Los monstruos

VICENTE MULEIRO

HUGO MULEIRO

Los monstruos

Menéndez, Bussi, Camps, «Tigre» Acosta y Bergés. Pasado y presente del núcleo duro del terror

Muleiro, Vicente

Los monstruos / Vicente Muleiro ; Hugo Muleiro. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Planeta, 2016.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-950-49-5120-9

1. Historia Argentina. I. Muleiro, Hugo II. Título

CDD 982

© 2016, Vicente Muleiro y Hugo Muleiro

Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Foto de tapa: Reuters / Latinstock y AGN (Archivo General de la Nación)

Foto de los autores: Daniel Jurjo

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Independencia 1682, (1100) C.A.B.A.

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Primera edición en formato digital: marzo de 2016

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ISBN edición digital (ePub): 978-950-49-5120-9

Digitalización: Proyecto451

A Julio Eduardo Muleiro, in memoriam

Un ser malvado, en mi definición, es un monstruo. Y eso era él. Si me vuelven a preguntar yo voy a decir lo mismo. No tengo otra imagen de él que la de un monstruo.

PIERO DI MONTI, ex militante sindical, sobreviviente de La Perla sobre Luciano Benjamín Menéndez

La existencia de los campos de concentración-exterminio se debe comprender como una acción institucional, no como una aberración producto de un puñado de mentes enfermas o de hombres monstruosos; no se trató de excesos o de actos individuales sino de una política represiva perfectamente estructurada y normada desde el Estado mismo.

PILAR CALVEIRO, Poder y desaparición

No hay una palabra para determinar en qué categoría poner a estos tipos. Yo soy editor y necesito una palabra para designarlos, pero no la he encontrado.

GONZALO VACA NARVAJA

Lo monstruoso de estos seres es la casi normalidad de su cotidianidad.

EDUARDO PAVLOVSKY

Los delitos denominados «de lesa humanidad» encuentran su tipificación en el ordenamiento penal internacional consuetudinario (ius cogens) o convencional (tratados, convenciones, pactos, etc.) y tipifican aquellas conductas que «afectan indistintamente a todos los Estados en su carácter de miembros de la comunidad internacional» y que hacen a sus perpetradores enemigos del género humano.

Sentencia del juicio por secuestro y desaparición de GUILLERMO VARGAS AIGNASSE

Palabras preliminares

El juego entre memoria y olvido es tan añejo e inevitable como la condición humana. Pero ese péndulo tiene sus características propias en el caso de las masacres políticas como la que padeció la Argentina con el golpe militar de 1976: la lucha de los verdugos por su impunidad y el olvido de sus delitos continúa hasta hoy, cuarenta años después, y ha tenido y aún tiene manifestaciones institucionales y mediáticas, respaldos en zonas del Estado, resguardos dentro del Poder Judicial adepto a esa masacre cuando no copartícipe por omisión calculada o acción entusiasta.

Reflexionar y escribir sobre los monstruos —palabra ardua que también someteremos a examen— de la dictadura es un acto de autodefensa presente y posee una onda expansiva hacia los tiempos que vienen. También —esperemos, deseamos—, permite una mostración del acumulado resentimiento de las burguesías y de sus agentes civiles y militares, cuando el dominio estatal y la legitimidad política escapan de sus manos, de su control directo, y no les permite seguir beneficiándose con sus inmorales patrones de acumulación y su señorío sobre el resto de una población a la que no se resignan a ver sino como un rebaño a su servicio.

Las conformaciones políticas que no se respaldan en la ratio liberal autoritaria los desquician. Tanto si provienen de pelotones de vanguardia que denuncian acremente sus tropelías y su lógica expoliadora como —y más todavía— si deben confrontar con una representatividad popular amplia, un discurso y una acción que se opone a su cacareo exclusivista y falsamente republicano. Cuando otro discurso circula en una sociedad abierta y, más aún, con continuidad, el reflejo de llevarse la mano a la cartuchera se les ha tornado imparable, y si no consiguen apelar a él en los hechos, su violencia verbal y su desprecio exhiben cuán dispuestos están a las diversas variantes de la política de exterminio. La brutalidad extrema, como delito de mando y/o como acción directa, exhibe a los monstruos como emergentes privilegiados de esa olla a presión que los muestra hervidos en clasismo, racismo y odio a la diversidad.

Escribir Los monstruos promediada la segunda década del siglo XXI ante la impresionante panoplia matadora de la globalización, creemos, quiere decir también otras cosas. Quiere decir hablar de elites dominantes que turnan sus presencias en países que ubican en el centro o los arrabales del «eje del mal» y a los que visitan por turno con la sofisticación de una disparada e incontrolable máquina de matar: monstruos que destruyen ciudades con emanaciones gaseosas, Rambos escondidos en musculaturas metálicas, espantosos disfraces del asesinato seriado, misiles como bengalas circenses que aparecen en las pantallas de televisión con la frialdad de un videojuego, antes de que un pueblo entero desaparezca, sesiones de torturas difundidas como happenings atroces, ya en Guantánamo como en Abu Ghraib. Los países centrales tienen monstruos en sus guaridas, repartidos por el mundo, con los dientes apretados y sus mentes trasmutadas en tambores de disparo a repetición.

La Argentina, y buena parte de esa Latinoamérica con la que comparte su destino, entrevé esos rostros amenazantes. Más aún con la persistencia de sociedades abiertas que cuestionan sus dictámenes y sus planes para promover la expoliación y la subordinación acompañados por socios locales. La presión sobre gobiernos democráticos y populares es un lugar común del papel impreso de los videos y los audios reiterados hasta la desmesura por los medios concentrados y las redes sociales. Ese fragor «comunicativo» se lo pasa anunciando otro fragor más letal y sonoro.

Hace cuarenta años, en otra etapa técnica y política del terror, emergieron en la Argentina monstruos con nombre y apellido que representaron ese poder de exterminio hasta lo indecible, hasta los límites de un lenguaje que puede aun quedar intimidado por tanto horror. Esos monstruos tienen y/o tuvieron creencias, una historia personal, institucional, son hijos de identificables sectores sociales, se sobaron con la matanza, el sojuzgamiento y el goce perverso de los cuerpos del «enemigo» a niveles que palidecerían a los más audaces matadores de los totalitarismos que en la historia han sido. Se llamaron Antonio Bussi, Ramón J. Camps. Se llaman Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Antonio Bergés y Jorge Acosta.

No son todos, son pocos, lo sabemos. Pero serán observados aquí como muestreo. Traemos estos casos, estos monstruos, como una comprobación de lo que es capaz de hacer el humano —se trata, sí, de seres humanos— cuando es producto orgulloso de un poder matador neocolonial habilitado por un capitalismo insaciable, y bendecido por un dios mudo que abre un agujero negro para que los elegidos de su grey dancen su danza macabra sobre el cuerpo inerme de un país, la Argentina, cuya musculación se recupera solo a la luz de su memoria.

CAPÍTULO I

Monstruos en el tiempo

LA MONSTRUOSIDAD EN CUESTIÓN

La calificación de monstruos, bestias, inhumanos, infrahumanos, irracionales, ogros, anormales, locos, psicópatas, enajenados, depravados, crueles, enfermos, maniáticos, trastornados, a los represores sangrientos que ha parido la última dictadura transcurrida en la Argentina entre 1976 y 1983, mereció las más diversas y, en la inmensa mayoría de los casos, justas objeciones en cuanto desdibuja el proyecto de poder que necesita de la tortura y la muerte y borra a los asesinos de su inexorable condición humana, contribuyendo así a su exculpación.

La ubicación de los represores en cuadros patológicos de la clínica general y, sobre todo, de la psicología y la psiquiatría, o en escalas feroces de la especie animal, suena también exculpatoria, libera al criminal —en cualquiera de sus peldaños, desde el alto mando hasta el partícipe directo, terrible y trivial— de su responsabilidad ante sus congéneres y los expulsa, para su beneficio, de la tradición jurídica que el hombre se ha dado a sí mismo para convivir. También lo deja a salvo de los frenos y mandamientos que le impone la misma religión a la que el delincuente dice pertenecer y deja en el olvido los fundamentos materiales, políticos y morales de su accionar. Con todo eso, exime al represor del lugar que ocupa en la malla de un poder exterminador y pretende anular el imprescindible examen ético y político de ese poder.

En verdad, la calificación de monstruo aplicada a un ser humano es una creación del poder punitivo y, como lo señala Michel Foucault, está en estricta interacción con la ley. Dice Foucault del monstruo humano: «Se trata pues de una noción jurídica, pero entendida en sentido amplio, ya que no concierne únicamente a las leyes de la sociedad, sino que se refiere también a las leyes de la naturaleza. El campo de aparición del monstruo es un ámbito jurídico-biológico. La figura de un ser mitad bestia (privilegiada sobre todo en la Edad Media), las individualidades dobles (valorizadas sobre todo en el Renacimiento, los hermafroditas que suscitaron tantos problemas en los siglos XVII y XVIII) representan bien históricamente las figuras arquetípicas de esa doble infracción».

Queda claro que la calificación de monstruo se aplicaba a quienes se salían de las normas dictadas desde las cumbres dominantes de las sociedades y a quienes infringían ordenamientos legales explícitos o tácitos. El monstruo era quien cometía un crimen atroz, con fines materiales o sin ellos, el monstruo era quien se daba placeres fuera del rango de la sexualidad reproductiva y quien, más allá, acometía violencias como soberano del cuerpo del otro en procura de una saciedad que saltara las vallas hacia lo ilimitado, a la búsqueda de una completud psíquica y sexual eximida del mandato que implica preservar la integridad del otro.

Aquellos monstruos, como la Condesa Sangrienta, Elizabeth Báthory (1560-1614) cebada con la sangre de mujeres jóvenes y a quien se le adjudican más de seiscientas treinta muertes, o Gilles de Rais, Barbazul, quien en el siglo XV acometió más de mil crímenes —preferentemente de niños entre ocho y diez años—, eran también producto de una época y de un poder. Un poder que habilitaba respaldado en las atrocidades de las guerras pero que también se proponía ir más allá de ese crimen legalizado por el belicismo cotidiano. Como veremos en nuestros personajes argentinos y cercanos en el tiempo, esta habilitación matadora también se produjo en el siglo XX. Específicamente en la dictadura videlista, con personajes erotizados y enloquecidos con la plenipotencia de aplicar una violencia sin barrera sobre el otro.

Pero la «monstruosidad», la «bestialización» y la cualidad de infames se aplicó, a partir de la Edad Media, sobre todo a quienes saltaban las opciones sexuales al uso, la homosexualidad y el hermafroditismo eran condenables y sometidos a un doble juego: la impugnación, por un lado, y el silencio y la permisividad cuando se trataba de ámbitos que estaban puertas adentro de los castillos y las fortalezas. La dictadura argentina de 1976-1983 es una muestra exacerbada en esto de prohibirle al otro lo que el mandamás queda habilitado para hacer y deshacer.

Pero a esto vamos: a la persistencia de sociedades normativizadas, con esquemas jurídicos y de aparente moral religiosa, que sienten, desde las alturas, la posibilidad de quitarle al otro su condición humana para reducirlo y expoliarlo. Se trata, sabemos, de un juego de poder que llegó con harta frecuencia a utilizar su potestad para «monstrualizar» al otro, fundamentalmente hacia abajo de la sociedad, y en el caso de las terribles matanzas de la conquista, para extender la maldición a los pueblos de origen en pos de desarmar sus culturas y concepción del mundo para apropiarse de sus bienes y de su fuerza de trabajo.

Lo que pretendemos aquí es invertir ese juego descalificatorio y aplicar el mote a quienes, específicamente durante la dictadura videlista, destriparon todas las concepciones terrenales y divinas para desplegar su soberanía en el crimen, la violación, la desubjetivación, la profanación de cadáveres para exhibirse, en muchos casos y aún hoy, como monstruos orgullosos de su condición.

Nos hacemos cargo entonces de la ambigüedad de la palabra «monstruo». Pero al mismo tiempo la utilizamos como un bumerán que le vuelve a quienes la emplearon para la execración, el sometimiento, la laceración y la muerte de millones de seres humanos a quienes consideraron inferiores o se les plantaron con rebeldía. Y, específicamente en este libro, para quienes en la última dictadura militar de la Argentina derribaron todas las barreras de la civilidad y aun las normas que regulan el comportamiento honorable en conflictos armados si fuera cierto —que no lo fue— que se tratara de aquello que los católicos ultramontanos denominaron, como el mismo Jorge Rafael Videla lo hizo, «una guerra justa».

El bumerán de la monstruosidad vuela también hacia los príncipes nacionales creadores de unas imágenes y un lenguaje bestializador hacia abajo de la escala social, hacia los que vomitaron cabecitas negras y vieron chusmas y aluviones zoológicos entre un amplio repertorio de desprecio e impugnación hacia sus connacionales.

El monstruo cristócrata es un caso especial que se enseñoreó en la Argentina y que tuvo en el dictador Videla a su representante epónimo y singular. Se trata de personajes exornados por un hierático pietismo y una pose moral que se han revuelto de indignación cada vez que se los relacionó con un caso de corrupción económica aun a sabiendas que su fundamentalismo medievalista era lo que bajaba la bandera para que todos sus subordinados salieran a usurpar bienes ajenos. En ese camino ultrarreligioso desconocieron que el quinto mandamiento de los cristianos no admite atenuantes.

Esa religiosidad fundamentalista permite, como suele suceder con todos los fundamentalismos, dividir al resto de los seres humanos en honorables y menos honorables. Son los mismos principios cristianos que dicen defender los que se desvanecen en un solo acto cuando los «menos honorables» se convierten en su carne de cañón dispuesta en las mesas de tortura.

El cuadro se agrava cuando se cruza el papel de la Iglesia católica ante el desarrollo capitalista. Los inescrutables designios del Señor se tornan explícitos y queda expuesta una razón de fondo non sancta: el aniquilamiento y su función ante un esquema económico cuyo fin es maximizar las condiciones para extraer plusvalía. En ese punto, los valores religiosos no pueden ocultar su razón última y el monstruo se convierte en un monstruo a sabiendas cobijado públicamente por valores que en verdad destruye.

La inevitable impugnación social de la masacre acometida por el videlismo y sus secuaces —eso que los dictatoriales llaman «derrota cultural»— llevó a los impostados bien pensantes a apelar al recurso de equiparar víctimas y verdugos. El Juicio a las Juntas, las autoincriminaciones, la avalancha de denuncias sobre atrocidades de todo tipo, el testimonio de los sobrevivientes del horror, la aparición de osarios en los cementerios públicos, entre otras cosas que daban cuenta de una conducta criminal inescapable, llevaban a asimilar a la dictadura como un «demonio». Hubo entonces que demonizar a las víctimas para buscar un equilibrio.

La llamada teoría de «los dos demonios» apareció entonces como el medicamento de nueva generación listo a contribuir a la relativa exculpación de los poderosos. Los monstruos se habían «monstrualizado» para enfrentar a monstruos previos y la ecuación «dictadura vs. subversión» debía aceptarse para propender a una era superadora. La operación, tal como la disparó el último dictador, Reynaldo Benito Bignone, en su primer discurso tras la derrota en la Guerra de Malvinas, y la caída de la Junta Militar que presidía Leopoldo Fortunato Galtieri, buscaba ampliar la responsabilidad delictiva a todo el territorio nacional tras la frase bíblica «Quien esté libre de culpas que arroje la primera piedra». El país era entonces lo monstruoso y, ya terminada la contienda, había que cambiar camisetas en el terreno de juego para luego desinfectarlo y quedar en paz.

Por esta tremenda derrota de la memoria que conseguía completar la desaparición de las personas con la desaparición del crimen y de sus autores, militaron aun calificadas personalidades indignadas ante el aquelarre dictatorial. La visión, incluso, formó parte de unos de los textos liminares sobre la represión, el prólogo al Nunca Más, el libro que compiló las denuncias efectuadas ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Ese prefacio, tal como se sospechó siempre y lo reconfirma Horacio González en su novela Redacciones cautivas, fue funcional a esa visión dual, arbitraria y funcional a los represores. Este es el tramo en cuestión:

Se nos ha acusado, en fin, de denunciar solo una parte de los hechos sangrientos que sufrió la nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976 y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario nuestra comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes, sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno u otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desapariciones. Por lo demás, el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.

Remitir el conocimiento del accionar de las organizaciones armadas a las lecturas mediáticas de los grupos dominantes y a un libro escrito por sus represores es más que una penosa y errada toma de posición: es llamar a compartir la misma lectura de los hechos que se está rechazando. Albergare, el personaje de Horacio González en Redacciones cautivas, propone esta enmienda al prólogo del Nunca Más:

Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines de la Nación y el Estado, que son irrenunciables.

El prólogo del Nunca Más se ahorra una reflexión sobre la complejidad de la violencia política. Más aún cuando el terror militar se instala como base de la expropiación nacional de la economía y como una «guerra civil legal», según la definición de Giorgio Agamben, para facilitar la eliminación de todos los enemigos políticos de un régimen socioeconómico excluyente.

Este punto es básico a la hora de considerar el par normalidad/anormalidad en referencia a la conducta de los verdugos. Porque la «anormalidad» es aquí el producto de un poder cívico-militar concreto y de una opción ideológica que suma militarismo, anticomunismo, antiperonismo, Guerra Fría, Doctrina de Seguridad Nacional, cristianismo medievalista, conservadurismo político y económico y puras y concretas depredaciones sobre los bienes ajenos. Todo ello bajo la máscara de centuriones bendecidos en las alturas y, por abajo, con el concurso de bandas, «patotas» crecidas en una cotidianidad criminal no solo relacionada con la matanza política.

El poder cívico-militar carnicero habilitó un certificado de buena conducta para esto. Los asesinos no estaban locos. En su obra de teatro El señor Galíndez, también llevada al cine, el dramaturgo y psicoanalista Eduardo Pavlovsky puso el foco en la vida diaria de un represor. El hecho de que lo exhibiera con los ritos y gustos habituales de un argentino promedio irritó y generó más de una polémica por la supuesta «humanización» de un aséptico torturador profesional: «Lo monstruoso de estos seres es la casi normalidad de su cotidianidad», contestó el autor ante la andanada crítica.

En el repaso de los monstruos, entonces, nosotros tomamos esa monstruosidad en los dos sentidos: la indudable anomalía que implica ese dispararse hacia una borrachera criminal que saltó hacia niveles inéditos de crueldad —desconocidas aun en las matanzas nazifascistas— sin caer en la tentación psiquiátrica —lo que no quiere decir que no haya habido casos de represores de manicomio, que los hay y aún persisten— y también el rasgo señalado por Pavlovsky, esa «casi normalidad» que, señaló, acentúa lo monstruoso.

Como dijimos, la violencia de este poder y la existencia de estos monstruos tiene un punto de apoyo concreto: la larga serie de tropelías y laceraciones marcadas en el cuerpo del país desde sus inicios coloniales. Como se verá en un breve repaso, los monstruos del 76 no aparecieron en la historia argentina por generación espontánea.

Una historia del dolor

El sociólogo italiano Luciano Gallino escribió esta abarcadora definición de violencia:

Forma extrema de agresión material, realizada por un sujeto individual o colectivo, consistente ya sea en ataque físico, intencionalmente destructivo, contra personas o cosas que representan un valor para la víctima o para la sociedad en general, o bien en la imposición, mediante el empleo —o la amenaza manifiesta de empleo— de la fuerza física o de las armas, a realizar actos gravemente contrarios a su voluntad.

En términos políticos amplios ese empleo de la violencia se ejerce para sofocar el intento de subvertir o modificar radicalmente un estado de cosas o para mantener un statu quo alcanzado por un grupo de poder.

El empleo de la violencia en un sentido plenamente subversivo y arrasador fue la marca de la conquista de América. Quizá llame la atención el empleo de esta palabra, subversión, para los conquistadores que ensangrentaron el suelo americano, pero se la puede aplicar en el sentido estricto de dar vuelta de forma completa y totalizadora un estado de cosas. La invasión a las colonias subvirtió por aplastamiento y genocidio una realidad multiétnica, sea cual fuere nuestro juicio de valor y nuestra caracterización sobre esa realidad y aun partiendo de reconocer en ella desigualdades, guerras y sometimientos de unos pueblos por otros.

La épica de la conquista con la cruz y la espada es una anticipación aumentada del nazismo, tanto en la hondura de la crueldad como en el intento muchas veces consumado de masacrar etnias enteras: entre el momento en el que Rodrigo de Triana gritó «¡Tierra!» desde la flota que capitaneaba Cristóbal Colón, en 1492, hasta 1633, desapareció en América el 88,1% de la población, ya sea por acción armada directa como por la inoculación espontánea o dirigida de las variadas pestes provenientes del mundo europeo.

La evolución de Latinoamérica y, dentro de ella, de la Argentina, no puede pensarse sin esos fuegos bautismales marcados por una exacción apoyada en la bestialización del «otro» desconocido, es decir, los pueblos de origen. Para la acometida se necesitó del embellecimiento que proveía una cruzada santa, de un Dios que necesitara víctimas y que ayudara a diferenciar, degradar, aterrorizar y matar al impío. Siglos más tarde, el positivismo darwiniano se conjugaría con el pensamiento mágico católico al contribuir con la teoría de la evolución de las especies que acentuó y justificó moralmente las matanzas con el aporte de la categoría de subhumanos descartables. Se trató de un visaje racionalista que encantó al positivismo decimonónico de la Argentina y que le vino como anillo al dedo para justificar tanto el exterminio como la perenne sujeción política, de los nativos primero, de los mestizos después, de los inmigrantes más tarde y de los rebeldes siempre. El pecado religioso de no ser blanco, cristiano y propietario anclaba así en el laicismo para continuar con la estigmatización. Sin esa irrupción extrema y violenta es imposible pensar el desarrollo sociopolítico posterior. Como lo señaló con toda certeza David Viñas, los verdaderos malones llegaron de ultramar.

Esa matriz no solo se aplicó a los pueblos de origen sino que también funcionó para dominar a los pueblos esclavos, como la negritud africana afincada por coacción en los Estados Unidos donde los negros no fueron incluidos en la declaración de la independencia (1776), y la esclavitud no fue abolida en la Convención Constituyente (1787). A fines de la representación de los estados en el Congreso y para la aplicación de los impuestos directos, el negro fue computado como tres quintos de hombre.

Cuando la letra impresa, y por ende la documentación, comienza a funcionar como supremo legitimante de los actos humanos, esos retorcimientos justificatorios de la explotación se rozarán aun con el disparate e inflamarán la imaginación de los relatos de la conquista con plumíferos que veían en las etnias desconocidas humanoides que arrastraban rabos o que masticaban blancos con sus fauces de cocodrilo.

Como bien define Ricardo Rodríguez Molas, es la pedagogía del miedo basada en el tormento y el exterminio, el vínculo que impone la corona con la humanidad desconocida que se encuentra en el siglo XV.

Algún representante de la moral cristiana entendida sin excepciones, fueran como fueran esos otros que trajinaban por el Nuevo Mundo, como el padre Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, fracasó olímpicamente en su intento de que nadie fuera «sometido a tratamientos inhumanos». El sadismo es la marca del «descubrimiento», y su onda expansiva atravesará los siglos y reaparecerá con distintos grados de violencia y renovadas técnicas de tormento. Esa religiosidad cruenta como respaldo del saqueo material y la dominación política tuvo aun expresiones esperpénticas en la dictadura militar videlista con extrañas misas negras, como las que se sucedieron en los centros clandestinos de desaparición de la Fuerza Aérea o en los centros de desaparición de Córdoba, en sesiones de tortura asistidas en persona por sacerdotes que rezaban para que la víctima delatara a sus conmilitones y salvara su alma pese a sus «pecados». Remedaban así los procesos de la Santa Inquisición.

A ese sesgo medievalista pertenecen también las frecuentes visitas del preconciliar monseñor Marcel Lefebvre, sacerdote francés separado entonces de la Iglesia por Juan Pablo II por su medievalismo ultramontano, que lo llevaba a negarse a dar misa en otro idioma que no fuera el latín. Lefebvre, que contaba relación directa, entre otros, con Antonio Domingo Bussi, oficiaba las misas prohibidas por su institución en las casas particulares de los procesistas argentinos y era mimado por el poder cívico-militar dictatorial. El cura francés fue finalmente rehabilitado para la Iglesia católica por el papa Benedicto XVI.

La renovación de ideas en Europa, las transformaciones producidas por la Ilustración, hicieron foco en el salvajismo inhumano de los católicos y se esforzaron por incorporar una nueva generación de derechos. Fue el jurista del siglo XVIII Cesare Beccaria el autor de la más contundente impugnación a la conducta de las monarquías absolutistas respaldadas en la religión. Beccaria propone, entre otras cosas, la abolición de la tortura, la imposibilidad de aplicar penas sin juicio con el adecuado derecho a defensa y aun, para pavor de los biempensantes, relativizar los delitos contra el derecho de propiedad cuando quien atenta contra él sufre un estado de miseria.

Las renovaciones jurídicas y aun las prevenciones humanitarias de la misma Iglesia que advirtió sobre los abusos se volcaron en el Derecho de Indias, pero tanta buena voluntad no cruzaba el océano Atlántico y el defase entre la letra escrita y el martirio de los nativos en manos de quienes se hacían brutalmente la América fue la situación concreta que se padeció en los territorios conquistados.

La afiebrada persecución del oro hizo despellejar a millares de americanos, a la búsqueda de la revelación de tesoros que inflamaban la imaginación de los conquistadores: los pueblos de origen eran sometidos al crudelísimo esclavismo, a la matanza si eran una molestia, a violaciones sexuales masivas, marca principal de la relación del hombre europeo con la mujer nativa.

En Europa, la bula ad extirpanda («A fin de extirpar» a los herejes, por supuesto) había sido ya dictada por el papa Inocencio II en 1252 y confirmada por los papas Alejandro IV, en 1259, y Clemente IV, en 1265. En esa bula se autorizó a la Iglesia católica a ejercer su actividad inquisitorial (vale decir, a torturar y matar) en todo el planeta. Pero además facilitó la cesión de la aplicación de tormentos al poder estatal. Todos los monarcas podían salir entonces a cazar herejes y en efecto lo hicieron con diferentes grados de sadismo y no precisamente para preservar la sangre incontaminada de moros y hebreos, sino también para la persecución política, la toma de territorios, el robo de posesiones.

El furor del Santo Oficio se trasladaría luego a América pero con mayor desprolijidad, si cabe. En las tierras colonizadas, lejos de las autoridades de control con sede en Europa, el tétrico sistema encontró terreno fértil entre los millones de originarios que no creían en su dios matador. La tarea del Santo Oficio de la Inquisición establecido originariamente para la caza, quema y degüello de judíos conversos, se extendió a cualquier tipo de conducta que se considerara objetable. El poder canónico, flaco en recursos humanos, no alcanzaba para transformar todo el continente en un matadero y los sadorreligiosos tuvieron facultades para nombrar notarios, alguaciles, fiscales, verdugos, y todas las fieras sueltas que fuesen necesarias para imponer la cruz.

Dos tipos de torturas circularon en América: las «de prueba», que eran para que se confesara el delito, y las de «pena», es decir, la ejecución, la pena de muerte, con el paso anterior de la «tortura preparatoria», en pos de que el apresado delatara a sus posibles cómplices. ¿Con qué situación no tan lejana en la historia latinoamericana y, fundamentalmente, argentina, se puede comparar esta mecánica?

La brutalidad se abrió paso sin freno en todo el período de la conquista española, las flagelaciones enmarcaban una ideología de resignación e inculcaban el sedativo de las infinitas bondades de «la otra vida» para dejarse explotar y saquear con la cabeza gacha ante la cruz y la «autoridad». Quienes así no lo hicieron en las innúmeras rebeliones que se sucedieron en América vieron en vida el rostro del infierno. La resistencia generó un furor que padecieron indios castrados, desorejados y mutilados con una imaginación sádica que los monstruos argentinos supieron recobrar mentando sin sonrojarse la tradición católica, lo que quiere decir la peor tradición, la más sádica y la más retorcida.

Algunas piezas discursivas de los sacerdotes golpistas del videlismo podrían traspolarse a los siglos XVI y XVII sin mayor esfuerzo, como las del provicario monseñor Bonamín del 25 de septiembre de 1975:

No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función (…) El Ejército está expiando la impureza de nuestro país, los militares han sido purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país (…) Nuestra religión es terrible; se nutrió de la sangre de Cristo y se sigue alimentando de nuestra sangre, de la sangre de nuestros hombres muertos. Esto quiere decir que Dios está redimiendo, mediante el Ejército nacional, a toda la nación argentina.

En consonancia, Videla diría años después, preso en su domicilio: «Dios es el eje de mi vida y tengo la conciencia tranquila, a mí no me quedaron dudas, no hay contradicción en mí, no hay dualidad en absoluto. Yo digo que soy religioso y no creo ser hipócrita».

Esa frialdad y esa facilidad autoexculpatoria solo puede concebirse en una cabeza abrazada por la religión en clave medievalista. Con Videla, como veremos luego con Menéndez, también con el Tigre Acosta, que decía que «diosito» o «jesusito» le indicaba quién debía morir, cabe reproducir una frase de Horst Herrmann: «El pretexto con que los todos acallan su conciencia es una “buena causa”». La consistencia de su razonamiento abarca a ambos militares criminales: «Posiblemente —insiste Herrmann— no exista nada tan nocivo como una bella conciencia adormilada; como una buena conciencia al servicio de una mala causa que se cree justa».

La recuperación monstruosa de los procedimientos inquisitoriales como marca de fuego inicial, como vínculo primario entre conquistadores, es el atraso del reloj que el «proceso» de 1976 se propuso «reorganizar» junto con otros esquemas fijos y no tan sofisticados de la relación amo-esclavo instaurada en la colonia. Por esa vía se habían sofocado rebeliones, como los alzamientos calchaquíes del siglo XVII, que concluyeron con indios desorejados, destalonados, desnarigados y mancos. En ese siglo, avanzado ya el etnocidio, la disciplina por el terror era la verdadera continuidad de acción política de los conquistadores.

Más adelante, en 1781, y en lo que después sería plenamente territorio argentino, en la provincia de Córdoba, el obispo José Antonio de San Alberto da a conocer una pastoral en la que afirma la determinación de ceder al Estado la soberanía de tortura y exterminar a todo aquel que no se someta a las leyes de su Dios. Es casi una réplica de la ya comentada bula ad extirpanda de 1252, y aunque hubiera 450 años en el medio, con polémicas, revisiones y críticas jurídicas, el obispo elegía el más brutal retraso de tiempos.

Es de las renovaciones producidas en Europa y del espíritu de la Ilustración que ya en los primeros pasos de la era independiente, en la Asamblea del Año XIII, se promueve la abolición de los instrumentos de tortura. Pero, en la medida que el ala conservadora recupere terreno también tratará de recobrar sus privilegiadas armas de tormento. Los pedidos de reposición de esos instrumentos abundan para tornar «legal» lo que indiscriminadamente siempre se siguió practicando en todo el territorio con capital en las orillas del Río de la Plata.

La Primera Junta de Gobierno le hace beber a los españoles su propia medicina con la sublevación de Córdoba, encabezada por el gobernador-intendente Gutiérrez de la Concha y apadrinada por el liderazgo de un jefe de la resistencia contra los ingleses, el popular Santiago de Liniers. Los rebeldes son fusilados en Cabeza del Tigre y el periódico La Gaceta, órgano de la Primera Junta, reproduce un lenguaje archisabido y les advierte a los díscolos que «los perseguirá y hará un castigo ejemplar que aterre a los malvados». Más ejemplificador aún será el sofocamiento de la conspiración de los españoles encabezada por Martín de Álzaga el 29 de junio de 1812 en Buenos Aires. Tras descubrirse el alzamiento contrarrevolucionario, 29 de los amotinados «fueron aprendidos, fusilados y expuestos a la expectación pública», en la Plaza de la Victoria. Se trataba de una réplica intimidante de los procesos inquisitoriales. Fuera de estos dos episodios, los españoles no serían en adelante rebajados a penas infamantes, algo de lo que no se librarán los rebeldes y los que integraban las clases bajas.

Pese al espíritu que se había impuesto en la Asamblea del Año XIII, los castigos corporales no cesaron, siempre en paralelo con las jerarquías sociales: la abolición del cepo y del potro es de arduo cumplimiento. En 1813 y en los años subsiguientes, en la misma Buenos Aires se denuncian y corroboran los tormentos sobre todo en manos de religiosos y de patrones rurales. Tierra adentro el patronazgo semiesclavista no conoce de nuevas leyes y la violencia patriarcal no sabe de frenos.

El intento civilizado de los asambleístas del Año XIII se choca con una realidad de dominación de facto que viene por inercia desde la conquista y que prosigue más allá de la letra escrita con flagelos de todo tipo y juicios sumarísimos. En 1817, el alguacil mayor de Buenos Aires pedirá la reposición de los instrumentos de tortura. Se trataba al fin, de relegitimar en los papeles algo que nunca había desaparecido en la realidad.

Por lo demás, al tornarse crecientemente facciosa la lucha política, tras la guerra de la independencia, la crueldad reaparece con fuerza. Tomás de Anchorena, animador de las arremetidas ultraconservadoras, esclarecido ariete en pos de que la Argentina independiente conserve en términos socioeconómicos la organización jerárquica del mundo colonial, es otro de los que clama por la reposición de los instrumentos de tortura. El terror como arma cotidiana se expresaba en los más diferentes niveles de la vida pública. Ricardo Rodríguez Molas rescata esta narración de Mariquita Sánchez de Thompson: «Se sentenciaba a muerte a un hombre (…) se ponía un torno, y lo sentaban y con el torno le apretaban el pescuezo, de modo que la lengua quedaba fuera. A todos los muchachos de las escuelas les daban azotes, para que no olvidaran lo que habían visto».

Los conciencias atribuladas por este panorama, que desde la ideología liberal, la Iglesia, o el derecho levantaban su voz pasmadas ante la naturalización del terror, hacían alegatos, presentaban leyes y proyectos pero sabían que sus palabras contrastaban con una realidad imparable.

La violencia política en las alturas retorna en 1828 con el fusilamiento sin juicio previo del caudillo federal y dos veces gobernador de Buenos Aires, coronel Manuel Dorrego, en manos del general Juan Galo de Lavalle. «El sable sin cabeza», caracterización que perseguirá a Lavalle en la vida y en la historia, aceptó las presiones criminales de Salvador María del Carril y Juan Cruz Varela, entre otros jefes del núcleo unitario. Dorrego representaba para el unitarismo de los seguidores de Bernardino Rivadavia eso que los centralistas no podían soportar: el federalismo entendido como igualdad de condiciones para el desarrollo de las regiones, algo de cuyas ventajas el coronel había aprendido en su permanencia en los Estados Unidos. Federalismo y poder republicano estaban en el centro del pensamiento de Dorrego que cargaba, además, con un plus insoportable para los unitarios: su ascendente sobre las masas populares y, con él, la intención integradora de todos los sectores de la vida nacional a un marco civilizado y a una institucionalidad donde Buenos Aires participara de una confederación en pie de igualdad con el resto de las regiones.

Después de breves tramos de gobierno autoritario y fraudulento la violencia unitaria tendría su réplica. La concepción de poder de Juan Manuel de Rosas era considerablemente menos moderna que la de Dorrego, tomó el camino de rescatar conformaciones político-religiosas que provenían de la nunca del todo desarmada estructura colonial, las combinó con una altísima popularidad y un nacionalismo defensivo y acorraló sin dudar a los adversarios políticos.

Según David Viñas, la literatura argentina debe su nacimiento —a partir del relato de Esteban Echeverría El matadero— a una violación que un grupo de mazorqueros acomete contra un joven unitario. Una mitificación apoyada en realidades históricas comprobadas quiere que la era de la Santa Federación fuera otro manchón siniestro del siglo XIX.

Si esto es cierto, quienes lo siguieron después de derrotarlo en Caseros y marcharon hacia el dictado de la Constitución Nacional de 1853 no se quedaron atrás. En 1854 los civilizados reponen la pena de azotes en las cárceles. Arduas discusiones ya habían ocupado a los constitucionalistas en torno de la pertinencia de mantener los castigos corporales, fundamentalmente en los sectores populares donde se imaginaban todo tipo de villanías. Bartolomé Mitre esgrime una curiosa defensa de los tormentos: «Si los azotes están abolidos, se precisa matar al hombre por una pequeña falta cualquiera». Juan Bautista Alberdi se espanta y se pronuncia contra cualquier forma de flagelación.

Durante gran parte del siglo XIX, la necesidad de superexplotar y por lo tanto, controlar al gaucho en tránsito a peón rural, creó formas jurídicas de una arbitrariedad supina, como la vigencia de «la papeleta de conchabo», un escrito provisto por el patrón de estancia que certificaba que quien la poseía estaba a su cargo y podía circular libremente. Quien no la tuviera en sus alforjas era declarado «vago» e incorporado al servicio militar, sobre todo para la lucha contra los pueblos de origen en pos de ampliar las fronteras. El Martín Fierro de José Hernández entrega los dramas humanos y la desintegración de familias rurales que generaba ese mecanismo.

Entretanto, el país marcha hacia la institucionalización encabezada por el factótum de la Campaña del Desierto, Julio Argentino Roca, quien no le da precisamente carta de ciudadanía a los originarios. En su misión por extender las fronteras agropecuarias y consolidar territorios para cedérselos a la oligarquía mata nativos como antes ya lo había hecho Rosas. La Generación del 80 es expeditiva, y le da forma institucional a lo que seguirían haciendo los estancieros, cuando ya entrado el siglo XX les pagaban a matadores profesionales por un par de orejas o un par de testículos, transcurridas ya las matanzas de etnias casi completas. Prácticas como asaltar campamentos indígenas por la noche para exterminar a los indefensos serán reivindicadas mucho después por el Tigre Acosta, el capo asesino de la ESMA, con el singular argumento de que así se salvaban vidas.

El oscuro objeto de odio, al parecer siempre necesario para la oligarquía, se traslada a los inmigrantes que la misma institucionalidad de la Generación del 80 había reclamado para poblar el país. Pero cuando toman nota de que esos recienvenidos son hombres reales y pretenden ser sujetos de derecho en lugar de someterse a la semisclavitud que se les propone, la visión cambia.

El escritor Antonio Argerich, en el prólogo a su obra ¿Inocentes o culpables?, sintetiza toda una visión: «En mi obra me opongo franca y decididamente a la inmigración inferior europea, que reputo desastrosa».

El positivismo darwinista con el criterio de la selección de las especies es traducido aquí como una jerarquización donde «los inmigrantes inferiores» rozan el último umbral de una escala zoológica. Argerich no se calla nada, asustado por la «plebe ultramarina», como luego la definirá Manuel Gálvez. Argerich escribe: «Es deber de los Gobiernos estimular la selección del hombre argentino impidiendo que surjan poblaciones formadas con los rezagos fisiológicos de la vieja Europa». Otros escritos de los positivistas del 80 no se ahorran anatemas, como los de Carlos Octavio Bunge, José María Ramos Mejía o Agustín Álvarez, entre tantos, tantos otros.

Esta xenofobia ancla con fuerza en el poder político oligárquico y nacionalista. También aceita armas mientras la inmigración reparte sus semillas ideológicas socialistas y anarquistas provenientes de Europa. En 1902 el Congreso legaliza el odio con la Ley de Residencia, la 4144, que había sido reclamada tres años antes por la Unión Industrial Argentina. La norma legal permitió la expulsión de inmigrantes sin juicio previo y fue utilizada para sofocar la organización y la acción sindical. Rigió hasta 1958, cuando fue derogada por el gobierno de Arturo Frondizi, lo que también da cuenta de su extenso y caprichoso multiuso.

Esta combustión odiadora tendría también su correlación en la matanza del 1º de mayo de 1909, cuando el jefe de la Policía de la Capital, coronel Ramón Falcón, ordenó cargar contra los manifestantes anarquistas en la Plaza Lorea, lo que provocó aproximadamente catorce muertos y cien heridos. Las víctimas serían vengadas por un anarquista solitario, el inmigrante ruso Simón Radowitzky, quien el 14 de noviembre de 1909 hizo estallar el carruaje de Falcón con una bomba.

Pero el racismo blanco que se consolidaba en las clases parasitarias del posroquismo, el biologicismo que encubría un statu quo privilegiado, tendría también su desarrollo con grupos parapoliciales integrados por jóvenes de las clases altas, como la Liga Patriótica Argentina, que más adelante tendría otras versiones, algunas de ellas asimiladas luego como brazo del Estado autoritario.

Mientras la política ascendía a otro giro institucional con el voto secreto y universal (excluyendo a las mujeres), los señoritingos levantan su guardia. Manuel Carlés, cabecilla de esas bandas del nacionalismo oligárquico, ya lo había anunciado en el sepelio de Falcón: «Por cada argentino inmolado en la lucha por la estabilidad de las garantías sociales, mil veces más se incorporarán a las falanges del orden para descuajar a las malezas exóticas».

Con el primer presidente plenamente constitucional en ejercicio, Hipólito Yrigoyen, esas bandas acometerán con la Semana Trágica, el primer pogromo de América latina. Una huelga en los Talleres Vasena que pugnaba por la reducción de la jornada de once a ocho horas, como reclamo central, queda empantanada entre la intransigencia de los anarquistas y las negociaciones del gobierno. Las bandas aprovecharon para intervenir y se produjo una matanza que para algunos historiadores rondó en ciento cincuenta muertos, mientras que para otros llegó a setecientos. El gobierno radical cedió a las presiones oligárquicas y reprimió con el ejército, pero las bandas se encargaron de hacer mucho más, perseguir y matar a rebeldes y a judíos y cualquiera que pudiera ser considerado capaz de alterar «el orden social».

Otra represión obrera brutal cargaría la mochila yrigoyenista, el episodio conocido como La Patagonia rebelde, investigado por Osvaldo Bayer y llevado al cine por Héctor Olivera. La huelga se había desatado en Santa Cruz por la crisis del mercado lanar y eso trajo aparejado condiciones humillantes para los trabajadores, que sufrían todo tipo de arbitrariedades con pagos con vales, comida en mal estado y condiciones de hacinamiento. La expansión del movimiento volvió a espantar al patriciado, que le reclamó acción a Yrigoyen. El presidente envió al teniente coronel Héctor Benigno Varela con instrucciones de mediar y disuadir, pero fiel a un reflejo represor, el episodio concluye con el pavoroso resultado de cuatrocientos muertos en las filas obreras, masacre adecuadamente celebrada en los clubes porteños y apologizada por Manuel Carlés. Como veremos, el asistente del teniente coronel Varela era Benjamín Menéndez, abuelo de Luciano Benjamín, el monstruo de Córdoba.

¿Qué Ejército cometía esos crímenes a pesar de que Varela fuera ponderado como un militar de espíritu conciliador? ¿Qué Ejército, digamos, «se le escapaba de las manos» al radicalismo?

Por empezar, el reflejo inquisitorial del castigo corporal en la organización inicial de las fuerzas armadas es una realidad derivada de la conformación militar española y reforzada en las colonias que los conquistadores hollaron con pie dominante. Una vez terminadas las guerras de la independencia, las luchas facciosas en que se empeñaron los cuerpos armados no menguó su crueldad. La institucionalización provista por la Constitución de 1853 y delineada finalmente por la Generación del 80, tampoco. Los cepos, grilletes, estaqueadas y ataduras al palo, dislocaciones de miembros y zambullidas estaban en el ADN de la instrucción y la represión militar hacia adentro.

Una mala base para la andanada de métodos prusianos que vendría. A fines del siglo XIX, el concurso de oficiales de ese origen daría otra vuelta de tuerca a un Ejército concebido como máquina de matar. En ella el soldado —recordemos, además, que en 1902 se instaura el servicio militar obligatorio— renuncia a su subjetividad, la obediencia es una obediencia hasta la muerte y al mando militar no se lo objeta por ninguna razón ni aunque mande a su pelotón al muere. Esta organización provocaría muertes, sevicias, humillaciones, les daría certificado de dignidad a todas las laceraciones coloniales que, como vimos, no eran pocas, y haría del «colimba» (corre-limpia-barre) un joven despersonalizado, donde cualquier muestra de individuación —de carácter, de raza, de cultura o falta de cultura, de contextura física, de modo de hablar, de pertenencia a una región, de credo, ni que hablar de ideología o de opciones sexuales diferentes de las aceptadas por el poder— podría convertirse en carne de tortura y muerte y encontrar aun verdugos entre sus propios pares.

Pero estas prácticas estaban coronadas por una conformación ideológica de fondo: la sintonía de amplios sectores del Ejército con el primitivismo, el racismo, el clasismo y el pensamiento neocolonial de nuestras clases dominantes, la pauperización de los sectores bajos tomada como natural para que las mayorías quedaran siempre a su servicio y como mano de obra barata; la convicción de que toda promoción social de «otros» los descolocaba a «ellos» como amos y señores.

Esta ideología arcaica y estos métodos militares perversos serán los que desplazarán a la «chusma» radical en el golpe de 1930 encabezado por José Félix Uriburu. El entonces mayor Rafael Eugenio Videla —padre del dictador de 1976— cumplirá en la asonada la misión de ocupar la Confitería del Molino. Su hijo, ya dictador, tendría en su despacho presidencial como única foto a Rafael Eugenio a caballo con el fondo de la Plaza del Congreso.

Nada de casual hay entonces en que las mazmorras y las torturas acompañen «la hora de la espada» reclamada por Leopoldo Lugones. Nada de casual tampoco, en que sea su hijo homónimo el «inventor» de la picana, trasposición del método para reducir a las vacas que ingresaban al matadero mediante descargas eléctricas. Menos aún en que las bandas de esbirros garcas como la Juventud Nacionalista o la Legión Cívica se adueñaran de las calles y se transformaran en preclaros antecedentes de la Triple A y las patotas dictatoriales de los 70.

Pero el corporativismo en falsa escuadra de Uriburu, su impericia y sus escasas bases de sustentación, limarán su poder: la oligarquía tiene claro que no quiere intermediarios, quiere gobernar directamente y lo logra con un fraude descomunal que lleva a la presidencia a Agustín P. Justo. Las fórmulas transaccionales que se pergeñan para que los conservadores mantuvieran su poder y sus negociados instalan una «década infame» que tendrá su consecuencia dentro del Ejército con la conformación de un ala nacionalista de la que saldrá el liderazgo de Juan Domingo Perón.

El país patronal y semicolonial que se conmueve y acusa al nuevo modelo de «naziperonismo» no alcanza para ocultar la verdadera razón de su estupefacción y de su rabia: la puesta en marcha de una legislación social que visibilizaba y empoderaba a los desplazados que venían desde los arrabales y los fondos de la historia. La furia oligárquica se adensa y tiene su correlato en el Ejército, en el marco de una tensión internacional en la que los Estados Unidos no soportan que los países latinoamericanos no sean sus aliados automáticos.

El monstruo va cobrando forma: antiperonismo, clericalismo, neocolonialismo, anticomunismo, Doctrina de Seguridad Nacional en los 60, o sea, visión del compatriota como «enemigo interno», moralismo victoriano, antiindustrialismo y anticientificismo, sexismo, antigremialismo, racismo contra un ya bien contorneado «cabecita negra», xenofobia, quietismo social, son las marcas que se consolidan. En la sucesión de cuartelazos de los años 60 —con los breves interregnos de una constitucionalidad devaluada por la proscripción del peronismo— los uniformados, como representantes de la cúspide social, ya se mueven en esa salsa envenenada que estará a punto en el golpe del 24 de marzo de 1976.

Al núcleo matador de la ideología dictatorial se sumarán otras conformaciones de temer: las que proveyeron las máquinas militares de Francia primero, con especialistas en tormentos provenientes de la Guerra de Argelia, admirados por Ramón Camps y Menéndez, que entrenaron a la oficialidad argentina desde 1958; y la de los Estados Unidos, después, con expertos de la Escuela de las Américas, poseedores de una cabeza congelada por la Guerra Fría y entrenada en la persecución y el combate a toda rebeldía nacional que se plantase ante las potencias. El pensamiento era tóxico, las técnicas, terribles.

El antecedente inmediato y esperpéntico del golpe del 76 fue la rimbombante Revolución Argentina (1966-1973), el otro intento corporativista que encabezó el general Juan Carlos Onganía, un clericalista disfrazado de «azul» —la línea interna del Ejército que no renunciaba a cierta salida institucional y opuesta a los «colorados», poseídos por un antiperonismo cerril—. Si la integración de su gabinete podría generar confusiones y/o expectativas, con algún personaje industrialista o un inefable nacionalismo, la acción de gobierno concreta fue clara: acercamiento al Pentágono, es decir, a las políticas agresivas del armamentismo, anticomunismo y antipopulismo; decidida represión social, sobre todo en el mundo del trabajo; descabezamiento de la inteligencia nacional con la ocupación de universidades en la infausta «Noche de los bastones largos». También una búsqueda de control de la vida cotidiana que veía el rostro del demonio en las parejas que se besaban en las plazas públicas o en las más variadas experimentaciones artísticas.

En el primer plano de la vida argentina el escenario principal fue ocupado por una generación militar conocida como «Los Leones», generales como Alcides López Aufranc, Alejandro Agustín Lanusse, Osiris Villegas, Julio Alsogaray, rugidores en los cuarteles y en la vida pública. Ese elenco, con Onganía al frente por un tiempo, se propuso «limpiar» al hiperpolitizado Ejército y promover oficiales obedientes y poco jugados a la hora de los conflictos internos. Pues bien, de esa movida saldrían los altos oficiales «profesionalistas» con posibilidades de alcanzar el generalato. Les dirían los «mansos» —aunque no lo eran cuartel adentro, donde personajes como Antonio Domingo Bussi o Luciano Benjamín Menéndez eran conocidos por su crueldad cotidiana—. Se llamaban Jorge Rafael Videla, Roberto Roualdés, Guillermo Suárez Mason, Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros o Ramón Juan Alberto Camps, entre muchos otros. Los «corderos» de la oficialidad entraban a la historia, tenían en su íntima constitución todas las deformaciones que habían absorbido silenciosamente en su punto de cocción, todas las ambiciones que habían acunado secretamente, el campo disponible para darle cuerda aun a sus depravaciones. Desde el alma aureolada por la idea de matar por una bella causa hasta la ambición cleptómana de alto vuelo, estos «mansos», estas subjetividades dotadas de un poder omnímodo y bendecidas por el Dios de los canallas y por el establishment económico nacional e internacional al que tributaron, estos monstruos, entraron a escena y salieron de ella después de torturar ya a su propia tropa en la aventura vergonzante de Malvinas.

Lo que sigue es una muestra representativa de lo que fueron capaces de hacer estos hombres de armas y algunos de sus satélites. Se trata de un resumen-resumidero, para no bajar la guardia ante su latente reproducción con viejos o nuevos métodos y recursos para hacer lo mismo de siempre: humillar, atormentar y matar a sus compatriotas.

CAPÍTULO II

Luciano Benjamín Menéndez, «El Cuchillero»

José María Menéndez ve montar a su hijo. Le gusta esa determinación al treparse al lomo del caballo, la destreza con que obliga al galope, la obediencia del animal a su voz bisoña y firme. El teniente coronel José María Menéndez está feliz en esa casaquinta de la ciudad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, tan cerca del Colegio Militar. Sus dos hijos, José María y el menor, Luciano Benjamín, nacido en junio de 1927, son los retoños de su casamiento con Carolina Sánchez Mendoza. Ambos tienen condiciones para continuar la estirpe militar que había nacido con el padre de José María, Benjamín Menéndez, subordinado de Julio Argentino Roca en la Campaña del Desierto y muerto tempranamente, a los treinta y siete años, como teniente coronel de las Guardias Nacionales que diezmaron a los pueblos de origen de la Patagonia.

En el infierno de La Perla —la obra cumbre de su alucinación represiva, en el kilómetro 12 de la ruta 20— Luciano Benjamín narraba con orgullo los hitos de su casta, entre ellos las iniciativas racistas del abuelo que propuso que no se permitiera el ingreso de representantes de la raza negra al país «por la persuasión o por la fuerza».

José María, ya retirado desde 1930, ve sobre todo a Luciano Benjamín con temple para arribar al grado que a él se le negó: ser general del Ejército Argentino. Los meandros del escalafón militar lo habían dejado afuera de esa cucarda, pero no por falta de mérito.

El padre de Luciano Benjamín había hecho bien los deberes militares. Sobre todo en la Patagonia, como colaborador dilecto del coronel Héctor Benigno Varela, comisionado por Hipólito Yrigoyen para enfrentar el conflicto en la provincia de Santa Cruz, donde los obreros de la esquila se rebelaron por las pésimas condiciones en los que los mantenían los estancieros: amontonados en galpones miserables, mal comidos, mal pagos, trajinando sin destino por la estepa helada.

José María Menéndez había partido el 4 de noviembre de 1921, junto a sus camaradas del X Regimiento de Caballería, como asistente personal de Varela, y no le esquivó al bulto a esa campaña donde fueron masacrados mil quinientos trabajadores, seiscientos de ellos en el predio de la estancia La Anita de los Menéndez Behety. Se trataba entonces, como un siglo después, de «aniquilar», en este caso a los «anarquistas pro chilenos». Porque los Menéndez de uniforme siempre prefirieron esas definiciones que amenazaban la nacionalidad y la territorialidad como permiso para matar, sin detenerse nunca en los procesos socioeconómicos ni en la explotación terminal de la que brotaban los conflictos.

Abuelo y padre de Luciano Benjamín ya habían dado cuerda a sus pulsiones y a sus fantasmas matando «sediciosos» por los caminos del inmenso sur. José María, además, vivió con entusiasmo la formación de bandas parapoliciales como la Liga Patriótica, que había cometido la matanza de la Semana Trágica en 1919 tras la rebelión de los obreros de los Talleres Vasena, que dieron pelea por la jornada laboral de ocho horas.

A pesar de que ante los presos calificados de los centros clandestinos bajo su dominio como comandante del III Cuerpo de Ejército en Córdoba posaba de «criollo viejo», su genealogía era y es un tanto derrengada. Los primeros brotes de esta rama militar de los Menéndez, procedentes de Asturias, llegaron a Buenos Aires a mediados del siglo XIX y no tenían más que las jinetas para solazarse de su pertenencia: no eran los Álzaga, los Bullrich o los Martínez de Hoz. La condición militar les permitió codearse con la punta de la pirámide social a la que veían desde el lugar de la milicia sin los falsos blasones del patriciado con olor a bosta.

Pero el orgullo de Luciano Benjamín era legítimo y estaba de verdad apoyado en la sangre derramada del indio maldecido y bestializado y de inmigrantes y americanos «antipatriotas» que buscaban imponer «ideas foráneas».

La trayectoria de los tres Menéndez, abuelo, padre y nieto, transcurre en paralelo con la del Ejército Argentino como custodio del modelo agroexportador e impulsor acrítico de proyectos extranjeros para el país, pese a estar barnizados de un criollismo impostado con caballos, mates, fustas, ponchos y ejemplares de Martín Fierro bajo el brazo. Los Menéndez celebrarán la influencia prusiana que recargará a la milicia, a principios del siglo XX, con un reglamento que subrayó los castigos corporales y la obediencia ciega. Décadas después, Menéndez nieto celebrará también la doctrina francesa para combatir a las organizaciones armadas de los 60-70 y a las organizaciones políticas populares. Como sus pares, adoptará, además, los planes del Pentágono para oponerse a la movilidad social y política y para mantener a la Argentina en el bloque «occidental». Para coronar esa formación tomará cursos en Estados Unidos y en Francia en pos de combatir a sus compatriotas y aceptará ser parte de una Guerra Fría pergeñada fuera de nuestras fronteras aunque acusando a todo agente activo de cambio de pretender destruir «el ser nacional».

Ya arañando los noventa años, el general se esforzaba por mantener el porte militar. Se apoyaba en una voz que aún mantenía restos de aquella reciedumbre con la que ordenó acciones que no muchos seres humanos se animan a ordenar. Una jovialidad cuartelera se ha desdibujado con el paso del tiempo. Pero en el siglo XXI la presión de una vida política y social abierta lo ha arrinconado, aunque mantenga el sueño de que los argentinos «despierten» para volver a lo que fue la razón de su vida: combatir a la subversión ahora en sus manifestaciones «gramscianas».

Su empaque físico en 2015, con la cabellera cana pero abundante y un vestir clásico y atildado, lo armaban para sacar pecho. En sus etapas de libertad le gustaba trajinar las calles céntricas de Córdoba capital y sentarse en las terrazas de los bares como uno más. Sabía que su presencia generaba cosas: un temor indescifrable, como si marchara aún auroleado por un poder matador que lo hacía peligroso e intocable.

De chico y de muchacho, el «Ñato» no intimidaba demasiado. No a los dieciséis años, cuando en marzo de 1943 traspuso el arco de entrada del Colegio Militar. Ya se plantaba con el aire de supremacía que le había dado el linaje militar de sus mayores, acentuado por la pertenencia a la caballería, la más lustrosa de las armas. Pero su cara aniñada hizo que lo llamaran «Chupete» primero y «Cachorro» después, dos motes que chocarían con otro en los años de plomo: «El Chacal».

Ingresó al Ejército Argentino en una promoción que se haría famosa, la 74 que, en su mayor parte, terminará impulsando una criminalidad feroz. Allí estaban, entre otros, los imberbes Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Laidlaw, Osvaldo René Azpitarte, Leopoldo Fortunato Galtieri, Carlos Dalla Tea, Albano Harguindeguy, Santiago Omar Riveros, Carlos Bernardo Chasseing y Jaime Cesio, que se libraría de estampar su nombre en la cosecha roja que sus camaradas levantarían entre la generación rebelde de los años 70.

Su foja militar no conocería manchones: prolijo, predispuesto, arrojado aún, buen jinete, comenzaría su carrera con el orden de mérito 15 entre una camada de 214 cadetes. Camaradas de armas como Horacio Ballester o Benjamín Rattembach declararían para el libro Cachorro (Raíz de dos, Córdoba, 2013), la biografía de Menéndez escrita por Camilo Ratto, que ya en la adolescencia no ocultaba, junto a un nacionalismo telúrico que rimaba con su rostro, las ideas nazis que lo acercaban a algunos y lo diferenciaban de otros, aunque en un marco adolescente que no lo alejaba del común.

El 11 de mayo de 1945 es armado caballero por el Ejército y su primer destino será la provincia de Entre Ríos. En línea con los ciclos comunes de la vida de los oficiales se casará con Edith Angélica Abarca, de familia radical, y los hijos se irán sucediendo, uno tras otro, hasta llegar a una tropa de seis.

Ese año, la institución a la que pertenece es sacudida por un escenario inesperado: la estrella ascendente del coronel Juan Domingo Perón, figura central del golpe nacional-católico de 1943 que se propone ser la contrafigura de la década del 30, dominada por el fraude, la política amañada y los negociados. A pesar de la simpatía con la que Menéndez se había asomado a los gobiernos totalitarios de Europa, su clima familiar y social más inmediato lo alinea enseguida en el antiperonismo y prefiere sumarse al equívoco de ver en la figura del nuevo líder y luego presidente constitucional un Mussolini sudamericano y a su gestión como la de un fascismo en falsa escuadra.

Durante el peronismo evoluciona en el escalafón militar. La vida en el cuartel le depara una cercanía amistosa que luego será decisiva: comparte con Jorge Rafael Videla tres años como instructor en el Colegio Militar, Menéndez en Caballería, por supuesto, y Videla en Infantería. Tenían diferencias de personalidad y un curioso punto de contacto: ninguno de los dos se sacaba el uniforme en ocasiones sociales aunque fueran tentados por sus camaradas para vestir de civil en las salidas de baile, levante y cabaret. Los que luego serían destripadores de todas las reglas religiosas, morales, civiles y militares, compartían un reglamentarismo a ultranza.

Para el dictador Videla, hasta el final de sus días, Luciano Benjamín Menéndez será «un querido camarada», «el mejor comandante entre los que tuve a mi cargo», pese a que en su momento el dilecto amigo se alzó contra él en el intento de desplazar de la comandancia del Ejército a Eduardo Viola y pelear también por hacerse de la presidencia.

—¡No fue contra mí, fue contra Viola! —bramará el negador Videla para exculpar a semejante amigo cada vez que se le recuerde el episodio.

Como retribución a ese incomprensible perdón, Menéndez se dará por detenido cuando, recuperada la democracia y bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, Videla es apresado por primera vez. Menéndez argumentó que él no podía permanecer libre si «su» comandante estaba tras las rejas.

En aquel 1945 ya se respira dentro del Ejército un clima de conciliábulos, de pequeñas y grandes conspiraciones. La realidad se había dado vuelta como una pobre media para los verdes. La imparable pueblada del 17 de octubre de 1945 y su consecuencia institucional, el triunfo de Perón en elecciones libres en febrero de 1946, resultó un cambio brusco e inesperado. El activismo político de la milicia se bifurca entre los oficiales: por un lado las crecientes responsabilidades en el Estado y en la evolución del aparato militar y, por otro, la primero susurrada y luego sonora oposición al peronismo que, de la mano de la industrialización, la movilidad del mercado interno y la puesta en marcha de la promoción social con una nueva generación de derechos, cambió el perfil de la sociedad para parir entre las clases medias y altas un antiperonismo oligárquico con referentes reaccionarios y clericales dentro del Ejército.

En 1951 este bloque se encolumnará detrás del tío de Luciano, el general Benjamín Menéndez que, con su hijo Rómulo —coronel— darán un golpe fallido para tratar de evitar la reelección de Perón. Un grupo de jóvenes tenientes apoya al tío Benjamín, entre ellos luce otro genocida del videlismo, Guillermo «Pajarito» Suárez Mason. Fracasado el intento, Luciano debe cuidarse por portación de apellido, pero de ninguna manera deja de lado el entrenamiento conspirativo. Por eso no será casual que la «revolución fusiladora» lo encuentre como oficial del Estado Mayor. La intoxicación ideológica crece en Menéndez como en tantos de sus camaradas que ven groseramente al peronismo como un puma agazapado, listo a saltar sobre todo el territorio argentino para entregárselo servido a una entidad demoníaca que empieza a replicarse como un sonsonete: el «marxismo internacional».

Con una carrera brillante, una familia numerosa que le permitía jugar el papel de un consolidado paterfamilias e integrante del Estado Mayor del Ejército del 55, a los treinta años el oficial Luciano Benjamín Menéndez pensaba que podía comenzar a sentirse un elegido. De una densidad política aún débil, marcada por el clima antiperonista de su generación, acaso aún le faltara una fuerte razón de ser que tiñera con colores más fuertes su alma guerrera.

La encontraría.

La doctrina anticomunista francesa, fraguada en la guerra colonial de Argelia, le acercará el corpus teórico y la hipótesis de conflicto que necesitaba para transformarla en acción. Ya habían viajado de París a Buenos Aires los dos primeros oficiales que instruirán a sus pares argentinos en las técnicas para combatir «la guerra revolucionaria comunista». En la Escuela de Guerra de París se embobarían los oficiales superiores Carlos Rosas, Pedro Alfredo Tibiletti, Alcides López Aufranc. Las Fuerzas Armadas se habían cocinado durante años en hipótesis de conflicto virtuales, masticaban inacción en maniobras que imaginaban a Brasil y a Chile como «el enemigo» y se empeñaban en los conflictos internos. No tenían cómo resucitar un dudoso y ya oxidado prestigio de invencibles. Ahora que veían asomar una gran conflagración mundial sin trincheras, la asordinada Tercera Guerra Mundial, asomaba por fin una nueva identidad.

La arena del conflicto contra el comunismo era el planeta entero, se trataba de una mancha de aceite indeterminada e infinita de la que no se salvaba ningún país, ninguna sociedad. Estaba apadrinada y solventada por la Unión Soviética primero y acompañada por Cuba después. Al enemigo oculto había que buscarlo entre sombras, preferentemente de noche, y contra él no había juicio, ni atenuantes, ni derechos, ni negociación posible.

Instructores franceses como Patrice Maruois, Pierre Badie y Robert Beustersque —este último tenía a Menéndez como su muchacho predilecto— , infestaron de hambre torturadora y matadora a los oficiales argentinos narrándoles las técnicas crueles que habían practicado en tierras argelinas contra el Frente Nacionalista de Liberación (FNL).

Los movimientos anticolonialistas, cristianos, nacionalistas, marxistas, que brotaban en los países periféricos y en los centrales, el vuelco de los barbudos cubanos al comunismo y su alineamiento con la Unión Soviética, la imagen del guerrillero como nuevo tótem de la rebeldía, destacada y mitificada años después en la figura del Che Guevara, le entregaban al relato paranoico francés su prueba empírica. En la cabeza de Menéndez, y en la de otros como él, todo cerraba para asesinar connacionales y creerse que lo hacían por una gran causa. Dos décadas después, los verdes argentinos tomarían de la doctrina francesa hasta el esquema para moverse en el terreno con su guerra contrarrevolucionaria, calcando la organización de áreas y subáreas para cuadricular el país a la búsqueda del enemigo interno.

Estados Unidos haría su propia adaptación de las enseñanzas francesas, las perfeccionaría en Vietnam y las exportaría a toda Latinoamérica, captando cuadros de los ejércitos latinoamericanos y formándolos en la defensa del «mundo libre». A una de esas escuelas, Fort Lee, concurriría Menéndez, en junio de 1961. Permeable, el Cachorro retornaría ebrio de norteamericanismo. Las coordenadas ideológicas del monstruo ya se habían estabilizado en su conciencia, eran y seguirían siendo incuestionables. La resistencia peronista en clave radicalizada, liderada por John William Cooke en el pos 55, y el surgimiento de la primera organización guerrillera en la Argentina (el grupo Uturuncos, en 1959, con radio de acción en el norte rural y un rápido fracaso) completarían ese cuadro que necesitaba para emprender sus batallas.

El cuerpo doctrinal adquirido en esa época lo acompañó para siempre. Las diez condenas de prisión perpetua en su haber y varias causas más en proceso por crímenes de lesa humanidad consolidaron sus ideas fijas. Ya no es el todopoderoso jefe del III Cuerpo de Ejército y el rey de los campos de concentración dictatoriales. Ya no se sube a las tarimas de la democracia, a las que supieron auparlo amigos radicales como Eduardo Angeloz o Héctor Aguad, alias «El Milico». Ya han muerto Videla, Massera, Viola, Galtieri, Agosti, Bussi y Martínez de Hoz, pero él sigue adelante como un solitario pelotón perdido luchando contra «la subversión marxista».

Con sus flacas alegaciones y una gran pobreza intelectual, en los discursos defensivos ante quienes lo juzgaron y lo juzgan por sus crímenes, repite una argumentación primaria, como en el que desgranó durante el juicio por los secuestros torturas y asesinatos de cuatro militantes del PRT-ERP (la causa «Brandalisis») donde recibió su primera condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Entre otras cosas, el 24 de julio de 2008, dijo:

Hace 50 años la guerra estalló repentina y brutalmente en nuestro país. Sin tener arte ni parte, simplemente porque estábamos en la ruta de conquista del comunismo internacional, los argentinos sufrimos el asalto de los subversivos marxistas que por orden y cuenta de la Unión Soviética y su sucursal americana, Cuba, se proponían someter nuestro país a su sistema y sumarnos a sus satélites.

Era la guerra. Pero la más total de todas las guerras. La guerra revolucionaria. No se trataba de pretender arrancarnos un pedazo de territorio, con todo lo entrañable que es cada metro de nuestra tierra, regada por la sangre de nuestros soldados y el sudor de nuestros trabajadores, o un paso entre dos océanos, o una zona de influencia geopolítica o económica.

A lo que la subversión apuntaba era al alma de nuestro pueblo para someterlo a un régimen despiadado y brutal. Como su nombre lo indica, la guerra revolucionaria revoluciona el modo de vida del pueblo que elige como víctima. El propósito de los subversivos al declararnos la guerra revolucionaria era asaltar el poder para instaurar un régimen comunista bajo el cual, en lo externo, nos convertiríamos en un satélite de Rusia, y en lo interno, no seríamos libres para pensar, expresarnos, poseer bienes, entrar y salir del país, disponer de nuestras vidas y la de nuestras familias, porque todo le pertenecería y manejaría el Estado totalitario. Lo que sigue en este alegato son variaciones de esta conceptualización básica reiterada una y otra vez.

Menéndez insiste con su falacia preferida: «Ostentamos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon por orden de y para sus compatriotas».

Pero el general se contradecía pues no se veía, en verdad, victorioso, porque a su entender «derrotados, los guerrilleros abandonaron la lucha armada y se mimetizaron en la sociedad como pacíficos civiles».

En 2008, la continuidad democrática, con una presidenta constitucional en el poder y la reversión de algunos parámetros de dependencia, como la valorización del mercado interno, el desendeudamiento, las políticas sociales y las de derechos humanos, con sus insalvables consecuencias personales por el develamiento de sus métodos y crímenes atroces, despertaban su imaginación persecutoria. Así acusaba al poder político, engarzándolo con los que había dicho haber derrotado en las armas:

Pero no abandonaron sus objetivos. No cesaron la guerra revolucionaria, sino que la trasladaron a otros campos, siguiendo la doctrina de Gramsci que aconsejaba: «La inteligencia tiene que apoderarse de la educación, y de los medios de comunicación social, para desde allí apoderarse del poder político y con el poder político dominar a la sociedad civil».

Como le sucedía a su comandante Jorge Rafael Videla, Menéndez no podía dejar de citar a Gramsci casi sin haberlo leído, habiendo frecuentado nada más los destacados de sus frases en los mortíferos manuales de guerra contrarrevolucionaria.

Así como en los años 70 Menéndez estaba impedido de observar las luchas sociales y la construcción política como procesos de una dinámica popular, ahora también objetaba el libre ejercicio del voto que ocultaba a su demonio fantasmal:

No se han sacado aún la piel de cordero —insistía en el alegato de 2008— porque les falta todavía eliminar o dominar algunos resortes de poder. Cuando sientan que la capacidad de reacción de los argentinos está anulada, entonces van a dar el zarpazo, entonces van a abandonar su disfraz pacifista y legalista y van a utilizar toda la violencia para imponernos su doctrina, de la que no han abjurado aunque declamen democracia y se aprovechen de ella. Doctrina enemiga de nuestra Constitución puesto que niega a Dios, suprime la Patria, prohíbe la libertad, reemplaza la unión nacional, la paz interior, la justicia y el bienestar general por el conflicto permanente, disuelve la familia, elimina la propiedad, todos ellos valores eminentes y excluyentes de nuestra Carta Magna.

Con estas palabras se deja de lado a la sociedad como protagonista de su destino: «En resumen —dijo Menéndez—, los argentinos sufrimos una guerra desatada por los sicarios vernáculos del comunismo internacional. Con la diferencia desfavorable para la Patria de que, antes, los terroristas estaban en la ilegalidad. Ahora se apropiaron de la legalidad y pretenden ser pacíficos ciudadanos ajustados a la ley y la Constitución.»

El moño delirante se ataba de este modo: «Confío en que los guerrilleros del 70, hoy en el poder, no puedan consumar sus propósitos de imponernos su régimen autoritario».

En el juicio por los secuestros, torturas y fusilamientos de treinta y dos presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1, del barrio de San Martín, Córdoba, conocida como «Causa Videla», los testigos pasaban, narraban los pormenores atroces de la torturas aplicadas por sus esbirros, contaban que lo habían visto presenciar fusilamientos en los alrededores de La Perla, pero a la hora de hablar Menéndez acudía a los lugares comunes aprendidos en las escuelas francesa y norteamericana. Refiriéndose tanto a las organizaciones armadas como a la rebelión obrera y social, decía:

Su tragedia va más allá de la derrota y la muerte: luchaban en nombre de una ideología que, si hubiera sido victoriosa, probablemente habría provocado tantas víctimas, si no más, como sus enemigos. En todo caso, en su mayoría, eran combatientes que sabían que asumían ciertos riesgos. O sea, no hay lesa humanidad cuando se combate contra terroristas.

La relación causa-consecuencia que trata de imponer con un encadenamiento forzado brilla por su ausencia.

Esos huecos en su argumentación se notan en ciertos intentos de explicación histórica:

La guerra revolucionaria empezó un año antes del gobierno militar y los procedimientos usados por las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, no cambiaron en nada después del 24 de marzo del 76, simplemente porque aplicábamos las leyes y reglamentos militares y lo que prescribían para luchar contra el terrorismo. Nuestro enemigo fue el terrorismo marxista, como quedó claro por los testigos, y jamás perseguimos a nadie por sus ideas políticas nacionales.

Si las derivaciones de ese pensamiento no hubieran sido trágicas serían solamente ridículas. La legalidad de la tortura y la muerte es remitida por Menéndez a los decretos 2770, 2771 y 2772, que derivaba a los uniformados la orden de «aniquilar a la subversión», firmados por el presidente provisional Ítalo Lúder en agosto de 1975, antes del golpe. Y a ese procedimiento nefasto, «legalizado» entonces por la vigencia de un gobierno constitucional, el general encartado lo extiende como bendición legal a esos mismos métodos multiplicados a partir de un golpe que derrocó a las autoridades constitucionales de entonces.

En los juicios, el general se escondía en una sala contigua. No quería escuchar de cuerpo presente los relatos de la microfísica del terror que impuso hasta con degüellos, como ya veremos. Después reaparecía para recitar:

Resulta ridículo que quienes no pudieron hacer la tarea, porque no es misión del Poder Judicial, nos juzguen y condenen hoy treinta años después de haber terminado la violencia gracias al empeño de las Fuerzas Armadas.

Detrás de esta maniobra están los mismos guerrilleros de entonces, ocupando puestos en el gobierno, buscando matar dos pájaros de un tiro. Primero, desprestigiar a la Justicia, eje de la República, que para juzgar ha debido vulnerar garantías constitucionales. Por otro, desprestigiando a las Fuerzas Armadas… Porque los guerrilleros abandonaron la lucha armada y se mimetizaron en la sociedad simulando ser pacíficos civiles, pero no abandonaron sus oscuros propósitos de transformar la sociedad, esta vez al estilo de Gramsci, ocupando las instituciones de la sociedad civil.

Aburre. Pero es imprescindible deconstruir esa cabeza hablada por los pocos pero fijos mandamientos y caracterizaciones de la doctrina francesa y de West Point. No asoma jamás un pensamiento propio, original, cruzado por alguna reflexión externa a las doctrinas matadoras.

El general entraba al Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba (TOF 1) y, a diferencia de otros juzgados por los mismos crímenes, como Videla en la causa de 2010, no saludaba a los jueces, pasaba de largo con la vista firme en el más allá de sus verdades de a puño, se escondía en una sala contigua y después salía a decir: «son los guerrilleros de los 70 que nos acusan ahora»; «los argentinos quedamos envueltos en la Guerra Fría y sufrimos el asalto de los subversivos marxistas»; «esto que ocurrió en nuestro país no fue una guerra intestina, fue la Tercera Guerra Mundial», provocando en ese caso, risas y exclamaciones entre el público. O, refiriéndose al gobierno constitucional: «Cuando sientan que la capacidad de reacción de los argentinos está anulada y que ellos tienen la fuerza suficiente para aplastarla, entonces van a dar el zarpazo».

Su inalterable teoría del complot universal tiene todas las marcas de la fantasía delirante, pero dice Luigi Zoja que el paranoico grave no es necesariamente un «loco» clásico y completo. En casos como los de Menéndez se trata también de «estilos irracionales que van, con infinitas graduaciones, desde la normalidad a la demencia. La paranoia no solo no se opone a la razón, sino que fluye y colabora con ella». Este tipo de pensamiento tiene, entonces, tramos de veracidad, como lo es el caso de la existencia de las organizaciones armadas como ERP, Montoneros, FAR y FAP. Pero esa verdad no relativiza ni desmiente el pensamiento paranoico, le sirve a Menéndez de soporte para retroalimentarlo.

Hacia adentro de los cuarteles, en sus destinos militares, se hace respetar como oficial «tropero»: es de ir al frente, de pegar gritos firmes, exigir y exigirse al máximo. Se destacaba como entrenador de caballería, y como dijo el fallecido capitán de caballería Federico Mittelbach, como instructor de cadetes, junto a Antonio Bussi era uno de los más temibles. Mittelbach recordó:

Por entonces, en mis años de cadete, nos dividíamos en piolas o boludos, para nosotros eran los buenos y los malos, los que dejaban dormir y los que no (…) Había oficiales temibles, como Bussi o el Cachorro Menéndez, que te metían sesenta días de arresto porque no los saludabas como ellos pretendían o simplemente porque vivían martirizando a los cadetes.

Bien perfilado, con excelentes calificaciones y buenos destinos en los años 50, la carrera militar de Menéndez se cumplió en la agitación deliberativa de un Ejército golpista. Pero el oficial mayor tenía un sueño incumplido: quería vivir la guerra que tenía en su cabeza. Y no quería una guerra clásica, quería esas guerras solapadas que había aprendido de los carniceros de Argelia y de Vietnam, quería combatir las mil formas brumosas del temible oso rojo.

Estará alerta el Cachorro para leer la realidad y reinterpretarla en acuerdo con su deseo. Sus propósitos serán alimentados, fundamentalmente, con la acción militar de las organizaciones armadas, pero también con los procesos de radicalización de los sectores obreros y los jóvenes de clase media, ya fueran radicales, peronistas, cristianos, marxistas o creyeren que el comunismo vendría con la llegada de platos voladores provenientes de planetas lejanos donde ya se vivía en el socialismo. La visita del Che Guevara a Frondizi en agosto de 1961 se lo corroborará; la bendición de Juan Domingo Perón a las «formaciones especiales» se lo corroborará; las puebladas cargadas de consignas de liberación (Cordobazo, Viborazo, Rosariazo, Mendozazo) se lo corroborarán.

En 1972, bajo el gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse, ya es general de brigada y pasa a cumplir su destino en otra zona caliente, la provincia de Tucumán, herida por el desguace de la industria azucarera cometida por los Alemann, los Martínez de Hoz, con la aprobación expresa de Juan Carlos Onganía, que se propuso dos objetivos: desacelerar la politización de los ingenios tucumanos y traspasarle el negocio al señor feudal del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. En esa tarea de limpiar de rojos a la provincia Menéndez reemplaza a su dilecto Jorge Rafael Videla.

La posterior implantación, en 1974, de una compañía militar del ERP (la Ramón Rosa Giménez) en los montes tucumanos, le hace agua la boca: la guerra soñada vendrá. El general sentencia que hay que «frenar la penetración comunista en Latinoamérica, recta final del imperio soviético en el mundo occidental». La Guerra Fría se recalienta en la Argentina. No tiene la más mínima duda ni le alcanza la cabeza para procesar otras dinámicas y conformaciones de la militancia juvenil ni de la politización de la sociedad. El general va a su guerra, enceguecido. La realidad político-institucional (muerte de Perón en 1974 mientras cumplía su tercera presidencia, la asunción de Isabel, las contradicciones del peronismo, el accionar golpista de los poderes económico, mediático y judicial) le dará una mano para pasar a la historia con «su» guerra anticomunista global.

En mayo de 1975, con el gobierno peronista ya boqueando e instalado en su giro conservador, Menéndez da su más preciado salto de matador: de Tucumán había sido destinado al Estado Mayor, como calificado consultor de la lucha anticomunista. De allí es elevado a la comandancia del III Cuerpo de Ejército con amplia jurisdicción: San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y epicentro en Córdoba, esa provincia que para el generalato había sido definida como la «capital subversiva del país». En los oídos del general tropero se acentuaban los compases de una música mortuoria: los diques de contención de la política se agrietaban, ampliando el permiso para matar. Las organizaciones armadas Montoneros y ERP le apuran el plato declarando «la guerra absoluta y total».

En Córdoba tenía, además, el terreno preparado con un interventor de los pesados, el brigadier Raúl Lacabanne, quien detentaba el cargo luego de que las autoridades constitucionales (el gobernador Ricardo Obregón Cano, luego exiliado, y su vice Atilio López, acribillado con ochenta balazos por las Tres A) hubieran sido depuestas por un golpe conocido como «Navarrazo». Antonio Navarro, capitán de Ejército y ex jefe de la policía cordobesa, había allanado brutalmente en la capital provincial, el 10 de octubre de 1974, los locales del Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores y del combativo Sindicato de Luz y Fuerza. Tras los ataques, la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) había dejado su proclama: «Si son comunistas como (Horacio) Guarany más bien váyanse del país porque los vamos a matar a todos».

El golpe del 76 le abrió el camino al túnel más profundo, a la matanza que cometió con orgullo y proponiéndose dar el ejemplo, como lo dijo en el paraje de La Calera: «Señores, este Ejército hace mucho que no combate, así que es importante que sus jefes den el ejemplo y vayan al frente».

Luciano Benjamín iba al frente, fue una sombra habitual en la aplicación de uno de sus recursos predilectos, la ley de fugas, que después se comunicaban como enfrentamientos que no habían existido. La aplicó en el penal de San Martín a seis militantes de Montoneros, entre los que estaban los líderes Miguel Ángel Mosé, José Svagusta, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Young y Eduardo Hernández, tal como alcanzó a denunciarlo Rodolfo Walsh en una nota al pie de su «Carta abierta de un escritor a la Junta Militar». La aplicó a María Eugenia Irazusta, Hugo Chiavarini y Daniel Eduardo Bártoli, ametrallados ante su mirada en el Departamento de Informaciones de la Policía en la ciudad de Córdoba (D2). El parte hablaba de que le habían robado el arma a un custodio para escapar.

La escritora y sobreviviente de los campos clandestinos de Córdoba Susana Romero Sued cuenta en su libro Procedimiento: «Roter, Mafeni, padre Ernesto zamarrean con fuerza, Menéndez supervisa, revisa, requisa, ordena». Narra también las tragedias de las mujeres desaparecidas en el territorio de Menéndez:

Llegamos a destino, nos sacan grilletes, esposas, vendas, mordazas no. Adentro nos dejan mirar la oscuridad. Hay voces de hombres conocidos de uniforme y de ropas de civil (me tocan, me recorren de arriba abajo, entregan dinero a oficialas y acompañantes).

Allá huele vino barato en oleadas de aliento y colonias. A sórdidos rincones nos llevan, nos empujan, caemos enredados en colchones con sábanas de áspera cretona; y sin quitarnos faldas, ni medias ni camisa, ellos se desabrochan urgentes, nos penetran mientras nos amordazan y amarran con correas:

—Apuren, apuren, que hay cola larga y mucho que atender.

El general se jactaba de contar con los mejores torturadores de todo el país. Si algo abandona para siempre a un militar es el coraje cuando tortura o hace torturar a un cuerpo inerme. La tortura es, fundamentalmente, un delito de mando, el que está acaso más lejos de la escena, pero la ordenó, es más responsable aún del que directamente aplica la picana. Menéndez militó en los dos rubros.

Pero en su guerra este monstruo se daba sus placeres y los declaraba a viva voz. No tuvo pruritos de revivir esa satisfacción cuando ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en 1986, declaró: «Yo tenía ordenado que cuando había alguna previsión de combate se me avisara para tener el placer de acompañar a mi tropa en esa actividad. Es por eso que estuve en varios choques ya de combate absolutamente urbano».

A veces en la vida es posible conseguir los placeres que cada uno se propone y en este caso Menéndez fue un privilegiado. Estas teatralidades parecen haberlo exornado de una respetabilidad que en ocasiones también invade a quienes lo execran. Su fama de corajudo, tan cacareada, se diluye cuando se va al detalle de su accionar represivo, ampliamente dominado por la acción de potentes aparatos militares ante una milicia urbana menguada, desesperada y obcecada en ver una relación de fuerzas que no se correspondía con lo que sucedía hacia adentro de la sociedad.

Entre testimonios judiciales y declaraciones periodísticas hay ya centenares de casos que lo prueban. De los 55 centros de desaparición que se descubrieron en una primera etapa y otros 109 que se investigan en la zona de influencia del III Cuerpo, hubo uno que fue la niña de sus ojos, su creación epónima, el gótico y misérrimo galpón de La Perla, también llamado La Universidad, posado en una loma en el camino entre Córdoba capital y Carlos Paz. Menéndez lo visitaba con la frecuencia con que se visita a un hijo predilecto. Esa creación se apoyaba en una determinación fatal: sus moradores ya estaban muertos con solo ingresar, si se mantenían con vida habitaban un limbo astroso de hambre, humillaciones, violaciones sexuales y tormentos a la espera del «traslado» o de la ley de fugas.

Al camión de los tristemente célebres traslados, es decir, al camión que rumbeaba hacia la muerte, se lo llamaba «Menéndez Benz». El «Menéndez» «trasladaba» tres presos por viaje. Para acometer esas travesías de ultratumba el general hacía rotar a todo el personal, pues creía que así ampliaba el pacto de sangre a todos sus subordinados y, con eso, blindaba un pacto de acero.

Entre los casos de represión en el territorio bajo su mando hay algunos que dan cuenta de la felonía de este criminal en jefe. Por ejemplo el de Teresita Piazza y su esposo César Gerónimo «El Gringo» Córdoba. El Gringo fue detectado por los represores cuando se aprestaba a concurrir a una reunión de militancia en el bar Los Cubanitos. Percibió que en el lugar acechaba un operativo de la policía. Huyó pero fue alcanzado por un tiro en la espalda. Desangrándose y esquivando retenes militares consiguió llegar a su casa en las afueras de la ciudad. Pero no podía permanecer allí. Necesitaban huir con su esposa y conseguir atención médica. Córdoba se acordó de su amigo Andrés Zómbori «El Húngaro». Lo llamó por teléfono. Zómbori los fue a buscar en su auto y los llevó a su casa. Pero el Gringo no daba más. Murió al entrar. Depositar el cadáver en una morgue judicial o en un hospital era la muerte segura de los sobrevivientes. Decidieron enterrarlo en el patio.

Cuando por tareas de inteligencia las patotas deMenéndez se enteraron dónde había sido sepultado el Gringo montaron un show. Tras apresar a Teresita la llevaron a la casa donde su pareja estaba enterrado. La aguardaban periodistas y autoridades. El general armó un grosero golpe mediático: no eran los militares y las fuerzas de seguridad procesistas las que hacían desaparecer guerrilleros. Eran los mismos alzados que después de morir en sus acometidas ilegales se hacían inhumar clandestinamente, contradiciendo hasta la tumba las leyes de Dios.

Teresita Piazza, embarazada cuando la habían capturado y atrozmente torturada en La Perla, fue internada en el Hospital Militar. En esas jornadas, identificó una silueta a los pies de la cama. Era el general Menéndez, que le dijo: «¿Así que usted es Teresa Piazza de Córdoba, la que mató y enterró a su marido? (…) Mejor que se porte bien, si no, la llevamos de nuevo al lugar de donde la trajimos».

Su facilidad para mentir y disponer de vidas fue famosa en Córdoba. Lo sabe el hermano de Carlos Alfredo Escobar, Enrique Alejandro, que dio testimonio el 16 de junio de 2015 ante el fiscal Facundo Trotta, en la causa 216.

Enrique declaró que su hermano mayor, delegado del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, fue secuestrado el 12 de abril de 1976. El padre de ambos era un coronel retirado del Ejército y había sido compañero de promoción de Videla. Fue a verlo, a rogarle. Pero el dictador le dijo que en Córdoba estaba Menéndez y él no podía hacer nada. Menéndez y Videla se tocaban en ese punto: ninguno de los dos tuvo actitudes piadosas aunque los secuestrados fueran hijos o parientes de familiares o amigos dilectos.

Los testimonios de la megacausa «La Perla/La Ribera» —los dos centros de desaparición emblemáticos de Córdoba— entregan el pavoroso estilo represivo de Menéndez. Como el caso de Miguel Hugo Vaca Narvaja, padre del militante montonero Fernando y de Hugo, preso a disposición del Poder Ejecutivo y abogado defensor de presos políticos. Otro hijo, Gonzalo, habló ante el Tribunal como testigo presencial del secuestro de su padre, el 10 de marzo de 1976.

En la casa familiar de Villa Warcade irrumpió la patota.

Era una cosa espantosa —narró Gonzalo—, nos encañonan, a mi papá lo separan, se lo llevan al living, y a mí me llevan con mi mamá apuntándome en la nuca y a los empujones. Nos tapan la cara, prenden luces, entran en los pasillos, y empiezan a saquear de una forma que no se puede creer, abren los cajones, y empiezan a tirar cosas, bueno, más o menos como siempre están acostumbrados a hacer, es gente que conoce la naturaleza del daño, no de la vida.

La patota, después del saqueo, se retira con Vaca Narvaja padre. Es inútil buscar datos sobre su paradero en las comisarías y los cuarteles. Tampoco sirve rogarle a Eduardo Angeloz, al obispo Raúl Primatesta. Los diarios Los Principios, de Córdoba, La Opinión y Clarín de Buenos Aires, publican que se trató de un «autosecuestro» porque el abogado y ex ministro de Arturo Frondizi necesitaba salir del país. La reconstrucción del caso en 2013 da cuenta de que había sido trasladado a La Ribera, también bautizada «La Escuelita», cerca del cementerio de San Vicente. Otra abogada secuestrada ese día y también trasladada a La Ribera escucha una discusión a los gritos y reconoce la voz de Vaca Narvaja. ¿La otra sería la del general Menéndez? Se sabrá después que el abogado había tenido un trato «preferencial» en el centro de desaparición. Gonzalo dirá en su alegato:

Escuché que a mi papá se le había dado un trato preferencial, y ese trato preferencial se lo había dado Menéndez. A mí eso me horrorizó y me quedó en la cabeza durante mucho tiempo. En el imaginario de nosotros, casi todos mis hermanos, pensábamos que lo mejor que hubiera pasado que era que a mi viejo lo hubieran tenido unas horas y lo hubieran matado.

El «trato preferencial» fue un vía crucis para el secuestrado Miguel Hugo Vaca Narvaja. Porque lo degollaron, conservaron su cabeza en formol como un trofeo y después la arrojaron a la vera del ferrocarril en una bolsa de polietileno donde la encontraron los hermanos Carlos y Hugo Albrieu. En su escritorio, uno de los capos represivos de la tropa de Menéndez, el coronel Raúl Eduardo Fierro, lucía una foto tétrica: el cuerpo del doctor Vaca Narvaja decapitado. Gonzalo preguntó en su alegato: «¿Qué clase de seres son los que le cortan la cabeza a alguien y la conservan como un trofeo? ¿Y qué clase de miserables son los que la exhiben? ¿La tuvieron expuesta? ¿A dónde fue? ¿Y ante quiénes la exhiben? ¿Quién dio la orden? ¿Qué miserables seres son estos?»

En esa audiencia Menéndez se sintió tocado por el empleo de la palabra «miserable» y pidió al tribunal que no permitiera insultos.

Menéndez estaba presente en las «fugas» que él mismo determinaba en los alrededores de los centros de desaparición, que no eran otra cosa que fusilamientos a quemarropa. El comandante intervenía también en operativos para dar el ejemplo y conservar su ascendencia ante sus subordinados. Pero el 9 de marzo de 1977, en el asalto a una base de Montoneros conocida como El Castillo, el jefe no dio el ejemplo. Así narra esa jornada Camilo Ratti:

Además de los cuerpos de los guerrilleros, en el baño, los militares encontraron una valija llena de dólares, que el compañero de Tina había traído desde Buenos Aires para financiar la reorganización de la columna cordobesa. Como era de esperarse, el dinero fue entregado a Menéndez por uno de sus subalternos. No sería el único regalito que encontró aquella mañana de marzo: cuando los soldados corrieron los escombros y se llevaron los muertos a la morgue, sin público ni medios que pudieran registrar lo que estaba pasando, el jefe del III Cuerpo ingresó a lo que quedaba de la casa y en el ropero del dormitorio encontró una valija llena de dólares. Al contrario de lo que pensaban sus buenos muchachos del 141, el «jefecito» se fue sin repartir el botín de guerra. En absoluto silencio, ante la indignación de quienes estaban acostumbrados a llevarse hasta los ceniceros de las casas de sus secuestrados, el general incautó el dinero y desapareció, abriendo una herida con su escuadrón de la muerte.

Nada disgusta más al general que lo relacionen con casos de corrupción. Claro que jamás respondió por esto y, como Videla, se coronó con una aureola incorruptible, pero no solo dejó hacer a sus patotas, también apañó a los grandes grupos económicos con los que tenía una añeja relación y dejó que se cometieran robos a gran escala.

Carismático, hasta chistoso, hábil con los medios, con fluidas relaciones con la UCR cordobesa, algunos lo vieron como el sucesor de Videla y él llegó a creérselo. Pero su gran enemigo interno en el Ejército, Roberto Eduardo Viola, estaba puesto para esa herencia a partir de un pacto de hierro con Videla. Para Menéndez resultaba insoportable el plan político de Viola, a pesar de que proponía respaldar una alianza conservadora con partidos provinciales. Menéndez no toleraba ningún atisbo de apertura y se levantó contra el tándem Videla-Viola. Pero el militar mostró su falta de habilidad para cualquier movida que no fuera vérselas con fuerzas ya diezmadas y rematarlas indefensas. El intento terminó con la carrera del Cachorro: intimó a Viola con una proclama, pero sus fieles ni se movieron de los cuarteles, y terminó preso en Curuzú Cuatiá.

El loco de la guerra ya arrastraba su frustración por no haber entrado en combate con Chile. Había sido el encargado de movilizar la máquina militar hacia las estribaciones cordilleranas. Hacia fines de 1978 lanzaba bravuconadas: brindaría «con champagne en el Palacio de la Moneda» en Santiago, se lavaría «las bolas en el Pacífico». Videla, terminantemente opuesto a la aventura bélica, consiguió sobre la hora la mediación de la Iglesia. Menéndez se atragantó con su olímpico deseo de ganar otra batalla más para su «Ejército invicto». Y esa figura de milicia gloriosa e invencible se haría añicos gracias a su primo, Mario Benjamín, el mariscal de la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982. La supuesta sabiduría guerrera del matador de Córdoba se estrelló contra la realidad. Le erró en todos los pronósticos. La escena internacional, leída aún bajo los parámetros de la Guerra Fría, también le hizo pensar a él en un apoyo norteamericano, y se enfurecía cuando el gobierno de su despreciado Leopoldo Fortunato Galtieri mandaba al canciller a Cuba a buscar apoyo político. Llegó a decir que los ingleses se iban a quedar en casa. Sacó cuentas erradas sobre las relaciones de fuerzas militares. Su fervor guerrero terminó en un acto familiar e intrascendente: negarle el saludo a su primo derrotado.

Acunado por el radicalismo angelocista triunfante en Córdoba, paseó su soberbia por las calles de la vida democrática y fue lisonjeado en los palcos de la actividad cívica. Los cordobeses decían que la aureola de terror no se le disipaba. Era un mito del espanto que se movió con intimidante soltura hasta ingresado el siglo XXI, cargando con las entre mil doscientas y mil trescientas víctimas que se produjeron en Córdoba bajo su mando.

El 24 de marzo de 2007, el presidente Néstor Kirchner, a quien por supuesto acusaba de subversivo a la gramsciana, lo espoleó en su propio terreno:

Y desde acá, desde Córdoba, a ese general que lo voy a nombrar, como presidente de la nación, señor —no te voy a llamar general, porque ni eso merecés—, señor Luciano Benjamín Menéndez, tené en claro que sos un cobarde, tené en claro que los argentinos saben quién sos y estás escondido en tu casa. Tendrías que estar en una cárcel común, donde tienen que estar los delincuentes.

La protección de las leyes de impunidad tuvo fecha de vencimiento para Menéndez. El 24 de julio de 2008 fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) de Córdoba a prisión perpetua en cárcel común, por los secuestros, torturas y asesinatos de cuatro militantes del PRT-ERP. Fue trasladado al penal provincial de Bouwer, veinte kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, donde permaneció hasta que en abril de 2009 la Cámara Nacional de Casación le otorgó la prisión domiciliaria «bajo la guardia de Edith Abarca de Menéndez», porque no estaba firme la sentencia.

Pero el 11 de diciembre de ese año, por las causas Albareda, Morales y Moyano, fue condenado a otra prisión perpetua nuevamente por el TOF 1, que le revocó la prisión domiciliaria. Desde entonces quedó a disposición de una decena de Juzgados federales de las provincias que estuvieron bajo su órbita. Entre ellos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, que en octubre de 2012, durante el juicio por los asesinatos de los sacerdotes Juan de Dios Murias y Gabriel Longueville, ordenó trasladar a Menéndez al Hospital Militar de Ezeiza, para que pudiera seguir las audiencias por videoconferencia y evitar lo que él buscaba: ser apartado de la causa.

Aún estaba allí cuando, el 4 de septiembre de 2012, comenzó el juicio por la megacausa La Perla/La Ribera. El 25 de julio de 2015 el ex general recibía su décima condena a prisión perpetua, por los asesinatos de tres militantes de la Juventud Universitaria de Córdoba. Los jueces resolvieron que debía volver a una cárcel común. Meses después, en diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró «inadmisible» su pedido de volver a cumplir prisión domiciliaria. Esto anticipaba que, de no mediar problemas de salud, volvería a cumplir prisión en la cárcel Bouwer.

Con sus diez condenas a prisión perpetua y varias causas más en proceso por crímenes de lesa humanidad, Luciano Benjamín Menéndez continuó su cruzada contra la subversión marxista. Repitió sin imaginación las monótonas diatribas de sus alegatos en juicio. Sobrevivió a muchos de sus cómplices. Pero siguió arengando. El diario La Nación solía publicar sus rogativas negras.

Como Videla, jamás presentó un defensor privado, como un gesto de rechazo a los procesos judiciales que, según él, solo deberían ser acometidos «por sus pares». Sin embargo, coordina la estrategia de defensa jurídica con los asesores letrados. Fracasar una y otra vez en la defensa de sus crímenes es todo lo que le queda por hacer en el mundo, salvo que una vuelta regresiva de la historia lo deje morir en su cama.

CAPÍTULO III

Ramón J. Camps, con las armas en la mano

Ramón Camps fue condenado como uno de los represores más monstruosos de la dictadura cívico-militar por setenta y tres secuestros seguidos de asesinato, entre los centenares de crímenes de los que fue acusado, con involucramiento personal directo, y por el aparato torturador y matador que organizó, puso en marcha y condujo en la provincia de Buenos Aires, como jefe de su temible policía. Un sistema para disponer de víctimas directas y amedrentar a la población que ensayó con precisión minuciosa en La Pampa y con el que comenzó a satisfacer su vocación de genocida aun antes de que el gobierno constitucional fuera asaltado, el 24 de marzo de 1976.

No fue un asesino silencioso ni se mantuvo en las sombras: usó los espacios apropiados por la dictadura y los que se pusieron al servicio del régimen para hacer una defensa descarada de sus acciones, que prolongó ya recuperada la democracia. Envalentonado, habló para la prensa internacional sobre muertos y desaparecidos, arriesgó cifras con tal alevosía que el gobierno iniciado en 1983, titubeante al momento de hacer frente a los represores, se vio forzado a poner en marcha un proceso dirigido directamente a él.

Le gritó al mundo su fanatismo anticomunista, su antisemitismo furioso, convencido de que una «guerra» ganada da derechos especiales a los triunfadores, a diferencia de lo que había sucedido, solía decir, con el criminal nazi Adolf Hitler.

Se jactaba de haber participado de balaceras con supuestos enemigos armados. No era incapaz de observar la realidad, definir contornos y actuar en consecuencia. No estaba solo en su posición y, cuando empezaron a proliferar denuncias en su contra, encontró que los responsables civiles del régimen matador le reconocían los servicios prestados, como cuando escribió Caso Timerman. Punto final, el libro con el que mantuvo las diatribas contra el periodista que fue su víctima en el aparato exterminador.

El 21 de octubre de 1982 La Nación publicó el artículo titulado «Un libro del general Camps», que incluía «el testimonio directo de Timerman, tal como fue expuesto íntegramente, a lo largo de los interrogatorios y de los careos durante su detención». Descubría que ya en el prólogo «queda expresado el apasionamiento vital» con el que Camps condujo a la Policía Bonaerense y «el grado de compromiso moral con que se siente ahora tomado por la historia», para refutar «con argumentaciones severas y testimonios objetivos y valederos» la decisión de liberar a Timerman y las denuncias de torturas que este formuló en su obra Preso sin nombre, celda sin número».

El respaldo a Camps incluyó una de sus afirmaciones más perversas: «El empleo de la fuerza para doblegar la violencia no implica odio, pues no es otra cosa que la búsqueda afanosa del amor». En suma, el represor tenía compañía y soporte: el sustento civil, expresado en páginas oprobiosas del periodismo nacional que siguió respaldando su visión del mundo mucho después, cuando se renovaron ya en el siglo XXI intentos por bloquear los juicios por los delitos de lesa humanidad.

Camps no es en la historia reciente del país el eslabón dislocado de un sistema que tuviera mejores intenciones: hizo lo que se le pidió, lo que se esperaba de él, si bien con una dosis indisimulable de entusiasmo e identificación personal y adhesión a un proyecto que no se agotó con su caída, que es permanente y no descansa. También unos párrafos de La Nación, de febrero de 1982, podrían ser retocados en unos detalles y ser publicados tres o cuatro décadas después. Al recordar que se estaban por cumplir seis años «desde que las Fuerzas Armadas asumieron el poder para combatir a la subversión y establecer las condiciones de estabilidad constitucional», el artículo incluyó entre esas condiciones una «esencial»: «modificar la creciente estatización que ha llegado a frustrar los mejores impulsos creadores de la comunidad, al presionar negativamente sobre la iniciativa privada».

Dos días después de esas líneas que reivindicaron el terrorismo de Estado por estar orientado expresamente a dejar el país a merced de la voracidad oligárquica, el 4 de febrero, hubo una generosa dedicación de espacio a Carlos Guillermo Suárez Mason, el general que hizo eje con Camps para darle la máxima potencia a la maquinaria represiva.

También La Prensa, cuando estaba en marcha el proceso hacia las elecciones de 1983, salió en defensa de Camps en su choque con Francisco Manrique.

Lo que el todavía vociferante jefe policial causaba con sus declaraciones sobre los desaparecidos era una manifiesta incomodidad de sectores militares y civiles que apostaban a un silenciamiento sobre la represión ilegal, aunque las condiciones locales e internacionales parecían volver imposible esa pretensión. Él recibía la lealtad de las empresas que, gracias a sus secuestros, intimidaciones e interrogatorios bajo tortura, habían conseguido quedarse con la llave maestra del sistema mediático: Papel Prensa, de David Graiver, que la dictadura puso en manos de Clarín, La Nación y La Razón.

El «Panorama político» de Clarín del 30 de enero de 1983, firmado por Joaquín Morales Solá, dio cuenta de las tribulaciones de los comandos militares acerca de un posible informe para frenar los reclamos crecientes por las víctimas de la represión y comentó la «tempestad de reacciones» adversas al ex jefe policial bonaerense por su frase «no quedan desaparecidos con vida». Los militares favorables al informe buscaban contentar a la Iglesia con ese documento, para contar con ella ante la ofensiva inminente de algunos dirigentes políticos, que no de todos, junto con una larga cadena de reacciones y reclamos en Argentina y muchos otros países. El punto más difícil era el de los niños nacidos en cautiverio y apropiados por los represores, algo que ponía a Camps en la primera línea junto con dos colaboradores estrechos, cercanos y eficientes: el comisario Miguel Etchecolatz y el médico Jorge Bergés, reyes de la muerte en las cuevas sangrientas organizadas por el jefe.

En esos días hasta legisladores estadounidenses empezaban a descubrir y a azorarse porque militares orientados, entrenados y apañados por las estructuras de su país habían torturado a prisioneras embarazadas y les habían robado los niños apenas cortado el cordón umbilical. Morales Solá reportaba así que el entonces ministro del Interior, Llamil Reston, había negado que existieran niños desaparecidos, «pero las organizaciones defensoras de derechos humanos han ratificado que hay grandes listas con los nombres de los menores que se esfumaron junto con sus padres o en el vientre de sus madres».

«Menores que se esfumaron»: eufemismo perverso publicado en beneficio del sistema criminal y en particular de Camps, ayudado otra vez por el mismo columnista de Clarín del 5 de junio de 1983, cuando se dedicó a las discusiones entre militares por la ley de autoamnistía que estaba en elaboración y además daba envergadura a la supuesta posibilidad de «rebrote subversivo» para el momento en que «gobierne una administración civil».

La indulgencia extrema se explica en la magnitud de los favores recibidos para consumar la apropiación de Papel Prensa, de los cuales quedaron innumerables constancias en sede judicial. Lidia Elba Papaleo fue secuestrada el 14 de marzo de 1977 en su departamento de la ciudad de Buenos Aires y llevada en principio al centro clandestino de detención Puesto Vasco, aunque después fue sometida a numerosos traslados. Luego de Semana Santa de ese año fue puesta a disposición del general de brigada Oscar Gallino, y en días sucesivos se topó en un calabozo con su suegro, Juan Graiver, con quien a su vez fue trasladada al mismísimo edificio de la Jefatura de la Policía Bonaerense, a cargo de Camps, así como con su cuñado, Isidoro Graiver. Su hermano, Osvaldo Jorge Papaleo, también secuestrado a fines de marzo, terminó en Puesto Vasco, donde lo visitó el médico Bergés.

En las sesiones de tortura, las preguntas se referían centralmente al grupo Graiver, aunque no faltó la ocasión en que le mencionaron a Héctor Ricardo García, director del diario Crónica, para que informara si era judío. En el grupo que disponía salvajemente de su cuerpo, con la picana aplicada en encías, genitales y ano, abundaban matones que gritaban, insultaban y se azuzaban entre sí, en una especie de éxtasis colectivo donde no se veía un límite posible; pero alguien se diferenciaba por un tono sereno y preguntas hechas con voz más tranquila. Pudo ver sucesivamente a Jacobo Timerman y al también periodista Eduardo Jara entre los rehenes de Puesto Vasco, a quienes se fueron sumando otros allegados a la familia Graiver, como la madre del empresario, Eva Gitnacht. Todos ellos, a menudo compartiendo celda, podían escuchar los gritos desgarradores de Timerman durante las interminables sesiones de tortura. Vieron al sacerdote Christian von Wernich en una ocasión en que se presentó junto a un grupo de torturadores para llevar al ex director de La Opinión a una nueva sesión. Osvaldo Papaleo también volvió a ver a Camps, esta vez acompañado por Etchecolatz, en la jefatura policial en La Plata. El comisario le sugirió que se fuera del país, en tanto Camps guardaba la misma aparente compostura y vestía el mismo uniforme de coronel del Ejército con el que lo había visto al pie del camastro donde recibía las descargas eléctricas e infinidad de preguntas sobre el sionismo.

Más de tres décadas después, las empresas periodísticas que, gracias al accionar del aparato represivo, alcanzaron una posición de privilegio y de dominación abusiva del mercado, con capacidades para aplastar a competidores mediante el manejo de la empresa elaboradora de papel, seguían gozando de la inacción judicial que les obsequiaba impunidad, pese a que la Secretaría de Derechos Humanos, con patrocinio de la Procuración del Tesoro, se presentó como querellante ante la justicia criminal y correccional de La Plata. «Los delitos de lesa humanidad cometidos contra las víctimas del llamado “grupo Graiver” no comienzan con el secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos, y con la muerte de Jorge Rubinstein a consecuencia de las torturas sufridas, sino que el iter criminis —fruto de un concierto delictivo preciso— comienza con la etapa extorsiva que lo antecede, que obtuvo los resultados buscados tras una cuidadosa preparación mediática.» El clima de temor general impuesto a la población fue combinado con «la campaña de la gran prensa iniciada desde el mismo momento del golpe de Estado en la que se publicaba la necesidad de investigar al grupo Graiver», al que «un oscuro y sospechoso “accidente” de aviación en México privó de su cabeza —David Graiver— pocos meses antes de la apropiación ilegítima de Papel Prensa, el 7 de agosto de 1976», dijo la presentación.

Así, antes de los secuestros, Francisco Manrique hizo gestiones cuando Lidia Papaleo le relató las presiones que recibía para que vendiera sus acciones en Papel Prensa, y recibió en despachos oficiales la respuesta de que estaba tomada la decisión de entregarla a Clarín, La Nación y La Razón, tal como Camps lo escribió en su libro El poder en la sombra. El affaire Graiver. Seguirán los hechos del 2 de noviembre de 1976: la «reunión» en las oficinas de La Nación en las que continuaron las amenazas ya recibidas por vías diversas para que los herederos del empresario cedieran las acciones, con la conocida frase de Héctor Magnetto a Lidia Papaleo: «Firme o le costará la vida de su hija y la suya». Casi la misma ostentación de poder que gustaba exhibir el jefe de la Bonaerense cuando en la Jefatura de La Plata recibía a sus prisioneros: «Yo decido lo que sucederá con su vida», o «Su vida está en mis manos».

La secuencia, relató la querella, fue implacable y tuvo una coordinación minuciosa. Mientras Camps y sus hombres secuestraban y torturaban, Clarín mantenía la estrategia de campaña sucia contra los Graiver y, a la vez, de cobertura de la represión ilegal: habló de quince «detenidos», referencia a los secuestrados hacía ya un mes.

La Junta Militar dio a conocer la resolución 3, el 19 de abril de 1977, bien apuntalada por el concierto mediático, para anunciar la inclusión en el «Acta de responsabilidad institucional» de Juan Graiver, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Elba Papaleo, Rafael Iannover, Orlando Benjamín Reinoso y Francisco Fernández Bernárdez, al igual que a los derechohabientes de David Graiver y Jorge Rubinstein, lo que implicaba la interdicción de sus bienes. Sobre la base de un «sumario» a cargo de Gallino, el 22 de junio el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola, disponía constituir Consejo de Guerra Especial para llevar adelante un simulacro de juicio a los integrantes del «grupo Graiver», por presunta asociación ilícita con Montoneros. Las sentencias, previsibles y pesadísimas, fueron apeladas, y la magnitud del estropicio ilegal forzó a la Corte Suprema de entonces a dar intervención a la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional.

La causa recayó en el Juzgado Federal Nº 6, Secretaría Nº 17, a cargo del juez Fernando Zavalía. El cambio de foro no garantizaba en sí nada bueno, tanto que el fiscal Julio César Strassera otorgó validez a las pruebas reunidas mediante secuestros y torturas. En tanto este proceso seguía su curso, el régimen y sus aliados y beneficiarios civiles no se tomaron respiro: la resolución 5 de la Junta, del 21 de julio de 1977 y publicada el 5 de septiembre, incluía en la misma «Acta de responsabilidad institucional» a las empresas de Graiver, lo que las dejó automáticamente inhabilitadas e interdictas, con una excepción: Papel Prensa. De esa manera, la transferencia manipulada podía continuar como había sido planificada, mientras en Puesto Vasco el jefe Camps desfogaba su fanatismo interrogando a los secuestrados por los nexos entre «subversión» y sionismo. Daba por cierta esa ecuación y si los torturados no la reconocían o la ponían en duda, la presión era redoblada, en su presencia y bajo sus órdenes directas.

Ramón Juan Alberto Camps, nacido el 25 de enero de 1927 en Paraná, Entre Ríos, dotó de la más alta efectividad al aparato represivo sin improvisar, sin dejar nada librado al azar, después de un implacable período de experimentación en la provincia de La Pampa. Allí había llegado en diciembre de 1973, con el rango de coronel, designado jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 con asiento en Toay, inmediatamente después de realizar una «visita de orientación a los Estados Unidos», como dice su foja de servicios.

Había ingresado al Ejército en 1944, con diesiete años, como cadete del Colegio Militar de la Nación, y a inicios de los 60 se ubica el comienzo de una escalada en la fuerza, con el ascenso a mayor en diciembre de 1962 y su destino al comando en jefe dos años después. El 12 de julio de 1965 fue designado ayudante del entonces comandante en jefe, Juan Carlos Onganía, con quien se identificaba, al punto de colgar retratos en su despacho. En esa función hizo visitas a instalaciones militares de Alemania, España, Gran Bretaña e Italia. En diciembre de 1966 fue afectado al comando de la Segunda Brigada de Caballería y al año ascendido a teniente coronel. Se instaló nuevamente en el comando del Ejército en 1970, cuando el jefe era Alejandro Agustín Lanusse, quien más tarde lo acusará en sede judicial, así como a Suárez Mason y a Videla, por el secuestro y desaparición de Edgardo Sajón, quien había sido su secretario de prensa. En diciembre de 1971 Camps comenzó a desempeñarse como profesor de la Escuela Superior de Guerra, que derramaba saberes tomados de los expertos en torturas y exterminio de la Escuela de las Américas, de Estados Unidos, aunque él siempre expresó preferencia por los métodos franceses, que había conocido en el mismo establecimiento, por la presencia entre 1957 y 1959 de instructores de ese país, especializados en las «nuevas formas de guerra», una doctrina a la que también se aferró, como se vio páginas atrás, Luciano Benjamín Menéndez.

Toay es una localidad ubicada a diez kilómetros de Santa Rosa que quedó absorbida e integrada a ella después de que, en tiempos fundacionales, había disputado la condición de capital de La Pampa. Esa provincia estaba muy lejos de ocupar un lugar significativo para las organizaciones armadas que se fueron desarrollando en el país a comienzos de los 70. Vivió a su escala, claro, las tensiones y enfrentamientos políticos y sindicales que se desataron en el país, entre ellos los internos del justicialismo que se potenciaron a partir de la muerte del presidente Juan Domingo Perón, en julio de 1974. En esos días Camps ya había puesto en marcha un dispositivo de vigilancia local: a poco de llegar a Toay convocó a los jefes de las demás fuerzas y a funcionarios del gobierno provincial, encabezado por José Regazzoli, con Rubén Marín como vice, para formar una «comunidad informativa».

El policía Roberto Cosentino, condenado por la represión ilegal, declaró en 2010, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, que fue testigo de la primera reunión, en la que el gobierno pampeano fue representado por el director de Seguridad, Héctor Zolecio. Camps informó que «se había dispuesto la formación de un organismo que estaría integrado por los entes de seguridad del gobierno, policiales y penitenciarios». El represor tenía ideas y propósitos claros: la «comunidad informativa» debía llevar «toda información relacionada con el movimiento subversivo al Comando Militar Subzona 14, por intermedio de la oficina de inteligencia de la unidad militar con asiento en Toay».

Una de las víctimas de este aparato represivo que Camps diseñó y puso en marcha en La Pampa en 1975, y que funcionó de manera aceitada aun cuando el coronel fue trasladado a fines de ese año, el periodista Eduardo Nelson Nicoletti, relató en 2015 que todo lo sucedido en la región «tiene su firma». Podía toparse con él en instalaciones universitarias, oficinas municipales o provinciales. También en la Legislatura, a la que el represor asistió por ejemplo en la noche del 3 de octubre de 1975. El bloque justicialista, encabezado por Marín, había anticipado el tratamiento de un proyecto de resolución para solidarizarse con las Fuerzas Armadas y adherir al espíritu de la «ley antisubversiva» que el Senado de la Nación había aprobado días antes, a modo de anticipo de la escalada represiva: castigos por la difusión de hechos sobre acciones guerrilleras, prohibición de toma de fábricas y prisión para quienes persistieran en un reclamo si un conflicto laboral fuera declarado ilegal. Camps se ubicó en la barra y cuando el proyecto fue aprobado irrumpió en aplausos y felicitó a los legisladores.

Incansable, convocaba a su despacho a periodistas y entablaba con ellos charlas «amigables»: invitaba café, proponía temas políticos y cierta vez desplegó un mapa para mostrar alternativas para sorprender a los ingleses ocupantes de las Islas Malvinas. No se privaba de dar su opinión sobre la situación interna del Sindicato de Prensa, del que Nicoletti era secretario general.

«Fuimos tan estúpidamente ingenuos», dice Nicoletti, quien entonces era director del diario La Capital, por no advertir que Camps elaboraba una «tomografía computada» de la sociedad pampeana, incluyendo sindicatos, iglesia, grupos sociales, partidos y agrupaciones políticas, el sistema de salud provincial —que entonces atendía gratuitamente a quien no tuviera ninguna cobertura— y, claro, la universidad. Con impostura de hombre dado a actividades sociales, no se privó de asistir al cumpleaños de Mireya Regazzoli, hija del gobernador, docente y funcionaria del Instituto de Previsión Social, secuestrada por hombres por él organizados para la represión ilegal el mismísimo día del golpe, el 24 de marzo de 1976. La mujer relató, en el juicio de 2010, que pasó por la gobernación cuando se enteró de que estaba siendo tomada por militares. Regresaba a su casa cuando aparecieron dos carros de asalto, una tanqueta y personal militar y policial: un comisario la identificó y fue llevada a la comisaría primera.

Pudo ver cómo llegaban dos jóvenes de dieciocho años, capturadas en General Pico, que fueron sometidas a «vejámenes increíbles», y a otros prisioneros torturados y ensangrentados. Ella fue golpeada con un objeto mojado, lo que le dejó el cuerpo lleno de moretones. Finalmente fue trasladada a Neuquén y luego a Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, hasta que la liberaron el 22 de mayo.

También Nicoletti fue secuestrado, en la sede del diario. Esposado y encapuchado, lo llevaron a una comisaría y luego a la Brigada de Investigaciones, donde padeció torturas. Recién un mes después su detención fue blanqueada. Estuvo hasta septiembre en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal y otros dos meses en la cárcel de Rawson, Chubut, hasta que fue liberado.

El secretario académico de la Universidad Nacional de La Pampa, Hugo Chumbita, conoció a Camps como un tipo de apariencia «muy cordial», que hablaba de política e historia y «aunque lo sabíamos simpatizante de Onganía, porque tenía un retrato de él en el despacho, no llegábamos a imaginar lo que después sucedió». Camps había dado muestras de interés en lo que acontecía en la universidad y bastante antes del día del golpe. En noviembre de 1975, Chumbita fue desplazado de su cargo. Habían comenzado operativos y razias y sabía que era buscado. Pudo escapar y esconderse en Buenos Aires, pero lo detuvieron y enviaron a Santa Rosa, donde sufrió torturas. Estuvo prisionero tres años en Rawson, sin proceso, a disposición del Poder Ejecutivo.

Camps no se había privado de explicar su tesis a los interlocutores a los que a la vez observaba y que convertiría en sus víctimas: para él La Pampa sería un territorio de descanso para los militantes o guerrilleros, de «reposición sanitaria» y para prácticas de tiro. Asentado en esa suposición mandó a detener estudiantes, docentes universitarios y médicos sobre todo del servicio público. La primera tanda abarcó a unas treinta personas, una conmoción total para una población habituada al transcurrir tranquilo de los días. El pánico se expandió en los ambientes afectados y no fueron pocos los que se marcharon. En un mismo día, 19 de noviembre, mandó a detener a profesores y al periodista del diario La Arena Raúl Celso D’Atri y a su yerno, a la vez director del diario, Saúl Santesteban. No había acusaciones formales ni, muchísimo menos, órdenes judiciales: algunos estuvieron cautivos días, otros meses, otros durante años. Varios fueron trasladados fuera de la provincia sin avisar a los familiares.

En la causa que el juez federal Pedro Zabala instruyó en 2012 a Luis Enrique Baraldini, quien fue jefe de la Policía pampeana, los testimonios volvieron a ubicar a Camps como artífice del aparato represivo. Es el caso del médico Alfredo Otálora de la Serna, capturado el 11 de noviembre de 1975 por agentes policiales. Llevado a la Jefatura y poco después a la Unidad 4 del Servicio Penitenciario, estuvo incomunicado cinco días. Siempre sin orden judicial —faltaban más de cuatro meses para el golpe—, lo llevaron al aeropuerto y lo subieron a un avión militar con otras personas. Terminó en la cárcel de Devoto. Estuvo confinado en celdas de castigo durante cuatro o cinco días, donde todo lo que recibía eran baldazos de agua y golpes. Luego lo pasaron a un pabellón común, aunque siguió incomunicado otros diez días, hasta que llegó un traslado a Resistencia, Chaco. Recuperó la libertad el 18 de junio de 1976 sin que nadie le explicara el motivo de la persecución.

Otros docentes y estudiantes corrieron igual suerte. La universitaria Cristina Ercoli fue secuestrada y llevada a la seccional primera de Santa Rosa y luego trasladada a Devoto el 28 de noviembre, día en que una bomba explotó en su casa de Santa Rosa. Recuperó la libertad el 24 de diciembre de 1977.

Estas detenciones de 1975 sirvieron de prueba y aceitaron los sistemas de vigilancia y represión que Camps dejó configurados en La Pampa antes de ser trasladado, a pocos meses de su designación al frente de la Policía Bonaerense. El 2 de diciembre el gobernador Regazzoli brindó un agasajo de despedida a Camps y su esposa, Rosa Esther Reffino. Presentaron respetos los cuatro ministros del gabinete, otros funcionarios y el obispo de la diócesis de Santa Rosa, Adolfo Arana.

Con el agasajo Camps puso fin a dos años de acción en La Pampa, donde el 18 de diciembre de 1973 había sido puesto en funciones por el segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, un general de brigada que por entonces pasaba inadvertido, Jorge Rafael Videla. El sucesor en Toay, Carlos Fabio Iriart, declaró ante el juez de instrucción Daniel Rafecas. Al dictar procesamiento en 2004, el magistrado dijo que el acusado declaró que su predecesor había dejado «trabajos de inteligencia que dieron pie posteriormente» a «detenciones». Sí: trabajos de inteligencia y acumulación de experiencia en la acción, prueba de métodos para arrasar a adversarios reales o ficticios y experimentación de fórmulas para paralizar a la población.

El 2 de agosto de 1975 el diario La Arena avaló en un editorial críticas sindicales al gobierno provincial. En la madrugada del domingo 3 una bomba explotó en el edificio de 25 de Mayo 336. La ciudad quedó conmocionada por un hecho completamente inusual: el estruendo llegó hasta los barrios remotos, mientras los edificios cercanos sufrieron destrozos. Camps fue el primero en llegar y dijo a allegados a la familia D’Atri que había escuchado la noticia mientras viajaba a Buenos Aires en automóvil, con su esposa, y que había resuelto regresar. Se anticipó así al gobernador y a otros funcionarios, pese a que según sus dichos estaba ya a treinta kilómetros de distancia. Las sospechas se repartieron entre sectores sindicales enfrentados al diario y Camps, ya que el ataque servía a su objetivo de aterrorizar a la población y acallar a los medios. Además, era difícil que una acción de esa envergadura pudiera organizarse sin que él conociera ningún indicio, dada la compleja red de inteligencia que había tendido y su poder territorial, del que volvió a dar muestras el 13 de noviembre con redadas y allanamientos en casas de médicos, profesores y estudiantes, operativos compartidos por agentes de la policía provincial, de la Federal y del Ejército.

Las detenciones llevaron a otros profesionales a alejarse presurosamente, en tanto algunos decidieron permanecer en la ciudad, seguros de que no había reproche posible contra ellos, mucho menos sobre actividades «guerrilleras». Sin embargo, el esquema represivo de Camps no descuidaba la caza de brujas en la Universidad Nacional de La Pampa, donde de la mano de la intervención imponía su visión del mundo: como declaró por entonces al diario La Capital, tenía en la mira a quienes «actúan ideológicamente, dirigen organizaciones o están vinculadas a ellas», así como a quienes «hacen apología de la subversión o facilitan su acción de cualquier forma, poniendo en peligro la seguridad de las instituciones, la vida de sus conciudadanos o el orden, sustento fundamental de toda comunidad organizada».

Ante el estado de inquietud y una relativa presión política, el Comando de Subzona 14 respondió con comunicados en los que habló de incautación de armamento y de «material subversivo y literatura de guerrilla», anticipo de estrategias aplicadas luego a escala nacional. Hubo protestas en centros asistenciales, extendidas a otros puntos de la provincia, mientras medios locales se atrevían a reportar que a algunos de los detenidos la única condición política que se les conocía era la de simpatizantes del peronismo. Fuerzas del Ejército comenzaron a rondar centros asistenciales, mientras se multiplicaban advertencias, amenazas y ataques, como la destrucción del Citroën del médico Roque Marfrand, incendiado por un grupo desconocido en la puerta de su casa. Simultáneamente, en la universidad fueron paralizados proyectos de investigación, y arrasados la biblioteca y los laboratorios: el modelo de «comunidad organizada» de Camps necesitaba aniquilar la posibilidad de generación y distribución de conocimiento.

Siguieron las razias, que alcanzaron al periodista Raúl D’Atri. Estaba en el diario La Arena cuando le avisaron que la policía se desplegaba frente a su casa. Poco después fue interceptado en la calle y llevado a su domicilio. El informe oficial dirá después que le encontraron «material subversivo». Se trataba, en realidad, de revistas y publicaciones que cualquier periodista puede poseer. Las víctimas permanecían incomunicadas en dependencias diversas, sin que se les formulara cargo alguno, mientras empezaban a circular en la atribulada capital pampeana las primeras versiones de golpizas contra ellas.

Con el sistema represivo desarrollando y probando capacidades operativas, Camps se encontró con la decisión de su traslado.

El periodista Nicoletti, disgustado consigo mismo por haber entrado en relación con Camps y acaso haberle dado información que usó en su avanzada contra la población, identifica a regañadientes al represor como «un tipo muy preparado intelectualmente», aunque esto combinado con tomas de posición sin sustentos teóricos, como cuando ensayaba su teoría sobre los psicólogos: «sostenía que la psicología como tal era peor que el marxismo y bueno, vos ves los estudiantes y psicólogos muertos y es la mano de Camps. Sus enemigos ideológicos quedaron marcados en la cantidad de muertos entre psicólogos y periodistas».

Otra de sus víctimas, el profesor Chumbita, también había sido visitante del despacho de Camps en Toay, donde lucía el retrato de Onganía. Se topaba con él en la universidad, a la que concurría con gesto amistoso y cordial cada vez que se lo invitaba a un acto. Coincidió con Nicoletti en que era «un tipo politizado», que podía hablar con desenvoltura de la actualidad y de la historia. Tenía una relación muy fluida con el obispo Arana, a cuyas convocatorias el represor asistía con su esposa, con quien tuvo cuatro hijos, Patricio, Hernán, Delfina y Alejandra. Cuando creía que en Buenos Aires estaba más seguro, fue secuestrado y, más adelante, un oficial de inteligencia le dijo que Camps se oponía a que fuera liberado y que se le diera la opción de irse del país. «Éramos sus presos, los presos de La Pampa», relató.

La impresión de que Camps era un hombre con ciertos conocimientos e ilustración fue compartida por Santiago Aroca, enviado a Buenos Aires de la revista española Tiempo, quien lo entrevistó en 1983, y declaró luego para un libro publicado en México: «Ha leído mucho, siempre sobre lo suyo. Estuvo en la Escuela de Panamá, donde fue un alumno aventajado en técnicas represivas. Además conoce bien la historia del general Salan, de la OAS» (Organización del Ejército Secreto, fuerza terrorista francesa de ultraderecha que dirigió el general Raoul Salan, responsable de una larga lista de crímenes en Argelia y en territorio europeo).

Cuando, según los voceros del régimen, los cabecillas de las Fuerzas Armadas debatían, con la democracia a la vista, qué respuesta dar en torno del número y la suerte de las víctimas de la represión ilegal, Camps alardeó en el reportaje con un recuento propio: «desaparecieron unas cinco mil personas» mientras fue jefe de la Bonaerense, dijo, y agregó que a algunas de ellas les dio sepultura sin identificación.

Esos subversivos están, mayoritariamente, muertos. Algunos prefirieron no jugar al héroe y colaboraron con nosotros. A cambio les devolvimos su libertad y una personalidad falsa (…) Entre esos cinco mil desaparecidos puede haber errores. Lo admito. En las guerras se permite el bombardeo de ciudades en el que mueren miles de personas que no son militares. Aquí libramos una guerra y para vencerla hubo que adoptar medidas drásticas. Quizá nos equivocamos, pero al final, y eso es lo que importa, vencimos.

Siguió este diálogo entre el periodista y el represor:

—Su definición es tan amplia que todos los argentinos deben de resultarle sospechosos de subversión…

—Desde luego, la subversión no conoce indiferentes. Esa es una de las cosas que enseña la estrategia militar. O se está con las fuerzas del orden o con la subversión.

(…)

—Lógicamente, usted considera que las desapariciones de personas le fueron imprescindibles para luchar contra la subversión.

—Fueron útiles. Por lo demás, no desaparecieron personas, sino subversivos.

(…)

—¿Dónde están enterradas esas cinco mil personas?

—Eso prefiero no decirlo, para no crear nuevos héroes de la juventud subversiva.

—Pero ¿no cree que las madres de los desaparecidos tienen derecho a saber dónde están sus hijos?

—Las llamadas madres (vaya usted a saber si lo son en realidad) de los desaparecidos son todas subversivas. Eso ya lo dije hace cuatro años y nadie me hizo caso.

El diálogo se extendió y Camps le ofreció a Aroca pasar de la oficina en la que estaban a su departamento. Los recibió la esposa, quien ofreció café y coñac, pero sobre todo lo hicieron policías de escolta y un dispositivo de seguridad que incluía puertas blindadas y un lanzagranadas cargado. En ese tramo, el represor tuvo entre sus manos un informe en elaboración, que iba a ser enviado supuestamente al Vaticano. Pero se inquietó entonces por la grabación que el periodista hacía, le exigió que no publicara «una sola línea» sobre lo que llamó «charla informal», aunque luego cambió y dictó el tono de la nota: «Puede, sí. Usted puede publicar que entrevistó al general Camps, quien está realizando una importante tarea eliminando a la subversión criptocomunista en la Argentina».

La descripción de la «tarea» incluyó una admisión directa de la aplicación de torturas:

¿Sabe el cuento del minuto? Pues se lo relato. Cuando deteníamos a algún subversivo, este hacía una declaración que duraba un minuto y que no servía para nada. Esa declaración la repetía mil veces durante veinticuatro horas. Calculaba que en veinticuatro horas le daba tiempo a sus compañeros de célula para huir. Teníamos que sacarle la información antes de veinticuatro horas. Desde luego, es preferible actuar sin torturas, sin chillidos, pero eso no es siempre posible; a veces hay que salvar vidas de ciudadanos honestos jugando contra el tiempo.

Esta locuacidad, que entre otras cosas lo llevó a llamar a Adolfo Pérez Esquivel «Premio Nobel subversivo», forzó al presidente Alfonsín a firmar, el 18 de enero de 1984, el decreto 280, que ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas emprenderle proceso y detenerlo. Además, Camps habló con otro periodista, Vicente Romero, del diario madrileño Pueblo, que publicó sus dichos después de la firma del decreto. Retomó la danza macabra sobre el número de víctimas cuando le pidieron la «cifra más exacta»: «Yo creo que entre seis y ocho mil, pero no puedo precisar la cantidad exacta, porque no sé cuántos se encuentran en el extranjero». El entrevistador insistió, el militar recurrió a una caja fuerte que tenía en el despacho en que atendía (custodiada por un cartel que decía «No me obliguen a matar; no se acerquen») y recitó de un texto que dijo haber enviado al Papa:

Entre 1973 y 1979 hubo 2.050 subversivos muertos en combate. De ellos un millar y medio no fueron identificados. Entre 1973 y 1976 hubo 548 muertos no identificados, y entre 1976 y 1979, otros 962. Entre 1973 y 1979 fueron encontrados 729 cadáveres de los cuales 371 no fueron identificados. Según mis informaciones, entre 1973 y 1979 fueron enterrados como N.N. 1.858 cuerpos, en distintos cementerios.

Luego, en apariciones mediáticas sucesivas, intentó desmentir estas cifras, apelar a la figura de «los desaparecidos viven en el exterior» y similares, aunque a la vez dijo no temer a ningún tribunal: «No tengo que defender a las fuerzas que actuaron bajo mis órdenes, porque solo los culpables necesitan que se los defienda (…) Si de algo soy culpable es de no haber logrado también una victoria política. Pero la lucha no ha terminado y mi papel tampoco».

La llegada de la democracia y la promesa del flamante presidente sobre un juzgamiento de los crímenes represivos le quitaron valentía: la revista La Semana dio con él ese verano en el balneario uruguayo de Punta del Este, acompañado por su esposa y una de sus hijas, intentando camuflarse con bigotes, y con tres cambios de casa y hasta de apellido. El periodista Dimas Suárez lo ubicó por teléfono:

— ¿General Camps?

— Sí, ¿quién es?

— De La Semana.

—No esperen que los atienda. No estoy en situación muy buena para hablar, ni tengo ganas de encontrarme con nadie. Está en mis planes volver a Buenos Aires. Ahí sí hablaré, y pienso decir muchas cosas.

El periodista insistió y Camps se irritó, levantó el tono y dijo que no seguiría exponiéndose. Dimas Suárez montó guardia con fotógrafo y lo vio, vestido con remera y pantalones cortos, mocasines, anteojos y bigote blanco. Intentaba pasar por un turista más y volvió a rechazar el diálogo. Cuando días después la revista publicó el artículo, lo ilustró con lo que pudo conseguir en Punta del Este y con una foto anterior, tomada en su oficina: de traje gris, rostro enérgico, mientras en su escritorio luce una colección de armas muy variada, incluyendo las más modernas, dos crucifijos y papeles.

A pesar de la renuencia militar a cualquier proceso judicial, la brutalidad de las declaraciones de Camps a medios españoles, hechas mientras todavía soñaba con un futuro como protagonista, obligó al Consejo Supremo a ordenar su prisión preventiva. La defensa había sido asumida por el general Osiris Villegas, antiperonista radicalizado, golpista consuetudinario, partícipe fervoroso del golpe de 1955 contra el presidente Perón y del régimen que desplazó a Arturo Frondizi, en el que se desempeñó como ministro del Interior de José María Guido.

Ante el tribunal militar, Camps sacó pecho en su primera declaración, el 20 de enero de 1984: «He participado en numerosos enfrentamientos, como es público y notorio, en primera línea». Y lo reiteró aun dos años después, en la misma instancia, como consta en la causa 44: «Personalmente integré numerosas comisiones y participé en numerosos tiroteos». Preguntado sobre el «procedimiento operativo», dijo: «Una vez detenido un subversivo, era interrogado por personal especializado». Entonces alteró cifras que había dado en sus declaraciones, al hablar de «dos mil quinientos y pico» de muertos en «setecientos enfrentamientos», aunque luego fue evasivo: «No recuerdo exactamente la cifra».

El 29 de febrero de 1984 fue indagado en el Consejo sobre si había comprobado «algunos excesos» represivos, y las medidas que tomó ante ellos. Dijo haber adoptado esas medidas en todos los casos, «desde la simple baja de la persona hasta la medida más violenta que se puede tomar». Y siguió: «Yo he invitado a que se suicide a un comisario». Ante semejante afirmación, los vocales del tribunal desistieron de repreguntar, pero no pudo evitarlo el fiscal general de las Fuerzas Armadas, quien le pidió el nombre del oficial policial: «No lo recuerdo», respondió.

Ya ante requerimiento de la Justicia Federal de La Plata, en 2011, en el juicio conocido como Circuito Camps II, un legajo requerido a la inteligencia de la Policía Bonaerense confirmará el perfil de Camps, sus métodos de acción y lo que pretendía para los «adversarios», aunque se tratara de camaradas de armas.

En el informe consta que el 20 de septiembre de 1977, Suárez Mason, su jefe directo, le envió por nota la orden de investigar una denuncia del suboficial mayor retirado Santiago Cañas, con la advertencia de «graves faltas de disciplina y procedimientos anormales en el personal de la policía a sus órdenes». El suboficial daba constancia con documentos de la muerte de su esposa María Angélica Blanca y su hija María del Carmen Cañas de Valiente, «asesinadas por personal policial de la provincia de Buenos Aires el 3 de agosto de 1977». La joven había sido secuestrada en abril en La Plata; otro hijo del suboficial, Santiago Enrique, corrió la misma suerte el 2 de agosto y al momento de la denuncia estaba desaparecido. Un día después la casa de su esposa, jubilada y de quien estaba separado, fue atacada por un grupo policial. La mujer vivía con otra hija del matrimonio, entonces embarazada de tres meses. El inmueble fue «saqueado y quemado» y Cañas fue atacado posteriormente en la zona, por policías de la comisaría cuarta, que quisieron obligarlo a ir a la dependencia. Reunió datos y testimonios según los cuales su ex esposa había sido baleada fuera de la casa y su hija acribillada dentro de ella. Camps respondió que había dirigido personalmente las operaciones, de comienzo a fin, por «el conocimiento fehaciente que se tenía sobre las actividades subversivas de María del Carmen Cañas (a) “Flaca” (hija del denunciante), miliciana e integrante de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Columna 27 de Montoneros, y de su hermano Santiago Cañas (a) “Tito”, miliciano, integrante también de dicha Secretaría y Columna».

Camps se dio por ofendido por las imputaciones «infundadas», e hizo notar la gravedad del «desconocimiento por parte del referido suboficial de que el Estado, las instituciones armadas y de seguridad están en guerra contra los delincuentes subversivos entre los cuales se encuentran parte de sus familiares motivo de la denuncia». Así, escribió, «solicito al señor comandante se le aplique al suboficial (R) Cañas Santiago una grave sanción disciplinaria por las faltas cometidas».

Ya no pudo ser tan enjundioso ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal que, en 1986, lo declaró culpable en setenta y tres casos de aplicación de tormentos seguidos de asesinato, por lo que lo condenó a veinticinco años de prisión, más degradación e inhabilitación perpetua. Cuando el gobierno de Alfonsín pactó con los militares y les concedió las leyes de impunidad, no fue beneficiado con la aplicación de la Obediencia Debida porque había tenido «alta capacidad decisoria». Él había desconocido la autoridad de este tribunal civil y rechazado «un proceso insanablemente injusto y nulo». Y se elevó, una vez más, sobre los comunes mortales:

Como soldado cristiano perdono a mis pretendidos jueces, a quienes dirijo mi última reflexión: el odio con que juzgarán pasará; esta efímera libertad que me arrebatan también pasará. Más la suprema libertad de amar y sufrir por la Patria, esa no me será quitada nunca y es ella la herencia que dejo a mis hijos y a mis subordinados y mi permanente acto de servicio a la nación argentina. Con San Ignacio de Antioquia digo: «Soy trigo de Cristo —y de la Patria, agrego—; dejad que sea molido por las fieras para llegar a ser pan agradable al Señor» —y a la Patria—. Algún día Dios hará justicia.

Con este mesianismo matizado por la impostura patriótica y las proclamaciones corajudas intentó infructuosamente alcanzar un cierre digno en los procesos judiciales en los que jugó a la confusión. Así lo había hecho otra vez ante el Consejo Supremo, en los comienzos de la causa en 1984, cuando negó haber declarado a la revista española Tiempo que hubiera hablado de los niños víctimas de la represión ilegal. Y en verdad había afirmado: «Personalmente no eliminé a ningún niño, lo que hice fue entregar a algunos de ellos a organismos de beneficencia para que les encontrasen nuevos padres. Los padres subversivos educan a sus hijos para la subversión, eso hay que impedirlo».

Escondió la cabeza cuando el tribunal militar mencionó nombres de mujeres y hombres buscados por sus familias: «Desconozco, señor», repitió una y otra vez quien había comandado al menos veintinueve centros clandestinos distribuidos en nueve partidos del conurbano bonaerense y La Plata, aparato dependiente del Primer Cuerpo de Ejército que casi en su totalidad funcionó en dependencias de la Policía Bonaerense: comisarías, brigadas, destacamentos. Infinidad de testimonios, como quedará asentado y reportado en años siguientes, lo confirmarán en la primera línea, presente en las cuevas de la muerte, exhibiéndose ante las víctimas y hasta armando un ritual en su honor.

Así lo relató en el Juicio por la Verdad en La Plata, en 2000, la antropóloga Adriana Archenti: era rehén en la Brigada de Investigaciones, en el centro de la ciudad, y en un momento «hubo un gran revuelo» allí. «Se nos hizo bañar, acomodar los tabiques, las manos esposadas atrás, enrollar las colchonetas.» Los aprestos se debieron a una inspección del represor, de las que hizo frecuentemente a los centros clandestinos, como la que recordó el policía Héctor Herrera, que en el mismo proceso mencionó las visitas a la comisaría quinta, donde se desempeñaba, y que también funcionó como centro clandestino. «Visita de control», la llamó.

También Fermín Ricardo Azcárate testimonió que fue secuestrado junto con sus hermanos, primos y amigos, cuando en una casa de 12 y 66 de La Plata donde festejaban la graduación de uno de ellos como ingeniero civil irrumpió una patota represiva que los llevó al Cuerpo de Infantería Montada. En el camino los esbirros de Camps se entretuvieron con simulacros de fusilamiento. En ese lugar lo vio al jefe de la Bonaerense, quien en una de sus inspecciones entró envalentonado al centro de la cuadra y le dio una trompada a un detenido para abrirse paso hasta donde estaban las mujeres secuestradas. La situación empeoraba tras su paso: «Empezaban las medidas y el calvario», dijo Azcárate, porque los esposaban a las camas por brazos y pies y los mantenían vendados.

De los prisioneros que constataron hasta lo indecible lo que representaba la presencia directa de Camps, el periodista Jacobo Timerman estuvo entre los más afectados, aunque el colaborador directo del jefe, Christian von Wernich, intentó darle cobertura ante la revista Siete Días, de una manera que desnudó su propia monstruosidad: «Que me digan que Camps torturó a un negrito que nadie conoce, vaya y pase. ¡Pero cómo se le iba a ocurrir torturar a un periodista sobre el cual había una constante presión mundial… Que si no fuera por eso…!». El sacerdote quiso alardear de su relación estrecha con el represor al exhibir en su biblioteca, entre libros de religión, ejemplares de Caso Timerman, Punto Final y El poder entre las sombras, ambos con una dedicatoria manuscrita extensa, en la que afirma que ambos «se jugaron la vida».

La noche del jueves 14 de abril de 1977 un grupo de tareas de quince hombres forzó al ex director editorial de La Opinión, Enrique Jara, a colaborar con la llegada a la casa de Timerman, a quien se llevaron a punta de pistola y sometieron a simulacro de fusilamiento en una pausa del viaje de una hora, cuando lo arrojaron al césped y le apoyaron un arma en la cabeza, entre risas, para dejarlo luego frente al jefe, quien le espetó: «Soy el coronel Camps. De mí depende su vida».

Su vida y sus bienes. Aunque más adelante procuró ampararse en la obediencia propia de un soldado, por la orden de detener a Timerman dada por «el comandante del Primer Cuerpo, que me llamó a su escritorio», el represor intentó armarle una causa ante una corte militar por «subversión económica», figura inventada por los cabecillas de la dictadura para apropiarse de bienes ajenos. Aunque Timerman terminó sobreseído, en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia quedaron evidencias de la persecución, con un expediente que remite a diez legajos e incluye un seguimiento iniciado en 1942 y llegó hasta los 90, sostuvo el equipo de investigadores de la Comisión Provincial por la Memoria.

Ese material incluye un informe del Batallón 601, Servicio de Inteligencia del Ejército, que desliza un tono amargo por la decisión de la Corte Suprema de calificar como «ilegítima» y «carente de sustento jurídico» la detención de Timerman y dispone su liberación. Así, el 26 de septiembre de 1979, la Junta, por decreto 2398, expulsó del país al periodista y lo privó de ciudadanía. Hay un párrafo que sintoniza con la ira de Camps por este desenlace:

A pesar de la serie de artículos que en su matutino Independiente publicó a favor de la subversión, nadie se hace eco de ello. Al margen de esto, que constituía un claro y evidente caso de asociación ilícita, pues en libertad él servía por igual al ERP, FAR, FAP, Montoneros o cualquier otra organización extremista, la JUNTA y el PEN pasaron por alto las propias confesiones de Timerman cuando fue interrogado en La Plata.

Ya en Israel, Timerman escribió Preso sin nombre, celda sin número. Pasó luego a Estados Unidos. El libro tuvo gran impacto internacional. «Desde el primer interrogatorio, estimaron que habían encontrado lo que hacía tanto tiempo buscaban: uno de los sabios de Sion, eje central de la conspiración judía contra la Argentina», escribió, y detalló el primer interrogatorio bajo tortura como ejemplo de la obsesión por el sionismo.

Camps no tuvo empacho en hablarle de su proyecto de exterminar judíos, «unos veinte mil», arriesgó, «y además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan llegar a acordarse de sus nombres». Timerman le señaló la repercusión mundial que eso tendría, y le recordó que Hitler había fracasado en el mismo propósito, pues del Holocausto quedaron nombres, imágenes e ideas. Camps replicó: «Hitler perdió la guerra. Nosotros ganaremos».

El 28 de marzo de 1983 el represor aún se consideraba triunfante, pero por las dudas repartía responsabilidades. Escribió al entonces jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, a quien explicó que Horacio Tomás Liendo, ministro de Trabajo de Videla y del Interior de Viola, respaldó plenamente la decisión de un «contraataque» a lo escrito por Timerman. Por ello, su libro fue revisado y aprobado por el jefe del Estado Mayor, general de división José Antonio Vaquero. De modo que, tras haber sido uno de los creadores del sistema de aniquilamiento, Camps se echaba al hombro la custodia ideológica. Acusaba a Timerman de

(…) vaciar las tradiciones nacionales en provecho del marxismo, del cual se proclamó defensor (…) Mientras convencía a los gobiernos de turno, civiles o militares, de su oficialismo en las páginas dedicadas en La Opinión al análisis de la política nacional, destruía las bases societarias en los suplementos culturales y la sección destinada a reseñar la política internacional… Porque en última instancia, al ser el marxismo la herejía moderna, lo que estamos viendo es el «acto presente» de esa guerra constante entre el Bien y el Mal.

Después de entrenarlo para aumentar sus capacidades criminales, Estados Unidos había comenzado a preocuparse por Camps. El 26 de julio de 1979, el embajador Raúl Castro registró en una reunión su irritación al escucharlo pronunciar el nombre de Timerman, a quien Camps adjudicó el «envenenamiento» de «las mentes de los jóvenes con su literatura marxista». En su informe, el diplomático descubrió en el represor a un hombre «potencialmente peligroso».

En la carta a Nicolaides, Camps se amparó también en Leopoldo Galtieri, al defender la publicación de unos treinta artículos en La Prensa a partir de 1979 y en especial los de 1980, con ataques al periodista que expresó asimismo en conferencia de prensa a comienzos de julio, cuando negó haberlo torturado. Otra vez, no estuvo solo en esas reivindicaciones: fue acompañado lealmente por los beneficiarios directos de su determinación de matador.

Timerman recibió el 17 de octubre de 1981 el premio Maria Moors Cabot otorgado por la Universidad de Columbia para reconocer «la defensa de la libertad de prensa en las Américas». El rechazo de Camps a esa distinción obtuvo espacio generoso en La Nación del 6 de noviembre, como la había tenido poco antes el canciller Oscar Camilión, cuyo pronunciamiento contra Timerman, el premio y el espacio obtenido en la prensa estadounidense merecieron este título: «Condénase una campaña contra nuestro país». En la defensa enceguecida del torturador, el diario perdió su aparente compostura en una nota editorial titulada «Andá a cantarle a Gardel», espetada al ex director de La Opinión. En ella, copiando a Camps, criticó la decisión de la Corte Suprema por declarar la ilegalidad de la detención.

El diario recopiló quejas dirigidas al decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia: las enviaron, entre otros, Máximo Gainza Paz, de La Prensa; Diana Julio de Massot, de La Nueva Provincia; María Luisa Cambolive Michel de Cornejo Costas, de El Intransigente, de Salta; y Juan Carlos Colombres, el humorista «Landrú». Pero la primera de las misivas era del director de La Nación, Bartolomé Mitre, quien mencionó el «orgullo» de otrora porque el premio había sido recibido por su padre, Luis, y por Juan Valmaggia, ex vicedirector. «De pronto la certeza de ese orgullo se ha conmovido hasta las raíces. Con verdadero estupor recojo la posibilidad de que ese premio pueda ser también recibido por una persona «ideológicamente vinculada con el ámbito intelectual del terrorismo que asoló a la Argentina.» Remataba: «La noble casa de estudios a la cual usted pertenece ha sido en este caso sorprendida por los agentes de una operación internacional en la que el señor Timerman juega un papel sobresaliente».

La campaña siguió días después, con más cartas, de Ernestina Herrera de Noble, de Clarín; Jorge Remonda Ruibal, de La Voz del Interior; y Annuar Jorge, de El Pregón de Jujuy, entre otros. El 29 de octubre la posta fue tomada por Alberto Benegas Lynch, de la Alianza Republicana; Osvaldo Cornide, del Movimiento de Integración y Desarrollo; Enrique Vanoli, de la Unión Cívica Radical; e Isaac Rojas y Atilio Barbadori, por la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora. La lista se amplió posteriormente y así rodeado, contenido y respaldado, Camps dijo que el premio Moors Cabot «no fue entregado a un argentino, dado que el ex director del diario La Opinión cuando fue dejado en libertad, perdió la ciudadanía argentina por expresa resolución de la Junta Militar», para ratificar el desprecio: «Timerman es dos pesos».

A otras víctimas ni siquiera les dio ese valor, como surge de declaraciones de Von Wernich, entrerriano como él, a quien dijo conocer de pequeño y «por eso, de acuerdo con monseñor (Antonio) Plaza, llegué a ser su cura de confianza para muchas cosas en la lucha contra la subversión». Condenado en octubre de 2007 a reclusión perpetua por treinta y dos casos de torturas, cuarenta y dos privaciones ilegales de la libertad y siete homicidios, el religioso habló con la revista Siete Días en julio de 1984 sobre una de sus proezas, el engaño a siete militantes de Montoneros secuestrados en la Brigada de Investigaciones de La Plata y sometidos a lo que llamó «régimen especial». Las víctimas y sus familias recibieron la promesa de salir del país a cambio de «colaboración». El cura sugirió que estaban vivos, pero luego hubo constancia judicial de que habían sido asesinados. Liliana Galarza fue una de esas víctimas, secuestrada en noviembre de 1976 con un embarazo de cuatro meses. Dio a luz en abril de 1977 a una niña que llamó María Mercedes. Von Wernich bautizó a la recién nacida en presencia de Camps y Etchecolatz.

Fiel al jefe, negó que hubiera sido trasladado de la Jefatura de la Bonaerense a la ignota Dirección de Remonta por diferencias entre los cabecillas del régimen en torno de Timerman, o que Camps haya chantajeado a Videla «con no soltar a alguno de los presos insistentemente reclamados por organismos internacionales», para conseguir su ascenso a general. «Me parece más lógico pensar que Camps necesitaba reponerse de tanto desgaste, y se lo mandó a un lugar tranquilo.»

La planificación represiva que Camps había ensayado en La Pampa fue profundizada para un sistema que no solo requirió decisiones operacionales de la policía a órdenes del Primer Cuerpo, sino previsiones expresas en quienes detentaban el poder en la provincia, encabezados por Ibérico Saint-Jean, como explicó la Comisión Provincial de la Memoria en su informe del 20 de agosto de 2012 al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1:

Se proporcionó el personal necesario, se incorporaron nuevos agentes, se modificó el régimen laboral, se adecuaron los edificios, se puso a disposición el parque automotor policial. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se liquidaron las partidas presupuestarias necesarias para sostener el andamiaje que hizo posible el secuestro de miles de ciudadanos.

Este gigantesco despliegue fue ordenado mientras Saint-Jean y su ministro de Gobierno, Jaime Smart, otro visitante de las cuevas del terror, cerraban oficinas públicas y despedían trabajadores apelando a la gastada figura del desorden y el déficit dejados, decían, por el gobierno precedente, de Victorio Calabró.

Reuniendo datos y «cruzando» informes, la Comisión Provincial da cuenta de treinta y ocho casas atacadas por el accionar policial y militar entre septiembre de 1976 y agosto de 1977 en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. En ellas se pudieron registrar al menos ochenta y ocho víctimas directas de privación ilegal de la libertad, secuestros, desapariciones, asesinatos y enfrentamientos fraguados. De aquel total de viviendas, diecisiete correspondieron a La Plata. Asimismo, pudo dar cuenta de por lo menos cincuenta y una víctimas mortales.

La lucha incansable de María Isabel Chorobik de Mariani, «Chicha» Mariani, hizo que, entre esos ataques, el lanzado contra la vivienda en La Plata de su hijo Daniel y su nuera Diana Teruggi, el 24 de noviembre de 1976 a las once de la mañana, se haya convertido en una de las evidencias más contundentes y conocidas de los extremos de crueldad de los que fue capaz el aparato organizado por Camps. Clara fue muerta en el asalto, junto a otras cuatro personas, y la hija del matrimonio, Clara Anahí, de apenas tres meses, fue secuestrada.

La operación en la calle 30 número 1134 de La Plata involucró el despliegue de helicópteros, tanques y alrededor de doscientos hombres, más destinado a un búnker fortificado que a una casa donde funcionaba una imprenta de la que habían salido publicaciones vinculadas con Montoneros, o con lo que de ellos quedaba, para denunciar las torturas y los vuelos de la muerte desde la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de represión de la dictadura.

La lucha épica de Chicha Mariani es conocida. Entre versiones confusas e información negada, se aferró a la posibilidad de que Clara Anahí estuviera con vida. Atravesó falsas promesas de ayuda, hasta la de la salida del país de la niña, la indiferencia de la Iglesia, seguimientos y amenazas. Pasó por la fundación de Abuelas, el dolor compartido con otros familiares y debió afrontar el asesinato de su hijo un año después del asalto a la casa, del que se había salvado porque había viajado a Buenos Aires y, al conocer los hechos, pasó a la clandestinidad. Ya en 1989 se separó de Abuelas y creó la Asociación Anahí, siguió investigando, buscando datos y recurrió a la Organización de Estados Americanos, que reclamó información al régimen: la respuesta fue que no había niños en la casa atacada y que habían muerto «siete delincuentes subversivos». Con el tiempo fueron apareciendo otros datos y testigos: personas que vieron a un hombre salir de la casa con una ametralladora en una mano y un «bulto» en la otra y correr hasta una ambulancia donde todo hace pensar que dejó a la niña. Identificado como Carlos García, relató Mariani, fue ubicado y convocado por la justicia, pero negó los hechos. Camps había llegado a decir que la niña no habría podido sobrevivir al ataque. Su colaborador Etchecolatz mencionó que murió calcinada, pero Chicha jamás pudo dar con registros certeros. Hasta desaparecieron los papeles relativos al nacimiento de Clara Anahí en el Instituto Médico Platense, donde había estado una noche en la incubadora. A fines de 2015 debió pasar por otro desengaño, cuando un análisis mal hecho hizo creer que su nieta había sido hallada.

Entre los frentes que el dispositivo represivo organizado por Camps abrió simultáneamente, los funcionarios del gobierno de Calabró fueron objeto de persecución implacable, como quedó verificado en los juicios, empezando por la causa 13, abierta inicialmente en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Una operación bautizada «Claridad» fue lanzada bajo la hipótesis de un pacto «secreto» entre funcionarios, incluyendo ministros, y la organización Montoneros.

Ramón Miralles, ex ministro de Economía, fue una de las víctimas predilectas junto con toda la familia: esposa, hermanos, hijos, cuñados, sobrinos: secuestrados y torturados con la finalidad de que acusaran al gobierno de Calabró. Pasaron por COTI Martínez y Puesto Vasco, vieron a Timerman y a muchos otros prisioneros, torturados, desgarrados. Y, como tantas víctimas, vieron personalmente a Camps.

También dio testimonio del involucramiento directo del jefe en los campos de concentración el maestro Alfredo Bravo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, secuestrado el 8 de septiembre de 1977. Bravo padeció al menos nueve sesiones de tortura y en siete de ellas identificó la presencia del jefe policial. En el Departamento Central, en La Plata, fue llevado ante Etchecolatz y Camps, quien le dijo: «Dentro de una semana usted va a tener comunicación con sus familiares; si cuenta lo que ha pasado, usted se suicida en la celda».

Así funcionó la maquinaria que el coronel había ensayado en La Pampa, donde cobró bríos y experiencia para ponerse al frente de la Bonaerense con un plan cuyos métodos hacía encuadrar en su autodefinición de «buen cristiano» y defensor de la patria ante «intereses foráneos». Así se cuadró el 23 de abril de 1976, en el discurso de asunción, cuando se declaró consciente de la «enorme responsabilidad» de asumir la Jefatura «en este momento trascendente que está viviendo la nación».

Se reivindicó a sí mismo tiempo después, ante el conductor televisivo del régimen José Gómez Fuentes, cuando cacareó que lo guió la «voluntad de vencer». Luego agregó: «Nosotros nos consideramos mejores que los marxistas, porque nosotros, usted y yo y todos, somos mejores que los marxistas», y remató: «Duermo con la conciencia tranquila porque no hice nada más que cumplir mi deber, el deber de argentino que enfrentó en forma abierta y franca la subversión en el campo armado. También la intentamos enfrentar en el campo cultural y en el campo económico».

Del mismo modo había defendido, en 1983, las acciones contra los estudiantes, como los pibes de la Noche de los Lápices. «La experiencia militar ha demostrado la eficacia del estudiante como combatiente.» En defensa descarada de la ilegalidad, sostuvo que la «subversión» sabía muy bien que «el Código Penal no bastaba».

Camps tuvo planes para ir más a fondo. Ante el periodista español Aroca se identificó sin tapujos con Xavier Vallat, el ultracatólico y antisemita que en la Francia de Vichy fue artífice de la persecución a los judíos, con expulsiones del territorio y un «censo» con el que pretendió que se quedaran en el país únicamente las familias «excepcionales» que se «asimilaran» a la sociedad francesa.

Lo había deslizado en sus últimos días al frente de la Policía, en diciembre de 1977, cuando acaso sin proponérselo confesó la casi total extinción de las capacidades de los grupos armados, pero a la vez reclamó veladamente por una continuidad represiva en los ámbitos que siempre fueron su prioridad, las escuelas y universidades, la cultura y el mundo de las ideas.

Luego hizo eje en su propia visión del mundo y del país:

Nuestras Fuerzas Armadas llenaron de gloria los campos de batalla. Ganaron todas las guerras y sin embargo fueron víctimas de las derrotas provocadas por los sin grandeza. Porque las tropas combatieron victoriosas, pero entregaron la paz a quienes no siempre estuvieron a la altura de la necesaria responsabilidad histórica que la tarea demandaba. Quiera Dios que en las actuales circunstancias no hayan sido estériles las frustraciones, las equivocaciones y las enseñanzas legadas por la historia.

En aquel acto del 13 de diciembre condecoró a sus colaboradores más fieles, Etchecolatz y Von Wernich. Después de pasar por Remonta y Veterinaria, el 18 de diciembre de 1979 fue asignado al Estado Mayor General, pero su estrella en la interna del Ejército se había apagado, y el 8 de enero de 1980 pasó a retiro voluntario, epílogo mediocre y sin lustre para quien tanto servicio había prestado al aparato de aniquilación y a las empresas que se beneficiaron con él. Pálidas quedaron las condecoraciones obtenidas en 43 años, 7 meses y 29 días de carrera castrense, la Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco, otorgada por España, la del Mérito Militar en el grado de oficial, concedida por Brasil.

La causa que comenzó en el Consejo Supremo y siguió en la Cámara Federal derivó, en 1986, en la condena de veinticinco años de prisión, pero en 1990 fue beneficiado por el indulto dispuesto por el presidente Carlos Saúl Menem. Durante el procesamiento la Justicia demandó un informe médico del cual surgió el diagnóstico de cáncer de próstata, con manifestación de dolores fuertes, causa además de un síndrome depresivo que, sin embargo, según el dictamen, no interfería en su juicio, ya que las facultades mentales del encartado «se hallan dentro de la normalidad jurídica», por lo que podía «comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones».

Al año siguiente del indulto, con su hijo Patricio Eugenio Máximo registró la firma Camps y Asociados, sociedad anónima destinada a «intermediar en la contratación de seguros, asesorando a asegurados y aseguradoras». Fijaron domicilio personal en Juncal 2048, tercer piso «B» de la ciudad de Buenos Aires, y legal en Tucumán 1650, piso quinto, oficina 12.

Murió el 20 de marzo de 1994, ya sin los espacios significativos que aun tras su desplazamiento de la Bonaerense encontró asiduamente en medios de comunicación, para insistir con incursiones en la historia, la política y geopolítica en las que, invariablemente, había un Occidente enfrentado a la amenaza del marxismo, «dos mundos en pugna», un «imperialismo ruso» en el que descubría paralelismos entre «el hegemonismo de los zares y el de los soviéticos». También chapuceaba en «la estrategia psicológica de Moscú» y en «el caso chino y otras “nuevas” versiones del comunismo». Se preocupaba por «la ambigüedad de la política occidental» y las presencias amenazantes, peligrosas, que juzgaba imperioso enfrentar, de los «movimientos subversivos en el mundo» y su derivación, «la campaña terrorista latinoamericana».

CAPÍTULO IV

Antonio Domingo Bussi,las cajas del Carnicero

Es un trajinado error y un prejuicio frecuente creer que los monstruos —sobre todo si visten uniforme militar— desparramaron odio y sadismo desde que se aferraban con berrinches a los barrotes de su cuna. Sin embargo, la vida de Antonio Domingo Bussi no desmiente ese equívoco. Quien llegaría a ser amo y señor de Tucumán había nacido el 17 de enero de 1926 en Victoria, Entre Ríos, como uno de los hijos de Lorenzo Bussi, italiano del Piamonte, y Luisa Gómez, gallega de Pontevedra.

En la casa se respiraba la fe católica y la distancia: todos se trataban de usted. Y todos ayudaron, a su turno, al severo Lorenzo, carnicero, oficio que servirá de apodo a Antonio, no por el recuerdo infantil de repartir canastas con cortes vacunos, sino por su ominosa relación con la carne humana.

Sus padres y sus hermanos le solventaron con esfuerzo su carrera militar, de la que egresó como subteniente de infantería en julio de 1947. El sable ceremonial se lo entregó el presidente Juan Domingo Perón, algo de lo que jamás se enorgulleció, fraguado en el liberalismo gorila que le dictaba otras aspiraciones: codearse con los camaradas de apellidos algo más lustrosos que el suyo y unas buenas hectáreas para regresar al campo de papá luego de los días de instrucción.

Fue un cadete cumplidor y agresivo. En su foja abundan figuras como «ejecutor correcto y muy enérgico», «trabajador incansable y de gran entusiasmo», «de mucho carácter, firmeza y gran programación de las actividades», «con gran respeto de sí mismo», «soldado sobresaliente», «estricto con sus deberes». Tanta adjetivación tiene una mancha: fue arrestado y apercibido por agredir a un camarada.

Ya en la función de subteniente instructor sus pocas pulgas se harían famosas, como lo señalara uno de sus subordinados en el Colegio Militar, el capitán Federico Mittelbach, ya fallecido: «Cuando lo veíamos vomitábamos. Si estaba a cargo de la compañía o de jefe de guardia ya sabíamos que la íbamos a pasar muy mal».

Debió regresar a su Victoria natal cuando murió su padre en 1951 y cuando falleció su madre en 1966. Pero el ascenso y los destinos lo distrajeron de su origen. Pasó por el Regimiento 28 de Goya, Corrientes, por la Escuela de Infantería de Monte Caseros. Luego retornó al Liceo Militar General San Martín como instructor.

En 1954 consiguió abrir la puerta que lo catapultaría a los grados superiores de su arma. Ingresó a la Escuela de Guerra y tres años después se diplomó como oficial de Estado Mayor. Mientras sube las escaleras del escalafón uniformado el destino lo apura: es consignado para realizar cursos de Contrainsurgencia en el Command and General Staff de Fort Leavenworth, en Kansas, Estados Unidos. Con alguna que otra parada cuartelera en el medio, en 1966 recala por primera vez en Tucumán, como subjefe del Regimiento de Infantería Nº 19. Ese destino premonitorio lo habilitó para auscultar una provincia alzada por la organización de los sindicalistas cañeros, a punto de resistir el desguace de la industria azucarera que concretaría el dictador Juan Carlos Onganía. La lucha le daba a Tucumán una coloratura rebelde, los universitarios estaban activos y discutían tanto la crisis provincial como el modelo de país y del continente al que pertenecía.

Ya coronel, Bussi termina de abrochar sus coordenadas ideológicas enviado como observador a Vietnam del Sur para estudiar las tácticas del Ejército de los Estados Unidos contra las guerrillas comunistas del Vietcong. Volvió recomendado como un cuadro especializado en la lucha contra la subversión. Pasó por la Secretaría del Estado Mayor, por la Jefatura de Finanzas, quedó al mando de la X Brigada de Infantería en Buenos Aires ya con un país recalentado: Perón muerto, las organizaciones armadas en acción, el peronismo en el gobierno en estado de descomposición por sus insalvables enfrentamientos internos y el copamiento de la derecha de la mano de José López Rega. La cabeza de Bussi ya estaba cooptada por sus verdades cerradas y aptas para justificar al Estado terrorista. Las frases hechas venían del catecismo contrainsurgente bien aprendido en Fort Lee y en el Vietcong: «En la guerra no existe represión, existen operaciones militares». «Los muertos por asesinato no existen en la guerra, existen los muertos por combate.» «En la guerra no hay ese tipo de figuras delictivas. En la guerra hay operaciones militares, hay bajas en combate, hay persecución.» «Es preferible matar un inocente a que se escape un subversivo.» Y esta confesión de parte para hacer legítima la violación a toda ley: «En la guerra el límite de las armas no es de carácter jurídico, es de carácter táctico, porque en la guerra, el que no mata muere».

Ya era general de brigada en 1975 cuando el gobierno agonizante de María Estela de Perón cede a las presiones del Ejército y pone en marcha el Operativo Independencia para combatir a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en los cerros tucumanos. A la cabeza de la ofensiva designa a un general peronista de derecha, Acdel Vilas. El jefe del ERP, Mario Santucho, desoyendo aún los consejos de Fidel Castro, quien advertía que no estaban dadas las condiciones para el foco rural y en consecuencia le negó ayuda para entrenar a sus cuadros, se establece en las cadenas montañosas cercanas a la ruta 38, una zona que abarca los departamentos de Famaillá y Monteros. El cerco a estas fuerzas, no más de cuarenta combatientes con Santucho a la cabeza, lo inició el jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, pero el general Vilas será quien convierta a la zona en tierra arrasada. Había para eso un decreto específico, el del 5 de febrero de 1975, que decía: «El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán».

En diciembre de ese año Bussi es designado para reemplazar a Acdel Vilas, cuyas adscripción peronista le había hecho perder internas a manos de Videla, Menéndez y Bussi, plana mayor del golpe que ya se planificaba. Pero Vilas había sido sumamente eficaz y al entregarle el mando del Operativo Independencia le dijo a Bussi: «General, le dejo los montes limpios». Enseguida, Bussi se dio cuenta de que eso era absolutamente cierto y le devolvió la gentileza: «General, usted no me ha dejado nada para hacer».

La tarea de Vilas no había sido ni siquiera ardua. Se habían movilizado 1.500 hombres, que en el transcurso de 1975 pasaron a 5.000. Apenas menos de diez combatientes de la Compañía de Monte del ERP habían caído en enfrentamientos directos: casi no hubo combates contra esas fuerzas irregulares que se habían convertido en un pelotón perdido en la niebla de un formidable error político y militar. La proporción de efectivos enfrentados en allanamientos y persecuciones fue de 20 a 1 a favor del Ejército. En el cauce del arroyo San Gabriel una docena de guerrilleros fueron masacrados con fuego desde helicópteros artillados. El mismo Acdel Vilas, en un libro que no llegó a publicarse por prohibición expresa del Ejército, relata que el triunfo sobre la compañía militar del ERP no había sido logrado en los montes tucumanos, sino en las calles de San Miguel, gracias más a las emboscadas arteras de inteligencia que a las peleas cuerpo a cuerpo. El coronel en operaciones Eusebio González Bread lo corroborará: «Contrariamente a lo que se supone, la lucha en Tucumán se definió en la ciudad, no en el monte».

No era cierto que a Bussi no le quedaba nada por hacer cuando llegó a Tucumán con la guerrilla derrotada. Sobre todo para él. Ya en democracia, la Comisión Bicameral de Derechos Humanos en Tucumán ajustará la definición sobre el quehacer bussista al calificar su gestión como «un vasto operativo que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales políticas y estudiantiles que eran totalmente ajenas a la guerrilla. Pese a que Bussi había dicho que “la guerrilla estaba derrotada” el número de víctimas aumentó sensiblemente a partir de su asunción».

Tucumán capital, San Miguel, mojón de luchas estudiantiles y obreras, duplicó su padecimiento con la entrada triunfal del «Carnicero». «Tucumán, cuna de la Independencia, sepulcro de la subversión», bramó Bussi y desparramó treinta y tres centros clandestinos de detención y desaparición, clandestinizó aún más la caza de militantes del más diverso origen —político, gremial, religioso o de organizaciones de derechos humanos— e hizo del terror un amargo pan cotidiano.

Su accionar represivo, como otros en el territorio encarcelado del país, coincidía con una transformación de lenguaje funcional a la persecución: desde Videla hacia abajo ya no se hablaba más de guerrilleros, ahora solo se hablaba de subversivos, definición genérica que convertía en sacrificable a quien el poder armado determinara. El acecho a estudiantes, docentes, psicólogos, libreros, intelectuales, a políticos no armamentistas que habían tenido vida pública en el interregno democrático 73-76 y sobre todo la lisa y llana matanza de quienes habían sido delegados gremiales del azúcar —entre ellos el del titular de la FOTIA, Atilio Santillán— ocuparon las prioridades de quien, cometido el golpe el 24 de marzo de 1976, fue nombrado también interventor provincial. Bussi se erguía en el jeep militar con uniforme de fajina y casco, ponía cara de boxer y con una ristra de granadas atadas a su cinto se paseaba por la ciudad. Era él mismo el ojo avizor. Ya tenía su Vietcong criollo y sus fieros lugartenientes Héctor Domingo Calderón, policía de la Brigada de Investigaciones a cargo del grupo operativo, y el violador serial Roberto Heriberto «El Tuerto» Albornoz, dos chacales que querían serlo.

Se trataba entonces de hacer una limpieza social. Enseguida multiplicó y profesionalizó los grupos de torturas que se enseñoreaban en Tucumán. Apenas tuvo en sus manos el poder total de la provincia dividió su acción de gobierno en dos bloques: la cara pública, administrativa, totalitaria y diurna y el otro ilegal, más terrible aún, clandestino, nocturno. La frontera entre ambos fue siempre difusa. Su método consistía en visitar todos los centros clandestinos, llevar un registro minucioso de los presos ilegales, desaparecidos y asesinados que en primer tramo ascendieron a más de mil. También estar presente en las ejecuciones y las torturas de dirigentes políticos y sociales y, como veremos, ejercer un papel activo en la matanza.

Bussi se puede vanagloriar de no haber concedido un solo acto de piedad. Su goce íntimo radicaba en el sadismo. Abundan los episodios como el que narró en su testimonio Julio Jorge Alsogaray, el 23 de octubre de 2008 ante el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán Daniel Bejas:

Mi padre, el teniente general Julio Alsogaray, tuvo una entrevista a fines de febrero de 1976 con Bussi. Mi padre se encontraba acompañado por mi madre, Zulema Legorburu, y habían recibido antes en Buenos Aires un mensaje en clave de Adriana Barcia, la compañera de mi hermano Juan Carlos «El Hippie» Alsogaray, y habían viajado inmediatamente a Tucumán. Bussi, que había sido en otra época un subalterno de mi padre, los recibió en su domicilio particular y apenas comenzada la entrevista mandó a pedir unos legajos al Comando de la brigada. Mis atribulados padres, sin quererlo y sin saberlo, resultaron ser testigos de aquello que los familiares de desaparecidos sostendrían durante décadas: que los jefes de la represión clandestina llevaban un registro minucioso de todos los prisioneros desaparecidos y asesinados, incluyendo sus fotografías, vivos o muertos. Eso que en su momento se denominaron «las listas», y que los represores, que hacían de la mentira un culto, siempre negaron.

Zulema Legorburu de Alsogaray, que había llegado en estado de shock a San Miguel de Tucumán, inició un llanto descontrolado cuando encontró en una de esas carpetas la foto de su hijo menor, con el rostro cosido a bayonetazos. Bussi se indignó y advirtió con vozarrón cuartelero: «Señora, no le voy a permitir que llore en mi presencia. Si va a llorar retírese. Porque si usted ha perdido un hijo, a mí todos los días me matan uno en el monte tucumano y yo no lloro por ellos».

Según el abogado Bernardo Lobo Bugeau, querellante en los juicios por lesa humanidad en Tucumán y La Rioja, Bussi presidía, como comandante de la V Brigada, la «comunidad informativa», y decidía uno a uno el destino de las personas secuestradas. Según narró el periodista Marcos Taire, había dos tipos de reuniones de la Comunidad de Servicios de Inteligencia (CSI), con sede en la V Brigada, en el barrio norte de la capital tucumana: una cerrada, con la plana mayor de la represión, es decir representantes de las tres armas y de la fuerzas de seguridad, y otra abierta, a la que concurrían, invitados especialmente, empresarios, sacerdotes y alcahuetes que voluntariamente se presentaban a delatar a sus comprovincianos. Marcos Taire narró que

en ocasiones participaban los interrogadores que habían arrancado confesiones a los prisioneros, cuya suerte se decidía en ese momento. En esa reunión decidían quién debía continuar en su condición de desaparecido, quién debía ser legalizado y quién asesinado. Al crimen lo llamaban «disposición final», como está probado en la documentación aportada ya ante la Justicia.

El sistema, en consonancia con el gran ejército nocturnal que rastreaba el país entero, funcionaba con la captura de personas generalmente desarmadas, por la noche y sin posibilidades de oposición. Se las transportaba y se las mantenía en condiciones infrahumanas, se las torturaba y se les extraía información. En muy pocos casos, y ante errores flagrantes, se las ponía en libertad. Pero la mayoría engrosaba la lista de desaparecidos.

Entre los chupaderos, la creación epónima de Antonio Domingo Bussi fue la instalación de campos en las tierras del Arsenal Miguel de Azcuénaga, rodeado de terrenos baldíos que imponían distancia a la curiosidad de las personas. El primer antro represivo había estado en la «Escuelita» de la ciudad de Famaillá.

La Escuelita se situaba en una zona transitada y rodeada de vecinos. Allí estuvo el centro de torturas y operaciones de Acdel Vilas que Bussi trasladó al Arsenal Azcuénaga. Como para cumplir un sueño personal y caro a su formación, el general fue el único represor que hizo rodear el predio con alambre de púas, al estilo de los campos de concentración nazis.

Entre los treinta y tres campos de extermino hubo uno que atravesó toda la era represiva, la Jefatura de Policía. A su vez, la Escuela Universitaria de Educación Física (Eudef), situada en la ciudad, frente a la Facultad de Filosofía y Letras, y la ex Colonia de Menores, fueron siniestros depósitos de presos en los días inmediatamente posteriores al golpe. El monstruo trajinaba por todos. Y no solo inspeccionaba, también entraba en acción.

En 1976, Luis «Lucho» Falú salía de la adolescencia, era un estudiante universitario de Historia, hacía sus primeros pasos como militante de la Juventud Peronista y por razones familiares era aficionado a la música, como hermano del guitarrista Juan y sobrino del gran instrumentista, Eduardo. En los primeros meses, dos integrantes del servicio de inteligencia lo citaron en un bar del barrio sur. Le pidieron que armara una lista con «diez de esos amigos zurdos que tenés» y lo dejaron en libertad.

Luis Falú no cumplió y fue secuestrado el 14 de septiembre del mismo año y trasladado al Arsenal, ahí permaneció sin vendas en los ojos, lo que quería decir que estaba condenado. Bussi intervino personalmente del asesinato de Falú al darle un tiro en la cabeza para que cayera al foso que le estaba destinado. Los testimonios en sede judicial también muestran que Bussi participó de linchamientos e interrogatorios con «mangueras» a otros dos detenidos para que dieran nombres durante varias horas hasta que murieron. La participación personal para «dar el ejemplo» es un estilo que compartió con su odiado general Menéndez y es una recomendación que proviene de los expertos en tortura franceses que aleccionaron a oficiales de Ejército desde fines de los años 50.

En el juicio por la megacausa Jefatura II-Arsenal II, el testigo Alberto Luis Gallardo dijo que en la Escuelita de Famaillá vio ejecutar prisioneros y también a una joven agonizante con una larga herida desde la vagina hasta el cuello, colgada de una viga por los tobillos, en una galería y sangrando.

Gallardo, que había sido secuestrado y liberado en dos ocasiones, fue atrapado una tercera vez en abril de 1977, en la intersección de Marco Avellaneda y Córdoba, y llevado al fatídico Arsenal. Allí fue conducido a una habitación con varios secuestrados. Uno de ellos, entre quejidos y lamentos de dolor, pedía que lo mataran.

Gallardo narró:

(…) Estando allí escucho los gritos de Bussi, ordenando a un grupo de secuestrados que se arrodillaran junto a varias fosas que habían sido cavadas en círculo. Allí los iban a ejecutar, y sus cuerpos caían en las fosas. Uno de ellos clamaba para que no lo mataran…

El primero en disparar era el mismo Bussi, pero después debían hacer lo mismo sus subordinados, para que todos tuvieran sus manos manchadas de sangre y participaran del pacto de silencio.

Un gendarme, que años después declaró en la embajada de España, contó que entre esas víctimas estuvo una chica española, Ana Corral. Ana Cristina Corral Romano fue la víctima más joven del aparato represivo de Bussi. Con dieciséis años cursaba el Liceo Sarmiento. Las versiones sobre su muerte difieren: luego de ser torturada y violada —en esto los testimonios acuerdan—, unas dicen que la ejecutó directamente Bussi, otras que fue el teniente coronel Mario Albino Zimmermann, de un tiro en la nuca, ante la mirada del Carnicero.

Bussi practicaba la impunidad más allá del genérico enemigo «subversivo». Por ejemplo, el 19 de octubre de 1976 al mediodía hizo detener al médico y rector del Colegio Nacional de Aguilares, Alberto Argentino Augier. Sospechaba que era amigo del general Menéndez y que lo espiaba para pasarle información al comandante del III Cuerpo. De nada le sirvió al detenido explicar que solo había enviado una carta a Menéndez criticando aspectos de la política económica. Descendió a los infiernos del Arsenal Miguel de Azcuénaga: «Tenía la sensación de que mis brazos y mis piernas se quebraban y mis órganos internos estallaban… Esos días que permanecí no recuerdo nada, había muerto».

Augier fue testigo presencial de las acciones terminales de los hombres de armas, y a los cinco meses, sin cargos ni explicaciones, salió para contarlo en testimonios que resultaron fundamentales.

En un escrito al que tuvo acceso el periodista Rubén Elsinger, corresponsal del diario Clarín en Tucumán, Augier narra que los tormentos incluían la picana eléctrica, el «submarino» o inmersión del prisionero en un tanque de agua; el «colgamiento» de las extremidades con alambres atados a clavos en las paredes, el «enterramiento», que solo dejaba afuera la cabeza, el «arrastre» de los cuerpos con un tractor por terrenos pedregosos, y las amenazas de asesinar a los familiares si no confesaban. Además de identificar a detenidos que aún permanecen desaparecidos, Augier fue el que narró el espanto de un padre torturado y asesinado ante su hijo de once años.

Los juicios depararon sorpresas a Bussi y reconfirmaron la existencia de una burocracia fúnebre. Un ex detenido, Juan Carlos «El Perro» Clemente, arrojó una sorpresa a los tribunales cuando entregó el martes 18 de junio de 2010 una documentación que había sustraído al Servicio de Información Confidencial de la Jefatura de Policía de Tucumán. En esa lista secreta constaban las identidades de 293 detenidos, de los cuales 193 habían sido desaparecidos. Hoy resulta increíble pensar que los represores soñaran con el amparo del silencio cuando una matanza extendida no podía sino dejar huellas por todas partes.

Josefina Nicolasa Oliva, primera testigo en declarar el 20 de agosto de 2013, contó sus días de suplicio en la Base Militar en el ex Ingenio Santa Lucía. Comenzó con la frase: «Han dejado deshecha mi vida». Y siguió: «Eran unos caníbales, te violaban, te agarraba uno, te agarraba otro, y uno no podía hacer nada. Era insoportable el olor a podrido. Uno estaba podrido en vida cuando estaba ahí metido en ese calvario». Ciertos retruécanos de los represores en el crispado intercambio de palabras bajo tortura los describen: «Si vos hubieras dicho donde está tu marido no te hubiera pasado esto».

En la Argentina, las técnicas de tormento no solo remiten a lo aprendido de los instructores franceses y estadounidenses, hay marcas que dan cuenta de un retorcimiento medievalista, de la necesidad de retornar al repertorio atormentado de la Inquisición y aún más allá. Como el caso de Ceferino Rivero, alias «El Mocho» que según la misma Josefina Nicolasa Oliva fue crucificado y murió desangrado.

Al fallecer en 2011, Bussi tenía aproximadamente 450 imputaciones registradas en la Unidad de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Durante su reinado se calculan un millar de muertos. Pero al general no le gustaba ser desprolijo: por algo en la milicia, antes de la orgía de sangre, una de sus apodos era «El Loco Jardinero», por la fruición con que cuidaba los canteros, plantas y flores entre el verdor militar de los cuarteles. En Tucumán, esa condición afloró como una mascarada: rodeó a las villas miserias de paredones de cemento que coronaba de tejas rojas.

Era un hombre con estilo, según se desprenderá luego de los testimonios de los juicios orales. El abogado Bernardo Lobo Bugeau cuenta que el 25 de mayo de 1976 entró a la cárcel de Villa Urquiza con la pantomima de patear el tacho de basura como diciendo aquí estoy yo. Ingresó a la guardia del pabellón de «subversivos», preguntó por las novedades y enseguida se dirigió al baño para no perderse el asesinato a punta de bayoneta de José Cayetano «Chiqui» Torrente. El gendarme Omar Torres describió una mecánica habitual de los centros de desaparición: largas sesiones de tortura a la hora del crepúsculo; luego el comienzo de los asesinatos para los que en algunas ocasiones se aguardaba a Bussi, que disparaba el primer tiro; el cuerpo era arrojado a una fosa que era tapada con leña y cubiertas de automóviles que se quemaban.

La delectación inefable por acosar a las víctimas se le escapó al Carnicero aun en los juicios. El doctor Emilio Guagnini, abogado y miembro de Hijos Tucumán, querellante de Menéndez y Bussi, hijo y sobrino de desaparecidos, recordó que en el comienzo del juicio por los delitos en la Jefatura de Policía

(…) el tribunal permitió que los propios represores les hicieran preguntas a los testigos, que en muchos casos eran sobrevivientes de la tortura. En ningún juicio por delitos de lesa humanidad en el país permitían que el represor preguntara directamente a su ex víctima; el que debe preguntar es siempre el abogado. Duró poco porque después nos opusimos, pero hasta que cambió la posición del tribunal hubo uno o dos días en que Bussi preguntó directamente. Me acuerdo que empezó a preguntarle a un testigo, Osvaldo Humberto «Chaqueño» Pérez, sobreviviente del Arsenal Miguel de Azcuénaga, y que las respuestas del «Chaqueño» lo iban enterrando cada vez más. Por ejemplo, el sobreviviente le decía «estábamos en un lugar atados, donde éramos torturados y después éramos trasladados al baño, que quedaba a doscientos metros del lugar donde nos torturaban». Entonces Bussi le dijo «no, no era esa la distancia». El testigo retrucó: «Bueno, yo estaba vendado, quién mejor que usted que conocía y estaba en el lugar y era amo y señor de ese lugar… así que seguramente es como usted dice». Cada vez que preguntaba el represor se embarraba más. Entonces sus defensores desde atrás —y esta es la anécdota de su nivel de perversión— le ordenaban «no preguntes más», pero él seguía insistiendo y me acuerdo que lo vi en diagonal, cuando después de cinco veces que lo habían tocado, le dijo a su defensor: «Una más, dejame que pregunte una más». El tipo ya se había hundido, aportando un montón de pruebas en su contra, pero yo detecté que el deleite de Bussi era seguir victimizando al sobreviviente; su placer era interrogarlo. Eso me quedó grabado.

El ex preso Pedro Cerviño, secuestrado el 8 de febrero de 1977 como militante del Peronismo de Base, perteneciente a una familia de acendrado catolicismo, es uno de los pocos casos de sobrevivencia. Fue derivado a un tribunal militar debido a la mediación de monseñor Raúl Primatesta, en una actitud que no enaltece al arzobispo, ya que desmiente sus decenas de respuestas al estilo «yo no puedo hacer nada», como la que le dio a la familia de Hugo Vaca Narvaja.

Su paso por los túneles del terror habilitó a Cerviño para declarar en varios casos. Entre ellos el de Nélida Sosa de Forti, quien fue levantada de un avión en el que ya partía de Ezeiza hacia Venezuela con sus cinco hijos pequeños. La bajaron de la aeronave y de allí la trasladaron a Tucumán. El caso tuvo una relevancia especial, pues para armar semejante despliegue y conseguir subir a un avión a punto de despegar hay que contar con una logística y una cadena de coerciones, donde se necesitó aun el concurso de la Junta Militar.

Nélida Sosa de Forti era militante de la Juventud Social de Tucumán y tenía cuarenta y dos años cuando con cinco de sus seis hijos fue arrancada del vuelo 284 de Aerolíneas Argentinas diez minutos antes de que partiera con rumbo a Caracas, el 18 de febrero de 1977. Todos fueron trasladados como paso intermedio a uno de los centros clandestinos del conurbano bonaerense, el Pozo de Quilmes. Los chicos aparecerían después, atados, con los ojos vendados y cubiertos con una sábana, en una calle de Parque Patricios, frente a un restaurante. Trasladada a Tucumán, su caso fue cerrado por los militares de la manera más atroz, señalada con la sigla DF, lo que quería decir Disposición Final, lo que a su vez quería decir asesinato.

En 1979, un amigo de Forti, que pudo salvarse de las garras dictatoriales, presentó un escrito denunciando el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No era lo usual, pero la dictadura se dignó a responder, luego de haber negado el hecho. Le contó a la Comisión que Nélida Sosa de Forti había sido capturada por Montoneros, que se subieron a un avión disfrazados de fuerzas de seguridad, y la mataron pues consideraban una traición haberse decidido por el exilio.

Uno de los hijos de Nélida, Alfredo, contó al diario Clarín que a mediados de los años 90 compartió con Bussi un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Alfredo se acercó a Bussi blandiendo un cuchillo de los que entregaban en el catering y le dijo: «¿Ves este cuchillo? No tengo problemas en metértelo cinco veces, pero la formación que me dio mi madre me hace ver que no sería la manera de resolver las cosas. Te quiero ver pudrir en una cárcel». Bussi quedó arrasado por un temblor que no pudo dominar.

Josefina Molina es hija del ex vicegobernador de la provincia Dardo Molina, durante el mandato de Amado Juri, previo al golpe, y promotora del Colectivo de Arqueología para la Memoria y la Identidad Tucumana. Su padre fue secuestrado en 1976 y luego asesinado. Recuerda que Bussi y sus esbirros rodeaban a la futura víctima de intimidaciones y señales sobre su inminente futuro: amenazas cara a cara a los parientes en una esquina casual, llamadas telefónicas, balaceras en el frente y los ventanales de las casas marcadas. El cerco intimidatorio que surtía efectos. Porque el ex vicegobernador Molina se había ocultado para ponerse a salvo, pero regresó para que no hostigaran más a sus familiares directos. Presentar denuncias formales sobre estos episodios no le sirvió de nada. Hoy es un desaparecido más. Josefina ajusta sus recuerdos:

Según testimonios recogidos en los alrededores del Pozo de Vargas, llevaban a los detenidos en los camiones de carne, en transportes privados al Arsenal u otros centros clandestinos de detención. Los dueños de los ingenios también participaban; no se me olvidan los comentarios de esa época: «Están moliendo en el ingenio y se siente olor a carne podrida».

El terror, como dejó escrito Rodolfo Walsh en una carta histórica, tenía una dimensión metafísica y, por eso, dice Josefina Molina, su onda expansiva llega hasta el presente en Tucumán. «No hace falta mucho para darse cuenta de que los genocidas todavía están insertos en las instituciones, en la policía, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo. Hay gente que ha trabajado con él.»

Diversos testimonios coinciden en relatar el ingreso de Bussi a los chupaderos acompañado por curas. Indignatarios de alto rango intervenían, como se señaló, en las reuniones de la comunidad informativa que decidían el destino de las víctimas. El apoyo de los cristócratas a los ejércitos de la noche y los violadores seriales de los derechos humanos fue de cuerpo presente pero también doctrinario: a través de documentos, declaraciones, penetración capilar de la ideología criminal en sus instituciones y templos, la Iglesia católica, sobre todo desde sus jerarquías, fue en Tucumán la base de sustentación mediática de los delitos de lesa humanidad.

El arzobispo de Tucumán Blas Conrero cruzaba del arzobispado a la Jefatura de Policía, donde funcionaba uno de los antros mortuorios, y entraba sin mostrar credenciales. Rubén Elsinger cuenta el caso de una persona que no tenía relación con el arzobispo, pero que se animó a preguntarle por su hijo desaparecido. Blas Conrero la hizo corta: se cruzó a la Jefatura y fue hasta el fondo a preguntarle a los represores.

Marta Rondoletto, titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Tucumán (FATEDUC), con toda una familia de desaparecidos —padre, madre, dos hermanos y su cuñada embarazada de cuatro meses— relata:

Soy egresada de Las Esclavas (colegio católico para mujeres). Recuerdo que una monjita diminuta, a principios de los 70, nos hablaba de la amenaza del comunismo y en contra de los curas del Tercer Mundo. Si eso pasaba en mi colegio, que era de barrio, cabe imaginarse el resto. Esto también lo comprobó la madre de mi cuñada, que tuvo que soportar humillaciones y desplantes cada vez que iba a pedir por su hija a una iglesia. Yo denuncié eso como una actitud perversa de (Blas) Conrero con los familiares. Al arzobispo más de una familiar de víctimas le escuchó decir: «Sí, acá tengo una lista de la gente por la que están pidiendo y tiene una “D” y no sé si es detenido o desaparecido».

El vicariato castrense de Tucumán, como en todo el país, también le dio una mano a Bussi. Entre los vicarios consta la actitud activa a favor de la represión de José Mijalchk, presto para bendecir armas, instrumentos y sesiones de tortura —en las que se denunció su participación— al estilo de la Inquisición medieval.

Otro caso de apoyo entusiasta fue el de fray Aníbal Fosbery, rector de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), militante de la derecha católica y fundador de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una asociación católica con ramificaciones educativas en el país. Fosbery participaba en reuniones con los altos mandos y era algo más que un portador de consuelo para los represores: era un ideólogo del combate contra la «subversión». Discreto, era el principal de los dominicos y tras el retorno de la democracia fue un activo defensor del terrorismo de Estado. FASTA aportó voluntarios para las bandas fascistas que perforaron la vida tucumana. La institución, aún en la actualidad, dicta cursos de formación en la policía de todo el país.

Pero los católicos ultramontanos de Tucumán y los jefes deaparecedores gozaron de una bendición mayor. El máximo representante del Vaticano en la Argentina, el nuncio apostólico monseñor Pío Laghi viajó a la provincia a alentar personalmente a los represores. El sacerdote transmitió la bendición del Papa a «los que considero mis hermanos», pues para él era un mérito celestial estar dispuestos a verter su sangre «obedeciendo órdenes superiores». Laghi instó a Bussi a ser prolijo con una frase temible, al recomendarle «respetar el derecho hasta donde se pueda». La puerta abierta para no respetarlo también quedaba bendecida. Bussi, a su vez, fue uno de los interlocutores en el país del sacerdote cismático francés Marcel Lefebvre, quien se negaba a actualizar la liturgia, daba misas en latín y opinaba que procesos como el videlista eran los que harían resucitar a la verdadera Iglesia.

Otro apoyo cultural al terror fue el que brindó el más que centenario diario tucumano La Gaceta, entonces el cuarto con mayor circulación en el país y amplia penetración en el norte argentino. Insospechado de hacer oficialismo en la era democrática, lo hizo rotundamente durante la dictadura, participando desde la letra impresa en el Operativo Independencia. Un trabajo realizado por los investigadores Matías Artese y Gabriela Rofinelli concluye que

(…) los propietarios y directores del diario La Gaceta, personalidades no militares, se involucraron constantemente en la divulgación de los hechos realizados por los miembros del régimen político-militar que gobernaba la provincia (…) La redacción misma de La Gaceta tomó una posición (…) Además de cubrir las acciones de apoyo al Ejército, las noticias del diario ocultan (salvo escasísimas excepciones) las prácticas de grupos paramilitares que comienzan a tener una presencia sistemática en la provincia en pleno desarrollo del operativo. En las editoriales del diario nunca se mencionan las decenas de activistas que «aparecen» ejecutados en la vía pública, ni los secuestros y desapariciones.

Entre los artículos que reclamaban orden, hablaban de un país enfermo y de la pérdida de los valores occidentales y cristianos, brillaban los de José Claudio Escribano y Joaquín Morales Solá. Una foto de Morales Solá ingresando al centro de desaparición la Escuelita de Famaillá cobró notoria difusión. El columnista se defendió argumentando que se trató de una cobertura. Menos conocida es su frase «está todo controlado» tras la misión de Acdel Vilas en los montes tucumanos y su ausencia de comentarios sobre la continuidad de las matanzas.

Bussi supo pagar al tradicional diario de la familia García Hamilton. Enrique «Harry» García Hamilton ocupó el cargo de ministro de Turismo del imperio bussista y el historiador Carlos Alberto Páez de la Torre (h), a cargo de las notas sobre historia, fue designado presidente interino del Consejo Provincial de Difusión Cultural y fue, a su vez, el primer titular de la Dirección General de Cultura creada por Bussi el 14 de marzo de 1977.

Las opiniones de Morales Solá en La Gaceta siguieron bregando por la necesidad de exterminar «el mal», «la infamia», lo «foráneo», lo «extranjerizante que amenaza» a los «verdaderos argentinos», a los «valores cristianos», al «criollismo» y a la «argentinidad». El periodista llevaría esa batería lingüística primero a Clarín y luego a La Nación.

La represión, queda claro, era la gestión. Pero la actividad gubernamental diurna tenía su lugar excéntrico. El estilo bussista era en este caso de autoritarismo y fachada. O mejor: de procurarse una fachada a través del autoritarismo. El gobernador de facto sabía que debía tratar de cubrir los efectos del cierre de los ingenios que su Ejército en el gobierno había promovido en los años 60 para privilegiar al capital concentrado. Para tapar ese tremendo hueco social promovió obras públicas masivas y salió a buscar inversiones fabriles. En 1977 una de sus gestiones resultó exitosa: consiguió que la fábrica de camiones Scania se instalara en la localidad de Colombres, en el departamento de Cruz Alta.

El programa de obras públicas no tenía brújula. Se concretaba al voleo, en un hacer por hacer que no contemplaba necesidades previas adecuadamente relevadas. Lo que quería el Loco Jardinero era eliminar «la mala imagen urbana de las ciudades» (sic). Esa turbia tensión más por mostrar que por hacer lo llevó a concretar la obra más irrisoria de su gestión: la parquización y la construcción de canchas de fútbol y de básquet en el cauce natural del río Salí, desestimando los consejos profesionales de geólogos y urbanistas que advirtieron lo que realmente sucedió por la crecida del río en 1981 y 1982, cuando la corriente de agua arrastró todo lo que estaba malamente en pie.

Para esas derrengadas obras públicas Bussi se montó en la desocupación que había generado el cierre de los ingenios que se había concretado desde 1965 y que generó, entre otras cosas, el exilio interno de 250.000 tucumanos. Las tareas se hacían bajo el pomposo título de Operativo Tucumán; consistía en el reclutamiento de los desocupados, que fueron incorporados a la planta estatal y obligados a trabajar en jornadas de más de dieciséis horas, custodiados e intimidados por soldados con armas. Los jerarcas bussistas impulsaron una torpe avanzada estética sembrando la ciudad de monumentos con temática militar de pésimo gusto, como la Avenida de los Próceres, en el Parque 9 de Julio. En el sur tucumano, tras la expropiación compulsiva de tierras, se fundaron pueblos como Soldado Maldonado y Teniente Berdina, para glorificar algunos de los desiguales combates contra la menguada compañía Ramón Rosa Giménez del ERP. Desconectados del resto de la provincia, sin servicios de comunicación y con severas carencias de infraestructura, se convirtieron en pueblos fantasma mientras los legítimos dueños se dedicaban a reclamar sus tierras.

Esa búsqueda de la fachada de cartón pasó por el cenit el 14 de julio de 1977, cuando para «adecentar» la imagen de la capital el mandamás capturó a veinticinco personas entre mendigos y locos en situación de calle para desparramarlos, a conveniente distancia entre uno y otro para que no se comunicaran y se pudieran organizar. La idea era que se perdieran en esas inmensidades y no retornaran jamás. Pero la tropelía fue denunciada en Catamarca y generó un escándalo que llevó a Bussi a recogerlos en un camión.

El cine rescató la historia en la primera película argentina sobre la represión, La redada (1991), dirigida por Rolando Pardo, con guión del poeta Leopoldo Castilla. La justicia, en 2001, reconstruyó el caso. El escritor Tomás Eloy Martínez también describió el suceso en notas donde trató a Bussi de «pequeño tirano». El militar se sintió injuriado por esa calificación y querelló al civil, pero perdió el juicio y nunca pagó las costas.

Como gobernador de facto, Bussi tenía algunas tácticas irresistibles: convocaba a empresarios y comerciantes y les comunicaba que apelaba a su contribución para que en un par de semanas repararan una escuela o una parroquia. Los convidados sabían qué suerte les esperaba si no obedecían. Con este método de pseudo Robin Hood a punta de pistola consiguió cierta popularidad que luego le serviría para sus postulaciones en la era democrática.

El general había aprendido en sus cursos de contrainsurgencia que en paralelo a la represión había que procurar mejoras a la población, que debía mostrarse activo y hacedor. Para eso se necesitaban inversiones. Las obtuvo a su manera: creó el Fondo Patriótico Azucarero con aportes, en su mayoría, provistos por los zares del azúcar. El empleo de esos caudales se perdió por la canaleta de la corrupción ya que Bussi, como se sabrá cuando se descubra su fenomenal acumulación de riqueza, embolsaba para sus propias arcas.

Marta Rondoletto posee recuerdos tragicómicos de esa conducta aparatosa e intimidatoria:

En noviembre de 1976 tengo detalles por mi viejo, quien me contó que Bussi directamente convocaba a las cámaras de las más diversas actividades comerciales. Les decía «me tienen que dar tanta plata» y no había derecho al pataleo. Previamente hacía un trabajo de inteligencia y sabía qué fondos manejaban, entonces iba y cobraba. Ese dinero era para el Fondo Patriótico pero nunca se supo qué hizo con esa plata. Muchos sospechan que fueron a parar a las cuentas suizas, que se le descubrieron luego. También consiguió que la Citroën donara autos para la logística del terrorismo de Estado. Me acuerdo también de Jorrat, comerciante juguetero, le exigían juntar juguetes para repartir en las villas. A esa juguetería también iban los militantes del ERP, también pedían juguetes y los distribuían en los barrios populares. Después venía Bussi y hacía lo mismo. ¡Pobre Jorrat!

Bussi se propuso militarizar la vida pública. Con frecuencia irrumpía en las reparticiones administrativas a las siete de la mañana, para controlar in situ desde el cumplimiento del horario hasta las pautas de trabajo diarias. El general despreciaba olímpicamente la vida civil y trató de inocular un germen cuartelero en cada ciudadano. Cuando a la primera mañana se izaba la bandera en la Plaza Independencia, todos los transeúntes debían cuadrarse y saludar al pabellón nacional mientras sonaban los compases de la Canción de la Bandera. Entre otras cosas se proponía que lo vieran a él como al primer soldado, bañado de solemnidad y poseído por ese empaque patriótico formal y vacío, característico de las liturgias de los hombres de armas.

En los actos públicos le gustaba presentarse como un Rambo, disimuladamente algunos se reían cuando se escuchaba el sonido metálico del chaleco antibalas si alguien lo abrazaba o generaba una inevitable prevención con sus granadas en el cinto.

Pero había una contracara de esa pose marcial maquillada de dignidad. Bussi utilizó su poder para malversar dineros públicos, para una rapacidad que incluyó la apropiación de fondos de terceros a los que inventó como «enemigos» para saquearlos y hacerse de una fortuna mal habida en absoluta desproporción con los ingresos de toda su carrera.

Entre quienes sufrieron su cleptomanía a gran escala estuvo la familia Siderman. Sus integrantes fueron víctimas de secuestros, obligados a confesar bajo coacción falsos negocios ilegales para que el Estado se apropiara de todos sus bienes. Los Siderman debieron acudir a la justicia internacional.

Al concluir su mandato como gobernador de facto en 1977, Bussi gozaba, sin embargo, de una popularidad que lo habilitaría a participar y obtener cargos públicos mediante el voto: así fue electo gobernador, legislador provincial, convencional constituyente, tres veces diputado nacional e intendente. Pero serían sus latrocinios —más aún que los delitos de lesa humanidad— los que harían declinar su estrella.

En 1991 perdió la gobernación ante el cantautor Palito Ortega. Pero en 1995, ante la fragmentación de las fuerzas populares, se impuso a la representante del PJ Olijela del Valle Rivas, por el 46% contra el 32%. Bussi cambió los modales cuarteleros y se convirtió, según sus propios dichos, en el mejor alumno de Menem. No había perdido las malas costumbres. En la obligada declaración patrimonial omitió la posesión de una cuenta por cien mil dólares en el extranjero. Requerido por la prensa, respondió con un casi lloroso «yo no niego ni afirmo». No se salvó de que lo suspendieran tres meses en su cargo entre marzo y mayo de 1998 para ser sometido a juicio político. Con la mayoría propia en la Legislatura provincial, consiguió mantenerse en el cargo. Mientras salían a la luz casos de corrupción de su pasado inmediato, otros se cometían en ejercicio de la función: constitución de empresas fantasma para ganar licitaciones, entre ellas la concesión del Ministerio de Salud, a cargo de Carlos Quijano, de la erección de dos hospitales por cifras millonarias a una firma trucha encabezada por un albañil sin patrimonio ni estructura.

La omisión de su declaración patrimonial sería para sus camaradas de armas una falta más grave que las torturas y las desapariciones. El tribunal de honor de las Fuerzas Armadas le impondría una amonestación grave por «actitud de quebrantamiento personal y aflojamiento espiritual». El general la embarró aún más. Dijo que había hablado como político y no como militar, lo que le ganó otra andanada verbal del entonces jefe del Ejército Martín Balza, quien le recordó que en ningún reglamento está escrito que si un militar se dedica a la política está habilitado para robar y mentir.

El ocultamiento de las cuentas suizas destaparía una olla llena de billetes verdes: la incógnita judicial y popular era cómo un humilde hijo de carnicero había llegado a un patrimonio de unos diez millones de dólares. Los aportes de los señores feudales del azúcar al Fondo Patriótico Azucarero darían algunas pistas. Estos fueron algunos de los montos en danza: el Ingenio Concepción donó 800.000 dólares; La Fronterita 400.000 dólares; La Corona 350.000 dólares; Cía Azucarera San Pablo 350.000 dólares; La Providencia 340.000 dólares; Ñuñorco 330.000 dólares; Santa Bárbara 300.000 dólares y el Ministerio de Economía, con Martínez de Hoz al frente, 1.000.000 dólares. O sea que en un año y medio los aportes totalizaron 4.640.00 dólares.

Cuando la dictadura militar marchaba hacia su ocaso, con la economía desquiciada y una fenomenal deuda externa, Bussi era un próspero empresario a cargo de la firma MAPASA Exportaciones, con el 60% del capital en sus manos. ¿Qué porción de su riqueza provenía de los despojos sufridos, por ejemplo, por Eva Ross de Raffo y su hijo Rubén Raffo, extorsionados propietarios del diario Noticias de Tucumán? ¿Qué provenía de sus vínculos con el multimillonario Carlos Bulgheroni, una relación que pidió ser investigada por el diputado Ramón Barrera? ¿Qué de la expoliación de tierras al ya mencionado matrimonio Siderman, que luego de ser secuestrados debieron exiliarse en Estados Unidos?

La justicia argentina no respondió estas incógnitas, como tantas otras. Lo que sí consta es que durante la década menemista Bussi ya tenía acreditadas inversiones inmobiliarias en un country de Pilar, en una casa de Punta del Este, departamentos en el centro de Buenos Aires y en el barrio de Belgrano. También autos importados y un barco.

Bussi fue tan expeditivo para el robo como para la represión. El 22 de enero de 1977 es la fecha de la primera escritura tras el golpe de Estado de marzo del 76. Allí comienza una seguidilla de compras que llega a dieciocho viviendas. Los valores de cada nueva casa oscilan entre 120.000 y 150.000 dólares, según publicó la periodista Andrea Rodríguez en Página/12. Solo por este tipo de operaciones se calcula un monto de 2.430.000 dólares. No era muy fácil entonces tener semejante capacidad de ahorro con un sueldo de 2.600 pesos.

La punta de la madeja la había encontrado en España el juez Baltasar Garzón, cuando lo investigaba por crímenes de lesa humanidad y se topó con un crecimiento exponencial de su fortuna. Muchas de las propiedades estaban a nombre de familiares y testaferros. Acorralado por las denuncias, el general inició un desprendimiento ficticio de sus propiedades que luego recomprará. Entre otras pruebas de enriquecimiento ilícito se detectaron cuentas en Suiza a nombre de su esposa Josefina Rigolio y de su hijo Luis José. Es Luis José el que tuvo un papel protagónico en la compra y venta de los inmuebles que superaron el millón de dólares. También fue el encargado de abrir otras cuentas en Holanda y Alemania junto a su madre, que falleció en Buenos Aires en 2015.

Bussi ya tenía antecedentes de actividades non sanctas. Había sido director de la cooperativa de viviendas Partagás, ligada al Ejército y a la estafa. Bussi se defendió con falacias de escasa elaboración: mintió herencias inexistentes, mintió que sus hijos (Luis José, Ricardo Argentino, Claudia y María Fernanda, abogados los cuatro, pero con menos de veinte años cuando él incrementó su patrimonio) habían hecho fortuna con su trabajo profesional. También dijo que se trataba de una persecución relacionada con el «éxito» de su gobierno.

La pista del dinero mal habido vuelve a cruzarse otra vez con el nombre del empresario Carlos Bulgheroni, quien contribuye a sus campañas políticas en la era democrática. A pesar de ser el mandamás de las mil desapariciones y los treinta y tres centros de detención y desaparición y a pesar del robo, Bussi se retiró con imagen de «administrador eficiente». Eso lo habilitó para comprar el sello del partido Defensa Provincial-Bandera Blanca. Los políticos tucumanos quedaron azorados cuando en 1987 obtuvo el 18% de los votos que convirtió al Carnicero en un referente político. Como señalamos, perdería en 1991 las elecciones de gobernador ante el cantautor tucumano Palito Ortega pero se quedaría con intendencias clave y una representación legislativa como para que su estrella comenzara a crecer. Las recurrentes crisis del peronismo tucumano, la promulgación del Punto Final que lo dejó momentáneamente afuera de las más de ochocientas causas de violación a los derechos humanos, y el repudio a la «partidocracia» hicieron el resto. Las clases medias y altas lo empinaron en paralelo con su confluencia en la Unión de Centro Democrático (UCeDé) y partidos conservadores. Cuando en 1997 alcanzó la gobernación, desde la vecina Salta, Gustavo «Cuchi» Leguizamón dijo: «Bueno, los tucumanos estaban por elegir entre los ladrones y los asesinos y eligieron a los asesinos». El genial músico se equivocaba esta vez, con Bussi optaban por las dos cosas.

Con una formación política anclada en las águilas del Partido Republicano estadounidense furiosamente anticomunista y antisocialdemócrata, no le costó mucho adaptarse a la corriente dominante y considerarse el mejor gobernador menemista. Bussi trató de depurar un poco su estilo grosero y vociferante a los enjuagues de la política civil.

Pero si los juicios por causas de lesa humanidad habitaban el limbo al que el presidente Carlos Menem los confinó, no sucedía lo mismo con el latrocinio. La defensa del general fue endeble, las omisiones en las declaraciones juradas para ejercer cargos públicos, notables. Hasta sus camaradas del Ejército lo despreciaron más por torpe que por venal. Las marcas de un proceder omnipotente e impune saltan, documentadas: depósitos bancarios, compras inmobiliarias, ascendentes sumas en empresas con dominante participación accionaria, incrementos patrimoniales de sus hijos, su esposa y testaferros como su yerno Héctor Fidel D’Amico, casado con su hija Claudia, quien comparte un estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos junto con Ricardo Bussi y Omar Alí Yabrán, sobrino del empresario suicidado.

Si el descubrimiento de las cuentas en Suiza había quebrado su posición, los juicios por delitos de lesa humanidad, el de Jefatura 1, fundamentalmente, terminaron por esmerilarlo. A diferencia de las actitudes pétreas de Videla y Menéndez, Bussi se dejó tentar por un déjà vu represivo, por un lado, y exhibió una lastimosa vulnerabilidad personal, por otro. Esta conducta le generó el desprecio del general Menéndez, quien prefería comenzar sus alegatos con la frase «yo soy responsable de todo lo que ocurrió».

Consta en las actas y, como ya señalamos, lo ratificó Emilio Guagnini, abogado y miembro de HIJOS: en los debates Bussi se tentaba por volver a interrogar a los sobrevivientes que habían sido sus víctimas. Con sus preguntas el Carnicero no hacía otra cosa que ratificar la existencia de los centros de desaparición y su presencia allí. Sus lugartenientes en la represión contribuían a hundirlo. Dice Guagnini del violador serial Albornoz y jefe de la patota que se encargaba de secuestrar: «Siempre intentó evadir su propia responsabilidad, decía que Bussi era el amo y señor de la provincia, que él no decidía nada y lo caracterizó como un tipo prepotente, al que nadie se le animaba a decirle no a nada».

Pero el que más contribuía a su condena era el mismo general. Después de que una de las víctimas, el Chaqueño Pérez, narrara pormenorizadamente las torturas de las que había sido objeto, Bussi le preguntó: «¿Cómo puede ser que después de que le pasó todo eso esté vivo?». Pérez respondió: «No sé por qué, por la suerte, por Dios o por ustedes, no por decisión propia, porque yo no tenía ninguna posibilidad de decidir nada. Tengo una bala acá», dijo, y comenzó a mostrar las huellas de los tormentos en su cuerpo. Los defensores de Bussi se desesperaban para convencerlo de que se callase la boca. En la acusación se frotaban las manos: «No trabajemos más, si sigue preguntando así este tarado nos hace todo el trabajo».

Averiado, Bussi no pudo acceder a la intendencia que ganó por los votos en 2003. Las causas Vargas Aignasse y Jefatura 1 se lo impidieron. Un diagnóstico de cáncer lo llevó a victimizarse aún más, a dejarse una barba rala, a entrar a los Juzgados en camilla, a gimotear en la escena judicial, a avanzar por las calles del centro tucumano en silla de ruedas, sucio, sin compañía siquiera de familiares directos. Había, sin duda, una teatralidad lastimosa, ya que murió bastante después de esas exhibiciones pordioseras, el 24 de noviembre de 2011, desasistido aun por su familia en su propia casa del barrio Yerba Buena, con pena real o fingida y sin ninguna gloria.

CAPÍTULO V

Jorge «Tigre» Acosta: la ferocidad de Dios

Jorge Eduardo «Tigre» Acosta llegó a afirmar que hizo un trabajo «magistral» en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de la represión ilegal consumado por la dictadura cívico-militar. Acaso fue una expresión meramente propagandística, un inútil acto de soberbia y perversión, en diciembre de 1998, cuando dejó que lo entrevistara el canal Telefé de Buenos Aires a pocas horas de entregarse al juez Adolfo Bagnasco, quien lo había imputado en la causa por el plan sistemático de apropiación de bebés.

Pretendía por entonces, igual que muchos otros criminales del régimen, sostener una visión del período dictatorial, y en particular sobre el terrorismo de Estado, que solo conseguía oxígeno por las debilidades y dobleces de los gobiernos democráticos a partir de 1983 y por la extendida red de complicidades civiles que redundaban, con excepciones siempre aisladas, en un notable soporte de los medios de comunicación convencionales.

La democracia, tras el punto de partida que fue el Juicio a las Juntas, ya había consumido una década y media sin impulsar una política de memoria, verdad y justicia, que demoraría todavía unos años más, pero las que seguían sin dudar ni retroceder eran las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por eso Acosta destinaba esfuerzos a una tarea que, a cuarenta años del golpe, ya pudo ser vista casi como ridícula: negar sus acciones, tergiversar la historia y denigrar a todo quien expresara una postura diferente de la suya.

No es posible que las Fuerzas Armadas argentinas hayan desarrollado una campaña masiva, sistemática, de robo de niños. Es probable que así como hay ladrones, puede haber violadores, porque formamos parte del cuerpo social de la nación, provenimos del pueblo argentino; alguno habrá… Eso en las Fuerzas Armadas no sucedió. Jamás la Unidad de Tareas 3.3.2 trabajó, analizó, tomó conocimiento; ni siquiera con base en los nombres de guerra de esa gente —que posteriormente se han conocido— estuvieron en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Y por eso, prosiguió sin inmutarse ante las cámaras, le diría a una madre o abuela de Plaza de Mayo que en la ESMA «no busque más» porque «nos están llevando por un hecho propagandístico».

El desparpajo para negar los crímenes se extendió a la desmentida de trascendidos, informes y datos sobre los negocios económicos de los represores como él, acusado de haber enviado fondos a cuentas en el exterior:

Creo que la Armada Argentina está absolutamente sujeta, cumpliendo con las normas, los reglamentos militares en este contexto —bienvenido— de la democracia. Y como tal no sé si habrá algún almirante o jefe oficial superior que haya participado en la guerra antiterrorista.

Siguió con un discurso dificultoso, de coordinación escasa, pero firme en la defensa de sus jefes:

Entonces no podemos pedir que ellos den respuesta por hechos personales. Sí creo, aspiro, lo deben haber hecho, lo estarán haciendo, a expresar que institucionalmente la Armada no ha cometido esto; no lo puede haber hecho. Y si están tratando de demostrarlo de abajo para arriba, están en una persecución, que es lo que yo hoy quiero denunciar.

El entrevistador le ofreció la pregunta que necesitaba en bandeja: ¿se siente perseguido? La respuesta fue más que obvia: «Sí, señor, absolutamente. Una injusta, masiva y sistemática persecución, que está organizada contra las Fuerzas Armadas argentinas en los planos políticos y jurídicos».

Se lanzó contra Miguel Bonasso y se desligó del asesinato del periodista Rodolfo Walsh, cometido en 1977:

Todo el mundo sabe, porque es público y notorio, que el señor Walsh falleció. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué me buscan a mí? ¿Porque yo participé o porque buscan la utopía de que yo participé? Ya saben que no participé porque yo soy oficial de inteligencia. Entonces yo no tengo nada que ver. ¿Pero el señor Walsh, qué era? ¡Un terrorista de primera!

Y cerró la negación de sus crímenes en la ESMA, comprobados judicialmente, mediante el recurso de minimizar sus acciones a la «generación» de agentes de inteligencia: «Es decir que nosotros ni matábamos a la gente ni queríamos matarla, sino acabar la guerra desde un enfoque: generación de agentes».

Jorge Acosta, también «Santiago», «Dos» y, de pequeño, «Gales», nació en la ciudad de Buenos Aires el 27 de mayo de 1941, hijo de Jorge Eduardo Acosta y María Rosalía Villani, matrimonio que habitaba en el barrio de Saavedra, que tuvo otros tres hijos, un varón que se hizo sacerdote, uno que se integró al Ejército y una mujer que se radicó en Comodoro Rivadavia. La suerte con sus propios hijos le fue dispar al represor: mientras María Elena aparece reiteradamente ligada a él, en una danza de empresas reales y ficticias sospechadas de vínculos con los bienes que Acosta arrebató a sus víctimas, Gonzalo Eduardo se integró al Poder Judicial y estaba en 2015 a cargo de la Unidad Fiscal Nº 3 de Pilar, provincia de Buenos Aires, desde donde dijo por teléfono: «No tengo vínculo con mi padre». De la LXXXIX promoción de la Escuela Naval, la jerarquía máxima que alcanzó fue la de capitán de fragata.

La primera orden de detención le llegó con infinita demora, en febrero de 1987, pero recuperó la libertad cinco meses después, gracias a la Ley de Obediencia Debida.

El miércoles 26 de octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal número 5 de Buenos Aires lo condenó a prisión perpetua en la causa conocida como ESMA II, junto con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Jorge Rádice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Oscar Montes, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber. La Sala II de Casación confirmó esas penas el 23 de abril de 2014, cuando desestimó los alegatos de la defensa sobre prescripción de la acción penal, así como la impugnación de declaraciones de testigos y la objeción a las pruebas reunidas. El fallo los declaró culpables del secuestro, tortura y desaparición de ochenta y cinco personas, entre ellas el periodista Rodolfo Walsh, y las víctimas del Grupo de Tareas 3.3.2 en la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio capitalino de San Cristóbal, donde Astiz se hizo pasar por el hermano de una secuestrada, se infiltró con el nombre de Gustavo Niño y «marcó» a doce personas, incluidas tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo —María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y Esther Ballestrino de Careaga—. También las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

Esa condena se debió asimismo al robo de bienes de las víctimas: «Los atentados contra la propiedad que se juzgaron en esta causa ocurrieron en el marco de ese ataque generalizado y sistemático dirigido contra un grupo de la población de nuestro país». Sumó las penas por la apropiación de bebés en la ESMA y la dictada en ausencia en Roma por la Segunda Corte del Tribunal Penal de la capital italiana, por «homicidio voluntario múltiple premeditado», por la desaparición y muerte de Ángela María Aieta de Gullo, la madre del dirigente Juan Carlos Dante Gullo, y otros dos ciudadanos italianos, Juan Pegoraro y su hija Susana, quien dio a luz en cautiverio a una niña que hasta 2015 no había recuperado su identidad. Por entonces estaba procesado e imputado por crímenes de lesa humanidad en la causa ESMA III, y lo mismo en el proceso por apropiación de bienes, que permanecía en etapa de instrucción.

En aquella entrevista con Telefé de diciembre de 1998 se declaró «preso político», como volvió a hacerlo en 2015, en la ampliación de la declaración indagatoria que prestó en los tribunales de Comodoro Py por la causa ESMA III, en la que la fiscalía lo acusó de sustracción, retención y ocultamiento de personas menores de edad, homicidios agravados, tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y violación y abuso deshonesto agravado.

Acosta aprovechó el estrado para, durante cuatro horas, deslizar teorías sobre el terrorismo internacional y repetir hipótesis sobre el fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, plegándose a las maniobras de la oposición derechista, coludida con los medios de comunicación dominantes y sectores del Poder Judicial, para intentar culpar al gobierno nacional de entonces por la muerte ocurrida en febrero.

El día de esa declaración indagatoria, 18 de junio, se lo vio deambular con parsimonia en el rectángulo en el que permanecía a la espera de la audiencia. Hasta parecía disfrutar una suerte de paseo en diez metros cuadrados, alternándolo con miradas a todo el recinto. La espera aparentemente no lo inquietaba. Se abrazó, entre sonrisas, con el defensor Miguel Cavallo. El blindex que lo separaba de los asistentes a la audiencia permitió ver casi el mismo rostro de 1998 en la pantalla de televisión y sus manos pulcras, de uñas cuidadas, cuando las posaba sobre las rodillas. Llevaba pantalón gris oscuro y zapatos marrones. Debajo de la campera azul asomaba un suéter beige con cuadros rojos, camisa blanca y corbata de tono bermellón.

De una bolsa de plástico que aferraba ostensiblemente extrajo, cuando le llegó el momento de intervenir, hojas escritas a mano, con apuntes en los que se basó para exculparse y desarrollar sus teorías «geopolíticas» sobre el terrorismo internacional. Lanzado a ello, llegó incluso a superar las hipótesis con las que más de un columnista intentaba enlodar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante referencias a células iraníes-venezolanas-cubanas como responsables de la muerte de Nisman. Habló de entrenamientos de Montoneros en Líbano para encadenarlos con la formación conocida cuarenta años después como Estado Islámico, interviniente en Irak y Siria y abastecida con armas de las potencias occidentales con el fin de derrocar al presidente Bashar al-Ásad. Dijo que los atentados a la embajada de Israel y a la mutual AMIA en Buenos Aires se inscriben en un «entramado» que comenzó en los 70 con lo que en algún momento llamó «guerra cívico-terrorista gramsciana» y en otro «guerra civil revolucionaria terrorista trotskista», y que en la Argentina se coronó en el poder, remarcó, de la mano del presidente Néstor Kirchner. En la sala, una parte de los asistentes rió ante estas definiciones, o cuando dijo: «Soy un preso político; esto es político».

Luego hizo una conexión entre las acciones en la ESMA y la Campaña del Desierto, pero no para trazar algún paralelismo entre prácticas de genocidio, sino para una reinterpretación: «El coronel Conrado Villegas le propuso al general Roca que en lugar de enfrentarse cara a cara con los indios, preparara equipos de exploración que sorprendieran a los malones por la noche para reprimir la actividad delictiva o guerrillera de los indígenas. Así, salvó muchas vidas».

A su turno, continuó, «la Fuerza de Tareas 3.3.2, sorprendiendo a los guerrilleros, salvó muchas vidas del suicidio y la pastilla de cianuro. Fue como el coronel Villegas».

Pero ya no hubo espacio para la risa cuando dijo, por ejemplo, que «en la ESMA siempre se privilegiaba la vida», o cuando denostó a los sobrevivientes que declararon en esa y otras causas, llamándolos «testigos del enemigo, con razones para plantar falsos testimonios», o cuando se atrevió a decir: «Nosotros no somos represores, fuimos combatientes». Tampoco cuando expresó que «el lema de memoria, verdad y justicia es un lema persecutorio» ni cuando sostuvo que los conceptos de «lesa humanidad», «genocidio» y «terrorismo de Estado» responden a un método que «utilizan escolásticamente para construir el relato: la retórica». Y profundizó las coincidencias con los discursos imperantes en los medios conservadores al dedicarse al ex fiscal de la causa AMIA. «Nisman los denunció: encubrían a los iraníes, y usaron a Esteche y D’Elía como chivos expiatorios.»

Las estrafalarias elucubraciones teóricas no tuvieron consecuencias prácticas, lo contrario a la construcción de un mundo propio, hecho a la medida de su fanatismo, pero también de sus deseos sexuales y ambiciones materiales, que desarrolló plenamente en la ESMA, donde torturó, violó y asesinó, dispuso de los cuerpos, distribuyó roles, organizó banquetes y misas, sometió mental y psicológicamente a las víctimas, las condenó y las «salvó», las llevó de paseo, a cenar, a bailar a boliches de moda, y las obligó a organizar reuniones, a ellas y sus allegados, en las que pretendió sentarse a la mesa familiar haciendo uso de derechos naturales que solo él se atribuía.

Moldeado, aprobado, elogiado y condecorado por los sistemas orgánicos con los que la Armada delineó a sus criminales más atroces, Acosta se hizo del control total del centro de represión ilegal no como mero resultado de una enjundia asesina individual sino como engranaje de un sistema que lo ubicó para que hiciera lo que hizo con aterradora eficiencia, tanta que hasta logró enfrentar a unos prisioneros con otros, sembrar suspicacias, multiplicar reproches y acusaciones entre ellos.

Fue el dueño de las vidas, como declaró el sobreviviente Marcelo Camilo Hernández, mediante una organización en la que delegó responsabilidades operativas en su camarada Jorge Perrén pero que, sobre todo, usó para que las responsabilidades fueran compartidas, que todos dejaran huella para evitar traiciones y flaquezas. Como decía: «que todos pusieran los dedos».

Cuando, a partir de octubre de 1976, usando su función de jefe de Inteligencia y con grado de capitán de fragata, se hizo cargo de las operaciones en la ESMA, a la que había sido destinado el 28 de febrero de 1975, casi todos los secuestrados escucharon de su boca que era quien disponía de la vida y la muerte, eso sí, porque «Jesusito» se lo indicaba, hablándole al oído. Eufórico, como recuerda Lisandro Raúl Cubas, disponía que los guardias le avisaran en caso de «mal comportamiento» de las víctimas, porque él les suministraría «un pentonaval» para enviarlos «para arriba».

Pero en esta organización personal del mundo y de los asuntos humanos se ubicaba a la vez en un papel de reparador: veía en muchas prisioneras a personas «podridas, malas, perturbadas, ateas, marxistas», testimonió la sobreviviente Ana María Martí, y disponía la apropiación de sus bebés porque ellos «no tenían por qué pagar el precio de lo que habían hecho sus padres». Decidía todo cuanto debía suceder, confirmó en los testimonios en los juicios Alfredo Buzzalino, «desde la inteligencia hasta los grupos operativos, hasta quién iba al baño, quién hacía esto, quién hacía lo otro», las veinticuatro horas de cada día, con amenazas que implicaban plenamente a todo el personal a su cargo, al que espetaba: «Acá todo el mundo ponemos los deditos en el plato, acá todo el mundo hacemos todo».

En este orden particular, el desafío a sus disposiciones podía ser incluso peligroso para sus colaboradores, quienes le temían. Ni hablar de la suerte de los prisioneros: Horacio «Nariz» Di Maggio, secuestrado en Buenos Aires en febrero de 1977, logró fugarse en marzo de 1978. Ese día el Tigre Acosta diseminó su furia en la ESMA, amenazando a los prisioneros con traslados que eran un pasaporte directo a la muerte. En octubre de ese mismo año Di Maggio fue localizado y fusilado por el Ejército, no sin antes haber entregado informes sobre las prácticas criminales en el centro de exterminio de la Armada y nombres de las víctimas a periodistas internacionales. El cuerpo acribillado fue exhibido por Acosta a los demás prisioneros, que debían desfilar ante una camioneta donde estaba arrojado: «Esto es lo que le va a pasar a alguno de ustedes si se escapa de la ESMA».

En esta clase de situaciones se diluía por completo un sistema de responsabilidades medianamente repartidas por Acosta entre sus subordinados. Los oficiales de graduación mayor y que eran bien vistos por él tenían más prisioneros a cargo, eran llamados a opinar sobre ciertos aspectos de la organización criminal. En esta categorización no faltaron negociaciones y ciertas transacciones sobre la suerte de las víctimas, sobre si eran o no trasladadas, sobre si se les permitía o no seguir con vida. Pero él se reservaba la decisión final sobre todo en situaciones críticas, como una fuga, a partir de su propia proclamación: era él quien estaba cerca de un Dios, del suyo, lo llamara o no Jesusito, hablara de uno o varios dioses o del «mandato divino», como recordó Ricardo Coquet. Era una autoproclamación que usaba para disponer que la ESMA fuera un lugar en el que no hubiera límites y en el que toda perversidad fuera posible, hasta organizarles a los secuestrados una misa para ayudarlos a encontrar la «paz interior», la que él mismo les negó a todos para siempre con las sesiones de tortura que dirigía y de las que participaba activamente, en ocasiones con un vaso de whisky en la mano. Misa oficiada por un cura naval que preguntaba a los rehenes si querían confesarse.

«Esta es una guerra de aniquilamiento», le dijo alguna vez a una de sus víctimas predilectas, Graciela García, pero agregó: «Vos te vas a salvar». Ella recordó en sus testimonios ante la justicia que le preguntó por qué, por qué ella y no los demás. La respuesta fue la misma que escucharon otros sobrevivientes: «Me lo dijo Jesusito (…), Diosito me dice en el oído quién puede vivir y quién no, no soy yo, es diosito que me habla».

Los abusos sexuales cometidos por Acosta y otros represores eran todavía en 2015 motivo de acción de la fiscal Mercedes Soiza Reilly ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, con el agregado del cargo de violación a las imputaciones de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y desaparición forzada.

Graciela García era llevada a un departamento de la calle Olleros, cerca de la Avenida del Libertador, y a otro en la calle Ecuador próximo al cruce con Santa Fe. La dejaban encerrada por horas hasta que Acosta llegaba para abusar de ella. Le permitía en ocasiones comunicarse con sus parientes y una madrugada la llevó a la casa familiar. Hizo organizar una comida y que fuera llamada una hermana de Graciela, que vivía a una cuadra. Su voz aflautada no le impidió apelar a un tono de mando para hablar de «recuperarla» y «rehabilitarla». Parecía conocer las actividades de todos los integrantes de la familia y se enfocaba en las hermanas de Graciela: Susana, a quien tildaba de «zurdita», y Marta, abogada, a quien hizo llevar a la ESMA para demostrar su capacidad de acción y coaccionarla para que trabajara en la apropiación de bienes de víctimas de la represión.

Uno de los casos más alevosos fue el de las tierras de Chacras de Coria, en Mendoza, arrebatadas a la familia Cerrutti, algunos de cuyos miembros fueron asesinados en el centro clandestino. Por esa maniobra Marta fue enviada a las oficinas de Ariel Sosa Moliné, escribano del ídolo personal de Acosta, Emilio Eduardo Massera. Las tierras codiciadas terminaron a nombre de un hijo y un hermano del jefe de la Armada. Cuando se abrió la causa judicial en Mendoza para investigar esta apropiación, Acosta se encargó de amedrentar a Marta ante el llamado a una audiencia: «Tenga cuidado», le dijo.

Tras años de trabajo para recuperarse del sometimiento, arrasada por la culpa por la perversión que el represor le impuso, Graciela García lo denunció por crímenes sexuales en 2007. El juez Sergio Torres dispuso el procesamiento con este enfoque específico, pero la Sala II de la Cámara Federal subsumió los delitos sexuales en la tipificación general de tormentos.

Acosta tuvo patéticos imitadores en el juego atroz de presentarse ante prisioneros como interesados en su salvación. Juan Carlos Rolón lo hizo ante Andrés Castillo, en una ocasión en que había sido castigado por el represor Raúl Scheller, por haber hablado con una de las secuestradas. «El Tigre Acosta te va a matar. Yo te quiero salvar, voy a hacer lo posible para salvarte, pero es muy difícil», recordó la víctima al declarar en la causa ESMA II. En aquella oportunidad Rolón le relató el sistema de decisiones que tenían entre los oficiales principales para determinar sobre la vida y la muerte, incluso mediante una «votación», poniéndose a la altura de un tribunal supremo que tuviera la atribución de imponer la pena capital. El cabecilla se reservaba, sin embargo, derecho a veto a cualquier decisión, valiéndose de su mayor jerarquía.

Otros testimonios dieron cuenta también de ciertas tribulaciones cuando, como ocurrió en el caso de la fuga de Di Maggio, hubo una primera decisión de fusilar a varios secuestrados, a modo de represalia. Pero al menos algunos de los oficiales defendieron a «sus» prisioneros, como propiedades personales, lo que terminó salvándolos momentáneamente a todos. También eran motivo de deliberación los «traslados». Todos sabían que eran prisioneros que iban a ser exterminados y, ante la tensión extrema que ello representaba, Acosta adoptaba una de las prácticas propias de ese mundo que administraba a su gusto: llevaba a algunos sobrevivientes al sótano, donde se pasaban películas.

Usando las potestades que se había adjudicado, el represor se permitió anunciarle a Susana Ramus, al cabo de una sesión de torturas, que permanecería dos años en la ESMA, y que preguntara por él si tenía «algún problema». Acosta le pidió a comienzos de 1978 que acompañara a Norma Arrostito en el traslado en una ambulancia al Hospital Naval, porque se sentía mal. A Norma, una prisionera especial por haber integrado la conducción de Montoneros, torturada sin límites y, según algunos testimonios, exhibida como trofeo de guerra por la Armada ante oficiales de otras fuerzas, le brotaba espuma por la boca. Aparentemente en el hospital no pudieron salvarle la vida. Murió el 15 de enero porque, le dijo Acosta a Ramus, no había colaborado y por lo tanto no debía seguir viviendo. Deidad en su universo, en mayo de 1977 el represor le preguntó a la prisionera Silvia Labayrú qué anhelaba como regalo de cumpleaños. «La libertad», le dijo ella, y obtuvo como respuesta que quizá tuviera una posibilidad después de la disputa del Mundial de Fútbol. En junio de 1978 pudo viajar a España.

Ya en sus comparecencias en la causa ESMA II, Acosta tergiversó descaradamente sus acciones, insertándolas en la descripción de un trabajo que buscó, dijo, que los prisioneros colaboraran con la inteligencia de la Armada, que como parte de las Fuerzas Armadas intentaban darle al país un «servicio», el de intervenir en «un enfrentamiento entre los terroristas de izquierda contra los de derecha». Habló de interrogatorios controlados, que no pasaban de cuatro horas. Y aunque quizás hubo «algún» simulacro de fusilamiento, concedió, su esfuerzo estaba puesto en lograr «el mejor trato».

Además de la multiplicidad de testimonios reunidos sobre su participación directa en operativos de secuestro, que él no reconoció ante el tribunal, proliferaron también los relatos sobre esa suerte de vida social que organizó, con la pretensión de que sus víctimas, en camino de «recuperación» gracias a sus estrategias y dones, se convirtieran en sus compinches, compañeros de cenas, paseos, algún espectáculo de tango, alguna vez al cine, y madrugadas en «boliches» bailables muy cotizados en la época, como Mau Mau, en los que era conocido y tratado como cliente especial. El cabecilla de la ESMA podía aparecer ante los confinados avanzada la noche, organizar la provisión de ropa limpia y en buen estado, obtenida en los asaltos a las casas de las víctimas de la represión, para que estuvieran presentables para la «salida».

Amalia Larralde fue secuestrada en agosto de 1978 en Buenos Aires. Pasó por varias de las secciones de la ESMA, recibió golpes y torturas. Padeció en los primeros meses de 1979 la ira de Acosta por una frustrada misión en España, que duró unos pocos meses, y porque se sentía progresivamente aislado y maltratado por los cabecillas del régimen. Lo que le reprochaban sus jefes, le decía, era haber dejado prisioneros con vida. Amalia también fue sacada para cenar y, cuando no lo trataba como él exigía, la amenazaba de muerte. Estaba embarazada y Acosta soltó argumentos morales para reprocharle que fuera madre soltera, e hizo que Ricardo Cavallo organizara la falsificación de documentos para que el niño llevara el apellido del padre. La documentación fue validada en el Registro Civil. Pertinaz en la construcción del orden en el que «recuperaba» personas, el represor siguió hostigando a Larralde aun en libertad: la llamaba por teléfono y la visitaba en su casa. «Mi padre se volvía loco, pero uno no podía decir que no», relató la víctima ante la justicia. Más adelante, se encargó también de hacer posible que saliera del país o, para mejor decir, que ningún grupo represivo impidiera que lo hiciera.

«Perdiste: acá sabemos todo de vos, tenemos a tu mujer y a tu hijo», le espetó en noviembre de 1978 el represor Miguel Ángel Benazzi a Carlos Lordkipanidse, quien había sido secuestrado el 18 de ese mes en la esquina de Carlos Calvo y Muñiz de Buenos Aires. Estaban presentes, entre otros, Acosta y Astiz, quien se encargaba de aplicarle descargas eléctricas. Estos militares corajudos se entretuvieron un rato con el cuerpo de la víctima hasta que intervino el capo: «¿Pero este no cayó con la mujer y el hijo?». Y, efectivamente, ambos estaban confinados en un espacio contiguo. El bebé fue traído por uno de los represores y puesto sobre el cuerpo de su padre. Cuando reanudaron las descargas eléctricas, el niño nacido hacía veinte días también las recibía.

De estas y otras monstruosidades Acosta podía pasar a conceder, como dios supremo, que uno de los prisioneros tuviera contacto en la ESMA con su novia, también secuestrada, o a organizar una salida con los prisioneros a los que quería «recuperar», y de los que pretendía que fueran funcionales a su mundo: Cristina Aldini debió escucharlo hablar de sus frustraciones matrimoniales, pero como no respondió al canon preestablecido y se burló, el represor la amenazó con «mandarla para abajo», es decir asesinarla. Y en una de esas salidas nocturnas, mientras conducía Acosta recibió un aviso por radio de un grupo de represores que tenía a la vista al actor Luis Brandoni, una suerte de obsesión del jefe de la ESMA, conocida por subordinados y víctimas. Lanzó al auto a toda velocidad por las calles de Buenos Aires con las prisioneras adentro, pero finalmente no llegó a dar con su presa.

Quedó reflejado ampliamente en infinidad de testimonios en los juicios, y hasta en sus propias declaraciones, que el periodista Rodolfo Walsh era también un objetivo codiciado ampliamente por Acosta, y de allí su constatada participación en las operaciones para dar con él y asesinarlo, el 25 de marzo de 1977. También para apropiarse de cuanto llevaba consigo cuando lo acribillaron y de sus pertenencias en la casa de San Vicente. Una lista en sede judicial enumerará mucho años después: reloj Omega, portafolios negro con copias de la «Carta abierta a la Junta Militar», boleto de compraventa de su casa en San Vicente, un auto Fiat 600 modelo 1975; textos diversos, como material de narrativa; muebles y otros elementos personales. Acosta fue también conductor, como se probó en el juicio ESMA II y se ventiló públicamente, de la compleja operación para atacar al grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, en la Capital Federal, mediante la infiltración de Astiz entre las Madres de Plaza de Mayo, como ya se vio.

Incontables víctimas transitaron por el sector del centro clandestino en el que Acosta y sus secuaces acumulaban bienes robados a los presos políticos y sus familias: muebles, artefactos hogareños, libros, discos, cuadros, muestra mínima de un sistema de apropiación que apuntó a negocios mucho más voluminosos investigados por la justicia con suerte, ritmo y efectividad dispar.

El juez español Baltazar Garzón fue quien dio noticia de una cuenta bancaria de Acosta en Suiza, en la investigación por la desaparición de compatriotas suyos durante la dictadura cívico-militar, y activó con ello indagaciones sobre el patrimonio del represor, que a comienzos de 1998 continuaban pese a la prescripción de una causa sustentada en la presunción de una estafa al Banco Central por 32.000.000 de dólares, por manejos con créditos destinados en teoría a promover exportaciones.

Esa causa se vinculó con el astillero Astilsur, emprendimiento que el represor había puesto en marcha junto a su cómplice Jorge Rádice en 1986, antes de que fuera dado de baja de la Armada. Consiguieron apoyo bancario para reunir 32.000.000 de dólares que iban a destinar a la construcción y exportación de embarcaciones, lo que por supuesto jamás sucedió. Astilsur tuvo vida corta, fue a la quiebra por disposición del juez comercial Carlos Villar. Ante ello, otra firma se presentó para hacerse cargo de las instalaciones en el partido de Avellaneda, Río Bravo S.A., cuyos directivos otorgaron poderes especiales para administrar los bienes a una persona: Jorge «Tigre» Acosta. Este aspecto tan llamativo fue revelado por Clarín, en un tiempo en el que algunos de sus periodistas hacían todavía esfuerzos para investigar delitos de los represores antes de que el diario recuperara la memoria como cómplice de los criminales y pasara a denigrar las políticas de memoria, verdad y justicia aplicadas a partir de 2003.

El diario publicó que el represor aparecía en los registros fiscales sin propiedad alguna, salvo la de un automóvil, y con domicilio en unas oficinas de Perú al 200 de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionó una «agencia de seguridad», otro de los negocios típicos de los criminales de la dictadura cívico-militar. Testigos de la causa declararon que Acosta prestó servicios a otra «empresa de seguridad», Bridees, de Gregorio Ríos, custodio de Alfredo Yabrán y acusado de ser instigador del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. También se reunieron datos de una supuesta contratación de Acosta para Prodefensa, empresa ecuatoriana que intervino en la venta ilegal de armas que el gobierno de Carlos Menem realizó a Ecuador cuando el país era garante de seguridad y paz entre ese país y Perú. Clarín sostuvo también que en los rastreos del juez Julio Speroni apareció Eximport Funds, firma conformada en 1989, integrada por Julia Irene Argerich y la hija de Acosta, María Elena.

Otro entrecruzamiento de nombres fue examinado durante los Juicios por la Verdad en Bahía Blanca, cuando fue llamada a declarar la esposa de Acosta, María Elena Cabrera, en la investigación sobre un galpón ubicado en el barrio Ciudad Atlántica, cerca de la Base Naval de Puerto Belgrano (donde el represor estuvo destinado durante la Guerra de Malvinas), puesto a nombre de una sociedad anónima cuyos titulares eran Rádice y la hija del Tigre, como responsables de Río Bravo.

La Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Bahía Blanca había ordenado en agosto de 2000 un allanamiento durante el cual fueron encontrados bienes y objetos personales que se presume fueron robados a las víctimas de la dictadura, desde libros hasta cocinas, televisores y heladeras, dos automóviles, un piano, una casilla rodante, vajilla y ropa usada. En aquellos días, Horacio Verbitsky había informado en Página/12 que fueron encontradas al menos dos fotografías del genocida Jorge Rafael Videla y su esposa. Una de ellas con esta leyenda: «Para el capitán Acosta, apóstol incondicional de mis ideas». La otra con una referencia de Videla a Acosta como «mi gran amigo».

Pero antes del allanamiento se habían reunido testimonios de vecinos sobre la presencia de un grupo de personas que se movilizaba en un vehículo de la Armada y que sacó del lugar un bulto de grandes dimensiones. Esto determinó otro allanamiento, a la Dirección de Bienestar de la Armada, emplazada en la base naval. El jefe de esta dependencia, Federico Hogan, declaró que personal a su cargo había retirado elementos del galpón, pero los describió como «viejos formularios en blanco para usar como borradores». La declaración de Cabrera no agregó datos sustanciales a la justicia: se las arregló para mostrarse confusa y dar datos contrapuestos.

Sin embargo, los antecedentes fortalecían certezas sobre el funcionamiento de un aparato perfectamente dispuesto para satisfacer la codicia de los represores encabezados por Acosta. Martín Gras, uno de los prisioneros de la ESMA, en sus declaraciones en tribunales, definió a Rádice como «contador, el que manejaba los negocios sucios y las finanzas tanto de Acosta como de Massera». Lisandro Raúl Cubas, también ex rehén de la ESMA, declaró que cuando fue secuestrado Conrado Gómez, dueño de las Chacras de Coria, el Tigre vociferaba eufórico por los pasillos del centro clandestino: «Esto no tiene límites».

Y testimonió Juan Gasparini: «Ellos se apropiaban de bienes inmuebles de personas que eran secuestradas», para lo cual elaboraban los documentos que permitieran «blanquear» las apropiaciones. Miguel Ángel Laluletta declaró que Jorge Enrique Perrén era «el segundo de Acosta» en la planificación de secuestros y posterior desapoderamiento de los bienes de las víctimas. Convalidó Martín Gras: el jefe de Inteligencia «marcaba el objetivo» y Perrén «planificaba y ordenaba la ejecución de los operativos». El laboratorio y la imprenta que funcionaron en el centro clandestino estaban al servicio de las apropiaciones, ensamblados, dijo Emilio Enrique Della Soppa, a «una especie de escribanía clandestina».

Secuestrada en mayo de 1977, Sara Solarz declaró en el juicio ESMA II que también en su caso Acosta participó en persona. En el sótano del casino de oficiales fue llevada a una sala de interrogatorios, desnudada y atada de pies y manos a un camastro. Le quitaron la capucha y pudo ver al jefe del centro clandestino junto a Antonio Pernías. Entonces le presentaron una lista de nombres, alguno de ellos marcados con una cruz, lo que significaba que estaban muertos. Los represores experimentaron una mezcla de asombro e indignación porque no gritaba ante las descargas eléctricas. «¿Cómo no siente dolor? ¿Cómo no dice nada?», gritaba Acosta. La víctima perdió noción del tiempo, pero pudo recordar, sí, que su cuerpo desnudo y amarrado al camastro fue mostrado como trofeo a otros represores. Y, ya en octubre de 1978, el Tigre la forzó a realizar un viaje a Tucumán, de donde es oriunda, para obligar a su hermano a ceder la herencia del padre y quedarse con el dinero. La particular disposición de un mundo hecho a su gusto lo llevó a reintegrarle una parte de lo robado a Solarz, cuando viajó fuera del país.

Ya en democracia, Eximport Funds S.A. fue usada por Acosta para continuar satisfaciendo su codicia sin fin: la firma fue contratada para la seguridad del Mercado Central ubicado en inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires. El represor fue denunciado en 1991 por la Asociación de Trabajadores del Estado, que lo acusó de intimidar y extorsionar a puesteros y trabajadores, con lo que reunía alrededor de 80.000 dólares mensuales. El negocio se le terminó cuando el empresario designado por el entonces intendente Carlos Grosso al frente del Mercado, Rubén Pons, debió dejar la función en medio de enredos con la justicia.

El jefe de la ESMA, quien se adueñó de la vida de los prisioneros y quiso determinar su destino, aplicándoles para ello todo tipo de padecimientos físicos y psicológicos, que fue abusador y violador y pasó sin escalas de mero ratero de viviendas arrasadas a cazador de fortunas, cosechó reconocimientos como uno de los más eficientes servidores del diseño represivo, merecedor de elogios y alabanzas de sus superiores a lo largo de ascensos sucesivos.

Entre diciembre de 1969 y agosto de 1970 Acosta había estado destinado a la fragata Libertad. Su última calificación allí estuvo a cargo del entonces capitán de navío Emilio Eduardo Massera, a quien quedará ligado para cumplir a rajatablas el plan criminal. En aquella ocasión pronosticó que Acosta llegaría a ser «un brillante jefe». También fue elogiado en su paso posterior por el Estado Mayor General Naval y como alumno de la Escuela de Inteligencia Naval. Al finalizar en marzo de 1972 un curso para oficiales tenía una puntuación de 4,637, la más alta de todos los participantes. El capitán Adolfo Arduino lo calificó como «el oficial más completo de la unidad».

A su llegada a la ESMA el 28 de febrero de 1975, después de un confuso episodio en que no se tomó en consideración su pedido de ser trasladado del servicio de inteligencia, los altos oficiales Arduino, Ramón González y Jorge Suppicich lo elogiaron con entusiasmo. En particular, Suppicich encontró en él «capacidad de atención distribuidas con muchas tareas a la vez, unido a un ritmo de trabajo que no reconoce horarios». En este último punto coincidirán, infelizmente para ellos, muchos de los sobrevivientes, que debían soportarlo a toda hora, con llegadas intempestivas y fuera de toda previsión.

Con la maquinaria torturadora y matadora a marcha plena en el centro clandestino, las aprobaciones y buenas calificaciones continuaron sin descanso. Rubén Chamorro escribió sobre él: «Es el oficial más completo que he conocido en mi carrera, con la importantísima acotación que lo estoy evaluando en tiempo de guerra real». Por eso lo propuso para que recibiera la condecoración por «Heroico Valor en Combate». Y corroboró Massera: «He verificado a lo largo de dos años su desempeño en tareas operativas, su aptitud excepcional para el Comando».

Posteriormente, el capitán de navío Osvaldo Casal, al evaluarlo para el período del 1-9-1979 al 4-2-1980, refiere un hecho que parece haber frustrado fuertemente al represor, al malograrse la pretensión de permanecer en España:

Conocí al capitán Acosta en condiciones muy especiales y lo he tratado en tres o cuatro oportunidades en Madrid durante mi permanencia como agregado naval en España. Aprecio que las actividades cumplidas en el país sumamente intensas y difíciles lo afectaron como es natural en estos casos. Su situación en España en las condiciones que él aspiraba no eran compatibles con su seguridad, la de su familia, y comprometían a la institución y al país. Con buen criterio entendió y aceptó regresar al país.

Durante esos meses en España, no se privó de viajar a Buenos Aires para hacer reiteradas visitas a la ESMA.

Con la aproximación de la democracia también fue creciendo su aislamiento. Sentía que la Armada le había soltado la mano y que ya no le daría lo que, creía, se había ganado. Entre el 30 de junio y el 20 de diciembre de 1983 fue destinado al comando de la Flota de Mar, como jefe del Departamento de Comunicaciones y Departamento de Inteligencia. El almirante Eduardo Morris Girling lo evaluó positivamente, aunque mencionó la «secuela» de «su muy activa participación en la guerra antisubversiva». Pidió que la Armada lo respaldara para que pudiera superar «las dudas que hoy lo aquejan sobre las circunstancias futuras de su carrera».

El represor recibió reconocimientos protocolares en España, Chile y Perú, de poca monta, diferentes de la condecoración al «Heroico Valor en Combate», como había propuesto Chamorro. Ya en juicio, Acosta se declaró honrado. «Le agradezco a la Armada que me haya contemplado en esta situación, está prevista en el reglamento general del servicio naval.» Agregó que «los premios y recompensas no fueron regalos de alguien para algunos, yo estoy convencido que a lo mejor yo no me lo podía merecer». El reconocimiento, claro, vino de Massera, su admirado jefe, que quería darle lustre a sus exterminadores preferidos antes de ceder la comandancia a Armando Lambruschini y a la vez usarlos para fortalecer su proyecto político personal.

En el juicio ESMA II, Acosta intentó sin embargo diluir la relación y despistar a los jueces sobre los servicios prestados al jefe a partir de 1979. Habló sobre «algunos» que «trabajaron en un lugar llamado Zapiola» y

(…) otros en la oficina de Massera, a donde fui algunas veces, muy pocas, a tratar de visitarlos. No tenía nada que ver yo con la Unidad de Tareas, es decir, ¿vino Acosta? Sí, pudo haber venido Acosta, pero ¿qué tenía que ver con la Unidad de Tareas Acosta? A lo mejor era porque era amigo de una persona, y solamente una vez me dejaron entrar.

Sin embargo, como consta en la causa, luego se ubicó a sí mismo en funciones mucho más significativas:

Desde el exterior se profundizó la tarea en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y embajadas, el tema del trabajo para el almirante Massera, conllevaba la imperiosa necesidad de darles un quehacer diario a los agentes de inteligencia, pues realmente, había un gran potencial político (…) a ellos les facilitamos todos los documentos sobre el proceso y dijimos, si dentro de los documentos del proceso puede el almirante Massera ser quien viabilice la salida, bueno piensen, trabajen…

Es que, fracasado el objetivo de copar la Junta Militar y disputarle el poder al Ejército, y pasado a retiro, Massera siguió bregando por su máxima aspiración: la presidencia de la Nación. Su intento derivó en la creación del Partido para la Democracia Social, que se diluyó sin pena ni gloria una vez que volvieron a la legalidad los partidos históricos de la política argentina. Ya en democracia, los juicios a la Junta terminaron por disolver la figura de Massera.

Durante la Guerra de Malvinas, Acosta estuvo destinado al Comando de la Flota de Mar Puerto Belgrano, con el cargo de jefe del Departamento Personal e Inteligencia, entre el 2 de enero de 1982 y el 6 de marzo de 1984. Sirviéndose de disposiciones del gobierno democrático al que descalificó en declaraciones reiteradas, se presentó el 24 de mayo de 2007 ante oficinas de la ANSES, para gestionar la «pensión honorífica de guerra» prevista en el decreto 886/2005 del Poder Ejecutivo Nacional para oficiales y suboficiales retirados, en baja voluntaria u obligatoria, que hubieran estado «destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas o entrado efectivamente en acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur».

Aunque como dijo el ex combatiente Ernesto Alonso solo la Armada pudo llegar a la interpretación de que Acosta alcanzó ese involucramiento en operaciones, el beneficio le fue concedido. Sin embargo, los pagos fueron luego suspendidos por la ANSES, al tomar en cuenta las imputaciones por delitos de lesa humanidad, como jefe de inteligencia de la ESMA. Él recurrió a la justicia y obtuvo un primer fallo favorable, de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que argumentó que en ese momento estaba procesado, no condenado. El organismo apeló y la controversia llegó a la Corte Suprema, que sentenció en septiembre de 2015 en contra del demandante, al recordar que en fallo anterior había rechazado un recurso extraordinario del represor contra la condena por delitos de lesa humanidad.

La adversidad de esta decisión judicial se compensó con el triunfo electoral derechista el 22 de noviembre de 2015, que a los criminales como Acosta les abrió expectativas de un cambio de la política estatal de memoria, verdad y justicia. Unas promesas vacilantes de mantener los juicios hechas por las nuevas autoridades no alcanzaron por esos días para despejar un mar de dudas. Eso explicó el clima de celebración que hubo en los penales donde los represores cumplían condenas, como el de Ezeiza.

Allí estaba recluido Acosta, quien en lo personal no tuvo sin embargo mucho para festejar, ya que solo tres días antes la fiscalía había pedido ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, en la causa ESMA III, la condena a prisión perpetua, junto a otros cincuenta y un represores del centro clandestino.

CAPÍTULO VI

Jorge Bergés: parirás con dolor

Capaz de envalentonarse al punto de advertir que ni el genocida Jorge Rafael Videla podría revertir una orden suya, corajudo para administrar las dosis de tortura a detenidos sin la menor posibilidad de defensa, pero pusilánime hasta declarar ante la justicia que solo obedeció órdenes, Jorge Antonio Bergés dice de sí mismo que cursó medicina, que adquirió esos conocimientos con el fin de «servir mejor» a su sacrosanta policía de la provincia de Buenos Aires, que le dio buenas dosis de protección y cobertura hasta varios años después de la recuperación de la democracia, en 1983. Podía, al mismo tiempo, darse por enfermo casi totalmente inmovilizado, en estado «vegetativo», y burlarse y tirar besos desde el jardín de su casa en Quilmes a personas que lo increpaban ocasionalmente, por conocer su trayectoria de apropiador de bebés y torturador.

Apenas veinticuatro horas después de ser el orientador y la guía de una sesión de torturas, para que la picana eléctrica fuera usada hasta el umbral mismo de la muerte, se presentaba en un calabozo y preguntaba a una víctima, en tono educado: «¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?». Asumía entonces su papel profesional, revisaba heridas, administraba calmantes y tranquilizaba: «Vas a estar bien».

El doctor, hombre de comportamiento correcto con los vecinos, como dicen algunos de ellos, tiene un extenso palmarés en maniobras para eludir ante los jueces la responsabilidad por las monstruosidades que cometió, a veces con cobertura generosa de «su» policía. El cambio progresivo de las condiciones generales en el país hizo que se le redujera su margen de acción, aunque a mediados de 2015 salió del penal/hospital de Ezeiza, beneficiado con prisión domiciliaria, en tanto esperaba otro juicio oral ya que Jorge Julio López, el testigo desaparecido el 18 de septiembre de 2006, clave para el encarcelamiento del ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, había declarado que lo vio en la Comisaría 5º de La Plata.

El médico, junto con los ex policías Julio César Garachico, Luis Raúl Ponce y Pedro Raúl Muñoz, estaba a las puertas de otro juicio. El Juzgado Federal Nº 1 de la capital provincial concluyó en abril de 2015 la investigación preliminar y corrió vista del expediente a las partes, como es de rigor en los pasos procesales previos para elevar a juicio oral y público esta causa emanada del Circuito Camps. La imputación se refería al asesinato de Ambrosio de Marco y Patricia Dell’Orto. López declaró que en el primer día que pasó en el centro clandestino Pozo de Arana fue sacado de la celda por Etchecolatz y otros represores. Lo describió así: «Un grupo de picaneadores, en el que reconozco a algunos, como Garachico». Luego mencionó a otros que vio en la Comisaría 5º, recordó a Ponce y a Muñoz, quien le dio un cigarrillo, y a Bergés.

El incansable andar por infinidad de cuevas del terrorismo de Estado para disponer de las víctimas hasta un punto que, se dirá mucho después, puso en peligro la misma conciencia humana, es lo que motivó que se le concediera una condecoración por «Actos Distinguidos de Servicio», en resolución del 2 de noviembre de 1977. Decía:

El mencionado oficial actuó en numerosos hechos y enfrentamientos, dejando demostrado un alto grado de responsabilidad, como así también amplios conocimientos profesionales, sumamente valiosos de por sí, y una auténtica vocación policial, sin ninguna apetencia personal e impulsado solamente por su patriótico deseo de cumplir con el deber.

Así, la superioridad decidió felicitarlo y condecorarlo por «la excelente labor desarrollada».

El «doctor Mengele», como una parte de la prensa lo llamaba durante los 80 y 90, apiló estos «actos distinguidos» en los centros clandestinos del Circuito Camps, entre ellos Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, partido de Quilmes, y en el COTI Martínez, Centro de Operaciones Tácticas, instalado en el Departamento Nº 16 del Cuerpo de Camineros de la Bonaerense en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. El aparato represivo los usó especialmente para confinar a funcionarios del gobierno provincial destituido en 1976, que conducía Victorio Calabró. Los secuestrados fueron, entre otros, Ramón Miralles, ministro de Economía; Alberto Liberman, de Obras Públicas; Pedro Goin, de Asuntos Agrarios; Héctor Ballent, director de Ceremonial y Prensa; y Rubén Manuel Diéguez, diputado provincial. Coincidieron en ambos con los periodistas Jacobo Timerman, Rafael Perrota, Juan Ramón Nazar y Osvaldo Papaleo.

Ballent fue secuestrado el 15 de mayo de 1977 en La Plata y sometido a tormentos en COTI Martínez y Puesto Vasco. Liberado el 30 de septiembre de ese año, fue testigo en varios procesos en los que dio cuenta de la presencia de Bergés, entre ellos el juicio oral de 2007 contra el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich.

También lo inculpó en los Juicios por la Verdad, cuando declaró, en septiembre de 2000:

Un día me encuentro con este Bergés y le digo: qué pedazos de asesinos que son ustedes. Porque no solamente está (la) criminalidad en el acto de la tortura, sino la prolongación de la vida o del poder o de obligarlo a hablar al individuo, porque en la tortura uno termina agotado; si está estaqueado, termina agotado. Pero cuando comienza a flaquear, ellos tenían una botella de un litro de Efortil, entonces lo tocaban y cuando gritaba, un chorro de Efortil en la boca y lo dejaban descansar. Venía este médico, le tomaba el pulso, lo palpaba, decía: sigan o paren… Entonces yo le manifiesto: qué pedazo de criminal que sos, ¿no te da vergüenza haber estado seis años con el culo pegado a una silla para recibirte de médico y ahora practicás la medicina de esta manera?

Ballent es una de las numerosas víctimas que recordaron los cambios frecuentes de fisonomía del represor, mediante el uso o no de bigotes, barba y pelucas.

«Actos distinguidos»: Ramón Miralles quedó en manos de los represores el 23 de junio de 1977, poco después de que habían corrido la misma suerte sus dos hijos, sus dos hermanos, su esposa, su nuera y la empleada doméstica, todos capturados para forzarlo a él a que se presentara. Pero aun cuando fue secuestrado, varios de ellos siguieron en cautiverio.

El ex ministro de Economía declaró en varias instancias, como el Juicio a las Juntas y los Juicios por la Verdad. Esos testimonios fueron incorporados en los procesos a Von Wernich y el del Circuito Camps y en ellos relató que el calvario familiar comenzó cuando él puso públicamente en discusión la afirmación del interventor militar Ibérico Saint-Jean sobre un estado desastroso de las finanzas provinciales, argumento que preparaba la aplicación de un ajuste sin límites, con miles de despidos, a excepción del aparato de seguridad. «Fui a parar a COTI Martínez. Me encadenaron una semana a una cama.» El ex ministro declaró en 2000 que Von Wernich y Bergés asistían a las extensas sesiones de tortura, orientadas a que confesara o diera datos que sirvieran para acusar a Calabró. El doctor le suministraba un líquido para prevenir un fallo cardíaco.

En esas sesiones escuchó que el doctor hablaba de su necesidad de que fuera tiroteada una casa para desvalorizarla y comprarla después. Miralles fue liberado el 24 de agosto de 1978, cuando en la comisaría de Monte Grande un oficial de las Fuerzas Armadas le pidió disculpas: «Me dijeron que se había cometido un error».

Los familiares, varios secuestrados por una patota policial a cargo de Norberto Cozzani, vieron a Bergés más de una vez. Su hijo Carlos relató que su esposa embarazada fue obligada a escuchar sus gritos por las torturas y vio cómo el doctor le arrojaba un baldazo de agua, molesto porque sufría pérdidas de sangre, en tanto Julio Miralles supo de víctimas a las que les suministraba una inyección letal.

En 2012 el médico fue condenado a veinticinco años de prisión en el proceso por el Circuito Camps por estos y otros crímenes.

Jorge Antonio Bergés nació el 27 de agosto de 1942 en Avellaneda. Mientras aún vivía en la casa familiar de Alsina 210 de esa localidad, con apenas veintidós años ingresó a la Policía Bonaerense. Comenzó a estudiar medicina en La Plata en marzo de 1960, con egreso y jura como profesional el 21 de diciembre de 1972. Se especializó en ginecología en tanto avanzaba rápidamente al grado de oficial subayudante, que desempeñó en la Comisaría 3º de Avellaneda. Se casó el 5 de julio de 1967 con Silvia Magdalena Manegali, quien lo ayudará luego en sus maniobras para escapar de la justicia. El matrimonio se instaló en Lomas de Zamora. En 1973, cuando ya había nacido su primer hijo, Ramiro, el médico comenzó a trabajar en el hospital de Wilde. Se mudaron a la casa de la calle Magallanes 1441, de Quilmes. En 1974 nació la segunda hija del matrimonio, María Eugenia Bergés, y al año siguiente el tercero, Santiago. En su legajo policial está escrito que entre 1976 y 1980, cuando ya gozaba del grado de comisario, se desempeñó «en comisión» en la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, a cargo de Etchecolatz.

Como ocurrió con centenares de represores, la justicia se tomó su tiempo para condenarlo, en parte porque fue además uno de los beneficiarios directos de las leyes de impunidad aprobadas durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Ya el informe Nunca Más lo incluyó con testimonios en los que es llamado torturador, asesino y ladrón de niños. Sobrevivientes de la represión declararon ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) que lo habían visto o padecido en los centros clandestinos dependientes del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo de Suárez Mason y Ramón Camps. Están allí también los primeros indicios de su acción sistemática en la atención de partos para apropiarse de recién nacidos y fraguar las partidas de nacimiento para darlos en adopción. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo denunció en particular como responsable del secuestro y posterior desaparición de Silvia Isabella Valenzi y otras veinte personas. La muchacha había sido secuestrada en diciembre de 1976 en La Plata. Tenía veinte años y llevaba un embarazo de cuatro meses. Fue torturada en centros clandestinos en los que el médico se movía con comodidad y trasladada, el 2 de abril de 1977, al Hospital Isidoro Iriarte, de Quilmes. Hasta allí la llevó Bergés. Allí dio a luz a su hija Rosa. De allí la retiró el médico en una camioneta custodiada por la Policía Bonaerense.

Una reconstrucción que pudo concretarse mucho después permitió establecer que fue llevada al centro clandestino Pozo de Banfield. Silvia Isabella fue vista allí por Adriana Calvo, testigo clave en el Juicio a las Juntas, una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y también víctima directa de Bergés. Ella, después de haber dado a luz en condiciones pavorosas y de saber de otras víctimas que habían pasado por idéntica situación, no podía creer lo que escuchaba de boca de Silvia Isabella: que había parido en un hospital municipal, lo que le permitió dar sus datos a la partera María Luisa Martínez de González y a la enfermera Generosa Fratassi para que se comunicaran con su familia. Muchos años después supo Calvo que esa jovencita, apodada «La Gata», era Silvia Mabel Isabella Valenzi, y que no estaba delirando sobre el parto en el hospital y sus esfuerzos por salvar la vida y la de su hija.

El informe sobre maternidades clandestinas de Abuelas de Plaza de Mayo incluye el parto en el hospital, cuya guardia de obstetricia estaba a cargo del médico Horacio Justo Blanco. Este profesional se opuso a que una custodia policial ingresara a la sala de partos, como había pretendido Bergés. A las 3:15 del 2 de abril de 1977 nació la niña. Su condición de prematura hizo que fuera llevada al sector de neonatología. Pocas horas después del parto regresó Bergés, se llevó a la flamante mamá, que debía hacer reposo, y la colocó en la caja de una camioneta custodiada pero sin identificación, que la trasladó al Pozo de Banfield. Fratassi y Martínez de González le enviaron una carta anónima a la familia de Valenzi. Relataban que Rosa había nacido en el hospital de Quilmes. Poco después, fueron secuestradas e integran la lista de desaparecidos.

El doctor Blanco no solo enfrentó la orden de Bergés e impidió que una patota de represores ingresara a la sala de partos: dio testimonio sobre estos hechos ante la Conadep, involucrando directamente al médico, a lo que atribuyó el atentado que sufrió en su casa, cometido el 24 de abril de 1987, así como la sucesión de amenazas de muerte que lo precedieron. Una bomba fue colocada debajo del automóvil que estaba en el garaje, en ese momento abierto. Aún se conmovía, veintiocho años más tarde, al recordar aquellos hechos, porque la onda expansiva por casualidad no alcanzó a sus tres hijos, quienes en ese momento tenían su dormitorio en la parte delantera del inmueble. El médico resolvió enviar a su familia a La Plata pero él se quedó en Quilmes, porque tenía que trabajar: «Dormía con un revólver debajo de la almohada. Nunca tuve custodia. ¿Quién me iba a proteger? ¿La misma policía que me había puesto la bomba?».

Además, tras el testimonio ante la Conadep, Bergés pasaba con su auto frente a la casa de Blanco, en la calle Guido. «Pasaba impunemente con su coche. Él y la mujer pasaban por mi casa. Él no decía nada, pero la mujer algo decía, probablemente me insultaba», agregó el médico obstetra. Eran tiempos de tanta impunidad que Bergés, ante una consulta de la revista La Semana sobre el atentado, respondió con aparente ironía: «Yo puse la bomba, ¿no es cierto?». Pero Blanco no se dejó intimidar y dio testimonio en el Juicio a las Juntas, en los Juicios por la Verdad, en el proceso contra Bergés y Etchecolatz de 2004, por la apropiación de Carmen Gallo Sanz, y en el de 2010, por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio. Conocía a Bergés por la especialidad de ambos. Y en una entrevista realizada en 2015, recuerda con precisión que Silvia Valenzi estaba más preocupada por su hija que por sí misma. «Le dije que la nena estaba en buenas manos, que la llevaban a neonatología, que ahí iba a tener los cuidados que necesitara. Atendí el parto y ahí puse, de puño y letra en el libro, el nombre de Valenzi, la edad que tenía, que había tenido su parto. Y después de eso, creo que la dirección médica lo borró, groseramente». A la vez, la historia clínica desapareció, al tiempo que la dirección del hospital negó información a la familia.

El rastro de la recién nacida se perdió para el doctor Blanco. «No hay certificado de defunción ni hubo cuerpo. Pregunté informalmente a los neonatólogos y me dijeron que había fallecido por prematura. Pero jamás hubo cuerpo y la familia la sigue buscando.» Bergés acompañó el traslado desde el hospital en la camioneta sin identificación, según datos que reunió la hermana de Silvia, Rosaria, quien entre muchas otras acciones inició una causa en Lomas de Zamora a cargo del juez Julio Piaggio, por la cual Bergés fue detenido en 1985, «por el caso de mi hermana y por el caso Timerman y Adriana Calvo de Laborde. Queda detenido pero a los dos años lo liberan por la Obediencia Debida».

La cobertura conseguida por el médico represor en el Hospital Isidoro Iriarte fue amplia, demostrando una gran capacidad de operación territorial. La protección que le dio la Bonaerense después de 1983, junto con las complicidades de parte del sistema judicial y la falta de una política de Estado por la verdad y la justicia, crearon condiciones muy adversas para dar con el rastro de las vidas de las que Bergés dispuso, pese a que en los primeros años de democracia Enrique de Vedia dio a conocer, a nombre de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Provincia de Buenos Aires, doce partidas de nacimiento firmadas por el médico represor, basándose en una investigación realizada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Carmen Gallo Sanz, hija de los desaparecidos Aída Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro, ambos uruguayos víctimas del Plan Cóndor, la represión coordinada por las dictaduras del Cono Sur, nació el 27 de diciembre de 1977. Bergés asistió al parto, falsificó el acta de nacimiento y entregó a la recién nacida a un matrimonio de civiles sin vinculación con las Fuerzas Armadas, Horacio Enrique Fernández y Marta Noemí García. Concretó la entrega en una clínica de Quilmes en la que trabajaba, ubicada en Hipólito Yrigoyen 515, donde hoy funciona un bar nocturno. Veintidós años pasaron para que se estableciera la verdad. Clara Petrakos, quien buscaba a una hermana suya nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield —un caso en el que se presume que Bergés no asistió al parto pero sí que pudo haber firmado el acta de nacimiento falsa—, se acercó a Carmen Gallo Sanz y la acompañó para que se hiciera estudios que determinaron la identidad verdadera. Los padres de Carmen le habían informado que era adoptada y la justicia los absolvió, porque los consideró sin responsabilidad en la apropiación, porque Bergés les había dicho que la beba había sido abandonada por una madre soltera. «A partir de eso, ellos tuvieron todo un papelerío que les hizo creer que era una adopción legal, con un abogado puesto por Bergés. Se hicieron unos trámites de adopción supuestamente legales».

Por esta apropiación, Bergés y Etchecolatz recibieron en 2004 una condena a siete años de cárcel. En el proceso, el médico negó todo; en la ampliación de declaración indagatoria se le exhibió la constancia de nacimiento de Carmen, ante lo cual tuvo que reconocer haber escrito el documento de puño y letra, firmado y sellado. Y también la dirección que figura en él, que era la de su consultorio en Quilmes. Sin embargo, como consta en el fallo, «desconoció todo lo restante del documento refiriendo que hizo toda la parte superior pero a partir de su firma en la primera parte del certificado pierde el dominio del acto.»

Compartió esta condena con Etchecolatz, visitante de su casa de Quilmes y a quien presentaba a los vecinos como amigo y compañero de trabajo. A la vivienda de la ex calle Magallanes, renombrada después Madres de Plaza de Mayo, en un barrio de construcciones bajas y árboles frondosos, el matrimonio llegó desde Lomas de Zamora como una familia común, con el hijo Ramiro, a la sazón también policía. El 21 de enero de 1974 nació María Eugenia y el 28 de enero de 1975 el tercer hijo, Santiago.

El represor que en los pozos del horror disponía de la vida y de los cuerpos y ordenaba preservar a las embarazadas con el plan de apropiarse de sus hijos, por lo que ordenaba a la tropa violar a las rehenes que no estaban encinta, actuaba correctamente en el barrio, cuidaba la casa de ladrillos a la vista, con jardín pequeño al frente, ventanal grande, rejas pintadas de verde y garaje con portón de madera. Los hijos fueron creciendo y haciéndose amigos en el barrio y él mostraba gran dedicación a sus perros, con los que gustaba jugar a solas y a los que les permitía dormir en los sillones de pana verde del living, junto a un número cambiante de gatos y frente a paredes en las que había colocado para su lucimiento escopetas, revólveres y pistolas, entre treinta y cuarenta piezas que parecían custodiar una repisa en las que se veían fotos de militares. Algunos visitantes de aquellas épocas recuerdan un olor nauseabundo en la casa, por la orina de los gatos, y momentos en los que el médico se encerraba en su habitación, carente de ventanas, aparentemente a mirar televisión.

Para muchos habitantes de la zona era imposible, en aquella época, descubrir al criminal detrás de la máscara de buen vecino, como relata el periodista Leonardo Boix en su poema «Los mandados», dedicado a la presidenta de las Abuelas, Estela de Carlotto:

Cada mañana salía,

a hacer muy contento sus mandados,

con sus perritos de raza, dálmata, el setter colorado

a buscar el diario, el pan, los cigarrillos,

a papá lo invitó incluso a su barco

para navegar por el delta del Tigre

y tomar mate, peperina

mientras el sol aplastaba los camalotes.

Los tres hijos fueron enviados al Colegio Alemán Eduardo L. Holmberg, de Quilmes, porque el padre quería que aprendieran ese idioma. A pesar de un clima de severidad, los niños tenían permiso para invitar amigos a la pileta habilitada en el patio no muy grande de la casa y se celebraban los cumpleaños. Al menos en uno de ellos estaba Etchecolatz, a quien Bergés presentó como un «amigo cercano» de la policía de Quilmes.

Bergés solía llevar de vacaciones a su familia a la ciudad costera bonaerense de San Bernardo, aunque una vez la familia viajó a Orlando, Estados Unidos. Según el relato de un vecino, eso ocurrió a fines de los 70 o comienzos de los 80. Eran épocas de prosperidad para el médico, quien ya tenía su clínica en la calle Rodolfo López en Quilmes Oeste, y también tiempos en los que la Policía Bonaerense lo condecoraba por controlar que las personas no murieran entre palizas y descargas eléctricas. Mientras sus niños crecían y festejaban cumpleaños con amigos del barrio, Bergés se dedicaba a dar en adopción a hijos de parturientas cautivas, vejadas y luego desaparecidas.

La bonanza entró en declinación cuando empezaron a caerle las causas. A mediados de los 80, aun con el avance dificultoso de la justicia, se aisló y solo salía a la calle para pasear a sus perros, comprar el diario Clarín, su preferido, y cigarrillos. Su esposa también dejó de hablar con los vecinos.

Como se dijo, testimonios reunidos por la Conadep ya habían señalado al médico torturador pero, además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tomó su caso y tras presentar una denuncia judicial anunció, el 16 de febrero de 1985, que la Policía Bonaerense lo daba de baja por las acusaciones de participación en las violaciones a los derechos humanos. El testimonio del doctor Blanco, al identificarlo como responsable en el caso de Valenzi, fue un elemento fundamental. Pocos días después, el 8 de marzo, el juez federal de Lomas de Zamora, Julio Amancio Piaggio, hizo lugar al pedido de detención y procesamiento de Bergés presentado por Marcelo Parrilli, letrado del CELS y apoderado de una querella que comprendía a veintiún personas detenidas-desparecidas en el Pozo de Banfield. El arresto se produjo después de los testimonios del periodista Jacobo Timerman y del director de Ceremonial durante el gobierno de Victorio Calabró, Héctor Mariano Ballent, quienes lo habían visto supervisando torturas y atendiendo a detenidos en varios centros clandestinos. En particular, Timerman declaró que el médico estuvo presente «durante y después de las sesiones de tortura», colaborando con los represores en Puesto Vasco, y en el despacho del entonces jefe de la Policía Bonaerense, general Ramón Camps, en varias ocasiones.

Ante la orden de detención, el represor eligió, en principio, una táctica que aplicó después en otros procesos, negarse a la declaración indagatoria. Quedó procesado, a disposición del juzgado, y fue llevado a la división Avellaneda de la Policía Federal Argentina. Pero el CELS, a través de Parrilli, denunció que Bergés no estaba recluido en celda o calabozo y que se le permitía circular «libremente por todas las dependencias de la unidad policial», además de dormir «algunas noches en su propio domicilio». Eran las primeras evidencias de la cobertura que los aparatos policiales y militares daban a los acusados de los delitos más aberrantes. Parrilli reclamó a Piaggio una inspección ocular de la delegación policial y que impusiera al acusado condiciones de detención que guardaran correspondencia con la envergadura de las acciones atribuidas, descriptas por Timerman en el Juicio a las Juntas:

Había otra persona que me tiraba de la lengua para afuera y me ponía un instrumento en la boca para que no pudiera, pienso, apretar los dientes o morder la lengua. También me apuntaba constantemente al corazón y constantemente me tocaban la cintura, no sabría decir por qué motivo. Después de la sesión de tortura me quedé bastante mal, especialmente con un terrible dolor en las encías, en donde me habían aplicado descargas eléctricas, me tiraron en una celda, me gritaron «flojo» y ese tipo de cosas. Yo estaba todavía tapiado y una persona se acercó a la reja y me preguntó cómo me sentía, y le dije que me sentía muy mal. Me dijo: sáquese la venda de los ojos. Me la saqué, me miró las encías y me dijo: no le va a pasar nada, no se preocupe, yo soy el que lo atendí en la cama. Era el doctor Bergés.

Camps interrogaba al periodista entre sesiones de tortura porque quería obtener una confesión en contra de los Graiver, dado el plan dictatorial de entregar Papel Prensa a Clarín y sus socios. El doctor le dio un consejo: «Sea realista, diga las cosas que le piden porque si no le inyecto algo y usted va a hablar sin fin todo lo que nosotros queremos».

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se sirvió de las debilidades políticas del gobierno y, al tomar a su cargo la causa que instruía Piaggio, le dio la libertad a Bergés en diciembre de 1985. Semanas después el entonces jefe de la Bonaerense, Walter Stefanini, se basaba en esta decisión de la «justicia militar» para anunciar que el médico se reincorporaba a sus funciones en la Dirección de Servicios Sociales.

Aún en este contexto lleno de trabas y contramarchas, en abril de 1986 la Cámara Federal se encaminó a la primera condena al médico torturador. Le dictó prisión preventiva, junto al comisario retirado Luis Héctor Vides, por los delitos de tormentos a personas privadas ilegalmente de la libertad. El tribunal estableció que su tarea había sido, desde marzo de 1976, vigilar los límites de la tolerancia física en las sesiones de tortura, y le trabó embargo por 30.000 australes para afrontar la indemnización por los daños causados.

Esta resolución abarca una parte de la larga galería de víctimas del doctor de Quilmes: Timerman, Adriana Calvo de Laborde, Héctor Mariano Ballent, Juan Ramón Nazar, Ramón, Carlos Enrique y Julio César Miralles. «No obstante la negativa del procesado Bergés en su indagatoria acerca de su participación en los tormentos padecidos por aquellos, las constancias acopiadas tienen mérito suficiente para creer que es responsable.»

En octubre de 1986 la Fiscalía pidió reclusión perpetua para Camps y Etchecolatz, por su responsabilidad en al menos quinientos hechos delictivos. Julio César Strassera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, solicitaron veinte años de reclusión para Bergés, quien luciendo peinado cuidado, traje marrón claro y anteojos alegó el 12 de noviembre, valiéndose de unos gráficos que había hecho con marcadores de colores y apoyándose en un escrito que llevó dentro de una carpeta roja. Descalificó la labor de los fiscales y embistió a los testigos, dándolos por «preparados» por Marcelo Parrilli y Augusto Conte. Les atribuyó la búsqueda de «rédito político» a Osvaldo Papaleo, «económico» a Pablo Díaz, una de las víctimas de la Noche de los Lápices, y «propagandístico» a Calvo de Laborde. Presumió indignación histórica para justificar la monstruosidad: «Se está juzgando a las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires por haber hecho frente a la agresión terrorista», dijo, para caer después en una rara combinación de cobardía y orgullo: «Mi participación fue modesta, pero cumplí con mi deber, cumplí con las órdenes recibidas de mis superiores». No se privó de algunas referencias rebuscadas, como cuando se le escuchó: «Bergés, por su carácter, se hace conocer más que otras personas». Tras cartón se definió como víctima de una campaña que pretendió, dijo, «definir en mi persona el perfil del Mengele argentino», para deslizarse luego al terreno del delirio político, al afirmar que medios periodísticos buscaban destruirlo por estar dominados por el CELS.

Sin embargo, no se trataba de un enajenado, sino de alguien completamente consciente de sus actos. Lo había verificado la justicia y quedó estampado en un informe psíquico realizado a pedido del titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Guillermo Ledesma. Los peritos describieron a una persona de conciencia lúcida, en «actitud comunicativa» y con «palabra clara», asociaciones de ideas «lógicas y coherentes», en fin, juicio, comprensión y percepción que la ciencia da por «normales», así como poseedor de «criterio para discernir la naturaleza de sus actos y dirigir sus acciones».

Llegó entonces la primera condena, adoptada el 2 de diciembre de 1986 por la Cámara: veinticinco años de prisión a Camps; veintitrés a Etchecolatz; catorce al general Ovidio Pablo Riccheri, seis a Bergés y cuatro al cabo Norberto Cozzani. La sentencia se refirió solamente a la aplicación de tormento reiterado a dos víctimas, Timerman y Miralles. El tribunal mencionó el agravante por su condición de médico, «habilitado y capacitado por la sociedad para paliar el dolor de sus semejantes, mientras aquí resulta condenado por haberlo infligido de modo particularmente cruel».

Pero Bergés fue beneficiario directo de la Ley 23.521, de Obediencia Debida. Su esposa, Silvia Manegali, presentó el 17 de junio de 1987 un hábeas corpus para reclamar la aplicación de la norma, que la Corte Suprema había dado por constitucional. Una semana después el médico estaba en libertad y, enardecido, no demoró en el intento de recuperar títulos, posiciones y privilegios. Lo hizo de manera prepotente en el Colegio Médico de Avellaneda. Miembros de la institución relataron que llegó a preguntar incluso por el médico que había firmado el retiro de su matrícula profesional, que le fue devuelta, lo que le permitió volver a ejercer como ginecólogo y obstetra en la Clínica San Lucas, ubicada en Rodolfo López 226, Quilmes Oeste. La revista La Semana, que en nombre de un periodismo desenfadado les daba espacio frecuentemente a los responsables del terror, lo buscó para publicar, el 21 de octubre de 1987, declaraciones suyas: «Sí, estoy ejerciendo como obstetra».

También gestionó, el 5 de agosto, la admisión en el Círculo Médico de Quilmes. La comisión directiva resolvió rechazarlo pero, ante la magnitud de la determinación, dispuso que el tema fuera tratado en asamblea extraordinaria convocada para el 16 de octubre, recordó el doctor Miguel Maiztegui, médico pediatra, por entonces vocal titular. Mientras se desarrollaban estos procedimientos, el represor llegaba a la sede del círculo, unas veces de chaqueta blanca y pantalón, otras de traje, y exhibía ostensiblemente un revólver calzado a la cintura. Actuaba como capataz de estancia, como mandamás: saludaba con un beso a la secretaria, Elena Suárez de Atienza, lanzándole un confianzudo «Hola, Elenita», se sentaba sin ser invitado y ponía el arma encima del escritorio, para preguntar: «¿Cómo anda la solicitud de ingreso?».

Maiztegui recuerda que a pesar de este aparente arrojo, Bergés hacía ese despliegue cuando sabía que no estaban los miembros de la comisión directiva. No obstante, los médicos tenían sus temores: «Pensamos, el día de la asamblea, que iba a caer con un chumbo». La reunión, que contó con la participación del doctor Justo Blanco, había sido convocada para las 21 y concluyó alrededor de la medianoche, con 165 médicos que votaron por la no admisión y 2 por el sí; estos, apunta Maiztegui, eran anestesistas que trabajaban en la clínica de Bergés. Un apoyo escaso, en resumen, mientras agrupaciones locales habían acompañado las deliberaciones con movilizaciones del Taller de Convocatoria Popular de Quilmes.

El médico pediatra cree que Bergés buscaba su reivindicación social, quería «votar, hacer listas, presentarse, pedir el club médico para ir a jugar al tenis, todo. Más la facturación, trabajar por obras sociales». Pero el contexto no le era favorable: el avance escaso en el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos motivaba reclamos y movilizaciones crecientes. A fines de 1987, tras la decisión del Círculo Médico de no admitirlo, se formó un Tribunal Ético de Salud para juzgar a los profesionales que habían cometido crímenes de lesa humanidad. A la vez, vecinos, sindicalistas, representantes de organismos de derechos humanos, se movilizaron reiteradamente para reclamar al Concejo Deliberante que declarara persona no grata a Bergés, quien con sus cómplices no se mantuvo quieto. El historiador y director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela, Guillermo Daniel Ñáñez, quien en la época era dirigente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), recuerda que recibió amenazas de «parte de un grupo de civiles de la policía de aquella época». Él y otros luchadores habían pegado carteles en el hospital de Quilmes y en la Clínica San Lucas con una fotografía de Silvia Isabella Valenzi y datos sobre su cautiverio y el nacimiento de su hija, Rosa.

Además del atentado sufrido por Blanco, otro médico, Ricardo Angelino, vocero de las organizaciones movilizadas y entonces subdirector del Hospital Isidoro Iriarte, recibía intimidaciones telefónicas en su domicilio y en la escuela de sus hijos. Aun en ese clima total de inseguridad la militancia en el distrito fue creciendo: se veían calles empapeladas con afiches con el rostro del torturador y el texto: «Quilmes exige justicia. Fue condenado a seis años de prisión y liberado por la Obediencia Debida», junto a leyendas como «torturador» y «mano derecha de Camps». Todo esto redundó, el 27 de octubre de 1987, en que el Concejo Deliberante declarara a Bergés persona no grata. Hubo una movilización y, a las 20:15, cinco integrantes de Madres de Plaza de Mayo y otras personas lograron ingresar a la sala del Concejo y una hora después salieron con la resolución de repudio al médico torturador.

Poco más de un mes después, el 3 de diciembre, sesionó en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires el Tribunal Ético de Salud contra la Impunidad, para juzgar a Bergés y a Jorge Héctor Vidal, también médico de la Bonaerense, colaborador de Camps y acusado asimismo de legalizar apropiaciones de hijos de detenidas-desaparecidas.

El tribunal, organizado por entidades de derechos humanos, contó con un jurado presidido por Ricardo Molinas, entonces titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, e integrado entre otros por el obispo de la diócesis de Quilmes, Jorge Novak, el sindicalista Germán Abdala, la cantante Teresa Parodi y la actriz Soledad Silveyra. Adherían, además, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Asociación de Psiquiatras Argentinos, Facultad de Psicología de la UBA, el Movimiento Solidario de Salud Metal, el Círculo Médico de Quilmes, la Asociación de Trabajadores del Estado, el Departamento de Derechos Humanos de la CGT, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, partidos políticos, Emilio Mignone del CELS, el sacerdote Luis Farinello y Alfredo Bravo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El tribunal escuchó el testimonio de víctimas de la represión que habían declarado ante la CONADEP y la Cámara Federal. En su dictamen, pidió «a las universidades nacionales y provinciales, al claustro académico, a los círculos médicos y a la comunidad, la adopción de medidas que excluyan o impidan el ejercicio profesional y académico a los criminales». Molinas dijo: «Hay médicos que renunciaron a su condición humana para transformarse en bestias». El obispo Novak llegó en un puñado de palabras al nudo de cuanto estaba en juego: «Nos afecta el escándalo de un atropello inaudito a la profesionalidad, por crímenes de lesa humanidad, por falta de ética en el cumplimiento de sus juramentos y porque creemos que está en grave peligro la misma conciencia humana».

Las acciones de Bergés que pusieron en grave peligro «la misma conciencia humana», como dijo el religioso, incluyeron a Pedro Nadal García, quien nació el 29 de mayo de 1975 en Resistencia, Chaco, y fue anotado con el apellido de su madre, Hilda Magdalena García, porque su padre, Jorge Adalberto Nadal, había sido detenido dos semanas antes, por pertenecer al grupo PRT-ERP. Hilda, con sus dos hijos, Carlos y el recién nacido, regresó a Buenos Aires en septiembre de 1975 y siete meses después, el 5 de marzo de 1976, fue secuestrada en Guernica junto con Pedro, quien fue entregado al matrimonio formado por Luis Alberto Ferián y Yolanda de Francesco. El sargento Ferián, quien prestó servicios en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, era amigo personal de Bergés, padrino de uno de sus hijos, como consta en la causa del Circuito Camps. El matrimonio lo inscribió como hijo biológico en la delegación Wilde del Registro de las Personas de la Provincia, con el nombre de Luis Alberto Ferián, usando una partida de nacimiento falsa. La «constatación» del nacimiento llevaba la firma de Bergés. La sentencia en la causa por el Circuito Camps confirmó el delito. La restitución de la identidad fue lograda en octubre de 2004.

Adriana Calvo, nacida en 1947 en Banfield, una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, quien murió en diciembre de 2010, se erigió en una de las testigo clave en varios procesos a Bergés, ya que fue su víctima directa y presenció o escuchó relatos sobre partos clandestinos y robo de niños. Todo ello integró sus testimonios en el Juicio a las Juntas, en los Juicios por la Verdad y en el proceso a Etchecolatz. Licenciada en Física, trabajaba como docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata cuando fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Tolosa, el 4 de febrero de 1977. Estaba embarazada de seis meses y pasó noventa días entre la Brigada de Investigaciones de La Plata, el destacamento de Arana, la Comisaría 5º y el Pozo de Banfield.

En el Juicio a las Juntas, en 1985, relató el parto de su hija, en el piso de un patrullero policial, cuando era trasladada de la comisaría al Pozo de Banfield: «Me dejaron en el auto, abrieron las cuatro puertas, como solían hacer; hacía mucho frío, era de noche, de madrugada; me tuvieron dos horas, tres horas allí, con mi beba llorando en el piso, y yo no podía hacer nada por recogerla; por fin bajó o llegó el médico, el doctor Bergés, cortó el cordón y se fue inmediatamente». Luego la llevaron a una sala con mesadas de azulejos blancos en la que había una camilla donde la obligaron a acostarse. Volvió el doctor y le sacó la venda, «el tabique»: «Ya no te hace falta», le dijo, y ella sintió que equivalía a su sentencia de muerte. «El doctor Bergés me acostó en la camilla y de un solo apretón me sacó la placenta y la tiró al piso, mientras me insultaba.» La beba recién nacida permanecía llorando sobre una mesada, sucia y padeciendo frío. Los guardias trajeron unos baldes y Calvo fue obligada a limpiar el piso, la camilla y su propia ropa. Solo después le permitieron lavar a su hija, con agua fría, y la llevaron con ella a un calabozo, donde pudieron dormir en un catre.

Calvo fue liberada el 28 de abril de 1977. Su hija estuvo casi veinte días con un solo pañal, sucia, con «piojos y úlceras sangrantes». Durante esos tres meses de calvario escuchó sobre tormentos padecidos por otras parturientas, como Silvia Isabella Valenzi e Inés Ortega, quien tuvo a su hijo, Leonardo, en la Comisaría 5º de La Plata, el 12 de marzo de 1977, bajo asistencia del médico represor. Cuando comenzó el trabajo de parto de Inés Ortega, quien tenía dieciséis o diecisiete años, Calvo quiso asistirla: había tenido dos hijos y sabía cómo ayudarla. Pero la adolescente fue llevada a un cuarto contiguo, que usaban para torturar a los rehenes. «Oíamos sus gritos, las risas de los guardias, los gritos del médico y por fin oímos el llanto del bebé; había nacido un varón en perfectas condiciones, aunque no lo crean.»

La investigación de Abuelas de Plaza de Mayo sobre maternidades clandestinas precisa que Ortega pudo estar con Leonardo al menos cinco días, hasta que «los guardias le anunciaron que “El Coronel” lo quería conocer y que este entregaría el bebé a la familia», lo que por supuesto jamás sucedió, fue una atrocidad sobre la atrocidad: Leonardo Fossati estuvo veintiocho años privado de su identidad, que recuperó el 11 de agosto de 2005, después de haberse acercado voluntariamente a la filial La Plata de Abuelas.

Otra sobreviviente del Pozo de Banfield es Adriana Chamorro. Fue secuestrada en su casa de la ciudad de Buenos Aires el 23 de febrero de 1978, igual que su marido, Eduardo Corro. Ambos estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención Brigada de San Justo y luego en el Pozo, hasta octubre.

Como relató en los Juicios por la Verdad, en el Pozo de Banfield había un grupo de veintiún uruguayos secuestrados. Compartió calabozo con María Asunción Artigas de Moyano, embarazada de cuatro meses cuando ella llegó, y quien le contó sobre los partos de Sanz y Casco. Carmen Sanz nació con su mamá esposada a una camilla y después de sufrir sesiones de torturas indecibles. Le sacaron a la niña, le hicieron limpiar el lugar: los guardias seguían una especie de protocolo que se repite en los partos que tienen relación con Bergés. Hasta que, el 15 de mayo de 1978, Aída y otros uruguayos fueron «trasladados al sur», según les decían entonces a sus compañeros de cautiverio.

Chamorro se ocupó del proceso de parto de Artigas de Moyano. Tomaba el tiempo entre contracciones, hasta que Bergés se hizo cargo, señala el informe de Abuelas de Plaza de Mayo: ella sufría recurrentes ataques de epilepsia y por ese motivo se pedía un médico. «Bergés se hizo presente y en esa oportunidad le afirmó que pasara lo que pasara su hija iba a nacer en ese lugar, que ese nacimiento no ocurriría fuera del Pozo de Banfield». El 22 de agosto de 1978 nació la hija de Artigas de Moyano, a quien le dijeron que la niña iba a la Casa Cuna, «le hicieron llenar un formulario donde ella tenía que dar todos los datos familiares, las enfermedades, su nombre, el nombre de su marido (…) cómo se había desarrollado el embarazo». Es decir, el mismo modelo de operación usado con Aída Sanz. La niña, Victoria Moyano, fue apropiada por el hermano de Oscar Penna, jefe de la Brigada de San Justo, y recuperada por Abuelas en 1987.

Yolanda Casco, uruguaya, también desaparecida, dio a luz a un varón, Carlos, en el Pozo de Banfield, en enero de 1978, tras haber sido secuestrada con su pareja, Julio César D’Elía. Carlos fue entregado al teniente de navío Carlos de Luccia y a su esposa, Marta Elvira Leiro. Bergés firmó la partida de nacimiento falsa, fechada el 26 de enero de 1978, que decía que el niño había nacido en Yrigoyen 515, Quilmes. Por la acción de las Abuelas, el juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, ordenó en 1995 los análisis que determinaron la filiación real y los apropiadores fueron detenidos. Leiro intentó defenderse diciendo que había tenido al niño en la clínica de Bergés «por accidente», porque «sintió dolores de parto durante un viaje» y el establecimiento del médico era el más cercano. Por estas acciones el juez le dictó al represor prisión preventiva, con pedido de captura inmediata, bajo los cargos de «sustracción de un menor, falsificación ideológica de documento público y supresión de estado civil». Bergés estuvo prófugo tres meses, hasta que la Cámara de San Martín lo sobreseyó, en noviembre de 1995, por considerar que su delito se limitó a la firma de un acta y que había prescripto. Era el mismo tribunal que dos meses antes lo había eximido del encarcelamiento pedido por el juez, con pago de fianza equivalente a 40.000 dólares de entonces. El médico afrontó la fianza mediante el embargo de la clínica que había comprado en 1978.

Esta causa derivó en el primer juicio oral y público por apropiación de niños llevado adelante por las Abuelas. A Carlos D’Elía se le restituyó la identidad el 6 de mayo de 1998, mientras se condenó a tres años de prisión en suspenso a la apropiadora, Marta Elvira Leiro. De Luccia no fue condenado porque había fallecido dos años antes del juicio, realizado en una única jornada y que terminó con la detención de Bergés por falso testimonio. Poco después fue otra vez liberado porque la Cámara Federal de San Martín volvió a considerar que su delito estaba prescripto.

La dirección dada como lugar de nacimiento de Carlos, Yrigoyen 515, corresponde al consultorio del médico, aunque según el doctor Justo Blanco él no era dueño del lugar: «La de Yrigoyen era una clínica de otros socios en la que él habrá ido a trabajar, era de mayor envergadura». La clínica propiedad de Bergés se ubicaba en Rodolfo López 226 de Quilmes Oeste, donde «había dos o tres consultorios y una sala de quirófano, entre comillas, pues era una sala de abortos y partos clandestinos. Esa clínica después la vendió. Lo hacía porque contaba con la impunidad de la policía». En 2015 funcionaba un bar y local bailable en el lugar, Antigua Terra.

Pablo Díaz, una de las víctimas de la operación represiva La Noche de los Lápices, cometida en septiembre de 1976 en La Plata, fue llevado primero al Pozo de Arana y luego al de Banfield. Dijo en los Juicios por la Verdad, en diciembre de 1998, que Bergés «estaba permanentemente en el Pozo de Banfield», donde se ocupaba de las embarazadas. «Ellas eran para él como algo privilegiado, unas joyas a las que teníamos que cuidar. Él tenía sumo interés en que tuvieran familia. Les decía a los guardias que no se sobrepasaran con ellas. Bergés tenía una frase para sus protegidas: “Con ellas, no. Si tienen ganas, agárrense a las chicas”.»

En el Pozo de Banfield, Díaz tuvo contacto con Gabriela Carriquiriborde, con quien compartió celda. La cuidó cuanto pudo hasta que dio a luz, en diciembre de 1976. «El médico Bergés vino un día y me dice: “Bueno, las chicas ya están por tener”.» Otras prisioneras cuidaron a las parturientas. Pablo Díaz tuvo conocimiento también del parto de Stella Maris Montesano de Ogando, secuestrada con su compañero en la capital bonaerense, el 16 de octubre de 1976, cuando estaba embarazada de ocho meses. Su hijo nació durante el cautiverio en el Pozo de Banfield, el 5 de diciembre de 1976. Tuvo a un varón a quien llamó Martín y al que se lo sacaron inmediatamente, después de haberlo parido en un lugar precario y con los ojos vendados. Ella, su pareja y su hijo permanecen desaparecidos. Cuando Montesano de Ogando regresó a la celda sin su hijo, el 15 de diciembre, tenía una infección en el útero, pero Bergés no se molestó en atenderla. Ella volvió al calabozo con el cordón umbilical de su bebé, «que sirvió como un recuerdo que pudo compartir con el papá de Martín, ya que se lo hizo llegar de mano en mano como prueba de la noticia de nacimiento de su hijo».

Con todas las parturientas se repetía un patrón:

Bergés las cuidaba hasta el nacimiento de los hijos y luego no le interesaba el seguimiento médico. Eran dejadas a su propia suerte. Para él eran un eslabón en una suerte de circuito de producción, un sistema que le permitía traficar con recién nacidos a cambio de dinero, como dijeron varios testigos en los juicios, y que siguió protegiéndolo mucho después.

Pese a la orden de captura del juez Roberto Marquevich, en 1995, el 23 de junio de ese año el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Pedro Klodczyk, declaró:

Bergés sigue perteneciendo a la Policía Bonaerense, cobra su sueldo y está de licencia desde hace cuatro días (…) Creo que algo trascendió de la investigación y optó por alejarse. A mí me parece que se la vio venir y se fue, creo que tuvo de ventaja cuatro o cinco días para ocultarse.

Nadie parecía ser capaz de dar con el reo, mientras la prensa especulaba con una fuga a Uruguay. La justicia mandó allanar su casa de la calle Magallanes, en Quilmes, donde la esposa declaró que él estaba de viaje. Tres meses después, cuando resolvió presentarse puesto que la sala II de la Cámara Federal de San Martín lo eximió de prisión, los abogados dijeron jocosamente que había permanecido permanentemente en la casa. Fue la repetición de un mecanismo que, con tanta protección, rozaba la burla: así había ocurrido en 1985, con la causa seguida por el CELS en Lomas de Zamora, y en 1988, cuando el juez federal de Morón, Juan Ramos Padilla, llevaba un proceso por sustracción de identidad de hijos de desaparecidos. En el momento en que la policía fue a buscarlo, la esposa dijo que había salido de compras.

En 1995, cuando la Cámara de San Martín consideró prescripto el delito por el que Marquevich proseguía la causa, el secretario de Seguridad bonaerense de la época, Alberto Piotti, polemizó con Klodczyk acerca de la reincorporación del médico. En efecto, el jefe anunció la medida «porque se le disculparon todos los cargos que tenía». Piotti le recordó que había entonces una causa pendiente, en el Juzgado Federal de Morón, por sustracción de niños, pero Klodczyk insistió en defenderlo: «Tiene un grado de estabilidad y la ley nos marca pautas que hay que cumplir. Es un derecho que tiene, nos guste o no. Ya cuando fue detenido y luego liberado por la ley de Obediencia Debida lo reincorporamos y tuvimos que pagarle los sueldos adeudados». La cobertura se prolongó hasta 1997, cuando otro secretario de Seguridad, Eduardo de Lazzari, firmó la resolución que por fin desvinculó al represor.

El margen de acción holgado que exhibió para escapar cada vez que la justicia lo perseguía le daba ínfulas a Bergés, que llevaba su actividad profesional a la vista de todos. Vecinos lo recuerdan como muy apegado a su hijo mayor, Ramiro, quien también terminó ingresando a la Bonaerense, y a María Eugenia, a quien tres asaltantes encañonaron el 23 de marzo de 1994 en la Clínica Científica Integral Femenina que el médico tenía en la calle Rodolfo López, para exigirle el dinero de la caja. El médico apareció con una 45 en la mano y disparó a discreción. Uno de los asaltantes cayó con un balazo en el pecho y los otros dos escaparon. El médico, según una crónica del diario Página/12,

(…) calmó a su hija y esperó que llegara el patrullero, mientras su víctima agonizaba. Los policías de Quilmes atraparon a los dos fugitivos. Sabían que la Clínica Científica Integral Femenina era de un nombre de la fuerza, aunque hubiera pasado tanto tiempo. El subcomisario de la 3º, Claudio Albarracín, hacía bromas sobre el aniversario: era la noche del 23 de marzo de 1994.

No todo era risa: otro juicio ético fue organizado en Quilmes, en agosto de 1995. La docente y secretaria de Derechos Humanos de la CTA del partido, Viviana Buscaglia, recuerda que en ese momento el coordinador del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, el pastor evangélico Arturo Blatezky, convocó a su iglesia para discutir cómo se haría el juicio ético. Invitaron a Hebe de Bonafini y empapelaron las calles de Quilmes con volantes artesanales en los que se veía una foto de Bergés, la inscripción «buscado» y un texto en el que se explicaba que era apropiador de niños. La «escena de justicia», como la definió el profesor de la Universidad de La Plata Carlos Leavi, se montó frente a la estación de trenes, en la plaza ubicada en Yrigoyen y Rivadavia. Sobre la caja de un camión se sentaron los fiscales Antonio Rojas Salinas y Eduardo Barcesat y por allí pasaron los testigos, como Adriana Calvo. Hijos de desaparecidos, Parrilli, la médica psicoanalista Diana Kordon y el escritor y periodista Osvaldo Bayer, entre otros, sumaron sus testimonios. «Que nunca más este hombre haga ejercicio de su profesión ni ocupe cargo alguno», reclamaron los fiscales. Adoptada la sentencia simbólica, los presentes marcharon a la intersección de las calles Allison Bell y Garibaldi, donde había funcionado el Pozo de Quilmes, ya entonces ocupado por la Brigada Femenina de la Bonaerense.

En esta misma acción se resolvió cambiar el nombre de la calle Magallanes, donde vivía el represor, por el de Isabella Valenzi. Walter Ormazábal, vecino del lugar, docente, recuerda que inicialmente no se logró que la medida fuera adoptada por el Concejo Deliberante, por lo que hubo reclamos y movilizaciones acompañadas por el padre Luis Farinello. Solo más adelante el legislativo municipal le dio a la calle el nombre Madres de Plaza de Mayo, que él tuvo que mencionar el 27 de septiembre de 2011, en las indagatorias del juicio por el Circuito Camps.

«¿Domicilio?», preguntó el juez Carlos Rozanski en el interrogatorio preliminar, a lo que respondió: «Calle Madres de Plaza de Mayo… ex Magallanes, en Quilmes».

Muy cerca de esa casa Bergés sufrió un atentado, que se adjudicó la llamada Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), cuyo fundador, Adrián Krmpotic, se confesó autor del ataque, en declaración ante la jueza federal María Servini de Cubría. Fue condenado a dieciocho años de prisión, en 1997, y recuperó la libertad nueve años después, ocasión en que dijo en una entrevista que el objetivo había sido secuestrar al médico para obtener información sobre los bebés nacidos en cautiverio.

Poco antes de las 10 de la mañana del 4 de abril de 1996, el médico salió con su esposa a hacer compras y fue atacado por dos personas, con una pistola 9 milímetros y con una escopeta Itaka. Sufrió heridas múltiples, estuvo grave y permaneció internado durante sesenta y cinco días en el Hospital Evita Pueblo, de Berazategui, y en el Hospital Naval de Capital Federal. Luego debió someterse a tratamientos de rehabilitación, por lo que tenía que salir tres veces por semana de su casa, custodiada de modo permanente por un móvil de la Comisaría 3º de Quilmes. Según informes periodísticos y declaraciones de la esposa de Bergés, el represor recibió entre veinte y veintitrés balazos, cuando ambos caminaban por la calle O’Higgins hacia la avenida Felipe Amoedo y una persona superó su marcha, se dio vuelta y extrajo una escopeta Itaka con la que comenzó a disparar. Bergés no iba armado y se lanzó a correr hacia la calle Magallanes pero otra persona, con una pistola 9 milímetros, le disparó de frente, lo hirió en varias zonas del cuerpo y se fugó en una camioneta Trafic. Fue socorrido por su mujer, varios vecinos y sus hijos, y trasladado al hospital de Quilmes, ubicado a una cuadra de la Brigada de Investigaciones, a su vez a cargo del reporte sobre los hechos. Ese informe habló de «tres heridas de bala en región de tórax posterior, una herida de bala en región de tórax anterior, varias perforaciones de bala en el muslo derecho con fractura de fémur, fractura de muñeca derecha desgarrante como consecuencia de disparo de escopeta, heridas varias sobre escroto, pene, ambos brazos y piernas con perforaciones».

Primero fue atendido en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, cuyos médicos dijeron que el paciente «se encontraba compensado en razón de que los disparos que había recibido no le habían afectado órganos vitales». Se decidió su traslado al Hospital Médico Policial Churruca-Visca, donde un subcomisario a cargo de la guardia alegó que tenía la orden del subjefe de la Policía Federal de no recibirlo, por lo que comenzaron las gestiones para internarlo en la Clínica Modelo de Quilmes, donde tampoco fue recibido con el argumento de que «no había camas». Finalmente quedó en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Luego fue llevado al Hospital Naval, en la Capital Federal, porque en Berazategui se habían recibido «numerosas amenazas». En el camino hubo una negativa a atenderlo en el Hospital Militar. Informes de la época informaron que un comisario de la Bonaerense llamó al Edificio Libertador, sede del Comando del Ejército, donde hubo una consulta con el entonces jefe, general Martín Balza, quien se amparó en el hecho de que el médico represor no tenía «estado militar». La Armada, entonces a cargo del almirante Enrique Molina Pico, lo aceptó en su hospital.

El juez en lo Criminal de Quilmes Ariel González Elicabe caratuló a la causa como «abuso de armas y lesiones graves», porque, sostuvo, «si hubieran querido matarlo, hubieran apuntado a órganos vitales. Es ilógico que esté vivo y con semejante cantidad de disparos. Objetivamente no hay intención de matar, ya que la herida más grave, que es la del pulmón, se produjo por el traspaso de una bala que entró por la espalda».

Tras un mes en terapia intensiva, fue dado de alta el 21 de junio de 1996 y regresó a su casa de Quilmes. En diciembre de ese año, la esposa se lamentaba por el estado de su marido en declaraciones a La Nación: «Tengo un marido que es casi un vegetal; yo me siento un poco indefensa. A veces hay que callarlo porque dice pavadas: está perdido en el tiempo y en el espacio. El panorama en casa es tétrico». Sin embargo, Ulises Guede, militante de la agrupación HIJOS, recuerda una situación completamente distinta, como organizador de un «escrache» cerca de la casa de Bergés, quien

(…) tenía mucha custodia policial a raíz del atentado. Primero fuimos a la casa y se la pintamos toda. Le pusimos represor, asesino. Le tiramos «bombitas» de color rojo en el frente de la casa. Ya había pasado el atentado. Al mes, sí organizamos una movida más barrial. Cuando empezamos a trabajar el escrache teníamos que ir a chequear si el tipo seguía viviendo en esa casa. Como yo vivía cerca, pasaba en bicicleta periódicamente por la casa de Bergés. Cada tanto lo veía que charlaba con los custodios. Usaba el pelo largo. No estaba en la silla de ruedas, sí con muletas. Tal es así que un día lo puteé… El chabón se me cagaba de risa en la cara, me tiraba besos. Yo le decía hijo de puta y el tipo me tiraba besos desde el otro lado de la reja.

Según Guede, entonces los vecinos tenían información sobre Bergés. «La gente de la panadería del barrio decía que era un buen tipo, que siempre iba a comprar, que era un buen vecino, que era correcto, que saludaba». A algunos les daba consejos médicos o los atendía por heridas o malestares, como lo recuerda una vecina a quien, dice, le salvó la vida.

Años después del atentado, Bergés se presentaba a los juicios en silla de ruedas. En los tribunales de La Plata, la silla, las marcas del paso del tiempo y cierto descuido en el aspecto lo mostraron distinto, lejos del doctor prolijo y elegante que aparecía en las cuevas clandestinas o en los juicios de los 80. Siempre con bigotes tupidos, cambió trajes y camisas por remeras de algodón. Fue arrestado el 5 de abril de 2001 y encarcelado en La Plata, por orden del juez federal Arnaldo Corazza, en el caso del robo de Carmen Gallo Sanz.

Cuando, después de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la justicia federal de La Plata reabrió la causa Camps y ordenó su detención y comparecencia junto a la de su amigo Etchecolatz, el médico ya estaba en prisión por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, que investigaba los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército. Eso ocurrió apenas una semana después de que había sido excarcelado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata por el caso Gallo Sanz, que tomó en cuenta los tiempos de encarcelamiento cumplidos y una rebaja de pena.

Ya en libertad, entre el 5 y el 12 de agosto, se hizo atender en el Hospital Ramos Mejía, para realizarse estudios donde fue «escrachado» por organismos de derechos humanos. Canicoba Corral lo procesó en octubre de 2004, por privación de la libertad y torturas a Adriana Chamorro, Eduardo Corro y María Amalia Marrón, «cuando estaban alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Brigrada de Investigaciones de Lanús». Detenido en Devoto por la causa Camps, allí siguió hasta el 17 de enero de 2007, en que se dispuso su traslado a la cárcel de Marcos Paz. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata aceptó un pedido de la defensora oficial y, el 15 de julio de 2010, autorizó su traslado a la casa de Quilmes, porque supuestamente no recibía «la rehabilitación física imprescindible». La Subsecretaría de Derechos Humanos de Quilmes organizó un acto de repudio en el que militantes escribieron «represor» en el frente de la casa. Dos años después, cuando Bergés aún gozaba de prisión domiciliaria y estaba en curso el juicio por el Circuito Camps, la docente Viviana Buscaglia encabezó el trabajo de investigación con sus alumnos de la Escuela Nº 49. El jueves 15 de noviembre de ese año los estudiantes pasaron por la casa y encontraron al médico en el pequeño jardín del frente, en silla de ruedas y junto con un hombre que aparentemente era su hijo. Se acercaron y pudieron cruzar unas palabras con Bergés:

—Hola, estamos haciendo un trabajo de investigación para el programa «Jóvenes y Memoria», que consiste en investigar y recrear hechos históricos.

—¿Sobre qué están investigando?

—Sobre Bergés.

—Bergés soy yo. Mirá, yo te digo que no puedo hablar ni responder porque estoy bajo juicio, si ustedes quieren saber algo de mí o averiguar algo sobre mí vayan al Tribunal Nº 3 de La Plata. ¿Pero ustedes no leen el diario o saben lo que es Internet?

—Sí, pero a veces no dicen la verdad.

—¡Ah! Vieron que ellos cuentan solo una parte de la historia.

La esposa del médico interrumpió el diálogo y, a pesar de que él quiso hacerla callar, dijo: «Yo sí les quiero decir algo. Mi marido está así porque unos subversivos querían cambiar el mundo. Esos militantes le pegaron veintitrés tiros en las piernas, por eso quedó así». Bergés añadió, en tono de queja: «Yo no hice la democracia, a mí me la hicieron».

La continuidad de los juicios permitió retomar y confirmar testimonios que se remontaban a la época de la CONADEP pero que no habían tenido las consecuencias legales esperables. Es el caso del asesinato de tres jóvenes, parte de un grupo de siete prisioneros en la Brigada de Investigaciones de La Plata, a quienes Camps les había prometido la salida del país. María del Carmen Morettini, Cecilia Luján Idiart y Domingo Moncavillo fueron asesinados por Bergés en un descampado, había declarado a la CONADEP el ex policía Julio Emmed —quien participó en los dos operativos de fusilamiento—: él iba en el auto en el que trasladaban a los jóvenes junto con el ex capellán de la Policía Bonaerense, Christian Federico von Wernich. En 1984, Emmed relató detalladamente la matanza.

El represor totalmente consciente de sus actos y sus consecuencias, como lo había establecido la pericia ordenada por la justicia en los 80, supo poner sus habilidades monstruosas al servicio del saqueo de bienes organizado por sus jefes, los jerarcas del régimen. En la condena que recibió en 2012, en el juicio por el Circuito Camps, por «delitos de privación ilegítima de la libertad» y por «mediar en violencias o amenazas reiteradas en catorce oportunidades», figura el caso de Alfredo Albuín, abogado platense, ex apoderado jurídico y director del Banco Comercial de La Plata, de la familia Graiver. Fue secuestrado e interrogado en Puesto Vasco a mediados de 1977. Testimonió en junio de 2012 que por la posición que tenía en el banco asesoró en temas como el de las acciones de Papel Prensa, la empresa que el aparato represivo videlista puso en manos de Clarín, La Nación y La Razón. Albuín fue secuestrado en La Plata el 11 de agosto de 1977, un año después de la muerte de David Graiver y de la venta del Banco Comercial. Estuvo dos días en un lugar que no reconoció, y después otros seis en Puesto Vasco. «Presté declaración —dijo— en una oficina, y me preguntaban temas vinculados a la empresa de Graiver. Nunca me tocaron, pero sí recibí tortura psicológica, por la situación, los improperios y las amenazas.»

En la misma sentencia figura Enrique Brodsky, suegro de Isidoro Graiver, sometido a tormentos en Puesto Vasco entre marzo y mayo de 1977. También Juan De Stéfano, ex presidente de Racing Club y secretario de la Gobernación durante la gestión de Victorio Calabró, torturado en Arana, COTI Martínez y Puesto Vasco, quien recordó a Bergés como «un ser perverso», un asesino que revisaba el corazón de las víctimas para determinar si los tormentos podían continuar y «alentar a ello». Eva Gitnacht de Graiver, mamá de David e Isidoro Graiver, dio un testimonio similar. Carlos Torbidoni, otro prisionero torturado, declaró en el juicio a Von Wernich que una noche en COTI Martínez se hizo un asado para recibir a una «persona del gobierno». Llegó un camión con prisioneros «tabicados», es decir con los ojos vendados. Una de las víctimas estaba herida y le pidieron a Bergés que la atendiera, pero el médico «se acercó al herido, le pegó una patada y dijo: “Por qué gritás, no me dejás comer”». Lo dejó tirado aproximadamente durante una hora. «Luego de la comida, en que terminaron todos borrachos, volvieron a torturar a todos», agregó Torbidoni.

En los Juicios por la Verdad, Héctor Mariano Ballent declaró que durante su cautiverio en COTI Martínez fue obligado a preparar una cena. Los represores querían celebrar en apariencia el cobro del rescate de Rafael Perrota, el director del diario El Cronista Comercial. Recordó que antes de que el periodista desapareciera del lugar, un vigilante de la brigada de Lanús le dijo: «Viejo, sacate la ropa y los zapatos, que no los precisás más».

Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, junto con sus padres, fueron secuestrados en 1976, en operativos en Santiago del Estero y Capital Federal. Eran dueños de una empresa constructora, una de iluminación y una de auditoría y consultora de trabajo, todas con sede en La Plata. También eran propietarios de una industria láctea y de dos establecimientos agrícolas en Santiago del Estero que osaban desarrollar al margen de las grandes firmas del sector, con productos a precios accesibles para la población y sin someter a régimen de semiesclavitud a los trabajadores. Sus prácticas empresariales solidarias y socialmente responsables eran intolerables para el modelo que implantaba en el país el ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Durante el juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1 fueron condenados Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y ex subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, por «vejaciones y severidades» contra los empresarios mientras estuvieron cautivos, en 1977, en Avellaneda. Trevisán y Ferranti eran los responsables del centro clandestino de detención El Infierno, en el que los empresarios lecheros fueron obligados a transferir acciones de sus empresas, campos y un avión ejecutivo a cambio de conservar sus vidas. En sus testimonios dejaron constancia del paso por comisarías de la Policía Federal y por COTI Martínez, de las sesiones interminables de tortura y de la presencia de Bergés, en particular ante Alejandro Iaccarino, para suministrarle un medicamento, posiblemente coramina, para que su corazón resistiera.

Estos testimonios arrasadores no le impidieron al médico el intento vano de negar todas sus responsabilidades durante la declaración indagatoria del 27 de septiembre de 2011 y en la ampliación de indagatoria, del 30 de octubre de 2012. Dijo no conocer a quienes torturó, no saber por qué había personas secuestradas. Dijo no haber estado en los centros clandestinos; hasta se permitió afirmar que Adriana Chamorro había sido «instruida» para declarar en su contra. En la condena del tribunal, la lista de algunas de sus víctimas más directas y del sufrimiento que les propinó constituye una de las evidencias más lacerantes sobre la monstruosidad reunida en una sola persona.

CAPÍTULO VII

Monstruosidades del siglo XXI

Dos fotografías publicadas a mediados de 2015 causaron gran conmoción en la Argentina, porque mostraron a niños como víctimas de situaciones catastróficas, si bien distantes, sin conexión aparente entre sí: el cuerpo sin vida de Aylan Kurdi, sirio, de tres años, llevado por un oleaje lento a las costas de Turquía, y el yacente de Oscar Sánchez, de catorce años, de una comunidad qom cercana al paraje chaqueño Fortín Lavalle.

La primera imagen desencadenó un escalofrío universal. Fue la evidencia de un desastre referido apenas a cuentagotas durante el espectáculo continuado de la información, que nos hace creer que podemos conocer cuanto sucede en la aldea global. La segunda produjo un escozor que transitó por todo el territorio nacional, con el plus dado por el acto electoral que se avecinaba en Chaco y, dos meses después, en todo el país.

Difícil imaginar otros revulsivos de tanto espesor para la conciencia humana.

La familia de Aylan Kurdi buscaba saltar un largo escalonamiento de barreras y salir del territorio sirio, arrasado por el conflicto en el que los civiles son el blanco principal de intereses cuyo rastreo es un objetivo casi inaccesible. Quería pasar a otra geografía, erigida hasta muy poco tiempo atrás como máxima posibilidad de goce de libertades y bienestar material propios de un imaginario júbilo civilizatorio.

El poder político europeo acusó recibo de la bofetada y declaró repentina conciencia de la necesidad de organizarse mejor para atender el flujo de cientos de miles de personas. Postergó circunstancialmente, sin pestañear, el diseño en público de acciones para reprimir esa corriente humana, la única determinación conocida hasta antes de la aparición de la fotografía y su réplica en miles de páginas impresas y electrónicas.

La imagen de Oscar Sánchez fue desplegada al servicio de una ecuación reduccionista, que con muy aisladas excepciones acomodó su drama personal y comunitario como pieza de la disputa electoral. Los opositores vieron el filón de señalar al gobierno de la provincia del Chaco y al de la nación y con ello desmentir que las políticas desplegadas desde 2003 hayan producido la más mínima mejora relativa en los índices de pobreza y en la atención de la salud. Los gobernantes intentaron refugiarse en una trinchera, recurrieron incluso a la figura de ciertas barreras culturales y describieron problemas de salud del adolescente que venían de toda su vida, para sugerir así que fueron prácticamente imposibles de remontar por un Estado que, dijeron, hizo todo cuanto le fue posible.

La rueda productora de mensajes en sus más diversos formatos traía su marcha antes de la exhibición de estas imágenes y no se detuvo después. La «súbita globalización de buenos sentimientos» por Aylan Kurdi, como la describió el sociólogo Horacio González, y el electoralismo en la Argentina en torno de Oscar Sánchez, no dejaron espacio siquiera para instalar la pregunta de fondo, cuya formulación más justa sería: qué mató al niño sirio, qué mató al niño argentino. Y, por extensión, qué mata diariamente a tantas personas, qué cercena sus cuerpos, qué arrasa sus bienes personales y colectivos, qué los esclaviza, qué los arranca brutalmente de un espacio que imaginaron como ámbito de pertenencia, en el que pudieran sentir posible, más cercano o lejano, un proyecto individual y compartido cuyas fronteras reales y simbólicas están siendo destruidas tanto por bombas convencionales y sustancias químicas como por relampagueantes desplazamientos de riqueza consumados mediante clicks en los procesadores.

Dimitris Christoulas escribió en 2012 que el gobierno de entonces en Grecia, a cargo del primer ministro conservador Georgios Tsolakoglou, «ha aniquilado toda posibilidad de supervivencia para mí, que se basaba en una pensión muy digna que yo había pagado por mi cuenta sin ninguna ayuda del Estado, durante treinta y cinco años». Agregó que dada su edad, setenta y siete años, apenas podría apoyar simbólicamente a un compatriota que empuñara las armas contra la injusticia. El 4 de abril puso la nota en su bolsillo y fue a la plaza Syntagma, donde se pegó un tiro.

«Creo que los jóvenes sin futuro tomarán algún día las armas y colgarán boca abajo a los traidores de este país, como los italianos hicieron con Mussolini en 1945.» El haberse quitado la vida impidió que cualquiera de los brazos de la vigilancia mundial lo capturara y procesara cuanto menos por apología del crimen y del terrorismo, para cumplir así con la resolución 1566 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el 8 de octubre de 2004.

Esa norma establece que

los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves» y los que busquen «obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo (…) no admiten justificación alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar.

Por lo tanto, los Estados deben prevenir esos actos y, si uno es cometido, deben «cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza». Es decir, el juzgamiento y castigo del delito pasa de la tipificación penal clásica a una discrecionalidad política donde la categorización de acción terrorista le habría correspondido perfectamente al pensionado griego, en su caso en el grado de apología, por reivindicar lo sucedido al dictador italiano.

Las portadas de los diarios argentinos no tuvieron espacio para fotografías del joven de veinte años Lucas Cabello, agonizante como Oscar Sánchez después de haber recibido tres balazos a quemarropa por un agente de la Policía Metropolitana, el 9 de noviembre de 2015, en el barrio porteño de La Boca. El primer disparo envió al piso a Cabello, que estaba desarmado. Allí, inerme, recibió otros dos. Pero entonces la Argentina iba camino a la definición de la elección presidencial: la Policía Metropolitana fue una invención del jefe de Gobierno y en ese momento candidato, Mauricio Macri, por lo que el sistema mediático hegemónico que lo apoyaba le dio la máxima protección posible. El agresor fue procesado pero el juez lo puso en libertad, decisión revocada en segunda instancia, mientras la víctima se recuperaba dificultosamente y la familia y testigos del ataque recibían amenazas para que no dijeran la verdad de lo sucedido.

El Estado chileno aplica una ley antiterrorista ante reclamos del pueblo mapuche, algunos de cuyos integrantes fueron sometidos a doble procesamiento en la primera década del siglo XXI, por la justicia militar y por la ordinaria. La instrucción llegó a valerse de testigos sin rostro y la acusación apeló a la figura de «incendios terroristas».

Sin embargo, esto puede considerarse no tan grave si se hiciera una enumeración, que amenaza ser interminable, de la aplicación del amplísimo paraguas de la «lucha contra el terrorismo» en Rusia, con su correspondiente andamiaje legal. Ni que decir de Estados Unidos y su «guerra para salvar la civilización», como la llamó el presidente George W. Bush basándose en la tragedia del 11 de septiembre de 2001, cuando la adopción de medidas excepcionales, atribuida a la necesidad de hacer frente a un enemigo sin rostro y sin territorio específico, llevaba ya una larga trayectoria.

La fotografía de Aylan Kurdi, se ilusionó Horacio González a comienzos de septiembre de 2015, creó la posibilidad de «una discusión filosófica sobre el orden político y ético de la humanidad». Este reclamo de cuño humanista tuvo otros voceros a lo largo y ancho de un mundo que no obstante siguió andando, como es de esperar, tanto es así que pocos días después se supo de la muerte de al menos otro niño, en el mar Egeo. Pero en esa ocasión no hubo fotografía y, en consecuencia, tampoco sensación de espanto, ola de indignación, alocuciones sentidas de conductores televisivos ni repentina profundización de planes de autoridades europeas.

Y siguieron más y más datos, aunque fragmentarios y en espacios reducidos, de víctimas de corta edad, incluidas como toque de tibio dramatismo en unos recuentos, unas cifras como mención apenas cuantitativa de la mala estrella de otras embarcaciones naufragadas en el Mediterráneo y otros mares, así despojados de sus invocaciones poéticas.

Pasado el impacto inicial, el roce del cuerpo de Aylan con el continente europeo, lastimoso, mínimo, quedó como referencia de un desastre que está en vinculación tensa con los centros de la geopolítica mundial pero físicamente próximo solo cuando la monstruosidad de la muerte toca a las puertas de una gran ciudad de Occidente. Son irrupciones que ponen en discusión apenas por unos días la estrategia de desplazar los conflictos hacia las periferias, adoptada mucho antes de que el terrorismo fuera erigido como un enemigo permanente que impone el desarrollo de grandes dispositivos, militares y políticos.

La Segunda Guerra fue seguida por el período aceptado universalmente como Guerra Fría, pero no podrían llamarla así los entre diecinueve y veinte millones de personas que perdieron la vida de 1945 a 1983 por infinidad de confrontaciones alejadas de los perímetros donde se concentra el poder mundial. Ese total, que es apenas una aproximación, representa el doble de las víctimas de la Primera Guerra, que como expresa Pilar Calveiro fue una formidable demostración de desarrollos tecnológicos para causar la muerte a distancia de enemigos sin rostro ni nombre, en frentes fragorosos donde los cuerpos arriesgados fueron principalmente los de la tropa rasa, mientras la alta oficialidad quedaba a resguardo.

La maquinaria fue perfeccionada y, en la Segunda Guerra, los bombardeos a las ciudades de ambos bandos ampliaron la proporción de los civiles muertos respecto de los militares. Los datos e ideas que se volverán universalmente predominantes después de 1945 centrarán el casi imposible trámite de medir las consecuencias de la catástrofe en el horror del Holocausto y los cinco millones de judíos exterminados, 10% de las víctimas totales de una guerra entre potencias cuyas elites buscaban moldear su propio esquema de organización global.

Fracasan los políticos, ganan los monstruos

La falsedad absoluta de la superioridad aria esgrimida por Adolf Hitler representa un fracaso atroz de la política como mecanismo de construcción de un sistema de convivencia, doblemente grave porque la consumó por el camino de la imposición de un estado de excepción que suspende, abre un paréntesis —supuestamente transitorio— del estado de derecho.

En efecto, nombrado canciller el 30 de enero de 1933, Hitler puso en marcha una maniobra compleja, apoyado por industriales que aportaron millones de marcos, usados en parte para conseguir alineamientos en la prensa. Llamó a elecciones anticipadas para marzo de aquel año, con la esperanza de aumentar su fuerza parlamentaria, y una semana antes de la votación se registró el incendio del edificio del Reichstag, del que fueron culpados militantes comunistas. Y aunque el resultado en las urnas no le dio la mayoría especial que necesitaba para suspender la vigencia de artículos de la Constitución de Weimar, en aras de la cruzada contra el peligro comunista hizo arrestar a legisladores electos de esa tendencia, y de paso a algunos socialdemócratas. Todos fueron enviados a campos de concentración y así tuvo en el Parlamento las proporciones que necesitaba para consagrar, con apariencia de legalidad, el estado de excepción, presentado como indispensable por un peligro inminente y un enemigo capaz de toda atrocidad.

El correlato militar de esa excepcionalidad política tuvo una de sus expresiones más aberrantes en los campos de concentración, concebidos como territorios impenetrables. Allí, el «inferior» fue desprovisto de condición humana, borrado su nombre, extinguido todo rasgo de personalidad jurídica.

Las prácticas aplicadas posteriormente con gran esmero en la Argentina, con técnicas innovadoras desarrolladas en los centros clandestinos de detención y tortura que instauró la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, extinguen igualmente al «enemigo» como sujeto de derechos. Disponer absolutamente del otro es considerado imprescindible para cuidar unos valores, salvar un sistema, una civilización. La disponibilidad del otro, que expresa asimismo una ruptura total con todo principio contenido en los códigos militares convencionales, fue también absoluta con los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki, donde el extermino es presentado como un derecho, el de aniquilar en aras de la supervivencia propia.

El miserable tramo de vida que se le permitió a Aylan Kurdi, su corta edad, su cuerpo pequeño e inofensivo, abatió circunstancialmente las barreras que habrían permitido incluirlo en ese conjunto alejado, periférico, el de los «otros», si hubiera llegado a la juventud y a la vida adulta, y con ello hubiera sido objeto de un sistema de vigilancia y de control, por el peligro que pudiera representar para un nosotros que los centros de poder definen para sí mismos. Esta configuración incluye estrategias para conseguir que capas amplias de la población se estrechen a esos centros y consientan sus prácticas, rehenes de la sensación angustiosa de que es imperioso defenderse, de algo, de alguien, de otro, de otros.

Luiz Fernando de Souza es un político brasileño nacido en 1955, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Fue elegido gobernador del estado de Río de Janeiro en 2014, con 4,3 millones de votos, 55,7% del total de sufragios emitidos. Por disposición de su gobierno, patrullas de la Policía Militar controlan rigurosamente los autobuses provenientes de los suburbios empobrecidos de la ciudad con dirección a las playas de Ipanema y alrededores, meca del turismo internacional. Los agentes realizan requisas y envían de regreso a jóvenes y adolescentes, en especial los negros y mulatos que, según el gobernador, «vienen para robar y causar tumulto».

De Souza retrocedió así el calendario tres décadas, revirtiendo una decisión que el gobernador laborista Leonel Brizola había adoptado en su primer período en el cargo, entre 1983 y 1987, cuando invirtió buena parte de su capital político y se ganó más de un adversario al poner fin a la práctica racista de impedir la llegada de los pobres a las playas de los ricos.

Este «purificador» fue mencionado por un ex gerente de la empresa petrolera estatal Petrobras, Paulo Roberto Costa, como vinculado con las actos de corrupción investigados en la operación denominada «Lava Jato». La declaración hizo que fuera incluido en una lista enviada al Supremo Tribunal Federal, entre gobernadores considerados sospechosos de participar de las prácticas ilegales. Por cierto, su nombre no aparecía en los grandes diarios brasileños que dedicaron innumerables titulares a «Lava Jato», porque su énfasis se dirigía ineludiblemente a los dirigentes del Partido de los Trabajadores y rarísima vez a los representantes de las fuerzas conservadoras.

En diciembre de 2010 las tensiones en la Argentina por la disputa de espacios urbanos, a raíz del déficit habitacional endémico en el país, se expresó en la ocupación de terrenos del Parque Indoamericano, en la zona sur de Buenos Aires, la más pobre de la Capital. En medio de una compleja red de intervenciones de fuerzas de seguridad, militantes políticos usados como fuerza de choque, diferencias de fondo entre el gobierno local y el nacional, y habitantes de barriadas pobres que rechazaban que otros pobres se instalaran en las inmediaciones de su pobreza, el alcalde derechista Macri quiso eludir rápidamente toda responsabilidad por la falta de planes habitacionales.

Macri la emprendió contra la inmigración pobre de los países de la vecindad sudamericana, asesorado por especialistas de alta tarifa, hábiles para registrar la mirada del mundo que tiene buena parte del electorado que lo votó dos veces y que luego premió al sucesor por él designado. «Estamos todos conscientes de que la Argentina está expuesta a una política descontrolada, donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. Pareciera que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de los países limítrofes.» Pero su problema no era solo con los extranjeros pobres, sino también con los argentinos pobres: «Es imposible dar vivienda a todo el que viene a la ciudad producto de una inmigración de países limítrofes y del norte del país que nadie ha controlado».

Su gobierno pidió el desalojo del predio por la fuerza. Los ocupantes expresaron la módica ilusión de un hábitat mínimamente digno extendiendo cintas plásticas que simulaban la delimitación de terrenos para cada familia. Para justificar el pedido, Macri martilleó en la misma línea de pensamiento:

No podemos seguir tan expuestos a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia…, tenemos que defender la ley (…) Todos los días llegan cien, doscientas (sic) personas nuevas que no sabemos quiénes son, porque llegan de esta manera irregular, insisto, de la mano del narcotráfico y la delincuencia.

Lo apostilló su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, erigido sucesor: pidió cortar una «lógica perversa» que «lo único que hace es promover que venga más gente de los países limítrofes para usurpar terrenos y pedir viviendas».

Los diarios identificados con este proyecto político regresivo, sostén fundamental para garantizar sus éxitos en las urnas hasta que llegó a la presidencia, blindaron esta concepción sobre los otros, los que vienen de las periferias a ocupar espacios que no les pertenecen ni les están destinados, con cifras de dudosa seriedad. Dieron cuenta así de una supuesta mayoría abrumadora de bolivianos y paraguayos como habitantes de los sectores más empobrecidos de la Capital.

Los enfrentamientos y el desalojo violento causaron tres muertos, decenas de contusos y heridos, en tanto el conflicto estuvo a punto de trepar a un incidente diplomático, ya que la embajada de Bolivia rechazó las afirmaciones de Macri y lo acusó de generar un clima de xenofobia en contra de su comunidad «estigmatizando a quienes, como en este caso, aportan al desarrollo y economía de este país que los acoge con una ley migratoria respetuosa de los derechos humanos». A raíz de ello, le reclamó disculpas públicas al empresario, pero nunca las obtuvo. Los rigores de la diplomacia forzaron a fines de 2015 al presidente Evo Morales a darle la mano y un abrazo a Macri, cuando escaló al máximo cargo político.

Estos hechos pueden ser encuadrados en problemas y trayectorias del país y de la ciudad: la desigualdad en medio de incontables riquezas, la oscilación entre períodos de gobierno inclinados a satisfacer las necesidades de la población y los de regímenes excluyentes y expulsivos, pero «en la etapa de poder planetario que vivimos —que suele llamarse globalización—, nada es aislado y juzgaríamos muy mal nuestros problemas si los considerásemos como un puro producto argentino o latinoamericano, como también si no contextualizamos nuestros problemas desde la perspectiva del poder», escribió años después de los hechos en el Parque Indoamericano el ya ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Por lo tanto, el enfoque profundo de un hecho como la ocupación de ese predio de Buenos Aires por familias pobres resulta insuficiente si se circunscribe a discutir políticas de infraestructura o sociales o, con la óptica de dirigentes como Macri o Luiz Fernando de Souza, el gobernador carioca, a la aplicación de medidas represivas.

Lo que está en curso a comienzos del siglo XXI, dice el jurista, es una disputa por el poder pero no en sus formas más convencionales, sino entendiéndolas como el gobierno de los instrumentos para «la determinación y eventual dominación de las conductas ajenas». El debate es sobre

(…) el modelo de Estado y la sociedad que se procura formatear, y no solo una cuestión de penalistas y criminólogos. Al modelo redistributivo de la posguerra se opone otro, que considera toda tentativa de distribución de renta como una expropiación (…) Se intenta marchar hacia una sociedad soñada por los ideólogos del fundamentalismo de mercado en que habrá un 30% de incluidos y un 70% de excluidos. Por supuesto que este modelo de sociedad requiere un control social fortísimo para contener a los excluidos y a los disidentes.

Disidentes que tampoco son convencionales, aquellos que discuten una doctrina partidaria, sino los que, hasta por instinto de supervivencia, se encaminan hacia territorios donde no son esperados. Serían así disidentes, también, cada una de las víctimas que va dejando «La Bestia», el tren que atraviesa México con centroamericanos y mexicanos que procuran llegar a Estados Unidos.

De todos modos, según el ex juez de la Corte, «el poder controlador punitivo políticamente importante es el que se ejerce en forma de vigilancia sobre todos los que estamos sueltos», para lo cual las capacidades tecnológicas se desarrollan en un sistema de circulación de información y opinión oligopólico que «crea la realidad», «inventa el mundo»: «Nos manipulan los miedos, nos aterran con males inexistentes o magnificados y nos ocultan otros peligros a veces inminentes».

El ex juez resume:

El juego de creación de realidad en América latina es patético: donde existe violencia, si las corporaciones logran hegemonía, la muestran como contenida merced a la represión y al control. Donde no existe violencia, la crean mediáticamente, cuando esto conviene para desacreditar al poder político que resiste a las corporaciones. Vivimos una realidad mediática que por momentos es cine de terror y en otros, filmes de Lassie, sin importar si en el primer caso la realidad desmiente lo que se inventa o en el segundo la violencia toca límites casi bélicos.

Y si es necesario presentarle a la platea mediática un chivo expiatorio, «se lo inventa conforme al estereotipo del adolescente de nuestros barrios precarios». Es decir, esos adolescentes que no tienen permitido llegar a la playa de Ipanema. Cuando logran burlar los controles y tirarse al sol, pronto pasará un pelotón de agentes de la Policía Militar dándoles bastonazos, para que abandonen la arena y no olviden cuál es el único lugar que tienen autorizado ocupar en la aldea global. Todavía más: podrán toparse en cualquier momento con un operativo de aniquilamiento o «limpieza» como los que realizan asiduamente fuerzas policiales y parapoliciales en varios estados brasileños, y que en su marco específico y sus circunstancias históricas es lo que afrontaron en septiembre de 2014 los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, México, el país en el que, dice Elena Poniatowska, se siembran sueños y se cosechan pesadillas.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tiene una historia de reivindicaciones y luchas políticas específicas, reclamos relativos a su condición de establecimiento educativo y a la salida laboral para sus estudiantes, para los maestros en definitiva, pero además está inserta en un contexto de gran complejidad, la del Estado de Guerrero, escenario del accionar de grupos armados de izquierda y de procedimientos de represión ilegal, como los vuelos de la muerte realizados por el aparato aniquilador de la dictadura argentina. Es una práctica que, dice el escritor Juan Villoro, se desarrollaba desde una base aérea de las afueras de Acapulco ya en los 70, mientras el gobierno del presidente Luis Echeverría daba generosa acogida humanitaria a los perseguidos del Cono Sur.

Las movilizaciones de los estudiantes, acciones de algunos de ellos como cortes de rutas y caminos y la toma de autobuses de transporte público, llevaron a medios convencionales del país a afirmar que los alumnos normalistas, los asesinados y los desaparecidos, no pueden ser considerados «unas blancas palomitas», forma indirecta de darle razonabilidad, si tal cosa fuera posible, a lo acontecido en 2014.

En la noche del 26 de septiembre la policía intervino en la zona de Iguala con el argumento de que decenas de estudiantes estaban asaltando autobuses, y les bloqueó el paso. El operativo represivo, que involucró a otros civiles, causó al menos nueve muertos y alrededor de treinta heridos. Los agentes habían tomado en principio el control de la situación, porque impidieron el avance de los normalistas, los hicieron bajar de autobuses y arrojarse al piso. Pero no los detuvieron para que las autoridades competentes emprendieran las acciones judiciales que pudieran corresponder. Según todos los indicios disponibles, después de una sostenida ración de puntapiés y bastonazos, dejaron a por lo menos cuarenta y tres estudiantes en manos de los criminales de Guerreros Unidos, una organización delictiva a la que habían dado intervención mientras compañeros de los primeros normalistas involucrados llegaban en auxilio desde Ayotzinapa. El alcalde local y su esposa ya habían acumulado, para entonces, denuncias de favores recíprocos con esta organización delictiva, como en verdad sucede con centenares de autoridades estatales mexicanas.

Si la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tiene tradición como ámbito de desarrollo de luchadores sociales y políticos, no puede imaginarse un mensaje más aterrador que la desaparición de los estudiantes de un Estado que cuenta con riquezas, que exhibe al mundo la opulencia de Acapulco, y que a la vez mantiene un sistema educativo rezagado y la miseria de los campesinos, explotados incluso en las zonas donde no hay intervención policial ni militar para impedir cultivos que están en la base de la vasta organización del narcotráfico.

Las acciones criminales de Iguala no pasaron inadvertidas, pese al señoreo implacable de la violencia en México, donde en 2012 el presidente derechista Felipe Calderón concluyó su gestión dejándole al país entre 60.000 y 70.000 muertos y alrededor de 30.000 desaparecidos, después de una aparatosa declaración de «guerra al narcotráfico» con la que procuró enmascarar circuitos interminables de negocios y complicidades de los que participa buena parte de la dirigencia política y empresarial del país.

Aniquilar lo mejor, derrotar la esperanza

Transcurrido un año de los hechos, no parecía haber ganado combustión suficiente un impulso de protesta generalizada, que amenazara el dispositivo de poder vigente. Se pregunta Villoro qué sucede con un pueblo que ve perderse lo mejor que acaso pueda tener, las personas que van a enseñar a niñas y niños a leer y a escribir, a felicitarlos por sus dibujos y cuidarlos. Es, responde, «la derrota de la esperanza, el cercenamiento de un capital de futuro de la sociedad», una corrosión puntillosamente pensada si se toma en cuenta que los jóvenes fueron entregados al grupo de asesinos por la mismísima policía y que a un año de los hechos el Ejército seguía negándose a la revisión del Batallón 27º, emplazado en la zona y epicentro de la lucha «antiinsurgente» en Guerrero. La revisión era reclamada por denuncias de que allí habían sido quemados y sepultados los cuerpos de las víctimas.

Estos hechos demuestran la monstruosa capacidad de acción cuando se combinan esfuerzos e intereses entre el crimen organizado, las policías y el Ejército. Y también la conducción del Estado con los empresarios que la sostienen, afirma el politólogo mexicano Juan José Carrillo Nieto: un Estado al que gran parte de la población veía décadas atrás, con sus mil fallas y dobleces, como presente, capaz de ofrecer ciertas redes de contención, y ahora lo ve como corrupto, decidido a expulsar y matar. Por tanto, dice, fermenta un proceso de reflexión en la población mexicana, por más que las movilizaciones por las víctimas de Ayotzinapa pierdan progresivamente fuerza. Además, no es un Estado inerme y paralizado, sino uno fuerte, que despoja al país de sus bienes por vía de «reformas» aprobadas prolijamente, para abrir paso a fuerzas también matadoras y carroñeras, las grandes corporaciones transnacionales, aunque la adjudicación de todos los males sea dirigida al crimen organizado.

¿Crimen organizado u organización del crimen?, pregunta Zaffaroni.

Las marchas y protestas por los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa solían coincidir en una denuncia contundente: «Fue el Estado». Sin embargo, no se trata del Estado que pueda ser descripto con los parámetros convencionales, los del siglo XX, al decir de Carrillo Nieto, pues fue convertido en uno de los engranajes de un sistema mucho más complejo, más amplio y con más participantes activos, además del presidente Enrique Peña Nieto como circunstancial cabecilla.

Las muy diversas organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales en México obtienen la provisión de armas cruzando la frontera, en territorio estadounidense, donde son abastecidos con generosidad. De allí mismo viene buena parte de la provisión armamentista para combatirlos, en este caso pagada por el Estado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió en 2009 un informe que estimó que casi un millón de personas en ese país están involucradas en la distribución de drogas, en los niveles medios y en el menudeo. Pero los que en verdad manejan el negocio mundial, los jefes, los capos, tienen sus mansiones lujosas en territorio estadounidense, donde están los nudos de sus sistemas de comunicación, sus aparatosos dispositivos de seguridad, sus flotas aéreas y terrestres, sus yates, nada difícil de ver para fuerzas federales y estatales dotadas de infinidad de recursos y potestades desde los años 90, en aras de la lucha contra el terrorismo.

Un año antes de ese informe oficial, Naciones Unidas había calculado que de las ganancias que el consumo de cocaína produce en Estados Unidos, el 70% quedaba para el extenso universo de los minoristas, 15% para los mayoristas locales, 13% para los traficantes internacionales y el módico 2% sobrante dividido entre los campesinos cultivadores de la hoja de coca de los países andinos y para los traficantes de esa región, el eslabón pobre y a la vez el más reprimido. Naturalmente, los gobiernos que aceptan la lógica de la compra de armas para afrontar el peligro son los que hacen más disparos, aunque no siempre al objetivo declamado.

En la Argentina, durante la campaña por las elecciones presidenciales de 2015, el candidato opositor Sergio Massa anunció abiertamente su propuesta de llevar al país a la «guerra contra el narcotráfico», fórmula que anunciaba una militarización completa del territorio. «Vamos a llevar a las Fuerzas Armadas a los barrios que hoy están copados por los narcos. Vamos a usar las Fuerzas Armadas para blindar nuestra frontera en materia contra el narcotráfico; vamos a expulsar de la Argentina a los extranjeros vinculados a la droga, y les vamos a prohibir la entrada al país.» El enfoque de este problema de altísima complejidad era simplificado por el candidato, prometedor también de «mano dura», a una cuestión entre pobres e inmigrantes de la vecindad regional.

También la fuerza derechista triunfante adoptó el martilleo sobre la «inseguridad» y «la expansión del narcotráfico» como un problema dramático, una amenaza constante y a la vuelta de cada esquina del país, forzado, dijo, a adoptar medidas en la senda de la militarización. Por eso proclamó en los primeros días de gestión un «estado de emergencia» cuya expresión práctica inmediata no se tomó el trabajo de explicar. Comenzó a verse una presencia aumentada de fuerzas de seguridad, aunque no tanto a la búsqueda de criminales peligrosos sino en inmediaciones de las primeras protestas opositoras.

El narcotráfico comenzó a ser observado en los años 80 como una realidad que podía ser usada por el complejo militar estadounidense y sus planes de expansión y vigilancia mundial. En Amércia latina, la evidencia más contundente de esa elección estratégica fue la invasión a Panamá, de 1989, con el proclamado propósito de capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, otrora colaborador y buen amigo de los servicios de inteligencia estadounidenses. El general fue capturado en una operación que causó la muerte a cientos de civiles y que determinó la desarticulación del sistema de defensa panameño.

La intervención militar estadounidense en territorio colombiano también es anunciada como una «ayuda» al país en la «guerra contra el narcotráfico», pero hay infinidad de constancias de su involucramiento en el conflicto armado interno, la persecución al campesinado, el desplazamiento de cientos de miles de familias para despojarlas de tierras que quedan en manos de latifundistas —apoyados a la vez por las bandas paramilitares— o a merced de la extracción de recursos naturales por parte de corporaciones internacionales. Y, desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, como amenaza incesante al proyecto político bolivariano, incluyendo reiteradas violaciones al espacio aéreo de Venezuela por aviones norteamericanos.

El argumento de la presencia del narcotráfico para explicar intervenciones territoriales directas e indirectas en pequeña, mediana y gran escala, y para mantener el negocio del abastecimiento de armas, no ha sido abandonado y es ocasionalmente recuperado, pero no llegó a trepar en el mundo al lugar preponderante del terrorismo. El negocio es demasiado rendidor como para que aquella opción prospere: un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dio cuenta en 2011 de que las ganancias mundiales por el narcotráfico llegaban por entonces a 320.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, cálculos de algunos investigadores elevaban la suma a 800.000 millones, ya que la circulación abarca especialmente a los denominados paraísos fiscales. Es obvio que se trata de un asunto que escapa por mucho a la «solución» de la militarización de barrios empobrecidos, en primer lugar porque esas fortunas inmensas no pueden circular ni conseguir lugar para radicarse sin la participación expresa de los sistemas bancarios. Así lo expresaron los estudios de Michel Chossudovsky, economista canadiense que fundó y es director del Centro de Investigación sobre la Globalización, con sede en Montreal. Partes si se quiere ínfimas de esa abundancia, afirma el académico, se destinan a financiar operaciones ilegales de la CIA.

Nada de esto aparecía en el menú de Massa, con notable facilidad para sonreír tanto en sus despliegues publicitarios como ante el embajador estadounidense. Lo hizo en febrero de 2015 con Noah Mamet, a quien recibió en el municipio del que fue intendente, Tigre, para declamar su oposición a que «el país elija ser socio de las democracias más débiles del mundo». Música para los oídos del Departamento de Estado, ya que para esta toma de posición colonizada y emparentada con la mirada de Washington es democracia «débil» aquella que no está alineada con Estados Unidos.

En el proyecto de militarización y ocupación de barrios pobres Massa no estaba solo. Gustavo Druetta, sociólogo, al frente de un llamado Centro de Estudios Políticos, Estratégicos e Internacionales, lo acompañó en plena campaña escribiendo en Clarín con verbo aún más encendido:

Un creciente terror molecular proveniente de carteles colombianos y peruanos se ha introducido en nuestro territorio aprovechando la absoluta vulnerabilidad de nuestras fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Conforman ya pequeños protoestados narcos en los conurbanos de Buenos Aires, Rosario, etc., y reclutan mano de obra juvenil ofrecida por la miseria urbana.

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? La respuesta es más que obvia: las Fuerzas Armadas, si fueran dotadas de «los hombres, materiales y recursos de los que carecen», escribió el sociólogo. Para su propuesta se apoyó además en una nota que para el mismo diario había escrito Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de los presidentes Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, conocido opositor a las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, que vetan la participación de los militares en asuntos de seguridad interior.

Druetta aportó en suma al discurso electoral derechista para reclamar que se encargue a las Fuerzas Armadas el derribo de aviones del narcotráfico, la interceptación de buques en mares y ríos y «la liberación de territorios propios eventualmente copados por narcos con alto poder ofensivo». No conforme con eso, abogó también por la adjudicación del equivalente al 1% del Producto Interno Bruto para las Fuerzas Armadas, apenas como «presupuesto piso», y leyes de «reserva y movilización para emergencias». A este sociólogo Clarín ya le había obsequiado espacio para que relatara sus emociones en una reunión de la que participaron familiares de los condenados por delitos de lesa humanidad, a nombre de los cuales pidió que cesara una política de «venganza», cantilena clásica de los represores más sangrientos y los civiles que fueron y son sus aliados. La Nación lanzó el mismo reclamo al día siguiente del triunfo electoral de Macri.

Las coincidencias del nuevo presidente con Massa contaban con recorrido. Ambos habían tenido una coincidencia muy expresiva en octubre de 2014, cuando recibieron por separado y difundieron fotos que mostraron intercambios de abrazos y sonrisas con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, expresión máxima de la estrategia de militarización del territorio.

Con el argumento de combatir al narcotráfico y al «terrorismo», como llama a los grupos armados de su país, Uribe permitió el asentamiento y operaciones de fuerzas estadounidenses en seis bases aéreas en Colombia. Buscó abiertamente confrontar con el gobierno de Hugo Chávez, sembrándole tramos de la frontera común con mercenarios y haciendo llegar a Caracas bandas paramilitares, dotadas de armamento sofisticado, para multiplicar crímenes y distribuir drogas, con el fin de desestabilizar al vecino. Desplegó espías en territorio de Venezuela con la excusa de que las FARC usaban ese país con total comodidad y a la vez violó la soberanía ecuatoriana, en 2008, con un ataque militar para matar al comandante guerrillero Alfonso Reyes.

En su extensa trayectoria política, empezando por Antioquia hasta llegar al Palacio de Nariño, Uribe fue acusado de haber recibido ayuda de Pablo Escobar, de haber mandado a pagar sobornos en 2006 para que el Congreso aprobara su proyecto de reelección y de haber reunido dinero ilegal para su campaña. Durante su gestión presidencial se multiplicaron los «falsos positivos», el aniquilamiento de civiles, preferentemente jóvenes y pobres, para presentarlos después como «guerrilleros muertos en combate», uno de los recursos más burdos y repetidos por los sistemas represivos latinoamericanos.

Macri recibió al titular de este récord en su despacho oficial de jefe de Gobierno de Buenos Aires y coincidió con él en que la presencia del narcotráfico en América del Sur viene aumentando, conclusión imprescindible para sostener la hipótesis de militarización y el proyecto de aumento de políticas represivas. A su vez, Massa, el hombre que quedó tercero en la elección presidencial pero que cosechó un capital político que amenazaba hacerse sentir avanzando el tiempo, habló de la «experiencia exitosa» de las políticas de Uribe en Colombia: «Son experiencias que tenemos que tomar».

La lucha contra la delincuencia es un eje que durante períodos prolongados domina las agendas mediáticas y es puesta como una prioridad nacional frente a la cual los gobiernos sudamericanos progresistas son acusados incansablemente de fracasar. También abre camino para hacer tambalear la vigencia de los derechos humanos y los cuerpos legales que establecen las garantías del debido proceso.

Instalada la idea de escenarios urbanos en que la vida se vuelve imposible, en que la más mínima posesión personal puede perderse, sobre exponiendo hechos del diario acontecer o potenciándolos mediante el recurso eficaz de la repetición, usando las estadísticas que expresan la magnitud objetiva del problema o manipulándolas si son consideradas insuficientes, capas amplias de la sociedad son arrastradas a la reclamación de mano dura y aflora pronto la fórmula mágica, «tolerancia cero», cuya expresión en medidas efectivas abre automáticamente las puertas a la posibilidad de estados de excepción o, lo que es lo mismo, la degeneración del estado de derecho.

La sola instalación de la necesidad de una «guerra», y más aún de una «guerra justa» contra el crimen, tiene en todas las experiencias transitadas en las últimas décadas en infinidad de países el efecto de igualar delitos: con la combustión formidable que da la generalización del temor, sobre todo el pánico focalizado en segmentos sociales específicos, identificables en tonos de piel y formas de vestir, la tendencia es al aumento de los castigos penales, determinados fuertemente por la preservación a ultranza de la propiedad privada. La «limpieza» de las calles, el desplazamiento de los trabajadores informales de los sectores urbanos que no están concebidos para incluirlos, buscan desplazar la posibilidad de una construcción social inclusiva y, con ello mismo, ignorarla.

Las amenazas del alcalde Macri contra las personas que limpian los parabrisas de los automóviles a cambio de una moneda es un ejemplo de esta toma de posición con gran carga simbólica. Tiene la misma concepción y lleva el mismo mensaje que los despliegues represivos en los barrios pobres de la ciudad de Córdoba, donde la policía tiende verdaderos cercos en los que inmoviliza por horas a adolescentes y jóvenes pobres, arrojándolos al piso, revisando sus pertenencias e impidiendo su circulación.

Es la misma que expresa la intendencia de la ciudad de Neuquén, gobernada por el mismo partido al que pertenece Macri, el PRO, y que tiene como hábito frecuente desplegar a la policía hacia el oeste de la ciudad, el sector más empobrecido. Los agentes tienden una sucesión de retenes y puestos de control: un joven que con ropas sencillas y una mochila quiera avanzar hacia el centro de la ciudad, que por lo general luce pulcro y ordenado, será frenado una y otra vez por los agentes, quienes hurgarán con toda soltura entre sus pertenencias mientras averiguan sus «antecedentes». Este trabajo lo hace la misma policía que el 5 de abril de 2007 asesinó por la espalda al maestro Carlos Fuentealba para impedir una protesta del gremio docente, mientras gobernaba Jorge Sobisch, quien no respondió judicialmente por la orden de lanzar ese ataque atroz. La misma policía que el 22 de julio de 2012 asesinó al adolescente Matías Casas. El agente Héctor Méndez lo acribilló por la espalda, aunque la versión instalada inmediatamente por la mayoría de los medios locales fue que se trataba de un «delincuente» y que el policía había actuado en cumplimiento de sus funciones. Cuando la falacia quedó a la vista, esos medios enmudecieron.

La oleada punitiva perfora las fronteras. Avanza aún en países donde los gobiernos expresan, con fuerza o timidez, posturas contrarias al aumento de los castigos penales, la represión y la prisión como única respuesta a la delincuencia. Por eso la tasa de encarcelamiento de población en la primera década del siglo XXI fue la más alta en toda la historia de la humanidad, expresa el investigador argentino Elías Carranza, criminólogo, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Calculada cada cien mil habitantes, la tasa de personas encarceladas creció en todos los continentes y bajo diversos tipos de gobiernos, según datos del International Center for Prison Studies, con sede en Londres: en Estados Unidos pasó de 501 en 1992 a 743 en 2011; en Sudáfrica, de 285 a 319; en México, de 98 a 200; en España, de 105 a 159; en Argelia, de 124 a 158; en Argentina, de 62 a 151; en Nicaragua, de 85 a 119. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reportó en 2009 que la tasa de homicidios dolosos creció 37% de 1997 a 2006, en tanto la tasa de encarcelamiento aumentó en ese mismo período 50 por ciento.

El Congreso argentino adoptó en 2004 una reforma penal, con ampliación de los períodos de encarcelamiento, a partir de la presión de un sector de la sociedad movilizado por grupos conservadores que, con formidable respaldo de gran parte de los medios de comunicación convencionales, ungieron como experto en «seguridad» al empresario Juan Carlos Bloomberg después de que padeció el secuestro y asesinato de su hijo Axel. Los cambios recitados por el falso ingeniero fueron adoptados por legisladores después de movilizaciones de decenas de miles de personas que marcharon por las calles de Buenos Aires, televisadas en directo por las emisoras que nunca dejaron de luchar contra el mal llamado «garantismo», ni más ni menos que el respeto a los derechos procesales de los acusados, pero convertido por el aparato propagandístico en una suerte de mecanismo de fabricación de reincidentes, con la martillada figura de la «puerta giratoria», según la cual el sistema judicial devuelve a las calles, en cosa de minutos, a los acusados de haber cometido delitos. Parece obvio decir que la figura de la «puerta giratoria» no se aplica a la liberación de agentes de seguridad del Estado que cometen delitos.

En esta reforma no se pusieron en juego las figuras de «terrorismo» y de «delincuencia organizada», como sí sucedió en muchísimos otros países. Uno de los ejemplos más aberrantes es el de México, que ya en 1996 incorporó la tipificación de «robo con violencia», con tanta vaguedad que gran cantidad de acciones quedan incluidas, como explica Calveiro, y son pasibles de penas de prisión de entre cinco y quince años, sin derecho a libertad condicional. Las penas fueron endurecidas nuevamente en 2000 pero las tasas de delitos denunciados no descendieron. Dice la investigadora argentina que los delitos contra la propiedad privada tienen castigo superior al daño al medio ambiente y que la figura de delincuencia organizada incorpora la variante de tentativa, es decir, una imputación gravísima sin que haya consumación de delito, aplicada tanto para la presunción de un «acto terrorista» como para el robo de un automóvil. El «arraigo», la figura que en México ampara la detención sin cargos formales, puede llegar a ochenta días, incluso en condiciones de aislamiento.

El enunciado de Zaffaroni, sobre el desarrollo de un sistema de control y punición para sectores amplísimos de población que no son convidados al reparto de riquezas, se aplica en México a través de estas reformas legales, tomando en cuenta que aún en períodos de crecimiento, si bien de índices modestos como se corresponde con la crisis mundial, la pobreza no paró de aumentar. El centro de estudios Observatorio México reportó que en 2014 el producto interno bruto aumentó 2,1%, con una aceleración respecto de 2013, en el que la tasa había sido de 1,7%. Sin embargo, 43% de los trabajadores no pudo garantizar su alimentación con el salario, por lo que debió recurrir a otras fuentes. Empeoraron, además, indicadores analizados por esa entidad: pobreza y derechos laborales, productividad, deuda pública, inflación y contenido nacional en la producción.

La economía de Estados Unidos creció, en 2014, 2,6% del Producto Interno Bruto, pero una investigación de Levy Economics Institute of Bard College advirtió que solo el 10% más rico de la población tuvo incrementos en sus ingresos, en tanto el 90% sufrió retrocesos. Peor aún, esta porción mayoritaria se vio forzada a recurrir de manera creciente a endeudarse para financiar sus consumos corrientes, es decir que la estructura económica, aun con un gobierno que hace algunos intentos por estimular la producción, termina favoreciendo en primerísimo lugar al negocio financiero.

El monstruo transformador

En el caso de la Argentina, prácticamente no hay controversia respecto de que una dramática transformación de la estructura económica nacional tuvo un punto de referencia crucial en la reforma financiera impuesta por José Alfredo Martínez de Hoz, en 1979.

La apertura del mercado de bienes y capitales desató un incremento de las tasas internas que, contrariamente a lo prometido por el régimen, no se acomodaron libremente a las vigentes en el mercado internacional, porque el mismo Estado fue convertido en gran demandante de fondos. Esa política creó las condiciones para alterar la ecuación histórica que determinaba en el país la balanza de pagos, resultado de la capacidad industrial para abastecer el mercado interno y sustituir importaciones y las exportaciones del sector agrario.

El ingreso irrestricto de financiamiento externo llevó la deuda de 12.000 millones de dólares en 1978 a 43.000 millones en 1982, pero no solo importa el número total sino además dos hechos simultáneos: mientras en el mundo los organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fueron reemplazados como prestamistas por la banca privada y convertidos en meros gestores de los intereses de los grupos transnacionales, el sector privado argentino se volvió tomador insaciable de fondos.

Un grupo muy reducido de conglomerados económicos locales y extranjeros y empresas transnacionales reunieron alrededor del 70% de la deuda externa privada. Los niveles altísimos de especulación y el aplastamiento de toda condición que permitiera a los trabajadores poner en discusión la distribución de la riqueza dio uno de los resultados estructurales que buscaba el grupo selecto de civiles que ideó el plan económico de julio de 1974, tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón, y que fue defendido con asesinatos, torturas y centros clandestinos de exterminio: los ingresos de los asalariados entre 1970 y 1975, que alcanzaban a 42,8% del Producto Interno Bruto, se derrumbaron a 30,2% al cabo del período dictatorial.

Producto de la estatización de la deuda privada adoptada en 1982 por Domingo Felipe Cavallo, muy reanimado con el triunfo electoral de Macri, a quien no se cansó de elogiar, los subsidios al sector financiero ante la quiebra de algunas entidades y los extendidos a las exportaciones industriales, el costo fiscal de la promoción industrial y otras medidas, las transferencias hacia el sector que Eduardo Basualdo define como capital concentrado, alcanzaron entre 1981 y 1989 a 67.500 millones de dólares, equivalente al 9,7% del producto bruto. El economista expresa que este monto representa el doble de los recursos destinados al pago de deuda externa y que estas transferencias se consuman al tiempo que el dispositivo internacional multiplica mecanismos para apropiarse de riquezas y bienes nacionales.

En 1985, mientras la flamante democracia argentina apenas podía resistir los embates por sus avances relativos en el juzgamiento de los crímenes que la dictadura cometió para sostener las políticas de Martínez de Hoz, el FMI lanzó el instrumento de la «capitalización» de deuda: como los países endeudados no podían pagar siquiera los intereses anuales les exigió, a nombre de los bancos, que afrontaran los vencimientos de títulos y bonos emitidos en dólares con la cesión de activos. Todo esto sucedió sin que se alterara, dice Basualdo, un sistema tradicional de transferencias del sector público, los sobreprecios pagados a grandes proveedores estatales, entre los cuales los grupos con posición dominante se llevan la tajada principal.

El investigador le pone nombre en los 80 a algunos de estos conglomerados: Pérez Companc, Techint, Siemens y Fiat. Esta acumulación de ganancias jamás regresó a un círculo virtuoso de inversiones productivas: solo para aquellos años hay una estimación de 30.000 millones de dólares salidos del país, a veces con mecanismos aproximadamente legales y otras mediante la convencional y acostumbrada fuga de capitales, práctica delictiva que el país no logró afrontar a fondo entre 2003 y 2015. Por el contrario, expertos en evasión y salida ilegal de divisas llegaron a puestos clave del gobierno el 10 de diciembre, como es el caso del ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, quien se tomó pocos días para restablecer mecanismos de transferencia de la riqueza nacional hacia el exterior.

Basualdo llama la atención sobre el hecho de que la apropiación de recursos por los grupos empresarios en el país, locales, extranjeros o mixtos, es aún más constante que el pago de la deuda, tomando en cuenta los períodos de moratoria o suspensiones de pagos. La moratoria de mayo de 1988, por caso, fue usada para una corrida bancaria propiciada por bancos extranjeros a comienzos de 1989, seguida por una debacle inflacionaria que forzó la salida anticipada del presidente Raúl Alfonsín y que levantó un pilar cultural y político fundamental para la administración que siguió, puesto que operó el desfalco a los bienes públicos bajo la sensación generalizada de un Estado incapaz de gestionar y reconducir la crisis.

La toma a valor nominal de bonos de deuda totalmente desvalorizados permitió a corporaciones transnacionales quedarse con bienes nacionales con desembolsos mínimos. Uno de los casos más notables es el bimonopolio telefónico habilitado por el gobierno de Carlos Menem, en una privatización objetada además por actos de corrupción y consumada con el arrasamiento de las estructuras sindicales. El ordenamiento de los pagos de deuda sobre la base del Plan Brady y las privatizaciones generalizadas lanzaron sobre el país un alud de capitales externos en un período de gran liquidez internacional: Menem concluirá su presidencia dejándole al país una deuda de casi 140.000 millones de dólares y también el afianzamiento de una transformación en la que, como apuntó Basualdo, se desdibujaron las fronteras entre los empresarios nacionales y multinacionales, con una ley de inversiones extranjeras que no fue alterada en los períodos siguientes.

El economista Alejandro Robba hace notar que las políticas enérgicas de reactivación del mercado interno adoptadas a partir de 2003 oxigenaron a la pequeña y mediana industria, les dieron crecimiento, capacidad de empleo y ganancias, pero no todavía potencia para jugar a escala global y conseguir financiamiento externo, y tampoco para erigirse como referencia política: la hegemonía siguió en manos de la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina, que conservaron la nacionalidad en sus nombres pero no el ánimo para marchar detrás de la celeste y blanca.

El edificio que ubica al negocio financiero con capacidades operativas nunca vistas en el mundo, incluyendo la incidencia política para poner y sacar ministros, determinar las medidas regulatorias que dan garantías a los «inversores» extranjeros, condicionar y hacer tambalear gobiernos y forzarlos a cambiar de rumbo, incluyó a fines del siglo XX la consolidación y multiplicación de los fondos comunes de inversión y sus derivaciones sucesivas y rostros camuflados, para moverse libremente en un verdadero casino global con varias sedes, llamadas de manera muy simpática paraísos fiscales.

Hay dificultades para precisar la riqueza concentrada en esas guaridas transnacionales. Algunas investigaciones ubican el monto total entre 21.000 billones y 32.000 billones de dólares, es decir, entre un tercio y la mitad de toda la riqueza producida en el planeta, ya que el producto bruto mundial es calculado en 70.000 billones de dólares.

Naturalmente, los bancos con capacidad operativa más allá de cualquier frontera y las corporaciones transnacionales, junto con las grandes fortunas individuales, sostienen este sistema porque se benefician con él mediante la evasión de impuestos. El Instituto Federal Suizo de Investigación Tecnológica elaboró una suerte de mapa mundial de las corporaciones. Calculó que 737 de estos grupos controlan alrededor del 80% de los recursos corporativos mundiales pero, peor aún, solamente 147 de ellos tienen en sus manos el 40% del total. Tres cuartas partes de aquel puñado de grupos gigantes no son empresas productivas, sino grupos financieros, y la preocupación por esta fuerza monstruosa, capaz de toda clase de coacción en cualquier lugar del mundo, llegó al Grupo de los 20, aunque en principio no pasó de las declamaciones.

Esta acumulación financiera solo es posible mediante el acto delictivo de la evasión, con un sistema que requiere condiciones dentro del país motivo del saqueo y gran relajación en los controles internacionales para el movimiento de fondos. Lo investigó para algunos casos específicos Clair Hickman, auditora de la Receita Federal del Ministerio de Finanzas, el organismo recaudador de Brasil. Observó, en uno de ellos, a una empresa brasileña de minería que creó una subsidiaria en Suiza, a la que le vende lo que extrae en el país a bajísimo precio. A su vez, la filial suiza realiza la venta real a China, a precios de mercado, con lo que acumula las ganancias en el paraíso fiscal, evadiendo el pago de impuestos en Brasil. Y no solo los países de la periferia son expoliados. En el Reino Unido la carga fiscal promedio sobre las empresas es de alrededor del 35%. Una firma abrió una filial en Luxemburgo, donde las tasas alcanzan a 0,5%. La matriz le pidió un préstamo millonario a la subsidiaria y le pagó a tasas exorbitantes, con lo cual pudo aparentar ganancias insignificantes y así estafar al fisco británico.

La debacle europea lleva a algunos sectores a indagar sobre evasión fiscal y fuga de divisas, visto que es uno de los motivos principales del empobrecimiento de las poblaciones. El economista Christian Chavagneux calculó que en Francia la fuga de capitales trepa a 80.000 millones de euros anuales y mencionó que el sistema bancario no puede ser ajeno a las maniobras para hacerlo posible, más tomando en cuenta que las entidades principales, BNP Paribas y Société Générale entre ellas, cuentan en conjunto con alrededor de quinientas filiales en los paraísos fiscales.

Oxfam International, la coalición de diecisiete organizaciones no gubernamentales activa en noventa países bajo el lema «trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento», difundió un informe a comienzos de 2015 en el que detalló que casi la mitad de la riqueza del mundo, 48%, estaba en manos del 1% de la población. Tomando datos de Credit Suisse, advirtió además sobre la tendencia en curso: ese 1% podía pasar a reunir 50% en 2016 y 54% en 2019. En medio de la crisis mundial, la desaceleración o la recesión en gran cantidad de países, un grupo de ochenta potentados sumó 600.000 millones de dólares de ganancias entre 2011 y 2014. La cuenta general determina que 80% de la población mundial retiene solamente 5,5% de la riqueza.

Estos son los parámetros de una distribución que, en palabras de Zaffaroni, llevan a excluir a 70% de la población, con los consecuentes requerimientos de dispositivos de control y represión, como los que comenzó a adoptar el gobierno de Macri apenas asumió. Al disponer una devaluación de 40% y desatar una estampida de precios, en combinación con la quita de los derechos de exportación a la patronal agraria, puso en marcha un cambio regresivo en el reparto de los ingresos, con consecuencias inevitables en el clima social. Adornó el dispositivo con una andanada de despidos en el Estado, insignificantes en lo económico pero con alta carga simbólica: denigración de los trabajadores, acusaciones de percibir salarios por ser militantes políticos de la fuerza desplazada del gobierno y una buena ración represiva, como ocurrió a comienzos de enero de 2016 en La Plata.

Pero aún los sistemas más desequilibrados en el reparto de las ganancias, como el que Macri se encamina a restablecer, resultan insuficientes para que se den los niveles de acumulación descriptos por Oxfam. Son necesarias las guaridas fiscales y los mecanismos delictivos perfectamente aceitados para sacar, territorio por territorio, cifras multimillonarias, algo que solo puede hacerse con el concurso eficiente de grandes bancos.

Las investigaciones en curso en Argentina y Brasil en 2015, después de revelaciones hechas en Francia, así lo demostraron. También otras indagaciones, como la que condujo James Henry, ex economista jefe de McKinsey & Company, consultora en estrategias administrativas con sede en Nueva York y que tiene entre sus clientes a las corporaciones más grandes del mundo.

Henry cruzó la frontera y pasó a trabajar para Tax Justice Network, la red internacional por la justicia fiscal formada por investigadores y activistas que se oponen a la especulación financiera y a las ventajas que dan los paraísos fiscales, donde según una investigación que él condujo se acumulan 21.000 billones de dólares, un tercio del producto bruto mundial. Para llegar a esa conclusión entrecruzó series de datos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, bancos centrales y presupuestos nacionales, y analizó 139 países.

El trabajo da cuenta de un sistema complejo de acuerdos legales y cambios de jurisdicción que dificulta el rastreo de datos, además porque el término «offshore» no se refiere a una ubicación física de activos sino a localizaciones temporales, con el uso de las redes de entidades que se especializan en el desafío abierto o encubierto a las leyes e intereses de los países. Menciona de inmediato a los grupos dominantes en estas maniobras, a los que atribuye el manejo de alrededor de tres cuartos del total de los capitales circulantes: UBS, Credit Suisse, Citigroup/SSB/Morgan Stanley, Deutsche Bank, BankAmerica/Merrill Lynch, JP Morgan Chase, BNP Paribas, HSBC, Peter & Cie, Goldman Sachs, ABN Amor, Barclays, Crédit Agricole, Julius Baer, Société Générale y Lombard Odier. Y dice:

Resulta que este sector offshore cubierto de secretos —que se especializa principalmente en evasión fiscal y lavado de los resultados de una miríada de actividades dudosas— no es un archipiélago de paraísos exóticos y no relacionados, sino una industria global muy lucrativa, la industria de la piratería bancaria global.

Las instituciones involucradas no tienen sede en unas islas sembradas de palmeras, sino que se radican en Nueva York, Londres, Ginebra, Frankfurt y Singapur, entre otras capitales.

Títulos y noticias dedicados a estos datos jamás escalan en los medios que tienen posición dominante en la Argentina, y tampoco obtienen un lugar, ínfimo siquiera, en las agendas políticas planteadas por las fuerzas que fustigan la intervención del Estado en la economía y una consecuente «falta de inversiones extranjeras».

Si están en la oposición, como lo vivió Argentina, estos dispositivos que tienen brazos financieros, políticos y comunicacionales se esmeran en estigmatizar la inversión pública, a la que descalifican como «gasto»; señalan falta de espacio para la «iniciativa privada», martillan sobre una supuesta sobrecarga impositiva y desembocan, implacable e invariablemente, en denuncias de corrupción gubernamental. Esta erosión tiene el efecto de quitarle a los gobernantes capacidad de acción contra el lavado y la fuga de divisas.

En su llamativa aplicación de la ciencia biológica y examen de la historia de la evolución, Marcelino Cereijido expresa que todo organismo necesita interpretar acertadamente la realidad en que vive, para adoptar las decisiones apropiadas a su desarrollo. A la negación de esa información, o a su transmisión manipulada, le llama cognicidio, la destrucción del conocimiento, de la herramienta esencial que el ser humano requiere para tomar decisiones en su beneficio. Y con el agregado conocido, el de la industria mediática presentándose a sí misma como mera espectadora, relatora neutral de cuanto sucede, y negando su papel de constructora de lo que se conoce y de lo que se ignora.

Así, con la publicidad por su 70 aniversario, el diario Clarín pretendió recrear la vetusta ilusión del poder de decisión del receptor, mediante una escena en la que las hojas son usadas para envolver huevos: grosera regresión a la «ley de las mínimas consecuencias», acuñada para los medios de comunicación por Paul Lazarsfeld ochenta años atrás y desbaratada por decenas de investigaciones, cualquiera sea el lugar donde se hayan hecho. La fórmula fue copiada por el gobierno de Macri en los primeros días: negó que existiera concentración, afirmó que «la gente es la que decide» y aniquiló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la única finalidad de facilitarle a Clarín un aumento de sus ya abultados negocios y su posición dominante.

Morderá el polvo quien se atreva a poner en discusión este dispositivo. La patraña política y económica es respaldada por muy promocionados «índices de corrupción», como los que Transparencia Internacional elabora para sobreexponer unas prácticas y ocultar otras. La Convención de la ONU contra la Corrupción sostiene que en los países en desarrollo, entre los que están los de Amércia latina, las prácticas ilegales de los gobiernos causan en conjunto una pérdida de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares anuales. Jason Hickel, profesor de London School of Economics (Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, que el mundo académico convencional considera como una de las mejores del mundo en su tipo), sostiene que ese monto representa 3% del total de flujos ilícitos que salen de esos países. La evasión fiscal, afirma, es veinticinco veces mayor.

Solo en 2014, alrededor de 100.000 millones de dólares terminaron en los paraísos fiscales, producto de prácticas fraudulentas como falsificación de balances y ocultamiento de ganancias, así como la estafa llamada «precio de transferencia», mediante la cual las multinacionales comercializan sus productos entre filiales propias o subsidiarias a precios ridículos, para acumular la diferencia —con la facturación del valor real— en la jurisdicción que cobra los impuestos más bajos, como se vio antes en el caso de la firma minera brasileña. Hickel opina que este margen de acción delictivo es posible porque las reglas de la Organización Mundial de Comercio permiten a las empresas declarar exportaciones subvaluadas. El mecanismo de decisiones del organismo, centralizado en las grandes potencias, es lo que explica el sistema favorable, en primer lugar, a los grupos transnacionales más poderosos.

El Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la agencia estadounidense USAID y numerosas organizaciones no gubernamentales imponen, con complicidad de corporaciones mediáticas, una narración que atribuye a la corrupción política la persistencia de la pobreza en los países en desarrollo y ocultan, como afirma Hickel, los datos esenciales sobre cómo está siendo construido el poder económico en el mundo, como el hecho de que por cada dólar que las corporaciones destinan al lobby o cabildeo, consiguen un retorno de 220 dólares. Un dato que no difunde un grupo contrario a la globalización o una fuerza política de izquierda, sino la mismísima Radio Nacional Pública de Estados Unidos.

Tampoco llega a la periferia de la aldea global la noticia de quiénes toman decisiones para mantener con excelente salud los mecanismos principales del casino, como es el caso de Henry Paulson, el CEO de Goldman Sachs, artífice del «rescate» multimillonario a la banca privada estadounidense cuando él se desempeñó como secretario del Tesoro.

Las acusaciones de corrupción política son replicadas por cientos de medios y ungidas como tema central de las campañas electorales, mientras que los actos delictivos para sacar dinero del país consiguen espacios apenas laterales, en tanto avanzan dificultosamente —si es que avanzan— en la justicia.

En octubre de 2015 la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ordenó investigar una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra el HSBC, acusado de dar a empresas la plataforma de operaciones para evasión y lavado. La presentación original es anterior al momento en que llegaron de Francia los primeros datos sobre al menos 4.040 cuentas de argentinos abiertas por la misma entidad en Ginebra. En el caso puntual, tres empresas y el banco armaron un circuito de facturas truchas, transferencias hechas en horas y empleo de una clave tributaria genérica para evadir el pago de IVA e impuesto a las ganancias. La acusación a HSBC es que proporcionó a la AFIP información manipulada para impedir que el organismo identificara a la empresa que se queda con las ganancias.

Pero este caso abarca un movimiento si se quiere modesto, unos 900 millones de pesos. La AFIP había dado a la justicia, en 2013, información sobre más de 2.100 cuentas bancarias sospechadas de operaciones similares. Los movimientos consumados entre 2008 y 2012 gracias al HSBC involucran un total de 9.000 millones de pesos (900 millones de dólares a valores de 2015, antes de la devaluación decidida por el gobierno macrista). Tomó dos años atravesar los vericuetos judiciales para sortear desestimaciones de primera instancia y reanudar las indagaciones.

Además, sobre la base de las revelaciones que Hervé Falciani, ex empleado del HSBC, hizo a la justicia francesa —que fue la que las transmitió a la Argentina—, la AFIP se presentó a la justicia por el caso de las 4.040 cuentas de argentinos en Ginebra afirmando que este banco crea otras entidades vinculadas, como el HSBC International Trustee, en las Islas Caimán, y la HSBC Republic Trust Company, en Guersney, que sirviéndose de estándares de vigilancia muy favorables operan con firmas pantalla, financistas o meros testaferros, a cuyo nombre quedan sumas multimillonarias evadidas. Prácticamente son bancos simulados, con titulares de cuentas ficticios, sumas multimillonarias reunidas sin control fiscal, dinero que solo en apariencia se radica en un paraíso, porque en verdad nunca pasó por allí. En este bien llamado casino global inscriben sus nombres lustrosos Loma Negra, Amalia Lacroze de Fortabat, Clarín, Laboratorios Bagó, Techint, Universidad Católica Argentina, Petrolera San Jorge, Arcor, Consulatio y Eduardo Costantini, Grupo Ledesma, Bunge y Born, Exxel Group, y los propietarios de Sprayette, Juncadella, Exolgan y Editorial Estrada.

Los movimientos relativos a esta denuncia involucran un total estimado de 3.000 millones de dólares, en lo que el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró apenas «la punta de un iceberg», si se toman en cuenta los 150.000 millones de dólares que, calculó, fueron enviados al exterior por estos y otros patriotas argentinos. Dijo en enero de 2015:

Con asombro, vemos que algunos editoriales de los medios de acá tratan a quienes serían los dueños de ese dinero no declarado como víctimas, cuando en realidad, si hay sumas de tales proporciones no declaradas, es porque seguramente tienen un origen ilícito. Es una situación que no es nueva, que tiene su origen en gran medida en la última dictadura militar, con una Ley de Entidades Financieras que la facilitaba, y para algunos ya es una cuestión naturalizada esto de fugar la plata del país para no declararla.

Pocos meses después se puso en marcha la Comisión Bicameral conformada para investigar sobre la evasión en estas 4.040 cuentas. Las primeras citaciones legislativas fueron para directivos de Cablevisión y Mastellone, entre otros, mientras se analizaban datos y antecedentes que vinculan la práctica sistemática de evasión y lavado de dinero con las cuevas financieras de la City, el sistema bancario y cuentas offshore. Algunas estaban a su vez mencionadas por operativos de la AFIP contra el mercado ilegal del dólar: Multicambio S.A., Alhec Tours, Cambio Mercurio y Banco Velox, que según el material en estudio ya habían tenido conexiones con cuentas en el exterior durante los 90.

Aunque el HSBC era la entidad más mencionada en Argentina y en otros países como gestora de primera línea en los circuitos para hacer posible la evasión y el lavado, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, mencionó también que la misma metodología surge de la causa referida al JP Morgan, a partir de la autoimputación de Hernán Arbizu, quien fue responsable de la corporación para sus clientes en Amércia latina, incluyendo servicios de administración de bienes familiares y de herencias a «la crema» regional.

La misma condición para BNP Paribas, que quedó expuesta a partir de la causa de contrabando de drogas en el «caso de la efedrina», que incluyó el triple crimen en General Rodríguez, oeste del Gran Buenos Aires. Un allanamiento permitió conocer la dirección del banco receptor de uno de los depósitos, para terminar dando con una cueva que organizaba la circulación del dinero a paraísos fiscales o cuentas en el exterior, sin los registros legales correspondientes.

Dijo Sbatella entonces: «Aunque con demora, porque varios jueces se fueron excusando, en esta causa aparecieron avances», que permitieron llamar a indagatoria a directivos del BNP Paribas. Comenzaron a declarar desde Francia por teleconferencia. La presunción del funcionario era que los movimientos ilegales involucraban no solo dinero de la evasión sino también de lavado, en un sistema especializado que requiere, claro, de verdaderos expertos. Es el caso de Gabriel Martino, gerente general de HSBC en Argentina. Él llegó de México, donde durante su gestión el banco pagó 1.900 millones de dólares después de que una investigación del Senado estadounidense mostró que había realizado operaciones de lavado por 7.000 millones a favor de integrantes del cartel de narcotraficantes de Sinaloa.

Expertos en evasiones monstruosas

Expertos para defenderse, o aliados, no le faltan al HSBC en ningún lugar del mundo, incluida la Argentina. Alfonso Prat-Gay, presidente del Banco Central entre 2002 y 2004, ex ejecutivo de JP Morgan en Nueva York, Londres y Buenos Aires, ungido por electores de la capital argentina diputado nacional en 2009, salió al paso de las acciones judiciales para investigar las 4.040 cuentas de Ginebra. No fue un acto simbólico, sino que se debió a su condición de apoderado de la cuenta no declarada por Amalia Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo. Según los datos que la AFIP entregó a la justicia penal tributaria, el saldo a fines de 2006 era de 68.300.000 dólares, aunque había tocado anteriormente 100.000.000 de dólares.

Prat-Gay puso a su firma de consultoría al servicio de Exprinter International Bank, de la familia Supervielle, uno de cuyos directivos, Pilar Estela Supervielle, integraba también la lista de Ginebra, con 19.600.000 dólares. Asimismo, lanzó una ofensiva contra las autoridades de la AFIP, con acusaciones de falso testimonio y asociación ilícita que puso en manos del juez federal Claudio Bonadio, alfil en la persecución a funcionarios del gobierno argentino en funciones hasta 2015 y por ello habitante frecuente de las portadas de Clarín y La Nación.

El dispositivo desarrollado para mantener la toma de ganancias, evadir al fisco y radicar fortunas fuera de las fronteras debió abandonar el formato golpista convencional de la segunda mitad del siglo XX, con sus prácticas de persecución y muerte, para aplicar una fórmula que combina el jaque incansable a las instituciones democráticas junto con la toma de posiciones estratégicas dentro de ellas. Por eso controla buena parte del Poder Judicial y de la información circulante, tiene legisladores que trabajan para él, hostiliza a los gobiernos díscolos y puede tomar el poder político por vías legales, como ocurrió el 10 de diciembre de 2015 en la Argentina, donde el presidente Macri premió la trayectoria de Prat-Gay poniéndolo al frente del Ministerio de Finanzas.

Y no solo: para reemplazar a Sbatella el nuevo gobierno propuso al abogado Mariano Federici, vinculado a través de una fundación al estudio Juan Félix Morteau, que litigó contra la Unidad de Información Financiera. Postuló para vice a María Eugenia Telerico, abogada del banco HSBC en acusaciones de lavado, en tanto Celeste Plee fue convocada al área de fiscalización. Hija del fiscal Raúl Plee, la abogada venía trabajando para el banco Masventas S.A., una de las entidades acusadas durante la gestión anterior de la Unidad. También pertenecía al estudio Marteau, que defendió a Clarín y JP Morgan en la causa a cargo del juez federal Sergio Torres, emprendida por lavado y fuga de alrededor de 5.000 millones de dólares. El centro de investigación CIPCE, dedicado a prevenir la criminalidad económica, recurrió a la justicia en un intento por bloquear estas postulaciones, por el «conflicto de intereses insoslayable e insuperable» de los involucrados.

Para el caso de que no haya quedado claro: los representantes legales de bancos y empresas acusadas de lavado y fuga de divisas son puestos en el control de la oficina estatal que debe perseguir esos delitos.

Es que el sistema para arrastrar miles de millones hacia cuevas inexpugnables no funcionaría sin perforar el Estado y torcer sus acciones. Guillermo Wierzba, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, afirma que no se puede analizar la estructura y la marcha de la economía del país, ni ninguna otra, sin incorporar este fenómeno y sin tomar en cuenta la acción de los fondos buitre. Los grupos financieros dominantes en el mundo, para la toma de ganancias que organizaron aun a expensas de desatar la crisis de 2008, deben valerse de un conjunto de condiciones entre las que figura la falta de controles, amablemente llamada «desregulación» y eufemísticamente «libertad de mercado»: no es otra cosa que la pérdida de potestades estatales, incluso en la defensa de los derechos soberanos.

El caso más expuesto es el del juez neoyorquino Thomas Griesa, pieza fundamental para que estos grupos especulativos tengan oportunidades en la Argentina, con la expectativa adicional que les generó el cambio de gobierno de diciembre de 2015 y el blindaje en la discusión pública del tema, mediante la multiplicación de voces que abogaban por una negociación que desembocara en condiciones rechazadas de manera terminante por la gestión saliente. El coro a favor de una negociación y al cambio de condiciones para pagar a los buitres más de lo reconocido a casi 93% de los deudores del país que aceptaron una quita no solo abarcaba a la oposición conservadora: incluía también a Juan Carlos Urtubey, otrora integrante del equipo del candidato oficialista a la presidencia.

Con Macri en el gobierno, Urtubey comenzó a ser ensalzado por los medios conservadores como el rostro amable del peronismo, en clave de ruptura con los sectores que responden a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La pandilla que durante años sonrió amablemente a los fondos buitre recibió premios jugosos. La presidencia del Banco Nación fue para Carlos Melconian, economista estrella del equipo de Macri, quien acuñó la frase: «Los holdouts son tipos de buena voluntad. Compraron títulos para ahorrar (…) Es que si un amigo te debe guita y no te paga, es un garca». No podía faltar al compromiso con los patrones del casino global Federico Sturzenegger, ex funcionario menemista, procesado por la fraudulenta operación del «megacanje» de deuda consumada en 2001. Macri lo hizo escalar a la presidencia del Banco Central, con lo que la tenaza contra el interés nacional no dejaba casi ninguna fisura.

Argentina no es la única jurisdicción atacada por esta especulación financiera y por los fondos buitre. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico enlistó la presión simultánea sobre ese territorio, Argentina, Grecia y el Estado norteamericano de Detroit, lanzada mediante las más diversas maniobras por Aurelius Capital, Monarch Alternative Capital y Canyon Capital. Las Hedge Funds Firms que actúan simultáneamente en Puerto Rico, Grecia y Argentina son por lo menos otras siete. Es significativo el caso de Detroit, que pudo valerse de la ley de quiebras estadounidense para que no fuera cuestionada su reestructuración de deuda, como le sucedió a la Argentina, ya que la norma la preserva si tiene adhesión de la mitad de los individuos tenedores de títulos. Puerto Rico no corre la misma suerte, porque los buitres planean sobre el Congreso en Washington y sobre juzgados que tienen controlados, como el de Griesa, y no permiten la aplicación de la misma norma federal, por tratarse de un «Estado libre asociado».

Si bien este dispositivo se especializa en la compra de títulos soberanos devaluados para después accionar para cobrarlos en su valor nominal, no desestima otros frentes. El fondo Elliott Management, de Paul Singer, es uno de los accionistas de Delphi Packard Argentina, autopartista de capitales estadounidenses que buscó el cierre de su planta en San Juan, con casi quinientos trabajadores, lo que motivó una denuncia penal de la AFIP a comienzos de 2015, bajo la presunción de que los directivos cometieron maniobras de vaciamiento con el fin de centralizar actividades en Brasil para bajar costos y mantener desde allí el abastecimiento de autopartes.

Singer había hecho pie en Delphi, autopartista nacida como división de General Motors, mediante la adquisición de su deuda por apenas 20% del valor nominal y su capital con acciones compradas a 67 centavos de dólar, cuando estaban por el piso. Ante la recesión en Estados Unidos y la crisis mundial, Delphi se mostró al borde del cierre, con sus decenas de plantas y unos veinticinco mil trabajadores amenazados. Llegó el salvataje estatal, mediante la bicoca de 13.000 millones de dólares aportados por el gobierno de Barack Obama, con el resultado de que las acciones compradas a 67 centavos se cotizaron luego a 22 dólares, es decir 3.000% de ganancia. Uno de los inversores en el negocio, dando compañía a Singer, fue el dirigente republicano Mitt Romney, ex candidato presidencial. La revista norteamericana The Nation dijo que Romney y su esposa hicieron una inversión inicial de un millón de dólares y, al cabo de la operación, embolsaron 15,3 millones.

El acuerdo con la carroña financiera internacional en condiciones destructivas para el país es sin embargo elevado, como ya se vio, al estatus de condición ineludible para obtener «financiamiento internacional», objetivo por el que también se rechazan regulaciones o intervenciones públicas a la entrada y salida de capitales. Allí aparecen los enunciados conocidos y reiterados, latiguillos y verdaderas consignas electorales: libertad de mercado, confianza internacional, inversiones para el desarrollo. El sistema propagandístico ofrece índices de transparencia, clasificaciones de confianza y mediciones internacionales aplaudidas por los mismos que, entre 2003 y 2012, lograron sacar del país alrededor de 150.000 millones de dólares, amasados gracias al crecimiento verificado durante una gestión a la que combatieron a brazo partido.

Es que no estaban tan a gusto como en 1982, cuando Sevel, que en ese período pertenecía al grupo de la familia de Mauricio Macri, Loma Negra, Pérez Companc y Acindar, entre otros, recibieron del ministro de Economía, Domingo Cavallo, el obsequio de la estatización de sus deudas por un total de 15 mil millones de dólares. Luego, en los 90, el mismo ministro inventó para millones de argentinos la ilusión totalmente infundada de que gozaban de una suerte de derecho natural a adquirir dólares y de que podían organizar los aspectos aun más modestos de su vida personal tomando como referencia a esa moneda. Esa plataforma recreó el terreno fértil para que sea posible generar una corrida cambiaria en un santiamén, en un mercado paralelo absolutamente insignificante en su cuantía, aunque es a la vez llave maestra para dirimir con el Estado pujas económicas y políticas: títulos diarios e infalibles con la cotización paralela, un par de llamadas para levantar la cotización y empujar el clima de un estallido que procura que gran parte de los actores económicos se retraigan y tomen posiciones defensivas.

Así, las condiciones aparentes de una debacle se reinstalan, el agotamiento de las políticas vigentes se repite en análisis y discursos y con ello el imperativo de un cambio, por las buenas o por las malas. Esperan agazapadas las grandes corporaciones que pelean por recuperar espacios en la mesa de las decisiones y que con Macri llegaron a despachos oficiales, los exportadores que consiguieron su devaluación para reunir ganancias muy superiores a las de cualquier otra actividad productiva en el mundo, los que quieren echar a andar otra vez el círculo del endeudamiento, con el imprescindible relajamiento de las normas vigentes, y hasta los que quieren ser quienes bajen el martillo sobre las alianzas estratégicas del país.

Lo hizo Techint, el grupo de la familia Rocca, cuando en febrero de 2015 causó un terremoto en la Unión Industrial Argentina con el fin de boicotear los acuerdos con China, a pesar de que incluían financiamiento para una represa en San Juan cuya construcción ya había sido adjudicada al conglomerado. La objeción no provino, claro, de un súbito e inesperado aprecio por el interés nacional, porque la única patria de Techint es su caja. Con negocios diversificados en varios países de América, el grupo tiene como estrategia general salirle al paso a los acuerdos regionales con China porque es el principal exportador mundial de acero, es decir, un competidor potencial para una de sus ramas principales de actividad.

Tenaris, del grupo Techint, es una de las empresas incluidas por la Comisión Bicameral creada en 2015 en la investigación de la complicidad civil en los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, además de que en el marco de una causa judicial fue allanada una planta suya en Campana, a la búsqueda de datos sobre la desaparición de obreros de la firma siderúrgica. A la labor del grupo parlamentario se propuso contribuir el Banco Central, que aportó documentación de su archivo, como correspondencia, actas que permanecían en secreto, el contenido de reuniones de directorio de la entidad y legajos. De ese conjunto pueden surgir datos para investigar una serie de hechos delictivos, como los referidos a la entrega por la dictadura de la empresa Papel Prensa a Clarín y sus asociados, la liquidación del Banco de Hurlingham, que pertenecía a David Graiver y, entre otros, los despojos a los que fue sometida la familia Iaccarino.

La conformación, los objetivos y los primeros pasos de la Comisión fueron rechazados presurosamente por la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina, ya que Tenaris-Siderca, así como Acindar y otras empresas sospechadas de complicidad con los crímenes de la dictadura, están en ambas o en una de esas cámaras. Los cambios en las condiciones políticas a fines de 2015 aportaron más sombras que luces sobre la posibilidad de avanzar en las investigaciones.

La oposición al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado recrudeció a medida que se aproximaba la conclusión del mandato de la presidenta Fernández de Kirchner, con la ilusión de que su salida hiciera posible retirar al Estado de sus responsabilidades y cesar la búsqueda de justicia.

El objetivo de impunidad es adornado con el adjetivo de «reconciliación» y procurado no solo con declaraciones de circunstancia, sino con operaciones más elaboradas y discursos pretendidamente fundamentados. Fue el caso de un seminario convocado en plena campaña electoral por la Universidad de San Andrés, titulado «Derechos humanos y castigo: las discusiones pendientes», en el que expertos en derecho, varios de ellos provenientes de Estados Unidos, alegaron contra los juicios por los crímenes de la represión porque, dijeron, no constituyen una contribución a «la verdad socialmente conocida». Los participantes protestaron por lo que definieron como «estado de indefensión en el que se encuentran los acusados, cuarenta años después de lo ocurrido». Los extranjeros no estaban solos: los acompañaron el ex embajador en Naciones Unidas Emilio Cárdenas, el historiador Luis Alberto Romero y la ex militante de derechos humanos Graciela Fernández Meijide. Esta actividad, donde se soltaron livianamente monstruosidades históricas, contó con un anuncio previo del portal de información que maneja la Corte Suprema, para que la familia judicial no perdiera la oportunidad. Los debates fueron seguidos en primera fila por Cecilia Pando, la agitadora ultraderechista.

La santa impunidad

El obispo Jorge Casaretto se pronunció en términos muy similares, en este caso en otra tribuna, la de la Universidad Católica Argentina, donde dijo que «cuanta más justicia aplicamos, menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada. Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad». El estropicio argumentativo y el reclamo de organismos defensores de derechos humanos empujó a José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal, a aclarar que «la reconciliación no es borrón y cuenta nueva, y menos impunidad», y que por ello son necesarias «la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de cuanto sea deplorable y la reparación en justicia de los daños causados».

La Nación se ubicó en el nuevo contexto político dado por el triunfo electoral de Macri el 22 de noviembre y al día siguiente pidió, en nota editorial, la liberación de los autores de crímenes de lesa humanidad. El cambio político fue acompañado también por decisiones judiciales: los querellantes de la causa Área Paraná, por los delitos represivos contra cincuenta y dos personas, de las cuales cinco estaban desaparecidas, reprocharon al juez Leandro Ríos las penas aplicadas a siete acusados, muy inferiores a las solicitadas por la fiscalía, con la excepción de una prisión perpetua. De hecho, cuatro de los condenados quedaron en libertad.

Otros cinco represores fueron liberados en vísperas de la Navidad en La Pampa, a pesar de su procesamiento por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas contra trescientas víctimas del aparato represivo que había montado el coronel Ramón Camps antes de quedar al frente de la Policía Bonaerense.

Estos esfuerzos por poner al país en reversa tuvieron un capítulo especialmente intenso con las elecciones provinciales realizadas el 23 de agosto de 2015 en Tucumán, demostrativos de la visión del país y del mundo de personas que llegan a conducir juzgados, a ser diputados, senadores y gobernadores, que tienen por costumbre no aceptar derrotas y no cesan de complotar para imponer su proyecto.

La oposición, después de un pronóstico claro de triunfo oficialista surgido de los comicios primarios (PASO), montó y se montó en unos episodios burdos de manipulación de urnas para un intento de anulación de la votación que no tenía forma de prosperar, salvo una ruptura violenta del orden legal, equivalente en su escala a lo que es considerado un golpe de los llamados «blandos». El sostén implacable dado a estas denuncias mediante una campaña de difusión de los medios en posición dominante cumplió un primer objetivo, el de instalar a franjas significativas de la población en la sensación de que su voto puede ser objeto de manipulación fácil: un as en la manga, para usar eventualmente en los comicios presidenciales y hasta sin descartar la apelación a un proceso malogrado, como en La Nación lo propuso el columnista Joaquín Morales Solá, cuando pretendió presentar como cierta la posibilidad de llegar al 11 de diciembre sin presidente electo.

Lo monstruoso es que este conjunto de operaciones para desconocer el voto popular fue palmariamente reconocido en las argumentaciones que comenzaron a proliferar antes y después de que el escrutinio definitivo de Tucumán confirmara al triunfador y no quedara margen alguno para intentar la invalidación.

El objeto definido como no válido fueron los mismísimos votantes del oficialismo, una regresión de un siglo, ciento tres años y seis meses, más exactamente, como si el país fuera forzado a discutir nuevamente la Ley Sáenz Peña, sancionada el 10 de febrero de 1912. Dos jueces de la Sala en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, anularon la votación —decisión luego revertida por la Corte Provincial— con el argumento de que los pobres, al recibir apoyo del Estado a través de diversas políticas, quedan con sus capacidades intelectuales inhabilitadas para sufragar. Como recordó Horacio Verbitsky, para apuntalar esta concepción recurrieron a un libro publicado por Carlos Fayt, juez saliente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1945. Acompañaron plenamente el corpus ideológico del candidato derechista derrotado, José Cano, quien al reconocer la falta de toda evidencia de prácticas de fraude, sostuvo que este se da en el hecho mismo de que los pobres voten, pues son incapaces de hacerlo libremente.

Es curioso que de aceptarse semejante línea de pensamiento estaríamos al borde de objetar el voto de tantos empresarios que, desde los albores y con la excepción de períodos casi aislados, cobraron del Estado con sobreprecios por los productos y los servicios prestados, y hasta por los productos y servicios no prestados. Al decir de Basualdo, la lista podría ser encabezada, por caso, por los accionistas de Techint, o por los Macri, papi Franco y niño Mauricio.

Lo cierto es que estas ferocidades ideológicas y hasta raciales no se prestan para broma, porque esta gente habla en serio, actúa en serio y ya demostró, ampliamente, que gatilla en serio, porque su esquema de país está anclado a la era anterior al peronismo, una nostalgia que trastoca con facilidad extrema en rabia carnicera y voluntad represiva. Bien evocó Eugenio Zaffaroni los dichos de Benjamín Villafañe, primero gobernador de Jujuy y después senador nacional, en 1936:

La Ley Sáenz Peña ha venido entre nosotros a asegurar el triunfo de la bestia policéfala, analfabeta, todo instinto, sobre los brotes excelsos del alma humana en la tierra virgen de nuestras pampas y desiertos. Y lo peor es que vivimos dentro de la atmósfera del sufragio universal, convertido en Evangelio de los teorizadores, hijos de la Revolución Francesa, que han hecho del mundo un infierno.

Cano no tuvo coraje o las lecturas suficientes para citar a este monstruo, pero su teoría visitaba los arrabales de la ciencia biológica que a su gusto y muy asiduamente esgrime, en infinidad de columnas en La Nación, el ultraderechista Marcos Aguinis, ducho en destilar fraseos pestilentes contra «la masa».

También acarició estas fobias, aunque con algo de prudencia discursiva, el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, quien sirviéndose de los hechos en Tucumán habló de provincias no capacitadas para hacer elecciones, porque hay en ellas «sistemas mayoritaristas». Como la palabra no está bendecida por la Real Academia, que la desconoce, habrá que poner buena voluntad para creer que este funcionario electoral, ¡nada menos!, no se quejó de que gobiernan las mayorías, no abiertamente al menos, sino de que esas mayorías no cambian a su gusto. Pero luego hizo una división territorial donde encuentra corrección y pulcritud en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, las provincias blancuzcas, y desarreglo en otras —las también llamadas inviables—: Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Cruz. Pasto para las fieras, porque Clarín se sirvió de las declaraciones individuales de Dalla Vía para dar la idea de un fallo del tribunal: «Para la Cámara Electoral, “hay provincias que no están capacitadas para hacer elecciones”».

La Pampa no fue incluida por estos patriotas y sus dactilógrafos entre las provincias malogradas, pero no faltan allí quienes añoran retrotraer los territorios a los parámetros del Centenario, sobre todo en cuanto a las políticas de distribución —o de no distribución, para mejor decir— de la renta nacional. En la exposición rural de Santa Rosa, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera local, Luis Colla, arremetió el 3 de octubre de 2015 con una lista en la que no faltó la queja por los gravámenes a las exportaciones agropecuarias, prontamente aniquilados por Macri. El tono fue de patética nostalgia: «En 1913 éramos el quinto país en el mundo por nuestro producto bruto por habitante, éramos casi la tierra prometida. ¿Por qué nos cuesta tanto volver a ser lo que fuimos?». La descripción amañada de aquellos tiempos de gloria oligárquica recuerda, en su mención del producto por habitante, el chiste sobre la manipulación de las estadísticas: si entre dos sentados a la mesa uno se come un pollo completo y el otro nada, la cuenta dirá después que el promedio de consumo es de medio pollo per cápita. Se ve que Colla conocía la broma.

Otros dirigentes que batallan por la restauración de esa estructura de país están vinculados a una parte significativa de los conflictos por la tierra que afectan a los derechos de los pueblos originarios y que se multiplican por las provincias.

En muchas de ellas, policías y ex policías locales actúan como ejércitos privados o bandas armadas de terratenientes para hostigar, asustar a los niños que van a la escuela, matar animales, agredir y hasta asesinar a indígenas que reivindican sus derechos ancestrales, recostados en una red compleja y completa de complicidad y cobertura: rara vez falta un juez que falle a favor de los estancieros y que frene, obstaculice o malogre las causas en las que los atacantes deberían ser investigados, y tampoco escasean dirigentes políticos, de las orientaciones más diversas, que miran para otro lado, si es que no están involucrados directamente en el objetivo de la acumulación.

El cóctel suele completarse con los servicios de militantes llegados en excursión desde centros urbanos y que, con presunciones de revolucionarios enhebradas en el confort clasemediero, visitan de tanto en tanto las zonas de conflicto con su teoría de profundización de las contradicciones, para trazar en cuestión de segundos una línea recta que unirá sin pestañeos a Sebastián Elcano con cualquier gobernador provincial; total, los que ponen el cuerpo todos los días son los de siempre, y los masacrados también. Como en el caso del niño qom cuya foto se publicó con total impudicia, los conflictos en zonas rurales, desplazamientos forzados y actos criminales escalarán en el sistema mediático solo cuando se presente una posibilidad de hacer caer el peso del crimen en un gobierno provincial o nacional no amigo.

Cambia la ecuación en casos como el del cacique Javier Chocobar, de la localidad de Chuschagasta, Tucumán, asesinado en octubre de 2009 por dos ex agentes policiales que según la acusación estaban al servicio de Darío Amín, terrateniente interesado en hacerse con una cantera de piedra de la comunidad. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán liberó a los acusados y en tanto pasaban y pasaban los años a la espera de juicio oral. Dos años después fue asesinado Cristian Ferreyra, de veintitrés años, en el paraje San Antonio, a sesenta kilómetros de Monte Quemado, en el norte de Santiago del Estero, por dos mercenarios encapuchados que según la denuncia del Mocase-Vía Campesina actuaron al servicio de empresarios que codician las tierras de la comunidad para expandir agronegocios vinculados con la soja y la ganadería intensiva.

El movimiento campesino dijo entonces: «Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó el desmonte en un lugar donde viven familias campesinas de varias generaciones». Otros cuatro asesinatos del mismo tenor habían sido denunciados en los dos años precedentes, dentro de un cuadro en el que, según la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, la soja transgénica autorizada en 1996 y cultivada con uso de agrotóxicos cubría en el país, a ese año, 6,6 millones de hectáreas, pero en 2000 ya se había expandido a 10,5 millones y, al momento del crimen en Santiago del Estero, a casi 20 millones.

Condiciones de impunidad para disponer de la vida de los otros se dan también a metros de los grandes centros de poder, con la perpetuación de circuitos de explotación de los talleres textiles al servicio de grandes marcas internacionales. Es la suerte que la globalización amasa para el 70% «excedente» del que habla Zaffaroni y quedó a la vista en el barrio porteño de Floresta con la muerte de dos niños, de siete y diez años, durante un incendio en abril de 2015, en uno de treinta locales señalados con anterioridad por la fundación La Alameda. Es una de tantas denuncias que cayó en el vacío creado por la extraordinaria capacidad de desprecio de los gobiernos PRO por todo cuanto ataña a la población más pobre, mucho más si se tiene en cuenta el precedente de un hecho similar en 2006 en el barrio de Caballito, que se había cobrado otras seis vidas.

La justicia ausente para estas víctimas da el presente, en cambio, para las corporaciones. Entre dos candidatos para la Corte Suprema, Macri propuso en sus primeros días de gestión a Carlos Rosenkrantz, abogado de Clarín y Cablevisión. Infalible en el hábito de inclinar la cabeza ante el patrón del grupo desde que el diario lo incomodó con unos datos tomados supuestamente de su pasado santafesino, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se apuró a anunciar la bienvenida a los cortesanos. Para eso tuvo que ignorar por completo el estropicio institucional del presidente: nombrados con el Congreso en receso y como «empleados en comisión», un insulto al republicanismo tan cacareado en campaña por él y sus aliados, algunos de los cuales no pudieron evitar el reproche, lo que llevó a una postergación transitoria.

A los capos de la timba financiera mundial no les alcanzaba el tiempo para frotarse las manos ante cada medida anunciada en Buenos Aires, como el relajamiento de las condiciones para entrar y salir del país embolsando ganancias, una restricción que los gobiernos del Partido de los Trabajadores, en Brasil, demoraron años en adoptar por la resistencia del establishment bancario, con innumerables tentáculos en el Congreso, en Brasilia.

Allí y aquí, y en tantas otras geografías, el conflicto está dado entre quienes se proponen poner un límite, aunque sea modesto, a la dinámica transnacional de concentración de las riquezas, y quienes quieren propiciar todas las condiciones para favorecerla, con su ristra de guerras e invasiones, grupos de exterminio un día amigos y al otro enemigos, operativos de represión agigantados, punición penal aumentada y un control social estrecho, que no es posible con una circulación libre de información y opinión.

Para llegar a su éxtasis, estos procesos de concentración requieren sistemas de dominación y opresión que pueden llegar, como ya sucedió en varias ocasiones, a la desconfiguración de naciones completas. Una variante, afirma el poeta español Antonio Gamoneda, es la reducción de las democracias a una mera rutina de procedimientos, democracias convertidas en «la máscara sonriente» de una acumulación feroz.

FUENTES

ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS

Augier, Alberto, médico y docente, secuestrado en 1976.

Blanco, Horacio Justo, médico obstetra de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Carrillo Nieto, Juan José, sociólogo experto movimientos sociales de América Latina, Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de México.

Cerviño, Pedro, ex preso sobreviviente del Centro de Desaparición de la Jefatura de Policía en Tucumán.

Chumbita, Hugo, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa.

Coquet, Ricardo, prisionero en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Elsinger, Rubén, periodista, corresponsal de Clarín en Tucumán.

Guagnini Emilio, abogado, miembro de la organización Hijos de Tucumán. Sus padres y su tío Luis permanecen desparecidos.

Guede, Ulises, militante de la agrupación HIJOS de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Lobo Bugeau, Bernardo, abogado de la Secretaría de DDHH de la Nación. Querellante en los juicios de lesa humanidad en Tucumán y La Rioja.

Lucero, Santiago, ex militante de la JP, prisionero en La Perla y en la Unidad Penal 1 (UPI 1).

Maiztegui, Miguel, médico, vocal del Colegio Médico de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Molina, Josefina. Hija del vicegobernador de la provincia Dardo Molina, secuestrado en 1976. Querellante en investigaciones judiciales, Pozo de Vargas y Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Nicoletti, Eduardo, periodista de Santa Rosa, La Pampa.

Pochat, José, gerente de La Gaceta.

Ratti, Camilo, autor de «Cachorro, vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez».

Robba, Alejandro, director de la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno.

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«Aniversario del Operativo Independencia», Marcos Taire. Forodlosperros, 2005.

«Atacan de nuevo, y si ganan volverán a hacerlo», Tomás Lukin, Página/12, 19 de julio de 2015.

«Brasil, violento y racista», Eric Nepomuceno, Página/12, 30 de agosto de 2015.

«Bussi y el circuito de la muerte», Marcos Taire, Miradas al Sur.

Causa 44, testimonios, declaraciones y documentos del proceso conocido como «Causa 44», iniciada en 1986, y que juzgó a Ramón Camps y otros seis represores.

Centro de Estudios Legales y Sociales, comunicado de Emilio Fermín Mignone, 13 de agosto de 1985.

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«“Tigre” Acosta: en la ESMA hubo “actos de amor y se privilegiaba la vida”», Laureano Barrera, Infojus, 18 de junio de 2015.

«Tribunal Ético de la Salud contra la Impunidad», Marcelo Speranza, Derechos Humanos, revista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, año 3, número 13, abril de 1988.

«Tucumán: Bussi recibía copia de los informes de la inteligencia policial», clarín.com, 19 de junio de 2010.

«Tucumán: Revelan posibles nexos entre empresas y la represión», clarín.com, 22 de junio de 2010.

«Últimos secretos de Bussi: Agresivo con sus pares y criticado por llorar», clarín.com, 20 de junio de 2010.

«Un torturador en carrera», Página/12, 16 de diciembre de 1995.

«Utilizan la cuestión financiera como campo de batalla», Raúl Dellatorre, Página/12, 4 de enero de 2015.

«¿Y si Zamora es presidente?», Joaquín Morales Solá, La Nación, 13 de septiembre de 2015.

EDITORIALES Y NOTAS SIN FIRMA

«Fue un símbolo de la dictadura que extendió su poder en la democracia. El retrato de un dictador: Antonio Domingo Bussi». Perfil, 27 de noviembre de 2011.

«¿Sabés quién gobernó Tucumán por entonces?», Diarios sobre diarios.

ENTREVISTAS EN OFF

Ex periodista de La Gaceta, 2 de febrero de 2014.

Ex periodista de La Gaceta, 28 de febrero de 2014.

Ex empleado de la Secretaría de Información Pública de Tucumán, 2 de febrero de 2014.

Vecinos de varios sectores de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

DECLARACIONES EN SEDE JUDICIAL

Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez (Causa Vargas Aignasse), 2004.

Osvaldo Humberto Pérez, secuestrado en 1976, causa Jefatura I.

Sentencia de la causa Guillermo Vargas Aignasse, 15 de diciembre de 2004, Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Fallo Jefatura de Policía 1.

Megacausa Arsenal I, elevación a juicio.

Testimonio en juicio de Alberto Augier.

Rosaria Isabella Valenzi, Juicios por la Verdad, La Plata, 10 de mayo de 1999, Cámara Federal de Apelaciones.

Informe psíquico de Jorge Bergés, Causa 44, incoada en virtud del decreto N° 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional.

Fundamentos de la causa 2955/09, Circuito Camps, 19 de diciembre de 2012, Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.

Adriana Calvo de Laborde, en el Juicio a las Juntas y Juicios por la Verdad.

Jorge Acosta, Causa ESMA II, 25 de abril de 2011, ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Buenos Aires, Causa ESMA III, 18 de junio de 2015, ante el mismo tribunal.

Adriana Archent, ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Juicio por la Verdad, 2 de agosto de 2000.

Héctor Herrera, ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Juicio por la Verdad, 2 de agosto de 2000.

Fermín Ricardo Azcárate, ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Juicio por la Verdad, 11 de julio de 2001.

Jacobo Timerman, Juicio a las Juntas, 3 de mayo de 1985.

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http://termidorianos.blogspot.com.ar/2011/11/general-antonio-d-bussi-presente.html

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http://www.infonews.com/nota/193474/los-torturadores-de-julio-lopez-a-un-paso-del-juicio

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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Adriana Fernández, por el entusiasmo y la dedicación con que recibe nuestras iniciativas.

También a los investigadores periodísticos que, con gran compromiso y profesionalismo, trabajaron para este libro: Milva Benítez, Adriana Gil, Emiliano Gullo, Alexis Oliva y Mariana Zugarramurdi.