio de tiempo, la elección de otro magistrado más digno, y luego el desprecio de sus conciudadanos para el que mal llevó las riendas del gobierno, son los pasos naturales de castigo para un presidente que al no cuidar de la nación, descuidó su mismo porvenir.

Ya suponemos que para no perder la amistad del señor Lerdo, sus amigos no le dijesen nada del viaje ni se lo reprobasen; pero ¿y la diputación permanente?

Dice el artículo 84 de nuestro Código fundamental:

«84. El presidente no podrá separarse del lugar de la residencia de los poderes federales, ni del ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado por el Congreso, y en su receso por la diputación permanente.»

¿Y el viaje a Cacahuamilpa lo calificó de grave la diputación permanente? ¿Y para estar así dispuestos a obsequiar los menores deseos o caprichos de un presidente, se puso el artículo 84?

De seguro que si los constituyentes hubieran comprendido que una diputación permanente calificaría de grave motivo para dar licencia a un viaje de placer del señor Lerdo, quizá ni el artículo ponen en la Constitución.

Se dirá que se trata de un viaje de pocos días, y que el presidente no es un prisionero de Estado, y que es necesario quitar ese artículo porque la civilización avanza.

Por el contrario la civilización avanza y por eso los presidentes y los magistrados de una república no son prisioneros de Estado sino esclavos de su deber.

Cuando se puso ese artículo, precisamente se tuvieron presentes estos viajes de los presidentes, y los paseos y las fiestas, y por eso se dijo que el motivo de la licencia debía calificarse de grave.

Basta recordar la historia de la Constitución para convencerse de que es verdad lo que decimos, y de que este artículo se puso expresamente para evitar estos viajes de placer.

La Constitución de 1857 se dio después del plan de Ayuda, después de la caída del gobierno dictatorial de Santa Anna, por eso los constituyentes pensaron que era necesario el artículo 84, porque nadie olvidaba entonces como ahora los grandes perjuicios que resentía la nación con los viajes de placer del presidente, que si no a Veracruz o a Cacahuamilpa, eran a Medellín, al Encero, o a Manga de Clavo. No es nuestro ánimo comparar al señor Lerdo con el general Santa Anna; cada uno de ellos tiene su historia, y no cabe el paralelo más que respecto a la afición de ambos gobernantes a las grandes y continuas fiestas; pero recordemos que la conducta de Santa Anna hizo pensar a nuestros constituyentes que era preciso poner un freno a esa libertad del presidente para salir de México a divertirse; el artículo no puede ser más expreso, la prohibición más terminante: pero ¿qué vale todo eso cuando hay una diputación permanente que al dar licencia al señor Lerdo declara con eso que el viaje a Cacahuamilpa se califica de motivo grave?

Si el artículo se puso para evitar que el presidente salga por puerilidades fuera del Distrito Lederal, trastornando el despacho de los negocios, claro está que no puede ser argumento en contra nuestra el que hacen algunos, diciendo: ¿qué gran negocio de Estado, ni qué peligro hay en que salga a pasear el presidente? Eso no importa ni supone nada.

Ciertamente nada vale ese paseo y por eso debieron negarle la licencia, porque esta clase de licencias para cosas que no importan, es la que manda la Constitución que se nieguen por el Congreso o la diputación permanente.

Pero ahora la regla de los congresos es, «si lo que pide el presidente es grave, cómo se le va a negar siendo tan importante; si es un capricho insignificante, no se le puede negar lo que tan poco importa».

Y esta clase de gobierno ¿cómo se llama? seguramente nadie le llamará constitucional.

El Radical, t. 1, núm. 85, febrero 17 de 1874, México, p. 1.

EL VIAJE DE FARAÓN

Otras veces lo hemos dicho ya, ahora lo repetimos y el público sabe que decimos una verdad, asegurando que si escribimos artículos doctrinarios aun cuando en ellos no se mencione la actual situación, se dice que la prensa oposicionista no teniendo ya que decir, ocurre a generalidades que nada significan; y si por el contrario se ataca alguna disposición administrativa, se contesta que los casos particulares nada prueban, y que la oposición trata de asir de un cabello la ocasión para combatir al gobierno, como si el gobierno no diera tantos motivos para que la oposición pueda censurar su conducta.

Decimos todo esto, porque esas acusaciones contra nosotros se han hecho más acerbas, a causa de que nosotros censuramos el viaje de placer que el señor presidente emprendió a Cacahuamilpa; viaje que no por causa nuestra, se llama ahora entre el pueblo, el viaje de Faraón.

Desengañados estamos de que lo que disgusta e indigna a los escritores que defienden al señor Lerdo, es ya la libertad de imprenta; no pueden tolerar que nada de lo que hace el señor Lerdo se censure, y luego declaran esa censura, pasión, animosidad, o efecto de la ambición burlada.

Si la libertad de imprenta no es el derecho inalienable, natural del ciudadano y no concedido por ley o Constitución; si este derecho no da la facultad de emitir el juicio adverso o favorable que el ciudadano, y aún más, el hombre pueda hacer del gobierno, no sabemos qué será la libertad de imprenta.

¿Para qué serviría la libertad de imprenta, y qué significaría si sólo tuvieran los escritores que alabar a los gobernantes? ¿Qué puede pensarse de las teorías y principios constitucionales, si sólo sirve la libertad de imprenta para desfogar el alma de sus malas pasiones, y para dar con su aliento impulso a las llamas de la guerra civil?

Si todo lo que dice la oposición es el eco de rencores infames, de ambiciones innobles, de instintos revolucionarios; si nosotros todos los que escribimos contra la marcha del gobierno no tratamos más que de engañar a los pueblos con vagas declamaciones, entonces los escritores que defienden al señor Lerdo, si creen de buena fe cuanto dicen contra nosotros, deben tener más franqueza y más valor civil; deben atacar el mal en la raíz, de frente y no con paliativos; deben atacar la libertad de imprenta, supuesto que ésta no sirve, al menos por hoy y en México, más que para que unos cuantos hombres, díscolos, envidiosos y despechados, declamen y hablen de generalidades que nada prueban, o de casos particulares que nada significan; teniendo la conciencia de que tal sucede, la libertad de imprenta entre nosotros por consecuencia necesaria, es, si no perjudicial, cuando menos inútil, porque para escribir sobre matemáticas, sobre astronomía, o novelas y romances históricos, no se necesitaría gran libertad de imprenta.

Nosotros hemos procurado en El Radical no sólo no abusar de la libertad de imprenta, pero ni aun tomar toda la extensión que la Constitución y la ley nos garantizan; y creíamos también que ni el señor Lerdo mismo podía acusarnos en su conciencia de hombres de mala fe, pues que él sabe bien aquella regla de derecho que dice: Nullus videtur dolo facere, qui jure suo utitur. El que usa de su derecho no se reputa que obra dolosamente.

Sin embargo, directa o indirectamente las acusaciones se suceden, y mientras la libertad de imprenta sea respetada, y nosotros podamos dar a luz nuestras ideas, lo haremos, seguros de que en el camino que hasta hoy llevamos nuestro primer defensor será la conciencia íntima de nuestros adversarios.

Volvamos al viaje del señor presidente.

Se dice que nosotros aprovechamos ese viaje para tener pretexto de atacar al gobierno, y que ese viaje es una cosa insignificante; porque el señor Lerdo, siendo presidente, debe conocer las pocas curiosidades que tiene nuestro país para procurar su conservación, y que todos los gobiernos del mundo hacen lo mismo.

Es verdad que todos los gobiernos del mundo procuran conservar las cosas notables de su país; pero eso es en otra línea: que Víctor Manuel gaste grandes sumas en restaurar el Coliseo y el Palacio de los Césares en Roma, y haga salir del polvo del sepulcro a Pompeya; que el gobierno español haga cuidar el puente megalítico de Tarragona, o el acueducto etrusco de Segovia, y que los seculares templos de India sean objeto de los cuidados de la Inglaterra, se comprende muy bien; pero a nadie se le ocurre que un presidente de Estados Unidos marche al Niágara para conocer la catarata y dar providencias para su conservación; que el gobierno suizo emprenda viaje al Mont Blanc o al Jungfran para impedir su destrucción, ni que el Vesubio sea objeto de ninguna vigilancia por el gobierno de Italia. El señor Lerdo es tan impotente para destruir como para conservar esa maravilla de la naturaleza que se llama la gruta de Cacahuamilpa, y nos parecería, si su plan al ir allá fue como suponen sus partidarios, conocer la gruta para conservarla, que estábamos mirando a Jerjes mandando castigar con azotes al mar.

El viaje del señor presidente, como él mismo lo dice, es sólo de placer, inventado hace dos años, es decir, cuando podía hacerlo sin perjuicio de los negocios públicos, aunque en verdad sin ese tren que ahora lleva.

Reflexionemos a sangre fría y con la mano en la conciencia, como patriotas y no como partidarios, y veremos que el señor presidente va por mal camino, y que este paseo es un verdadero insulto, un desafío a la opinión pública.

El principal defecto que se ha echado en cara a esta administración, aun por los mismos partidarios del señor Lerdo, es la morosidad en el despacho y la paralización en los negocios públicos, y la causa principal de esto la hacen consistir en que los convites, los teatros, los bailes, los paseos, quitan mucho tiempo al señor presidente; sin encono de ninguna clase reprobamos esa conducta del señor Lerdo, y seguros estamos de que sus amigos políticos y particulares desean de todo corazón que termine esa serie de convivialidades; estamos seguros de que se avergüenzan y se disgustan de oír a cada momento que hubo un banquete en el Tívoli, y que el señor presidente asistió y brindó.

Una república tan extensa como México y cuyas vías de comunicación no son muy rápidas ni expeditas se gobierna con dificultad, y se perjudica mucho cuando el presidente falta tres días de la capital.

Los negocios y los interesados vienen muchos de ellos desde lugares distantes cientos de leguas, y la demora en el despacho les causa perjuicios terribles. Es verdad que en otros pueblos los reyes y los presidentes tienen sus días de solaz, pero es preciso estudiar las costumbres y la organización administrativa, tal y como la ha puesto el señor Lerdo.

«El rey reina y no gobierna» por eso pasea y visita cortes extranjeras, y los ministros despachan los negocios sin interrupción; pero entre nosotros todo el mundo sabe que el señor Lerdo no deja que despachen nada los ministros, y hasta un pago de 100 pesos, y hasta el nombramiento de un empleado subalterno, él personalmente lo acuerda, él gobierna, los ministros nada más autorizan.

Con este sistema de gobernar ¿puede dejar de comprenderse el perjuicio que causa a los negocios públicos tanto paseo, tanto convite y tanta diversión?

Si fuera este solo viaje a Cacahuamilpa lo que en materia de disipación oficial pudiera censurarse al señor Lerdo seríamos necios asombrándonos de eso y dándole tanta importancia; pero cuando toda la nación, incluso el círculo oficial, se queja de esa continua pérdida de tiempo, razón hay para levantar el grito.

La oposición dijo: «El presidente no hace nada de provecho, y no se ocupa más que en procurarse paseos, convites y diversiones.» La prensa oficial y oficiosa desmiente a la oposición llamándola «calumniadora». El señor Lerdo, para definir la cuestión, se encargó de probar que la oposición decía bien, y poniendo a sus defensores en ridículo, llevó a cabo el fastuoso paseo al que sus mismos amigos dieron el nombre de «El viaje de Faraón».

Ocho gobernadores pierden, a la par que el señor Lerdo, el tiempo en convites y paseos, y para descargo de su conciencia, repiten en coro y en todos los tonos, que la paz reina en la república, como si esto fuera bastante, como si no reinaran también la miseria, la inseguridad y el despotismo; como si al paso que se gastan gruesas sumas en ese paseo, no se despidiera en México a los asilados del hospicio por falta de fondos.

Otra ligera reflexión.

Por derecho común, por moralidad, y por el respeto a la opinión pública, un juez no puede admitir convites del presunto reo, acusado ya ante él. Esto que es una verdad entre los abogados, esto que es un principio de derecho cuando se trata de negocios del fuero común, ¿dejará de serlo tratándose de negocios del alto fuero constitucional?, ¿unas son la moralidad y la justicia particulares, y otras las políticas?

El señor Leyva está acusado ante el Congreso, y, sin embargo, no faltan entre los señores que acompañan al presidente, y que van a recibir obsequios o convites del señor Leyva, no sólo diputados, sino aun miembros de la comisión del Gran Jurado. ¿Qué queda de la libertad e independencia del juez que tales obsequios recibe del acusado? Una de dos: o tiene que ser un juez débil, o un ingrato con quien tan bien le trató.

Veremos qué hacen todos esos señores diputados a la hora de fallar en la acusación del gobernador de Morelos, hoy su anfitrión: veremos si los acusadores se resignan con esa conducta.

Sin duda esto parecerá escrúpulo a los defensores del gobierno; pero, en nuestro concepto, acusado como lo está el señor Leyva, ante el Congreso, los señores diputados que tienen el carácter de jueces, no debieron admitir el convite. El señor Leyva mismo, en caso de absolución, desearía no deberla a los diputados obsequiados por él en Morelos; nada podrían decir en ese caso sus enemigos.

Si el señor presidente debe conocer personalmente las pocas cosas curiosas que hay en nuestro país, como dicen los escritores que defienden el viaje a Cacahuamilpa, larga la lleva; aún necesita emprender el viaje a Uxmal, al Palenque, al Petén, a los Picos de Cucha, al Tlacoyunque en el Pacífico, y a otras mil partes, que no son muy escasas las curiosidades arqueológicas o geológicas en nuestro país, por más que así lo crean nuestros adversarios políticos.

Y como esa misma necesidad de conocer todo eso, es común en todos los presidentes, cada uno de éstos deberá pasar su periodo viajando como el señor Lerdo.

Triste porvenir sería ése para un país como México, en donde necesitan trabajar tanto sus gobernantes.

Afortunadamente, si no para nosotros, sí para nuestros hijos, no ha de haber muchas administraciones tan divertidas como la presente.

El Radical, t. 1, núm. 87, febrero 19 de 1874, México, pp. 1-2.

EL RESPETO A LA LEY

Para que un país pueda ser una verdadera república democrática, y tener un gobierno popular, es preciso que entre las virtudes de sus gobernantes exista la mayor de todas las virtudes cívicas, el ciego respeto a la ley.

Lleno de defectos y de vicios un hombre puede ser sin embargo un buen gobernante, si en su corazón sobrenada el respeto a la ley; un potro soberbio que no pierde la obediencia al freno no es de peligro para el jinete; en cambio por muchas virtudes que un gobernante posea, será siempre déspota si le falta el respeto a la ley, como el buque mejor construido nada vale si llega a perder el timón; la más ligera corriente, el soplo pasajero del viento bastarán para hacerlo cambiar de dirección y quizá para estrellarle contra las rocas.

Pero el respeto a las leyes debe ser una virtud práctica; no basta que se proclame, que se jure y que se ostente, si no se traduce en hechos el país está perdido; nunca como en este caso es más cierto aquel principio de que el ejemplo se toma de los mayores, y si el jefe de un Estado atropella audaz o arteramente la ley, la escala de los servidores de esa nación presentará cada día ejemplos semejantes, y el pueblo mismo lejos ya de contenerse, llegará a despreciar las constituciones que son letra muerta para aquellos que primero debían respetarlas; el mayor rasgo de despotismo, sería ver a ese sistema castigar como crimen en el débil, lo que como mérito se premiaba en el poderoso.

El respeto a la ley no consiste únicamente en dar a todos los actos de un gobierno el barniz de legalidad, procurando engañar al pueblo; esto no produciría más que un triunfo pasajero; es preciso que el acto del gobierno se adapte a la disposición legal y quepa en ella, y no que con astucia se quiera que la ley se amolde al acto, y que venga por decirlo así, a cubrir con su sombra un atentado.

Desgraciadamente atravesamos una época en la que se llama política ese rejuego de astucias y de argumentaciones puestas en acción por el gobierno, para conseguir este resultado; obrar «fuera de la ley y obligar a la nación a que crea lo contrario».

La fórmula se toma como el espíritu; y aunque no exista ni la sombra del sufragio, el ejecutivo procura hacer de manera que los magistrados y los diputados lleven el título de electos por el pueblo y sean los otros dos poderes, si no independientes como quieren nuestras instituciones, sí aparentemente legítimos y populares.

¿Qué importa que haya Cámara de Diputados si la mayoría de ella está compuesta de personas a quienes el ejecutivo mandó elegir?

Dicen nuestros adversarios que desconocemos las prácticas parlamentarias, porque decimos que las mayorías sujetas al ejecutivo, matan la democracia en las cámaras, sofocan la opinión pública y desnaturalizan las instituciones; si a ese dominio del ejecutivo se llama práctica parlamentaria, diremos que no nos es desconocido, supuesto que en México vivimos y de eso nos quejamos; sino que nos parece contrario al espíritu de nuestras instituciones, origen de mil abusos y de fatales resultados.

Cómo se han hecho las elecciones en los últimos años de la administración del señor Juárez y en los tiempos del señor Lerdo, todos lo saben; y si los defensores del gobierno dicen, como de costumbre, que son vagas declaraciones de la oposición estas aseveraciones, no nos tomaremos el trabajo de contestar; porque no hay pueblo ni ciudadano hoy en nuestro país que no sepa lo que son, lo que valen, y cómo se hacen las elecciones en la época que alcanzamos.

Y todo esto se origina del poco respeto del ejecutivo a la ley; el señor presidente que tanto y tan bien nos habló de la libertad del sufragio y de la extinción del horrible abuso de las candidaturas oficiales, cuando mire ahora el cuadro de su administración, corre peligro de tener el fin del célebre pintor griego Zeuxiz, de quien cuenta Verrio Flacco que murió de risa contemplando la figura de una vieja que él mismo había pintado.

A riesgo de ser calificados de visionarios, diremos que ese poco respeto a la ley es el peor y más terrible síntoma de una nación, porque como dice Montesquieu: «Cuando en un gobierno popular llegan las leyes a no ejecutarse, como esto no puede dimanar sino de la relajación de la república, el Estado está ya perdido.»

No es esto mirar las cosas públicas al través del negro velo del desaliento; así nos parece que debemos hablar a la nación por la prensa; a ello nos autoriza nuestra Constitución y nuestras convicciones, y confesamos que por fortuna para la humanidad pasaron ya aquellos días en que el fraile Conecta salió de su patria lleno de fe y de entusiasmo para Roma, pensando convencer al papa y atacar los abusos de las órdenes religiosas, y no consiguió sino ser quemado públicamente.

Comprendemos que es casi imposible alcanzar que por medio de la prensa el gobierno respete la ley; la conversión de la célebre cortesana Tais por un monje de la Tebaida, fue menos difícil; pero si no alcanzamos más que el desprecio por parte del gobierno y el sarcasmo por parte de sus defensores, ni la constancia nos faltará, ni el pueblo más tarde o más temprano dejará de conocer sus derechos y de reivindicarlos.

Esto, en honor de la verdad, debemos confesar que será más difícil a medida que el gobierno prolongue más este estado de cosas, y haga más patente su falta de respeto a la ley; porque el pueblo se prostituye y se corrompe, y es más débil, más sumiso y más explotable; si esto es lo que el gobierno y sus defensores pretenden conseguir, están muy adelantados, y nosotros luchamos con gran desventaja, porque un pueblo que pierde su energía, es difícil que levante pronto su espíritu.

Sila quiso volver a Roma su libertad, y el pueblo no pudo recibirla; Nicolás de Rienzi quiso, algunos siglos después, darle la república, y el pueblo tampoco pudo ya tomarla.

El respeto a la ley está perdido desde el momento en que los gobernantes comprenden que nada hay que temer del pueblo.

¿Quién habla ya de leyes ante la voluntad de un gobierno cuyos defensores declaran ridículas y antiguas prácticas los artículos constitucionales?

Véase cuanto han dicho sobre el artículo 84 de la Constitución, sólo porque ese artículo ponía un ligerísimo obstáculo de fórmula al señor Lerdo, que intentaba un viaje de placer. A la falta de independencia del Congreso, se da el nombre de práctica parlamentaria, y a la intervención del gobierno en las elecciones, necesidad de encaminar la opinión pública.

Se alaban las disipaciones del señor Lerdo; se hace gala de la multiplicidad de los convites; se llama negocio grave a un paseo, y se burla a los escritores que desaprueban esa conducta.

¿Ésta puede llamarse una buena situación política; éste un gobierno serio; esto respeto a la ley y a la opinión pública? A este paso día llegará en que se dé una ley como en Atenas, imponiendo la pena de muerte al que proponga invertir en las necesidades de la guerra el dinero destinado a los teatros.

Tal es la presente administración; el amor a las diversiones y los placeres, y el odio a los que no aprueban esa conducta.

El Radical, t. 1, núm. 89, febrero 21 de 1874, México, p. 1.

AL ECO DE AMBOS MUNDOS

En un artículo que publica este diario con el título del «Viaje de Faraón», se lee lo siguiente:

El segundo es que, estando acusado el señor Leyva ante el Congreso, varios de los diputados que acompañan al presidente, y que forman parte de la comisión del Gran Jurado, no pueden aceptar convites del presunto reo. Éste es un cargo, no contra el señor Lerdo, sino contra los diputados que han ido a Cuernavaca. Pero aun cuando pudiese tener un fondo de justicia, diremos al ilustrado redactor de El Radical, que sólo en Arabia el pan y la sal, tomados en compañía, hacen mutuamente inviolables al anfitrión y a los convidados, y que es hacer muy poco favor a un hombre público, el suponerlo capaz de ser cohechado por un festín.

Hasta aquí El Eco.

Debemos advertir al señor Cosmes que no nos creemos en la obligación de urbanidad de contestar a sus artículos, bien los suscriba con su nombre, bien con el pseudónimo, mientras el apreciable joven no se tome el trabajo de estudiar las cuestiones y quiera resolver todo con las luces de su inteligencia.

Lo del pan y la sal de los árabes, además de que se refiere sólo a los derechos y deberes de la hospitalidad, no viene al caso en la cuestión.

Si el señor Cosmes hubiera consultado siquiera con un abogado, ya que no quiso estudiar detenidamente como debía haberlo hecho para defender al gobierno y tratar la cuestión con acierto, hubiera sabido que no se necesita estar en Arabia; que dadas las leyes de partida, hasta los códigos de procedimientos (cap. 2 tít. 4 frac. 9) y penal (cap. 4 título 11), vigentes hoy en el Distrito Federal y en varios estados, se considera como motivo de recusación y excusa, la asistencia de los jueces, jurados, magistrados, etc., a los convites del acusado y se señala pena a esta infracción.

En todos los tratadistas de derecho se encuentra la misma doctrina como un axioma innegable, y a nadie se ha ocurrido el peregrino argumento de que sería tener mala idea de los jueces, prohibirles que aceptaran convites y agasajos de los acusados.

Si el señor Cosmes quiere seguir en polémica con nosotros, pretendiendo con la autoridad de su palabra contradecir no sólo las doctrinas aceptadas del derecho común, sino aun las disposiciones vigentes de todos los códigos, tendremos el sentimiento de no contestarle, abandonándole nuestros escritos para que haga sobre ellos artículos humorísticos como el de que nos ocupamos.

Si quiere entrar en el terreno de la disensión científica y razonada, deje para La Orquesta ese estilo que no está bien en un periódico serio, y pruébenos que el juez y el jurado pueden, sin infringir la ley, aceptar convites del acusado.

El Radical, t. 1, núm. 89, febrero 21 de 1874, México, pp. 1-2.

LOS GOBERNADORES Y LA GUARDIA NACIONAL

Extraño nos parece que presentándose continuamente acusaciones contra los gobernadores de los estados, aun por causas que nada significan, no haya habido un pueblo, un ayuntamiento, un individuo siquiera, que acusen al gobernador por no haber levantado y organizado competentemente la Guardia Nacional en su estado.

La organización de la Guardia Nacional, no es sólo un deber de los estados, es un derecho; porque la Guardia Nacional es la única fuerza armada que la Constitución les permite mantener a las entidades federales.

En otro artículo hemos considerado a la Guardia Nacional en su influencia como fuerza y poder del pueblo en general; ahora vamos a decir algo sobre ella, considerándola como un derecho de los estados.

La Constitución de 1857 no permite a las entidades federales tener ejército permanente, pero les deja para su seguridad interior la Guardia Nacional, y aun que en uno de los artículos de esa Constitución, y entre las facultades del legislativo señala la de dar las leyes orgánicas para la organización de la Guardia Nacional, esto no es sin duda para poner obstáculos a la creación de esa milicia que es el único sostén de la independencia y soberanía de los estados contra las tendencias del centro, y contra todo conato de tiranía y despotismo.

En efecto ¿qué es una entidad federativa, qué vale, ni qué puede, si no tiene armada ni organizada su Guardia Nacional?, ¿qué viene a ser la federación si todos los estados inermes están enteramente a merced del gobierno del centro, que dispone de batallones, de escuadrones y de artillería, de ingenieros, de maestranzas, y de todos los grandes elementos de guerra con que cuenta naturalmente una nación?, ¿quién hará respetar a los gobiernos de las localidades dentro de su territorio? Se dirá que las fuerzas del gobierno general, pero en este caso los gobernadores serán unos pupilos de ese gobierno, tendrán a cada paso que estar implorando una protección que puede muy fácilmente concederse o negarse, según el capricho de un presidente o de un ministro, y en todo caso las intrigas palaciegas y los trabajos de la oposición local harán un grandísimo negocio de cada uno de los incidentes que en este camino puedan presentarse.

Gobierno al que falta la fuerza no puede hacerse respetar, y gobierno que no puede hacerse respetar, no merece el nombre de gobierno; desarmados los gobernadores de los estados, una gavilla de 20 hombres bastará para impedir el cumplimiento de una disposición o de una ley cualquiera, y ese gobernador necesitará precisamente del gobierno del centro para hacerla cumplir, y éste no es el estado de soberanía de un pueblo, que necesita tener en sí y por sí la fuerza para garantizar el cumplimiento de la ley; si esa fuerza necesita recibirla de extraño poder, ni es independiente, ni soberano, ni puede llamarse entidad federativa, ni es otra cosa más que un distrito sujeto en todo a la voluntad y a los caprichos del centro.

Por otra parte, si los estados no tienen cada uno armada y organizada su Guardia Nacional, la centralización existe de hecho, y el pacto federal sin garantía de fuerza, es el juguete del gobierno central, porque desde las elecciones de los funcionarios federales, hasta el nombramiento de los empleados más subalternos de la administración en las localidades, la influencia del centro será decisiva, y los gobernadores y las legislaturas no podrán conservar ni una sombra de su independencia.

El ejército de que el centro dispone es siempre, en ese estado de cosas, más que suficiente para dominar por todas partes a las entidades inermes, y someterlas a todo capricho del presidente o de los ministros.

Y no se diga que éstas son vagas declamaciones; pocos días hace que en un distrito electoral del Estado de México, Tlanepantla, el gobierno general trató de intervenir en las elecciones de diputados para la Legislatura del estado; las fuerzas de la federación llegaron allí, los ciudadanos se quejaron al presidente de la república, algunos diputados interpelaron a los ministros; una fingida ignorancia, y una tenaz protesta de inocencia y de respeto a la ley fue todo lo que alcanzaron del ejecutivo; pero entonces se les ocurrió que la garantía de sus derechos estaba en la Guardia Nacional de distrito, ésta se reunió en la cabecera, acuartelóse la tropa de la federación, y las elecciones se hicieron con toda libertad y el candidato del gobierno general fue completamente derrotado.

¿Por qué se les niega o pretende entorpecer el derecho que los estados tienen para estar armados tanto para su seguridad interior, como para sostener su soberanía y su independencia?

Y esto se ha querido impedir por los gobiernos del centro, porque la Guardia Nacional hace imposible la dictadura, el centralismo, la arbitrariedad.

El pueblo desde que está armado, aunque sin una buena organización, ha hecho cesar aquella serie de pronunciamientos de ambiciosos, que sin intermisión y año por año, escandalizaban al mundo en los días de Santa Anna, de Paredes, de Canalizo, etcétera.

Su Alteza Serenísima, sería hoy imposible; el imperio con el auxilio francés no pudo resistir, y a pesar de que aun la Guardia Nacional no es más que una promesa halagüeña, la nación no consentiría hoy la ley Lafragua en materia de imprenta.

Pero se nos dirá que por qué decimos que debían ser acusados los gobernadores que no han organizado la Guardia Nacional de sus estados, supuesto que el centro ha tenido malicioso empeño en no dar la ley orgánica.

A esto diremos que son culpables esos gobernadores, porque con arreglo a la ley de 15 de junio de 1848, que está considerada vigente, todos ellos debían, de acuerdo con sus respectivas legislaturas, levantar y organizar sus guardias nacionales, como lo han hecho Guanajuato, Jalisco, Veracruz y otros, so pena de faltar al estrechísimo deber que tienen de procurar que la independencia, la autonomía y la soberanía del estado que les fio sus destinos, sean respetadas y se mantengan incólumes.

Si el Congreso no ha tenido el patriotismo de dar la ley orgánica de Guardia Nacional; si los representantes de los estados olvidan en la Cámara lo que deben a esos estados; si el ejecutivo, de buena o de mala fe ha procurado que la ley no se expida, no por eso los estados dejan de tener el derecho de armar la Guardia Nacional, y en virtud del decreto antes citado, pueden proceder a su organización.

Lo contrario seria convertirse los gobernadores en cómplices del Congreso y del ejecutivo; someterse a la tutela del gobierno de la Unión, y hacer de sus estados prefecturas sin derechos y sin independencia, y de todo esto deben ser responsables ante su estado y ante la república.

El Radical, t. 1, núm. 93, febrero 26 de 1874, México, p. 1.

EL SEÑOR LERDO Y EL SEÑOR LEYVA

Todos los viajeros que acompañaron al señor presidente en el paseo a la gruta de Cacahuamilpa, y todos los periódicos que hacen la descripción de este viaje, cuentan que el señor Lerdo, en Tetecala, en Miacatlán, y en Cuernavaca misma, recibió las diputaciones de diversos distritos del estado de Morelos, que llegaron hasta el primer magistrado de la federación con el objeto de exponerle sus quejas en contra del gobernador del estado.

El hecho parece ya indudable que pasó tal y como lo han referido, agregando algunos detalles, sobre los que no queremos extendernos, como por ejemplo que la fuerza de policía del estado quiso oponerse a que esas diputaciones hablasen con el señor Lerdo, y cuando no lo pudo impedir, trató de aprehender a algunas personas de las que componían esa diputación.

Nosotros hemos reflexionado detenidamente, qué objeto podían llevar esas diputaciones al presentar sus quejas contra el gobernador del estado al presidente de la Unión, y hemos llegado a convencernos de que en un pueblo ilustrado como el de Morelos no cabía tan grande ignorancia, como creer que el presidente de la Unión, era el jefe o el tribunal de apelación de los gobernadores, y lo que él buscó en el señor Lerdo fue el decisivo influjo en el Congreso, porque todos saben en la república dos cosas, primera, que constitucionalmente el presidente de la Unión ni es el jefe supremo de los gobernadores de los estados, ni puede intervenir en lo que ellos disponen en sus respectivos gobiernos, ni está facultado para escuchar, como un superior, quejas contra esos gobernadores; y la segunda, que todo eso es en el terreno de la Constitución y de la ley; pero que en el campo de los hechos eso y más hace el presidente de la Unión con los gobernadores de los estados, y luego usa su influencia y su poder hasta hacer elegir y renunciar o caer al que mejor le conviene.

¿Con qué carácter se elevaban las quejas de las diputaciones contra el señor Leyva hasta el señor presidente? De buena gana hubiéramos escuchado lo que el señor Lerdo respondía a esos quejosos.

Lo hemos dicho y lo repetimos aquí, que con el señor gobernador de Morelos no tenemos punto alguno de contacto en política; pero como creemos que el respeto a la soberanía de los estados y a su independencia es la base del sistema de gobierno que nos rige, no podemos menos que sentir un gran disgusto cuando vemos al presidente de la Unión ir de paseo a un estado soberano, y allí, sin derecho y sin autorización para ello, ponerse gravemente a escuchar quejas contra ese gobernador, que en la esfera constitucional es tanto como el mismo presidente; ni más ni menos que el dictador Santa-Anna oyendo acusaciones contra los comandantes generales de los departamentos, o como un rector oyendo el chisme de un colegial contra un catedrático.

El señor presidente de la república por el conocimiento que tiene de nuestra Constitución y del espíritu de nuestras instituciones, y además por el respeto a la hospitalidad y por las consideraciones que se deben mutuamente los altos funcionarios de un país, no debía haber hecho en el estado de Morelos alarde de una facultad y un poder que no tiene, permitiendo esas quejas, y ese pobre escándalo de superioridad sobre el señor Leyva, cuando en su esfera constitucional, y obrando sin arbitrariedad, es tan impotente para corregir los abusos del señor Leyva, a quien él ha sostenido siempre, como cualquiera de los individuos que sin carácter oficial acompañaban a la comitiva al célebre paseo de Cacahuamilpa.

Nuestro programa ha sido no tomar parte en las cuestiones locales de los estados, pero sí defender la dignidad y la soberanía de éstos, y esa dignidad la vemos atacada, llevando los ciudadanos de un estado sus quejas contra el gobernador, hasta el presidente de la república que si algo hiciera en apoyo de acusado o de quejosos, infringiría los preceptos constitucionales más claros.

La situación del señor Leyva debe haber sido altamente comprometida y difícil; porque comprende la altura en que debe estar colocado el gobernador, y casi a su presencia llegaban a acusarle como a un niño de escuela con una autoridad que no tenía derecho alguno para escuchar siquiera la acusación; era el señor presidente un huésped curioso que se permitía oír lo que sólo el Congreso de la Unión puede remediar, y toda autoridad que oye quejas sobre abusos que no tiene facultad de remediar, si intenta en virtud de esas quejas, mezclarse en la cuestión, se extralimita, y si quiere conservar su papel de extraño a ella, debiera evitar mejor la humillación que hace sufrir al denunciado.

Los enemigos del señor Leyva están en su derecho de acusarlo en el Congreso, y si el Congreso los burla, de llegar hasta el último extremo; pero no lo tienen de ultrajar la soberanía del estado, presentando quejas a quien no tiene poder en el régimen interior de las entidades federales.

Pero todo eso prueba que el pueblo está ya plenamente convencido que la separación absoluta de los poderes es una mentira; que la división entre las facultades de ellos es letra muerta en la Constitución; que el presidente actual ha llegado ya a ser tan influyente en los otros dos poderes, y a centralizar la federación, que de él depende el éxito de una causa seguida contra un alto funcionario, y ante él puede ya acusarse a los gobernadores de los estados.

De todos modos nos parece mal, muy mal, el camino que los enemigos del señor Leyva, la oposición en el estado de Morelos, tomaron aprovechando el viaje del señor Lerdo, para quejarse con él del señor Leyva; porque en último resultado, si el señor presidente está dispuesto a sostener por alguna mira al señor gobernador de Morelos, las diputaciones de los distritos no han hecho más que empeorar la situación del estado.

El tiempo nos desengañará.

El Radical, t. 1, núm. 95, febrero 28 de 1874, México, p. 1.

EL DIARIO DEL GOBIERNO

El célebre viaje del señor Lerdo sigue dando motivo a las discusiones periodísticas, no tanto por el interés que él en sí tiene realmente, sino porque como ese viaje y algunos convites son la única señal de vitalidad que da el gobierno, es preciso que de eso sea de lo que se hable entre la gente que se ocupa de la política, supuesto que a eso se reduce la política actual.

El colega de palacio ha tenido la bondad de dedicarnos los siguientes párrafos:

El señor Lerdo y el señor Leyva. Así se intitula el editorial que publica nuestro colega El Radical en su número de hoy. Haciendo reminiscencias, aunque bajo otra forma, al viaje de Cacahuamilpa, El Radical, entre otras cosas, dice lo que sigue:

«¿Con qué carácter se elevaban las quejas de las diputaciones contra el señor Leyva, hasta el señor presidente? De buena gana hubiéramos escuchado lo que el señor Lerdo respondía a esos quejosos.

»Lo hemos dicho y lo repetimos aquí, que con el señor gobernador de Morelos no tenemos punto alguno de contacto en política; pero como creemos que el respeto a la soberanía de los estados y a su independencia es la base del sistema de gobierno que nos rige, no podemos menos que sentir un gran disgusto cuando vemos al presidente de la Unión ir de paseo a un estado soberano, y allí, sin derecho y sin autorización para ello, ponerse gravemente a escuchar quejas contra ese gobernador, que en la esfera constitucional es tanto como el presidente; ni más ni menos que el dictador Santa-Anna oyendo acusaciones contra los comandantes generales de los departamentos, o como un rector oyendo el chisme de un colegial contra un catedrático.»

¿Todo esto es consejo, censura, o simplemente una exposición de principios? Sea lo que fuere, es del todo inútil, si El Radical tiene la bondad de escucharnos.

A la llegada del ciudadano presidente a la ciudad de Cuernavaca, una comisión de ciudadanos del estado de Morelos solicitó ser presentada ante el primer magistrado de la nación; éste accedió, y como la previa censura está abolida entre nosotros, el presidente ignoraba y no estaba obligado a saber anticipadamente cuál era el objeto de aquella comisión. Recibida ésta, comenzó por significar al presidente cuál era, según ella, la situación política interior del estado. El señor Lerdo no dejó continuar a los individuos de la comisión en estos particulares, manifestándoles que él no podía oír esas quejas, porque el conocimiento de ellas era privativo de la soberanía del estado, y no del presidente de la república: si el autor del artículo hubiera estado presente, habría escuchado de buena gana lo que el señor Lerdo respondió a esos quejosos, evitándose así el trabajo de llenar tres columnas para recomendar cortesías, miramientos y respetos que el presidente de la república se había anticipado a obsequiar en su doble carácter de caballero y de jefe de la nación.

Vamos a decir algo al Diario del gobierno.

Comienza ese colega por preguntarnos, si lo que decimos es «¿consejo, censura o exposición de principios?»

No sabemos qué motivará el deseo que manifiesta el Diario de saber si lo que escribimos tiene el carácter de consejo, de censura, o de exposición de principios, ni en qué influiría eso para la contestación que debía dar el Diario; pero en todo caso, y para evitar en lo sucesivo que nuestro colega tenga esta clase de vacilaciones, le diremos que puede tranquilamente tomar lo que por nosotros vea escrito, como mejor le parezca; que para censurar, para aconsejar o para exponer principios, nos autoriza ampliamente nuestro carácter de ciudadanos de una república libre, y la garantía de emitir también libremente nuestros pensamientos, consignada en el código fundamental de nuestro país, y no saliéndonos de la esfera que la ley reglamentaria de este artículo señala al ejercicio de esta garantía; nos tienen sin cuidado las interpretaciones que pueda dar a nuestras palabras el Diario Oficial.

Habla después el colega de palacio de previa censura, con motivo de que el señor Lerdo no podía saber a lo que iban las diputaciones de los distritos de Morelos, y nos agrega que la previa censura está abolida entre nosotros.

¿Qué entenderá el Diario, por previa censura, que así explica la frase en donde menos tiene que hacer?

Si hubiera dicho que el señor Lerdo no podía saber el objeto que llevaban las diputaciones, porque estaba abolida la adivinación o la previa curiosidad, o el previo examen de los que piden audiencia, lo hubiéramos entendido, pero previa censura ¿acaso se trataba de representar un drama, o una comedia, o un sainete, o de publicar un libro o un periódico?

La previa censura, aunque puedan tener un sentido más lato estas palabras, se aplica por todos los publicistas y hombres políticos sólo a censura de la prensa, del teatro o de la tribuna, y sólo al Diario le ocurre decir que no podía el señor Lerdo saber lo que le iban a pedir, porque entre nosotros está abolida la previa censura.

Previa censura en el sentido de adivinación, o aplicada a la sencilla averiguación, del objeto que una comisión lleva al dirigirse solicitando una audiencia del señor presidente, es una novedad en el diccionario político.

Es verdaderamente extraño que personas de tanta ilustración como las que forman la redacción del Diario, hayan llegado a decir que no podía saber el señor Lerdo lo que se le iba a pedir, porque está abolida la previa censura; luego en los países en que no está abolida debe haber un censor de petición, como de imprenta y teatros, y el jefe del estado puede adivinar lo que va a solicitarse de él.

«Si el autor del artículo, dice en resumen el Diario, hubiera estado presente en la conferencia del señor Lerdo con las comisiones de los distritos de Morelos, se hubiera evitado el trabajo de escribir tres columnas inútiles.»

Es evidente.

Si el autor del artículo hubiera estado presente, sería porque había ido con la expedición; si había ido, le habían invitado; si le habían invitado era amigo del gobierno, y no escribía de oposición: si no escribía de oposición no hubiera estado presente y no hubiera puesto ese artículo; lógico, claro e innegable; estamos conformes con el Diario.

Por último, contestaremos al Diario diciéndole que si su redactor o redactores tuvieran cuidado de leer los periódicos de la capital y de los estados, sabrían que no nosotros, sino los diarios amigos y defensores del gobierno, son los que han contado de las diputaciones que hablaron en Cuernavaca, Tetecala, etc., con el señor Lerdo, y en el sentido en que nosotros lo dijimos, de manera que nada inventamos ni de nada somos responsables.

Si el señor Lerdo queda en ridículo con ese relato, cúlpese a sus defensores, y ensáñese el periódico oficial con los que han referido los incidentes del viaje; pero déjenos a nosotros, que por toda contestación les decimos que «confesión de parte, relevo de prueba».

Pero para evitarnos semejantes disgustos con el Diario del gobierno, suplicaríamos que nos dijese siempre cuáles de las cosas que dicen los defensores del gobierno, deben tomarse a lo serio y cuáles no.

El Diario siempre anda extraviado y contradiciendo a los escritores gobiernistas, por contrariarnos a nosotros; en este mismo número de El Radical verán nuestros lectores otra salida del Diario como la que acabamos de refutar, y en la que puede decírsele:

«Todos esos argumentos buenos son para los amigos del gobierno, que han dicho lo que nosotros repetimos, sólo para combatirlo.»

El Radical, t. 1, núm. 97, marzo 3 de 1874, México, p. 1.

LA PAZ Y LOS PASEOS

Dos argumentos tienen siempre a mano los defensores de la actual política; dos argumentos con los cuales pretenden no sólo disculpar, sino ensalzar la conducta poco seria del gobierno; y ya en una, ya en otra forma, esos argumentos se presentan como el golpe de gracia dado a todas las acusaciones que la oposición hace al señor Lerdo, por la falta de actividad en el despacho de los negocios públicos, por la completa inercia en la política y por la multiplicidad de los paseos, de los convites y de toda clase de diversiones.

Esos dos argumentos de los defensores del gobierno, son el ejemplo de los soberanos de Europa, y la paz que reina en toda la república.

Procuraremos examinarlos y calcular hasta dónde puede llegar su fuerza para disculpar la conducta del actual presidente de la federación:

Todos los soberanos —se dice— visitan las cosas notables y curiosas de su país, y a nadie se le ha ocurrido hacerles por esto un cargo. ¿Por qué el señor presidente ha de ser de peor condición que cualquiera de ellos? ¿Por qué no ha de poder también el señor Lerdo solazarse con sus amigos dando un paseo por Veracruz, por Cacahuamilpa o por donde mejor le diera la gana?

A esto se agrega también que el artículo de nuestra Constitución que obliga al presidente de México a solicitar licencia del Congreso para salir de la capital, y eso por causas calificadas de graves, es anticuado y debe suprimirse.

No podemos negar que los soberanos de todas partes emprenden largos y costosos viajes de placer, llevando soberbias comitivas, dando espléndidos banquetes, bailes, cacerías y cuanto pueden haber inventado el lujo y la civilización para hacer agradable la vida de un hombre que tiene en su mano la suerte y los recursos de una gran nación.

También debemos confesar que los soberanos de todas partes tienen «sitios reales», casas o palacios de placer en donde pasan largas temporadas acompañados de su corte, y de los ministros extranjeros, y que desde allí gobiernan a sus leales vasallos.

Todo esto es cierto, pero nos ocurren aquí dos preguntas.

La primera, supuesto que para que el ejemplo valga es preciso que haya semejanza, y aquí para disculpar al señor Lerdo se cita el ejemplo de los soberanos de todas partes, es, ¿don Sebastián Lerdo se considera como un soberano?

La respuesta tiene que ser negativa, agrádele o no a los defensores de la actual política.

La segunda pregunta es, en esos países en donde el soberano sale a la hora que le parece de la capital y emprende viajes de placer a su voluntad: ¿existe o no una disposición constitucional que prohiba a los soberanos salir de la capital sin licencia de la Cámara y sólo por causas graves?

Si no existe la prohibición legal no hay paridad con lo que hace el señor Lerdo, ni vale como argumento el ejemplo; que no reprobamos la conducta del señor presidente sólo por disipada, sino porque no contento ese señor con divertirse dentro del Distrito Federal, se marcha a un estado de paseo, y se hace dar licencia, declarándose causa grave «un paseo que hace dos años tenía preparado con sus amigos y que por motivos extraños a su voluntad no pudo efectuarse» como dice el mismo señor Lerdo en las invitaciones a ese paseo, según nos lo refieren los periódicos más lerdistas.

Si la prohibición legal, que impide abandonar la capital, existe en otros países, y a pesar de eso los soberanos hacen viajes de placer, entonces diremos que esos soberanos obran tan mal como el mismo señor Lerdo, y que no es disculpa para este señor que los soberanos infrinjan el pacto fundamental, como no será disculpa para un asesino presentar una gran lista de homicidas.

Del presidente de Estados Unidos a quien suele citarse, también como ejemplo, diremos lo mismo. O existe allí la prohibición que en México o no; si no existe no hay paridad, si existe pueden estar seguros los señores que defienden al señor Lerdo, que el presidente de Estados Unidos se guardará muy bien de infringir el precepto.

Respecto a que el articulo 84 de nuestra Constitución es anticuado y debe suprimirse, diremos que antiguamente no se pensaba siquiera que el pueblo pudiera poner limitaciones al poder, y mientras más se remonta uno en la historia va mirando que son más absolutos sus gobernantes; la antigüedad de la idea del artículo 84 se remontará al año de 1824, y por fortuna nuestra, un día ha de llegar en que muchos pueblos imiten a México en esa limitación al poder; aún diremos más: la prevención del artículo 84, no sólo no es anticuada, sino que es tan avanzada que por eso no tiene ejemplos ni en la historia contemporánea.

¿Debe suprimirse ese artículo? ¿Para qué? Las reformas a una Constitución se hacen cuando la disposición es un obstáculo; pero si el señor Lerdo sin dificultad se hace conceder licencia a la hora que quiere, ¿para qué buscar una reforma inútil?

El motivo del viaje no valía la pena de tanto alboroto y escándalo como ha hecho la oposición. Es verdad; para la oposición debe ser cosa de poca importancia; y parada diputación permanente, supuesto que dio la licencia, «es motivo grave calificado de tal por el Congreso» conforme a lo que dispone el artículo citado de la Constitución.

El artículo 84 será malo, inútil, anticuado, pero mientras subsista, debe respetarse, y bajo esas condiciones entró el señor Lerdo a gobernar.

Finalmente, respecto a la paz, diremos dos palabras:

Reina la paz, y esto se dice como una gran alabanza al gobierno que la conserva, cuando no es más que una alabanza para la nación; porque la paz reina no por el gobierno, sino a pesar del gobierno.

El Radical t. 1, núm. 98, marzo 4 de 1874, México, p. 1.

LA VERDAD DESNUDA

Seguramente que nuestras palabras van a traer sobre nosotros la cólera y las acusaciones de los escritores que no quieren ver en la situación actual sino motivos de alegría y de esperanzas; y no faltará grave periodista que nos tache de apasionados oposicionistas, de ambiciosos despechados, o cuando menos de utopistas y teóricos, que soñaron una marcha política imposible de realizarse en la práctica; pero anticipadamente sabemos ya lo que pueden decir de nosotros, y nos resignamos a sufrir como siempre, la tempestad, diciendo pero si muove.

Para nadie es ya un misterio que la situación del país es horrible: cierto que no hay combates, que la paz no se altera, y que el gobierno está completamente tranquilo, y que el ministro de la Guerra no tiene que comunicar a cada momento los partes de la campaña al señor presidente; pero este estado ¿es el de la plena salud de la república, o el de languidez causada por terrible enfermedad? ¿El país está en paz, porque el pueblo está contento y satisfecho del gobierno, o porque el indiferentismo, peor mil veces que la guerra civil, se ha apoderado de los ánimos?

Los defensores del gobierno dicen que la paz se debe al prestigio de que el gobierno disfruta: a la marcha sabia y acertada de la administración, y al deseo que todos tienen de conservar la tranquilidad pública por no perder esta situación, y porque no encuentre obstáculos en su camino un gobierno de quien tanto se espera, a quien tanto se cree, y cuya dirección lleva un presidente que en el primer tercio de su periodo ha dado tantas pruebas de actividad, de acierto, de imparcialidad y de respeto a la ley y a la opinión pública.

No ha dejado de aducirse por alguno, como prueba de este aserto, el peregrino argumento de que no siendo el pueblo mexicano cobarde, sino por el contrario, bastante belicoso; ni muy sufrido, sino digno y enérgico, como se levantó contra Santa-Anna en el plan de Ayutla, y contra Zuloaga y Miramón en la guerra de Reforma, y contra Maximiliano en los tiempos del imperio, ya se habría alzado hoy contra el señor Lerdo si no estuviera enteramente conforme y contento con la administración de este señor, y satisfecho hasta la evidencia de que la Constitución y las leyes religiosamente respetadas y obedecidas son el único sendero por donde franca y lealmente caminan el señor presidente y sus ministros, el Congreso y la Suprema Corte, los gobernadores de los estados y sus legislaturas.

Nosotros, cegados tal vez por la pasión o torpes por la falta de práctica en la ciencia de la política actual, creemos lo contrario de lo que dicen los defensores del señor Lerdo, y a nuestro parecer la paz se conserva porque el pueblo no solamente está cansado, sino moralmente enfermo, ha perdido la fe en el gobierno y en las revoluciones; no cree en las promesas halagadoras de la oposición y de los agitadores, y al mismo tiempo está seguro de que la democracia es en esta situación una mentira, la federación un engaño, y la Constitución el manto con que pretenden cubrirse las arbitrariedades y los caprichos del ejecutivo, único poder que conserva en esta época algún vigor, merced a la completa indolencia y al espantoso indiferentismo con que el pueblo lo mira todo.

Es preciso decir la verdad, por dura que sea, y decirla toda; ¡ojalá que esta confesión pudiera servir al pueblo para levantarle del estado de postración absoluta en que se encuentra!

La nación con una admirable constancia y con una heroica abnegación, ha creído de buena fe uno tras otro a 100 gobiernos que se han sucedido prometiendo la felicidad, y ha vitoreado y ensalzado 100 programas halagadores desde el de Iturbide hasta el de Lerdo, y cada uno de esos programas de imperios, de repúblicas, de federación, de centralismo, de facultades extraordinarias o de regencias, le ha traído un nuevo desengaño; y las oposiciones subiendo al ministerio, y las revoluciones apoderándose del poder, han seguido siempre el mismo camino, el favoritismo, el nepotismo, la dilapidación, los agiotistas y los contratistas, el poco respeto a la ley y a la opinión pública, el llamar habilidad de gobierno y política a la astucia para infringir el pacto fundamental aparentando hipócrita respeto a él; y las camarillas, y los círculos, y los exclusivismos, y la intransigencia.

Y todos los gobiernos han caído, no por faltas políticas, sino por falta de moralidad, porque el pueblo comprendía que lo engañaban y lo burlaban, y entonces ha apoyado a las oposiciones y a los revolucionarios, y los gobiernos derribados han sido sustituidos por otros que no cumpliendo nada de cuanto habían ofrecido, eran derrocados a su turno por otros que seguían el mismo camino.

Por fin el pueblo se cansó, perdió la fe, la esperanza y el vigor moral; ésta es la paz que hoy reina y no nos hacemos ilusiones. Tantos escritores de oposición han engañado a la nación, tantos han predicado en la tribuna y en el periodismo la moralidad y la obediencia a la ley, y al subir al poder han hecho todo lo contrario de lo que ofrecían y predicaban que ya hoy el pueblo no cree en la verdad de los sentimientos de los escritores de oposición.

Tantos han atacado a los presidentes y a los ministros, por despecho de no haber alcanzado una posición brillante, o con la esperanza de alcanzarla, o guiados por el miserable interés de vender su silencio por un puñado de oro al gobierno, que ya el pueblo no cree en la sinceridad y en el desinterés de las oposiciones.

Tantos han cambiado de opiniones políticas, unos adulando hoy servilmente al que ayer atacaban e insultaban con encarnizamiento; proclamándose otros hoy, ardientes defensores de la república y de la reforma cuando viven millones de testigos que les vieron ensalzando al emperador, y sirviendo a la intervención; identificándose los de más allá con una situación pública contra la cual tronaban la víspera, y doblegándose a la iniquidad por un pedazo de pan, que ya la nación no cree en la firmeza de las opiniones políticas ni fía en las protestas de los partidarios, ni tiene confianza en que los que proclaman un principio o levantan una bandera sigan inflexibles y constantes por el camino trazado; ni tiene garantía de que los apóstoles de una idea no deserten el día menos pensado movidos por el interés o por el miedo.

Por eso la oposición, por justa, por razonable, por enérgica que sea, no puede mover a la nación, no puede contar con el apoyo del pueblo, no puede conseguir nada, absolutamente nada en el terreno de la marcha política o administrativa del gobierno.

Por eso ni la menor asonada turba la paz sepulcral que como un manto de bronce pesa sobre la patria.

Y no por eso el pueblo cree que el gobierno es bueno, que hay justicia y moral, que rige la Constitución, que el sufragio público es verdad, que existe la federación. No.

La nación sabe y conoce, y esto está en la conciencia de cada uno, que no hay verdad ni legalidad más que en apariencia, y eso algunas veces, porque otras no se cuida ni se salva la fórmula. El pueblo sabe que la democracia significada por el sufragio, no es más en las actuales circunstancias que una farsa; que las elecciones son una fórmula mal representada, que el presidente de la república dice quiénes deben ser electos diputados o magistrados o gobernadores, y ésos obtienen la credencial, aun cuando para esto haya necesidad de ocurrir al indigno y vergonzoso medio de suponer una elección, un expediente y una credencial que no han existido; pero que el Congreso aprueba, complicándose en tan reprobable fraude a personas que, por otra parte, en su vida particular son intachables e incapaces de una mala acción; porque se ha llegado a fijar como principio que una es la moral privada y otra la pública, y que es deshonrosa una estafa particular aunque sea de una peseta, pero prueba audacia y talento un fraude electoral o una chicana de mala ley en política.

Por eso ya la nación no cree en las elecciones; por eso la institución está completamente desprestigiada; por eso, y el gobierno lo sabe mejor que nadie, en las últimas elecciones las casillas han estado desiertas, nadie concurrió a dar su voto y los expedientes tendrán que fraguarse o será necesario confesar a la nación que no hubo elecciones porque el pueblo no quiso concurrir al acto supremo del ejercicio de su soberanía, porque no tiene fe en las elecciones; porque sabe que el resultado ha de ser el que quiera el señor presidente.

El pueblo sabe y conoce que la división de poderes no existe; que los diputados electos en su mayor parte por la consigna del presidente o de los ministros, no han de votar más que lo que el presidente disponga y no se sentirán heridos en su dignidad de ciudadanos aun cuando, como en el negocio de la reforma al contrato de tarifas del ferrocarril, el ejecutivo les ponga en ridículo, y haga por decirlo así, gala de la sujeción en que tiene a los representantes de la nación.

El pueblo sabe que la lista de magistrados para la renovación de la corte, la dio el señor presidente, y publicada en el periódico que se tenía como órgano del señor Lerdo, sirvió de candidatura oficial, y triunfó sin el menor obstáculo.

El pueblo sabe todo eso y por eso ya no cree ni es posible obligarle a que crea en la división e independencia de los poderes.

La nación sabe que la independencia y soberanía de los estados es una burla, que no vive sino en el presupuesto de esos estados que pagan una Legislatura; pero mira a los gobernadores sin independencia, obsequiar los menores caprichos del presidente, temblar de su enojo, sacrificarle la libertad y la independencia de sus estados prestándose a obligar a los pueblos a votar en favor del candidato que el presidente y sus amigos designan, viniendo a México o enviando comisionados para recibir la consigna electoral y sin cuidarse del qué dirán, ni de la opinión pública, convertirse en cortesanos del presidente, y seguirle como su estado mayor, adonde les trata con tan poco miramiento como un general en jefe no trata a un edecán.

Por eso el pueblo no cree en la soberanía e independencia de los estados.

Y muchos periódicos defienden obstinadamente al gobierno; pero por más que se crea que es un secreto, la nación sabe que se gastan gruesas sumas en subvencionar a la prensa, y que esos periódicos no serían capaces de poner el párrafo más justo de crítica contra el señor Lerdo porque carecen de independencia, y por eso el pueblo no cree nada tampoco de lo que esos periódicos le predican y conoce que le aconsejan la paz, no por amor a las instituciones, ni porque la tranquilidad pública sirva para desarrollar un gran programa, ni porque ellos mismos tengan fe, confianza, y buena opinión del gobierno, sino porque de ese mismo lado está su interés.

Y el pueblo, a pesar de cuanto le digan los defensores del gobierno, sabe que el señor presidente despacha pocos negocios; que pierde mucho tiempo en comidas, fiestas y diversiones; que abandona la administración pública; que desprecia o aborrece a cuantos le hablan con franqueza y verdad; que a sus mismos amigos, a los que todos creen de su círculo político, les tiene tan en poco, que sólo se acuerda de ellos para invitarles a los paseos o a comer; que los ministros no hacen sino autorizar, sin iniciativa ni contradicción lo que el señor Lerdo dispone, y por lo mismo a este señor no le importa que esos ministros no tengan significación política, ni círculo, ni prestigio, ni que hayan sido el alma de una administración a la que con tanto encarnizamiento combatieron los amigos del señor Lerdo.

Todo esto lo sabe el pueblo, todo lo conoce, todas estas reflexiones ha hecho; por eso ha perdido la fe, por eso no quiere ya tomar parte en nada; el gobierno le parece malo, quizá despreciable, pero no cree a la oposición, no tiene fe en sus promesas ni en sus doctrinas; el pueblo está enfermo del espíritu, y si un milagro no le cura puede caer en la tiranía y en el despotismo.

Ésta es a nuestro juicio la explicación de la paz que reina a pesar de los agitadores que anhelan la revolución, y a pesar del gobierno que con su ceguedad, su exclusivismo, su apatía y su disipación, pone los medios para que estalle la guerra civil.

Al escribir esto comprendemos cuánto podrán decir contra nosotros, pero estamos resignados; ésta es para nosotros la verdad, éste el gran peligro, ésta la enfermedad terrible de la época; esta verdad está en nuestro corazón, y nos ahogaría si no la dijéramos, y sería para nosotros un remordimiento callarla.

Vendrá sobre nuestra cabeza el sarcasmo y la injuria, sea, pero queremos gritar a los hombres honrados y patriotas, ya que el gobierno no hará sino reír de nosotros o despreciarnos, queremos gritar a los hombres de buena voluntad:

«México llega a un estado de postración, que sin duda debe tener como crisis la tiranía más terrible o el comunismo: es preciso prevenir la crisis, combatiendo con vigor las causas.»

El Radical t. 1, núm. 99, marzo 5 de 1874, México, pp. 1-2.

EL SEÑOR LERDO Y SUS PARTIDARIOS

La candidatura de un hombre para un puesto tan elevado como la presidencia de una república, significa, en esa república, algo más que el simple o interesado deseo de sus amigos de elevarle a un puesto tan culminante; una candidatura de esta clase, sostenida vigorosamente por un partido político, revela la condensación, la encarnación de todo un programa en el individuo que tiene la honra de ser el candidato de ese partido; es el refuerzo de los partidarios por entregar las riendas del gobierno en manos de un hombre que profesa sus mismas ideas, que proclama sus mismos principios y que debe desarrollar un plan político y administrativo en el poder que satisfaga las justas y patrióticas aspiraciones de sus correligionarios, y que debe marchar por el camino en el que coinciden las tendencias políticas de los hombres que lo han elevado.

Pero si el candidato representa a sus partidarios, si cada uno de éstos mira en él la representación viviente y poderosa de su programa político, en cambio esos partidarios son ante el país entero los fiadores de la conducta política de su candidato, y los nombres y los antecedentes políticos de ellos son la garantía que la nación admite para coadyuvar al triunfo del candidato.

Y esto es tan cierto, que los nombres de los ciudadanos que presentan una candidatura, bastan para dar color, como se dice en política, a esa candidatura. Una persona desconocida, propuesta para un puesto público por los hombres más notables del partido conservador, no sería sin duda apoyado por el Partido Radical, aun cuando como hemos dicho el candidato fuera perfectamente desconocido, y nuevo en política.

Una gran mayoría de ciudadanos se deciden en las elecciones por apoyar a un candidato y por trabajar activamente por su triunfo, más por los que esa candidatura sacan a luz, que por el candidato mismo a quien ni conocen.

Como consecuencia necesaria de todo eso los partidarios principales, y digámoslo así directos, son los que con su nombre garantizan la verdad de los méritos del favorecido, y responden, por el inmediato conocimiento que se supone debe tener del hombre a quien ensalzan, de que cumplirá fiel y lealmente con el programa que viene representando en el campo electoral.

Si el candidato no tenía las virtudes que falsamente se le atribuyeron, si engaña al pueblo falseando y burlando el programa que presentó para hacerse de simpatías, el pueblo que le apoyó puede decir a sus partidarios: «Vosotros nos habéis engañado»; verdad es que no se podrá exigirles responsabilidad, y que a esa reconvención ellos ni contestarán, pero en el fondo de su conciencia cada uno de ellos dirá, día a día, «yo contribuí a engañar al pueblo».

¿Cuál debe ser en ese caso la conducta del hombre patriota, que así se engañó a sí mismo, y que contribuyó así al engaño de la nación?

Tan fácil es la respuesta que nos abstendremos de indicarla siquiera, y cada uno que se haya encontrado en caso semejante o que suponga lo que debe sentir un corazón bien formado, sabrá dar la resolución a la pregunta.

Es verdad que, como dice el señor Lerdo, él no debe la presidencia de la república al triunfo de su partido personal; es cierto que su elección fue espontánea y sin lucha, y que ascendió por primera vez al poder, por ministerio de la ley y porque la muerte arrebató al primer magistrado de la nación de quien él era sustituto.

Todo esto es cierto; y no seremos nosotros los que nos atrevamos a negar este hecho histórico tan reciente y tan público; pero el señor Lerdo ¿por la sola circunstancia de haber sido el presidente de la Corte al tiempo de la muerte del señor Juárez ya tenía segura la elección que de él se hizo? ¿Sin otros antecedentes, sin otros anteriores trabajos que preparan el terreno, por sólo el hecho de ocupar accidentalmente la presidencia de la república, ya no tenía ni duda que él había de ser el favorecido con el voto popular? Si no hubieran luchado con tanta energía y tesón sus partidarios en las entonces recientes elecciones de presidente de la república, ¿el señor Lerdo hubiera sido tan ventajosamente conocido, y tan generalmente aceptado como lo fue en el momento de la muerte del señor Juárez? ¿Cualquier otro presidente de la Corte sin esos antecedentes y sin partido organizado de antemano hubiera triunfado tan espontáneamente en la lucha electoral?

Aunque se contesten estas cuestiones por la afirmativa, todo hombre imparcial dará a ellas negativa resolución, y le bastaría meditar un momento al que leyese la historia de esos días, y conociese lo que son las ideas políticas en todos los países, para decir no, a cada una de las preguntas que acabamos de hacer.

El señor Lerdo se elevó al poder llamado por la Constitución; pero pocos días después la Cámara convocó al pueblo a elecciones, y entonces el pueblo para dar con acierto su voto, recordó cuanto el antiguo partido lerdista le había dicho de su candidato; y miró entre ese partido lerdista, nombres que eran una garantía para el Partido Liberal entero y para la patria; y fiado en eso que los lerdistas le habían dicho, y confiando en la garantía de esos nombres y en los antecedentes de esos partidarios que eran, por decirlo así, los responsables del acierto en aquella elección, el pueblo sufragó contento en favor del señor Lerdo de Tejada.

¿Y qué prometía el partido lerdista en nombre de su candidato? ¿Y qué decía de él?

De él, decía su partido, que era un gran patriota, en cuyo corazón se abrigaban las mejores intenciones, y en cuyo cerebro se disputaban la primacía, la instrucción y el talento; decía que su edad y sus antecedentes garantizaban su infatigable dedicación al trabajo y su empeño en el despacho de los negocios públicos; que su edad y su carácter, serio al par que amable, cualidades que no se excluyen, hacían creer fundadamente, que ni propendería al despotismo ni se entregaría a las delicias que proporciona el poder, y no estaría expuesto por su clara inteligencia a caer en esas mil redes que la adulación tiende a los gobernantes.

Esto, aunque dicho en compendio, era lo que se decía del señor Lerdo. ¿Qué se prometía en su nombre?

En su nombre, tácitamente, se ofrecía un cambio completo de la política del señor Juárez, y decimos que se ofrecía ese cambio, porque el señor Lerdo representaba el programa de sus partidarios, y todos sus partidarios, sin distinción, atacaban la marcha política del señor Juárez, ya en la prensa, ya en la tribuna, ya en las reuniones particulares; jamás oposición alguna ha sido más ruda ni más sangrienta, y esos mismos lerdistas que hoy se escandalizan y nos injurian en los periódicos oficiosos, pertenecieron en ese tiempo a una oposición que no vaciló en lanzar contra el gobierno del señor Juárez y sus ministros, las más terribles acusaciones y los más fieros reproches en el seno mismo de la representación nacional.

El pueblo, pues, comprendía que el triunfo del señor Lerdo y de su partido significaba nada menos que el cambio completo de política; porque ninguno de nosotros pudo suponer ni un momento, que lo que se buscaba era sólo el cambio de una persona, ni que un partido compuesto de hombres notables del país, por sólo ese cambio de una sola persona, había de defender y sostener con energía una política que era la misma, absolutamente la misma, y hasta representada por el mismo ministerio, cuando un día antes esa política había sido el blanco de tanto encono, de tanta acusación y de tanta burla.

Ninguno lo creímos, porque todos nos hacíamos este argumento: «si la política del señor Juárez es buena, ¿por qué atacarla? si es mala, ¿cómo seguirla?» y concluimos por creer que aunque el señor Lerdo quisiera entrar en esa contradicción, imitando lo que su partido y su programa impugnaban como malo, sus partidarios pondrían de su parte al menos la abstención, medio si no suficiente para hacer entrar al señor Lerdo por el buen camino, sí eficaz para hacer comprender al señor presidente lo mal que hacía, y salvar ellos su responsabilidad política de conciencia, y su buen nombre, y sus honrosos antecedentes.

El señor Lerdo siguió el mismo camino que su antecesor, y con los mismos hombres, sin cuidar de que tenía un partido, y un compromiso tácito con la nación, y como para dar más clara muestra de la distancia que había entre el candidato y el presidente, él tomó el partido de la abstención con sus mismos partidarios. Toda la diferencia que se notó del paso de la una a la otra administración, fue la mayor paralización de los negocios públicos y privados, y la boga en que entraron los tívolis, y los paseos, y las diversiones.

Si el pueblo preguntara a los partidarios del señor Lerdo, «¿esto es lo que nos prometisteis tácita o expresamente en vuestros periódicos y en vuestros discursos al proclamar sostener a vuestro candidato?», nosotros sabemos que esos señores contestarían:

Nosotros no podemos obligar al señor presidente a que cambie de política, nosotros no estamos tampoco satisfechos, porque ni era ése nuestro programa, ni eran ésas las ideas que teníamos respecto de él, ¿pero qué hacer? a nosotros nos escucha tanto como a ustedes; tan responsables somos nosotros como ustedes de lo que pasa en el gobierno; y si va mal, como lo creemos, y lo hemos dicho en un valiente artículo del periódico llamado El Siglo XIX, ni es nuestra la culpa, ni está en nuestras manos el remedio.

Ciertamente esto contestarían los lerdistas, y a fe que tendrían razón, y no habría más que estrecharles la mano con efusión, porque es muy noble la palabra del hombre honrado cuando confiesa que se equivocó, procediendo con buena intención, aun cuando ese equívoco nos haya causado un perjuicio.

Pero lo que no sabemos es cómo contestarían esos señores si el pueblo les dijese, continuando su conversación:

Bien, supongo que os habéis equivocado lamentablemente, y que de ello no sois culpables, ni podéis poner el remedio; convengo aun en más, en que por afecciones personales, continuéis como amigos del señor Lerdo, cosa que no es del todo justa, porque antes que los afectos personales son los sagrados compromisos con la patria; pero ¿por qué hacéis la guerra, por qué atacáis la oposición y zaherís a sus hombres y les tacháis de ambiciosos? La oposición ataca la misma política que atacasteis vosotros, porque la política del señor Lerdo es la misma que la del señor Juárez; la oposición ataca a los mismos hombres porque los ministros y los agentes del poder son absolutamente los mismos que tenía el señor Juárez y a los cuales hacíais vosotros la guerra, ¿qué defendéis ahora que sea distinto de lo que antes atacabais? Sólo el presidente ha variado, ¿éste es motivo para alabar hoy lo que ayer se deprimía?, ¿es éste motivo para llamar ambiciosos, díscolos, apasionados, a los escritos que atacan hoy y casi con los mismos argumentos, a las mismas cosas y a los mismos hombres que vosotros atacabais ayer? Mejía, Lafragua, Balcárcel, ¿se han vuelto otros o han adquirido talento, o han sufrido metamorfosis para ser hoy para vosotros lo que ayer no eran? Todo eso que dijisteis sobre libertad electoral, y sobre candidatos oficiales, y sobre mayoría ministerial del Congreso, y que tiene hoy tan exacta aplicación ¿deja de ser verdad porque otros y no vosotros lo repiten? Si no eran verdad esos principios políticos, si no los profesabais ¿para qué los decíais? Si eran vuestras convicciones, ¿por qué os ofende que hoy las repitan otros?

Todo esto diría el pueblo, teniendo a la vista como, nosotros, los discursos parlamentarios y los periódicos de aquellos días, y comparándolos en la actual situación, con los escritos de los opositores del gobierno, y ya con seguridad en vista de tales antecedentes, tenemos por cierto que el Diario Oficial y los defensores del gobierno, nos contestarán poco más o menos hoy, como el Diario Oficial y los partidarios del gobierno contestaban en aquellos días a los lerdistas.

El Radical, t, 1, núm. 100, marzo 6 de 1874, México, pp. 1-2.

EL FISCAL Y EL PROCURADOR GENERAL. ELECCIONES

Las últimas elecciones, de fiscal y de procurador general de la nación, habrán sin duda convencido hasta a los más obstinados, de que en esta época lo que se llama elección, no es ni la sombra de ese acto majestuoso y serio, expresión de la soberanía del pueblo, y ejercicio del sistema democrático.

Las casillas, en las elecciones primarias, estuvieron desiertas; algunas de ellas se cerraron al medio día sin que un solo ciudadano hubiera aparecido a depositar su voto en las ánforas electorales; en otra no pudo procederse siquiera a la instalación de la mesa, y en otras, finalmente, el número de electores se integró con grandes dificultades y quizá también con grandes ilegalidades.

Divertido debe haber sido, para los que están en el secreto, lo que dijeron los representantes del municipio y el gobernador del distrito al tener todas esas noticias, y curioso sería haber presenciado en el Ayuntamiento el acto de recibir los expedientes de la elección primaria, y la noticia de las secciones en que no hubo elección.

Sin embargo, nada se hizo saber al público; la lista que indica el resultado de esas elecciones primarias en la capital de la república, se ha publicado como si todo se hubiera hecho perfectamente y en el mayor orden, y no hay con seguridad un solo hombre político en esta ciudad, incluso los ministros, que no tenga la plena seguridad de que no hubo elecciones en México porque en la mayor parte de las secciones no las hubo.

Multitud de ciudadanos no recibieron boleta, y ninguno de ellos ocurrió sin duda a reclamar, ¿por qué? Muchos que la tenían no concurrieron a emitir su voto. Todos saben ya quiénes han de ser electos, porque han leído la candidatura en el periódico titulado El Porvenir y en consecuencia, los dos candidatos del gobierno, ni ganan ni pierden nada con esos votos en pro o en contra.

La orden del señor presidente es terminante y aunque en los estados las elecciones se han verificado en los mismos términos que en el Distrito Federal, los gobernadores que han recibido ya la consigna, la obsequiarán indudablemente, y dentro de muy pocos días los partes telegráficos publicados en los periódicos, anunciarán a la nación que los pueblos han sufragado libre y espontáneamente por los candidatos que El Porvenir les presentó como los más dignos de ocupar esos puestos.

Apenas habrá disidencia entre los electores, y la declaración de la Cámara tendrá muy poca dificultad y en el próximo periodo de sesiones el Congreso dará el último barniz a tan legales y legítimas elecciones.

¿Aún habrá ciudadanos que de buena fe crean en que bajo esta administración existe la libertad del sufragio y no hay candidatos oficiales, como nos prometió en su célebre manifiesto el señor Lerdo?

Se nos contestará con sarcasmo, diciendo que en todas partes sucede lo mismo y que nosotros hacemos gran ruido de lo que no vale la pena; podrá ser cierto, pero preguntamos dos cosas.

¿Si en todas partes sucede lo mismo, por qué el señor Lerdo en aquellos días en que procuraba ganarse la voluntad de la nación prometió tan solemnemente que no habría candidatos oficiales y que el pueblo ejercería libremente el derecho de elección?

¿Si hacemos más ruido que el que merece el asunto, por qué se empeñan los periódicos oficiales y oficiosos en probar que no hay candidatos oficiales y que las elecciones son libres?

Criminal debe ser eso de las candidaturas oficiales; repugnante para los pueblos, y digno de ser considerado en la marcha de los gobiernos, cuando el señor Lerdo fue uno de los puntos que con mayor claridad y energía tocó, en el manifiesto que dio a la república como programa de su candidatura a la presidencia constitucional, más que como bases de su gobierno interino.

Y el señor Lerdo se ocupó tanto de las candidaturas oficiales y de proscribirlas apenas fue presidente, porque tenía aún frescas las heridas que el partido lerdista había sufrido en las últimas elecciones de diputados y de presidente de la república. El señor Lerdo había visto la derrota de muchos de los suyos y quizá la propia, por la intervención del poder; había comprendido cuánto hay de criminal en un gobierno que ahoga con su fuerza y su poder las justas tendencias y la libertad electoral de un pueblo, y le obliga por medio de los agentes oficiales a nombrar a quien no quiere ni debe nombrar.

El señor Lerdo vio naufragar la candidatura de algunos de sus partidarios, en distritos electorales en donde la opinión les favorecía completamente, y luego vio zozobrar en la Cámara credenciales legítimas de algunos de sus amigos, y salvarse otras casi por una casualidad, y todo por la intervención del gobierno en las elecciones.

Bajo tan penosa impresión de disgusto el señor Lerdo ascendió al poder, y tronó contra esa intervención, y su cólera contra la administración que le había vencido ilegalmente tomó la forma de una solemnísima protesta.

Pero pronto esos recuerdos se borraron, y el jefe del partido de oposición al señor Juárez, tomó el mismo camino que su antecesor, y el señor Lerdo olvidó, no sólo lo que su partido y él habían sufrido en las elecciones, sino lo que había prometido a la nación.

Y volvieron los candidatos oficiales, y volvió la intervención del ejecutivo en todas las elecciones y todo con más descaro, y no se recuerdan los artículos y los discursos que entonces se escribieron y pronunciaron entonces por los partidarios del señor Lerdo candidato, que son los mismos que tanto ofenden hoy al señor Lerdo presidente.

¿Por qué el señor Lerdo que fue víctima de ese sistema lo observa hoy también? ¿Por qué si le parecían a él y a sus amigos, reprobables los manejos del gobierno del señor Juárez en las últimas elecciones, los emplea hoy para hacer diputados y magistrados a los que él dispone que lo sean?

¿Sólo era malo todo eso porque se hacía contra el partido del señor Lerdo, o porque es malo absolutamente?

El señor Lerdo nos prometió libertad de elecciones, y por libertad se entiende la completa abstención del poder en las elecciones, y adviértase que esta promesa era por demás, porque el gobierno no sólo no puede mezclarse en las elecciones, sino que comete un crimen mezclándose, y es causa de acusación contra el presidente de la república.

Por desgracia la desmoralización política es espantosa; nadie, absolutamente nadie duda que el voto público en todas las elecciones está falseado por el señor Lerdo, y sin embargo de que nadie lo duda, si alguien acusase al señor presidente por este delito, la prueba se dificultaría, y la absolución no se haría esperar y la Cámara diría al acusador lo que a nosotros los defensores del gobierno: perturbadores del orden, declamadores y utopistas.

Grandes dificultades han tenido en México nuestros gobernantes para lograr que se reúnan los colegios electorales, ¿y lo habrán conseguido? Las actas indudablemente dirán que sí, y el éxito no será dudoso para los candidatos oficiales, supuesto que además de ser oficiales creemos que son únicos, porque el pueblo no ha tenido el menor deseo de votar.

El triunfo es del gobierno, si triunfo existe donde no hay lucha; el Congreso nombrará procurador y fiscal a quienes el gobierno designó como sus candidatos; pero nosotros decimos y protestamos que no hubo elecciones, y que el nombramiento que se haga por la Cámara es nulo.

Todo cuanto escribimos sobre la marcha de la administración del señor Lerdo parecerá ridículo a nuestros adversarios, inútil a nuestros amigos, porque el gobierno nos desprecia y sigue su camino sin cuidarse de nosotros.

Contestaremos aunque parezca locura, que consignamos todo esto como una protesta contra esa marcha, y como piezas de un proceso que más tarde o más temprano se formará, y entonces cada uno de nosotros los escritores de esta época seremos juzgados por nuestras doctrinas, y testigos para juzgar a los que caigan bajo la justicia del pueblo.

Ese día no llegará nunca según unos; según otros, llegará muy tarde. Nuestra fe nos dice que vendrá muy pronto, porque las situaciones contrarias a la justicia y a la moral no se prolongan por mucho tiempo, y estamos en una democracia en que se necesita como en la decadencia de Atenas, que los lexiarcas anden por las calles con cordeles teñidos de bermellón para recoger a los ciudadanos y obligarlos a concurrir a las elecciones, dando los tres óbolos de premio al que se presente, o imponiendo multa al que aparezca tocado por el cordel.

El Radical, t. 1, núm. 103, marzo 10 de 1874, México, p. 1.

EL SEÑOR LERDO Y SUS PROMESAS

Cuando la mano de la Providencia resolvió de una manera tan inesperada la crítica a la situación a que había llegado la república a mediados del año de 1872, y el señor Lerdo llamado por la ley, subió a la primera magistratura del país, nosotros que hacía dos años nos habíamos abstenido de tomar parte en la política militante, sentimos renacer nuestras ilusiones; el porvenir del país nos pareció brillante, y con todo el empeño y buena fe de que somos capaces, procuramos, ya en la prensa, ya en el pequeño círculo de nuestras relaciones políticas, rodear al señor Lerdo de prestigio y atraer a la vida pacífica a aquellos de nuestros amigos que con las armas en la mano combatían la marcha administrativa del ilustre antecesor del señor Lerdo.

Y teníamos razón para abrigar tan halagüeñas esperanzas; jamás gobierno alguno se inauguró bajo auspicios más satisfactorios; nunca un presidente ha podido contar con elementos más brillantes para establecer su administración, consolidando la paz, realizando la unión, y asentando sobre bases sólidas la reconstrucción y el progreso de la nación.

Los partidos callaban y deponían a la vez armas y rencores; los indiferentes en política sacudían el marasmo, y la sociedad entera se agitaba presintiendo la era de felicidad, como la planta marchita por el calor, a las primeras gotas de una lluvia vivificadora.

Nosotros creímos y esperamos y como nosotros, creyó y esperó toda la república; por primera vez en nuestra carrera periodística defendimos una candidatura presidencial, y dijimos al pueblo, «éste es el hombre que merece ser exaltado al poder».

El señor Lerdo dio entonces su manifiesto, que como todos los manifiestos de candidatos, apareció avivando más las esperanzas de todos, y se leyó con placer porque anunciaba un cambio completo de política, y la nación anhelaba ese cambio, que desde ese momento se tuvo como una solemne promesa del señor Lerdo.

He aquí ese célebre documento; su lectura, sin necesidad de los comentarios que en algunos artículos haremos, bastará para que el pueblo, en vista de lo que está presenciando diariamente, juzgue si el señor Lerdo cumple lo que ofreció a la nación.

«Sebastián Lerdo de Tejada, presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus conciudadanos:

»El fallecimiento tan inesperado como lamentable, del benemérito presidente Benito Juárez, calamidad que cubre de luto a la nación entera, poseída del más justo y profundo desconsuelo, me ha hecho depositario del poder ejecutivo de la Unión, durante un breve periodo por ministerio de la ley.

»Los deberes de mi transitoria administración me están señalados por la protesta que hice ante la diputación permanente del Congreso, en completa armonía con mis más sinceros sentimientos, y mis más íntimas convicciones. Un profundo e inviolable respeto a la Constitución, y el exacto cumplimiento de las leyes, serán la norma constante de mi conducta, así para llenar las solemnes obligaciones que he contraído, como para seguir el único camino que puede conducir al bien y prosperidad de la nación.

»Considero como un especial deber, velar por la fiel observancia de las leyes de Reforma, que han afirmado y perfeccionado nuestras instituciones. Expedidas aquellas leyes para extirpar vicios capitales de la antigua organización de nuestra sociedad, abriéndole las puertas de un porvenir venturoso, han sido en su aplicación y desarrollo el remedio de los males más complicados y la entrada victoriosa al seno de la verdadera civilización. Sobre la obligación que me incumbe de guardar y hacer guardar las leyes de Reforma, aumentará mi celo para que por nadie sean infringidas, la convicción de que ellas constituyen las bases más sólidas de nuestra organización política y social.

»Conforme a lo prescrito en el Código fundamental, para el caso de falta absoluta del presidente de la república, estimé muy debido que fuera el primero de mis actos, iniciar el decreto que hoy se ha expedido para la nueva elección. En ella serán justamente acatados los derechos del pueblo, respetando y garantizando sin trabas ni restricciones de ningún género la libertad del sufragio en su mayor amplitud. Todos los ciudadanos, todos los partidos, tendrán expedita su acción en los actos electorales, y así deberá ser conocido el resultado de ellos, como la expresión genuina de la voluntad general.

»Animado de este espíritu, he creído que debía expedir hoy un decreto de amnistía por los delitos políticos cometidos hasta aquí, sin excepción de persona alguna. Reprimido ya el principal esfuerzo de los sublevados, puede concederse la amnistía sin temor del menosprecio de las leyes y sin mengua de la autoridad. La amnistía corresponde al anhelo general por la pacificación del país, y a una opinión profundamente arraigada en cuantos contemplan los espantosos desastres de la anarquía, y las dolorosas ruinas de la guerra civil. Al abrirse ahora un periodo electoral, la amnistía es el único medio de que no haya quienes queden excluidos de dar sus votos, ni quede nadie privado de los sufragios que puedan emitirse a su favor. He pensado que no podía hacer mejor uso de las facultades concedidas al ejecutivo, y que si por desgracia algunos todavía quisieran afligir a su patria con las plagas de la guerra, e impusieran así la necesidad de nueva energía para someterlos, la opinión pública reconocerá que el ejecutivo ha tenido una sincera voluntad de no omitir nada por alcanzar el bien supremo de la paz, y dar toda amplitud a la libertad electoral.

»Se enlaza también con tan importantes objetos el grave punto de los estados que se encuentran declarados en sitio. Habiendo ya circunstancias favorables en la actualidad, para resolver la mayor parte de los casos, el ejecutivo cuidará con escrúpulos o empeño de no dejar subsistente esa situación anormal, sino tan sólo donde lo exija la falta absoluta de autoridades propias constitucionales, entretanto se proceda a elegirlas, o donde lo haga indeclinable la imperiosa necesidad del restablecimiento de la paz.

»Investido el ejecutivo por el Congreso de la Unión de amplias facultades, se reserva emplearlas sólo en los casos extremos, en que sea indispensable satisfacer una apremiante necesidad. Desea, sobre todo, no verse obligado a usarlas para nada que pueda afectar las garantías individuales.

»El respeto que éstas merecen nunca puede ser excesivo. La más preciada de ellas, la libertad de la prensa, que protege y resguarda a las otras, será para mí inviolable, como lo fue sin excepción alguna, en el dilatado periodo que funcioné como ministro del ilustre presidente cuya pérdida lamentamos. Si la libertad de escribir no debe en cualquier época tener limitación alguna, menos debe tenerla en un periodo de lucha electoral. De los excesos que se cometan por la prensa, el mejor correctivo es la misma prensa, ilustrada, libre, eco de todas las opiniones y de todos los partidos.

»En los negocios administrativos vigilaré porque se guarden los principios de orden y moralidad. Me esforzaré por hacer en los gastos públicos, todas las economías que reclaman las escaseces del erario. En la provisión de los cargos y empleos públicos, atenderé solamente a la honradez, la aptitud y el verdadero mérito. Consideraré a los empleados actuales, en quienes concurran tales circunstancias, no abrigando ni debiendo abrigar prevenciones contra ninguno, cualesquiera que hayan sido sus antecedentes políticos. En el ejercicio del poder supremo, no debo ser órgano ni representante de un círculo político, sino representante de la nación entera. No debo ser jefe de un partido, sino ejecutor imparcial y desapasionado de la ley.

»Verificadas las elecciones y proclamado por la representación nacional quien sea el elegido del pueblo, me consideraré honrado con entregarle el gobierno, demostrando mi completo acatamiento a la voluntad soberana del país al devolver el depósito que me confiara la Constitución.

»Mis hechos responderán de la sinceridad de mis sentimientos, y cuidaré de no apartarme en nada de los principios aquí consignados, para que al terminar el periodo de mi corta administración, pueda aspirar a que mis conciudadanos den testimonio de que he procurado cumplir con mi deber.

»México, julio 27 de 1872.— Sebastián Lerdo de Tejada.»

Éstas eran las promesas del señor Lerdo, que más explícitamente repitió en su discurso al tomar posesión de la presidencia constitucional de la república, discurso que mañana reproduciremos, para que el pueblo vea si el señor Lerdo ha cumplido o no con el programa que presentó al subir al poder.

El presente artículo servirá como de introducción a los que escribiremos consecutivamente, comparando punto por punto lo ofrecido por el señor Lerdo con lo observado por él en su administración, y para hacer más claro el contraste seguiremos paso a paso en este trabajo los luminosos editoriales que con el título de «El manifiesto del presidente interino» escribió en aquellos días el señor don José María Vigil en El Siglo XIX.

Además, para evitarnos cuestiones innecesarias establecemos desde hoy en nuestro diario, una sección con el título de «Reproducciones» en la cual insertaremos los notables artículos que muchos distinguidos periodistas como los señores Vigil, Agustín R. González, Julio Zárate, Emilio Velasco, y otros, escribieron en 1872 y con cuyas doctrinas estamos tan enteramente de acuerdo que como apoyo de nuestros raciocinios las volvemos a traer a la luz pública.

Si nos engañamos en nuestras esperanzas sobre la marcha de la actual administración seguramente no fuimos los únicos, y cumple a nuestro deber probar a la nación, que si con nuestro pequeño esfuerzo procuramos ayudar al señor Lerdo mientras creímos que marchaba por buen camino, nuestra conciencia nos obliga a atacarle ahora que creemos que se ha extraviado, siguiendo la misma política que su antecesor aun en los detalles más insignificantes.

No podía tacharse de apasionada nuestra crítica, porque el señor Lerdo presidente en 1874 va a ser juzgado por sus partidarios, por los que defendían su candidatura en 1872.

El Radical, t. 1, núm. 104, marzo 11 de 1874, México, p. 1.

LA LIBERTAD ELECTORAL. PROMESAS DEL SEÑOR LERDO

Sin duda que la más importante de las promesas que el señor Lerdo hizo a la nación en su manifiesto como presidente interino, que tenía todo el carácter de un programa de candidato, fue la libertad absoluta del sufragio público, y esta promesa concebida estaba en estos términos claros y precisos. «Serán justamente acatados los derechos del pueblo, respetando y garantizando sin trabas ni restricciones de ningún género, la libertad del sufragio en su mayor amplitud.»

Por supuesto que tal promesa no hubiera sido necesaria; porque al prestar obediencia y respeto a la Constitución, protestaba respetar y garantizar la libertad del sufragio; pero desgraciadamente, merced a los abusos de los gobernantes y la tolerancia de los pueblos, los altos funcionarios necesitan dar esa clase de explicaciones siquiera para que los ciudadanos conozcan el modo con que deben entenderse las leyes en aquella administración y sepan lo que tienen que temer o que esperar.

Sea como fuere, el señor Lerdo hizo la formal promesa de respetar y garantizar la libertad del sufragio público que durante muchos años, desde la entrada a México del gabinete de Paso del Norte había sido el juguete de ese ministerio y de muchos gobernadores, y el señor Lerdo en las últimas elecciones, había también tenido que sufrir las consecuencias de esa corruptela, porque nada hay que tenga más aplicación en la política, que la conocida historia del toro de Falaris.

No podemos creer que el manifiesto del señor Lerdo se entendiese sólo para su interinato, y no para su marcha como presidente constitucional, y la prueba de que esto no es así, en el discurso que pronunció al tomar posesión de la presidencia constitucional volvió a manifestar las mismas ideas.

El señor Lerdo marcaba una nueva línea de conducta, tanto porque aquel era su deber obedeciendo a la ley, como para tranquilizar a la nación que irritada ya de tantos abusos, y de tan descarada intervención del poder en las elecciones, se levantaba armada, amenazando ser terrible la ya comenzada guerra civil.

La promesa del señor Lerdo surtió efecto, los revolucionarios, hijos del pueblo, y como el pueblo nobles y crédulos, se contentaron con una promesa; sacrificaron su amor propio, sus resentimientos y sus desconfianzas a la voz del señor Lerdo, y con la fe de que no serían de nuevo engañados se retiraron tranquilamente a sus hogares.

Y sin embargo, pasó lo que tantas otras veces; el pueblo y los defensores del sufragio libre fueron engañados, y la política de la anterior administración, contra la cual tanto se había dicho por los partidarios del señor Lerdo siguió siendo la misma, con todo su lujo de ilegalidades y de abusos en materia electoral.

No seremos sin duda nosotros los que pintemos con sus vivos colores esas ilegalidades y esos abusos del poder, nuestros lectores los verán retratados en los artículos de muchos ilustrados escritores partidarios del señor Lerdo que se publicaron en aquellos días, y que conforme a nuestra promesa iremos diariamente reproduciendo en la sección respectiva de nuestro periódico.

Que la política del señor Lerdo hoy sea la misma que la del gobierno del señor Juárez en sus últimos meses, se conocería a falta de otras pruebas, en la subsistencia del gabinete del señor Juárez sin variación de ninguna clase, que si la política hubieran cambiado esos señores, no ocuparían los sillones ministeriales, o serían objeto del desprecio de la nación, lo cual ellos no tolerarían absolutamente.

La única diferencia que hay es que ese gabinete y esa política están hoy defendidos por los que antes les atacaban y eso lo único que puede probar es un cambio en esos entonces enemigos; pero no un cambio en la política del gobierno.

El señor Lerdo duró poco tiempo firme en el principio de respetar la libertad del sufragio; poco a poco en el término de un año volvióse el poder a injerir en las elecciones y la desmoralización llegó por fin a su colmo.

Las candidaturas oficiales se pregonan sin rubor; los gobernadores hacen nombrar o excluir candidatos según la voluntad del señor Lerdo; las diputaciones y las magistraturas se buscan en las antesalas del presidente; y en los colegios electorales se habla de candidatos oficiales y se reparte a los electores la lista oficial y sus reformas, con tanta franqueza y tanta naturalidad, como si fuera la cosa más legal del mundo, como si lo previnieran nuestras instituciones, como si esto no fuera un crimen contra la Constitución que comete el ejecutivo y del cual son cómplices cuantos le ayudan y le obedecen.

Escritores que ayer levantaban el grito contra esos abusos, sólo porque los cometía el gobierno del señor Juárez, hoy presencian todo eso, y nos llaman utopistas y declamadores, y sostienen que esas mismas quejas se dan en cuantas partes hay elecciones, y que son viejos y gastados argumentos de oposición, sin recordar que la víspera han dicho ellos lo mismo contra el mismo ministerio; que el pueblo sabe que ellos entonces y nosotros ahora tenemos razón, y que no puede ser viejo ni gastado el argumento que resulta de la comparación de una disposición legal contra la conducta de un gobernante que abusa de su poder.

¿Cómo ha cumplido el señor presidente su promesa de respetar y garantizar la libertad del sufragio?

Interviniendo por medio de amigos que tomaban su nombre, y por medio de los funcionarios públicos en las elecciones para conseguir eso que llaman mayoría en la Corte y en el Congreso; conducta que santifican hoy algunos que la reprobaban ayer, y que si nosotros la criticamos, se dice que es porque no conocemos las prácticas parlamentarias de las naciones civilizadas.

¿Se quiere mayor prueba de que las elecciones que acaban de verificarse para integrar la Suprema Corte de Justicia, y en las cuales el pueblo no ha querido tomar parte porque conoce que no son estos actos más que una farsa?

¿Qué candidatura presentada por El Siglo antes, y hoy por El Porvenir, ha fracasado? Y no se diga que porque sus redactores tienen el don de adivinar los candidatos que serán aceptados por la nación, ni que el sufragio de ese diario es tanto que haga inclinar la balanza; todo el mundo sabe que esos candidatos son los del señor Lerdo, y esas candidaturas son invencibles; prueba de lo bien que ha cumplido el señor presidente la promesa de no intervenir en las elecciones.

Se criticaba al señor Juárez porque hacía elegir diputados a sus amigos por pueblos en donde ni el nombre de esos diputados se había oído jamás, ni ellos conocían esos pueblos ni en el mapa; y ¿hoy no sucede lo mismo?, ¿y esto no prueba que esas personas son electas por el presidente y no por los pueblos?

Amigos del señor Lerdo hay que han adquirido una milagrosa popularidad; algunos que no habían jamás figurado en política, o que habían sido bien conocidos en la intervención y el imperio, aparecen bajo la sombra protectora del señor presidente, con dos o tres credenciales, o representando a un distrito con el que jamás habían tenido el menor punto de contacto; casualidades, hechos aislados que nada prueban, es verdad, y en caso de probar algo, no sería sin duda el cumplimiento de las promesas del señor presidente.

Inútil nos parece extendernos a manifestar cuán benéfico influjo hubiera ejercido en el país el cumplimiento de la promesa de libertad electoral, porque para eso remitimos a nuestros lectores al artículo del señor Vigil que publicamos en este número, y cuyas doctrinas tenemos a honra hacer nuestras hoy.

El Radical, t. 1, núm. 105, marzo 12 de 1874, México, p. 1.

ESTADOS DE SITIO. PROMESAS DEL SEÑOR LERDO

La nación ha visto ya, que tan solemne como fue la promesa del señor Lerdo, de proteger y respetar la libertad del sufragio, ha sido escandalosa e ilegal la violación de esa promesa, y de la terminante disposición del pacto fundamental; ahora examinaremos la cuestión de los estados de sitio, facultad terrible y omnipotente usurpada por el ejecutivo, y verdadero cáncer del sistema federal que nos rige.

Tener facultad para declarar una entidad federal, en estado de sitio, no es más en realidad, que tener el derecho de arrebatar la soberanía a ese estado; de destruir su autonomía, de proclamar y establecer el centralismo, y de cambiar la forma de gobierno.

En efecto, el ejecutivo y el Congreso, dos de los poderes federales, se apropian el derecho de declarar en estado de sitio a uno de los estados libres, soberanos, e independientes, que constituyen la federación ¿es esto otra cosa que centralizar el poder?, ¿es esto más que sustituir para ese estado el sistema federal en sistema central, tratándose de sus relaciones con el gobierno de la Unión y del régimen republicano, representativo, popular en la ruda dictadura del sable, en lo que respecta a su autonomía?

Un estado declarado en sitio ¿no deja por ese solo hecho de ser una entidad federativa, para convertirse en un país conquistado y sojuzgado por las bayonetas del centro? La forma de gobierno cambia porque un solo estado declarado en sitio y gobernado por un jefe militar que el centro le impone, vicia todo el sistema, destruye la armonía y la igualdad en todas las entidades federales, y viene a ser la esclavitud en medio de un pueblo de hombres libres; en una palabra, aunque esta idea parezca muy dura a los partidarios del estado de sitio, el estado de sitio es el gran plagio que comete la Unión con los estados.

¿Qué es ni puede ser la soberanía tan decantada de los estados, si el presidente y el Congreso pueden bajo cualquier pretexto suprimirla de una plumada? ¿Cómo hay constitucionalistas u hombres políticos que no se rían de la respetable soberanía de los estados, sujeta al capricho de un presidente que tiene mayoría en un Congreso?

Graciosa soberanía es la que se les reconoce a los estados tan efímera y eventual, que sólo es soberanía mientras quiere el ejecutivo dejarla con tal carácter, que dure lo que dure la amistad del presidente de la Unión con el gobernador del estado, y que tiene, como en nuestros días, que mantener su soberanía a costa de condescendencias y debilidades más o menos vergonzosas, más o menos ilegales, de parte del gobierno del estado soberano, que tan soberano como es, tiene necesidad de elegir diputados y magistrados, no a los que su pueblo soberano quiere, sino a los que el señor presidente dispone que sean electos porque tal es la consigna que se envía al gobernador; y si no se obedece, no faltará medio de conseguir en el Congreso con los representantes de los otros estados soberanos, que con cualquier pretexto se quite por algún tiempo la soberanía a ese estado, que usó de ella en contra de las indicaciones del señor presidente.

Ciertamente que es una soberanía particular, sui generis, la que tienen los estados de la federación mexicana, armados como lo están los poderes de la Unión del derecho de unirse y acabar, aunque sea temporalmente, con esa soberanía. Verdad es también que los estados de sitio no son permanentes, y el estado recobra entonces su autonomía; pero esa intermitencia a voluntad del centro hace más curiosa la soberanía que la munificencia de nuestros presidentes y de nuestros congresos ha prestado temporalmente a las entidades federativas.

Se dirá, pero los estados de sitio sólo se decretan para un estado en particular, y eso en circunstancias extremas. Es cierto, lo que no destruye nuestras proposiciones: un déspota tirano que manda matar por antojo a uno de sus súbditos, no deja de ser tirano y déspota porque el muerto sea uno solo, y no mande degollar en un solo día a la nación entera. El Congreso y el ejecutivo tienen facultad para arrebatar la soberanía de un estado cualquiera; pero el derecho de elección de víctima no es garantía para ningún estado, y todas las soberanías están amenazadas, son ficticias y están a merced del centro.

En cuanto a que sólo se decreta el estado de sitio en circunstancias muy graves, hay que advertir que la calificación de esa gravedad puede hacerla el teniente coronel de un batallón como en Yucatán y aprobarse su conducta por el Congreso y por el ejecutivo, y ésta tampoco es una garantía para los estados, que deben vivir temblando por la pérdida de esa soberanía, tan expuesta como un grano de trigo caído en medio de una bandada de palomas.

Éste no puede haber sido el pensamiento de los constituyentes que formaron el pacto federal; porque aun cuando eso hubieran querido establecer, no tenían facultades para ello y no podían excederse de su mandato.

El estado de sitio es uno de los más horribles abusos del centro, una de las grandes llagas de nuestra federación. Y se ha vuelto derecho, gracias a la excesiva condescendencia de los gobernadores, a la culpable debilidad de los estados y a la punible complicidad de los representantes del pueblo.

Por fortuna no han faltado hombres enérgicos que protesten contra ese abuso, y hayan conseguido hacerle desaparecer por un poco de tiempo; estos hombres fueron los partidarios del señor Lerdo que en la tribuna y en la prensa combatieron contra los estados de sitio en 1872. A la vista tenemos sus discursos en la Cámara y sus artículos publicados en El Siglo XIX.

Aquélla era una política constitucional y franca, y el señor Lerdo que era entonces la encarnación del programa de sus partidarios, y que veía el odio de la nación contra el estado de sitio, se declaró enemigo de ese abuso en su célebre manifiesto.

Los estados leyeron ese manifiesto, y creyeron en él, y le aplaudieron; el señor Vigil publicó en El Siglo un artículo (que hoy reproducimos) ponderando las esperanzas que debían concebirse por eso en el gobierno de su candidato; y todos creímos que la época de la dictadura militar, suministrada a los pueblos en dosis a voluntad del presidente, había pasado.

Ésta era una promesa solemne del señor Lerdo; y ¿cómo la cumplió? dígalo el infeliz estado de Yucatán, en donde por sólo el empeño de hacer una elección de diputados al Congreso, se declara el estado de sitio, y luego se hace juzgar al culpable, después de aprobar el Congreso las credenciales nacidas de ahí, por un consejo de guerra, como si se tratara de un delito de exacta conexión con el servicio militar, y como si faltar así a la Constitución fuera un acto de insubordinación o de cobardía.

Para Coahuila no hubo en el almacén de recursos constitucionales del gobierno más que el estado de sitio; y el cantón de Tepic, porque allí imperó Lozada, no puede subsistir sino en estado de sitio, y todo eso en un año de gobierno del señor Lerdo, y cuando todos sus partidarios confiesan «que la paz reina en toda la república».

Pues si reinando la paz, como nos dicen a cada momento, se hace uso del estado de sitio, ¿qué hará el señor Lerdo en guerra civil?, ¿o es mentira que hay paz en la república, como dicen los defensores del gobierno?

Los estados de sitio no han escaseado en el gobierno del señor Lerdo, y reinando la paz, lo cual prueba que el señor Lerdo no ha cumplido lo que él y sus partidarios en su nombre ofrecieron a la nación.

Si los estados de sitio son necesarios y útiles en nuestro pobre país, ¿por qué tan rudamente combatieron los partidarios del señor Lerdo al señor Juárez en este punto?

Si los estados de sitio son malos y contrarios al pacto fundamental, ¿por qué les usa el señor Lerdo con tanta facilidad, y no lo combaten por eso los que por lo mismo combatieron al señor Juárez?

Volvemos a preguntar como ayer:

¿Éste es un camino realmente malo en la administración, o sólo era malo porque lo usaba el señor Juárez?

Y no se diga que porque entonces se abusaba de los estados de sitio para las elecciones y hoy no, porque el ejemplo de Yucatán prueba que hoy también se ganan por el gobierno las elecciones, a la sombra de ese estado de sitio.

El señor Lerdo en esto, como en lo de la libertad electoral, tampoco ha cumplido con lo que prometió a la nación en su célebre manifiesto.

El Radical, t. 1, núm. 106, marzo 13 de 1874, México, p. 1.

GARANTÍAS INDIVIDUALES. PROMESAS DEL SEÑOR LERDO

Seguramente que si a juzgar vamos de toda la república por lo que en México capital pasa, podremos decir con seguridad que las garantías individuales son tan sagradas, y respetables bajo la administración del señor Lerdo, como serlo deben, y como él lo prometió a la nación.

Pero hay que tener presente que la república no se reduce sólo a la capital ni basta ver en la plaza de la Constitución a los habitantes de la ciudad paseando tranquilamente y escuchando las alegres notas de las músicas militares, para exclamar ¡el país está en paz!, ¡los ciudadanos disfrutan sin obstáculos de todas sus garantías!

Dilatemos el horizonte de nuestras observaciones y dirijamos la vista a los estados.

Las garantías individuales no sólo se atacan por el gobierno cuando directamente el ejecutivo manda perseguir, desterrar o matar a los ciudadanos, amordazar a la prensa, despojar a los hombres de sus bienes, no; hay también otro modo de violar esas garantías, entregando los pueblos inermes en manos de gobernantes nombrados por el presidente o electos por su orden y sostenidos contra toda ley por las armas o el prestigio de la Unión, porque en los funcionarios que nada respetan contando con el apoyo de un ejecutivo que hoy es todo, no serán o no son, mejor dicho, muy escrupulosos en materia de respeto a las garantías individuales.

Durante la administración del señor Lerdo, es verdad que la leva no ha sido escandalosa, pero no ha dejado de existir y si se dudara de ello, bastaría saber el número de juicios de amparo que por motivo de la leva se han despachado en los juzgados de distrito, y eso que no todos los soldados conocen ese recurso ni pueden ejercitarlo y menos los que son afiliados en cuerpos del ejército que están lejos de los grandes centros de población.

¿Se podrá decir que el señor Lerdo ha cumplido su promesa de respetar absolutamente la garantías individuales y constitucionales, cuando aún humea la sangre de Rosado Lavalle y otros en Yucatán?, ¿cuando está Coahuila en estado de sitio y ese estado es incompatible con el respeto a las garantías constitucionales?, ¿cuando Tepic es como la Argelia de la república, sujeto a la dictadura militar sin ser territorio, ni estado, ni parte de un estado, ni nada que tenga nombre en la carta fundamental, sino cantón conquistado?

¿Podría decirse que existe tal respeto a las garantías constitucionales, cuando hay gobernadores de estados, impuestos y sostenidos por el señor Lerdo que son cada uno de ellos como un bajá, que dispone a su arbitrio en esas decantadas garantías, y a los cuales no se atreven los infelices ciudadanos a traer a un juicio ante el Congreso porque el señor Lerdo les sostiene y toda lucha es inútil?

Cuando el gobernador de un estado no tiene la gracia del señor presidente, basta el menor motivo para proteger a sus enemigos y darles entrada en la Cámara a fin de que puedan hostilizarle desde allí, aun cuando para eso se tenga que pasar sobre la Constitución, como sucedió con el señor Vallarta, gobernador de Jalisco; y otros gobernadores escandalizan con su poco respeto a las garantías constitucionales, y el ejecutivo no encuentra medio legal para poner allí a cubierto y hacer respetar esas garantías. Tabasco y Yucatán entre otros estados pueden dar testimonio de esta verdad. En los alrededores de México, ¿no hemos denunciado que se tiene en prisión a los que no quieren hacer rondas?

El señor Lerdo ha llevado hasta la exageración el cumplimiento de su promesas.

El negocio del juez de distrito en Mazatlán es una hermosa prueba de ese respeto y de ese cumplimiento.

El general don Vicente Jiménez depuso las armas en la confianza de que la ley de amnistía le garantizaba la libertad y la vida, y el señor Lerdo le miró aprisionar tranquilamente por el general Figueroa, y le dejó allí en Tixtla, preso y con gran peligro de la vida, por todo el tiempo que Figueroa quiso tenerle así, y en esos días el señor Lerdo estaba armado de facultades extraordinarias.

Verdad es que ésos son hechos aislados que nada prueban, y además, que eso no pasa en la capital, que es el termómetro en donde los defensores del señor presidente miden los grados de seguridad, tranquilidad y bienestar del país entero.

Además de esto, ¿no es ataque a las garantías constitucionales la presión del gobierno en las elecciones?

No sólo la leva, y el despojo, y la prisión, constituyen falta de respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos, no; esto es un error vulgar; si a un individuo le impide el gobierno el derecho de elegir, por la fuerza o por la astucia; si a otro le arrebata el derecho de ser electo, dando órdenes a los gobernadores para que impidan que los electores sufraguen por él; si al de más allá se le hace reprobar una credencial legítima, abusando del poder se falta al respeto que se debe a las garantías constitucionales, porque toda libertad, incluso la de elección y de elegibilidad, es un derecho garantizado por la Constitución, y debe ser sagrado para el ejecutivo.

El número de casos ocurridos no influye para que deje de ser un hecho cierto el de que el señor Lerdo no respeta las garantías como lo prometió, y que haya una entidad federativa en estado de sitio, y en donde no se respeten las garantías basta decir que ese respeto no existe.

Un hombre no necesita haber matado a 100 para ser llamado asesino; un solo crimen de esta clase basta para darle ese nombre.

El señor presidente en este, como en otros ofrecimientos, ha dejado de cumplir lo que ofreció en su célebre manifiesto.

El Radical, t. 1, núm. 107, marzo 14 de 1874, México, p. 1.

RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO LIBERAL. MANIFIESTO DEL SEÑOR LERDO

Una de las esperanzas más fundadas del país, al ingreso del señor Lerdo a la primera magistratura, fue la unión de los mexicanos, porque los odios de partido debían extinguirse; al menos así debía suceder, vista la abnegación de que dieron prueba esos partidos ante la voz de un hombre que, subiendo al poder rodeado de prestigio y centro de todos los buenos deseos y de todas las nobles aspiraciones, había dicho en su célebre manifiesto estas palabras:

«En el ejercicio del poder supremo, no debo ser órgano ni representante de un círculo político, sino representante de la nación entera. No debo ser el jefe de un partido, sino ejecutor imparcial y desapasionado de la ley.»

Con razón, pues, al leer este manifiesto y los comentarios que sobre él hicieron distinguidos escritores lerdistas como el señor Vigil (cuyo artículo insertamos hoy), la nación esperó, y esperó fundadamente que el señor Lerdo sería imparcial y desapasionado ejecutor de la ley, uniendo bajo la sombra de las leyes a todos los hijos de México.

Pero de aquí también los amigos del señor presidente infirieron, y lógicamente en verdad, que había llegado la época de la reconstrucción del partido liberal, dividido hacía tantos años y tan profundamente.

Y sin duda que el señor Lerdo debía procurar con todas su fuerzas contribuir a esa reconstrucción del Partido Liberal, no sólo porque ese partido le había elevado a la presidencia de la república, elevándole antes a la Suprema Corte de Justicia, sino como una verdadera reparación, como una indemnización de la parte que él había tenido en ese cisma que tantos males ha causado a México y que ha entorpecido la marcha victoriosa de la república después de la caída del imperio.

Hagamos algunas reminiscencias, y aunque sin detenernos mucho busquemos el origen de esa escisión de los republicanos y de esa ruda e incansable oposición que fatigó al señor Juárez después de su entrada a la capital en 1867, y que hoy vuelve a levantarse con el mismo brío y con la misma constancia.

Las tropas de la república después de cinco años y medio de sangrientos y diarios combates, habían llegado a reconquistar el país, y ni un solo enemigo armado tenía ya que combatir la administración del señor Juárez.

El gobierno se estableció en México, y sin duda que ése no era el momento para iniciar un gran programa de reconstrucción. Ni una sola gavilla que se presentara hostil, ni la menor exigencia por parte de los que tanto habían luchado; un ejército subordinado y dócil; ningún compromiso para proveer de empleados a la administración y reformar las oficinas, ni un solo tenedor de bonos de la deuda extranjera que se presentara en palacio, ni un ministro plenipotenciario que amenazase con las escuadras; facultades omnímodas en el gobierno y esperanzas y cariño en el pueblo, unión en el Partido Liberal; ¿qué más, qué mejores elementos quería el gabinete de Paso del Norte, que presidía y del que era el alma el señor don Sebastián Lerdo de Tejada?

¿Y qué se hizo? Desde ese momento comenzaron las ilegalidades; el presidente tenía facultades para todo en Hacienda, en Guerra, en Gobernación, en Fomento, pero no para reformar la Constitución; y el gabinete comenzó por nombrar una Suprema Corte de Justicia, que era tanto como haber nombrado en virtud de facultades extraordinarias, un Congreso. Algunos de los nombrados no aceptaron porque un poder no puede engendrar al otro, y comenzó la división en el Partido Liberal.

Vino luego el funesto decreto de convocatoria en el cual el gobierno se abrogó facultades que no tenía, decretando un modo de reformar la Constitución que no es el que la Constitución manda.

Entonces el Partido Liberal se dividió completamente; entonces la opinión nació terrible, y se atentó a la libertad de imprenta y se atacó al gobernador de Guanajuato, don León Guzmán porque no promulgó el decreto anticonstitucional, y los estados de sitio hicieron su oficio, y la lucha entre el partido del gabinete y el Partido Radical, sirvió al gobierno para establecer esa política de exclusivismo y esa intolerancia que tan notable hizo al gabinete de Paso del Norte.

Comenzó en ese tiempo la corrupción en las elecciones y la influencia decisiva del ejecutivo en el Congreso, y la reconstrucción del Partido Liberal se hizo casi imposible.

En este estado continuó la política hasta que llegaron las elecciones para presidente de la república en 1872, y entonces una nueva subdivisión debilitó el Partido Liberal; los amigos del señor Juárez y los del jefe de su gabinete, que siempre habían marchado unidos, y combatido bajo la misma bandera, se tornaron enemigos por las candidaturas, y cada uno de esos grupos proclamó la suya, y los liberales llegaron a un estado tal de división y de desconfianza, que antes se unirían con los antiguos defensores del imperio que entre sí, juaristas, porfiristas y lerdistas.

Después la guerra civil llegó a hacer más terrible ese cuadro, y los combates y las ejecuciones a interponer un mar de sangre entre esos partidos.

El señor Lerdo perdió la elección y sus partidarios, alzando la bandera de la oposición, dijeron al señor Juárez, cuya política y cuyo ministerio eran los mismos que hoy tiene el señor Lerdo, frases más duras que las que ahora podemos decir nosotros al señor presidente.

La situación cambió repentinamente con la muerte del señor Juárez, y el señor Lerdo prometió ser imparcial y desapasionado ejecutor de la ley.

¿Cómo ha cumplido?, ¿qué ha hecho?

Apenas pasaron la elecciones y el Congreso declaró que el señor Lerdo era el presidente constitucional de la república, resonando aún el eco de las palabras del discurso, en que decía el nuevo presidente que no tendría candidatos oficiales, cuando ya las candidaturas oficiales salían de palacio y de la calle de San Francisco, y mientras el periódico que daba la consigna de que esas candidaturas no tenían carácter de oficiales, otros, que también se tenían como el eco del señor Lerdo, publicaban enérgicamente que sí lo eran; y los íntimos amigos del señor Lerdo no hacían un misterio de ello, y él sabía que en su nombre se escribía a los estados y nada de eso le parecía reprobable, después de sus solemnísimas promesas.

Pero si en un principio había algo de pudor para propalar esas candidaturas oficiales, después sin el nuevo escrúpulo, sin una sombra siquiera de misterio, el señor presidente tomó la dirección del sufragio público, y llegado hasta el caso del nombramiento de fiscal y procurador, en que las elecciones han sido un verdadero juguete, nulo como acto electoral y capaz de desprestigiar a las instituciones.

¿Éste es el camino para esa reconstrucción del Partido Liberal que nos prometía el partido del señor Lerdo?

Y no se diga que éste es el resultado de la sistemática oposición que se le ha hecho, porque durante más de un año el señor Lerdo no tuvo oposición y sin embargo no dejó por eso de intervenir ilegalmente en todas las elecciones, lo mismo de regidores, que de magistrados o de diputados.

¿A este modo de gobernar se llamará ejecución imparcial y desapasionada de la ley?

El señor presidente dijo en su manifiesto que él no representaría en el poder un círculo político, y debemos confesar que en esa parte ha cumplido mejor de lo que creímos; porque en efecto, si algo representa la administración, si representa algún círculo, todo puede ser ese círculo menos político; quizá de buenos amigos, de compañeros alegres que hoy tienen un convite y mañana un paseo, pero los círculos políticos no son allí los que más se distinguen.

Los antiguos partidarios del señor Lerdo no son los que ahora le rodean, ni los que le acompañan; su abnegación les trajo por consecuencia el olvido de su candidato: ellos no tienen que ver con el gobierno; el señor Lerdo dijo que no representaba círculo político.

Los porfiristas y los juaristas tampoco acompañaron como círculo político al señor Lerdo; él ni les quiere ni les teme.

El ministerio se representa a sí mismo, y en la unión con el señor presidente ni lerdistas, ni juaristas, ni porfiristas, ni conservadores pueden decir que el ministerio es suyo, o de los suyos.

El señor Lerdo ha querido y ha conseguido, no representar círculo político ninguno; quizá esto produzca muy pronto la reconstrucción del Partido Liberal; así tenemos fe en que suceda, y no desesperamos de ver en el próximo periodo de sesiones a los hombres más prominentes del Partido Liberal unidos por el peligro; y consiguiendo esa reconstrucción que en vano se esperaba hace un año, del gobierno.

El Radical, t. 1, núm. 109, marzo 17 de 1874, México, p. 1.

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO

En los primeros días del mes de septiembre de 1871, un joven representante del pueblo, y una de las esperanzas del partido lerdista, tan inteligente como digno, escribió en el periódico El Siglo XIX un artículo con el título mismo que encabezamos hoy el nuestro; artículo aquel tan notable que en la sección correspondiente lo reproducimos con gran satisfacción.

El Siglo era entonces el órgano más autorizado del partido lerdista; quizá puede decirse que era el oficial del presidente de la Suprema Corte, y el señor Zárate era una de las figuras más simpáticas de ese partido; el artículo, pues, a que nos referimos tenía por esto, además de otras razones, que ser muy notable.

La soberanía de los estados, y el feroz exclusivismo del gobierno en aquellos días, son los dos temas que hábilmente toca el escritor y desarrolla con tanta energía como talento.

Tales eran entonces los sentimientos y el programa del partido lerdista; veamos qué es lo que ha cambiado en la política del gobierno, porque si esa política es la misma, si los hombres son los mismos, nosotros, vulgo en esta sociedad, tenemos el derecho de decir a los escritores lerdistas, y sobre todo al señor Zárate:

He aquí que la política es la misma: los mismos hombres y los abusos, todo lo mismo; he aquí lo que con tanta inteligencia como valor escribíais en 1871; o habéis cambiado de moral en política o podemos contar con vosotros como con hermanos para luchar en pro de las instituciones y de la justicia; si la política del señor Juárez os parecía reprobable, la del señor Lerdo, que es igual, debe pareceros lo mismo; el pueblo leyó lo que escribisteis entonces, ¿por qué no seguís esa senda misma, por qué no combatís la inmoralidad hoy como entonces?, ¿acaso hay dos morales, dos justicias, dos Constituciones de 1857?

La soberanía de los estados es un engaño bajo la administración del señor Lerdo; los gobernadores, débiles y sumisos; los pueblos, abyectos y cobardes; el centro todo lo hace y todo lo domina, y las elecciones en las entidades federativas, y las disposiciones y leyes importantes de sus legislaturas, todo se ejecuta conforme a los caprichos del ejecutivo del centro. Los gobernadores no se atreven a contradecir al presidente, y los estados no se atreven a desobedecer la consigna de los gobernadores; y esta ridícula farsa que hoy se llama federación no tiene más diferencia con el centralismo, que la de obligar a los pueblos a mantener una Legislatura y a los impresores y redactores a llamar a un estado, libre, soberano e independiente, como en la Iglesia hay obispos in partibus de Termaciscópolis, de Tanagra, y hasta de Nanking-Tonking y Pekín.

Los estados se conforman con que se les llame soberanos, y el pueblo, con que se llame a la república, federal, y por lo demás, poco se cuidan de que sus gobernadores sean llamados por los periódicos del gobierno, estado mayor de la federación y que sigan al presidente como si fueran sus edecanes; y poco les importa que los representantes del estado lleguen al Congreso por consigna del señor Lerdo, y sin conocer siquiera la localidad que representan; diputados hay que sin salir jamás del Estado de México representan a un distrito remoto, por supuesto, electo libre y espontáneamente.

En verdad que al mirar todo esto, se comprende cuánto han calumniado a esta pobre patria los que han llamado a sus hijos, revolucionarios; y cuánto la han adulado los que han llamado belicosos a los mexicanos.

Mucho hemos dicho ya sobre la soberanía de los estados, pero confesamos que todo ha sido inútil, porque como dice Salustio: «Quem neque gloria neque pericula exitant neguidquam, orfere», al que ni la gloria ni los peligros mueven, en vano es exortarle.

Los estados de día en día pierden más de su soberanía y el círculo de mutuo auxilio entre el ejecutivo y los gobernadores, cada día es más claro.

En cuanto al exclusivismo del gobierno, estamos aun peor que en los días del señor Juárez.

El señor Lerdo desprecia aun a los mismos suyos, y la convicción de que no debe a ellos su elevación a la presidencia, le hace mirarlos como extraños.

¿Qué círculo, qué partido, qué bandería siquiera, gobierna al país?

¿Qué representa el ministerio? ¿Qué puede pensarse de los que sirven al que ayer le hacían la más ruda guerra, y de los que defienden al que ayer atacaban?

Y no se diga que es porque la nación le eligió, porque la guerra que le hacían no era por revolucionario, sino como candidato. ¿Qué sienten el señor Lafragua y sus compañeros al tratar de elecciones contra la oposición, y con el señor Lerdo en el mismo lugar en que con el señor Juárez, y con eso que hoy es oposición, trataban de combatir al señor Lerdo y a sus partidarios?

O nosotros hemos perdido el juicio, o en este país ya se ignora lo que es dignidad.

Francamente, día y noche, nos hacemos estas preguntas al tratarse de la política del gobierno.

¿Cómo los ministros tienen valor de seguir al lado de un hombre cuya candidatura combatieron sirviendo al señor Juárez y aun valiéndose de medios reprobados, según decía El Siglo XIX en aquellos días?

¿Cómo el señor Lerdo sigue con la misma política y el mismo gabinete contra los cuales lanzó a su partido tan fieramente?

¿Cómo El Diario Oficial y otros periódicos juaristas, sin variar de redacción, defienden con tanto brío al mismo hombre y al mismo partido a quien ayer mismo combatían con tanto rencor?

¿Cómo muchos escritores partidarios del señor Lerdo, defienden hoy con entusiasmo una política y un gabinete que fueron ayer el blanco de sus más feroces diatribas?

¿Cómo hay un pueblo que se llame libre que sufra todo esto tranquilo y humilde?

Confesamos con toda franqueza que ninguno de estos problemas hemos podido resolver.

El Radical, t. 1, núm. 110, marzo 18 de 1874, México, p. 1.

ABNEGACIÓN

No hay quizá un país en el mundo en que se acuse con más facilidad, de ambición y de miras bastardas, a los hombres públicos, que en México; y sin embargo, difícilmente podrá encontrarse una nación en la que sean más comunes los grandes ejemplos de patriotismo desinteresado y de completa abnegación: y lo más notable es que tales ejemplos se han dado muchas veces, no por un individuo, sino por todo un partido, y aun por toda la nación.

Honroso es para nosotros consignar semejantes hechos, que cualquiera que lea nuestra historia podrá comprobar; y quizá esa abnegación y ese desinterés sean la causa de que se hayan entronizado en el poder hace más de diez años un grupo de hombres, un pequeño círculo de personas, que de tal manera han organizado la marcha de la administración y dispuesto de sus elementos que a menos que haya un gran sacudimiento político, ellos seguirán disponiendo a su arbitrio de todo, interviniendo en todo y arreglándolo todo a su voluntad, como lo han hecho durante tantos años; y manteniendo esa política exclusivista, engendrada en Paso del Norte, que ha producido la profunda división del partido liberal, y la absoluta postración en que se encuentran las instituciones y el país.

Sin duda esos hombres, al frente de los cuales se encuentra desde el Paso del Norte el señor Lerdo, han comprendido con cuánta facilidad se consigue de los mexicanos un rasgo de abnegación y de desinterés; y aprovechando esa virtud, que por sus consecuencias ha llegado a ser crimen, se nulificó primero a los hombres que verdaderamente lucharon por la independencia; después a los juaristas que a la muerte de su jefe se presentaron gustosos a servir y a prestigiar la administración del señor Lerdo; luego a los porfiristas que sacrificando hasta su amor propio depusieron las armas, sin exigir nada absolutamente, por no presentar obstáculos a la marcha de la administración; y finalmente, a los antiguos partidarios del señor Lerdo que, dando una gran muestra de desinterés, cuidaron hasta de no acercarse a su jefe antiguo luego que éste subió al poder.

Todas esas abnegaciones perdieron la situación: el señor presidente tomó todos esos nobles rasgos de los tres partidos, por miedo o impotencia; de ellos creyó que todo cedía ante su nombre, no por el generoso sentimiento de los corazones patriotas, sino porque él era él, y como consecuencia natural de esa creencia, el señor Lerdo ha cuidado poco o nada de esos partidos, y muestra en su política que ante él nadie tiene ni méritos ni manchas, que puede hundir en la oscuridad al que le parezca, aun cuando la nación le considere digno de figurar en alta escala en política; y levantar a la cúspide del favoritismo a hombres sin méritos y con malos antecedentes para el país o para el Partido Republicano.

No sabemos si alguien que haya estudiado la política del señor Lerdo podrá negarnos esto, cuando claramente esa política dice que para él no hay nadie que merezca consideración, más que por su cariño particular.

Se acusa de ambiciosos a los hombres de la oposición; la historia de ellos podrá responder a esa acusación; pero aun cuando ambición se les supusiera, era sólo ambición que se suponía, y la del círculo que se ha apoderado del gobierno, es real, probada, insaciable; que el que no es nada quiera ser algo, no es ambición; pero que el que es mucho quiera seguir siendo más, ésa sí es ambición y ambición desenfrenada.

¿Por qué siempre se acusa de ambiciosos a los que no son nada, porque atacan a su gobierno, y se calla ante los que siendo mucho defienden a ese gobierno por ser siempre más y más?

¡Hermoso desinterés el de los que nada dicen contra un gobierno, porque son grandes personajes bajo esa administración! Ellos pueden hablar de abnegación, y calumniar a sus enemigos llamándoles como el señor Iglesias cuando era ministro del señor Juárez les llamó en un discurso en el Congreso: hambrienta oposición.

Los periódicos del imperio pintaban a los jefes y soldados de la república como una falange de ambiciosos que sólo anhelaban el triunfo por conseguir su bien particular. Triunfó la república y ninguna exigencia tuvo ese ejército que tanto había sufrido; se retiraron la mayor parte de esos hombres a sus hogares, y el gabinete a cuya cabeza se encontraba el señor Lerdo, se aprovechó de ese desinterés al que se dio otro nombre menos poético, para ocupar los lugares que quedaban vacantes con adictos personales del supremo gobierno.

La política exclusivista se hizo insoportable para la nación; el remedio era imposible encontrarlo en la ley; entonces el Partido Liberal se fraccionó, una parte quedó al lado del señor Juárez, la otra se lanzó a la oposición terrible en la tribuna y en la prensa, la otra más belicosa buscó el remedio en los combates.

Quién sabe lo que habría sucedido en el transcurso de algunos meses; pero la muerte del señor Juárez cambió la situación.

Todos conocen lo que pasó después: el general Díaz y sus partidarios en cambio de su abnegación no han conseguido más que una sonrisa de burla por parte del gobierno; que si aparentemente no les hostiliza, para nadie es un misterio que procura evitar de todas maneras que figuren en política.

¿Qué fue del partido juarista? Cooperó desinteresadamente a robustecer la administración del señor Lerdo en el Congreso, y en las primeras elecciones de diputados se procuró con empeño excluir a cuantos hombres notables había en ese partido; y si algunos han podido llegar al Congreso ha sido al través de grandes dificultades y mal grado del señor presidente.

El partido lerdista llevó a tanto su abnegación, que casi puede decirse que esa virtud exagerada nos ha traído este marasmo político y administrativo, y este desarrollo de programa de diversiones en vez de programa de gobierno.

Si ese partido en vez de llegar por delicadeza al retraimiento, antes voluntario y ahora forzoso, hubiera procurado aprovechar el influjo que tenía con el señor Lerdo para obligarle a caminar en la senda del progreso, el señor presidente habría entrado de lleno en la obra de la reconstrucción que el país esperaba, y no hubiera llegado el caso triste de que toda una nación comprenda que el gobierno marcha muy mal; pero que tal fuerza se le ha dejado ya tomar, que en el campo de la ley el remedio es sumamente difícil.

¿Se espera que el señor presidente abra los ojos y cambie de política?, ésta es una locura.

¿Se cree que el ministerio obligue al señor Lerdo a hacer ese cambio?, esto es un imposible.

¿Se supone que el ministerio pueda alguna vez presentar su dimisión, pero no por fórmula, sino como lo hacen los hombres de convicción?, éste es un absurdo.

¿En el Congreso habrá esperanzas de salvación, si el partido lerdista sigue sacrificando el bien general y verdadero de la patria a las relaciones de aprecio particular, y al pueril empeño de evitar que se les acuse de ambicioso? sin duda que no.

Heroica es la abnegación cuando el sacrificio personal trae el bien de la patria; cuando por el contrario acarrea un mal, es casi el egoísmo.

El país sólo puede salvarse de la revolución, y de la revolución más sangrienta y desastrosa que se haya visto aquí, por medio de la reconstrucción del Partido Liberal. A esto le temen los hombres que se han apoderado hoy de la política, y se pretende impedir la alianza de los liberales, manteniendo esa división con nombramientos, favores y convites que excitan la emulación y el disgusto.

Esto es claro, y podemos decir: «el que tenga ojos que vea».

Los antiguos partidarios del señor Lerdo deben no olvidar

que la administración se tiene como lerdista por el pueblo, cuando los lerdistas en nada y para nada figuran, ni son considerados; que la nube de desprestigio que día a día se carga hasta llegar al odio, los envuelve a ellos cuando ellos no tienen realmente intervención en el gobierno; que cargan culpas que no son suyas; enemigos que no se han buscado; y responsabilidades políticas que son de otros.

Y todo eso porque tienen realmente un delito, sacrificar el bien de la patria y quizá sus más profundas convicciones ante el aprecio particular a un gobierno, que como partido, les ha puesto en ridículo.

Esta verdad es dura; pero es una verdad.

El Radical, t. 1, núm. 111, marzo 19 de 1874, México, p. 1.

LA SITUACIÓN

«Si el pueblo sabe que los puestos políticos son recompensas reservadas a los favoritos del poder, que su voluntad ha de ser escamoteada indignamente, y que el mérito y la honradez han de ser relegados a la miseria y el olvido, no hay que extrañar que responda con un despreciativo silencio al llamamiento que se le hace cuando se le cuenta que va a ejercer su soberanía, pensando únicamente en los medios que pueda emplear para sustraerse de las garras de sus opresores.»

Estas notables palabras se leen en un artículo escrito por el distinguido literato don José M. Vigil, y publicado en el mes de mayo de 1872, en el periódico El Siglo XIX, entonces órgano oficial del partido de oposición que era el lerdista. Nosotros, como prueba de simpatía al señor Vigil, y de conformidad con sus principios, reproducimos hoy ese artículo, siguiendo fielmente nuestro propósito de presentar el cuerpo de doctrina que formaba el programa del señor Lerdo, candidato, y de sus partidarios; y además, tomamos el mismo título de ese artículo para escribir el nuestro a fin de que la comparación sea más clara y manifiesta.

Con mucha maestría presentaba el señor Vigil la situación, y con diestra pluma describía el estado de decadencia, de indiferentismo, y de desconfianza a que el pueblo había llegado en el año de 1872, por la política y por los hombres del gobierno.

Desgraciadamente para la patria, la voz autorizada de los periodistas de oposición no fue escuchada, y el mismo ministerio, los mismos agentes, la misma política, han continuado imperando hasta hoy.

«Los puestos públicos reservados como recompensa a los favoritos del poder» han seguido en las mismas manos que estaban entonces, y el señor Lerdo, o se ha convencido de que esa aserción era una calumnia de sus partidarios para desprestigiar al señor Juárez, o ha tomado por suya la complicidad con esos favoritos del poder en la pasada administración, o le ha faltado el valor y ha temblado ante la idea de arrojar de esos puestos a hombres que no tenían más mérito que ser favoritos del poder en el año de 1872.

En efecto ¿qué cambios notables ha hecho el señor presidente en los dos años que lleva de estar en el poder?, a excepción de uno que otro empleado insignificante, y de la separación del señor Montiel del gobierno del distrito, todo está como estaba en la época en que se publicó ese artículo.

Nosotros entonces, hacía tiempo que no formábamos parte de la política militante; antes que transigir con los abusos de la administración preferimos retirarnos a la vida privada; pero se nos decía por el partido del señor Lerdo que «los puestos públicos eran la recompensa reservada a los favoritos», la esperanza de remedio estaba en el señor Lerdo, en su triunfo; llegó éste por un camino providencial, y nosotros, es decir, todos los que habíamos leído aquellas promesas, esperamos que el nuevo presidente arrojara a los mercaderes del templo. Pero inútil esperanza, o no había mercaderes, o sigue allí el mercado, o el que iba a arrojarlos, temeroso de ser él el arrojado, prefirió tolerar lo que su partido anatematizaba, y toda su energía se empleó en impedir que entraran a ese templo aquellos de quienes sus partidarios decían que injustamente estaban relegados al olvido.

¿En dónde están esos hombres que debían sus puestos al favoritismo del gobierno? Sin duda en el gobierno, al lado del señor presidente, gozando de esas recompensas; porque no recordamos haber visto a ninguno que haya sido despedido, y por el contrario, el señor Lerdo si ha excluido a algunos, no son sin duda de los que estaban en privanza con el señor Juárez y manejando entonces la política; porque desde los ministros de Estado hasta los empleados más subalternos, sigue la administración con los mismos hombres y con la misma política.

«El mérito y la honradez, relegados a la miseria y al olvido.» Esto nos decían los partidarios del señor Lerdo en 1872, cuando gobernaba el señor Juárez, y ¿hoy que el señor Lerdo gobierna con el mismo ministerio, se nos podrá decir que pasa lo contrario?

Seguramente que no, lo que pasaba entonces pasa hoy, porque o no era verdad que existían ese mérito y esa honradez en la miseria y en el olvido, o el señor Lerdo ha seguido en esto el mismo camino anatematizado en el anterior presidente.

¿Qué acto de pública reparación ha hecho el señor Lerdo con algún hombre de mérito y de honradez?, ¿a qué hombre honrado y de mérito a quien la anterior administración hubiera postergado, le ha sacado él de la oscuridad y de la miseria? Los hombres con tales cualidades que fueron despreciados y perseguidos por el señor Juárez siguen siéndolo por el señor Lerdo, cuya política llevada por el mismo gabinete es la misma que él y sus partidarios rechazaban con tanta indignación.

Y no se diga que esos hombres de mérito y honradez, en la oscuridad y la miseria eran los partidarios del señor Lerdo y que ahora el señor Lerdo los ha sacado de la miseria y la oscuridad; no, esto sería una mentira, conocemos demasiado al personal del partido lerdista y podemos asegurar, que lo que ahora son todos ellos casi sin excepción, lo serían sin necesidad de que el señor Lerdo fuera presidente ni les ayudara en nada; quizá ellos nieguen este aserto, por no ofender al señor Lerdo en su exquisita susceptibilidad; pero a los señores Ramón Guzmán, Romero Rubio, Jesús Castañeda, Alcalde, etc., les hemos visto diputados, como en este Congreso, en el anterior, en que la candidatura del señor Lerdo estaba completamente derrotada y no supimos que pesaran sobre ellos la oscuridad y la miseria, ni que de tan aflictiva situación les arrancara la mano protectora del señor Lerdo.

¿Dónde están pues esos hombres de mérito y honradez a quienes iba a redimir el señor Lerdo, según el programa que nos pintaban sus partidarios?

O esos mártires de la honradez y el mérito no existían o el señor Lerdo no quiso hacer con ellos de redentor y comprendió que le convenía mejor dejarles en la oscuridad y en la miseria, consentir que los puestos públicos siguieran siendo recompensa de favoritos, y se decidió por la política y por el ministerio de 1872.

«La voluntad del pueblo escamoteada indignamente», esto acontecía en 1872, ¿y ahora? ¿Las elecciones han sido más libres y más legales? ¿El pueblo ha visto menos escamoteada su voluntad? La nación puede contestar, y aunque el mismo señor Vigil ha llamado a las quejas de la oposición en 1874, vagas declamaciones, cuando no hacía sino repetir lo mismo que él había dicho en 1872 contra la misma política y el mismo gabinete, nosotros nos afirmamos en que cada día las elecciones son más ilegales, hasta el caso de las de procurador y fiscal, en que el pueblo, como dijo muy bien el apreciable señor Vigil en 1872, «respondió con un despreciativo silencio al llamamiento que se le hacía cuando se le contó que iba a ejercer su soberanía».

No hemos visto en dos años del gobierno del señor Lerdo, ni la exclusión de un hombre que ocupara un puesto público, como recompensa por favorito de la administración del señor Juárez; ni la reparación debida a un ciudadano de mérito y honradez que viviese por culpa del señor Juárez en la oscuridad y en la miseria; y estamos seguros de que uno y otro caso debían haberse repetido ya muchas veces, si al señor Lerdo no le hubiera faltado o la buena voluntad o el valor civil. Pero el señor presidente no se ha atrevido ni a desprenderse de los que él, mejor que nadie, sabe que no le aceptan de buena fe, ni a levantar a uno solo de sus partidarios por más que conozca que lo merece.

El señor Lerdo al subir al poder no se atrevió a amoldar la nueva situación al programa de su partido, y se amoldó él al viejo programa de sus adversarios; no quiso correr el peligro de una crisis, y por conquistar su propia tranquilidad, sacrificó a su mismo partido; el señor Lerdo dividió a los liberales en juaristas y lerdistas, y a la hora de su triunfo se hizo juarista, y entonces los juaristas dejaron de serlo.

He aquí la situación: El jefe del partido lerdista abandonando a los suyos por hacerse juarista; los juaristas entonces, de oposición con su nuevo partidario; los lerdistas sin jefe; el presidente y los ministros sin más séquito que el elemento oficial.

El Radical, t. 1, núm. 114, marzo 24 de 1874, México, p. 1.

OPOSICIÓN

Cuando la oposición tiene por causa el personal de una administración; cuando después de una reñida lucha electoral, los que no alcanzaron el triunfo combaten a los que alcanzaron la victoria, entonces puede asegurarse que aquella oposición irá siendo menos violenta, a medida que los odios se vayan apagando y apagándose también el calor de la pasada lucha.

Cuando son los principios que profesan el jefe de un Estado y sus ministros, los que dan motivo a los ataques de la oposición, entonces esos ataques son rudos y constantes; pero en cambio el gobierno cuenta con un partido político de ideas, no personalista, que sostiene en el gobierno un programa y no un interés, y a medida que más ruda se presenta la lucha hay más valor y más abnegación en los defensores del gobierno, y si en mala hora esa oposición llega a tener manifestaciones en la guerra civil, la administración cuenta más que con el ejército que ella sostiene y paga, con la adhesión de sus partidarios.

Pero cuando por desgracia, como en la época actual, la oposición nace de la apatía del gobierno, de su falta de programa, de su irresolución para todo, y el completo indiferentismo con que mira a todo lo que no atañe o halaga directa y personalmente al jefe del Estado, entonces esa oposición, manifiesta en algunos círculos políticos, latente en otros, irá de día en día creciendo y robusteciéndose más, hasta hacerse poderosa y temible.

La única ventaja que para un país tiene una situación semejante es que la guerra civil no es posible; la falta de acción por parte del gobierno, y la completa paralización en los negocios administrativos hacen que el choque de las pasiones sea imposible: no hay dos programas, porque el gobierno carece de programa, no hay dos banderas porque el gobierno llega hasta a no ser bandera; y a una administración semejante le quedarán amigos particulares del presidente y de los ministros, en el círculo de sus relaciones como caballeros, pero no partido político, pues no puede existir un partido político sin programa, sin bandera, sin credo, sin palabra de reconocimiento.

La obstinada lealtad en algunos antiguos partidarios, el temor de ser tachados de inconsecuentes en otros, el interés en algunos, y en los más la desconfianza de unirse a los antes enemigos, hacen que gobiernos como el del señor Lerdo aparenten ante la nación un partido; que la oposición no aparezca tan poderosa como es en sí, y que se retarde el completo cambio moral, o al menos su manifestación definitiva.

Dos años lleva el señor Lerdo en la presidencia, y dos años son muy poco tiempo para haber perdido el prestigio; son mucho tiempo para haber descuidado tanto la administración pública.

Cuando el señor Lerdo tomó posesión de su elevado encargo nadie quería pensar en política, todos pensaban con gusto en administración. «Mucha administración y poca política» clamamos todos los periodistas, y tanto se descuidó la administración, que todos desengañados y tristes volvieron a pensar en la política; pero no porque en ello tuvieran gusto, sino para buscar un remedio a la situación hermosísima que se perdía.

Nadie desaprobó al señor Lerdo esa prudente reserva de los primeros días de su gobierno, nadie le censuró el tacto con que en los momentos de su exaltación al poder se abstuvo de hacer innovaciones en el personal y en la marcha política de la administración; pero nadie, absolutamente nadie, ni de sus amigos, ni de los que antes habían sido sus enemigos, ni de los que le miraban indiferentes, creyó que esa prudencia y ese tacto, como se les llamaba entonces, fueran la marcha de la administración, ni que esa especie de marasmo del interinato se convirtiese en programa de gobierno, ni que todo aquello que se tenía como prueba de sagacidad, fuese el verdadero espíritu del presidente en quien fundaban tantas esperanzas.

Los días, las semanas y los meses ocurrían, y amigos y enemigos pasaban de sorpresa en sorpresa, porque ni aquéllos creían que dejara de plantearse el programa que su jefe les había hecho defender, ni éstos que continuaran figurando personas y principios que habían sido combatidos por el nuevo jefe de la administración.

Y enemigos y amigos condensaron la política del nuevo gobernante en dos palabras de inmensa significación para ellos: temor los unos, ingratitud los otros.

Con esta creencia, la primera chispa de oposición debía producir un incendio en los ánimos; los que creen que el gobierno les tiene a su lado por temor, no se cuidan mucho ni de sostener a ese gobierno ni de comprometerse por él; los que con razón juzgan que un gobierno es ingrato con ellos tienen no sólo justicia sino derecho para separarse de él; porque no vivimos en una monarquía absoluta en que la inteligencia y el valor de los hombres es un patrimonio del rey, del que puede usar sin cuidarse de recompensar o no; por el contrario, en una república el presidente tiene obligación de atender a las indicaciones de la opinión pública y a los méritos de los ciudadanos, porque estos méritos son servicios prestados a la nación y no a él, y la nación no le da nunca el derecho de tomar como suyos esos servicios; el Estado es el Estado, y el presidente no es más que el primer responsable de la felicidad y del progreso de un pueblo.

La oposición a un presidente y a sus ministros es un derecho que todo ciudadano puede ejercer cuando lo juzgue en su conciencia oportuno y justo, sin que por eso haya derecho de llamar revolucionario a ese ciudadano mientras no salga de la órbita que la ley señala a esa clase de manifestaciones del pensamiento.

La oposición es un medio de reivindicar un derecho; si un particular faltase a una obligación o hiciera injuria ¿por qué no podría el agraviado llevarle ante un tribunal?, si el gobierno ofende a un ciudadano ¿por qué no ha de poder éste llevarle ante el tribunal de la oposición pública por medio de la prensa?

La actual administración ha multiplicado las ofensas, ya en el campo electoral, ya en la órbita administrativa, ya en la marcha política; interviniendo en las elecciones, dejando dormir los negocios más importantes, infringiendo la Constitución, descontentando y humillando a todos los partidos en lugar de unirlos y atraerlos; el gobierno cuenta, si no con una gran mayoría que se le oponga, sí con una gran mayoría que le verá caer con indiferencia y aun con gusto.

Los antiguos partidos juaristas, porfiristas y conservador, son a todas luces en oposición al señor Lerdo.

El antiguo partido lerdista, como partido ¿puede dejar de ser también de oposición?

Ya por el desprecio con que le ha tratado el señor Lerdo, ya por el apoyo decidido que ha prestado a los que le combatieron, ese partido no puede ser tan adicto como antes a su antiguo candidato; pero aun cuando lo fuese, ¿podrá combatir a la oposición que dice hoy lo mismo que ese partido dijo contra los mismos hombres y las mismas cosas?, y en caso de que combatiese a la oposición ¿tendrían eco sus palabras con tan manifiesta contradicción?

El señor Lerdo no tiene más que estos dos caminos para continuar: o un cambio completo y radical en su política y en sus hombres, o el aislamiento, el desprestigio, y la caída más triste porque no serán la revolución ni la guerra las que le quiten el poder, sino la opinión pública y el Congreso los que le harán volver a la vida privada, antes que mirar la ruina del país.

El Radical, t. 1, núm. 115, marzo 25 de 1874, México, p. 1.

OPOSICIÓN SISTEMÁTICA

«Sin embargo los principios que han llegado a predominar en las altas esferas gubernamentales son de tal naturaleza que han esterilizado aquellas ventajas, respondiendo a todas las manifestaciones de la opinión con un silencio despreciativo, con una indiferencia que tiene mucho de sarcástica y de humillante. Se ha inventado una frase con la que se cree haberlo dicho todo: a los argumentos más poderosos, a los raciocinios más concluyentes, a las manifestaciones de hechos claros y tangibles, a la presentación de las leyes más terminantes, se responde “oposición sistemática” y el gobierno sigue imperturbable, creyéndose ya a salvo de toda responsabilidad y juzgando quizá que ha destruido todos los obstáculos importunos que se atraviesan en su carrera. Oposición sistemática significa en el moderno lenguaje oficial, oposición sin sentido común, sin justicia, sin moralidad; oposición guiada exclusivamente por malas pasiones, por intereses bastardos, por miras egoístas y restringidas al engrandecimiento personal de determinadas facciones. Donde se establece un precedente de esta naturaleza ya no es posible discusión ninguna ni modificación cualquiera que sea, en las altas regiones del poder.»

No parece sino que el señor Vigil escribió para la época presente el párrafo anterior, que tomamos de uno de sus artículos que en el periódico El Siglo XIX publicó el 10 de mayo de 1872, y que hoy reproducimos nosotros en el lugar correspondiente; protestando que estamos enteramente de acuerdo con las doctrinas del apreciable escritor lerdista.

Las palabras del señor Vigil tienen hoy una exacta aplicación, y puede decirse que el artículo es de palpitante actualidad, porque la política que el distinguido escritor y sus dignos compañeros de redacción combatían, es la misma, el gabinete es el mismo y para que nada absolutamente falte, es el mismo aun, el apreciable redactor de el Diario Oficial que es sin duda alguna el principal aludido en el párrafo que con tanta satisfacción copiamos como texto de nuestro artículo.

Quizá, y no lo creemos, el señor Vigil pueda decir que ellos se quejaban de que el gobierno contestaba con el silencio, y esto no es aplicable a las circunstancias actuales, en que el Diario Oficial y El Porvenir (que redacta el mismo señor Vigil) suelen contestar algunas veces a la oposición. Prevendremos el argumento diciendo que no era ése el sentido de la queja del partido lerdista, supuesto que a cada paso se leen en los periódicos de esos días, artículos polémicos de El Siglo con el Diario y otros periódicos juaristas, y en el número mismo de que tomamos el artículo del señor Vigil, hay un gran párrafo en la parte de gacetilla que prueba que el redactor del Diario había contestado a los artículos de la oposición sobre «estado de sitio».

Pero de todos modos, el resultado es que siguiendo la política de que tanto se quejaba el señor Vigil, el periódico que este señor redacta, ha tomado el mismo camino que tanto disgustaba al partido lerdista, y el señor don Agustín R. González en todos sus artículos habla de oposición sistemática, ni más ni menos de la misma manera que la pinta el señor Vigil.

Nosotros nos desvelamos por comprender qué diferencia existe entre la política del gobierno del señor Juárez en los últimos años de su gobierno, y la del señor Lerdo hoy, y no la encontramos.

Quizá sea razón para creer que la política ha cambiado, la que dio el señor Castañeda cuando para desvanecer la equivocación del público que le creía en divergencia con el gobierno, hizo solemne profesión de fe política, diciendo que era humilde y oscuro partidario de la administración, y declaró que el gobierno era bueno porque ninguno como él había tenido tanto dinero en caja.

Pero a esto le encontramos el ligero argumento de que todo el que no paga ni cubre sus compromisos, debe tener dinero sobrante, y el gobierno ha condenado a morir de hambre a multitud de pensionistas y viudas, cosa que además de ser injusta es cruel, porque muchas de esas miserables pensiones estaban ganadas con sangre de patriotas que se sacrificaron para que hoy pase lo que el pueblo sabe que pasa.

Además, hay otro argumento, aunque de poco peso también: un gobierno es digno de alabanza cuando por una sabia disposición o por una elección acertada de sus empleados públicos, levanta las rentas nacionales; pero cuando ese gobierno no da un paso, ni remueve un empleado, ni hace absolutamente nada, el aumento en las rentas o lo debe a la casualidad, o al acierto de su antecesor, que dio buenas disposiciones o eligió buenos empleados.

Quizá nosotros por ser de oposición sistemática, no entendemos eso; pero quisiéramos saber si sólo porque hay dinero en caja, es diversa la política hoy, de lo que era en los tiempos del señor Juárez; si el gabinete que hoy existe y que fue tan combatido por los señores que hoy redactan El Porvenir, ha cambiado y qué nueva marcha se ha impreso a la cosa pública.

El gobierno hace hoy quizá menos caso a las advertencias de la prensa, que en el tiempo del señor Juárez; esto quizá no les parecerá exacto al señor Vigil y al señor González; pero consistirá en que hoy no atacan al gobierno; que si por un momento estuvieran a nuestro lado, verían que las cosas están en el mismo estado que en el año de 1872.

Nosotros, con toda la buena fe de que somos capaces, reproducimos los artículos de los partidarios del señor Lerdo, no para poner a esos señores en contradicción con sus mismos artículos, sino buscando su apoyo en pro de las instituciones; pero si se continúa atacándonos como escritores apasionados, como hombres de oposición sistemática, no daremos más contestación que ir colocando en el lugar de preferencia, uno al lado de otro, artículos escritos en 1872, y artículos escritos en 1874, por las mismas personas, y la nación juzgará.

El Radical, t. 1, núm. 117, marzo 27 de 1874, México, p. 1.

LOS LERDISTAS

Debemos comenzar por hacer una confesión franca y sincera: cuando se agitó en la república la gran cuestión electoral que dividió los ánimos tan profundamente entre juaristas, lerdistas y porfiristas, nosotros no pertenecimos a los partidarios del señor Lerdo; verdad es que en esos momentos llegábamos de una expatriación voluntaria y no tomamos parte en la política; pero el señor don Sebastián Lerdo no tiene que agradecernos personalmente, nada absolutamente nada. Después, participando del entusiasmo general, y engañados como la mayoría de la nación procuramos ayudar al presidente que sustituyó al señor don Benito Juárez y como hombres honrados y a fuer de buenos patriotas hemos declarado solemnemente que nos habíamos equivocado, que el señor Lerdo no correspondió a las esperanzas que en él había fundado la nación; y sube más de punto el mérito de nuestra franqueza, cuanto que siendo tantos, tantos, los que en voz baja hacen esta misma confesión, aún no ha sido imitado nuestro ejemplo; aún hay muchos que callan, muchos que siguen defendiendo al presidente contra lo que les dicta su conciencia, y muchos que sostienen que conocieron desde el principio su falta de actividad y de abnegación y lo cierto es que ninguno de todos ellos tiene el valor civil bastante para decir, «nos engañamos».

Si nosotros hubiéramos pertenecido, pues, al partido lerdista, las apreciaciones que del señor presidente vamos a hacer se tendrían como apasionadas, hijas del despecho, y producidas por la ingratitud de nuestro candidato; pero no pertenecemos a ese partido, y ese partido y el señor presidente y los ministros saben muy bien que jamás hemos pretendido del gobierno nada, absolutamente nada, y que las muy pocas veces que hemos entrado a palacio en busca del señor Lerdo, ha sido con negocios de utilidad pública, de público interés, en los cuales ni remotamente, el ojo más perspicaz, pudo encontrar nada que pudiera refluir en bien particular nuestro.

Quizá esta digresión parecería inútil, pero hay ya gran costumbre de acusar de ambiciosos o de despechados a los hombres de oposición y queremos que nadie pueda decir eso de nosotros con justicia.

A pesar de que nosotros, como hemos dicho, no tomamos parte activa en la política, no por eso dejamos de seguir con interés las peripecias de la lucha, y día ha llegado en que con la historia de esos días podemos juzgar imparcialmente al señor Lerdo.

Era una época terrible y agitada la de la reelección; los lerdistas, a pesar del apoyo de algunos gobernadores como el de Puebla y el de Guanajuato, tenían que luchar con el elemento oficial y la lucha no podía ser para ellos más desfavorable.

El éxito no correspondió a sus esfuerzos, y el señor Lerdo fue completamente derrotado. Sin embargo, la casualidad, o la providencia le dieron el triunfo y ¿qué hizo con sus antiguos y leales partidarios?

Nosotros leímos terribles y sangrientos artículos del señor Mateos en pro del señor Lerdo contra el señor Zamacona, y a la hora del Tabor el señor Zamacona fue honrado con una distinguida comisión; leímos los duros y constantes ataques que en la prensa y en el Congreso daba el señor don Jesús Castañeda al señor ministro de Hacienda del señor Juárez, y ese mismo señor Castañeda ha sido obligado hoy a pasar por las horcas caudinas, teniendo, por no ser tenido por de oposición, que declararse «humilde y oscuro partidario» de una administración a cuyo ministro de Hacienda había dicho verdades tan terribles, y que cantar una especie de palinodia mal encubierta, y tanto más dura cuanto que el señor Castañeda era uno de los prohombres del partido lerdista.

Hemos visto al señor alcalde abandonar su casa para ir a Yucatán y a Campeche a trabajar, a sus expensas, por la candidatura del señor Lerdo, y los señores Romero Rubio y Ramón Guzmán, no escasear ni fondos ni disgustos por el triunfo de esa candidatura; a Escobedo chocando con el gobierno general; a Villada perseguido y hasta preso, por un miserable pretexto, y perdiendo su empleo de coronel noblemente ganado al lado de nosotros en la guerra de independencia; al general Vélez separado del gobierno del Distrito; a Romero Vargas el gobernador de Puebla, tan hostilizado por el gobierno del centro, que miró a su Estado bajo el yugo de la ley marcial; a Leyva, el gobernador de Morelos, casi náufrago con las fuerzas del centro invadiendo su estado, y a otros cien que sería largo enumerar, humillados, nulificados o perseguidos, y todo por sostener la candidatura del señor Lerdo.

Llegó entonces la cuestión de las credenciales en el Congreso, y cuántas de esas credenciales, como la del señor Tornel, fracasaron y fueron reprobadas sólo por pertenecer al partido lerdista, y cuántas como las del señor Guzmán estuvieron a punto de zozobrar por la misma causa; y nosotros decimos esto con tal seguridad, porque nuestra posición política nos ponía en estado de conocer estos negocios, y no vacilamos en ayudar con nuestro pequeño influjo a esos entonces vencidos enemigos del gobierno, y hoy desatendidos partidarios del presidente, no porque fuéramos lerdistas, lo repetimos, sino porque nos repugna el abuso de fuerza del vencedor, y el ataque al que por débil no puede defenderse.

El señor Lerdo al subir al poder, no encontró ninguna pretensión por parte de los suyos: pero él cuidó aun de ponerlos en estado de que no pudieran ni aun pretender nada.

Un partido leal y patriota, y de buena fe no debe pedir nada para sí a la hora del triunfo; pero un partido no sólo puede, sino que debe tener exigencias con su jefe, porque no lo eleva ni lo sostiene para darle una buena colocación, ni un destino en el que goce de todo y a toda su satisfacción, sino para que lleve adelante un programa, el programa que él encarna en sí.

Los lerdistas como particulares, bien está que no hayan perdido nada, ni nada les haya dado el presidente; pero como partido debía haberles cumplido el programa que ellos en su nombre nos ofrecieron; seguir con la política del antecesor cuando tanto se había combatido, continuar con el personal de la pasada administración cuando se había procurado desprestigiarlo y nulificarlo, además de que es una burla a la nación, es un latigazo al partido que, siendo un representante del señor Lerdo, había dado esos ataques y trazado ese plan, y ofrecido ese programa.

¿Qué son hoy los principales hombres del partido lerdista? ¿Qué valen? Pues por más que se crea, no tienen influjo con un presidente que les trata (menos para las convivialidades) con menos consideraciones que les trataba el señor Juárez, a quien combatían; y si tal trato le merecen los hombres que directa y personalmente le sirvieron, ¿qué pueden esperar aquellos cuyos méritos están sólo en sus buenos servicios a la patria, y en su inteligencia?

También es cierto, por desgracia, que el gobierno, si no se ocupa de administración, tampoco se ocupa de política; los días se pasan sin que se despache un negocio; el señor presidente, queriendo entrar según su carácter y costumbre, en detalles pueriles, abandona los negocios, se preocupa con el número de botones que debe tener el capote de un soldado, y descuida absolutamente la codificación militar; se encarga de la distancia a que deben plantarse los arbolitos en Chapultepec, y hace volver a decorar una habitación en palacio, de donde aún no acaban de salir los pintores, y hace gastar el dinero de la nación en caprichos infantiles, y cientos de expedientes están sin despacho, y hay multitud de personas que van diariamente a esperar audiencia, sin oír más que el carruaje del señor presidente que sale a paseo; y entretanto las nubes del desprestigio se aglomeran, porque el señor Lerdo está siendo ya el imposible hasta para sus mismos antiguos partidarios.

Un diario humorístico de esta ciudad dijo del partido lerdista que podía aplicársele lo que Víctor Hugo había dicho de las monjas: «arrodilladas entre un mundo que estaba cerrado y un cielo que no estaba abierto». La aplicación no puede por ahora ser más exacta, porque el gobierno en manos de los que fueron sus enemigos los abandona, y más claro, quizá los desprecia, y ellos mismos se cierran las puertas de la oposición, sacrificando sus derechos como liberales, como partidarios y como hombres de dignidad, a la pueril esperanza de un cambio, imposible en el señor Lerdo, que sólo ocurrirá a ellos cuando le ocurra a él el caso de la reelección; entretanto poco le preocupan sus partidarios, pues sabe que cuenta con que en El Porvenir le defenderán los señores Vigil, Castañeda y González, y en el Congreso no le faltará mayoría, y esto a pesar de que sigan la política y el ministerio como en los años de 1871 y 1872.

El Radical, t. 1, núm. 118, marzo 28 de 1874, México, p. 1.

EL JUICIO DE AMPARO Y LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS

En estos días y próximamente, la Suprema Corte de Justicia tiene que resolver el juicio de amparo promovido por algunos hacendados del estado de Morelos contra una ley de la Legislatura de ese estado.

La cuestión es, a nuestro parecer, sumamente grave y trascendental, porque este juicio es una gran batalla que va a darse entre los derechos y la soberanía de los estados, por un lado, y la idea centralizadora y antifederal que de algún tiempo a esta parte viene observándose en los agentes de los poderes federales; perdido este juicio de amparo por el estado de Morelos, la independencia y la soberanía de los estados vienen por tierra, y un juez de distrito valdrá más en todos los casos que los tres poderes reunidos de las entidades federativas.

Cualquiera que algo conozca de la política, en estos últimos años, comprenderá que no es la amistad con el señor Leyva, gobernador de Morelos, la que mueve nuestro ánimo; todos, pero principalmente los ciudadanos de ese estado saben que el señor Leyva, en cuestiones electorales en que ha estado directamente afectada nuestra personalidad política, ha tomado parte en contra nuestra, favoreciendo la candidatura oficial. Este recuerdo bastará para probar que somos imparciales, y que si tomamos hoy como escritores la defensa de la Legislatura, es porque ante todo están para nosotros las instituciones, y hemos de sostener, en cuanto nuestras fuerzas nos lo permitan, esa soberanía de los estados tan despreciada en la actual política, tan minada por el gobierno general, y tan poco dignamente defendida por la mayor parte de los gobernadores de los estados, que olvidando su misión se han conformado con el papel de empleados del centro, y se han dejado llamar sin ruborizarse «estado mayor de la federación» siguiendo al presidente en sus viajes de recreo. Pero pueblos que tal sufren, tal merecen sin duda. Hablemos del juicio de amparo de Morelos.

Aunque a primera vista el juicio de amparo de que va a ocuparse la Corte parecería sumamente complicado, por tanto como en pro y en contra se ha escrito, su historia puede hacerse en pocos renglones.

Unos hacendados del estado de Morelos piden amparo a la justicia de la Unión contra una ley de Hacienda, y se fundan en que al darse esta ley por la Legislatura del estado, uno de los diputados, que completaba el quorum, no estaba legalmente electo, y el gobernador que promulgó la ley, era reelecto ilegalmente; en consecuencia estas dos ilegalidades hacían nula a la ley, y esto lo declaraban garantía violada. El juez de distrito concedió el amparo; la Corte va a revisarlo.

Trátase pues, en este amparo, de poner en tela de juicio ante un juez de la federación, la legalidad de las elecciones de un diputado y de gobernador de un estado: es decir, se trata nada menos de que la justicia de la unión declare válidas o nulas las elecciones del gobernador y de un diputado a la Legislatura de Morelos.

Si esta cuestión es grave por sus resultados, más lo es por lo que toca a su resolución como punto de derecho constitucional, y un estudiante de derecho puede fallar, comprendiendo que en este amparo no hay más que una reprobable invasión del centro en la soberanía del estado.

Para declarar que hay lugar al amparo en este caso, es preciso declarar que la ley de Hacienda es nula; para declarar eso es necesario declarar que la causa de la nulidad está en que no había quorum en la Legislatura que la expidió, ni legitimidad en el gobernador que la promulgó, según asientan los quejosos; y para hacer esta declaración es preciso que el juez llame ante sí las elecciones que el estado, como libre y soberano e independiente, hizo de diputados y gobernador. ¿Y esto no es una invasión a la soberanía del estado? Sí que lo es, y muy grande, porque en ningún caso, ni bajo ningún pretexto, la justicia de la Unión ni ninguno de los poderes del centro, puede hacer declaración ninguna, sobre la validez o nulidad de las elecciones de los estados, que son enteramente independientes en su régimen interior, y la declaración que sobre esto haga el centro es tan nula, como atentatoria y anticonstitucional.

¿Qué queda de la soberanía de un estado, si ante un juez de distrito se puede llevar una queja contra la validez de elección de la Legislatura o del gobernador?

El juez de distrito y la Corte de Justicia declarando que la ley de un estado era inaplicable porque los que la habían dictado estaban electos ilegalmente, calificarían las elecciones locales de un estado y por sí y ante sí las declararían nulas de este modo, y darían con esto el último golpe a la moribunda federación.

Apruebe la Corte de Justicia el amparo, y ¿qué se infiere? Que es una declaración expresa de que son ilegítimas autoridades, el gobernador y la Legislatura de Morelos, y entonces la legitimidad de las autoridades de los estados depende exclusivamente del centro.

¿De dónde puede venirle a la justicia federal tan inmensa suma de facultades?

El amparo debe reducirse a caso particular sin hacer declaración general, y en este caso la Corte daría un golpe de Estado porque declararía, concediendo el amparo tal cual se pide, dos cosas, que no pueden ser más generales; primera, que la ley no debía aplicarse, segunda, que no debía aplicarse porque no eran autoridades legítimas las que la dieron y promulgaron.

Por eso cuando se pide y concede amparo contra una ley, no se hace relación a la ley diciendo algo de su nulidad, sino sólo se declara que esa ley (que no se califica) no puede aplicarse a tal individuo, o que tal individuo no está sujeto a esa ley; declarar algo sobre la ley misma sería hacer declaración general; equivaldría a dar a la Corte facultades legislativas, supuesto que tenía facultad de derogar una ley, que tanto así viene a ser, el declarar que es nula o que está dada por personas cuya elección es nula.

Por otro lado, juzgar de la legitimidad de una autoridad no está en las facultades de la Corte, y no está por una razón muy sencilla.

La ilegitimidad de una autoridad, la inhabilita en general para todo lo que tiene relación con esa autoridad; es declarar que todos sus actos son nulos, y esta declaración hecha en un juicio de amparo sería una declaración general, cosa que le está absolutamente prohibida a la justicia de la Unión que no puede resolver «sino sobre casos particulares y exactamente aplicables al hecho». Declarando que son ilegítimos un gobernador o un diputado para un caso, no es posible que se entienda que pueden ser legítimos para otros; que el que es ilegítima autoridad, no es autoridad verdaderamente para nada.

Por eso la Constitución habló de competencia, porque en materia de competencia, sí puede darse caso de declaración particular de la Corte, y es lo más común, sin que en nada aparezca declaración general, ni ataque a la soberanía de un estado; la justicia federal declara que en tal caso ha sido incompetente tal autoridad, esto no puede extenderse más allá porque quizá en otros casos será competente, y de que en uno no lo haya sido, no se infiere que en otro no lo sea y mucho menos que no lo sea en todos; lo cual no puede decirse de la legitimidad que negada en un caso ya no puede concederse en ninguno; por eso hay tanta diferencia entre legitimidad y competencia, por eso en las facultades de la justicia federal no entró calificar la legitimidad sino la competencia de la autoridad.

Además, la justicia de la Unión puede calificar la competencia de una autoridad sin invadir la soberanía de un estado, y esto se ve todos los días; pero cuando se atreve a tocar la legitimidad de una autoridad local, a calificar la validez o nulidad de la elección, entonces por más que se quiera argüir en contrario, se invade la soberanía y la independencia del estado.

Las oposiciones de los estados deben comprender cuán peligroso es el paso de buscar contra el gobierno local, por malo que sea, el auxilio de los poderes de la Unión; ésta es una arma de dos filos que aunque hoy da el triunfo, mañana dará la derrota.

Muchas veces hemos recordado a las oposiciones de los estados la fábula del caballo que por vengarse del ciervo se sujetó a la servidumbre del hombre; logró su venganza, pero después no pudo salvarse de la esclavitud. Esta clase de remedios como el que contra el gobernador Leyva aplaude y protege hoy la oposición del estado, son sin duda, y no vacilamos en asegurarlo, los más eficaces auxiliares del espíritu del centralismo; porque ese triunfo, como hoy le llamará la oposición de un estado, sentará un terrible precedente para todos los estados y para todas las soberanías: en lo de adelante todo gobernador, toda Legislatura, toda autoridad local, estará sujeta a la calificación que de su legalidad quieran hacer el juez de distrito y la Corte; el centro será el árbitro en todo; con un juicio de amparo se provocará una crisis en un estado, y por único remedio para volver a hacer a los estados libres, soberanos e independientes, no les quedará a los pueblos más que la espada, o se conformarán con que el gobierno sea central y muera la federación en las manos del centro.

A los hombres patriotas y de oposición del estado de Morelos, creemos que no les será sospechoso nuestro consejo, y tenemos derecho de ser tenidos por imparciales, porque jamás nos han visto del lado de la injusticia, ni cejar ante los poderosos por miedo o por interés, y comprenden que con el señor Leyva no podemos tener vínculo ninguno, porque aun en aquello en que se afectaba nuestra posición política, ha sido él uno de nuestros más declarados enemigos. Pero antes que todo, lo repetimos, están los principios, la soberanía del estado, y el respeto a la Constitución.

La Corte no puede dar el escándalo de juzgar sobre las elecciones de un estado; pero si lo diera, creemos que todos los estados de la federación tomarían entonces una gran resolución.

Como no puede haber sociedad ni garantías mientras la injusticia y la tropelía cometida contra un individuo no las tomen como hechas a ellos mismos cada uno de los ciudadanos para castigarlas, así no puede existir la federación desde el momento en que todos los estados no tomen como injuria hecha a cada uno de ellos toda invasión a la soberanía de alguna de las entidades federales; el olvido de este principio de derecho común, es lo que ha traído a tal grado de humillación a los estados que hoy no se miran como hermanos, que dejan al que le toca ser víctima de una invasión o de un golpe de audacia del gobierno del centro, abandonado a sus propias fuerzas, y no tienen ni la energía de protestar, y no piensan siquiera que ellos serán a su turno víctimas de un estado de sitio y del abandono de los demás estados.

Si la Suprema Corte declara sobre la legitimidad de los poderes del estado de Morelos, y si los demás estados de la federación ven impasibles consumarse este último ataque a la soberanía de las entidades federativas, podremos declarar que este país no merece ser república federal, porque las entidades no tienen el valor y la abnegación necesarios para sostener el sistema general y la autonomía particular.

El Radical, t. 1, núm. 121, abril 1 de 1874, México, pp. 1-2.

LA SOBERANÍA DEL PUEBLO

El principio más comúnmente invocado, y más profundamente despreciado, en la época de desmoralización y de engaño político por que estamos atravesando, es sin duda el de la «soberanía del pueblo».

Consignado como base de nuestra organización en todas nuestras constituciones, proclamado siempre en ampulosos discursos y en pomposas frases, siempre levantado como bandera, siempre sirviendo para autorizar cuanto hacen los gobiernos, o cuanto pretenden los revolucionarios, el principio de la soberanía ha llegado a ser una de esas doctrinas de las que todos hablan, que pocos profesan de corazón y que más pocos aún respetan y acatan como debieran.

¿Cómo puede creerse que profesen de corazón el dogma de la soberanía popular los gobernantes que sin escrúpulos lanzan una candidatura oficial y la hacen triunfar, con la fuerza o con la corrupción?, ¿cómo puede creerse que profesen de corazón esta doctrina todos los agentes oficiales y oficiosos que ayudan al gobierno en esta usurpación criminalísima de la soberanía?, ¿cómo puede creerse que profesen esta doctrina de corazón, ciudadanos y pueblos que sufren tranquilamente la intervención del gobierno en las elecciones; que se dejan conducir como una manada de ovejas inofensivas; que no tienen ni siquiera la cobarde dignidad de la abstención y que semejantes a ese cerdo que el público iba a ver en la exposición de fieras en los últimos días del mes pasado, no hacen en materia de elecciones más que ir con grandes muestras de alegría a levantar el nombre del candidato que su amo les ha enseñado a elegir, para llevarlo como un tributo de servidumbre a sus pies?

Quien profesara el dogma de la soberanía popular, sabría respetarle y defenderle, y de gobernante no usurparía esa soberanía, ni de gobernador consentiría esa usurpación.

Las ideas están ya de tal manera extraviadas en esta materia, que en el viaje del señor presidente a Cacahuamilpa no ha faltado persona que, ocupando un lugar distinguido en la federación, haya llamado al señor Lerdo «depositario de la soberanía del pueblo» y los diarios han publicado y reproducido esa frase, sin que uno solo haya procurado hacer sobre ella el menor comentario, prueba de que hay muy poco celo por ese dogma que cada día va siendo menos respetado entre nosotros.

Al Congreso, aún hay documentos y discursos que le llaman soberano; ¡país libre éste en que vivimos y en el que las soberanías se multiplican, y en el que verdaderamente no es soberano aquel que única y exclusivamente lo es, el pueblo!

El gobierno es el depositario del poder público, no de la soberanía del pueblo, y el gobierno no son ni el presidente, ni el Congreso, ni la Corte separadamente, sino esos tres poderes reunidos, y además los Ayuntamientos, que por mucho que se les mire con tanto desprecio, y se les disuelva con tanta facilidad en la capital y en los estados, y por más que sus individuos desde hace mucho tiempo y con mengua de su carácter, se hayan convertido en agentes del ministro de Gobernación, de los gobernadores y de los jefes políticos, son una de las ruedas más importantes de esa máquina que se llama el poder público; y deben ser tan independientes en su ejercicio, sobre todo en materia de elecciones, como el Congreso o la Corte de Justicia.

El pueblo al formar un gobierno y sujetarse a él, no se despoja de su soberanía para entregarla como depósito a ese gobierno, no, escoge servidores en las personas que van a gobernarle, no amos; el pueblo, para su tranquilidad y seguridad, entrega en manos de ese gobierno «el poder público», y el poder público es la fuerza y la suma de facultades y de derechos que se forma sacrificando a cada uno de los hombres que componen un pueblo, una muy pequeña parte de sus naturales derechos para formar ese todo que se entrega al gobierno.

Y cada ciudadano hace esa cesión y ese sacrificio de una pequeña parte de sus derechos naturales, con el objeto de que formándose con todas esas pequeñas cesiones una gran masa de poder, este poder sea puesto en manos del gobierno, con el único fin de cuidar y garantizar a los hombres que ya entonces se llaman ciudadanos, la parte de derechos que ellos se reservaron cada uno para sí, y esta parte reservada, que el gobierno tiene obligación de cuidar y respetar, es la que en derecho constitucional toma el nombre de garantías individuales.

Sentados estos precedentes, ¿podrá creerse que el gobierno es depositario de la soberanía? ¿Podrá creerse siquiera que el gobierno tiene derecho de atentar a esa soberanía adjudicándose el derecho de influir en las elecciones?

Si el ejecutivo ha de tener la decisiva influencia en una elección, ridículo es hablar de soberanía del pueblo, de democracia, de sufragio público, de representación nacional y de todo eso con que hoy se engaña a la nación para hacerle creer que es libre y para obligarle a mantener a los ministros de la Corte, y a los diputados, y a los gobernadores, y a las legislaturas de los estados.

Si el ejecutivo ha de dar la consigna ciegamente obedecida para que sus amigos sean electos para los cargos públicos, a fin de que la voluntad del presidente no encuentre obstáculos, es inútil que se gasten el tiempo y el dinero en elecciones, es inútil que haya Congreso que no ha de hacer más que lo que el presidente disponga; es inútil que haya estados soberanos, que no son en último análisis más que prefecturas sujetas al centro.

Y no hay que alucinarse ni querer alucinar a los pueblos; esto es lo que pasa, y no lo desconocen ni los mismos que defendiendo hoy la política del señor Lerdo, nos llaman apasionados opositores, declamadores y utopistas.

La soberanía del pueblo es una mentira entre nosotros, hoy; si existe latente, de derecho porque es inalineable e imprescriptible, está sofocada, ahogada, sus manifestaciones son fingidas y nulas.

El ejecutivo es hoy el todo; él elige Congreso, él elige Corte de Justicia, el elige gobernadores y legislaturas, los pueblos le dejan hacer tranquilamente cuanto quiere, y casi estamos obligados a confesar que manifestó una gran verdad el que, dirigiéndose al señor Lerdo, lo llamó «depositario de la soberanía del pueblo».

El Radical, t. 1, núm. 124, abril 7 de 1874, México, p. 1.

EL AMPARO DEL ESTADO DE MORELOS

Por más que estemos en peligro de fastidiar a nuestros lectores, insistiendo en tratar muchas veces un mismo asunto, creemos que es un deber del periodista llamar constantemente la atención del pueblo sobre aquellos negocios que son de vital importancia.

Se deben resolver en la Corte Suprema de Justicia el amparo que contra una ley de la Legislatura del estado de Morelos han solicitado algunos propietarios del estado; y la resolución de este negocio debe marcar definitivamente la marcha política que la Suprema Corte de Justicia adopta respecto a la soberanía de los estados.

Este negocio, que conocen ya nuestros lectores, preocupa altamente la atención de los hombres pensadores y verdaderamente afectos a nuestras instituciones, porque de confirmar la Suprema Corte el amparo concedido por el juez de distrito, la soberanía de los estados vendrá por tierra enteramente, la Constitución recibirá el golpe de gracia y el centralismo se entronizará sin dificultad en esta desgraciada república.

Nosotros, aunque insignificantes, queremos dar el grito de alarma para prevenir a los estados cuyos derechos conculcados ya, están a punto de zozobrar enteramente, y cuya autonomía no existe más que de nombre.

La Corte de Justicia va a fallar en el negocio del amparo de Morelos sobre la legitimidad de dos funcionarios del estado y sobre la legalidad de las elecciones locales de ese estado. La justicia de la Unión se va a constituir en árbitro de las quejas que los ciudadanos del estado tienen contra el gobierno de ese estado, no por razón del pacto fundamental de la federación, sino por lo relativo a la nulidad de las leyes del estado.

Todas las entidades federativas deben esperar con ansiedad el resultado de este juicio, y la sentencia de la Corte.

En nuestro concepto, la Corte ni puede ni debe confirmar ese amparo.

No puede confirmarle:

1) Porque la Constitución le da el derecho de juzgar de la competencia, y no de la legitimidad de las autoridades.

2) Porque la Constitución le da el derecho de resolver haciendo declaraciones particulares, y en este caso, declarando nula una ley, sería una resolución general.

3) Porque la Constitución le da el derecho de fallar el juicio de amparo, sobre la violación de alguna garantía consignada en el código fundamental de la nación, y no sobre las infracciones de los artículos de las constituciones de los estados, que son por decirlo así, la ley orgánica del régimen interior de esos estados libres, soberanos e independientes.

4) Porque el juicio de amparo de que se trata tiene por base la legitimidad de una elección local, y la Constitución no da a la Corte el derecho de calificar la validez de las elecciones, y menos aún tratándose de las elecciones locales, y:

5) Porque el amparo es el remedio que se da al hombre o al ciudadano de la federación para reivindicar, o un derecho de hombre violado, o un derecho de ciudadano de la federación ultrajado; pero no al ciudadano de una entidad federativa y con este carácter.

Ahora, si bien no puede la Corte confirmar este amparo, tampoco debe; y no debe:

1) Porque confirmarle, es juzgar sobre la nulidad de una ley, esto es, legislar; y esto es invadir las facultades del poder legislativo.

2) Porque confirmarle, es fallar sobre la nulidad o validez de las elecciones de un diputado o de un gobernador, y esto es invadir las facultades de los congresos y legislaturas, que como colegios electorales, son los únicos competentes en su caso para hacer estas declaraciones, y;

3) Porque confirmar este amparo es calificar una elección y una ley de un estado de la federación, y esto es invadir la soberanía de los estados.

La Corte debe meditar porfundamente este negocio, porque un paso en falso que ella diera, establecería un terrible precedente, y vendría a agregar una gran nube a la densa tempestad que se cierne sobre el cielo de nuestra política.

El Radical, t. 1, núm. 124, abril 7 de 1874, México, pp. 1-2.

UNA AMENAZA

«Debido es procurar los medios de atender a la deuda pública, legalmente conocida y liquidada. Para esto podría ser tal vez preciso establecer algún aumento en los impuestos actuales, lo que el Congreso tomará en su ilustrada y prudente consideración, para combinar justamente todos los intereses.»

Estas palabras que tomamos del discurso del señor presidente de la república, nos dan seguro indicio del estado de las arcas públicas y de las intenciones del gobierno, mejor que los artículos del señor don Jesús Castañeda.

En efecto, El Porvenir, periódico que según la opinión de todos ha venido a reemplazar en la prensa al Siglo de 1872 y 73, ha publicado una colección de artículos sobre Hacienda pública en los cuales su autor, el señor Castañeda, ha procurado probar al pueblo que nunca como ahora el estado financiero de la república había sido completamente satisfactorio; que en las cajas públicas existía un sobrante de más de 500 000 pesos y que por consecuencia éste es el mejor gobierno.

Nosotros y con nosotros muchos mexicanos, creímos todos que México había encontrado el remedio a sus males; porque gran parte de los males que sufren las naciones provienen del desequilibrio entre sus ingresos y sus egresos, y cuando se nos aseguraba que este equilibrio no sólo se había conquistado, sino que había en las arcas un excedente, comenzamos a tener grandes esperanzas.

Pero a poco el público fue descubriendo que todo eso no eran más que buenos deseos del señor Castañeda, y que si bien era cierto que el gobierno tenía excedente en sus arcas, también lo era que no pagaba a los pensionistas, fundándose para esto en disposiciones que no venían al caso, que las viudas de los verdaderos patriotas estaban en la miseria gracias al efecto retroactivo que se da a una ley; que se declaró que lo que se quedó debiendo de los presupuestos de los años fiscales anteriores no se ha de pagar con dinero del año siguiente y que no han conseguido los periódicos de la capital que se dé noticia siquiera de unos 3 000 pesos que debieron haberse repartido entre los antiguos patriotas.

A todos estos datos conocidos ya por el público, llega a agregarse el escandaloso proyecto que el señor presidente deja entrever en su discurso de apertura de Cámaras; resurrección de los créditos de convenciones etc., y aumento de impuestos para su pago.

No hay por ahora negocios, o no son bastantes para satisfacer todas las aspiraciones de los que especulan con el sudor del pueblo, los negocios que actualmente pueden emprenderse en el gobierno, lo de ferrocarriles no está a la altura que se deseaba, la desamortización apenas produce, la existencia de ese medio hace imposibles aquellos préstamos en dinero y en papeles; necesario es abrir la puerta al movimiento financiero, poner en juego todos esos documentos que representan grandes valores, y para esto el medio millón es nada, y las contribuciones producen poco, y sobre todo no hay pretexto para movilizar el dinero de la Tesorería; es conveniente pagar la deuda pública, por supuesto la legítimamente reconocida y liquidada, y es justo para esto aumentar los impuestos.

He aquí lo que puede traducirse de las palabras del discurso del señor presidente, que hemos citado al principio; he aquí lo que sin duda conseguirá del Congreso en donde tiene una gran mayoría; he aquí lo que le falta a este pueblo minado ya por la miseria, víctima de la paralización del trabajo, para hundirse completamente en la desgracia.

Pagar lo que nadie ha reclamado ni mencionado siquiera, y para pagarlo aumentar las contribuciones, y a la sombra de este movimiento que se pretende llevar a cabo, bajo la capa de la justicia, enriquecerse unos cuantos como ha sucedido siempre y en todas las administraciones en que se ha dado este paso.

¿Qué nación extranjera ha movido la solución de esos créditos ni la resolución de esos negocios? ¿En dónde existe el documento de una reclamación diplomática sobre este punto?, ¿a qué mover esto de que nadie se ocupa?, ¿a qué buscar a la nación compromisos nuevos, y gravarla con nuevos impuestos que teniendo el destino particular de pagar la deuda pública, sufrirán la misma suerte de la contribución de desagüe?

Ahora sí seguramente ya algunos periódicos comenzarán a hablar sobre esto, y ya las reclamaciones y las gestiones particulares se multiplicarán; pero esto sin duda se le deberá al gobierno, que es el que abre hoy una puerta a todas las exigencias y a todas las ambiciones, sólo por abrirla a las especulaciones, y al favoritismo.

¿No le bastaba al señor presidente esa nube que en el tiempo en que fue ministro de Relaciones nos levantó del lado del Norte con Estados Unidos y que cada día se presenta más negra, sino que quiere también que México vuelva a los angustiados días en que las convenciones y la deuda se tragaban los productos de las aduanas?

Se quiere volver a los tiempos en que las órdenes sobre las aduanas marítimas se multiplicaban, y se especulaba con ellas, siempre en perjuicio del erario, y se conseguían más como pago de un servicio personal que como justo pago de un crédito, y el Ministerio de Hacienda era para un hombre patriota el lecho de Procusto.

Es necesario aumentar los negocios, y para esto revivir créditos, y para satisfacerlos aumentar las contribuciones.

¡Hermoso plan de Hacienda!

El discurso del señor presidente encierra para la nación una terrible amenaza, en cambio una esperanza dulcemente halagüeña para los que en ese río revuelto lleguen a alcanzar el favor del gobierno, porque tendrán ocasión de improvisar magníficas fortunas.

Es necesario que los hombres patriotas de todos los partidos mediten sobre esto y se unan, si no para conjurar el peligro, sí para procurar combatirle.

El Radical, t. 1, núm. 125, abril 8 de 1874, México, p. 1.

LA FEDERACIÓN

Uno de los caracteres distintivos de la administración del señor Lerdo ha sido el desprecio a la soberanía de los estados, y desgraciadamente para el sistema, y más desgraciadamente aún para los estados, los gobernadores han consentido esa falta de respeto y han permitido que el centro vaya minando arteramente esa soberanía hasta quedar las entidades federativas a discreción del presidente de la república.

En este artículo no nos dirigimos a los hombres que apoyan la política del señor Lerdo; sabemos muy bien que ellos encontrarán fútiles nuestros argumentos, exageradas nuestras ideas y ridículos nuestros temores y nuestras esperanzas; que no dejarán de tener gran acopio de razones para intentar convencer a los estados de que todo marcha perfectamente, que ellos son libres, soberanos e independientes, y que el gobierno general es el más celoso guardián de los principios constitucionales y de la autonomía de las entidades federales.

Seguros estamos también de que no habrá uno solo de los periódicos oficiales u oficiosos de los estados que tome parte con nosotros en la defensa de la soberanía de las localidades, como hasta hoy no ha habido uno solo que aborde resueltamente esta cuestión a pesar de que nosotros venimos provocándola hace mucho tiempo y de que es cuestión de que debieran ocuparse de preferencia los periódicos oficiales de los estados, y de que día a día la invasión de los poderes del centro, es más clara y manifiesta la poca representación y el poco poder y la ninguna independencia de los estados.

¿Qué negra y fría sombra cruza por el cielo de la república, que va faltando a los pueblos y a los hombres la fiera energía que ha distinguido siempre a los mexicanos? ¿Qué tiene esta generación, que con tanta indiferencia mira desvanecerse las conquistas que tanta sangre costaron en otro tiempo al pueblo, y que aplaude cada vez que se oprime más el dogal que lleva ya en el cuello? ¿En dónde están aquellos hombres de voluntad de hierro y de alma de fuego que en la Cámara, en los días del gobierno de Santa-Anna, y en los días del golpe de Estado de Comonfort, levantaban su voz enérgica en favor de las libertades públicas? ¿Dónde aquellos gobernadores que en los tiempos de Juárez en 1861 hacían respetar como sagrada la soberanía de sus estados?

En vano es buscarles: nada se opone ya a la voluntad omnipotente del ejecutivo, y apenas el presidente de la república manifiesta el deseo de sentar en eso que se llama Congreso a uno de sus amigos, el gobernador de un estado se apresura a ofrecer una credencial, para investir con el noble carácter de representante de un pueblo, a un hombre desconocido por ese pueblo, e ignorante hasta de la situación geográfica, y del menor dato estadístico del distrito al que va a representar, y el ejecutivo recibe aquel servicio que barrena y ultraja todas las leyes, como un tributo debido a su grandeza, y ni el pueblo cuenta en ese agraciado un representante, ni el estado un defensor, ni el gobernador donante, un amigo.

Así el ejecutivo obtiene fácilmente lo que en el lenguaje de los que conocen las prácticas parlamentarias se llama una mayoría firme y segura; así los estados se encuentran enteramente a la disposición del centro y así los gobernadores, maniatados y humillados, tienen necesidad de satisfacer los menores caprichos del presidente, porque una acusación o una declaración de estado de sitio seguirían inmediatamente a la menor prueba de desobediencia; en cambio estos gobernadores tendrán el noble orgullo de saber que cuando a imitación del jefe de la república quieran emprender a la capital un viaje de placer, saldrán a encontrarles hasta las garitas y a conocerles los representantes de su estado en México, y les obsequiarán con algunos almuerzos en el Tívoli, a los que no faltará, por supuesto, el señor presidente, con su inseparable ministerio, y que en ese almuerzo se arreglarán algunos asuntos del estado y se comprometerá el gobernador a sacar en las próximas elecciones a tales o cuales personas.

Esto ni más ni menos es lo que ya por costumbre pasa en México; los que viven en la ciudad, y los que viniendo de los estados han permanecido en ella algunos meses, lo saben perfectamente y esto es lo que deben saber los ciudadanos que viven lejos de la capital, y que piensan de buena fe que aquí se tratan con mucho empeño, con gran estudio y con gran seriedad los negocios públicos de los estados y de la federación; esto es lo que deben saber los hombres honrados que viven en los pueblos y en los campos, que suponen que el presidente y sus ministros, y los diputados y los magistrados, se entregan con pasión al despacho de los negocios, y abrumados por el peso del trabajo tienen apenas el tiempo necesario para satisfacer las necesidades de la vida; esto deben saber los que mirando las cosas y los hombres al través de las relaciones apasionadas de los periódicos, o de los corregidos y limados discursos que publica el Diario de los Debates, miran en cada político un gigante y en cada negocio un insigne problema resuelto por los sabios gobernantes.

¡Oh! si esos hombres que están lejos de aquí, en los estados, y que son sin duda la mayoría de la nación, pudieran ver lo que pasa en el centro, mucho tiempo hace que hubieran, como Jesucristo, arrojado a los mercaderes del templo.

Pero ellos no conocen esto, y por eso con tanta facilidad, 16 000 bayonetas de la Unión someten a la voluntad del presidente a todas las entidades federativas, y le permiten disponer a su arbitrio de la elección de 8 000 000 de habitantes: ellos no conocen esto, y por eso con tanta humildad se dejan imponer el estado de sitio, y nombrar gobernadores y diputados a los que el centro dispone que se nombren; porque ellos no saben que aquí, mientras centenares de expedientes duermen entre el polvo por falta de acuerdo del señor presidente, los días del gobierno se pasan en convites, y en paseos, y en teatros; y esa consigna que de aquí les va a los estados para nombrar a un ciudadano diputado, no la conquista ese ciudadano por sus méritos y por sus servicios, sino que es generalmente el premio de servicios personales o el precio de una bien triste adulación.

Porque en los estados no se sabe que las leyes que da el Congreso no son más que la expresión de los deseos del presidente de la república, y que el presidente está ya tan seguro de la mayoría en el Congreso, que ni por cubrir las apariencias se procura un ministerio parlamentario y prestigiado, sino que sigue aparentando que gobierna con una reunión de personas, que si al lado del señor Juárez no representaban gran cosa cuando la mayoría del Congreso era juarista, hoy nada pueden representar al lado del jefe de la oposición de los últimos días de la administración anterior; pero el señor Lerdo conserva ese gabinete como para decir a sus amigos, al Congreso y a la nación: «para lo que valéis y suponéis vosotros, me basta y sobra con este personal».

En los estados ignoran, pero conviene que sepan, que el gobierno tiene 500 000 pesos en caja, pero que sin embargo inicia en su mensaje el presidente, que será necesario aumentar los impuestos, y que todo eso viene porque se trata de remover una inmensa cantidad de créditos que hay contra la república, no porque alguna nación haya hecho la menor gestión, sino para que haya negocios y para que se dé el bello ejemplo de un gobierno que revive créditos que aun nadie se atreve a cobrar, para angustiar al pueblo y afligirle con nuevos impuestos sin necesidad de ninguna clase.

Entretanto, lo que sí se sabe en México es que los estados duermen dejando perecer su soberanía, que ni el espíritu de provincialismo basta para sacar a los hombres de ese marasmo en que poco a poco el sistema central se consolida, y que la federación es un engaño.

El Radical, t. 1, núm. 126, abril 9 de 1874, México, p. 1.

VERDADES

Al trazar ligeramente el cuadro de la situación política del país, nuestra pluma se resistiría, porque sin duda alguna el presente no es muy halagüeño para los hombres que sienten ese sano amor que se llama, por los buenos ciudadanos, «patriotismo», y por los especuladores políticos «tontera y locura», pero la perspectiva del porvenir nos anima, porque es un axioma en la ciencia que del caos brota la luz y de la corrupción brota la vida: los periodos de decadencia y de inmoralidad como el que hoy atraviesa la república son el anuncio de la regeneración, el presagio de la reforma, el augurio de la virilidad de un pueblo, la aurora de un día de libertad, de progreso y de moralidad; y felizmente la historia, la experiencia y la gran ciencia del cálculo de las probabilidades humanas nos dicen de consuno que esas transiciones no pueden ser duraderas, porque estados violentos e inmorales son insostenibles, supuesto que nada violento ni nada contrario a los eternos e inmutables derechos de la justicia puede permanecer mucho tiempo; el desequilibrio es la mentira; situaciones como la presente son un desequilibrio en la moral y en las instituciones del pueblo; y aunque se diga que contra hechos no hay argumentos, hay hechos que son una mentira; y el hecho de ser ahora México una república, representativa, popular y federal, es una mentira, por más que como verdad lo publique la existencia de una reunión periódica de personas que se llaman a sí mismos representantes del pueblo y Congreso; por más que algunos abogados se congreguen con el nombre de Suprema Corte y se crean electos popularmente, y por más que haya un jefe que tome el título de presidente de una república en vez del nombre de dictador.

Las fórmulas no santifican la esencia, como la forma no constituye la materia; la república y la democracia no existen de hecho, por sólo el hecho de que se evoquen o se proclamen a todas horas; de la apariencia a la realidad hay en esto el abismo que separa a la virtud de la hipocresía; mil veces vale más para un pueblo el despotismo desenmascarado, que la tiranía inteligente o estúpida encubierta con el disfraz de la libertad; el pueblo no es soberano sólo porque se le diga y se le finja un acto electoral, sino porque él lo sea realmente; los pueblos no deben amoldarse a las leyes sino las leyes a los pueblos, y pueblo cuya Constitución contraría sus costumbres y sus inclinaciones, si acata esa Constitución no es un pueblo rey sino un pueblo esclavo.

Cuando en una nación como México se constituye el pueblo de esa nación, debe ser bastante enérgico y valeroso para hacer respetar esa Constitución; si no lo es, inútilmente establecerá dogmas y principios que un gobernante astuto, audaz o negligente pueden a su gusto vulnerar o despreciar.

Ésta es una verdad innegable ¿para qué tanto trabajo, tanta lucha y tanta sangre por establecer la democracia si el pueblo se deja burlar tan humildemente en las elecciones; si el sufragio es la consigna del gobierno y los ciudadanos, como los antiguos colonos, o callan cobardemente presenciando el triunfo de las candidaturas oficiales, o se prestan, arrastrando su dignidad de hombres a votar conforme a las instrucciones de los agentes del ejecutivo?, ¿para qué tanta guerra y tanto combate para establecer la federación, si los estados convertidos en provincias o en prefecturas no comprenden el augusto derecho de su soberanía, ni tienen la energía necesaria para defender su independencia, ni el valor para sostener su autonomía, y se dejan humillar por el centro, y doblan la cerviz delante de un gobernador que a su vez se inclina olvidando su carácter, delante del ejecutivo de la Unión, y dejándose llamar «Estado mayor de la federación», camina como un guardia de corps, o como un escudero detrás del presidente de la república, cuando éste viaja buscando alguna variación a sus habituales placeres de la capital?

Si tan poca energía, si tan poca dignidad, si tan poco celo por las instituciones hubieran comprendido nuestros padres, sin duda que ni el plan de Ayutla ni la revolución de reforma habrían pasado sobre la república; porque es seguro que ni Ocampo ni Degollado soñaron nunca al gobernador de un estado libre, soberano e independiente, llegando a México a pedir al presidente la orden suprema para elegir representantes de ese estado y ministros de la Corte, o abandonando su gobierno por tener la honra de cabalgar en el caballo de un dragón de la escolta del presidente, para alcanzar la fortuna de formar parte de una caravana de placer.

Orgullosos deben sentirse, la federación con un jefe que así trata a los gobernadores, y los estados con gobernadores que condescienden en ser tratados así, bien que esta triste situación de unos y otros parece olvidarse, ante la perspectiva de los almuerzos y las comidas en que se prodigan las mutuas alabanzas, los elogios más exagerados y las protestas más solemnes de fe, de cariño y de constancia.

Entretanto como si todo esto fuera una epopeya de gloria, los periódicos oficiales de los estados, en vez de publicar datos estadísticos y geográficos, y noticias locales, llenan sus columnas copiando los artículos descriptivos de las fiestas, publicados por los diarios de la capital, y los ciudadanos de esos estados con toda la humildad del que no conoce sus derechos, callan y no les ocurre decirle a sus gobernadores:

te hemos elevado al poder para que administres, no para que goces y pasees: te hemos elevado al poder para que defiendas y veles para la soberanía y la dignidad de nuestro estado, no para que vayas a ofrecer al gobierno de la Unión como tributo de tu adhesión, nuestros votos y nuestra independencia; te hemos elevado al poder para que sostengas el sistema federal, no para que coadyuves a las tendencias centralizadoras del centro.

El ejecutivo del centro es todo, los estados son ahora nada. ¿Habrá un ciudadano en los estados que sostenga que puede ser electo en esta época un diputado si no cuenta para ello con el beneplácito del gobernador del estado?, ¿habrá alguien que piensa que el gobernador de un estado puede dar ese beneplácito si a ello se opone el ejecutivo?

Ciertamente que no: y gobernador que como el de Jalisco, no recibe la consigna del ejecutivo, se mira atacado por todos lados, y cualquier amparo, por infundado que sea, que contra él se pida, será confirmado en todas sus instancias, y la acusación estará siempre sobre él a la orden del día.

¿Esto se puede llamar soberanía e independencia de los estados? ¿Esto puede llamarse democracia?

Si en el gobierno no hay las virtudes necesarias para guardar y sostener las instituciones, y en el pueblo no hay ni la decisión ni el valor necesarios para hacer respetar la ley, la república marchará rápidamente al abismo, y el poder dictatorial será muy pronto la presa que consiga el soldado más audaz o más afortunado que logre organizar una rebelión.

Porque es preciso desengañarse; las revoluciones no las detiene nadie; pero las rebeliones no se sofocan ni se impiden sólo con tener muchos soldados. Los soldados son también hombres, son también ciudadanos, tienen inteligencia y amor patrio, y tarde o temprano se indignan, y con razón, de estar sirviendo de instrumento a las mezquinas pasiones de paisanos, que sin antecedentes gloriosos y sin haber expuesto un solo día su vida, se apoderan por medio de intrigas, de una situación que los soldados han conquistado con su sangre; y el ejército, por leal que sea, se subleva cuando se le quiere convertir en una máquina de destrucción, y se le obliga a cada momento a combatir contra sus mismos hermanos, y a derramar la sangre de sus compatriotas y la suya propia, por causas injustas y por caprichos de torpes políticos; porque ni los jefes ni los soldados se resignan al papel constante de verdugos, o a la humillante posición de escalones de intrigantes; porque, en fin, un día llega en que el ejército conoce que se le degrada convirtiéndole en ejército de ganar elecciones, cuando es ejército de ganar batallas; en tropa de conquistar casillas electorales, cuando es tropa de conquistar banderas.

Y ese día el motín militar triunfa, porque el pueblo no tiene fe en sus instituciones desprestigiadas por el gobierno, y no se cuida de defenderlas; de una a otra dictadura el tránsito le importa poco, y quizá vea con más ilusión la dictadura militar ejercida por un soldado, que ejercida por un paisano.

Para evitar eso, es preciso que se haga amar a los pueblos las instituciones, y para conseguir esto, es indispensable que los gobernantes comiencen por respetarlas; si esto no sucede, la libertad y la república están en peligro.

El Radical, t. 1, núm. 127, abril 10 de 1874, México, p. 1.

CAMBIOS POLÍTICOS

Seguramente que nuestros lectores no nos harán la ofensa de suponer que nosotros al escribir sobre la marcha del gobierno, desaprobándola, tenemos el candor infantil de pensar que algo pueden pesar nuestras razones en el ánimo de los que nos gobiernan. Ciertos estamos de que cuanto diga la oposición no causará en los altos círculos políticos más que desprecio; que el señor Lerdo, por carácter, se siente infinitamente superior a todos nosotros, pobres escritores que nos agitamos entre el vulgo; y que desde lo alto de su poder el señor presidente, si por casualidad llega a saber que hay escritores de oposición, debe experimentar algo semejante a lo que sentiría un dios que oye censurar el movimiento de los astros, y la organización de la mecánica celeste.

Bien comprendemos esto, por eso nuestro ánimo es dirigirnos al pueblo, del que sin rubor se puede ser oscuro partidario, para que conociendo a los que le gobiernan, y teniendo fe en su propia fuerza y en su derecho pueda alguna vez hacerse respetar; un día solo de la justicia del pueblo basta para convertir en polvo el poder de los que le desprecian o le explotan.

La gota cava la piedra; la gota levanta esas inmensas moles que asombraron en la gruta de Cacahuamilpa al señor Lerdo y a sus acompañantes, no más que el señor Lerdo no quiso unir allí con las ideas que cruzaron por su cerebro al contemplar la obra de una gota, la reflexión de que gota a gota apura el pueblo sus sufrimientos y su afrenta, y que gota a gota el desprestigio puede levantar el túmulo de la administración.

Pero el señor presidente está muy alto y las gotas, según los que le rodean, caen tan paulatinamente que puede dormir, hasta el término del nuevo periodo que le prepara el porvenir con la reelección.

Dejaremos, pues, de perder tiempo dirigiéndonos al gobierno, hablemos a nuestros compañeros en el vulgo.

Cuando la Constitución dispuso que cada cuatro años se hiciera elección de presidente de la república, no fue sin duda con el único objeto de que el presidente solo cambiase; poco se habría adelantado con esto, porque la variación del nombre del jefe de la nación supondría muy poco si la política y el personal de la administración habían de ser los mismos.

El cambio de presidente supone en una república, y supuso para los constituyentes, un cambio de administración; una renovación periódica que abriese las puertas a todos los méritos adquiridos, a todas las inteligencias nuevamente desarrolladas, a todas las aspiraciones nobles, a todas las justas y legítimas ambiciones; porque el estancamiento del poder y de la dirección de los negocios en unas mismas manos produce por un lado la rutina, la apatía, el hábito del mando; y por el otro el desacierto, la desconfianza, el disgusto, y sin duda el germen más terrible de las revoluciones; ese estancamiento viene a dividir a la larga a una sociedad por demócrata que se le considere, en dos razas: la raza de los que no pueden dejar de ser gobernantes, la raza de los que no pueden tener parte en el gobierno; y este gobierno ya no es del pueblo y para el pueblo, sino de la clase necesariamente oficial, y para la clase necesariamente vulgo.

Ésta es casi la monarquía, en la que no queda de política más que la lucha de los favoritos unos con otros.

La prueba de todo esto es clara, ¿quién no puede señalar en la república sin titubear, a muchos de esos hombres que no pueden dejar de ser diputados en todos los Congresos?, ¿quién no puede señalar a otros que no pueden por más que valgan, ser nada absolutamente? y en estas dos clases cualquiera encuentra siempre el favoritismo y la injusticia como causa de todo.

Se quiere más prueba, pues, ¿no están ahí algunos hombres que han convertido en destinos las secretarías del Despacho?, ¿es ya un encargo, una comisión de confianza, o una misión política la que tienen los ministros hoy? sin duda que no, los ministerios son ya destinos como la administración de una aduana o la dirección de una mesa en una oficina.

Las derrotas o los triunfos parlamentarios afectan nada a los ministros; el presidente les tiene como a sus secretarios particulares, sin cuidarse de su prestigio en el Congreso o en el pueblo, bien que ni el Congreso ni el pueblo suponen nada delante del poder, porque con la mansedumbre que el primero vota una iniciativa del señor presidente, el segundo sufraga o deja que se suponga su sufragio en favor del candidato que le impone el ejecutivo.

Los cambios en las repúblicas son necesarios, porque los hombres que están mucho tiempo en el poder y en la administración, se gastan y se vician, y después la falta de prestigio la quieren suplir con la corrupción o con la fuerza.

Los cambios evitan las revoluciones porque sería necesario para que no hubiera revolución, encontrar siempre un pueblo que como el de México hubiese llegado ya a tal grado de desaliento y desmoralización, para que sufriera ministros que tuviesen diez años la misma cartera, y que sirviesen al lado de distintos presidentes con la misma condescendencia y amabilidad, y que combatiesen hoy a los que ayer eran sus correligionarios y alabasen hoy al hombre y al partido a quien ayer detestaban y contra el cual no escasearon ni los ataques reprobados por la ley.

Asombra verdaderamente considerar cómo puede marchar el gobierno, y la única explicación que de esto podrán darse los que escriban en el porvenir la historia de estos días, será que en México los partidos no profesaban ningún programa político, sino que cuanto han proclamado, ha sido sin convicción y sin amor.

Un ministerio juarista, encarnación neta del juarismo, alma de la reelección, director de todos los trabajos reeleccionistas, enemigo político del señor Lerdo, que cuando apenas muere el señor Juárez, se vuelve más lerdista que don Ramón Guzmán, que el general Escobedo y que don Joaquín Othón Pérez; que desde ese día comienza a llamar nuestros a los lerdistas, y enemigos del gobierno a los juaristas, sus correligionarios de la víspera; que ayer estaba al tanto de los trabajos y ayudaba en ellos para hacer diputado al señor Chavero, al señor García Brito, por ejemplo, y para excluir de la Cámara al señor Guzmán o al señor Romero Rubio, y hoy está al tanto y toma parte en los trabajos del gobierno para excluir a los señores Chavero y García Brito, y hacer triunfar las otras candidaturas. Un ministerio así es incomprensible para nosotros, y no sabemos qué nombre dar a esa conducta.

Un partido que ayer se llamaba lerdista; que atacaba sin compasión al gabinete y a la política del señor Juárez, y hoy sostiene la misma política y apoya con sus votos en la Cámara al mismo gabinete que ayer ofreció en nombre de su candidato cambio radical, y hoy en sus diarios sostiene que «debe tenerse fe en la justificación del gobierno», cuando ese gobierno es el mismo, con la misma política, con los mismos hombres, sin más diferencia que el nombre del presidente; un partido a quien ayer halagó el señor Lerdo y lo comprometió a luchar con el poder, y a hablar en su nombre a la nación, y hoy no le considera más que para llevarle a los paseos como a un niño, y le deja arrastrar el ridículo tratando a sus individuos como capaces sólo de ser comensales en un banquete, y no funcionarios en la administración, un partido que tal sufre, no sabemos cómo deberá comprenderse ni cómo calificarse su conducta.

Los cambios políticos indican el respeto del presidente a la opinión pública y el deseo de acertar; la obstinación del señor Lerdo en no cambiar de hombre y de política, sobre todo cuando él combatió, solapada pero no ignoradamente, a esos hombres y a esa política, prueba dos cosas: que esos ataques no eran de buena fe, y que hay el más profundo desprecio por la opinión pública.

El señor Lerdo no cambiará ni de hombres ni de política, la nación llegará a comprenderlo, aún hay lerdistas que alimentan esperanzas de un cambio; es un delirio, los lerdistas como partido debieron haber exigido el cumplimiento de su programa al señor Lerdo, antes, cuando aún podía necesitarles; hoy es tarde; el señor Lerdo se ha formado ya otro partido, y bien claramente demuestra a sus antiguos partidarios que ni les necesita ni les teme.

El Radical, t. 1, núm. 128, abril 11 de 1874, México, p. 1.

LA SUPREMA CORTE Y LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS

Hace algunos meses, desde el día en que vio la luz pública el primer número de nuestro periódico, hemos venido dando la voz de alarma a los estados, hemos venido poniendo de manifiesto las tendencias centralizadoras de la política del gobierno de la Unión, y esperando de día en día, con la fe de nuestras creencias, que las entidades federativas hagan un esfuerzo para reconquistar el terreno perdido de su soberanía, reivindicando su independencia y su libertad.

Todo ha sido inútil; ni la más leve cooperación hemos llegado a encontrar en los periódicos oficiales de los estados, ni la menor muestra de interés en favor de las holladas soberanías, en las legislaturas, y en la mayor parte de los gobernadores. Ni la mayoría del Congreso general se ha preocupado con esa invasión del centro sobre los estados. No parecía sino que el amor a las instituciones se había perdido, que no sobrenadaba ni siquiera el espíritu de provincialismo, última pero segura ancla del sistema federativo; o que nosotros, como unos maniáticos, augurábamos peligros que no habían de presentarse jamás, pintando cuadros, con los sombríos colores de una imaginación melancólica.

¡Cuánto hemos dicho, cuánto hemos luchado para preparar a los estados, lo saben quienes se han dignado leer nuestros pobres artículos! La realidad ha llegado; desgraciadamente no estamos ya en el campo de las posibilidades, sino de los hechos, y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el negocio del amparo pedido contra las autoridades del estado de Morelos, ha venido a probar, no sólo que teníamos razón al anunciar las tendencias centralizadoras de los poderes de la Unión, sino que esa sentencia viene sin rodeos ni disimulo a probar a las entidades federativas, lo que tienen que esperar del centro, y a decir a los estados:

La justicia de la Unión puede revisar las elecciones locales de un estado, aun cuando los colegios electorales, único e inapelable juez en esas elecciones, hayan dado su aprobación, y no dentro de un término fijo, sino cuando la Corte lo crea conveniente; y puede anular la elección de un gobernador, y calificar la nulidad de una ley propia del régimen interior del estado, y ser, en fin, un soberano de la soberanía de los estados.

En efecto, y no hay en esto exageración, desde el momento en que uno de los poderes federales, como la Suprema Corte se cree facultado para juzgar y calificar la validez de una ley, o la nulidad de la elección de uno de los estados de la federación, la soberanía de los estados acabó, y no hay que llamar a este sistema federal, ni que mentir diciendo que rige la Constitución de 1857.

Para que pueda comprenderse, por aquellos de nuestros lectores que no están en antecedentes, cuán grave es el atentado que pesa hoy sobre la soberanía de los estados, y qué trascendencia tan importante puede tener, volveremos a hablar del negocio de Morelos.

Unos contribuyentes del estado piden el amparo de la justicia de la Unión, contra una ley de Hacienda del estado, porque la elección del gobernador era nula, y porque era nula también la de uno de los diputados, que precisamente completaba el quórum de la Legislatura al darse la ley.

¿Quién era ese gobernador?, ¿quién era ese diputado? A nosotros en esta cuestión, como defensores de la autonomía, de la independencia y de la soberanía de los estados, como sostenedores de la Constitución, nada nos importa; se trataba de juzgar por la justicia de la Unión la legitimidad de las elecciones que había hecho el estado de Morelos en uso de su soberanía.

¿Con qué derecho la justicia de la Unión, se atrevió a poner en tela de juicio las elecciones del estado? La Constitución no autoriza al gobierno del centro para decidir sobre las elecciones que se hagan en los estados para el nombramiento de autoridades o funcionarios de ese estado.

La Constitución no es más que el contrato que han celebrado los estados libres, soberanos, e independientes, para reunirse y formar una gran nación que tiene el nombre de República de los Estados Unidos Mexicanos; el gobierno del centro no es más que el encargado de vigilar y de hacer guardar ese contrato, y de representar a la compañía de los estados, es decir a la Unión, en los casos precisos en que para ello esté autorizado por ese contrato que se llama la Constitución.

En consecuencia, todo poder que sobre alguno de esos estados se quiera tomar el gobierno del centro, y que por la Constitución no le esté concedido, es un ataque a la soberanía de esos estados, una gran violación del pacto constitucional, y una criminal usurpación.

Los estados en su pacto de 1857, ni dieron ni pudieron dar al gobierno del centro la facultad de revisar y anular las elecciones de las autoridades de esos estados; no dieron esa facultad, porque la Constitución no lo dice expresamente, y si dice de una manera terminante que las facultades que en la Constitución no se conceden expresamente al centro, se entienden reservadas a los estados; es decir, los estados que contrataron formar una federación dicen, «no le concedemos al gobierno del centro, más que lo que expresamente diga la Constitución».

Tampoco pudieron darle esa facultad de juzgar sobre las elecciones locales, porque entonces hubieran abdicado completamente su soberanía; porque no es soberano un estado cuyas elecciones locales están a merced de la calificación que haga de ellas un juez de distrito; y sería una soberanía de estado altamente ridícula, aquella en que el jefe del estado pudiera ser destituido por un juez de distrito que declarase nula la elección; en que una ley del régimen interior pudiera ser declarada nula por ese mismo juez. Esto sería peor, mil veces más humillante para los estados y para sus gobernantes, que el centralismo: el gobernador de la provincia, en el centralismo representa al presidente de la república, sólo éste puede destituirle; no están, ni la ley ni la legitimidad del gobernante, al arbitrio de un agente secundario del gobierno del centro. Por eso si la facultad de que venimos hablando la hubieran dado los estados al centro, México sería una república central y no federativa.

Pues a pesar de todo esto la Corte de Justicia ha aprobado el amparo concedido por el juez de distrito de Morelos; la Corte ha fallado sobre las autoridades locales de un estado, declarando en último análisis, que esas elecciones eran nulas, e ilegítimo el gobernador del estado.

¡Si éste no es un atentado contra la soberanía de los estados, ya no es posible encontrar un hecho que merezca ese nombre…!

¿Qué estado, qué gobernador, qué Legislatura, qué autoridad local están en lo sucesivo libres de la humillación, de tener a cada paso que ir delante de la justicia federal a presentar las pruebas de su elección?

Cada vez que con razón o sin ella un ciudadano de un estado quiere argüir contra la legitimidad de un funcionario público, y en cualquier tiempo del periodo de éste, no tiene más que ocurrir al juez de distrito pidiendo el amparo, y el juez de distrito autorizado ya por el precedente que ha sentado la Corte, examinará los expedientes de la elección del funcionario del estado, aunque se trate del gobernador o de la Legislatura, y decidirá gravemente si son o no legítimas autoridades.

¿Y estados sujetos a tan humillante condición pueden llamarse libres, soberanos e independientes en su régimen interior? ¡No!

¿Qué garantía tienen ya hoy, de estabilidad ni de tranquilidad las autoridades de los estados? ¡Ninguna!

Preciso será para que un gobernador esté seguro de la legalidad de su elección, no ya de la declaración de la Legislatura, sino de haber pasado siquiera por un juicio de amparo y que la Corte le haya declarado legítimo.

A este tristísimo estado llegan hoy las entidades federativas, merced a la astuta política del centro, a las culpables condescendencias de los gobernadores, y a la criminal indiferencia de los pueblos y de los ciudadanos.

Hoy el estado de Morelos es la víctima, hoy se prueba hasta dónde ha avanzado el gobierno de la Unión en sus planes de centralización; hoy los estados pueden abrir los ojos y comprender lo que tienen que esperar de los poderes de la Unión, supuesto que ni los servicios más distinguidos, prestados por un gobernador al señor Lerdo, son bastantes para detener esa política, cuando llega el caso de víctima, para un estado.

El señor Leyva sostuvo con gran calor la candidatura para la presidencia del señor Lerdo; un solo voto no obtuvo en Morelos el señor Juárez; lo mismo sucedió con el señor Iglesias para presidente de la Corte; y sin embargo llegó su turno a Morelos y a su gobernador y a su Legislatura, y sin consideración ni a esos personales antecedentes, se invade la soberanía del estado y se ataca su independencia. ¿Qué pueden esperar los demás estados, los demás gobernadores, las demás legislaturas?

Un paso más y llegamos al centralismo desenmascarado; por ahora la federación ha muerto si los estados no la salvan; poco hay ya que esperar del Congreso general.

Si se hubiera dejado a los pueblos elegir libremente sus diputados, todos esos diputados serían ahora representantes de los pueblos, y ardientes defensores de la soberanía de los estados; pero la consigna corrompió las fuentes del sufragio, y esos diputados electos por la recomendación del presidente no serán los que ahora se atrevan a defender la soberanía de los estados contra la política de su protector. Ahora los gobernadores comprenderán que al obedecer las indicaciones del ejecutivo de la Unión en las elecciones, se han forjado ellos mismos la cadena que debe atarles. He aquí el resultado de las condescendencias con el centro, he aquí lo que se encuentra tras esas consignas recibidas con tanta amabilidad, pocos gobernadores encontrarán ahora sus diputaciones compactas para sostener la dignidad de su estado.

Mucho predicamos, y mucho rieron de nosotros; ha llegado el momento: la soberanía de los estados sucumbe, nada hay que esperar del centro, ¿qué hacen los estados? Duermen aun cuando se les da el último golpe. Menos vergonzoso les sería abdicar su soberanía en manos del señor Lerdo declarándole dictador, que venir uno tras otro a sufrir la humillación que hoy trata de estamparse en la frente del estado de Morelos.

El Radical, t. 1, núm. 130, abril 14 de 1874, México, pp. 1-2.

LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS

El fallo de la Suprema Corte de Justicia en el amparo del estado de Morelos ha venido a dar a los hombres y a las cosas de la situación actual su verdadero colorido, para presentar neta la política del gobierno; y a dividir completamente a los enemigos más o menos encubiertos de la federación, de los partidarios del sistema que oficialmente se dice que nos rige.

No es ya la cuestión del gobernador Leyva, no la de la Legislatura, no únicamente la del estado de Morelos; es la vital e importantísima cuestión de principios, es la lucha entre la federación y el centralismo, entre el respeto y el desprecio al pacto fundamental de 1857.

Se quiere excusar la lucha franca y leal, se quiere esconder el ataque a las instituciones tras el ataque a un gobernador, se quiere dar el carácter de una resolución particular, a lo que es la violación más completa de la soberanía y de la independencia de los estados.

¿Leyva es un mal gobernador, y con ese pretexto se ataca la independencia de Morelos?, ¿la Legislatura no tiene prestigio, y por eso se hiere la soberanía del estado?, entonces que la historia borre el estigma de la frente del conde don Julián, que por castigar la ofensa que recibió de don Rodrigo, lanzó a los moros sobre España; que se levanten en México estatuas a los hombres que por derribar al gobierno liberal y por odio a Juárez, trajeron la intervención europea.

¿Por qué se descarga sobre la soberanía del estado el golpe que se dice que debe herir al gobernador?, ¿por qué? La explicación es sencilla; porque toda esa mala voluntad contra el gobernador es un brillante pretexto para dar ese golpe y avanzar ese paso en la centralización que es el programa de la política actual; porque el gobierno del centro busca a las oposiciones locales para procurar el desprestigio del sistema federal; porque con esa intervención que tiene hace mucho tiempo el gobierno del centro en las elecciones de los gobernadores, y de las legislaturas y de todos los funcionarios de la federación, ha preparado el terreno para que llegado un caso como el presente, en que sin embozo se hiera la soberanía de un estado, los demás estados miren impasibles consumarse el atentado, y las entidades federativas, una en pos de otra, vayan perdiendo poco a poco su autonomía, sin que el gobierno de la Unión se inquiete ni por un instante por la actitud que puedan tomar los estados.

Y la prueba está a la vista; la Corte ha herido de muerte a la soberanía de un estado, y el presidente y su gabinete asisten desde ese día a los convites como si nada grave hubiera pasado, como si eso no hubiera en otros tiempos bastado para levantar a los estados como un solo hombre en defensa de sus derechos; como si los ataques a la Constitución y al sistema federal fueran asuntos insignificantes, de poca trascendencia, y de los que sólo nosotros, pobre gente que no vivimos en los altos círculos del poder, debemos ocuparnos.

Quizá el gobierno, que en esto sabe más que nosotros, conocerá que el asunto de que tratamos no ha de tener eco en los estados y se extinguirá como un grito en una llanura; quizá el gobierno conocerá que ni los gobernadores, ni las legislaturas, ni los estados darán gran importancia al sacrificio de una entidad federativa; a la invasión de los poderes de la Unión en los derechos inalineables de los estados; a la declaración solemne que la justicia federal hace de su competencia para calificar y anular las elecciones del estado; quizá el de Morelos no encuentre para su soberanía más defensa que la de nuestras protestas; pero nosotros en ese ataque vemos la destrucción de nuestras instituciones, la herida a todas las soberanías, y por eso no vacilamos en tomar la bandera del estado de Morelos, aunque se nos calumnie, aunque se nos ultraje, aunque viniera sobre nosotros la persecución, no dejaríamos de repetir que el centro invade sin respeto alguno la soberanía de los estados, que la federación, combatida antes encubiertamente por la actual administración, hoy es abiertamente atacada, y que lo que ha pasado al estado de Morelos no se puede paliar con el ataque a su gobernador; porque nosotros que nunca ni un instante condescendimos con la intervención francesa, por más que todos los días nos aseguraba que no venía a atacar la soberanía de la nación sino a Juárez por mal gobernante, y a derrocar del poder a la minoría opresiva, no admitiremos ese argumento mismo, al tratarse de un estado libre, soberano e independiente.

Pero a nuestro juicio se engañan los que piensan que los estados todos han de ver tranquilamente el atentado contra la soberanía de Morelos; esto nos parece imposible ¿acaso el egoísmo terrible ha helado el amor a las instituciones? Y aun cuando ese amor no exista y no se agite en presencia de un golpe de Estado tan patente, ¿no está la seguridad de todos los estados, de todos los gobernadores, y de todas las legislaturas del lado de la causa de la soberanía de los estados?

¿Qué garantía tienen Antillón, y Romero Vargas, y Landero, de que muy pronto no serán también víctimas los estados que gobiernan, de la actual política? Acaso creerán que su antigua amistad con el señor Lerdo y el haber sido sus partidarios podrá valerles, pero Leyva quizá más que ellos le probó al señor Lerdo su decisión y su firmeza, y por sacrificar la soberanía del estado le sacrifican a él.

¿Y los demás gobernadores que no tienen ni aun esos antecedentes, sino que fueron partidarios del señor Juárez y enemigos de la candidatura del señor Lerdo, podrán esperar mejor suerte para sus estados que la que le ha tocado al de Morelos? Locos serían si tal creyesen.

¿Y los pueblos nobles y sufridos, a quienes tanto ha costado ver planteado el sistema federal, estarán contentos con elegir hoy un gobernador o un diputado, para que mañana el juez de distrito les revise esa elección o se la anule, o si se la confirma, sea esto como un favor que les dispensa el gobierno de la unión?

Por esto creemos que el atentado contra la soberanía de Morelos no pasará tan desapercibido como se aparenta creer en las altas regiones del poder, y en esa atmósfera a través de la cual todos los negocios públicos aparecen pequeños e insignificantes.

Ha llegado, pues, la ocasión, como decíamos al principio de este artículo, de que cada uno de los hombres políticos tome el puesto que le corresponde bajo la bandera que elija; o el centralismo o la soberanía de los estados, éstos son los dos campos de la cuestión; las personas aquí no se toman en cuenta, sino por los que con ese pretexto ocultan su timidez, y se abstienen de abrazar una u otra bandera.

Los juaristas y los porfiristas son sin duda los defensores natos, los mantenedores necesarios de la autonomía de los estados, porque el programa, el nombre de sus antiguos jefes, dan, para creer en eso, una garantía.

El partido lerdista tiene en esta ocasión una hermosa y brillante oportunidad para tomar en la política una noble y digna actitud, probando a la nación que es un partido de principios firmes, que sabe cumplir con el programa que en 1872 desarrollaron con tal acierto sus escritores y oradores Alcalde, Vigil, Julio Zárate y González, y en cuyo programa entraba como primer elemento el respeto absoluto a las instituciones y a la soberanía de los estados.

Ahora el partido lerdista tiene una brillante oportunidad de probar que no es responsable de los desaciertos del que en un tiempo fue su candidato, y de probar que el abandono y casi desprecio con que el señor Lerdo los ha visto desde que subió al poder, no es ocasionado porque el señor presidente sepa que sus antiguos amigos no son partidarios de las instituciones que nos rigen, o incapaces de atacar o sostener una situación política.

La fe en nuestras instituciones no nos abandona; por eso hoy que las vemos heridas en la soberanía de los estados, tenemos la ilusión de que bajo una bandera se reúnan en el Congreso los verdaderos constitucionales, bien se llamen juaristas, bien porfiristas, bien lerdistas; y que los gobernadores de los estados miren antes por el honor de su localidad en esta cuestión, que por sus conveniencias particulares; entonces la federación renacerá de sus cenizas.

El Radical, t. 1, núm. 131, abril 15 de 1874, México, p. 1.

¿ADÓNDE VAMOS A PARAR?

Cuando se examina la situación presente con la mirada del hombre imparcial, cuando se contempla todo lo que en tiempo y en ilusiones se ha perdido, y cuando se sondea el porvenir, el alma se llena de tristeza y la esperanza pliega tristemente sus alas.

Preciso sería tener las locas ilusiones de la oposición o la ceguedad de los partidarios del gobierno, para no ver en todo lo que pasa, en todo lo que nos rodea, el más triste de los augurios y la más desesperante de las realidades.

Preocupados los hombres de la oposición con la esperanza de un cambio más o menos próximo y más o menos radical de la política, llenos de fe en la justicia de la causa que defienden, y soñando en que el pueblo tiene aún las virtudes que le hicieron libre en 1856 y en 1860, o que le dieron independencia en 1821 o en 1867, no miran el negro abismo que se abre a las plantas de la nación, ni se arredran en presencia de las verdades más desconsoladoras.

Cegados los partidarios del actual orden de cosas con el goce de un favoritismo en el que sin duda no habían soñado siquiera, no alcanzan a mirar que las instituciones se hunden, que la nación desesperada ya por la miseria está a punto de lanzarse a la insurrección, y que el bienestar no alcanza más allá del círculo que forman los convidados al constante festín del señor Lerdo de Tejada.

Pero apartemos los ojos por un momento de esos dos grupos de hombres, alentados los unos por sus ilusiones y sostenidos los otros por su conveniencia, ¿y qué vemos?

Un pueblo que lucha con la más espantosa miseria, y al cual sin embargo se quiere gravar más, aumentando los impuestos; un comercio triste y raquítico que no hace operaciones y en medio del cual se levanta la cabeza pálida y demacrada de la usura, unos agricultores que apenas pueden sostener la situación de equilibrio y de privaciones en que los coloca la decadencia del comercio.

Una minería agonizante, que comienza a envolver con su sudario a ciudades tan importantes como Zacatecas, artesanos sin pan ni trabajo, proletarios hambrientos y desnudos; suntuosos y repetidos convites en los Tívolis; lujo y esplendor en el pequeño círculo que rodea al gobierno, decaimiento en la nación, disolución y pereza en los gobernantes.

Por otro lado se mira un pueblo demócrata, en donde las elecciones se hacen arregladas a la voluntad del presidente; en donde un periódico que recibe directamente las inspiraciones del poder, proclama candidatos que desconocidos para la nación un día, al siguiente resultan con tan gran prestigio que su elección es indispensable; estados libres, soberanos e independientes que no tienen ni el derecho de elegir un diputado, y cuyos gobernadores reciben humildemente la consigna del señor presidente, y la acatan sin vacilar en las elecciones, y atraen sobre sí los odios de los pueblos, y se sienten pagados de todo esto, con tener la honra distinguida de que el señor Lerdo les invite a uno de sus 30 banquetes mensuales, o con ocupar el lugar de un pobre soldado de la escolta del presidente y montar en un caballo de los de un regimiento, para galopar ahogándose de calor, con el pantalón hasta la rodilla, con la levita del diplomático flotando a merced del viento de las montañas, y con todo el aspecto de un ayuda de cámara corriendo tras el señor presidente en un viaje de placer, por no perder su lugar en el «Estado Mayor de la federación».

Un gobierno de la Unión que se divide en tres poderes, pero que realiza el misterio de la trinidad de los cristianos, haciendo de esos tres poderes uno en persona: el ejecutivo, que sin obstáculo dispone de los otros dos, que tiene formado de personas a quienes él recomienda para esos puestos cada vez que el pueblo tiene «que elegir».

Todo esto se mira; ¿y el remedio de tantos abusos?, ¿y el lenitivo de tantos males?, ¿adónde debe buscarse?

No en el ejecutivo, que aunque domina sin obstáculo en la nación y en los otros dos poderes, parece no tener más misión que comer y gozar, y cuyo programa de administración es el de una eterna fiesta.

No en el Congreso ni en la Corte, porque sin dar muestras de independencia, su norte es la voluntad del señor Lerdo.

No en los estados, porque los estados no se inquietan aunque vean su soberanía a los pies de los caballos, y aunque la mano del centro despedace su existencia y su representación política.

¿En dónde está el remedio, pues? En el pueblo, en ese pueblo que no toma hoy parte en la política, que se deja burlar por el gobierno, pero que es la fuerza y la inteligencia para la reconstrucción social.

Cada día el gobierno hace retroceder un paso a la nación; pero cada día una gota de sufrimiento cae en la copa de la paciencia del pueblo; cuando esa copa rebose, entonces llegará el día de la reconstrucción, entonces la democracia será un hecho; entonces reirán los que ahora gimen, y llorarán los que hoy gozan.

Entretanto los desheredados de la administración ven cruzar por las calles los lujosos trenes del presidente y de sus amigos, que van a los Tívolis, y dicen sin comprender tal vez lo triste de la pregunta:

«¿Adónde iremos a parar con este gobierno?»

El Radical, t. 1, núm. 132, abril 16 de 1874, México, p. 1.

YUCATÁN. SOBERANÍA DE LOS ESTADOS

Se agita en la Cámara de representantes la idea de calmar los disturbios del estado de Yucatán por algún medio semejante al que en planta se puso en el estado de Coahuila y que es, si no el más constitucional, sí el más agradable para los hombres que disponen hoy de la situación de la república y de la suerte de las desgraciadas entidades federativas.

La independencia y la soberanía de los estados es, en las prácticas actuales, un elemento que no debe tomarse en cuenta; al gobierno le sirven esas soberanías de un gran obstáculo en sus tendencias centralizadoras y procura por cuantos medios están a su alcance minarlas y desprestigiarlas, poniendo en juego la inteligencia de los partidarios de la política del centro, para probar que cuanto se hace contra los estados, está perfectamente de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución; queriendo hacer comprender a los pueblos que el único remedio contra los abusos de las autoridades locales es la abdicación más o menos violenta de la soberanía de los estados, y extraviando o procurando extraviar el buen sentido de las entidades federativas con la confusión entre los principios y las personas, entre la soberanía del estado y los funcionarios de él, entre los abusos y el desprestigio de los gobernantes y la bondad y conveniencia de las instituciones.

De aquí ese poco empeño de los ciudadanos por defender el sistema federal, y la autonomía de los estados.

Una tras otra las entidades federales van siendo víctimas de ese plan maquiavélico urdido y llevado a efecto para hacer de esta nación una república central en realidad y federal en el nombre.

Primero fue Coahuila, luego Morelos, hoy se piensa ya en dar un nuevo golpe al desgraciado Yucatán.

Larga es la historia de la revolución del estado de Yucatán en estos últimos años, larga y sangrienta prueba ha soportado esa parte de nuestro territorio, y terribles peripecias de esa lucha han hecho estremecer a la república; no han faltado ni combates, ni sublevaciones, ni golpes de Estado, ni asesinatos, ni aplicaciones de la ley fuga.

Difícil, si no imposible, sería trazar un cuadro de esos acontecimientos en las columnas de un periódico y renunciamos a intentarlo; pero ¿cuál es la causa de esa recrudescencia que se observa en estos últimos años en la península?, ¿cuál puede ser el obstáculo poderoso que se ha opuesto a la franca reconciliación de los partidos, a la tregua en el combate, o al menos al completo triunfo de uno de esos partidos?

Algunos atribuyen esto al carácter descontentadizo de los ciudadanos de Yucatán; otros a profundísimas divisiones políticas entre sus habitantes, los de más allá a la falta de un genio que hubiera podido enfrenar las pasiones y dominar la situación; otros finalmente a que el gobierno del centro no ha puesto, como el dictador romano, su espada en uno de los platillos de la balanza.

Nosotros creemos que ni los yucatecos son ingobernables, ni hubieran podido los partidos prolongar por tanto tiempo la lucha con sus propios elementos, y que uno u otro contendiente debía haber caído exhausto o haber celebrado con su adversario, al menos, un armisticio favorable para el porvenir del estado: éste era el orden natural de las cosas y éste el natural desenlace de toda lucha política.

Pero el gran elemento de discordia en Yucatán ha sido sin duda la constante intervención del gobierno del centro, que con sus elementos y su prestigio ha estado conservando allí la intranquilidad en los ánimos y la alarma en las conciencias.

Si el gobierno del centro en el estado de Yucatán hubiera intervenido de una manera franca, leal y decidida, apoyando a un partido, o humillando a los dos; si se hubiera presentado en la península el jefe del gobierno, en son de intervención o de conquista, con un programa y con la voluntad manifiesta del centro, el gobierno de la Unión habría cometido un crimen contra la soberanía de los estados y contra la Constitución, pero en cambio habría matado a su víctima de un solo golpe, y quizá podría dar como disculpa del atentado, la tranquilidad y el bienestar de una antes entidad federal.

Pero el gobierno del centro, desde hace años ha observado una conducta falsa y artera en Yucatán; protegiendo hoy a este partido, mañana al otro, alentando esperanzas de los que conspiran, dando golpes de Estado que reaniman a los vencidos, levantando entidades personales, para atacarlas al otro día cuando su posición haya despertado envidias y celos, y en fin, siendo al mismo tiempo apoyo de dos adversarios, sostén de dos partidos contendientes, y en todo dejando jugar y jugando la intriga y sembrando la zozobra y el descontento y engañando a todos, y causando desconfianzas hasta de la verdad y eficacia de su protección.

¿Qué gobierno estable puede tener Yucatán, cuando la oposición, que nunca falta a un gobierno, sabe que cuenta con el gobierno general, y éste toma parte más o menos claramente con los descontentos, y llega hasta el golpe de Estado?

¿Qué clase de tranquilidad puede reinar en ese estado, cuando el que llega a triunfar no está seguro de que al día siguiente sus enemigos armados con el poder de la Unión, no le derriben en un momento?

¿Cómo ha de haber resignación en un partido que es vencido en la lucha, si ese partido sabe que la mano del centro vendrá a ayudarle?

Y, finalmente: ¿cómo ha de cejar ninguno de los contendientes, si todos ellos tienen las mismas promesas, las mismas pruebas de afecto y las mismas esperanzas por parte del gobierno del centro?

Si alguien duda de esto, considere solamente que esa lucha política de Yucatán ha sido más animada aquí en las antesalas del presidente, que en el palacio de Mérida; que a cada paso van y vienen comisionados y agentes de todos los partidos; que todos van contentos con las promesas del gobierno general, y que hasta ahora esos partidos están muy lejos de ser dueños de la situación.

Este mismo cargo hemos hecho siempre al gobierno tratándose de cualquiera de los partidos y de cualquiera de las personas que ocupan el gobierno en Yucatán.

Porque nosotros no tenemos puesto en esas banderas, porque deseamos sinceramente la felicidad de ese estado; porque nos repugna que se culpe a los hijos del mismo de lo que nadie, sino el gobierno, es culpable, y porque el sistema federal se desprestigia con todo eso.

Ahora se piensa en nombrar gobernador para Yucatán, y que el centro sea el que haga ese nombramiento.

Y ¿quién tiene facultades en el centro para calificar la legalidad de lo existente en Yucatán, y nombrar gobernador?

¿El Congreso?, ¿la Corte?, ¿el presidente?

¿Se quiere apelar al estado de sitio?

Las entidades federales son ya el juguete del centro; quizá con Yucatán se dé un nuevo escándalo; pero la nación no podrá ya olvidar que Yucatán será otra vez víctima de esa cadena de vicisitudes y de desgracias que tan hábilmente le ha preparado el gobierno del centro, y con la que han dejado atar la soberanía de su estado los hijos de la península.

Creemos, por honor de México, que el Congreso no hará con Yucatán lo que hizo con Coahuila.

El Radical, t. 1, núm. 134, abril 18 de 1874, México, p. 1.

LA LEY ELECTORAL

Para que el gobierno de la república pueda llamarse democrático, y para que los hombres que suben al poder, en cualquiera de las tres esferas que forman ese gobierno, puedan llamarse representantes del pueblo y legítimamente electos por él, es preciso e indispensable que el sistema electoral se organice en nuestro país, de tal manera que el gobierno de la Unión y los de los estados no puedan tener esa influencia decisiva en las elecciones y que los ciudadanos libremente y sin temores ni obstáculos puedan elegir al que crean más digno de representarles como jefe del ejecutivo, como individuo de la Suprema Corte o como diputado.

Las elecciones, día a día van significando menos la voluntad del pueblo; las leyes electorales son débil malla que el poder rompe con facilidad, y las candidaturas oficiales, triunfantes siempre y sin obstáculos indican la parte que el pueblo toma en el supremo acto de las democracias.

Fáciles votos los que concurren a los colegios electorales, desertores o excluidos los que no se conforman con la consigna de la autoridad; la lucha es ya un mito, y apenas puede comprenderse cómo hay quien se atreva a pensar en ella y la generación que se levanta apenas podrá tampoco comprender cómo hubo un tiempo en que las elecciones fueron libres, un tiempo en el que existían esas luchas, y un tiempo, que por desgracia se aleja más y más, en que si los gobiernos tenían también el pudor de ocultarlo, y trabajaban quizá por ellas, pero no insultaban al pueblo publicando su falta de respeto a la ley. Esta época pasó hace ya tanto tiempo y es tan común y se mira como cosa tan natural el que el ejecutivo se forme para sí un Congreso, que un joven escritor que no alcanzó aquellos días, nos ha llamado «ignorantes en las prácticas parlamentarias» porque combatimos el abuso que hace el ejecutivo del poder público para tener segura esa que se llama «mayoría en el Congreso».

¿Quién no comprende cómo se encadena la mutua protección de los que nos gobiernan, para triunfar siempre en las elecciones, para apoyarse unos a los otros, para perpetuarse en todos los puestos públicos, y para tener con la libertad esclava a la nación, seguro el puesto con las elecciones, a pesar de la voluntad del pueblo?

¿Alguien ha olvidado las multiplicadas reelecciones del señor Juárez; las reelecciones de tantos gobernadores, de tantos magistrados y de tantos representantes del pueblo?

Aquí nadie que una vez es presidente o diputado o regidor o magistrado quiere dejar el puesto luego que termina el periodo; no parece sino que la primera elección les da el derecho a la perpetuidad por la reelección, y por una inconsecuencia general los hombres que declaman y atacan la reelección de otros buscan la suya con empeño, y nunca ni tienen escrúpulos de caer en contradicción con sus doctrinas, ni les faltan argumentos para sostener que ellos son la excepción de la regla que declara perjudiciales las reelecciones.

Mucho tiempo hace que el círculo político se mantiene inalterable sin sufrir notable cambio en el personal; muchas veces los gobernantes han dado pruebas, o de incapacidad o de falta de amor a las instituciones, y sin embargo llega la hora de elegir, y los pueblos entusiasmados vuelven a darles su voto.

¿Será que el pueblo está satisfecho siempre de sus gobernantes?, ¿será que no encuentra con quien sustituirles? Seguramente que no. Pues ¿cómo se explican esas constantes reelecciones? Muy fácilmente: por medio de la liga que han formado entre sí los gobernantes, y el abuso que hacen del poder público para influir en las elecciones.

El presidente apoya al gobernador de estado y hace triunfar su candidatura en la reelección; en cambio este gobernador apoya la candidatura del presidente en su estado, y la reelección no es dudosa.

El presidente y los gobernadores unidos así, forman una Corte Suprema y un Congreso; en cambio el Congreso y la Corte apoyan a los gobernadores y al presidente.

La alianza es poderosa; pero ¡ay del magistrado, del gobernador o del diputado que llega a perder esa protección y que se separa del gremio! La guerra más terrible se declara contra él, y cuando mucho alcanza a cumplir su periodo, pero debe despedirse completamente de la reelección: no hay que perder el lugar en las filas, ni que dar la más leve muestra de insubordinación; la ordenanza del ejército no es tan terrible para castigar una falta a la consigna, como lo es hoy el elemento oficial organizado en partido.

Y no es razón de disidencia en eso que llamamos partido oficial, la diferencia de opiniones políticas, no; en los altos círculos bien se puede pensar como los conservadores y haber vivido como los imperialistas; esto no hace perder la gracia ni el lugar entre los escogidos, basta sólo ser gobiernista, y para esto tener por programa lo que desde los tiempos del señor Juárez se viene llamando «el principio de autoridad».

Diríase que éstas son exageraciones de la oposición apasionada, pero los hechos son la mejor prueba; el presidente que no pudo ser más lerdista sostiene al gabinete, encarnación del juarismo; este enemigo terrible de la candidatura del señor Lerdo es el firme apoyo del jefe del partido lerdista; las elecciones han seguido apoyadas por el presidente y sus ministros, sin distinción de lerdistas, juaristas, o imperialistas; entonces si no se encuentra la explicación de esa liga en las opiniones políticas ni en las antiguas amistades, ¿en dónde podrá encontrarse?, nada más que en esa especie de pacto celebrado por los que nos gobiernan, para protegerse, para ayudarse y para cerrar siempre el círculo de los que no se resignan con dejar de ser lo que son, y que tienen por programa el mutuo auxilio y la conservación del bien presente.

Todo esto hace muy difícil la formación de una buena ley electoral y el completo desarrollo de las instituciones democráticas.

Por más apariencias que presente la ley de garantizar la libertad del sufragio, ¿podrán el presidente y el Congreso dejar en su armadura un lado débil por donde puede herírseles? ¿Les convendrá al Congreso y al ejecutivo abrir las puertas para que entren al poder hombres que no son ellos ni de ellos, y que quizá no tomen parte en la liga contra las libertades públicas?

Asegurada como está la influencia del gobierno en las elecciones, puede tranquilamente mirar que algunos hombres independientes y de valor civil entren al gobierno, pero esto cuando más en el Congreso y esto porque allí les abrumará fácilmente la mayoría.

La base de un buen sistema electoral es la independencia, la dignidad y la honradez de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son la base sobre la que debe sostenerse una elección verdaderamente popular.

Si los ayuntamientos están electos de orden suprema y son, más que un cuerpo de ciudadanos servidores humildes del ejecutivo y de sus agentes, si carecen de libertad para arreglar las elecciones, si les falta valor para exponerse a las exigencias del poder y garantizar la libertad de sufragio, si quieren hacer redundar en provecho propio la misión noble que se confía a sus individuos, si buscan la consigna y no comprenden la altura de su encargo en la democracia, toda ley electoral es ineficaz y hasta ridícula; el poder lo hará todo.

Para que alguna vez la ley electoral pueda ser fructuosa y el sufragio libre sea un hecho, es preciso que esa ley garantice a los ayuntamientos de los abusos del poder, y a los pueblos de los abusos de los ayuntamientos; mientras eso no se procure, las elecciones no serán más que la expresión infalible de la voluntad del presidente.

El Radical, t. 1, núm. 136, abril 21 de 1874, México, p. 1.

LOS ESTADOS

Es una cosa ya fuera de duda que entre los hombres que están al frente de la administración, ya en el poder ejecutivo, ya en el legislativo, ya en el judicial, existe el partido del centralismo, y que el ataque a la soberanía de los estados es el medio directo de que estos partidarios se valen para minar día a día la federación.

En vano se pretenderá ocultar esas tendencias que para toda la nación están de manifiesto, y que han tenido su expresión en los negocios de Coahuila, de Morelos y de Yucatán.

Es un hecho que la «federación» estorba al ejecutivo en la marcha política; es un hecho que ya no se satisface la actual administración con dominar sin obstáculos en las elecciones de gobernadores, de diputados y de magistrados; parece que necesita aún más y que los estados de sitio, y que las invasiones de los tres poderes en la soberanía de las entidades federativas son como las pruebas que se hacen del sufrimiento de los estados para dar un paso más grave.

Se dirá que ésta es una acusación muy grave contra la política actual, es verdad, pero no somos nosotros, sino la administración la que da los datos para formar este juicio.

¿Puede, en efecto, tenerse fe en el respeto del ejecutivo por las instituciones que nos rigen, cuando ha intervenido tan descaradamente en las elecciones, burlando la libertad electoral y haciendo llegar a la Cámara y a la Suprema Corte estos candidatos oficiales?

En las elecciones mismas de los estados ¿no ha llegado hasta el caso de enviar las tropas de la federación, como sucedió en Tlalnepantla, Estado de México, para hacer elegir un diputado a una de las legislaturas?

El influjo del ejecutivo, ¿se ha dejado de sentir en los disturbios locales y en las luchas intestinas de las entidades federativas alentando a alguno de los partidos, con notable desprecio del espíritu del pacto fundamental?

En otros estados como Jalisco sólo porque el gobernador no se presta ciegamente a obedecer la consigna, ¿no se procura por la administración del centro, crear dificultades a ese gobernador y procurar que sea eliminado para tener en su lugar alguno más dócil?

La mayoría absoluta que el presidente tiene en la Cámara, ¿deja siquiera a los estados la esperanza de encontrar en ese cuerpo un refugio contra las tendencias de centralismo?

La Suprema Corte de Justicia, que sin escrúpulos se considera autorizada para revisar las elecciones de un estado y declarar ilegítimo a un gobernador, ¿no da acaso con esto la prueba más clara de que el centro no sólo se cree el señor de los estados, sino que pone en ejercicio su autoridad y su poder?

Naturalmente se querrá probar a la nación por algunos partidarios del centralismo, que ayudan a la administración en su política, que nosotros decimos todo esto por espíritu de ciega oposición; que el gobierno respeta las soberanías de los estados; que todo lo que se hace es conforme con las prescripciones del Código fundamental; que protestar contra la política del ejecutivo, y combatirla, es demostrar ambición y provocar la guerra civil.

Esto y más se dirá; pero la nación comprenderá que los defensores de la preponderancia del centro han de encontrar muy bueno y muy justo cuanto sea conforme a sus miras políticas, y además, el pueblo sabrá qué peso debe dar a las palabras de personas que ayer en la administración del señor Juárez fueron los enemigos terribles de los estados de sitio en la Cámara y en la prensa, y hoy sostienen que el Congreso puede disponer a su arbitrio de la suerte de un estado: que ayer en la administración del señor Juárez pedían a gritos la libertad electoral, y hoy, con el señor Lerdo, han triunfado en las elecciones como candidatos oficiales; que ayer eran los más terribles adversarios de la reelección, y hoy han buscado y conseguido sin escrúpulos su reelección y la de sus amigos.

El pueblo sabe qué debe juzgar de escritores que nos llaman de oposición sistemática cuando ellos son los que por sistema llevan alabar al gobierno, y antes al señor Juárez; y ahora al señor Lerdo, no le encuentran ni le han encontrado en toda su marcha más que motivos de alabanza.

Sería ya una ceguedad no comprenderlo; están frente por frente los partidos de la federación pura y los de la centralización. Los primeros encuentros han sido fatales para los partidarios del sistema federal; la Corte ha ganado para el centralismo una gran batalla; los amigos de la política actual nos burlan y nos insultan; nosotros tenemos fe en la bondad de las instituciones y en la dignidad y energía de los estados, y creemos que la federación se salvará.

El Radical, t. 1, núm. 138, abril 23 de 1874, México, p. 1.

ESTADOS, GOBERNADORES Y LEGISLATURAS

Casi toda la lucha política en estos días ha venido a reducirse a un solo campo: la soberanía de los estados. Alentado el gobierno del centro con la apatía de las entidades federativas, con el indiferentismo de los ciudadanos, y con la complicidad de gran parte de los gobernadores, ha ido poco a poco interviniendo en los negocios del régimen interior de los estados, hasta arrojar completamente la careta en los ruidosos asuntos de Yucatán, Coahuila y Morelos.

Es indudable que existe ya, casi organizado, un partido centralista, que aunque afecta, sin duda porque cree que aún no llega su hora, un falso amor a las instituciones, procura por cuantos medios están a su alcance minar la soberanía de los estados y acabar con la federación, planteando el centralismo, y para esto, ya se empeña en alentar las oposiciones locales, ya interviene en las elecciones, ya por medio de la justicia federal da el golpe más rudo a la soberanía de un estado; ya promueve para otro el estado de sitio, o el anticonstitucional nombramiento de un gobernador, procónsul del presidente, y ya en la prensa y ya en la tribuna, sostiene que todo esto es conforme al pacto fundamental, que es conveniente para la salud del pueblo, que son remedios necesarios, y que el sistema federal y la soberanía de los estados no son como nosotros lo entendemos, sino como lo entiende el partido centralista.

Ciego estará en política el que no vea ya la existencia de este partido, el que no sienta los síntomas de una lucha que sin duda debe ser terrible y quizá muy sangrienta, y el que no conozca que ese partido ha nacido y se organiza a la sombra del ejecutivo de la Unión.

Las pruebas, los estados las tienen mejor que nosotros. ¿De dónde han partido los golpes más rudos contra la soberanía y la independencia de los estados? Sin duda que de la Corte y del Congreso, porque el ejecutivo procura escudarse con estos dos cuerpos políticos en sus avances.

¿Y quién presentó las candidaturas para la elección de los individuos de la Suprema Corte, y de la mayoría de los diputados al Congreso general? Sin duda el ejecutivo, es decir, el señor Lerdo, porque ni los niños ignoran que esas candidaturas fueron de las que se llaman oficiales; ¿y cómo triunfaron esas candidaturas? Tampoco lo ignora nadie; unas por la intervención más o menos violenta de los elementos del poder, otras por el cansancio, por el desaliento, por la desmoralización de los pueblos que no quisieron ya luchar en las farsas electorales.

El señor Lerdo, pues, formó su Corte de Justicia y su mayoría en el Congreso, y todo esto a su entera satisfacción, porque no hay, sobre todo en la Corte, uno solo de sus candidatos que haya sido derrotado, ni uno solo de los triunfantes que no haya sido su candidato. Las listas, tales y como las presentaron El Siglo XIX y El Porvenir, periódicos que uno primero y otro después, se han reputado como los órganos privilegiados del señor Lerdo, salieron vencedoras en la lucha electoral. Nada turbó la victoria de los candidatos oficiales; ni un oposicionista electo, ni uno de los propuestos por el gobierno, desechado; ni la menor dificultad en el escrutinio que hizo la Cámara.

La declaración que hizo el Congreso fue enteramente arreglada a las candidaturas propuestas por El Siglo y El Porvenir.

Después de esto, los ataques a las soberanías comenzaron, y una de dos: o el señor Lerdo no conocía a los hombres a quienes había hecho elegir, o les conocía y obligó a los pueblos a votar por ellos, con el objeto de que ellos le ayudasen en su política centralizadora.

El primer extremo no es admisible, porque el señor Lerdo hace muchos años que toma una parte muy activa en la política del país; el señor Juárez le hizo jefe de su gabinete desde el año de 1863, y le conservó a su lado hasta que llegó la lucha electoral de triste recordación en 1872; el señor Lerdo debe pues, conocer mucho a los que fueron sus candidatos, porque creer lo contrario sería suponer dos cosas terribles: o que no tiene los tamaños necesarios para el puesto que ocupa, o que tan poco le interesa la suerte de este pueblo, que recomendó para tan elevados puestos a quienes no había procurado conocer.

No queremos ofender al señor Lerdo, y desechamos, pues, este primer extremo en el dilema, y decimos que supuesto que el señor presidente conocía muy bien a las personas a quienes hizo triunfar como candidatos oficiales, estos señores estaban de acuerdo con la política del ejecutivo.

Y que estaban de acuerdo, no tiene duda, porque todos conocemos el carácter del señor Lerdo, y todos sabemos que al que no está de acuerdo, perfectamente de acuerdo con sus ideas, o que se presenta siquiera con el más ligero indicio de que puede estar alguna vez en desacuerdo, no sólo no le hace su candidato oficial, sino que no perdona medio para apartarle de toda injerencia en la política, no deteniéndole ni aun la consideración de que esto es burlar la confianza que en él depositaron los pueblos, porque es atacar la libertad electoral.

Ahora bien, ¿si todos los altos funcionarios en el gobierno del centro, que por sólo el hecho de serlo demuestran su absoluta conformidad con la política del señor Lerdo, atacan encubierta o descaradamente la soberanía de los estados, puede dudarse que el ejecutivo es el alma de este movimiento que se opera contra las instituciones que nos rigen?

¿Alguien cree que pueda despacharse un negocio en alguno de los tres poderes contra los deseos del señor presidente de la república? ¿Alguien supone que un asunto en el que ese señor se interesa dejara de despacharse en el sentido en que él lo desee?

De seguro que los periódicos defensores de la política del señor Lerdo dirán, con más o menos vehemencia, que nada de esto es verdad; pero no habrá un ciudadano de cualquiera opinión que sea, inclusos los mismos lerdistas, que en el fondo de su conciencia no diga que tenemos razón.

Los estados han caído por fin en la red; los altos puestos están ya en manos de hombres que cada día dan mayores pruebas de que ni son amigos ni partidarios de la soberanía de las entidades federativas, y esa soberanía está ya a merced del centro, y el gobierno de la Unión puede, cuando le convenga, declarar ilegítimo a un gobernador, o decretar un estado de sitio.

Los estados se dejaron dominar en las elecciones, por indolencia o por falta de energía; los gobernadores se prestaron a todas las exigencias del señor presidente; las legislaturas dejaron hacer a sus gobernadores cuanto ellos quisieron. Llegó el día de la experiencia; duro pero merecido es el castigo; ahora estados y gobernadores y legislaturas abrirán los ojos y comprenderán su situación; pero es tarde ya.

Hace mucho tiempo dimos la voz de alarma, nadie nos quiso escuchar; se ha formado la cadena; ahora ¿qué vale la soberanía de los estados?, ¿en dónde hay un gobernador tranquilo?, ¿qué significan las legislaturas? Respondan los estados, los gobernadores y las legislaturas.

El Radical, t. 1, núm. 140, abril 25 de 1874, México, p. 1.

INDIFERENTISMO POLÍTICO

Como hemos dicho muchas veces, uno de los síntomas más terribles del mal estado de una nación es sin duda el indiferentismo político del pueblo, que sin tomar parte alguna en la marcha de las cosas públicas, mira a sus gobernantes desviarse de la senda legal y se deja arrebatar una en pos de otra todas sus facultades y todos sus derechos.

La libertad entonces no puede ya existir, porque el defensor de la libertad es el pueblo, y si éste la abandona, la libertad sucumbe; la democracia es una mentira, porque la democracia consiste precisamente en el gobierno del pueblo, y si el pueblo abdica ese gobierno en manos de un pequeño grupo, la democracia deja de existir; y la república en fin es un engaño porque sin las bases de libertad y democracia la república no puede subsistir.

¿Qué clase de libertad puede tener un pueblo, cuyos hijos dejan al gobierno hacer su voluntad, y cruzados de brazos miran a ese gobierno usurpar el nombre del pueblo para hacer a su saber las elecciones, y dictar leyes?

¿Qué democracia es aquella en la que un grupo de hombres audaces o astutos se apoderan del poder público, y sin que el pueblo intervenga en nada, suponen y aparentan elecciones, para repartir entre sus amigos todos los destinos públicos; y no se acuerdan de ese pueblo más que para gravarle con impuestos excesivos?

¿Qué república es aquella, en donde tales cosas suceden?

Y todo esto es el resultado del indiferentismo del pueblo.

Los estados que forman la federación por su parte, y como entidades políticas, manifiestan la misma indiferencia por todo aquello que puede afectarles directamente, y tan tranquilos miran su territorio invadido por las fuerzas del centro y estableciendo allí un gobierno militar, como a la Corte de Justicia destituyendo en una sentencia de juicio de amparo a un gobernador; como al Congreso decretando un estado de sitio o nombrando un gobernador de orden suprema para una entidad libre, soberana e independiente.

La federación para que, como un derecho y un hecho, pueda subsistir, es necesario, indispensable, que los estados estén en el pleno goce de todas sus facultades; si esto no sucede, entonces existirá de nombre la federación, de hecho el centralismo, sin que contra esto pueda presentarse el «hecho» de que existe un Congreso de la Unión y que cada estado tiene una Legislatura, y que todos ellos se llaman libres, soberanos e independientes en su régimen interior.

Si los estados no son realmente independientes; si el gobierno del centro puede declarar a cualquiera de ellos en estado de sitio a la hora que mejor le parezca; si un jefe militar puede impunemente dar un golpe de Estado en una de las entidades federativas, y esto constituye un mérito a los ojos del gobierno general; si el Congreso puede nombrar con cualquier pretexto un gobierno provisional para un estado; si la justicia federal puede a su antojo declarar ilegítimo a un funcionario público o anular las leyes de una localidad; si un juez de distrito, cuando lo juzgue oportuno, tiene facultad de suspender los impuestos decretados por una Legislatura, y si todo esto acontece sin que los estados den siquiera muestras de disgusto, sin que se atrevan siquiera a protestar contra tales atentados, se puede decir con seguridad que la federación no existe.

Si los estados sufren tranquilamente que los agentes del gobierno general intervengan en las elecciones, cuando se trata de nombrar a los funcionarios del mismo estado; si consienten y no se indignan de que sus gobernadores reciban la consigna del presidente para que sean electos como representantes del estado personas que ni conocen a ese estado, ni le pueden tener simpatía, ni son federalistas por convicción, ni comprenden lo que quiere decir soberanía de los estados; si se conforman con ser prefecturas del centro y no entidades soberanas, la federación no existe, y sólo sirve su nombre para encubrir al centralismo.

Nada importa entonces que aquellas porciones del territorio se llamen estados, que entonces la palabra tanto significa como provincias; nada importa que tengan gobernadores constitucionales, serán por su manera de obrar prefectos o comandantes militares, según que sea su carácter más o menos belicoso; nada supone el que exista una Legislatura que será sin duda menos importante que una «junta departamental» de los tiempos del general Santa Anna, o una «diputación provincial» de España en los días de doña Isabel II; pero con todo ese aparato de república federal, ni habrá república ni federación, y los gobiernos de los estados, con distinto nombre, con diversa organización, no serán sino los humildes agentes del presidente de la república.

Y todo esto no es más que el resultado del completo indiferentismo de los ciudadanos y de los pueblos, y cada día será peor la postración y el desprecio a las instituciones, porque los gobiernos tienden naturalmente a ensanchar la órbita de sus facultades y este movimiento es muy rápido cuando no encuentra la resistencia de la voluntad de los pueblos.

Éste es el verdadero camino para el despotismo, porque este camino lo abren los pueblos mismos.

El Radical, t. 1, núm. 143, abril 29 de 1874, México, p. 1.

UN DESENLACE

Para nadie es un misterio que la situación del país, triste y desconsoladora desde hace ya algunos meses, se hace cada día más y más insoportable. El señor presidente Lerdo ha tenido el poco tacto de haber dado a todo el periodo de su presidencia, desde la hora en que por muerte del señor Juárez subió al poder, el mismo carácter de interinidad, de manera que ni un paso, ni un cambio, ni el menor rasgo de franqueza pueden encontrarse para distinguir la marcha administrativa del presidente interino, de la marcha administrativa del presidente constitucional.

Las esperanzas se han sucedido, las ilusiones de todos los ciudadanos, sin distinción de clases ni de partidos, se han ido desvaneciendo poco a poco, y de las esperanzas se ha pasado al desaliento, y de las ilusiones a los desengaños.

Titánicos esfuerzos hacen los amigos del señor Lerdo por mantener en el pueblo un resto siquiera de fe para el gobierno, y agotan en la prensa y en la tribuna todos sus argumentos, ya para disculpar la conducta del señor presidente y aun de ensalzarla, ya para ocultar las voces de los hombres que por decir la verdad son llamados de oposición.

Hacemos a esos amigos del señor Lerdo la justicia de creerlos hombres de buena fe, aun cuando ellos se empeñen en presentarnos a nosotros ante la nación como ambiciosos vulgares y despechados; pero estamos seguros de que ellos mismos, a pesar de sus ardientes deseos por prestigiar la administración, a pesar de que crean que hacen un servicio a su país atacando sin consideración a esos que llaman oposicionistas, en el fondo de su conciencia, cuando se encuentren frente a frente con la situación, en esos momentos de reflexión que tenemos todos los hombres, en las altas horas de la noche y en la soledad de nuestro gabinete, ellos mismos confesarán que no se puede defender a la administración con sólidas razones, que el descontento del país no es sin motivo y que el señor Lerdo no les ayuda con su conducta en esa misión terrible que se han impuesto.

Un escritor se desalienta cuando comprende que lo que él pudiera ganar para el prestigio del gobierno en tres meses de asiduo trabajo, el presidente lo pierde con uno solo de sus actos, y ese escritor tarde o temprano acaba por lanzar de sus hombros esa carga, porque todos cuidan de su buen nombre y de su porvenir y hay muy pocos que sacrifiquen porvenir y nombre por sostener a un gobierno que hace cuanto puede por desprestigiarse.

Habrá hombres de tanta abnegación que se dejarán enterrar entre las ruinas de una administración que sucumbe heroicamente por sostener un principio político; pero creemos imposible que haya quien pierda cuanto el porvenir puede brindarle, por seguir la suerte de un gobierno que debe su desprestigio a la inercia, a la vacilación, a los convites y a las diversiones.

La situación puede decirse que es no sólo anormal sino violenta, que tal como está es casi insostenible, y que debe tener un gran desenlace, porque todo lo que no es justo no puede subsistir.

El apoyo del señor Lerdo lo forman fracciones por cierto no muy numerosas, de los antiguos partidos en que estaban divididos los hombres políticos del país, y estas fracciones son algunos juaristas que no han vacilado en sostener y defender hoy todo lo que ayer atacaban; algunos hombres del Partido Conservador o imperialista que no han tenido escrúpulos en romper con lo que forma la tradición de su antiguo partido, y algunos de los que se nombraron lerdistas que a pesar del desprecio con que les ha tratado el señor Lerdo, o no pierden las esperanzas o no se sienten humillados con ese duro trato.

Éste es el apoyo directo del señor Lerdo. Hay aún uno indirecto, y es por un lado el deseo de no turbar la paz pública en la mayor parte de los juaristas, porfiristas y conservadores, y por otro el temor de aparecer inconsecuentes o despechados, que impide a la mayoría de los lerdistas el declararse resueltamente de oposición.

Hay que notar en medio de todo esto «que nadie piensa en revolución, ni en insurrección» y no porque el descontento no haya tocado ya a sus límites, no; sino porque todos los hombres políticos tienen la firme convicción de que una revolución armada podía dar algún prestigio al gobierno y robustecerle, y por eso el gobierno la desea con toda la fuerza de su espíritu; y de que el gobierno hace todo lo posible por derribarse a sí mismo a fuerza de desprestigio y lo va consiguiendo, y de que sería criminal que se derramase la sangre de los mexicanos para alcanzar un cambio en la situación, cuando para ellos basta el champaña que se derrama copiosamente en los multiplicados banquetes que señalan la marcha del ejecutivo, porque cada uno de esos escándalos vale más para la oposición que una batalla ganada.

Un presidente que entre las guerrillas enemigas se retira a Veracruz o a Paso del Norte, está en menos peligro que un gobierno que entre músicas y flores tiene por lugar de retirada un Tívoli.

Si el señor Lerdo llevase en su administración alguna gran mira política, y esto le suscitara grandes y poderosos enemigos, comprenderíamos que afrontase el desprestigio y el peligro; le admiraríamos o en su triunfo o en su victoria y amigos o enemigos de él le veríamos digno de respeto sacrificándose por una causa que a su juicio y en su conciencia merecía el sacrificio.

Pero perder el prestigio por no perder los goces triviales y materiales, sacrificar un hermoso nombre por no sacrificar un convite, una tamalada o un paseo; perder a sus amigos por no perder a los que ni lo fueron ni lo pueden ser, como los ministros del señor Juárez; sacrificar a sus partidarios por no sacrificar un poco de amor propio; perder la más brillante de las oportunidades que se han presentado en la historia de México para hacer feliz al país, por no perder las costumbres del hombre sin obligaciones y de eso que se llama «la buena vida» y sacrificar al pueblo, por no sacrificar al trabajo horas que como las del paseo de Bucareli, no pueden llamarse ni aun de distracción.

Esto no lo comprendemos.

Y esta situación tiene que tener un desenlace; la república no puede estar eternamente esperando, ni el señor presidente puede seguir indefinidamente en esa vida de convites, y con ese gabinete que por no perder el destino no se atreve a hacer la más ligera indicación al señor presidente, ni a decirle siquiera que la nación mira como un insulto que cuando, como en el mensaje de apertura de las Cámaras, se anuncia el aumento de impuestos en obras inútiles y en compras más inútiles aún, se hallan gastados en Chapultepec más de 80 000 pesos, haciendo y deshaciendo tres veces una misma cosa por un ligero capricho, y empleando cientos de pesos en jaulas para pájaros.

Los lerdistas algún día sentirán rebelarse su propia dignidad, y dejarán su obediencia pasiva para tomar un lugar en las filas de la oposición. Bien sabemos que esto no lo cree el señor presidente, y que tiene ciega confianza en la humildad de sus antiguos partidarios, como lo prueba el modo con que los trata; sin embargo, lo que anunciamos sucederá, porque la paciencia se pierde al fin con tantas humillaciones.

Y el señor presidente tendrá que cambiar de política si aún es tiempo entonces, ¿y si no?

Si no, francamente confesamos que no sabemos cómo se desenlazará esta situación; sólo podemos asegurar dos cosas: que el gobierno no puede seguir mucho tiempo así, y que el pueblo no necesitará ni derramar una gota de sangre, ni oír la detonación de un fusil para presenciar un cambio completo de decoración, porque hay gobiernos suicidas, y el suicidio por desgracia se ha hecho muy común en México.

El Radical, t. 1, núm. 144, abril 30 de 1874, México, p. 1.

LA CONSTITUCIÓN Y LOS ESTADOS

A nuestro humilde parecer, la causa de todas las dificultades suscitadas con motivo de la interpretación de los artículos del pacto fundamental sobre la soberanía de los estados, es que la Constitución no se considera como debía, es decir, que se cree generalmente que es una cosa distinta de lo que verdaderamente es en sí.

Nos explicaremos con más claridad.

Generalmente se supone que la Constitución es la ley suprema que la república ha dado en virtud de su soberanía y para que por ella se rijan los estados y los ciudadanos; que las garantías individuales, lo mismo que la soberanía de las entidades federativas, emanan de esa Constitución; que ella da las libertades al ciudadano y la independencia a los estados, y que en ella es en donde debe buscarse la fuente de todos esos derechos y de todas esas facultades.

Por eso a cada momento oímos repetir frases tales como: «las garantías que concede a los hombres la Constitución», «las facultades que concede la Constitución a los estados» y que a nuestro parecer envuelven pensamientos falsos. Ni la Constitución concede, ni otorga las garantías, sino que «únicamente las consigna», ni concede facultades a los estados porque son los estados los que dan facultades al centro, a la Unión, cuya regla de conducta es el código fundamental.

En otra ocasión nos ocuparemos de todo lo relativo a garantías; por ahora en este artículo nos reduciremos a tratar de los estados.

La Constitución de 1857 en resumen no es más que el contrato, el pacto que estados libres e independientes, cuya soberanía era preexistente, celebraron para formar una gran nación con el nombre de Estados Unidos Mexicanos.

Los estados, entidades independientes, y que por motivo de la conquista de los españoles y de la guerra de independencia, que les unió con los vínculos de la desgracia, de la necesidad y de la gloria, se habían coligado instintivamente, comprendieron que para establecer un gobierno estable y poderoso que a la vez que les garantizase contra toda invasión interior o exterior, les ayudase a desarrollar todos su elementos de bienestar y de progreso, era necesario formar una federación.

Cada una de esas entidades por sí, no tenía ni la fuerza ni los elementos para formar una nación independiente. La extensión del territorio y la escasez de población no garantizaban suficientemente a cada estado, ni la paz en el interior, ni la tranquilidad por el exterior supuesto que un estado podía ser invadido fácilmente si tenía que habérselas con vecinos ambiciosos o inquietos.

De aquí la necesidad de la Unión para alcanzar la fuerza, de aquí la federación que es la unión sin el sacrificio de la soberanía.

Para formar esa federación los estados necesitaron hacer un pacto en el cual constase terminantemente la parte de facultades con que todos los estados contribuían, que cedían para formar un poder federal que debía depositarse en manos de lo que podemos llamar en lenguaje vulgar, los administradores de este poder, y en lenguaje político, gobierno de la Unión.

El pacto de alianza lo celebraron los estados por medio de sus representantes y se llama ese pacto «la Constitución».

En la Constitución se establecieron las bases bajo las cuales los estados libres e independientes se comprometieron a formar esa compañía o sociedad de entidades soberanas que se llama la federación.

Luego la Constitución no es relativamente a los estados más que lo que una escritura de compañía para una sociedad de comerciantes: el conjunto de bases por las cuales debe regirse aquella sociedad.

Se nota inmediatamente que en la Constitución debieron fijarse y se fijaron las facultades que los asociados deben al administrador de la compañía que es el gobierno general, no las que los estados se reservaban para sí, que es la ley suprema de la federación que forman los estados, no de los estados que la Constitución crea.

Los estados hicieron a la Constitución y al gobierno de la Unión, no la Constitución y el gobierno de la Unión a los estados.

Quien da las facultades y el poder, es la asociación al centro, no el centro a la asociación. Supongamos que no hubiera Unión, los estados existirían, pero ni aun suponerse puede que no existiendo los estados existiera la Unión, porque esto tanto vendría a decir como que podía existir el todo no existiendo las partes.

Si se quisiese hablar con propiedad debería decirse «lo que los estados permiten o conceden a la Unión» y no como se entiende o se quiere hacer entender en cuanto se trata de las facultades de los estados «lo que la Unión permite o concede a los estados».

Esta idea errónea de que es el centro el que «concede» a los estados y no los estados los que «conceden» al centro, es la que sostiene la escuela centralista en México, la que triunfando en el Congreso constituyente hizo prohibir las coaliciones, y la que a cada momento produce la invasión del gobierno federal a la soberanía de los estados.

Sentada la base de que los estados deben su ser político al centro, y de que el centro no es el vínculo de la alianza de los estados sino el jefe de ellos, fácilmente se explica el derecho de hacer declaraciones de estado de sitio, nombrar gobernadores, y examinar las elecciones de las entidades federativas.

Y todas las invasiones del centro serán así justificables, pues si él dio la soberanía, y concedió como una gracia la independencia y libertad a los estados, dueño es de retirar esa gracia y de restringir las facultades que como rasgo de magnanimidad dio a los estados.

Éstas son las teorías del partido centralista, que de poco tiempo a esta parte ha comenzado a presentarse tan francamente en nuestra política teniendo por jefe al señor presidente de la república.

Se nos preguntará cuál es la razón que tenemos para decir que existe un partido centralista y que su jefe es el actual señor presidente.

Contestaremos que la existencia del partido centralista es innegable, porque ya en la prensa, ya en la tribuna, ya en las sentencias de la Corte, ya en los actos del ejecutivo se procura atacar la soberanía de los estados restringiéndola, limitándola y vulnerándola cuantas veces hay oportunidad para ello, hasta afirmarse que aun en sus elecciones locales los estados están sujetos a la revisión del gobierno federal. Esto no es más que el centralismo manifiesto.

En cuanto a que el señor presidente es el centro de ese partido, no hay sino reflexionar en que los escritores que manifiestamente son partidarios suyos y amigos políticos, sostienen con calor cuanto se hace o dice contra la soberanía de los estados, y apoyan las medidas de cualquier clase que sean, que tiendan a restringir esa soberanía ensanchando el poder del centro; que los hombres que más rudamente han atacado la soberanía de los estados en sus actos como funcionarios públicos, son iguales a quienes el señor Lerdo ha hecho subir a los puestos públicos, declarándolos candidatos oficiales y haciéndolos elegir; y que ninguno de todos esos hechos atentatorios a la soberanía de los estados, ni ninguno de esos escritos que atacan directamente tal soberanía, habrían pasado, si el señor Lerdo hubiera manifestado pública y privadamente a ese partido que él no era partidario del centralismo, porque todos saben que la menor indicación del señor presidente es una orden entre cierto círculo.

Que el señor presidente manifieste su respeto a la soberanía de los estados y su decisión por el sistema federal, y aseguramos que no habrá otro atentado contra las entidades federativas, y que esa soberanía, hoy tan ultrajada de hecho y tan discutida en derecho, no tendrá ya enemigos.

Cuando toda la nación sabe la influencia decisiva del ejecutivo en todos los poderes y en todos los negocios, de seguro que no va a creer que el señor presidente está libre de toda responsabilidad en los ataques a la autonomía de los estados.

Se quiere hacer de la Constitución la cadena de la soberanía de entidades federativas; pero la Constitución no se presta a ello si esas entidades han ido perdiendo rápidamente su independencia y sus facultades están perdidas; no están autorizadas por el pacto fundamental, sino que son el resultado de la política invasora del centro, de la condescendencia culpable que hasta aquí han tenido muchos estados y muchos gobernadores, y a que el señor Lerdo ha hecho llegar a los altos puestos a hombres que no son federalistas, sino muy por el contrario, enemigos de la soberanía de los estados.

Para defender, pues, a esos estados en su independencia, y en su autonomía, no hay más recurso ya que la imprenta, porque el gobierno del centro ha tenido buen empeño, secundado por muchos gobernadores, de excluir de los puestos públicos a los verdaderos partidarios de la federación.

El Radical, t. 1, núm. 145, mayo 1 de 1874, México, p. 1.

PARTIDOS Y PARTIDARIOS

La causa de la postración en que se encuentra la república es indudablemente el indiferentismo del pueblo en todo aquello que afecta directamente a su modo de ser político y a la marcha del gobierno; pero la causa de esta postración no puede ser sin duda otra que la falta absoluta de organización de los que se llaman partidos políticos, que en otros tiempos han obligado a los gobiernos a marchar por una senda determinada constituyéndose en caso contrario en ruda oposición, y que hoy, sin verdadero programa, dejan que los esfuerzos individuales se esterilicen en vanas luchas, y no influyen ya como partido ni en el pueblo ni en el gobierno.

Los hombres políticos en estos días toman cada uno la parte que pueden, que quieren y que les conviene; en la marcha de los sucesos, o no se cuida de cómo piensan los que llama sus correligionarios, o no se pone de acuerdo sino con un pequeño grupo que más puede llamarse un círculo de amigos que una fracción política; porque la mayor parte de las veces se ve que en esos círculos pequeños, más domina la esperanza de alcanzar algún provecho particular que un fin político, y tan cierto es esto, que allí se miran reunidos y trabajando en su empresa, asociados, conservadores y liberales, lerdistas y juaristas, enemigos y amigos de la Constitución.

Pero esto está muy lejos de constituir un partido político, esto no puede influir en la marcha de las cosas públicas; porque éstos que falsamente se llaman partidos políticos no producen más que alianzas pasajeras y limitadas que ni tienen bases para el porvenir ni prestan a los que así se unen garantía en la lealtad y constancia de sus compañeros.

Se forma un partido para levantar una candidatura, para llevar un hombre al poder. ¿Esto se puede considerar como un verdadero partido político? Sin duda que no, a no concurrir la circunstancia precisa de que aquel hombre «puede considerarse como la encarnación de un programa administrativo y político»; pero para que esto sea así, es indispensable que tal programa esté públicamente admitido por ese hombre y por todos los que le siguen; que la nación entera lo conozca, y que entre todos esos partidarios, haya expreso o tácito el indeclinable compromiso de sostener aquel programa como su fin, y la candidatura de aquel hombre como un medio, que si el candidato cumple, sus partidarios serán sus sostenedores, si falta serán sus declarados enemigos.

Entonces sucederá una cosa muy natural; aquel partido que será el partido del programa, y no el de un hombre, al presentar al pueblo su candidato hará una solemne promesa; si triunfa es porque el pueblo acepta el programa con el candidato, y reposa en el compromiso que contraen de sostener aquella prometida política, los partidarios del candidato vencedor.

Ya en ese caso la nación, por un lado, sabe cuánto tiene que esperar, y los partidarios por otro, conocen lo que tienen que cumplir y lo que pueden exigir de su candidato.

De otra manera, resultaría lo que ha sucedido con el señor Lerdo; sus partidarios le han visto faltar al programa que ellos a su nombre ofrecieron y que él ofreció tan solemnemente a la nación; pero como el partido del señor Lerdo no llevaba antes el programa que el candidato, ni era así el compromiso que con su partido contrajo el señor presidente, los lerdistas en lo general, no han querido o no se han atrevido a reclamar al señor Lerdo el cumplimiento de su programa, y le siguen y le ayudan cuando él marcha por un sendero distinto del que ofreció seguir, y marcha con distintos hombres de los que debió marchar; y hace en suma de presidente, lo contrario de lo que expresa o tácitamente ofreció hacer cuando era candidato.

El señor presidente Lerdo ha creído que no tiene en el poder compromiso alguno, ni con la nación ni con sus antiguos partidarios, y esto lo da a entender con su conducta; porque la opinión pública supone nada en los altos círculos del poder; el completo desprestigio de un gabinete se tiene por cosa insignificante; la designación de un hombre para un puesto público, o la adopción de una medida política o de administración, reclamada por todos los pueblos son vanos deseos; el señor presidente se empeña en conservar siempre el mismo gabinete, como para decir al pueblo: «esto sólo a mí me atañe, es una de mis atribuciones y no tengo que contentar la opinión de nadie», y un candidato oficial se hace triunfar contra todas las indicaciones y esfuerzos del pueblo.

El partido antes llamado lerdista, se conforma con el papel que el señor Lerdo le hace representar; y sirve ahora al señor presidente para que éste haga ante la nación gala de despreciar a sus amigos, y quiera probar con esto que nadie influye sobre él, ni tiene compromisos con nadie.

¿Algo de esto pasaría si los partidos estuvieran organizados, si se reunieran bajo un programa y no a la sombra de un hombre que al día siguiente de su triunfo les vuelve la espalda?

Ahora existen partidarios, el día en que haya partidos, el indiferentismo político acabará.

El Radical, t. 1, núm. 146, mayo 2 de 1874, México, p. 1.

LEYES Y GOBERNANTES

Si se estudia con una poca de detención el estado actual de los ánimos en el país, no podrá menos que advertirse inmediatamente que a la gran postración del espíritu público se agrega, al par que un desdén absoluto por los principios constitucionales, una obediencia ciega, una especie de humillación con los hombres que ocupan los puestos públicos, bien se trate del presidente, bien de cualesquiera de los agentes secundarios del poder público, ya en el centro, ya en los estados.

El respeto a la ley ha desaparecido para dar lugar no más al respeto a la autoridad; la disposición es nada, la personalidad es el todo.

Y este respeto, y esta obediencia al gobernante, no son ese respeto y esa obediencia, justos y debidos, que todo ciudadano debe tener a una autoridad en tanto que ésta obra dentro de la órbita de sus facultades y atribuciones legales; sino que son más que respeto y obediencia, casi una sumisión servil.

La autoridad es tal autoridad mientras ejerce las facultades que la ley le concede; pero en el momento en que se excede deja de ser autoridad; en el primer caso le deben obediencia los ciudadanos, porque obra en nombre de la ley, es la encarnación de esa misma ley, a ella se acata y no a la persona; en el segundo nada representa, no es sino un particular audaz y usurpador a quien no debe considerarse como tal autoridad.

Un presidente de la república tiene un círculo de atribuciones y facultades que la Constitución le concede, y mientras dentro de ese círculo ejerza su autoridad, delito y grande es desobedecerlo o poner siquiera el menor obstáculo a sus disposiciones; pero en el momento en que ese presidente extralimita esas facultades, ni el pueblo ni el ciudadano están obligados a presentarle en eso obediencia, siendo entonces el presidente el que delinque, y tan culpable es él usurpando facultades que no tiene, como todos los agentes del poder público complicándose en el atentado, como el pueblo y el ciudadano obedeciendo sin protestar o sin llevar su queja adonde deba encontrarse el remedio.

Ni el defender sus derechos es rebelarse, ni el enseñarle al pueblo hasta dónde están los límites del poder es aconsejar la desobediencia, ni denunciar las invasiones de los gobernantes es oposición sistemática, porque si tal cosa sucediera, si los escritores públicos no tuvieran el derecho inalienable de decir a una nación todo lo que el gobierno no puede hacer, y al pueblo todo lo que el pueblo no debe consentir, inútil sería la libertad de imprenta, y la adulación sería el único camino del periodismo.

Si el pueblo no tuviera derecho de decir a sus gobernantes «para esto sólo os he facultado y de aquí no pasaréis» serían inútiles todas las constituciones, inútiles todas las conquistas de la democracia, inútiles todas las sangrientas revoluciones por las que ha pasado la sociedad para llegar al estado actual de adelantos políticos.

La libertad y la soberanía del pueblo traen necesariamente al ciudadano el derecho de denunciar el abuso del poder y de apelar al pueblo, y la facultad del pueblo para reprimir a ese gobierno o derribarlo, porque el gobierno es para servir al pueblo, no el pueblo para servir al gobierno.

El gobernante no puede ni manda porque sea hombre superior a los demás hombres, sino porque representa a la ley, y tan luego como se extralimita deja de representar a la ley, deja de ser gobernante, deja de poder y de mandar.

Un presidente que dicta un acuerdo, un reglamento, un decreto, sin que esté autorizado por el ministro del ramo respectivo, falta a una prevención constitucional y no debe ser obedecido.

Y que todo lo que dispusiere o mandare de esta manera no debe ser obedecido, lo dice textualmente la Constitución.

Este ejemplo, que naturalmente hemos puesto, viene a probar también lo que al principio de este artículo asentamos, que se acata ya a los gobernantes y se olvida la ley.

Hemos dicho y sostenemos que todas las disposiciones, decretos, etc., que el señor Lerdo ha dado en los ramos de Gobernación y Justicia son nulos porque no están autorizados por el secretario del ramo sino por un empleado del ministerio; pues bien, a pesar del texto expreso constitucional, a pesar de que ni el ejecutivo mismo se atreve a llamar secretarios del ramo a los empleados que despachan en los ministerios de Gobernación y Justicia, nadie se atreve hasta hoy a marcar el «hasta aquí» del abuso del ejecutivo, y el Congreso recibe de los oficiales mayores, que no son más que empleados, los informes y las memorias, y consiente que ellos autoricen la promulgación de las leyes que hace el presidente.

¿No prueba esto que no se respeta absolutamente la disposición constitucional, y que la voluntad del señor presidente se hace superior a la ley?

Esto parecerá una cosa insignificante; se creerá que son necedades de la oposición; pero conforme al derecho todo cuanto ha pasado por esos dos ministerios es y será nulo; quizá nadie llegará a reclamar esa nulidad ni a declararla, pero quizá también algún día, tarde o temprano, la justicia recobre sus derechos y haya un poder que nulifique de hecho cuanto hasta hoy es nulo de derecho, ¿quién puede responder de que el porvenir será siempre la voluntad del ejecutivo de hoy?

Mañana un litigante que pierda un negocio en los tribunales no podrá presentarse pidiendo amparo porque se le ha juzgado por una ley nula supuesto que la promulgó, autorizando la firma del presidente, un empleado y no un ministro como lo manda la Constitución, ¿y la Corte que concedió el amparo de Morelos podrá negar éste?, no, porque sería contradecirse, deshonrarse.

Se concedió el amparo de Morelos, porque la ley contra la que se pidió el amparo no estaba legalmente promulgada por falta de competencia en el ejecutivo del Estado: esto dijo la Corte, éstos son sus principios y esto debe sostener.

Pues bien, las leyes de administración de justicia están en el mismo caso; el Congreso será legítimo para darlas; pero ¿el oficial mayor es competente para autorizar la promulgación? No, y léase el articulo 88 de la Constitución, en el que se previene que lo dispuesto por el presidente sin la autorización del ministro, del secretario, no sea obedecido, y al decir el señor Lerdo: «mando se publique, circule y obedezca» supuesto que ese decreto no lo autoriza el secretario del ramo, sino un empleado, conforme a la Constitución no está legítimamente promulgado, y la Corte no puede negar el amparo que debe pedirse apoyado en la sentencia del de Morelos.

¿Y el nombramiento de jueces y magistrados, será legítimo supuesto que en todos esos nombramientos el decreto del presidente no está autorizado más que por un empleado, y no por el secretario del ramo, como lo previene la Constitución? ¿Y no será ésta la incompetencia de origen o absoluta, o la incompetencia por ilegitimidad de que habla la sentencia de la Suprema Corte? ¿O sólo existe esa incompetencia de ilegitimidad para los negocios de los estados y no para los del gobierno general?

El abuso subsistirá, porque la fuerza lo sostiene, y nada vale contra ella el derecho inerme, pero la nulidad absoluta de todos estos actos, algún día tendrá resultados que no dejarán de perjudicar aun a los mismos que de esa nulidad se han aprovechado, y todos esos negocios y todas esas disposiciones subsisten en tanto que la fuerza física las hace subsistir.

El Radical, t. 1, núm. 148, mayo 5 de 1874, México, p. 1.

DESCONSUELO Y ESPERANZA

Cuando en alguna de las festividades cívicas se ve el alarde de fuerza con que el gobierno de la Unión quiere deslumbrar al pueblo, y acobardar a los políticos tímidos y medrosos; cuando se leen los diarios que pintan a la situación bonancible, a la república contenta y feliz, a los pueblos adorando al señor Lerdo; cuando se mira a los gobernadores, a los diputados y hasta a los magistrados, pendientes de las palabras del señor presidente, y dispuestos a complacerle aunque desee una cosa contraria a las disposiciones constitucionales; cuando se contemplan tantas adulaciones, y la lisonja descarándose enteramente, y que los convites y los obsequios al jefe del ejecutivo se multiplican, y se habla en ellos del señor Lerdo como de un héroe, como de un sabio, como de un nuevo Mesías; y cuando por otro lado se advierten un pueblo indiferente y una oposición en general reservada, tímida, y casi vergonzante, el desaliento se apodera del corazón y no parece sino que esta era de disolución y de convites, de desorden y de ilegalidad va a perpetuarse y que México va a sentir la disolución política y social en medio de la orgía.

En efecto, tanta confianza tienen el gobierno y su pequeño círculo en la estabilidad de su bienaventuranza que ni cuidan del presente ni se ocupan del porvenir; los días se pasan en fiestas, y una sonrisa de desprecio es la única contestación que les merece cualquier palabra que les recuerda el porvenir, o que les anuncia siquiera que las cosas del mundo, aun cuando están fundadas en la verdad y en la justicia son limitadas, y que del pueblo puede decirse que duerme, pero no que ha muerto; que sufre pero no que abdica; que alguna vez puede llenarse la medida de su paciencia, y rebosar la copa de su indignación.

A quien tal dice se le muestran los escuadrones, los batallones, la artillería, y se le hace leer un periódico de los que sostienen la política del gobierno.

Para los señores de palacio, mientras esté cubierto el presupuesto militar poco importa la opinión pública y poco supone el pueblo; todo vendrá fácilmente, la sumisión de los gobernadores, la tranquilidad en los estados, el triunfo en las elecciones, la mayoría en el Congreso, y la vida sibarítica en la capital.

Y no hay que extrañar ese error en los que nos mandan; la verdad de la situación, las quejas del pueblo, y las advertencias desinteresadas no llegan hasta los oídos del gobierno; ni pueden llegar entre el rumor de los festines, y los cantos de la adulación y el humo del incienso; allí nada se siente sino el placer, porque los hombres interesados en mantener al presidente en su ceguedad procuran y consiguen incomunicarle con todo lo que no son ellos; procuran que olvide que hay pueblo, procuran que se crea llamado a gozar y no a gobernar, que crea que cuantos no le siguen en esa senda de diversiones son desafectos a la administración, y que cuantos no están conformes con la injusticia y el abuso y el exclusivismo, son ambiciosos, díscolos, revolucionarios, enemigos de la paz y el orden, y sobre todo hombres desprestigiados y despreciables, a quienes los pueblos no escuchan y que hacen el triste papel del perro que ladra a la luna; y todo esto se lo repiten día y noche al señor presidente y todo lo cree, quizá porque le parece verdad, o porque le conviene creerlo para estar más tranquilo.

Pero qué mucho que tal atmósfera ciegue al gobierno, si nosotros mismos que desde lejos vemos esos triunfos y esas adulaciones, nos sentimos algunas veces asfixiados, y vacila, no nuestra fe, sino nuestra esperanza, y nos suele parecer tan firme la situación como si la ley, la justicia y la verdad la sostuvieran.

Y esto que nosotros sentimos, ese desaliento, esa falta de esperanza, la sienten todos, pero felizmente la reflexión viene en nuestro auxilio, porque si en otra especie de tribulaciones la ilusión es el consuelo, en ésta el consuelo no debe buscarse en la ilusión sino en la realidad y en la reflexión.

Poderoso se creerá al señor Lerdo porque tiene un buen ejército y dinero, ¿acaso no contaba Iturbide con los mismos o mejores elementos pues a todo eso se agregaban sus antecedentes de gloria, cosa que no pueden darle al señor presidente ni el ministro de Hacienda ni el de Guerra? ¿Qué fue de aquel poderoso gobierno del general Santa Anna, con tantos miles de hombres, con tantos millones de pesos, con un numeroso partido personal? ¿Y el imperio dónde está, con sus cajas henchidas de oro y con un ejército mexicano y otro francés, y belgas, y austriacos?, ¿y dónde están esos condes y esos príncipes, y los chambelanes, y el regio esplendor que se desplegaba en la corte del naciente imperio?, y del gobierno mismo del señor Juárez tan profundamente ramificado ¿a dónde están aquellos favoritos que disponían entonces de los destinos públicos y de las credenciales, y de los negocios y de todo favor, y que eran candidatos para todo y que brillaban como si tuvieran luz propia inextinguible?

Nada existe de todo eso, y los que en ese naufragio han sobrenadado, ha sido a costa de olvidar lo que fueron para servir al señor Lerdo atacando a sus antiguos correligionarios, como mañana se adherirán a otro jefe para tirar al señor Lerdo tan luego como le miren vacilante en el poder.

Y cuando se da una mirada retrospectiva, aun cuando sea así tan ligera, y cuando se recuerda lo pronto y fácilmente que se han hundido hombres y gobiernos, que algo más han tenido para sostenerse que soldados y dinero, ¿se debe perder la esperanza de presenciar la completa y definitiva regeneración de este país?

El ejército no servirá de nada al señor Lerdo, porque el país no quiere ni necesita la revolución para hacer el cambio radical y político; porque el país ni quiere ni necesita la guerra para hacer el cambio radical y político de que depende su salvación. El señor Lerdo se hundirá o tendrá que cambiar enteramente de política, y esto no costará al pueblo una sola gota de sangre ni un solo cartucho; por el contrario, el gobierno deseará con ansia la guerra para prestigiarse, para llamar la atención a otro punto; pero el pueblo no lo consentirá, el pueblo y todos sus hombres comprenden que la paz es el elemento poderoso para obligar al señor Lerdo a cambiar de política, o para derribarlo.

Es inútil que pública o privadamente se acuse a la oposición de querer la guerra y de desear la revolución, no es la oposición tan ignorante que no comprenda que una revolución hoy, sería la salvación del señor Lerdo y de su ministerio; quizá no será por virtud, sino por conveniencia, pero la oposición quiere que nadie se levante hoy contra el gobierno, porque sabe que la atmósfera de la paz ahogará al gobierno más rápida y seguramente que la revolución mejor organizada.

Es seguro que el gobierno y sus partidarios se reirán de nosotros, no importa; el tiempo vuela, veremos quién ríe el último, que es proverbio conocido que el que ríe el último es el que ríe mejor.

El Radical, t. 1, núm. 149, mayo 7 de 1874, México, p. 1.

¡LOS ESTADOS DESPIERTAN!

Lo que todos los escritos de la oposición, o mejor dicho, de los hombres del Partido Radical, no habían podido alcanzar en tantos meses, el gobierno del centro llega a realizarlo; los estados comienzan a despertar, el sentimiento de la propia dignidad empieza a revelarse en las localidades, el amor a la soberanía de las entidades federativas hace ya sus primeras manifestaciones.

Sin duda que se nos perdonará un rasgo de orgullo; nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que el gobierno de la Unión se suicida y que los estados y la nación en general, le obligarían a cambiar enteramente de política, o le hundirían en el polvo, sin necesidad de que se derramase una sola gota de sangre, ni se quemase un solo cartucho: he aquí que el día está ya cercano; los estados que comienzan a comprender sus derechos y su poder, despiertan, la aurora de la federación ilumina ya el horizonte de la política.

Se dirá que muy pronto cantamos victoria, que aun las entidades federativas no han hecho más que protestar contra la invasión de la Corte de Justicia en la soberanía de los estados, y además, no lo han hecho todas, es verdad, ¿pero esto no es ya un gran paso? Cuando asoman las primeras luces de la mañana por pálidas que ellas parezcan, anuncian siempre la llegada del sol, y el día está ya sobre el horizonte por más que las sombras de la noche envuelvan a la Tierra.

Los estados han comprendido el peligro inminente que les amenaza, han abierto los ojos y han mirado la mano del centralismo, antes oculta y hoy francamente, hiriendo a la autonomía de las localidades, han conocido que se les tiende hipócritamente una red para acabar con su soberanía, y han comprendido que la política del señor Lerdo y de los hombres a quienes ha llevado él a los altos puestos, es más terrible para la independencia de los estados y para la federación que los rudos golpes militares que en los últimos días del señor Juárez daba a esa independencia el general Mejía, ministro de la Guerra.

Por fin llegó el término de tanto indiferentismo, la Corte de Justicia se encargó de verter en el cáliz del sufrimiento de los estados la última gota que le hizo rebosar, con la sentencia en el juicio de amparo de Morelos, expresión neta del programa en las entidades federativas.

El peligro para los estados es común: declarar ilegítimo a un gobernador y examinar los títulos de una Legislatura, es amenazar a todos los estados, a todas las legislaturas, a todos los gobernadores; es acabar con el sistema federal; es declarar abiertamente el centralismo.

Los estados se alarman y se ponen en actitud de defensa, porque el fallo de la Corte no es pura y sencillamente una sentencia judicial; no, es el programa, la bandera, el credo del centralismo y del gobierno de la Unión; y la gran prueba de esto, está en que se ha procurado por todos los medios posibles hacer prevalecer esas doctrinas que acaban con las soberanías de los estados, y se quiere dar tormento al espíritu y a la letra de la Constitución, para apoderarse el centro de esas facultades, como un derecho que le es propio, despojando a los estados de su soberanía, y se escribe y se ataca a los federalistas y se quiere sostener que debe ser porque los escritores americanos dicen que eso debe hacerse en Estados Unidos, como si ya México hubiera llegado a tal degradación que deban aquí pasar por constituciones las doctrinas de los publicistas americanos.

Los estados conocerán ahora con cuánta razón les hemos dicho hace muchos meses, «el partido del centralismo gana terreno y se apodera de los puestos públicos», ahora el velo se ha descorrido, los dos partidos están sin embozo el uno frente al otro; el centralista, por culpa sólo de los estados que han dado sus votos a los candidatos oficiales, cuenta con el poder; el federalista no cuenta más que con su fe, porque todos en general, los defensores de la soberanía de los estados, no representamos nada en la escala política.

Pero aún es tiempo, el poder moral y físico de los estados es incontrastable, y el centro se verá obligado a respetar la Constitución con sólo que los estados lo quieran, y esto es tan cierto, que apenas el más ligero movimiento de vida han dado algunos estados; apenas un rumor sordo y lejano de indignación se ha hecho sentir, cuando ya los partidarios de la preponderancia del centro y enemigos de la soberanía de los estados procuran sincerarse ante la nación, y justificar la conducta de la Corte, cuando antes impasiblemente se dictaban fallos tan atentatorios como los de Yucatán y Querétaro, y con tan profundo desprecio se escuchaban las protestas de los escritores que como nosotros, no hemos dejado nunca de protestar contra esas invasiones de la soberanía de los estados.

Si cuando se dio el primer ejemplo de estos atentados, los gobernadores y las legislaturas hubieran protestado como hoy lo están haciendo, la Corte hubiera seguido otro camino; el remedio ha sido tardío, en cambio los pueblos han tenido y tienen ocasión de conocer los principios que protestan sus hombres públicos, y no podrán ya equivocarse; los partidarios del centralismo saben ya quiénes llevan su bandera y quiénes son los suyos; en cambio los federalistas, los que profesan el principio de soberanía de los estados, conocen también adónde están los suyos y adónde deben agruparse para salvar sus instituciones.

La lucha comienza, los estados despiertan, y la nación va a saber si ha de ser por fin república central o federativa.

Nosotros tenemos fe en el triunfo de nuestra causa, sean cuales fueren las peripecias del combate y el terreno al que se lleve; nuestra palabra de reconocimiento será: federación.

El Radical, t. 1, núm. 151, mayo 9 de 1874, México, p. 1.

LA OPINIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO

Cuando un hombre que vive en sociedad llega por su desgracia a perder eso que se llama vulgarmente el respeto al público y hace poco o ningún caso de lo que acerca de él pueda decirse, entonces todos los que a aquel hombre tratan y conocen no pueden menos decir de él que está perdido.

Y en efecto, ese respeto a la sociedad, ese temor al qué dirán, esa consideración al concepto que de nosotros puedan formarse las personas entre quienes vivimos y que componen el círculo de nuestras relaciones, es sin duda un freno terrible, y más eficaz muchas veces que las mismas prescripciones de la moral y de la ley; pero cuando ya nos es de todo punto indiferente ese «qué dirán» y esa opinión pública, y cuando el desprecio sustituye al respeto que debemos a la sociedad, entonces también la sociedad nos paga con el mismo desprecio, entonces el hombre está perdido.

Sucede exactamente lo mismo con un gobierno; las prescripciones legales nunca son bastantes para llevarlo por un buen camino, si ese gobierno desprecia la opinión pública.

De tal manera es esto una verdad, que puede asegurarse que tanto como supone para el acierto de un gobernante el respeto a la ley, importa el respeto a la opinión pública.

Muchas cosas no están prohibidas ni al gobierno ni a los gobernantes por la ley; pero se les veda el respeto a la opinión pública; en muchas cosas pueden y tienen el derecho de elegir entre dos caminos y la opinión pública, sin embargo, les cierra algunos de ellos.

Un presidente tiene entre sus atribuciones la de poder elegir libremente para los ministerios y para otros destinos de alta consideración a los hombres que él crea más a propósito para ello; si quisiera podría escoger hombres de mala vida, nulidades, personas filiadas en un bando, enemigos de las instituciones vigentes, no hay ley ni disposición que se lo prohiba; en la mayor parte de los casos la ley no señala las cualidades que deba tener el nombrado; el presidente es libre para levantar hasta aquel puesto a cualquiera; y sin embargo, bien se cuidaría, el que respetase algo la opinión pública, de hacer nombramientos que merecieran la pública desaprobación.

La Constitución y las leyes no disponen ni pueden disponer que el presidente de la república y los otros altos funcionarios no vayan a los Tívolis, ni tengan convites, ni se diviertan, porque los gobernantes son hombres como todos, y necesitan dar una tregua al trabajo y descansar, pero si la ley no prohibe esto, la opinión pública reprueba que ese solaz, esa diversión, ese goce, se conviertan en sistema, ocupen casi todo el tiempo que los altos funcionarios debían emplear en el servicio público, y se haga gala de despreciar las quejas de la opinión multiplicando los banquetes y las diversiones.

Todos los gobiernos aquí y en todas partes del mundo, cuando han respetado y tenido en algo el concepto que de ellos puede tener la nación, no se han entregado con tal franqueza a los placeres y a las diversiones.

Esto no lo prohibe la Constitución, esto no lo veda la ley, es cierto; pero esto lo reprueba la opinión pública, y continuar en ese camino cuando el pueblo muestra su disgusto por ello, no será infringir el pacto fundamental, pero será atraer el desprestigio sobre el gobierno.

Desgraciadamente para México, apenas podrá, en la historia de nuestra patria, encontrarse un gobierno y unos gobernantes que hayan tenido a la opinión pública en menos, y que con más desprecio hayan visto el juicio que de ellos puede formarse el pueblo.

La nación toda ha desaprobado que el señor Lerdo continúe con el mismo ministerio que encontró en palacio a la muerte del señor Juárez, y que no representa nada, ni es por su iniciativa, por su actividad y por su energía, un ministerio útil para el país, y sin embargo de que esto lo saben perfectamente el señor presidente y los señores ministros, porque sus amigos y enemigos lo han repetido hasta el fastidio, el señor presidente conserva a su lado a esos señores, y esos señores no tienen el suficiente respeto al público para presentar su dimisión y retirarse a sus casas: y cuando llega el momento de presentarse en la Cámara o en el público al lado del señor Lerdo, los secretarios de Estado no sienten el huracán de la murmuración que cruza sobre ellos, ni advierten el gesto de desprecio que se pinta en el rostro de todos los que les miran.

No hay ley que obligue a los ministros a renunciar, cuando la opinión lo desea así.

La nación mira con profundo disgusto esa inercia administrativa y esa serie no interrumpida de fiestas y convites, pero el señor Lerdo con desprecio de esa opinión, ni activa el despacho de los negocios, ni prescinde de su empeño en pasarse una vida agradable; y sus defensores contestan que ninguna ley prohibe al presidente divertirse; es cierto, pero algo vale o debe valer la opinión del pueblo para los hombres que lo gobiernan.

El señor presidente y sus ministros tienen en nada esa opinión y la república quizá sea la víctima en el porvenir, de esa conducta y el gobierno actual conozca aunque ya tarde que algo vale la opinión aun en aquellas cosas en que las leyes nada prescriben.

El Radical, t. 1, núm. 154, mayo 13 de 1874, México, p. 1.

EL PRESUPUESTO

La Cámara se ocupa de la cuestión del presupuesto, y sería una positiva desgracia que en este año sucediera lo que en tantos otros, que por perderse el tiempo en negocios menos importantes, a última hora viniera a declararse como postrer recurso y para no carecer de un presupuesto vigente, el de los años anteriores.

El Congreso debe ser muy estricto al votar la lista de los egresos; las prodigalidades de una Cámara, alcanzadas ya por el influjo del gobierno, que siempre quiere tener abiertas las puertas para gastar a manos llenas, ya por el empeño de algunos diputados que pretenden hacer gala de liberalidad protegiendo a un distrito, a una clase o a un individuo, ocasionan muchas veces un desequilibrio en la Hacienda pública difícil de corregir.

Y todo el empeño del Congreso para encarrilar a la administración y para alcanzar las economías debe estar precisamente en el presupuesto de egresos, porque éste es la base de donde los legisladores deben partir para el arreglo de las contribuciones y el ejecutivo para el legal y justo reparto de los fondos públicos.

Generalmente hemos oído decir que los gobiernos para arreglar su erario deben ser semejantes a un honrado y económico padre de familia, que hace al principio del año la cuenta de las cantidades que con seguridad puede percibir en todo ese año, y a esa suma arregla todos sus gastos a fin de no contraer compromisos imposibles de cumplir, y con el objeto de no carecer de un bienestar que con esas rentas puede proporcionar a su familia.

Se deduce de este ejemplo que un gobierno justo y económico debe por consiguiente formar el presupuesto de sus ingresos y luego arreglar a él todos los gastos de la administración, de esa manera el equilibrio será perfecto y si hay error de tal modo aparecerá insignificante que nunca significará ni la bancarrota, ni el sacrificio de los pueblos.

Tales principios nos parecen enteramente falsos, y el ejemplo malo y mal aplicado.

Comenzaremos por decir que el padre de familia es el dueño del dinero que en el año debe gastar, y que es árbitro de dar a su familia mayor o menor suma de comodidades y bienestar, pudiendo disminuir o suprimir del todo cierta clase de gastos; el gobierno no es el dueño, sino simplemente el administrador del erario, y no puede a su voluntad suprimir gastos bajo el pretexto de que no hay fondos para hacerlos; porque en general los gastos de las naciones tienen que hacerse necesariamente aun cuando aparezcan como de puro lujo y los gobernantes se verán en la precisión de apurar su ingenio para arbitrarse recursos, pero esos gastos son indispensables.

Por eso en las repúblicas se comienza o se debe comenzar por discutir el presupuesto de egresos.

Como el gobierno es el servidor del pueblo, por medio de un pacto tácito en algunos puntos y expreso en otros, el pueblo dice al gobierno, «presenta a mis representantes la lista de gastos que tienes necesidad de hacer en el año en todos los ramos de la administración: yo, pueblo, debo sufragar esos gastos con mis contribuciones; pero para dar éstas y para cotizar a todas las clases de la sociedad, necesito saber a cuánto montan tus gastos, y examinar si debo cubrirlos y si merecen el que por ellos se graven los ciudadanos».

Entonces el gobierno presenta el presupuesto de egresos y los representantes del pueblo examinando ramo por ramo y partida por partida, al aprobarlo dicen al pueblo: «El ejecutivo necesita tal cantidad; para los gastos de la administración hemos encontrado justo lo que pide, y tú, pueblo, debes cubrir esa cantidad con las contribuciones.»

De ahí la necesidad del presupuesto de ingresos, que debe basarse en la suma total de lo que necesita el gobierno en un año, y que debe salir del pueblo por medio de las contribuciones equitativamente decretadas.

La justicia apoya este procedimiento, porque no se puede exigir al pueblo cuando no se sabe cuánto se tiene que gastar en la administración; esto traería el doble peligro o de hacer mayores exacciones que las necesarias y se cometería una injusticia pidiendo al pueblo y obligándole a contribuir en más de lo debido; o por el contrario, podría resultar un deficiente en el erario y esto sería la ruina de una administración.

La cuestión de presupuestos la entienden algunos así:

Tanto puede tener el gobierno de ingresos, y a eso deben sujetarse sus gastos.

Nosotros lo comprendemos de esta manera:

Tanto es lo que justa e indispensablemente necesita gastar la administración, y a cubrir esa suma se deben dirigir todas las combinaciones del poder.

Por eso para disminuir los gastos no debe buscarse el medio en la discusión sólo del presupuesto sino en otras medidas más trascendentales.

Por ejemplo, el presupuesto de Guerra parece muy alto, pues bien, el remedio no está en echar abajo diez batallones, ni en disminuir sueldos; esto sería una locura, equivaldría a desarmar a la nación porque el ejército es la única fuerza pública, pero díctense buenas leyes para la pronta y enérgica organización de la Guardia Nacional, y dentro de uno o dos años el ejecutivo no podrá decir que necesita aumentar su ejército, ni tenerlo en una alta fuerza, la nación estará armada por sí.

No hay que echar por tierra, sólo por razón de economía, un empleo en el presupuesto, o disminuir un sueldo; refórmense radicalmente, y en leyes ad hoc, oficinas, colegios, establecimientos públicos, y en el presupuesto se sentirá luego el benéfico efecto de esas reformas; querer introducir economías reformando plantas de oficinas, etc., en el presupuesto, es introducir el caos en la administración, y aún recordamos que por seguir este sistema en uno de nuestros congresos se aprobó el gasto de la compra de un omnibus y el pago del sueldo de un cochero, para uno de los establecimientos públicos, y se reprobó el gasto de la compra de mulas, de manera que la economía se redujo a tener un carruaje y a pagar el conductor, sin que hubiese modo de que el uno sirviese para su objeto ni el otro desempeñase su destino.

Las reformas para ser útiles y merecer el nombre de tales, necesitan ser completas y bien meditadas; el presupuesto no es el medio más a propósito para hacerlas, si no es muy parcialmente y con peligro de caer en la injusticia y de provocar el desorden administrativo.

Para tener un presupuesto económico y no miserable, necesitan los congresos examinar las leyes que crean los gastos, de lo contrario se encontrarán a cada paso con ramos como el de la biblioteca, en el cual se suprimió el jefe, lo cual no dejará de hacer reír a nuestros hijos, más cuerdos que nosotros sin duda, porque ¿qué pensarán de una ley que creó una oficina cuyo jefe era inútil? Y ¿qué dirán de un museo que tiene tesorero? Y ¿qué de un Ministerio de Fomento que gasta en la conservación de los caminos tres cuartas partes en plana mayor y una cuarta parte en operarios y materiales?

Y para corregir esos abusos es indispensable ocurrir a la raíz, todo lo demás es perder el tiempo y ponerse en ridículo.

El Radical, t. 1, núm. 155, mayo 14 de 1874, México, p. 1.

LA GUARDIA NACIONAL

Comienza ya a agitarse en el Congreso la cuestión de armamento y organización de las guardias nacionales. Poco se ha hecho aún; pero sin embargo, damos el parabién a la república, porque basta sólo que se haya iniciado la idea, basta que el pensamiento haya surgido, para que esto constituya un gran paso que el Congreso tiene que dar, si no por su espontánea voluntad, al menos impulsado por la voluntad de la nación que exige imperiosamente que se lleve a efecto esa prescripción constitucional.

La verdad tiene el sagrado privilegio de atraer a su bandera, más tarde o más temprano, a sus más encarnizados enemigos, y es una verdad que no pueden existir estados independientes, libres y soberanos, si no se organiza la Guardia Nacional. Los lectores de El Radical recordarán que hace mucho tiempo venimos pidiendo la organización de esa guardia, predicando la necesidad de que se forme, y protestando contra esa política centralizadora e hipócrita de los gobiernos que se han llamado federales y que sin embargo, han procurado que los estados permanezcan inermes a fin de poder dominar en cualquiera de ellos con sólo algunos centenares de bayonetas de la federación.

Al principio pasaron nuestros artículos por utopías, por teorías imposibles de establecerse en la práctica; pero en ésta como en otras muchas de nuestras doctrinas radicales y constitucionalistas, los estados han venido a darnos la razón, y a comprender que lo que para nuestros adversarios políticos era sólo un motivo de burla y de desprecio, era precisamente lo que convenía a las entidades federativas y lo que ellas tienen facultad de exigir y de hacer.

Hoy muchos de esos personajes que rieron de nuestras doctrinas son los más celosos defensores del establecimiento de la Guardia Nacional. Dirán que no lo hacen porque nosotros los hayamos convencido, ni porque nuestra opinión valga gran cosa, estamos de acuerdo, pero el hecho es que eso que hoy se pretende hacer, lo hemos presentado como paso necesario hace mucho tiempo, y es una gran prueba de la verdad de una doctrina el mirar que sus mismos enemigos, a la hora de la tempestad, la miran como el faro de la esperanza.

Y a fe que tienen razón; si hasta hoy no ha existido la democracia más que de nombre, si la federación no ha sido más que un engaño, si el gobierno del centro con sus candidaturas oficiales ha corrompido el sufragio público y llevado a los altos puestos a favoritos sin antecedentes, si los estados no tienen más que una ligera sombra de independencia, si el presidente dispone de la elección de esos gobernadores como de cosa propia, si la Unión mal administrada quiere, sin embargo, tener en vergonzosa tutela a las entidades federativas, esto no depende más sino de que no existe la Guardia Nacional.

¿Qué vale un estado por grande y poblado que sea, como Puebla o como Jalisco, ni qué vale un gobernador de uno de esos estados si el ministro de la Guerra planta allí una división militar, y hace de las elecciones lo que mejor le place al señor presidente?

Con una división, con una brigada, y hasta con un batallón, y con un juez de distrito complaciente, el gobierno de la Unión puede hacer de un estado libre, soberano e independiente, cuanto le parezca.

¿Sucedería eso si el estado tuviera su Guardia Nacional para hacerse respetar?

Seguramente no. Un distrito del Estado de México, que está a las goteras de la capital, el distrito de Tlalnepantla, quiso un día hacerse respetar en las elecciones de diputados a la Legislatura del estado, y a pesar de que el gobierno general envió allí fuerzas para hacer triunfar a un candidato, el pueblo hizo su elección sin intimidarse, y triunfó el candidato popular. Si todos los pueblos, si todos los estados imitaran este ejemplo y tuvieran apoyada su soberanía con la Guardia Nacional, los distritos no tendrían que obedecer la consigna del gobierno de la Unión, y enviarían por representantes a hombres a quienes ni han oído nombrar.

Por otra parte, cuando el gobierno del centro hace elegir para gobernador de un estado a uno de sus amigos, contra la voluntad de ese estado, ese gobernador que comprende que no tiene prestigio busca siempre ese auxilio, hace cuanto le dicen o indican el Ministerio de la Guerra y el presidente, y de esta unión reprobable, ¿quién es la víctima?, la independencia del estado.

¿Pasaría esto si el estado tuviera su Guardia Nacional? No, porque el gobierno no podría imponerle un gobernador contra su voluntad, y el gobernador del estado no necesitaría someterse al ministro de la Guerra ni al presidente de la república, entregando la soberanía de su estado en cambio de un cantón militar.

¿Por qué razón la Corte invade con tanta facilidad la soberanía de los estados? Porque sabe que nada puede tener ni como cuerpo político, ni en particular ninguno de los magistrados, supuesto que el ejecutivo tiene cuanto elemento hay de armas en la república, y con esto se tiene la obediencia a los fallos, y un Congreso que absuelva toda infracción.

Por eso los federalistas puros, ni tienen acceso a los puestos públicos ni su opinión se considera en nada, porque son elementos contrarios a la política de absorción que caracteriza todos los actos de la administración actual.

Si la Guardia Nacional existiera, no habríamos llegado a la actual situación.

Los estados conocen ya el peligro, ¡pero qué difícil es el remedio!, ¡cuánto tiempo perdido!, ¡cuántos avances del centralismo!

A nadie sino a sí mismos deben culpar los gobernadores y los estados del peligro que corren los principios federales; nosotros lo decimos con la ruda franqueza con que hablamos siempre, porque ni nos gusta adular al poder, ni buscamos popularidad alabando al pueblo en lo que no merece ser alabado.

Los gobernadores hicieron la elección de magistrados y de diputados al Congreso general; si los unos han dado un golpe terrible, no a la soberanía de los estados porque ésa se salvará opóngase quien se opusiere, sino a la tranquilidad de los gobiernos de las entidades federativas, si los otros no tienen empeño ni celo por los derechos y facultades de los estados, son los que hicieron las elecciones los mismos que labraron su ruina.

El remedio es tardío pero aún existe; organícese la Guardia Nacional y podrán salvarse, la federación de nuevos ataques y la república de nuevas revoluciones.

El Radical, t. 1, núm. 157, mayo 17 de 1874, México, p. 1.

FEDERACIÓN Y CENTRALISMO

No nos esforzaremos ahora en probar las ventajas que tiene el sistema federal sobre el central, y no nos tomaremos ese trabajo por dos razones capitales, la primera es porque la nación tuvo y tiene voluntad de regirse por el sistema federal, y la segunda porque siendo los estados entidades libres, soberanas e independientes, la federación es el único resultado posible de la combinación, de la unión de esos estados, que por más que se haga y se diga contra ellos no pueden nunca dejar de ser, de derecho, entidades soberanas unidas entre sí para formar una república, por medio de un contrato que se llama y es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero sí aprovecharemos la ocasión para repetir a esos estados, que las tendencias del centro son de absorción y de centralismo, que esas tendencias están traduciéndose ya en hechos muy significativos y de tal manera se ha avanzado ya en ese camino, que difícil será a las entidades federativas reivindicar esas verdaderas facultades y sus legítimos derechos, cuando ni cuentan con la fuerza física, porque no tienen guardias nacionales y las bayonetas del centro están en todas partes, ni tienen fuerza moral supuesto que las mayorías del Congreso y de la Corte, están escogidas por el ejecutivo, verdadero representante hoy día del partido centralista.

Los estados y sus autoridades se han mostrado alarmados e indignados por la conducta de la Suprema Corte en materia de amparos y se ponen en actitud de defensa y procuran encontrar, por medio de la Cámara, un medio para que la Corte no vuelva a extralimitar ni a violar la soberanía de las entidades federativas; en este asunto los estados han perdido el camino.

La conducta de la Suprema Corte, y no hay que hacerse ilusiones que pronto se ha de desvanecer; no es más que un síntoma de la política del gobierno general, dirigida por el ejecutivo de la Unión; ¿acaso hay alguien que de buena fe crea que si el señor presidente hubiera tenido empeño o deseo siquiera de que la Corte fallase en distinto sentido del que lo hizo, no se hubiera manifestado esto de alguna manera?, ¿alguien ignora el influjo del señor presidente en los otros dos poderes de la Unión, cuando es oficial la mayoría de las candidaturas triunfantes?

Los gobernadores de los estados saben esto perfectamente, y hoy, que por haber obsequiado los deseos del señor Lerdo haciendo votar la lista que para magistrados les remitieron de México, se encuentran amenazados, quisiéramos que con lealtad de caballeros nos contestaran, ¿si no es la candidatura oficial la que ellos hicieron triunfar, y si no comprenden hoy que ellos mismos se pusieron el dogal al cuello?

Los gobernadores deben a sus estados una solemne reparación, están obligados como hombres de honor y de conciencia a hacer cuanto esté de su parte por salvar la soberanía de los estados, hoy que se encuentra tan terriblemente amenazada; porque los estados les fiaron su honra y su suerte no para que se la dejasen arrebatar, ni para que se convirtiesen en Estado Mayor de la federación, como se les ha llamado ya, sino para regir sus destinos y mantener su autonomía; ellos han traído este Congreso y esta Corte; ellos son responsables de la pérdida de la federación, si el programa desenmascarado ya del gobierno del centro triunfa, y se establece el centralismo, y la Corte destituye gobernadores, y el Congreso declara estados de sitio, y el presidente autoriza los golpes de Estado que dan los jefes militares a los gobiernos locales.

No sólo absorbe el gobierno del centro las facultades que conforme al texto expreso de la Constitución están reservadas a los estados, sino que esta invasión de poder constituye ya un partido que pretende sostener, por la prensa y en la tribuna, tan ilegal procedimiento, pudiendo probar que en un caso dado pudo hacerse tal o cual cosa, sino que se hace todo eso con derecho y con facultades, sin indicar siquiera que hay la más leve duda o el menor rasgo de arrepentimiento.

Y para todo esto se nos presentan como irrecusables, como infalibles, las doctrinas de los comentadores de la Constitución de los Estados Unidos del Norte, porque entre nosotros sin duda no hay ni quién tenga inteligencia ni quién pueda tener razón para comentar nuestra Constitución, y es fuerza abdicar hasta del derecho de comentar las leyes de nuestro país, cuando algún tratadista de Estados Unidos ha dicho algo que pueda, aunque sea remotamente, aplicarse a la Constitución de México.

Nosotros creemos que es muy útil y muy conveniente estudiar esos comentarios de los escritores americanos, pero tenemos también la opinión de que nuestra carta fundamental no está servilmente calculada en la de Estados Unidos, ni ellos escribieron para nosotros; nos agrada mucho ver a un autor que diga lo que él juzga sobre una cuestión, y no que nos presente un resumen de lo que otros han juzgado, porque un axioma, una consecuencia rectamente obtenida, no necesitan venir apoyados por grandes escritores para convencer; un error no dejará nunca de serlo, aunque lo sostengan los primeros escritores del mundo.

Felizmente para la república, los estados no llegarán nunca a creer que su fuerza y su soberanía se la deben al centro, por más que esta doctrina la apoyen todos los comentadores de más crédito en la república vecina, y sostendrán de todas maneras que la fuerza y el poder le viene al centro únicamente de la unión de los estados, aun cuando esto lo haya dicho un pobre escritor mexicano.

El centralismo, como partido, toma creces; pero esto no más en la ciudad de México, y apoyado en el poder del gobierno y en que los estados se dejaron sorprender al principio, quizá pueda sofocar durante algunos años la independencia de las entidades federativas, pero las facultades de éstas no pueden sucumbir para siempre.

Sin embargo, este plan que hoy puede hacerse abortar sin grandes turbaciones, sin derramamiento de sangre, por más que el Ministerio de la Guerra con todos sus elementos lo esté apoyando hoy, más adelante y cuando haya conquistado más terreno costaría una revolución y con esto grandes perjuicios al país.

Es preciso, pues, que los estados y sus autoridades tengan energía para desviar el golpe, la experiencia les ha mostrado ya adónde conducen las inmoderadas condescendencias con el ejecutivo del centro.

Bien pueden esos estados y esos gobernadores despreciar nuestras advertencias hoy como las despreciaron antes, pero después tendrán remordimientos por las debilidades de hoy, como sin duda hoy tienen por las de ayer.

Nosotros, mientras nos sea posible, continuaremos nuestra ingrata tarea de ir marcando los escollos y los peligros que va a atravesar la federación.

El Radical, t. 1, núm. 158, mayo 19 de 1874, México, p. 1.

LOS ESTADOS FRONTERIZOS

El ejecutivo de la Unión y el Congreso acaban de dar el paso más injusto, pero al mismo tiempo más conforme a la política centralizada de la actual administración, iniciando el uno y aprobando el otro, la supresión de las subvenciones que se daban a los estados fronterizos para la guerra de los bárbaros.

Y tal paso, además de injusto, es altamente ofensivo a esos estados y a sus gobernadores, porque si razones de economía, si grande escasez del erario hubieran determinado esa medida, los estados no podrían quejarse supuesto que si se suspendía la subvención, era porque las arcas nacionales no podían ya soportar ese gasto; pero en el hecho de dejarse viva la partida en el presupuesto, y a discreción del señor ministro de la Guerra para que la emplee como mejor le parezca, el espíritu que ha guiado al ejecutivo y a su mayoría en el Congreso es manifiesto.

Por un lado desconfianza, injuria a los estados fronterizos y a sus gobiernos, porque el acuerdo supone que las subvenciones no se gastan en lo que debieran, sino que se les da mala inversión; por otro, empeño decidido y descarado de armar en cuanto sea posible al ejecutivo, de recursos que pueda gastar sin sujeción al reglamento, y de medios seguros aunque indirectos para hacerle árbitro de la suerte de las entidades federativas.

¿Será desconfianza de los gobiernos de los estados que recibían la subvención para la guerra contra los bárbaros, y se supuso que se invertían esos caudales en otros objetos? Es claro. ¿Y qué garantías tiene el país, y sobre todo, los estados fronterizos de que en manos del ejecutivo esos fondos se emplearán en su verdadero objeto?

El fondo del desagüe del valle de México que algunos millones debe haber producido ¿en dónde está?, ¿qué tiene el ministro de Fomento? El señor Balcárcel no negará sin duda que el desagüe está en peor estado cada día, arruinándose cuanto se había adelantado y pudriéndose una gran cantidad de madera que el Ministerio de Fomento mandó reunir allí, para perderla.

Ni el ejecutivo ni el Congreso pueden haber pensado que en manos del primero de estos poderes, fuera más útil la suma destinada a las subvenciones de los estados, que entregada a los estados mismos que la necesitan; pero sí se pensó en que de esta manera se centralizaba más el poder, porque los estados fronterizos tendrán ahora que pedir y alcanzar como una gracia del señor presidente, lo que antes por derecho podían exigir; porque ahora el señor ministro de la Guerra podrá dar o no dar esa subvención a un estado, y el presidente de la república preparar los trabajos de su reelección con ese auxilio que se arrebata a los surgidos y heroicos estados de la frontera, prometiéndoles en cambio un sistema de guerra que ellos comprenden que es ridículo.

¿Habrán creído el señor presidente y su ministro de la Guerra que aun empleando bien esa suma podrá el gobierno de la Unión hacer con ella la guerra a los bárbaros con tanto éxito como los estados mismos invadidos?

Seguramente que no lo creen; seguramente están satisfechos de que si tal guerra intentaran hacer de buena fe y con soldados del ejército, gastarían el triple de esa suma, y no conseguirían ni la mitad de lo que aquellos estados consiguen, con paisanos y voluntarios armados.

Pero si creen y están satisfechos de que esa medida aprobada por el Congreso les da una arma, si no contra los bárbaros, sí contra esos desgraciados estados y contra sus comprometidos gobiernos y creen y esperan alcanzar algunas concesiones de esos estados y de esos gobiernos, en cambio de esa subvención de que dispone hoy tan absolutamente el ejecutivo, y con la que si ciertamente no hará la guerra a los bárbaros, la hará, y en gran escala, a la libertad del sufragio, y sobre todo a la soberanía de los estados y al sistema federal.

¿De dónde les viene al señor presidente y a su ministro de la Guerra tan repentino empeño por dirigir desde aquí la guerra contra los bárbaros, cuando para vergüenza de México, al paso que en la frontera americana hay tantos fuertes y un jefe de muy alta graduación encargado de la línea; de nuestra parte el gobierno ha visto esto con tanta indolencia que al invadir una fuerza americana el territorio de México, fueron los paisanos armados los que repelieron la agresión y el ejecutivo se cuidó poco o nada de tal acontecimiento?

Muy escrupuloso se ha mostrado en esta cuestión del presupuesto el ejecutivo, sobre la inversión que los estados subvencionados daban a esas subvenciones; pero si el Congreso hubiera llegado alguna vez a ver la cuenta que debe presentar el ejecutivo, la nación habría conocido que el que menos podía hacer ese reproche es el actual ejecutivo.

Ya los estados no tendrán duda alguna de las tendencias descaradas de absorción de la administración actual, y ya se habrán convencido que los más terribles enemigos de la federación y de la soberanía de los estados son esos mismos hombres que por la apatía de los estados y por la condescendencia de sus gobernadores, tienen ahora en sus manos la suerte de la república.

Afortunadamente los estados fronterizos tienen un remedio que la Constitución les da y que la Constitución les niega a los demás estados; este remedio es la coalición con motivo de la guerra contra los bárbaros: la Unión les retira hoy, no por egoísmo de los otros estados, sino por las miras políticas del ejecutivo, la subvención que antes se destinaba para esa guerra terrible y necesaria; pero la Unión, o mejor dicho, el presidente, no puede quitar a esos estados el derecho de formar su coalición; el Código fundamental lo permite, y los estados fronterizos deben pues, para ponerse a cubierto de los peligros de esa guerra en la cual los abandona inermes el centro, establecer ya su coalición.

Los demás estados de la república sin duda que no recibirán tranquilamente este nuevo rasgo de hostilidad a las entidades federativas, que hoy se ejerce contra los estados fronterizos porque se les cree débiles, y que mañana se dirigirá contra otros que quizá se creen muy fuertes y muy protegidos del señor presidente.

Cada día un nuevo golpe a los estados; cada día una nueva arma que se da al partido centralista.

La federación sucumbe si los estados no despiertan pronto.

El Radical t. 1, núm. 162, mayo 23 de 1874, México, p. 1.

REORGANIZACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL

Una de las grandes necesidades políticas de la época que atraviesa hoy México es sin duda la firme y pronta reorganización del Partido Liberal, dividido hace tantos años, desgraciadamente, por cuestiones enteramente personales que no han afectado la esencia de los principios y que no pueden haber sembrado verdaderos odios entre hombres patriotas y de corazón, que tienen el mismo credo democrático y que han seguido por tanto tiempo y al través de terribles vicisitudes, la misma bandera.

La necesidad de reorganizar el Partido Liberal se palpa; es el grande y noble deseo de todos los hombres independientes, y es sin duda el eficaz y único remedio de los males que afligen al país, y de los peligros que amenazan a las instituciones, ahora que la Constitución es letra muerta, que las leyes son el ludibrio de los gobernantes, que las elecciones se han convertido en una sangrienta farsa, y que no quedan, de la federación más que el nombre, de la democracia más que el recuerdo, y de la república más que la careta con la que se cubre la arbitrariedad más completa.

¿Qué salvación hay para las instituciones sino la organización del Partido Liberal?

Desprendiéndose de toda preocupación, de toda prevención, y estudiando el presente y el porvenir de la república, si no se lleva a cabo esa organización, no puede menos de comprenderse que están perdidas todas las esperanzas, y que muy pronto acabarán por desaparecer todas las conquistas de la democracia y de la libertad.

El presidente de la república es, a no dudarlo, el árbitro en toda clase de elección; su voluntad es la ley suprema que hace triunfar o hundirse a un candidato; y con estas elecciones se forman el Congreso, la Corte, las legislaturas, los ayuntamientos; con esa clase de elecciones se les dan gobernadores a los estados; y todas las autoridades, todos los funcionarios públicos que según la Constitución deben ser nombrados por el pueblo, dentro de poco tiempo serán pura y exclusivamente candidatos del señor Lerdo, victoriosos, gracias a la consigna oficial.

Y con este encadenamiento, con estos vínculos, con esta usurpación de poder tan audazmente manifestada, y tan tímidamente resistida ¿qué dique puede oponerse a la voluntad poderosa del jefe del ejecutivo?, ¿qué queda de las libertades públicas?, ¿qué de las garantías políticas?, ¿qué de las instituciones democráticas?, ¿qué de la soberanía de los estados y de nuestro código federal?

El Congreso electo o mejor dicho, nombrado por el presidente mismo, dará por fórmula su aprobación a cuanto quiera iniciar o hacer iniciar el ejecutivo; las discusiones serán una inútil fórmula también, y la Cámara vendrá a convertirse en una especie de consejo de áulicos que no tengan sino palabras dulces para lisonjear a su señor.

La Corte de Justicia estará reducida a fallar, por fórmula, siempre conforme a los deseos del presidente, so pena de tener que darle una satisfacción, siempre que directa o indirectamente le contradiga, haciendo en este caso, si sueña un instante con la energía, el ridículo papel de un valiente de sainete.

El presidente lo hará todo y dispondrá de todo, con el dominio absoluto sobre los otros dos poderes, supuesto que son hechura suya; pudiendo dilapidar las rentas nacionales, supuesto que no habrá ni quién le dispute un renglón del presupuesto, ni quién le exija una cuenta, ni quién le acuse, ni quién se atreva a juzgarle y mucho menos a condenarle; teniendo como apoyo inmediato un ejército fuerte y numeroso, y con gobernadores en los estados que más que jefes de una entidad federativa sean prefectos o procónsules, la república será una monarquía; por más que todo se haga en nombre del pueblo, habrá tiranía por más que se invoque para todo la Constitución de 57, y regirá el centralismo por más que las provincias se titulen pomposamente estados libres, soberanos e independientes.

¿Y se dirá que esto no son más que vagas declamaciones? pregúntese a cuantos hombres intervienen de algún modo en la política y no habrá uno solo que hablando con conciencia no diga, «que será electo gobernador o diputado o magistrado en cualquiera elección, no el que tenga mayores simpatías, mayores antecedentes y más méritos, sino el que designe el señor Lerdo».

¿No es cierto que se tiene como una especie de locura pretender luchar contra un candidato oficial, aun en el caso, muy común por cierto, de que el nombre de ese candidato sea perfectamente desconocido en el lugar de la elección y su competidor tenga allí numerosos y dignos partidarios?

Esto no se podrá negar, porque si alguien lo dudare, le bastaría para quedar convencido, leer los artículos de algunos periódicos partidarios del señor Lerdo, en los que se hace gala del apoyo oficial prestado a un candidato; se anuncia con una seguridad matemática, que el éxito cuida de no desmentir, el triunfo del protegido, y se burla de los que sueñan que la libertad electoral es un hecho y que el señor Lerdo es capaz de cumplir la solemne promesa que hizo a la nación de que él no tendría nunca candidatos oficiales.

El presidente hace nombrar diputados y gobernadores a los que mejor le parece, y éstos a su turno hacen por el presidente cuanto éste quiere, hasta hacerle reelegir si llega el caso, y dentro de este círculo de hierro, y en este perpetuo facio ut facias, y en esta cadena de mutuos servicios, de recíprocas elecciones y de constantes violaciones de la ley, la nación mira que se dispone de su suerte sin tener ni el derecho de intervenir, ni la esperanza de encontrar salvación.

Muchos hombres de bien, muchos patriotas, muchos liberales, se indignan, protestan y se agitan por romper tan odiosa trama; es verdad, ¿pero qué valen los esfuerzos aislados, contra esa organización oficial que cuenta con el dinero y con el poder? Sin duda que el círculo oficial forma una minoría, que la mayoría absoluta es la oposición, pero si no se organiza ¿qué conseguirá?

El Partido Liberal debe organizarse, porque así será poderoso para obligar al gobierno a cumplir con la ley, y está en la necesidad de hacerlo, porque de lo contrario las instituciones perecen.

Es un hecho que el señor Lerdo no cuenta con partido alguno, que sus mismos amigos están indignados contra él por su conducta política; ¿pues por qué entonces el señor Lerdo hace sin obstáculo cuanto quiere? No más que por la falta de organización del Partido Liberal.

Nosotros, los más insignificantes de ese Partido Liberal, levantamos hoy nuestra voz para pedir a todos los periodistas independientes que ellos, cuya voz es más autorizada y cuya inteligencia es más clara, se unan con nosotros para predicar y trabajar sin descanso, por el único remedio de la revolución que nos amenaza, por la reorganización del gran Partido Liberal.

El Radical, t. 1, núm. 184, junio 19 de 1874, México, p. 1.

EL SUFRAGIO PÚBLICO

Lo que ha pasado en los estados de San Luis y Coahuila en estos últimos días, y lo que en años anteriores ha acontecido en la mayor parte de los distritos electorales de casi toda la república, da a conocer perfectamente el grado de desprestigio a que han llegado entre nosotros las instituciones democráticas, por culpa del gobierno de la federación, que sin respeto ninguno a la opinión pública y con mayor descaro cada día, ha establecido la mala práctica de hacer intervenir ya la fuerza, ya el elemento oficial en el acto más solemne de la política de una nación.

Algunas veces, como en las elecciones de fiscal y procurador de la Suprema Corte de Justicia verificadas últimamente, el pueblo cansado, indignado de verse siempre convertido en el juguete de sus gobernantes, se abstiene de tomar parte en las elecciones y deja a los que mandan, fraguar expedientes y suponer votaciones que o no existen, o existen sólo de hecho sin que el colegio electoral merezca legítimamente este nombre, y otras los ciudadanos, sintiendo revelarse su propia dignidad, se lanzan a la lucha como en San Luis o en Coahuila.

Pero como ni en uno ni en otro caso la resolución es general, ni hay acuerdo, ni organización, el éxito viene a ser el mismo, y Escobedo pondrá en San Luis un gobernador a su voluntad aunque la voluntad del pueblo sea contraria, y lo mismo hará Fuero en Coahuila, y el señor Lerdo colocará en la Suprema Corte de Justicia a los que él ha determinado que ocupen los puestos de fiscal y de procurador aunque todo el mundo tenga la conciencia de que no hubo elecciones.

Y sin embargo, estos triunfos del gobierno general y de los jefes de los estados no se deben al poder del señor Lerdo ni al de los que en esos estados representan su persona y su política, y sus miras, sino únicamente a la falta de organización, a la falta de unión de los buenos patriotas, de los hombres honrados que luchando por la misma causa, por los mismos principios en México, en San Luis, en Coahuila y en todos los estados, no se auxilian mutuamente, y se consumen en inútiles esfuerzos, por el aislamiento y la falta de organización.

El elemento oficial, por el hecho sólo de serlo tiene una organización casi perfecta, y si a esto se agrega la política exclusivista e intolerante de la administración, se comprenderá fácilmente que debe ser un elemento poderosísimo en las elecciones, y contra el cual será imposible luchar, si no se tienen la abnegación, la inteligencia y el esfuerzo necesarios para olvidar antiguas y gastadas rencillas para alcanzar una organización firme, y para luchar con toda decisión, hasta reconquistar los principios democráticos.

¿Qué significa el sufragio público en un pueblo en donde los candidatos oficiales triunfan sin duda en toda elección?

El pueblo es convocado para elegir a sus representantes; pero cuando esta convocatoria sale a la luz, ya entre el presidente de la república y los gobernadores de los estados han formado las listas de los que deben ser electos, y esto es una especie de contrato, una transacción, en la cual el presidente toma para sus amigos o favoritos el número de curules que necesita y deja las restantes para que tomen asiento los amigos y favoritos del gobernador.

En esta transacción, las altas partes contratantes disponen de las elecciones con tal seguridad y tal descaro, que se hace lo que en el lenguaje de la política actual se llaman «combinaciones.» Tal individuo será electo por cierto estado diputado propietario, pero como a los favoritos de primera clase, no les basta la seguridad de ser diputado de orden suprema sino que es necesario además lisonjear su vanidad y suponerles populares, debe también ser electo para el mismo cargo por otros dos o tres estados; verdad es que ni él mismo se engaña ni engaña a nadie, porque nadie cree en esas repentinas y gratuitas popularidades, pero éste es punto de amor propio y es fuerza dar a ciertas personas la satisfacción de que se pavoneen presentando en la Cámara dos o tres credenciales que les hayan conquistado su prestigio, su reconocido saber, y los servicios distinguidos que han prestado a la patria.

Aquí entran entonces las combinaciones en los suplentes que ocupen el lugar vacante porque aquel diputado no puede representar al mismo tiempo a tres o cuatro distritos.

Llegan las elecciones después de haberse hecho este arreglo, y con seguridad puede decirse que la combinación del gobierno triunfa sin dificultad; y tan seguro está el presidente de ser obedecido, que muchas veces un telegrama que llega en los momentos de la votación basta para desvanecer todas las esperanzas de un candidato y cambiar la faz de la elección.

Y ¿a esto se le puede llamar libertad del sufragio? ¿Es ésta la democracia?

Si tal fuera, debían avergonzarse y arrepentirse de su obra cuantos de alguna manera hubieran contribuido a establecer en México esta farsa.

Pero no es así, ni ésta es democracia, ni éstas merecen llamarse elecciones, ni éste es el espíritu de las instituciones que nos rigen.

La Constitución señala como un gran crimen del presidente de la república el ataque a la libertad del sufragio; pero los constituyentes supusieron que la Constitución se daba para un pueblo enérgico, celoso de sus libertades, y capaz de hacerlas respetar.

Hasta hoy esos artículos han sido letra muerta; esas libertades juguete de los gobiernos; hoy sí se siente ya el rumor de un pueblo que comienza a despertar, que conoce ya sus derechos; bien puede el gobierno burlarse aun de ese pueblo, bien pueden sus partidarios escarnecer y despreciar a los escritores que acusan al gobierno; los días son instantes en la vida de las naciones, y cercana está quizá la hora del pueblo, porque el triunfo de la justicia puede tardar, pero no faltar.

El Radical, t. 1, núm. 188, junio 24 de 1874, México, p. 1.

NUESTRA DESPEDIDA

Hoy suspendemos la publicación de El Radical y nos retiramos durante algún tiempo de la liza periodística.

Bien comprendemos que la desaparición de nuestro periódico será comentada y explicada de distintas maneras, y nosotros debemos a nuestros lectores una leal explicación: el mal estado de nuestra salud, inconciliable por hoy con el duro trabajo de un periódico diario es la causa principal; pero nos despedimos, si bien profundamente afectados por el estado actual del país y por el tortuoso camino que lleva la administración, en cambio llenos de fe en el porvenir, y de confianza en la causa del pueblo.

Con una sola excepción, nuestros colegas de la prensa, de la capital y de los estados, bien combatiendo nuestras ideas, bien aceptándolas y haciendo suyos nuestros pobres artículos, nos han dado pruebas de consideración que no podemos menos de agradecer; como escritores honrados hacemos a nuestros adversarios políticos la justicia que merecen. Y a nuestros amigos, especialmente al Progreso de Veracruz y a El Occidental de Mazatlán, les consagramos todo nuestro reconocimiento.

Quizá algún día, no muy lejano, El Radical vuelva a aparecer, cuando México alcance esa situación por la que suspiran y que procuran por todos los medios los hombres honrados y patriotas de todos los partidos o cuando la lucha periodística pueda ser de alguna utilidad para los principios que hemos proclamado y que serán siempre los nuestros.

El Radical, t. 1, núm. 191, junio 28 de 1874, México, p. 1.

MEMORIAS DE MI VIDA. UN VIAJE EN TRINEO

Serían como las cinco de la mañana, de uno de los últimos días de marzo de 1871, cuando salí del pintoresco pueblo de Brieg.

Brieg situado al pie de los Alpes, en el ángulo formado por la confluencia del Ródano y el Saltinma, tiene un aspecto pintoresco y verdaderamente oriental. Los techos de las casas están cubiertos de una piedra blanca y brillante (mica esquistosa) que presenta la apariencia de plata bruñida; los campanarios de los techos tienen una forma caprichosa y para completar aquel cuadro se descubre muy cerca de la población, el castillo del barón de Stockalper, flanqueado por torres cuadrangulares coronadas de enormes globos de latón.

Había yo salido de Ginebra y llegado hasta Sion en el tren del camino de hierro, pero desde Sion hasta Brieg me había conducido una diligencia que hizo el viaje durante la noche y no se detuvo sino en este último punto al amanecer, para remudar el tiro de caballos y dar tiempo a los viajeros para desayunar.

Entre los diferentes caminos que de Suiza conducen a Italia había yo elegido el del Simplón por dos razones, la primera porque en Ginebra me dijeron que aún no salía el invierno, y que era peligroso atravesar por allí los Alpes; yo buscaba emociones, y ésta era la oportunidad para encontrarlas; y luego porque gran parte del viaje se hace por ese tiempo en trineo, y yo tenía ilusión por caminar en trineo.

Las diligencias suizas gozan de gran reputación en Europa, sin embargo, lejos están de parecerse a las de México; aquéllas son unos cajones incómodos, mal abrigados, y de los cuales tiran cuatro o seis mulas o caballos que las empresas mexicanas no dejarían figurar en ninguna de sus líneas. Para que el frío intenso de aquel clima sea menos sensible para los viajeros a cada uno se le dan dos mantas gruesas (frazadas ordinarias) y el carruaje va con el pesebrón lleno de paja larga (zacate de carbonero), lo cual tiene a los viajeros siempre en alarma porque una chispa desprendida del tabaco de un fumador puede causar un incendio.

Pensando en esto, salí de Brieg, no sin calarme hasta las orejas mi gorra de pieles, y sin meditar cuántos hijos de Guillermo Tell habrían conservado el calor de sus cuerpos con aquellas mantas que envolvían a la sazón los ateridos pies de un descendiente de Cuauhtémoc; pero las verdaderas necesidades no reparan en pequeñeces; yo tenía frío y sin escrúpulo me envolví en aquellas mantas.

A pesar de que el tiro de la diligencia no era muy bueno, caminábamos con rapidez; a media hora, o poco más, de haber salido de Brieg cruzamos el río sobre un puente cubierto y comenzamos a subir por un camino en zigzag hasta llegar al primer refugio.

En los Alpes, enmedio de aquellas inmensas y peligrosas soledades, los viajeros suelen ser sorprendidos por la noche o por las tempestades; no es posible que lleguen muy pronto a alguna población, y en este caso morirían infaliblemente ya de frío ya arrebatados por un alud. Para poner remedio a esta eventualidad tan común, de trecho en trecho hay construidas en el camino pequeñas casitas, abiertas siempre y casi todas ellas desiertas, que se llaman «refugios».

Desde el primero y segundo de estos refugios se goza de un espectáculo admirable, inmensos precipicios por un lado, en cuyo fondo se desliza un riachuelo; el Glyshorn que se levanta cerca de 2 500 metros sobre el nivel del mar, el valle del Ródano, Brieg, el Monteleone. En derredor, la vegetación severa y majestuosa de la zona fría, en el fondo las eternas nieves de los Alpes, Jungfrau y el Moench coronados de nubes.

Seguíamos caminando poco a poco porque la pendiente se hacía más rápida, pero a cada vuelta en el zigzag, el panorama se presentaba más encantador, iluminado por el sol que se levantaba ya sobre las crestas de las montañas.

Llegamos por fin a Berisal o Persal, y allí debíamos dejar la diligencia para tomar los trineos.

Berisal es una especie de venta o de mesón, que está en el punto en que termina la vegetación y en donde comienzan las nieves perpetuas; sin embargo, todavía aquella pequeña población está rodeada de grandes y robustos pinos, todavía allí el bosque es tupido, espeso; aunque a pocos metros toda vegetación desaparece.

Eran las diez, y mientras se preparaban los trineos pudimos almorzar, yo tomé un ligero desayuno y salí a reconocer los alrededores.

Perdido entre los árboles, me parecía que me hallaba en los bosques de Zitácuaro o de Angangueo. El majestuoso silencio de la selva dejaba vagar a mi espíritu en libertad, soñaba yo despierto en México; el recuerdo de los días de la guerra con los franceses vino a mi memoria sin que yo le evocara; me sentí volver a esos días y casi me figuraba que de entre aquellos árboles iban a salir de repente mis antiguos guerrilleros, y que el sonido del clarín me había de arrancar de mi meditación; después pensé en México, sentí melancolía, tomé una navaja y escribí en un tronco un nombre que nadie quizá leerá; en los momentos de profunda meditación el hombre escribe para sí mismo. Sacóme de mi éxtasis la voz estentórea del conductor que nos gritaba.

—Al carruaje, señores, al carruaje.

Es decir, esto entendí o supuse que decía, porque hablaba en alemán cerrado del que no comprendía yo ni una palabra.

De un salto me puse en el lugar de donde aquella voz salía, y encontréme frente a frente de los vehículos en que íbamos a atravesar aquellos inmensos y peligrosos desfiladeros de nieve.

¡Los trineos! ¡Oh! Y cómo en mi niñez y aun en mi juventud habría yo tenido ilusión para caminar sobre la vasta extensión de un campo o de una montaña nevados, en un trineo.

Por supuesto que yo, nacido y crecido en la zona tórrida, no conocía los trineos sino por las descripciones y por las estampas. Parecíame unas veces que para esa clase de locomoción era necesario el gigantesco reno, con un bosque por cornamenta, y como viajero un hombre más cubierto de pieles que un oso polar, y en el fondo del cuadro los caprichosos giros de la luz propios de las auroras boreales; otras, me figuraba los trineos tirados por diez o doce perros conduciendo a un obeso y bien logrado esquimal, y otras en fin, la ilusión era más aristocrática y en trineos de ébano incrustado de oro, cubiertos con ricas mantas de la Cachemira, arrastrados por los soberbios caballos, hermosísimas princesas rusas, y elegantes y nobles súbditos del zar.

Pero ¡ay! Que nada de esto era lo que yo tenía delante de mis ojos.

Dos caballos flacos, escuálidos y mal atalajados, tiraban uno detrás del otro, de una especie de cajón de encino, sin pintar, en el cual había cuatro asientos, si así pueden llamarse dos malas tablas sin cojines ni nada semejante, que dentro de aquel cajón estaban colocadas en el sentido de su latitud; los asientos de adelante eran del conductor, los de atrás para viajeros. Por supuesto aquella máquina que se arrastraba resbalando en la nieve sobre dos llantas de hierro, ni tenía toldo ni techo, ni barandilla, ni respaldar; el cuerpo del viajero, de la cintura para arriba, salía sin estorbo, sin abrigo y sin defensa.

Tocóme a mí por suerte entrar en ese trineo que podía considerarse como de lujo, no por ser construcción cómoda, sino porque era donde iba el conductor, y los caballos llevaban rienda que no dejaba de ser una garantía, porque en los otros que no tenían más que dos asientos, los viajeros no podían dirigir a los animales que sin riendas y sólo por su buena educación seguían, entregados en sus propios instintos, al primer trineo en que camina el conductor.

La perspectiva de aquel viaje no era, pues, de lo más halagadora, sin que bastase a consolar la idea de que por allí habían pasado las tropas de Napoleón el Grande, cuando era primer cónsul y, en tiempo de los romanos, el cónsul Mario Servilio Coepio y su colega Manlio para abatir a los cimbrios. Aquél era un verdadero camino «consular», pero peligroso como el que más.

Nuestra caravana era reducida: el paso del Simplón en ese tiempo no es muy concurrido, y generalmente y a no ser indispensable para ellos, los viajeros prefieren el de Montcenis.

Íbamos pues por todos, cuatro pasajeros, el conductor y un muchacho que le acompañaba como ayudante o como criado.

Un viejo, flaco, pequeño de cuerpo, de larga y aguzada nariz, de ojos claros y redondos, fisonomía de pájaro, judío comerciante en Domo-D’Osolla; un belga, joven, elegante, alegre, expansivo, tipo verdadero del cominis voyageur, que llevaba a Italia encajes de Bruselas y tomaba por precaución contra las aduanas, el camino que suponía menos vigilado; un joven abogado de La Habana que viajaba por placer, y a quien yo había comprometido para hacer esa peregrinación, y yo; ésta era toda nuestra fuerza.

Dividiéronnos en dos trineos, en el primero el conductor, con su adlátere y yo; en el segundo, el belga y el israelita; detrás en otros trineos los equipajes entregados a la voluntad de Dios y después al instinto de los caballos.

Colocámonos todos resignados en el lugar que se nos designó y en donde no faltaban por supuesto, ni las burdas mantas color de chocolate, ni la larga paja que se enredaba en los pies, y que a pesar de las polainas se solía deslizar bonitamente debajo de los pantalones.

Una vez colocado cada uno en su asiento, el conductor y los hombres de la posada, tuvieron la paternal solicitud de cubrirnos con las mantas lo mejor posible, como se haría con un niño de teta, no dejándonos fuera más que los ojos y eso merced a nuestras protestas.

Yo había aumentado lo menos en el doble de mi volumen, y me sentía lo más estorboso posible; sobre mi traje ordinario llevaba un grueso paletot de paño de castor, luego un plaid escocés, encima las dos mantas de la empresa, y si a esto se agrega la gorra de pieles calada hasta cubrir las orejas, y el cache-nez, se verá que estaba imposibilitado de hacer el menor movimiento y podía definírseme un fardo de ropa, con un pobre hombre dentro.

Era tiempo ya de partir, pero en todas partes los cocheros y conductores son iguales y el nuestro que era hombre bajo de cuerpo, pero extraordinariamente desarrollado y musculoso, cubierto de pelo, propio, y de las pieles que le abrigaban; en fin, un oso del cantón de Berna, más bien que un Hann de Islandia, se detuvo largo rato, quizá para arreglar un último negocio o para tomar un último trago dejándonos entretanto, en aquella triste situación en que más parecíamos niños de teta de los esquimales que viajeros civilizados.

Por fin, subió al trineo, calóse unos enormes guantes de piel de oso, tomó las riendas en una mano, con la otra llevó a su boca una especie de bocina, recogió el aliento, sopló con fuerza y lanzó el cornetazo más destemplado, más rudo y más desagradable que puede oírse en una escoleta de clarines de un regimiento el día que hacen sus primeros ensayos filarmónicos.

Los caballos sacudieron las cabezas, como diciendo «enterados» y uno en pos de otro los trineos se lanzaron por aquella angosta vía de nieve que se tendía delante de nosotros y que se iba a perder entre los mantos de bruma que cubrían las majestuosas cordilleras de los Alpes.

El Radical, t. 1, noviembre 9 de 1873, Edición Literaria de los domingos, México, pp. 2-3.