1976
EL GOLPE CIVIL

VICENTE MULEIRO

1976
EL GOLPE CIVIL

Una historia del mal en la Argentina

Muleiro, Vicente

1976 el golpe civil. - 1a ed. - Buenos Aires : Planeta, 2011.

E-Book.

ISBN 978-950-49-2655-9

1. Historia Argentina. I. Título.

CDD 982

© 2011, Vicente Muleiro

Derechos exclusivos de edición en castellano

reservados para todo el mundo

© 2011, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Publicado bajo el sello Planeta®

Independencia 1682, (1100) C.A.B.A.

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Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Editorial Planeta

Ilustraciónes de cubierta: Archivo Clarín. Videla le toma juramento a José Alfredo Martínez de Hoz como nuevo Ministro de Economía el 31 de marzo de 1976

Primera edición en formato digital: junio de 2011

Conversión a formato digital: Ebook Factory

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ISBN edición digital (ePub): 978-950-49-2655-9

Poner nombre a lo que nos destruye nos ayuda a defendernos.

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

Palabras preliminares

Acaso este libro comenzó a escribirse en 1997, cuando con María Seoane pusimos proa hacia El Dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla que publicamos en 2001. En el material de esa investigación el ámbito civil era mucho más que un obvio complemento del golpe de Estado: tanto su trama íntima como el objetivo de subordinar a la sociedad argentina por el terror formaban parte de viejos anhelos de los cuarteleros de saco y corbata y del integrismo católico que los bendecía. Había quedado pendiente la tarea de indagar más ese mundo, de indagarlo todo lo posible. Esta obra es el resultado de ese intento. Su factura fue atravesada por la tentación del texto infinito pues así parecían ser los caminos que se abrían. Siempre flotan deudas pendientes; por ejemplo, las redes cívico-militares de nuestras provincias, la microfísica autoritaria de los pueblos, un chequeo más para convertir en información una pista por la que nuestra intuición pide que nos juguemos. Esas sensaciones son inevitables en un trabajo de este tipo, tanto como la certeza de que cada capítulo guarda en sí mismo la posibilidad de un libro, algunos de los cuales ya se han comenzado a escribir y publicar.

1976, El golpe civil no hubiera podido concretarse sin la existencia de El Dictador, las páginas que siguen son tributarias de aquel ingente trabajo de campo y de escritura. Mi agradecimiento entonces a María Seoane, con quien seguimos compartiendo otras intromisiones en la historia presente. Este trabajo contó con la colaboración invalorable de mi hermano y colega Hugo Muleiro y de los colegas José Luis Cutello, Néstor Restivo, Lucas Miguel, Tomás Pont Vergés y Osvaldo Gallone. El capítulo sobre Papel Prensa fue elaborado sobre la base de un texto que prepara Jorge Mancinelli, quien remó entre las 22.000 fojas de la causa. Quiero agradecer además los aportes de Jorge Boccanera, Rogelio García Lupo, Marcelo Simón, Juan Bobbio, Marcos Martínez y Horacio Marmurek y los de otros que comprensiblemente han preferido no ser nombrados.

Es seguro que durante la investigación y escritura de 1976, El golpe civil he amarreteado tiempo a mis amores: a mi hijo Hernán, a mi mujer Silvia Schujer. Si en algo compensa, este libro es para ellos.

INTRODUCCIÓN

El combo militar-civil

Había olor a pólvora en el aire, gusto a plomo en la boca, hombros inclinados en el miedo y la resignación, cuando transcurría el mes de marzo de 1976.

Pero en ciertos espacios institucionales, en cuarteles, plazas de armas y oficinas de los uniformados, mandaba el ajetreo. Los ascensores de los comandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea exigían a fondo sus poleas. De allí salían oficiales que imponían sus jinetas en conciliábulos, que bajaban órdenes terribles e inapelables mientras se agazapaban para el zarpazo mayor.

El golpe militar que derrocaría al gobierno constitucional de María Estela de Perón estaba cantado. Aunque en los despachos los legisladores del oficialismo peronista enhebraran sin ganas, resignados y por inercia, especulaciones sobre una salida salvadora, las bocas del Congreso expulsaban civiles cargados de paquetes. En el bloque radical tenían tal caracterización de la manu militari que se venía, que decidieron retirar el busto de Hipólito Yrigoyen por temor a que fueran humilladas hasta las estatuas.

El general de caballería Carlos C. Delía, uno de los pocos con perfil aristocrático y ascendencia entre la primera línea de la promoción militar golpista, que había jugado un papel clave para que Jorge Rafael Videla trepara a la comandancia del Ejército en 1975, se reunió con el inminente dictador ya en el umbral del cuartelazo y le dijo:

—Che, si esto se viene, ¿por qué ustedes no cambian ideas con el ámbito civil, por ejemplo con el CEA (Consejo Empresario Argentino), donde hay tipos brillantes?

Videla le respondió:

—No. No hay que comprometerse con nadie.

La frase seca, la mirada firme, convencieron a Delía de que la dictadura militar que se avecinaba se cerraría sobre sí como ninguna otra antes: no le regalaría la fachada pública a la mascarada fascista de José Félix Uriburu como en 1930; ni le cedería el poder fáctico al entreguismo de los sectores comerciales y agroexportadores como el fraudulento general Agustín P. Justo; tampoco le abriría paso al nacionalismo contradictorio y variopinto a la manera de los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, como en 1943, para que terminara derivando en un indigerible «populismo»; no caería en la falsedad de decir «ni vencedores ni vencidos» como en 1955; no se enfrascaría en una lucha interna entre azules y colorados como en 1962 mientras se escudaba en un civil patético como José María Guido; tampoco ensayaría un Estado corporativo para encubrir a los abogados de los monopolios como en 1966.

No.

El golpe, este golpe, sería plenamente militar, ciento por ciento militar, aunque el ecuestre general Delía no acertara a entender muy bien en qué consistiría eso. Pero sería militar, sí, porque Videla, el asceta insobornable, definido por el mismo Delía como el hombre «de la máxima dignidad» para encarar las responsabilidades del Estado, le había dicho:

—No. No hay que comprometerse con nadie.

Tres días después Delía se decepcionaba.

—Yo nunca hubiera contestado como me contestó Videla. Porque ahí nomás se arma la podrida y precisamente del CEA sale (José Alfredo) Martínez de Hoz como ministro-superministro. Sale como rey de la Economía.

Martínez de Hoz era el titular del CEA, grupo de la elite empresaria argentina constituido en 1967 para defender el libre mercado pero, a la vez, para presionar y exprimir al Estado con su poder de lobby. Tales empresarios habían sentido amenazada su tasa de ganancia y sus estatus patronales con la apertura política de 1973 y con una sociedad móvil y reclamante, en la que la guerrilla soñaba con asentarse para avanzar con su proyecto. Pero a esos hombres de negocios les preocupaba más, mucho más, la toma de conciencia de los sectores populares, la militancia fabril, la politización de los sectores medios, el soplo fuerte de los discursos críticos en el ámbito cultural.

Al fin, lo que los complicaba era toda esa marea de movilización y de transformaciones en la dinámica política presente desde la resistencia tras la caída de Juan Domingo Perón en 1955, junto con los cuestionamientos al poder a escala nacional, continental y mundial que desbordaban desde la segunda posguerra. Esos cuestionamientos que mostraban sus dientes en las luchas anticolonialistas o en las rebeliones estudiantiles de los países centrales y periféricos y encontraban aquí sus representantes apasionados y sus formas propias, latinoamericanistas, peronistas, sindical-clasistas, democráticas, marxistas, cristianas. Eso sí hostigaba sus posiciones y eso era lo que había que decapitar masivamente.

A despecho de la prescindencia de los civiles anunciada por Videla, Martínez de Hoz era designado ministro de Economía para desmantelar las —después de todo— módicas cuotas de modernización nacional. Lo que se aproximaba era el rediseño regresivo del país en su conjunto con un anclaje fundamental en la economía. Así definió el nuevo encuadre el investigador Eduardo Basualdo: «La estrategia dictatorial tuvo el propósito de interrumpir la expansión industrial para disolver las bases de la alianza vigente entre la clase trabajadora y la burguesía nacional y, al mismo tiempo, restablecer las relaciones de dominación en función de los intereses de los sectores dominantes que constituían su sustento económico y social».

¿Estábamos entonces ante el golpe más militar de la cadena de golpes militares del siglo XX argentino? Una primera lectura arroja una respuesta afirmativa: en cuanto a la ocupación de los estamentos del Estado por parte de la grey uniformada, sí. En cuanto a la masiva presencia territorial por una ferretería de corceles y de aceros, también. Si se extiende la mirada sobre la militarización de la vida pública, no caben dudas. Si se analiza el lenguaje cuartelero que atravesó la vida social a través de los medios de difusión, no hay más que hablar.

Pero, sobre todo si se repasa la represión, es posible reiterar el sí y firmar al pie. El ejército diurno copando todas las paradas de la vida civil y el nocturno serpenteando entre chupaderos para despellejar, torturar, matar, quemar, arrojar cadáveres en los vuelos de la muerte, apropiarse de niños y poner en movimiento la más eficaz y perversa máquina desaparecedora, presentan a las Fuerzas Armadas y de seguridad como un bloque monolítico y juramentado como jamás se había visto en la Argentina, aunque ya hubieran transcurrido las tres cuartas partes del siglo bajo una omnipresente custodia cuartelera, expresada de diferentes formas y precedida por cinco golpes de mano que las habían llevado al manejo directo del Estado.

Pero los golpes en la Argentina, desde 1930, o antes, desde diciembre de 1810, cuando un movimiento conservador decapitó al jacobinismo en el primer gobierno patrio, concluían siempre deshilachados y finalmente vencidos por las pujas internas. Había una experiencia muy cercana: la grandilocuente Revolución Argentina, encabezada por el general Juan Carlos Onganía en 1966, se había derrumbado entre las pujas de nacionalistas y liberales a partir de disensos que no le permitieron enfrentar con eficacia la extendida rebelión social.

Era siempre la misma revulsión colorida: los verdes del Ejército; los blancos y azules de la Marina; los indefinidos gris-celestes de la Fuerza Aérea. Todos pispeándose de reojo. Y hacia adentro de cada fuerza —sobre todo en el Ejército— la altivez de la caballería versus la presunta rusticidad de los infantes.

No sería así esta vez.

No sería así el Proceso de Reorganización Nacional. El Equipo Compatibilizador Interfuerzas se había formado en diciembre de 1975, con el golpe ya decidido y fechado, precisamente para desdibujar esas tensiones de otrora.

El poder se repartiría en el 33 por ciento para cada fuerza. Por encima del mismísimo presidente de facto (Jorge Rafael Videla) mandaría una Junta Militar aunque Videla retendría la jefatura de Ejército, Emilio Eduardo Massera encabezaría la Armada y Orlando Ramón Agosti la Fuerza Aérea. Esa organización tripartita sería el órgano supremo del Estado.

El 33 por ciento para cada fuerza bajó y serpenteó por todos los ministerios, secretarías y subsecretarías. El jefe de los marinos, Massera, el que menos podía disimular en público y en privado su regusto por el poder cercano, fue el principal diseñador del revoleo tripartito de cargos. No importaba que en 1976 el Ejército tuviera 80.000 hombres, la Armada 30.000 y la Fuerza Aérea 18.000. La repartición en tercios era una ley para evitar que el peso de un caudillo omnipresente y su posterior debilitamiento arruinaran el proyecto de poder. También para algo más decisivo: que nadie se quedara afuera de un pacto de silencio criminal. Que todos y cada uno, en su medida, limpiaran y ocultaran esas manchas de sangre que marcarían a los establecimientos militares y las cuevas del terror que quedarían bajo su control operativo.

Esa parcelación del poder sería luego acremente objetada: ¿cómo el Ejército se permitía dejarse llevar de las narices por un jefe marinero ambicioso a quien, estaba claro, no le hacía falta comer espinaca para arrancarles concesiones a los Brutus de verde? Pero la tripartición del poder fue un hecho ofrecido al altar de esas verdades celestiales que Videla repicaba: la sacrosanta «unidad de las Fuerzas Armadas». Cuando la trifásica presencia debió compartir espacios en un mismo ámbito saltaron aún las señas jocosas del error: los muchachos se pelearon hasta por las gomas de borrar y las cajitas de clips, prolegómeno de peleas por otras cajas más abultadas.

Pero puestos en marcha los motores del golpismo, la mentada unidad de las tres fuerzas se estampó con un lacre de sangre coagulada. El embajador norteamericano en el país, Robert Hill, se exaltaba en un memorándum interno con destino a su Departamento de Estado: «La posición de los Estados Unidos: Éste debe ser el golpe más civilizado y mejor planeado de la historia argentina».

Juego de colores

Por entonces estaba muy claro que a la civilización de los países periféricos la ordenaban los militares en línea directa con el Pentágono. Si no era así, a esa civilización se le colgaba el cartel de anarquía, caos, totalitarismo. Y el Ejército que comandaba Videla desde 1975, si para algo se mostraba apto, era para civilizar con las armas en la mano. En términos políticos, ese Ejército —incontrovertible punta de lanza de todos los cuartelazos y de la ideología castrense en su conjunto— era igual a sí mismo pero se sucedía en otros términos. Tras derrocar al peronismo en 1955 había triunfado el ala más liberal, encabezada por Pedro Eugenio Aramburu, sobre el clericalismo nacionalista que expresaba Eduardo Lonardi, pero las zonas grises entre ambos bandos no resultaban menores. En la era posperonista un grupo de oficiales superiores fuertes, entre los que se contaban Alejandro Agustín Lanusse, Alcides López Aufranc, Osiris Villegas y Julio Alsogaray, habían reinado cuarteles adentro y protagonizado la vida pública mientras se sucedieron los golpes de 1962 (contra el desarrollista Arturo Frondizi) y de 1966 (contra el radical Arturo Umberto Illia), que habían triunfado en elecciones (1958 y 1962) vaciadas de legitimidad por la proscripción del peronismo. Aquellos oficialotes sacapecho eran, por ascendencia en la tropa y voluntad política, «los leones».

Testimonios de generales ideológicamente tan distantes entre sí, como Horacio Ballester (que integra el Centro de Militares para la Democracia, CEMIDA) y el mismo López Aufranc —golpista sempiterno, anticomunista fervoroso, represor entusiasta— coincidieron en que «los leones» situados claramente a la derecha del espectro político pero con serias diferencias a la hora de buscar fórmulas en pos de un país gobernable, ahogaron a las promociones siguientes de oficiales superiores, decapitaron el disenso y pasaron a retiro o a disponibilidad a todo aquel que asomara con discursos «populistas» o que objetara el alineamiento sin matices con las potencias hegemónicas, sobre todo con Estados Unidos. Nadie debía hacerles sombra. Detrás de «los leones» sólo quedaron en pie los «mansos», acostumbrados a bajar la cabeza ante las voces cuarteleras y atronadoras de sus jefes. El general retirado Ballester fue quien expresó un asombro que más adelante explicaremos: «Cuando esos mansos llegaron a su vez al generalato no quisieron que nadie les complicara la vida con posturas críticas. A partir del ’76 esos mansos, como Videla, son los que dejan actuar a los locos represivos como (Alfredo) Astiz o como el coronel (Roberto) Roualdés».

La promoción ’73 del Colegio Militar de la Nación, de la que Videla había egresado en el sexto lugar con un promedio de 8,61 junto con su dilecto Roberto Eduardo Viola y con Guillermo Suárez Mason, había ascendido por el escalafón militar entre esas ráfagas cruzadas de pasión política, bajo las que se movió en zigzag como táctica de supervivencia. Ese instinto de conservación no preservó a esta camada de las líneas ideológicas dominantes. El derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 había acentuado el sesgo conservador y antiobrero de las Fuerzas Armadas. Tras el desiderátum occidental y cristiano de combatir al comunismo, los mandamientos se ampliaban a sus variantes locales: hacer tabla rasa con el peronismo y con toda forma de gobierno que, según un tribunal tácito proveniente de los mismos hombres de armas, pudiera ser tildado como «totalitarismo».

Pero en las Fuerzas Armadas y, sobre todo, en el Ejército, por el que evolucionaban grado a grado Videla y su futuros cómplices dictatoriales, había quedado flotando el espíritu deliberativo gestado en la conspiración antiperonista. No se trataba de una fuerza monocolor. Con origen en la variedad cromática de los juegos bélicos y las maniobras militares se distinguieron dos bandos: los azules y los colorados. Estos últimos se proponían por sobre todas las cosas asfixiar al peronismo hasta llevarlo a su muerte política y desbaratar las organizaciones sindicales. Las estructuras laborales, con sus redes de defensa legal, salud, esparcimiento y deportes tenían para ellos un valor y una cualidad ponzoñosa que enfermaría a todo el cuerpo social. Para extirpar el veneno el precio era suspender toda variante de institucionalidad y estaban dispuestos a pagarlo. Cultivaban un constitucionalismo hipócrita e imposible: la Carta Magna volvería a cobrar vigencia plena cuando el país estuviera a salvo de toda posibilidad de representación popular.

No menos restrictivos con respecto a los derechos laborales resultaban los azules, que sin embargo conservaban la aspiración a un cauce institucional, algunos aun con el sueño de un «peronismo blanco», un símil de «buen salvaje» que les permitiera aceptar a las masas peronistas dentro de una simulación democrática, sobre todo como multitudinarias proveedoras de votos.

Las líneas grises, las amistades, la frecuentación social y hasta los cruces de parentesco desmienten esa puja colorida como estrictamente binaria. Sin embargo, la división alcanzó para que se sucedieran asonadas militares, movimientos tácticos sobre la superficie de un país que los miraba impávidos y que se hubiera divertido como si se tratara de jocosas y simuladas luchas de catch, de no ser porque entre las víctimas de esos alardes bélicos había soldados veinteañeros que cumplían el servicio militar obligatorio en algún cuartel regenteado por cierto coronel que se había dormido colorado y despertado azul.

De ese desconcierto daría cuenta el mismo Videla en el primer reportaje concedido para el libro El Dictador: «Azules y colorados eran como una entelequia. Es muy difícil explicar qué era una cosa y qué era la otra, y cuál era la diferencia. ¡Yo tenía íntimos amigos que estaban en otro bando y pensaban igual que yo! Podría decir que en parte era una cuestión de armas, y que yo era colorado porque la Infantería lo era, mientras la Caballería era azul. Hay quien dice que lo que realmente estaba en juego era dirimir la supremacía entre las armas para ver quién iba a heredar a Frondizi. No puedo explicar por qué yo era colorado. Quizá puedo decir porque era infante o porque éramos más antiperonistas. ¿Pero es esto cierto? ¿Y Lanusse entonces? ¿Había alguno más antiperonista que Lanusse? Después está el tema de que unos eran más trenceros que otros… distintas explicaciones, en fin.»

La pobreza conceptual de Videla no sólo da cuenta de su sempiterna incapacidad de complejizar los fenómenos políticos. Ilustra también una hibridez y una mixtura ideológica castrense que tendrá su expresión en las alturas del poder asaltado. Juan Carlos Onganía, el dictador de la Revolución Argentina de 1966, era azul por su expreso nacionalismo católico, pero cerró su política económica como un colorado, poblando su elenco de neoliberales ligados al sector externo. Su noqueador y sucesor, el teniente general de caballería Alejandro Agustín Lanusse, era un colorado de pura cepa, que había estado preso tras participar de una rebelión militar contra Perón en 1951, pero en los 70 devino legalista y debió enfrentarse a quienes se oponían al más mínimo atisbo de salida política.

El Ejército y las Fuerzas Armadas que heredan y realimentan los protagonistas del Proceso de Reorganización Nacional cocinan su guiso crepitante entre los ejes y los desvíos de aquellas dos grandes líneas. Los grupos y subgrupos hacen metástasis en el marco de una mecánica típicamente cuartelera donde el sistema de lealtades juega fuerte como en toda organización militar. Como lo señala Alain Rouquié, los núcleos ideológicos no siempre obedecen a convicciones, proyectos o doctrinas sino que, en gran parte, derivan de una pura oposición ante la incomodidad de un país móvil en el que «las clases subalternas» habían comenzado a tener rostro en las calles y unos pesos en el bolsillo como beneficiarios de una mayor participación en la renta durante el peronismo, cuando les cupo el 53 por ciento de la torta nacional. Gran parte del espectro militar, al menos entre la oficialidad superior, coincidía sí en la imperiosa necesidad de «desperonizar» la política, y sus cabezas más calenturientas imaginaban esa peronización popular como la puerta de entrada al comunismo.

Enemigos por todas partes

Para que el procesismo derivara en un sancocho sangriento otras especies concurrieron a condimentar la formación cuartelera, una en especial: la Doctrina de Seguridad Nacional, surgida en Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría que ya había sido aceptada e introducida por el onganiato. En ella se demonizaba a la figura del «enemigo interno», se adjudicaba a los ejércitos de Latinoamérica la misión de mantener el orden fronteras adentro de cada país y se inficionaba en las Fuerzas Armadas la idea de ser el último baluarte moral de cada país y de la región en pos de que el bloque occidental saliera victorioso de una sorda Tercera Guerra Mundial.

El avance de la ideología represiva venía a completar las instrucciones de los militares franceses que a partir de 1958 —los primeros contactos se habían formalizado en 1957— comenzaron a traspasar a sus pares argentinos el know-how de las más sofisticadas variantes de la tortura para obtener información de la insurgencia anticolonialista, algo que habían practicado pavorosamente en Argelia. La Escuela de las Américas, con sede en Panamá, cuartel de formación práctica de la Doctrina de Seguridad Nacional, perfeccionó el repertorio del terror mientras la revolución cubana se asentaba como un referente peligroso y cercano y las desventuras estadounidenses en Vietnam eran expuestas a la faz del mundo.

Al nacionalismo clerical, preconciliar y antisemita, al Ejército de raigambre prusiana, a los liberales que pretendían hacer valer sus jinetas para morder las ganancias de las multinacionales, estas variables de la escena internacional les calzaron como un guante. Un enjundioso general, Guillermo Osiris Villegas, le ponía su plus altisonante a la cruzada mentando un «enemigo oculto» que compraba ideología extranjera y hasta era capaz de desnaturalizar el malambo en manos del rock naciente. De la sacrosanta lucha contra el comunismo y los «enemigos de la libertad» se pasaba al objetivo verdadero: obstruir y licuar a los sindicatos, a los medios de difusión, a las universidades, a los partidos políticos, a la cultura, con una «guerra permanente» que también empaquetaba bajo el mismo moño al psicoanálisis, a la minifalda, a las temibles transgresiones del lunfardo y hasta algún melancólico bordoneo que hablara de quejas y desagravios.

Los hombres de armas que desembocan en el plan criminal del ’76 ascienden al podio de la oficialidad superior acorazados ante una sociedad reclamante y dinámica y un odio cerril al cambio, aunque utilizaran el desarrollo capitalista como horizonte de modernización.

El Ejército envasaba en sus filas predominantes todo el espectro de las ideas literalmente reaccionarias. La Armada había sido puntal del antiperonismo beligerante. Sus humores la acercaron a los colorados. La Fuerza Aérea, contaminada por civiles ultramontanos que impartían clases en los claustros militares como Jordán Bruno Genta, rimaba más su ideología con el nacionalismo católico, algo que la hacía aparecer más cercana a los azules. Ni el pretendido charme de los marineros, ni la salmodiada moral cristiana de los aviadores quedarían en pie tras la dictadura videlista.

La Marina gestó uno de los dos grandes campos de desaparición, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un infierno al que fueron empujadas unas cinco mil personas y donde se practicaron las más brutales y variadas técnicas de tormento y exterminio. La Fuerza Aérea, de aparente bajo perfil, realizó verdaderas misas negras en sus chupaderos, donde curas demoníacos rezaban el rosario durante las sesiones de tortura en pretendidos actos de purificación que Satán bien podría celebrar como su verdadero triunfo bajo el reino de los cielos. En Campo de Mayo, el Ejército había montado su propia versión del Séptimo Círculo.

Al fin, lo que se había resuelto ya en 1975, junto con el asalto al Estado, era la puesta en marcha de una aplastante acción desmovilizadora. En los cuarteles pasa de generación en generación una mezcla de broma y amenazante recomendación que cae sobre los soldados apenas ingresan y que dice más o menos así: «si se mueve se lo saluda, si está quieto se lo pinta». El chascarrillo fue llevado al cuerpo social en otros términos: «A todo lo que se mueve hay que exterminarlo o paralizarlo; a todo lo que está quieto hay que celebrarlo y asimilarlo a la idea de Patria».

El espectro ideológico de los hombres de armas que asaltan el poder el 24 de marzo de 1976 se movía en un dial que iba del liberalismo conservador al nacionalismo católico con una profusión de matices en el espectro. Había, desde ya, notables diferencias internas y muchas no se pudieron ocultar una vez que estuvieron en el gobierno. Pero un elemento de nuevo y viejo cuño cementó todas las diferencias: la matanza y la desaparición.

En otra entrevista concedida para el libro El Dictador en 1998, fue también Videla el que puso en blanco sobre negro la decisión del exterminio: «Había cuatro opciones […]. La cuarta era la más intensa. Atacar en masa, con todo, en todo el terreno». Una vez decidida esa opción —dijo Videla— «el que no estuvo de acuerdo se fue», como los generales Rodolfo Mujica y Juan Antonio Buasso. A otros ya los habían desplazado en movimientos internos, como al general Francisco Rosas; algunos se retiraron a tiempo para no ser cómplices de la carnicería, como el general Alberto Samuel Cáceres; otros oficiales incómodos fueron presos, como el coronel (R) Luis César Perlinger. También hubo quienes compartieron la tragedia de miles de connacionales: el teniente coronel (R) Bernardo Alberte fue arrojado al vacío desde un sexto piso la misma noche del golpe, el teniente Jorge Devoto, de la Armada, engrosó la lista de desaparecidos, arrojado vivo y lúcido por sus camaradas desde un avión de su fuerza.

Ahí vienen los rancios

El golpe parido el cuarto día del otoño de 1976 apareció ante la opinión pública como militar-militar. El primer gesto institucional de nombrar «delegados militares» en cada sillón del gabinete nacional lo señalaba. En el Ministerio del Interior se ubicó el general Cesáreo Ángel Cardozo; en Relaciones Exteriores, el contraalmirante Antonio Vañek; en Justicia, el brigadier Julio Arnaldo Gómez; en Defensa, el brigadier Pablo Osvaldo Apella; en Economía, el general Joaquín de Las Heras; en Educación y Cultura, el contraalmirante César Augusto Guzzetti; en Trabajo, el general Lucio Harry Mazzola y en Bienestar Social, el general Reynaldo Benito Bignone.

Los generales que ocupaban los altos mandos de Ejército y las unidades de mayor poder provenían del bando colorado en lo que habían sido las pujas de los años 60. Para una fuerza ya largamente marcada por los apellidos de la inmigración, la cúpula mostraba una presencia excesiva de oficiales provenientes de los estratos más altos de la sociedad argentina, de la cual el propio Videla era representante aunque proviniera de un patriciado venido a menos, de esos «pobres de solemnidad» que acumulaban capas de resentimiento y que habían encontrado en las Fuerzas Armadas una manera de «pertenecer», al menos en sus formas externas, a una clase que ya no los reconocía por su depreciado nivel económico.

Un lenguaje salvacionista que mentaba con frecuencia a la palabra «patria» sonaba con trasfondo de banda militar. Pero pronto quedaría claro qué escondía esa fetichización patriótica: la preponderancia contundente otorgada a un grupo civil identificable de la vida económica, los sectores dominantes locales, ligados como socios menores a los monopolios extranjeros.

Cinco días después del golpe y de las intervenciones militares a todos los ministerios, el 29 de marzo, quedaría develada la intención de fondo del Partido Militar con la entrega del poder llave en mano a José Alfredo Martínez de Hoz, estatua viviente del conservadorismo liberal, descendiente de hacendados beneficiados con aproximadamente 2.500.000 hectáreas cedidas por el general Julio Argentino Roca luego de la Campaña del Desierto. También conocido como «Joe», este abogado, economista, profesor universitario y político —había impulsado la fundación de la Democracia Cristiana durante el peronismo—, tenía vastos intereses en el mundo empresarial y había pasado por la dirección de estancias y de las firmas Buenos Aires Compañía de Seguros, Ítalo Argentina de Electricidad, Petrosur, Acindar y Rosafin, entre otras. También había sido ministro de Hacienda del presidente títere José María Guido, en el mismo período en que el general Guillermo Osiris Villegas era ministro del Interior, entre 1962 y 1963.

Su figura sintetizaba un poder económico entramado con el Estado que venía desde el fondo de los tiempos, simbolizaba a las clases dominantes que se asimilaban plásticamente a la «patria» y que habían sido conmovidas por la dinámica político-social generada por la inmigración, el sufragio universal y secreto y los mayores niveles de redistribución de la riqueza puestos en marcha por el peronismo.

En todo el proceso político y económico del siglo XX, los intereses de los Martínez de Hoz y los del bloque económico al que pertenecían, se habían sentido ligeramente lastimados y luego rehabilitados con las reposiciones en el poder obtenidas tras los golpes de 1930 —derrocamiento de Yrigoyen— y de 1955 —derrocamiento de Perón—. Pero en los 60 y 70 su nerviosismo fue creciente: la posibilidad de que se expresara una sociedad móvil, abierta y reclamante amenazaba con alejarlos, acaso para siempre, de un trono sociopolítico del que se sentían dueños naturales.

Para estos grupos, toda pérdida de terreno en manos de una democracia aun restringida y de nuevos parámetros de distribución aun limitados había sido, durante el siglo XX, una cuestión de dinero, siempre. Pero hubo en danza algo más: la imposibilidad de digerir que la dirección del país no estuviera en sus manos, que debían someter su diseño económico a una compulsa popular, que al esquema feudal de las estancias no se lo podía hacer coincidir con la organización nacional. Los bloques dominantes, como los psicóticos, con pocas ideas pero fijas, no podían concebir el país sino como párvulo asociado a las grandes potencias. Y menos aún que la movilidad social ascendente comprometiera su privilegiada circulación clasista. Había que eliminar los laboriosos, trágicos pero también festivos avances de la sociedad plural en sus diversas manifestaciones. La violencia política, el genérico enemigo «subversivo», resultó propicio para emprender aquella gran tarea desmovilizadora. La brusca caída de la participación de los asalariados en el producto bruto interno, del 48 al 29 por ciento en 1976, dio cuenta enseguida del modelo de fondo.

Desde octubre de 1975, las Fuerzas Armadas contaban con el instrumento que habían requerido para inventar su guerra civil. El senador justicialista Ítalo Luder, como presidente provisional durante una licencia presidencial que se había tomado Isabel Perón, dictó el decreto 2772, que cedió el control de la seguridad a los uniformados y que los habilitaba para el «aniquilamiento de la subversión». Sin embargo, los dos grupos guerrilleros más activos ya estaban en retroceso franco. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) pronto sería totalmente diezmado, y la capacidad operativa militar de Montoneros, el numeroso grupo de la guerrilla peronista de izquierda, marchaba hacia su ocaso político y, sobre todo, militar. Como lo debieron reconocer las autoridades de facto durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979, sólo un octavo de las desapariciones en manos del terrorismo de Estado perteneció a militantes que habían optado por la lucha armada. Lo importante era el resto, los militantes sindicales, políticos, culturales y sociales. El abarcador mote de «subversivo» operó como palabra mágica en pos de librar a las Fuerzas Armadas de todo prurito moral y así poder avanzar hacia la purificación sangrienta para imponer un modelo socioeconómico preciso. La sacralización de la lucha contra «el marxismo y la subversión» las relevó de cumplir con cualquier ética usual, aun la que provenía de la religión que decían defender, inventándose para sí un Dios vengativo y canalla dispuesto a cristalizar un estado general de sumisión cívica y de sobreexplotación humana.

El plan que pusieron en danza los militares, de base ultraliberal, tuvo sus variantes argentinas: el Estado no se achica ni se retira en los términos vociferados sino que se pone al servicio del reciclaje de los grupos dominantes a los que las Fuerzas Armadas les entregan la economía. Sus instrumentos son las transferencias y subsidios a los grupos de poder resucitados; un régimen de promoción industrial estrictamente dirigido a los socios y planificado para no molestar a los importadores; un desapoderamiento extorsivo de empresas para dejarlas en manos de quienes habían asaltado el Estado, como lo demostraron los casos Gutheim, Papel Prensa o Grecco, entre tantas otras «transacciones» dirimidas en las mesas de tortura o en crímenes de esbirros policiales o parapoliciales como Raúl Guglielminetti, que obtenían, con sus servicios, tajadas menores.

Lo que hace el Partido Militar al cederle la economía a Martínez de Hoz y a su núcleo duro es, como veremos, mucho más que una adaptación libre del predominio del capital financiero sobre el quehacer industrial: es reconstruir el capitalismo argentino en los términos más retrógrados posibles. Por lo tanto, aquel «no hay que comprometerse con nadie» que Videla le había arrojado a su camarada Delía en los días previos al cuartelazo era una burda mentira en aras de un secreto militar ya decidido: la más rancia civilidad volvería por sus fueros.

Así pudo verse en el gabinete económico presentado aquel 29 de marzo. Además de Martínez de Hoz, dieron el presente otros civiles cuarteleros: Guillermo Walter Klein (Programación y Coordinación Económica), Juan Alemann (Hacienda), Guillermo Bravo (Comercio), Raymundo Podestá (Industria), Guillermo Oscar Zubarán (Energía), Fernando Puca Prota (Recursos Naturales), Mario Cadenas Madariaga (Agricultura y Ganadería), Alberto Fraguío (Comercio Exterior) y Federico Camba (Transporte y Obras Públicas).

En el Ministerio de Educación asumiría Ricardo Pedro Bruera, un nacionalista católico santafesino que había sido subsecretario de Educación desde 1970 con el general Roberto Marcelo Levingston y ministro de Educación de Santa Fe durante la dictadura de Lanusse. Su misión fue desarmar los circuitos de conocimiento por los que se habían introducido «ideologías contrarias al ser nacional». Para lograr ese objetivo se intentó la creación de una red de espionaje hacia adentro de los establecimientos; se invitó a los chicos a la delación y se dieron pautas esperpénticas para que identificaran a los «enemigos subversivos» entre los párvulos, proponiéndoles relacionar droga-pornografía-marxismo, un tridente ofensivo contra el arco mayor de la patria que bien podría asaltar a cualquier adolescente por las noches mientras recordaba el escote de la profesora de química o las piernas peludas del profe de educación física.

Parafraseando al dramaturgo Ricardo Monti, si estos planes no hubieran sido trágicos hubiesen resultado simplemente ridículos. Pero en el ampuloso Operativo Claridad que se proponía enjuagar la cultura móvil que había crecido en los 60-70 ingresaban desde la crítica costumbrista de Roberto Cossa hasta las canciones folklóricas de Horacio Guarany.

El Proceso de Reorganización Nacional —nombre debido a la inspiración de otro civil, Jaime Perriaux, en claro homenaje a la organización roquista que el videlismo se proponía resucitar, aunque no en sus arrestos laicos— tenía pretensiones de rediseño total. Librar la batalla en la cabeza de las nuevas generaciones para que un sol cristiano y preconciliar brillara en el cenit de su mandato. Se trataba de limpiar cerebros para que los patrones de acumulación no volvieran a ser amenazados.

Civiles para una economía con distribución regresiva. Civiles para una educación donde una teológica «razón superior» fuera determinante de la peripecia existencial. Recuperación y acentuación de los valores cristianos para borrar las aspiraciones a la satisfacción corporal. También para disolver la lucha por una mejor repartición de los bienes terrenales con una ideología solidaria y colaborativa que terminara amenazando una Razón Patriarcal ante la que solo cabía prosternarse. Civiles en economía: brusca erosión del valor del trabajo y veloz pauperización de los trabajadores. Civiles en educación: formación de subjetividades para soportarlo resignadamente. Obsequiosos civiles en Cancillería y en los fueros judiciales para tratar de reparar la imagen negativa de la dictadura en el exterior, en el primer caso, y para cerrar los ojos ante la violación a las normas más básicas del derecho, en el segundo.

Más garcas que oligarcas

Este primitivismo ideológico imperante en la dictadura videlista pudo tener y tuvo nuevas formas, pero es hijo dilecto y directo de las peores constantes de los bloques dominantes locales que, así como necesitaron de la Campaña del Desierto y del roquismo para instaurar una institucionalidad estrictamente ligada a sus ambiciones rentísticas, requirieron del golpe militar, del fraude electoral y de la picana para volver al poder en los años 30. Sus descendientes directos son los que en el ’76 recurrieron a la matanza masiva en pos de eliminar los cuerpos de la rebeldía surgidos de una realidad compleja y de una dinámica política tan inevitable como el paso del tiempo.

Por ese camino, alfombrado por las Fuerzas Armadas, no ya la oligarquía —también complejizada por el devenir del capitalismo del siglo XX—, pero sí los portadores del añejo pensamiento oligárquico, retornaron a sus más caros sueños antidemocráticos:

– La recolocación plena en el Estado como red para la protección de sus negocios, tal como había sido en el origen de la vieja oligarquía.

– Un pálido desarrollo científico-técnico cedido a las corporaciones extranjeras.

– Los ajustes económicos periódicos como truco de traspaso rentístico.

– Un devenir económico magro ya que, sin la molesta presencia de la política, no resultaba necesario buscar acuerdos con otros sectores de la sociedad como los partidos y sus tramas de intereses, el pequeño y mediano empresariado portador de otro perfil de crecimiento —y sobre todo— los obreros representados en los sindicatos.

Para que esto se cumpliera, un espiritualismo soso, cerril, salivado con una vocinglería patriótica y religiosa, cementó el circuito de la desnacionalización económica y de la muerte, dos de las grandes herencias de la «Reorganización».

Los barones de la dictadura, con uniforme o sin él, no decían cosas muy distintas de las que el nacionalista Manuel Gálvez había expresado en el Centenario, cuando pedía «la expulsión del país de todos los apóstoles de las religiones extranjeras y doctrinas sociales internacionales». No decían cosas muy distintas a las de Leopoldo Lugones en 1923, cuando clamaba por una matanza de extranjeros anarquistas y socialistas ya que «no sería una guerra civil, sino una guerra nacional». Los barones del «proceso» decían cosas peores. No les hacía falta siquiera esa displicente adaptación a la corrección política que formalmente pide la democracia. Se podía decir la verdad, algo que proclamaron de mil maneras: vamos a matar a todos los que asomen la cabeza porque queremos volver a respirar el noble perfume de una sociedad atravesada por la sumisión.

Ni los restos de la oligarquía, ni quienes se habían reciclado en la transnacionalización de los negocios y la creciente importancia del capital financiero, eran estrictamente los muchachos del Club del Progreso del 900, ni los señoritos de la Liga Patriótica que habían salido a matar y apalear judíos en 1919, ni los fascistas con olor a pasto de los 30. Pero se respiraba un aire antiguo, un ancestral pedido de poder absoluto y, como nunca antes, los sectores dominantes tuvieron esa soberanía con Jorge Rafael Videla en la detentada presidencia. Ejercieron esa soberanía hasta el fondo: hasta el dominio de los cuerpos, del mismísimo reino de la Muerte, de las muertes de las que pretendieron también apropiarse.

A semejante núcleo arcaico de pensamiento y a sus consecuencias en la acción —los campos de desaparición, el incremento de la tasa de explotación en todos los niveles, el control y la represión de la vida pública—, le cabe clásicamente su asimilación con el Mal, si es tomado en su etimología más clásica: «lo que se aparta de lo lícito y lo honesto». Pero también si actualizamos el vocablo y lo definimos como el deseo irrefrenable de retornar a etapas previas a la evolución del derecho y de la política para ejercer el poder a fondo y en su expresión más exasperada: disponer cruelmente de la vida de los otros.

El ensayista español José Gómez Caffarena redefine la figura del «mal radical», creada por el filósofo alemán Immanuel Kant, como «la desoladora abundancia del mal moral en la historia humana. Violencias innumerables llevadas hasta la muerte, muchas veces con crueldad extrema; explotación incesante del más débil a favor de los intereses del más fuerte; desconsideración inmisericorde de la necesidad y el dolor ajenos». La expresión «mal radical» fue utilizada en más de una ocasión por las organizaciones de derechos humanos en la Argentina en un ingente esfuerzo por aproximarse a una comprensión del horror. Caffarena sostiene que hoy «la expresión mal radical es enormemente sugestiva y se presta muy bien a recoger sin contemplaciones algo que quizá, tras todas las tristes experiencias y fuertes desengaños del siglo XX, se nos impone más que en el siglo XVIII», cuando Kant la echó a circular.

Si algo mata y atrasa en la Argentina, son quienes encarnan ese Mal, quienes participaron y apoyaron activamente el golpe de 1976 y 35 años después circulan con caras renovadas en la esfera pública para reproducir esa sociedad binaria con la que siguen soñando como un retorno a cierta difusa Edad de Oro. En la vuelta de la democracia, tras el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, la masiva satanización de lo militar sirvió para que los golpistas de corbata, esos activos militantes del pensamiento arcaico, se escondieran del escarnio público que también les cabía. En una cena del Círculo Militar, un Videla ya desactivado se los hizo saber al tratarlos de «desagradecidos».

Los activistas del Mal Argentino son civiles —fundamentalistas cuarteleros o camaleones democráticos, según el clima de época— que sólo disimulan su ansia de dominación total cuando la sociedad les pone freno. Por eso es falso de toda falsedad ver a las Fuerzas Armadas como un pulpo retráctil que se cerró sobre sí. La demonización militar de esos años bien cabe a la luz de la matanza que produjeron. Pero no sirve para que detrás de ella se escondan los civiles carniceros que la prohijaron para reubicar sus sueños soberanos y sus negocios concretos aunque ya no sean —y no lo son— la vieja oligarquía que encarceló a cuatro mil personas para festejar, en 1910, un Centenario con olor a bosta y loas a la España negra y contrarreformista.

El combo militar-civil se arma en ese activismo del Mal. En esa clamorosa cesión del control estatal al primitivismo ideológico. También en la custodia pretoriana de sus intereses y en la incontenible ambición de participar de sus ganancias y de su aroma social. El Mal Argentino echa humo negro desde aquellas concepciones excluyentes y paralizadoras. Es racista. Es clasista. Es matador. Si, como dice Rüdiger Safranski, Auschwitz se ha convertido en un «mito fundacional negativo» con el cual debe contrastarse la historia para medir la reaparición de las fuerzas asesinas y bárbaras, para medir la reaparición del Mal, no cabe duda de que la dictadura videlista se puso a la altura con su microfísica del terror. Ellos eligieron bajar a esos abismos con espantosas variantes acriolladas, para una restauración político-económica que siempre apeló a la muerte como su recurso natural.

La dupla Videla-dictador, Martínez de Hoz-ministro de Economía es la que expresa ese combo militar-civil. Un combo reforzado militarmente por los «colorados» del Ejército encabezados por el ministro del Interior Albano Harguindeguy y desde la civilidad por los grupos de ultraderecha como el de Jaime Perriaux y del denominado grupo La Plata. Este maridaje entre el pietista y «digno» Videla y el empresario inescrupuloso, entre el militar de apellido lustroso —los antepasados españoles de Videla y enseguida cuyanos se remontan a 1602— y el hacendado con recontratatarabuelos en el Cabildo de 1810, define este casorio por interés, disimulado ante la cruz del amor cristiano y bendecido una y otra vez por obispos y cardenales que vieron en la dictadura una nueva epifanía. También muestra en una sola foto la resurrección de la mixtura entre nacionalismo católico y conservadurismo liberal, la suma y síntesis de las ideologías primarias para recuperar una soberanía política ofrecida siempre al mismo altar: el poder del dinero.

Este libro se propone rastrear esa acción civil custodiada por y coparticipada con los militares de los años 70. No es su afán fijarse en un punto, en un origen expropiador y bayonetario, y examinar su devenir repetitivo, menos aún exhibirlo como una fatalidad donde subyace el trajinado y aburrido mito del fracaso nacional. Si el Mal Argentino puede fijarse ya con cierta claridad en la mimetización de nuestros hombres de pro con las burguesías aristocratizantes y salvajes del siglo XIX, cabe tanto investigar su lenguaje reiterado —tan moralizante, tan platónico, tan represivo, tan igual a sí mismo—, como sus sucesivas transformaciones para actuar sobre el terreno, es decir, sobre los cuerpos: la invención de la picana exhibida como gran prestación a todo el orbe represivo en 1930; la compra a paquete cerrado de la metodología persecutoria de las últimas guerras anticolonialistas en los 60-70; el perfeccionamiento de las técnicas de exterminio de los 70 con la dantesca creatividad de los campos de desaparición; la exitosa imposición de un discurso único en los 90; la farandulización y la demonización pública de los pobres con los shocks de inseguridad en los comienzos de este siglo XXI, entremezcladas con un republicanismo y una demanda de pureza institucional diseñada para licuar conflictos y para desdibujar la inevitablemente ríspida disputa por la renta.

Hoy son distintos los mecanismos de apropiación de esa renta. También cambiaron los modos de insertarse en el comercio internacional con la preeminencia del capitalismo financiero y las transnacionalización de los negocios. Hasta los apellidos otrora patricios de la galería pseudoaristocrática son otros. Si bien el pecado original de la organización económica nacional —el despojo de tierras, el latifundio, la renta fácil de la producción extensiva— sigue incidiendo en la vida argentina como una matriz, hoy tiene claras reformulaciones y nuevos derroteros. También cambiaron el juego y la circulación social de los bloques dominantes y es por eso que preferimos hablar de la constancia y la reaparición de un «pensamiento oligárquico» más que de oligarquía a secas, aunque en ocasiones se lo utilice para la oralidad de barricada.

Intentaremos mostrar, asimismo, a qué otros cauces de la sociedad civil, también en los sectores medios y bajos, se abrió el proyecto de reposición plena de una Argentina «occidental y cristiana» y cómo esas anquilosadas formaciones ideológicas siguen incidiendo y aun trasmutándose en esos pasos de comedia que se entreven hoy ante las nuevas formas de la sociedad del espectáculo y el poder mediático.

Tributario de una bibliografía que se cita en el apartado correspondiente, de entrevistas e indagaciones documentales, este libro pide otros libros: investigándolo y escribiéndolo hemos sentido que cada capítulo propone futuras búsquedas periodísticas y otros estudios sociológicos y políticos que seguramente vendrán. Su factura, la frecuentación con los materiales más quemantes de la historia cercana, tiene por objetivo sumarle argumentos y prevenciones a una Argentina posible. Una Argentina donde la pluralidad, el signo de la tolerancia, el abordaje de conflictos aún arduos que deben abrir el camino de necesarias reparaciones, se ponga al servicio de un proyecto convivencial y pacífico, a la recomposición de tantas aspiraciones destruidas apenas asomaron por el cíclico retorno del país excluyente y represor, por la cíclica reaparición del Mal.

De la ambición abarcadora que propone toda genealogía ofrecemos aquí apenas un recorte que remite al último golpe militar. Sabemos que el accionar político-ideológico nunca se repite de la misma manera, ni siquiera en forma de comedia como dice una celebrada frase de Karl Marx. Con el golpe del ’76 eso se puede constatar. Los grupos civiles y sus esbirros del «proceso» han sido distintos de sus antecesores en su sofisticado repertorio de terror. Distintos y peores. Y en esta áspera certeza no hay por supuesto ninguna nostalgia.

CAPÍTULO I

En el nombre del padre

Santos oficios

Aun las más exhaustivas investigaciones sobre las Fuerzas Armadas, como los cuatro tomos de El Ejército y la política en la Argentina (1981), del estadounidense Robert Potash, o los dos de Poder militar y sociedad política en la Argentina (1978), del francés Alain Rouquié, esquivan un abordaje a fondo sobre la fuerte incidencia de la Iglesia católica entre los uniformados. Las reparaciones a este descuido sorprendente llegaron después de la dictadura de la mano de Loris Zanatta, Emilio Mignone y Horacio Verbitsky, entre las más notables, cuando la comprobada participación activa de los cristócratas en la matanza dictatorial obligó a pensar más en ese antiguo vínculo para comprender la tragedia del período 1976-1983.

Esta marcha del brazo por la historia entre Fuerzas Armadas e Iglesia católica reprodujo, tanto en la era colonial como desde principios del siglo XIX, ya en la etapa de la vida independiente, aquella matriz de la cruz y la espada que atravesó la conquista con su secuela de exacción, sujeción y exterminio. En la Argentina, la mutua aceptación de presentarse como «pilares de la nacionalidad» tuvo otro punto de cocción con el «proceso» que rescató su sesgo más integrista, esto es un modelo de la organización sociopolítica estrictamente ligado a las concepciones más tradicionales y oscuras del cristianismo. En este sentido, no es exagerado decir que el Estado burocrático-militar se propuso ser plenamente romano-católico, salteándose la complejidad religiosa que, aun con ese predominio, tenía y tiene la sociedad.

Como lo demuestran las mismas víctimas dentro de la Iglesia, desde el cura tercemundista Carlos Mujica hasta el obispo de La Rioja Enrique Angelelli, pasando por la matanza de los sacerdotes palotinos o el asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, el integrismo triunfante, con el concurso de las fuerzas represivas, practicó dentro de la institución una purificación aleccionadora. Las corrientes más reaccionarias y medievalistas del catolicismo se sintieron en la Argentina como en una tierra prometida: hasta el arzobispo francés monseñor Marcel Lefebvre, un preconciliar y ultramontano excomulgado por Juan Pablo II y rehabilitado por Benedicto XVI, se movió cómodo por estas costas: en esos años dio misas privadas en latín —en colisión con ciertas leves actualizaciones litúrgicas— y cultivó una relación cercana con el general genocida Antonio Domingo Bussi.

Bajo el papado de Paulo VI y Juan Pablo II, el nuncio apostólico Pio Laghi, representante como tal del Vaticano en la Argentina, alcanzó a percibir también que ciertos mandatos divinos se cumplían bajo los cielos del sur. A pesar de todas sus excusas y hasta de un libro exculpatorio (El cardenal y los desaparecidos, de los periodistas argentinos Bruno Passarelli y Fernando Elemberg) en torno de su papel ante los delitos de lesa humanidad, a pesar de los dobles discursos y de los relatos sobre el socorro brindado a algunos perseguidos, es imposible no coincidir con la aseveración del ensayista alemán Horst Hermann: «El máximo representante del Vaticano en la Argentina fue uno de los apoyos más eficientes del régimen militar. Se puso al lado de los opresores, equiparó el amor a Dios con el amor a la Patria y trasmitió a los que consideró sus hermanos la bendición del Papa. Los “hermanos” fueron elogiados personalmente por el nuncio porque “están dispuestos a verter su sangre obedeciendo las órdenes de sus superiores”».

El doble discurso fue una marca en el orillo del nuncio. Mientras bendecía a las tropas del ejército de las sombras en Tucumán, por un lado, por otro se quejaba de la actitud de la jerarquía católica de la Argentina partidaria del exterminio. El 15 de abril de 1977, en el comunicado 151833Z, el embajador estadounidense en la Argentina, Robert Hill, le contaba al Departamento de Estado: «Cabe señalar que el nuncio apostólico y su asistente no han ocultado su posición más militante y su visión desencantada de la jerarquía de la Iglesia argentina. El nuncio manifestó a varios embajadores y visitantes, entre ellos la coordinadora de derechos humanos Patricia Derian, que habló lisa y llanamente con el presidente Videla sobre la necesidad de mejorar la postura del gobierno argentino respecto de los derechos humanos y advirtió que las relaciones con el papado podían deteriorarse muy pronto». El resultado final de los vaivenes del nuncio hoy pueden comprobarse: las relaciones con el papado no se deterioraron y la cúpula eclesiástica no dejó de bendecir el accionar represivo, más aún, lo defendió dentro y fuera del país.

El instrumento privilegiado en pos del exterminio y de la persecución de opositores fue la tortura con algunas variantes de creatividad siniestra. Una mínima arqueología del tormento físico nos lleva inmediatamente a la Iglesia católica, que lo practicó como mecanismo habitual de su doctrina jurídica desde la segunda mitad del siglo XII hasta las estribaciones del siglo XVII. En el mismo origen del antisemitismo está la tortura como mecanismo de desapoderamiento de fortunas: el puente entre medievalismo y dictadura argentina también puede trazarse con las riquezas saqueadas a partir de las coacciones físicas en los campos de desaparición, como las que sufrieron Lidia Papaleo de Graiver para ceder las acciones de Papel Prensa o el empresario Federico Gutheim para cumplir con un negociado que interesaba a Martínez de Hoz.

La delegación de la tortura en el Estado remonta su origen a 1252 con la bula Ad extirpanda (A fin de extirpar) dictada por el papa Inocencio II y ratificada por los papas Alejandro IV, en 1259, y Clemente IV, en 1265. Allí se establece la legitimidad de los suplicios en los casos de herejía y se pormenoriza el concurso del poder político para ejercerla.

El fin de la España multirracial, con la convivencia de moros, cristianos y judíos, tiene un mojón fuerte en el decreto de expulsión de los judíos de 1492, una determinación que por supuesto reactivó las maquinarias de tormento. La fecha coincide con el arribo de Cristóbal Colón a América, punto de partida de una apropiación con cruces y vírgenes encabezando ejércitos exterminadores. El régimen de la tierra que se asienta en América con el correr del tiempo es inseparable de la dominación que acometen las jerarquías eclesiásticas y seglares. Las catacumbas del Santo Oficio diseminadas en el continente atestiguan el papel que cumplieron los tormentos para acallar y eliminar las avanzadas de resistencia indígenas y criollas.

Esas catacumbas tuvieron su reproducción en la Argentina desde 1975 y se desparramaron por el territorio del país a partir del golpe del ’76. Los estudios sobre la Inquisición en Europa que historian la tortura recuerdan que el sitio preferido para acometer con los tormentos estaba siempre debajo del nivel del suelo, donde la luz diurna no se hace presente, los gritos se asordinan y los despojos de las víctimas desaparecen bajo la protección de la noche. La luz mortecina de los chupaderos argentinos evoca sin esfuerzo aquellas escenografías subterráneas.

No hay para un creyente legitimidad más fuerte que la de hacer las cosas en nombre de Dios. Por eso la dictadura invocó al Señor con frecuencia entusiasta. El primer presidente de facto del «proceso», el ex general Jorge Rafael Videla, cargó en su propia persona con la densidad pietista que la hora tiránica reclamaba. Las fotos registran su divino ensimismamiento en los reclinatorios, su aire relajado y feliz flanqueado entre sonrisas por el nuncio Pío Laghi y el cardenal Raúl Francisco Primatesta. Eran días de gloria para el integrismo cerril y para los sacerdotes que, como Christian von Wernich, entre otros, bajaban a las mazmorras para comprobar que el infierno podía tener su anticipo en este mundo. Eran días de gloria para los monseñores que, como Emilio Graselli, vicario de la Armada, recibía, en su parroquia porteña Stella Maris, a familiares de desaparecidos para confeccionar una lista de 2.500 víctimas y de sus denunciantes que elevó al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y vicario castrense, Adolfo Servando Tortolo, quien a su vez las remitió a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y al Ministerio del Interior.

La línea dominante de la Iglesia católica en la Argentina hizo, ante el genocidio dictatorial, mucho más que aquello que su doctrina castiga como «pecado de omisión», es decir conocer las penurias humanas y no intervenir. Tuvo un papel proactivo en el plan asesino de la dictadura y la proveyó de la razón teológica que una vez más fue a parar a la circulación de la materialidad, es decir a la santificación de un modelo económico neoliberal que amplió escandalosamente la brecha social.

Los discursos de la plana mayor de la dictadura son meridianamente claros en la utilización del verbo pío, la apelación al Señor y, al fin, el permiso para matar obtenido a través de los inhallables teléfonos inalámbricos con los que se comunicaban con el Altísimo. Toda la producción política de la dictadura terminaba justificándose en una «razón superior» que a la postre no era otra que la razón del mercado. Dios, el Señor, la Virgen María, la «razón superior» fueron las figuras a través de las cuales los mercaderes entraron en el templo silbando la canción de sus reconquistadas tasas de ganancia y de la resurrección de sus negocios al amparo del Estado.

Nada mejor que repasar el accionar de sus juramentados oficiantes, en muchos tramos ya probado y penado por la Justicia ordinaria, para comprobar la estrecha imbricación entre el suplicio, el crimen y la declamada espiritualidad de ese integrismo dominante.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) presentó en un acto protocolar en la Casa de Gobierno su recolección de testimonios en septiembre de 1984, ante el presidente Raúl Alfonsín. En el mes de noviembre trascendió a la prensa una lista de más de 1.300 nombres vinculados con la represión ilegal. Esa lista contenía un apartado de 15 sacerdotes católicos con distintos grados de participación delictiva. Los más importantes fueron el obispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza; su par de San Miguel de Tucumán, Blas Victorio Conrero, el nuncio apostólico entre 1974 y 1980, Pío Laghi, y el cura que paga sus delitos, Christian Federico von Wernich, condenado a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los organismos de derechos humanos denunciaron a unos treinta sacerdotes que «apoyaron explícitamente» o «fueron funcionales» a la represión de Estado: el obispo de Paraná, vicario castrense y presidente del Consejo Episcopal Argentino (CEA), monseñor Adolfo Servando Tortolo; el de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu; el de Luján-Mercedes, Emilio Ogñenovich y el de Córdoba, Raúl Primatesta, son los más conocidos.

La lista completa de sacerdotes se difundió en el documento «La Iglesia Cómplice y la Iglesia del Pueblo», en diciembre de 1996, avalado por Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina por la Libertad de los Presos Políticos, Comisión de Agrupaciones Indígenas Residentes en Buenos Aires, Encuentro Cristiano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Grupo Andando, Grupo Católico Fraternidad de Jesús, HIJOS, Juventud Obrera Cristiana, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Servicio de Paz y Justicia. En el trabajo están nombrados, además de los ya mencionados, el cardenal Rubén Di Monte, obispo auxiliar de Avellaneda; monseñor Adolfo Arana, obispo de Santa Rosa; monseñor Antonio Quarracino, obispo de Avellaneda y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM); monseñor Carlos Mariano Pérez, obispo de Salta; monseñor Elso Desiderio Collino, obispo de Lomas de Zamora; monseñor Guillermo Bolatti, obispo de Rosario; monseñor Horacio Bozzoli, obispo auxiliar de Buenos Aires y luego obispo de Tucumán; monseñor Idelfonso Sansierra, obispo de San Juan; monseñor Ítalo Di Stéfano, obispo de Roque Sáenz Peña y luego de San Juan; monseñor Jorge Carreras, obispo de San Justo; monseñor Jorge Manuel López, obispo de Corrientes y luego de Rosario; monseñor Jorge Meyer, obispo de Bahía Blanca; monseñor José Miguel Medina, vicario mayor del Ejército; monseñor Juan Rodolfo Laise, obispo de San Luis; monseñor Manuel Guirao, obispo de Orán y luego de Santiago del Estero; monseñor Octavio Derisi, rector de la Universidad Católica Argentina y obispo auxiliar de La Plata; monseñor Pedro Torres Farsas, obispo de Catamarca; monseñor Rómulo Garúa, obispo de Mar del Plata, y monseñor Victorio Bonamín, vicario del Ejército. También están mencionados, entre otros, los sacerdotes Emilio Graselli, capellán de la Armada y secretario privado de Tortolo y Medina; Alejandro Cacabello, capellán auxiliar del Comando Sanidad del Ejército; Julio Mackinon, capellán militar de Córdoba, y Pedro Fernández, capellán de la ESMA.

Relaciones non sanctas

Las relaciones entre la Iglesia católica y la dictadura militar quedaron asimismo expuestas en la última etapa del «proceso». En abril de 1983, el dictador Reynaldo Bignone difundió el llamado «Informe Final», que pretendía exculpar a los genocidas y brindaba tres datos precisos: 1) «los desaparecidos eran todos guerrilleros»; 2) los desaparecidos «están todos muertos» y, 3) «las Fuerzas Armadas actuaron en nombre de Dios». Este último exabrupto hubiera motivado normalmente una reacción crítica de la Iglesia. Sin embargo, la jerarquía del Episcopado Argentino no respondió. El almirante Emilio Eduardo Massera también puso blanco sobre negro el vínculo en declaraciones públicas: «Nosotros, cuando actuamos como poder político, seguimos siendo católicos; los sacerdotes católicos, cuando actúan como poder espiritual, siguen siendo ciudadanos […]. Sin embargo, como todos obramos a partir del amor, que es el sustento de nuestra religión, no tenemos problemas y las relaciones son óptimas, tal como corresponde a cristianos». La cúpula de la Iglesia también calló. ¿A quiénes encubría?

En julio de 1985, Rubén Capitanio, ex párroco de San Lorenzo y hoy de Centenario (ambas localidades de Neuquén), explicó la relación entre genocidas y sacerdotes, en una entrevista con el semanario El Periodista: «La Iglesia es responsable de miles de vidas, no por haberlas matado sino porque no las salvó. Cuando el Episcopado vio que podía ser acusado por la omisión, sacó un libro que daba cuenta de todas las gestiones que hicieron. Pero ese libro que pretendió servir de justificación no es más que la prueba para la condena, porque es un testimonio de que conocían lo que estaba ocurriendo». Capitanio completó: «Esto no debe extrañar de una Iglesia que jugaba al tenis con el almirante Massera».

La referencia deportiva fue un tiro directo al nuncio apostólico Pío Laghi. La adivinanza de Capitanio fue claramente explicitada durante el Juicio a las Juntas por la titular de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Nora Cortiñas: «Sí, él (por Laghi) vio gente torturada. Jugaba tenis con uno de los peores asesinos genocidas, el general (sic) Massera. Todas las mañanas iba a jugar tenis con él en un club privado. O sea, Laghi tenía un vínculo directo con miembros de la dictadura militar. Bueno, después de terminada la dictadura volvimos a pedir, diversas veces, entrevistas con el Papa. Le dimos una carta donde denunciábamos a los obispos que habían entrado al campo de concentración, que habían sido instrumentos al servicio de los militares. Nos preguntó los nombres de estos obispos, pero nada sucedió, cada uno se mantuvo en su cargo», dijo Cortiñas.

Por tanto, no es casual que la tristemente famosa frase «por algo será» (que desaparecieron) haya sido pronunciada en público por un sacerdote, nada menos que por Antonio Quarracino, obispo de Avellaneda y presidente del CELAM. Este monseñor verborrágico y campechano fue luego el cura de mayor exposición pública de la era menemista.

Monseñor Antonio José Plaza, obispo de La Plata hasta 1986 y fallecido en 1987, fue uno de los más activos colaboradores de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Fue denunciado ante la Conadep y durante el Juicio a las Juntas de haber «entregado a decenas de personas» que permanecen desaparecidas, entre ellas a su propio sobrino, José María Plaza, quien fue visto por testigos en la ESMA. En noviembre de 1976, fue designado capellán mayor de la policía de la provincia de Buenos Aires con el acuerdo del entonces jefe, coronel Ramón Camps. Como capellán, visitó campos de desaparición en compañía del titular de la bonaerense. El detenido-desaparecido Eduardo Schaposnik declaró en el Juicio a las Juntas que vio a Plaza con Camps en el centro clandestino ubicado en la División de Infantería de la Policía de la provincia de Buenos Aires. En 1977, en medio de la más feroz represión, este obispo advertía en público que los enemigos de la Patria «desplegaban sus satánicos planes» y su «accionar apátrida en la Universidad, cuna y foco de la guerrilla organizada». Esa declaración fue un apoyo al documento «Subversión en el ámbito universitario», publicado por el ministro de Educación Juan José Catalán.

Plaza respaldó el «Informe Final» y la autoamnistía de Bignone. El diario La Voz reprodujo esas declaraciones el 19 de agosto de 1983: «Las leyes de amnistía en toda la tradición del mundo, nunca fueron cosa mala, es algo que aquieta los espíritus. Esto no debe tornarse para nosotros como los encuentros de Nuremberg, para ir a buscar y matar gente, cometiendo un montón de irregularidades y llevarse al pobre Eichmann». «El pobre Eichmann» es Karl Adolf Eichmann, teniente coronel del organismo de seguridad Schutz-Staffel (SS) y responsable de «La solución final» nazi para los judíos de Polonia y Alemania. Años después fue secuestrado en la Argentina, donde se ocultó, por un comando del Mossad israelí, juzgado y ahorcado en Jerusalén, en 1962. Esta declaración le costó a Plaza la destitución como capellán policial —una de las primeras medidas que tomó Alfonsín—, aunque motivó un elogio caluroso de Camps en su libro Punto Final.

El obispo de Tucumán, Blas Victorio Conrero, a su vez, tuvo una participación activa en el Operativo Independencia y solía reunirse en público con los generales Acdel Edgardo Vilas y Antonio Domingo Bussi, a cargo de la represión en el campo de concentración que funcionaba en la Jefatura de Policía. Allí fue visto por testigos que declararon en el juicio que finalizó con la reclusión perpetua de Bussi. Apenas iniciado el Operativo, Vilas se reunió con las dos máximas jerarquías católicas: Conrero y Juan Carlos Ferro, obispo de Concepción, a quienes les pidió su colaboración. Tras la reunión, Vilas dijo a la prensa: «La respuesta fue inmediata, los altos prelados eclesiásticos accedieron a mi petición y algunos sacerdotes modernistas fueron retirados de la zona». Conrero murió en 1982 y no fue juzgado.

El obispo de Paraná, monseñor Adolfo Servando Tortolo, fue el caso de más «siniestra complicidad», sostuvo Emilio Mignone. Según el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante una reunión con la Junta Militar en 1976 el entonces presidente de la Conferencia Episcopal y vicario castrense acordó que antes de detener a un sacerdote las Fuerzas Armadas avisarían al obispo respectivo. El 23 de mayo de 1976, la Infantería de Marina secuestró en el barrio de Flores a los presbíteros jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics y los mantuvo durante cinco meses en condición de desaparecidos. Una semana antes, el arzobispo de Buenos Aires Juan Carlos Aramburu le había retirado a Yorio las licencias ministeriales sin motivo ni explicación. Durante su detención, uno de sus captores le dio a entender a Yorio que «la Armada interpretó la decisión de Aramburu como una autorización para proceder contra él», explicó en sus investigaciones sobre la Iglesia Horacio Verbitsky.

La galería de los curas duros tiene a otra figura en Christian von Wernich, el confesor de Camps. Sus delitos (homicidios, torturas y otros apremios ilegales) fueron denunciados por testigos en el informe de la Conadep, aunque quedó momentáneamente impune por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El cura operaba en la Comisaría 5ª de La Plata, en la Brigada de Investigaciones de esa ciudad y en los centros clandestinos «Puesto Vasco», «COTI Martínez» y «Pozo de Quilmes», ratificaron en el Juicio por la Verdad de La Plata tres sobrevivientes.

Von Wernich se hizo célebre por su «defensa» de Camps: «Que me digan que Camps torturó a un negrito que nadie conoce, vaya y pase, ¿pero cómo iba a torturar a Jacobo Timerman, un periodista sobre el cual hubo una constante y decisiva presión mundial? ¡Que si no fuera por eso…!». Así rechazó la denuncia del ex director de La Opinión sobre las torturas que le aplicó el propio Camps. Durante el juicio que se le siguió, el sacerdote fue acusado de los homicidios directos de los desaparecidos María del Carmen Morettini, Cecilia Idiart y Domingo Héctor Moncalvillo. Su acusador fue el policía ya fallecido Julio Emmed, un arrepentido que confesó que Von Wernich y él participaron en el asesinato de tres jóvenes que eran trasladados al puerto de Buenos Aires para que dejaran el país rumbo a Uruguay, según se les había prometido falsamente. También quedó preso de por vida por los homicidios calificados de María Magdalena Mainer, Pablo Mainer, Liliana Galarza y Nilda Susana Salomone.

Monseñor José Miguel Medina, vicario mayor del Ejército, fue quien desempolvó el concepto de «guerra justa», utilizado frecuentemente por Videla, para justificar los apremios ilegales y los crímenes. En abril de 1982 señaló: «Algunas veces la represión física es necesaria, obligatoria y como tal lícita». Cuatro meses más tarde, tras la Guerra de Malvinas, declaró a la prensa: «Es un honor para la Argentina tener la calidad de estas Fuerzas Armadas».

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Juan Carlos Aramburu, cumplió fielmente con la misión de negar ante el Vaticano la existencia de desaparecidos. En noviembre de 1982, en declaraciones a Il Messaggero de Roma dijo: «En Argentina no hay fosas comunes y a cada cadáver le corresponde un ataúd. Todo se registró en los correspondientes libros». Cuando un periodista le preguntó por los desaparecidos, dijo: «¿Desaparecidos? No hay que confundir las cosas. Usted sabe que hay desaparecidos que viven tranquilamente en Europa». También Quarracino había enarbolado la teoría oficial de la Iglesia en diciembre de 1979: «No hay que dejarse engañar, hay supuestos desaparecidos que están fuera del país… Hay gente que no figura en las listas, que están en otros lugares de América latina indocumentados y pasan para mucha gente como si fueran desaparecidos. Si son indocumentados y están fuera del país, por algo será…».

Otro ultramontano de verba inflamada fue el arzobispo de San Juan, Idelfonso María Sansierra, fallecido en 1980, quien se esforzó en defensa de la dictadura, en especial cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país en 1979, a investigar la desaparición de personas. Sansierra bramó: «La CIDH tiene intención política. Debería preocuparse por otros países donde se violan abiertamente los derechos humanos. Debemos defender nuestra soberanía y si la comisión excediera sus funciones, el gobierno, haciendo uso de sus facultades soberanas, debería dar por terminada su misión». Este arzobispo fue el hombre que acuñó una de las más groseras defensas de la dictadura: «Los derechos humanos son observados en la Argentina», pero «son suspendidos en tiempo de guerra».

En la misma línea se expresaba monseñor Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario fallecido en 1982: «Cada país debe regular los derechos humanos, no deben ser los extranjeros (por la CIDH) los que nos vengan a indicar lo que tenemos que hacer». Debe recordarse que cuando la comisión llegó a la Argentina, la mayoría de los obispos se negó a prestar templos para las reuniones. El más enfático fue Primatesta.

Cuando la salida democrática se plantó como irremediable tras la derrota en la Guerra de Malvinas, la plana mayor de la Iglesia católica cantó a coro: Quarracino insistió en la necesidad de que se dictase una «ley de olvido»; el cardenal primado Aramburu se inclinó por una amnistía; el cardenal Primatesta sostuvo que «el perdón corresponde a los hombres y la justicia de Dios». De esa manera, pretendían evitar sanciones penales para los criminales y cubrirse de las investigaciones judiciales que pudieran implicarlos.

Primatesta, de gran llegada ante el jefe del Tercer Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez, fue acusado con documentación del propio arzobispado de Córdoba de haber entregado a las Fuerzas Armadas listas de alumnos católicos que luego fueron secuestrados y desaparecidos. Además pidió, con argumentos dogmáticos, la absolución de represores durante el Juicio a las Juntas. Los juicios arrojaron más sorpresas: en julio de 2010, en la causa contra Videla y Menéndez que se desarrollaba en Córdoba por 31 fusilamientos en el Penal San Martín, el ex enfermero del establecimiento, Eduardo Fonseca, dijo que vio en esa temible unidad penitenciaria a Primatesta y a Menéndez juntos.

También monseñor Emilio Ogñenovich, ex arzobispo de Bahía Blanca y obispo de Luján-Mercedes, integró el sector más conservador de la Iglesia y mantuvo relaciones cordiales con todos los miembros de la dictadura. Mejores relaciones aún tuvo con el menemismo, del que se benefició económicamente, según denuncias judiciales.

El actual cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, con irrenunciables aspiraciones papales, publicó en 2010 un libro, El Jesuita, en el que intenta aclarar su proceder y el de la Compañía de Jesús durante el «proceso». Los presbíteros jesuitas Yorio y Jalics, detenidos-desaparecidos durante cinco meses por la Armada, lo habían acusado en 1999 de «haberlos entregado», así como a cuatro catequistas y dos de sus esposos, que permanecen desaparecidos, entre ellos Mónica Candelaria Mignone (hija del fundador del CELS, Emilio) y María Marta Vázquez Ocampo de Lugones (hija de la actual presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Marta Ocampo). Bergoglio dijo en su libro que nunca respondió esa acusación «para no hacerle el juego a nadie, no porque tuviese algo que ocultar» y agregó: «Ante los rumores de inminencia del golpe les dije (a Yorio y Jalics) que tuvieran mucho cuidado. Recuerdo que les ofrecí, por si llegaba a ser conveniente para su seguridad, que vinieran a vivir a la casa provincial de la Compañía». Yorio retrucó, en una nota que publicó Verbitsky en el diario Página/12, que «Bergoglio no nos avisó del peligro en ciernes» y «tampoco tengo ningún motivo para pensar que hizo algo por nuestra libertad, sino todo lo contrario».

El segundo hecho controversial que envuelve a Bergoglio como Superior de la Compañía de Jesús durante la dictadura fue el otorgamiento de un «doctorado honoris causa» a Emilio Eduardo Massera, en noviembre de 1977, por parte de la jesuítica Universidad del Salvador. En su libro, el cardenal respondió: «No lo promoví. Recibí la invitación para el acto, pero no fui. Y cuando descubrí que un grupo había politizado la Universidad, fui a una reunión de la Asociación Civil y les pedí que se fueran, pese a que la Universidad ya no pertenecía a la Compañía de Jesús y que yo no tenía ninguna autoridad más allá de ser un sacerdote». En rigor, en marzo de 1975, la Compañía confió la conducción de la Universidad a un grupo de laicos unidos en asociación civil, pero la organización estaba obligada a «preservar la identidad» y «su continuidad» en el espíritu jesuita, según su estatuto. Con ese «espíritu» condecoró a Massera.

Una versión que maneja el periodismo especializado en temas eclesiásticos —no confirmada ni por Bergoglio ni por los denunciantes— explicaría el hecho: Bergoglio se reunió dos veces con Massera para pedir por los dos presbíteros y hubo un «acuerdo político»: el doctorado honoris causa a cambio de liberarlos.

Ante las denuncias acumuladas, el Episcopado emitió un tibio documento en abril de 1996. Allí esboza una autocrítica y un pedido de perdón, pero a la vez exculpa a la Iglesia procesista. Igual que en 1983, cuando dio publicidad a las gestiones que había iniciado durante la dictadura, la Conferencia Episcopal admitió que «no pocos» juzgaban que «los obispos en aquel momento debieron romper toda relación con las autoridades, pensando que tal ruptura hubiera significado un gesto eficaz para lograr la libertad de los detenidos», y sostuvo: «Sentimos profundamente no haber podido mitigar más el dolor producido por un drama tan grande. Nos solidarizamos con cuantos se sientan lesionados por ello y lamentamos sinceramente la participación de hijos de la Iglesia en la violación de derechos humanos», en referencia directa a Von Wernich, quien había sido procesado días antes. Sin embargo, la Iglesia se exculpó de lo ocurrido al señalar que «en aquel momento el Episcopado juzgó que debía combinar la firme denuncia de los atropellos (en rigor, no hubo denuncias del Episcopado sino las personales, de unos pocos prelados) con frecuentes gestiones ante la autoridad mediante la Mesa Ejecutiva de la CEA, la Comisión encargada de estos asuntos, o la acción individual de los obispos». Y concluye implorando a Dios «perdón por los crímenes cometidos entonces, especialmente por los que tuvieron como protagonistas a hijos de la Iglesia, sean enrolados en la guerrilla revolucionaria, sean los que detentaban el poder del Estado o integraban las fuerzas de seguridad. También por todos los que, deformando la enseñanza de Cristo, instigaron a la violencia guerrillera o a la represión inmoral», en una reiteración de «la teoría de los dos demonios» funcional al poder. En septiembre de 2000, otro pronunciamiento de la CEA reconoció «indulgencia» de aquellos obispos frente a los militares y «compromiso insuficiente» en la defensa de los derechos humanos.

La jerarquía eclesiástica de hoy sigue postergando dos cosas: 1) una revisión seria y creíble sobre su participación represiva que, como ya está comprobado en estrados judiciales, excede el pecado de omisión y, 2) en consonancia con ese gesto, la apertura de sus archivos con los informes de sus capellanes militares. A cambio de esas acciones, las jerarquías del catolicismo argentino siguen pidiendo una pista conciliatoria cuyo tendido no se solicitó en los años de plomo. Entonces, como Victorio Bonamín, provicario castrense, el 25 de septiembre de 1975, durante el oficio religioso celebrado por el asesinato del coronel Julio Argentino del Valle Larrabure, muerto por el ERP, clamaban por otra cosa. «¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función?», se preguntó antes de hundir su espada verbal en el cuerpo del país: «Nuestra religión es terrible; se nutrió de la sangre de Cristo y se sigue alimentando de nuestra sangre, de la sangre de nuestros hombres muertos. Esto quiere decir que Dios está redimiendo, mediante el Ejército nacional, a toda la Nación Argentina».

En las antípodas de estas ansias de sangre se movieron obispos como el de La Rioja, Enrique Angelelli, el de Viedma, Miguel Hesayne, el de Quilmes, Jorge Novak o Jaime de Nevares, de Neuquén, quienes denunciaron las atrocidades del «proceso». Angelelli lo pagó con su vida, ya que fue asesinado el 4 de agosto de 1976 en Punta de los Llanos, La Rioja. Casi un año después, el 11 de julio de 1977, corrió el mismo destino el obispo Carlos Ponce de León, muerto en San Nicolás. Hubo además 19 sacerdotes asesinados y/o desaparecidos; 10 presos; 34 que fueron hundidos en los centros clandestinos y fueron liberados; 11 seminaristas asesinados y/o desaparecidos; siete religiosos y religiosas desaparecidas (entre ellas, las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet). También se registraron 45 desapariciones entre católicos laicos y cinco desaparecidos del credo protestante, según figura en el anexo II del folleto «La Iglesia cómplice y la Iglesia del Pueblo».

Pero el Episcopado argentino estaba dominado plenamente por la Iglesia cómplice, y su colaboración con la dictadura tenía basamentos: el sustento ideológico en la lucha contra el «comunismo» o el «enemigo subversivo» y la justificación moral y judicial de los crímenes basándose en la idea de «guerra justa» de las Cruzadas medievales.

El sustento de las autoridades de la Iglesia católica a la dictadura se corroboró en diversos frentes. Por ejemplo, cuando el gobierno de Francia denunció públicamente la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, el Episcopado informó que no tenía noticias de sus actividades, que «no eran catequistas ni misioneras» y que «no sabía» de su permanencia en el país. Sin embargo, hacía muchos años que trabajaban en la Argentina en tareas humanitarias, principalmente en el Chaco y en Formosa. La justificación de esa «Cruzada» se mantiene a través de innumerables pedidos de amnistía para los genocidas y críticas contra los Juicios por la Verdad.

La mayoría de los sacerdotes y obispos acusados por la represión fue beneficiada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como por la demora en consustanciar los juicios. Algunos se salvaron de la cárcel porque fallecieron antes. Von Wernich quedó para testimoniar estos horrores y su reclusión perpetua, ratificada en 2009 por una Cámara Penal, es la prueba más tangible de la colaboración.

Acaso, respecto de la falta de autocrítica de la Iglesia, no haya que desesperar. El Episcopado español tardó 70 años, hasta 2009, para pedir «perdón» por su actuación durante la Guerra Civil de 1936-1939 y su pasado franquista, a través de su titular, el cardenal Ricardo Blázquez. El repliegue conservador del Vaticano, con el papado de Benedicto XVI, no permite presumir rápidos y sinceros actos de contrición o de colaboración con la verdad y la justicia en la Argentina.

Siempre es posible sospechar que donde no hay información no hay honradez. Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina del siglo XXI no se muestran ansiosas por disipar esa presunción en torno de sus actos en el período 1976-1983, aunque en los juicios abiertos por delitos de lesa humanidad siempre sobrevuelen las sotanas. Como veremos en otros capítulos, la colaboración eclesial no sólo se dirigió a aceitar las maquinarias de la muerte. También contaminó con su influencia ideológica áreas clave de gobierno con nacionalistas católicos ubicados estratégicamente en el aparato estatal, tanto en el Poder Judicial y en el Servicio de Relaciones Exteriores como, sobre todo, en el Ministerio de Educación, donde no fueron nombrados ministros ni funcionarios de primera línea sin someterlos previamente a la aprobación expresa del Episcopado.

CAPÍTULO II

Los clubes del clan

AJDA, la juventud dinosauria

Habían crecido entre las quejas paternas contra el sufragio universal, el protagonismo de la «chusma» radical y las invectivas a Hipólito Yrigoyen, el enigmático «Peludo». Sus hermanos mayores y sus tíos jóvenes bien podían animar las sobremesas familiares contando sus tropelías con las bandas nacionalistas de la Liga Patriótica, cuando intimidaban a obreros, judíos, anarquistas y comunistas. Acaso sus padres podían adornar su pasado exhibiendo las fotos de alguna reunión de gala en los fastos del Centenario. Algunos de ellos se contarían entre los pocos chicos que agitaron sus manos al paso de las huestes de José Félix Uriburu rumbo al golpe de 1930. Durante la Década Infame pudieron haber escuchado resoplos de alivio por la recuperación de posiciones de sus apellidos en la vida pública y la férrea vigencia de un Estado policial.

Pero en 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial silenciaba sus truenos, estos muchachos, ya veinteañeros, estaban nerviosos. Ellos eran decididamente pro aliados y en las calles y en las universidades chocaban con los pro nazis de la Alianza Libertadora Nacionalista de Juan Queraltó. No era, sin embargo, la escena internacional lo que más los inquietaba. El golpe militar de 1943, gestado y hegemonizado por el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), tenía en sus filas a algunos oficiales sospechados de simpatías hitlerianas y/o mussolinianas. Pero había uno, uno, el coronel Juan Domingo Perón, entregado a acumular poder recostándose en un obrerismo que, ya sí, les resultaba intolerable.

No, ya no era hora de tirar despreocupadamente manteca al techo, ni de cruzar el Atlántico con la vaca atada en la bodega de un trasatlántico. Era hora de hacerle frente a una marea política ascendente que amenazaba desdibujarlos. Y allá fueron, mientras reconocían impotentes que la estrella de Perón difícilmente declinaría, mientras se sumaban al activismo electoral a favor de la Unión Democrática para hacerle frente a la fórmula Perón-Quijano que triunfó el 24 de febrero de 1946. Y ahí sí, tuvieron que arremangarse para pelear en tiempos difíciles.

Fue en ese marco que, también en febrero de 1946, los muchachos fundaron el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina (AJDA). Su primer presidente fue, claro, un veinteañero lustroso y activo: José Alfredo Martínez de Hoz (h.); su vicepresidente, un poeta y crítico de arte, Rafael Squirru. Desde su nómina ya comenzarían a circular los apellidos que aparecieron recauchutándose en uno y otro golpe de Estado durante el resto del siglo XX: Carlos Muñiz, Carlos Pedro Blaquier, Guillermo Ruiz Moreno, Conrado Echebarne, Jorge Wehbe, Miguel Padilla, Enrique Pinedo, Luis Astigueta, Ricardo Paz y Ramón Columba, entre otros que, como Jaime Perriaux, se fueron sumando en paralelo a la consolidación del peronismo.

Mientras transcurrían los primeros años del gobierno peronista, los rictus de espanto de estos «jóvenes brillantes» se multiplicaban en las reuniones plenarias que se desarrollaban en la confitería Richmond, de Florida 466, al lado de la sede central de la Sociedad Rural. Al mismo tiempo funcionaba una secretaría administrativa que tuvo sede en la casa de Carlos Lattuada (Alvear 1896), en Aguado 2894, San Isidro, el solar de los Martínez de Hoz, y luego en Copérnico 2352, Charcas 1173 y Rodríguez Peña 1456.

Había que administrar, sobre todo, la producción y circulación de la revista Demos, donde la barra del Ateneo volcaba la visión de esa época en clave de una reiteración ominosa del pasado: en la reestrenada visibilidad del mundo popular creían ver el retorno del rosismo, la «segunda tiranía». Textos de Esteban Echeverría, de Domingo Faustino Sarmiento, de Juan Bautista Alberdi, concurrían a darle prestancia estatuaria a un discurso que escondía, bajo la verba patriótica, un resentimiento visceral por aquellas presencias inesperadas, acompañado por la intuición certera de que si la sociedad se democratizaba en lo político, con rituales cívicos que excedían el permiso para votar en silencio, sus antiguas correas de transmisión con el Estado chirriarían acaso hasta cortarse.

Los atenienses no estaban solos en esa percepción azorada del nuevo fenómeno. En la oposición estudiantil universitaria a Perón los acompañaban simpatizantes fubistas, comunistas, socialistas, yrigoyenistas, radicales antipersonalistas y demócratas progresistas. Junto con los liberales conservadores y los católicos liberales, habían marchado celebrando la liberación de París y la reimpresión de la palabra libertad. Esas juventudes también habían sumado militancia a favor de la candidatura de la Unión Democrática del salteño señorial Robustiano Patrón Costas, prohijada por Estados Unidos a través de su embajador en Buenos Aires, Spruille Braden.

Algunos de los más arduos malentendidos entre la izquierda local y el peronismo que acompañaron a todo el siglo XX se gestó en esos años movidos. Las coordenadas internacionales no hacían soportable el neutralismo de los golpistas de l943 ni la presencia en lugares expectables de la administración de algunos nacionalistas de Queraltó, mientras la cultura de masas distribuía la entrada triunfal de las tropas aliadas mascando chicle en las ciudades europeas asoladas por los regímenes fascistas. Más tarde, el peronismo en el gobierno, que arrojaba todos los días novedades y nuevos derechos para las clases trabajadoras, no se dio una política para acercar a esos sectores medios ilustrados que asimilaban sin esfuerzo la creciente organización sindical a los modelos corporativistas sanguinarios que, con la excepción de la España falangista, se retiraban de Europa y hacían de la caída del fascismo una marca cultural fuerte, con trasfondo de jazz y de literatura libertaria.

Pero no eran esas postales las que más resonaban en el núcleo duro del Ateneo de los demócratas antiperonistas, aunque se sirvieran de su «ala cultural» para disimular una íntima ansia también totalitaria. El lenguaje estrictamente político de la revista Demos enseñaba las preocupaciones de fondo de los jóvenes dinosaurios aunque en un texto de profesión de fe emplearan las palabras prestigiosas «paz, libertad, justicia, igualdad y democracia». Allí también la barra engominada se hacía una autocrítica de clase. Squirru, en el número de febrero del 46, se queja de que «la común indiferencia, resultado quizá de un fácil bienestar material, ha llevado a nuestro país a horas angustiosas». El bien vivir los había distraído mientras la chusma ascendía por sus derechos y la criollada de las provincias se acercaba a las ciudades en busca de oportunidades laborales. Con el 17 de octubre ya consumado había que dejar de bostezar.

El espectro ideológico del Ateneo también contenía extremos que le criticaba al peronismo, aunque estuviera dominado por apellidos de la derecha antipopular que circuló en los años 30. AJDA también soportó su ala filofalangista, mientras se apoyaba en liberales, católicos y conservadores de aura democrática. Aunque en alguna plaza multitudinaria hubieran celebrado junto a la izquierda la caída de Hitler, el comunismo resultaba una ignominia, una palabra cuyas vocales cerradas le entregaban la sonoridad del insulto. El fascismo era repudiado y el peronismo tomado como un hijo acriollado de Mussolini que, apoyado en los sectores del trabajo, buscaba la disciplina de las masas a través de la «demagogia».

La circulación de estas figuras retóricas siguió marcando el lenguaje político hasta bien entrado el siglo XXI. Portadores de ideologías que se decían liberadoras temblaban ante las primeras señales de cierta democratización económica. Ante cualquier acto de gobierno que implicase promoción social preferían ver, más que una determinación política, una dádiva pergeñada por meras ansias de poder.

Es que en ese punto, exactamente en ese punto, yacía lo que más los espantaba. En la revista Demos el artículo de Blaquier «Paradoja de la democracia» exhibe buena parte del ADN de aquel golpismo nacional: «La incorporación del proletariado como fuerza activa en la lucha política, por carencia de educación y del don de organización burgueses no fueron capaces de llevar a cabo su plan y pusieron sus destinos en manos de conquistadores y demagogos. En lugar de tender una mejor distribución de la riqueza sin afectar la producción, entorpecen ésta con disposiciones que más que lograr el mejoramiento de todos, tienden a obtener el empeoramiento de los que están mejor, lo que por un curioso fenómeno de psiquismo de masas les da la sensación que progresa sin que en realidad nada de esto suceda». Tras ese razonamiento el futuro propietario del Ingenio Ledesma de Jujuy, donde se concretó una de las matanzas más terribles del videlismo, arriba a su temeraria conclusión: «La democracia nos ha llevado a la dictadura […] ¿Cómo salir de esta encrucijada?».

Con una línea que se anticipa en décadas a los planes frustrados de las salidas políticas del videlismo, Blaquier se la juega sin corrección política y propone un sistema «donde la voluntad del Estado tiende a la realización de los fines colectivos en base a la libertad y a la igualdad jurídica entre los hombres». El pedido de voto calificado se viene: «La igualdad absoluta que implica una democracia formal sin salvedades, debe pues ser atenuada en los medios de poca cultura, en base a un criterio calificativo, valorador de circunstancias, para asegurar el contenido democrático de la voluntad estatal […]. Yo creo que el ejercicio calificado de los derechos políticos, en el que la soberanía de los numerosos cede su lugar a la soberanía de los mejores, es el modo más efectivo de lograr una democracia sustancial». No hemos tocado una coma en el texto de Blaquier para que, en el caso hipotético de que su utopía regresiva se cumpliere y la gramática también sirviera para calificar al votante, el generoso donante de dólares para la contrainsurgencia centroamericana de los años 80 se quede, sin más, afuera.

En otro número de Demos, de abril-junio 1950, Miguel Padilla, que luego fue subsecretario de Economía de Martínez de Hoz en 1976, asesinado en el marco del negociado por la venta de la Ítalo, tampoco acudió a recursos eufemísticos ni tuvo problemas para ponerse en contra a la hinchada de Boca Juniors: «El principio democrático ha contribuido al debilitamiento de la civilización, impidiendo el desarrollo de la elite». Para Padilla, las masas, «mediante el absurdo del sufragio universal, procedieron a adueñarse del poder inaugurando en esta forma la peor de las tiranías: el despotismo de la mitad más uno».

Repasar los artículos de la revista Demos es acceder al edificio discursivo de los lugares comunes más vulgares y antidemocráticos que encarnaron en el gorilismo. A pocos años de obtener sus diplomas universitarios, con saberes repartidos en el derecho y la economía, la craneoteca ateniense no se esmeraba intelectualmente para mediar con reflexión política el resentimiento y el odio de clase que les generaba el peronismo.

Traducían, sí, a su credo exclusivista, ciertas líneas de José Ortega y Gasset. José Manuel Saravia escribirá en Demos que «El concepto de clase dirigente no puede separarse del de jerarquía: es imprescindible que la masa deposite su confianza y reconozca la autoridad de los que siendo capaces, asumen la responsabilidad de dirigirla». Saravia, después profesor de la Escuela de Guerra, redactará, junto con Alejandro Agustín Lanusse, Alcides López Aufranc y Arturo Corbetta, el plan corporativo del golpe de Juan Carlos Onganía en 1966 y luego será subsecretario del Interior.

Hacia los años 50, los atenienses ingresan en una etapa de dispersión. Muchos de ellos comienzan a insertarse laboralmente en la actividad privada; la creación de la Liga de Estudiantes Humanistas, liderada por los incipientes democristianos, pasa a hegemonizar el antiperonismo universitario, pero por sobre todo una nueva alternativa genera un viraje de los demócratas atenienses: el fracasado levantamiento militar de Benjamín Menéndez el 28 de septiembre de 1951, y el desbaratamiento del accionar conspirativo del teniente coronel Bernardino Labayru, les hace ver en las Fuerzas Armadas una posibilidad de derrocar a Perón que no brotaba en la civilidad. El falso purismo democrático de AJDA comienza a mostrar su verdadero rostro, el cuartelero.

Robert Potash interpretó que el armado de un movimiento cívico-militar antiperonista había tenido sus primeras expresiones ya en 1945, cuando Alejandro Lastra y Germán López, junto con Manuel Ordóñez, Eduardo Benegas, Eustaquio Méndez Delfino y Adolfo Lanús —dirigente conservador y secretario de redacción de La Prensa—, trazaron puentes de entendimiento con el hermano de este último, el general Roque Lanús, quien había seducido a la juventud dinosauria con estas palabras: «Un ejército que no se educa en el orgullo de las tradiciones del país y en el respeto a su patriciado, que es una de las formas de amor a la Patria, lleva en sus entrañas el germen funesto de la anarquía».

Hay quienes se reciclan en otras organizaciones o comienzan a trajinar en grupos similares. Pero es necesario detenerse aquí y hacer un resaltado fosforescente: el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina es el germen del golpismo cívico-militar que tiñe a la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. Recicla en su pensamiento binario las conformaciones ideológicas de la derecha más retardataria; reitera apellidos, gritos de guerra y comportamientos inciviles y aun criminales que atan su nacimiento en 1946 a la Década Infame, al Centenario, a la Generación del 80 y aun a 1810 en su ala colonial, como la que representó el cabildante José Toribio Martínez de Hoz, quien el 22 de mayo se expresó a favor de la continuidad del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. El primer presidente de AJDA fue luego el jefe civil de la dictadura más siniestra de la historia de la Argentina: José Alfredo Martínez de Hoz. Muchos otros nombres ruedan en la noria golpista hasta 1983, reaparecen en el menemismo de los 90, se vinculan a añejos intereses económicos y ensamblan sus destinos patricios como testaferros de las multinacionales y con una tecnocracia de apariencia política prescindente, que sin embargo juega siempre para el mismo lado y que entiende a la política pública como un instrumento para sus negocios y el de sus representados, y nunca para el interés general.

En los años 50 otros antiperonistas se ubican en torno del Seminario de Historia Argentina que encabezan los profesores Ambrosio Romero Carranza, Manuel V. Ordóñez y Manuel Río, a los que luego volveremos a ver en otro nido golpista, la Peña de Chiquín. Los muchachos del seminario se reunían en una casa de la calle Carlos Pellegrini cedida por monseñor Miguel de Andrea y allí aparecían Alberto Rodríguez Varela, Juan Isidro Quesada, Iván Vila Echagüe, César García Belsunce, Carlos María Gelly y Obes, Carlos Floria, Gaspar Ferrer, Alejandro Padilla, Roberto Garbini y Estanislao del Campo Wilson. El seminario, de predominante raíz católica, organizaba grupos de estudio y conferencias al estilo del Ateneo y sus miembros habían intervenido en los Cursos de Cultura Católica de los años 30. Ordóñez y Río participaron en el Instituto de Cultura Católica en 1953, antecedente inmediato de otra institución formadora de empresarios cuarteleros: la Universidad Católica Argentina. Asimismo, Romero Carranza, Ordóñez y Río serán los representantes del diario La Prensa, acendrado bastión del gorilismo, expropiado por Perón y devuelto a sus dueños tras el golpe de 1955.

La Copa Libertadores

El primer trofeo de los jóvenes demócratas y de los jóvenes católicos es su protagonismo en la triunfante Revolución Libertadora que desaloja al peronismo del poder. La banda del Seminario activa sobre todo en la guerra santa que la Iglesia católica le declaró a Perón a cara descubierta y que se acentúa tras las detenciones de los sacerdotes Miguel de Andrea y Gustavo Franceschi. La ira terminó descargándose sobre civiles inermes en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, con los ataques de la Aviación Naval y la Infantería de Marina comandadas por el vicealmirante Aníbal Olivieri —ministro de Marina de Perón—, el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón y el capitán de fragata Francisco «Paco» Manrique. Fue el comienzo de la cuenta regresiva para la sublevación que el 16 de septiembre concretó la Revolución Libertadora, que impuso como presidente inconstitucional al general Eduardo Lonardi.

Fue también el comienzo de una puja entre los nacionalistas católicos que respaldaban al presidente de facto y los liberales, entre quienes hablaban de «ni vencedores ni vencidos» y quienes querían hacer tabla rasa con la CGT. Eduardo Busso, abogado de empresas extranjeras, miembro de la Sociedad Rural durante el mandato de Martínez de Hoz padre, expulsado de la UBA por el peronismo, quedó a cargo del ministerio clave: Interior y Justicia. Busso era un dilecto del AJDA y se dejaba palmear por jóvenes como Carlos Muñiz y Juan Ramón Aguirre Lanari, quienes le habían cedido la tribuna para sus conferencias junto a otros catedráticos exonerados como Manuel Río y Sebastián Soler.

Es Busso quien lleva de la mano a los jóvenes atenienses al gobierno: Conrado Echebarne es designado inspector general de Justicia; Carlos Muñiz asume como subsecretario de Interior y Aguirre Lanari como director general de Provincias. En el ala liberal ateniense se cuentan los que ganan más poder tras el desplazamiento de Lonardi en manos del nuevo presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Muñiz y Aguirre Lanari, el dúo dinámico del AJDA, son los encargados de armar los elencos de gobiernos provinciales de la Libertadora con amplio favoritismo para los radicales. En Salta es designado interventor Alejandro Lastra, quien convida a los atenienses a su bautismo de gestión pública: así se suman José Alfredo Martínez de Hoz (Economía); José María Ruda (Interior) y Julio Passeron, otro ateniense que reemplaza al radical intransigente Germán López, sin estómago para digerir la jalea liberal-radical que había contribuido a armar con Lastra.

Estos civiles fierreros juegan un papel activo en la fundación de la Democracia Cristiana, donde también se anota Martínez de Hoz. La DC da sus primeros pasos en Rosario en 1954 y se constituye formalmente como partido 1956, como reflejo de los partidos políticos europeos que recomponen la vida institucional tras la era nazifascista. En la Argentina, nace con dos líneas diferenciadas: una reformista y nacionalista, con epicentro en Córdoba (Horacio Sueldo, José Antonio Allende), y otra liberal que pierde las riendas del partido en 1958, y cuyos integrantes figurarán, junto con la muchachada del AJDA, en las primeras líneas del videlismo, como Raymundo Podestá, Santiago de Estrada y Jorge García Venturini. También allí da sus primeros pasos como militante el padrino de las relaciones carnales con Estados Unidos en los años 90, Guido Di Tella, canciller de Menem.

Cuando el gobierno de la Revolución Libertadora daba sus últimos pasos con una salida electoral restrictiva que dejó afuera al peronismo, muchos de los miembros del AJDA se asomaban paulatinamente a una nueva realidad económica. El presidente Arturo Frondizi, que ganó las elecciones con la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) en 1958 derrotando al radicalismo balbinista, impuso una doctrina desarrollista para estimular la inversión externa. Muchos atenienses ocuparon despachos expectantes en las empresas extranjeras, como abogados y testaferros. Los hijos de la oligarquía terrateniente conservadora, por lo tanto, comenzaron a diversificar sus intereses y a «modernizar» su conocimiento sobre las variables económico-sociales. También participaron en la fundación de nuevos centros de estudio e investigación y de asociaciones diversas. El «aggiornamento» no alteró sin embargo la doctrina de fondo, antes bien la consolidó: para aquellos jóvenes dinosaurios ahora aparentemente modernizados, no resulta posible pensar el país sino como subordinado a las nuevas etapas de industrialización y, más adelante, de reconversión financiera que empujan los países centrales. Cuando retornaron al aparato del Estado, ya entre los 30 y los 40 años, mediante los golpes de Estado de los 60, esa imposibilidad de pensar un proyecto propio se tornó más notable y pasó por su cénit precisamente durante la dictadura videlista.

En los años posteriores a la Revolución Libertadora, el análisis y el estudio de la economía trata de ponerse a corriente con la complejización del capitalismo y las legitimaciones de los nuevos rumbos adquieren un perfil «científico» que, generalmente, trata de ocultar las razones políticas sobre las que se apoya. Muchos de los abogados liberales y democráticos exhiben su inclinación por esa economía científica. Se trata de un correlato de su participación en los negocios que acercan las inversiones extranjeras. El anticomunismo crece entonces furiosamente, porque los análisis marxistas, antiimperialistas o suavemente nacionalistas minan las bases teóricas de la pretendida «ciencia».

Por esta época brotan nuevas carreras en las universidades, centros de estudio de instituciones privadas y espacios estatales para albergar «burocracias especializadas». Los nuevos tecnócratas se formarán en ellas. En 1957, el empresario bodeguero ultraliberal Alberto Benegas Lynch, junto con Enrique Loncan y el almirante Carlos Sánchez Sañudo, parirán un bebé procesista, el Centro de Difusión de la Economía Libre, que en plena dictadura militar devino en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Este grupo les dará letra y música a los militares. Loncan, por ejemplo, dicta desde los años 60 clases de economía en la Escuela Superior de Guerra. En 1958 son creadas la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la del Salvador y la de la Universidad Católica Argentina. En 1960 se funda el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Di Tella. Ese mismo año surge el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEA) con la misión de formar cuadros gerenciales.

En 1958 se había creado la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), futuro nido de conspiradores, fundada como agrupación intersectorial de dirección política de las entidades empresariales Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio, Sociedad Rural Argentina y Bolsa de Comercio. Inspirada por Enrique Benegas Lynch (p.), la ACIEL es una respuesta al restablecimiento de la personería de la Confederación General Económica (CGE), algo que los antiperonistas furiosos consideraron ofensivo.

En 1964, el empresario Eduardo Luis García estrena la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que en la dictadura criticará a Martínez de Hoz ¡por derecha! y acompañará con fervor fundamentalista el vaciamiento estatal de los 90. Los primeros fieles de FIEL son pura sangre dictatorial: Martínez de Hoz, Juan y Roberto Alemann, Walter Klein y José María Dagnino Pastore.

El futuro jefe civil del «proceso» se mantiene hiperactivo y es visualizado con el más cabal representante de los intereses empresariales. El Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP), central de patronales del continente americano, lo reclama como delegado argentino y en esos menesteres conoce a David Rockefeller, quien le regala para siempre el apodo de «Joe» y una amistad que le facilitaría la dirección de empresas extranjeras y el acceso a créditos internacionales una vez llegado al poder. El Grupo Rockefeller tenía intereses en la General Electric. Martínez de Hoz cumplió funciones ejecutivas en empresas del grupo, y en Exxon Mobil, propietaria de Esso, se apoltronaba otro ateniense, Enrique Loncan.

En lo que va del derrocamiento de Perón en 1955 hasta la asunción de Onganía en 1966, los clubmen nacionales están mayorcitos. Les aparecen verrugas y barrigas difíciles de controlar. Ya se han casado y crían a sus hijos mientras aumenta su capacidad de asociación corporativa y enhebran sus destinos con los militares llevando sus palabras a los institutos de formación castrense e incorporando uniformados como cuadros gerenciales del empresariado.

El dulce ensayo

Desde el estudio que comparte con su hermano Juan Miguel y con su primo Pedro Martínez Segovia en el quinto piso de Corrientes 545, Joe se ocupa de regar los múltiples intereses construidos fuera y dentro del país. Un contertulio ateniense, Carlos Pedro Blaquier, que se había casado en 1952 con María «Nelly» Arrieta, heredera de los ingenios azucareros Ledesma, lo convoca como primera espada en la defensa de sus intereses y lo designa presidente del Centro Azucarero del Norte Argentino (CARNA), que representaba a los propietarios de los ingenios de Salta y Jujuy. Allí comienza a trabajar con Juan Alemann en una alianza que resistirá los años y llegará al Ministerio de Economía en 1976. En sus años del AJDA, Joe ya se había asomado a la defensa de la política corporativa agropecuaria a través de la Juventud Rural Confederada. También conocía el terreno tras su experiencia como ministro de Economía libertador en Salta.

Ledesma poseía más de 120.000 hectáreas en Jujuy y era el primer grupo empresario de la provincia, encabezado por el ingeniero Herminio Arrieta. Los productores de esa región padecían por entonces una desventaja notable ante los tucumanos, que contaban con una mayor capacidad productiva y una larga tradición azucarera —las primeras industrias se habían establecido alrededor de 1870— por lo cual retenían los cupos mayores de producción. Salteños y jujeños se movían en el mercado con un sistema distinto, un esquema de propiedad extensivo y grandes terratenientes que manejaban las zonas marginales de las provincias y su exigua población. Mezcla de grandes haciendas coloniales y taller de industria intensiva, propietarios ellos mismos de las tierras que cultivaban (Arrieta-Blaquier en Jujuy; los Patrón Costas con Salta y los establecimientos de la familia Cornejo), emplean aún en la actualidad mano de obra migrante de la región chaqueña y boliviana, con contratos temporarios y salarios muchas veces pagados con vales que se gastan en sus propias despensas. La estructura socioeconómica de Tucumán era más compleja y más molesta para el conservadurismo liberal. Buena parte de los productores estaba representado por empresarios de una tendencia nacional, organizados en torno de José Ber Gelbard. Había también cañeros independientes propietarios de sus parcelas, asociaciones cooperativas y una representación sindical, la Federación de Obreros Tucumanos de la Industria Azucarera (FOTIA), que para la patronal jujeña representaba una amenaza.

La dupla Martínez de Hoz-Alemann le resolverá los problemas a Blaquier con un estilo que muestra sus garras procesistas en el empleo del Estado como favorecedor de intereses precisos, como fuerza policial y como profundo desarticulador de redes sociales. Alemann era subsecretario de Comercio durante la gestión del etílico José María Guido, sucesor casual del derrocado Frondizi, cuando redactó en 1962 un proyecto de «saneamiento» de la industria azucarera. Martínez de Hoz, como secretario de Agricultura del ateniense Eustaquio Méndez Delfino, hizo lobby para conseguir la firma del decreto 1145/63, donde se declara a Ledesma como empresa de «interés nacional». Esto implica exenciones impositivas y el otorgamiento de créditos blandos. También se declara a la zona como «prioritaria para las inversiones públicas nacionales» por diez años, lo que implica prioridad para el suministro de materias primas y energía, combustibles y gas, a precio de fomento. La jugada se acerca a su coronación cuando Martínez de Hoz es convocado como ministro de Economía nacional por primera vez durante la gestión del gobierno títere de Guido. Alemann celebra la buena nueva: «El CARNA pierde a su presidente pero la suerte del país merece tal sacrificio de la industria azucarera».

Con un poco de paciencia, el resultado de tal sacrificio se percibió en 1966, cuando el gobierno militar de la Revolución Argentina impuso el desmantelamiento de siete fábricas azucareras de Tucumán con excepción del ingenio La Merced, una extensión de Ledesma. En el mismo acto, el cupo tucumano de producción fue reducido 30 por ciento y las fuerzas militares tomaron y derribaron las instalaciones con un ensañamiento especial hacia las unidades productivas relacionadas con Gelbard y acusadas de depender del Partido Comunista. La provincia fue ocupada por fuerzas militares de Gendarmería y policías federales que llegaron en una escuadra de trece aviones. El «Operativo Tucumán» fue un desastre social para la provincia, que pasó del 5,5 por ciento de desocupación al 14 por ciento en seis años, lo que derivó en la emigración del 30 por ciento de sus habitantes.

En nombre de la «salud económica» y de la «eficiencia» los atenienses, tras años de lobby dentro y fuera de los gobiernos nacionales y provinciales, consiguen el primer reformateo exitoso de una situación económico-social, la del azúcar de Tucumán, que consideraban infestada por el «populismo». Si el «Operativo Independencia» encabezado por los siniestros generales Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi fue en los años 70 el laboratorio general del terrorismo de Estado, el «Operativo Tucumán» funcionó como laboratorio de regresión económica. La combinación en dosis nacionales de los dos grandes operativos, el Tucumán y el Independencia, prohijados y apadrinados por los atenienses cuarentones, sus socios en las variadas cuevas civiles del liberalismo y sus protectores militares a cargo de un gobierno asaltado, arma un primer esquema de acendrado procesismo. El futuro dictador Jorge Rafael Videla, entonces con destino militar en esa provincia, y hasta con un casual y breve interinato a cargo de la gobernación tucumana, como jefe de brigada durante la presidencia de Roberto Marcelo Levingston, vivió estos episodios muy de cerca. Ya veremos dónde y cómo, en otro episodio emblemáticamente preprocesista, Martínez de Hoz y Videla cruzaron sus caminos.

Ateneos, peñas, clubes

Entre los cuartelazos que se suceden a partir de 1962, el golpe de Onganía en 1966 y la retirada sin gloria del ensayo cívico-militar de la Revolución Argentina en 1973, cuando Lanusse le entrega el poder a Héctor J. Cámpora, el candidato designado por Perón ganador de las elecciones, la inestabilidad política es una marca permanente. El experimento dictatorial del onganiato buscó ensamblar conservadurismo, tecnocracia y catolicismo con un posterior giro pro norteamericano que disipó el aroma corporativista. Uno de sus objetivos de fondo, el disciplinamiento social y el combate a las «ideas ajenas al ser nacional», se topó con un variado espectro de fuerzas contrarias: el crecimiento del sindicalismo clasista, la expectativa por el retorno de Perón y una vida político-cultural activa y abierta que avanzaba por encima de los frenos represivos y moralizantes que buscaba imponer el régimen. En ese marco, las diversas vertientes de la derecha nacional hacen scrum en grupos de discusión política y/o de presión, para hacer frente al ascenso del protagonismo popular y de las organizaciones armadas.

En 1962 ya había sido fundado un nuevo Ateneo, el de la República, por donde pasaron varios civiles que integraron las diversas etapas de la fallida Revolución Argentina. Los contertulios eran Mario Amadeo, Nicanor Costa Méndez, César Pico, Máximo Etchecopar, Mario Díaz Colodrero, Oscar Puiggrós, Guillermo Borda y Héctor Llambías, entre otros. Cultivaron un nacionalismo de derecha antiliberal, con influencia del integrismo católico y del ala democristiana derechista. Fueron impulsores decididos de los Cursos de la Cristiandad, donde compartieron tiempo y charlas con militares de la promoción videlista.

El Círculo de Plata, animado por Marcelo Sánchez Sorondo, había sido fundado en 1973. Mario Cadenas Madariaga sostiene que la casa de reuniones había sido facilitada por Carlos Pedro Blaquier, y atenienses de los 40, como Ricardo Paz, pasaron a dar conferencias. Así lo hizo también Cadenas Madariaga. En la línea del fundamentalismo católico también funcionaba el grupo que se juntaba en una mesa ovalada del restaurante Chiquín, de Sarmiento al 900. Allí concurrían Rodríguez Varela, Manuel Ordóñez, Ambrosio Romero Carranza, Eduardo Ventura Flores Pirán. Isaac Rojas, el vicepresidente de la Libertadora, era un concurrente asiduo. Ordóñez, que en 1975 ingresó a la Academia de Derecho, fue definido por Alberto Padilla como un «combatiente» que buscaba que «se cumplan los principios, declaraciones y garantías de nuestra Constitución para que los argentinos sigan la doctrina de Cristo».

La Peña El Ombú, a su vez, se reunía mensualmente en el Plaza Hotel y era la que congregaba a la mayor cantidad de militares. El genocida Luciano Benjamín Menéndez trató de reproducirla en Córdoba cuando era amo y señor del III Cuerpo de Ejército y del centro de desaparición La Perla. Aunque no declaraba fines políticos, el Rotary Club de Buenos Aires, que también se autoconvocaba en el Plaza Hotel, se coloreó ideológicamente con charlas como las de Jorge García Venturini, quien habló de «La crisis de la palabra»; Manuel Tagle, quien expuso sobre «La crisis económica»; Américo Ghioldi, quien disertó sobre «La crisis social y política»; y Sebastián Soler, sobre «La crisis social».

Con la victoria contundente del peronismo en 1973 y la alta sociedad desorientada, el coronel retirado Federico de Álzaga, que había merodeado en los años 40 por el AJDA y la revista Demos, resucitó aquel espíritu ateniense como anfitrión del club Azcuénaga. Funcionaba en un petit-hôtel de Azcuénaga 1673, que según algunas fuentes también fue cedido por Carlos Pedro Blaquier. La actividad del Azcuénaga era intensa, con una o dos reuniones semanales, donde alguien exponía y había debates dos horas antes y dos horas después. Fue en este ámbito donde creció la figura del ex ateniense Jaime Perriaux, alias «Jacques». Según Horacio García Belsunce (p.), «el club juntaba 30, 40 personas de la más diversa índole: civiles, militares, abogados, ingenieros, médicos. Siempre había un conferencista o un panel o una mesa redonda». Los reunía el análisis de la coyuntura y como diría Bernardo Neustadt muchos de ellos pertenecían a esas «empresas que les interesa el país» desde una concepción económica y política liberal.

En ese ámbito convive otro dueto cívico-militar de plomo, el que integran el abogado Jaime Perriaux y el general retirado Hugo Miatello, a quien Cadenas Madariaga describe así: «Había sido general de inteligencia. Era un hombre reservado, poco comunicativo. Era un hombre importante. Pero no era alguien con el que se pudiera conversar. Los hombres de inteligencia son muy especiales. El hombre de inteligencia tiene una visión muy particular, donde se combinan demasiado los problemas particulares con los problemas generales. Usan todo. Ellos saben cuánto vale una debilidad humana para conseguir una utilidad desproporcionada. A mí no me gustan». La relación entre el militar Miatello y el abogado Perriaux anticipa el matrimonio Videla-Martínez de Hoz y merecerá una mención aparte.

El empresario Carlos María Túrolo, autor del libro De Isabel a Videla, acredita que también por el Azcuénaga merodeaban quienes muy poco después se revelaron como sangrientos represores, a saber, los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, pero Cadenas Madariaga lo niega. Consta, sí, la participación de los militares retirados Carlos José María Túrolo (padre de Carlos María) y Alcides López Aufranc. De todos modos, queda claro que entre las asociaciones que se convirtieron en centros de conspiración, el club Azcuénaga es el que más relación directa tendrá con la dictadura videlista. Alcanza con repasar los asistentes y expositores del club y cotejar sus nombres con los elencos procesistas: Enrique Juan Loncan Estrugamou, Horacio García Belsunce (p.), José Alfredo Martínez de Hoz, Luis García Martínez, Jorge García Venturini, Mario Cadenas Madariaga, Alberto Rodríguez Varela, Guillermo Zubarán, Marco Aurelio Risolía, Armando Braun, Carlos Muñiz y Luis Zanotti, jefe de editoriales de La Nación.

Fue en el club Azcuénaga donde, por iniciativa de Perriaux, se integró una mesa chica de la que salió la jefatura civil de la dictadura con epicentro en el Ministerio de Economía. La integraron en un primer tramo Martínez de Hoz, Cadenas Madariaga, Luis García Martínez, Guillermo Zubarán, Enrique Loncan, Horacio García Belsunce (p.) y Armando Braun. Se encontraban a almorzar periódicamente en la casa de Perriaux de la calle Gelly y Obes. Según Cadenas, «Perriaux era un político y un coordinador del grupo, no intervenía. Era el que atraía a toda la gente, el que buscaba, el que indagaba, el que se ocupaba de mantener relaciones».

En sus deposiciones ante la Cámara de Diputados con motivo de la investigación del caso Ítalo, Martínez de Hoz dijo: «El doctor Perriaux era un permanente preocupado en que las cosas del país se encaminaran de acuerdo a sus ideas. Él tenía la costumbre de llamar a la gente de su conocimiento y de sus convicciones para pedirle distintas formas de colaboración, algunas de las cuales tenían como destinatarios a los gobiernos constituidos en esos momentos. O sea, era una práctica constante. Mi colaboración con el doctor Perriaux, mía y de otras personas, era cuando él nos pedía que le acercáramos opiniones relativas a tal o cual problema. Esto lo usaba, me consta, con los gobiernos que estaban en el poder y posiblemente pensando en que si hubiera emergencia en el país, por cualquiera de las situaciones que él mencionaba, no necesariamente el golpe de Estado, podía hacer un simple cambio de política económica».

En una entrevista del Archivo Oral de la UBA, Martínez de Hoz explica, con oralidad ripiosa, que «los militares pedían consejos a grupos. Por ejemplo, a Jacques Perriaux, que era un discípulo de (el filósofo español José) Ortega y Gasset, que era un hombre superior, había tomado en sí el formar grupos de asesoramiento, pensando posibles soluciones para el país, no siendo equipos de gobierno, sino asesorándolo, brindando opiniones escritas. Se hicieron algunos papeles de estudio sobre lo que más convenía al país como programa económico. Había varios grupos que estaban haciendo eso en ese momento en el país, y los que tenían contacto con los militares —que yo no era uno de ellos—, los militares le pedían consejos».

Con respecto a los participantes, Martínez de Hoz generó ciertas confusiones deliberadas señalando como intervinientes en las reuniones a los demócratas mendocinos Amadeo Frúgoli y Francisco Moyano —este último fue funcionario de Videla—. Y también al filósofo discípulo de Ortega y Gasset, Julián Marías, algo que más adelante desató un escándalo en España, cuando se supo que el pensador había compartido su tiempo con los civiles más fundamentalistas del videlismo.

García Belsunce (p.), en un artículo publicado en La Prensa el 16 de marzo de 1981, hizo un balance de la gestión de Martínez de Hoz en Economía en el que reconoció que los objetivos generales del plan provenían «de un programa económico anterior que fuera elaborado en 1975 por un grupo de ciudadanos, entre los que se encontraba el doctor Martínez de Hoz».

Los ciudadanos que participaron entusiasmados de la más brutal suspensión de la ciudadanía que conoce la historia argentina ya habían sido nombrados en el diario La Nación, el 11 de marzo de 1979 en el editorial de La semana política: «La Historia todavía no escrita de los orígenes del plan económico aprobado por las Fuerzas Armadas en el verano del 76 dice que el doctor Cadenas Madariaga fue una de las seis personas intervinientes en su elaboración. El plan comenzó a gestarse poco después de la muerte del ex presidente, el 1º de julio de 1974, cuando bajo el presagio que el régimen de la Sra. de Perón iba irremediablemente hacia el fracaso, aquellas personas comenzaron a trabajar en una fórmula alternativa económica. La primera reunión con ese fin se realizó en el domicilio del doctor Martínez de Hoz (en el edificio Kavanah) y asistieron los doctores Enrique Loncan, entonces director ejecutivo de la CEA (Central de Empresarios Argentinos), Horacio García Belsunce, Mario Cadenas Madariaga, Guillermo Zubarán y Luis García Martínez. El ex ministro de justicia Dr. Jaime Perriaux actuó como coordinador político del grupo así constituido».

Los análisis y papers para trabajar en una fórmula alternativa se aceleran en 1975, sobre todo a partir del «Rodrigazo», que licua el ingreso y el ahorro popular durante el gobierno de Isabel. La casa de Enrique Loncan es el nuevo sitio de reuniones. La estudiosa muchachada que coordina Perriaux, aquellos atenienses con laureles golpistas sobre la testa, ven una luz de plomo al final del túnel. A través de la Cámara de Comercio comienzan a conspirar abiertamente rumbo a la conformación de la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias (APEGE) que, como veremos en el capítulo III, hacen de un lock-out patronal el campo de prueba del golpe del 24 de marzo.

Previamente, la Cámara de Comercio, tentáculo superior de la golpista APEGE, organiza, en diciembre de 1975, un cariacontecido simposio en Mar del Plata sobre «Funciones y responsabilidades en la sociedad política». Los políticos que participan son ellos, los viejos atenienses, los que prohibirán precisamente la actividad política cuando en pocos meses ingresen al gobierno de facto. Allí estaban Jorge Luis García Venturini, Enrique Loncan, Marco Aurelio Risolía, Jaime Perriaux, Guillermo Zubarán y Alberto Rodríguez Varela. Concurrió al menos un militar que había rondado por el club Azcuénaga y el grupo Perriaux, Hugo Miatello. ¿De qué habló el inteligente de Inteligencia? Pues de lo que realmente importaba: la «influencia del marxismo» en la conducción laboral argentina. La relación entre el pensamiento arcaico y represivo y la masacre que se emprenderá sobre los cuadros sindicales peronistas y clasistas ya estaba, lo que se dice, bien pensada.

El Aleph patriótico

En pleno ascenso del borbotón cuartelero todos inscribirán sus nombres en una temporaria Asociación Patriótica Argentina (APA) presidida por Isaac Rojas. La Asociación publica una solicitada en La Nación el 17 de diciembre de 1975. Católicos nacionalistas, católicos liberales, liberal-conservadores, nacionalistas, liberales a secas, conservadores, tecnócratas en conserva, resurrectos demócratas de la Juventud Dinosuaria del AJDA, ponen su firma en aquel texto exornado por el prestigio universal de Jorge Luis Borges. Golpistas del ’55, militares azules y colorados, golpistas de Onganía, Levingston y Lanusse, todos repicarán en esa inmensa página con sones de tambor de guerra.

Bajo el lema «Lo que la patria necesita», danzó el más rancio gorilaje de mar y tierra junto a los ilustrísimos del patriciado y de la cultura argentina. Según su acta, la Acción Patriótica se había fundado el 25 de Mayo (más línea Cisneros que Primera Junta, como se verá) de 1975, y en sus objetivos declaraban «luchar por el restablecimiento y vigencia plena de los principios inmutables consagrados en la Constitución de 1853», en un reflotamiento expreso de la línea Mayo-Caseros que había asumido Aramburu contra Lonardi en la Libertadora. En el credo se rezaba contra el totalitarismo, a favor de la adhesión a los organismos internacionales (sobre todo, los de créditos, como implorará Martínez de Hoz); la alianza con las naciones occidentales, la consolidación de las actividades políticas «con todos los recaudos a fin de que dicho ejercicio no configure peligro alguno para la supervivencia del sistema»; la protección de la propiedad privada; el renacimiento de la iniciativa individual; el funcionamiento del libre mercado; la liberación del mercado cambiario; el libre acceso de los capitales extranjeros; la privatización de los organismos y empresas públicas; la disminución de los impuestos; la eliminación del déficit fiscal; la reforma de la actividad sindical; la eliminación de «infiltración subversiva en la universidad y la educación disolvente», entre algunas de las muecas verbales que quedaron retumbando en las voces cuarteleras como justificación de la matanza inminente.

El presidente honorario de la APA, era, epa, el almirante Isaac Francisco Rojas. Tuvieron especial protagonismo los referentes militares a través de una «Comisión Promotora» que integraron el general Carlos Anaya, el comodoro Rodolfo Aymonino, el brigadier Medardo Gallardo Vázquez, el contraalmirante Jorge Julio Palma, el contraalmirante Carlos Sánchez Sañudo, el general Federico Toranzo Montero y el capitán de fragata Andrés Tropea, junto a Alfredo Barés Traversa, Alberto Benegas Lynch, Estanislao del Campo Wilson, Floreal González, Alberto Mercier, Luis María Rellán y Luis Zabala.

Entre las personalidades de la cultura, además de Borges, había integrantes del grupo de la revista Sur como Enrique Vidal Molina y Miguel Alfredo Olivera. Firmaron los juristas Alejandro Moreno Bunge, Alfredo Dussaut, Emilio Ferré, Nino García Moritán, el periodista Adolfo Lanús, Celestino Lebrón, presidente del Rotary, el neurocirujano Ricardo Morea, Carlos Mihanovich, de la Sociedad Rural Argentina, Jorge Otero Monsegur, del Banco Francés y candidato bochado a director del Banco Central del gabinete de Martínez de Hoz, Guillermo Polledo, hermano de César Polledo, de la Cámara de la Construcción y ariete de la APEGE, y nuestros ya viejos conocidos Mario Cadenas Madariaga, Guillermo Zubarán, Manuel Río, Alberto Rodríguez Varela, Ambrosio Romero Carranza y Eduardo Flores Pirán. Aquellos jóvenes dinosaurios del 46 y otros clubmen de sus alrededores iban, pasados los 50 años, a transitar libremente como depredadores de un Parque Jurásico armado a su imagen y semejanza.

Más que una agrupación orgánica, la Asociación Patriótica lució como una organización de superficie de toda la pléyade conservadora muy activa mientras el gobierno de Isabel Perón se desarmaba y la guerrilla daba muestras de actuar como un pelotón perdido en una pretensión de vanguardia desde donde ya no se veía ni la sociedad ni la eficacia política de un accionar armado que le dio más pasto a las fieras. Cuando, en diciembre de 1975, el brigadier nacionalista Jesús Orlando Cappellini se subleva desde la base aérea de Morón, en nombre de la Virgen, para exigirle a Videla que tome el poder, varios integrantes de la APA marchan hacia la casa de Isaac Rojas al grito de «¡Revolución! ¡Revolución!».

Decididamente dispuestos a golpear, varios de los miembros de la banda conspirativa de «Rojitas» derraman párrafos indignados en las páginas que La Nación les abría con generosidad. Algunos militares les pidieron paciencia porque todo estaba en marcha en los términos ya pactados en los más altos niveles de las cúpulas militares y, sobre todo, entre Videla y Massera. Además, tenían tareas para entretenerse y recalentar el clima. El 9 de enero la APEGE los convocó a todos para avanzar sobre terreno firme hacia el lock-out patronal que consiguió hacer frotar las manos de todos los golpistas. La acción coordinada de los grupos económicos, ya en tándem con los militares, se verá en el capítulo III. Ahora es necesario retroceder un poco en el tiempo para analizar ciertas ineludibles precondiciones que encuentran a muchos civiles atizando el fuego.

Perriaux, Perriaux, qué grande sox

Como réplica anticipada y también paralela de la dupla Videla-Martínez de Hoz, otro monstruo bifronte representó la dupla cívico-militar que prohijó el golpe. Es la que conformaron el abogado Jaime Perriaux, como coordinador del núcleo duro de civiles que conspiraron y prepararon planes para el golpe de Estado, y el general de Inteligencia Hugo Miatello, enlace ante su amigo Videla.

Jaime Luis Enrique Perriaux nació el 21 de agosto de 1920 y murió el 5 de septiembre de 1981. Sus padres fueron Enrique Carlos Perriaux y Juana María Grasset. Se casó con Josefina Castaño Paz y tuvo dos hijos, el varón Enrique, casado con una sobrina de la familia de su empleador Ricardo Staudt, acusado de cooperar con los nazis durante la Segunda Guerra, y la mujer, Josefina, casada con Ludovico Videla.

Abogado especializado en derecho civil y comercial, se recibió en la UBA en 1943 con medalla de oro, como Martínez de Hoz y Aguirre Lanari. Obtuvo la beca Fullbright, que entonces se proponía formar cuadros latinoamericanos en Estados Unidos, estudió en Michigan y también obtuvo un posgrado en La Sorbona.

En 1948 se acercó al Ateneo de la Juventud Democrática y escribió en la revista Demos sobre la democracia en Estados Unidos. Su amistad personal y el conocimiento de la obra del filósofo José Ortega y Gasset le dieron un valor agregado en el mundo intelectual de la derecha. En su forzado exilio en la Argentina entre 1939 y 1942, Ortega y Gasset evitó un pronunciamiento categórico contra el franquismo, lo que, entre otros inconvenientes, lo llevó a recostarse en el círculo de cultura católica y la revista Sol y Luna, con intelectuales como Máximo Etchecopar, César Pico, Leopoldo Marechal y Marcelo Sánchez Sorondo.

Mariano Grondona narró que «el conocimiento que tenía Perriaux de su maestro fue tan certero y minucioso que, en sus estadías en Buenos Aires, lejos de su biblioteca, Ortega solía requerir el auxilio de Perriaux para localizar sus propias citas». Perriaux también cultivó, a partir de 1949, la amistad con otro filósofo español discípulo de Ortega, Julián Marías. A principio de los años 50, Jacques trabaja como traductor en la editorial de Bonifacio del Carril, Emecé, y en 1952 participa de la Asociación Cultural Argentina para la Defensa y Superación de Mayo (ASCUA), un bastión de la intelectualidad antiperonista encabezada por Carlos Alberto Erro y que también frecuentaban Víctor Massuh, Carlos Muñiz, Norberto Rodríguez Bustamante, Francisco Romero y Ernesto Sabato.

Perriaux y Del Carril abren luego un estudio jurídico en sociedad, al que se incorpora Nicanor Costa Méndez. La hora de la fortuna le llegará con la administración del grupo Staudt y Cía. El fundador había sido Ricardo Wilhelm Staudt, industrial alemán poderoso radicado en la Argentina desde principios del siglo XX. Todas las investigaciones sobre el nazismo en la Argentina lo cuentan como un hitleriano entusiasta, que apoyó al régimen económicamente y ayudó a la fuga de sus jerarcas una vez concluida la guerra. Entre las empresas del holding figuran Staudt y Cía, Pfaff Bromberg, Inmobiliaria la Renania, Administración de Propiedades Caseros SA, Financiera la Querencia. En los años 30 se había asociado con la Siemens para vender armamento de la Bofors al gobierno argentino.

Las propiedades del holding, como consecuencia de su relación con el nazismo, fueron controladas por la «Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga». Ricardo Staudt muere el 8 de mayo de 1955 y tras el triunfo de la Libertadora, Perriaux, ya ampliamente conocido como «Jacques» en aquel gobierno de facto con el que tuvo lazos estrechos, consigue un resarcimiento económico gracias a un juicio por lucro cesante. Ese resarcimiento de los «libertadores» a los pronazis empina la posición de Perriaux en el grupo y engorda sus arcas, según señaló el periodista Rogelio García Lupo. En los 70 ya vive en un piso fastuoso de la calle Gelly Obes 2284 y tiene un estudio en Pueyrredón y Vicente López, donde se harán algunas de las reuniones de la «mesa chica» de civiles golpistas del ’76. Julián Marías lo define como un hombre leal: «Leal a su mujer, a sus hijos, a sus amigos, a su fe, a la Argentina, a sus raíces históricas españolas que no necesitaban ser genéticas, a su Europa irrenunciable y a su patria mayor: Occidente».

Fue esa pasión de vigía occidental la que lo acercó a un personaje oscuro y brillante, un alto responsable de la persecución y la represión de los gobiernos militares y, sobre todo, de la dictadura videlista: el general de brigada Hugo Mario Miatello, que no figuró en el parnaso de las grandes represores pero que fue una figura central del videlismo.

Miatello nació y creció en la misma ciudad bonaerense que Jorge Rafael Videla, de quien fue amigo dilecto desde la infancia. Huérfano temprano, en su legajo militar aparece como tutor su tío, Fernando Canaroli, en cuya casa porteña fija domicilio el joven Hugo. Había nacido el 24 de marzo de 1923 y en 1946 se casó con Martha Emilia Dildan, con quien tuvo cuatro hijos.

Había ingresado al Colegio Militar en 1942 y egresó como segundo en el orden de mérito de su camada. Tenía dos años más que Videla y Viola, con quienes compartió tramos de su formación militar, pero no vivió el mismo derrotero, sino el de la camada anterior. Su última función en actividad fue la de director de la SIDE entre 1971 y 1973 durante el régimen de Lanusse. Su especialidad fue la guerra contrarrevolucionaria y el estudio de la ideología soviética, conocimientos que le dieron cuerda para ser un hombre de consulta y ejercer funciones diplomáticas durante la dictadura de su antiguo amigo mercedino.

Luego de su comienzo como infante, en 1953, ya como capitán comenzó el curso de oficial de informaciones. Durante la Libertadora fue enviado en comisión del Servicio de Informaciones de Ejército al Ministerio de Transportes, aunque su pantalla era la de jefe de seguridad y jefe de prensa.

De 1959 a 1961, con las Fuerzas Armadas dominadas por el antiperonismo y el anticomunismo y en el umbral de adoptar la Doctrina de Seguridad Nacional, fue profesor de Informaciones en el Colegio Militar. Los generales Rosendo Fraga e Ibérico Saint Jean lo califican con «sobresaliente». También a principios de los 60 realiza estudios terciarios en el Instituto Superior de Relaciones Humanas Marcelino Champagnat, donde se recibe con el curioso título de «Profesor en Sociología e Ideología, especializado en Comunismo». Paralelamente, entre 1958 y 1962, revista como segundo jefe del departamento «comunismo» de Informaciones de Ejército. Luego pasa por la SIDE, donde el coronel Ricardo Vacarezza lo califica con excelencia «por la obtención de resultados inigualables en la lucha contra el comunismo».

Pero llega un momento en que su especialidad en inteligencia le juega en contra. En la carrera militar, para ser oficial superior el mando de tropa es fundamental. Miatello comienza a pedir infructuosamente ser destinado a un cuartel, pero le responden que sus servicios en la contrarrevolución resultan imprescindibles. Durante el gobierno radical de Illia reparte hacia adentro de las Fuerzas Armadas su conocimiento actualizado de las tácticas de contrainsurgencia. Luego se lo destina al Comando en Jefe del Ejército, desde donde es comisionado para profesar sus conocimientos en la Escuela de Guerra de Infantería de Marina, en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional y en organismos no militares como el Centro Argentino de Estudios Sociológicos.

Entre 1963 y 1966 es evaluado con adjetivos marciales por los generales Osiris Villegas, Ibérico Saint Jean, Mariano de Nevares y Alejandro Agustín Lanusse. En 1965 inicia el curso de coronel en el Centro de Altos Estudios y un año después se da el gusto de salir de la política de gabinete participando activamente en el derrocamiento de Illia. Tras el asalto al poder de Onganía, ocupa la Secretaría General de la Presidencia, un cargo que volvió a ocupar en 1976 con Videla. El 10 de diciembre de 1966, se dio finalmente el gusto de ejercitar el mando de tropa en el Regimiento 20 de Montaña en Jujuy. El destino no fue casual. La CIA había informado dos meses antes que el Che Guevara había ingresado a Bolivia. Menos casual fue que antes de asumir cumpliera una misión de 15 días en Estados Unidos. Su ascenso fue imparable: el 2 de diciembre de 1968 accedió a la jefatura de inteligencia del Batallón 601, y el 4 de junio de 1970 pasó a la del Estado Mayor General del Ejército.

Su escalada a las cumbres del espionaje y de la contrainsurgencia coincide con la admisión, por parte de Onganía, de la Doctrina de Seguridad Nacional, que en West Point determina que la amenaza de la «subversión comunista» proviene del exterior pero que el enemigo es interno y hay que perseguirlo fronteras adentro. Con semejante foja de servicios, Lanusse lo eleva a la titularidad de la SIDE. Miatello —como investigó Gerardo Young en su libro SIDE. La Argentina secreta— iba a adecuar el centro nacional de espionaje a su cruzada anticomunista. Así abrió delegaciones en casi todas las provincias; sistematizó el manejo de fichas personales; perfeccionó las escuchas telefónicas y el control postal; abrió los departamentos Económico, Gremial, Estudiantil, Asuntos Políticos e Inteligencia Religiosa; implementó el cifrado de los mensajes internos; incorporó cientos de agentes y hasta creó el estatuto de los agentes secretos, en el que se prohibía expresamente que tuvieran «cualquier filiación política». Cabe sospechar que los postulantes sí podían exhibir certificados de anticomunismo, algo que, como se sabe, no es una posición política.

Mientras transcurría la dictadura y crecía el accionar guerrillero, la reforma de la SIDE coincidió con la estructuración de la Cámara Federal Penal, diseñada por «Jacques» Perriaux, a la sazón ministro de Justicia de Lanusse, para juzgar las «actividades extremistas». En esos años, la relación entre el entonces ministro Perriaux y el secretario de Estado Miatello se estrecha.

El 28 de mayo de 1971 se dictó la llamada «ley» 19.053 de creación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación. En el texto que acompañaba la elevación de esta norma de facto se leía que se trataba de combatir a «vastas asociaciones criminales con proyecciones en distintos ámbitos», que «atentan contra el sistema institucional argentino y que afectan de manera directa a los altos intereses nacionales». La «ley» proponía el perfeccionamiento de otra, la 18.670 que, ya en abril de 1970, había dispuesto la oralidad y la celeridad de los juicios y la instancia única de juzgamiento. También heredaba artículos de la «ley» 18.701, de junio de 1970, que endurecía condenas y legalizaba la pena de muerte.

Aquellos jóvenes dinosaurios de los años 40 ya tienen la piel endurecida y se entremezclan a fondo con la maquinaria represiva: el subsecretario de Perriaux en Justicia era otro ex AJDA, Conrado Etchebarne. Por las distintas salas del conocido popularmente como «Camarón» pasan ex clubmen y futuros procesistas como Eduardo Munilla Lacasa y Jaime Smart. También revistan Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Carlos María Malbrán, César Black, Jorge Quiroga (asesinado por el ERP), Mario Badesich, Tomás Barrera Aguirre, Esteban Vergara, Jorge González Novillo, Gabino Salas y Osvaldo Fassi. La «ley» que puso en marcha al Camarón fue completada por la 19.081, conocida como de «Represión al Terrorismo», que permitía la imposición del estado de sitio y daba ingreso en la lucha contrainsurgente a la inteligencia militar. También autorizaba la operación militar directa, entre otros instrumentos donde el intercambio de planes y know-how entre Perriaux y Miatello se consolidaba.

La figura del desaparecido se presenta en sociedad en cumplimiento del objetivo de desarmar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). El 2 de julio de 1971 son secuestrados Marcelo Aburneo Verd y Sara Eugenia Palacio. El 13 de julio es secuestrado y asesinado Juan Pablo Maestre y su mujer, Mirta Misetich, desaparecida, entre otros casos que causan revuelo en la opinión pública. Ante la inquietud, Lanusse le ordena a su ministro Perriaux que hable con los medios y explique de la manera más convincente posible lo que era celebrado como un triunfo de las actividades de Miatello. Los tres casos más resonantes en los que participó la Cámara Federal Penal fueron el asesinato del general Juan Carlos Sánchez en Rosario, el secuestro y asesinato del director de la Fiat Oberdan Sallustro y la masacre de Trelew, el asesinato de 16 guerrilleros en la base Almirante Zar en lo que se quiso presentar como un intento de fuga. El Camarón recibió objeciones por sus muchos artículos que contradecían la Constitución y por el probado uso de métodos de tortura en los interrogatorios. Sus integrantes fueron señalados como blancos móviles por la guerrilla. En ese marco, en la casa de Perriaux de Gelly Obes estalló una bomba colocada por las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL). Allí murieron cuatro policías.

También fue blanco de un atentado el futuro funcionario del «proceso» Munilla Lacasa, quien se exilió en Perú con Jaime Smart. Malbrán también partió hacia Perú, Díaz Reynolds a Uruguay y Fassi a México. El Camarón fue disuelto de manera unánime por el Congreso al día siguiente de la asunción de Héctor J. Cámpora, el 26 de mayo de 1973. En ese punto los clubmen liberales y conservadores estaban en franca retirada, replegándose en la impotencia y a la espera de una oportunidad que no tardó tanto en llegar.

Acorralados SA

Con el creciente protagonismo popular, el retorno de Perón, el triunfo del peronismo en ciernes y los golpes que asestaba la guerrilla, los hombres de negocios de la derecha, ya largamente entrenados en el poder, pierden terreno en manos de la Confederación General Económica (CGE), de José Ber Gelbard. A su seno ingresan las federaciones de transporte y la Federación Agraria. Ya en el ’72 ganan la fundamental Federación Empresaria de Buenos Aires (FEBA), de los desarrollistas, que después volvió al redil tradicional durante el gobierno de Isabel para contribuir al clima golpista.

El núcleo duro de la barra liberal-conservadora se reúne en torno de la revista Política y Economía, que les sirve para hacer una amarga catarsis en los años duros del repliegue. Carlos García Martínez, Rafael Olarra Martínez y Armando Ribas acercan a la redacción a Luis García Martínez, Guillermo Zubarán, Mario Cadenas Madariaga, Eduardo Goyeneche y Baldomero Biedma. Allí escriben unos cuantos procesistas puros. Entre otros, el mismísimo jefe civil de la dictadura, Martínez de Hoz, junto a Roberto Alemann, Arnaldo Musich, Juan Alemann, José María Dagnino Pastore, Alberto Benegas Lynch, Joaquín Llambías y Mariano Grondona. En esa revista puede leerse su pérdida de terreno transformada en análisis: «La ideología nacional populista asumida por el peronismo ha penetrado ya en el espíritu de nuestros dirigentes. Sorprende que la Revolución Argentina haya cedido a la tentación nacional-populista. No es extraño que se asimilen el radicalismo y el peronismo. Ambos reflejan el rechazo al Régimen, la nostalgia por la sociedad antigua, el aislamiento de un mundo en evolución […]. Ambos son responsables de la frustración argentina, creadores de ese sistema que transformó a la incipiente burguesía originada, especialmente, en la emigración, en la clientela sometida a un Estado desproporcionado e ineficiente que sofoca la posibilidad de progreso».

Luis García Martínez recordó que recibieron más de una amenaza de bomba en las oficinas del quinto piso de 25 de Mayo 486, donde trabajaban. Entre 1971 y 1973 llegaron a publicar veinte números. En el último entregaban la espada: «Ha quedado definitivamente comprobado que Perón es invencible en elecciones. Su nombre es mágico para millones de personas, y no hay propagandas ni ataques que puedan destruirlo. Imaginar una consulta electoral donde pueda ser vencido es soñar despierto».

Ya con las elecciones ganadas por el peronismo, el 15 de junio de 1973, la Sociedad Rural Argentina y la CRA firman con la CGE, tapándose la nariz, el «Acta de Compromiso», que sustentaba el Pacto Social que para el ministro de Economía Gelbard era la llave maestra de su gestión con la CGT adentro. El Consejo Empresario Argentino (CEA), que desde 1967 reunía a los intereses monopólicos, y la Cámara de Comercio Argentina pasaron a representar una oposición empresaria con poco predicamento y un margen de acción que se manifiesta en la remarcación de precios como arma desestabilizadora. Fue en ese espacio que los miembros del grupo Perriaux buscaron recuperar la vertical y desde allí recobraron la dinámica conspirativa cuando se acercó la hora del desmoronamiento del gobierno isabelino.

Los ex atenienses y sus satélites también son execrados y desplazados de la Universidad. Alberto Rodríguez Varela, decano de la Facultad de Derecho, renuncia al día siguiente del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima, el 11 de marzo de 1973, y escribe en La Nación que «un cono de sombra se yergue sobre la patria».

Con el regreso de la democracia, el ministro de Educación Jorge Taiana (p.), designa en la UBA a Rodolfo Puiggrós, quien asume el 29 de mayo de 1973 y enseguida decreta la intervención de las universidades. En Derecho asume un representante de la Asociación Gremial de Abogados, Mario Kestelboim, quien traza un cuadro de la situación: «Nos encontramos en la Facultad de Derecho con personajes que habían tenido una activa incidencia en el desconocimiento del Estado de Derecho. ¿Cómo podían enseñar aquellos personajes que habían derogado una Constitución por decreto, habían conformado tribunales inconstitucionales, habían sido funcionarios activos de los distintos procesos dictatoriales?»

Así, Roberto Alemann resulta exonerado como titular de Política Económica; en solidaridad con él renuncia Horacio García Belsunce (p.). Algunos de los profesores que pierden sus cátedras son Ambrosio Romero Carranza en Derecho Político; José Alfredo Martínez de Hoz en Derecho Agrario y Minero; Marco Aurelio Risolía en Contratos. También Federico Videla Escalada, Jorge Aja Espil en Derecho Constitucional, Ricardo Zorroaquín Becú en Introducción al Derecho. Por su participación en la Cámara Federal Penal son despedidos Ernesto Ure, Juan Carlos Díaz Reynolds, Jaime Smart, Eduardo Munilla Lacasa, Gabino Salas, César Black y Esteban Vergara. Entre otros desplazados también están Eduardo Marquardt y Estanislao del Campo Wilson.

Una alianza de acero

Derrotados por elecciones nacionales en las que no habían alcanzado a tener una representatividad mínima, constatado que el juego democrático los dejaba afuera, reducidos sus espacios de accionar político, los ex atenienses tenían de qué ocuparse y preocuparse. En las empresas que regenteaban la ebullición gremial los lastimaba en dos planos: el peso institucional del sindicalismo ortodoxo —fundamentalmente el avance de la UOM y las 62 Organizaciones del metalúrgico Lorenzo Miguel, cuyo poder creció aún más durante el gobierno de Isabel— y el avance del sindicalismo clasista, que les peleaba poder a los gremialistas peronistas tradicionales dentro de las fábricas y también les discutía ascendencia en grandes núcleos obreros.

Tras la muerte de Perón, los cincuentones percibieron que podían asomar la nariz a la calle, como hemos visto en los reagrupamientos civiles al estilo del club Azcuénaga. En la medida en que durante el gobierno de Isabel la crisis era un paisaje cotidiano y la ofensiva de los grupos paraestatales como la Triple A, la Concentración Nacional Universitaria (Mar del Plata) o el grupo Libertadores de América (Córdoba) atizaban un clima de horror cotidiano, los clubmen fueron recuperando la respiración, reafirmando su relación con los militares en clave conspirativa y enfrentando los conflictos laborales con más determinación y apoyo logístico. El modo de plantarse ante esos desafíos bosqueja el núcleo duro de la ideología procesista y de su matador modus operandi.

Uno de los casos testigo es la experiencia de la siderúrgica Acindar —Industria Argentina de Aceros SRL—, presidida entonces por José Alfredo Martínez de Hoz, con sede en Villa Constitución, ciudad bonaerense que, como polo industrial, había crecido con gran empuje a partir de los años 50. Hacia los 70 el sindicalismo ortodoxo pierde terreno ante la comisión interna clasista. En 1974, la puja sindical se tensa con la toma de la planta por parte de los gremialistas y trabajadores encolumnados tras Lorenzo Miguel. El 25 de noviembre de 1974 se realizan elecciones en la sección regional de la UOM y la lista clasista, encabezada por el gremialista combativo Alberto Piccinini, triunfa con su lista marrón con el 70 por ciento de los votos, ante la rosa de los seguidores de Lorenzo Miguel.

La UOM empleó a fondo su influencia en el gobierno nacional y el 20 de marzo de 1975 desembarcó un convoy con cuatro mil efectivos policiales de Buenos Aires y Santa Fe, uniformados de Prefectura y matones del sindicato y de la Triple A. Trescientas detenciones y veinte desapariciones fueron el resultado del operativo. Los principales referentes sindicales fueron trasladados a la cárcel de Coronda. Se desató una huelga dentro de las plantas y una pueblada de apoyo a las víctimas que duró dos meses. Pero Martínez de Hoz intuía que se jugaba una patriada brava y ejemplar: militarizó la empresa, contrató informantes y matones, les dio vivienda a los represores dentro de la planta y habilitó la instalación de un centro clandestino en el albergue de solteros.

El gobierno de Isabel actuó en sintonía con ese golpe de mano. El ministro del Interior Alberto Rocamora avaló el ataque, al decir que fue un operativo para desarticular el «complot rojo contra la industria pesada del país». El radicalismo opositor, encabezado por Ricardo Balbín, se alineó en este prenuncio de represión dictatorial y contribuyó con una definición histórica: «los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar la subversión industrial». El ex comisario de la Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, confesó ante la Comisión de Derechos Humanos en 1983 que las patronales de las metalúrgicas, y en forma destacada Acindar, establecieron una vinculación estrecha con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios. Guillermo Walter Klein, ya como secretario de Programación y Coordinación Económica durante el reinado de Martínez de Hoz, tranquilizó a un grupo de la embajada de Estados Unidos: «Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra».

Cuando el hervor del conflicto subía, antes de aquella entrada represiva a sangre y fuego, Martínez de Hoz visitó al por entonces jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Jorge Rafael Videla, junto con otros miembros del CEA, preocupado por la conflictividad laboral, porque la situación «impedía la libertad de trabajo y afectaba la productividad». Congeniaron, claro. Congeniaron demasiado.

Salida a la eternidad

Como ya hemos visto, el activismo de los clubmen mientras se aceleraba la caída de Isabel Perón derivó en una estricta ligazón entre el Grupo Perriaux y las cúpulas militares y el ingreso posterior de varios de ellos al gabinete de Martínez de Hoz. En 1975, esa cercanía fue rematada por una reunión cumbre entre Jaime Perriaux, Martínez de Hoz y el Equipo Compatibilizador Interfuerzas, encargado de coordinar el golpe. Según narró el general Miguel Mallea Gil, ese encuentro clave se produjo entre fines de febrero y principios de marzo de 1976.

La colaboración de Perriaux se extendió hasta su muerte en 1981 y tuvo otro mojón en 1980, cuando el ministro del Interior Albano Harguindeguy llamó al Diálogo Político para la consideración pública de las Bases Políticas de las Fuerzas Armadas presentadas el 19 de diciembre de 1979. El gobierno militar, cuya cohesión trastabillaba más que de costumbre por la proximidad del traspaso de la presidencia de Videla a Viola, se proponía crear «Corrientes de Opinión» que deberían manejar la transición hacia una «nueva» institucionalidad, una arquitectura para invalidar una recuperación eventual del protagonismo popular.

El quimérico arte mayor consistía en darle continuidad al «proceso» esquivando la presencia de los partidos políticos. Entre los convidados a abrir la boca con cautela estaban la Academia de Derecho y la de Ciencias Morales, en ese momento infestada de ex atenienses. Perriaux había conformado una Sociedad de Estudio y Acción Ciudadana (SEA) con Ernesto Parellada y Gustavo Perramon Pearson. Fue en ese contexto que Perriaux acercó su plan de «salida política».

En su texto, la SEA enmarca a la dictadura en un proceso internacional más amplio, signado por la crisis de la civilización occidental y una supuesta y asordinada tercera guerra mundial que había hecho de la Argentina su gran escenario de combate. Dado ya por concluido con éxito el tramo paranoico, también debía culminar toda una era de «estancamiento económico, el juego pendular entre gobiernos militares y gobiernos civiles, el reinado de la demagogia y el quedar rezagados en la historia, para propugnar la apertura a una nueva y gran etapa de innovaciones institucionales y consolidación política, progreso económico y proyección histórica». Tras salir del despacho de Harguindeguy, en conferencia de prensa, Perriaux dio la clave de su propuesta: «creemos que este Proceso de Reorganización Nacional debe continuar cuando las Fuerzas Armadas dejen de estar en el gobierno».

En la charla, Perriaux habló de una refundación del proyecto de la Generación del 80, pero el primer paso consistía en homenajear a los uniformados por «haber terminado victoriosamente la guerra más importante de la historia del país». A su lado, Perramon Pearson dio cuerda a la megalomanía anticomunista: «La Argentina ha cumplido una campaña contra el marxismo-leninismo y contra la penetración de éste en el mundo, que ha entrado en una tercera gran guerra… Creo que lo ocurrido en la Argentina fue un grave inconveniente para el marxismo-leninismo, porque si éste hubiese hecho pie en la Argentina, en razón de la gravitación que ella tiene en el cono sur, podría haberse dado lugar a una transformación de la estructura no sólo en América latina, sino en todo el mundo».

Enseguida Perriaux habló del plan que había presentado y que contemplaba una «transición» de por lo menos 25-30 años, es decir que se extendería hasta 2010, en una hipótesis de mínima, pero «preferentemente» hasta el 2030. El abogado propuso una ingeniería institucional que combinaba monarquía, aristocracia y democracia. Un presidente fuerte, un papel central de las Fuerzas Armadas y un órgano de supremos eran los instrumentos. Con respecto al voto universal, la SEA de Perriaux se mostraba reacia, sobre todo para evitar que «vuelvan los peronistas, los radicales o un frente de izquierda, o una sabia combinación de los tres». Perriaux recuperaba el más sentido sueño del gorilaje: «lograr el gran triunfo de ganarle al peronismo en elecciones limpias». Por eso desdeñaban el voto secreto, universal y obligatorio: «La nueva democracia que todavía no se vislumbra debería, para tener un mínimo de seriedad, algún tipo, llamémosla así, de consulta electoral» (sic). El sufragio, pero acaso más, la misma existencia de compatriotas, complicaba los planes, por lo que proponía «evitar las elecciones demasiado frecuentes. Ellas deberán esparcirse todo lo posible». Con los votos había que andarse con cuidado «porque a través de ellos han llegado gente como Hitler y (Salvador) Allende».

La búsqueda de una institucionalidad vacía que apartara a las masas molestas se evidenciaba en un concepto que revelaba el fundamentalismo elitista: elegían referirse a la «república» como un término mucho más potable que «democracia». En el texto elaborado por Perriaux se proponía un Consejo de la República, aunque se barajaban otros títulos: «El órgano se llamaría corregidor o moderador, equilibrador, compensador, ponderador, conciliador, apaciguador, restablecedor, cimentador, garantizador, etc.» (sic). El Consejo, que tendría nueve miembros, buscaría eliminar «la demagogia, la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre», así como también «defender la tradición, que según Chesterton era la “democracia de los muertos”».

Esta pieza de magno humorismo involuntario para evitar el retorno de los «chantapufis» (sic) culmina su sesgo excluyente con las condiciones que los futuros candidatos deberían cumplir, a saber:

– Que esté casado o tenga al menos un hijo.

– Que tenga título universitario (pero habrá que establecer qué títulos).

– Legajo policial impoluto.

– Diplomado en cursos especiales.

– Adhesión a los grandes principios republicanos.

– Aprobar un examen general ante el órgano.

Antes de pasar convenientemente a los candidatos por el órgano (no se explica de qué sexo, pero puede presumirse), la transición debía cumplir con ciertas precondiciones como «el reactivamiento de las mayorías silenciosas» (trajinado mito criollo-patricio según el cual detrás del silencio ceñudo de las «clases subalternas» se escondía una aprobación no manifiesta al colonialismo patronal precapitalista); el redimensionamiento del poder sindical (hacia su achicamiento o extinción, claro); «el repliegue gradual de las Fuerzas Armadas para reconstituirlas como reserva última del país». También habría que establecer una cláusula sagrada de protección de la «economía libre».

Un punto fundamental era ganar la batalla en la cabeza de los súbditos con una reforma educativa integral que arrancara de las mentes argentinas los resistentes virus de «la infiltración marxista y la demagogia». Todo derivaría en una Ciudad Educativa donde confluyeran el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Información Pública, la comunidad informativa (sin eufemismos, los servicios de inteligencia) y una parte del sector privado. También retomaba un viejo proyecto que Jacques había compartido con Hugo Miatello: la reforma de los institutos militares.

Resulta realmente extraño que entre tantos proyectos «macro» bajaran a tierra en un asunto puntual, el consejo de «desenchufar el pulmotor» a periodistas que consideraban «afines pero no tanto»: Sergio Villarroel, Horacio de Dios, Oscar Corbacho, Osiris Troiani, Julio Lagos, Antonio Carrizo y Emilio Perina.

Tras este prolijo avance hacia la república mortuoria, las corrientes de opinión desembocarían en un partido heredero del «proceso». La SEA se ofrecía generosamente para pilotear ese derrotero. En su conjunto, la propuesta política del ex ateniense Perriaux no debiera ocupar mucho más espacio que el de una marginalia grondonista. Pero es imposible dedicarse sólo a hacer sketches cómicos del árbol caído. Muchas ideas y figuras retóricas creadas por la cabeza febril del amable Jacques eran repetidos en las escasas reuniones de prensa que daba el dictador Videla: la valoración de la república sobre la democracia y la pobre teoría del movimiento pendular civiles-militares pueden rastrearse en sus declaraciones. Es decir, otra vez: este discurso y esta visión tragicómica y berreta de la vida institucional, con anclajes en las ideas retrógradas de los jóvenes dinosaurios de 1946, estuvieron en el centro mismo del poder cívico-militar.

CAPÍTULO III

Todo por La Plata

La heredad tradicional

Los civiles cuarteleros que rodearon y escoltaron estrechamente al primer gobernador de la provincia de Buenos Aires en la dictadura, general Ibérico Saint Jean, entre abril de 1976 y marzo de 1981, se congregaron en el grupo La Plata. No se trata de una autodenominación, sino del grupo de poder bonaerense que en la capital provincial manejó un proyecto propio, con Saint Jean como frustrado sucesor de Videla, y con el general Ramón J. Camps como implacable cabeza represiva.

En términos ideológicos, y también por viejos contactos personales y aun de parentesco, trotaron por pasillos que comunicaban con el grupo Perriaux, con el que mantuvieron reconocibles coincidencias discursivas. Sin embargo, en el ejercicio del gobierno asaltado y en el derrotero de las ambiciones políticas personales, hicieron la pirueta increíble de lucir a la derecha del eje Videla-Viola, sobre todo al tomar a Viola como un aperturista excesivo y al contribuir con la mascarada de que Videla procedía como una «paloma».

Hoy no resulta fácil calcular hasta qué punto las diferencias fueron estrictamente político-ideológicas. Es más convincente la alternativa de que se trataba de estratagemas retóricas para justificar u ocultar la mera disputa por espacios de poder y por negocios. En todo caso, el grupo La Plata, como segundo escalón político de la organización dictatorial en cuanto a dominio de territorio, sin tener que moverse en la arena internacional como sí era inevitable para Videla y los suyos, se dio el gusto de ser más sincero y de hacer circular a la luz pública un racimo de ideas troglodita que aspiró a una restauración aristocrática ante la cual el ágora griego bien podría encajar en el rótulo de célula terrorista.

En su libro El proceso en su laberinto, Paula Canelo reveló la esencia ideológica del grupo, estampada en el documento de circulación restringida «Un nuevo ciclo histórico argentino: del Proceso de Reorganización Nacional a la Tercera República. Lineamientos para una estrategia nacional», elaborado por Saint Jean con la asesoría intelectual más ultraderechista que pudo haber conseguido en plaza: Alberto Rodríguez Varela, Jaime Smart y Jorge Aguado. Según la prosa de este cuarteto folclórico, «el tema central al que deberá responder el nuevo proyecto político es el de la vertebración de una nueva clase dirigente […] inequívocamente identificada con la heredad tradicional y dispuesta a resistir hasta la victoria a la agresión marxista populista […]. Por lo tanto las FF.AA. deberán evitar simultáneamente: el aislamiento respecto de la civilidad; la tentación del “Pacto” con la dirigencia civil preexistente […]. Por otra parte los partidos perderán el monopolio de la representación en la sociedad y de la conducción del Estado […]. La representación de los intereses tendrá su ámbito propio en el Consejo de la República donde las FF.AA. participarán […] como custodios de los intereses específicos de la seguridad y el potencial de la Nación, disponiendo de un poder de veto respecto de iniciativas en que estimen vulnerados dichos intereses».

El ensamble entre las ideas que manejaba el grupo Perriaux y estos «lineamientos» platenses se expresa en el objetivo principal de excluir a los actores sociales. El corazón del esfuerzo «teórico» de estos procesistas se encaminó a recobrar el elitismo contra el avance «pernicioso» de los sectores populares, y la herramienta propuesta para borrar a las masas de la representatividad política fue una «reforma institucional». Esto era necesario, apuntaron, porque «las obligaciones y los derechos, al cambiar radicalmente las circunstancias, no pueden mantenerse igual y deben cambiar también». El mentado cambio de circunstancias era, por supuesto, la eliminación de toda delegación social que proviniera de ámbitos populares, acaso hasta en los clubes de barrio si encontraran algún sobrino del coronel Cañones capaz de asumir, en una ceremonia con fanfarria militar, la intervención del club Músculo y Cerebro de Villa Cualquiera.

Los sueños políticos del grupo La Plata eran ampulosos. Según Marcos Novaro y Vicente Palermo, apostaba a «abrir paso a un realineamiento político radical e irreversible, que en sus mentes se imaginaba como sólo comparable al que se había producido en 1880 o con el surgimiento del peronismo». De ese realineamiento debería resultar también, como en los planes nacionales, aquel Movimiento de Opinión Nacional (MON) mayoritario y consustanciado con el proyecto procesista. Con ese propósito ya estaba trabajando desde 1976 el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales Argentinas (CARBAP), Jorge Aguado, una de las más importantes asociaciones representativas del sector agroganadero, asociado al general Ibérico Saint Jean, a lo que luego se sumarían dirigentes conservadores y pálidas fuerzas provinciales.

Duros entre los duros, a la derecha de cualquier derecha, el grupo La Plata mantuvo en alto la bandera de «lucha contra la subversión» y reclamó una profundización quirúrgica que hiciera desaparecer no sólo a las personas y sus cuerpos, sino todo fermento ideológico que pudiera reflotar una cultura de cambio. En el 96º aniversario de la policía bonaerense, Smart bramaba: «Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras».

En aquel diciembre de 1976, la verba de Smart, vocinglera y abundosa, sonó clara cuando se congratuló de que «en los últimos ocho meses se invirtieron más de 1.500 millones de pesos y aumentó el plantel de la dependencia a 30.000 hombres». Este antiestatal vicario del Estado se enorgulleció después de la profunda «racionalización» administrativa que impuso en la provincia, cerrando registros civiles en los pueblos alejados —como los de Villa Maza y Chillar—, lo que dio cuenta de su verdadera concepción de la cosa pública. Su caracterización entonces, como lo dijo ante sus interlocutores preferidos, los uniformados de la bonaerense, era que «hay mucho todavía por averiguar en el país, porque la subversión y estos combatientes no nacieron de la nada. Todo esto fue causa de personas. Llámense políticos, sacerdotes, periodistas, profesores de todas las categorías de la enseñanza, que en su momento los armaron y ahora han dado un paso atrás tratando de pasar desapercibidos». Gobernar, para Smart, fue emprender una cacería.

Alberto Rodríguez Varela, premiado luego con el Ministerio de Justicia de la Nación, sacó a relucir en más de una ocasión el lenguaje organicista del positivismo más rancio con el que tanto eligió hablar la dictadura. El 24 de julio de 1979, al inaugurar la reunión plenaria de la Comisión Redactora del Proyecto de Código Penal Tipo para América Latina, un intento de transnacionalizar la visión represiva de la vida, rodeado de juristas, arrojó su credo perverso: «La necesidad de enfrentar y derrotar a un adversario que procuró tumorar todo el cuerpo social produciendo un verdadero vaciamiento espiritual no significa que reneguemos de nuestras tradiciones jurídicas y políticas. Todo lo contrario. En los documentos liminares del proceso se proclamó como objetivo básico la decisión de restaurar la plena vigencia del orden jurídico para que resulte posible —sin adulteraciones que la desnaturalicen— instaurar una democracia republicana, representativa y federal, suficientemente vigorosa como para no ceder a las acechanzas de la subversión ni a las tentaciones de la demagogia».

Así, el cocreador del futuro y restrictivo Consejo de la República se daba el gusto de adornarse con la palabra democracia, una democracia rara, en la que fue evitada la circulación de dos vocablos embrujados, «subversión» y «demagogia», denominaciones genéricas que les sirvió a estos patricios tardíos para desterrar desde una autoridad celeste con poder de veto —las Fuerzas Armadas— todo intento de operar sobre la realidad para modificar los parámetros de su concepción elitista.

Todo estaba bendecido, claro, por el capellán militar y arzobispo de La Plata, Antonio José Plaza, que el 18 de agosto de 1977, en las jornadas arquidiocesanas de la Acción Católica Argentina, dijo: «En 1955 el clima y el panorama eran distintos; había silencio, preocupación, incertidumbre y algo más. Hoy el clima en esta asamblea es muy diferente. A mí me tocó estar en aquélla y ahora en ésta, haber vivido aquellas horas y vivir estos momentos. ¡Cuánto tenemos que agradecerle al Señor! Porque si nos sacó de aquella y nos ha provisto de esto, quiere decir que el Señor está con nosotros y que estando con Él no tenemos nada que temer».

Sin embargo, no había nada más lógico que temerles a estos barones con despachos temporarios y usurpados en La Plata. La apelación a una «heredad tradicional» indeterminada que debería gobernar por medio de un Consejo donde el derecho a veto estuviera en manos de quienes ostentaban el poder de fuego de la república, es un impulso arcaico que vale la pena historiar, al menos al vuelo: la ausencia de régimen de partidos, con el poder armado controlando a nativos y súbditos, es un esquema que remite, en Latinoamérica, a la casta conquistadora como única clase legitimada para el apoderamiento de los bienes y la sujeción de la población. La fantástica conexión heredad tradicional-derecho de veto en manos de las Fuerzas Armadas remite a la organización colonial, cuando no existían más mediaciones políticas que aquella que imponía la pólvora.

Este dogma pobre y trasnochado, estas saudades coloniales de los civiles que buscaban retroceder el reloj para autoconvalidar su soberanía sobre bienes y personas en el recodo final del siglo XX, no podría funcionar bajo ninguna forma democrática como la mentada por Rodríguez Varela. Mucho más honestos suenan los agradecimientos a su Dios de monseñor Plaza, ya que los óleos consagrados resultaban funcionales a un discurso donde lo único que se esperaba de la sociedad en su conjunto era la subordinación. La palabra democracia se ahuecaba hasta la pura retórica y para hacer una disección de lo que realmente pretendían no hay nada mejor que verlos en acción.

A matar y matar por la Argentina

El gabinete que se sentó en la gobernación de Buenos Aires con el general Saint Jean en la cabecera compartió, bendijo e impulsó la represión encabezada por uno de sus compañeros de mesa, el jefe de la policía bonaerense, Ramón J. Camps. Si bien en los juicios que se le siguen el ex ministro de Gobierno Jaime Smart utiliza como línea defensiva el argumento de que la represión no estaba en manos de la autoridad política sino de la militar, la corresponsabilidad en delitos de lesa humanidad es inocultable. Algunos de ellos (como Smart) fueron vistos, incluso, en los centros de desaparición. A otros los fulminó el mismo Camps cuando quiso exculparlos en su libro Caso Timerman. Punto Final: «La policía depende del gobierno de la Provincia. Pero el Gobernador no tenía autoridad para actuar en el ámbito subversivo, sólo podía actuar en investigaciones policiales corrientes. Las investigaciones de tipo subversivo debían canalizarse a través de las autoridades militares de quien la Policía dependía operacionalmente. Por lo tanto, en el caso Timerman, había dos superiores a quien rendir cuentas: al gobernador, por ser la autoridad natural de la policía, y al comandante del 1er Cuerpo de Ejército, por tratarse de un problema subversivo».

El resbalón acusatorio es poco o nada al lado del profundo maridaje del grupo La Plata con la represión vasta y la sofisticación sádica que se alcanzó en la zona donde Camps reinó, desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977.

Según una investigación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentada el 28 de junio de 2006 por la sobreviviente Adriana Calvo durante el juicio al torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz, el denominado «circuito Camps» estuvo integrado por 29 centros clandestinos de detención, distribuidos en nueve partidos de la zona metropolitana de la provincia, diez de los cuales funcionaron en la ciudad de La Plata. «Los prisioneros eran trasladados de un centro a otro sin seguir ningún patrón», dijo Calvo en su declaración testimonial. Agregó que también hubo «intercambio de prisioneros internos y externos del circuito», es decir a centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita de otras fuerzas o en otras jurisdicciones. Incluso el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y el COTI Martínez fueron empleados para el Plan Cóndor, la represión coordinada por los dictadores del Cono Sur, y por ellos pasaron unos 30 prisioneros de nacionalidad uruguaya. Al momento de declarar Calvo —en junio de 2006— la Justicia había investigado sólo 8 de los 29 centros clandestinos de detención —cuatro años después esos números no habían variado—, por los cuales se pudo computar que pasaron 1.486 personas, de las cuales 25 fueron niños nacidos en cautiverio.

Entre los siniestros chupaderos de La Plata y el conurbano se cuentan las comisarías 5ª y 8ª de la capital bonaerense; el Pozo (brigada) de Quilmes; el Pozo (brigada) de Banfield; la Brigada de Investigaciones de La Plata; el Destacamento de Cuatrerismo de Arana (en las afueras de La Plata); el Cuerpo de Infantería de la policía bonaerense (La Plata); el Puesto Vasco (Quilmes); COTI (Comando de Operaciones Tácticas I) Martínez y la Brigada de Lanús (con asiento en Avellaneda, conocida como El Infierno).

Todos ellos dependían de la Jefatura de Policía, es decir que también estaban bajo la órbita de la gobernación y, específicamente, del Ministerio de Gobierno que ejercía Smart. También había otros chupaderos como La Cacha (pegado a la cárcel de mujeres de Olmos) y el Pozo de Arana, ubicado en la estancia La Armonía, en las afueras de La Plata, dependiente del Ejército pero en íntima vinculación con el circuito Camps. A ellos se sumaban las unidades del Servicio Penitenciario de La Plata (Unidad 9) y de Sierra Chica, ambas destinadas al alojamiento de presos políticos. En la Unidad 9, por ejemplo, había plazas para alrededor de 1.500 personas y en 1977 la capacidad estuvo colmada. Es que la Unidad 9 fue la cárcel que más presos políticos alojó en el país durante la dictadura.

Como quedó dicho, en las causas judiciales los integrantes del grupo La Plata (Smart, Rodríguez Varela) se defienden una y otra vez con el argumento de que todos los centros de tortura y desaparición dependían de las Fuerzas Armadas. En verdad, en el territorio provincial convivían tres cuerpos de Ejército: el I, que ocupaba la zona más grande y bajo la cual estaba la mayoría de los chupaderos; el IV, que abarcaba la zona norte del Gran Buenos Aires, con cabeza en Campo de Mayo, donde había una infraestructura del terror sólo comparable con la de la ESMA; el V, de la zona sur bonaerense, con asiento en Bahía Blanca. La línea defensiva de los civiles de Saint Jean y Camps, que insiste en que apenas abordaban cuestiones burocráticas con las fuerzas de seguridad, fue desestimada por la Justicia. La represión y el gobierno dictatorial bonaerense eran una misma cosa y si bien las aves negras del «proceso» pueden acudir a un desdoblamiento para ponerse a salvo como estratagema judicial, a la vista de la sociedad y de cualquier análisis, incluso uno ligero, luce como una inconcebible grosería.

Una de las obsesiones del grupo La Plata en el poder bonaerense era descubrir un pacto entre el gobernador depuesto, el dirigente metalúrgico Victorio Calabró —protegido de Roberto Viola— y la organización armada Montoneros. En esa búsqueda fue secuestrado, el 23 de marzo de 1976, Mario Medina, militante de la Tendencia Revolucionaria y diputado provincial por la Sexta Sección Electoral a los 34 años. Medina fue llevado al penal de Rawson en condiciones ilegales. A mediados de 1977 fue trasladado a La Plata por hombres de la policía bonaerense. Ese traslado duró varios días y el cabo Norberto «Beto» Cozzani, punta de lanza en las acometidas represivas de Miguel Etchecolatz, mano derecha de Camps, aprovechó el largo viaje para sincerarse: «Ya que tenemos tiempo, te voy adelantando para qué te queremos. Estamos en una interna por el poder con Viola. Nosotros respondemos a Saint Jean. Alguien nos dijo que vos sabés de un pacto entre Montoneros y Calabró y nosotros necesitamos detalles de ese pacto, porque Calabró está protegido por Viola». Medina le contestó que estaban perdiendo el tiempo, que él no tenía ni idea. Cozzani insistió: «Ahora estamos charlando, no te estoy torturando. Te conviene hablar».

Medina fue confinado en una habitación con dos cuchetas del subsuelo de la Jefatura de Policía junto a Víctor Benamo, rector-interventor de la Universidad del Sur durante la presidencia de Héctor J. Cámpora. «Ahí murió el abogado de los Graiver», le dijeron, señalando la cama que le habían asignado, en referencia al desaparecido Jorge Rubinstein.

Así comenzaron cinco meses de interrogatorio y de tortura con picana. «Era sistemático. Conté alrededor de 40 sesiones en esos meses. Siempre en torno de ese supuesto pacto entre Montoneros y Calabró, y la interna de ellos con Viola. Yo siempre dije que no sabía nada», relató después Medina, quien por esos días intentó suicidarse cortándose las venas con una hoja de afeitar y fue reavivado por el médico policial Jorge Bergés.

Cozzani llevó a Medina a su escritorio y le dijo: «Contanos lo que sabés y ya está». Pero fracasó en la nueva intentona. Recostado en el marco de la puerta de esa oficina, un hombre bien vestido, con camisa clara y pantalones color té, le preguntó a Cozzani: «¿Habló?». Él le dijo que no y enseguida escuchó la orden del hombre: «Si no habla matalo a ese hijo de puta», y se fue. El rostro quedó repiqueteando en la memoria de Medina y preguntó a Cozzani quién era su mandante. «Es el ministro de Gobierno Jaime Smart», le respondió. Allí Medina pudo reunir las imágenes, porque en 1972 había estado preso y había sido juzgado por la Cámara Federal en lo Penal, el famoso «Camarón» de Perriaux que Smart había integrado.

Las torturas siguieron y, en el callejón sin salida del terror, Medina ofreció firmar lo que sus captores quisieran. «Ahí pararon —recuerda Medina—. Cozzani me llevó a una oficina del primer piso de la Jefatura. Nos sentamos delante de una máquina de escribir. El escribiente era un compañero de la organización. Yo dictaba.»

En un libro que el confeso torturador Cozzani escribió por despecho con sus jefes del grupo La Plata que no le prestaron asistencia jurídica cuando cayó preso, dijo que «este ex diputado informó todo lo referente a un golpe de estado cívico militar que se pensaba concretar en 1975 y que fue corroborado por el doctor Benamo».

A fines de 1977, y al cabo de cinco meses infinitos en la Jefatura de Policía, Cozzani apareció con una buena noticia: «Ya está, perdimos, te volvés a Rawson» Medina recobró la libertad —vigilada durante un año— en 1981.

Hay más testimonios de los descensos a los chupaderos de estos abogados relucientes y de buen ver, que se esmeraron por forzar una ecuación imposible: el delito de lesa humanidad aberrante con soporte jurídico. El grupo La Plata está dominado claramente por abogados con formación académica, cátedras, la escritura de tratados de una especificidad y de una erudición que darían cuenta de una intensa vocación por el Derecho. La prestación de su conocimiento, sin embargo, sólo los llevó a bendecir el más profundo destripamiento de la juridicidad que conoce nuestra historia.

Aquí están, estos son

Alberto Rodríguez Varela nació en 1936, se graduó de abogado en 1957 y de doctor de Derecho y Ciencias Sociales en 1959, en la Universidad de Buenos Aires. Su carrera docente la realizó en la Facultad de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), una institución a la que, junto con la sede platense, se la puede definir como un criadero de golpistas, para decirlo con suavidad. Rodríguez Varela ejerció allí la cátedra de Derecho Político y luego, en la justicia, evolucionó por diversos cargos, como secretario en la Justicia Criminal de Instrucción, secretario de la Cámara en lo Criminal y Correccional y secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De fiscal de Estado de Saint Jean pasó en 1978 a la cabeza del Ministerio de Justicia de la Nación. En la posdictadura sus apariciones públicas tuvieron que ver con su defensa judicial del reo Jorge Rafael Videla.

El sanisidrense Jaime Smart (1936) es abogado egresado en 1960 de la Facultad de Derecho de la UBA. En esa casa de estudios y en la Universidad Católica ocupó la cátedra de Derecho Penal. En 1961 inició su carrera en la justicia, como secretario en un juzgado de primera instancia. En 1968 el dictador Juan Carlos Onganía lo designó fiscal. Entre 1971 y 1973 fue juez de la Sala de la Cámara Federal en lo Penal (el Camarón) estrenada por Lanusse para juzgar a la guerrilla. Entre el 8 de abril de 1976 y el 4 de septiembre de 1979 fue ministro de Gobierno bonaerense. Cuando asumió ese cargo estaba casado con Sylvia Alker y era padre de seis hijos.

Roberto Durrieu (1940) comenzó su carrera judicial como empleado de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en 1958 y entre 1965 y 1967 —el año en que se recibió de abogado— fue consejero estudiantil de la Facultad de Derecho (UBA). Ese mismo año comenzó a dictar clases en la UBA e ingresó como abogado a la Procuración del Tesoro de la Nación. Entre 1970 y 1972 fue asesor jurídico del Jefe de la Policía Federal. Y entre 1971 y 1974 fue abogado de la Subsecretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación. Con estos antecedentes ocupó el cargo de fiscal de Estado adjunto de la provincia de Buenos Aires. Rodríguez Varela lo empinó a la Subsecretaría de Justicia del videlismo. Luego, entre 1981 y 1982, se desempeñó como secretario académico de la Facultad de Derecho de la UBA.

Edgardo Frola (1942) también es abogado por la UBA y especialista en derecho penal corporativo y en derecho administrativo. Tuvo su bautismo de «antisubversivo» profesional como secretario instructor en el «Camarón» de Perriaux. En la troupe platense comenzó como secretario de Asuntos Legislativos. Luego fue secretario de Prensa y Difusión porque, como la Legislatura no existía, era proclive a los bostezos olímpicos. Se entretuvo también como asesor legal del Cinturón Ecológico desde 1977. Concluida la dictadura, descendió también la calidad —aunque no el rasgo que lo define— del empleo: fue defensor, junto a Jaime Smart, del represor y apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa, el subcomisario Samuel Miara.

El subsecretario de Gobierno bonaerense Juan María Torino (1942) también calzaba toga abogadil. Egresado de la UBA, trabajó en la Cámara del Crimen y en un juzgado de Instrucción. En el reino de Saint Jean pasó por Prensa y Difusión y luego fue designado juez de menores de San Isidro. El gobierno constitucional le negó el acuerdo para seguir su carrera en el Poder Judicial, pero entre insistencias y complicidades consiguió retornar como juez de un tribunal oral federal.

Ninguno de estos muchachos atildados llegó a la gobernación de La Plata para hacerse querer. Sus ex empleados aún prefieren ocultar sus nombres para decir que en el trato cotidiano eran autoritarios e insoportables. No les había parecido eso el 24 de marzo, cuando el breve interventor provincial, general Adolfo Sigwald, los trató civilizadamente. Pero el 7 de abril llegaron el gobernador, Saint Jean, y su esposa Haydeé Machado, alias «Quinina», cuya preocupación inmediata fueron los inminentes festejos del 25 de Mayo, que se propuso hacer a toda pompa en el Teatro Argentino. La mujer, al comando de una división de festejos uniformados que no figuraba en la grilla, exigió que se hiciera una función de gala. «Pero, señora —trató de convencerla un empleado—, para una función de gala habría que alquilar 1.500 atuendos masculinos y otra cantidad de mujeres debería preparar sus vestidos largos». «Que así se haga», espetó la flaca «Quinina», dando por cerrada la discusión.

La voz de la señora del gobernador era identificable, pues sus gritos traspasaban el despacho de su marido. En una de esas peleas frecuentes el gobernador terminó con una herida en el cuello tras golpear su puño contra una puerta vidriada.

Es que el retorno de estas buenas familias a la gobernación no rimó con las sacrosantas costumbres que le reclamaban a la sociedad. Muchos jerarcas se dispusieron a utilizar su poder restaurando, entre las viejas tradiciones criollo-patronales, el derecho de pernada. Héctor Ballent, ex director de Ceremonial que fue secuestrado por el propio Saint Jean, como será descripto más adelante, especuló, en su declaración testimonial del 6 de septiembre de 2000, en la causa 715, ante la Cámara Federal de La Plata, acerca de los motivos de su secuestro: «Creo que el hacedor de ese operativo es uno que ahora se retiró como general y que en ese momento era capitán: un tal (Carlos Alberto) Matalón. Yo tenía una empleada muy bonita y este hombre la corría por los pasillos, entonces yo la había raleado porque se sentía molesta, para que no se viera implicada en quién sabe cuánta cosa, y a partir de entonces el tipo no me dio tregua. Mientras estuvo, no me dio tregua. Es mi sospecha que pudo haber sido él porque lo único que me preguntaban (en cautiverio) es si yo me había ido a Europa con esa chica».

Según recuerdan periodistas acreditados en la gobernación y personal de maestranza, el clima en la sede el gobierno bonaerense no era precisamente llevadero. Las reuniones de gabinete las presidía Saint Jean y concurrían Smart, Rodríguez Varela, Camps, el ministro de Salud coronel Joseba Kelmendy de Ustarán; el ministro de Educación Ovidio Solari; el presidente del Banco Provincia Roberto Bullrich; el secretario general de la Gobernación capitán de fragata César Muján, de tan mala fama que lo definían como el «Rasputín de la Casa de Gobierno», y el secretario de Informaciones Aldo Chechi. El periodista Carlos Boris Damzky, acreditado en la sala de prensa de la Gobernación por radio Splendid y medios del interior bonaerense, calificó al elenco de «gente muy jodida, de muy poco contacto con los periodistas». Concluidas las reuniones todos se retiraban por el ascensor del gobernador sin hacer declaraciones. Los periodistas llegaban al Salón de Acuerdos, donde eran frenados por personal de Ceremonial. El hermetismo era la marca de las reuniones.

«Cuando llegaron —recuerda Damzky— metieron presos a Dios y a María Santísima. El personaje más influyente del entorno era Smart, la mano negra, el que mandaba a la gente presa.» Al periodista le quedó grabada la prepotencia de los militares en el trato personal con los civiles, con dos excepciones: «Smart y Munilla Lacasa eran la flor de la prepotencia. Smart, con esos ojos celestes, era temible. Era gente que no tenía bondad con nadie». A su vez, alejado de los rodeos verbales de su oficio de periodista, Damzky califica directamente a Rodríguez Varela como «una mala persona».

La tentación de escribir que cada uno de los integrantes de la banda platense se dedicaba cuando niños a matar gatos y a entrenarse en todas las variantes de la crueldad con sus compañeritos de jardín de infantes es tan obvia como apenas contenible. Pero no consta que hayan nacido despiadados. Seamos serios. O, más aún, intentemos un ejercicio de rescate: las intrigas de alcoba humanizaban a más de uno; la obsesión por el dinero a unos cuantos más y la obstinación por perpetuarse en el poder, a todos. Y acaso el ejercicio de la tortura mucho más: no hay especie animal capaz de refinarse tanto en el empeño del terror que apañó el grupo La Plata con sus sumos sacerdotes de la tortura, como Etchecolatz y el cura Von Wernich.

La eficiencia de la destrucción

En una réplica de las consignas de Martínez de Hoz, la política económica del gobierno bonaerense estuvo dirigida a empequeñecer el Estado y, en teoría, a aumentar su eficiencia. Dos años después de asaltado el poder, Smart se jactaba de haber limpiado a 30.000 agentes de la planta provincial. Jimmy tuvo a mano la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires para seguir de cerca cualquier posibilidad de que sus lampaceadas por las reparticiones públicas generaran conflictos.

La Memoria 1976-1980 del Ministerio de Gobierno es elocuente: «toda la evolución estructural fue acompañada de un proceso de racionalización administrativa, de modo que cada dependencia contara con el material humano necesario para ser unidades de máxima eficiencia», dice el documento.

Para imponer esta política, se partió del diagnóstico según el cual «todo el aparato estatal de la provincia de Buenos Aires, incluido el Ministerio de Gobierno, se encontraba sobredimensionado y burocratizado» y «el empleo público era un recurso político para encubrir la desocupación y la parálisis de la economía», expresa la página 17 de ese documento.

Hacia 1980, el gobierno bonaerense se jactaba de los resultados: «5.735 agentes menos», exalta en letras destacadas esa Memoria, que corresponde a un solo ministerio. El mismo informe aclara que en marzo de 1976 había un jefe cada diez empleados y en 1980 la proporción descendió a un jefe cada 51 empleados. El grupo La Plata instauró la prescindibilidad de todos los agentes a través de un decreto. El instrumento permitió tanto cesantear al voleo como echar a todo aquel que fuera sospechado de tener militancia sindical o política. A quienes redactaron la Memoria que se encarga de repasar con orgullo estos atropellos en el Ministerio de Gobierno no se los puede acusar de utilizar un lenguaje encubierto. Allí expresaron que la Subsecretaría de Asuntos Legislativos funcionó «en ámbitos físicos de la ex Cámara de Senadores» (sic). Es bastante posible que, decretada la defunción definitiva del senado provincial, ese espacio haya estado reservado para el felizmente nonato Consejo de la República.

El Registro Provincial de las Personas, dependiente de la cartera de Gobierno, redujo sus delegaciones en un 50 por ciento en los primeros cuatro años de dictadura, con el cierre de 171 oficinas. Su argumento fue que «a lo largo de toda su existencia son muy pocas las veces en que cada habitante debe hacer uso de los servicios del Registro Civil».

Hacia abril de 1978, cuando llevaba dos años como ministro de Gobierno, Smart hizo un balance de esta política de descuartizamiento del Estado: «Estamos llevando a cabo una importante política de desestatización de la provincia. Hace poco reintegramos el hipódromo Jockey Club de La Plata a la entidad que lo regenteaba antes de 1952; ellos nos han sacado de encima 3.500 empleados y otros tantos sueldos […]. En dos años tenemos 30.000 empleados menos […] es una preocupación nuestra disminuir el gasto público, ya que es la mayor causa de inflación, además de incidir directamente sobre el contribuyente. Los impuestos son altos porque los gastos del Estado también lo son. Hay que reconocer que el gasto público es muy grande y que las empresas del Estado siguen siendo un cáncer».

Bajando línea para esa política, pidió que el Estado jamás se encargara de lo que podría emprender el sector privado. «El Estado —dijo— debe ocuparse solamente de la salud, la justicia, la protección de los ciudadanos y la infraestructura.» Para Smart, hasta la educación quedaba fuera de los asuntos públicos.

Lo que sí quedaba dentro del Estado era el «terrorismo». Como ministro de Gobierno, Smart controlaba en forma directa a la policía bonaerense y, a través de la Subsecretaría de Justicia, el Servicio Penitenciario Bonaerense. Las dos instituciones represivas estaban intervenidas por el Cuerpo I de Ejército y tenían jefes militares y, como ya señalamos, en eso se basa hoy Jimmy para eludir su responsabilidad en los crímenes que se le imputan. En declaración indagatoria sobre la causa en que se investiga a los centros de desaparición COTI Martínez y Puesto Vasco, Smart dijo que «cuando acepto el cargo de ministro de Gobierno, conocía perfectamente la decisión de las Fuerzas Armadas de llevar a cabo la lucha contra la subversión, con independencia de las autoridades civiles que asumieron a partir del mes de marzo».

Para el fiscal federal Sergio Franco, que lo acusó por más de 60 casos de secuestros y torturas, Smart «asumió su puesto a sabiendas de que debía poner, o bien mantener, bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, a uno de los organismos a su cargo, del que seguía disponiendo y al que proveía de insumos sin los que no podría funcionar, con la finalidad única de aportar a la “lucha anti-subversiva”». En la misma causa y por los mismos motivos está imputado Saint Jean.

La situación del ex gobernador de la dictadura y de su ministro de Gobierno también es complicada en otras causas, como la del centro clandestino La Cacha, que funcionó en un galpón de Radio Provincia. En esa causa se acreditó que mediante el decreto 1.060, del 6 de mayo de 1977, pusieron a disposición del Servicio Penitenciario Bonaerense el inmueble y los elementos necesarios para que funcionara el chupadero. Ese decreto da cuenta del traspaso de la vieja antena transmisora de la estación, ubicada en Olmos, y detalla en un anexo los bienes muebles que se transfirieron. Entre otras cosas incluye una usina eléctrica y transformadores para obtener diferentes tipos de tensión. En ese anexo no figura la palabra picana, pero acaso se trate de un olvido menor.

El Servicio Penitenciario tuvo a su cargo una de las guardias de aquel centro clandestino de detención por el que pasaron importantes cuadros de la organización Montoneros que se encuentran desaparecidos, como Laura Carlotto, entre casi dos centenares de víctimas. El funcionamiento de La Cacha dependió del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, aunque contó también con la participación de la Armada y la Policía.

Otro caso que complica a Smart en la represión ilegal es el que tiene como víctima al abogado desaparecido Rodolfo Gutiérrez, quien desempeñaba su profesión en San Isidro —el ministro vivía en esa ciudad— y que fue secuestrado en su estudio jurídico. De acuerdo con la investigación realizada por el fiscal federal porteño Federico Delgado, Gutiérrez fue conducido a la Unidad Regional de La Plata, donde fue interrogado bajo tormentos sobre la supuesta falsificación de unos telegramas emitidos por el juez penal Juan Carlos Dillon que habrían permitido que sus defendidos, detenidos a disposición de ese magistrado, obtuvieran la libertad de un penal bonaerense.

En la Unidad Regional, Gutiérrez fue visto por el ordenanza nocturno Julio César López del Pino, quien intentó ayudarlo y posteriormente se convirtió en testigo fundamental. Gutiérrez le contó a Del Pino que, tres días antes del secuestro, Dillon le dijo que lo hacía responsable de la falsificación de los telegramas y que había puesto en conocimiento de los hechos a Smart.

Otro abogado que estuvo secuestrado con la víctima, Augusto Vicente Gimalski, informó que, según le indicó Gutiérrez, Dillon le dijo textualmente: «Gutiérrez, usted jamás se va a olvidar de mí, yo mismo voy a investigar el hecho, porque así me lo pidió el ministro de Gobierno Jaime Smart». También contó que Gutiérrez le dijo que Oscar Pedro Ramírez Gómez, oficial primero del juzgado de Dillon, lo golpeó y le dijo mientras estaba cautivo: «Tengo autorización del señor ministro para actuar con toda libertad, porque soy su secretario privado».

Gimalski refirió que, durante su cautiverio, fue amenazado por personal policial con hacerlo desaparecer si no firmaba una declaración que involucrara a Gutiérrez. Los policías aseguraron que para proceder a esa desaparición contaban con la correspondiente venia de Smart.

Gutiérrez sigue desaparecido. Se sabe que, luego de la Unidad Regional platense, pasó por las comisarías de Punta Lara y Brandsen, y finalmente por la Clínica Privada de Brandsen, lugar donde se simuló una fuga el 4 de noviembre de 1978. Todo indica que para el ministro Smart la «racionalización» y la «prescindibilidad», banderas de su gestión, tenían un alcance tan amplio que llegaba hasta la reducción misma de la población.

Hoy llegan los bárbaros

«¿Qué aguardamos reunidos en el foro? / Es que hoy llegan los bárbaros / ¿Por qué el Senado está intranquilo? / ¿Por qué los senadores no legislan? / Porque hoy llegan los bárbaros.» El poema del griego Constantino Cavafis ilustra la espera de una invasión anunciada. Los funcionarios platenses, con el gobernador Victorio Calabró a la cabeza, tuvieron ese espíritu de vigilia dos días antes del golpe de las Fuerzas Armadas. Calabró los había reunido del 22 de marzo de 1976 y les había dicho: «Nos vamos. Viene la Revolución».

Calabró integró la fórmula a la gobernación bonaerense que venció el 11 de marzo de 1973. El candidato a gobernador fue el militante histórico de Azul, el médico Oscar Raúl Bidegain. Como en otras provincias, las búsquedas de «fórmulas de equilibrio» reunieron a un representante del ala izquierda del peronismo (Bidegain) con un sindicalista reaccionario y cómplice de las peores posiciones del sindicalismo peronista (Calabró). El ataque del ERP a la Unidad Militar de Azul precipitó la renuncia de Bidegain el 24 de enero de 1974 y la provincia quedó en manos de este sindicalista con fuertes contactos en el ámbito militar, que aprovechó el cargo para consolidar las relaciones políticas y de amistad con los inminentes golpistas del ’76 con un objetivo de máxima: formar parte de la cúspide de ese nuevo poder, y uno de mínima, no ser una víctima más de los militares.

Un ex asistente social del Servicio Penitenciario, sobreviviente de la Unidad 9 y ex funcionario del Ministerio de Justicia en gobiernos constitucionales, Juan Scatolini, repasa: «Cuando viene el golpe lo renuncian también a Calabró, que había hecho una apuesta muy fuerte a favor de los golpistas. Tanto es así que el comentario dentro de la cárcel era que salía a navegar por el río Paraná con Massera. Por eso la designación como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense del capitán de navío Jorge Sgavetti —amigo personal del caza-madres Alfredo Astiz— durante su gobierno. Sin embargo, Calabró no se salvó de los grupos de tareas que levantaron a todos sus funcionarios. Pero me contó uno de ellos que cada vez que Calabró tenía que encamarse con su mujer, la gente de Viola hacía un operativo comando para llevarlo».

En 1975, mientras la gestión de Isabel Perón se descomponía aceleradamente, Calabró se había soñado presidente de facto, según cuenta Norberto Cozzani en su libro Yo asumo, de 2006. Viola, secundado por una «Mesa de Notables», propuso que el futuro régimen no estuviera conducido por la Junta Militar, sino por un civil de su confianza: Victorio Calabró. En ese momento la propuesta fue desechada y Calabró tildado de corrupto por sus detractores. Viola propuso que si desconfiaban de la honestidad de su elegido lo investigaran, pero entonces no se tomaron el trabajo, de eso se encargarían Saint Jean y su banda una vez que asaltaran el poder.

Sin precisar fechas, Cozzani hace un relato desprolijo pero esclarecedor de los motivos que desencadenaron la investigación sobre el gobernador una vez derrocado. El represor habla de un acto de «lanzamiento del silencioso proyecto» de la entente Viola-Calabró, que «contó con una masiva manifestación en la plaza San Martín de La Plata en la que fue orador principal el Sr. Victorio Calabró, acompañado entre otras personas por las hermanas de la señora Eva Duarte de Perón».

«Fue llamativamente sorprendente, en ese acto, la importante presencia de todos los equipos de superficie de la Organización Político Militar Montoneros. Los gastos de combustible para movilizar a los equipos mencionados desde los distintos puntos de la provincia al acto platense tuvieron como responsable al Sr. Juan Destéfano», en ese momento secretario general de la Gobernación.

También participaron activamente del proyecto, sostiene, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y el diario La Opinión de la ciudad de Trenque Lauquen, «en ambos casos controlados por el Sr. Graiver».

«De acuerdo siempre a las declaraciones de (Mario) Medina, Taiana, Rocamora, Robledo y muchos soñaban con Calabró presidente y casi todos los negocios del país en sus manos», escribió Cozzani.

La típica prosa paranoica y con rápidas y no tan comprobables asociaciones políticas, típica de la escritura inconexa de los servicios, no invalida este testimonio en un punto: la hipótesis de un pacto Calabró-Montoneros fue una obsesión del grupo La Plata en pos de desacreditar a Viola, sucesor cantado de Videla, para imponer en la presidencia a Ibérico Saint Jean.

El pro militarista Calabró y su gabinete, ya destituidos, pasaron a ser la cancha donde los barones platenses jugaron su partido en pos del premio mayor. Junto con la asociación a Montoneros, la corte de Saint Jean-Camps-Smart-Rodríguez Varela se empeñó en perseguir posibles actos de corrupción de Calabró, también para elevar sus tiros hacia Viola. Todo el poder de fuego judicial y toda la ferretería represiva fueron empleadas con esos propósitos.

La mayor parte de los secuestros de los miembros del gabinete de Calabró fue cometida entre abril y mayo de 1977, después de un episodio que puede resultar esclarecedor: en Yo asumo, Cozzani cuenta que en los allanamientos a la casa de cambio Marra, propiedad de Dante Marra —detenido el 12 de marzo de 1977 en su lugar de trabajo—, se secuestraron «libros negros» que sugerían operaciones ilegales. «El análisis de los “Libros Negros”, secuestrados, produjo las más llamativas sorpresas entre nosotros, era como que casi nadie faltaba a la fiesta, figuraban desde ex integrantes del Poder Ejecutivo Provincial, altas jerarquías del clero, ex miembros de la Suprema Corte de Justicia, en fin, estaban “casi todos”», señaló en su libro el represor. Luego indicó que prepararon un «listado de cantidad de dólares de movimientos, tanto de entrada como de salida, siempre con cuentas de fantasía en el exterior y nombres reales en nuestro medio» y reveló que «el primer puesto lo ocupaba un distinguido miembro de la Iglesia argentina, que al tiempo fuera designado por el coronel Camps como capellán general de la Policía, llegando a bendecir armas de la Patria». Se trataba del arzobispo Plaza, aquel que había celebrado el golpe de Estado como una muestra de que «Jesús está con nosotros». Al parecer, estaba especialmente con monseñor para bendecirlo e incrementarle sus cuentas dolarizadas.

Héctor Mariano Ballent, como ya fue dicho, trabajaba en la Gobernación como director de Ceremonial desde varios años antes de producirse el golpe. Tenía 48 años cuando el 5 de mayo de 1976, a las 5 de la tarde, estaba trabajando en el despacho de Saint Jean, a quien acompañaban el jefe del I Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, y el por entonces inminente jefe de la Policía, Ramón Camps.

Saint Jean le explicó a su funcionario que era necesario «hacer una investigación». Y a la salida del despacho un militar se lo llevó. Ballent fue trasladado a la comisaría 8ª de La Plata, donde estuvo confinado doce días. En esa ocasión fue interrogado, «capucha mediante y las manos atadas a la espalda», sobre si había viajado a Europa con una empleada de la Gobernación codiciada por el capitán Matalón.

Al cabo de esos días escuchó decir que no había pruebas contra él y fue liberado y acompañado por la policía hasta su casa. Pero volvieron un año después, el 17 de mayo de 1977. Lo llevaron al COTI Martínez, en Vicente López, y encontró entre los prisioneros a personas conocidas públicamente, como Jacobo Timerman, el ex ministro de Asuntos Agrarios bonaerense Pedro Goin, el ex ministro de Economía de Calabró Ramón Miralles, el ex secretario general de la Gobernación Juan Destéfano, el director de La Opinión de Trenque Lauquen Juan Nazar y miembros de la familia y del entorno de los Graiver.

Los represores aprovecharon los conocimientos de Ballent en ceremonial y lo obligaron a preparar un banquete: celebraban el cobro de los 81.430 dólares más 2 millones de pesos por el rescate del director de El Cronista Comercial, Rafael Perrota, otro de los prisioneros que continúa desaparecido.

El 13 de julio Ballent fue trasladado junto con gran parte de sus compañeros de cautiverio al Puesto Vasco, en Quilmes. Allí estaba más cerca de La Plata y, en dos oportunidades, los represores lo llevaron a la Jefatura de Policía a «carearse» con el diputado Mario Medina y con Víctor Benamo, rector desplazado de la Universidad Nacional del Sur, a quienes encontró «encadenados a una cama».

Cuando evocó su periplo ante la Justicia, Ballent denostó el nivel intelectual y de información de sus torturadores y señaló que no tenían idea del manejo de la cosa pública, dado que —dijo— le preguntaban por ejemplo si él otorgaba subsidios desde su área, que era Ceremonial: «Ahí, subsidios, ni los veía pasar».

Ballent también fue interrogado acerca de cada uno de sus compañeros de detención. Contó que el represor Valentín Milton Pretti, alias Saracho, había secuestrado al empresario Aaron Bladimisky, a quien «asociaban con los caballos de carrera que decían que tenía Calabró».

El empresario Juan Amadeo Gramano —así como también su esposa, Araceli Rusomanno— fue uno de los primeros en caer vinculado a los supuestos negocios sucios de Calabró. El 20 de abril de 1976, fue secuestrado por policías bonaerenses y militares del Primer Cuerpo. Recuperó la libertad el 24 de junio de 1978. En mayo de 1977 fue llevado al COTI Martínez y tiempo después al Puesto Vasco, donde compartió el cautiverio con los ex ministros de Calabró.

Restaurada la democracia, en su declaración ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas relató que los interrogatorios que le hacían los represores estaban dirigidos a establecer las presuntas actividades delictivas de Calabró. Gramano había ganado una licitación importante en la que su competidor había sido el mismo Ejército. «Vino alguien y me dijo: “Gramano, tengo autorización del Gobierno de la Provincia para prometerle la libertad en 48 horas si usted nos da algún elemento para poder detener a Calabró”. Yo estaba vendado, es decir, eso fue… todo se centró sobre el problema Calabró única y exclusivamente», relató Gramano ante el Consejo, en la que más tarde se convirtió en la causa Camps.

Los problemas del ex ministro de Economía Ramón Miralles comenzaron con la intervención en el gobierno bonaerense: «Casi de inmediato se hicieron publicaciones y declaraciones por parte del entonces interventor Saint Jean que apuntaban a un estado desastroso de la provincia. En primer lugar yo pensé que eran errores y le pedí una audiencia para poder aclarar […]. Hice una presentación a Saint Jean, donde desvirtuaba todos esos cargos», dijo ante la Cámara Federal de La Plata, al declarar en 2000.

En aquella presentación, Miralles reclamó «dignidad en el trato», dado que, señalaba, las declaraciones del gobernador de facto sobre la situación económica de la provincia «no sólo desvirtuaban la realidad de los hechos, sino que constituían un fuerte demérito para la eficacia y responsabilidad de mi actuación en el Ministerio».

«El comentario es que mi presentación le significó un perjuicio a Saint Jean, porque en ese momento había una disputa por el poder, por llegar a integrar la Junta; estaban dos grupos, uno, la Junta Militar y otro lo integraban Saint Jean, Suárez Mason y Camps. Parece que mi escrito, que nunca me fue contestado y que se publicó en todos los diarios del país, promovió la ira de Saint Jean.»

Ya abiertamente perseguido, a Miralles no se le podía haber ocurrido algo peor: presentó un hábeas corpus en el Juzgado Federal N° 2 de la Capital Federal, a cargo de Rafael Sarmiento, ya que su esposa y sus hijos habían sido secuestrados. Fue como haber entrado silbando a la jaula de los leones: Smart, Rodríguez Varela y Durrieu figuran desde 1953 como miembros de número del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia presidido en más de un período por el juez descendiente del sanjuanino. Allí comenzó un infierno que, entre otras cosas, implicó el interrogatorio del sacerdote Christian von Wernich, el siniestro capellán de la Dirección General de Investigaciones de Etchecolatz. Entre los funcionarios de Calabró también bajaron a los chupaderos Pedro Augusto Goin, ministro de Asuntos Agrarios, Juan Destéfano, secretario personal del gobernador, y Alberto Salomón Liberman, titular de Obras Públicas.

La Plata, la platita

Antes de la redada ministerial, el 14 de septiembre de 1976, el entonces director judicial de la bonaerense, Rodolfo Alejandro González Conti —otro policía bonaerense que ascendió por el escalafón represivo, procesado por cientos de delitos de lesa humanidad cuya condena no llegó a cumplir pues falleció en febrero de 2009—, elevó a Camps un resumen de las investigaciones administrativas sobre las autoridades gubernamentales previas al golpe, desclasificado para esta investigación. Las pesquisas repasan nueve supuestos casos de corrupción y si bien en los legajos de inteligencia están tapados los nombres de los imputados, es claro que uno de los empresarios objeto de persecución fue Juan Amadeo Gramano, al igual que su esposa Araceli Rusomanno. Juan Scatolini, con quien compartió el cautiverio en la Unidad 9 de La Plata, lo describe como «un rico tipo que financiaba. Le daban todos los viajes, por ejemplo, a Bariloche. Había sido dirigente de la Juventud Peronista en los años 50».

El legajo donde se vuelcan las pesquisas se titula «Resumen de la labor sumarial de investigaciones de irregularidades administrativas en el área de Gobierno» y aclara que se trata de «actividades desarrolladas por autoridades gubernamentales anteriores al 24/3/76». Allí se aclara que junto con policías actuó personal de la gobernación. Algunos de ellos fueron acusados de irregularidades que comprenden tanto los delitos de lesa humanidad como simples pero no escasos robos.

El legajo secreto de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense R. 17.301 pormenoriza nueve casos que tienen relación con contratos fraudulentos de Radio Provincia bajo la dirección de Abel Díaz; con personas que cobraron sin prestar servicios; emisión de órdenes falsas de pasajes oficiales; contratación de servicios turísticos y erogaciones por actividades deportivas, entre otros. Cada caso fue denunciado por el ministro de Gobierno Smart ante la justicia penal de La Plata.

Pero tanto las investigaciones sobre supuestas irregularidades del elenco de Calabró y los empresarios implicados como la persecución del dinero de la organización Montoneros tenían un propósito excluyente: la indisimulable ambición de morder fortunas ajenas. Así lo demuestra el caso de los hermanos Rodolfo y Carlos Iaccarino, que sufrieron la persecución y el despojo por parte del grupo La Plata.

El caso es emblemático, ya que en el acecho a los Iaccarino no se cruza ninguna variable política «subversiva» y/o «demagógica», es apenas un asunto de choreo que hoy merece su investigación judicial. Los Iaccarino declararon por primera vez sus padecimientos en el Juicio por la Verdad, causa 2.348/SU, el 25 de julio de 2005. En agosto de 2010, el juez federal de primera instancia Arnaldo Corazza detuvo a Rómulo Ferranti y Bruno Trevisan, ex jefe del chupadero «El Infierno», por el secuestro de los hermanos. En ambas oportunidades narraron su espantosa y desoladora peripecia, cuyos tramos principales son los que siguen.

El 4 de noviembre de 1976, los hermanos Rodolfo y Carlos Iaccarino fueron detenidos por la policía en Santiago del Estero. El mismo día, en Buenos Aires, fue secuestrado otro hermano, Alejandro.

Los tres eran empresarios prósperos a raíz de la puesta en práctica del Plan Económico Expansivo General, idea de Alejandro cuando tenía 17 años. Una de las virtudes del programa, recuerda su creador, era que «rompía la intermediación, llevando los productos desde el origen a la góndola». Tenían un lema: «El negocio es bueno si a todas las partes les va bien».

El secuestro duró casi dos años, que transcurrieron en los centros clandestinos COTI Martínez, Brigada de Lanús y Puesto Vasco, y en la Unidad 9 de La Plata, entre otros.

Los Iaccarino, como se dijo, no tenían militancia política partidaria ni apoyaban a grupo alguno. Su desafío se jugaba en el mundo de los negocios y consistía en demostrar que había una forma novedosa de administrar empresas. Novedosa y exitosa: en 1975 compraron las Industrias Lácteas SA (ILSA) de Santiago del Estero, que estaba al borde del colapso, derrotada por la competencia de SanCor. «Estaba a pérdida y a los seis meses la habíamos dado vuelta y estaba con una proyección extraordinaria. Entonces voy, negocio con SanCor una deuda que había y en alguna forma le digo que voy a ir creciendo, que voy a exportar productos. La información que tenemos es que fueron a verlo a Martínez de Hoz y, como su criterio tenía que ver con la concentración empresaria, había que aniquilarnos», recuerda Alejandro.

Los Iaccarino compartieron gran parte de su cautiverio con los integrantes del gabinete de Calabró, miembros del Grupo Graiver y Jacobo Timerman, entre otras víctimas. En la Brigada de Lanús, «El Infierno», a cambio de la libertad fueron despojados de algunos de sus bienes —intervención de un escribano mediante—, que hoy todavía reclaman.

Pero el hostigamiento de la dictadura a los Iaccarino —una combinación del accionar de Martínez de Hoz con el grupo La Plata— había comenzado antes del secuestro. Primero quisieron asfixiarlos económicamente con la espada menos conocida del grupo, el presidente del Banco Provincia, Roberto Bullrich. El gerente de la casa matriz, Jorge Guarino, les informó en abril de 1976 que figuraban en «una lista negra» y que iban a tener problemas. «Yo operaba con once bancos y cuatro cooperativas. Y estaba a full con créditos, porque el proceso inflacionario me iba licuando los pasivos. Entonces me iba capitalizando. Este tipo, Bullrich, me hace un desastre. Me pasó todos los créditos a descubierto con cuenta corriente para fundirme. Me fundí en un mes», se amarga Alejandro Iaccarino. «Por los reglamentos del banco era una operación imposible pasar los créditos, denominados aceptaciones bancarias, a descubierto de cuenta corriente, pero lo hicieron», agrega.

Los Iaccarino se vieron obligados a vender un campo cercano a La Plata para poder pagar las deudas. El adquirente, que se presentó antes de que los hermanos anunciaran la intención de vender, ofreció muy poco dinero. Más tarde las víctimas comprobaron que se trataba del representante de Hugo Jorge, sobrino de Llamil Reston, el general que fue ministro de Trabajo de Videla y más tarde, ministro del Interior de Bignone.

Una de las causas penales que esta mafia, que se apropió de todos los resortes del poder, desató contra los Iaccarino fue por la acusación de contrabando de carnes y que tramitó el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo de Leopoldo Russo. Para la misma época en la que fueron despojados de sus bienes, hacia fines de 1977, Russo los «visitó» junto a su entonces secretaria, Beatriz Aparicio —jubilada jueza del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en 2005— en «El Infierno», para tomarles declaración. Los hermanos, que estaban deteriorados física y psíquicamente, denunciaron la situación que estaban viviendo, pero los funcionarios judiciales no modificaron su destino.

Un caso donde confluyen la pelea por espacios políticos, la búsqueda tenaz del dinero, la participación directa de civiles y las marcas discursivas del proyecto político ultrarreaccionario es el del secuestro de Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, el 15 de abril de 1977. La causa real para detener a Timerman fue su vinculación con David Graiver, acusado de ser financista de Montoneros. Pero mandaba otro interés: detrás de la habitual incriminación de que La Opinión era un diario «subversivo» se dibujaba la puja por la sucesión de Videla entre Saint Jean y Viola.

El análisis del contenido del diario para encontrar las pistas de la maldición subversiva fue una obsesión para Saint Jean, que designó un equipo de civiles en pos de un inhallable proto-guerrillerismo de Timerman. Camps comienza su libro Caso Timerman. Punto Final agradeciendo su participación en el caso a represores de la truculencia de Miguel Etchecolatz, Juan Fiorillo y Norberto Cozzani, entre otros. Enseguida menciona, «por su colaboración en este caso», a Smart, Torino, Munilla Lacasa, Frola, Rodríguez Varela, Durrieu y Bullrich. Como consta en el acta del 23 de julio de 2007 del juicio al cura torturador Christian von Wernich, el hermano de David Graiver, Isidoro, creyó ver en un interrogatorio a Rodríguez Varela, junto a Camps. Tras haber regularizado su situación como preso, Isidoro vio una foto en el diario. Tiene la convicción de que era Rodríguez Varela, aunque no puede probarlo.

«El grupo que secuestró a Timerman fue justamente aquel que La Opinión más denunciaba», dejó dicho Alejo Ramos Padilla, el abogado de los hermanos Héctor y Javier Timerman, que solicitó ante el juez federal platense Arnaldo Corazza la detención de Saint Jean, Smart, Torino, Munilla Lacasa, Frola, Rodríguez Varela, Durrieu y Bullrich.

Smart y Saint Jean eran los blancos preferidos de Timerman, que atacaba las bases del programa político del grupo La Plata: «La pretensión del doctor Smart de expulsar a los políticos del proceso implica estrechar la franja de la discordia nacional con el peligro de aislar a las Fuerzas Armadas. Por su parte, la intervención del gobernador Saint Jean reviste un peligro mayor aún en esta creación de enemigos artificiales del proceso».

Las críticas a Saint Jean y Smart continuaron en los meses siguientes. «La ambición de Saint Jean por la Presidencia de la Nación fue un tema persistente en el diario», señala Ramos Padilla en su presentación judicial.

El abogado de los hermanos Timerman destaca también en su presentación los análisis técnico-jurídicos que figuran en el libro de Camps e indica que «es demostrativo de su necesidad de recurrir a letrados, funcionarios y/o ex magistrados judiciales para aparentar alguna apoyatura legal a los hechos aberrantes», lo cual «es elocuente e indicativo de la participación de ex magistrados y funcionarios denunciados». Y en ese sentido, Ramos Padilla cita cartas de Cozzani incorporadas en causas judiciales, en las que el represor se pregunta si «es posible que hombres de derecho, ilustres, dignos y con participación activa en aquellos años, como por ejemplo los doctores Durrieu, Smart, Munilla Lacasa, Rodríguez Varela, Saint Jean, Frola, Sánchez Herrera, Marquardt, Salvi, Román, Pérez Pesado y otros tantos, ni siquiera nos defiendan en las cuestiones civiles, cuando fueron parte de un todo y tienen claro quién es quién».

En tanto, el periodista Fernando Ruiz cuenta que el 6 de mayo de 1977 Videla decidió el reemplazo de Camps por Gallino en el caso Timerman. «Esa misma tarde —cuenta el periodista—, Camps, el general Suárez Mason y el asesor civil Alberto Rodríguez Varela fueron a ver a Videla para hacerle firmar un decreto de clausura del diario La Opinión, redactado por el asesor, por su vinculación con Graiver», pero el proyecto no prosperó.

Destilando amargura y una dudosa intención literaria, Cozzani cuenta en su libro cómo concluyeron aquellos días: «Nuestra actividad culminó. Se coartó abruptamente nuestro ascenso a la casual montaña».

El caso Timerman, estrictamente ligado al de Graiver, como se verá más detenidamente al abordar el tema de Papel Prensa, y el de los hermanos Iaccarino muestran a los cruzados platenses cocinándose en su extravagante salsa de moralismo cristiano, antisemitismo, ambición de poder, salvajismo represor y rapiña económica. En el concierto de la circulación de ideas en el último tramo del siglo XX, huelen a una rancia marginalidad. Pero hay que decirlo otra vez: son los que estuvieron en el centro del poder.

CAPÍTULO IV

Economía, en plan de achique

APEGE, la Argentina patronal

Si a un político hábil como Perón, acostumbrado a ubicarse en el centro del espectro y afrontar los conflictos, según épocas y circunstancias, por izquierda y/o por derecha, no le había resultado fácil, aun desde la presidencia que había asumido en octubre de 1973 y que ejerció hasta su muerte el 1º de julio de 1974, manejar los intereses encontrados dentro de su propio movimiento, a su sucesora, María Estela Martínez de Perón, Isabel, le resultó imposible. Con su inclinación hacia los sectores de la derecha económica —no sólo la peronista—, el expreso conflicto interno del movimiento le estallaba día a día en las manos.

El desbaratamiento de la política económica distribucionista de José Ber Gelbard, combinado con un protagonismo sindical notable, la presencia pública y ya crecientemente armada de las bandas encabezadas por José López Rega, apadrinadas por el Estado isabelino, más la aceleración del accionar guerrillero en clave de militarismo indiscriminado, tiñeron la época de una complejidad que los sectores de poder fáctico, con escasa o nula representación política (grupos económicos, Fuerzas Armadas e Iglesia), presentaron como un insoportable estado de anarquía, cuando en verdad trabajaron expresamente para profundizarlo y así consolidar la oportunidad de volver a desmontar la vida constitucional. Para el Partido del Orden sin votos, lo que asomaba era una alternativa restauradora.

En esa línea, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) salió a la cancha con buen timing y con la certeza de que más temprano que tarde iba a ser acompañada por la artillería más pesada. Su primer objetivo fue copar la representatividad gremial patronal, un papel en el que había crecido la Confederación General Económica (CGE), conducida por Gelbard, durante el gobierno peronista reinstalado en mayo de 1973.

La punta de lanza de esta fuerza de choque fueron los sectores agropecuarios y comerciales, dado que la industria estaba mayoritariamente en la CGE con la Unión Industrial Argentina (UIA) absorbida por la entidad que presidía Gelbard. La primera nota de la APEGE apareció el 14 de agosto de 1975, luego de la asunción de Celestino Rodrigo en Economía con una maxidevaluación que se conoció como «Rodrigazo» y un plan que contuvo las primeras medidas para un alineamiento a los mecanismos de acumulación financiera por sobre la economía productiva.

La patronal campera se había anticipado con cinco paros nacionales en 1975, el primero el 3 de marzo, convocado por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, y al que luego de algunas desavenencias se sumó la Federación Agraria Argentina. Pero ya a fines de 1974 un Comité de Acción Agropecuaria había despuntado como primer antecedente de la APEGE en su acción decidida de boicotear al gobierno.

Las cámaras de negocios de los sectores más diversos decidieron comenzar a juntar fuerzas cuando en marzo de 1975 el gobierno lanzó un acuerdo que denominó «Gran Paritaria Nacional», que establecía un aporte de las empresas del uno por mil sobre sueldos. La primera denominación, Comité de Acción Empresaria, duró poco. La confluencia patronal ampliada —la APEGE— se presentó en público con el pronunciamiento de agosto de 1975. Allí decía que «la Nación está atravesando una de las más graves crisis de la historia» y condenaba la «inflación desenfrenada, desabastecimiento, virtual cesación de pagos en el sector externo, quiebra empresaria, desocupación, paralización de la inversión y, sobre todo, una gangrena corruptiva que invade todas las expresiones de la relación social argentina», ante lo cual se imponían «soluciones genuinas, fundadas en normas de conducta económica que tienen universal e invariable validez». Para ello se constituía la APEGE, «regida por los principios de la libertad de asociación, la defensa de la iniciativa privada y la dignidad del ser humano».

El 22 de octubre apareció otra nota donde la puntualidad de los reclamos comenzó a evidenciar las líneas del futuro plan dictatorial, con pedidos de «recortes al gasto público», potestad a los productores para fijar los precios del agro, revisión del esquema impositivo y una nueva ley de inversiones extranjeras, ya desde entonces una especie de objeto de adoración, un espejito de colores que avanzado el siglo XXI el liberalismo a ultranza insistía en imponer a los argentinos para quitarles todo poder de intervención en la economía.

La APEGE tenía su secretaría en la avenida Paseo Colón 823, a cargo de Roberto Meoli, directivo de la Cámara Argentina de la Construcción, una de las entidades fogoneras de la Asamblea junto con la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y regionales como CARBAP, CARTEZ, CARCLO y CARNOA, entre otras. Se habían sumado también la Cámara de Exportadores de la República Argentina, la de Importadores, la de Sociedades Anónimas, la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), la Cámara de Comerciantes Mayoristas, la Unión Comercial Argentina, COPAL (industria alimenticia) y asociaciones, cámaras y federaciones (se destacaron la industrial de la provincia de Córdoba y la Económica de Buenos Aires, FEBA, que fue expulsada de la CGE), uniones y confederaciones comerciales, agropecuarias y, en menor medida, industriales de todo el país.

Entre sus directivos principales, activistas y voces públicas, estaban Jorge Aguado, a quien hemos visto actuar en el grupo La Plata, uno de los grandes animadores de la APEGE, quien provenía de la CRA y fue funcionario de la dictadura como ministro de Agricultura de Roberto Viola y gobernador bonaerense durante el período de Leopoldo Fortunato Galtieri; en democracia, como veremos, se sumó al PRO de Mauricio Macri. Otros representantes esmerados en diseñar y publicitar el plan económico dictatorial eran Jorge Zorreguieta, azucarero, hombre de la Rural y futuro secretario del sector agropecuario con Martínez de Hoz; Armando Braun, de la Cámara Argentina de Comercio; Federico Peña, de la Cámara de Sociedades Anónimas; Celedonio Pereda, de la Sociedad Rural Argentina; César Polledo, de la Cámara Argentina de la Construcción; Jorge Sabaté, de la Unión Comercial Argentina; Osvaldo Cornide, de la Coordinadora de Actividades Mercantiles (CAME, entonces Unión Comercial), entre otros.

La Asamblea tuvo en el diario La Nación a su vocero más potente, aunque no el único. El 27 de diciembre de 1975, el matutino de los Mitre le dedicó un editorial a un pronunciamiento de la confederación patronal formulado en una asamblea en Bahía Blanca. Allí se habló de «la gravedad del momento actual» y se reclamó la «defensa de los principios, derechos, y garantías de las personas y del interés nacional», contra un «Estado todopoderoso presuntamente capaz de resolver todos los problemas, pero en realidad listo a convertirse en el dueño exclusivo de vidas y haciendas». Agregaba que «el panorama descripto por las entidades empresarias es una imagen dolorosa pero real de la vida argentina de esta hora. Luchar por su superación es una gran empresa común». Pese al aparente tono desesperado, estos civiles no estaban ni actuaban solos. Videla y Viola ya armaban el tablero golpista, el Equipo Compatibilizador Interfuerzas ya estaba en marcha y en Navidad, en Tucumán, Videla atacó con un discurso furibundo, un hito en la cuenta regresiva para el desmadrado gobierno de Isabel.

La arremetida de la APEGE fue intensa, durísima y pública. Batió todo el territorio nacional. En Bahía Blanca se inflamaron las voces de Aguado, Peña y Cornide; en Rosario propaló su amargura el azucarero Zorreguieta; por Córdoba chilló Sabaté. Las figuras retóricas eran reiteradas y sonaban como tambores de guerra: «disolución nacional»; «camino al marxismo»; «falta de autoridad»; «violación de la propiedad privada», «estatismo», «privilegios irritantes».

El grito macho ya se avecinaba. El 28 de enero de 1976, la APEGE puso toda la carne en el asador, con un emplazamiento destinado a arrinconar aún más al gobierno nacional: «Si no satisface los reclamos empresariales modificando sustancialmente su actual política económica, se dispondrá un paro general patronal, la suspensión de pagos de impuestos, de retención de cargas fiscales y aportes sindicales y otros gravámenes». En sus amenazas de tributo cero daban, claro, su propia versión del paraíso.

El paro patronal se concretó el 16 de febrero de 1976 y gracias a él las Fuerzas Armadas dieron un paso más hacia el umbral del poder. Sólo restaba golpear. Salvo en Tucumán, donde se decidió no convocar porque la provincia estaba en plena cruzada guerrera contra un ERP ya diezmado, la disciplina en el cumplimiento del paro fue alta, y su propalación efectiva. La asamblea previa al lock-out patronal fue pródiga en la revelación de las intenciones últimas de los empresarios reunidos en la APEGE. Zorreguieta lanzó críticas a «la presión de las comisiones internas y elementos subversivos»; Cornide mentó a «la camarilla de delincuentes, muchos de los cuales ocupan puestos en el gobierno». Las reiteradas menciones a la «anarquía reinante» como paso previo al «colectivismo comunista» no hacían más que enmascarar la convicción real y el objetivo a punto de ser atacado: las clases populares que, con su acción reivindicatoria en los años 60 y 70, habían demostrado su capacidad para desarticular el modelo acumulativo y excluyente.

Al día siguiente, el diario de mayor circulación en el país, Clarín, que tenía en Héctor Magnetto a su representante en la APEGE, hizo su aporte con el título «Amplia adhesión tuvo el paro de empresarios». Dos fotos de calles deshabitadas y negocios cerrados en Santa Fe y Capital Federal servían para crear el impacto que se buscó a través de esta línea editorial. En la cobertura se destacaban los títulos «Amplio acatamiento», «Adhesión masiva», «Silencio de la CGE». El diario también informaba del repudio sindical al lock-out y del levantamiento del programa Tiempo Nuevo, del periodista cuartelero y golpista sempiterno Bernardo Neustadt.

El lock-out patronal gozó de una adhesión de entre 935 y 1.200 entidades empresarias, según las fuentes. El diario La Nación dijo que el apoyo había oscilado entre 70 y 95 por ciento.

Como antesala del asalto al poder por parte de los militares, el impacto del paro empresario rebotó en una sociedad que recibía otros ataques, como los anuncios apocalípticos de la Iglesia católica, y que asistía a formas más bien brutales de la lucha por el poder, por la puja distributiva, el despliegue aleccionador de la Alianza Anticomunista Argentina regenteada por José López Rega, que remataba opositores a la luz pública, y el accionar desesperado e impolítico de las organizaciones armadas. Con una capacidad logística y un marco de acción ya reducido, la guerrilla caía sobre víctimas indiscriminadas o mordía el anzuelo en grandes operativos infestados de infiltración, como el copamiento al depósito de arsenales de Monte Chingolo, en diciembre de 1975.

Hacia adentro de las organizaciones empresarias, el lock-out y su contribución directa al plan golpista tuvo consecuencias. La CGE de Gelbard había comenzado a crujir desde la muerte de Perón y más crujió aún con la caída de su jefe del Ministerio de Economía. Las políticas de Celestino Rodrigo y de Emilio Mondelli la encontraron en la oposición. Pero las patronales liberales lograron meter una cuña en la entidad empresaria que apostaba al desarrollo autónomo y al mercado interno. El hilo se cortó por el ala frigerista, que era fuerte en el agro y en el comercio, pero no en la industria. Uno de los hombres de Rogelio Frigerio, Oscar Camilión, fue luego embajador y ministro de la dictadura.

Los desertores de diversos orígenes, la FEBA entre ellos, formaron un grupo nuevo, el Movimiento Empresario del Interior (MEDI), que confluyó con las políticas conspirativas de la APEGE. LA CGE había conseguido durante el período peronista sumar a la UIA dirigida entonces por Eduardo Braun Cantilo y a la Confederación General de la Industria a cargo de Rafael Kohanoff. A la UIA, la firmeza le duró hasta el golpe militar, cuando fue intervenida por el presidente de Alpargatas, Eduardo Oxenford, luego ministro de Industria de Viola. A aquella UIA, más relacionada hasta entonces con el nacionalismo económico, le nació un ala liberal poderosa. La tensión entre las dos corrientes persistiría varias décadas después.

El lock-out pregolpista no tuvo efectos materiales duraderos. Mucha más incomodidad social habían generado los paros agropecuarios anteriores, con su secuela de desabastecimiento. Pero la marca política fue indeleble en tanto significaba un corte definitivo de las patronales con el gobierno y el impulso manifiesto a una política económica que los consagrara como beneficiarios directoss.

En plena cuenta regresiva del golpe, Armando Braun, en una reunión de la APEGE para analizar la propuesta de otro paro, reclamó «restablecer el orden». La declaración oficial de esa reunión no se propuso ser ambigua: «De poco valen —decía— los esfuerzos y el sacrificio de vida de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad si deben luchar con el contrapeso de una política que alimenta las causas de la delincuencia subversiva».

El 20 de marzo, CRA, una de las voces más enardecidas de la APEGE, convocó a otro paro con un discurso golpista de Aguado. La FEBA sumó un rabioso grito de guerra el 22 de marzo. Nada de eso hacía ya falta, sólo faltaban 48 horas para el golpe.

El exitoso activismo golpista de la APEGE fue exaltado al año siguiente, en el primer aniversario del lock-out, reivindicado por un editorial de Clarín: «El acontecimiento marcó uno de los momentos cumbres, en los que la conciencia nacional se objetiviza, exterioriza y reúne a los sectores sociales, aun por encima de quienes titularizan sus representaciones formales. Dejando de lado aquellas reivindicaciones que los enfrentan, se aglutinan en torno a las de contenido esencialmente nacional, cuya caída abriría perspectivas de desintegración». La nota caía luego con saña sobre la CGE, cuya cúpula debió marchar al exilio para escapar a la persecución, y sobre la CGT, entonces proscripta y perseguida.

También la Asamblea de los empresarios celebró el primer añito de cumpleaños del paro patronal recordándolo como «una reacción masiva y espontánea de la ciudadanía para evitar que la Nación se desviara de su destino de grandeza y dignidad» y luego expresando su «reconocimiento a las FF.AA. y de seguridad por la decisión. el coraje y la eficacia con que asumieron la responsabilidad plena de restablecer el orden y la moral pública y asegurar la paz interior». Ya varios de los integrantes de la APEGE ocupaban cargos en el régimen dictatorial y otros hacían uso del recuperado paraguas estatal para potenciar sus negocios.

Joe: de Cisneros a Videla

José Alfredo Martínez de Hoz, «Joe» según el alias fraternal de su empleador David Rockefeller, nació en 1925, heredero de una fortuna amasada por estancieros que, a su vez, la habían recibido como legado sobre todo del reparto de tierras tras la Conquista del Desierto. Los Martínez de Hoz recibieron aproximadamente dos millones y medio de hectáreas en la Patagonia. Su bisabuelo, José Toribio, fue fundador y presidente de la Sociedad Rural Argentina, cargo que también tuvieron otros de sus parientes directos.

Según el investigador Mario Rapoport, el primer Martínez de Hoz en llegar de Europa fue un homónimo de José, comerciante español, traficante de esclavos y acusado de practicar contrabando y que en 1806, «durante las Invasiones Inglesas, fue nombrado administrador de aduanas por los ocupantes, y en el Cabildo Abierto del 22 mayo de 1810 manifestó su lealtad a España apoyando al virrey Cisneros». No tuvo hijos pero adoptó a un sobrino, Narciso, rivadaviano y el primero en acumular tierras con las campañas contra los indios, en la zona de lo que hoy es Lincoln. Luego otro descendiente, Miguel, peleó voluntariamente en las filas mitristas contra Paraguay, en la Guerra de la Triple Alianza. Entre sus hijos, el elegido de Narciso fue José Toribio, ya con tierras extendidas a Lobería, Cañuelas, Castelli y Chapadmalal. Mediante ese poder agropecuario impulsó la fundación y fue el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina, en 1866. Por entonces, la familia Martínez de Hoz se emparentada con otras que buscaban empinarse como la aristocracia vernácula: los Ramos Mejía, Alvear, Acevedo, Ortiz Basualdo y Bullrich. Otro heredero, Federico Lorenzo, tuvo el mismo cargo en la Sociedad Rural Argentina en el período 1928-1931, a la vez que militaba en el Partido Conservador y en la antiobrera y antisemita Liga Patriótica. Nieto de Toribio, José Alfredo padre presidió la Sociedad Rural Argentina en 1946-1950 y también dirigió la Asociación de Criadores Argentinos de Shorthorn. Murió en 1976, a los 81 años, el mismo año en que su hijo homónimo llegó a ministro de la dictadura.

«Joe» ya había sido ministro de Economía de la provincia de Salta tras el golpe militar de 1955, luego se desempeñó como secretario de Agricultura y Ganadería de Guido y, finalmente, ministro de Economía del mismo régimen cívico-militar hasta la asunción de Arturo Illia el 12 de octubre de 1963. Asimismo, se desplazó por diversos cargos en directorios de empresas del sector agrario, industrial y financiero. También tuvo vinculación, hacia 1970, con el banquero estadounidense David Rockefeller, hombre de la Trilateral Commission quien, como Samuel Huntington y otros, estimularon la reacción de derecha y los golpes de Estado —según las regiones— que se vivieron en el mundo desde fines de la década de los 60 y la primera mitad de los 70. La expansión democrática, los procesos de descolonización y las luchas sociales ascendían en todo el mundo. Huntington expresó con precisión los temores a una pérdida de espacios y de cambios en las relaciones de poder atribuibles a un «exceso de democracia».

Antes de ser el todopoderoso ministro de Economía de Videla y en los hechos el jefe civil de la dictadura, Martínez de Hoz se había desempeñado como director de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIADE), a la que en la función pública favoreció de una manera descarada, y como directivo de Acindar. Además, formó parte del Consejo Empresario Argentino (CEA), que dio soporte amplio a la gestación del golpe, en particular para controlar y reprimir al movimiento obrero dentro de las empresas que ellos representaban.

La conexión estrecha entre el proyecto de apropiación de la riqueza y la apropiación de la vida, entre el plan económico y el plan represivo, tiene evidencias incontrastables a partir del 24 de marzo. No se trata de una figura retórica ni de ejercicios de interpretación histórica. Se trata de hechos como la militarización del conflicto de Acindar, aquel anticipo del profundo proceso de desindustrialización con represión que él encabezó como ala civil de la dictadura.

Con la asunción de Martínez de Hoz, la mesa del poder estuvo servida para poner en marcha la utopía regresiva que recolocó al liberalismo conservador y autoritario en el centro de la escena. Las manos quedaron libres con el mejor bisturí disponible: esa represión sin cortapisas y la consecuente reducción violenta de uno de los actores de la puja distributiva, y con él de toda forma de representación laboral y popular, todo ello adornado con el título de la guerra antisubversiva.

La proclamación ultraliberal de tono altisonante fue simultánea a una concepción del Estado como instrumento para provecho propio. Las declamaciones del tipo «achicar el Estado es agrandar la Nación» no tuvieron su correlato en la gestión real, ya que no disminuyó la magnitud del gasto ni bajó una inversión pública orientada a agrandar las arcas de quienes asaltaron el poder y dieron más combustible a la «patria contratista».

Con estas contradicciones, el paquete de medidas fue lanzado el 2 de abril rumbo a una pretendida Edad de Oro liberal, algo que en la Argentina siempre implicó y aún implica ubicar al país en un lugar de subordinación en el concierto económico internacional. Así, el equipo económico de la dictadura, con Martínez de Hoz a la cabeza, promovió la inversión extranjera (ley 21.382) con ventajas amplias para el capital foráneo, y la desprotección arancelaria de la industria local (en promedio, rebajó 40 por ciento los aranceles). La colonización de la economía por parte de las finanzas se expresó en la reforma financiera, la ley 21.526, que dejó sin control las tasas de interés y la actividad bancaria y financiera en general, lo cual dio amplios y discrecionales márgenes de acción al sector en detrimento del aparato productivo. A la vez, el manejo especulativo del tipo de cambio y la estrategia de atraso cambiario habilitaron un esquema acordado de especulación en detrimento de la moneda y la industria nacionales y de la inversión en la economía real (la «tablita cambiaria» y la «bicicleta financiera»). El plan incluyó el endeudamiento forzado del Estado y de las empresas públicas, la anulación del impuesto a la herencia, la derogación de la Ley de Alquileres y, entre otras medidas, el ataque a la banca cooperativa y a toda otra forma con fines sociales y productivos. Su gestión terminó en 1981 con una crisis que dio marco al cambio de Videla por Viola, pero para entonces el cuchillo había sido hundido a fondo y el propósito principal, retrotraer la distribución de la riqueza a sus niveles más regresivos, lucía ampliamente consolidado.

El plan tuvo dos grandes objetivos: apertura económica en los términos que plantea el liberalismo, es decir la destrucción de la capacidad estatal de regulación y de la capacidad de los trabajadores para mejorar sus ingresos (sólo en 1976, el salario real cayó 32,7 por ciento, lo que continuó todos los años posteriores del régimen militar), y la modificación de las condiciones de funcionamiento y del papel del sector financiero. Así, el período abierto en 1976 buscó y llevó a la destrucción del aparato productivo y de su capacidad de promover la inclusión social, es decir con industrialización y con un Estado, antes que el mercado, como agente disciplinador.

Durante la gestión de Martínez de Hoz y su equipo, la deuda externa argentina trepó de algo más de 8.000 a casi 30.000 millones de dólares, sumando la pública y la privada, lo cual no representó una diferencia especial. En efecto, desde el año siguiente a la partida de Joe, la deuda privada comenzó a ser estatizada por Domingo Cavallo y otros funcionarios del Banco Central, en lo que algunos economistas llamaron después, con ironía pero también amargura por lo que representó para la democracia, «el mayor acto de socialización en la historia argentina».

Al final de la dictadura, en 1983, la deuda se ubicó en 45.000 millones de dólares, más de cinco veces la original, sin beneficios públicos a la vista. En términos relativos, se trataba de una de las mayores deudas externas del mundo. El superministro trató de justificar el endeudamiento en las compras de armas, los viajes de turistas argentinos al exterior y las inversiones del sector privado. Pero ninguno de estos rubros explica la magnitud del endeudamiento, alcanzado también gracias al papel preponderante de la liquidez internacional que se canalizó en forma de créditos hacia los países del sur con gobiernos adeptos. La consecuencia expresa de la deuda y de la bicicleta financiera fue la salida de divisas. Como lo explicaron muchos autores, en particular Eduardo Basualdo, la cifra de dólares fugados del país fue evolucionando en paralelo con el alza de los niveles de deuda. Lo que entraba por una ventanilla, se fugaba por otra.

El retroceso industrial del país fue inducido y notorio. El PBI aportado por el sector manufacturero retrocedió en promedio 15 por ciento. Pero subsectores como madera y muebles; textiles, confecciones y cuero; maquinaria y equipos; papel, imprenta y publicaciones; minerales no metálicos y otros, tuvieron caídas de más de 20, 30 y 40 por ciento.

Durante los cinco años que reportó a Videla —récord hasta entonces para un ministro de Economía en la Argentina moderna—, Martínez de Hoz se movió como «un verdadero “zar económico”, con enorme poder para llevar a cabo su estrategia. Si bien se apoyaba en la represión militar era, al mismo tiempo, una especie de garante y justificador de ese gobierno en el mercado local y externo», tal como lo definió con certeza Jorge Schvarzer.

Joe concluyó su trabajo de cirugía mayor acechado por las críticas: no había logrado detener el proceso inflacionario (el índice anual fue superior al 160 por ciento en 1977 y 1978, y del 70 por ciento hacia el final de su gestión, en 1980) ni había superado una crisis de balanza de pagos, dos objetivos que él había proclamado. Pero en rigor esos eran argumentos que, si bien fueron exhibidos como metas, no estaban en el centro de sus verdaderas intenciones. La transformación a fondo de la estructura económica en términos retardatarios es lo que verdaderamente pudo exhibir como un triunfo de consecuencias vastas para el cuerpo social y para el desenvolvimiento político del país, durante varias décadas.

Los muchachos de antes

El 29 de marzo de 1976 asumió funciones el equipo a cargo de Martínez de Hoz en el Palacio de Hacienda, en una ceremonia que presidió el dictador Videla. Los representantes más cabales del liberalismo conservador hicieron pie en el poder económico con un núcleo duro proveniente del grupo Perriaux. Otros funcionarios con procedencias ideológicamente vecinas se sumaban a un ritornello esperado acaso desde 1916: el voto universal y secreto había distorsionado su concepción del país y del Estado como favorecedor de grupos económicos poderosos. Muchos de ellos ya habían tenido diversos grados de participación en dictaduras anteriores, como en el caso del ministro de Economía, pero nunca como en esa oportunidad el futuro se abría para engarzarlo con el pasado de los modelos excluyentes.

Varios economistas habían aggiornado su credo a los parámetros del contexto mundial y se manifestaban como meros «tecnócratas» que seguían los postulados monetaristas de Friedrich von Hayek y Milton Friedman (los famosos «Chicago boys» de Martínez de Hoz) y que desde entidades privadas como la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) pasaron al Estado. La Fundación Mediterránea y el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos (CEMA), fundados en 1977 y 1978, respectivamente, también aportaron sus hombres. Economistas como Pedro Pou, egresado de la Universidad de Chicago, Estados Unidos; Nicolás Catena, bodeguero y egresado de la de Columbia, también norteamericana, y el lobbista empresario Mansueto Ricardo Zinn, empleado o director de varios grupos económicos, ex asesor de Krieger Vasena y luego vinculado a la dictadura y a las privatizaciones del menemismo hasta su muerte, ya habían hecho un explosivo ensayo de gestión durante el ministerio de Celestino Rodrigo en junio de 1975, contribuyendo con el «Rodrigazo» al primer intento de reconversión de la economía, para doblegarla al poder financiero.

Sin fisuras, el equipo de Joe muestra un rosario de apellidos patricios, una estirpe que se sirve de un plan de exterminio y de un control político y social absoluto para apropiarse de la riqueza nacional: secretario de Hacienda, Juan Alemann; secretario de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein; secretario de Industria (luego Desarrollo Industrial), Raymundo Podestá; secretario de Agricultura y Ganadería, Mario Antonio Cadenas Madariaga; secretario de Energía, Guillermo Zubarán (muerto en un accidente aéreo de 1979, en el que también falleció el titular de YPF); secretario de Comercio Exterior, Alberto Alfonso Fraguío; secretario de Comercio Interior, Guillermo Bravo; secretario de Transporte y Obras Públicas, Federico Camba; secretario de Recursos Naturales Renovables, Fernando Puca Prota (luego fue secretario de Minería); y secretario de Comunicaciones, general de brigada (R) Alberto Vicente Nieto.

Un repaso breve de antecedentes entrega genealogías notables: Juan Alemann, hermano de Roberto Alemann, otro ministeriable de la dictadura, había sido ya funcionario tras el golpe de Estado de 1962. Walter Klein era un ex funcionario en el gabinete de Adalberto Krieger Vasena, durante el onganiato, y socio de estudios jurídicos que representaban a bancos acreedores durante el endeudamiento forzado que se hizo desde 1976. Cadenas Madariaga, a quien hemos visto activo en el grupo Perriaux, estuvo vinculado a la dictadura de 1955 y merodeó por las de los años 60 y 70. Fraguío también había sido funcionario tras el golpe de 1962 y con la dictadura de Onganía.

Otro hombre clave de Joe fue el titular del Instituto Nacional de Planificación Económica (INPE), Manuel Solanet, ingeniero con posgrado en Economía, quien ya había asesorado a Krieger Vasena con Onganía. Ligado a FIEL y al grupo Perriaux, estuvo en la función los cinco años de Martínez de Hoz. Luego volvió como secretario de Hacienda con Roberto Alemann, en 1981, y como funcionario de Ricardo López Murphy en el gobierno de la Alianza. Siempre su meta fue jibarizar al Estado. Un hermano de Solanet, Alberto, presidió luego la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que defendió a represores en los juicios de la democracia, y antes había dirigido la Corporación de Abogados Católicos.

En los días y semanas siguientes fueron asumiendo los subsecretarios de Martínez de Hoz: de Agricultura, Jorge Zorreguieta, hasta entonces director de la Sociedad Rural Argentina y dirigente empresario de una actividad, la azucarera, en la que sus trabajadores sufrieron represión y desaparición forzada de personas; años después, su hija Máxima fue princesa de Holanda; en 1979 se hizo cargo de la secretaría tras el alejamiento de Cadenas Madariaga; de Ganadería, Alberto Mihura, hasta entonces dirigente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú; de Economía Agraria, Alejandro Estrada, que había sido asesor en el equipo económico de Onganía, donde una de sus principales tareas fue la intervención de la Junta Nacional de Granos. Más tarde pasó a ser secretario de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales; de Programación Económica, Aurelio Cid (quien luego fue secuestrado y desaparecido por un año, hasta que quedó a disposición del PEN por el caso Ítalo); de Coordinación Económica, Miguel Padilla —asesinado por ese mismo caso—, y de Comercio Exterior, Alberto Grimoldi.

Como jefe de asesores del área de Economía fue nombrado Luis García Martínez, otro dilecto de Perriaux, años después vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y miembro de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA, que reúne a la banca extranjera en el país). Otro de los creadores en la «tablita cambiaria» fue, como jefe de asesores del Banco Central, el economista Ricardo Arriazu, con estudios en la Universidad de Minnesota y quien luego fue importante consultor de la «City» y columnista, ya durante el kirchnerismo, del diario Clarín.

También asumieron en esos días de marzo y abril de 1976 dos nuevos secretarios: de Precios, Alberto Balvastro —había sido funcionario tras el golpe de 1955—, y de Intereses Marítimos, el capitán de navío Carlos Guevara.

Por su parte, en el Banco Central asumió el 29 de marzo, como presidente del directorio, Adolfo Diz, y como directores lo hicieron Alejandro Reynal —con rango de vice, ex J. P. Morgan y luego CEO de MBA Lazard—; Francisco Soldati (hermano del empresario Santiago Soldati, vinculado al caso Ítalo y asesinado en un atentado de Montoneros) y Enrique Folcini (fallecido en 2010). Más adelante, Christian Zimmermann fue vicepresidente. Todos ellos, igual que Martínez de Hoz y Walter Klein, tuvieron un rol preponderante en el endeudamiento del país y en casos como el de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad.

En la Comisión Nacional de Valores fue elegido otro íntimo amigo de Martínez de Hoz, Juan Alfredo Etchebarne. Y en el Banco Nación fue nombrado Juan M. Ocampo. En las líneas centrales del modelo, todos pusieron proa hacia el período de la «patria financiera» y hacia la dilución de la participación de los trabajadores en el ingreso. Lo lograron con total eficacia. Según datos de la CEPAL, la participación proporcional de sueldos y salarios en el período 1970-1974 había sido del 42,7 por ciento. En el período 1975-1983 descendió a 28,5. La ocupación militar de centenares de sindicatos —los primeros quince en el mismo día del golpe—, la prohibición del derecho de huelga, los seis millones de adherentes de la CGT paralizados bajo el mandato de interventores militares, la represión feroz en las fábricas, los delegados secuestrados y desaparecidos —gracias a las listas entregadas por los empresarios, como en los casos de Mercedes Benz y Ford, entre otros— contribuyeron a cristalizar un sueño largamente perseguido.

El período de la «patria financiera» fue una consecuencia de los excedentes de capitales transnacionales transferidos en crédito durante los 70, para recuperarlos con creces. Los muchachos de Martínez de Hoz encontraron el complemento adecuado para suplir con circulante el desbaratamiento del aparato productivo y el consecuente debilitamiento del mercado interno. El fenómeno de oferta crediticia fue mundial y sólo Latinoamérica incrementó su deuda externa de 27.000 millones de dólares a 231.000 millones de dólares en una década. El esquema tuvo como consecuencia la destrucción de sectores amplios de la economía productiva, con efectos devastadores en los niveles de empleo y la desarticulación de los lazos sociales. Aunque se dio en un marco internacional, en la Argentina la primacía entregada en bandeja a los sectores financieros y bancarios, que pasaron a colonizar la economía, tuvo una expresión irracional con la multiplicación de entidades bancarias y de «cuevas» donde hasta el avispado hombre medio se entrenó en el tráfico y la reproducción del dinero.

La globalización, en su etapa neoliberal y con su correlato en el menemismo de los 90 entre nosotros, fue la expresión proliferante y cancerígena del boom financiero, colocando al borde del estallido a las economías más fuertes del planeta. La concentración de riqueza, la transferencia de recursos de abajo hacia arriba y la exclusión social, constan entre sus rasgos principales.

En la Argentina de la dictadura videlista, la «patria financiera» se combinó con la «patria contratista», esto es el abuso de sectores privados lanzados al asalto de los fondos del Estado que decían querer sanear, en detrimento de la sociedad toda y del interés general. Entre los principales actores pueden citarse a grupos económicos como Techint, Macri, Pescarmona, Roggio, Pérez Companc, Celulosa Argentina, Papel Prensa, Alpargatas, Loma Negra, Soldati, Atanor y tantos otros.

Muchos de ellos fueron los que, al comenzar la segunda década del siglo XXI, volvían a clamar por la «falta de seguridad jurídica» para «invertir», a vociferar contra el «intervencionismo» y el «gigantismo» estatal, a quejarse por una supuesta desmesura del «gasto» público. Después de haber asaltado el Estado durante la dictadura y raspar hasta el fondo del tarro para arrear con todo, pretendían erigirse en denunciantes de la supuesta instauración de un sistema de favores de empresarios amigos del kirchnerismo, para lo cual se sirvieron, día tras día y sin descanso, de los titulares de su red de medios cautivos.

Escudé define así la acción de esta «patria contratista» que brotó en el videlismo: «los sectores más poderosos de la burguesía prebendaria montaron un intrincado sistema que combinó aspectos legales y delictivos para beneficiar a sus empresas privadas con contratos públicos abusivos […]. Un conjunto de las empresas proveedoras más importantes, que se beneficiaron no sólo de la especulación financiera alimentada por el caos económico, sino también de cuantiosas sinecuras, multimillonarios subsidios y contratos permanentemente sobrefacturados». Toda una jurisprudencia forzada se puso al servicio de la cooptación de los negocios del Estado. Horacio Verbitsky explica que «establecida la doctrina, los contratistas organizaron su relación con el Estado de modo de maximizar sus beneficios en forma arbitraria y a expensas del interés general que invocaron en la doctrina». El futuro ministro de la Corte Suprema del menemismo, Rodolfo Barra, fue uno de los civiles más activos en aportar inspiración y letra para la imposición de estos mecanismos.

Choreos del patriciado

Cuando con aires de refundación patriótica José Alfredo Martínez de Hoz dio a conocer el rumbo conservador y liberal con el que se proponía encaminar a la Argentina a una supuesta salvación, el 2 de abril de 1976, calló una de las líneas fundamentales de lo que pasó a ser, de inmediato, su accionar: el simple y descarnado despojo de empresas, que llegaron a 604 durante toda la dictadura, según datos que proveyó en 2010 la Secretaría de Derechos Humanos.

Los robos de activos y de fortunas, los negociados a precio vil —como el caso Ítalo— tuvieron diversas razones: reacomodar el mercado a favor de grupos determinados para proveer a sus posiciones monopólicas; complacer reclamos de empresas de los países centrales; realinear las actividades productivas para manejar los precios y la oferta con criterios oligopólicos y siempre, siempre, sacar tajadas personales de esas operaciones. Si la ingeniería económica de los desapoderamientos estaba en manos de los civiles profesionales de la economía, la logística del choreo (secuestros, torturas, amenazas, ocupaciones de establecimientos, escribanías ad hoc, firmas compulsivas de traspasos accionarios) estuvo a cargo de los militares, que se quedaron con nada desdeñables vueltos o que se integraron a las nuevas sociedades.

La Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIADE) muestra una combinación de algunos de estos procedimientos. La CIADE había sido constituida en 1912, cuando obtuvo la concesión para generar y distribuir electricidad en la zona sur de la Capital Federal, y luego se fue extendiendo hacia el Gran Buenos Aires. Aunque no llegaron a los escándalos de la otra empresa proveedora de la zona —la Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE)—, la renovación de sus licencias a lo largo de las décadas, sobre todo en la del 30, siempre estuvo sospechada de manejos turbios.

Pero aquí la investigación que interesa es la que corresponde al período Martínez de Hoz, quien era director de la CIADE desde 1969. Para el momento del golpe de 1976, la compañía estaba integrada por capitales suizos y era una filial del consorcio transnacional eléctrico Motor Columbus. Entre otros accionistas tenía al Schweizerische Kreditanstalt Zürich, más conocido por su nombre francés: Crédit Suisse. Como parte de ese grupo también se alineaban la Sociedad Comercial del Plata, compañías eléctricas del interior, la Compañía Industrial Sudamericana y la Compañía General de Combustibles (CGC). El argentino-suizo Francisco Soldati (p.) presidía la CGC y Comercial del Plata, además de ser director de la Ítalo. Antes había sido director de la matriz, Motor Columbus.

Tras el golpe, su hijo homónimo, que dirigía empresas del grupo, fue director del Banco Central. Otro hijo, Santiago, heredó luego las empresas y fue una figura rutilante en el proceso privatizador de los 90. Otros personajes que fueron directores del grupo y tuvieron vínculos con la dictadura, además de Joe y los Soldati, fueron el futuro ministro de Economía Roberto Alemann (con asiento en el directorio de Motor Columbus y de la CGC, además de ser representante de la Unión de Bancos Suizos [UBS] y accionista de empresas del grupo), el futuro canciller Nicanor Costa Méndez (ya lo había sido de Onganía; fue presidente de CGC) y Eugenio Folcini, director del Banco Central tanto en la dictadura como durante la presidencia de Carlos Saúl Menem (tradición de familia, Folcini padre lo había sido de la «Revolución Libertadora»).

Hacia fines de 1975 estalló una denuncia de corrupción, sobre la prórroga de concesiones a la CIADE, la última de las cuales se había negociado en 1961, y se instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación a iniciar acciones judiciales. Fue entonces cuando la presidenta Isabel Martínez de Perón anunció que la Ítalo sería nacionalizada. Tras su derrocamiento, la dictadura de Videla y Martínez de Hoz continuó con ese proceso, para el cual formó una comisión que trató a otras empresas con problemas en sus concesiones. Como Joe era director de CIADE, se excusó de participar, otra muestra de pureza administrativa y patriotismo, pero en verdad nombró a los miembros de la comisión que estatizó a la Ítalo, formada por civiles y militares. Cuando Martínez de Hoz juró como ministro, en su reemplazo como director de la CIADE asumió el capitán Hugo Suárez. De todas formas, Joe trabajó en las sombras: en 1976 realizó un viaje a Berna para negociar personalmente el asunto.

En 1978, el Estado pagó 394,5 millones de dólares, cuando tres años antes, y evaluaciones posteriores, señalaron que el precio real era mucho menor. El caso, como tantos otros en su tipo, incluyó la desaparición de varias personas que participaron del proceso. El abogado Juan Carlos Casariego del Bel, funcionario de nivel medio del Ministerio de Economía, a cargo del registro de inversiones extranjeras, quien sostenía que la Ítalo valía muchísimo menos de lo pagado, desapareció en junio de 1977. Otro funcionario del Palacio de Hacienda, Miguel Padilla, fue asesinado. Y otro más, Aurelio Cid, estuvo secuestrado y luego puesto tres años a disposición del PEN.

Muchos accionistas particulares suizos se quejaron de la operación, alegando pérdida patrimonial en el valor de sus acciones de la Ítalo. Incluso ya en 1979 varios de los damnificados escribieron a la Comisión de Asesoramiento Legislativo de la dictadura (CAL), simulacro del Parlamento clausurado en 1976, para expresar que la venta había sido depreciada en millones de francos suizos. La dictadura dijo que se trataba de una campaña «antiargentina». En rigor, quedó claro que hubo una red de inteligencia y un complot con ramificaciones internacionales entre los accionistas mayoritarios e inversores extranjeros que hicieron el negocio.

Una Comisión Especial parlamentaria, en la democracia recuperada, investigó entre 1984 y 1985, durante 18 meses, las irregularidades en la transferencia de la Ítalo al Estado. Recogió testimonios contradictorios, declaraciones de ignorancia sobre los hechos y admisión de «errores», deslindes de responsabilidades, autojustificaciones y otras argucias. La Comisión concluyó que la pérdida para el fisco a través de diversas maniobras contables fue de 155,5 millones de dólares. Esto, tomando en cuenta sólo la diferencia de precios; la decisión en sí costó los 394,5 millones mencionados. Según la Comisión, un precio justo hubiera sido 21,4 millones de dólares. Sin hacerse inventarios correctos, pagándose sobreprecios por bienes, en una palabra comprando sin saber qué se compraba, el costo fue enorme.

El monto pagado se desglosó así: 92,3 millones de dólares como precio neto de transferencia; 214,9 millones de deuda de la CIADE asumida por el Estado (un clásico de la dictadura); 6,9 millones de costo financiero por bonos emitidos para el pago; 54,3 millones del endeudamiento de la empresa entre 1978 y 1979; 18,9 millones de diferencia cambiaria en ese mismo período; y 7,2 millones de impuestos no pagados.

En su tarea de peritaje, la Comisión se incautó documentos en el estudio Beccar Varela, donde estaban los libros de comercio y sociales de la Ítalo en los que Martínez de Hoz figuraba con el nombre de «señor Ferrari». También llegó al Estudio Klein-Mairal, mientras por la puerta y la escalera de servicios escapaban José Alfredo Martínez de Hoz (h.) y Mariano Grondona (h.) con dos valijas llenas de documentación que se recuperaron más tarde en casa de uno de sus familiares.

De esos allanamientos también surgieron pruebas que comprometían a Joe. Si Joe era Ferrari, en los papeles que se intentó ocultar a la justicia Videla era «García», Folcini era «Pajés», Beccar Varela (abogado de la Ítalo) era «Labrador», Bernardo Bronstein (subsecretario de Energía) era «Lorenzo» y hasta la Junta Militar, como sujeto, tenía seudónimo: era «Alonso».

Del trabajo de la Comisión surgieron otros datos. El contraalmirante Raúl Fitte, nombrado por Joe al frente de la administración de la Ítalo, no observó ninguna irregularidad y sólo se cuidó dando control a un funcionario de la Contaduría General de la Nación designado por Walter Klein. Ese funcionario, de apellido Santángelo, reconoció ante la Comisión Legislativa que lo efectuado como control fue somero, «incompleto y limitado únicamente al aspecto formal», según las crónicas de esos días de 1985, cuando el Congreso investigaba la estafa.

Toda la investigación giró fundamentalmente en torno de las actuaciones tras bambalinas de Martínez de Hoz y Klein. Joe se declaró ofuscado ante la «arbitraria investigación» de la Comisión, llegó a hablar de «persecución política hacia mi persona», y recordó que se había «excusado» de participar (por haber sido antes director de la CIADE) y que había sido «totalmente ajeno» a la transferencia de la Ítalo. El ex ministro de Justicia, Alberto Rodríguez Varela, no aclaró el papel de Martínez de Hoz y su presunta excusación en la firma de los decretos y leyes correspondientes al caso.

Otro involucrado fue el embajador de Suiza en Buenos Aires, William Frei, quien negociaba activamente el traspaso desde 1976. En la Comisión parlamentaria se denunciaron «presiones» suizas para la compra de la empresa. Al final de la operación, de hecho, y a pedido de Motor Columbus, el embajador Frei fue premiado con la continuidad en la embajada pese a haber rebasado la edad para ejercer el cargo. Luis María Gotelli, director del Banco de Italia en 1985, también representó intereses suizos en 1977.

El presidente de ese cuerpo investigador del Congreso de la Nación, el radical Guillermo Tello Rosas, junto con otros legisladores como Marcelo Arabularia, Miguel Heraldo Medina y Miguel Ameghino Srur, tomaron declaración no sólo a Martínez de Hoz y a Rodríguez Varela sino a Folcini y a otros popes del Banco Central, como Adolfo Diz y Francisco Soldati. Luego ampliaron su denuncia ante la Justicia.

Las presiones contra la investigación provenían también de la UBS, el banco representado por Roberto Alemann. Folcini dijo que asesoraba a los negociadores como director del BCRA. En cambio Diz declaró que lo hacía a título personal. En cualquier caso, la Comisión investigó cómo el Banco Central argentino no cumplió con su función de asesorar correctamente al gobierno nacional en la compra de la empresa.

En la investigación parlamentaria también se revisó el secuestro de Santiago Soldati en 1973 por parte de Montoneros. Tello Rosas dijo que la Comisión había concluido que el dinero pagado para su liberación había salido de la compañía de electricidad, pero no quedó claro si ese monto fue transferido luego al Estado, como se sospechó. A su padre, Francisco Soldati, director de la Ítalo y asesinado por Montoneros en 1979, Tello Rosas, en una de las audiencias del Congreso, lo había llamado «el jefe de todos ustedes», mirando a la cara a los comparecientes, entre ellos Martínez de Hoz.

Con cinco anexos voluminosos a la Orden del Día 1.303, el informe final de la Comisión parlamentaria fue aprobado el 30 de septiembre de 1985, el mismo día en que el canciller suizo Edward Brunner era recibido por el presidente Raúl Alfonsín para hacerle saber del disgusto de su país por el informe legislativo. Ya lo habían hecho antes otros funcionarios, presionando al canciller Dante Caputo y al presidente de la Cámara baja, Juan Carlos Pugliese.

Esta indagación en los comienzos de la democracia constituye todo un anticipo del modus operandi que en adelante será desplegado ante toda pesquisa de los actos de corrupción de la dictadura y de las apropiaciones de empresas, como después se vio como un calco en el caso Papel Prensa. La Comisión Investigadora y sus integrantes —no los de los partidos de derecha, que hicieron lo posible por trabar la investigación—, padecieron un tratamiento adverso por parte de la prensa tradicional, así como el desgano o la ignorancia del Poder Judicial. De hecho, a ninguno de los intervinientes en este circuito perverso les cupo penalidad alguna, como relató por aquellos días el periodista Rogelio García Lupo, gran investigador del caso Ítalo, en las páginas de la revista El Periodista. El juez en el que recayó luego la causa fue Néstor Blondi. Al poco tiempo, el magistrado puso a Martínez de Hoz en libertad bajo juramento, lo que todos entendieron como el final del caso.

Un crimen de lesa humanidad, vinculado con el caso Jaccard, tiene vasos comunicantes con la estatización fraudulenta de la CIADE. Alexei Jaccard fue un ciudadano suizo-chileno que el 15 de mayo de 1977 llegó a la Argentina desde Europa con destino a Chile. De 25 años, militante del PC, llevaba dinero para la actividad partidaria en la clandestinidad, contra la dictadura pinochetista. El Informe Rettig, equivalente en Chile al «Nunca Más» de la Conadep de la Argentina, relata que fue detenido por agentes policiales, que lo trasladaron a la ESMA, donde desapareció. Ese informe encuadra el caso en el Plan Cóndor, la coordinación represiva en el Cono Sur, ya que participaron agentes de la policía política chilena DINA en Buenos Aires. Junto con Jaccard, fueron detenidos otros dos militantes comunistas chilenos que también desaparecieron, Ricardo Ramírez Herrera y Héctor Velásquez Mardones. Igual suerte corrieron en esos días cinco argentinos que hacían tareas de solidaridad con el pueblo chileno. De acuerdo con Manuel Contreras, director de la DINA, preso en su país, los tres chilenos fueron arrojados al Río de la Plata por agentes de la dictadura argentina.

Jaccard había escapado a Suiza tras el pinochetazo de 1973. Antes había sufrido prisión y torturas. Cuando Videla y Martínez de Hoz negociaban la compra de Ítalo, el dictador viajó en 1978 a Roma, a la asunción de Karol Wojtyla como el papa Juan Pablo II. Allí vio al canciller suizo Pierre Aubert, poco antes de la estatización de la empresa. Martínez de Hoz y Aubert se entrevistaron más de una vez entre 1976 y 1978 y el caso Jaccard estuvo en la mesa de discusiones.

Años después, los historiadores de las universidades de Ginebra y de Zurich, Antoine Fleury y Dietrich Schindler, respectivamente, fueron contratados por la Cancillería suiza para investigar el caso, pero tuvieron acceso limitado a los documentos clasificados.

De esa investigación se desprende que, durante las negociaciones, un funcionario argentino confió a su par suizo que Jaccard había sido entregado al gobierno chileno. Fue en una audiencia de la que participaron el canciller de la dictadura argentina, César Guzzetti, y el embajador de la Confederación Helvética en Argentina, William Frei. Los dictadores recurrieron a la muletilla habitual para santificar crímenes y apropiaciones. Jaccard, dijeron, «tenía contactos con la subversión».

Pero los historiadores concluyeron que, en el marco de la negociación por el precio y la forma de venta de la Ítalo, las autoridades suizas limitaron sus protestas por la desaparición de Jaccard para no entorpecer la operación que la dictadura argentina estaba muy apurada en concretar. Los historiadores sugieren que en los contactos con Videla y Martínez de Hoz, los funcionarios suizos fueron tibios.

Luego, la Confederación Helvética desistió de formar una comisión parlamentaria para investigar la desaparición de Jaccard. Recién cuando, hacia 1998, el juez español Baltasar Garzón investigó a Pinochet, el caso fue reabierto en Ginebra y se agregó al expediente contra los crímenes de lesa humanidad del ex dictador chileno, al tiempo que Suiza se sumó al pedido para su extradición. Nunca se estableció el destino final de Jaccard y de los otros secuestrados en aquellos días de mayo de 1977. Su contacto comunista en Chile, a quien se supone debía entregarle el dinero, apareció muerto en el río Mapocho de Santiago unos días después de que el suizo-chileno fuera secuestrado en Buenos Aires. Era un funcionario de Correos llamado Ruiter Correa Arce.

Otros dos chilenos desaparecieron en la Argentina por el caso Jaccard. Fueron Jacobo Stoulman Bortnic, dueño de una casa de cambios y colaborador del PC en Santiago, y su esposa Matilde Pessa Mois. Sin saber del secuestro de Jaccard, viajaron a Buenos Aires y con ello su suerte quedó sellada. Durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), la esposa de Jaccard, Paulina Veloso, fue secretaria general de la Presidencia.

Un secuestro entre algodones

Otro despojo de empresa que implica a Martínez de Hoz como protagonista directo y lo relaciona con crímenes de lesa humanidad es el caso Gutheim.

En octubre de 1976, Federico Gutheim, propietario de la firma Sadeco SCA, dedicada a la importación y exportación de algodón, fue llamado a la Secretaría de Comercio Exterior, a cargo de Alberto Alfonso Fraguío, donde le informaron que debía cumplir con un contrato de exportación que permitiría a Martínez de Hoz cerrar un negocio con Hong Kong que implicaba líneas de créditos millonarios. Gutheim no había podido cumplir el cupo previsto porque tuvo problemas administrativos, y pidió una renegociación.

El 5 de noviembre de ese año, él y su hijo Miguel Ernesto fueron detenidos por la policía y permanecieron cinco meses confinados. Las pistas, hasta ahora, conducen a un pedido de Martínez de Hoz a su amigo y entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy, para «convencer» a los Gutheim, con los métodos dictatoriales al uso, de que negociaran con empresas chinas a las que Martínez de Hoz se propuso beneficiar. El decreto 2.840, que dispuso su detención, tiene la firma de los dos ministros y del dictador Videla. «Es una primordial responsabilidad de Gobierno consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República», decía la norma, con un lenguaje para nada usual en el mundo de los negocios.

La investigación realizada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y muchos años después por el juez Norberto Oyarbide estableció que padre e hijo pasaron por la alcaidía del Departamento de Policía y por la cárcel de Caseros.

Allí, personas que dijeron representar al Ministerio del Interior les reclamaron renegociar los contratos con Hong Kong. Durante esos cinco meses, los Gutheim fueron sacados de la cárcel en cuatro ocasiones para negociar con los chinos, acompañados por representantes de la Secretaría de Comercio Exterior y un escribano. Finalmente, fueron liberados por decreto en abril de 1977, pero en junio los apresaron nuevamente junto con sus abogados, para recuperar la libertad algunos días después.

Como recuerda en una investigación el periodista Walter Goobar, en 1988 el entonces fiscal Aníbal Ibarra dijo que en el expediente estaba documentado que los funcionarios que intervinieron lo hicieron «en cumplimiento de instrucciones del ministro de Economía». Y Agustín Jaime Pazos, subsecretario de Comercio Exterior de Martínez de Hoz, confirmó en sede judicial que el arresto de los industriales textiles se había gestado en el Ministerio de Economía.

Joe fue detenido y pasó dos meses y medio en la cárcel, pero se defendió afirmando que los hechos remitían a decisiones de «política económica» que no podían ser investigadas por la justicia. Ya en 1990, el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas pidió diez años de cárcel para Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy por «secuestro extorsivo», lo mismo hizo la fiscal Livia Pombo. Pero en diciembre de ese año, Carlos Menem indultó a los tres acusados.

A los Gutheim los indemnizó el Estado en 80 millones de australes en 1995. Federico murió y su fábrica se transformó en un depósito que es subalquilado a otras PYME y que administra Miguel Gutheim, también representante de textiles brasileñas en la Argentina.

Pero el sumario —«Martínez de Hoz, José y otros s/art. 170 CP»— había estado archivado por 16 años. Salió de la sombra luego de que la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamaron la inconstitucionalidad de los indultos, en el marco de las decisiones contra las leyes de impunidad impulsadas por el gobierno kirchnerista. El juez Oyarbide les dio la razón a los organismos y reabrió la causa Gutheim.

«El Poder Ejecutivo se arrogó en la dictadura la potestad sobre la fortuna y vida de los ciudadanos, que según el artículo 29 de la Constitución no pueden quedar a merced de un solo poder del Estado», fue uno de los argumentos a los que llegó el juez al describir las acciones criminales de las que fueron objeto los Gutheim.

Para el juez, quedó documentada la extorsión ordenada por Martínez de Hoz. Incluso, el magistrado reconoce cuatro reuniones con contactos de Hong Kong hechas por los Gutheim durante sus salidas del cautiverio y en las cuales «consta la presencia de funcionarios de la Secretaría de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, por disposición del propio ministro Martínez de Hoz».

«Resultaba a todas luces evidente —dijo el juez—, la ilegal detención de los Sres. Gutheim padre e hijo; y con toda seguridad, existían vías verdaderamente legales de reencauce de la relación comercial particularmente establecida por Sadeco SCA con los importadores extranjeros.»

En 2010, Joe Martínez de Hoz apelaba a las ya muy conocidas «razones de salud» para cumplir su detención preventiva en su domicilio del edificio Kavanah o en la clínica privada Los Arcos, del barrio de Palermo, para esquivar la cárcel común que le corresponde por estos crímenes.

Escalada de saqueos

Entre otros casos de apropiación de empresas, consta el que se instruía en 2010 en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, por la venta a la que fueron obligados los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino en 1976, tal como se relata en el capítulo II. A su vez, los hermanos José y Héctor Grecco fueron secuestrados junto a Jorge Bassil y despojados de sus 45 empresas, además de sufrir la intervención del Banco Los Andes, que les pertenecía. El operativo fue autorizado y firmado por Videla y Harguindeguy.

Los desapoderamientos de empresas combinaban el objetivo de favorecer a hijos y entenados de la dictadura videlista en el ámbito comercial y empresarial, con saqueos de fortunas de las que se beneficiaban oficiales de las Fuerzas Armadas y los funcionarios del ministerio. Los civiles favorecidos sabían devolver gentilezas con contribuciones económicas para solventar el aparato represivo. En 2010, según consignó el diario Página/12, Martín Andrés Garramone, hijo de padre desaparecido en Necochea, sorprendió a los bancos Citibank y Bank America National Association al demandarlos por proveer sostén financiero a la Junta Militar. Jurídicamente el tema es arduo, ya que pasadas más de tres décadas no es fácil establecer los vínculos entre prestamistas y verdugos, pero la pista de esa cooperación civil con la logística de la desaparición y la muerte resulta útil para seguir abriendo la trama de la complicidad civil-militar teñida por un toma y daca de negocios espurios y una disciplina social conseguida con represión indiscriminada.

El despojo de empresas se aceleró a partir de 1979, cuando el poder bayonetario de Videla-Martínez de Hoz ya había cumplido su cruzada anticomunista y disponía de un aparato represivo cebado en sangre. Una reunión en diciembre de ese año fue clave para avanzar sobre un empresariado que por sus posiciones en el mercado obturaba a la banca tradicional y el monopolio comercial en los términos requeridos por la dictadura. Fue así como cayeron con todo su peso sobre los grupos Sasetru, Oddone, Grecco y Trozzo, que concentraban el 25 por ciento de las operaciones financieras. A esos grupos económicos les repartieron figuras de «administración fraudulenta» y «subversión económica». Ninguna de las organizaciones gremiales empresarias, la UIA y la CGE entre ellas, protestó por estos robos cometidos por los dictadores con el silencio o el franco apoyo judicial que permitieron consumarlos. La actuación del Poder Judicial en estos choreos patricios es uno de los grandes temas pendientes.

Otro ejemplo del proceder dictatorial ante el codiciado dinero ajeno lo narra Luis Oddone, quien aún en 2010 no había recuperado su patrimonio. Una de las empresas que manejaba en 1980 era la primera tarjeta de crédito del mercado, Diners, antes de la generalización del dinero plástico. Por medio de su abogado Ovidio Giménez, el vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, le envió un mensaje a la cárcel de Caseros en la que Oddone había sido «blanqueado», luego de quince días de permanecer secuestrado. El mensaje era en verdad una orden: Oddone debía vender Diners, de lo contrario operarían para que la central en Estados Unidos le revocara la licencia.

El empresario entendió que no tenía alternativa y «decidió» negociarla con una base de 16 millones de dólares, pues se evaluaba que en el remate judicial el precio final rondaría los 25 millones de dólares. Una vez que comunicó esa suma al Central, recibió otra «oferta» que no podía rechazar: la base del remate judicial sería muy inferior, 10 millones de dólares, y de lo contrario correrían peligro su mujer y sus dos hijas. Finalmente, Diners fue adquirida por Francisco Capozzolo en 12 millones de dólares. Y aquí está el gran negociado, evidencia de la voracidad de estos salvadores de la patria: Capozzolo a su vez vendió Diners al Citibank por 24 millones de dólares. A ningún juez comercial le llamó la atención esta operación, que aún puede rastrearse en la documentación de las sucesivas ventas.

Ya durante la gestión de Lorenzo Sigaut fue liquidado el Banco de Intercambio Regional (BIR), que dejó de a pie a sus más de 350.000 ahorristas. También fueron intervenidos los bancos Oddone, Los Andes e Internacional, entre otros, y los grupos industriales como Grecco y Sasetru, con varias empresas cada uno de ellos. En todos los casos, los bancos y empresas tuvieron interventores, hubo secuestros, transferencias forzadas de acciones y robos de activos. Muchas causas se extienden hasta hoy con una actuación lenta o indolente de la justicia.

Según Luis Oddone, el hilo conductor de esas quiebras o liquidaciones fue la Ley de Entidades Financieras 21.526 de Martínez de Hoz, dirigida en teoría a «consolidar a los bancos como protagonistas del manejo del crédito a las pequeñas, medianas y grandes empresas argentinas». Pero en verdad buscó la captación masiva de fondos a consecuencia de la monetización de la economía que preveía el plan económico de los Chicago boys. El resto de las entidades —financieras, cooperativas de crédito y consumo, y los bancos chicos— deberían especializarse en el crédito personal y el de consumo. El problema para el establishment, refiere Oddone, fue que cuatro grupos financieros e industriales —Trozzo con el BIR, Grecco, Sasetru y Oddone— se adaptaron a mayor velocidad que los tradicionales al régimen nuevo, con lo cual en tres años capturaron aproximadamente el 25 por ciento del total de los depósitos del sistema, dejando relegados a bancos como el Galicia, el Nuevo Banco Italiano (luego Banco de Crédito Argentino), Francés, Boston, Citi y Quilmes.

En opinión de Oddone, Martínez de Hoz, Reynal, Klein, Diz, Arriazu, Folcini y el resto de los directores del BCRA y funcionarios de Economía generaron la crisis. Su asesor legal de entonces, Emilio Cárdenas, le reveló que cuando liquidaron su banco y el BIR «en el directorio del Central brindaron con champagne».

La caída del BIR en 1980 ocasionó un perjuicio directo al Estado nacional, que tuvo que responder por la garantía de depósitos en pesos a cientos de miles de ahorristas. En cuanto a Sasetru, otro gigante diversificado, sufrió pérdidas considerables y desapareció de escena. Se trataba de uno de los mayores grupos que había surgido en las décadas de los 60 y 70, basado en la cadena alimentaria, y que cayó, opina Schvarzer, debido a la fuerte dependencia de sus actividades respecto del crédito otorgado por las entidades que controlaba. Los grupos que en cambio se dedicaron sólo a especular salieron indemnes.

El crecimiento de grupos locales que no formaron parte de la cúpula del poder fue combatido. La extorsión fue usada reiteradamente para que esos grupos se achicaran o desaparecieran. Una matriz similar tiene el caso de Papel Prensa, pero aquí el choreo del patriciado se cruza con el manejo de los medios de difusión y merece un capítulo aparte.

El Estado ha debido enfrentar y seguramente seguirá enfrentando el pago de indemnizaciones supermillonarias por estos saqueos que se cometieron usando el aparato estatal contra más de seis centenares de empresas. El 20 de noviembre de 2010, el gobierno nacional dio a conocer la creación de la «Unidad de Investigaciones de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica». La resolución 3.216/2010 estableció la creación de un registro de víctimas y señala que «deberá coordinar acciones con los organismos competentes» del Poder Judicial de la Nación.

Una ayudita de mis amigos

En el capítulo dedicado a los clubes liberales y conservadores se rastrea el despuntar de las asociaciones civiles que habían comenzado a reunirse para reaccionar a los cambios socioeconómicos que se sucedieron con el primer peronismo en el gobierno. En los años posteriores, años complejos, cargados de salidas políticas frágiles y provisorias, estos círculos acentuaron su gimnasia asociativa. Desde un punto de partida ligado al instinto de conservación del poder y apropiación de la riqueza, los sectores liberal-conservadores —tanto liberales ligados al sector externo como los liberales en lo económico con sesgos nacionalistas en lo político—, se conformaron como grupos de presión, como lobbistas y como escuelas de dirigentes que fueron prestando sus servicios cada vez que los ciclos políticos los favorecieron (Revolución Libertadora, golpes de los 60 y 70, dictadura videlista, menemismo y menem-delarruismo de la Alianza, en estos dos últimos casos con la gestión de Domingo Cavallo como expresión máxima).

Durante el videlismo se asiste a su consolidación, a su crecimiento y también al surgimiento de entidades nuevas. Son, de hecho, los únicos civiles que hacen política a cara descubierta en los años de proscripción. Su papel no fue clave sólo durante la dictadura, también fue y sigue siendo funcional para reforzar ciertos climas mediáticos del neoliberalismo en la oposición. Sus apariciones, a partir de 2003, operan como resistencia a los cambios del paradigma neoliberal-autoritario y contribuyen a montar escenarios con fines específicos, como sucedió con el conflicto por las retenciones a las superganancias de la producción sojera.

Un repaso de esas entidades civiles las muestra actuando en la dictadura y en su duradera onda expansiva.

FIEL

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) fue creada en 1964 por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, y se presentó como «una institución independiente, apolítica y sin fines de lucro». Está enrolada claramente en el pensamiento económico liberal y aportó conocimiento, ideas y nombres ilustres a varios gobiernos civiles y militares.

La conducción está integrada por un Consejo Directivo que cuenta con ejecutivos de grandes empresas y un Consejo Académico y asesor constituido por economistas. También tiene un equipo administrativo fijo. Los estudios y las investigaciones son realizados por un equipo de investigadores asociados, cuya conducción está a cargo de tres economistas jefes. Uno de ellos ejerce en forma rotativa la dirección académica de FIEL.

Cuando FIEL se formó, con financiamiento de la Fundación Ford, la presidencia era ejercida por Eduardo Luis García, quien en 1976 había sucedido a José Alfredo Martínez de Hoz al frente del Consejo Empresario Argentino (CEA). El vicepresidente era Juan Bautista Peña, años después, titular de la Bolsa de Comercio. En el área académica, junto a García, sobresalían el asesor general, Juan Alemann, y el director de Investigaciones, José María Dagnino Pastore (graduado en Harvard), ambos también ministros dictatoriales. En esa primera formación, un investigador asistente con beca de la Fundación Ford era Juan Carlos de Pablo (otro «Harvard boy»), un conspicuo representante del liberalismo económico. Igual que Dagnino Pastore, De Pablo se incorporó al onganiato. Cuando Dagnino Pastore fue al gabinete de Onganía, lo reemplazó en FIEL un ex directivo del Banco Mundial, Santiago Palazzo.

En 1972 se sumaron Horacio García Belsunce (p.) (quien ayudó a confeccionar el plan económico de 1976) como vicepresidente segundo y José Alfredo Martínez de Hoz (h.) como vicepresidente tercero. También, otro «ministeriable» dictatorial, Roberto Alemann, revistó como vocal junto a Federico Peña, de la Cámara de Sociedades Anónimas, otra de las entidades que, como sus socias en FIEL, se integró al golpismo de la APEGE. Ya después del asalto al poder, se sumaron a su directiva personajes como el represor del «Cordobazo», general Alcides López Aufranc, de Acindar, como vocal. Y más adelante lo hicieron economistas como Miguel Solanet, también funcionario de la dictadura, y Ricardo López Murphy, José Luis Bour o Daniel Artana, entre otros.

En los 80, en democracia, formaron el Consejo Directivo empresarios de gran poder como Amalia Lacroze de Fortabat (Loma Negra), Carlos Bulgheroni (Bridas), Ricardo Grüneisen (Astra), Ricardo Handley (Citibank), Amin Massuh (Massuh), Franco Macri (Sevel), Joseph van der Weid (Shell) y Steven Darch (Morgan Bank), entre otros. Y en los 90 apoyaron sin tapujos el proceso de privatizaciones de empresas y servicios públicos y de aniquilamiento del Estado que tanto pregonaban desde los 60. En todos esos años estuvieron muy presentes sus informes de coyuntura en los medios nacionales, que los publicaban como verdades consumadas, sin siquiera echar un vistazo al pasado. En 2001, varios de ellos estuvieron a punto de sumarse al Estado con la gestión de López Murphy en Economía. Pero esa designación del presidente Fernando de la Rúa ni siquiera llegó a tomar cuerpo. Luego de la crisis de 2001, la visibilidad de la entidad en la vida nacional mermó.

Desde 1968, FIEL está asociada al Institut für Wirtschaftsforschung (Instituto para la Investigación Económica) de Munich, e integra la red de institutos corresponsales del Centro Internacional para el Desarrollo Económico con sede en Panamá y San Francisco. Realizó estudios con el apoyo de varios organismos, entre los cuales se puede citar al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación Konrad Adenauer, Deutsche Bank Research, Deutsche Bundesbank, OFCE de Francia, Center for International Private Enterprise —de Washington DC— y el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC), entre otros.

FIEL es asimismo sede permanente de la Secretaría de la Asociación Argentina de Economía Política, fundada en 1957, que agrupa aproximadamente a 450 investigadores en economía teórica y aplicada de la Argentina. Y mantiene lazos académicos estrechos con universidades nacionales y privadas.

No recibe ayuda oficial para financiarse, sino contribuciones regulares de sus empresas asociadas, pagos por sus estudios e investigaciones específicas, contratados por organizaciones públicas y privadas, y venta de servicios (informes y publicaciones).

CEMA

El Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos (CEMA) es una organización «sin fines de lucro» que nació en plena dictadura militar, en 1978. Actualmente su principal actividad es la UCEMA, una universidad privada cuya misión declarada es «formar líderes para el mundo empresarial, político y académico».

Tan ultraliberal como FIEL, pero más vinculada específicamente al monetarismo de las escuelas de Viena y de Chicago, tuvo su apogeo en la década de los 90, cuando uno de sus exponentes, Roque Fernández, quien ya había sido presidente del Banco Central, llegó a la conducción del Ministerio de Economía tras la salida tumultuosa de Domingo Cavallo del gobierno menemista. Justamente como la Fundación Mediterránea que orientaba Cavallo, y que cobró vuelo sobre todo con su gestión ministerial, el CEMA se catapultó más a la opinión pública y al alumnado en esa década, cuando sus hombres ocuparon los más altos cargos públicos en materia económica.

Fue entonces cuando compró un edificio en la avenida Córdoba al 300, a la quebrada empresa Arcadia, y fundó su universidad (1995). El edificio fue acondicionado por el mismo arquitecto que había reformado las instalaciones de FIEL, Alejandro Pereiro.

Carlos Rodríguez, jefe de asesores de Roque Fernández, es otro miembro prominente del CEMA, como lo fueron Pedro Pou (ex funcionario de Celestino Rodrigo, de la dictadura y ex presidente del BCRA durante el menemismo), Jorge Ávila (ex subdirector de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Secretaría de Hacienda) y Pablo Guidotti, secretario de Hacienda durante el gobierno de la Alianza. La mayoría son «Chicago boys».

Pou estaba casado con una prima de Domingo Catena, economista y bodeguero. Logró que Catena financiara el nuevo centro de estudios a través de la Fundación País, con dinero de empresas rurales, agroindustriales y bancos. Pou y Catena fueron fundadores y orientadores del CEMA desde 1977 y ambos se encaramaron como funcionarios clave del gabinete de Celestino Rodrigo. Junto a Ricardo Zinn, armaron el plan conocido como «Rodrigazo». Otro fundador del CEMA fue Fernando de Santibañes, banquero, egresado de Chicago igual que Pou, Rodríguez y Fernández, y funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa, como titular de la SIDE. Santibañes fue procesado en la causa sobre pago de sobornos para la «ley Banelco», la de «flexibilidad laboral», es decir, el aplastamiento de los derechos laborales en el enésimo intento por hundir el cuchillo en la torta de distribución de la riqueza e incrementar sus tasas de ganancia a niveles asociales.

Corría ya 2010 cuando Rodríguez era rector de la UCEMA, Fernández director de su Fondo para la Promoción de la Investigación, Diana Mondino secretaria de Relaciones Institucionales (fue también durante varios años ejecutiva de la empresa de información financiera Standard & Poor’s y una exponente fundamentalista del pensamiento liberal) y Jorge Ávila director de una de las maestrías.

El Consejo Superior se integraba con Martín Lagos (otro ex funcionario, en su caso ex vicepresidente del Banco Central) como presidente, Roque Fernández como secretario, Mario Teijeiro como tesorero. Los vocales, Carlos Rodríguez, Pedro Pou, Domingo Catena, Jorge Ávila, Fernando de Santibañes, Edgardo Zablotsky, Antonio Marín, Orlando Ferreres y Manuel Sacerdote. La UCEMA tenía para entonces una matrícula de aproximadamente 1.200 alumnos.

FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA

La Mediterránea, conocida sobre todo por los tres períodos en que Domingo Cavallo trepó a la cúspide del poder —los cargos en la dictadura, el menemismo y la Alianza—, fue fundada en 1977 en Córdoba por iniciativa del empresario de la construcción Pedro Astori. Su Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana promovió diversos planes económicos a partir de las ideas de los economistas que lo formaron. Astori y Fulvio Pagani, fundador de la compañía Arcor, fueron los dos empresarios que dirigieron ese instituto, cuya conducción real quedaba en manos de Cavallo, recién regresado de Harvard con su doctorado. Otro empresario importante —de las 34 compañías que financiaron la iniciativa— fue Adrián Urquía, de Aceitera General Deheza.

En su discurso inaugural, Astori exhibió a la Mediterránea, sin un matiz siquiera ínfimo, como hija putativa de la dictadura: «Vivimos años de anarquía y destrucción. Hemos vivido al borde de la guerra civil y el colapso económico. Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el Proceso de Reorganización Nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra contestación afirmativa a la convocatoria». Luego la entidad borró una frase de ese discurso, como lo denunció el periodista Guillermo Posada. Tampoco la historia oficial cuenta, según Lázaro Llorens, que en la inauguración estuvo William Rogers, ex secretario de Estado de Estados Unidos y socio de Kissinger en la consultora Henry Kissinger Associates.

El mismo autor señala que la Mediterránea nació tras la intervención del Banco Comercial y Edificador, luego de un «vaciamiento» de esa entidad que en 1977 había sido adquirida por quienes crearon la Fundación y cuyos gerentes y subgerentes entonces fueron Cavallo y Aldo Dadone, respectivamente. Más adelante, en 2001, Dadone fue preso por su responsabilidad en otro robo gigantesco, el contrato entre IBM y el Banco Nación.

El Banco Central —luego, en 1982, presidido por Cavallo— debió hacerse cargo de las deudas de ese banco. Mario Cafiero denunció que muchas de ellas, depósitos de clientes, fueron adulteradas para transferir dinero. Algunos patrimonios personales y de la Fundación —por ejemplo, su nuevo edificio— mejoraron en esos días. Cavallo siempre presentó las políticas del Central de estatización de deudas privadas como una forma de defender la estructura productiva de varias empresas que estaban endeudadas y que, sin esa ayudita de todos los contribuyentes, hubieran quebrado. En los 80 acusó al alfonsinismo de usar ese «caballito de batalla» en su contra.

Aun antes, la Fundación había aportado estudios al equipo de Martínez de Hoz, entre ellos algunos que sirvieron para la circular 1.050 sobre indexaciones. Cavallo fue, durante el gobierno de Viola, subsecretario del Ministerio del Interior, que conducía el general Horacio Liendo. Luego, Liendo hijo fue un colaborador asiduo de Cavallo en sus futuras y más relevantes funciones. En dictadura, como se dijo, Cavallo llegó a presidir el Banco Central y llevó allí a colaboradores de la Mediterránea, como Humberto Petrei, Aldo Dadone, José Castro Garayzábal, Rafael Conejero y Gustavo Parino. En ese año, 1982, la Fundación abrió su filial en Buenos Aires, con el apoyo de empresas con base en la Capital como Bagley, Ledesma y Bagó.

Pero la mayor influencia del iracundo cordobés llegó con el menemismo y su invento: el régimen de convertibilidad, con tipo de cambio fijo. Y luego con la Alianza y su explosivo final en 2001, con el congelamiento de depósitos y el endeudamiento incluidos.

Algunos dirigentes de la Mediterránea o vinculados a ella fueron el luego gobernador de Córdoba Juan Schiaretti (no integró formalmente el equipo, pero estuvo muy cercano a Astori); Carlos Kesnan (ex investigador de la Fundación, subsecretario de Comercio con Menem, cuando Cavallo era ministro de Economía, luego director del Instituto Provincial de Capacitación con Schiaretti); Gustavo Pierino (miembro de la Fundación, colaborador de Kesnan en Comercio); Osvaldo Giordano (otro ex investigador de la entidad cordobesa, ex asesor de Cavallo en el Ministerio y más adelante interventor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba); Carlos Bastos (a cargo de Infraestructura en la Alianza, con Cavallo como ministro); Alfredo Visentini (ex investigador jefe, subsecretario de Combustibles con Cavallo ministro); Nadín Argañaraz (ex director del Instituto de Estudios de la Fundación, asesor de Schiaretti); Roberto Urquía (senador en 2010, empresario de Aceitera General Deheza, hijo de uno de los fundadores de la Fundación, con la que sigue vinculado); Guillermo Seita (lobbista, no fue miembro de la entidad pero colaboró con Cavallo); Ricardo Sosa (hombre de Schiaretti, ex colaborador de Cavallo en el Ministerio); Dante Donolo (otro cordobés que siguió a Cavallo en sus diversas funciones, funcionario cordobés después); Eduardo Parizzia (también funcionario provincial, en los 90 trabajó para Cavallo a cargo de Nucleoeléctrica) y Raúl Gigena (hombre de Cavallo y luego de Schiaretti, después a cargo de la Lotería de la Provincia de Córdoba).

CEA

El Consejo Empresario Argentino nació en 1967 a semejanza del Business Council de Estados Unidos. Muchos ejecutivos de FIEL estaban también en él. En el directorio del CEA se encumbraron, además de Martínez de Hoz hasta 1975, empresarios como Enrique Patrón Costas, Jacques Hirsch, Ricardo Grüneisen, Eduardo Oxenford, Federico Zorraquín, José Estenssoro, Armando Braun, Luis María Gottelli, Francisco Soldati, Adolfo Navajas Artaza y Celedonio Pereda. Si no eran miembros de FIEL, lo eran de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, el Rotary Club, la UIA, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, el Foro de la Libre Empresa, la Bolsa de Comercio o la Cámara de Sociedades Anónimas. Tuvieron influencia amplia tanto en la dictadura de 1976-1983 como en la década de los 90 y sus gobiernos neoliberales. Ya en 2010, su lugar de algún modo fue ocupado por la Asociación Empresaria Argentina, fundada en 2002.

Cambio, licuación y fuera

El economista Lorenzo Sigaut, que reemplazó a Martínez de Hoz como ministro, asumió en abril de 1981, en el marco del cambio de Videla por el general Roberto Viola. Su gestión finalizó en diciembre de ese mismo año. Sigaut había sido directivo de la automotriz Fiat y representaba la línea más industrialista que decía encarnar Viola. De hecho, ya en 1976, Viola había pensado en él para el cargo, pero Videla impuso a Martínez de Hoz. En 1981, el grupo de Joe resistía fuertemente el inminente cambio de línea. La revista Somos, vocera del régimen, reveló que intentó minar los planes de Viola y Sigaut o al menos su margen de maniobra, en gestiones ante el FMI y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En efecto, Sigaut había sido asesor del Ministerio de Economía y luego director nacional de Política Económica y Financiera, ambos cargos durante la dictadura de Onganía. También había asesorado a la Cámara Argentina de Comercio y a la revista Mercado, fundada en 1969. Asimismo, fue directivo de SOMISA en 1971 y dictó clases en la Universidad del Salvador y en la Escuela de Guerra Naval.

Sigaut eligió como secretario de Finanzas —su número dos— a Hugo Lamónica. Otros miembros de su equipo fueron, con rango ministerial: Eduardo Oxenford en Industria y Minería, Jorge Aguado en Agricultura y Ganadería, Carlos García Martínez en Comercio e Intereses Marítimos y el general Diego Urricarriet en Obras y Servicios Públicos.

Oxenford había sido el interventor de la UIA tras el golpe de 1976 y presidente de Alpargatas. A mitad del mandato de Viola, Sigaut tuvo diferencias con él y lo reemplazó por Livio Khul, también ex dirigente de la UIA y, tras la dictadura, empresario de Saab Scania y del grupo SOCMA, de Macri. Oxenford murió en 1985; Khul, en 2002. Aguado, ex ruralista en APEGE, también fue, en democracia, hombre del grupo Macri. Carlos García Martínez era hermano de Luis García Martínez, ex jefe de asesores de Martínez de Hoz.

Otros colaboradores de Sigaut fueron el subsecretario de Programación Económica, Horacio Arce, Ramiro Esteverena como jefe de asesores, y Jorge Berardi y Máximo Setuain.

Al asumir Sigaut, la economía argentina estaba en recesión, el tipo de cambio muy rezagado y cundía la fuga de divisas. Sólo entre 1980 y 1982 se fueron entre 16.000 y 22.000 millones de dólares. La inflación anual dejada por el plan de Joe —uno de cuyos ejes era combatirla, según había prometido— superaba el 130 por ciento. Sectores industriales completos habían desaparecido y el salario real y el empleo estaban fuertemente deteriorados. «Me dejó una bomba de tiempo», se quejó Sigaut sobre Joe, en 1983.

En 1981, la dictadura se enfrentaba a la disyuntiva de deshonrar la deuda o asumir los costos de la devaluación y un mayor endeudamiento externo. «Existían, en 1981, dos alternativas: patear el tablero no pagando la deuda, que no tenía sentido, o asumir los costos de una devaluación, con un gran endeudamiento externo», reconoció Sigaut años después.

En el verano de 1981 hubo varias reuniones entre Videla, Viola, Martínez de Hoz y Sigaut para analizar cómo se salía del atolladero. Incluso Joe pidió prorrogar el cambio de gobierno un año pero Videla no lo acompañó en la jugada, en función de su pacto con Viola. De hecho, antes de irse el superministro debió probar la medicina de la devaluación, aunque apenas del 10 por ciento, el 30 de enero.

Asumidos Viola y Sigaut, la primera medida del nuevo ministro fue eliminar oficialmente la «tablita cambiaria» y, tras una nueva devaluación del peso nacional, afirmó que se acababa el tiempo de la especulación financiera, eje de la política de Joe, y que se avanzaba en una reforma del sector.

Pasó a la historia, del primer discurso del nuevo mandamás del Palacio de Hacienda, la frase: «el que apuesta al dólar pierde». Pero su estrategia de establecer un tipo de cambio fijo que cada día informaba el Banco Central fracasó completamente. A la primera depreciación del 28 por ciento, anunciada el 2 de abril, en junio se sumó otra, del 30 por ciento. A partir de entonces se estableció una devaluación del peso del 6 por ciento cada mes, lo que licuaba aceleradamente el valor de la moneda argentina.

Esa segunda devaluación de Sigaut evidenciaba la crisis. La trepada del dólar parecía convertirse en un deporte nacional. En plena City, los letreros electrónicos que anunciaban la caída del peso aceleraban muchas veces ante el aplauso cargado de ironía y fatalismo de la gente que se reunía frente a las casas de cambio.

El último fin de semana de mayo fue dramático. El gabinete económico en pleno se encerró en el Palacio de Hacienda, decretó feriado cambiario y bancario el lunes 1º de junio y presentó un nuevo paquete de medidas a partir del martes 2. Por esa segunda devaluación renunciaron al Central, en desacuerdo, el presidente Julio Gómez, el vice Martín Lagos y el director Lorenzo Sojo. Egidio Ianella se hizo cargo del Banco y su vice fue Manuel González Abad. Como director entró Ubaldo Aguirre.

Sigaut intentaba acordar su plan con empresarios y los sindicalistas tolerados por la dictadura. Había contactos con el CEA y la UIA, con empresarios como Luis María Gotelli, Guido Martelli, Carlos Ariete, Máximo Leloir, Carlos Urien y Gilberto Montagna (Terrabusi), y con los gremialistas de la CNT-20 como Enrique Venturini (electricistas navales), Aldo Serrano (Luz y Fuerza), Juan Rachini (aguas gaseosas) y Hugo Barrionuevo (fideeros). En esto Sigaut trabajaba junto al ministro de Trabajo, el brigadier Julio Porcile, y al de Acción Social, vicealmirante Carlos Lacoste, aquel que había capitaneado el Ente Autárquico del Mundial 78 y que dirigió la brevísima transición entre Viola y Galtieri al frente de la dictadura.

En septiembre, ya que nadie dejaba de apostar al dólar para proteger su dinero, fue desdoblado el mercado cambiario en uno financiero libre y otro comercial, que también era fijado por el BCRA diariamente.

El saqueo del país organizado expresamente por Joe empezaba a liberar las tensiones hasta entonces atenazadas.

Sigaut intentó combatir la crisis con asistencia a economías regionales, cobrando retenciones a las exportaciones agropecuarias y otros mecanismos de financiamiento aplicados a bancos y al sector productivo, pero la economía no reaccionó y la inflación y el deterioro de la moneda persistieron. Las tasas de interés volaban (hasta 300 por ciento) lo que implicaba una fuerte contradicción con la voceada propuesta de reactivar. De hecho, la Argentina cerró 1981 con una contracción superior al 6 por ciento del PBI.

Pero, amigos son amigos, y las grandes empresas endeudadas recibieron ayuda. Por ejemplo, Sigaut abrió una línea de crédito por 3.800 millones de dólares para convertir deudas de corto plazo en otras de más largo vencimiento. Los grupos económicos recibieron la cucarda mayor: la estatización de deuda. Esa decisión agitó al mercado varias semanas. Los medios hablaban de un «bono» de consolidación de deudas que primero Economía negaba pero que al cabo apareció. La Junta Militar lo aprobó el 30 de octubre.

El jefe del BCRA, Ianella, aplicó los primeros seguros de cambio. Ellos garantizaban a las empresas una paridad notoriamente menor a la del mercado (40 por ciento de ese valor), congelándolo al momento de contraer el seguro y con una prima de garantía. Más aún: las empresas también lograron un subsidio que les cubrió las diferencias que ya habían tenido por las devaluaciones. De esta forma, la deuda privada comenzó a licuarse y a ser transferida al Estado, mecanismo que siguió en las dos gestiones siguientes del Central en la dictadura (primero la de Domingo Cavallo y luego la de Lucio García del Solar) y hasta los primeros años de la democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

El plan de Sigaut estuvo lejos de implicar un cambio de fondo y su marca, más que el módico despegue industrialista que se proponía, se caracterizó por el permanente fracaso de sus políticas de coyuntura en pos de corregir los desequilibrios explosivos creados por el período anterior.

Las discrepancias en el seno de las Fuerzas Armadas acortaron su experiencia, y la de Viola. Con Galtieri volvió la línea ultraliberal al Palacio de Hacienda, con Roberto Alemann al frente.

En democracia, Sigaut volvió a la actividad privada, escribió algunos artículos en Ámbito Financiero y en 1993 le dictaron prisión preventiva por su paso como director del Banco del Oeste, del grupo Guelar. El propio Diego Guelar, luego funcionario de Menem, afrontó el mismo cargo, por decisión del juez Alfredo Barbarosch, pero la causa, como otras tantas, no avanzó.

Alemann se hizo cargo del Ministerio el 22 de diciembre de 1981. Intentó el regreso al liberalismo de Martínez de Hoz pero su gestión, marcada por la Guerra de Malvinas, concluyó el 21 de junio de 1982. Alemann —más respetado como economista que su hermano Juan, secretario de Hacienda de la primera etapa de la dictadura— ya había sido ministro de Economía de la Nación en 1961-1962, durante la presidencia de Arturo Frondizi, tras la gestión de Álvaro Alsogaray.

Ex representante de la Unión de Bancos Suizos, Alemann integró el siguiente equipo: en la Secretaría de Hacienda designó a Manuel Solanet —ex funcionario de Joe—, en la de Industria y Minería, a Elvio Baldinelli; en la de Agicultura y Ganadería, a Raúl Salaberren, y en la de Comercio, a Alberto de las Carreras. Baldinelli había sido secretario de Comercio Exterior de Krieger Vasena con Onganía y en 2010 aún dirigía el Instituto sobre Comercio Exterior de la Fundación BankBoston. Salaberren había sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación militar de Ibérico Saint Jean y director de varias empresas privadas, entre ellas la Ítalo; también había sido asesor en temas rurales del Episcopado Argentino. De las Carreras había sido presidente de la COPAL, la cámara de la industria alimenticia, y había colaborado con la dictadura iniciada en 1976, en el área de Comercio.

Para la subsecretaría principal, de Economía (antes llamada de Programación y Coordinación Económica), Alemann designó a Jorge Eduardo Bustamante —otro ex de Joe, entonces como subsecretario de Industria— y en la dirección de prensa llevó a Alfredo Durán. En los años de democracia, Bustamante se asoció a otro ex Martínez de Hoz, Alejandro Reynal, en el Merchant Bankers Asociados. Y, según confesó Martín Redrado en su libro Tiempo de desafío, de 1994, en pleno furor menemista, Bustamante lo asesoró en su idea de privatizar las jubilaciones. Al frente del Banco Central, Alemann ratificó a Egidio Ianella.

A los pocos días de asumir, lo entrevistó el diario La Nación, que fue siempre el vocero principal de Alemann entre los diarios tradicionales (él mismo dirigía el Argentinisches Tageblatt, un antiguo diario de la colectividad germana en la Argentina). La entrevista se tituló «Los tres verbos del ministro: desinflacionar, desestatizar y desregular». Unos días después, el diario Ámbito Financiero, fundado por Julio Ramos no por casualidad en 1976, vocero por excelencia de la «patria financiera», repetía el latiguillo de las tres «D».

Curiosamente, veinte años después, en el dramático diciembre de 2001, Alemann usaba otras tres «D». En el preludio del incendio del fin del régimen de convertibilidad, tras el cual fue escrachado y agredido en la calle, el diario Clarín le hizo una entrevista a Alemann y la tituló con otras «D» que, según el ya veterano economista, no había que temer: ni devaluación, ni depósitos congelados ni dolarización. Sólo acertó en la última, pese a que las presiones por dolarizar la economía tras el colapso del modelo que habían pergeñado Menem y Cavallo estuvo bien cerca de concretarse.

Pero en 1981 el plan de Alemann buscaba revertir el «desvío» de Sigaut. De hecho, en septiembre de 1982, ambos se enfrentaron cuando Alemann expresó que el plan de Joe habría tenido éxito si Sigaut «lo hubiese confirmado», a lo que el ex ministro de Viola respondió que Alemann era «un golpista» (sic).

Alemann, acosado por las deudas y el déficit, intentó revertir el cuadro con varias medidas. Solanet era un cruzado contra el gasto estatal y, por el lado de los ingresos, se elevó el IVA del 10 al 12 por ciento, infalible para recaudar entre los bolsillos más flacos, y se mantuvo el mínimo no imponible de la cuarta categoría (asalariados) en el pago del impuesto a las ganancias, además de establecerse un derecho de exportación (retención) del 10 por ciento para todos los productos (como se ve, las retenciones no son un invento kirchnerista, la aplicaron también liberales como Rivadavia, Roca y Alemann). A su vez, y pese a que la inflación del año cerró en torno del 130 por ciento, congeló los sueldos de la administración pública.

Otras decisiones fueron el restablecimiento del mercado único de cambios, con «oferta y demanda» como fijadores de precio; el aumento del cupo para comprar oro y divisas que había sido limitado por Sigaut, y una baja de aranceles de importación (el máximo caía de 48 a 43 por ciento).

Desde luego, el conflicto por las Malvinas alteró todos los planes. En esos días de economía de guerra, Alemann giró por el mundo buscando, mayormente en vano, ayuda y crédito externos, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Alemann siempre atribuyó a la guerra la interrupción de sus ideas para encarrilar, a su modo, la economía nacional.

Caído Galtieri tras la derrota de Malvinas, asumió la última presidencia militar el general Reynaldo Benito Bignone. Sus ministros de Economía fueron primero José María Dagnino Pastore y luego Jorge Wehbe.

Dagnino Pastore, doctorado en Harvard, ex titular del CONADE, ligado a FIEL y ministro durante el onganiato como sucesor de Krieger Vasena, sólo fue ministro entre julio y agosto de 1982. Economista, empresario y banquero, desde 1976 había tenido una consultora, Econométrica, con el radical Mario Brodersohn y el peronista Alieto Guadagni. Desde fines de 1981 frecuentaba el Edificio Libertador del Ejército, en contacto con Galtieri. Pero recién llegó al Ministerio con Bignone.

Formó su equipo con Raúl Fernández como secretario de Hacienda (venía de la subdirección de Presupuesto), Guillermo Nielsen como jefe de asesores (volvió a la función pública de la mano del delarruismo), Enrique Folcini otra vez como asesor, Dante Simone como representante financiero en Europa, Luis Gotthei como secretario de Industria y Minería, Alberto Fraguío (ex funcionario de Martínez de Hoz) en Comercio, y Nicolás Santiso en Agricultura y Ganadería. Éste llevó de subsecretarios a Ignacio García Cuervo, de Coninagro, en Agricultura, en reemplazo de David Lacroze, y a Ernesto Girardi, de CRA, en Ganadería, en lugar de Jorge Tanoira. Como se ve, algunos nombres cambian, muchos otros se reciclan una y otra vez y lo permanente son las alianzas con los sectores privados más recalcitrantes a cualquier fórmula distributiva.

Adolfo Sturzenegger fue designado subsecretario de Economía (otro futuro funcionario de la Alianza menem-delarruista, de la mano de Cavallo). El propio Cavallo llegó al Banco Central. Cuando todos juraron sus cargos, entre otros asistió a la ceremonia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Aguado.

Dagnino Pastore devaluó 27,5 por ciento el peso, desdobló el mercado cambiario, intentó un acuerdo de precios y fijó tasas máximas, de interés y para las deudas hipotecarias. Pero su idea de un levantamiento mutuo del bloqueo entre capitales británicos y argentinos no fue aceptada por la Junta Militar, que decidió nombrar a otro ministro. Se especuló con que Cavallo pasaría del Central —donde el cordobés continuaba y ensanchaba el esquema de seguros de cambio y la estatización de deudas privadas que había comenzado Ianella— a Economía. Pero, al contrario, el hombre de la Fundación Mediterránea debió renunciar a la entidad monetaria. Tanto él como Dagnino Pastore duraron en sus puestos menos de dos meses, que a Cavallo le alcanzaron para militar desaforadamente a favor de la estatización de la deuda privada.

El designado en Economía fue Jorge Wehbe. Y al Central fue Lucio González del Solar.

Wehbe, abogado, había sido director del Banco Provincia tras el golpe de 1955 y, «experto» en transiciones, fue ministro de Economía a caballo del cambio forzado de Frondizi por Guido y al final de la dictadura de Lanusse. Volvió al cargo en la transición a la democracia, tras la derrota militar en Malvinas.

Su gestión estuvo también condicionada por esa posguerra, el reforzamiento de las relaciones con el FMI —en medio de una deuda que la dictadura había catapultado a 40.000 millones de dólares sin beneficio alguno para la población, y sobre la que pendían rumores de default— y la inflación descontrolada.

Wehbe tuvo como subalternos a Aldo Ducler en la Secretaría de Hacienda, siguieron Santirso en la de Agricultura y Ganadería, Fraguío en la de Comercio y Gotthei en la de Industria (luego fue reemplazado por Gustavo Irazu). Alieto Guadagni fue a Energía y en Intereses Marítimos se mantuvo al almirante Ciro Carcía. El subsecretario de Economía fue Víctor Poggi. Otros funcionarios fueron: Guillermo Blanco como director de Política Económica y Financiera Exterior, Mario Teijeiro como director de Inversiones y Análisis Fiscal, y Eduardo Zalduendo, como representante ante organismos en Washington. A su vez, Conrado Bauer era ministro de Obras Públicas.

Asesores constantes de Wehbe fueron Dagnino Pastore, pese a su salida, y Krieger Vasena. Ambos lo acompañaron a la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en Canadá apenas asumió el nuevo ministro, porque había que negociar un stand by y garantizar la deuda. Sobrevino un ajuste típico del Fondo como condición de una «ayuda» para pagar las deudas a la banca privada.

Wehbe, cuya gestión pasó sin pena ni gloria, como supuesto «ordenador» de la transición, se fue del poder el mismo día que Bignone entregó la banda presidencial a Raúl Alfonsín. Murió en 1998.

Desde el principio hasta el final de la gestión económica de la dictadura, el recauchutaje de viejos golpistas en combinación con los rugbiers monetaristas, armaron un scrum donde los planes económicos del liberalismo autoritario para reformatear el país terminaron en caos, aunque en el camino consolidaron un modelo profundamente desigual mientras no descuidaban sus negocios. A su vez, la frecuentemente inadvertida línea que separa a la mafia del capitalismo nunca se desdibujó tanto como en el período que va de 1976 a 1983.

Bancar la represión

En los tribunales federales sigue serpenteando con escasa suerte una demanda que pretende establecer el nexo entre la banca privada extranjera y el financiamiento del aparato represivo. La petición busca un resarcimiento por la desaparición de Roberto Aníbal Ibáñez, un necochense secuestrado y desaparecido en La Plata el 25 de enero de 1977, y de su esposa, Silvia Beatriz Albores, desaparecida meses después en Buenos Aires. Ambos casos, que constan en los legajos de la Conadep, reiteran el modus operandi de las patotas militares y paramilitares.

Para las entidades financieras resulta un disparate que se trate de establecer un vínculo entre esos actos y su predisposición a prestar dinero a la dictadura. La querella hace otro razonamiento: al financiar al Estado argentino entre 1976 y 1983, esos bancos aceitaron la maquinaria de la muerte, sobre todo en un momento en el que los organismos multilaterales de crédito estaban impedidos de hacerlo por expresa determinación del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que les había ordenado no facilitar los planes de los gobiernos que cometían violaciones a los derechos humanos.

La dupla Videla-Martínez de Hoz salió de ese cerco abriéndole las puertas a la banca privada extranjera y para el estudio Luchinsky, que representa a los familiares de las víctimas, los bancos que aceptaron el convite violaron la Constitución y el Derecho Internacional. El reclamo se apoya a su vez en antecedentes judiciales de los Tribunales Militares de Nuremberg —en Alemania fueron condenados empresarios que proveyeron dinero a las SS— y del Reino Unido y asevera que los sindicatos de bancos y los bancos que libraron préstamos «sabían o debían saber que el gobierno militar estaba cometiendo de manera masiva y sistemática graves violaciones a los derechos humanos, y que su ayuda y confianza financieras facilitarían al régimen militar llevar adelante tales crímenes».

«La dependencia financiera —dice la presentación— frente al capital extranjero fue aún más intensa si se piensa que en la Argentina se implementó una fuerte política monetarista que consistió en una amplia liberalización financiera, eliminación de protecciones arancelarias, altas tasas de interés domésticas, retraso cambiario y luego sobrevaluación de la moneda nacional. En ese contexto, los préstamos jugaron un papel clave.»

La responsabilidad corporativa por complicidad podría alcanzar a las entidades Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Árabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, DG Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufacturers, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco de Roma, Citicorp y Banco Nación. La empresa pantalla utilizada para encaminar los préstamos fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

La presentación judicial del estudio Luchinsky tiene sobre los jueces el efecto de la kriptonita. Los magistrados, en su primera medida, deberán pedir informes al Ministerio de Economía y al Banco Central para determinar con exactitud cuáles fueron las entidades prestatarias y qué montos facilitaron. Ya la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal dictaminó en octubre de 2010 que la causa debía instruirse por un juzgado civil, lo que fue leído como un avance después de casi dos años de intentos vanos. No fue tan buena la noticia que esa causa recayera sobre la jueza Graciela González Echeverría, con desalentadores antecedentes para plantarse con neutralidad cuando se objetan intereses corporativos.

El alto empresariado argentino, a su vez, dejó su marca en el armado de bandas contrainsurgentes que asolaron Centroamérica desde fines de los años 70. Las empresas Ledesma (Carlos Pedro Blaquier), Bridas (Bulgheroni), la Empresa de Desarrollos Especiales (EDESA) y Transporte Aéreo Rioplatense (TAR) fueron denunciadas por Ariel Armony de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, en su libro La Argentina y los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central 1977-1984, como integrantes de la trama que acercó financiamiento, logística y hombres para este súbito arranque exportador extraagropecuario del videlismo que les permitió a varios de sus lugartenientes y esbirros armar una cadena de la felicidad entre contrarrevolución y contrarrembolsos.

Leandro Sánchez Reisse implicó a todos al declarar en una subcomisión del Senado de Estados Unidos y describir las andanzas del Grupo de Tareas Exterior (GTE) con sede central en Florida y actuación en toda América Central. El GTE fue una verdadera prolongación del Batallón de Inteligencia 601, la unidad de Inteligencia del Ejército Argentino, donde tallaba el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, general Carlos Guillermo Suárez Mason.

Armony recuerda que Sánchez Reisse declaró que el Ingenio Ledesma de Blaquier aportó 250.000 dólares a ese aparato de contrainsurgencia mientras que la petrolera Bridas, de Bulgheroni, uno de los grandes beneficiarios de la política dictatorial, aportó «empresas pantalla» para que militares y paramilitares trotaran sin riesgos por la región.

El maridaje Bridas-Ejército Argentino-complot político se extendería más allá de la dictadura con el escándalo del caso Nobistor, una nave capturada cerca de las costas de Río de Janeiro el 15 de marzo de 1986. El barco de bandera panameña pertenecía a una de las empresas del grupo de los Bulgheroni, Geomatter SA, y su capacidad de carga estaba destinada al transporte de la actividad extractiva de petróleo.

Sin embargo, en febrero de 1986 sus bodegas se repletaron de contenedores que guardaban seis toneladas de armas y botes neumáticos con destino a Accra, Ghana.

El capitán de ultramar Eduardo Gilardoni se hizo cargo del derrotero que cumplía con los requisitos legales, la documentación aparentemente en regla y el visto bueno de la Prefectura Naval Argentina. Dos hechos habían llamado su atención, sin embargo: el pago del charteo en efectivo, con un maletín rebosante de dólares, y la incorporación de ocho extranjeros que se sumaron a la tripulación para cuidar la carga. No sabía el capitán que uno de ellos, Dee Early, había sido doble de riesgo de Sylvester Stallone en la película Rambo y que, como los otros ocho, no era sólo un mercenario de ficción. La disciplina para el exigente entrenamiento físico diario en cubierta y la práctica de tiro en aguas internacionales hicieron que se sintiera, por lo menos, ingenuo. Acaso no se asombró tanto cuando consiguió averiguar que el destino del Nobistor era dar comienzo a un golpe de Estado contra el gobierno de Ghana, antinorteamericano y afín a Al-Gaddafy. Cerca de las costas del Atlántico centroafricano los alcanzarían pesqueros disimulados que transportarían la carga a las playas para dar comienzo a la asonada.

Gilardoni estableció comunicaciones subrepticias con Brasil para dar el alerta e imaginaba ardides para acercar el Nobistor a la costa cuando llegó la orden de suspender el viaje. El barco ya marchaba hacia los muelles de Río cuando fue abordado por los federales de Brasil que condujeron la nave a puerto y apresaron a todos los tripulantes, entre ellos a Gilardoni, quien entre rejas recibió inesperadas ofertas de un funcionario del consulado argentino para fugarse. Los ocho mercenarios estaban convencidos de que serían depositados en un avión rumbo a Miami, pero eso les sucedió sólo a cuatro de ellos, beneficiarios de una extraña fuga donde la «mordida» a los penitenciarios jugó un papel clave.

Había sucedido que el espionaje brasileño estuvo siempre al tanto de los verdaderos objetivos del Nobistor. Gilardoni pasó por un vía crucis judicial en Río. Cuando su responsabilidad fue deslindada, viajó a Buenos Aires donde se enteró, entre otras minucias, que Ghana no tenía siquiera representación en Buenos Aires.

El periodista Rogelio García Lupo encontró más pistas que conducen al grupo Bulgheroni. Geomatter SA estaba asociada con un 40 por ciento de capital a Helicópteros Marinos SA, también filial de Bridas. García Lupo también detectó que el último dictador del «proceso», Reynaldo Benito Bignone, tras pasar a retiro y antes de detentar el poder que entregaría a Raúl Alfonsín, ocupó una oficina en Corrientes 465, tercer piso, perteneciente al Grupo Bridas, presidida entonces por Alejandro Bulgheroni.

El caso Nobistor tuvo más resonancia en Brasil que en la Argentina. Sus protagonistas fueron recobrando la libertad más temprano que tarde, como lo señala el abogado Carlos Alberto Moreno en su opúsculo «Caso Nobistor. ¿Caso penal o caso político?». La nave fue confiscada por la Armada de Brasil y, tras su interregno paramilitar, volvió a sus tareas originales. Es posible conjeturar que los mercenarios y sus financistas también.

CAPÍTULO V

Hacia adentro del Estado

Educar al súbdito

El Estado burocrático militar que vertebró el Proceso de Reorganización Nacional no podía presentar a sus ministerios e instituciones sino como tentáculos imponentes, listos a emprender una tarea monumental. Constituido en la práctica como Estado absolutista, más que como una instancia que ponía entre paréntesis la institucionalidad para luego recobrarla, la educación fue concebida, por excelencia, como el instrumento para eliminar lo que, para el proyecto de apropiación de la riqueza nacional, eran unas marcas diabólicas que se habían multiplicado en las cabezas de millares de argentinos. Y no sólo en las frescas décadas de los 60 y 70, sino desde la vigencia del voto universal secreto y obligatorio o aun antes, desde las rebeldías que corrieron en paralelo a la vida nacional a partir de la independencia.

Por lo tanto, el otro gran soporte y contribución civil al servicio del proyecto de apropiación fue el ámbito educativo, servido con toda convicción al nacionalismo católico, un núcleo ideológico desde donde rebautizar a los perversos polimorfos atacados por las ideologías «extrañas»; un lugar desde donde curar la aspiración y la resistencia y desde donde suprimir hacia adelante toda visión colaborativa de la vida y toda búsqueda de legitimación social y política que no proviniese de las autoerigidas «potestades legítimas». En la cabeza de los párvulos, de los chicos y chicas del secundario, de los futuros universitarios, había que librar una batalla tan clave como la de hacer desaparecer a los cuerpos portadores de la insumisión.

El camino para adoptar una política donde la coacción y la «reeducación» iban a ser los puntales había sido asfaltado previamente por la gestión de Isabel Perón con la designación en el Ministerio de Educación del médico filonazi de origen croata Oscar Ivannisevich y al nazi confeso Oscar Ottalagano, a cargo de la Universidad de Buenos Aires. Ambos ya habían anticipado con persecuciones, despidos masivos y camisas negras en las puertas de los establecimientos, las prácticas dictatoriales.

El 29 de marzo de 1976, Videla anunció al titular de la cartera de Educación y Cultura: el nacionalista santafesino Ricardo Pedro Bruera, con chapa cuartelera como subsecretario de Educación del pálido nacionalista y breve presidente de facto Roberto Marcelo Levingston y como titular de Educación en su provincia entre 1970 y 1973. El de Educación era un ministerio donde primaba el Ejército, que eligió a Bruera en una nómina propuesta por la Conferencia Episcopal. Las Fuerzas Armadas también mostraban los dientes por cuenta propia, con allanamientos, cárcel y desapariciones en institutos religiosos sospechados de tercermundismo, como el operativo conjunto sobre el Colegio San Miguel del barrio porteño de Recoleta, el 29 de noviembre de 1976.

En un memorándum del 23 de noviembre de ese año, Videla le envió a su ministro las líneas directrices: «La radicalización del accionar opositor de docentes, alumnos y no docentes en el quehacer educativo y de los elementos actuantes en el ámbito cultural y científico-técnico, adquiere una importancia tradicionalmente relevante sobre lo cual sería ocioso insistir». Un mandato que aparentaba no decir nada pero que era a la vez un cheque en blanco: «sabés muy bien lo que tenés que hacer».

Y Bruera lo hizo. En coautoría con la inteligencia militar diseñó la Operación Claridad, una vasta red de espionaje para perseguir a educadores y educandos sospechados de opositores y para identificar manifestaciones culturales consideradas «perturbadoras». También a sus oficiantes, entre los que fueron incluidos Aída Bortnik, Horacio Guarany, Ariel Ramírez, Pacho O’Donnell, Roberto Cossa y Nacha Guevara, en una lista de 231 personas, 41 de las cuales se encuentran aún desaparecidas.

Bruera mantuvo bajo su poder a las universidades, que ya habían perdido su autonomía con el onganiato en julio de 1966. Junto con el Operativo Claridad, que implicaba al mundo universitario en primera línea, se estableció una ley de cupos que en lo inmediato hizo decrecer la matrícula de las facultades en un promedio del 10 por ciento. La progresión descendente de estudiantes universitarios era un efecto buscado y se cumplió: en 1977 hubo 68.742 plazas disponibles; en 1978, 52.372; en 1979, 50.845, cifra que se mantuvo con ligeras variaciones hasta 1982.

Menos educación para todos y más para pocos fue uno de los lemas no declarados de la gestión educativa «procesista». En el ámbito público se propusieron vigilar de cerca al Colegio Nacional de Buenos Aires, al Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) y a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini para restituirlos a su función tradicional de formación de elites. Bruera y sus sucesores impulsaron paralelamente a la educación privada, fundamentalmente la religiosa.

En su discurso de asunción Bruera, con ese aire de intimidado chico bueno de la clase y rodeado de uniformes, había dicho que su objetivo era «la libertad», pero antes había que tomar la escoba para «recuperar el orden y los valores que hacen posible ésta».

No por trajinado el anuncio programático era menos revelador: se trataba, otra vez, de «restaurar» un orden que no se fechaba pero cuyo arcaísmo era evidente. A la palabra «orden» se la puede reemplazar sin esfuerzo por disciplinamiento de los sectores populares con las herramientas de la delación y la muerte. Donde el ministro decía «valores» correspondía atenerse a las verdades sacrosantas para que el óleo consagratorio bendijera el emprendimiento privado sobre el público. Otra vez «la cosa y la cruz» se abrazaban con un trasfondo de matanzas masivas.

Con su encogido aire obispal, Bruera fue visto siempre como un tibio y fue reemplazado, en 1977, por alguien que sabía taconear con más fuerza al cuadrarse: el economista y pedagogo tucumano Juan José Catalán, un hombre del Opus Dei, que había sido ministro de Economía en su provincia en 1967 y 1968.

Su gran contribución educacional fue el opúsculo «Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo)», un manual para extender el aniquilamiento en el que también metió mano el general fundamentalista Ramón Genaro Díaz Bessone, entonces ministro de Planeamiento. La obsesión bélica contra «el enemigo interno» los llevó a acuñar la figura de «guerra en las aulas». En esa estructura conceptual primaban las figuras trilladas de «enemigo», «infiltración», «extraños», junto con una burda equiparación subversión-pornografía-droga. La idea era que la voz tronante del ministro bajara aun hasta los chicos que cursaban el preescolar. El delirio ordenador tuvo extremos jocosos pues se pedía denunciar a «los niños revoltosos del jardín de infantes». ¿Quién era un revoltoso en el jardín de infantes según este inflamado libelo? La respuesta del dúo Catalán-Díaz Bessone no podría ser más esclarecedora. Se podía definir como revoltoso a «el que decidía por sí mismo». Si no fuera por su contracara terrorífica, la frase oscilaría entre una gran pieza de grotesco involuntario y una confesión de parte sobre la concepción agustiniana del hombre, un grito de primate para que todos los que rodeen al jefe de la horda asuman desde la primera infancia su papel de súbditos perennes. Un operativo que se propuso aleccionador ante la militancia estudiantil secundaria fue el conocido como «La noche de los lápices», donde personal de la policía bonaerense de Ramón Camps y del Batallón 601 de Inteligencia secuestraron a diez militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en La Plata, seis de los cuales fueron desaparecidos.

Increíblemente, la gestión educativa debía enfrentar críticas por derecha como las de José García Venturini, que había sido designado titular de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). García Venturini reclamó en una conferencia que «no se advierte que se esté sancionando el gran delito moral: la restauración del peronismo». Venturini había asumido en septiembre de 1976 rodeado por un consejo asesor de intelectuales y artistas que integraron Luis Federico Leloir, Ángel J. Battistessa, José Heriberto Martínez, Enrique M. Barba, José Federico Westerkamp, Eugenio Pucciarelli, Osvaldo Fustinioni, Margarita Argúas, Fryda Schultz de Mantovani y Raúl Soldi. Con este «consejo de notables» se buscaba que Eudeba se legitimara por afuera de una UBA largamente descarriada. García Venturini renunció finalmente el 16 de junio de 1977.

Todo indica que resultaba muy arduo calibrar por dónde pasaba el equilibrio justo entre un «tibio» como Bruera y un troglodita como Catalán, que llegó a padecer aprietes «por izquierda» de aquel episcopado tan voluntariamente videlista. Porque ordenar a los educadores que dispararan sus denuncias en todos los estamentos educativos hasta incluir a los niños gateantes que se enchastraban en los areneros sonó a mucho, y el civil tucumano fue sustituido por un civil puntano, Juan Rafael Llerena Amadeo.

El nacionalista católico Llerena Amadeo, acaso sólo con mejores modales de criollo viejo, batió el tambor con el papel «complementario» de la escuela pública para combatir el marxismo, consolidó la presencia de las tradiciones bíblicas, implementó la materia «Formación Cívica y Moral» en la enseñanza media para desparramar la visión cultural del mundo grecorromano y los principios católicos. En la colectividad judía y en las comunidades indígenas se alzaron voces de protesta: hubo pedagogos —aun católicos— que se pronunciaron contra una cosmovisión que no podía disimular su sesgo discriminatorio y racista.

Pero tales actos de pura fe no le impidieron a Llerena Amadeo meter mano en el reordenamiento de la matrícula escolar. El presupuesto se amplió generosamente hacia la educación privada y religiosa. Años después, en 1991, el ministro de Educación del presidente Carlos Menem, Antonio Salonia, retomaría esos parámetros con toda la fuerza de la Ley de Transferencia de Servicios Educativos 24.049 para profundizar un debilitamiento de la enseñanza laica y gratuita. Durante la gestión de Llerena Amadeo esta visión despechada hacia lo más rescatable de la concepción sarmientina de la educación pasó por su cenit con el cierre de la Universidad de Luján. La educación pública era, por sobre todas las cosas, un gasto que encima empollaba díscolos.

El sucesor de Videla en el sillón dictatorial, el «aperturista» Roberto Viola, sentó en Educación a un antiperonista furioso, el ingeniero Carlos Burundarena, entusiasta mentor de la Alianza Libertadora Nacionalista en sus años mozos pero más tarde funcionario de la Revolución Libertadora. Burundarena se propuso enfocar hacia la educación técnica con miras al mercado de trabajo. La bruñida estrella de Belén educativa, durante los mandatos detentados luego por Leopoldo Fortunato Galtieri y por Reynaldo Benito Bignone, se fue apagando con el ministro contador Cayetano Licciardo, integrante de la Acción Católica Argentina. Como veremos más adelante, la cruz que los había empinado al poder los cobijaría luego en el retorno al ámbito privado.

Devotos e infiltrados

El punto común de estos cinco grandes del buen amor cristiano fue el apoyo a la educación privada, la reducción del presupuesto educativo y el ensamble con el espionaje militar y paramilitar para apuntalar la maquinaria mortuoria. Tres de ellos —Bruera, Catalán y Llerena Amadeo— compartieron algo más: siguieron viviendo del Estado con las jubilaciones de privilegio hasta que fueron extinguidas en 2009, mediante la ley 26.475. De la concepción genéricamente represiva de la pedagogía también habla otro dato: cada vez que un ministro se ausentaba o que se producían transiciones, la cartera quedaba en manos del «boxer» Albano Harguindeguy, titular de Interior.

La lógica represiva fue, para un ámbito educativo estrictamente dominado por los civiles, un eje. Otro fue la transferencia de fondos mediante el mecanismo de destinar a las escuelas y universidades de origen privado, sobre todo a las confesionales, las partidas sustraídas al sector público. La Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad del Salvador resultaron beneficiadas con el crecimiento de inscriptos como consecuencia de la opción de los sectores medios, en el despuntar de un comportamiento que tendría su rebrote en los 90.

Los niveles jerárquicos del Estado en la gestión educativa 1976-1983 fueron hegemonizados por cuadros civiles del nacionalismo católico, provenientes en muchos casos de la UCA, de la Acción Católica, de ex militantes de la Alianza Libertadora Nacionalista que habían actuado en los comandos a favor del levantamiento de 1955 y que habían apelado al «sagrado derecho de rebelión» contra los gobiernos constitucionales. También por funcionarios reciclados de la Revolución Argentina formados en los «cursillos de la cristiandad», por los que también habían pasado muchos militares como el propio Videla.

Sin resquemores y sin poner condiciones, estos civiles devotos permitieron la inserción de los uniformados en tareas de inteligencia y represión y trabajaron codo a codo con ellos. Operativos aparatosos y fatales rodearon y penetraron en establecimientos bajo sospecha de difundir ideas progresistas.

El primer objetivo disciplinador se cumplió rápidamente, con el retorno orgulloso de directivos y maestros de raigambre autoritaria quienes, más que nunca, se sintieron apadrinados para resucitar, aulas adentro, el viejo sueño de una sumisión sin fisuras con todos sus rituales. La dictadura contó con la ayuda vigorosa de maestros y maestras de la mano dura, el grito destemplado y la amonestación fácil. Pero por otro lado hubo muchos docentes y auxiliares desaparecidos, como el poeta Roberto J. Santoro, y las organizaciones gremiales tradicionalmente inficionadas por un sarmientismo gorila siguieron profundizando un perfil más aguerrido que ya había despuntado en las resistencias a las dictaduras de Onganía y de Lanusse.

La orden de imponer un modelo para acallar y aplastar que bajaba desde la cumbre estatal serpenteó capilarmente entre un sector de educadores marcados por un mediopelismo vociferante y mandón. Fue así como se sintieron habilitados para gritar en el silencio ferroso bajo el que todos los días se izaba la bandera antes de ingresar a las aulas de los establecimientos secundarios y primarios. Y aun a la amenazante salita rosa del jardín donde algún ojo bien entrenado podría descubrir, en una nena parlanchina y revoltosa, las huellas inequívocas de una futura subversiva.

Algunas de las tropelías que se cometieron en el terreno curricular, como objetar en matemática la enseñanza de la teoría de los conjuntos, por considerarla colectivista, o poner bajo sospecha a los vectores porque podían encubrir una lectura progresista en las ciencias duras, o secuestrar en la Feria del Libro de Buenos Aires un manual de física que describía la «cuba electrolítica», ya integran el humor popular.

La sonrisa se hiela cuando los juicios que se llevan a cabo ya en el siglo XXI informan que la colaboración de civiles con la dictadura alcanzó a las mismas bases educativas. Con la apertura de los archivos del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército se supo que tres maestros que daban clases contratados por el Consejo Provincial de Educación (CPE), en Neuquén, eran también agentes de Inteligencia. Se trata de Daniel Alfredo Nappi, Jorge Daniel Rosales y Augusto Clavier.

Nappi, que daba clases en el Centro Provincial de Enseñanza Media 40, y Rosales, que lo hacía en la Escuela Provincial de Educación Técnica 8, están acusados de haberse infiltrado como agentes en sindicatos, fábricas y organizaciones políticas y sociales, con el objetivo de juntar información para las fuerzas militares y de seguridad. En tanto, Clavier, que daba clases en el Centro Provincial de Enseñanza Media 48, era analista de información de la central de inteligencia neuquina durante la dictadura. Los tres docentes fueron separados de las aulas mientras se sustancia el sumario.

La decisión del CPE se conoció pocos días después de que el Tribunal de Ética del Colegio Profesional de Servicio Social de Neuquén le quitó la matrícula de asistente social a Ricardo Grisotto, también acusado de ser informador del Ejército durante el «proceso». Grisotto apareció en el mismo listado de civiles que desempeñaron tareas de inteligencia en el Batallón 601. Otro agente o «topo» que se infiltraba en organizaciones gremiales y educativas para marcar personas que luego eran secuestradas por las fuerzas militares es Raúl Alejandro Tarifeño, quien llegó a ser sucesivamente dirigente local del PC, el MAS y el MST en Neuquén. En 2008 se desvinculó de esta última agrupación y también fue dado de baja por el Ejército.

La lista de los civiles y militares que espiaron para el Batallón 601 fue publicada por la revista Veintitrés y, según la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en Neuquén, Ivana del Bianco, su sola difusión no alcanza para que estos civiles que actuaron de agentes encubiertos sean juzgados, aunque es una punta útil para profundizar investigaciones. Pero lo que ya despunta permite visualizar una colaboración civil con el aparato represivo que atraviesa transversalmente el ámbito de la educación.

Balaceras diplomáticas

La elite diplomática tradicional —de raigambre conservadora, con pocas excepciones— no se sintió incómoda con la dictadura de la que preveía, en cuanto a la política exterior, un retorno al alineamiento con la lógica de los países capitalistas desarrollados. Una sociabilidad con escenografía de Jockey Club, Círculo Militar o Círculo de Armas, la había mantenido cerca de los uniformados y permitido una carrera sin sobresaltos, aunque la vida institucional estallara por los aires con excesiva frecuencia desde 1930 en adelante. Funcionarios consulares y «de carrera» que luego cobrarían rodaje público, mantuvieron una relación estrecha con las Fuerzas Armadas y no sufrieron inestabilidad profesional. Antes bien, embajadores y ministros plenipotenciarios gozaron de buenos destinos y de crecimiento profesional. Muchos entre ellos, incluso, perduraron en los gobiernos de Alfonsín y de Menem.

Las bajas que se produjeron tras el golpe tuvieron que ver con jóvenes diplomáticos, por razones ideológicas, y en una medida muy menor con quienes ya ostentaban puestos de cierta jerarquía. Pese a su espíritu corporativo, la diplomacia debió digerir —y muchos lo hicieron con viva pleitesía— que la Cancillería fuera puesta bajo control de la Marina. Las líneas directrices estaban en manos de la Coordinación de Política Exterior (Corpolex) que puso entre paréntesis a algunos diplomáticos, congelándolos en el incómodo estatus de «a confirmar», mientras que otros padecieron el ingreso a la indeseable categoría SIF (Situación Familiar Irregular), una abstrusa calificación moral que objetaba a los divorciados. Entre otros sufrieron impugnaciones Hugo Gobbi, Mario Cámpora, Lilian Alurralde, Albino Gómez, Ernesto Garzón Valdés y May Lorenzo Alcalá. El comodoro Raúl Cura, a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas y famoso por su desconocimiento en materia de política internacional (se le atribuye la muy seria pregunta «¿Dónde compran los rusos la comida si no tienen mercado?») fue un entusiasta en la confección de listas de réprobos, con la ayuda de otro diplomático de carrera, Jorge Hugo Herrera Vegas.

Entre otros miembros de la casa, los militares respetaron y se apoyaron especialmente en Carlos Ortiz de Rozas, Enrique Guyer, Enrique Lupiz, Jorge Casal (a quien Alfonsín no pudo nombrar embajador en Francia por ese antecedente), Rafael Vázquez y el denunciado como integrante de la P2, Federico Barttfeld. Francisco «Tito» Pulit y Archibaldo Lanús también se acomodaron plásticamente a la época. Menos considerados por su relieve profesional, también estrecharon relaciones con los militares los nacionalistas católicos Eduardo Sadous y Abel Posse quienes, como veremos en el último capítulo, se hicieron presentes con marcas de escándalo ya en pleno kirchnerismo.

Entre los diplomáticos de origen radical, Arnaldo Listre fue favorecido con una embajada durante la gestión del almirante César Augusto Guzzetti y se acomodaron a gusto Daniel Olmos y Oscar Torres Ávalos. Todos habían iniciado su carrera bajo el ala del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz a cargo de la política exterior durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966).

Sobre los funcionarios de carrera, Videla impuso a su vez a gente propia, con dos objetivos: a) trabajar sobre la imagen negativa que la dictadura tenía en el exterior y, b) armarse de un grupo de fieles provenientes de la civilidad y de los partidos políticos —tradicionales— a la espera del momento en el que se decidiera una «salida política», con él a la cabeza y, de ser posible, como candidato «consensuado». Fue así como al Servicio Exterior se sumaron como embajadores el demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda (Italia); los desarrollistas Arnaldo Musich (Estados Unidos) y Oscar Camilión (Brasil); los radicales balbinistas Héctor Hidalgo Solá (Venezuela), Rubén Blanco (Vaticano) y Tomás de Anchorena (Francia); el bloquista sanjuanino Leopoldo Bravo (URSS); el socialista democrático Américo Ghioldi (Portugal) y el demócrata mendocino Francisco Moyano (Colombia). También se recicló el ex canciller de la Libertadora Mario Amadeo, nacionalista católico, nombrado para afrontar las denuncias que a diario se le hacían al régimen en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Este núcleo que respondía en línea directa al tándem Videla-Viola debió arremangarse para dar batalla ante los «halcones». Con la Cancillería bajo su ala, impuso a vicealmirantes cercanos: los dos primeros cancilleres fueron sus dilectos César Augusto Guzzetti (1976-1977) y Oscar Antonio Montes (1977-1978).

En sintonía circunstancial con Massera se movían los altos oficiales de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, Leopoldo Galtieri y Guillermo Suárez Mason, inclinados a ideas nacionalistas fascistoides y a seguir usando las armas no sólo contra los compatriotas sino también contra habitantes de los países limítrofes. Fue así como calentaron las hipótesis de conflicto con el «Operativo Soberanía» (1978), que estuvo a punto de desatar la guerra con Chile, y que desencadenaron la Guerra de Malvinas (1982). Tenían apoyos en la Iglesia y en otros sectores ultramontanos como Tradición Familia y Propiedad, la Logia Propaganda Dos, encabezada por el italiano Licio Gelli, segmentos de la Cancillería residuales del peronismo 1973-1976 y ex integrantes de la Triple A, relacionados con el ex canciller de Isabel Perón, Alberto Vignes.

Entre las «palomas» de Videla-Viola y los «halcones» del generalato más belicoso, alineados tácticamente con Massera, hubo dos puntos de conflicto del que a su vez se derivaron otros. Los «halcones» objetaban el plan económico de Martínez de Hoz y el ingreso de los embajadores políticos, en quienes Massera personificaba «el pasado de corrupción, mediocridad y decadencia que había puesto a la República al borde del abismo». Por otra parte, la sola idea de una posible «salida» política en un futuro indeterminado, imaginada por Videla como una maniobra para licuar la presencia de las fuerzas populares, descomponía a los «halcones» que, desde el aire, no dejaban de lanzar oportunos excrementos sobre las charreteras de las «palomas». Pronto lanzarían otro tipo de proyectiles.

La incidencia del ministro de Economía en el ámbito de la diplomacia era vasta y se derivaba de su política, una de cuyas claves era atraer capitales transnacionales y créditos para subsidiar el gran crecimiento del gasto público. Entre los diplomáticos muchos obedecían directamente del Palacio de Hacienda y tenían roces frecuentes con sectores de la elite conservadora de escasa afinidad con la política económica. Los «halcones» acusaban a las «palomas» de un proceder contradictorio: mientras las Fuerzas Armadas «combatían» a la guerrilla en nombre de Dios y de la Patria con el apoyo entusiasta de la Iglesia, Joe Martínez de Hoz incrementaba los vínculos comerciales con la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia.

Civiles procesistas como Musich, desarrollista admirador de Estados Unidos y con una carrera hecha en el grupo Techint, actuaban en línea con Joe. Musich fue el primer embajador dictatorial en Washington, donde fogoneó las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En Estados Unidos hizo buenas migas con «la dama de hierro», Anne Kruger, economista de la Universidad de Stanford, quien llegaría a ser número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con fuerte incidencia en Latinoamérica. Kruger fue una impulsora activa de las políticas de ajuste hacia fines de los 90 y en 2000 Musich organizó la agenda del Congreso Internacional de Economistas que la tuvo como estrella. Ya eran épocas en que la imposición del modelo de apropiación de la riqueza nacional y de supremacía de los capitales internacionales no se apoyaba en la represión generalizada y el terrorismo estatal: con el terreno arrasado, sus impulsores y defensores —viejos y nuevos— habían aprendido a valerse de la democracia, entrando por la puerta grande que les había abierto Carlos Menem.

Otra de las piezas de Martínez de Hoz en la diplomacia fue el empresario Esteban Takacs, ingeniero agrónomo con cucardas en la Sociedad Rural, que fue designado por Videla en la embajada de Canadá, desde donde pasó a la de Estados Unidos tras el asalto al poder de Galtieri. Para los sectores en pugna las espaldas estaban cubiertas con las bendiciones que el entonces secretario de Estado Henry Kissinger le había dado a Guzzetti, en la reunión de cancilleres del 10 de junio de 1976 en Santiago de Chile: «Nuestra actitud básica es que nos gustaría que triunfen… Lo que no se entiende en Estados Unidos es que ustedes tienen una guerra civil. Leemos sobre los derechos humanos pero no sobre el contexto. Mientras más rápido triunfen mejor. El problema de los derechos humanos está creciendo…» Guzzetti, que había viajado a Estados Unidos para poner la cara a las críticas del gobierno del presidente demócrata Jimmy Carter por las violaciones a los derechos humanos, no debió amortiguar demasiados cachetazos. Por ello el embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, se quejó de ese viaje y del encuentro con Kissinger en un memorándum enviado al Departamento de Estado: «Guzzetti fue a los Estados Unidos esperando escuchar advertencias fuertes, firmes y directas sobre las prácticas de derechos humanos de su gobierno, y en lugar de eso ha retornado en un estado de júbilo, convencido de que no hay problema real con los Estados Unidos en este asunto».

Los civiles le sirvieron a Videla, en 1978 —cuando el canciller era ya su concuñado, el brigadier mayor (R) Carlos Washington Pastor—, también para dar una de las batallas internas de la que más se enorgullece aún hoy: haber evitado una guerra con Chile por la disputa en torno de tres islas (Lennox, Picton y Nueva) ubicadas en las inmediaciones del Canal Beagle, en territorio austral. Videla aguantó de pie las frases que le descerrajaron Massera y sus «halcones», que lo acusaban de atarse «a los intereses pecuniarios (de su ministro de Economía) por sobre la patria». El «Operativo Soberanía» ya estaba en marcha con la orden de expulsar a cinco mil chilenos del territorio argentino y desplegar las tropas en la frontera común cuando Videla y Pastor enviaron a Susana Ruiz Cerruti, diplomática de carrera de origen radical, a la Santa Sede, para pedir la mediación papal. Otros dos funcionarios, Guillermo Moncayo y Federico Mirré, fueron consignados a Washington y Moscú, en un sprint contrarreloj para frenar la conflagración.

Moncayo había sido investigador de Derecho Internacional, docente y juez, hasta que ingresó a la diplomacia en 1978, donde integró la comisión que debatía el diferendo con Chile. Mirré, también embajador de carrera, fue director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Ambos surfearon las olas de todos los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura.

Este trío civil se mostró activamente alineado con Videla para evitar la contienda con Chile y sus ajetreos dieron buenos resultados cuando Carter apoyó la postura antibélica e hizo advertencias severas a los militares lanzados a «mojarse las bolas en el Pacífico», como había dicho Luciano Benjamín Menéndez. El plan de paz se coronó con el anuncio del papa Juan Pablo II de enviar como mediador al cardenal Antonio Samoré. La avanzada guerrera de los «halcones» se había frustrado, pero pronto irían por más.

Otros embajadores que no calzaban uniforme, pero que conjugaron con fervor los verbos de la cuartelería sangrienta cuando en septiembre de 1979 arribó una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron el representante ante las Naciones Unidas, Gabriel Martínez, que protestó por «las organizaciones no gubernamentales que, desaprensivamente, vienen prestando su nombre para una sistemática campaña de hostigamiento al pueblo y gobierno argentinos». También el histórico Carlos Ortiz de Rozas, que pidió en Nueva York «prudencia en el tratamiento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos». A su vez, el libertador Mario Amadeo obstaculizó en cuanto pudo los intentos de la ONU por amonestar a la Argentina.

La política de defensa ante la CIDH fue establecida desde la Corpolex, con una fuerte incidencia de la Dirección de Política, entonces a cargo de Enrique Ros, quien luego fue subsecretario de Camilión y de Costa Méndez. Uno de los voluntariosos colaboradores de la Corpolex fue Fernando Petrella, quien llegó a la vicecancillería con Guido Di Tella durante el menemismo.

La visita de la CIDH se concretó en medio de presiones fuertes y con negociaciones comerciales en el medio —Martínez de Hoz apoyaba la inspección de la CIDH para obtener créditos internacionales—. La Comisión se llevó carpetas voluminosas con documentación que probaba 5.818 desapariciones, denuncias de torturas, recomendaciones de derogar el estado de sitio, de liberar presos a disposición del Poder Ejecutivo y de garantizar juicios justos.

El informe de la CIDH sobre el plan criminal del videlismo, aunque necesariamente incompleto, fue letal. Amanuenses de la Cancillería como Raúl Quijano —último canciller de Isabel Perón— elaboraron un texto de respuesta preventivo a lo que imaginaban serían las objeciones de la Comisión, pero fue desestimado por blando. Entre el ex juez de la Corte Julio Oyhanarte y el subsecretario de Relaciones Exteriores Enrique Ros, bajo la mirada de oficiales de las Fuerzas Armadas, prepararon un documento que pretendía mayor contundencia. La respuesta final de la dictadura a la OEA recién se conoció el 28 de abril de 1980 y su núcleo era la enumeración de más de mil casos de militares y civiles muertos, decía, por la guerrilla.

Apoyados ampliamente por la Iglesia católica, «halcones» y «palomas» cerraban filas sin esfuerzo cuando se trataba de defender el sacrosanto plan represivo en la arena internacional. En otras cuestiones, como en el diferendo con Chile, Videla y su tropa civil se apuntaron triunfos ante el masserismo. Pero en el más quemante punto de fricción, los planes en pos de una futura salida política, las pulseadas no exhibieron un ganador aunque sí muertos en un combate cuyo campo de batalla fue la mismísima Cancillería.

El embajador en Venezuela Héctor Hidalgo Solá —aquel radical que en 1973 se había jugado por la fórmula de unidad Perón-Balbín— fue secuestrado el 18 de julio de 1977 en Buenos Aires, con el vicealmirante Montes en la Cancillería, cuando concurrió a Buenos Aires para el casamiento de su hija, pese a que había sido advertido de que era una presa codiciada por el masserismo.

Mediante su muerte y desaparición, se estampó la opinión de Massera sobre la salida política que impulsaba con no pocas dificultades el general Jorge Rogelio Villarreal desde la Secretaría de la Presidencia, apoyado por el dirigente radical Ricardo Yofre, quien quedó a salvo de otro atentado marinero. Otras balas nada diplomáticas fueron dirigidas a Elena Holmberg, funcionaria de la embajada argentina en París, secuestrada a plena luz del día en Uruguay y Charcas del centro porteño. Sus hermanos acusaron en 2001 a un grupo operativo de la ESMA. Massera la había elegido como blanco debido a que ella conocía sus contactos con la Logia Masónica P2, de Licio Gelli, y con algunos dirigentes de Montoneros. Otra versión dice que el asesinato de Holmberg se produjo cuando se aprestaba a denunciar actos de corrupción en el manejo del Centro Piloto de París. El cuerpo de la diplomática apareció flotando en el río Luján el 23 de septiembre de 1978. Víctima de la diplomacia paralela del jefe de los marinos, con el Centro Piloto de París como eje, para equilibrar la «campaña antiargentina» y preparar el despegue político de Massera en Europa, fue también Marcelo Dupont, asesinado cuando en verdad al que se buscaba matar era a su hermano, el diplomático Gregorio Dupont. El Centro Piloto había sido creado en París para contrarrestar «la campaña antiargentina» y como lo reconoció públicamente («Yo lo hice, yo lo cerré») fue impulsado por el embajador radical Tomás de Anchorena; en las tareas de infiltración colaboró el marino Alfredo Astiz. Con una ingenuidad poco creíble, Anchorena explicó en declaraciones periodísticas que el objetivo del Centro Piloto «era explicar que la represión era una consecuencia de la subversión. Mi idea era decir que son “cosas que pasan”. Dolorosas o no, pero pasan». Siguieron pasando otras cosas desde el Centro Piloto: desde la persecución de exiliados hasta la circulación política del genocida Massera para poner un pie en Europa.

El desarrollismo cuartelero

Con la jura de Roberto Eduardo Viola, el 29 de marzo de 1981, el primer civil accedió a la titularidad de la Cancillería. Desarrollista, funcionario frondicista, amigo del fundador de Clarín, Roberto Noble, y jefe de redacción del diario en los años 70, Oscar Camilión había dado pruebas de militarismo sin fisuras y de apoyo entusiasta a la represión como embajador de Videla en Brasilia. Brasil fue uno de los países con los que se articuló el Plan Cóndor, que coordinó la represión a militantes de izquierda y otros opositores a los regímenes militares del continente. En línea con la CIA, en el Cóndor participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Camilión se propuso «profesionalizar» las secretarías y el servicio exterior, pero sus jefes no le alfombraron el camino, ya que todas las designaciones debían pasar por la Junta Militar. De todas maneras, consiguió que el empresario Esteban Takacs ocupara la embajada en Washington tras seis meses de acefalía por las disputas internas.

La tenue línea aperturista que Viola había consensuado con Videla capotó en manos de los «duros» que llegaron a la presidencia con el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Entonces otro civil, Nicanor Costa Méndez —que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Onganía—, aceptó ser el canciller de los «halcones». A este nacionalista, anticomunista, abogado de monopolios y favorecedor de las políticas de Estados Unidos en el continente, le tocó pilotear la Cancillería durante la Guerra de Malvinas. Costa Méndez tenía relaciones estrechas con las Fuerzas Armadas y había contribuido con la redacción del primer programa político de la Junta Militar. Junto con su subsecretario, el embajador Enrique Ros, y con el embajador en Washington, Eduardo Roca, trajinó en el pantano de las negociaciones previas a una confrontación bélica imparable.

El formidable error estratégico de esperar el apoyo de Estados Unidos a la recuperación de las islas usurpadas en 1833 por Gran Bretaña, hizo de su política un esperpento. La cúpula militar «dura» estaba cegada por la estrecha relación que Galtieri había reforzado con los republicanos estadounidenses. Estados Unidos ya atravesaba la presidencia de Ronald Reagan, que bendecía la exportación de represores y de logística asesina para sus cruzadas anticomunistas en Centroamérica. Galtieri y la cúpula militar se lanzaron a la guerra del Atlántico Sur con el inconfesado propósito de recuperar terreno político ante una sociedad que daba muestras de hartazgo. Cuando quedó claro que Estados Unidos no se jugaría con la Argentina en agradecimiento a las cruzadas occidentales y cristianas, Costa Méndez dio una pirueta en el aire y trató de respaldarse en el Movimiento de Países No Alineados. Su foto con Fidel Castro en La Habana sintetiza el desmadre. La derrota militar ante Gran Bretaña apuró el fin.

Como lo señala el investigador Ariel Armony, personajes de la diplomacia argentina también habían colaborado con la exportación represiva a Centroamérica. Gerardo Schamis, otro embajador de armas llevar, era amigo del general norteamericano Vernon Walters y facilitó el acercamiento de la cúpula castrense argentina con los republicanos de Reagan, con quienes se coordinó la participación argentina en la lucha antisandinista. Schamis fue premiado por Viola con la embajada en París y, pese a estar mencionado en informes que lo relacionan con los represores de Ejército, fue reintegrado por Menem como asesor en temas internacionales.

Tras la derrota militar y diplomática de Malvinas, Costa Méndez salió por la puerta de atrás, del brazo con sus conmilitones civiles y sus mandantes militares, después de demostrar hasta qué punto tener ocupada la cabeza con la contradicción binaria comunismo-anticomunismo, ubicada de antaño en el núcleo de una conformación ideológica retrógrada, sólo servía para alinear al país en términos de sumisión y para favorecer negocios ajenos y propios. El nacionalismo oligárquico, reciclado ya en el mundo del comercio internacional y de las empresas monopólicas, sólo podía darle al país derrota, deshonor y muerte.

En la agonía del régimen militar, el abogado correntino Juan Ramón Aguirre Lanari, otro clubman de los 40 y 50, integrante de las academias de Derecho y Ciencias Sociales, también de la de Ciencias Políticas y Morales de la Argentina, presidente del Comité de Homenaje a Bartolomé Mitre, vacunado de por vida contra cualquier virus que objetara el liberalismo, mantuvo por inercia los lazos con No Alineados, cuando ya ninguna política del desvanecido régimen militar resultaba creíble hacia adentro y hacia fuera.

La diplomacia argentina, con algunos matices o, mejor, con algunos silencios, se deslizó sin objetar la dictadura y sus políticas; más aún, muchos de sus integrantes se sintieron en su salsa. Los privilegios y la circulación social que genera pertenecer al Servicio de Relaciones Exteriores tienden a conformar una mentalidad conservadora, que tamiza las alineaciones políticas previas al ingreso a él. Muchos funcionarios provenían de los gobiernos instalados a cañonazos a partir de 1955 y otros, de origen nacionalista, reaparecidos en el tercer peronismo, apoyaron sin hesitar al «proceso». Claro que muchos de ellos hicieron lo mismo con Raúl Alfonsín, aunque debieron soportar a un canciller político como Dante Caputo que hizo lo que pudo para luchar contra los peores vicios de «la Casa». Con más enjundia se reacomodaron y volvieron a tener un papel especialmente activo con Carlos Menem.

La actividad política y corporativa de la diplomacia en plena dictadura tuvo un mojón insoslayable con la creación, el 15 de junio de 1978, mientras se desarrollaba el Mundial de Fútbol en la Argentina, del Consejo Argentino para las Relaciones Exteriores (CARI). Fue fundado por el ex subsecretario de Interior de la Libertadora y ex integrante del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, Carlos Manuel Muñiz, diplomático de carrera y canciller del gobierno cívico-militar de Guido. Muñiz también había sido el fundador del primer intento de profesionalización de la diplomacia con la creación, en 1963, del Instituto de Servicio Exterior de la Nación (ISEN).

El CARI siguió siendo durante los primeros años de la democracia uno de los lugares selectos de los colaboradores civiles de la dictadura. Bajo la heráldica diplomática integran su Comité Ejecutivo José María Dagnino Pastore (expulsado de la Facultad de Derecho de la UBA por falta de idoneidad moral), y también transitaron, entre otros, Aguirre Lanari, Camilión, Costa Méndez, Musich, Enrique Ros y Jorge Wehbe, todos ministros y/o diplomáticos dictatoriales.

Su acta constitutiva menciona a Carlos Muñiz como su primer presidente. En la primera comisión se anotaron, entre otros, Costa Méndez, Mariano Grondona, Arnaldo Musich y Carlos Ortiz de Rozas. Entre quienes firmaron el acta como fundadores se apuntan también los nombres de Aguirre Lanari, Jorge Aja Espil, Roberto Alemann, Mario Amadeo, Carlos Pedro Blaquier, Roque Carranza, Lucio García del Solar, Carlos María Gelly y Obes, Hugo Gobbi, Rafael Martínez Raymonda, Eduardo McLoughlin, Raúl Quijano, Leopoldo Tettamanti, Jorge Reynaldo Vanossi, el general Osiris Villegas y Miguel Ángel Zavala Ortiz. Como se ve, muchos de ellos podían exhibir certificado de sangre dinosauria incontaminada, algo que los habilitará para resucitar en los años noventa.

Judicial, la familia muy normal

Tras el golpe, una nueva Corte Suprema fue designada directamente por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Sus miembros juraron por los Estatutos y los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional, algo que también hicieron otros jueces en estrados clave del Poder Judicial.

Con esta mascarada de institucionalidad, más la imposición de las grotescas leyes dictatoriales 21.459 (que dictaminaba la pena de muerte a partir de los 16 años) y 21.313, que extendió la jurisdicción de los jueces nacionales a todos los procesados que se encontraran en «establecimientos carcelarios» o «penitenciarios» o «cualquier otro lugar para mantenerlos detenidos» (o sea, los chupaderos clandestinos), el Poder Judicial desapareció escandalosamente de los ya escasos lugares que solía frecuentar.

Restos de la Asociación Gremial de Abogados y algunos profesionales intentaron, tomando serios riesgos, presentar hábeas corpus y trataron de comunicarlos al periodismo, con escaso eco. La Prensa de la familia Gainza Paz, La Opinión de Jacobo Timerman, en ocasiones, The Buenos Aires Herald, dirigido por Roberto Cox, y El Cronista de Rafael Perrota, quien un año después sería desaparecido, daban cuenta ocasionalmente de esos pedidos.

Donde no hubo obediencia debida hubo persecución, muerte y exoneraciones. El Poder Judicial sumó más de cuarenta desaparecidos, entre los que se encuentran dos familiares directos, por vía materna, del dictador Videla, los hermanos Ojea Quintana. Casi todos los desaparecidos eran muy jóvenes y muchos de ellos eran retoños de la misma «familia judicial». Sin embargo, se impuso sobre ellos una ley de omertá que los transformó doblemente en desaparecidos, como Álvaro Colombo, Alicia Mallea, Guillermo Díaz Lestrem y Wenceslao Caballero, entre otros.

Hubo también actos valerosos de ética personal, como el de la entonces jueza y después ministra de la Corte, Carmen Argibay Molina, que terminó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por supuestas «conexiones con la guerrilla». Estuvo confinada nueve meses en la cárcel de Devoto, sin acusación ni proceso, hasta que se le ordenó una detención domiciliaria. Pero en su abrumadora mayoría, «la familia» se acomodó plásticamente al hachazo con que rápidamente la dictadura destrozó el Estado de Derecho.

Un acto reflejo que implicó aun a magistrados de perfil relativamente progresista puede ejemplificar la situación: cuando llegaba un pedido de hábeas corpus por una detención, los jueces pedían informes a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas, que respondían invariablemente que no tenían en sus mazmorras a la persona por la que sus familiares reclamaban; acto seguido, sobreseían la causa. En ocasiones, a través de apelaciones y recursos extraordinarios, esas causas llegaban a la Corte Suprema, que de inmediato se declaraba incompetente y las derivaba a los juzgados penales, donde recomenzaba la rueda de la imposibilidad.

Entre los «hombres de ley», algunos intervinieron en forma personal en apremios ilegales, por lo que fueron acusados ante la Justicia de la democracia y, al cabo de la primera década del siglo XXI, esperaban sentencia, como el caso de Jaime Smart, del grupo La Plata. Los que provenían de la Cámara Penal Especial, el célebre «Camarón» creado en 1971 por Jaime Perriaux durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse para juzgar a la guerrilla, y que se reincorporaron a la magistratura a partir de 1976, participaron del arrasamiento militar al derecho con un entusiasmo literalmente bárbaro.

Uno de los testimonios que más ejemplifican la actitud general de los Tribunales lo dio Ana María Pérez, esposa del sindicalista desaparecido Oscar Smith, durante los juicios de la Verdad. Allí narró que a fines de 1977 el ministro de la Corte Suprema de Justicia Pedro Frías declaró ante su pedido de auxilio: «Señora, lamentablemente no se puede hacer nada, esto es una guerra sucia y la Justicia tiene las manos atadas».

En verdad las tenían libres para avanzar —y lo hicieron con tétrica obsequiosidad— en la dirección del Estado burocrático-autoritario para responder al plan sistemático de exterminio. La Junta Militar descabezó a la Corte Suprema heredada del gobierno peronista ’73-’76 y la integró con cuarteleros claramente afines: Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Adolfo Gabrielli, Federico Videla Escalada y Alejandro Caride. Videla Escalada sería reemplazado por Pedro Frías, otro católico ultramontano.

En lo alto del Poder Judicial, la Corte se eximió de meter mano en casos quemantes, ya que el rechazo de innumerables hábeas corpus y medidas cautelares a favor de secuestrados y desaparecidos, más la maquinación de procesos fraguados —‌como los que sirvieron para robar empresas—, les correspondieron en su mayoría a los jueces de primera instancia y a las cámaras.

La dictadura acentuó una línea dominante del Poder Judicial argentino, una estructura jurídico-ideológica preexistente que no tuvo demasiadas fisuras con el generalato más feroz y que, más de treinta y cinco años después, tiene en sus filas a acerbos defensores de la primera línea de genocidas.

La Corte tuvo una actitud cínica respecto de las violaciones de los derechos humanos. El silencio ante los crímenes propios de la represión generalizada, puesta bajo la máscara de «guerra antisubversiva», y el rechazo de los hábeas corpus que alcanzaban a llegar a sus estrados constituyeron una abrumadora mayoría ante unos pocos conatos de independencia.

Uno de los casos más resonantes fue el del periodista Jacobo Timerman, ex director del diario La Opinión, que fue liberado por la Corte a partir de una gran presión internacional. Los militares se vieron obligados a sacarlo del país ante la cólera pública del grupo La Plata, que lo tenía secuestrado.

Viola, que había soportado a pie firme los embates platenses por Timerman, no tuvo la misma actitud con el caso Moya, supuesto «subversivo» que estuvo preso sin ser juzgado durante diez años. La Corte decidió su liberación basándose en el Pacto de San José de Costa Rica y la Junta debatió durante varios días la posibilidad de descabezarla, pero se abstuvo por el descrédito que ya sufría el régimen militar. Es que la Corte produjo estos arrestos ante el poder armado una vez que Videla se había retirado del cargo. Los ministros jamás se habían animado a contradecir al dictador mercedino.

Por supuesto que el certificado de pura sangre ideológica estaba absolutamente asegurado en la Corte procesista. Horacio Heredia y Adolfo Gabrielli habían comenzado su carrera en el fuero contencioso administrativo durante la Revolución Libertadora. En el gobierno de Viola, Gabrielli se destapó alineándose con el embajador de Jimmy Carter, Raúl Castro, al pedir, sin éxito, un «blanqueo» de los detenidos-desaparecidos hasta 1981. No se le puede achacar hipocresía en esta respuesta dada al diario La Nación: «Se nos señala como jueces del proceso, se dice que no somos jueces constitucionales, lo que no deja de ser verdad».

Frías, doctor Honoris Causa de la Universidad Católica, fue un polifuncional a varias dictaduras como diplomático y magistrado, embajador en el Vaticano y consultor de la mediación papal durante el conflicto con Chile. Alejandro Caride, amigo personal de Videla y ex teniente del Ejército, tras su salida de la Corte fue nombrado como único negociador para la vergonzosa estatización de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIADE), una operación en la que, como ya hemos visto, estaba comprometido directamente el ex directivo de la empresa y superministro videlista José Alfredo Martínez de Hoz. Federico Videla Escalada, eyectado tras un choque con el ministro de Justicia brigadier Julio Arnaldo Gómez, era el hombre de la Fuerza Aérea en el Alto Tribunal y Abelardo Rossi, el de la Marina.

Pero la concepción del derecho por parte del «proceso» ya puede rastrearse desde la elección de su primer ministro de Justicia, el brigadier Gómez, que también fue responsable del chupadero «El Vesubio», ubicado en el partido de La Matanza, y también del que funcionó en la Unidad Penal 6 de Rawson, Chubut.

A Gómez lo sucedió en el ministerio la estrella jurídica de la dictadura, Alberto Rodríguez Varela, animador del grupo La Plata, fierrero entre los fierreros, defensor a ultranza del núcleo duro de la ideología dictatorial, edecán legal de procesistas juramentados como el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean y el confeso criminal Ramón Camps. Rodríguez Varela, como se detalla en el capítulo III, que se ocupa del grupo La Plata, junto con Jaime Smart es uno de los civiles acusados de bajar a los centros clandestinos de detención. En 2007, el ex cabo de la bonaerense, condenado por represor, Norberto Cozzani, preso en Marcos Paz, se quejaba amargamente de éste y otros abogados: «Cómo es posible que hombres de derecho, ilustres, dignos y probos como, por ejemplo, los señores Durrieux [Durrieu], Smart, Munilla Lacasa, Rodríguez Varela, Frola, Sánchez Herrera y siguen las firmas, ni siquiera nos defiendan en las cuestiones civiles cuando fueron parte de un todo».

Frola es Edgardo, secretario de la Cámara Federal y subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Justicia bonaerense durante la dictadura. Sánchez Herrera es Carlos, procurador del Tesoro de la Nación con Néstor Kirchner y apoderado de la provincia de Santa Cruz hasta 2008, durante 16 años. Defendió a Juan Bautista Sasiaiñ en Juicios por la Verdad. Cuando Kirchner se enteró de que defendía a represores, en 2003 lo echó del cargo nacional. Del provincial recién fue cesado en 2008 por el gobernador santacruceño Daniel Peralta.

El titular de Justicia durante el breve interregno de Viola fue Amadeo Frúgoli, un todo terreno de las dictaduras, como varios demócratas mendocinos. Había sido ministro de Bienestar Social de Levingston durante la Revolución Argentina y lo fue de Defensa con Galtieri. El último ministro de Justicia fue Lucas Lennon, que trató de cultivar un perfil bajo que se le desdibujó con el fusilamiento de los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Agustín Pereyra Rossi. Lennon se propuso investigar el caso, lo que generó una intentona militar contra Bignone-Lennon a cargo del general Cristino Nicolaides, entonces jefe del Ejército. Lennon colaboró con los mamotretos discursivos y documentales en el intento de exoneración de las matanzas que los uniformados promovieron antes de devolver a las apuradas el poder a los civiles.

Entre los lobbies con peso en el ámbito de Tribunales estuvo el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), bajo el influjo de Jaime Smart. Hoy se presenta como una organización no gubernamental fundada «hace más de 30 años», sin precisar fecha, por un grupo de abogados «independientes» que buscaban «una justicia eficaz y transparente al servicio del ciudadano». En verdad, muchos de ellos se diseminaron por el Poder Judicial de la dictadura y hoy son los que están en todos los foros que siguen defendiendo al «proceso».

Un repaso de nombres de magistrados y abogados más activos de la época entrega los de Víctor Guerrero Leconte, juez correntino de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, quien se declaró «compenetrado con el Proceso de Reorganización» y que había formado parte de la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora. Martín Anzoátegui, ex juez federal en lo Criminal de la Capital, que ante la visita de la CIDH en 1979 allanó las oficinas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en la búsqueda de documentos que la entidad pudiera entregarles a los visitantes. Eduardo Marquardt, ex juez federal porteño, que tuvo a su disposición a millares de presos, entre ellos torturados, detenidos y desaparecidos, según denunció la APDH, que además pidió que se presente a declarar en los Juicios por la Verdad. Marquardt estuvo a cargo de la investigación de los homicidios de los políticos uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, el 22 de mayo de 1976. Por supuesto que el expediente quedó paralizado durante la dictadura. El gran asesor jurídico del temible interventor de Mendoza, coronel Tames Yapur, fue Roberto Dromi, luego ministro de Obras Públicas de Carlos Menem, conocido como «Gerente de las Privatizaciones» y uno de los tantos personajes en los que se pueden rastrear los vasos comunicantes entre el modelo socioeconómico de la dictadura y su profundización durante el menemismo.

Rafael Sarmiento, ex juez federal de la Capital, no sólo rechazó sistemáticamente el hábeas corpus sino que participó en la detención del ex ministro de Economía de la provincia Ramón Miralles (UCR) como se detalla en el capítulo del grupo La Plata. Otra carrera «ejemplar» fue la de José Nicasio Dibur, quien desprocesó a los ex ministros Martínez de Hoz y Harguindeguy, sobreseyó la causa por los crímenes de la Triple A y rechazó la extradición a Estados Unidos del coronel boliviano Luis Arce Gómez, quien más tarde cumplió una condena por narcotráfico en ese país. Alfonsín no lo ratificó en su cargo en 1983, y el ex juez se dedicó a defender a genocidas y apropiadores de menores en equipo con Sánchez Herrera. También fue asesor de Escorpio Investigadores Asociados, agencia de seguridad que la Justicia le atribuyó a Suárez Mason. A partir de 1992, pasó a ser asesor del Ministerio de Justicia hasta 2008, cuando el actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández lo echó.

El pelo y las mañas

En democracia, la Asociación Madres de Plaza de Mayo presentó una querella para que se investigase a todos los jueces que juraron por «los Objetivos Básicos del Proceso» y el «Estatuto del Proceso», entre ellos los integrantes de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores de la Capital Federal y las provincias. La denuncia, con las firmas de Hebe María Pastor de Bonafini y María de las Mercedes Colas de Meroño, fue radicada por «asociación ilícita calificada; homicidios calificados; lesiones graves y gravísimas; violaciones; privaciones ilegales de libertad; torturas, apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas; violación de domicilios; delitos contra la libertad de trabajo y asociación; delitos contra la libertad de reunión; delitos contra la libertad de prensa; robos; extorsiones; estafas y defraudaciones; usurpaciones; daños, sedición; traición; falsificación de documentos en general; etc. En calidad de partícipes necesarios en los términos del artículo 45 del Código Penal».

La presentación no prosperó, aunque algunos de los magistrados mencionados comenzaron a ser investigados en casos precisos. Los denunciados integraron el Poder Judicial durante la dictadura en condición de jueces, secretarios, fiscales y defensores. En la lista presentada por las Madres figuran 437 personas, entre las que mencionan a Héctor Adamo, Atilio Aníbal Alterini, Jorge Ignacio Alterini, Martín Anzoátegui, Alberto Arancibia Rodríguez, León Arslanián, Juan Carlos Beccar Varela, Augusto Belluscio, Amelia Berraz de Vidal, Antonio Boggiano, Nerio Bonnifati, Alejandro Caridi (Caride), José Nicasio Dibur, Pedro Frías, Adolfo Gabrielli, Remigio González Moreno, Horacio González Warcalde, Adolfo Gabriel Granillo Ocampo, Elías Guastavino, Víctor Guerrero Leconte, Elena Highton de Nolasco (actual jueza de la Corte Suprema), Jorge Manuel Lanusse, Guillermo Agustín Ledesma, Eduardo Marquardt, Norberto Quantín, Luisa Riva Aramayo, María Servini de Cubría, Julio César Strassera (fiscal ante el Juicio a las Juntas), Ideler Tonelli, Emilio Villaroel, Raúl Eugenio Zaffaroni (actual integrante de la Corte Suprema). También están incluidas las autoridades del Ministerio de Justicia de la época, con Rodríguez Varela y Roberto Durrieu a la cabeza.

Hasta octubre de 2010, hubo 739 personas (entre militares y civiles) procesadas (431 con prisión preventiva y 308 en libertad) y 104 sentenciadas (96 condenadas y 8 absueltas) por violaciones a los derechos humanos, mientras que 255 fallecieron antes de ser juzgadas, 35 están prófugas y 17 fueron declaradas «incapaces», según las cifras que maneja el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El dato negativo es que de las 344 causas abiertas, sólo finalizaron 32 (5 de ellas confirmadas por la Cámara de Casación Penal y 3 de ellas confirmadas por la Corte).

El más conocido es, sin duda, José Alfredo Martínez de Hoz. Al proceso en manos del juez federal Norberto Oyarbide lo impulsa el abogado querellante Rodolfo Yanzón, junto con los organismos de derechos humanos, con la expectativa de entreabrir la puerta para llevar a juicio a otros civiles de la dictadura, muchos de ellos relacionados con el Poder Judicial.

Los juicios en curso en varias provincias (Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, La Pampa) a fines de la primera década del siglo XXI daban cuenta de la participación civil y la connivencia judicial con la represión ilegal. Cada vez que fueron citados ex ministros, jueces y abogados vinculados a la dictadura, la exculpación de responsabilidades pasó por el argumento de que la autoridad máxima era militar, una suerte de apelación a cierta inescapable Obediencia Debida. Otro mecanismo habitual fue y sigue siendo la recurrencia a problemas de salud. Los acusados son ya viejos pero no pierden las mañas.

Los juicios por violaciones a los derechos humanos avanzaban lentamente entre bombardeos políticos y pedidos institucionales, como los del cardenal Jorge Bergoglio, que en 2010 solicitó «una amplia reconciliación» cuando se refirió a los represores, pero declaró la «guerra de Dios» ante el avance del proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso.

De acuerdo con las estadísticas del CELS, casi 1.317 personas, entre militares, integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles, están en condiciones de ser juzgadas, mientras que otras 277 están acusadas.

No por obvia deja de ser cierta la frase de que una justicia lenta no es justicia. Cultores de esa trampa son por excelencia los magistrados de Mendoza, donde hay 179 causas contra represores aunque sólo cuatro estuvieron detenidos, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia los liberó. Dos de esos camaristas, Luis Miret, que renunció, y Otilio Romano están acusados de omisión de investigación en casos de denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El tercer integrante de ese fuero, también renunciante, Carlos Pereyra González, es investigado por delitos similares cuando actuaba como secretario de la Justicia puntana, durante la dictadura. Miret y Romano acuden a todas las tretas y todos los contactos —generosamente sus colegas les arrojan cautelares que dilatan el avance de los procesos— para zafar de ser juzgados por participaciones de diversa índole en delitos de lesa humanidad, fundamentalmente la clásica omisión de denuncias de torturas y secuestros concretadas en sede judicial por familiares y representantes legales de las víctimas.

Tras muchas dilaciones, la Justicia Federal dictó el 11 de marzo de 2010 el juicio a once represores acusados en diecisiete causas por delitos de lesa humanidad. La causa está enmarcada en el pedido de juicio político contra la Cámara, que en la actualidad integra Julio Petra Fernández, investigado por haber dictado «falta de mérito» al teniente coronel Luis Stuhldreher —intendente de facto de San Rafael en 1976 y director de Logística del Ministerio de Seguridad mendocino durante la gobernación de Julio Cobos— en una causa en que se le imputan 18 desapariciones al militar.

La justicia de Mendoza fue, también, la que puso todo su empeño en frenar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso Nacional en octubre de 2009. Las dificultades para avanzar en la reposición de mínimos parámetros de justicia las demuestra el caso del camarista Miret que consiguió ser restituido temporariamente en su cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo. También están imputados los ex magistrados Guillermo Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Francisco Lucena Carrillo.

El grupo La Plata, usina privilegiada del mal argentino, dejó marcas indelebles en la provincia de Buenos Aires. El juez federal de primera instancia de esa ciudad, Manuel Blanco investiga desde 2010 a jueces, ex jueces y a un fiscal por posibles «encubrimientos, secuestros, torturas y asesinatos». Los implicados son Pedro Luis Soria hijo, Héctor Hugo Decastelli y Antonio Andrés Raimundi, activos aún en el fuero provincial. La misma resolución les cupo a Marquardt y Ángel Nelki Martínez (ya fallecido). También fueron procesados los médicos Enrique Corsi, Luis Favole y Carlos Jurio, que revistaron en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

En Bahía Blanca, el juez de instrucción penal durante la dictadura Guillermo Madueño —dilecto del duro general Acdel Vilas— fue imputado por su rechazo sistemático a los pedidos de hábeas corpus. Ya en democracia fue camarista del Tribunal Oral N° 5, hasta 2005, cuando fue solicitada su detención. Se fugó pero fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en noviembre de 2009, aunque no llegó a ser juzgado porque murió en agosto de 2010.

El primer juez hallado culpable de delitos de lesa humanidad fue el santafesino Víctor Brusa, detenido en 2005 y condenado en 2009 a 21 años de prisión. Brusa había sido nombrado por el ex presidente Carlos Menem como juez federal de su provincia.

En la megacausa por violaciones a derechos humanos del I Cuerpo de Ejército aparecen los nombres de los abogados dictatoriales Juan Carlos Dillon y Jaime Smart. En la causa ESMA se apunta el nombre de Alfredo Bisordi, quien la cajoneó durante años y se jubiló para conchabarse como defensor de Luis Abelardo Patti, el ex comisario y ex intendente de Escobar, preso por violaciones a los derechos humanos.

En 2010 también pudo ser detenido el ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán, quien permanecía con arresto domiciliario. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena lo encontró prima facie responsable de facilitar homicidios y privaciones ilegítimas de la libertad. Su hijo Roberto fue secretario del gobernador riojano Ángel Maza.

Uno de los juicios más importantes en curso en la misma época es el que sentó en un banquillo de Córdoba a dos acusados insignes de la dictadura, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Esta causa a cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba analizó el asesinato de 31 presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 del barrio de San Martín, donde las víctimas no eran desaparecidas sino que estaban a disposición del PEN bajo orden judicial. El hecho iba a ser incluido por el ex fiscal Julio Strassera en el Juicio a las Juntas, pero quedó afuera a último momento por su complejidad; luego fue alcanzado por las leyes de impunidad de Raúl Alfonsín.

Videla asumió durante la segunda audiencia, el 5 de julio de 2010, la responsabilidad por los crímenes perpetrados por su régimen de facto: «Asumo la responsabilidad como máxima autoridad castrense en la guerra interna. Mis subordinados cumplieron mis órdenes», dijo ante los jueces. El truco, ideado junto al civil Alberto Rodríguez Varela, consiste en asumir una responsabilidad genérica y luego callar olímpicamente. Esto le permite irresponsabilizarse ante cada una de las miles de muertes bajo la falsa figura de «guerra interna». Videla y el titular del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, resultaron condenados a cadena perpetua.

Como veremos en el capítulo IX, gran parte de la justicia federal cordobesa que actuó en los años de plomo está en la mira del Consejo de la Magistratura por su colaboracionismo con Menéndez. Entre otros funcionarios, el juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del Juzgado N° 2 de Córdoba, quien quedó a cargo de la investigación de los delitos de lesa humanidad como juez subrogante, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por otorgar al represor Luis Alberto Manzinelli una indemnización por sus «actos de servicio». Manzinelli fue uno de los interrogadores del campo de desaparición «La Perla».

Ese colaboracionismo desde los escritorios de la justicia degeneró en complicidad presencial de algunos magistrados que bajaron a los campos de desaparición. La inacción para que las causas flotaran en un limbo fue, en verdad, un aval tácito a los delitos cometidos bajo su jurisdicción. Además, permitió el escamoteo de civiles bajo su órbita para que las Fuerzas Armadas los desaparecieran. Estas conductas, junto con la frecuente declaración de incompetencia y el rechazo de miles de hábeas corpus, arman el derrotero más habitual del Poder Judicial durante la dictadura.

El «proceso» no se animó a fundar su propio derecho, optó por el camino de suspender el artículo 23 de la Constitución —que impide al Ejecutivo tomarse atribuciones judiciales— y hacer convivir la normativa vigente con sus propios estatutos y objetivos, que la contradecían. También se apoyó en los Tribunales de Guerra que recién fueron declarados inconstitucionales en 1982 por la Corte Suprema, en un veloz intento por adaptarse al inminente retorno de la democracia.

Así, «la familia judicial», más allá de alguna actitud arrojada y valiente, se transformó también en un poder «de facto» que se enlazó a la represión ilegal y contribuyó a destripar el Estado de Derecho en línea con su mayoritaria coloratura ideológica ligada a la derecha republicana, a un anticomunismo feroz, y reforzada por el antiperonismo.

Los buenos servicios

Seguramente satisfecho por estar donde en ese momento había que estar, Raúl Guglielminetti arrojaba miradas panorámicas sobre la multitud. Vigilaba que ningún gesto, ningún ademán, ningún movimiento individual o grupal saliera del libreto del festejo pues su misión, aquel 10 de diciembre de 1983, era proteger al recién asumido presidente constitucional, Raúl Alfonsín.

Que Guglielminetti, alias «mayor Guastavino», servicio de inteligencia del Batallón 601 y adscripto a la custodia presidencial, avanzara trepado al estribo del auto presidencial por la Avenida de Mayo fue todo un síntoma de su propio don de ubicuidad y de la posibilidad de limpiarse la sangre dictatorial que el país les daba a sus espías más feroces sin pagar precio alguno.

El mundo de los servicios de inteligencia durante la dictadura estuvo bajo estricto control militar. Los uniformados camuflados de civiles en tareas de espionaje o en operativos de secuestro y desaparición superaron al personal que no provenía de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hubo personal civil y, como se sabe, hizo ruido ayudando a demostrar hasta qué punto la más pura y brutal delincuencia había sido cooptada por el Estado videlista. Nombres como el del propio Guglielminetti, Aníbal Gordon o Arquímedes Puccio señalan la índole moral de este personal de servicio.

Desde los años 60, cuando en el Ejército estaba en danza el conflicto entre azules y colorados y en tanto crecía el rechazo cuartelero a la difusión de ideas «radicalizadas», se produjo un incremento de la actividad de los civiles («topos» o «tapires» en la jerga) para la «detección y control de opositores». Si en algún momento hubo diferencias y espionaje mutuo dentro de las fuerzas, la aparición de la guerrilla las borroneó, como en distintos ámbitos se diluían las diferencias ante la unidad juramentada que reclamaba el plan represivo.

Los civiles de inteligencia que espiaron durante los gobiernos de Juan e Isabel Perón quedaron a partir de marzo de 1976 subordinados directamente a la inteligencia militar —Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Batallón 601 de Ejército; Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y Servicio de Inteligencia Aérea (SIA)—. Como se vio en el apartado de Educación, los militares también metieron mano en esa cartera a través de la fachada de la Secretaría de Recursos Humanos.

Muchos de los civiles que trabajaron para el «proceso» habían tenido su bautismo mezclados con las patotas de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), creada por José López Rega, quien desde el Ministerio de Bienestar Social comandaba la ofensiva contra el ala izquierda del peronismo y la izquierda en general. La Juventud Peronista de la República Argentina («JPerra»), encabezada por Julio Yessi, mano derecha de López Rega, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Juventud Sindical Peronista (JSP) fueron proveedoras de «servis» que luego actuaron durante la dictadura. Integrantes de esas organizaciones eran investigados en 2010 por su presunta participación en grupos de tareas a partir de 1976.

La connivencia entre la Triple A, los servicios de inteligencia, la CNU y la JSP circuló en el Juicio por la Verdad en Mar del Plata. Una víctima de la Triple A, Carlos Petroni, ex militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), denunció la relación del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, con el abogado Ernesto Piantoni, asesinado por la guerrilla en 1975, y a quien se le atribuyó haber encabezado la Triple A en esa ciudad. La causa seguía abierta en 2010 y fue especialmente agitada por los grandes medios como un tiro por elevación al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En febrero de ese año Moyano pidió su sobreseimiento en una causa paralela por calumnias e injurias y denunció a los medios por armarle una campaña.

La base más activa de los servicios estaba en la casa de la calle Billinghurst, a metros de la avenida Las Heras, en la Capital Federal. Desde allí salían las órdenes de secuestros y de torturas. Más tarde, la SIDE alquiló el centro clandestino Automotores Orletti, en la calle Venancio Flores 3519, del barrio de Floresta, también en Capital.

Con la dictadura en su apogeo, la inteligencia se dividía en cinco grandes grupos de tareas:

El GT 1 y 2 del Ejército, que tenía su sede en el Batallón 601, de avenida Callao y Viamonte, en Capital Federal.

El 3, de la Armada, en el SIN, tenía su oficina en el Edificio Libertad, pero las principales actividades de inteligencia se manejaban desde la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en la «Casa SIN», de Panamericana y Thames, Villa Adelina.

El 4, de la aeronáutica, en el SIA, tenía su oficina principal en el Edificio Cóndor, sede del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, pero estaba diseminado por todas las zonas que controlaba la fuerza. Tuvo fuerte incidencia en la Región III, Córdoba, donde tenía a su cargo quince centros de detención.

El 5, de la SIDE, en Automotores Orletti, donde se dio la mayor concentración de civiles.

Años después, la democracia siguió dándoles de comer a unos cuantos agentes civiles que revistaron en Orletti, sin que tuvieran que cambiar de oficio, como veremos en el capítulo IX.

Al que no le hubiera gustado que se conociera su pasado servicial es al ex intendente de Hurlingham, Juan José Álvarez, ex funcionario de Eduardo Duhalde durante su interregno presidencial. Pero el diario Página/12 develó en 2006 ese pasado oculto y debió salir a defenderse con el argumento de que sólo era empleado administrativo. Como lo publicó ese mismo matutino, Álvarez prefirió callar que había sido recomendado por el ministro del Interior de Videla, general Albano Harguindeguy, quien escribió a su camarada Martínez: «Conozco desde hace más de cinco años al candidato y lo considero un excelente elemento que no defraudará la confianza que en él se deposite. Un fuerte abrazo». Álvarez trabajó en la SIDE con el alias «Javier Álzaga».

Un caso emblemático de «patota» y «servis» fue el del asaltante y secuestrador Aníbal Gordon, cabecilla del grupo que secuestraba y torturaba en Automotores Orletti, según diversos testigos que estuvieron «chupados» allí y que también identificaron en el centro clandestino a su segundo, Eduardo Ruffo. Gordon trabajó entre 1968 y 1984 en la SIDE; también fue involucrado en la Triple A, aunque siempre lo negó. Sin embargo, fue custodio de Juan Perón en 1973 por disposición del coronel Jorge Osinde, luego coordinador de la Triple A.

El segundo de Gordon en Orletti, Ruffo, «Zapato» o «Capitán» en la jerga de «La Casa», entró en la SIDE en 1970, participó con Paladino de las actividades de la Triple A y, según comprobó la Justicia, fue el garante del contrato de alquiler de Automotores Orletti. Fue echado de la SIDE recién durante el gobierno de Fernando de la Rúa y procesado por el juez federal Julián Ercolini, quien lo responsabilizó de «privación ilegal de la libertad y tormentos en 65 casos», entre ellos el de Carlos Santucho, hermano del dirigente del ERP Mario Santucho, y los de los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi. Ruffo también fue denunciado por robo de menores y falsificador de actas de nacimiento en dos casos. En 2010 la nieta recuperada Carla Artés Company lo reconoció como su apropiador en Automotores Orletti y reveló que abusaba sexualmente de ella cuando era niña.

Desde Orletti, la SIDE coordinó con las fuerzas represivas de los países limítrofes el Plan Cóndor, operaciones conjuntas con Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con participación de la CIA, para seguimiento, detención y desaparición de opositores al reinado militar en Latinoamérica. La Justicia Federal porteña inició un juicio oral contra agentes militares y civiles que violaron los derechos humanos en Orletti. Entre ellos, a Raúl Guglielminetti, que había iniciado su carrera de espía infiltrándose entre organizaciones de izquierda en Cutral-Có, Neuquén, luego fungió de redactor de policiales en el diario Sur Argentino de esa provincia, para pasar por la Triple A y entregar su vasto background persecutorio al Batallón de Inteligencia 601.

En el cielo de los espías no paró de ascender y pudo sentirse un héroe de película cuando condujo en 1978 el Grupo de Tareas Exterior (GTE). Allí exportó su know-how represivo como entrenador de la Operación Charlie al servicio de la contrarrevolución en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua. También estuvo vinculado a la sede de «La Casa» en Miami, algo que motivó un informe del Senado de Estados Unidos. Destapada la olla del mundo de los servicios durante los primeros tramos de la apertura democrática, Guglielminetti se jactó en los semanarios de moda de su vida de 007 de las pampas, de los bienes materiales que su actuación le había permitido acumular y de su actualizada y bruñida panoplia.

El año 2010 repuso en el conocimiento público al Batallón 601, sede de los Servicios de Inteligencia del Ejército, la fuerza que se adjudicó «la responsabilidad primaria en la lucha contra la subversión». Esto había derivado en que desde el lúgubre edificio de nueve pisos de Viamonte y Callao se coordinara —y aun se espiara— al resto de los servicios. La infiltración en partidos políticos, organizaciones sociales, religiosas, educativas y gremiales fue coordinada desde allí mientras se gestaba el golpe del 24 de marzo. El 601 fue una cueva de «topos». La revista Veintitrés develó una larga lista de estas bestezuelas, entre las que se detectó a Héctor Cisneros, presidente de la comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Otro agente identificado fue Rodolfo «Chino» Solís, un ex coronel de inteligencia que luego revistó como jefe de Contrainteligencia de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem.

La actuación de los «topos» en la posdictadura, con la llamada «mano de obra desocupada», que utilizó su capacidad logística y su acopio de información para emplearse a fondo en el delito común, ejemplificó hasta qué punto la dictadura pro privatista había estatizado a delincuentes y criminales. Las consecuencias de su actividad en los trajinados climas de inseguridad pública no se suelen nombrar en los insistentes pedidos de mano dura que el establishment formula a través de sus medios de difusión.

En 2010 el conocimiento de la presencia de civiles en distintas fuerzas armadas y de seguridad tuvo una notable aceleración. Con la firma del general de brigada César Gerardo Milani, director general de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), en el mes febrero se dio a conocer una lista de 4.867 civiles que se emplearon en el área del espionaje entre 1976 y 1983. La cifra impresiona pero merece algunas observaciones que aporta el coronel retirado y titular del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), Horacio Ballester: la nómina se abulta porque al tratarse de empleos secretos se facilita la incorporación de «ñoquis». De hecho, el listado reproduce decenas de apellidos de militares en actividad: son familiares que los activos «colocan» para que se ganen un sueldo. Además, las Fuerzas Armadas utilizan el escalafón de Inteligencia para dar empleo a personal retirado o de baja, como el caso de Alfredo Astiz en la Armada. A estas prácticas de utilizar la Inteligencia para encubrir empleos, los mismos militares les llaman, con sorna, «obra social».

Para Ballester, la lista de los contratados por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), centralizada por el Batallón de Inteligencia 601, no es tan abultada si se tiene en cuenta que cubrió siete años de la dictadura militar. El mismo Ejército calcula que aproximadamente el diez por ciento del total eran estrictamente agentes secretos.

El tronco de esta lista se conforma con planificadores de todos los niveles, desde los que se emplean en el ámbito internacional hasta quienes participan en detección y detención de sospechosos. También personal administrativo, de maestranza, servicios, custodios y toda la gama de acción política donde caben infiltrados en organizaciones gremiales, estudiantiles, partidarias, barriales, establecimientos educacionales, encuestadores para pulsar la opinión pública, control de medios públicos y privados e interrogadores-torturadores de detenidos.

Hacia principios de mayo de 2010 también se dieron a conocer los nombres de 700 civiles que revistaron en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), lista entregada por el titular de la Armada Jorge Omar Godoy ante el Ministerio de Defensa. Allí también figuran quienes se desempeñaban en logística y servicios y, desde ya, quienes revistaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la Avenida del Libertador, donde, junto con Campo de Mayo, la maquinaria de la represión llevó su mortuoria brutalidad a cumbres que casi consiguen desdibujar un lenguaje que la exprese.

De las primeras investigaciones surgidas tras la desclasificación de estos documentos se denunció que la Fuerza Aérea también utilizaba el sector de la ESMA conocido como «Capuchita». La entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, debió enfrentar en 2010 la acusación de que su director de Inteligencia, Carlos Aníbal Aguilar, se había empleado como espía de los aviadores.

La actuación de los civiles en los chupaderos fue investigada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que armó una lista con 144 personas, entre las que figuran el fallecido director del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Saint Jean, Roberto Bullrich, el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rubén Daniel Di Bello, numerosos jueces federales (Víctor Hermes Brusa, Emilia García, Pedro Hooft, Ricardo Lona, Guillermo Madueño (fallecido), Pedro Soria (sobreseído), Santiago Olmedo (sobreseído) y Luis Candiotti). El registro está dominado por personal civil de inteligencia, pero resultan notorios los nombres de dos sacerdotes, el condenado Von Wernich y el procesado capellán del Liceo Militar General Paz, de Córdoba, Miguel Ángel Regueiro.

Al 30 de agosto de 2010 en la lista del CELS sobresale la presencia de 16 profesionales de la medicina. «Donde hubo tortura hubo un médico» es una frase que comparten los organismos de derechos humanos. Los médicos cumplían el papel crucial de monitorear las sesiones de tormento para que los oficiantes del terror, picana en mano, se movieran en un estrecho corredor donde la laceración sirviera para arrancar información a las víctimas sin que se desvanecieran o muriesen. En los chupaderos su opinión era respetada y tomada como una orden ya que, como define el doctor Norberto Liwsky, ex detenido desaparecido y titular del CODESEDH, «era el personaje que, a diferencia del jefe militar de la tortura, le daba respetabilidad a la violación de los derechos humanos».

La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA reunió denuncias contra 160 médicos que actuaron en los centros de desaparición. Antes de la pesquisa sobrevolaba la idea previa de que se iban a identificar no pocos civiles. La recopilación no lo corroboró, pero el titular de la cátedra, doctor Claudio Capuano, dijo que «es seguro que tiene que haber más médicos vinculados con la dictadura si se tiene en cuenta que hubo más de 500 centros de detención donde al menos concurría uno por día».

Está pendiente aún un ajuste sobre la caracterización de médico «civil» o «médico militar o policial». Según los organismos de derechos humanos no se le debe dar estatus castrense a aquel profesional que, entre otras prestaciones —trabajo en hospital público, obras sociales, prepagas, consultorio privado— también bajaba a los centros clandestinos a cumplir su changa escalofriante.

La determinación de responsabilidades de los médicos civiles sigue siendo una deuda. En 2010, la condena en la causa de la Unidad 9 de La Plata, de tres médicos que pertenecían al Servicio Penitenciario, pareció abrir nuevos caminos. Los tres acusados (Carlos Jurio, Enrique Corsi y Luis Favole), al menos con severas responsabilidades comprobadas en la muerte de Alberto Pinto, con quien se habían encarnizado especialmente por su condición de judío, hizo que el tribunal recaratulara la causa. Los tres pasaron del cargo de «omisión» al de «coautores de tortura seguida de muerte». Les correspondieron 13 años de prisión. Otro caso notable fue el del médico Jorge Héctor Vidal, que integró el grupo de tortura del centro de desaparición de la Brigada de Investigaciones de Morón que funcionó en San Justo. Vidal participó en las sesiones de tortura de su colega Liwsky, quien recordó que «en plenas sesiones de tortura me daba explicaciones científicas para que entendiera que si seguía resistiendo me iba a morir».

Como muchos otros médicos, Vidal, prófugo de la justicia, también firmó falsos certificados de nacimiento. En el robo de bebés la participación de ginecólogos, obstetras y neonatólogos debió haber sido necesariamente activa. En este rubro es emblemática, pero de ninguna manera única, la figura de Jorge Antonio Bergés, que supervisaba los partos de las detenidas en los chupaderos. Las revisiones de la conducta ética de estos profesionales abarcan al papel de los Colegios Médicos que no condenaron a quienes violaron hasta la atrocidad su juramento de defender la vida. Un ex preso de la Unidad 9 de La Plata, Jorge Colonna, arrojó ante el Tribunal una frase implacable: «No llamábamos a los médicos porque era cambiar de verdugo».

CAPÍTULO VI

Políticos partidos

El cerrojo

En la concepción del «proceso», la actividad política —ejercida por otros, claro— no merecía más que su anulación. El mismo día del asalto al poder los golpistas blandieron la ley 21.269 que prohibió «todas las actividades» de los partidos Comunista Revolucionario, Socialista de los Trabajadores, Política Obrera, Obrero Trotskista y Comunista Marxista Leninista, entre otros, y clausuraron los locales de todas las organizaciones. Al Partido Comunista sólo se lo suspendió en un guiño que encubría trágicos equívocos: la esperanza peceísta de una «dictablanda» no impidió que muchos de sus militantes engrosaran la lista de desaparecidos.

El Ejecutivo dictatorial también intervino sindicatos y universidades, ordenó encarcelar y poner a su disposición a numerosos activistas políticos y gremiales, en su mayoría del peronismo y partidos de izquierda. En el buque-cárcel Treinta y Tres Orientales confinaron al ex ministro de Economía Antonio Cafiero, al ex de Trabajo Miguel Unamuno, al gobernador de La Rioja Carlos Menem, al poderoso titular de la UOM Lorenzo Miguel, al de los petroleros, Diego Ibáñez, el de plásticos, Jorge Triaca y al ex ministro de Educación Jorge Taiana (p.).

Pero al mismo tiempo muchos dirigentes consiguieron una extraña patente de corso y fueron recibidos aun por miembros del «proceso». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admite en su informe de 1979 «un comportamiento gubernamental flexible, de aparente inobservancia de las rígidas normas legales que restringen el ejercicio de los derechos políticos».

El Partido Socialista Democrático (PSD) fue el cabal representante de ese doble estatuto. En las cuatro actas de la Mesa Directiva después del golpe quedaron testimoniados dos hechos contradictorios: por un lado, la Mesa recibió comunicaciones de los centros socialistas del interior del país (Mendoza, La Plata y Zárate, por ejemplo) en las que se informaba sobre la detención y desaparición de militantes y se pedía a la cúpula gestiones para obtener su libertad. También se informaba que trabajadores socialistas habían sido cesanteados en administraciones públicas de municipios y provincias. Por otro lado, la Mesa, cuyo secretario general era Emilio José Gianonni, recibió comunicaciones de centros socialistas porque sus militantes «han sido consultados para prestar colaboración en cargos públicos», ofrecidos por la dictadura. El PSD resolvió que «en todos los casos, los compañeros que se encuentren ante esa alternativa deberán hacerlo conocer y luego se resolverá cada caso particular».

En julio de 1976 miembros del Ejército y de la Armada, por separado, efectuaron los primeros contactos políticos con el objetivo de conseguir que el régimen no quedara aislado y de sumar hacia su sector en las propias internas procesistas. Las alianzas eran volátiles y se podía distinguir un sector «duro» personificado por los comandantes de cuerpo que eran nacionalistas de viejo cuño, integristas católicos y, en algunos casos, desarrollistas. Éstos postulaban eternizar la dictadura hasta que el país se librara de la pesadilla del «populismo» encarnado por políticos y sindicalistas.

Otro sector «moderado» y «liberal» tenía a su vez diferencias internas entre los llamados «aperturistas» (Videla y Viola) y los «menos aperturistas» (Albano Harguindeguy y Leopoldo Galtieri). Los primeros estimaban que, una vez aniquilada la guerrilla, se podía marchar hacia una transición democrática gradual. Los segundos no se ponían «plazos» para la transición sino «objetivos». La interna se complicaba con la ambición personal de Massera que se postulaba como el sucesor natural del «proceso» y jugaba con unos y otros, o mataba y amenazaba a unos y otros, según sus conveniencias.

Y a esto le llamás «apertura»

En enero de 1977 la dictadura presentó las «Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nacional», la propuesta oficial del régimen que planteó la creación de un Movimiento de Opinión Nacional (MON). El documento asumía que la presencia de las Fuerzas Armadas debía limitarse en el tiempo y asegurar su «desemboque» en una democracia duradera. El 29 de mayo, Videla anunció el comienzo de un «diálogo amplio y generoso» con todos los sectores, aunque excluía a «los corruptos y los subversivos», lo que podía leerse sin esfuerzo como un tiro por elevación a Massera que negociaba con el justicialismo y los sindicatos. Videla pergeñaba subrayar su convite con una renovación del gabinete que integraría con civiles adeptos y soportables. En su nómina estaban el desarrollista Oscar Camilión (Cancillería), el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda (Bienestar Social), el demócrata mendocino Amadeo Frúgoli (Justicia) y el radical Rubén Blanco (Educación). La iniciativa se filtró y, por distintas razones, los «duros» del Ejército y Massera la torpedearon. Acaso para Videla haya sido un alivio porque se dio el gusto de cerrar el cambio de gabinete por ultraderecha con los dinosaurios Juan Llerena Amadeo (Educación) y Alberto Rodríguez Varela (Justicia), como vimos importado del grupo La Plata. La timidez del intento quedó patentada en la incorporación de unos pocos civiles a la Cancillería.

En los capítulos II y III nos hemos ocupado de los esperpénticos planes de salida política de Jacques Perriaux y del grupo La Plata. Hay más. En verdad, el primer programa político fue el Proyecto Nacional a cargo del ministro de Planeamiento Ramón Genaro Díaz Bessone, cuya lectura de la historia ya había asombrado a la embajada de Estados Unidos. En el documento secreto 07308 del 6 de noviembre de 1976, el embajador Robert Hill había calificado las ideas de Díaz Bessone de «disparate paranoico». Hill definió a Díaz Bessone como «un anticomunista duro y delicado con un fervor evangélico que no tiene parangón en ningún oficial militar». Su documento Nueva República, que estimaba una transición hacia la democracia de 15 años, con elecciones en 1991, fue desestimado por la Secretaría General de la Presidencia y por los tres comandantes en jefe a fines de 1977.

Massera manejaba sus propios tiempos y presentó su plan en octubre del ’77. Para el jefe de la Armada se debía marchar al Movimiento de Opinión Nacional con una restrictiva normalización política y sindical que él se proponía capitalizar en futuras elecciones.

La más sólida de las propuestas fue el Plan de Acción Política del Ejército, elaborado por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo del general Jorge Rogelio Villarreal y del civil balbinista Ricardo Yofre, quien analizó informalmente la idea con dirigentes radicales, entre ellos, Raúl Alfonsín. La novedad de este plan era que le ponía plazos al régimen: entre 1977 y 1979 el «proceso» debía llevar a cabo un diálogo con interlocutores políticos, lanzar un referéndum para legitimarse e incorporar al gobierno a los civiles que apoyaran la propuesta. En la segunda etapa, entre el ’79 y el ’83, promulgaría la Ley de Partidos Políticos y llamaría a una Constituyente que reformaría la Constitución Nacional y designaría presidente para el período 1983-1987. Por fin habría elecciones libres para senadores y diputados nacionales, gobernadores, legisladores, intendentes y concejales. En vez de 15 años, habría 6 de dictadura. El plan debió ser consensuado por el Estado Mayor Conjunto del Ejército y allí naufragó porque lo único que importaba de esa propuesta era la conformación de un partido procesista, pero disgustaban los plazos y la palabra «elecciones» les generaba alergia.

Los aviadores concluyeron sus propias Bases el 28 de julio de 1978, redactadas por su secretario general Basilio Lami Dozo y el periodista Mariano Grondona. Grondona negaría susurradamente este dato publicado en 2001 en el libro El Dictador y por Martín Sivak en su exhaustiva biografía El Doctor, en 2005. Como en todos los planes, las piruetas para eliminar al peronismo y al sindicalismo de la vida pública abruman. Aquí se trataba también de crear «movimientos de opinión política nuevos». Sin fecharlas, se hablaba de elecciones pero previa conformación de dos partidos políticos ideológicamente compatibles con la dictadura videlista.

Todas las proposiciones de la dictadura y sus satélites tienen un condimento que, por pretender sobreimprimir el deseo sobre la realidad, se torna estrictamente patafísico, es decir, pretende proveer soluciones imaginarias, algo que le viene mucho mejor al arte que a la política. Con esas iniciativas irreales, muchas veces paralizadas por las internas de las cúpulas militares, Harguindeguy ensayó un diálogo político con cuanto sello de goma circulara exhibiendo certificados de «antipopulismo». Durante un año el ministro del Interior mantuvo 52 entrevistas con 215 personas del ámbito nacional y 337 reuniones en las provincias con más de 1.200 personas. Entre los partidos convocados estuvieron la Nueva Fuerza (que a partir de 1982 Álvaro Alsogaray rebautizaría como Ucedé), el Demócrata Progresista, el PSD, el Federal de Francisco Manrique y partidos conservadores provinciales.

Otro plan solapado de salida «democrática» estuvo a cargo del político y periodista cordobés Juan Carlos Agulla, que trabajó primero con Martínez de Hoz y luego con el general Viola. La iniciativa consistía en armar una confederación de partidos provinciales, conservadores y liberales y encaramar a Martínez de Hoz como «sucesor natural del Proceso». La Armada desarmó el proyecto con su estilo expeditivo: un grupo de tareas asesinó a Agulla en 1978. Como se narra en el capítulo V, el mismo destino le cupo al embajador Héctor Hidalgo Solá, otro de los políticos radicales expectables para una salida videlista.

La reserva balbinista

La integración de los radicales al «proceso» parte de un acuerdo entre su líder Ricardo Balbín y Videla para aportar a la gestión dictatorial segundas líneas que permanecieran en vida latente hasta que se diera la posibilidad de una apertura. En la Secretaría General de la Presidencia, además de Ricardo Yofre, trabajaron el constitucionalista Félix Loñ y Juan Carlos Paulucci, Raúl Castro Olivera, Victorio Sánchez Junoy, Virgilio Loiácono, José María Lladós y Francisco Mezzadri.

Según Yofre, la caracterización de Balbín para ceder sus cuadros era que Videla podría ser «la tabla de salvación para los sectores moderados que había en el país», un contemporizador al que había que apoyar para frenar el triunfo de un ala dura con representantes como Saint Jean, Suárez Mason o Galtieri. El segundo jefe de la embajada norteamericana, Maxwell Chaplin, envió un cable a Washington en el que señaló: «Los de la línea dura, por ejemplo, tienden a estar fuertemente en desacuerdo con las designaciones políticas en puestos de embajadas y están decididos a que el gobierno no negocie, como quiere Videla, con políticos y dirigentes de los trabajadores».

Los «aperturistas» sufrieron en carne propia esta caracterización certera. Fueron sistemáticamente atacados por los «halcones» de Ejército y por Massera. Cada vez que aparecían pálidos síntomas dialoguistas, abrían fuego. Por ejemplo, Oscar Smith, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, fue secuestrado el 11 de febrero de 1977 cuando lideraba una negociación por la reincorporación de más de 200 despedidos y por el mantenimiento del convenio colectivo de trabajo en la empresa SEGBA. La desaparición fue demasiado «evidente» para el gusto de Videla.

En línea con Videla se movía el ministro de Trabajo Horacio Tomás Liendo, que abría negociaciones con sindicalistas como el telepostal Ramón Baldassini y el fideero Hugo Barrionuevo. Pero las dilaciones para encaminar la salida política terminaron por molestar a Balbín. Videla no avanzaba y adjudicarle sólo sus indecisiones y demoras al acoso de los «duros» era una lectura incompleta. El mismo Videla guardaba en sí un «duro» que no concebía al país sin el tutelaje de las Fuerzas Armadas, y ese convencimiento lo despojó hasta de los mínimos gestos de dignidad cuando le mataban en sus narices a quienes, como Hidalgo Solá, él había integrado a la dictadura para reforzar sus estrategias. La línea aperturista terminó su breve derrotero con la renuncia del general Jorge Villarreal a la Secretaría de la Presidencia y de todo el elenco radical-balbinista.

Los dirigentes radicales fueron sin duda los que más se prestaron al colaboracionismo con la dictadura. Pero no los únicos. Un repaso por los intendentes de todo el país que conservaron o asumieron sus cargos en la dictadura resulta ejemplar: UCR: 310; justicialistas: 169; demoprogresistas: 109; MID: 94; Fuerza Federalista Popular: 78; neoperonistas (neuquinos): 23; demócratas cristianos: 16; Partido Intransigente: 4. El PSD también conservó en Mar del Plata al intendente que había ganado las elecciones en 1973.

El peronismo estuvo especialmente en la mira de Massera como plataforma de despegue y apoyo para su ambición presidencial. Con un ansia de poder indisimulable, «Masserita» (como lo había motejado Perón) había cortejado a López Rega y a Isabel Perón. Sobre la ex presidenta mantuvo sus cuidados también mientras estuvo presa en Villa la Angostura, Neuquén, y luego la puso directamente bajo su poder, en el Arsenal Naval Azopardo, de la localidad bonaerense de Azul. En cables secretos, la legación norteamericana advirtió ya a mediados de 1976 que «fuentes peronistas, de la UCR y de los trabajadores han manifestado a funcionarios de la Embajada que en sus contactos con ellos, Massera se comportó como un hombre que trata de construir su propia base de poder».

Además de bombardear la economía y los ensayos aperturistas de Videla (calificó de «puerilidad» la convergencia cívico-militar que proponía el Ejército), Massera mantuvo contactos con el PJ a través de Lorenzo Miguel y de Carlos Ruckauf, tal como le informó por carta el periodista Hernán López Echagüe a Estela de Carlotto. Tendía a armar un plan propio para conformar, él sí, una entente civil y uniformada en la que combinar en sabias dosis «procesismo» y peronismo. Su Partido para la Democracia Social (PDS) incluiría una «izquierda inteligente», una «derecha controlada» y un pan-peronismo que lo tendría como figura presidenciable. Para eso hizo elaborar un plan económico de perfil socialdemócrata. También amagaba con una posición equidistante del «socialismo colectivista» y del «capitalismo materialista».

Hiperactivo, Massera montó una fundación de estudios políticos, el diario Convicción, el Centro de Promoción Internacional de París y un equipo de ex integrantes de las organizaciones armadas era obligado a trabajar en análisis político y producción intelectual a cambio de sus vidas. Así como Videla no pudo imponer sus tibios arrestos aperturistas, la acometida de Massera fue anulada por el Ejército y ya fuera del poder su acción no encontró anclaje social a pesar de compararse con Perón y de buscar integrar la Internacional Socialista, por medio del ex diputado Jorge Selser. El intento culminó en la expulsión de Selser del socialismo.

Viola desafina

La asunción de Roberto Viola venía de la mano de una apertura anunciada. El nuevo dictador asumió que las prohibiciones políticas habían caducado «de hecho» y anunció otro recomienzo del diálogo político. Así como Videla se inclinaba a apoyarse en los radicales, a través de la acción que había desplegado el general Villarreal con el balbinista Yofre, Viola pretendía recostarse en un espectro político donde cabían los partidos de derecha provinciales y sectores escogidos del peronismo, visualizados como freno a toda posibilidad de cambio. Con esto alcanzó para que sus pares lo trataran como «populista y peronizante».

En términos de discurso político Viola nunca había ido mucho más allá de la verba violenta y chirriante de la dictadura. Aun así, se lo tenía como un político que mostraría sus luces una vez que se apoltronara en el sillón presidencial. Acechado por los «duros», sin embargo, para tratar de resucitar el MON no pudo hacer mucho más que rodearse de la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), una alianza conservadora donde asomaba la cabeza la hija del líder del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán, y que tenía como líderes a Horacio Guzmán (Jujuy), Ismael Amit (La Pampa), Amadeo Frúgoli y Francisco Gabrielli (demócratas mendocinos), José Antonio Romero Feris y Ricardo Balestra (Pacto Autonomista Liberal correntino), el bloquista sanjuanino Guillermo Belgrano Rawson, Guillermo Acuña Anzorena y Federico Carman.

A todo esto se había formado la Multipartidaria con un arco de partidos donde cabían la UCR y el PJ, además de los intransigentes, el MID y partidos menores. Yofre le recomendó a Viola: «Aproveche la Multipartidaria que está presidida por Balbín que es su íntimo amigo». Balbín murió en septiembre de 1981 y fue reemplazado por Carlos Contín. La muerte del viejo líder radical se transformó en el primer acto político de masas contra la dictadura, en el que se estrenó un hit que haría época: «Se va a acabar / se va a acabar / la dictadura militar».

La indefinición de Viola, sus rápidamente comprobadas escasas luces y el acecho de los «duros» terminaron con su gobierno. El gran empresariado y la Iglesia católica, que aún lamentaban el derrape final del videlismo, sintieron que resurgían sus expectativas cuando asumió la presidencia Leopoldo Fortunato Galtieri, quien se propuso recuperar el espíritu inicial del «proceso» y retornó a la ortodoxia económica con Roberto Alemann. Galtieri, tibiamente, continuó incorporando civiles cortados por una misma tijera: el ultramontano Jorge Aguado ocupó la gobernación de Buenos Aires; Rubén Pellanda asumió en Córdoba, el «ganso» (apodo tradicional de los demócratas mendocinos) Bonifacio Cejuela en Mendoza y Jorge Casís en Santa Fe.

Pero la sociedad política y el sindicalismo se habían soltado al fin y el 30 de marzo de 1982 la CGT, acompañada por la Multipartidaria, hizo un paro en repudio a la política económica y una manifestación donde primaron las consigas «Pan, paz, trabajo / la dictadura abajo» y «se va acabar / se va a acabar / la dictadura militar». La marcha fue duramente reprimida y amenazó con transformarse en una bisagra que daría comienzo a una etapa de resistencia decidida. Pero dos días después la invasión a las Malvinas, tras el objetivo nacional de recuperar esas islas asaltadas por Gran Bretaña, encolumnó hasta a los «apaleados» del 30 de marzo detrás de un error político-militar gigantesco que mostraba la rotunda incapacidad de los uniformados para el gobierno. Mientras la flota inglesa se acercaba, Galtieri se dio baños de calor popular desde los balcones de la Casa Rosada y gran parte de la población se cocinó en un fervor nacionalista que sería frustrado de la peor manera.

El primitivismo de pensar la escena internacional sólo en clave de comunismo-anticomunismo, la afiebrada aspiración de que por haber contribuido a la lucha contrarrevolucionaria en Centroamérica con matones, esbirros y torturadores se iba a gozar del favor diplomático y militar de Estados Unidos frente a su aliado británico, precipitó la derrota en todos los frentes y una esquizofrenia en las relaciones exteriores que pasaron sin transición de un enfoque anticomunista a otro antiimperialista, con pedido de ayuda a Cuba incluido.

La Multipartidaria había abierto un compás de espera tras el objetivo de defender la soberanía territorial. De ese elenco y sus alrededores dos dirigentes mantuvieron la mirada crítica: Carlos Auyero, de la Democracia Cristiana, y Raúl Alfonsín que se iba a transformar en el hombre de la transición. Juan Carlos Dante Gullo, entonces preso político y posteriormente diputado por el Frente para la Victoria, recuerda que «la dictadura quería «malvinizar una situación que se le escapaba de las manos» y en esa maniobra el PJ se equivocó porque «tendría que haber sido duro, muy duro».

Pero la guerra se perdió, el régimen terminó de descomponerse y la dirigencia política no necesitaba ya aceptar condiciones para exigir la retirada militar. El general Reynaldo Benito Bignone se hizo cargo de la presidencia con el solo objetivo de pilotear las elecciones y el traspaso del gobierno y cubrir los crímenes de sus camaradas de las tres fuerzas sometiéndolos solamente al «juicio de Dios». El PJ, que se había mostrado ambivalente ante la autoamnistía militar, pagó con la derrota electoral ante una sociedad que miraba azorada el aquelarre mortuorio del período 1976-1983 que comenzaba a repasarse y exhibirse ya de una manera imparable. Alfonsín capitalizó sus mayores niveles de coherencia y le asestó la primera derrota electoral al PJ con el 51 por ciento de los votos, un porcentaje plebiscitario del que sólo había gozado Juan Domingo Perón.

Adónde están, que no se ven

En los más de siete años de dictadura la resistencia no estuvo en manos de los partidos políticos, sino en las organizaciones de derechos humanos. La dirigencia susurró críticas contra el plan de Martínez de Hoz y reclamó tibiamente por la apertura política. Pero el accionar central de la dictadura, su razón de ser contrarrevolucionaria inscripta en los cuerpos atormentados, aniquilados y desaparecidos no ocupó, salvo excepciones, los desvelos de la «clase política».

Entre esas excepciones estuvo Alfonsín que en 1979 presentó ante la Corte Suprema un pedido de hábeas corpus por más de 700 personas junto a Luis Zamora, Emilio Mignone y el obispo Jaime de Nevares. En verdad, la dirigencia cristalizada de los partidos resultó casi intocada por la dictadura y quienes sufrieron cárcel (como Cafiero, Menem o Lorenzo Miguel) siempre estuvieron blanqueados. Videla, pero sobre todo Viola, guardaban esperanzas de reflotar a cierta dirigencia para sus proyectos y de hecho, como hemos visto, muchos dirigentes se prestaron a ocupar cargos de segunda línea e intendencias.

Según el politólogo César Tcach, los partidos «mantuvieron la práctica política de sus dirigentes, hecha de denuncias y también de silencios, pero cuya continuidad fue un dato insoslayable para estimular la renovada fe en los partidos que vició la sociedad argentina desde 1982». El mejor ejemplo de esa práctica la exhibió Ricardo Balbín, que días antes del golpe mantuvo al menos una reunión con Videla y otras dos con el nexo entre el dictador y los políticos, el general Villarreal. Por esta actividad el «Chino» supo el día y la hora del golpe del 24 de marzo de 1976. Durante la dictadura mantuvo vínculos con el poder mediante declaraciones favorables y negociaciones secretas.

La cuerda en la que se manejaba Balbín bien puede desprenderse de sus declaraciones cuando una madre de Plaza de Mayo le reprochó su falta de compromiso en una rueda de prensa en 1977: «Usted ocúpese de los muertos, que a mí me duelen, que yo me ocupo de los vivos para que no mueran», respondió. En abril de 1980 le dijo a la Televisión Española: «Creo que no hay desaparecidos, creo que están todos muertos, no he visto el certificado de defunción de ninguno». Una vez muerto Balbín, su correligionario Horacio García Leyenda trató de dotar de valor moral la posición ante el genocidio: «Le preocupaba que la cosa no avanzara para peor».

Durante la primera etapa de la dictadura, Balbín se había reunido con Videla a mediados de 1976, en la casa de Villarreal, según afirmaron el militar anfitrión y su segundo, Yofre, para el libro El Dictador. Pero el martes 21 de diciembre de 2010 quien terminó por confirmarlo todo fue el propio Videla. En su alegato final antes de recibir otra condena a cadena perpetua por el asesinato de 31 presos políticos en Córdoba dijo que Balbín le había pedido que «apurara el golpe […] para evitar una larga agonía de la República». En sus contactos con Videla, Balbín le pidió por las vidas de Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Amaya, dirigentes radicales que se habían animado a defender presos políticos y averiguar por desaparecidos. Ambos fueron «blanqueados» el 30 de agosto de 1976 en una cárcel común, donde Amaya murió a consecuencia de las torturas. Balbín también alcanzó a avisarle al ex embajador en Israel durante el gobierno de Illia, Adolfo Gass, que el Ejército le volaría su casa de San Isidro. Un hijo del luego senador nacional Gass, Sergio, era un militante montonero, aún desaparecido.

Cuando se dio cuenta en 1978 de que la hibridez de los proyectos políticos videlistas no conducía a ningún lado, Balbín se tornó crítico: «No hay democracia estable y representativa —dijo el 2 de enero— sin partidos políticos y sin participación popular. Y aquellos no se disuelven ni nacen por decreto […]. Hay que desechar a los declamadores de nuevas refundaciones».

Aun el jefe del ala derecha radical se presentía fuera de ese civismo antiséptico que buscaba el videlismo, ese oxímoron irracional de un civismo sin ideas ni historia, que al fin y al cabo se prosternara ante las «potestades legítimas» y sus socios externos. Cuando el amago de «apertura» se disolvió del todo con la renuncia de Villarreal y el desmantelamiento de sus equipos, quedó claro lo que en el fondo quería pilotear Videla: la perpetuación del poder de los ex jóvenes dinosaurios, la «clase decente» con Joe a la cabeza, con los radicales como una comparsa acrítica que le sirviera para aparentar un símil de juego institucional. Ideas flacas y vanas que abrieron paso al deseo de fondo: fugar hacia adelante con la perpetuación del poder.

Alfonsín, como narró Ricardo Yofre, también trató de morder algo en una posible salida política. En enero de 1977, el futuro presidente propuso: «“Ricardo, acá hay una salida a la portuguesa —me dijo Alfonsín— mire, se convoca a una Constituyente, actúa como Congreso, va a sancionar leyes”. Yo le contesté: “Mire, Raúl, no ha pasado un año del golpe, si voy a Casa de Gobierno y les digo que tenemos que llamar a una elección constituyente me tiran por la ventana”. Alfonsín respondió: “No, no hay necesidad, con el poder que tienen los militares dicen bueno, vamos a hacer una Constituyente, tantos conservadores, tantos democratacristianos, tantos radicales, tantos peronistas, tantos comunistas… que esté todo el arco, desde los conservadores hasta los comunistas. Se ponen los nombres, como hay una sola lista se proclama… Se lo elige a Videla, obviamente”. Al final se trabajó con esa idea, se hicieron carpetas, provocaron un gran quilombo… Luego hubo un recorte de esa idea… No pasó nada. Todo quedó ahí. Se fue a la mierda».

La avanzada de la UCR a favor de una salida fue tan intensa que se llegó al extremo de homenajear a Videla durante una cena en la confitería El Molino. La iniciativa estuvo a cargo del ex diputado radical Vicente Mastrolorenzo, presidente del Círculo de Legisladores, quien en noviembre del ’78 invitó al dictador durante una reunión oficial en Casa de Gobierno. La cúpula justicialista y la de otros partidos se reunieron días antes en el domicilio de Vicente Solano Lima para rechazar la cena. Allí fueron Miguel Unamuno, Benito Llambí y Vicente Saadi por el peronismo, Enrique de Vedia y Néstor Vicente por la DC y Simón Lázara por el Socialismo Unificado. Fernando Nadra, del Partido Comunista, anunció que asistiría a la cena por las relaciones comerciales de la dictadura con la URSS. Solano Lima y el democristiano José Antonio Allende finalmente cambiaron su postura y compartieron el brindis con el dictador.

El justicialismo desistió de concurrir oficialmente. Bittel justificó su ausencia «ante la actual suspensión de la actividad específica de los partidos políticos, la detención prolongada de muchos de sus dirigentes y frente a la ausencia de reglas de juego claras y precisas para la restauración del proceso democrático». Muchos peronistas que habían adquirido la tarjeta para la cena debieron devolverla, aunque aquel 1º de diciembre de 1978 no se privaron de hacerlo Luis Rubeo, Enrique Osella Muñoz y Carlos Palacios Deheza. Por la conducción radical levantaron las copas Balbín, Juan Carlos Pugliese, García Leyenda, Rubén y Francisco Rabanal y Carlos Contín. En otra mesa estuvieron Juan Trilla, Cándido Tello Rojas y Adolfo Tessio. Se abstuvieron de concurrir, además de Alfonsín, Luis León, Carlos Perette y Fernando de la Rúa. El periodismo político tuvo por fin un poco más de letra para el día siguiente. El comunista Juan Carlos Comínguez agradeció a Videla que le hubiera permitido estar presente en el homenaje. Tróccoli fue parco: «En boca cerrada no entran moscas», dijo. El peronista santafesino Luis Rubeo se arrepintió de haber concurrido y anunció su retiro ante la presencia de Videla, pues aseguró que no se la había notificado.

Buena parte de la raza encorbatada de la política proscripta rodeó a Videla con platos y cubiertos, pero el coqueteo gastronómico sería vano. No les llovería ni una cucharada de sopa democrática.

Contusiones en la columna vertebral

De nada le sirvió a Lorenzo Miguel abrir un rápido paraguas con una solicitada el 25 de marzo de 1976, en la que decía: «El Movimiento Obrero tiene un profundo respeto por sus Fuerzas Armadas» porque «hemos sentido como propias las heridas que la guerrilla asesina le infligiera a los soldados». La apelación podría estar dirigida a los militares que unos años antes veían en el peronismo el dique de contención de una radicalización más profunda, pero no a esta generación uniformada detrás de los cerriles muchachos ex AJDA encabezados por Martínez de Hoz. El tendido de mano fue respondido con un sonoro «de acá» a lo Alberto Olmedo: la ley 21.270/76 intervino la CGT y los gremios más importantes, bloqueó los fondos sindicales y paralizó las cuentas bancarias y los bienes personales de dirigentes considerados corruptos. Por su parte, el decreto 10/76 prohibió la actividad de las 62 Organizaciones, brazo político de la CGT. El programa de Videla-Joe incluía la flexibilización laboral y la represión sin contemplaciones en caso de huelgas y marchas de protesta. Hasta el intento negociador del sindicalismo ortodoxo les parecía a los patricios videlistas una puerta entreabierta al infierno rojo.

Las conductas claudicantes ante los uniformados ya habían partido del corazón del PJ cuando en 1975 el presidente provisional Ítalo Luder firmó dos decretos que armaron el prólogo del costado más siniestro de la dictadura: el 2.270 que conformó un Consejo de Seguridad hegemonizado por las Fuerzas Armadas y el 2.272 que ordenaba «aniquilar el accionar subversivo» en todo el país. La interpretación del verbo «aniquilar» hizo ya correr ríos de tinta pero en la práctica dibujó el verdadero eje del videlismo: la supresión de los cuerpos de la rebeldía más allá, mucho más allá, de la confrontación con la guerrilla hegemonizada por los Montoneros y el ERP.

En 1983 Luder fue el candidato del PJ. El entonces embajador de Estados Unidos Harry Schlaudeman envió cables secretos donde narraba que el candidato peronista había habilitado a Lorenzo Miguel para que negociara con los militares una salida con amnistía. Esto sería hábilmente explotado por Alfonsín, quien denunció un pacto «militar-sindical» que le redituó electoralmente.

Hoy Dante Gullo recuerda que esa posición concesiva «no respondía a lo que había demostrado el PJ cuando llegó la CIDH. En ese momento primó una caracterización que decía «No nos metamos en esto que es una brasa caliente». En efecto, Bittel, compañero de fórmula de Luder y el candidato a gobernador bonaerense, Herminio Iglesias, eran los únicos políticos que se habían animado a denunciar violaciones a los derechos humanos en 1979 pero, como repasa Gullo, en 1983 «quedamos encerrados en una posición que desnaturalizaba incluso la filosofía de nuestro movimiento antidictatorial y antiimperialista».

Es cierto que Bittel, a cargo del partido como vicepresidente primero tras la detención de Isabel en 1978, exhibió una posición diferenciada de Balbín cuando en un informe ante la CIDH arrojó sin medias tintas que el gobierno militar violaba los derechos humanos y pidió la liberación de los presos políticos, por ejemplo la de Héctor Cámpora, asilado en la embajada de México. Fue ése el único documento suscripto por un partido político que denunció las desapariciones y reclamó por los detenidos en forma clandestina. Sin embargo, en 1981, cuando se conforma la Multipartidaria, la titularidad recae en Balbín.

Otros dirigentes, como Antonio Cafiero, asumieron una postura intransigente ante la salida política y se aliaron con la CGT Brasil, que nucleó a los sindicalistas antidialoguistas, mientras que Ángel Robledo optó por jugar con los dialoguistas de la CGT Azopardo. Sucedió que el quiebre de la central sindical representaba las dos maneras de plantarse ante la dictadura. Ya en abril de 1976 una asamblea en el sindicato de Sanidad reunió a varios gremios que cuestionaron la legitimidad de la dictadura y pidió la restitución de las autoridades previas al golpe. La postura terminó con la conformación de la Comisión de los 25 que integraron los dirigentes de gremios minoritarios José Luis Castillo (electricistas) y Osvaldo Borda (caucho), a la que luego se sumaron otros de peso como José Pedraza (ferroviarios) y José Rodríguez (SMATA). Éste fue el sector que en abril del ’79 convocó a una marcha donde hubo un muerto y doscientos detenidos. El «Gordo» Rodríguez fue encarcelado dos veces por convocar paros, aunque el «proceso» lo autorizó a mantener su cargo en la Federación Internacional de Metalúrgicos.

La Junta Militar avanzó sobre los gremios con medidas que ocultaban su deseo íntimo de borrarlos del mapa y prohibió las confederaciones de tercer grado; separó las obras sociales de los sindicatos; sindicalizó a los trabajadores por jerarquía (obreros, técnicos y jerárquicos) para promover su división; dictaminó que los representantes gremiales no podían hacer política y ordenó que quienes tuvieran antecedentes penales o policiales no pudieran tener actividad gremial. Aquellos afanes profundamente antiobreros enunciados en 1946 en la revista Demos se convertían en ley.

Dirigentes que habían apostado a las intenciones negociadoras de Viola, como el plástico Jorge Triaca y el mercantil Armando Cavallieri, formaron la Comisión Nacional del Trabajo (CNT) y con pose de buenos salvajes consiguieron que la dictadura les devolviera la sede histórica de la calle Azopardo. Recién llamaron a una huelga tras la derrota de Malvinas y con la salida democrática en curso. Otro sector de la ortodoxia aceptaba abrir líneas de diálogo con Massera, quien en París se reunía con el gremialista Casildo Herreras que integraba el Consejo Superior del peronismo en el exilio. Massera favoreció la prisión domiciliaria de Miguel en su casa de Villa Lugano. Por allí pasaban los gremialistas que se reunían con Massera: Lesio Romero (carne), Carlos Gallo (telefónicos), Herminio Iglesias (con origen en la UOM) y un amigo de todos, Carlos Ruckauf.

Los 25, en cambio, hicieron de las peregrinaciones al Patrono del Trabajo, el templo de San Cayetano, en Liniers, una muestra multitudinaria de desaprobación a la dictadura, llamaron a la marcha del 20 de marzo de 1982 y conformaron la CGT-Brasil con el cervecero Saúl Ubaldini a la cabeza. Ya en 1977 y 1978, gremialistas de este sector habían denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la política de represión del régimen militar y las desapariciones de Smith, Aldo Lezcano (Luz y Fuerza) y de otros dirigentes gremiales.

Juan Carlos Dante Gullo habla de un «cierre de filas» hacia adentro del movimiento peronista tras el golpe y lo ejemplifica de esta manera: «Estando preso, Fernando Torres (abogado de la UOM, de Lorenzo Miguel y luego de Mario Firmenich) venía a verme a mí, a (el diputado nacional) Carlos Kunkel y otros compañeros (de la revolucionaria JP), se ponía a nuestra disposición y nos preguntaba qué necesitábamos». La UOM, ariete de la «patria sindical», y la Regional I de la JP que comandaba Gullo habían sido las cabezas más notables de las contradicciones irresolubles del peronismo.

A izquierda y derecha

La predisposición favorable al golpe videlista por parte del Partido Comunista (PC) corrió en paralelo con las fuertes relaciones comerciales que relacionaron al «proceso» con la Unión Soviética. Aunque fuera una herencia del denigrado «populismo» y su posición más independiente en el plano internacional, el videlismo eligió no interrumpir la exportación de cereales a la URSS, algo que al país de los soviets le permitía atenuar los efectos del embargo cerealero que le había impuesto Estados Unidos.

El 25 de marzo de 1976, el PC emitió una declaración en la que afirmó que la situación durante el gobierno del justicialismo agraviaba a la Nación y comprometía su futuro. De esto culpaba al «lopezreguismo», a la presidenta depuesta, a «jerarcas sindicales» y a la guerrilla. El «partido» estaba convencido de que el golpe era el método para solucionar esa crisis y proclamó que Videla revitalizaría «las instituciones constitucionales». Estas declaraciones de amor no impidieron que cientos de sus militantes fueran secuestrados y desaparecidos.

Oscar González, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y dirigente de origen socialista, rememoró en 2010 la situación esquizofrénica del PC: «En septiembre de 1976 viajo a Moscú como sindicalista socialista y ahí me invitan al Congreso Internacional de Periodistas de Finlandia organizado por el Partido Comunista local. A los delegados de Perú, donde había gobernado el general (Juan) Velasco Alvarado y a los de la Argentina no nos dejaban hablar para que no ataquemos a nuestros respectivos gobiernos porque Videla y Velasco eran aliados fundamentalmente económicos de la URSS».

Como en los años de la Unión Democrática, el PC estuvo más cerca de las posiciones de los partidos de derecha. Uno de los apoyos más enfáticos que recibió Videla fue el del socialista Américo Ghioldi, enfermo con lo que definía como «la concentración místico-populista». En 1955, la participación en el golpe que derrocó a Perón fue asumida por casi todo el partido. Los socialistas asimilaban peronismo y fascismo al igual que los muchachos de la AJDA en los años 40. En 1976 mantenía esa caracterización, pero la represión sangrienta de la dictadura no les encendió nuevas comparaciones. Ghioldi fue premiado por Videla con la embajada en Portugal y antes de partir a Lisboa fue despedido en una cena a la que asistió la plana mayor del partido. También se sumaron a la dictadura el hoy macrista Santiago de Estrada (secretario de Seguridad Social), el demoprogresista Alberto Natale, que aceptó en 1981 la intendencia de Rosario, entre otros que hemos visto al repasar las distintas áreas de gobierno.

Con las excepciones del caso —cabe rescatar, aun con sus contradicciones y claroscuros, las actitudes diferenciadas de Raúl Alfonsín en la UCR y de Deolindo Felipe Bittel en el PJ—, la oposición y las denuncias contra la dictadura no estuvieron hegemonizadas por los partidos políticos tradicionales. La resistencia estuvo a cargo, sí, de las organizaciones de Derechos Humanos que comenzaron clamando en el desierto y ofreciendo desde sus filas nuevas víctimas a las dictadura, como las mujeres marcadas por los besos matricidas de Alfredo Astiz. Pocas organizaciones como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se formaron antes del golpe de Estado. Otras, en la dictadura, como las Madres de Plaza de Mayo que iniciaron su reclamo público en abril de 1977. Las siguieron las Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En el último tramo del gobierno tuvieron una participación más fuerte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Judío por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Desde su invisibilidad hasta la obtención de crecientes solidaridades internacionales, desde su activismo solitario hasta las marchas multitudinarias, los organismos humanitarios se plantaron con una coherencia y una solvencia moral inhallable en los profesionales de la política.

CAPÍTULO VII

Papel Prensa y el papel de la prensa

Un viejo asunto

Una visión idealista quiere ver a los medios de difusión como actores neutrales que vigilan aquello que sucede, con capacidad de relevar la realidad y hacer contribuciones y denuncias, sacar a la luz lo que se quiere ocultar, aportar inteligencia y creatividad para contribuir a la vida en comunidad. Este criterio no tambaleó ni fue destrozado por primera vez en la Argentina con la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976.

Antes y después hubo innumerables conos de sombra sobre esa hipótesis según la cual los medios son por naturaleza actores equidistantes de las más diversas expresiones del poder, público y privado, para desempeñarse desde ese lugar santificado con una voz plena de autenticidad por el hecho de no responder más que al bien común y a sus principios innegables.

También antes de que la circulación mundial de capitales y la distribución y redistribución de propiedades y paquetes accionarios se generalizara con unos simples toques al «enter» o «clicks» en el botón del mouse, la gran mayoría de los medios de difusión argentinos, hasta los 80, estuvo ligada a un ramillete de familias «importantes», tradicionales, que anclaron especialmente en la prensa gráfica, sostienen Daniela Blanco y Carlos Germano, «como estrategia de hegemonía cultural, política y económica». Ese anclaje es visible todavía en el siglo XXI en muchos apellidos ilustres: familias y grupos selectos que, en sus estrategias de escalada hacia el poder, tienen a los medios como un instrumento más.

Si bien desde el nacimiento mismo de las primeras instituciones políticas nacionales esta vinculación es verificable, con un sistema de hostigamiento y crítica hacia los gobiernos adversos y de acompañamiento y cobertura para los parcial o totalmente afines, la del «proceso» es una etapa especial por los extremos a los que se llegó. La sociedad entre los dictadores y los propietarios de medios para concretar el asalto a Papel Prensa y su apropiación para Clarín, La Nación y La Razón, es una de las evidencias más aberrantes de esos extremos. Pero hay otras, porque numerosos empresarios periodísticos, acaso sin llegar a quedarse con beneficios tan cuantiosos, se lanzaron en sus páginas a contribuir con la preparación del terreno para el golpe del ’76 y luego acompañaron al régimen: lo avalaron con editoriales y selección de fuentes, exaltaron la represión y apenas hicieron unos señalamientos mayormente tardíos, camuflaron crímenes de lesa humanidad, yendo de la mano de represores después condenados a hacer notas a víctimas de secuestro y tortura. Desplegaron, en suma, toda su energía para contener, al menos en un primer período, la progresión de denuncias que crecía fuera del país.

En sintonía con las finalidades esenciales de la represión del «proceso», las empresas periodísticas más fuertes aplaudieron y acompañaron con fidelidad el plan económico de José Martínez de Hoz para retrotraer la distribución de la riqueza nacional a niveles anteriores a los del primer peronismo. Celebraron liberaciones de precios y contención de salarios, la desarticulación del Estado y el despido de trabajadores públicos, exaltaron en letras de molde la algarabía que la obra de Joe causaba en el Fondo Monetario Internacional y la admiración que le profesaba Henry Kissinger, arrojaron flores a la «inversión extranjera» y al «saneamiento» del sistema financiero.

Sólo cuando los dictadores empezaron con sus primeras implosiones, cuando su impericia y su ambición ciega derivaron en los primeros estrépitos, cuando la multiplicación de denuncias por los crímenes del terrorismo de Estado en el exterior comenzó a repercutir fronteras adentro y cuando los primeros civiles que vencieron su propio miedo comenzaron a ganar la calle, como las Madres de Plaza de Mayo, sólo entonces asomaron, tímidamente, algunas pocas palabras.

Es una línea cuyas ondulaciones resultan en un paralelo con la suerte del «proceso»: adhesión incondicional con los «éxitos» del régimen y un poco de distancia crítica cuando el panorama se complica. Así, la línea hace cumbre en la recepción alegre y llena de suspiros de alivio a la dictadura, empieza a descender casi imperceptiblemente con las primeras sombras —menciones a una inflación demasiado alta, por ejemplo, en 1977, o las preocupaciones del gobierno de Jimmy Carter por los derechos humanos— y vuelve a subir cuando el Mundial 78 parece darle al régimen acompañamiento popular. Cuando la euforia empieza a pasar, un poco más de distancia para incluir algunos llamados de atención sobre la crisis económica, reclamos de los organismos de derechos humanos, algún documento opositor, un pequeño despacho de una agencia internacional con un político pidiendo, en el exterior, la vuelta de la democracia. Pero el matrimonio se restablece con plenitud explosiva en el ’82, con la Guerra de Malvinas, para después descomponerse tan rápido como las tropas británicas recuperan el archipiélago.

Además, es justo poner a la corporación periodística en el contexto de la época: la Argentina estaba muy lejos por entonces —en verdad, muchísimos otros países, incluidos todos los de la región— de atreverse a discutir sobre la comunicación como un derecho social y sobre la información como una propiedad común, que es necesario que compartan todos los habitantes. Imperaba —y seguía siendo defendida ya avanzado el siglo XXI— la noción según la cual todo lo que hace falta, en materia de acceso del pueblo a la información, es que a los propietarios de los medios se los deje hacer todo cuanto deseen, ya que sus propósitos nobles derivarán en una especie de beneficio colectivo.

Los dictadores contaron con la «prensa grande» para los servicios que necesitaron. Para los otros medios, diseñaron un sistema de censura previa y posterior sin resquicios, y para los periodistas díscolos hubo mordaza, secuestro, asesinato y exilio forzoso.

Por un papel propio

El 3 de marzo de 1972, la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse autorizó a Papel Prensa SA a instalar y operar una planta elaboradora de papel de diario con una capacidad de producción de 105.600 toneladas anuales y una inversión total de 62 millones de dólares. La sociedad había sido constituida en noviembre de 1971 por César Civita y Editorial Abril, empresa de la familia Civita, acompañados por un grupo de socios minoritarios. Nacido en Nueva York pero con ciudadanía italiana, Civita vivió en Italia hasta 1938, para desembarcar en Buenos Aires en 1941. En la capital fundó Editorial Abril, que durante los 60 y hasta principios de los 70 descolló con aciertos editoriales que dejaron marcas en varias generaciones y capas sociales.

Por el mismo decreto que autorizaba el emprendimiento propuesto por Papel Prensa SA, Lanusse declaró desierto el concurso público internacional que había convocado para adjudicar la instalación y operación de una o más plantas de papel para diarios, alegando disconformidad con la calidad de las ofertas recibidas.

Junto con César Augusto Civita, César Alberto Doretti y Luis Alberto Rey garantizaron en forma mancomunada y solidaria la concreción del proyecto. El asentimiento concedido por el régimen abría las puertas a un apoyo fiscal, arancelario y crediticio muy significativo. Para obtenerlo, Papel Prensa SA se obligaba a cumplir con dos condiciones: una, referida a la demostración de la viabilidad de la tecnología propuesta, que no estaba contemplada en el pliego de bases y condiciones y, otra, a que los costos de producción «permitan vender el producto a precios adecuados a los requerimientos del pliego de bases y condiciones». El régimen le dio a la empresa 150 días para cumplir con ambos requisitos, los que fueron dados por satisfechos, a juzgar por los acuerdos alcanzados.

Siete meses después del decreto de autorización, Civita y Doretti firmaron con el ministro de Industria y Minería, Ernesto Parellada, el contrato que reguló derechos y obligaciones recíprocas entre el Estado nacional y la empresa, que en ese momento comenzó a recibir un apoyo estatal amplio y prolongado. Es el punto de partida de un maridaje que más tarde cambió de actores y se lanzó a operaciones que, sin pestañar, pueden ser definidas como propias de una verdadera asociación ilícita. Otro decreto, de octubre de 1972, aprobó el contrato con modificaciones aceptadas por el régimen respecto de producción anual máxima, 105.600 toneladas, y de inversión total, que de 62 millones descendió a 50.950.000 dólares.

En el artículo séptimo del compromiso suscripto, se establecieron las reformas al reglamento de la empresa. Con 25 por ciento del capital social para el Estado, la aprobación del estatuto se concretó cuando los socios fundadores habían suscripto el 20 por ciento del capital accionario en proporciones que no dejan duda alguna de que Papel Prensa era entonces un emprendimiento del grupo Civita:

Accionistas

Capital suscripto al 28 de junio de 1972

Acciones

Porcentaje

Editorial Abril

99.500

49,75

César Augusto Civita

60.000

30,00

César Alberto Doretti

20.000

10,00

Luis Alberto Rey

19.900

9,95

Roberto Lambardi

100

0,05

Juan Ovidio Zavala

100

0,05

Livio Guillermo Küh

100

0,05

Eduardo A. Barrera Delfino

100

0,05

Alberto José Selasco

100

0,05

Alberto Levi

100

0,05

200.000

100,00

Capital accionario total: 1.000.000 acciones de valor nominal $10, un voto por acción.

En la versión originaria del estatuto acordado por el grupo Civita, 55 por ciento del capital correspondía a inversores privados, 25 al Estado y 20 a los «usuarios habituales de papel para diarios». Esta última participación era distribuida por mitades, en dos grupos: el 10 por ciento a ser colocado en partes iguales entre todas las empresas editoras de diarios y otro 10 por ciento que se asignaría en proporción a los consumos correspondientes a los últimos tres años anteriores inmediatos a marzo de 1972. Las reformas introducidas por el acuerdo que firmaron Civita y Doretti con el ministro Parellada, modificaron esa composición. En su reemplazo, establecieron cinco clases de acciones y otras tantas participaciones para cada una, comenzando por las acciones clase «A», con el 26 por ciento del capital social, asignadas a los inversores titulares del proyecto, identificados como «grupo fundador». Resultó ser el grupo más dinámico en los cambios de accionistas que comenzaron a producirse a poco de haberse firmado el acuerdo. La clase «B», para el Estado nacional, mantuvo el 25 por ciento; la clase «C» para los «usuarios habituales de papel de diario», 20 por ciento; la clase «D» para el público inversor en general, 10 por ciento, y la clase «E» para los proveedores de materias primas, locadores de obra y servicios y contratistas de Papel Prensa SA, 19 por ciento. Este último grupo de accionistas fue autorizado a suscribir los títulos mediante compensaciones con los importes facturados por sus prestaciones. Con el correr de los meses y ante la inexistencia de interesados en acciones clase «C» y «E», éstas fueron asimiladas a los títulos destinados al público en general.

Con las modificaciones a la composición accionaria resueltas en octubre de 1972, se estableció un criterio de apertura del capital que preservaba uno de los propósitos proclamado para el plan de producción de pasta celulósica y papel para diario: impedir el control societario por cualquiera de los grupos de accionistas.

El contrato firmado por los representantes de Papel Prensa SA y el ministro de Industria también conservó los beneficios fiscales concedidos por el pliego de bases y condiciones. A los titulares de acciones «A», «B» y «E» se les concedió la reducción durante diez años, en forma decreciente, del monto por abonar en concepto de impuestos a las ganancias y a la transmisión gratuita de bienes. Durante los primeros cuatro años, la deducción era del 100 por ciento y a partir del quinto año se reducía gradualmente hasta llegar al 10 por ciento en el último ejercicio fiscal. A los poseedores de acciones «C» y «D» se les permitió deducir de las ganancias imponibles hasta el 70 por ciento de las sumas invertidas en la suscripción de esos títulos. Los beneficios fiscales para los propietarios de ambas clases de acciones estaban condicionados a que la integración de los títulos se hiciera dentro del año de la fecha de suscripción y que fueran mantenidos en el patrimonio de sus compradores por un período no menor a tres años, «contados a partir de la fecha de puesta en marcha del proyecto o de la etapa que corresponda al proyecto». Esta condición es la que inhabilitó la cesión a Clarín, La Nación y La Razón de acciones clase «C» y «E» que David Graiver había comprado con desgravación. Esas acciones no debían ser objeto de compraventa alguna, excepto que el vendedor devolviera al Estado los impuestos no pagados.

Socios en desventura

Cuando la dictadura de Lanusse cerró el convenio con el grupo Civita para que instalara la primera planta productora de papel de diario de la Argentina, su suerte política ya estaba echada. Corría octubre de 1972 y una ola creciente avanzaba con un mensaje unívoco: el peronismo volvería a ser gobierno. El nacional desarrollismo que había echado a andar de la mano de Aldo Ferrer dos años antes de ese acuerdo, carecía de sustento para sostenerse.

Con Juan Domingo Perón en la presidencia, el 14 de noviembre de 1973 se sancionó la ley que establecía el régimen de promoción industrial para nuevas actividades, expansión, perfeccionamiento y modernización de las existentes. La ley fue elaborada por el Ministerio de Economía bajo la conducción de José Ber Gelbard, en el cargo desde el 25 de mayo de 1973, y contenía los lineamientos de una política industrial completa que apuntaba también a la descentralización geográfica, al desarrollo tecnológico nacional y a «la consolidación de la industria de propiedad nacional». Esta apuesta estratégica, expresión de las raíces mismas del peronismo, era recuperada y relanzada cuando a la vez recomenzaba el fogoneo para, una vez más, desbaratarla.

Entre las ramas elegidas para la promoción estatal, una fue la celulósica y de papel para diario. Legado del período anterior, había quedado pendiente el «segundo concurso público internacional para la instalación de una o más plantas productoras de papel prensa». El 14 de enero de 1974, con la firma de Perón y Gelbard, fue dejado sin efecto, al afirmarse que las presentaciones recibidas no se ajustaban a las normas de la licitación. Un par de semanas antes de esa decisión, en Papel Prensa se realizaron modificaciones en la conducción de la empresa y en su capital accionario. En efecto, el 22 de diciembre de 1973 asumieron dos nuevos directores que representaban al pujante grupo Graiver: Pedro J. Martínez Segovia, gestor de negocios al servicio de David Graiver y vinculado con José Martínez de Hoz, ocupó la presidencia; Rafael Ianover, profesional de la Bolsa de Cereales y con parentesco político con la familia Graiver, la vicepresidencia. Cinco días después, una asamblea general extraordinaria convalidó los traspasos de las acciones clase «A», así publicados en el Boletín Oficial el 14 de noviembre de 1973:

Accionistas

Capital suscripto al 14 de noviembre de 1973

Acciones

Porcentaje

Rafael Ianover

2.000.000

38,46

Ingeniería Tauro SA

1.148.650

22,09

Luis Alberto Rey

1.131.050

21,75

Papelera Pedotti

500.000

9,62

César Alberto Doretti

420.000

8,08

Alberto José Selasco

100

0,00

Pedro Martínez Segovia

100

0,00

Guillermo Pérez Martínez

100

0,00

5.200.000

100,00

Capital accionario total: 20.000.000 acciones de valor nominal $10, un voto por acción.

Poco tiempo después, Ianover compró las acciones de Papelera Pedotti, lo que elevó la participación de David Graiver al 48,08 por ciento de las acciones correspondientes al grupo fundador. Las acciones restantes, en manos de los socios originarios, fueron compradas por Galería Da Vinci SACIFIA, firma del grupo Graiver. En marzo de 1975 le compró a Ingeniería Tauro su participación. En abril, Doretti le vendió sus acciones. Y a partir de enero de 1976, en operaciones sucesivas que llegaron hasta octubre de ese año, Rey le vendió a Galería Da Vinci un total de 1.402.000 acciones.

Aunque consolidado y con gran margen de maniobra, el nuevo grupo conductor de Papel Prensa quedó, como todo el país, a merced de los deslizamientos continuos del gobierno una vez muerto Perón, y de las primeras acciones expresivas del zarpazo en gestación. La pérdida de fuerzas que sufrió Gelbard derivó rápidamente en su alejamiento y en un suspiro fueron sepultadas las políticas que había puesto en marcha el 25 de mayo de 1973. En junio de 1975 terminó de consolidarse este cambio drástico de rumbo con un ajuste inédito en el tipo de cambio, tarifas y precios de bienes públicos. El «Rodrigazo» modificó la matriz de precios relativos, echando las bases para una política de abandono del salario real como motor principal de la actividad económica. «Además de la devaluación era necesario achatar el consumo —es decir los salarios— para que hubiera más oferta exportable. “La caída del salario real es un ingrediente necesario para el éxito de este esquema económico” señalaba sin tapujos la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) al analizar el plan (de Rodrigo)». El Plan Trienal y los acuerdos de clases sobre los que intentaba sustentarse Gelbard, fueron sepultados por un cambio de política que también dejó sin sustento a la institución empresaria símbolo de la época, la Confederación General Económica. En su reemplazo, con otros nombres, capitales y capacidad de control del Estado, adquirió protagonismo el Consejo Empresario Argentino. Esa entidad reunía los intereses más concentrados de la industria, las finanzas y el agro. Bajo el mando de Joe, tuvo un rol decisivo en la preparación del golpe cívico-militar de 1976, tal como se desarrolla en el capítulo IV.

Fue 1974 un año de actividad intensa para el nuevo grupo empresario al frente de la conducción de Papel Prensa. Al tiempo que gestionaba la construcción de la planta, se dedicó a ampliar la fuente del capital accionario, lo cual requería la intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV). A lo largo de aquel año tramitó hasta obtener, en diciembre, la aprobación del organismo para realizar una oferta pública de títulos valores representativos de su capital social en circulación y colocar nuevos títulos por suscripción a la par.

Primeros movimientos hacia el jaque

Ya en 1975, el grupo conductor de la empresa tramitó ante la CNV una ampliación de su capital, al compás del contexto económico del momento, y la emisión de acciones para lograrla. El 29 de octubre de ese año, el directorio de la CNV resolvió condicionar la aprobación a un estudio que correspondía más a una monografía sobre compra de acciones con desgravación del impuesto a las ganancias que a la resolución del trámite que debía considerar. Con la firma de Roberto Cantón, su presidente en aquellos momentos, acompañada por las de dos directores, el organismo de control de la oferta pública de títulos valores dispuso que se comparara la emisión solicitada con «otras emisiones contemporáneas» y que también se estudiaran las «condiciones generales del mercado para la colocación de esta emisión», estudio que debía incluir el «análisis de las ofertas en trámite de colocación incluyendo en lo posible aquellas meramente aprobadas por asamblea, reparando en la posibilidad que estas últimas se perjudiquen por la futura colocación de una oferta importante». La dimensión que se le daba al estudio, del cual dependía la resolución, era desproporcionada respecto del monto probable de esa posible colocación: 49 millones de pesos en fondos desgravados y 50 millones en colocaciones sin promoción fiscal. La decisión de la CNV de dejar en suspenso una solicitud de menor importancia para el mercado accionario concordaba con el clima del momento. Es que el plan antidemocrático avanzaba y en el diseño que los golpistas civiles y militares estaban traccionando no había lugar para el grupo Graiver en Papel Prensa: «la adquisición se había efectuado con el fin de rescatar a Papel Prensa SA para la prensa argentina, evitando que su control estuviera en manos de personas extrañas al periodismo nacional», según la confesión publicada por Clarín, La Nación y La Razón más adelante, el 19 de mayo de 1977, con el título «A la opinión pública». En esa declaración, las tres empresas hicieron otra admisión todavía más directa, que las marcó a fuego: todo lo realizado sobre Papel Prensa fue «previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe».

El 29 de marzo de 1976, con el país ya sometido a la barbarie del régimen, se reunió el directorio de la CNV haciendo constar que «oportunamente» habían sido presentadas las renuncias de todos sus integrantes. El 9 de abril, sin embargo, la conducción renunciante continuaba en funciones y resolvió autorizar la solicitud de Papel Prensa.

En junio se renovó, sí, esa conducción. El nuevo presidente designado fue Juan Alfredo Etchebarne y en el cargo de vicepresidente quedó Roberto Cantón. Último tema de la primera reunión del nuevo directorio fue la excusación que presentó Etchebarne respecto del tratamiento de temas vinculados con Banco Shaw, Acindar y Papel Prensa. Sobre la primera firma manifestó que tenía lazos familiares con uno de sus directivos. Sobre las otras dos, que con anterioridad a la asunción del cargo había mantenido relaciones profesionales. Rafael Ianover era el vicepresidente de Papel Prensa en aquella época y, al ser consultado en noviembre de 2010 sobre los servicios profesionales que Etchebarne había proporcionado supuestamente a la empresa, respondió que no recordaba ninguno.

El 22 de septiembre de 1976 se activó una serie de movimientos que llevaría a cambios dramáticos para la empresa y concluiría en la consolidación de la posición dominante de Clarín, La Nación y La Razón, en connivencia directa con las autoridades máximas de la dictadura, como vimos antes alguna vez reconocida y, como se sabe, posteriormente negada. Ese día, el directorio de la CNV trató el tema, de gran densidad política: la situación de las acciones de Papel Prensa propiedad de David Graiver. El empresario había muerto el 7 de agosto de ese año en México, en circunstancias oscuras. Bajo la formalidad de responder a una nueva solicitud de oferta pública de acciones presentada por la empresa, el directorio, con la ausencia de Etchebarne, quien se retiró de la reunión de acuerdo con la excusación que le había sido aceptada al inicio de su gestión, «resolvió —dice el acta— conformar el informe del Departamento de Fiscalización Económica y Contable y al propio tiempo encomendar al señor vicepresidente, don Roberto Cantón, entreviste al señor Presidente de Papel Prensa SA, Dr. Pedro J. Martínez Segovia, a los efectos de aclarar la actual situación del capital del grupo fundador de dicha sociedad».

Siete días después y sin Etchebarne presente en la consideración del tema, deliberó el directorio de la CNV. El acta número 589 expone lo tratado en esa reunión: «30) Entrevista con el Sr. Presidente de “Papel Prensa SA”: El Sr. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Don Roberto Cantón, informó al Directorio que el 28 de setiembre ppdo. recibió al Dr. Pedro J. Martínez Segovia, Presidente de la referida sociedad, quien concurrió acompañado por el asesor letrado doctor Portas, quienes dieron explicaciones sobre la actual situación del capital mayoritario de “Papel Prensa SA”. En este sentido, el Dr. Martínez Segovia informó que tenía conocimiento extraoficial de que las acciones del grupo fundador habían sido vendidas a un nuevo grupo, que según noticias integraban la sociedad “Galería Da Vinci”, de la cual había sido presidente el Sr. David Graiver, recientemente fallecido en un accidente aéreo en la República de Méjico [sic, un dejo de españolismo integrista]. Agregó el Dr. Martínez Segovia, después de algunas referencias sobre esta situación, que a los efectos de regularizar la misma convocó a una asamblea para los próximos días del mes de octubre, fecha que será comunicada oportunamente a esta Comisión Nacional. También manifestó el Dr. Martínez Segovia que esta situación de la transferencia de las acciones del grupo fundador había sido expuesta a distintas autoridades nacionales, incluso a autoridades militares».

En resumen, quien había sido llevado a la empresa por David Graiver para que la presidiera, adujo desconocimiento sobre hechos de tanta trascendencia societaria como los cambios en la composición accionaria. David Graiver, a través de Galería Da Vinci, había comprado las acciones a Ingeniería Tauro en marzo de 1975; a Doretti, en abril de ese año y a Rey, en enero y septiembre de 1976. La cuestión que estuvo en juego desde marzo de 1976 fue la realización de la asamblea que debía aprobar esas compras. No es creíble que Martínez Segovia desconociera semejantes cambios, a partir de los cuales Graiver pasó a tener el control total de las acciones clase «A». La impostación hipócrita del fallido hombre de confianza de Graiver alcanza en el acta de la CNV tonos de ridículo cuando su autor habla de conocimiento «extraoficial». Y escala a correveidile cuando informa que la situación, esa que él conoció supuestamente «de manera extraoficial», había sido «expuesta a distintas autoridades nacionales, incluso a autoridades militares».

Pero la verdad es que el 3 de agosto de ese año, es decir 57 días antes del «conocimiento extraoficial» que transmitió a los directivos de la CNV, Martínez Segovia había recibido una nota firmada por Jorge Rubinstein, quien se la enviaba en condición de apoderado de David Graiver. En esa comunicación, el segundo y más importante directivo del grupo económico que dirigía Papel Prensa le decía a Martínez Segovia que debía cambiar el uso de aportes por 143.577.120 pesos hechos con anterioridad por David Graiver. Inicialmente se iban a destinar a «atender la oportuna suscripción de igual número de acciones clases “C” y “E”, series 2ª, 3ª y 4ª, al tiempo que las mismas fueren emitidas, en ejercicio anticipado del derecho de preferencia que corresponde a mi mandante». Esa instrucción precisa estaba fechada el 3 de junio de 1976. Dos meses después, Rubinstein, «por decisión expresa del Señor Graiver», dice la nota, le hacía saber de un cambio en la orden, instruyéndole que esos fondos se imputasen «como aporte para futuras emisiones de acciones de Galería Da Vinci SACIFIA, adquirente de las acciones de propiedad de Ingeniería Tauro SA, Luis A. Rey y César Doretti, para ser destinadas a la suscripción de acciones clase “A”, una vez que ellas sean emitidas y que se haga uso del derecho de preferencia».

Rafael Ianover, según su propio testimonio, nunca ocultó que las acciones a su nombre eran de David Graiver. No hacía falta saber sumar para concluir que la totalidad del paquete accionario del grupo fundador tenía un solo y mismo propietario.

La orden dada por el titular de las acciones clase «A» a Martínez Segovia a través de la nota del 3 de agosto firmada por Rubinstein, incluía un remanente de 137.068.040 pesos que también se tenía que destinar a futuras emisiones de las acciones clase «A». Los adelantos a cuenta hechos por Graiver sumaban 280.645.280 pesos. En suma, al tipo de cambio de junio de 1976, existía en Papel Prensa SA un fondo de 1.133.920 dólares aportados por Graiver para suscribir acciones.

Al ataque

Un vendaval de versiones azotaba entonces al grupo empresario que entre sus activos tenía a Papel Prensa SA. El 22 de octubre de 1976, con titular aparentemente neutral, Clarín editorializaba acerca del empresario muerto en México por accidente o asesinato: «Una investigación necesaria». A lo largo del texto no se nombra ni al ausente ni a ninguna de sus empresas, ni a sus asociados ni a sus representantes. Pero todo el escrito dice que se trata de él y lo dice desde el púlpito al que se habían subido los conductores y voceros del «proceso» para marcar a uno de sus enemigos teóricos: «la corrupción administrativa del régimen que en aquella época gobernaba». Prosigue diciendo el editorial de Clarín: «Acaba de conocerse ahora otro escándalo —esta vez de proporciones internacionales— que tiene su origen en aquella época del negocio fácil al amparo de la benevolencia oficial. Dos bancos situados en el extranjero, y cuyo principal promotor fue una persona vinculada al primer ministro de Economía del régimen desaparecido el 24 de marzo, de quien fue asesor, han llegado a la situación de no poder justificar el destino de cifras millonarias [en dólares, aclara el editorial] que han virtualmente desaparecido». ¿Hacía falta escribir nombre y apellido del acusado?

Treinta y tres años después, Clarín, como tantas veces, reescribió su propia historia: en los primeros días de agosto de 2010, en un informe titulado «Documento Papel Prensa y los ataques del gobierno nacional» sostuvo que «la venta de las acciones se hizo el 2 de noviembre de 1976, cuando todavía no había estallado lo que luego se conoció como “Caso Graiver”». Ese día, en la sede del diario La Nación, y en oficinas separadas, Manuel Campos Carlés en representación de Fapel SA, un sello de goma; Patricio Peralta Ramos, por La Razón, y Héctor Magnetto, por Clarín, consumaban la apropiación de las acciones clase «A» que estaban a nombre de Rafael Ianover y de Galería Da Vinci, y de las acciones clase «C» y «E» cuyo titular era la familia Graiver.

Desde que la presidenta Cristina Fernández asumió que el Estado, en tanto accionista de Papel Prensa, está obligado a preservar la igualdad de trato con todos los medios gráficos, para lo cual era necesario exponer a la luz pública la conformación de un monopolio que la abolía y solicitar al Congreso de la Nación su intervención en la creación de un marco regulatorio para el papel de diario, Clarín y La Nación escalaron una campaña de tergiversaciones con piezas que probablemente se recuerden por mucho tiempo.

Una de ellas es un montaje teatral en el que Isidoro Graiver simula que responde a un «reportaje» de Joaquín Morales Solá. El guión preparado para responder a las evidencias sobre la apropiación de la empresa se expresa esencialmente en el siguiente parlamento:

MORALES SOLÁ: ¿Quiénes lideraban la negociación en nombre de los diarios?

ISIDORO GRAIVER: Estaban el doctor Campos Carlés [Manuel] por La Nación, el doctor Sofovich [Bernardo] por Clarín, y estaba el señor Peralta Ramos [Patricio], aunque con menos participación directa, por La Razón.

MORALES SOLÁ: ¿Qué rol ocupaba Magnetto?

ISIDORO GRAIVER: Un rol secundario. Es decir, participó de reuniones. Pero si tuviera que hacer una evaluación de tipo profesional, diría que no era la persona a la que yo tenía que convencer para que tomara una decisión.

Es todo lo contrario a lo que un recorrido de los hechos y de los documentos deja ver.

El 15 de octubre de 1976, el directorio de Arte Gráfica Editorial Argentina Sociedad Anónima (AGEA), propietaria de Clarín, se reúne para tratar la compra por Fapel SA de las acciones clase «A» de Papel Prensa, en manos de David Graiver. Fapel SA era un sello de goma constituido como sociedad anónima en partes iguales por Clarín, La Nación y La Razón. La presidenta de AGEA, Ernestina Herrera de Noble, propone en la reunión que el directorio «autorice expresamente a proseguir las tratativas de compra al Sr. Héctor Horacio Magnetto, lo cual es aprobado por unanimidad». Firman el acta, que lleva el número 484, Herrera de Noble, Lucio R. Pagliaro y Horacio E. Rioja. Se podría alegar que esa reunión de directorio tuvo lugar hace muchos años como para tener conocimiento de lo que ocurrió, pero esa excusa no le cabe al presentador de Isidoro Graiver: comenzó a trabajar en Clarín en 1975 y desde entonces fue vocero de los mismos intereses.

Héctor Magnetto, el elegido

A un mes y siete días de la solicitada que el 22 de octubre de 1976 acusaba sin nombrarlo a David Graiver, la empresa que edita Clarín, en connivencia con La Nación y La Razón, avanzaba tras la fachada de Fapel para presentarse como compradora de buena fe de un activo que pertenecía a un grupo que el propio diario ponía al margen de la ley. La intermediación utilizada para quedarse con las acciones de Papel Prensa era ficticia, como lo prueba la autorización dada por el directorio de Clarín a su ejecutivo principal, Héctor Magnetto, para «proseguir las tratativas de compra».

No fueron precisamente «tratativas». La noche del 2 de noviembre de 1976, en la sede administrativa del diario La Nación, mediante coacción, se les hizo firmar a los titulares de acciones de Papel Prensa tres contratos falsos de compraventa. Fraudulentos porque carecen de tres requisitos indispensables para reclamar legalidad: expresión libre de la voluntad, cosa cierta y precio conteste con lo adquirido.

El capital accionario de Papel Prensa, conviene repetir, estaba compuesto por acciones ordinarias nominativas de un voto por acción, de valor nominal 10 pesos en la época en que fue cometida la apropiación, divididas en cinco clases: «A» para el grupo fundador, o empresarios a cargo del proyecto; «B», para el Estado nacional; «C», para los usuarios de papel de diario; «D», para el público inversor, y «E», para contratistas y proveedores del proyecto. Las acciones clase «A» tenían el 26 por ciento del capital, las «B», el 25 por ciento, y el resto se distribuía en las otras tres clases. Para la transferencia de acciones clase «A» y «B», el requisito por cumplir era «la previa aprobación expresa de la asamblea de accionistas con la conformidad de más de las tres cuartas partes de los votos de los socios presentes», según lo estipula el artículo noveno del estatuto de la empresa. En abril de 1996, se modificaron las clases con la eliminación de las acciones «D» y «E».

Los padres y la viuda de David Graiver firmaron la cesión de 985.907 acciones «C» y 3.800.000 acciones «E»; Rafael Ianover, la cesión de 10 millones de acciones «A» y Orlando Reinoso, vicepresidente de Galería Da Vinci en ejercicio de la presidencia, 2.699.700 acciones «A». Los precios por acción fijados para esas transferencias fueron 0,21 dólares para la familia Graiver, 0,36 dólares para Rafael Ianover y 1,38 dólares para Galería Da Vinci. La disparidad de esos precios no podía responder a diferencias en el tipo de acción, ya que todas eran ordinarias; ni a valores nominales diferentes, ya que era uno solo y de 10 pesos en cada acción; ni en los votos: uno por título de cada clase. Tampoco a fracciones de capital accionario, cuyos propietarios procurasen intereses contradictorios. Las acciones eran patrimonio de David Graiver, entre ellas las compradas con fondos aportados a nombre de Galería Da Vinci, como consta en las notas dirigidas por Jorge Rubinstein a Martínez Segovia. La dictadura militar no dejó resquicios cuando incluyó a esa firma dentro de los bienes interdictos por la llamada Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa).

Las condiciones de compra que impusieron los apropiadores fueron similares en los tres casos: pagos depositados en una escribanía y en proporciones y condicionalidades que no se corresponden con actos comerciales legales. Los dos primeros pagos para las acciones de Rafael Ianover y de la familia Graiver fueron 0,72 por ciento del valor fijado a las acciones cedidas, uno a la firma del contrato y otro a los 30 días siguientes; para Galería Da Vinci, 0,99 por ciento, con igual secuencia de desembolsos. El saldo, a los 90 días, si el juez de la sucesión aprobaba la transferencia de las acciones de la familia, y si lo hacía la asamblea de accionistas respecto de las acciones cedidas por Ianover y Galería Da Vinci. Si a esa fecha no se producía el acto que autorizaba la transferencia, la cesión seguía vigente hasta que se produjera, excepto que tanto el juez como los accionistas se pronunciaran por la negativa. La pregunta, y no retórica, que surge ante estas transacciones, es por el objeto cedido. Se trata de un bien que prolonga más allá de su entidad física la verdadera naturaleza que lo define: el derecho a ejercer voluntad soberana, constreñida dentro del marco legal, sobre la disposición de bienes presentes y futuros. No se cedían títulos de deuda sino de capital, que otorgan el derecho al manejo de la empresa. La cesión arrancada permitía traspasar la totalidad de la capacidad de decisión que contenían esos títulos contra un anticipo que en su dimensión material denunciaba las características mafiosas del traspaso: con menos del 1 por ciento se disponía de la facultad para dirigir la empresa, ya que el primer depósito tenía «el carácter de principio de ejecución del contrato, formando parte del precio y declarando expresamente ambas partes que la operación es firme e irreversible». Con un depósito de 7.200 dólares, los cesionarios, es decir quienes recibían las acciones, disponían de activos por 996.000 dólares; con otro depósito, de 25.872, se convertían en propietarios de valores por 3 millones y medio de dólares. No hace falta apelar a la experiencia comercial para confirmar que semejante condición no es normal: las señas o primeros pagos, para que el contrato tenga principio de ejecución, deben guardar relación con el monto total por pagar y el saldo debe quedar documentado claramente, con las garantías necesarias a favor de los vendedores, quienes ceden un bien a cambio de un pago parcial. Solamente vendedores coaccionados, o sin coacción pero en condiciones de inhabilidad mental para realizar actos contractuales, pueden aceptar una transacción como ésta.

Quienes fueron forzados a vender, firmaron con la siguiente cláusula: el cesionario o comprador podía, a su vez, ceder el contrato «sin necesidad de consentimiento ni conformidad alguna por parte del vendedor». Con una seña del 0,72 o del 1 por ciento del valor cedido, los documentos firmados eran transferibles sin que los vendedores tuvieran el derecho de objetar la cesión. El asesor de menores que intervino en la venta de las acciones «C» y «E», solicitó la tasación de esos títulos al Banco Nacional de Desarrollo (Banade). Esa entidad produjo un informe basado en el valor del patrimonio neto de Papel Prensa, que incluyó tres estimaciones de valor para las acciones «C» y «E» apropiadas: 2.320.000, 3.200.000 y 3.660.000 dólares. El despojo consumado con esas acciones osciló entre 1.300.000 y 2.600.000 dólares valor 1977. A esos importes se deben sumar 1.133.920 dólares adelantados por David Graiver a cuenta de futuras emisiones, con lo cual el daño ocasionado por sobre la pérdida de los derechos que les conferían esas acciones a sus titulares legítimos osciló entre 2.433.920 y 3.733.920 dólares.

La gestión compulsiva sobre los cedentes dejó a un lado un requisito de legalidad para la firma de los contratos de cesión, como es el incluir cosas ciertas: las acciones «C» y «E» cedidas el 2 de noviembre de 1976, recién aparecieron 22 días después en una caja de seguridad del Banade. Las acciones «A» arrancadas a Ianover, se inscribieron en el contrato con la cantidad de 10 millones, aunque él era titular de 10.310.104. Las acciones de Galería Da Vinci, como lo dice la transcripción de las cesiones hechas a esa firma por los accionistas originarios, eran 2.970.750 y no 2.699.700 como menciona el contrato de cesión de acciones de Fapel SA a Clarín, La Nación y La Razón, provenientes de las acciones clase «A» entregadas por Galería Da Vinci SACIFIA a Fapel (véase cuadro «Acciones clase “A” compradas por Galería Da Vinci SACIFIA a socios fundadores»).

Palabra de patricio

Ianover testimonió el 3 de junio de 2010 ante accionistas de Papel Prensa reunidos en la sede de la empresa con motivo de la realización de una asamblea a la que fue invitado a exponer por el representante de las acciones del Estado nacional. El ex vicepresidente de la firma dijo que «en el momento de la venta yo no supe cuál era la cantidad de acciones que yo vendía porque no me dieron detalles… y tampoco me dieron detalles del precio». En su relato recuerda las circunstancias vividas: «nos convocaron a mi señora y a mí para efectuar la venta de las acciones, que no eran nuestras —creo que fue en el edificio que La Nación tenía en la calle Florida—, como muy bien dijo aquí el señor Moreno, realmente no se trataron condiciones de ninguna naturaleza. Había que firmar un compromiso de venta, incluso sin fijar precio, y por consiguiente no tuve oportunidad de ninguna manera de consultar con otros posibles interesados, ni tampoco sabía a qué precio se vendió. Pero frente a la situación y al estado de terror que existía en ese momento en el país, y preocupados por lo que había ocurrido con nuestros hijos, que si bien no los tocaron para nada, tenían 17 años, quedamos muy impresionados. Por supuesto, sabiendo que los Graiver ya estaban dispuestos a vender las empresas, entre ellas Papel Prensa, en una habitación separada, me atendió el señor Patricio Peralta Ramos. En la conversación que tuvimos el señor Peralta Ramos, frente a alguna pregunta que le hice yo, me contestó de la siguiente manera. Yo le dije, por ejemplo: “Mire, yo estoy dispuesto a firmar esta transferencia siempre y cuando a mí no me ocurra nada”, porque ya sabíamos qué es lo que estaba pasando en el país, sabíamos que había gente desaparecida, y por supuesto estábamos muy preocupados. Y el señor Patricio Peralta Ramos me dijo: “Le doy mi palabra de que a usted no le va a pasar nada”. Bueno, yo me quedé ahí un poco más tranquilo. Pero evidentemente su palabra no sirvió de nada porque el 12 de abril de 1977 me vinieron a buscar a mi casa».

Las condiciones en que los Graiver estaban dispuestos a vender no diferían de las que Ianover describe respecto de sí mismo. Lidia Papaleo, en un testimonio por escrito dirigido al secretario de Comercio Interior, quien la recibió el 2 de agosto de 2010, dice: «Dados los hechos que se vivían en el país, tomé conciencia de que las amenazas de muerte, tanto para mi hija como para mí, eran auténticas. En ese estado de terror fui citada para el día 2 de noviembre de 1976 en las oficinas de La Nación, conjuntamente con los integrantes de la familia Graiver».

«Encontrándonos en un amplio salón de reuniones —continúa diciendo Lidia Papaleo en su carta— nos distribuyeron separadamente de modo tal que los padres de David por un lado, Isidoro con Campos Carlés (quien invocaba ser apoderado de La Nación) por otro. Yo con Magnetto de Clarín, en otro aparte, donde coloquialmente me aseguró: “firme o le costará la vida de su hija y la suya”. No había chances».

La extorsión sobre los Graiver había comenzado tras la muerte de David. Francisco Manrique, en declaración testimonial ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, manifestó que en esa época Isidoro Graiver se había comunicado con él «informándole que se los pretendía robar desde el Comando en Jefe del Ejército». Ante igual instancia judicial, Lidia Papaleo declaró que en un encuentro que había tenido con Martínez Segovia, éste le había dicho que el paquete accionario de Papel Prensa no podía venderse ni a personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero. El propio Martínez Segovia, en su declaración testimonial ante la Fiscalía, reconoció haber tenido esa reunión con la viuda de Graiver. Al ser preguntado sobre si en esa reunión le había aconsejado que no vendiera el paquete accionario de Papel Prensa a miembros de la colectividad judía ni a grupos extranjeros, contestó «que no recuerda, pero agrega que en cuanto a la participación extranjera, era una advertencia lógica como resultado de las normas que regían y rigen las transferencias de paquetes accionarios clase “A” a grupos extranjeros, y en cuanto a la eventual venta a un miembro de la colectividad judía, si ello ocurrió, pero reitera que no recuerda, pudo haber sido un consejo atento a las circunstancias del momento y no como una manifestación de antisemitismo». Las «circunstancias del momento» que justificaban «el consejo» de quien había sido el representante de David Graiver en el directorio, eran el antisemitismo desenfrenado que la dictadura militar ponía en práctica a través de Camps y Suárez Mason, bajo la sacralización del genocidio hecha por la jerarquía eclesiástica representada en la provincia de Buenos Aires por Von Wernich y otros. La aclaración de Martínez Segovia en cuanto a que ese «consejo» no debe tomarse como una manifestación de antisemitismo suena como atajo hipócrita y no disminuye la magnitud que tuvo la condición nazi impuesta por la dictadura militar para el despojo de las acciones de Papel Prensa: no se podía vender a judíos, por lo tanto no podía ser propiedad de judíos.

El entonces fiscal Ricardo Molinas, en su investigación sobre el traspaso de las acciones de Papel Prensa, se explayaba sobre los «compradores» impuestos por la Junta Militar en los siguientes términos: «Como surge de lo expuesto, al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo; para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. En nuestro caso, la Junta de Comandantes decidió que el grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase “A” de Papel Prensa SA, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón». En otro momento de esa exposición, Molinas se refería al traspaso accionario diciendo que hubo «un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales».

Comprador impuesto, condiciones mafiosas para forzar la operación, precios que no guardaban relación con los bienes cedidos. Clarín y La Nación han insistido que semejantes contratos se firmaron con los «vendedores» en libertad. Los testimonios y documentos de la época prueban que la libertad de Lidia Papaleo, de la familia Graiver y de Rafael Ianover era formal, o ambulatoria. El amedrentamiento, la coacción y las amenazas explícitas fueron los «argumentos» con que los obligaron a consentir la apropiación.

En el traspaso de Papel Prensa a los tres diarios, los padres, la viuda y la hija de David Graiver no fueron los únicos expoliados. Las autoridades máximas de la dictadura militar le dedicaron a esa apropiación reuniones volcadas en actas y anexos que dejan testimonio de otros expoliados, no de un patrimonio, sino de la necesidad de ser parte de Papel Prensa y bloquear así el nacimiento de un monopolio puesto al servicio de los tres diarios.

En el anexo I al acta nº 14 de la junta militar, del 2 de diciembre de 1976, los dictadores dejan escrito lo siguiente: «3.1. Aceptar en principio que el Estado nacional vote a favor de la transferencia de las acciones clase “A” de Papel Prensa SA efectuada por Galería Da Vinci a favor de La Nación SA, Arte Gráfica Editorial Argentina y La Razón, tratando de lograr: 3.1.1. Que los compradores [Clarín, La Nación y La Razón] ofrezcan expresamente a los demás diarios de la capital y del interior del país, hasta un 49 por ciento de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo y con igual compromiso de suscripción de las sumas faltantes para integrar el capital o a emitir».

En el anexo II al acta 14, del 14 de diciembre de 1976, bajo el título «Tema: Papel Prensa SA» y en el apartado 3, se lee: «Los diarios y el ingeniero Luis Rey fueron informados de las decisiones de la junta militar el día 2-12-76. Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplarlas favorablemente [se refiere al ofrecimiento de acciones clase “A” a diarios de la Capital y del interior del país], por considerar que el compromiso que asumían de llevar adelante el proyecto era de gran trascendencia y que, por lo tanto, no creían prudente ceder acciones de la clase “A” a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción». Fue una declaración explícita sobre el nacimiento del monopolio del papel para diario que la dictadura militar gestó expresamente con sus socios privados, revelando quiénes eran los reales dueños del poder en la Argentina. La apropiación de Papel Prensa había sido aprobada por Martínez de Hoz e instrumentada por Raymundo Podestá desde la Secretaría de Desarrollo Industrial. En el apartado 5, los dictadores escriben: «las objeciones de los diarios [a distribuir las acciones a otras publicaciones] podían tener fundamento, en tanto y cuanto el objetivo esencial del Estado es continuar en forma seria y segura la planta de papel y su correcta terminación y operación en el más breve tiempo posible». La dictadura fue cívico-militar. El orden de los vocablos marca las prelaturas de sus hacedores.

El 15 de diciembre de 1976, con los funcionarios uniformados de la dictadura cívico-militar haciendo de parteros, nació el monopolio del papel de diario en la Argentina; ocho meses después, los apropiadores de Papel Prensa cerraban un pacto de sindicación de acciones por el cual, y en tono mafioso, acordaban el control absoluto de la empresa. Tan mafioso fue que el anexo en el cual escribieron el valor real de la empresa de la que se habían apropiado, es secreto. Dice el numeral 9.7 del pacto que firmaron Clarín, La Nación y La Razón: «En el supuesto que la transgresión consistiera en votar en las asambleas de Papel Prensa SA en contradicción con lo resuelto por el Comité Directivo […] la multa a aplicar será del 25 por ciento del valor de las acciones propiedad de la transgresora». Ese valor se fijó en un anexo al acuerdo y su monto muestra, por comparación con los 8.300.000 dólares que dijeron que valía la empresa y que no pagaron, el despojo cometido por los apropiadores. Pero el anexo con ese valor sigue siendo aún secreto. En abril de 2010, Clarín y La Nación denunciaron el pacto, comunicando a la Comisión Nacional de Valores que habían decidido dejarlo sin efecto. Con esa comunicación, intentaron bloquear que se hiciera público. Lo que no han podido evitar es que creciera el interés de la sociedad por conocer qué pasó y qué pasa con el manejo de Papel Prensa.

Acciones clase «A» compradas por Galería Da Vinci a «socios fundadores»

Fecha

Vendedores

Acciones Clase A

Formas de Pago

Importe
pagado ($)

Parcial

Total

20/3/1975

.

Ingeniería Tauro

.

20/3/1975

4.000.000

4.000.000
2.486.500

1.420.000

2.670.000
910.000

14/4/1975

2.486.500

09/6/1975
24/6/1975
25/6/1975

90.000
1.130.000
200.000

07/7/1975
13/7/1975
14/7/1975
19/7/1975
20/7/1975
21/7/1975
26/7/1975

450.000
220.000
600.000
960.000
20.000
180.000
240.000

2/8/1975

910.000

Total Tauro

—

1.148.650

11.486.500

16/4/1975

Doretti

—

420.000

Contra entrega de las acciones

4.200.000

3/9/1975

2/1/1976

.

Rey

Rey (a)
.

860.000

271.050
.

3/9/1975

.

Letra de
cambio a
la vista

9.688.353

.

«pagado
c/anterioridad»

2.710.500
.

Total Rey

1.131.050

12.398.853

Total: Ingeniería Tauro + Doretti + Rey

2.699.700

28.085.353

NOTA: (a) Rey reconoció en el contrato firmado el 2 de enero de 1976 que la venta, cesión y transferencia comprendía «igualmente la de 271.050 acciones ordinarias nominativas, un voto por acción, Clase “A”, 2ª serie, V$N 10 por acción, cuyo importe fue suscripto e integrado por el vendedor mediante el valor respectivo aportado por Galería Da Vinci SACIFIA». Jorge Rubinstein firmó por Galería Da Vinci en su carácter de presidente. Por lo tanto, las acciones cedidas por Rey fueron 860.000+271.50+271.050 = 1.402.100, y no 1.130.600 como se especifica en el contrato de cesión a Fapel SA firmado el 2 de noviembre de 1976 por el vicepresidente de Galería Da Vinci, Orlando Benjamín Reinoso. De allí que las acciones transferidas por Galería Da Vinci a Fapel hayan sido 2.970.750 y no 2.699.700. FUENTE: contratos de compraventa.

Entre periodistas y empresas

Un pasado y un presente de lustre y talento, junto a un clima de época que sembraba la ilusión de que era posible participar de grandes hechos colectivos, con el marco dado por verdaderas hazañas en lugares remotos, contribuyó al surgimiento en los 70 de una generación de periodistas que difícilmente podía imaginar, mientras dibujaba sus primeros palotes, que iba a quedar como rehén de un acuerdo tácito mediante el cual la gran mayoría de los medios de difusión, empezando por los diarios «grandes», fueron puestos al servicio de la dictadura.

Nada pudo ser más arrasador, para la historia del periodismo argentino, que esa distancia insuperable entre el ideario fundacional, la voluntad de enarbolar la palabra para influir en la realidad y modificarla, y lo que quedó impreso para siempre, una montaña de evidencias sobre el ensamble pensado y puesto en práctica para abonar primero el terreno hacia el golpe del 24 de marzo y después acompañar y defender al régimen y reivindicar sus crímenes, por la vía de presentarlos como acciones legítimas destinadas a «salvar a la patria», de ocultarlos sin más trámite, o también de recrearlos mediante construcciones casi novelescas.

El acompañamiento no se limitó al terrorismo de Estado: fue extendido, aunque con matices, con algunos susurros discordantes y hasta osados, con algunos silencios acaso significativos, al viejo modelo de país recreado hasta extremos inimaginables con el asalto al poder y el transcurrir del «proceso».

Salvo el secuestro y el asesinato, y el exilio para salvar la piel que debieron padecer muchos periodistas, nada como la alianza de los dueños de los medios con la dictadura podía destruir tanta ilusión y ánimo creativo, tanta esperanza empujada a la vez por otras marcas históricas para la profesión, como la proeza de tronar volcánico, en 1972, de Bob Woodward y Carl Bernstein, cargándose al presidente Richard Nixon gracias a la investigación que desnudó el espionaje a los demócratas en el caso Watergate.

Si al trote por el siglo XXI la sociedad argentina estaba procurando definir, aún sin trazos claros, una diferenciación indispensable entre periodistas y empresas periodísticas, el repaso de los años de plomo impone como primer imperativo establecer esa frontera, erigir una separación de aguas en la que no todos, pero sí gran parte de los integrantes de un conjunto de trabajadores, quedó inerme ante la atrocidad del régimen y el apoyo decidido por la patronal, que para ello participó en el diseño del discurso, en la estrategia para apuntalar al régimen y estigmatizar y demonizar a todo sector o persona que quisiera apuntar aunque más no fuere una diferencia menor, un pequeño llamado de atención.

Una cantidad acaso significativa de profesionales, que doblegaron abiertamente su pluma para prestar servicios a los dictadores militares y civiles, con piezas que quedaron en una historia ruinosa, no desmiente que el estado de censura era total y violento, que los márgenes de acción eran escasos, que había que deslizarse por vericuetos inciertos para dar a conocer voces y miradas discordantes.

Títulos para calentar el ambiente

Es conocida, fue analizada y vista del derecho y del revés la serie de titulares del vespertino La Razón de Buenos Aires que desde principios de febrero de 1976, varias semanas antes del golpe, enmarcó, empaquetó y le puso moño al asalto al poder, con verdaderos editoriales de unas pocas palabras expresadas en molde gigante, como «Tensa situación política», el 17 de febrero; «Reunión de comandantes», el 19; «Reunión de mandos», el 20; «La semana próxima será decisiva para el proceso», el 21; «Hay nuevas incógnitas», el 2 de marzo; «Grave situación económica», el 6; «Hay nuevas expectativas», el 11; «Hermético silencio en las Fuerzas Armadas», el 17; «Culmina el proceso», el 19; «El Ejército ante la situación», el 20, hasta desembocar en el 23 de marzo: «Es inminente el final, todo está dicho».

Pero este diario no estuvo solo en el trabajo de articular tres piezas esenciales, que compusieran el cuadro ideado para convalidar la toma del poder: la presentación exasperante del gobierno de María Estela Martínez de Perón y, tras él, de todos los políticos y sindicalistas, sin excepciones, como autores de su propio caos; la proliferación de voces —editoriales propios o dirigentes bien seleccionados— que clamaran por la «solución» militar, y las Fuerzas Armadas deliberantes pero en silencio, y sobre todo enfrascadas en entregar vidas a la patria, acción heroica, sacrificada, tan diferente de la actividad de los civiles incapaces, mezquinos, faltos de recursos e ideas para cuidar del país, así presentados casi sin distinción.

En efecto, La Nación venía descerrajando una batería de publicaciones en las que el llamado al golpe no era disimulado ni indirecto, con la referencia dada por el pronunciamiento del dictador Videla en los últimos días de diciembre de 1975. El diario de los Mitre alternaba sus tomas de posición editorial con las voces que las alimentaban, todas en un sentido unívoco, aunque no exclusivamente en sus páginas, pues por ejemplo el 12 de diciembre Álvaro Alsogaray decía en Clarín que las Fuerzas Armadas debían esperar hasta el «último momento» y, cuando éste llegara, actuar «con la máxima decisión y energía».

Otro anticipo contundente de que la patronal periodística tenía decidido anclarse lealmente junto al «proceso» fue expresado en el tratamiento al paro empresario del 16 de febrero de 1976, una acción que, como se señala en el capítulo IV, fue una de las piezas articuladas por la inteligencia civil que trabajó para crear las condiciones que presentaran como inevitable la llegada de los salvadores de la patria. Así fue mostrado un país que parecía clamar, sin fisuras ni matices, por la «salida», privado en absoluto de cualquier alternativa, con estructuras productivas crujientes mientras los políticos se enfrascaban en unos malabares inútiles: desorden, caos en la gestión, corrupción por doquier, en tanto, decía monseñor Antonio Plaza en los espacios más privilegiados y sin que ninguna voz en contrario consiguiera un recuadrito, «las Fuerzas Armadas han asumido la peligrosa, abnegada misión de combatir la subversión y de dar una imagen de austeridad ante la falta de ella en los cenáculos civiles».

En los días previos al golpe, los cronistas parlamentarios parecían no tener más alternativa que relatar el fracaso del Congreso en la búsqueda de salidas institucionales, después del rechazo de Ítalo Luder, presidente provisional del Senado, a llamar a una asamblea legislativa. La Opinión, que el 13 de febrero había sufrido una suspensión de diez días por decreto presidencial, buscaba explicaciones el 4 de marzo: «Se ignoran las motivaciones últimas de la actitud adoptada por el doctor Luder, aunque en algunos círculos se la relaciona con el amargo escepticismo que viene cundiendo desde hace algunos días en el movimiento mayoritario en cuanto a la posibilidad de que cualquiera de las respuestas posibles a la crisis sirvan realmente, a esta altura, para estabilizar el proceso político».

Con menos espíritu de interrogación y acomodado a un título sobre la inminencia de «cambios» en el país, Clarín reportó el 21 de marzo que unos pocos legisladores estaban en el Congreso, apenas para «retirar sus pertenencias», mientras que algunos de ellos «solicitaron un adelanto de sus dietas».

Suspiros de alivio

Tanta preparación concertada entre títulos, editoriales, dirigentes y fuentes pronunciándose en un único sentido, no podía derivar el 24 de marzo en otra cosa que en páginas que describieron un cambio no sólo prenunciado y previsto, sino más bien tranquilo, una consecuencia natural de un estado de disgregación, un vacío, una nada que, claro, alguien debía llenar. «Las Fuerzas Armadas asumen el poder: detúvose a la Presidente», encabezó La Nación, con una acotación como subtítulo: «Fue rechazada una propuesta tendiente a evitar la ruptura del orden institucional», referencia a propuestas que representantes del gobierno habían hecho durante el 23 a los jefes militares para evitar la asonada y que no merecieron mayor atención, y mucho menos una explicación sobre por qué fueron ignoradas.

Los textos de los diarios principales parecen virtualmente calcados unos de otros. «Esta madrugada entraba en su fase culminante la prolongada crisis política e institucional», comenzó el informe de La Nación, en tanto que Clarín, bajo el título «Nuevo gobierno», expresó en la portada: «La prolongada crisis política que aflige al país comenzó a tener su desenlace esta madrugada con el alejamiento de María E. Martínez de Perón como presidente de la Nación. En las próximas horas asumirá el gobierno una junta militar integrada por los comandantes generales y presidida por el teniente general Jorge Videla».

Si «alejamiento de María E. Martínez de Perón como presidente» es cuanto menos un enunciado eufemístico, no resulta así en cambio el epígrafe que acompaña una fotografía de manifestantes peronistas reunidos ante la Casa Rosada, mucho más explícito en calificaciones contundentes: «Sólo unos pocos adictos a la ex presidente se congregaron anoche en la Plaza de Mayo».

La Junta Militar explicó sus condiciones a través del comunicado 19: «Será reprimido con reclusión de hasta diez años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales».

Pero más que perturbación o desafío, lo que los diarios principales del país ofrecieron fue un saludo de bienvenida compacto, sin fisuras: «El largo, frustrante y agónico vacío de poder ha sido llenado por quienes asumieron la responsabilidad de rescatar al país de su desgarrada e infecunda anarquía…», se cuadró el 25 de marzo La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, mientras que en Buenos Aires los jefes de los diarios de primera línea ya habían tenido una reunión en la Casa de Gobierno, donde el régimen anunció un sistema de censura previa, que funcionó asentándose a veces en la presencia de oficiales militares al pie de las rotativas, aprobando las páginas antes de su impresión, y también, como escribieron Eduardo Blaustein y Martín Zubieta, en un «amable servicio» en la Casa de Gobierno, de lectura de artículos. Eso sí, el «servicio» era anunciado como «gratuito».

Mientras muchas publicaciones, entre ellas partidarias y sindicales, eran arrasadas por el ímpetu represivo, la Secretaría de Prensa y Difusión definió con la firma del capitán de navío Luis Jorge Arigotti dieciséis principios que debían regir a los medios. Carlos Ulanovsky rinde homenaje a la revista Cuestionario porque, dice, fue la única que los publicó. El punto 1 establecía: «Inducir a la restitución de los valores fundamentales que hacen a la integridad de la sociedad, como por ejemplo: orden, laboriosidad, jerarquía, responsabilidad, idoneidad, honestidad, dentro del contexto de la moral cristiana».

La designación y asunción de Videla como presidente, su primer discurso al país, la de José Alfredo Martínez de Hoz y el anuncio del plan económico, fueron acompañados por una bienvenida editorial que se prolongó varios días. No hay sorpresa en el país, dijo La Nación, ante «la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación», y a partir de ello, complementa Clarín, se abre una etapa con «renacidas esperanzas», pues si bien se trata de un momento difícil «no hay que olvidarse que todas las naciones tienen sus horas difíciles y que el temple de sus hijos es capaz de levantarlas de su ruinosa caída».

Los aplausos y el fervor se sintieron también contra la cordillera, expresados en las páginas de Los Andes de Mendoza, que hablaba de una tarea común en la que «ningún argentino puede darse el lujo, ahora, de esperar otro milagro que no sea el del trabajo de todos y cada uno, la honradez de los procedimientos, la conciencia cabal de que la fuerza potencial de la Nación espera de los músculos, el método y el camino que, sin duda, darán los frutos deseados».

La censura previa y el control cuartelero de los contenidos fue liquidado como un asunto menor y en definitiva resuelto de la mejor manera, como lo apuntó Clarín con el título «El gobierno y los diarios» en su portada del 22 de abril: «La rígida censura de prensa impuesta el 24 de marzo duró sólo 36 horas. Desde entonces, el progresivo retorno a la normalidad en todos los órdenes y la fluida comunicación entre el gobierno y los diarios lo han reducido al cumplimiento de normas indicativas». El suelto tiene el tono casi de una confesión de parte.

A Clarín le tomaría casi tres años empezar a buscar formas tímidas de distanciamiento, unos balbuceos de disgusto sobre todo por la marcha de la economía, apelando a su pasado de adhesión a un modelo desarrollista que las políticas de Joe hacían imposible, pero sin apartarse de los ejes de un entendimiento que incluyó el pacto para la apropiación de Papel Prensa, como vimos páginas atrás, pilar de una construcción empresaria que fue consolidando progresivamente su posición dominante sin que hubiera objeciones significativas en el poder dictatorial, sino más bien anuencia y colaboración, pues sin los pactos alcanzados y medidas que el régimen puso en marcha, como la Ley de Radiodifusión, el grupo jamás se habría multiplicado como lo hizo.

Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir

Un «productivista», eso era Joe Martínez de Hoz aunque nadie jamás se haya dado cuenta: un tipo más bien alejado de fórmulas monetaristas y financieras e interesado en que el país produzca. Lo demostraba su dedicación a temas agropecuarios, como presidente del Centro Azucarero Argentino, y de la industria, como presidente de Acindar. Pero si estas características pudieran ser consideradas insuficientes, se trata de «un abogado brillante: de asentada formación jurídica» que «se fue acercando desde el rigor de esa disciplina intelectual a los problemas económicos contemporáneos». Firmado, en la tapa de La Opinión del domingo 28 de marzo de 1976, por José Ignacio López.

Pero este diario no fue el único en descubrir tales virtudes, pues habló el ministro y así sintetizó sus propósitos Clarín en la portada del 3 de abril de 1976: «La implantación de una economía de producción, en reemplazo de una de especulación, es el objetivo básico al que apunta el programa».

La orquesta debió incluir algunos sones que no necesariamente llamaban a la exaltación, como la liberación de precios contra el control gubernamental de los salarios, o el aumento de servicios públicos y naftas, pero ello no era nada en comparación con la euforia por las buenas repercusiones internacionales —llegó a ser título una revaluación del peso en la plaza pequeña que es Montevideo—, un descenso mágico de la inflación, ya en abril, mientras Joe sudaba y sudaba en pleno otoño para lograr el «ordenamiento financiero» con la ayuda de buenos amigos: prontos créditos del Fondo Monetario Internacional y elogios por doquier del entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, todo en los espacios generosos de los diarios principales.

Puestos los socios a actuar cada uno su papel, el período de recepción triunfal dio paso a la reproducción ininterrumpida de los partes de «guerra» al gusto de los exterminadores. En una primera etapa fue una seguidilla de títulos y crónicas triunfantes, en la que los «enemigos» caían como moscas. En este segmento los censores de uniforme no bajaban la presión sobre los medios ni un centímetro, la disposición para remitirse únicamente a la fuente oficial para dar cuenta de hechos de violencia estaba en plena vigencia. Pero además de ello, el discurso propio, el elaborado por los diarios más influyentes, convalidaba y agrandaba la versión oficial, haciendo propio el palabrerío según el cual toda persona detenida o «abatida» era inevitablemente un extremista, subversivo o terrorista. Ni la menor objeción a los crímenes que, cometidos por los grupos de exterminio, eran adosados al enemigo, ni el menor distanciamiento del lenguaje, ni siquiera un toque de frialdad para que el lector dudara un poco, con la excepción honrosa de The Buenos Aires Herald, que empezó a llamar la atención a pocos meses de iniciado el régimen sobre los métodos represivos, sin que, por cierto, esto lo llevara a atenuar su apoyo simultáneo, bien abierto y entusiasta, al plan económico de Martínez de Hoz.

El régimen dio a los diarios, a los que marcaban agenda de una manera mucho más expansiva que la que se conocía y debatía tres décadas y media después, un papel específico que ellos no sólo cumplieron: pronto pasaron a la sobreactuación, pese a que las agencias internacionales empezaban a hablar de la aparición de cadáveres y de presos políticos, y a que en el exterior comenzaban a multiplicarse denuncias que se conocían, de una u otra forma, en las redacciones. El dictador hablaba desde la tapa de los diarios de respeto pleno a los derechos humanos, y los editoriales lo acompañaban con razonamientos tales como: aquellos que están hablando de crímenes de Estado en la Argentina no se preocupan por lo que hacen los regímenes comunistas. Era habitual, aunque no excluyente, que La Nación hiciera punta con los planteos más perversos, como en un editorial del 11 de febrero de 1977: «la mayor parte de las libertades, derechos y garantías tradicionales de las democracias siguen rigiendo con pleno imperio hasta límites que inclusive podrían asombrar para un país que sale de una crisis como la del período de 1973 a 1975 y que sostiene aún una dura lucha contra elementos dispuestos a tomar el poder por los medios más viles».

La entrada a 1977 se realizó con índices de inflación que preocupaban a todo el país, algo que con osadía Crónica llevaba a su portada, hablando de «injusto aumento de la carestía de la vida». El primer aniversario del régimen incluyó el hito histórico de la «Carta abierta de un escritor a la Junta Militar», el texto con el que Rodolfo Walsh hizo lo que Carlos Ulanovsky califica como el primer desafío de un civil al poder dictatorial, que le respondió con el envío de un grupo de tareas de la Marina que lo secuestró y lo hizo desaparecer.

El maridaje entre los dictadores y los patrones de los diarios transcurrió no obstante apaciblemente, coronado en el anuncio del 19 de mayo de ese año de Clarín, La Nación y La Razón sobre la «adquisición» de las acciones de Papel Prensa, aunque la detención poco antes de Jacobo Timerman bajo los cargos de «delitos económicos» y la intervención de La Opinión dieran más volumen a denuncias internacionales, a informes y expresiones críticas de organismos y gobiernos, hasta volver inevitable la aparición recurrente del tema «derechos humanos» en la relación con Estados Unidos, antes y después de una reunión entre Videla y el presidente estadounidense Jimmy Carter.

Ese contexto que crecía en adversidad dio paso a una serie de producciones periodísticas que tendrían a exaltar primero los «triunfos» militares, a reproducir en letras de molde y describir sin objeción alguna la tipificación demoníaca del «enemigo subversivo», a ocultar que entre los «terroristas» que se daban por «detenidos o abatidos» había principalmente trabajadores de fábricas, delegados sindicales, estudiantes universitarios, intelectuales y periodistas que jamás habían integrado organizaciones armadas. Las protestas internacionales crecientes, estigmatizadas invariablemente como una «campaña antiargentina» y atribuidas a la «subversión internacional», generaron una estrategia escalonada y distribuida entre varios medios, diarios y revistas, para inventar un «rostro humano» del régimen.

Hay en los archivos y en la memoria ejemplos de extremos alevosos de estas acciones de manipulación, pero probablemente uno de los más aberrantes sea el de la página 4 de Clarín del 1º de diciembre de 1977, con la volanta «Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente» y el título «La ardua recuperación».

La crónica relata una invitación del Comando del Ejército para ver «cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares», y consiguieron con ello rebaja de sus penas. Se trata de una casa agradable, de colores claros y cuadros en las paredes por lo que, dice Clarín, nada evoca una prisión. «¿Por qué se entra en un grupo subversivo?» quiso saber el «periodista», y la respuesta unánime es que se trata de falencias afectivas en la familia, es decir que, palabras más, palabras menos, son personas psicológicamente enfermas. Luego, las «bandas sediciosas» se organizan de forma tal que siempre un integrante tiene como pareja a otro integrante, «lo que refuerza la sujeción».

Después de varios párrafos dedicados al «abandono» de los guerrilleros que se fueron del país, estos arrepentidos vienen a encontrar en el «proceso» un sistema benéfico: «Teníamos muchos temores, pero nunca esperamos que el trato fuera tan correcto», dijo una. Y otra: «No lo podía creer, el trato fue más que correcto». Y luego todos coincidieron en que los procedimientos de la justicia militar fueron «correctos y objetivos». Se ve que estos «subversivos» arrepentidos eran de usar siempre las mismas palabras.

De inmediato, una manito para explicar la razonabilidad del golpe: entre 1973 y 1975, «el grupo que actuaba con una etiqueta seudoperonista había logrado infiltrarse prácticamente en todos los estamentos del Estado, dice uno de los jóvenes».

El relato del diario convierte a todos los testimonios sobre cómo funcionaron las cárceles y los centros de detención durante la dictadura en una suerte de fábula totalmente inventada y maliciosa: «Esta experiencia se realiza con el directo apoyo de un equipo interdisciplinario, compuesto por médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados que prestan asistencia a los detenidos y tratan de resolver sus problemas y el de sus familias». Y juegan deportes, reciben visitas que les traen libros, y profesores los asisten para que reanuden sus estudios.

Esta nota no llevó firma, pero no todos los escribas procesistas tomaban precauciones ni eran tímidos. Un ejemplo emblemático es el de Joaquín Morales Solá, en un primer período de la dictadura periodista de La Gaceta de Tucumán y a la vez corresponsal de Clarín, testigo privilegiado del exterminio cometido mediante el Operativo Independencia, no sólo de los remanentes de la guerrilla que apenas sobrevivía en los montes, sino y especialmente de trabajadores sindicalizados, delegados, maestros. Como lo recordó en 2010 el semanario de Buenos Aires Miradas al Sur, cuando publicó una foto del corresponsal de Clarín junto al general Acdel Vilas, cabecilla del operativo, durante acciones en una zona rural de la provincia, y una de las posibilidades es que se tratara de las inmediaciones de la «Escuelita de Famaillá», centro de exterminio en funciones plenas antes del golpe del ’76. Morales Solá, desde ese sitial de apego al poder militar y no precisamente desde el llano, se deshacía en elogios hacia el accionar militar, ponderaba los síntomas de «una posición ofensiva frente a la intolerancia ideológica» y se felicitaba por los resultados: «Ha cambiado, sin duda, la imagen revoltosa, rebelde y disconforme que Tucumán supo formarse a través de largos años», y «la presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y disturbios». El tour de Morales Solá como escolta de los cabecillas de la represión en Tucumán motivó, el 30 de diciembre de 2010, una citación de la justicia federal.

Vení a Atlántida, un mundo perfecto

Un campechano. Un tipo común, distendido, informal, nada hace pensar que tenga en su cabeza acaparar para sí el poder total y sobre todo el más absoluto sobre la Tierra: disponer a su gusto de la vida de los otros. Si hasta les pregunta a los periodistas en la sala de prensa de la Casa de Gobierno, en el primer contacto con ellos, si lo van a invitar con un café y, humildemente, acepta un mate cocido. Dos páginas de fotos generosas, el hombre escucha atentamente a los interlocutores, reconcentrado, y, entre sonrisa y sonrisa, da cátedra sobre demagogia, subversión, la herencia para las generaciones futuras, libertad de prensa. Gente, de editorial Atlántida, dio esa bienvenida al dictador el 15 de abril de 1976, dos números después de un pedido de «perdón» a los lectores, por haber iniciado tardíamente sus críticas al «régimen peronista», por haber demorado en el reclamo de que «se termine la demagogia, la ineficiencia, la inmoralidad».

De allí en más la revista dirigida por Samuel «Chiche» Gelblung será uno de los arietes principales de la editorial en su estrategia de respaldo al régimen, ocultamiento de sus crímenes y lanzamiento de operaciones de manipulación que llegaron a motivar, décadas adelante, acciones judiciales por complicidad con los delitos represivos. Se pueden reseñar decenas de artículos, «informes», investigaciones, miles de palabras. O pueden ser suficientes unas pocas, las correspondientes por ejemplo a las páginas de «Las 76 caras del 76». Junto a la foto del dictador: «Presidente de la Nación. La mayor responsabilidad. Un ejemplo». Junto a la de Antonio Domingo Bussi: «Gobernador de Tucumán. Combatió la guerrilla. Trajo la paz». Junto a la del amigo Bernardo Neustadt: «Periodismo en serio y para argentinos que piensan. TV y retorno». También «Las 77 caras del 77», con la foto de Martínez de Hoz: «Ministro de Economía. Su meta: recuperación del país». Con la de Oscar Antonio Montes: «Canciller. Ejecutor de nuestra política exterior». Con la de Ramón Camps: «Actuación destacada contra la subversión».

A comienzos de 1977 un documento sindical formula críticas a la situación del país y Gente se ocupa, en un editorial, de publicar las palabras que mejor expresan la propaganda de la dictadura: «El hoy argentino es duro. Pero no es culpa de los que hoy gobiernan. La herencia de desastres no se puede revertir en pocos meses. […] Los mayores responsables del desastre que hoy todavía padecemos fueron los políticos, por un lado, y el poder sindical, por el otro». Y frases tales como «que se callen para siempre los que fracasaron» y «hay que eliminar las células enfermas» parecen salidas de los laboratorios del terror estatal.

Una batería de cifras de un resultado económico magnífico, con crecimiento del producto interno bruto, más reservas, menos inflación, más empleo, menos deuda, tiene en 1977 en las páginas de Gente tanta validez como el título de tapa del número 879, del 27 de mayo de 1982: «SEGUIMOS GANANDO». Sobre una foto que es aparentemente de un avión argentino dando en el objetivo de un buque inglés, se lee: «6 buques hundidos. 18 averiados. 21 aviones y 16 helicópteros derribados. Estamos destruyendo a la flota británica». Páginas adentro, siempre bajo el latiguillo «SEGUIMOS GANANDO», multitud de datos que dan evidencia de la ya segura derrota inglesa, cuyas fuerzas, al desembarcar en Malvinas, quedaron «acorraladas», según un título gigante.

Antes y después, en títulos grandes o pequeños, en las primeras páginas o en las últimas, Gente fue incansable como factoría de editoriales, artículos «informativos», investigaciones, reportajes, que le dieron soporte al régimen. Y hasta «encuestas» que convertían a Videla en presidente ganador de elecciones por un margen jamás visto en la Argentina. La publicación es del 16 de julio de 1979, cuando la revista dice haber entrevistado a 1.500 mujeres de la Capital y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Del total publica 150 respuestas con foto, nombre, apellido y edad de las «encuestadas». ¿Por quién votaría? ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué descartó a los demás? Obviamente, lo que interesa es la cuenta final, la respuesta a la primera pregunta, que la revista no anticipa en ningún título ni en ninguna de las ocho páginas, y que deja tímidamente para el final: Videla gana con 68 por ciento; Balbín, 10; Massera, 8; Alende, 8; Frondizi, 3,5; Bittel, 1; Lorenzo Miguel, 0,5; abstención, 1 por ciento. Atlántida le hacía, de este modo, cumplir su más caro sueño al régimen: el peronismo y la izquierda estaban licuados.

La propaganda política descarada de la editorial entonces propiedad de la familia Vigil abarcó a otras publicaciones, en especial la revista Para Ti, lo que en 2010 llevó al abogado de derechos humanos Pablo Llonto a trabajar en una querella en la que se sostiene que directivos editoriales y periodistas participaron directamente y con conocimiento expreso en operaciones para ocultar delitos de lesa humanidad, incluyendo tomar contacto con prisioneros políticos dentro y fuera de centros clandestinos de detención. Es el caso de la nota «Habla la madre de un subversivo muerto», para presentar a Thelma Jara de Cabezas, con un hijo desaparecido y otro por entonces en el exilio.

Thelma Jara de Cabezas había sido secuestrada y llevada a la ESMA en abril de 1979. Con la dirección del represor Ricardo Cavallo, fue sacada y, bajo amenaza de muerte, puesta a hacer «declaraciones» a la revista Para Ti, para la nota ideada con el fin de hacer frente a la ya indetenible catarata de denuncias sobre los crímenes del terrorismo de Estado.

En la misma línea, la revista publicó tarjetas postales para recortar, «con imágenes y textos de la actual realidad del país». Por supuesto, se describía un país en paz gracias a la obra del «proceso». Los lectores eran invitados a enviarlas a todo el mundo, sobre la base de «una lista de todos aquellos organismos y personas que organizan la campaña antiargentina en el exterior. Ésta es su oportunidad de mostrar al mundo toda la verdad de un país que vive y crece en paz». Ya en 1984, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, relató a Eduardo Varela Cid, en una carta, que muchas madres enviaron esas tarjetas de Para Ti pero «con los datos personales de sus hijos y la fecha de su “desaparición”, palabra con que se reemplazó la verdadera, que es secuestro».

Llonto, ex periodista de Clarín, hizo una reconstrucción del despliegue inconmensurable de los medios de difusión argentinos para dar soporte al régimen durante el Mundial 78, tanto para endosar el éxito deportivo y el entusiasmo popular a los dictadores como para proyectar al exterior la imagen de un país normal, en el que sucedía todo lo contrario a lo relatado por víctimas de la represión, por sus familiares, por las entidades de derechos humanos y por los organismos internacionales. «Las voces de denuncia de los exiliados y los familiares de los asesinados, desaparecidos y encarcelados fueron tomadas como expresiones de la antipatria. El periodismo fomentó el anticomunismo, la delación de los luchadores y militantes de izquierda, y defendió, a buen precio, casi todos los actos del gobierno de la dictadura militar», evocó Llonto.

Otra vez Atlántida con uno de sus productos, El Gráfico, que vivió días gloriosos de ventas durante el Mundial de Videla, Massera y Agosti —mostrados en infinidad de fotos como aficionados simples y tan albicelestes como el que más—, hizo punta en llegar a extremos de manipulación que quedaron para siempre en la historia más vergonzosa del periodismo nacional. El Gráfico inventó una carta del capitán de la selección de Holanda, Rudolf Krol, a su hija, y la publicó en pleno campeonato, doce días antes de la final. «Mamá me contó que el otro día lloraste porque algunos amiguitos te dijeron cosas muy feas que pasaban en la Argentina. Pero no es así, es una mentirita infantil de ellos. Papá está muy bien, aquí todo es tranquilidad y belleza. Ésta no es la Copa del Mundo sino la Copa de la Paz. No tengas miedo, papá está bien, tiene tu muñeca y un batallón de soldaditos que lo cuidan, que lo protegen y que de sus fusiles disparan flores…» Aunque los holandeses se quejaron y la embajada intervino en el caso, como recuerda Llonto, en ese momento en el país el hecho fue ocultado por los demás medios.

Krol expresó indignación, una y otra vez, por esa acción de El Gráfico, pero no se opuso a volver a la Argentina con una selección Resto del Mundo, para jugar el 25 de junio de 1979 un partido amistoso en el primer aniversario de la final del ’78. «Clamoroso festejo a 1 año del Mundial», tituló en la tapa Clarín, totalmente involucrado en la celebración, como lo explica el epígrafe para dos fotos también de primera plana: «El entusiasmo popular no tuvo límites en el afán de aclamar a la selección argentina. El partido lo ganó el Resto del Mundo y el presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, acompañado por la directora de Clarín, señora Ernestina Herrera de Noble, y del titular de la AFA, señor Julio Grondona, entrega la Copa instituida por nuestro diario al holandés Krol».

CAPÍTULO VIII

Tanteos en la bruma social

Terror de clase B

El 24 de marzo de 1976 cambiaría de modo sustancial el paisaje de la sociedad civil argentina, que tardaría algunos años en aceptar que se podía concebir lo inconcebible; que lo siniestro, tal y como lo definió Freud, existía: la pesadilla delineada bajo las formas de la cotidianidad, un monstruo informe y de largo alcance que escapaba de las películas de terror de clase B aunque sin sus costados risibles. El paisaje cotidiano se lució abrumado con el ensordecedor ruido de escape abierto de los autos Falcón de color verde con armas ostentosamente asomadas por las ventanillas, requisas en bares y confiterías a cualquier hora y con cualquier motivo, sirenas de ambulancia y de móviles policiales que rasgaban el aire, pedidos de documento en plena calle y a viva voz, averiguación de antecedentes, irrupciones virulentas en casas de familia, centros clandestinos de detención y tortura asentados en barrios tradicionales, secuestros de personas, robos de bebés y miles, miles y miles de desaparecidos, aquellos que Jorge Rafael Videla definió de modo memorable y brutal: «Los desaparecidos no están, no son. Son una incógnita, no están vivos ni muertos».

La onda expansiva del golpe de Estado del ’76 alcanzó como pocos, tal vez como ninguno, a la sociedad civil en su conjunto, le minó sus presupuestos y la desorientó hasta el extravío. Para entender esta interdependencia de modo acabado acaso no haya nada más ilustrativo que el plan de operaciones expresado de modo inequívoco por el general Ibérico Saint Jean, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, en declaraciones al International Herald Tribune, de París, el 26 de mayo de 1977: «Primero vamos a eliminar a todos los subversivos, después a sus colaboradores, después a los indiferentes, y por último a los tímidos». Nadie, salvo el procesista de paso redoblado, estaba exento de pertenecer a alguna —por comisión o por omisión— de las cuatro categorías señaladas por Saint Jean: no había una masa de subversivos, podía haber pocos colaboradores, pero ¿quién podía eximirse, en rigor, de la indiferencia, la timidez o, al menos, una ligera prudencia frente a los acontecimientos? La progresión de Saint Jean apuntaba de lleno al corazón de la sociedad.

Esa sociedad le dio carta de ciudadanía a una expresión que trataba de explicar, sin explicar nada en absoluto, la causa de la desaparición de miles de personas: «por algo será», donde había que leer el «algo» como un motivo tácito que se perdía en la nebulosa y estaba arraigado en una sospecha tan vaga como inasible. Vale la pena recordar que la expresión no tuvo su origen, en modo alguno, en el anónimo acervo popular, sino que fue acuñada por el entonces obispo de Avellaneda, monseñor Antonio Quarracino, en otra evidencia que ilustra las relaciones que mantenía la cúpula de la Iglesia con la plana mayor del golpe militar.

El golpe del 24 de marzo fue brutalmente invasivo; la apropiación de niños, la tortura y la desaparición de personas no tenían precedentes. Los primeros gestos de resistencia (como la del gremio Luz y Fuerza, los hábeas corpus individuales presentados por algunos valientes abogados o la protección a activistas perseguidos en algunas fábricas) parecían hechos aislados. Un año después de instalarse la Junta Militar en el gobierno, parte de la sociedad comenzó a dar muestras de reacción. El 30 de abril de 1977, un grupo de madres de desaparecidos solicitó una audiencia con Jorge Rafael Videla. Estaban esperando pacientemente en la antesala para que las recibiera el secretario del vicario castrense, cuando Azucena Villaflor, una de las madres, propuso: «Yo creo que individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla va a tener que recibirnos, ¿no?» A partir de ese día, el paisaje urbano y político tuvo un cambio de envergadura, que marca la historia argentina contemporánea: todos los jueves, a despecho del clima, las penalidades personales y la indiferencia o el apoyo de los transeúntes de paso por el lugar, un grupo de madres cada vez más numeroso, de tres a cuatro de la tarde, marchaban de a dos en fondo alrededor de la Plaza de Mayo, en una protesta muda que, sin embargo, cobraba los decibeles de un alarido. Los mismos policías que custodiaban la Plaza les habían sugerido que marcharan de a dos, el país se encontraba bajo estado de sitio y estaban terminantemente prohibidas las reuniones de tres o más personas en la vía pública.

Durante el transcurso del Mundial de Fútbol de 1978, tres camarógrafos holandeses se apostaron un jueves en la Plaza de Mayo, vieron la marcha —que se asimilaba más a la gravedad de una ceremonia litúrgica que a una mera protesta civil—, la filmaron y decidieron enviar el material para que se emitiera en la televisión de su país. Fue el comienzo de la repercusión internacional del movimiento. Entre 1978 y 1979 tienen lugar los primeros viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo, el mundo —con Amnistía Internacional incluida— comienza a enterarse de la existencia de desaparecidos, y en 1980 el periodista francés Jean-Pierre Bousquet publica el libro inaugural en torno del tema: Las locas de la Plaza de Mayo. La resonancia internacional no tuvo, por años, su correlato análogo en el país ni en el seno del pueblo argentino.

Satán, ese otro

Un poema célebre de Octavio Paz aborda con impecable lucidez el tema del otro: «los otros que no son si yo no existo / los otros que me dan plena existencia». Una sociedad civil es, entre las infinitas formas en que es posible definirla, la suma de los otros desde la perspectiva ineludible del yo. Quién fue, cómo estuvo constreñido, delimitado y definido el otro en el transcurso del «proceso» cívico-militar es uno de los interrogantes cuya respuesta —aunque sea precaria— parece insoslayable para delinear a una sociedad y al peso inverosímil del poder que la somete.

En su excelente ensayo Poder y desaparición —Los campos de concentración en Argentina—, Pilar Calveiro aborda el tema con rigor. A principios de mayo de 1977, Calveiro fue secuestrada en plena calle por un comando de la Fuerza Aérea, trasladada al centro clandestino de detención conocido como la «Mansión Seré» y obligada a recorrer durante un año y medio otros campos de concentración: la comisaría de Castelar, la residencia oficial del jefe de la Armada, ubicada en Panamericana y Thames y convertida en centro de torturas del Servicio de Informaciones Navales, y, finalmente, la ESMA. «Para librar una guerra —observa Pilar Calveiro—, es preciso tener un enemigo. El enemigo es ese Otro, que comprende todo aquello que no es como yo; Otro amenazante, peligroso. La lógica binaria es una lógica paranoica, en donde el Otro pretende mi destrucción y es lo suficientemente fuerte como para lograrla. Intenta ejercer sobre mí una dominación total, por ello su persecución también debe ser total» (el destacado pertenece al original). La atinada reflexión de Calveiro se compadece parte por parte con una frase definitoria pronunciada por el genocida Camps: «Aquí libramos una guerra… No desaparecieron personas, sino subversivos». En la frase de Camps resuena con claridad el tono del mariscal Keitel, jefe del comando supremo de la Wehrmacht, cuando algún general se quejaba o asombraba del trato al que eran sometidos los polacos en los campos de concentración nazis: «Esos escrúpulos —expresaba Keitel— corresponden a conceptos de soldado sobre los combates caballerescos. Aquí se trata de aniquilar una ideología». Éste es, en efecto, el modo de reducir al otro a una categoría sub o infrahumana, o vaciarlo de humanidad. En El crimen y la memoria el sociólogo franco-alemán Alfred Grosser señala: «se podría decir que, en efecto [los alemanes], sólo mataron a una clase de insectos, porque los exterminadores deliberadamente quisieron que millones de hombres, mujeres y niños experimentaran La metamorfosis descripta por Kafka: la transformación de un ser humano en un bicho que se aplasta, y luego se barre o se quema». Podría ser ésta una atinada definición de lo que fue el otro para la dictadura militar argentina.

«El Otro que construyeron los militares argentinos —prosigue Pilar Calveiro—, que era preciso encerrar en los campos de concentración y luego eliminar, era el subversivo. Subversivo era una categoría verdaderamente incierta. Comprendía, en primer lugar, a los miembros de las organizaciones armadas y sus entornos, es decir militantes políticos y sindicales vinculados de cualquier manera que fuese con la guerrilla. Inmediatamente se pasaba a incluir en la categoría de subversivo a todo grupo político o partido opositor, así como a cualquier organismo de defensa de los derechos humanos, todos ellos dedicados, por una conspiración internacional, a desprestigiar al gobierno. Por ejemplo, el torturador de Norberto Liwsky “manifestó que ellos sabían que mi actividad no se vinculaba con el terrorismo o la guerrilla, pero que me iban a torturar por opositor…”». Y Calveiro agrega un dato sustantivo con relación a la alteridad: «Abundan los testimonios que dan cuenta de cómo se maltrataba especialmente a los judíos y se los sometía a tratos humillantes, por el hecho de serlo. Graciela Geuna, Ana María Careaga, Miriam Lewin, Nora Stejilevich, Juan Ramón Nazar y muchísimos más, judíos y no judíos, denunciaron la concepción y las prácticas antisemitas en los campos de concentración».

A este respecto, se puede precisar que fueron dos mil los desaparecidos de origen judío, lo que constituye la minoría comunitaria más golpeada por el terrorismo de Estado. Una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Renée Epelbaum (1920-1998), relataba: «Recordamos muy bien el manoseo despiadado que recibíamos en la sede de la DAIA cuando acudíamos solicitando auxilio en aquellos días de dolor e incertidumbre, y nos lanzaban una cachetada en forma de reproche: “A ustedes les pasó esto porque no les dieron a sus hijos una educación sionista”». Durante los primeros años de dictadura, el presidente de la DAIA fue el doctor Nehemías Resnizky; a partir de 1980 desempeñó el cargo Mario Gorenstein. El rabino Daniel Goldman ratifica en toda la línea las palabras de Renée Epelbaum: «En relación con los desaparecidos judíos —afirma—, podría decir que la comunidad judía, desde su lugar estructural-institucional, reaccionó como gran parte de la sociedad argentina, manteniéndose silenciosa y no dando respuestas concretas a los pedidos de familiares a ser ayudados para denunciar, o cobijados para sentir algún tipo de acompañamiento y/o consuelo ante lo que estaba aconteciendo. Es sabido, según testimonios, que tanto la AMIA como la DAIA cerraron las puertas y trataron con desprecio a los familiares de los desaparecidos judíos. Pero por otro lado, algunas figuras como el rabino Marshall Meyer, el periodista Herman Schiller, el rabino Roberto Graetz y el delegado de la Agencia Judía, Daniel Recanatti, escondieron a perseguidos, visitaban cárceles y gestionaron salvoconductos».

En el ensayo Modernidad y holocausto, Zygmunt Bauman introduce un concepto que ha terminado por ser conocido como «la metáfora del jardinero», en el cual contrapone la existencia de las culturas cultivadas (el jardín en que la sociedad se ha convertido no tiene recursos para su propio sustento y depende de un poder que delinea un diseño artificial) a las culturas silvestres (los recursos se hallan en la propia sociedad y en sus lazos comunitarios, lo que permite identificar malas hierbas y malezas y, en consecuencia, eliminarlas). Las malezas crecen en las periferias del jardín social y son los pobres, marginados o extraños (precisamente, los otros) entendidos como clases peligrosas y amenazantes sobre los cuales se ejerce lo que Michel Foucault, en célebre fórmula, llamó «poder pastoral». Bauman, con todo, va un paso más allá de Foucault. Entiende que la realización plena del Estado jardinero (aquel en el que el poder pastoral resulta kafkianamente implacable, aquel en el cual la culpa está fuera de toda discusión y antecede al juicio) tiene su sede en el Estado totalitario propio del siglo XX. En tal Estado se encuentran las malezas y las malas hierbas en la persona del judío, del extranjero, del gitano, del subversivo o en cualquier otro sujeto pasible de genocidio. El genocidio, pues, sería la consumación por excelencia de la jardinería social, la depuración de malezas y malas hierbas en virtud de la plasmación pura de una imagen de lo que el jardín debe ser: un espacio incontaminado. Una cosmovisión baumaniana que se emparienta íntimamente con el registro teórico que Sartre implementa en Reflexiones sobre la cuestión judía: si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Donde Sartre pone «judío», el término puede ser reemplazado (y desplazado) por «subversivo», «extranjero», «inmigrante» y cualquier encarnación de la alteridad invasiva que el totalitarismo elija como el enemigo, el otro por antonomasia.

Frente a la elección que el totalitarismo realiza del otro, la reacción de la sociedad civil es —y no puede ser de otra manera— diversa y matizada. Pilar Calveiro lo señala adecuadamente: «El terror que tan cuidadosamente ha diseminado el dispositivo concentracionario produce en la sociedad el mismo efecto anonadante que en el desaparecido dentro de los campos. ¿Cómo afirmar que el hombre que se dirigía sin resistencia a su traslado era un cómplice? ¿Cómo hacer de la víctima un cómplice? […] La sociedad sencillamente es; en efecto es muchas cosas que permiten el asentamiento de este poder desaparecedor pero también es todas aquellas que lo obligaron a imponerse sobre ellas, como el desorden, la desobediencia y la diversidad. La sociedad es múltiple y en ella circulan las fuerzas de la sumisión y las de la resistencia».

Los microdespotismos

En el volumen Contrapuntos – Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Guillermo O’Donnell, politólogo y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Yale, califica de «estilo pretoriano» al quehacer político en la Argentina y, como un semiólogo, lee las marcas del día a día durante los años de la dictadura militar y señala que los militares «impusieron sus microdespotismos allí donde podían. Entre presiones y re-presiones y el crecimiento del desempleo, el trabajador en la fábrica y en el comercio, tuvo que “guardarse” su identidad de trabajador. Y, rodeando todo eso, el miedo de todos los Ubaldos [referencia a un personaje cómico brasileño al cual lo distingue su acusada paranoia] que fuimos, de que alguien nos preguntara, asumiendo un derecho de tuteo que habían quitado a los demás, “¿Vos sabés con quién estás hablando?” Y que ese alguien tuviera poder de vida o muerte, o de empleo o hambre sin recurso alguno ante nadie. […] Entonces, la calle y la escuela, y el lugar de trabajo y la oficina pública, fueron el lugar del sometimiento y del miedo; o —para usar una palabrota de mi disciplina— de la desciudadanización». Siguiendo la línea de reflexión de O’Donnell, también se puede indicar que los lugares de trabajo, las escuelas y cualquier asociación, grupo o estamento fueron «el lugar del sometimiento y del miedo» porque se convirtieron —acaso irremediablemente— en réplicas a escala reducida de los modos, maneras y señales que signaron al proceso de la dictadura militar. En la ventanilla de una oficina pública, en un servicio de transporte, en un comercio o en un hospital no hacía falta que alguien se presentara con uniforme para reproducir el orden coactivo: voluntariosos «sargentos» de la civilidad se sintieron autorizados para dar rienda suelta a su prepotencia y a sus resentimientos.

Campeones de topadora

Como a Benito Mussolini con la Copa Mundial de fútbol en Italia en 1934, como los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, que por sobre todo exhibieron a Adolf Hitler en el podio, el Mundial de Argentina en 1978 fue el acontecimiento que la dictadura militar diseñó para intentar legitimarse con un baño de masas de proyección internacional. Trasladar automáticamente la arrolladora presencia popular en las calles de todo el país por los triunfos deportivos a un apoyo dictatorial sin más, fue una obsesión que buscó hacer de los festejos de los goles del seleccionado argentino, que también profirieron presos y exiliados, un acto incurable y alucinado.

Discutir ese reduccionismo no implica desestimar otras visiones certeras y desoladas sobre el fenómeno del Mundial 78, como la del periodista Pablo Llonto en su libro La vergüenza de todos: «Videla recibió seis veces el aplauso de las multitudes en estadios repletos. La fiesta del despilfarro en la organización del torneo apenas se cuestionó. Las voces de denuncia de los exiliados y los familiares de los asesinados, desaparecidos y encarcelados fueron tomadas como expresiones de la antipatria. […] Millones sucumbieron ante la idea publicitaria y mega oficialista de que “la victoria deportiva era el triunfo de un pueblo en paz”».

Graciela Daleo, torturada en la ESMA, relató que el día de la final, el «Tigre» Acosta, torturador campeón del chupadero, entró levantando los brazos y gritando: «¡ganamos, ganamos!». Allí tuvo la certeza de que si él gritaba que habían ganado, entonces «nosotros habíamos perdido». Daleo narró que sus captores la llevaron a dar vueltas por las calles en la noche de los festejos por el Mundial, le abrieron el techo del auto y la obligaron a compartir los vítores de la gente. «Viendo a la multitud festejando viví otro momento de infinita soledad porque me di cuenta, llorando, de que si me ponía a gritar que era una desaparecida nadie me iba a dar pelota.»

El puntero derecho de aquella selección, el malabarista René Houseman, reúne en 2010 y en sí mismo el nudo de contradicciones que aún laten cada vez que relata aquel Mundial: «Qué te puedo contar, se vivió una alegría tremenda, yo creo que la gente que salió a vitorearnos así no sabía lo que pasaba en el país, ¡25 millones de argentinos y no sabía nadie! La gente misma o nosotros, para mí, dormimos, no sabían lo que hacían, nadie sabía de los asesinatos. Se tapó muy bien. Taparon muertes, homicidios, desaparecidos… pero tenemos la alegría de haber salido campeones del mundo. Nos recriminan como “campeones de la dictadura”, a mí me chupan un huevo porque ni Videla tiró un centro, ni Massera cabeceó, ni Agosti pateó un penal: en la cancha eran once contra once y ganaba el que mejor jugaba. Que nos metan a nosotros me duele porque jugamos de corazón, nos brindamos para la gente, para el fútbol, para nuestro prestigio. Pero de haber sabido lo que pasaba en el ’78 no jugaba el Mundial, aunque me dijeran vendepatria, antipatria, me hubiera chupado un huevo, primero está mi gente».

Para Houseman, uno de los jugadores de aquel plantel que aparece cuando las entidades de derechos humanos convocan para rememorar el Mundial del ’78 con una perspectiva antidictatorial —como «La otra final», realizada en River por el Espacio Memoria en 2008—, decir «mi gente» es reivindicar su condición social de villero y recordar un infierno.

En 1977, tras retornar de un entrenamiento con la selección en Mar del Plata, Houseman fue a su viejo barrio del Bajo Belgrano: «Llegué —recuerda— y vi todo tirado, todo convertido en escombros, me largué a llorar como un nene de un mes, fue algo muy triste. Me consolé pensando que por ahí les habían dado una casa mejor. Yo había vivido toda la vida en esa villa. Cuando me encontré con todo tirado me puse a revisar, como si pudiera aparecer un amigo entre los escombros. Después me contaron que el operativo fue brutal. Metían a los pibes en los placares y amenazaban con pasarles por encima con la topadora».

La villa miseria del Bajo Belgrano fue blanco de las autoridades militares por su cercanía con el estadio de River Plate, sede principal del Mundial 78. Parte de sus habitantes fue reubicada en el complejo habitacional Ejército de los Andes, de Ciudadela, el «Fuerte Apache», concebido para que moren 22.000 personas aunque las erradicaciones forzadas hicieron trepar las cifras a 100.000. Los conglomerados de Retiro y de Colegiales fueron los siguientes en caer bajo las piquetas y las topadoras. La Comisión Municipal de la Vivienda se vanaglorió tres meses antes del comienzo del Mundial de Fútbol de la demolición de 295 viviendas y de la erradicación de «298 familias compuestas por 973 personas. En un tiempo récord de poco más de 60 días, recuperándose 7,2 hectáreas de tierra valiosísima para un futuro ambicioso plan que llevará a un ordenamiento social y edilicio de la Capital Federal».

El investigador Oscar Oszlak calcula que 300.000 personas fueron expulsadas de la Capital Federal a raíz de esta política de «limpieza» de los militares, «equiparable a las acciones más brutales de raíz étnica en cualquier lugar del mundo y anticipo de sucesivos intentos por tierras valiosísimas para propiciar negociados inmobiliarios fabulosos, ambición de antaño de familias con apellidos de lustre». El titular de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo del Cioppo, premiado luego con la intendencia, supo resumir sin vueltas su concepción ultragarca de la ciudad: «Vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente». La «peor», queda claro, era arrojada del otro lado de la General Paz.

Vidas de ida y vuelta

«El golpe del ’76 fue terrible, devastador. Pero yo, y muchos como yo, vivimos con angustia, con zozobra, con sufrimiento aquel período anterior al golpe jalonado por los nombres de Isabelita, Lastiri, López Rega…, eso también fue espantoso. E incluso, esto hay que decirlo aunque resulte desagradable, yo he conocido pares, colegas que apoyaban una salida urgente, aunque fuera de carácter militar. Por eso yo no dejo de preguntarme: ¿hasta qué punto el problema nuestro no era, en aquellos años y aún ahora, sino un problema cultural, enraizado en la clase dirigente? —se interroga el doctor Jorge Colombo—. Yo estuve desde el ’71 y hasta el ’74 becado en Estados Unidos, más precisamente en la Universidad de California, me fui por un año y me quedé tres. Cuando volví, retorné a Mendoza como investigador científico del CONICET. Ya estaba Isabel Martínez de Perón como titular del Poder Ejecutivo. El clima que había, lo recuerdo perfectamente, generaba condiciones de inseguridad: persecución, formas de represión, una sensación inequívoca de falta de liderazgo político-económico. La Mendoza de aquellos tiempos era una comunidad católica y conservadora, yo no era ni soy una cosa ni la otra. De hecho, en la Universidad Nacional de Cuyo, donde yo trabajaba, había indicios por todos lados de ese clima de opresión que se comenzaba a vivir: aún recuerdo los carteles en la Universidad que establecían el largo de pelo que se permitía usar: no debía exceder el cuello de la camisa, ¡eran detalles increíbles!, pero, justamente, ésos eran los detalles que tejían la trama de la vida cotidiana y que son los que terminan por construir el clima social», evoca Colombo, doctor en Medicina de 71 años, investigador principal del CONICET, y que alterna la actividad científica con la literatura. «Era tal el clima de inseguridad que yo, como tantos, por otra parte, llegué a enterrar discos y libros catalogados como sospechosos en pozos abiertos para plantar árboles en una plaza pública de Mendoza. En el año ’75 se me abrió la posibilidad de un nuevo exilio que, al cabo, se concretó dos años después, en el ’77: me fui con mi familia a Florida, Estados Unidos, como profesor adjunto, y recién volvimos a la Argentina en el ’87, con la democracia ya instalada; vale decir que viví el golpe desde afuera. En diez años, ¡en diez años!, no hubo forma de que pudiera cortar mi vínculo con la Argentina, no hubo manera. Y eso que me fui con bronca, con mucha bronca; yo pensé, en un principio, que la salida iba a ser definitiva, sentía que se habían roto vínculos muy importantes entre el país y yo, pero no. Más allá de la recepción, siempre buena, hospitalaria, inobjetable, que me brindaron afuera, yo era irremediablemente ajeno a esos contextos, yo era y sigo siendo argentino, no hay nada que hacer. Eso sí, para decirlo en buen romance, yo creo que el golpe nos jodió a todos: a los de afuera y a los de adentro, no es posible salir indemne de semejante experiencia. De vez en cuando volvía, viajes rápidos, relámpagos, para visitar a mi madre, que aún vivía, pero me encapsulé en mi trabajo de modo obsesivo; estaba informado, por supuesto, pero no más que informado; insisto: hubo una quiebra dolorosa, muy dolorosa, del vínculo con la Argentina. Fui receptor, obviamente, como todos los que estábamos afuera, supongo, de la problemática brutal que tuvo como centro neurálgico el tema de los desaparecidos, pero no lo viví con el dramatismo in situ, a ese nivel epidérmico que debe haber experimentado el argentino medio que se quedó aquí y padeció el proceso militar en carne propia. Lo que sí vivimos con intensidad e impotencia fue el tema de la Guerra de las Malvinas, eso fue lo que más vivimos, queríamos con toda el alma creer en la victoria que proclamaban los militares, pero nos chocábamos de frente con la otra versión, con la verdadera. ¿Qué me dejó el golpe militar? Y, por lo pronto, una familia dividida, lo cual no es poco.»

Como en toda buena novela, la cotidianidad —ese paisaje a través del cual se mueve un pueblo cargado con sus pequeñas historias que, al cabo, urden la trama de la Historia— es el universo del detalle. Jorgelina Núñez es colaboradora de la revista cultural Ñ, del diario Clarín, y tenía 15 años cuando los militares asaltaron el poder. Así lo recuerda:

«La primera sensación que se me ocurre, la más epidérmica, para describir lo que experimenté a partir de la consumación del golpe es la de un gran, enorme aburrimiento. Para decirlo a las claras: me cagaron la adolescencia a partir de una confluencia terrible entre dos factores: el miedo, por un lado, y la certidumbre, por otro, de que eso que comenzaba no se iba a acabar nunca. Los espacios públicos eran inexistentes, no había ni el asomo de una concentración, no se generaba ningún tipo de expectativa social; nada, nada, nada; en ese sentido, Rosario era mortal. Yo creo que en ese contexto, asumiendo todo lo devastador que estaba pasando, el Mundial de Fútbol del ’78 tuvo un efecto social, al menos uno: la gente salió a la calle, después de tanto tiempo, la gente volvió a salir a la calle. De hecho, el mismo año en que se jugó el Mundial yo hice mi ingreso a la Facultad de Humanidades: era un convento la Facultad. El primer año funcionaba como un filtro, con profesores del Opus Dei y gente de los servicios infiltrada en las clases: eran estereotipos ridículos, se los podía distinguir a kilómetros de distancia. Me acuerdo de un profesor, execrable por donde se lo mirara, que dictaba Historia de la Cultura, una de cuyas materias era marxismo; en el examen final, el tipo preguntaba sobre el marxismo: si uno contestaba, lo bochaban; para eximirse había que decir: “No, la verdad es que no lo sé porque es un tema que no me interesa…” ¡Increíble! El nivel docente era de una mala calidad notable, de una torpeza enorme. Recién a partir del ’79 emergió esa dinámica que después se llamó “cultura de las catacumbas”: Nicolás Rosa, que era de Rosario y había llegado a ser decano de la Facultad de Humanidades, empezó a armar grupos de estudios particulares cuyas clases se dictaban los domingos a la tarde ¡en un club de rugby!; él fue el que nos empezó a relacionar con María Teresa Gramuglio, Ricardo Piglia, Beatriz sSarlo…, ahí uno empezaba a intuir que otra forma de estudiar era posible. Todo lo demás era un páramo. Yo no tengo registro, en aquellos años, de lo que era una fiesta, por ejemplo; el clima era de desconfianza y sospecha permanentes. A lo que hay que agregar los dos tipos de exilio: el interno y el externo: gente que se iba al exterior y hermanos de amigas que se iban al campo, a Cañada de Gómez, a Venado Tuerto, para que los cobijaran durante una temporada. Yo recién en el ’77 escuché hablar de los desaparecidos: una chica que estudiaba conmigo teatro me contó que su hermano militaba en la JP y que un día el comisario de la zona la llamó a su casa y le dijo: “Andá a buscar a tu hermano que está tirado en una zanja…”. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, me parecía tan inverosímil como brutal. Y para colmo de males, lo de Malvinas, fue horrible; yo tuve, literalmente, una convulsión en el estómago y no podía dejar de pensar: encima de todo, una guerra, la pesadilla no se acaba nunca. Yo creo que aun para los que no vivimos de cerca la experiencia de la muerte, la muerte o, mejor dicho, la imposibilidad de vida, fue omnipresente. Para mí el golpe está íntimamente asociado a las dificultades para respirar.»

Novela versus novela

Durante 1980 se van a publicar las dos novelas paradigmáticas del período, ambas van a marcar rumbos distintos —e, incluso, antitéticos— en el espacio de las letras y en el marco que las abarca y las trasciende: el ideológico. Las novelas fueron Flores robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís, y Respiración artificial, de Ricardo Piglia. Esta última gozó y goza del favor unánime tanto de la crítica impresionista como aquella de carácter más rigurosamente académico. En su obra, Piglia entrecruza diversos acontecimientos de la historia argentina para transmitir la continuidad de la corrupción en el seno de una sociedad cuyos sueños devienen pesadilla. Muy otro es el caso de Flores robadas en los jardines de Quilmes, que fue, sin duda, el best-seller más resonante de aquellos años y cuyo autor, Asís, se convirtió en el paradigma del escritor controvertido, a caballo entre el oportunismo, la sobreexposición de su imagen pública y una obra narrativa tan prolífica como representativa y cambiante. En el libro Ficción y política. La narrativa argentina durante el proceso militar, David William Foster señala que «un novelista como Piglia asume el cargo de una historia demasiado compacta y demasiado presente» en sus desentendimientos más trágicos. En el mismo texto lamenta que «la crítica se haya enfocado tanto en Flores robadas en los jardines de Quilmes, en parte porque la novela es lamentable y en parte porque no ejemplifica el tono predominante de la novelística de Jorge Asís. Amén de su tono serio, muy serio, Flores arroja la imagen de la protesta de los jóvenes como mero pasatiempo de moda y donde la integración dentro del sistema termina siendo la única opción para el posadolescente desilusionado y cínico. Podríamos detenernos a meditar sobre el cinismo como el último refugio del argentino ante el monolítico sistema de vida nacional que afinó el “proceso”, pero sería a expensas de una resignación a lo inevitable, al callejón sin salida que repudia, con la dignidad y el valor de su escritura, precisamente la mayoría de los escritores que hemos mencionado. Toda la obra de Asís será sellada bajo el cinismo que es algo como un vicio argentino (¿el novelista lo confirma o solamente se limita a reportar sobre él?), pero el grueso de sus textos profundizan en las variantes de este cinismo con un fuerte tono de joda, de carnavalización, que los hace pertinentes para este inventario». En el mismo volumen, Beatriz Sarlo, por su parte, matiza las coordenadas críticas respecto de los dos textos modélicos; entiende que «Respiración artificial es una novela que, por un camino clásico en la Argentina, intenta ordenar. Al proponer versiones de la historia […] y de la cultura, Piglia desarrolla la temática de las ideologías culturales y la identidad nacional». En su opinión, Flores robadas en los jardines de Quilmes es una novela que «propone un pacto de mimesis con los valores, las experiencias, los mitos, los discursos, el nivel de lengua, de un amplio sector de público que, a lo largo de varias ediciones, la ha convertido en best-seller. Este pacto de mimesis explica su éxito, en la medida en que diseña una relación lector-novelista-personajes de mutuo reconocimiento. Se trata de la experiencia cultural, política, sexual de los jóvenes de mediados de la década anterior, trabajada con el presupuesto de que se narran biografías sociales compartidas, con las que el texto mantiene una relación doble: de complicidad y de parodia».

Pero aun siendo, como son, textos de indudable valor representativo y referencial, no resultan, por supuesto, los únicos dignos de mención. Vale la pena señalar, aunque sea de modo sucinto, dos obras que no suelen ser frecuentadas por la crítica especializada. Una es la novela El apartado. Su autor, Rodolfo Rabanal, la publica en 1975, vale decir un año antes del golpe militar, y sin embargo logra transmitir, con horror anticipatorio, el clima de una ciudad asolada por las sirenas policiales, la violencia indiscriminada y la desaparición de personas; más aún, la portada de su edición original, contemplada a la distancia, resulta estremecedora: una figura de mujer cuya cabeza está cubierta con un pañuelo blanco, el signo distintivo —que devino universal— que un par de años después de publicada la novela distinguió las figuras de las Madres de Plaza de Mayo. En 1981, Ernesto Schoo publicará un cuento que posteriormente va a recoger en el volumen Coche negro, caballos blancos (Ediciones de la Flor, 1989): «En la luz de Vermeer», narra el itinerario de una pareja argentina que, perseguida por el terror reinante, decide exiliarse merced a una beca que el hombre, crítico de arte, gana con el fin de estudiar la obra del pintor holandés; ya instalados en el Viejo Continente y luego de recorrer una serie de museos, la mujer se desmaterializa ante el horror de su compañero. Imposible no percibir en el texto —y con mayor razón, por la época en que fue publicado originariamente— una metáfora transparente que hacía clara alusión al terrorismo de Estado.

Hernán Invernizzi, que entrado el siglo XXI se desempeñaba como funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, fue miembro de la organización ERP y estuvo detenido, en diversas cárceles, desde septiembre de 1973 hasta mayo de 1986. Su testimonio, con todo, no refiere el minucioso itinerario por el infierno. «Una de las cosas sobre las que yo más trabajé fue sobre la incidencia de la política del golpe sobre el plano cultural», dice Invernizzi, autor de Un golpe a los libros (junto con Judith Gociol), Los libros son tuyos y Cine y dictadura (junto con Judith Gociol). «Me parece que, en ese aspecto, hay que tener una cosa en claro: la diferencia que existe entre políticas sobre industrias culturales y políticas culturales. Las políticas sobre industrias culturales son a corto plazo, en cambio las políticas culturales son a largo plazo, los efectos se empiezan a percibir mucho después de haberlas pensado e implementado. Hay, al respecto, un par de ejemplos muy claros: durante el proceso militar comienza a llevarse a cabo la modificación de todas las currículas educativas de la Argentina; el efecto de una iniciativa semejante no se ve pasado mañana, pero el efecto a largo plazo, como cualquiera lo puede imaginar, resulta devastador, va cambiando la forma de pensar de generaciones enteras, ofrece una visión distorsionada de la Historia, inocula deliberadamente una determinada y sesgada ideología. Eso también fue el proceso militar, no nos engañemos; precisamente, un proceso: paulatino, progresivo, rigurosamente delineado. Esto que voy a decir parecerá extraño, pero a mí me resulta inequívoco, y he encontrado suficientes pruebas como para sustentarlo: el proceso militar jamás quiso destruir las industrias culturales, sino disciplinarlas, ponerlas a su servicio, que fueran subordinadas y funcionales a su proyecto. Resulta obvio que no pudieron con todas, una cosa fue una editorial como Eudeba y otra cosa bien distinta una editorial como De La Flor. Hubo industrias que sufrieron un proceso de concentración merced a la macroeconomía reinante, lo cual no implica que no se las haya querido disciplinar; con mayor o menor éxito, pero el objetivo era ése. El caso de Eudeba, por ejemplo, al que yo me refiero en Los libros son tuyos, fue harto significativo. Hubo un contrato secreto entre Eudeba y el Ministerio del Interior, que en ese momento estaba a cargo de Albano Harguindeguy. ¿Qué es lo que decía Harguindeguy?: “Nuestros autores tienen que ser Eudeba”. El objetivo último de esta maniobra era clarísimo: un estudiante universitario puede desconfiar de cualquier editorial, pero no de Eudeba; por lo tanto, el proceso debía insertarse en una editorial de esas características. Es de esa manera como se va cambiando la ideología de toda una generación, infiltrándose desde adentro; yo tengo el catálogo de lo que Harguindeguy reputaba como “nuestros autores”, y puedo asegurar que muchos de ellos son insospechables de connivencia, pero el respaldo de un sello como Eudeba era imprescindible para el proyecto cultural de los militares.»

De una significación sustancial resultó ser el fenómeno que comenzó a registrarse a comienzos de 1981 y que se denominó Teatro Abierto, un grupo encabezado por Osvaldo Dragún, Roberto Cossa, Jorge Rivera López, Luis Brandoni y Pepe Soriano, apoyados por Adolfo Pérez Esquivel, quien, un año antes, había sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su compromiso en la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica. La idea original de Osvaldo Dragún era tan seductora como temeraria: escribir y estrenar veintiuna obras pensadas para la ocasión y que se representarían una sola vez, con el fin de sortear la censura impuesta por el gobierno de la dictadura; la entrada sería libre y gratuita y el espacio elegido, el Teatro del Picadero, ubicado en la entonces cortada Rauch (hoy, la peatonal Enrique Santos Discépolo) de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de los actores, directores, músicos, escenógrafos y técnicos que participaban del emprendimiento integraban la lista de los enemigos de la dictadura. La sala se abarrotó y Teatro Abierto se convirtió en un bastión contra el régimen, a tal punto que manos anónimas —pero con la inequívoca marca de los grupos de tareas— quemaron el Teatro del Picadero, obligando a los integrantes de Teatro Abierto a trasladarse al Tabarís de la avenida Corrientes, con un éxito contundente. Teatro Abierto no sólo fue un caso de teatro popular de resistencia cultural, que ya era mucho en el marco de circunstancias en que fue planteada y llevada a cabo la propuesta, sino que significó mucho más: los espectadores que abarrotaron las funciones probaban de modo inequívoco que la quietud mortecina promovida por el terrorismo de Estado comenzaba a ceder, el pánico venía mostrando grietas desde el campo artístico y desde el de los derechos humanos.

El cine de la felicidad

La dictadura cívico-militar fue mucho más orgánica para reprimir y perseguir a las manifestaciones culturales y a sus hacedores, que asimilaba a su «enemigo», que para imponer su propia estética. Jorge Luis Borges pudo haber firmado la solicitada de la «Acción Patriótica» en La Nación el 17 de diciembre de 1975, junto a golpistas profesionales como Alberto Rodríguez Varela o Guillermo Zubarán, luego funcionarios del régimen videlista, pero ya en el poder los procesistas no contaron con una materia gris que les proveyera un proyecto compacto o un grupo de intelectuales liberales que les dieran algo de brillo, como sí pudo hacerlo la Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955, que ubicó al propio Borges en la Biblioteca Nacional, a José Luis Romero en la Universidad de Buenos Aires y a Ernesto Sabato en la publicación Mundo Argentino.

El nacionalismo católico predominante en las áreas de educación y cultura pisoteó la expresividad intelectual y artística hasta el bostezo y la ramplonería. Pero si hablamos de cultura de masas la berretización es aún mayor. El cine del período es, en ese sentido, muy representativo. En el Instituto Nacional de Cinematografía, el capitán de fragata Jorge Bitleston, su interventor, impuso este credo: «El objetivo es ayudar económicamente a todas las películas que exalten valores espirituales, cristianos, morales e históricos o actuales de la nacionalidad, que afirmen los conceptos de familia, del orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo fecundo y responsabilidad social, buscando crear una actitud popular, optimista en el futuro…» El plato estaba servido para que Palito Ortega le pusiera charreteras a su canción La felicidad y de ella partieran varias versiones cinematográficas que engordaron a su productora Chango.

Con un timing perfecto, en julio de 1976 estrenó Dos locos en el aire, que retrató desde adentro a la Fuerza Aérea, salteándose convenientemente a sus asesinos profesionales y a sus chupaderos. Así se suceden escenas de entrenamiento militar, desfiles de aviones que planean al compás de sus canciones, con una soldadesca patriótica y riente. En 1977 reforzó sus homenajes al poder uniformado con Brigada en acción, que rindió culto a los policías en moto y exhibió a la escuela de la Federal Ramón L. Falcón como «ejemplo de trabajo». La claridad del mensaje burdo, grotesco, llega a su cenit cuando el principal Alberto —representado por Ortega— se entera de la muerte de un compañero en mano de «delincuentes». El principal se sube a su auto y se aleja cantando: «Pobre esa gente que no sabe a dónde va / los que se alejaron de la luz de la verdad / esos que dejaron de creer también en Dios / los que renunciaron a la palabra amor. / Pobre esa gente que olvidó su religión / esos que a la vida no le dan ningún valor / los que confundieron la palabra libertad / los que quedaron para siempre en soledad». Las películas Amigos para la aventura (1978) y Vivir con alegría (1979) consolidaron, con un buenismo asnal y ocultador, los «valores» del catolicismo y la vida familiar.

Sin embargo, es curioso cómo este imaginario edulcorado y acrítico abrió en apariencia sorpresivas compuertas a los dramas de fondo que el régimen generaba despedazando su propia y tan cacareada defensa del ámbito hogareño. En Qué linda es mi familia, Palito Ortega es hijo adoptivo del personaje que encarna Luis Sandrini, quien en una escena central echa al padre biológico que viene a reclamarlo. Es que aquello que años después se vería como denuncia aparece naturalizado en las películas. En Gran Valor en la Facultad de Medicina (1981), de Enrique Cahen Salaberry, el protagonista, Juan Carlos Calabró, es secuestrado violentamente en su casa y, antes de cargarlo en el baúl de un auto, lo golpean y lo vendan con el objetivo de llevarlo a un bar donde lo espera un grupo de amigos para darle una sorpresa.

Otra marca asombrosa por lo reiterada e incontenible es la puesta en pantalla de grupos paraestatales como en las películas Comandos azules (1979) y Comandos azules en acción (1980), de Emilio Vieyra. Enrique Carreras contribuye, con Los drogadictos, a repartir la imagen de la profesionalidad policial para enfrentar a los «enemigos de la sociedad». Pero la exaltación de la lucha contra «los malos» que atentan contra la paz del país se dará con la alegre patota de Los superagentes, Tiburón, Delfín y Mojarrita (Víctor Bo, Ricardo Bauleo y Julio De Grazia). El trío debe recuperar una fórmula científica robada por agentes internacionales o evitar que un jeque árabe saquee un museo histórico. En Los superagentes biónicos (1977), dirigida por Mario Sábato bajo el seudónimo de Adrián Quiroga, se exalta a la Argentina en estos términos: «Es uno de los pocos países del mundo donde se puede vivir en paz». En esa línea, también hay que apuntar el musical-documental Mirá qué lindo es mi país (1981), dirigida por Rubén Cavalloti y protagonizada por Julio Márbiz, sobre la base de una canción del folklorista Argentino Luna que predicaba contra el exilio («rompa el pasaje ese que tiene ahí»), mientras millares de personas eran obligadas al desgarro de la partida por razones políticas y económicas. Cavalloti fue funcionario del Instituto de Cine cuando, durante el menemismo, Márbiz fue su titular.

Pero el monumento a la propaganda sin eufemismos fue La fiesta de todos (1978), estrenada en 1979 con la dirección de Sergio Renán, un repaso del Mundial 78 a gusto del régimen, con guión de Hugo Sofovich y Adrián Quiroga (Mario Sábato). Renán destrozó el prestigio ganado en La tregua (1974, primera película argentina candidata al Oscar) para hacer una defensa cerrada de la dictadura, a la que se sumaron Luis Sandrini, Julio De Grazia, Juan Carlos Calabró, José María Muñoz, Enrique Macaya Márquez, Diego Bonadeo, Roberto Maidana, Néstor Ibarra y Félix Luna, entre otros. Con la vuelta de la democracia, Renán mostró su arrepentimiento público por haber filmado esa «Fiesta».

A pesar de las diatribas moralistas del censor Miguel Paulino Tato a la cabeza del Ente de Calificación Cinematográfica, que pedía evitar «el recurso fácil de la pornografía», en los 80 se abre paso el reinado de una comedia picaresca que tendrá en su centro a Alberto Olmedo y Jorge Porcel, con Susana Giménez, Moria Casán y Graciela Alfano reforzando un desfile anatómico al ras. La mayoría de estas películas fueron realizadas por la productora de Fernando Ayala y Héctor Olivera y uno de los directores que más se empleó en ellas fue el confeso videlista Fernando Siro. Ya no importaba, como en 1978, filmar historias de pedagogía militar como Patolandia nuclear (1978), de Julio Saraceni. Se habilitaba con esta línea humorística de osadías livianas, insignificantes y desprovistas de toda transgresión donde las mujeres se exhibían reducidas al lugar común de objetos apetecibles.

En la dictadura se concretaron 195 películas, la mayoría de ficción. La presencia en los festivales internacionales fue casi nula. En 1981, cuando el ocaso de la dictadura permitía abrir nuevos espacios, se estrenaron obras como Tiempo de revancha (1981), de Adolfo Aristarain. En ella, el protagonista (Federico Luppi) decide mutilarse la lengua para garantizar un silencio autoimpuesto en aras de la mera preservación. Todo conduce a leer en cifra y clave esta peripecia individual, en la cual resonaban claramente los ecos de un ámbito social infinitamente opresivo.

Telones y pantallas

La prevención ante la música folklórica por parte del macartismo vernáculo ya había sido notable en los 60. En la fallida Revolución Argentina, el dictador Juan Carlos Onganía había caracterizado al Festival de Cosquín, el encuentro anual que se realiza en el Valle de Punilla cordobés, de «comunista». Para entonces el folklore había renovado sus líneas más tradicionalistas, incorporado un latinoamericanismo reivindicatorio y acentuado ciertas líneas de crítica social en los mundos rurales y populares. Tras el golpe del ’76 la mirada de los vigías de Occidente sobre la música de raíz folklórica se intensificó y llegaron el control del vocabulario (desterraron las palabras «pueblo», «obrero», «proletario») y las listas de los censurados infaltables, como Mercedes Sosa, Horacio Guarany, Suma Paz, César Isella y Carlos Di Fulvio, entre otros. Según el animador y divulgador del género Marcelo Simón, «las listas eran irregulares y caprichosas, y en el funcionariado procesista ligado a los medios había gente más obsequiosa que otra, de esos que se esmeran casi sin que le pidan tanto. Yo trabajaba en Radio El Mundo y había una empleada, esposa de un oficial de Ejército, Dora Cuadros, que era tremendamente cholula con los folkloristas y aun conmigo: pedía autógrafos, pedía que nos sacáramos fotos con ella. Tras el golpe, y por sus conexiones, fue nombrada gerente artística de la radio. Una de las primeras cosas que hizo al ocupar su oficina fue colocar un cartel con la señal de tránsito “Prohibido girar a la izquierda” y elaboró una lista negra interna en la que me incluyó».

Simón recuerda que el líder de Los Chalchaleros, Juan Carlos Saravia, contaba con orgullo que, una vez producido el golpe, concurrió a uno de los almuerzos con personajes civiles que se armaban en Casa de Gobierno: «Me presenté ante Videla para decirle gracias», repetía el folklorista ante quien quisiera escucharlo. De aquellas comidas por las que pasaron artistas, científicos, ex cancilleres y miembros el Episcopado, entre otros, quedó en el recuerdo la del 19 de mayo de 1976, con intelectuales. En esa ocasión concurrieron Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, el cura nacionalista Leonardo Castellani y el titular de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Horacio Esteban Ratti. Sólo el sacerdote se animó a preguntar por «un cristiano que fue secuestrado hace dos semanas y del que no sabemos nada», a saber el narrador desaparecido Haroldo Conti.

Márbiz no sólo participó en películas que acariciaban el lomo de los genocidas, antes del golpe del 24 de marzo le acercó personalmente a uno de los fundadores de la Triple A, José María Villone, secretario de Prensa y Difusión de Isabel Perón, los ensayos de Marcelo Simón, «Allende, mártir de Chile» y «Adiós Neruda», acaso para que el funcionario adquiriese conciencia poética cuando descansara de sus andanzas parapoliciales. La cantante de folklore Julia Elena Dávalos, de gran circulación en la era procesista, reemplazó, en un poema de su padre ya muerto, el poeta salteño Jaime Dávalos, la palabra «proletario» por «solidario», publicado por la Editorial Lagos.

Cualquier investigador o periodista que se acerque a los artistas censurados por esos años se llevará una lista de alcahuetes asombrosa, en la que seguramente figurará alguno de sus ídolos. A la hora de pedir que se respalde lo dicho con el nombre de la fuente o con documentación, ya no hay tanta suerte. No son muchos los que acercan papeles o los que, como el ex director de Canal 13 y ex secretario de Prensa de Isabel Perón, hoy empresario teatral y cinematográfico, Osvaldo Papaleo, se larguen a contar con nombre y apellido: «El emblema de la alcahuetería y de la mala fe en el campo artístico es Mirtha Legrand. En 1979, mi amigo [el periodista] Jorge “Chacho” Marchetti, me despierta a la madrugada, desesperado. Venía de asistir con su pareja a una cena en la casa de [el general y ministro] Horacio Tomás Liendo. Estaba la Legrand, que le había arrojado al general mi nombre y el de mi ex esposa, Irma Roy. Mirtha nos botoneó con tanta energía, a nosotros dos y a otros, que Marchetti tenía miedo de que nos secuestraran esa misma noche».

Mirtha Legrand no encontró lugar rápidamente en la televisión, tras el retorno de la democracia. Según recuerda Papaleo, el presidente Raúl Alfonsín la consideraba un emblema de la dictadura, aunque luego hubo un acercamiento. Es que en los 80, Legrand se puso a tono con las críticas a los militares que arrasaban en el ambiente periodístico. Eso le valió la amarga recriminación de Emilio Eduardo Massera, en un reportaje que levantó revuelo, realizado en el programa Hadad y Longobardi, el 7 de agosto de 1995. Massera la recordó como «otra señora que en su momento me visitaba en mi casa y ahora por supuesto ha pasado a otro plano». En libertad ambulatoria gracias a las amnistías de Menem, Massera encontró otra propaladora en el programa Hora Clave, de Mariano Grondona, donde el jueves 19 de noviembre de 1995 estuvo casi dos horas y media al aire.

Los canales de televisión quedaron en manos de las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo del ’76. La conducción de Canal 7 y Canal 9 fue compartida por las tres fuerzas, los aviadores manejaron Canal 11 y los marinos, Canal 13. Papaleo recuerda al interventor, capitán de fragata Carmelo Astesiano Agote, que respondía a Massera. Agote se quedó para siempre en el mundo de la televisión y en 2010 fungía como tesorero de la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA), una de las cámaras corporativas que combatiría activamente contra la Ley de Servicios Audiovisuales. Para Papaleo, Astesiano Agote encarna otro símbolo, el de los militares que «se acercaron al mundo del espectáculo y se deslumbraron por sus mujeres, por el roce con los famosos y las posibilidades de hacer negocios. Los hubo a montones en la televisión argentina de la dictadura».

En cuanto al rock, para la Junta no fue en principio tan importante como otros géneros (el folklore, por ejemplo, como quedó dicho). Lo recuerda claramente Víctor Heredia: «Los que sufrieron y fueron perseguidos son los que hoy omite la Historia, Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, Los Trovadores, Los Andariegos o el Quinteto Tiempo». Para la izquierda argentina, por entonces el rock era extranjerizante; con todo, paulatinamente comenzó a ser sospechado: las razias y las detenciones comenzaron a tener el mismo tenor que las que se lanzaban contra los artistas de otras expresiones. Si bien León Gieco compuso en 1978 Sólo le pido a Dios con motivo de un eventual conflicto bélico con Chile, la canción terminó por convertirse en un himno antibélico y antimilitarista. A partir de 1980, el rock es una música observada con mirada más atenta por los militares y 1982, por la Guerra de Malvinas, representa el gran paso del rock hacia adelante: Galtieri prohíbe la difusión de la música en inglés y se comienza a consumir rock en castellano en coincidencia con el desembarco de la «trova rosarina», con Juan Carlos Baglietto a la cabeza e integrada por nombres como Silvina Garré, Jorge Fandermole y Rubén Goldín, entre otros. Para cuando la guerra termina, el rock ya no cede ni cederá un lugar que se había construido con susurrados actos de resistencia y letras con entrelíneas críticas, como en algunas canciones de Charly García, que los uniformados no alcanzaron a decodificar a tiempo.

CAPÍTULO IX

Los reciclajes en democracia

Los dinosaurios

Tras la caída de la dictadura, la vida pública no fue una arena propicia para los protagonistas civiles del «proceso». En lo que habían sido las primeras líneas de gobierno, la imposibilidad de regresar al poder por el camino de la representatividad democrática demostró, una vez más, la índole inédita de aquella experiencia extrema. De ellos, muy pocos se animaron a medir su ascendencia por la vía electoral con resultados, en su mayoría, irrisorios.

De todos modos, el procesismo, como resultante de corrientes históricas y políticas de antigua data, tuvo sus tiempos y zonas de reciclaje en el post ’83. En la historia más cercana, el menemismo, el menemdelarruismo de la Alianza y luego la fuerza política de Mauricio Macri, el PRO, fueron canales de rehabilitación para muchos personajes de la derecha procesista y para sus concepciones restringidas de lo público. Como también veremos, en lugares para nada ocultos del aparato estatal (Justicia, Relaciones Exteriores) se deslizaron sin demasiadas objeciones calificados cuarteleros de saco y corbata.

Entre aquella juventud dinosauria hubo quienes murieron antes que la dictadura. Fue el caso de Jorge García Venturini y el de Jaime Perriaux, que falleció el 5 de septiembre de 1981, en el último tramo del régimen militar. Rápidamente fue homenajeado por José Pedro Estenssoro que creó, en los años 80, junto con Ricardo Mansueto Zinn, la Fundación Jacques Perriaux, antecesora de la Fundación Carlos Pellegrini, think-thank ultraliberal, con un sostenido predicamento en el mundo empresarial argentino del siglo XXI. Ricardo Zinn enhebra con su actuación varias épocas: fue el verdadero gestor del «Rodrigazo», autor del plan que ejecutó el ministro Celestino Rodrigo en 1975, asumió una asesoría con Martínez de Hoz y fue uno de los funcionarios que conectó dictadura con menemismo al diseñar las privatizaciones telefónicas que concretó María Julia Alsogaray.

Enrique Loncan, sinuoso ultracatólico liberal desestimado por Martínez de Hoz para integrar el gabinete económico, se había recostado en Massera para tratar de ingresar a la Cancillería como embajador de la imaginaria república de Batustán, el Estado que intentaron crear los sudafricanos partidarios de un apartheid eterno. No era casual, Loncan había sido embajador en Sudáfrica con la «Revolución Argentina» entre 1966 y 1970. La «república» racista, y por lo tanto su legación argentina, fracasaron. Loncan reapareció a principios de los 90 como prologuista de un libro del fundamentalista Ramón Genaro Díaz Bessone. Pero su obra más perdurable será la fundación de la empresa Barrick Gold. A fines de los 80 será el presidente de Barrick Exploraciones Argentina SA. La marea privatizadora del menemismo le dio un lugar: fue el hacedor de la privatización y puesta en marcha en 1993 del proyecto de la megamina Bajo La Alumbrera, en Catamarca, y jugó un papel importante en la redacción del Código Minero de 1991. Murió en 1999.

Los mellizos García Martínez bifurcarán sus caminos. Luis fue el único que permaneció durante toda la gestión de Joe. Tras la salida de Palacio se dedicó a la investigación y a la vida académica —titular de la Academia de Ciencias Económicas— y fue el asesor de cabecera del eterno director ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), Norberto Pezzorutti, junto con Rafael Olarra Jiménez. Su hermano Carlos fue secretario de Estado del ministro de Economía Lorenzo Sigaut y el menemismo lo reclamó para una tarea más oscura, como jefe de gabinete de Juan el «Tata» Yofre en la SIDE.

Locademia de procesistas

El general de Inteligencia Hugo Mario Miatello, contacto privilegiado entre Videla y el grupo Perriaux, que se había desempeñado como embajador en Chile en los duros años del Plan Cóndor —la represión coordinada de las dictaduras del Cono Sur—, una vez retirado ejerció la docencia como profesor de sovietología en la Universidad Católica Argentina (UCA), institución acogedora de procesistas en desgracia. Como murió el 29 de septiembre de 2000, pudo contemplar la caída en desuso de sus especialidades en guerras frías y muertes calientes. En 1987, este anticomunista militante había sido nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales.

Antros conservadores donde el tamiz se basa más en la ideología que en el conocimiento, las academias abrieron los brazos a todo el arco dictatorial como para revalidar una reflexión de Arturo Jauretche: «Hay por ahí una Academia de Ciencias Morales y algo más, y para definirla bastará que recordemos que Isaac Rojas es miembro de ella».

La Academia de Ciencias Morales, por de pronto, invitó a hibernar a la flor y nata del procesismo, como si los ateneos de dinosaurios golpistas hubieran sido su semillero. A ella se integraron Carlos Pedro Blaquier, Horacio García Belsunce (p.), Alberto Rodríguez Varela, Vicente Massot, Manuel Solanet, José Claudio Escribano y Juan Ramón Aguirre Lanari. Algún general trasnochado podría plantear hacer base allí y arriarlos a la lucha contra el comunismo como a una comparsa espectral. Otros académicos y ex atenienses ya fallecidos son García Venturini, Adolfo Lanús, Alejandro Lastra, Manuel Ordóñez, Manuel Padilla, Marco Aurelio Risolía, José Manuel Saravia, Ambrosio Romero Carranza y Manuel Río.

No menos hospitalaria con los ultraliberales militaristas ha sido la Academia de Ciencias Económicas, donde revistan Horacio García Belsunce (p.), Luis García Martínez, José María Dagnino Pastore, Alberto Benegas Lynch (h.). Entre los fallecidos están Krieger Vasena, Loncan, Méndez Delfino, Alsogaray y Diz. Fracasar en la gestión pública parece ser una de las razones para ser admitido en esta Academia. Otra entidad emblemática del capitalismo financiero ultraliberal, el Banco General de Negocios intervenido y liquidado por las irregularidades cometidas en la crisis de 2001, supo dar lugar a Armando Braun, Krieger Vasena, Loncan y Martínez de Hoz.

Ida y vuelta a la cárcel

Joe nunca perdió su ascendiente entre los empresarios más poderosos, aunque pasara a ser un símbolo de la debacle económica y su derrotero delictual lo tuviera saltando entre distintos juzgados. El ex ministro continuó con sus negocios e integró directorios, pero nunca como CEO o presidente. Siguió ejerciendo la actividad gremial empresaria en su creación más acabada, el CEA, hasta su transformación en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), a partir de 2002.

Pero el rodaje público y/o la alternativa de «limpiarse» lo tentaron el 20 de septiembre de 2000, cuando se coló en la Casa Rosada como economista del CEA, en la primera reunión que esa entidad mantuvo con el entonces presidente Fernando de la Rúa. En la picardía colaboró el entonces titular del CEA, Manuel Sacerdote.

Joe ejerció, de algún modo, una suerte de padrinazgo espiritual entre los ultraliberales. En 1991 lanzó el libro 15 años después, donde alabó el rumbo que impuso otro ex procesista, Domingo Cavallo, con el Plan de Convertibilidad. Escribía: «La diferencia está en que hoy, en contraste con 1976, la mayor parte de los principios y orientaciones de gobierno que propusimos, aplicamos o intentamos poner en ejecución, han sido adoptadas y están siendo reclamadas en forma generalizada tanto en el mundo como en nuestro país. Quizás a nosotros nos tocó romper el hielo y la resistencia inicial sin alcanzar plenamente nuestros objetivos. Pero el cambio de mentalidad que proclamamos se fue produciendo inexorablemente».

El pasado dictatorial comenzó a acecharlo desde el Congreso en 1984, cuando se formó la Comisión Especial Investigadora Sobre Presuntas Irregularidades al ser transferida al Estado Argentino la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, presidida por el radical Tello Rosas. Esa Comisión amplió sus indagaciones al papel que el grupo de Martínez de Hoz había tenido en el golpe y en crímenes cometidos por el régimen. De sus declaraciones se desprendieron causas que no prosperaron. Antes de sus confusas deposiciones a fines de 1984, en septiembre, ya había sido allanado el estudio Klein-Mairal, de Guillermo Walter Klein y Héctor Mairal, donde trabajaban los hijos homónimos de José Alfredo Martínez de Hoz y Mariano Grondona. Allí se encontró documentación sobre las actividades del grupo: informes de inteligencia militar sobre los trabajadores de las empresas donde contaban con intereses, informes de funcionarios de economía a inversores extranjeros sobre políticas futuras u operaciones que el estudio hacía sobre papeles de la deuda. También pistas sobre negociaciones que el gobierno militar pensaba emprender con Gran Bretaña sobre el territorio de Malvinas, para la explotación petrolífera, antes de desatar la guerra. A la Comisión estos avances se le volvieron totalmente en contra ya que la Corte Suprema consideró que se había excedido en sus funciones, declaró la nulidad de las pruebas y erosionó el valor del informe final que se conoció en 1985.

En 1986 se inició una nueva causa contra Martínez de Hoz en el Juzgado Federal N° 5 de Buenos Aires, entonces a cargo de Martín Irurzun, por el secuestro del empresario algodonero Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto. Joe declaró en marzo de 1987 y se desligó de toda responsabilidad y aun del conocimiento del tema. Esto agravó su situación procesal y pasó de testigo a sospechoso. En 1988 fue procesado junto a Videla y Harguindeguy, con cargos menores que le posibilitaron la excarcelación en julio de 1988. El decreto que había ordenado la detención arbitraria de los Gutheim había sido impulsado por Joe pero sólo firmado por el dictador y su ministro del Interior. Éste y otros delitos de la dictadura gozarían de un providencial freno de mano, ejecutado por el presidente Menem con los decretos de indulto. Joe, que había intercambiado con Menem gestos de consideración y simpatía, fue favorecido por el decreto 2.745/90.

El proceso por los secuestros se reactivó en 2006, cuando se declaró la nulidad de aquellos indultos presidenciales, ya que se trata de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Martínez de Hoz fue detenido nuevamente en mayo de 2010.

Un buen manejo de medios

Del ultraprocesismo al ultramenemismo, Juan Ernesto Alemann, el secretario de Hacienda de Joe, consiguió flotar a la vista de todos pese a sus públicas apologías del terrorismo de Estado. Más aún, en los 90 fungió como gurú económico. En 1992 compró con Alberto Spadone el diario La Razón, desde donde derramó su pensamiento. Políticos, periodistas y empresarios lo tuvieron como referente y pronosticador, aunque su primer augurio —el de un golpe militar en 1985, formulado con risibles cálculos matemáticos que bautizó «Ley Alemann»— no prosperó.

Durante el gobierno de la Alianza tuvo numerosas reuniones con el ministro de Economía José Luis Machinea, y dos de sus hombres —Carlos Tacchi y Ricardo Cossio— se habían empleado en las agencias recaudatorias del menemismo. Fue un propagandista a ultranza del modelo de los 90 y cuando en 1997 la desocupación llegó al 13 por ciento, se lo tomó con humor: «El informe del INDEC merece dudas, porque si esa cantidad de gente no tiene ingresos para comer estaríamos hablando de Biafra y no de la Argentina, y sin embargo se los ve gorditos».

Con esa misma lengua suelta justificó el uso de la tortura y el asesinato por parte de los militares y aun el secuestro de bebés y la falsificación de identidad. En una entrevista concedida a Walter Goobar para la revista Veintitrés dijo: «Eran chicos que sobraban, porque estos guerrilleros constituían parejas mientras peleaban, tenían hijos. Era una irresponsabilidad. Pero no hubo robo de chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero». Alemann, asiduo concurrente a las reuniones organizadas por la procesista Cecilia Pando —‌quien aún en la primera década del siglo XXI gozaba de espacio generoso en algunos medios para defender el robo de bebés—, recibió una denuncia por apología del delito presentada por Eduardo Barcesat.

Causas más graves lo relacionaron con la Justicia, como su procesamiento bajo acusación de haber sido partícipe de la desaparición de Orlando Antonio Ruiz y Silvia Beatriz María Dameri, supuestos autores de un intento de atentado a su domicilio en noviembre de 1979 organizado por Montoneros. En este caso, Alemann había sido invitado por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA a intervenir en la tortura de Ruiz, secuestrado a mediados de 1980. Carlos Lorkipanidse, detenido en la ESMA, había afirmado en 1987 —y lo ratificó ante la Justicia en 1989— que lo había visto ingresar a la sala de torturas y parto «La Huevera». Víctor Basterra, otro ex preso de la ESMA, reforzó la versión, pues se la había referido un represor. El caso se desprendió de la megacausa ESMA y el juez federal Sergio Torres lo imputó por encubrimiento, pero ese cargo fue anulado por la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal porteña. Torres lo procesó entonces como partícipe necesario del delito de coacción. También fue acusado, aunque sin proceso en 2011, junto con Martínez de Hoz y Klein, como partícipe del secuestro y desaparición de Juan Carlos Casariego del Bel.

Porcentajes bajo cero

El secretario de Agricultura de Martínez de Hoz, Mario Cadenas Madariaga, volvió a sus actividades agropecuarias en 1979. Mientras era funcionario había comprado, en sociedad familiar, campos en el norte de Santa Fe, unas 50.000 hectáreas y 25.000 cabezas de ganado. En 1980, la devaluación de Sigaut se cruzó con una gravosa deuda en dólares, por lo que se presentó a concurso, vendió gran parte de sus activos y retornó a la actividad en su estudio jurídico.

Con el retorno de la democracia la política lo volvió a tentar. Fue un fallido candidato a diputado nacional en 1983 por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1995 con la Alianza Frente para la Coincidencia Patriótica, que llevó a Juan Carlos Onganía como candidato a presidente y al ex ateniense Ricardo Paz. La Alianza cosechó 3.000 votos, el 0,02 por ciento del padrón. Como Cadenas Madariaga, muchos de los ex jóvenes de aquel Ateneo de la Juventud Democrática Argentina (AJDA) se encaminaron hacia la vida política y la mayoría se integró a fuerzas menores y ONG que terminaron confluyendo en el PRO, como lo veremos en el apartado de partidos políticos.

Otro ex ateniense, Carlos Muñiz, fundador del CARI en 1978, volvió a trabajar junto a Aguirre Lanari a finales de la dictadura. El correntino, que había sido nombrado canciller tras la derrota de Malvinas, designó a Muñiz como representante ante la ONU, cargo en el que permaneció durante toda la gestión de Alfonsín. Murió en octubre de 2007. Aguirre Lanari se aferró a su condición de capanga del Partido Liberal de Corrientes y accedió al Senado, desde donde apoyó el modelo menemista y gozó de la consideración del Presidente. Luego se dedicó a la vida académica y al CARI, del que también es socio fundador.

Gran surfeador de todos los oleajes de la historia, Carlos Pedro Blaquier ingresó en 2008 a la Academia de Ciencias Morales con el dictado de la conferencia «¿Qué es la ética?». En diciembre de 2009 fue recibido en la Casa Rosada. En marzo de 2010, mientras se exhibía aliado al kirchnerismo, organizaba en su mansión La Torcaza de San Isidro un almuerzo para Eduardo Duhalde, por si los vientos cambiaban. Blaquier y Duhalde recibieron entonces a Juan Brouchou (Citibank), Guillermo Cerviño (Banco Comafi), Gerardo Wertheim (Telecom), Miguel Acevedo (Acindar), Federico Nicholson (Ledesma), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Héctor Méndez, de la UIA, el textil Jorge Sorabilla y al rabino Sergio Bergman, con su dudoso ingenio verbal al servicio del discurso del establishment.

En su conferencia sobre la ética, el académico Blaquier prefirió dejar de lado ciertos episodios que lo persiguen. Por ejemplo, el que lo aleja de Jujuy todos los años entre el 20 y el 27 de julio. Sucede que en esas fechas se recuerda en la provincia (también frente a sus oficinas porteñas de Corrientes 415) el secuestro de 400 ciudadanos de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, de los cuales 30 permanecen desaparecidos. El intendente de Libertador, Luis Aredes, fue secuestrado dos veces, y la segunda vez, desaparecido. Su viuda Olga giró sola en la plaza del pueblo todos los jueves hasta que murió en 2005, víctima de un cáncer de pulmón causado por bagazosis, una enfermedad provocada por los desechos tóxicos que desprende el Ingenio Ledesma, de Blaquier. Antes de morir, Olga Aredes había presentado una denuncia patrocinada por los abogados del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, con la que solicitó una acción de amparo por daño ambiental.

Blaquier recibe acusaciones y denuncias que parecen no intoxicarlo: «Nada de lo que dicen estos zurdos me preocupa, pero sí me empezaría a preocupar si algún día dejaran de criticarme […] se consideran arbitrariamente postergados por una sociedad injusta, porque no pueden reconocer que son unos inservibles. Pero se trata de resentidos incurables que sueñan con invertir el orden social para que los de abajo, como ellos, estén arriba y viceversa». El ingenio de Blaquier produce desechos de diversa índole.

La defensa de Jaimito

Calificado puntal del grupo La Plata, Jaime Smart pasó a ser, el 6 de mayo de 2008, el primer detenido del ex gobierno bonaerense, con prisión domiciliaria, por delitos de lesa humanidad, imputado por privación ilegal de la libertad y torturas a Jacobo Timerman. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó parcialmente el procesamiento con prisión preventiva por la desaparición forzada de otro abogado, Rodolfo Gutiérrez. La «familia judicial» sintió un cimbronazo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires saltó enseguida: «la detención (de Smart) en la etapa instructoria no sólo es un abuso sino que demuestra la intención de llevar adelante una persecución política que en nada favorece la necesaria reconciliación de los argentinos». Antes de que debiera avocarse a su propia situación legal había actuado como abogado defensor de Albano Harguindeguy.

El diario La Nación se convirtió en un defensor directo de Smart pese a que se trata de uno de los civiles más feroces de la dictadura. El 16 de julio de 2008, reclamó la libertad del reo en un editorial titulado «La injusta detención de Jaime Smart». Por sus páginas circularon también las denuncias y pedidos de libertad de la Corporación de Abogados Católicos, de la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, las cartas al correo de lectores de los ex integrantes del Camarón de Lanusse-Perriaux, los ex jueces Ernesto Ure y Juan Carlos Díaz Reynolds. El titular de los abogados penalistas Manuel Bayala Basombrío escribió que Smart era acusado de delitos «de los que deliberadamente se excluye a confesos terroristas que aún hoy pretenden justificar sus crímenes». En esa entidad revistan Roberto Durrieu —‌autor del estatuto—, los abogados de represores de Ejército José Garona y Norberto Giletta, Alberto Rodríguez Varela, Rafael Sarmiento y Ricardo Saint Jean (hijo de Ibérico).

Toda la línea de civiles y militares relacionados con el «circuito Camps» deberá ser transitada por la justicia a partir de 2011 en una megacausa en la que Smart e Ibérico Saint Jean se encuentran imputados por más de sesenta casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas en los centros clandestinos Puesto Vasco y COTI Martínez, donde estuvieron confinados Timerman y los ministros de Victorio Calabró. Smart y Saint Jean enfrentarán otros procesos relacionados con las causas de los centros clandestinos de La Cacha, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes.

Un cruzado en Tierra Santa

Rodríguez Varela no sólo defendió públicamente a Smart. También se pronunció contra la calificación de delitos de lesa humanidad —que los torna imprescriptibles—, junto con otros colegas, como Edgardo Frola. En mayo de 2010, a través de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia —bondadosa definición que encubre la búsqueda de impunidad— envió una carta a la Corte Suprema en la que dijo que «los militares y fuerzas de seguridad empleados para combatir el terrorismo» son víctimas de «grupos de presión» que «pretenden convertir a la justicia en su propia venganza».

Rodríguez Varela se empleó en la defensa judicial de militares golpistas y su principal cliente es Jorge Rafael Videla. La argucia que usó sin resultados fue plantear la incompetencia de los tribunales civiles. Allí atacó con el argumento de que quienes juzgaban a su defendido habían sido funcionarios del Poder Judicial de la dictadura. La táctica tampoco surtió efecto.

Además de defender a militares, Rodríguez Varela se refugió en la UCA, donde dictó cátedra de Derecho Político. En ese marco dio un curso que motivó el libro Historia de las ideas políticas que le publicó la editorial A-Z. Cuando en ese curso habló del período 76-83 invitó a Videla, que estaba en libertad tras los indultos de Menem. Unos cincuenta asistentes aplaudieron al abogado que defendió el golpe del ’76 con el argumento de que había una «guerra interna». No se sabe si es por eso que ingresó como miembro de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

También asistió a Ramón Genaro Díaz Bessone en los pedidos de extradición de la justicia española. Sus defensas exceden lo jurídico y se mezclan con lo político. En 2000 participó junto con otros abogados, entre ellos Florencio Varela y Carlos Tavares, en un «Foro de la Verdad Histórica» que reunió a periodistas en el Círculo Militar, presidido por Díaz Bessone, para «denunciar la falsedad de las imputaciones sobre la existencia de un plan sistemático» de apropiación de hijos de desaparecidos.

El fervor medievalista de Rodríguez Varela no sólo se expresa en declaraciones sobre el presente histórico sino que también conoce los placeres de una heráldica oxidada. En 1977 fue designado regente de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, encabezada en la Argentina por el Lugarteniente Isidoro Ruiz Moreno y por su Gran Prior, Héctor Aguer, arzobispo de La Plata y digno sucesor de la genealogía ferrosa de Antonio Plaza. En los 70 tenían el apoyo del cardenal Antonio Quarracino, quien les daba un sitio preferencial los Viernes Santos en la Catedral metropolitana. Su principal sede para las ceremonias de investidura de damas y caballeros es la iglesia de San Martín de Tours, del barrio porteño de Palermo, a la que solía concurrir Videla.

El objetivo de la Lugartenencia de la orden en la Argentina es «contribuir monetariamente a sostener las obras de la Iglesia Católica en Tierra Santa (Palestina, Estado de Israel y Reino de Jordania), para que no desaparezca la Religión de donde nació, mediante iglesias, escuelas, hospitales y seminarios», según explicó el propio Ruiz Moreno.

Los ilustres clientes del doctor Durrieu

Roberto Durrieu, colaborador de Rodríguez Varela en La Plata y en el gobierno nacional, supo jactarse en 2007 en lanacion.com de que «jamás he participado ni directa ni indirectamente en ningún hecho vinculado con la represión de la guerrilla». La Justicia nunca pudo comprobarle a este procesista de pura cepa alguna acción concreta contra víctimas de la represión ilegal. Eso le ha permitido moverse sin acechanzas como abogado de grandes empresas —el diario La Nación, entre ellas— o de personajes encumbrados. También dar clases en una universidad que, de todos modos, le hubiera perdonado posibles pecados, como la UCA.

Así pudo defender a Domingo Cavallo en el caso IBM-Banco Nación, una estafa multimillonaria, y a Andrés Deutsch y Ronnie Boyd, dueño y director general de LAPA, en la causa por el accidente en el Aeroparque metropolitano del 31 de agosto de 1999. En el mismo expediente fue abogado de Francisco de Narváez, quien integró el directorio de la compañía aérea.

El ex viceministro de justicia de Videla también fue contratado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para defender a Jorge Baca Campodónico, ex ministro de Finanzas del presidente peruano Alberto Fujimori, condenado por corrupción y crímenes contra los derechos humanos, y vinculado al siniestro Vladimiro Montesinos. Montesinos trabajaba como asesor del FMI cuando recaló con una delegación en Buenos Aires y fue detenido por el juez Rodolfo Canicoba Corral, ya que se lo buscaba en Perú, acusado por delitos contra la administración pública y asociación ilícita. Durrieu también defendió públicamente al ministro del Interior de De la Rúa, Enrique Mathov, imputado en los treinta crímenes de diciembre de 2001, aunque sin legitimidad jurídica, ya que no era parte en la causa. Voluntarioso, Durrieu repudió «la demora en resolver sobre la libertad o detención de un conocido abogado de nuestro foro».

Pero la estrella de Durrieu brilló más en la escena pública junto al falso ingeniero Juan Carlos Blumberg. En el juicio por el crimen de Axel Blumberg, Durrieu y su hijo homónimo compartieron la querella. Durrieu (h.) también fue señalado por el diario Página/12 cuando Blumberg buscó acercarse al PRO para ser su candidato a gobernador bonaerense, en 2007.

Asimismo, Durrieu defendió al coronel retirado Héctor Schwab, imputado por crímenes en el Tucumán de Bussi, objetó la condición imprescriptible de los delitos de lesa humanidad y se dio más gustos procesistas como donante y patrocinante del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), que en 1985 publicó el libro Definitivamente Nunca Más, la otra cara de la CONADEP. El estudio Durrieu tuvo otros momentos de fama en 2006, con un escándalo millonario. Fue cuando la Justicia determinó que uno de los peritos contadores de la Corte Suprema, Alberto Alonso, mantuvo al menos diez comunicaciones con aquel buffet que representó al Exxel Group en un litigio contra la multinacional francesa Carrefour donde estaban en juego entre 52 y 120 millones de dólares. Videos y grabaciones dejaron constancia de las conversaciones entre los peritos de parte y los de la Corte Suprema Alonso y Fernando Robles.

Algún medio de difusión vuelve a nombrar a este abogado de 69 años cuando interviene con su espada verbal para pedir mano dura contra los movimientos de desocupados o para oponerse al matrimonio igualitario.

La vuelta al foro

Como se ve, la asociación ilícita dictatorial grupo La Plata siguió un destino judicial en línea con la condición de abogados ultraconservadores de quienes la integraron. Nos volveremos a cruzar con sus nombres cuando abordemos la recolocación del Poder Judicial durante la democracia. Pero el repaso platense no puede dejar en el olvido al ex subsecretario de Gobierno provincial Juan María Torino, que consiguió filtrarse como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Buenos Aires en los 90. El veloz Torino debió frenar abruptamente su carrera en la magistratura cuando Héctor Oscar Brítez, un condenado a 16 años por ese tribunal como traficante de cocaína, lo denunció por haberle pedido 190.000 pesos de soborno a su abogado para dictarle la nulidad de la causa y concederle una absolución. Un familiar del preso aportó imágenes tomadas por una cámara oculta que luego fueron difundidas por televisión y atizaron el escándalo. Sus colegas del tribunal ratificaron las sospechas sobre una extraña conducta garantista que a Torino jamás se le había conocido. Consiguió preservarse con un pase a los tribunales federales porteños, hasta que en 2004 se le aceptó la renuncia.

Edgardo Frola, ex subsecretario de Asuntos Legislativos de Smart, se mantuvo muy atareado como abogado defensor del ex general Roberto Eduardo Viola, del carapintada Aldo Rico y de los represores Samuel Miara y Luis Abelardo Patti.

También incursionó en política como fundador y vicepresidente primero del Movimiento de Recuperación de la República (MORERA), que presidió el teniente coronel retirado Emilio Guillermo Nani. En 2005 se postuló como candidato a diputado nacional, pero el partido fue considerado caduco por las autoridades electorales. Su oposición a la investigación judicial de los crímenes de la dictadura es activa y tenaz.

Los precios que pone el establishment

La cesión de espacios y prebendas que las gestiones económicas de la dictadura hicieron a los grandes grupos empresariales nacionales y transnacionalizados conformaron un renovado poder fáctico que, junto con una pavorosa deuda externa, marcaron la cancha de la transición democrática que encabezó el radical Raúl Alfonsín. Esa deuda externa que en 1983 ascendía a 45.000 millones de dólares estaba estrictamente relacionada con el vínculo dictadura-grupos económicos y con el accionar de los civiles cuarteleros que, como Domingo Cavallo en la presidencia del Banco Central, había transferido los pasivos de los privados al Estado.

Con Alfonsín hubo tres grandes etapas económicas. La primera fue el intento de recuperación del mercado interno para salir de la recesión, con Bernardo Grinspun; la segunda, con Juan Vital Sourrouille, se propuso un ajuste heterodoxo con los planes Austral y Primavera. En la tercera, Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez se empeñaron sin éxito por controlar un desmadre que derivó en un pico hiperinflacionario y el adelantamiento de la entrega del poder al triunfador en las elecciones presidenciales de 1989, Carlos Menem.

La era alfonsinista estuvo signada por la capacidad de condicionamiento de los grupos económicos y las empresas transnacionales con instrumentos suficientes para obturar la aspiración de democratizar la vida económica siquiera en un nivel mínimo.

El establishment presionó al gobierno a través de tres grandes núcleos: los «capitanes de la industria», los bancos y organismos acreedores, y las corporaciones rurales.

Entre los primeros sobresalieron Ricardo Grüneisen, Miguel Roig y la familia Born, Franco Macri, Amalia Lacroze de Fortabat, Gregorio Pérez Companc y sus empleados Vittorio Orsi y Oscar Vicente, Agustín y Roberto Rocca de Techint, Santiago Soldati, Aldo Roggio, Federico Zorroaquín, Martín Blaquier, Enrique Pescarmona y los hermanos Bulgheroni, entre otros. Muchos militaban en el Grupo María hasta que la UIA se recompuso con la conducción de Gilberto Montagna (Terrabusi). Todos habían crecido y reconfigurado el perfil empresario con una larga lista de medidas favorecedoras de la gestión de Martínez de Hoz y sus sucesores: la tablita cambiaria, los subsidios, las normas de promoción industrial, construcciones de autopistas, de estadios para el Mundial 78, del Polo Petroquímico Bahía Blanca, la explotación de la basura, las licitaciones petroleras amañadas, los subsidios encubiertos y la estatización de deuda.

Los «capitanes» venían dulces pues hasta los generales se les habían cuadrado por medio de sus funcionarios civiles, con los que estaban fuertemente entrelazados. La habían recogido con pala pero no estaban dispuestos a aflojar en una política de precios que el gobierno les reclamaba desde la siempre antipática —en tiempos democráticos, claro— Secretaría de Comercio. Esa clase empresaria, ampliamente favorecida por el régimen autoritario, no se esforzaba en favorecer la transición, sobre todo si despuntaban intentos de rediseñar la economía hacia la línea histórica del interés nacional. Cuando llegó el momento avanzaron con una política de precios que disparó la inflación. Estaban demasiado acostumbrados a descargar las crisis sobre los trabajadores y el Estado y a no renunciar un ápice a la acumulación de capital y poder.

Entre los bancos, un gran acreedor, el Citibank, dirigió el comité asesor para negociar la deuda externa pero utilizó su poder para complicar hacia adentro: presionó para sacarse de encima viejos e inútiles pagarés, ya cobrados con intereses usurarios, y canjearlos al 100 por ciento por activos del Estado: eso y mucho más lo conseguirían con Menem.

El ámbito rural, a través de la CRA y de la Sociedad Rural, encabezó la oposición al Pronagro —plan para elevar la capacidad productiva del campo—, contra los derechos de importación y el impuesto a la tierra libre de mejoras. En la Exposición Rural, desde las mismas tribunas donde fueron aplaudidos los dictadores se abucheó a Alfonsín, que los acusó de fascistas.

Los funcionarios dictatoriales de Economía se mantuvieron en retiro efectivo pero cuidando sus negocios. Tomás de Estrada, en cambio, director de Promoción de Exportaciones con el «proceso» y su segundo, Martín Krause, recalaron en el ultraliberal Instituto Universitario Eseade, del ex ateniense Alberto Benegas Lynch, y desde allí atacaban el «intervencionismo» económico del radicalismo. Los economistas liberales Miguel Ángel Broda y Juan Carlos de Pablo fogoneaban desde los medios.

Pero el ex funcionario procesista Domingo Cavallo fue el más activo. Mario Brodersohn, secretario de Hacienda de Alfonsín, se enteró por su amigo Krieger Vasena de que el economista cordobés estaba operando contra el gobierno radical. Krieger había compartido una comida con el embajador de Estados Unidos en la que el Mingo pidió al gobierno norteamericano que no prestara dinero a la Argentina porque se acercaban las elecciones. «Si ustedes le dan plata se leerá como que apoyan a Alfonsín y no a Menem», dijo. Cuando Brodersohn se lo contó a Alfonsín y a su ministro de Economía Sourrouille, exclamaron al unísono «¡Qué hijo de puta!». Cavallo cumplió esa misma misión ante el Citibank en Estados Unidos, en un momento en que el gobierno alfonsinista estaba apretado por las deudas. Insaciables ante un gobierno que les había hecho concesiones, como «la economía de guerra» prometida en clave de ajuste liberal, Cavallo y Guido Di Tella operaron contra Alfonsín, contribuyeron a su desgaste final y apuraron la llegada de Menem. Con él comenzó una etapa en la que los golpistas civiles del «proceso» entraron en éxtasis para, como escribió Joe, no dejar su obra «inconclusa».

Regreso con gloria, y con Menem

Ni salariazo, ni revolución productiva, ni ninguna promesa electoral. Lo que consiguió el establishment sin esfuerzo fue materializar la versión más radicalizada de su programa para la Argentina de la mano de un presidente electo, Carlos Menem, que con un golpe de furca dejó de lado los antecedentes distribucionistas del peronismo en cuyo nombre había juntado los votos.

Rápidamente, los grupos económicos se recolocaron a gusto en el gobierno, como que en una primera etapa el Ministerio de Economía quedó en manos de Bunge y Born, a través de Néstor Rapanelli. Un bisturí rápido hendió las entrañas del Estado con un aluvión privatizador que dejó servido el codiciado plato del ajuste ultraliberal que completó Erman González. Con las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado, a los grupos sólo les cabía relamerse y estar listos para un saqueo que continuó con las políticas de enajenación de la riqueza nacional prohijadas por los civiles del videlismo. Tras un pico inflacionario en 1991, Cavallo cumplió su sueño de encabezar el Ministerio de Economía y aniquilar al Estado como agente activo ante la sociedad. El esquema de convertibilidad con tipo de cambio fijo les dieron al superministro y a Menem sus años de gloria, tanto como prepararon la funesta implosión económica de 2001, coronada con la apropiación de los ahorros de los particulares en un acto de intervencionismo estatal que desmintió los más sacrosantos preceptos capitalistas que los liberales supieron predicar pública y cotidianamente.

Esta vez el empresariado no tuvo problemas de adaptación. Con las privatizaciones pasaron a ser patria concesionaria y en vez de cobrarle precios exorbitantes al Estado se los cobraron al usuario en peajes y tarifas.

Varios procesistas se recauchutaron, como Pedro Pou y sus asesores en el Banco Central, como Horacio Tomás Liendo, Ricardo Zinn o Enrique Folcini. El clan Alsogaray retornó a través de María Julia —hija del patriarca golpista Álvaro—. La preferida del capitán-ingeniero, hoy presa, quedó como un símbolo del asalto privatista al Estado tanto por el alcance de sus estafas como por su incontenible tentación exhibicionista.

Vittorio Orsi pasó a ser un interlocutor privilegiado. Las empresas transnacionales y los bancos acreedores fueron entrecruzándose cada vez más, tanto por las características de los nuevos negocios locales como por la fase concentradora que asumía la llamada globalización de la economía.

Menem, además de indultar a los genocidas juzgados y condenados en el gobierno anterior, se alió con la cría económica del «proceso». Los mismos actores que habían despegado con la dictadura y que se habían consolidado en los 80 lucían alborozados en un país que parecía armado a su medida. Las privatizaciones diseñadas por el ministro Roberto Dromi (intendente de Mendoza en la dictadura, afiliado justicialista en el reciclaje de 1983, con un estudio legal que atendía a Astra, Pérez Companc, Cartellone y Pescarmona, entre otros) repartieron miles de millones de dólares entre esos grupos empresarios, Techint, Soldati, Roggio y Macri, entre otros, asociados en los procesos privatizadores a telefónicas, petroleras o holdings internacionales que pasaron por sus años de gloria. El plan Bonex les fue servido para licuar nuevas deudas y el endeudamiento público ingresó en una dinámica de renegociaciones hasta su explosión en 2001.

De todos los negocios y negociados, dos merecen la atención tanto por su volumen como por su manera de transparentar una política de entrega del patrimonio público: la privatización de YPF a precio vil, la empresa que había sido durante años la de mayor facturación en el país —lo siguió siendo pero ya no para el Estado— y el increíble regalo de las cajas de jubilaciones, las AFJP, al sector financiero local y multinacional. YPF fue extranjerizada en 1999 a la española Repsol. España, por ese negocio más el de Telefónica, bancos, infraestructura y otros servicios públicos, fue el país cuyos capitales más usufructuaron el derrame privatizador.

Menem echó a Cavallo en 1996 y la línea de los «Chicago boys» que había emergido en la última etapa de la dictadura retornó con Roque Fernández en el Ministerio de Economía, acompañado por Pablo Guidotti, Carlos Rodríguez y otros. En pocos años, una vez con gobierno militar y otra en democracia, el ultraliberalismo argentino había tenido dos oportunidades para aplicar su credo y cumplir su eterna promesa de salvador de la patria. La segunda —más ortodoxa que la primera— pronto concluiría en otro caos.

En el primer gobierno democrático tras la dictadura, ejercieron un obstruccionismo que complicó la posibilidad de avanzar hacia otros patrones de acumulación y distribución; luego, apoyados por Menem primero y De la Rúa después, debilitaron la decisión nacional comportándose como representantes de la transnacionalización económica y dejando al país en un gravoso estado de vulnerabilidad. Sólo la suma de tantos descréditos permitiría más adelante encontrar la fuerza política para encarar otros programas.

Robos de transición

La victoria electoral de 1999 de la Alianza entre la UCR y el Frepaso llevó al gobierno a Fernando de la Rúa, que apenas se propuso exhibir un rostro adecentado de ese liberalismo ya en crisis. Desde la jefatura de Inteligencia, un «Chicago boy», Fernando de Santibañes, era el consejero preferido del Presidente. Dos años después de la asunción, la involución incontenible de recesión a depresión se cargó a su gobierno.

El primer ministro de Economía aliancista, José Luis Machinea, se presentó como heterodoxo, pero su primera medida, la de atacar el ingreso popular, lo mostró en línea con lo peor de cada casa. Enseguida Ricardo López Murphy asustó al país con un recorte que casi desnaturalizaba al Estado. Cavallo retornó como superministro salvador para ponerse al frente de un derrape final. El megacanje de la deuda —por el que luego fue procesado y sobreseído en 2010 junto con su colaborador Daniel Marx— y el «corralito» que groseramente usurpó el ahorro a los argentinos para sostener un sistema financiero en quiebra, acompañaron el ocaso inolvidable de Cavallo. Repudiado por la mayoría de la sociedad que había sabido endiosarlo, este civil procesista y menemdelarruista se refugió en la vida académica y la consultoría, levantando una dudosa autoridad profesional para criticar las políticas que no comparte.

Al gobierno de la Alianza le tocó firmar al pie del fin de época ultraliberal con la renuncia de Cavallo, de De la Rúa y todo su gobierno. El asalto a los ahorros de los sectores medios, un estallido social con tres decenas de muertos por la represión, altos índices de pobreza, indigencia y desocupación, y una deuda externa impuesta como destino fatal, armaron una hipoteca de terror.

Tras una seguidilla de presidentes efímeros, Eduardo Duhalde llegó al poder, derogó la ya insostenible convertibilidad e impuso una pesificación asimétrica que transfirió en un segundo 2.000 millones de pesos a 25 empresas privatizadas que se encontraban entre los mayores deudores. Los más beneficiados fueron Pecom Energía (Pérez Companc, 314 millones de dólares); YPF-Repsol (306 millones); Grupo Bapro (Banco Provincia, 288); Caminos de la Sierra (264); y Loma Negra (Fortabat, 264). Ésos fueron los primeros cinco lugares de una lista que incluye a Telecom, Cartellone, Grupo Soldati, Grupo Clarín, Socma (Macri), Arcor y Aguas Argentinas, entre otras.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, en los doce meses previos a la crisis de la Alianza habían sido sacados del país unos 20.000 millones de dólares. Y esa misma cantidad aproximada, tomando los costos de la pesificación asimétrica y las compensaciones a los bancos y acreedores de bonos, es la que incrementó el endeudamiento público durante la gestión de Duhalde, que consiguió encarrilar una institucionalidad quebrada al precio de satisfacer una conocida voracidad y de dejar un pavoroso endeudamiento externo. Un endeudamiento creciente, que llegó a su cenit en paralelo con la degradación de la vida pública, la caída de la producción nacional, la desprestigiada fama de los políticos y el desdibujamiento de un mínimo pacto de convivencia entre los argentinos.

A la oposición

Los personajes vinculados al proceso abierto en el país en 1976 estuvieron, con pocas excepciones, francamente en la oposición a partir de 2003, tras el triunfo de Néstor Kirchner y el paulatino cambio de paradigma en el perfil socioeconómico y en las políticas públicas. Varios grupos empresarios siguieron acompañando al gobierno en los primeros años, como Techint, Clarín y Macri, aunque ya no hubiera esa compenetración poder político-grupos económicos propia de la dictadura, el menemismo y el menemdelarruismo.

El perfil que asumió el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner fue dividiendo las aguas con la cría de la dictadura. La aplicación de políticas de seguridad social, la recuperación de empresas privatizadas, algunas saqueadas y otras mal conducidas, la agresiva y exitosa política de desendeudamiento, la captura de rentas extraordinarias para financiar el presupuesto —sobre todo a los productores agropecuarios—, la nueva Ley de Medios, con una fuerte impronta desmonopolizadora, el énfasis en las políticas de empleo y salario y la Asignación Universal por Hijo, alejaron a los procesistas y a sus descendientes de sus estrechas relaciones con el Estado.

La agenda que el gobierno se propone profundizar incluye tareas pendientes como la recuperación de mayores niveles de soberanía energética, recuperación de recursos naturales, mayor y mejor distribución de la riqueza nacional, lucha contra la indigencia y la sobreexplotación, la pobreza y el trabajo informal y una reforma impositiva progresiva. Todo hace prever sin esfuerzo que los civiles del «proceso» y sus parientes autoritarios lucharán por todos los medios a favor de una restauración conservadora, aunque el objetivo se les complica con las elecciones de 2011 a la vista.

En la crisis por la aplicación de retenciones a la renta agraria durante 2008, los grupos económicos exhibieron una dinámica agresiva y efectiva, aunque esta vez la fuerza de choque para recuperar espacios políticos no fueron los militares sino las corporaciones mediáticas, que trataron de imponer una visión y un discurso único que rebajó el estándar de la profesión periodística a un nivel vergonzoso. La búsqueda de una alternativa electoral propia pasó a ser el desvelo siguiente, en medio de una propia fragmentación que dificultaba el objetivo, mientras los nostálgicos del «orden» se entrenaban en el armado de su condición necesaria, el desorden, armando escenarios desestabilizantes basados en la conflictividad social de la extrema pobreza, como la crisis habitacional de larga data, el trabajo informal o los obstáculos e inseguridades de la vida urbana.

¿Dónde están los muchachos de entonces?

Domingo Cavallo, figura estelar de la dictadura, del menemismo y de la Alianza, debió soportar manifestaciones frente a su departamento de la Avenida del Libertador durante la crisis de 2001 y tuvo que vérselas con la justicia en una causa por sobresueldos y en otra por la venta del predio de la Sociedad Rural. En 2002 estuvo preso. Actualmente sigue procesado en la causa del megacanje de la deuda externa, en la que también está sospechado el banquero y ex funcionario estadounidense David Mulford. En 1997 había fundado su partido, Acción por la República. Con ese sello fue electo diputado nacional en 1999 y en 2000 probó suerte como candidato a jefe de Gobierno porteño. Compartió la fórmula con Gustavo Béliz y fueron derrotados ampliamente por la dupla Aníbal Ibarra-Cecilia Felgueras. Tras el desastre de 2001, el Mingo se refugió en la docencia en Estados Unidos. Por las calles de la Argentina no puede circular sin que le recuerden su infancia, con madre y corralito incluidos. Remonta la reclusión con su hobby favorito: anunciar futuras crisis económicas desde su sitio web.

Pedro Pou, funcionario de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, figura clave del Rodrigazo de 1975 y presidente del Banco Central con Menem y De la Rúa, fue procesado en 2010 por enriquecimiento ilícito y sus bienes embargados en 4 millones de pesos. Ese mismo año fue absuelto junto con otro «Chicago boy», el ex ministro Roque Fernández, en la causa por administración fraudulenta en la quiebra del Banco Basel, en 1995.

Dagnino Pastore, ex ministro de Economía dictatorial y hasta hace unos años ligado a Mario Brodersohn en la consultora Econométrica, tuvo actividad empresaria en Loma Negra, Pirelli y el Banco Sudameris —donde fue investigado por proveer información engañosa a los clientes en la crisis de 2001—. Como gurú tuvo un sonoro fracaso cuando, en referencia al megacanje de la deuda, anunció en el diario La Prensa que «el 2001 empieza con enorme alivio». En 2005, los alumnos de la Facultad de Derecho de la UBA le impidieron asumir al frente de una maestría por su pasado dictatorial. ¿Quién podía a esa altura respetarle sus saberes y ser indulgente con él? Pues una vez más la UCA, que lo nombró decano de su Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.

Algunas empresas como MBA Lazard, banco de inversiones en Latinoamérica, acogieron a caras conocidas de la economía procesista, como Alejandro Reynal, que llegó a ser su CEO, y Jorge Bustamante, viceministro de Roberto Alemann y activo militante del negociado de las AFJP. Mauricio Macri le tendió una mano a Reynal, al nombrarlo director de ArteBA, pero no pudo asumir por el repudio de los artistas plásticos.

Guillermo Walter Klein, el colaborador principal de Martínez de Hoz, fue querellado en 2008 por el asesinato de Juan Carlos Casariego del Bel, un funcionario de Economía que se negó en 1977 a participar en la estatización de la Ítalo.

Adolfo Diz, jefe del Central con Joe, autor de la circular 1050 e ideólogo de la Reforma Financiera, mantuvo un perfil bajo, se dedicó a la docencia en la Universidad Di Tella y en la UCEMA hasta su muerte, en 2008. Como otros ex funcionarios del BCRA fue querellado, embargado y tuvo prisión preventiva por liquidación y quiebra de bancos.

Jorge Zorreguieta, sucesor de Cadenas Madariaga en Agricultura y Ganadería, padre de la princesa Máxima de Holanda, a cuyo casamiento no pudo ir por estar sospechado de crímenes de lesa humanidad, debió comparecer ante la justicia por casos de desaparecidos. El empresario azucarero dirigió la principal entidad de la industria alimentaria, la COPAL, entre 2007 y 2009, y fue miembro de la Junta Directiva de la UIA.

El ex secretario de Comercio Exterior de la dictadura Alejandro Estrada (h.), autor de la frase «es lo mismo producir caramelos que acero», preside desde 1993 el Banco Privado de Inversiones. Fue vocal de la Fundación Invertir con Martín Redrado y miembro de la Novum Millenium, de Domingo Cavallo, en 2001. La ultraliberal ESEADE, del ex AJDA Alberto Benegas Lynch, lo tiene como profesor junto con su pariente Tomás de Estrada, Martín Krause, Emilio Cárdenas y Enrique Duhau, entre otros.

Mucho más lábil fue el derrotero de Osvaldo Cornide, activo agitador golpista del ’76, que como secretario de la Unión Comercial Argentina (UCA) agradeció a la dictadura al cumplir un año, en las páginas del diario La Prensa. Durante el gobierno de Alfonsín fue noticia cuando vivó al carapintada Mohamed Alí Seineldín en una iglesia del barrio de Saavedra. Luego tuvo una relación cercana a Carlos Menem y finalmente recuperó su perfil desarrollista y adhirió al modelo industrialista que puso en marcha Néstor Kirchner.

Roque Fernández se refugió en el CEMA, que había fundado en 1978 con Carlos Rodríguez y Pedro Pou. Desde allí defendieron el liberalismo a ultranza mientras se derrumbaba en 2001. Horacio Tomás Liendo, hijo del general homónimo, ex ministro de Interior y Trabajo de Videla, se movió siempre como un dilecto colaborador de Cavallo y durante la época de la Alianza contribuyó con el armado del corralito financiero. Entre 1997 y 2000 dirigió el Mercobank, fundado sobre las ruinas del quebrado Banco de Crédito provincial, que pertenecía a la familia Trusso. Maneja el estudio Liendo & Castiñeyras y suele escribir diatribas que dan cuenta de su incomodidad con el paisaje político posliberal.

Christian Zimmermann, vicepresidente del Banco Central entre 1976 y 1979 —adonde llegó por su amistad con Joe y Perriaux— fue representante argentino ante el BID en Washington tras la salida de Martínez de Hoz. Había quedado en pose ridícula cuando dijo, con aire de prócer, «la inflación ha muerto», tiempo antes de que se desencadenara la híper. El problema de la Argentina, según Zimmermann, es que «es un país donde ninguno quiere trabajar de sol a sol y mucha gente está jugando al fútbol un miércoles a las tres de la tarde por tres o cuatro horas». El enjuiciamiento por quiebras de bancos durante su gestión (Hurlingham, de los Andes y otros) lo distrajo un tanto de sus pasiones: el tenis, el esquí y el golf. También fue investigado junto con el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Alfredo Etchebarne, por la caída de Siderúrgicas Grassi, cuyo titular acusó al equipo económico videlista de perjudicar a la empresa para favorecer a Acindar, con la que Joe estaba vinculado. Con una metodología que se presta para la asociación libre, directivos de Grassi padecieron secuestros.

Zimmermann pasó por American Express y Loma Negra y en 1989, tras la quiebra del Banco Comercial del Norte, se refugió en Paraguay, donde escribió columnas para el ABC Color y trató de volcar a las amas de casa hacia la ideología neoliberal con una interpelación televisiva inspirada en la «Doña Rosa» de Bernardo Neustadt: «Escúcheme, señora». En Asunción fue enjuiciado por estafa tras el escándalo del Banco Comercial Paraguayo (Bancopar). De 1996 data su última aparición pública, cuando fue detenido en el Aeroparque metropolitano en causas vinculadas a la quiebra del BIR y a la adulteración de documentos públicos.

Yendo del Estado a casa (y parando en todas)

El recoleto pedagogo Ricardo Bruera, primer ministro de Educación de Videla, se dedicó a dar clases y publicar libros de didáctica de la enseñanza, como el paradójico título La propuesta por las libertades escolares, donde curiosamente no pedía por la libertad de los estudiantes y profesores desaparecidos durante su gestión. El Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencia de la Educación le hizo también un lugar y hasta llegó a colarse en la actividad pública como integrante de la Comisión de Educación de la Unión Industrial Argentina, como revelan las actas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del 18 y 19 de octubre de 1999, cuando esa entidad estatal se reunió con los «pedagogos» de la UIA.

Es que unos cuantos educadores de la Patria Dinosauria consiguieron mantenerse merodeando por el Estado. En enero de 2005, el historiador e investigador independiente del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET), Eduardo R. Saguier, envió una carta pública al presidente Néstor Kirchner y al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde titulada Colaboracionismo con el Terrorismo de Estado y Falsedad Ideológica en el CONICET, en la que denunció que fue discriminado por la Comisión de Historia y Antropología del organismo, algunos de cuyos integrantes estaban vinculados con la Fundación para la Educación la Ciencia y la Cultura. Esa entidad, fuertemente ligada a la UCA y a la Armada, estuvo integrada por varios docentes cuarteleros, el mismo Bruera entre ellos, y recibió fondos del CONICET durante la dictadura. En 1984 fue investigada por la Justicia. El secretario privado de Bruera, Julio César Zapata, tuvo mejor suerte en democracia ya que el rápido gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann lo ubicó en 2003 como ministro de Educación provincial.

El sucesor de Bruera, el Opus Dei Juan José Catalán, probó suerte en la actividad política. En el Partido Federal militó junto a Guillermo Francos, titular en 2011 del Banco Provincia con la gobernación de Daniel Scioli. Llerena Amadeo, gran favorecedor de la enseñanza religiosa durante su paso por el Ministerio de Educación, panquequeó con el libro Libertad de Enseñanza y defensa de la Escuela Pública, que le publicó la Fundación BankBoston en 1998. Es uno de los adláteres de Alberto Rodríguez Varela en la Corporación de Abogados Católicos y en el Instituto de Estudios Jurídicos de la Sociedad Rural Argentina.

Carlos Burundarena, tras su función como ministro de Educación de Viola, volvió a la docencia y fue rector hasta 1995 de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), donde también presidió el Consejo Superior Académico. Asimismo, enseñó en la UCA, que en 1997 lo distinguió como «docente emérito».

Al contador Cayetano Licciardo, último titular de Educación procesista, le cupo una de las más habituales trayectorias de los civiles procesistas: fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Económicas en 1985 y tres años después subió al rectorado de la Universidad Católica de La Plata (UCALP). Estaba en ese cargo cuando el juez Claudio Bernard lo procesó por falsedad de documento público. Licciardo fue imputado por proteger a un «prebístero» (sic) que se movía con títulos secundario y universitario falsos. Un sospechoso, Licciardo, murió en 1999. El otro se refugió en el Vaticano. La UCA, ligera para las indulgencias, perdonó a estos y a otros tantos pecadores.

Servicios exteriores y algunos interiores

Oscar Camilión, primer canciller civil de la dictadura con Viola, y previamente embajador con Videla en Brasil, coronó su carrera como ministro de Defensa en democracia al servicio de Carlos Menem. Fue durante su gestión que la Argentina realizó un tráfico ilegal de armas a Ecuador justo cuando el país era garante del tratado de paz en el conflicto limítrofe que los ecuatorianos mantenían con Perú. El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 sustancia la causa contra Camilión y otros 16 procesados, entre ellos Luis Sarlenga (director de Fabricaciones Militares cuando salieron las armas) y Carlos Menem. El mismo tribunal investiga el tráfico de armas a Croacia.

Otro ex procesista, ex embajador en el Vaticano, Rafael Martínez Raymonda, ha manejado el reciclaje como un arte mayor desde su partido, el Demócrata Progresista. Desde allí fue fallido candidato a vicepresidente en 1983, con la Alianza Federal secundando a Manrique, y a diputado en 1985, apoyando al alfonsinismo. En 1989 fue electo diputado nacional con la Alianza de Centro. Fernando de la Rúa lo designó director ejecutivo de Yacyretá y en 2007 asumió nuevamente como diputado en reemplazo de Jorge Argüello, designado embajador en la ONU.

Otro desarrollista como Camilión, Arnaldo Musich, prefirió recolocarse en la actividad privada. Fue abogado de la UIA, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Bolsa y despuntó su vocación diplomática dándose unas vueltas por el CARI. Fue presidente de la Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL) y murió en 2006. El CARI también es generoso con Tomás de Anchorena —propagandista de la dictadura con el Centro Piloto de París—, ya que dirigió hasta 2005 el Centro de Estudios Asiáticos de la entidad. También integra una institución heredera de los viejos nidos golpistas como el Ateneo de la República. Fue acusado por su sobrina Teresa (radical ligada a la gestión cultural) de haberla señalado como guerrillera durante el videlismo.

A Nicanor Costa Méndez no le quedó mucho oxígeno político y se dedicó a explicar el episodio de Malvinas hasta su muerte en 1992. Su jefe de Gabinete, Gustavo Figueroa, tuvo más suerte y siguió con su carrera diplomática hasta llegar a la embajada en Holanda en 1990, mientras que Gabriel Martínez caminó por los organismos de las Naciones Unidas.

Los «históricos» que se habían desempeñado en puestos de nivel durante la dictadura no quedaron descolocados. Carlos Ortiz de Rozas fue embajador en Francia con Alfonsín, embajador en Washington y vicecanciller de Menem. Raúl Quijano, el último canciller de Isabel, ocupó la embajada en Paraguay hasta el final del mandato de Alfonsín, mientras que Julio Oyhanarte retornó a la vida pública en la Corte Suprema de Menem. Hasta su muerte en 1997, fue un defensor enfático de los indultos a los militares. Fernando Petrella se recicló como vicecanciller con Guido Di Tella durante el menemismo. En 1999 fue procesado por el juez federal Jorge Urso por la venta ilegal de armas a Ecuador. Jorge Schamis tampoco puede quejarse del trato en democracia: tuvo buenos destinos como embajador y fue asesor presidencial de Menem. Enrique Ros, aquel activo defensor de la dictadura en los foros internacionales que la acusaban por la violación de los derechos humanos, condujo la Cámara de Comercio Argentino-China y el Comité de Asuntos Asiáticos del CARI.

Federico Barttfeld, que murió en 2009 y durante la dictadura había prestado servicios en Alemania, se recicló en democracia como embajador en Nigeria y China, pero su destino más recordado es el del quinquenio 1989-1994 con Menem, cuando estuvo destinado en Yugoslavia y se produjo el contrabando de armas a Croacia. Tras la caída de De la Rúa, fue subsecretario técnico de la Cancillería con Ruckauf y trabajó en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales con Martín Redrado. Fue retirado del servicio por Néstor Kirchner.

Dos diplomáticos con origen en el nacionalismo católico, y largas carreras de regular relieve en el servicio exterior, se las arreglaron para hacerse notar ya entrada la primera década del siglo XXI: Eduardo Sadous y Abel Posse.

Sadous integró durante el gobierno de Isabel el equipo de Alberto Vignes, el canciller isabelino sindicado como miembro de la logia Propaganda Dos. Destinado en Italia desde 1975 hasta octubre del ’76, las versiones dicen que Sadous también se vinculó a Licio Gelli y al secretario de Estado vaticano Angelo Sodano. Sadous había pegado el salto en el escalafón diplomático durante la dictadura. En el menemismo fue un dilecto del secretario de Culto Esteban Caselli, también con amplios contactos en el Vaticano. A su vez, llegó a ser secretario de Negociaciones Económicas Internacionales con Cavallo.

En 2002 fue designado embajador en Venezuela por el gobierno de Eduardo Duhalde, mientras que otro ex embajador en Roma —Carlos Ruckauf— fungía de canciller. Desde Caracas, Sadous habló de una embajada kirchnerista paralela que aprobaba con pagos extras, según sus dichos, operaciones comerciales bilaterales entre Venezuela y la Argentina. El embajador argentino, que además se había vinculado con el empresariado antichavista, fue relevado por el gobierno de Kirchner, desde donde fue acusado de ser miembro de la P2 y ex integrante de la Triple A. La ofensiva de Sadous fue aprovechada por los grandes medios lanzados en plena campaña contra el gobierno para armar primeras planas catastrofistas.

Posse tuvo un resbalón de doce días como ministro de Educación porteño, designado por Mauricio Macri en diciembre de 2009. Un día antes de su asunción se sinceró ante la sociedad a través del diario La Nación, donde desparramó un credo dinosaurio donde cupieron el pedido de amnistía para los militares acusados de delitos de lesa humanidad, la definición de los sobrevivientes de la represión como «residuos subversivos», la promesa de reprimir a los «jóvenes asesinos» y hasta un malambero desprecio por el rock. Quien había sido director del Centro Cultural en París en 1981 motivó la rápida impugnación de la comunidad educativa y de la oposición, que lo acusó de fascista y ex funcionario de la dictadura. Su designación generó movilizaciones callejeras frente a la sede del gobierno de la Ciudad.

Posse no empleó sus dudosas artes diplomáticas para defenderse o relativizar sus dichos. Redobló la apuesta prepoteando ante cada micrófono que se le pusiera delante y pagó el precio de su ruda ideología vocinglera con la renuncia. Sin que ese fuera su fin, cumplió la invalorable función política de actualizar frente a los ciudadanos de Buenos Aires y de todo el país el pensamiento de fondo del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

Pensé que se trataba de cieguitos

Muchos de los agentes de inteligencia no se quedaron sin trabajo en el aparato estatal con el retorno de la democracia y los que no volvieron, probaron suerte por afuera, con su participación en la explosión de las agencias de seguridad privada o en el crimen organizado, sobre todo en la industria del secuestro extorsivo. Los muchachos ya estaban acostumbrados a desdibujar el límite entre legalidad y delito.

Varios agentes acusados por su actuación durante la dictadura volvieron a sentirse útiles en el gobierno de Carlos Menem, después de haber sido separados en la gestión de Raúl Alfonsín. Entre los casos notables se cuentan los de Eduardo Alfredo Ruffo, los coroneles Rubén Víctor Visuara y Oscar Pascual Guerrieri, el llamado capitán Rafael López Fader y el ex jefe de la SIDE general Carlos Martínez.

Entre quienes se mantuvieron en funciones hasta bien entrada la democracia también se apunta el agente «Gordo Miguel o Roberto Silo», cuyo nombre verdadero es Roberto Saller, jefe de delitos complejos (como secuestros extorsivos) hasta entrado 2005. Silo había sido el chofer del general Otto Paladino, a quien conducía hasta Automotores Orletti, y luego fue agente operativo de contrainteligencia (infiltraciones y venta de «carne podrida») durante el «proceso».

Otro servis dictatorial que conoció la fama en democracia es Horacio Stiuso, alias Aldo Stiles, Jaime o Jaimito, que llegó a la jefatura del Departamento de Contrainteligencia de la ex SIDE (después SIA) conocido también como División 85. Stiuso había ingresado a «La Casa» durante su servicio militar a mediados de los 70. Primero fue administrativo y, hacia finales de la dictadura, el último jefe procesista de la SIDE —el general Martínez— le aseguró el futuro dándole rango de espía. Durante los gobiernos democráticos se hizo imprescindible por sus conocimientos de informática. Gustavo Béliz lo desenmascaró cuando fue ministro de Justicia y se ganó un juicio por hacer pública una actividad que se presume secreta. Los casos de Stiuso y Silo son un ejemplo palmario de dos agentes formados en la dictadura y con pasaporte habilitado para atravesar las fronteras de todos los gobiernos democráticos posteriores.

La SIDE menemista, con Juan Bautista Yofre a la cabeza, designó al general Martínez al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia, que tuvo entre otros profesores célebres por sus tropelías al coronel Oscar Pascual Guerrieri, alias Jorge Rocca, responsable de los campos de concentración Quinta de Funes y Granadero Baigorria en Santa Fe, e imputado por la desaparición de menores de edad. Durante el reinado de Yofre, Guerrieri reorganizó el sistema de inteligencia exterior, que había sido desmontado por Alfonsín, y designó espías en las embajadas.

A finales de los 90 Guerrieri estaba a cargo de una cueva especializada en arrojar versiones falsas a los medios y a obtener información mezclándose en el glamoroso y pizzero mundo social del menemismo. Se trataba de una jocosa «Armada de Brancaleone» que pinchaba teléfonos, mandaba militantes menemistas para «hacer quilombo» en actos opositores y tenía agentes mujeres que se dedicaban a invitar a contrincantes en fiestas de políticos de lustre.

Estas tendencias fiesteras se le fueron agriando a Guerrieri cuando fue imputado en un asalto a los Tribunales de Rosario, donde un grupo de desconocidos (acaso «los desconocidos de siempre») robó documentación de la justicia y de la Conadep que comprometía a personal del Ejército durante la dictadura. Guerrieri se retiró del servicio activo en el ’87 con una mancha en su legajo: fue sorprendido al intentar «comprar» exámenes a un suboficial de la imprenta castrense, lo que le impidió graduarse como oficial de Estado Mayor. Pero el hombre tenía quien lo respetara: lo convocaron del menemismo para que investigara los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. En 2010, el Tribunal Federal 1 de Rosario lo condenó a prisión perpetua por torturas y 29 asesinatos en la ex Fábrica Militar Domingo Matheu y en los centros clandestinos Quinta de Funes, La Intermedia, Escuela Magnasco y La Calamita, todos de los alrededores de Rosario y bajo la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército.

De la guerra fría a los negocios calientes

Más cercanos a la vida práctica que algunos de sus fanáticos mandantes, algunos servis despiertos ya se daban cuenta de que la criminalidad fácil que les servía en bandeja la lucha anticomunista no sería eterna. Muchos de ellos ya habían tomado nota desde que Estados Unidos, durante la presidencia de Jimmy Carter, le restó apoyo a la Argentina, y más se fueron convenciendo a medida que la década de los 80 mutaba el paisaje político internacional con el paulatino y finalmente sonoro derrumbe de la URSS y su ámbito geopolítico de influencia.

Militares y civiles de la ex SIDE se aprestaron a usar su know-how en productos civiles como la agencia Saporiti, el Instituto de Investigaciones Sociales (IDIS), las consultoras OSGRA SRL e Informes Brokers, que durante la presidencia de Menem dejó de funcionar tras ser denunciada por la prensa como integrante del Batallón 601.

Los servis también se emplearon en agencias de seguridad, algunas de la cuales, como Magister, de Otto Paladino y Gordon, y Escorpio Investigadores Asociados, relacionada con Suárez Mason, fueron denunciadas por los organismos de derechos humanos por ser fachadas de servicios. El 17 de octubre de 1985, el juez Carlos Olivieri allanó la agencia Escorpio, encabezada societariamente por el cuñado de Suárez Mason, el inspector de policía y ex Triple A Félix Alais. El director operativo era el inspector Gustavo Eklund, acusado del asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña.

Ése fue el punto de partida para determinar que en la Argentina funcionaban más de doscientas agencias de seguridad, de las cuales se comprobó que una treintena estaba en manos de ex procesistas. La pionera de esas agencias se llamaba Intermundo SRL, fundada en 1973 por el comisario Alberto Villar y su socio Jorge Colotto. También fueron mencionadas durante la investigación ORPI SA (Organización de Protección Industrial), dirigida por los coroneles Héctor Cabanillas y Hamilton Díaz, y Rosil SA, del ex comisario Rafael Tensone, imputado como encubridor del asesinato de los sacerdotes palotinos.

Independizados del aparato estatal, los muchachos invirtieron en emprendimientos personales sin desestimar recursos y background proveniente de sus años más felices. En 2001, el jefe de la SIDE, Carlos Becerra, presentó al juez federal Gabriel Cavallo una declaración espontánea en la que acusó que Saporiti, Ogra e IDIS «son o han sido sociedades del ámbito comercial del organismo».

Otro desenmascarado fue Patricio Pfinnen, ex titular de la llamada «Sala Patria» (Dirección de Operaciones Especiales o «área 34») de la ex SIDE, que fue imputada por la fiscalía de haber desviado la investigación del atentado contra la AMIA. Pfinnen, alias el Irlandés o Paddy, fue vinculado por un informe de América TV de 2009 con Gordon y Automotores Orletti. Había sido despedido en 2002.

Mano de obra desocupada

Aníbal Gordon fue cabecilla en democracia de una célebre banda de asaltantes y murió en la cárcel en 1987. El secuestro extorsivo fue un reflejo condicionado del que no pudo escapar, entre ellos el del dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly. También fue imputado en los secuestros que llevó adelante otra banda descendiente del mundo parapolicial: el clan Puccio.

Guglielminetti montó una SIDE paralela, el Grupo Alem (por sus oficinas sobre esa avenida, a metros de la Casa Rosada) durante la primera etapa del alfonsinismo. Hiperactivo, el «mayor Guastavino» también se daba tiempo para las correrías de la banda de Gordon. Estuvo acusado, asimismo, por robo al cuadrado, esto es robar dinero de un rescate a la familia del empresario secuestrado Sergio Meller. También fue imputado de tráfico de armas y asaltos a bancos, de accionar junto a «la banda de los comisarios» y de robar un banco en Hurlingham. Siempre se las arregló para quedar libre aun cuando fue condenado a seis años de prisión por robo y tenencia de armas de guerra. La Ley de Punto Final también concurrió en su beneficio hasta que en 2010 fue juzgado por el caso de Automotores Orletti.

Los servis sueltos y los aún orgánicos tuvieron hasta un semanario propio: El informador público, dirigido por el falangista Jesús Iglesias Rouco, que llegó a vender 60.000 ejemplares. Intervino con operaciones en las sublevaciones militares de los «carapintadas» y anticipó en sus páginas el ataque al cuartel de La Tablada del 23 de enero de 1989, por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP), que fue encabezado por el ex dirigente del ERP Enrique Gorriarán Merlo. La primicia estuvo a cargo de Guillermo Cherasny, quien se jactaba de sus vinculaciones con el SIN y la SIDE; en su versión del intento de copamiento relacionaba al ERP con la Junta Coordinadora Nacional de la UCR, en pos de perjudicar al entonces ministro del Interior, Enrique Nosiglia. El semanario tuvo otras plumas vinculadas a la SIDE que escribían con seudónimo.

En la banda de Gordon había personajes con tendencias artísticas como Ernesto Lorenzo, alias mayor Guzmán, que llegó a ser lugarteniente paramilitar del jefe. La banda de Gordon, con Lorenzo a la cabeza, robó obras en el Museo de Arte Decorativo de Rosario, en 1983.

Tras haber estado preso, Lorenzo volvió a caer en 1995 cuando circulaba en camioneta por el barrio de Belgrano con una valiosa carga pictórica: el retrato de Doña María Teresa Ruiz de Apodaca y Sesma, un Goya del siglo XVIII valuado en más de tres millones de dólares, remanente del robo de Rosario. A Gordon y a Lorenzo los había reclutado para la SIDE Otto Paladino y, como se recordará, ambos se emplearon en Automotores Orletti.

El «clan Puccio» fue a su vez una novelesca banda de secuestradores, con logística y apoyos de los restos parapoliciales de la dictadura militar. El cerebro era Arquímedes Puccio, que armó la banda en 1982 con su viejo amigo Guillermo Fernández Laborde, a quien conocía desde los años 70, cuando ambos concurrían a la Escuela Superior de Conducción Política del justicialismo.

Los secuestrados Aulet y Manoukian fueron muertos a pesar del pago de sus rescates. También Naum, asesinado al resistirse. Por ese crimen fue acusado Guglielminetti pero un año después Guillermo Fernández Laborde confesó su autoría.

La última secuestrada por el clan, Nélida Bollini de Prado, sobrevivió tras permanecer encerrada en el sótano de la casa de Martín y Omar 554 donde vivían los Puccio, muy cerca del CASI, en San Isidro. Los secuestradores habían pedido medio millón de dólares de rescate pero después bajaron sus pretensiones a la mitad. Arquímedes Puccio, su hijo Daniel y Fernández Laborde fueron detenidos al momento de cobrar el dinero.

El rugbier Alejandro Puccio, que en 1978 había pasado por Los Pumas, fue detenido. En noviembre de 1985 saltó al vacío desde el quinto piso de los Tribunales porteños cuando era llevado a declarar por el caso Aulet. Su cuerpo se estrelló contra la cabina de chapas de la Dirección General Impositiva y logró sobrevivir. Se recibió de psicólogo en la cárcel y murió en 2008 por una secuela de aquel intento de suicidio. El deportista se encargaba de seleccionar y preparar el terreno para llegar a las víctimas; en el caso de Aulet, a través de su amigo Gustavo Contepomi, quien, como Arquímedes Puccio, murió en la cárcel.

A bogar por la dictadura

En el apartado sobre el destino de los civiles del grupo La Plata nos hemos detenido en los principales abogados de la dictadura que en 1976 recalaron con el gobernador militar Ibérico Saint Jean. Muchos de sus colegas se hicieron notar a partir de 1983, empeñados en defender el autoritarismo y en trabar el desarrollo de la democracia política. Víctor Guerrero Leconte, por ejemplo, en 1984, pidió ser juzgado cuando se instruyó el Juicio a las Juntas por no haber resistido el golpe militar. Su finalidad de fondo era que se encausara con él a todos los magistrados que ingresaron al Poder Judicial entre 1976 y 1983. De ese modo inhabilitaría al fiscal Julio Strassera y a todos los camaristas que juzgaban a la primera plana del «proceso». La treta no funcionó. Más tarde fue defensor de Videla en el proceso de extradición solicitada desde España por el juez Garzón.

Roberto Dromi, como se recordará intendente de Mendoza durante la dictadura, fue ministro de Obras Públicas del menemismo, ingeniero mayor de las privatizaciones de los 90, autor del famoso derrape verbal «nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado». Su estilo quedó marcado en la irregular privatización de Aerolíneas, que destruyó a la que era la primera línea de Sudamérica, en la imposición de peajes en las rutas, y en todo un esquema atravesado por sospechas de corrupción. Fue cesado cuando estalló otro escándalo de coimas, el Swifgate.

El cordobés Pedro J. Frías, juez de la Corte Suprema durante la dictadura, navegó por todas las academias jurásicas y por el CARI y asesoró al Movimiento Popular Fueguino en la elaboración de la primera Constitución de Tierra del Fuego.

Otro juez federal de la dictadura, José Nicasio Dibur, tuvo a su cargo la investigación de los crímenes de la Triple A, causa en la que nunca avanzó. El bloqueo de esa investigación fundamental puede acaso deducirse de estos hechos: Dibur fue asesor legal y gerente de investigaciones de la agencia privada Escorpio Investigadores Asociados, desbaratada por la Justicia cuando se supo que estaba a cargo de Guillermo Suárez Mason y que había sido fundada por el alma máter de la Triple A, el comisario Alberto Villar.

Como juez también dictó los desprocesamientos de Martínez de Hoz y de Harguindeguy, entre otros servicios. El gobierno de Alfonsín no lo ratificó en su cargo. En la actividad privada se dedicó a defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad pero tuvo su predecible retorno al Estado con el menemismo: sus consejos eran tenidos en cuenta por el presidente cuando se trataba de nombrar nuevos jueces. Su trayectoria se extendió hasta el kirchnerismo. Estaba en la Dirección de Cooperación Internacional cuando Aníbal Fernández lo echó del Ministerio de Justicia. En la Alianza, fue jefe de asesores de Ricardo Gil Lavedra.

Los jueces, como todos los ex funcionarios civiles de la última dictadura militar, gozaron de jubilaciones de privilegio hasta que los beneficios fueron extinguidos por la ley 26.475 durante el primer gobierno del kirchnerismo. Recién allí dejaron de percibir esos sueldos «todos los funcionarios que se desempeñaron como presidente de la Nación, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado en organismos descentralizados o entidades descentralizadas y administraciones públicas» de la dictadura. La renovación de la Corte Suprema de Justicia y de las cámaras federales fue muy lenta desde 1983 en adelante. El Poder Judicial se desempeñó, en líneas generales y con muy honrosas excepciones, como un núcleo duro de la presencia autoritaria, algo que se percibe especialmente en las entidades que rodean a la actividad judicial.

Juntos somos más malos

El Colegio de Abogados de Buenos Aires, que tuvo entre sus presidentes a Durrieu (2005) y tiene, entre otros, a Rodríguez Varela como socio, se despertó en 2008 con una abundante producción panfletaria contra el modelo económico que rige desde 2003 y contra la política de derechos humanos. En esta línea no cesa de pedir, como veremos en otras instituciones afines, que «las figuras internacionales como lesa humanidad deben aplicarse con cautela y objetividad para evitar que se conviertan en herramientas ideológicas de venganza o funcionales a la lucha política».

El Colegio, cuyos integrantes poseen un habitual reflejo para pedir «mano dura» apenas se corta una calle, calificó el 28 de marzo de 2008 de «expresiones de espontánea protesta popular» a los piquetes ruralistas que se oponían a las retenciones a la renta agropecuaria. También pidió que no se reprimiera porque «deben distinguirse claramente las conductas delictivas de otras que son manifestaciones del derecho de reunión y de peticionar a las autoridades en forma pública». Jugado a fondo con las grandes patronales agropecuarias, exhortó a los legisladores y a productores a que carguen por todos los medios contra el gobierno nacional. Una chorrera de comunicados fue publicada en la revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con la firma de su presidente, Enrique del Carril.

Otro club donde trajinan muchos procesistas es la Asociación de Abogados Penalistas de Buenos Aires. Cuando comenzó a investigarse el robo de bebés durante la dictadura, un delito que a Menem se le escapó en el dictamen de los indultos a las juntas militares, la Asociación cargó con una declaración pública a raíz de la causa que devolvió a la cárcel a Videla. En ese comunicado se quejó de que las Madres de Plaza de Mayo pidieran la indagatoria a Rodríguez Varela y Lucas Lennon, dos de sus socios. Para la entidad, la búsqueda de justicia tendía a perturbar el ejercicio de la abogacía y perseguía fines políticos. La Asociación defendió a ambos como «merecedores del respeto de todos los no enfermos de ideología».

Prima hermana de esa institución es la Asociación de Abogados Penalistas pero de la Capital Federal, donde se anotan el ex juez Norberto Giletta, Eduardo Aguirre Obarrio, José Ignacio Garona, Bernardo Rodríguez Palma, Fernando Goldaracena (defensores de ex militares en el Juicio a las Juntas), Rafael Sarmiento, Martín Anzoátegui, Alfredo Battaglia, Adolfo Casabal Elía, Jaime Lucas Lennon, Eduardo Marquardt, Enrique Munilla, Guillermo Rivarola, Jaime Smart y Rodríguez Varela, junto con Javier López Biscayart, a cargo del Juzgado Penal Tributario I.

La Corporación de Abogados Católicos, donde también se anotan Rodríguez Varela y otro ex ministro de Videla, el de Educación Juan Llerena Amadeo, salió a dar batalla en 2010 contra «la inseguridad jurídica que existe en la República» pero a través de otro camuflaje: la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que no busca otra cosa que la amnistía y el fin de los juicios a los delitos dictatoriales por los que están encartados sus socios Smart y Martínez de Hoz. Los muchachos del concordato sumaron a Enrique del Carril, a Eugenio Aramburu, a Eduardo Virulé —virulento activista contra el matrimonio igualitario—, a Edgardo Frola, Guillermo Klein, Lucas Lennon y Garona, defensor de Agosti y conocido por haber rechazado hábeas corpus por los secuestrados del astillero Merina, y Orlando Gallo, defensor de carapintadas, entre muchos otros con certificados procesistas. Su titular es Alberto Solanet y en sus comunicados acude a una adjetivación castatrofista. El diario La Nación, en la misma edición y en la misma cobertura en la que se publicó la perpetua que le dieron a Videla y Menéndez en Córdoba, el 23 de diciembre de 2010, reprodujo otro panfleto que hablaba de «una falsa ideología llamada de derechos humanos» y advirtió que «la Argentina, nuestra Patria, correrá serio riesgo de disolución».

El mismo Alberto Solanet —hermano de Eduardo, ex secretario de Leopoldo Fortunato Galtieri— es también animador de FORES (Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia), fundado en 1976 por Jaime Smart. El FORES explicó en 1979 a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en la Argentina la justicia era «más independiente que nunca» y en 1983 reclamó la continuidad de los jueces de la dictadura. Durante el kirchnerismo, también se opuso a la designación de Esteban Righi al frente del cuerpo de fiscales y objetó la designación de Raúl Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay Molina en la Corte Suprema de la Nación.

Otro «FORES» puro es Juan Carlos Cassagne, abogado de Martín Redrado cuando fue despedido del Banco Central por Cristina Fernández de Kirchner. Cassagne fue uno de los hacedores del esquema económico-financiero con el que las empresas contratistas se manejaron con el Estado hasta la vigencia de la convertibilidad. Está procesado como «partícipe necesario» de la defraudación al Estado en la concesión del espacio radioeléctrico a la empresa Tales Spectrum, ya que era presidente de la filial local. También fue director académico de FORES Germán Garavano, fiscal general de la Ciudad en el gobierno de Mauricio Macri y anotado en la ONG «Unidos por la Justicia» que fundó en 2003 Francisco de Narváez.

El peso y la vigencia del tronco autoritario de estas entidades se pusieron en evidencia cuando en septiembre de 2010 los abogados porteños debieron elegir a su representante para el Consejo de la Magistratura. Con holgura se impuso Horacio Pedro Fargosi, apadrinado por el Colegio de los Aramburu, los Martínez de Hoz y los Grondona en una entente fogoneada por el senador radical Ernesto Sanz y a la que se sumaron el PRO y el Colegio de Abogados de la ciudad. Fargosi fue asesor de Telefónica y de Marsans-Aerolíneas. También se encumbró a José Martínez Sobrino, denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por haber participado en la apropiación de un bebé. Los apellidos del ’76 siguen delineando la identidad política del ámbito judicial.

A luchar por la justicia (de las multinacionales)

Aunque en sus comunicados escriban la palabra Patria con mayúsculas y alerten sobre los peligros que la acechan cada vez que alguno de sus pares autoritarios corre peligro de dar con sus huesos a la cárcel, muchos de los abogados de lenguaje rimbombante son pilares de los estudios jurídicos que representan a las multinacionales en los juicios en las que éstas reclamaron indemnizaciones tras la salida del esquema cambiario de la convertibilidad.

Las transnacionales se concentraron en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), creada por el Banco Mundial y estrechamente ligada a él. La Argentina entregó su soberanía en casos de diferencia con inversores extranjeros apenas un mes después del golpe de 1976. Un decreto videlista modificó el Código Procesal y, por si las multis no estaban conformes, Roberto Viola —uno de cuyos asesores fue el hoy consultor Rosendo Fraga— reforzó la posición entreguista con otro decreto en 1981. Menem impulsó aún más la cesión de jurisdicción en los casos de divergencias y hasta se designaron tribunales extranjeros para que se expidieran en controversias que comprometían el erario público.

El Colegio y FORES aportaron sus mejores muchachos en los litigios contra el Estado. El estudio legal del director de la revista del Colegio, José Alfredo Martínez de Hoz (h.), se empeñó en esta actividad lucrativa. Como buen padre, el viejo Joe había abierto caminos con la delictuosa estatización de la Ítalo y con la creación de comisiones para resolver estas querellas, a cuyo frente puso a sus viejos amigos colegiales Carlos Alberto Rodríguez Galán (Siemens), Alejandro Lastra (Shell) y Horacio García Belsunce (p.) (Compañía Azucarera Tucumán y miembro del equipo económico).

Los chicos Joe hijo y Marianito Grondona (h.) representaron con éxito a la compañía eléctrica chilena Enersis, que le reclamó al Estado argentino 1.800 millones de dólares. Embalados, también lo hicieron a favor de la alemana Wintershall (480 millones) pero este reclamo no prosperó por fallas procesales.

También litigó contra la Argentina, en nombre de los bonistas italianos, el ex ministro de la Corte Suprema menemista (algo que lo debía haber inhibido moralmente) Rodolfo Barra. En las mismas tareas se empeñaron Ángel Bartolomé Bianchi y Héctor Mairal. El estudio Mairal & O’Farrell es representante de Britsh Gas en otro juicio, por 238 millones de dólares.

Eduardo Roca, ex embajador de Onganía en Estados Unidos y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados durante el kirchnerismo, fue a partir de 2002 (cuando era vicepresidente del Colegio), litigante en nombre del Banco Santander. Es que esta situación de pasar plásticamente de un lado a otro del mostrador, de integrar el aparato del Estado y después defender a sus querellantes, no sonroja ni frena a los patriotas con toga abogadil. El ex secretario de la Corte Guido Santiago Tawil representó a la empresa Azurix contra la provincia de Buenos Aires, a Enron, a Camuzzi Internacional y CMS Gas Transmision. Los ex funcionarios menemistas Emilio Cárdenas (embajador ante la ONU) y el ya nombrado Juan Carlos Cassagne (también asesor de Dromi y Barra en las privatizaciones) tienen a su cargo el patrocinio del Bank Nova Scotia.

Otros miembros de FORES o del Colegio (y muchos de ambos a la vez) con juicios contra el Estado argentino son Roberto Aguirre Luzi, Ricardo Barreiro Deymonaz, Diego Bunge, Eduardo Aguirre Obarrio, Leandro Cáceres, Federico Campolieti, Gustavo Cedrone, Armando Horacio Cervone, Ignacio Colombres Garmendia, María Inés Corrá, Orlando de Simone, Julio Durand, Máximo Fonrouge, Roberto Fortunati, Francisco M. Gutiérrez, Héctor Huici, Bernardo Iriberri, Valeria Nacchia, Francisco Macías, Rafael M. Manóvil, Juan Pablo Martini, Ignacio Minorini Lima, Uriel O’Farrell, Eduardo Ojea Quintana, Leonardo Orlanski, Pablo Píccoli, Jorge Postiglione, Michel Rattagan, Horacio J. Ruiz Moreno, Francisco Susmel, Guillermo O. Tejeiro y Martín Ymaz.

Otros estudios que defendieron a empresas transnacionales son Ambrogi & Hansen, M&M Bomchil; Pérez Alati; Grondona; Benítez; Arntsen y Martínez de Hoz; O’Farrell y Rattagan; Macchiavello, Arocena y Peña Robirosa.

Tendrás un juicio justo

Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987) dictadas por el Congreso en los años de Alfonsín, contribuyeron, junto con los indultos de su sucesor Carlos Menem a los integrantes de las juntas militares en 1989, a cubrir legalmente a los protagonistas de los delitos aberrantes del terrorismo de Estado durante la dictadura. Desde 2003, ese cerrojo que dejaba en la impunidad crímenes atroces, comenzó a resquebrajarse a partir de una concurrencia de factores: la anulación de las leyes alfonsinistas, la declaración de imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad por parte de la Corte Suprema en 2004 y los Juicios por la Verdad que llevó adelante la Cámara Federal de La Plata, que se propuso establecer qué había pasado con las desapariciones forzadas de la dictadura sin que entonces eso derivara en causas penales.

Con verdaderos focos de resistencia en cámaras federales de todo el país, se pudo avanzar muy trabajosamente en el juzgamiento de los genocidas, algo que abrió el tema de la participación civil y que cambió el clima para que se hiciera pública la connivencia judicial con ese verdadero bombardeo al desarme del derecho que implicó el videlismo y su continuidad hasta 1983. Abierta la caja de Pandora, la posibilidad de indagar en el colaboracionismo criminal fija la vista en nuevos horizontes.

En varias regiones del país el juego social conservador, la cualidad de intocables de las «buenas familias» que suelen integrar los jueces, la complicidad y la inacción de los fueros de raigambre autoritaria, parecían hacer imposible el juzgamiento, siquiera, de casos emblemáticos, donde algunos jueces se comportaron con una ferocidad que negaba de plano su profesión mediatizadora de los conflictos humanos.

En La Rioja, a modo de ejemplo, el juez federal de la dictadura Roberto Catalán fue detenido en junio de 2010 con arresto domiciliario, en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad en el III Cuerpo de Ejército, que tiene como principal imputado a Luciano Benjamín Menéndez. El ex magistrado fue procesado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que lo encontró prima facie culpable de los delitos de facilitar «homicidio», «privación ilegítima de libertad» y «tormentos» en centros clandestinos de detención riojanos. La sorpresa de pueblo chico hizo que la Asociación de ex Presos Políticos de la provincia considerara como un «hecho histórico […] que un ex juez federal sea detenido como presunto responsable de delitos de lesa humanidad», lo que constituyó «un avance importante para la democracia y la sociedad». El ex juez Catalán es padre del ex secretario de la gobernación de Ángel Maza en La Rioja durante el menemismo y está emparentado con el ex ministro de Educación de Videla, Juan José Catalán, ya fallecido.

En el juicio que concluyó en noviembre de 2010 en La Pampa, donde fueron condenados militares de la gobernación y del aparato represivo de la dictadura por crímenes de lesa humanidad, la fiscalía del Tribunal Federal Oral abrió otra causa para incluir a civiles, como médicos policiales que intervinieron en sesiones de tortura y cuyas identidades y accionar delictivo se conocieron a partir de las declaraciones de sobrevivientes.

También en San Rafael, Mendoza, miembros del Tribunal II condenaron al abogado policial Raúl Egea por falsedad ideológica. Lo mismo se presume que sucederá en Mendoza, donde el 17 de noviembre comenzó un proceso que comprende a 32 víctimas. El comienzo de ese juicio, en el que el principal inculpado es el ex jefe del Tercer Cuerpo Luciano Benjamín Menéndez, fue celebrado especialmente en la capital mendocina, ya que la provincia se plantaba como un verdadero reino de la impunidad para avanzar en la investigación y condena por la fuerte vinculación de los magistrados locales con la dictadura.

Desarticular esa trama de cemento armado habitaba en el reino de la imposibilidad. Pero en septiembre de 2010 el Consejo de la Magistratura consiguió suspender al camarista Luis Francisco Miret, acusado de colaboracionismo en delitos de lesa humanidad cuando era juez de instrucción, de rechazar hábeas corpus con piloto automático y de no excusarse en casos donde se juzgó a militares de su confianza, a los que favoreció con sus fallos, aun a militares como el general Juan Pablo Saá, de quien se jactaba públicamente de ser amigo personal. También fue denunciado por archivar expedientes que retrasaron la averiguación de identidad de bebés robados durante la dictadura. Miret trató de escaparle a la Justicia al presentar su renuncia por razones de edad. Pero la presidente Cristina Fernández no se la aceptó, por lo que deberá enfrentar un jury de enjuiciamiento.

Otros camaristas, como Otilio Romano —que fue fiscal de Miret en los 70— y Julio Demetrio Petra, están en la mira. Hasta que pudo desatarse el nudo, los jueces a los que les caían acusaciones se cubrían entre ellos. Por ejemplo: Miret dictaba cátedra de Derechos Humanos y Ética en la Universidad Nacional de Cuyo. Al ser relevado por las autoridades universitarias fue repuesto por otro juez, Luis Santamaría, que también fue enjuiciado penalmente. Los estudiantes probaron con audios que Miret utilizaba sus clases para defender el terrorismo de Estado y el golpe del ’76. Romano también supo conseguirse un palenque donde rascarse con una acción de amparo que le promovió su colega Parellada. El inicio de nuevas causas y los juries de enjuiciamiento permitirán cruzar información y avanzar sobre estos pactos hasta hace poco impenetrables.

Córdoba va

El Código Penal se le cayó encima a Jorge Rafael Videla con su segunda condena a prisión perpetua y al jefe del III Cuerpo de Ejército, Menéndez, con su quinta. Ése fue el fallo que les cupo tras ser juzgados por el Tribunal Oral Federal de Córdoba 1 (TOF 1), y ser hallados culpables de 31 fusilamientos de presos políticos en fraguados «intentos de fuga» de la Unidad Penitenciaria del barrio de San Martín y por torturas a detenidos en el Departamento de Informaciones conocido como D2, que durante la dictadura tuvo sede en el Cabildo Histórico. Con ellos recibieron condenas 14 militares, policías y penitenciarios.

El juicio repuso en la escena pública el caso del secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad cordobesa, Miguel Baronetto, que estuvo detenido en esa penitenciaría, donde su esposa fue asesinada en octubre de 1976. Baronetto no sólo identificó a sus policías torturadores, también acusó al entonces juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, al secretario Carlos Otero Álvarez y al defensor oficial de aquella época Luis Molina por negarse a intervenir en su situación y aconsejarle «salir del país» apenas fuera puesto en libertad.

Lo curioso del caso es que Baronetto ya había solicitado en 2008 al Consejo de la Magistratura de la Nación que sometiera a un jury de enjuiciamiento a Otero Álvarez, entonces titular del TOF 1, por complicidad con los delitos cometidos durante la dictadura cuando actuaba como secretario de Zamboni Ledesma. Pero el pedido no prosperó y Otero Álvarez llegó a participar en el juicio oral de 2008 y votar por la condena a prisión perpetua de Menéndez por otros delitos cometidos en jurisdicción del III Cuerpo. Un plenario del Consejo de la Magistratura ratificó el 20 de mayo de 2010 su separación del TOF 1. No pudo volver a juzgar a su ex mandante y ahora enfrenta una causa sobre la que los tribunales cordobeses no muestran mucha diligencia.

Entre otros casos donde se reflotó la participación de civiles entremezclados con los delitos dictatoriales, está el del desapoderamiento de Mackentor, una de las grandes empresas constructoras de obras viales del país que fue acusada de ser «sostén financiero de la subversión», en 1977. Los 29 empleados de entonces fueron detenidos y su titular, Natalio Keijner, alcanzó a exiliarse. El caso implicó a la «Sagrada familia», como se le dice al Poder Judicial en Córdoba. Cuando en 1984 las empresas saqueadas por los militares fueron devueltas a sus dueños, Keijner inició una demanda en pos del resarcimiento. Allí entró a jugar la justicia federal: la jueza Cristina Garzón de Lascano, los camaristas federales, que habían sido procuradores fiscales durante la dictadura, Luis Rueda y Otero Álvarez, entre otros. Garzón de Lascano consideró la causa prescripta y los jueces fueron por los honorarios. Solicitaron 2,3 millones de dólares que Keijner no pudo pagar. Pero la «Sagrada familia» no se quedó quieta y decretó la quiebra de Mackentor para salvar su plata. El caso de este saqueo completo, con funcionarios judiciales moviéndose durante y después de la dictadura, sigue abierto.

La política cordobesa tampoco quedó a salvo. El diputado nacional Oscar Aguad, conocido como «el milico» cuando fue ministro de Relaciones Institucionales del gobernador radical Ramón Mestre, hizo todo lo que estuvo a su alcance para acallar las denuncias del ex policía Luis Urquiza. Urquiza era también estudiante de psicología cuando en 1976 fue secuestrado y torturado por sus propios compañeros de uniforme, acusado de infiltración marxista. Conoció el infierno de la D2 y otros centros clandestinos, hasta que pudo exiliarse en Dinamarca. En 1993 regresó a Córdoba y a su barrio, Villa Allende. En 1997 se enteró por los diarios que uno de los torturadores que había conocido de cerca, Carlos Yanicelli, era ascendido por Aguad a jefe de Inteligencia de la policía local. Aguad se reunió tres veces con Urquiza para persuadirlo de que dejara de denunciar a aquellos torturadores trasmutados en colaboradores suyos, a veces con amenazas, a veces con prebendas. Ganaron las amenazas y Urquiza se exilió nuevamente en democracia porque, dijo, «las personas que deberían haber tenido la voluntad política de hacer las cosas no las quisieron hacer».

Aspirante a la gobernación de Córdoba, rival directo de Aguad en esa puja, el senador del Partido Nuevo, Luis Juez, no dejó pasar las acusaciones de Urquiza y cargó contra él por ser «un facho. […] Su pasado es represor, por algo le dicen “el milico”». Pero a Juez también le tocaron mancha cuando la ex esposa de un policía de la D2 denunció que integrantes de aquel grupo de feroces habían sido empleados por el político humorista durante su campaña a la intendencia de la ciudad de Córdoba. La revista Cónclave Político publicó los informes que le preparaba al candidato, luego ganador, el comisario inspector retirado Rodolfo Gustavo Salgado, «asesor de seguridad». Carlos Yanicelli, el policía ascendido por Aguad, recibió pena de prisión perpetua en el mismo juicio que Videla y Menéndez en diciembre de 2010. Salgado fue absuelto.

Con los juicios, las redes de la participación civil en delitos de lesa humanidad y en delitos económicos se abren. De un modo incontrastable, el Poder Judicial es el que aporta más cómplices, sacando a relucir una de las deudas mayores que la democracia acumulaba consigo misma, aun cerca de las tres décadas de su recuperación. La extensión de los juicios a gran parte del territorio nacional seguirá demostrando esta propensión estrictamente emparentada con el mal en la Argentina.

Además de los juicios que concluyeron y los que estaban en marcha, el comienzo del año 2011 entregaba una agenda cargada con la apertura de dos juicios en Tucumán, dos en Salta y dos en la Capital Federal. Los pedidos de reconciliación de la cúpula de la Iglesia católica y de las entidades de abogados ultraconservadoras conocen a la perfección la razón última de sus adjetivadas y rabiosas batallas públicas.

Partidos en conserva autoritaria

Las fuerzas y los dirigentes civiles que se pretendieron herederos del «proceso» fueron barridos por el descrédito y apenas pudieron asomar. En términos políticos, la dictadura no pudo imponer un elenco que le cubriera un poco mejor la retirada como consiguió hacerlo en el Poder Judicial. La presión del sector «duro» estuvo en verdad en manos del para nada escaso poder remanente de los propios militares.

Uno de los fracasos sonoros de los restos dictatoriales fue el Partido para la Democracia Social (PDS) prohijado por Emilio Eduardo Massera, que en 1982 hizo colocar en las calles de Buenos Aires un afiche con fondo azul donde se leía «1945: Perón o Braden. 1982: Massera o Martínez de Hoz – Patria o Colonia. Jamás el movimiento nacional será derrotado por la antipatria». Pero el objetivo de ser el heredero «antiliberal» de la dictadura se le aguó rápidamente. Algunos que se le habían arrimado al sol de su poder se realinearon sin vueltas en el PJ y en un gesto que ya nadie le reclamaba dio su apoyo público a la fórmula peronista Luder-Bittel. El progresivo conocimiento público de sus crímenes le impidió luego defender sus ambiciones.

Algunos políticos procesistas, como el correntino José Antonio Romero Feris, que había sido embajador en Costa Rica, retornaron a sus feudos y mordieron diversas porciones de poder. Romero Feris fue en democracia gobernador de Corrientes y senador nacional. Desde la estratégica Comisión de Libertad de Prensa del Senado jugó abiertamente a favor de los intereses de las grandes corporaciones mediáticas.

El jefe del Partido Federal, el «libertador» Francisco Manrique, no había participado formalmente del «proceso» aunque su fuerza había aportado letra e intendentes. Tras la caída del régimen se opuso sistemáticamente a la revisión de los crímenes dictatoriales. En 1983, «Paco» se presentó como candidato a presidente. De su derrota lo rescató el gobierno de Alfonsín colocándolo en la Secretaría de Turismo.

Aunque tuvo severos enfrentamientos con Martínez de Hoz y se opuso tenazmente a la invasión a las Islas Malvinas, Álvaro Alsogaray recicló sus viejos sellos derechistas en la Unión de Centro Democrático (Ucedé), de la que fue dos veces candidato a presidente y otras tres a diputado. Desde su banca propuso en 1991, sin suerte, la construcción de un monumento a Videla. Pasó por su cenit durante el menemismo, al que celebró y apoyó. Desde la Ucedé se encendió la estrella de su hija, la polifuncionaria María Julia que, como ya se dijo, fue presa por sus estafas millonarias y sus bienes fueron interdictos por la Justicia.

La Fuerza Federalista Popular (FUFEPO) de Horacio Guzmán y su hija Cristina, en verdad una sigla falsamente expandida del Movimiento Popular Jujeño, que había aportado a la dictadura más de medio centenar de intendentes, al gobernador de Jujuy (el propio Guzmán) y a una embajadora ante la OEA (la propia Cristina), también buscó presentarse como heredera del poder militar. En esa línea, rechazó integrar la Multipartidaria en 1981, porque «no seguía las ideas del PRN». También se negó a sumarse al Movimiento de Opinión Nacional de Viola, porque el segundo dictador quería incorporar a radicales y peronistas. Cristina Guzmán luego fue candidata a legisladora extrapartidaria con la UCR y con la Alianza UCR-Frepaso.

La dualidad del Partido Socialista se evidenció durante la dictadura, con su ala furiosamente antiperonista y liberal —‌recordemos que Américo Ghioldi fue embajador de Videla en Portugal— y otro sector ligado a las luchas sociales —recordemos que Alfredo Bravo fue torturado y desaparecido, rescatado luego y «blanqueado» por las gestiones de Amnistía Internacional y de Jimmy Carter—. Esa ambivalencia prosiguió en la democracia y durante la primera década de este siglo su emergente fue la expulsión de los dirigentes Ariel Basteiro y Oscar González por apoyar al kirchnerismo.

Dictadura y menemismo: los puentes de plata

Como ya hemos visto, el pasaje privilegiado de la dictadura al menemismo se da por excelencia a través de los grupos económicos y sus fachadas políticas más obvias, como las de ciertos partidos (la Ucedé, por ejemplo, que se suma en bloque a la administración neoliberal) o las fundaciones como la Mediterránea que impone con Domingo Cavallo al ministro de Economía. Pero hay otros puntos de contacto. Eduardo y Amado Menem, por ejemplo, hermanos del ex presidente, fueron funcionarios de la dictadura de Onganía en La Rioja.

Carlos Menem siempre accedió a cargos públicos a través de elecciones, pero esa impronta no se correspondió con una conducta relativamente más republicana. Antes bien, no sólo indultó a los militares sino que resucitó una cantidad importante de procesistas y pese a una conducta pública que no se podría definir como mojigata le dio espacio a los sectores más retardatarios del poder eclesial, como a monseñor Quarracino, un representante claro de la hipocresía moral del «proceso». Mantuvo muy cerca, además, a Carlos Ruckauf, que había tejido lazos con Massera. «Rucucu» fue embajador en Italia, titular del Senado, ministro del Interior —en ese puesto estaba en 1994 cuando se atentó contra la AMIA— y gobernador bonaerense, aunque huyó en medio de la crisis de 2001 para transformarse en canciller de Eduardo Duhalde.

Otro que tuvo buena relación con la dictadura fue el sindicalista José Rodríguez. El mecánico, jefe durante más de treinta años del SMATA y uno de los «gordos» de la CGT, fue acusado en los Juicios por la Verdad en La Plata como «entregador» de los delegados que fueron detenidos y desaparecidos. En las elecciones de 2003 apoyó a Adolfo Rodríguez Saá y finalmente se acercó al kirchnerismo, pese a lo cual no pudo evitar que su obra social fuera investigada en el marco del caso conocido como «la mafia de los medicamentos». Rodríguez murió en noviembre de 2009.

PRO/cesismo o la «nueva política» dinosauria

Una compleja y articulada trama de relaciones entre el Estado, el ámbito empresarial y los negocios prebendarios llega a su máximo punto de cocción cuando el heredero del grupo Macri, Mauricio, alcanzó a través del voto de los porteños la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2003. A esa ascendencia económica se le suma una matriz política estrictamente ligada a la tradición autoritaria, a los antecedentes inmediatos de la dictadura, a la Ucedé, a las agrupaciones cavallistas y al menemismo.

Francisco «Franco» Macri erigió el emporio empresarial que atravesaría en crecimiento constante, y siempre con buenas relaciones, todos los gobiernos a partir de los años 70. Oficialista de todo el espectro político nacional, el grupo Macri pegó un salto considerable en 1976 con las construcciones (Torre Catalinas Norte y Torre Puerto Madero, por ejemplo) que se le habían adjudicado durante el tercer gobierno peronista. En el videlismo su avance resultó imparable con la fundación de Pluspetrol —exploración de reservas de gas y petróleo en la Patagonia—, la construcción de la torre Prourban —conocida como el «Rulero», sobre Avenida del Libertador— y la automotriz Sevel creada con la Fiat en 1982. El grupo Macri fue también uno de los grandes beneficiados por la estatización de la deuda privada en 1982, obra de Cavallo.

Las buenas relaciones con la plana mayor del «proceso» le sirvieron a papá Franco para que el ministro del Interior Albano Harguindeguy rescatara de las mazmorras a uno de sus gerentes, el licenciado en Letras Carlos Grosso, secuestrado en 1978 por participar en planes de alfabetización de sectores pobres. Grosso sería luego el intendente porteño de Menem y en su gestión favorecería al grupo Macri.

El ingeniero Mauricio Macri quedó a cargo de la constructora Sideco, del grupo, en 1982, y sus asesores económicos y frecuentes interlocutores para hablar de política serían el mentor del «Rodrigazo», Ricardo Zinn, y el ex gobernador de Buenos Aires y ministro de Agricultura de la dictadura, Jorge Aguado, un civil de los más duros. Otra vertiente de formación política fue para Mauricio la Ucedé, porque a través de ese partido de los Alsogaray se conectó con el menemismo antes de formar su primera agrupación, Compromiso para el Cambio.

Las buenas migas con el menemismo fueron especialmente útiles para los Macri cuando la Corte de «mayoría automática» de los 90 los sobreseyó en una causa por defraudación fiscal que tenía una pena prevista de dos a diez años de cárcel. La automotriz Sevel había cobrado reintegros indebidos por la exportación de autopartes a Uruguay. La fiscalía en lo Penal Económico calculó una estafa de 4,9 millones de dólares, ya que las autopartes exportadas con las ventajas fiscales de un régimen de promoción volvían ensambladas desde el país vecino. Los Macri estaban hasta las manos pero no para la Corte, que no vio delito alguno en el negociado. A dos de los jueces de la Corte que serían destituidos con juicio político (Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano), se les invocó la causa Macri como motivo del despido.

Otro de los afluentes políticos dictatoriales del macrismo es Santiago de Estrada, procesista a tiempo completo como subsecretario de Seguridad Social con Videla, Viola, Galtieri y Bignone —ya lo había sido con Onganía—. De Estrada, un hombre del episcopado, fue rector de la UCA en dos ocasiones, embajador en el Vaticano con Alfonsín y polifuncionario menemista (PAMI, Seguridad Social y Desarrollo Social). Tras un breve paso por la cavallista Acción por la República, donde consiguió acceder a la Legislatura porteña, De Estrada se volcó a la lista «Juntos por Buenos Aires» que apoyó a Macri para jefe de Gobierno de la Ciudad. De Estrada quedó a cargo de la Legislatura tras la renuncia de Gabriela Michetti. Tras su cumplimiento de mandato como legislador, fue designado auditor general de la ciudad de Buenos Aires y también asesor del ministro de Educación porteño Esteban Bullrich. Este hombre del Opus Dei, a quien en la Legislatura le colgaron el mote de «el Obispo», sigue siendo el contacto del macrismo con la Iglesia católica.

Pero hay más, mucha más esencia procesista en el PRO y sus suburbios políticos. Como muchas ONG, partidos menores, sellos de dudoso destino, fundaciones y figuras del empresariado, el Partido Demócrata (ex PAN y Conservador) terminó confluyendo en el PRO. En su Fundación de Estudios Emilio Hardoy perviven muchos de nuestros ya viejos conocidos: Carlos Blaquier, Roberto Durrieu, Norberto Peruzzotti, Rafael Sarmiento, Juan Ramón Aguirre Lanari, Napoleón Paz Zuberbühler, Gerardo Ancarola —aquel estrecho colaborador de Jacques Perriaux—, Jorge Vanossi y Alberto Benegas Lynch, entre otros. Juan Miguel Martínez de Hoz, hermano de Joe, fue asimismo referente del PD. También el ateniense Federico Pinedo, hijo del célebre economista liberal y padre del actual senador por el PRO que había pasado por las agrupaciones del clan Alsogaray.

Otro miembro del Partido Demócrata es el ex juez de la dictadura y lobbista militar Federico Young, quien estuvo a cargo de la Agencia de Control del gobierno macrista entre 2007 y 2009. Para su gestión contrató a gendarmes y militares retirados, repudió los juicios a los represores de la dictadura y firmó junto con la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia una carta de repudio por la detención de Martínez de Hoz. Es un concurrente habitual a las reuniones de «Memoria completa» que encabeza la activista prodictatorial Cecilia Pando.

En cuanto al Partido Federal, sus dirigentes con presencia en la Ciudad eran en 2010 el legislador Martín Borrelli —titular partidario hasta 2008— y la diputada nacional Paula Bertol, quienes se esforzaban por emular la imagen de «nueva política» que propone Macri en una muletilla que, con semejantes referentes, suena mucho a una fantasía irónica.

Cuando el PRO comenzó a vertebrarse, su ala más conservadora fue la conocida como grupo Nogaró. Algunos de sus miembros eran Diego Santilli, Santiago de Estrada, Juan Carlos Lynch, Jorge Enríquez, Oscar Moscariello, Eduardo Lorenzo «Borocotó» y Ricardo Busacca, lugarteniente del represor Luis Abelardo Patti en la ciudad. En 2004, como bloque legislativo se denominaron «Juntos por Buenos Aires», y enseguida dieron cuenta de su ubicación política al negarse a la entrega de la ESMA por parte de la Armada a la Ciudad.

Por su edad no es pertinente endilgarle a Esteban Bullrich relación directa con la dictadura pero es imposible no reparar en que, como diputado nacional, votó a favor de Patti cuando se lo decidió apartar de la Cámara por falta de idoneidad moral. Cuando asumió en Educación, Bullrich designó como asesor al bussista Pablo Walter y como asesor de Gestión Económica a Mario Terzano, uno de los privatizadores de Aguas Argentinas y Somisa durante el menemismo. Bullrich recreó reconocibles tradiciones videlistas cuando en 2010 mandó a hacer listas de estudiantes secundarios que reclamaban por sus edificios derruidos y sin calefacción.

Lejos de representar siquiera la reformulación de un partido conservador moderno que reconfigure a los sectores de derecha en la era democrática, las vertientes autoritarias del PRO, el lenguaje primario de su jefe y el rescate y reciclaje de tantos procesistas puros, colocan a esta fuerza política como una vertiente directa del activismo restaurador más rancio de la Argentina. Ni siquiera posee en sus filas dirigentes o adherentes de la densidad intelectual que rodearon al roquismo, más allá de cualquier evaluación ideológica sobre su diseño de país atravesado por el positivismo y el elitismo. Con este perfil, en el PRO emerge, y se nota sobre todo en los momentos conflictivos, un reflejo condicionado que descarta la complejidad de los procesos sociales y pone sobre el tapete una concepción meramente policial de las políticas públicas.

Esperando que termine el Purgatorio

A la salida de los regímenes autoritarios, de los cuales el argentino de 1976-1983 ha sido un modelo exacerbado, la calidad y el avance de las transiciones democráticas pueden medirse, entre otras cosas, por la prevalencia o no del poder eclesiástico. En este sentido, las sucesivas cúpulas de la Iglesia católica se han mostrado refractarias a acompañar nuevos climas sociales y culturales, reservándose para sí la voz cantante del pensamiento retardatario, la negativa a aceptar los desplazamientos de una moral pública donde renegación e hipocresía van de la mano, y la defensa cerrada, el silencio o la postergación sine die de su responsabilidad ante los delitos de lesa humanidad. Acompañados desde el Vaticano por un papado —el de Benedicto XVI— que decidió más abroquelarse en la institución que compartir el destino cambiante de las sociedades, luego del reinado de Juan Pablo II que bendijo y consolidó al capitalismo de mercado, la voz pública de la Iglesia católica en la Argentina ha elegido no cumplir un papel mayor que el de su autopreservación, apelando a una conducta clásica y más bien hueca: el aprovechamiento ancestral —ahora con formas mediáticas— de los ciclos rituales de religiosidad popular, la voz tronante de su Dios vengador cada vez que muy trabajosamente una ley amplía el horizonte de los derechos civiles —desde la Ley de Divorcio hasta la del Matrimonio Igualitario, parando en todas— y una inacción casi delictual para juzgar a los represores y cómplices de los delitos de lesa humanidad a cubierto en sus propios templos.

Uno de los primeros nombres notables que aparecieron en la investigación de crímenes dictatoriales fue el del arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, registrado en la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Monseñor no protestó por su inclusión. Luego, en 1984, fue denunciado por delitos de «encubrimiento de torturas», «privación ilegítima de la libertad» y «violación de los deberes de funcionario público». En 1983 había dado apoyo a la candidatura del justicialista Herminio Iglesias a cambio del control del Ministerio de Educación, en una actitud abierta que le generó críticas dentro y fuera de la Iglesia.

Mientras Plaza aún estaba en funciones, la Universidad Católica de La Plata, dependiente del arzobispado, impuso en Nueva York el título de doctor Honoris Causa al anticomunista Sung Myung Moon, fundador de la secta que lleva su nombre. Debido a que Moon estaba preso cumpliendo una condena por defraudación al fisco de Estados Unidos, la cucarda fue entregada a su segundo, el coronel coreano Bo Hi Pak. Plaza falleció en 1987 e increíblemente el Instituto de Teología dependiente del obispado de La Plata, ubicado entre las calles 51 y 53, lleva su nombre.

Avanzar sobre el poder del catolicismo ultramontano no es algo fácil en ningún lugar del planeta donde aquél haya asentado sus reales. Casi podría decirse que en la Argentina menos aún, ya que los poderes económicos se han entrelazado estrictamente con él desde el nacimiento de la vida independiente, en una cristalización ideológica autoritaria muy ardua de remover. Sin embargo, la Argentina puede apuntarse algunos logros difíciles de parangonar con otros países. Por ejemplo, el sacerdote Christian von Wernich quedó detenido en 2003, procesado por «homicidios», «privaciones ilegales de la libertad» y «torturas» en distintos centros clandestinos. En 2009, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por Raúl Madueño, Juan Carlos Rodríguez Basavilvaso y Juan Fégoli, rechazó un recurso interpuesto por sus defensores y confirmó «en todos sus términos» la sentencia a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Oral N° 1 de La Plata, en octubre de 2007. Al mes siguiente, el cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, oficializó que la Iglesia le iniciará un juicio canónico a Von Wernich. Sin embargo, han decidido mostrar los dientes de su poder dejando pasar el tiempo para promover esa sanción eclesiástica.

Es que la Iglesia católica no ha podido disimular su incomodidad ante una sociedad relativamente más abierta, luego de moverse durante años con la zarza encendida y los hierros calientes del poder militar. El 24 de octubre de 1984, en una misa organizada por la agrupación ultraderechista Familiares de los Muertos por la Subversión (FAMUS), el cura oficiante, Julio Triviño, denostó «esta democracia pornográfica y corrupta» (por el gobierno de Alfonsín) y llamó a tomar «las armas espirituales y las materiales, los que tienen esa misión, para defender el Reino de Dios y no ser indignos de él».

Ejemplos de este lenguaje hay como para apilar varios tomos y abruman con sus llamados purificadores y flagelantes. El vicario castrense José Miguel Medina no sólo justificó la tortura durante la dictadura, sino que sermoneó a la democracia en una misa en abril de 1987 delante del presidente Alfonsín en la capilla Stella Maris. Allí llamó a «decirle no al predominio sectorial, a la delincuencia, a la patotería, a la coima, al negociado, a la decadencia y a la destrucción de la identidad nacional». Alfonsín pidió hablar desde el púlpito e interpeló a los presentes —sacerdote incluido— para que denunciaran con nombre y apellido a los promotores de las siete plagas mentadas por el vicario militar, quien entre sus pares no gozaba precisamente de una fama de recto y recoleto.

Los reverendísimos

Obispos con gran predicamento entre su grey como Enrique Angelelli, Jaime de Nevares, Miguel Hesayne y Carlos Ponce de León comprometieron su destino, fueron objetados por autoridades propias y ajenas y hasta pagaron con su vida por tratar de cumplir con el mandato cristiano de amparar a los perseguidos. También tuvieron sus reconocimientos y homenajes al fin de la noche militar. Pero esto no promovió cambios en las cúpulas institucionales del catolicismo argentino, donde el integrismo dominó en la era democrática y donde alguien presentado en la sociedad como un político con muñeca y un moderado, como Jorge Bergoglio, desparramó, a la hora de su propio poder, la misma verba belicista de sus antecesores.

Una figura con presencia pública amplia fue el arzobispo emérito de Luján y Mercedes, Emilio Ogñenovich, que se reconoció menemista en los 90. Fue uno de los impulsores de la Misa de Reconciliación en la que reconocidos militantes Montoneros pidieron perdón por sus pecados, e impulsor del indulto a militares y jefes guerrilleros. Ogñenovich fue denunciado ante la Justicia por recibir millonarios Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y fondos reservados de la SIDE. Su hermano Danilo fue ubicado en el directorio del PAMI durante la gestión de Matilde Menéndez. En mayo de 2000, la revista Veintidós (luego Veintitrés) publicó una nota titulada «La Oveja Descarriada, los negocios ocultos del obispo preferido de Ruckauf», en la que se revela que recibió cinco millones de pesos en ATN y subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social. También recibió cuatro millones del gobierno de la provincia de Buenos Aires para un instituto dependiente del obispado, el Hogar Jesús de Nazareth, que fue denunciado penalmente por el maltrato a los niños.

Bergoglio, cardenal primado desde 2001, se mantuvo en la línea dura de sus antecesores respecto de los derechos humanos y de la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad. Su antecesor Quarracino había acompañado con entusiasmo la línea matadora de Videla y sus sucesores y, en consonancia, los indultos presidenciales de Menem. Poco antes de que se iniciara el primero de los procesos judiciales contra represores (al siniestro subjefe de policía de Camps, Miguel Etchecolatz, en 2006), Bergoglio cuestionó abiertamente la política sobre verdad, memoria y justicia: «Felices si nos oponemos al odio y al permanente enfrentamiento, porque no queremos el caos y el desorden que nos deja de rehenes de los imperios. Felices si defendemos la verdad en la que creemos, aunque nos calumnien los mercenarios de la propaganda y la desinformación», dijo en el tedéum del 25 de Mayo de ese año. Esta línea es sostenida por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, otro integrista de palabras como espadas, para quien la política de revisar los crímenes dictatoriales no obedece a las laceraciones sin nombre que padecieron las víctimas sino a una «visión sesgada» de la historia.

El ex obispo castrense Antonio Baseotto —la vicaría castrense siempre hizo esfuerzos por parecer una Iglesia secesionista por derecha, como si eso fuera posible— desempolvó una figura bíblica para resucitar una figura del averno procesista, cuando pidió que «tiren al mar» con una piedra en el cuello, al ministro de Salud del kirchnerismo Ginés González García. Ginés no había hecho otra cosa que insistir a favor del aborto legal como un instrumento que salvaría muchas vidas en la Argentina, un país donde se practican anualmente unos 600.000 abortos en las condiciones irregulares que impone la ilegalidad y que más irregulares se tornan cuando se baja en la escala social. Pero el Señor de estos reverendísimos se alimenta de sangre joven. Sin elipsis Baseotto solicitó para el ministro el retorno de los famosos «vuelos de la muerte» en los que se arrojaban al mar a las víctimas del terrorismo de Estado tras aplicarles un somnífero inyectable conocido como «pentonaval». Algunos representantes de la Iglesia católica habían aprobado este método —verdadera actualización biotecnológica de la soga al cuello— por «piadoso».

Es que éstos son en verdad los sacerdotes de la poca elipsis. Baseotto también pidió a la Corte Suprema que se cerraran los juicios por las violaciones a los derechos humanos, encabezó un acto frente a la ESMA cuando se decidió construir allí el Museo de la Memoria y denunció al periodista que con más seriedad investiga el papel de la Iglesia católica en la dictadura, Horacio Verbitsky.

Jugado francamente a la oposición, el «moderado» Jorge Bergoglio, a quien la Iglesia católica tuvo como candidato de segunda o tercera línea para suceder a Juan Pablo II, se volcó a la actividad política con menos sutileza de la que se le suponía, apostando a «cambiar de régimen» con las elecciones de 2011. Tras llamar a una «guerra de Dios» contra el matrimonio igualitario, no se ha detenido en los antecedentes dictatoriales y privatistas de sus contertulios, como que organizó una mesa en pos de un «Contrato Social para el Desarrollo» con el mendocino Roberto Dromi. También allí metieron mano el obispo Jorge Casaretto y los dirigentes Armando Caro Figueroa, Andrés Delich, Roque Fernández y Jorge Vanossi. Cuando el documento fue presentado en 2010, había tanto tufillo partidario que Bergoglio se vio obligado a aclarar que no se trataba de una plataforma electoral. El texto hablaba de «consensos» pero repetía el programa reclamado por las patronales agropecuarias protooligárquicas reunidas en la Mesa de Enlace, que habían desafiado al gobierno con su lock-out de 2008: reducción impositiva para el mundo de los agronegocios, reducción del gasto público y eliminación del impuesto al cheque, entre otros reclamos. La cantilena transnacionalizada de la «seguridad jurídica y económica» no podría faltar, como tampoco un ataque contra la ley que se propone desmonopolizar los medios de difusión.

Ya resultaba imposible encontrar en ese texto ciertos rasgos camaleónicos que se le endilgan al cardenal. Pero una potente marca en el orillo reveló aún más ese autoritarismo de antigua data y la presencia del mal argentino. El «Contrato» propone involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Bergolio y su barra volvieron a proponer que los uniformados intervengan, entre otras cosas, en la lucha contra el «terrorismo». Esta figura retórica, utilizada por la última dictadura para reformular la vida social y económica en los términos más regresivos posibles, volvió a proclamarse en pos del retorno de la ideología nacional más salvaje y añeja que tanto rima con las exigencias policiales de los negocios globalizados.

Epílogo

Un país polifónico

La onda expansiva de la última dictadura militar llega con su tufo mortuorio a este siglo XXI. En el umbral de 35º aniversario de su instauración y a más de 27 años de su caída, es inevitable la persistencia de esa ceniza negra que pretendemos en proceso de disipación. No porque los espectros de aquel régimen posean una guardia orgánica lista a asaltar la fortaleza democrática. De lo que se trata es de la insistencia de un núcleo ideológico, de un hueso duro de roer donde caben, a veces actualizadas y a veces no tanto, las malformaciones del pensamiento oligárquico con su idea de país dual, excluyente, desintegrador, dependiente y, en la primera ocasión que se les presenta —y con notable afán buscan que así se les presente—, sangriento.

La dictadura está entre nosotros con sus llagas indelebles en el cuerpo social y pervive de otras maneras fuertes: es aquel monstruo del que debemos tomar distancia, es aquello con lo que estamos compelidos a cotejarnos para calibrar la salud de la democracia y nuestra calidad de ciudadanos. Nuestras conquistas de civilidad, de capacidad de convivencia, de inclusión socioeconómica, de autoestima y hasta de sustento geopolítico en el mundo multipolar tendrán que ver con la lejanía a ese período en tiempos y formas, por eso será siempre mejor verle de frente sus cariadas muecas de restauración conservadora. La dictadura está presente también en la presión permanente para que el Estado se desdibuje y todo el espacio de poder quede ocupado por el vínculo entre sectores dominantes locales y los representantes de los negocios transnacionalizados. Asociados, buscan rearmar una rueda de la felicidad que necesariamente en nuestros países se completa con su par conocido: pérdida de derechos y feroz disciplina social o degradación del trabajo y represión, lo que es lo mismo.

La última dictadura coincidió hasta el paroxismo con el carozo irreductible del pensamiento retardatario en la Argentina: el pragmatismo desaforado para acomodar la gestión estatal a intereses precisos de los grupos dominantes se ensambló como nunca con un tradicionalismo moral y religioso donde lo argentino arcaico, el mal desatado sin mediaciones políticas, jurídicas, morales o religiosas, se soltó para hacer coincidir voracidad y ferocidad en un nivel tan infernal que aun hace trabajoso encontrarle su justo lenguaje gótico.

Hay otra coincidencia desafortunada que exacerba las tensiones políticas: el proceso degradante de los sectores dominantes locales, el lenguaje racista y clasista de sus representantes públicos, sus indisimulables pedidos de más víctimas sacrificiales que provengan del campo popular, esa raquítica estulticia intelectual y humana coincide demasiado con lo que el poder corporativo y primermundista requiere para estas regiones del planeta. El menú tan reiterado, tan claro y tan unidireccional que las organizaciones supranacionales repiten como una cantilena desde sus voceros locales, los medios de difusión monopólicos, los revela: deuda externa, dólar alto, reducción del gasto público, desinterés por el mercado interno y las políticas regionales. Esos reiterados y agotadores recitados arman una pobre poética de acumulación y desprecio con cuyas explosiones cíclicas ya nos hemos indigestado.

La civilidad dictatorial que aquí hemos revistado, y sus descendientes directos, siguen cultivando el mismo aparato conceptual con una pobreza cultural que con los años se ha adelgazado hasta bordear el analfabetismo funcional. Con acotado repertorio lingüístico profieren, con una papa en la boca o sin ella, su cacareada lista de requisitos para una situación que los vuelva a tener en el centro del poder de su país y primeros en el campeonato de la globalización periférica subordinada como en los años 90. Es que el régimen militar pudo ser vencido —en parte debido a su propia implosión— pero el elenco civil que lo prohijó, no. Resucitó con su enorme poder condicionante durante el alfonsinismo y tras dejar su marca en la transición democrática volvió a dar la vuelta olímpica con Menem. El cambio de perfil productivo y social que comenzó a esbozarse sobre los restos de sus saqueos a partir de 2003 los tiene ocupados full-time en la militancia autoritaria.

El conflicto por las retenciones agropecuarias de 2008 fue el mojón donde mirar las intenciones y el programa de los grupos concentrados. El mantenimiento de la base agraria para el modelo económico fue reclamado a coro por la burguesía rural en dos de sus expresiones más claras, los viejos agroexportadores ahora convertidos en «sojetes» y sus nuevos socios transnacionalizados. La economía basada en las ventajas comparativas del campo se reclamó como eje de crecimiento aunque el modelo de especialización agraria genere un surtidor rentístico que se recicla en el mundo de las finanzas y no en el conjunto social. La crisis rearmó una alianza entre los sectores dominantes y las clases medias, hábilmente explotada por un aluvión propagandístico sobre la base de los medios de difusión privados.

Curiosa y afortunadamente fue desde esa pesadilla donde la sociedad pudo ser interpelada en otros términos, ya que la productividad política del gobierno, con medidas que incidieron en una economía popular que ya venía en leve alza, volvió a poner en la defensiva a los sectores concentrados que aspiraban a ampliar la representatividad política de la Mesa de Enlace agraria. También ese conflicto permitió confirmar la sospecha de que, partiendo del pedido de que su renta diferenciada y extraordinaria sea intocable, se va por todo, se va por el poder, se va —como mínimo, realmente como mínimo— por una democracia condicionada. La colocación de los barones del «proceso» en este conflicto ha sido sobrevolada en este libro y merece varios estudios más.

En cualquier caso, aquel conflicto y la posterior profundización de una política diferente contribuyeron a perfilar dos alternativas, dos modelos que, a grandes rasgos, han quedado a la vista: uno, el del jamás cumplido «mito agrario» atado hoy a la renta financiera internacional, a la condición dependiente en el plano internacional con un espectro de socios archisabido y a una industrialización restringida y sólo tributaria de esa producción primaria; otro productivista, que recicle la renta en industrias tecnificadas, que emplee a fondo recursos humanos y materiales y que, apoyado en el poder regional —Mercosur, Unasur—, posea una gran capacidad de conexión con la industria y el comercio mundial.

El modelo político, el perfil de sociedad que dibujan una y otra alternativas, la agrofinanciera o la productiva, es posible imaginarlo en cada caso. En el primero se trata de una sociedad restrictiva, dual, intolerante que hace de la represión su complemento inevitable y buscado, una «democradura», como define el politólogo Guillermo O’Donnell. En el segundo, el productivista, se trata de ponerse a tono con un país que, como pocos, tiene la condición y la potencia de alcanzar para todos sus habitantes y de correr siempre un poco más allá los límites de su emancipación. También de echar a andar a todas las filosofías colaborativas que provienen de sus luchas irredentas y de los viejos sueños que quedaron truncos en sus razas vencidas o que bajaron entre los baúles sobados de los barcos.

Este año, el 2011, pone a prueba ese litigio entre los dos modelos con las elecciones presidenciales. Es una prueba más, importantísima, pero hay otras. Cuando recibió su segunda condena a cadena perpetua, en diciembre de 2010, el dictador Videla se sinceró y volvió a hablar miserablemente de la «guerra interna» con estas palabras inquisitoriales: «¿Cuándo realmente terminó esa guerra? Más allá de las operaciones no puedo asegurar que esta guerra haya terminado, ahora continúa pero utilizando medios no violentos». No por oxidado ese grito dinosaurio deja de ser representativo. ¿Hasta qué punto esas palabras no establecen puentes con los discursos canallas que quieren hacer de la política el arte de matar compatriotas como una periódica expurgación del difuso «enemigo»? ¿Hasta qué punto no se vincula con el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, en la inauguración de la Exposición Rural de 2010, y su prepotente mitrismo escolar con el que trató de confrontar la visión histórica celebrada por millones de personas en la fiesta popular del Bicentenario? Las constelaciones autoritarias tienen estrellas muertas y cuesta mirarlas, pero están ahí.

Ampliar la autopista democrática hacia carriles que incluyan y corran en paralelo con el ejercicio del voto se percibe como un reaseguro abarcador y posible dadas la politización juvenil, la pulseada abierta con las corporaciones mediáticas y un pos-posmodernismo que vuelve a interesarse por el pasado y el futuro con una serie de prevenciones duramente aprehendidas por el transcurrir de las últimas décadas: en el imperio de la muerte el germen autoritario encuentra muchos más recursos para su rebrote fulminante que en una sociedad pacífica y abierta. Ya han demostrado que no les tiembla el pulso carnicero. Por el ojo de una aguja pasa una productividad política donde caben luchas e incertidumbres. La certeza absoluta queda en manos de quienes apuesten a modelos fijos siempre anunciados por ciertos restauradores tambores de guerra.

Al reino de la posibilidad, de la posibilidad de un país habitable, le cabe tanto la organización como la destotalización. La posibilidad de aceptar la base múltiple de nuestras etnias y nuestras aspiraciones liberadoras. También la interconexión, la aceptación de una alteridad no sólo declamada, la acción política como el instrumento para ampliar las conquistas materiales y culturales. Esto implica el reconocimiento y la asunción de la conflictividad socioeconómica para desmalezar el reino inmóvil de la imposibilidad y sus mitos berretas de fracaso sempiterno, tan funcional a los que ya la tienen toda.

Creemos que Ricardo Forster tiene razón cuando escribe que un país, la Argentina, es más que sus monstruos y sus dispositivos de dominación. Queremos que así sea y para eso, como pasa con el cuerpo civil de la dictadura y sus continuadores, hay que tomar nota de que acechan en el umbral. Acechan decididos a que las mayorías no avisten en el propio suelo su paisaje de aperturas, sus horizontes vastos, sus variados rostros entrevistos, sus voces múltiples capaces de ensamblar un país más apasionante cuanto más polifónico.

Buenos Aires, enero de 2011

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Dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación y resolución del plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación en el expediente 322/2007, caratulado «Bonasso Miguel (Dip. Nac.) c/Dres. Cicciaro Juan Esteban y Bonorino Pedro Abel».

Facsímil declaraciones de José Alfredo Martínez de Hoz, Juan Ernesto Alemann, Guillermo Walter Klein, Francisco Norberto Castro, José María Dagnino Pastore, Alberto Vicente Nieto, Roberto Teodoro Alemann, Raymundo Juan Pío Podestá, Adolfo César Diz, en 1985 ante Juzgado Federal de Capital en lo criminal correccional a cargo de Amalia Berraz Vidal.

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Foja de Servicios de militares: Luis Mallea Gil, Hugo Mario Miatello y Carlos Dallatea.

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Sociedad de Abogados Penalistas: www.socpen.com.ar.

Cotizaciones: http://www.billetesargentinos.com.ar/articulos/cotizacion/htm.

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